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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 243, de 25/11/2014
cve: DSCD-10-PL-243
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 243
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 228
celebrada el martes,
25 de noviembre de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Exclusión del orden del día ... (Página5)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Barkos), sobre la posición del Gobierno ante los conflictos surgidos con la Comunidad Foral de Navarra. (Número de expediente 172/000273) ... (Página5)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, para el impulso a la inversión sostenible de las entidades locales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 176-1, de 14 de marzo de 2014. (Número de expediente 122/000153) ... (Página5)

- De los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de reforma del artículo 135 de la Constitución española. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 146-1, de 29 de noviembre de 2013. (Número de expediente 100/000004) ... (Página14)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de un acuerdo de libre comercio e inversión entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 555, de 7 de noviembre de 2014. (Número de expediente 162/001073) ... (Página27)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a combatir el maltrato animal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 524, de 26 de septiembre de 2014. (Número de expediente 162/001036) ... (Página36)


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la orientación del Gobierno en materia de armonización de la fiscalidad internacional y la lucha contra la evasión y elusión fiscal de empresas multinacionales. (Número de expediente 173/000183) ... (Página43)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página51)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página51)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página52)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

Exclusión del orden del día ... (Página5)

Interpelaciones urgentes ... (Página5)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Barkos), sobre la posición del Gobierno ante los conflictos surgidos con la Comunidad Foral de Navarra ... (Página5)

La Presidencia somete a la consideración del Pleno la exclusión del orden del día del punto de referencia, lo que se aprueba por asentimiento.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)

Del Grupo Parlamentario Socialista, para el impulso a la inversión sostenible de las entidades locales ... (Página5)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; así como los señores Pàramo i Ponsetí, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

De los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de reforma del artículo 135 de la Constitución española ... (Página14)

Defienden la toma en consideración de la proposición de ley la señora Fernández Davila, y los señores Tardà i Coma y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto, así como el señor Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


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En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Pradas Torres, del Grupo Parlamentario Socialista, y Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página27)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de un acuerdo de libre comercio e inversión entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea ... (Página27)

Defiende la proposición no de ley el señor Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Pérez Fernández, y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto, así como la señora Ariztegui Larrañaga en turno de fijación de posición, del mismo grupo; los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Casado Blanco.

Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a combatir el maltrato animal ... (Página36)

Defiende la proposición no de ley la señora Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sanz Remón, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la señora Iglesias Fontal, del Grupo Parlamentario Popular.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra la señora Lucio Carrasco.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página43)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la orientación del Gobierno en materia de armonización de la fiscalidad internacional y la lucha contra la evasión y elusión fiscal de empresas multinacionales ... (Página43)

Defiende la moción el señor Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.


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En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Fernández Davila, y el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Saura García.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página51)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para el impulso a la inversión sostenible de las entidades locales, se rechaza por 149 votos a favor más 1 voto telemático, 150; 172 en contra más 1 voto telemático, 173, y 2 abstenciones.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de los Grupos Parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de reforma del artículo 135 de la Constitución Española, se rechaza por 138 votos a favor más 1 voto telemático, 139; 172 en contra más 1 voto telemático, 173, y 13 abstenciones.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página51)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso con la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la consecución de un acuerdo de libre comercio e inversión entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea, se aprueba por 191 votos a favor y 132 en contra.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a combatir el maltrato animal, se rechaza por 126 votos a favor, 173 en contra y 17 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página52)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista con las enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la orientación del Gobierno en materia de armonización de la fiscalidad internacional y la lucha contra la evasión y elusión fiscal de empresas multinacionales, se rechaza por 126 votos a favor, 170 en contra y 26 abstenciones.

Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BARKOS), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LOS CONFLICTOS SURGIDOS CON LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 172/000273).

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y acordado en la Junta de Portavoces, se excluye del orden del día el punto 25, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Barkos, sobre posición del Gobierno ante los conflictos surgidos en la Comunidad Foral de Navarra. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Gracias, señorías.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA EL IMPULSO A LA INVERSIÓN SOSTENIBLE DE LAS ENTIDADES LOCALES. (Número de expediente 122/000153).

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Socialista para el impulso a la inversión sostenible de las entidades locales. Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Rangel.

El señor RANGEL TARRÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hablo en representación del Grupo Socialista para defender esta iniciativa, esta proposición de ley para el impulso de la inversión sostenible de las entidades locales, mediante la modificación de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales. Les quiero hacer una confesión nada más empezar: mi cultura política es básicamente municipalista, no en vano he aprendido bastante de lo que sé en veinticinco años de servicio a los ciudadanos, a través de las administraciones locales, como algunos de mis compañeros en el hemiciclo. Valoro muy positivamente la labor que se ha hecho por parte de los Gobiernos locales, por parte de los Gobiernos de proximidad, y me duele en el alma lo que está ocurriendo en estos momentos. Desde hace tres años estamos viviendo un desmantelamiento del Gobierno local para convertirlo en una simple Administración tutelada y dirigida de forma centralizada por el Gobierno de España, y eso a los que somos municipalistas de vocación y hemos vivido de cerca lo que significa la política de proximidad nos duele muchísimo.

Nosotros planteamos que se debata esta iniciativa con su contenido y con alguna incorporación que se pueda llevar a cabo para dar al conjunto de entidades locales un marco estable de carácter normativo. Difícilmente se pueden planificar, difícilmente se pueden abordar inversiones importantes para la vida local, para la regeneración de la actividad económica, para la creación de empleo si no hay un marco estable y conocido; y, señorías, lo que se ha estado haciendo es precisamente todo lo contrario. Un marco estable no es empezar una aventura en abril de 2012, con la aprobación de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en la que prácticamente se dejaba sin posibilidad a las corporaciones locales, por lo tanto se las excluía de facto, de invertir los excedentes, los superávits, el remanente de tesorería. Seguramente había habido excesos en algunas corporaciones locales, para no ir muy lejos pongamos de ejemplo Madrid mismo, pero en otras se habían hecho los deberes, y lo que ustedes hicieron, que es norma de la casa, fue aplicar el mismo recetario para justos y pecadores, y eso es justamente lo contrario de justicia y equidad, es tratar de forma igual a los desiguales.

El 20 de diciembre de 2013, aprovechando una norma que era la de control de la deuda comercial, fijaron una reglas especiales para el destino del superávit presupuestario; solo podía destinarse a inversiones financieramente sostenibles, pero sin más detalle. En el ínterin aprueban la que ya hemos debatido en esta Cámara de una manera clarísima: su reforma local, esa que pretende dar la estocada definitiva en los términos que antes he expresado. Pero, señorías, deberían entender que un municipio es lo más próximo a la sociedad civil organizada, que el ayuntamiento es precisamente el reflejo de esta sociedad civil organizada en gobierno y administración del municipio, y cualquier atentado a la autonomía local no es un atentado a la institución, sino que es un atentado a los ciudadanos en cuanto a que puedan decidir libremente, en base a la autonomía, cuál es el mejor camino para su municipio.


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Finalmente, en febrero de 2014, y aprovechando un real decreto-ley que curiosamente es uno que habla de medidas urgentes por los daños causados por los temporales -no sé si es alegórico-, crean una norma que permite identificar ya qué es una inversión financieramente sostenible. Pero de acuerdo con la modificación que hicieron anteriormente de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la disposición adicional sexta, solamente es un marco que sirve para 2014 y excepcionalmente y en las inversiones en ejecución para 2015, pero no sirve para más allá. Por eso decía que hay que dar un marco normativo estable para que se pueda actuar con mucha más programación y libertad, si lo que de verdad queremos es que las inversiones que se lleven a cabo sean sensatas desde el punto de vista de la oportunidad, de su posibilidad de sostenibilidad, y que no sean cosas improvisadas y de última hora para intentar aprovechar las situaciones. Por tanto estoy convencido de que este galimatías normativo difícilmente ayuda a generar unas mínimas garantías para que tenga éxito la gestión pública desde las corporaciones locales.

También les quisiera poner en evidencia que la concepción que tenemos de la política desde esta casa, donde se debaten normas, es que después del debate se produce la publicación en el Boletín Oficial del Estado y aquí se ha terminado el trabajo. En los debates que llevamos a cabo, que desgraciadamente suelen ser monólogos, muchas veces no tenemos en cuenta que lo que se aprueba aquí y se publica en el BOE después hay que ejecutarlo. La concepción de la política desde la proximidad, desde una entidad local, es justamente todo lo contrario. El trabajo arranca cuando se publica la norma y cuando hay que convertir ideas y proyectos en una realidad tangible que puedan percibir los ciudadanos, porque eso es lo que pone en valor precisamente la política, y es la grandeza del trabajo que se lleva a cabo desde los ayuntamientos, desde la proximidad.

Nuestra proposición de ley saben perfectamente -porque supongo que se la habrán leído- que guarda bastantes semejanzas con la nueva disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que aprobaron mediante una disposición de ese famoso real decreto de temporales, pero hay algunas diferencias que son esenciales. Lo que podemos hacer si debatimos esa norma e incorporamos alguna mejora, como es la modificación de esa disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es dar mucha más estabilidad a esa normativa. Además hay otro elemento que nos parece importante, y es que está exenta de la constante apelación que ustedes hacen al control jerárquico que impone esa visión recentralizadora del poder político, y contraria a la visión de descentralización de ese poder político, de autonomía y de responsabilidad de las entidades locales.

Hay otra cosa que nos preocupa y que también es motivo de reflexión a la hora de presentar esta iniciativa. Durante los últimos años -ya lo hemos dicho en más de una ocasión desde esta tribuna- el ajuste del déficit público de los diversos subsistemas de la Administración pública españoles ha recaído básicamente, por una parte, en las comunidades autónomas, y por otra, en las entidades locales. Las entidades locales cerraron el ejercicio 2013 con un superávit del 0,52 % con relación al producto interior bruto. El primer semestre de este año 2014 las cuentas locales arrojaban un superávit de más de 1.000 millones de euros. Nos consta que nueve de cada diez ayuntamientos está en superávit. La cuestión que les planteamos es la siguiente: ¿qué van a hacer, van a permitir que dichos recursos se puedan destinar a la inversión productiva, a la creación de puestos de trabajo, y a la mejora de los servicios públicos locales de proximidad, o bien los van a mantener rehenes de su política de consolidación fiscal? Esta es la clave y a lo que deberían respondernos en función de la posición que adopten. Señorías, si atendemos a su plan presupuestario para 2015 las cosas no pintan bien. El Gobierno remitió a las autoridades de la Unión Europea ese plan en el que se aprietan las clavijas a las corporaciones locales para conseguir recortes adicionales de más de 8.000 millones de euros, y donde esperan el mayor ahorro es en los ejercicios 2015 y 2016, en concreto 3.523,5 millones de euros en 2015 y 2.604,9 en 2016. Prácticamente podríamos tener la respuesta. Lo que les interesa no es que las corporaciones locales cumplan su misión en relación con los vecinos y vecinas de cada municipio, no es que se pueda premiar la buena gestión que genera un remanente positivo de tesorería para que se pueda reinvertir en la mejora del municipio, en inversiones sostenibles, en creación de puestos de trabajo, en toda una serie de requisitos que requiere la comunidad local, sino que lo que pretenden es cuadrar las cuentas a costa de no dar margen de maniobra y no dar la posibilidad de que se planifiquen las inversiones. Se lo digo porque ahora estamos cada vez más cerca de las elecciones locales, y en esas elecciones van a concurrir las fuerzas políticas planteando su programa político. Lo que tendríamos que contar es que si no se modifica la normativa en general que está regulando su capacidad de actuación, las posibilidades que tienen de hacer más cosas y mejor para sus conciudadanos cada vez son menores y cada vez se lo ponen más


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difícil. En cualquier caso -vaya la decisión que adopten en un sentido o en otro-, si es la de restricción, que sean capaces de decir a los ciudadanos a la cara que no van a poder tener los mismos servicios, que van a tener menos servicios, que van a tener menos inversión, que el capital público va a disminuir y que sus posibilidades de futuro se van a ver recortadas.

Señorías, sabemos que nos pueden decir que lo que les proponemos ya lo han resuelto. Yo les he dicho que está mal resuelto, lloviendo normas de un sitio y de otro. En cualquier caso les invitamos a celebrar ese debate, a que no hagamos más monólogos, y a que podamos discutir en esta Cámara una solución para que el conjunto de las corporaciones locales tengan unas posibilidades que hasta ahora se les han hurtado, y que aquellas que han sido capaces de hacer una buena gestión y generar un remanente positivo de tesorería, que tienen recursos, una parte importante de ellos los puedan destinar a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y a crear empleo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rangel.

No se ha solicitado turno en contra en esta proposición de ley, por lo que en fijación de posiciones por el Grupo Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

A veces pienso que se habla poco y mal de los ayuntamientos, y esta es una propuesta razonable. Los ayuntamientos son la Administración mejor valorada y con menor déficit. El endeudamiento público de las entidades locales está en torno al 4 % del PIB o menos, mientras que su déficit conjunto público total, que en 2012 era del 0,3 %, será del 0 % para el periodo 2013-2015, y ahora incluso estamos en números positivos, pero en lugar de premiar a los ayuntamientos, sobre todo a los ayuntamientos que mejor cumplen, la ley los penaliza, les encorseta a la hora de decidir a qué pueden dedicar los remanentes positivos. A lo largo de casi quince años he sido concejal, alcalde, he gobernado, he estado en la oposición, y he conocido la transformación profunda que han experimentado los ayuntamientos en las últimas décadas. Hoy o cualquier día mi ayuntamiento, cualquier ayuntamiento, bulle de actividad, de gente que está buscando precisamente la proximidad que le ofrece la Administración más cercana, y muchas veces hemos podido hacer frente a necesidades urgentes y sobrevenidas precisamente con cargo a los remanentes positivos de tesorería, por ejemplo planes de empleo para personas en riesgo de exclusión; es decir, solución de problemas próximos, diarios, cotidianos. Por tanto desde Compromís Equo entendemos que, aunque hay puntos en los que podríamos tener alguna discrepancia a la hora de incluirlos en la relación que se hace en la proposición, creemos que se debería tomar en consideración esta propuesta y mejorarla en su tramitación, porque va justamente en el camino contrario al que pretende el PP y que hemos visto a lo largo de estos tres últimos años. El Partido Popular ha pretendido con los ayuntamientos una mayor recentralización y la supresión de competencias, de necesidades que prestan estos ayuntamientos, y que en muchísimos casos no llegan a prestar las comunidades autónomas ni el propio Estado.

Esta proposición va en el camino de dotar a los ayuntamientos de instrumentos para que decidan en qué invertir su superávit -recordémoslo, su superávit, es decir, ayuntamientos que han cumplido-, y que lo hagan en función de las necesidades que detectan en el día a día, que observan cada día en los ciudadanos. En ese sentido todo lo que sea acercar las decisiones a los ciudadanos contará con nuestro voto a favor. Por tanto Compromís Equo apoyará esta proposición.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Subimos a esta tribuna, señorías, para anunciar el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a esta proposición de ley presentada por el Grupo Socialista porque, al margen de las aportaciones que podríamos hacer de aprobarse su admisión a trámite, compartimos la propuesta de posibilitar que los ayuntamientos puedan emplear el superávit de su presupuesto en gastos de inversión, y activar la economía y la creación de empleo. Desde el BNG siempre hemos defendido que la Administración local -como administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas-, además de gestionar los servicios básicos, debe y debería poder tener capacidad y autonomía para llevar a cabo inversiones, que además


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de estar destinadas a ofrecer bienestar a las personas tengan -como decía anteriormente- la orientación de dinamizar la economía local y poder influir, señorías, en la creación de empleo. Nosotros defendemos que las administraciones locales puedan y deban cumplir este papel.

Es evidente que este Gobierno está imponiendo restricciones a las administraciones públicas; basta recordar la regulación aprobada por este Gobierno relativa al límite de acudir al crédito público o privado a largo plazo por parte de los ayuntamientos -cuestión que aun teniendo inicialmente carácter coyuntural para 2010 y 2011, con una prórroga para 2012, se transformó en algo indefinido-, pero es que además no podemos olvidar -porque eso es imposible- lo que representa la reforma local como límite de competencias y como límite de capacidad de actuación de las administraciones locales, y de rendir un servicio público en las debidas condiciones en la actualidad.

Señorías, como hemos dicho, vamos a votar favorablemente esta iniciativa, porque de llevarse a cabo muchísimos ayuntamientos podrían trabajar en proyectos que permitieran un dinamismo económico y dieran vida a la localidad. Me pregunto si es posible estar en contra -parece que el Partido Popular sí, porque así lo refleja la reforma local, que se aprobó únicamente con los votos del Grupo Popular- de que una Administración local invierta en crear una empresa que dinamice los servicios sociales en su localidad, que facilite una atención a domicilio a personas con dependencia o a personas mayores. Estamos hablando de una inversión social que, además de crear un servicio necesario, imprescindible diría yo en estos momentos, favorece el empleo, que tan necesario es en un momento como este, cuando el paro en el Estado español es del 24 %. No podemos entender -en su día así lo manifestamos y en esa dirección fue nuestro voto en la reforma laboral, o mejor dicho en la reforma local- que la reforma laboral y la reforma local tengan esos dos aspectos tan restrictivos: no solo no facilitan ni dinamizan la economía, sino que no crean empleo. Las dos están destinadas, parece ser, a que el paro aumente, por eso a veces se habla de la reforma local y se dice laboral. Además, señorías, lo que propone el Grupo Socialista es que la inversión se haga con aquel superávit que tuvieran los ayuntamientos. No estamos hablando de una inversión que tuviera que contar con la necesaria participación en un crédito o que significase el incremento de la deuda del ayuntamiento. Estamos hablando de superávit. No podemos entender que un ayuntamiento no pueda utilizar ese superávit de sus cuentas para poder hacer políticas de inversión, dinamizar la economía local, y crear empleo. Por eso apoyamos estar iniciativa, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente, desde el escaño, para fijar la posición de mi grupo en relación con la proposición de ley que ha presentado el Grupo Socialista.

Como ustedes saben en el País Vasco, debido al régimen foral, esta proposición de ley no sería de aplicación, ni a los ayuntamientos de la comunidad autónoma ni a la Comunidad Foral de Navarra. No obstante vamos a votar a favor, porque consideramos que los ayuntamientos que cumplen con las exigencias que derivan de las leyes de estabilidad en materia de déficit y endeudamiento deben tener al menos libertad para invertir en aquellos ámbitos o en aquellas cuestiones que interesen a los ciudadanos de ese ayuntamiento, y no poner más restricciones. Los ayuntamientos -que en este caso son la inmensa mayoría- son entidades serias y responsables que saben perfectamente lo que necesitan sus ciudadanos. Dejémosles actuar y dejemos de lado ese espíritu policial que desde las leyes se puede tener.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Resulta difícil enfrentarse a una proposición de ley del Grupo Socialista titulada inversiones sostenibles de las entidades locales sin tener cierta prevención, porque su último mandato está todavía demasiado cerca. La sostenibilidad fue uno de sus lemas más repetidos la pasada legislatura, y el ejemplo de inversión sostenible local que nos dieron fue el de los dos planesE: un plan primero de 8.000 millones de euros y un plan segundo de 5.000 millones de euros; 13.000 millones de euros. ¿Qué usos alternativos se podrían dar, incluso hoy, a esos 13.000 millones de euros? Esos 13.000 millones de euros se utilizaron en inversiones sostenibles del tipo de levantar aceras, del tipo de poner carteles y del tipo de crear empleo


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que duró exactamente el mismo tiempo que duró ese dinero público. Hasta ahora ustedes siguen defendiendo esos planes. Sin embargo, hay ya dos informes del Tribunal de Cuentas que acreditan que esto no es una opinión de Unión Progreso y Democracia que, por cierto, se opuso a esos planes, sino que hay datos que lo corroboran. En el informe sobre el primer PlanE el Tribunal de Cuentas dice que tres cuartas partes de los proyectos no acreditaron cubrir ninguna necesidad pública, y también nos dice que pasado un par de años, a finales de 2011, solo un 4 % de los empleos que se crearon seguían existiendo, es decir, que el empleo duró lo que el dinero público. Tal vez, aunque nunca hayan criticado ustedes estos planes, estemos esta tarde ante uno de esos giros copernicanos del Partido Socialista. Parece que vamos a ver alguno más esta tarde, y nos queda la duda de si son giros de 180 o de 360 grados, pero el tiempo lo dirá. Eso es de la pasada legislatura, aunque ustedes nunca lo han criticado.

Miremos hacia el futuro. De lo que ustedes nos plantean hay elementos que podemos compartir. En efecto, no tiene sentido generalizar las restricciones a los ayuntamientos cuando tienen sus cuentas públicas en equilibrio. Las restricciones deberían centrarse en ayuntamientos con situación deficitaria. Es cierto que ese canto que ustedes hacen, y también el Partido Popular, al equilibrio de las cuentas públicas locales habría que matizarlo porque es importante no solo el equilibrio, sino cómo se ha alcanzado; y los ayuntamientos han alcanzado a menudo el equilibrio presupuestario recortando gastos esenciales, servicios sociales de proximidad o subiendo fuertemente el IBI a los ciudadanos y no recortando gastos innecesarios o por fórmulas más adecuadas. Muchos han alcanzado el equilibrio presupuestario y, por tanto, no tiene sentido someterles a restricciones generalizadas.

Lo que es más difícil de compartir es que ustedes aquí nos proponen un listado bastante amplio que dicen que son de inversiones sostenibles para fomentar el crecimiento. Vamos a invertir y, por tanto, estas infraestructuras van a generar ingresos que van a hacer que sean autofinanciables. Cuando miramos la lista es amplísima y nos encontramos elementos como pensiones, festejos populares, actividades deportivas, elementos que algunos no están dentro de las competencias municipales y, otros, no constituyen lo que uno suele asociar, en primer lugar, cuando piensa en el crecimiento. A todos nos resultan muy agradables los festejos populares o las actividades deportivas, pero no es lo que suele uno asociar más directamente con el fomento del crecimiento sostenible, que es lo que se supone que pretende su iniciativa.

Siendo un poco mal pensados, después de tres años de diputado en esta legislatura, nos tememos que lo de los festejos populares es muy significativo y que su iniciativa en el fondo tiene mucho que ver con el hecho de que 2015 es un año electoral. Nos parece una pena porque la reforma local sigue pendiente. Hace un año hubo una falsa reforma local que ha dejado los grandes temas abiertos, y mi grupo sigue planteando una serie de profundas reformas locales que siguen pendientes de realizarse. Como saben, hay que delimitar mejor la división competencial. No tiene sentido que se solapen las competencias de ayuntamientos, de comunidades y del Estado. La reforma local dice hacer eso, pero no lo ha solucionado bien, y a menudo ha servido como excusa para reducir los servicios sociales en vez de reasignarlos entre administraciones.

Como saben, esto lo defendemos en solitario y es una reforma importante que por fin está en la agenda política: es necesario fusionar ayuntamientos en nuestro país. En nuestro país hay más de 8.000 ayuntamientos y casi 5.000 tienen menos de 1.000 habitantes; las recomendaciones europeas y del Consejo Europeo manifiestan que el tamaño adecuado para un municipio debería ser de 10.000 habitantes. Habría que tener ayuntamientos de mayor tamaño que diesen mejor los servicios sociales, que tuviesen economías de escala y esto permitiría suprimir las diputaciones provinciales, una administración intermedia que nos cuesta 6.000 millones de euros cada año y que es muy poco democrática porque no se elige directamente por los ciudadanos. También hay un amplio ámbito de entes públicos y locales y fundaciones en los que hay margen de reducción.

Por último, proponemos reformas además por el lado de los ingresos. Los ayuntamientos no pueden seguir viviendo únicamente de aumentar el IBI a los ciudadanos. En el IBI habría que distinguir entre la primera vivienda habitual y las segundas y terceras viviendas, y habría que tener en cuenta la sostenibilidad y la eficiencia energética de las viviendas; por cierto, todo esto se debería haber planteado en la última reforma fiscal y no se hizo. Por eso, aunque no compartimos aspectos esenciales de su iniciativa, vamos a votar a favor de su admisión a trámite, porque nos parece que es una buena ocasión de reabrir el debate de la reforma del local, que es un debate pendiente. Ni que decir tiene que si esta admisión a trámite se aceptase, enmendaríamos los aspectos de su propuesta que he planteado, porque para nosotros la


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inversión sostenible ligada al crecimiento tiene muy poco que ver con los festejos populares y con las elecciones municipales del próximo año.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.

Señorías, muchas son las dificultades que están teniendo los ayuntamientos en el conjunto del Estado para dar soluciones a los graves problemas que están sufriendo sus vecinos y vecinas a la hora de cubrir sus necesidades básicas, como consecuencia directa de las políticas de recortes que de forma injustificada e inmisericorde está llevando a cabo del Partido Popular. Dos de esos problemas derivan de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que proclaman el déficit cero como principio rector y, traspasan los límites establecidos constitucionalmente, en cuanto a la suficiencia financiera y la autonomía política, para prestar servicios básicos de manera eficiente por la Administración del Estado más cercana y eficaz. Lo más grave, si cabe, de las medidas impuestas por el Gobierno en contra de las administraciones locales de nuestro país es que, aunque estén cumpliendo con sus obligaciones de déficit y tengan sus cuentas saneadas, tienen que ajustarse al techo de gasto impuesto y no pueden gestionar el superávit para cubrir los servicios y acometer las inversiones que crean convenientes y necesarias. Si bien la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece en particular unas reglas especiales para el destino del superávit, las condiciones son tan exigentes y las competencias han quedado tan limitadas con la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que, en la práctica, están suponiendo un verdadero corsé presupuestario para las corporaciones locales. Señorías, estamos hablando de ayuntamientos que han recortado en servicios sociales, en políticas de igualdad de género y en atención a las víctimas de violencia de género -en días como hoy se hacen muchas declaraciones a favor, pero esta es la realidad que impone que hay una intención clara de luchar contra la violencia de género-, en escuelas infantiles también necesarias en esos ayuntamientos o en residencias de ancianos; ayuntamientos que ven que cada día tienen más población desempleada y, en la práctica, no pueden atender estas necesidades aunque tengan dinero para ello, salvo que previamente -eso sí- sea autorizado por el Ministerio de Hacienda bajo unas premisas absolutamente kafkianas. Señorías, esto es inadmisible.

