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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 234, de 28/10/2014
cve: DSCD-10-PL-234
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 234
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 219
celebrada el martes,
28 de octubre de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, de participación de las Cortes Generales en la adopción de las políticas de la Unión Europea. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 179-1, de 11 de abril de 2014. (Número de expediente 122/000156) ... (Página5)

- Del Grupo Parlamentario Mixto, Orgánica de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 185-1, de 13 de junio de 2014. (Número de expediente 122/000162) ... (Página16)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 528, de 3 de octubre de 2014. (Número de expediente 162/001042) ... (Página25)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la paralización de la privatización de AENA. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 533, de 10 de octubre de 2014. (Número de expediente 162/001045) ... (Página32)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política que está llevando a cabo el Gobierno en relación con la crisis de salud pública generada tras el primer caso de contagio por el virus ébola en España. (Número de expediente 173/000177) ... (Página40)

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las previsiones del Gobierno acerca de la entrada en servicio de la "Y Vasca", para el año 2020. (Número de expediente 173/000178) ... (Página48)


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Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página55)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página55)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página56)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página56)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

El señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto, hace uso de la palabra.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)

Del Grupo Parlamentario Socialista, de participación de las Cortes Generales en la adopción de las políticas de la Unión Europea ... (Página5)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Batet Lamaña, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y los señores Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario Mixto, Orgánica de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina ... (Página16)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ruiz Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista, y Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página25)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad ... (Página25)

Defiende la proposición no de ley el señor Torres Herrera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sanz Remón, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra el señor Torres Herrera.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la paralización de la privatización de AENA ... (Página32)

Defiende la proposición no de ley el señor Gordo Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y las señoras Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas González-Moro y Pérez Fernández, el señor Bosch i Pascual y la señora Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto; así como los señores Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página40)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política que está llevando a cabo el Gobierno en relación con la crisis de salud pública generada tras el primer caso de contagio por el virus ébola en España ... (Página40)

Defiende la moción el señor Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Moreno Palanques, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Martínez Olmos.

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las previsiones del Gobierno acerca de la entrada en servicio de la "Y Vasca", para el año 2020 ... (Página48)

Defiende la moción la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Elorza González, del Grupo Parlamentario Socialista, y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y el señor Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Sánchez Robles.

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página55)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página55)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de participación de las Cortes Generales en la adopción de las políticas de la Unión Europea, se rechaza por 153 votos a favor; 173 en contra más 1 voto telemático, 174, y 6 abstenciones.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, Orgánica de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina, se rechaza por 42 votos a favor; 288 en contra más 1 voto telemático, 289, y 1 abstención.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página56)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, se aprueba por 177 votos a favor, 141 en contra y 9 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la paralización de la privatización de AENA, se rechaza por 149 votos a favor, 175 en contra y 8 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página56)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política que está llevando a cabo el Gobierno en relación con la crisis de salud pública generada tras el primer caso de contagio por el virus ébola en España, se rechaza por 136 votos a favor, 175 en contra y 21 abstenciones.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las previsiones del Gobierno acerca de la entrada en servicio de la "Y Vasca", para el año 2020, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 129 votos a favor, 192 en contra y 11 abstenciones.

Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. (El señor Baldoví Roda pide la palabra).

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

El miércoles, cuando se discutía mi enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, mientras estaba hablando de la infrafinanciación, del bienestar en definitiva de los valencianos, la vicepresidenta me interrumpió y utilizó el término "payaso" de forma peyorativa. En primer lugar, quiero expresar todo mi respeto a las personas que se ganan la vida haciendo reír a los demás en unos momentos en los que tanta gente nos hace llorar. Señor presidente, sinceramente no esperaba llegar hasta aquí, pero me parece inaceptable que desde la Presidencia de la Cámara se emitan juicios de valor y calificativos a la labor de un diputado en el ejercicio de sus funciones y menos aún cuando hablaba del bienestar de las personas, del bienestar de los valencianos. Por tanto, pido una rectificación no como Joan Baldoví sino como representante de los 125.000 valencianos a los que creo que se les ha faltado al respeto. Por el bien de la Cámara, por la dignidad de los diputados, pido la retirada de las palabras ofensivas del "Diario de Sesiones" y pido al presidente que haga llegar a la vicepresidenta mis palabras.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Sus palabras figurarán, como es lógico, en el "Diario de Sesiones" pero debo recordarle que la persona que ocupa este sillón de la Presidencia tiene la obligación y al mismo tiempo toda la autoridad para llevar el debate como le parezca conveniente para su buen resultado en la Cámara. Por lo tanto, lo único que puedo decirle es que las decisiones que aquí se adoptan son decisiones que tienen el respaldo siempre de la Presidencia.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE PARTICIPACIÓN DE LAS CORTES GENERALES EN LA ADOPCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 122/000156).

El señor PRESIDENTE: Comenzamos con la toma en consideración de proposiciones de ley. En concreto, con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de participación de las Cortes Generales en la adopción de la políticas de la Unión Europea. Para la defensa de esta proposición de ley tiene la palabra la señora Batet.

La señora BATET LAMAÑA: Gracias, presidente.

La toma de decisiones o el diseño de muchas de las políticas están ya en Europa, por eso para aquellos que creemos en esa Europa y que pensamos que debemos apostar por una gobernanza europea más fuerte, más integrada políticamente y más desarrollada y preocupada por el fortalecimiento de una de las señas de identidad del continente, como es el Estado del bienestar, debemos seguir avanzando en la participación de los ciudadanos y el control democrático. Este es el principal objetivo de la proposición de ley que el Grupo Parlamentario Socialista trae a debate esta tarde. Una aportación sobre cómo mejorar la participación de los ciudadanos a través del Parlamento nacional.

Esta proposición de ley habilita nuevas competencias a la Comisión Mixta Congreso-Senado para mejorar la participación y el control democrático de la política europea, como decía, a la vez que se adapta también a la propia evolución de la Unión. El horizonte final de esta evolución es para los socialistas una Europa federal y en esa dirección seguiremos trabajando desde todas las instituciones. La política europea es política interior -creo que sobre esta afirmación ya no hay duda- y por eso no puede ser solo gubernamental. La mayor parte de los Estados miembros han ido incrementando el protagonismo del Parlamento y por tanto de la ciudadanía. Esto es democratizar la Unión Europea también, una reclamación tradicional que venimos escuchando desde hace muchísimos años. Será así una política más participada, más transparente y más democrática. Esta es la misma línea marcada por el propio Tratado de Lisboa, que da nuevas competencias al Parlamento Europeo, así como prevé mayor protagonismo también de los parlamentos de los Estados miembros. En ese sentido, ya modificamos esta Ley de 1994 mediante otra proposición de ley, introduciendo lo que conocemos como el control del principio de subsidiariedad.


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Estamos convencidos de que con las modificaciones que proponemos el Gobierno de España podrá ir con una posición más refrendada frente a las instituciones europeas. El Gobierno no solo debe informar a esta Cámara o al Senado, sino que debe ser permeable a las posiciones de los grupos para hacer una defensa de los intereses de país en su globalidad. Además antes contábamos con las comparecencias del Gobierno, cuando los ministros sectoriales venían a hablar de las políticas europeas de sus áreas -digo venían porque es cierto, y no sabemos muy bien el porqué, que han dejado de darse en esta legislatura-. Así, paradigmática es la ausencia del ministro Soria en la Comisión Mixta de la Unión Europea para hablar de política energética y cambio climático, habiéndose celebrado un Consejo Europeo prácticamente monográfico sobre esta cuestión la semana pasada, y este podría ser un buen ejemplo de que no sirve lo de que lo que no está prohibido está permitido. Muchas veces hace falta la plasmación en una norma si queremos realmente que algo suceda, porque es verdad que ahora pueden comparecer, pero, en tanto que no está la obligatoriedad de esa comparecencia en la ley, lo que pasa es que todo queda al albur de la voluntad política del Gobierno de turno. Por ejemplo, durante esta legislatura no se han celebrado esas comparecencias, por lo que pensamos que es mejor que la ley las contemple explícitamente. Sin embargo, más allá del Gobierno, como decía, es importante articular también un mecanismo de presencia de las instituciones de la Unión Europea en la Comisión mixta. Introducir, por ejemplo, las comparecencias de los comisarios y demás representantes de las instituciones europeas, permitiendo por tanto que los parlamentarios españoles accedamos de primera mano a los debates, a las reflexiones e incluso a los contenidos que son de actualidad en Europa. De hecho, ya se produjo de manera excepcional en esta Comisión Mixta para la Unión Europea la comparecencia de algún comisario, precisamente cuando la Comisión estaba presidida por el señor Arias Cañete, cuya comparecencia el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado en la propia Comisión y estamos seguros de que lo aceptará atendiendo a que él promovió precisamente la presencia de los comisarios europeos en esta Cámara. En ese sentido, les pondré dos ejemplos sobre dos políticas capitales sobre las que la Unión Europea tiene un protagonismo más que destacado.

En primer lugar, los compromisos en materia presupuestaria y económica suponen en la práctica cesiones de soberanía sobre las decisiones en materia de política presupuestaria. Sin embargo, muchos parlamentos de países de la Unión Europea han quedado fuera de tales procesos, entre ellos el Parlamento español, que solo conoce a posteriori las decisiones adoptadas por el Ecofin. Por esa razón algunos parlamentos nacionales de los Estados miembros han empezado a adoptar iniciativas que conduzcan a una presencia activa de las Cámaras representativas en el Gobierno económico europeo. El Parlamento español debe promover también su participación en esa gobernanza económica. Hay normas europeas que abren vías para ello y también nuestras normas de funcionamiento, como precisamente esta Ley de la Comisión mixta, deberían incorporarlo y hacerlo.

En segundo lugar, del mismo modo que la Ley de Acción y Servicio Exterior incorporó una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que ha permitido que en la Comisión de Asuntos Exteriores puedan comparecer a petición de los grupos los embajadores nombrados por el Gobierno para sustanciar un debate regional o sectorial -tenemos algunas experiencias exitosas e interesantes sobre el tema que han enriquecido el debate en esta Cámara-, tendría mucho sentido que en la Comisión Mixta de la Unión Europea pudieran comparecer singularmente el embajador representante permanente de España ante la Unión Europea, así como los nuevos embajadores del Servicio Exterior Europeo, que representan a todos los ciudadanos europeos.

Así mismo, parece pertinente que nos planteemos este debate sobre el funcionamiento de la Comisión mixta en un contexto de modificación del Reglamento de la Cámara. Es una Comisión pionera en la flexibilización de su funcionamiento. Paradigmático es el hecho de potenciar el trabajo individual de los diputados, pudiendo intervenir en los debates y en las comparecencias que se sustentan en esa Comisión individualmente planteando preguntas al compareciente, más allá de la intervención inicial que el portavoz de cada grupo parlamentario pueda hacer para enmarcar el debate y fijar la posición como grupo. La modificación del Reglamento que está a debate podría inspirarse en algunas cuestiones como esta, que dinamizarían la institución para romper precisamente con los debates excesivamente rígidos, estáticos y encorsetados, y viceversa. Quizá muchas de las reflexiones que se producen para mejorar en estos momentos el Reglamento de la Cámara podrían ser incorporadas a la Ley de la Comisión Mixta. Por último, esta proposición de ley nos permite reflexionar también sobre la mejora de la calidad democrática en tanto que mejoramos procedimientos, ampliamos las funciones de la Cámara de representación de la


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soberanía popular, prevemos el acceso a más información y una mayor transparencia y establecemos mayores controles.

Termino ya, señor presidente. El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición de ley con la voluntad de ofrecer un texto abierto para su debate y modificación. No queremos que se apruebe la literalidad de la propuesta que dejamos encima de la mesa, pero pensamos que es un momento muy oportuno para que entre todos los grupos parlamentarios encontremos los mejores instrumentos para potenciar el trabajo parlamentario; trabajo parlamentario en cuanto a control del Gobierno -y, en este caso, también a otras instancias que, como digo, forman parte de una institucionalidad interna, como son las instituciones de la Unión Europea-, en cuanto a la rendición de cuentas, para marcar posiciones sobre cuestiones de interés y acercar así la Unión Europea a los ciudadanos -que falta nos hace- y, en definitiva y como decía al inicio de mi intervención, para fomentar el funcionamiento de una institución y mejorar así su calidad democrática.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Batet.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Intervenimos en nombre del Bloque Nacionalista Galego para posicionarnos ante la propuesta defendida por la señora Batet en relación con la participación de las Cortes Generales en la adopción de las políticas de la Unión Europea. Señorías, anunciamos nuestro voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley porque la propuesta que se hace, como ha dicho la señora Batet, incide en una mayor transparencia tanto en lo que se refiere a facilitar que los diputados del Parlamento Europeo puedan participar en los debates de la Comisión mixta como al hecho de que los grupos parlamentarios o los diputados y senadores puedan solicitar la celebración de debates en torno a cuestiones de actualidad de la Unión Europea que tengan especial repercusión en la política nacional. Pero, sobre todo, apoyamos la toma en consideración de esta propuesta porque nos permitiría presentar propuestas destinadas a garantizar mayores compromisos del Gobierno con las Cortes Generales en relación con los asuntos europeos que afecten a las políticas que el Gobierno del Estado tiene que llevar a cabo. Desde nuestra posición entendemos que no solamente, como hasta ahora, pueden comparecer los ministros ante la Comisión parlamentaria correspondiente a petición propia o de un grupo parlamentario para explicar la posición de su ministerio en torno a negociaciones que se estén llevando a cabo en el seno de la UE, sino que esas comparecencias deberían ser de obligado cumplimiento, del mismo modo que creemos que el presidente del Gobierno también debería comparecer obligatoriamente para explicar la posición gubernamental en relación con aquellos asuntos que afecten al Estado desde el momento en que estos comiencen a tratarse.

Señorías, en estos últimos años hemos asistido a la asunción por parte del Gobierno de políticas en materia económica, aunque más que una asunción, como hemos dicho, ha sido una sumisión; una sumisión de decisiones, señorías, que ni siquiera emanaban del Parlamento Europeo. Por eso, siendo positivo lo que en la propuesta se recoge de participación de los diputados europeos en la Comisión mixta, es a nuestro juicio muy insuficiente, ya que independientemente de que -como ha dicho la señora Batet- el Tratado de Lisboa haya incrementado las competencias del Parlamento Europeo, las cosas son como son y se deciden fuera del mismo.

Sin extendernos -porque no tenemos tiempo- sobre asuntos pasados pero presentes, como las políticas de recortes o la reestructuración y ordenación bancaria, queremos poner como ejemplo de la necesidad de comparecencia del Gobierno y su presidente en cuestión del presente o futuro -parece que inmediata, por cierto- las negociaciones que se están llevando a cabo en la actualidad para alcanzar un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea; un tratado que tendría graves consecuencias para la economía y el empleo de la UE, y ya no digamos las graves consecuencias que tendría para el Estado español de llevarse a cabo las cuestiones que de manera casi clandestina están trascendiendo de esas negociaciones -y volvemos a abrir comillas en negociaciones-. Quería manifestar a sus señorías que ponemos comillas a esta palabra porque entendemos que no se puede denominar negociación por el hecho de que estas no se pueden achacar al parlamentarismo europeo o a la Comisión correspondiente, sino que el tratado que se pergeña se está llevando a cabo de manera oscurantista, con la complicidad de las instituciones pero bajo el poder de los lobbies económicos. Por cierto, el poder de


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los lobbies económicos se manifiesta en este futuro tratado, pero tampoco estuvo ausente en ninguno de los anteriores tratados de la Unión Europea; el poder lobista estuvo y está presente condicionando por ejemplo las políticas de recortes sociales, laborales y salariales. Por eso, señorías, entendiendo como positiva la propuesta que nos hace el Grupo Socialista, desde el BNG creemos que tanto el Gobierno de don Mariano Rajoy, del Partido Popular, como el de cualquier otro grupo político debería comparecer ante las Cortes Generales para explicar y exponer sus posiciones respecto de aquellos tratados o aquellos acuerdos que se estén negociando en la Unión Europea, no solamente para exponernos cómo está la negociación, sino también para saber cuál es la posición de ese Gobierno respecto de las mismas y sobre todo qué actuaciones está llevando a cabo para defender las propuestas que puedan emanar de las propias Cortes Generales.

Queremos aprovechar la propuesta que nos hace el Grupo Socialista en la tarde de hoy para exponer esta reflexión, al mismo tiempo que manifestamos nuestro apoyo a la misma con esas matizaciones. En caso de llevarse a cabo la admisión a trámite de esta proposición de ley, el BNG aprovecharía para enmendar el texto con estas cuestiones que acabamos de comentar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Intervengo desde el escaño, señor presidente, porque es una propuesta muy clara y que merece la aprobación por parte de la Cámara.

La señora Batet nos ha explicitado de manera muy didáctica los detalles. Básicamente aquí no se trata de cambiar nada sino de mejorar el funcionamiento de la Cámara. No se quita ninguna competencia a la hasta ahora regulación de la Comisión mixta Congreso-Senado, sino que se añaden posibilidades de tener, por una parte, una mejor información para poder tomar decisiones y, por otra, ir más allá del mero control y poder convertirse hasta cierto punto en un órgano de impulso para que el Gobierno pueda aplicar en determinada dirección su política. Estamos de acuerdo con que se abra la posibilidad de que puedan comparecer autoridades de la Unión Europea y también parlamentarios. No tengo muy claro si la presencia a posteriori de una toma de decisiones no podría considerarse una especie de control parlamentario, aunque no vaya a haber ninguna votación, por lo que deberíamos afinar eso un poco más. Sin embargo, me parece correcto que parlamentarios de distintos grupos, que ven el día a día y cómo están discutiéndose y avanzando las posibilidades sobre determinado asunto en Europa, puedan informar aquí, para que también desde este Parlamento se puedan adoptar decisiones respecto a la posición que debería tomar el Gobierno.

Me parece muy bien abrir la posibilidad de celebración de debates en torno a cuestiones de actualidad, cosa que hasta el momento no se podía hacer, y si tenemos unos informes con una frecuencia trimestral, como se está proponiendo aquí, contribuiremos a la mejora de la información y a la mejora en el funcionamiento de la Cámara. Desde luego me parece absolutamente necesaria esa comparecencia semestral del Gobierno, algo que ya se ha reclamado desde aquí en otras ocasiones, también por parte de mi grupo, en debates sobre Consejos Europeos que ya se habían celebrado. Por tanto, nuestro absoluto apoyo a la toma en consideración de esta proposición de ley, que podrá ser matizada con alguna enmienda pero que merece la pena y va en la buena dirección.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Gracias. Con la venia del señor presidente, de quien espero que ampare mi trabajo y mi palabra y no que la califique cuando ocupo esta tribuna.

A mi grupo le parece muy pertinente y muy interesante el debate que suscita su proposición de ley, señora Batet. Creemos que hay una cuestión política sensible y de fondo, que es cómo la crisis económica y financiera ha erosionado la democracia en Europa, tanto a nivel de las democracias nacionales como en las instituciones europeas, y cómo ha erosionado el propio método comunitario. Esto es lo que debe preocuparnos, cómo perciben los ciudadanos esa toma de decisiones que se adoptan en las instituciones europeas, porque durante esta crisis han ocurrido dos tipos de fenómenos que han contribuido a erosionar la democracia, como digo. Por un lado, hay decisiones muy importantes que se han trasladado a las


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instituciones europeas sin que se haya acompañado al mismo tiempo de un traslado de los mecanismos democráticos: la elección ciudadana o el control sobre determinados tipos de actuaciones. Y, por otro, se han creado mecanismos, como el MEDE, absolutamente opacos y ajenos al control democrático de los parlamentos. Se han tomado numerosas decisiones que se han justificado por motivos técnicos y que han escapado al control democrático, incluso al control jurídico; el ejemplo paradójico que citamos tantas veces es que el debate sobre el rescate a España haya tenido lugar en el Bundestag, en el Parlamento alemán, y no haya tenido lugar en este Congreso, o que el Bundesverfassungsgericht, el Tribunal Constitucional alemán, se haya pronunciado sobre los rescates europeos y, sin embargo, no se haya podido pronunciar el Tribunal Constitucional español con arreglo a nuestra Constitución.

Estas y otras actuaciones son las que en ocasiones han dejado a los parlamentos nacionales reducidos a maquinarias de legitimación a posteriori de decisiones ya tomadas, y creemos que esto contribuye a aumentar esa percepción de los ciudadanos, esa sensación de impotencia y de que esas instituciones no están al servicio de la ciudadanía sino al servicio de otras causas. Existía ya, previo a esta crisis, lo que se ha llamado, y ya se había acuñado en la terminología comunitaria, el déficit democrático de la Unión Europea, pero creemos que el manejo y la gestión de la crisis ha agravado ese déficit democrático, hasta el punto de que muchos ciudadanos perciben esa carencia de una forma brutal, tanto que el europeísmo, incluso en países tan proclives como era España, ha caído forma vertiginosa. Esta es la disfunción con que nos encontramos, que los parlamentos nacionales, este Congreso, siguen siendo tan democráticos como eran y, sin embargo, su trabajo de control y de encauzar la representación ciudadana es supervisado por otras instituciones supranacionales que ya no están sometidas al control de los ciudadanos. Compartimos, por tanto, la preocupación que se intuye tras esta proposición de ley, pero nos parece que lo fía todo a una mera labor de coordinación, de trabajo jurídico, y quizá se le escapa la cuestión política esencial que hay detrás, que es quién gobierna en Europa y cómo se va a seguir gobernando en Europa para seguir promoviendo, en primer lugar, la unión, la integración, y en segundo lugar, la ampliación de la comunidad política, que es lo que en última instancia legitima toda la acción europea.

Para subsanar esa pérdida de calidad democrática, desde el punto de vista de nuestro grupo tenemos dos opciones. Una es reconstruir los mecanismos democráticos que se han erosionado en el nivel supranacional, en el nivel superior, en las instituciones europeas, y para ello creemos que se debería tender a simplificar y no a complicar esas instituciones y que fuera tan sencillo como lo es aquí, visualizar una mayoría que sustenta un gobierno y una oposición que está en minoría. Creemos que esa simplificación favorecería que los ciudadanos visualizaran en qué consiste la representación y en qué consiste, al fin y al cabo, la democracia, que es en el conflicto y en la competencia de visiones diferentes del mundo. Como decía, reconstruir la democracia en el plano europeo.

Hay una segunda opción mucho más peligrosa, pero que tiene mucho público últimamente y que está calando en la conciencia ciudadana, como un atajo para solucionar estos problemas de gobernanza, que es la idea de reconstruir las democracias en el nivel nacional, que es lo que propone Marine le Pen, que es lo que propone Nigel Farage en el Reino Unido. Nosotros tenemos claro que todo pasa por reconstruir la democracia en el nivel europeo, por mejorar la calidad de las instituciones democráticas allí, mejorar la toma de decisiones y el reparto de poder -como digo- asumiendo el carácter conflictivo e intrínseco que tiene la democracia. Lo contrario, seguir fomentando ese gran consenso que llaman en Europa y que es el que ha traído la eurofobia y el populismo, lo único que hará será traer más eurofobia y más populismo. Por tanto, este problema de gobernanza, desde nuestro punto de vista, en términos políticos se debe abordar como un problema no de soberanía, que es como lo enfoca el populismo, sino como un problema de democracia y de calidad democrática. Esto en cuanto a la cuestión política.

En cuanto a la cuestión jurídica o práctica que plantea su proposición de ley, estamos muy a favor de que el impulso para contribuir a esa mejor gobernanza y a esa mejor coordinación de las instituciones surja de estas Cortes Generales. En ese sentido, le damos la bienvenida a su iniciativa, para tener más control sobre la actividad legislativa proveniente de Bruselas y por la voluntad que hay de que el ciudadano vea este control como un mecanismo de transparencia y como un mecanismo cristalino, no como un mecanismo opaco. Creemos que es fundamental para salvar el abismo que separa a los ciudadanos de las instituciones comunitarias. Tradicionalmente se ha considerado que los parlamentos nacionales son víctimas del proceso de integración europea. Esta afirmación podría ser cierta si tenemos en cuenta la poca relevancia de los parlamentos nacionales en las cuestiones europeas. Sin embargo, bajo el marco del Tratado de Lisboa, actualmente vigente, en los ámbitos que no sean de competencia exclusiva de la Unión el principio de subsidiariedad persigue proteger la capacidad de decisión y actuación de los Estados


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miembros y legitima la intervención de la Unión cuando los Estados miembros no puedan alcanzar, de manera suficiente, los objetivos de una acción debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida. Es decir, la finalidad de la inclusión de este principio, el de subsidiariedad, en los tratados europeos es precisamente aproximar el ejercicio de las competencias al ciudadano en la mayor medida posible. Por lo tanto, desde el Tratado de Lisboa los parlamentos nacionales quedan reconocidos como parte del tejido democrático de la Unión Europea y se toman medidas para garantizar una participación más estrecha de estos en las actividades de la Unión Europea. Además, basándose en el principio de alerta temprana actúan como guardianes de este principio de subsidiariedad.

Este principio, junto al de proporcionalidad, regula el ejercicio de las competencias de la Unión Europea. En los ámbitos que no sean de competencia exclusiva de la Unión, el principio de subsidiariedad persigue proteger la capacidad de decisión y actuación de los Estados miembros y legitima la intervención de la Unión cuando los Estados no puedan alcanzar de forma suficiente sus objetivos.

También es cierto, y hay que tenerlo cuenta, que a menudo son los mismos parlamentos nacionales los que no estimulan esa implicación mayor con las instituciones europeas y, por eso, surgen divergencias que están muy a la vista en la relación que los distintos parlamentos nacionales tienen con las instituciones europeas. Hay algunos casos como el de Dinamarca o Inglaterra que han establecido mecanismos muy ambiciosos de control, otros que solo han realizado cambios formales y todos en general han optado por la creación de comisiones parlamentarias para el seguimiento de los asuntos europeos, cuyo funcionamiento es en unos casos más eficaz que en otros. Pero es indudable que la existencia o no de voluntad política respecto a esta coordinación también desempeña un papel importante.

Voy terminando, señorías. Creemos que esta proposición de ley hace hincapié en el esfuerzo que hay que hacer de voluntad política para remediar esta falta de coordinación entre instituciones y para acercar las instituciones europeas a los ciudadanos, así como para poner remedio a la desinformación que se padece, al menos en España, de los asuntos de enorme importancia que se discuten en Bruselas. Consideramos que hay algunos defectos en la redacción de esta proposición de ley que podrían dar lugar a malentendidos. Desde nuestro punto de vista, incluiríamos algunos aspectos y enmendaríamos algunos otros. Creemos que los portavoces de los grupos políticos nacionales en el Parlamento Europeo deben poder integrar la Comisión mixta. Creemos que se deben someter a debate en el Congreso las medidas más importantes de las distintas carteras que se debatan en las instituciones europeas. Creemos que hay que regular la comparecencia de autoridades europeas en el Congreso para que cuando vuelva a venir Mario Draghi esto no sea una especie de Bienvenido, Mister Marshal parlamentario y no nos pongamos nerviosos porque viene una autoridad europea ni tratemos de convertir en opaco lo que debe ser siempre transparente. En resumen, señorías, creemos que es fundamental hacer propuestas decididas para que los ciudadanos sientan más cerca la Unión Europea y una institución clave como es el Parlamento Europeo. Creemos que estas medidas, si las tomamos acertadamente, tendrán como resultado una Europa más transparente y una democracia más participativa.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo de La Izquierda Plural va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Socialista porque sin duda reforzar el papel de las Cortes Generales en las políticas de la Unión Europea es un objetivo loable. Déjenme en todo caso que les diga que no parece que este sea el problema de fondo de la desafección profunda ciudadana que se siente en toda Europa en relación con las instituciones europeas. Se trata de un problema compartido con todas las instituciones políticas de los Estados nacionales que viene de lejos, pero que se ha agravado durante la crisis y que sería una de las cosas que posiblemente más debería atender este Congreso. Existe una percepción ciudadana de inutilidad y de impotencia de la política frente a los mercados, frente a la economía, que creemos que es la causa última de esa desafección. Existe una percepción de sumisión de los gobernantes a los poderes económicos que se expresa en unas ocasiones de manera legal y en otras de manera corrupta, y creo que no hace falta dar muchos datos en el día de hoy. Existe la percepción de lo que nosotros hemos calificado en alguna ocasión como un concubinato permanente entre poder económico y poder político. Eso que afecta a las instituciones de los Estados nacionales, en el caso de la Unión Europea se agrava y se multiplica por diferentes razones que creo que más pronto que tarde deberíamos


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abordar en todos y cada uno de nuestros países, como la evidencia de que en la Unión Europea existen instituciones irresponsables, es decir, que no responden delante de nadie, que no dan cuentas delante de nadie. La más importante, por ejemplo, el Banco Central Europeo, que no solo no da cuentas ni tan siquiera al Parlamento Europeo -cuando lo hace lo realiza formalmente- sino que encima se cree con el derecho a irrumpir en las funciones y competencias de los otros organismos que sí son democráticos, como puede ser el Parlamento Europeo, intentando orientar lo que son las políticas económicas, las políticas laborales y de Seguridad Social. Existe otro factor: el protagonismo en el diseño y la ejecución de estas políticas, cada vez más, de espacios institucionales ademocráticos, por decirlo suavemente, cuando no antidemocráticos; el caso más evidente es el de la troika, creada expresamente para imponer determinadas políticas de austericidio. Y esto no solo coyunturalmente; en estos momentos se ha puesto en marcha el famoso Mecanismo único de supervisión, el MUS; el Mecanismo único de resolución bancaria, que va a tomar decisiones importantísimas y que no está sometido prácticamente a ningún tipo de control, se basa en el mejor de los casos en una cobertura intergubernamental y nunca en la legitimidad del demos europeo, que es el que todo el mundo parece construir pero al que todo el mundo le pone obstáculos y trabas.

