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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 250, de 17/12/2014
cve: DSCD-10-PL-250
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 250
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 235
celebrada el miércoles,
17 de diciembre de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página6)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de la política energética del Estado. (Número de expediente 172/000279) ... (Página31)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Pérez Fernández), sobre las consecuencias negativas del nuevo sistema de interrumpibilidad eléctrico para industrias de gran importancia como Alcoa A Coruña y Alcoa Avilés y Megasa Siderúrgica, entre otras muchas. (Número de expediente 172/000282) ... (Página38)

- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para suprimir el aforamiento de los diputados, senadores y Gobierno. (Número de expediente 172/000283) ... (Página45)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los permisos de investigación y exploración de hidrocarburos en Canarias y el Mediterráneo. (Número de expediente 172/000284) ... (Página52)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación):

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Barkos), sobre la posición del Gobierno ante los conflictos surgidos con la Comunidad Foral de Navarra. (Número de expediente 173/000188) ... (Página60)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto de la política del Gobierno en nuestro sistema de la Seguridad Social y la situación del Fondo de Reserva. (Número de expediente 173/000189) ... (Página67)


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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Preguntas ... (Página6)

Del diputado don Iker Urbina Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Considera que su Gobierno defiende la independencia del Poder Judicial? (Número de expediente 180/001153) ... (Página6)

Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué ha hecho usted para atender las cuestiones que el lehendakari Urkullu le reiteró en la última reunión que mantuvo con él el pasado 15 de septiembre? (Número de expediente 180/001155) ... (Página7)

Del diputado don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Considera el presidente del Gobierno que sus leyes no suponen un retroceso en los derechos y libertades públicas en España? (Número de expediente 180/001159) ... (Página8)

Del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Considera el Gobierno que está cumpliendo con las exigencias de seguridad en sus decisiones sobre energía nuclear? (Número de expediente 180/001160) ... (Página10)

De la Diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno en relación con los compromisos adquiridos en el ámbito internacional en la lucha contra el ébola? (Número de expediente 180/001091) ... (Página11)

Del diputado don Carlos Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Cree el Gobierno que los juzgados están adecuadamente dotados para cumplir con su cometido público? (Número de expediente 180/001157) ... (Página13)

De la diputada doña Sofía Hernanz Costa, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Considera que el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, en materia de intervención de las comunicaciones, respeta las garantías constitucionales? (Número de expediente 180/001162) ... (Página14)


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Del diputado don Agustín Conde Bajén, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Qué modificaciones tiene previsto realizar el ministro de Justicia en la Ley de Enjuiciamiento Criminal tal y como anunció en Consejo de Ministros de 5 de diciembre? (Número de expediente 180/001158) ... (Página16)

Del diputado don Francisco González Cabaña, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Defensa: ¿Está en los planes del Ministerio de Defensa el cierre de las instalaciones del Cefot 2 de Camposoto en San Fernando (Cádiz)? (Número de expediente 180/001163) ... (Página17)

Del diputado don Miguel Ángel Cortizo Nieto, en sustitución de la diputada doña María Paloma Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Defensa: ¿Cuál es la intención del Gobierno respecto de la concesión de la fábrica de armas de A Coruña? (Número de expediente 180/001164) ... (Página18)

Del diputado don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Tiene voluntad política el Gobierno para gravar los beneficios reales obtenidos en España por aquellas compañías extranjeras con establecimiento permanente, pero sin centros de producción? (Número de expediente 180/001156) ... (Página19)

Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Piensa el Gobierno bajar el IVA sobre todo en los sectores más afectados? (Número de expediente 180/001161) ... (Página20)

Del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Cómo valora el Gobierno el comunicado de 11 de diciembre de la Comisión Ejecutiva del Banco de España sobre Bankia? (Número de expediente 180/001167) ... (Página22)

De la diputada doña Patricia Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Piensa el Gobierno resolver el problema que para comercios y pequeñas empresas supone la desaparición de los arrendamientos de renta antigua? (Número de expediente 180/001168) ... (Página23)

Del diputado don Enrique Álvarez Sostres, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué medidas propias de BOE piensa articular con carácter urgente el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para evitar el cierre de la empresa Alcoa y su incidencia en la pérdida de miles de puestos de trabajo, fundamentalmente en Asturias (Avilés) y Galicia (A Coruña y S. Ciprián), ante la actual crisis de origen energético de la industria del aluminio, representada por la citada empresa? (Número de expediente 180/001137) ... (Página24)


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De la diputada doña Irene Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para impedir que el próximo 1 de enero millones de personas se queden sin ver los canales de televisión digital terrestre, debido a los plazos legales impuestos por el propio Gobierno al proceso de migración de canales de TDT a la nueva frecuencia? (Número de expediente 180/001141) ... (Página26)

Del diputado don Cayo Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué medidas piensa adoptar para relanzar la industria en España? (Número de expediente 180/001154) ... (Página27)

Del diputado don Román Ruiz Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que la caída del precio del petróleo se traslade de forma inmediata y efectiva a una bajada de precios de venta al público a través de las redes de suministro de las estaciones de servicio? (Número de expediente 180/001165) ... (Página28)

De la diputada doña María Virtudes Monteserín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Cómo tiene previsto el Gobierno resolver el problema generado por la subasta energética a las empresas grandes consumidoras de energía? (Número de expediente 180/001166) ... (Página30)

Interpelaciones urgentes ... (Página31)

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de la política energética del Estado ... (Página31)

Formula la interpelación urgente el señor Sanz Remón, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López).

Replica el señor Sanz Remón y duplica el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Pérez Fernández), sobre las consecuencias negativas del nuevo sistema de interrumpibilidad eléctrico para industrias de gran importancia como Alcoa A Coruña y Alcoa Avilés y Megasa Siderúrgica, entre otras muchas ... (Página38)

Formula la interpelación urgente la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López).

Replica la señora Pérez Fernández y duplica el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.


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Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para suprimir el aforamiento de los diputados, senadores y Gobierno ... (Página45)

Formula la interpelación urgente la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Justicia (Catalá Polo).

Replica la señora Díez González y duplica el señor ministro de Justicia.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los permisos de investigación y exploración de hidrocarburos en Canarias y el Mediterráneo ... (Página52)

Formula la interpelación urgente la señora Hernández Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López).

Replica la señora Hernández Gutiérrez y duplica el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación) ... (Página60)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Barkos), sobre la posición del Gobierno ante los conflictos surgidos con la Comunidad Foral de Navarra ... (Página60)

Defiende la moción la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Pérez Lapazarán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Barkos Berruezo.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto de la política del Gobierno en nuestro sistema de la Seguridad Social y la situación del Fondo de Reserva ... (Página67)

Defiende la moción la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, así como la señora España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Se suspende la sesión a las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON IKER URBINA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA QUE SU GOBIERNO DEFIENDE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL? (Número de expediente 180/001153).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al presidente del Gobierno. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Iker Urbina, del Grupo Mixto.

El señor URBINA FERNÁNDEZ: ¿Considera usted que su Gobierno respeta la independencia judicial?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.

El Gobierno respeta y defiende la independencia del Poder Judicial porque el Gobierno cree en el Estado de derecho, en el imperio de la ley y, por tanto, en la separación de poderes. Es un principio básico de cualquier democracia y, por supuesto, también de la nuestra. Lo consagra nuestra Constitución y el Gobierno lo cumple y respeta. Este es el abecé de cualquier democracia constitucional.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor diputado.

El señor URBINA FERNÁNDEZ: Le pregunto esto por las declaraciones que en los últimos días han realizado diferentes miembros de su Gobierno a raíz de las resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional que, interpretando una decisión marco europea, vino a computar el tiempo sufrido en prisión a diferentes presos vascos, consecuencia de lo cual algunos de ellos quedaron en libertad. Por cierto, la misma interpretación que realizaban ustedes en marzo de 2014 cuando trajeron a esta Cámara el proyecto de ley por el que se trasponía precisamente esa decisión marco a la legislación española y la misma interpretación que realizaba el Grupo Popular en esta Cámara hasta octubre de 2014. Pero ustedes tuvieron que cambiar de opinión, y tuvieron que cambiar de opinión precisamente para satisfacer a los sectores más ultras de este país. Y es que cuando hablamos del conflicto vasco y cuando hablamos de los presos vascos y presas vascas ustedes empiezan a dar a diestro y siniestro, no se vayan ustedes a quedar atrás, se olvidan de la separación de poderes, del Estado de derecho, si es que alguna vez lo tuvieron en mente en esta materia, y son capaces de presionar al mismísimo Tribunal Supremo para conseguir sus objetivos. Señor Rajoy, ustedes en esta materia tienen problemas para todas las soluciones porque quizá vayan a conseguir que el Tribunal Supremo modifique su criterio, pero no se engañen, realmente lo que van a conseguir ustedes es que desde los tribunales europeos nuevamente les vayan a decir que el Tribunal Supremo español vulnera derechos fundamentales, como ya se les dijo a ustedes con la doctrina Parot. Lo que realmente van a conseguir es que les recuerden desde instancias internacionales que, además de vulnerar derechos fundamentales, ustedes aplican una política penitenciaria de excepción con los presos vascos. Eso es lo que van a conseguir si finalmente logran que el Tribunal Supremo modifique su criterio. Y no nos venga con el cuento de que es ETA la que mantiene a sus presos en prisión. No, son ustedes, y son ustedes los que vulnerando derechos fundamentales los mantienen en prisión y a cientos de kilómetros, señor Rajoy. Menos presiones, menos excepciones y más soluciones es lo que le está reclamando la sociedad vasca desde hace años y es lo que exige el momento político, señor Rajoy.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): En relación con el asunto al que usted se refiere, los pronunciamientos de algunos miembros del Gobierno respetan escrupulosamente la independencia de jueces y tribunales, y no se trata en este asunto de que el Gobierno apoye o deje de


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apoyar a una de las dos secciones de la Audiencia Nacional que han dicho cosas diferentes en relación con este asunto. Lo que el Gobierno apoya es la ley que interpreta esa decisión marco europea para incorporarla a nuestro ordenamiento interno. Eso es lo que apoya el Gobierno, eso es lo que apoya el grupo parlamentario que lo sustenta en las Cortes y para eso hemos trabajado. A partir de ahí, la aplicación que hagan los tribunales conforme a derecho de esa y de cualquier otra ley, el Gobierno, le guste o no le guste, la acata como siempre ha hecho, tanto cuando las comparte como cuando no las comparte.

Quiero decirle, por otra parte, que de separación de poderes, Estado de derecho, imperio de la ley, respeto a la independencia judicial y derechos fundamentales de las personas no está usted autorizado para dar ningún tipo de clase. (Aplausos). Y quiero decirle también que es efectivamente ETA quien mantiene a los presos en prisión, y usted lo sabe.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ HA HECHO EL GOBIERNO PARA ATENDER LAS CUESTIONES QUE EL LEHENDAKARI URKULLU LE REITERÓ EN LA ÚLTIMA REUNIÓN QUE MANTUVO CON ÉL EL PASADO 15 DE SEPTIEMBRE? (Número de expediente 180/001155).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigida también al señor presidente del Gobierno, que formula el diputado don Aitor Esteban, del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.

El señor ESTEBAN BRAVO: ¿Qué ha hecho usted, señor presidente, para atender las cuestiones que el lehendakari Urkullu le reiteró en la última reunión que mantuvo con él el pasado 15 de septiembre?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Gracias, señor presidente.

He hecho lo que siempre hago, me intereso por las cuestiones que en la reunión se plantean y procuro impulsar las actuaciones necesarias. No siempre es posible atender a todas las peticiones que se hacen ni siempre es posible llegar a un acuerdo porque eso requiere el concurso de las dos partes, pero creo que algunas de las cuestiones que me planteó el lehendakari Urkullu en esa reunión del 15 de septiembre a la que usted se refiere han sido atendidas por el Gobierno de España.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

Señor diputado.

El señor ESTEBAN BRAVO: Lamento discrepar. Por lo menos el Gobierno vasco no se ha enterado porque, entre otras cosas, ni usted ni nadie de su Gobierno ha llamado desde la última reunión de septiembre ni tampoco desde las anteriores. No han respondido a los temas que se les planteaban y yo ya no sé, señor presidente -se lo digo de verdad-, si esto ya entra en el terreno de la mala educación o en el terreno de la desidia, porque no estamos hablando ni se le han planteado cuestiones a las que usted es impermeable, como el tema de la autodeterminación, un nuevo estatus, etcétera, sino que son materias que están tan a ras de suelo como el cumplimiento estatutario, las infraestructuras, materias relacionadas con financiación o fiscalidad, las diferencias que hay en la aplicación de la ley de cupo, desencuentros jurídicos en materia de sanidad, o que no hay fechas ni plazos para finalizar las obras de plataforma y comenzar con la superestructura en el tema del AVE. Ha incumplido usted su promesa de licitar hace tiempo ya el nudo de Bergara. Por cierto, a las preguntas que hace este grupo parlamentario se nos contesta con extractos de nuestras propias intervenciones, cuando lo que pedimos son datos y fechas. Hay problemas en la estrategia logística de transporte; en el desarrollo de la gestión normativa en las cuencas de los ríos; en la participación de la Ertzaintza en Schengen y en los órganos europeos; en la coordinación europea con otras policías en materia de terrorismo y en otras; en la adecuación de los efectivos de la policía en un momento en el que ya no existe el problema terrorista; en los recursos del delegado del Gobierno contra los planes de normalización del euskera en muchos ayuntamientos; en las


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transferencias pendientes, muchas de ellas ya acordadas con el Gobierno anterior, como por ejemplo en autopistas y ferrocarriles. Resulta que los únicos avances que ha habido han sido a través de acuerdos puntuales con este grupo parlamentario, pero no de Gobierno a Gobierno ni tampoco el Gobierno vasco conoce su opinión. Usted dice que debe cumplirse la legalidad, es muy reiterativo con esto. Pues obvia este principio en materia de traspasos y de cumplimiento estatutario. Es usted un insumiso frente al estatuto. (Rumores). Señor presidente, con su desidia usted coloca a Euskadi fuera de la agenda de su Gobierno. Y si estamos fuera, entiendo que lo estamos para todo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Voy a referirme a las cuestiones que me planteó el lehendakari en la reunión del 15 de septiembre. Respecto al tren de alta velocidad, en total las obras de la Y vasca van a representar aproximadamente 5.100 millones de euros de inversión de la Administración General del Estado. Desde el año 2012 hasta finales de 2014 se habrán destinado 1.695 millones de euros a la Y vasca, lo que supone un 30 % más de lo invertido hasta 2011. En aquella reunión hablamos también del nudo de Bergara. Ya se han adjudicado las obras del primero de los tramos del nudo de Bergara, el tramo Mondragón-Bergara, sector Kobate, por importe de 68 millones de euros. Se han licitado las obras del segundo tramo Mondragón-Bergara, sector Angiozar, por importe de 158 millones de euros. Y finalmente, licitaremos en breve -lo más seguro es que lo hagamos este viernes día 19- las obras del tramo Atxondo-Abadiño, con un coste estimado de 116 millones de euros.

Otro asunto que se me planteó fue el del aeropuerto de Foronda. Al igual que ocurre con otros aeropuertos deficitarios, la estrategia del Gobierno ha sido asegurar su viabilidad económica con una política de racionalización de inversiones y de mejora de la eficiencia. Los últimos datos corroboran que la gestión está siendo acertada, porque han mejorado los datos de carga, las operaciones totales y también los datos económicos. Sabe usted que recientemente, el día 25 de noviembre, se ha reunido el correspondiente comité de coordinación y se están planteando distintas alternativas. Así que hay avances.

En el tema fiscal, hemos cerrado acuerdos -por ejemplo, la concertación de los nuevos tributos- y le aseguro que desde el Ministerio de Hacienda se está haciendo un esfuerzo para llegar a un entendimiento, pero también tiene que hacer un esfuerzo la parte del Gobierno vasco. También hemos dado solución recientemente a otro de los temas que allí se me planteó, que es la cuestión de la reposición de efectivos en materia de Policía autonómica. Estamos colaborando en otras muchas materias, porque son muchos los asuntos del Ministerio del Interior en los que hay una colaboración permanente y estrecha. Es verdad que hay otros asuntos en los que hay más dificultades para avanzar, pero no puedo aceptar -y le he dado algunos argumentos- la afirmación que hace usted de que no he atendido a ninguna de las peticiones porque, como acabo de demostrarle, no se ajusta a la verdad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

- DEL DIPUTADO DON PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE SUS LEYES NO SUPONEN UN RETROCESO EN LOS DERECHOS Y LIBERTADES PÚBLICAS EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/001159).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al presidente del Gobierno, que formula el diputado don Pedro Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.

Señor Rajoy, ¿usted considera que este país merece un Gobierno que aprueba leyes que ponen multas, por ejemplo, a preferentistas que se agolpan ante sucursales bancarias en demanda de atención, o a aquellas personas que se movilizan a través de las plataformas para frenar desahucios en España? Señor Rajoy, ¿de verdad cree que con sus leyes no está recortando los derechos y libertades de muchísimos españoles? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez.

Señor presidente.


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El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Francamente, no creo que mi Gobierno con las leyes que se aprueban en esta Cámara recorte los derechos y las libertades de ningún español. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

Señor diputado.

El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.

Señor Rajoy, a usted solamente le falta recuperar aquella frase franquista de "la calle es mía" para demostrar a los españoles lo que realmente es usted: el presidente más retrógrado de la democracia española. (Protestas). Señor Rajoy, ahora le ha dado por hablar de la historia, pero los españoles conocen perfectamente cuál es su historia y la de todo su Gobierno: la historia de recortes en derechos y libertades a los ciudadanos, y luego, sin ningún tipo de pudor, señor Rajoy, dicen que lo hacen en defensa de esos derechos y esas libertades. Para usted, señor Rajoy, decir que defiende la educación es recortarla, decir que defiende la sanidad es recortarla, decir que defiende los derechos laborales es recortar los derechos de los trabajadores. Dice que sube las tasas judiciales para defender la justicia cuando hace usted la peor de las justicias, que es la justicia de los únicos que tienen capacidad y renta para poder pagarla, señor Rajoy. Ustedes dicen defender los derechos de los ciudadanos pero aprueban en Consejo de Ministros anteproyectos de ley que permiten escuchas ilegales sin el permiso de la Audiencia Nacional o del Poder Judicial. Le digo más, usted dice defender los medios de comunicación públicos plurales, pero ha convertido la Radiotelevisión Española en un auténtico nodo al estilo franquista, señor Rajoy. (Aplausos).

Señor Rajoy, con esas credenciales causa sonrojo escucharle apelar a una mayoría moderada en España cuando usted legisla solamente para la derecha más extrema de este país. (Rumores). Lo que usted ha hecho con la Ley de Seguridad Ciudadana y con esa ley mordaza es precisamente lo contrario, es aprobar una ley a la medida de sus miedos. A usted le molesta la realidad en España y pretende simplemente acallarla a base de golpes de su mayoría absoluta. Señor Rajoy, a usted le molesta la gente en la calle, pero váyase acostumbrando a la calle porque es adonde le van a mandar a usted y a todo su Gobierno a partir del año 2015 (Rumores) como consecuencia de los recortes en derechos y libertades que, día sí y día también, en cada Consejo de Ministros están ustedes aprobando. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez.

Señor Rajoy.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Gracias, señor presidente.

El mayor recorte de derechos que se ha llevado a cabo recientemente en nuestro país lo ha producido un Gobierno que dejó a España al borde del colapso económico, al borde del rescate (Rumores.-Aplausos), que hizo una gestión económica que generó un aumento del desempleo de 3.400.000 personas (Rumores), que dejó a España en recesión, un déficit público de más del 9 %, y miles de facturas sin pagar; eso sí que es un atentado a los derechos de los ciudadanos. Lo que estamos haciendo ahora algunos es intentar corregir aquellas equivocaciones, aquellos errores. Hoy por fortuna en España ya hay crecimiento económico y ya se está creando empleo.

Ha hablado usted también de leyes. Yo no le voy a recordar la ley de la patada en la puerta (Rumores.-Aplausos), ni le voy a recordar la ley que hicieron ustedes contra la violencia; no vamos a recordarlas, pero ya que usted ha citando alguna frase yo le voy a citar otras bastante más actuales que esa a la que usted se ha referido hoy en esta Cámara: Si las manifestaciones son pacíficas, lógicamente la Policía es tolerante porque es una Policía inteligente, pero si hay violencia la Policía tiene que actuar y doscientas personas no pueden poner patas arriba la ciudad. No vamos a consentir que haya violencia en ninguna manifestación de España, que los derechos de los ciudadanos se vean menoscabados. (Rumores). Hay alguna otra frase que creo que le puede interesar: Si somos laxos, primero potenciamos las mafias y, segundo, esa avalancha no hay quien la pare. Otra frase: Ningún país puede permitir que entren por sus fronteras cuantos inmigrantes quieran hacerlo; España tampoco. Esas son frases del señor Pérez Rubalcaba (Rumores), que probablemente tenía bastante más tino que usted cuando pronunciaba frases en esta Cámara. (Aplausos).

En cualquier caso, sí es bueno que le recuerde, señor Sánchez, que no se puede decir una cosa cuando se está en el Gobierno -mejor dicho, hacerla- y luego decir otra radicalmente contraria cuando


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se está en la oposición; es lo que le pasa con las concertinas, es lo que le pasa con el déficit público y es lo que le pasa con la reforma de la Constitución. Al final, todo eso acaba generando la sensación -si no la seguridad- de que tiene usted una cierta confusión a la hora de tener un criterio sobre cualquier cosa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE ESTÁ CUMPLIENDO CON LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD EN SUS DECISIONES SOBRE ENERGÍA NUCLEAR? (Número de expediente 180/001160).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, que formula don Antonio Hernando, del Grupo Socialista.

El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente.

Señora vicepresidenta, la energía nuclear no es la energía del futuro: ni es limpia, ni es barata, ni es segura, ni es imprescindible. Por eso, no somos partidarios de alargar la vida de las centrales nucleares a cincuenta o sesenta años ni de eliminar los tributos nucleares, como piden algunos de los propietarios de las centrales. Por eso, también le preguntamos al Gobierno si está dispuesto a alargar la explotación comercial de Santa María de Garoña diecisiete años más, teniendo en cuenta que tiene uno de los reactores más envejecidos de Europa. Pero para las generaciones futuras el legado de más alta peligrosidad son los residuos radiactivos. Por eso, queremos saber cuáles son las perspectivas que tiene el Gobierno respecto a la construcción del almacén temporal en Villar de Cañas, Cuenca.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias.

Mire, señor Hernando, cualquier actuación que haga este Gobierno en materia de energía nuclear será contando, como no puede ser de otro modo, con los informes favorables del Consejo de Seguridad Nuclear que, como usted sabe, desde 1980 es el órgano encargado de velar por la seguridad y la protección en este ámbito. Señoría, han sido treinta y cuatro años en los que se ha funcionado de esta manera y, desde luego, muchas de las decisiones que tome el Gobierno son la consecución de las que adoptó su anterior Gobierno, que no era tan claro como usted, desde luego, ni tampoco lo era su líder en la pasada legislatura, en materia de energía nuclear.

Dado que es usted tan claro, yo también le voy a decir un par de cosas, y es que gracias al mix energético que está promoviendo este Gobierno, en esta legislatura no ha subido la luz un 70 %, sino que bajará... (Protestas). Sí, señores, subía la luz; y entiendo que se escandalicen, porque esa subida, desde luego, era para escandalizar. Y se ha arreglado un déficit tarifario que también nos dejaron endosado. Gracias a eso, a lo mejor, usted ahora puede hacer más demagogias nucleares.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Señor Hernando.

El señor HERNANDO VERA: Señora vicepresidenta, el Gobierno, en su primer Consejo de Ministros el 30 de diciembre de 2011, aprobó que el ATC estuviese en Villar de Cañas, Cuenca. A los tres días, el ministro de Energía le dio las gracias a la señora De Cospedal por aceptar el ATC. Como consecuencia de eso, y de otros contratos que últimamente hemos conocido, la señora De Cospedal impuso al presidente de Enresa, un exsenador y exalcalde del Partido Popular. El ATC se va a adjudicar por 274 millones el próximo 1 de febrero. Pero como el Consejo de Seguridad Nuclear no se fía de Enresa, encargó un


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informe a una ingeniería norteamericana, que dice textualmente: Sobre la base de la información presentada por Enresa hasta la fecha, el emplazamiento previsto es inadecuado, desde el punto de vista geotécnico, para albergar unos edificios de estas características. Junto con este informe hay otro del Colegio de Geólogos. Lo que queremos saber es: ¿El Gobierno ha tenido información sobre este papel, sí o no? Si la ha tenido, ¿por qué no ha paralizado el proceso del ATC? Y si la ha tenido, si a partir de ahora lo va a paralizar inmediatamente.

En las últimas semanas le he hecho muchas preguntas, muy concretas. Usted siempre me ha respondido con evasivas, con generalidades o con el pasado. Hoy le pregunto sobre seguridad nuclear porque hay miles de personas preocupadas en Cuenca y en otras provincias sobre este tema. Conteste con precisión, con claridad, con exactitud y con rigor, porque no hacerlo no es una falta de respeto hacia este diputado y su grupo; es una falta de respeto a los ciudadanos, señora vicepresidenta.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.

Acabáramos, señor Hernando. (Rumores). Mire, llevo desde el jueves estudiando y revisando todos los expedientes y asuntos que había pendientes en seguridad nuclear, porque yo sí me tomo este tema en serio, no para venir aquí a hacer una demagogia política, y tuve la tranquilidad de que no encontré nada que no estuviera en regla. Pero usted, más que una interpelación al Gobierno, ha hecho una confesión de parte. A usted no le preocupa la seguridad nuclear; le preocupa la inseguridad de su líder y, por eso, viene a traer aquí un debate de Castilla-La Mancha para no tener, ... (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, por favor.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): ... señores del Partido Socialista, un problema en las primarias de Castilla-La Mancha. (Rumores). Pero con este tema, señor Hernando, convendría que fueran un poquito más serios, porque lo que no puede ser es que, para que su líder esté tranquilo, intranquilizar a los ciudadanos. (Protestas). Permítame que le diga un par de cosas, si les interesa. (Rumores). Si yo quiero ser clara, el problema es que si no se callan no me van a oír. (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora vicepresidenta.

Ruego silencio. Ha habido silencio cuando ha hecho la pregunta el señor Hernando y pido el mismo respeto. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señor Hernando, en el Gobierno anterior el señor Sebastián dejó elegidos ocho emplazamientos para el ATC, de los cuales cuatro eran los más idóneos. De esos cuatro emplazamientos, este Gobierno decidió uno. Ahora estamos en periodo de licenciamiento, es decir, que hay que otorgar las concesiones para el emplazamiento y para la construcción. Para hacerlo es necesario el informe previo y preceptivo, además vinculante en el caso de que sea negativo, del Consejo de Seguridad Nuclear, en el que yo confío y espero que usted también. Ese consejo está pidiendo todos los informes que son pertinentes y eso a mí me tranquiliza, señoría. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ ACTUACIONES HA REALIZADO EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL ÉBOLA? (Número de expediente 180/001091).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. (Rumores). Ruego silencio, por favor. La pregunta la formula la diputada doña Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Socialista.


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La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, esta pregunta lleva formulada casi dos meses y me hubiera gustado que ya no tuviera actualidad, bien porque el ébola hubiera dejado de ser una epidemia y una crisis humanitaria en África Occidental -no es así: más de 18.000 casos confirmados, 6.000 muertes, sistemas sanitarios colapsados que generan más muertes por enfermedades comunes que por el ébola-, o bien porque el Gobierno hubiera respondido con satisfacción a los esfuerzos que nos piden Naciones Unidas y las ONG. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo el pasado mes de octubre en Milán que una respuesta no solidaria con el ébola en África sería inmoral. ¿Cómo cree usted que estamos respondiendo?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Señora diputada, el Gobierno se ofreció a contestar esta pregunta por boca del ministro de Industria, porque yo estaba intentando completar los votos necesarios para el Consejo de Seguridad, que ustedes habían dejado en cuarenta y tres y yo necesitaba ciento sesenta. Quiero decirle que desde el inicio España ha colaborado fuertemente con la comunidad internacional en el caso del ébola. Lo ha hecho asegurando el tratamiento en los países afectados; lo ha hecho respaldando las medidas de contención de la enfermedad en los países limítrofes, y lo ha hecho apoyando la estructura logística regional ya operativa a través de los organismos de Naciones Unidas. En total, hasta ahora ha comprometido más de 10 millones de euros, lo que nos coloca entre los diez primeros donantes de la Unión Europea.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señor ministro, cuánto me gustaría que fuera verdad que hubiéramos estado a la altura de las circunstancias, pero la respuesta del Gobierno ha sido lenta, escasa y miope. Ha sido lenta porque hemos tardado más de dos meses en contestar a Naciones Unidas a la solicitud de la utilización de la base logística de Canarias para hacer corredores humanitarios, con vuelos de Naciones Unidas para transportar personal y material sanitarios. La respuesta del Gobierno ha sido decepcionante -fuentes diplomáticas dicen que es una burla a la ONU-: más condiciones a Naciones Unidas que a vuelos comerciales.

Señor ministro, nos han pedido despliegue en el terreno. Se necesitan tropas, se necesita despliegue militar y civil especializado en descontaminación biológica. La UME tiene esas unidades, puede en pocos días colocar centros de respuesta y atención a la crisis en África. Ustedes han dicho que no se puede, yo les digo que sí: 2004, tsunami en sudeste asiático; 2010, la UME en el terreno. Nos han pedido también dinero, señor ministro. Es verdad que hay 10 millones comprometidos, pero desembolsados hay menos de 2 millones y un crédito extraordinario para la lucha contra el ébola de 21 millones: 14 millones para España y 7 millones para África. Hay que estar miope para no ver dónde esta el brote, dónde está la tragedia y dónde están desbordados los sanitarios en el terreno. Pero es más, nos han pedido que acordemos licencias y permisos para sanitarios españoles que quieren acudir allí. Llevan dos meses esperando que el Gobierno reúna a las comunidades autónomas para garantizar permisos, licencias y retornos laborales seguros a los médicos y sanitarios que quieren ir al terreno. Señor ministro, por eso le pido que rectifique. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Señora diputada, comparar el ébola con un tsunami es una originalidad que no había oído desde hace mucho tiempo. (Aplausos). Lo que se ha intentado, señora diputada, es que los traslados se hagan en condiciones de seguridad para toda la población y especialmente para la población de las islas Canarias. Dice que no hemos comprometido dinero, y le voy a dar las cifras exactas: se han destinado 2.750.000 euros a acciones regionales destacando el apoyo a la lucha contra el ébola dentro de la estrategia regional de la Organización Mundial de la Salud y 7.397.224 euros a los siguientes países: 4 millones de euros a Sierra Leona; 2.461.000 a Liberia; 550.000 a Guinea Conakry; 442.224 euros a los países limítrofes con los anteriores, Mali, Costa de Marfil y Guinea Bissau.


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Le reitero que estamos haciendo un esfuerzo importante en materia de cooperación y muy especialmente en materia de cooperación contra el ébola, y si no hemos podido hacer un esfuerzo mayor es porque tenemos restricciones presupuestarias derivadas de dos cosas: de la necesidad de cumplir con el déficit con Bruselas y de la herencia de su mala gestión, de la suya personalmente. (Rumores). En primer lugar, dispersión de la cooperación multilateral entre 2008 y 2011, cien organismos recibían ayudas, y en segundo lugar, mala gestión porque no fueron ustedes capaces de disponer de 969 millones de euros, que es lo que nos permitió vivir los dos primeros años. Y entre los esfuerzos que ustedes hicieron le voy a citar solo dos, aunque tengo una lista gigantesca. Destinaron dinero mientras... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CREE EL GOBIERNO QUE LOS JUZGADOS ESTÁN ADECUADAMENTE DOTADOS PARA CUMPLIR CON SU COMETIDO PÚBLICO? (Número de expediente 180/001157).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Carlos Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, le pregunto por el estado de los juzgados y si cree que es el mínimo que tienen que cumplir para su función. Le voy a enseñar una foto (Muestra una foto) -tengo muchas que me han enviado muchos magistrados y trabajadores de juzgados-: Esto es supuestamente un almacén de expedientes judiciales y pruebas de convicción. En realidad es un almacén de papel mojado, en fin, una especie de metáfora de cómo está la justicia en España, que funciona mal por dos razones: primero, porque está politizada e intervenida por los partidos políticos, lo cual merma su independencia, y segundo, porque está pésimamente dotada como servicio público. Querría que nos explicara qué planes tiene el ministerio al respecto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente.

Señorías, señor Martínez Gorriarán, tenemos un sistema de justicia compuesto por casi 60.000 profesionales con múltiples sedes, con competencias complejas de las comunidades autónomas, del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia, y en ese contexto y en esa complejidad y diversidad creo que tenemos que transmitir a los ciudadanos la confianza de que tenemos un buen sistema de justicia en términos de calidad de los servicios públicos, un buen sistema de justicia que garantiza el Estado de derecho, en el que sin duda hay muchas reformas que hacer, reformas que se van a llevar a cabo por este Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Señor ministro, no me ha contestado, pero no se puede pretender transmitir confianza con juzgados que están en situaciones como estas (Muestra diferentes fotos): este es un calabozo convertido en almacén de expedientes; este, un derrumbe general de pruebas de convicción de varias décadas; en este otro se cayeron las estanterías, e incluso tiene lavabos convertidos en almacenes, en archivos; debe ser para suministrar lectura. Es una cosa verdaderamente increíble.

El estado de muchos juzgados en España es degradante porque ustedes nunca se han tomado en serio que, además de un poder del Estado, como digo, demasiado controlado por ustedes, es un servicio público de primera necesidad, que es lo que la gente utiliza. Han introducido tasas judiciales que no se utilizan ni para el turno de defensa gratuita ni tampoco para tener los juzgados en condiciones. Tienen ustedes trabajando en condiciones penosas a los profesionales de la justicia y, eso sí, ha anunciado usted una reforma de la justicia -ya veremos hasta dónde llega- que va a consistir sobre todo en empeorar todavía más las condiciones sobre todo de los grandes procesos acortando la tramitación y la instrucción.


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¿Realmente cree que están en condiciones de decir que tenemos un servicio de justicia que transmite confianza a los ciudadanos? Si no transmite confianza ni a los jueces; si los juzgados en muchos casos están en condiciones impresentables. Llamarlos tercermundistas es ofender al tercer mundo. Es increíble que se pretenda trabajar en estas condiciones y lamentablemente esto da una idea de la importancia que dan ustedes a la justicia. Todo lo que hacen es utilizarla o para recaudar o para controlarla o para impedir que se entre a fondo en las cuestiones que tiene que resolver, tanto las de los ciudadanos privados como en las grandes cuestiones de política de Estado: corrupción, independencia de los poderes del Estado y todas las demás que ustedes rehúyen sistemáticamente.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente.

Como le decía, señor Martínez Gorriarán, para mejorar el servicio de la justicia hay que hacer muchas cosas. Hay que cambiar las leyes, hay que tener sistemas procesales más ágiles. Estoy seguro -no sé si le entendido bien- de que estará de acuerdo que acortar los plazos es un buen objetivo. Por tanto, tener plazos máximos para la instrucción es un buen compromiso de la justicia con los ciudadanos. También se centra usted mucho en el estado de los edificios. Como sabe, se han producido transferencias a las comunidades autónomas en el 80 % del territorio nacional. Por lo tanto, las responsabilidades de este Gobierno tienen que ver con algunas comunidades autónomas.

