DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 236, de 30/10/2014
cve:
DSCD-10-PL-236
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 236
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 221
celebrada el jueves,
30 de octubre de 2014
Página
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la
Unión Europea. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 86-1,
de 21 de marzo de 2014. (Número de expediente 121/000086) ... (Página3)
- Proyecto de ley Orgánica sobre intercambio de información de
antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales
en la Unión Europea. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número
88-1, de 21 de marzo de 2014. (Número de expediente 121/000088) ... (Página3)
- Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de
12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 81-1, de 21 de febrero
de 2014. (Número de expediente 121/000081) ... (Página12)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales:
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de
Bahrein sobre cooperación en el ámbito de la defensa, hecho en Manama el
1 de mayo de 2014. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 319, de 19
de septiembre de 2014. (Número de expediente 110/000135) ... (Página19)
- Acuerdo sobre condiciones de ejercicio de la actividad de las flotas
española y portuguesa en las aguas de ambos países entre el Reino de
España y la República Portuguesa, hecho en Bruselas el 24 de marzo de
2014. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 320, de 19 de septiembre
de 2014. (Número de expediente 110/000136) ... (Página19)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página23)
Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la
Unión Europea ... (Página3)
Página
Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes
penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión
Europea ... (Página3)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Urbina
Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario
de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sáez Jubero, del Grupo
Parlamentario Socialista, así como la señora Baena Azuaga, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Página
Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de
12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ...
(Página12)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Larreina
Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Gorriarán, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; las señoras De las Heras
Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural, y Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió); así como los señores Torres Mora, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Ruano Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Página
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
internacionales ... (Página19)
Página
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de
Bahrein sobre cooperación en el ámbito de la defensa, hecho en Manama el
1 de mayo de 2014 ... (Página19)
Página
Acuerdo sobre condiciones de ejercicio de la actividad de las flotas
española y portuguesa en las aguas de ambos países entre el Reino de
España y la República Portuguesa, hecho en Bruselas el 24 de marzo de
2014 ... (Página19)
Para fijar su posición sobre determinados convenios intervienen el señor
Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Lozano Domingo,
del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sáez Jubero, del Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Miguélez Pariente, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Página
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página23)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones
adoptadas y las que tiene previsto adoptar el Gobierno frente al virus
del Ébola, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, se aprueba por 202 votos a favor y 117
abstenciones.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, son
aprobadas por 315 votos a favor y 4 abstenciones.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica
sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración
de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, son aprobadas por
313 votos a favor y 6 abstenciones.
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley
orgánica, se aprueba por 293 votos a favor más 1 voto telemático, 294, 5
en contra y 20 abstenciones.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado proyecto de ley por la que
se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, son aprobadas por 172
votos a favor, 144 en contra y 3 abstenciones.
Página
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
internacionales. (Votación) ... (Página19)
Sometidos a votación separada los dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores que figuran en el orden del día, son aprobados.
Se levanta la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES PENALES EN LA
UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 121/000086).
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE
ANTECEDENTES PENALES Y CONSIDERACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES PENALES
EN LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 121/000088).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
En esta sesión vamos a debatir enmiendas del Senado. Como se trata de una
ley orgánica, habrá una votación de totalidad, por lo que les adelanto
que esa votación no será antes de las once y media, aunque espero que sea
muy cerca de esa hora.
Comenzamos, por tanto, con las enmiendas aprobadas por el Senado al
proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la
Unión Europea y al proyecto de ley orgánica sobre el intercambio de
información de antecedentes penales y consideración de resoluciones
judiciales penales en la Unión Europea, que trataremos conjuntamente. En
primer lugar, para fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la
palabra el señor Urbina.
El señor URBINA FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, en primer lugar,
quiero anticipar que Amaiur, al igual que hizo en el Senado con relación
a estos proyectos de ley, se abstendrá en su votación. No obstante, es
cierto que este proyecto de ley -en este caso me refiero al de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales-, y más que este proyecto de
ley, los textos europeos y las decisiones marco que dan origen al
proyecto y a la filosofía del mismo, dan pie a reflexiones interesantes y
a otras que hemos visto en la prensa que no lo son tanto. Como decía, dan
pie a unas cuantas reflexiones que merecen la pena y nosotros nos vamos a
centrar en una de ellas, porque consideramos que tiene una trascendencia
política y social importante en el momento político que vivimos en Euskal
Herria, que está relacionada con la política penitenciaria del Gobierno
español y en concreto con su política de dispersión de presos y presas.
En este sentido y en esta materia es cierto que se pueden hacer unas
cuantas apreciaciones a estos proyectos de ley y a estos textos europeos,
pero hay uno de ellos que creemos que además de innegable es inapelable,
y es aquel que hace referencia a que los presos y presas deberán cumplir
sus condenas en aquellos lugares en los que se garantice el arraigo
social, cultural, lingüístico y familiar. Esta no es una cuestión que sea
fruto de la interpretación que hace Amaiur -o en este caso Iker Urbina-
de estos textos; no, esto es algo que aparece textual en una de las
decisiones marco que originan este proyecto de ley que hoy se debate
aquí, la decisión marco 2008/909, que, como decía, expresamente se
refiere en esos términos, tanto en el articulado como en la exposición de
motivos, al cumplimiento de las condenas. Esta es una decisión marco que,
por medio de este proyecto de ley, el derecho español la hace propia, más
allá de la obligatoriedad que pudiera tener, aunque expresamente no se
hiciese la referencia que se hace en el proyecto de ley en ese sentido.
Creemos además, como decíamos, que es unívoca, no tiene ninguna otra
interpretación, es clara, es diáfana y además es parte de la esencia -por
lo menos en el cumplimiento de las condenas privativas de libertad- del
propio proyecto de ley que hoy aquí se analiza y que por su naturaleza
trasciende no solo el cumplimiento de las condenas impuestas en países
extranjeros sino también las propias.
Por lo tanto, señorías, en este concreto ámbito nos encontraríamos con una
disposición de obligado cumplimiento que nos lleva desde Amaiur a hacer
una reclamación clara, en primer lugar, al Gobierno, pero también a los
diputados y las diputadas del Partido Popular y del Partido Socialista.
Una reclamación para que apoyándose, si se quiere, en este proyecto de
ley, se ponga fin de una vez por todas a la política de dispersión de
presos y presas. Si quieren, no lo hagan ustedes porque es una política,
la penitenciaria, que vulnera derechos, que lo es y además ustedes son
conscientes de que es así -esta política se ha llevado por delante, como
mínimo, a dieciséis personas y ha dejado a cientos de personas heridas en
cientos de accidentes; son cientos las personas que semanalmente tienen
que desplazarse miles de kilómetros para poder visitar a sus familiares y
amigos presos-, sino porque fundamentalmente esta política penitenciaria
sigue siendo un riesgo constante para que crezca el número de víctimas en
Euskal Herria, y creo que todos estaremos de acuerdo en que ya tenemos
suficientes víctimas. Pero si quieren, tampoco lo hagan porque la inmensa
mayoría de la sociedad vasca se ha pronunciado claramente en contra de
esta política de dispersión y ha exigido una y otra vez a los Gobiernos
de España, de uno y otro color, que se pusiera fin a la misma, abarcando
todo el abanico político, social y sindical de la realidad vasca. Esto lo
digo yo pero se lo pueden preguntar ustedes también a los diferentes
diputados vascos que tienen en sus formaciones políticas, y también
pueden analizar la hemeroteca para constatar esta realidad. Sin ir muy
lejos, el pasado viernes, en Bayona, personalidades representativas de
todo el abanico político de Ipar Euskal Herria -desde el UMP, al PSF, a
la izquierda abertzale- firmaron un manifiesto, que invito a todos los
diputados y diputadas a que lo lean con interés porque creo que realmente
aporta mucho al momento político que vive Euskal Herria, que, entre otras
cosas, venía a exigir el fin de la política penitenciaria. Por lo tanto,
ahí tenemos también la constatación de eso que decía de que una mayoría
social de todo el abanico político respalda esta reivindicación. Pero, si
quieren, tampoco se agarren a eso; tampoco se agarren, si quieren, a que
una mayoría de instituciones vascas, desde ayuntamientos hasta el
Parlamento Vasco -la última ocasión el pasado 5 de mayo, en una
proposición no de ley- se han pronunciado en los mismos términos
exigiendo el fin de la política de dispersión de presos y presas
vascas. Si quieren, justifíquenlo desde la legalidad, desde la legalidad
interna, porque, aunque difusa, si hacemos una interpretación rigurosa de
la misma lo establece, pero sobre todo desde la legalidad europea, que es
diáfana, es clara y se ha proyectado en diferentes formas. Lo ha sido
como recomendación del Consejo de Ministros de la Unión Europea en
materia penitenciaria; lo ha sido también en forma de sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en concreto en el caso Khodorkovsky
y Lebedev contra Rusia, y lo es ahora por medio de las decisiones marco,
una de ellas la ya referida 2008/909.