Un tercer factor es el ninguneo de las instituciones comunitarias democráticas, como el propio Parlamento Europeo, que hemos visto en los últimos años por parte de los jefes de Estado y de Gobierno; un ninguneo que ha ido acompañado de un reforzamiento de la intergubernamentalidad, es decir, del Gobierno entre los jefes de Estado y de Gobierno en detrimento de aquellas instituciones que expresan el sentido comunitario, el sentido del demos compartido, de la identidad compartida, sin olvidarnos por supuesto del fariseísmo con que los jefes de Estado y de Gobierno se comportan en sus actuaciones europeas, los Consejos Europeos, los Ecofin, en los que los mismos que toman las decisiones que se aplican a los ciudadanos europeos, cuando vuelven a su país miran hacia atrás y dicen que eso es culpa de Europa. Lo vivimos de manera casi esperpéntica con el caso de Chipre. El Consejo de Ministros del Ecofin, con el señor de Guindos, ministro de Economía español dentro, adopta unas decisiones que cuando las conocen los ciudadanos chipriotas y toda Europa se echa contra ellas lo único que se les ocurre a aquellos que habían tomado las decisiones es decir que son cosas de Europa. Todo eso, sin duda, deteriora muchísimo la percepción ciudadana en relación con el tema europeo. Por supuesto, eso tiene mucho que ver con algo gravísimo que ha pasado otras veces a lo largo de la historia de la humanidad, la voluntad de las elites económicas y políticas para imponer Gobiernos plutocráticos, es decir, Gobiernos en los que el gobierno político está al margen de la ciudadanía, en los que supuestamente unos elegidos no se sabe por quién deciden lo que más les interesa a los ciudadanos porque los ciudadanos no saben lo que les interesa a ellos. Por supuesto, no saben que lo que no les interesa es pagar con sus propios derechos las barbaridades que han cometido otros. Desde ese punto de vista, los mercados de capitales han aprovechado las instituciones europeas para imponer como mecanismo de transmisión, de imposición, esas políticas de austeridad salvaje. Esos Estados que se niegan a avanzar en la cesión de soberanía a las instituciones democráticas europeas en materia, por ejemplo, de fiscalidad, de regulación laboral o de Seguridad Social, son los que luego curiosamente se ponen de acuerdo en ceder esa soberanía a espacios ademocráticos, sin ningún tipo de control democrático, como la troika, que en el fondo significa cederlos a algo tan poco democrático como los mercados de capitales, que puede tener su función, pero no la de sustituir a los ciudadanos y a sus organizaciones democráticas.

Todos estos son los comportamientos que perciben los ciudadanos más o menos intuitivamente, más o menos racionalmente, y que hacen que sin duda se provoque una ruptura política y emocional entre la ciudadanía europea, la ciudadanía española y las instituciones democráticas. Estos son los verdaderos problemas que debemos abordar de una vez por todas si no queremos que cada vez se produzca un mayor distanciamiento entre Europa y los ciudadanos, sin lo cual es imposible construir esa identidad, ese demos colectivo europeo que nos permita avanzar. En el fondo de todo ello existe una evidencia, y es que estamos en un momento de la historia en el que se ha producido literalmente el secuestro de la soberanía política de los ciudadanos por parte de unos mercados de capitales que creen tener derecho a imponer unas políticas, y lejos de resolver esta cuestión, que se ha puesto muy de manifiesto en la última crisis en el conjunto de Europa, cada vez se va más en esa dirección perversa. Por ejemplo, en estos momentos tenemos unas negociaciones clandestinas en el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, el tratado transatlántico de inversión y comercio, en el que, con un profundo desconocimiento por parte de la ciudadanía, se van a poner en marcha -esperemos poder evitarlo- determinadas políticas que van a suponer cada vez más menos soberanía para los ciudadanos y más soberanía para los mercados de


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capitales. Hoy ha sido espectacular. En su comparecencia, el ministro de Economía, el señor De Guindos, le ha dado imagen antropomorfa a esa realidad. En un momento determinado el señor De Guindos ha dicho: Esto que estoy diciendo es el consenso de los mercados. Es decir, los mercados convertidos en forma antropomorfa. ¿Qué es eso del consenso de los mercados? ¿Tenemos que hacer caso los representantes de la ciudadanía al consenso de los mercados? ¡Por Dios! Creo que, en el fondo, eso es lo que de verdad subyace en esta realidad. Nosotros, que vamos a dar nuestro voto favor de esta iniciativa, creemos que se trata de una iniciativa bienintencionada, pero esperemos que no corramos todos el riesgo de creer que así abordamos el problema de fondo porque, en definitiva, si fuera así, lo que estaríamos haciendo es -si me permite, amiga Meritxell- como si a un ciudadano que ha sufrido un accidente y está en coma, que tiene un traumatismo generalizado, llegara alguien y le dijera que le va vendar la luxación del tobillo. Van bien esas cosas, pero está en estado de coma. Dicho esto, nuestro grupo va a apoyar esta proposición, aunque creemos que hay cosas que se podrían haber abordado, por ejemplo, tendríamos que abordar de una vez por todas qué decisiones de las que se adoptan en España deben ser sometidas antes a referéndum para que no vuelva a pasar lo del artículo 135 de la Constitución española. Deberíamos profundizar en el papel de los poderes regionales de las comunidades autónomas y en los poderes locales en el diseño y el protagonismo de la política de Estado de España en la Unión Europea. Hay diferentes propuestas en ese sentido. Deberíamos establecer la obligación de hacer debates previos y debates monográficos, no solo en la Comisión mixta sino en el conjunto de esta Cámara. En ese sentido, si tiene a bien el Grupo Popular, haciendo excepción a su norma, votar favorablemente esta proposición no de ley, nosotros tenemos algunas propuestas que creemos que pueden mejorarla. Si me permiten, nosotros nunca hubiéramos puesto en una proposición no de ley como esta una cosa tan reglamentaria como cuáles son los minutos de cada grupo en la Comisión mixta en función de los temas, porque creo que el presidente o la presidenta de la Comisión ya tienen sus criterios para gobernarlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la diputada del Grupo Socialista Meritxell Batet, en la presentación de esta proposición de ley, nos invitaba a preguntarnos si la política europea es política exterior o política interior. En todo caso, señorías, la política europea es política en mayúsculas, y aquello que afecta al día a día de nuestros ciudadanos muchas veces está muy vinculado con la política europea. Todo lo que vaya en el sentido de incrementar el escrutinio y la participación de este Congreso, del Senado, de la Comisión mixta y de las Cortes Generales en la política europea va a recibir nuestro apoyo. Después de la aprobación de esta ley, que por cierto es la única ley que crea una Comisión mixta de las Cortes Generales, después de una buena modificación, después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y de la activación del principio de subsidiariedad, nosotros somos partidarios de afrontar una nueva reforma de la ley para incrementar sus poderes y también para enviar algunos mensajes; unos mensajes que no se tienen que enviar a la ciudadanía, sino que se tienen que enviar a los miembros de esta Cámara y a los propios miembros de la Comisión mixta para que presten mucha más atención a la importancia de aquello que se discute en la Comisión Mixta para la Unión Europea. Entrado en vigor el Tratado de Lisboa, entrado en vigor los mecanismos del principio de subsidiariedad, con todo el respeto, algunos portavoces -perdonen que improvise los ejemplos- de la Comisión de Agricultura, de la Comisión de Sanidad o de la Comisión de Cultura quizá tendrían que dedicar un poquito más de tiempo a pasar por la Comisión Mixta para la Unión Europea para intervenir en los debates de los informes de subsidiariedad, porque poder participar, modular, presentar reservas, presentar apoyos, presentar incluso las reservas de los Parlamentos de las comunidades autónomas a un proyecto de directiva o a un proyecto de recomendación europea es bastante más útil y bastante más político a veces que la discusión de algunas proposiciones no de ley en algunas comisiones. Sí, sin duda, la Comisión Mixta para la Unión Europea es muy importante; en algunos Parlamentos de los Estados miembros la Comisión mixta es la Comisión primera desde un punto de vista de rango institucional; en algunos países tiene el doble de miembros y todos ellos trabajan activamente en el escrutinio de la política europea; en los Parlamentos de algunos Estados miembros el vicepresidente primero o vicepresidenta primera del Parlamento es a la vez el presidente de la Comisión referida a los asuntos de la Unión Europea. Sin duda, nosotros somos partidarios de incrementar el papel de esta Comisión para que aquellos partidos, aquellos grupos parlamentarios que se han llenado la boca de la


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parlamentarización de la política exterior y de la política de defensa vean que tenemos que parlamentarizar mucho más las decisiones de gran magnitud en el ámbito económico, en el ámbito del empleo y en el ámbito de las relaciones internacionales que se toman en los Consejos Europeos y en los consejos sectoriales. ¿Podemos decir que hemos parlamentarizado la política exterior con la comparecencia de embajadores, no con carácter vinculante? Sí. ¿Podemos decir que hemos parlamentarizado un poquito más la política de defensa con la autorización de las misiones, del envío de tropa al exterior con el artículo 17 de la Ley de Defensa Nacional? Sí. Pero también es cierto que el Consejo de Ministros el pasado viernes aprobó un real decreto con carácter de extraordinaria y urgente necesidad para un nuevo plan de compra de armamento por valor de 10.000 millones de euros. Evidentemente, señorías, esto no es parlamentarizar la política exterior, de defensa o de la Unión Europa, sino que es atropellar el parlamentarismo.

Debemos reforzar los mecanismos para recabar la opinión, en algunos casos vinculante, de las Cortes Generales en la formación de la voluntad de la representación de España ante los Consejos Europeos. Hay casos en la Unión Europea. Ustedes saben perfectamente que el caso más extremo es el de Dinamarca, donde el Gobierno tiene mandato previo y tiene que codecidir con el Parlamento su posición ante los Consejos Europeos y tiene que dar cuenta posteriormente de aquello discutido y adoptado con carácter vinculante ante el Parlamento; y hay otros mecanismos, también de fuerte presencia del parlamentarismo, seguramente desarrollados desde el recelo y el escepticismo hacia el proyecto europeo, como los que también existen en el Reino Unido. Dinamarca es un buen ejemplo, en un extremo, de la implicación del Parlamento, o el Reino Unido. Sin duda, debemos modificar esta ley para hacer aquello que ya se está realizando de forma no regulada, como la comparecencia de los embajadores durante las presidencias, las comparecencias de cargos europeos o la comparecencia de algún comisario que se tiene que reunir de manera informal con la Mesa y Portavoces, para que puedan comparecer en sede parlamentaria y tener un debate parlamentario.

Esta proposición de ley plantea la participación no vinculante de los eurodiputados en la Comisión mixta. Evidentemente tiene que ser no vinculante porque los eurodiputados, como los diputados, tienen su mandato y este no está vinculado con ningún Parlamento de ningún Estado miembro y, en todo caso, me parece una barbaridad lo que he oído de que los presidentes de los grupos en el Parlamento Europeo y de las delegaciones tendrían que integrar la Comisión Mixta para la Unión Europea. Me parece una verdadera barbaridad sobre la cual no cabe discutir si con voto o sin derecho a voto. Reforcemos, por tanto, las capacidades de esta Comisión, tengamos conciencia de lo que les decía hace un rato: menos discusión de algunas PNL en Comisión y más conciencia por parte de los portavoces sectoriales de que una intervención, un buen trabajo en un informe de subsidiariedad sobre un proyecto de directiva o de recomendación europea puede influir y modular nuestra posición. Son aspectos técnicos no fáciles y sobre los cuales no hay rédito político inmediato, pero son aspectos que marcan la diferencia entre un parlamentarismo de calidad y un parlamentarismo de titular.

Señorías, nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa y no podemos pensar en ninguna otra hipótesis que el grupo de la mayoría también va a votar favorablemente y va a apoyar esta iniciativa, que es una toma en consideración, sobre la cual se pueden y yo creo que se deben presentar algunas enmiendas. Nosotros tenemos pensadas algunas enmiendas de modificación y de mejora. No tenemos que entrar en el minutaje de las intervenciones de fondo sobre la corresponsabilidad de los Parlamentos, de las Cortes Generales, del Congreso y el Senado. Como esto es bueno para la mejora de la calidad democrática y como esto es bueno para la mejora de la corresponsabilidad del Parlamento con decisiones políticas de gran transcendencia, nosotros no podemos imaginar ninguna otra hipótesis que la de que el grupo de la mayoría absoluta también abrace y acoja favorablemente esta proposición de ley del primer partido de la oposición.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Casado.

El señor CASADO BLANCO: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular quiere poner de manifiesto que esta proposición de ley coincide en un momento tremendamente interesante. La elección del nuevo Parlamento Europeo es muy reciente, e incluso más reciente es el nombramiento de la nueva Comisión, y además coincide con la víspera de la comparecencia del presidente del Gobierno para informar de un Consejo Europeo del cual ya informó el


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Secretario de Estado de la Unión Europea la semana pasada, que ha sido de especial transcendencia para la Unión y muy en especial para España. Las discrepancias que tiene este grupo con la proposición no son, por tanto, de contenido, pero sí de continente porque lo que pensamos es que más que modificar la ley o más que introducir alguna modificación legislativa en la normativa actual española, lo que tenemos que hacer es desarrollar la normativa existente, tanto en el entorno nacional como en la abundante normativa comunitaria, para desarrollar todas las competencias o todas las posibilidades que los parlamentos nacionales tenemos para poder participar dentro de la legislación de la actividad e incluso de los derechos europeos. Intentaré explicarlo partiendo de un marco europeo que, a diferencia de otros portavoces, creo que sí que ha aumentado en representatividad y, sin duda alguna, también en responsabilidad.

El nuevo Parlamento Europeo que emana del Tratado de Lisboa es el Parlamento con más poder de la historia. Lo es porque ha recibido, en lo que viene a ser el procedimiento de codecisión, cuarenta nuevas competencias, por ejemplo, en temas como agricultura, energía, emigración, justicia, interior o sanidad. Además, pasa a ser responsable, con ese procedimiento de codecisión, de lo que es todo en el presupuesto comunitario, y pasa a controlar también al Banco Central Europeo. Creo que se aludía erróneamente por parte de un grupo a este aspecto. Por otro lado, como se ha visto recientemente, tiene la responsabilidad del nombramiento de la Comisión Europea, tanto del presidente, que ha comparecido para presentar su programa de Gobierno, como de todos los comisarios, que se han tenido que someter a unos hearings bastante estrictos tanto por escrito como en comparecencias orales. Esa es la responsabilidad que tiene el Parlamento Europeo, pero también tienen más representatividad precisamente con esos hearings o con esos compromisos de que los candidatos más votados de los grupos representados en el Parlamento Europeo serían elegidos presidentes de la Comisión. Eso se ha llevado a cabo en un pacto de investidura, en nuestra opinión tremendamente importante, por el cual el Grupo Popular Europeo apoyó al señor Martin Schulz como presidente de la Eurocámara, y el Grupo Social Demócrata Europeo, con la excepción muy notable del Partido Socialista Español, apoyó a Jean-Claude Juncker para presidente de la Comisión como representante del partido más votado. En ese nuevo marco de competencias comunitarias, España ha recibido la responsabilidad de ocupar la cartera de energía y clima, una cartera fundamental para los intereses de España y, como se ha visto en el pasado Consejo Europeo, también para los intereses de crecimiento económico, de competitividad exterior y de seguridad estratégica de la propia Unión Europea.

En mi opinión, y acabo con este tema, la agenda de legislatura que ha presentado el nuevo presidente de la Comisión Europea representa todo lo que hemos venido reclamando en los parlamentos nacionales; no son los consejos europeos, sino lo que vienen a ser las necesidades de tener un programa de crecimiento, empleo y competitividad; de fijarse mucho en lo que viene a ser la inmigración y la seguridad; y del mercado energético digital y transatlántico. Nosotros, querida portavoz del Grupo Mixto, sí que apoyamos el Tratado Transatlántico de Libre Comercio. El anuncio que ha hecho Juncker de 300.000 millones de euros para un fondo que luche contra el desempleo, que fomente la inversión y la innovación, creo que es esencial y viene en la línea de lo que se está diciendo, que hay que compaginar lo que viene a ser el equilibrio presupuestario con las reformas estructurales y con el aumento del crédito.

Después de ver lo que es el marco político, veamos cuál es el marco normativo-legislativo del que estamos hablando. Por una parte, y no voy a incidir demasiado, lo que viene a ser la legislación vigente en España, la Ley de 1994, reformada acertadamente con el consenso también de este partido en los años 2009 y 2010, precisamente para incluir las previsiones que el Tratado de Lisboa introducía en nuestra legislación, pero es que a nivel de normativa europea, ya desde el Tratado de Maastricht o el Tratado de Amsterdam se empezaba a hablar de lo que venía a ser la responsabilidad de los parlamentos nacionales en la política europea, culminándose -eso sí, ya lo hemos dicho- en el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa directamente reconoce dos derechos a los parlamentos nacionales: el de información -que aquí a veces en estas intervenciones se ha puesto en duda- y sobre todo el de oposición; hay derecho de oposición. De hecho, ese Tratado de Lisboa lo que viene a decir es que hay dos protocolos anejos en la aplicación de los principios de subsidiaridad y proporcionalidad. Es cierto que hay portavoces que no vienen mucho a la Comisión Mixta de la Unión Europea -por cierto, la Comisión que más se reúne de este Parlamento, del Congreso y del Senado-, pero el procedimiento de subsidiaridad y proporcionalidad tiene una transversalidad absoluta en todas las políticas que atañen al Estado español y, por supuesto, a la política comunitaria. Lo que viene a ser la homologación de directivas o propuestas de directivas y reglamentos son esenciales y los parlamentos nacionales por supuesto que tienen un peso, una


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representación absoluta y necesaria para que no se vulneren esos principios. Además, el Tratado enumera lo que vienen a ser las funciones que tienen que tener los parlamentos nacionales y que ya podemos ejercer. Por eso, hay que desarrollarlas más que volver a legislar al respecto. Hace específicamente referencia a escrutar, influir y pedir cuentas a sus propios gobiernos, a entablar un diálogo con las instituciones comunitarias, a llevar a cabo el control de los principios ya referidos y a una cooperación interparlamentaria que se cristalice a través de la Cosac, Conferencia de Órganos Especializados en Asuntos Comunitarios, cuya próxima reunión tendrá lugar la primera semana de diciembre.

Pasado ya este importante tratado, hay que recabar que el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria de la Unión, lo que viene a decir también es que los parlamentos nacionales tenemos la competencia de cooperación con el Parlamento Europeo, pero sin conculcar las competencias de cada uno. Esto lo pondré en boca de Van Rompuy, cuando decía que la responsabilidad de las decisiones nacionales es, por supuesto, a través de los parlamentos nacionales, pero que la responsabilidad de las decisiones europeas está garantizada conjuntamente por el Consejo y por el Parlamento Europeo, de la misma forma que los parlamentos autonómicos en España tienen responsabilidades para velar por la legislación o por las políticas de las autonomías españolas. Es más, Bruegel, que es un think tank tremendamente europeísta, el primer think tank de Europa, viene a decir que la forma más directa de que los parlamentos nacionales puedan participar en la política europea es precisamente controlando y dando forma a las posiciones de sus gobiernos antes de que vayan a las reuniones en Bruselas. Ahí quería llegar. ¿Cuál es la posición del Gobierno de España en torno a esta política? Comparecer muchísimo, mucho más de lo que los portavoces han reconocido hoy. En esta legislatura, por ejemplo, el presidente del Gobierno ha tenido doce comparecencias ante el Pleno de la Cámara; tantas como ha tenido el ministro de Exteriores o el secretario de Estado para la Unión Europea previamente para explicar la postura del Gobierno español en esos consejos europeos de los que luego rinde cuentas en esta Cámara el presidente del Gobierno. Decían: Sí, pero también tienen que venir a explicar otro tipo de políticas o de medidas. También han venido cinco veces en esta legislatura para hablar de políticas relacionadas con la Unión Europea, para hablar del futuro, de la cumbre de la Celac, del trío de la Presidencia y también para hablar del MEDE y del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza ha estado aquí el ministro de Exteriores cuatro veces en el Pleno.

Como se ha dicho, ahora que tenemos en curso un reglamento que se puede modificar en torno a lo que viene a ser la propia Cámara legislativa, el propio Congreso de los Diputados, podría ser pertinente desarrollar este tipo de peticiones a través de esa modificación reglamentaria, en la que esperamos tener el concurso de la mayoría de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara. Pero cierto es que antes de legislar en un momento en el quizá los ciudadanos lo que piden es más compilación y no más legislación o más hipertrofia legislativa, lo que tenemos que hacer es desarrollar todas las potencialidades que la Unión Europea en el momento de más poder en nuestra representación parlamentaria nos ofrece a los parlamentos nacionales. Ya estamos los ciudadanos españoles representados en Bruselas y en Estrasburgo, incluso lo estamos en el Consejo Europeo con una representación mediata, pero no olvidemos que los jefes de Gobierno que se sientan en el Consejo Europeo son a su vez elegidos democráticamente por los parlamentos nacionales, con lo cual, en el marco de nuestra competencias, en el marco de la potencialidad que la legislación española y la legislación comunitaria ofrecen, nos parece oportuno el contenido de esta proposición de ley. Como he comentado con la portavoz del grupo proponente, se puede desarrollar, se desarrolla ya porque, por ejemplo, el mes que viene va a comparecer el vocal por parte de España del Tribunal de Cuentas. Se ha referido también a la comparecencia del presidente del Banco Europeo; ya han venido muchos comisarios, otra cosa es que ellos decidan hacerlo en Mesa y Portavoces, pero recuerdo que en esta legislatura no menos de seis o siete comisarios han pasado por esta Cámara. Y, por supuesto, el propio marco normativo y reglamentario de la Cámara permite que los eurodiputados, nuestros compañeros en la Cámara de Estrasburgo, puedan participar, opinar e incluso comparecer a petición nuestra en la Comisión Mixta. Creo que tenemos que estar en esa evolución y ahí van a encontrar el consenso del Grupo Popular, como siempre, y creo que esa potencialidad tiene que desplegarse para aumentar la convergencia y el desarrollo pleno de los derechos y de todas las obligaciones que también tenemos los ciudadanos europeos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Casado.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, ORGÁNICA DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE SALVAMENTO MARÍTIMO Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN MARINA. (Número de expediente 122/000162).

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Mixto, orgánica de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina. Tiene la palabra la señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Señorías, el tema que hoy traemos a debate para su toma en consideración constituye una preocupación de primera magnitud para el Bloque Nacionalista Galego, pero también para miles de personas que viven directa e indirectamente de la mar y también para todas aquellas organizaciones y movimientos sociales que consideran que una mayor protección de nuestras costas impediría que Galiza pudiese padecer de nuevo episodios como el del Prestige. Ese siniestro marítimo, el del buque petrolero Prestige en las costas de Galiza el 13 de noviembre de 2002, puso de manifiesto el problema de la seguridad del tráfico marítimo que circula por el corredor de Fisterra y amenaza nuestras costas. El Prestige fue el último y, por lo tanto, es el que más nítidamente recordamos todos y todas, pero no fue ni mucho menos el único. Muy al contrario, Galiza es el litoral más afectado del mundo por la contaminación derivada de accidentes marítimos de estas características.

Señorías, en los últimos cuarenta y tres años ha habido cuatro buques que provocaron importantes vertidos de hidrocarburos al mar, a los que debemos sumar otros siniestros en los que también hubo una importante contaminación marina por vertidos de productos contaminantes. El dispositivo de separación del tráfico marítimo de Fisterra es atravesado, según los datos oficiales, por alrededor de 45.000 buques al año, de los cuales alrededor de 14.000 transportan mercancías peligrosas. Además de este denso tráfico internacional, hay a lo largo de todo nuestro litoral una intensísima actividad que implica a cientos de embarcaciones pesqueras. Todo ello hace de Galiza el centro de la diana donde se producen anualmente un elevado número de emergencias, averías, remolques y naufragios que con demasiada frecuencia tienen costes en vidas humanas. Recordarán ustedes los más recientes, en apenas un mes el Mar de Marín, el Mar Nosso y el Santa Ana -los dos últimos en costas asturianas pero con tripulación gallega- se cobraron nada menos que dieciocho vidas humanas. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

Señorías, ¿cómo se puede explicar que representando nuestra flota el 50 % del conjunto de la flota del Estado y no faenando en los corredores con mayor densidad de tráfico, como el canal de la Mancha o el estrecho de Gibraltar, sume el 80 % de las víctimas mortales por accidentes marítimos? Esto, a nuestro juicio, indica claramente problemas específicos que, sin embargo, se tratan de forma genérica y ponen de manifiesto enormes fallos de coordinación entre las administraciones implicadas en gestionar los accidentes y la toma de una serie de decisiones políticas que acaban afectando gravemente a la seguridad. Porque a estas alturas, si algo ha quedado claro, y no solo en el ámbito de la seguridad marítima, es que los accidentes y los siniestros no se producen únicamente por fallos humanos o por condiciones meteorológicas adversas. Entendemos que mucho tienen que ver, sobre todo en los últimos tiempos, los importantes retrocesos que se han producido en los sistemas operativos de seguridad y salvamento marítimo. La privatización de servicios públicos, la enfermedad más extendida entre los distintos Gobiernos de los últimos años y la que ha traído peores consecuencias al conjunto de la ciudadanía, ha llevado, por ejemplo, a que un elemento básico para la seguridad marítima, los sistemas de radiocomunicación marítima, sean gestionados ahora por una empresa privada, que, como todos y todas también sabemos, tiene como principal preocupación la mejora progresiva de su cuenta de resultados. Se han privatizado las embarcaciones y las tripulaciones de salvamento gestionadas por la empresa Remolcanosa, quedando el rescate y la asistencia bajo las directrices y la responsabilidad de compañías privadas bajo régimen de concesión, que pueden seguir compatibilizando la actividad privada de remolque y asistencia con el servicio público de auxilio y salvamento. En esta línea, los helicópteros de salvamento Pesca 1 y Pesca 2 se han enajenado a la empresa Inaer y el helicóptero de la base de Ruibo, en el Ayuntamiento de Cee, en plena Costa da Morte y por tanto en una ubicación idónea para operar con rapidez, sigue inoperativo para misiones nocturnas y ha sido trasladado a Santiago para seguir realizando desde allí misiones de salvamento; a Santiago de Compostela, que, como todo el mundo sabe, es conocida por su litoral marítimo y su gran actividad pesquera.