En los presupuestos para el año 2015, que mañana aprobará esta Cámara, hay un incremento muy relevante en el presupuesto de inversiones para mejorar los edificios y para incorporar las nuevas tecnologías en la oficina judicial, que es otra de las cosas que tenemos pendientes. La mejora de la justicia se lleva a cabo mejorando las instalaciones, incorporando nuevas tecnologías, reformando la organización, incorporando nuevas plazas, como hizo este Gobierno hace muy escasas semanas cuando aprobamos un decreto con 282 nuevas plazas de jueces y de magistrados, y trabajando con los sindicatos para mejorar toda la plantilla de funcionarios el año que viene también. En la ley de presupuestos tendremos una oferta de empleo público importante para los funcionarios de la Administración de Justicia que permitirá transformar empleo temporal en empleo fijo y que permitirá llegar hasta el 50 % de la tasa de reposición. Por lo tanto, más personas, más medios materiales, más tecnologías, mejor organización y mejores leyes. Estoy seguro de que con todas esas medias estaremos en la senda de tener un mejor servicio de justicia para todos los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA SOFÍA HERNANZ COSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CONSIDERA QUE EL ANTEPROEYCTO DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, EN MATERIA DE INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES, RESPETA LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES? (Número de expediente 180/001162).

El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula también al señor ministro de Justicia la diputada doña Sofía Hernanz Costa, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora HERNANZ COSTA: Gracias, señor presidente.

¿Considera el ministro de Justicia que el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal cumple las garantías constitucionales en materia de intervención de las comunicaciones?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente.

Señoría, le aseguro que cuando he tenido la oportunidad de presentar al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley en una pieza tan fundamental para el funcionamiento de la justicia como es la agilización de la justicia penal y las garantías para la investigación de la comisión de los delitos, el elemento


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al que se refiere concretamente -la intervención de las comunicaciones- en nuestra opinión y en opinión de muchos -porque es un proyecto apoyado por la doctrina, por los jueces y por los fiscales- tiene todas las garantías de constitucionalidad y de protección de los derechos de los ciudadanos para que pueda ser aprobado en el futuro por esta Cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora diputada.

La señora HERNANZ POLO: Señor ministro, ¿va a poder el Gobierno escuchar mis conversaciones telefónicas? ¿Va a poder leer mis mensajes? La respuesta es que sí. Va a poder hacerlo si sale adelante su proyecto; mis conversaciones, mis mensajes y las comunicaciones privadas de cualquier ciudadano de este país. Con su proyecto la excepción se convierte en la norma, y eso en la práctica va a suponer que la intervención de las comunicaciones las va a poder acordar el ministro del Interior cuando el ministro del Interior lo considere oportuno. El cumplimiento de las garantías constitucionales lo que exige es que sea un juez imparcial el que valore la especial gravedad que puede justificar que se intervengan las comunicaciones; un juez imparcial, no el ministro del Interior. Y al contrario de lo que usted dice, las asociaciones de jueces, de fiscales y los principales sindicatos de policía de este país ya se han manifestado en contra de esta medida.

¿Se tarda menos en llamar al ministro del Interior que al juez de guardia, señor Catalá? La respuesta es que no. La respuesta es que su proyecto es un coladero, una auténtica carta blanca a este Gobierno para que escuche y lea las comunicaciones de los ciudadanos de forma indiscriminada. Han cogido ustedes tanto impulso en la vulneración de los derechos y las libertades que ya no son capaces de parar. Primero fueron las tasas judiciales. Por cierto, señor ministro, derogue las tasas judiciales, no las modifique. La semana pasada la ley mordaza y esta semana barra libre a la intervención de las comunicaciones por parte del Gobierno, que ya le adelanto que nos vamos a oponer y que le pedimos que rectifique esta medida que lo único que hace es vulnerar, de nuevo, derechos fundamentales y crear un estado policial a la medida del Partido Popular. No queremos que el Gobierno espíe a los ciudadanos, ni este ni ninguno, pero este Gobierno, señor ministro, el Gobierno de la trama Gürtel, el Gobierno del: Aguanta, Luis, sé fuerte..., lo que está haciendo es lo que en mi tierra, señor ministro, se llama poner al lobo a guardar las ovejas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hernanz.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente.

Señoría, estoy seguro de que como es un anteproyecto de ley que se ha presentado hace muy poco tiempo aún no ha podido leerlo o pedir un informe con detalle porque, si no, no podría decir lo que dice, porque el sistema de investigación está en primer lugar orientado a dotar a los jueces, a los fiscales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de capacidades para investigar el delito, y estoy seguro de que usted coincidirá conmigo en que es muy necesario dotarnos de herramientas para poder combatir eficazmente el delito de las redes organizadas, de aquellos que intentan cometer delitos gravísimos contra menores, etcétera. Eso es lo que pretende el proyecto de ley, y ese proyecto de ley verán -cuando tengan tiempo para leerlo con detalle- que no hace otra cosa que mantener, entre otros, un artículo vigente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aprobó el Gobierno del Partido Socialista en el año 1988 con el apoyo del Partido Popular, porque de lo que trataba era de dotarnos de mecanismos excepcionales. Por lo tanto, hacer de la excepcionalidad la regla es desenfocar el debate.

Tenemos un sistema de garantías extraordinario. Solamente en casos de extraordinaria necesidad y urgencia para delitos gravísimos -como es el caso del terrorismo o de las redes organizadas- se permitirá, si la ley es aprobada, que el ministro del Interior pueda autorizar una escucha durante veinticuatro horas antes de ponerlo en conocimiento del juez competente. Señoría, son casos extraordinarios, circunstanciales, son casos en los que hay control judicial a las veinticuatro horas. Esté usted muy tranquila porque nadie va a escuchar su teléfono ni sus mensajes, sobre todo, señoría, si -como estoy seguro- usted no forma parte de una red organizada de delincuencia ni comete delitos terroristas. Por lo tanto, creo que deberíamos centrar el debate en lo que corresponde; la ley va a estar en esta Cámara, está siendo


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objeto en este momento de informe por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, vendrá aquí para ser enmendada y debatida, y estoy seguro de que con las aportaciones de sus señorías tendremos una buena ley de enjuiciamiento criminal para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los jueces y los fiscales puedan luchar con herramientas eficaces, del siglo XXI, contra el delito.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON AGUSTÍN CONDE BAJÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ MODIFICACIONES TIENE PREVISTO REALIZAR EL MINISTRO DE JUSTICIA EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL TAL Y COMO ANUNCIÓ EN CONSEJO DE MINISTROS DE 5 DE DICIEMBRE? (Número de expediente 180/001158).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Justicia, que formula el diputado don Agustín Conde, del Grupo Popular.

El señor CONDE BAJÉN: Señor ministro, hace dos semanas, en su comparecencia ante esta Cámara, el presidente del Gobierno anunció un importantísimo paquete de medidas en la lucha contra la corrupción, y dentro de ese compromiso de lucha contra la corrupción del Gobierno del Partido Popular jugaba un papel importante, según nos anunciaba el presidente, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Mi pregunta, señor ministro, pretende que nos explique aquí, en sede parlamentaria, cuáles son las líneas maestras de ese anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobó el Gobierno la semana pasada, en qué va a mejorar la lucha contra la corrupción y cuál es el calendario previsto de entrada de ese proyecto de ley en esta Cámara.

Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente.

Señorías, señor Conde, como trataba de explicar en mi intervención anterior, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en mi opinión, constituye una pieza muy necesaria para dotarnos de un sistema procesal propio del siglo XXI, sin quitarle méritos a la ya vetusta ley de 1882, que nos ha servido muy bien, pero evidentemente carece de muchos elementos necesarios para garantizar una justicia penal ágil y eficaz. Por eso, lo que pretendemos con la iniciativa, que vendrá a esta Cámara tras los informes preceptivos previos, es promover una reforma que agilice los tiempos de respuesta de la justicia, por ejemplo modificando la regla de la conexidad, que actualmente genera unos macrojuicios que tardan años en resolverse. Pretendemos acortar los tiempos de resolución, pretendemos también imponer plazos para la tramitación, lo cual significa un compromiso de la justicia con el ciudadano de tener respuesta en seis meses para los casos más sencillos y en dieciocho meses para los casos más complejos; también, generalizar la segunda instancia penal de la que hemos sido requeridos sucesivamente por organismos internacionales; asimismo, como he mencionado anteriormente, actualizar y modernizar nuestros sistemas de investigación y de intervención de comunicaciones y grabaciones, siempre dentro del respeto al secreto profesional, a las comunicaciones personales, pero dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los jueces y fiscales de herramientas para la investigación del delito. Con todo esto, y adicionalmente, incorporando nuevos medios para la gestión del fruto del delito económico, el decomiso ampliado, el decomiso que permita incorporar en el proceso judicial todo tipo de garantías para que quien obtiene rendimientos económicos, fruto de la comisión de delitos, no tenga impunidad en absoluto; así como también incrementando plazos -esto ya en el Código Penal- para garantizar que no hay prescripción que genere ausencia de responsabilidad o para reforzar la lucha contra la corrupción, como usted decía, en relación con delitos que tienen que ver con el cohecho cometido por funcionarios públicos.

En fin, se trata de una batería de medidas que buscan la agilización procesal, el mayor reproche penal a las conductas impropias de cualquiera y, en particular, de los que tenemos responsabilidades públicas, y también dotarnos de herramientas modernas y actuales para garantizar y poder transmitir a los ciudadanos una mayor confianza en el Estado de derecho y en nuestra justicia, que, como he dicho


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anteriormente, tiene medios personales suficientes para hacer bien su trabajo; ayudémosles dándoles herramientas... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO GONZÁLEZ CABAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿ESTÁ EN LOS PLANES DEL MINISTERIO DE DEFENSA EL CIERRE DE LAS INSTALACIONES DEL CEFOT 2 DE CAMPOSOTO EN SAN FERNANDO (CÁDIZ)? (Número de expediente 180/001163).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Defensa. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Francisco González Cabaña, del Grupo Socialista.

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿está en los planes de su Gobierno el cierre del Cefot número 2 de San Fernando?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias, señor presidente.

Señoría, como ayer tuve oportunidad de comentar en un encuentro en el Senado con el alcalde de San Fernando, no está en mis planes el cierre de Camposoto ni tampoco el Centro de Formación de Tropa que está allí.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Lo de ayer, señor ministro, es de penalti y en el último minuto; pero, por si usted falla el penalti, que es su práctica habitual, le diré algunas cosas. El Cefot supone un importante apoyo económico para la ciudad de San Fernando: 1.850 alumnos al año, personal militar, personal civil y actividad indirecta, por ejemplo, catering y mantenimiento; en total, más de 6 millones de euros que volarían de la ciudad con el cierre.

Ante este último episodio de desmantelamiento de Defensa en la ciudad, los sectores económicos han constituido una plataforma contra el cierre porque temen lo peor, porque con ustedes en San Fernando llueve sobre mojado, porque ustedes en el año 2003, siendo ministro el señor Trillo, trasladaron la escuela de infantería a la ciudad natal del ministro en contra del criterio de la propia Armada, pero debió pensar el señor Trillo que donde hay patrón no manda marinero.

El señor ministro lo ha intentado ya con el Cefot de Cáceres. Mis compañeras diputadas por esta provincia han presentado distintas iniciativas en esta Cámara, haciéndose eco del clamor de la sociedad cacereña contra el cierre. Señor ministro, la sociedad extremeña le ganó a usted la batalla, aunque el extremeño errante y errado, el señor Monago, haya dicho que las movilizaciones habían logrado su objetivo gracias al apoyo decisivo del señor ministro, lo que no deja de ser una metáfora monagesca del bombero pirómano. Usted es un ministro que el 24 de noviembre garantizaba en Cáceres la continuidad del Cefot -y bien que nos alegramos- al tiempo que anunciaba que el centro de San Fernando estaba en proceso de evaluación técnica -y bien que lo lamentamos, y más lo lamentaremos si en esto se aplica la doctrina Trillo antes mencionada-.

Pronunciaba usted en este acto una frase lapidaria y cargada de sentimiento: Cáceres quiere al Cefot porque el Cefot quiere a Cáceres. Nosotros en San Fernando también queremos nuestra historia de amor con el Cefot. (Risas.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias, señor presidente.

Señoría, llega usted tarde con su discurso. Ya le he dicho desde el primer momento que el Cefot no se cierra en San Fernando. Hemos estudiado sus posibilidades y su viabilidad y San Fernando, además del Cefot, tendrá otras instalaciones militares importantes. Desde que yo soy ministro de Defensa nos


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hemos ocupado de San Fernando. Hemos traspasado, a veces contra la voluntad de la propia Junta de Andalucía, el hospital que estaba allí. Estamos ocupándonos de Cádiz de una manera muy especial, y lo sabe usted perfectamente. Cádiz es una de las provincias españolas que tiene más recursos militares. Nos preocupa San Fernando, vamos a continuar en el Cefot. No voy a entrar en los procesos de descalificación personal que usted ha hecho. Le aseguro que es preocupación histórica, presente y de futuro San Fernando para el Ministerio de Defensa y para todos los militares que están allí.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL CORTIZO NIETO, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA PALOMA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿CUÁL ES LA INTENCIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA CONCESIÓN DE LA FÁBRICA DE ARMAS DE A CORUÑA? (Número de expediente 180/001164).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Defensa, que formula el diputado don Miguel Ángel Cortizo, del Grupo Socialista.

El señor CORTIZO NIETO: Doy por formulada la pregunta, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortizo.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias, señor presidente.

Señoría, la intención del Ministerio de Defensa con respecto a la fábrica de armas de A Coruña ha sido en todo momento la de permitir el desarrollo de un proyecto industrial beneficioso para la defensa nacional, para el cuidado y mantenimiento de las instalaciones y para el tejido industrial de España y de la ciudad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor CORTIZO NIETO: Señor ministro, en el concurso de concesión para la fábrica de armas de A Coruña están planteadas algunas cuestiones que generan no pocas dudas al respecto. La empresa Hércules de Armamento, que fue la beneficiada por la concesión de su ministerio, es una empresa constituida ad hoc, unos meses antes de este concurso, con un capital social de 3.000 euros, ampliado luego en 100.000 y posteriormente, de una forma que está denunciada ante la Agencia Tributaria, con una ampliación de 500.000 euros en forma más que dudosa. Baste decir que alguna de las empresas aportantes de esa pseudofinanciación es una peluquería de señoras. Yo no sé si es que harán cardados con parabellum 22 o similares. (Risas). En todo caso, suena muy raro. En definitiva, es una empresa sin solvencia económica, sin un proyecto industrial claro, cuyo expediente en la concesión, desde el pliego de concesiones hasta otra serie de circunstancias como personajes turbios imputados en operaciones de corrupción que figuran en el entorno de esta empresa, debería hacerle dudar, señor ministro. Yo creo que usted debería acordarse de Santa Bárbara ahora, no cuando truene, porque cuando truene puede ser tarde y puede ser que truene porque un juez intervenga y plantee que lo que hay detrás de toda esta operación es un pelotazo urbanístico en el cual usted, que hasta el momento no es más que un protagonista administrativo, puede pasar a ser cómplice de algo más grave. Yo creo que en el margen que nos permite este peculiar sistema de control -ridículo diría yo- usted debería reflexionar y olvidarse de esta forma de hacer política que tenemos aquí y tomarse en serio esta cuestión. Todo parece indicar que en el concurso de concesión se impone la máxima de Groucho Marx, aquella que decía: el secreto del éxito está en la honestidad; si consigues evitarla, está hecho. (Risas.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortizo.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias, señor presidente.

Señoría, nosotros nos hemos limitado a hacer un concurso de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con una mesa de adjudicación absolutamente independiente que consideró que la oferta que ha ganado el concurso cumplía con los requisitos que se habían establecido. Yo no


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puedo intervenir directamente en esa fórmula de adjudicación, precisamente para salvaguardar toda esa suerte de injurias -yo diría- que usted ha insinuado en este momento aquí. Si usted tiene alguna sospecha de algún tipo, vaya al correspondiente juzgado y obre en consecuencia, pero no venga aquí a criticar; vaya y hágalo, si usted tiene esa seguridad, pero no venga a decir cosas que luego fuera de aquí no se atreve a decir. (Rumores). Ha sido un concurso perfectamente hecho, de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que ya veo que a usted le importa poco, y en consecuencia bien adjudicado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON JOSEP SÁNCHEZ I LLIBRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿TIENE VOLUNTAD POLÍTICA EL GOBIERNO PARA GRAVAR LOS BENEFICIOS REALES OBTENIDOS EN ESPAÑA POR AQUELLAS COMPAÑÍAS EXTRANJERAS CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE, PERO SIN CENTROS DE PRODUCCIÓN? (Número de expediente 180/001156).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Pregunta, en primer lugar, el diputado don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán de Convergència i Unió.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ¿está el Gobierno dispuesto a gravar todos aquellos beneficios reales obtenidos en España por aquellas compañías internacionales con establecimiento permanente, pero sin centro de producción, al igual que se gravan los beneficios de las compañías españolas, de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor diputado, el Gobierno tiene toda la voluntad de combatir las prácticas abusivas desde el punto de vista fiscal que utilice cualquier compañía trasnacional, y así lo ha venido demostrando desde el inicio de la legislatura. En el caso concreto de las compañías a las que se refiere su señoría, le recuerdo que España ya grava actualmente los beneficios obtenidos en nuestro país por compañías extranjeras que operan en territorio español mediante establecimiento permanente, independientemente de que tengan o no centros de producción. Lo señala la Ley del impuesto de no residentes en su artículo 13, y también en la reciente reforma del impuesto sobre sociedades hemos avanzado bastante en la definición, por ejemplo, de la normativa del precio de transferencia, así como en la normativa del tratamiento de los llamados instrumentos híbridos. A ese respecto, la Agencia Tributaria está realizando una labor encomiable dentro del plan de control tributario para 2014. También quiero decirle que el Gobierno está muy activo en el ámbito europeo porque la lucha contra estas prácticas no puede referirse al territorio nacional y el Consejo Europeo próximo llevará también iniciativas importantes del Gobierno de España a este respecto.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias.

Señor ministro, me alegro de esta voluntad del Gobierno que usted acaba de manifestar, pero le plantearía que es terriblemente injusto, por poner un ejemplo, que las ocho mayores compañías internacionales tecnológicas que están operando en España, que facturan cientos de millones de euros, en el año 2013 solo hayan aportado por el impuesto de beneficios alrededor de 17 millones de euros,


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según informaciones de algunos medios de comunicación solventes en nuestro país. Por este motivo, señor ministro, creemos sinceramente que urge corregir estos desequilibrios y es necesario mejorar la redistribución de nuestro sistema fiscal. Aplicando las interpretaciones dinámicas de los convenios de doble imposición avalados por las recientes sentencias del Tribunal Supremo, el Estado, según nuestro criterio, podría incrementar la recaudación del impuesto de los beneficios, alrededor del 2.000 o el 2.500 % más de recaudación, dicho de otra manera, multiplicar por 20 o 25 las cantidades actualmente recaudadas.

¿Qué habría que hacer para ello? Seguramente, señor ministro, instar a la Agencia Tributaria a exigir a todas aquellas compañías internacionales con establecimiento permanente en España que tributen por los beneficios reales obtenidos en España, como empresas separadas e independientes de la matriz y evitar que solo tributen en España por los ingresos percibidos por una sociedad comisionista o de márquetin del grupo. Planteando este sistema que le acabo de manifestar, un mecanismo nuevo, seguramente el incremento de recaudación por el impuesto sobre sociedades se incrementaría en un 2.000 o en un 2.500 % más.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero recordar que, dentro del Plan de control tributario para el año 2014, publicado en el BOE, la propia Agencia Tributaria tiene fijada una atención prioritaria en áreas de control en el ámbito de la economía digital. En eso ya se está trabajando.

También quiero recordar e insistir en que España está plenamente comprometida con el proyecto BEPS, de la OCDE, que trata de evitar la erosión de las bases imponibles de las multinacionales y el desvío de los beneficios empresariales de unos países a otros de forma artificial. El objetivo es convertir este proyecto en una directiva BEPS europea. De hecho, hay iniciativas de otros grandes países europeos y, como les decía, España va a proponer en el próximo Consejo Europeo una acción coordinada con el objetivo de que los Estados miembros intensifiquemos los esfuerzos contra el fraude y la evasión fiscal y para combatir la planificación fiscal agresiva y el traslado de beneficios a países con menor tributación.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿PIENSA EL GOBIERNO BAJAR EL IVA SOBRE TODO EN LOS SECTORES MÁS AFECTADOS? (Número de expediente 180/001161).

El señor PRESIDENTE: Pregunta también dirigida al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que formula el diputado don Miguel Ángel Heredia, del Grupo Socialista.

El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿tiene previsto el Gobierno bajar el IVA sobre todo en los sectores más afectados?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Al Gobierno le gustaría, pero no lo tiene previsto. Es evidente que la previsión es que vamos a bajar en enero el IRPF y el impuesto sobre sociedades y estamos también bajando las cotizaciones a la Seguridad Social en el caso de la contratación de empleo indefinido. Por tanto, el IVA se va a quedar como está, son las recomendaciones de la Comisión Europea a ese respecto.

Por lo demás, también quiero decir al señor diputado y al conjunto de la Cámara que la recaudación del IVA ahora, como consecuencia de la reactivación económica y también del impulso del consumo de


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las familias, ha incrementado, como usted sabe, la recaudación tributaria y de esa manera está contribuyendo a reducir el déficit público y a financiar los servicios públicos en nuestro país.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Heredia.

El señor HEREDIA DÍAZ: La subida del IVA es injusta, genera más paro y es perjudicial para las rentas más bajas, para los pensionistas, para las pymes y para los trabajadores autónomos. No son palabras mías, son suyas, señor Montoro, aquí mismo en el Congreso de los Diputados el 10 de marzo de 2010. ¿Las recuerda? (El señor Heredia Díaz muestra un "Diario de Sesiones"). Pero llegó al Gobierno y subió el IVA. En algunos sectores, como las peluquerías, hasta un 21 %. Yo no sé si ha recaudado más, pero sí sé que ha cerrado en dos años 17.500 establecimientos y que 34.000 personas, sobre todo mujeres, que estaban trabajando, hoy están en paro. Y subió el IVA cultural, que hoy es el triple de la media europea y ha hundido el sector; ha cerrado el 25 % de las empresas, ha mandado a miles de trabajadores al paro y ha alejado de la cultura a la población que tiene menos recursos económicos.

Algo similar ocurre con el sector turístico. Rajoy dijo en campaña que iba a bajar el IVA turístico a la mitad, y mintió porque no solo no lo bajó, sino que lo subió dos puntos y hoy tenemos el IVA turístico más elevado de Europa y también del Mediterráneo. Esto daña a la empresa y provoca que perdamos todos los años 19.000 empleos. Es verdad que usted ha bajado el IVA en algunos sectores, como, por ejemplo, en la transacción de obras de arte y antigüedades. No sé si usted, señor Montoro, tiene obras de arte en su casa; yo no las tengo y la inmensa mayoría de españoles tampoco. Por eso a mí me gustaría saber por qué está bajando el IVA en algunos sectores y en la inmensa mayoría no o por qué no baja el IVA de las peluquerías, del sector turístico o del sector cultural y con ello crea empleo y da un respiro a miles de trabajadores autónomos y a las pymes de este país. O explíqueme por qué el IVA de las revistas pornográficas es reducido, del 4 %, y, sin embargo, el de las entradas del teatro, del cine o de un espectáculo musical es del 21 %. ¿Ese es su concepto de la cultura, señor ministro?

Rajoy dijo que no iba a subir los impuestos y ha subido cincuenta. Y han recaudado 20.000 millones más, pero ustedes solo han subido los impuestos a los trabajadores y trabajadoras y a las clases medias de este país y los han bajado a las rentas más altas y a las grandes empresas. En España cada día se abre más la brecha social. Cada día hay más desigualdad y más explotación laboral, y en eso tiene mucho que ver, muchísimo, su nefasta e injusta política de impuestos, señor ministro. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Heredia.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor Heredia, ustedes pueden hacer todos los alegados que corresponda en esta Cámara, no faltaba más, pero el problema de los alegatos es que no se sustentan en cifras. Cuando uno critica una política tributaria tiene que contrastarla con la evolución de la recaudación en estos años, y en estos años quien ha traído mayor recaudación en España ha sido el impuesto sobre sociedades de las grandes empresas. Fíjese, señor Heredia, qué cosas. Eso es lo que más ha incrementado la recaudación; o sea, que todo el soporte de su discurso se cae por los pies. Y yo sigo pensando lo mismo sobre el IVA. Como ministro de Hacienda de España tuve la obligación que afronté y expliqué en esta Cámara de subirlo en un momento supercrítico de nuestro país, cuando nuestro país estaba no ya al borde del abismo, sino al borde de llevarse por delante al euro y al conjunto de la economía europea, afectando y perjudicando a la economía mundial. Eso fue lo que tuvimos que hacer en aquel momento y ahora aquella subida está rindiendo sus mejores frutos y la economía del país se está recuperando. Pero eso no quiere decir que el Gobierno no esté haciendo una política tributaria equitativa a través de la bajada de impuestos de forma proporcional precisamente a las rentas más bajas de nuestro país, a las rentas medias y bajas. Eso es lo que se sustenta en el proyecto y lo que ha sido la propia evolución de la recaudación. Pero ustedes se han anclado en un planteamiento: ricos y pobres. Allá ustedes, les está dando un gran rédito político, les veo cada vez más como alternativa de gobierno de España firme y


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segura, sobre todo por la infiabilidad que tienen sus análisis cuando no se leen ni las estadísticas de recaudación.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL COMUNICADO DE 11 DE DICIEMBRE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL BANCO DE ESPAÑA SOBRE BANKIA? (Número de expediente 180/001167).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Economía y Competitividad. En primer lugar pregunta el diputado don Pedro Saura, del Grupo Socialista.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿cómo valora el comunicado del Banco de España de 11 de diciembre?

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, presidente.

Señoría, el Banco de España es el único responsable de sus comunicados y el Gobierno no opina sobre los mismos.

El señor PRESIDENTE: Señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, para que lo sepan todos los españoles. Usted, en el caso Bankia, quiere desviar la atención y para ello desprestigia a los supervisores. Es una irresponsabilidad y un riesgo tremendo que usted, que tiene que defender a la economía española en la esfera internacional, desprestigie a los supervisores. Señor ministro, el problema de Bankia es su agujero: 23.000 millones de euros que hemos tenido que pagar todos los españoles. Ese es el gran problema, y ese agujero se produce como consecuencia de la lamentable gestión de sus gestores, que tienen algunas características: que no son profesionales del sector y que son altos militantes del Partido Popular. Pero, además de los gestores, señorías, ¿quiénes nombraron a esos gestores? ¿Al señor Blesa lo nombró un directivo del Banco de España? No, lo nombró el señor Aznar. ¿Al señor Oliva, quién lo nombró? El señor Zaplana. ¿Al señor Rato quién lo nombró o, mejor dicho, quién lo aparcó en Caja Madrid? El señor Rajoy. Señor ministro, usted también estuvo en la terna para presidir Caja Madrid, como el señor González. Estamos hablando de también comunidades gobernadas por el Partido Popular. Es todo PP; por eso, señor ministro, usted quiere desviar la atención y lanzar una cortina de humo sobre el escándalo Bankia, porque el PP está hasta las trancas, porque el PP en el caso Bankia está hasta las cejas, está hasta arriba. Por eso quiere cambiar usted y confundir a la opinión pública. Y después vino su gestión, su torpe e incompetente gestión de cómo quitar al señor Rato. Ahí está el origen del rescate de nuestro país, porque, señor ministro, sí, sí hubo rescate y usted fue el último responsable de ese rescate en toda regla. Señor ministro, si no tiene ningún problema con el escándalo Bankia, ¿por qué no acepta una comisión de investigación? Nosotros no tenemos ningún problema. Acepte esa comisión de investigación.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, los que realmente han cuestionado la actuación de los organismos supervisores en la salida a bolsa de Bankia son los peritos designados por el propio Banco de España. Le recuerdo que el informe señala: uno, que las cuentas que sirvieron de base para su salida a bolsa no reflejaban la imagen fiel de


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la entidad debido a errores contables; dos, que sin las ofertas de sociedades vinculadas no se habría alcanzado el nivel mínimo de inversores institucionales requerido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que Bankia saliera a bolsa; tres, que no se cumplió con las normas contables del Banco de España; cuatro, que existía pésima calidad del seguimiento del riesgo de crédito, y, cinco, que los auditores no detectaron los errores contables, algo que ya también determinó el propio ICAC. En cualquier caso, le reitero lo que ya dije en mayo de 2012 y he repetido en numerosas ocasiones, que tanto la creación de Bankia como su posterior salida a bolsa fueron una sucesión de errores que no hubieran sido posibles sin el visto bueno de los supervisores. Señoría, la salida a bolsa de Bankia deriva de una decisión política que tiene su reflejo en el BOE -que es donde se reflejan las decisiones políticas-, en el real decreto-ley de febrero de 2011 que ustedes aprobaron, una norma que forzó la salida a bolsa de Bankia porque exigía unos requisitos de capital sustancialmente mayores en caso de no hacerlo y que además encargaba al Banco de España la aprobación y supervisión de la estrategia de recapitalización para cumplir con esos requisitos. De esta forma, en abril del año 2011 esta institución dio el visto bueno a la estrategia de Bankia, que incluía la salida a bolsa como primera alternativa. Posteriormente, en julio, valoró muy positivamente la culminación de dicho proceso.

Sin embargo, señoría, lo importante es que todo es diferente. Gracias a la actuación de este Gobierno se obligó a los bancos a provisionar, se cerraron los agujeros y se llevó a cabo un proceso de saneamiento, reestructuración y recapitalización. Hoy, según hemos visto en octubre, la banca española ha sido una de las que mejor ha salido en los test de estrés del Banco Central Europeo y Bankia es el mejor referente. Señorías, ustedes nos dejaron un agujero y nosotros lo que hemos hecho es sanear y hacer que la banca contribuya a la recuperación de la economía nacional, como ya está haciendo a través del incremento del crédito. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA PATRICIA BLANQUER ALCARAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿PIENSA EL GOBIERNO RESOLVER EL PROBLEMA QUE PARA COMERCIOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS SUPONE LA DESAPARICIÓN DE LOS ARRENDAMIENTOS DE RENTA ANTIGUA? (Número de expediente 180/001168).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Economía y Competitividad que formula la diputada doña Patricia Blanquer, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿piensa el Gobierno resolver el problema que para comercios y pequeñas empresas supone la desaparición de los arrendamientos de renta antigua?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, este Gobierno ha trabajado desde el primer momento para paliar las consecuencias de la crisis en los comercios y pequeñas empresas. Como sabe, siempre hemos considerado prioritario apoyar al comercio minorista tanto en el inicio de su actividad como en su desarrollo posterior. Es más, le recuerdo que el pasado verano aprobamos quizá la medida más importante para el comercio minorista de los últimos años: los límites a las tasas de pago con tarjeta para incentivar su uso y, con ello, el comercio. Nos adelantamos así a la futura normativa europea. Se trata de una medida fundamental en esta fase de la recuperación para comercios y pequeñas empresas, que verán reducidos sus costes en las transacciones con tarjeta. Esto tendrá un importante impacto positivo en el sector. Asimismo, hemos impulsado el Plan integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista, que incluye el programa de relevo en el comercio con el objetivo de promover la continuidad de empresas viables. En los años 2013 y 2014 este plan, al que mi departamento ha aportado más de 80 millones, ha beneficiado a casi 40.000 comercios. A estas medidas se suma el apoyo del ICO. Hasta el 4 de diciembre ha realizado más de 35.000 operaciones en el comercio minorista, lo que supone una concesión de créditos de en torno a 1.500 millones. La línea ICO Comercio Minorista está dotada con 9 millones para financiar, entre otras, inversiones derivadas de la apertura de nuevos comercios.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora diputada.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Señor ministro, por favor, no mire hacia otro lado. Queda poco para el día 1 de enero y a nuestro grupo le consta que muchos arrendatarios de locales de negocio de renta antigua viven con angustia la cercanía de esta fecha, porque se verán obligados a negociar un contrato de arrendamiento con un incremento de renta que en su contexto actual puede hacer inviable su supervivencia. Hoy, tras la prolongada crisis y según advierte una de las asociaciones mayoritarias de autónomos, UPTA, existe el riesgo de cierre de miles de empresas fuertemente arraigadas en las ciudades. Tiendas históricas desaparecerán si no se remedia y más de 300.000 personas pueden verse abocadas al paro, en su mayoría personas de edad media avanzada, con dificultades para su reinserción laboral; por tanto, un problema social además de económico. Si se abre la puerta a nuevos negocios lo que no podrá garantizarse es que con ellos se creen empleos tan estables como los que hoy hay en los comercios que se sienten amenazados por el fin de la moratoria. De hecho, los datos del empleo que se crea hoy en España hablan por sí solos: en términos interanuales de afiliación media aumenta el empleo parcial y se reduce el empleo indefinido a tiempo completo, fruto de la nefasta reforma de su Gobierno. Y, señor ministro, nuestro país no se puede permitir más cierres ni más despidos; no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras empresas consolidadas y referentes turísticos en los cascos históricos de las ciudades cierran. Es razonable la solución que nosotros le hemos propuesto: una prórroga negociable de cinco años de estos contratos; que se incentiven a través de los organismos competentes autonómicos la mediación y el arbitraje con el fin de acelerar el acuerdo y el equilibrio entre arrendatarios y propietarios, y las ayudas que usted dice, pero que no hay, para la modernización del sector. Todavía está a tiempo; acepte esta propuesta, no abandone a su suerte al pequeño comercio, que hoy está representando aquí y nos acompaña, y al que damos la bienvenida desde el Grupo Socialista. Es de justicia dar respuesta a quienes con su esfuerzo y con su trabajo han abierto la persiana de sus tiendas día a día a pesar de una crisis tan dura.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, como usted conoce perfectamente, la Ley de Arrendamientos Urbanos fue aprobada en el año 1994, hace veinte años, por un Gobierno socialista. Ustedes no hicieron nada en sus ocho años de gobierno; si tanto les preocupaba, podrían haber realizado algo al respecto. En cualquier caso, la LAU introdujo medidas para conciliar los intereses en conflicto y suavizar el tránsito al nuevo marco jurídico, minimizando con ello el posible impacto de la norma. Prevé, por ejemplo, un mecanismo de compensación: por un lado, el derecho de retracto en caso de nuevo contrato con distinto arrendatario y, por otro, derecho a una indemnización en caso de inicio de actividad afín.

Señoría, la mejor manera de apoyar al comercio es la recuperación económica que está teniendo lugar. Le pongo de manifiesto que en la EPA del tercer trimestre el comercio al por menor ya registró incremento del empleo y que en las ventas al comercio minorista se observan desde septiembre de 2012 valores positivos. Esto demuestra, señoría, que las medidas tomadas por este Gobierno van en el buen camino.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON ENRIQUE ÁLVAREZ SOSTRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿QUÉ MEDIDAS PROPIAS DE BOE PIENSA ARTICULAR CON CARÁCTER URGENTE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO PARA EVITAR EL CIERRE DE LA EMPRESA ALCOA Y SU INCIDENCIA EN LA PÉRDIDA DE MILES DE PUESTOS DE TRABAJO, FUNDAMENTALMENTE EN ASTURIAS (AVILÉS) Y GALICIA (A CORUÑA Y S. CIPRIÁN), ANTE LA ACTUAL CRISIS DE ORIGEN ENERGÉTICO DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO, REPRESENTADA POR LA CITADA EMPRESA? (Número de expediente 180/001137).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Industria, Energía y Turismo. En primer lugar pregunta el diputado don Enrique Álvarez Sostres, del Grupo Parlamentario Mixto.


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El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿qué medidas propias del BOE piensa articular con carácter urgente el Ministerio de Industria para evitar el cierre de la empresa Alcoa y su incidencia en la pérdida de miles de puestos de trabajo, fundamentalmente en Asturias y en Galicia?