El Gobierno tiene la oportunidad, por medio de este proyecto de ley y del
resto de pronunciamientos normativos que existen a nivel europeo, de
poner fin a la política de dispersión. De lo contrario, si no se acogen a
ninguna de estas posibilidades, ni a la de vulneración de derechos ni a
la democrática ni a la de legalidad, nos encontraríamos ante la
confirmación de que en política penitenciaria en relación con los presos
y presas vascas el Gobierno, el Partido Socialista y el Partido Popular
se mueven por un impulso vindicativo, que en modo alguno puede tener
amparo en el ámbito legislativo, además de dejar claro cuál es la calidad
democrática del Estado español. Si el Gobierno no modifica su política
penitenciaria en esta materia teniendo en cuenta todos los argumentos de
diferente ámbito que tiene para ello, le lleva a uno a pensar que le da
igual que dentro de un tiempo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
dicte otra sentencia -como ya lo hizo con el tema de la doctrina Parot,
como ya lo ha hecho en sucesivas ocasiones con el tema de la tortura-
condenándoles, confirmando que ha habido una vulneración de derechos y
estableciendo la necesidad de una indemnización a estos cientos de
personas que están afectadas por esta política. Creemos que esto no tiene
ninguna lógica. Por eso reiteramos la reclamación que hacíamos al
comienzo. Señoras y señores del Partido Popular, señoras y señores del
Partido Socialista, señores del Gobierno, pongan fin de una vez por todas
a esta política criminal de dispersión contra los presos y presas vascos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Urbina.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Estamos ante un proyecto de ley que incorpora dos decisiones marco ya
citadas, la 675 del año 2008 y la 315 también del año 2008. Es un
proyecto de ley que tiene una gran profundidad jurídica, y solo porque
quizás en este momento esta legislatura no está en condiciones para
apreciar determinadas sutilezas jurídicas -quizá ninguna sutileza
jurídica ya- no se ha percibido la profundidad de lo que se incorpora al
ordenamiento jurídico del Estado español. Estamos ante dos decisiones
marco que pretenden armonizar el régimen de cumplimiento de sentencias,
pero no solo el régimen de cumplimiento de penas y sentencias
condenatorias, sino que también se refieren al ámbito de la política
penitenciaria, de la instrucción sumarial, de los beneficios
penitenciarios o de los criterios de concesión de la libertad
provisional; dos decisiones marco que ponen muy elocuentemente de relieve
algunas de las disfunciones que nuestro grupo y otros han denunciado
reiteradamente con relación al derecho penal español. Particularmente
esta disfunción que contradice el principio de igualdad ante la ley,
consagrada por el Código Penal español, que establece con relación a
determinados tipos de delito -solo con relación a estos- penas más
amplias y criterios de cumplimiento más amplios o rigurosos en la
legislación penitenciaria que los previstos para los demás delitos. Si a
esto añadimos la elaboración o el complemento que permite una
prolongación artificial del cumplimiento de determinadas penas o que
establece un rigor innecesario en el régimen de cumplimiento de las penas
de algunas doctrinas de origen jurisprudencial, normalmente elaboradas
por el Tribunal Supremo, alguna de las cuales ya ha sido citada por el
señor Urbina, que me ha precedido en el uso de la palabra, nos
encontramos con que los elementos de armonización a los que invoca y los
que reivindican estas dos decisiones marco que se incorporan al
ordenamiento jurídico, quedan difuminados, quedan quebrantados
parcialmente. No quedan quebrantados, realmente son las decisiones marco
las que van a servir en este momento de referencia para la imposición de
penas, para el régimen de cumplimiento o cómo afecta el cumplimiento de
una sentencia en el extranjero cuando esa persona comete después un
delito en el Estado español, qué ocurre con el régimen de afectación del
cumplimiento de una sentencia en el extranjero, y lo contrario, cuando se
comete un delito en el Estado español y una persona es condenada, si
vuelve a cometer otro delito en el extranjero cómo afecta a esta segunda
sentencia cometida en el extranjero el régimen de cumplimiento, la
aplicación de las penas en el Estado español. Pero lo que se pone de
relieve es lo que se pone de relieve, señor presidente. Las grandes
disfunciones fácilmente apreciables entre estas dos decisiones marco que
incorporamos a la legislación española, el Código Penal español y esa
especie
de discriminación normativa punitiva en relación a determinados tipos
delictivos respecto a los cuales las condenas previstas en el Código
Penal español son muy superiores y el régimen de cumplimiento de las
mismas es mucho más riguroso, más rigorista y cómo estas decisiones marco
quizás puedan servir para armonizar y, por lo tanto, para acabar con
estas disfunciones, tanto de nuestra normativa punitiva como de la
normativa penitenciaria del Estado español, que hemos denunciado en
diversas ocasiones. Al final, el proceso de armonización comunitaria en
materia de cumplimiento de penas, cuando este cumplimiento de penas es
objeto de reciprocidad, penas que se cumplen en España y luego por un
delito cometido en el extranjero provocan un régimen de afectación
armonizado por estas decisiones marco, y lo contrario, va a acabar con
algunas disfunciones que han sido aprobadas en esta Cámara mediante la
configuración de una suerte de derecho penal del enemigo, de derecho
penal de autor, en donde la obsesión por determinadas fenomenologías
delictivas, preocupación que nosotros hemos compartido, han servido
también para cometer determinados atropellos jurídicos, determinadas
disfunciones jurídicas, estableciendo penas diferentes para determinados
tipos de delitos a las previstas en los demás códigos penales de Europa
donde esta discriminación no existe. Los tipos son únicos para cualquier
fenomenología delictiva, por una parte, y, por otra parte, en materia de
régimen de cumplimiento tampoco existen regímenes de cumplimiento para
determinadas tipologías o determinados fenómenos delictivos diferentes a
los previstos con carácter ordinario en ningún país de nuestro contexto
por la legislación europea. Por lo tanto, señor presidente, esta especie
de acumulación de normas punitivas especiales para determinados delitos y
determinadas doctrinas en cuanto a la aplicación de las penas que han
posibilitado en el Estado español la prolongación meramente artificial,
como alguna de las doctrinas ya citadas, del cumplimiento de las penas,
doctrinas que han sido declaradas ilegales por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, pueden ser objeto de corrección. También me parece
pertinente utilizar esta oportunidad por la incorporación de estas tres
decisiones marco que se incorporan a través de este importante proyecto
de ley. En materia de transmisión de información sobre antecedentes
penales, la regulación es correcta en relación al Registro central de
penados.
Para terminar, señor presidente, en cuanto a las enmiendas aprobadas por
el Senado, no soy capaz de comprender qué es lo que nos quiere decir el
Senado, en tanto en cuanto el Senado, después de una alambicada reflexión
y de una enmienda pretendidamente técnico jurídica, en relación a estos
problemas de afectación de una pena cumplida en el Estado español a una
pena que luego se tiene que cumplir en otro Estado, o de una pena
cumplida fuera del Estado español y su afectación a una pena por otro
delito cometido en el Estado español, al final, las enmiendas del Senado
terminan concluyendo que lo que se aplica es la legislación española.
Probablemente para este viaje no hacían falta tantas alforjas, señor
presidente; hubiera bastado con mantener el orden jurídico vigente.
Pero es que el ordenamiento jurídico vigente, probablemente -y con esto
acabo, señor presidente-, ya no es mantenible en sus propios términos.
Las previsiones del Código Penal, singularizando determinados delitos, ya
no son mantenibles en tanto en cuanto se incorporan estas decisiones
marco que singularizan la atención o el reproche punitivo solo para
determinados delitos. El régimen de cumplimiento de las penas, la
instrucción sumarial, el acceso a la libertad profesional y otras
materias que son objeto de armonización a través de estas directivas
marco ya no son mantenibles tal y como las configura jurídicamente la
normativa penal española. Esta es la gran relevancia, esta es la
profundidad a la que yo me refería en una ley que prácticamente está
pasando desapercibida para los que tenemos determinadas inquietudes en
relación con lo que pueden suponer verdaderas disfunciones de nuestras
normas penales y de nuestras normas penitenciarias, señor presidente.
Mire al final cómo la profundización en esquemas armónicos en la Unión
Europea puede servir para remover algunas de las dificultades o algunas
de las disfunciones que nuestro ordenamiento penal ha poseído y que
nosotros en reiteradas ocasiones hemos denunciado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, culminamos la tramitación de una serie de iniciativas
legislativas que provienen de decisiones marco europeas. La primera
reflexión que hace mi grupo parlamentario es que tenemos un cierto
peligro ciclotímico en materia de justicia: pasar de la agitación
legislativa a la parálisis. En este caso, estas iniciativas forman parte
de la agitación. La sensación, después de la sustitución del ministro de
Justicia, es la de parálisis; no sabemos muy bien cuál es el proceso
legislativo en los próximos tiempos. Eso es
especialmente preocupante en relación con algo que se ha convertido en el
tema fundamental de debate público y también de debate parlamentario como
es la lucha contra la corrupción. Si no hay un mínimo de recursos
presupuestarios y no hay tampoco una dirección política para luchar
contra la corrupción, difícilmente esta cuestión irá más allá de un
espectáculo público. Nosotros creemos que no estamos para espectáculos
morbosos en materia de corrupción sino para adoptar decisiones claras, en
primer lugar, a través de la justicia penal y administrativa y, en
segundo lugar, a través de la modificación legal que sea necesaria.
Tenemos, sin embargo, muchas leyes y las aplicamos muy deficientemente.
Señorías, en relación con las decisiones marco, con respecto a la primera,
el reconocimiento mutuo de resoluciones penales, nos felicitamos de la
incorporación de enmiendas en el Senado. Sin embargo, creemos que esta
iniciativa, como se ha dicho por parte de otros portavoces, es
manifiestamente mejorable. Tiene carencias en materias esenciales, como
derechos fundamentales, garantías y cláusulas de respeto a los derechos
humanos; cuestiones no menores. Entre las enmiendas, se ha aceptado una
primera enmienda nuestra al artículo 53.4, que ha incorporado lo que
nuestro grupo parlamentario planteaba, que la vista fuera obligatoria en
cuanto lo pidiera una de las partes. Nos felicitamos de ello. En segundo
lugar, al artículo 134 se ha incorporado también una enmienda en la que
pedíamos el reconocimiento explícito del derecho a asistencia letrada.
Por tanto, valoramos muy positivamente que se haya introducido esta
enmienda para incluir la mención explícita del derecho de asistencia
letrada para el afectado por esta orden penal internacional.
Otras modificaciones son fundamentalmente técnicas. Los cambios clarifican
y añaden seguridad jurídica, mejoran, por lo que nuestro grupo
parlamentario va a votar favorablemente estas mejoras que, como digo, son
suficientemente positivas para votarlas. Sin embargo, creemos que el
texto es manifiestamente mejorable y en temas, además, muy delicados. A
nuestro juicio, el proyecto de ley debería haberse mejorado incorporando
garantías procesales de derechos fundamentales y de derechos humanos,
para evitar la indefensión de las personas afectadas. Explico alguna de
ellas. Debería haber introducido la posibilidad de recurrir las
decisiones de la fiscalía sobre esta materia, porque en ocasiones la
actuación será impulsada exclusivamente por la fiscalía y pudiera afectar
a derechos fundamentales. En segundo lugar, la posibilidad de dispensar
al Estado requirente de la obligación de presentar el certificado que
acredita la resolución judicial extranjera que se pretende ejecutar, lo
que podría ocasionar, en nuestra opinión, falta de garantías. En tercer
lugar, garantizar la obligación de la notificación que debería ser
universal, porque es la única manera en que la persona afectada puede
ejercer sus derechos: informarse, recurrir, etcétera. En cuarto lugar,
establecer un límite para la detención. No existe ese límite. En nuestra
opinión, se deja en total inseguridad. Por ello sería conveniente
establecer un límite máximo, las setenta y dos horas, que es el plazo
máximo en general que prevé el artículo 17 de nuestra Constitución para
la detención preventiva. En quinto lugar, la audiencia preceptiva del
afectado o de su defensa antes de emitir la orden de detención y entrega.
En definitiva, como ven ustedes, una iniciativa manifiestamente mejorable
en materia de garantías.
Y hay algunas cuestiones importantes en materia de derechos humanos. Por
ejemplo, se prevé la posibilidad de que España entregue a una persona
para que cumpla una pena de prisión perpetua -señorías, ello va en contra
de cualquier principio humanitario- o que se prevea la posibilidad
también de suspender la entrega de una persona requerida por motivos
humanitarios graves, que es un término, en nuestra opinión, impreciso
pero que, en todo caso, deberían contemplarse de forma expresa las
razones de derechos humanos, o que se prevea como condición para
solicitar la ejecución de una pena española en una país europeo. Nada se
dice sobre las condiciones del sistema penitenciario o sobre su respeto a
los derechos humanos, cuestión que nos parece también muy importante.
Por otro lado, el proyecto de ley solamente prevé la solicitud de informes
sobre este particular, sobre los derechos humanos, del Gobierno del país,
pero lo razonable es que, cuando menos, se recurriese además a informes
de organismos internacionales, que contrastarían la complacencia de los
países miembros en muchos casos con materias delicadas como los derechos
humanos. Incluso no se prevé entre las causas para la denegación ningún
examen de las condiciones de derechos humanos, tortura, juicio justo, en
las que la sanción ha sido impuesta. En definitiva, el texto que viene
del Senado con las enmiendas que se han introducido se ha mejorado; sin
embargo, el resultado es manifiestamente mejorable en relación con el
reconocimiento, en este caso mutuo, de resoluciones penales.