Ahora con esta proposición de ley el Grupo Parlamentario Socialista pretende que estos ayuntamientos puedan tener un margen de maniobra que les permita emplear el dinero, con el que cuentan en sus arcas municipales en forma de superávit, para crear empleo, promover el bienestar social o la atención de los más necesitados y necesitadas. En definitiva, se pretenden relajar las limitaciones de un marco presupuestario excesivamente rígido; y lo hace mediante un único artículo que modifica la Ley de Haciendas Locales para definir y ampliar el grupo de programas en los que se puede llevar a cabo la inversión. Aquí tenemos que poner en cuestión la necesidad de la inversión en algunos grupos de programas propuestos, como pueden ser los destinados a las fiestas populares y festejos, donde cabe incluir, señorías, las subvenciones a los festejos taurinos con los que estamos absolutamente en contra. También echamos en falta otros grupos de programas específicos para planes de empleo público local destinados a personas paradas de larga duración.

Estas son cuestiones en las que podremos entrar con mayor profundidad si finalmente esta proposición de ley entra en el trámite parlamentario oportuno. Pero con esta proposición estamos hablando en definitiva, señorías, de una solución parcial a los múltiples problemas por los que atraviesan los municipios de nuestro país. Está limitada a inversiones en municipios que han logrado superávit, independientemente de cómo lo han conseguido, sin tener en cuenta que muchas veces ha sido fruto de recortes de gasto en servicios básicos y empleo, y se hace para impulsar inversiones en programas que, en algunos casos, pueden ser cuestionados en cuanto a su calidad, como he dicho antes.

Otro problema que tampoco aclara esta ley es qué va a ocurrir con el gasto corriente asociado a la inversión, porque se puede considerar inversión el gasto en infraestructura asociado a un programa de asistencia a personas dependientes, por ejemplo, con un centro de mayores. Pero no dice cómo se haría frente al gasto corriente de personal asociado a ese centro, no da solución. Lo uno no puede existir sin lo otro, salvo que el Grupo Socialista dé por hecho que la prestación de ese servicio se va a hacer a través de la gestión privada. En ese caso, ya le adelantamos que en la Izquierda Plural van a encontrar serias y conocidas discrepancias.


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Por último, quiero señalar que este tipo de reformas parciales se muestran claramente insuficientes y no dan soluciones efectivas ante el ataque a la autonomía y a la eficiencia financiera necesarias para consolidar el Estado federal descentralizado, imprescindible en nuestro país. Por esta regla de tres, también podríamos abordar parcialmente otros muchos problemas como: la limitación de la tasa de reposición de efectivos a la Administración local, los problemas financieros de los municipios con menos de 20.000 habitantes, el deterioro de los servicios públicos o los múltiples recortes que viene realizando el Gobierno del Partido Popular. Así, para abordar de manera integral y valiente el verdadero problema que están sufriendo los ayuntamientos, para atender a las necesidades de extrema urgencia que sufren muchos de sus vecinos y vecinas y, para prestar los servicios que cubren los derechos básicos esenciales, tenemos que acabar por completo con el marco legal que se ha ido conformando en pos de las políticas neoliberales dictadas por la troika, y que ha ido elaborando en toda esta legislatura el Partido Popular. Tenemos que derogar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenimiento de la Administración local para, acto seguido, abordar una reforma del modelo de financiación local que garantice la suficiencia financiera de las entidades locales y la prestación de servicios, como son los derechos básicos. Ese es el objetivo de La Izquierda Plural. En esas estaremos en cuanto tengamos la posibilidad y la correlación de fuerzas en este hemiciclo nos lo permita. No obstante, hoy vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De las Heras.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Pàramo.

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió siempre verá positivamente cualquier iniciativa parlamentaria encaminada a fortalecer el mundo municipal porque, en definitiva, las administraciones locales están en el escalón más alto de la política por lo que a proximidad y participación ciudadana se refiere. Echando una mirada retrospectiva, vemos que en poco tiempo, entre 2012 y 2014, se pasó de condenar de forma injusta a las administraciones locales, al dar por hecho un supuesto estado generalizado de desorden o desgobierno, a descubrir una administración -la local- que en su conjunto ha dado luz e idea de lo contrario, de buen gobierno y buena administración. Hemos constatado la capacidad de la mayoría de los ayuntamientos para mantenerse en el buen gobierno, así como de gran parte de los que estaban en el límite para recuperar su estabilidad y sumarse al conjunto de los ayuntamientos generadores de superávits positivos. Las administraciones locales en su conjunto son el único segmento de las administraciones públicas que han sido capaces de dar un vuelco, superando el déficit de 2011 y reconvirtiéndolo en superávit en 2012. No podemos dejar de manifestar que, a nuestro parecer, los supuestos déficits en el buen gobierno de los ayuntamientos formaban parte de una campaña con una única finalidad: la de justificar políticas excesivas de recentralización y control que han afectado gravemente al principio de autonomía municipal, vulnerando de paso las atribuciones contempladas en algunos de los estatutos de autonomía, como es el caso de Cataluña. Si a lo largo de 2012 vimos cómo la opinión publicada, al socaire del Gobierno, ponía en cuestión la capacidad de los electos locales para gobernar los ayuntamientos, a lo largo de 2013 con los excelentes resultados del conjunto de las administraciones locales a la vista, el Gobierno se vio obligado a rectificar y reconocer en los ayuntamientos lo contrario. Es un hecho singular en el panorama político español el de dar en un solo ejercicio el vuelco. Ello se demostró al analizar la rendición de cuentas de los años 2009, 1010, 2011 y 2012. La inmensa mayoría de los ayuntamientos, una vez consolidados los remanentes positivos, demostraban la sostenibilidad de su estructura económica. Queda a la vista que el Gobierno está más para la consecución del objetivo de recentralización. Viendo la efectividad de la Ley de estabilidad presupuestaria y de control de la deuda pública, se tramitó y aprobó en diciembre de 2013 la Ley de Racionalización y Sostenibilidad en un marco de desaprobación generalizado por parte del mundo municipalista, y con grave afectación a las competencias de la mayoría de los estatutos de autonomía, entre ellos, el de Cataluña.

Anteriormente, en mayo del mismo año el Grupo Catalán de Convergència i Unió presentó una PNL sobre la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a los efectos de que las entidades locales con superávit pudieran destinar sus remanentes positivos a inversión o planes de empleo local. Se presentó con una única finalidad: la de mantener en la normalidad de gobierno a los ayuntamientos que, de forma continuada en el tiempo, vienen acumulando resultados positivos y se hallan por debajo del límite de endeudamiento permitido; es decir, los que se saben administrar, como dice la proposición de ley que se ha presentado y estamos debatiendo, son un ejemplo de política a seguir. Se pedía normalidad


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para continuar actuando de forma responsable, prudente y consciente, sabedores de que los recursos públicos también son finitos.

Pasado ya un año, llegado este momento el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, constatando los beneficios de dicha iniciativa parlamentaria, continúa en la defensa de los ayuntamientos y de su capacidad para crear riqueza. Entendemos a las administraciones locales como potentes herramientas capaces de dinamizar no solo las economías locales, sino en su conjunto la economía del Estado. Las inversiones e infraestructuras y servicios sostenibles en el sector público municipal, señorías, son enormes; son enormes generadoras de puestos de trabajo, desde la redacción de los proyectos hasta la finalización de su ejecución; de empleo en todo el abanico laboral, directa e indirectamente; en la ejecución pero también en el transporte y fabricación del material empleado, dejando claro que las obras planteadas en su sostenibilidad no han de reportar gastos, más bien al contrario. Nos referimos a obras e infraestructuras como podían ser la renovación de servicios públicos -alumbrado, suministro y depuración de aguas urbanas-, o la promoción inmobiliaria pública de vivienda o industrial, o la dignificación urbana especialmente en los municipios turísticos. Todos estos ejemplos son útiles para dinamizar la economía.

Señorías, vemos positivamente la presente proposición de ley. La entendemos como una mejora de la PNL a la que me he referido, pero no podemos dejar de hacer notar que conviene concretar y dar coherencia a su contenido. La consideramos demasiado generalizadora en cuanto a los grupos de programas objeto de inversión, algunos de los cuales nos podrían hacer desviarnos en la consecución de su buen fin al confundir el gasto puro y duro con la inversión recuperable. Cuesta entender la inversión en grupos de programas como el de pensiones, ocio y tiempo libre o fiestas populares y festejos. Sus razones tendrán los proponentes, pero reitero que son de difícil comprensión y, puestos a contemplar ocio y tiempo libre, hoy precisamente, Día mundial contra la violencia de género, podrían haber incluido ese grupo.

Dicho esto, nuestro grupo parlamentario se adhiere a los principios consignados en la proposición. Uno, que la inversión contribuya al crecimiento económico a largo plazo; dos, que la inversión no comprometa durante su vida útil la sostenibilidad financiera de la inversión, que genere ingresos públicos que cubran los gastos de mantenimiento y funcionamiento o que comporten la reducción de otros gastos del presupuesto general de la corporación local derivados de la inversión. Finalmente nos adherimos al punto 4: consideramos importante la inversión de los superávits en los años 2012 y 2013, como reza la propuesta, aunque ahora ya casi añadiríamos 2014. La propuesta dice que no computarán en el déficit del año 2014 y debería decir 2015.

Señor presidente, señorías, muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pàramo.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Merino.

El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, señorías, una vez más el Grupo Socialista se mueve a remolque de las iniciativas que presenta el Gobierno, y quiero decirle al portavoz del Grupo Socialista, que dice que fue municipalista muchos años -yo también lo fui y tuve el honor de ser alcalde de la ciudad de Córdoba-, que los dos sabemos de qué vamos a hablar hoy, pero que todo lo que usted sabe y aprendió en el municipalismo podría haberlo empleado en la legislatura anterior del señor Zapatero, y a los ayuntamientos y a las corporaciones locales les habría ido mucho mejor el camino.

Señorías, nos hacen una propuesta que rebasa el marco legal. Una vez más el Grupo Socialista plantea propuestas que se dirigen hacia el despilfarro y el descontrol. Como bien conoce o debería conocer el Grupo Socialista, las diferentes medidas económicas, financieras y presupuestarias adoptadas por el Gobierno, desde el comienzo de esta legislatura, en el ámbito de las administraciones públicas con carácter general y, en particular, con las que más directamente afectaban a las administraciones locales, estaban incidiendo muy favorablemente en los resultados presupuestarios de todo el sector público. Con las medidas de apoyo del Gobierno y el esfuerzo, rigor y austeridad que han practicado en estos años las diferentes administraciones locales, hemos logrado pasar del escenario económico deficitario, que nos había dejado el Gobierno socialista con resultados presupuestarios que en 2011 arrojaban un déficit global del 0,39 % en ayuntamientos y diputaciones, a un superávit del 0,52 % obtenido al cierre del ejercicio 2013. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de una diferencia de 0,91 puntos del PIB y 9.000 millones de euros en tan solo tres años; todo un ejemplo a seguir y a analizar. Está dando su resultado una mejor financiación y las medidas de liquidez que ha facilitado este Gobierno a las entidades locales, así como los ajustes realizados por estas para recomponer sus economías y mantener la prestación de los servicios a sus ciudadanos.


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La FEMP también estaba demandando al Gobierno una mayor flexibilidad de las medidas presupuestarias vigentes en orden a facilitar que ese superávit presupuestario, que se estaba generando en el ámbito de la Administración local, se pudiera destinar a inversiones de carácter sostenible y no solo a la amortización de la deuda. Habíamos llegado a un nuevo escenario económico, que permitía empezar a flexibilizar algunas de las medidas de carácter presupuestario, que el Gobierno había tenido que adoptar, para recomponer esa caótica situación económica que el Gobierno socialista nos había dejado, y facilitar ordenadamente un nuevo marco presupuestario que facilitara las inversiones sostenibles. La Comisión Nacional de la Administración Local en la reunión, de 16 de abril de 2013, ya se pronunció sobre la materia, y el Gobierno se comprometió a que los ayuntamientos más eficaces y eficientes pudieran beneficiar a sus ciudadanos al invertir los superávits en inversiones sostenibles.

Fue un compromiso que se materializó, a través de la Ley orgánica 9/2013, de control de la deuda comercial en el sector público, que incorporó una nueva disposición adicional sexta en la Ley orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, con la que quedaban definidas las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, anticipando lo que posteriormente, a través de la disposición final primera del Real Decreto 2/2014, que modificó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, serviría para establecer las reglas, requisitos y procedimientos que permiten a las entidades locales destinar el superávit presupuestario o el remanente positivo de tesorería a la realización de inversiones financieras sostenibles.

Señores del Grupo Socialista, ¿por qué se empeñan ustedes en poner palos a la rueda? Si se ha recorrido ordenadamente todo el camino necesario para que las entidades locales pudieran emplear el superávit presupuestario en inversiones financieramente sostenibles, si todo este proceso se ha desarrollado en el momento económicamente más adecuado en sintonía con los planteamientos de la FEMP y con el acuerdo de la Comisión Nacional de Administración Local, como órgano permanente de colaboración entre la Administración del Estado y la local, ¿por qué están ustedes en contra del municipalismo? En el Grupo Popular ya sabemos que no están en condiciones de llegar a ningún acuerdo con este Gobierno, pero ¿por qué se empeñan ustedes día sí y día también en quedarse fuera de las propuestas y acuerdos del municipalismo? No pueden decir, señores del Grupo Socialista -como dijo su portavoz, la señora Gallego Arriola, al debatir las medidas contenidas en el Real Decreto-ley para paliar los daños que se habían producido en la cornisa cántabra-, que ya habían presentado una proposición de ley para dar impulso a la inversión sostenible de las entidades locales. Como si con ello viniera la solución de todos los males, sin añadir que esa proposición de ley que ahora estamos debatiendo -casi nueve meses después de su presentación- estaba suscrita por su portavoz el 25 de febrero y presentada el día 4 de marzo de 2014, exactamente diez días después de que el Boletín Oficial del Estado publicara el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, que contenía los requisitos necesarios para que las inversiones realizadas por las entidades locales tuvieran la consideración de sostenibles, y estas pudieran empezar a aplicar su superávit presupuestario.

No venía con nuevas soluciones el Grupo Socialista, lo que estaba haciendo al presentar esta proyecto de ley era trasladar a esta Cámara una mala copia de la propuesta que pocos días antes había aprobado este Gobierno y estaba ya en vigor. No voy a entrar en el análisis de todas las diferencias que existen entre ambos textos, pero sí voy a citar algunas que pueden tener especial interés. El texto aprobado por el Gobierno -que ya está incorporado al texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales- en su apartado primero condiciona a las entidades locales que estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para que puedan hacer inversiones sostenibles. ¿No creen ustedes que para destinar el superávit presupuestario en inversiones, previamente las entidades locales deben tener en orden sus obligaciones ordinarias?, ¿no creen ustedes que debería pagarse primero la Seguridad Social y las obligaciones fiscales antes que gastar dinero en otras cuestiones?, ¿por qué retiran esta exigencia de su propuesta? Este Gobierno ha considerado que son inversiones financieramente sostenibles las realizadas en veintidós grupos de programas, todos ellos relacionados con la competencia que tienen atribuida las entidades locales en la Ley de Bases del Régimen Local. Ustedes, sin embargo, lo amplían hasta cuarenta y siete grupos, incluyendo materias de viviendas, servicios sociales, salud, educación o desarrollo empresarial, sobre las que no tienen atribuida competencia alguna las entidades locales. ¿Pero de verdad se han leído y conocen la nueva Ley de Bases del Régimen Local? ¿Cómo es posible que con esta iniciativa planteen como inversiones sostenibles las realizadas en materia de pensiones, en ocio, tiempo libre o fiestas populares, y excluyan las inversiones realizadas para la ordenación del tráfico o vía pública en parques y jardines municipales? ¿Qué idea tienen ustedes sobre las responsabilidades


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municipales, señorías del Partido Socialista? ¿Por qué suprimen la obligación de que estas inversiones no puedan incidir en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y deuda de las entidades locales? Comparando el punto sexto del real decreto y el punto tercero de su propuesta, ¿por qué, además de la memoria económica suscrita por el presidente de la corporación, suprimen el obligado informe del interventor? ¿Qué temen ustedes de los interventores de la Administración local para que, en el caso de informe desfavorable, estos queden obligados a remitirlo a la Administración pública que tenga atribuida la tutela financiera de la corporación local o a informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas de las inversiones realizadas? ¿Por qué tienen ustedes esa obsesión por evitar los controles administrativos en la acción política?

Señoras y señores del Grupo Socialista, si el objetivo que ustedes pretenden es el de superar el marco competencial definido por la última reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, que constriñe las posibilidades de gasto de los ayuntamientos, como plantean en su exposición de motivos, nosotros decimos que no estamos en esa línea y que este no es el camino. Nosotros estamos por el rigor de las administraciones públicas, nosotros apoyamos la autonomía de las entidades locales, pero también la austeridad y el control público. No queremos que las malas políticas permitan dilapidar los 13.000 millones de euros -que ya se han citado aquí- relativos a los planesE que no sirvieron nada más que para despilfarrar dinero público y no crear un solo puesto de trabajo, unos planes que ni resolvieron los problemas de financiación ni sirvieron para crear empleo, solo para pagar carteles que llenaron las ciudades de España, hacer unas obras que en muchos casos eran innecesarias e incrementar la deuda pública.

Frente a esas políticas del despilfarro que ustedes practicaron, nosotros estamos por que los ayuntamientos cuenten con una financiación acorde. Les daré solo un dato: en el próximo ejercicio 2015 las entregas a cuenta de las entidades locales se habrán incrementado un 24 %. Los resultados ya son perceptibles, las entidades locales cerraron el ejercicio 2013 con un superávit del 0,52 % y 9.000 millones en positivo. Estos son los resultados de la política puesta en práctica por el Gobierno del Partido Popular. Frente a dilapidar el dinero, que era lo que hacían ustedes, nosotros trabajamos para facilitar la liquidez a las entidades locales y conseguir que lleguen a obtener los objetivos necesarios. Se han destinado 41.000 millones de euros para pagar más de ocho millones de facturas a proveedores, que han permitido mantener 400.000 puestos de trabajo; eso frente a su famoso PlanE, que solo sirvió para gastar dinero y no crear ni un solo puesto de trabajo. En el ámbito de las entidades locales, el Plan de pago a proveedores ha servido para pagar 2.097.357 facturas, cerca de 124.000 proveedores han cobrado de facturas que estaban en los cajones en los ocho años de Gobierno socialista.

Termino, señorías, pidiéndoles que retiren esta iniciativa y que se sumen a las propuestas y objetivos que nos demandan los representantes del municipalismo. El Real Decreto-ley 2/2012, aprobado por este Gobierno, contiene las modificaciones normativas necesarias para las demandas de municipios y provincias y los acuerdos alcanzados en este ámbito. En esta línea, señorías, les pedimos que reflexionen, que actúen con responsabilidad, que abandonen la demagogia, que no se dejen arrastrar por los populismos y que vuelvan al camino de la sensatez, que le viene muy bien a España, pero pienso sinceramente que también les viene muy bien a ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Merino.

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE REFORMA DEL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 100/000004).

El señor PRESIDENTE: Proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución española, presentada por los grupos parlamentarios de La Izquierda Plural y Mixto. En primer lugar, para la presentación de la iniciativa por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el 66 % de la población española se encuentra en peligro de exclusión social y solo un 34 % vive en condiciones de integración plena cuando en 2007 la cifra ascendía al 50 %. Son datos extraídos del último y revelador informe presentado por Foessa y Cáritas la semana pasada, una manifiesta expresión de la realidad del Estado español que tiene su causa en las políticas de empobrecimiento


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llevadas a cabo por este Gobierno al amparo del modificado artículo 135 de la Constitución. Esa sí fue y es una herencia, señorías, una herencia que permite a este Gobierno parapetarse para realizar sus contrarreformas, que se han traducido en recortes de derechos y servicios a los ciudadanos y ciudadanas. Claro que aun siendo una reforma de la época del Gobierno Zapatero no habría sido posible sin la inestimable contribución del Grupo Popular, que votó conjuntamente con el Grupo Socialista, explicitando un pacto gestado sin luz y taquígrafos. Por cierto, fue un acuerdo alcanzado por el bipartidismo, a pesar de la furibunda oposición que ejercía el Partido Popular por entonces y que no le impidió colaborar de manera entusiasta a la hora de reformar la Constitución a toda prisa, un apoyo histórico para plasmar un cambio constitucional que ha dejado a los pies de los caballos derechos fundamentales y al Estado del bienestar en peligro de extinción. Está bien, señorías del Grupo Socialista, que en esta tarde tengan a bien rectificar tan gravísimo error. Lo saludamos y nos congratularíamos si no fuera este ya un momento en el que la situación es tan grave como la que hemos descrito.

Como ustedes saben, la doctrina que emana de la nueva redacción del artículo 135 establece la limitación estricta del déficit y la deuda pública, priorizando el pago de los intereses y el capital de la deuda. Bajo este paraguas que petrifica la regla de estabilidad en el contexto constitucional se ha cobijado este Gobierno desarrollando dichos principios a través de la aprobación de las correspondientes leyes orgánicas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. A partir de este punto la cantidad de reformas aprobadas son tan numerosas que carecemos de tiempo para enumerarlas. Basta con señalar que han sido la causa de los recortes en sanidad, en educación, que han motivado la práctica suspensión de la Ley de Dependencia y han relegado a los servicios sociales a la mínima expresión, justo en un momento de mayor necesidad, teniendo que ser sustituidos en buena parte por la solidaridad ciudadana. La justicia se ha convertido en un lujo, por el efecto disuasorio que tienen las elevadas tasas sobre una ciudadanía que no puede pagarlas. La reforma laboral ha incrementado el paro e institucionalizado el empobrecimiento y la precariedad del trabajo. Más de 5,5 millones de españoles ganan menos del salario mínimo y no nos vamos a olvidar, por supuesto, de los recortes efectuados en las pensiones. Qué decir de la reforma local, que, además de coartar el papel de servicio público de los ayuntamientos, junto con la presión sobre las comunidades autónomas por el déficit, es la coartada perfecta de este Gobierno para ampliar sus pretensiones recentralizadoras. Qué decir de los tijeretazos a los salarios de los trabajadores públicos o los recortes en las políticas de I+D, sin olvidarnos, por supuesto, de decir que, mientras para reducir el déficit se ha recortado el bienestar y empobrecido a las mayorías sociales, este Gobierno ha aumentado la deuda pública rescatando a la banca y pagando altísimos intereses por esa deuda. Con esta reforma, señorías, lo que se ha hecho es desamparar al pueblo para proteger el poder financiero.

Lo acontecido en estos últimos años nos ha dado la razón a fuerzas políticas como el Bloque Nacionalista Galego, que nos opusimos a esta reforma advirtiendo que era perjudicial para los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas, para el mantenimiento y mejora de las condiciones de vida, a la vez que criticábamos que se hurtaba a la ciudadanía el derecho a decidir sobre una cuestión que les afectaba directamente. Es falso decir, señorías, que esta reforma era imprescindible para reducir el déficit. No es así, en todo caso lo es para una perspectiva ideológica en la que las personas están al servicio de la economía. Por fortuna, existen otras perspectivas, como la de situar la economía al servicio de las personas; esa acreditamos en el BNG. Por eso, señor presidente, el BNG ha defendido siempre que el déficit se podía y se puede reducir incrementando los ingresos del Estado y no reduciendo los gastos, mediante un sistema fiscal más equitativo y de mayor progresividad para garantizar una distribución más justa de la riqueza, medidas fiscales, como restricciones al sistema de módulos, a las Sicav, un impuesto sobre las transacciones financieras o sobre las grandes fortunas y actuar con rigor contra la evasión y el fraude fiscal, una fiscalidad que evitase, señorías, la ignominia de que, mientras la mayoría de la población se empobrece, las grandes fortunas incrementan sus beneficios y sus patrimonios. Pero la justicia social no es el objetivo de este Gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy, que en política fiscal se ha limitado a subir el IVA, que grava por igual a los desiguales, y a realizar retoques sin tocar un pelo a los que más tienen.

La proposición no de ley que hoy defendemos tiene por objeto restablecer el artículo 135 de la Constitución a los términos anteriores a la reforma de 2011, pero, a la vista de lo sucedido en los últimos años, consideramos necesario añadir un nuevo apartado que establezca la prioridad del gasto en los servicios públicos básicos, porque, señorías, es imprescindible garantizar a la población derechos fundamentales como la educación, la sanidad, los servicios sociales, el empleo, la vivienda, entre otros


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muchos, los cuales han sido vulnerados flagrantemente en este mandato y en esta legislatura al amparo de este artículo 135, modificado.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en dos días el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español nos demostraron que si hay interés político la Constitución española se puede modificar, así como que la Constitución española solo se puede tocar si se beneficia con ello a los poderes económicos, y esa realidad la escondieron con mentiras y con verdades a medias, especialmente al acusar a la población de haber vivido por encima de sus posibilidades, cuando sabían perfectamente que las familias solamente eran responsables del 20 % de la deuda, que el 60 % de la deuda era atribuible a las entidades financieras y que el 20 % restante era deuda pública y la deuda, como ustedes saben, la paga la ciudadanía mediante una imposición abusiva y el desguace del Estado del bienestar.

