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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 210, de 08/07/2014
cve: DSCD-10-PL-210
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 210
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 197 (Sesión extraordinaria)
celebrada el martes,
8 de julio de 2014


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ORDEN DEL DÍA:

Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria:

- Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2015-2017 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2015. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 487, de 3 de julio de 2014. (Número de expediente 430/000004) ... (Página5)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Baldoví), sobre el incremento de espacios de impunidad en el ámbito de la Administración de Justicia frente a las políticas de restricción de libertades. (Número de expediente 173/000160) ... (Página27)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la orientación, objetivos y efectos de la anunciada reforma fiscal. (Número de expediente 173/000161) ... (Página34)

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el Plan de implantación de la garantía juvenil. (Número de expediente 173/000162) ... (Página41)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley de Navegación Marítima. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 73-1, de 29 de noviembre de 2013. (Número de expediente 121/000073) ... (Página48)


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Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación de las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los crímenes de guerra y al crimen de agresión, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 102-1, de 2 de julio de 2014. (Número de expediente 121/000102) ... (Página54)

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página54)

Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación) ... (Página55)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página56)

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página56)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

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Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria ... (Página5)

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Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2015-2017 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2015 ... (Página5)

En nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) presenta a la Cámara el acuerdo relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); así como el señor Larreina Valderrama, las señoras Jordà i Roura, Fernández Davila y Oramas González-Moro, los señores Baldoví Roda, Álvarez Sostres y Salvador Armendáriz, y la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto; y el señor Gallego Burgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página27)

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Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Baldoví), sobre el incremento de espacios de impunidad en el ámbito de la Administración de Justicia frente a las políticas de restricción de libertades ... (Página27)

Defiende la moción el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la señora Cobos Trallero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Baldoví Roda.

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Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la orientación, objetivos y efectos de la anunciada reforma fiscal ... (Página34)

Defiende la moción el señor Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la señora Asian González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra el señor Saura García.

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Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el Plan de Implantación de la Garantía Juvenil ... (Página41)

Defiende la moción el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; las señoras García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista, y Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra el señor Olabarría Muñoz.

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Enmiendas del Senado ... (Página48)

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Proyecto de Ley de Navegación Marítima ... (Página48)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página54)

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Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación de las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los crímenes de guerra y al crimen de agresión, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010 ... (Página54)

La Presidencia informa de que ningún grupo ha solicitado intervenir, por lo que se somete directamente a votación y es aprobado por asentimiento.

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Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página54)

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Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación) ... (Página55)

Sometido a votación el acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2015-2017 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2015, es aprobado por 179 votos a favor más 1 voto telemático, 180; 145 en contra más 2 votos telemáticos, 147, y 5 abstenciones.

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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página56)

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Baldoví), sobre el incremento de espacios de impunidad en el ámbito de la Administración de Justicia frente a las políticas de restricción de libertades, con la incorporación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, queda rechazada por 132 votos a favor, 179 en contra y 18 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada a la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la orientación, objetivos y efectos de la anunciada reforma fiscal, queda rechazada por 120 votos a favor, 178 en contra y 27 abstenciones.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el Plan de Implantación de la Garantía Juvenil, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), queda rechazada por 144 votos a favor, 183 en contra y 1 abstención.

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Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página56)

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Navegación Marítima, son aprobadas todas.

Se suspende la sesión a las nueve y quince minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:

- ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERÍODO 2015-2017 Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2015. (Número de expediente 43/000004).

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Punto 1. Es el relativo al acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas y de cada uno de los subsectores para el período 2015-2017, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2015. Para presentar el acuerdo tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, tengo el honor de representar al Gobierno para explicar y defender el acuerdo del Consejo de Ministros propuesto a esta Cámara, lo que se conoce popularmente como el techo de gasto, es decir, el inicio de lo que va a ser la configuración y elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 y, consecuentemente, del conjunto de las administraciones públicas españolas.

Hace un año, cuando tuve la oportunidad de representar al Gobierno desde esta Tribuna, la tarde del mes de julio del año 2013, afirmaba: esta tarde podemos decir, señorías, que con toda probabilidad el segundo trimestre de este año 2013 será el último de caída de actividad económica en términos intertrimestrales, lo que quiere decir también que España está en el umbral de la salida de la crisis económica. Hace un año afirmaba que los tres elementos que se conjugaban: la balanza por cuenta corriente, su signo positivo; el acceso regularizado normalizado a los mercados financieros y la baja inflación, que alcanzaría cotas desconocidas en nuestra historia -decía yo mismo-, permitían afirmar con toda seguridad que España había dado la vuelta a la esquina de la crisis económica, que estábamos en otra situación que no tenía nada que ver con lo que habíamos vivido hasta hacía muy pocos meses. No tenía nada que ver el futuro que teníamos por delante con lo que acabábamos de atravesar en el ejercicio 2013 y años anteriores. Decía también: si hoy estamos doblando esa esquina de la crisis es por dos razones: porque hemos hecho reformas estructurales como la del mercado de trabajo, la del sector bancario y la del sector público, que están incrementando velozmente nuestra capacidad de competir -la competitividad de nuestra economía- y de estar presentes en esa economía europeizada global.

Si hace un año -julio de 2013- podía afirmar, desde esta tribuna, que habíamos doblado la esquina de la crisis fue porque nos habíamos comprometido a reducir el déficit público, hoy tengo la obligación, pero también la satisfacción, de dibujar un panorama ante la sociedad española completamente diferente del de hace un año; puedo decir además que el Gobierno no se equivocaba en ninguno de los pronósticos ni de las afirmaciones que se lanzaron desde esta tribuna hace un año: habíamos doblado la esquina de la crisis, y algunos -seguramente por extraños intereses políticos- no querían reconocerlo. Ese fue el debate de Presupuestos correspondiente al año 2014, celebrado en el mes de octubre del año pasado: la negación de la recuperación económica. Las preguntas son: ¿Qué grupo político subirá a la tribuna a decir que no hay recuperación económica en España hoy, en este mes de julio del año 2014?, ¿qué grupo político subirá a la tribuna a negar que en el año 2015 habrá más recuperación económica, más crecimiento económico y más creación de empleo?, ¿habrá alguno que lo haga? Eso dará interés al debate político de esta tarde, pero estoy seguro de que ningún grupo político va a traspasar esa línea. Por eso, bienvenidos sean, desde el Gobierno, a lo que debe ser el reconocimiento de una realidad.

Estamos empezando a crecer. Estamos entrando en el círculo virtuoso de la economía española. El círculo virtuoso de crecimiento económico y de creación de empleo está todavía en sus comienzos, pero ya está en marcha. El círculo de crecimiento económico creador de empleo desde los umbrales de creación de empleo más bajos de nuestra historia. Nunca, con crecimientos económicos como los que se están registrando en la primavera y en el comienzo del verano del año 2014, se había creado empleo en términos de afiliación positiva a la Seguridad Social. Nunca. Y ahora se está registrando. ¡Qué importante es que se esté creando empleo! ¡Qué importante es que se dé respuesta a esta crisis económica que ante


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todo y sobre todo ha sido la destrucción de millones de puestos de trabajo! ¡Qué importante es que aspiremos a una sociedad de igualdad de oportunidades diciéndoles a los españoles que tienen derecho a tener un puesto de trabajo, y que estamos empezando a entrar en ese círculo virtuoso de crecimiento económico y de creación de empleo! ¡Qué importante es! Eso es lo que justifica la acción política, no ya de un Gobierno sino de todos los grupos políticos presentes en esta Cámara. Y, por descontado, eso es lo que refleja el esfuerzo, la ilusión, la mejor esperanza de una sociedad entera, de un pueblo entero que, como pasa con el pueblo español, cuando se levanta empieza a asombrar al mundo. (El señor Llamazares Trigo: ¡Hala!). Llama la atención del mundo, como hemos tenido ocasión de escuchar por parte de todos los analistas y de todos los informadores económicos del mundo, que miran a España con admiración y con sorpresa. Ya sé que a algunas de sus señorías no les interesa, pero allá cada uno; allá cada uno con su objetivo político. En España se está empezando a crear empleo y se va a crear mucho más en la segunda parte del año 2014 y en el año 2015, final de legislatura. Tendremos, a final de legislatura, menos parados que teníamos a comienzo de esta legislatura, pero eso, siendo importante, me atrevo a decirles que no es lo más relevante. Lo más relevante es que se habrán sentado las bases para que España afronte un periodo largo de crecimiento económico creador de empleo que devuelva a nuestra sociedad la igualdad de oportunidades. Eso es lo que se está asentando en nuestro país, eso es lo que reflejan esas cifras de evolución de la situación económica de España, eso es lo que revela el crecimiento de la demanda interna de nuestra economía, que viene a apoyar lo que ha sido la evolución económica hasta ahora absolutamente sustentada sobre la demanda externa de nuestra economía, y que todavía algunos confunden al decir que eso desequilibrará a nuestro país. No es así porque afrontamos esta recuperación económica con las cuotas de exportación sobre el producto interior bruto mayores de nuestra historia; afrontamos esta recuperación económica siendo uno de los países más exportadores del mundo desarrollado en términos de producto interior bruto; afrontamos esta recuperación económica con buena parte de nuestro tejido empresarial absolutamente comprometido con su presencia en la economía internacional, con la exportación y con la ganancia de competitividad. Eso es lo que estamos viendo ya y desarrollando en nuestras cifras de evolución económica.

Asimismo, hay una recuperación clara de la demanda interna que viene de la inversión en bienes de equipo, lo más sano que nos puede ocurrir como economía. La recuperación de la demanda interna en términos de inversión de bienes de equipo está creciendo en España en esta primera mitad del año 2014 a cifras de dos dígitos, incrementos de dos dígitos. Eso significa que hay un rearme en el equipamiento de nuestras empresas, que hay una modernización de nuestras plantas de producción, que España puede y debe ganar competitividad a través de la intensificación de su demanda interna. Eso ya está pasando, pero eso no sería posible si nuestras empresas no pudieran estar financiando esa recuperación de la inversión de bienes de equipo como está ocurriendo. Es verdad que no ocurre como en el pasado, no ocurre únicamente sobre la demanda de crédito bancario; está ocurriendo sobre la autofinanciación empresarial, está ocurriendo sobre el saneamiento de los balances de nuestras empresas, está ocurriendo sobre la refinanciación de la deuda de esas empresas en las mejores condiciones históricas que ha tenido España con los actuales niveles de tipos de interés; algo que ha abierto la financiación del Tesoro español y ha abierto la confianza de los mercados financieros en nuestro país. Hoy vemos cómo apuestan por España, apuestan por un país viable de la Unión Europea, apuestan por un país que cumplen las normas del euro y de la Unión Europea y apuestan por un país comprometido con la corrección de sus desequilibrios básicos. Por eso está en marcha la recuperación de la demanda interna, por eso y por la recuperación del consumo.

Señorías, también hay una recuperación incipiente del consumo en nuestro país, recuperación que es compatible con el saneamiento de la estructura familiar, de la estructura económica financiera de nuestras familias. La recuperación del consumo en nuestro país es muy positiva y debe ser celebrada como una circunstancia que favorece el crecimiento de nuestro comercio interior, que favorece la confianza y que favorece, sobre todo, la creación de empleo. Porque una economía tan grande como la española no puede crear empleo con intensidad, con fuerza, solo sobre su sector exterior; lo tiene que hacer también sobre la recuperación de la demanda interna y concretamente lo debe hacer con un aumento del consumo compatible, por lo que estoy tratando de explicar, con la continuidad de un proceso de ganancia de competitividad y con un proceso -ahora insistiré en su importancia- de la consolidación de las cuentas públicas.

Este es el análisis económico que tenemos que hacer de nuestro país; un análisis positivo, puesto que la capacidad de financiación de nuestra economía en este primer cuatrimestre del año 2014 sigue siendo


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positiva frente al resto del mundo. Eso está permitiendo una estabilización del nivel de deuda externa sobre el producto interior bruto, primera circunstancia que era muy importante a promover y que está basado en dos parámetros. En primer lugar, en la reducción del apalancamiento financiero del sector privado de nuestra economía. Las cifras son muy elocuentes, las sociedades no financieras, las empresas no financieras de nuestro país, redujeron su endeudamiento en el año 2011 en 24.400 millones de euros -entonces significaba un 1,9 % respecto al año anterior-; a partir de 2012, y respondiendo al incentivo de las reformas tributarias aprobadas por esta Cámara -las reformas fiscales-, los niveles de desapalancamiento pasaron de 24.400 millones de euros en el año 2011 a 76.783 millones de euros en 2012 y, en 2013, 58.290 millones de euros. Formidable proceso de desapalancamiento financiero que ha vivido la empresa española. Formidable proceso de desapalancamiento de nuestras empresas, que ha tenido correspondencia en la lectura que han hecho los mercados y concretamente las bolsas sobre el valor de esas empresas, de manera que han mejorado su capitalización bursátil, y ahora también me referiré a este fenómeno. Todo esto está concatenado y está explicado en esta secuencia de acontecimientos y tiene raíces en las políticas económicas y en las tributarias que esta Cámara ha tenido a bien aprobar durante todo este periodo.

Si ha habido un desapalancamiento en las empresas no financieras, también lo ha habido en el caso de los hogares, donde la reducción del endeudamiento ya en 2011 fue de 21.844 millones de euros, en 2012 ascendió a 32.980 millones de euros y a 42.155 millones de euros en 2013. Estas son cifras incomprensibles -lo entiendo- y tengo el deber de relatarlas y describirlas. Son cifras que están publicadas en las cuentas financieras de la economía española, y ahora aparecerán, con el rigor y la precisión de los servicios técnicos de esta Cámara, en el "Diario de Sesiones". Son cifras de esas que no se leen, que las leen 4 expertos en España y 400 fuera, pero estas son las cifras de la confianza de un país; son las cifras que asientan la recuperación económica de un país, las que hacen que los mercados crean en un país, son las cifras de la evolución de los agentes económicos, que nos están devolviendo el crecimiento económico y la creación de empleo.

Así reaccionan los mercados: tengo que recordar esta tarde que el mercado bursátil, el IBEX 35, alcanzó su máximo histórico, 15.945,7 puntos, el 8 de noviembre del año 2007, y posteriormente alcanzó el mínimo en los 5.956,3 puntos, el 24 de julio de 2012, aquel julio del año 2012. Desde el comienzo de la crisis hasta el 24 de julio de 2012 la bolsa experimentó una caída del 62,6 %. Desde esta última fecha hasta el 7 de julio de 2014, el selectivo español ha alcanzado los 10.889 puntos, un aumento desde mínimos del 82,8 %, que supone una recuperación del 49 % de la pérdida de valor en más de cinco años -insisto-, el 49 % de la pérdida de valor; lo que viene a significar que si en mayo de 2012 se habían perdido 505.000 millones de euros en las bolsas, desde mayo de 2012 hasta mayo de 2014 se han recuperado 326.000 millones de euros de valor, el 65 % del periodo en más de cinco años. Esta es la respuesta de la financiación del mundo frente a la economía española, que está permitiendo la recuperación económica y que, como antes trataba de describir, está provocando esta ola de confianza y de recuperación del optimismo respecto de nuestro comportamiento económico como país miembro del euro. El techo de gasto para el año 2015 mantiene la senda de consolidación fiscal de las administraciones públicas que, en este caso, va a ser compatible con el programa de estabilidad, con una política de contención -remarco contención-, y no reducción del gasto, porque la contención es la minoración del gasto, en relación con la evolución del PIB, soportable y compatible con la entrada en vigor de la reforma tributaria que supondrá devolver a la sociedad, a las familias y a las empresas el impacto que tuvo el aumento del IRPF y del impuesto de sociedades por valor de 3.700 millones de euros; es decir, 9.000 millones de euros de impacto ex ante acumulado en 2015 y 2016.

En relación con las previsiones de la evolución del ciclo, lo que el Gobierno trae a la Cámara es una estimación del crecimiento del PIB en términos reales para el año que viene que debemos calificar de conservadora. Respetamos las previsiones incorporadas al programa de estabilidad que, como todos recordamos era un crecimiento para el año que viene del 1,8 %, es comparable e incluso más conservadora que la de numerosas instituciones, institutos, organismos públicos y privados que analizan y estiman el crecimiento de la economía española. Por citar algunos de ellos, el Banco de España, tal y como ha anunciado su gobernador esta mañana, revisará a finales de julio las estimaciones al alza en términos de crecimiento, y estima para el año próximo un aumento del 1,7 %; Funcas, lo hace en el 2,2 %; el Consensus de mercado está en el 1,6 %; la Comisión Europea prevé un 2,1 %; todo ello con un deflactor del PIB estimado en un 0,8 % para el 2015.


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En cuanto a la evolución del gasto, el límite de gasto no financiero para el Estado queda fijado en 129.060 millones de euros, con una reducción del menos 3,15 % respecto al presupuesto inicial de 2014. Esta reducción es compatible con el mantenimiento del esfuerzo de financiación en materia de prestaciones sociales. Debo recordar aquí que la causa del déficit de la Administración General del Estado está en la financiación que desde la misma hacemos a la Seguridad Social, al seguro de paro y a las prestaciones, pensiones no contributivas y complementos a mínimos de esa Seguridad Social, que en el año 2013 llegó a estar en casi 30.000 millones de euros; es decir, 3 puntos del producto interior bruto. A medida que la situación económica mejore y el año que viene cientos de miles de personas no pierdan su puesto de trabajo, significará que el seguro de paro reducirá su necesidad de financiación y, de esa manera, será compatible reducir el gasto público con el mantenimiento de las prestaciones sociales que son absolutamente fundamentales, básicas en un país desarrollado como es España, y eso no solo en el presupuesto que traerá el Gobierno a esta Cámara en términos de contenido social, sino en la propuesta de reforma tributaria que tiene un altísimo contenido social como lo tiene el presupuesto de todas y cada una de las administraciones públicas de España, sean presupuestos de comunidades autónomas, sean presupuestos de corporaciones locales. A ello se añade la reducción de la carga de intereses de la deuda del Estado, que también entendemos que es compatible con la evolución de un stock de deuda pública que va serenando sus ritmos de aumento, aunque para el año 2015 además habrá un aumento de los niveles del stock de deuda pública, de manera que será a partir del año 2016 cuando registremos superávits primarios y cuando asistiremos a la reducción de la deuda pública sobre el producto interior bruto.

He dicho antes que la economía española entraba en un círculo virtuoso, ahora lo traslado en términos de evolución del gasto público. En 2015 estaremos ya en pleno círculo virtuoso, por el que se puede mantener el compromiso de la senda de consolidación presupuestaria simplemente con la contención en el crecimiento del gasto, sin necesidad de lo que se han llamado recortes adicionales, gracias a la evolución positiva del ciclo, crecimiento del PIB nominal, y a la existencia de ahorros autónomos derivados del ciclo en relevantes partidas del gasto, y entre ellas he citado: prestaciones sociales, seguro de desempleo, y carga de intereses. Por tanto, este compromiso de techo de gasto es compatible con una evolución del gasto público sobre el PIB que en el año 2015 continuará con la senda de reducción. La previsión es que el gasto público sobre el producto interior bruto se sitúe el año próximo en el 43 % del producto interior bruto, frente al 44 % y al 44,4 % que registró en el año 2013. Eso es lo que hace compatible la reducción del déficit público, que el gasto público aumente menos de lo que lo hace la actividad económica, como nos pasaba en los años noventa y comienzos del año 2000, hasta que se quebró esa tendencia positiva por el exceso de endeudamiento externo que las políticas económicas anteriores no supieron atajar.

Por lo que se refiere a los ingresos, el escenario de techo de gasto se ha llevado, contando con un crecimiento del 4,3 %, hasta los 133.712 millones de euros. Esa evolución prevista es perfectamente compatible con la evolución de los ingresos públicos, también previstos en la reforma tributaria que muy pronto el Gobierno traerá a esta Cámara, y lo es sobre todo con un crecimiento como el que está experimentando la recaudación tributaria en nuestro país. Una recaudación tributaria, que de forma absolutamente provisional puedo informar esta tarde a la Cámara, que hasta el mes de junio está creciendo en términos homogéneos, es decir, sobre el mes de junio del año anterior sin tener en cuenta cambios normativos ni periodos de devolución, del orden del 5 %, lo que es expresión de que además de la evolución económica positiva de nuestro país está luchándose con gran eficacia contra el fraude fiscal.

El escenario de techo de gasto da comienzo a lo que llamaba la senda virtuosa de la consolidación de las finanzas públicas, la misma que ya se experimentó -decía- a mediados de los noventa, la misma que permitió abrir el periodo de crecimiento económico creador de empleo más largo y más intenso, más rico de nuestra historia, y la misma a la que estamos asistiendo a su nacimiento hoy. En consecuencia, la apuesta por el Gobierno es la de una política presupuestaria que debe proseguir en la reducción del déficit público, porque es la mejor contribución a una estabilidad económica que hoy está haciendo posible que contra pronóstico estemos en los albores de un crecimiento económico creador de empleo que abre al presente lo mejor de nosotros mismos como sociedad, al año 2014, y sobre todo al futuro, al año 2015, donde el crecimiento económico redundará en una importante, en una sustancial creación de empleo.