Voy al segundo texto, el que tiene que ver con el intercambio de
información. Aquí, señorías, nosotros tenemos una posición de rechazo
total. Si bien vienen enmiendas, tres enmiendas, que clarifican, como
en el caso de las enmiendas al artículo 14, o mejoran técnicamente o
responden a motivos de seguridad jurídica, que nosotros valoramos, sin
embargo, este proyecto de ley sigue siendo muy preocupante en una
cuestión esencial; la cuestión fundamental es el acceso a la información
y su utilización. En principio, la información que contiene el Registro
de penados solo será accesible a jueces y fiscales en el contexto de un
proceso penal, al margen de la solicitud de certificación del interesado,
titular de los datos. Sin embargo, señorías, resulta inaceptable la
previsión abierta que contempla el artículo 13.3 -repito, 13.3-, que
permite la utilización de los datos y, digo explícitamente, para la
protección del orden público o la seguridad nacional en caso de amenaza
inminente o grave. Señorías, ¿qué es esto? Esto hace suponer que se trata
de un acceso de una autoridad distinta a la autoridad judicial, de una
autoridad administrativa, lo que resulta inadmisible al tratarse de
información sensible. No es propio de una sociedad democrática. A juicio
de nuestro grupo parlamentario, esta es una cuestión fundamental que
debería recogerse claramente, que solo el juez y el fiscal en un proceso
penal por delito podrían tener acceso a una información tan sensible.
Esto no se ha hecho y esto merece una valoración muy negativa por parte
de nuestro grupo parlamentario y, por tanto, el rechazo del proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jane.
El señor JANE I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy llegan al Congreso dos proyectos de ley y, en el trámite de
hoy, el Pleno tiene que pronunciarse sobre las enmiendas que vienen el
Senado, que es el objetivo de este debate. Nuestro grupo parlamentario
votará a favor de las enmiendas introducidas por el Senado, porque
entendemos que globalmente suponen una mejora de los textos que les
enviamos desde el Congreso. Algunos de los proyectos de ley que venían en
ese paquete no han regresado del Senado ya que han ido directamente al
Boletín Oficial del Estado al no incluir enmiendas, pero los dos que hoy
tratamos sí. Sin embargo, aprovechando esta intervención, desde
Convergència i Unió querríamos hacer una reflexión global sobre lo que
supone el Tratado de Ámsterdam, por el que se crea ese espacio de
libertad, seguridad y justicia en el ámbito de la Unión Europea y en el
que se refuerzan los mecanismos de cooperación judicial a través de esos
dos principios básicos: armonización de legislaciones y reconocimiento
mutuo de resoluciones judiciales. Hoy lo que estamos realizando con los
proyectos de ley en trámite es esa adaptación a lo que ya está previsto
en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en sus artículos 67 y
82, donde también se concreta el mecanismo de comunicación directa entre
las autoridades judiciales. Estamos, por tanto, trasponiendo unas
decisiones marco y el objetivo -como también se recoge en los propios
proyectos que hoy se aprueban- es simplificar y agilizar los
procedimientos de transmisión de esas resoluciones judiciales.
Desde Convergència i Unió queremos enfatizar un hecho. En ese tercer pilar
europeo, el pilar de libertad, seguridad y justicia, se está
estableciendo el intercambio de resoluciones judiciales dentro del ámbito
de la justicia. En ese tercer pilar está la libertad y está la seguridad.
Ha entrado en este momento en el hemiciclo nuestro portavoz en la
Comisión de Interior, el señor Guillaumes, que está trabajando de manera
muy activa para precisamente conseguir algo que desde Convergència i Unió
venimos reclamando legislatura tras legislatura, que es esa posibilidad
de que también dentro del ámbito policial se consiga ese intercambio de
información. Todo aquello que hoy es bueno y positivo en el ámbito
judicial, por ese intercambio de resoluciones judiciales entre las
autoridades judiciales entre sí, d Convergència i Unió lo viene
reclamando desde hace años -y apelo al "Diario de Sesiones" y a todos los
que hemos sido portavoces en materia de interior- para que en el ámbito
de la Unión Europea los cuerpos de seguridad, como pueden ser la
Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra, tengan acceso a esas bases de datos
de Europol e incluso más allá de las fronteras europeas, por ejemplo de
Interpol, buscando esa colaboración en el ámbito policial. Hoy estamos
desarrollando ese mecanismo de trasposición de unas decisiones marco,
positivo; de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, positivo,
pero en ese tercer pilar está también el pilar de la seguridad, y dentro
de este pilar, si hacemos buenas esas intenciones de colaboración
directa, de intercambio directo de resoluciones, quiero que los Mossos
d'Esquadra, cuando intervengan como policía judicial o cuando realicen
una investigación, puedan tener acceso directo a lo que está también en
el ámbito de otras policías de la Unión Europea o más allá de la Unión
Europea. Eso es creernos lo que hoy se está haciendo de esa amplia
colaboración entre autoridades, de esa intencionalidad de agilizar que
buscan los proyectos de ley. Pues si queremos agilizar, si queremos ser
operativos, aquello
que hoy aprobamos y valoramos positivamente de ese Tratado de Ámsterdam en
lo que es ese pilar, repito, de la libertad, seguridad y justicia, hoy
reclamamos también desde Convergència i Unió que ello se pueda dirigir
también hacia lo que es esa demanda de poder tener esa amplia
comunicación y colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad
cuando las mismas tienen competencias directas de seguridad ciudadana,
son policía ordinaria en sus respectivos territorios y necesitan también
esa colaboración en la línea que hoy estamos aprobando en el ámbito
judicial.
Señor presidente, señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Sáez Jubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, les confieso que estoy reconfortado en esta sesión de hoy tras
la intervención de la presidenta Bachelet, reconfortado con la política.
Por tanto vamos a continuar el orden del día, pero tras una estela y una
jornada muy positivas por el discurso que hoy ha pronunciado la
presidenta Bachelet ante esta Cámara.
En cuanto a los proyectos de ley, señorías, nuestro grupo parlamentario va
a votar favorablemente las enmiendas que nos propone el Senado para
mejorar el proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones
penales en la Unión Europea y el proyecto de ley orgánica de intercambio
de información de antecedentes penales y resoluciones judiciales penales.
Pese a ello nos parece que el grupo parlamentario de la mayoría podría
haber apoyado algunas de las enmiendas formuladas por nuestro grupo
parlamentario en el Senado que, a criterio nuestro, mejoraban el texto
propuesto por el Gobierno.
Señorías, la aprobación de esta trasposición de directivas y decisiones
europeas nos recuerda nuevamente nuestra propia realidad normativa. Cada
vez más la iniciativa legislativa del Gobierno viene condicionada por
nuestra pertenencia a la Unión Europea, por la necesidad de cumplir con
las obligaciones derivadas de la normativa europea y su adaptación y
trasposición a nuestra legislación nacional. Y es precisamente en el
espacio de libertad, seguridad y justicia donde la Unión Europea más está
avanzando en los objetivos de convergencia de nuestros instrumentos
legislativos y procesales. Los objetivos comunes de lucha contra los
delitos trasnacionales, contra el crimen organizado y de cooperación en
materia de seguridad han obligado a desplegar cambios tanto en nuestro
derecho positivo, especialmente en sucesivas reformas de nuestro Código
Penal, como también en nuestras normas procesales y en los mecanismos de
cooperación e información. Quedan todavía muchos retos por delante, como
por ejemplo la puesta en marcha de la fiscalía europea que preveía el
Tratado de Lisboa a partir de Eurojust. Eurojust es el órgano de la Unión
Europea encargado de reforzar la cooperación judicial y de fomentar la
adopción de medidas de cooperación judicial entre los Estados miembros y
sin duda ha estimulado también la adopción de estas iniciativas
legislativas en la Unión Europea.
En materia de cooperación judicial hemos ido incorporando desde 2002 a
nuestro ordenamiento jurídico -si bien es cierto que en muchas ocasiones,
y hay que hacer autocrítica por ello, de manera tardía- distintos
instrumentos. La cooperación judicial europea ha permitido sustituir las
antiguas comunicaciones a través de autoridades o representaciones
gubernamentales de los diversos países miembros por otros instrumentos
que permiten la cooperación directa entre juzgados y tribunales. Tal vez
el más significativo y el que mayor avance supone en materia de
cooperación judicial sea la orden europea de detención y entrega. Con
esta orden europea se permite que mediante una resolución judicial
dictada en un Estado miembro de la Unión Europea se permita la detención
y entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para
ejercer contra la misma una acción penal o ejecutar una pena o medida de
seguridad. La orden europea de detención ha planteado en su aplicación
algunos problemas de garantías de derechos fundamentales que esperamos, y
estamos convencidos de ello, pueda resolver mejor la nueva redacción que
se da en esta nueva ley. También se incluyen en materia de cooperación
judicial otros instrumentos de coordinación, como el reconocimiento mutuo
de sanciones pecuniarias, de resoluciones de decomiso, de resoluciones
judiciales en materia penal o de resoluciones dictadas a raíz de juicios
celebrados sin la comparecencia del imputado. En interés de la mejora de
la técnica legislativa y de la dispersión normativa, a nuestro grupo
parlamentario le ha parecido apropiado haber recogido todos estos
instrumentos de cooperación en una sola ley de reconocimiento mutuo de
resoluciones judiciales con el complemento de ley orgánica, ya que
afectaba al articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
De importancia también es la aprobación de la ley orgánica sobre
intercambio de información de antecedentes penales y resoluciones
judiciales penales en la Unión Europea que adopta dos decisiones
marco de la Unión Europea y que regula también el régimen aplicable al
intercambio de información sobre los antecedentes penales entre los
registros centrales de penados de los distintos Estados miembros y que le
dota, por tanto, de garantías y de mayor seguridad jurídica. En el clima
de consenso de aprobación de estas leyes hubiéramos deseado que el grupo
mayoritario aprobara las enmiendas técnicas propuestas por nuestro grupo
parlamentario en el Senado que también propusimos en el Congreso. A
efectos de fijación de nuestra posición, y pese a nuestro voto favorable
al proyecto y a las enmiendas incorporadas en el Senado, que entendemos
que aportan mejora en el texto que enviamos al Senado, quiero recordar en
este trámite cuáles han sido esas enmiendas propuestas por nuestro grupo
parlamentario en el Senado y que, a nuestro criterio, deberían haber sido
acogidas por el grupo mayoritario.
En el proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales la
enmienda 62, para que se solicitara también información a los puntos de
contacto españoles de la red judicial europea y la red española de
secretarios judiciales en cooperación internacional cuando se desconozca
cuál es la autoridad judicial de ejecución competente. La enmienda 63 -y
esta tal vez nos parece la enmienda más trascendente que queríamos
incorporar al texto-, para que en la lista de delitos no sujetos de la
doble tipificación por el juez o tribunal español también se incluyera el
delito de mutilación genital femenina y los delitos sobre prevención y
lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica y así
impedir que el Estado de ejecución pudiera denegarla porque los hechos no
estén tipificados en su legislación nacional. La enmienda 64, para que
las resoluciones dictadas por la autoridad judicial española de
reconocimiento mutuo sean únicamente susceptibles de recurso de
apelación, suprimiendo el recurso de reforma a fin de evitar dilaciones
indebidas o innecesarias.
En el proyecto de ley orgánica sobre intercambio de información, la
enmienda 8 a fin de que el registro central de penados únicamente remita
información sobre infracciones penales juzgadas y condenadas por un
órgano jurisdiccional penal. Las enmiendas 9, 10 y 11, para que el
registro central de penados solo responda a las consultas que se le
formulen sobre condenas dictadas por terceros países que estén inscritas
en el registro y cuya cancelación no se haya comunicado. Finalmente la
enmienda 12, para cambiar la rúbrica del título II por la siguiente:
Consideración de resoluciones condenatorias firmes dictadas en otros
Estados miembros de la Unión Europea en coherencia con las enmiendas que
he tratado de explicarles con antelación.