La modificación del artículo 135 para priorizar el pago de la deuda ha dejado en papel mojado el capítulo de derechos sociales de la misma Constitución española y de paso ha hecho posible leyes complementarias represoras, como la que hoy se ha aprobado en este Parlamento, de seguridad ciudadana, una ley ad hoc para controlar la contestación social producto del crecimiento de la pobreza y de las desigualdades sociales. Curiosamente, los beneficiarios de esta crisis han sido los bancos, que recibieron dinero del Estado -han hecho negocio con las hipotecas, quedándose con las viviendas no vendidas-, y también las grandes empresas mediante la devaluación salarial, los efectos que conlleva la reforma laboral y una fiscalidad hecha a su gusto e interés. El expolio a la ciudadanía sigue su curso: más deuda pública para gasto militar -30.000 millones más-, afianzando un injusto sistema energético que ha creado 26.000 millones de deuda, a pesar de que en el Estado español la factura de la luz es una de las más caras de la Unión Europea.

Estamos muy satisfechos de que hoy el Partido Socialista Obrero Español, tal como hemos podido leer en la prensa, al parecer vaya a votar a favor de esta iniciativa, pero también queremos preguntarles cómo y de qué manera van a reparar el daño que causaron a la ciudadanía, al Estado del bienestar, con la medida que tomaron poco antes de perder las elecciones en la pasada legislatura. Así pues, bienvenidos a la rectificación, pero debería pedir perdón el Partido Socialista Obrero Español por haber hecho lo que hizo modificando el artículo 135 de la Constitución, porque a nadie ya se le va a reparar todo el daño que ustedes provocaron. De hecho, centraron una pelota magnífica para que el Partido Popular pudiera rematar la faena.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

También por el Grupo Parlamentario Mixto y para presentar la iniciativa, tiene la palabra el señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, para quienes somos los auténticos constitucionalistas vascos, es decir, aquellos que propugnamos tener una constitución propia para Euskal Herria, es inadmisible la modificación que ustedes hicieron hace tres años en esta misma Cámara. Modificaron su Constitución en un punto que es esencial para el mantenimiento del Estado del bienestar, y es algo que nosotros nunca haríamos ni podríamos admitir porque pensamos que no se puede sacralizar la estabilidad fiscal, la estabilidad presupuestaria a costa de la sostenibilidad social. Nosotros no queremos ese modelo de país para el nuestro, para Euskal Herria; no queremos un país en el que las cifras, los números, los intereses estén por encima de las personas, como tampoco queremos que se prioricen los intereses de la especulación, de la economía especulativa, sobre la justicia social o que se imponga un modelo ultraliberal que, bajo la disculpa de la normativa europea, traiciona no solo el modelo social de compromiso con el Estado del bienestar, sino que también socava un principio fundamental de Europa, como es el principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad, además de arrumbar el derecho de la ciudadanía a decidir su propio futuro. Cuando ustedes modificaron ese artículo de su Constitución, al final privaron a su propia ciudadanía de decidir qué modelo de sociedad quieren tener, de decidir qué modelo de justicia social quieren tener. Precisamente


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por eso, porque nosotros defendemos el derecho a decidir de la ciudadanía de Euskal Herria, porque defendemos su derecho a decidir qué modelo de sociedad quieren tener, porque defendemos el derecho a decidir qué país quieren tener, no podemos admitir tampoco que lo que es una minoría en Euskal Herria, que no llega al 30 %, imponga su modelo de sociedad al resto, que es lo que hicieron con esta modificación de su Constitución.

Nosotros decimos con total claridad que no admitiríamos nunca en nuestra constitución una modificación como la que ustedes hicieron del artículo 135, y lo que no queremos para nosotros tampoco lo queremos para los demás; por eso también vamos a votar a favor de esta propuesta de modificación de su Constitución, lo cual no significa la renuncia a lo que nosotros defendemos, el derecho que tenemos a decidir nuestro propio futuro. Al mismo tiempo -como decimos habitualmente- esto nos reafirma en la necesidad de recuperar los instrumentos de soberanía que necesita nuestro país para garantizar que precisamente sea un país justo, un país solidario, un país libre en el seno de una Unión Europea comprometida con la defensa del Estado del bienestar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.

Tenemos la oportunidad de debatir aquí esta tarde y de forma concreta sobre la reforma o derogación -como nosotros sugerimos- de los elementos que consideramos perjudiciales del artículo 135 tras la reforma que se hizo en agosto de 2011 entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Desde entonces hemos estado denunciando literalmente que este artículo ha sido fundamentalmente dos cosas: en primer lugar, la constitucionalización de una ideología neoliberal; y, en segundo lugar, sin lugar a dudas, la justificación jurídica de los recortes que se han estado acometiendo en el Estado social, en sanidad, en educación, en prestaciones sociales. Lo hemos denunciado por activa y por pasiva, lo hemos denunciado en enmiendas, en proposiciones no de ley y en proposiciones de ley, lo hemos denunciado en prácticamente todos los espacios y hoy por fin tenemos la oportunidad de debatirlo para proseguir un trámite que debería finalizar con la adecuación de nuestra Constitución al sentido común, a la sensatez.

También hemos denunciado desde hace tiempo que estamos viviendo un momento destituyente, que no se inicia con la crisis económica, sino mucho antes, con la construcción de una determinada fórmula y un determinado diseño de la Unión Europea. Es una fórmula y un diseño que denunciamos históricamente, con el Tratado de Maastricht, con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y con sucesivos tratados, como el de Lisboa, que han ido diseñando una arquitectura institucional que no dejaba alternativa al neoliberalismo. Ese es un proceso destituyente porque destituye el poder constituido en las constituciones nacionales de diferentes países, no solo de España. Eso es lo que hemos denunciado y, además, que quien lo ejecutaba era el bipartidismo, es decir, esa alternancia que ha existido entre Partido Popular y Partido Socialista, que han ido vaciando formalmente nuestras constituciones, delegando competencias en instituciones supranacionales de dudosa legitimidad democrática, pero también las han vaciado sustancialmente, desmantelando el Estado social. Recordemos que, en este país, primero el Gobierno del Partido Socialista privatizó más de setenta empresas públicas y, después, el Gobierno de Aznar, del Partido Popular, siguió privatizando un centenar más de empresas, que eran fundamentales para poder satisfacer las necesidades más básicas de la ciudadanía. A día de hoy, se ha dejado aquello como un desierto: no tenemos empresas públicas en casi ningún sector. Eso es lo que puede explicar que finalmente nos encontremos ante dramas sociales y económicos que no pueden ser resueltos por la vía de la acción del Estado y con que diferentes Gobiernos tengan al final que pedir por favor al poder económico privado determinadas políticas.

Esa inversión en la relación entre economía y política se ha producido porque el Partido Popular y el Partido Socialista durante sus diferentes Gobiernos han ido ayudando a que se construyera una relación en la que la economía acababa subordinando a la política. Y se llegó a 2011 con aquella reforma que apuntaló ese proceso destituyente, que a la vez siempre es un proceso constituyente de otro modelo de sociedad, donde los ricos se apropian del Estado, donde la minoría social se apropia del Estado y lo utiliza en su propio beneficio. No se podría entender el rescate a las autopistas, el rescate al sistema financiero, las indemnizaciones a empresas como Castor o el enorme gasto militar si no se entiende y se acepta todo lo que ha sido este proceso destituyente. No se entiende que los diferentes Gobiernos, primero el Partido Socialista en 2010 y después el Partido Popular en esta legislatura, hayan tenido que pedir por favor al sistema financiero rescatado que actúe para prestar a la economía real, encima sin éxito alguno. No se


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entiende este proceso de acumulación por desposesión que ha disparado las desigualdades. Las desigualdades no se disparan azarosamente, no son un accidente de la historia, son el resultado y consecuencia lógica de una determinada política y de un diseño institucional muy concreto, que ha sido construido poco a poco por el Partido Socialista y el Partido Popular en esa Unión Europea y en esa constitucionalización del artículo 135. Por eso que nadie pretenda que el artículo 135 sea la solución o el perjuicio de todos los males de esta sociedad. Nosotros mantenemos que es condición necesaria suprimir los elementos negativos del artículo 135, derogar aquella reforma, pero no es condición suficiente para transformar la economía, transformar la política y volver a una situación absolutamente democrática.

Nos vemos obligados a recordar qué ocurrió en aquel agosto de 2011. Entonces, el propio presidente del Gobierno socialista recibió una carta, que era secreta, confidencial, como aparecía registrado en la misma, y de la que nos enteramos muy posteriormente, con la publicación de la misma en el libro de José Luis Rodríguez Zapatero. En aquella carta, el entonces presidente del Banco Central Europeo exigía determinadas reformas estructurales para el país, que se fueron acometiendo, que se terminaron de acometer y que se siguen terminando de acometer por este otro Gobierno, el del Partido Popular. Son reformas que han terminado de atacar, literalmente, al Estado social. El Partido Socialista hizo un giro, un giro bastante particular, el de aceptar hasta las últimas consecuencias la doctrina neoliberal que entonces desde el poder económico privado y desde el poder público de la Unión Europea se estaba promoviendo, aquella política que termina y cristaliza con ese artículo 135, gravísimo artículo, que lo que hace es subordinar y violar toda la Constitución española, porque establece la prioridad del pago de los intereses de la deuda, por encima de cualquier otro pago, sea el de sanidad pública, educación pública, pensiones o cualquier servicio público. En definitiva, eso significa darle la vuelta a la Constitución, significa aceptar que las garantías positivas recogidas en la Constitución no sirven de nada y están subordinadas a ese pago de intereses de la deuda.

Si recuerdan lo que ocurrió, las explicaciones que dio entonces el Partido Socialista fueron muy curiosas. Dijo que era para mandar un mensaje a los mercados. Para mandar un mensaje a los mercados, ¡cuánta verdad en unas solas palabras! Era reconocer que en realidad eran los propios mercados, que tienen nombre y apellidos, que no son entes abstractos, que son grandes empresas y grandes fortunas los que estaban exigiendo en ese momento el cambio. Por tanto, encontramos a un Gobierno que se puso de rodillas ante los mercados financieros y lo hizo a través de una paradoja enorme, la paradoja de que tuvo que pedir prestado a los mercados, a las grandes fortunas y a las grandes empresas a las que antes se les exigía esas cantidades por la vía de los impuestos, porque esa también era la consecuencia de haber bajado impuestos a los ricos en las últimas décadas por los diferentes Gobiernos y de haber permitido ese diseño institucional.

Nosotros nos alegramos de que el Partido Socialista haya anunciado que entiende que es un error aquella reforma. Sin embargo, a este portavoz que está hablando en este momento le resulta ciertamente sorprendente porque en esta legislatura, y vamos ya para tres años, como decía al principio, hemos traído en muchas ocasiones este debate y nos hemos encontrado muchas veces con los portavoces del Grupo Socialista acusándonos de populismo, acusándonos de irresponsabilidad por pedir lo que hoy ellos parece que van a pedir. Eso verdaderamente es sorprendente porque son tres años, no un día, en que se reconocía literalmente que el pacto de 2011 era correcto. A nosotros nos parece que no se puede subordinar ninguna Constitución, ninguna economía a los intereses de una minoría social por muy adinerada que sea, porque no es una cuestión meramente económica, sino que es una cuestión democrática. Por eso proponemos de nuevo hoy, tres años o cuatro años después realmente desde el inicio de todas estas políticas de recortes, derogar aquellas partes que priorizan el pago de intereses de la deuda. Nosotros entendemos que esta medida tiene que ir acompañada de otras medidas de política económica porque entendemos también que hay que hacer una auditoría de la deuda pública, que hay que hacer un plan de estímulo para crecer económicamente y generar empleo y que hay que obtener la financiación suficiente de forma progresiva atendiendo al artículo 31 de la Constitución. Hay que hacer una reforma estructural de la economía española en dirección contraria a la que estableció el artículo 135 porque tampoco olvidemos que las sucesivas leyes que han venido después de la modificación del artículo 135 se han escudado en este para justificar los recortes en sanidad, en educación y en el resto de prestaciones sociales.

Nos parece fundamental quitar este puñal que tiene clavada la Constitución, un puñal que está haciendo sangrar a la propia normativa jurídica, quitárselo, y sin embargo proseguir haciendo reformas para devolverle la democracia a la Constitución y, sobre todo, esa orientación hacia los intereses de la


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mayoría social. Agradecemos a todos los grupos que se puedan sumar a esta iniciativa, agradecemos que vuelva el sentido común de izquierdas, pero entendemos que no hay credibilidad en aquellos espacios donde evidentemente el error no se asuma de forma global y no solo parcial. Estamos ante un puñal clavado después de muchas otras heridas, muchas otras heridas que tienen que ver con ese proceso destituyente que explicaba previamente. Esta es una medida necesaria, pero no es suficiente. Hay que seguir.

Esperemos que el Partido Popular entienda que constitucionalizar una ideología no está mal, todas las constituciones son ideologías, pero que constitucionalizar una ideología como el neoliberalismo atenta no solo contra la mayoría social, sino también contra la democracia misma y que las constituciones no están para servir a una minoría social, están para representar a la mayoría del pueblo español y eso es precisamente algo que no sucede mientras el artículo 135 esté escrito y redactado de la misma forma que está. Por tanto, esperemos que el Grupo Popular tenga a bien tomar en consideración esta proposición de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.

Vamos al turno de fijación de posiciones. Comenzamos con el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, los grupos parlamentarios de La Izquierda Plural y Mixto nos plantean a través de una proposición de ley una reforma constitucional; o, mejor dicho, por un lado, una contrarreforma y, por otro, otra reforma. Proponen, por una parte, dar marcha atrás a la reforma planteada hace poco más de tres años por el señor Zapatero y el señor Rajoy que tanto revuelo político produjo; y, por otra parte, consolidar el gasto social estableciéndolo como un criterio prioritario en el seno de la Carta Magna. Como saben sus señorías, desde el Grupo Parlamentario Vasco nos opusimos frontalmente a aquella reforma constitucional por varios motivos, algunos de ellos hoy todavía plenamente vigentes. El artículo 135 de la Constitución es el resultado de la presión de la Unión Europea y de la señora Merkel para domesticar unas cuentas públicas cuyo déficit y deuda pública habían crecido de forma espectacular. No es preciso recordar hoy aquí que el déficit público en el año 2009 se situó en el 11,2 % del PIB como resultado de una gran caída del PIB cifrada en un 3,8 % y de un desplome derivado de los ingresos tributarios. El primer impacto de la crisis económica fue realmente brutal. A partir de ahí, y partiendo de un diagnóstico no muy acertado sobre la naturaleza y el alcance de la crisis económica, se fueron adoptando medidas de incremento del gasto público hasta que en mayo de 2010 la Unión Europea, de la mano de la señora Merkel, obligó al Gobierno del señor Zapatero a abordar reformas estructurales y a adoptar recortes drásticos de gasto público, incluido -si recuerdan- el recorte de las pensiones de jubilación por aquel famoso decreto de mayo de 2010.

Pero la crisis seguía y los mercados estaban histéricos con una prima de riesgo que impedía obtener financiación a precios razonables. De esta situación se aprovecharon los del norte -Alemania, Finlandia y Holanda, entre otros- para exigirle al entonces Gobierno del señor Rodríguez Zapatero una reforma constitucional urgente. Se decía en aquel momento que era una reforma para calmar a los mercados; en nuestra opinión, fue una reforma vergonzosa que priorizaba el pago de intereses y la amortización de la deuda frente a cualquier otro gasto de naturaleza económica o social. Este rito exigido por los mercados, los inversores y el gran capital fue cumplido estrictamente en un plazo récord y oficiado en este mismo Congreso por el señor Zapatero y el señor Rajoy, que se sumó encantado a la exigencia de los mercados y, para entendernos, de la señora Merkel. La sacralización del déficit cero era en nuestra opinión innecesaria, porque se podía avanzar en su reducción sin necesidad de plasmarlo en la Constitución; era, además, imprudente por la rigidez que de ello podría derivarse cuando fuera necesaria la aplicación de otra política económica. Asimismo, hasta aquel momento hablar de la reforma de la Constitución era un auténtico tabú. Siempre se decía que en todo caso una reforma constitucional debería incluir más cuestiones, realizarse al final de un proceso largo de debate, negociaciones, consensos y acuerdos entre todos los grupos políticos y, posteriormente, ser refrendada. Pues bien, en contra de lo que se había dicho, la reforma del artículo 135 fue una reforma exprés de la noche a la mañana y sin apenas debate. Pudimos patalear y lo hicimos en esta Cámara, pero la implacable mayoría del PP-PSOE no hizo ninguna concesión a la galería. Ahora nos dirán algunos que la prima de riesgo ha bajado por la reforma constitucional y no por el whatever it takes de Draghi, pero cada cual se tranquiliza con lo que quiere. La prima de riesgo también ha bajado en Italia y, que yo sepa, no han modificado la Constitución.


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Al que en realidad le viene bien la reforma del artículo 135 es al señor Montoro para utilizar este argumento y recortar los gastos públicos sin mayores reparos. Ahora, La Izquierda Plural y el Grupo Mixto quieren volver a atrás en lo previsto para el déficit público -con lo que podríamos estar de acuerdo-, pero proponen constitucionalizar los gastos sociales. Por lo que pude leer ayer en Internet, el Grupo Socialista también hoy está por la labor de aceptar esta proposición. Si me permiten, y con todo el respeto del mundo, solo lo entiendo en clave electoral y porque están mirando por el retrovisor a Podemos; o les están mirando por el parabrisas. ¿Qué valor supremo o qué valores se le confieren a la Constitución? Señores de La Izquierda Plural, del Grupo Mixto y del Grupo Socialista, ¿para qué quieren ustedes hacerlo? Si no es necesario, bastan las leyes ordinarias y la voluntad política para preservar los derechos sociales y aumentar las partidas y medidas destinadas a tal fin. No pensemos que por estar en la Constitución se van a cumplir con más fiabilidad. De hecho, todos denunciamos incumplimientos de la Constitución y no parece que sea nada excesivamente grave. Ahí está el derecho al trabajo o a la vivienda, por no hablar del respeto al marco competencial en las comunidades autónomas. Por lo tanto, no caigamos en el mismo error de reformar la Constitución, como se hizo hace tres años, aunque el motivo de fondo sea, evidentemente, mucho más loable.

Dada la actual crisis económica y política en que nos encontramos se empieza a hablar de reformas constitucionales y parece que algo o mucho hay que hacer para salir de esta situación de incertidumbre y noqueo político en que estamos, tanto por la situación económica como por la crisis política. Unos hablan de federalismo, otros de corrupción, otros de encaje de Cataluña o de los nacionalismos y tantas otras cuestiones. Estas requieren una profunda reflexión y un profundo cambio. En este debate, el del gran cambio, el del cambio necesario, en esa reforma sí queremos participar, pero en serio. De todas formas, para que tampoco haya dudas, mientras tanto se ha planteado la toma en consideración de esta minirreforma que nuestro grupo va a votar a favor, a pesar de no ser muy entusiasta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, ¡vaya semanita gloriosa para el bipartidismo! Hoy rectifica el Partido Socialista su reforma del artículo 135 de la Constitución y pasado mañana rectifica Rajoy su no hacer nada respecto a la corrupción. Quieren ganar, quizá, de nuevo la confianza de la gente en vista de sus perspectivas y no saben que lo que la gente está pensando es que es un nuevo ejercicio de cinismo, asustados ante lo que dicen las encuestas.

Entrando en materia, sobre esta reforma constitucional mi grupo votará lo mismo que votamos en el año 2010, hace tres años. Votará en contra de aquella reforma del artículo 135, aquella reforma exprés, aquella reforma lamentable que confundía el déficit con la deuda, cuando no son un fin en sí mismos sino instrumentos para la política económica de los Gobiernos. El gran error de esta crisis, que comenzó entonces, ha sido convertirlos en un objetivo, perseguirlos por encima de todo y al margen de los daños económicos, políticos y sociales que han causado. Esos daños se impusieron mediante la constitucionalización de ese equilibrio presupuestario y de esa prioridad absoluta del pago de la deuda. Nosotros somos partidarios de tener las cuentas públicas saneadas y equilibradas, y creemos que quien defienda lo contrario está ofreciendo a los ciudadanos pan para hoy y hambre para mañana. Pero el artículo 135, tal y como quedó reformado en la anterior legislatura, lo que hace es maniatar a los Gobiernos e impedir que se utilice ese recurso de la deuda y del déficit para hacer política económica, es decir, para hacer política, para gobernar. Por tanto, también pensamos que este debate sobre la reforma constitucional que nos proponen hoy dos grupos parlamentarios tiene un alto contenido simbólico, puesto que eliminar esa prioridad absoluta del pago de la deuda de la Constitución no acabaría con las políticas de austeridad -más que de austeridad tendríamos que decir de restricción del gasto público-, en el caso remoto de que fuera aceptada esta reforma de la Constitución. Por tanto, tampoco conviene crear falsas expectativas.

Lo que se consagró en esa reforma constitucional no fue en sí las políticas de austeridad que se estaban llevando a cabo y se han seguido llevando a cabo después, sino que lo se consagró en esa reforma constitucional fue el cerrojazo al debate. Una Constitución recoge los valores que nos definen como sociedad y esto es mucho más importante de lo que pueda parecer. Al incrustar en la Constitución esa prioridad absoluta del pago de la deuda, se impide la discusión sobre qué prioridades debemos tener quienes hacemos las leyes, qué prioridades deben tener los Gobiernos y se decreta que solo hay una


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política económica posible: la que sacrifica todo al pago de la deuda, la que consagra, en suma, el interés del acreedor por encima del interés general. Eso contradice a la propia Constitución española que en su artículo 1 dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho -que es contradictorio con el artículo 135, tal como se aprobó- y en su artículo 128 asegura también que toda la riqueza del país está subordinada al interés general. El propósito de aquella reforma, señorías, era cancelar el debate justo cuando más necesitábamos debatir sobre las políticas económicas a adoptar, tanto en España como en Europa. En esos temas que había que debatir en su momento y no se hizo porque se dio cerrojazo al debate había que incluir la descripción de cómo el déficit es una relación entre ingresos y gastos, como ha mencionado alguno de los portavoces. Por tanto, al focalizar el asunto en la restricción del gasto se impidió debatir sobre los ingresos, pero seguimos necesitando ese debate; también se impidió hablar sobre cómo reformar el sistema fiscal para evitar que el peso abrumador de la recaudación, como ocurre ahora, recaiga sobre las rentas del trabajo; asimismo se impidió debatir sobre el fraude fiscal y también necesitamos hacerlo; también sobre cuál es el objetivo de todo el sistema fiscal, que debe ser la igualdad entre los ciudadanos y nuestro sistema fiscal no solo no la garantiza sino que se diría que ni siquiera la persigue. Hay más elementos para el debate que no se pudo tener en su momento y que deberíamos poder tener. Las políticas de recortes, fruto de ese artículo 135, nos han llevado en el nivel macroeconómico a que la deuda ascienda hasta el cien por cien y en el nivel microeconómico, a la pobreza de una cuarta parte de la población, al paro de la mitad de los jóvenes y a que hablemos de ellos sin pudor como de la generación perdida. Mi grupo se niega a hablar de los jóvenes de este país como de una generación perdida, señorías.

Otro elemento imprescindible para el debate: las consecuencias de esas políticas, no solo las consecuencias económicas a las que acabo de aludir. No solo se ha impedido el crecimiento económico y se sigue impidiendo, sino que ha invalidado el método comunitario a escala europea y ha enajenado a los ciudadanos el poder que les concede la democracia. Esas políticas son la causa directa del vendaval de populismo que ha invadido el Parlamento Europeo en las últimas elecciones y que el bipartidismo finge no ver mientras sigue creciendo. La última vez la semana pasada, hace unos días, con un nuevo escaño que ha obtenido UKIP en el Reino Unido. Las consecuencias de estas políticas económicas no son solo económicas sino también institucionales y políticas, y las estamos viviendo en algunos países muy especialmente, entre ellos el nuestro. Ahora nos encontramos en una complicada encrucijada europea. Está sobre la mesa la decisión de seguir con este tipo de restricciones de gasto, desentendiéndose los Gobiernos de las consecuencias, o bien la alternativa populista: abandonar el euro, deshacer Europa, deshacer lo andado y volver a los Estados-nación que es lo que propugnan muchos en el Parlamento Europeo como única forma de recuperar la democracia. Por desgracia, apenas se escucha la tercera Europa, la que debe poner las políticas económicas al servicio de los ciudadanos y del bienestar, y la que debe permitir que los ciudadanos recuperen el control democrático. Las políticas, por decirlo brevemente, con las que Estados Unidos, pese a ser el epicentro de la crisis financiera y del estallido de una inmensa burbuja inmobiliaria, ha conseguido ya superar la crisis, mientras en Europa debatimos sobre una décima más o menos de crecimiento de Alemania en el último trimestre.

Obviar esto es pura y simplemente dogmatismo, señorías. Un dogmatismo que se manifiesta con ese lenguaje de absolutos, con esa prioridad absoluta que se incluyó en la Constitución y que, por cierto, también está en la redacción alternativa que se plantea en esta reforma y que nosotros no compartimos, precisamente porque creemos que lo fundamental es que la Constitución no maniate a los Gobiernos a la hora de llevar a cabo sus políticas económicas. Por tanto, señorías, para abrir ese debate, para que se oiga en Bruselas la voz de los países que más necesitamos esa tercera Europa, creemos fundamental empezar por el principio y eliminar este artículo 135 de nuestra Constitución.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió respecto a la iniciativa presentada por diferentes grupos parlamentarios en referencia a la modificación del artículo 135 de la Constitución española va a intentar ser una posición seria, razonable y objetiva, tal y como lo fue el 30 de agosto del año 2011 para ser más concretos. Es cierto que estos grupos parlamentarios plantean una modificación del artículo 135 de la Constitución española en contraposición con aquella modificación


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constitucional que planteó el Partido Socialista -en aquellos momentos en el poder-, en complicidad absoluta con el Partido Popular -entonces en la oposición-, con nocturnidad y alevosía, y respecto de la que manifestamos que estos dos partidos planteaban una ruptura del consenso constitucional alcanzado en el año 1978 en el que intervenimos y que en su momento valoramos positivamente, votando a favor del mismo partidos como el antiguo Partido Comunista Español y Convergència i Unió.

