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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 242, de 20/11/2014
cve: DSCD-10-PL-242
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 242
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 227
celebrada el jueves,
20 de noviembre de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 14/2014, de 7 de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito para financiar actuaciones de distintos departamentos ministeriales. ("BOE" núm. 271, de 8 de noviembre de 2014). (Número de expediente 130/000061) ... (Página6)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 47-1, de 17 de mayo de 2013. (Número de expediente 121/000047) ... (Página18)

- Proyecto de Ley de tratados y otros acuerdos internacionales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 72-1, de 5 de noviembre de 2013. (Número de expediente 121/000072) ... (Página25)

- Proyecto de Ley de régimen del personal de la Guardia Civil. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 90-1, de 4 de abril de 2014. (Número de expediente 121/000090) ... (Página32)

- Proyecto de Ley de parques nacionales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 78-1, de 31 de enero de 2014. (Número de expediente 121/000078) ... (Página38)

- Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 107-1, de 6 de agosto de 2014. (Número de expediente 121/000109) ... (Página47)


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- Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 108-1, de 6 de agosto de 2014. (Número de expediente 121/000110) ... (Página47)

- Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal de Canarias; la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 109-1, de 6 de agosto de 2014. (Número de expediente 121/000111) ... (Página47)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España, por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil y se establece una tasa para determinados procedimientos de adquisición de la nacionalidad española. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 99-1, de 23 de junio de 2014. (Número de expediente 121/000099) ... (Página58)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página73)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página75)

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página75)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página80)

Avocación por el Pleno ... (Página80)

Avocación de iniciativas legislativas:

- Solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de avocación por el Pleno del Proyecto de Ley del estatuto de la víctima del delito. (Número de expediente 121/000115) ... (Página80)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página6)

Real Decreto-ley 14/2014, de 7 de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito para financiar actuaciones de distintos departamentos ministeriales ... (Página6)

Presenta el Real Decreto-ley el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

En defensa del turno en contra, interviene el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del


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Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Enmiendas del Senado ... (Página18)

Proyecto de Ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas ... (Página18)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Sanz Remón, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); López Garrido (don Diego), del Grupo Parlamentario Socialista, y Candón Adán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyecto de Ley de tratados y otros acuerdos internacionales ... (Página25)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Nuet Pujals, de Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Saéz Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Miguélez Pariente, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyecto de Ley de régimen del personal de la Guardia Civil ... (Página32)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; así como el señor Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Conde Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyecto de Ley de parques nacionales ... (Página38)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; el señor Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y las señoras Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista, y De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias ... (Página47)

Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades ... (Página47)


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Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias; la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras ... (Página47)

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila y Jordà i Roura y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Asian González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página58)

Proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España, por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil y se establece una tasa para determinados procedimientos de adquisición de la nacionalidad española ... (Página58)

El señor ministro de Justicia (Catalá Polo) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de su enmienda a la totalidad con texto alternativo interviene el señor Tardà i Coma, así como el señor Cuadra Lasarte en turno de fijación de posiciones, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de su enmienda a la totalidad de devolución interviene el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Silva Rego, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Elorriaga Pisarik, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página73)

Sometidos a votación separada los puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de semiesclavitud de trabajadores agrarios por la acción de las empresas de trabajo temporal (ETT), son rechazados todos.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a la moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para erradicar la pobreza infantil, se rechaza por 128 votos a favor, 174 en contra y 13 abstenciones.


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Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación) ... (Página75)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 14/2014, de 7 de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito para financiar actuaciones de distintos departamentos ministeriales, se aprueba por 198 votos a favor más 1 voto telemático, 199; 11 en contra y 106 abstenciones más 1 voto telemático, 107.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 138 votos a favor más 1 voto telemático, 139; 174 en contra más 1 voto telemático, 175, y 3 abstenciones.

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página75)

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, se aprueban por 291 votos a favor y 22 en contra.

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, se aprueban por 295 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones.

Sometidas a votación separada las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil, son aprobadas todas.

Sometidas a votación separada las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Parques Nacionales, son aprobadas todas.

Sometidas a votación separada las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, son aprobadas todas.

Sometidas a votación separada las enmiendas del Senado al proyecto de ley del Impuesto sobre Sociedades, son aprobadas todas.

Sometidas a votación separada las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, son aprobadas todas.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página80)

Los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto, intervienen para manifestar que retiran sus enmiendas a la totalidad de devolución y con texto alternativo, respectivamente, por lo que no se procede a la votación del proyecto de ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España, por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil y se establece una tasa para determinados procedimientos de adquisición de la nacionalidad española.

Avocación por el Pleno ... (Página80)

Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su


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especial vinculación con España, por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil y se establece una tasa para determinados procedimientos de adquisición de la nacionalidad española, se rechaza por 139 votos a favor, 174 en contra y 1 abstención.

Avocación de iniciativas legislativas ... (Página80)

Sometida a votación la solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de avocación por el Pleno del proyecto de ley del estatuto de la víctima del delito, se rechaza por 137 votos a favor y 173 en contra.

Se levanta la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

En la sesión plenaria prevista para el día de hoy está incluido el debate y aprobación de las enmiendas del Senado respecto del proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, por lo tanto, habrá una votación con este carácter cuando se realicen las votaciones. Por ello tengo que anunciar una hora y adelanto, por los cálculos que hemos hecho, que en ningún caso las votaciones serán antes de las tres y media.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 14/2014, DE 7 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO PARA FINANCIAR ACTUACIONES DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. (Número de expediente 130/000061).

El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 14/2014, de 7 de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito para financiar actuaciones de distintos departamentos ministeriales. Para presentarlo tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, el Real-Decreto-ley aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado 7 de noviembre es una norma que tiene un doble objetivo. Por una parte, se procede a autorizar la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito por importe cercano a los 260 millones de euros. Por otra, en este Real Decreto-ley se aprueban varias actuaciones relativas a la colaboración entre la Dirección General de la Policía y la Intervención General del Estado respecto a la base de datos nacionales de subvenciones, la financiación para la puesta en marcha del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como la adecuación de la tasa de reposición de efectivos de determinadas policías autonómicas durante el ejercicio 2014. Les recuerdo que la base jurídica de los créditos extraordinarios y de los suplementos de crédito se encuentra en el artículo 55 de la Ley General Presupuestaria, donde se establece la obligatoriedad de esta tramitación cuando haya de realizarse, con cargo al presupuesto del Estado, algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito adecuado. En relación con el resto de las medidas que componían ese segundo cuerpo del real-decreto ley, en todas y cada una de las medidas se detalla que concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas en el artículo 86 de la Constitución, de forma que el Gobierno ha hecho uso de la facultad contenida en dicho artículo y ha aprobado el mismo.

Comienzo su descripción por el apartado de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Dentro de este primer epígrafe hemos de destacar especialmente la partida destinada a luchar contra el ébola dentro y fuera de España. Se trata de la concesión de créditos extraordinarios y suplementos, como consecuencia del brote de Ébola, por importe de más de 20 millones de euros, exactamente 20.853.815,33 euros, con su consecuente impacto en déficit y en deuda. A este respecto se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en distintos departamentos ministeriales con competencias sobre la materia. El primer contagio en España de la enfermedad del Ébola nos ha puesto en una situación


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inédita en nuestro país, a la que el sistema nacional de salud y los profesionales que trabajan en el mismo han dado una respuesta eficaz, responsable y muy profesional. Frente a la alarma social que se produjo en los días siguientes a conocerse el contagio, la reacción de nuestros profesionales sanitarios y la posterior curación de la persona infectada, probaron que España es capaz de afrontar una situación de estas características y que el riesgo para la población en general es mínimo. Pero este caso no solo nos ha servido para reafirmarnos en la solidez de nuestro sistema sanitario sino también, como ocurre en todas las facetas de la vida, para aprender de la experiencia y constatar que siempre hay un margen de mejora. En este caso la mejora tiene que referirse tanto a la prevención como a la atención a posibles casos a los que podamos enfrentarnos. Todos los organismos internacionales implicados, los Gobiernos de la zona y las organizaciones humanitarias que trabajan en los países afectados han constatado que estamos ante el mayor y más grave brote epidémico de la enfermedad del Ébola. Aunque el riesgo de que se extienda a países como España es bajo, tenemos la doble responsabilidad de reforzar las medidas de control, prevención y atención sanitaria, por un lado, y de colaborar con los países víctimas de la enfermedad, por otro.

Ante una situación que es nueva en su magnitud y propagación, el Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito en varios departamentos ministeriales para hacer frente, tanto a los gastos que ha habido que realizar hasta ahora como a las necesidades de atención que pudieran darse en el futuro. Debemos atender los gastos que se produjeron en semanas anteriores tras declararse la alerta sanitaria y disponer, de cara al futuro, de instrumentos y recursos que nos permitan reaccionar con la mayor rapidez ante cualquier posible caso de contagio que llegue a nuestro país. Por eso es tan importante la aprobación de estos créditos. El importe de dichos créditos y suplementos de crédito asciende a 20,85 millones de euros, que serán complementados con otros cerca de 7 millones de euros en ejecución del presupuesto de 2015. De los casi 21 millones de estos créditos, 5 millones de euros irán destinados al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para reforzar el Centro de Alertas de Emergencias Sanitarias y para la compra de distintos materiales, como equipos de protección individual para el personal que deba atender posibles casos. Otro medio millón de euros irá destinado a reforzar los servicios médicos integrados en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, que tienen un papel muy relevante en materia de vigilancia y control del tráfico internacional de viajeros, así como en el tránsito de mercancías.

La alerta sanitaria ha supuesto un notable incremento de estos servicios, especialmente en el control de viajeros, por lo que ha habido que nombrar funcionarios interinos para reforzar estas unidades, pagar gratificaciones extraordinarias por el incremento de carga de trabajo y demás consecuencias. Por otro lado, casi 900.000 euros más van a ir destinados al Centro Nacional de Microbiología que, como laboratorio de referencia, tiene un papel esencial en la detección precoz y confirmación de casos importados. La mayor de todas las partidas, por importe de casi 7,5 millones de euros, va destinado al Ministerio de Defensa. Parte de este dinero servirá para realizar una remodelación en la planta 22 del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, de Madrid, para que sea utilizada como unidad de aislamiento hospitalario de alto nivel para albergar a enfermos infecciosos. El resto del presupuesto financiará el equipamiento de los tres ejércitos para atender situaciones de emergencia. Considero oportuno recordar aquí el papel que ha tenido y va a seguir teniendo el personal de Defensa en labores como operaciones de repatriación de los ciudadanos españoles infectados por el virus del Ébola, las misiones de rescate de inmigrantes africanos en el mar, el registro de buques potencialmente sospechosos de llevar personal infectado, etcétera.

En lo que respecta a la actuación en los países de origen de la enfermedad, hasta el mes pasado la contribución española ascendía a más de 3 millones de euros que se han destinado a la Organización Mundial de la Salud. Tras la aprobación de estas partidas extraordinarias, vamos a destinar otros 7 millones de euros, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a reforzar la capacidad de tratamiento de la enfermedad en Liberia, Guinea-Conakry y Sierra Leona. Asimismo, se financiarán medidas de contención de la enfermedad en países limítrofes como Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Mali y Senegal.

A continuación me referiré al Plan PIMA Aire y Plan PIMA Transporte, con un impacto en déficit y en deuda por valor de 15 millones de euros. El Consejo de Ministros ha aprobado créditos extraordinarios y suplementos de crédito por 15 millones de euros en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para las ayudas del Plan impulso al medio ambiente para la adquisición de vehículos comerciales y para el sector del transporte. El objetivo de este plan puesto en marcha inicialmente en febrero del año pasado es conseguir una reducción significativa de las emisiones de contaminantes atmosféricos,


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principalmente partículas, así como las emisiones de CO2, mediante la renovación del actual parque de vehículos y su sustitución por modelos más eficientes y de menor impacto ambiental. Uno de los objetivos de la política medioambiental del Gobierno es poner freno a la contaminación del aire que respiramos y que es especialmente grave en las grandes ciudades, donde buena parte del deterioro de la calidad del aire proviene de las emisiones de los vehículos.

La experiencia nos ha demostrado que la aprobación de estos incentivos ha sido un acierto, tanto por el nivel de reducción de las emisiones contaminantes como por el volumen de los vehículos sustituidos. A las tres primeras ediciones de este plan se han acogido 35.000 vehículos comerciales, que se han beneficiado de las ayudas del Plan PIMA Aire, y 2.800 motocicletas y bicicletas de pedaleo asistido por motor, amparadas por el Plan PIMA Aire 2. El resultado ha sido una reducción por parte de estos vehículos del 94 % de las emisiones al aire de partículas y, el 15 % de las emisiones de CO2, además del consiguiente ahorro de combustible debido a la puesta en circulación de vehículos más eficientes. El éxito de ediciones anteriores nos lleva ahora a la aprobación del PIMA 4 y del Plan PIMA Transporte que prevén la concesión de ayudas directas para la compra de vehículos comerciales y vehículos de transporte que funcionen con gas, con el mismo objetivo de reducir las emisiones contaminantes. Además, al ser estos vehículos más eficientes se producirá un ahorro en el coste de los desplazamientos con la consiguiente mejora de la competitividad empresarial. Para el Plan PIMA 4 se aprueba un crédito de 9,6 millones de euros. Se prevé que este plan generará un incremento de la producción de 40 millones de euros y financiará la adquisición de 7.500 vehículos comerciales. El Plan PIMA Transporte, por su parte, prevé la renovación de alrededor de 2.000 camiones y autobuses, que permitirá reducir las emisiones de partículas entre un 90 y un cien por cien, y los óxidos de nitrógenos entre un 30 y un cien por cien. Además, habrá una reducción del 15 % del combustible utilizado y de la emisión de CO2, o lo que es lo mismo, 13 millones de litros de gasóleo al año y hasta 35.000 toneladas menos de CO2. Para esta parte del plan se ha aprobado un crédito de 4,7 millones de euros. Convendrán conmigo en la importancia que tienen las políticas medioambientales en general, y más concretamente las que afectan a un sector clave en España como es la automoción. El Gobierno considera de la máxima importancia la continuidad de estas políticas. Por eso somete a la Cámara la aprobación de estos créditos extraordinarios para su convalidación.

Otra vertiente se refiere a los programas de desarrollo rural sobre los que proponemos la aprobación de un suplemento de crédito por valor de 30 millones de euros, con impacto en déficit y en deuda pública. Ese suplemento de crédito va destinado a atender la financiación de programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas. Estos programas están cofinanciados por el Estado español y por el Fondo europeo agrícola de desarrollo rural. El dinero del fondo europeo supone 3,25 euros por cada euro aportado por la Administración General del Estado, pero si España no desembolsa el dinero que le corresponde la financiación europea no llegará, lo que supondría una pérdida en el año 2014 de 119,7 millones de euros. Para que esto no ocurra, aprobamos este suplemento en el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Además proponemos la aprobación de créditos para atender el pago de aportaciones a instituciones financieras multilaterales conocidas con sus siglas en inglés IFIs. Estas aportaciones no tienen impacto en déficit, pero sí en deuda y se trata, por tanto, de un incremento de deuda de 160.271.808,41 euros.

Un cambio en los criterios de contabilización acordados por Eurostat en 2012 provocó que no fuera posible abonar las aportaciones a instituciones financieras multilaterales de los años 2012 y 2013. El total de las obligaciones a satisfacer al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, al Banco Africano de Desarrollo, al Banco Asiático de Desarrollo, al Fondo medioambiental mundial, al Banco Centroamericano de Integración Económica, a la Corporación Andina de Fomento y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento asciende a 160,2 millones de euros. Para España es fundamental hacer frente a los compromisos económicos con estas instituciones y cancelar las obligaciones pendientes con prontitud, tanto para no perjudicar a las mismas en sus objetivos como para evitar efectos negativos sobre las empresas españolas y la pérdida de imagen de España en los mercados financieros. Por eso hemos aprobado créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad con los que cancelar nuestra deuda, y que no supondrán mayor déficit público por cuanto estas obligaciones figuran ya en la contabilidad nacional a 31 de diciembre de 2013.

Otras actuaciones que se incluyen en el real decreto-ley se refieren a la dotación presupuestaria para financiar de manera transitoria la puesta en marcha del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Los gastos de instalación y funcionamiento, así como el pago de retribuciones de personal, se atenderán


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por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hasta que el consejo cuente con su presupuesto. Si fuera necesario se realizarán las correspondientes modificaciones de crédito.

Finalmente, mediante este real decreto-ley también se aprueba una adecuación de la tasa de reposición de efectivos de los cuerpos de Policía autonómica durante 2014. Es igualmente un cambio normativo en línea con la que hicieron las Cámaras en relación con la Policía local de aquellos ayuntamientos que se encontraban en superávit presupuestario para el año 2014, y ahora esta adecuación de la tasa de reposición de efectivos quedará ceñida a las comunidades autónomas que cumplan con los objetivos de déficit y de endeudamiento. La Ley de Presupuestos Generales del Estado establecía, como todos sabemos para este año, esa tasa de reposición general del 10 % para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero además recordaba ya que hemos cambiado en el trámite parlamentario de la Ley de Presupuestos de 2015 ese límite, razón por la que ahora entendemos conveniente establecer la misma cláusula y la misma condición para aquellas policías autonómicas que estén en condiciones siempre, como decía, de cumplir los preceptos de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera.

Acabo, señor presidente, señorías, solicitando el apoyo y también la comprensión de los diferentes grupos políticos presentes en esta Cámara al real decreto-ley que presenta el Gobierno. Como ven, todas las intenciones del mismo son intenciones que, como decía, se adecuan a un procedimiento de urgencia. Es necesaria la dotación presupuestaria y estamos convencidos de que la gran mayoría de los grupos lo apoyará, puesto que los fines van mucho más allá de la dotación estrictamente presupuestaria para dar cumplimiento a fines de ámbito social, de ámbito económico y del correcto funcionamiento de nuestras administraciones públicas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Se ha solicitado la autorización del turno en contra por el Grupo de La Izquierda Plural.

En su representación, tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ha hablado de buenas intenciones. El infierno está empedrado de buenas intenciones. En este caso, este real decreto es la muestra del empecinamiento en el error por parte del Gobierno en varias materias, pero en una en particular: la lucha contra el ébola. El Gobierno con este real decreto vuelve otra vez al error de tratar esta enfermedad, de tratar esta crisis, como si fuera una crisis exterior a la cual hubiera que dar una respuesta en términos de seguridad nacional -esos son los términos de este decreto-, incluso en términos de seguridad militar. Sin embargo, el Gobierno no se ha dado cuenta de que esta es una crisis interior, de que esta es una crisis internacional y que, por tanto, la respuesta debe ser una respuesta de salud pública, no una respuesta de seguridad nacional.

Esa es nuestra principal discrepancia con respecto de este real decreto, pero tenemos otra discrepancia de forma que tiene que ver con la exuberancia de los reales decretos que presenta el Gobierno. Podríamos decir que el Gobierno se ha acostumbrado al real decreto y que ya no puede hacer otra cosa, y ahora que estamos en el debate presupuestario medidas que podrían aparecer en las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, dentro de este debate presupuestario, aparecen a través de un real decreto que a estas horas de la mañana es verdaderamente indigesto. Con estas siete medidas inconexas -no tienen ninguna relación una con otra-, que establecen créditos que pueden hacerse a través del presupuesto del próximo año y que vienen acompañadas de otras medidas que en nuestra opinión no son urgentes, inaplazables, el Gobierno vuelve otra vez a hacerle un feo a esta Cámara al utilizar una vía excepcional como si fuera una vía más. El decreto se ha convertido en estos momentos de debate presupuestario en una ley de acompañamiento, y este decreto da la impresión de ser un decreto escoba de algunas medidas que probablemente se le hayan olvidado al Gobierno, y de otras que probablemente sean imprescindibles; sin embargo, muchas de ellas no son imprescindibles, no son urgentes, no son inaplazables y, por tanto, este procedimiento excepcional no debería utilizarse como un procedimiento normal. En el Congreso de los Diputados estamos viviendo un estado de decreto, que es lo que el Gobierno ha considerado como su fórmula de iniciativa legislativa, iniciativa que en nuestra opinión reduce el papel del Parlamento y menoscaba el papel parlamentario. No obstante, me gustaría entrar en el aspecto fundamental de esta iniciativa legislativa del Gobierno, que tiene que ver con la epidemia de ébola y con la concepción que el Gobierno tiene de cómo se lucha contra el ébola.

Uno puede ver en el presupuesto ya cómo al menos las dos terceras partes de lo que ustedes presupuestan en este decreto, las dos terceras partes, va para presupuesto interno y, una tercera parte,


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va para cooperación sanitaria internacional, pero si le sumamos lo que ya están ejecutando, las tres cuartas partes de este decreto dedicadas a la lucha contra el ébola son lucha nacional. Es concepción nacional de policía sanitaria, no cooperación internacional en la lucha contra el ébola. Para cooperación internacional estábamos los penúltimos y, a pesar de este incremento, seguiremos estando de los últimos de la Unión Europea. Lo más importante de todo esto es reconocer, señor ministro, que a lo largo de su período de gobierno han recortado ustedes la cooperación internacional en el 80 % del presupuesto. En estos momentos estamos por debajo de la mitad de la media de la Unión Europea en cooperación internacional; es decir, nuestro presupuesto para cooperación internacional es menos de la mitad del presupuesto general del entorno de España para cooperación internacional. Pero es aún peor en cooperación sanitaria. La orientación en cooperación sanitaria era converger del 4 % al 15 % del conjunto de la cooperación. Con este presupuesto ustedes están en el 2,8 %. Del conjunto de la financiación de la cooperación internacional, tan solo el 2,8 % es cooperación sanitaria internacional. Es una burla, señorías. Cuando todos los organismos internacionales están pidiendo un mayor esfuerzo por parte de los países miembros de la Unión Europea, el esfuerzo que hace el Gobierno español es totalmente insuficiente. En términos presupuestarios le he dicho que es una parte minoritaria de este presupuesto adicional -7 millones de euros, que veremos luego cómo se reparten-, pero también lo es en términos políticos. Los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales les han pedido el puente aéreo humanitario y todavía no han sido capaces de adoptar esa decisión. ¡Si es una decisión política! De la misma manera, las organizaciones no gubernamentales les han pedido el desarrollo del estatuto del cooperante, pero tampoco el Gobierno considera que esa sea una medida necesaria.

Señorías, en España hubo un contagio, pero en África Occidental ha habido ya 5.000 muertes, hay 14.000 enfermos y la proyección es de decenas de miles el próximo año. Por tanto, las medidas prioritarias deben estar en el terreno. La lucha contra el ébola se produce fundamentalmente en África. Ahí es donde tiene que ir la mayor parte de las medidas y la mayor parte del presupuesto, a la cooperación sanitaria internacional. Pues, no. El Gobierno considera que no está ahí la prioridad, sino que la prioridad es la seguridad nacional; pero la seguridad nacional entendida como seguridad incluso militar. Señorías, no tiene ningún sentido el elogio que ha hecho el ministro de Hacienda a los profesionales del sistema sanitario -que yo creo que es justo- y que no nombre ni una sola vez al Hospital Carlos III. No lo nombran; nombran al instituto, al servicio de microbiología, pero no nombran al hospital. No nombran ni una sola vez a sus profesionales. Después de hacer un cántico al Hospital Carlos III, el Hospital Carlos III se queda sin un euro. Lo que esperaba mi grupo era que dentro de las medidas del Gobierno de seguridad nacional, las medidas que tienen que ver con la lucha contra el ébola dentro de nuestras fronteras, se apoyase al Sistema Nacional de Salud. Pues, no se apoya al Sistema Nacional de Salud. Hay 500.000 euros para sanidad exterior -bienvenidos sean; llevamos desde el año 2000 diciendo en la evaluación de sanidad exterior que tiene muchas carencias-, pero para la sanidad pública, para Sistema Nacional de Salud, casi nada.

¿A dónde dedican la mayor parte del presupuesto? Fíjense lo que ha significado el Hospital Carlos III y las veces que hemos tenido que remodelarlo. Es un hospital de quita y pon. Cada vez que hay un enfermo lo remodelamos y volvemos a ponerlo en marcha, y luego volvemos a pararlo. Todo el mundo esperaba algo en el Carlos III, que ustedes hubieran aprendido de lo que ha pasado, que comprendieran que necesitamos un centro de referencia y que ese centro de referencia debe ser del Sistema Nacional de Salud. Pues, no; no, señor. Deciden ahora, a mitad de partido, cambiar la naturaleza de las camas del Hospital Gómez Ulla, camas NBQ, que son diferentes de las camas de infecciosos, señorías -todos lo sabemos-, camas destinadas a accidentes nucleares, químicos o biológicos. Nadie sabe qué ha pasado, pero ya hemos dedicado 4.500.000 euros y todavía no hemos terminado la remodelación de las camas, y ahora le metemos otra cantidad: 7 millones de euros. Son las camas más caras de la historia, señorías, camas a precio de oro. Yo he calculado unos 800.000 euros por cama, para cambiar ahora las camas NBQ a camas de infecciosos. Si ustedes calculan que con esa nueva inversión que da la vuelta al Hospital Gómez Ulla, que además orilla, margina o castiga al Hospital Carlos III, ustedes tienen un problema con el Carlos III, con sus profesionales, con la Comunidad de Madrid, pero no se lo hagan pagar a los ciudadanos. Lo que hacen en el Hospital Gómez Ulla va a estar operativo en el mes de marzo del próximo año. Esto quiere decir que si tenemos un problema de aquí al mes de marzo del próximo año por una enfermedad infecciosa de las características del ébola, ¿qué hacemos otra vez? Señorías, ¿qué volvemos a hacer? ¿Volvemos al hospital de quita y pon? ¿Volvemos a abrir las plantas del Hospital Carlos III y a


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pasar por la vergüenza internacional de no tener un hospital de referencia? ¿Volvemos a utilizar los servicios de microbiología no de la Marañosa, que son de alto nivel, sino que se lo mandamos a Alemania?

Señorías, la verdad es que no acabo de entender qué quiere el Gobierno en esta materia. Mi única deducción es que para el Gobierno este es un tema de seguridad nacional y ha decidido que las medidas deben estar en manos de la sanidad militar y, por tanto, del Hospital de la Defensa, pero no acabo de entender por qué. ¿Porque el Gobierno tiene un tabú con respecto al Carlos III? ¿Porque el Gobierno considera que no son buenos profesionales? ¿Porque el Gobierno tiene un problema con la Comunidad de Madrid y no quiere cofinanciar un hospital de referencia de tercer nivel? ¿Porque el Gobierno no quiere desarrollar la Ley de Salud Pública? No lo entiendo muy bien, no acabo de entenderlo, porque, hablando de la Ley de Salud Pública, de la misma manera que tenemos un hospital de quita y pon, también tenemos una comisión de quita y pon. La comisión creada en torno al ébola sustituye al comité consultivo contemplado en la Ley de Salud Pública, comité consultivo que debería haber estado formado ya hace meses, años, y funcionando. De esta manera no hubiéramos necesitado una medida de emergencia, como ha sido esa comisión. Y lo mismo pasa con respecto al Centro Estatal de Salud Pública, formado por el Instituto Carlos III y el Hospital Carlos III. Está en la Ley de Salud Pública, pero ustedes no quieren, no se ponen de acuerdo con la Comunidad de Madrid. No les da la gana y no sabemos por qué. En primer lugar, esta es una ley en la que se empecinan en el error, otra vez, en cuanto a tratar el ébola como un problema de seguridad nacional y no como una cuestión de cooperación internacional. Y en segundo lugar, es un decreto en el que aparecen todos sus tabúes, todos sus prejuicios, su prejuicio sobre la salud pública, sobre la sanidad pública, sobre el Carlos III, sobre la Comunidad de Madrid o sobre el Gobierno de la Comunidad de Madrid o sobre quien sea. No lo sabemos muy bien porque no conocemos la razón de este despropósito. Este es el motivo fundamental de la oposición de mi grupo a esta iniciativa, a este real decreto.

Mi grupo tampoco comparte las propuestas del Plan PIMA. Ya hemos dicho muchas veces que este plan, lejos de favorecer la movilidad y el transporte público, lejos de apoyar a los vehículos menos contaminantes, no plantea ningún criterio selectivo en relación con los vehículos más o menos contaminantes, simplemente financia la reposición de los vehículos o el achatarramiento de los mismos. Dedicar casi el 70 % del presupuesto en esta materia para luchar contra el cambio climático nos parece que no es ir por buen camino.

Luego el Gobierno añade una serie de medidas, con las que podemos estar de acuerdo con algunas de ellas, como, por ejemplo, con el apoyo a las instituciones financieras multinacionales, el acuñamiento de monedas, el programa de desarrollo rural, los datos de subvenciones, el Consejo de Transparencia, los cuerpos de Policía autónoma. Señorías, ¿hay más? Vaya macedonia han hecho en este decreto; a estas horas de la mañana es realmente una macedonia indigesta. El problema, para mi grupo, es que no tenemos esa concepción de la salud pública ni de la cooperación internacional. Esa concepción de seguridad nacional nos puede salir muy cara desde el punto de vista presupuestario y muy cara desde el punto de vista de la eficacia de nuestro sistema de salud. Ahora expliquen ustedes a los profesionales que curaron a Teresa, que ni siquiera les nombran, que el Carlos III está cerrado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, hoy hace veinticinco años que muy cerca de aquí un atentado arrebataba la vida a un miembro electo de esta Cámara, Josu Muguruza, y dejaba gravemente herido a otro miembro electo de esta Cámara, Iñaki Esnaola. Durante estos veinticinco años ha habido un sonoro silencio en esta Cámara, que ha sido objeto de escándalo por muchas personas. Hoy con este acto, con esta rosa, desde nuestro grupo queremos reconvertir estos veinticinco años de silencio en un recuerdo, un reconocimiento y un respeto a esas personas que han sido objeto de injusticia sabiendo que en este caso, como en todos, se tiene que dar aquello que todos reclamamos de verdad, justicia y reparación.

Nosotros hemos dicho muchas veces desde esta tribuna que hay que reparar todas las injusticias sin excepciones, y pensamos que precisamente en esta nueva etapa debemos aportar ese esfuerzo de reconciliación. Hay que superar la coexistencia pacífica para avanzar hacia la convivencia y la reconciliación social, y eso es lo que queremos hacer. Desde ese convencimiento extendemos asimismo nuestro respeto,


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nuestro reconocimiento y nuestra reparación a otras personas a las que también les fue arrebatada la vida en esta misma fecha, tanto a Santiago Brouard, un parlamentario electo en el Parlamento vasco, como a Ricardo López Castiñeira, un guardia civil, o José Benito Sánchez Sánchez y Benjamín Sancho Mejido, ambos policías armadas. Pensamos que ese respeto y esa reparación se tienen que dar en todos los casos sin excepciones, y lo hacemos además desde el convencimiento de que nos hubiese gustado de todo corazón que no se hubiese producido ninguna injusticia a lo largo de nuestra historia, así como desde el pesar de pensar que muchas veces igual podríamos haber hecho mucho más para que no se hubiesen producido ninguna de esas injusticias. Precisamente desde ese espíritu nuestro grupo lo dice con total claridad; es decir, expresamos nuestro respeto, nuestro recuerdo, nuestra reparación con el convencimiento de que ese sentimiento del que hablábamos antes y ese pesar son compartidos -queremos creer que son compartidos- por todos los miembros de esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.

Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señorías, señor ministro, intervendré muy brevemente porque tenemos un día un tanto cargado de asuntos. En primer lugar, he de decir que a nuestro grupo no le parecen mal la mayoría de los créditos aprobados por el Gobierno a través de este real decreto-ley. El ministro nos lo ha explicado con mucho detalle y poco entusiasmo; pero lo entiendo, porque tampoco es un tema que por su naturaleza provoque excesivo interés. Seguramente, será más fruto de la presión que muchos ministros, a estas alturas del año, le han ido metiendo al ministro de Hacienda para que ponga a su disposición una serie de créditos y así abordar unos compromisos seguramente pendientes y algunos de ellos importantes. Decía que no nos parece mal y, es más, en algunos casos consideramos imprescindible aprobar, con seriedad y suficientes recursos, temas como el del ébola para que no vuelva a suceder lo que pasó con la nefasta gestión del virus del Ébola. Creemos que es necesario abordar esta cuestión en origen, no solo para que no nos contagiemos los europeos o los americanos, sino para ayudar a los países africanos más afectados a acabar con esta epidemia.

El señor Llamazares ha puesto en cuestión la cantidad. Seguramente habrá que hacer más en términos de cooperación, en términos de ayuda, a estos países para superar este problema. Si es así, señor ministro, yo creo que en este asunto sí merece la pena aumentar el déficit y el endeudamiento, como hoy nos ha dicho. Hoy, por cada partida que estaba presentándonos, nos decía esto va a más déficit y más endeudamiento o esto no va a déficit pero sí va a endeudamiento. Señor ministro, otras veces usted ha utilizado la disculpa de que va a déficit o endeudamiento para no atender otras peticiones que le hemos hecho otros grupos, pero, bueno, hoy nos ha estado explicando también lo que va a más déficit y a más endeudamiento.

Es preciso, también, pagar las deudas en el ámbito internacional y, en concreto, las aportaciones a las instituciones financieras internacionales. Lo que no entendemos -a pesar de que hoy nos ha dicho que es una cuestión contable- es por qué no se ha hecho frente a esas responsabilidades cuando había que hacerlo, y no demorarse en estos temas que también son de cooperación y son temas realmente importantes. Nos ha hablado del PIMA Transporte, del Feader, que son partidas que es preciso dotar. No vamos a entrar en los contenidos, que nos pueden parecer razonables, lo que sí cuestionamos, señor ministro, es por qué la urgencia en estos momentos. En muchos casos, no vemos la premura; si se ha esperado hasta ahora, se podría haber esperado a que entre en vigor el presupuesto del año 2015 y haber abordado estas cuestiones, como ha dicho también el señor Llamazares.

No creemos que los ministerios afectados no dispongan de los créditos ordinarios suficientes para hacer frente a muchos de estos gastos para los que hoy se solicita un suplemento o un aumento de crédito, al menos en aquellas partidas de menor cuantía. Supongo que la gestión interna del ministerio hubiera permitido sacar esos recursos adicionales necesarios para abordar estas cuestiones. Igualmente, consideramos que podría haber otra serie de gastos, más o menos urgentes, que requieren dotación presupuestaria adicional y que no se abordan en este real decreto-ley. A estas alturas del ejercicio se están dejando de dotar, señor ministro, otras partidas cuyo gasto se considera necesario. Con esto, lo que quiero decir es que este real decreto es un sumatorio de partidas que no sabemos por qué se incluyen, o sí sabemos por qué se incluyen, pero no sabemos si debería haber también otras importantes que deberían estar ahí para dar satisfacción a una serie de urgencias o prioridades que también se han de abordar. Lo que es evidente es que utilizando el real decreto-ley -como se viene diciendo habitualmente


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cuando se presenta- no es posible debatir ni enmendar estas cuestiones ni tratar de completar las partidas tal y como estoy planteando. Sabemos, o sospechamos al menos, que no lo van a tramitar como un proyecto de ley, pero en nuestra opinión deberían hacerlo. Creemos que usar el diálogo, el debate y el acuerdo en vez de la imposición siempre está bien. Yo ya sé que esto es predicar en el desierto.

Para concluir, quisiera resaltar nuestro acuerdo y conformidad con el contenido de la disposición final primera, por la que se modifica la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014. Este cambio permite que con efecto 1 de enero de 2014 la tasa de reposición de efectivos de las policías autonómicas, la Ertzaintza en nuestro caso, pueda alcanzar el cien por cien, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que exigen las leyes de estabilidad presupuestaria en materia de déficit público y de endeudamiento, por cierto, señor ministro, pactados, como usted bien sabe, aunque no lo practique en exceso, con el debido respeto y la escrupulosidad exigible, en el marco de la Comisión Mixta del Concierto Económico.

Con todo esto, votaremos favorablemente la convalidación de este real decreto-ley a pesar de las reservas que he planteado y le pediríamos, insisto, aunque me temo que con poco éxito, que lo tramiten como proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Montoro, de nuevo he de criticar las formas, que nos parecen, en este caso también, igualmente importantes que el contenido, porque no les parece bastante gobernar con mayoría absoluta, tienen que gobernarnos continuamente por reales decretos. Ya tuvimos que llevar al Constitucional uno anterior, el ómnibus que llamábamos, que se había convertido, como este, en un cajón de sastre donde cabe absolutamente todo. Nos parece una nueva muestra de incompetencia, una nueva muestra de mal gobierno, y aprovecharé para comentar algunas de las cosas que ustedes nos han presentado en el real decreto.

En cuanto a agricultura y medio ambiente, piden un crédito para dar a las comunidades autónomas dinero para que estas puedan obtener ayudas europeas que son cofinanciadas. Es decir, prestamos de nuevo a las comunidades autónomas sin ninguna condicionalidad y sin ninguna finalidad en el dinero que les prestamos, y esto nos parece preocupante, porque parece que a ustedes les da igual que algunas comunidades autónomas malgasten o utilicen mal los recursos que les envían. Si ustedes permiten que eso siga sucediendo, si ustedes siguen sin pedir condicionalidad alguna, veremos cómo -siento poner este ejemplo, pero es cuestión de ayer y ayer mismo Hacienda lo avalaba- en lugares como la provincia de Valencia el señor Rus, diciendo que tiene superávit, se puede gastar a seis meses de las elecciones tres o cuatro milloncejos en montar una tele pequeñita para hacerse la propaganda, y Hacienda dice que lo puede hacer porque tiene superávit. Sin embargo, hoy aquí estamos discutiendo cómo dotarles de unos recursos que no se utilizan para cofinanciar unas ayudas agrícolas, que es mucho más importante que para montarse esa pequeña herramienta de propaganda, y tendremos que volver a financiárselas nosotros. Esto nos preocupa.

A propósito del sector de transportes, estamos de acuerdo en que usted ayude y financie todo este tipo de vehículos que puedan atentar menos contra el medio ambiente, pero -ya lo dijimos en los Presupuestos Generales del Estado, ya se lo dijimos a usted- a nosotros nos preocupa también y desearíamos una política más seria a este respecto. Ahí el punto fundamental, nuestro punto débil, sigue siendo no conseguir solamente que esos coches sean mejores, que atenten menos contra nuestro medio ambiente, sino lo fundamental, que haya un transporte ferroviario de mercancías como se debe, como nosotros quisiéramos en nuestro país. O reformas en la fiscalidad verde de matrículas y de vivienda -se lo recuerdo de paso- que tengan en cuenta la eficiencia energética.

Respecto de la agricultura, para cerrar el tema, algunos desearíamos que no se hubiese perdido aquel plan de desarrollo español que luego se transformó, como tantas otras cosas, en diecisiete miniplanes. En cuanto a políticas medioambientales, he de decir que nos preocupan porque nos gustaría que recayeran un poco más en los ciudadanos, y se lo hemos dicho a menudo al señor Soria. El autoconsumo nos parece fundamental, y no tanto en los productos tanto de las grandes empresas energéticas como de las grandes empresas en este caso automovilísticas.