Sin solución de continuidad, tengo que decirle que mi preocupación se debe a que -como usted sabe, señor ministro- Alcoa es líder del sector mundial del aluminio y ya ha anunciado el cierre, derivado de su política energética, digna heredera por otra parte de la ejecutada por el ministro Sebastián y sus tarifazos, que elevaron en 2010 un 70 % los costes eléctricos para familias y empresas. En el año 2011, señor ministro, estando Foro en el Gobierno de Asturias, se le advirtió a usted personalmente por el presidente de la amenaza real que suponían los altos costes de la energía nacional frente a los competidores europeos. Seguro que recuerda que en periódicos del año 2012 se le ve en fotos con la actual presidenta del PP de Asturias y los presidentes de las tres grandes compañías, del acero, del cinc y del aluminio, afectadas por el mismo problema y anunciaba: el Gobierno se compromete a evitar la deslocalización de la industria asturiana. Permítame decirle que las únicas fotos válidas son las del BOE, que plasman las políticas de ayuda al sector cuando son necesarias, y ahora lo son, señor ministro. Díganos por qué los precios de nuestra energía son un 30 % más caros que los de nuestros competidores europeos e internacionales. Díganos cómo y por qué se dan crecientes subvenciones a las eléctricas para las plantas de gas de ciclo combinado. Explíquenos cómo y por qué se asigna subvención a sectores como el del automóvil o se indemnizan las políticas gasísticas como el Proyecto Castor de ACS. La producción de aluminio, así como de acero y cinc, se vende en mercados globalizados, pero el coste eléctrico necesario es nacional y debemos homologarlo con el de nuestros competidores y no con subastas de imprevisión contrarias a la estabilidad de costes.

Pero ahora es momento de soluciones de emergencia, señor ministro, que eviten el cierre de Alcoa en Asturias y Galicia. Le ruego las exponga en esta Cámara. Este es un problema que necesita soluciones ya, de manera decidida, como las que usted impulsó en el sector del petróleo en su querida tierra, y no la solución de la fantasmagórica y espuria transición energética ahora defendida por el ínclito presidente de Asturias. Si puedo, le contestaré al terminar usted.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado, pero le recuerdo que ha consumido su tiempo.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias.

Señoría, se interesa usted por la interrumpibilidad, que -como sabe- es un instrumento del que dispone el sistema eléctrico para poder ayudar a las empresas electrointensivas de nuestro país, fundamentalmente industriales, a que obtengan un precio de la energía inferior, eso sí, pagado por el resto de los consumidores, tanto los domésticos como el resto de consumidores industriales. Usted manifiesta su sorpresa por el nuevo sistema de distribución de la interrumpibilidad y lo achaca a -como dice usted- una mala política energética del Gobierno. Le voy hacer varias consideraciones. En primer lugar, el sistema de interrumpibilidad se otorgaba hasta este año 2014 de manera no competitiva. No era un sistema de subasta, sino que eran decisiones administrativas. Las empresas que querían acceder a este sistema, si cumplían los requisitos, participaban de la distribución -insisto- de forma administrativa. Las propias empresas del sector fueron las que solicitaron al Gobierno, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que cambiáramos ese sistema porque podía ser objeto de una denuncia por ayuda de Estado en la Unión Europea, tal y como le ocurrió hace algún tiempo en Italia a una de las empresas a las que usted se ha referido y que le supuso una multa de 300 millones de euros. Esa fue la razón por la que hemos cambiado el sistema. Eso sí, ahora el sistema es más transparente y más competitivo, de subasta, lo cual quiere decir que aquellas empresas que pujen y obtengan un precio inferior se llevan interrumpibilidad, y aquellas otras que no pujen no se la llevan. En el caso concreto al que usted se ha referido, para la fábrica de San Ciprián, la empresa bajó lo suficiente la subasta como para llevarse los bloques de 90 megavatios por los que estaba interesada. En cambio, en las fábricas de Avilés y de A Coruña no hicieron la puja conforme a ese mismo criterio. Habrá que preguntarle a la empresa por qué, pero en todo caso hay una segunda oportunidad porque la parte que quedó sin cubrir va a ser objeto de otra subasta; la habrá antes de que finalice el mes de diciembre y en este caso espero que la empresa puje, que puje bien y pueda salvar esos novecientos puestos de trabajo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


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- DE LA DIPUTADA DOÑA IRENE LOZANO DOMINGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿QUÉ MEDIDAS VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA IMPEDIR QUE EL PRÓXIMO UNO DE ENERO MILLONES DE PERSONAS SE QUEDEN SIN VER LOS CANALES DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE DEBIDO A LOS PLAZOS LEGALES IMPUESTOS POR EL PROPIO GOBIERNO AL PROCESO DE MIGRACIÓN DE CANALES DE TDT A LA NUEVA FRECUENCIA? (Número de expediente 180/001141).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Irene Lozano, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, al señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.

Señor ministro, desde el mes de septiembre, en que se aprobó el Plan para la liberación del dividendo digital, se sabe con certeza que no se van a poder cumplir los plazos impuestos para llevar a cabo la antenización de todos los edificios; hubiera sido necesario antenizar quinientos edificios por hora para que esos plazos se cumplieran. De forma que corremos el riesgo cierto de que millones de personas dejen de ver la televisión el 1 de enero; es decir, dentro de dos semanas: 3 millones de personas porque no tengan cobertura y no puedan ver absolutamente nada y 5 millones y medio de personas porque no tengan hecho el proceso de antenización y solo puedan ver Televisión Española.

¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nos encontramos con este riesgo cierto? Por su pura incompetencia, señor ministro. Porque primero se durmieron en los laureles a la hora de poner en marcha el proceso de migración de las frecuencias digitales y después le metieron una velocidad al proceso que hace materialmente imposible que se puedan cumplir los plazos. Lo saben todos los afectados relacionados con este sector: lo saben los antenistas, lo saben los fabricantes de componentes, lo saben las propias operadoras de televisión; pero es que lo sabe también Abertis, lo saben las comunidades de propietarios, lo saben los administradores de fincas y, en suma, lo saben también los telespectadores, es decir, los ciudadanos. Todo el mundo se lo está diciendo, pero parece ser que usted todavía no se lo cree, porque ayer dijo que el Gobierno se está planteando prorrogar ese plazo previsto para la antenización. Quedan dos semanas, señor ministro. Se lo está planteando, ¿hasta cuándo? Yo le pido que diga hoy aquí, y tranquilice a los ciudadanos, que no se van a quedar sin ver la televisión el 1 de enero. El Gobierno lleva tres años fastidiando a los ciudadanos y recortándoles todo, no les recorte también la televisión. Comprométase aquí y dé tranquilidad a los ciudadanos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lozano.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias, señor presidente.

Tengo la impresión de que su señoría desconoce que el proceso para la liberalización de la parte del espectro donde ahora todavía se están emitiendo televisiones digitales terrestres y que va a ser ocupado por la 4G a partir del próximo año 2015 fue objeto de distintas sentencias por parte del Tribunal Supremo que paralizaron justamente la puesta en marcha de ese plan técnico de la televisión digital terrestre. Como usted sabe, hubo una primera sentencia en diciembre de 2012, hubo una segunda sentencia en febrero de 2013 y después hubo recursos a esos pronunciamientos. Es verdad que todo esto ha retrasado la decisión sobre el plan técnico de la televisión digital terrestre y cuando ha sido aprobado, en septiembre de este año, lo ha sido con el objetivo de tener plenamente liberado esa parte del espectro radioeléctrico el 1 de enero de 2015. ¿Cuántos edificios tienen que reantenizarse en toda España como consecuencia de ese dividendo digital? Pues aproximadamente unos 995.000, que suponen el 55 % de todos los edificios que hay en España. Por tanto, hay un 45 % que no están en absoluto afectados. Y de esos edificios que tienen que reantenizarse a final de este año 2014, hay una estimación de que pueden estar reantenizados totalmente un 52 %. Aquellos que no estén reantenizados no significa, como usted ha dicho, que se vayan a quedar en blanco, sino que van a dejar de percibir la señal de aquellos canales que han sido previamente elegidos por parte de los operadores porque son los de menor audiencia de todo el espectro. No obstante, como usted bien ha dicho, antes de que finalice el año el Gobierno tomará la decisión sobre si conviene o no conviene retrasar algún mes más la puesta en marcha de ese dividendo digital.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Señor ministro, yo no le he preguntado por lo que van a hacer los antenistas, sino por lo que va a hacer usted. Es que para final de año quedan dos semanas y usted se empeña en sumir en la inseguridad jurídica a todos los sectores que están relacionados con este problema. Todos ellos tienen la clara conciencia de que usted está dirigiendo este proceso de una forma absolutamente chapucera, pero es más, está empezando a despertar la sospecha entre los medios de comunicación, entre las televisiones afectadas también por este procedimiento, de que está utilizando esta incertidumbre y este suspense como un modo de chantaje para ver si así las televisiones se animan al fin a hablar bien del Gobierno. Yo le sugiero que hagan bien las cosas porque es la manera más segura de que hablen bien de ustedes. Usted está haciendo una chapuza paralela a la que hizo el anterior Gobierno, que en esto también son gemelos. Esas sentencias del Tribunal Supremo a las que usted ha hecho alusión las podría usted...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, no confunda lo que hizo el anterior Gobierno en 2010 -adjudicar nueve canales de televisión digital terrestre saltándose la Ley de Comunicación Audiovisual, puesto que los adjudicaron sin concurso- con lo que ha hecho este Gobierno, que es ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo, que justamente ha declarado como ilegal aquella adjudicación.

De aquí a final de año quedan algunos días y dos Consejos de Ministros y, por tanto, en uno o en otro se tomará la decisión en los términos que antes le comenté si realmente el Gobierno decide tomarla y si no habrá...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON CAYO LARA MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR PARA RELANZAR LA INDUSTRIA EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/001154).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Industria, Energía y Turismo del diputado don Cayo Lara, del Grupo de La Izquierda Plural.

El señor LARA MOYA: Gracias, presidente.

Señor ministro, ¿qué medidas piensa adoptar para relanzar la industria en España?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lara.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias.

Señoría, en primer lugar, todas las medidas que se han ido adoptando desde el principio de la legislatura para dotar de estabilidad macroeconómica a nuestro país, van exactamente en la dirección de fijar las condiciones para que haya más industria en España. En segundo lugar, hay un bloque de medidas dentro de lo que es una política industrial activa: en primer término, herramientas de apoyo no financiero, de financiación no bancaria; en segundo, herramientas de apoyo a sectores industriales concretos; en tercero, la agenda para el fortalecimiento industrial, y en cuarto lugar, todo lo que tiene que ver con la política de telecomunicaciones para impulsar la industria 4.0. ¿Ha habido ya resultados? Los ha habido. Como sabe bien, por primera vez en muchos años, está aumentando el valor añadido bruto del sector industrial en España.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Lara.

El señor LARA MOYA: La percepción, señor ministro, es que la realidad es diferente. La desindustrialización de España viene de muy lejos; ha sido la política de los diversos Gobiernos del


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país, y la crisis y las políticas de austeridad de su Gobierno le están dando la puntilla. La apuesta por el modelo especulativo del ladrillo que nos deja una deuda insoportable; por un modelo de turismo con salarios degradados; por un modelo agrícola que pierde activos cada año porque se ha apoyado más el latifundio que las estructuras de la agricultura familiar; la carencia de inversión industrial y una dependencia energética intolerable y cara nos han conducido a la destrucción del tejido industrial, a la pérdida de empleo sostenible y de calidad y a la dependencia industrial del exterior. La devaluación salarial y el paro han provocado una crisis de demanda que ha hundido a muchas empresas del sector industrial; nos lo están contando cada día los trabajadores y los sindicatos, que se movilizan en muchas empresas, tales como Alcoa, Navantia, etcétera. La semana pasada me reuní con los trabajadores afectados por la quiebra de Fagor, sobre la que le pedimos hoy que decida la personación en el concurso de acreedores de la Abogacía del Estado.

Usted sabe perfectamente que la crisis industrial es provocada, que los países que mejor han aguantado la crisis son los que tienen un fuerte componente industrial con una inversión pública y privada sostenida en el tiempo. Sin embargo, el programa de desarrollo industrial para 2015 en los Presupuestos Generales del Estado se ha disminuido en casi un 10 %, cuando hoy el sector público debería ser la locomotora que tirara del sector industrial. Señor ministro, se necesita más inversión industrial y acabar con el déficit de I+D+i; hacer políticas fiscales que incentiven la inversión privada; facilitar el acceso al crédito; poner la energía al servicio de la industria y no al revés, porque supongo que en esta Cámara todos coincidiremos en que el mejor modelo industrial es precisamente el que sí existe. Señor ministro, sea por una vez el ministro de Industria y no el del fracking, el de las eléctricas, de Florentino Pérez y el del castigo a las renovables. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lara.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, me habla en la intervención del problema que supone la dependencia energética en España y es verdad, estoy totalmente de acuerdo con usted: importamos en materia de hidrocarburos más del 99 % de todo aquello que consumimos. Lo que me sorprende es que en la misma pregunta me hable de la dependencia energética como problema y se queje de que el Gobierno autorice tecnologías de prospección no convencional como es, por ejemplo, la fracturación hidráulica a la que se ha referido. Señoría, o una cosa o la otra, porque estoy totalmente de acuerdo con usted: uno de los grandes problemas de la industria en España ha sido justamente el problema de la energía, pero no solo en términos de seguridad. Estoy de acuerdo con usted en que hay que intentar saber si tenemos o no recursos naturales; hay que intentar saber si tenemos o no recursos en materia de hidrocarburos; hay que maximizar la seguridad de las centrales nucleares para que puedan seguir siendo parte importante del mix; hay que tener interconexiones eléctricas y gasistas en los términos en los que el Gobierno las ha planteado sucesivamente, en los distintos Consejos Europeos, y que son hoy un compromiso por parte de Europa. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted. También estoy totalmente de acuerdo con usted en que la desindustrialización viene de lejos. Desde hace aproximadamente trece años ha venido cayendo el peso del valor añadido bruto de la industria en el conjunto de la economía. Pero es justamente en esa evolución en lo que se ha invertido a lo largo de los últimos doce meses y está aumentando el valor bruto añadido de la industria. Está aumentado el índice PMI. Está aumentando la inversión extranjera en el sector industrial. Aumenta la inversión en automóviles, en el sector naval, en la industria aeroespacial, es verdad que de manera lenta, pero....

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON ROMÁN RUIZ LLAMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE LA CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO SE TRASLADE DE FORMA INMEDIATA Y EFECTIVA A UNA BAJADA DE PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO A TRAVÉS DE LAS REDES DE SUMINISTRO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO? (Número de expediente 180/001165).

El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo el diputado don Román Ruiz Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista.


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El señor RUIZ LLAMAS: Señor ministro, doy por formulada la pregunta que figura en el orden del día.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz Llamas.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Tal como había dicho con anterioridad, el sistema de interrumpibilidad ha sido cambiado en España a petición y a planteamiento de las empresas que venían siendo sujetos activos de esta herramienta del sistema eléctrico, justamente porque querían un sistema que no fuera...

El señor RUIZ LLAMAS: No es esa la pregunta.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Si me la hace, se lo agradezco.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ruiz Llamas. Vamos a reanudarlo todo desde el principio. Empieza usted su pregunta y empieza el ministro su respuesta.

El señor RUIZ LLAMAS: Sí, señor ministro. Le preguntaba qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que la caída del precio del petróleo se traslade de forma inmediata y efectiva a una bajada de los precios en la venta al público en las redes de suministro de las estaciones de servicio.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): ¿Puedo hablar?

El señor PRESIDENTE: Sí, hable.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Pensé que usted hacía referencia a otra pregunta. Le pido disculpas, señor Ruiz.

En el año 2013 el Gobierno llevó a cabo una reforma de la Ley General de Hidrocarburos del año 1988, en virtud de la cual introdujimos medidas tanto en el ámbito mayorista como minorista, para incorporar una mayor dosis de competencia en los mercados. Estas medidas consistieron básicamente en limitar la duración de los contratos de los grandes operadores con los distribuidores a un máximo de un año. Con anterioridad podían tener contratos a cinco, a diez, a quince o a veinte años. En segundo lugar, se prohibió expresamente que se diera, por parte de los operadores, indicaciones de precios a los distribuidores, y también se limitó a un máximo del 30 % el número de estaciones de servicio que un mismo operador podía tener en una provincia o en una isla; todo ello con el fin de dotar de más competencia al mercado. ¿Ha habido efectos en esta materia? Los ha habido. Hay 317 nuevas estaciones de servicio independientes en España, en alguna de las cuales hay diferencia de precios por litro de gasolina en torno a 4 ó 5 céntimos. El precio del petróleo ha caído un 40 % en euros, desde junio hasta ahora, porque ha habido una depreciación del tipo de cambio del euro-dólar de un 25 %, y es verdad que el precio de venta al público de gasolina ha caído un 10 %. Pero hay que tener en cuenta que el coste de la materia prima en cada litro de gasolina no supone ni el 70, ni el 60, ni el 50 %, sino un 35 %; el resto es tributación, tanto IVA como impuestos especiales de hidrocarburos y, lo otro, es el margen bruto del distribuidor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Ruiz Llamas.

El señor RUIZ LLAMAS: Señor ministro, conozco perfectamente cómo funciona el mercado. Le preguntaba sobre la bajada respecto al precio del petróleo; el denominado efecto cohete y efecto pluma que es nada menos, y muy sencillo, que cuando suben los precios internacionales se realizan beneficios inmediatos con la actualización de los stocks y que cuando bajan los precios se hace lentamente para que no se desvaloricen sus stocks. En el primero ganan las petroleras; en el segundo también ganan. El Gobierno debería, a través de los órganos reguladores de la competencia, investigar de oficio esta falta de competencia y estos efectos lesivos para el conjunto de los consumidores. Mire lo que dijo su colega, el señor de Guindos, que la bajada de los precios del petróleo no debería quedar en manos de las petroleras, sino que debería beneficiar el bolsillo de familias y empresas. Los márgenes comerciales


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brutos de que dispone el mercado en estos momentos están entre 17 y 20 céntimos por litro. Usted se equivocó también cuando hizo la reforma de la Ley de Hidrocarburos. Introdujo algunas medidas que le reconozco en el sector minorista, pero los informes de la Comisión Nacional de la Energía y de la Comisión Nacional de la Competencia, que usted conoce muy bien, dijeron, en el año 2012, que el gran problema que tenemos es que existen muy pocos operadores y que el mercado está cerrado porque el 85 % es prácticamente de estos. Una de estas petroleras tiene el 45 % del mercado y dijo usted que iban a reducir un 30 % la cuota por provincia, pero añadieron a continuación que además se podrían renovar todos aquellos contratos preexistentes, con lo cual lo dejaron exactamente igual, señor ministro. El problema que existe de competencia está en el primer escalón de origen del negocio. Por muchas más gasolineras que pongamos -algunas de ellas es verdad que han dinamizado los precios en las zonas donde se han ubicado- no es suficiente, si no entran -como le han dicho los informes- nuevos operadores para que haya competencia efectiva en el sector. Si no somos capaces de acometer eso, no vamos a llevar adelante una política que tenga que ver con una competencia efectiva en el mercado y con unos precios que tengan que ver también con las cuestiones. Mire este gráfico, es de ustedes (Muestra un gráfico), prácticamente llevamos varios años por encima de la media europea antes de... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias, señoría.

Como antes mismo le decía y usted mismo me reconocía, hemos adoptado medidas en la reforma de la Ley General de Hidrocarburos que han introducido más competencias en términos de un incremento en el número de estaciones de servicio, no dependientes de los grandes operadores. Estoy de acuerdo con usted, siempre hay margen de maniobra para hacer más. Le pido que si usted o su grupo tienen medidas concretas para plantear al Gobierno en esta materia -ahora mismo tenemos un proyecto de ley que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y que pronto será debatido aquí, en el Congreso de los Diputados-, estaremos encantados de analizarlas, de verlas y de estudiarlas, porque todo lo que se pueda hacer para disminuir el diferencial, como bien indica, entre el margen bruto de distribución en España y la media de la Unión Europea estará bien hecho. Ahora bien, tenga en cuenta que en ese margen en España se incluye conceptos -descuentos, rappels, costes fijos de la logística- que no están incluidos en el margen bruto de los otros países.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA VIRTUDES MONTESERÍN RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿CÓMO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO RESOLVER EL PROBLEMA GENERADO POR LA SUBASTA ENERGÉTICA A LAS EMPRESAS GRANDES CONSUMIDORAS DE ENERGÍA? (Número de expediente 180/001166).

El señor PRESIDENTE: Pregunta, finalmente, al señor ministro de Industria, la diputada doña Virtudes Monteserín del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Señor presidente, doy por formulada la pregunta, es la de la interrumpibilidad.

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias.

Señoría, como antes les decía, el sistema en virtud del cual hoy se distribuyen en España los megavatios entre las empresas electrointensivas, es un sistema de subasta transparente, que introduce competencia. No fue un capricho del Gobierno, fue un planteamiento que las empresas del sector hicieron hace algún tiempo al Gobierno porque tenían la amenaza de que pudieran ser consideradas como ayudas de Estado. Se ha cambiado el sistema para todas las empresas, es decir, no puede haber un sistema de subasta, en unas condiciones, para unas empresas sí y para otras no. El problema que se ha planteado con una empresa en concreto es porque esa empresa adoptó una estrategia diferente en una fábrica respecto a otras dos que tiene. Ha habido un sobrante, va a haber una nueva subasta muy pronto, de aquí


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a unos días y se van a ver las condiciones bajo las cuales se va a hacer. Le puedo garantizar que si las empresas acuden a esa subasta con las mismas condiciones en las que fueron a la primera, van a poder obtener también megavatios de interrumpibilidad. Ahora bien, tienen que tener interés e intención, pero el Gobierno lo que no puede es indicarle a ninguna empresa el precio al que tiene que ir.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora Monteserín.

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Si, señor presidente.

Señor ministro, no he venido aquí a discutir con usted lo que es el sistema; lo que vengo a plantearle es que, fruto de su decisión, al sistema de la subasta se presentan más actores con menos dinero, luego era previsible que algunas empresas quedaran fuera. ¿Y cuáles quedan fuera? Aquellas que tienen menos posibilidades de pujar a la baja porque tienen una dependencia energética mucho mayor, en torno a un 40 %, que es lo que pasa en A Coruña y en Avilés por parte de la empresa Alcoa. Por lo tanto, las consecuencias eran previsibles cuando usted tomó esa decisión. Que la empresa tuviera la tentación de deslocalizarse, no se lo discuto, pero que usted le puso la excusa perfecta, está bastante claro al calor de los resultados. Ahora lo verdaderamente importante y preocupante es el efecto que el cierre produce en más de 900 trabajadores y en el empleo, lo que repercute en las zonas donde están situadas las empresas. Por tanto, le exigimos una solución rápida ya, en horas, para que la empresa Alcoa pueda replantearse el cierre. Pero le pido más: detrás de esto hay una ausencia de política industrial y de un marco estable de suministro y costes energéticos. Se lo pido junto a 25.000 avilesinos que se manifestaron el jueves pasado en las calles de Avilés, donde las grandes industrias, todas ellas electrodependientes, están esperando para continuar su actividad a que usted ofrezca un marco estable de costes energéticos, porque, si no lo hace así, el problema no lo tendrán las empresas, lo tendrá usted y lo tendremos los vecinos y los trabajadores de esas comarcas. Esa es la realidad, no se equivoque. Las empresas no tienen problemas, tienen resuelto dónde producir lo que de aquí se aleja en otras plantas a lo largo del mundo. Por eso, le exigimos una solución al problema de Alcoa ya y, a la vez, que trabaje en un pacto con el conjunto de las fuerzas políticas con el fin de abaratar la energía que dé garantías de futuro a la industria para que permanezca, para que invierta, para que haga un mantenimiento, para que gane competitividad y para que genere expectativas de futuro, porque si no, no tenemos futuro, señor ministro. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Antes le decía, señoría, que el sistema que hoy existe para distribuir la interrumpibilidad se cambió justamente porque las empresas electrointensivas lo solicitaron. Ahora le voy a decir una cosa más: la empresa que más empeño puso en cambiar el sistema es exactamente la empresa a la que usted se ha referido. También quiero decirle algo adicional: la estrategia que siguió esta empresa en la subasta pasada, para adjudicar su interrumpibilidad en la fábrica de San Ciprián, en Lugo, fue totalmente distinta a aquella que siguió para la fábrica de A Coruña y para la fábrica de Avilés. Esto es algo que conoce la propia empresa -he hablado en muchas ocasiones a lo largo de estos días con su presidenta-, el Principado -también he hablado con su presidente- y también el presidente de la Xunta de Galicia.

¿Qué va a hacer el Gobierno? Esos 200 millones de euros que no se han adjudicado en vez de ir a ahorro del sistema eléctrico, van a ir de nuevo a una subasta. Ahora bien, no le pida al Gobierno que ponga a la empresa las condiciones con las que va a pujar. Eso depende de la empresa. Si la empresa tiene interés, no le quepa duda de que va a tener interés... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA SITUACIÓN DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA DEL ESTADO. (Número de expediente 172/000279).

El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo de La Izquierda Plural sobre la situación de la política energética del Estado. Para su defensa tiene la palabra el señor Sanz.


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El señor SANZ REMÓN: Señorías, señor ministro, llevamos tres años de estado de decreto en materia energética en nuestro país; todo para cambiar todo, todo para que al final no cambie absolutamente nada. Así podríamos calificar la situación de su acción de Gobierno a la vista de las cifras, de los datos, de la realidad que atraviesa nuestro país. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Vamos a empezar por lo que más nos interesa, por lo que más nos importa, que es la gente, la ciudadanía: hay 7 millones de personas, como muy bien sabe, que tienen problemas para mantener su casa caliente, que padecen pobreza energética; un 10 % de la población del Estado español directamente no puede pagar las facturas; se estiman al año más de mil cortes de luz por impago. Nuestra factura sigue subiendo, más de un cien por cien en los últimos diez años; es el doble de cara que fuera de nuestro país, y ha tenido un 92 % de incremento del término fijo, es decir, insolidariamente ustedes cargan al término fijo de la factura los incrementos más elevados. La energía eléctrica en España, como le decía, es la tercera más cara de Europa.

La otra cara de la moneda de su sistema son los beneficios empresariales que en nuestro país, como muy bien sabe, como muy bien sabe, doblan al resto de los de Europa. Son cinco empresas las que los tienen, las que controlan más del 70 % de la producción y la comercialización de la energía en nuestro país. Antes ya le han hablado de la ausencia de competencia y yo aquí se lo vuelvo a recalcar. Es un modelo energético el suyo que está generando 364 recursos presentados contra su normativa antirrenovables, que está poniendo en jaque a 55.000 nuevos operadores en esta materia, que implica alargar la vida de las nucleares a sesenta años, empezando por Garoña, y que supone además que las empresas nucleares obtengan hasta un 350 % de margen de beneficios en el ámbito de la subasta. Frente a esto, ustedes planteaban para las renovables una retribución razonable del 7,5 %. Esta es la tesitura que nos permite decir que todo cambia para no cambiar nada, porque lo cierto es que seguimos manteniendo una teórica deuda por déficit de tarifa de 30.000 millones, que han sido 17.000 los millones titulizados y que les debemos a inversores, que en lo que va de año ya reconocen que va a rondar los 3.589 millones el déficit de tarifa y que son 1.112 millones más de lo que estaba en teoría previsto. -Eso lo dice la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, no La Izquierda Plural-. Son 3.400 los millones que pagamos de más a las eléctricas, y nunca les reclamamos por los costes de transición; son 1.160 millones los que ustedes reconocen que nos costó el sistema de subastas Cesur y que se engulleron los intermediarios en estas subastas y son decenas y decenas los dirigentes políticos, los altos cargos, los ministros y los presidentes de este país que han acabado reenganchándose al mercado laboral en el marco de estas cinco empresas que, como le decía, conforman el oligopolio energético de este país.

Esto es lo que hay, señor ministro, y después de tres años podemos decir que su Gobierno es corresponsable: cambiar todo para no cambiar nada. La actividad legislativa de parcheo, confusión y conflicto que usted ha desarrollado durante estos años ha servido únicamente para estrechar su compromiso con ese oligopolio energético -que no me podrá negar que existe, y es algo que ya le pregunto- y frenar en seco el desarrollo de opciones alternativas que permitan la democratización del sector energético y modificar nuestro modelo hacia un modelo energético más limpio. Usted y su Gobierno han fortalecido un sistema energético dependiente del exterior, que es precisamente lo que utiliza como excusa para poner encima de la mesa determinadas cuestiones como las que le acaba de contestar a mi portavoz, Cayo Lara.

La falta de competencia es flagrante en todos los ámbitos del mercado energético; es un oligopolio, como le decía, que controla el 70 % de la producción y el 70 % de la distribución de la energía, que tiene capacidad de fijar precios -usted mismo tuvo que anular una subasta-, es decir, es un sector controlado por unas empresas que son las que tienen el interruptor general del sistema. El enfoque de su acción legislativa, señor ministro, no ha sido otro que hacer prevalecer los intereses de este pool de empresas frente a posibles competidores. He de reconocer que no han inventado nada, que esto viene de atrás, desde que en 1997 se reformase la ley, se liberalizase el sector y se acabase con el marco legal estable. Lo peligroso es el resultado, se lo he dicho antes. La primera y quizá más visible de las consecuencias más nefastas es el incremento en los costes de la energía. No me puede negar que en diez años se ha duplicado la factura en nuestro país, tanto para el consumidor doméstico como para la gran industria. De esto se ha hablado ya en este Pleno hoy. Este incremento de la factura es algo difícilmente explicable desde la óptica del interés general, teniendo en cuenta además que estamos hablando de una actividad regulada, es decir, en cierto modo intervenida, pero fácilmente entendible si analizamos la evolución de la conformación de precios y la legislación que usted y su Gobierno han ido desarrollando para eso.


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Achacan a las renovables el incremento de precios y del déficit de tarifa. Omiten que las empresas de la patronal energética, a través de los costes reconocidos y nunca auditados del sistema -nunca auditados del sistema, repito-, han trasladado sus costes fijos al término fijo de la potencia. Por eso ese incremento del 90 % en el término fijo. No hay otro interés. Igualmente la generación en régimen ordinario obtiene unos brutales beneficios del sistema en la subasta marginal, una subasta que es una verdadera locura, como le decía, rondando, por ejemplo, el 350 % de beneficio de margen comercial de las nucleares, que tienen la capacidad -como también le decía, y usted tuvo que anular una subasta- de manipular los precios. Señor ministro, esto además de impedir que se desarrollen otros modelos energéticos y de que se avance en dar solución a la ineficiencia energética que padece nuestro parque inmobiliario, permite que estas empresas obtengan aquí el doble de beneficios que en el resto de Europa; aquí un 6,23 % de beneficios y en el resto de Europa un 3,49 %. Una posición aventajada que ha sido una constante durante los últimos Gobiernos. El escándalo de los CTC, esos 3.400 millones de euros, no son más que la punta del iceberg. No me venga con la excusa de la herencia recibida, porque este invento fue del señor Aznar, que comenzó a perpetuar un sistema perverso de reconocimiento de deuda por encima de la realidad. Y ustedes ese reconocimiento de deuda por encima de la realidad, esos costes de transición, este déficit de tarifa se niegan a estudiarlo en profundidad; nos han denegado la creación de una comisión de investigación y nosotros exigimos transparencia y verdad en este asunto, porque estamos ante la mayor estafa de la democracia.

Hay otros elementos, además del mal llamado déficit de tarifa, como sus nefastas políticas al apostar por un modelo energético caro y decadente, sin futuro, que han permitido la creación de este grandísimo oligopolio que gobierna desde hace tiempo nuestro país. Quiero que me diga si usted reconoce o no su existencia, es lo primero que quiero me diga para ver si estamos hablando de la realidad y estamos hablando de política o estamos hablando de otras cosas. Es un déficit de tarifa calculado sobre unos costes reconocidos que nunca fueron auditados, nunca jamás han sido auditados y es lo que nosotros, desde La Izquierda Plural, les exigimos. Queremos que nos conteste a una pregunta muy sencilla, señor ministro: ¿cómo es posible que las eléctricas tengan unos beneficios tan elevados, si están vendiendo su producto por debajo del coste y adquiriendo un apalancamiento importantísimo? Explíquenos cómo pueden las eléctricas tener semejantes beneficios. Para que no me diga que la culpa es del régimen especial, le hago otra: ¿cómo es posible que el déficit de tarifa se achaque a las renovables, cuando es totalmente previsible y acotado el coste de las renovables, en especial el de la fotovoltaica en nuestro país? Lo cierto, señor ministro, es que no hay respuesta porque el déficit de tarifa es una entelequia de dudosa legalidad y de dudosa o imposible, mejor dicho, justificación. Su Gobierno frente a este problema, generado a través de una contabilidad artificiosa, ha reaccionado como se le ha pedido: eliminando las primas a las renovables, sometiendo su desarrollo a un frenazo que supone la puesta en viabilidad de todo lo avanzado hasta este momento y reconociendo los costes reconocidos, valga la redundancia, del sistema, aumentando el término fijo a pagar. Para las empresas de la patronal -como le decía- la ecuación es redonda, señor ministro; se acaba con el auge de la competencia de las renovables y a usted además le viene bien porque da la sensación de que baja el coste de la energía, se reduce la factura. En definitiva, las causas del déficit de tarifa se mantienen, el déficit de tarifa se mantiene, lo único que se hace es que se vuelve a pasar a la factura y lo vuelven a seguir pagando los ciudadanos.

Nosotros no nos conformamos, señor ministro, con que las eléctricas engorden los beneficios gracias al pool, a la subasta y a sus políticas, y declaren un déficit con el que tiene que bregar el resto del Estado y la ciudadanía; no nos conformamos. Queremos que usted cambie la política porque queremos que el país, que España, que ustedes tampoco se conformen. El Gobierno ha usado el déficit de tarifa para frenar el avance de la fotovoltaica, para frenar el avance de las renovables, para acabar con la cogeneración, ya que habían alcanzado la paridad en costes con la red; ha impedido caminar hacia un futuro energético descentralizado, donde la generación se realiza en el lugar de consumo, donde el apalancamiento financiero del sistema se traslade a los autoproductores, cobrando cada vez más importancia los costes variables, fomentando así la eficiencia energética y logrando penetraciones importantes de las fuentes renovables en el mismo. Han renunciando y están renunciando a eso, a un futuro que permitiría la reducción de las grandes líneas de transporte, un futuro que permitiría reducir la dependencia externa de hidrocarburos. Ustedes además aprovechan la situación de crisis y avanzan hacia una cruzada contra el autoconsumo y la autoproducción de la energía, y lo podemos ver con los peajes de respaldo. ¿Todo, para qué? Para aprovechar la crisis en aras de blindar el negocio de ese oligopolio de siempre que solo mira hacia su futuro por encima del de todos. De aquí, evidentemente, que ustedes hagan el trabajo que tienen


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que hacer a partir de este momento, que es, además de constreñir y dificultar el sector de las renovables y mandar mensajes públicos que rayan a veces -no digo por su parte en este caso, pero sí por buena parte de los sectores cercanos- en el descrédito, por no decir otra palabra, de las renovables, que haya una tendencia alcista en los precios y que, por otro lado, eso justifique que sean cada vez más las voces, en especial la suya, que es quizá la más importante, que pidan más yacimientos energéticos fósiles,...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sanz, su tiempo.

El señor SANZ REMÓN: Sí, acabo.

... petróleo, nuevas fórmulas de extracción, el fracking, el almacenamiento de gas, el alargamiento de la vida útil de las nucleares... En resumen, es necesario un planteamiento a futuro, señor ministro, que supere la situación actual, que deje de cargar a las espaldas del consumidor vía factura o vía presupuestos este desmán del sistema y que le permita garantías a futuro en el marco de un nuevo modelo energético al servicio de una nueva economía posible y necesaria en nuestro país.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sanz, lo siento, pero ha acabado su tiempo.

El señor SANZ REMÓN: Acabo ya, señora presidenta.

Para empezar le preguntamos también si está usted por la labor de permitirnos saber cómo se sustancia ese déficit de tarifa y si va a hacer una auditoría al sistema eléctrico español.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor ministro de Industria

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias, señora presidenta.