Nosotros entonces no estuvimos de acuerdo en absoluto, e incluso ni siquiera votamos aquella modificación, porque a nuestro entender no era preceptivo incorporar a la Constitución española en aquellas circunstancias y con unas formas totalmente displicentes, e incluso me atrevería a decir que antidemocráticas, el principio de estabilidad presupuestaria, así como que dicho principio se pudiera fijar año tras año mediante una ley orgánica. Como digo, no estuvimos de acuerdo en incorporar estas modificaciones en la Constitución española. Ahora La Izquierda Plural y el Grupo Mixto nos plantean no ya volver a la redacción inicial del artículo 135 de la Constitución, redacción en la que sí estamos de acuerdo, sino que en este caso dichos grupos parlamentarios van más allá e incorporan a la transcripción inicial del artículo 135 de la Constitución española, anterior al 30 de agosto del año 2011, un apartado más, el 3, en el que plantean que el pago de los créditos presupuestarios para satisfacer la financiación necesaria que garantice la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro tipo de gasto. En nuestra opinión, no es necesario incorporar a la Constitución española el añadido que plantean dichos grupos parlamentarios, porque dichos principios de financiación de los servicios públicos fundamentales, como la educación, los servicios sociales y la sanidad, están perfectamente garantizados mediante la red de seguridad importantísima que son los Presupuestos Generales del Estado y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, entendida según la premisa fundamental de que ha de haber una reducción de los déficits estructurales de las diferentes administraciones en una proporción del 60 % adjudicado a la Administración central y el 40 % adjudicado a las administraciones autonómicas y corporaciones locales. Pero no con la interpretación malévola que ha hecho en este caso el Grupo Parlamentario Popular, saltándose incluso a la torera algunas sentencias del Tribunal Supremo en las cuales se adjudica la reducción de los diferentes déficits estructurales en un 85 % para las comunidades autónomas y en un 15 % para la Administración General del Estado. Esta redacción o esta interpretación malévola de dichas reducciones de los déficits estructurales de las diferentes administraciones ha llevado a que en estos últimos años haya habido unos recortes significativos y unas faltas de transferencias del Estado a las comunidades autónomas que han dado como resultado que los servicios fundamentales de sanidad, educación y los servicios sociales hayan estado muy mal financiados, debido, como digo, a los famosos recortes que todos los grupos parlamentarios han planteado en sus intervenciones. Nosotros no estuvimos de acuerdo en que se modificara la Constitución y que se sacralizara por imposición de los estamentos europeos el déficit cero, lo cual demuestra, señorías, que cuando interesa modificar la Constitución por imperativos legales que vienen de diferentes instituciones europeas o de diferentes Gobiernos que actúan con un poder relevante en dichas instituciones europeas, el Partido Popular -en aquellos momentos en la oposición- y el Partido Socialista -que gobernaba- no dudaron ni un segundo en modificar dicha Constitución. A veces algunos grupos parlamentarios planteamos modificaciones sustanciales en leyes fundamentales del Estado y siempre se nos dice que esto es casi imposible, pero en la práctica se ha demostrado que cuando les interesa al Partido Socialista y al Partido Popular las cambian rápidamente, con nocturnidad y alevosía, como ocurrió el día 30 de agosto del año 2011.

En ese sentido, no voy a criticar el planteamiento que han hecho los grupos proponentes de esta proposición de ley de modificación de la Constitución española. ¡Faltaría más! Nuestro grupo se va a abstener y, si dicha proposición de ley tiene la fortuna de salir adelante, haríamos las enmiendas en la dirección que antes he planteado. Pero, señorías, yo también criticaría desde una perspectiva real y objetiva a otros grupos parlamentarios, en concreto al Partido Socialista, que fue el promotor en la noche del 29 de agosto de 2011 y que consiguió la complicidad del Grupo Parlamentario Popular. Le criticaría porque ahora, en un momento en el que los grupos parlamentarios, la sociedad española y las formaciones políticas estamos ya entrando en contiendas electorales, de la noche a la mañana cambie de posición. Digo esto porque esta mañana he leído las declaraciones que ha hecho el secretario general del Partido Socialista en las cuales, ante decisiones tan importantes como las que se tomaron en 2011, ahora, de la noche a la mañana, cambia de parecer en el tema de modificar la Constitución. Y repito, en otras ocasiones se formulan cuestiones verdaderamente importantes, y la modificación de la Constitución siempre es un tema tabú. Por estos motivos y consideraciones, repito, nosotros entendemos que la financiación de los servicios públicos fundamentales -enseñanza, sanidad y servicios sociales- están plenamente


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garantizados -señorías, vuelvo a repetir, plenamente garantizados- a través de las diferentes leyes que se aprueban en este Parlamento: los Presupuestos Generales del Estado de cada año, las diferentes leyes de estabilidad presupuestaria bien interpretadas de acuerdo con la legislación y de acuerdo con diferentes sentencias del Tribunal Supremo, y no hace falta modificar la Constitución. Eso sí, a nosotros nos gustaría volver a la redacción inicial del artículo 135 de la Constitución española, que fue modificado con nocturnidad y alevosía con la complicidad de los dos grandes partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pradas.

El señor PRADAS TORRES: Gracias, señor presidente.

En nombre del Grupo Socialista, tomo la palabra para exponer nuestra posición ante esta iniciativa de los Grupos de La Izquierda Plural y Mixto, que nos piden que tomemos en consideración una proposición de reforma de la Constitución en su artículo 135. Empezaré por reconocer que una gran parte de la ciudadanía ha hecho responsable a esta reforma de los recortes del Estado del bienestar llevados a cabo a partir de entonces por el actual Gobierno del Partido Popular. Dicho esto, quiero añadir, señorías, que pensar que esta modificación ha sido el motivo por el que el Gobierno del señor Rajoy ha desarrollado sus políticas de recortes y ataques a los derechos sociales es solamente una torpeza, porque estaríamos diciendo que el Gobierno del Partido Popular está gobernando así por imperativo constitucional, y eso no es cierto; el Gobierno del Partido Popular está gobernando así por una pura opción ideológica. (Aplausos). Es necesario recordar lo que sucedió en aquellos días de agosto de 2011, y lo voy a hacer yo que no estuve aquí en ese momento. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio.

Continúe usted, señor Pradas.

El señor PRADAS TORRES: No sabía yo que alguien tan novato podía hacerles tanta gracia.

Vivíamos en nuestro país una situación de extrema gravedad económica como consecuencia de la crisis financiera que desde el año 2008 se venía extendiendo por el mundo y que había llevado a la prima de riesgo en nuestro país y en Italia en torno a los 400 puntos básicos. Con el objetivo de intentar restaurar la confianza financiera en el seno de la Unión Europea se acordó un Pacto de Estabilidad y Crecimiento que, entre otras cuestiones, incluyó el compromiso de cada Estado partícipe de introducir las reglas de estabilidad presupuestaria en los textos constitucionales. En este contexto, el Gobierno quiso hacer frente con la reforma del artículo 135 a sus compromisos en el seno de la Unión Europea, a la situación de extrema inestabilidad de los mercados y a la pérdida de credibilidad de la economía española. Se hizo para dotar de rango constitucional a un principio, el principio de estabilidad presupuestaria, que ya venía recogido con rango legal desde el año 2001, y fue útil. Fue útil porque con la reforma se impidió el rescate económico de España en el verano-otoño del año 2011, o por lo menos contribuyó a ello. Lo que se ha producido después no tiene nada que ver con aquella reforma constitucional, pero es cierto que la incorporación al texto constitucional del compromiso con la estabilidad presupuestaria ha servido el actual Gobierno del Partido Popular para justificar una política de extrema austeridad y de recorte de derechos sociales con enorme sufrimiento para la ciudadanía. (Aplausos).

Asimismo es cierto que en abril de 2012 la mayoría del Partido Popular en este Parlamento aprobó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que teóricamente se apoyaba en la reforma constitucional pero que, como señaló en aquella sesión nuestro portavoz en el debate, el señor Saura, a nuestro juicio violaba y rompía el reciente pacto constitucional y solo llevaría a una creciente recesión económica. Con aquel acuerdo que se adoptó en esta Cámara se rompió el acuerdo constitucional que se había conseguido en 2011. (Rumores). Lo hizo desde un punto de vista y con un objetivo profundamente ideológico, pues con esta ley, no con la modificación en sí del artículo 135 de la Constitución, se justificó lo injustificable; se abrió la puerta a los recortes en educación, en sanidad y en servicios sociales, a los sacrificios de la ciudadanía, al incremento de las desigualdades y a las privatizaciones. Con estas medidas el Partido Popular ha conseguido que la crisis no sea solamente una crisis económica, sino que estemos ante una verdadera crisis social que ha colocado a nuestro país entre los países más desiguales de la Unión Europea; una política económica y fiscal -la de este Gobierno- que además no ha producido los efectos


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deseables. (Rumores). A pesar de todos estos sacrificios, un año después de la reforma constitucional, en el verano del año 2012, la prima de riesgo española alcanzó el nivel récord de los 694 puntos básicos y no se pudo evitar -entonces ya no se pudo evitar- el rescate financiero de nuestro país. (Rumores).

La eficacia de la modificación ha quedado en entredicho, pero esto no debe servir para justificar el fracaso de la política del Gobierno en estos últimos tres años. No, señorías, el problema no es el principio en sí mismo, el problema es el uso que se hace de él, porque hoy encontramos este principio de estabilidad presupuestaria reconocido en Estados como el sueco, o en Francia, en Italia, en Alemania, el problema es que el Gobierno del Partido Popular ha optado por hacer un mal uso, el peor, el más injusto uso que se podía hacer de este principio. (Aplausos). Por eso, porque la redacción del artículo 135 ha permitido este dislate, estamos de acuerdo en eliminar el pretexto legal, la coartada legal, pero les aseguro que eso no será suficiente para corregir e impedir en el futuro los efectos de políticas como las que está llevando a cabo este Gobierno. Déjenme decirlo de otra manera, la cuestión es si la política austericida de este Gobierno hubiera sido distinta si no hubiese existido esa redacción del artículo 135. Estoy convencido de que hubiera sido exactamente la misma (Aplausos), y a los ejemplos me remito. En la Comunidad Valenciana o en Madrid el PP ha llevado a cabo una política sistemática de recortes sociales y privatizaciones mucho antes de agosto de 2011. (Rumores). Para ello no han necesitado el artículo 135 de la Constitución. Esto es lo que desde mi grupo parlamentario nos cuestionamos, las políticas concretas, y en este contexto defendemos que Estado de bienestar y estabilidad presupuestaria son compatibles. En la modificación del artículo 135 el Partido Popular quiso introducir el concepto de déficit cero; por cierto, lo que hizo después con la Ley de Estabilidad. Los socialistas nos opusimos e introdujimos el párrafo 4 del artículo 135, que señala expresamente que se podrá superar el límite de déficit y de deuda pública en determinados supuestos, entre los que se encuentran la recesión económica o cuando los mismos perjudiquen la sostenibilidad social del Estado. Esta parte del artículo no la han leído en el Partido Popular. (Aplausos).

El principio de estabilidad presupuestaria no solo no es un freno para el Estado del bienestar, sino que es una garantía para su propia supervivencia. Por eso nosotros no recurrimos a la política fácil o de pancarta de proponer solo la derogación del artículo 135, nosotros defendemos una reforma constitucional mucho más real, eficaz y ambiciosa. (Rumores). Hace más de dos años que los socialistas pusimos sobre la mesa una propuesta de reforma del texto constitucional. Hace solo una semana hemos hecho una oferta para abrir ese camino a través de la Comisión Constitucional de este Congreso. En la propuesta, al margen de otros temas de gran interés nacional, como es la articulación territorial o la regeneración democrática, defendemos sobre todo la necesidad de consolidar y proteger en la propia Constitución el Estado del bienestar que tanto nos costó construir. (Rumores). Para ello no es suficiente con reformar el artículo 135 en los términos que ustedes plantean en esta proposición; por cierto, bastante ambiguos y que caen en otro de los defectos que le reprochan al anterior acuerdo: que no se piensa someter a votación popular. Por lo menos yo no lo he leído por ninguna parte. (Aplausos). Tenemos que blindar de verdad los derechos que han supuesto los pilares del Estado del bienestar y no meramente hablar de servicios públicos fundamentales, que es un concepto totalmente indeterminado que podría llevar a un Gobierno a las mismas actuaciones que ha llevado a cabo este. Queremos una Constitución que reconozca auténticos derechos para los españoles y españolas: a una sanidad universal, a una educación en igualdad y a una protección social que no deje a nadie en la cuneta. Queremos una Constitución que deje de concebir los derechos sociales como meros principios rectores de la política social y económica para pasar a reconocerlos como derechos fundamentales en sentido estricto, unos derechos fundamentales dotados de garantías y cuya satisfacción sea objeto de tutela judicial. Esta es la reforma que necesitamos.

Termino. Los socialistas no cuestionamos, como hacen otras fuerzas políticas, que la deuda pública haya que pagarla. Nosotros no vamos a competir en ese terreno porque enviar hoy ese mensaje a un mundo globalizado pone en riesgo las pensiones, los sueldos de los empleados públicos y las prestaciones de los más vulnerables. No dudamos de que esta iniciativa puede ser bienintencionada, pero, señor Garzón, ustedes que siempre quieren quedar por encima, creo humildemente que en esta propuesta se han quedado cortos. Vamos a votar a favor de la toma en consideración porque queremos acabar con el pretexto constitucional; vamos a votar a favor porque reformas de este calado debieron ser fruto de mayor consenso y debió someterse a la aprobación por parte de la ciudadanía y así lo reconocemos, pero nosotros no queremos solo maquillar la Constitución, sino que queremos un gran pacto para blindar en


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todos los frentes los pilares del bienestar, que no olviden que ustedes los defienden hoy porque los socialistas los establecimos hace tiempo.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pradas.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Hernando. (Rumores).

Les ruego silencio.

El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.

Señorías, asistimos hoy a un debate a iniciativa de unos grupos con pensamiento en la izquierda y en el que todos los que han intervenido desde la tribuna han venido a defender las mismas posiciones que mantuvieron hace tres años. Bueno, todos no, hay uno que no, el señor Frade -y yo estaba aquí, usted no, no sé si estaba en Marte- (Risas), que lo que dice ahora es que donde dije digo, digo Diego. Señor Frade, a mí me gustaría explicarle que este acuerdo de reforma constitucional tiene su origen en un pacto de estabilidad firmado en la Unión Europea y llevado a cabo en 2007, es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que entró en vigor en el año 2009 y que tuvo un posterior acuerdo en ese Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, que entró en vigor en 2012, conocido como Pacto fiscal, que apostaba por una nueva unidad fiscal y solidaridad. Se trataba de dar un nuevo impulso para avanzar en la unión real de Europa, que intentaba superar esa crisis de deuda, de crédito y de confianza que había asolado nuestro continente en los últimos años, una época que había empezado por tanto en 2008, y usted, señor Frade, habla de reformas y de estabilidad presupuestaria, pero quiero decirle, señor Frade, que quien se llevó por delante la estabilidad presupuestaria en este país... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento. Señor Hernando, para que no andemos con equívocos, este señor se llama Pradas. (Risas.-Aplausos).

El señor HERNANDO FRAILE: Excúseme, señor presidente y señor Pradas.

Lo que hicieron ustedes nada más llegar al Gobierno, en 2004, fue precisamente cargarse el Pacto de estabilidad fiscal y presupuestaria que había llevado adelante el anterior Gobierno y que había permitido la mayor época de estabilidad, crecimiento y creación de empleo de la historia de este país, 5 millones de empleos, una situación muy diferente de la que ustedes nos dejaron, una España en la que se habían destruido 3.500.000 empleos, la deuda pública y el déficit crecían de forma imparable hasta los 850.000 millones de euros y el 11 % respectivamente y las administraciones públicas se colapsaban porque no podían pagar sencillamente sus deudas a los proveedores. Además, nuestro sistema financiero se desplomaba y la financiación de nuestra economía se hundía mientras nuestras empresas se asfixiaban y los inversores y los capitales huían de España. Por primera vez en muchos años, señores del Grupo Socialista, los ciudadanos españoles, muchos empleados, tenían miedo de verdad a perder su empleo, y ello nos condenaba a ser víctimas del rescate. En ese contexto, fruto de la responsabilidad y de los compromisos internacionales y nuestros compromisos con los ciudadanos, tras meses de trabajo, las dos principales fuerzas políticas de la Cámara, a iniciativa -y es cierto- de su grupo parlamentario y de su entonces presidente, el señor Rodríguez Zapatero -ese del que ahora parecen renegar-, acordamos una reforma constitucional refrendada por el 90 % de los diputados de esta Cámara, una reforma que otros países ya habían hecho, como Alemania, y que otros se aprestaban a hacer, como Francia o Italia, que lo hacía, señor Azpiazu, en abril de 2012, aunque usted haya pretendido decir aquí esta tarde lo contrario. Esa reforma sentaba las bases para nuestro crecimiento económico; no solo era un acuerdo europeo o un acuerdo de este Parlamento, era sencillamente un acuerdo intergeneracional, un acuerdo de responsabilidad para el futuro de las nuevas generaciones, para que no hubiera nadie que se gastara e hipotecara su futuro haciendo políticas de crecimiento del gasto que nos llevaban a la ruina. (Aplausos).

Señorías, esa ha sido la esencia de los cambios de estos tres últimos años -claro que sí, no nos da avergüenza reconocerlo- y lo que ha transformado este país realmente. Gracias al impulso reformista del Gobierno de España, del Gobierno del señor Rajoy, gracias a eso, las cosas han cambiado radicalmente. Tras evitar el rescate, España ha dejado de ser el enfermo de Europa y hoy somos un ejemplo, como se ha demostrado en la Cumbre del G-20 en Brisbane. Llevamos cinco trimestres en crecimiento, desde enero se han creado en España 500.000 empleos y casi 600.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social; nuestro sistema productivo ha cambiado radicalmente, hay ya más de 150.000 empresas que exportan fuera de forma regular y el 36 % de nuestro producto interior bruto se basa precisamente en lo


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que vendemos fuera. España se financia mucho más barato, más barato que nunca, y hoy la prima de riesgo no aparece como un fantasma para el futuro de las nuevas generaciones. Esto además en una situación de confianza y de baja inflación, que es el peor impuesto para los que menos tienen, la inflación, eso que tanto crecía cuando gobernaban ustedes, los de la izquierda. Nosotros hemos hecho un modelo de crecimiento con justicia social. Por lo tanto, basta ya de eslóganes, de pancartas, de camisetas y de palabrería, señor Garzón. Según la OCDE, el gasto social en España ha crecido de forma muy importante, hoy somos el segundo país en el que más ha crecido de los treinta y cuatro países de la OCDE en los últimos siete años. (Aplausos). Sí, cójase las estadísticas y los datos, señor Garzón, no la palabrería. Los pensionistas de nuestro país han mejorado su poder adquisitivo, el año que viene destinaremos 125.000 millones a las pensiones, los índices de pobreza y las diferencias sociales se empiezan a reducir en este país y 137.000 millones han servido para ayudar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a pagar las facturas, de las que el 80 % son de sanidad, de educación, de la dependencia y de asistencia social. (Aplausos). Por cierto, muchas de ellas procedentes de aquel sitio donde usted, señor Garzón, gobierna con el Partido Socialista (Aplausos), donde sí que se producen recortes sociales de verdad, porque son ustedes los campeones de los recortes sociales. Allí, en Andalucía (Rumores), con un Gobierno solidario de Izquierda Unida y del Partido Socialista, por tercer año consecutivo no les van a pagar ustedes la extraordinaria a los médicos, a los sanitarios, a los profesores; han echado ustedes a la calle a 9.000 sanitarios y a 4.500 profesores. Allí las únicas becas que parece que algunos reciben y con entusiasmo son las que ustedes dan a los amiguetes de Podemos (Aplausos.-Rumores), esas son las becas que ustedes dan con fruición. Nosotros no somos los de Podemos, nosotros somos los de "hacemos", los que hemos cambiado las bases de crecimiento de este país y hemos dado transparencia al sistema, y ahora vamos a bajar los impuestos.

Señorías, Churchill decía que la izquierda siempre fracasa cuando se le acaba el dinero de los demás. No conocía a los socialistas españoles ni a la izquierda española. (Rumores). Estos acabaron con el dinero de los demás, de los hijos de los demás y de los nietos de los demás. (Protestas.-Aplausos). Pensábamos que con el acuerdo constitucional que habíamos alcanzado esto se iba a acabar y nos animaba ver a un líder emergente que en Twitter, cuando se aprobaba esta reforma de la Constitución, nos decía: "Confianza en nuestra economía y garantizar sostenibilidad Estado bienestar, por eso hemos trabajado @conRubalcaba en el acuerdo reforma de la CE." O cuando le preguntaban: ¿Es de izquierdas reformar la Constitución para garantizar la estabilidad presupuestaria? Y decía: Sí, sí, es de izquierdas la estabilidad presupuestaria. Parece ser que aquellas cosas han cambiado ahora y se empeñan ustedes en romper con ese pasado, que parece que era una rectificación, porque ustedes sufren el síndrome de la coleta, y esto me parece enormemente grave. (Rumores). Se empeñan en que rompamos nuestros compromisos con la Unión Europea, con nuestros socios, y echemos marcha atrás en el pacto fiscal europeo. Eso es una falta de coherencia, que no es muy tolerable ni muy sostenible, señores del Partido Socialista, aunque viendo lo que ustedes y el señor Sánchez han hecho nada más llegar en el Parlamento Europeo -han sido capaces de romper incluso con sus propios socios de la socialdemocracia europea sobre la base de los acuerdos para elegir a Sánchez- nada nos resulta extraño. (Aplausos). Señorías, un incumplimiento por parte de España del Pacto de Estabilidad supondría que nos abrieran un procedimiento, con sanciones que podrían llegar incluso al 0,1 o al 0,2 del PIB. Quedaríamos fuera del MEDE y, por tanto, nuestra exposición ante las especulaciones financieras sería mayor y nuestra prima de riesgo conseguiría no estar en la situación en la que está ahora. Seríamos expulsados de la Eurocumbre y volveríamos a ser un problema para la Unión Europea. Seríamos, señorías, irrelevantes en sus decisiones.

Acéptenme ustedes un consejo y pasen de ese fervorín infantiloide de cambiar la Unión Europea sin saber para qué. El futuro y el liderazgo no se conquistan con ocurrencias ni con complejos oportunistas, sino con determinación, con arrojo, con compromiso y con reformas. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular y por eso hoy en España las cosas están cambiando para muchos españoles a mucho mejor. (Aplausos).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.


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PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA CONSECUCIÓN DE UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO E INVERSIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 162/001073).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la consecución de un acuerdo de libre comercio e inversión entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Para su defensa, tiene la palabra el señor Casado. (Rumores).

Por favor, ruego a los diputados que no vayan a asistir al debate que abandonen con rapidez el hemiciclo.

El señor CASADO BLANCO: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular presenta ante la Cámara una proposición no de ley para instar a la Comisión Europea a culminar el acuerdo trasatlántico de libre comercio e inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Me gustaría hacer referencia, en primer lugar, a la situación actual de estos dos bloques que están a ambas orillas del Atlántico, a la coyuntura en la que se mueven a nivel internacional; en segundo lugar, pasaré a explicar los beneficios que podría acarrear este acuerdo trasatlántico, y, por último, haré referencia a las discrepancias, cristalizadas en forma de enmiendas, que los demás grupos parlamentarios han presentado.

En primer lugar, en cuanto a la situación, tenemos que decir que estas dos áreas, la Unión Europea y los Estados Unidos de América, engloban a 800 millones de habitantes y, además, representan el 50 % del producto interior bruto a nivel mundial y un tercio de todo el comercio de bienes y servicios que transitan por el mundo, lo que viene a suponer unos 2.000 millones de euros al día, es decir, unos 700.000 millones de euros al año. Todo ello hace que más de 13 millones de americanos y de europeos hoy en día tengan trabajo gracias a estos flujos comerciales y que estas dos zonas, tanto Europa como América, sean los emisores de un 71 % de inversión a terceros países y los receptores de un 57 % de inversión de otros ámbitos internacionales. ¿Pero en qué coyuntura nos estamos moviendo? En primer lugar, en una coyuntura globalizada en la cual los desafíos geoestratégicos que se plantean hacen que cualquier acuerdo de interconexión entre las dos potencias más importantes del mundo a la hora de garantizar la protección social, los derechos humanos y las libertades públicas sea si no positivo, sí imprescindible. En segundo lugar, en una crisis económica que hace que no se pueda escatimar ninguna medida que fomente la creación de empleo y el crecimiento económico. Y en tercer lugar, en un momento de gran competitividad. Hace apenas unos días veíamos cómo en China el Gobierno proponía ampliar el TPP, que ya es un gigantesco acuerdo de libre comercio transpacífico, para lo cual el presidente de Estados Unidos dijo que empezaría a estudiarlo, es decir, la inclusión de China. Quiere decir esto que la Unión Europea no debería perder este tren y que deberíamos empezar a ponerlo como una máxima prioridad, que es lo que ha dicho ya el presidente Juncker, poniéndolo en su agenda en la Comisión Europea como uno de los puntos prioritarios, y lo que ha dicho el presidente Obama y que recalcó en Bruselas en su última visita diciendo que siempre que la Unión Europea y Estados Unidos han sido uno solo, el mundo ha ido mucho mejor.