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Además de las privatizaciones, también los ajustes y recortes están teniendo repercusiones negativas en la seguridad. El Real Decreto 963/2013, por ejemplo, recorta y por lo tanto disminuye el número de integrantes de las tripulaciones mínimas de seguridad, además de rebajar las titulaciones exigidas de esa tripulación. La inversión del ente Salvamento Marítimo en mejora de equipos y medios en 2013 fue la menor en los últimos catorce años y uno de los tres helicópteros de gran porte de Sasemar ha sido sustituido en 2012 por uno de porte medio, mucho menos estable y con menor capacidad para el rescate de personas. Ni el Plan nacional de salvamento marítimo 2010-2018 ni el Plan marítimo nacional de respuesta ante la contaminación del medio marino, recientemente aprobado, recogen las principales reivindicaciones y sugerencias de los expertos y del propio sector en materia de seguridad y de lucha contra la contaminación marítima.

Señorías, la complejidad, la gravedad y la velocidad con que se desarrollan y evolucionan posteriormente los accidentes marítimos exige que hayan de ser abordados con prontitud desde el conocimiento del medio, desde la cercanía, con medios y con experiencia. Todo ello es absolutamente imprescindible para minimizar sus consecuencias. Los recientes y reiterados siniestros lo han vuelto a poner en evidencia y una y otra vez ha quedado demostrada la inadecuación del actual modelo de salvamento marítimo vigente en el Estado en relación con las peculiaridades de nuestro litoral. En este sentido, el Bloque Nacionalista Galego ha demandado durante años la transferencia de la gestión en salvamento marítimo, del control e inspección de barcos que transitan por el dispositivo de separación de Fisterra y de los medios para la lucha contra la contaminación marítima, y no lo hemos hecho por capricho, señorías, sino desde el padecimiento y la amarga experiencia de infinidad de catástrofes marítimas en nuestras costas y el posterior abandono o, si lo prefieren, la escasa atención de la Administración competente, en este caso la Administración estatal. Los pasos que se han dado en este sentido son insuficientes y muchos de ellos -algunos los he citado antes- han ido en la dirección contraria de garantizar la integridad del medio ambiente, del medio marino, del territorio e incluso de los ciudadanos. La Xunta debería tener las competencias para elaborar y ejecutar una política propia en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina, debería poder crear su propio dispositivo de titularidad pública, sin perjuicio de la coordinación necesaria, para poder controlar los buques que recalan a sus puertos o van en tránsito y para poder adoptar las decisiones con la celeridad que requieren las situaciones de emergencia, para evitar descoordinación en el seguimiento de esos accidentes y para elaborar un plan de contingencias adaptado a nuestra realidad y a las recomendaciones de los convenios internacionales. Tanto la Constitución española como nuestro Estatuto de Autonomía recogen la posibilidad de trasladar materias competenciales que vienen siendo ejercidas por el Estado a la comunidad autónoma. Incluso diversos grupos políticos de esta Cámara, algunos con representación en el Parlamento gallego, se han mostrado favorables a iniciar un diálogo en este sentido.

El salvamento marítimo, la protección del tráfico en la mar y la lucha contra la contaminación marina son actuaciones fundamentales para una potencia pesquera del tamaño de Galiza y para una zona por la cual transita gran parte del tráfico mundial de embarcaciones con materiales peligrosos. Los problemas de coordinación entre las diferentes administraciones, que han quedado en evidencia en muchos accidentes marítimos ocurridos frente a nuestras costas y que incluso han sido recogidos entre las conclusiones de la subcomisión del Congreso que se creó a raíz de la catástrofe del Prestige, convierten en una necesidad imperiosa la asunción por nuestras propias instituciones de las competencias en esa materia desde la cercanía, desde el conocimiento de las particularidades de nuestro litoral, contando con la comunidad científica y los técnicos marítimos gallegos para poder aplicar una adecuada política preventiva y para proteger los intereses de los miles de gallegos y gallegas vinculados directamente a la actividad pesquera como uno de los sectores estratégicos de nuestra economía.

Señorías, todas estas razones son las que nos llevan hoy de nuevo -insisto en que no es la primera vez- a demandar la transferencia de las competencias y a solicitarles la toma en consideración de esta proposición de ley, independientemente de que no haya acuerdo en todos y cada uno de los puntos que se proponen y que se podrían matizar o modificar en el trámite parlamentario.

Muchas gracias, presidente. Gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Pérez Fernández.

Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Agirretxea.


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El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente porque lo más importante lo ha dicho la proponente, la compañera del Bloque Nacionalista Galego. Ya de antemano digo que apoyamos la proposición que nos presentan porque estamos totalmente de acuerdo con lo que proponen. El Bloque Nacionalista Galego solicita que el Gobierno haga una ley orgánica que transfiera la competencia de salvamento marítimo y contaminación marina a la Comunidad Autónoma de Galicia. El Bloque Nacionalista Galego lo sustenta en la capacidad que la Constitución otorga en su artículo 150 y en el artículo 36 del Estatuto de Autonomía de Galicia. ¿Cuál es la situación de Galicia? La he explicado perfectamente la compañera. Es una situación geográfica específica, con enorme tránsito de buques de gran tamaño, una costa muy accidentada y una meteorología muy inestable en algunos meses del año. Eso es evidente. Le ocurre lo que a todos los finisterres europeos, tanto en Bretaña, como en la costa inglesa, como en Irlanda o en otros lugares. El resultado es el de una importante siniestralidad. La diputada ha dado los datos correspondientes a la siniestralidad sobre la base del territorio y el 80 % de la siniestralidad ocurre en Galicia tanto en vidas humanas como en contaminación marina, porque pasan por allí cargas muy contaminantes y peligrosas, además de cargas de muchas otras clases.

¿Quién se encarga de la prevención y de actuar en caso de accidente? Esa es la gran pregunta que se hace hoy en esta tribuna. ¿Quién es el competente en esa materia? Evidentemente, por ahora, el Estado. ¿Por qué solicita el Bloque Nacionalista Galego la transferencia de la competencia? Creo que es por dos motivos. Uno, es una cuestión puramente política, porque la Comunidad Autónoma de Galicia puede ser competente en la materia y, de hecho, quiere serlo. Y, dos, por una cuestión puramente pragmática: porque el que es actualmente competente se supone que no lo está haciendo bien o porque se considera que si esa competencia estuviera en manos de la Comunidad Autónoma de Galicia lo haría mejor. La compañera del Bloque Nacionalista Galego ha dado datos de cómo está funcionando en este momento y creo que son preocupantes. El Estado seguramente no está ejerciendo esta competencia lo más correctamente posible en esta materia tan sensible y tan importante para Galicia y para cualquier lugar costero en el Estado español. Por tanto, como hemos dicho, existen dos motivaciones. Independientemente del carácter político que implica esta competencia, que yo creo que Galicia tiene reconocida tanto en su Estatuto como en la propia Constitución, existe una motivación de denuncia. Actualmente, y no hay más que leer lo que se plantea en la proposición del Bloque Nacionalista Galego, los recientes y reincidentes siniestros han puesto en evidencia, entre otras cosas, la inadecuación del actual modelo de salvamento marítimo vigente en el Estado español en relación con las peculiaridades que presenta el litoral gallego. Pero dice que en todo el Estado español, porque es una situación que se da en todos lados, lo que ocurre es que en Galicia hay más siniestralidad y queda más en evidencia esa situación de descoordinación, esa situación de ineficacia absoluta que se da cuando desgraciadamente hay siniestros marítimos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que propone el Bloque Nacionalista Galego para Galicia porque pedimos lo mismo para Euskadi y estamos en una situación similar. Lo hemos reclamado más de una vez y lo seguiremos haciendo.

En Euskadi no tenemos la transferencia de la competencia, pero el artículo 12 del Estatuto de Autonomía de Gernika dice: "Corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias:" y el apartado 10 dice: "Salvamento marítimo..." Por lo tanto, creo que, a pesar de no tener la transferencia de la competencia, el Estado le reconoce la capacidad para ser competente en esa materia. Se ha solicitado la transferencia formalmente más de una vez porque Euskadi está preparada con creces, y así lo ha demostrado, para asumir y ejercitar esta materia. Está tan preparada que, aunque no se ha transferido, se realiza, y se lleva a cabo porque el Gobierno vasco no puede estar con los brazos cruzados cuando ocurre una situación de siniestro y hay que actuar, porque la sociedad nos lo está pidiendo y porque lo que más nos importa es el servicio a la sociedad, independientemente de que se tenga o no la competencia. Por tanto, creo que el Estado también se debería hacer esa pregunta: ¿qué es lo que está ocurriendo? Es un servicio de eficacia y de inmediatez y hay que prestarlo. Si cuando ocurre un siniestro esperamos a que actúe el competente en la materia, habrá que estar por si acaso, y como se está, se actúa de la manera que se puede, con una encomienda a la Cruz Roja, por medio de la Ertzaintza, etcétera. Así pues, queda en evidencia -he dado el ejemplo de Euskadi y la compañera de Galicia lo mismo- que el sistema actual no está funcionando. Si los estatutos dicen que las comunidades autónomas son competentes en esa materia y pueden asumir esa competencia, la pregunta que me hago es: ¿por qué no se transfiere?, ¿qué motivos hay para decir que


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el Estado funciona mejor con su sistema que transfiriéndolo a las comunidades autónomas en una materia tan sensible e importante?

Para acabar solo quiero decir que estamos de acuerdo con que se transfiera a Galicia. Es una cuestión que evidentemente han de solicitar los gallegos y lo ha solicitado un grupo gallego. Entiendo que igual hay otros grupos que también representan a los ciudadanos gallegos y que no están de acuerdo porque consideran que el Estado es el competente o lo hará mejor, pero eso hay que demostrarlo con datos. En el caso de Euskadi le puedo decir que quien diga lo contrario no estará diciendo la verdad. Gracias a la actuación que se está llevando a cabo por la coordinación de los servicios de emergencia que el Gobierno vasco tiene activados a través de la Cruz Roja, de la Ertzaintza, etcétera, se está actuando a tiempo. Yo no digo que otros no lo hagan con la mejor de las voluntades, ¿pero están preparadas las infraestructuras?, ¿el Ministerio de Fomento está verdaderamente fomentándolo? Porque se puede tener la competencia pero no invertir lo que hay que invertir para que esa competencia verdaderamente funcione como debe.

Por tanto, y para acabar, apoyamos la propuesta de los compañeros gallegos. Esperemos que algún día no solo se le transfiera esta competencia a Galicia, sino también a Euskadi.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Agirretxea.

Grupo de Unión Progreso y Democracia. Tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.

Este es un debate en el que habitualmente nos quedamos solos. Somos críticos con cómo se han cedido algunas competencias por varias razones. En primer lugar, porque creemos que se ha hecho con nula visión de Estado, ha sido una visión cortoplacista y un simple mercadeo de apoyos para poder gobernar, y esto ha creado varios problemas que nos preocupan especialmente. En primer lugar, la pérdida de la igualdad de todos los españoles, que depende de los recursos a los que tienen acceso y de dónde residan. En segundo lugar, lo hemos dicho también muchas veces, porque se ha perdido capacidad y forma de gestión y también recursos a los que podríamos tener mejor acceso. Este es el caso que nos ocupa. A mí me parece que es obvio que el problema de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación en esa zona es especialmente grande. Precisamente por esa razón no estamos dispuestos a ceder competencias allí a lo pequeño, sino más hacia lo grande; es decir, estamos por que sea el Estado el que se siga ocupando de esto y por que el Estado trabaje de forma intensa para que, por ejemplo, en el seno de la Unión Europea sea donde realmente se realice un trabajo que nos parece necesario. Cuanto más en grande pensemos, más capacidad de gestión tendremos y, sobre todo, un acceso a más recursos. Es obvio que debemos contar con la experiencia de los gallegos, que conocen mejor que nadie esa zona y tienen bastantes medios, pero también nos parece que los gallegos merecen más recursos y una mejor gestión.

Me gustaría terminar señalando lo obvio. Los ciudadanos de Ribadeo, de Rota o de Benicarló tendrán una seguridad marítima mejor garantizada en manos de una Administración central cada vez mejor coordinada con la Unión Europea. En eso es en lo que estamos nosotros.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Cantó.

Por el Grupo Parlamentario de IU ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, el señor Centella tiene la palabra.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero mostrar el apoyo de nuestro grupo a la propuesta que nos trae el Bloque Nacionalista Galego, tal y como ya se ha explicado, por dos motivos, uno de los cuales es de fondo. En un Estado que tiene que caminar hacia el Estado federal, que tiene que caminar hacia la posibilidad de que los distintos pueblos del Estado español tengan la mayor capacidad de autogobierno, es lógico que sea un tema administrado, coordinado y dirigido desde Galicia. Es algo que nosotros vemos dentro de la normalidad de lo que tendría que ser la distribución de los poderes dentro de un Estado federal. Pero también, como se ha dicho, por razones lógicas de operatividad, porque es la mejor forma de que funcione, la mejor forma de prestar un servicio tan importante, ya que en muchos casos de él dependen las vidas humanas. También por una cuestión más coyuntural, por la forma en que se ha llevado a cabo la gestión por parte del Partido Popular -y en algunos casos por parte de otros Gobiernos- de este tipo de servicios.


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Actualmente cuando se habla de recortes, cuando se privatiza, nos ponemos en otra lógica, en la lógica de que lo que vale es el negocio, lo que vale es la cuestión económica, y no lo fundamental, que es prestar un servicio que, repito, tiene como destinataria la propia vida del ser humano. Por eso, entendemos que algo no funciona bien en esta sociedad, que algo no funciona bien en este Estado cuando temas lógicos y que deben ser naturales tienen que venir una y otra vez al Pleno para encontrar el eco que hasta ahora han tenido, el eco que yo le auguro a esta bienintencionada iniciativa pero que nos tememos que vuelva de nuevo a chocar contra un muro. Ustedes podrán poner muros, podrán poner vetos, podrán poner noes a esta propuesta, pero lo único que conseguirán es que se evidencie cada vez más que lo que se ha llamado el Estado de las autonomías es insuficiente, que necesita ser superado en estos momentos por la realidad histórica de este país. Hace falta un debate, para los que somos federalistas, para los que creemos en el Estado federal, sobre cómo avanzar realmente hacia un Estado federal. Y no nos digan lo que nos han dicho en muchas otras ocasiones, que España tiene más competencias que otros Estados federales. No es cierto. No solo es una cuestión de competencias, es una cuestión de diseño del Estado. Por tanto, España no es un Estado federal ni se le parece. En ese sentido, no solamente apoyamos la propuesta del Bloque Nacionalista Galego sino que entendemos que trae también a colación un debate que supera su propia iniciativa, que es la necesidad de que en España se avance y los distintos pueblos tengan la máxima capacidad de autogobierno para resolver los problemas y mejorar las condiciones de vida de sus propios ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, señora diputada proponente, ya sabe usted que va a contar con nuestro voto, como no podía ser de otra manera. Ya sé que a veces es bueno abreviar, pero para nosotros este es un tema de suma importancia y he querido subir a la tribuna para darle, en nombre de nuestro grupo, toda la importancia que creemos que tiene y para manifestar de esta manera que este es un debate de peso. En definitiva, es un debate -y se ha dicho anteriormente aquí- sobre el modelo de Estado. Esta es una competencia que ustedes reclaman en nombre de una fuerza galeguista y que, por ejemplo, desde Cataluña nosotros no hemos reclamado nunca; y tiene su razón de ser. Para Galicia este es un tema de una extraordinaria importancia por la configuración de sus costas, de sus mares, por características de todo tipo, como los temporales, por el aprovechamiento del mar que se hace, características que no tienen absolutamente nada que ver con lo que sucede en un rincón del Mediterráneo, aunque a veces también tenemos algún temporal y también tenemos situaciones de riesgo. Creo que vale la pena aprovechar todas las potencialidades de esto que se ha dado en llamar Estado de las autonomías. El Estado de las autonomías significa que si Madrid no tiene mar no hace falta que le demos competencias en puertos, es una obviedad, pero si hay alguna comunidad autónoma que tenga una problemática especial es bueno que esta comunidad autónoma, si así lo solicita, pueda disponer de una competencia que va a ejercer porque está absolutamente imbricada en las necesidades de esta comunidad autónoma, que pueden ser de esta y de ninguna más, o de varias. Esto nos pareció en su día entender a partir de una lectura normal y progresista de la Constitución española, no de una lectura a la que cada día por desgracia estamos asistiendo de la Constitución como una especie de prohibición para todo y para todos o para casi todos. Se ofrecían entonces posibilidades para esta lectura positiva y racional -repito, positiva y racional- de la Constitución.

La Constitución ofrece posibilidades, una es la que ustedes utilizan, el artículo 150.2, que Cataluña y esta Cámara han utilizado, porque se ha aprobado por una amplia mayoría de esta Cámara. Por lo tanto, la Constitución, en aquella lectura feliz de nuestros papás o de nuestros abuelos, permitía que desde Galicia se pudieran ejercer unas competencias necesarias -yo creo, y ustedes también lo creen- para proteger mucho mejor a sus ciudadanos y a los ciudadanos del mundo que pasan ante sus costas. Este es un tema de suma importancia para nosotros, es un tema en el cual se puede uno mantener al lado de aquella lectura abierta, positiva y feliz de la Constitución o, por el contrario, al lado de una Constitución que hoy es simplemente un traje que se ha quedado pequeño y que a algunos nos empieza a ahogar muy seriamente. Ustedes piden, sobre la base de este artículo 150.2 de la Constitución y también del artículo 36 de su Estatuto de Autonomía -que yo no conocía-, que se les transfiera una competencia en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina en el ámbito de la Comunidad Autónoma de


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Galicia. Me parece muy bien pero no tengo argumentos, simplemente suscribo los suyos. Aquella visión de decir que esto es algo que a todos compete por igual es una absoluta estulticia, en términos además de los medios que se destinan. Es decir, aquellos buques que por ejemplo son absolutamente imprescindibles para dar servicio a Finesterre cuando navegan por el Mediterráneo dan risa y las necesidades de salvamento que tiene la Costa Brava de apoyo a pequeños barcos turísticos, sobre todo en averías, son totalmente distintas. Desde esta concepción racional del Estado de las autonomías las funciones que realiza Salvamento Marítimo tienen una diversidad absoluta conceptual y funcional que encaja perfectamente con que algunas comunidades puedan ejercer esta competencia, en su caso. A lo mejor podía ser también el caso de Canarias, de las Illes Balears o de otras comunidades, y para nosotros este es un elemento -repito, más allá del tema concreto- de una gran importancia.

Por si fuera poco, hay temas que además no funcionan ni han funcionado. Todos podríamos aquí ser más o menos crueles y utilizar expresiones poco afortunadas hacia personas implicadas en grandes accidentes. Yo no lo voy a hacer porque no me gusta ser cruel, pero me consta que a pesar de los ingentes recursos que destina el Ministerio de Fomento como no hay esta imbricación con la gente del país, con las competencias en tierra que ya está ejerciendo la propia Xunta, esto no acaba de funcionar. Más allá del modelo de Estado -que también- existe un tema funcional de dar servicios a los ciudadanos con los recursos escasos que tenemos y servirles lo mejor posible, lo cual hace que su proposición de ley sea una propuesta que nos agrada, nos place, nos gusta. Lo que no nos gusta es que, lamentablemente -me temo-, no se la van a tener en cuenta. Puede servir y ser útil para avanzar, para hacer pedagogía e incluso para que aquellos que se desesperan a veces, cuando no entienden por qué los gallegos, los catalanes o alguien por ahí están pidiendo algo, se den cuente del porqué de las cosas. Los ciudadanos ven la función real del Estado en los argumentos de racionalidad, de funcionalidad, de servicio, de protección y de seguridad. En definitiva, lo que los ciudadanos nos piden es que el Estado sirva a los ciudadanos, les dé seguridad, les dé confianza, proteja al medio ambiente, etcétera. Todo esto es lo que los ciudadanos piden al Estado.

Me parece que cuando ustedes ponen un ejemplo para esta proposición de ley -que además, repito, ustedes se lo creen y les doy la razón- sirve para expresar esta concepción moderna, positiva, progresiva, convivencial, abierta, que sueña un poco con regresar a aquellos años pasados de la Constitución. Nosotros creemos que esta es una ocasión de oro para poder subir aquí y hablar de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina -tema que hoy traen aquí-, pero también para hacer pedagogía y explicar a los ciudadanos del Estado español que si están sucediendo ciertas cosas es porque no se dan respuestas racionales, positivas, abiertas, en clave del espíritu de la Constitución -repito- a los problemas de nuestros ciudadanos. Ellos, señorías, quieren un Estado que les ampare y proteja, que comparta las decisiones y que, en definitiva, sea un Estado protector en vez de represor. Esto es lo que creemos y nos lleva a votar favorablemente con total entusiasmo esta proposición de ley.

Muchas gracias, señoras y señores diputados.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Macias.

Grupo Parlamentario Socialista. Señor Ruiz Llamas, tiene la palabra.

El señor RUIZ LLAMAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, en nombre de Grupo Parlamentario Socialista intervengo para fijar posición respecto a la toma en consideración de esta proposición de ley que nos trae el Bloque Nacionalista Galego y que tiene por objeto pedir la transferencia en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina -competencia que reconocen exclusiva del Estado- a través del artículo 150.2 de la Constitución. En la exposición de motivos se menciona el elevado número de episodios de emergencias y accidentes sufridos en las costas gallegas en los últimos cuarenta y cinco años, de los cuales el más importante y conocido de todos por su gravedad fue el caso del Prestige en 2002. Este accidente puso en evidencia ante la opinión pública y la ciudadanía la pésima actuación del Gobierno, en aquel momento presidido por José María Aznar, en la gestión entre ministerios y en la coordinación de medios de salvamento marítimo de los que se disponía. Vivimos una tragedia muy importante respecto de la que fue muy célebre -ha dicho el señor Macias que no quería ser cruel, pero ahí está la hemeroteca- una frase del hoy presidente del Gobierno, señor Rajoy, que fue el coordinador responsable del Ejecutivo en ese caso, minimizando el impacto de una tragedia que conmocionaba a toda España al afirmar en sus declaraciones que todo estaba controlado y que solo emergían unos hilillos de plastilina a la superficie -el chapapote famoso-, que llegaron a todas las costas gallegas y a las de todas las comunidades limítrofes, e incluso a Francia.


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Hay que recordar una vez más la solidaridad de miles y miles de voluntarios de todo el Estado que acudieron a la limpieza de las playas y del litoral del chapapote y la contaminación que causó el siniestro. También fue indignante, señorías, la sentencia de los tribunales del caso Prestige para todos los ciudadanos gallegos y españoles, en la que no se consideraron responsabilidades políticas ni nadie fue condenado por los delitos cometidos contra el medio ambiente ni por los daños económicos ocasionados por el accidente que el fiscal de Galicia cifró en más de 2.400 millones de euros. Por tanto, entendemos y compartimos esta indignación y la desconfianza que todavía existe en Galicia por ese gran desastre ecológico y la nefasta gestión que se hizo.

Fue como consecuencia del Prestige que la Unión Europea aprobó todo un paquete de medidas legislativas, entre ellas la Directiva 2009/18 y la 2009/123, tendentes a mejorar la seguridad marítima y la prevención de la contaminación ocasionada por los buques para reducir el riesgo de siniestros marítimos. Se creó asimismo la Agencia Europea de Seguridad Marítima, y el Grupo Socialista es firmemente partidario de un Estado federal europeo también aquí. Por tanto, somos firmes partidarios de definir una política marítima en el marco de la Unión Europea con el objetivo de disponer de una política integrada dentro de una acción común, ya que los accidentes más graves que han acontecido en Galicia están asociados con el tráfico internacional, por eso influye de manera decisiva la regulación europea internacional. Desde luego hay que tener muy en cuenta las especiales características de la situación geográfica y la climatología de la zona. Según los datos a los que he tenido acceso, en Fisterra existe una intensidad de viento fuerza 8 más de 110 días al año, mientras que por ejemplo en el Mediterráneo en todo el año nunca llega a fuerza 4. También a título informativo les diré que cuando ocurrió el accidente del Prestige en España había una capacidad de recogida de fuel en el mar de 80 metros cúbicos para todo el país, y hoy en Galicia ya se cuenta con una capacidad de medios para la recogida de fuel de 6.500 metros cúbicos.

Respecto a la trasposición de esas directivas europeas, fueron incorporadas en el nuevo Plan de seguridad y salvamento marítimo y de lucha contra la contaminación 2010-2018 en el marco de la Unión Europea, y supuso un paso muy importante para consolidar nuestra política marítima, ya que aumentó nuestra capacidad de vigilancia, reforzó nuestro sistema de respuesta ante sistemas de comunicación incorporando normativa mucho más estricta y rigurosa en el tratamiento de los accidentes, ampliando de forma muy considerable los medios técnicos y humanos, además de reforzar las estrategias preventivas de lucha contra la contaminación, endureciendo el marco penal contra las acciones contaminantes y estableciendo mayores medios para el salvamento de vidas humanas. Como ejemplo en este tema de la responsabilidad del Estado sobre el tráfico marítimo sepamos -no se ha dicho- que, por la decisión de la Organización Marítima Internacional, España está cubriendo en estos momentos nada más 1,5 millones de kilómetros cuadrados, es decir tres veces la superficie de España, coordinada conjuntamente con la Unión Europea. Vamos a desglosar un poco los medios con que cuenta Salvamento Marítimo, que están compuestos en estos momentos por 4 buques polivalentes de salvamento, de lucha contra la contaminación marina; 10 buques remolcadores; 4 embarcaciones tipo Guardamar; 55 embarcaciones de intervención rápida; 11 helicópteros y 6 aviones de vigilancia para detectar los vertidos. Por tanto estamos hablando de que los medios de que se disponía en 2002 y de los que se dispone ahora han multiplicado por 7 u 8 su capacidad de respuesta y de coordinación; la coordinación tiene que ver mucho con una plantilla de más de 1.300 empleados en Salvamento Marítimo y nos permite situarnos estratégicamente a lo largo de las costas.

Nuestra posición, señorías, es clara. El Bloque Nacionalista Galego viene a pedirnos el traspaso en materia de salvamento no de acuerdo con lo que dice su estatuto en el artículo 29 -en el que pide, para entendernos, la materia ejecutiva- sino que viene a pedir a esta Cámara la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la competencia exclusiva que tiene atribuida constitucionalmente el Estado en materia de salvamento y lucha contra la contaminación marina. Esa competencia, señorías, es exclusiva del Estado, y nuestro grupo cree que debe mantenerse por razones de eficiencia, de capacidad en la respuesta, de una mejor utilización de los recursos de que se dispone, ya que el salvamento marítimo y la lucha contra la contaminación va más allá del ámbito territorial de una comunidad autónoma, por lo que no es aconsejable ni su cancelación ni su disgregación para mantener una adecuada capacidad de respuesta. Piensen que los accidentes más graves, que tuvieron mayores daños en el medio ambiente y en la economía -lo he dicho antes-, están asociados al tráfico internacional, por tanto es fundamental la regulación entre Estados miembros de la Unión Europea. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Sin duda es necesaria e imprescindible una mayor colaboración y


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coordinación entre los diversos medios del Estado y de las comunidades autónomas para esa prevención y actuación conjunta. En ese caso ya hay firmados convenios del Estado con la comunidad autónoma -concretamente uno se firmó el 18 de marzo de 2009-, pero se pueden revisar e incrementar; también hay una Comisión Nacional de Salvamento Marítimo que se constituyó justo para que el conjunto de administraciones públicas competentes pudieran participar en los objetivos. Señorías, la iniciativa que presenta hoy el Bloque Nacionalista Galego tampoco viene avalada por el consenso del conjunto de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento gallego, ya que el Bloque Nacionalista Galego presentó esta misma proposición en el Parlamento de Galicia en 2010 para pedir la competencia exclusiva, que fue rechazada por la mayoría de la Cámara.