En cualquier caso, tal como les he anunciado al inicio de esta
intervención, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente estas
enmiendas que sin duda contribuyen a tener dos nuevos instrumentos
legislativos que siguen en la mejora de este espacio de libertad,
seguridad y justicia y esa construcción también de una normativa de
derecho procesal, de derecho penal común, para avanzar hacia esa idea que
todos tenemos de una Europa federal y una Europa cada vez más unida
políticamente, también por nuestro cuerpo normativo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez Jubero.
Le agradezco especialmente sus palabras de elogio al discurso de la señora
Bachelet.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Baena.
La señora BAENA AZUAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, es para mí un honor subir a esta tribuna para defender la
posición del Grupo Parlamentario Popular en dos proyectos de ley tan
importantes para seguir avanzando hacia una mayor integración de la Unión
Europea. Estas leyes son fundamentales para la seguridad de los
ciudadanos porque los ciudadanos quieren vivir en un mundo más seguro, un
mundo donde sus libertades estén garantizadas. Lo cierto es que vivimos
en un escenario donde la delincuencia viene caracterizada por su
internacionalización, una delincuencia que despliega su actividad en el
territorio de distintos Estados dando lugar a lo que se puede denominar
como la globalización de la criminalidad. La cooperación judicial
internacional ha de ser, por tanto, una prioridad y para este Gobierno lo
es.
Señorías, con la aprobación definitiva de estos proyectos de ley vamos a
poner en vigor instrumentos de la mayor importancia para, en primer
lugar, ser más eficaces en la lucha contra el crimen internacional y, en
segundo lugar -y no por ello menos importante-, para ser más eficaces en
la protección de las víctimas en todo el territorio de la Unión Europea
de una manera coordinada. En definitiva, estas leyes buscan una mejor
coordinación entre los Estados miembros que ha de redundar en mayor
seguridad para todos los ciudadanos. Por ello hubiera sido una muestra de
irresponsabilidad que no hubiésemos sido capaces de llegar a un consenso
en estos proyectos de ley. Al contrario, ha habido voluntad de diálogo
por
parte del Grupo Parlamentario Popular y de la mayoría del resto de los
grupos para aprobar enmiendas al texto inicial. También en su paso por el
Senado se han aprobado enmiendas de distintos grupos parlamentarios. Esta
tramitación ágil y consensuada nos permite mantener el compromiso del
Estado español en la trasposición de normas de la Unión Europea y
demostrar una vez más que somos socios leales con todos sus países
miembros. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la
Presidencia).
La cooperación judicial -o, lo que es lo mismo, la coordinación entre las
autoridades judiciales de los Estados miembros- es fundamental para
garantizar una seguridad en una Europa en la que decidimos eliminar las
fronteras nacionales interiores, una Europa en la que los ciudadanos
podemos circular libremente por todo el territorio común. Entre todos
hemos conseguido que Europa sea el mayor espacio de libertad, progreso y
bienestar del mundo y queremos que siga siéndolo en el futuro. Sin
embargo, somos conscientes de que el mundo en general -y Europa en
particular- se enfrenta a desafíos nuevos: una delincuencia que no conoce
fronteras, unas crisis económicas y financieras, dependencia
energética... Sabemos que Europa necesita un impulso renovado, en
definitiva necesita una mayor integración. Así lo reconocía el presidente
Mariano Rajoy hace escasas fechas en la apertura del curso académico del
Colegio de Europa cuando decía que la integración es el signo de los
tiempos, es la única manera que tenemos para garantizar nuestra
influencia y nuestra fortaleza en este siglo XXI tan complejo que nos ha
tocado vivir.
Pues bien, los dos proyectos de ley que hoy se someten a la consideración
de este Pleno van encaminados a conseguir una mayor integración. El
primero, es el proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones
penales en la Unión Europea, una ley que se presenta como un texto
conjunto, un compendio que acaba con la dispersión normativa que había
hasta ahora en esta materia. En ella se articulan instrumentos tan
importantes como la orden europea de detención y entrega, mucho más ágil
que el tradicional proceso de extradición; el embargo preventivo de
bienes y aseguramiento de pruebas en cualquier Estado miembro, sea cual
sea el Estado donde se cometió el delito; o la más reciente orden europea
de protección, que va a permitir extender las medidas para proteger a una
persona de los posibles actos delictivos de otra a cualquier Estado
miembro al que esa víctima se desplace.
El segundo proyecto de ley supone una revolución, un cambio radical de las
relaciones entre los Estados miembros. ¿Por qué? Porque se sustituyen las
antiguas comunicaciones entre las autoridades gubernativas por la
comunicación directa entre las autoridades judiciales. Esto supone
simplificar y agilizar enormemente los procedimientos. Y es que el
proyecto de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales
viene a consolidar un sistema que ya permite a jueces y fiscales acceder
fácilmente a una información completa del historial delictivo de
cualquier ciudadano de la Unión Europea con independencia del país
europeo en el que hubiera sido condenado. Aquí debemos destacar el papel
pionero de nuestro país, ya que España y Austria fueron los dos primeros
que conseguimos conectar on line nuestros propios sistemas de
antecedentes penales, pero queremos ir más allá, queremos poder consultar
el historial de antecedentes de cualquier ciudadano de la Unión Europea
simplemente con la huella dactilar. Para ello ya se ha puesto en marcha
un sistema con el Reino Unido, tal y como nos adelantó el secretario
general de la Administración de Justicia en su comparecencia en esta casa
el pasado 7 octubre.
Señorías, estos son solo dos ejemplos, pero podríamos poner muchos más que
vienen a demostrar que España ejerce de socio comprometido, un socio que
hace propuestas para conseguir una Unión Europea mejor y, sobre todo, que
España es un socio al que ahora, con el Gobierno del Partido Popular, se
le escucha, a diferencia de lo que ocurría con otros Gobiernos; ahora
nuestra opinión cuenta, se tiene en cuenta y vuelve a ser fuerte. De
hecho, en estos años en que no solo España sino toda Europa se ha visto
abocada a la superación de una profunda crisis, nuestro impulso, las
propuestas de España, han sido decisivas en asuntos tan importantes como
la unión bancaria o el pacto fiscal, asuntos importantes en los que en
apenas tres años hemos construido más en la gobernanza europea que en las
dos décadas anteriores. (Un señor diputado: ¡Halaaa!).
Igualmente, en el Consejo Europeo del pasado mes de junio se trataron los
aspectos del espacio de libertad, seguridad y justicia. Pues bien, en sus
conclusiones también se recogieron las propuestas que en este ámbito hizo
el presidente Rajoy, como fueron, en primer lugar, la necesidad de contar
en la Unión Europea con una política de inmigración, asilo y fronteras
eficiente y bien gestionada para evitar más tragedias humanas y, en
segundo lugar, la necesidad de reforzar la protección de las víctimas.
Aquí, señorías, se pone de relieve una vez más el compromiso de este
Gobierno con todas aquellas personas
que han sufrido las consecuencias del terrorismo o de la violencia de
género. Sin duda aquí la cooperación judicial tiene mucho que aportar en
estos graves asuntos.
Termino, señorías. Estas leyes responden al compromiso que tenemos todos
los Estados miembros de mejorar la cooperación judicial penal en el seno
de la Unión Europea. Con ellas vamos a tener más y mejores instrumentos
para luchar a nivel internacional contra delitos tan graves como el
terrorismo, la trata de seres humanos, el narcotráfico o la corrupción.
Vamos a ganar en coordinación y, en definitiva, vamos a ganar en
seguridad para todos los ciudadanos. Vamos a dar, señorías, un paso firme
más para seguir construyendo y fortaleciendo ese espacio de libertad,
seguridad y justicia que los europeos decidimos darnos.
Muchas gracias, señorías, y gracias, señora presidenta. (Aplausos).
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE
12 DE ABRIL, Y LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.
(Número de expediente 121/000081).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Baena.
Vamos a pasar al siguiente proyecto: Enmiendas aprobadas por el Senado al
proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1996, de
12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil. En
turno de fijación de posiciones, en primer lugar por el Grupo Mixto,
tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos ante el trámite final de una ley que tal como va a
quedar es una oportunidad perdida. Una vez más el Grupo Popular está
aplicando su mayoría absoluta con muy poca visión histórica y también con
poca responsabilidad, porque estamos hablando de un ámbito, el de la Ley
de Propiedad Intelectual, que tiene mucha conexión con las libertades
democráticas, con la libertad de información, con la libertad de
comunicación, con el acceso a la información, con la educación y con la
libertad de expresión. Estamos hablando de un elemento que es importante
y central en cualquier sistema democrático. En estos grandes temas la
responsabilidad de los políticos es buscar grandes consensos. Lo que es
absurdo es que leyes básicas, con aspectos fundamentales sobre las
libertades, las estemos cambiando cada seis meses o cada cuatro años,
cada legislatura. Con esta ley va a pasar eso. Ahora ustedes van a
modificar la Ley de Propiedad Intelectual, además con una modificación
muy restrictiva desde el punto de vista de las libertades, una
modificación que depende mucho de los grandes intereses de determinados
grupos mediáticos y económicos, pero que da la espalda a la realidad, a
la realidad del mundo de la información, a la realidad de la evolución de
las nuevas tecnologías -de ese ámbito que se conoce como Internet- y que
da la espalda también a la nueva economía. Este es un elemento importante
que tendría que servir de reflexión. Además esta modificación de la ley
es precipitada, porque en el plazo de seis u ocho meses vamos a tener que
volver a modificarla, porque estamos pendientes de la normativa
comunitaria en este ámbito, una normativa comunitaria que va a
condicionar todas las legislaciones estatales y que va a condicionar esta
también. Por tanto, modificar ahora la ley para volverla a modificar
dentro de seis meses, un año o año y medio, modificarla sin un consenso
mayoritario, amplio, que respalde ese ámbito de las libertades que decía
antes y que le dé estabilidad, es de una irresponsabilidad supina.
Además hay aspectos también importantes de esta ley que la ponen en
cuestión. Incluso hay sectores que están impugnando la propia
tramitación, porque el Gobierno ocultó a la Unión Europea la modificación
de uno de los artículos. En el anteproyecto que se envió había un
artículo que no está en el proyecto que se tramitó en las Cortes
Generales. Eso incluso puede ser motivo de impugnación, pero al margen de
esos ámbitos formales, es más importante el fondo de la cuestión. En el
fondo de la cuestión se está dando la espalda a la realidad del mundo de
las nuevas tecnologías, se está dando la espalda también a la libertad de
expresión, se pierde la oportunidad de reconocer algo que es básico y que
cada vez tiene mayor peso, que es el ámbito de las licencias libres, por
ejemplo, de las creative commons, que siguen ausentes en la legislación
del Estado y provocan un gran interés en el mundo universitario y en el
mundo de la comunicación. Esta ley también pasa por encima de esta
cuestión y ha perdido esa oportunidad. Precisamente nosotros presentamos
una enmienda en ese ámbito. Ustedes saben que nosotros normalmente no
entramos a las enmiendas parciales en los proyectos de ley, porque la
misión que tenemos comprometida con nuestros electores no es mejorar la
legislación española sino reivindicar el derecho de Euskal Herria a tener
su propio ámbito de decisión y a ejercer su propia soberanía. Sin
embargo, en este tema incluso presentamos una enmienda parcial, porque
consideramos que era algo sustancial, importante, que tiene trascendencia
para el mundo de las libertades y sobre todo para ese mundo de las nuevas
tecnologías. Al final, con ese objetivo de combatir la piratería -que es
sano y bueno combatirla-, ustedes están combatiendo la piratería dando
patente de corso a una serie de entidades de gestión de derechos,
entidades privadas que no cubren el conjunto de los titulares de los
derechos de propiedad y que al final se van a beneficiar incluso de
derechos de gente del mundo universitario que publica sus estudios, sus
producciones intelectuales bajo la licencia creative commons, es decir,
que renuncia precisamente al cobro de sus derechos, y lo que están
consiguiendo con esto es que esas entidades privadas de gestión de
derechos acaben cobrando derechos que no les corresponden.