Acabo, señor presidente, insistiendo en que estas cifras -que por supuesto tienen mucho de dificultad de asimilación en términos de gran opinión pública- son las que apuestan por una estabilidad económica, que es la gran lección de esta crisis. España vuelve a crecer cuando su balanza de pagos se equilibra, cuando su inflación se controla, cuando sus finanzas públicas reducen con decisión el déficit y cuando se incorporan las reformas estructurales que nos permiten avanzar hacia la modernidad en materia de


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relaciones laborales y de presencia internacional, no solo nacional, de nuestros agentes económicos. Ahora que estamos abandonando la crisis es el momento de preparar una recuperación económica sólida no basada en las fragilidades del pasado, sino en estructuras económicas comprometidas con esa estabilidad; pero es el momento también de no mostrar fatiga alguna en términos de incorporación de reformas estructurales para seguir modernizando nuestro país, de huir de discursos políticos populistas que no tienen nada que ver con la recuperación económica del empleo, que es lo que abre realmente los discursos políticos a una sociedad de igualdad de oportunidades para todos, y especialmente para nuestros jóvenes, con una recuperación económica como la que ya hemos experimentado en nuestro país. Ahora estamos volviendo a ser lo que fuimos cuando fuimos capaces de fundar el euro y estamos volviendo a ser también referentes en ese crecimiento económico que España, a buen seguro, liderará en la Unión Europea en materia de crecimiento económico y de creación de empleo en el año 2014. Por tanto, vamos a dar comienzo a la tramitación parlamentaria de un presupuesto que es expresión de un compromiso de política económica con la recuperación, con la creación de empleo y con esa sociedad del bienestar que es la que mantiene la cohesión entre españoles, entre generaciones, la que da seguridad y fiabilidad al futuro.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Rangel.

El señor RANGEL TARRÉS: Muchas gracias, señor presidente, señorías.

Señor ministro, con su permiso y pidiendo el amparo de la Presidencia, voy a discrepar de lo que usted ha dicho. Nos ha retado a que nos atrevamos a subir a decir algo distinto de lo que usted defiende, y yo lo voy a hacer porque en definitiva eso es la esencia del parlamentarismo y aquí estamos para debatir y si es necesario para discrepar, y también para acordar, por descontado. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Señor ministro, cuando le estaba oyendo, si no hubiese leído la novela de Aldous Huxley Un mundo feliz, hubiese creído que usted estaba viviendo en un mundo feliz, pero, ya le digo, la he leído y no estamos hablando de lo mismo. Sí me recordaba a otro gran escritor, George Orwell, cuando ha afirmado que se está incrementando la igualdad de oportunidades. Usted sabe que la novela de Orwell La granja animal tiene un protagonista, Napoleón, que, cuando establece las leyes de la granja después de la revolución de los animales, dice: Todos los animales somos iguales, pero unos más iguales que otros. Cuando habla del círculo virtuoso supongo que le aplauden los ejecutivos del IBEX 35, pero para los que han perdido su trabajo y para los que lo pueden encontrar con una precariedad evidente y con una retribución cada vez más menguante ese círculo virtuoso es un círculo vicioso, y de eso quería hablar hoy en mi intervención para fijar la posición del Grupo Socialista de voto negativo a la propuesta que nos trae el Gobierno por la que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2015-2017 y el límite de gasto no financiero del Estado para el año próximo.

Señor ministro, usted ha presentado estos objetivos a la par que, a bombo y platillo -y hoy aquí lo ha reiterado-, ha presentado sus medidas tributarias -entendemos que no reforma fiscal-, unas medidas que desde nuestro punto de vista tienen un alcance limitado, que no responden a las profundas reformas que demanda la situación actual y que benefician especialmente a aquellos que no han sido demasiado perjudicados por la crisis, en definitiva, a los que siempre tiene el Gobierno muy presentes. Es su decisión política y económica, de tal manera que, de acuerdo con lo que usted nos ha dicho, hay dinero para rebajar el IRPF a las rentas más altas de este país pero no para compensar la recomposición del Estado del bienestar de los hachazos que ha sufrido, particularmente en los ejercicios 2012 y 2013. Es más, mientras rebaja la fiscalidad a las rentas más altas, detrás del límite de gasto se esconde un nuevo recorte de servicios públicos esenciales de en torno a 5.000 millones de euros para 2015 que se explica por un recorte del déficit de las comunidades autónomas de más de 3.000 millones de euros y una liquidación negativa de las mismas comunidades a la que van a hacer frente de unos 2.000 millones de euros. Recorte de 5.000 millones de euros equiparable a los recortes en educación y sanidad producidos en los años 2012 y 2013.

Le decía que adopta una decisión política y económica que se explica de forma muy sintética: según el Gobierno, la salida de la crisis exige inevitablemente más desigualdad. Esta es su máxima económica, su programa económico y para nosotros eso es del todo inaceptable. Y para que la sociedad no descubra esa realidad no terminan de decirnos toda la verdad. Incluso en la presentación del techo de gasto para


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este año no se nos ha ofrecido la misma información que el año anterior porque, en el fondo, creen que con más desigualdad van a resolver los problemas de nuestro país cuando, en realidad, señorías, los están agravando. Pero la desigualdad, desde la óptica del Grupo Socialista, no solo es reprobable desde el punto de vista ético, sino que resulta nefasta para nuestra economía. Los indicadores de pobreza relativa y desigualdad van a seguir aumentando en España como consecuencia de las políticas adoptadas por el Gobierno. En el periodo 2014-2017 se reconoce que seguirá descendiendo el peso de las rentas del trabajo en la renta nacional debido a que la productividad será muy reducida y los salarios reales seguirán en terreno negativo. Señorías, nos vamos a situar entre los países más desiguales de la Unión Europea y, asimismo, la desigualdad creciente impedirá una recuperación sana y sostenida de nuestra economía. La caída de ingresos y los bajos salarios mantendrán el consumo de las familias muy anémico a pesar de sus optimistas previsiones y de su insistente propaganda. Como consecuencia, entendemos que el motor principal de la economía, que es el sector privado, el que de verdad dinamiza la economía de mercado y el empleo, seguirá al ralentí. Asimismo, la inversión pública prevista para el periodo 2014-2017 está por debajo del deterioro anual de las infraestructuras, lo que implicará un menoscabo importante del stock de capital público. De acuerdo con las previsiones del Gobierno, entre 2012 y 2017 el stock se va a deteriorar alrededor de 20.000 millones de euros, y no digamos la situación en la que van a quedar los servicios públicos esenciales. En el periodo 2014-2017 se sigue apostando por reducir el peso del gasto público en el PIB, menos 4,3 puntos, y se renuncia a corregir nuestro problema de ingresos públicos. En consecuencia, en el horizonte de la proyección se reduce considerablemente el gasto en sanidad y en educación con recortes del 16 % y el 17 % respectivamente.

Mientras, no deja de sorprender que el presidente Rajoy diga que no se ha tocado el Estado del bienestar y usted mismo lo acaba de afirmar. No solo eso, sino que ha afirmado que la sanidad ahora es más universal que nunca. Me pregunto, y se lo digo de verdad, ¿acuden en alguna ocasión a la sanidad pública como un ciudadano normal? Porque no lo entiendo. Yo sí que acudo y sé lo que opinan los profesionales de la sanidad y qué opinan los pacientes. En la última visita que hice a un ambulatorio de la ciudad de Mataró me dijeron que están convencidos de que la sanidad pública va camino de la beneficencia y la otra, la privada, para quien se la pueda pagar. Eso me lo dicen los profesionales, que están trabajando al límite. También lo corroboran estadísticas de su ministerio. Hablan de la reducción importantísima que han sufrido los empleados del Sistema Nacional de Salud, casi 30.000 empleados públicos, sin contar personal laboral y eventual, y hay un sindicato, Comisiones Obreras, que cifra en torno a 50.000 personas las que han dejado de prestar servicio en la sanidad pública. Y en cuanto al recorte en pensiones, estiman que va a producir una minoración del gasto en pensiones de un 30 % en el horizonte de 2060 y es un instrumento básico de solidaridad e igualdad. Por si había alguna duda sobre las políticas de desigualdad, tenemos la política de ingresos, a la que ya me he referido y que ha comportado enormes incrementos de tributos que ahora en parte quieren compensar.

¿Pero y el déficit? ¿Cómo va a ir el déficit de 2014? El déficit acumulado en los últimos doce meses es de 45.100 millones de euros hasta mayo, lejos del objetivo de 36.400 millones con que tiene que acabar el año. Por otra parte, el déficit acumulado en los últimos doce meses de la Seguridad Social se sitúa en 12.200 millones en mayo y su objetivo es cerrar 2014 con un déficit de 9.750 millones. El Gobierno ha vuelto a utilizar el Fondo de reserva de las pensiones, otros 5.500 millones, para pagar la paga extra de junio de los pensionistas. Ha habido una disposición de 19.000 millones de euros del Fondo de reserva en estos últimos años. Y de la deuda pública no hablan nada, se ha incrementado en más de 30 puntos y difícilmente eso va a ayudar a la recuperación económica.

Señorías, como decía al principio, el Gobierno del Partido Popular ha tomado su decisión y su política basada en la desigualdad es su método para salir de la crisis. En estos momentos se está produciendo un debate en Europa, un debate en el que hay dos posiciones enfrentadas: una que defienden los países del sur y que encabeza el primer ministro Renzi, y otra que encabeza la señora Merkel. Creo que a España le interesa lo que están proponiendo Italia y Francia, pero hasta ahora lo que conocemos por parte del Gobierno no va en esa línea. ¿A quién van a dar su apoyo? ¿Dónde se va a situar el Gobierno, señor ministro? ¿Al lado de la propuesta de Italia y Francia o al lado de lo que propone la señora Merkel? Pronto lo sabremos. Me temo que hasta ahora lo que están decidiendo no va en la buena dirección, pero hasta ahora lo que nos ha dado margen de crecimiento, del poco crecimiento que tenemos, es la flexibilidad que ha habido precisamente con el objetivo de déficit. El Grupo Socialista no está de acuerdo con su planteamiento y, en consecuencia, vamos a votar en contra. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Rangel.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a ser votar en contra de los objetivos de déficit planteados para los años 2015-2017, como también vamos a votar en contra del techo de gasto planteado para el año 2015. En definitiva, tomamos esta decisión, señoras y señores diputados, porque nuestro grupo está radicalmente en desacuerdo con los objetivos planteados en esta iniciativa parlamentaria que ha traído hoy el Gobierno para su votación, así como también discrepamos rotundamente en todos aquellos mecanismos que han llevado a la elaboración de estos objetivos. Con estos planteamientos, señor Montoro, ustedes están condenando a las comunidades autónomas a unos objetivos de déficit totalmente inalcanzables y que desgraciadamente las van a llevar a una asfixia económica. Como las comunidades autónomas no van a poder atender estos objetivos de techo de déficit, las van a llevar obligatoriamente a una asfixia económica que les va a impedir, señorías -y esto es muy grave-, poder dar, de acuerdo con la Constitución y con los diferentes estatutos de autonomía, una calidad adecuada en todos aquellos servicios que hacen referencia a la enseñanza, a la sanidad y a los servicios sociales.

Señor ministro, estas afirmaciones, usted lo sabe perfectamente, no son nuevas. Cada año que debatimos en esta Cámara el techo de gasto para el ejercicio en curso y los objetivos de déficit para los próximos tres años siempre hemos realizado estas mismas manifestaciones. Por este motivo, señor ministro, nosotros lamentamos una vez más esta actitud del Gobierno, prepotente y desleal hacia las comunidades autónomas. Hay una importante cantidad de recursos en las distribuciones de gasto -después me referiré a ello- que única y exclusivamente están en manos de las comunidades autónomas y ustedes, con estos techos de gasto para las mismas, están actuando de una manera prepotente y desleal. Están abusando de una mayoría absoluta democrática, eso es cierto, pero con cierta deslealtad, porque esta prepotencia les lleva a fijar objetivos que usted sabe perfectamente que son inalcanzables.

Además hay otra cosa más importante, señor ministro, ustedes están vulnerando el ordenamiento jurídico actual, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y en concreto la disposición transitoria primera, apartado b). Usted sabe perfectamente, señor ministro, que la Generalitat ha recurrido ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el sentido de que nosotros entendemos que esta ley fija que las distribuciones de los gastos de las diferentes administraciones tendrían que estar de acuerdo con los porcentajes de déficit estructural de las diferentes administraciones públicas del año 2011 y, señor ministro, en el año 2011 el déficit estructural que les correspondía a las comunidades era del 40 % y a la Administración del Estado era del 60 %. En los últimos años ustedes están trayendo reiteradamente a esta Cámara el cumplimiento de los diferentes objetivos de déficit para las distintas comunidades autónomas, pero ustedes están incumpliendo, están vulnerando el ordenamiento jurídico porque para el año 2015 ustedes nos traen un objetivo de margen de generación de déficit para las comunidades autónomas del 17 %, señor ministro -aquí está perfectamente reflejado en verde-, y un margen de generación de déficit para la Administración central del 83 %. Lógicamente, han desaparecido del mapa las corporaciones locales, con un 0 %, algo que no se corresponde en absoluto con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en la que queda perfectamente establecido que para el año 2015 el margen de generación de déficit para las comunidades autónomas y ayuntamientos sería del 40 % -ustedes lo establecen en un 17 %- y para el Estado sería del 60 %, pero ustedes se autoestablecen un margen de generación de déficit del 83 %. Desde esta perspectiva, nosotros no podemos estar de acuerdo en absoluto. Con esta actitud de prepotencia y deslealtad ustedes están condenando a las comunidades autónomas a la más estricta miseria y están yendo en la dirección de que la Administración Central del Estado pueda nadar con excesivos recursos económicos. Con estos planteamientos, señor ministro, sacralizan la lucha contra el déficit público como el mecanismo exclusivo para combatir la crisis y Convergència i Unió para luchar contra la crisis siempre ha establecido tres grandes pilares para poder hacerlo con la máxima competitividad y eficacia. Uno de ellos -es cierto- era luchar contra el déficit público, evidentemente, pero al mismo tiempo incorporábamos dos pilares fundamentales desde nuestro punto de vista: plantear mecanismos orientados hacia el crecimiento económico y al mismo tiempo plantear mecanismos que eviten las desigualdades sociales en las cuales hoy están inmersas la economía y la sociedad española, lamentablemente. Por estos motivos básicamente, señor ministro, vamos a votar en contra.


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En su intervención ha hecho usted un planteamiento eufórico de la salida de la crisis de la economía española. Yo no digo que el Gobierno no tenga que dar noticias positivas a los ciudadanos, que no tenga que decir que la economía española está evolucionando incipientemente hacia una recuperación, pero de esto a decir que hemos salido de la crisis económica... Sinceramente, pienso que estamos hiriendo la sensibilidad de muchas familias españolas que hoy no tienen trabajo, que estamos hiriendo la sensibilidad de muchas familias españolas que hoy no están cobrando ningún subsidio, ninguna prestación por desempleo. Hablar de que hemos salido de la crisis cuando la recuperación es incipiente, cuando todavía hace pocos meses que hemos salido de la recesión, hablar así en un Estado donde existen 6 millones de parados, señor ministro, es algo que pienso que no deben hacer. Pienso que tendrían ustedes que medir sus palabras, utilizarlas en su justa medida. No digo que sean más pesimistas de lo que tendrían que ser, sino que las utilicen en su justa medida, porque sabe usted perfectamente, señor ministro, que de los 6 millones de parados casi el 50 % va en la dirección de no cobrar ningún subsidio ni prestación por desempleo y esto es tremendamente -diría yo- delicado. Señor ministro, el 20 % de las familias españolas están por debajo del umbral de la pobreza, un hecho tremendamente delicado y relevante, aparte de que usted también ha de saber que más de 800.000 familias en España no reciben ningún subsidio de desempleo ni ninguna percepción, es decir, están sumidas en la máxima miseria. Tendría usted que tener en cuenta el ejemplo de algunas empresas desde el punto de vista de la responsabilidad social, como la empresa Land Rover, que recientemente, hace quince días, todos aquellos recursos que tenía que destinar a terceros países o a países que están en un momento de desarrollo, como son muchos países de África, no han ido a parar a África, sino que han ido a España porque eran conscientes de que en España la recuperación económica es incipiente pero existen todavía muchos umbrales de pobreza donde es necesario una actuación importante del Gobierno. El Gobierno, lamentablemente -lo hemos venido manifestando a lo largo de esta legislatura-, se ha olvidado de invertir en el futuro. No ha invertido suficientemente en industria, para ser justos; no ha invertido suficientemente en economías productivas; no ha invertido suficientemente en innovación. En definitiva, el Gobierno en muchos casos se ha olvidado de la economía productiva. Por tanto, señor ministro, y se lo digo con el máximo respeto, hay que tener mucha sensibilidad a la hora de hacer determinadas afirmaciones, porque sabe perfectamente que hay muchísimas familias que no llegan a final de mes, que hay muchísimos jóvenes de España que no tienen trabajo, que no tienen empleo, que han de vivir a expensas de sus familias y que, para trabajar, muchísimos de ellos han de irse al extranjero.

Por tanto, señor ministro, por los motivos que le acabo de comentar, no podemos aprobar el margen de déficit para las diferentes comunidades autónomas que ustedes nos están planteando para el año 2015. Repito que es inexplicable que un Gobierno de la categoría de la que ustedes hacen alarde en diferentes actos, cuando afirman públicamente otros conceptos que van en la dirección de la gobernabilidad, de la transparencia, de preservar los ámbitos jurídicos correspondientes, plantee unos déficits totalmente inalcanzables para las comunidades autónomas y creo que jurídicamente inconstitucionales. La lástima es que los tribunales van a resolver en los próximos cuatro o cinco años, cuando ya no estemos a tiempo de poder corregir las desigualdades que se están produciendo. Ustedes plantean -repito- un margen de déficit para la Administración General del Estado del 83 %, señorías, cuando en realidad por ley les corresponde el 60 % y...

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Sánchez i Llibre, tendría que ir terminando.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: ... y para las comunidades autónomas y las corporaciones locales -voy terminando, señora presidenta- solo plantean un margen de déficit del 17 %, cuando les corresponde por ley un 40 %.

Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.

Señor Montoro, cuando nosotros vemos este techo de gasto solo vemos dos opciones posibles para explicarlo. La primera, que haya una tortura de los indicadores por parte del Gobierno hasta que hayan confesado lo que el Gobierno quiere. Es una práctica habitual en nuestra profesión de economistas,


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aunque naturalmente nada legítima; sin embargo, creo que aquí hay muestras de tortura y de confesiones fraudulentas respecto a los números de la macroeconomía. La segunda opción es que haya magia. La segunda opción es que se haya anulado cualquier razonamiento económico, que se hayan olvidado de los fundamentos que pudieran explicar este modelo de crecimiento económico que llevaría a estos resultados y que se hayan sustituido por una interpretación más propia del chamanismo, con sus propios sacrificios incluidos. No de otra forma se pueden explicar estos resultados, un artificio según el cual van a bajar los impuestos, se va a bajar el IRPF, por supuesto más a las clases más adineradas que a la mayoría de la población, incluido un sector que no lo notaría, como ya hemos denunciado. Esa rebaja fiscal es compatible, según parece, con la retórica del Partido Popular, que anuncia que no habrá recortes en los servicios públicos y que todo ello llevaría supuestamente a una reducción del déficit público de forma sistemática. Eso solo puede obedecer a alguna de esas dos opciones, y creo realmente que hay un poquito de cada una de ellas.

Estos documentos son papel mojado. La interpretación económica que usted ha hecho aquí con sus números, según la cual estamos ya dentro de un círculo virtuoso, es realmente errónea. Verdaderamente, podríamos empezar con una precisión, señor Montoro. A nosotros no nos interesa, no nos gusta que usted lo haga mal, porque cuando usted lo hace mal sufre la mayoría de la población, y nosotros no queremos que eso sea así. Nosotros buscamos construir una sociedad con justicia social, con empleo, con condiciones dignas de trabajo, y entendemos que eso no se puede conseguir con ese tipo de políticas económicas. Por lo tanto, no es una cuestión de maldad frente a usted o a su Gobierno, sino sencillamente de diferencia en la interpretación económica de lo que está sucediendo y también de diferencia radical en las medidas de política económica que habría que aplicar.