Señoría, ha planteado usted en la primera parte de su intervención que la política energética del Gobierno a lo largo de estos tres años ha supuesto cambiar todo para que todo siga igual. Pues yo le puedo demostrar con datos que eso que usted acaba de decir es totalmente incierto, eso sí, a partir de los problemas detectados en el sistema energético, que no sé si los que detectó el Gobierno coinciden con los que usted cree que son o cree que eran.

Primer problema del sistema energético en España: la dependencia. ¿Por qué? Porque importamos cada año más del 99 % de lo que consumimos en hidrocarburos, tanto en gas como en petróleo. ¿Eso cuánto supone cada año? Aproximadamente unos 37.000 millones de euros. Cada día España gasta en importar gas y petróleo 100 millones de euros, problema importante el de la dependencia, problema de vulnerabilidad. Por tanto, creo que uno de los objetivos de cualquier reforma del sistema energético tiene que ser disminuir esa dependencia, disminuir esa vulnerabilidad y aumentar en la medida de lo posible nuestra independencia energética.

El segundo problema, supongo que usted estará de acuerdo también, es el problema de sostenibilidad del sistema. Ahora bien, la sostenibilidad del sistema no solo es sostenibilidad medioambiental, claro que sí, ¡bueno fuera! Le tranquilizo. El 42 % de toda la energía eléctrica que se produce en España procede de fuentes renovables, cogeneración y biomasa: de cada 100, 42. Ahora, hay otro aspecto también importante que es de la sostenibilidad económica y financiera, en primer lugar, lo que se refiere a los precios; en segundo lugar, lo que se refiere a las cuentas del sistema eléctrico. ¿Son suficientes los gastos para compensar los costes? ¿Son superiores los costes? ¿Hay déficit? ¿Quién lo paga? Esas son las cuestiones que hay que plantearse. Porque esto de idolatrar el déficit el único problema que tiene ¿sabe cuál es? Se lo voy a contar. El único problema que tiene es que al final del día hay que plantearse: ¿y quién paga esto? Y el del sector eléctrico ¿sabe quién lo está pagando? Los consumidores, porque ese déficit que se va acumulando genera cada año unas cuantías con cargo al sistema eléctrico en concepto de amortización del principal más los intereses, y eso va directamente a los consumidores. Así pues, estará de acuerdo usted conmigo también en que el déficit, por más que se le pueda idolatrar, es un problema, mejor dicho, era, porque ya este año por primera vez no habrá generación de déficit en el sistema eléctrico, insisto, por primera vez en los últimos doce años, señorías.

Respecto al primero de los problemas, dependencia energética, importamos cada día, pagamos cada día 100 millones de euros. ¿Tiene este país algo que hacer, algo que investigar, algo que buscar para ver si, en vez de importar todo ese petróleo y gas, podemos tener algo aquí en casa? ¿Tenemos algo que hacer? Yo creo que sí. ¿Hay gas o no hay gas? ¿Hay petróleo o no hay petróleo? No lo


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sabemos. ¿Por qué? Porque las investigaciones que se han hecho hasta ahora no han determinado su existencia o bien no se han hecho en un número suficiente. Luego la primera obligación de cualquier Gobierno -fíjese lo que le digo, esto no es una opción-, la primera obligación de cualquier Gobierno responsable en materia de política energética cuando se trata de una economía que está importando casi el cien por cien de hidrocarburos es determinar si hay o no hay hidrocarburos en casa, porque, si los hay, vamos a poder pagar menos al resto del mundo y vamos a poder suministrarnos aquí de hidrocarburos. Esto es una cosa básica, esto es elemental. No hay ningún país del mundo, señoría, ni Ecuador ni Bolivia ni Venezuela -fíjese los países que le estoy diciendo-, ni tampoco Estados Unidos, Brasil, México, Noruega, el Reino Unido o Italia, que pueda renunciar a saber si hay o no riqueza en materia de hidrocarburos, ninguno. Esa es la razón por la cual el Gobierno ha sido particularmente activo en la autorización de sondeos, de prospecciones y de investigaciones, con una particularidad, y es que hemos sido muy activos en esta materia, pero al propio tiempo hemos modificado la Ley de Impacto Ambiental para establecer aún mayores requisitos a la hora de formular la declaración de impacto ambiental que debe llevar toda autorización para hacer esos sondeos.

Luchar contra la dependencia energética no es solo una cuestión de autorizar sistemas convencionales, también los no convencionales, como la fracturación hidráulica, el shale gas, el shale oil. ¿Por qué no? El mayor cambio que ha habido en el mundo en materia energética a lo largo de los últimos años ha sido justamente la revolución del shale gas en Estados Unidos. ¿Sabe usted, entre otras cosas, qué ha traído consigo ello? Disminuir el precio del gas en Estados Unidos hasta niveles de 3,5 dólares, cuando en Europa lo tenemos a un precio hasta cuatro veces superior. ¿Cuál es el impacto en términos de política industrial? El impacto es que aquellas industrias que tengan la posibilidad de deslocalizarse para obtener un gas a un precio cuatro veces inferior al de Europa se deslocalizan y eso, señorías, es menos actividad económica, eso es menos crecimiento económico y eso es menos empleo. He ahí una de las grandes tragedias económicas hoy de Europa. ¿Qué hemos hecho en España? Hemos modificado la legislación básica en materia de hidrocarburos para posibilitar que pueda haber autorizaciones también para utilizar la tecnología de la fracturación hidráulica.

Disminuir la dependencia también significa aumentar el grado de interconexión, tanto en gas como en electricidad. Sabe usted que en el año 1996, en el Consejo Europeo de Barcelona, se estableció un objetivo para que hubiese un 10 % de interconexión eléctrica con Francia en el año 2015. Bien, estamos en el año 2014 y esa interconexión no solo no es del 10 % sino que es del 1,4 %, y con la interconexión que entrará en funcionamiento el próximo mes de mayo de 2015 estaremos en un 2,8 %. A petición y tras el planteamiento del presidente del Gobierno de España en el Consejo Europeo, ese es un compromiso hoy de Europa y en consecuencia las interconexiones para reducir esa dependencia también van a ser una realidad.

Después hay otro problema desde el punto de vista del sistema energético, que es el que le decía al principio, y es el problema de los precios. Usted me decía: siguen aumentando los precios. Me lo dicen usted y otros miembros de la oposición todos los días y no es verdad. Entonces, lo que le pido es que la próxima vez que haga una afirmación de esa naturaleza traiga la fuente como yo la traigo aquí. Si trae la fuente, verá que en el año 2014 la factura eléctrica de un consumidor doméstico medio -que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, consume al año 3.000 kilowatios/hora y tiene una potencia instalada de 3,3 kilowatios- se estima que va a bajar aproximadamente en un 4 %, por tanto, una bajada superior a la que ya hubo, contrastada empíricamente, en el año 2013. En el año 2013 esa unidad de consumo promedio bajó un 3,1 %. Hablo de esa unidad, porque si va al Instituto Nacional de Estadística, el precio de la electricidad -lo que repercute en el IPC- bajó un 3,7 %. Sin embargo -aquí sí le voy a dar la razón a usted, porque ya gobernaba el Partido Popular-, en el año 2012 no bajó la electricidad. En el año 2012 la electricidad subió un 6,8 % respecto a lo que se pagó en 2011. Ya que le reconozco esto, también le voy a decir por qué subió en el año 2012. Se debió fundamentalmente a las refacturaciones derivadas de pronunciamientos judiciales del Tribunal Supremo, porque el Gobierno anterior no había procedido a los incrementos de peaje, recurrieron las empresas del sector y el Supremo finalmente les dio la razón. Por tanto, le reconozco una cosa; reconózcame usted también la contraria.

Le voy a dar datos año por año y le pido que si usted tiene datos distintos los comunique a la Cámara y me diga la fuente que usted utiliza. Yo utilizo los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia referidos al consumidor medio definido en los términos que antes le decía, que tiene una potencia contratada de 3,3 kilowatios y un consumo de 3.000 kilowatios/hora anuales. Le voy a hacer la


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serie. En el año 2004 para ese consumidor aumentaron los precios de la electricidad un 1,4 %. Un año después, en 2005, el incremento fue algo superior, un 1,7 %. Ya en 2006 los precios de la electricidad subieron un 4,8 %. En 2007, un 3,19 %. En 2008 -es decir, hace muy poco tiempo- aumentó el precio de la electricidad un 10 %. En 2009, un 10,9 %; en 2010, un 5,9 % y en 2011, un 17,7 %. Señoría, en la legislatura inmediatamente anterior a esta en la que estamos, los precios medios de la electricidad subieron anualmente por encima del 10 %. En el año 2012, primer año de esta legislatura -antes lo reconocí, se lo reconozco otra vez-, los precios de la electricidad siguieron subiendo, un 6,9 %. ¿Qué ha ocurrido en 2013? Bajaron para esa familia media un 3,1 %. En el año 2014 estaremos en una disminución en torno al 4 %. Si usted me dice en qué me baso para este dato del año 2014 -también se ha referido a los incrementos en el coste de la electricidad para este año-, le diré que en el mes de enero de este año bajó un 11,4 %; en febrero bajó un 23,5 %; en marzo, un 19 %; en abril, un 13 % y así sucesivamente hasta el promedio de disminución al que me he referido con anterioridad. Por tanto, señoría, los problemas del sector eléctrico y del sistema energético en general estaban muy bien delimitados al principio de la legislatura y todo lo que hemos hecho ha sido para disminuir la dependencia -la estamos disminuyendo-, para tener un precio más bajo -lo estamos teniendo- y también para garantizar dentro del mix el componente y el peso de las energías renovables, el año pasado un 42 % de toda la generación eléctrica.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Señor Sanz.

El señor SANZ REMÓN: Señor Soria, petróleo o petróleo. No hemos venido aquí a debatir sobre petróleo o petróleo, hemos venido a debatir sobre un modelo u otro, y usted me plantea un modelo o el mismo modelo, por lo tanto, poco debate puede haber. Señor Soria, independencia, dependencia, sostenibilidad económica y ambiental. Bien. Le arrojo datos de lo que han supuesto las renovables este año en términos objetivos. Han aportado al sistema 2.484 millones más en el balance de lo recibido por primas, generando un ahorro real -lo que supone la producción de renovables- de 9.197 millones, 5.871 millones de ahorro en el coste de la energía, 3.142 millones de ahorro en la importación de combustible y 184 millones de ahorro en emisiones de CO2. Es decir, hay alternativas, señor Soria, pero ustedes no las contemplan porque directamente ven que son una amenaza para una serie de cuestiones, fundamentalmente cuatro o cinco empresas que conforman ese lobby energético del que usted no me ha querido hablar.

Déficit de tarifa. Señor Soria, yo le he pedido que me diga cómo se audita el reconocimiento de costes que estamos pagando todos los años a las eléctricas. No me diga que existen y ya está. Le estoy diciendo precisamente que hay que ir a la raíz del problema, que hay que analizar y hay que ver taxativamente si ese es un coste real o no lo es, porque lo de los CTC debería servirnos de aprendizaje. Eso es lo que hay que analizar, señor Soria, no dar por buena la existencia de algo que, a nuestro juicio y del de buena parte de la ciudadanía, es una estafa con todas las letras, una estafa que le recuerdo que se inventó un señor que algo tendrá que ver con usted y con este Parlamento. Se llamaba José María Aznar.

Señor Soria, estamos hablando del fondo, no estamos hablando de una cosa o la otra. Nosotros no vamos a entrar en esa dicotomía porque pensamos que hay alternativas. Evidentemente su modelo es el del fracking, lo ha dicho ya con total claridad, lo dejó claro el viernes. Por cierto, este debate se tenía que haber producido la semana pasada, no pudo ser, se está produciendo esta, pero el jueves y el viernes han ocurrido muchas cosas en este país teniéndole a usted como protagonista, y no nos parece bien: el petróleo, Canarias, las autorizaciones a Repsol; cuando los ecologistas -en este caso Greenpeace- salen a manifestarse, este Gobierno manda a la Armada con una lancha a arremeter contra activistas que no hacen más que amplificar la voluntad del pueblo canario -pueblo que usted conoce porque creo que es de allí-; la energía nuclear, con Garoña como punta de lanza. No le voy a hablar más de Garoña, todos sabemos lo que es, cuarenta y tres años hasta los sesenta. Queremos saber en qué estado está el ATC. Estos días se tenían que resolver una serie de cuestiones. Enresa empezó a licitar obra sin tener siquiera los permisos de ubicación y mucho menos los de construcción o de impacto ambiental. Queremos saber qué está pasando aquí.

Hablaba de soberanía y de independencia. Señor ministro, ¿quién gana con todo esto? El Estado español no gana, la gente no gana. ¿Sabe quién sufre y qué marca los datos de la factura con mayor claridad? El recibo que le llega a la gente todos los meses a casa. Ese es el problema, porque aquí los que ganan son los de siempre, y los de siempre se llaman oligopolio energético, y desde luego pierden los


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de siempre, el medio ambiente, los consumidores, esa independencia de la que usted habla y la soberanía de nuestro país. ¿O hace falta que le recuerde quién está detrás de estas empresas? De Iberdrola, Catar Holding; de Endesa, la italiana ENEL; de Gas Natural Fenosa, la argentina Soltrack; la portuguesa EDP tras HC; y podríamos seguir así con Enagás, BP, etcétera.

¿De qué modelo de soberanía, de qué modelo de independencia está hablando, cuando usted está renunciando a explotar lo que tenemos en este país sin ningún tipo de problema? En otros países con menos condiciones ambientales -le hablo de la luz, el agua y el viento- están desarrollando muchísimo más un modelo energético alternativo que permita la democratización del sector. Ese es el problema, que nosotros lo que le planteamos es un modelo alternativo...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sanz.

El señor SANZ REMÓN: ... más sensato, más sensible, más sostenible, más democrático pero, evidentemente, mucho menos favorecedor de esas empresas, en cuyos consejos de administración luego acaban sentados buena parte de los dirigentes de este país, por eso que se llama puerta giratoria. Eso también lo queremos investigar. Le exigimos...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sanz, se ha acabado su tiempo.

El señor SANZ REMÓN: ... que nos hable del fondo de la política, que no nos hable de una cosa o de la misma cosa, porque ese es un argumento falaz.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sanz.

Señor ministro de Industria.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Gracias, señora presidenta.

Señoría, lo primero que quería decirle cuando me habla del recibo de la luz es que por primera vez, yo creo que en la historia, ha sido este año cuando se les ha devuelto a los consumidores una parte del recibo de la luz, porque se les había cobrado de más como consecuencia del cambio en el sistema de determinación de precios, cuando, efectivamente, se anuló el sistema de subasta Cesur, por primera vez, digo, en el primer trimestre de este año 2014 y también en el segundo.

Dice usted que el modelo del Gobierno es petróleo sí o petróleo sí. No, no, eso es rotundamente falso. Lo único que plantea el Gobierno es que este es un país en el que tenemos esa dependencia tan elevada de hidrocarburos, porque cada día los españoles nos estamos gastando 100 millones de euros en pagar gas o petróleo, y sabe usted que eso, cuando se compra al resto del mundo, cuando eso va directamente a déficit de la balanza de pagos, es financiación del resto del mundo que viene a España. Eso es una caída en la actividad económica. Por tanto, creo que la primera obligación que tiene cualquier economía del mundo -lo hacen Noruega, Reino Unido, Estados Unidos, Ecuador, Bolivia, México, Brasil, Italia- es ver si hay o no hay hidrocarburos, eso sí, dentro de absolutamente todas las prescripciones medioambientales de la normativa española, que como sabe usted traen causa de la normativa europea.

En cuanto a lo que decía sobre sustituir el modelo del petróleo por el de energías renovables, las energías renovables tienen dentro del mix eléctrico en España un 42 % de peso. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo cree usted que se alimentan, desde el punto de vista de la energía, los aviones que traen a España cada año a 63 millones de turistas? ¿Cree usted de verdad que son aviones que se mueven con molinos de viento? ¿Cree usted de verdad que son aviones que se mueven con placas de energía solar? ¿De verdad lo cree usted? ¿Cree usted que hay tecnología para traer a esos 63 millones de turistas de otra forma? ¿Sabe usted cómo se alimentan los barcos por los cuales llegan en contenedores las mercancías que importamos a España desde el resto del mundo? ¿Sabe usted cómo se alimenta, muy probablemente, el automóvil en el que usted vino esta mañana a este Congreso de los Diputados? (El señor Sanz Remón indica mediante gestos que lo ha hecho andando). ¡Hombre!, no me diga usted que está planteando un mundo en el que no haya hidrocarburos. ¡Ojalá! Pero dígame usted cuál es la alternativa.

Le voy a decir cuáles son las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía. Durante los próximos treinta años va a seguir aumentando el consumo de hidrocarburos, pero fundamentalmente no por parte de las economías avanzadas, como las de los Estados Unidos o las de la OCDE, no, no. Van a


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ser las economías emergentes como China, India, Brasil, Rusia aquellas que tengan un mayor consumo de hidrocarburos. ¿Y sabe usted cuál va a ser el problema? Que hoy el precio del petróleo está, afortunadamente, en el entorno de los 60 dólares, pero sabe usted que todas las previsiones apuntan a que esto durará un tiempo y después, nuevamente, volverá -desafortunadamente- a dispararse, y ahí va a haber una diferencia muy clara entre aquellos países que tengan recursos que puedan explotar por sí mismos y aquellos que no los tengan, porque, siquiera sea en términos geopolíticos, el hecho de disponer o no disponer de ellos ya les da una gran ventaja como economía. ¿Lo otro sabe usted a qué conduce? Lo otro conduce a tener más dependencia, más vulnerabilidad, menos capacidad de crecer, menos capacidad de generar actividad económica y, al final, menos oportunidades de generar empleo. ¿Cómo vamos a combatir el desempleo juvenil que hay en España cuando no estamos dando oportunidades para que la economía crezca? ¿Cómo podemos estar llevando a cabo políticas en las cuales estamos diciendo que dependemos mucho energéticamente del resto del mundo, pero vamos a no mover absolutamente nada dentro? Si hay un Gobierno que haya garantizado el mantenimiento y aumento de las energías renovables dentro del mix energético en España, ese ha sido este. ¿Sabe usted por qué? Porque frente a un sistema que no estaba establecido por ley, sino que estaba establecido fundamentalmente en órdenes ministeriales, que daba una inseguridad jurídica casi total a los inversores, hoy por ley se reconoce a los inversores en materia de renovables una rentabilidad razonable del 7,5 %. Dígame si conoce alguna actividad o algún negocio en el mundo, sea del sector que sea, en el que un Gobierno por ley garantice que, a lo largo de toda la vida útil del proyecto de inversión, quien invierte va a obtener sí o sí un 7,5 %. Pues eso es lo que este Gobierno, por ley, ha garantizado a quienes inviertan aquí en energías renovables, en cogeneración o que lo hagan en biomasa. Usted me dirá: sí, pero eso es poco. Pues le voy a decir que es poco un 7,5 %, pero tenga en cuenta que hoy el rendimiento del bono de Tesoro a diez años está por debajo del 2 %, con lo cual tiene usted, desde ese 2 % hasta el 7,5 %, un 5,5 % adicional de rendimiento, señoría. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Entiendo que su modelo sea otro, pero al final sabe que una cosa es predicar y otra muy distinta es dar trigo y cuando se gobierna lo que se tiene que procurar es que la actividad económica aumente y crezca, como lo está haciendo hoy la economía española, y lo está haciendo por primera vez después de muchos años de caída, de recesión. Si hoy la economía española está creciendo, no lo está haciendo de casualidad. Lo está haciendo porque las políticas y las reformas que hemos puesto en marcha están empezando a dar sus frutos. Por eso, este año en el primer trimestre hemos crecido un 0,4 %; por eso, en el segundo trimestre de este año hemos crecido un 0,6 %; por eso, en el tercer trimestre hemos crecido un 0,5 % y por eso vamos a crecer en el global del año un 1,3 %, y ahí se está generando ya empleo, lo sabe usted. Estos son datos, no es cuestión de opinar sino de contrastarlos. Encuesta de población activa, trimestre segundo y tercero de 2014: el desempleo ha caído en 505.000 personas y el número de afiliaciones a la Seguridad Social ha crecido en 400.000 personas a lo largo de los últimos doce meses. Eso es consecuencia de la reforma, pero también de la reforma energética que ha contribuido a disminuir los costes, a disminuir los precios y a tener una economía también más competitiva.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA PÉREZ FERNÁNDEZ), SOBRE LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS DEL NUEVO SISTEMA DE INTERRUMPIBILIDAD ELÉCTRICO PARA INDUSTRIAS DE GRAN IMPORTANCIA COMO ALCOA A CORUÑA Y ALCOA AVILÉS Y MEGASA SIDERÚRGICA, ENTRE OTRAS MUCHAS. (Número de expediente 172/000282).

El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Mixto, de la señora Pérez Fernández, sobre las consecuencias negativas del nuevo sistema de interrumpibilidad eléctrico para industrias de gran importancia como Alcoa A Coruña y Alcoa Avilés y Megasa Siderúrgica, entre otras muchas. Tiene la palabra la señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia).

Señor ministro, seguimos con el mismo tema. Supongo que es usted consciente, si no lo era, de la grandísima preocupación que genera. Desde el BNG se lo dijimos hace un año con ocasión del debate de la Ley del Sector Eléctrico y se lo volvemos a decir hoy. Su reforma no ha resuelto ni va a resolver el


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problema estructural del mercado eléctrico del Estado, todo lo contrario. Mientras sigan considerando la energía eléctrica simplemente como un bien de consumo ordinario, sujeto exclusivamente a la libre competencia y al poder del reducido oligopolio de empresas eléctricas, en vez de considerarla como un servicio público, como un bien básico para la calidad de vida de las personas y del desarrollo económico, un bien que debería estar vetado a las especulaciones y negocios abusivos, mientras esto ocurra, señor ministro, seguiremos teniendo una de las tarifas eléctricas más caras de Europa y, por lo tanto, nuestras empresas seguirán estando en desigualdad de condiciones y serán menos competitivas que las de otros países de nuestro entorno.

Su errática e improvisada política energética no ha reducido lo más mínimo el gigantesco déficit tarifario: más de 30.000 millones de euros en estos momentos. No ha disminuido absolutamente en lo más mínimo el recibo de la luz de las familias; al contrario, cada vez son más los usuarios que no pueden pagar el recibo, y cada vez crece más el número de personas afectadas por lo que ahora se conoce como pobreza energética. Son ya más de 4 millones de personas en todo el Estado las que son incapaces de pagar la factura de la luz. Los beneficios estratosféricos que obtienen determinados sistemas, como la nuclear o la hidráulica, en el mercado mayorista, en el pool, siguen engordando la cuenta de resultados de las eléctricas. Los peajes o costes fijos del sistema, entre ellos los incentivos por interrumpibilidad, que responden a decisiones políticas concretas, siguen siendo cada vez mayores y continúan formando parte de la tarifa en vez de cargarse a los Presupuestos Generales del Estado. Cuestiones como los costes extrapeninsulares, las primas de capacidad, las primas al carbón español, la moratoria nuclear, etcétera, las seguimos pagando todas y todos en nuestra factura bimensual, que por más que intentamos, somos incapaces de descifrar y mucho menos de reducir, por más que vivamos haciendo verdaderos esfuerzos para tratar de consumir menos electricidad.

El último ejemplo de su desastrosa política energética es la situación creada en relación con las empresas grandes consumidoras de energía, que en los últimos años se han visto sometidas a numerosos cambios regulatorios, que amenazan su viabilidad en muchos casos. Entenderá que me refiera y me centre principalmente en el caso gallego. En el caso de Galicia, señor Soria, hablamos fundamentalmente de Alcoa en A Coruña y de Megasa en Narón, pero no únicamente, sino también de Ferroatlántica, de SGL Carbón o de Celsa, en las que en estos días se juegan miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Afectadas desde la supresión en 2009 de la tarifa conocida como G4, y más recientemente, a finales de 2013, por la regulación del sistema de interrumpibilidad, son un suma y sigue en el inmenso daño que han causado sus inumerables decretos y sus leyes en sectores como el industrial en general y el eólico en particular. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Señor Soria, la electricidad no es un bien de consumo cualquiera; es fundamental para la industrialización de un país, para la competitividad de esa industria, y para el mantenimiento de sus puestos de trabajo, y su nuevo sistema de interrumpibilidad pone en gravísimo e irresponsable riesgo cualquiera de esas tres premisas básicas: la industrialización, la competitividad y los puestos de trabajo. El sistema actual puede provocar situaciones absolutamente perversas en nuestra industria: en primer lugar, la falta de unos precios de referencia conocidos en el tiempo; el hecho de ir a una puja anual -una especie de ruleta rusa- dinamita cualquier previsión y hace imposible la planificación de las empresas en cuanto a las inversiones a realizar para la modernización de sus instalaciones. En segundo lugar, el hecho de ser una puja a ciegas donde no se conocen los precios alcanzados por otros posibles competidores generará que empresas del mismo sector productivo puedan tener precios diferentes en la electricidad. Estos y otros factores han provocado que un importante número de empresas potencialmente beneficiarias de este sistema de compensación hayan anunciado la decisión de recurrir la orden que rige el procedimiento por subasta. Si no recuerdo mal hay doce recursos presentados, señor Soria.

En Galicia, Alcoa en A Coruña y Megasa en Narón, y en Asturias Alcoa en Avilés, han anunciado recientemente la intención de proceder a despidos colectivos, lo que supondría un durísimo golpe para las economías de las comarcas donde desarrollan su actividad. Alcoa en A Coruña y en Avilés tienen en torno a 400 trabajadores cada una, y un volumen de producción muy similar. La primera subasta para regular el nuevo sistema de adjudicación de la interrumpibilidad tuvo lugar en noviembre. Alcoa era una de las grandes beneficiarias, pero en esa subasta no logró incentivos para las plantas de A Coruña y Avilés. La consecuencia más inmediata es el aumento del coste de producción del aluminio, que se estima en un 20 % más que en la actualidad por tonelada. Su ministerio, señor Soria, ha encargado un informe para convocar una segunda subasta de bonificaciones antes de fin de año. Díganos con claridad, señor Soria,


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cuál va a ser la fecha de esa segunda subasta en la que se adjudicarían los 200 millones que faltan por conceder, después de la adjudicación de 300 en la primera subasta.

En el BNG creemos que este sistema de puja anual no favorece el asentamiento y la continuidad de empresas grandes consumidoras de energía. Le demandamos, señor ministro, su retirada y temporalmente la vuelta al sistema anterior, es decir, al establecimiento de un precio por consumo y que todas las empresas que estén interesadas y cumplan los requisitos técnicos puedan ser consumidoras. A medio plazo entendemos que la resolución de este problema nos llevaría a una reformulación de todo el sistema eléctrico, una reformulación que ya le propusimos en el debate de la Ley del Sector Eléctrico y que inexcusablemente debe atender principalmente a los siguientes criterios. En primer lugar, debe suprimir de la tarifa eléctrica todas aquellas retribuciones o peajes que deberían estar soportadas por los Presupuestos Generales del Estado. En segundo lugar, debe cambiar radicalmente el sistema de pago a las empresas de generación por un modelo de retribución de costes, según la tecnología empleada. Y en tercer lugar, debe admitir tarifas más bajas para las comunidades netamente productoras. Sería una paradoja y un despropósito que alguna industria radicada en Galicia cerrase o se viese afectada negativamente por los altos precios de la electricidad. Sería absolutamente inexplicable en un territorio, en un país que exporta energía sin conseguir ningún beneficio a cambio. ¿Cómo, señor Soria, se justificarían ante Galicia que a lo largo de décadas y por decisiones políticas se ha ido especializando en la generación de electricidad, y ha desempeñado un papel de centro suministrador de energía eléctrica para el resto del Estado español, con base en su potencial hidroeléctrico y en los yacimientos de carbón, a los que hay que sumar posteriormente el desarrollo del aprovechamiento eólico y biomasa, así como la construcción de dos ciclos combinados de gas natural? Sin embargo, y a pesar de que la generación eléctrica lleva aparejados muy importantes costes sociales y medioambientales, Galicia nunca obtuvo beneficio de esta actividad económica. Al contrario, al estar sometida a un marco regulatorio y tarifario común en todo el Estado, por las decisiones adoptadas por las empresas eléctricas que actúan en régimen de oligopolio, a través de sus centros de decisión apartados de Galicia, nunca recibió ningún tipo de ventaja del aprovechamiento de esos recursos. Incluso ahora mismo, señor ministro, en pleno siglo XXI seguimos sufriendo en amplias zonas del país una deficiente calidad del suministro eléctrico. ¿Sabe usted que cuando hay mal tiempo, temporales -cuestión muy poco frecuente en nuestro país, ¿verdad?-, directamente nos quedamos sin luz en amplísimas zonas de Galicia?

Quiero resaltar que en lo que se refiere a la política tarifaria, homogénea en el Estado, la tarifa eléctrica que pagamos en Galicia incluye también peajes de solidaridad interterritorial. Es el caso de los costes extrapeninsulares pagados vía tarifas eléctricas. El criterio de un sistema eléctrico único y de tarifa única que se impuso en el Estado perjudica gravemente a nuestro país, al tratar por igual a los consumidores de los distintos territorios, sin tener en cuenta su aportación como productores de energía. A estas alturas no es de recibo que se sigan negando a mantener este debate. La propuesta de una tarifa eléctrica propia para Galicia no puede ser tachada ni de insolidaria ni siquiera tampoco de descabellada, sobre todo si tenemos en cuenta que en la nueva Ley del Sector Eléctrico, la que han aprobado ustedes, señor ministro, se cuestiona precisamente esa tarifa única. No por la razón de poder compensar vía tarifa los territorios que sufren los perjuicios ambientales de producir energía, sino para penalizar a las comunidades autónomas que impongan impuestos ambientales. Y no solo existe en otros Estados europeos esta posibilidad de diferenciar la tarifa, sino actualmente también dentro del Estado español. El Real Decreto-ley 9/2013, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, contempla incentivos específicos para la energía eólica y fotovoltaica en los territorios insulares: en Canarias y en Baleares. Es decir, se conceden primas a determinados territorios, mientras que el Real Decreto-ley 1/2012, suprimió las primas a las renovables y suspendió el registro de preasignación que para Galicia supuso la paralización de todo el sector eólico.

Además de esto, de hacer diferencias entre territorios con las primas a las renovables, recientemente su Gobierno ha recogido el cambio de definición de las redes de alta tensión para que tenga acogida una parte muy significativa de la red de distribución vasca, que es singular. Esta decisión va a permitir, a partir del año 2015, unos precios más bajos para las empresas del País Vasco. Nosotros no cuestionamos eso, simplemente lamentamos que no se tenga en consideración para otros territorios. Por lo tanto, señorías -voy terminando, señor presidente-, ¿con qué argumentos defienden la tarifa única para todo el Estado cuando legalmente ya han contemplado ustedes otras posibilidades para otras comunidades? En nuestro caso no existe una, sino muchas razones para poder dotarnos de una tarifa eléctrica propia en la que se reduzcan los peajes, una tarifa que favorezca el consumo doméstico de una población, señor ministro,


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que tiene las pensiones y los salarios más bajos de todo el Estado español, y sin duda una tarifa propia que evite nuestra desindustrialización. En fin, señorías, en 2012 Galicia exportó un 40 % de la energía que generó. Muy lejos de recibir algún tipo de compensación por los costes sociales y medioambientales de las numerosas instalaciones -embalses, centrales térmicas, eólicos, etcétera- asumimos solidariamente los costes para la energía extrapeninsular, las primas del carbón -que por cierto perjudican a las centrales gallegas-, o la que nos corresponde por la moratoria nuclear.

Termino diciéndole al señor ministro que estos días hemos escuchado al presidente del Gobierno decir que la crisis ha pasado a la historia. Nos gustaría mucho, muchísimo que fuese así, pero con un sector naval bajo mínimos, un sector lácteo que era el principal del Estado con precios de venta por debajo de los de producción, un sector pesquero que era una potencia europea y que se ha visto reducido y perjudicado considerablemente por las políticas estatales y europeas, y con la pérdida de miles de comercios y de pequeñas y medianas empresas en nuestro país, ya no estamos, señor Soria, para decisiones incomprensibles. Creemos que en este momento la prioridad es salvar a los trabajadores, la prioridad es salvar a Alcoa, a Megasa y a otras industrias gallegas que puedan estar afectadas.

Usted ha respondido antes -termino definitivamente, señor presidente- al compañero asturiano de Foro en el sentido de descargar toda la responsabilidad en la empresa. Señor Soria, usted es ministro del Gobierno del Estado español, deje de eludir sus responsabilidades e imputárselas únicamente a las empresas implicadas. No le niego que las empresas puedan tener intereses espurios, pero esto, señor Soria, es el Parlamento español, no la sede de la patronal. Y usted es el ministro que ha ideado y ha aprobado el actual sistema. Por lo tanto asuma su responsabilidad y actúe para que su sistema energético sea el impulsor y no el verdugo de miles de puestos de trabajo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez Fernández.

Tiene la palabra el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señor presidente, señoría, en primer lugar, quisiera hacerle una aclaración, porque también empezaba su intervención hablando de la evolución de las tarifas eléctricas y del déficit del sistema eléctrico, y volvía a decir literalmente que no han bajado lo más mínimo. Pues tengo que decirle que empíricamente eso que usted afirma es rotundamente falso. La previsión del déficit estructural para el año 2013, la diferencia entre lo que ingresa el sistema eléctrico por los peajes que pagamos en la factura eléctrica y los costes de las actividades reguladas del sistema, esa diferencia, que es lo que se conoce como déficit del sistema, era de 10.500 millones de euros. Si el Gobierno no hubiese adoptado las medidas que ha adoptado para cubrir ese déficit estructural habría sido necesario aumentar un 80 % los peajes, por orden ministerial. ¿Sabe usted en cuánto se hubiese traducido en términos de incremento de precio? En un 42 % de aumento de precio en el recibo de la luz. Señoría, eso es lo que hubiese ocurrido de haberse producido el déficit de 10.500 millones en el año 2013, que por cierto no se produjo porque adoptamos medidas para disminuir los costes regulados. Si usted tiene a un nivel los costes y a otro los ingresos, la diferencia es el déficit. ¿Cómo lo arregla? Bajando los costes y subiendo los ingresos, no hay más, y lo que hemos hecho ha sido bajar los costes. ¿Cuáles son los costes de las actividades reguladas? Una actividad regulada es el transporte. Si usted produce energía en una central nuclear, en una central térmica o en un molino eólico tendrá una red de transporte que deberá pagar, como primer concepto, costes de transporte; segundo, distribución desde la subestación hasta el punto de consumo -tiene que pagar distribución-. Dentro de las actividades reguladas también se tiene que hacer frente a los pagos por capacidad. ¿Y eso qué es? Lo que estamos pagando todos los consumidores. ¿Por qué? Por tener listas las centrales térmicas -no funcionando- por si acaso hay una necesidad si falla el viento o el sol, porque no nos podemos quedar sin luz. Es decir, tienen que entrar pagos por capacidad. También tenemos que pagar -usted ha hecho referencia a ello- una parte que hace referencia a los costes de los sistemas insulares y extrapeninsulares -Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla-. ¿Por qué? Porque en esos sistemas insulares el coste de producir es más alto que en los del resto de España, y como -en esto estamos de acuerdo usted y yo- lo normal es que el coste de la luz, el precio de la electricidad sea el mismo en toda España, todo el sistema contribuye también a abonar esos costes de los sistemas extrapeninsulares. Y hay otra partida, que es la que da lugar y la que tiene por objeto esta interpelación, la interrumpibilidad. ¿Y eso qué es? Eso es un pago que el sistema -por tanto todos nosotros, consumidores domésticos, pero también las industrias- otorga a determinadas empresas que son muy intensivas en la utilización de energía para que, si en algún


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momento determinado hay necesidad y tienen que desconectar, que interrumpir, puedan aliviar el problema que surja en el sistema. Y por tener ese servicio se les paga; insisto en que les paga el sistema, todos nosotros.