En esta coyuntura y con esta situación tenemos unos beneficios innegables. Para empezar, para la Unión Europea el hecho de que se firmara este acuerdo en los términos planteados supondría directamente 120.000 millones de euros de beneficio y para Estados Unidos 95.000 millones de euros. Llegando a lo micro, para una familia europea eso se traslada en que podrían disponer de 550 euros más al año. Si eso lo vemos en las exportaciones, se incrementarían en un 30 %, es decir casi en 200.000 millones de euros al año, y lo que es el PIB mundial, es decir lo que puede afectar al resto del mundo, se vería incrementado en 100.000 millones de euros, ni más ni menos. Pero volvamos a España. España, además de ser un país atlántico, atlantista por antonomasia por historia, por geografía y por vocación, y además de haber aportado una cosa muy positiva que es que el jefe de la negociación por parte de la Comisión Europea, Ignacio García Bercero, sea español, es en términos absolutos el cuarto país más beneficiado por esta propuesta de acuerdo. Para empezar porque incrementaría su renta per cápita directamente en un 6 % y porque habría una creación de empleo de 140.000 puestos de trabajo, que evidentemente es la máxima prioridad de este grupo parlamentario y del Gobierno al que apoyamos. Además, tendría unos efectos colaterales muy positivos como, por ejemplo, que se abriría la posible


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inversión en obras públicas en Estados Unidos. Ahora simplemente es un 12 % la inversión extranjera. En Europa, por ejemplo, hemos abierto un 84 %. Eso para las empresas españolas que son líderes en infraestructuras es fundamental. Por ejemplo, en cuanto al sector agroalimentario, ahora mismo hay aranceles en el sector lácteo del 140 % y eso se eliminaría. O, por ejemplo, en el sector industrial, en el que evidentemente el comercio de coches, del que España también es muy protagonista, se vería incrementado en un 150 %, por no hablar del sector textil, que ahora sufre aranceles de hasta el 40 % que dificultan muchísimo ese comercio. En cuanto a la energía, todos sabemos que con el fracking la energía en Estados Unidos cuesta aproximadamente un tercio de lo que cuesta en Europa. Eso, en pleno debate de la unión energética europea, es absolutamente fundamental, por no hablar del turismo, que se vería incrementado por este crecimiento económico y por la posibilidad de hacer cabotaje en las aerolíneas.

Si todo esto es tan evidente, estos beneficios y esta situación coyuntural tan favorable al acuerdo, ¿por qué hay esas divergencias o cómo las explicamos desde mi Grupo Parlamentario? La primera divergencia a la que la oposición hacía referencia es relativa a la regulación. Recordemos que el tratado de libre comercio incluye las barreras arancelarias, que todos estamos más o menos de acuerdo que suponen el 80 % de estos beneficios, las barreras no arancelarias en cuanto a lo que viene a ser administración, eliminación de las cuestiones que ahora dificultan ese comercio, y luego la regulación en la jurisdicción y arbitraje. Pues bien, precisamente hace cuatro días, el 21 de noviembre, en el Consejo de Asuntos Exteriores Europeo ya se explicó que no van a afectar y que la jurisdicción tanto europea como estadounidense no se va a ver conculcada con este acuerdo. En segundo lugar, en cuanto al tema del empleo, ya se ha dicho en la séptima ronda de negociaciones, en el Consejo de Asuntos Europeos, que va destinado específicamente a la creación de más crecimiento económico y a la creación de nuevos puestos de trabajo. En tercer lugar, en cuanto a la transparencia, nosotros no compartimos que no haya transparencia, pero precisamente hoy por la mañana la comisaria de Empleo Malmström ha dicho que, como no hay nada que ocultar, la Comisión Europea va a seguir abriendo documentación y va a seguir abriendo la posibilidad de que todos los ciudadanos a través de sus representantes en el Parlamento Europeo puedan conocer de estas negociaciones. Y en cuarto lugar se hacía referencia a la inversión. Mañana el presidente Juncker, en el Pleno del Parlamento Europeo, va a explicar su plan de 300.000 millones de euros en inversión pública, haciendo especial referencia a que este tratado sin un solo euro de inversión pública va a generar unos beneficios absolutamente espectaculares.

Por todo ello, hemos decidido apoyar las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con unas leves modificaciones terminológicas. Hemos presentado una transaccional al Grupo Parlamentario Socialista que esperamos que tras el debate, al término del Pleno, decidan apoyar, e invitamos al resto de grupos parlamentarios a que apoyen esta proposición no de ley porque pensamos sinceramente que como españoles no podemos permitirnos no apoyar este tratado. Pensamos que va a representar un hito fundamental para las próximas generaciones no solo en España y en Europa, sino en el resto del mundo. En un momento de crisis económica, cuando hace falta crear empleo y oportunidades para los jóvenes, las empresas, las pymes y los autónomos este tratado supone un halo de esperanza en un momento en el que debemos intentar que haya mayor libre comercio para que el crecimiento económico y el empleo lleguen también a nuestro país.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Casado.

Enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar va a hablar la señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.

Señorías, comienzo confesándoles nuestra estupefacción por la iniciativa y, sobre todo, por el acuerdo que nos propone el Grupo Parlamentario Popular en esta proposición no de ley. Quieren ustedes que instemos al Gobierno a animar a la Comisión Europea para que concluya en plazo oportuno -¿cuál es el plazo oportuno?- las negociaciones del tratado de libre comercio e inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Señorías, en primer lugar, lo que hace falta es enterarnos de lo que dice este tratado y, sobre todo, de lo que no dice. Es decir, antes de animar a nada tendremos que tener la información y la documentación correspondiente. Hasta el día de hoy el oscurantismo, la opacidad y la falta absoluta de transparencia han sido las características principales de las negociaciones, hasta el punto de que la propia comisión negociadora fue secreta durante más de un año y los propios eurodiputados tienen limitado -por no decir vetado- el acceso a cualquier información sobre el tratado. Con estos antecedentes


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y por todo lo que se ha ido filtrando durante este tiempo, nos parece que este tratado persigue fundamentalmente la eliminación de cualquier posible barrera política o social que pueda suponer un obstáculo para la expansión del capitalismo y la globalización en grado superlativo. Más que animar, queremos saber cómo va a afectar a la seguridad alimentaria, al empleo y a la calidad del empleo. Decimos esto especialmente porque se está negociando un tratado con un país que no tiene ratificados los acuerdos básicos de la OIT, ni siquiera en relación con la edad mínima para trabajar. ¿Va a significar el tratado mayor destrucción todavía de derechos laborales y sociales? ¿Lo quieren utilizar para precarizar o -diría incluso- esclavizar todavía más a la clase trabajadora? ¿Qué consecuencias va a tener para nuestro medio ambiente y para nuestros servicios públicos? Por lo que muchos expertos dicen, equiparar nuestros servicios públicos a los de Estados Unidos supondría una verdadera aberración en términos de redistribución social, igualdad y garantía de servicios básicos al conjunto de la ciudadanía. ¿En qué consiste el llamado ISDS? ¿Lo saben ustedes? ¿Animan también a que acabe introduciéndose definitivamente en el tratado una cláusula para resolver conflictos entre inversores y Estados mediante un sistema judicial -por llamarlo de alguna manera- que no es el de los propios Estados, sino un Estado paralelo y subordinado a la tutela de la OMC, y por tanto de las grandes transnacionales privadas?

Por último, ustedes, señores y señoras del Partido Popular, son los grandes abanderados de la soberanía española frente a las legítimas aspiraciones de los distintos pueblos del Estado.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez Fernández, ha acabado su tiempo.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino.

Con este tratado ustedes apuestan ciegamente por el secuestro de la soberanía.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Nosotros hemos presentado enmiendas...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez Fernández, lo siento. Ha finalizado su tiempo.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Todavía no llegó, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez Fernández, lleva usted un minuto y tres segundos. Está por encima de su tiempo.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Tienen que intervenir dos compañeros más. Lo siento, de verdad.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías del Grupo Popular, estamos dispuestos a votar su iniciativa parlamentaria siempre y cuando ustedes nos acepten dos enmiendas. Creo que son dos enmiendas razonables. La primera, atendiendo a la trascendencia de las consecuencias para el Estado del bienestar que puede suponer -creemos que va a suponer- el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, hagamos ahora aquí una manifestación pública del Congreso de los Diputados diciendo que lamenta la opacidad, la falta de transparencia y la falta de participación ciudadana en todo aquello que compete a estas negociaciones que, al parecer, son casi clandestinas.

Segunda cuestión. ¿Por qué ustedes no se atreven a comprometerse hoy aquí a que, llegado el caso de que finalmente el Gobierno le diera el plácet a este tratado, antes de ratificarlo estas Cortes Generales, ustedes van a someter a referéndum -atendiendo a la gran importancia que puede tener este tratado para con el Estado del bienestar que hemos ido construyendo en los últimos treinta o cuarenta años- si genera bondades o -tal como nosotros sospechamos-, al revés, va a poner en jaque la protección del medio ambiente, va a poner en jaque las políticas que protegen a los consumidores, el mismo concepto de propiedad intelectual y, por supuesto, va a desregularizar todavía más las relaciones laborales? En definitiva, desregularizarlo todo significa privatizarlo todo para que aquellos que tienen grandes capitales puedan tener muchos más a costa de la vida de las personas.


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Así pues, si nos aceptan estas dos enmiendas, nosotros votaremos a favor de ustedes, pero como ustedes no van a aceptarlas, porque no creen en la democracia directa y porque saben que este tratado está al servicio del capitalismo más perverso, del capitalismo que no genera riqueza sino que tan solo especula con el dinero, queda claro que vamos a votar en contra y denunciamos su hipocresía política.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Por el mismo grupo, señora Ariztegui.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Gracias, señora presidenta.

De los creadores de la crisis que está fulminando nuestra economía y el Estado del bienestar llega ahora esta terrorífica película con alevosía y total opacidad. Si tan bueno es, ¿por qué llevan con tanto secreto las negociaciones? Porque saben que es un acuerdo de desigualdad extrema, que sobrepasa por mucho los acuerdos de libre comercio, que, por cierto, hasta ahora no han traído más que miseria a la población. Pregunten a los mexicanos sobre los efectos que ha tenido el Alena durante veinte años. Digan la verdad. Si el comercio actual entre Estados Unidos y Europa es de los más abiertos del mundo, ¿qué es lo que quieren eliminar realmente? Las barreras de tipo no arancelario, o sea nuestros derechos básicos y normas de protección en todos los ámbitos de la vida, y donde ven oportunidad y creación de empleo, la gente de a pie ve amenaza, datos falseados y ridículos, explotación laboral y deslocalización. Donde ven libre comercio, vemos más crisis, hipercompetencia de las grandes empresas, devastadoras para la población en general, para los pequeños comercios, para las pymes. Que los oligopolios puedan ir contra los Estados y autonomías y estos queden totalmente indefensos, sin herramientas legales, trae la desregulación total; especialización productiva frente a diversidad productiva, o sea más débiles frente a la crisis. La búsqueda del beneficio por encima de las personas y de los pueblos, que las transnacionales cuenten con jurisdicciones amigas y opacas hace ver las más negras amenazas: medio ambiente, multinacionales petrolíferas y energéticas con total manga ancha para fomentar un modelo contaminante y despilfarrador. Y, quizá lo más terrible, se acabó la soberanía y seguridad alimentaria, adiós a la poca política adecuada europea. ¿No les asusta que el sector primario desaparezca, que se eliminen las normas higiénico-sanitarias, el principio de precaución y prevención? Piensen siquiera en su salud y en la de sus hijos e hijas: el grave problema de la resistencia a antibióticos comiendo pollos clorados, carnes hormonadas o verduras transgénicas a tutiplén. ¿Estamos locos o qué? ¿A qué ese afán de regalar la soberanía que se tiene como Estado y la que queremos tener nosotros? Ustedes son los pastores que abren la puerta a esa manda de lobos hambrientos, mientras el rebaño duerme plácidamente y totalmente indefenso, pero en Euskal Herria estamos bien despiertos y lucharemos contra este tratado.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ariztegui.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Querría comenzar con dos aclaraciones preliminares para poner este debate en contexto. Primera aclaración, estamos hablando de un acuerdo que se está negociando todavía y, por tanto, es imposible saber qué va a decir finalmente. Lo digo porque hay grupos políticos y sociales que ya han decidido hasta la última coma qué va a decir este acuerdo. Segunda aclaración, en la vida en general y en la economía en particular, raramente algo es o totalmente malo o totalmente bueno. Habitualmente nos encontramos con situaciones en las que hay ventajas e inconvenientes. Hay algunos que han decidido también que este acuerdo es una especie de Satanás y cualquiera que esté asociado con él es un pecador mortal. Nosotros no abordamos el acuerdo desde este punto de vista, sino más racionalmente. Creemos que es una cuestión de ventajas e inconvenientes potenciales de un acuerdo que se está negociando.

¿Cuáles son las ventajas potenciales? Existen y tienen claramente que ver con la estructura productiva española. Parte del acuerdo tiene que ver con quitar aranceles en aquellos sectores en que son altos todavía. Estamos hablando de sectores como textil, calzado, cuero, productos agrarios -fruta, vino y aceite- en los que España es un claro exportador. Evidentemente, si Estados Unidos rebaja esos aranceles, eso beneficiará a nuestras exportaciones en esos sectores. Estamos hablando de armonizar las regulaciones del sector del automóvil, que supone el 17 % de nuestras exportaciones. Evidentemente, si podemos exportar más automóviles a Estados Unidos, será una ventaja. Estamos hablando de que las


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obras públicas de Estados Unidos se abran a contratistas de otros países y hay importantes empresas de infraestructuras en nuestro país. Por tanto, las ventajas potenciales existen. Esto no quiere decir -y quiero dejarlo muy claro- que Unión Progreso y Democracia en ningún momento haya planteado estas negociaciones como un cheque en blanco, a cualquier precio, que esas ventajas que se pueden conseguir -ventajas mutuas también para Estados Unidos- se puedan lograr a costa de la protección de los consumidores o a costa de la protección del medio ambiente, no digamos de los derechos laborales, porque no hay que confundir armonizar con desregular; igualar puede igualarse al nivel europeo o al nivel de Estados Unidos. Por tanto, quiero dejarlo claro: en ningún momento hemos planteado esto como un cheque en blanco. No creemos que las ventajas deban lograrse a toda cosa, sino evitando que se vean perjudicados los derechos laborales evidentemente, la protección del consumidor o el medio ambiente.

Nos preocupan otras dos cuestiones: la transparencia en las negociaciones -lo han citado otros portavoces- y que no se creen jurisdicciones especiales para los conflictos entre multinacionales y Estados. Por eso no creemos que lo adecuado en este momento sea como nos plantea el Grupo Popular una proposición no de ley que viene a decir firmemos un acuerdo a toda prisa y de cualquiera manera. Todo lo contrario, creemos que es el momento de garantizar que se logra un buen acuerdo evitando que las ventajas potenciales se logren a costa de poner en riesgo ninguno de estos valores esenciales: protección del consumidor, medio ambiente y derechos laborales. El sentido de nuestra enmienda ha sido ese: garanticemos un buen acuerdo, logremos las ventajas sin caer en estos inconvenientes. El portavoz popular ya nos ha aclarado que no va a aceptar la enmienda; por tanto, nos ha aclarado que nuestras posturas son distintas. Ellos quieren un acuerdo a toda prisa y de cualquier manera y nosotros también queremos un acuerdo, pero un acuerdo que logre esas ventajas sin perjudicar las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la protección del consumidor o los derechos laborales. Por eso no podemos apoyar esta proposición no de ley que nos trae el Grupo Popular.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, el Grupo Popular nos trae una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a animar a la Unión Europea a concluir las negociaciones de un acuerdo ambicioso y completo de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Nos lo ha explicado aquí su portavoz y la verdad es que uno se ha acordado del cuento de La lechera. No sabemos cuándo se le caerá el cántaro, pero nos ha parecido una explicación demasiado eufórica. Usted ha utilizado las estadísticas de una forma torticera. ¿Usted cree que realmente que los beneficios que hipotéticamente se podrían obtener -de los cuales tenemos muchas dudas- se repartirían por igual entre todos los europeos? Eso no se lo cree ni usted. ¿Usted cree que cualquier beneficio se puede repartir de forma matemática entre todos los europeos y las europeas? Eso, repito, no se lo cree ni usted. Por tanto, pasamos de la ingenuidad al cinismo político y ahí es donde se encuentran con nuestra radical oposición, porque a pesar de que ha sido una negociación oscura, clandestina, secreta, hay cosas que ya se saben y a las que usted trata de dar la vuelta, pero la realidad es que pocos automóviles vamos a vender en Estados Unidos y posiblemente sean muchos automóviles norteamericanos los que se vendan en España, algo que nadie duda en estos momentos. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

Este tratado supone un paso -usted lo ha dicho- en la configuración de grandes áreas económicas que no están gobernadas por el poder político sino por eso que llaman los mercados, pero que tienen cara, nombre y apellidos e intereses, que no los elige nadie y que no se someten a ningún control. Esa es la clave del acuerdo que vienen aquí a defender con tanta alegría. En ese cuento de La lechera nos han explicado que se va a crear mucho empleo. Señorías, todas las agresiones sociales que se están cometiendo en este país siempre se hacen en nombre de la creación de empleo jugando con la desgracia de la gente, utilizando la miseria de muchas personas, pero, claro, luego se demuestra que eso es falso, como está ocurriendo con su reforma laboral, pero el daño ya está hecho y es difícil de corregir.

Como decía, detrás de este tratado está la idea de crear una gran área económica por la que el capital global pueda moverse sin límites o con menos restricciones, con menos control político y ciudadano. No deberíamos olvidar que en estas idas y venidas del capital siempre hay quien gana y quien pierde. No solamente se trata de que las grandes corporaciones vayan a tener más posibilidades de copar los mercados que las pequeñas y medianas empresas, y usted sabe que son la mayoría de las empresas de


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este país, sino que mientras que las estadísticas que nos presentan no cuadran, la realidad es que las economías menos fuertes, las del sur de Europa, son las más afectadas por la penetración de las empresas norteamericanas. El conflicto central en el tratado no se da en términos nacionales, se da en términos de aumentar los desequilibrios entre mercado y sociedad, entre capital y poder democrático; eso es lo que este tratado viene a romper. Esa regulación no quedaría en manos del poder político, del poder de la ciudadanía; quedaría en manos de esos mercados que, repito, tienen nombre y apellidos, pero a los cuales nadie elige ni siquiera democráticamente, en una democracia como la que aquí tenemos. Se trata de armonizar a la baja, se trata de regular a la baja.

Otro factor importante es que se establecen mecanismos privados para mediación y arbitraje. Es decir, se privatiza la justicia de manera que se produce una autoexclusión de las grandes corporaciones en una especie de privatización de los tribunales de justicia ordinarios. Por tanto, son elementos que vienen claramente a significar lo que ustedes vienen a plantear, que es crear una gran área económica para competir con otra área económica. Lo de China no tengo tiempo para explicarlo pero da algo de risa lo que usted ha dicho aquí sobre la incorporación de China no a este sino a otro tratado. Eso podría ser motivo de otro debate, pero, repito, es de risa lo que usted ha dicho aquí equiparando China con la Unión Europea.

Ello supone un desplazamiento del poder. Esta mañana se ha señalado cómo este poder no regulado es el que tiene la intención de controlar la vida de la gente, de la ciudadanía. Por eso creemos que hay que reforzar el poder ciudadano, creemos que hay que reforzar el poder político, y ustedes van en sentido contrario como han demostrado hace unos minutos en esta misma Cámara. Por eso nosotros -y termino- hemos presentado varias enmiendas desde nuestra confrontación radical con lo que está suponiendo este tratado. La última propone que lo sometan a referéndum. Si su cuento de La lechera es tan verdadero, no tendrán ningún problema en que se someta a referéndum para que los ciudadanos con alegría vayan a votarlo con dos manos. Pero no es esa la verdad. La verdad es que ustedes tienen miedo de la ciudadanía. Ustedes no quieren someter a referéndum este tratado porque saben que se encontrarán frente a mucha gente que verá cómo este tratado viene a acabar con lo que se ha construido en la Unión Europea durante muchas décadas. Con nuestra propuesta queremos ir hacia más contenidos de la democracia y ustedes cada vez la limitan más.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Centella.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos trae a debate una proposición no de ley relativa al acuerdo de libre comercio e inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, una iniciativa que compartimos y un debate que para mi grupo es importante y trascendente en términos de impulso y mejora de las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos y sobre todo de una mejora que en términos económicos y comerciales, con la eliminación de barreras comerciales en una amplia variedad de sectores económicos, ha de estimular -este es el objetivo prioritario- e impulsar el crecimiento y el empleo en ambos lados del Atlántico.

Como ya conocen sus señorías, nuestro grupo ha manifestado su apoyo a las negociaciones para este acuerdo de libre comercio. Impulsar instrumentos de reforzamiento de las relaciones económicas y comerciales entre la Unión Europea y los Estados Unidos tiene un alcance económico y comercial innegable y relevante, especialmente en un momento en el que la economía europea en su conjunto necesita de instrumentos de reactivación, y este acuerdo puede y debe ser uno de ellos. A nuestro entender, señorías, eliminar barreras al comercio -sean aranceles, normativas innecesarias o restricciones a la inversión-, con el fin de simplificar el intercambio de bienes y servicios y de estimular las inversiones, debe contribuir a esta necesaria reactivación, sobre todo en un entorno que lo necesita y que mantiene aún tasas muy bajas de demanda interna. En nuestro contexto económico, un acuerdo de libre comercio que estimule este intercambio es de nuestro interés, tanto en términos estrictamente económicos de mayor actividad económica y oportunidades comerciales como sobre todo en términos sociales de generación de empleo.

En nuestro caso estamos en un momento económico en el que la internacionalización de nuestra economía y de nuestras empresas -especialmente las pequeñas y medianas empresas- continúa siendo un objetivo prioritario, y estamos en un proceso de cambio de modelo productivo y de estructura de crecimiento hacia más competitividad y más diversificación también de mercados. Este entorno actual


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hace aún más necesario avanzar en el acuerdo de libre comercio, ahora bien, señorías, avanzar bajo unas premisas que desde mi grupo parlamentario han de ser irrenunciables, y haré referencia en este sentido a cuatro aspectos que desde nuestro punto de vista han de ser tenidos en cuenta en el proceso de negociación.

El primer aspecto es la importancia de que el acuerdo actúe en una doble vertiente, por una parte para eliminar aranceles, aun teniendo en cuenta que estos ya son bajos de por sí, y por otra para eliminar normativa y legislación innecesaria que hoy constituye un verdadero obstáculo, el llamado obstáculo no arancelario. Este aspecto adquiere especial importancia para el grupo que represento en cuanto esta eliminación de obstáculos no arancelarios debe siempre, a nuestro entender y de forma inequívoca, tener en cuenta el respeto a los derechos de ciudadanos y garantizar su protección. En este sentido hemos de incidir en la importancia de hacer que nuestras reglamentaciones sean compatibles y ello no significa buscar el mínimo común denominador, sino detectar divergencias innecesarias sin que ello impacte en pérdida de protección o de derechos.

El segundo aspecto está estrechamente vinculado con el anterior y es la importancia para nuestro grupo de que el acuerdo garantice los niveles de protección social, de protección a los ciudadanos y que garantice los compromisos que tenemos en materia de seguridad, protección a los consumidores o medio ambiente. En este sentido, desde mi grupo, fruto de la preocupación por la falta de información y atendiendo a la importancia y trascendencia que damos a este tema, hemos realizado en el último año varias preguntas escritas, entre ellas la pregunta al Gobierno sobre si el acuerdo incorporará o no los servicios sanitarios, los servicios sociales, la educación o también y de manera muy concreta la cultura, con especial atención al sector audiovisual. De la respuesta recibida por parte del Gobierno entendimos que la Unión Europea no va a adoptar compromisos sobre servicios públicos esenciales, que el tratado ofrecerá garantías sobre el sector de servicios públicos, y nos recuerda el Gobierno a su vez que cada Estado tendrá la potestad de decidir qué sectores quiere abrir a las empresas estadounidenses. En este marco y con estas premisas, será muy importante, señorías, en el curso de las negociaciones un ejercicio de clara defensa de estos sectores básicos y de la esencia del modelo social europeo que estamos obligados a defender, así como también una defensa de las garantías ofrecidas por la Comisión Europea respecto a determinados sectores.

Por todo ello y para garantizar un acuerdo que vaya en la dirección de la eliminación de las barreras arancelarias, de optimización y eliminación, cuando proceda, de barreras no arancelarias, pero sobre todo de garantizar los niveles de protección a los ciudadanos y los compromisos en materia de seguridad, de protección a los consumidores o los compromisos medioambientales, es necesario un mayor ejercicio de transparencia y de información en este proceso de negociación. Este es el tercer aspecto al que quería hacer referencia y es aquí donde mi grupo parlamentario, con esta preocupación por una mayor transparencia y una mayor información, ha presentado una enmienda a la proposición no de ley que va en esta dirección, en la dirección de una mayor información sobre los ámbitos afectados, de una mayor información a las Cortes sobre los contenidos del acuerdo, su afectación general y sectorial antes de la suscripción del mismo y un compromiso de que este acuerdo sea un acuerdo en pro del crecimiento y de la creación de empleo.