Desde el principio de la legislatura, su modelo de crecimiento económico se ha basado en la devaluación interna, se ha basado en interpretar que el crecimiento económico va a venir cuando se bajen los salarios, que va a venir cuando se haga una reforma laboral que ataque a los sindicatos para que tengan menor capacidad de negociar colectivamente sus condiciones laborales. Ese es el propósito de la reforma laboral, incluso dicho ya explícitamente por los documentos del Gobierno. Un ataque a los sindicalistas con una mano; con la otra, que es la justicia, entre comillas, la represión a la que les están sometiendo cuando estos sindicalistas luchan por sus derechos arrebatados. Pero en términos económicos tenemos una devaluación salarial que supuestamente esperaba el Gobierno. El caprichoso mercado nos recompensará con la creación de empleo y la modernización productiva. Eso no ha llegado. De hecho, el Gobierno venía diciendo en los últimos meses, incluso en los últimos años, que el principal indicador que mostraba que estaban en lo correcto eran las exportaciones netas; exportaciones netas que no le he escuchado en su discurso precisamente porque están cayendo. Ese motor del crecimiento económico dirigido por las exportaciones está cayendo, se ha frenado durante muchos meses y ahora mismo está cayendo. La deuda externa neta está en niveles históricos y eso es consecuencia de muchas cosas; entre otras, solo con observar la balanza de rentas veremos que las empresas que habían venido a España están repatriando sus beneficios y que las empresas españolas en el extranjero están reduciendo sus márgenes. Elementos macroeconómicos que los podemos interpretar desde esa otra perspectiva que nos dice que ese modelo de crecimiento económico que pretendía estar propulsado por las exportaciones, no está funcionando. En nuestro grupo creemos que el problema es de origen, de fondo, de fundamento. El Gobierno confundió competitividad con productividad. El éxito de economías como la de Alemania, en su carácter exportador, no vino de los bajos salarios, que también los tuvo, sino sobre todo de una estructura productiva basada en la alta tecnología. Y eso en España no está ni se le espera para intentar construir una estructura productiva de alta tecnología. Todo lo contrario, devaluando los salarios estamos expulsando a nuestra gente cualificada al extranjero para que rindan beneficios en otros países, en otras economías, mientras nosotros no tenemos la capacidad de generar una estructura productiva desarrollada, que es de la que podríamos estar orgullosos. Ese es el origen del problema y ya sabe que la cuota exportadora de España no se vio mermada en los últimos años. Por lo tanto, el problema de la economía española no ha sido ni ahora ni nunca los salarios, ese supuesto nivel alto. Eso es más bien una interpretación equivocada y muy peligrosa que ha hecho el Gobierno, una determinada interpretación liberal.

Pero este débil y frágil crecimiento económico del que usted ha hecho gala, igual que el resto del Gobierno, en los últimos meses, es un crecimiento económico bastante torturado porque en términos de crecimiento económico real, si se usa un deflactor del PIB más adecuado, lo que tenemos es decrecimiento económico. Pero aquí también se hacen trampas estadísticas -se incluye el negocio de


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la droga, de la prostitución, se sube el crecimiento económico en el papel-, pero la realidad, las condiciones materiales de vida de la ciudadanía, de la mayoría de la población, siguen mermándose, siguen viendo cómo sube la desigualdad y la dificultad de acceder a la sanidad y a la educación. Usted ha hablado de la recuperación de la demanda interna. También son sospechosas esas estadísticas que dicen lo siguiente cuando en las encuestas de presupuestos familiares lo que muestran es lo contrario, que las familias solo están incrementando su gasto en aquellos servicios que debiera haber prestado el Estado -sanidad y educación-, pero que en su conjunto está reduciéndose el gastos de los hogares. Sospechas siempre de cómo se utilizan los indicadores. Pero más importante es que si estamos obedeciendo al dogma del déficit cero, al final nos encontremos con este tipo de argumentos, una reforma fiscal ampliamente regresiva, que, como decía anteriormente, ya hemos denunciado, que además ataca al impuesto más progresivo, que es el IRPF, el que más capacidad tiene para redistribuir rentas, y que en esa regresión vamos hacia un escenario de mayor desigualdad social, de mayor dificultad para redistribuir rentas y de mayor dificultad para elevar el consumo interno. Porque al final, ¿qué hacen las grandes fortunas cuando ven que tienen más dinero en el bolsillo? Invierten en el sistema financiero, no consumen en la tienda de barrio; están saturados de consumir en las tiendas de barrio. Esta es una cuestión económica muy clásica, junto con otra, con la de la trampa de la liquidez. Por mucho que se salve y se rescate al sistema financiero y por mucho que el burbujista, que es el Banco Central Europeo, siga prestando a las entidades financieras, si eso no baja a la economía real no habrá crecimiento del empleo ni de la actividad económica con fundamento. Esos son los problemas reales que enfrenta este país y que desde luego este techo de gasto no va a poder resolver. Porque si vamos a un escenario donde nos encontramos con esa burbuja financiera que se está creando, sin lugar a dudas, si usted le permite a las grandes empresas tener cada vez más dinero para invertir en el mercado financiero, si el Banco Central Europeo le presta cada vez más dinero y en mejores condiciones a las grandes empresas y a las grandes fortunas, si usted a las grandes fortunas también le baja los impuestos, todo ese dinero no repercute en el crecimiento del empleo, no repercute en el crecimiento de la actividad económica; lo que hace es ir a una burbuja financiera que, desgraciadamente, en algún momento estallará. Después tendremos que lamentarnos, como cuando estuvimos con la burbuja inmobiliaria que su Gobierno -porque usted también era entonces ministro- tampoco supo reconocer.

Igual que la crisis de deuda, el nivel más alto de la deuda pública española, la consecuencia de haber entendido la política, incluso la reforma fiscal, como dar una patada al balón y echarlo hacia delante y despreocuparte hasta que al final llegues otra vez al balón. Pero al final se acaba el campo y emergen las contradicciones. Por eso creo que la reforma fiscal, y nuestro grupo así lo ha denunciado, es oportunismo electoral. Es oportunismo electoral porque intenta vender un mensaje que no es cierto y sobre todo que está mermando la capacidad de este país para construir una sociedad con más justicia. ¿Quién va a pagar el pato de esta propuesta de techo de gasto? Las comunidades autónomas, que son las que gestionan el gasto social, la sanidad y la educación. Son las que se van a ver obligadas, o por lo menos condicionadas, a tener que hacer los recortes que este Gobierno no anuncia en este momento. Pero a Bruselas se le dice otra cosa, por el contrario; a Bruselas se le dice que sí se van a hacer más reformas estructurales, que se tocarán determinados sectores y partidas presupuestarias que usted no ha anunciado aquí. Hay mucha confusión respecto a lo que va a hacer el Gobierno.

Entiendo que obedece al electoralismo, pero no estamos en tiempo de electoralismo; estamos en tiempo de emergencia social, de que la ciudadanía está desesperada y eso al final, naturalmente, se refleja en las elecciones. Una descomposición del Estado social es una descomposición del Estado electoral y eso deberían haberlo comprendido ustedes después de las elecciones del 25 de mayo. Sin embargo, seguimos empeñados en aplicar esto en el Gobierno y creemos que lo único que va a hacer es agudizar los verdaderos problemas de este país, que son la desigualdad social y la falta de empleo. Porque por mucho que crezca ese empleo -y termino con esto-, lo hace también de forma tramposa, porque cuando un contrato indefinido es liquidado y se contratan en su lugar dos contratos a la mitad de precio, como es natural, estadísticamente tenemos un incremento del empleo. Eso descontando toda la gente que se haya ido del país, eso descontando a toda la gente que desanimada se ha ido a su casa, pero eso significa que caminamos hacia un modelo de sociedad de empleos precarios, de precarización laboral que no es nuestro modelo pero sí es el suyo. Por lo menos digámoslo de una forma explícita y hagamos un debate sincero, riguroso y desde luego honesto.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Garzón.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Abordamos un año más este debate sobre el techo de gasto con cierta reverencia, porque es el primer paso de un ciclo presupuestario que nos va a conducir a los presupuestos de 2015 y, por tanto, tocamos una de las funciones históricas, esenciales del Parlamento: la función presupuestaria. Y lo abordamos un año más también con cierta sensación de irrealidad, porque de nuevo hemos estudiado con detenimiento la documentación que nos envía el Gobierno y de nuevo no se corresponde con la euforia que todos los años desata en el ministro de Hacienda. Tal vez habría que proponer, como cura contra la depresión, ser ministro durante una temporada, porque está visto que es la mejor forma de solo ver los aspectos más rosados de la realidad. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Pero en vez de debatir sobre las opiniones del ministro, creo que puede ser más productivo debatir sobre la documentación, sobre las cifras. Es una de las ventajas de la economía, que debatimos sobre datos. ¿Qué nos dice esa documentación? Un primer elemento que se nos trae aquí son los objetivos de déficit para el conjunto de las administraciones públicas y para cada uno de sus subsectores. Estas cifras globales nos parecen adecuadas. Se nos pide una reducción del déficit del conjunto de las administraciones públicas que es necesaria para cumplir con nuestros compromisos europeos y que es conveniente porque el déficit sigue muy alto y la deuda pública disparada. Estamos de acuerdo, por tanto, con reducirlo, tal y como aquí se plantea en términos globales. Nos parece también adecuado el reparto por subsectores. Hemos venido diciendo desde el inicio de la legislatura que tiene todo el sentido que el Estado tenga un margen de déficit mayor que las administraciones territoriales, porque el gasto asociado a la crisis en desempleo e intereses de la deuda recae sobre la Administración General del Estado con más fuerza. Por tanto, estamos de acuerdo también con ese reparto.

Sin embargo, no podemos dejar de manifestar una serie de dudas sobre las cifras. El déficit del año 2013 fue del 6,6 % y en 2017, al final de este escenario de proyección, tiene que del 1,1 %, es decir, 5,5 puntos del PIB, que son 55.000 millones de euros. El ministro nos dice que esto se va a recuperar simplemente con el crecimiento, que esto es cíclico, pero sigue habiendo un déficit estructural. La sociedad española tiene derecho a saber cómo se van a equilibrar estas cuentas públicas. No se puede creer este cuento de fantasía de que simplemente es un problema cíclico que va a desaparecer por sí solo; eso no cuadra. Tampoco cuadra que las comunidades autónomas prácticamente vayan a estar en equilibrio. Las comunidades autónomas año tras año han venido incumpliendo el objetivo de déficit y además sin ninguna consecuencia, y el año próximo va a ser un año electoral. En abril de este año ya habían consumido la mitad del objetivo de todo el año y cinco comunidades ya habían consumido prácticamente la totalidad del objetivo. ¿Realmente nos puede garantizar el ministro que el próximo año electoral va a ser una excepción y las comunidades van a cumplir su objetivo? Parece difícil de creer. Lo mismo pasa con la Seguridad Social, que va a estar casi en equilibrio. Cómo va a lograrse, si se incorporan más jubilados, la población envejece y el empleo no crece mucho. Tal vez tenga que ver con la hibernación de las pensiones que año tras año va a provocar la reforma de las pensiones del Gobierno.

El segundo elemento de la documentación, que siempre olvida el ministro en su exposición, es el objetivo de deuda pública, que nos indica que el año que viene tendremos una deuda más grande que nuestro PIB, del 101 % de PIB, algo que no se veía en España desde hace más de un siglo. Eso quiere decir que desde el inicio de la legislatura la deuda ha crecido en más de 30 puntos del PIB, 300.000 millones de euros; no está nada mal para un Gobierno tan austero y tan cuidadoso de las cuentas públicas. Eso supone un elemento tremendo de vulnerabilidad para nuestra economía porque nada garantiza que los tipos de interés vayan a seguir estando bajos permanentemente y va a pesar como una losa sobre nuestras cuentas públicas en el futuro. Esa deuda hay que devolverla, además de pagar los intereses. El ministro no ha hablado nada sobre este indicador tan importante.

El tercer elemento es muy técnico, es una regla de gasto que asocia la variación del gasto con la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo. No voy a entrar en el contenido, pero sí quiero hacer notar que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal debería haber informado sobre el cálculo de esta tasa de referencia y la ha calculado el Ministerio de Economía, pero sin informe de la autoridad independiente. Me pregunto por qué. Tal vez el ministro o el portavoz del Grupo Popular nos pueda explicar por qué la autoridad no ha realizado ese informe preceptivo. Lo mismo pasa con el conjunto del cuadro macroeconómico. Según la Ley orgánica 6/2013, de creación de la autoridad independiente,


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debería haber informado sobre los cálculos del Ministerio de Economía. Literalmente, el artículo 14.1 dice: Las previsiones macroeconómicas que se incorporen en los proyectos de presupuestos de todas las administraciones del Estado deberán contar con informe de la autoridad y se indicará si han sido avaladas por la misma. ¿Dónde está el informe? ¿Han sido avaladas estas cifras por la autoridad fiscal? No está, desde luego, en la documentación remitida por el Gobierno y nos preguntamos por qué.

Sobre este cuadro macroeconómico podríamos hacer distintos comentarios. En primer lugar, cuestionar el relato político del ministro. Él nos dice: Encontramos un desastre y hemos salvado al país del desastre. Nosotros pensamos que el que la economía haya tocado fondo y empiece a repuntar levemente tiene mucho más que ver con la propia duración de la crisis -son siete años ya ininterrumpidos de crisis-, tiene mucho más que ver con que la Unión Europea ha aplazado el objetivo de déficit un par de años, y tiene mucho más que ver con las políticas monetarias del Banco Central Europeo que con las políticas económicas internas. No vemos en qué ha favorecido a la recuperación ni las subidas de impuestos del Gobierno, ni la subida del coste de la energía, ni las bajadas salariales -de las que ellos mismos no se atreven a presumir-, ni el real decreto que nos traen esta semana, que recuerda a los decretos del Gobierno anterior, acumulando muchas medidas de dudoso efecto. Podríamos discutir también sobre las diferentes variables. El consumo privado es muy difícil que crezca con fuerza en un contexto de reducciones salariales; el consumo público es difícil que crezca con fuerza cuando hay que equilibrar el déficit público; el saldo exterior neto ya no va a ser tan fuerte porque las importaciones están repuntando, parte del comportamiento de las importaciones, por tanto, tenía que ver con la propia crisis, como siempre dijimos; la única esperanza tiene que ver con la inversión, la inversión de bienes de equipo, que está mejorando asociada a las exportaciones y la inversión en construcción. Si alguna vez tocase fondo este sector, eso ayudaría a mejorar nuestra situación. Ahora, las medidas fiscales del Gobierno, endureciendo la tributación a la vivienda, recortando las ayudas al alquiler, gravando más la venta de viviendas porque las plusvalías no van a descontar el efecto de la inflación, no creemos que vayan a ayudar a que toque fondo de una vez la inversión inmobiliaria.

También podríamos comentar que otras instituciones, como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, tienen previsiones menos optimistas que el Gobierno sobre el PIB o sobre propio déficit público, pero creemos que hay dos variables que resumen la situación de manera gráfica, que nos indican cómo va a terminar la legislatura -porque recordemos que el año próximo es el último año de la legislatura- si todo va bien, si se cumplen las previsiones del Gobierno. Hay dos variables que resumen, que hacen balance de esa gestión económica. Una es el desempleo. Terminaríamos la legislatura con el 23,3 %, que, por cierto, es más alto que al inicio de la legislatura, que en la última EPA de 2011 era del 22,85 %; terminaremos la legislatura con más desempleo, a pesar de la caída de la población activa tan fuerte. Y la otra variable es la deuda pública. Terminaremos la legislatura, como he dicho antes, con una deuda pública del 101 %. Puede ser un buen resumen de cómo acabará la legislatura si todo va bien: con un paro del 23 % y con una deuda pública del 101 %. ¿Cómo casa eso con la euforia del señor ministro? Nos lo ha explicado o nos lo explicará mejor en otra ocasión.

La conclusión de todo este ejercicio es el cálculo del techo de gasto para 2015. Se propone un techo de gasto de 129.000 millones con un recorte del 3,2 %. Es la primera vez desde el inicio de la legislatura que se propone recortar el gasto público el 3,2 %, y nos felicitamos por ello. Pero la cuestión no está en el cuánto, está en el cómo, en el cómo se va recortar el gasto público. Nosotros creemos que hay margen para el recorte del gasto público en España pero el Gobierno da pocos detalles y los pocos que da no son muy satisfactorios: va a recortar gasto público porque va a haber menos gasto en desempleo. ¿Menos gasto en desempleo porque hay menos parados? Bienvenido sea, pero es que muchos de esos parados no es que encuentren un empleo, es que están agotando su cobertura porque llevan más de dos años en paro. ¡Vaya forma de equilibrar las cuentas públicas!

Va a haber menos gasto en pensiones. ¿Porque hay menos pensionistas? No, por la hibernación de las pensiones. Esperemos que el tipo de interés se mantenga moderado, pero nada lo garantiza. No descartamos que al final acabe recurriendo a su receta favorita, que son los recortes sociales. Por otro lado, este gasto se construye sobre unas previsiones de ingresos que nosotros creemos demasiado optimistas. Se prevé que crezcan los ingresos un 4,3 % el año que viene, 4.300 millones, pero el PIB nominal solo va a crecer el 2,6. ¿Por qué van a crecer mucho más los ingresos que el PIB nominal cuando además se dice que hay una reforma fiscal que va a bajar los ingresos? No nos cuadran las cuentas, sinceramente.


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Resumiendo, nosotros compartimos las grandes cifras que aquí se nos traen. Creemos que hay que recortar el déficit público del conjunto de las administraciones, creemos que el reparto entre niveles de Gobierno es adecuado, que el Estado debe tener más déficit que las comunidades, creemos que hay que reducir el gasto público en España. Pero lo que no podemos compartir es el cómo; aquí faltan muchos detalles y los pocos que hay no nos gustan. Por eso, en esta fase inicial del debate presupuestario creemos que lo coherente es abstenernos a la espera de unos presupuestos más detallados, que nos tememos que en el futuro terminarán cambiando esta abstención en un voto negativo.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Vasco, PNV, señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.

Hoy, señor Montoro, como usted sabe perfectamente, debatimos sobre unas cifras que nos ha traído a esta Cámara más o menos impuestas por la Unión Europea y que nos quiere vender como toda una estrategia de política económica y como un acuerdo interinstitucional. Y sin embargo, se trata simplemente de dar cumplimiento formal a lo que establecen las leyes de estabilidad fijando el límite de déficit de las administraciones públicas para los próximos tres años y el techo de gasto público de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio. Digo que es formal, puesto que del fondo de la cuestión, de las necesarias previsiones económicas, de las estimaciones del PIB, de las estimaciones de precios, del empleo, etcétera, poco o casi nada sabemos todavía a estas alturas del año. Con los datos correspondientes al primer trimestre del año en curso, en muchos casos es muy difícil hacer previsiones fundadas para este ejercicio y mucho menos para los tres próximos, porque luego no hay base estadística ni indicadores para que las estimaciones tengan la suficiente validez. Sin embargo, el Gobierno nos trae unos datos cuya fiabilidad y solvencia, en opinión de nuestro grupo, son realmente cuestionables. Lo hacen, como decía, para cumplir con las formas. Es por lo que solemos decir cada año que es un debate sin datos sólidos, que es un debate a ciegas. No obstante, a estas alturas de legislatura, a las puertas de un ejercicio presupuestario cuyo carácter electoral es más que previsible y con un Gobierno que está haciendo alarde del éxito -y lo digo entre comillas- de su política económica, es un buen momento para realizar unas reflexiones económicas con en fin de que los ciudadanos puedan ponderar adecuadamente este excesivo optimismo del Gobierno. Es decir, que puedan discernir entre la realidad económica y la propaganda electoral.