Desde todos los puntos de vista este proyecto de ley es un sinsentido.
Está dando la espalda tanto al nuevo mundo del ámbito digital como al de
la economía digital, elemento importante; es otro punto de reflexión que
les tendría que servir para dar marcha atrás en este sinsentido. Creo que
están muy condicionados por los intereses de la vieja economía, de esos
medios de comunicación que se están quedando obsoletos y que son
incapaces de reaccionar ante las nuevas tecnologías. Están siendo
insensibles y desconocen la realidad del mundo digital que avanza a pasos
agigantados. Por otra parte, también están dando la espalda a las
corrientes cada vez más importantes que propugnan -propugnamos- la
necesidad de la socialización del conocimiento. Es decir, hay una
hipoteca social sobre el conocimiento, hay una obligación de poner toda
la capacidad intelectual de una sociedad al servicio de toda ella. Hay
elementos de progreso social basados en la difusión del conocimiento que
no pueden ser sometidos a las reglas del mercado economicista. Esta ley
tampoco lleva en su planteamiento, ni en su concepción, ni en su
reflexión, la necesidad de avanzar en las políticas de socialización del
conocimiento, que es un elemento fundamental de reducción de la
desigualdad. El otro día en el debate de presupuestos citaba al
economista francés Thomas Piketty, que decía que uno de los elementos
clave para avanzar en la reducción de las desigualdades es avanzar en la
sociedad del conocimiento. Con esta ley, que podría ofrecer la
oportunidad de avanzar en ese ámbito, se ha perdido una nueva
oportunidad.
Simplemente quiero trasladarles estas reflexiones. Rectifiquen, cambien de
mentalidad en esta y en otras leyes, especialmente -no está el ministro
titular señor Wert- en el ámbito educativo, en el del conocimiento, en el
de las libertades. Ahí no se puede legislar a golpe de mayoría absoluta,
porque por muy mayoría absoluta que sea siempre es insuficiente. Hay que
buscar amplios consensos que den estabilidad al ámbito de las libertades,
a la difusión del conocimiento, que es un elemento de progreso social.
Repito, creo que ustedes están perdiendo esa oportunidad. Están cegados
por esa mayoría absoluta -que no deja de ser escasa- cuando hablamos de
proteger las libertades, el conocimiento y de combatir la desigualdad.
Por eso, vamos a votar en contra de esta ley, y no perdemos la esperanza
de que cuando haya que volver a modificarla en el plazo de año o año y
medio tomen en cuenta estas reflexiones y avancen tanto en buscar amplios
consensos para proteger las libertades como en el derecho de la
ciudadanía a participar del conocimiento, por la senda de socialización
del conocimiento, que es uno de los elementos más eficaces para mejorar
en la lucha contra las desigualdades.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.
Por el Grupo Vasco, PNV, señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente para decir que vuelve al Congreso, después de
pasar por el Senado, una ley que dio muchas vueltas en esta Cámara, con
mucha parafernalia, como si fuera a ser la panacea que iba a traer la
solución. Ya en verano, en pleno julio, con una especie de veranitud -no
sé si existe el sustantivo, sería algo parecido a nocturnidad- y con
muchísima urgencia pasó por aquí, pero evidentemente entró y salió coja
del Congreso con la promesa del Grupo Popular de que esa cojera se
enderezaría en el Senado; pero allí se ha fortalecido su cojera, y aunque
parezca una contradicción esta ley ha salido más mutilada todavía. Por
tanto, tenemos una decepción más del Grupo Popular en cuanto a promesas
dadas a los demás grupos, que pretendíamos mejorar esta ley porque
considerábamos que en ella había cuestiones injustas, como denunciábamos
en nuestras enmiendas. No sé qué ha ocurrido pero no hay peor cosa que
prometer algo y después no cumplirlo, y en este caso el Grupo Popular ha
reincidido; ha hecho una ley basándose en criterios solo propios porque
no ha convencido a nadie más -no ha obtenido ningún apoyo más en el
Senado de los que tuvo aquí, ni volverá a tener-, no ha convencido a
nadie de las bonanzas de esta ley, que, como usted ha dicho antes, va a
tener que cambiarse dentro de poco. Europa marcará unos criterios. ¿Qué
va a pasar si esos criterios no coinciden con lo que
el Gobierno actual ha establecido? No es una ley justa. Desde un principio
considerábamos que quien usa debe pagar y quien no usa no debe pagar.
Proponíamos la vuelta al famoso canon digital, al que se dijo que
podíamos volver, y todo ha quedado en agua de borrajas. Las enmiendas
incorporadas en el Senado -¡qué quieren que les diga!- son una especie de
paripé para poder demostrar que allí también se hacen cosas, y ahora
vuelve la ley aquí.
En resumidas cuentas, es una decepción más. Pensábamos que se podía haber
hecho una ley que convenciera mínimamente a todos los grupos y que
recogiera las necesidades que planteábamos, que eran obvias; pero Grupo
Popular ha hecho caso omiso. Por lo tanto, votaremos en contra de las
enmiendas que no aportan nada y queremos expresar nuestro voto en contra
-ideológico- a esta ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Agirretxea.
Por Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir brevemente para lamentar no solo que el Senado otra vez
haya hecho poco más que un ligero cepillado para quitar los solecismos
que tenía la redacción -cosa para la que no hace falta una segunda Cámara
sino tener un poco de cuidado al redactar- sino sobre todo porque creo
que esta es una de las peores leyes que se ha hecho en lo que llevamos de
legislatura, y es algo realmente meritorio. Esta ley de propiedad
intelectual es una ley intelectualmente impropia. Es una ley que solo se
ha concebido y aprobado con un fin, y con fecha de caducidad -lo cual
dice ya mucho de para qué se ha hecho y cómo se ha hecho-, puesto que en
su preámbulo señala que dentro de un año habrá que revisarla; se ha
apuntado aquí también porque es sabido que las directivas europeas van en
un sentido contrario al que marca esa ley, lo cual es legislar a
sabiendas de que se está haciendo durante un breve periodo de tiempo para
favorecer a determinados intereses privados, y esto es realmente
escandaloso. España es un país que tiene 5,5 millones de parados, entre
otras cosas porque no ha sabido aprovechar -por un marco legislativo muy
deficiente- las oportunidades de la economía digital. Pues bien, una ley
como esta, que tenía que servir para favorecer la economía digital, lo
único que hace es bloquear el acceso de emprendedores a nuevos modelos de
negocio y a nuevos desarrollos, porque su única preocupación -como se ha
hecho en otros campos también- es blindar los intereses que ya existen.
Incluye cosas como la tasa AEDE -también conocida como tasa Google-, que
probablemente va a ser tumbada por el Tribunal de Luxemburgo, que ya ha
incluido cuestiones prejudiciales al respecto. Se sabía pero no se ha
tenido en cuenta, para variar, como siempre. Incluye cosas tan aberrantes
como el derecho de cita, que es en realidad una tasa para cobrar por el
tráfico de conocimiento; es una cosa increíble. No se ha conocido algo
así en Europa desde la época del Imperio otomano, que prohibió los libros
impresos hasta finales del siglo XVIII. No se ha contado a la opinión
pública -lógico también, porque son los grandes grupos de comunicación
los beneficiados por este tipo de tasas, por la tasa AEDE en concreto-,
por ejemplo, que las universidades van a tener que ponerse de acuerdo con
las entidades de gestión de derechos para pagarles un tanto por usar
libros; no se ha contado que las bibliotecas públicas van a tener que
pagar por prestar libros. Es absolutamente aberrante, es un desastre de
ley. Para lo único que sirve, como digo, es para retrasar la innovación y
la sociedad del conocimiento. Sirve exactamente para todo lo contrario de
lo que se proclama.
Desde luego, no cuente con el voto favorable de nuestro grupo a esta ley
ni a nada que se le parezca. Cuando dentro de un año volvamos a
discutirla, será el momento de repasar para qué se hizo: para ganar
tiempo y entretanto seguir controlando el oligopolio que existe en España
entre política y medios de comunicación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez
Gorriarán.
Por La Izquierda Plural, señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERAS: Gracias, presidenta.
Señorías, con la aprobación definitiva de esta ley de propiedad
intelectual, el Gobierno pone el interés de la cultura, de sus artistas,
productores y autores a los pies de los caballos de la industria del
sector tecnológico, de las telecomunicaciones y de las grandes cadenas
hoteleras. No defiende los intereses ni derechos de propiedad intelectual
ni de su gestión colectiva, amenaza la función social que las sociedades
de gestión de derechos realizan y se ha demostrado incapaz de definir la
seguridad jurídica necesaria para resolver de manera equilibrada los
intereses entre autores y editores. Es una ley que el Grupo Popular
aprobará pasando el rodillo de su mayoría absoluta en la absoluta
soledad, no solo contra el resto de todos los grupos de la oposición sino
de todo el sector cultural, vulnerando la legislación de la Unión Europea
y desoyendo entre otros el informe del Consejo de Estado o del Consejo
General del Poder Judicial. Después de la obstinación y cerrazón
demostrada por el Grupo Popular para bajar el IVA cultural, cuando ya
tienen -porque los tienen- los datos de lo que para la industria y los
trabajadores y trabajadoras de la cultura supone esta medida, esta ley es
la demostración más clara del desprecio que este Gobierno manifiesta ante
la cultura de nuestro país, ante su valor emancipador y generador de
ciudadanos y ciudadanas libres y críticos. Es una ley que a su vuelta del
Senado, donde el Grupo Popular se comprometió -ya se ha dicho aquí- a
llegar a acuerdos para su mejora, y ante su incapacidad y verdadera falta
de voluntad para llevarlos a cabo, incorpora dos modificaciones mediante
las disposiciones cuarta y quinta, que posponen su entrada en vigor a 1
de enero de 2015 y le da el plazo de un año de vida para ser sustituida
por otra reforma integral de la ley, que aborde precisamente los aspectos
que más daño van a causar al mundo de la cultura y que han motivado este
desaguisado de ley: el régimen aplicable a la gestión colectiva de
derechos, la compensación por copia privada y las competencias y
naturaleza del legislador. Es una verdadera chapuza, señores del Grupo
Popular; un parche que no podrá evitar el daño que causará de manera
inmediata esta ley en su puesta en vigor. Como ya alerta Adepi, la
Asociación de entidades de gestión, reducirá muy gravemente cientos de
miles de salarios de profesionales del sector de la cultura, dificultará
su gestión y no aportará soluciones en la lucha contra la piratería. Esta
es su ley; nace muerta, señoras y señores del Grupo Popular, y a mayor
gloria de su irremediable inoperancia traerá mayores problemas a la ya
suficientemente apaleada cultura de nuestro país.
Desde La Izquierda Plural por supuesto que no vamos a apoyar este
desastre, este desaguisado. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las
Heras.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde Convergència i Unió recibimos este proyecto, cuando entró
en el Congreso, con una actitud abierta, constructiva. Ya le dijimos,
señor ministro, en el primer debate que tuvimos aquí hace ya unas cuantas
semanas que estábamos dispuestos a hablar de ello; incluso usted nos
habló de la necesidad de consenso en este proyecto, nos dijo que era
importante que existiera consenso. Estábamos absolutamente de acuerdo y
aún pensamos que habría sido deseable que lo hubiera habido por la
importancia que este proyecto tiene para la cultura, para el sector
cultural, para nuestros creadores e industrias culturales.