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En cuanto al tema del ébola, estamos completamente de acuerdo. Nos parece una asunción de responsabilidades. Que ustedes aumenten las ayudas es un reconocimiento de que las ayudas eran insuficientes. Nos preocupa que no terminen de aclarar si a partir de ahora será el Gómez Ulla el centro de referencia. Echamos en falta la escuela nacional de sanidad. No sabemos si los créditos que ustedes aprueban ahora son suficientes. Las idas y venidas en cuanto al tratamiento del Carlos III nos preocupa también porque además nos está saliendo muy cara esta forma de gestionar el dinero en este asunto. Estamos a favor también -ya lo dijimos- de todas las ayudas que puedan llevarse allá. Ya comenté desde esta tribuna que este era un problema que no se podía resolver únicamente aquí. Desde luego es allí donde tenemos que ayudarlos. Las ayudas son insuficientes, nos parece que seguimos recortando la cooperación internacional y esto se ve claramente si lo ponemos en relación con otras ayudas que usted ha aprobado con este real decreto. Nos preguntamos también porque nos preocupa qué pasa con aquel puente aéreo humanitario para el que se pedía nuestra colaboración. Esos pagos atrasados a las ayudas internacionales también demuestran parte de lo que le estoy contando, señor ministro. No hay nada nuevo bajo el sol. Vuelven a demostrar que gestionan mal y de paso le pegan un viaje -con perdón por la expresión- a la marca España, a la seriedad como país para, por ejemplo, como mínimo hacer frente a los pagos porque deber 80 millones de euros al Banco Africano de Desarrollo no es una buena forma de luchar contra el ébola ni de luchar contra la inmigración. En cuanto al Fondo de medio ambiente mundial, sucede lo mismo. Hablaba usted antes del medio ambiente, pero no cumplimos con nuestras obligaciones.

En cuanto al crédito para la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, es un buen momento para recordar el vaciado de sus funciones y no entendemos que desaparezca, desaprovechando su experiencia, cuando además se va a crear otro organismo que realice sus funciones. Señor Montoro, las formas para nosotros son importantes y son parte del mensaje. Me da la sensación de que gobernando así demuestran falta de respeto hacia esta Cámara, falta de respeto hacia nuestro trabajo, pero también me temo que se pone en evidencia su mala capacidad de gestión.

Por último, señor Montoro, quiero recordarle una cosa. Ayer dijo usted -al menos eso leí, pero no es la primera vez que lo dice- que daba por pérdida la posibilidad de tratar a todos los españoles por igual, es decir, de acometer un proyecto que realmente es necesario en nuestro país, el de la correcta financiación de las comunidades autónomas. Me parece muy triste porque es un problema fundamental de nuestro país que debiera usted haber acometido. Añadiré una sola precisión que me parece importante. Me preocupa lo que vaya a pasar con Cataluña, me preocupa lo que van a hacer ustedes con la financiación de Cataluña, me intranquilizan esas frases que van diciendo de vez en cuando sobre de qué forma les van a tratar en medio de toda la problemática que se está creando ahora, y me preocupa especialmente porque estarán dando ustedes un mensaje muy peligroso. Si realmente mejoran su financiación, si les otorgan nuevos privilegios, el mensaje que estará dando al resto de las comunidades autónomas es muy peligroso: si quieren ustedes una mejor financiación, sáltense la ley, saquen unas urnas a la calle. Espero que no lo hagan.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, señoras y señores diputados, nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente el Real Decreto-ley 14/2014, que versa sobre temas sociales en los que se ha venido destacando nuestro grupo a la hora de plantear propuestas que iban en la misma dirección que este real decreto. Aunque las cantidades a las que ustedes hacen mención ya están incorporadas en el decreto, como ocurre con las necesidades económicas derivadas del brote del ébola en el Estado español, nosotros, como no podía ser de otra manera, estamos de acuerdo, a pesar de que las consideremos insuficientes en algunas cuestiones.

Quiero aprovechar esta convalidación, señor ministro, para plantear algunos aspectos que consideramos muy relevantes. Uno de ellos lo han mencionado algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y nosotros quisiéramos resaltar su atención, señor ministro -y no solamente la de su ministerio sino también la de su Gobierno-, porque pensamos que hay en él aspectos fundamentales en los que valdría la pena profundizar. Me refiero al programa mundial de alimentos, que tiene su infraestructura principal de conexión entre Europa y África. Nosotros entendemos que tendría que plantearse la posibilidad de que fuera un auténtico puente aéreo en las relaciones entre


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Europa y África y que dicho puente aéreo pudiera ser un mecanismo eficaz para luchar contra el ébola y, al mismo tiempo, un corredor importante de comunicación de alimentos y de recursos humanos entre occidente y África. Vale la pena potenciarlo, señor ministro. Hay una gran sensibilidad por parte de organizaciones sin ánimo de lucro como pueden ser Médicos sin Fronteras e Intermón, que se han puesto en contacto con nuestro grupo parlamentario, y nosotros creemos que vale la pena luchar con la máxima efectividad y sensibilidad en todos estos países. Probablemente, si España, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea no se hubieran visto afectados por esta terrible enfermedad no hubiéramos tenido este debate, señor ministro, a pesar de que hay grupos parlamentarios como el nuestro que siempre hemos estado muy sensibilizados en la lucha contra estas enfermedades en los países de origen. Por lo tanto, vale la pena intensificar estos recursos y usted ha de ser también un mecanismo importante de transmisión entre su ministerio y el resto del Gobierno para que este puente aéreo sea finalmente una realidad y podamos incorporar más recursos humanos y financieros a luchar contra esta terrible enfermedad, por la que finalmente en España no ha habido ninguna víctima mortal, de lo que nos congratulamos muy afectivamente. Desde esta perspectiva, señor ministro, estamos totalmente de acuerdo con los recursos que van destinados al Instituto Carlos III, pero no tendrían que olvidar que hay un hospital científico-técnico-sanitario muy importante en Barcelona como es el Hospital Clínico, entidad que realiza importantes labores de detección y erradicación de este tipo de enfermedades con resultados también espectaculares. Nosotros vamos a aprovechar el trámite parlamentario en el Senado para poder incorporar recursos que vayan en la dirección de poder luchar y erradicar esta grave enfermedad.

Hay otros aspectos en los que estamos de acuerdo -ya lo he dicho al principio de mi intervención- como es el caso del Fondo de garantía agraria para los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas. Estamos de acuerdo, pero una vez incorporados estos recursos en las partidas correspondientes, urge que se puedan hacer efectivas todas aquellas transferencias pendientes a las comunidades autónomas, como es el caso del proyecto 2013 de los arroceros agroambientales de Cataluña, que, como usted sabe, señor ministro, van retrasados y no se han materializado hasta la fecha. Respecto al Plan PIMA, no podríamos estar más de acuerdo con estos recursos que se van a incorporar. Entendemos que todo lo que sea potenciar la economía productiva, el uso de vehículos agrícolas y el sector automovilístico, no deja de ser un aspecto relevante para poder impulsar mecanismos que vayan en la dirección de salir de esta grave crisis que ha padecido la economía española. Por lo tanto, estamos de acuerdo, así como en todos aquellos aspectos que vayan orientados a recursos destinados a poder cumplir con todas aquellas instituciones financieras mundiales que están pendientes de abono.

Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rangel.

El señor RANGEL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, un gobierno que tiene la actitud que tiene este Gobierno de tramitar los presupuestos en esta Cámara año tras año sin escuchar para nada a la oposición, sin prácticamente aprobar ninguna enmienda, es el único responsable de sus previsiones y de sus imprevisiones. En este caso, nos traen un real decreto-ley, como ya va siendo habitual, que habla de muchas cosas y, por lo tanto, difícilmente nuestro posicionamiento en el voto puede manifestar el apoyo o no a todas y cada una de las medidas por separado, con lo cual nos obligan a hacer un ejercicio de síntesis. Nosotros nos vamos a abstener, señor ministro; nos vamos a abstener porque entendemos que en la mayor parte de los supuestos de este real decreto la extraordinaria y urgente necesidad no trae causa de circunstancias sobrevenidas sino, en la mayoría de los casos, de imprevisiones del Gobierno. Por lo tanto, de ustedes es la responsabilidad y ustedes deben asumirla en solitario. Se lo digo porque hay varios departamentos ministeriales -seis y alguno más para más de un tema-, varios temas afectados y tres disposiciones, dos adicionales y una final, con las que en general podríamos estar de acuerdo. Estamos de acuerdo en que se dé el mismo trato a las policías autonómicas, si cumplen los requisitos de la Ley de Estabilidad, que se le da a las policías locales. Nos parece justo. De la misma manera, entendemos perfectamente que un organismo que se está poniendo en marcha -hoy precisamente la Comisión de Hacienda va a ver la idoneidad de la persona que se propone para estar a su frente- no tenga un presupuesto habilitado y los créditos de gasto sean con cargo al presupuesto del ministerio que usted preside. O bien que exista una buena colaboración entre la Dirección General de la Policía y la Intervención General de la Administración


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del Estado en un tema como la base de datos de subvenciones para hacer consultas de comprobación de los beneficiarios. Todo eso nos parece bien.

Usted ha empezado hablando de ébola, seguramente es lo que más se ajusta, desde el punto de vista del real decreto-ley, a la extraordinaria y urgente necesidad; seguramente. Eso son 20,85 millones de euros, una parte pequeña de los más de 259 millones de créditos extraordinarios y habilitaciones de crédito que contempla este real decreto-ley. No voy a entrar en el debate que se ha producido aquí porque ya lo estamos llevando a cabo, en todo caso en el ámbito sectorial correspondiente. También me extraña a mí que no se hable para nada del Hospital Carlos III y estaría de acuerdo en que se tenga en cuenta la excelencia del Hospital Clinic de Barcelona, entre otras cosas porque conozco bien ese hospital ya que he sido su presidente durante algunos años, cuando fui delegado del Gobierno. Pero de lo que ha hablado muy poco es de la partida que se lleva el 62 % de las modificaciones de crédito, que es la del Ministerio de Economía para pago de atrasos a instituciones financieras multilaterales. Estamos de acuerdo en que hay que hacer ese pago, pero ¿por qué hay que habilitar ahora ese crédito extraordinario con cargo a deuda? Porque desde el año 2012 -no es el anterior Gobierno, señor ministro-, que era usted ministro, se cambiaron los criterios de contabilización por parte de Eurostat y en lugar de capítulo 8 tenía que ser capítulo 4. No se hizo, se ha acumulado la deuda y eso nos puede generar perjuicios para España, para su credibilidad y para las empresas españolas, y ahora deprisa y corriendo hay que habilitar ese crédito extraordinario para hacerle frente. Eso no es una causa sobrevenida, es sencillamente imprevisión y mala gestión por parte del Gobierno. Lo mismo ocurre con la aportación a los programas de desarrollo rural. Creo que corresponden a programas que se han ejecutado en años anteriores y que no tuvieron la dotación suficiente para cofinanciarlos, con lo cual en la liquidación de 2014 -en este ejercicio- se iban a perder casi 120 millones de euros de subvenciones de la Unión Europea. También es una falta de previsión de su Gobierno y ahora hay que habilitar 30 millones con cargo a deuda. En cuanto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, nos hablan de que la justificación de la necesidad de habilitar estos créditos es para la lucha contra el medio ambiente. Hay dos programas, el PIMA Aire 4 y el PIMA Transporte. He visto lo que prevé el proyecto de presupuestos para 2015. Continúa con el PIMA Aire 4, pero no habla del PIMA Transporte, cuando según ustedes esto está enmarcado en el Plan nacional de la calidad del aire y la protección de la atmósfera de 2013 a 2016. Eso quiere decir que para el año 2015 ya no habrá alguno de estos planes o bien tendremos otro real decreto-ley que vuelva a corregir su imprevisión de las actividades que deberían llevar a cabo en el marco de sus programas plurianuales. Finalmente, en cuanto a las demás partidas presupuestarias, no tenemos ninguna objeción, como la acuñación de moneda con más de 33 millones de euros o alguna otra de las partidas que se están modificando en estos presupuestos.

En definitiva, señor ministro, difícilmente podemos posicionarnos claramente a favor, aunque estamos de acuerdo con algunas de ellas, que son las que responden clarísimamente a lo que ha de prever un real decreto-ley; otras, que, además, cuantitativamente son la mayoría, corresponden únicamente a la falta de previsión de este Gobierno. Y precisamente por la actitud que tienen, que han tenido y que están manteniendo en relación con escuchar a la oposición, el diálogo y la aprobación de enmiendas en los presupuestos, son su total y absoluta responsabilidad. Finalmente, algún orador ha hablado de trato de favor o desfavor hacia alguna comunidad autónoma. Rogaría a todo el mundo que en estos momentos complicados lo que hay que poner en valor es la política y la empatía para buscar soluciones a conflictos políticos si existen. Echar leña al fuego o hacer de bombero pirómano no nos ayuda para nada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rangel.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular va a dar su apoyo a la convalidación de este real decreto-ley por el que se conceden créditos extraordinarios por un valor cercano a los 260 millones de euros. Me han sorprendido la mayor parte de las iniciativas porque han hablado de improvisación, incluso el señor Llamazares ha hablado de la exuberancia en la utilización de reales decretos por parte de este Gobierno. Quiero recordar, una vez más, que este Gobierno del Partido Popular se encontró con una situación extraordinaria, una crisis económica jamás vivida por nuestro país. Por ello, ha tenido que utilizar este instrumento legislativo, el real decreo-ley, para abordar situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, muchas de ellas relacionadas con la salida de la crisis. Los Presupuestos Generales del Estado se hacen


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en base a unas previsiones, y es la ley de carácter económico más importante que aprueba un gobierno, pero son previsiones. Por eso, la Ley General Presupuestaria, como ha dicho el ministro, autoriza la utilización de modificaciones en los presupuestos para poder hacer frente a una serie de necesidades de gasto que se van presentando a lo largo del ejercicio, necesidades de carácter económico y de carácter social.

Este real decreto-ley, como ha explicado el ministro, pretende dar cobertura a diferentes situaciones. Todas ellas, a nuestro juicio, requieren una actuación urgente por parte del Gobierno y, en primer lugar, entre esas actuaciones quisiera destacar el incremento de la partida destinada a la lucha contra el ébola dentro y fuera de nuestras fronteras. El señor Llamazares ha dedicado muchas críticas a este apartado fundamentalmente porque se destina poco presupuesto a la ayuda sobre el terreno en los países de origen del virus del Ébola, y yo le quiero decir que, aparte de la partida aprobada en estos créditos extraordinarios, la Unión Europea ha acordado destinar 1.000 millones de euros a la cooperación internacional en esos países de origen del virus del Ébola y España forma parte de esa Unión Europea. Por tanto, esa contribución es suficiente y es necesaria también. Por otro lado, también habla del Hospital Gómez Ulla y, como siempre, la palabra Ejército parece que le da a usted urticaria, pero las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas son de las instituciones más valoradas por este país. Lo que sí hemos vivido todos los españoles recientemente ha sido el primer contagio de ébola en nuestro país, y lo hemos vivido con angustia y con intranquilidad, pero afortunadamente, creo que todos estaremos de acuerdo, Teresa Romero se ha recuperado, ha luchado valientemente contra la enfermedad y todos debemos sentirnos orgullosos de la respuesta de nuestro sistema sanitario. Creo que todos los españoles y todos los grupos parlamentarios estaremos de acuerdo en que nuestro sistema sanitario y nuestros profesionales sanitarios han actuado de una manera ejemplar. Se han evitado nuevos contagios, Teresa Romero se ha curado y todos debemos sentirnos muy orgullosos de la actuación de nuestro sistema sanitario frente a este virus del Ébola. No obstante, como ha dicho el ministro, la amenaza de este virus nos hace que tengamos que reforzar las herramientas y los medios materiales y humanos para responder con celeridad a posibles situaciones futuras que se puedan producir para evitar, además, poner en riesgo a la población y generar alarma social, y todo ello justifica sobradamente la extraordinaria y urgente necesidad de la aprobación de estos créditos extraordinarios para la lucha contra el ébola. El Gobierno actúa a través de este real decreto dotando en dos sentidos para reforzar esa lucha, tanto con el incremento en la cooperación internacional sobre el terreno, actuando en los países de origen de la enfermedad, como dentro de nuestras fronteras, incrementando los recursos en la lucha contra el ébola en un total de 13.853.000 euros, que se distribuyen en distintos departamentos ministeriales. Son 5 millones para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el refuerzo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y la adquisición de distintos materiales, como equipos de protección individual. Consideramos que es urgente que tengamos los suficientes equipos de protección individual frente a esta enfermedad. También 870.000 euros se destinarán al Centro Nacional de Microbiología, que es el centro de referencia para tratar las enfermedades infecciosas, y 7 millones de euros para el Ministerio de Defensa. En definitiva, como les decía, se trata de dotar de más medios materiales y humanos para poder hacer frente a posibles situaciones que se puedan presentar en el futuro y luchar con esos medios tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Creo que ningún grupo puede cuestionar la urgencia y la extraordinaria necesidad de aprobar estas actuaciones.

Otro grupo de medidas, señorías, tiene un carácter completamente distinto, un carácter mucho más económico, un carácter de adoptar medidas que reactiven nuestra actividad económica, porque, señorías, los españoles nos votaron, votaron al Partido Popular, para que les sacáramos de la crisis y desde el principio este Gobierno se ha puesto manos a la obra. Pero no podemos bajar la guardia, porque todavía hay mucho trabajo por hacer y hay que seguir consolidando nuestra recuperación económica con medidas como las que se aprueban aquí de estímulo a sectores tan importantes para nuestra economía como el sector del automóvil. Son medidas de extraordinaria y urgente necesidad también a juicio del Grupo Parlamentario Popular, porque creemos que es urgente que aquellas personas que hoy se vean sin empleo encuentren lo antes posible una oportunidad, y por eso se dotan créditos por importe de 15 millones de euros para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para financiar un nuevo plan de ayudas, el PIMA Aire 4 y el Plan de impulso al medio ambiente en el sector del transporte, el nuevo PIMA Transporte. El PIMA Aire 4 se dota con 10 millones de euros, se aplicará para financiar la adquisición de hasta 7.500 vehículos comerciales y servirá para la renovación de las flotas de los vehículos de las pequeñas y medianas empresas. Con ello, se consiguen dos objetivos fundamentales: por un lado,


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reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y, por tanto, mejorar la calidad del aire y, por otro, mejorar también la competitividad de nuestras empresas con una reducción en el consumo de combustible por la renovación de esos vehículos. Por otro lado, se aprueba también el PIMA Transporte para la concesión de ayudas para el achatarramiento de camiones y autobuses. Esta dotación permitirá achatarrar unos 2.000 vehículos pesados, camiones y autobuses, para hacer nuestro sector del transporte profesional más eficiente y menos contaminante.

Señorías, no es necesario que les recuerde la importancia del sector automovilístico en nuestra economía. Desde el Gobierno del Partido Popular se ha trabajado intensamente para apoyar la continuidad de la industria automovilística en nuestro país a través de los planes PIVE y PIMA que hoy se refuerzan con este real decreto. Son evidentes, por tanto, a nuestro juicio, las razones de urgencia y necesidad que justifican la dotación de estos créditos extraordinarios por los efectos beneficiosos que estos planes impulsados por el Gobierno tienen sobre la recuperación de nuestra economía al afectar a este sector clave para la economía española que es el sector automovilístico. También se dota en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente un suplemento de crédito de 30 millones de euros para atender la financiación de los programas de desarrollo rural de nuestras comunidades autónomas. Estos programas de desarrollo rural, como saben, son cofinanciados por la Unión Europea y no aprobar hoy estos créditos extraordinarios supondría perder, como ha dicho el ministro, casi 120 millones de euros de financiación europea. No tendría sentido que España perdiera esa financiación europea porque nuestros campos, nuestros pueblos, nuestros agricultores no se pueden permitir perder esos fondos europeos y, de ahí, la urgente necesidad de aprobar este crédito extraordinario, que sirve en algunas ocasiones para pagar ayudas al cese de la actividad agraria o a los jóvenes agricultores.

Señorías -voy terminando ya-, como he dicho al principio, el Grupo Popular apoyará la convalidación de este real decreto-ley aprobado por el Gobierno porque las grandes potencias, reunidas recientemente en la cumbre del G-20, reconocen un cambio radical de rumbo de nuestra economía. Lo han reconocido, España es un referente internacional de superación y ese es el mejor aval del acierto de la política económica y presupuestaria de este Gobierno. Por eso, vamos a apoyar su convalidación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.

ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 121/000047).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas aprobadas por el Senado. Tenemos varios proyectos de ley y comenzamos con el primero: enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar (Comienza su intervención en catalán), nuestra solidaridad con el presidente de nuestro país, Artur Mas i Gavarró, ante la querella que presentará la Fiscalía General del Estado, es decir, por parte del Partido Popular. (Pronuncia palabras en catalán). No nos van a amedrentar, no nos dan miedo, al revés, ustedes, señorías del Partido Popular, nunca, nunca nos fallan. Les pueden más las entrañas que la inteligencia, y si se creen que nos van a amedrentar, andan muy, muy equivocados, porque la democracia siempre, siempre gana. Por cierto, vivimos tiempos de sospechas -y me remito al texto del debate relacionado con la ley que nos ocupa-, fiscales bajo presión -lo hemos vivido en Cataluña en los últimos días-, tribunales politizados, un uso partidista de la ley y al parecer las Fuerzas Armadas también quieren tener criterio propio sobre el del Gobierno y el de las Cortes Generales. Sería bueno, pues, que todos tuviéramos el máximo interés para que las Fuerzas Armadas estuvieran sujetas de forma categórica al imperio de la ley. Luego esta ley que hoy debatimos representa una gran oportunidad perdida para demostrar que se puede y se debe castigar, haciendo un ejercicio extraordinario de pedagogía, a los incendiarios y a aquellos que todavía tienen algunas tentaciones agresivas fuera o dentro del Ejército español, si lo que se pretende es tener un ejército moderno y por ende democrático.

Algunos casos nos han avergonzado como sociedad. Recuerden el caso del militar Francisco Alamán, que en el año 2012 amenazaba con la intervención militar en Cataluña si el proceso hacia el ejercicio del


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derecho a decidir iba in crescendo; o el del general Chicharro, que en el año 2013 nos decía sin ningún pudor que la patria es anterior y más importante que la misma democracia. Todos ellos, impunes. Creo que en estos momentos tan importantes desde el punto de vista de los retos democráticos que tiene ante sí esta democracia, también deberíamos condenar y situar en el escenario de lo esperpéntico las declaraciones de don Jaime Domínguez Buj, nada menos que el jefe del Estado Mayor, que de forma subliminal pero explícita habla de metrópolis y, en consecuencia, de colonias, y todo ello inmerso, contextualizado en el debate que existe ahora en Cataluña. Decir que la metrópolis se debilita o comparar la situación actual con episodios de guerras coloniales contribuye poco a disipar esta historia reciente del Ejército español respecto a las naciones distintas a la castellana y a todo aquello que significó el brazo armado del genocidio lingüístico y de las libertades nacionales. ¿Qué tipo de disciplina se garantiza con esta ley si se otorga la misma gradación a la falta cometida por un mando de las Fuerzas Armadas por ir ebrio, por ir borracho, que por hacer proselitismo del golpe de Estado? Se le da la misma gradación negarse a un reconocimiento médico que a obstaculizar, aun cuando pudiera ser de forma subliminal, pero normalmente todo acaba siendo mucho más chusco -palabra idónea para el debate de hoy-, digo, tiene la misma gradación que obstaculizar las libertades públicas, luego esta ley, tal y como finalmente será aprobada, representa una gran ocasión perdida.

No hay ninguna referencia a la Corte Penal Internacional y hemos puesto empeño en que se hiciera referencia a la ella; Corte Penal Internacional, por cierto, que castiga severamente una actuación contra la población civil desarmada. En el contexto del Estado español, que mundialmente es conocido como el modelo español de impunidad, la marca España ha quedado resquebrajada cuando el Estado español se está convirtiendo -porque así lo quiere el Gobierno- en refugio de torturadores. Vean lo que está ocurriendo con la querella argentina y la demanda de detención de Rodolfo Martín Villa obstaculizada por parte del Gobierno; recordarán ustedes que es responsable de complicidad en los asesinatos de Estado, por ejemplo, Vitoria en el año 1976. Digo que se niegan a incorporar en esta ley cualquier referencia a la Corte Penal Internacional, lo cual es sospechoso atendiendo a estos precedentes. Nadie sospecharía de Suecia, pero sí del Estado español -repito- refugio todavía hoy de torturadores, asesinos y fascistas. Tampoco se incorpora en esta ley ninguna referencia a las normas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que van en la misma dirección de aquello que configura el universo de actuación de la Corte Penal Internacional. Incluso la ley, a nuestro entender, va contra el espíritu y la práctica del Tratado de Washington del año 1949. Como ustedes saben, sobre este tratado se fundamentó la OTAN para la actuación de todas las fuerzas armadas bajo un sistema de mando único, en defensa -esta es la lógica filosófica de la OTAN- de las libertades democráticas del mundo occidental en un contexto histórico determinado.

Así pues, concluyendo, estamos hablando de oportunidades perdidas. No entendemos cómo vuelven a desaprovechar esta ley para metabolizar el pasado tan anómalo del Estado español que los mismos militares profesionales -hoy día de convicciones profundamente democráticas- pretenden que se supere con actuaciones mucho más determinadas, progresistas y, por supuesto, desacomplejadas. Pierden una oportunidad para que finalmente el Ejército español pueda ser homologado. No dudamos de que el Ejército español técnica y tecnológicamente pueda ser homologado al resto de ejércitos de las distintas democracias; pero no les hablo de esta homologación, sino de otra. Les hablo de la homologación histórica: la redención -permítanme este término casi teológico- de todas las barbaridades cometidas a lo largo del siglo XX por parte del Ejército español en nombre de una patria española al servicio siempre del nacionalismo español.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.

Señorías, voy a ser muy breve en relación con estas dos enmiendas que vuelven del Senado respecto al proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Viendo las enmiendas, la conclusión es evidente: podemos cerrar el Senado; podríamos cerrarlo hoy mismo. Llevamos treinta y cinco años esperando a que sea una auténtica Cámara de representación territorial y una vez más no lo hemos conseguido. Por tanto, un día más para constatar el bien que haríamos al país cerrando esta Cámara. Hemos vuelto a comprobar que


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no sirve para nada, que las verdaderas enmiendas que tenía que haber presentado el Senado a este proyecto de ley no se han presentado y, sin embargo, las que se han elaborado no aportan gran cosa.

Como he dicho en las numerosas intervenciones que he realizado sobre este asunto tanto en Pleno como en Comisión, este régimen disciplinario vuelve a cerrar la puerta que abrió la Ley de derechos y deberes, vuelve a negar a los militares derechos básicos y elementales, como el derecho a la libertad de expresión, que en tiempos de paz debería tener menos restricciones de las que tiene. Curiosamente, es una reforma del régimen disciplinario, un nuevo pacto del PP y del PSOE que ha conseguido soliviantar a todos los militares. Ellos lo han explicado, porque supongo que igual que han venido a contarnos todas las aberraciones que se cometen en esta reforma legal, se las habrán explicado a ustedes. No sé si no les han oído o no les han escuchado, pero una vez más volvemos a comprobar que no están dispuestos a combatir el desapego de los ciudadanos en relación con la política, porque cuando los ciudadanos -en este caso, ciudadanos de uniforme- expresan su discrepancia con un proyecto de ley que tanto les va a afectar en su trabajo, en su profesión cotidianamente como militares, y no se es capaz de atender ni siquiera una reivindicación tan evidente como la de que no se pueda privar de libertad a un militar por vía administrativa, cuando ni siquiera somos capaces de escuchar una reivindicación que figura en el Convenio europeo de derechos humanos, desde esta Cámara, con el voto del bipartidismo, lo que hacemos es multiplicar la desafección ciudadana. Señorías, con cada necesidad nueva que los ciudadanos expresan respecto a nuestro trabajo a la que no damos respuesta, sea de régimen disciplinario o sobre la transparencia sobre los viajes de los políticos, conseguimos alejarlos más de nosotros. Unión Progreso y Democracia con la transparencia va a tratar de que se acerquen los ciudadanos a nosotros. Hoy lo vamos a hacer votando en contra de estas enmiendas.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.

Por el Grupo de la La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sanz Remón.

El señor SANZ REMÓN: Gracias, señora vicepresidenta.

Señorías, esta ley que hoy vuelve del Senado no es la ley que necesitan nuestros militares, no es la ley que necesitan nuestras Fuerzas Armadas y no es la ley que necesita nuestra sociedad. Es la ley de un gobierno que está entregado a los estados mayores; unos estados mayores que están anclados en concepciones de la disciplina propias de otro tiempo, que dejan arrumbada la consideración del militar como persona, como ciudadano y que se retratan como incapaces de entender que estamos ante unas Fuerzas Armadas profesionales, integradas por profesionales. Hoy aprobarán ustedes, previsiblemente con el voto del bipartidismo, una ley que perpetúa el arresto, la privación de libertad como elemento básico y esencial para la salvaguarda de la disciplina y sin control judicial alguno. Hoy esta Cámara va a aprobar una ley que impide que la democracia entre en los cuarteles y decirlo y reiterarlo en esta tribuna esta semana es más importante, si cabe, después de escuchar el atronador silencio -silencio- del ministro de Defensa de nuestro Estado y del presidente del Gobierno ante las declaraciones del jefe del Estado Mayor, don Jaime Domínguez, que no parece verse concernido por el pleno respeto que debería tener al principio de neutralidad política en el ejercicio de sus funciones. Ante eso, el ministro y el Gobierno callan y por lo tanto otorgan, señorías. Decimos esto porque es precisamente esa cúpula militar la que mantiene y propicia que esta sea una norma propia de otros tiempos en los que los integrantes de las Fuerzas Armadas españolas no eran militares profesionales, sino soldados de reemplazo. Algunos parece que anhelan esa situación, algunos se resisten a dar pasos hacia delante para que los militares sean de una vez por todas considerados como cualquier otro ciudadano en lo que respecta a sus derechos de ciudadanía, a sus derechos personales. Y lo más lamentable, señorías del Grupo Popular, es que ustedes asumen y alimentan estas resistencias legislando ideológicamente en la materia en la dirección contraria en que deberían hacerlo; eso es lo más lamentable y eso es lo que vamos a perpetrar hoy. Señorías, un régimen disciplinario no surgido de un debate abierto, surgido sin la participación de los profesionales de las Fuerzas Armadas y surgido desde una percepción singular y anquilosada en otros tiempos por parte de una minoría, una cúpula minoritaria, no debería ser el que se aplicase en los próximos años en nuestro país. Se trata de un régimen disciplinario diseñado por quienes no han entendido que la disciplina, señorías, es un medio, no un fin; un régimen disciplinario diseñado por los que no han entendido que no se puede privar a un ciudadano de su libertad por acciones u omisiones sin relevancia suficiente para justificar tal agresión a la esfera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas o que tampoco puede hacerse sin garantía y sin intervención judicial. Esta nueva ley de régimen disciplinario parece


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atender más precisamente a esa imposibilidad real de la cúpula militar de avanzar, de modernizar las Fuerzas Armadas, de democratizar la vida en los cuarteles y de combinar deberes con derechos.

Señorías, el mantenimiento del arresto es inasumible tal cual se recoge en la ley, como lo es que se imponga precisamente por la autoridad militar al margen de la intervención de una autoridad judicial independiente, y que además todo ello se haga sin las más mínimas garantías reales de defensa. En este sentido, la falta de separación y el mantenimiento de la dependencia jerárquica de quienes instruyen, por un lado, los procesos disciplinarios y quienes lo resuelven, por otro, es un elemento más que ilustrativo de la carencia radical de garantías en un procedimiento que puede acabar y que de hecho siempre acaba en privación de libertad. Por ello nosotros les propusimos elementos que intentaban superar esta situación, les propusimos generar una unidad central disciplinaria que precisamente sirviese para resolver en órganos alejados a la instrucción, así como resolver lejos de los hechos instruidos y de los protagonistas de los mismos, pero ustedes nada de nada. Si a esta situación además se suma el hecho -a nuestro entender gravísimo- de una configuración de los tipos disciplinarios alejada totalmente de la taxatividad y certeza necesarias que pretenden adentrarse en la esfera privada, conductas incardinadas en la esfera personal de los militares, en sus ámbitos privados y de ciudadanía, comprenderán que el Grupo de La Izquierda Plural muestre aquí su rechazo más rotundo a la aprobación de esta ley.

Sabemos que esto nos lo van a negar los dos grupos mayoritarios de esta Cámara; sabemos que nos van a decir que esta ley es respetuosa con los derechos fundamentales de los militares y que los acuerdos alcanzados entre ambos grupos refuerzan las garantías de los procedimientos, así como que la posibilidad de formular un habeas corpus ante un arresto es equivalente a que la privación de libertad disciplinaria sea impuesta por una autoridad judicial independiente, pero nos mentirán. Saben ustedes que ese argumento es falaz y está absolutamente alejado de la realidad, es equivocado y nos quieren equivocar al resto. Saben perfectamente que ya existe el habeas corpus y que no es un procedimiento adecuado para el control del arresto porque es después del hecho y está limitado en los ámbitos del conocimiento y enjuiciamiento en los que se puede incidir. Señorías, para muestra un botón: el pasado día 18 un teniente de nuestras Fuerzas Armadas fue arrestado, y ayer -un día después- no admitieron a su abogado el habeas corpus. Todos sabemos que este argumento es falso y que esta propuesta no va a tener ningún efecto positivo. Por otra parte -queremos señalarlo también-, esta ley no da respuesta a una situación ciertamente delicada, como es la salvaguarda real y efectiva de los vocales de las asociaciones profesionales en el Consejo de personal de las Fuerzas Armadas y de los representantes en general de los trabajadores de las Fuerzas Armadas, que hacen vida -ustedes lo saben- y han de ejercer su actividad y su función en el interior de las unidades.

Señorías, ante todo esto hay que añadir una cosa más, que es la certeza por parte de este grupo de la falta de independencia de la jurisdicción militar. ¿Cómo puede ser independiente una jurisdicción que está servida por miembros de un único cuerpo que interactúan como fiscales, como jueces, como secretarios y como asesores jurídicos, en este caso, de los mandos militares y que, además, su carrera militar depende del Ministerio de Defensa? ¿Cómo puede ser? ¿Me pueden decir ustedes que esta justicia es independiente? ¿Me lo pueden decir? ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué miedo hay a que se integre plena y definitivamente en el Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué miedo hay a ello? ¿Qué miedo hay? ¿Qué miedo tienen? En definitiva, estamos ante una nueva ley de régimen disciplinario que descansa sobre una justicia sin garantías; una ley injusta, en la que el medio, que es la disciplina, se convierte en el fin, que debería ser la justicia, el respeto a los derechos fundamentales y el respeto a ese Estado de derecho que a ustedes tanto les gusta invocar cuando les de la gana.

Por último, su ley implica un hecho verdaderamente grave, a nuestro juicio, como lo es la reforma de la Ley Orgánica 9/1983, que regula el derecho de reunión. Parece que por fin se hace realidad esa vieja y, además, confesada aspiración del mando militar de este país de prohibir el derecho de manifestación y reunión de los militares y de los guardias y las guardias civiles de nuestro país. Señorías, este régimen disciplinario que hoy van a aprobar pretende que las asociaciones profesionales, los profesionales, los integrantes, los hombres y las mujeres que configuran las Fuerzas Armadas, no puedan defender sus derechos económicos, sociales y profesionales. Eso es lo que pretende esta ley. Les quiero recordar la sentencia del día 2 de octubre -creo recordar- del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos con respecto a Francia en este sentido, diciendo al Estado francés que era absolutamente ilegal la prohibición de sindicación en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Ustedes van remando contra corriente, contra los derechos fundamentales. Por lo tanto, les anunciamos un no rotundo por parte de La Izquierda Plural a esta ley que hoy se va a aprobar aquí; un no rotundo porque supone un inaceptable retroceso de los


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derechos fundamentales, impide la democratización de nuestras Fuerzas Armadas y -acabo ya-, quizá lo más grave, supone sin duda un aldabonazo a las posiciones más retrógradas y reaccionarias que todavía hoy existen en el seno de nuestra cúpula militar.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sanz Remón.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán en la recta final de la tramitación de una ley que, sin duda, a la vista de treinta y cinco años de vida democrática, supone un avance, pero también supone claramente un avance insuficiente. ¿Por qué digo que supone un avance? Supone un avance, porque en los años ochenta y a principio de los años noventa del siglo pasado en nuestro grupo parlamentario había un diputado, el señor Lluís Recoder, que se dedicaba a hacer preguntas parlamentarias y solicitudes de información para intentar saber, caso a caso, la situación de los derechos de los soldados en los cuarteles. Muchas veces la respuesta que obtenía por parte del Gobierno era la negación de la información y la negación de la transparencia, la opacidad absoluta con respecto al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Si comparamos nuestra vieja tradición de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, también de los militares democráticos, con el punto de partida de nuestra acción parlamentaria en los años ochenta y en los años noventa, evidentemente, esta ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas es un marco legal muy distinto a aquello que perseguíamos hace más de veinticinco años. Señorías, en este sentido hay un avance positivo, pero un avance insuficiente aún en este contexto democrático, en el cual, como muy bien han apuntado algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, aún los militares intentan jugar un rol claramente político en una democracia en la cual la política se discute en los parlamentos y no bajo el ruido, las palabras o los silencios de los militares.

Hoy, jueves 20 de noviembre de 2014, tercer año de la victoria democrática del Partido Popular por mayoría absoluta -hace muchos años también de la muerte de un dictador-, aún tenemos que recordar en esta tribuna del Congreso de los Diputados cómo el jefe del Estado Mayor pronunció hace dos días unas palabras respecto a la capital de la metrópolis, Madrid. Quizás la gran mayoría de nosotros, los diputados de Convergència i Unió, esta tarde, cuando volvamos a casa, de acuerdo con el criterio del capitán general Jaime Domínguez Buj, volveremos a las provincias o, mejor, a las colonias, porque para quien está en la metrópolis y desde ella dice que la metrópolis está debilitada por la posición de la periferia, la contraparte de la metrópolis es la colonia y no la provincia. Avance importante, señorías, pero un silencio absolutamente inaceptable por parte del ministro de Defensa y del Ministerio de Defensa, que no han tenido ningún tipo de reacción de acuerdo con la defensa de los principios democráticos ante estas declaraciones del jefe del Estado Mayor.

Señorías, esta ley viene del Senado con dos enmiendas perfectamente votables y asumibles por nuestra parte. El problema no son las enmiendas aprobadas por el Senado; el problema son las muchas enmiendas planteadas por distintos grupos, también el nuestro, y no aceptadas en el trámite del Congreso y del Senado. Del Senado nos vienen dos enmiendas, una sobre el régimen disciplinario del derecho de recurso del jefe militar de la Casa Real, ante quien se tiene que imponer este recurso, ante el ministro de Defensa. Ningún problema. La otra enmienda es sobre el derecho de defensa cuando se produce un acto de indisciplina en los buques y la capacidad de comunicarse por las nuevas tecnologías con un abogado para el derecho de defensa. Ningún problema para votar estas dos enmiendas.