Por último -y termino, señor presidente-, déjenme añadir un cuarto y último aspecto que no recoge nuestra enmienda, pero que entendemos que es imprescindible que recoja también el acuerdo, que son las pequeñas y medianas empresas, porque este acuerdo ha de ser un instrumento de crecimiento efectivo y real al servicio de las pequeñas y medianas empresas.

Presidente, señorías, este acuerdo es para nosotros muy importante, tanto en términos económicos como en términos sociales, y muy necesario para el crecimiento y para la generación de empleo, pero ha de ser un acuerdo compatible con el modelo social europeo y con la protección de los derechos de los trabajadores, de los consumidores y de los ciudadanos europeos. Estamos satisfechos y agradecemos al Grupo Popular que haya aceptado nuestra enmienda, una enmienda que contiene unas aportaciones que pretenden ser de mejora y que esperamos que contribuyan a reforzar los objetivos que compartimos con este acuerdo y también los compromisos que han sido asumidos a nivel europeo con el mismo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Riera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Moscoso, tiene la palabra.


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El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor presidente, señor Casado, este no es un debate sobre la bondad o los riesgos del comercio internacional. Tampoco es un debate sobre proteccionismo o liberalismo. No, no discutimos las virtudes de vivir en una sociedad abierta, democrática, con una economía bien regulada, no. Este es un debate sobre una negociación que ya está abierta, como han dicho otros ponentes. Es un debate sobre una regulación, una negociación compleja, con líneas rojas, con repercusiones, un debate muy de fondo y muy de actualidad, porque tiene que ver con cómo gobernar la globalización, cómo salir de la crisis, con más desigualdad, con menos desigualdad, con qué modelo de sociedad, y sobre todo con cómo gobernar la economía global desde instancias supranacionales como la Unión Europea, que tienen que mejorar su rendición de cuentas democrática y tienen que tener más garantías democráticas, más control democrático y desde luego mejor interacción con los parlamentos nacionales.

Este debate no es el primero en esta Cámara. Hemos hecho ya varios en la Comisión de Economía, en la Comisión Mixta para la Unión Europea y en el Pleno, debates, señores del Grupo Popular, señor Casado, que han ofrecido mucho más contenido que lo que su iniciativa aporta, que es una simple frase que creemos que es insuficiente. En junio, sin ir más lejos, mi grupo y el Grupo de Izquierda Unida pactaron un texto que es el mínimo que se debe incluir en un debate sobre esta negociación de un acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión. De manera que es un acuerdo que exige contenido, negociación y unas pautas en beneficio de los ciudadanos europeos y también en beneficio de los ciudadanos norteamericanos. Por eso, por lo que incluye el texto que el Grupo Popular nos aporta, no vamos a apoyarlo, pero que quede claro que no votamos en contra del comercio internacional ni votamos en contra del tratado, porque todavía no existe. Votamos en contra de un procedimiento que el Gobierno propone y que creemos que es insuficiente. Por supuesto, tampoco votamos en contra de los Estados Unidos, sino en contra de una iniciativa que se debate hoy, vacía y sin apenas contenido. Creemos, mi grupo así lo cree, que el grupo del Gobierno no puede venir al Parlamento con una proposición no de ley en la que se insta a impulsar unas negociaciones del acuerdo conforme a los intereses generales, intereses generales, punto final.

Señorías, la sociedad nos exige transparencia, coherencia, rigor. Existe un rico e intenso debate en nuestra sociedad, existe mucha exigencia de información y no podemos venir aquí y decir que trabajaremos conforme a los intereses generales de España, porque eso se sobreentiende, faltaría más. Desde luego no está a la altura de las circunstancias. Por eso hemos presentado una enmienda que matiza y concreta su contenido. En primer lugar, queremos que se garantice la máxima transparencia en todo el proceso de negociación. Para ello queremos que cada vez que se celebre una ronda de negociaciones comparezca el Gobierno en la Comisión Mixta para la Unión Europea para explicar cómo van las cosas y que se publiquen todos los documentos fundamentales, todos. En segundo lugar, queremos que se realice un estudio de impacto de este tratado para nuestro país, porque impactos habrá positivos y negativos. Todos sabemos que el comercio internacional es bueno, que debe regularse, pero en el ajuste siempre hay ganadores y perdedores, como bien sabemos por ejemplo de nuestra integración en las Comunidades Europeas. Queremos también que quede claro que el objetivo de este acuerdo es la generación de crecimiento estable, duradero y con empleo de calidad, y quizás esto sea lo más importante, porque es la pieza que falta y que llama la atención que no aparezca nunca en la política económica del Gobierno. Estamos apostando, o este Gobierno lo hace, por un crecimiento que apuesta por la devaluación laboral y la precariedad como única vía para ganar competitividad y desde luego no queremos que se avance en ese sentido también a escala internacional. Queremos que se preserven de manera incondicional los estándares de protección social y medioambiental de la Unión Europea y, por supuesto, los derechos laborales, sindicales y de asociación. Queremos que se incorpore un capítulo en el que se desarrollen los derechos laborales y que se exija también a la otra parte, a los Estados Unidos, que validen y ratifiquen los acuerdos de la OIT que todavía no están en vigor en Estados Unidos. Por supuesto, queremos que se retire el sistema de arbitraje para la resolución de conflictos entre inversores y Estados, los llamados ISDS, porque ambos grupos de países tienen sistemas políticos lo suficientemente desarrollados y razonables como para que se puedan resolver en las instancias jurídicas de cada uno y no en instancias extrajudiciales. Por supuesto, queremos que se excluyan los servicios públicos, la sanidad y la educación, que se regule la protección y la privacidad de los datos en la Unión Europea. Hay que recordar que la negociación comenzó cuando se supo que algunas de las agencias de Estados Unidos estaban espiando nada más y nada menos que a algunos Gobiernos europeos. Queremos que se incluya también la regulación de los mercados financieros y de servicios financieros. Aquí hay que insistir en una cuestión. En este caso son


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los Estados Unidos los que tienen un nivel de regulación más exigente en materia financiera que Europa, de manera que no en todo los europeos somos campeones. En materia de regulación financiera Estados Unidos nos lleva la delantera, así que también queremos la regulación financiera cuando es mejor que la nuestra. No queremos desregular, sino armonizar al máximo, y por supuesto garantizar la protección de la diversidad cultural y de los servicios audiovisuales en la Unión Europea.

Voy terminando, señor presidente. Creemos también que habría que crear una subcomisión dentro de la Comisión Mixta de la Unión Europea para que se dedique de manera monográfica a estos temas, hasta que el tratado esté negociado y antes de ser objeto de la votación final, que desde luego todos deberemos meditar mucho aquí y en el Parlamento Europeo. En definitiva hay que defender la máxima transparencia en el proceso, que la información disponible sea clara y suficiente, que sea toda la que hay, y que no se contribuya desde algunos foros a manipular información y a tergiversarla ante los ciudadanos. No queremos que en ningún caso el futuro acuerdo suponga un perjuicio para los intereses de la ciudadanía europea, ningún tipo de perjuicio. Que quede claro que mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, no aceptará ni un paso atrás en los estándares europeos de protección medioambiental, social y laboral, porque el elevado nivel de protección que disfrutamos en Europa, señorías, no es objeto de negociación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Moscoso.

Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.

Al leer la iniciativa del Grupo Popular lo primero que se me ocurre es si no tienen alguna iniciativa parlamentaria con un contenido más contundente y urgente para exigir o pedir algo a la Unión Europea, aunque sea para animarlos, como hacen en esta PNL, porque con la presente iniciativa se insta al Gobierno a animar -no sabemos cómo- a la Comisión Europea para que concluya en un plazo oportuno las negociaciones de un acuerdo de libre comercio e inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. En principio, con esa literalidad, ¿quién va a estar en contra de un acuerdo de esta naturaleza? Desde luego, a mi grupo le sería bastante difícil, aunque bien es verdad que estos acuerdos requieren saber cómo se pacta, cuál es la letra pequeña, y cuáles son las limitaciones y las reservas que hay que poner. Por ejemplo, hay que evitar las distorsiones de mercado, hay que evitar que se generen fraudes fiscales o que se facilite la evasión de capitales, hay que evitar que estos acuerdos favorezcan los abusos en materia laboral, etcétera. Necesitamos conocer los detalles de estos acuerdos. Es muy importante y lo demás es un debate a ciegas en el que se puede decir: ¿está de acuerdo en que se anime a la Unión Europea a que firme cuanto antes un acuerdo con Estados Unidos que nos venga bien a todos? Pues así, sin más datos, sí, pero luego habrá muchísima letra pequeña, que es la que desconocemos y la que nos gustaría realmente conocer.

Con todas estas reservas y otras más que supongo que se están negociando, un acuerdo que amplíe las relaciones comerciales, que elimine en principio barreras, y que reduzca aranceles tendrá seguramente un impacto económico positivo en términos de crecimiento y empleo. Todos nos acordamos del impacto positivo que tuvo en la economía la integración en la Unión Europea en términos de crecimiento, empleo y productividad. Esto, en términos económicos, parece que es casi obvio. Ahora bien, no hay que ser ingenuos, como trataba de decir, dado que la experiencia nos dice que el libre comercio y el movimiento de capitales solo funcionan si ambas partes están conformes, si ambas partes de verdad quieren que funcionen, porque de lo contrario no lo harán. Empezarán a poner trabas y a modificar los tipos de cambio; tomarán medidas que efectivamente distorsionen estos acuerdos y el acuerdo se irá al traste, pero sabiendo que el acuerdo está en marcha, ¿por qué no instan al Gobierno no a que anime -insisto en que no sabemos si es con música y pompones o diciéndole simplemente ¡yupi! ¡Yupi!- a la firma de un acuerdo, sino a que exija a la Unión Europea que varíe el rumbo de la política económica para evitar el riesgo de permanecer durante mucho tiempo en el túnel de la crisis económica? Esta sí que es una cuestión importante. Está en sus manos y la política económica está básicamente en manos de la Unión Europea. Una iniciativa de estas características sí sería visible por parte de los ciudadanos, que entenderían que es algo positivo, y desde luego tendrían el apoyo de mi grupo parlamentario. Como en principio esta otra iniciativa es buenista -salvo que nos digan lo contrario cuando conozcamos la letra pequeña- votaremos en contra. Señores del Grupo Parlamentario Popular, yo les plantearía esto: presenten una iniciativa con su apoyo -tendrán seguramente el apoyo del resto de la Cámara- para que se dé un


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cambio de orientación en la política económica europea; lo demás, iniciativas como la presente me parecen un brindis al sol sin mayor importancia.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Señor Casado, ¿que nos indica a efectos de aceptación o no de las enmiendas?

El señor CASADO BLANCO: Como ya habíamos señalado, y dado que el Grupo Parlamentario Socialista no ha aceptado la enmienda transaccional que le hemos presentado, aceptaremos con alguna modificación que ahora redactaremos y haremos circular por los grupos la enmienda presentada por Convergència i Unió.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Casado.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A COMBATIR EL MALTRATO ANIMAL. (Número de expediente 162/001036).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a combatir el maltrato animal.

Para su presentación interviene la señora Lucio.

La señora LUCIO CARRASCO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, tomo la palabra para defender la proposición no de ley de mi grupo parlamentario, el Grupo Socialista, contra el maltrato animal. El maltrato animal, entendido como la producción de daño innecesario a los animales, no es un fenómeno nuevo, pero sí lo es la percepción que tenemos del mismo en los últimos decenios. Desde finales del siglo XVIII, el siglo de las luces, surge en Europa occidental -en Francia, Reino Unido, España- un primer movimiento de pensadores y filósofos que se preocupan y se ocupan de las fiestas populares en las que participan animales, y que convierten con mayor o menor éxito esa preocupación por el bienestar animal en objeto de políticas públicas. Desde ese momento se puede decir que se toma conciencia de que una sociedad evolucionada, moderna y sana no se puede permitir convivir de forma natural y normalizada con situaciones de maltrato animal. Hoy nos escandaliza ver mascotas abandonadas, animales maltratados en circos, zoológicos, granjas o en festejos populares. Desde esta convicción se ha ido abriendo paso a la conciencia de que es necesario garantizar el bienestar animal, y en consecuencia luchar contra el maltrato que sufren los animales de compañía, los usados para experimentación, los que viven en zoológicos y circos, y los que son objeto de explotación, como los animales de consumo en granjas.

Es indudable que hemos avanzado mucho; la sociedad avanza y con ella lo hacen las normas jurídicas, también en este tema del maltrato animal. En cumplimiento de nuestros compromisos como Estado miembro de la Unión Europea, en los últimos años hemos asistido a la tipificación del delito de maltrato de animales domésticos y amansados en el artículo 337 del Código Penal. Además se ha aprobado la Ley 32/2007, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, y se han creado grupos de trabajo al más alto nivel sobre este tema. Asimismo en la presente legislatura el Gobierno ha comprometido un proyecto de ley sobre tenencia y compraventa de animales de compañía, en concreto de perros y gatos, especialmente necesaria para un país como el nuestro, con tasas de abandono de este tipo de animales que superan con creces las de otros países de nuestro entorno. Estamos aún a la espera de que el Gobierno, de que la ministra ponga en marcha dicho proyecto de ley. Paralelamente buena parte de las comunidades autónomas -que, no hay que olvidarlo, son las competentes en la materia- han procedido a regular con mayor o menor fortuna este asunto, y algunos ayuntamientos también cuentan con normativa propia. Por eso es necesario reconocer que quedan cosas por hacer a nivel nacional. Es el momento de afrontar esta problemática de manera global y sistemática. Hace falta unificar el tratamiento de la cuestión superando la pluralidad de regímenes jurídicos, regionales y locales para dar una respuesta homogénea en todo el territorio nacional, y que atienda también a la específica problemática de los festejos populares.

Por ello proponemos esta proposición no de ley, con el objetivo de alcanzar el siempre difícil equilibrio entre el respeto a las tradiciones locales y el respeto a los animales, no tratando de prohibir dichos festejos populares -algunos con fuerte arraigo en nuestros pueblos-, pero sí de garantizar que se erradique en ellos cualquier vestigio de maltrato. No estamos en contra de las tradiciones ni de los festejos populares.


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Somos conscientes de una iconografía que incluso nos identifica como país, pero argumentar que las costumbres que conllevan un maltrato son, por el hecho de ser costumbres, conductas a preservar resulta del todo incomprensible para los estándares éticos de la sociedad actual. Para avanzar como sociedad no podemos anclarnos en tradiciones totalmente indefendibles; al contrario, reivindicando el mejor papel de la política debemos transformar la ética pública más avanzada en normas jurídicas, normas que dejen claro que es un atentado contra los valores de toda sociedad democrática el maltrato y la violencia gratuita, cargada de crueldad, con criaturas que no se pueden defender de las agresiones. Esos comportamientos solo pueden ser ejemplo de lo que una sociedad no debe tolerar.

En este contexto es donde sigue siendo necesario exigir la aprobación de una ley de protección animal. Esta norma debe cubrir las lagunas que existen hoy en día en las diversas legislaciones autonómicas, y ha de garantizar un mínimo de protección y bienestar animal común en todo el territorio nacional. Solo una ley de carácter estatal puede suplir la ausencia de normativa autonómica o un grado de protección insuficiente. Por supuesto no desconocemos la importancia de la labor de sensibilización y la necesidad de tener una estrategia educativa en esta materia de maltrato animal. Es necesario fomentar una cultura contra el maltrato animal, pero también es necesario actuar y hacerlo ya. Sabemos que no es fácil, que nos enfrentamos a un fenómeno complejo en el que confluyen intereses enfrentados y legislaciones muy diferentes, pero debemos defender, y lo hacemos con esta proposición no de ley, una solución a nivel nacional. Para ello pedimos que se regulen las situaciones de maltrato animal en espectáculos públicos y festejos populares, siguiendo las directrices del grupo de expertos sobre la materia que elaboró su informe en la pasada legislatura, y que el Gobierno remita al Parlamento en el plazo de tres meses un proyecto de ley que contemple los principios, bases y directrices que, en garantía del bienestar de los animales, deberá ser de aplicación en todo el territorio nacional. Para ello solicitamos el voto favorable de esta Cámara, en el bien entendido de que defendemos una causa justa que responde al sentir mayoritario de la sociedad española en el siglo XXI.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Lucio.

En defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, a no ser que aprueben nuestra enmienda, su iniciativa nos parecerá un gran ejercicio de hipocresía política. Entenderíamos que ustedes fueran de buena fe si aceptaran la prohibición de las corridas de toros, que es la expresión máxima del maltrato animal en espectáculos y festejos populares. Esperaré a ver qué nos dice usted de todo ello. También les pedimos que hagan un ejercicio de honestidad y de sinceridad. Necesitamos saber si ustedes pretenden engañarnos o no, y por ello les hemos planteado una segunda enmienda. A ver si aceptan que no se subvencione ningún espectáculo público o festejo popular donde se produzcan situaciones de maltrato animal, ni que se subvencione directa o indirectamente la crianza de animales para ser las víctimas de estos festejos. Si ustedes aceptan nuestras enmiendas entenderemos que su iniciativa no es un brindis al sol, y que además tiene coherencia. Si no es así no votaremos a favor, y denunciaremos su hipocresía política desde esta tribuna, porque los toros son igual a tortura, y porque además el estadio de civilización al cual ha llegado nuestra sociedad requiere ya actuaciones rotundas, categóricas, y no paños calientes. De manera que, a la espera de lo que nos diga, mucho me temo que no tienen ninguna intención de aceptarlas porque seguramente hubiera tenido la delicadeza de decírnoslo desde la tribuna, y ya les decimos que no vamos a votar favorablemente.

He utilizado estos argumentos y hubiera podido utilizar otros argumentos, otro camino para hacerles la crítica a esta iniciativa parlamentaria, que es la crítica que se merecen en tanto en cuanto ustedes plantean una iniciativa al margen de las competencias de los estatutos de autonomía. Hubiéramos podido pasar la otra prueba del algodón, es decir, si ustedes son respetuosos con las competencias autonómicas, porque el Parlamento de Cataluña en el ejercicio de sus competencias estatutarias ya legisló a fin y efecto de abolir las corridas de toros en Cataluña. Bien, también podrían hacer esto otros Gobiernos autonómicos. En todo caso si no lo hacen es evidente que aquí existe una legitimidad, producto de unas competencias autonómicas, y unos parlamentos regionales o nacionales que pueden actuar en consecuencia. Uno a veces piensa que ustedes en la medida en que no consiguen lo uno, o no están en condiciones de hacer lo uno, lo que hacen es intentar una regulación de mayor rango. En todo caso, como federalistas, humo, humo y humo, y como personas respetuosas o que defienden a los animales torturados, asesinados en los festejos populares, es evidente que lo que han hecho hoy aquí es, repito, un brindis al sol o un ejercicio


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de absoluta hipocresía, razón por la cual no vamos a votar a favor, porque veo que ustedes (Señalando a los escaños del Grupo Parlamentario Popular) y ustedes (Señalando a los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) en este tema son absolutamente iguales: muy, muy reaccionarios.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Tardà.

Fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Intervengo con bastante brevedad para responder y para fijar la posición de mi grupo en torno a este tema. La proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista tiene un lado positivo, por decirlo de una manera, y a su vez tiene un defecto. ¿Cuál es la parte positiva? Que nosotros también estamos a favor de la defensa del bienestar animal y estamos en contra del maltrato animal en todos sus ámbitos. Dicho esto, para que nadie se llame a engaño, tengo que decir que la parte defectuosa de su propuesta también es muy importante. Es decir, vuelven ustedes a confundir el fuero con el huevo, y eso les pasa muchas veces, no es la primera vez. El compañero Tardà ya ha iniciado el camino que yo en mi discurso voy a plantear. Les pasa muchas veces y me explico. Lo vamos a decir claramente porque ustedes tampoco se han atrevido a decir a qué se refieren exactamente cuando plantean esta proposición no de ley, y me gustaría saber si se refieren a las corridas de toros, si se refieren al Toro de la Vega o si se refieren a otros toros de fuego. ¿A qué se están refiriendo exactamente en vez de hablar tan en abstracto?

Pienso que ustedes en este caso están en contra claramente de la fiesta del Toro de la Vega, y nosotros también. Esta fiesta maltrato se produce en Valladolid, Comunidad de Castilla y León. ¿Quién gobierna en esa comunidad? El Partido Popular. ¿Qué ocurre? Que cuando ustedes no tienen capacidad de influir o cambiar algo que se desarrolla donde ustedes no gobiernan, ¿qué hacen? Quieren que lo hagamos nosotros y se saltan el ámbito competencial. ¡Que no somos competentes en esa materia, señores del Grupo Socialista! Y aunque parezca lo contrario es el mismo mecanismo que desarrolló el Partido Popular con la propuesta de los toros o la tauromaquia, la de considerarlo bien de interés cultural. Ustedes se plantean: ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué se puede hacer para que una competencia de Cataluña, la de prohibir los toros, se pueda impedir? Elevándola a un ámbito superior, es decir, considerándola bien cultural y toda esa historia que montaron ustedes para que los catalanes no puedan legislar sobre una materia en la que son competentes. Como ustedes dicen -y les gusta decirlo-, aplicando una ley de ámbito nacional. Pues, señores del Grupo Parlamentario Socialista, han hecho lo mismo aunque parezca que están haciendo lo contrario. Quieren que se plantee aquí el mismo mecanismo, pero ustedes no tienen mayoría. Ellos sí la tenían, y la aprobaron, pero ustedes no la van a poder aprobar; y en el ámbito de Castilla y León ocurre lo mismo. Por lo tanto estamos confundiendo el objetivo con el mecanismo, y en este caso el mecanismo es tan importante como el objetivo. Ahí se ve claramente su vena jacobina. Ustedes son defensores del ámbito competencial y autonomistas siempre que les convenga; si no, no. Si no, se lo saltan y automáticamente acceden a ese poder superior de ámbito nacional, como ustedes dicen. Por lo tanto, señores del Grupo Parlamentario Socialista, no todo vale.

Cuando no les gusta cómo ejerce una competencia una comunidad autónoma hacen que este Parlamento sea el que legisle sobre ella. Eso es una falta de respeto, y tampoco clarifican ustedes jurídicamente qué es lo que quieren. Ustedes dicen: establecer los mecanismos y desarrollos legales necesarios que impidan situaciones de maltrato. ¿Qué es establecer mecanismos y desarrollos legales necesarios? En el segundo punto dicen: remitir a las Cortes un proyecto de ley que contemple los principios, bases y directrices; y a su vez dicen: respetando las competencias de las comunidades autónomas. Si las competencias son de las comunidades autónomas, ¿cómo van a hacer un proyecto de ley que automáticamente, por el mero hecho de hacerlo, ya está usurpando las competencias de las comunidades autónomas?

Señores del Grupo Parlamentario Socialista, mi grupo no va a apoyar esta proposición no porque no compartamos el objetivo; seguramente sí, porque Euskadi es pionera en esta materia. Entre otras cosas tenemos una Ley de Protección Animal de 1993, ordenanzas municipales, legislación autonómica, y también existe una legislación europea. Lo que hay que hacer es respetar la legislación existente y ser respetuoso con los animales con la legislación existente. Debemos incidir y ganar -donde se pueda- las conciencias de la gente para que los maltratadores de animales no puedan seguir ejerciendo ese maltrato. Por lo tanto creo que ha quedado clara la posición de mi grupo parlamentario en esta materia.


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En defensa de los derechos de los animales seremos los primeros, pero en defensa del ámbito competencial que nos corresponde -y que les corresponde a otros también-también seremos los primeros.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, interviene el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.

Ya dije hace bastantes meses desde esta misma tribuna, citando a Savater, que se nos mide como personas, entre otras muchas cosas, por cómo nos comportamos con el resto de seres vivos. No podemos negar un gran avance en este tipo de problemas; gran avance que, por cierto, debemos agradecer fundamentalmente a las organizaciones cívicas, a los ciudadanos y a las ONG que han sido pioneros en este aspecto, y que han ido muy por delante de lo que hemos hecho los partidos políticos. Hay comportamientos que antes en nuestra sociedad se veían absolutamente normales -como lanzar una cabra desde un campanario, organizar peleas de gallos o de perros, o descabezar a un gallo desde la grupa de un caballo- que hoy en día serían completamente inaceptables. Siguen existiendo otros tantos -y por eso hablábamos antes también de la falta de concreción de la propuesta que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Socialista-; estaba pensando en Tordesillas, una salvajada con la que nosotros estamos completamente en desacuerdo. Pero déjenme llamarles la atención, señores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre algo que me preocupa.

El Grupo Parlamentario Socialista nos presenta hoy esta proposición no de ley en la que pide que cese el maltrato en espectáculos públicos y festejos. Estamos completamente de acuerdo, pero hubiésemos querido un poco más de concreción en lo que ustedes están defendiendo, y algo más de amplitud de miras en el tema que tratamos hoy. ¿Cómo tratamos a los animales cuando nadie nos mira? ¿Cómo transportamos a los animales de los que nos servimos? ¿Cómo los sacrificamos? ¿Cómo tratamos a nuestros animales domésticos? Por cierto, señores del Partido Popular, aprobaron ustedes en la Comisión de Agricultura una proposición no de ley que nosotros trajimos acerca del maltrato a los animales domésticos, y a lo mejor la señora diputada en la próxima intervención nos puede iluminar un poco sobre cómo va el proceso, y si vamos a tener suerte y vamos a poder ver en esta legislatura ese proyecto de ley que tanta gente alabó y dijo que era muy necesario. Ojalá tengan tiempo para hacerlo y no se quede como tantas otras proposiciones no de ley que se aprueban y que luego no llegan a ningún sitio. Repito, espero -ojalá- que se presente, porque creo que completaría el tema del que estamos hablando hoy. Desde luego nosotros hubiéramos querido una propuesta un poco más extensa que la que nos ha presentado aquí el Partido Socialista, pero apoyaremos la medida concreta que nos traen hoy. De acuerdo en todo lo que tiene que ver con el maltrato en esos espectáculos públicos. Ojalá tuviéramos un poco más de amplitud de miras y hablásemos también -hemos pasado por varios proyectos en esta legislatura, a mi juicio un poco insuficientes cuando hemos hablado de este asunto- de cómo tratamos a esos animales cuando nadie nos mira o de qué relación tenemos con nuestros animales domésticos.