El Grupo Socialista apuesta por una política de Estado, por una política integral en el conjunto de la Unión Europea, con los medios humanos y técnicos de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación para el conjunto de nuestras costas. No se entendería que no pudiera coordinarse también con el conjunto de las administraciones de las comunidades autónomas, pero creemos que es mucho más eficaz si se actúa con la Unión Europea y, ante los siniestros que sucedan, se acude con todos los medios del Estado.

Por, las razones expresadas vamos a votar en contra de la toma en consideración.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Ruiz Llamas.

Por el Grupo Popular, señor Delgado Arce.

El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, fijo en nombre del Grupo Parlamentario Popular la posición sobre esta iniciativa de transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de competencias en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina. Señora Pérez, nadie pone en duda la legitimidad de su grupo parlamentario para presentar cualquier clase de iniciativa, pero desde luego por la temática a que se refiere esta, que es transferir competencias a una comunidad autónoma, le pregunto: ¿No le parecería que debería haberla traído con apoyo o respaldo de la propia comunidad, amparada en un acuerdo parlamentario, bien del Parlamento de Galicia o de la Xunta de Galicia? (Aplausos). El Bloque Nacionalista Galego es una fuerza muy respetable, pero hoy tiene en el Parlamento de Galicia el 10 % de los votos. Creemos que para una materia tan importante como esta debería sumar más apoyos, pero, si no los trae, es simplemente porque no los tiene. Por lo tanto, señorías, hoy debatimos la posición de un partido político, no la posición de una comunidad autónoma.

Como bien decía el señor Román, este tema no es nuevo. Esta misma iniciativa se debatió en el Parlamento de Galicia en el mes de marzo de 2010 y fue rechazada; el Partido Socialista se abstuvo y el Partido Popular en Galicia votó en contra. En la legislatura autonómica en la que estamos esta iniciativa se registró en junio en el Parlamento de Galicia y aún no fue objeto de debate. ¿No les parecería razonable haber esperado a ver qué opina el Parlamento de Galicia sobre esta petición que ustedes traen? También me gustaría recordarles algunos antecedentes. En Galicia desde 2005 a 2009 gobernó un bipartito, Partido Socialista-Bloque Nacionalista Galego, y las funciones de reclamación de las transferencias las tenía la vicepresidencia de la Xunta, entonces en manos del señor Quintana, del Bloque Nacionalista Galego. Pues bien, lo que se consiguió en esa legislatura fue exclusivamente la firma de un convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Galicia y el Gobierno central para cooperar en materia de salvamento marítimo. Fue un convenio que venía a renovar el que en 1991 había firmado el presidente Fraga; un buen convenio de cooperación que justamente aún hoy sigue vigente. Desde 2006 se abandonó por completo hasta 2009 la reivindicación por el Bloque Nacionalista de esta competencia cuando tenía funciones de gobierno en Galicia.

Después de estos antecedentes y ya que esto es una proposición de ley, por lo tanto una cuestión jurídica, les voy a dar los argumentos por los que nosotros no creemos que sea posible esta transferencia a la comunidad. Desde el punto de vista constitucional es evidente que esta competencia de salvamento marítimo es de carácter estatal -está en el 149.1.20.ª de la Constitución- pero, cuando se desarrolla, por la Ley de Puertos, se enumera que dentro de la marina mercante está el salvamento de la vida humana en el mar, la limpieza de aguas marítimas, además de la prevención y la lucha de la contaminación del medio marino. El Estatuto de Autonomía de Galicia -nuestro Estatuto de Autonomía, señora Pérez- dice en su artículo 29.3 que la comunidad tiene competencia en materia de ejecución de la legislación del Estado en salvamento marítimo. Esto se refiere a las aguas territoriales que corresponden a nuestro litoral. Por otra parte, tampoco podemos desconocer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la sentencia 40/1998, que ha considerado indubitable el título competencial estatal en materia de salvamento


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marítimo, concretamente: que puede verse afectado, como la exigencia de una intervención inmediata motivada por situaciones de catástrofe o emergencia y que determinan que es necesario disponer por el Estado de potestades de tipo normativo o ejecutivo en materia de salvamento marítimo.

Por otra parte, no podemos dejar de señalar hoy aquí las dificultades que conllevaría la articulación de un traspaso de servicios a la Comunidad Autónoma de Galicia en el caso de que esta iniciativa fuera finalmente aprobada, porque los medios de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) no están diseñados solamente para atender actuaciones en 12 millas, sino para prestar servicios en una zona de responsabilidad de búsqueda y salvamento marítimo internacionalmente aceptado que, como se ha dicho, tiene nada más y nada menos que 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Esto es consecuencia de los mandatos que hemos asumido como consecuencia de haber suscrito el Convenio internacional de búsqueda y salvamento marítimo de 1979, el conocido como Convenio SAR. Por lo tanto, España tiene que colaborar internacionalmente en la lucha contra esta contaminación y en el salvamento marítimo, y no solamente en zonas españolas sino en otras limítrofes, como Francia, Reino Unido, Marruecos, Portugal e Italia.

Concluyendo, señorías, el salvamento marítimo no es susceptible de división administrativa, no se puede parcelar, porque los compromisos internacionales que tiene España obligan a mantener un coordinador nacional único en estas materias. Además, los medios que realizan tareas de salvamento marítimo son los que se utilizan también para la lucha contra la contaminación y asimismo es una competencia exclusiva de la Administración General del Estado. Cabría preguntarse: ¿Además de las razones jurídicas, en Galicia estamos desasistidos de medios de salvamento marítimo? Siempre se pueden tener más, pero realmente en este momento Salvamento Marítimo tiene en Galicia 1 buque polivalente de salvamento y lucha contra la contaminación, 2 remolcadores de salvamento, 1 guardamar, 7 salvamares, 1 avión, 2 helicópteros, una base estratégica y una base subacuática en Fene, tres centros de coordinación -uno en A Coruña, otro en Fisterra y otro en Vigo; el de Fisterra asume funciones en el dispositivo de separación del tráfico-, desde los que se coordinan las actuaciones de búsqueda, rescate, salvamento y lucha contra la contaminación en el ámbito geográfico asignado a cada uno de ellos.

Señorías, nosotros queremos también poner en valor en el hemiciclo del Congreso de los Diputados los medios que la Comunidad Autónoma de Galicia en el ejercicio de sus competencias estatutarias se ha dotado justamente en materia de salvamento marítimo. Por eso, ya desde 2004, hace ya diez años, se creó el servicio de guardacostas de Galicia -os Gardacostas de Galicia-, configurado como un servicio público, ya que dentro de las competencias que tiene atribuidas cumple con las funciones de inspección y vigilancia pesquera, las de control del medio marino, las de prevención y lucha contra la contaminación marina y salvamento marítimo, así como cualquiera otra que pueda encomendársele, atendiendo de esta manera de un modo eficaz a las demandas del sector pesquero y marisquero en esta materia. Es una ley autonómica que señala en su artículo 2 como principio básico ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución española, al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico, y que establece en su disposición adicional segunda que el Gobierno gallego coordinará con la Administración del Estado los medios y la información en materia de seguridad y salvamento marítimo tanto en aguas interiores como en las exteriores de la comunidad autónoma. Quede claro, y muy claro -he escuchado aquí algunas informaciones que revelan un absoluto desconocimiento de la realidad del salvamento marítimo en Galicia-, que en Galicia hay una muy buena colaboración -yo diría ejemplar- en materia de salvamento y lucha contra la contaminación entre Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de Fomento, y Guardacostas de la Xunta de Galicia. Existe una excelente coordinación, se hacen ejercicios periódicos conjuntos todo el año, se realizan reuniones periódicas de seguimiento, se ponen en común los protocolos a seguir, así como el conocimiento mutuo de equipos y medios disponibles, y a nivel operacional desde Sasemar se coordinan las operaciones y se disponen de los medios de la Xunta como si fueran del Estado. Cuando hay una emergencia, cuando hay una necesidad, nadie mira quién es el titular de la competencia; se mira es el servicio público que hay que prestar, el ciudadano que está en apuros y las personas que están en peligro.

Por todas estas razones, señorías, nosotros vamos a votar en contra de esta proposición de ley orgánica. No entendemos ni creemos que deba lanzarse un mensaje de que todo aquello que depende de la Administración del Estado contraviene el Estado autonómico. Nosotros pensamos que el Estado es la Administración General del Estado, la Administración autonómica y la Administración local; por encima de las administraciones todo está orientado a una finalidad común: que nuestros ciudadanos estén mejor


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atendidos, especialmente las personas que están en el mar y que tantos peligros asumen todos los días y todas las noches.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Delgado.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD. (Número de expediente 162/001042).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Proposiciones no de ley. En primer lugar, debatiremos la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la modificación de la Ley de patrimonio natural y biodiversidad. Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Torres Herrera.

El señor TORRES HERRERA: Gracias, presidenta.

Como saben ustedes, señorías, la ministra García Tejerina anunciaba en su comparecencia en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del pasado mes de junio la modificación de la legislación sobre patrimonio natural y de la biodiversidad. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular, consciente de la importancia de una ley que establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber de conservar y con el objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo, registró el pasado mes de septiembre esta iniciativa que hoy debatimos con dos aspectos que deben ser tenidos en cuenta. La tramitación de la ley ha comenzado su singladura y tras la elaboración interna en el Gobierno empezó su proceso de participación pública el pasado 10 de octubre con la exposición de un borrador de anteproyecto de ley para que los ciudadanos participen con anterioridad a su aprobación y así garantizar el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente. Es pues el momento idóneo para que el Congreso de los Diputados realice sus contribuciones en el debate público del anteproyecto de ley.

La modificación de la ley está más que justificada, pues la experiencia adquirida durante los años de aplicación de la Ley 42/2007 ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar ciertos aspectos de su aplicación para simplificar y mejorar la misma, especialmente en lo que se refiere a la gestión de los espacios protegidos. Ha quedado de manifiesto que la riqueza de la biodiversidad española es incuestionable. Quizá sea este uno de los motivos por el que nuestro país es pionero en la legislación y en la conservación de la biodiversidad europea desde principios del siglo XX. Un dato importante, a modo de ejemplo, para que sus señorías vean la importancia de esta ley, es que España es el primer país en aportación de espacios protegidos a la Red Natura 2000, contando con 1.448 lugares de importancia comunitaria (LIC) y con 598 zonas de especial protección para las aves (ZEPA), que suponen en conjunto una superficie total de más de 147.000 kilómetros cuadrados, lo que representa un 27 % del territorio español. Además, contamos con 118 tipos de hábitats del anexo I, 260 especies del anexo II de la Directiva Hábitats y 125 especies del anexo I de la Directiva de Aves, además de 73 aves migratorias con presencia regular. El Gobierno declaró el pasado mes de junio 39 zonas de especial protección para las aves y la propuesta a la Comisión Europea de cuatro grandes espacios marinos en la lista de lugares de importancia comunitaria de la Red Natura 2000. Estas 39 ZEPA suponen alrededor de 4,9 millones de hectáreas marinas incluidas en la Red Natura 2000. Se han estudiado diez zonas para proponer como LIC, además de las ZEPA. Estos nuevos LIC suponen más de 1,7 millones de hectáreas marinas, que se incluyen e incrementan a la Red Natura 2000 y se añaden a las 39 zonas de especial protección para las aves. La modificación que se propone de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad debe tener por objeto garantizar la correcta aplicación e incorporación de la normativa comunitaria en nuestro ordenamiento jurídico, además de incorporar al mismo los principales objetivos de la estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad hasta 2020. Con este fin resulta imprescindible evitar la pérdida neta de biodiversidad, así como la prevención de los problemas que se pudieran derivar como consecuencia del cambio climático, aspecto este que ya fue tenido en cuenta en la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, en la que se integraban tanto los planes y los programas, como los proyectos.

Por todo ello, este grupo parlamentario presenta esta proposición no de ley para proceder a la revisión del contenido de la Ley 42/2007, con el objetivo de actualizar y optimizar su contenido a las necesidades actuales y, en especial, para mejorar los sistemas de indicadores para el seguimiento de la biodiversidad,


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asegurando que los más importantes sean comunes y utilizados por todas las administraciones con responsabilidad en el seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad. En este sentido, se deberá establecer en el Inventario español del patrimonio natural y de la biodiversidad un sistema de indicadores para expresar de forma sintética sus resultados, de modo que puedan ser transmitidos al conjunto de la sociedad, incorporados a los procesos de toma de decisiones e integrados a escala supranacional. Estos indicadores se deberán elaborar con la participación de todas las comunidades autónomas. Gran parte de esta información ya se encuentra disponible en las distintas administraciones públicas, aunque en muchos casos de forma dispersa, heterogénea o de difícil acceso. Por tanto, resulta imprescindible organizar y armonizar esa información para gestionar y conservar nuestra biodiversidad. Por ello, más que crear datos nuevos se pretenden establecer los cauces para el intercambio y armonización de la información ya existente en cumplimiento de las obligaciones de información establecidas por las diferentes normas jurídicas de ámbito estatal para mejorar los instrumentos de gestión de la Red Natura 2000, que permitirán al ciudadano de manera sencilla y clara conocer las posibles limitaciones impuestas a estos territorios, así como fomentar todas aquellas actividades socioeconómicas compatibles con el espacio que permitan potenciar el empleo y el nivel de vida de las poblaciones incluidas en la red. En este sentido, se debe plantear como objeto fundamental la gestión de los espacios protegidos y, en particular, de los incluidos en la Red Natura 2000 para garantizar su protección y adecuación a los fines por los que han sido declarados. Asimismo, se deberían incluir una serie de medidas destinadas a fomentar el apoyo de las administraciones públicas a las actividades económicas compatibles con la conservación de los espacios naturales protegidos que contribuyan al bienestar de las poblaciones locales y a la creación de empleo en la misma dirección en la que se ha planteado la nueva Ley de Parques Nacionales. Estas son las líneas principales que inspiran esta iniciativa para la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y que forman parte de esta proposición no de ley.

Señorías, este Gobierno ha demostrado su sensibilidad en materia de biodiversidad, algo que les recuerdo que no es monopolio de la izquierda, y desearía recordarles algunas actuaciones destacadas. Se han completado los espacios de la Red Natura Marina ya comentados anteriormente; se ha aprobado el catálogo de especies exóticas invasoras para solucionar un problema que llevó a una iniciativa a una situación de confrontación con muchas comunidades autónomas, y también se ha aprobado el Plan sectorial de turismo, naturaleza y biodiversidad 2014-2020, paso importante para integrar el sector económico en España y la conservación de la biodiversidad. Por último, en relación con la enmienda presentada por el Grupo Socialista, señorías, el espíritu de una propuesta de modificación de una ley es asegurar su mayor eficacia y aplicación de la misma. Este Gobierno no ha dejado de aplicar esta ley, que sigue en vigor, ni de desarrollar los instrumentos que en la misma se exigen. El desarrollo reglamentario previsto en la ley está casi completo, ya que han sido aprobados múltiples reales decretos en su desarrollo, así como directrices que han sido aprobadas por la conferencia sectorial. El plan estratégico se está ejecutando desde que fue aprobado, por lo que no es necesario instar a su ejecución. Por cierto, el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad que ustedes exigen aplicar debería estar aprobado dos años después de la aprobación de la ley de 2007 y, sin embargo, se aprobó dos años después, en septiembre de 2011, cuando el Gobierno socialista con unas elecciones en ciernes se dignaba a su aprobación. Por último, respecto a la información con carácter anual, el ministerio edita un informe sobre la situación del patrimonio natural y la biodiversidad que he presentado a la conferencia sectorial y al Consejo Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y que está disponible en la página web del ministerio. Por todo ello, no vamos a aceptar esta enmienda y, por tanto, espero que sus señorías apoyen esta proposición no de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Torres.

Efectivamente, hay una enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora Lucio.

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, presidenta.

Señoría, miedo me da. Es duro tener que empezar así un debate parlamentario pero no hay nada que describa mejor mi sensación al leer esta proposición no de ley. Miedo me da pensando en la trayectoria que han seguido ustedes de demolición del sistema de protección ambiental de este país y miedo me da teniendo en cuenta las modificaciones legislativas que ustedes han realizado, rebajando al mínimo las exigencias de protección de leyes que afectan a las costas, a los residuos, a la contaminación, a la


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evaluación del impacto ambiental, a la Ley de Parques Naturales, y ahora quieren atacar esta ley. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Señoría, la Ley de protección del patrimonio y la biodiversidad es relativamente joven, del año 2007, y alcanzó un amplio consenso en su elaboración y un amplio respaldo político en esta Cámara. Ustedes plantean una modificación de esta ley sin ningún argumento político, ya que en su exposición de motivos no especifican qué determinaciones de la norma son las que han quedado desfasadas. Es más, señoría, le diré que nada, absolutamente nada en esta ley, con la actual redacción y sin cambiar ni una coma, les impide a ustedes mejorar los indicadores o la gestión tantas veces como crean necesario para optimizarla. Las mejoras técnicas como las que ustedes proponen en esta proposición no forman parte de la ley, sino de su aplicación. La ley dice también que hay que tener indicadores para conocer la situación de la biodiversidad y su estado de conservación, pero, obviamente, no dice cuáles deben ser esos indicadores. Eso es parte de la responsabilidad del Gobierno, definir cuáles son los indicadores. Asimismo, la ley dice que hay que impulsar un modelo de gestión armónico integrado, pero no dice cuál tiene que ser, excepto los condicionantes de gestión impuestos por las directivas comunitarias. Por tanto, serán las administraciones autonómica y local quienes, de acuerdo con sus competencias y responsabilidades, decidan cómo hacerlo. Además, le diré que también me da miedo y me caben algunas dudas en este caso, porque ¿no será que ustedes quieren controlar la gestión mediante la recentralización de competencias en lugar de velar por la aplicación eficaz de esta ley? Señoría, parece que han hecho todo lo posible para no desarrollarla ni técnica ni reglamentariamente. El plan estratégico, como usted bien ha dicho, está aprobado desde hace más de tres años y no han hecho nada, por mucho que usted diga. No hay ningún resultado, ningún análisis científico y riguroso que permita decir que haya que cambiar la ley. Primero desarróllenla y después cambien lo que sea necesario, pero nunca al revés, porque esta Ley de Patrimonio no ha sido contestada por ninguna comunidad autónoma y tampoco por la comunidad científica. No ha sido contestada ni por los actores sociales. Entonces, ¿díganme ustedes por qué quieren cambiarla? ¿Serán de nuevo intereses muy, muy particulares, como el caso de la modificación de parques nacionales, los que estén presionando para abrir en canal de nuevo esta Ley de protección medioambiental o quizá serán los intereses particulares, privados, los que volverán a primar sobre el interés general? ¿Será el beneficio a corto plazo el que prime sobre los valores intergeneracionales o será el aprovechamiento privado el que prime frente al uso racional de los recursos públicos? A eso es a lo que tendrían que contestar.

Señoría, hemos propuesto una enmienda de modificación a su proposición no de ley, en coherencia con lo que le acabo de explicar, para instar al Gobierno a que desarrolle en su totalidad esta ley, a que asegure su cumplimiento, para que ejecuten el plan estratégico que está en vigor, mejoren los instrumentos de desarrollo de la ley y las dotaciones presupuestarias necesarias para hacerlo posible y para que mantengan al Parlamento informado sobre la situación real de la naturaleza en España. Estas son las urgencias respecto a la ley, señoría, y no cambiar la ley. Solo quien tiene un proyecto político claro, definido y que representa el interés general modifica las leyes para hacerlo posible. Un cambio de ley responde a un proyecto político. No es una excusa para demostrar que el grupo que sustenta al Gobierno tiene iniciativa ni mucho menos puede servir como excusa para seguir dilapidando el trabajo hecho y los consensos adquiridos en la política de protección medioambiental de este país. Dejen tranquilas las leyes que son buenas y están consensuadas y pónganse a trabajar para que funcionen correctamente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lucio.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente, y hoy doblemente por darme la palabra y porque agradezco su presencia aquí, porque con usted siempre me he sentido amparado y nunca, nunca calificado ni criticado. Muchas gracias.

Cuando el Grupo Parlamentario Popular se propone modificar el régimen legislativo en asuntos medioambientales, algunos nos echamos a temblar. Por lo que indican en la PNL, parece que su intención, como en muchas otras iniciativas, es recentralizar competencias transferidas. La credibilidad del Gobierno del Partido Popular en la conservación de los espacios protegidos y del medio ambiente es mínima o inexistente, y no hace falta recordar la Ley de Costas, las prospecciones de petróleo o sus intenciones con el fracking. Abundando en ello, no hay más que recordar la presentación de la enmienda del Grupo


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Popular en el Senado el pasado 20 de octubre que menoscaba la protección de los parques nacionales, que recordemos que ocupan el 1 % del territorio, con el fin de favorecer intereses privados y que ha merecido el reproche de las mayores organizaciones de conservación de la naturaleza del Estado. Si en los espacios bajo su directa tutela, como son los parques nacionales, el Grupo Popular en el Senado presenta enmiendas que van en detrimento de la conservación de estos espacios y hacen que una ley mala sea aún peor, difícil es considerar creíble que vaya a legislar con la intención única de proteger los espacios naturales en territorios bajo competencia de las comunidades autónomas.

De otra parte, la PNL osa afirmar que la Red Natura 2000 está prácticamente concluida, cuando lo cierto es que solo un 13 % de los 2.046 espacios que la conforman cuentan con planes de gestión aprobados a pesar de que deberían haber estado aprobados en diciembre de 2011 por mandato de la Directiva europea 92/43. Por tanto, la cuestión no es la mejora de instrumentos de gestión cuando en la mayoría de los espacios son inexistentes y, en el caso de los aprobados, la mayoría carece de objetivos de conservación bien definidos o de líneas de financiación adjuntas; papel mojado. Sería mucho más ajustado a la realidad que la PNL recogiese la necesidad de cumplir con las exigencias de la directiva y, en consecuencia, exigir que todos los espacios de la Red Natura 2000 contaran con planes de gestión definidos, eficaces y con financiación. Es, pues, difícil mejorar lo que aún no existe. Lo que deberían hacer es reconocer el retraso y comprometerse a cumplir la directiva y sus plazos. Pronto tendrán que hacerlo si llega un requerimiento de la Unión Europea; o quizás no, pues con el comisario de Medio Ambiente elegido no sé si podemos contar con alguna preocupación por el medio ambiente por parte de la Comisión Europea.

En definitiva, el objetivo a alcanzar debe ser garantizar el buen estado de conservación de los espacios protegidos y, para ello, deben incorporar las normas de gestión de la Red Natura 2000 a los PRUG, planes rectores de uso y gestión, y no al revés. Lo que urge no son cambios legislativos, sino cumplir con el mandato europeo ya existente y creerse la responsabilidad que supone la protección del 30 % del territorio del Estado que está incluido en la red. Lo que urge es aprobar los planes con financiación y que sean eficaces y se ajusten a las necesidades ambientales. Tienen que otorgar seguridad a la gente que tiene su actividad económica en estos entornos. La protección de estos espacios redunda en beneficios ambientales para toda la sociedad, por lo que deberían ser una prioridad. Además, van a ser claves para acceder a instrumentos de financiación europea. No sabemos si lo que pretende el Grupo Popular es rebajar lo que hay aprobado o ganar tiempo; lo que sí sabemos es que de nuevo se equivocan y de nuevo acabaremos pagándolo los ciudadanos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

La proposición no de ley que nos propone el Grupo Parlamentario Popular es una proposición trampa; permítanme esta expresión que utilizó por primera vez un dirigente del Partido Popular para otra cosa. En este caso sí es una proposición trampa. Les explico. La parte expositiva de la proposición no de ley dice que el Gobierno revise la Ley 42/2007 para conseguir dos objetivos: mejorar el sistema de indicadores y mejorar los instrumentos de gestión. Bien, puedo estar de acuerdo; el problema no es qué se pide, sino cómo se hace eso, y ahí está la trampa. Ustedes presentan una proposición no de ley pidiendo al Gobierno que haga algo que ya está haciendo, y aquí está el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la última versión la del 8 octubre. Es decir, no entiendo que vengan aquí a pedir por medio de una PNL que el Gobierno revise algo cuando seguramente es el propio Gobierno el que les ha dicho: pidan esto porque estamos haciendo esto. ¿Para qué? ¿Quizás para que después se pueda decir que la mayoría absoluta de la Cámara ha pedido al Gobierno que se revise, porque a lo mejor las comunidades autónomas, incluidas las que gobiernan ustedes, han sido muy críticas con el anteproyecto que se ha presentado y no están totalmente de acuerdo con lo que el ministerio propone? Por tanto, de una u otra manera no vamos a hacer aquí juegos de proposiciones cuando el Gobierno está llevando ya a cabo una modificación, no vamos a hacer como si fuera una petición de esta Cámara cuando esta Cámara no ha pintado nada en las modificaciones que ha propuesto el Gobierno. Es más, las comunidades autónomas han sido muy críticas con eso. Algunas comunidades han emitido informes demoledores sobre lo que está intentando el Gobierno a la hora de su modificación, porque es un proyecto de ley que invade claramente competencias, que modifica


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sustancialmente el contenido de la ley anterior, es decir, de la que está en vigor. Por cierto, no tengo por qué estar totalmente de acuerdo con lo que propone, pero a veces se dice que la ley es mala cuando lo que en realidad se está haciendo es una mala ejecución de la ley.

Por otra parte, creo que ustedes confunden revisar con modificar y rehacer totalmente y darle la vuelta a ese proyecto de ley existente. Por tanto, creo que tendríamos que dejar de hacer paripés. Esperemos a que el Gobierno traiga el proyecto de ley que tantas vueltas está dando y entonces en el debate parlamentario veremos perfectamente qué es lo que pretende y cómo, de qué manera; mientras tanto me fío. En este caso yo tengo, por ejemplo, el informe que ha emitido mi comunidad autónoma, que verdaderamente critica bastante la forma de hacerlo, la urgencia, la premura, con poco debate y de alguna manera sin profundizar en las materias más importantes. Visto esto, hasta que llegue el proyecto de ley mi grupo votará en contra de esta propuesta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo de UPyD, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.

Voy a explicar brevemente las razones de nuestra abstención. La primera de ellas tiene que ver con los prejuicios; vamos acumulando prejuicios a medida que la legislatura va avanzando, sobre todo en un tema como este, el medioambiental. Digamos que el señor Cañete ha dejado una impronta que nos preocupa. El representante del Grupo Popular hablaba de que esta propuesta se presentaba para cubrir las necesidades actuales. Ese es nuestro problema: ¿las necesidades de quién? ¿Las necesidades de los ecosistemas, las necesidades de los seres vivos o del medio ambiente, las necesidades del hombre? ¿De qué hombre, del homo constructor, del que está por la protección natural? Eso es lo que nos extraña y nos preocupa, y ahora le explicaré por qué.

Son dos puntos los que ustedes presentan en esta propuesta. En el primero hablan de armonizar indicadores y nosotros a priori, y desde luego sin el problema que ya he escuchado en Cámara en cuanto al tema competencial, estamos por que se armonicen, pero también sabemos que hay algunos indicadores que son claramente difíciles de armonizar porque hablan de temas y de ecosistemas muy distintos. Nos preocupa que esos indicadores que ustedes quieren cambiar o armonizar terminen siendo una cocina para justificar actividades como las que proponen en el segundo punto, que son las que realmente nos preocupan, porque tememos al Partido Popular por el histórico que tienen en esta legislatura y en algunas comunidades autónomas en cuanto a medio ambiente se refiere; por esa razón simplemente les pediríamos un cambio de verbo. Me explico, nos sería mucho más sencillo apoyar esta propuesta si en vez de fomentar actividades económicas dijeran informar, clarificar condiciones, etcétera. Nos extraña que el Partido Popular, que es incapaz de fomentar actividades económicas, que es lo que realmente hace falta en este país para crear riqueza y empleo, se empeñe en fomentarlas justo en aquellos lugares en los que pueden ser muy dañinas. El equilibrio entre esas labores, esos trabajos, esas actividades económicas y el mantenimiento de ese medio ambiente nos preocupa. Tememos que el saldo pueda ser negativo, porque habitualmente ese equilibrio, cuando ha sido llevado por ustedes, ha sido visto de una manera cortoplacista y, además, han salido perdiendo ambas, el medio ambiente pero también las actividades económicas, que quizá explotan y, como una burbuja, se reparten rápidamente, pero que luego, al empobrecerse el medio ambiente, terminan quedándose en nada. Así que querríamos una explotación, una creación de trabajo, sí, pero sobre todo lo que querríamos es armonizarla con una protección al medio ambiente, que, con esta propuesta que ustedes nos traen hoy, nos preocupa que no pueda ser garantizada. Por tanto, nos abstendremos en esta propuesta.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sanz.