Digo esto -es importante- porque le he oído decir dos cosas contradictorias en su exposición. Le he oído quejarse de que los incentivos por interrumpibilidad son cada año mayores. Se quejaba usted y decía: ¡es que son mayores! Pero después, al mismo tiempo, decía: pero hay una empresa que en la subasta de esos incentivos no se ha llevado lo suficiente. Supongo que lo que usted defiende es el sistema en general; supongo que no está defendiendo los intereses de una empresa concreta, pero eso es una suposición mía y tengo el convencimiento de que es así. Por si acaso le voy a corregir. No es que sean cada vez mayores. Para el año 2014 los recursos que el sistema -por lo tanto todos nosotros- va a pagar en el recibo de la luz por ese concepto de interrumpibilidad son menores de lo que se ha abonado este año: este año 677 millones, y el próximo año 550. No va a haber más, va a haber menos. Hay muchas empresas, grandes y pequeñas, que tienen interés en apuntarse a la interrumpibilidad porque les van a pagar unos recursos por dar este servicio. El problema es que para distribuir ese dinero, esos recursos entre todas las empresas había un sistema que era cuestionado por la Unión Europea. ¿Por qué? Porque podía ser objeto de denuncia por ser considerado una ayuda del Estado; incompatible. Las propia empresas, señorías, pidieron al Gobierno que les cambiara el sistema. ¿Por cuál? Por un sistema aceptado por la Unión Europea. Y adoptamos un sistema que tuvimos que negociar con las autoridades de competencia en Bruselas, un sistema de subasta competitivo y transparente. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí tienen 550 millones de euros de interrumpibilidad. ¿Quiénes están interesados? ¿Todos ustedes? Pues aquí hay una subasta, y el que más bajo puje se la lleva. Pues esa subasta ha tenido lugar, y unos se han llevado y otros no. Es más, hay algunos que tienen más de una fábrica para obtener interrumpibilidad, para interrumpir una fábrica, la otra y la otra, y en una de las fábricas han bajado mucho, se han llevado interrumpibilidad, y en las otras no han bajado, se han quedado arriba. Usted viene hoy a interesarse por ellas, y dice: esta empresa, como consecuencia de que no se ha llevado interrumpibilidad, va a hacer un expediente de regulación de empleo en dos fábricas, A Coruña y Avilés, de ochocientas personas. Primera preocupación del Gobierno. Ahora bien, cada cual que responda de lo que ha hecho. ¿O pretende usted que sea el Gobierno el que le diga a una empresa cómo tiene que pujar y cómo no tiene que pujar? La pregunta no es esa, señoría. ¿Sabe usted cuál es la pregunta? ¿Por qué una misma empresa que tiene tres fábricas en una de ellas puja de una manera y obtiene recursos para interrumpibilidad y en las otras dos no? Esa es la pregunta relevante. Yo se la voy a responder. Del análisis de la actuación en la subasta de la empresa a la que usted hoy se ha referido se desprende que mantuvo una posición poco activa en la subasta referida a A Coruña y Avilés. En cambio sí fue muy activa en la que realmente le interesaba, San Ciprián, en Lugo. Necesitaba dos bloques de 90 megavatios, un bloque de 90 para A Coruña y otro bloque de 90 para Avilés. Lo cierto es que la empresa, en esa subasta transparente, libre y competitiva, no llegó a competir hasta su precio de reserva, que es el precio de referencia. ¿Basado en qué? En sus ingresos del año 2014. No llegó a competir. Se lo digo porque es un dato muy importante. Esta fue la actitud de la empresa en esa subasta.

¿Podía haber conseguido la empresa, con otra estrategia en la subasta, recursos para interrumpibilidad? El representante de esa empresa a la que usted se ha referido, menos de dos horas después de finalizar la subasta de los 90 megavatios, el lunes 17 de noviembre, de acuerdo a las reglas de subasta conocidas y publicadas en el BOE, tuvo la opción explícita de decidir entre no dividir o dividir en bloques de 5 megavatios sus bloques de 90 megavatios no adjudicados. Es decir, no se le han adjudicado los 90 megavatios, pero tiene usted una opción: vamos a dividirlos y puede pujar en los de 5 megavatios. Pues bien, en el modelo oficial al efecto, firmado y con DNI, entregado a Red Eléctrica Española, operador del sistema y gestor de la subasta, y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la empresa decidió explícitamente, marcando con una equis en la casilla correspondiente, dividir todos y cada uno de sus tres bloques de 90 no asignados en bloques de 5 megavatios. A Coruña y Avilés fueron de los primeros pujadores en retirarse a un precio de 250.000 euros en todas las subasta de 5 megavatios, con salida en 260.000 euros. Apenas participaron diez segundos en cada una de las subastas para una duración total media de dos minutos. La empresa ha decidido, como usted ha dicho, un despido colectivo en A Coruña y Avilés, y lo atribuye al resultado de la subasta. Como le acabo de demostrar, la atribución es única y exclusivamente a la estrategia deliberada, por un interés legítimo -lógicamente no entro en eso- de la empresa.


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Pero hay otra oportunidad. Para la parte sobrante de recursos públicos no adjudicada en la primera subasta el Gobierno va a hacer otra subasta. Usted me dice: dígame la fecha concreta. Todavía no se la puedo decir porque aún no tenemos las condiciones que nos tiene que dar el gestor de la subasta, después del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En todo caso le puedo asegurar que será antes del 31 de diciembre de este año. Fíjese, es una opción hacerla o no. La vamos a hacer, y si la empresa puja en condiciones iguales que las de aquella puja que hizo en la primera subasta, por aquella fábrica en la que sí obtuvo, le garantizo que tendrá también interrumpibilidad. Pero si no puja en estos términos en los que ya lo hizo para la fábrica que le interesaba, entonces habrá que preguntar a la empresa, y no al Gobierno, cuáles son las razones para comportarse en un caso de una manera y en otro caso de otra.

Usted decía en su intervención que iban a una puja a ciegas; sí, como todas las empresas. ¿O plantea usted acaso que unas vayan a una puja a ciegas y otras vayan conociendo ex ante las condiciones? Supongo que eso no es lo que usted está planteando. Usted me podrá decir que le gustaba más el sistema anterior, de hecho usted me ha planteado hoy: déjese de la subasta, anúlela, y vamos al sistema anterior. ¿El sistema anterior sabe en qué consistía? Se cumplen los requisitos y administrativamente se adjudica. ¿No le parece que es mucho más competitivo y más transparente para el conjunto de industrias electrointensivas de España un sistema donde todos sepan exactamente cuáles son las condiciones de una subasta, y que nadie tenga ventaja sobre otras? ¿No le parece que esto es mucho más objetivo?

Finalmente, si usted dijera que la empresa por la que se interesa resulta que, de las tres fábricas, adoptó la misma estrategia en las tres y que no obtuvo interrumpibilidad, sería más comprensible, pero lo que hay que explicar es por qué de las tres en una adoptó una estrategia, bajó hasta donde tenía que bajar, obtuvo lo que quería obtener, y en cambio en las otras dos, A Coruña y Avilés, resulta que no bajó lo que tenía que bajar. La estrategia fue, señorías, muy poco activa, por no decir nada activa. Hay una segunda oportunidad, y espero que la empresa por la que usted se interesa puje con el verdadero interés de obtener interrumpibilidad, de generar actividad, y además de salvar los 800 puestos de trabajo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Señor ministro, no sé si por el cansancio por toda la mañana de trabajo y por tratar insistentemente este tema distintos grupos ha respondido usted de manera absolutamente tendenciosa a mi interpelación, o si hay alguna otra intención. La aclaro, con todas las letras, alto y claro para que se me entienda, y usted el primero, porque veo que no ha prestado la suficiente atención a mi primera intervención como para entenderme, que nosotros no hemos venido aquí a defender a ninguna empresa, y menos a una única empresa; hemos citado en nuestra primera intervención a varias empresas: Alcoa, Megasa en Narón, Celsa, Ferroatlántica, etcétera. Hemos citado varias, señor Soria, por lo tanto no tergiverse una intervención que no fue en ese sentido. Segunda cuestión: dice usted que si no hubiesen intervenido ustedes respecto a la previsión del déficit para 2013 los peajes se incrementarían un 80 %. Justamente una de las cosas que nosotros le hemos propuesto, y que también veo que no ha entendido o no le ha prestado la suficiente atención, es que los peajes no deben figurar en la tarifa, lo que nosotros entendemos es que deben ser costeados por los Presupuestos Generales del Estado, que ya sabemos también que los pagamos todos los ciudadanos.

Ha hablado usted de una serie de costes que producen ese déficit; ha citado el transporte, la distribución desde la subestación al punto de consumo, los pagos por capacidad, los costes de sistemas insulares y extrapeninsulares. Efectivamente, señor Soria, cuando yo le he hablado en buena parte de mi intervención de una tarifa propia diferenciada para Galicia, por ser netamente productora, usted la ha obviado completamente; precisamente hablaba de que en Galicia tenemos muchísimo menor coste de transporte porque generamos la electricidad allí. Tenemos muchísimo menor coste de distribución desde la subestación al punto de consumo porque el trayecto y la distribución es mucho menor. Evidentemente, también tenemos otros menores costes a los que usted no ha aludido.

Se ha vuelto a confundir cuando ha hecho alusión a que estábamos de acuerdo ustedes y nosotros en un precio único para todo el Estado español. Justamente mi intervención se ha basado en criticar esa tarifa única homogénea para todo el Estado español y he defendido que Galiza, precisamente por ser netamente productora, por ser excedentaria en un 40 % en el año 2012, según los datos del Inega, que


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son los últimos que tenemos, tiene que tener algún beneficio, tiene que tener alguna ventaja. Pedimos una tarifa propia y no consideramos que sea, insisto -lo dije en mi primera intervención-, nada descabellado porque ustedes mismos han proporcionado una tarifa propia precisamente a las primas de las renovables de las islas Canarias -usted las conocerá bien porque aparte de ser ministro es oriundo de allí- y a las Baleares. También conocerá la concesión o el acuerdo al que han llegado con el Gobierno vasco para que sus empresas sí puedan tener una tarifa propia, diferenciada, que les va a suponer un menor costo. Dije antes que me alegraba por esto, por ese logro del Gobierno vasco, pero que lamento -y lo vuelvo a decir- que precisamente no se tengan en cuenta y no se consideren las características de otros territorios.

Señor ministro, en esto sí coincidimos, ya que usted ha dicho textualmente que cada cual responda de lo que ha hecho. Efectivamente, cada cual que responda de lo que ha hecho. Nosotros respondemos de no haber apoyado ninguno de sus reales decretos-leyes ni tampoco la Ley del Sector Eléctrico -y con esto termino, señor presidente- y precisamente en nuestra primera intervención le proponíamos a medio plazo de nuevo hacer una reformulación del sector eléctrico que se basase, en primer lugar, en suprimir de la tarifa eléctrica todas las retribuciones o peajes que deberían estar soportados por los presupuestos. En segundo lugar, que se cambie radicalmente el sistema de pago a las empresas de generación por un modelo de retribución de costes según la tecnología empleada. Antes lo desarrollé más en mi intervención. Y en tercer lugar, también esa reformulación debe contemplar tarifas más bajas precisamente para las comunidades netamente productoras.

Señor Soria -termino definitivamente-, es verdad que las empresas defienden sus intereses. Se lo dije en mi primera intervención, yo no le niego que haya empresas que participen en esa subasta que vayan exclusivamente a defender lo suyo, pero si las empresas defienden sus intereses, por lo menos desde el BNG nuestro interés es que se mantengan los puestos de trabajo. Si usted tiene constancia -porque lo ha dicho aquí con claridad- de que hay empresas que no fueron activas -utilizo la expresión que usted ha dicho- en la subasta, pregunto, señor ministro: ¿Qué medidas piensa adoptar entonces? ¿Qué medidas piensan tomar ustedes desde el Gobierno y desde el ministerio precisamente para que se garanticen y se mantengan los puestos de trabajo? Insisto, señor Soria, no estoy hablando de una empresa; estoy hablando de varias comarcas en Galicia y evidentemente de un territorio, toda la comunidad autónoma, que aun siendo excedentaria en energía eléctrica, no recibe esa consideración que ustedes han tenido con otros territorios en la Ley del Sector Eléctrico y en algún real decreto anterior. Me gustaría mucho que hiciese alusión, porque esa es la base de mi intervención, a esto que le propongo, que es una tarifa diferenciada para los territorios excedentarios en producción de energía eléctrica, que no tienen tantos costes como los demás y que algún beneficio deberían tener a cambio.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez Fernández.

Señor ministro de Industria.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, plantea usted algo que, en mi opinión, atenta directamente contra uno de los grandes principios en los que se sustenta la convivencia en España desde el año 1978, que es el principio de la solidaridad. Este Gobierno nunca apoyará tarifas eléctricas diferenciadas en una parte de España respecto de otra. Al contrario, una de las tendencias que hay en la Unión Europea, justamente en relación con la unión económica y en lo que toca al mercado único de la energía, es intentar que en Europa tengamos unos precios más competitivos, más bajos de la energía y además que no haya la diferencia de precios que hoy se observa. Ese es uno de los fundamentos de por qué España ha planteado el incremento de las interconexiones con Francia para que el consumidor industrial y el consumidor doméstico españoles puedan suministrarse de energía allí donde más barata sea en cada momento. Por tanto, señorías, dentro de España ciertamente no lo vamos a plantear porque creemos que atenta directamente contra uno de los principios esenciales de nuestra convivencia. Esa es la razón de por qué el sistema eléctrico contribuye, nada más y nada menos que con 1.800 millones de euros cada año, a sufragar el extracoste que supone la generación de energía eléctrica en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Usted me decía también: ¿Y por qué en Canarias -que es usted de allí- el Gobierno ha aprobado un sistema para tener unas primas a las renovables más altas que en el Reino de España -porque es verdad que eso se ha aprobado-? Por una razón sencilla, y es porque eso es bueno para Canarias pero también es bueno para Galicia, para el País Vasco, para Madrid y para Andalucía. ¿Sabe usted por qué? Porque el número de horas de sol y de viento que hay en Canarias hace que producir con esas energías sea más barato que producir con petróleo, porque


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en Canarias no hay más que producción con petróleo. ¿Sabe usted cuál es el coste del petróleo al año en Canarias para producir electricidad, porque allí, por no haber, no hay ni gas? ¿Sabe usted cuál es? 1.500 millones de euros. Si se produce más con renovables, se disminuye la factura energética, y eso es menor coste para el conjunto de las actividades reguladas del sistema. Es decir, no es un beneficio que se le dé a Canarias por el hecho de que sea Canarias o porque el responsable del departamento sea canario; no, es porque es bueno para todo el sistema y, en este caso, también es bueno para Canarias.

Decía usted que planteaba un cambio total en el sistema, y es que cuando pagamos el precio de la electricidad, que tiene dos componentes: coste de la energía -lo que vale producirla- más todos los peajes -las actividades reguladas a las que antes me refería: transporte, distribución, interrumpibilidad, sistema de estabilización-, todo eso lo paguemos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Dice usted: Métale usted a los Presupuestos Generales del Estado 20.000 millones de euros, 2 puntos del PIB. O sea, que todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de los últimos tres años para bajar el déficit público de un 9,3 % hasta el 5,5 de este año nos lo carguemos y le añadamos 2 puntos al déficit. Si hay algo que nos esté dando confianza hoy, que nos esté dando respeto desde el punto de vista de la política económica del Gobierno, ¿sabe usted que es? La capacidad para haber reducido el déficit público. Cuando hoy vemos que se ha pasado de una economía en recesión a una economía en crecimiento; cuando vemos que se ha pasado de una prima de riesgo de 639 puntos básicos en junio del año 2012 a tenerla en 125 hoy; cuando vemos que el rendimiento del bono del Tesoro a diez años ha bajado del 7,5 % a menos de un 2 % hoy; cuando vemos que desde una situación de déficit de la balanza de pagos hemos pasado a una de superávit; cuando vemos los récords que se alcanzan en las exportaciones de bienes españoles, todo eso no es casual, eso no es intercesión divina, señoría; eso es fruto de una política económica muy determinada, aunque es verdad que con costes. Han sido medidas muy complicadas de tomar, muy complicadas de explicar y mucho más complicadas de entender, pero que nos han puesto en la senda de la recuperación. Esa es la razón por la cual hoy hemos pasado de ser la gran amenaza para la recuperación de la economía mundial -eso y no otra cosa era lo que nos decía el Fondo Monetario Internacional en junio del año 2012- a ser hoy modelo, paradigma y ejemplo de reforma. No lo digo yo. Recientemente en la reunión del G-20 en Brisbane lo decía el primer ministro australiano. En la sesión de apertura de aquella reunión decía que hoy España tiene una historia de éxito que contar al mundo. Queda mucho por hacer y muchas reformas pendientes, claro que sí. El desempleo todavía está en un 23,5 %. Esa es una tragedia, un drama y una mala noticia, pero la buena noticia es que, mes a mes, la cifra de desempleados está disminuyendo. En todo caso, al final de esta legislatura habrá menos desempleo que había al principio y se habrán sentado las bases de la recuperación, del crecimiento, de la actividad y del empleo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA SUPRIMIR EL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS, SENADORES Y GOBIERNO. (Número de expediente 172/000283).

El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para suprimir el aforamiento de los diputados, senadores y Gobierno. Para su defensa, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Señorías, acababa su intervención el ministro Soria diciendo que el Gobierno había tomado en estos tres años medidas muy difíciles de explicar y de entender. Tenemos ahora la suerte -tiene usted la oportunidad y yo espero ayudarle a conseguirlo- de hablar de unas medidas que proponemos concretamente en esta interpelación, que son muy sencillas de tomar, muy sencillas de explicar y muy fáciles de entender. Ninguna de las medidas que le voy a plantear tiene consecuencias económicas, ninguna de ellas afecta al déficit, ninguna de ellas va a provocar retroceso en ese ranquin maravilloso sobre el que nos ha hablado el ministro Soria. Por tanto, vamos a ver si soy capaz de plantearle de manera concreta y clara esta interpelación y de obtener por parte del ministro del Gobierno una respuesta igualmente clara y espero que igualmente satisfactoria para el objetivo de este grupo parlamentario. Ciertamente, no es la primera vez que el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia plantea


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en el Congreso de los Diputados la supresión de los aforamientos. No es la primera vez, pero me gustaría que fuera la última. Me gustaría que después del debate de hoy y del que tendremos con votación en el mes de enero resolviéramos este asunto. Ya le advierto -en el sentido asertivo- que si no lo conseguimos en este trámite, insistiremos en ello, porque la cuestión que le quiero plantear es, a nuestro juicio, capital desde el punto de vista de la regeneración de la democracia y también desde el punto de vista del ejemplo que los responsables políticos -en este caso, los legisladores y también el Gobierno- estamos obligados a dar a los ciudadanos en respuesta a una sociedad cada vez más exigente con nosotros. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Vengo a hablarle -usted lo sabe bien- de la supresión del aforamiento, un privilegio político que además es anómalo en nuestro entorno europeo. Es un privilegio para los responsables políticos en España con carácter general y para los jueces con un carácter casi general. Además, es una anomalía en términos democráticos. No hay parangón, no hay comparación -como luego explicaré- con ninguno de los países de nuestro entorno. Solamente eso nos debiera llamar la atención. En la primavera del año 2013 -creo que en el mes de junio- tuve oportunidad de plantear también este debate por la vía de una interpelación y la subsiguiente moción. Hablábamos en aquel momento de la necesidad de suprimir los aforamientos. Planteábamos en aquella interpelación que lo hacíamos en defensa de la igualdad ante la ley de todos los españoles; suprimir un privilegio no merecería tener que explicarlo demasiado. Ciertamente, el ministro Gallardón me contestó en aquel momento que no era un privilegio, aunque luego, cuando extendieron ustedes el aforamiento al rey Juan Carlos, explicó que no teníamos que castigar al rey Juan Carlos, lo cual me dejó a mí bastante perpleja porque si no era un privilegio, por qué habría que extendérselo. Como ya explicamos en aquel momento -y quiero también hacerlo ahora-, ciertamente las prerrogativas y privilegios parlamentarios tienen su antecedente en el parlamentarismo medieval inglés. Dentro de esas prerrogativas está la inviolabilidad -que no forma parte de este debate ni de esta propuesta-, está la inmunidad -que tampoco forma parte de este debate ni de esta propuesta-, y a ello se añade el aforamiento, que altera las reglas de competencia judicial penal y que es, por tanto, un privilegio, insisto, y una anomalía.

Lo que ocurre en el momento actual, señor ministro -usted lo sabe ya-, como ya denunciamos hace año y medio y después han venido a denunciar otras instancias -me referiré a ello también, el propio Gobierno lo ha denunciado-, es que en el marco de un Estado que se define como Estado social y democrático de derecho no tienen cabida los privilegios, y menos aún cuando obstaculizan la lucha contra la corrupción política. Usted lo sabe bien, ministro, cuando se inicia un procedimiento, cuando se inicia una investigación -Andalucía es un caso superconocido, pero no es el único- el juez empieza la investigación y en cuanto topa con un aforado, ya sea ante el Tribunal Superior de Justicia, ya sea ante el Tribunal Supremo, empieza a buscar en los entornos porque no quiere soltar la causa y así se dilatan y se dilatan las instrucciones. Además de que se dilatan en el tiempo las instrucciones, para evitar que un nuevo juez tenga que abrir nuevamente toda la investigación y que el juez que está haciendo el trabajo pierda toda la tutela sobre el mismo, si finalmente termina en el Tribunal Supremo, todas las personas afectadas que no son aforadas también van detrás del aforado. Es verdad que el aforado puede tener la suerte -creo que de eso se trata, de buscar esa suerte- de que le juzgue un juez al que de manera directa o indirecta él contribuyó a nombrar -sabe usted a lo que me estoy refiriendo, ¿no?-, pero el que no es aforado se queda sin recurso y además no tiene ninguna posibilidad de encontrarse con un juez más simpático, más cercano, más próximo, más de la cuerda, vamos a decirlo así. Con lo cual, hay un doble perjuicio para la causa instruida en general, un privilegio para las personas aforadas y un perjuicio doble para las personas a las que en ese supuesto -que como usted conoce, se produce en más de una ocasión- son arrastradas y se quedan sin la posibilidad del recurso.

Además, en España la institución del aforamiento -como un añadido a lo que estoy diciendo-, lejos de reducirse, lejos de ir menguando desde aquel inicio de las Cortes de Cádiz de hace más de doscientos años -en el que, por cierto, los constituyentes ya lo veían, se ve en los debates, con una cierta prevención-, el número de aforados se ha incrementado exponencialmente. Como aquí todo es por duplicado, por triplicado o por cuadruplicado, también en los aforamientos. Lo que aparece en los dos artículos de la Constitución que vengo a plantear que se reformen, en el 71.3 y en el 102.1, se ha extendido. Entonces esos dos artículos constituían el aforamiento para diputados, senadores y miembros del Gobierno, y luego eso ya se ha extendido sin ningún tipo de limitación hasta el momento presente, en el que se ha añadido a los jueces a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los Estatutos de Autonomía a sus diputados y a sus parlamentarios, a los ayuntamientos, a los Gobiernos autonómicos, al


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Defensor del Pueblo, a sus adjuntos; así hasta 10.000, según decía yo en aquella interpelación en el mes de junio del año 2013, utilizando los datos del Tratado jurisprudencial de aforamientos procesales, cifra que yo manejaba y que utilizaban los expertos en ese tratado. En España para hablar de los aforados han tenido que escribir un libro muy gordo; en cualquier país de nuestro entorno valdría un folio pero aquí han tenido que escribir un libro muy grueso. Yo citaba 10.000 aforados políticos y el ministro que le ha precedido en el cargo, el señor Gallardón, hace unos meses hablaba de más de 17.000. En todo caso, un número incomparable, inconmensurable, excesivo desde todo punto de vista. No es que parezcan muchos, ministro, es que son muchos, somos muchos; no es que parezcan, sino que somos muchos los aforados. Somos muchos sin compararnos con nadie. Pero, ¡ay cuando te comparas!, como dice el dicho popular, aunque se suele utilizar para lo contrario. Portugal tiene uno, el presidente de la República, un aforado; Italia tiene uno, el presidente de la República, un aforado; Francia tiene diez, que es variable porque son el primer ministro y los miembros del Gobierno, que pueden ser diez, doce, depende de los que lleguen; Alemania y el Reino Unido, cero. Como decía entonces, en junio de 2013, en este intento de compararnos con nuestro entorno para presumir -como hacía ahora mismo el ministro Soria o como han hecho en la sesión de control esta mañana- de que somos el único país que crece, la única economía que crece, crecemos más que el resto de los países de nuestro entorno, somos el ejemplo, nos miran, a ver si nos miramos nosotros también en estas cuestiones, y en vez de ganar a Alemania diez mil a cero en el número de privilegiados, en el número de aforados, vamos a ver si les ganamos en competitividad, en investigación y desarrollo, en educación, en sanidad, en todas esas cosas que contribuyen al bienestar de los ciudadanos, que es para lo que estamos aquí.

Señor ministro, la reflexión que le planteo al Gobierno es una reforma exprés de esos dos artículos de la Constitución, el 71.3 y el 102.1, que son los que establecen el aforamiento de diputados y senadores y de miembros del Gobierno; una reforma exprés de dos artículos que para ser reformados no requieren de un referéndum. Lo podemos hacer a la misma velocidad que hicimos la reforma del 135 de la Constitución; bueno, que hicieron ustedes, porque nosotros votamos en contra, pero que se hizo. Si quieren, incluso podemos dedicarle unas horas más. Aquello lo hicieron en cuarenta y ocho horas y en un despacho con nocturnidad y alevosía, y vinieron aquí y en una mañana, en lectura única, lo tuvimos que soportar y se aprobó. Vamos a darles dos semanas, vamos a dedicarle un tiempo más, pero hagamos esta reforma exprés de esos dos artículos de la Constitución para quitarnos nosotros los aforamientos, para dar ejemplo a los ciudadanos, para no reformar otras leyes, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, que también se puede reformar aquí, y también para no hacer eso que dijo su antecesor, el señor Gallardón, en el mes de junio de este año, de que había que reducirlos de 17.000 a 22. Él decía que se podía hacer sin la reforma de la Constitución, aunque en el debate me dijo que sin reformar la Constitución era imposible; él lo decía en esa entrevista, aunque no sé cómo lo iba a hacer, pero decía que había que reducirlos de 17.000 a 22. Yo lo que le planteo es muy sencillo: demos ejemplo a los ciudadanos, quitémonos nosotros el aforamiento y después ya haremos el resto, el de los 10.000 restantes; ya lo iremos haciendo. Serán necesarias reformas de estatutos de autonomía, reformas de otras leyes, algunas orgánicas y otras no, pero empecemos por nosotros. Demos ejemplo a los ciudadanos y así nos creerán. Creerán que, efectivamente, hemos tomado nota y que ninguno de nosotros quiere ser juzgado por otro juez que el ordinario, aquel que juzga a cualquier ciudadano; que hemos tomado nota de las exigencias del conjunto de los ciudadanos y que, como hemos tomado nota y estamos dispuestos no solamente a acabar con la mala imagen sino con la corrupción política y con la imagen que se tiene de ella en España, así como con la vinculación que todos los ciudadanos atribuyen a la corrupción política y a la falta de independencia de la justicia, ponemos manos a la obra, damos ejemplo y corregimos y modificamos esos dos artículos de la Constitución de forma exprés y terminamos con nuestros aforamientos, empezando por nosotros mismos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino presidenta.

Le pregunto, señor ministro, qué intenciones tiene el Gobierno al respecto.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.

Señor ministro de Justicia.


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El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.

Señorías, señora Díez, la interpelación que con carácter urgente dirige el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia al Gobierno alude a asuntos varios en su texto, pero -como ha presentado su señoría- finalmente desemboca en el debate sobre el aforamiento. Fíjese, a mí, de entrada, me suscita una coincidencia, también una cierta discrepancia y una reflexión que voy a intentar exponer. En primer lugar, empezaré por la coincidencia, dado que reconforta que un grupo de la oposición coincida con el Gobierno en un mismo interés. Esa coincidencia tiene que ver con la preocupación común por la corrupción y con el propósito sincero -que creo que es así en su señoría también- de restarle cualquier posible margen de acción a la corrupción y no por la repercusión puntual de un caso o de otro, que a veces nos desenfoca el debate, sino por el hecho más grave de que la sucesión de varios casos asociados con la corrupción introduce un elemento muy distorsionador en la convivencia, en la confianza de los ciudadanos en las instituciones -lo que me parece también verdaderamente grave-, y permite difundir la falsa idea de que se puede acceder a un cierto nivel de éxito económico, social o político por la vía del fracaso moral. Una democracia sana, una democracia estable es aquella que en su realidad cotidiana ve reafirmados permanentemente otra clase de principios: el tesón, la transparencia, la observancia de las leyes e incluso también -por qué no- el desinterés y la generosidad. Esos son los valores que tenemos que promover y que poner en valor. La corrupción -como bien dice, señoría, en su texto de interpelación- puede llegar a poner en peligro incluso el propio sistema democrático que tanto esfuerzo nos ha costado construir a todos juntos.

Compartiendo esa idea, señora Díez, me atrevo incluso a ampliar el alcance de la misma. La corrupción amenaza nuestra democracia no solo porque dé aliento a quienes bajo una cierta capa de regeneracionismo de corte demagógico pretenden reducirla a una caricatura ineficiente, sino que la corrupción también pone en peligro el sistema democrático pero, sobre todo, socava uno de los valores tan intangibles y determinantes para el buen funcionamiento de una democracia y las instituciones como es el de la confianza. Una sociedad donde el instinto natural es la desconfianza termina siendo una sociedad que tarde o temprano convierte el engaño en una norma habitual. Hasta tal punto acierta su grupo al señalar esa relación de causa-efecto entre la corrupción y el riesgo para una sociedad democrática globalmente considerada, que comparto absolutamente con ustedes ese enfoque. Sin embargo, el problema -aquí quizá empieza mi discrepancia con su planteamiento- surge cuando se cede a una idea interesada -porque es un hecho que interesa a aquellos que se benefician del descrédito del sistema democrático- que pone en cuestión al conjunto de las instituciones. Dicen que la corrupción se ha convertido en una plaga que ha acabado por contaminar a todas las instituciones del Estado, sin excepción. Yo no comparto ese diagnóstico, señoría. La corrupción ha corrompido a personas que han traicionado la confianza y la responsabilidad que los ciudadanos han depositado en ellos, en muchas instituciones y es verdad que en una parte del tejido socioeconómico. Pero la corrupción no ha corrompido a las propias instituciones, ni al Estado, ni a España como sociedad. El presidente Rajoy dijo en esta Cámara hace poco -yo comparto esa afirmación- que España no está corrompida. España está superando una parte deplorable de su pasado -no todo el pasado ha sido eso- y lo está haciendo desde la base de sacarlo a la luz, de investigarlo, de instruirlo y de juzgarlo, no de ignorarlo o disculparlo. Si puede afrontar esas graves disfunciones es precisamente porque tenemos un sistema de justicia que funciona, una sociedad que no transige y una determinación del Gobierno para eliminar cualquier resquicio de estos comportamientos.

Señoría, su interpelación pone el foco en el aforamiento -voy a tratar de darle enseguida respuesta a esta cuestión-, pero lo hace presentándolo poco menos que como una causa o como cómplice de la corrupción. Mi obligación es recordar que un sistema corrompido no legisla contra la corrupción, como está haciéndolo esta Cámara por iniciativa del Gobierno mediante dos leyes tan importantes como la Ley del Estatuto del Alto Cargo o la Ley de financiación de los partidos políticos. Un sistema corrompido no estaría trabajando para alejar el horizonte de la prescripción para los corruptos hasta los quince años. Un sistema corrompido no promovería una cultura de eficiencia en la gestión en las administraciones públicas. Un sistema corrompido no legislaría tampoco en torno a la malversación de caudales públicos como una manera de administración desleal, o un Gobierno corrompido no sería un Gobierno que no estuviera concediendo indultos en este tipo de delitos. Por tanto, señoría, deberíamos poner de manifiesto que son muchas las cosas que nos diferencian de un sistema corrompido y confundir el diagnóstico de la situación no va a servir ni para combatir mejor la corrupción ni para fortalecer la confianza de los ciudadanos.


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Como decía, su interpelación acaba desembocando dentro de este contexto de lucha contra la corrupción en el aforamiento, y me gustaría hacer constar aquí también una segunda discrepancia del Gobierno con su planteamiento respecto a la, en mi opinión, transgresión conceptual que significa identificar la por todos indeseada impunidad de los corruptos con la figura constitucional del aforamiento. Señorías, mi opinión personal, la del Gobierno en su conjunto y la de la mayoría de los juristas, incluso también la de nuestros tribunales, como es el Tribunal Constitucional, es que el aforamiento no constituye una ventaja otorgada a la persona sobre la que recae, sino una garantía concebida como parte de la arquitectura que sostiene la institución en la que esta persona se integra. Así lo declaró el Tribunal Constitucional en sentencia de 11 de febrero de 1997, cuando dijo que las prerrogativas parlamentarias no se confunden con el privilegio, pues en ellas no encontramos las notas de la desigualdad ni de la excepcionalidad. Por eso el aforamiento es una garantía que forma parte del propio sistema parlamentario y es indisponible por sus titulares, y en este sentido creo que es necesario volver a hablar otra vez de qué es el aforamiento.

¿Es un derecho a escapar a la acción de la justicia? Bien sabemos todos que de ninguna manera. El aforamiento no pasa de ser un cambio en las reglas procesales sobre la competencia objetiva, territorial y funcional, y este cambio no hace sino reforzar la independencia del órgano jurisdiccional encargado de juzgar los posibles casos, porque al ser de composición colegiada incluso implica la hipotética desventaja para el justiciable, como usted decía, de no poder recurrir a una segunda instancia o someterse, en el caso de los militares, a una jurisdicción que pueda ser más severa que la jurisdicción civil. De este modo, el aforado por supuesto que puede ser imputado, juzgado y condenado y, además, por unos órganos especialmente capacitados y con dilatada experiencia cuyo carácter colegiado, insisto, puede reducir también la posibilidad de que se vean influenciados o presionados. En todo caso, lo que se pretende es el mayor grado posible de independencia y de imparcialidad en la acción de la justicia. Creo que no hay ningún colectivo que tenga establecido un aforamiento en la legislación vigente que no tenga detrás una causa que lo justifique. Pienso en los jueces, en los fiscales, en los policías, para los que el aforamiento es un medio para poder llevar a cabo sus funciones en aras del interés general. Hasta aquí, por tanto, la que era mi coincidencia inicial sobre la reflexión respecto a la corrupción y la discrepancia en torno al enfoque que ustedes asocian entre corrupción y aforamiento.

Señoría, me gustaría hacer una reflexión sobre por qué entre todos los aforamientos susceptibles de ser revocados proponen la suspensión de los más complejos desde el punto de vista formal, porque estamos hablando de una reforma constitucional. Aunque su señoría plantea que esto es muy fácil, que se puede hacer de manera muy sencilla, creo que no es tan fácil, como bien conocemos, constituir los consensos necesarios para llevar a cabo una reforma de la Constitución en este momento. En todo caso, estaremos encantados de que se proponga un debate en torno a esta figura. De los más de 280.000 responsables públicos que de una u otra manera están aforados, su señoría sugiere que abordemos una supresión de los que afectan a poco más de 600, lo que sin duda tiene un valor cualitativo, pero en términos cuantitativos no tanto y, además, no sería tan fácil.