No quisiera terminar esta intervención sin expresar una última sorpresa que me he llevado con el texto que ha traído hoy el Partido Socialista. Por primera vez veo que ustedes intentan legislar -y cito textualmente lo que dice la proposición no de ley- en todo el territorio nacional. Yo creo que lamentablemente por primera vez hacen esto buscando quizá que desde aquí convenzamos a un alcalde, el de Tordesillas, que entonces podrá y deberá obedecer al Congreso, porque no les ha obedecido a ustedes y porque no obedece ni a su líder ni a su partido.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Cantó.

Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Señor Sanz, tiene la palabra.

El señor SANZ REMÓN: Gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme que comience mi intervención con una cita y con un texto de la escritora Elvira Lindo, que dice lo siguiente: En verano, en España, durante la alegre estación, se desatan los bajos instintos de la tribu gracias a la inestimable colaboración de los ayuntamientos que, a pesar de estar al borde de la quiebra, rascan dinero de dónde sea para fomentar el maltrato animal. Porque es verdad, señorías, y estamos hablando hoy en esta Cámara de que nos hemos acostumbrado a convivir con el maltrato animal. A nosotros nos gustaría que todas y todos los presentes nos hiciéramos la siguiente


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pregunta, que no es otra que la de si no sabemos divertirnos sin provocar dolor o derramar sangre, porque eso es lo que realmente tenemos que cuestionarnos, y una vez que encontremos la respuesta será mucho más fácil avanzar en el camino que implica esta proposición no de ley que hoy nos trae el Partido Socialista.

Señorías, amparados en la tradición, en este país se torturan y matan toros, se matan caballos, gansos, becerros, y cualquier otro tipo de animal en nuestras fiestas patronales, y además ocurre en los cuatro puntos cardinales del Estado. Hechos, barbaridades que desaparecieron hace muchos años ya en Europa al paso de la Ilustración, aquí, en el conjunto de nuestro país, sobreviven; barbaridades como algunas de las que se han citado aquí: el Toro de la Vega, de Tordesillas, brutal ejemplo de toro lanceado, literalmente linchado, que ha llegado a ser asesinado con un destornillador; o las becerradas de Algemesí, en las que se torean y matan animales pequeñísimos, a becerros, a crías; o el Toro de Júbilo de Medinaceli, el más famoso de los toros embolados, por destacar algunas de las más crueles de esa larguísima lista negra de festejos sangrientos que deberían escandalizarnos. Por eso si el Partido Popular lo tiene a bien y le preocupa la marca España debería ser consciente de que los problemas para nuestra imagen que implican cuestiones tales como la tragedia de los galgos, una vez que acaba la época de caza, que acaban ahorcados o en pozos o abandonados en carreteras, evidentemente no favorecen para nada nuestra marca exterior; una marca exterior que hace muchos años -y hoy aún- que se sigue relacionando con el maltrato animal.

No nos podemos acostumbrar, señorías, a esta realidad tan cruel; no podemos hacerlo. Estamos en el siglo XXI, hay que cambiar las cosas y tenemos la obligación de hacerlo. Por eso, para el Grupo de La Izquierda Plural la propuesta que hoy nos trae el Grupo Socialista es insuficiente y un poco decepcionante también, y me gustaría decir por qué. En primer término, por la ambigüedad -ya se le ha dicho a la proponente desde esta tribuna- del texto. Es complejo caminar en esta dirección, pero no podremos caminar en esta dirección si no lo hacemos con valentía, con arrojo y con determinación respondiéndonos a la pregunta que antes yo les hacía. Lo han puesto en su propuesta y lo ha explicado aquí la portavoz. Se manejan en una ambigüedad absolutamente calculada, pero muy complicada de llevarnos a ninguna parte. En segundo lugar, esta propuesta es decepcionante por su confusa trayectoria, señorías. El Partido Socialista ha votado afirmativamente a las subvenciones a la tauromaquia en el Parlamento Europeo y, hace poco, el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, mantuvo una reunión precisamente con los empresarios de la tauromaquia para tranquilizarlos y las preguntas que nosotros les hacemos son las siguientes: ¿Hasta dónde van a llegar?, ¿hasta dónde quieren llegar ustedes con esto del maltrato animal?, ¿consideran que las corridas de toros son o no son maltrato animal? Díganlo y entonces será mucho más sencillo caminar.

No se puede soplar y sorber a la vez, señores del Partido Socialista. No sabemos si con esta propuesta retomarán la confianza y el voto de Jorge Javier Vázquez, pero lo que sí sabemos es que han decepcionado las expectativas de toda la gente que está trabajando desde hace años para mejorar las condiciones, para mejorar la sensibilidad y para mejorar este país de cara al trato que tenemos para con los animales. No se puede jugar con el trabajo, no se puede jugar con las convicciones y los sentimientos de decenas de miles de activistas en defensa de los animales. Desde La Izquierda Plural consideramos que es necesario un marco legislativo básico que avance y garantice un mínimo de protección en todas las comunidades autónomas porque consideramos que esta es una cuestión de Estado. Además, el objetivo de ese marco básico no puede ser otro que el de prohibir aquellos festejos, tanto en la esfera privada como en la pública, que se fundamenten en los malos tratos. Estamos hablando festejos, de diversión. Ojalá podamos avanzar en esta materia. Lamentablemente, el Gobierno tampoco ha apostado por profundizar en esa regulación de la que antes hablábamos, circunscribiéndose solo a perros y gatos, tenencia y compraventa. Se quedan muy cortos. Por eso, hace falta una legislación mucho más audaz en la materia. Necesitamos que en esta materia llegue la Ilustración a España, aunque sea después de tres siglos, señorías.

Finalizo ya recordando unas palabras de Mahatma Gandhi que decía que la grandeza de una nación y su progreso pueden medirse en cómo trata a sus animales. Pues bien, si hacemos caso a esta cita de Gandhi, y como dice Rosa Montero, no cabe duda de que en España somos especialmente pequeños durante el verano, cuando llegan nuestras fiestas populares. Señorías, no somos grandes en España en lo que respecta al trato para con los animales. Somos pequeños y, por lo tanto, debemos crecer y debemos empezar a legislar para erradicar este tipo de tragedias, porque no hacen más que perpetrar una situación como si en este país no hubiéramos avanzado nada. Por eso hoy, a pesar de esas insuficiencias, consideramos que es bueno y positivo dar el voto favorable a esta propuesta para avanzar en ese camino. Pero antes de hacerlo les ruego a todos y a todas que piensen, reflexionen y respondan a esa pregunta


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que hemos hecho al principio: ¿Podemos o no podemos entender la diversión sin dolor y sin derramar sangre?

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Sanz.

Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Solsona.

El señor SOLSONA AIXALÀ: Gracias, señor presidente.

El Grupo Socialista presenta en el Pleno esta iniciativa, que en principio pensábamos que era mediática y también de actualidad, por lo que ha dicho el portavoz de La Izquierda Plural. En cualquier caso, la sensibilidad y la legislación sobre el maltrato animal en Cataluña ya hace tiempo que las estamos ejerciendo. Quiero decirle al portavoz del Partido Nacionalista Vasco que la pionera en este caso fue Cataluña con una Ley de 1988, y no de 1993 como usted decía. Por tanto, tal y como indica la exposición de motivos, esta proposición no de ley versa sobre el maltrato animal y, en particular, sobre la necesidad de mantener la vigencia de las tradiciones locales sin menoscabar el respeto de los animales, con el objetivo de que las celebraciones populares erradiquen cualquier vestigio de maltrato, tema que se ha dejado a la capacidad normativa de las comunidades autónomas. Nos inquieta que en la exposición de motivos se ponga la coletilla de que con resultados dispares, como si fuera una justificación el hecho de que como hay resultados dispares en la aplicación de la capacidad normativa de las comunidades autónomas se tenga que legislar por encima de ellas. Eso es lo que la portavoz ha dicho, con un concepto para superar la pluralidad normativa. Con la idea de hacer qué, ¿un federalismo centralista? Porque, si no, no entendemos el respeto que se exige a las leyes de las comunidades autónomas y a la vez querer legislar a nivel general.

En este sentido, queremos dejar claro que las competencias en protección animal, en protección de las especies de la fauna y de la flora y en materia de espectáculos las ostentan las comunidades autónomas. En el caso de Cataluña esto está recogido en los artículos 116, 141 y 144 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Tal y como he dicho, Cataluña ha sido pionera en cuanto a la protección de los animales a partir de la ley de 1988, de la de 2003 y del Decreto Legislativo de 2008, cuyo artículo 2 decía lo siguiente: La finalidad de la ley -la catalana- es alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar de los animales y favorecer la responsabilidad más elevada y una conducta más cívica de la ciudadanía en defensa y preservación de los animales. Sigue diciendo: Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad física y psíquica, así como de movimiento voluntario, los cuales deben recibir el trato que atendiendo básicamente a las necesidades etológicas procure su bienestar. Nadie debe provocar sufrimiento o maltrato a los animales o causarles estado de ansiedad o miedo; y los animales de compañía -termina- no pueden ser objeto de embargo en ningún procedimiento judicial.

Desde Convergència i Unió queremos hacer también una mención especial a la regulación que hemos hecho respecto a las corridas de toros en Cataluña y, después de muchos antecedentes, de muchos debates, el hecho de considerar al toro como un ser vivo capaz de sentir y sufrir ha arraigado en el sentimiento de la sociedad catalana, lo que ha hecho que se modificara la legislación incorporando en el artículo 6 los preceptos que leeré a continuación, porque ya que no concretan sino que hablan en general, sin mojarse, queremos señalar que ya tenemos redactado lo que significa para Cataluña el maltrato animal. Se dice lo siguiente: Se prohíbe el uso de animales en peleas y espectáculos u otras actividades, si les pueden ocasionar sufrimiento o pueden ser objeto de burlas o tratamientos antinaturales o bien si pueden herir la sensibilidad de las personas que los contemplan, tales como las peleas de perros, las peleas de gallos, las matanzas públicas de animales, las atracciones feriales giratorias con animales vivos atados u otras asimilables, tiro al pichón u otras prácticas asimilables. Y la letra f) de este artículo supuso la incorporación de lo siguiente: Las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros, salvo las fiestas con toros a las que se refiere el apartado 2, que quedan excluidas de esas prohibiciones, las fiestas con toros sin muerte animal. Por tanto, se prohíbe matar, maltratar, causar daños o estrés a animales e incluso utilizarlos en espectáculos cinematográficos, televisivos, artísticos o publicitarios.

En definitiva, y en resumen, en Cataluña hemos sido pioneros y hemos dado un paso adelante en materia de protección de animales y la regulación de espectáculos y fiestas populares con animales, evitando situaciones de maltrato animal. Siguiendo, pues, las intervenciones de otros compañeros, no podemos dar apoyo a esta iniciativa porque nos genera demasiadas dudas en su redacción y vemos un


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carácter intervencionista e incluso de intromisión en las competencias de las comunidades autónomas, aunque intenten disimularlo en el punto 2. Me gustaría decir que en la Comisión de Agricultura también se presentó una iniciativa en estos términos de La Izquierda Plural, a la que nuestro grupo tampoco pudo dar apoyo por los mismos argumentos.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Solsona.

Grupo Parlamentario Popular. Señora Iglesias Fontal.

La señora IGLESIAS FONTAL: Señor presidente, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar posición respecto de esta PNL del Grupo Socialista. Señorías, quiero empezar diciéndoles que subo a esta tribuna con un sentimiento de honda tristeza, porque de nuevo vemos al Partido Socialista aprovechándose de las desgracias ajenas para intentar torpedear la labor del Gobierno. Ahora es el maltrato animal pero antes han sido el ébola, los desahucios, las preferentes o la bancarrota del país, con el agravante de olvidarse completamente de las razones que nos han hecho llegar a este punto, y la responsabilidad es de un partido, el Partido Socialista, que gobernó de 2004 a 2011. Repito, de nuevo hoy acontece lo mismo y parece que va a ocurrir por partida doble. Por un lado, parece que el Grupo Socialista va a apoyar la proposición de ley de La Izquierda Plural que hoy se ha debatido aquí, actitud con la que entiendo quieren ustedes engañar a los españoles, ya que estaban ustedes los socialistas gobernando cuando se modificó el artículo 135 de la Constitución española, votación que tuvo lugar en un Pleno extraordinario del mes de agosto de 2011 y que contó con el apoyo, entre otros diputados, del actual secretario general, el señor don Pedro Sánchez, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Lo mismo ocurre con esta proposición no de ley sobre el bienestar animal. Sus señorías deben saber que en el programa electoral del Partido Socialista del año 2004 se comprometieron a sacar adelante una ley de bienestar animal. No lo hicieron en esa legislatura ni en la siguiente; eso sí, durante la pasada legislatura crearon un comité de expertos sobre bienestar animal en el seno de la Comisión de Agricultura, donde hubo magníficas comparecencias y conclusiones muy importantes, pero no alcanza a ser la ley que ustedes prometieron, por lo que se me antoja que ustedes solo querían lavarse la cara a causa de una reiterada promesa incumplida. De nuevo hoy, señorías de la bancada socialista, traen una iniciativa de lavado de cara, aunque hoy más que un lavado de cara colectivo es de tipo individual, el que concierne a Pedro Sánchez, su secretario general, que ha querido traer al Congreso de los Diputados el desencuentro tenido con un conocido presentador de televisión, al que no dudó en llamar en directo a su programa, preocupado más por los comentarios de no adhesión al proyecto político del Partido Socialista que, a mi juicio, por el bienestar de los animales. (Aplausos). Estoy segura de que del bienestar animal el señor Sánchez sabe más bien poco, y lo demuestra con el desconocimiento total del ámbito competencial en el que se mueven todos los temas relacionados con el bienestar animal. Son las comunidades autónomas quienes tienen las competencias en materia de bienestar animal y en materia de autorización de espectáculos taurinos, y el Ministerio de Agricultura tiene atribuidas parcialmente las competencias de coordinación en materia de protección animal, limitándose a la aplicación de la Ley 32/2007. Es más, en el artículo 2 de esta ley se establece expresamente que se excluyen de su ámbito competencial los espectáculos taurinos. Ahora permítanme que les haga unas preguntas, por favor -ya que no está el señor Sánchez se las hago a sus compañeros-: ¿Han llamado ustedes por fin al alcalde socialista de Tordesillas, han tenido la deferencia de preguntarle sobre las ordenanzas que regulan el torneo del Toro de la Vega?, ¿le han preguntado si ha modificado dichas ordenanzas para adecuar el festejo a la creciente preocupación social que existe por el bienestar animal?, ¿se han molestado en preguntar por ordenanzas de otros ayuntamientos en los que sí se hacen compatibles los espectáculos taurinos con el respeto al bienestar animal? Señorías, es otro ejemplo más de su desconocimiento del ámbito competencial al que traen esta iniciativa. Díganle a su líder que llame a su alcalde en vez de hacerlo a la televisión, pregúntele y demándele cambios en las ordenanzas municipales; no vengan aquí con iniciativas pantalla que, aunque ustedes lo intenten, no les van a lavar la cara.

Desde esta tribuna quiero decir alto y claro que en ningún caso está justificado el maltrato animal. Como veterinaria me repugna en particular, y al Gobierno del Partido Popular también. (Aplausos). Quiero decirles a los ciudadanos que este Gobierno ha sabido recoger la preocupación creciente de los ciudadanos españoles por los casos de maltrato animal, y así se refleja en el proyecto de ley de reforma del Código Penal, por el cual se van a modificar los tipos penales relativos al maltrato de los animales, y que paso a


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detallar. Se ha elevado a la categoría de delito lo que antes era una falta del artículo 631.2, con lo cual se incrementa sustancialmente la protección a los animales; además, para incrementar la efectividad en la aplicación de la norma penal se definen los animales protegidos y se incluye en esta definición a los animales domésticos. En el caso de lesiones graves a animales que conviven con el hombre, se castigan con una pena de tres meses a un año de prisión y de uno a tres años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales. Estas penas además podrán agravarse más si el resultado trae la muerte del animal. Además se agravan otras penas: en caso de utilizar armas, instrumentos, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida del animal, si se hubiera causado al animal la pérdida o inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal o los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad.

Para terminar, solo quiero sugerirle al grupo proponente que haga sus deberes en condiciones, que actúe donde está el meollo de la cuestión y no rellene de vacío y de frivolidad las iniciativas que trae a esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Iglesias.

Señora Lucio, le habían planteado una enmienda, me parece, ¿qué tiene usted que decir?

La señora LUCIO CARRASCO: Sí. Se votará en sus propios términos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lucio.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ORIENTACIÓN DEL GOBIERNO EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE LA FISCALIDAD INTERNACIONAL Y LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL DE EMPRESAS MULTINACIONALES. (Número de expediente 173/000183).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a debatir la moción del Grupo Socialista, que será el último punto que debatiremos esta tarde. La moción es sobre la orientación del Gobierno en materia de armonización de la fiscalidad internacional y la lucha contra la evasión y elusión fiscal de empresas multinacionales. Para su defensa, tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, ¿de qué va esta moción? Esta moción pretende pedir que el Gobierno lidere a nivel de Europa y a nivel internacional la lucha contra la elusión fiscal Por parte de las multinacionales. Esta moción va sobre que el Gobierno debe tener una estrategia para evitar la elusión fiscal de las multinacionales. Esta moción va sobre si el Gobierno va a hacer algo en relación con el traje a medida que Juncker, cuando fue presidente de Luxemburgo, le hizo a determinadas multinacionales que también operaban en España y que pagaron el 1 o el 2 %. De esto va esta moción. Va de estas cuestiones porque están en juego muchas cosas. Están en juego los ingresos públicos, el nivel de ingresos públicos, y eso es importante para financiar la política de cohesión y es importante para la estabilidad presupuestaria. También está en juego la credibilidad de las instituciones, porque hay muchos ciudadanos que están contribuyendo al fisco con unos tipos impositivos medios importantes y, sin embargo, hay empresas multinacionales que solo pagan el 1 o el 2 %. Está en juego además la progresividad o no del sistema tributario, porque cuando hay fraude fiscal, a lo que contribuimos es a que el sistema tributario no sea lo suficientemente progresivo, porque el que más tiene es el que más defrauda y hace que el sistema impositivo sea más proporcional que progresivo. De todo esto va la moción que el Grupo Socialista ha puesto encima de la mesa a partir de una interpelación que propusimos la semana pasada al ministro Montoro.

¿Qué hace el Gobierno? Más que hacer declaraciones por parte de este portavoz, lo mejor es ir concretamente a las cuestiones que planteamos en la moción para evaluar lo que el Gobierno está haciendo o lo que quiere hacer en materia de liderazgo de la elusión fiscal de las multinacionales en Europa y a nivel internacional, y también de si tiene o no una estrategia en España para que las multinacionales paguen los impuestos que pagamos el resto de españoles. La primera cuestión que plantemos en esta moción, señorías, es si el Gobierno se va a personar en el expediente abierto por la Comisión Europea, por la deslealtad de Juncker y del Gobierno de Luxemburgo, con relación a los trajes


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a medida para las multinacionales de las que he hablado anteriormente. La pregunta es muy clara: ¿Sí o no se va a personar el Gobierno? Esto es lo queremos saber. Si el Gobierno nos dice que no, no está defendiendo los intereses de España. Por tanto, ¿sí o no se va a personar en este expediente abierto por Luxemburgo? En segundo lugar, ¿va a poner el Gobierno en conocimiento de la justicia o del ministerio fiscal el comportamiento de algunas consultoras que han colaborado con estas multinacionales para eludir impuestos? ¿Sí o no? Como digo, para evaluar si el Gobierno tiene una estrategia en materia de multinacionales y para evitar ese fraude fiscal de las multinacionales, queremos saber esta si el Gobierno va a decir si o no a través de su grupo parlamentario esta tarde.

Otras de las preguntas que están contenidas en la moción que hemos presentado es: ¿Va el Gobierno a investigar a través de la Agencia Tributaria a estas empresas multinacionales que parece ser que no son españolas, pero que operaban en España? ¿Sí o no, nuevamente? Queremos saberlo para evaluar si el Gobierno está defendiendo los intereses de España. Otra de las preguntas que hacemos en la moción es si el Gobierno va a pedir a las empresas multinacionales información territorializada, país a país, sobre cuánto venden en cada país, cuáles son sus beneficios en cada país, cuáles son las bases imponibles en cada país, para ver si hay una relación entre lo que ingresan, los beneficios que tiene en ese país y los impuestos que pagan en ese país. Queremos una contestación concreta del Gobierno, sí o no, para medir si el Gobierno tiene o no una estrategia. Por ejemplo, otra de las cuestiones que ponemos encima de la mesa es: ¿va a cambiar el Gobierno la legislación tributaria para incluir como delito, fiscal inicialmente, pero también en el Código Penal, las prácticas de elusión repetitiva por parte de las multinacionales, pero también por parte de las consultoras? ¿Sí o no? Esta es una pregunta concreta, una propuesta concreta y queremos una contestación concreta para evaluar si el Gobierno tiene una estrategia para que las multinacionales paguen los impuestos que tienen que pagar.

Señorías, las empresas del Ibex 35 tienen 467 sociedades en paraísos fiscales. El incremento es del 32 % con relación al año 2010, por tanto, ¿el Gobierno quiere atajar la presencia de estas sociedades de grandes empresas españolas en paraísos fiscales, quiere el Gobierno atajar esta circunstancia? ¿Sí o no? Esto es lo que le planteamos de manera concretísima al Gobierno con la moción que hemos planteado. ¿Va el Gobierno a permitir que el Gobierno se examine en el Congreso de los Diputados desde el punto de vista de los medios y de los resultados, que pone en materia de lucha contra el fraude de empresas internacionales? El Gobierno debería decirnos a través de su grupo parlamentario esta tarde si está de acuerdo con venir aquí al Congreso para evaluar su política de lucha contra el fraude fiscal de las empresas multinacionales. Por último, ¿está el Gobierno, a través de su grupo parlamentario, de acuerdo en crear una subcomisión en la sede de este Parlamento sobre elusión y evasión fiscal de las empresas multinacionales, como han hecho otros Gobiernos en Europa? ¿Está el Gobierno de acuerdo, sí o no? Como digo, estas son preguntas, son propuestas muy concretas y queremos una contestación del Gobierno.

Mucho me temo que el Gobierno nos va a decir a todo esto que no. Al final, señorías, en materia de lucha contra el fraude, en materia de lucha contra la elusión y la evasión fiscal también hay diferencias entre la izquierda y la derecha, porque, al final, cuando se lucha contra el fraude, estamos haciendo un sistema impositivo más progresivo, un sistema impositivo donde paga más el que más tiene y donde pagan fundamentalmente los que hasta el momento no lo han hecho. ¿Eso es lo que estamos haciendo cuando luchamos contra el fraude? Hacemos muchas cosas. Damos credibilidad a las instituciones, incrementamos los ingresos públicos, pero además estamos haciendo más progresivo el sistema impositivo y, señorías, este Gobierno, como Gobierno de derechas que es, no quiere dar progresividad al sistema impositivo.

El señor PRESIDENTE: Señor Saura, tiene usted que terminar.

El señor SAURA GARCÍA: Ya he terminado.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Se han presentado varias enmiendas. En primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, para defender su enmienda tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

El Grupo Socialista plantea en su moción un problema verdaderamente relevante: la competencia fiscal a la baja que se da en el ámbito internacional y particularmente dentro de la Unión Europea. Esto


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hace que haya algunos países -hemos visto singularmente el caso de Luxemburgo en las últimas semanas- que se aprovechen, poniendo tipos impositivos artificialmente bajos, de forma que atraen a su territorio empresas o beneficios de empresas erosionando la suficiencia del sistema tributario de sus socios, perjudicando la equidad de ese sistema tributario y promoviendo la competencia desleal. Tenemos el caso de Luxemburgo, pero hay uno más cercano: el de Gibraltar. Por cierto, que en el caso de Luxemburgo esto justifica la postura de Unión Progreso y Democracia como partido, en el sentido de que el señor Juncker no era un candidato adecuado para presidir la Comisión Europea.

¿En qué dirección deben avanzar las soluciones de estos problemas? No son problemas que podamos resolver en solitario, sino que hay que hacerlo en el ámbito internacional mediante la cooperación, el intercambio de información o iniciativas como la de la OCDE que se plantea en la moción. Una solución radical solo sería posible avanzando hacia una verdadera unión fiscal europea, algo que hoy parece lejano. Unión Progreso y Democracia es consciente del problema. En la reciente reforma fiscal, precisamente, una de nuestras enmiendas tenía que ver con animar al Gobierno a que liderase la creación de una base común europea del impuesto sobre sociedades, de forma que el ingreso de ese impuesto se repartiese en proporción a la actividad de las empresas en cada país, y no como ahora que puede haber empresas que tienen actividad en España, pero pagan sus impuestos en Luxemburgo. Nuestra preocupación sobre la falta de medios de la Agencia Tributaria en realidad también tiene que ver en el fondo con cuestiones como esta. Hacen falta medios para intercambiar y aprovechar esa información.