El señor SANZ REMÓN: Señorías del Grupo Popular, otra propuesta en materia ambiental, otra propuesta que permite ver cómo vuelven a enseñar la patita, o más bien la garra, contra la protección ambiental. De nuevo nos traen una propuesta para una reforma en materia de política ambiental. De nuevo vuelven a justificar esa reforma por el incumplimiento de los objetivos de la ley en vigor. De nuevo mienten,


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permítanme que se lo diga -luego intentaré explicarme-, cuando en la exposición de motivos justifican el porqué de esa medida. Y de nuevo La Izquierda Plural va a tener que votar en contra de esta propuesta.

Esta propuesta tiene unas intenciones que no son otras que las de las leyes que han venido reformando en materia ambiental. Estamos hablando fundamentalmente de la Ley de Costas y de la Ley de Parques Naturales. Su propósito con todas estas reformas no ha sido otro que el de someter, una vez más, el medio natural a la actividad económica, y no al revés; es decir, la conservación al garete. Eso es lo que ustedes proponen con estas reformas. Creo que es pertinente hablar aquí de lo que ha pasado con la Ley de Parques Nacionales. Hace apenas una semana que ustedes, por la vía de enmienda en el Senado, perpetraron lo que nosotros consideramos una de las mayores agresiones contra la joya de la corona de nuestro patrimonio natural, ese 1 % de nuestro territorio. Y eso se debe a una enmienda con la que ustedes permiten que se supedite la entrada en vigor del régimen de protección a que el propietario de los terrenos decida si quiere o no quiere. Eso es así. Lo han aprobado hace apenas una semana. No nos podemos creer que con esta propuesta ustedes vayan a plantear una reforma que realmente blinde la conservación y vele por la protección del medio natural. Pero van más allá aún en esa propuesta, en tanto en cuanto amparan cualquier derecho real a futuro y sin limitación de explotación. Es decir, lo que antes no se podía hacer, actividades como las mineras en el Teide o en los Picos de Europa o proyectos como las urbanizaciones en los Picos de Europa, con la entrada en vigor de lo que ustedes están aprobado se va a permitir. Y otros muchos están en ciernes, algunos en mi tierra, en Aragón, como la unión de estaciones de esquí de la zona de Anayet, que va a suponer, de ponerse en marcha, la destrucción de Canal Roya. Si ustedes han sido capaces de eso, no esperen que aquí nosotros nos creamos que tienen una intención de conservación, de mejora, de profundización en el desarrollo de la ley. No nos lo digan, porque no nos lo creemos. Si ustedes son capaces de acabar con la protección del 1 % de nuestro territorio, que es lo que ocupan los parques nacionales, no quieran que nosotros nos creamos el espíritu que plantean en la exposición de motivos. Les proponemos que reconozcan su cruzada contra el medio ambiente. Si es su política, reconózcanla, no pasa nada. Se lo digo porque, para alcanzar los objetivos que ustedes planteaban en los dos puntos que trataré a continuación y que dan sentido a su propuesta, no hace falta reformar la ley. Desarróllenla, no hace falta reformar la ley. Existen posibilidades de poner en marcha esos indicadores de forma coordinada. Háganlo, es su responsabilidad, y háganlo como justificaron en su enmienda a la totalidad de la ley ahora en vigor, en el año 2007, respetando el ámbito competencial. Háganlo. Pero en realidad es que no quieren eso. Ustedes lo que quieren es precarizar los elementos que nos van a permitir y que nos permiten saber cuál es la cantidad de nuestras políticas sobre la base de los resultados que permitan su ejecución. Eso es muy fácil; el problema es que si no nos gusta el resultado que arrojan estos indicadores, lo que hacemos es precarizar estos indicadores, precarizar las herramientas para la evaluación, y así, evidentemente, lo que arrojen como resultado sí que nos gustará porque será el que nosotros queramos. Eso es, simple y llanamente, cuando menos, poco serio, señorías. No nos conviden a este tipo de paripés, porque nosotros desde luego no vamos a querer formar parte de ellos. Proponen la modificación del sistema de indicadores. Nosotros les decimos que lo que están haciendo es boicotear la puesta en marcha del desarrollo de la ley. Están dejando morir por inacción esta ley, y evidentemente, como pasa siempre cuando se muere algo, siempre se justifica que es necesaria su reforma, y es lo que ustedes están poniendo encima de la mesa, creemos que con intenciones, como he dicho antes, poco claras y que nada tienen que ver con la conservación del medio natural. Les pondré un ejemplo de este incumplimiento. Ustedes están incumpliendo el artículo 11 de la ley actual cuando no publican los informes, cuando no están publicando los informes sobre la evolución del patrimonio natural y la biodiversidad desde 2012. Hace dos años que ustedes no publican esos informes.

Con respecto al segundo punto, lo mismo; usted lo ha reconocido -ya se lo han dicho aquí-, es necesaria la puesta en marcha de los planes de gestión, y no nos digan aquí que la Red Natura está finalizada porque 1.270 de los 1.807 espacios que componen la Red Natura no cuentan con un plan de gestión. Es una respuesta a una pregunta que ustedes nos dieron a nosotros en el Senado hace apenas veintiún días. No es verdad, y mienten en la exposición de motivos, cuando dicen que está cumplida la Red Natura; no es verdad. Lo que tienen que hacer ustedes es desarrollar la ley antes de modificarla, porque no es serio, a no ser que quieran concluir definitivamente con la ley acabando con ella. Eso es lo que parece que pretenden con su propuesta de modificación, que no es más que una propuesta de reforma, no de revisión, como bien les han dicho.

Señorías, finalizo, si quieren garantizar la conectividad entre áreas protegidas, háganlo y desarrollen la ley, que propone mecanismos para ello. Si quieren mejorar la calidad de vida de los habitantes de la


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zona, háganlo y doten presupuestariamente al contenido de la ley, que también lo prevé. Lo que mucho nos tememos desde La Izquierda Plural es que lo que menos les interese sean las actividades tradicionales compatibles con la conservación del medio ambiente y quieran otro tipo de actividades como las que estamos viendo que va a permitir la ley de parques nacionales. Si quieren desarrollar el inventario español del patrimonio natural, empiecen por publicar esos informes de los que le hablaba antes. Ahora bien, si lo que quieren es destrozar otra figura de protección ambiental más, si lo que quieren es desproteger nuestro patrimonio natural y nuestra biodiversidad, díganlo abiertamente, señorías del Grupo Popular, y no jueguen a engañarnos, que a estas alturas ya no nos lo tragamos.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.

Señorías, se trata de una iniciativa del Grupo Popular que propone la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad; propone revisar el contenido de la ley de 2007 diciendo que se necesita actualizar y optimizar, esto según las necesidades actuales. El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió participó intensamente en el debate y tramitación incorporando propuestas y, en su momento, trabajando para elaborar una ley respetuosa con el patrimonio natural y la biodiversidad en 2007. Convergència i Unió quiere continuar trabajando para proteger, ordenar, conservar, restaurar y gestionar el patrimonio natural de Cataluña. Esta modificación, señorías, estaba anunciada desde 2007. Repasando los diarios de sesiones de esa Comisión, los minutos que llegaron a intervenir los miembros del Grupo Popular, defendiendo enmienda por enmienda, ya se podía prever que esta modificación estaba anunciada. Pero este motivo, señorías, la confrontación del Partido Popular y del Partido Socialista no justifica para nosotros modificar la ley, y más cuando en este momento el actual marco legal permite el desarrollo de la ley que, desde el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, se está llevando a cabo. Esta misma mañana, el Govern de la Generalitat ha aprobado la memoria preliminar del anteproyecto de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural, que marca estos objetivos: ampliar y actualizar objetivos de la ley catalana, que era de 1985, ampliar y actualizar objetivos, solo faltaría; adoptar una orientación global integral, protección, planificación, gestión, restauración del patrimonio natural de Cataluña; integrar toda la legislación de la Unión Europea; incorporar compromisos internacionales adquiridos por el Estado y por la Generalitat de Catalunya. A partir de la Ley 42/2007, ley que se establece a partir del régimen básico que es competencia exclusiva del Estado, la Generalitat de Catalunya lo que hace es completar el marco legal porque es necesaria la ley catalana según el marco competencial de la Constitución española y de l´Estatut de Autonomia de Catalunya.

Señorías, Cataluña ha iniciado la tramitación de su propia ley, siguiendo los mandatos del Parlament y del Pla del Govern 2013-2016, porque cree prioritario preservar el patrimonio natural. Por cierto -algunos compañeros ya lo han dicho-, también el Gobierno del Partido Popular ya ha iniciado la revisión de la ley estatal. Por tanto, poco mandato vamos a transmitir desde esta Cámara al Gobierno de la nación porque ya está trabajando para ello y en la misma página web del ministerio podemos descubrir el alcance de la modificación. En la proposición no de ley queda muy corto, comparado con el alcance de la modificación del borrador que está en la página web del Ministerio de Agricultura. Señorías, estaremos muy atentos a su tramitación, como no puede ser de otra manera, pero creemos que el objetivo que el Partido Popular tiene y defiende de promover la actividad económica en los espacios naturales protegidos -objetivo que se repite en todas las reformas legislativas del ámbito medioambiental que hemos sufrido y tramitado durante esta legislatura- es la modificación de una ley que tenía un alto grado de consenso. En la tramitación de 2007 se consiguió un alto grado de consenso, con el Partido Popular en contra, pero con el resto de partidos incorporando iniciativas en esta misma ley. Señorías, no podemos apoyar esta proposición no de ley. No creemos necesaria esta modificación de la Ley 42/2007, del patrimonio natural y de la biodiversidad. Para proteger, ordenar, conservar y gestionar el patrimonio natural no era necesaria ninguna reforma legal. La Administración de la Generalitat de Catalunya, al igual que el resto de las administraciones competentes, tiene suficientes instrumentos de planificación, de gestión, de promoción y de fomento para llevar a buen puerto los objetivos marcados.

Señorías, viendo el borrador del texto del anteproyecto ya podemos afirmar que esta modificación traerá consigo problemas competenciales, invasión de competencias. Sin duda, era de esperar. En definitiva, no apoyaremos una modificación de la Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad por


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innecesaria y porque se quiere cambiar el modelo invadiendo competencias de la Generalitat de Catalunya cuando estamos desarrollando la ley propia de Cataluña.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.

Señor Torres, la enmienda propuesta por el Grupo Socialista, ¿la admite o la rechaza?

El señor TORRES HERRERA: Se rechaza. Quiero recordarle al representante de...

El señor PRESIDENTE: No, aquí no tiene más que decir si la admite o rechaza.

El señor TORRES HERRERA: No, no se admite.

El señor PRESIDENTE: Si la rechaza, es suficiente.

Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA PARALIZACIÓN DE LA PRIVATIZACIÓN DE AENA. (Número de expediente 162/001045).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la paralización de la privatización de AENA. Para su defensa, tiene la palabra el señor Gordo.

El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy una proposición no de ley que tiene un objetivo claro, y es pedir al Gobierno del Partido Popular que retire el Plan de privatización y desmantelamiento de la red pública aeroportuaria. El Gobierno está en estos momentos en una primera fase que lleva la venta pública del 49 %, pero según hemos conocido a través de un informe al Consejo Consultivo de Privatizaciones, su intención es llegar al 60 % y esto significa perder la mayoría. De culminarse este proceso, nos encontraríamos con un cierre de todos aquellos aeropuertos e infraestructuras que no son rentables o, lo que es lo mismo, con que se limita la movilidad y la accesibilidad de los españoles. Se erosionaría, sin duda, la cohesión social y la vertebración territorial y tendría unos efectos devastadores en la economía, sobre todo en el turismo. La posición del Grupo Parlamentario Socialista es clara: apostamos por una red de titularidad estatal y mayoritariamente pública porque esto -y no lo que dice la ministra- es lo que garantiza la calidad, la eficiencia y la generación de sinergias para que los aeropuertos de la red puedan subsistir.

A nadie se le escapa la importancia del sistema aeroportuario español, con 47 aeropuertos, 2 helipuertos y al mismo tiempo con casi 20 millones de pasajeros al año; es una red estratégica. Pero, ¿qué quiere hacer el Partido Popular? ¿Qué quiere hacer el Gobierno? Quiere nada más y nada menos que vender una empresa pública que emplea a 140.000 trabajadores directos, una empresa que cuenta con 440.000 puestos de trabajo con puestos indirectos, que da servicio a 6.300 empresas y que ha tenido una inversión media de 1.400 millones de euros entre 2010 y 2012. Sin duda, con un importante esfuerzo inversor, 17.000 millones, que también es el origen de que los beneficios brutos de explotación estén en estos momentos en 1.600 millones. La inversión ha generado frutos y ha dado respuesta. Como dicen en mi tierra, lo que ha estado haciendo el Gobierno durante estos tres últimos años ha sido preparar la vaca para venderla. ¿Por qué? Porque en estos tres años han despedido a 1.200 trabajadores, han frenado la inversión, han disminuido el horario de servicios, han subido tres veces las tasas, con un encarecimiento claro de las tarifas para todos aquellos que viajan en avión. En localidades como Madrid ha habido problemas hasta con el turismo por el encarecimiento de las tasas. Por tanto, que ustedes quieran vender el 60 % de los aeropuertos de AENA y que ahora nos digan que es solamente el 49 %, sin duda tiene un claro efecto electoral, es una cuestión de efecto electoral. Señor Ayala, no esconda la cabeza, dígalo: ustedes quieren privatizar. Si, además, llevan la privatización en sus genes. Les recuerdo las palabras del subsecretario el otro día en la sesión de comparecencias. Apostaba claramente por la liberalización. Den la cara, díganlo; no se escondan, porque la segunda fase implica cerrar aquellos aeropuertos que no son rentables. Además, han preparado un nuevo marco que sobre todo se ha caracterizado por la falta de transparencia y por la oscuridad. Esta Cámara no ha conocido nada del proceso hasta este momento; nos hemos enterado por la prensa de la venta de un 21 % con cláusulas de discrecionalidad para inversores de referencia, que al final resulta que están los que pensábamos: los amiguetes. (El señor Campos


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Arteseros: ¡Ahí, ahí!). Esto es así; están los que pensábamos previamente, y se lo ha dicho el señor Simancas con antelación. ¿Quiénes están? Los que pensábamos, y en el consejo de administración también han sentado a sus amigos. Esta es una realidad.

Además, ahora nos encontramos con una oferta pública de venta de acciones bloqueada también por lo mismo, por la falta de transparencia. No se entiende una oferta pública de venta que el consejo consultivo ha tasado en 3.500 millones, en la que admiten ofertas a partir de 3.400 millones de euros y, según sabemos, el Estado puede recaudar unos 3.500, cuando AENA ha llegado a valer 30.000 millones en la época buena, lo cual significa que la están regalando, que la van a regalar, y aquí conviene recordar que AENA no es el cortijo de nadie, y menos del Partido Popular. Por otra parte, créame que es muy difícil de entender que se vayan a repartir los beneficios. El 50 % de los beneficios implica aproximadamente un dividendo de un 5 %, cuando el Estado hoy se está financiando con bonos a diez años a un 2 %. ¡Vaya negocio! O sea, damos un 5 % cuando lo podemos recoger por un 2 %, pero además no hay un problema de liquidez. Por tanto, no entendemos la venta, que tendrá un efecto realmente preocupante sobre todo en las islas, en Canarias, en Baleares, que dependen del turismo, y el sector aeroportuario está estrechamente ligado al turismo.

¿Qué significa esto? Que si al final se llega al 60 %, no conozco ninguna empresa con pérdidas que se mantenga, salvo que reciba subvenciones de la comunidad autónoma o de alguna administración; no conozco a ninguna. Y esto en las islas se va a traducir, sin duda alguna, en un cierre de instalaciones deficitarias, en la subida de tasas, en el encarecimiento de los billetes y sobre todo va a afectar a la conectividad de las islas, tanto entre las islas como con el exterior. Este modelo que nos plantea mayoritario de capital privado es incompatible con el servicio público aeroportuario, es totalmente incompatible. Usted me dirá que esto viene de nuestra época. Le quiero decir una cosa: nosotros planteamos un real decreto cuando realmente había problemas de liquidez, pero jamás pasamos del 49 %, nunca, porque pasar del 49 % significa entregar la red aeroportuaria a la iniciativa privada y por lo tanto romper la solidaridad en la red, y significa no garantizar la movilidad de los ciudadanos, no garantizar su conectividad, quebrar la solidaridad y sobre todo profundizar en la desigualdad, como están haciendo ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gordo.

Se han presentado diversas enmiendas. Empezaremos por la de Unión Progreso y Democracia, que presenta el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Nuestra enmienda a la proposición no de ley del Grupo Socialista es muy simple. Consiste en suprimir una palabra que creemos que realmente cambia el significado de esta PNL Sin esta palabra la apoyaríamos con mucho gusto. Lo que propone es suprimir "determinante" en la frase que dice: con una participación determinante en las administraciones autonómicas. ¿Por qué decimos eso? Hay dos razones. En primer lugar, porque AENA es una empresa hasta ahora pública que está en un proceso de privatización opaco que de hecho, como ya ha salido en prensa y en otros medios -porque no nos lo ha explicado el Gobierno, lo cual he de decir que me parece muy mal-, ha causado ya una serie de desencuentros entre los tres ministerios implicados -Fomento, Hacienda y Economía- sobre las condiciones de salida a Bolsa y sobre quién ha de ser quien audite y haga el informe de salida, lo cual ya indica algo que se ha dicho por mi grupo y también por los demás durante las anteriores intervenciones respecto a la privatización de AENA. Es un proceso demasiado opaco, falta transparencia y esto no es tolerable. No es aceptable a día de hoy que se quiera privatizar una empresa como AENA simplemente con nocturnidad, contándonos cuatro cosas y enterándonos de las demás ya con hechos consumados. Esta es una de las razones por las cuales nosotros siempre vamos a apoyar cualquier iniciativa que pida al Gobierno que se paralice este proyecto de privatización hasta que no haya luz y taquígrafos y sepamos en qué condiciones, el para qué y el cómo va a ser esta privatización y además mientras no se evalúe su conveniencia o no, cosa que todavía está por demostrar.

Dicho esto, también hay que decir que es una empresa pública del Estado y que las administraciones autonómicas tengan una participación determinante significa en buen castellano que son las que determinan el futuro de AENA, y esto es una incoherencia completa con conservar una empresa pública que no es del Estado. Sería tan incoherente como si aquí alguien trajera una iniciativa donde se propusiera que la Administración General del Estado tuviera un papel determinante en una empresa pública autonómica. Ni una cosa ni la otra, respetemos las competencias y después hablemos de cómo


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se distribuyen, pero desde luego no podemos apoyar que se pretenda que las comunidades autónomas tengan un papel determinante desde el punto de vista de la estructura del Estado, de la titularidad de las empresas y de todo lo que esté relacionado con ellas.

Además he que añadir que realmente me han llamado la atención un par de rasgos de la intervención del portavoz socialista cuando hablaba del modelo aeroportuario. Sobre el modelo aeroportuario que tenemos debería haber a estas alturas al menos un consenso en que ha sido un error, porque en gran parte ha obedecido a una presión autonómica para un principio muy equivocado, que era considerar que si cada provincia no tenía un aeropuerto no había igualdad. Eso es completamente falso y nos ha llevado a tener una multitud de aeropuertos que no son sostenibles, que no tienen aviones, que no los van a tener, que solo los pueden tener en condiciones que van contra de las leyes de competitividad, es decir, a base de subvenciones públicas a determinadas líneas aéreas y todo eso que ustedes saben. Y realmente hay un problema muy serio, ¿qué hacemos con esa cantidad de aeropuertos que ni siquiera llegan a tener 10.000 pasajeros al año, es decir que no tienen ninguna sostenibilidad económica ni responden a ninguna demanda social? Pero eso no se debería plantear como un mérito frente a una mala privatización; se tendría que ver como un problema, habría que espabilar, aprender de él y desde luego, de una santa vez, pasar página a esa política expansiva de la burbuja de infraestructuras en la cual los aeropuertos han sido uno de sus protagonistas y que solo ha llevado a nuestro país a que haya despilfarro, paro y corrupción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Con carácter excepcional, tiene la palabra para la defensa de la enmienda del Grupo Vasco, PNV, la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, presidente.

Señorías, el pasado 16 de septiembre, esto es, hace más de mes y medio, comenzaba mi defensa de la proposición no de ley presentada conjuntamente por mi grupo y por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) relativa a la privatización de AENA de la siguiente manera, y cito literalmente: El Gobierno ha anunciado a los cuatro vientos la decisión de llevar a cabo un proceso para la entrada de capital privado en AENA Aeropuertos, S.A. Sin embargo, no ha pronunciado al respecto ni una palabra en esta Cámara. Mutis por el foro de la ministra y además diputada, señora Pastor. Por tanto, indiferencia absoluta ante las reiteradas solicitudes de información de los electos y electas de esta Cámara, desprecio e indiferencia frente a transparencia. Por ello, me referiré a lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación. Esto decía. Pues bien, señorías, a día de hoy nos encontramos en el mismo punto. La señora ministra ni ha estado ni está ni se la espera. Sí es verdad -y tengo que decirlo- que a través de Mesa y Portavoces se nos ha ofrecido la comparecencia de un miembro de su staff en la segunda quincena del mes de noviembre. Llegará tarde, no llegará ella, pero es la oferta que condescendientemente ha tenido la mayoría con estas diputadas y diputados electos que, como ven, tenemos dificultades serias para ejercer nuestra labor de control; es más, solamente para recabar la información. Fíjense, igual les hubiéramos aplaudido de haberlo conocido. En cualquier caso, les decía que a la señora ministra no se la espera. Y mientras, su proyecto privatizador de AENA es comentado, eso sí, en las páginas salmón de los diarios, por partidarios y detractores que parecen disponer de información concreta y precisa sobre la operación, como les decía, a diferencia de estos diputados y diputadas. Y mientras, además, se protagonizan titulares mejores y peores en las páginas cuché de las revistas especializadas. Todo mientras la ministra y su ministerio, a espaldas de esta Cámara, adoptan decisiones estratégicas irreversibles para el futuro del sector aeroportuario. No estamos hablando de una gestión indirecta de la administración de los aeropuertos españoles, estamos hablando de una venta, de una privatización en toda regla, en el más puro sentido de la palabra. Y mientras, el ministerio y su ministra contravienen, además, las directrices marcadas por la Unión Europea y los más contrastados y eficientes sistemas de gestión aeroportuaria. Y mientras, también el Gobierno y su ministra desatienden las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española, y eso que es española. Me gustaría saber qué dice la europea, en caso de someterse a su consideración este proyecto. Y mientras, como les decía, el Gobierno y su ministra privatizan, venden y entregan a intereses privados el 49 % de AENA, una de las pocas empresas estatales que cierra con beneficios. Y mientras, afirman con desfachatez que la empresa -y esto es insostenible- mantiene la consideración de entidad pública empresarial y que se garantiza la gestión pública. Esto es una falacia, esto no es así en derecho, pero además el sentido común dice todo lo contrario. Y mientras, vetan algo que para nosotros es extraordinariamente importante, que es la


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competencia autonómica, la posibilidad que la Constitución y los Estatutos de Autonomía de diversas comunidades autónomas otorgan a sus gestores para participar en esa gestión, siempre y cuando el Estado no mantenga el cien por cien de esa gestión pública, y lo hacen además tras una supuesta voluntad de garantizar la conectividad y la movilidad como valor principal de la operación y tras una pretendida defensa del interés general. ¡Que venga Dios y lo vea! En nuestra opinión, detrás de esto se oculta una opaca maniobra de privatización en el único interés del inversor privado. Y mientras, se cercenan las legítimas aspiraciones de las comunidades autónomas, justificándolo en una falsa gestión directa.

Concluyo. Compartimos con el grupo proponente la urgente necesidad de paralizar de inmediato el proyecto de privatización de AENA Aeropuertos S.A y, tal y como hemos dicho y hecho en otras ocasiones, proponemos a través de una enmienda a la iniciativa socialista la creación de un marco regulatorio que posibilite de manera real y efectiva la integración de las comunidades autónomas, las instituciones regionales, las locales y los agentes privados, como pueden ser las cámaras de comercio, en la gestión de los aeropuertos, configurando un nuevo modelo descentralizado de gestión aeroportuaria. Como ven, proponemos paralizar la operación, evitar este dislate y dar cumplimiento además a las previsiones constitucionales.

Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señor presidente.

Señorías del Partido Socialista, para garantizar la función pública de nuestro sector aeroportuario y de su funcionamiento en red, para contar con la participación determinante de las comunidades autónomas y con los agentes sociales y económicos de los territorios en su gestión como piden en su proposición no de ley, que es lo que también queremos nosotros desde La Izquierda Plural que se haga, tenemos que derogar el Real Decreto 13/2010. Este real decreto es el que abre la puerta o la ventana de la venta señalando que AENA deberá conservar en todo caso la mayoría de capital de AENA Aeropuertos -y cito textualmente-, pudiendo enajenar el resto, de conformidad con lo establecido en la Ley de patrimonio de las administraciones públicas.

El Gobierno del Partido Popular con la señora Pastor a la cabeza lo que está haciendo es ajustar sus planes al pie de la letra dictada por los mercaderes y escrita por el Partido Socialista. Así es como en la interpelación que ustedes le hicieron en el Senado recientemente sobre esta privatización de AENA, la ministra de Fomento preguntaba entre la algarabía y los aplausos de la bancada del Partido Popular, y cito también textualmente: ¿Alguien me quiere explicar por qué ese Real Decreto de 2010 da tanta vergüenza, tanta vergüenza, tanta vergüenza que no se quiere hablar de él? ¿Será que se sienten ustedes abochornados porque eso lo hizo un Gobierno socialista? Lo cierto es que ustedes con el dichoso Real Decreto de 2010 se plegaron, como muchas otras veces, a los intereses del capital financiero y las grandes empresas frente a los intereses generales, y aplicaron sin rechistar las políticas neoliberales que apuntan al único objetivo de trasvasar, mediante el expolio, el dinero público de los trabajadores y las trabajadoras hacia las rentas de capital cada vez más engordadas y con más poder en las decisiones políticas. Esa es la tendencia neoliberal e internacional de mejora y eficacia en la que se basa ahora el Gobierno del Partido Popular para llevar a cabo sus privatizaciones, y por eso al Partido Popular en absoluto le abochorna el Real Decreto de 2010 ni todas las medidas legislativas que le permitan seguir expoliando los bienes públicos para beneficiar a sus protegidos y a sus amiguetes. Lo hace con orgullo y descaro, lo vende en nombre de la eficacia, la eficiencia, la movilidad y la cohesión territorial, eso sí, sin contar con la oposición, sin consensuarlo con las comunidades autónomas, con total opacidad, sin el apoyo de los trabajadores y trabajadoras del sector, y además vanagloriándose de que un Gobierno del Partido Socialista le ha dejado la mitad del trabajo hecho. Así es como estamos y por eso desde La Izquierda Plural exigimos que, en primer lugar y de forma inmediata, el Gobierno haga lo que hizo el pasado Consejo de Ministros, pero que lo haga de manera definitiva. Me refiero a paralizar la venta de AENA no por un defecto de forma, no por que se pueda ver involucrado en una irregularidad por no haber sacado a concurso el folleto que permite poner en el parqué las acciones a los minoristas del 28 % de AENA, sino porque esta operación de oferta pública de venta no responde en absoluto a las necesidades ni a los intereses económicos de este país.