Estamos absolutamente convencidos de la necesidad de una buena ley de
propiedad intelectual, una ley adecuada y adaptada a los cambios
tecnológicos de los últimos años, una ley adecuada a los innegables
cambios que ha habido en el consumo cultural, una ley capaz de afrontar
con determinación y con valentía el grave problema de la vulneración de
los derechos de autor en el entorno tecnológico. Ahí nuestro grupo
parlamentario siempre ha estado al lado del Gobierno, fuera del color que
fuera, para luchar contra esa lacra que es la vulneración de los derechos
de autor en el entorno tecnológico. Esperábamos una ley capaz de
adaptarse a los acontecimientos recientes que pusieron de manifiesto la
necesidad de reforzar y mejorar la regulación de las entidades de gestión
colectiva de derechos de autor para que fueran realmente eficaces a la
hora de proteger los derechos de nuestros creadores; una ley, en
definitiva, señor ministro, para los nuevos tiempos; una ley que fuera un
instrumento realmente útil para nuestros creadores, para nuestras
industrias culturales; una ley que fuera un aliciente para el sector
cultural, pero también para la economía productiva, señor ministro,
porque usted sabe muy bien la enorme potencialidad que tiene nuestra
cultura en la economía. Señor ministro, la cultura es un ámbito que puede
ser un motor importante para crear ocupación.
Ahora bien, hemos perdido, como ha dicho algún portavoz que me ha
precedido en el uso de la palabra, una oportunidad útil para avanzar,
para mejorar ese potencial de nuestra industria cultural. Además, el
sector cultural lo pedía y lo continúa pidiendo a gritos. Necesitamos una
buena ley de propiedad intelectual que sirva de impulso para realizar esa
aportación a nuestra economía. Ya no hablo de los otros ámbitos en los
que tiene incidencia la cultura, que la tiene y mucho. Desde Convergència
i Unió vemos que estamos a punto de aprobar un nuevo proyecto, pero hemos
perdido una oportunidad, y lo lamentamos
profundamente. En nuestro grupo, a pesar de las discrepancias, estábamos
dispuestos a hablar de ello, a hacer aportaciones y a apoyarlo, si se
hubieran incorporado propuestas de nuestro grupo y de otros grupos que
hubiéramos podido compartir. Tenemos la sensación de que desde la
Secretaría de Estado de Cultura no ha habido esa capacidad de convencer a
otros ministerios implicados en este proyecto de ley, y lo lamentamos. No
han conseguido sumar a otros ministerios para realizar las aportaciones
en este proyecto de ley y que necesita el sector cultural. Era una
oportunidad para conseguir mejoras de calado. El Gobierno tampoco ha sido
incapaz de sumar a los grupos parlamentarios. Ha habido algún intento -lo
reconocemos-, pero quedó en nada, en palabras agradables que no se han
materializado. Este proyecto de ley llega del Senado como salió, con
cambios que no son sustanciales; ni siquiera ha habido capacidad del
Grupo Popular, incluso del Gobierno, para conseguir en el Senado
consensos con otros grupos parlamentarios. Lamentamos que hayan sido
incapaces de conseguir esa complicidad que era importante y necesaria
para el sector cultural.
Además, nos preocupa mucho cómo va a salir esta ley, porque hay una
cuestión -la fórmula de cómo se está pagando la compensación equitativa
por copia privada, fórmula adoptada por el Gobierno e incorporada a este
proyecto- que no entendemos. Presentamos nuestra propuesta, y había
varias de otros grupos que también nos parecían razonables y se ajustaban
mucho mejor a la normativa de las directrices europeas. Ahora estamos en
una zona de riesgo. ¿Por qué? Porque este proyecto va a salir de aquí con
una fórmula para pagar la compensación equitativa por copia privada, y a
lo mejor dentro de cuatro días nos van a decir que es contraria a la
normativa europea. Esto es realmente preocupante por las consecuencias
que puede tener para el Gobierno. Tal vez algunas de las demandas que se
han puesto ante los juzgados son estimadas y tendríamos problemas de
responsabilidad patrimonial de la Administración, con lo que ello puede
suponer para los presupuestos del Estado: tener que abonar importantes
cantidades al sector cultural. Esta cuestión realmente preocupa muchísimo
a nuestro grupo parlamentario.
Había propuestas, no solamente de nuestro grupo sino también de otros
grupos parlamentarios, que se podrían haber incorporado a este proyecto,
que podrían haber salvado este riesgo con el que ahora va a salir
aprobado de las Cámaras. Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario no
puede apoyar este texto. Anunciamos que vamos a votar en contra de los
cambios que vienen incorporados del Senado. Somos conscientes de que, con
la mayoría absoluta del Grupo Popular, quedarán igualmente incorporados.
Probablemente, alguno de los cambios del Senado pueden suponer alguna
mejora. Con este voto en contra manifestamos esa discrepancia por no
haber sido capaces de conseguir los consensos necesarios y las mejoras
sustanciales que necesitaba el sector cultural. Queda incorporado un
aspecto que nos preocupa muchísimo, nuevamente en este proyecto de ley
hay vulneración de competencias. Ya lo dijimos en el primer debate en
esta Cámara, así como en Comisión y mi compañero del Senado el señor Joan
Bagué lo puso de manifiesto. Allí presentamos nuestra enmienda al
respecto, que fue rechazada. Lamentamos nuevamente que tengamos aquí un
proyecto que vulnera competencias de las comunidades autónomas.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora
Surroca. (Aplausos).
Por el Grupo Socialista, señor Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, no ha podido ser. Finalmente la reforma de la
Ley de la Propiedad Intelectual no ha obtenido el amplio consenso que la
cultura merece. En el Congreso ustedes, señores del Grupo Popular,
aprobaron nueve enmiendas, de ciento sesenta y tres que presentamos; en
el Senado se han presentado doscientas nueve y no han aprobado ninguna.
En estas condiciones mi grupo, como el resto de los grupos
parlamentarios, no puede apoyar las enmiendas que envían del Senado, no
puede apoyar esta ley. Lo que se presentó como una reforma parcial y
urgente de la Ley de Propiedad Intelectual ha resultado tener poco de
reforma, nada de urgente, pero parcial sí ha sido, como se podrá
comprobar cuando miremos dentro de un rato el panel de votación. Decía
Séneca que ningún barco tiene buenos vientos cuando no sabe a qué puerto
se dirige. Esta ley partió sin un rumbo claro y sin ninguna carta
náutica. Faltó un libro blanco -lo pedimos aquí- que nos hubiera
iluminado a la hora de legislar; un libro blanco que nos hubiera
iluminado también a la hora de dialogar con los distintos sectores que se
han interesado por la ley. Nos han faltado datos, objetividad, rigor a la
hora de las discusiones, información; de eso tenía que habernos dotado un
libro blanco. Insisto en que lo pedimos, pedimos un análisis. Hubiera
estado bien saber realmente cómo son las tarifas, poder comparar las de
un sector con otro, conocer
exactamente cómo gravan las tarifas el desarrollo de las industrias que
hacen uso de la propiedad intelectual. Hubiera estado bien poder comparar
las tarifas españolas con las de los países con los que competimos, por
ejemplo, por el turismo para saber qué ocurre con ellas en los hoteles;
hubiera estado bien tener esa información porque nos hubiera permitido
dialogar sobre un conocimiento sustantivo. Hubiera estado bien conocer,
por ejemplo, qué ha ocurrido con los productos, con los soportes para la
grabación, después de quitar la compensación por copia privada. ¿Se han
abaratado? ¿Son más baratos para los ciudadanos? ¿Ha obtenido algún
beneficio la ciudadanía o simplemente hemos echado sobre los Presupuestos
Generales del Estado lo que antes financiaba una industria que tiene
bastante recursos, como es la tecnológica? Es el daño que se hace al
mundo cultural con ese tipo de copias. No tenemos informes sobre eso. Al
Gobierno no le gustan los informes sobre la evolución de la piratería; no
le gustan no los resultados de los informes -espero que no-, ni siquiera
los informes, porque piensan que son parciales. Claro, generalmente, los
que piratean no encargan los informes; los encargan aquellos que ven
vulnerados sus derechos. Tampoco tenemos ese tipo de información.
Ahora se han hecho en esta ley modificaciones, pero va a ser difícil que
sepamos si son eficaces o no si no tenemos un sistema de indicadores que
nos ayude a legislar y a cambiar nuestra propia legislación. No lo
tenemos; no hemos tenido una carta náutica; no hemos tenido mapas que nos
ayudaran a orientarnos a la hora de cambiar el sistema de leyes de
derechos de autor, de propiedad intelectual, en un contexto de cambio
tecnológico muy importante; no hemos tenido esa información. Hemos
legislado como se legisla, por desgracia, demasiado -y no solo en el
sector cultural- a ojo de buen cubero. (Rumores).
Es un sector muy relevante. Tiene una aportación al PIB más grande que el
sector agrario. Estamos hablando de casi medio millón de personas que
trabajan en el sector de la cultura; no son eso que se tiene prejuzgado,
sino personas muy distintas: músicos, pintores, ingenieros del verso, que
con otros construyen España, como han hecho Cervantes, Goya, Albéniz, y
como ahora hace mucha gente que está construyendo nuestro país, que hace
patria. Hubiera sido necesaria una cartografía que radiografiara
perfectamente a ese sector para que hubiéramos podido enfrentarnos a
todos esos intereses que han estado pugnando en torno a esta ley, para
que hubiéramos podido dialogar con ellos con rigor; pero no lo hemos
tenido, y esos sectores han ido imponiendo sus distintas posiciones. Esta
es una ley que ha afectado a varios ministerios. Es verdad que hay un
anillo que controla todos los anillos. (Continúan los rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor Torres
Mora; un segundo, por favor.
Ruego algo de silencio, para que sea posible que escuchemos al orador. El
señor ministro está haciendo muchos esfuerzos para escucharlo pero
comprendo que es imposible. Por favor, guarden silencio; el que quiera
hablar que salga. Pido un poco de respeto por el compañero diputado que
está interviniendo.
Adelante, señor Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Presidenta, no soy yo el que merece el respeto sino
la cultura, de la que estamos hablando.
Decía que hay un anillo capaz de controlar todos los anillos; ese anillo
está en La Moncloa y es el anillo que marca el rumbo de la cultura y el
rumbo de esta ley. Y tengo la sensación de que quien marca el rumbo de
esta ley y de la política cultural tiene la misma tentación o ha dado la
misma orden con el barco de la cultura que dieron con el Prestige, que es
mandarla lo más lejos posible. Me parece que es muy injusto hacer eso con
la cultura porque están confundiendo a un sector que es muy amplio, que
tiene muchos intereses y posiciones políticas muy diversas con sus
adversarios.