Las propuestas que contiene la moción del Grupo Socialista nos parecen esencialmente aceptables. La mayor parte son propuestas en el ámbito internacional o que hemos defendido en diferentes ámbitos. Solo hay algunas objeciones en dos ámbitos que no quiero dejar de señalar. Un primer ámbito tiene que ver con sus puntos d) y j), que se refieren al papel de las consultoras. Decimos esto desde una total oposición a la elusión fiscal, pero la elusión fiscal en el fondo es legal, en el sentido de que son huecos en la legislación que las empresas aprovechan, y es más una responsabilidad de los legisladores acabar con esas incoherencias de la legislación que de las consultoras especializadas, que asesoran sobre cómo aprovecharse de ellas. Declarar eso delito es equivalente a declarar que un abogado comete un delito cuando está defendiendo a un cliente poco recomendable. No nos parece realmente razonable. Y el segundo ámbito de objeciones tiene que ver propiamente con la enmienda que hemos presentado. Es algo que vemos a menudo en el Grupo Socialista, pero también en otros partidos, en La Izquierda Plural y en otros. Son adalides de la armonización fiscal en el ámbito europeo, donde nuestra capacidad de acción es limitada, pero son totalmente opuestos a la armonización fiscal en el ámbito español, donde tenemos más capacidad de actuación. Algún día querríamos que nos explicasen esta incoherencia. ¿Por qué hay que lograr la mayor armonización fiscal en Europa, cosa que depende poco de nosotros, y cualquier avance hacia la armonización fiscal en España es un ataque intolerable al Estado autonómico? ¿Por qué es aceptable que en algunas zonas de nuestro territorio se pague impuesto sobre sucesiones y en otras no? ¿Por qué es aceptable que haya regímenes privilegiados que favorecen a las zonas más ricas de nuestro país? ¿No hay una incoherencia entre tanta armonización en un ámbito y tan poca armonización en el otro?

Ese es el sentido de nuestra enmienda y estoy seguro de que, por coherencia, el Grupo Socialista lo aceptará.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Para la presentación de la enmienda del Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.

Nuestra enmienda contiene algunos elementos de adición para complementar una moción que nos parece aceptable y necesaria. Por lo tanto, nuestro grupo va a votar favorablemente esta moción del Grupo Socialista, no sin antes añadir que nos parece que estamos ante un giro radical del discurso del Partido Socialista que no es creíble. No es creíble, pero nosotros hacemos la política sobre el papel, a nosotros nos preocupa lo que se hace y no lo que se dice, y en este papel ponen elementos que son defendidos históricamente por Izquierda Unida y el Grupo de La Izquierda Plural. Por tanto, no tenemos más que la obligación moral de aceptar lo que siempre hemos creído. Lo que nos parece un poco inverosímil es que el Partido Socialista haya comenzado una carrera contra sí mismo y contra lo que ha sido en los diferentes Gobiernos del Partido Socialista, porque hay que recordar que esta cuestión, la competencia fiscal en el marco de la Unión Europea, una Unión Europea construida, constituida


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precisamente para diseñar una competencia fiscal, no es nueva. ¿O es que vamos a pensar que fue azaroso globalizar las finanzas y no globalizar la fiscalidad? ¿Acaso era más difícil? Es obvio y evidente que había una intencionalidad política al diseñar una arquitectura que permitía e incluso promovía los paraísos fiscales y la utilización de instrumentos financieros y fiscales para evadir y eludir impuestos para las grandes fortunas y las grandes empresas. Ese era el diseño original, no podemos caer en la ingenuidad de pretender lo contrario. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno que no es nuevo, es anterior, y no por eso lo hace menos dramático, porque efectivamente sirve para que los Estados tengan menos capacidad de ingresar y, por tanto, menos capacidad de financiar un Estado social que garantice unas necesidades básicas mínimas.

Es obvio que hay que tomar medidas de forma radical, pero tanto en el marco de la Unión Europea como en los marcos nacionales, donde también existe margen para impedir que, por ejemplo, nuestro país sea un paraíso fiscal con respecto a terceros países, porque al final la competencia fiscal tiene un elemento perverso, y es que todos competimos contra todos. Esto, que era el objetivo de esta Unión Europea -lo denunciamos desde el origen a pesar de que el bipartidismo la estuvo y la sigue apoyando para que se apuntale ese diseño y esa arquitectura-, nosotros ya lo indicamos en su momento, y tenemos un montón de paraísos fiscales en nuestras fronteras y más allá de las mismas en un contexto donde, como decía Eduardo Galeano, el dinero es más libre que la gente, y cuando el dinero es más libre que la gente ocurre que el dinero esclaviza a la gente; eso es lo que está sucediendo en el contexto actual.

Esta moción viene a resolver o por lo menos a poner encima de la mesa un debate real, el de la competencia fiscal, pero no nos van a valer de nada todos los desiderátum que se quieran poner encima de la mesa si no van acompañados de acciones y hechos; hechos y acciones que toca hacer cuando uno gobierna, que es la crítica profunda que debemos hacer al Partido Socialista, que parece que en las últimas semanas se está autoenmendando a él mismo cuando estuvo gobernando. Lo hemos visto en el día de hoy con el artículo 135, con el Tratado de Libre Comercio y con la política fiscal en el conjunto de la legislatura. No nos vale de nada y creemos que contribuye muy negativamente a la imagen de la política institucional el hecho de decir una cosa en un momento y hacer otra en otro momento totalmente diferente. Vamos a pedir coherencia para que exista credibilidad, porque, si no, se tendrá que dar por cierta aquella frase según la cual la confianza es como la virginidad, que solo se puede perder una vez. Habrá que tenerlo presente, porque lo cierto es que lo que nos jugamos es muchísimo, es el Estado social. Por tanto, seguimos manteniendo nuestra política fiscal, porque estamos al margen de la pelea tradicional, del pimpón, que ha habido entre el Partido Popular y el Partido Socialista y podemos decir, sin lugar a dudas, que siempre hemos sido coherentes con nuestra política fiscal, y eso ha incluido la denuncia de los paraísos fiscales dentro y fuera de la Cámara y la denuncia de los instrumentos financieros fiscales.

No nos sorprende que haya pasado lo del señor Juncker en la Comisión Europea, porque precisamente la Unión Europea ha sido constituida para eso. Esa es la crítica fundamental. La Unión Europea no es la unión romántica de los pueblos de Europa, es la unión de los bancos, la unión de los mercaderes. Lo dijimos en 1986 y lo seguiremos diciendo y responsabilizando a quienes la han construido, a quienes la han constituido y a quienes siguen soportando, en el sentido de dar soporte, a unas instituciones que merman la capacidad de los Estados para garantizar los derechos fundamentales y los derechos humanos a su ciudadanía.

Por tanto, votaremos a favor, pero hacemos un llamamiento a la responsabilidad. Cuando se dice una cosa, hay que hacerla en el Gobierno; si no, todo esto es un teatro.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar el Grupo Mixto. Tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Para combatir el fraude fiscal hace falta tener voluntad y tomar medidas, que se hubieran podido tomar antes, cuando gobernaban ustedes, o ahora, cuando gobierna el Partido Popular; entre ellas, dotar a la Agencia Tributaria de mayores medios materiales y presupuestarios y realizar profundos cambios normativos para independizar la Agencia Tributaria y nombrar a su director por el Parlamento, exigiendo mayoría cualificada. De igual modo, urge la derogación de la excusa absolutoria del delito fiscal. También sería interesante que, al igual que el que no paga una multa o un impuesto municipal sale en los boletines oficiales, también salieran los que mantienen cuentas en el extranjero con el fin de evadir impuestos: más transparencia. Se puede sancionar duramente a las empresas que utilicen o incentiven su uso,


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especialmente a los bancos que tienen a bien gestionar el acceso a los paraísos fiscales, además de usarlos -recordemos que de las treinta y cinco empresas del Ibex 35, treinta y tres tienen sociedades participadas con domicilio social en paraísos fiscales. Se puede poner coto a las trampas de las multinacionales que operan en el Estado español y no declaran aquí sus beneficios obtenidos y, en consecuencia, no pagan casi impuestos al trasladar la facturación a paraísos fiscales o a países con tributación más baja, compitiendo deslealmente con nuestras empresas.

Señorías, las grandes empresas y patrimonios concentran el 71 % del fraude fiscal total en el Estado español, según el informe de Gestha. Hay un largo camino por recorrer. Sabemos dónde está el fraude. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar este Gobierno? Nos tememos que su recorrido es corto.

Votaremos a favor de esta propuesta del Grupo Socialista y esperamos que este espíritu de rectificación les dure muchos años.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Subimos a esta tribuna para manifestar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a esta iniciativa del Grupo Socialista, porque, aunque pensamos que es necesario dotar a la Agencia Tributaria española de aquellos instrumentos que puedan facilitar y mejorar su actuación en materia de elusión y evasión fiscales, nos parece importante la iniciativa que se plantea en términos europeos. En muchísimas ocasiones en las que se ha hablado de la elusión fiscal se ha dicho que atajarla es cuestión de acuerdos internacionales. Es decir, nos parece oportuno en lo que se refiere a la Unión Europea, sobre todo cuando en la Unión Europea se ha legislado para dar facilidades a las empresas, en particular a las multinacionales, para poder instalarse fiscalmente en cualquier Estado de la Unión, pero no se han tomado medidas de ningún tipo para evitar los agravios que esto significa para otros Estados de la propia Unión.

Por cierto, señorías, se trata de una situación de una gravedad tremenda que el propio Estado español padece y que se refleja en el informe presentado por la OCDE en la última reunión del G-20, a petición del propio grupo, en el que se recoge no solamente un adecuado diagnóstico, sino que se prescribe el tratamiento adecuado. Nos tememos que, dado que este tratamiento hay que elaborarlo en un laboratorio, con las multinacionales nos hemos topado y, por tanto, no se van a llevar a cabo esas medidas que en ese documento se establecen. De ahí que nos parezcan fundamentales iniciativas como las que hoy se presentan y que se inste a los Gobiernos, en este caso de la Unión Europea, a actuar, de manera que se puedan evitar agravios tan grandes como que multinacionales del Estado español estén pagando su fiscalidad en Irlanda, por ejemplo -se habla de Luxemburgo-, y que además en el Estado español también cuenten con una Sicav donde se les facilite evitar pagar adecuadamente por sus beneficios y por su patrimonio.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores diputados, la moción que se debate pide armonizar la fiscalidad internacional y combatir la elusión y el fraude fiscal. Se cita así el reciente caso de Luxemburgo en el que distintas empresas multinacionales han sido atraídas poniéndoles como cebo la cotización al 1 %, práctica fraudulenta sin duda alguna, pero igualmente fraudulenta es el que aquí las grandes fortunas en el Estado español estén tributando también al 1 % en esa guarida que es la Sicav, guarida en cualquier caso que fue regulada y aprobada por el Gobierno del Partido Socialista en su día.

También en su día el fiscal anticorrupción Luis Pastor señaló cómo los paraísos fiscales aquí en el Estado español están en el Paseo de la Castellana, donde están domiciliadas las principales multinacionales, bancos y fondos financieros. Ya se ha dicho, lo ha dicho el compañero Baldoví, que el 95 % de las multinacionales españolas del Ibex 35 operan y hacen sus fraudes a través de las filiales que tienen en los paraísos fiscales. El Banco Santander bate récords, txapeldun en este terreno, varias decenas de estas sociedades. Y la familia Botín cuando fue sorprendida con las manos en la masa en una cuenta milmillonaria en Suiza, en vez de ser tratada como delincuente por el delito fiscal que había cometido, por el Gobierno


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también del Partido Socialista, se le permitió regularizar su situación entregando los 230 millones que había defraudado.

Ustedes, señores del PSOE, hoy han ejercitado aquí una autocrítica en relación con la aprobación en su día alevosa, premeditada con veraneo incluido del artículo 135 de la Constitución. De cara a darle más credibilidad a esta moción que han presentado, pienso que sería bueno también que hicieran un ejercicio de autocrítica en relación con el trato de favor que han venido dando a las grandes fortunas en el Estado español y a las multinacionales del Ibex 35.

Finalmente, Amaiur quiere expresar nuestra solidaridad con Alfon de Vallecas y los 28 jóvenes que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional por su supuesta pertenencia a Egin, jóvenes todos ellos, Alfon y estos últimos, que han cometido el terrible delito de luchar, trabajar y defender los intereses de la juventud, del pueblo y de la clase a la cual pertenecen. ¡Alfon, libertad!

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo va a fijar su posición en relación con la moción presentada por el Grupo Socialista relativa a la necesidad de una armonización fiscal internacional y la lucha contra la evasión y elusión fiscal de las empresas multinacionales. Señor Saura, sabe usted muy bien que cuando tratamos temas de evasión fiscal, elusión, blanqueo de capitales o reducciones brutales de impuestos nuestro grupo siempre ha estado a favor; es más, lo que ustedes planteen y más medidas. Todas las medidas que planteemos que vayan en esa dirección serán bienvenidas, al menos por nuestro grupo parlamentario. La persecución de estos delitos fiscales tiene que ser, como se suele decir, por tierra, mar y aire, sin dudar y hasta el fondo. No caben medias tintas ni otro tipo de actitudes.

Sin embargo, señor Saura, y sintiéndolo bastante, nuestro grupo no va a poder votar favorablemente esta iniciativa y le voy a explicar por qué. Nos vamos a abstener. Al leer su iniciativa me he dado cuenta de que el redactor de la misma -no sé si ha sido usted o algún asesor- se ha olvidado o ha ignorado la cuestión de las haciendas forales. Convendría que todos entendiéramos -si quiere un día con cierto detenimiento se lo puedo explicar- que en el Estado español hay cinco haciendas. Aparte de la Hacienda central del Estado, está la Hacienda navarra, la vizcaína, la guipuzcoana y la alavesa. Esta es una cuestión importante que se nos olvida. Si las han querido dejar conscientemente fuera, esa es la razón por la que nos vamos a abstener, pero, si se quiere hablar de elusión y evasión fiscal, seguramente habrá que incluirlas. Se lo digo porque si la iniciativa insta al Gobierno a actuar en materia tributaria, posiblemente tendrá que ser solo a la Agencia Tributaria, porque no tiene capacidad de hacerlo en las haciendas forales.

Vamos al contenido de su iniciativa, aunque no voy a extenderme en los detalles. En el punto c) habla de defender los intereses españoles y supongo que, al menos en su concepción, estarán los vascos. Aquí se habla de defender los intereses españoles en la práctica de tax ruling, pero esto no puede funcionar si no están ahí las haciendas forales. Además, le voy a decir por qué. En el propio Concierto Económico se establece que las instituciones forales participen en el Ecofin, al menos en los grupos de trabajo sobre aquellas cuestiones que se refieran a las materias tributarias propias de su competencia, básicamente el impuesto sobre sociedades al que nos estamos refiriendo aquí o la persecución y lucha contra el fraude fiscal. Este es un tema que nos diferencia y nos cuesta votar favorablemente por esta cuestión. Cuando se habla de que las haciendas deben investigar a las multinacionales para ver si operan fraudulentamente en el Estado español, seguramente se lo tendrán que preguntar a las haciendas forales porque seguramente operarán también en Euskadi. Insisto en que en esta cuestión tenemos que ser serios y poner todos los medios necesarios para evitar las filtraciones y las elusiones, pero cada uno tiene que actuar en el ámbito de sus competencias de manera coordinada. Cuando se plantean iniciativas para establecer medidas que vayan en esta dirección, no se puede olvidar a nadie, y menos a las haciendas forales, que son protagonistas activos y agentes directos en estas materias. Ese es el único reparo, señor Saura. Con más tiempo hubiera hecho una enmienda en este sentido y posiblemente hubiéramos llegado a un acuerdo.

Le quiero recordar que como grupo parlamentario siempre hemos estado a favor de todas las medidas que se han planteado en este sentido, pero esta es una cuestión importante y exclusivamente por ella nos vamos a abstener. Esperemos subsanarla en otras iniciativas; seguro que habrá muchas por parte de su grupo y por parte de otros grupos de esta Cámara en relación con el tema fiscal.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.

Es incuestionable que la competencia fiscal entre sistemas es legítima, y lo reconoce así la OCDE. No existen particulares razones para afirmar que dos países deban tener el mismo nivel de tributación y la reducción del nivel de tributación depende exclusivamente de consideraciones de orden interno de cada Estado. La competencia fiscal entre territorios no es mala por sí misma. El problema de fondo consiste en que el uso de esta competencia pueda llegar a erosionar las bases fiscales de los demás países y pueda ser utilizada, por la ausencia de intercambio de información, para reducir o eludir, de hecho, la carga tributaria en otros Estados. Y no desde hace unos pocos meses, sino desde ya hace unos cuantos años, muchas voces han alertado de la posibilidad de que las empresas multinacionales minimicen de forma enorme su carga tributaria, más allá de las economías de opción. Los Gobiernos se ven perjudicados por ello, los contribuyentes se ven perjudicados a título individual y la competencia empresarial se ve perjudicada por las distorsiones inducidas por la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Lo que realmente crea preocupación en términos de política impositiva es que, debido a lagunas en la interacción de distintos sistemas impositivos, los beneficios de las actividades transfronterizas puedan quedar sin gravar o quedar, sin razón, insuficientemente gravados, sin olvidar que la expansión de la economía digital también supone desafíos para configurar la fiscalidad internacional.

Desde nuestra perspectiva, las iniciativas de la OCDE y de la Unión Europea para avanzar hacia soluciones multilaterales son las más adecuadas para abordar este tema. Se necesitan cambios fundamentales para evitar eficazmente la doble exención, así como los supuestos de exención o baja imposición asociados a prácticas que separen artificiosamente los ingresos imponibles de las actividades que los generaron del lugar donde se generaron, que solo pueden abordarse sobre la base de una mayor transparencia y de una mayor certidumbre y predictibilidad. Por tanto, adoptemos medidas, sí, especialmente en el ámbito multilateral, en el ámbito de la OCDE y en la Unión Europea. No voy a insistir más en ello porque la moción así lo refleja

En relación con la moción, también observo que, a diferencia de una proposición no de ley formulada por el mismo grupo parlamentario sobre la misma materia y que debatimos en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas el año pasado, la moción incluye ahora -como le reclamé en aquella ocasión, señor Saura- una participación activa del Congreso en este proceso de concreción de normas antielusorias. Nos parece correcto y lo apoyamos; se lo reclamamos en aquel momento y ahora se incluye en el texto de la moción que hoy votaremos. Otras medidas contempladas en la moción nos parecen más discutibles o, como mínimo, discutibles en la adición que se ha dado en la moción; medidas que deben ponderarse en relación con la eficacia; medidas que no parece que tengan fácil encaje con la Ley de Protección de Datos o la Ley General Tributaria; medidas que deben distinguir la muy fina línea de las actuaciones elusivas que son fraudulentas y las que pueden resultar de la economía de opción u otras que deban atender al desarrollo del plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de la OCDE.

Señor Saura, en referencia al caso al que usted se ha referido de los acuerdos de empresas multinacionales con el Gobierno de Luxemburgo, ha olvidado citar que ese Gobierno era un Gobierno de coalición con el Partido Obrero Socialista de ese país, y eso también debe explicarse. Por tanto, señorías, señor Saura, nuestro grupo parlamentario entiende que es necesario actuar, que es necesario ser proactivo para alcanzar, especialmente a nivel multilateral, acuerdos que mejoren la regulación y que eviten situaciones de elusión fiscal, no permisibles ni asumibles por las administraciones públicas ni por los ciudadanos ni por la competencia empresarial. (Rumores).

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.

Ruego, por favor, un poco de silencio para que se pueda escuchar al orador.

Tiene la palabra, por el Grupo Popular, la señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular comparte con el Grupo Socialista la necesidad de luchar contra la erosión de las bases imponibles, contra el traslado de los beneficios fiscales hacia países de baja o nula tributación, como no puede ser de otra manera, lo que no compartimos son los fines con los que


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presenta esta moción el Grupo Socialista porque responden a esos nuevos intereses por buscar un nuevo proyecto político dentro de la izquierda de este arco parlamentario. En esa búsqueda desesperada no hacen más que dar bandazos, como estamos comprobando a lo largo de la tarde. Están aprovechando un difícil contexto económico en que la sociedad española es muy sensible a los temas de fraude y evasión fiscal, por la situación difícil... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.

Por favor, ruego silencio.

Continúe.

La señora MADRAZO DÍAZ: Estaba diciendo que quieren apuntarse un tanto, aprovechándose de la difícil situación de muchas familias en el contexto de crisis económica, con la especial sensibilidad que existe hacia estos temas de fraude y evasión fiscal. Señorías, las nuevas tecnologías y la globalización económica se muestran como dos de los principales factores que crean nuevas oportunidades para la evasión y para la elusión fiscal internacional. Esto es un hecho y nosotros queremos combatirlo, como supongo querrán todos los grupos presentes en este Parlamento. Sin embargo, las actuaciones a nivel doméstico se han revelado necesarias, pero no son suficientes para atajar esas nuevas oportunidades. En esa línea está trabajando intensamente el Gobierno de España porque es consciente de que es muy difícil poner puertas al campo, pero está empeñado en abrir nuevas ventanas de transparencia en una economía cada vez más globalizada.

Por eso, señorías, como explicó el ministro en la interpelación la semana pasada, en el ámbito internacional el Gobierno está trabajando con una activa participación española en el proyecto BEPS de la OCDE, que cuenta con el impulso del G-20, para frenar la erosión de bases imponibles. Hemos firmado también el acuerdo Fatca, como saben, con Estados Unidos para intercambio automático de información financiera y estamos liderando también junto a Alemania, Francia, Italia y Reino Unido un grupo de trabajo para extender ese modelo de intercambio de información automática al resto de países.

Señorías, somos los primeros en denunciar que algunas multinacionales han aprovechado la globalización para reducir de forma abusiva su carga tributaria. Quiero que quede claro que somos los primeros en denunciarlo. Sin embargo, España no es una isla y no puede actuar sola en medio de un mundo cada vez más globalizado. Por ello, me parece importante poner en valor el reciente acuerdo político alcanzado en el seno del Ecofín de la Unión Europea para establecer un sistema de intercambio automático de información en el ámbito comunitario. Nos parece un avance histórico en este escenario económico cada vez más interrelacionado.

En el caso de Luxemburgo, la posición del Gobierno de España la dejó muy clara el ministro de Hacienda en la pasada interpelación y no es otra que ejercer el liderazgo en la transformación de la normativa del impuesto sobre sociedades para que no se puedan producir situaciones de competencia fiscal desleal. Como saben, Luxemburgo está siendo ya investigado por parte de la Unión Europea -ya se ha abierto un expediente- y España, por supuesto, apoya esa investigación. Somos los primeros interesados en que no se produzca esa competencia fiscal desleal, porque además podrían ser auténticas ayudas de Estado.

Si hablamos de paraísos fiscales, la Agencia Tributaria española también está avanzando. Se han firmado convenios para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información con Mónaco, Chipre, Jersey, Andorra, Luxemburgo y Panamá. Cada vez son menos los países en los que se pueden mantener los activos ocultos al fisco y cada vez existen menos resquicios y menos rincones en el mundo donde puedan esconderse los defraudadores, gracias también al trabajo de la Agencia Tributaria y del Gobierno de España. De la lista cerrada de territorios considerados paraísos fiscales que establecía el Real Decreto del año 1991, cuarenta y ocho países, hemos pasado a treinta y tres países considerados territorios fiscales gracias a la firma de estos acuerdos de intercambio de información que eliminan el secreto bancario, y a nosotros estos nos parecen avances muy importantes.

Por último, señorías, les tengo que recordar una vez más que fue con un Gobierno socialista con el que muchas de las grandes empresas del Ibex no pagaban impuestos. Con el Gobierno del PP las grandes empresas han incrementado la recaudación en más 7.000 millones en 2012 y 2013, y este es nuestro mejor aval y el reflejo de la poca coherencia del Partido Socialista. Señorías, estamos ante una situación nueva y compleja, y el Gobierno de España es consciente de ello. Europa está avanzando para evitar prácticas que nunca se debieron producir y España está trabajando muy activamente en la línea que ustedes proponen en esta moción. Por eso el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.

¿Señor Saura?

El señor SAURA GARCÍA: Vamos a aceptar la transaccional de Izquierda Unida.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En dos minutos pasamos a las votaciones. (Pausa).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA EL IMPULSO A LA INVERSIÓN SOSTENIBLE DE LAS ENTIDADES LOCALES. (Número de expediente 122/000153).

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista para el impulso a la inversión sostenible de las entidades locales. Hay dos votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323 más 2 votos telemáticos, 325; a favor, 149 más 1 voto telemático, 150; en contra, 172 más 1 voto telemático, 173; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: No se tomará en consideración.

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE REFORMA DEL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 100/000004).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley de Izquierda Plural y del Grupo Mixto de reforma del artículo 135 de la Constitución española. Dos votos han sido emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323 más 2 votos telemáticos, 325; a favor, 138 más 1 voto telemático, 139; en contra, 172 más 1 voto telemático, 173; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA CONSECUCIÓN DE UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO E INVERSIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 162/001073).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la consecución de un acuerdo de libre comercio e inversión entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Hay un texto transaccional con la enmienda de Convergència i Unió, que ustedes conocen y que es el que se va a votar.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 191; en contra, 132.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A COMBATIR EL MALTRATO ANIMAL. (Número de expediente 162/001036).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a combatir el maltrato animal. Se vota en sus propios términos.


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Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 126; en contra, 173; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ORIENTACIÓN DEL GOBIERNO EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN DE LA FISCALIDAD INTERNACIONAL Y LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL DE EMPRESAS MULTINACIONALES. (Número de expediente 173/000183).

El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre la orientación del Gobierno en materia de armonización de la fiscalidad internacional y la lucha contra la evasión y elusión fiscal de empresas multinacionales. Hay un texto transaccional con las enmiendas de Izquierda Plural, que es el que se va a votar.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 126; en contra, 170; abstenciones, 26.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se suspende la sesión.

Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.

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