En segundo lugar, pedimos la derogación del Real Decreto-ley 13/2010, como primer paso imprescindible para revertir esta situación y evitar la pérdida del control público de un sector estratégico como es AENA, que no cuesta ni un euro a los españoles y españolas, que está dando beneficios y tiene


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previsiones al alza en estos beneficios, apostando por las infraestructuras aeroportuarias como un modo más de transporte que garantice la movilidad y la vertebración del territorio, aprovechándolo como un motor de desarrollo económico y social, y como un fuerte polo de creación de empleo y riqueza para nuestro país. Para ello, señores del Partido Socialista, tenemos que asegurar un modelo de gestión pública directa, implicar a las diferentes instituciones y territorios en la toma de decisiones de esta gestión. Hay que priorizar con carácter absoluto el interés económico y social general frente al modelo privatizador que sitúa como único objetivo la rentabilidad económica de unos pocos, asaltando los derechos y los intereses de los ciudadanos y ciudadanas.

En definitiva, esa es nuestra propuesta en forma de enmienda por una AENA pública y social, con la garantía de que esta privatización no se pueda llevar a cabo ni ahora ni más adelante ni nunca. Esa exigencia tenemos para el Partido Popular. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora de las Heras.

Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, en el Grupo Mixto, por el que participarán cuatro oradores, tiene la palabra la señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Un año esperando la comparecencia de la ministra y del presidente de AENA. ¿Qué miedo hay en venir a explicar qué se va a hacer, si se está convencido de que está bien hecho? En un tema tan importante, que compromete, en el caso de Canarias, su futuro, no tenemos garantías de qué va a pasar con los aeropuertos de Gomera y Hierro, no tenemos garantías de qué va a pasar con las inversiones estratégicas pendientes de la ampliación de la pista de Lanzarote, de Gando y de Tenerife sur, con el tema de los horarios de Fuerteventura y con la política de tasas. El portavoz del PP en Comisión me garantizó que no iban a subir los próximos tres años, pero es que el problema de Canarias no es que no suban los próximos tres años, el problema es que tienen que bajar. El señor Rajoy aquí en el discurso de investidura, donde nosotros nos abstuvimos, dijo que él entendía que Canarias tenía que tener una política de tasas aeroportuarias distinta, y a los dos meses se la cargó, no por razones económicas, no, porque se aprobó una política diferente con Baleares en la temporada de invierno cuando se la quitaron a Canarias. Si ustedes lo tienen claro, ¿qué problemas hay para que comparezca aquí la ministra en un tema de miles de millones?

En nuestro Estatuto de Autonomía, como otras comunidades autónomas, lo tenemos claro. Es un Estatuto aprobado y que forma parte del marco constitucional, que dice claramente que cuando los aeropuertos de interés general dejen de tener gestión directa por el Estado, pasan a ser competencia de la comunidad autónoma. Vamos a activar ese artículo. Se ha denunciado y se ha avisado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores del recurso que va a plantear la comunidad autónoma y se ha solicitado la Comisión Mixta. Allí nos veremos, pero antes respeto a la ciudadanía y a este órgano en un tema de miles de millones. Vengan a explicarlo, porque nos lo merecemos los diputados y los ciudadanos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.

Señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Señorías, la privatización de AENA, la compañía aeroportuaria que es una referencia en el mundo, según las palabras de su propio presidente, se está llevando a cabo a espaldas de este Parlamento, con total oscurantismo, sin información y sin debate político en esta Cámara. Nadie, empezando por la propia ministra de Fomento a la que se le ha pedido reiteradamente, ha venido a dar explicaciones y siempre que se ha hablado de este tema ha sido a iniciativa de los distintos grupos, nunca del propio Gobierno, que ha estado realmente ocupado en los últimos dos años en preparar a AENA para su privatización, aplicando, entre otras muchas, durísimas medidas de ajustes laborales. Pero no solo no se ha informado a los grupos de esta Cámara, tampoco se ha tenido en cuenta a las comunidades autónomas que ven cómo el Gobierno entrega sin reservas -y una vez que ha entrado en beneficios- una empresa pública a empresas constructoras o fondos de inversión y no acepta que las instituciones públicas, como las propias comunidades autónomas, accedan a esta gestión y puedan hacer política aeroportuaria bajo el control público. Es decir, el interés general que esgrime el Gobierno para impedir una gestión pública descentralizada no es problema, sin embargo, para que sean las corporaciones privadas -vinculadas solo a los intereses


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de accionistas y propietarios- las que puedan asumir la mayor red de aeropuertos del mundo, tal y como le gusta llamarla al Ministerio de Fomento. Todo ello a un precio de saldo, cuasi regalando una parte importantísima de nuestro patrimonio público. El BNG ha reclamado en numerosas ocasiones la apertura de un diálogo con las comunidades autónomas para iniciar un proceso de implantación de un modelo de gestión aeroportuario descentralizado. Ahora, la opción centralizadora y privatizadora elegida por el Gobierno al más puro estilo thatcheriano no solo obvia el Estatuto de Autonomía de Galiza sino que hace tambalear seriamente incluso la permanencia de muchos aeropuertos que en términos estrictamente económicos no se consideran rentables.

Termino, presidente. En este sentido, el Real Decreto 8/2014 es mucho más que una declaración de intenciones y nos pone en la pista de lo que se hará en cuanto los inversores que se hagan con AENA no obtengan en muchos aeropuertos los resultados económicos esperados. Por estos motivos vamos a apoyar la iniciativa del Grupo Socialista, aunque entendemos que algunas de las enmiendas presentadas la mejorarían.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.

Señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, presidente.

El problema es que ustedes, señorías del PP, están pensando en cambiar de amo pero no de patrón en el sistema aeroportuario, por eso votaremos a favor de esta propuesta del Grupo Socialista. (Rumores). Digo cambiar de amo porque pasarían de una propiedad pública, AENA, a repartírselo entre sus amiguetes, empresas relacionadas con su partido. Pero no cambia el patrón arraigado en el sistema que creó el franquismo y que podemos ver en contadas ocasiones en el mundo. Es un modelo casi norcoreano o rumano -pero rumano de Ceaucescu no de ahora-. Esa visión centralista monopolística, que casi ve el sistema aeroportuario como Barajas y sus satélites o terminales en otras ciudades, explica que durante muchos años el aeropuerto que concentra el 22 % del tráfico, que es Barajas, centre el 56 % de la inversión, con conexiones por ferrocarril, metro, la inversión faraónica en la T4, conexiones internacionales favorecidas, etcétera. Eso no es solidaridad, es egoísmo, es todo lo contrario. Además, no es eficaz ni es competitivo. Es como ver jugar al Real Madrid -por decir un equipo al azar- con el árbitro a favor, partiendo con un tres a cero, jugando en casa y con fichajes subvencionados; ese sería el símil. Aquí hay que competir, es una liga en la que los aeropuertos deben competir, hay que individualizarlos, debe ser una liga justa porque si no, no funciona bien. Digamos que incluso así con esta liga injusta, con las trampas, jugando en casa, aeropuertos como el de Barcelona juegan bien. ¿Por qué juegan bien, incluso a veces mejor que Barajas? ¿Saben por qué? Porque, al fin y al cabo, la gente vuela donde le place y no donde a ustedes les complace.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra, por el Grupo Mixto, la señora Ariztegui.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Gracias, señor presidente.

Otra privatización. Otra vez los intereses económicos privados por encima de los derechos y necesidades sociales y colectivas, a pesar de la mayoritaria oposición política y social. Como bien advierte la totalidad de las secciones sindicales de los cuatro aeropuertos vascos, las consecuencias de esta estrategia privatizadora, que busca transformar un servicio público fundamental en un simple negocio, ya se están dejando sentir con medidas de ajuste brutales porque, además de las repercusiones laborales, están degradando gravemente la calidad del servicio y la seguridad atacando directamente los derechos fundamentales de la sociedad. Estamos clarísimamente ante un fraude a toda la sociedad, con dejación interesada por parte del Estado de su responsabilidad en la gestión de la riqueza colectiva y con la intención evidente de favorecer a grupos de inversores privados, como ya se ha dicho. Se pretende abrir la puerta a capitales trasnacionales a la vez que se veta la participación de las administraciones vascas cuando se trata -lo saben- de un tema de interés general cuya soberanía nos compete. Con la total falta de transparencia, como se ha dicho, que caracteriza todo el proceso, estamos ante una privatización a dedo, con el agravante de puntuar prioritariamente criterios subjetivos y ofertas ficticias, dando facilidades a la especulación rápida. Su objetivo, bien disimulado, señorías del PP, es vender a quienes quieren como sea y al precio que sea, sin importar lo que arrastran y lo que el Estado ingrese. Justo cuando se pasa de


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pérdidas de 300 millones a beneficios de 715 se vende a precio de ganga. O sea, cuando más rentable es la rueda de aeropuertos menos vale. Estamos, pues, ante un descomunal fraude, un regalo de riqueza pública de forma premeditada y todo justificado por una deuda que se financia con recursos propios, no como otros. Nuestros aeropuertos juegan un papel determinante en el diseño y desarrollo del modelo productivo vasco y de los planes estratégicos del sector turístico, además de su fuerte impacto en la generación de empleo.

Acabo, señor presidente. Para Amaiur parar esta privatización es urgente y prioritario; es la única base que puede garantizar que los derechos sociales, económicos e institucionales de la sociedad vasca, nuestra soberanía en este ámbito, puedan desarrollarse, por lo que nuestro voto será favorable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ariztegui.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento de la competitividad y la eficacia, define el régimen de gestión de la red de aeropuertos de interés general y concreta la forma de entrada del capital privado en AENA. El sistema centralizado en la red de aeropuertos españoles que instaura la citada ley junto con la privatización parcial de AENA consagra un modelo sin posibilidad de competencia aeroportuaria en el Estado español, lo cual es contrario a la normativa comunitaria de defensa de la competencia de los intereses económicos y comerciales de cualquier país. El nuevo modelo de regulación aeroportuaria se caracteriza por ser monopolístico, centralista y basado en subsidios cruzados. No permite una gestión flexible a los aeropuertos estatales y por tanto contrario a la competencia.

En el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de 2 de julio de 2014, sobre el borrador del real decreto-ley por el que se establece un marco jurídico de regulación aeroportuaria y el régimen de transparencia y consulta en la fijación de tarifas aeroportuarias de AENA, Sociedad Anónima, se expone que la teoría económica y la evidencia empírica -leo textualmente- sugieren que los aeropuertos compitan entre sí por aerolíneas y pasajeros, de manera que puedan desarrollar diferentes estrategias para mejorar su posición competitiva, con mejoras generales de la calidad de los servicios, el establecimiento de nuevas rutas o la mejora en el proceso de transbordo de pasajeros. El modelo presentado -sigue diciendo-, en línea con lo anteriormente vigente, limita mucho los elementos competitivos con los que podrían encontrarse las diferentes unidades aeroportuarias y ofrece poco margen para la competencia efectiva, referenciado potencial entre los distintos aeropuertos españoles. En definitiva -acaba diciendo-, la gestión aeroportuaria por parte de una única empresa, bajo el principio de financiación conjunta de todos los aeropuertos, el establecimiento de precios regulados y el aseguramiento de un retorno positivo de la inversión en infraestructuras hasta en aeropuertos no rentables dificulta el aprovechamiento de potenciales eficiencias económicas.

Adicionalmente, el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advierte explícitamente de que la calificación como servicio de interés económico general de toda la red de aeropuertos españoles -pilar fundamental del modelo centralizado- está poco justificada y existe un riesgo real de que la Comisión Europea, a través de su control de legalidad, identifique elementos contrarios a la normativa de ayudas del Estado.

Por su parte, la Autoritat Catalana de la Competència hizo público el documento Observaciones sobre el modelo de gestión de los aeropuertos y la privatización parcial de AENA Aeropuertos: ¿una (nueva) oportunidad perdida?, el 22 de julio de 2014, en el que señalaba que una gestión descentralizada de los aeropuertos permitiría una mejor adaptación de cada aeropuerto a sus necesidades, es decir, permitiría su especialización para atraer a diferentes tipos de compañías aéreas en red o bajo coste. Es decir, una gestión descentralizada comportaría una mayor competencia entre aeropuertos y, a su vez, facilitaría la aparición de estrategias comerciales de diferenciación para satisfacer mejor las necesidades de los diferentes segmentos del mercado en los territorios. De todo lo expuesto se desprende que el modelo de regulación aeroportuario que prevé la Ley 18/2014, de 15 de octubre, podría no ajustarse a la normativa de la Unión Europea en materia de competencia y de ayudas de Estado debido a la declaración de la red de los aeropuertos de interés general que gestiona AENA como un servicio de interés económico general, así como por el servicio previsto de recuperación de tarifas y compensación económica por servicio público.


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Señoras y señores diputados, es conocido y evidente que para determinados territorios -como Cataluña, con una economía muy abierta y obligada a competir estrechamente con Estados, regiones y grandes ciudades europeas en el ámbito industrial, comercial, turístico y de otros servicios- resulta básico disponer de un aeropuerto competitivo de por sí, sin que su competitividad y dinamismo queden condicionados por la estrategia comercial global del monopolio aeroportuario español, el cual como modelo bien podría no ser competitivo.

Esta es la posición de nuestro grupo. De hecho, hemos presentado y esperamos defender próximamente una proposición no de ley en este sentido que no coincide plenamente con la del Grupo Parlamentario Socialista, por cuanto el Grupo Parlamentario Socialista habla de su funcionamiento eficiente en red, cosa que nosotros no compartimos. Pero, en cualquier caso, como nos parece absolutamente prioritario proceder a la paralización del proyecto de privatización de AENA que todo lo limita, nuestro voto va a ser positivo a la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ayala.

El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señores diputados, ¡qué decepción! No cambia nada la política socialista por el cambio de portavoz. Estoy francamente decepcionado. También podría decir ¡qué alegría!, pero no. ¡Qué decepción! Todo igual. Lugares comunes a los que nos tienen ya acostumbrados. En esto son previsibles: que si afán privatizador de los sectores rentables, que si lo vamos a vender todo, que si se deshace la red, que si suben las tasas, que si falta de información y transparencia... Ustedes saben que todo eso no es verdad. Lo saben y lo mantienen. Saben que no se va a vender más del 49 % -se les ha asegurado por activa y por pasiva- y lo mantienen con un argumento absolutamente deleznable que no se sostiene.

Dicen ustedes que se suben las tasas, pero ¿quién estableció que las tasas se subían por ley y quién ha congelado las tasas en los próximos años? Ustedes subieron las tasas por ley y dijeron que se subirían anualmente mientras que el Partido Popular ha sido el que ha suspendido y congelado las tasas en los próximos años. Están ustedes en lo mismo. ¿Quién dice que además se vende a los amiguetes cuando el 28 % se pone en Bolsa? ¿Cuál es el argumento que utilizan varios portavoces en la Cámara? Por cierto, algunos de ellos confunden la libertad de expresión con el insulto, el mal gusto y la injuria. Me gustaría que alguno se lo hiciera ver.

Vamos a vender al mejor precio, con una valoración de la cual luego hablaremos y, desde luego, en nada en lo que ustedes están señalando. Pero no se quedan ahí y, en el colmo del cinismo, en su proposición no de ley preguntan cómo nos atrevemos a hacer esto una vez que AENA ha equilibrado sus cuentas. Lo dice el PSOE, que puede ser el mayor desastre de gestión en la historia de España (El señor Gordo Pérez: No), que solo generaba pérdidas en AENA -solo en 2011 alrededor de 215 millones de euros y una caja negativa de nada menos que de 504 millones de euros-, que no sabía qué hacer, que siguió acumulando pérdidas y guardándolas en un cajón, que para conseguir dinero se le ocurrió romper la red aeroportuaria -ahora la están defendiendo-, dividir los aeropuertos en sociedades explotadoras o sacar directamente a concesión Barajas y El Prat. Todo ello era para ver si se ingresaba algo, pero ni una sola medida para salir de la ruina porque no sabían. Eso sí, nos dejaron AENA en quiebra y ahora, cuando no por casualidad se ha entrado en rentabilidad por la acertada gestión de este Gobierno -no es que haya ocurrido porque sí-, dicen esto. Cuando 2013 se cierra con un beneficio de 597 millones de euros, una caja positiva en 486 millones, es decir, 1.350 millones de diferencia con la negativa que ustedes dejaron, cuando la deuda financiera representa solo el 6,9 % y no el 13,7 %, ahora, ustedes cambian de postura, se oponen a que una parte minoritaria del capital -insisto, minoritaria- se ponga en los mercados, y todo ello sin ningún tipo de argumento, atreviéndose a decir que el Estado pierde el control del sistema aeroportuario -que no es verdad-, que se pone en riesgo el sector estratégico de la vertebración en economía -que no es verdad- o que se van a empezar a cerrar aeropuertos no rentables. Saben ustedes que la ley dice que no es posible. Por tanto, por favor, esta proposición no de ley tiene una justificación, pero en nada es razonable.

Ahora se atreven hasta a hablar del valor de la compañía. ¡Pero si a ustedes no les importaba el valor! En primer lugar, porque la arruinaron. ¿Qué les importaba a ustedes el valor de AENA si la arruinaron? En segundo lugar, no me hagan ustedes que les recuerde los varios informes que fueron solicitando a lo largo del tiempo para ver qué valor más bajo podía hacer que alguien tuviera interés en Barajas y El Prat.


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Fíjense, alguno de ellos incluso entró en el Gobierno después de que ustedes hubieran dejado ya el mismo.

Vamos a ser sensatos; estamos respondiendo a una tendencia mundial hacia la entrada parcial de capital privado, como han hecho otras entidades. Eso sí, previo fortalecimiento del marco regulatorio, como hemos hecho, y garantizando niveles de calidad, de servicio e inversión, como hace el DORA. Por tanto, esta PNL no tiene ningún sentido. Fíjense ustedes si han perdido el norte que en el texto de la proposición no de ley se refieren a la participación determinante de la Administración autonómica en la gestión aeroportuaria; es decir, doblegándose ahora a las exigencias de grupos independentistas de la pasada legislatura. Ha tenido que venir UPyD a corregirles con una enmienda. Tras todo esto, ustedes vienen aquí a intentar darnos clase cuando la inutilidad de la gestión socialista es la que nos ha llevado siempre a esta situación.

Se está haciendo todo de acuerdo con el plan aprobado por el Gobierno, debatido en Consejo de Ministros, aprobada toda la legislación necesaria, publicado y explicado por la ministra en múltiples ocasiones, entre otras en esta Cámara y en el Senado.

El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, debe usted terminar.

El señor AYALA SÁNCHEZ: Termino.

Todo esto siguiendo su procedimiento ordinario, que es con el que el Gobierno va a seguir. Por tanto, no vamos a poder apoyar esta proposición no de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayala.

Señor Gordo, a efectos de qué pasa con las enmiendas.

El señor GORDO PÉREZ: Rechazamos todas las enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Se votara pues en sus propios términos.

Muchas gracias, señor Gordo.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA CRISIS DE SALUD PÚBLICA GENERADA TRAS EL PRIMER CASO DE CONTAGIO POR EL VIRUS ÉBOLA EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000177).

El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Socialista sobre la política que está llevando a cabo el Gobierno en relación con la crisis de salud pública generada tras el primer caso de contagio por el virus del Ébola en España. Para su defensa, tiene la palabra el señor Martínez Olmos.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Presidente, señorías, presento en la tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la moción consecuencia de la interpelación urgente que debatimos la semana pasada con motivo de la gestión de la crisis de salud pública que se ha producido en España en relación con la infección del virus del Ébola. Creo que a estas alturas, después de varias semanas en las que hemos asistido a este problema de salud pública, nadie pone en duda cuáles han sido los elementos fundamentales que empiezan a quedar patentes entre la sociedad española y entre los profesionales de la sanidad pública. Me refiero especialmente a los enormes errores cometidos en la gestión de este asunto por parte del Gobierno de España, por parte de la ministra de Sanidad, la señora Mato, errores que han llevado a que el propio Gobierno asumiera una propuesta constructiva que hacía Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista, de crear un comité de crisis. Cuando el Gobierno decidió crear un comité de crisis y poner al frente de la gestión de este asunto a la vicepresidenta del Gobierno, lo que claramente supuso fue la decisión del presidente del Gobierno, señor Rajoy, de reconocer que su ministra de Sanidad había fracasado en la gestión de esta crisis de salud pública. Esta es una evidencia absoluta. No hay nadie que no hable en estos términos cuando se refiere a la gestión de esta crisis. Por eso, uno de los puntos que traemos aquí a consideración de la Cámara es la petición al señor Rajoy de que actúe en relación con la crisis de salud pública del ébola de una manera diferente a como está actuando, por


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ejemplo, con los casos de corrupción. No se puede tapar los ojos y no ver lo que está pasando alrededor, no querer actuar. Tiene que proceder, en el caso que estamos hablando, al cese de la señora Mato. En la práctica está absolutamente desautorizada y ese es un grave problema para dirigir un ministerio enormemente importante.

Si esto es algo relevante y algo que ha quedado claro para el conjunto de la ciudadanía, también ha quedado claro que la gestión que se ha hecho en la Comunidad de Madrid nos ha reportado momentos memorables desde el punto de vista más lamentable que se pueda uno imaginar. Ver a un consejero de Sanidad, a la primera autoridad sanitaria de la Comunidad de Madrid, donde estaba ocurriendo el primer caso de infección por ébola de toda Europa, echándole la culpa a la auxiliar de enfermería doña Teresa Romero, que había sido infectada por su dedicación a los pacientes, y hacerlo de una manera absolutamente denigrante, es algo que también ha generado una enorme indignación en el conjunto de los profesionales sanitarios y en el conjunto de la ciudadanía. Por eso también traemos en esta moción una reprobación a la actitud, a la gestión y a las palabras del señor consejero de la Comunidad de Madrid, que también lleva ya muchos días en su cargo sin merecerlo un ápice, después de haber hecho las manifestaciones que hizo su momento.

Afortunadamente, Teresa Romero se está restableciendo, algo de lo que nos alegramos, pero no puede pretender el Gobierno y no puede pretender el Grupo Popular tapar su vergüenza en la gestión de la crisis de salud pública con el hecho de que los profesionales hayan tenido el éxito que todos deseábamos y que es fundamentalmente debido a su calidad, a la del conjunto del equipo de profesionales que ha atendido a Teresa Romero. Han tenido éxito a pesar del Gobierno y no han tenido éxito por el Gobierno. Por eso no deberían vanagloriarse desde ese punto de vista pensando que eso exculpa todos los males que se han podido ver en la gestión de la crisis de salud pública por la infección del ébola.

Señoras y señores del Partido Popular, el problema que se ha generado en Madrid va a traer cola durante muchos meses, política y jurídicamente, y vamos a ver que todas las cosas que han funcionado mal se van a poner encima de la mesa. Por eso, porque es necesario disponer de la transparencia que hace falta tener en un asunto como este, proponemos en nuestra moción la realización de una investigación oficial que se ponga a disposición del conjunto de la ciudadanía, pero también a disposición de esta Cámara.

Quiero resaltar fundamentalmente el hecho de que en nuestra moción consideramos que los profesionales de la sanidad madrileña merecen un reconocimiento público que queremos, expresamente, que se vote en esta Cámara. Fíjense, aunque ahora hemos superado el problema más relevante, como es la atención sanitaria a Teresa Romero, y que el seguimiento de los contactos afortunadamente ha demostrado que no se ha traducido en una infección de todos estos profesionales, no deja de ser un problema real la epidemia de ébola existente en los países afectados de África. Por eso, además de ser necesario e imprescindible un esfuerzo colectivo al que España tiene que contribuir, junto a otros países de la Unión Europea, para hacer posible que con recursos se pueda atajar el problema allí donde se está produciendo, por justicia social pero también por eficacia de la intervención, no deja de ser también probable que en las próximas semanas los voluntarios, los profesionales que están atendiendo allí a los pacientes tengan que ser, en un momento determinado, repatriados y atendidos. Hay que hacer un esfuerzo muy importante de seguir tensionando el sistema sanitario, de estar alerta y, por lo tanto, de continuar con el esfuerzo de formación que se está haciendo con los profesionales sanitarios, que entendemos que también se tiene que extender a los profesionales de la sanidad privada.

Señorías, en definitiva, hemos asistido a un suceso bastante deplorable de la gestión desde el ámbito del Gobierno, desde el ámbito que correspondía, como es el Ministerio de Sanidad y como es la Comunidad de Madrid. Pedimos que la Comunidad de Madrid restituya inmediatamente el Instituto de salud Carlos III como un centro de referencia para este tipo de enfermedades porque es muy importante que saquemos lecciones aprendidas de esta situación. Por eso planteamos la necesidad de crear un centro nacional de control de enfermedades que ayude técnicamente a las decisiones que tienen que tomar los Gobiernos cuando en el futuro -porque vamos a seguir teniendo, probablemente, situaciones como esta- haya que atender problemas de salud pública.

Quiero finalizar, señor presidente, agotando mi tiempo ya, pidiéndole al Gobierno y pidiéndole al Grupo Parlamentario Popular el cumplimiento de la Ley General de Salud Pública en todos sus extremos, porque lamentablemente ustedes están dejando esa ley en papel mojado.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos.

Se han presentado varias enmiendas. En primer lugar, interviene para la defensa de su enmienda, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.

En un día en el que lo que vivimos en España es una situación de emergencia de salud democrática, tenemos un debate en el Pleno sobre otro asunto que aparentemente está resuelto de manera positiva, aunque hace nada nos ocupaba y era una situación de emergencia en salud pública. Yo diría que si comparamos las dos situaciones, a pesar de que hay un tratamiento distinto para resolver el problema, hay una parte de la solución que es muy equivalente y muy equiparable. Ante un problema de emergencia de salud pública, que es el que hemos tenido con la crisis del ébola y que el diputado portavoz del Grupo Socialista ha planteado según la opinión de Unión Progreso y Democracia de una manera muy correcta, tanto en su análisis como en sus conclusiones, avanzo que hemos visto muy favorablemente esta iniciativa. Reitero que en la forma de abordar las dos -crisis de nuestro país y crisis de nuestro sistema- hay una parte que es bastante común: si no haces bien el diagnóstico es imposible que resuelvas el problema. El diagnóstico que nos ha fallado en esta crisis de salud pública que se aborda en esta moción ya fue puesto de manifiesto, dónde estaban todos los fallos, en aquella comparecencia de la ministra en la Comisión del 15 de octubre. Allí hablamos de todas las cuestiones que hoy el portavoz socialista ha abordado. Hablamos de la necesidad de revisar los protocolos; unos protocolos que no se habían puesto en marcha correctamente; hablamos de la necesidad de haber hecho caso a quienes desde dentro del sistema sanitario denunciaban las deficiencias; hablamos de los problemas derivados de no haber tenido al menos un hospital de referencia. Como decía el portavoz socialista, de esa larga comparecencia de la ministra en la Comisión de Sanidad, donde planteamos todas nuestras reflexiones sobre todo el procedimiento, sobre todos los errores cometidos, sobre todo lo que había concluido con una persona infectada por el virus del Ébola y con personas aisladas para ser evaluadas, lo único que extrajimos tanto de la ministra como particularmente del Grupo Popular fue la referencia de que lo único importante era la salud de Teresa Romero, que lo importante era que se curara y que todo lo demás que allí se planteaba era importante, pero que tenía otro momento. Efectivamente, todos conveníamos que lo importante era que se curara Teresa Romero, que eso era lo urgente, lo necesario, aquello en lo que estábamos todos, pero que eso no obviaba la necesidad de hacer el análisis y sobre todo de extraer conclusiones, y de que una vez que extrajéramos las conclusiones, pusiéramos en marcha iniciativas que evitaran que se volviera a repetir una circunstancia como esa y que además obligaran a asumir responsabilidades de todo tipo. Porque las cosas no ocurren por casualidad; las cosas que han ocurrido y que han dado como consecuencia esta emergencia de salud pública, han tenido antecedentes y algunos de ellos tiene que ver con una cuestión como que el Carlos III u otro centro no era un hospital de referencia y no tenía en ese momento todas las instalaciones que debiera de tener. Esto no fue por casualidad, fue porque se desmanteló el Carlos III y no se puso otro hospital nacional de referencia en marcha con todas las dotaciones y porque en el que estaba previsto tampoco se terminaron las obras. Esto no es casual, esto tiene que ver con los recortes que se produjeron y que se vienen produciendo en sanidad y que tienen consecuencias, como en esta tribuna, en todas las Comisiones y en todos los momentos en los que hemos abordado esta cuestión se ha puesto de manifiesto. Esto tiene que ver con que cualquiera que analice fríamente la situación del Sistema Público de Salud en España hoy se dará cuenta de que estamos en mucha peor situación que en el años 2011, es decir, todo lo que ha ocurrido es producto de decisiones políticas que se han ido tomando; no de decisiones del sistema sanitario, no de decisiones de los profesionales de la salud, no, de decisiones políticas que se han ido tomando y que han tenido estas consecuencias nefastas.