Se están equivocando. El sector de la cultura no es su adversario
político; el sector de la cultura es un sector industrial que defiende
sus intereses, que son intereses estratégicos para nuestro país. Han
cometido un error tratando así a la cultura. Ahora se han sentido fuertes
para debilitar la cultura, para quitarle poder corporativo, para
empobrecerla, para quebrarla, pero no van a poder mantener su fuerza y la
cultura seguirá siendo fuerte e importante. Se han equivocado ustedes
tratando así a la cultura. Tienen una oportunidad todavía de cambiar esa
relación que mantienen con la cultura, que no es buena para ustedes, no
es buena para España, no es buena para nadie. La cultura forma parte de
todos nosotros. No sean sus adversarios, traten bien a la cultura porque
es un sector importante económicamente, pero también lo es para nuestra
propia identidad nacional. Ahora tienen una oportunidad a través de los
reglamentos. Intenten hablar con ellos, intenten consensuar con ellos. Es
verdad que hay muchos intereses, que tenemos que mediar, pero les aseguro
que nuestra obligación como representantes de los ciudadanos es
equilibrar esos intereses, buscar su equilibrio. Hay sectores muy
poderosos y otros menos,
y la cultura es un sector poco poderoso. Por tanto, desde las
administraciones públicas y desde los poderes públicos debemos
reequilibrar el poder y fortalecer la cultura. Les aseguro que lo vamos a
tener que hacer y ustedes tienen todavía la oportunidad de hacerlo en el
año que les queda, luego no la tendrán. Les sugiero que de verdad se
ocupen seriamente, ahora que, como digo, todavía tienen oportunidad, de
hacer un buen reglamento de desarrollo para esta ley e intenten hacer con
la cultura lo que no han podido hacer hasta ahora, que es una alianza por
el país, por España, por nuestros intereses generales. No han conseguido
ustedes el apoyo de ningún grupo parlamentario y tampoco entenderse
previamente con el sector de la cultura, algo que es de lamentar
realmente. Señorías, como dije anteriormente, mi grupo votará en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Torres Mora.
Por el Grupo Popular, señor Ruano.
El señor RUANO GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, decía el gran escritor y periodista Manuel
Chaves Nogales, cuyos libros conocen bien sus señorías, que a las
personas se las juzga o bien por sus palabras o bien por sus hechos. Pues
bien, en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, como en todas las
demás, el Grupo Parlamentario Popular puede decir alto y claro: dicho y
hecho. A lo largo de este año hemos tenido ocasión de debatir en las
Cortes Generales una reforma que ha tenido y tiene tres fines
principales. Primero, la protección de nuestros creadores culturales en
Internet; segundo, la mejora de la transparencia y la eficacia de las
entidades de gestión de derechos de autor, y tercero, la transposición de
tres directivas europeas. Y hoy, señorías, podemos decir con meridiana
claridad: dicho y hecho.
Aún quedan temas pendientes por abordar, tales como los aspectos relativos
a la compensación por copia privada, que se llevarán a cabo cuando la
Unión Europea así lo establezca mediante la necesaria armonización
legislativa de los distintos Estados miembros. Pero, dicho lo anterior,
hay que decir que la protección de nuestros creadores culturales en
Internet, la exigencia de transparencia y eficacia de las entidades de
gestión de derechos de autor y finalmente la transposición de directivas
europeas que quedaron pendientes en la anterior legislatura no podían ni
debían esperar por una reforma de mayor calado y profundidad en la que
desde ya, en este mismo texto legislativo, estamos siendo convocados para
dialogar y consensuar medidas que por su misma naturaleza una reforma
como esta no puede ni debe llevar a cabo hasta tanto la Unión Europea no
fije directrices homogéneas en todos los Estados miembros.
Con humildad, señorías, pero también con absoluta convicción les decimos
que es mucho el camino que hemos recorrido y prueba de ello son los ocho
objetivos alcanzados con esta reforma. Primer objetivo: hemos reforzado
los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión asegurando así
una mayor transparencia y eficacia y mejorando con ello los mecanismos de
participación y de control por parte de los socios de las entidades en
sus órganos de gobierno. Lo dijimos y lo cumplimos. Segundo objetivo:
hemos mejorado la protección de los derechos de propiedad intelectual
frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital. Lo
dijimos y lo cumplimos. Tercero: hemos acotado los límites del concepto
de copia privada atendiendo a los progresos de la sociedad de la
información. Pues bien, lo dijimos y lo cumplimos. Cuarto: hemos ampliado
el derecho de ilustración para usos educativos y de investigación
facilitando el uso de licencias. Pues dicho y hecho. Quinto objetivo:
hemos adaptado el límite de cita o reseña al ámbito de los agregadores de
contenidos o buscadores en Internet reconociendo el derecho de las
empresas editoras y de los autores de noticias a ser compensados
económicamente por la explotación de sus contenidos. Dicho y hecho.
Sexto: hemos establecido una nueva base jurídica que facilita la
negociación entre las plataformas de agregación de noticias, los editores
de prensa y los autores de noticias, y todo ello sin que en ningún caso
-repito: en ningún caso- los usuarios de Internet tengan que realizar
pago alguno por enlazar a noticias creadas por las editoras de prensa.
Pues bien, lo hemos dicho y lo hemos hecho. Séptimo: hemos realizado la
transposición al ordenamiento jurídico español de dos directivas europeas
que quedaron pendientes en la anterior legislatura más otra nueva
producida durante la propia tramitación legislativa de este proyecto de
ley. Pues bien, lo hemos dicho y lo hemos hecho. Y octavo objetivo y
último: hemos adaptado la Ley de propiedad intelectual a la nueva
legislación de racionalización del sector público. Pues bien...
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, un momento.
Por favor, ruego un poco de silencio para que se pueda escuchar al
interviniente. Gracias.
El señor RUANO GÓMEZ: Señor presidente, señorías, concluyo. Estos son los
objetivos de esta reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Todos y
cada uno de estos objetivos están presentes y tienen un cumplido
desarrollo en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y
todos y cada uno de estos objetivos tienen una misma y clara finalidad:
la protección y la defensa de nuestros creadores culturales.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Gracias, señorías, por
su atención y su consideración. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruano.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE
BAHREIN SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN MANAMA EL
1 DE MAYO DE 2014. (Número de expediente 110/000135).
- ACUERDO SOBRE CONDICIONES DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE LAS FLOTAS
ESPAÑOLA Y PORTUGUESA EN LAS AGUAS DE AMBOS PAÍSES ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA, HECHO EN BRUSELAS EL 24 DE MARZO DE
2014. (Número de expediente 110/000136).
El señor PRESIDENTE: Llegamos al último punto del orden del día que son
los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales con números de expediente 110/000135 y 110/000136. Se ha
pedido por parte de los grupos poder intervenir y les recuerdo que tienen
hasta cinco minutos; hasta cinco minutos, es decir que no hay que
consumirlos enteros.
En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, estoy convencido de que ustedes son conocedores, son
conscientes, tienen idea de qué democracia es Bahrein. No es democracia,
de hecho es un Estado dictatorial disfrazado. Deben saber que hace pocos
días un ciudadano, un activista en pro de los derechos humanos, fue
detenido porque se había atrevido a publicar en la red un tuit en el cual
denunciaba que miembros de las fuerzas armadas de Bahrein se habían unido
al Estado Islámico. Solamente la publicación de un tuit, solamente la
publicación de un tuit, repito, le costó a este activista de los derechos
humanos sufrir encarcelamiento. Por cierto, Amnistía Internacional, Green
Peace, Oxfam Intermón, FundiPau y también Esquerra Republicana de
Catalunya han denunciado que el Estado español ha incrementado en un 25 %
la venta de armas a este Estado. ¿Cuál es la finalidad de estas armas?
Pues creo que a nadie se le escapa que estas armas tienen como objetivo
mantener un régimen autoritario que reprime a su población. Y ahora
ustedes nos piden que ratifiquemos un convenio de colaboración militar y
nos preguntamos de qué colaboración estamos hablando y con qué finalidad.
¿Acaso es para que el ejército y la policía de Bahrein vengan aquí, a
nuestro Estado, a enseñarnos cómo y de qué manera se reprime a los
activistas de los derechos humanos o acaso es al revés? ¿Acaso se trata
de ir nosotros allí, a Bahrein, a enseñarles cómo se utiliza de manera
eficaz todo el material antidisturbios que les vendemos? Entenderán,
pues, que nosotros hoy no solamente manifestamos nuestro voto contrario,
sino que les pedimos que no ratifiquen, y nos dirigimos básicamente a las
fuerzas progresistas de este Parlamento, este convenio de colaboración
militar entre el Estado español y el Estado autoritario y represor de
Bahrein.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo de UPyD tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señor presidente.
Celebro que este acuerdo de cooperación entre el Reino de España y el
Reino de Bahrein nos dé la ocasión de hablar de un pequeño país, pequeño
pero muy cercano a otro país grande y poderoso y que es una potencia
regional, como es Arabia Saudí. Con este país, que en la Primavera Árabe
de 2011 sacó los tanques a la calle contra su población civil -tanques
saudíes, precisamente-, se quiere firmar un acuerdo de cooperación de
ocho puntos (Rumores), de los cuales seis son relativos a cooperación
militar:
cooperación en la industria de defensa, importación y exportación de
armas, servicios sanitarios militares, operaciones de mantenimiento de
paz, actividades culturales y deportivas militares (Rumores), cuestiones
medioambientales y de contaminación causada por instalaciones
militares... En fin, un acuerdo que tiene una orientación
clarísimamente...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.
¡Por favor, los diputados que no quieran estar que abandonen el hemiciclo!
Continúe, señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que sobre este país -con el que el Gobierno de España quiere
establecer una cooperación clarísimamente orientada a lo militar- nos ha
llegado precisamente estos días de la Asociación Pro Derechos Humanos de
España una alerta en relación con las represalias sufridas por don Nabeel
Rajab, presidente del Centro de Bahrein para los Derechos Humanos. Sobre
el caso de este activista de los derechos humanos, que ha estado detenido
durante varias semanas y ha sufrido torturas, nos pedían que llamáramos
la atención, lo cual aprovecho para hacer en esta intervención. También
quiero recordar que el Parlamento Europeo, en febrero de este año, ha
aprobado una resolución de urgencia por unanimidad relativa a Bahrein en
la que se dice, y cito literalmente: Las autoridades de Bahrein siguen
violando y restringiendo los derechos de los individuos a la protesta
pacífica, la libertad de expresión y la libertad digital. Y sigue: Los
activistas de derechos humanos se enfrentan a sistemáticos y continuos
ataques, hostigamiento y detención. Esta resolución -insisto- se aprobó
en el Parlamentario Europeo por unanimidad.
Señorías, en los países donde los activistas de derechos humanos sufren
persecución, toda la población sufre persecución. En los países donde los
activistas de derechos humanos están detenidos sin garantizarles sus
derechos, toda la población está expuesta a que se vulneren sus derechos
fundamentales. Creemos que una democracia asentada como la nuestra no
debe dar la menor cobertura a una autocracia como es la de Bahrein y por
eso votaremos en contra de este convenio.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.
De vez en cuando vienen a este Plenario tratados -como hoy el convenio
militar de España con Bahrein- que nuestro grupo vota en contra. Pero
ustedes, que van a votar a favor, lo van a hacer con la nariz tapada. Lo
van a votar con la nariz tapada porque cualquier demócrata siente náuseas
al firmar un tratado militar con una dictadura represora de sus propios
ciudadanos. Dice el convenio que vamos a votar dentro de un minuto que
vamos a educar, formar, cooperar, importar, exportar y que vamos a
realizar operaciones humanitarias y actividades culturales. Creo que hace
tiempo que no votaba nada con más cinismo en esta Cámara. Estamos
hablando del Reino de Bahrein, estamos hablando de su majestad Sheikh
Hamad Bin Isa Al Khalifa, hermano del Rey de España, como él mismo se
autodenomina. Estamos hablando de una dictadura, no de una monarquía
parlamentaria, de una dictadura donde la oposición está prohibida y del
país árabe donde porcentualmente la represión de su Primavera Árabe ha
sido la más importante de todos los países árabes. Estoy hablando de
proporción, pensemos que es un país con menos de 1,5 millones de
habitantes y la mitad son extranjeros. Las cifras de la represión son
brutales. Si las comparásemos con España estaríamos hablando de docenas
de miles de reprimidos y de miles de asesinados en los años 2011 y 2012.