El Gobierno está de acuerdo en que el número total de aforados, y más si nos comparamos con países de nuestro entorno, es demasiado alto. No debemos olvidar que las causas del aforamiento existen en todos los casos, pero le doy la razón en que seguramente tengamos que alcanzar un consenso en torno a este asunto, que no es un tema de juristas ni un tema formal, sino un tema que verdaderamente preocupa a la sociedad. Ahora bien, pretender que ese consenso pueda ser alcanzado mediante una reforma puntual de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución me parece poco realista, y usted ha citado cómo en 2010 hubo un consenso rápido para reformar el artículo 135 de la Constitución. Sinceramente, no sé si hoy podríamos repetir ese consenso a la vista de las manifestaciones de los distintos grupos parlamentarios. Por lo tanto, mientras no haya un nivel de consenso suficiente para abordar una reforma constitucional, no podremos abordar estos aforamientos a los que usted se refiere. Cosa distinta es si ustedes consideran y quieren proponer que hasta entonces vayamos trabajando en otro tipo de aforamientos. Hay múltiples aforamientos de los 280.000 que podrían ser tratados. Por ejemplo, me atrevo a enunciar los que se refieren a los jueces de paz, figura tan singular que tenemos establecida en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial. El presidente del Gobierno, en su comparecencia en esta Cámara el pasado 27 de noviembre, anunció nuestra disposición para trabajar en ese sentido.

Señoría, la Constitución no puede ser un problema. La Constitución es la solución porque lo que puede parecer una debilidad, la sucesión de escándalos asociados con la corrupción, es también un proceso de saneamiento, una vuelta a empezar en las condiciones de mayor transparencia y limpieza, y


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eso es posible gracias al Estado de derecho. Sacar a la luz la corrupción, juzgarla, poniendo desde la política los medios normativos que las administraciones necesitan para superar esta corrupción, es el mejor camino para abordar este proceso y no tirar por la borda la estabilidad de las instituciones, que, libres del lastre de la corrupción, son instituciones capaces, útiles y legítimas. Podemos y debemos trabajar contra la corrupción, podemos trabajar en la reforma de los aforamientos, pero manifiesto mis dudas sobre que empezar por el aforamiento de diputados y senadores sea la manera más eficaz. Estaremos trabajando sobre 600 de 280.000. Estamos dispuestos a promover este debate, esta reflexión, pero no focalizándolo exclusivamente en una reforma de la Constitución que, en nuestra opinión, seguramente en este momento careceríamos del consenso suficiente para llevarlo adelante. Esto no quiere decir que no estemos dispuestos a trabajar sobre ello.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, ministro.

Voy a empezar por hablar de las cosas que ha definido como discrepancias, porque no hace falta hablar sobre lo que estamos de acuerdo. Plantearé la cuestión desde la discrepancia que usted manifiesta. Le agradezco el tono, incluso la oferta de poder hablar sobre la cuestión que le he planteado. En primer lugar, me ha llamado la atención que en lo de la discrepancia se haya puesto a la defensiva, incluso que me haya contestado cosas que yo no he dicho. No he hablado de un gobierno corrompido, ni de unas instituciones corrompidas, ni de un sistema corrompido. No he hablado de eso, por tanto, no se defienda de aquello que no he mencionado. He hablado, y ese es el texto de la interpelación, de una plaga, porque sí creo que la corrupción política es una plaga, que ha acabado por contaminar, no por corromper, las instituciones. Y ya me parece gravísimo. No le estoy quitando importancia, pero lo digo para que no se ponga a la defensiva y pongamos las cuestiones en sus justos términos. Bastante grave es que la corrupción haya contaminado demasiadas instituciones políticas. Usted lo sabe bien.

En relación con la reforma de estos dos artículos de la Constitución -me voy a centrar en ello-, dice usted, primero, que todos los aforamientos en España están justificados y que esta reforma que le plantea mi grupo es extremadamente compleja y que, además, los juristas están de acuerdo en que todos los aforamientos están justificados. Desde aquel debate de 2013, la percepción en España, incluso el discurso público al respecto, ha cambiado mucho. Recuerdo aquel Pleno en el que todos los parlamentarios y todos los portavoces me llamaron de todo, parlamentarios y portavoces que hoy desde sus grupos hablan de la necesidad de repensar esta cuestión, y usted lo ha hecho también en nombre del Gobierno. Por tanto, ya hemos avanzado algo, y es que tenemos que revisar esta cuestión. También desde el punto de vista jurídico se ha avanzado, por lo menos en los posicionamientos públicos. Yo citaba antes al ministro Gallardón -no quiere decir eso que sea desde el punto de vista jurídico-, he citado que el Tribunal Supremo en junio de este año instó en una sentencia a reducir el número de aforados. Lo hacía en relación con una causa policial, pero hizo una sentencia en la que instaba a reducirlo. Pero es que la última memoria del fiscal habla de la necesidad de reducir los aforados, es que la memoria del Consejo General del Poder Judicial -esa sobre la que votamos resoluciones la semana pasada- habla de la necesidad de reducir aforados. Ya no es un clamor ciudadano, en el sentido de que los ciudadanos perciban que el aforamiento es un privilegio, que lo es para los políticos. No he hablado aquí de los guardias civiles, ni de los policías, ni de todos aquellos en los que sí tiene una justificación; estoy hablando del aforamiento de los políticos, del nuestro, ministro, del suyo y del mío. Cuantitativamente es poco importante, dice usted que son 600, pero no es lo cuantitativo, es lo cualitativo, es que hay que dar ejemplo. No vamos a empezar a revisar los aforamientos de otros, sin revisar los nuestros. Porque tampoco es casual, ministro -no me ha dicho usted nada al respecto-, que si miramos los países del entorno seamos los políticos los que no tenemos comparación en el aforamiento con los países de nuestro entorno. Hay otros colectivos que están aforados en esos países que he citado, pero ni los ministros ni los parlamentarios lo están. Son los aforamientos políticos los que hay que suprimir, los nuestros, y hay que hacerlo desde la Constitución, suprimiendo dos artículos.

Dice usted que no es fácil, que no hay consenso ni clima. Tienen ustedes mayoría absoluta, se puede construir ese clima si se quiere, porque, repito, tienen mayoría absoluta. Esto que le he planteado a usted hoy aquí se lo he planteado al presidente del Gobierno por carta, hace un mes o mes y medio, en privado. Me parece que tenemos que dar ejemplo, es lo cualitativo, demos ejemplo porque nos lo demandan los


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ciudadanos; demos ejemplo. Si no se trata de ahorrar dinero, en este caso no estamos hablando de eso, porque está la necesidad de dar ejemplo político y la necesidad de responder a una demanda de los ciudadanos que nos piden ejemplo y que son cada vez más exigentes.

Usted conoce estos cuadros igual que yo, no son cuadros para fotos, no hay fotógrafos. (Muestra unos gráficos). ¿Cuál es el mayor problema que existe actualmente en España? La corrupción. ¿Cree que ha aumentado mucho la corrupción en nuestro país?

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, acabó su tiempo.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino.

Pues sí, 1.661 causas nuevas. Y así sucesivamente. Es decir, a esto, que es una realidad y, además de una realidad, una percepción hay que darle una respuesta, una respuesta política que se puede dar desde esta Cámara, con iniciativa del Gobierno y con acuerdo de los parlamentarios. Se lo pido otra vez, ministro, le pido que abordemos esta reforma concreta, que es una reforma de ejemplo democrático. Cuando lo hagamos, si lo hacemos, los ciudadanos empezarán a creernos y eso será muy bueno para la democracia.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.

Señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.

Señorías, empecé poniendo de manifiesto mi coincidencia sobre la importancia que tiene la corrupción y la importancia de tomar medidas eficaces contra ella, pero enseguida puse de manifiesto que el texto de su propuesta, su interpelación urgente al Gobierno, decía que en España la corrupción es sistémica y que se ha convertido en una plaga que ha acabado por contaminar a todas las instituciones del Estado sin excepción. Por eso quería matizar y decir que en España hay un Gobierno que lucha contra la corrupción, hay un Parlamento que aprueba leyes contra la corrupción, hay muchos ayuntamientos, muchos concejales, muchos diputados autonómicos, muchas personas que trabajan cada día en el sector público y que dan ejemplo de profesionalidad, de independencia y de cumplimiento y respeto a las leyes. Ese era mi matiz a su intervención porque me parecía que no deberíamos abordar ningún debate sobre la corrupción, partiendo del hecho de que todas las instituciones, en toda su extensión, están corruptas, porque con eso lo que estamos haciendo es minar todavía más la imagen y la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

En segundo lugar, también le manifestaba mi discrepancia con una de las bases de su planteamiento, y es que el aforamiento es un privilegio. En absoluto. Insisto en que el aforamiento significa un cambio en las reglas procesales, pero evidentemente ningún aforado deja de poder ser enjuiciado, condenado por la comisión de cualquier tipo de delito; simplemente lo hará en un órgano jurisdiccional distinto al que le correspondería como persona física. Además, insisto en que no deberíamos dejar de lado que en ocasiones que sean órganos colegiados de naturaleza superior en el ámbito jurisdiccional quienes conozcan de las causas lo que, si acaso, puede generar eso es un mayor control, una mayor especialización y una resolución colegiada y no unipersonal. Por lo tanto, incluso podríamos hacer un análisis de que el enjuiciamiento por este tipo de tribunales colegiados genera un mayor control y una mayor supervisión. Nadie lo ha hecho. Hemos querido dar a entender que el aforamiento es un privilegio y, señoría, eso requeriría, primero, una reflexión y, segundo, intentar no contaminar el debate sobre los privilegios de los políticos o de cualquier otro metiendo en ello el aforamiento como la primera manifestación que habría que modificar. No creo en absoluto que el aforamiento tenga esa naturaleza.

Ahora bien, ¿es necesario reducir el número de aforados? Totalmente de acuerdo. ¿Hemos ido a un modelo que ha ido extendiendo cada vez más unas reglas de enjuiciamiento singular para determinados ámbitos públicos? Sin ninguna duda. De los 280.000 aforados que existen en España seguramente algunos de ellos tienen algún fundamento y alguna razón y otros las tienen de menor naturaleza. Su señoría propone que empecemos por las que están precisamente en la Constitución. Yo decía que hay una complejidad porque la Constitución se reforma con las mayorías que son necesarias para ello y no me consta que exista el consenso suficiente para llevarla adelante, pero también propongo que lo trabajemos y que, por lo tanto, creemos los formatos suficientes de trabajo y de reflexión para constatar si estamos en condiciones de hacer una propuesta seria, viable en este contexto.


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De todas formas -no lo he mencionado antes, pero quisiera aprovechar estos últimos minutos de intervención para ponerlo de manifiesto-, generalmente, como bien conocen sus señorías, un sistema jurídico es un conjunto de piezas que tienen una cierta coherencia unas con otras y, cuando hay un sistema de aforamientos, hay unas reglas procesales, y, cuando desaparecen los aforamientos, quizá también deberíamos ser conscientes del impacto que tienen en otras reglas procesales o del papel que desempeña, por ejemplo, la acusación popular en nuestro sistema jurídico y que seguramente sería objeto de revisión y de reconsideración para poder tener un sistema de equilibrios razonables, donde, por ejemplo, si revisamos los aforamientos de jueces y magistrados, no nos encontremos que quien está revisando sentencias de un tribunal de orden inferior acabe siendo enjuiciado por ese mismo orden jurisdiccional, y hay otros tantos casos que tienen que ver con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o con los miembros de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, es muy importante aportar esa reflexión.

No deberíamos contaminar el debate sobre que la corrupción es generalizada, está presente en todas las instituciones, que el aforamiento es un privilegio, porque, si partimos de esos dos elementos, estamos ya contaminando la reflexión. La reflexión sobre la reducción de aforamientos me parece muy razonable, muy oportuna. Deberíamos identificar por dónde empezamos. ¿Y por dónde empezamos? Coincido con usted, señoría, sobre lo cualitativo, sin duda hay que empezar dando ejemplo por uno mismo, pero también midamos las complejidades técnicas político-parlamentarias y de mayorías para llevarlas a cabo. Hay otras que son mucho más sencillas y que podríamos hacer en un contexto general, de reflexión. Vamos a tener reformas legislativas en esta Cámara en breve en torno a la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por lo tanto, estoy seguro de que en ese contexto, insisto, eludiendo el concepto de privilegio y de corrupción generalizada que impregna a todas las instituciones, podremos encontrar entornos para conseguir consensos de reformas de los aforamientos no solamente de diputados y senadores, sino de muchas otras personas e instituciones que seguramente no son necesarios si van acompañadas también de reformas procesales adecuadas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor ministro.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS PERMISOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS EN CANARIAS Y EL MEDITERRÁNEO. (Número de expediente 172/000284).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente interpelación, en este caso, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los permisos de investigación y exploración de hidrocarburos en Canarias y en el Mediterráneo. Para su defensa y presentación, tiene la palabra la señora Hernández Gutiérrez.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señora presidenta.

Los permisos de investigación o autorizaciones de explotación de hidrocarburos aprobados o en trámite en aguas de jurisdicción española, en la costa mediterránea -en las islas Columbretes, en Denia-, en aguas peninsulares, en Baleares o en islas Canarias, las prospecciones, les decía, para evaluar la existencia de hidrocarburos en el subsuelo marino de estas aguas están siendo objeto de una fortísima oposición ciudadana allí donde tienen lugar. Señor Soria, usted en esto está solo, está absolutamente solo. Enfrente tiene el rechazo masivo de la sociedad de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, de Baleares y de Canarias. Enfrente tiene a los ayuntamientos, a los gobiernos y a los legítimos representantes de los ciudadanos. Enfrente tiene a la comunidad científica. Enfrente tiene a los ciudadanos. Enfrente, por tener, tiene hasta a sus compañeros de partido de Baleares y de la Comunidad Valenciana. Es cierto que en Canarias no, y en las Cortes Generales bastantes pocos se atreven a llevarle la contraria, y en el caso de que lo hagan son sancionados con multas ejemplares que pretenden acallar a los que tengan la tentación de votar lo que quieren los ciudadanos y oponerse a lo que usted les dice.

Su mayoría absoluta, esa que obtuvieron con mentiras, su mayoría absoluta coyuntural, no les da derecho a hipotecar el presente y el futuro de los baleares, los canarios o los valencianos. Es evidente también que están intentando en este caso ir a los hechos consumados. Es paradigmático en Canarias el desprecio absoluto a la población y a las instituciones de las islas. Son tantas las dudas sobre la legalidad de los expedientes, tantas las incertidumbres, tantas las cosas que están en peligro, tanto lo que podemos perder, que lo prudente, lo aconsejable, lo razonable, lo que la inmensa mayoría de los


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ciudadanos quiere es que se suspendan los permisos de investigación y las prospecciones. Vengo aquí con la legitimidad y la obligación de defender los intereses de la ciudadanía a la que represento, de defender sus fondos marinos, sus playas, su principal fuente de riqueza, el turismo, pero no solo eso. Nuestra posición -espero que de una vez lo entienda- también defiende un recurso vital, el agua dulce, que en las islas Canarias proviene de la desalación de agua. En el caso de Lanzarote y Fuerteventura, el agua desalada supone el 90 % del consumo de agua de estas islas. Un vertido dejaría sin agua a 200.000 habitantes de estas islas, más por supuesto los turistas que vienen. Es evidente, señor Soria, que usted juega con cosas muy serias.

Parece mentira que a ustedes, precisamente a ustedes, haya que recordarles el daño que pueden causar los accidentes por vertido de petróleo. El caso Prestige puede repetirse multiplicado en daños para todos en Canarias, en Baleares, en Columbretes o en cualquiera de los lugares donde se han autorizado. Ya sé que el señor de los hilillos de plastilina nunca le dio importancia, pero, insisto, estas cosas ocurren. El riesgo existe. Discúlpeme, pero no estamos dispuestos a que usted ponga en riesgo nuestra fuente de riqueza, nuestro futuro y hasta nuestra agua potable. ¿Es usted capaz de asegurar que no va a haber vertidos? Repito. ¿Es usted capaz de asegurar que no va a haber vertidos? Es evidente que no podrá. Por eso ha presumido de obligar a Repsol a constituir un seguro civil de 40 millones y una garantía financiera de riesgos medioambientales de 20 millones, 60 millones, frente a los 25.000 millones de dólares que pagó BP por el derrame en 2010 del pozo Macondo, en el Golfo de México, a 75 kilómetros de la costa de Luisiana. Las perforaciones de Repsol, como usted sabe, están a 60 kilómetros de nuestra costa.

La autorización de las prospecciones de petróleo frente a las costas españolas no ha tenido una correcta evaluación de los riesgos. Las autorizaciones de investigación y de explotación de hidrocarburos deben paralizarse y debemos volver al punto de partida, hacer de nuevo todo el proceso. Pongamos en contexto a su Gobierno, a usted. Entre los países de la Unión Europea, Alemania sigue un modelo energético que apuesta claramente por las renovables, lo mismo que Gran Bretaña y Francia, los grandes de la Unión Europea, a los que a usted tanto le gusta mirar. Ponen su mirada en el futuro, un futuro que el Partido Popular ni ve ni le interesa. Hasta anunciaron el 12 de noviembre un histórico acuerdo para luchar contra el cambio climático que incluirá recortes en sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esperan que sirva de ejemplo a nivel internacional. ¿Y usted qué hace? Atacar sin cuartel las energías renovables de todos nuestros mares, reformar sobre reformas sobre reformas en un despropósito en el sector energético. Pero siete millones de familias siguen en riesgo de pobreza energética, y mientras su ministra de Medio Ambiente se va a la Cumbre del Clima en Lima, usted promueve el fracking y las prospecciones. El mundo persigue luchar contra el cambio climático, ya sabemos que ustedes no, pero los demás sí son conscientes de la necesidad de la actuación y de su responsabilidad en la consecución.

Los países más desarrollados buscan economías bajas en carbono, invierten en energías renovables. Su posición no está alineada con las posiciones de la Unión Europea ni con los intereses generales de la ciudadanía, ni en Baleares ni en Canarias; su posición está alineada con los intereses privados de las empresas y es, desde luego, muy difícil de explicar. También peligran sectores de los que dependen estos territorios, peligra el turismo, un tercio del PIB, de los empleos, de los ingresos tributarios, por eso las actuaciones deben paralizarse hasta que valoremos si compensa o no al interés general o solo beneficia a Repsol, y desde luego teniendo en cuenta lo que opinan los territorios y comunidades a los que les afecta. No vale el: si no es España será Marruecos, porque es mentira. Una vez más usted confunde los intereses de España con los de Repsol; no es España o Marruecos, ya está bien. Repsol no es España, Repsol no es Canarias, por más que usted confunda los intereses públicos con los privados. El petróleo no es un recurso nacionalizado, los beneficios pertenecen a las empresas titulares de la explotación. Además, como poco es tendencioso, si no un disparate. No existe una gran bolsa de petróleo o de gas a la que se pueda acceder desde ambos lados de la mediana. No utilice ese argumento, que ya le ha dicho su amigo Brufau que nada tiene que ver una cosa con la otra, que son placas diferentes. Así que, por más que intente manipular, el petróleo no es del primer país que llegue con sus tuberías, taladros y perforadoras, primero, porque ni llega al país ni se lo queda el país, esto no es Noruega, el petróleo no está nacionalizado. Segundo, porque, como dice Brufau, son cosas diferentes. Además, son y serán más alejadas, es evidente, y en aguas menos profundas, por lo tanto, con menor riesgo para nuestra tierra. En cualquier caso, quiero que Marruecos desista, pero para que Marruecos desista debe desistir usted primero y ponerse a ello, ponerse igual que se puso el Gobierno de España cuando se iba a construir una central nuclear en Tan Tan en el año 1999, ¿se acuerda usted? El Gobierno de España consiguió su objetivo.


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Otro de los argumentos que de forma miserable usted utiliza es nuevamente el desempleo. Lo utilizaron para ganar las elecciones; cuando yo gobierne, bajará el paro. ¿Se acuerda de la foto en la cola del INEM? Nuevamente, un argumento sostenido en el tiempo y una falsedad inaceptable. Primero hablaron de 52.000 empleos -por cierto, Repsol tiene 25.126 empleos en todo el mundo- luego de 3.000. La realidad se encuentra en un documento de Repsol titulado Medidas de protección medioambiental, donde enumera el número de empleos que contrataría. Se lo digo yo, se lo dice su amigo Brufau: plataforma, 80 a 100 empleos; barco de apoyo, uno, 8 a 12 empleos; un helicóptero, un piloto y un copiloto. Esto es, un máximo de 114 empleos, que no tienen por qué ser de Canarias ni de Baleares, 114 empleos. ¿Quiere usted poner en riesgo el trabajo de centenares de miles de personas y su suministro de agua por 114 puestos de trabajo? Usted además dijo en esta casa que la búsqueda de petróleo generaría empleo. ¿Sabe cuántos puestos de trabajo ha tramitado Repsol a través del Servicio Canario de Empleo? Cero; usted mintió. La búsqueda de petróleo en Canarias no ha generado ni un solo puesto de trabajo. (Aplausos).

A la desesperada, usted ha anunciado comisiones para comprar voluntades. Están demasiado acostumbrados a ofrecer un trozo de pastel para cerrar el trato; pero en nuestro mundo, por jugosa que sea la mordida, la especulación con el futuro de las personas no se vende, además por cuatro perras. Nosotros no vamos a vender nuestras playas, nuestro turismo, nuestro futuro, nuestros empleos, por un plato de lentejas. Nuestro petróleo es el medio ambiente y el turismo, como le han dicho muchísimas veces sus compañeros de partido. Además de eso, usted ha bajado 3 puntos el impuesto sobre sociedades a todas las empresas, también a las del petróleo, y las bonificaciones para las empresas del petróleo son del 50 %. Por tanto, estamos hablando de que el impuesto sobre sociedades que esas empresas pagan a nuestro país está por debajo del 15 %. Usted quiere arreglarlo con una mordida de en torno a un 8 %; no lo sabemos muy bien porque no nos ha pasado el documento.

Hace una década su futuro se vistió de chapapote, y así les fue. (Rumores). Sí, los gallegos no están de acuerdo con ustedes en que les ha ido muy bien. (Rumores). Los gallegos no están de acuerdo...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Hernández, el debate lo tiene usted con el ministro.

Señores diputados, no interrumpan.

Señora Hernández...

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Es curioso que me interrumpa la presidenta cuando digo...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Hernández, estoy hablando.

Señores diputados, no interrumpan a la diputada, que tiene un debate con el ministro y no con ustedes.

Continúe, señora Hernández.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Es curioso que la presidenta me llame la atención por algo que digo en la tribuna después de haber sido interrumpida...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Hernández, no le he llamado la atención, la he amparado. No sea usted tan unidimensional.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Yo no voy a discutir...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Hernández, estoy hablando, por favor. Al revés, la estoy defendiendo porque es mi obligación. (Rumores).

Continúe, señora Hernández.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: No han querido escuchar a los canarios ni contestando al referéndum, en la consulta, ni en las encuestas y ahora parece que ni siquiera desde la Mesa de la Cámara quieren dejar hablar a sus legítimos representantes.

Les decía que hace una década su futuro se vistió de chapapote y así les fue. En este caso tienen la oportunidad de rectificar, de escuchar a la gente que clama que por ahí no es, que por ahí no se va. Deje, por favor, de hacer oídos sordos. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Hernández, mi obligación como presidenta de esta Cámara es ampararla para que no se abran debates con usted, porque usted tiene un debate con un ministro. Para que usted no pierda un minuto. Sea un poco menos unidimensional, le vendrá bien.

Adelante, señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias, señora presidenta.

Gracias, señoría, por la interpelación que me formula que me da nuevamente la oportunidad de subrayar los argumentos sólidos, de rigor, que ha utilizado el Gobierno para autorizar las prospecciones de hidrocarburos.

Acaba de decir usted: Nuestro petróleo es el medio ambiente. Una declaración solemne, pero permítame que le diga que su petróleo es la demagogia pura y dura. (Aplausos). Eso sí que es el petróleo que ustedes utilizan en esta materia. Pero como sé que aquí tiene usted poca memoria, le voy a recordar una frase a ver si adivina de quién era: Si soy presidente del Gobierno de Canarias -decía uno que yo conozco y usted también- autorizaré las prospecciones con los ojos cerrados. Adivina, adivinanza. ¿Cree usted que quien dijo eso fue el candidato del Partido Popular? ¿Cree usted que era el candidato de Coalición Canaria? Tampoco; es verdad lo que está pensando, el de Coalición Canaria no decía eso, decía otra cosa. El de Coalición Canaria, que es su socio, entonces decía: Las prospecciones de hidrocarburos deben ser una competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias porque son una actividad muy importante para la economía de Canarias. ¿Y entonces quién decía eso de que si soy presidente del Gobierno autorizaré las prospecciones con los ojos cerrados? (Rumores). Veo que todavía no lo adivina, pero su compañero el señor Franquis, que ya está sonriendo, sé que tiene el nombre en la punta de la lengua. Efectivamente, lo ha adivinado, el que todavía es secretario general de su partido. Y usted me podrá decir: Sí, pero yo no tengo nada que ver con él; de hecho, me he presentado a unas primarias en las que no me ha apoyado y yo ahí no tengo nada que ver. Pues lo lamento mucho, señoría, pero es su partido, su candidato, quien dijo: Con los ojos cerrados apoyaré las prospecciones. (Rumores.-La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben). Yo le pediría -aparte de un poco de respeto a sus señorías- que saliera usted hoy aquí y explicara -porque es legítimo que usted haya cambiado de posición, es muy legítimo, ¿por qué no va a poder usted cambiar de posición?, claro que puede- por qué hace cuatro años -porque supongo que también en aquel momento estaba de acuerdo- habría autorizado prospecciones con los ojos cerrados y hoy resulta que no lo haría ni siquiera con las declaraciones de impacto ambiental que realizan los funcionarios y expertos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Por cierto, exactamente los mismos expertos que había antes, porque le diré una cosa que probablemente sepa pero que a lo mejor no tiene muy claro, cuando cambian los Gobiernos no cambian los funcionarios, doña Patricia Hernández; cambian los Gobiernos, pero los funcionarios siguen siendo los mismos, pertenecen a cuerpos del Estado, están ahí no por casualidad sino porque han hecho unas duras oposiciones y son exactamente los mismos los que había antes que los que hay ahora.

Habla usted en su interpelación de que en el caso concreto de las prospecciones autorizadas a 50 kilómetros de Canarias ha habido un desprecio a los canarios. Y he creído entender que usted ha dicho que tiene la legitimidad para defender a la ciudadanía. Supongo que usted tendrá la misma legitimidad que tengo yo, porque como pretenda decir que tiene más permítame que le exprese mis dudas, por muchas razones, entre otras porque usted y yo somos diputados, usted por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y yo por la de Las Palmas. Pero si vamos a ver quién tiene más legitimidad, le recordaré que quien ganó las elecciones autonómicas en 2011 y las generales en Canarias no fue su partido; le puedo recordar cuál fue, particularmente quien le está hablando encabezaba la candidatura que ganó las elecciones. Por tanto, por favor, déjese de dar lecciones sobre legitimidad. La que tiene usted es exactamente igual que la que tiene quien le habla desde esta tribuna.

Se refiere usted también en su intervención a las energías renovables: petróleo no, energías renovables sí. Y dice usted que con la reforma nos hemos cargado las energías renovables. Le diré una cosa, señoría, el Gobierno del Partido Socialista cometió demasiados errores con su política en relación con las energías renovables y provocó una burbuja fotovoltaica, que se produjo en la primavera del año 2008, señora Hernández, ante las propias narices del Gobierno y que fue alentada deslealmente por los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que daban todo tipo de facilidades burocráticas -algunas apurando al máximo la legalidad- lo que supuso la avalancha de solicitudes antes de que finalizara el año. Esa es la


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política que en materia de energías renovables llevaba a cabo no este Gobierno sino el anterior. Probablemente usted no esté de acuerdo con esto que acabo de expresar, pero eso lo dijo directamente no quien le habla sino el anterior ministro de Industria, Energía y Comercio. Por tanto, señora Hernández, antes de plantear una enmienda a la totalidad de la política energética de este Gobierno -por cierto, que está consiguiendo disminuir los precios de la electricidad, disminuir los precios de los carburantes y disminuir el déficit del sistema eléctrico- yo le pediría que haga usted caso de quien dirigía la política energética del anterior y vea lo que ahora dice de lo que entonces hizo su Gobierno.

Habla usted de la incompatibilidad de este tipo de actividades con el turismo y muestra mucha preocupación. Pues, primera consideración que le quiero hacer, ni la actividad de exploración ni la de explotación de hidrocarburos son incompatibles con el turismo. El primer ejemplo lo tenemos en España, donde se producen unos 8.000 barriles de petróleo al día a través de la plataforma Casablanca situada a 43 kilómetros de la Costa Dorada. Sabe usted que allí mismo se encuentra uno de los núcleos importantes del turismo en España y nada más y nada menos que uno de los parques temáticos más importantes de todo el país, Port Aventura; llevan treinta años en perfecta compatibilidad y, que yo sepa -no sé si usted tiene otras noticias al respecto-, no ha habido nunca el más mínimo problema. Sin embargo, España es una excepción en el escenario de las exploraciones que se acometen en las costas europeas. Le voy a poner un ejemplo. Italia, también país turístico, encabeza el mayor número de instalaciones marinas en producción con 123, muchas de ellas localizadas en el mar Adriático, en el mar Jónico y en el canal de Sicilia. En California usted sabe muy bien que se encuentran probablemente los resorts turísticos de mayor calidad de Estados Unidos. Si usted ha ido alguna vez por la autopista que va desde Santa Mónica o Santa Bárbara hacia Los Ángeles, a mano derecha habrá visto unas playas extraordinarias todas llenas de surfistas, y no a 50 kilómetros ni a 40, ni a 30, sino a 5 kilómetros se ven plataformas de petróleo. Pero no nos vayamos tan lejos, vamos a quedarnos en nuestro entorno, en Europa. En el Mar del Norte, situadas en países tan respetuosos con el medio ambiente como Noruega o Dinamarca, existen más de 1.342 -tome nota, sí- instalaciones marinas de extracción de petróleo y de gas natural. ¿Quién le contó a usted eso de la incompatibilidad entre el turismo y las extracciones? ¿Quién le ha contado eso de la incompatibilidad entre este tipo de actividades y el medio ambiente?

Y a lo mejor a usted le han contado que esto es una cosa nueva en España que se ha inventado este Gobierno del Partido Popular. Pues no. Le voy a dar información que le puede ser de mucha utilidad. Desde los años sesenta hasta ahora solo en la cuenca del golfo de Valencia se han completado 207 campañas sísmicas. Una campaña sísmica, como usted sabe muy bien, es una ecografía que se hace desde la superficie del mar para determinar si en la morfología del subsuelo marino hay o no hay una probabilidad alta de que haya hidrocarburos. Si la campaña sísmica resulta favorable, entonces -y solo entonces- se hace un sondeo. Por tanto, señorías, no es algo que se ha inventado este Gobierno. De hecho, ¿cuál cree usted que fue el Gobierno que en el año 2010 dio la última autorización para hacer una campaña sísmica cerca de Baleares? ¿Quién cree usted que estaba gobernando también en Baleares en el año 2010 cuando se impulsaron aquellos sondeos? Señoría, la investigación en materia de hidrocarburos en España no es una cosa nueva. ¿Sabe usted a cuándo se remonta? A los años cuarenta, cincuenta, sesenta. Hay una larga tradición de exploración en materia de hidrocarburos. Y por aquí, por España, durante los años cincuenta, sesenta y setenta han pasado prácticamente todas las multinacionales del sector de hidrocarburos porque tuvieron autorizaciones, que, por cierto, siguieron teniendo en los años ochenta y noventa. Por tanto, señorías, no estamos ante una actividad que se haya inventado este Gobierno ni muchísimo menos.

Le daré alguna información adicional. Hasta la fecha en España se han perforado 689 pozos, 422 en tierra y 267 offshore, en el mar. De los realizados en el mar, más de 200 se han perforado en el Mediterráneo; por cierto, ninguno durante la etapa de este Gobierno, la mayor parte durante los Gobiernos socialistas de los años ochenta y noventa. De estos, más de 60 han sido exitosos. Nunca, señorías, nunca -me hizo una pregunta concreta a este respecto- se ha producido ningún accidente grave relacionado con estas actividades que se han llevado a cabo en España. Señoría, por ejemplo, ¿sabe usted cuántos sondeos se hicieron en España en 1986? No se perforó uno ni dos, ni tres, ni diez, ni veinte, ni treinta, ni cuarenta, se hicieron 126 sondeos en el año 1986. Pregunta: ¿qué Gobierno autorizó aquellos sondeos? ¿Acaso un Gobierno del Partido Popular? No, señoría, los autorizó, creo que con muy buen criterio -entonces el criterio del Partido Socialista era serio, de rigor, pero ahora no lo es-, un Gobierno del Partido Socialista. Señorías, entre 2005 y 2008 se completaron cuatro sondeos en España. ¿Eso es mucho o poco? Pues mire, durante el mismo periodo de tiempo hubo 39 sondeos en Italia y 15 en Francia. Por tanto, señorías,


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la exploración no es una actividad de esta legislatura, está usted equivocada radicalmente, y si se lo han dicho le han inducido usted a un error. Como le decía con anterioridad, los sondeos empezaron en 1940 y se concentraron en España fundamentalmente en cuatro cuencas: Cantabria, golfo de Valencia, golfo de Cádiz y cuenca del Guadalquivir. Por tanto, señorías, no es una actividad nueva.

La legislación le preocupa. La legislación española es la más garantista que hay en Europa. Le voy a poner algunos ejemplos: en España la nueva Ley de Impacto Ambiental hace que todas las tramitaciones en vigor se sometan a evaluación de impacto ambiental con información pública. Esto en España; le voy a decir lo que ocurre en Noruega. En Noruega, las actividades de exploración, incluidas las campañas sísmicas, no se someten a impacto ambiental en ningún caso. Aquí, en España, señorías, tenemos mayores requisitos que en Noruega. ¿Tiene usted alguna duda respecto a la consideración que en materia medioambiental hay en Noruega? Yo no tengo ninguna, es probablemente uno de los países más avanzados del mundo. Pues bien, en España somos más garantistas aún en esta materia que en Noruega. Caso del Reino Unido: se realizan guías elaboradas por un comité...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor ministro, tiene que finalizar.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Ya acabo, señora presidenta.

... donde se establecen unos criterios generales que se deben seguir para minimizar los riesgos de afección; unas guías generales, es decir, no hay tampoco declaración de impacto ambiental. Y en Canadá se hace un estudio de presencia y condiciones de los icebergs y las aguas heladas. Por tanto, señorías, legislación garantista como la hay en Europa no la hay en ninguna parte del mundo, pero es que dentro de Europa no hay ninguna como la de España, ni en países como Noruega o el Reino Unido. Esa es la garantía de que aquí hacemos las cosas como las tenemos que hacer.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Señora Hernández.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Voy a empezar por donde empezó usted: el petróleo es el medio ambiente, nuestro petróleo es el medio ambiente. Me ha acusado usted de demagogia. En fin, tiene narices que ustedes, con su programa electoral, acusen a otros de demagogia. En cualquier caso, yo sí que no lo he citado porque comparto esas declaraciones; lo de que el petróleo es el medio ambiente son declaraciones de González Pons, no sé si lo conoce, o de Bauzá, el presidente de la Comunidad de Baleares. (Aplausos). Lo digo porque antes de acusar de demagogia usted debería revisar estas cosas, porque creo que se lo ha dicho a usted también; por lo menos él dice a la Comunidad de Baleares que se lo dice a usted también. Dice otras cosas, como que es una energía antigua, sucia y a extinguir, y que ya no es el tiempo del oro negro sino del verde; que los ciudadanos tememos al chapopote y a no ver los eclipses de la luna sobre el mar porque los tape una torre petrolífera; que nuestro petróleo es el turismo y defenderemos esa postura donde sea y no permitiremos jamás de los jamases que se autoricen prospecciones en nuestro mar. Estas son reflexiones no de un nacionalista, no de un socialista, sino de un miembro del Partido Popular, del señor presidente de la comunidad balear.