Gran preocupación por la aceptación de cero enmiendas de los distintos grupos en la tramitación en el Senado y grave preocupación -cosa que evidentemente informará el sentido final de nuestro voto, que empezó siendo favorable en la tramitación del Congreso y terminará siendo negativo en la votación final, por tratarse de una ley orgánica que requiere de votación final- por la no aceptación de las enmiendas planteadas por mi grupo, especialmente una enmienda al artículo 8 creando un nuevo apartado 22, en el cual se consideraba falta muy grave interferir o no respetar las opiniones o funciones de los representantes democráticamente elegidos. ¿Qué sentido tiene esta enmienda defendida en el Congreso y en el Senado? Pues intentar que cuando los Jaime Domínguez Buj de turno de los últimos años expresen claramente opiniones contrarias respecto a los electos, como son el presidente de la Generalitat de Catalunya y otros electos de otras comunidades autónomas, ello represente también una sanción, porque ante la libertad de expresión de los militares, que nosotros defendemos como ciudadanos, hay otra libertad muy importante,


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que es la libertad de respeto al marco institucional. Señorías, ha sido nula la sensibilidad del grupo de la mayoría, de la mayoría absoluta, para plantear esta enmienda en el artículo 8; enmienda, por cierto, que provocó gran excitación entre círculos de derecha y extrema derecha, y el honor de que don Alfonso Ussía me dedicara un artículo en la contra de La Razón titulado A letrinas, en el cual me insultaba de una forma muy honorable y que seguramente supone un incremento de mi reputación en mi circunscripción electoral. Señorías, con este olor a letrinas del artículo del señor Ussía, con este ruido de sables de las declaraciones de algunos militares, desgraciadamente una buena ley de inicio, una ley que representa un avance respecto a lo que era la forma que nosotros teníamos de defender los derechos de los militares y el régimen disciplinario que se aplicaba en los cuarteles, se convierte en una ley insuficiente, una ley que tendrá nuestro voto afirmativo en las dos escuálidas enmiendas aceptadas del Grupo Popular y nuestro voto negativo en la votación final de conjunto como ley orgánica.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor López Garrido.

El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Señora presidenta, señorías, nuestro grupo va a votar favorablemente las dos enmiendas de carácter técnico que vienen del Senado a un proyecto de ley que ya fue objeto de debate en este plenario. Pero quisiera aprovechar la ocasión para plantear nuestra visión sobre el resultado de los debates que ha habido durante más de un año en esta Cámara sobre el proyecto de ley relativo al régimen disciplinario de los miembros de las Fuerzas Armadas, que es un proyecto de ley que culmina un proceso de modernización legislativa de las Fuerzas Armadas que empezó con la Ley de Defensa Nacional en el año 2005 y que es la otra parte de la Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que es un colectivo que, como es sabido, se rige por una unidad, por la jerarquía y por la disciplina. Algunas de las menciones que han hecho anteriores intervinientes esta mañana en la tribuna sobre casos criticables que se han producido en los aledaños de las Fuerzas Armadas o protagonizados por miembros de las Fuerzas Armadas ponen de relieve precisamente la importancia de la unidad, de la jerarquía y de la disciplina en el interior de las Fuerzas Armadas. Pero, claro, esto tiene que venir unido a la necesaria protección de los derechos de los integrantes de las Fuerzas Armadas, de los derechos constitucionales que naturalmente se aplican también a los militares.

El primer día que llegó aquí este proyecto de ley para su debate de totalidad el año pasado nuestro grupo parlamentario hizo hincapié sobre todo en dos asuntos. Primero, el relativo al arresto por falta leve. Hubiéramos querido su desaparición. De hecho, el proyecto de ley que envió el Gobierno socialista al final de la legislatura pasada -en cuya redacción, por cierto, se ha basado bastante este- ya venía sin esa posibilidad de arresto por falta leve. En el contexto de los acuerdos que ha habido en la Comisión de Defensa no se ha suprimido por completo el arresto por falta leve, pero ha habido avances significativos garantistas al respecto. Es un arresto que solamente se podrá imponer en los casos en que estén en cuestión las reglas esenciales de comportamiento de las Fuerzas Armadas, que están delimitadas en la Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. El juez tendrá una capacidad de intervención inmediata sobre esa resolución de arresto, que tendrá que ser motivada, lo que da una mayor posibilidad de intervención a la jurisprudencia, y por supuesto se menciona expresamente la capacidad del juez para intervenir mediante el procedimiento de habeas corpus, que suspende la ejecutividad de la sanción de arresto por falta leve. Por tanto no es un control judicial solo diferido, que por supuesto que lo hay, es un control judicial inmediato porque la ley dice en su redacción actual que la ejecutividad es sin perjuicio de la intervención del juez en el procedimiento de habeas corpus. Es así, es lo que dice, es cuestión de leerse el proyecto de ley, que dice exactamente eso, la suspensión de esa ejecutividad. Me parece que es un paso importante que permite decir que hay una intervención judicial en los procedimientos de arresto en el seno de las Fuerzas Armadas. Esa existencia de un arresto sin intervención judicial es lo que obligó desde el comienzo de la democracia española a que hubiera una reserva hecha por el Estado español sobre los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: las garantías procesales. Una reserva que no podía ser levantada porque no había una intervención judicial en un determinado arresto, que es el arresto por falta leve. Así hemos vivido durante toda la época de la democracia. Y otros países, no muchos, de la Unión Europea también tienen establecida esa reserva.

Uno de los objetivos de nuestro grupo era permitir que a partir de ahora esa reserva pudiera ser levantada y que por lo tanto los militares españoles puedan llegar en cuestiones de régimen disciplinario hasta el Tribunal de Estrasburgo en un recurso, cosa que ahora no pueden hacer porque hay una reserva


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a los artículos 5 y 6 y por tanto los militares españoles no tienen los derechos que tienen otros militares europeos de poder llegar hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo cuando se trate de una cuestión de régimen disciplinario. Nosotros entendemos que a partir de la desaparición -que se produjo en este procedimiento parlamentario de este proyecto de ley- del artículo en el que se decía que el Gobierno enviará al Consejo de Europa una notificación de que tiene que mantenerse esa reserva, ese artículo se ha suprimido y se ha abierto el camino -lo hemos dicho y está en el "Diario de Sesiones"- para que los militares españoles puedan llegar a Estrasburgo, cosa que ahora no pueden hacer y están discriminados en ese sentido respecto de otros militares europeos. Por eso nuestro grupo está preparando una iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno a que retire esa reserva a los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, reserva que ahora mismo existe y que impide -repito y reitero- a los militares españoles, a diferencia de otros militares europeos, llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo para defender sus derechos. Nos parece que es un avance importante y una de las razones por las cuales nosotros hemos apoyado, hemos debatido, hemos intentado consensuar con el grupo mayoritario de esta Cámara este proyecto de ley este y otros aspectos de garantías del procedimiento que convienen ser resaltados y destacados, como el hecho de que ahora, cuando se inicia un procedimiento sancionador, haya un periodo obligatorio de dos días desde que se inicia y se comunica al sancionado hasta que se le toma declaración, algo que podía hacerse ahora en cinco minutos. Eso también es una garantía significativa.

Estos y otros avances que se han producido respecto del proyecto de ley que vino aquí nos han hecho tener una posición favorable al mismo. Ya la tuvimos; hoy, como se ha dicho acertadamente, solamente vamos a votar dos enmiendas del Senado, pero es una ocasión para destacar la importancia de los avances que se producen en este proyecto de ley que culmina este proceso de modernización de las Fuerzas Armadas -legislativamente hablando- que viene realizándose en España desde el año 2005 a través de una serie sucesiva de leyes, casi todas ellas aprobadas con un consenso altísimo en el Parlamento español: Ley de la Defensa Nacional, Ley de Tropa y Marinería, Reales Ordenanzas, Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y Ley de régimen disciplinario de los miembros de las Fuerzas Armadas. Por esa razón nuestro grupo votó favorablemente, contribuyó a que se produjeran estos avances y, como he dicho antes, próximamente presentará una iniciativa para que a resultas de esta ley, que estará vigente en unos días, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado, podamos instar al Gobierno a que retire una reserva al Convenio Europeo de Derechos Humanos que hace mucho tiempo que debería no existir y que permitirá a los militares españoles tener los mismos derechos que los demás militares europeos.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor López Garrido.

Por el Grupo Popular, señor Candón.

El señor CANDÓN ADÁN: Gracias, señora presidenta.

Señorías, llegamos al trámite final del proyecto de ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, una norma de gran importancia tanto desde el punto de vista del objetivo que se persigue como del ámbito en el que se aplica. Respecto al primer punto, su finalidad es garantizar la observancia de las reglas de comportamiento de nuestros militares, especialmente la disciplina, unidad y jerarquía, que constituyen la base y el pilar de la organización y funcionamiento nacional y, por lo tanto, de la defensa nacional, regulando la clasificación y escalas de los distintos tipos sancionables, las penas y las garantías.

Respecto al segundo, esta ley afecta ni más ni menos que a aspectos de la potestad disciplinaria de las Fuerzas Armadas, residentes en el título I, capítulo segundo, sección 1.ª, De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, artículo 25 de la Constitución española, que reconoce la singularidad del régimen disciplinario aplicable. El militar es un ciudadano, debemos recordarlo, que ha prestado voluntariamente su consentimiento a aceptar unas normas que conforman su condición como miembro de las Fuerzas Armadas, que tienen unas funciones sociales que la propia sociedad le asigna para preservar su seguridad. El ámbito de aplicación afectado por esta ley es ni más ni menos que la defensa nacional, uno de los pilares en los que se asienta nuestra nación. La razón última es la adaptación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre derechos y garantías fundamentales en el ejercicio de la potestad disciplinaria en el ámbito militar, a la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, a la presencia de la mujer, a la organización y a sus misiones en el exterior. Señorías, en mi opinión hemos


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conseguido el objetivo indicado en esta ley: la observancia de la disciplina, no solo sin afectar a los derechos fundamentales de nuestros militares sino que yo diría más bien que suponiendo un notable progreso en lo referente a la defensa de los derechos de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Esta ley es una evolución de la Ley orgánica 8/1998, del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, acorde con la sociedad española y conforme a la transformación del marco operativo en que actúan los miembros de nuestras Fuerzas Armadas.

El Partido Popular incluyó dos enmiendas en el paso de esta ley por el Senado, la enmienda 184 y la enmienda 185. Con la primera enmienda, como bien apuntaba el portavoz de CiU, se amplían las garantías procesales para los militares destinados en los buques de guerra. Así, la nueva redacción establece que durante la navegación de los buques de guerra o en otras circunstancias excepcionales en las que no resulte posible la presencia de abogado se garantiza en todo momento al presunto infractor el asesoramiento y asistencia de un militar de su confianza, de su unidad o del buque. Asimismo, esta enmienda determina que al infractor se le facilitará la posibilidad de contactar por vía telefónica o por vía telemática con un abogado de su elección que le asesore siempre que las circunstancias lo permitan. La segunda enmienda establece que el recurso ante una sanción se deberá dirigir a la autoridad o mando superior que impuso la sanción. No obstante, cuando la sanción sea decidida por el jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey el recurso se interpondrá ante el Ministerio de Defensa. Creemos que estos cambios mejoran el texto y aumentan las garantías de defensa de los derechos de nuestros militares.

En la elaboración de esta ley se ha permitido la participación de todos los actores implicados: mandos, Gobierno, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado, Fiscalía General del Estado y, tal como establece el artículo 40 de la Ley Orgánica 9/2011, el anteproyecto también fue remitido a las asociaciones, que emitieron un informe sobre el mismo y que formaron parte del proceso de elaboración. Del mismo modo, el consejo de personal y todo representante miembro del mismo, conocido y debatido el proyecto, fijaron su posición, recogiéndose en el acta elaborada al efecto. Como se ha comentado, esta ley afecta a uno de los pilares fundamentales del Estado, la defensa nacional. El Partido Popular cree que la defensa nacional es una cuestión de Estado, y como cuestión de Estado que es hemos creído oportuno no escatimar en esfuerzos para obtener una ley consensuada. Decía hace un momento el portavoz del Grupo Socialista, señor López Garrido, que la negociación de esta ley ha sido realizada a lo largo de bastante tiempo y de forma constructiva. Hay que reconocer el interés y el esfuerzo del Partido Socialista en la búsqueda de ese consenso.

Por último, y termino, señora presidenta, permítanme que en mi intervención exprese algunos agradecimientos. En primer lugar y de forma muy especial a mis compañeros don Vicente Ferrer, doña Carmen Navarro, don Pedro Gómez de la Serna y al senador del Partido Popular don Miguel Campoy por el extraordinario trabajo realizado en la tramitación de esta ley. En segundo lugar a los ponentes y portavoces del Grupo Parlamentario Socialista y del resto de los grupos, que han colaborado activamente con sus propuestas. Esta cuestión debe ser una cuestión de Estado, aprobada con el máximo consenso que propicie a nuestras Fuerzas Armadas la estabilidad que ellos necesitan. Y en tercer lugar, y no quiero dejar pasar la ocasión, quiero agradecer al ministro de Defensa, don Pedro Morenés, y a su equipo ministerial el diálogo permanente y la disposición a la colaboración mostrada durante el trámite de esta ley orgánica. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Candón.

- PROYECTO DE LEY DE TRATADOS Y OTROS ACUERDOS INTERNACIONALES. (Número de expediente 121/000072).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de tratados y otros acuerdos internacionales.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Lozano. (Denegación). No desea intervenir.

Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidenta.

En primer lugar, hoy, 20 de noviembre, es bueno recordar que las víctimas del franquismo siguen exigiendo verdad, justicia y reparación.


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Sobre este proyecto de ley hay que decir, en primer lugar, que nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad. Posteriormente presentamos enmiendas parciales, un tercio de las cuales fueron admitidas en su tramitación en el Congreso, y las enmiendas que se han incorporado al proyecto por parte del Senado no suponen prácticamente nada, son mejoras técnicas, aunque también es verdad que el aspecto técnico era una de las deficiencias más importantes del proyecto de ley. Por tanto, no está de más mejorarlo desde ese punto de vista. Pero hay cinco aspectos que impiden que nuestro grupo parlamentario pueda votar favorablemente esta propuesta en general, aunque hoy votaremos las enmiendas concretas que se incorporan a través del Senado. Primer aspecto que hay que recordar. No se han mantenido de forma escrupulosa los convenios suscritos por España sobre estas materias; concretamente estamos hablando de los convenios de Viena de 1969 y de 1986. En segundo lugar, recordemos que el informe del Consejo de Estado ya nos advirtió del uso generalizado que realiza esta ley de la denominación "acuerdos no normativos" para manifestaciones de muy diversa naturaleza que complican la tramitación y, por tanto, ponen trabas burocráticas que antes no existían y, por otro lado, el proyecto desconoce otros aspectos como, por ejemplo, los acuerdos de ejecución o los convenios marco, que no son regulados en este proyecto de ley. En tercer lugar, no coincidimos con la interpretación laxa, por decirlo de alguna manera, que desarrolla el proyecto respecto a la aplicación provisional de los tratados. Ya lo dijimos en su trámite parlamentario; los tratados son temas de gran importancia política. En esta legislatura esta Cámara está haciendo un mayor esfuerzo para el debate y consideración de los tratados que se discuten, pero los tratados pueden afectar incluso a derechos y libertades fundamentales presentes en nuestro texto constitucional y, por tanto, no podemos aplicar provisionalmente según qué tratados. En cuarto lugar, este proyecto de ley sigue desconfiando de la acción exterior de las comunidades autónomas, sigue desconfiando del papel de estas Cortes Generales, del Congreso y del Senado, y esa desconfianza está también presente en el proyecto de ley. Y, en último lugar, en este proyecto está mal resuelto el encaje representativo del jefe del Estado, el encaje representativo del rey como figura negociante y firmante de tratados internacionales en nombre de nuestro país, en nombre de España.

Estos cinco aspectos impiden el voto positivo, y aunque sí es cierto, repito, que las enmiendas del Senado, igual que las enmiendas de nuestro grupo parlamentario que fueron aceptadas, han mejorado algunos aspectos técnicos del proyecto de ley, aspectos esenciales como los que he nombrado impiden que esta sea la ley adecuada que merece en este momento el tema de los tratados internacionales.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.

Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, estamos discutiendo las enmiendas del Senado a una ley que no es ley orgánica, con lo cual no tendrá votación final y simplemente podremos votar sí o no a esas enmiendas que vienen del Senado. Les anuncio nuestro voto favorable a las mismas, ya que son enmiendas de mejora técnica que dan continuidad a un buen trabajo legislativo realizado en el Congreso. Esta es la segunda gran ley en materia de asuntos exteriores que se tramita en esta legislatura y demuestra que se puede dialogar bien con los grupos, porque la tramitación de la Ley del Servicio Exterior fue ligeramente más magmática a la hora de la redacción final y de llegar a acuerdos, se incorporaron enmiendas de todos los grupos, también del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, en el trámite del Congreso.

En estos treinta y cinco años de vida democrática y de desarrollo legislativo en el Estado español, señorías, les quiero recordar que esta es una ley absolutamente necesaria porque da cumplimiento a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del 23 de mayo de 1969. ¿Qué ha hecho España desde el Convenio de Viena de 1969? Adoptar definitivamente el Convenio de Viena en 1986, firmarlo e incorporarlo a la legislación interna en el año 1990 -en el año 1986, con la firma y en el año 1990, con la ratificación- sin tener en consideración el marco institucional, que también compete a las comunidades autónomas en materia de relaciones internacionales como muy bien tiene fijado y definido el Tribunal Constitucional. Con lo cual, señorías, el debate sobre esta ley es un debate doble, es un debate sobre las mejoras que hemos incorporado en el trámite del Congreso, y agradecemos el trabajo constructivo que se realizó en aquel momento, y en el Senado. Pero hay un debate más de fondo, hay un debate sobre la confianza o la desconfianza, sobre la confianza o la extrema desconfianza entre el ámbito de competencias del Estado y el de las comunidades autónomas en materia de relaciones internacionales. De acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional suscitada por parte del Gobierno vasco, es claro que, en el ámbito


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de las competencias propias de las comunidades autónomas, estas pueden impulsar acuerdos no normativos, instrumentos no normativos con entes internacionales y con entes subestatales. ¿Cuál es la cláusula de regresión autonómica que fija esa ley? La obligación de informar al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación -últimamente conocido como Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y asuntos para Cataluña, pero no sería lo propio de este ministerio ni de este ministro- sobre aquellos acuerdos no normativos de las comunidades autónomas hechos en el ejercicio de sus competencias y a la luz de sus capacidades, reconocidas por el Tribunal Constitucional; ahora, en otro paso de recentralización, tienen que informar a dicho ministerio. ¿Para una mejor coordinación técnica, como se ha dicho por parte de algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra? De entrada, para ralentizar extraordinariamente la adopción de estos acuerdos. Estamos habando de acuerdos de carácter extremadamente técnico, de cooperación, y la Europa del presente y la Europa del futuro, que queremos más unida, es una Europa de la integración, una Europa que algunos queremos federal -aunque es muy difícil que sea federal-, pero también es una Europa muy práctica en el día a día en el ámbito de las llamadas eurorregiones. Sin ir más lejos, Cataluña en estos momentos tiene un marco de operatividad muy grande en la eurorregión que integra comunidades autónomas de España pero también regiones y departamentos franceses y que desde los años ochenta del siglo pasado hasta ahora ha operado normalmente en las relaciones internacionales y la adopción de acuerdos no normativos con estas regiones de la otra parte de los Pirineos. Señorías, de acuerdo con la ley que hoy vemos y votamos por última vez, y en nombre de la coordinación y de la presunción de no buena fe de las comunidades autónomas, a partir de ahora esos acuerdos deberán ser informados, con lo que se va a ralentizar nuestra actividad y el buen servicio a los ciudadanos, al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, basándose, insisto, no en un principio de lealtad entre las instituciones sino en un principio de desconfianza entre las mismas, lo que va en detrimento del buen funcionamiento de un montón de servicios prácticos que se operan entre las partes. Para serles muy ilustrativo, en Puigcerdá, en la Cerdanya, está el primer hospital transfronterizo entre España y Francia. Para la construcción de este hospital se tuvo que adoptar -me acuerdo perfectamente y participé en la ratificación de aquel tratado- un tratado internacional entre España y Francia, era lo propio en aquel momento. Pero a partir de aquí, señorías, la cooperación administrativa que se pueda establecer entre las autoridades francesas y españolas -que quiere decir básicamente entre la Generalitat de Catalunya y las autoridades de la Cerdanya norte, una comarca del norte de los Pirineos-, estos acuerdos administrativos no normativos, tendrán que ser previamente informados al Ministerio de Asuntos Exteriores. Señorías, esto no es la revolución, esto es el intento de que las cosas funcionen de una forma razonable y en tiempo, y esto es una expresión clara de desconfianza hacia el buen servicio que pueden prestar las instituciones, las comunidades autónomas también en sus relaciones internacionales. Todo lo que he dicho para las comunidades autónomas vale también para los ayuntamientos, pero no me quiero repetir, den por sostenidos los mismos argumentos para los ayuntamientos.

Vamos a votar afirmativamente las enmiendas del Senado, pero queremos que quede recogido en el "Diario de Sesiones", porque no se puede hacer a través de un voto final, nuestra decepción por que esta actualización del Convenio de Viena del año 1969, convenio que España adoptó en 1986, que se actualizó en 1990 y que se volverá a actualizar en 2014, no contemple en positivo el papel de las comunidades autónomas sino que lo contemple con reserva y con desconfianza.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo del PNV, tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Agradezco a la señora presidenta y al resto de portavoces que me permitan hablar en este momento de la discusión, pero creo que se trata de una ley importante de la que sinceramente esperábamos más. Creíamos en un principio que era sencillo llegar a un acuerdo en la discusión en el Congreso o, en última instancia, al menos en el Senado y, sin embargo, a todos aquellos principios que creíamos bien asentados a través de la jurisprudencia constitucional se les ha dado la vuelta no ya en la Ley de Acción Exterior, sino también en esta ley de tratados. El Tribunal Constitucional ha dejado muy claro en sus interpretaciones del texto constitucional que deben quedar al margen de la competencia estatal las relaciones exteriores entre sujetos subestatales, así como las no reguladas por el derecho internacional. Obviamente el Estado podrá establecer medidas que regulen, que coordinen las actividades con proyección externa, pero estas medidas, esta coordinación únicamente tiene que estar


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enfocada a evitar perjuicios sobre la política exterior, que sí corresponde en su integridad al Estado, pero únicamente con respecto a esos principios de política exterior, para esto nada más. ¿Qué ha ocurrido en la tramitación de esta ley? Que nos hemos encontrado con la imposibilidad de modificar asuntos que hasta ahora habían sido pacíficos con relación a la actividad de las comunidades autónomas en materia exterior, tanto en el desarrollo de los tratados internacionales, los llamados acuerdos internacionales administrativos, como cuando se trata de relaciones entre sujetos que no son de derecho internacional, los acuerdos internacionales no normativos.

Para empezar quisiera decir que en principio ningún tratado puede afectar a las atribuciones o competencias de una comunidad autónoma, porque esas competencias deben ser modificadas a través de los mecanismos establecidos en el propio estatuto de autonomía correspondiente, salvo lo previsto evidentemente en el artículo 93 de la Constitución. Ello debería llevarnos a una lógica, y es que cuando las competencias de las comunidades autónomas estuvieran afectadas debiera haber una presencia en la delegación española que discuta ese tratado internacional de dichas comunidades autónomas, porque al final es su propio marco competencial el que está en juego. Nos dirán que el Estado va a velar por que esas competencias estén salvaguardadas, pero no sería el primer caso en el que eso no se cumple. Alemania es un caso evidente en el que los Länder están representados junto con los representantes federales en la comisión delegada por Alemania para discutir dichos tratados. ¿Por qué no se puede hacer así si este es un Estado teóricamente de las autonomías con competencias no en política exterior pero sí en acción exterior por parte de las comunidades autónomas? Y ya después vamos a lo más concreto y que realmente podamos decir que hay una modificación, que hay un antes y un después de esta ley de tratados: los acuerdos internacionales administrativos, aquello que se suele denominar por la doctrina como acuerdos de ejecución de tratados internacionales, en los que el marco queda establecido por ese tratado internacional y dentro del mismo las comunidades autónomas pueden actuar.

La competencia estatal de coordinación no debería ir más allá de requerir información -no nos parece mal- sobre su celebración a las comunidades autónomas y, en su caso -y visto esto-, advertir sobre posibles perjuicios que podrían suceder en materia de política exterior; insisto, de política exterior, no de acción exterior, que es diferente. Lo que no se puede hacer, y se hace por primera vez, es establecer un filtro que vaya a calificar esas iniciativas y que además sea necesario el plácet del Estado para su celebración o su denegación. No es aceptable. No había habido ningún problema grave con este tipo de acuerdos de ejecución de tratados internacionales. Quizá se podría citar algún caso, pero no ha tenido una trascendencia fundamental ni ha perjudicado en absoluto a la política exterior del Estado.

¿Por qué ahora se quiere fiscalizar? ¿Por qué ahora se quiere retirar, a través de una vía que no es la correcta, la capacidad de acción exterior de las comunidades autónomas y su capacidad para concluir acuerdos de ejecución de tratados internacionales? Si esto es grave, nos parece aún más grave en cuanto a los acuerdos internacionales no normativos, los que también se suelen denominar memorandos, porque la naturaleza de los firmantes, como he dicho antes, no es de sujetos de derecho internacional. Sus relaciones en este ámbito no pueden ser englobadas dentro de la materia de relaciones internacionales stricto sensu -por lo tanto, como ha señalado el señor Xuclà anteriormente, no se pueden fiscalizar, por principio y por derecho-, pero en la práctica lo único que va a suceder es que se va a perjudicar, por ejemplo, todo lo que se estaba haciendo hasta ahora en materia de relaciones transfronterizas, un ámbito que la Unión Europea quiere impulsar y que ahora queda más burocratizado y mediatizado con la regulación que se hace en esta ley de tratados. La regulación misma de estos memorandos en la ley entendemos que está fuera de lugar y, desde luego, aún más su fiscalización. Por lo tanto, desgraciadamente eran dos puntos muy concretos que no habían sido conflictivos y que podían haber sido acordados perfectamente, pero no ha habido voluntad. Estaba claro cuál era la intención desde un principio por parte del Gobierno.

Tengo que decir que sí me doy por satisfecho en cuanto a una reivindicación que hizo mi grupo, que es contemplar el ámbito foral en las relaciones internacionales y que en las delegaciones del Estado haya representantes de las comunidades forales -la Comunidad Autónoma vasca o la Comunidad Foral de Navarra- afectadas porque la materia que se va a tratar corresponde precisamente al ámbito resguardado por la disposición adicional primera de la Constitución. Les voy a ser sincero, vamos a ver cómo se desarrolla esto y si hay voluntad por parte del Estado. Ocasiones tendremos. Desde luego, nosotros levantaremos el dedo y reclamaremos esa presencia. Vamos a ver si efectivamente se cumple la ley.

Es imposible mostrar un voto genérico hacia la ley porque lo que votamos hoy son las enmiendas del Senado y verdaderamente estas son modificaciones sin mucha importancia, que quizá mejoran la


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redacción o afinan un poquito más, pero no suponen ningún cambio sustancial respecto a lo que salió del Congreso. Contra ellas no tenemos nada porque -como digo- son modificaciones de redacción, pero, como nos gustaría mostrar nuestro posicionamiento genérico ante la ley, nuestro voto será negativo a estas enmiendas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.

Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. Señor Sáez Jubero.

El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista fijo posición en cuanto a las enmiendas que nos presenta el Senado al proyecto de ley de tratados y otros acuerdos internacionales. Nuestro voto va a ser positivo, toda vez que las enmiendas que hoy recibimos son correcciones técnicas que aclaran o mejoran el texto aprobado en el trámite parlamentario del Congreso, pero hemos de lamentar la no aceptación en el Senado -como también sucedió en el Congreso- de las enmiendas más sustantivas presentadas por nuestro grupo parlamentario y que, a nuestro criterio, corregirían algunos de los defectos estructurales de este proyecto de ley. Por todo ello, nuestra valoración del proyecto de ley de tratados internacionales no puede ser en términos generales nada positiva. Así lo manifestamos en el trámite del Congreso, hemos sido siempre críticos con esta ley. Señor Nuet, veo que ha cambiado su posición, porque en el trámite en el Congreso estuvo más de acuerdo, pero, en definitiva, no nos parece que esta ley cumpla con los objetivos que se le suponen.

La ley de tratados internacionales responde en parte a la necesidad de dotarse de un instrumento legislativo, de una norma específica que regule los tratados de forma sistemática y actualizada. Con su aprobación, ciertamente, el Gobierno consigue su objetivo de dotarse de un cuerpo legislativo que actualiza una normativa que era preconstitucional y que adapta el marco legislativo español al derecho internacional contemporáneo. Sin embargo, pierde la oportunidad de establecer una norma moderna, flexible y que responda a la necesidad de ordenar la actividad del Estado en el proceso de elaboración y celebración de los acuerdos internacionales, pero respetando el reparto de competencias y la actuación de los órganos constitucionales. El proyecto de ley de tratados internacionales y la Ley de acción y del servicio exterior del Estado van a conseguir su aprobación esta legislatura con el impulso de un Gobierno con mayoría parlamentaria absoluta. Justo es reconocer la intención que lo motiva, ya que los intentos que se produjeron en anteriores legislaturas resultaron fallidos, pero si anteriormente no fueron posibles, fue esencialmente por no alcanzar los consensos necesarios, e igualmente en esta ocasión no ha alcanzado el consenso deseable.

El Gobierno, con mayoría absoluta, ha impuesto una nueva legislación en materia de acción exterior y tratados internacionales. Su aprobación no ha contado con el concurso de la mayoría de grupos de la Cámara y singularmente tampoco con el del Grupo Socialista, principal grupo de la oposición. Nos reconocemos en ambas leyes con algunas de nuestras aportaciones, pero insuficientes para dar un auténtico aval a unas leyes de consenso. Pese al reiterado mantra de la necesidad de consenso en política exterior como política de Estado -así lo dice el ministro en muchas ocasiones-, la realidad es que no ha existido ni en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de tratados internacionales ni tampoco en la Ley de acción y del servicio exterior del Estado voluntad política para alcanzarlo en temas que para nosotros son medulares. Observamos cierto utilitarismo al apelar a los consensos en política exterior en la presente legislatura y creemos que en realidad esconden la ausencia de una política exterior definida del Gobierno. El próximo mes se va a debatir en la Comisión de Asuntos Exteriores la estrategia de acción exterior del Gobierno. No deja de ser un reconocimiento explícito de que no han existido prioridades ni política exterior definida de este Gobierno, al menos hasta la fecha. Las ausencias en política exterior y la desaparición de muchos de los escenarios de política internacional no se corresponden en nada a la ambición que debería tener España. Nuestro reciente nombramiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas obligará al Gobierno a rectificar y a estar más presentes en los escenarios de conflicto y a tener una política exterior más definida.

En ambas leyes el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado como sustrato político dos principios, el primero, una mayor democratización de la política exterior y el segundo, una eficiente coordinación de los actores que intervienen en la política exterior. En ambas leyes el resultado no responde a ninguno de estos objetivos. En el objetivo de la democratización de nuestra política exterior el avance ha sido mínimo. Podemos reconocer, pese a ello, algunos pasos positivos que van a darse en esta legislatura. El próximo


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debate en la Comisión de Asuntos Exteriores de la estrategia de acción exterior y las comparecencias en Comisión de los embajadores nombrados por el Gobierno gracias a enmiendas introducidas por el Grupo Parlamentario Socialista en la Ley de acción y del servicio exterior son algunos ejemplos, pero insuficientes. Este era el camino para introducir en la política exterior el control y la participación del Parlamento, el cambio necesario que precisaba la política exterior adaptada a nuestros tiempos: pasar de una política exterior estrictamente gubernamental a una política exterior participada, que contara con el consenso, con el estímulo y la participación de los grupos parlamentarios. Este sería el modelo de una auténtica política exterior de Estado, que este Gobierno creemos que no comparte.

En la ley de tratados que hoy aprobamos definitivamente se ha perdido una extraordinaria oportunidad para fortalecer el control sobre la política exterior por parte de este Parlamento. No existe en esta ley un equilibrio entre las competencias del Gobierno y la necesaria intervención de las Cortes. Buena parte de nuestras enmiendas iban precisamente en la dirección de corregir estos desequilibrios. Con ellas pretendíamos poner límites a las aplicaciones provisionales de los tratados, facilitando la intervención del Parlamento en la terminación, denuncia o suspensión de un tratado. Con la aprobación de esta ley, el Consejo de Ministros necesita una aprobación de las Cortes Generales para denunciar un tratado; sin embargo, no la precisa para suspenderlo. Con ello, la suspensión de un tratado internacional no exigirá ningún control del Parlamento. Tampoco habrá control parlamentario en relación con la aplicación provisional de un tratado internacional, excepto en los supuestos que prevé el artículo 93 de la Constitución española. Ello nos parece erróneo, toda vez que sería posible la aplicación provisional de un tratado internacional que pudiera afectar a derechos y deberes fundamentales del título I de la Constitución española o a la integridad territorial del Estado -por poner ejemplos- sin necesidad de ningún control parlamentario. Con ello se hace evidente esta característica común de nuestra política exterior, que nosotros denunciamos excesivamente gubernamental y con ausencia de un verdadero control democrático a través del Parlamento.

La ley de tratados tampoco cumple con este segundo objetivo que les decía de eficiente coordinación de los actores de la política exterior. Lo mismo sucedió en la Ley de acción y del servicio exterior del Estado. Creemos que ambas leyes, bajo la intención de coordinar, pretenden en muchas ocasiones imponer y sujetar a otros actores de la acción exterior. Ello sucede porque no ha existido una corrección suficiente de la enorme desconfianza institucional que existía en ambos proyectos de ley en relación con el papel de las comunidades autónomas como actores de la política exterior. Si en la Ley de acción y del servicio exterior del Estado finalmente se pudo subsanar ese control exhaustivo que se pretendía -como ejemplo notorio del clima de desconfianza en relación con las comunidades autónomas- de todos los viajes de autoridades y altos funcionarios de las comunidades autónomas a otros países o incluso pudo frenarse la voluntad de crear un registro de estos viajes, en la ley de tratados internacionales se observa este mecanismo de control y desconfianza institucional con la regulación de los acuerdos internacionales no normativos; acuerdos, declaraciones de intenciones no regidas por el derecho internacional ni por el derecho interno.

Hasta la entrada en vigor de esta ley, las comunidades autónomas, entidades locales, universidades públicas y otros sujetos de derecho público celebraban sin necesidad de ninguna tutela del Gobierno este tipo de acuerdos. Ahora están sujetos a un trámite interno para conocimiento, control y registro del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ya hemos expresado que no era necesario incluirlos en la ley, ya que son acuerdos que no constituyen fuente de obligaciones internacionales. A nuestro juicio, es evidente que su inclusión en la ley no obedece al objetivo de ordenación de la actividad del Estado en el proceso de celebración y aplicación de los acuerdos internacionales, sino que cumple un objetivo de control e imposición a otros actores de la política exterior, singularmente a las comunidades autónomas que en ejercicio de sus competencias vienen realizando este tipo de acuerdos. Nosotros planteamos la supresión del título IV de la ley, que hubiera evitado que subyazca este objetivo último de control, de imposición, más que de coordinación y eficacia. Por el contrario, en nuestra opinión la ley pierde una muy buena oportunidad de regular de manera conveniente la participación en las comunidades autónomas y entidades locales en el proceso de celebración de los tratados internacionales. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Finalizo, señorías. Vamos a votar favorablemente estas enmiendas del Senado a la ley de tratados internacionales expresando nuestra disconformidad con la tramitación parlamentaria y el texto final de la ley. Deseamos que en este último tramo de legislatura se vislumbre una verdadera intención de consenso en la política exterior española. La votación este martes de una proposición no de ley del Grupo


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Parlamentario Socialista, presentada por nuestra portavoz, doña Trinidad Jiménez, sobre el reconocimiento del Estado palestino, aprobada por todos los grupos de la Cámara, nos muestra el camino. Próximamente debatiremos en la Comisión de Asuntos Exteriores la estrategia de acción exterior. En lo que se refiere a una política exterior del Estado, señorías, esperamos pasar de las musas al teatro.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez Jubero.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Miguélez.

La señora MIGUÉLEZ PARIENTE: Gracias, señor presidente.

Señorías, quisiera comenzar enmarcando la ley y el contexto en que nos encontramos con la aprobación de la ley de tratados internacionales. Hasta ahora España no contaba con leyes adecuadas para afrontar los retos derivados de la internacionalización conforme a las exigencias del derecho internacional contemporáneo, y por eso esta ley de tratados y otros acuerdos internacionales es la segunda iniciativa legislativa que parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En su día, el ministro se comprometió a traer, después de cuatro intentos fallidos, una ley de acción y del servicio exterior, que ya se ha aprobado y está en vigor, y una ley de tratados internacionales que superara la legislación obsoleta del año 1972, en parte además ya inconstitucional desde el año 1978 y desde luego más que superada por el nuevo escenario internacional.

El Gobierno está convencido de que la eficacia de la política exterior de España depende en buena medida de la existencia de instrumentos jurídicos apropiados que permitan adecuar precisamente la acción exterior del Estado a una relación internacional cambiante. En este contexto, esta ley constituye una pieza básica para articular nuestras relaciones con otros Estados y con otros organismos internacionales. Por fin vamos a contar ya, por lo tanto, con los instrumentos normativos que nuestro ordenamiento jurídico necesita para estar presentes en el concierto internacional de la manera que el Gobierno pretende, es decir, con seriedad, responsabilidad y orden. Desde que este proyecto de ley entró en las Cortes Generales en octubre de 2013, hace poco más de un año, ha recorrido un camino que nos sitúa actualmente en el momento en el que vuelven desde el Senado las enmiendas presentadas, donde se ha puesto de relieve una vez más la voluntad del Gobierno de llegar a un acuerdo con los grupos políticos en esta materia.

En la tramitación de la ley no se puede decir que no haya habido diálogo, que no se hayan estudiado con detenimiento cada una de las enmiendas que han presentado los grupos políticos. En ambas Cámaras han sido en total casi trescientas enmiendas. En el Congreso se han aprobado sesenta de las ciento sesenta y tres presentadas, y en el Senado veinticinco de las ciento cincuenta presentadas, lo cual, hace un total de ochenta aceptadas entre las dos Cámaras, que, sin duda -ya se ha dicho aquí- han mejorado el texto, y, por lo tanto, la voluntad por parte del Gobierno de sumar ha sido toda.

Hemos rechazado otras enmiendas que, en su mayoría, en el Senado han sido prácticamente iguales que las presentadas en el Congreso por los distintos grupos, siendo su contenido prácticamente igual. Las podríamos englobar en tres grupos principales. No hemos podido aceptar aquellas que iban en contra del espíritu de la ley. Tampoco aquellas que insistían en que quedaran fuera del marco jurídico de la misma los acuerdos internacionales administrativos y los denominados no normativos, porque precisamente la intención del Gobierno es esa, regular de manera novedosa una práctica internacional que está asentada en nuestro país -nuestro país ha sido activo partícipe de la utilización de estos dos tipos de acuerdos-, a pesar de que no existiera una regulación legal que lo reconociese expresamente. Por tanto, entendemos que este es el momento en que la ley los codifique y los recoja.

Tampoco hemos podido aceptar aquel tipo de enmiendas que tienen en su base ese pretendido -como aquí se ha dicho- afán centralizador o controlador del Estado de la actividad exterior autonómica. Les diría que no quieran ver ustedes fantasmas donde no los hay. Si se ciñen a la literalidad de las palabras que expresa el texto de la ley, verán cómo, si lo leen con buenos ojos, es absolutamente respetuosa con el reparto de competencias fijado en la Constitución y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ya lo ha dicho don Aitor Esteban, que hemos aceptado una enmienda suya para incluir una disposición adicional que reconoce expresamente el régimen foral vasco y navarro. La única pretensión de esta ley es regular de manera sistematizada y acorde con la Constitución la actividad del Estado en materia de tratados internacionales, poniendo fin a esta dispersión normativa existente en la actualidad y tratando sobre todo de que cada uno cumpla su papel, velando siempre por que no se produzcan distorsiones o disfunciones que pongan en peligro nuestro papel internacional. Esto no tiene nada que ver con la desconfianza de la que aquí


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se ha hablado. La competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales incluye precisamente la posibilidad de ordenar la actuación de los distintos órganos y administraciones para la ejecución de la política exterior, así lo dice el Consejo de Estado.