Sabemos que el rey de España, Juan Carlos, en su periplo por las
dictaduras del Golfo de mayo de este año, de mayo de 2014, hizo dos
cosas: en primer lugar, hacer de conseguidor de contratos con empresas
españolas y, en segundo lugar, actuar como factor de olvido de los
derechos humanos en todas las dictaduras del Golfo; esa fue también una
de las acciones del rey Juan Carlos en mayo de este año. (Aplausos). Y
eso es lo que hoy aquí estamos discutiendo. Yo les propongo que añadan
algunas cosas al tratado, igual entonces nos abstendremos. Añadan que el
principal partido de la oposición está prohibido o suspendido, pónganlo
también en su tratado, por favor. Pongan también, como dicen el Centro de
Derechos Humanos y diversas organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos, que se declaró una ley marcial, que tropas de Arabia Saudí
fueron utilizadas para
la represión en Bahrein, que se ha asesinado a más de cien personas por
parte de los cuerpos de seguridad del Estado en la Primavera Árabe de ese
país. Pongan también que 4.500 personas fueron detenidas, que hay miles
de torturados y que en las cárceles de Bahrein hay presos políticos, a
cientos en estos momentos; póngalo en su tratado, por favor. Y pongan
también que hay impunidad sobre los responsables, que hay revocatorias
arbitrarias de nacionalidad, que hay tres condenas a muerte, veintidós
cadenas perpetuas, y que en Bahrein desde el año 2002 las mujeres pueden
votar, pero no tienen ningún derecho político ni ningún derecho civil.
Pongan eso en su tratado y que se les caiga la cara de vergüenza.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, creo que es una buena práctica que en esta legislatura se haya
establecido el debate sobre los tratados internacionales, que muchas
veces traen causa de debates de fondo sobre la situación de las
relaciones internacionales y los derechos humanos. Sucede lo siguiente,
señorías, cuando tenemos que fijar posición sobre tratados como los que
se votan esta mañana. Por cierto, uno respeto a Turquía y al cual nadie
ha hecho referencia, cuando algunos elementos de política interna de
Turquía también podrían ser avocados a este debate, y el otro respecto a
Bahrein.
Señorías, ayer por la tarde en la Comisión de Defensa se aprobó el informe
anual sobre comercio de armas con las recomendaciones de los distintos
grupos parlamentarios, básicamente se adoptaron las recomendaciones del
grupo de la mayoría. ¿Qué sucede en el debate del informe anual del
comercio de armas y qué está sucediendo hoy aquí con este Convenio con el
Reino de Bahrein, no democrático y que viola los derechos humanos?
Señorías, sucede que al final hay un prejuicio muchas veces de posición
previa sobre aquellos países con los cuales se puede comerciar o no
comerciar. ¿Y qué sucede? Que de una forma absolutamente previsible año
tras año una parte de este hemiciclo presenta en el informe anual del
comercio de armas resoluciones para que nunca se vendan armas a Israel y
después se hace una relación de adjetivos calificativos notablemente
degradantes, y otra parte de la bancada de este hemiciclo hace la
presentación y defensa de una resolución pidiendo que nunca se vendan
armas a Venezuela, otro régimen no democrático. Señorías, es cierto que
se venden armas a regímenes no democráticos. Yo personalmente en esta
dicotomía entre Israel y Venezuela tengo claro cuál es el régimen
democrático y cuál es el régimen no democrático. Hoy estamos discutiendo
un convenio con un régimen no democrático y con un régimen en el cual ha
habido violación de los derechos humanos. Nosotros hemos apoyado también
en el Parlamento Europeo las resoluciones sobre la violación de los
derechos humanos en Bahrein. Dicho esto, señorías, en las relaciones
internacionales, en los tratados internacionales y en el comercio
internacional es mejor la cooperación con luz y taquígrafos a través de
un tratado internacional que a través de las viejas formas de los fondos
reservados. Preferimos hablar con regímenes no democráticos a través del
Estado de derecho y a través de los instrumentos de los tratados
internacionales a las viejas formas de hacer política en las relaciones
internacionales y la diplomacia. Este es un tratado, como tantos otros
que se han firmado en el pasado sin discusión ni debate en esta Cámara,
con un régimen no democrático, estamos de acuerdo, pero si ustedes
quieren aplicar este criterio para todo y en todo, haremos una lista de
más de cien países del mundo con los que España no debe tener relaciones
comerciales ni diplomáticas. Lo podemos hacer, es otra aproximación a las
relaciones internacionales. Si ustedes quieren hacer una relación de
países en los que se violan los derechos humanos y con los que no
firmamos tratados internacionales, nosotros quizá podamos adoptar este
nuevo criterio, pero es un cambio de paradigma absoluto.
Señorías, no vengo aquí a hacer de abogado del diablo de un régimen no
democrático, simplemente vengo a destacar los dobles criterios, los
dobles estándares, el prejuicio y la proyección ideológica con la que se
afrontan a veces los debates de los convenios sobre el comercio de armas
y sobre algunos países. No nos apetece especialmente afrontar la votación
de este tratado con Bahrein, pero este tratado dice en su articulado que
es a favor de la cooperación y del incremento de los estándares en
seguridad y también de restricción de la violación de los derechos
humanos. Nosotros preferimos esto a la continuación de los más
desgraciados episodios de la represión de la Primavera Árabe en Bahrein.
Ninguna pasión defendiendo los convenios con Venezuela, ninguna pasión
defendiendo los convenios con Bahrein, siempre la defensa
de los tratados internacionales, del Estado de derecho, del negro sobre
blanco. Por esto vamos a votar favorablemente este tratado internacional.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáez Jubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario va a votar afirmativamente los dos
convenios. En los convenios internacionales es norma de este grupo
parlamentario votar afirmativamente las propuestas que hace el Gobierno.
En particular, en este convenio con Bahrein, que ha sido objeto de debate
en este Pleno, quiero hacer una pequeña mención. Si con todos los países
que tienen problemas con los derechos fundamentales España no pudiera
tener relaciones bilaterales y firmar convenios, obviamente perderíamos
muchos de los convenios que habitualmente firmamos y relaciones
bilaterales que normalmente tenemos y que también nos legitiman para
exigir a estos países las mejoras en el ámbito de derechos fundamentales
y en el ámbito democrático. En cuanto al convenio objeto de ratificación
hoy, ciertamente es un convenio de cooperación militar, pero no
estrictamente militar, porque quiero hacer notar que en la base del
convenio también hay cooperación en materia de operaciones humanitarias,
de mantenimiento de la paz y también cuestiones medioambientales. Por
todo ello, nuestro voto va a ser afirmativo, de igual forma que en
relación con el convenio sobre temas de flota y de pesca con la República
de Portugal, con la que nos unen lazos de muy estrecha relación.
Muchas gracias, presidente, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez Jubero.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Miguélez.
La señora MIGUÉLEZ PARIENTE: Gracias, presidente.
Señor Nuet, le oigo hablar mucho de represión en Bahrein, pero no le oigo
hablar nada de la represión de Cuba y de Venezuela. (Aplausos). Ustedes
todavía no han entendido que en un entorno internacional como el actual,
en el que hay un concepto fundamental, que es el de interdependencia, en
el siglo XXI la lucha contra el terrorismo no puede ser abordada de
manera individual por ningún país, sino por la comunidad internacional en
su conjunto. Un país en solitario no puede enfrentarse al terrorismo
internacional, como el de Isis, y los nuevos riesgos y amenazas deben
abordarse desde la perspectiva de iniciativas consensuadas entre todos
los países. Este es el contexto en el que se inscribe este Tratado
bilateral con Bahréin que hoy traemos al Pleno. España quiere contribuir,
precisamente, a consolidar un orden global estable mediante la
cooperación, en materia de defensa, con países que respondan a nuestros
intereses estratégicos, por ejemplo, en este caso con los del Golfo
Pérsico, y espero que a usted no le quepa duda de la importancia que
tiene actualmente la lucha contra la amenaza a la seguridad mundial,
incluida la que afecta a España.
Este convenio no tiene, ni mucho menos, como objeto principal -usted lo
sabe, léaselo todo- la exportación de armas, sino que habla -como aquí se
ha dicho bien- de instalaciones militares en ambos países, desde el punto
de vista de las visitas mutuas, actividades de adiestramiento militar,
cuestiones medioambientales, etcétera. En ningún caso habla del envío
inmediato de armas a este país. Señor Nuet, le recuerdo que el Gobierno
no fabrica armas y ni siquiera potencia su exportación; son las empresas
y las industrias las que lo hacen. Lo único que tienen que hacer el
Estado y el Gobierno es disponer de un marco legislativo estricto para
que se cumplan todas las disposiciones, en el sentido de que estas armas
no puedan ser utilizadas contra civiles o que no puedan ser objeto de
tráfico de armas.
España tiene una legislación muy rigurosa en este sentido, cumplimos toda
la normativa, y si el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos
Exteriores creen que este tratado es importante para la defensa de los
intereses estratégicos nuestros, nosotros no lo vamos a discutir.
Muchísimas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Miguélez.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS
ACTUACIONES ADOPTADAS Y LAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO FRENTE
AL VIRUS DEL ÉBOLA. (Número de expediente 173/000179).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, moción del Grupo Catalán de Convergència i Unió, que
debatimos ayer, sobre las actuaciones adoptadas y las que tiene previsto
adoptar el Gobierno frente al virus del Ébola. Se vota en los términos de
la enmienda presentada por el Grupo Popular y aceptada por Convergència i
Unió.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 202; abstenciones, 117.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES PENALES EN LA
UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 121/000086).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora en conjunto y en bloque las
enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de reconocimiento
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 315; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE
ANTECEDENTES PENALES Y CONSIDERACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES PENALES
EN LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 121/000088).
El señor PRESIDENTE: Ahora enmiendas aprobadas por el Senado, también se
votan todas en bloque, al proyecto de ley orgánica sobre intercambio de
información de antecedentes penales y consideración de resoluciones
judiciales penales en la Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 313; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Al tratarse de una ley de carácter orgánico requiere
para su aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara,
y a esa votación es a la que vamos a proceder. Hay un voto emitido
telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más
1 voto telemático, 319; a favor 293 más 1 voto telemático, 294; en
contra, 5; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE
12 DE ABRIL, Y LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.
(Número de expediente 121/000081).
El señor PRESIDENTE: Votación, también en bloque, de las enmiendas
aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se modifica el
texto refundido en la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 172; en contra, 144; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE
BAHREIN SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN MANAMA EL
1 DE MAYO DE 2014. (Número de expediente 110/0000135).
El señor PRESIDENTE: Ahora vamos a votar los dictámenes por separado. En
primer lugar, acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
del Reino de Bahréin sobre cooperación en el ámbito de la defensa.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 290; en contra, 20; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
- ACUERDO SOBRE CONDICIONES DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE LAS FLOTAS
ESPAÑOLA Y PORTUGUESA EN LAS AGUAS DE AMBOS PAÍSES ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA, HECHO EN BRUSELAS EL 24 DE MARZO DE
2014. (Número de expediente 110/000136).
El señor PRESIDENTE: Acuerdo sobre condiciones de ejercicio de la
actividad de las flotas española y portuguesa en las aguas de ambos
países entre el Reino de España y la República Portuguesa.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 313; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y diez minutos del mediodía.
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