Si me permite, señor ministro, el discurso excesivamente optimista -yo diría que un tanto inconsciente- que ha hecho aquí, creo que no sería capaz de hacerlo donde la realidad social es compleja, por ejemplo en una oficina de empleo. Hay que distinguir entre el fondo de la política y un electoralismo de una reforma tributaria -dicho sea de paso- cuya progresividad es nula a partir de los 60.000 euros anuales. Como saben todos ustedes, hace poco más de un mes se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo. Cuando se conocieron los resultados, nada favorables para el partido del Gobierno ni para el principal partido de la oposición, nos dimos cuenta de que los ciudadanos le habían dicho a la Unión Europea que no estaban de acuerdo con la respuesta que estaban dando a la crisis, al menos con la que estaban dando los partidos con responsabilidades en las instituciones comunitarias. En el Estado español el paro y los recortes habían acrecentado las desigualdades y el sufrimiento de los ciudadanos; también se dijo eso el día 25 de mayo. Y acto seguido, como si fuera una respuesta a dicha situación, en Europa y hasta el propio presidente Rajoy volvieron por enésima vez a hablar tímidamente de la necesidad de cambiar de política y de impulsar el crecimiento económico. Pero, por enésima vez también, se les ha vuelto a olvidar a la primera de cambio y volvemos a defender las antiguas políticas. En lugar de replantear o revisar la política económica, volvemos a hablar de recortes, de reducción del déficit público y continuamos con el deterioro de los servicios públicos, con la reducción de las inversiones públicas a sabiendas de que esta política retrasa la salida de la crisis y alarga el sufrimiento de muchísimos ciudadanos. Parece que a pesar de todo, a pesar del 25 de mayo, seguimos sin aprender. Como la prima de riesgo ya no es tan elevada como lo fue en el pasado y como incluso el mercado de trabajo está moviéndose tímidamente, ya parece que nos hemos olvidado de que la tasa de paro supera el 25 % y que esta tasa de paro es mayor al 50 % en el caso de los jóvenes. Parece también que nos resignamos ante una situación laboral que sería y que es absolutamente inaceptable en la mayoría de los países del mundo. La mejoría que se está observando en la economía es insuficiente para contar con unas esperanzas fundadas de que va a redundar en un plazo razonable


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en beneficio de los que más han padecido los rigores de la crisis. No negamos el cambio ni la mejora económica, nos preocupa la lentitud de la recuperación y para impulsar el crecimiento, para acelerarlo son necesarias también medidas de choque y de impulso de la demanda agregada. No nos vale que la tasa de paro, tal y como aparece en su cuadro macroeconómico, se estime que sea del 20 % el año 2017, el doble o más del doble de lo que era al inicio de la crisis -2007-, y que habrá que esperar al menos otros diez años, hacia el año 2025, para que sitúe en torno a las tasas de paro previas a la crisis. Esto no nos tiene que servir para justificar la política económica ni para hacer alarde de los datos económicos de la manera que usted lo ha hecho. Y a ello nos lleva irremediablemente la política que se refleja en los escenarios de déficit y de endeudamiento que hoy nos trae usted aquí, y por eso no estamos de acuerdo con que esa sea la única o sea la política que nos saque de la crisis en un tiempo razonable.

Señor Montoro, no nos hemos resignado a convivir con las desigualdades, con una bolsa enorme de parados, con unos recortes sociales que han hecho mella en amplias capas de la población; no nos hemos resignado, no nos queremos resignar. Además, señor Montoro, ustedes plantean alcanzar unos objetivos de déficit que van más allá incluso de lo que la propia Unión Europea les exige; son más papistas que el Papa, como se suele decir; ni siquiera aprovechan el pequeño margen que da Europa para poder contar con unas políticas de gasto un pelín más expansivas y, por supuesto, tampoco le exigen a Europa un cambio de política económica que nos ayude a salir cuanto antes de la crisis. Cumplir con los objetivos de déficit público establecido supone una nueva vuelta de tuerca, mayores recortes y mayores sacrificios. Para el próximo año nos avanza un recorte del límite de gasto del 3,2 %, y no vale que nos diga, señor Montoro, que con la partida de desempleo -como ha señalado también el señor Anchuelo- o con los intereses de la deuda lo compensa y lo soluciona todo. ¿Cuándo vamos a recuperar la inversión pública perdida en infraestructuras o en I+D+i? ¿Cuándo van a recuperar los trabajadores públicos su capacidad adquisitiva, la paga extraordinaria que se les quitó? Hay mucho camino que recorrer, porque mucho camino se ha desandado a lo largo de esta crisis, señor ministro.

El documento que nos ha presentado hoy se denomina Acuerdo de estabilidad para el conjunto de las administraciones públicas. Y yo le pregunto, señor ministro, como hago desgraciadamente cada año: ¿Qué tipo de acuerdo? ¿Con qué información se ha alcanzado dicho acuerdo? Creo que usted ha conseguido un acuerdo de adhesión de las comunidades autónomas en las que manda el Partido Popular, que por cierto son la mayoría en las de régimen común; un acuerdo alcanzado, yo diría, más por fidelidad política o por imposición política que por convicción, pero eso será una cuestión de las comunidades que lo han aceptado. Como les decía al comienzo, con este acuerdo se trata de cumplir con un formalismo, y en nuestra opinión tampoco se cumple estrictamente con dicho objetivo. No he conseguido ver -y esto es lo que, insisto, le digo cada año- en la documentación que nos ha remitido el acuerdo firmado por la Comisión Mixta del Concierto ni del Convenio navarro, que son las instituciones competentes -como usted muy bien sabe- según la ley para firmar un compromiso en materia de déficit y endeudamiento público.

Por todas estas cuestiones, es decir, por cuestiones de fondo, de diagnóstico y de política económica, y también por cuestiones de forma, señor ministro, nuestro grupo va a votar en contra de este acuerdo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Mixto, vamos a empezar por el señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, señorías, usted ha venido hoy aquí después de un año como si no hubiese pasado nada -en plan Fray Luis de León, decía: decíamos ayer-, diciendo que efectivamente tenía razón. Y mire usted, a mí lo que me preocupa es que precisamente tiene razón en cuanto a las cifras que ha dado, y me preocupa que tiene razón porque esas cifras esconden una realidad muy dura y muy injusta. Usted habla de la recuperación de la economía y lo pone como gran éxito, pero yo estoy convencido de que esa recuperación es fruto de ir al rebufo de la recuperación económica que se está produciendo en la Unión Europea fruto de una crisis ya muy larga que empieza a agotarse. Realmente ustedes no han aprovechado todo este tiempo para reformar la economía del Estado español, para abordar las auténticas reformas estructurales. Ustedes se han centrado en unas reformas estructurales que son meramente ideológicas, se han centrado en reformas estructurales de recorte de derechos, pero no han ido a la raíz del problema de la economía del Estado español. Usted habla de creación de empleo, pero inmediatamente hay que preguntarse ¿qué empleo? Y si analizamos los últimos datos -sus datos- del Gobierno, vemos


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que es un empleo parcial, contratos a tiempo parcial, un empleo precario. Si analizamos los datos del paro, vemos que el paro de larga duración se incrementa de una forma muy importante, angustiosa, que se convierte en un problema estructural, porque hay cada vez un porcentaje mayor de parados que tiene muy difíciles perspectivas de encontrar empleo. Si vamos a la raíz del problema del desempleo, vemos que no han aportado la auténtica solución de ese problema, es decir, que seguimos con unas tasas de desempleo inasumibles socialmente -un 25 % y en los jóvenes el 50 %-, que no se están tomando medidas para ir a la raíz de los problemas.

Paralelamente a ese crecimiento económico, a ese crecimiento de ese empleo, de ese tipo de empleo, vemos que se ha incrementado de forma muy importante la desigualdad, que es un problema grave dentro del Estado español y que es además uno de los problemas que va a estar en la agenda política en todo el mundo en el futuro, y ustedes no están haciendo nada para combatir el incremento de la desigualdad. Hay datos que son muy explicativos y muy clarificadores a ese respecto. Usted decía que va creciendo, por ejemplo, el consumo. Bueno, va creciendo el consumo, pero muy ligeramente también, y el problema es quién puede consumir. Y la realidad de esa desigualdad, de ese crecimiento de la desigualdad es la de unas cifras que son espeluznantes. Hay un informe del World Report 2014 que dice que el número de grandes fortunas ha crecido un 39 % en la última década en el Estado español, en el año 2013 un 13 %. Si comparamos ese dato -que puede ser positivo, uno puede decir: bueno, está creciendo el número de ricos, crece la economía- con lo que está pasando en gran parte de la población que está en el sector más bajo, vemos que el 21,6 % de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, que la tasa de la pobreza media, según datos de Eurostat, en el Estado español está en el 28,2 % y que es el segundo Estado de la Unión Europea con mayor índice de pobreza infantil. Es decir, en riesgo de pobreza infantil está el 29,9 % de los menores de dieciocho años y la tasa de pobreza infantil está en el 19,4 %. Son datos espeluznantes y que refuerzan esa desigualdad tremenda dentro de la sociedad del Estado español; es decir, hay 3 millones de personas que están en situación de pobreza severa, que viven con menos de 307 euros al mes y, al mismo tiempo, hay un informe del Credit Suisse que dice que en el Estado español hay 402.000 personas que tienen un patrimonio mayor de un millón de dólares, de 736.000 dólares, y que en el próximo año se prevé que van a aumentar en 42.000. Si comparamos el índice de crecimiento de la pobreza en el Estado español con el índice de crecimiento de los más ricos, vemos que estos son dos sectores que crecen, pero de forma muy desigual, va creciendo la pobreza y al mismo tiempo van creciendo también los más ricos, que son cada vez un porcentaje menor del conjunto de la sociedad. Esos son los problemas que no ha abordado su Gobierno, porque usted propone como objetivos a la hora de plantear el techo presupuestario que hay que reducir el déficit público, hay que conseguir los objetivos de deuda pública, y yo hasta puedo estar de acuerdo con esos objetivos, pero estoy en total desacuerdo en cómo los quiere conseguir. Usted se centra en la reducción del gasto público y, como muchas veces le he dicho desde esta tribuna, el problema estructural del Estado español no es el gasto público, sino el ingreso, es decir, el tremendo fraude fiscal. Ustedes no están haciendo nada para abordar ese problema y ahí está la madre de todas las batallas económicas de este país. Ustedes no sacarán adelante a su país si no abordan esa cuestión, la reducción del fraude fiscal, y eso es lo que les podrá dar los fondos necesarios para abordar un crecimiento equilibrado, socialmente sostenible, lo que les dará los medios necesarios para recortar la desigualdad creciente, escandalosamente creciente, y lo que les dará los medios necesarios...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Larreina...

El señor LARREINA VALDERRAMA: Acabo ahora mismo, señora presidenta.

Y les dará los medios necesarios precisamente para que ese crecimiento y esa evolución en positivo no sea a cuenta del recorte de los derechos sociales, del recorte del Estado del bienestar.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.

Por el mismo grupo, señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señorías, señor ministro, con el techo de gasto que imponen no solo mantienen la asfixia económica de las comunidades autónomas, sino que la agravan, pero sepan ustedes que en el caso de Cataluña esta asfixia económica no va a impedir la democracia ni tampoco la realización de la consulta, sino que lo que impide es la realización de las políticas sociales más básicas. No se trata,


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como ustedes se cansan de repetir como un mantra, de que gastamos el dinero para independizarnos -eso es lo que ustedes van diciendo siempre-, no se trata de eso, al contrario, de lo que se trata es de que la independencia es el único camino, señor ministro, que nos dejan para mantener el gasto social, para mantener a la vez las políticas sociales y el Estado del bienestar. Porque, señores y señoras, ya no se trata de un expolio territorial y un ahogo económico y financiero, sino de un expolio social y un ahogo industrial y a la vez laboral. El 80 % de nuestro presupuesto va destinado a gastos sociales y, en consecuencia, los recortes y el ahogo financiero al que someten a las comunidades autónomas son justamente recortes en estos gastos sociales y, por extensión, en estímulo de la propia economía. Y todavía -permítanme que les diga- tienen la desfachatez no solo de señalarnos, sino de aparecer como unos austeros salvadores que permiten que podamos pagar nuestra deuda con los proveedores, con los proveedores necesarios para mantener los servicios sociales porque, señor ministro, estamos hablando justamente de este tipo de proveedores, no de otro. Respecto a esto, permítanme también alguna consideración: en primer lugar, que el dinero con que se paga a los proveedores no es dinero que salga del bolsillo del señor presidente del Gobierno, del señor Rajoy, ni tan siquiera de su bolsillo, señor Montoro, sino que es dinero que recaudan los catalanes y catalanas y que no les retornan en forma de servicios; en otras palabras, dinero que les expolian. Expolio económico y social, así, puro y duro y, para colmo, no es un dinero que el Gobierno español destine a compensar el déficit de inversión o de financiación, no, es un dinero que prestan a la Generalitat de Catalunya y que los catalanes y catalanas, quienes lo hemos pagado con nuestros impuestos, deberemos retornar al Gobierno español pero con los oportunos intereses -de esto no nos podemos olvidar-, y todo para que el Gobierno español continúe pagando -si se me permite- sus despilfarros y excesos, como las subvenciones a las empresas eléctricas o el desproporcionado e innecesario gasto militar de unos 50 millones de euros al día. Mientras a nosotros nos prohíben endeudarnos, ustedes han incrementado este año el gasto militar, vía Fondo de contingencia, en casi 500 millones de euros, cantidad, señor ministro, equivalente a lo que obligan a recortar a la Generalitat en el próximo año.

Acabo. Ustedes ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Dejen de darnos sermones, por favor, y dénos nuestro dinero, porque mientras pagan a reyes o a aforados reyes, Instituto Cervantes, concesionarias de autopistas deficitarias en Madrid,...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Jordà, acabe.

La señora JORDÀ I ROURA: Voy acabando, señora presidenta.

... proyectos Castor de Florentino y otros amigos, a nosotros nos obligan a cerrar plantas de hospitales, congelar listas de espera, de dependencia o consentir que nuestras hijas sigan estudiando en barracones.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.

Señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, con la presentación del límite de gasto y del objetivo de estabilidad presupuestaria para 2015 este Gobierno pretende terminar su mandato legislativo como empezó, empecinado en mantener una fracasada política económica centrada como únicas prioridades en la consolidación fiscal y la reducción del déficit y que ha sacrificado el empleo y los servicios públicos básicos. Ese enfoque global merece otra vez nuestra oposición, señor ministro, pues insiste en una política manifiestamente fracasada que, lejos de avistar una recuperación económica como se manifiesta propagandísticamente -ya lo preveía usted-, desde el Gobierno ha llevado a la economía del Estado español, señor ministro, a una situación insostenible, con un desempleo superior al 25 %, con altas tasas de precariedad laboral y con una continuada política de recortes sociales que ha afectado negativamente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. En resumen, recorte de gasto público que ha sido sinónimo en esta legislatura a aumento de la brecha social, agravamiento de la crisis económica para las personas más desfavorecidas, desempleo masivo y graves dificultades de financiación de las empresas y la economía productiva, a pesar del rescate financiero. Por ello, señor ministro, señorías, no podemos


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compartir que en una situación como la actual se diseñe un panorama presupuestario que insiste en situar como prioridad económica la reducción indiscriminada del déficit público y que, como resultado, planifica un escenario en el que incluso en 2015 la tasa de paro será superior al 23 %. Aún más, señor ministro, en 2017, cuando ya se sitúa el objetivo del déficit en los límites del pacto de estabilidad por debajo del 3 % del PIB, será nada más y nada menos de casi el 20 %. Esto indica que la política económica aplicada por este Gobierno durante la crisis no es coyuntural, está para quedarse, pues, a pesar de cumplir los objetivos de ajuste en términos presupuestarios, se prevé un escenario de alto desempleo y baja actividad productiva y con ello precariedad social.

Insistimos en que los objetivos de déficit deben supeditarse al empleo y al estímulo de la actividad productiva, no al revés, señor ministro. De nuevo, señor ministro, siendo el porcentaje de déficit atribuible a las comunidades autónomas menor en relación con el porcentaje de gasto que gestiona y representa el conjunto de todas las administraciones públicas del Estado, las exigencias de reducción son mayores que las de la Administración General del Estado, pues esta absorbe casi el 70 % de la capacidad de déficit frente al 16 % de las comunidades autónomas.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señora presidenta.

Y no debería ser necesario recordar que son las comunidades autónomas las que prestan la mayoría de los servicios básicos a la ciudadanía: sanidad, educación y servicios sociales. En definitiva, señor ministro, con esto que usted hoy nos presenta lo único que podemos esperar son más recortes en el año 2015, que a lo mejor no lo hace desde el Gobierno central...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ... pero sí necesariamente lo van a tener que hacer los Gobiernos autonómicos.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.

Señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señor Montoro, he apuntado que usted ha hablado de formidable, increíble, fabuloso, sorprendente, cifras indescriptibles, que esta es la situación de este país y ha retado a que alguien subiera aquí a decir si los grandes números de la economía no van mejor. Le reto a otra cosa, a que suba un solo español aquí a decir que las cosas van mejor. Hoy ha salido el presidente de Unicef hablando de los 2.300.000 niños en la pobreza; ayer salió el padre Ángel diciendo cuál es la situación de los niños y de las familias. Pero no solo eso, ustedes traen un presupuesto donde echan las campanas al vuelo porque van a quitar 5.000 millones de impuestos. ¿Pero qué pasa en este país? ¿Le va a quitar 12 euros a una familia que tiene listas de espera en sanidad? ¿Que tenemos las listas de dependencia? ¿Que tenemos una educación donde se está diciendo que se van a sustituir las becas por préstamos? Y ustedes felices porque los grandes números van bien. Como dijo usted: formidable, increíble, fabuloso. Además, ese anuncio que usted hizo: la época de los ajustes se ha acabado, ¿cómo que la época de los ajustes se ha acabado? Los ajustes que realmente afectan a los ciudadanos son los ajustes que ustedes obligan a hacer a las comunidades autónomas. ¿No hubiera sido preferible que en vez de bajarle 200 euros a la gente que más gana de este país, por encima de los 100.000 euros, se hubiera podido dar facilidad a las comunidades autónomas para mejorar la sanidad, que no se puede llegar? ¿No hubiera sido preferible que en vez de quitarle 12 euros al mes a una familia pudiera cobrar la prestación por dependencia, que no se está cobrando? ¿Pero en qué país está, en qué país vive usted, señor Montoro? Claro que las macrocifras van bien, pero es que la situación de los ciudadanos no va bien, y no se puede estar diciendo que no se hacen ajustes cuando los grandes ajustes que afectan a los ciudadanos van a mantenerse. Esos 5.000 millones que usted dice que se iba a ahorrar el país, esos 5.000 tenían que haberse suministrado para que los ajustes que sí funcionan en las familias se hubieran eliminado o aliviado.

Además, ustedes han anunciado que no se va a cumplir el compromiso de revisar la financiación autonómica porque no hay capacidad financiera. ¿Eso es lógico también? Yo creo que no, creo que en


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este momento hay un clamor general para que mejoremos la situación de la gente, que además no ve perspectiva ni a corto ni a medio plazo de que esto mejore.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Termino.

A la velocidad de crecimiento que están planteando, faltan diez años para tener índices de paro asumibles. Esto no es que se han acabado los ajustes, esto no es fabuloso, esto es absolutamente deprimente, señor Montoro.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví, por el mismo grupo.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

En La 2 están reponiendo todas las mañanas el NO-DO. He seguido con atención, señor Montoro, su discurso de esta tarde por la pantalla y, si no fuera por el color, hubiera pensado que estábamos viendo un discurso triunfal del NO-DO. Sin embargo, señor Montoro, a pesar de su discurso triunfal, hay otras cifras, aunque no le gusten, por ejemplo las cifras de Cáritas -que ya sé que no le gustan-, que están hechas desde el contacto con la gente, y cifras que nos dicen que hay 13 millones de personas que malviven en riesgo de pobreza, que somos el segundo país europeo con mayor índice de pobreza infantil, que han disminuido las prestaciones sociales, que hay más gente buscando comida en los contenedores, que se están desbordando los bancos de alimentos y que tener trabajo no garantiza salir de la pobreza. Son cifras que rompen su famoso círculo virtuoso y que contradicen su famoso eslogan -porque esta debe ser la legislatura del eslogan-: está acabando la crisis. ¿Cuántas veces lo hemos oído aquí? Miles de veces.

Que en junio crezcan las contrataciones en un país turístico, como España, no es novedad, es lo normal. Es más, hay más contrataciones porque hubo más despidos gracias a que ustedes los favorecieron con su reforma. Si a ello le sumamos que el reparto del déficit en el que el Estado, que es la Administración más endeudada, se queda con casi todo, el 70 %, el 78 % y el cien por cien en 2017, que a los ayuntamientos no les dan nada, el 0 %, siendo la Administración menos endeudada, y si a las comunidades autónomas, que también son administraciones próximas, solo les dan unas migajas, la estafa está servida. Es un reparto absolutamente injusto y profundamente insolidario, a pesar de lo que dice el Parlamento Europeo, que los esfuerzos de consolidación fiscal se tienen que repartir de forma justa entre las diferentes administraciones, teniendo en cuenta los servicios que prestan. A esto ustedes no le hacen ningún caso, lo interpretan a su manera.

Señor Montoro, usted castiga a los ciudadanos y especialmente a los valencianos, y encima su secretario de Estado los insulta cuando va a Valencia. Nuestras cifras -cifras de los valencianos- en salud, educación y protección social para 2014: 10.000 millones de euros, mientras que su sistema de financiación nos transfiere 8.200. Son 1.800 millones de euros. ¿De dónde quieren ustedes que se recorte más? ¿Sabe qué es lo peor? Que los valencianos sufrimos los peores índices de atención sanitaria, que estamos a la cola en prestaciones sociales y que muchos de nuestros niños estudian en barracones. Así, con este reparto insolidario de la distribución del objetivo...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Acabo. Me queda una frase.