Hablen ustedes también de los límites que se impone el Gobierno, es decir, de los derechos que tienen las comunidades autónomas y que quedan consagrados en esta ley. Tienen un derecho de información, es decir, el Gobierno tiene que informar a las comunidades autónomas sobre las negociaciones de aquellos tratados que afecten a sus competencias o sean de su interés. Las comunidades autónomas tienen un derecho de petición. El Gobierno tiene que responder motivadamente a la petición que haga una comunidad autónoma sobre la necesidad de abrir una negociación para celebrar un tratado en el ámbito de su competencia. También tienen un derecho de participación, puesto que pueden pedirle al Gobierno formar parte de la delegación española que negocie un tratado que afecte a su ámbito competencial. En esta misma línea, ustedes saben que existe ya la posibilidad de que funcionarios de comunidades autónomas puedan participar en la delegación española que asista a los comités de la Unión Europea y que es una fórmula que en la práctica está funcionando de manera muy satisfactoria.

El último grupo de enmiendas son las referidas a la aplicación provisional de los tratados, que algunos grupos consideran que no deberían producirse en ciertos casos, pudiendo incluso algunos sugerir que podría ser inconstitucional. No hemos podido aceptarlas porque merman la capacidad del Gobierno para aplicar provisionalmente un tratado. Esta aplicación provisional es una posibilidad que está admitida en nuestro ordenamiento jurídico, porque existen casos en los que el proceso de celebración de un tratado puede extenderse o demorarse en el tiempo debido al consentimiento definitivo de los Estados negociadores, que normalmente deben ser sometidos a la intervención de sus parlamentos nacionales. En estos casos puede surgir una urgente necesidad de aplicar con celeridad las normas contenidas en este. En este caso sí es verdad que puede existir una tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo -yo no hablaría de confianza o desconfianza-, pues el control democrático de la actividad internacional impulsada por el Gobierno es cierto que corresponde a las Cortes Generales. El problema es precisamente este grado de intervención, porque al mismo tiempo se entiende la necesidad de un margen de actuación del Gobierno para servir a los intereses del Estado de la mejor manera posible. Por tanto, es necesario buscar un equilibrio entre ambos extremos. Nosotros creemos que en la redacción que propone la ley se mantiene este equilibrio, este respeto a la posición de las Cortes Generales en los tratados que requieran autorización y también una necesaria flexibilidad que la práctica internacional recomienda. Por tanto, es una figura útil, que ha servido, sirve y servirá a sucesivos Gobiernos.

Señorías, termino. Considero que el texto de la ley que se somete a la consideración de esta Cámara -después de las mejoras introducidas entre todos, hay que reconocerlo- supone -yo creo que sí, señor Sáez- una regulación flexible y moderna de la celebración de tratados y otros acuerdos internacionales que por primera vez van a dar seguridad jurídica al desarrollo de esta actividad, algo que se estaba demandando ya desde hace tiempo.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Miguélez.

- PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 121/000090).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de régimen del personal de la Guardia Civil. En primer lugar, por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea. (Denegación). Gracias. ¿Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia? (Denegación). Por el Grupo de La Izquierda Plural, el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.

Brevemente, quiero mostrar el parecer de mi grupo parlamentario respecto a las enmiendas que nos aporta el Senado a la ley de régimen del personal de la Guardia Civil. Son unas enmiendas que lo único que introducen son mejoras técnicas, de redacción y demás, pero el carácter de la ley se sigue manteniendo. Aquellas cuestiones que llevaron a mi grupo parlamentario a presentar una enmienda de totalidad ante la Cámara en su momento, aquellas cuestiones básicas como son el mantenimiento del carácter militar del cuerpo de la Guardia Civil, algo que no compartimos en absoluto, se siguen manteniendo en este texto legal. No se ha corregido ninguno de los principales defectos que han llevado a que por parte de las


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asociaciones de la Guardia Civil haya sido criticado este texto legal por falta de participación y porque el proyecto de ley mantiene esa falta de participación en importantes asuntos que afectan al día a día de la gestión de la Guardia Civil, como por ejemplo en riesgos laborales, enseñanza y otras cuestiones.

Sobre todo nos oponemos por una cuestión fundamental, que, siendo necesaria como es la unificación de las escalas de oficiales de la Guardia Civil, sin embargo este texto adolece de lo que hubiese sido absolutamente necesario, y es haberlo discutido mucho más con las asociaciones, haber protegido al resto de oficiales, no solamente a los de la escala superior de oficiales, y no haber retrasado tanto definitivamente esta integración, que queda pospuesta en este texto al año 2017. Por todo ello, y aun reconociendo que las enmiendas que aporta el Senado son mejoras técnicas, mejoras de redacción en el texto de la ley, nuestro voto será de oposición a este texto legal, que ya nos llevó a presentar una enmienda de totalidad de devolución en su momento.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guillaumes.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Intervengo para manifestar nuestro posicionamiento, que no es muy diferente del que ya expresamos en su momento en esta Cámara, porque, como muy bien ha dicho el señor Sixto, el cambio que ha habido en el Senado no es significativo. Se han aceptado algunas cosas -de hecho, se aceptaron más aquí en el Congreso- que nos parecen importantes en esta ley y no nos duelen prendas en reconocerlo, sobre todo en materia de género. En un instituto jerarquizado y militar como es la Guardia Civil no es un tema menor que se haya incorporado la perspectiva de género en esta ley. Lo valoramos positivamente, pero el núcleo de nuestras enmiendas se centraba en dos aspectos. Uno se refiere a que nosotros, aun aceptando el carácter militar de la Guardia Civil, entendíamos que, si no estaban sometidos a un entorno militar como puede ser una misión exterior o en un cuartel militar -si estuvieran por ejemplo en Bétera, para entendernos-, en cuyo caso sí tendrían que estar sometidos a un sistema militar, como el día a día de un guardia civil se corresponde con el día a día de un policía, la norma tenía que parecerse mucho más a la que tienen los policías que a la que tienen los militares. Aunque la gente lo confunda, no hay nada más distinto en este mundo que un militar y un policía. Lo fundamental en un militar es que obedezca órdenes y que no se haga demasiadas preguntas -y no es ninguna crítica, un ejército tiene que funcionar así; si unos empiezan a cuestionarlo todo, un ejército no funciona-. En cambio, si hay un funcionario público, quizá solo después que de un neurocirujano, que tiene una autonomía casi absoluta de decisión en circunstancias delicadísimas, ese es un policía. Cada fin de semana, cuando se enfrenta a un conflicto o cuando encuentra un accidente de tránsito, tiene que tomar decisiones de manera individual o a veces en pareja, que afectan a derechos fundamentales, que afectan a la vida y la muerte de ciudadanos, y eso lo tiene que llevar a cabo tomando su propia decisión. Por tanto, aunque todos lleven uniforme, no hay nada más distinto, deontológicamente y en el comportamiento diario, que un militar y un policía. Nosotros pensábamos que eso se tenía que reflejar en esta normativa y finalmente la tendencia ha sido más bien la contraria, hacer que el día a día del guardia civil se parezca cada vez más al de un militar. Repetimos que lo entendemos cuando están en misiones exteriores y cuando están en un cuartel militar, no van a tener un régimen distinto, pero en su día a día no debería ser así.

Un segundo elemento muy importante es la hipervaloración de lo que supone haber salido de la Academia Militar de Zaragoza. Nosotros valoramos muchísimo -yo también estoy en la Comisión de Defensa- esos cuatro años de formación de la Academia de Zaragoza, pero no pueden ser un criterio prácticamente absoluto para determinar ascensos a partir de según qué nivel. La gente que ha accedido a la Guardia Civil por otras vías no debería tener más ventajas, pero al menos debería tener las mismas, y quede claro que no estoy hablando de lo que antes llamábamos unos chusqueros, al contrario, estamos hablando de gente que mientras tanto se ha sacado la carrera de Derecho o de Criminología, que ha hecho másteres en Seguridad y que a la hora de la verdad poco le vale al lado simplemente de la magia que debe tener haber salido de la Academia de Zaragoza. Creemos que es un mal modelo dividir de esta manera a los guardias civiles entre lo que algunos llaman -lo dicen ellos, por tanto me atreveré a repetirlo- los pata negra y los que no lo son. La Guardia Civil es seguramente una de las mejores fuerzas de seguridad del mundo, no he ocultado nunca esta opinión, y siento que tomando medidas de este tipo ustedes enturbien el ambiente y sobre todo que no aprovechen bien los recursos humanos que les puede proporcionar la Guardia Civil.


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Nos podemos encontrar aquí ante el absurdo de que un teniente acabado de salir de la Academia de Zaragoza se encuentre al lado de otro teniente que lleve años en la Guardia Civil, y se encuentren con un accidente de tránsito. Seguro que el señor que ha entrado por su cuenta en la Guardia Civil y ha llegado a teniente sabe perfectamente lo que tiene que hacer en un accidente de tránsito, ha hecho mil cursos, etcétera, mientras que el otro es un señor que quizá hasta el día de ayer estaba en la Academia de Zaragoza, y que no ha visto, no ha actuado en un accidente en su vida. En cambio las posibilidades de promoción del segundo son infinitamente más grandes que las que tendrá el primero. Esto nos parece una auténtica barbaridad, y es no entender lo que es el trabajo de un policía y confundir una vez más un cuerpo, que entendemos y no nos parece mal que sea militar, muchos países democráticos tienen un cuerpo policial militar, pero que en su día a día -y el ejemplo que acabo de poner es bastante gráfico- simplemente es un policía, un buen policía.

Nada más; creo que en esto quedan resumidos nuestros argumentos. Votaremos a favor de las enmiendas, que como se ha dicho estas enmiendas están bien. Agradecemos en el trámite del Congreso la incorporación de la perspectiva de género, que entendemos muy importante, pero el núcleo de nuestro argumentario, de lo que creíamos que tendría que cambiar y que he intentando aquí justificar, no ha sido recogido en absoluto, y por tanto nuestro voto será en consecuencia.

Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes.

Señor Trevín, perdóneme, pero voy a darle la palabra a la señora Díez, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.

Muchas gracias también al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por permitirme hablar cuando se me había saltado el turno. Intervendré muy brevemente.

Empiezo por coincidir con el señor Guillaumes, con la última parte de su intervención. Efectivamente la Guardia Civil es un cuerpo militar, pero tienen derechos como ciudadanos españoles que son, y hay que reconocérselos, y esta ley lamentablemente no ha hecho lo necesario, la asignatura pendiente que es reconocerles sus derechos como miembros de un cuerpo de policía, que lo son precisamente porque son ciudadanos españoles, y se les sigue privando de derechos básicos reconocidos a todos los ciudadanos. Cuando vimos aquí por primera vez el texto de la ley en las enmiendas a la totalidad explicamos que nuestro grupo no presentaba una enmienda a la totalidad precisamente porque llevábamos siete años de retraso, y no queríamos que se retrasara más el trámite de esta ley, el reconocimiento de estos derechos a estos ciudadanos que velan por nuestra seguridad; y que queríamos que en el trámite de enmiendas la ley se mejorara. Lamentablemente no ha sido así. Ha habido algunas pequeñas mejoras, pequeñísimas mejoras absolutamente insuficientes. Nuestro grupo presentó veintisiete enmiendas destinadas todas ellas a reconocer estos derechos a los ciudadanos guardias civiles, no a la Guardia Civil como un ente, sino a los hombres y mujeres que componen la Guardia Civil; enmiendas que empezaban por el reconocimiento de sus derechos y la mejora de sus condiciones laborales, por que se les aplicara el Estatuto de los empleados públicos; enmiendas destinadas a la eliminación de la edad de ingreso máxima en la Guardia Civil. Solicitamos una serie de garantías administrativas que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad en los ascensos, precisamente para evitar eso que también se estaba denunciando por el señor Guillaumes, ascensos a dedo, vamos a decirlo así; y también la necesidad de pasar una serie de pruebas antes de poder ascender. En definitiva una serie de enmiendas que trataban de resolver los problemas que el texto que se nos presentó mantenía vivos.

De esas enmiendas no se nos aceptó prácticamente ninguna; lo que se nos aceptó era lo de carácter menor. Y luego nos vienen del Senado treinta enmiendas que significan, en fin, una llamada de atención más en la línea de lo que decía mi compañera Irene Lozano cuando hablaba de la carrera militar, porque de las treinta enmiendas que llegan del Senado, señorías, quince son gramaticales y ocho técnicas. Es como si le hubiéramos mandado la ley a alguien para que corrigiera los errores gramaticales y técnicos. Es o el desaprovechamiento de la Cámara o querer hacer ver a los ciudadanos que realmente tenemos una Cámara doble que no tiene más virtualidad que la de que estén sentados allí unos señores y unas señoras. Esto es lo que desacredita a las instituciones, no el que existan dos Cámaras, sino que una de ellas no tiene contenido. Este es un ejemplo: de treinta enmiendas resulta que veintitrés son gramaticales y técnicas, y las otras menores. No se ha mejorado el texto, insisto, en modo alguno; sigue siendo la


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asignatura pendiente; llega tarde y además no se resuelve ninguno de los problemas; es una oportunidad perdida; es una falta de respuesta a los problemas que tiene este colectivo y de respuesta a una policía moderna, que en este caso es la Guardia Civil, que presta los servicios en condiciones de desigualdad con el resto de sus compañeros, y desde luego en condiciones no homologables desde ningún punto de vista con las policías del resto de los países europeos.

Con esta ley tratamos a los guardias civiles, otra vez, como ciudadanos de segunda, cuando su labor es la de ciudadanos de primera que respetan y defienden la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos españoles. Una vergüenza que volvamos a tratar institucionalizadamente a la Guardia Civil, a los guardias civiles, hombres y mujeres, como ciudadanos de segunda; una vergüenza para el día de hoy en esta Cámara. Por cierto el día en que se cumplen los tres años de gobierno del Partido Popular. ¡Menuda forma de celebrarlo!

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Trevín.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Concluimos hoy el trámite de una ley que afectará largo tiempo a la vida profesional y personal de muchos guardias civiles y sus familias. El Grupo Popular y el Gobierno se dirigieron al Grupo Socialista cuando se presentó para negociar la misma. La razón esgrimida fue que se trataba básicamente del desarrollo del borrador en el que había trabajado el equipo del anterior ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Cuando vimos el texto nos dimos cuenta de que no era así, y que en realidad se trataba de una nueva ley, del PP, con aspectos positivos, pero también con insuficiencias notables. No obstante aplicamos el principio de a mal tiempo, buena cara, aceptamos pulpo como animal de compañía, y nos sentamos, por responsabilidad institucional, a negociar una ley que pudiera dar estabilidad a este cuerpo policial. Y empezamos a hablar. Al principio el proceso de negociación fue productivo y se tradujo en mejoras notables del texto, pero en un momento dado se produjo un apagón en el proceso que no puedo describir más que como una negotiatio interrupta. Como saben sus señorías, las interrupciones además de mala educación no suelen traer nada bueno. Este caso confirma el principio.

En realidad la búsqueda de acuerdos tuvo un importante lastre desde sus inicios, el del Ministerio de Hacienda. No podemos ignorar que las leyes de personal casi siempre comportan incremento de gasto si se quieren atender adecuadamente las innovaciones que aportan, y desde Hacienda la consigna era alta y clara: todo lo que queráis, pero a coste cero. El asunto se tornaba misión imposible. Pero no nos desanimamos, establecimos una premisa innegociable: la integración de oficiales debía hacerse desde teniente y no desde capitán. Lo conseguimos. Pasamos a la siguiente fase, o mejor dicho, pasaron a la siguiente fase los diputados y diputadas socialistas y populares que formaban parte de la ponencia, y que independientemente del agridulce resultado final se esforzaron por hacer un buen trabajo que es preciso reconocer. Gracias a él se logró también dar mayor participación a las asociaciones del cuerpo; reconocer que la situación de la mujer en la Guardia Civil necesita apoyos específicos; garantizar a los suboficiales que el 55 % de sus plazas sean de promoción interna; que los fallecidos o los que hayan llegado a situaciones de incapacidad permanente por acciones en acto de servicio tengan un acceso honorífico en su empleo; elevar la edad de acceso hasta los cuarenta años; mejorar la evaluación para el ascenso, que será más objetiva e imparcial y deberá ser llevada a cabo por personas con el nivel adecuado, y que la asignación de destinos se hará mejor y con más profesionalidad. Incluso se llegaron a cambiar cuestiones conceptuales. En lugar de institución, término difuso y a veces confuso en nuestro ordenamiento jurídico-político, se introdujo el de cuerpo de seguridad policial, más adecuado.

A partir de ahí llegó el comandante Montoro y mandó parar. Negotiatio interrupta. El coste cero no es posible sin graves perjuicios para diferentes colectivos; no a la integración de escalas en 2016, en lugar de en 2017; no a ver reflejada, clara y nítidamente, la especificidad de las escalas facultativas o la situación de los músicos, y sobre todo no a quienes salen más perjudicados, los actuales alféreces, empleo que desaparece en esta nueva ley y que ve sus expectativas de carrera muy mermadas. Pedimos en el Congreso y en el Senado que a los dos años ascendieran automáticamente a teniente. No, nos dijeron; ni a los dos ni a los tres ni a sabe Dios cuándo en algunos casos. Y por si fuera poco lo del ministro de Hacienda, se nos cerraron también en banda ideológica para romper definitivamente cualquier posible idea de acuerdo final.


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La negociación para cambiar una de las partes más ideológicas de la ley, el artículo 6, reglas del comportamiento del guardia civil, fue un querer y no poder. Las raíces de los siglos XIX y XX pudieron con los brotes del actual siglo XXI. Esas reglas o códigos de conducta son absolutamente anacrónicas, extemporáneas, superfluas, preconstitucionales e inútiles, como dijo acertadamente en la ponencia mi compañero Miguel Cortizo. No son más que juegos florales con palabras grandilocuentes. En esto no echamos la culpa al ministro Montoro. La única y exclusiva responsabilidad la tiene el ministro del Interior. Este cambio podría hacerse sin coste económico alguno.

El porqué y el para qué de esta ley. Se fundamenta esta ley en el cumplimiento de la disposición final séptima de la Ley de Carrera Militar de 2007, la cual mandataba la actualización del régimen de personal de la Guardia Civil con unos determinados parámetros, preservando la identidad de este benemérito cuerpo e incorporando las innovaciones que planteaba dicha ley. Introduce como novedad la creación de una única escala de oficiales, con el propósito de dar mayor cohesión y homogeneidad al modelo de carrera de todos los oficiales de la Guardia Civil, y acomodar así el instituto al proceso de conformación del Espacio Europeo de Educación Superior. El primer empleo en esta nueva escala será el de teniente, por lo que a partir de la finalización del período transitorio que establece la ley solo se concederá el empleo de alférez con carácter eventual a los alumnos del centro de formación. Los miembros de las escalas de oficiales, facultativa superior o facultativa técnica, se integrarán, previa superación de la formación complementaria que para cada caso se establezca, garantizándose en todo caso un desarrollo profesional para aquellos que no opten por la incorporación a la nueva escala. Pero el proyecto presentado por el Gobierno no facilitaba precisamente la incorporación a la nueva escala cuando entró en la Cámara, y cerraba totalmente las expectativas de quienes no optaran por la misma. Además el diseño del curso de complemento de formación era incompatible con la conciliación familiar y detraía del servicio temporalmente un número de efectivos que no se podía asumir sin merma en las obligaciones del cuerpo.

Las enmiendas de los grupos de la oposición, especialmente las socialistas, mejoraron todos estos aspectos aunque de manera insuficiente. Donde ha mejorado el texto, después de su paso por la Cámara, es en la situación de aquellos oficiales de promoción interna que no se integren en las nuevas escalas. No quedarán exclusivamente en una escala a extinguir sin incentivo alguno, ya que se prevé para la misma un número determinado de empleos similar al actual, que podrá evolucionar en función de los miembros que queden en estas escalas. Algo positivo y que, en parte, hace justicia a unos oficiales que ya han demostrado con creces su valía y buen hacer. No obstante el objetivo central de la ley queda maltrecho. La escala a extinguir que se genera va a tener un carácter prácticamente permanente para bastantes oficiales, con lo que en lugar de favorecer la integración se propicia lo contrario en muchos casos, incluso puede llegarse al extremo de una realidad con tres escalas a extinguir.

¿Qué falta a esta ley y qué le sobra? Falta un mayor reconocimiento y presencia de las asociaciones de la Guardia Civil en grupos de trabajo y comisiones específicas de su consejo para la prevención de riesgos laborales, algo que conocen de cerca y materia en la que tenemos llamadas directas de la Unión Europea para cumplir con la normativa. Nuestras enmiendas y las de otros grupos de la oposición han logrado abrir una pequeña rendija en este aspecto, pero aún también insuficiente. Falta un avance más nítido en la igualdad de género en la Guardia Civil. La ley que hoy debatimos hace un pronunciamiento en favor de la misma, pero sin compromisos claros ni medidas contundentes para promover la igualdad en todas las escalas. Sigue sin darse respuesta a una pregunta muy ilustrativa: ¿por qué razón el porcentaje de mujeres en la Guardia Civil es la mitad que en el Cuerpo Nacional de Policía? Y en las escalas superiores la proporción es aún menor. No se han adoptado tampoco medidas para fomentar el acceso a colectivos minoritarios para conectar mejor así con la complejidad de nuestra sociedad actual. Hemos perdido la ocasión de introducir más elementos de objetivación y transparencia en materia de evaluación de personal, y de equiparar en lo que se refiere a defensa y asistencia jurídica, y en el derecho a desgravar fiscalmente las cuotas sindicales asociativas a los dos cuerpos policiales del Estado. Y sobre todo hemos dejado a los actuales alféreces en una especie de limbo que además de injusto es absurdo. Sobra ese limbo en esta ley, sobra el purgatorio que les espera a algunos de los oficiales de promoción interna, y sobra el sinsentido de escalas a extinguir que para muchos será permanente. Epílogo agridulce.

Después de lo dicho a nadie extrañará que declare que no es esta ley la que un Gobierno socialista hubiera hecho, pero creo sinceramente también que con las enmiendas aceptadas al Grupo Parlamentario Socialista y a otros grupos de la Cámara el texto ha mejorado. Lamentamos que la intransigencia del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular nos haya impedido llegar a un acuerdo que hubiera dado


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más estabilidad a esta ley y -lo que es más importante- hubiera mejorado las condiciones de trabajo y vida de muchos de los miembros de este benemérito cuerpo. Por eso tenemos que votar en contra.

A ustedes, señores del Partido Popular, les está perdiendo su mayoría absoluta. Se han convertido en una organización incapaz de escuchar a la calle, de oír a los colectivos afectados por sus decisiones. Ganarán esta votación, porque como dice la crónica medieval Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos, pero no convencerán. Tienen que aprender -y con esto acabo- que se debe comprar sin ofender, y me explico. Muchos dicen apostar por el pequeño comercio de barrio, pero compran habitualmente en una gran superficie, y además pasan con las bolsas por delante del tendero de la esquina; no le consumen y encima le ofenden. No hagan ustedes lo mismo con los hombres y mujeres de la Guardia Civil a los que tanto proclaman querer.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trevín.

Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Conde.

La señora CONDE MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el consenso no fue posible, pero se intentó, y ese es el consuelo que se me queda. Se intentó con fuerza, con ilusión, con ganas, y sobre todo con responsabilidad, con mucha responsabilidad, pero no se logró, porque a mi grupo parlamentario el Ministerio de Defensa no nos sobra, los cuerpos de naturaleza militar, como la Guardia Civil, no nos sobran, nos faltan. Nos faltan más hombres y mujeres con la capacitación, con la formación, con la experiencia y con la preparación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. Me hubiera gustado hacer bueno el epitafio de Adolfo Suárez, sobre todo en momentos en los que algunos partidos políticos cuestionan o pretenden hacer un revisionismo histórico de la Transición española, un revisionismo histórico falaz y perverso como decía de la Transición española y de su fruto, la Constitución de 1978, pero desgraciadamente no ha sido posible.

Señorías de La Izquierda Plural, señor Guillaumes, se lo he repetido en distintas ocasiones y se lo repetiré hoy aquí: podremos hablar del modelo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del modelo de la Guardia Civil cuando ustedes quieran, pero no en la tramitación de esta ley, porque esta ley es un mandato legislativo claro de la Ley de la Carrera Militar que dice taxativamente que se actualizará el régimen de personal de la Guardia Civil basándose en su doble condición: la militar y la de cuerpo policial o de seguridad. Por tanto huelga plantearse aquí esta cuestión de modelo. (Aplausos). Dije en su momento en la Comisión de Interior, y quiero repetirlo hoy aquí en esta sesión plenaria, que si un cuerpo se encuentra bien por dentro se nota por fuera. Si un cuerpo está sano por dentro luce por fuera. Solo si el cuerpo de la Guardia Civil se siente bien por dentro seremos capaces de garantizar una mayor protección y seguridad a los ciudadanos. Por eso esta es la ley de la triple A: de la adecuación administrativa, de la atención social moderna, y de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Adecuación administrativa con la incorporación de las normas de la Administración General del Estado a la Guardia Civil; de la atención social moderna con medidas a favor de la igualdad, de la prevención de la violencia de género, de la conciliación y la atención a las víctimas del terrorismo, y finalmente, con la adaptación del proceso formativo superior de la Guardia Civil a la Declaración de Bolonia, porque díganme, señorías, que esta ley no cumple con el mandato legislativo encomendado; díganme que esta ley no integra las escalas de oficiales; díganme que esta ley no mejora la formación y promoción profesional de los guardias civiles, y con ella su motivación, y por ende la seguridad de los ciudadanos. No pueden decirme tal cosa porque sería incierto.

¿Se podrían haber incluido muchos más asuntos en esta ley? Señorías, tantos como gotas hay en el mar, tantos como situaciones personales tiene cada uno de los guardias civiles que componen el cuerpo. Cualquier persona que haya trabajado en la gestión de recursos humanos sabe que cuando se inician procesos de negociación en el ámbito de personal las expectativas que se generan son innumerables, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y que debe regir nuestras actuaciones -sobre todo en aquellos contextos en los que estamos hablando de compromisos, de dinero público-, y es la contención del déficit. Dicen que no hemos atendido las demandas de las asociaciones, que no hemos escuchado a los colectivos. Miren ustedes, una de las demandas esenciales, prioritarias que repetían todos los colectivos cuando esta ley esté en pleno rendimiento habrá desaparecido, se habrá eliminado. ¿Y cuál es esa demanda principal que repetían todos los colectivos? Pues esa supuesta desigualdad en la promoción interna según la escala de procedencia. Eso con esta ley en pleno rendimiento ya no existirá, porque solo habrá una escala de oficiales, la nueva escala de oficiales que como les decía contempla esta ley. Una


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escala igual para todos -igualdad de oportunidades- y que definitivamente superará esas desigualdades que pudieran haberse advertido hasta ahora. Así que fíjense, señorías, si hemos escuchado a los colectivos, aunque también somos conscientes de lo complejos que son los periodos transitorios.

Señorías del Partido Socialista que lamentan la falta de acuerdo, les pido que hagan un ejercicio muy simple, que cojan el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y que busquen lo que es un acuerdo. Un acuerdo es un convenio entre dos o más partes -dos o más partes-, y echar la responsabilidad de la falta de acuerdo en este caso a una de las partes no es justo y no es adecuado. No echemos por tanto la culpa al empedrado, la Guardia Civil no se lo merece. De la falta de acuerdo no hay más responsables que nosotros mismos; yo asumo mi responsabilidad, mal que me pese, pero asuman ustedes la suya, y háganlo después de haber aceptado o transado con ustedes prácticamente una de cada dos de sus enmiendas, después de haber transigido con sus líneas rojas, que una vez aceptadas tornaban en otras nuevas. Así es muy difícil llegar a acuerdos, salvo que eso fuera lo que realmente se pretendiera. (Aplausos). Esto sucedió con el cambio de su secretario general y espero que no tenga nada que ver, porque como a su jefe de filas le sobra el Ministerio de Defensa, y la Guardia Civil es un cuerpo de naturaleza militar, lo mismo le sobra también.

Señor Trevín, creo que no me ha entendido o quizá no me he explicado yo bien. Mi grupo quiere ir de la mano con el suyo en estas cuestiones que son de Estado, el régimen de personal de la Guardia Civil, y usted me habla de que no se ha avanzado en temas de igualdad de género. ¿Cómo se puede hacer una afirmación tan injusta; tan injusta? No me gustaría decirle estas cosas, pero ya que usted lo ha mencionado, ¿quién creó el Observatorio de Igualdad de Género en la pasada legislatura, un observatorio mixto entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, un observatorio que es conocido comúnmente como el observatorio alfa y omega, porque se reunió una sola vez, la reunión de constitución, y nunca más? Por favor, señor Trevín, si ustedes quieren ser el paradigma de la igualdad me parece fantástico, pero sean consecuentes con sus acciones cuando están en el Gobierno. (Aplausos).

Me habla también de las reglas del código de conducta como si fuera algo demoníaco. Por favor, que alguien haga el sencillo ejercicio de leerse esos artículos que están referidos al código de conducta; y hagan también otro ejercicio: léanse los del Estatuto básico del empleado público. Salvo las características esenciales vinculadas a la Guardia Civil el resto son muy parecidos. De verdad, señor Trevín, que creo que deberían dar una vuelta a esta cuestión, y sobre todo tener en cuenta que no estaríamos ahora hablando de esto si cuando elaboraron la Ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas hubieran incorporado estos asuntos vinculados a la conducta. (Aplausos).

Me habla también de que la ley se ponga en marcha en 2016 en vez de en 2017. Señor Trevín, usted sabe la cantidad de cursos y la cantidad de reglamentos que hay que elaborar; se lo hemos dicho en innumerables ocasiones: no da tiempo. Aunque se hubiera hecho un esfuerzo de carácter económico no da tiempo. ¿Se trata de atropellar las cosas? Creo que no es el caso. Si hemos esperado siete años, como decía la señora Díez, no vamos a alargar más la puesta en marcha de esta ley, pero es cierto que tampoco lo vamos a hacer de manera atropellada.

No quisiera terminar mi intervención, señor Trevín -se lo he dicho-, con reproches, porque me da la sensación de que no nos hemos explicado bien, de que no ha entendido que queríamos ir de la mano en esta cuestión, pero así las cosas quiero agradecer el trabajo realizado a mis compañeros ponentes de esta ley, al Gobierno, a todas las asociaciones, y especialmente a todos los grupos parlamentarios por sus enmiendas, porque creo que con ellas se ha mejorado el contenido de esta ley. Por ello, aunque ustedes hoy vayan a votar en contra y denosten esta ley, parte de esta ley también es suya, y lo saben.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Conde.

- PROYECTO DE LEY DE PARQUES NACIONALES. (Número de expediente 121/000078).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de parque nacionales.

En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Los señoritos salen de caza y siempre vuelven con el zurrón lleno; eso sí, con la inestimable ayuda de los mozos del Partido Popular. La semana pasada los señoritos se cobraron una gran pieza en el Senado, y hoy se la cobrarán aquí: nada menos que nuestros parques nacionales. A pesar de los esfuerzos de las


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organizaciones ecologistas, de los llamamientos de los grupos de la oposición, de las iniciativas ciudadanas como la recogida de firmas de Avaaz, los senadores obedecieron a pie juntillas las instrucciones del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y hoy las obedecerán aquí sus señorías. Aprobaron una enmienda de última hora que permitirá que se sigan realizando monterías y otras actividades incompatibles en las fincas privadas de algunos parques nacionales, en las fincas privadas de algunos señoritos.

Compromís Equo considera que la reforma de la Ley de Parques Nacionales es en sí misma un contrasentido, puesto que la ley anterior es muy reciente y fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, con el consenso de las organizaciones ecologistas: consenso, una palabra que aquí se ha olvidado hace mucho tiempo; consenso. Sin embargo a lo largo de la tramitación se han ido desvelando las auténticas intenciones del Gobierno con esta reforma, que no eran otras que favorecer los intereses de determinados empresarios, casi todos muy próximos al Partido Popular, que veían que se aproximaba la fecha prevista por la ley para acabar con la caza en las fincas que poseen en algunos parques nacionales, singularmente en el parque de Cabañeros. Todo ello desembocó en la presentación de una enmienda en el Senado el último día del plazo de la tramitación parlamentaria con la clara pretensión, por parte del Gobierno de que pasara desapercibida su intención, que no es otra que la de permitir la caza en esas fincas privadas más allá de 2017, que es el plazo previsto por la ley vigente. Finalmente, ante la presión ecologista y de las demás formaciones, los senadores han ampliado el plazo hasta 2020 en estas actividades, pero parece no existir ninguna voluntad por parte del Gobierno de acabar con la caza ni en ese plazo ni en ninguno. Recientemente se ha conocido, además, que alguno de estos propietarios ha realizado obras sin autorización de las autoridades competentes. Una vez más, se verifica lo que ya hemos denunciado muchas veces: el Partido Popular solo parece interesado en la defensa de los intereses privados de sus amigos. Por todo ello, hemos pedido la comparecencia de la ministra para que nos conteste a algunas preguntas simples. ¿Ha autorizado el Organismo Autónomo Parques Nacionales la construcción de una carretera de acceso y una mansión privada en la finca de don Alejandro Aznar en el interior del Parque Nacional de Cabañeros? ¿Ha sido informada esta obra por el patronato del parque y supervisada por las autoridades del mismo? En caso negativo, ¿qué acciones va a adoptar el ministerio? Siendo el señor Aznar miembro del Patronato del Parque Nacional de Cabañeros en representación de los propietarios privados, ¿es cierto que ha solicitado en ese órgano la prórroga de la caza deportiva en las fincas con terrenos en el interior del parque nacional? ¿Qué relación tiene esa petición del señor Aznar con la enmienda presentada por el Partido Popular en el último minuto en el Senado y que podría prorrogar -que va a prorrogar- indefinidamente la caza en los terrenos de propiedad privada dentro de los parques nacionales? ¿Tienen alguna relación estas peticiones con la presencia de don Basilio Rada, director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, en cacerías en fincas privadas del interior del Parque Nacional de Cabañeros? ¿Consideran el ministerio y ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular, que la caza es compatible con la conservación de las especies y los ecosistemas protegidos en los parques naturales?

Acabo. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, dijo una vez una frase muy célebre: El Partido Popular es el partido de los trabajadores, y no me canso de decirlo. En días como hoy se hace muy evidente que el Partido Popular es el partido de los señoritos, y no me canso de decirlo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, vuelve del Senado el proyecto de ley de parques nacionales y vuelve básicamente de la misma manera que se fue. Nos roban el patrimonio natural colectivo para beneficiar, como siempre, a unos pocos. Con la aprobación de esta ley ponen un cartelito en la entrada de los parques naturales que dice: En venta. Este proyecto de ley supone la primera fase de privatización de estos parques. Este proyecto de ley significa también abrir la puerta a declararlos urbanizables y a convertirlos en cotos privados de caza o simplemente en una zona de recreo lúdico-deportiva. Son ustedes -se lo tengo que decir así- unos "ambienticidas". Demuestran, como hicieron en la Ley de Costas, un absoluto menosprecio por el medio natural y por el mantenimiento de especies, de hábitats y de ecosistemas; menosprecio y absoluta ignorancia o mala fe ante la biodiversidad y la riqueza geológica, que es patrimonio de siglos y siglos de la Tierra y de sus especies. Las organizaciones ecologistas han mostrado su más rotunda oposición a esta ley. Los parques naturales son los mayores santuarios de la


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naturaleza, pero a ustedes y a su mayoría absoluta esto les es indiferente, porque para ustedes prima el beneficio económico y el interés de unos pocos poderosos sobre el patrimonio colectivo y sobre el interés general.

Como ha puesto de manifiesto el Congreso mundial de parques, que se ha celebrado en Sidney esta última semana, al que, por cierto, no asistió la ministra, el neoliberalismo está vendiendo los parques a los intereses privados e incluso la contaminante explotación de los recursos naturales, como el petróleo o la minería, pero hay más. Los recortes presupuestarios medioambientales están facilitando una acelerada degradación de los parques, incluidos algunos de los más importantes del mundo, por ejemplo, el de las Galápagos. Nos roban, como he dicho, el patrimonio natural tan fácilmente como las competencias. De hecho, no sé por qué nos sorprendemos y por qué nos indignamos. Este es su mantra, su hoja de ruta a seguir, su estúpida visión nacionalista, centralista y homogeneizadora de siempre del Estado, que concibe a las comunidades autónomas como meras y simples delegaciones. ¿Son ustedes, señorías del Grupo Popular, conscientes de que van a aprobar definitivamente un proyecto de ley, al amparo de la competencia básica, sobre la protección del medio ambiente que ha cuestionado el Consejo de Estado? ¿Son conscientes de esto? Se lo voy a decir alto y claro, y les pondré los mismos tres ejemplos que les puse cuando se presentó esta ley en esta Cámara hace unos meses para que sean conscientes de lo que se están cargando hoy. ¿Se imagina alguien en esta Cámara que el Gobierno aprobara una ley que permitiera pagar por clavar un cuchillo al Gernika de Picasso o subvencionar al Gobierno la pintura para colorear esta misma obra de arte, o que se pudiera alquilar el Palacio Real de Madrid para bodas, bautizos y comuniones o que la Giralda fuera gestionada por una empresa de puenting? ¿Alguien se lo imagina? Pues esto es lo mismo, con la diferencia, señorías, de que hoy solo se cargan el patrimonio natural y aún no el patrimonio cultural.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Voy a intervenir muy brevemente. Vamos a votar en contra de las enmiendas del Senado, de la misma manera que votamos en contra del proyecto de ley y, si tuviéramos que votar hoy el proyecto de ley, volveríamos a votar en contra por razones importantes. Algunos han hablado aquí de parques naturales, pero no se olviden de que la ley no se llama de parques naturales, sino de parques nacionales, que es lo que interesa y lo que importa en esta ley, que se remarque lo de nacional. Todos son uno, iguales. Lo que incorpora esta ley perjudica bastante a la gestión de los parques naturales y, de alguna manera, no beneficia en absoluto porque con las nuevas incorporaciones la materia ecológica, la medioambiental, la del mantenimiento de las especies, etcétera, van a quedar en una situación complicada con este nuevo planteamiento de ley que ha propuesto el Partido Popular. En Euskadi, por ejemplo, no tenemos ningún parque estatal, pero con esta nueva ley podríamos tenerlo si el Gobierno del Estado lo decide unilateralmente, incluso sin contar con las comunidades autónomas. Esto, por tanto, es muy grave y, si de por sí cuando salió de aquí la ley tenía unas carencias importantes, la incorporación que se ha hecho en el Senado ha rematado la jugada de una manera total, permitiendo, tal y como se ha dicho aquí, usos que no corresponderían a un parque natural. Así, pues, mi grupo va a votar en contra de las enmiendas y vuelve a reiterar su posición contraria a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.