Afortunadamente, Teresa Romero está fuera de peligro. Afortunadamente, los profesionales de la sanidad han actuado correctamente, han hecho de la necesidad virtud y tenemos que estarles profunda y radicalmente agradecidos por la labor, por la dedicación, por la profesionalidad, por la generosidad, por todo su trabajo, que no está pagado. Han hecho mucho más que aquello para lo que se les paga, sé que en esto estamos todos absolutamente de acuerdo. Pero una vez que hemos dicho todo esto, tenemos que pensar en si nos vamos a contentar simplemente con que esta crisis se haya resuelto, si hemos extraído conclusiones y si vamos a hacer algo diferente que lo que hemos venido haciendo hasta el momento presente, si hay alguien que va a asumir alguna responsabilidad, o si las responsabilidades van a seguir en el etéreo, si nadie va a asumir ninguna y como ya está fuera de peligro la paciente nos vamos a olvidar del asunto. Nosotros no nos queremos olvidar del asunto y nos parece muy oportuna la iniciativa...


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El señor PRESIDENTE: Señora Díez, tiene que ir acabando, por favor.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, termino.

Nos parece muy oportuna la iniciativa que ha planteado el Grupo Socialista, y diremos algo parecido mañana con la iniciativa que ha presentado Convergència i Unió. Nos parece absolutamente necesario. Hemos presentado unas enmiendas que el portavoz del Grupo Socialista ha dicho que admitía, por tanto, si antes nos gustaba, ahora nos gusta mucho más y vamos a votarla favorablemente y conjuntamente, si se presenta una transaccional. Desde el primer párrafo hasta el último, todas las consideraciones que hace el Grupo Socialista, con todas las exigencias de responsabilidades, a mi grupo parlamentario, a Unión Progreso y Democracia, le parece que hoy es el momento de tomarlas en cuenta. Votaremos positivamente.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, han pasado ya unos días y en estos momentos podemos decir que, por una parte, sentimos alivio. El primer caso de contagio en Europa en estos momentos se ha negativizado y por tanto podemos decir que la auxiliar de enfermería Teresa Romero está curada. Es una sensación de alivio, pero también una sensación de inquietud, porque si bien el Gobierno se ha visto obligado a rectificar sus errores a lo largo de la crisis, el virus permanece y además permanece descontrolado en África, y el no reconocimiento del error por parte del Gobierno, un error político, puede significar no poner en marcha las medidas necesarias para prevenir nuevos contagios en el terreno, en África, y para evitar y prevenir también la enfermedad en nuestro propio país.

No quiero ser agorero, pero Camus, en las frases finales de La peste, dice: El vacilo no duerme y habrá un día en que las gentes felices se verán amenazadas por las ratas. En este caso, Camus quiere decir por una decisión política errónea, porque, señorías, la auxiliar de enfermería se ha curado por su propia fortaleza pero también por el buen funcionamiento de nuestro sistema sanitario -por nuestro doctor Rieux en el sentido de La peste, de Camus-, que es el que ha logrado parar esta peste en nuestro país. Pero a lo largo de este proceso, de esta crisis del ébola en España, se han producido algunos errores; un error principal tiene que ver con la falta de garantías de salud pública en nuestro país. La obcecación del Gobierno al no desarrollar la Ley de Salud Pública, que considera una ley ajena y que además interpreta como una ley intervencionista en el sector sanitario, ha traído nefastas consecuencias. El Gobierno se ha visto obligado a desarrollar en plena crisis organismos que estaban previstos en la Ley de Salud Pública, pero, eso sí, como organismos de crisis, como comités especiales o comités de crisis, cuando en la Ley de Salud Pública eran comités permanentes. Era la comisión estatal de salud pública y era el consejo consultivo de salud pública, que si hubieran estado creados no habrían hecho necesaria su iniciativa urgente, crítica, de emergencia por parte de la Vicepresidencia del Gobierno para parar el contagio en nuestro país.

El Carlos III es también un efecto de esa situación; un hospital de referencia para enfermedades infecciosas, para enfermedades epidémicas que a lo largo de este periodo se ha visto desmantelado y que no ha sustituido la unidad NBQ prevista en el Gómez Ulla. Señorías, no solamente una enfermedad infecciosa de estas características como el ébola, sino que un accidente biológico, químico o nuclear no tiene centro de referencia en España. Señorías, todavía no lo tiene porque la planta NBQ del Gómez Ulla no está terminada. Estamos en una situación de transición, donde tenemos un pie a un lado del río, el otro al otro lado del río, y la corriente puede llevarnos por delante. Esos errores de salud pública se han pagado y todavía se pueden pagar. Pero por otro lado, aparte de los errores de salud pública, una confianza ciega en los papeles. La interpretación del protocolo protocolaria, señorías. El protocolo, que es una forma de ordenar la inteligencia, ha sido una forma de desordenar la ignorancia. Les pongo un ejemplo, señoría. ¿Saben ustedes cuál es el protocolo en primaria? Se lo digo claramente: Si usted sospecha de ébola, ponga al paciente a dos metros de distancia frente a usted, señor médico; si ve que los síntomas apuntan a ébola, llame al 112 e inmediatamente salga del consultorio y cierre al paciente por fuera. Parece una astracanada, parece un esperpento pero ese es el protocolo en atención primaria. Al igual que el protocolo en AENA, o el protocolo de los controladores aéreos, que poco menos es: Comience usted a dar vueltas en el espacio aéreo hasta que reciba nueva orden. Señorías, esa confianza ciega en los protocolos nos


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ha traído nefastas consecuencias. El protocolo no interrumpe la inteligencia, la inteligencia sigue existiendo y la evidencia científica también.

Por último, señorías, y no menos importante, no podemos permitir que el comité especial creado, que el comité de crisis se convierta en un comité permanente, porque un comité de crisis es totalmente contradictorio con un comité permanente, y ese riesgo lo tenemos hoy encima de la mesa porque hemos desautorizado y sustituido a la ministra de Sanidad y tenemos un comité especial para abordar el tema del ébola. Señorías, es una necesidad de salud pública recuperar el liderazgo del Ministerio de Sanidad y por tanto reconocer como oficial lo que es real: no hay ministra de Sanidad, señorías, pongamos un nuevo ministro o ministra de Sanidad al frente. De eso se trata en las enmiendas de mi grupo parlamentario, de recuperar la salud pública, el centro de referencia Carlos III, recuperar el liderazgo en materia sanitaria e intervenir en el terreno para favorecer la lucha contra el ébola en África.

Termino, señorías. El puente humanitario es imprescindible, más importante que el presupuesto -que no es ni cuarenta veces inferior al presupuesto de Médicos Sin Fronteras- es un puente humanitario y está en manos del Gobierno que el aeropuerto de Gran Canaria sea el puente humanitario para luchar contra el ébola.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Turno ya de fijación posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero mostrar nuestra satisfacción por el desenlace positivo para las personas ingresadas, en especial para Teresa Romero, pero enseguida manifestar que esta crisis ha servido justamente para constatar la cadena de errores que han puesto en peligro a la población. Errores por el desmantelamiento del hospital de referencia de enfermedades infecciosas, el Carlos III; errores en la conveniencia de traer infectados al Estado; errores en esa cadena de despropósitos que llevaron a la hospitalización de Teresa, en concreto el de la ambulancia; errores en la escasa y deficiente formación que tuvo el personal sanitario.

En toda esta crisis hemos tenido todos una sensación; la sensación de que la ministra improvisaba, de que teníamos una ministra insegura, una ministra desorientada y una ministra provisional hasta el punto que la vicepresidenta tuvo que asumir las riendas de la crisis y constituir aquel comité de crisis que no era más que la desautorización de la ministra. Ha habido también un intento burdo de culpabilización de Teresa Romero por parte del consejero de Sanidad y algunos medios de comunicación afines, y a todo eso sumamos la escasa aportación del Gobierno en la cooperación para la lucha contra el ébola. Llegó una comparecencia de la ministra tarde y mal y ahora justamente es momento de no repetir errores, de aprender de los errores y de tomar medidas. Desde Compromís-Equo queremos mostrar nuestro apoyo a esta moción porque entendemos que no tenemos una ministra a la altura de las circunstancias y que no puede seguir dirigiendo el Ministerio de Sanidad.

Acabo con una cifra. La Agencia Bloomberg, que toma sus datos del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial, sitúa a España en el puesto catorce en eficiencia sanitaria. Se ha bajado del puesto cinco al puesto catorce desde que gobierna el Partido Popular. Una reflexión, señores del Partido Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Señorías, nosotros queremos dejar claro desde el principio de nuestra intervención que la actuación del Gobierno en la crisis del ébola nos ha parecido irresponsable y tardía. Quiero aclararlo porque la feliz evolución de Teresa Romero y la salida del hospital de las otras personas que podrían haber estado afectadas, siendo lo principal, no puede ser óbice para no reconocer la pasividad, la falta de previsión y sobre todo la falta de dotación de los recursos y materiales necesarios a la sanidad pública que este Gobierno ha desmantelado y desprestigiado en apenas dos años. Por eso coincidimos en que se investigue la gestión, la lamentable gestión del Ministerio de Sanidad en esta cuestión; que se investigue y que se depuren las responsabilidades que correspondan, que las hay. Las hay y han quedado en evidencia por


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la decisión del Gobierno de no poner al frente del comité especial para la gestión del ébola a la ministra de Sanidad; las hay en no haber preparado y dotado al personal sanitario; las hay porque la ministra de Sanidad, a pesar de la alerta y los avisos, continuó con sus vacaciones en agosto y no compareció en esta Cámara para informar de la situación a pesar de la petición de los grupos; las hay porque la comunicación pública por parte de la ministra ha sido una demostración de desconocimiento, improvisación y falta de respeto mayúsculo; y las hay porque se ha querido criminalizar y culpabilizar del contagio al personal sanitario y a Teresa Romero en concreto.

No tengo tiempo para referirme a las deleznables e intolerables declaraciones del consejero de la Comunidad de Madrid, que todavía hoy, inexplicable e incomprensiblemente, sigue en su puesto. El ministerio y el Gobierno han actuado como si esto fuese un problema de África que nunca llegaría a desarrollar Europa. No ha pedido asesoramiento a los mayores expertos en enfermedades infecciosas en este Estado, no ha pedido ayuda formativa a organizaciones expertas en el tema como Médicos Sin Fronteras, que es una referencia mundial en la materia, y se han puesto en marcha los protocolos de manera errática y sin los medios ni la preparación necesaria. Tampoco parecen tener interés desde el Gobierno en dar cumplimiento a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que ha solicitado a la comunidad internacional movilizar con urgencia los recursos técnicos y económicos para responder a la epidemia. De la ONU, a este Gobierno solo parecía interesarle el sillón en el Consejo de Seguridad.

Seguimos esperando en esta línea a que las autoridades españolas abran el puente aéreo para los vuelos de ayuda humanitaria desde Las Palmas, a pesar de que esto no supone coste alguno para el Estado, y seguimos esperando saber cuál es la cantidad económica que el Gobierno va a dedicar al fondo de la ONU para hacer frente a la epidemia. En definitiva, hay mucho, casi todo por hacer por parte de este Gobierno, que una vez que ha remitido la actualidad del tema sigue sin abordar lo principal: el abandono, la destrucción y las graves consecuencias que sus decisiones políticas han tenido y están teniendo en la sanidad pública. Por estos motivos apoyaremos la iniciativa del Grupo Socialista.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño porque, entre otras cosas, sobre este tema hemos hablado largo y tendido en las últimas dos semanas; al principio, desgraciadamente, hoy en día podemos decir que por lo menos con una pequeña satisfacción, la que concierne a que la paciente Teresa Romero se ha recuperado, ha superado la enfermedad del Ébola. Sin duda alguna todos nos alegramos de que esa parte de la crisis la hayamos superado, que ella la haya superado. Por tanto, quiero felicitarla y sobre todo felicitar a todos aquellos que la han cuidado y la han atendido.

No vamos a decir hoy nada que no hayamos dicho anteriormente. Hemos superado una pequeña crisis, pero la crisis del ébola no la hemos superado. Por tanto, es el momento para que nos preguntemos qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal en toda esta historia; para ello, hoy tenemos una moción y mañana vamos a tener otra de Convergència i Unió, que centralmente vienen a decir y a criticar lo mismo. Seguramente todos los grupos -quizá internamente el Grupo Parlamentario Popular también, aunque públicamente no lo diga- hemos visto los mismos errores y todos proponemos casi las mismas cosas. En principio, dos son las bases fundamentales de la propuesta del Grupo Socialista: investigar e informar. Estos son los dos primeros puntos, con los que estamos totalmente de acuerdo. Hay que abrir una investigación oficial de cómo se ha desarrollado toda esta historia. Por otra parte, se trata de informar, mantener abierta una línea en la que la ciudadanía sepa claramente qué es lo que ha ocurrido, que no se nos oculte nada. Cuando la ministra compareció y previamente en una reunión que tuvimos en el ministerio le dijimos lo mismo: usted no es la culpable del ébola, usted es la responsable política de la gestión de la crisis del ébola. Parece que no entendía la diferencia entre una cosa y otra, por eso mismo lo primero que pretendió hacer el Grupo Parlamentario Popular o el Gobierno fue poner un mecanismo de defensa o una especie de armadura para que la pelota rebotara y decir que no eran los culpables. Eso fue un craso error de gestión de la comunicación, porque previamente ya teníamos experiencia en el tema y es lo que no tenían que haber hecho, tenían que haber dicho tranquilamente: vamos a estudiar, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, vamos a ver dónde están las responsabilidades, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, qué se ha hecho bien, qué es lo que no se ha hecho bien y qué es lo que creíamos que teníamos que hacer y no ha salido bien. Pero para eso hay que tener humildad. La falta de humildad en política es


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algo que se paga muy caramente y parece que uno de los graves errores de la ministra ha sido ese, no tener humildad política.

Cuando se pide restituir el Carlos III -el Carlos III o el que sea-, hay que tener en cuenta que España no tiene ninguna unidad de nivel 4. La situación económica que se está viviendo seguramente no está para muchas cuestiones de esta índole, pero habrá que pensar algo. El Grupo Socialista propone que se proceda a la creación de un centro nacional de control de enfermedades bajo la dependencia del Ministerio de Sanidad -a mí estas cosas de la dependencia del ministerio me dan un poquito de urticaria-, pero sin que esto sea óbice para que las comunidades autónomas, que tienen la capacidad de gestionar y que han demostrado además que lo hacen bien, puedan crear sus unidades o los sistemas operativos que consideren oportunos para esta serie de cuestiones.

Para terminar, tengo que decir que nosotros lo que vemos es que, independientemente de que ahora solucionemos o medio solucionemos cómo salir de este pequeño atolladero, el problema no ha hecho más que empezar. El ébola sigue matando muchísima gente, eso sí, lejos de aquí, pero sigue siendo un problema, porque no podemos pensar que como mata lejos de aquí, eso ya no nos atañe. Hay que invertir en la prevención, hay que invertir donde está ocurriendo hoy en día la gran tragedia del ébola, que es en África. Hay que invertir allí, hay que mandar unidades para que la enfermedad se cure allá mismo. Sé que eso es complicado pero algo habrá que hacer. En ese sentido, también estamos de acuerdo con el proyecto de que Canarias sea esa base de referencia para que ese puente aéreo entre África y el Estado español funcione.

Finalmente, quiero decir que la ministra gestionó muy mal la crisis del ébola. La gestionó mal por incapacidad, por desconocimiento o por confiar en personas que le decían que todo estaba bien y la cuestión es que no lo estaba. Lo que hemos dicho en los anteriores días no lo vamos a repetir hoy, pero creo que la crisis solo acaba de empezar y hay que buscar soluciones para el futuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, estamos aquí discutiendo sobre una moción consecuencia de interpelación que presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Desde Convergència i Unió también formulamos una interpelación el mismo día y la moción consiguiente vamos a debatirla mañana. Coincidimos y estamos de acuerdo en muchos puntos de la moción, van en la misma línea que la nuestra y por lo tanto algunos de ellos mañana los vamos a volver a repetir. El Grupo Socialista nos propone una investigación oficial relativa a la gestión. Nosotros estamos de acuerdo, creemos que hay que llegar al fondo de la cuestión sobre cómo se ha llevado toda la gestión de la crisis del ébola y también estamos de acuerdo en mantener permanentemente informada a la ciudadanía y mejorar la política de comunicación. Hay una cosa que quiero decir, y es que desde Convergència i Unió apoyamos ese apartado de su moción en el que felicitan y expresan su reconocimiento y apoyo a todos los profesionales de la sanidad pública que han estado tratando a Teresa Romero. Igual que hace unos días pedíamos desde aquí su recuperación y confiábamos en que saldría adelante, hoy debemos alegrarnos por su pronta y total recuperación, ya que ha vencido al virus del Ébola. También nos alegramos de que hayan sido dadas de alta las otras personas que estaban bajo vigilancia y ojalá el virus del Ébola tarde mucho tiempo en volver a estar entre nosotros en España.

Una vez enfocado este tema, también queremos decir que estamos completamente de acuerdo en las opiniones que ustedes manifiestan sobre el consejero de la Comunidad de Madrid. Coincidimos con ustedes en que la gestión que se hizo desde la Comunidad de Madrid no fue correcta, no fue acertada y, sobre todo, las palabras de su consejero son una muestra de lo que nunca debería pensar ni decir un responsable de salud de una comunidad autónoma. Lo dijimos en su momento, consideramos que son unas palabras indignas para su cargo. La gestión de la enfermedad de Teresa Romero fue mala porque nunca se debe culpabilizar a la víctima. Pensamos que desde el ministerio también se gestionó mal la política de comunicación y de información, pero para Convergència i Unió lo más importante, lo que nos importa en estos momentos y nos preocupa es reconocer y corregir los errores y creemos que ahora estamos ya en ese camino.

Es muy importante la tranquilidad de los ciudadanos, la confianza de todos en nuestro sistema sanitario, y no podemos ponerlo en riesgo. Estamos dispuestos -lo dijimos el día de la interpelación y lo volvemos a repetir- a colaborar para que esto sea posible, estamos dispuestos a colaborar en la


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tranquilidad de la población, a ayudar para corregir los errores, a colaborar en todo lo que sea posible para que lo que aquí se ha hecho mal jamás se vuelva a repetir. Es fácil que en otras ocasiones nos volvamos a encontrar con otros virus o con bacterias emergentes y tenemos que saber reaccionar ante ellos. En los últimos años hemos tenido, entre otros, el SARS, la gripe aviar y el H1N1, y ahora hemos tenido el ébola. Solo son algunas de las enfermedades emergentes, pero hay muchos más que cualquier día pueden aparecer y nos podemos encontrar. Tenemos que estar preparados y sobre todo tenemos que confiar más en nuestros expertos, en las sociedades científicas y en los profesionales sanitarios. Y al hablar de profesionales sanitarios quiero hacer hincapié -mañana lo volveré a hacer en otro punto de la moción- en que se trata de todos los profesionales sanitarios. Debe de tenerse en cuenta a todos, y aquí quiero referirme a los que son más aptos y están más en contacto con los pacientes, que son precisamente las enfermeras.

El señor PRESIDENTE: Señora Tarruella, conviene que vaya terminando.

La señora TARRUELLA TOMAS: Muchas gracias, señor presidente. Termino ya.

Simplemente quiero decir que, aunque muchos puntos de su moción son parecidos y están en línea con la que hemos presentado nosotros, es más importante en estos momentos terminar la investigación, tranquilizar a la población, saber lo que ha ocurrido y corregir los errores antes que pedir dimisiones precipitadas. Ya llegará el momento, pero todavía tenemos que hacer más evaluación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Moreno Palanques.

El señor MORENO PALANQUES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, lo que piden en esta moción es una tremenda impostura. Toda la moción es una impostura. En relación con el punto número 4, le recuerdo que su grupo parlamentario apoyó al Gobierno y fue el que quitó al Ministerio de Sanidad el Instituto de Salud Carlos III para dárselo al Ministerio de Ciencia (Aplausos), y ha sido este Gobierno el que se lo ha devuelto, al menos funcionalmente, a ese ministerio. Casi hacen desaparecer la Organización Nacional de Transplantes para crear una dirección general. Pero no fue usted, fue su ministro al que le tocó en suerte. En todo caso, la cuestión es que si ese problema es grande, ustedes se ofrecen a apoyar al Gobierno, pero si el problema es pequeño, entonces se ponen a ayudar al problema, y en este caso es muy fácil porque hay un nivel de incertidumbre que facilita mucho esa situación. Ustedes no pueden hacer una llamada a la responsabilidad y veinticuatro horas más tarde salir en tromba, como han hecho estos días. Eso se denomina responsabilidad de mecha corta y en un tema de salud pública no es aceptable. Si de verdad quieren ayudar, le recomiendo que coja el AVE a Sevilla antes de que acabe esta moción y pregunte a su consejera de Salud cuántos centros tienen en la Comunidad de Andalucía. Le dirá que tienen ocho activados y uno activo. Eso significa -se lo traduzco- que si aparece un caso sospechoso en algún lugar de Andalucía lo tienen que llevar a Sevilla. Señor Hernando, le digo: si aparece un caso sospechoso en su provincia, en Almería, van a tener que llevarlo con ambulancia, según el protocolo actualizado este viernes pasado, durante seis u ocho horas hasta Sevilla. Tendrán que cambiar en Guadix, cambiar el equipo, volver a Loja, cambiar el equipo, volver a Osuna y cambiar el equipo. Muchos equipos, señorías, para un tema como este, a mi modo de ver. Los protocolos, dicen allí, son dinámicos y, si hay que cambiarlos, se cambiarán. Ahora le recomiendo que vuelva a coger la moción, revise el último punto en el que pide la dimisión de la ministra y mire si no tiene que añadir algún nombre. Nosotros no lo vamos a pedir. Nosotros vamos a ayudar a la consejera y a todos los consejeros de este país, porque mientras haya ébola en África occidental cualquier comunidad autónoma puede tener un caso en su territorio.

El tema aquí es que algunos han ido a una batalla, han vuelto y han ganado; hay otros que todavía tendrán que ir a la batalla y hay que ayudarles. En eso estamos todas las comunidades autónomas y el ministerio. Eso requiere un abordaje común nacional; es más, requiere un abordaje común internacional, razón por la que este último viernes en el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno -el presidente lo dirá aquí- se ha decidido que Stylianides sea el coordinador para el ébola en toda Europa. Eso significa elevar el nivel de coordinación. Es en momentos como estos en los que se pone a prueba no solo un sistema sanitario de salud pública como el de este país o el de la Unión Europea. En momentos como estos se pone a prueba el fuste y la responsabilidad de su clase política y de sus grupos parlamentarios.


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El sistema sanitario, con todos sus profesionales al frente, ha dado muestras de su capacidad y de su responsabilidad. No sé si la clase política lo ha hecho. Después de esta moción me da la impresión de que algunos no, y eso sí requiere un tratamiento experimental con carácter de urgencia. Su jefe de filas tiene un don para el error y les aconsejo que ayuden a serenar su criterio, porque en una guerra como la del ébola hasta ustedes son necesarios para ganarla. Los profesionales sanitarios nos han enseñado mucho más que a abordar una crisis. Los profesionales sanitarios nos han enseñado a abordarla con determinación, entrega, capacidad y responsabilidad. Me gustaría que todos aprendiéramos de ellos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moreno Palanques.

Señor Martínez Olmos, ¿qué hacemos con las enmiendas?

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Señor presidente, aceptamos las enmiendas que propone el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y aceptamos una enmienda de las dos que plantea el Grupo Parlamentario de UPyD. La otra la hacemos transaccional con la aceptación de su portavoz y haremos llegar el texto a la Mesa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO ACERCA DE LA ENTRADA EN SERVICIO DE LA "Y VASCA" PARA EL AÑO 2020. (Número de expediente 173/000178).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última moción que veremos hoy, que es del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre las previsiones del Gobierno acerca de la entrada en servicio de la Y vasca para el año 2020. Para su defensa, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Presidente, señorías, tengo que reconocer que me encuentro absolutamente perpleja. Hasta el día de hoy -y lo digo con toda sinceridad- no podía dar crédito a la inconsistencia de los compromisos para con la Y vasca del Gobierno, de su presidente, el señor Rajoy, y de la ministra de Fomento. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Sinceramente me resistía a creer que el presidente del Gobierno de España mintiera sin pudor a esta Cámara, que diera su palabra en el Senado para luego olvidarla y que no cumpliera con su compromiso de licitar los cinco subtramos del nudo de Bergara en el año 2013. Me resistía a creer también que, reiterada su palabra para con la nueva red ferroviaria vasca para el año 2014 -asumida, además, por el Grupo Parlamentario Popular al aprobar una resolución en este sentido en el debate del estado de la Nación 2014-, volviera, en un renovado ejercicio de trilera prestidigitación, a consumar el engaño. Pues bien, aunque parezca mentira, es mentira. Es todo mentira, señorías, una monumental mentira. No hay tal compromiso. Ha quedado claro que su palabra, la de la ministra y la del Grupo Popular valen bastante poco, yo diría que no valen nada. Habrán observado que nuestra moción se sustenta literalmente sobre las palabras pronunciadas por la ministra Pastor a lo largo de su intervención durante el debate de la interpelación de la que esta moción trae causa. Se sustenta en el compromiso manifestado por la ministra para con esta infraestructura y para con la obligación del Estado español de dar cumplimiento a la decisión 884 del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece que este corredor debe estar definitivamente implementado en el año 2020. La ministra decía así: quiero empezar resaltando la importancia estratégica que tiene la Y vasca para el País Vasco, para toda España, para toda Europa, sobre todo porque va a vertebrar el territorio y va a permitir mayor cohesión interterritorial. Esta importancia internacional radica en que es la puerta de entrada a la Península de dos corredores esenciales en las políticas de transporte europeo. En primer lugar, del denominado corredor atlántico, uno de los nueve corredores formados por infraestructuras que pertenecen, como saben, a la red básica. Se trata de corredores prioritarios para la estructuración del transporte de la Unión Europea. Mucho, ¿no? Y concluía su intervención: si todos los Gobiernos, como el de esta ministra, invierten lo que se está invirtiendo, la Y vasca no estará en 2020, estará mucho antes de 2020. Sin embargo su enmienda, lejos de ratificar las palabras de la ministra, que es lo que se solicitaba, constituye un canto al sol, pura palabrería: continuar, continuando, colaborar, intensificando..., el bibí babá, bibí babá. Bla, bla, bla, no es más que eso.