Sin una reforma de la financiación, esto será un desastre para los valencianos y ningún diputado valenciano debería votar esto si realmente tiene vocación de servir a los valencianos.

Acabo. Señor Montoro, atrévase a salir a la calle...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Atrévase a ir a una cola de un economato de Cáritas, de un banco de alimentos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Seguro que su círculo virtuoso se rompería en mil pedazos.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví. Ha acabado su tiempo.

Señor Álvarez.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Señora presidenta, señor ministro, señorías, subo a la tribuna para fijar mi posición en el debate que nos ocupa sobre los objetivos de estabilidad 2015-2017, el límite de gasto del Estado para 2015 y demás juegos de autobombo que usted se ha prestado a exponernos.

El año pasado ya hablábamos de lo necesario que es el cambio de culto del principio de austeridad al principio de crecimiento económico. El cuadro que hoy tenemos bajo su mágica dirección, señor Montoro, es muy definido, representa el objetivo más claro que se pueda diseñar. Todo obedece al principio de un año electoral en ayuntamientos, autonomías y Gobierno nacional. El cuadro que se debiese debatir aquí sería el correspondiente a un cumplimiento de su programa electoral manifiestamente incumplido en materia económica. Es cierto que no se plantean más reducciones en los diversos departamentos, especialmente en los de carácter social, pero yo me pregunto: ¿es posible dañar más aquellos departamentos de carácter social, como educación, sanidad y servicios sociales? Se anuncia un objetivo de déficit ajustado al 1,3 %, pero todo es un ejercicio de voluntarismo. El techo de gasto, los ingresos y el déficit son elementos, ejercicios puramente teóricos, orientativos -usted lo sabe-, y las desviaciones van después al déficit real, como se hizo en 2012 o 2013. Ese sí que es un gran círculo virtuoso, pero en el sentido renacentista del término virtus.

Le hago unas preguntas. ¿Por qué se va a ingresar más con una reforma fiscal con efectos de enero de 2015 y que se ve después de las elecciones? ¿Por qué la prometida rebaja del impuesto sobre sociedades favorece espectacularmente a la banca y no a las pequeñas empresas? ¿Por qué cree que va a bajar el paro este año hasta el 23,3 % desde el 24,9 % con tan enorme crecimiento de la contratación temporal? ¿Cree que el último decreto escoba de todo lo que andaba por ahí pendiente es suficiente? Dijo usted que todo es fruto de la realidad que vivimos. Pues seguro, señor Montoro. El 2015 es año de rendición de cuentas a los electores y comienza este gran teatro. En mi comunidad han sido graves sus intervenciones de corte florentino, incumplimientos y podas sociales, y eso que está teniendo un socio de lujo: el Partido Socialista en el Gobierno asturiano. Lo mismo le vale apoyar un Gobierno sin presupuesto o que ajusta este a su déficit, al 1 %, o que aplica la política de podadera o que no gasta ni lo que presupuesta, dejando su parte del FLA para los gastizos. Le pido que cumpla con los derechos de Asturias ejecutando la sentencia firme de 218 millones de los fondos mineros y también le pido, ya que estoy aquí, que me acepte alguna enmienda en los próximos presupuestos porque en los tres últimos ejercicios no lo ha hecho. Eso sí sería fardar realmente ante la ciudadanía.

Termino. No voy a votar a favor de ninguna acción contraria a los principios...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Álvarez.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Termino, señora presidenta.

No voy a votar -repito- a favor de ninguna acción contraria a los intereses de España y de Asturias y, por tanto, voy a votar en contra de esta actuación.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Álvarez.

Señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, leyendo la documentación que acompaña al acuerdo del Consejo de Ministros por el que se fijan los objetivos de estabilidad, deuda pública y techo de gasto, tiene uno una sensación un tanto agridulce. Es verdad que quienes auguraban hace dos años un descalabro económico y financiero en España deberían hoy admitir que sus peores augurios no se han cumplido, aunque también es verdad que seguimos siendo un país al que diera la sensación de que son otros los que le obligan a ser diligente, que va cumpliendo lo que Europa le recomienda pero al que le queda aún mucho camino por hacer.

El acuerdo del Gobierno fija unos objetivos sobre la base de unos escenarios macroeconómicos que, en general, coinciden con el consenso de las instituciones especializadas -Comisión, FMI, OCDE, Banco de España-, incluso en algunas de las variables que ellos manejan son más optimistas que el propio Gobierno, eso es así. La propia Morgan Stanley publicó un informe en el mes de julio sobre la economía europea y, en especial, la española y atribuye a la nuestra un crecimiento del 2 % para el año que viene. Con todas las prevenciones y limitaciones, porque hay muchos qué y pocos cómo, el documento refleja


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una confianza en la dirección política y en las expectativas, que creo que es la mejor noticia y la mayor garantía para seguir eliminando las incertidumbres de nuestra economía, que siguen siendo muchas y que aún persisten. Después de tres años de legislatura se puede echar la vista atrás y empezar a responder a los agoreros, a quienes decían que este Gobierno era la orquesta del Titanic, a quienes han buscado todo tipo de excusas para no apoyar ni una sola medida que el propio Consejo hoy valora positivamente. En UPN siempre pensamos que intentar revertir los desequilibrios de nuestra economía, reducir el gasto y racionalizar la gestión pública era y es una obligación de todos, del Gobierno pero también de la oposición. Por ello es bueno, señor ministro, empezar a identificar a quienes decidieron que el oponerse a todo era su manera equivocada de contribuir a salir de esta situación. Dime qué propones y te diré a qué me opongo. En Unión del Pueblo Navarro queremos que el Gobierno acierte, este y también el anterior. Este Gobierno, es verdad, ha sabido parar la hemorragia del enfermo, de esta economía enferma, pero queda lo más difícil, hacer que una sociedad que en menos de treinta años va a ser la más envejecida de Europa, vuelva a convertirse en una nación con futuro. Para eso, aparte de las medidas coyunturales y de emergencia que tengamos que hacer, tendremos que asumir tres debates importantes, uno sobre la natalidad, otro sobre la educación y otro sobre la solidaridad intergeneracional, para lo cual, señor ministro, alcanzar un acuerdo, un gran consenso político seria hoy muy necesario.

Termino. Vamos a apoyar el acuerdo, pero pedimos interlocución al Gobierno para negociar los presupuestos y también para que en un entorno de nuevos compromisos resolvamos algunas cuestiones pendientes importantes, que en Navarra han suscitado en los últimos días una gran preocupación y que el Gobierno conoce. Nosotros, lo sabe, señor Montoro, actuaremos con lealtad, pero también con firmeza, con especial firmeza en la defensa de aquello que consideremos justo y positivo para Navarra y para España, pero también para defendernos de aquellas decisiones que desde posiciones de incomprensión de cualquier magistratura, aunque sea el Constitucional, consideremos injustas, especialmente irrespetuosas o incluso un ataque frontal a nuestra singularidad foral.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Salvador.

Señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.

Señorías, he de reconocer que caeré en la trampa parlamentaria que nos ha propuesto el ministro de Hacienda, señor Montoro, en su intervención esta tarde cuando preguntaba qué grupo parlamentario osará subir a esta tribuna a decir que no ha habido crecimiento económico. Voy a caer en la trampa, en su justa medida, ministro. No seré yo ni la coalición a la que represento, Geroa Bai, quienes suban a contradecir datos de macroeconomía. Ministro, es la realidad la que le contradice absolutamente. Es la realidad de 2,5 millones de personas que llevan más de dos años en paro y, por tanto, en estos momentos 2,5 millones de conciudadanos que no tienen un solo ingreso. Es la realidad de más de 700.000 familias que en este julio de 2014 no tienen un solo ingreso en su casa. Son ellas las que le contradicen, y a mí me gustaría que desde esta tribuna alguien se lo recordara así. Se lo contradicen. Así que, repito, ningún grupo parlamentario ha de subir a esta tribuna a contradecir las afirmaciones que usted ha hecho creo que excesivamente triunfalistas. Es la pura realidad.

Vamos a los datos y a la filosofía del documento de techo de gasto que nos ha presentado su Gobierno. Nos dice el Gobierno en ese documento que prevé un aumento de ingresos, pese a que va a reducir la presión del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Espera ingresar más de 5.550 millones de euros por encima de lo ingresado el pasado año, a pesar de que como digo va a reducir la presión fiscal. Nos anuncia que no va a llevar a cabo ningún tipo de recorte de gasto, aunque el mismo documento prevé un techo de gasto público que se reduce en 4.200 millones de euros respecto a lo que llevó a cabo el pasado año. Francamente, señor ministro, estamos hablando de la cuadratura del círculo. Como filosofía está bien, pero si bajamos a la calle, si bajamos a la realidad de esos dos millones y medio de personas y de esas setecientas mil familias, esa es una filosofía que ni genera empleo ni da de comer. Por lo tanto la cuadratura del círculo no nos sirve, y vamos a votar en contra de ella. Si lo que nos va a decir es que todo esto es posible con herramientas como la reducción de la carga de la deuda, y en estos momentos la posibilidad de que se reduzcan de manera temporal -ojalá sea permanente- los datos del desempleo, si fía la carga de la prueba a estos asientos contables nos parecen una auténtica trampa contable a la que no podemos votar que sí. Votaremos también que no a su propuesta de techo de gasto que nos parece


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-amén de esa visión rosada de la realidad que invocaba el señor Anchuelo, y si me permite compartirla con él- una propuesta sonrojante en términos de seriedad política.

Termino, presidenta. Señor Montoro, no se trata de negar lo que los datos de macroeconomía dicen en estos momentos, sino de lamentar y lamentarnos de que a usted le baste con tan poco como eso.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Barkos.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gallego.

El señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, la creación de empleo, el crecimiento económico, el saneamiento de las cuentas públicas y el refuerzo en nuestro Estado del bienestar siguen siendo los grandes objetivos del Grupo Parlamentario Popular. El techo de gasto y los objetivos de estabilidad presentados por el Gobierno como en años anteriores también están orientados a estas metas. Ante este debate, donde he escuchado a lo largo de la tarde un exceso de retórica, de filosofía, por centrar el asunto, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿está ayudando la política presupuestaria de España a la consecución de ese crecimiento, de esa creación de empleo, y al saneamiento financiero de las cuentas públicas? Nosotros pensamos que sí y que hay muchos datos que avalan esa recuperación económica.

Daré diez ejemplos. El paro se ha reducido en 313.979 personas en el último año. El número medio de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en España en el último año en 291.130 personas. Hay quien dice que tiene fórmulas para crear más empleo, especialmente el PSOE e Izquierda Unida, por lo que he escuchado a lo largo del debate, y les pido que las apliquen en Andalucía que es donde gobiernan y donde lamentablemente hay unas tasas de paro que están muy por encima de la media española. La economía española lleva un año consecutivo creciendo, viniendo de donde venimos. Les recuerdo que en el año 2012 el Partido Popular asume las riendas del Gobierno de España para lidiar una situación muy complicada. Veníamos de una situación de práctica bancarrota, y dos años y medio después España está creciendo. Llevamos creciendo cuatro trimestres consecutivos. La Comisión Europea, que no es del Partido Popular, dice que España será el país que más crecerá en Europa el año que viene. También ha dicho la Comisión Europea que somos el segundo país de Europa que hoy crece más en la zona euro. No son datos que den lugar a interpretaciones, son datos y hay que respetarlos. Este año nuestro país arrojará un déficit del 5,5 del PIB; en diciembre nuestro déficit público será de 35.000 millones más bajo del que dejó el último Gobierno del PSOE; 35.000 millones menos de déficit público. Nuestra prima de riesgo es similar a la de Estados Unidos; es tres veces más baja que la que dejó el Gobierno de Zapatero. Si medimos la confianza de los agentes internacionales según la prima de riesgo podemos decir, entre comillas, que España ahora genera tres veces más confianza que el último Gobierno de Zapatero. La prima de riesgo está tres veces más baja que con Zapatero. Todas las agencias de rating han mejorado la calificación de la deuda española; antes la empeoraban. Cada día que pasa ganamos más capacidad de financiación respecto al resto del mundo. Nuestras exportaciones están creciendo como no lo habían hecho nunca, en niveles récord. Un dato, hoy en España hay 7 millones de turistas más que en el año 2011. Creo que ese es un dato que pone de manifiesto que en sectores estratégicos se están haciendo las cosas muy bien. Somos el noveno país del mundo y el primero de Europa en recibir inversión extranjera. Yo creo que son datos que no son discutibles. Son datos que arrojan organismos económicos internacionales y ahora uno puede decir que todos estos datos están mal, porque los dan señores que son amigos del PP o de la derecha, en los términos en los que habla algún grupo político, pero es que son datos fácilmente constatables.

¿El Gobierno de Mariano Rajoy no ha tenido nada que ver con esto? ¿Nada? Como decía antes el portavoz de Amaiur, ¿todo esto ha sido por causalidad, de chiripa? Las cosas mejoran en este país por casualidad. El Gobierno, sus reformas, su política fiscal, el esfuerzo de los españoles no ha servido de nada. Las cosas mejoran por casualidad. Nosotros pensamos que no, pensamos que estamos contribuyendo a mejorar la situación económica de España, que recuerdo estaba en una situación tremendamente complicada. Hace año y medio todo el mundo hablaba de corralitos, de rescates, de intervenciones, y ahora nadie habla de eso. Ahora la pregunta es, ¿cuándo vamos a crecer? ¿Vamos a crecer más que Alemania? ¿A cuánto creceremos? ¿Al 1,8? ¿Al 2? ¿Al 1,9? Yo creo que la situación ha cambiado sustancialmente. ¿Que hay cosas que hacer? ¿Que hay mucho por resolver? Obvio. ¿Es obvio que en la lista del paro hay todavía 4.400.000 personas inscritas, y que tenemos que hacer todos los esfuerzos del mundo para resolver esa situación? Es obvio, pero es que no tenemos esa varita mágica


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-que parece ser que sí que tienen ustedes- por la que en dos días ustedes crearían 5 millones de puestos de trabajo y no pasaría nada, sería así de fácil. La pena es que cuando gobiernan esa varita mágica no sé dónde la esconden, porque a veces a nosotros nos gustaría que nos la pasaran. (Aplausos). Además lo que notamos es que no se alegran de que algunas cosas mejoren. Parece que les moleste que haya algunas cosas que vayan mejorando, que haya creación de empleo, nuevos afiliados a la Seguridad Social. Parece que les molesta que la recuperación económica o el fin de la recesión lleguen de la mano del Partido Popular. Yo creo que si tanto se preocupan por los españoles y tan cerca dicen estar de los españoles también deberían alegrarse cuando las cosas funcionan razonablemente bien.

Sobre el techo de gasto ya sé que es un debate que a la izquierda ni le gustaría que existiera, porque no les gusta a ustedes fijar techos de gasto. A ustedes les gusta un poco más esto de la deuda, que no haya control del déficit; la palabra austeridad les genera cierta urticaria. Gastemos, gastemos, gastemos, sigamos elevando el déficit del Estado, pero lamentablemente para ustedes tenemos que hablar de este techo de gasto. Yo creo que este techo de gasto es una continuidad de las políticas que precisamente están acabando con la recesión en España, que cumple con los compromisos suscritos con Bruselas, y que va a permitir seguir reduciendo el déficit público para garantizar nuestro Estado del bienestar. Por cierto, sin saneamiento en las cuentas públicas no sé cómo se puede pagar el Estado del bienestar. Ustedes incurren en una contradicción en sus términos continuamente. Dicen: no, somos partidarios de que haya un déficit no sé de cuánto, me da igual, pero el PSOE llegó a dejar en España un déficit del 11,9 y luego quieren pagar el Estado del bienestar. Llega un momento en el que algún día tendrás que sanear las cuentas para seguir pagando la educación, la sanidad y los servicios sociales. Por tanto yo creo que es evidente, y cualquier familia en este país lo entiende, que las cuentas deben estar mínimamente saneadas. Se va a seguir reduciendo el déficit público, el año 2015 se va a cerrar con menos de la mitad del déficit que hubo en el último mandato socialista, el saldo estructural primario de las administraciones españolas volverá a ser positivo, y por tanto el saneamiento es indiscutible. Además la reducción del déficit es plenamente compatible con el crecimiento económico. Asimismo encaja perfectamente este techo de gasto la importantísima rebaja fiscal que ha propuesto el Gobierno de cara al año 2015, especialmente dirigida a las personas que más han sufrido esta crisis económica. Por cierto, señor Rangel, decían que el PP no bajaba los impuestos, pero los ha bajado; decían que el PP no iba a cumplir con los objetivos de déficit del año pasado, pero se cumplieron: un 6,6 % de déficit. Usted decía que nos íbamos a ir al 8 o 9 % del déficit, es que no aciertan ni queriendo, ni por casualidad aciertan una predicción. (Aplausos). Si cogemos las hemerotecas sus intervenciones apocalípticas le dejan en evidencia: todo iba a estar mal, España iba a quebrar, España no iba a crear empleo, España iba a ser rescatada de la noche a la mañana. Todo esto está en las hemerotecas. Ustedes van lanzando teorías apocalípticas y no han acertado nunca, no han acertado ni una.

Por cierto, el gasto se baja un 3,2 % porque el año que viene, como consecuencia de la creación de empleo, por un lado, el Estado tendrá menos obligaciones de cara a pagar prestaciones por desempleo, y por otro lado, como consecuencia de esa caída de la prima de riesgo, en torno a 120 o 130 puntos, el Estado se va a ahorrar mucho dinero. El año pasado nos ahorramos 8.500 millones de euros en intereses de la deuda, y este año será una cifra en torno a los 4.000 o 5.000 millones. Eso permite precisamente poder bajar el gasto, pero no se va a dar ningún hachazo a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Les pido un poco de rigurosidad y yo creo que para hacer oposición no hace mentir o manipular de la manera que lo hacen sinceramente. Yo creo que el victimismo de algunos, la demagogia, las pancartitas, esta política de 140 caracteres, pueden darle un puñado de votos, pero no crea empleo. Las reformas, la tenacidad, la seriedad y el sentido común de las reformas son las que generan prosperidad. Las cifras son las cifras. La sociedad española está demostrando que austeridad y crecimiento no son conceptos antagónicos, sino complementarios, que la reducción del déficit es un potenciador del crecimiento económico, y que España tiene futuro si se llevan a cabo políticas sensatas y si remamos todos en la misma dirección. El Grupo Popular seguirá apoyando la política presupuestaria del Gobierno porque da muestras de su efectividad, aunque a los partidos de la oposición aquí les duela. Nosotros apoyamos estos objetivos de estabilidad y el techo de gasto porque consolidan la mejora de la salud económica de España, y porque miran al futuro con realismo, esperanza, y voluntad de superar nuestros problemas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gallego.


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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BALDOVÍ), SOBRE EL INCREMENTO DE ESPACIOS DE IMPUNIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FRENTE A LAS POLÍTICAS DE RESTRICCIÓN DE LIBERTADES. (Número de expediente 173/000160).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelación. En primer lugar, la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, señor Baldoví, sobre el incremento de espacios de impunidad en el ámbito de la Administración de Justicia frente a las políticas de restricción de libertades. Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Un indulto a un miembro de la Guardia Civil condenado por no evitar una agresión sexual mientras la grababa y encima se reía, un indulto a un conductor kamikaze que mató a un joven valenciano, la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha sacado de la cárcel a narcotraficantes, el aforamiento exprés y chapucero de la Familia Real, el acoso a sindicalistas o personas que ejercen su derecho a manifestarse son motivo suficiente para presentar una interpelación al ministro de Justicia, y para discutir esta moción, que si este Parlamento pensara únicamente en los ciudadanos, en el bien común, sería aprobada sin mayor problema. Desgraciadamente me temo que no será así, porque se antepondrán otros intereses mucho más espurios.

El presidente Rajoy ante el resultado electoral de las elecciones europeas ha decidido volver a intentar engañar a los ciudadanos con dos propuestas. Una la contiene esta moción y fue duramente contestada por el ministro de Justicia en la interpretación; se trata del estudio de la reducción de aforados. Es comprensible la falta de credibilidad de la gente hacia las palabras de un Gobierno que propone esto, cuando una semana y media antes ha impuesto al Parlamento, mediante una chapuza -y el sustantivo no es mío-, el aforamiento de dos familias. En cualquier caso les invito, por coherencia con las palabras del presidente del Gobierno, a votar a favor el punto 10 de la moción, que no les hará ningún daño. Otra de las cuestiones a tratar es la persecución que padecen los sindicalistas en nuestro país, perseguidos por el ejercicio de un derecho fundamental. Resulta evidente que estamos ante una directriz del Gobierno al fiscal general, irradiada a las fiscalías provinciales, que en lugar de perseguir la delincuencia y la corrupción están centrando sus esfuerzos en meter en la cárcel a sindicalistas que defienden los derechos de los trabajadores. Y ello coincide con la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, que también pretende perseguir los derechos de huelga y manifestación.