Quiero reiterar nuestra negativa a apoyar este proyecto. El Partido Popular vuelve a ser tímido y audaz, pero en sentido contrario al que nosotros desearíamos. Es tímido con quienes son fuertes y audaz en este caso con los seres vivos de esos parques nacionales, que se van a poner en peligro. Es tímido cuando se habla de recuperar competencias; ustedes solamente lo van a hacer en circunstancias excepcionales que además no quedan claras, no son concretas. Eso sí, son muy claros y valientes en algo que nos preocupa especialmente: lo que tiene que ver con la caza o con el aprovechamiento económico de esos parques nacionales. Han sido 11 directores de los 15 parques nacionales los que han dicho muy


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claramente que están en contra de lo que ustedes pretenden hacer, de la prórroga para cazar en esos parques porque les parece que están supeditando el interés general al interés particular, es decir, están utilizando ciertos parques nacionales como su cortijo, y eso es lo que nos preocupa. El otro día en la Comisión de Agricultura hablamos de un tema muy parecido que tenía que ver con la caza del lobo. Nosotros les decíamos: señorías, no se preocupen; si esto es simplemente en circunstancias excepcionales, si se debe a un control poblacional, etcétera, hay una forma muy sencilla de quitarnos de encima toda sospecha, y es poner esa caza únicamente en manos de los guardas forestales o de los agentes del Seprona. Si ustedes concretaran un poquito más y fueran en esa dirección, nosotros no tendríamos ningún problema.

Hemos visto en algunas de sus leyes -la Ley de Costas, etcétera- que ustedes tienen una visión cortoplacista que impide precisamente eso, la coexistencia de un aprovechamiento económico y la posibilidad de mantener una riqueza medioambiental, que es básica para nuestro país; y fíjense ustedes, no solamente básica por la riqueza en sí, no solamente básica por el derecho que tenemos a seguir disfrutando -nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos- de esa riqueza medioambiental, sino porque ustedes -como hicieron también con nuestras costas- pierden de vista algo que es fundamental, por ejemplo, para el turismo de nuestro país: contar con un valor añadido en nuestra naturaleza, en nuestras costas, que permita lo contrario de lo que está sucediendo últimamente, que podamos hacer que no solamente ustedes se ufanen de que vengan muchos turistas sino que, al contrario de lo que pasa ahora, cada vez se dejen un poquito más de recursos en nuestro país.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas, gracias, señor Cantó.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy tras consumar el desastre para el medio ambiente que va a suponer la aprobación definitiva de esta ley de parques nacionales, supongo que como en un nuevo episodio de La escopeta nacional, hoy algunos de ustedes, señoras y señores del Grupo Popular, lo celebrarán con una jornada cinegética en alguna finca emblemática -pongamos el caso del Parque Nacional de Cabañeros- contando con la compañía y las felicitaciones de lo más distinguido de la clase empresarial de este país y, por fin, sin las molestias que hasta ahora han tenido que soportar ante la inseguridad jurídica que se cernía sobre sus negocios y sus propiedades por culpa de la Ley de Parques Nacionales que les amenazaba con la prohibición definitiva de la caza e incluso de otras actividades para 2017.

Es ya casi evidente que con la que está cayendo para esa fecha el Partido Popular no iba a estar en el Gobierno para remediarlo, de ahí las prisas para cambiarla y asegurar así que sus amiguetes puedan seguir entrenándose en el despreciable ejercicio de la caza. Lo han hecho en el Senado, en el último momento, para minimizar y acortar la polvareda de las protestas que ya empezaron incluso antes de que el texto legal llegara al Congreso; protestas de los grupos de la oposición, las organizaciones no gubernamentales conservacionistas y gran parte de la comunidad científica, que les han puesto en evidencia ante la falta de necesidad para cambiar una ley, la hasta ahora vigente Ley de la Red de Parques Nacionales, que se aprobó con el consenso de todos. Esta recogía la sentencia del Tribunal Constitucional y reconocía, en consecuencia, las competencias exclusivas de las comunidades autónomas para gestionar los parques nacionales enclavados en sus territorios salvaguardando la red en el conjunto del Estado.

Nuestro grupo ya les dejó clara, muy clara, nuestra posición ante esta ley cuando pedimos su devolución y presentamos enmiendas, porque ya se sabían sus intenciones en cuanto al afán recentralizador del Estado, que les acompaña de manera constante, y porque además el cambio de la ley facilita a la iniciativa privada el negocio en estos espacios naturales, aun a costa del interés general y de desvirtuar la protección medioambiental hasta tal punto que se pudiera poner en peligro la importantísima riqueza natural que hasta ahora albergan los 15 parques nacionales de España. Pero ustedes, a pesar de las protestas de aquellos que pedíamos que se velara por el interés general y la protección de la riqueza natural y cultural que entrañan nuestros parques nacionales, han consumado el desastre en el Senado con la enmienda que modifica la disposición adicional séptima para amparar actividades como la caza, la pesca, la tala comercial o la minería, que ahora podrán llevarse hasta 2021 sin ningún tipo de límites si afectan a derechos privados.


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Resulta indignante que ustedes, señores del Partido Popular, utilicen una vez más la mayoría absoluta que les han otorgado los ciudadanos de este país para proteger los intereses públicos y generales y la utilicen, en este caso, para dar seguridad jurídica a titulares de derechos que ostentan trece familias millonarias y poderosas, que tienen grandes fincas en el Parque Nacional de Cabañeros, asegurándoles que podrán seguir celebrando sus monterías y atentando contra el medio ambiente con total tranquilidad, con total tranquilidad, tras la enmienda que han aprobado en el Senado que las legaliza, porque eso es lo que han hecho ustedes con su enmienda 278 en el Senado.

Ahora bien, les garantizo desde mi propio Grupo, La Izquierda Plural, señores del Partido Popular, que esta ley de parques nacionales va a durar muy poco, muy poco; tan solo el tiempo justo que permita echarles democráticamente de este Gobierno y derogarla.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De las Heras.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.

Señorías, el patrimonio natural de Cataluña es excepcionalmente diverso a causa de su situación geográfica. Abarca tanto la alta montaña como los espacios fluviales, litorales y marinos, los hábitats agrarios humanizados, las zonas húmedas, los bosques y los prados. Este entramado básico del territorio ha de convivir y sobrevivir a las exigencias de la sociedad y conservar sus valores. Los espacios naturales protegidos de Cataluña se han definido por las características geomorfológicas o paisajísticas, por su riqueza en especies de flora, fauna y hábitats y, entre todos ellos, acoge los ecosistemas en mejor estado de conservación con más biodiversidad y los más representativos del patrimonio de Cataluña.

La planificación del sistema incluye las relaciones entre las diferentes unidades y las categorías de los espacios naturales protegidos, así como los vínculos con otras categorías y planes de territorio. Los espacios naturales de protección especial tienen una protección superior al resto de los espacios naturales protegidos. Cuentan con una regulación jurídica propia y una gestión individualizada y de especial cuidado. Contamos con la norma que determina las figuras de parques nacionales, parques naturales, parques naturales de interés nacional y reservas naturales, que conforman una superficie de 284.774 hectáreas terrestres y 6.020 hectáreas marinas en el contexto del territorio catalán.

Señorías, actualmente Cataluña dispone de 7 parajes naturales de interés nacional, 52 reservas naturales, 13 parques naturales y un parque nacional, que es el de Aigüestortes y Stany de Sant Maurici, con su zona periférica de protección. Señorías, esta descripción de la riqueza medioambiental de Cataluña se puede trasladar, sin lugar a dudas, al resto del Estado español con total similitud. Con la entrada en vigor de la Ley 5/2007, de la Red de Parques Nacionales, la gestión ordinaria y habitual de los parques nacionales corresponde a las comunidades autónomas. En Cataluña existe un equipo de gestión próximo al territorio, que depende del servicio de espacios naturales protegidos adscrito al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural. Esta gestión se realiza, por cierto, con cargo a los recursos financieros de la Generalitat de Catalunya, mientras que la tutela general del sistema, el establecimiento de las directrices básicas y la coherencia de la red son competencia de la Administración General del Estado.

Seguramente sus señorías dirán: ¿por qué tanta descripción del modelo que se aplica actualmente en Cataluña y en el resto de territorios? Pues muy sencillo, para remarcarles que con el actual modelo establecido con gran consenso el año 2007 las leyes básicas del Estado cumplían con la distribución competencial. Permiten trabajar para cumplir el objetivo básico de garantizar la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural más relevante y representativo de Cataluña y del Estado. El Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, que se coordina en el marco de la Red de Parques Nacionales con el resto del Estado, es la joya de la corona de esta voluntad del Govern de la Generalitat de Catalunya. Por eso hemos calificado de innecesaria esta nueva ley de parques nacionales del Partido Popular. En Convergència i Unió nos sentimos cómodos con el actual modelo. La actual Red de Parques Nacionales ya cuenta con mecanismos que evalúan el grado de mantenimiento y mejora de las condiciones exigidas, mecanismos que aseguraban que los valores que han justificado su declaración permanezcan en el tiempo. Con ellos se aseguraba que el reconocimiento internacional que tienen en la actualidad no se pusiera en peligro por situaciones específicas que pudieran afectar a alguno de los parques en particular. Incluso contempla la elaboración cada tres años de un informe de situación de la


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Red de Parques Nacionales que también se hacía público. Además se incluían unos anexos con la descripción detallada de la situación específica de cada parque nacional. Por eso también es inoportuna.

Con el actual marco legal y ejecutando todos los mecanismos que la Ley de la Red de Parques Nacionales pone al servicio de la Administración del Estado, se puede ejercer la función de coordinación y evaluación de la red por si algún parque nacional, y por tanto alguna Administración territorial, no cumplía con los requisitos marcados. ¿Qué motivo tienen para imponer una ley de parques nacionales que solo tiene el apoyo del Partido Popular? Seguramente varios, como hemos oído a otros portavoces de grupos parlamentarios, pero el que afecta a Cataluña de una forma muy clara es que nos impide continuar con nuestros proyectos, es el cambio del modelo competencial. Van a implantar un modelo que invade competencias de las comunidades autónomas que modificará sustancialmente la gestión de los parques nacionales y, que en el caso de Cataluña, lo desvinculará de la estructura de espacios protegidos propios. En consecuencia, es una ley inconstitucional, una ley que se extralimita al adjudicar competencias al Estado más allá de la legislación básica, sin respetar el ámbito de competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de espacios protegidos. Abrirán, señorías del Partido Popular, de nuevo una etapa de intensa litigiosidad constitucional entre Estado y, en este caso, la Generalitat de Catalunya. De hecho, es un asunto más a añadir a la larga lista que provoca la política centralizadora del Partido Popular.

Señorías, solo se busca recuperar la gestión traspasada y en manos de las comunidades autónomas y homogeneizar a nivel nacional, incluso, los uniformes del personal que tenga presencia pública en los parques, claro ejemplo de cómo ustedes han regulado más allá de su ámbito competencial, dejando el carácter básico a un lado y diseñando diferentes estrategias para laminar las competencias, y seguramente para justificar la existencia de una estructura estatal que se había quedado sin demasiado trabajo y que despertaba dudas ante la supresión de duplicidades entre los diferentes niveles administrativos.

Señorías, les voy a poner un ejemplo de la ingeniería jurídica que esta ley contiene para arrebatar protagonismo a las comunidades autónomas y recuperarlo el Estado. Hace referencia a los planes rectores de uso y gestión. La Ley de 2007 los definía como el instrumento básico de planificación que se elaboraba desde el parque nacional. Ahora el proyecto de ley divide el concepto planificación en dos: deja para el plan rector de uso y gestión solamente lo que llama la planificación ordinaria y atribuye a la Administración General del Estado la planificación superior del parque nacional. Debemos aceptar que el Partido Popular quiere cambiar el modelo, está en su derecho y su mayoría absoluta se lo permite. Lo que es más difícil de entender es que no lo publiciten así, con claridad: cambiamos el modelo. Dejen de esconderse detrás de excusas falsas y de déficits de gestión por parte de las comunidades autónomas. Como he dicho anteriormente, la actual ley tiene suficientes mecanismos para ejercer con eficacia la responsabilidad del Estado si no se cumplen los objetivos marcados. Tenemos un proyecto de ley que no aporta nada a la preservación y mejora de la diversidad y, por tanto, no era necesario sustituir la ley vigente. Para cambiar el modelo sí era necesario. No voy a repetir cómo el informe del Consejo de Estado remarca y destaca el consenso alcanzado por la Ley de 2007 que no tiene este proyecto de ley. Una vez más -lo han anunciado otros portavoces- nos añadimos a que si las mayorías son diferentes dentro de poco, trabajaremos para anularla y volver al modelo actual, que tiene mayor consenso.

Señorías del Partido Popular, cómo no van a despertar dudas y críticas de los diferentes sectores si introducen enmiendas que generan dudas, incluso más allá del cambio de modelo que ya ha quedado claro. La introducción de la enmienda 278 en el Senado ha puesto en pie a las tres organizaciones ecológicas que forman parte del Consejo de la Red de Parques Nacionales y al resto de grupos parlamentarios. Después se quejan de si les acusan de introducir excepciones que permiten actividades incompatibles con la protección, el vuelo sin motor, la navegación o la caza. Han generado un consenso total entre los grupos de la oposición y las organizaciones ecologistas. Cómo no se les va a acusar de acabar con el régimen de protección de los parques, de abrir la puerta a usos incompatibles en la totalidad de la red y de contemplar nuevas prórrogas. Así es, señorías.

El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se opone nuevamente al proyecto de ley de parques nacionales del Partido Popular por innecesario, por inoportuno, por inconstitucional y, sobre todo y singularmente desde Cataluña, porque no se corresponde con el modelo que queremos para Cataluña de desarrollo sostenible y equilibrio territorial. Nos impide proteger, ordenar, conservar y gestionar correctamente el patrimonio natural de Cataluña desde Cataluña y, por tanto, hoy votaremos en contra de las modificaciones introducidas que reafirman este modelo del Partido Popular.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Lucio.

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, diputados del Grupo Popular, dicen ustedes que no gobiernan para una minoría, pero esta ley es un ejemplo claro de todo lo contrario. Les leo una noticia aparecida en prensa nacional en enero de 2012 que dice: El director general del Organismo Autónomo de Parques Naturales, el pasado 3 de enero, acudió invitado a una montería en una finca que incluye una parte del Parque Nacional de Cabañeros. En noviembre de 2014 aparece la siguiente noticia: El Senado aprueba la Ley de Parques Nacionales que prorroga la caza hasta 2020 con los únicos votos a favor del Grupo Popular y el rechazo de toda la oposición. En esa cacería de enero de 2012, quién sabe, quizás hubo una conversación en una escena que podría ser de la obra maestra de Berlanga llamada La escopeta nacional; el dueño de la finca, quién sabe, quizás le dijera a ese alto cargo del Gobierno al que invitó que sería una lástima que en su finca no se pudiera cazar, todo ello porque a algún ecologista trasnochado le dio por decir un día que tenía que formar parte de un parque nacional.

A la vista de los acontecimientos está claro que esa supuesta historia está basada en hechos reales, primero, porque esa cacería se dio en Cabañeros y porque hoy traen aquí una ley para su aprobación que pondrá contento a este propietario y a otros cuantos como él. Parece mentira que a estas alturas en un país como España en el siglo XXI se reproduzcan historias de la España predemocrática. Parece imposible que esto pueda pasar; cómo duele pensar que ese ambiente de La escopeta nacional siga tan vigente hoy en este país.

Les reiteraré algunas preguntas que ya les hice en su momento. Primera, para qué han hecho ustedes esta ley. Segunda, a quien beneficia. Y tercera, en qué mejora a la que había. Ustedes han cambiado la vigente ley aprobada en el año 2007 por unanimidad de todos los grupos políticos, con el respaldo del movimiento ambiental, con el consenso de las comunidades autónomas, que son las competentes en la gestión de los parques nacionales, además de con la unanimidad del Parlamento. Esta ley terminó con décadas de conflictos competenciales y era segura y pacífica. Era una buena ley. Pero parece ser que esa ley no les convenía a sus intereses. O mejor dicho, a los intereses de sus amigos. O mejor dicho, da igual sus intereses que los intereses de sus amigos. Por eso han cambiado esta ley. Si no pensamos en una cadena de favores, no alcanzamos a comprender el motivo de su impulso porque ni es mejor ley, ni beneficia a más gente ni ha sido aprobada por nadie.

El Consejo de Estado fue inusualmente crítico con este proyecto y alertó de sus problemas de constitucionalidad por invasión de competencias, como ha dicho el diputado de Convergència i Unió. Vuelven a generar conflictos innecesarios con las comunidades autónomas y me atrevería a decir que con pocas perspectivas de tener la razón en cambios de segundo orden. Demasiado riesgo y demasiado poco beneficio. De verdad, ¿por eso merecía la pena esta ley? Mucho más recientemente, también en el mes de noviembre, once directores de los quince parques nacionales españoles, en un gesto inédito y sin precedentes, que da cuenta del atropello que supone esta ley, escribieron al Ministerio de Medio Ambiente para protestar por la reforma de la ley de Parques Nacionales planteada por el PP que prorroga las cacerías en estos espacios protegidos. Refiriéndose a la "enmienda de los cazadores" -o también llamada "enmienda Cospedal"- afirman que implica socavar en lo más profundo el concepto del interés general y las bases de la existencia de nuestros parques nacionales. ¿Creen que esas once personas son once políticos de la oposición o que son once enajenados? No, señores del PP, ni son una cosa ni son la otra, son once servidores públicos honestos, valientes y comprometidos con su trabajo, once personas íntegras que se han rebelado y le han dicho la verdad a la cara aun a riesgo de ser represaliados y aun a riesgo de que les hagan la vida imposible. Por cierto, les traslado mi felicitación, la del Grupo Parlamentario Socialista, a esos once profesionales, les envío nuestro máximo reconocimiento y les digo que tienen nuestro apoyo y que, si nos necesitan, estaremos a su disposición.

Para los socialistas los parques nacionales son las joyas de la corona de la conservación, no son ni parques urbanos ni parques temáticos. El motivo de su existencia es que el hábitat natural se conserve en las mejores condiciones posibles; que la flora, la fauna, el paisaje y el entorno se conserven. Para cazar, para comerciar con madera, para hacer rafting o vuelo sin motor hay otros lugares, muchos lugares afortunadamente a lo largo y ancho de la geografía española. No todo vale para todo. No todo vale. Y es ahí donde ustedes permanecen en la confusión, en la prioridad que es aquí lo natural, que es distinguir lo público de lo privado. Si un propietario, cuya finca -mire usted que mala suerte- ha sido declarada en


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parte de parque nacional, tiene el deber de respetar el interés general. Es su deber, ni más ni menos que el interés general, no el de unos privilegiados, defender el interés de la ciudadanía. No es el interés de sus amigos, es el interés de todos.

Señorías del Partido Popular: ¿No les parece grave toda la situación? En un país serio, ese director de Parques Nacionales no estaría ya en su cargo desde hace tiempo y por supuesto no habría salido una ley de estas características. No son solo las organizaciones ambientales, es el Consejo de Estado, es la oposición en bloque, son los propios encargados de la gestión de los parques los que están diciendo que esta ley es una barbaridad; incluso para ustedes. Señorías del PP, en una sola legislatura han conseguido desmantelar un sistema avanzado de protección ambiental que nos homologaba con los países más exigentes de toda Europa y del mundo. El Gobierno de Rajoy ha sido la mayor plaga ambiental de la democracia. Ha dilapidado todo ese patrimonio, ha seguido una política que ha sido sistemática en degradación bajando los estándares normativos en materia de residuos, de reciclaje, de contaminación, en evaluación de impacto ambiental, en responsabilidad civil por daño ambiental. Ha sido una política sistemática en privatización, colocando en manos privadas lo que antes era patrimonio de todos, tanto en las costas como en esta ley de parques nacionales o en funciones como la inspección ambiental. También han seguido una política sistemática en la mercantilización, promoviendo el negocio ambiental con toda suerte de bienes ambientales. Espero que lo dejen ya aquí, que no traigan más leyes ambientales por el bien de toda la ciudadanía española. Pero ya les aviso, no les prometan a sus amigos que esta ley les va a garantizar muchos años de caza y de otras actividades prohibidas en los parques nacionales; no es un negocio seguro, porque no lo vamos a permitir. Les anuncio que también esta ley pasa a engrosar esa larga lista de agravios que deberemos corregir con urgencia en cuanto volvamos a tener las responsabilidades de gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lucio.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Lara.

La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme que inicie mi intervención mostrando mi más profundo rechazo a la dinámica introducida por los grupos de la izquierda española ante los debates medioambientales que se producen en esta Cámara. Señorías, esta es una Cámara legislativa en la que indudablemente deben contrastarse las distintas opiniones de los grupos parlamentarios, pero la utilización reiterada de la demagogia, el desconocimiento, la irresponsabilidad, el sectarismo, la mentira o la mala fe como únicos argumentos no son admisibles desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular. (Aplausos). Un respeto a la Cámara y a todos los españoles exige un análisis serio y riguroso de los asuntos que se debaten y la búsqueda de soluciones reales y posibles. Nos encontramos en el debate final del proyecto de ley de Parques Nacionales y se va a producir la votación de diecisiete enmiendas, aprobadas en el Senado, que introducen notables mejoras en el texto, pero a la que ninguna de sus señorías se ha referido, porque todos se han empecinado en la enmienda 278, a la que luego me referiré. Por ello, permítanme unas aclaraciones.

Primera, la Ley aún en vigor de la red de Parques Nacionales del año 2007, de la etapa socialista, establece la prohibición de la caza deportiva y comercial en los parques nacionales en su artículo 13.3.a), idéntico texto que el del artículo 7.3.a) del proyecto de ley actual que estamos debatiendo. Idénticos, señorías, no se ha modificado. Segunda, la Ley de Parques Nacionales de 2007, de la etapa socialista, establece en su disposición adicional quinta -y entrecomillo-: "Las administraciones públicas asumirán el pago de las indemnizaciones por las limitaciones en los bienes y derechos patrimoniales [...] en los parques nacionales". Texto idéntico, señorías, figura en la disposición adicional cuarta del proyecto de ley que estamos debatiendo. Tercera, la ley de 2007 de la etapa socialista, en la disposición final segunda, dice textualmente: Las administraciones públicas adoptarán, en el plazo de diez años a partir de la aprobación de la presente ley -o sea, en 2017, o sea, pasado mañana- las medidas precisas para adecuar la situación de los parques nacionales a la normativa. Y finaliza diciendo: Las administraciones públicas promoverán la celebración de acuerdos voluntarios en los casos en que la adecuación afecte a derechos de terceros.

¿Qué hizo al respecto el Gobierno socialista en el periodo 2007-2012? Nada, señorías. ¿Asumió el pago de alguna indemnización por la limitación de los derechos de terceros, derechos de caza fundamentalmente, en las fincas de propiedad privada o de los ayuntamientos en los parques nacionales?


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Ninguna, señorías. ¿Llegó a algún acuerdo voluntario con los propietarios particulares o ayuntamientos? A ninguno, señorías. Esos derechos de caza a los que me he referido son especialmente relevantes en el Parque Nacional de Cabañeros, pero, señorías, seguramente ustedes no lo saben porque no se estudian los temas adecuadamente. Afectan también al Parque Nacional de Picos de Europa, en donde existe una reserva de caza de 18.000 hectáreas y hay que indemnizar a los municipios de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón. Asimismo, en el Parque Nacional de Sierra Nevada quedan pendientes todavía 20.000 hectáreas por indemnizar a ayuntamientos y particulares, y el Parque Nacional de Doñana, donde queda pendiente la indemnización de la finca Marisma Gallega, propiedad del ayuntamiento de Hinojos. Es decir, ayuntamientos y particulares.

En el Parque Nacional de Cabañeros, como todos ustedes saben, cerca del 50 % de su superficie está constituida por terrenos de propiedad privada. Son cotos privados de caza, su aprovechamiento principal es el cinegético y pagan sus impuestos por ello. Convendría preguntarnos el porqué de la creación de un parque nacional como el de Cabañeros, con la mitad de su superficie de propiedad privada, en contra de la voluntad de sus propietarios e interrumpiendo determinados usos y aprovechamientos de fincas privadas que se ha demostrado que sirvieron para conservarlo en perfecto estado. Por cierto, señorías, que tampoco se ha dicho aquí, en la ley declarativa del Parque Nacional de Cabañeros de la época socialista, de 1995, no figura prohibición alguna de la caza. Ninguna, señorías. Al respecto, varias preguntas. ¿Por qué no indemnizaron ustedes la limitación de los derechos de caza como indica la ley? ¿Por qué no lo hicieron en los años de bonanza económica en la época de despilfarro socialista que casi nos lleva a la quiebra? Señorías de la izquierda ¿es que acaso no creen ustedes en la propiedad privada? En estos momentos, como saben ustedes, proceder al pago de los cerca de 320 millones de euros, que se calcula debería asumir la Administración General del Estado para la adquisición de estas fincas, no es factible por motivos económicos fáciles de comprender. La Ley de 2007 no tuvo en cuenta ni estableció mecanismos suficientes que hicieran viable la aplicación de estos preceptos, generando una gran inseguridad jurídica y que los titulares de estos terrenos -particulares y ayuntamientos- perdieran determinados derechos y deban dejar de ejercerlos en 2017, sin que haya mediado indemnización alguna del Estado. A esto el Grupo Socialista lo llama expoliar, algo que por supuesto no compartimos. Tal vez el expolio sea la apuesta del nuevo socialismo de don Pedro Sánchez. Desde luego, no lo es del Gobierno de Mariano Rajoy. De ahí el sentido de nuestra enmienda 278, que después de oírles a todos he llegado al convencimiento de que ustedes no se han leído la enmienda, se han leído los titulares de determinados medios. (Aplausos). Y digo que no se han leído la enmienda porque ha habido que ponerla, dada la inacción y el pretendido expolio del anterior gobierno socialista.

¿Qué dice la enmienda que todos han citado, pero que ninguno se ha leído? Que se prorroga cuatro años el plazo para adecuar la situación de los parques nacionales ya declarados, no Cabañeros, sino Cabañeros, Doñana, Picos de Europa, Sierra Nevada, todos ellos, a las prescripciones que indica la ley, que, en caso de no producirse los acuerdos voluntarios, las administraciones públicas aplicarán el procedimiento de expropiación o rescate de los correspondientes derechos. Es decir, aportamos seguridad jurídica para los propietarios de terrenos -repito, particulares y ayuntamientos-, a los que se incluyó la mayor parte de las veces en contra de su voluntad en un parque nacional. La enmienda aclara, asimismo, señorías, que los acuerdos voluntarios hechos sobre la base de criterios técnicos, serán elaborados por las administraciones públicas gestoras del parque con la participación de los propietarios, como no puede ser menos, y se incorporará su contenido en el plan rector de uso y gestión.

Señorías, basta ya de demagogia, basta ya de mentiras. Ni se deja la puerta abierta a la edificación, ni a la minería, ni a la extracción de hidrocarburos, ni a la caza, ni se favorece a los ricos, ni a los amigos, como dicen ustedes, de la señora Cospedal. Este es su mensaje reiterativo en cada una de las leyes medioambientales que aquí hemos debatido porque carecen de argumentos. Y, señorías, ya estamos hartos de oír lo mismo siempre. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

El Grupo Parlamentario Popular está convencido de la necesidad de proteger el medio ambiente y nuestro rico patrimonio natural. No admitimos lecciones de ninguna de sus señorías. Pero también desde nuestro grupo parlamentario hemos venido proponiendo la necesidad de defender a los habitantes de los entornos de nuestros parques nacionales, a los municipios que con su buen hacer han conseguido que las zonas en las que han vivido largo tiempo hoy formen parte de un parque nacional. Ustedes, señorías de la izquierda, nunca tuvieron en cuenta esta realidad ni a los habitantes que con su esfuerzo y dedicación han contribuido a mantener durante generaciones este patrimonio natural en un estado de conservación tal que nos convierte en un referente internacional.


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Termino, señora presidenta. Con la aprobación hoy de este proyecto de ley se mejorará la gestión de los parques nacionales, su coordinación y la conexión entre estos espacios protegidos. La posibilidad de intervenir excepcionalmente en determinados supuestos extraordinarios en caso de conservación desfavorable y la declaración del estado de emergencia medioambiental garantizarán su protección y conservación. Asimismo, la nueva norma reforzará el régimen de incompatibilidades al declarar como incompatibles la extracción de hidrocarburos, áridos o canteras, actividades que no contemplaba la legislación socialista. Mejorará la colaboración efectiva con los colectivos asentados en esos lugares emblemáticos mediante instrumentos que impulsen además su correcta conservación y gestión. Se iniciará una sesión más participativa y abierta a las poblaciones del entorno con la posibilidad de desarrollar actividades económicas y comerciales compatibles con la conservación, en especial las relacionadas con el uso público y con el turismo rural. Se potenciará el desarrollo sostenible en las áreas de influencia socioeconómica, impulsando los usos y costumbres tradicionales compatibles con la gestión de estos espacios y, en definitiva, señorías, se potenciará el desarrollo de la marca Parques Nacionales de España.

Lamentamos profundamente que no se hayan molestado en leer detenidamente el texto y en ver qué es lo que aporta el texto a la normativa anterior y lamentamos profundamente que se haya ido aquí al debate fácil, a la crítica sin sentido y me referiré simplemente a dos puntos. La crítica que ustedes han hecho al director de Parques Nacionales es tan absurda porque se refieren a una enmienda que no es la que votamos hoy. Por consiguiente, señorías, estudien más, aprendan más y así a lo mejor algún día votarán en beneficio de nuestro entorno y nuestro medio ambiente.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De Lara.

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 35/2006, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2004, DE 5 DE MARZO, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS. (Número de expediente 121/000109).

- PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. (Número de expediente 121/000110).

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, LA LEY 20/1991, DE 7 DE JUNIO, DE MODIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS FISCALES DEL RÉGIMEN ECONÓMICO FISCAL DE CANARIAS, LA LEY 38/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DE IMPUESTOS ESPECIALES, Y LA LEY 16/2013, DE 29 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS. (Número de expediente 121/000111).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Finalizamos este apartado con las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el texto refundido de la Ley del impuesto sobre la renta de no residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias; al proyecto de ley del impuesto sobre sociedades; y al proyecto de ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, que se debatirán conjuntamente conforme a lo acordado en la Junta de Portavoces.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, intervenimos para manifestar nuestra posición en relación con las enmiendas del Senado en este último trámite de lo que se denomina reforma fiscal. Decimos lo que se denomina reforma fiscal porque desde el Bloque Nacionalista Galego esta es una reforma fiscal frustrante en la medida en que lo que hizo el Gobierno fueron meros retoques que, además de no mejorar la inequidad del sistema, han


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permitido todo lo contrario como, por ejemplo, la reducción de los tramos del IRPF que resta progresividad a este impuesto y, por tanto, incrementa la injusticia en el reparto de la riqueza.

El Gobierno no ha querido afrontar una reforma fiscal que pudiera incrementar los ingresos del Estado con una fiscalidad mayor a las grandes fortunas o un nuevo impuesto a las transacciones financieras. Además, señorías, no lo hace en un momento en el que, mientras la mayoría social se ha ido empobreciendo y tenemos en este momento entre un 18 % y 20 % de personas en riesgo de exclusión, las grandes fortunas, sobre todo aquellas que se denominan como Sicav, han experimentado unas subidas que llegan a ser ofensivas para esa mayoría social. El Gobierno no ha querido, en absoluto, modificación alguna a este respecto.

Por otro lado, en relación con las enmiendas del Senado, hemos de decir que una vez más el Grupo Popular, como viene siendo habitual en esta legislatura, ha decidido pasar el rodillo en el Congreso a las enmiendas presentadas a estos proyectos para después, en el Senado, hacer algunas modificaciones que provienen justamente de las enmiendas del Partido Popular. Es decir, el Gobierno hace en el Senado incluso ajustes que otros grupos parlamentarios, como el Bloque Nacionalista Galego, habían presentado a esas cuestiones y que el Gobierno ajusta como enmiendas. Queremos decir, por tanto, que el Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente algunos de esos ajustes llevados a cabo en el Senado -otros no-, que vienen como enmiendas aprobadas.

Queremos mencionar de manera especial aquella enmienda que está relacionada con la reducción del IVA al sector económico de las flores y las plantas ornamentales porque fue una enmienda presentada por este grupo a esta reforma fiscal, porque la presentamos también a los Presupuestos Generales del Estado y porque además hemos presentado en estos últimos meses muchas iniciativas en esa dirección. Por tanto, nos congratulamos y, en todo caso, le agradecemos a Convergència i Unió que tuviera a bien presentar en el Senado esta enmienda.

Señorías, queremos aprovechar para decirle al Gobierno que, del mismo modo que ha hecho valer las reclamaciones y reivindicaciones de este sector económico tan importante, sobre todo en Galicia y en comarcas como la del Baixo Miño, también sea receptivo a las reclamaciones que se están haciendo desde otros sectores como el de las peluquerías, en el que se han perdido miles de puestos de trabajo en este último año, el de la cultura y también la reducción en los libros de texto y en el material escolar.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández Davila.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, con esta reforma fiscal los más perjudicados, evidentemente, son, como siempre, los más pobres, las clases medias y las pequeñas y medianas empresas, mientras que los más beneficiados son quienes tienen las rentas más altas y las grandes empresas. Agudizan, pues, aún más la tendencia actual en la que los ricos son cada vez más ricos y los pobres, cada vez más pobres; es decir, recortan las políticas sociales que benefician a las clases populares para que sean las grandes empresas y las grandes fortunas quienes ganen más y, además, dando una nueva vuelta de tuerca a la asfixia que padecemos las comunidades autónomas a las que se recortan sus ingresos; de hecho, cabe decir que ni siquiera fueron capaces de compartir equitativamente con ellas la subida del IVA porque, mientras reducen los ingresos a las comunidades autónomas, el Estado español sigue impunemente su despilfarro y su aumento del presupuesto militar. Lo hemos recordado en más de una ocasión, en lo que llevamos de año el gasto militar se ha aumentado ya en más de 2.000 millones de euros. Eso sí -también hay que decirlo-, en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como la Extremadura de Monago o la Castilla-La Mancha de Cospedal, ya han anunciado que, al igual que el Gobierno de Rajoy, ellos también van a bajar los impuestos. Humildemente me pregunto: ¿acaso Extremadura y Castilla-La Mancha van sobrados de dinero para bajar los impuestos? ¿Acaso no son receptores del dinero de otros a los cuales algunos de ellos llaman insolidarios?

Se trata de una reforma regresiva que, lejos de avanzar en términos de equidad, reduce mucho más la carga impositiva soportada por las grandes empresas que la soportada por las pequeñas y medianas empresas, que se ven claramente discriminadas con esta reforma. Y es que, en sintonía con esa pérdida de progresividad, las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas llegarán a tributar el mismo tipo, el 17 %, de manera efectiva. La justificación neoliberal que defiende el Partido Popular es de sobra conocida: bajando presión fiscal a los ricos y a las grandes empresas se producirá una mayor inversión


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para reactivar la economía. Pero, ¿cómo se puede reactivar la economía si con la subida de impuestos y los recortes salariales se está bajando la capacidad económica de la mayoría de la población y en consecuencia la demanda? ¿No se dan cuenta de que es la demanda la que genera actividad económica y ocupación?

Acabo. Su reforma fiscal no es una reforma, es más de lo mismo; mantiene la injusticia. Una verdadera reforma fiscal es aquella que convierte el sistema fiscal en progresivo; una verdadera reforma fiscal es aquella que mantiene un IVA reducido para los productos esenciales, para la cultura, para la educación, mientras crea a la vez un IVA de lujo, porque es injusto que comprar maquinaria agrícola o ganadera para producir tribute al mismo tipo de IVA que comprar un coche de lujo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.

Señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.

Intervengo desde el escaño para expresar nuestra preocupación porque yo diría que estas tres leyes, después de pasar por el Senado, han llegado al Congreso casi peor que como entraron. Y aunque nosotros, que defendemos nuestro derecho a decidir y tenemos normativa propia respecto al impuesto sobre sociedades y al impuesto sobre la renta de las personas físicas, razón por la que no vamos a participar en esa votación -porque respetamos lo que quieran decidir en este tema-, queremos hacerles una reflexión, y es que en la reforma de esos dos impuestos siguen sin atajar el problema estructural fundamental del Estado español que suponen el fraude y la elusión fiscal, y así no van a poder seguir adelante. Y a pesar de que esto a nosotros no nos afecta de forma directa, a nuestro país, a Euskal Herria, le afecta de forma indirecta, por eso volvemos a poner encima de la mesa esta reflexión y les pedimos que aborden el problema estructural fundamental que suponen el fraude y la elusión fiscal, algo que no están haciendo con la modificación de estos dos impuestos.

Con relación al impuesto sobre el valor añadido, que sí nos afecta y respecto de lo que vamos a votar en contra, volvemos a repetir la misma crítica que hicimos la vez anterior -y con esto acabo, señora presidenta-. Es un impuesto que sigue siendo regresivo; es un impuesto que no beneficia a las personas con menos posibilidades; sigue siendo un impuesto que aumenta la desigualdad y que también afecta a dos sectores importantes, como son el de la cultura -al que afecta muy negativamente- y el sector de la economía real, la economía productiva, las pequeñas y medianas empresas, por eso votaremos en contra de esta cuestión.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Larreina.

Pasamos al Grupo Vasco, PNV. Señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.

Intervengo muy brevemente desde el escaño para hacer un comentario, una queja o una denuncia -utilicen, señorías del Partido Popular, el término que les parezca más apropiado- con relación a la nueva disposición trigésimo séptima nueva. Con esa disposición se corrige el efecto negativo que de no hacerlo hubiera tenido esta ley, cuando se apruebe, sobre aquellas empresas que hace menos de dos años se acogieron a la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que pudieron actualizar los balances.

Pues bien, como saben sus señorías, nuestro grupo presentó una enmienda en el Congreso a tal fin. Nos sorprendió que después de las buenas palabras -pensábamos que ya había un compromiso por parte del grupo parlamentario y del Gobierno- votaran sorprendentemente en contra, algo que entonces no entendimos. Resignándonos -como hacemos también otras tantas veces- ante este evento político, a la espera de que esto prosperara en el Senado, tal y como también se nos comentó, volvimos a presentar esta enmienda pensando que por fin en el Senado iba a ser aprobada. Lo que nos sorprendió es que en lugar de aprobar nuestra enmienda, o transaccionarla en el caso de observarse un margen de mejora, el PP presentara una enmienda igual, equivalente o similar -utilicen también aquí el término que les parezca- a la que presentó nuestro grupo, un acto en nuestra opinión de auténtico vampirismo político -y aquí no les dejo elegir terminología-, poco comprensible desde una posición razonable y solo entendible desde una politiquilla cortoplacista que no entiendo, no me interesa y no me gusta.


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No obstante, y dado que el contenido de nuestra enmienda es similar al de la aprobada definitivamente a iniciativa del Grupo Popular, votaremos a favor exclusivamente esta enmienda, y digo exclusivamente esta enmienda, porque al resto básicamente nos abstendremos siguiendo el criterio que solemos hacer habitualmente. Dado que el IRPF y el impuesto de sociedades es competencia de las diputaciones forales no nos solemos meter en exceso ni en los debates y solemos respetar lo que decida esta Cámara en estas cuestiones, salvo que haya cláusulas como esta que también nos afecten directamente.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.

Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Vuelve a la Cámara del Senado la reforma fiscal -una reforma potencialmente importante- para este último trámite, y vuelve precisamente cuando se cumple el tercer aniversario de las últimas elecciones generales. Esto nos parece mucho más que una coincidencia. Creemos que para entender esta reforma hay que tener en cuenta esto, que han transcurrido tres años de la legislatura y que solo queda un año más antes de las elecciones. Como todos recordamos, esta legislatura empezó con unas promesas electorales previas del Partido Popular de que iba a bajar los impuestos, y un comportamiento totalmente contrario una vez en el Gobierno, subiendo el IRPF, el IVA, los impuestos especiales, el impuesto sobre sociedades, el IBI, etcétera. Queda un año para las elecciones y hay que disimular. Esta reforma sigue este enfoque: disimular con el impuesto más visible, que es el IRPF, dejándolo parecido a como lo encontraron, y manteniendo el resto de subidas. Es un enfoque muy pobre y lamentable, porque realmente España necesitaba una reforma fiscal. Hace tiempo que la necesita y hay importantes problemas en nuestro sistema fiscal pendientes de resolver. En ese sentido, se ha perdido una oportunidad histórica para hacer una reforma fiscal a fondo.

¿Cuales son algunos de los problemas pendientes de resolver que aquí no se abordan? Por ejemplo, la simplificación del sistema fiscal. ¿Sale el sistema fiscal simplificado después de esta reforma? No. Algunas cuestiones se han simplificado, otras se han complicado y precisamente estas últimas enmiendas del Senado contribuyen a embarullarlo más. ¿Se han ampliado las bases imponibles de forma que se evite la elusión fiscal y que personas con altos ingresos apenas tributen utilizando ingeniería fiscal o sociedades interpuestas, aunque no vulneren la ley? No. No ha habido una ampliación apreciable de bases imponibles. ¿Se ha mejorado la lucha contra el fraude de forma que ese 7 u 8 % de PIB que se deja de recaudar todos los años se reduzca? Tampoco sobre esto ha habido cambios apreciables. Si no se simplifica el sistema fiscal, si no se amplían apreciablemente las bases imponibles, si no mejora la lucha contra el fraude, los grandes temas quedan sin resolver. Esto, que se ve en la valoración global, se puede ver también en los diferentes impuestos.

En el IRPF, por ejemplo, había una buena ocasión de descargar a las rentas del trabajo dependiente, a las clases trabajadoras y medias, del exceso de carga que padecen. Nosotros proponíamos que quedasen exentas las rentas por debajo de 14.000 euros y no por debajo de 12.000, como propone el Gobierno. En más del 90 % de los casos las rentas por debajo de 12.000 euros ya están exentas y un mileurista en un país con catorce pagas tiene el nivel de ingresos en 14.000 euros. Eso no se ha hecho. Nos parecía una buena ocasión para que el tipo marginal máximo empezase a funcionar a partir de 95.000 euros, como sucede en los países de nuestro entorno, y no a partir de 60.000 euros, un nivel muy bajo en el contexto europeo. Eso no se ha hecho tampoco. Sin embargo, lo que sí se ha hecho es empeorar la fiscalidad de la vivienda. Se eliminaron los coeficientes de abatimiento y la compensación por la subida nominal de precios que provoca la inflación. En el Senado los coeficientes de abatimiento se retocan parcialmente, pero se sigue sin corregir la plusvalía aparente que genera la inflación. Vemos que no se es muy generoso con las rentas del trabajo dependiente -ha habido grandes dificultades para eso-, sin embargo se acentúa el tratamiento dual de las rentas del capital o se mantienen todos los regímenes privilegiados de inversión colectiva. Por tanto, no hay desplazamiento de la carga. En el caso del IVA, impuesto sobre el valor añadido, se consolidan todas las subidas anteriores. Nosotros proponíamos una bajada selectiva en el ámbito cultural, educativo, libros electrónicos, etcétera. Nada de eso se hace. Sí se hace en el caso de las flores. Nos alegramos, pero ¿por qué precisamente en ese sector? ¿Cuál es la justificación? Nos gustaría que la portavoz del Grupo Popular nos lo explicase. No se avanza en el ámbito de la fiscalidad verde, otra de las grandes lagunas y tareas pendientes en nuestro sistema tributario, que lo habría modernizado, y no se suprime un impuesto que en nuestra opinión no debería existir: el impuesto


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a los depósitos bancarios, que no es un impuesto a la banca, como se quiere hacer creer, sino a los que tienen un depósito en el banco. No es exactamente igual la banca que quien tiene un depósito en el banco. En el caso del impuesto sobre sociedades, dijimos en la tramitación en el Congreso que se restringía excesivamente la posibilidad a las empresas de desgravar una serie de gastos que, efectivamente, tienen. En ese sentido, se gravaba un beneficio teórico que definía el impuesto y que era distinto del beneficio real de las empresas. Señalamos también que no se corregía la doble imposición de dividendos. En el Senado se han introducido algunas enmiendas que, como suelen hacer, atenúan estas cuestiones, pero no las solucionan totalmente. Se ha desperdiciado una ocasión importante para terminar con los desincentivos al crecimiento de las empresas, para terminar con lo que llamamos en nuestras enmiendas el efecto salto, que cuando una empresa crece, pierde una serie de ventajas. Debería gravarse por tramos, de forma que no se desincentivase el crecimiento de las empresas y esto tampoco se hace en la reforma fiscal. Hay todo un ámbito que se ignora y es sorprendente que en un país tan descentralizado como el nuestro se quiera hacer una reforma fiscal ignorando totalmente la tributación autonómica. Es realmente sorprendente que se quiera reformar el sistema fiscal ignorando la tributación autonómica en un país tan descentralizado. El impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones -muy importantes- tienen disparidades enormes en nuestro país entre las diferentes comunidades autónomas y sobre eso nada se hace. Por otra parte, hay una serie de impuestos medioambientales que apenas recaudan, pero que tienen costes de cumplimiento para los que tienen que pagarlos y no se ha puesto ningún tipo de armonización, de orden en ese caos de tributación medioambiental. Y la financiación autonómica, como ya ha explicado el ministro de Hacienda, se deja para no se sabe cuándo. ¿Es posible, realmente, reformar nuestro sistema tributario dejando partes tan importantes del mismo al margen de la reforma? Creemos que no.

Respecto a las enmiendas del Senado, son demasiado numerosas y técnicas para valorarlas, casi para explicarlas en los pocos minutos de que disponemos, pero sí podemos explicar el sentido general de las mismas. En la tramitación de la reforma fiscal, en el Congreso, surgieron una serie de temas polémicos, impopulares, en el texto inicial. El Gobierno se ha visto sujeto a una importante presión mediática o de los sectores perjudicados o de lobbies -suponemos- en algunos casos y ha decidido hacer algunas correcciones parciales que no solucionan totalmente esas cuestiones planteadas, pero que complican el sistema tributario. Son enmiendas, pues, que básicamente buscan una vez más efectos de imagen más que la coherencia del resultado en el sistema tributario global. En conjunto, las enmiendas del Senado, aunque numerosas, no cambian esencialmente el modelo de reforma fiscal que salió del Congreso y, por tanto, tampoco pueden cambiar esencialmente nuestra postura, que fue y sigue siendo contraria. Lo lamentamos porque -insisto- una reforma tributaria era necesaria y conveniente en nuestra economía y, en este caso, estamos hablando de una mal llamada reforma fiscal, porque no tiene la envergadura suficiente esta reforma para merecer ese nombre.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.

He contado en varias ocasiones una anécdota personal que tiene relación con lo que estamos debatiendo hoy aquí. Cuando estaba en la facultad dando clases tenía un compañero que me decía: Alberto, hace treinta años yo era de centro -en el departamento había compañeros a la derecha y a la izquierda-, pero treinta años después estoy en la extrema izquierda y yo no me he movido. Habían sido los demás profesores los que se habían ido derechizando poco a poco. Pues algo parecido le ha pasado a nuestra Constitución e incluso a nuestras instituciones que luchan, por ejemplo, contra el fraude fiscal. Hoy los inspectores de Hacienda, reclamando lo mismo que reclamaban hace treinta años, parecen de Izquierda Unida. Quizás eso explique por qué el Gobierno no les hace ningún caso; ellos están cumpliendo su trabajo, el trabajo que aparece reflejado en la Constitución, el trabajo que aparece cuando se dice que el sistema fiscal tiene que ser progresivo, que hay que combatir el fraude fiscal, que no pueden permitirse los agujeros fiscales que utilizan las grandes empresas y las grandes fortunas. Precisamente por decir todo esto a veces son marginados, sus demandas son desoídas; de hecho, en el año 2006 en este Congreso -este portavoz que habla no estaba aquí en ese momento-, cuando entonces los técnicos de Hacienda encontraron que las Sicav como instrumento financiero servían también para eludir impuestos, el entonces Gobierno del Partido Socialista, con el apoyo de todos los grupos -a excepción de Izquierda Unida- votó delegar esas competencias a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, por lo tanto,


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quitar esas competencias a los técnicos de Hacienda, que eran los que habían detectado la posibilidad de fraude. Eso es lo que obedece la política de los diferentes Gobiernos en los últimos años, que ha sido una política antisistema; una política antisistema cuando nos referimos al sistema de financiación justa, equitativa, al sistema que tiene que soportar el Estado social, es decir, al sistema reflejado en la Constitución de 1978, ese artículo 31 pero también el artículo 128. En realidad han sido décadas de políticas fiscales erróneas; por supuesto erróneas para los intereses de la mayoría social y erróneas para la filosofía política reflejada en la Constitución de 1978, pero muy acertadas para una minoría social. Así llegamos a una enorme paradoja, y es que hoy el Gobierno del Partido Popular -como antes el Gobierno del Partido Socialista- se ha tenido que endeudar de forma masiva para hacer frente, en primer lugar, a los costes de la crisis y, en segundo lugar, para rescatar a los amiguetes, como las constructoras, las autopistas o los macroproyectos absolutamente irracionales. Como no había dinero se endeudaron, y se endeudaron -qué paradoja- cuando las personas que empezaron a prestar eran aquellas que antes estaban pagando impuestos; es decir, aquellos sujetos políticos y aquellas grandes fortunas y grandes empresas que antes pagaban impuestos obligadas por la ley, dejaron de hacerlo, tuvieron dinero ocioso, se enriquecieron en este sentido y, al final, cuando el Estado tuvo que pedir dinero se lo tuvieron que hacer aquellas personas que habían dejado de pagar por la vía impositiva.

La responsabilidad, por lo tanto, es de aquellos Gobiernos que se dedicaron durante décadas a bajar los impuestos y a hacerlos mucho más injustos. Si atendemos a esta dinámica fiscal -efectivamente, hoy estamos en el aniversario del tercer año de Gobierno del Partido Popular-, podemos ver que el IVA ha crecido en los últimos años -es verdad que no solamente con el PP, también el último Gobierno del Partido Socialista hizo un crecimiento del IVA importante-, pero el IVA es un impuesto regresivo, paga lo mismo la señora Botín que yo o que cualquier persona de la calle, y eso es absolutamente injusto, está ampliamente reconocido por los expertos que no deberían pagar lo mismo personas que ganan miles de millones de euros al año que personas que no llegan a miles de euros o que ni siquiera tienen dinero o ingresos. Sin embargo, ese es el impuesto que ha crecido, y otros como el IRPF han estado en una montaña rusa, a veces subían, a veces bajaban, pero la tendencia siempre era la misma; subieran o bajaran en conjunto, desde luego para los ricos siempre bajaban y para los pobres siempre subían; esa es la realidad de la última reforma fiscal. Lo que nos muestran estas enmiendas es que eso no ha cambiado en absoluto; no ha cambiado el rumbo, que era lo importante, que era la oportunidad de aprovechar las enmiendas del Senado para modificar esa realidad. Sin embargo, ni el IRPF, ni el IVA, ni el impuesto sobre sociedades han cambiado su filosofía regresiva, que lo que hace es quitar herramientas al Estado para poder mantener el Estado social; por eso era antisistema. Con el impuesto sobre sociedades pasa lo mismo. El otro día el ministro Montoro volvía a darnos la razón y a decirnos que, efectivamente, las grandes empresas solo pagan un 5 % de tipo efectivo, pero el señor Montoro lo decía orgulloso porque cuando gobernaba el Partido Socialista solo pagaban un 3 %. ¡Vaya crecimiento, del 3 al 5 %! En realidad es un insulto a la mayoría de la población, que pagan muy por encima de un 3 % y de un 5 %, así que realmente no sirve ni de excusa barata decir que un 5 % es un número decente, es absolutamente indecente, porque incluso dentro de las empresas las más grandes pagan menos. Una pequeña y mediana empresa de cualquier barrio -de este mismo barrio, de alrededor del Congreso- al final paga en torno a un 20 % o un 18 %, pero las multinacionales del IBEX 35 pueden aprovechar sus recursos financieros y económicos, e incluso su personal cualificado, para hacer ingeniería fiscal y pagar al final un 10 %, o incluso un 3 %; así que incluso dentro de la categoría de las empresas, este Gobierno también es clasista, porque acaba favoreciendo estructuras fiscales que favorecen a las grandes empresas. Por si fuera poco, este Gobierno no ha hecho nada frente a las empresas de tenencia de valores extranjeros que -como sabéis- es un instrumento financiero que permite a las empresas multinacionales de otros países utilizar a España como un paraíso fiscal. Es decir, España no tiene ninguna legitimidad para criticar los paraísos fiscales en tanto que España opera como paraíso fiscal para otros países. No se puede criticar que otros países utilicen ingeniería financiera e ingeniería fiscal para no pagar impuestos en España, porque sabemos que eso es criticable, pero también sabemos que España está utilizando la misma estrategia para quitarles recursos a otros países para mantener su Estado social. Eso está en manos de este Gobierno, no depende de la globalización financiera, no depende absolutamente de ninguna otra variable externa; depende de este Gobierno.

Podría haber sido una oportunidad meter una enmienda en el Senado y aparecer aquí con una propuesta que cambiara esa realidad, pero no se ha hecho; y no se ha hecho porque se sigue manteniendo la misma política regresiva. Por lo tanto, seguimos decepcionados con una política que no solo va en


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contra de los principios de La Izquierda Plural, que son los que nosotros defendemos, sino que va en contra de los principios de la Constitución; esa Constitución que siempre es utilizada como parapeto para justificar determinadas posiciones inmovilistas y, sin embargo, cuando se trata de garantías positivas para mantener el Estado social, la Constitución aparece como papel mojado, como un papel que no sirve para nada, como mero humo, y eso es verdaderamente inaceptable para un Estado y para una situación gravísima como la que está viviendo este país, que requiere de un Estado valiente que piense en la mayoría social y no en una minoría social, como desgraciadamente es el caso.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Garzón.

Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, en primer lugar, querría manifestar en nombre de nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió nuestra máxima solidaridad y respaldo al presidente de la Generalitat de Catalunya, el muy honorable Artur Mas i Gavarró, a nuestra vicepresidenta, la honorable Joana Ortega y a nuestra consellera d'Educació, la honorable Irene Rigau, ante el anuncio de la querella que se va a presentar, ya que consideramos un grave error político el anuncio de dicha presentación. Al mismo tiempo, sobre la base de las discrepancias que han existido entre la Fiscalía de Cataluña y la Fiscalía General del Estado, también lo consideramos un grave error jurídico. (Aplausos).

Yendo ya directamente a la cuestión que nos ocupa, que es la tramitación y la aprobación definitiva de la reforma fiscal, también quiero manifestarles de antemano que nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se encuentra moderadamente satisfecho por la negociación entablada en la tramitación de estos tres proyectos de ley, tanto en el Congreso como en el Senado; y cuando digo moderadamente satisfechos, lo digo por lo siguiente. En primer lugar, gracias a una transaccional entre el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Popular hemos conseguido salvar de la ruina al sector de las plantas y de las flores de este importante subsector agrario que coexiste en el Estado español. Con la rebaja del 21 al 10 % hemos salvado de la quiebra a este sector tan importante de las flores y de las plantas. Se va a intentar con esta reducción recuperar los 20.000 puestos de trabajo perdidos y al mismo tiempo vamos a volver a implementar una fiscalidad competitiva para que este sector pueda competir con los grandes competidores internacionales de este sector, como son Holanda, Portugal y Francia. Una segunda consideración, producto de una enmienda transaccionada entre el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Popular, es la que hace referencia a que en el futuro próximo del 1 de enero del año 2015 vamos a mejorar la solvencia de los entes públicos de radio y televisión autonómicos, ya que podrán deducirse íntegramente el IVA soportado. Por tanto, de la misma forma y manera que hemos salvado de la quiebra a este sector tan importante de las plantas y de las flores, a través de esta negociación dura, profunda y ardua, también hemos salvado de la quiebra -esto hay que manifestarlo públicamente- a todas aquellas televisiones y radios públicas de los diferentes entes autonómicos. Por consiguiente, también queremos mostrar nuestra satisfacción ante estas dos cuestiones tan relevantes. Como tercera cuestión que hace referencia al IVA, he de manifestarles que nuestro grupo se siente muy satisfecho de la negociación entablada entre una transaccional del Partido Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), porque hemos conseguido que todas aquellas actividades extraescolares que se producen en los centros docentes, en los comedores, van a continuar estando exentas de IVA. No hay que olvidar que a través de esta modificación vamos a salvar 25.000 puestos de trabajo. Por este motivo hemos planteado que estamos moderadamente satisfechos de esta negociación, porque hemos salido airosos y con unos resultados positivos -hubiéramos querido que lo fueran mucho más, pero hay que repetir que los tres conseguidos son importantes para diferentes sectores de la actividad económica española-, por eso queremos resaltar nuestra satisfacción en estas cuestiones.

Hay otros temas que hacen referencia al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Aquí también hemos conseguido una negociación importante, como no podía ser de otra manera, con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, que es el Grupo Popular, que va en la dirección de que todas aquellas becas que se puedan conceder por las fundaciones bancarias y por las cajas de ahorro van a continuar estando exentas de cotización de IRPF. Por tanto, también satisfacción por este éxito conseguido. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de trabajadores autónomos y de economía productiva, hemos conseguido incrementar al cien por cien la deducción por las aportaciones económicas a los planes y


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mutualidades de pensiones privadas. También hemos mantenido el 10 % para las aportaciones a las fundaciones sin ánimo de lucro, y hay una cuestión que todos los grupos habíamos intentado plantear en la negociación -finalmente ha sido una enmienda del Partido Popular la que lo ha hecho por sus propios conductos reglamentarios, pero nos queremos subrogar una parte de este resultado satisfactorio-, como es que todas aquellas plusvalías que se puedan implementar en el futuro por todos los activos -viviendas y acciones- antes del año 1994 van a continuar siendo bonificadas fiscalmente hasta un límite de 400.000 euros. Bienvenida sea esta implementación. Nos consideramos colaboradores de que este resultado finalmente haya sido satisfactorio, a pesar de que no haya sido mediante una enmienda de Convergència i Unió. También nos alegramos de que los autónomos hayan conseguido una rebaja en sus retenciones, que no van a ser del 15 %, que es lo que planteaba Convergència i Unió, sino del 18 y 19 % respectivamente en los futuros años.

Hechas estas menciones satisfactorias, también quiero decirle, aprovechando la presencia del señor Montoro en este debate tan importante, que vamos a continuar profundizando y planteando iniciativas en determinados sectores de la economía productiva y de la economía cultural para poder hacer justicia y que sea efectiva la rebaja del IVA cultural del 21 al 10 %, como hemos conseguido en el sector de las flores, porque entendemos que hay un compromiso importante en el Gobierno -en este caso el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas-, ya que cuando se planteó el incremento del IVA dijeron ustedes que sería un incremento coyuntural. Lo han cumplido en el tema de las plantas y si la economía evoluciona favorablemente a lo largo del año 2015 continuaremos insistiendo en esta cuestión. Hay una demanda tremenda que ustedes también están percibiendo en la sociedad, de que hay un gran abandono por parte del Gobierno hacia las actividades culturales: teatro, cine y sectores audiovisuales. Señor ministro, aún estamos a tiempo antes de que finalice esta legislatura de que, si la economía lo permite y los incrementos de actividad económica previstos en los actuales Presupuestos Generales del Estado son una realidad, se pueda materializar esta rebaja. Por parte de Convergència i Unió no va a quedar. A nosotros, cuando conseguimos un éxito o un resultado satisfactorio, no se nos caen los anillos por decirlo públicamente, como estamos haciendo en este debate parlamentario. Por lo tanto, ya le anticipo, señor ministro -sabe usted que nosotros somos constantes, somos objetivos y no perdemos la paciencia, sino todo lo contrario-, que vamos a continuar insistiendo en que en el año 2015 se pueda rebajar el IVA cultural del 21 al 10 %. Asimismo, insistiremos en las bonificaciones a las inversiones medioambientales. Estuvimos a punto de conseguir este acuerdo, señor ministro, pero no ha sido posible. Vamos a esperar al trámite parlamentario de los presupuestos en el Senado y si no, también insistiremos en el año 2015 para que no se pierdan inversiones muy importantes que se están anunciando, ya que al no haber estas deducciones medioambientales algunas grandes compañías piensan deslocalizarlas hacia otros países. Vale la pena que usted, que ha sido sensible a las demandas de mi grupo parlamentario -y no me canso de repetirlo-, también lo sea en un futuro inmediato, sin olvidar a las clases medias y lograr que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas sean más competitivos y poder finalmente conseguir lo que es objetivo de todos los grupos parlamentarios: generar puestos de trabajo en el año 2015, sobre todo para los mayores de cincuenta años y menores de treinta años que no tienen la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Socialista, señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Señora presidenta, señorías, desde nuestro punto de vista hay dos palabras que caracterizan el momento social y económico que vive nuestro país, y son estancamiento y desigualdad. Esas son las dos palabras que caracterizan la situación que vivimos. Ambas están relacionadas y probablemente si no hay otra visión de medio plazo del país, van a seguir siendo dos palabras preocupantes y que van a seguir instaladas en la realidad de España. La reforma fiscal es un instrumento muy importante, uno de los instrumentos más importantes para atacar esos dos problemas, la desigualdad y el estancamiento. Yo diría que en el corto plazo es la reforma más importante para acabar con el estancamiento y con la desigualdad.

Nuestro país necesita una reforma en profundidad porque una de las características es que tenemos unos tipos impositivos muy altos pero una recaudación muy baja y por eso necesitamos incrementar las bases imponibles y por eso necesitamos, básicamente, luchar contra el fraude fiscal e incorporar la riqueza en el sistema tributario español. Ambas cosas no se han hecho en esta reforma del Gobierno, es una oportunidad perdida. Si alguien me pide una forma sencilla de decir en qué consiste esta reforma fiscal, la


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primera sería que es una oportunidad perdida y la segunda, que es un regalo fiscal al 10 % más rico de nuestro país, a las rentas más altas y a las empresas más grandes de nuestro país. Así es como se puede resumir la reforma fiscal del Partido Popular y del Gobierno del señor Rajoy: es una gran oportunidad perdida. Porque cuando se lucha contra el fraude fiscal, además de tener un volumen de ingresos más importante, adicionalmente se consigue dar progresividad al sistema tributario. Por cierto, en relación con lo que decía el portavoz de Izquierda Unida comparando la política fiscal del Gobierno y la del Partido Socialista, tengo que decir que de ninguna manera; la política fiscal son dos cosas, ingresos y gastos. No es lo mismo un Gobierno que puso en pie el tercer pilar del Estado del bienestar que es la Ley de Dependencia, que otro que lo quitó. Si comparamos con los países nórdicos, se comprueba que lo importante son los ingresos y los gastos, porque allí se ingresa de otra manera; lo importante son los ingresos y los gastos. Aterrizando en la reforma fiscal del PP, como les decía, es una oportunidad perdida porque no aborda la lucha contra el fraude ni incorpora la riqueza en nuestro sistema tributario.

Hoy es también un día importante desde el punto de vista de la evaluación de la gestión del Gobierno. El Gobierno nos dijo hace tres años a los españoles que iba a gobernar para bajar los impuestos, prometió en la campaña electoral que iba a bajar los impuestos. ¿Cuál es el resultado de su política impositiva, de su política fiscal? Pues que ha bajado los impuestos al 10 % más rico de nuestro país y le ha subido los impuestos al 90 % de los ciudadanos de nuestro país: ha subido los impuestos a las rentas medias y a los trabajadores. Porque, por ejemplo, mientras aprueban unos recursos muy limitados, calderilla, para la mayoría de las rentas medias de nuestro país y de los trabajadores (50 euros de media a ocho millones de españoles, cero euros de ahorro para los seis millones de españoles que menos ganan), mientras se aprueba eso para la mayoría de los españoles, resulta que han aprobado una reforma en la regularización del catastro -que ha entrado en vigor en 2013 y que durará hasta 2016- que sube el IBI de manera importante y a muchísima gente. Además, en los presupuestos del año 2015 hay 7,5 millones de inmuebles que van a ver cómo se incrementa su valor para el catastro. Por lo tanto, para estas rentas medias hay subida de impuestos; mientras se aprueba calderilla para la mayoría de las rentas medias de los trabajadores, desaparecen los coeficientes de actualización para muchos bienes inmuebles que suelen poseer las rentas medias y los trabajadores y que serán vendidos en el futuro. De tal forma que a partir de ahora se aplica una nueva teoría de la Hacienda pública: la inflación genera renta y además hay que gravarla. De forma que mientras las plusvalías de las personas, producto de la inflación, tributan, sin embargo las plusvalías de las sociedades, producto de la actualización de balances, tienen deducción, como se ha aprobado en el Senado, por no hablar de la subida del IVA, de las tasas y de los precios públicos, de tal manera que no hay ni un solo español de renta media ni un solo trabajador, con el recibo del IBI en la mano, que pueda decir que le han bajado los impuestos en estos tres últimos años. O los autónomos, a los que les subieron la retención del 15 al 21 %. En los presupuestos para el año 2015 se ha eliminado la reducción del 20 % del rendimiento neto para las pymes y autónomos si mantienen el empleo; ello supone un coste para los autónomos y las pymes de alrededor de 500 millones de euros. Y ahora dice el Gobierno que bajar la retención al 18 % en el año 2016 es una bajada de impuestos. Señorías, lo que ha sucedido estos últimos tres años es que a los autónomos y a las pymes se les suben los impuestos. No se les bajan los impuestos, se les suben. El camino por tanto no puede ser atacar a las pymes, a los autónomos, a las rentas medias y a los trabajadores; ese no puede ser el camino porque eso es malo para la democracia y es malo también para la recuperación económica.

Pero podemos hablar del 10 % más rico de nuestro país. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo le va en esta reforma fiscal del Gobierno? Aquí sí se le bajan los impuestos a las grandes empresas, dado que se reduce el tipo del 30 al 25 %. Es decir, que ex ante se van a recaudar, según reconoce el Gobierno, 3.000 millones de euros. Tampoco les va mal a las empresas del Ibex. Decía ayer en la interpelación que le hice al ministro, señor Montoro, que las empresas del Ibex 35 tienen cuatrocientas sesenta y siete sociedades en paraísos fiscales, un 32 % más que en el año 2010. Por ejemplo, solamente en Luxemburgo hay treinta y siete y, como decía ayer, creciendo. Por cierto, sobre las bases que dice el Gobierno que han aflorado, en primer lugar, no es verdad que sea esa cantidad que dice el Gobierno, porque muchas de esas bases ya las conocía el fisco anteriormente. En segundo lugar, no es gracias a la amnistía fiscal; es gracias al miedo, consecuencia de un nuevo paradigma internacional en relación con la evasión fiscal. Y, en tercer lugar, gran parte de esas bases pagan muy pocos impuestos porque muchas de ellas están localizadas en Sicav o sociedades análogas. Es decir, que pasan de un paraíso fiscal a otro paraíso fiscal interior. Para nada se limitan, en términos absolutos, los ajustes de la base imponible del impuesto sobre sociedades de los gastos financieros y las bases imponibles negativas. En términos absolutos, nada; en


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términos temporales, sí, pero no en términos absolutos. Es decir, que no se limitan en términos absolutos los gastos financieros y, sin embargo, a las grandes empresas sí se les baja el tipo del 30 al 25 %. Luego, señorías, lo que hay ahí es un regalo fiscal: baja el tipo pero no se corrige la base imponible.

En el IRPF, los que dicen declarar más de 600.000 euros van a ahorrarse de media 70.000 euros por persona, por contribuyente y, como le decía anteriormente, los 8 millones que menos ganan, de media, 50 euros. En definitiva, es una reforma fiscal muy ideológica, una reforma fiscal electoralista y una reforma fiscal muy irresponsable porque son 9.000 millones de euros que en este momento necesitaríamos para seguir avanzando en el Estado del bienestar, porque estos años se ha retrocedido en la política social. Es muy necesario porque tenemos un problema de deuda y de déficit importante y es, por tanto, una irresponsabilidad este regalo de 9.000 millones de euros a las grandes empresas y a los grandes contribuyentes.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Saura.

Por el Grupo Popular, señora Asian.

La señora ASIAN GONZÁLEZ: Señora presidenta, señorías, concluye hoy el trámite para la aprobación parlamentaria de los tres proyectos de ley que constituyen la denominada reforma tributaria que se inicia hace ocho meses con un informe emitido por una comisión de expertos. Con posterioridad a este informe, el Gobierno de España elaboró tres anteproyectos que sometió a información pública. Respecto a lo que aquí se ha comentado, quiero decir que muchas de las observaciones, de las participaciones ya fueron recogidas en la tramitación de la reforma tributaria que se pretendió hacer con un amplio consenso desde el principio. Con posterioridad a los anteproyectos, se publican los proyectos y surge la tramitación parlamentaria. Por tanto, hoy todos conocemos ya que la reforma tributaria contiene una bajada de impuestos por un importe de 9.000 millones. Pero la reforma tributaria no es solo una bajada de impuestos; es mucho más. La reforma tributaria es un instrumento para potenciar el desarrollo económico y social en España. Con esta bajada de impuestos los ciudadanos van a tener más disponibilidades. Esto, unido a unas expectativas económicas mejores, fruto de una adecuada política económica, hará que nuestras empresas inviertan más y mejor y creen más empleo. Por tanto, con la reforma fiscal el Gobierno del Partido Popular apuesta decididamente por una política fiscal expansiva, en virtud de la cual se incrementará el consumo, la inversión y el empleo a través de un efecto multiplicador y entraremos en un círculo virtuoso que nos permitirá cumplir las previsiones de recaudación, de crecimiento y de empleo que figuran en los Presupuestos Generales del Estado. Pero esta bajada de impuestos, que es el cumplimiento de un compromiso, no acaba aquí. El compromiso del Gobierno de España es mucho más amplio. El Grupo Parlamentario Popular pretende bajar de nuevo los impuestos en cuanto pueda. Nuestro compromiso es bajar los impuestos siempre que la situación económica lo permita. En cuanto se recupere la recaudación y esté garantizada la financiación de los servicios públicos, volveremos a bajar los impuestos. Este es nuestro compromiso. Esta reforma tributaria no tiene una intención electoral. Es fruto de un largo trabajo realizado en estos tres años para poner las cuentas públicas en orden, fomentar el crecimiento del empleo, luchar contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal. ¿Y qué hacemos cuando la recaudación se incrementa como consecuencia de esta política económica? Bajar los impuestos y devolver el esfuerzo a los ciudadanos.

Además, esta reforma tributaria se completará próximamente con una reforma de la Ley General Tributaria y el propio estatuto de la Agencia Tributaria. Digo esto para todos los que han hablado de ciertos aspectos que no se refieren al derecho tributario material, que será visto en su momento, y que si me da tiempo también voy a hablar de ello. Nuestra bajada de impuestos, por tanto, es generalizada. De media consiste en una bajada del IRPF del 12,5 %. En las rentas inferiores a 24.000 euros, que son el 72 % del total, la rebaja será del 24 %, y en las rentas inferiores a 18.000 euros, que son el 58 % del total, será del 31 %. En definitiva y para no mezclar cantidades absolutas con porcentajes que pueden confundir, después de la reforma tributaria habrá bajado el tipo mínimo, es decir, aquello que se aplica a las rentas de menor poder adquisitivo, en 5 puntos. En 2011 era el 24 %, y tras la reforma será el 19 %. El tipo máximo será el 45 %, el mismo que había en 2011. Por tanto, ¿cómo puede parecer injusto el contenido de la reforma tributaria? Frente a esto, algunos proponen incrementar los impuestos, exigirles más esfuerzos a los ciudadanos. El Partido Socialista propone, no una bajada de 11.000 millones sino un incremento de 11.000 millones; es decir, exigir esfuerzos a los ciudadanos por un importe de 11.000 millones.


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En el impuesto sobre la renta de las personas físicas, 3.810 millones. Cuando examinamos esta propuesta de incrementar 3.810 millones el impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo primero que se hace es ver cuántos contribuyentes declaran renta por encima de 150.000 euros, y hay 65.000 contribuyentes. Ni exigiéndoles a estos 65.000 contribuyentes un tipo de gravamen del 100 % lograríamos alcanzar los 3.810 millones que propone el Partido Socialista. Señores socialistas, ¿es que no saben hacer números? ¿O es que para mantener el discurso de los ricos y los pobres, tú malo, yo bueno, ahora sí, luego no, vale todo? ¿O, algo mucho peor, es que pretenden gravar, incrementar los impuestos a las rentas de 30.000 euros? De todas maneras, la cosa no me queda muy clara porque, aunque proponen este incremento de impuestos en los presupuestos, luego el portavoz, el señor Saura, el 13 de noviembre dijo que ellos no proponían incrementar los impuestos, sino ensanchar las bases imponibles. Nos congratula que se acerque a nuestra postura porque esa es nuestra posición: ensanchar las bases imponibles.

También nos congratula comprobar que don Manuel de la Rocha, secretario de Economía del PSOE, ayer en una entrevista periodística manifestara que pretenden subir los impuestos, pero que luego los bajarán a las clases medias cuando se recupere la recaudación, exactamente lo que estamos haciendo nosotros. Pero cuando el periodista le pregunta: ¿Y qué son las clases medias para el Partido Socialista? Le contesta el secretario de Economía: Hombre, en debates esotéricos nosotros no queremos entrar. (Aplausos). Hasta hoy no sabía que definir las bases de tributación era un debate esotérico, pero, claro, esto me explica los cálculos para ver a quién se grava.

No voy a entrar en las propuestas del impuesto sobre sociedades porque aquí se ha dicho todo, como tipo cero para los grandes contribuyentes, muy bajito en todo caso; ya se ha dicho todo lo que hicieron en su momento. Quiero hablar de futuro y lo que proponen para el futuro es lo siguiente: recaudar más, suprimir deducciones, bonificaciones y que el efectivo se acerque al nominal. Ahora bien, esto se manifiesta, pero cuando llega algún colectivo, algún sector que le propone una deducción o una bonificación, le dan la razón. ¿En qué quedamos? ¡Así se cae la recaudación! No se trata de quedar bien con todo el mundo a corto plazo, con todo el que llegue a hacer una reclamación.

Por otro lado, parece que la política propuesta por algunos es incrementar los ingresos porque se quiere gastar más. Lo felicito, se ha dado un paso adelante, ya no consiste en gastar y gastar y aumentar el déficit para que luego se transforme en deuda. Por lo menos se reconoce que para gastar hay que ingresar y lo justifican diciendo que tienen que ingresar más porque hay que combatir la desigualdad y la pobreza. A nosotros, al Grupo Popular, nos molesta la desigualdad y la pobreza tanto como a cualquier grupo político sentado en esta Cámara. Pero para que este debate no sea abstracto, vamos a llevarlo a los datos. El 14 de junio la OCDE publicó su informe. Dijo que el país que más había incrementado la desigualdad en la OCDE era España. Parece que los defensores de los ricos y los pobres no lo hicieron muy bien en el periodo 2007-2011, que es el periodo al que se refiere el informe de la OCDE, y parece que esto está muy relacionado con la pérdida de 3,5 millones de puestos de trabajo que se produjo en este periodo. Recientemente también se han publicado los resultados del Instituto Nacional de Estadística, la encuesta de condiciones de vida 2013 y los índices más representativos que se usan en Europa, el Gini y el 80/20, se han recuperado. Incluso el índice de pobreza, el Arope, ha disminuido en 4 décimas. Por tanto, la desigualdad se está reconduciendo, la pobreza está cambiando de tendencia y lo está haciendo por el crecimiento y la recuperación de la economía española, y lo hará si seguimos recuperándonos, pero para ello, insisto, no hay que subir los impuestos, hay que bajarlos. También me sorprende, respecto a la previsión de ingresos que se presenta en esta Cámara, que se diga que son optimistas y que bajando los impuestos no vamos a incrementar un 5,4 % la recaudación en 2015. Sin embargo, cuando vamos a los presupuestos de la comunidad andaluza proponen incrementarlos en un 10,8 % y dicen que en la previsión de la economía andaluza se han incluido los riesgos europeos y geopolíticos, que son previsibles. (Risas). O sea, que un 2 % de crecimiento en España es optimista pero, en Andalucía, el 1,8, incrementar la recaudación el doble que en el conjunto del territorio nacional, es adecuado. Señores, seamos un poco más serios y mantengamos el mismo discurso cualquiera que sea el ámbito territorial al que nos refiramos. (Aplausos).

Tengo poco tiempo para hablar de un elemento imprescindible en nuestro discurso, que es el compromiso con la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal. Voy a decir que a los políticos nos tienen que medir, como todos sabemos, por los resultados y no por el discurso, y ahí están los resultados. También en la entrevista que se le realiza al secretario de Economía del Partido Socialista dice que calcula que el fraude en España es de unos 70.000 millones y que tiene un plan y unas medidas para reducirlo a


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la mitad en cinco años. Pues eso ha hecho el Gobierno de España: precisamente llevamos recaudados 30.000 millones en el fraude y en el primer semestre, 5.508 millones, los resultados más altos y espectaculares de la lucha contra el fraude en un semestre en cualquier periodo de la Administración tributaria, de la Agencia Tributaria en particular. (Aplausos). El presidente del Gobierno de España ya dijo en el G-20 que el objetivo de la lucha contra el fraude era conseguir que en ningún país del mundo se pudiera ocultar la riqueza que no tributa, y con eso contesto a todo el palabrerío del señor Garzón respecto a la política española y la lucha contra el fraude. (Aplausos).

Para finalizar, quiero decir que entiendo que tendremos en estos proyectos de ley muchas adhesiones, muchos votos favorables, puesto que estamos haciendo lo correcto que, en parte, es reconocido por la oposición: bajar los impuestos porque previamente hemos puesto las cuentas claras, hemos hecho una política de crecimiento, se recupera el empleo, que nos permite incrementar los ingresos tributarios, financiar los servicios esenciales y devolver el esfuerzo a la sociedad. En definitiva, con la reforma tributaria pretendemos acelerar el crecimiento incipiente de la economía española para que los efectos positivos de la recuperación lleguen cuanto antes a los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Asian.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY EN MATERIA DE CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS SEFARDÍES ORIGINARIOS DE ESPAÑA QUE JUSTIFIQUEN TAL CONDICIÓN Y SU ESPECIAL VINCULACIÓN CON ESPAÑA, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO CIVIL Y SE ESTABLECE UNA TASA PARA DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA. (Número de expediente 121/000099).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España, por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil y se establece una tasa para determinados procedimientos de adquisición de la nacionalidad española. A esta iniciativa se han presentado algunas enmiendas de totalidad. Para su presentación, le cedemos la palabra al señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Señora presidenta, señorías, me parece que no abusamos del lenguaje si calificamos de histórico el debate de totalidad que nos trae hoy aquí. La misma naturaleza del proyecto de ley que nos ocupa creo que así lo justifica y no porque intentemos legislar acerca del pasado -lo cual, sin duda, sería un sinsentido-, sino porque tratamos de cerrar un capítulo del mismo que hasta hoy permanece abierto y sin solución; un capítulo doloroso que afecta a nuestra propia identidad nacional y que posee entidad suficiente para inspirar una ley específica, salvo que nos empeñemos en menoscabar algunos otros casos o en relacionar episodios que nada tienen que ver ni en el tiempo ni en la respectiva singularidad. Así lo han entendido la mayoría de los grupos parlamentarios, a quienes quiero agradecer su comprensión y su capacidad para situarse a la altura de lo que este momento significa.