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Yo les pregunto directamente: ¿a qué tienen miedo? ¿Por qué no ratifican las palabras de la ministra? ¿Acaso mintió la ministra hace dos semanas cuando dijo que el tren de alta velocidad estaría en 2020? ¿Es falsa, por tanto, la afirmación de que si se mantiene el ritmo inversor de la Y vasca no solo estará en 2020, sino que estará mucho antes? Demasiadas e importantes preguntas sin respuesta que nos llevan a ratificarnos nuevamente en que todo su cacareado compromiso, el del Grupo Popular, el de la ministra Pastor y el del Gobierno de España, no es más que una filfa, señorías; una filfa. No me digan que desconocen si estarán gobernando o no en la próxima legislatura porque les contestaré, si no les importa, que seguramente no. Eso no les exime de su palabra ni les exime de la posibilidad de dotar y ampliar los créditos plurianuales suficientes y necesarios para que la Y vasca sea en 2020 una realidad. De hecho, lo están haciendo con respecto a otras comunidades autónomas. Y, por favor, no recurran a echar el balde de sangre encima de la mesa y a acusarnos de insolidarios, como hicieron el otro día, tratando de jugar con los sentimientos de otras nacionalidades y naciones del Estado en ausencia clara de argumentos, de razones objetivas que justifiquen su negativa a fijar una fecha de puesta en marcha o, lo que es lo mismo, a concretar un mínimo compromiso.

En cualquier caso, en vista de su dejadez y desinterés, lealmente hemos intentado realizar un ejercicio de planificación tanto cronológica como financiera y presupuestaria que tantas veces les hemos requerido sin éxito. Y no solo eso, también con absoluta lealtad y respeto al procedimiento se lo hemos trasladado en forma de enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2015. ¿Qué ocurre? ¡Ay! Que les falta por presupuestar en torno a 700 millones de euros para que la afirmación de la ministra sea sustanciable, para que la Y vasca sea una realidad y se encuentre en funcionamiento en 2020.

Señorías, me voy a dirigir especialmente a los diputados y diputadas del Partido Popular. Sinceramente, están ustedes ante la última oportunidad para el compromiso con la Y vasca, van a ser sus últimos presupuestos en esta legislatura. Tienen todavía la oportunidad de concretar y otorgar certeza a ese compromiso que hasta ahora no han sido capaces de sustanciar; son incapaces, incluso, como les decía, de ratificar las palabras de la ministra. Les pediría que entiendan que esta iniciativa tiene un fin bueno. Con toda seguridad, como les decía, se encuentran ustedes ante la última oportunidad en esta legislatura para aumentar la inversión en la Y vasca y recuperar esa credibilidad perdida en esta materia. Espero la intervención del portavoz del Partido Popular, espero su solemne compromiso y, si no puede ser hoy, tendrán su última oportunidad en el trámite de los Presupuestos Generales del Estado.

Señor Elorza, gustosamente aceptaremos su enmienda...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: ... que ha sido además recogida también en forma de enmienda a los Presupuestos Generales del Estado por nuestro grupo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Se han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Socialista, señor Elorza.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: Señora presidenta, señorías, recuerdo que a finales de los años setenta había una canción de un cantante americano que seguramente algunos de ustedes, ya metidos en años como yo, escucharon con placer y que se convirtió en una especie de bandera, de símbolo. La canción se titulaba El tren de la paz (Peace train) y está interpretada por el cantante Cat Stevens. El tren de la Y vasca, el tren de alta velocidad, debe servir precisamente para generar vínculos, para crear una mayor unión, una mayor relación entre los vascos y las vascas con el conjunto del Estado, con el conjunto de los españoles, con el resto de España. La moción del PNV, y me parece que es un error de planteamiento, no contempla precisamente el objetivo que apuntamos los socialistas en nuestra enmienda, y es que la Y vasca, ese tren de alta velocidad de conexión de las capitales vascas, no es nada si no tiene la garantía de su conexión con el conjunto del corredor atlántico en su trazado Madrid-Irún. Es decir, lo que no puede ser la Y vasca, señores diputados y señoras diputadas del PNV, es una isla ferroviaria, no puede quedar aislada de la conexión con Burgos-Madrid ni de la conexión con Pamplona y el Mediterráneo hacia Barcelona. Por tanto, la enmienda del Grupo Socialista viene a instar al Gobierno a que se acometan también, lo mismo que en la Y vasca para el año 2020, las obras pendientes de la alta velocidad en el tramo ferroviario Burgos-Vitoria en plataforma de alta velocidad, no en tercer hilo o raíl, para permitir en ese año 2020 la conexión de la Y vasca con el corredor atlántico en su tramo Madrid-Irún y luego Francia.


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La historia de la Y vasca podría considerarse como la historia de quien puede perder un tren, y el País Vasco no quiere perder ese tren, un tren que, por cierto, está financiado, aunque se adelante vía cupo, por el conjunto de la ciudadanía española. Es una financiación del Estado, aunque el Gobierno vasco, afortunadamente, por un convenio firmado con el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero en el año 2006 -firma de la ministra Magdalena Álvarez- permitió que, vía cupo, el Gobierno vasco financiara una de las patas de la Y vasca. Fue un convenio importante del año 2006 que no se había conseguido con el Gobierno del Partido Popular anteriormente, algo que citaba la diputada señora Robles hace dos semanas. Pues bien, ese tren, el tren de la Y vasca, el tren de alta velocidad, ha estado en varias ocasiones a punto de perderse, y todavía hoy leemos en la prensa cómo el señor Garitano, el diputado general de Bildu en Gipuzkoa, pide nuevamente la paralización de las obras de la Y vasca. Pero hace no muchos años -y es conveniente que lo recuerde aquí porque la memoria es débil-, en los años 2007, 2008 y 2009 especialmente estuvimos también a punto de perder el tren por las amenazas, los atentados y hasta un asesinato del empresario Uría por parte de ETA. ETA señaló como objetivo la Y vasca y desarrolló una campaña de amenazas y de atentados en el País Vasco y también en Madrid contra personas, entidades y empresas que defendían la Y vasca como un elemento de conexión con el conjunto de España, lo mismo que en su día lo fue también la autovía de Leizarán, la autovía del Urumea. Ese tren también estuvo a punto de perderse para alguna parte del territorio vasco, concretamente para San Sebastián-Gipuzkoa, cuando en el año 2006 la consejera nacionalista entonces, señora López de Guereñu, pretendió dejar la ciudad de San Sebastián fuera del enlace de la Y vasca -tengo aquí la nota de prensa del PNV curiosamente-, y ustedes, desde el PNV, plantearon -me parece que la historia también exige recordar esto- que el tren de alta velocidad no llegara a la capital guipuzcoana, sino que se quedara a 11 kilómetros de la estación de Astigarraga, conectando luego la estación de Astigarraga con San Sebastián mediante una cómoda lanzadera.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Elorza.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: Voy acabando, señora presidenta.

Mediante una cómoda lanzadera, ustedes, el PNV, pretendieron que la alta velocidad no llegara a la capital guipuzcoana. El tren de alta velocidad no llegará -ese tren lo hemos perdido- a Gipuzkoa en el año 2016 para la celebración de la capital cultural europea, como se había prometido. Su preocupación -y esto sí que tiene gracia- es que la alta velocidad por lo menos llegue a Bilbao en el año 2020. Nosotros, los socialistas, lo compartimos y lo defendemos, aunque sea, como usted dijo hace quince días, para que los madrileños puedan llegar a Bilbao -a Bilbao- en alta velocidad para ver los partidos de la fase de la Eurocopa. Está visto que al PNV le interesa mucho todo lo que afecta e interesa a Bizkaia y a Bilbao y poco lo que interesa a Gipuzkoa y a San Sebastián.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Elorza.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: Y no es una cuestión de rivalidad sino de realidad. Gracias, presidenta.

En definitiva, nuestra enmienda viene a colmar una laguna evidente por parte del PNV y los socialistas intentaremos apoyarles a ustedes para que el Partido Popular, el partido del Gobierno, no nos haga perder el tren, ese tren de la paz en el año 2020, aunque tenía que haber llegado antes. Sí señor, lo que he dicho es verdad: ustedes quisieron dejar a San Sebastián sin estación de alta velocidad...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Elorza.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: ... y dejarla a 11 kilómetros. Yo no lo olvido. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Elorza.

También hay enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Señor Azpiroz.

El señor AZPIROZ VILLAR: Señora presidenta, señoras y señores diputados, una vez más venimos a abordar aquí el debate relativo a la Y vasca. Leyendo esta mañana las iniciativas presentadas por el Grupo Vasco del PNV podemos comprobar que han sido numerosas. Hubo una moción, consecuencia también de una interpelación, que se tramitó el 18 de abril de 2013 y que fue aprobada. Posteriormente hubo otra el 20 de junio de 2013 que resultó rechazada. Se planteó también otra moción en el Senado y resultó igualmente rechazada. Se han planteado proposiciones no de ley en el Pleno y la Comisión


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pendientes aún de debate; se ha planteado otra proposición no de ley ante el Pleno de esta Cámara, igualmente pendiente, y se ha dado respuesta a dos preguntas orales en el Pleno formuladas por el señor Esteban, portavoz del Grupo parlamentario autor. En definitiva, cuatro mociones, cuatro interpelaciones, tres proposiciones no de ley y dos preguntas: trece iniciativas. Creo que no está mal, ¿verdad?

La realidad, como expuso la ministra en la interpelación de la que trae causa esta moción, es que en los años 2012, 2013 y 2014 se ha dotado esta importante infraestructuras con 685 millones directamente imputados en los Presupuestos Generales del Estado, más otros 1.000 millones financiados, como se ha dicho hace un momento aquí, vía cupo. Este año los Presupuestos Generales del Estado para 2015 contemplan una partida de 220 millones, que significa un 16,7 % más que el pasado año. En total son 2.250 millones. Se podrá decir que uno quiere más, sí, y como guipuzcoano entiendo bien la pretensión de querer más, pero lo que no se puede hacer es traducir esto, como se ha dicho, en una inconsistencia o en una dejadez. En unos momentos como los que llevamos vividos en esta legislatura, en la que ha habido ejercicios muy duros, con una crisis económica muy profunda y con una restricción de la inversión del gasto público, creo que habría que tener la objetividad de reconocer el esfuerzo que todos los españoles estamos haciendo en la financiación de la Y vasca.

Pero me veo obligado -y hace un momento se apelaba también aquí a la historia- a hacer un poco de historia, porque a veces, sobre todo cuando son tan reiterados estos debates, conviene pararse un momento e intentar tener perspectiva y ser objetivos. En el debate de política general celebrado en el Parlamento vasco en 1988 se debatió el Plan Europa 1993, que por primera vez incluía la Y vasca. El PP, a través de Marcelino Oreja y Loyola de Palacio, impulsó ante la Unión Europea esta importante obra. En 1998 el PNV llegó a un acuerdo de legislatura con Batasuna... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor Azpiroz.

Por favor, ruego un mínimo de atención o de respeto al orador. Adelante, señor Azpiroz.

El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.

En 1998 el PNV, como decía, llegó a un acuerdo de legislatura con Batasuna. De hecho, Otegui se jactaba públicamente de haber sido el autor de la paralización de la Y vasca. En el año 2000 el Gobierno popular inició las obras de la Y vasca, el estudio informativo del proyecto, y en marzo de 2004, con la redacción de los proyectos básicos y licitados los dos primeros contratos, llegó el Gobierno socialista y revisó, paralizó y demoró la ejecución de la obra. En el año 2001 el PNV, autor de esta iniciativa, formalizó un pacto de Gobierno, el llamado Gobierno tripartito PNV-EA-Ezker Batua, es decir, con la Izquierda Unida del señor Madrazo. Recuerdo que el señor Madrazo defendía la llamada U vasca. Ha habido hasta tres alternativas que se han debatido y planteado: la Y vasca, a favor de la cual estamos la mayoría de los grupos parlamentarios y el Gobierno popular la está apoyando financieramente; la U vasca que defendía Ezker Batua, y otros defendían la L. Se ha dicho por el señor Elorza -y así es- que eran momento en los cuales no está mal recordar que había problemas, desde la expropiación de terrenos para la ejecución de la obra hasta el hecho de la presión abertzale, que hubo atentados e incluso lamentablemente se produjo el asesinato de un empresario. Ese era el contexto que escasamente favorecía una rápida ejecución de la obra.

Quiero recordar que el corredor atlántico es una infraestructura prioritaria de los nueve corredores de la red básica para España y para la Unión Europea y, por tanto, también prioritaria a efectos de recibir fondos del mecanismo Conectar Europa, cuestión que habrá que trabajar. La Y vasca debe estar finalizada para el año 2020, como le dijo la ministra en la interpelación. Si los próximos Gobiernos continúan invirtiendo como este, estará concluida mucho antes de 2020. Esta es la clara voluntad política del Gobierno y del Partido Popular. En conclusión, señora presidenta, primero el PP apoyó siempre la Y vasca; otros no, y hay que decirlo. Segundo, con los presupuestos al 20 de diciembre de 2015 se habrá invertido un 83 % más de todo lo que se había invertido antes. Y tercero, si se sigue invirtiendo como en la actualidad, la obra estará concluida antes de 2020. Hemos presentado una enmienda de sustitución respecto a la cual ya se ha pronunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el sentido de su desistimiento, lo cual lamentamos porque nos obligará a votar en contra de lo que se ha dicho. Como yo creo en la palabra de la ministra, también creo...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Azpiroz.


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El señor AZPIROZ VILLAR: Concluyo ya.

... que es ocioso el que se pida a la Cámara una confirmación de lo que ha comprometido la ministra de Fomento, Ana Pastor.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiroz.

En turno de fijación de posiciones, Grupo Mixto, señora Ariztegui.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Gracias, presidenta.

Sea generosa con los vascos, porque lo que quieren todos y cada uno de los vascos estoy segura de que es lo mejor para el País Vasco. Así acababa la señora ministra dirigiéndose a la señora Robles hace quince días, y suscribo totalmente sus palabras sin que sirva de precedente. Ojalá se hubiera atendido ese deseo, porque hoy no estaríamos en esta situación. (Continúan los rumores). La ciudadanía vasca viene mostrando desde hace más de veinte años sus dudas, reticencias o su no más rotundo a este proyecto faraónico por muchas y diferentes razones; básicamente, y resumiendo, porque no es rentable ni social, ni ecológica, ni económicamente. (El señor presidente ocupa la Presidencia). La obra avanza inexorable y a pesar de las reiteradas peticiones aún no se ha podido dar una reflexión sosegada, un debate pausado y bien argumentado sobre este macroproyecto y el modelo ferroviario que necesitamos como pueblo. Algunos no perdemos la esperanza de que este debate se dé, de que haya una moratoria, de que se paren las obras, de que este símbolo de la desinformación e imposición no acabe en un ejemplo más grave de sostenella y no enmendalla. (Continúan los rumores). Tenemos claro que este debate debe darse allí -sí, es cierto, allí, en nuestra tierra-, pero hoy está aquí y solo les pedimos tratar de alejar prejuicios políticos y abordarlo desde el sentido común y, si quieren, desde su propio campo, el que más les gusta, desde la lógica económica.

Señorías, con la que está cayendo y tras el aluvión de datos de estos últimos días no entiendo cómo pueden seguir considerando que el tren de alta velocidad es prioritario, tan relevante, de fuerza mayor. Tenemos que pensar que viven ajenos a la realidad que les rodea. (Continúan los rumores). Desde luego, la gran mayoría de la ciudadanía...

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.

Por favor, ruego silencio para que se pueda oír a la señora diputada.

Continúe, por favor.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: ... no entiende esas prisas para 2020, ese arrastrar con todo a su paso. Ese Madrid-París tan rápido, tan deseado del que aquí se habla ahora mismo no es más que una cadena de eslabones inconexos, acelerones y frenazos, trozos de vía puestos en el mapa; al final para qué, ¿para ir de Vitoria a Bilbao en 40 minutos? Para ahorrar 15 minutos no hacen falta estos gastos -no lo digo yo, lo dijo Feijóo hace tiempo- y además para ir a las afueras de esa capital.

El diagnóstico sobre la insostenibilidad del tren de alta velocidad no es novedoso, pero cada vez son más las voces que alertan del disparate. El presidente de ADIF lo ha dicho hace poco: La ruina del AVE. Tras veintidós años en marcha los ingresos no cubren ni un tercio de la inversión. Una red de alta velocidad como la actual, con 24 millones de usuarios al año, como tuvimos en 2013, no es sostenible, no tiene ni pies ni cabeza. No lo dice Amaiur, ¡eh! Sigue diciendo: Hasta ahora no ha habido una adecuada política de transportes. Hay sobrecapacidad de carreteras, aeropuertos y puertos. Hay que echar mucha imaginación para que las inversiones realizadas tengan la productividad que el contribuyente se merece. El propio Tribunal de Cuentas francés lo ha dicho esta semana: Se ha llegado al límite del sistema. A medida que se van ampliando las líneas, estas son cada vez menos rentables. Señorías, vamos a tener en cuenta que se trata de una obra que cuesta cantidades astronómicas al conjunto de la sociedad precisamente en el momento en el que estamos.

La situación es la siguiente. Las conexiones con la Y vasca están seriamente tocadas. No hay enlace con Iruña vía tren de alta velocidad. Francia enfría y relega la conexión hasta 2032 -tenemos a quién mirar-. En la conexión Vitoria-Burgos se opta por el tercer carril, que empezaría no sé cuándo; o sea, un tren inconexo que viene de no se sabe dónde para ir a ninguna parte. Nos preguntamos qué beneficio va a traer un tren entre capitales en relación con sus faraónicos costes; es otro carísimo interpueblos, como decía la señora Robles hace quince días. ¿Qué les queda, que es prioritario para el transporte? La CEOE lo ha dicho: desecha el uso del tren de alta velocidad para el transporte de mercancías, lo ve inapropiado.


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Está ahí el informe de la CEOE, lo han dicho ellos. Además habla de evitar la proliferación de infraestructuras de alta velocidad cuya demanda, viabilidad o rentabilidad no estén suficientemente contrastadas y garantizadas. Paremos pues el disparate. Ustedes son conocedores de estos informes. ¿Así y todo, quieren avanzar en esta carrera suicida? Lo que les pedimos -lo mínimo- como responsabilidad institucional es que apliquen la moratoria a las obras y que encarguen un informe a realizar por expertos independientes en economía, ingeniería, movilidad y medio ambiente, partiendo de la realidad del proyecto, de lo hecho -que es bastante- y de lo que falta -que es muchísimo más-: la financiación, las prospecciones reales del servicio. Necesitamos datos reales para estudiar todas las alternativas, y la primera es determinar qué servicios necesitan la ciudadanía y la economía vascas, así como que las infraestructuras se adapten a la ciudadanía, como decía la ministra, y no al revés. La realidad económica nos obliga a cuidar más que nunca las verdaderas prioridades...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Voy acabando.

... que tengan rostro humano y no de cemento, es decir ser social y económicamente rentables.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Intervendré brevemente para avanzar que nos vamos a abstener en esta moción, no porque no apoyemos la conclusión de la Y vasca -ya he dicho en otras ocasiones que una vez que están tan avanzadas las obras sería completamente absurdo renunciar a su terminación, y por supuesto en los plazos más razonables posibles- sino por dos razones de fondo, por las que no compartimos del todo ni la posición del Grupo Parlamentario Vasco ni la del Gobierno. En primer lugar, quiero recordar que mi grupo es muy crítico en general con la política que ha habido de inversión en el AVE, que se sigue viendo como el tren de las maravillas y al que se atribuye unas virtudes casi mágicas que realmente nos sorprenden, porque todo el mundo sabe que la gran mayoría de las líneas que hay en España tardarán muchos años en ser realmente rentables puesto que habrá que amortizar una gigantesca inversión, por mucha promoción de billetes que se hagan y otras medidas parecidas.

Dicho esto, estamos aquí para defender el interés general, no el particular. Yo también soy donostiarra y me encantaría que la estación del AVE estuviera lo más cerca posible de mi casa; además es verdad que el AVE es una infraestructura estupenda y extraordinaria, pero esa no es la cuestión. La cuestión está en que se trata de ver si la inversión que el Estado tiene que hacer en cualquier línea de AVE, incluyendo en esto a la Y vasca, es o no razonable para los objetivos de política económica en general. La inversión productiva de los Presupuestos Generales del Estado tendría que considerarse desde el punto de vista de si ayuda o no a luchar contra el paro y a reactivar la economía productiva. La inversión en AVE nos parece desproporcionada, exagerada y además tiene muy poco que ver con esos objetivos de interés general -repito: luchar contra el paro y reanimar la actividad económica- y, en cambio, tienen mucho que ver con el afán de la vieja política de inaugurar como sea lujosas estaciones y recorridos de trenes de lujo. (Continúan los rumores). Eso no es lo que el país necesita. Como estamos para defender el interés general y no el particular, no tenemos ninguna necesidad de que este país también se suicide con líneas de AVE que no va a poder pagar en mucho tiempo. Por lo tanto, la inversión tiene que estar razonablemente distribuida a lo largo del tiempo.

Por otra parte, no deja de llamarnos la atención -aprovecho para decirlo- que no se nos acabe de aclarar algo muy importante, cómo se calcula la parte que en el cupo va atribuida a inversiones en el AVE. En general no sabemos nada de cómo se calcula el cupo, y de hecho todos ustedes votaron en contra de una petición para que ese cálculo fuera transparente. Desde luego no podemos tampoco votar favorablemente inversiones que no tienen nada que ver con la lucha contra el paro ni las que llevan una financiación opaca, como es la del cupo.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.


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La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.

Señorías, una vez más nos encontramos con una moción del Grupo Vasco para instar al Gobierno central a cumplir con los compromisos económicos y de plazos que permitan la puesta en funcionamiento de manera definitiva de la Y vasca. Esta infraestructura es una apuesta del Gobierno del Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco que se mantiene a pesar de que en los últimos años ha suscitado un importante debate entre la población vasca, que ha cuestionado las ventajas de la alta velocidad y que ha llevado a que miles de personas se hayan posicionado claramente en contra de este proyecto, argumentando de manera rigurosa la inadaptación a la orografía, el impacto ecológico, la inadecuación a las necesidades de transporte y sus elevadísimos costes. El Partido Nacionalista Vasco sigue aplicando esos costes contra el cupo, de acuerdo al convenio suscrito con el Ministerio de Fomento, y que bien podrían haberse utilizado para solucionar las carencias del ferrocarril normal -¿le suena, señora Sánchez Robles?-, máxime cuando, como muy bien sabe, todavía existen hoy en Euskadi más de 200 kilómetros de vías con velocidad máxima de 60 kilómetros por hora o menos, y que bien podrían mejorarse con una inversión adecuada y mucho menor que la necesaria para la Y vasca, aparte de que servirían para mejorar de manera significativa los tiempos de viaje entre las principales ciudades de Euskadi.

No dude de que si usted viniera aquí a exigir al Gobierno central las partidas presupuestarias necesarias para mejorar y mantener el transporte ferroviario suficiente como para... (Continúan los rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.

Por favor, ruego silencio.

Continúe.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.

Como le decía, si usted viniera aquí para pedir las partidas presupuestarias suficientes para poder cohesionar los municipios medianos y pequeños y mejorar los tiempos de viaje de las capitales, que es lo que usa la mayoría de la población vasca, tendría el apoyo incondicional de La Izquierda Plural. Por el contrario, ustedes, en pos de su apuesta desmedida por la alta velocidad, están realizando desorbitadas inversiones en esta infraestructura, mientras en las líneas ferroviarias que explota Euskotren todavía existen tramos de vía única e importantes limitaciones de velocidad. Inviertan en mejorar, por ejemplo, el tren de Donosti-Hendaia, que transporta diariamente a más de 23.000 pasajeros y pasajeras, más de los que sin duda se va a transportar por la Y vasca.

Desde La Izquierda Plural exigimos para Euskadi lo mismo que para el conjunto del Estado: la garantía de un transporte ferroviario público de gestión pública que facilite el derecho a la movilidad y la cohesión territorial de manera sostenible y democrática. Este modelo se hace absolutamente incompatible con esta política desmedida de la alta velocidad que ustedes plantean, máxime cuando ya ha quedado suficientemente constatada su ineficacia en términos de utilidad social, ambiental o económica.

Creemos que el Gobierno del Partido Nacionalista Vasco en Euskadi tiene y debe abordar necesidades mucho más urgentes, por las que debería exigir el compromiso presupuestario que de manera adecuada tiene que aportarse desde los Presupuestos Generales del Estado. Son necesidades -ya se lo dije aquí desde esta tribuna, y se lo vuelvo a repetir- en el ámbito sanitario, educativo, agroalimentario y de protección social que en estos momentos se deben de tratar de manera prioritaria en el conjunto del Estado y también en Euskadi, antes que la construcción de obras de infraestructuras tan cuestionadas ya por un amplio sector de la población como es la Y vasca. Ustedes no escuchan a la población, pero desde La Izquierda Plural pedimos que la escuchen. Desde luego, nosotros, como sabe y ya hemos manifestado en otras ocasiones, votaremos en contra.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De las Heras.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.

Desde el escaño intervengo simplemente para dar nuestro apoyo a esta moción. Nos parece oportuna, y además la Y cumple un objetivo muy importante desde el punto de vista de dar más utilidad, más rentabilidad a las líneas de alta velocidad, porque se trata de unir servicios entre ciudades situadas a cierta distancia, como Madrid y Bilbao, así como dar servicio a las capitales y las ciudades vascas entre ellas. Este es un objetivo importante en la red de alta velocidad del Estado español, cuyo principal


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problema, como dice el propio presidente de ADIF, es su baja rentabilidad. Por tanto, todo aquello que sea un diseño adecuado que logre más tráfico es positivo. Compremos la voluntad del Grupo Nacionalista Vasco y del Gobierno vasco. Como no puede ser de otra manera, nos mostramos plenamente solidarios y vamos a votar afirmativamente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.

Señora Sánchez Robles, a efectos formales de señalar qué va a hacer con las enmiendas, tiene la palabra.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Presidente, por supuesto aceptaremos e incorporaremos la enmienda formulada por el Grupo Socialista, porque estamos totalmente de acuerdo y así lo hemos expresado en nuestras enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, y no podemos aceptar la de sustitución formulada por el Grupo Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

En dos minutos vamos a votar. (Pausa).

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de don Antonio Erias Rey, pregunto a doña Margarita Varela Lema si jura o promete acatar la Constitución.

La señora VARELA LEMA: Sí, juro.

El señor PRESIDENTE: Doña Margarita Varela Lema ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena. (Aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE PARTICIPACIÓN DE LAS CORTES GENERALES EN LA ADOPCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 122/000156).

El señor PRESIDENTE: Comenzamos las votaciones. Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista, de participación de las Cortes Generales en la adopción de las políticas de la Unión Europea. Hay un voto emitido telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332 más 1 voto telemático, 333; a favor, 153; en contra, 173 más 1 voto telemático, 174; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, ORGÁNICA DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE SALVAMENTO MARÍTIMO Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN MARINA. (Número de expediente 122/000162).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Mixto, orgánica de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina. Hay un voto emitido telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331 más un voto telemático, 332; a favor, 42; en contra, 288 más 1 voto telemático, 289; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.


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PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD. (Número de expediente 162/001042).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley, del Grupo Popular en el Congreso, sobre la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 177; en contra, 141; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA PARALIZACIÓN DE LA PRIVATIZACIÓN DE AENA. (Número de expediente 162/001045).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre la paralización de la privatización de AENA. Se vota en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 149; en contra, 175; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA CRISIS DE SALUD PÚBLICA GENERADA TRAS EL PRIMER CASO DE CONTAGIO POR EL VIRUS ÉBOLA EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000177).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista, sobre la política que está llevando a cabo el Gobierno en relación con la crisis de salud pública generada tras el primer caso de contagio por el virus Ébola en España. Hay una enmienda transaccional de los grupos Socialista, UPyD y La Izquierda Plural. Ese texto es el que sometemos a votación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 136; en contra, 175; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO ACERCA DE LA ENTRADA EN SERVICIO DE LA "Y VASCA" PARA EL AÑO 2020. (Número de expediente 173/000178).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Vasco, PNV, sobre las previsiones del Gobierno acerca de la entrada en servicio de la Y vasca para 2020. Se vota con la enmienda del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 129; en contra, 192; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se suspende la sesión.

Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.

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