Todo encaja, hay más de cuarenta procesos abiertos contra sindicalistas por el ejercicio del derecho de huelga, y no es casualidad. Vergüenza tendría que tener el fiscal general por utilizar al ministerio público para estos fines, y debería cuestionarse sus prioridades porque es un verdadero despropósito y un serio atentado a la democracia, un atentado a los derechos de los trabajadores. Los corruptos a la calle por haber solicitado indultos o por haber podido pagar las fianzas con el dinero que habían robado, y los que defienden los derechos a la cárcel. Este es un modelo de democracia, su modelo. Y al presidente Rajoy se le ocurre hablar de regeneración democrática, cuando lo que necesita es un curso intensivo de verano para que alguien les explique a él y a su Gobierno qué quiere decir la regeneración democrática, porque su modelo de democracia consiste en: indultar a gente que no lo merece; aforar a exmonarcas; encarcelar a sindicalistas; presionar a los jueces que apelan a los tratados internacionales firmados por España, que contradicen los compromisos del Gobierno con países genocidas; hinchar a sanciones de 300 euros a las personas que acuden a manifestaciones no informadas a las delegaciones de Gobierno, imponer reformas fundamentales a golpe de lectura única, de reales decretos e incumpliendo los plazos mínimos, eludiendo el debate parlamentario y social; penalizar la interrupción voluntaria del embarazo y convertir así a las mujeres en delincuentes; reformar el marco legislativo para convertir también en delincuentes, además de a las mujeres y a los sindicalistas, a cualquiera al que se le ocurra protestar más de la cuenta . Y ante la previsión de la pérdida de poder local, la última propuesta estrella es, después de reducir los diputados de Castilla-La Mancha -un auténtico pucherazo para blindar a su compañera María Dolores de Cospedal para que siga siendo presidenta de la comunidad- y de intentar hacer lo mismo en el País Valenciano, donde no prospera porque hace falta una mayoría cualificada que no tienen, vamos a pensar cómo mantener en el cargo a los alcaldes del Partido Popular. ¿Y a eso lo llaman pensar en democracia? La calificación que yo les daría de este curso es un rotundo suspenso en democracia, y no


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creo que ni en septiembre ni en febrero recuperen. Empiecen por votar a favor de las propuestas contenidas en esta moción. Voten a favor de realizar un uso humano y social de los indultos, y no partidista ni para salvar a personas que no lo merecen. Voten a favor del derecho de huelga y manifestación, de la obligación del Estado de defenderlos y protegerlos en vez de perseguirlos. Voten a favor de la igualdad de todos, independientemente de la cuna de origen. Voten a favor de la independencia judicial, del respeto al Parlamento, a sus tiempos, a sus tramitaciones ordinarias. Voten a favor del diálogo y del debate. Voten a favor de los principios más básicos de la democracia, muchos de ellos reconocidos en la Constitución y hoy caídos en el olvido. En definitiva voten a favor de la democracia.

Con respecto a las enmiendas, aceptamos las enmiendas de sustitución a los puntos 6 y 8, y aceptamos la enmienda al punto número 2, pero como enmienda de adición.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Para defender sus enmiendas, en primer lugar por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.

Después de la intervención del ministro de Hacienda cabe preguntarse si estamos hablando de recuperación económica o bien el propio Gobierno no se cree mucho lo de la recuperación económica -al menos para la mayoría- y prepara una represión política y social en nuestro país. Señorías, esto es así porque en los últimos tiempos, y no de forma casual, se están produciendo acusaciones y procesamientos a trabajadores y trabajadoras en nuestro país de forma casi, casi excepcional. Podemos decir que corremos el peligro de pasar de un estado de represión a un estado de excepción. En estos momentos son ya 80 trabajadores los que están en proceso de juicio penal por haber defendido el derecho de huelga, y son 120 años los que se piden a estos 80 trabajadores. Señorías, no tiene precedente. Y no tiene precedente sobre todo la utilización del artículo 315.3, heredado del 496 del Código Penal franquista, para reprimir a los trabajadores, para reprimir el derecho de huelga; no tiene precedente. Y no tiene precedente que sea la Fiscalía General del Estado la que coordina que el conjunto de los fiscales que entienden de las huelgas y manifestaciones utilicen un artículo excepcional para una dinámica de excepción en nuestro país. Señorías, eso demuestra que no estamos en el proceso de recuperación que proclama el ministro Montoro, que muy al contrario no se fían de la recuperación y por tanto preparan la represión. Una represión, señorías, que está en estos momentos dentro de la reforma del Código Penal y de la anunciada reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero que de forma preventiva adopta el Gobierno a través de medidas administrativas o a través de la coordinación de los fiscales en nuestro país.

Señorías, es verdad que la Ley de Seguridad Ciudadana, por otra parte, prepara una concepción que ya no es la de la patada en la puerta del señor Corcuera, sino la de la patada en la boca -en estos momentos- del que protesta. Esa es la filosofía de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Pero previamente el Gobierno ya está preparando la aplicación por la vía de hecho. De hecho, señorías, están aumentando las sanciones de manera exponencial cuado en estos momentos en relación con el año anterior no han aumentado tanto las movilizaciones, y cuando el propio ministro del Interior reconoce que menos del 1 % de las movilizaciones han tenido algún altercado. Algo está pasando. Si menos del 1 % de las movilizaciones tienen altercados, ¿cuál es la razón para que las delegaciones del Gobierno se encarguen de que las movilizaciones terminen en hecho violentos? ¿Cuál es la razón? ¿Y cuál es la razón para que -si menos del 1 % tienen altercados- se incrementen las sanciones de manera exponencial, tanto en el número de sanciones como en su volumen? La única razón es la disuasión. La única razón es que el Gobierno no se fía de su política para salir de la crisis. Mejor dicho, que los que van a salir de la crisis son una minoría, y la inmensa mayoría va a tener la sensación de que la crisis continúa, y por tanto va a aumentar la desesperación y el conflicto social, y el Gobierno prepara la represión del conflicto social. La prepara por la vía de hecho a través de estas medidas administrativas, incluso a través de los conceptos de peligrosidad y de autoridad que aparecen reiteradamente en las delegaciones del Gobierno, y la prepara también a través de la reforma del Código Penal hoy en tramitación en la Cámara, y a través de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Por eso hemos presentado dos enmiendas que pretenden dos cosas muy claras: la derogación del artículo 315, artículo franquista que veta prácticamente el derecho de huelga, y por otra parte, también el indulto a los trabajadores que en legítimo ejercicio del derecho de huelga en estos momentos están en peligro de entrar en la cárcel.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.

También ha presentado enmiendas el Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Villarrubia.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señora presidenta, señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista compartimos la oportunidad y el contenido general de la moción del señor Baldoví, aunque quizá son demasiados temas importantes para el formato de debate propio de una moción. Quiero expresar la preocupación por el estado del servicio público de la justicia en nuestro país, muy deteriorado por este Gobierno y su ministro, el señor Gallardón, como confirman todos los barómetros de opinión, preocupación porque cada reforma que han aprobado o tienen en trámite ha significado un ataque a la independencia del Poder Judicial y/o un hachazo a derechos fundamentales de los ciudadanos. (El señor presidente ocupa la Presidencia). En efecto su tasazo o copago judicial ha supuesto un golpe al corazón del derecho a la tutela judicial efectiva, y han creado una justicia de dos velocidades: una para ricos y otra para pobres. La reforma del Consejo General del Poder Judicial ha supuesto un ataque a la independencia del Poder Judicial, situación que se agrava con la reforma en marcha de la ley orgánica, que también, si no lo evitamos, acabará con los partidos judiciales, las audiencias provinciales, y los juzgados de paz. La reforma de la justicia universal aprobada contra todos está generando espacios de impunidad y provocando la excarcelación de numerosos narcotraficantes, dejando sin protección graves ataques a los derechos humanos. La reforma del Código Penal de diciembre de 2012 criminalizó a trabajadores desempleados y pensionistas por pequeños fraudes, a la vez que estableció la impunidad para importantes delincuentes fiscales. La reforma actual del Código Penal recupera de hecho la cadena perpetua y medidas de seguridad también perpetuas y generalizadas para todo tipo de delitos, aumentando las penas de un Código Penal que es de los más duros de Europa, pero no con los corruptos y los poderosos, sino con los de siempre. La persecución de todo el que discrepa con el Gobierno se plasma en el proyecto de ley de seguridad ciudadana con unos recortes sin precedentes a los derechos de expresión, reunión y manifestación, también con el Código Penal y la ley orgánica en sus reformas. Se pretende ahogar la protesta social con penas y multas desproporcionadas intentando amedrentar a los representantes sindicales, y limitar el legítimo ejercicio del derecho de huelga en defensa de los intereses de los trabajadores. Sí, por ello es necesaria la derogación del artículo 315.3 del Código Penal para evitar su inadecuada aplicación. En efecto el abuso de la figura del indulto hace necesaria la reforma de su regulación para limitarla notablemente, exigir la motivación, evitar la arbitrariedad, y que no se pueda indultar a los condenados por delitos de corrupción, entre otros. Este cambio es urgente y desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado proposiciones de ley y no de ley hace mucho tiempo para hacerlo posible. La impresentable reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, que sustituye la capacidad de decisión de las mujeres, es otro ejemplo de ataque a la libertad y dignidad de las personas, en especial de las mujeres. La recién anunciada privatización de los registros civiles, adjudicando su llevanza a un grupo de registradores mercantiles, es uno de los últimos ejemplos de cómo eliminar servicio público y derechos de los ciudadanos -a cambio de qué, por cierto- en un real decreto-ley probablemente inconstitucional.

Señorías, el Gobierno, el Partido Popular, y el ministro de Justicia traen a esta Cámara una Ley de Transparencia que no hace más que vulnerar, y hablan de regeneración democrática cuando tienen pendientes de asumir responsabilidades por la metástasis de corrupción existente en su partido, organizada por la trama Gürtel, de la que ni siquiera dan explicaciones. ¿Cómo pretenden ustedes encabezar la regeneración necesaria en nuestro país? Hay que combatir a los corruptos, sí, y no ampararlos, protegerlos o indultarlos. A partir de ahí, claro que sí, la lucha contra la corrupción, pero de verdad, sin engañar a la gente, debe ser tarea de todos.

Hemos presentado tres enmiendas a los apartados 2, 6 y 8 de la moción. Agradezco al señor Baldoví la aceptación de las tres enmiendas, que son para completar, proteger, promover y garantizar la aplicación del principio de igualdad ante la ley en todos los ámbitos, la protección de la independencia judicial de jueces y magistrados y la imparcialidad del ministerio fiscal en todas las materias, evitando intromisiones del propio Poder Ejecutivo, y el archivo de los expedientes sancionadores impuestos por la inadecuada aplicación de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana y de la inadecuada aplicación del artículo 315 del Código Penal. Agradezco al señor Baldoví la aceptación de las enmiendas y, por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor con carácter global y general, con independencia de algunos matices que por supuesto podríamos tener en el contenido de los diez puntos de la moción.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villarrubia.

En turno ya de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías.

Señor Baldoví, la verdad es que cuando leímos la moción presentada por su grupo -en relación con la cual también quiero manifestarle mi agradecimiento, ya que nunca en esta legislatura es sobreabundante o inoportuno pedir el fortalecimiento del sistema de libertades públicas y derechos fundamentales- nos pareció que era una miscelánea de asuntos un tanto heterogéneos y desordenados, algo refractario al ordenamiento jurídico. Pero tras una aproximación empírica -con toda la modestia- a todos y cada uno de los puntos que usted preconiza, no podemos manifestar ninguna discrepancia o ninguna reserva intelectual sobre ninguno de ellos.

Habla usted de materias diversas que consisten en la potenciación, fundamentalmente, de distintos artículos de la Constitución -el artículo 1.2, el artículo 9.2, el artículo 9.3, el artículo 103, el artículo 106- y denuncia la contradicción de estos preceptos con alguna de las leyes que en este momento son anteproyectos y que dentro de poco, algunos de ellos, parece que se nos ha anunciado que se van a convertir peligrosamente en proyectos de ley. Me estoy refiriendo a la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Estoy de acuerdo con todo lo que usted dice. Siempre es bueno realizar políticas de potenciación del sistema de libertades y derechos consagrados por la Constitución, muy relativizados e incluso negados manifiestamente en algunas propuestas normativas durante esta legislatura, en la que hemos asistido a un verdadero quebranto de este sistema. Proteger y promover la aplicación del principio de igualdad en todos sus términos no es más que la aplicación de dos preceptos constitucionales de una ubicación sistemática muy relevante en el artículo 9.2 y en el artículo 14. No podemos estar más de acuerdo. Denegar solicitudes de indulto en relación con determinados delitos. Yo sería más ambicioso incluso, yo me plantearía la reforma normativa del derecho de indulto o el derecho de gracia tal como está concebido todavía con ínfulas o inspiraciones ontológicas de cuando el indulto era un derecho de gracia ejercido por el rey; rey cuya legitimidad derivaba directamente de la divinidad, de Dios. Desde esa perspectiva, no podemos hablar de una legislación, en el ejercido del derecho de gracia, sin fundamentación, porque los indultos son el único acto administrativo de nuestro ordenamiento jurídico que se ejerce de forma absolutamente discrecional y arbitraria, sin fundamentación, y cuando un acto administrativo carece de fundamentación se están vulnerando el artículo 1.2 y el artículo 9.2 de la Constitución, así como el artículo 9.3, que preconiza principios como el de legalidad. La legalidad es algo consustancial o algo equivalente a la justificación de los actos administrativos; la interdicción de la arbitrariedad es algo que también está vinculado a la fundamentación del ejercicio del derecho de gracia o indulto, la publicidad de las normas y la seguridad jurídica. No hay más que citar algunos de los ejemplos que usted glosa en su moción para saber que la seguridad jurídica no caracteriza el ejercicio del derecho de indulto, particularmente en algunos indultos que usted muy oportunamente cita. Realizar un uso social y humanista en el otorgamiento de indultos y nunca partidista es una obviedad que nosotros no podemos más que compartir.

El punto 5 insta a no presentar al Congreso de los Diputados para su tramitación modificación alguna relativa a la interrupción voluntaria del embarazo. No se preocupe, si se va a encargar el propio Partido Popular de ejecutar este pedimento; es el Partido Popular el que no está interesado en que este debate se sustancie en lo que queda de legislatura, pero estamos de acuerdo con la propuesta. Preservar la independencia judicial. Claro que hay que preservar la independencia judicial, es que el principio de división de poderes se basa en la preservación y garantía de la independencia judicial que debería ser garantizada por el Consejo General del Poder Judicial, pero un Consejo del Poder Judicial no partidista y no reducido en su composición hasta seis miembros que ejercen las competencias que antes ejercían veinte con la pretensión seguramente, en cuanto a la reforma y a la reducción de la comisión permanente o al ejercicio en régimen de comisión permanente, del presupuesto de que es más fácil controlar a seis personas que a veintiuna; probablemente sea así. Pero sobre todo cuidado con la nueva ley orgánica del Poder Judicial, cuyo anteproyecto está siendo objeto de dictamen en este momento por el Consejo General del Poder Judicial, en donde se limita peligrosamente -yo me atrevo a decir que inconstitucionalmente- el derecho de libertad de expresión de los jueces y magistrados. Primero se elimina la distinción entre jueces y magistrados y luego se les priva de libertad de expresión en determinados supuestos. La libertad de expresión está prevista en el artículo 10.2 del Tratado de Roma y en el artículo 20, como derecho fundamental, de la Constitución española y no puede privarse ni a un juez ni a un magistrado


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ni a nadie del ejercicio de un derecho de estas características, de esta dimensión y naturaleza jurídica. Casi la quintaesencia de la democracia en virtud de la propia jurisprudencia de Constitución gravita sobre el ejercicio y sobre la garantía del derecho de libertad de expresión. Garantizar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinen sus acciones a la protección de las personas que ejercen la libertad de reunión y manifestación. Libertad de reunión y manifestación muy quebrantada en lo que conocemos del anteproyecto de la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, mediante fórmulas sutiles como la imputación de la responsabilidad por los daños causados en determinada manifestación a los convocantes, no a los autores de los daños, y otras fórmulas igualmente sutiles, eufemísticas y perifrásticas, que hacen que el derecho de manifestación, de facto, quede muy coartado en la práctica. Archivar el conjunto de expedientes sancionadores en relación con las personas -nos estamos refiriendo a los detenidos por piquetes-, es una cuestión que parece que está siendo objeto de estudio por parte del ministro de Justicia. Esperemos la misma generosidad que en cuanto a otros indultos concedidos en relación...

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene usted que acabar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo, señor presidente. Respetar los tiempos ordinarios de legislación o de realización de nuestra función fundamental, que es la de legislar. Esto es muy importante y para que este requerimiento se cumpla quizá no sea lo mejor presentar reales decretos-leyes que modifican la práctica totalidad del ordenamiento jurídico. Esta ha sido una práctica habitual en esta legislatura, es manifiestamente inconstitucional y, por tanto, también en este aspecto no podemos más que darle la razón. Usted ha aceptado ya las enmiendas del señor Villarrubia, que me parecen pertinentes y que perfilan conceptualmente mejor algunas de sus propuestas. Estamos de acuerdo con las suyas y con las del señor Villarrubia.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.

Votaremos afirmativamente la moción que nos trae hoy aquí Compromís. Tenemos algún pequeño pero que tiene que ver -si me permite la expresión, señor Baldoví- con el batiburrillo y el número de propuestas que nos traen. Hay tres cosas que nos preocupan esencialmente y que hacen que nos adhiramos a su propuesta, que son la ley de la seguridad ciudadana, el tema de los indultos y el tema de los aforamientos. En cuanto a la ley de seguridad ciudadana, ya hemos dicho aquí que cada vez parece más claro que el Partido Popular está empezando a blindarse para no tener que cargar con las consecuencias electorales que parece que están teniendo sus nefastas políticas y además está tratando, un paso más allá, de limitar el derecho a la queja de los ciudadanos. Esto tiene que ver con lo de la seguridad ciudadana y desde luego con nuestra oposición a que el Partido Popular traiga algo que tenga que ver con ese tema. Ya dijimos que era innecesario, no nos parecía necesario. La normativa vigente es sobradamente suficiente. Ustedes crean un problema en vez de solucionar ninguno y además aportaban algunas novedades que nos preocupaban también como la de proteger supuestos sentimientos colectivos, que nos parece completamente equivocado. Ustedes están para proteger derechos individuales, no sentimientos de nadie. Pero me voy a detener un poquito más en otros dos temas que me parecen importantes: indultos y aforamiento. Nos preocupa esencialmente por igualdad y por eso trajimos propuestas a esta Cámara, por igualdad, o, mejor dicho, por la falta de igualdad que sucede cuando estos dos temas se traen aquí. Fue, repito, Unión Progreso y Democracia quien los trajo a esta Cámara por primera vez hace poco y ambos son una muestra del tipo de privilegio con lo que creo realmente debiéramos acabar en esta Cámara. Ambos, además, forman parte de una dinámica perversa que nosotros ya hemos denunciado en otras ocasiones. Señorías, primero nombramos a los órganos judiciales que nombrarán a los jueces que nos juzgarán a nosotros mismos, contamos además con la ayuda de unos fiscales -últimamente estamos teniendo clarísimos ejemplos de ello- que más que fiscales parecen abogados defensores y, si todo eso falla, nos queda la última bala, la bala de plata del indulto.

Señorías, en España contamos -lo dijimos aquí- con más de 10.000 aforados. Desde que nosotros trajimos este tema a esta Cámara somos más aforados. ¿Por qué? ¿Qué justifica, señores del Partido Popular, que tengamos semejante número de aforados? En Italia y Portugal hay uno; en Alemania, cero;


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y en el Reino Unido, cero. El aforamiento, señorías, es una excepción al principio de igualdad y además es un privilegio. Ustedes defienden ese privilegio diciendo que es necesario, que es garantista -es lo que han dicho aquí- y que es digno de una democracia de calidad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que esos países que acabo de citar no son garantistas? ¿No son democracias de calidad, señores del Partido Popular? Luego hablan de números -ustedes-, empiezan a hablar de regeneración democrática y dicen que van a tratar de limitar el número, pero, pongámonos de acuerdo. ¿Es justo o no es justo? Porque, si no lo es, no se trata de limitar el número. Si lo es, se trata de acabar con todos. ¿Quieren decir ustedes, si esto es así, que los jueces de primera instancia en este país no están lo suficientemente preparados para juzgarnos a nosotros? ¿Eso es lo que quieren decir? Si eso es así, ¿lo que están diciendo es que los jueces de primera instancia de esos otros países a los que he aludido sí están preparados? ¿Qué pasa con los no aforados que se ven arrastrados por un aforado a un procedimiento? Pierden derechos, pierden ese derecho a ser juzgados en primera instancia. ¿Qué pasa con cómo se eternizan algunas causas debido a que los jueces esperan hasta el último momento para imputar a un aforado y, por tanto, perder el caso? De todo esto es de lo que nosotros hemos hablado aquí.