En cualquier caso, como usted me ha aludido, yo estoy corroborando lo que pensaba de usted. Es que usted solo habla de pasado, porque usted ya es pasado, señor Soria. (Aplausos). Es verdad que usted ganó las elecciones, de lo que estoy segura es de que no las volvería a ganar. Tal es así -y usted lo sabe- que no se atreve a enfrentarse en las urnas a los canarios. (Aplausos). Y si no, preséntese. Se me sonríe. Preséntese; preséntese en Canarias. Yo quiero y puedo. Usted sabe que no puede y, por lo tanto, no quiere, porque quiere seguir diciendo que ya las ganó en el pasado.

En cuanto a las declaraciones de José Miguel Pérez, hay una posición clara que es la del Partido Socialista. Las declaraciones de José Miguel Pérez -que según él cuenta usted manipula- no vinculan al Partido Socialista; son las de él. Por cierto, como usted sabe -porque a usted el pasado le encanta-, las prospecciones fueron autorizados hace muchos años, en 2001, por el señor Aznar, y esa decisión fue recurrida. ¿Por quiénes? Por socialistas. Esa decisión no fue recurrida por miembros nacionalistas ni tampoco por miembros del Partido Popular, fue recurrida por socialistas y paralizada, y la sentencia salió cuando llegó José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. Y a pesar de las presiones y a pesar de las solicitudes de Repsol no se hicieron. ¿Cuándo se hicieron y se pusieron a toda prisa? Cuando usted llegó


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al ministerio. Cuando usted llegó al ministerio, desoyendo a las instituciones canarias, desoyendo a la población canaria, autorizó esas prospecciones y puso a todo meter esos informes. Y usted podrá decir lo que quiera, pero hay otros informes de la comunidad científica, de las universidades, que discrepan de esos informes que usted mueve.

Veo que hoy no nos ha hablado del empleo. Claro, como hemos sacado suficientes datos para decir que son 112 los puestos de trabajo... Veo que hoy no se le ha ocurrido decir aquello de una bolsa que está debajo del mar, a la que llegan Marruecos y España y ponen los tubos para sacar el petróleo. Veo que hoy ese disparate se lo ha ahorrado y nos lo ha ahorrado. Ahora bien, que usted diga que el precio del hidrocarburo baja por su gestión... Yo sabía que usted era, digamos, un tanto soberbio, pero ¿tanto? ¿El barril de Brent tanto depende de usted y de su gestión? ¿Tanto? (Aplausos). ¿Que el barril de Brent esté en 65,83 dólares es gracias a su gestión? ¿De verdad, señor Soria? Igual lo que es responsabilidad suya y no hace es que esa bajada del petróleo repercuta en la ciudadanía. ¡Eso sí que es responsabilidad suya y no lo está haciendo! (Aplausos). A usted no le pagan por llegar aquí y hablar de don José Miguel Pérez y meterse con la oposición, a usted le pagan por estas cosas. A usted le pagan porque el coste del barril de Brent, la bajada, llegue a los ciudadanos. A usted le pagan por arreglar el futuro, por hablar de energías renovables.

Yo le he hecho una pregunta muy concreta. Yo no le he hablado de los accidentes, porque le podría decir que son siete mil los accidentes en los últimos años de la empresa que hace las prospecciones en Canarias; siete mil. Yo le he hecho una pregunta directa. ¿Usted puede asegurar que no va a haber derrames en Canarias? Y la respuesta es no. ¿Sabe por qué? Porque usted mismo les ha obligado a sacar un seguro ante la posibilidad de ese derrame. Y yo le digo que con nuestra tierra, con nuestros recursos no se juega; no se juega. Y tampoco se juega de forma miserable a intentar hacerles creer que van a tener un puesto de trabajo. Usted dijo aquí que la búsqueda de petróleo iba a generar empleo, jugando de forma disparatada con un drama que ni a usted ni a su entorno le afecta, que es el desempleo, y ni un puesto de trabajo se ha creado en Canarias con esa búsqueda.

Tengo poco más que decir, porque no me ha contestado a nada. Me podría remitir a mi primera intervención o a la de hace cinco años, porque usted no avanza. Usted está en la misma posición, en la posición de los fósiles, en la posición del pasado, mientras que su tierra, su gente, a la que no quiere escuchar, le dicen que no ponga en riesgo su futuro, el de sus hijos y el de sus nietos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Hernández.

Señor ministro de Industria.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, ha sido usted -no he sido yo- quien ha dicho sobre su propia intervención que no tenía más que decir. Estoy totalmente de acuerdo con usted; desde el principio de su intervención no tenía nada que decir y como nada que decir tenía se ha ido tanto en la primera como en la segunda intervención a la pura demagogia. (Aplausos).

He creído entenderle que no me preocupa el empleo porque yo no tengo problemas de empleo. He creído entenderle eso. Pues mire, afortunadamente no, porque yo antes de estar en el Gobierno preparé unas oposiciones al Estado e ingresé por oposición en el Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, que muy probablemente usted no sepa ni lo que es. (Protestas.-Varios señores diputados: ¡Bueno!). Porque no tuve la fortuna de que me hicieran senador a los veintitrés años, sin haber tenido ningún tipo de empleo anterior ni ningún tipo de experiencia y llevar once años en las Cortes Generales con un empleo público. (Aplausos). Esa fue la fortuna (La señora Iglesias Santiago: A las prospecciones) -sí, ya lo sé- que no tuve. Yo tuve que opositar. Antes de ser diputado, que lo fui con cincuenta y cuatro años, tuve que opositar y tuve que hacer un gran esfuerzo para sacar esas oposiciones.

Y se preocupaba usted de quién iba a ser el candidato en Canarias. En mi partido deciden el partido y los órganos del partido quiénes son los candidatos. Hay otros que lo que hacen son primarias, pero eso no quiere decir que quienes ganan las primarias sean los candidatos a los que apoya el partido. De hecho, yo conozco una candidata -que no voy a decirle quién es- de un partido que convoca primarias -no le voy a decir cuál es- que no le gustaba al partido y cuando la candidata, con base en el procedimiento de ese partido -ese procedimiento tan abierto que hay de obtener respaldos de militantes-, presentó miles y miles, el partido lo que le dijo fue: Usted ha hecho trampa; estos dos mil o tres mil avales que trae son una trampa. Se los quitó a esa candidata, pensando que no iba a ganar. Y finalmente resulta que la


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candidata ganó. Adivina, adivinanza. Con lo cual quiero decirle que en mi partido quienes sean o seamos... (Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).

Por favor, ¿puede tener un poco de respeto, si no le importa? (Protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Un poco de respeto, estoy contestando a su señoría. (Protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor ministro.

Vamos a ver, ha habido un debate, y lo he seguido muy atentamente, entre la señora Hernández y el señor ministro, diputado también por la misma comunidad autónoma que la señora Hernández. La señora Hernández ha utilizado temas personales, que a mí pueden o no gustarme, pero ese no es mi papel aquí. (Las señoras Iglesias Santiago y Monteserín Rodríguez pronuncian palabras que no se perciben). Por tanto, está dentro de ese debate, que, como digo, a mí me puede gustar o me puede dejar de gustar, igual que a ustedes, pero ese no es el tema. (La señora López i Chamosa: Por menos ha echado usted a la gente.-Protestas).

Señora Chamosa, si quiere usted presidir que la nombre miembro de la Mesa su grupo parlamentario; mientras, usted permanece en silencio. (Aplausos.-La señora López i Chamosa: Yo no quiero presidir, es usted la que preside). Por favor, dejen el debate entre los dos y si la señora Hernández se considera aludida, yo le voy a dar la palabra, que es lo que suelo hacer siempre, cosa que no se hacía en otros momentos de este Parlamento. Se la daré en su momento, pero ahora está el ministro contestando alusiones personales que ha hecho la señora Hernández. (La señora Monteserín Rodríguez y la señora Iglesias Santiago hacen gestos negativos). Sí, sí.

Señor ministro, finalice y vuelva usted otra vez a hablar de hidrocarburos. (La señora Iglesias Santiago: Sí, vuelva a eso).

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Finalizo diciendo que las tres alusiones que he hecho las he hecho por el orden en que las ha hecho su señoría, que ha hablado de que tenía poco que decir. He hecho una mención a eso. (La señora Hernández Gutiérrez muestra el Reglamento del Congreso de los Diputados). Ha hablado de que yo personalmente -mención personal- no me preocupo por el empleo porque no tengo problemas de empleo, a lo que también le he contestado, y ha hablado de que no quiero ir a Canarias de candidato. Señoría, ha sido usted, no yo, y si usted me pregunta por qué ha planteado esas cosas le diré que no lo sé, porque aquí habíamos venido a debatir de otra cuestión. Ahora bien, si usted misma está reconociendo que no tiene absolutamente nada que decir con relación al asunto que usted misma, no yo, ha planteado, que es el de las prospecciones, entiendo que se haya ido por los cerros de Úbeda, como ha hecho esta mañana (Risas), pero vuelvo a la cuestión central de la interpelación.

Señoría, no hay ni un solo país que tenga una legislación más garantista en materia medioambiental que España, y se lo he demostrado con datos. La tenemos más que Noruega, la tenemos más que el Reino Unido y la tenemos más que otros países con una fuerte tradición en materia de extracción y prospección de hidrocarburos. La prospección que se está haciendo en el entorno próximo a la Comunidad Autónoma de Canarias, a 50 kilómetros, tendrán que finalizar de aquí a un tiempo -no sé si dentro de 30 ó de 45 días-, y entonces se determinará si hay petróleo o si no lo hay, si hay gas o si no lo hay, o bien si hay las dos cosas. Si no hay, mala suerte, porque eso generaría aminorar la dependencia en materia de hidrocarburos en España y, sobre todo, para la Comunidad Autónoma de Canarias revertiría en una mayor actividad económica y de empleo, ya que preguntaba usted que qué iba a generar. Señoría, ¿usted no va por Tenerife de vez en cuando para ver que también allí van plataformas de petróleo, que dedican aproximadamente dos o tres meses a hacer reparaciones, y que durante ese tiempo están generando actividad en la isla de Tenerife por valor de 20 o 25 millones de euros? ¿No le han contado eso? ¿No le han contado lo de la industria naval, lo de la industria auxiliar naval, lo de la industria mecánica o lo de la industria eléctrica? ¿No le han contado que vienen los familiares de las personas que están en esas unidades de explotación y consumen en hoteles, en transporte, en comercio o en hostelería? ¿Eso no se lo han contado? Porque eso, señoría, aunque usted no lo crea es actividad económica y también contribuye al producto interior bruto. Y le diré otra cosa, si no hay ni petróleo ni gas por lo menos habremos demostrado algo cuando acabe la prospección, y es que toda esa profecía de catástrofe medioambiental que el


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Gobierno de Canarias, y los políticos que lo sustentan, han llevado a cabo con dinero público era una absoluta falsedad. Y por ello, señorías, tendrán que responder.

Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Hernández Gutiérrez pide la palabra mostrando el Reglamento del Congreso de los Diputados).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): ¿Sí, señora Hernández?

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Por el artículo 71...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Hernández, no hace falta que utilice usted eso. Por alusiones personales -alusiones personales, señora Hernández-, tiene usted un minuto.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: El señor ministro ha dicho que yo he hecho una alusión al empleo que es absolutamente falsa. Yo he dicho que se olvidaba del empleo en sus argumentos, que ya no hablaba de la creación de puestos de trabajo. En cualquier caso, y yendo a la alusión, en 2004 nadie me puso en mi escaño de senadora porque, primero, gané unas primarias, cosa que usted nunca ganará porque su partido no las convoca, y segundo, gané mi escaño en unas listas abiertas votadas por los ciudadanos. Ya sé que a usted y a gente como usted les molesta que alguien como yo, de origen humilde, llegue al Senado por listas abiertas (Protestas), pero se tiene que aguantar. Esta es la democracia; esta es la democracia. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Hernández.

Señor ministro, ¿quiere decir algo?

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Lo único que quiero decir es que puede consultar directamente la transcripción de lo que dijo en su primera intervención. Dijo que no me importaba el empleo porque ni yo ni mi entorno teníamos problemas de empleo. Ya le dije antes que si no los tengo es porque soy miembro de un cuerpo de la Administración del Estado pero, por si le sirve de orientación, también en mi familia hay jóvenes desempleados, y son jóvenes que también tienen formación. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BARKOS), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LOS CONFLICTOS SURGIDOS CON LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 173/000188).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Como saben, estas se votarán cuando finalice el Pleno de mañana. En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Mixto, señora Barkos, sobre la posición del Gobierno ante los conflictos surgidos con la Comunidad Foral de Navarra.

Para su defensa, señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, quisiera empezar la defensa de la moción que presenta esta mañana Geroa Bai, expresando el pésame, el dolor de mi grupo y de esta diputada, por la matanza ocurrida ayer en la escuela pública del ejército en Peshawar, en Pakistán, y reivindicar la memoria de los asesinados, entre ellos quiero recordar a 132 niños. La distancia no debe en ningún caso mitigar el dolor.

Arranco la presentación de una moción que es consecuencia de la interpelación que llevábamos a cabo la pasada semana ante el ministro de Administraciones Públicas, y en la que agradecíamos profundamente -insisto en la cuestión-, el reconocimiento de que en estos momentos lo que existe entre el Gobierno central y el Gobierno de Navarra no es una mera diferencia de criterios o un mero desencuentro en torno a cuestiones de mayor o menor nivel. Lo que existe es un claro conflicto entre administraciones enfrentadas en la manera de entender y defender en este caso lo que al Gobierno de Navarra le correspondería, como es el autogobierno. Lamentablemente, algunos de estos desencuentros tienen una consecuencia, un reflejo en aquella parte de la sociedad que más está sufriendo en estos


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momentos la crisis. Me refiero en concreto a un punto del conflicto que es el que se produce en torno al subsidio de desempleo para los parados de larga duración, ya que en estos momentos el Gobierno central no paga a los desempleados de larga duración en Navarra. Alude el Gobierno central, y así lo estuvimos analizando, a una cuestión competencial en torno al pago de la renta incluso no social. Pero no es menos cierto que una situación que viene prolongándose desde el año 2012, se ha visto en este momento de conflicto institucional especialmente incitada y tiene, insisto, consecuencias enormemente duras, difíciles e inaceptables -añadiría- para estas personas. Por lo tanto, preocupante la situación, pero más preocupantes los hechos que se han desarrollado estos últimos días. Por no alargarme y por no hacer un relato pormenorizado, ayer mismo el consejero de bienestar social del Gobierno de Navarra, el señor Alli, anunciaba que el desencuentro es de tal calibre que el Gobierno de Navarra está pensando seriamente en acudir a los tribunales respecto a esta cuestión. Y todavía más grave, desde hace escasos minutos sabemos que el Gobierno central y el Gobierno de Navarra no hablan ni con respecto a esta cuestión y no sé si con respecto a otras cuestiones. Eso delata el hecho de que el partido que lidera el Gobierno de Navarra, Unión del Pueblo Navarro, ha tenido que recurrir a las preguntas escritas al Gobierno en esta Cámara para conocer la posición del Gobierno central en torno a la cuestión de los subsidios por desempleo.

No voy a entrar a valorar la incompetencia o no de situaciones como esta, francamente lamentable, de ver cómo un Gobierno tiene que recurrir a las preguntas orales a otro Gobierno, pero preocupante enormemente, repito, lo que delata de no comunicación, de incomunicación entre el Gobierno central y el Gobierno de Navarra. Esto entre socios. No quiero pensar qué ocurre -ya lo sabemos también- con otros Gobiernos donde los desencuentros ideológicos y políticos son bien evidentes. En cualquier caso, lo que nos preocupa en Geroa Bai es tratar de encontrar puntos de encuentros para resolver estas cuestiones. Ese es el objeto de la moción que presentamos con seis puntos bien claros. El 1.º mira de manera urgente a esa cuestión que señalábamos, que es acometer sin dilación las negociaciones y reformas pertinentes. Estamos hablando -en este caso los expertos y los técnicos dirán- del artículo 215 de la Ley de Régimen de Seguridad Social, por lo tanto, las reformas pertinentes para solventar el conflicto surgido en torno a esta decisión unilateral. El 2.º habla de la retirada del recurso presentado por la Agencia Española de la Administración Tributaria contra Navarra por el IVA de Volkswagen, atendiendo por cierto a los requerimientos del pasado mes de mayo de este mismo año, de la Junta Arbitral, el órgano al que el ministro imputaba la responsabilidad de encontrar una solución a esta cuestión. Insisto, no podemos, en el mes de diciembre, preguntar qué dice la Junta Arbitral. La Junta Arbitral habló y habló claro en el mes de mayo, pidiendo que se retirara el citado recurso. Sé que será fácil que escuchemos en esta tribuna, a lo largo de las intervenciones de otros grupos parlamentarios, que este recurso debe seguir adelante porque la cuestión del IVA es una cuestión nebulosa.

Quiero recordar que está por ver si la deuda es tal, y quiero recordar también que está por analizar si las cifras que se han puesto encima de la mesa -que el otro día yo analizaba de manera bastante severa con respecto a la actitud que el Gobierno central está manteniendo en este tema-, repito, hay que analizar si estas cifras constituyendo o no deuda -de eso podríamos hablar-, si están pendientes de ser ajustadas a lo que el Gobierno central y el Gobierno foral deben negociar en torno a estas cuestiones. Quiero recordar, por ejemplo, que el impuesto de sociedades de Volkswagen, que debiera cobrar Navarra, es cobrado por el Gobierno español. Por lo tanto, no podemos movernos en estas cifras sin hacer ajustes serios. De ahí la petición del punto 2. Punto 3: proceder a la revisión y posterior retirada de los recursos ante el Tribunal Constitucional interpuestos por el Gobierno central, tal y como ha pedido la Cámara Navarra. Punto 4: proceder a la reforma de la disposición adicional segunda de la Lofca, que a nuestro entender -en ese sentido las iniciativas que hemos marcado-, está en el origen de las sentencias del Tribunal Constitucional. Estoy hablando fundamentalmente de aquella de julio de 2012 referida a las grandes superficies, que nos daban la razón en el huevo, no en el fuero, pero que entendemos que tiene que ser revisada por cuanto se refiere a Navarra en su situación previa a la aprobación de la Lorafna. Punto 5 de la moción: acometer en el seno de la comisión coordinadora la actualización del Convenio Económico para el quinquenio 2015-2019, siempre por supuesto después de la retirada del recurso de Volkswagen -si no, no tendría razón sentarse en tal desigualdad de condiciones a negociar con el Gobierno central-. Y, finalmente, acometer en el seno de la comisión coordinadora la reforma normativa oportuna para convenir el traspaso a la Hacienda foral de figuras impositivas indirectas especiales o tasas estatales.


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En los últimos veinte segundos, presidenta, quiero señalar que las enmiendas de sustitución planteadas por el Grupo de La Izquierda Plural y por el Grupo Socialista, entendemos que aportan en el caso de que los proponentes estuvieran dispuestos a transformarlas en una transaccional, en términos de enmiendas de adición, en el caso de la Izquierda Plural al punto 3.º; y en el caso del Grupo Parlamentario Socialista aceptaríamos la adición al punto 6.º de lo que nosotros hemos presentado. En esos términos entenderíamos que aportan y estaríamos de acuerdo y aceptaríamos una transaccional ahí.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Barkos.

En defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, La Izquierda Plural. Tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo está de acuerdo con la iniciativa presentada y, en el sentido de mejorarla, hemos presentado una enmienda que recoge lo que ya se aprobó en el Parlamento navarro, pedir al Gobierno que se retire de manera inmediata los recursos que están presentados ante el Tribunal Constitucional contra las leyes forales que plantean medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, y la que pretende el reconocimiento a las personas residentes del derecho al acceso a la asistencia sanitaria gratuita, dentro del sistema público sanitario de Navarra. Nuestro grupo, por lo tanto, está de acuerdo con la necesidad de que se ratifique el compromiso con el autogobierno de Navarra en materia fiscal y financiera. Por ello, reclamamos de las instituciones del Estado el respeto y la lealtad hacia dicho marco de autogobierno. Además nuestro grupo, con esta iniciativa, también quiere venir a resaltar un elemento que entendemos es una realidad que hay que afrontar, y es que el actual marco constitucional limita la posibilidad de que se desarrollen al máximo las capacidades de autogobierno de las comunidades y de los pueblos. Por eso, estamos planteando la necesidad de ir a un proceso constituyente que sitúe la claridad en los marcos de autogobierno para evitar estas situaciones, pues, como en el caso de Navarra o de Andalucía, en el Tribunal Constitucional se ve limitada o atacada la capacidad de autogobierno, de legislar de un Parlamento. Pero también se ve atacada la defensa del derecho a la vivienda. Es grave que el Gobierno del Partido Popular ataque en el Constitucional la defensa del derecho a la vivienda que teóricamente debe estar reconocida en la Constitución.

Nuestro grupo ha mostrado su apoyo al Convenio Económico entre Navarra y el Estado desde la solidaridad entre los diferentes pueblos o territorios del Estado, a pesar de que muchas veces se puede plantear de forma completamente diferente y, por lo tanto, exigimos que eso se actualice para garantizar las competencias de Navarra en materia tributaria. Lo hacemos porque entendemos que las medidas que tome el Gobierno de Navarra están en el marco de sus competencias para defender a las personas frente al poder financiero y frente a quienes están intentando situar la economía por encima de la capacidad del ser humano para resolver sus problemas y, sin embargo, están sufriendo de manera sistemática los ataques, los frenos de recursos del Partido Popular al Tribunal Constitucional que evidencian una vez más, repito, cómo esta Constitución que hoy nos rige no es un marco adecuado para resolver los problemas, sino que en muchos casos se convierte en un problema a la hora de resolver las situaciones de la mayoría de las personas. Por eso, las políticas que impone el Partido Popular, y que son apoyadas en Navarra por UPN, no solamente están impregnadas de dogmatismo neoliberal, sino que van siempre acompañadas de un afán centralista, centralizador que está poniendo en cuestión el logro que se había conseguido desde el consenso, avanzando en un Estado que se llamó de las autonomías que, aunque hoy es evidente que está superado, necesita un nuevo marco constitucional. También es evidente que la labor del Partido Popular lo pone cada vez más en evidencia, porque de una vez por todas empezamos a entender que le sobraba todo el título VIII de la Constitución, que son herederos, más que de la UCD, de esa Alianza Popular a la que le pesaba ese título. Por lo tanto, cuando uno tiene mayoría absoluta, va más en un sentido preconstitucional que en el desarrollo de lo que planteaba la Constitución. Por eso, el Partido Popular es el que está poniendo en evidencia cómo en estos momentos hace falta ese debate sobre un nuevo marco constitucional.

Nuestro grupo va a aceptar la propuesta que se nos hace desde el grupo proponente. Desde nuestro acuerdo global puede ser evidente que lo nuestro puede mejorar con la propuesta que se hace desde el Grupo Socialista. Quedaría una iniciativa más redonda que nuestro grupo votaría a favor, pero insistiendo en ese elemento que yo quería introducir en el debate, que estamos ante un hecho no solamente puntual sino que evidencia, cada vez más, cómo hace falta ese proceso constituyente, cómo hace falta un nuevo


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marco constitucional que no solamente defina el modelo de Estado con más claridad, con más certeza, sino que también asegure que los derechos a la vivienda, a la sanidad pueden ser defendidos por ley y que no tienen que ser, como son en este momento, papel mojado en la actual Constitución.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Centella.

Por el Grupo Socialista, el señor Moscoso.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señora presidenta, señorías, este es un nuevo debate sobre Navarra que viene a reflejar la complicada situación política que vivimos en la comunidad foral; una comunidad con unos ciudadanos, navarros y navarras, que no se merecen el trato que les dispensan ni el Gobierno foral ni el Gobierno central, el Gobierno de la nación. El primero, el Gobierno foral, va a culminar una legislatura perdida, en la que lo único que se va a constatar al final de la misma va a ser el deterioro de las instituciones navarras, la pérdida de calidad de vida de los ciudadanos navarros y los recortes sociales y la gran incertidumbre que se generaliza sobre el futuro. Por otro lado, el Gobierno central ha demostrado una falta total y constante de respeto por los ciudadanos de Navarra, por las decisiones de sus instituciones y, en particular, por las de su Parlamento. Hay que recordar que en los últimos tres años se han recurrido catorce leyes forales aprobadas por nuestro Parlamento. Dos Gobiernos que han roto la tradición de pacto en la que se sustenta el modelo foral, han roto la lealtad institucional de décadas, que exige diálogo, diálogo y diálogo y, como ya se ha dicho hoy, hoy mismo hemos conocido un nuevo episodio de ese aislamiento y ruptura. Nunca en democracia, en los treinta y cinco años de democracia que llevamos viviendo juntos, había habido tal grado de desencuentro entre un Gobierno navarro, el Gobierno foral, y un Gobierno central, algo que sin duda sorprende porque hay que recordar que en 2011 el Partido Popular y la Unión del Pueblo Navarro concurrieron juntos a las elecciones generales, unos aliados que sin embargo han provocado la mayor crisis que recordamos entre el Gobierno central y el Gobierno foral.

En este marco de desacuerdo, de ruptura, de bloqueo institucional y de incapacidad de ambas partes para avanzar y dialogar, se han aprobado muchas mociones del Parlamento de Navarra sobre la gravedad de la situación; mociones que apuntan al deterioro de la calidad de vida, las políticas sociales, los recortes e incluso la viabilidad de sus instituciones, del autogobierno y del papel que desarrolla Navarra en el marco de la solidaridad con el resto de las regiones españolas. Con todas esas mociones, hemos presentado una enmienda a la moción defendida por la señora Barkos sobre este debate general de fondo de los conflictos surgidos en los últimos años entre ambos Gobiernos; es una moción que con las enmiendas que presentamos recoge los pronunciamientos del Parlamento de Navarra, que ha apoyado el Partido Socialista de Navarra, mi partido.

Apoyamos sin proponer modificaciones el punto 1, que exige solventar cuanto antes el grave conflicto existente en materia tributaria, en materia de acuerdos sobre la recaudación del IVA. Hay otros muchos conflictos importantes, por ejemplo, el de dejar de abonar en Navarra el subsidio de desempleo a los ciudadanos a los que el Parlamento de Navarra les ha concedido la renta de inclusión social, algo que consideramos un ataque directo al marco foral. También exigimos la retirada del recurso presentado sobre materia tributaria, el punto 2 de la moción, tal como está redactado, y proceder cuanto antes a la retirada de todos los recursos que antes citaba ante el Tribunal Constitucional contra leyes aprobadas por el Parlamento de Navarra, puntos 1, 2 y 3.

Respecto a los puntos 4, 5 y 6, proponemos en el punto 4 una reforma debido a que la Lofca es previa a la aprobación de la Lorafna, la Ley orgánica de reintegración y amejoramiento del Fuero de Navarra. Eso debe ser corregido de manera que se refuerce el bloque de constitucionalidad que ampara el Fuero navarro. Hay que recordar que la legitimidad de nuestro ordenamiento foral es constitucional, es de la Constitución de 1978, y no puede ser otra. En el punto 5 la señora Barkos proponía que se hablase de comisión coordinadora. Nosotros habíamos incluido en la enmienda la mención a la comisión negociadora. Podemos dejar la comisión coordinadora, no pasa nada, no tenía ningún tipo de intención oculta. Hay que recordar también que incluimos un punto 6, en el cual exigimos que la reforma normativa que se produzca reconozca la competencia de la Hacienda foral en materia tributaria no convenida con el Estado, que sí está en el fondo de alguno de los recursos llevados al Tribunal Constitucional y de algunas de las sentencias que consideramos equivocadas, al menos en el Partido Socialista, sentencias ya citadas que han sido consideradas por unanimidad por el Parlamento de Navarra como un contrafuero. De manera que toda una panoplia de reivindicaciones, que compartimos, del Parlamento de Navarra en su conjunto. Muchas


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de ellas han sido adoptadas por unanimidad, por lo cual va a ser interesante conocer qué votan hoy los diputados del Partido Popular, porque votaron una cosa muy clara en Navarra, y el señor Salvador, de UPN.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Moscoso.

Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco (PNV), el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señores diputados, me resulta increíble que después de tantos años de vida del Convenio Económico en Navarra y del Concierto Económico del País Vasco, en esta Cámara se tengan que seguir tratando temas como los que la diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, está poniendo hoy sobre la mesa. La historia de estas figuras -que nacieron hace más de ciento veinte años- está plagada de situaciones como las que se traen a esta Cámara y que, incomprensiblemente, se repiten muy a menudo. Mientras esté ausente la casi totalidad de la bancada popular, me temo que seguirán sin entender estas medidas, lo que hará que en el futuro se sigan cometiendo los mismos errores. No es nuevo, desgraciadamente, que el concierto y el convenio encuentren auténticas dificultades en cuanto a su desarrollo, no solo en el ámbito político, sino también en el orden práctico de su aplicabilidad, es decir, en el ámbito de la gestión diaria. Quizás sea por la falta de respeto incluso de que gozan estas figuras en gran parte de la Administración del Estado, ya que siempre, y de forma sistemática, ambas figuras, el convenio y el concierto, no suelen ser tenidas en cuenta a la hora de gestar ni siquiera los borradores de proyectos normativos en materias propias de su ámbito, o a la hora de realizar actuaciones desde el procedimiento de la gestión relativas a las materias que en los mismos se regulan. Y eso que forman parte del cuerpo legal y político del Estado. Esto viene siendo así de forma sistemática, ya que es habitual que en esta Cámara nos encontremos con proyectos de ley que obvian esta parte de las fuentes del derecho, que nacen del amparo y el respeto que establece la disposición adicional primera de la Constitución en relación con los derechos históricos de los territorios forales, lo que suele normalmente dar problemas en la gestión de ambas figuras tales como los que hoy se traen a esta Cámara. Seamos serios, señoras y señores del Partido Popular y miembros del Gobierno, ya que nosotros debemos ser ejemplo en cuanto al cumplimiento de la legalidad vigente que nos hemos dado, y que nos estamos dando día a día, y no cuestionemos -se lo dice un nacionalista- lo que la Constitución establece de forma clara y meridiana con los derechos históricos de los territorios forales, por lo tanto, para el Convenio Económico y el Concierto Económico, ya que de ello pueden derivarse conflictos no solo entre administraciones, sino incluso de tipo jurisdiccional. Comportamientos de este tipo suelen dar lugar además a inseguridad jurídica para con la normativa y actuaciones que emanan de las instituciones competentes del País Vasco y Navarra y que, vuelvo a repetir, forman parte del régimen normativo del Estado.

Sabemos que no les gusta respetar la bilateralidad porque no reconocen la existencia de cinco haciendas en el Estado, y mire que se lo decimos también desde este estrado. Por eso incluso no respetan los acuerdos alcanzados en los órganos competentes en la resolución de conflictos, ni la comisión coordinadora en el caso del convenio ni la comisión mixta del concierto. Ni siquiera las resoluciones de la Junta Arbitral, que está para resolver precisamente los lógicos conflictos que puedan surgir. Prefieren judicializar las decisiones adoptadas por los órganos políticos, sobre todo si estas decisiones no les gustan; prefieren que otro ámbito, seguramente menos conocedor de las materias objeto de confrontación, sentencie sobre lo ya acordado por las juntas arbitrales. No estoy solo pensando en el caso del IVA de Volkswagen, sino también en el caso Robert, que afectó al Concierto Económico, y con ello a las instituciones públicas de Euskadi. Resuelvan, señores del PP y del Gobierno del Partido Popular en el ámbito político lo que pertenece al ámbito político. La bilateralidad que exigen el convenio y el concierto a las administraciones forales y al Estado hay que respetarla. Acepten las reglas de juego, respeten las leyes, la Constitución, los estatutos, el concierto, el convenio, pero no solo de boquilla, sino de verdad.

En este sentido, nuestro grupo comparte plenamente el contenido de la moción presentada por la diputada de Geroa Bai. La votaremos a favor y lo haremos además para que asuman de una vez, y no solo cuando realicen declaraciones solemnes, que hay cinco haciendas en el Estado en pie de igualdad, cuyos conflictos hay que resolverlos de manera bilateral en los órganos establecidos precisamente por la legislación.

Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Sorprende la insistencia de los grupos regionalistas o nacionalistas navarros de llamar la atención de la Cámara respecto al conflicto que ellos llaman centrado en el IVA de Volkswagen y sorprende también que lo presenten como agravio. Como tuvimos ocasión hace exactamente dos meses de debatir este mismo tema respecto a una moción de Unión del Pueblo Navarro, voy a limitarme a, como hice entonces, narrar los hechos y que quien los oiga, los evalúe y los analice juzgue por sí mismo si hay un agravio y, en caso de que haya un agravio, quiénes son los agraviados.

En cuanto al IVA de Volkswagen, que centra, insisto, este mal llamado conflicto, estamos hablando de que Volkswagen tiene una fábrica en Pamplona donde se exportan muchos automóviles, de unos 250.000 a 300.000 al año, el 90 % de los automóviles producidos, y, como saben sus señorías, las exportaciones salen libres de IVA porque se gravan en el país de destino. Se ha gravado IVA durante la producción de estos automóviles y hay que devolverlo cuando pasan la frontera para que se grave en el país de destino. En el año 1994 Volkswagen creó en Barcelona una sociedad pantalla de forma que los automóviles salían legalmente de allí, aunque físicamente no salían, evidentemente. ¿Qué consecuencias tiene esta sociedad pantalla que se crea en el año 1994? Que la Hacienda foral recauda el IVA de las fases productivas, pero cuando se exportan los automóviles la Hacienda foral no devuelve lo que ha recaudado, es el Estado quien devuelve lo que ha recaudado la Hacienda foral. La Hacienda foral lo recauda y el Estado lo devuelve. Para Volkswagen esto es indiferente, pero para la Hacienda foral desde luego supone una gran ventaja. Estamos hablando de 300 a 400 millones cada año, un 10 % del presupuesto de la comunidad autónoma.

En el año 2011 la Agencia Tributaria descubre esta situación y se plantean dos problemas, cómo corregir esto de cara al futuro y qué hacer con las cantidades del pasado no prescritas. ¿Qué hacer de cara al futuro? Pensarán sus señorías que es evidente: Navarra recauda, que devuelva Navarra. No, la solución, sorprendentemente, es que Navarra recauda y Navarra devuelve unos 25 millones de euros, menos del 10 % de la cifra global, y el resto lo sigue devolviendo el Estado. Es una solución que llevó a mi grupo, Unión Progreso y Democracia, a presentar este tema a la Audiencia Nacional, porque considerábamos que el Gobierno no estaba defendiendo adecuadamente el interés común, y esta decisión se basa en una decisión de la Comisión coordinadora del convenio, ni siquiera motivada y tomada con gran opacidad. Eso de cara al futuro.

De cara al pasado hablamos de una situación que se ha vivido durante diecisiete años. Trece años ya están prescritos. Es decir, que 4.500 millones, santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Son 4.500 millones, trece años prescritos. Quedan cuatro años no prescritos que ascienden a unos 1.500 millones de euros. La Agencia Tributaria llevó este tema al Tribunal Supremo y hace unas semanas se decidió suspender el recurso, no retirarlo, pero sí suspenderlo mientras se llega a un acuerdo, y ya se está hablando de que en vez de 1.500 millones serán 600 millones y que en vez de 600 millones serán 125 millones. El otro día el señor Montoro nos contaba orgulloso cómo ha liderado todo este proceso. Insisto en que desde el punto de vista de mi grupo no se ha defendido muy bien el interés común, y cuando hablamos de dinero del Estado no estamos hablando de dinero del señor Montoro ni de dinero de Madrid, sino del dinero que se gasta el conjunto del país, incluyendo otras comunidades autónomas, por supuesto. Esto hace entender que otros miembros del Partido Popular, como el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, hayan pedido explicaciones al señor Montoro de cómo se está gestionando este asunto. No es algo que sea únicamente una preocupación de Unión Progreso y Democracia.

En esta moción se nos recuerda de nuevo este asunto, se nos vuelve a presentar de nuevo como un agravio y además se añaden otros agravios como son sentencias contrarias del Tribunal Constitucional, por lo visto esto también es un agravio, y se aprovecha la ocasión para pedir el traspaso de algunas competencias adicionales y todo esto hace, por supuesto, que nuestro voto a la moción de Geroa Bai vaya a ser un voto negativo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Surroca.