Voy a comenzar refiriéndome a dos enmiendas presentadas que creo que merecen una distinta consideración. Por un lado, la de Esquerra Republicana de Catalunya, que asume en su práctica totalidad el texto enviado por el Gobierno a esta Cámara aunque es verdad que en una segunda parte amplía el objeto del proyecto, en mi opinión en términos ajenos al propio sentido de la norma. Apreciamos el valor inicial de esa identidad de sensibilidades que lleva a los autores de la enmienda a reproducir en la exposición de motivos el contenido de la misma, que no disimula el deseo de extender la nacionalidad española a quienes antaño se solía llamar españoles sin patria y, sin embargo, y aunque más adelante la enmienda se desvía de la finalidad específica de la ley, creo que trasluce una actitud constructiva toda vez que suscribe la nacionalidad para los descendientes de los sefardíes originarios de España. Entiendo que ni en esta enmienda ni en la de Izquierda Unida se discute en realidad lo que el Gobierno ha previsto para los sefardíes que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España. Seguramente lo que se hace es derivar, añadir otras cuestiones.

Señorías, el expediente sefardí -la cuestión nuclear del proyecto de ley- encierra, en nuestra opinión, enjundia suficiente como para protagonizar por sí solo una norma como la que hoy debatimos.


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El extraordinario ejemplo de fidelidad a una lengua, a unas costumbres y a la memoria del país del que fueron expulsados los judíos españoles en virtud o, casi mejor dicho, en demérito del edicto de 31 de marzo de 1492, es seguramente único en nuestra historia y único también en la oscura historia de los pueblos expulsados de su tierra. Lo es por su carácter centenario, lo es por su intensidad afectiva y lo es también por el modo en que los sefardíes han sabido conciliar identidades distintas sin hacer nunca renuncia a ninguna de ellas. Constatar este hecho no significa prejuzgar ningún otro. Nadie ha pretendido con esta iniciativa parlamentaria buscar un agravio ni llevar a cabo una regulación completa del derecho de la nacionalidad. De lo que aquí se trata es de otra cosa: culminamos un largo proceso de reencuentro con una parte de nuestro pasado que el Gobierno no ha puesto en marcha, porque no ha sido sino la propia sociedad española la que durante un siglo y medio ha recorrido este camino, y que es cierto que hemos tomado como una asignatura pendiente que merecía ser concluida. Por eso, en pocos casos como en este podemos decir que lo más importante son los antecedentes; nos sirven perfectamente para entender el punto actual.

Señorías, desde la segunda mitad del siglo XIX, con motivo de la guerra de África y gracias más tarde a la labor del senador Ángel Pulido y sus viajes por los Balcanes, supimos que en muchas zonas de la cuenca mediterránea los descendientes de los judíos sefardíes habían recreado España o al menos una forma de España en su lengua, en sus costumbres, en sus tradiciones y en su manera de ver las relaciones sociales. En realidad la diáspora sefardí había sido mayor, alcanzando también otros territorios, además de los del Imperio otomano, en Portugal, Países Bajos, Francia e incluso en América, pero lo importante es que a partir de ese momento y de la auténtica conmoción que causó este descubrimiento, sucesivos Gobiernos españoles hicieron intentos de ir al encuentro y a la recuperación de esta España. La firma del Acuerdo de 1992 entre el Estado y la Federación de Comunidades Judías de las que formaban parte los sefardíes fue también un hito muy importante en esta reconciliación, aunque evidentemente no suficiente. También creo que es muy significativo el reconocimiento que los sefardíes recibieron con la concesión del Premio Príncipe de Asturias a la Concordia en 1990. Dos años después, en la histórica visita a la sinagoga de Madrid, el rey Juan Carlos afirmó: Sefarad ya no es una nostalgia sino un hogar en el que no debe decirse que los judíos se sienten como en su propia casa porque los hispanojudíos están en su propia casa, en la casa de todos los españoles, sea cual fuere su credo o religión.

Pues bien, señorías, mucho antes de llegar aquí, lo cierto es que ha habido diversas iniciativas del Gobierno español, la más relevante de todas el Decreto legislativo de 20 de diciembre de 1924, que daba la oportunidad de obtener la nacionalidad a los que llamaba los antiguos protegidos españoles o descendientes de estos y en general individuos pertenecientes a familias de origen español que por motivo de la guerra de España, y gracias más tarde a la labor del senador Ángel Pulido y sus viajes por los Balcanes, como digo, permitieron llevar a cabo esta inscripción en algunos registros españoles. Si bien fueron apenas 3.000 sefardíes los que ejercieron ese derecho en el año 1924, es cierto y conocido el uso que del decreto hicieron un puñado de valerosos diplomáticos españoles quienes, acogiéndose a él, pudieron poner bajo protección consular a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, salvando así de una muerte segura a un número de personas que según los historiadores podría estar cerca de los 40.000 entre hombres, mujeres y niños. Posteriormente, en diciembre de 1948, un decreto-ley concedía la nacionalidad española a las familias sefardíes incluidas en una nota de 16 y 17 enero de 1935 relativa a Egipto y también a las que Grecia reconocía como súbditos de España por efecto de la nota de 7 de abril de 1936. Esto permitió a los sefardíes radicados en el norte de África, Grecia y Egipto poder retornar a España e instalarse definitivamente entre nosotros. La disposición final primera del Decreto de 14 de noviembre de 1958 por la que se aprobó el reglamento del Registro Civil estableció que las inscripciones previstas en el decreto-ley del año 1948 sobre la condición de súbdito español de determinados sefardíes podía llevarse a cabo sin límite de plazo. Por lo tanto -y disculpen lo extenso de esta introducción-, no partimos de cero, sino que estamos dando cauce a una idea que en absoluto es caprichosa ni improvisada. Más bien al contrario, retomamos un camino que la propia sociedad española ha venido recorriendo durante mucho tiempo y que diversos Gobiernos han tratado de desbrozar con diferentes iniciativas. En nuestra opinión, faltaba una iniciativa de carácter más actualizado y general que, aprovechando los medios actuales de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, posibilitara y diera mayor efectividad a que lo que en distintos momentos del pasado se ha ofrecido a los sefardíes originarios de España pueda hoy consolidarse y hacerse realidad.

Como saben, señorías, hasta el momento los sefardíes podían adquirir la nacionalidad española por residencia. A partir de 1982 las sucesivas reformas del Código Civil fijan en el artículo 22 del mismo un


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plazo de dos años -frente a los diez que son la regla general- equiparándolos, por tanto, con los nacionales de otros países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal. Esta norma y una instrucción del año 1983 de la Dirección General de los Registros y del Notariado regulaban esta vía sin que, por otra parte, se hubieran establecido criterios claros en cuanto a la documentación concreta que permitiría acreditar la condición de sefardí, carencia que el nuevo proyecto de ley subsana claramente y que empezó a resolverse ya con una instrucción de octubre de 2012 que especificaba tres clases de documentos para esa acreditación: en primer lugar, los que acrediten la inclusión del interesado o su descendencia directa en las listas de familias sefardíes protegidas por España; en segundo lugar, por los apellidos, el idioma familiar u otros indicios de pertenencia a esta comunidad cultural, y, en tercer lugar, mediante certificado de la comunidad israelí reconocida en España que acredite la confesión de fe del interesado en la religión judía sefardí. En los últimos ocho años se ha concedido la nacionalidad española siguiendo este procedimiento -es decir, nacionalidad por residencia- en 107 casos, mientras que se ha otorgado por carta de naturaleza 746 veces. Por tanto, ello implica de hecho y de derecho un reconocimiento implícito a la especial condición de sefardí, porque la nacionalidad por carta de naturaleza -figura de gran tradición en nuestro derecho español, que la toma del derecho francés- se otorga mediante un real decreto cuando en el interesado concurren circunstancias extraordinarias.

Como he indicado, este ha sido el camino seguido de manera más frecuente y, por lo tanto, nos parecía que era muy conveniente establecer una regulación de carácter general, más que ir atendiendo caso a caso como hasta ahora veníamos haciendo. Lo que establece el proyecto de ley de concesión de la nacionalidad a los sefardíes es un procedimiento que concreta las circunstancias excepcionales que justifican la carta de naturaleza prevista en el artículo 21 del Código Civil. La norma introduce algunas diferencias sustanciales respecto al sistema anterior previsto en la ley de 1982. Citaré tres en particular por su relevancia. En primer lugar, se considera que la condición de sefardí es por sí misma ya una circunstancia excepcional que permitiría la concesión de la nacionalidad española. En segundo lugar, se suprime la necesidad de la residencia. Y, por último, no es necesario que el interesado renuncie a su nacionalidad anterior por razón de la especial vinculación con nuestros valores, con nuestra cultura, equiparándose así a otros supuestos análogos, como antes he mencionado. Porque si algo demuestra la experiencia sefardí es precisamente una especial capacidad de generar vínculos complementarios, nunca excluyentes, entre distintas identidades. Carecería de sentido pedirles que para obtener la nacionalidad española tuviesen que renunciar a la de sus países de residencia actual. Los sefardíes que acrediten convenientemente su condición y su especial vinculación con España, tal y como recoge el texto del proyecto, tendrán un plazo de hasta tres años, prorrogable por uno más, para expresar su deseo de adquirir la nacionalidad española a partir de la entrada en vigor de la ley. Quiero recordar que el Real Decreto de 1924, por ejemplo, apenas dio diez días para ejercer este derecho. La acreditación de la especial vinculación exigirá la superación de una prueba de evaluación de conocimientos, de lengua, cultura y costumbres españolas, y será gestionada por el Instituto Cervantes, si bien los solicitantes provenientes de países de habla hispana quedarán, como es obvio y razonable, exentos de esta prueba de idioma. Y no será requisito, como ya he dicho, tener residencia legal en nuestro país para obtener la concesión de la nacionalidad.

Una cuestión instrumental que me parece importante destacar también, señorías, es que serán los notarios quienes recopilarán la documentación referente a la condición de sefardí originario de España que aportarán los ciudadanos solicitantes y levantarán acta al efecto en cada caso. Esta insistencia en la expresión "sefardí originario de España" quiere deshacer el equívoco que se produce cuando se denomina sefardí a todo judío no asquenazí, es decir, procedente de la cultura central u oriental, y, junto a la especial vinculación con España, estará sujeta también a una serie de medios probatorios que serán valorados en su conjunto y que van desde el certificado del presidente de la comunidad judía de la zona de residencia del interesado hasta la partida de nacimiento o ketubah, certificado matrimonial según las tradiciones de Castilla, pasando por la realización de estudios de historia y cultura española o de actividades benéficas a favor de personas o instituciones españolas que sean algo más que puntuales, esporádicas, así como cualquier otro medio de prueba. De esta manera, también los apellidos de linaje sefardí se valorarán, pero solamente como un elemento adicional y si se aportan de forma motivada. Por tanto, se acreditará esa condición, como digo, de muy diversas formas, todas ellas acumulativas y acreditativas de la condición.

El procedimiento -también esta parte, aunque sea instrumental, me parece importante- será electrónico en todas sus fases, propio de una Administración del siglo XXI, que permita agilizar la tramitación, acceder a todos los datos disponibles en las administraciones públicas, lo cual redundará sin


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duda en la reducción de errores en la gestión de los procedimientos y en la toma de la decisión. Esta necesidad de comparecer ante notario se fundamenta, señorías, en la experiencia que ha supuesto la aplicación de la Ley 52/2007, la llamada Ley de Memoria Histórica, que nos ha demostrado que la solución más adecuada para esta clase de procesos que afectan a un número de personas difícil de cuantificar anticipadamente no consiste en aumentar la presión sobre los consulados de España, sino que pasa por desarrollar una plataforma electrónica que permita la gestión adecuada de los expedientes. Esta plataforma se pondrá en funcionamiento con ocasión de la aprobación de la ley y albergará el resto de procedimientos de adquisición de la nacionalidad. Se trata de una mejora que será especialmente útil en los expedientes de nacionalidad por residencia, que, como conocen sus señorías, son muy numerosos. Actualmente tenemos aproximadamente 150.000 solicitudes anuales. Por supuesto, esta plataforma cumplirá con los estándares y los requisitos más estrictos de seguridad y permitirá la trazabilidad de todas las operaciones, apostando decididamente por la interoperabilidad. Su diseño permitirá la inclusión en el futuro de múltiples expedientes y procedimientos correspondientes al ámbito competencial del Ministerio de Justicia, con el consiguiente ahorro de tiempo y de costes para los ciudadanos y para la Administración, así como una mayor coordinación entre distintos organismos competentes.

Señorías, hasta hoy, hasta ahora y durante cientos de años, cuando un sefardí quería reprocharle a otro que se hacía falsas ilusiones, nos dice la literatura que la frase que utilizaba era: Vos te fraguas kastiyos en Safarad. Se empleaba así en el hermoso español del siglo XV un proverbio que expresa a partes iguales la nostalgia por España y un cierto escepticismo por lo que se consideraba imposible. Pues bien, yo creo que hoy podemos afirmar que esos castillos, esas ilusiones pueden convertirse para muchos en una realidad y que Sefarad por lo tanto ya no es un imposible. Como el proverbio que mencionaba, los sentimientos que España inspira a los descendientes de aquella patria perdida y ahora recobrada son a menudo ambivalentes. El proyecto de ley que el Gobierno somete a la consideración de esta Cámara es evidente que no puede cambiar la historia pasada, pero sí podemos reafirmar ahora la condición pluralista de la España actual, de la España presente invitando a los sefardíes a descubrirla y a compartirla.

Nuestro país ha permanecido ajeno -en nuestra opinión demasiado tiempo- a una parte de nuestra propia cultura, de nuestro propio legado, del patrimonio humano en definitiva que un día conformó la realidad de España y que la prolongó después más allá de nuestras fronteras incluso sin nuestro conocimiento, enriqueciendo con otros aportes el propio mundo sefardí y dando así al mundo algunos nombres sin los cuales no se entendería, por ejemplo, la historia de la filosofía, Maimónides o Spinoza; de la literatura, con Canetti o Cohen; de la pintura, Pissarro o Modigliani, o de la política, Disraeli o Mendès France. Es cierto que hoy no sabemos cuántos sefardíes van a acogerse a esta puerta que se les abre y que tanto tiempo estuvo para ellos cerrada o como mucho entreabierta con dificultades; sin embargo, consideramos que el mero hecho de invitarles a dar este paso, a tomar la mano que se les tiende para que se reintegren a una España que no ha cesado de añorar esa parte perdida de sí misma desde 1492, marca ya un hito que, como decía al comienzo de mi intervención, es ciertamente histórico.

Agradezco nuevamente a la mayoría de los grupos de esta Cámara que así lo hayan entendido e invito a los dos grupos que han presentado enmiendas de totalidad a que se sumen a este consenso, que es un consenso que no va contra nadie sino a favor de nuestra propia identidad como país tolerante y plural.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Efectivamente, se han presentado dos enmiendas, una de totalidad, de devolución, y otra con texto alternativo. Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar tiene la palabra el señor Tardà para la defensa de su enmienda.

El señor TARDÀ I COMA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, a los republicanos catalanes no nos duelen prendas en felicitar la presentación de este proyecto de ley que, una vez aprobado, va a permitir la concesión de la nacionalidad española a las personas sefardíes que justifiquen tal condición. Señorías, aun cuando llega tarde -quinientos años más tarde de la desgraciada decisión de expulsar a estas personas de la península ibérica-, esto es de justicia para con los descendientes de aquellas personas perseguidas, que desgraciadamente continuaron siendo perseguidas en la diáspora hasta extremos incluso aberrantes -hay que recordar la casi total exterminación de la comunidad sefardí de Salónica cuando los nazis ocuparon Grecia-; por tanto, aun cuando llega tarde, bienvenido sea este proyecto de ley que permitirá a estas personas adquirir la


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nacionalidad por carta de naturaleza aunque nunca hayan residido en el Estado español, solo demostrando sus orígenes sefardíes mediante la acreditación de la conservación de la lengua ladina u otros elementos, tal y como usted ha expuesto. Es de justicia y esto nos honra a todos y también al Gobierno que ha presentado el proyecto de ley.

Dicho esto, ¿por qué razón hemos presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo? Solo por una razón, porque entendemos que las personas perseguidas, las personas que han sufrido, las personas que han vivido siglos en la diáspora son las que están más capacitadas para entender el dolor de otros. Aquellas personas que han sufrido -y el pueblo judío ha sido, quizá, uno de los pueblos que más ha padecido todo tipo de persecuciones-, como los sefardíes, seguramente son los que más pueden entender qué es lo que les ocurre a otras personas que están sufriendo tanto como ellos y de forma incluso más reciente. Por eso pretendíamos que, aprovechando esta ley que nos honra a todos, ahora que se recuerda el 39º aniversario de los acuerdos tripartitos de Madrid por los cuales los saharauis fueron vendidos, desposeídos de sus tierras, y sus territorios repartidos entre Mauritania y Marruecos, ahora que después de años y años el pueblo saharaui todavía se encuentra en la diáspora de los campamentos de Tinduf, quizá ha llegado el momento de arreglar algunas cuestiones que están a nuestro alcance, porque hay otros problemas que no dependen solo del Estado español, aun cuando el Estado español tiene unas obligaciones y unas responsabilidades directas, porque atendiendo al derecho internacional sigue siendo la potencia colonizadora y administradora y, en consecuencia, tiene responsabilidades directas. Porque el Real Decreto del año 1976, efectivamente daba un plazo de un año para que los saharauis pudieran adquirir la nacionalidad española, con lo que se les sustraía la anterior nacionalidad española, pero además esto no fue posible porque la Administración española había desaparecido. Fíjense qué gran contradicción se dio en aquella España del año 1976: tenéis un año para acceder a la nacionalidad española, pero la Administración española no existía, con lo cual estaban inmersos en un bucle que hoy día todavía debería avergonzarnos.

¿Cuál es la situación actual de los saharauis residentes en el Estado español? Pues que no tienen -e insisto en que seguro que los judíos sefardíes esto lo entienden mucho mejor que nosotros- ni tan siquiera los derechos que tiene un andorrano, un portugués, un guineano, un filipino o cualquier ciudadano proveniente de una república sudamericana. Es decir, tienen que transcurrir diez años de residencia en el Estado español -no dos como un ciudadano venezolano o filipino- para empezar a tramitar la documentación que le puede dar acceso a la nacionalidad española. Pero además su situación todavía es más laberíntica. Si ustedes fuesen capaces de, en el trámite parlamentario posterior, atender a nuestra reclamación, lo podríamos arreglar, porque fíjense qué les ocurre ahora. Después de transcurridos diez años de residencia en el Estado español, no pueden acceder a la nacionalidad porque la Administración española no asume, no valida la documentación de la República Árabe Democrática Saharaui, por lo cual estas personas viven en un limbo de consecuencias vergonzosas a nuestro entender, nosotros que somos tan capaces de hacer proyectos de ley como los que hoy aquí se debaten, que, repito, nos honran como sociedad democrática.

¿Por qué, pues, hacemos una enmienda con texto alternativo? Porque hay soluciones. Solamente modificando el artículo 22.1 del Código Civil estas personas podrían acceder a la tramitación de los documentos necesarios para tener la nacionalidad española al cabo de dos años. Y si además se modificara el reglamento que desarrolla la Ley del Código Civil se podrían validar los documentos expedidos por la RASD, la República Árabe Saharaui Democrática. Luego ¿cómo pueden decirnos -o pudieran decírnoslo, porque tampoco sabemos exactamente qué es lo que nos dirán durante el trámite parlamentario- que esto no está a nuestro alcance? ¿Es que aceptar la documentación de la RASD significa haber reconocido la República Árabe Saharaui Democrática? No. Yo sé que esto a ustedes ahora no les interesa, pero nosotros no vamos aquí al órdago mayor, vamos a intentar algo que tiene otra categoría menor pero que puede resolver el problema de muchísimas personas. Respecto a modificar el artículo 22.1 del Código Civil para que puedan equipararse los saharauis que residen en el Estado español a los venezolanos, los filipinos, los andorranos y los portugueses, ¿alguien se atreve aquí a subir a decir que los saharauis no merecen lo mismo que los filipinos? A ver quién sube aquí y lo dice después de todas las responsabilidades que tiene todavía el Estado español como potencia administradora.

Orgullosos de esta ley, solidarios con todo el mundo y con la cultura sefardí en el mundo, como somos solidarios con todo lo que ha representado en cuanto a la aportación al pensamiento social y a la cultura universal el mundo judío, pero, precisamente porque afirmamos esto, esta ley debería permitir abrir una pequeña brecha contra la intolerancia, la injusticia y el sufrimiento, y hoy por hoy, más allá de los problemas


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mayores que tienen, que no tienen solución directa en este Parlamento -solamente podemos contribuir, porque es evidente que están inmersos en un tablero de la geopolítica y son víctimas de ello-, al menos a nivel de política doméstica creo que está a nuestro alcance facilitar una mejora en las vidas de las personas saharauis. Así pues, señor ministro -es la primera vez que tengo la posibilidad de hablar directamente con usted-, le pido que durante el trámite parlamentario no se cierren en banda, porque si pudiéramos avanzar un tanto en este tema seguro que esta ley sería recordada como la ley que hizo justicia a los sefardíes y a la vez sirvió para mejorar y hacer justicia también, mientras no alcancen su plena libertad y su Estado propio, al mundo saharaui.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Por el mismo grupo, el señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, el Estado español, desde sus mismos orígenes, se ha basado en la conquista militar, en la exclusión de sus minorías y en la imposición de lengua, cultura y religión. La espada, la cruz, la Santa Inquisición y también el castellano han cabalgado juntos produciendo lo que hoy tenemos, esta España, ayer una, grande y libre, y hoy indivisible e indisoluble. Primero lo hizo en la Península y después por los cinco continentes. Lo que hoy estamos debatiendo en buena medida es una consecuencia de todo aquello. En su día se produjo el expolio de los bienes y la expulsión forzada de cientos de miles de personas de la población judía sefardí existente en los distintos reinos de la Península. Esto es lo que estamos discutiendo hoy. Un siglo más tarde ocurrió lo mismo con la población morisca: cientos de miles de personas tuvieron que abandonar también la Península tras ser expoliados sus bienes. Muchas de estas personas tienen recuerdos vivos y directos de aquel Al Andalus del cual procedían o de los Reinos de Valencia o de Aragón. En Euskal Herria también vivimos en buena medida los efectos de aquellos hechos. Vivimos la expulsión de las comunidades judías sefardíes en Bizkaia, en Balmaseda, en Navarra, en Estella, en Gasteiz, en Araba, gente con la que la población vascona convivía en unas relaciones fraternales. Al mismo tiempo, bastantes gentes procedentes de la Península se refugiaron en Bayona, en aquella parte del Reino de Navarra que no fue conquistada por las tropas genocidas del Duque de Alba.

Hoy, con cinco siglos de retraso, estamos discutiendo sobre los efectos de aquello, sobre el reconocimiento de parte tan solo de los derechos que entonces les fueron arrebatados a todas aquellas personas, a todas aquellas comunidades. En aquella misma época -ya he hecho referencia indirecta a ello- las libertades de nuestro pueblo fueron cercenadas y desde entonces también se produjo el impulso de una política de persecución de nuestra cultura, de arrinconamiento de nuestra lengua, de negación de la misma. Es curioso que en los mismos años se diera la expulsión forzosa de unas comunidades y la inclusión forzosa también, por la vía de las armas, de unos pueblos que no queríamos estar dentro de ese Estado en el cual se nos metió a la fuerza. Hoy, repito, tras cinco largos siglos de mantenimiento de esta injusticia, estamos discutiendo este tema. Por las razones anteriores, en Euskal Herria seguimos reivindicando nuestra soberanía para dar solución a aquellas libertades que entonces fueron arrebatadas a nuestros distintos territorios, al Reino de Navarra. Y estamos intentando dar reparación a aquella injusticia que se cometió con una de aquellas comunidades.

Por último, Amaiur -el compañero Tardà ha hecho referencia parcial a ello- quiere sacar a relucir en el debate las injusticias que hoy en día se están dando también con otras poblaciones que están siendo expoliadas y expulsadas de sus tierras. Él ha hecho referencia al tema saharaui. Es el tema saharaui y es también el tema palestino. Por eso queremos exigir y reivindicar, como en otros temas, verdad, justicia y reparación para con todos los pueblos, con todas las poblaciones que han sido objeto de expolio y expulsión y, en la medida en que lo estamos comentando, también verdad, justicia y reparación aquí y ahora para la población sefardí que está reclamando la recuperación de parte de aquellos derechos que les fueron quitados.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cuadra.

Pasamos a la enmienda del Grupo de La Izquierda Plural. Señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, mi grupo parlamentario votará favorablemente esta iniciativa, aunque para el ministro, que recoge el talante del ministro anterior, no estemos a la altura. Bueno, algunos no tenemos más medida


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que la que tenemos, no llegamos al 1,80. Mi grupo parlamentario respaldará esta iniciativa porque siempre ha estado con los oprimidos, con los expulsados, con los marginados, y en este caso, cinco siglos después -y además con un tránsito que no lo comienza el Grupo Parlamentario Popular sino que viene de antiguo-, recuperamos, restituimos la nacionalidad a unos españoles que han seguido siéndolo a lo largo del tiempo aunque no tuvieran papeles. Esa es nuestra opinión y por tanto esa es nuestra posición.

¿Por qué presentamos la enmienda? Pues le damos la oportunidad al señor ministro de presentar la ley ante esta Cámara, ¿qué más quiere, no? Este debate hubiera pasado prácticamente desapercibido en la Comisión parlamentaria de no mediar una enmienda con texto alternativo y una enmienda de nuestro grupo parlamentario. Además tiene que ver con las formas, señor ministro. Tiene que ver con las formas de su ministerio y con las formas de su Gobierno, porque tanto, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Tardà como yo mismo transmitimos a los portavoces del Grupo Parlamentario Popular nuestra disposición a retirar las enmiendas si había un mínimo diálogo, pero no ha habido ni una sola palabra, ¡ni una sola palabra, señor ministro, con los grupos parlamentarios! Ese talante es demoledor. Además hemos tenido la oportunidad de reunirnos en Comisión sobre una ley técnica, la ley que tiene que ver con traducción e interpretación. ¡Nos han laminado! No han aceptado ni una sola enmienda técnica, ¡cincuenta enmiendas laminadas, señorías! Ese es el talante, para que nosotros vengamos aquí y no estemos a la altura. Ese es el problema.

Pasando a esta iniciativa legislativa, esta es una iniciativa de reparación y de restitución, pero, señor ministro, una cosa, la otra ¿u otra cosa como es la compensación? ¿Cuál de ellas? Su ministerio ha utilizado todos los argumentos. Ha utilizado el argumento de la compensación de no sé qué cosa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; ha utilizado el argumento de la reparación; ha utilizado el argumento de la restitución. Bueno, una restitución parcial, porque poner más de una decena de características que en su conjunto permiten la nacionalidad y dieciocho meses nos parece que pone las cosas un poco difíciles. Creemos que es una reparación parcial y una restitución aún más parcial todavía. Mi grupo parlamentario cree y espera que en el trámite parlamentario podamos superar esas dificultades: la que tiene que ver con las características que deben cumplir, la que tiene que ver con el notario; etcétera.

Señor ministro, si realmente quiere una iniciativa depurada en la que no interfiera ningún otro factor que no sea el debate que nos trae aquí, el de la recuperación de la plena nacionalidad de los judíos sefardíes y la restitución también a esos judíos sefardíes de algo que nunca debió ocurrir, ¿por qué meten ustedes en el texto la tasa de nacionalidad? Vamos a ver, ¿qué tiene que ver eso con los 75 euros de la tasa de nacionalidad? ¿O es que se les va la mano siempre? Siempre se les va la mano. Señorías, ¿por qué esa justicia de mercado? ¿Por qué cada cosa que traen a esta Cámara tiene que tener un precio? Incluso la nacionalidad tiene que tener un precio, ahora 75 euros la nacionalidad. Mira que lo ponen difícil, ¿eh? Lo ponen muy complicado.

Señorías, una reflexión sobre la memoria. Hay un proceso de memoria, o diría mejor de desmemoria, que pierde fundamentalmente la memoria del pasado y mantiene la memoria cercana. Y hay también un proceso inverso. Se llama de distintas formas en la clínica. Yo me pregunto, ¿por qué les es tan fácil a ustedes recuperar la memoria de cinco siglos y tan difícil tener memoria de hace tan solo unas décadas? ¿Cómo lo tienen tan complicado? (Aplausos). Mi grupo parlamentario no va a actuar con doble rasero, ni va a actuar con amnesia tardía ni con amnesia cercana. Vamos a tener la misma actitud en esta ley que la que tuvimos con la Ley de Memoria Histórica. No todos los grupos parlamentarios de esta Cámara pueden decir lo mismo. Vamos a estar con los expulsados, con los oprimidos, con los exiliados de hace cinco siglos y vamos a estar también con los expulsados, con los oprimidos y con los exiliados de hace unas décadas. No tenemos doble rasero. Señorías, de eso se trata, de tener memoria y de no tener una memoria únicamente lacunar o de tener una memoria al acomodo de cada grupo parlamentario o de cada fuerza política. Quería hacer esa precisión sobre la memoria. La memoria no puede ser parcial, no debe ser parcial, sobre todo si se quiere tener un relato común de un pueblo. El relato común debe incorporar la injusticia con los sefardíes y también otras injusticias. No vale hacerlo únicamente con unas y no con otras, tienen que ser todas.

En relación con la justicia, una restitución en este caso significa un reconocimiento de una injusticia que probablemente ya no pueda ser vuelta atrás, pero, en nuestra opinión, esta iniciativa que repara en la medida de lo posible una injusticia -la cometida con los judíos sefardíes hace cinco siglos-, sin embargo, deja pendientes otras injusticias coetáneas, prácticamente de un siglo después: la injusticia con el pueblo morisco -también algunos de ellos han mantenido tradiciones, no con la misma intensidad ni la misma cultura que los sefardíes, pero también han mantenido tradiciones y vinculación con España-, o, por otra


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parte, el reconocimiento de la nacionalidad al pueblo saharaui, como ha comentado el diputado Tardà, y yo diría también a los llamados flecos que se han producido como consecuencia de la mala aplicación de la Ley de Memoria Histórica, a la que usted se ha referido. Como consecuencia de la mala aplicación de esa ley hay nietos de españoles -mejor dicho, nietas- que no tienen nacionalidad en relación con su hermano varón, y hay nietos que, por tener una edad diferente, tampoco tienen nacionalidad, siendo hermanos. Esa es la situación que en estos momentos tenemos de aplicación de la Ley de Memoria Histórica con nietos de españoles que perdieron la nacionalidad. ¿Eso no merecía la pena, ya que ustedes han tocado la tasa de 75 euros? ¿Valía menos que su tasa el derecho de los saharauis, el derecho de los moriscos, la justicia también con los españoles que perdieron la nacionalidad? ¿Valía menos? Mi grupo parlamentario piensa que no, piensa que pudieron abordar la superación de una injusticia histórica y que también pudieron abordar otras injusticias y no lo hicieron, señorías. Además, estamos convencidos de que no lo van a hacer, porque estamos acostumbrados al rodillo, a la apisonadora y a la máquina de picar carne, a todo en esta Cámara, sobre todo por parte del Ministerio de Justicia. Señorías, esas son las razones para que nuestro grupo haya presentado la enmienda de totalidad.

Lo ha versado el diputado Tardà, pero no me resisto a hablar de la situación de los saharauis en nuestro país, de unos jóvenes saharauis que se quedaron en España, que estudiaron en España y que ahora pretenden trabajar en nuestro país. Pues no pueden, señorías. Se les ponen dificultades de todo tipo y viven en un limbo jurídico en nuestro país. Hablamos de lo que fue un dominio colonial español. Hay que solucionarlo, es imprescindible. No puede ser que unos ciudadanos se encuentren en una suerte de aeropuerto en terreno de nadie sin ninguna perspectiva, ni de arreglar su reconocimiento como nación, porque los españoles tampoco hemos hecho nada por ellos, los hemos abandonado desde el punto de vista de sus derechos históricos, ni tampoco con relación al reconocimiento de la nacionalidad y mucho menos de la nacionalidad con carné de identidad español: sin derecho de nacionalidad, con dificultades para cualquier trámite en nuestro país, para ejercer su profesión en nuestro país, chicos que se han formado aquí y que han estado aquí varias décadas. Eso hay que solucionarlo, señor ministro. No puede ser que venga usted aquí y diga que no estamos a la altura porque no vemos la importancia histórica de la cuestión. No, no, sabemos la importancia histórica de la cuestión y también la importancia de que la superación de una injusticia no cree ningún tipo de agravios en otros. Por lo tanto, creemos que se puede superar perfectamente una injusticia histórica y, al mismo tiempo, responder a otras injusticias.

Termino, señor ministro. Lo que no hace su ministerio tampoco es solucionar el problema de la nacionalidad en el marco de la Unión Europea. Nosotros tenemos una anormalidad en el marco de la Unión Europea en materia de nacionalidad, es evidente y no hay más que ver las estadísticas para darse cuenta de ello. Por una parte, no tenemos una ley de nacionalidad, tenemos dispersa la legislación de nacionalidad en diversas legislaciones -el Código Civil, la ley que tiene que ver con el Registro Civil, el reglamento-. Tenemos una dispersión muy importante en esa materia y tampoco contribuimos a un reconocimiento de la nacionalidad en el marco europeo, que parece cada vez más necesario, porque el reconocimiento de la nacionalidad española también tiene repercusiones en otros Estados miembros y en la movilidad en el conjunto de la Unión Europea. Hubiera sido una buena oportunidad para adoptar una solución a esa cuestión, pero el Gobierno tampoco la considera importante. Considera que es un tema menor y que tenemos que seguir legislando como lo estamos haciendo hasta ahora, mal, sobre estos temas relativos a la nacionalidad. Nosotros creemos que hubiera sido una buena oportunidad.

Termino refiriéndome a una reflexión de una eminente colega, Rita Levi-Montalcini, judía sefardí, que en un momento determinado, cuando recibió el Premio Nobel, dijo que el cerebro humano estaba hecho de dos hemisferios, un hemisferio arcaico, que se deja llevar únicamente por los sentimientos, y un hemisferio joven, que es el hemisferio de la razón. Creo que, como ella decía, lo que estamos sufriendo ya históricamente -se refería a los pueblos- tiene mucho que ver con el hemisferio arcaico. Espero que esta ley finalmente se corresponda con el hemisferio de la razón y que algunos factores arcaicos como la desmemoria y la injusticia se compensen en el trámite parlamentario.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.

Pasamos al resto de los grupos. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, gracias por su prolija exposición. Mi grupo se va a abstener con relación a las enmiendas presentadas porque comparte la reflexión del ministro: la identidad de la materia que estamos


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analizando y cuyos orígenes datan de hace cinco siglos puede provocar que, por un efecto de asimilación, por un efecto de tratamiento equivalente o equitativo o por los requerimientos del principio de igualdad ante la ley, se intente resolver los problemas de otros colectivos humanos que fueron objeto de actos tan injustos como el que en este momento intentamos reparar. Se han citado varios ya. Se ha citado los moriscos, podríamos citar a los bereberes, se ha citado a los saharauis, pero la identidad de la materia se complicaría terriblemente -y aunque parezca una paradoja, señora presidenta, nos vamos a abstener por respeto a estos otros colectivos cuya invocación se ha realizado- para introducir la adquisición de la nacionalidad española y la no renuncia de la que poseen en este momento en este proyecto de ley, dada su consistencia, dada su identidad, dada su relevancia, no sin decirles que si se presentan otros proyectos de ley que atiendan a las razones, que no son exactamente iguales a las que afectan a los sefardíes, para buscar efectos jurídicos similares a los que se pretenden encontrar en este proyecto de ley, atenderíamos sin ninguna duda a estas iniciativas legislativas que, por lo pronto, no se han presentado todavía, que yo conozca.

Señor ministro, decía Locke que nunca es tarde para hacer justicia, ni siquiera porque hayan pasado quinientos años es tarde para hacer justicia, ya que estamos hablando de una reparación de un edicto del año 1492, por el que se expulsó a personas que estaban vinculadas a lo que entonces se podía considerar Reino de España, que practicaban la lengua hebrea, cuyos signos estaban en la palabra y estaban en la piedra, en esta exposición de motivos cargada de prosopopeya que alguien de su ministerio ha redactado, que fueron expulsados mediante un edicto del año 1492, como decía, y los que no fueron expulsados se tuvieron que convertir, como ha ocurrido con otros colectivos que han sido ya citados aquí; que han mantenido la lengua, la lengua enriquecida con aquellas lenguas de los países de acogida -de hecho, hablan lo que se denomina el ladino o la haketía-; que se tuvieron que exiliar y reubicar en otros países, particularmente en el caso de los sefardíes, en países Balcánicos, en Grecia y en países del norte de África, y respecto a los cuales ustedes afirman con una cierta retórica quizá digna de mejor causa, señor ministro, que aceptaron sin rencor el silencio de la España que los ubicaba en esta situación de olvido. No estoy tan seguro, señor ministro, de que la aceptación de esta expulsión de los sefardíes se hiciera sin rencor. No sé si hay evidencias empíricas que a usted le hacen pensar que lo hicieron sin rencor, ni si la nostalgia y el vínculo identitario con la España entonces se ha ido sin ningún tipo de rencor con una expulsión tan brutal como esta, pero, bueno, usted lo dice en la exposición de motivos y así lo vamos a dejar a título de reflexión puramente ontológica o literaria.

En todo caso, las cosas empezaron a reconducirse con otra Isabel, no Isabel I, sino Isabel II. Isabel II empezó a autorizar cementerios judíos. Se continuó mejorando la situación con otros políticos importantes del siglo XIX como Práxades Mateo Sagasta y se dio la posibilidad también de la creación de sinagogas. Se continuó mejorando la situación con el senador que usted ha citado, Ángel Pulido, cuyo trabajo hay que reconocer en la reivindicación de la causa de los sefardíes; con normas como el Real Decreto del año 1924, señor ministro, que solo funcionó hasta el año 1930. Todavía no sabemos muy bien por qué solo funcionó hasta el año 1930 y por qué solo 3.000 sefardíes reivindicaron la recuperación de la nacionalidad española cuando lo pudieron hacer. Aquí viene una de las causas -señor ministro, le agradecería que me escuche un segundo- que usted no ha citado en la exposición de motivos del proyecto de ley, que ha leído muy bien, por cierto, y es la vinculación del Estado español con el holocausto. Doscientos mil sefardíes quedaron bajo la administración alemana en la Segunda Guerra Mundial. Hubo matanzas atroces. Se exterminó al pueblo sefardí en localidades como Salónica, en Grecia, y los agentes consulares españoles realizaron un trabajo encomiable para salvar miles de vidas de judíos sefardíes. Esta es una vinculación relevante históricamente: la vinculación también de las autoridades españolas de la época con el holocausto.