En cuanto a los indultos, es un poco lo mismo, es una prerrogativa antigua y vergonzante, sobre todo tal y como la están aplicando ustedes. Nosotros hicimos una propuesta aquí y era clara. Queremos que el indulto tenga un control parlamentario, que exista un compromiso del Gobierno de remitir al Parlamento un informe anual en el que aparezcan todos los casos, que no haya indulto sin motivación pública, no ya aquí, sino pública, que se sostengan jurídicamente. Durante esta legislatura ustedes han hecho una clara muestra de cómo no se deben utilizar estos indultos. Recuerdo especialmente un ejemplo en el que ustedes indultaban a dos condenados por malversación de fondos públicos -esta es una condena que a nosotros nos parece que debiera estar completamente alejada de la posibilidad de ser indultada-, dos personas de Convergència i Unió. Me hubiera gustado saber cuál era su motivación, que lo hubieran dicho públicamente, para llevar a cabo ese indulto. Me hubiese encantado, porque ustedes únicamente ponían una condición: que no delincan esas dos personas en un plazo de tres años. Esto es una burla, señores del Partido Popular, una auténtica burla.

Voy acabando. Por motivos de igualdad nos negamos a estas figuras. Son figuras que parecen sacadas de otra época y que nos convierten a todos nosotros en una clase superior. Permítame solamente un pequeño apunte, señor Baldoví. Nosotros, al contrario que ustedes, no necesitamos estudiarlo porque ya lo hemos hecho, ya hemos traído propuestas aquí; en una de esas diez cosas que usted plantea habla de la necesidad de estudiar el tema. No hace falta. Si necesita estudiar un poquito el tema hay un libro estupendo de los señores Esparza y Colomer, un tratado, eso sí, le advierto, de mil páginas, pero, si no se lo quiere leer, le recomiendo que coja nuestras intervenciones y nuestras propuestas, porque ya las hemos traído a esta Cámara, y saque ideas. Gracias, señor Baldoví, por haber traído esta propuesta.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.

Señorías, diputado Joan Baldoví, hoy su moción nos da la oportunidad de debatir en el Pleno de la Cámara aspectos que preocupan a Convergència i Unió y nos da también la oportunidad, señor Baldoví, de compartir con usted buena parte del argumentario y de los puntos concretos que hoy somete a votación a través de la moción presentada. Compartimos buena parte de esas medidas. Qué mejor día que hoy, que asistimos a una tramitación acelerada de un decreto-ley para el próximo jueves, para reclamar, como hace usted, un mayor respeto a los tiempos parlamentarios. Puede haber mayoría absoluta, que es fruto de la voluntad de las urnas, pero eso no debe ser nunca un cheque en blanco para tramitar, como se ha hecho en tantas ocasiones últimamente, lo que son aspectos importantes. Lo vimos con los aforamientos -lo recoge usted también en su moción-, lo vimos también con la justicia universal, que aunó una gran mayoría de grupos en contra a pesar de que se aprobó por mayoría absoluta. Por tanto, coincidimos plenamente en esos aspectos.

Señor Baldoví, coincidimos también en su preocupación por lo que puede ser un recorte de los derechos fundamentales, de la libertad de expresión, que se ve también amenazada en el ámbito del Poder Judicial con la nueva propuesta de ley orgánica que puede llegar a cercenar algunas manifestaciones de asociaciones judiciales o de integrantes del Poder Judicial. Debe haber límites, sí, pero no hasta ese extremo que el anteproyecto está intentando definir. Compartimos esas preocupaciones y el diputado


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Feliu Guillaumes, portavoz de nuestro grupo en la Comisión de Interior, se ha expresado ya en reiteradas ocasiones sobre la cautela con la que debemos afrontar cualquier reforma de la normativa sobre manifestación o sobre seguridad ciudadana. Cualquier reforma en este ámbito tiene un parámetro que para nosotros es esencial, que no se conculque ese derecho fundamental, que los límites en ningún caso conculquen el legítimo ejercicio del derecho fundamental. Y a eso voy, señor Baldoví; le agradezco que justamente hoy haya planteado una moción que permite a Convergència i Unió expresar algunos puntos de su moción sobre los cuales debemos guardar una pequeña distancia. Me refiero, en concreto, al punto en que se pide el archivo de un conjunto de expedientes sancionadores para quienes han ejercido el derecho de reunión y manifestación, que parte de la presunción de que el expediente no pueda reflejar en cada caso lo que puede haber sido una conducta no adecuada en una manifestación o en un legítimo derecho a expresarse en público, pero que puede tal vez haber conculcado límites y pueden existir expedientes sancionadores que no directamente deban ser sancionados. De ahí que tengamos algún punto de distancia en el conjunto de la votación de hoy ya que, como va a aceptar enmiendas, solo podrá ser en un único sentido, por lo que le adelanto que nos vamos a abstener por esa cierta distancia en algún punto, ya que justamente conocimos ayer la sentencia de la Audiencia Nacional sobre los hechos violentos que impidieron el normal funcionamiento del Parlament de Catalunya el día 15 de junio del año 2011. A ello me quiero referir ahora, porque guarda relación con algunos de los aspectos del debate de hoy y, si me lo permite, señor presidente, voy a leer solo un párrafo de esta sentencia, que acatamos y respetamos, pero que no compartimos. Nos ha sorprendido esta sentencia y nos distanciamos claramente del contenido de la misma. No podemos compartir, señor presidente, que la Audiencia Nacional -es cierto que no por unanimidad, sino con el voto discrepante del presidente del tribunal que ha resuelto- diga: Resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta o a la crítica. Pues no, no lo compartimos. Excesos, no. No compartimos en absoluto que se diga, como se dice en la sentencia, que son normales ciertos excesos en el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación para que realmente puedan constituir una protesta y crítica. No. ¿Es normal lanzar objetos, piedras contra vehículos o contra personas que quieren acceder legítimamente al Parlament de Catalunya porque son diputados? ¿Es normal apartar al perro de un diputado invidente que quería acceder al Parlament y establecer claramente un impedimento para que se desarrolle en democracia una institución del Estado, como es el Parlament de Catalunya? Esto no es normal, no es un ejercicio legítimo del derecho de manifestación, sino un exceso, y ese exceso, que para unos magistrados es admisible, para Convergència i Unió, que respeta y acata la sentencia, no lo es. El propio fiscal general del Estado ya ha anunciado que la va a recurrir, así como el Parlament de Catalunya y el Govern de la Generalitat.

Comprenda, señor Baldoví, que en un día como hoy, en pleno debate en Cataluña, con la indignación y la sorpresa de muchos de los que estamos aquí, sobre el contenido de esta sentencia, no podamos votar el conjunto de su moción de forma favorable, aunque, como he dicho, compartimos muchísimos puntos concretos que en ella ha planteado y le agradecemos el debate que hoy nos ha permitido tener en este Pleno del Congreso de los Diputados.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Cobos.

La señora COBOS TRALLERO: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, en cuyo nombre tomo la palabra, votará en contra de esta moción, y voy a intentar explicar los motivos. No voy a entrar en detalles concretos ni a tratar todos y cada uno de los puntos de la moción porque necesitaría bastante más de cinco minutos, pero sí voy a detenerme un poco más en el fondo porque es lo que más nos ha preocupado. Son varios los motivos, pero voy a destacar tres. En primer lugar, porque contiene una serie de propuestas inconexas e incongruentes entre sí. La primera vez que leí el texto de la moción mi impresión fue de perplejidad por la cantidad de temas que abarcaba. Ustedes pasan de hablar del indulto a la independencia de los jueces y del aforamiento a la justicia universal, entre otros. Además, todos esos temas y materias ya los hemos debatido en esta Cámara durante largas horas y, señorías, las cosas por muchas veces que se repitan no tienden a ser verdad, por lo menos en este caso. En segundo lugar, hacen un repaso a la Carta Magna de nuestro país, pero en sentido peyorativo, en sentido negativo, sembrando dudas en este Parlamento y en los ciudadanos. Eso no lo podemos consentir y menos todavía en un momento como el actual, en el que parte de los


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españoles no creen y no confían ni en los políticos ni en las instituciones. Si todos los que nos encontramos aquí estamos de acuerdo en que hay que recuperar esa confianza y el prestigio de las instituciones, no creemos que este sea el mejor camino. Está claro que para ustedes es mucho más fácil criticar que construir, pero lo que necesitamos son propuestas para dar la vuelta a esta situación, medidas como la Ley de Transparencia, propuestas de regeneración política; en definitiva, medidas que nos ayuden a mejorar la calidad democrática de nuestro país, que nos ayuden a recuperar esa confianza, pero frente a esto ustedes intentan poner en duda derechos y libertades recogidos, reconocidos, defendidos y protegidos por nuestra Constitución. No es posible que se ponga en duda, como hacen ustedes, por ejemplo, que se respete el artículo 20 de la Constitución, el derecho de la libertad de expresión, porque la prueba más evidente de ese respeto es la de hoy. Hoy cada uno de ustedes ha subido a esta tribuna a decir lo que ha creído oportuno, a dar su opinión, a exponer sus ideas, sus propuestas. Esta es la mejor prueba de que en España disfrutamos de este derecho. Y, en tercer lugar, porque creemos que ni el panorama que presenta la moción ni el fondo de la misma se corresponden con la realidad constitucional y democrática que vivimos.

Señorías, miren a su alrededor. En esta Cámara hay diputados y diputadas, entre los que me encuentro, que siempre hemos vivido en democracia, que se puede decir que hemos nacido con la Constitución y que por suerte no hemos conocido otra cosa. Pero sí que hemos estudiado, leído o incluso visitado otros países cuyos sistemas políticos ni reconocen ni garantizan los derechos y libertades que disfrutamos los españoles. No sé en qué sistema estaba pensando el grupo proponente cuando presentó la moción, pero le puedo asegurar que no era en el sistema español. (Aplausos), en el cual, por otra parte, hay que reconocerlo, ningún derecho es absoluto e ilimitado; es decir, no puede ser que un ciudadano, por ejercer su derecho, perjudique el derecho de otro. Esto es lo que nos permite convivir en una sociedad libre, democrática y civilizada.

Pertenezco a un grupo que apoya a un Gobierno cuyo objetivo desde el primer día ha sido la garantía y la defensa de los intereses de los españoles, un Gobierno que vela por el cumplimiento de la Constitución y de la ley, porque así se lo exigen los ciudadanos. Precisamente por eso, el Gobierno de la nación no limita ni cercena los derechos de los ciudadanos, sino que colabora y trabaja para garantizarlos (Aplausos), y eso es precisamente lo que ustedes obvian en esta moción. Por ello, tal y como he dicho al principio, votaremos en contra de la misma.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cobos.

Señor Baldoví, le pregunto por la aceptación o rechazo de las enmiendas.

El señor BALDOVÍ RODA: Ya he dicho que aceptaba las enmiendas de Izquierda Unida y también las del Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví. Así lo votaremos.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ORIENTACIÓN, OBJETIVOS Y EFECTOS DE LA ANUNCIADA REFORMA FISCAL. (Número de expediente 173/000161).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre la orientación, objetivos y efectos de la anunciada reforma fiscal. Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

El Gobierno de España, fundamentalmente en materia fiscal, ha tomado tres grandes decisiones en lo que llevamos de legislatura: subir el IRPF, subir los impuestos indirectos -precios públicos, tasas, copagos- y, en tercer lugar, pegar un hachazo al Estado del bienestar, Estado que genera unos servicios fundamentalmente a los trabajadores y a las rentas medias. Eso es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular hasta el momento.

Llega el ministro de Hacienda y nos dice a los españoles: Como ahora tengo más recursos -cuestión que discuto, porque para el año en el que estamos el Gobierno, para cumplir los objetivos de 2014, tendría que recaudar 10.000 millones de euros más, es decir, un crecimiento de la recaudación a una tasa del 6,5 %, y hoy el propio ministro ha dicho que está creciendo la recaudación al 5 %; por tanto, no va a tener margen-, lo que voy a hacer es bajar el IRPF a las rentas más altas. Pero como tiene que seguir corrigiendo el déficit público, dice: seguiré subiendo los impuestos indirectos a todas las rentas, básicamente


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a las rentas medias y bajas, y seguiré recortando el Estado del bienestar. Hoy esta moción se discute justamente con el objetivo de déficit y de gasto para el año 2015, y detrás de esas cifras lo que hay es un ajuste del Estado del bienestar en 2015 de 5.000 millones de euros en la educación y en la sanidad, 5.000 millones de euros. Como todo esto no es muy presentable, porque a lo que lleva es a una brecha social más grande en nuestro país -por supuesto la política fiscal del Gobierno es más regresiva que la del Gobierno anterior, porque ahora hay una imposición indirecta mayor que la de 2011, y además el Estado del bienestar ahora es claramente menor que el del año 2011, luego la de este Gobierno es una política fiscal regresiva-, repito, como todo esto no es muy presentable, el Gobierno dice: vamos a contar a los españoles que en el IRPF fundamentalmente bajamos los impuestos a las rentas medias y bajas. Les digo, señorías, que no es cierto, que es un truco más, que es una mentira más, que no es verdad. Lo que hay es una rebaja fiscal a los directivos del IBEX, una rebaja fiscal a las grandes corporaciones, pero sobre todo lo que hay es una subida de impuestos a las rentas medias y bajas. No tengo mucho tiempo, pero voy a poner algunos ejemplos.

Dice el Gobierno que las rentas inferiores a 12.000 euros anuales dejarán de pagar el IRPF. Sin embargo, los que ganaban por debajo de 11.500 ya no pagaban IRPF. Dice el Gobierno: hemos bajado el tipo mínimo 4 puntos porcentuales. Sin embargo, ese porcentaje se aplica a 12.450 euros de ingresos y ya hemos dicho anteriormente que por debajo de 12.000 euros prácticamente ya no se pagaban impuestos. Dice el Gobierno: somos tan buenos con las familias y las rentas medias que hemos subido los mínimos personales y familiares hasta un 32 %. Sin embargo, como esos mínimos se someten a la tarifa del impuesto y ha bajado el mínimo de la tarifa, ese incremento en los mínimos no es tal, no hay tal ahorro. Más bien el ahorro para el caso de algunos contribuyentes se convierte en desahorro. Pongo algunos ejemplos. Para los contribuyentes mayores de sesenta y cinco años esas grandes subidas de los mínimos personales y familiares suponen un ahorro de 0,23 euros al mes y para los mayores de setenta y cinco años un poco menos, 0,19 euros al mes. Sin embargo, con estos nuevos mínimos, los contribuyentes con tres y cuatro descendientes pagarían 108 y 135 euros más al año. Es decir, que para los de tres y cuatro descendientes no hay ahorro, tienen que pagar más. Podríamos continuar. Los contribuyentes, básicamente las rentas medias y bajas que hayan adquirido un bien inmueble antes del año 1994, si lo venden en 2015, van a sufrir un hachazo fiscal importante. Es decir, que conforme vamos conociendo la letra pequeña, lo que hay no es una bajada de impuestos a las rentas medias y bajas, es una subida.

Se puede continuar. Si hablamos del despido, hemos conocido que se grava la indemnización por despido, es decir, se toma la decisión de gravar la desgracia. Ahora nos dice el ministro que la exención va a ser mayor. Pero la desgracia se sigue gravando. Por ejemplo, se dice por parte del Gobierno: hemos bajado los impuestos porque las retenciones de los autónomos las hemos bajado. Señorías, bajar las retenciones de los autónomos no es bajar los impuestos, porque primero las subieron y luego las bajan, pero no las bajan tanto. Eso no es bajar los impuestos. De hecho, el propio Gobierno, en el real decreto ómnibus que se va a discutir el jueves, reconoce que esa medida tiene un coste cero para las arcas públicas, porque evidentemente no es una rebaja de impuestos.

Podríamos continuar con esta letra pequeña para demostrar que la reforma fiscal del Gobierno es una reforma impositiva que fundamentalmente beneficia a los directivos del IBEX, a las grandes sociedades y que sube los impuestos a las rentas medias y a las rentas de los trabajadores. Para que el sistema impositivo fuera suficientemente progresivo habría que plantear dos cuestiones que estas medidas no tienen en cuenta. Por eso es una no reforma fiscal, es una no reforma del IRPF por parte del Gobierno. Habría que incluir dos elementos para que fuera una verdadera reforma de los impuestos de nuestro país. En primer lugar, habría que incluir las rentas patrimoniales, es decir, el juego de las rentas del trabajo y de las rentas patrimoniales da la adecuada progresividad de los impuestos. El segundo elemento es la lucha contra el fraude. Esos dos grandes elementos dicen si el sistema impositivo es o no progresivo, y la no reforma fiscal del Gobierno, la no reforma del IRPF desde luego que es regresiva. Nuestro planteamiento al Gobierno y al resto de grupos de la Cámara al calor de esta reforma es que incluyamos los rendimientos patrimoniales e incluyamos la lucha contra el fraude. Nuestras medidas fiscales, que en la moción se concretan en dieciocho, se cierran en dos: incluyamos esos rendimientos patrimoniales y acabemos con el fraude. Con eso estaremos dando verdadera progresividad a una reforma fiscal que no es tal, porque el Gobierno ha perdido una gran oportunidad.

Señorías, señor presidente, termino ya. El Gobierno en realidad sí tiene una hoja de ruta, sí tiene un plan en materia económica para este país. El plan se resume fácilmente: incrementemos la desigualdad lo que sea necesario para ganar competividad, para que haya crecimiento económico. Pero, señorías, eso


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es inaceptable, porque lleva a una sociedad muy injusta y lo que por supuesto da es un crecimiento muy débil, un crecimiento que no es de futuro. Por tanto, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, es inaceptable esa hoja de ruta del Gobierno.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Se ha presentado a esta moción una enmienda por parte de La Izquierda Plural. Para su defensa tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, nuestro grupo ya ha denunciado lo que nos parece la reforma fiscal del Gobierno, por inútil, por regresiva y por contraria a los intereses de la mayoría de este país. Por tanto, es evidente que nuestro grupo no avala, no apoya esa política fiscal, que además no solamente es electoralista, sino que es contraria y demagógica. En función de eso, nuestro grupo presenta una serie de enmiendas a la propuesta que nos hace el Grupo Socialista, enmiendas que voy a tratar de defender, porque vienen a reflejar nuestra postura en materia fiscal.

En primer lugar, se propone que se introduzcan más elementos de progresividad para eliminar definitivamente la discriminación fiscal a las rentas del trabajo. No podemos olvidar que en el IRPF las rentas salariales declaradas tienen una media cada vez mayor y superan en gran medida a las rentas empresariales. Según los datos estadísticos, los empresarios y los profesionales que son personas físicas declaran ser mileuristas en una gran aberración. Es decir, las personas con mayores ingresos no son las que soportan en su justa medida una mayor tributación, como debía ser en cualquier sistema fiscal progresivo y justo. Por otra parte, en el texto inicial de la moción, en su apartado 1, se apuesta por una especie de integración de renta y patrimonio, imputando como renta una parte del patrimonio del contribuyente. Para nuestro grupo no deberíamos renunciar a un impuesto sobre el patrimonio o sobre la riqueza, porque entendemos que este impuesto debe ser complementario con el IRPF. Tampoco consideramos oportuno lo que se señala en el texto en relación con la reducción de los tipos de gravamen para todas las empresas, porque entendemos que no garantiza un trato igualitario en el impuesto sobre sociedades para las sociedades productivas y de inversión, que actualmente tienen una tributación muy limitada o casi nula. Es una realidad que las empresas tienen un tipo efectivo menor cuanto mayor es la sociedad, por la posibilidad que tienen de acceder a un mayor número de deducciones. Por otro lado, las entidades financieras, a pesar de haber tenido una mayor responsabilidad en la crisis, gozan de privilegios a nivel fiscal que deberían terminar de una vez por todas. Otra enmienda de nuestro grupo plantea aplicar un tipo superreducido del IVA para los bienes y servicios de primera necesidad. Otra enmienda propone, de forma especial para nosotros, la necesidad de que se desarrolle la fiscalidad medioambiental en la media de la Unión Europea, una fiscalidad que no debe tener como objetivo incrementar la recaudación, sino fomentar comportamientos ecológicamente más responsables. También planteamos un cambio en profundidad de la figura de las sociedades de inversión colectiva para evitar su actual uso y que se equipare su tributación en los beneficios a la del resto de las empresas. Hay que devolver también a los servicios de inspección de Hacienda las competencias de control y supervisión de las Sicav para que de una vez por todas acabemos con esta fórmula que no busca ni más ni menos que pagar menos impuestos. También proponemos la creación de un impuesto sobre las viviendas desocupadas que sean propiedad de entidades financieras. Es una vergüenza que mientras que hay miles de personas desahuciadas, la banca -la misma que los desahucia- especule con la vivienda. Por tanto, planteamos la creación de este impuesto sobre viviendas desocupadas propiedad de las entidades financieras. Por último, proponemos coordinar la reforma fiscal con las comunidades autónomas y con los entes locales, pues un sistema fiscal eficiente necesita que quien tenga la responsabilidad del gasto también se pueda implicar en los ingresos, porque eso es precisamente lo que genera responsabilidad en cada una de las administraciones.