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La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.

Intervendré desde el escaño brevemente. Esta moción responde al espíritu de otras que se debatieron también en el Pleno de esta Cámara en los últimos meses, pero con un matiz radicalmente distinto. En las dos ocasiones anteriores lo que debatíamos en esta Cámara hacía referencia principalmente a un conflicto, entendimos nosotros, político interno de la Comunidad Foral de Navarra. Hace un momento el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha hecho referencia a ello. Se ha referido a una cuestión que está en los tribunales en relación con el cobro del IVA de una determinada empresa. En cambio, la moción que hoy presenta y que ha defendido la señora Barkos tiene un aspecto importante distinto. Pone de manifiesto la creciente conflictividad no solamente a nivel interno político en la Comunidad Foral de Navarra en relación con distintos recursos que se ha interpuesto por parte del Estado ante el Tribunal Constitucional, sino que también se refiere al constante agravio e incluso ahogamiento del autogobierno de la Comunidad Foral de Navarra. Desde este punto de vista, nuestro grupo parlamentario va a apoyar la moción que ha defendido hoy la señora Barkos. Entendemos que las circunstancias y los hechos que se relatan a lo largo de la moción y que extensamente expuso la portavoz señora Barkos en la interpelación que tuvo lugar la semana pasada ponen en evidencia esa voluntad reiterada del Gobierno del Estado en laminar el autogobierno y competencias de la Comunidad Foral de Navarra. Ese es un ejemplo más de a lo que lamentablemente estamos acostumbrados por parte del Gobierno del Estado y en ese sentido nuestro grupo parlamentario va a apoyar la moción que hoy ha presentado y defendido la señora Barkos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Popular, señor Pérez Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señora presidenta.

Escuchando los argumentos y leyendo la moción que presenta Geroa Bai sobre los desencuentros surgidos entre el Gobierno y la Comunidad Foral de Navarra, a nuestro juicio lo que se dice en la misma hay que calificarlo como oportunista y reiterativo. Es más de lo mismo de lo que se debatió y aprobó el pasado 15 de octubre en la moción que presentó el diputado del Grupo Parlamentario Mixto señor Salvador y que enmendó el Grupo Popular. En aquella ocasión llegamos a acuerdos con el diputado señor Salvador y propusimos y aprobamos entre otras cosas más diálogo, más respeto, más cooperación, más acuerdo y más solidaridad entre Gobiernos. Lo que hoy se nos presenta lo he calificado de reiterativo y repetitivo. Mucho de lo que pide la moción ya se está haciendo. En estos momentos el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra negocian y dialogan y es de esperar que con este diálogo se llegue a acuerdos que puedan beneficiar a la ciudadanía navarra.

En el punto 1 de la moción habla de la decisión unilateral del Gobierno de dejar de abonar el subsidio por desempleo a los parados de larga duración en Navarra. Esto no es así, no se paga, pero esto no es tal y como lo plantea. En cuanto a la situación planteada, la aplicación dada en esta materia en Navarra se ha ajustado plenamente a la legislación estatal vigente. Si se procediera al contrario, tal como pide la moción, se vulneraría la Ley General de la Seguridad Social. Por lo tanto, no hay decisión unilateral del Gobierno, como dice en este punto. Lo que hay es una aplicación de la ley por el Servicio Público de Empleo Estatal. Lo que sí digo es que habrá que buscar puntos de encuentro con la Ley foral de inclusión o incluso modificar la norma foral para poder buscar la complementariedad de ambas, ya que hoy impide abonar ese subsidio por parte de la Administración General del Estado, pero hoy por hoy la legislación estatal parece clara e imposibilita lo que pide en ese punto de la moción.

En el punto 4 pide reformar la disposición adicional segunda de la Lofca. Señorías, el régimen foral y la capacidad tributaria de Navarra no depende de la Lofca. Son anteriores a ella y la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de Navarra; solo el convenio es el que rige. Hacemos otra interpretación diferente a la que otros han hecho, pero creemos que esta es la correcta. En materia de capacidad tributaria, consideramos que se debería introducir una precisión en la Ley del Convenio Económico para dejar bien sentado que los límites para el ejercicio de la potestad tributaria de Navarra son los que fija el amejoramiento y el propio convenio. Esto es lo que probablemente se vaya a producir próximamente, tan pronto como se ultime el acuerdo con el Gobierno de Navarra.

En el punto 2 pide la retirada del recurso de Volkswagen. Ya saben que se avanza hacia una solución definitiva del conflicto surgido por los años no prescritos y el Gobierno de España viene garantizando al de Navarra que en ningún caso se producirá ninguna solución que asfixie a la Hacienda foral.

En el punto 3 pide la retirada de los recursos del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Esto no se sostiene. Ya se lo dijo el ministro en su intervención. Le dijo -leo textualmente- que los conflictos surgen


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inevitablemente en las relaciones entre comunidades autónomas y el Gobierno, la Administración General del Estado. Estos hechos ocurren en cualquier país del mundo, pero más en los descentralizados como es España. Los recursos surgen cuando hay discrepancias y no solamente los pone el Gobierno central. También el Parlamento de Navarra ha puesto hasta ocho recursos contra leyes estatales y de esos no dice nada Geroa Bai. Según su moción, solo hay que retirar los recursos del Estado y no los del Parlamento de Navarra. Creemos que la solución pasa por el diálogo para intentar llegar a acuerdos que los eviten. Eso es lo que está haciendo este Gobierno: dialogar.

Los puntos 5 y 6 consideramos que son obvios e innecesarios. Con respecto al punto 5, en estos momentos ya trabaja la Comisión coordinadora establecida en el convenio económico para la actualización de la aportación de Navarra a las cargas generales del quinquenio 2015-2019. El punto 6 repite lo mismo que dice el 4.

Por último, la moción aprobada en el Pleno del Congreso de 15 de octubre y que Geroa Bai votó en contra contenía pronunciamientos parecidos a los que hoy reclama con esta moción, incluso pronunciamientos más respetuosos y más claros con respecto al régimen foral. Por lo tanto, votaremos en contra de esta moción y nos reafirmamos en lo que presentó el señor Salvador el pasado 15 de octubre, que nosotros enmendamos y sobre lo que entre todos llegamos a un acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Pérez Lapazarán.

Señora Barkos, ¿acepta usted las enmiendas presentadas?

La señora BARKOS BERRUEZO: Sí, como señalaba desde la tribuna, insisto en que Geroa Bai -lo digo porque no sé si ha quedado muy claro para el representante navarro de su grupo cuál es la pronunciación, Geroa Bai en euskera- aceptará de manera transada dos de las propuestas que nos hace La Izquierda Plural y el Grupo Socialista. Remitiremos a la Mesa la transaccional.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo. Gracias, señora Barkos.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL IMPACTO DE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN NUESTRO SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA SITUACIÓN DEL FONDO DE RESERVA. (Número de expediente 173/000189).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la última moción consecuencia de interpelación, en este caso del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto de la política del Gobierno en nuestro sistema de la Seguridad Social y la situación del Fondo de reserva. Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora López i Chamosa.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el Grupo Socialista, antes de empezar con el debate de la moción, quería aclarar para que conste en el "Diario de Sesiones" que ayer la portavoz doña Carmen Álvarez-Arenas acusó a mi grupo de no haber aceptado la invitación para ir el lunes al acto de la firma del acuerdo con los agentes sociales. Tanto Rafael Simancas como portavoz como yo misma, todos los miembros de la Comisión y la dirección del grupo tenemos que aclarar que hubiéramos ido encantados si nos hubieran invitado, pero no hemos recibido ninguna invitación, y queríamos que quedase aclarado. (El señor Coscubiela Conesa: Yo tampoco.-Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela.

Adelante.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señorías, presentamos una moción para que a base de diálogo, consenso y negociación hablemos del futuro de nuestro sistema público de pensiones. ¿Cómo se alcanza un acuerdo? Para alcanzar un acuerdo, para hacer una negociación colectiva se hacen propuestas, un grupo hace unas, otro grupo hace otras, el otro otras y mediante el debate de todas ellas se llega a un acuerdo, pero, señores del PP, está claro que van a votar no a esta propuesta, o eso es lo que me han notificado. ¿Por qué van a votar no? ¿No les gusta? Hagan otra, hagan una enmienda, demuestren su interés sobre el tema haciendo una enmienda a esta moción para poder debatirla y aprobarla entre todos. Claro, tengo que pensar que no hacen una enmienda porque la política que están haciendo con nuestro


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sistema público de pensiones está orientada a lo que ustedes quieren, llevar el sistema a una pensión mínima para todos y que luego haya un sistema complementario más fuerte y que cada uno ahorre para su futuro. Pues bien, señorías, nosotros estamos radicalmente en contra de cambiar nuestro sistema tal y como lo tenemos ahora. Queremos un sistema que garantice que los trabajadores podamos vivir con dignidad con lo que nos hemos ganado a lo largo de los años.

¿Qué propone nuestra moción? El 25 de enero de 2011 se aprobó en este Pleno -un Pleno extraordinario, porque era en enero- el acuerdo sobre las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo. Toca renovarlo en enero de 2016. ¿Qué les proponemos nosotros? Nosotros les ponemos adelantarlo un año. ¿Por qué? Señorías, creo que es evidente. Tenemos un sistema con un déficit para este año de más-menos 13.000 millones de euros; a 31 de diciembre de 2011 había 66.800 millones en el Fondo de reserva y a 30 noviembre de 2014 hay 42.000, es decir, se ha gastado ya el 36,12 % del Fondo de reserva. Creo que es una situación lo suficientemente preocupante como para que hagamos un esfuerzo y empecemos todos juntos a buscar soluciones.

Les voy a dar otro dato -lo voy a repetir hasta que podamos entenderlo todos-: 320.000 afiliados en el año 2010 significaban 1.900 millones de ingresos al sistema y 320.000 afiliados en el año 2014 han significado 300 millones de ingresos al sistema, es decir, 1.600 millones menos. ¿Se imagina cuántos afiliados necesitaríamos para poder amortiguar los 13.000 millones de déficit? Saben que eso no es posible. Pues eso es lo que les proponemos en esta moción, que hablemos, que elaboremos un informe sobre el impacto de la reforma laboral, es decir, de la contratación temporal, de la bajada de salarios, de lo que significa bajar las cotizaciones, que hablemos de la evolución de las bases de cotización, de los desequilibrios entre ingresos y gastos, de la incidencia de las deducciones o bonificaciones y de la tarifa plana, lo que supone eso para los ingresos. Les propongo que lo hagamos en consenso, que lo hagamos en el Pacto de Toledo, que hablemos de todo ello, lo mismo que lo han hecho los Gobiernos anteriores, el Partido Popular en el año 2000 y el PSOE en el año 2008. Empezamos hablar con un documento y tardamos tres años en ponernos de acuerdo, pero hablamos y consensuamos.

Es muy importante en estos momentos lanzar un mensaje de tranquilidad no solo a los pensionistas que están cobrando su pensión, sino a los futuros pensionistas, y decirles que tenemos un sistema público de pensiones con futuro, que tiene problemas, sí, pero que aquí estamos sus representantes para todos juntos hablar de soluciones y, con consenso político y consenso social, alcanzar un acuerdo para que el sistema mejore sus ingresos, lo mismo que ha hecho UPyD y ha hecho CiU, con enmiendas, las cuales agradezco y además creo que completan nuestra moción, por lo que se las acepto y agradezco. Señores del PP, les pido que regresen al consenso, regresen al Pacto de Toledo, hablemos en el Pacto de Toledo y garanticemos el futuro de nuestro sistema público de pensiones.

Muchas gracias y les deseo unas felices fiestas a todos y que en el nuevo año vengan ustedes con un poco más de consenso y podamos retomar el Pacto de Toledo. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora López i Chamosa.

Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Esta es una moción a la que resulta difícil decir que no -me sorprende enterarme de que va a ser el voto del grupo mayoritario-, porque realmente lo que pide es evaluar la situación, hacer un informe de cuál es la situación del Fondo de reserva de la Seguridad Social y del sistema de la Seguridad Social en su conjunto a la luz de las últimas reformas. Al evaluar la situación, mi grupo no puede dejar de expresar su preocupación. Respecto al Fondo de reserva hemos pasado de una situación en que tuvo un máximo de 66.815 millones a una situación actual con 42.675, es decir, una disminución del 36 % en lo que va de legislatura, y la última retirada de 8.000 millones, reciente, ha sido la de mayor cuantía desde que ha habido retiradas del fondo. Esto es preocupante porque a este ritmo el fondo se agotará mucho antes de que España sufra el verdadero impacto del cambio demográfico que tenemos en ciernes. Es preocupante porque se está produciendo pese a las reformas del Gobierno, lo que demuestra que las reformas no han llegado a lograr ni su objetivo esencial, desde el punto de vista del grupo mayoritario, que era equilibrar las cuentas del sistema, a pesar de que durante dos años prácticamente se han hibernado las pensiones, han subido mínimamente el 0,25 %, y a pesar de la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, y antes de que la portavoz popular me desmienta, como hace habitualmente: señor Anchuelo, no han perdido poder adquisitivo los pensionistas, le recordaré que el poder adquisitivo es el cociente entre la


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renta disponible de los pensionistas y el IPC que afecta a los mismos. Y la renta disponible de los pensionistas depende, por ejemplo, de los impuestos que pagan, y las subidas del IVA, del IBI, de los impuestos especiales detraen renta de los pensionistas y afectan a su poder adquisitivo. Depende también del gasto en sanidad, en dependencia y en los recortes que ha habido, que les han afectado en su poder adquisitivo, y el IPC de los pensionistas no es idéntico al de la población general. Hay componentes que les afectan más a ellos y que no se han comportado como el componente general.

Pese a esta pérdida de poder adquisitivo, sigue sin haber equilibrio financiero en el sistema. ¿Por qué? Por lo que dijeron los expertos en su informe, lo que dijo mi grupo en el debate de la reforma de las pensiones y también otros, que no se podía abordar la reforma de las pensiones solo por el lado del gasto. No se podía decir: los ingresos no los toco y vamos a ajustar los gastos a la baja. Era necesario abordar el tema de los ingresos y hacerlo por tres vías. Los ingresos dependen del empleo y de la calidad del empleo, de los salarios que cobran esos trabajadores. Desde que se inició la legislatura, pese a los mensajes tan triunfalistas del Gobierno, lo que nos dicen las estadísticas oficiales es que, si vemos el número de afiliados que había en diciembre de 2011 y el número de afiliados que hay ahora en noviembre de 2014, hay una disminución de más de medio millón de afiliados, exactamente 535.170 menos. Eso va unido a los deterioros salariales que han reducido las bases de cotización. Por lo tanto, hace falta una política económica que cree empleo y empleo de calidad.

El segundo componente es la lucha contra el fraude. El fraude fiscal va unido a menudo al fraude laboral, al fraude a la Seguridad Social. Hacen falta más recursos y reasignación de esos recursos hacia las áreas de mayor fraude. Como tercera cuestión, sobre la que presentamos enmiendas a la Ley sobre la reforma de las pensiones, está el aumento de las aportaciones por vía presupuestaria al sistema de Seguridad Social, en particular las pensiones de viudedad y orfandad o algunos gastos de gestión de la Seguridad Social. Si todas estas cuestiones no se abordan, no es sorprendente que la reforma, pese al efecto sobre los pensionistas, no haya logrado evitar esta necesidad de seguir detrayendo cantidades del Fondo de reserva, mientras se pueda.

¿Qué nos pide la moción del PSOE? Que evaluemos estas cuestiones y las llevemos al Pacto de Toledo. Nos parece sensato porque sería una forma de revivir este pacto. La señora portavoz del Grupo Popular nos decía hace unas semanas que las medidas se llevaron al Pacto de Toledo. Sí, se llevaron a la Comisión del Pacto de Toledo, pero luego se aprobaron solo con los votos de un grupo. Entiendo que el pacto no es solo informar, es acordar. Sería una forma de revivir el Pacto de Toledo. Por tanto, nosotros vamos a apoyar la moción. Nuestra enmienda añade al concepto de sostenibilidad el de suficiencia, porque pensiones sostenibles lo pueden ser a nivel muy bajo, y deben ser sostenibles pero suficientes, garantizando unas pensiones dignas a los ciudadanos. Ese es el sentido de la enmienda y agradecemos a la portavoz socialista su aceptación.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta, intervendré desde el escaño.

Quiero agradecer a la señora López i Chamosa la iniciativa. El contenido de esta moción y las enmiendas que se le añaden arrojan un resultado impecable en términos de lo que a nuestro grupo le parece imprescindible, que es, por un lado, revitalizar la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo como el espacio de discusión política con relación al futuro del sistema de pensiones y además hacerlo facilitando la información que hace que esa discusión, que ese debate esté efectivamente informado. La transparencia en materia de pensiones es imprescindible para tranquilizar a los pensionistas, pero también para que seamos capaces de tomar las decisiones adecuadas de manera informada, en un contexto además en el que el Pacto de Toledo ha quedado tocado, fruto de la reforma que aprobó el Partido Popular, y esta propuesta que nos presenta la señora López i Chamosa podría articular un nuevo consenso, si fuésemos capaces a la vista de los datos de entender cuáles son las medidas que deberían de tomarse tanto para garantizar la sostenibilidad económica y financiera del sistema a medio y a largo plazo como para recuperar, sobre todo, elementos de equidad y justicia social que en las reformas que el Gobierno ha introducido han quedado seriamente dañadas.

En este sentido va una de las enmiendas que presenta Convergència i Unió. Según la reforma que el Gobierno ha propulsado, ha creado alternativamente al índice existente desde los tiempos del Pacto de Toledo, en que la revalorización de las pensiones se basaba en la evolución de los precios al consumo,


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un nuevo índice denominado índice de revalorización de las pensiones, que se ha aplicado ya en los presupuestos de 2014 y de 2015. Es significativo que la Autoridad Fiscal Independiente hace muy pocas semanas reclamase al Gobierno transparencia sobre la información que permite a este construir ese índice. A sus señorías les recomiendo la lectura de ese informe, porque se aplica un incremento del 0,25 % para las pensiones del 2015 sin que conozcamos las cifras que permiten construir la fórmula matemática compleja y difícil que el Gobierno aprobó. Por tanto, reclamamos esa transparencia en la línea del informe de la Autoridad Fiscal Independiente, para saber exactamente cuáles son las previsiones del ciclo económico de once años que justifican esa cuasi congelación de las pensiones que el Gobierno está imponiendo.

Además incorporamos una cuestión que en términos de la transparencia que exige la señora López i Chamosa también nos parece imprescindible, que es una mirada territorial del sistema público de pensiones. Nos parece imprescindible que tengamos más información sobre los flujos financieros del sistema de pensiones, entre otras cosas porque, basándonos en esa transparencia, a aquellos que como el Grupo Nacionalista Vasco y otros grupos de la Cámara somos partidarios de, con el actual modelo de Estado, gestionar las pensiones del sistema de la Seguridad Social, nos daría elementos de tranquilidad para todo el mundo. Ahí agradezco que la señora López i Chamosa haya aceptado nuestras enmiendas y por tanto contará con nuestro apoyo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela. (El señor Coscubiela Conesa hace gestos negativos). Disculpe; antes del Grupo de La Izquierda Plural, por el Grupo Vasco PNV, tiene la palabra el señor Olabarría; es que no aparecía así reflejado.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

No sé si hay que estar reflejado; pensaba que la mera presencia física...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No pierda usted ni un segundo. Ya sé que usted es imprescindible en este tema, pero hay veces en que uno no tiene ganas de intervenir, señor Olabarría. Hay más diputados aquí sentados; no demasiados, pero los hay.

Adelante, señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le agradezco el piropo, señora presidenta, pero prescindible no es nadie, o casi nadie.

En todo caso me parece muy pertinente la iniciativa presentada por la señora López i Chamosa entre otras cosas porque pocos fundadores quedamos del Pacto de Toledo; ella y yo prácticamente, por razones generacionales; desde el año 1995 hemos estado ininterrumpidamente, y los dos -ambos- observamos con pesimismo la decadencia primero del Pacto de Toledo y su amortización política después. La invocación, señora López i Chamosa, sería la regeneración del Pacto de Toledo, su mero funcionamiento -ya bastaría con que funcionase- (La señora López i Chamosa hace gestos afirmativos), entre otras cosas porque el mantenimiento de un sistema público de pensiones de reparto, de carácter contributivo, basado en la contributividad, requiere de actuaciones complejas, no sencillas, entre otras la atención debida a determinados requerimientos de normas europeas, o de tratados, o proyectos europeos, como es el Libro blanco del año 2012 para la reforma de las pensiones en Europa, la agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles basadas en el Informe de envejecimiento para la Unión Europea del año 2012, la adecuación de las pensiones de la UE para el tiempo comprendido entre los años 2010 y 2050, y fundamentalmente la estrategia europea 2020.

Esto se tiene que hacer en el Pacto de Toledo; son requerimientos exigentes para el mantenimiento de un sistema de pensiones como el nuestro, que es de reparto puro, y donde las personas que cotizan financian las contingencias protegidas a las personas que no cotizan, y hay una serie de vectores preocupantes que gravitan negativamente sobre la sostenibilidad financiera del sistema. Hay factores o perspectivas demográficas que nos deben preocupar en tanto en cuanto la sociedad envejece; una sociedad con bajísimas tasas de natalidad, con incremento de las expectativas de vida, plantea desde una perspectiva de la demografía dificultades para el mantenimiento de un sistema de reparto de estas características. En segundo lugar, vamos a tener que lidiar con el impacto del baby boom y esa disfunción, ese desajuste financiero que se va a producir entre personas. Los hijos del baby boom empiezan a


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jubilarse en estos momentos. Eran hijos de parejas que tenían cinco o seis hijos -incluso algunos más- y sus pensiones van a tener que ser financiadas por parejas o por unidades familiares que no tienen más allá de dos, o algún excéntrico, alguna unidad familiar de personas excéntricas con hasta tres o cuatro hijos en el mejor de los casos. Un sistema deficitario de 13.000 millones de euros de déficit, cantidad no baladí, y con 13.000 millones de euros hay que recurrir necesariamente al Fondo de reserva obligatorio y al Fondo de contingencia de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Ya hemos reducido el Fondo de reserva obligatorio previsto en el Pacto de Toledo, que llegó a estar financiado con 68.000 millones de euros, hasta los 42.000 millones de euros. Señorías, con este porcentaje de mordidas al Fondo de reserva obligatoria, basado para la sostenibilidad financiera -tiene un componente anticíclico- en situaciones de dificultad para el pago de las pensiones, en el año 2033 el Fondo de reserva obligatoria sencillamente habrá desaparecido, y eso nos debe preocupar, y es algo que también requiere que el Pacto de Toledo funcione debidamente para evitar este elemento de protección, este elemento anticíclico para garantizar el sistema de pensiones y el pago de las pensiones.

El incremento del desempleo no deja de ser un enigma. Ustedes realizan reflexiones apologéticas sobre la evolución del desempleo en los últimos semestres, y evidentemente ha habido una ligera disminución del desempleo que la tenemos que compensar también con la disminución de la población activa. Sin la disminución de la población activa los porcentajes del incremento de desempleo, aunque sean leves, aunque sean pequeños, con índices de crecimiento todavía muy pequeños para crear empleo en términos netos, provocan una imagen distorsionada y no exacta. Realmente no se está creando empleo en términos netos. Está disminuyendo la población activa, por el doble fenómeno de la marcha de extranjeros que retornan a sus países, y por la búsqueda de nuestros jóvenes en otros países, fuera del Estado español, de su primer empleo. Le recomendaría a la señora España -que seguramente me va a contestar- que lea la última comparecencia del profesor de la Complutense, señor Erce, que decía que con los ritmos de creación de empleo actuales, de los cuales ustedes realizan tantas reflexiones apologéticas, necesitaríamos dieciocho años para recuperar el nivel de empleo de los años 2009 o 2010. Tiene razón el señor Erce. Luego, en un sistema de reparto, si la población envejece, si las expectativas de vida aumentan, si la demografía envejece la población, y si el empleo no crece adecuadamente, nos vamos a ver en una situación verdaderamente difícil para sostener un sistema de pensiones en donde los que están trabajando, los que están cotizando, los...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy acabando, señora presidenta.

Fíjese hasta qué punto los elementos demográficos son preocupantes, señora España, que en los próximos diez años el Estado español va a perder nada menos que 2,6 millones de habitantes. No solo es eso...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo, señora presidenta. Acabo con esto, de verdad. Entre 2013 y 2023 nacerán en torno a 3,9 millones de niños, un 17,1 % menos de los niños que han nacido en la década anterior. Las expectativas de vida aumentan. En las mujeres, hasta los 87 años y en los hombres hasta los 81, diferencia biológica que no sé hasta qué punto requeriría explicaciones. El desempleo no va a crecer en los términos que ustedes están estableciendo...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, lo siento. Una frase y final.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La frase es que la regeneración del Pacto de Toledo que ha solicitado la señora Isabel López i Chamosa es más importante que nunca en esta situación.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Olabarría.

Ahora sí, por La Izquierda Plural, señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta. La Izquierda Plural va a votar a favor de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Nos parece necesaria, oportuna, útil y hasta prudente, Isabel. Además puede servir para resucitar la Comisión del Pacto de Toledo que se encuentra en estado de coma, fruto del escaso o nulo interés del Gobierno y del Partido Popular por


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dialogar, tampoco en temas de Seguridad Social. Necesitamos ya un debate en profundidad sobre la sostenibilidad y la suficiencia del sistema de Seguridad Social, un debate sin trampas, sin las falacias del pensamiento único sobre el que se ha construido la política de este Gobierno en los últimos años, un debate que debe hacerse ya, antes de que sea tarde, mientras tengamos el colchón del Fondo de reserva, que no estará siempre, y menos a este ritmo. La sostenibilidad de la Seguridad Social no la pone en riesgo ni la cuantía de las pensiones ni el envejecimiento de la población. Sin duda son factores a tener presentes porque influyen, pero no son los factores determinantes. Recuerden, señorías del Partido Popular, que nuestro gasto en pensiones está muy por debajo en términos de producto interior bruto que la media de la Unión Europea. Incluso las previsiones de la Unión Europea para 2050, que prevén un crecimiento importante de nuestro gasto en pensiones, indican que nunca vamos a superar en esas previsiones la media de gasto del conjunto de los sistemas europeos. Lo que está haciendo insostenible el sistema de la Seguridad Social en nuestro país es un modelo económico productivo basado en una estrategia de reducción de costes laborales. Y eso tiene padre y madre. Lo que está erosionando las bases de la Seguridad Social hoy es un modelo de relaciones laborales construido sobre la precariedad, el reparto insolidario del empleo, vía contrato a tiempo parcial, y la devaluación salarial. Eso es lo que nos dicen los datos de afiliación y recaudación de 2014; más afiliados, sí, pero con una recaudación que prácticamente no crece. ¿Y eso por qué? Porque los nuevos afiliados a la Seguridad Social son trabajadores temporales, trabajadoras mayoritariamente a tiempo parcial, con salarios de miseria, que por tanto tienen cotizaciones bajo mínimos. Por eso la principal y más importante política de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social hoy es promover el trabajo digno, y para ello es imprescindible revocar la reforma laboral de 2012, y si me lo permite, también algunos de los aspectos de 2010. Reforma laboral y pensiones dignas son incompatibles, es como el agua seca. Por eso, y utilizando la llamada a la honestidad y al rigor intelectual que ayer nos reclamaba Carles Campuzano -que no está aquí-, debo decir a todos aquellos que votaron a favor de la reforma laboral del año 2012 que, cuando se aprobó la reforma laboral, se disparó contra los derechos de los trabajadores, pero de rebote se afectó a la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social. No se puede estar lunes, miércoles y viernes pidiendo mejora de las pensiones, y martes, jueves y sábado votando a favor de políticas de precarización, y por ejemplo a favor del Pacto de estabilidad presupuestaria; no se puede salvo, claro, que se dedique el domingo, fiesta de guardar, a ir a misa y pedir a alguna virgen que obre el milagro de hacer compatible reforma laboral y pensiones dignas. Eso es imposible. Por eso creo que debemos abordar en profundidad ese debate.

También debemos abordar el debate del cambio en la estructura de financiación del sistema, para incorporar ya el camino -muy parecido al que se inició en 1995-, que es la base de lo que hoy nos ha permito hablar del sistema de la Seguridad Social en términos sólidos, que es una mayor aportación fiscal. Aún hay márgenes para mejorar los ingresos contributivos, es decir, los de las cotizaciones, pero esos márgenes son limitados. Por ejemplo, sería bueno que doña Carolina España, que soporta -o da soporte, no sé exactamente cuál de las dos cosas hace- al Gobierno, le dijera al Gobierno que si continúa situando políticas de incentivo al empleo a partir de reducción de cotizaciones -que no es lo mismo que bonificación- lo que está haciendo es deteriorando los ingresos de la Seguridad Social, y por lo tanto, aunque aparentemente promueve el empleo, en la práctica no lo hace porque deteriora la Seguridad Social. Hay márgenes para la financiación contributiva, pero son estrechos; lo importante es aumentar la financiación fiscal. Es necesario, es justo y es posible. Es necesario para garantizar el equilibrio financiero a largo plazo; es justo porque ahora el sistema contributivo sostiene y financia prestaciones no estrictamente contributivas, como las de viudedad y orfandad, y es posible porque existe margen fiscal para ello. Recuerden que España tiene unos ingresos fiscales del 8 % menos sobre el PIB que la media de la Unión Europea. En ese sentido vuelvo a reiterar que la propuesta que nos plantea el Grupo Socialista es absolutamente razonable, y por eso la vamos a votar favorablemente, y nos sorprende que haya algún grupo que no lo haga. Está en su derecho, pero debería pensarse si no llegará un momento en que el Grupo Popular vote en contra incluso de sus propias propuestas. A este paso todo es posible. Denle una oportunidad al diálogo, resuciten el Pacto de Toledo, porque es uno de los grandes activos de este país y no vamos a dejar que se lo carguen.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo Popular, señora España.


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La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha traído aquí una moción hoy para hablar del sistema público de pensiones. La mejor garantía para pagar las pensiones en nuestro país es que haya empleo, y les guste o no España está creciendo, está creando empleo, y se está reduciendo el número de desempleados. Es verdad que todavía quedan muchos españoles que están sufriendo las consecuencias de la crisis, y por eso hay que seguir trabajando para que la recuperación económica llegue lo antes posible a todos los hogares. Por eso, señorías -aludía a ello la señora López i Chamosa-, se ha firmado un acuerdo social muy importante por parte de la ministra Fátima Báñez y los agentes sociales, para poder atender a los desempleados de larga duración. Y me dicen, señora López i Chamosa, que estaban ustedes invitados, tanto el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso como el partido. (La señora López i Chamosa hace gestos negativos). No habrá llegado la invitación, porque eso es lo que a mí me trasladan desde el ministerio.

Yo no soporto a nadie, señor Coscubiela, formo parte de un grupo, del Grupo Parlamentario Popular, que sustenta -que no es lo mismo que soporta- al Gobierno, precisamente el Gobierno que va a sacar a este país de la crisis, como ya lo hizo en el año 1996. La recuperación económica es una realidad, cuya clave -lo ha dicho bien el señor Olabarría- es el empleo, y yo le voy a demostrar con datos objetivos que vamos por buen camino. Hace tres años nos encontramos con un país en la ruina, un país al borde del rescate, con una tasa de déficit de las más altas de Europa, una Seguridad Social en déficit -eso sí es deteriorar la Seguridad Social-, un Fondo de reserva -usted aludía a él- del que ustedes utilizaron -por la puerta de atrás- 15.000 millones de euros. Nos encontramos con que también habían congelado las pensiones en su momento, haciendo perder a los pensionistas 2.500 millones de euros; nos encontramos con que habían elevado la edad de jubilación sin consenso en el Pacto de Toledo -eso también es romper el Pacto de Toledo-; nos encontramos con una Seguridad Social que se desangraba porque había 2.300.000 cotizantes menos cuando nosotros llegamos. Hablan de los sistemas privados de pensiones, pero ustedes dejaron la Seguridad Social tan mal que aconsejaron a los españoles que se hicieran planes privados de pensiones. Nos encontramos los cajones llenos de facturas -40.000 millones de euros-, 300.000 empresas destruidas, y la tasa más alta de paro de toda la Unión Europea: 5,5 millones de parados. Es decir, un país prácticamente al borde del rescate, una Seguridad Social casi en quiebra, y un sistema público de pensiones en la UVI.

Le puedo decir, como hice al principio, que la mayor garantía para pagar las pensiones es que haya empleo en nuestro país, y hoy se está creando empleo. Tenemos más cotizantes a la Seguridad Social y eso implica mayores ingresos para el sistema. Señorías, llevamos cinco trimestres seguidos de crecimiento económico. Somos el país que más está creciendo ahora mismo en la Unión Europea y que más va a crecer. Estamos consiguiendo reducir el déficit de la Seguridad Social -ese que ustedes dejaron- en un 1 % este año y un 0,6 % el año que viene. Por primera vez la pensión media ha superado los 1.000 euros. Hemos hecho la separación de las fuentes de financiación. A diferencia de lo que ocurría antes, que el paro crecía al 12 %, ahora baja al 6 %. Desde que ha llegado el Partido Popular siempre han subido las pensiones; en los dos últimos años ha habido 2.000 millones de euros de incremento de poder adquisitivo, es decir, IPC más incremento de poder adquisitivo. El paro juvenil también está mejorando. Con respecto a los menores de treinta años tenemos ya 82.000 parados menos que cuando llegamos al Gobierno. Es decir, se están mejorando las cosas, vamos por el buen camino, estamos creando empresas -tenemos 50.000 empresas más-, se está recuperando hasta la construcción. La tasa de afiliados en el mes de octubre ha sido positiva por primera vez desde que comenzó la crisis. Se ha aumentado el consumo privado y va a aumentar más con la reforma fiscal. Se ha aumentado la venta del comercio al por menor, la matriculación de vehículos. Pero lo más importante es que se está creando empleo: hay 550.000 parados menos en la EPA de los dos últimos trimestres, 400.000 afiliados más a la Seguridad Social, y un empleo estable. Es decir, la contratación indefinida está incrementándose un 30 %. Señorías, si creamos empleo tendremos más afiliados a la Seguridad Social, se podrá recuperar el equilibrio -ese déficit que ustedes dejaron en la Seguridad Social- para no tener que utilizar el Fondo de reserva a la hora de pagar las pensiones. Por lo tanto, señorías, vamos por el buen camino.

¿Diálogo en el Pacto de Toledo? Todo el que ustedes quieran, pero no me pidan algo que la propia recomendación 21 del Pacto de Toledo no recoge; ahí se habla de que las recomendaciones hay que revisarlas cada cinco años. Por lo tanto, si la última revisión fue en 2011, toca revisarlas en 2016. Por supuesto que el Gobierno presentará un informe exhaustivo, pero no con los condicionamientos que usted ha puesto hoy en la moción, y tampoco con un plazo de seis meses, porque nunca se ha hecho así.


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Pero presentará el informe y lo estudiaremos. Por lo tanto arrimen el hombro, dejen de hablar mal de España, porque los países del resto del mundo están hablando muy bien del esfuerzo de España, y del esfuerzo de los españoles por salir de la crisis y por crear empleo. Por lo tanto arrimen el hombro. ¿Diálogo en el Pacto de Toledo? El que ustedes quieran, pero no toca ahora. No toca ahora revisar las recomendaciones del Pacto de Toledo. Mientras, vamos a seguir trabajando por la recuperación, por el empleo, y desde la oposición arrimen el hombro, trabajen también por la recuperación y por el empleo, porque el empleo es la mejor protección social y la mejor garantía del sistema público de pensiones.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora España.

Señora López i Chamosa, deduzco de sus palabras y de la intervención de los portavoces que acepta usted las dos enmiendas. (Asentimiento).

Muchas gracias, señora López i Chamosa.

Se suspende la sesión.

Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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