Desde esa perspectiva nos encontramos con un procedimiento que se basa en una injusticia histórica que podemos reparar, que podemos compensar, y podemos utilizar cualquiera de las nociones realizadas por el señor Llamazares que en términos jurídico-políticos son sinónimas, significan exactamente lo mismo: la recuperación de unos derechos que ilegítimamente fueron expoliados y expropiados. Desde una perspectiva puramente técnica, aquí se preconiza fundamentalmente la reforma de los artículos 21 y 22 del Código Civil, las dos fórmulas de adquisición de la nacionalidad, la del artículo 22, la ordinaria, pero la ordinaria que es extraordinaria para determinados colectivos, particularmente iberoamericanos, a los que les basta dos años de residencia para obtener la nacionalidad. Me parece bien la utilización de este procedimiento para los judíos sefardíes con la correspondiente y necesaria reforma del artículo 23, señor ministro, que impida que tengan que renunciar a su nacionalidad de origen si ellos optan por


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mantener la misma. La otra fórmula es la adquisición de la nacionalidad por lo que se denomina en el Código Civil carta de naturaleza, cuyos motivos y formas probatorias usted ha explicitado con mucha prolijidad. Son formas probatorias que nos parecen muy pertinentes: certificado por presidente o cargo análogo de la comunidad judía de la zona de residencia; por un certificado de la autoridad rabínica competente; por el idioma familiar, ladino o haketía, por la partida de nacimiento o por el ketubah -no sé pronunciar el ladino con la facilidad que usted ha acreditado aquí-; por la inclusión del peticionario o de su ascendencia directa en las listas de las familias sefardíes protegidas por España, en relación con Egipto y Grecia, en virtud de una norma específica, la del año 1948; por la realización de estudios de historia y cultura españolas; por la realización de actividades benéficas a favor de personas o instituciones españolas, o por cualquier otra circunstancia que demuestre fehacientemente su condición de sefardí originario.

No sé por qué usted da tan poca relevancia a la posesión de un apellido sefardí. Creo que es un elemento probatorio que debería ser objeto de mayor relevancia y de mayor significación. No cualquiera puede tener un apellido sefardí si es que no es sefardí, salvo que haya circunstancias en relación con el derecho de familia que no soy capaz en este momento de identificar y que usted me podría explicar. Se ha criticado la incorporación de una tasa. Mire, por fin nos encontramos con una ley dimanante de su ministerio donde la tasa, de verdad, es una tasa según está configurada en el derecho tributario: la prestación de un servicio público a un particular. No son las tasas de la Ley de Tasas que aprobó su predecesor en relación con el servicio de la justicia, pero sí es una tasa que tampoco nos parece desmesurada y nos parece bien el procedimiento de colaborar con el Consejo Nacional de la Notaría, con el consejo estatal de los notarios, para la acreditación o las actas de notoriedad de acreditación de todas estas circunstancias extraordinarias que permiten la adquisición de la nacionalidad por la vía de la carta de naturaleza.

¿Se trata de una compensación, se trata de una reparación, se trata en definitiva de la evitación, quinientos años después, de una injusticia? Me da igual, señor ministro, es lo que debemos hacer porque se lo debemos, porque estas personas no sé si huyeron o se las expulsó sin rencor -se las expulsó sin rencor como ustedes afirman en la exposición de motivos, aunque me parece muy dudoso que no existiera un cierto componente de rencor en el momento-, pero mantuvieron el vínculo anímico y mantuvieron el vínculo identitario, y se acredita en la lengua, se acredita en las recetas de cocina -aunque parezca una anécdota-, se acredita en los juegos, se acredita en los romances que todavía nos repiten, y con esas acreditaciones hay un elemento identitario que evidentemente debemos considerar. Por tanto, cuente con nuestra adhesión a la aprobación de una ley que acomete una reparación histórica, quinientos años después, que es manifiestamente necesaria. Pero no nos olvidemos -con esto acabo, señora presidenta- de que hay otros colectivos que con la misma legitimidad, con la misma fundamentación histórico-jurídica, requieren una reparación de estas características. Nosotros creemos que se debe atender a las necesidades de los moriscos y a las necesidades de los bereberes, que también sufrieron, y a las de los saharauis, respecto a los cuales España, como antigua potencia colonial, tiene específicas obligaciones, algunas de ellas reconocidas por resoluciones de Naciones Unidas. No nos olvidemos de esto, señor ministro, y presentemos unas normas, no en esta porque si intentamos resolver en esta norma la situación de todos estos colectivos desfiguraríamos su consistencia sistemática, haríamos una norma de muy compleja aplicación, pero preparemos también otras para atender a las necesidades de reparación histórica de estos colectivos. En definitiva, el Estado español tiene muchas necesidades de reparación histórica. El Estado español en su historia ha cometido muchas tropelías, señor ministro. Empecemos reparando esta y continuemos reparando todas las demás.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Díez. (Rumores). Por favor, guarden silencio.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Mi grupo parlamentario saluda también la presentación de esta iniciativa del Gobierno y agradecemos a Esquerra Republicana y a La Izquierda Plural sus enmiendas de totalidad, que no vamos a apoyar pero que permiten que tengamos en este momento este debate de totalidad y que abordemos la cuestión en el plenario.

Hago mías las últimas palabras del portavoz del Grupo Vasco, del señor Olabarría, cuando planteaba la necesidad que tiene nuestro país de hacer reparaciones históricas a muchos colectivos, reparaciones


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históricas más modernas y otras más antiguas. Aquí se han citado ejemplos de reparaciones modernas -las del siglo pasado- y de reparaciones antiguas. Los proponentes de las enmiendas a la totalidad han hablado de varios colectivos, desde los saharauis hasta los moriscos. Todos ellos merecen un reconocimiento y merecen una reparación, pero comparto lo que ha planteado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, como les acabo de decir, y creo que el asunto que hoy abordamos, la reparación de esta injusticia para los sefardíes, merece singularidad y por tanto merece que sea tratada de forma separada en este proyecto de ley que espero que pronto sea ley y que hoy estamos debatiendo. (Rumores).

Abordar la singularidad, como se ha hecho desde el Gobierno y por parte del ministerio, requiere, a mi juicio... (Continúan los rumores). No me oigo, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señora Díez.

Por favor, si quieren tener conversaciones, háganlo fuera del hemiciclo, que tienen ustedes un bar maravilloso ahí atrás.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Abordar esta reparación, tal y como ha hecho el Gobierno con su propuesta, de una forma singular requiere el reconocimiento de lo que España ha hecho mal, aunque sean nuestros lejanos predecesores.

Cabe recordar algunos antecedentes históricos. Algunos los ha recordado el propio ministro y yo quiero recordar también alguno de ellos. España tuvo algunas de las leyes antisemitas más antiguas de Occidente, como la del rey visigodo Sisebuto en el año 612, una ley que limitaba el derecho de propiedad a los judíos y preveía la condena a muerte del judío que convirtiera a un cristiano. Como saben, el converso a su vez era vendido como esclavo. Esos son nuestros antecedentes. Pese al antisemitismo católico y la discriminación legal bajo muchas y diferentes fórmulas, la comunidad judía española -los sefardíes- se convirtió en una de las más grandes, influyentes y activas de la Europa occidental. Toledo, Córdoba, Zaragoza, León, Gerona, Tudela eran auténticos centros de referencia de la cultura judía del más alto nivel, que era a la vez cultura española. A lo largo del siglo XIV hubo violentos ataques y matanzas de judíos en todos los reinos peninsulares, matanzas que obligaron a muchos judíos a convertirse a la fuerza y a practicar su religión y tradiciones de forma clandestina.

En el momento del decreto de expulsión de los Reyes Católicos que ya se ha citado aquí, la comunidad sefardí ascendía aún a decenas de miles de familias que rechazaban la conversión forzosa que se les ofrecía como única alternativa para poder seguir viviendo en España. Su exilio privó a España de una parte muy importante y valiosa de su sociedad y de su cultura -nos privó a nosotros a la vez que se les expulsaba a ellos-. Fue una aberración política que empobreció el país en todos los sentidos y acabó por muchos siglos con la tolerancia y el pluralismo religioso. Creo que esto también es algo que debemos recordar. Tuvo esa consecuencia: acabar con la tolerancia política y con el pluralismo político y religioso. La ley que devuelve la nacionalidad -esta de la que estamos hablando, ministro- española a sus descendientes es una reparación moral, el reconocimiento de un grave y dañino error histórico que aún sigue vigente, el antisemitismo, porque sí, aún sigue vigente en nuestro país. Esta ley supone un símbolo de reconciliación de una sociedad mayoritariamente plural, la España actual, la España democrática, la España constitucional. Por eso, nos toca, nos corresponde hacerlo en este momento.

Se trata, pues, de reparar, como decía, una injusticia histórica; se trata de reconocer el derecho a tener una patria a esos que el propio proyecto de ley denomina españoles sin patria, a esos españoles, el reconocimiento a todos sus derechos de ciudadanía. Esta ley ha de contribuir a cerrar heridas y a reparar en las personas de sus descendientes las consecuencias de la opresión y la persecución que sufrieron. Por eso mismo, el Gobierno y el grupo mayoritario encontrarán enmiendas de este grupo parlamentario, porque, si se trata de reparar esa injusticia, no podemos permitirnos el lujo de generar una expectativa a la que la propia ley ponga trabas para que sea efectiva. Tenemos que modificar aspectos sustanciales de la ley para que esa expectativa que se genera de reconocimiento de un derecho que perdieron, porque se les arrebató, no se frustre; es decir, que la ley posibilite el acceso, que no haya trabas, y que se modifique la redacción de algunos artículos que no solamente incluyen trabas desproporcionadas y absolutamente injustas, sino que a nuestro juicio abren espacios para la discrecionalidad, que es otra forma de injusticia.

Ministro, nuestro grupo espera que en el trámite parlamentario el Ministerio de Justicia, el Gobierno y en definitiva el grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular, tengan una actitud distinta a la que suelen tener en la tramitación de este tipo de leyes, y de los proyectos de ley en general. Esperamos que tengan una actitud abierta, que quieran de verdad mejorar el texto, y tras ese trámite parlamentario


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tengamos finalmente un texto que facilite la vida a aquellos a los hoy queremos reconocer sus derechos, que no genere solo expectativas, y por supuesto que no privatice en modo alguno el procedimiento.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, se decía al inicio de este debate que este es un momento histórico, que lo que hoy se pretende con este proyecto de ley es reparar una injusticia histórica, y que se hace a través de un proceso de reencuentro, mirando hacia atrás, pero también hacia el futuro, y teniendo en cuenta la intensidad afectiva que nos debe unir con el pueblo judío, y con esas miles de personas que fueron expulsadas con un edicto de 1492. Lo que hoy se pretende es establecer que puedan obtener la nacionalidad sus descendientes.

A este proyecto de ley, que hoy se debate en el Pleno gracias a la presentación de enmiendas a la totalidad, nuestro grupo le da apoyo. No vamos a votar a favor de las enmiendas a la totalidad porque en Convergència i Unió tenemos la voluntad de que este proyecto de ley no quede hibernado, algo a lo que estamos demasiado acostumbrados, especialmente en la Comisión de Justicia, señor ministro. Estamos acostumbrados a que se presenten proyectos de ley que después quedan hibernados, a los cuales vamos ampliando el plazo de enmiendas, y para los que, como no hay un punto de acuerdo, se prefiere finalmente su no aprobación. Entendemos que hoy con este proyecto de ley que pretende esa reparación histórica lo que debemos hacer desde Convergència i Unió es facilitar que finalmente lo que es un proyecto de ley pueda ser una ley aprobada, publicada en el BOE, y que entre en vigor. De ahí que nuestro grupo no haya presentado enmienda a la totalidad, y de ahí que nuestro grupo vaya a votar en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas, pero ello no significa en ningún caso, señor ministro, que estemos totalmente de acuerdo con el contenido de este proyecto de ley. Hay muchísimos aspectos a mejorar y le pedimos desde Convergència i Unió mano tendida para consensuar las enmiendas que le vamos a presentar, enmiendas tendentes a facilitar las cosas, señor ministro, porque es un proyecto de ley con una excelente exposición de motivos, pero con una muy deficiente articulación práctica sobre cómo llevar a cabo aquello en lo que en principio estamos de acuerdo, que es permitir la adquisición de la nacionalidad por carta de naturaleza; pero a partir de ahí los requisitos son férreos y acumulativos. Algunos de ellos son requisitos sine qua non como, por ejemplo, conocer la lengua española a través de unas pruebas o como tener que acreditar una especial vinculación. Y no es eso, señor ministro. Vamos a reparar a los que eran descendientes de los que fueron expulsados; por tanto, tengan o no esa especial vinculación, el requisito tiene que ser probar que son descendientes. De ahí que haya un conjunto de requisitos que debemos intentar que permitan un proyecto de ley con una finalidad, ya que si no este proyecto de ley se va a quedar en el cajón del trámite parlamentario, algo que no deseamos. Por tanto, tramítese ya; que finalice el próximo martes el plazo de enmiendas al articulado, que se reúna la ponencia cuanto antes este mes de diciembre, y si podemos, señor Prada, aprobemos este mismo mes de diciembre -entra ahora el presidente de la Comisión de Justicia- el proyecto de ley con competencia legislativa plena, no vaya a ser que las prisas, señor ministro, nos lleven a que al final se quieran buscar acuerdos, se disuelva la legislatura el próximo año, y el proyecto decaiga. Prisas ya no muchas, señor ministro. A usted se le conoce por la improvisación del celo, aquel celo que salió el día 9 de noviembre: el ministro de Justicia improvisando una rueda de prensa a la desesperada, porque tenía que posicionar su Gobierno en contra del proceso participativo que se había hecho en Cataluña. No más improvisaciones, señor ministro. Hagamos exactamente lo que debería hacer un ministro de Justicia: buscar acuerdos y puntos de entendimiento. Hoy aquí con este proyecto de ley, señor ministro, tiene la oportunidad de buscar un mayor consenso para que salga una ley mejorada del trámite parlamentario.

Convergència i Unió quiere recordar hoy aquí el diálogo mantenido por nuestro grupo, por el señor Duran i Lleida y por el señor Xuclà i Costa desde el momento cero con las comunidades judías en España. Queremos manifestar una vez más la admiración por el pueblo de Israel y su derecho a un Estado, que nació el 14 de mayo de 1948, después de miles de años de preservación de su identidad nacional, tal y como reconoció mi grupo parlamentario y el señor Xuclà en el debate que tuvo lugar en el Pleno de esta Cámara el pasado martes. Bajo ese prisma, bajo esa mentalidad de la reparación histórica necesaria Convergència i Unió le pide enmiendas parciales importantes. Pondré algún ejemplo. Antes me referí a la necesidad de que no exista lo que ahora es un requisito: el conocimiento de la lengua; que no sea un


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requisito, sino un elemento más a valorar, pero también quiero destacar, señor ministro, graves incongruencias de este proyecto de ley. Por ejemplo, toda la plataforma informática que ustedes crean va a ser tan ambiciosa que va a demorar la aplicación práctica. Aprovechemos lo que ha hecho ya el Consejo General del Notariado, que ha dado valor al procedimiento informático que en temas recientes se ha aplicado con un gran esfuerzo. Quiero poner en valor aquí también el notariado catalán, a su decano, don Joan Carles Ollé, que realmente ha implementado muy bien los procedimientos informáticos para hacer ágiles los aspectos del reconocimiento en leyes precedentes, y ahora lo podríamos aprovechar sin necesidad de crear toda esa nueva plataforma. También me quiero referir, señor ministro, a una vacatio legis que debería ser mucho más estrecha. Debemos minorarla y reducir el plazo de dieciocho meses del proyecto de ley, el cual nos aleja muchísimo de lo que debería ser un proceso más ágil, que aporte con mayor celeridad aquello que se pide y se pretende, que es que se pueda adquirir esa nacionalidad por carta de naturaleza. Asimismo le pedimos también, señor ministro, señorías, que todo ese procedimiento notarial que compartimos sea también compatible con la necesidad de evitar desplazamientos en ocasiones costosos y otras veces difíciles de llevar a cabo, si queremos un proceso de mayor celeridad. Proceso notarial, sí, pero no entendemos por qué no vamos a permitir que se pueda acudir a los respectivos consulados del lugar e intentar no únicamente personarse acreditando la identidad, sino que se pueda aportar la información original y cotejarla con la que ya se envió telemáticamente, así evitaríamos muchísimos problemas de desplazamientos, de costes. Por tanto debemos combinar ese procedimiento notarial con una intervención in situ en los respectivos consulados o embajadas. Entendemos que esta sería una buena solución, y la vamos a trasladar desde Convergència i Unió en forma de enmiendas.

En ocasiones habrá que acreditar que se es descendiente, habrá que acreditar -esto lo hemos comentado ya con el portavoz del Grupo Popular, el señor Elorriaga- esa autoridad rabínica; en ocasiones necesitaremos que esa autoridad rabínica, bien desde un punto de vista de consulado o de la federación española que agrupa este conjunto de sefardíes y de la comunidad judía, se pueda acreditar. Por tanto hay una ocasión importante -y con esto termino, señor presidente- para ponernos de acuerdo, hay una ocasión importante para dar a este proyecto de ley -que compartimos y que es una reparación histórica- un impulso en ponencia y en Comisión para mejorar, agilizar, y permitir en definitiva que esa reparación histórica no sea mera retórica, sino real y efectiva, como pide Convergència i Unió.

Muchas gracias. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Silva. (Rumores).

La señora SILVA REGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista quiere manifestar con total claridad que apoya que los sefardíes, judíos originarios de España, puedan adquirir la nacionalidad española de forma automática cuando se pruebe tal condición. (Rumores). Creemos que es una decisión justa para dar respuesta a una deuda histórica con la comunidad judía originaria de nuestro país, que fue expulsada en 1492, y se le arrebató su pertenencia a nuestra patria por el hecho de no compartir las mismas creencias religiosas.

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.

Por favor, ruego silencio para que oigamos a la señora diputada.

La señora SILVA REGO: Hace más de quinientos años los sefardíes se vieron obligados a abandonar sus hogares, pero es cierto -y aquí se ha repetido- que esta expulsión no pudo arrebatarles su vinculación con nuestro Estado, su identidad española; mantuvieron sus costumbres y usos -como todos aquí han dicho-, las tradiciones, su lengua, el matrimonio según el régimen y tradiciones de Castilla, así como los nombres que invocaban su origen.

Hoy debatimos dos enmiendas de totalidad, y ya les anuncio que no vamos a votarlas favorablemente. Creemos que es adecuado proceder a restablecer el derecho a la nacionalidad española a quienes perdieron su identidad por causas claramente injustas. Es más, nos comprometemos desde el rigor, la seriedad y la responsabilidad a analizar todas aquellas cuestiones que permitan mejorar el contenido de este proyecto y que aquí muchos portavoces de otros grupos han planteado. Dejando pues claro nuestro apoyo a la comunidad sefardí queremos decir sin embargo que cuestionamos que el Gobierno no haya sido más ambicioso, y no haya planteado lo que sin duda es una necesidad en nuestro país, la elaboración de una ley de nacionalidad que aborde una cuestión tan importante como el estatus jurídico de estas


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personas desde una visión integral. Este Gobierno, que ha puesto patas arriba tantas y tantas leyes, debería haber tenido la ambición de establecer una norma legal que diese homogeneidad a un derecho fundamental tan relevante, y permitir así dar respuesta a todos los supuestos, y que además abordara también la situación de muchas mujeres, hombres, jóvenes y niños que viven con nosotros en nuestros barrios, cuyos hijos van a las mismas escuelas que nuestros hijos, o que trabajan en nuestros mismos ámbitos de actividad, y que hoy aquí no han sido nombrados por nadie. Cuestionamos también que se haya dejado en el olvido a otros colectivos con una fuerte vinculación con España, como es el caso de los saharauis, que además en la actualidad tienen serias dificultades para el acceso a la nacionalidad española, aun cumpliendo con la legislación que hoy está vigente. Señor ministro, nos tememos que el anterior responsable de su departamento diera instrucciones para que se pusieran trabas para poder adquirir la nacionalidad española por parte de los saharauis.

Señor ministro, usted sabe que se ha puesto en contacto con usted la portavoz de Justicia de nuestro grupo, la señora Aguilar, para plantear y denunciar casos de jóvenes que viven en España, que han estado viviendo desde siempre en España, que han estudiado en nuestro país, a los que se les niega una nacionalidad que les corresponde. Además de nuestra portavoz de Justicia, también lo ha hecho la portavoz de Exteriores, doña Trinidad Jiménez, con el ministro de Exteriores, el señor Margallo. Por eso, señor ministro, le pedimos que investigue qué ha estado ocurriendo, pero sobre todo que lo estudie y que lo corrija, porque es una injusticia.

No podemos entender que no estén planteando establecer un procedimiento que permita obtener la nacionalidad a aquellos descendientes de emigrantes que no se contemplaron en las leyes por las que hoy nos regimos. Hablo del acceso a la nacionalidad de los descendientes de mujeres españolas que no transmitían la nacionalidad hasta la aprobación de la Constitución de 1978. Hablo de eliminar el plazo para optar por la nacionalidad de los hijos de quienes la recuperan, de la opción de los descendientes de quienes se vieron obligados a renunciar a la nacionalidad española, o de los hijos mayores de edad de quienes adquirieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica.

Señor ministro, señores del Partido Popular, ¿saben qué siente un descendiente de española, que es considerado extranjero por el simple hecho de que las mujeres españolas no transmitían la nacionalidad que ostentaban hasta la entrada en vigor de nuestra Constitución? ¿Saben qué siente una familia con dos hijos cuando uno llega a España y es considerado español y el otro extranjero? Sienten rabia, indefensión, discriminación, señor ministro. Viven esta situación como una afrenta contra la igualdad. Tenían ustedes que escuchar a los descendientes de españoles o españolas que sufren esta situación. Hablan con indignación. El responsable del Partido Popular, el señor Prada, lo sabe perfectamente, porque cada vez que va a Uruguay, a Argentina, o a Brasil -y va en muchísimas ocasiones- se lo dicen; lo sabe. Estos emigrantes se sienten españoles. Han vivido y se han educado en su ámbito familiar manteniendo fuertes vínculos con España. Conocen nuestra cultura. Nuestro idioma es su idioma. Siguen los acontecimientos de nuestro país y no entienden que las lagunas jurídicas de nuestra legislación les impidan poder adquirir la nacionalidad. Por ello les anuncio que durante su tramitación vamos a presentar enmiendas parciales.

Queremos que se tramite esta ley de reconocimiento de la nacionalidad a los sefardíes para resolver una injusticia histórica con los judíos originarios de España. Queremos que se tramite. Creemos que es una causa justa. Pero también queremos que se incluya a otros colectivos y que puedan obtener la nacionalidad española. Es por justicia, señor ministro. Por eso deseo y espero que el Grupo Popular sea sensible a estos argumentos. Si ustedes no lo hacen saben que estarán cometiendo una injusticia, y además tendrán que dar muchas explicaciones, porque ustedes se han comprometido en multitud de ocasiones a cumplir con las demandas de estos supuestos que hoy aquí ha mencionado el Grupo Socialista. Han llenado muchísimas páginas de periódicos diciendo que iban a dar una respuesta positiva a estos supuestos que he mencionado. Sería muy doloroso que incumplieran una vez más su palabra y sus compromisos, aunque ciertamente a nadie sorprendería. De hecho hoy el señor ministro ha dicho aquí en su intervención que tiene tal entidad dar a los sefardíes la nacionalidad, a la que repito que tienen derecho, que por eso no plantean otros temas. Pues yo le pregunto, señor ministro: si usted considera que los sefardíes deben tener una ley específica para esos supuestos -repito que es justo-, ¿por qué no han presentado ustedes otro proyecto de ley para recoger estos supuestos que hoy aquí ha planteado el Grupo Socialista? Señor ministro, de verdad, piénsenlo bien, tengan sensibilidad con estos otros supuestos que estamos planteando, porque son de justicia. Esos otros colectivos y esos casos de emigrantes que hoy todavía no están registrados en nuestra ley se sienten agraviados, y tienen razón en sentirse así. Por ello yo finalizo dirigiéndome a usted, señor ministro, y a las diputadas y diputados del Grupo Popular.


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Hagan el esfuerzo de posibilitar un acuerdo en el trámite de las enmiendas parciales. Háganlo para que podamos recompensar a todos aquellos que por cuestiones injustas se vieron obligados a perder su identidad española, o para que la puedan adquirir sus descendientes, y podamos por fin decir que hemos saldado las cuentas con hechos y decisiones del pasado que no debieron suceder nunca. Deseamos, señor ministro -se lo pedimos-, que lo haga, que recoja estas otras cuestiones, porque todas ellas, junto a la situación de los sefardíes, son injustas y debemos repararlas. Estamos obligados a ello.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Silva.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Elorriaga.

El señor ELORRIAGA PISARIK: Señor presidente, quiero antes de comenzar saludar formalmente al presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, don Isaac Querub, y a todos los miembros de la delegación que hoy le acompañan en la tribuna, y quiero agradecerles especial y públicamente, tanto el impulso que han prestado a este proyecto que hoy comenzamos a debatir como la colaboración que todavía mantienen con todos los grupos parlamentarios, para intentar mejorarlo en todo lo posible.

Es para mí un honor subir a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo en relación con las dos enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo de La Izquierda Plural y por el Grupo Mixto, a través del señor Tardà. Es imprescindible comenzar afirmando, como ha señalado el ministro de Justicia, que el contenido sustantivo de ambas enmiendas a la totalidad, que vamos a rechazar desde el Grupo Parlamentario Popular, coincide en que creen que debería completarse su contenido con otras iniciativas. Nuestra posición es que el contenido de sus enmiendas debería en todo caso articularse en torno a iniciativas parlamentarias autónomas, o en su caso posteriormente como enmiendas de adición, ya que ambas asumen plenamente la oportunidad y la conveniencia de impulsar el proyecto que hoy presenta el Gobierno. Desde luego hay otros temas importantes sobre los que mi grupo tiene la mejor disposición para abordar y dialogar, pero en modo alguno deben restar la sustantividad y la importancia propia del texto que hoy iniciará su tramitación parlamentaria. No tenemos, señor Llamazares, doble rasero en absoluto. Queremos dar a cada caso -como se ha venido haciendo hasta ahora- el tratamiento singularizado que merece. Las leyes anteriores también han sido leyes que han tratado casos especiales de manera singular, y esta con la misma razón lo vuelve a hacer.

Se afirma -quizá esto es más técnico- en el texto de la enmienda de La Izquierda Plural que la materia de la nacionalidad tal vez debería abordarse fuera del Código Civil. No compartimos en absoluto esa opinión. No hay razones suficientes para romper hoy una tradición jurídica que sin inconveniente alguno lleva al Código Civil aspectos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, como puede ser toda la doctrina de las fuentes del derecho, la eficacia general de las normas jurídicas, o la nacionalidad. Sin duda este es un proyecto de envergadura y de dimensión históricas, se ha repetido ya en la tribuna en muchas ocasiones. Y conviene empezar afirmando, porque es de absoluta justicia, que desde la expulsión de los españoles que profesaban la fe judía en 1492 de los reinos de Castilla y de Aragón, y en 1498 del Reino de Navarra, los judíos de origen español han llevado su patria en el corazón, con verdadero cariño, con una inmensa nostalgia, y sin ningún rencor. Los judíos sefardíes han sido durante más de cinco siglos -y son hoy- auténticos embajadores de España, de Sefarad, y lo son en todas las partes del mundo, y con esta ley se viene a reconocer esa realidad histórica.

El proyecto de ley que ahora debatimos no puede entenderse sin recordar todos los antecedentes históricos, políticos y legislativos que nos han traído hasta aquí, porque solo se entiende este proyecto como colofón a una larga trayectoria de reencuentro y de reconciliación entre españoles. Es cierto, como destaca el gran hispanista Joseph Pérez -que este año ha recibido el premio Príncipe de Asturias-, que a comienzos del siglo XIX, es decir, hace doscientos años, no había en España ni un solo judío ni criptojudío. A la uniformidad religiosa, entendida como un instrumento fundamental sobre el que articular la unidad nacional, se mantuvo con firmeza una férrea política legislativa y ejecutiva que impidió la presencia de españoles de confesión judía en territorio español. Pero fue a mediados del siglo XIX cuando los medios más liberales y los más progresistas españoles comenzaron a relacionar la decadencia española con la presión ejercida por la intolerancia religiosa. Y fue entonces cuando se puso como máximo exponente de esa intolerancia el ejemplo de la expulsión de los judíos. En ese momento se puso este asunto en el centro del debate. Tuvieron una enorme relevancia trabajos importantísimos como el de Amador de los Ríos. Tuvo sin duda -se ha citado ya- mucha importancia el impacto que creó la guerra de África, cuando los soldados al frente del general O'Donnell desembarcaron en la costa africana y,


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sorprendidos, fueron recibidos entre vítores por ciudadanos que les hablaban en español y les recibían como auténticos libertadores. Habló de este tema Emilio Castelar en su famoso discurso sobre la libertad religiosa, y por supuesto -también se ha mencionado- fue un senador progresista, Ángel Pulido, quien en el año 1903 por primera vez trajo la realidad de los judíos sefarditas al senado español. Estos españoles sin patria -como acertadamente dijo Pulido- se sintieron y se sienten españoles.

Se recuerda con frecuencia una frase muy elocuente que pronunció en 1915, en el Ateneo de Madrid -a unos metros de esta Cámara-, Isaac Alchech y Saporta -que fue enviado al frente de una delegación de judíos sefardíes que empezaban a sentir la persecución en Grecia-, que decía así: Españoles fuimos, españoles somos, y españoles seremos. Ese es el sentir del pueblo sefardita.

Los Gobiernos de España y de Grecia firmaron en 1916 el primer tratado por el cual España tomó bajo su protección a los españoles sefardíes; les dio el tratamiento de auténticos nacionales y se estableció que, en el caso de que hubiese litigios sobre sus personas o sus bienes, serían los diplomáticos españoles los que quedaban comprometidos para prestarles asistencia y defensa. Los sefardíes desde ese momento pudieron obtener pasaporte español, y eso, aunque no supusiese reconocimiento de su nacionalidad, fue, sin duda, un acercamiento significativo. Ese es el precedente que antes también se mencionaba de la Ley de Primo de Rivera de 1924, las normas de protección de las décadas anteriores, y esa Ley de 1924 permitió escribir -y hay que recordarlo- al servicio exterior español una de las páginas más gloriosas de su historia. Figuras como la de Sanz Briz, la de Romero Radigales, la de Ruiz de Santaella, la de Rolland de Miota, la de Julio Palencia, la de José Rojas, la de Javier Martínez de Bedoya, la de Eduardo Propper, muchos de ellos reconocidos como justos entre las naciones, recogen la mejor historia del servicio exterior español. Como se ha mencionado, ese proceso continuó en 1948 y continuó todavía en normas posteriores.

Quiero mencionar un momento histórico en la etapa de la transición a la democracia española y recordar que fue el Grupo Parlamentario de los socialistas catalanes, concretamente Ernest Lluch, el que a través de una enmienda al Código Civil trajo a esta Cámara y consiguió en 1981 la aprobación por primera vez en el Código Civil de la equiparación de los judíos sefardíes de origen español a los nacionales de los países iberoamericanos, de Filipinas y de otros antiguos territorios españoles.

Termino ya, y por cerrar la página de Lluch, quiero repetir algo interesante que dijo Lluch y que está relacionado con un comentario que ha hecho uno de los portavoces que ha intervenido anteriormente. En aquel entonces, y ante esta Cámara, explicó Ernest Lluch que se debía utilizar siempre la expresión de judíos de cultura española, entre otras cosas porque todavía hoy parte de la comunidad sefardí no se expresa en la antigua lengua castellana sino en la lengua catalana. Señoras y señores, lo que pretende esta ley es culminar una vía de reconocimiento de la condición de nacionales españoles de los legítimos descendientes de los judíos españoles expulsados hace quinientos años y lo hace a través del cauce que la tradición jurídica española ha establecido, es decir, el del reconocimiento de la nacionalidad por el procedimiento de carta de naturaleza. Es, sin duda, una reparación histórica que se debía y que ahora podemos restañar.

Termino diciendo solo dos cosas. Primero, mostrando la mejor disposición del Grupo Parlamentario Popular para alcanzar cuantos acuerdos sean precisos y necesarios para obtener el máximo apoyo final posible para esta norma, y en último lugar quiero hacer un reconocimiento expreso del enorme trabajo desarrollado por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y por su equipo, sin cuyo firme compromiso este proyecto no habría visto la luz; un esfuerzo, un trabajo y un impulso que, afortunadamente y como no puede ser de otra manera, el nuevo equipo del Ministerio de Justicia ha recibido con entusiasmo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Elorriaga.

En dos minutos vamos a votar. (Pausa).

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA SITUACIÓN DE SEMIESCLAVITUD DE TRABAJADORES AGRARIOS POR LA ACCIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ETTS). (Número de expediente 173/000181).

El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo de La Izquierda Plural, sobre la situación de semiesclavitud de trabajadores agrarios por la acción de las empresas de trabajo


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temporal. Esta moción va a votarse en sus propios términos, pero son seis puntos y se vota cada uno por separado.

Punto 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 12; en contra, 295; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310, a favor, 137; en contra, 171; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 137; en contra, 175.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 135; en contra, 175; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 136; en contra, 174; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 120; en contra, 175; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA ERRADICAR LA POBREZA INFANTIL. (Número de expediente 173/000182).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para erradicar la pobreza infantil. Hay una enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Socialista y de La Izquierda Plural, que ha sido admitida por el Grupo de Unión Progreso y Democracia. Ese texto es el que vamos a votar.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 128; en contra, 174; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 14/2014, DE 7 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO PARA FINANCIAR ACTUACIONES DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. (Número de expediente 130/000061).

El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 14/2014, de 7 de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito para financiar actuaciones de distintos departamentos ministeriales. Han sido emitidos dos votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315 más 2 votos telemáticos, 317; a favor, 198 más 1 voto telemático, 199; en contra, 11; abstenciones, 106 más 1 voto telemático, 107.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Vamos a votar ahora la tramitación de este real decreto-ley que acabamos de aprobar como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Hay dos votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315 más 2 votos telemáticos, 317; a favor, 138 más 1 voto telemático, 139; en contra, 174 más 1 voto telemático, 175; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 121/000047).

El señor PRESIDENTE: Vamos ahora con las enmiendas del Senado. En primer lugar, al proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Hay una votación conjunta de las enmiendas del Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 291; en contra, 22.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

VOTACIÓN DE CONJUNTO.

El señor PRESIDENTE: Ahora hay una votación de conjunto del proyecto de ley orgánica de régimen disciplinarios de las Fuerzas Armadas por tener carácter orgánico. Para esa votación sí se han emitido dos votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312 más 2 votos telemáticos, 314; a favor, 278 más 2 votos telemáticos, 280; en contra, 31; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto.

- PROYECTO DE LEY DE TRATADOS Y OTROS ACUERDOS INTERNACIONALES. (Número de expediente 121/000072).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de tratados y otros acuerdos internacionales. Se votan conjuntamente todas las enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 295; en contra, 5; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 121/000090).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Se votan, en primer lugar, las enmiendas al artículo 98.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 190; en contra, 117; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de las enmiendas del Senado a este proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 289; en contra, 17; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY DE PARQUES NACIONALES. (Número de expediente 121/000078).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de parques nacionales. En primer lugar, enmienda al artículo 8, apartado 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 276; en contra, 30; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas al artículo 8, apartado 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 305; en contra, 5; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 202; en contra, 110; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 17.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 190; en contra, 121; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas al artículo 20, a la disposición adicional séptima y al preámbulo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 172; en contra, 134; abstenciones, 5.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 190; en contra, 110; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a los artículos 25 y 28 y a la disposición adicional cuarta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 194; en contra, 119.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 305; en contra, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 175; en contra, 120; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 193; en contra, 117; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 35/2006, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2004, DE 5 DE MARZO, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS. (Número de expediente 121/000109).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el texto refundido de la Ley del impuesto sobre la renta de no residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. (Rumores).

Señor Matarí, hable usted, pero no grite. (Risas).

Votación de las enmiendas. Enmiendas al artículo primero. Dieciocho; al artículo primero. Cuarenta y seis; y al artículo segundo. Dieciséis.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 293; en contra, 13; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo primero. Veinticinco; al artículo primero. Ochenta y uno; al artículo primero. Ochenta y cuatro; al artículo primero. Noventa y tres; al artículo primero. Noventa y ocho (nuevo); y a la disposición final segunda.

Comienza la votación. (Pausa).


Página 78




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 188; en contra, 1; abstenciones, 122.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de enmiendas del Senado a este proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 186; en contra, 104; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. (Número de expediente 121/000110).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley del impuesto sobre sociedades. En primer lugar, votamos las enmiendas a la disposición transitoria trigésima séptima (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 195; en contra, 115; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de las enmiendas del Senado a este proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 173; en contra, 116; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, LA LEY 20/1991, DE 7 DE JUNIO, DE MODIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS FISCALES DEL RÉGIMEN ECONÓMICO FISCAL DE CANARIAS, LA LEY 38/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DE IMPUESTOS ESPECIALES, Y LA LEY 16/2013, DE 29 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS. (Número de expediente 121/000111).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. Empezamos por enmiendas al preámbulo. I

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314, a favor, 300; en contra, 2; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo primero. Dos. 8.º

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 297; en contra, 7; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo primero. Veintiuno.

Comienza la votación. (Pausa).


Página 79




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 310; en contra, 2; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo primero. Veintitrés y al artículo primero. Veintinueve.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 304; en contra, 3; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo primero. Treinta y uno; al artículo tercero. Seis (antes Cinco); al artículo tercero. Ocho (antes Siete); y a la disposición adicional única.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 199; en contra, 3; abstenciones, 113.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo segundo. Dos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 289; en contra, 2; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo segundo. Cuatro; al artículo segundo. Cinco; al artículo segundo. Siete; al artículo segundo. Diez bis (nuevo); y al artículo tercero. Tres (nuevo).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 184; en contra, 107; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo segundo. Nueve.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 290; en contra, 2; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo segundo. Quince.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 199; en contra, 3; abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición final quinta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 198; en contra, 2; abstenciones, 114.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de las enmiendas del Senado a este proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 188; en contra, 104; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


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DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY EN MATERIA DE CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS SEFARDÍES ORIGINARIOS DE ESPAÑA QUE JUSTIFIQUEN TAL CONDICIÓN Y SU ESPECIAL VINCULACIÓN CON ESPAÑA, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO CIVIL Y SE ESTABLECE UNA TASA PARA DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA. (Número de expediente 121/000099).

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España, por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil y se establece una tasa para determinados procedimientos de adquisición de la nacionalidad española. (El señor Llamazares Trigo pide la palabra).

Señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

En aras del diálogo, retiramos la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, retirada la enmienda de devolución. (El señor Tardà i Coma pide la palabra).

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

De igual manera, nosotros retiramos la enmienda a la totalidad con texto alternativo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

En este caso, al ser retiradas, no procede hacer ninguna votación.

AVOCACIÓN POR EL PLENO.

El señor PRESIDENTE: Ahora bien, no ha sido retirada la petición que han hecho los grupos parlamentarios de La Izquierda Plural y Mixto de avocación por el Pleno del proyecto de ley. Por tanto, esta avocación del proyecto de ley sí la vamos a someter a votación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 139; en contra, 174; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) DE AVOCACIÓN POR EL PLENO DEL PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO. (Número de expediente 121/000115).

El señor PRESIDENTE: Un momento, que falta otra votación.

Se ha solicitado por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la avocación por el Pleno del proyecto de ley del estatuto de la víctima del delito. Como no tuvo enmienda a la totalidad, no tuvo que ser votado aquí. Lo que sometemos a votación es precisamente esa solicitud de avocación por el Pleno.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 137; en contra, 173.

El señor PRESIDENTE: No se avoca a Pleno.

Se levanta la sesión.

Eran las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.

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