Estas son, señorías, nuestras enmiendas, las cuales, además de poner en evidencia la política fiscal del Partido Popular -caracterizada por una actuación claramente parcial, con amnistías fiscales y con rebajas de impuestos para los más poderosos-, quieren situarse un paso más allá de lo que nos plantea el Grupo Socialista, que si bien puede significar un avance con respecto a la actual política del Partido Popular, sigue siendo insuficiente para llegar a una política fiscal realmente progresiva y justa. No nos podemos quedar a mitad de camino. En este momento de crisis es necesario tener más valentía y más determinación para que podamos disponer de un sistema fiscal que garantice realmente que quien gana más pague más y que la crisis no la sigan pagando los que menos tienen.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

Turno ya de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a esta tribuna para manifestar la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con la moción defendida por el señor Saura. Inicialmente ya digo que el Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente esta moción, con independencia de que tengamos algunas diferencias en las que podríamos profundizar sobre todo si hubiera que plasmarlas con motivo de la discusión de una ley. Votaremos favorablemente porque para el Bloque Nacionalista Galego cualquiera de las propuestas presentadas en esta moción son la base de un diálogo y una posibilidad de alcanzar acuerdos y, por tanto, una alternativa a la propuesta que presenta el grupo que apoya al Gobierno, que en estos momentos no es más que eso, una propuesta, pero que nos amenaza con una reforma fiscal, porque lo que el Gobierno transmite a la ciudadanía de que están mejorando la fiscalidad acortando los tramos para la reducción del IRPF no es ni más ni menos que una regresión del sistema fiscal español en la medida que reduce la progresividad del sistema y por lo tanto lo hace más injusto. Si a esto le sumamos otra serie de medidas que se recogen en la propuesta del Gobierno, por ejemplo, las que se refieren a las indemnizaciones por despido, sobre las que en estos momentos no hay carga de IRPF, nos encontramos con que estamos ante una de las reformas del sistema fiscal español más regresiva, menos progresiva y que incorpora un elemento gravísimo, que es una gran inequidad, señorías.

Nosotros hemos defendido siempre y seguiremos defendiendo que un sistema fiscal justo tiene que ser un sistema fiscal progresivo, donde las rentas más altas aporten más para poder contar con los ingresos suficientes que nos permitan afrontar todos los servicios públicos elementales en un sistema que se pueda definir del bienestar. Por eso, señorías, nos parecen apropiadas las propuestas que se hacen en esta moción, porque caminan en esa dirección. Algunas ponen de relieve algo que contiene la propuesta del Gobierno, que es la falta de voluntad de luchar contra la corrupción fiscal. La propuesta del Gobierno lo recoge con mucha claridad no solamente con el incremento de la cuantía para que sea considerado delito fiscal, sino también con el no incremento de los medios para luchar contra una situación que entendemos que a estas alturas el Gobierno debería tener solucionada en gran medida, porque se han fijado entre 50 y 60.000 millones de euros los que cada año deja de ingresar el Estado por el fraude fiscal existente. Señorías, efectuaremos una crítica profunda y pormenorizada cuando discutamos la propuesta final que el Gobierno presente como proyecto de ley en esta Cámara, pero hoy queremos aprovechar esta moción para manifestar nuestra posición contraria a la propuesta que con esa grandilocuencia ha presentado el Gobierno a través del ministro de Hacienda. Consideramos que no es una propuesta justa, que va a restar ingresos al Estado y que, al mismo tiempo, va a incrementar la fiscalidad para las clases más desfavorecidas, porque las que salen beneficiadas son las grandes empresas y las grandes rentas. Por lo tanto, señorías, esperamos que la propuesta que finalmente traiga el Gobierno a las Cortes Generales no tenga nada que ver con la que hasta ahora nos han anunciado, porque es total y absolutamente injusta.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente desde el escaño para fijar la posición del Grupo Vasco en relación con la moción que nos ha traído hoy el Grupo Parlamentario Socialista con una serie de medidas tendentes a reformar el sistema tributario. Hace poco pudimos conocer el anteproyecto del Gobierno de reforma tributaria y lo que hoy hemos conocido ha sido la venta supuestamente electoralista que está haciendo el Gobierno de esta reforma. ¿Por qué? Porque la sitúa en el año 2015 y no es casualidad que el año 2015 sea un año electoral. A pesar de todo es absolutamente imprescindible abordar una reforma tributaria y creemos que habría que hacerlo con menos tinte electoral, con un carácter más sosegado y con más debate para tratar de que las medidas que se planteen en la reforma tributaria alcancen de forma más positiva al conjunto de los ciudadanos y sirvan para relanzar la actividad económica, que es lo que se pretende, a la par que mantener una serie de servicios públicos que a lo largo de esta crisis se han ido deteriorando. Por lo tanto, nos gustaría contar cuanto antes con el proyecto del Gobierno en esta Cámara


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y que el Gobierno tuviera una actitud, insisto, menos electoralista y de más colaboración con el resto de los grupos parlamentarios, ya que creo que en este tema todos tenemos mucho que decir.

Me imagino que, a modo de antídoto, el señor Saura, en representación del Grupo Socialista, ha traído una serie de medidas -permítame, señor Saura- un tanto dispersas, aunque importantes, para tratar de corregir algunas de las cuestiones que se supone que el anteproyecto y el proyecto del Gobierno cuando llegue a esta Cámara no van a cumplir. Estamos todos preocupados, por ejemplo, por la falta de progresividad del sistema. No entendemos que la progresividad del sistema pare en los 60.000 euros brutos anuales, que vienen a ser en torno a 3.000 euros netos, y que a partir de los 3.000 euros netos un ciudadano pague el mismo porcentaje que uno que gana 300.000, 3 millones, 30 o los que quieran en adelante. Esta falta de progresividad es realmente grave. No se puede vender la idea de que, como de alguna manera se ha bajado también el tipo marginal a algunas rentas bajas, es una reforma para las clases menos favorecidas, cuando en realidad lo es para las clases más favorecidas. Estas cuestiones hay que ponerlas sobre la mesa cuando se debata la reforma.

Su moción incluye muchas medidas tanto de reforma propiamente fiscal, tributaria, como de creación de tributos o de lucha contra el fraude, y otras medidas que están en torno a lo que debe ser la reforma fiscal. Seguramente habría que tratar de incluirlas en un proyecto que pretenda ser de una reforma general tributaria. Señor Saura, se lo dije la vez pasada también y sabe que se lo digo con todo el aprecio del mundo, me parece un poco excesivo plantear dieciocho medidas en la moción, porque con esta dispersión se consigue plantear una tabla reivindicativa amplia, pero no concitar un acuerdo entre los grupos parlamentarios que se focalice en un par de decisiones, lo que, de alguna forma, debería preocupar el Gobierno, ante la posibilidad de un consenso sobre temas puntuales, aunque no sé si al Gobierno le preocupa mucho, pero podría ser un camino. Creo que es peor el de la dispersión.

Por otra parte, me gustaría señalar también que, dado que en materia tributaria, como saben, las diputaciones forales de la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen competencias en los impuestos directos básicamente, nosotros, normalmente, cuando hablamos de impuestos directos -IRPF o sociedades- nos solemos abstener, que es lo que vamos a hacer con esta moción, por dos motivos, primero, porque las competencias a las que básicamente usted se refiere en la moción corresponden a las diputaciones forales; segundo, porque hay muchas cuestiones, en alguna de las cuales podríamos estar más de acuerdo que en otras. Nuestro voto será de abstención en el sentido de colaboración para ver si en el futuro, cuando haya una reforma del IRPF, la hacemos entre todos y en serio.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Esta moción nos permite a los grupos por primera vez en sede parlamentaria hacer una primera valoración de la propuesta fiscal del Gobierno y eso es lo que voy a comenzar haciendo, aunque sea muy brevemente y a muy grandes trazos por la escasez del tiempo. Podríamos calificar globalmente la reforma que propone el Gobierno con tres rasgos. El primero -ya lo han comentado reiteradamente otros portavoces y por algo será- es que se trata de una reforma electoralista. Efectivamente, parece que el Gobierno no ha pensado qué necesita el país, sino qué necesita él para minimizar el daño electoral. El electoralismo se ha visto en la forma de presentarlo, dando los titulares positivos el viernes y dejando los detalles para el lunes, o en los plazos, ya que se nos centra la atención sobre el final del proceso, pero el final del proceso está en el año 2016, más allá de su mismo mandato. De nuevo se utiliza la fiscalidad como un señuelo electoral, exactamente igual que en las últimas elecciones generales. El segundo rasgo es que es una reforma que va a dejar los impuestos más altos de lo que el Gobierno se los encontró al llegar, porque el Gobierno ha subido el IRPF, cierto, pero también ha subido fuertemente el IVA, el IBI, los impuestos especiales, etcétera, y ahora lo que baja es una parte de lo que ellos subieron. Se centran en el IRPF, que es lo más visible, y a grandes rasgos lo dejan de forma bastante similar a como lo encontraron, pero solo el IRPF, no el resto de subidas. El tercer rasgo es que, efectivamente, beneficia más a las rentas más altas, beneficia más en euros, en términos absolutos, porque el Gobierno da los datos en porcentajes, pero los bienes y servicios no se compran con porcentajes, se compran con euros, y a esas rentas altas se les baja menos porcentaje, pero eso supone una cantidad en euros mucho más considerable.

Junto a estos tres grandes rasgos hay mucha letra pequeña que es imposible valorar en este momento, pero llaman la atención dos detalles, uno, que se graven las indemnizaciones por despido, como si fuese


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una especie de premio de la lotería, a personas que a lo mejor no vuelven a encontrar un empleo, si son personas de más de cincuenta años, que pueden tener una indemnización alta pero dificultades de encontrar un empleo. Esto va a gravar indemnizaciones muy normales, no las indemnizaciones millonarias como se nos está diciendo. El segundo rasgo de la letra pequeña, que ha pasado más desapercibido, es cómo se grava la tributación de la vivienda; por ejemplo, las plusvalías ya no se van a corregir por la inflación, algo que va contra la mínima lógica tributaria.

Nosotros seríamos partidarios de una bajada más fuerte de impuestos a quienes pagan demasiado, por ejemplo, que en el IRPF los que ganan menos de 14.000 euros no paguen nada -esos son los mileuristas con catorce pagas, no los de 12.000, que ya no pagaban prácticamente-, o de una bajada selectiva del IVA en productos como material escolar, periódicos y libros electrónicos, material cultural; de un tratamiento más favorable a la primera vivienda en el impuesto sobre bienes inmuebles -no se distingue ahora entre esa vivienda habitual y cualquier otra-, e incluso de una bajada de las cotizaciones sociales de 2 puntos, equivalente al 7 %, que consideramos asumible. Pero para que todo esto sea posible hacen falta unas medidas de acompañamiento que el Gobierno no contempla, en primer lugar, la reducción del gasto público superfluo. No se puede disociar lo que ingresamos de cómo lo utilizamos. Hay que reducir el gasto en entes públicos innecesarios y duplicados. En segundo lugar, para que los que hoy pagan demasiado paguen menos, los que no pagan lo que deben tienen que pagar más, y esto tiene una doble vertiente: la lucha contra el fraude -seguimos teniendo un fraude altísimo por estándares europeos- y la lucha contra la elusión fiscal, el aumento de bases imponibles, la tarea pendiente más importante que esta reforma tenía que haber abordado y no aborda. Se puede bajar más los impuestos a los que pagan demasiado, pero gastando menos y subiendo lo que pagan los que evaden o eluden sus impuestos.

En esa línea intentaremos enmendar la propuesta del Gobierno. Tenemos ya una pequeña satisfacción: el Gobierno ya aceptado una de nuestras propuestas, pero de la forma original que suele aceptarlas. Nosotros presentamos una proposición no de ley para que los preferentistas pudiesen compensar las pérdidas en el canje con lo que ganaban en las acciones. Se nos dijo que no, pero en el Real Decreto 8 que discutimos el jueves se ha incorporado esta propuesta. Esperamos poder realizar más aportaciones y, entretanto y en lo que respecta a la moción, como ha comentado el señor Azpiazu, el PSOE nos trae aquí su actual programa fiscal con dieciocho puntos, parte de los cuales podemos compartir, pero evidentemente no la totalidad de ellos, y, por tanto, la única posibilidad que se nos deja ante una propuesta tan detallada, que es su programa, es la abstención. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista, ante la futura reforma fiscal, nos trae con esta moción todas sus propuestas en esta materia. Nos habla de un nuevo impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, de la fiscalidad sobre el ahorro, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, del impuesto sobre sociedades, del impuesto sobre el valor añadido, de impuestos especiales, de imposición medioambiental, etcétera. Como bien podrá entender el señor Saura, y lo decía el señor Azpiazu, es un tanto complicado compartir el cien por cien del texto que nos ha presentado, un texto amplio, un texto que podríamos calificar como programático. Podemos compartir algunas de las medidas formuladas, es así, pero hay otras que no pueden contar con el apoyo de nuestro grupo parlamentario.

Esta moción desarrolla su planteamiento sobre el sistema fiscal frente a la futura reforma que prevé el Gobierno. Señorías, si no podemos compartir -como decía- toda la moción formulada por los socialistas, tampoco lo hacemos con lo que configura -parece, a día de hoy, porque cada día va cambiando- el anteproyecto de ley de reforma fiscal que aprobó el Gobierno. Ni uno ni otro planteamiento se refieren a la necesaria simplificación del sistema fiscal, ni uno ni otro adoptan medidas para superar la elevada inseguridad jurídica que muchos de nuestros ciudadanos padecen ante interpretaciones que se alejan de lo que previene la norma tributaria. Una y otra demuestran poca ambición respecto a la lucha contra el fraude fiscal y la reducción de la economía sumergida más allá de la propuesta -parece que compartida por ustedes- de publicar la lista de defraudadores. Esto no es luchar contra el fraude ni contra la economía sumergida. Nuestro grupo parlamentario está reclamando desde hace mucho tiempo que cuantifiquemos ese fraude, esa elusión. Que la Administración tributaria centre su investigación en aquellas rentas no declaradas más que en las declaradas, y todo esto lo hemos reclamado, como decía, reiteradamente.


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Convergència i Unió cree que debe realizarse una verdadera reforma fiscal. Una reforma que aborde en profundidad los principales problemas del sistema fiscal actual. Una reforma basada en la equidad, en el principio de progresividad, como dicta Constitución, en la simplificación; que tome como centro las clases medias y bajas, la familia; que adopte medidas que fomenten la creación del empleo y la reinversión empresarial en las pequeñas y medianas empresas, en los trabajadores autónomos; que fomente el ahorro a largo plazo. Como ven, con estas bases no podemos compartir plenamente ni la propuesta del Grupo Socialista ni podemos compartir plenamente la propuesta de reforma fiscal que nos propone el Gobierno. No las podemos compartir además cuando la moción no atiende al principio de capacidad fiscal sobre los tributos cedidos a las comunidades autónomas. Del texto de la moción presentada por el Grupo Socialista se desprende una coincidencia con aquel informe de los expertos, aquel al que el Gobierno dijo que no seguiría. El apartado 5 de la moción previene la homogeneización del impuesto sobre sucesiones y donaciones con la determinación de un tipo mínimo a nivel estatal, de acuerdo con lo que también contemplaba el informe de los expertos y que entendía que debería realizarse, es decir, una homogeneización. Para nosotros esto representa un grave error. Ese tipo mínimo que propone la moción converge con la tendencia recentralizadora que el Gobierno aplica con muchas de las leyes que nos trae a las Cortes.

No nos extrañaría, debo decir, que finalmente podamos encontrarnos incluida esa medida en el proyecto de ley que apruebe el Gobierno y que traiga a esta Cámara. No la podemos compartir. Podemos compartir de su moción la oposición a la reforma sobre la tributación de las indemnizaciones por despido; la eliminación de las distorsiones fiscales que limitan y condicionan el crecimiento empresarial; recuperar el tipo reducido del IVA para la cultura y la educación o la puesta en marcha del impuesto sobre transacciones financieras, acordado en el proceso reforzado en el seno de la Unión Europea. Compartimos, como ven, algunos puntos, otros no, y por ello, si la votación se realiza en su conjunto, como parece que va a ser, nuestro grupo se abstendrá.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Asian.

La señora ASIAN GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, me corresponde intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Popular en relación con una moción presentada por el Grupo Socialista sobre orientación, objetivos y efectos de la reforma tributaria. En primer lugar, quiero decir que me sorprende enormemente que utilice el vocablo orientación un grupo tan desorientado en la materia, puesto que se opusieron cuando tuvimos que subir los impuestos para pagar sus facturas y se oponen ahora cuando pretendemos rebajarlos. Además tengo que añadir a esto, que el texto propuesto no supera la coherencia mínima. ¿Y por qué? Porque dicen que se ven obligados a presentar esta moción debido a las medidas impositivas aprobadas por el anteproyecto del Gobierno.

Como es bien sabido, la iniciativa legislativa comienza con la presentación de un informe del departamento proponente que es examinado por el Consejo de Ministros e inicia ulteriores trámites, y esto es lo que ocurrió el pasado 20 de junio y ustedes, el 27 de junio, ya estaban suscribiendo esta moción. ¡Qué prisas y qué contrario a la postura que han expresado hoy en la Diputación Permanente! ¿En tan breve periodo de tiempo han podido leer, examinar y analizar cuatro anteproyectos de ley? ¿Qué es lo que pretende el Grupo Socialista?, ¿pretende quizás oponerse a la recuperación de la economía española?, ¿se opone a que se haya subido la recaudación tributaria sin necesidad de subir el IVA?, ¿se opone quizás a que estemos preparando una rebaja fiscal que favorezca a todos los contribuyentes, pero en especial a los que tienen menos capacidad económica sencillamente porque son los que más lo necesitan? ¿Qué esconde el Grupo Socialista con la presentación de esta moción? Quizás esconde o pretende ocultar su falta de eficacia en las medidas de política tributaria, su falta de progresividad en la política tributaria, porque cuando en España cayeron los ingresos tributarios más de 6 puntos del PIB, más de 68.000 millones de euros, el Gobierno socialista no hizo prácticamente nada por recuperar esa recaudación perdida, y la pérdida de recaudación no fue precisamente equitativa porque el IRPF siguió contribuyendo, se siguió pagando el IVA; lo que dejó de pagarse fue el impuesto sobre sociedades cuya recaudación cayó dramáticamente de 42.000 a 16.000 millones y, los que no pagaban, eran los grandes contribuyentes cuyo tipo efectivo era aproximadamente del 3,5.

La situación ya ha revertido y hoy podemos llegar aquí con los deberes hechos y decir que el incremento de recaudación sostenida desde los ejercicios 2012 y 2013 tiene un gran protagonista. ¿Cuál es este gran


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protagonista? Las grandes corporaciones que están incrementando su tributación efectiva. ¿Por qué ahora una rebaja de impuestos? Porque el escenario económico nos lo permite, porque se han incrementado los ingresos tributarios como consecuencia del crecimiento económico, porque ha aumentado la recaudación tributaria del Estado en un 6,6 % de enero a mayo en 2014, en relación con el mismo periodo de 2013, solamente en IVA sin necesidad de subir los tipos un 7,7 %. Por eso podemos abordar una rebaja tributaria. No voy a entrar en la cantidad de ejemplos que hay; lo haría encantada pero no tengo tiempo para hacerlo; vamos a tener tiempo en los debates del proyecto de reforma del sistema tributario cuando así sea acordado por el Consejo de Ministros y llegue a esta Cámara, pero sí quiero hacer dos precisiones muy importantes al señor Saura. Ha hablado de desigualdad y le tengo que decir que sí, que hay un informe de la OCDE que habla del incremento de la desigualdad en España, pero se refiere al periodo 2007-2011 en el que tristemente se incrementó la desigualdad en nuestro país. En cuanto al gasto social, le quiero decir que en los últimos Presupuestos Generales del Estado, pese a la recesión económica, pese a la consolidación fiscal tan extraordinaria que hemos tenido que abordar, ha aumentado en 2.000 millones respecto a 2011, y además en materia de pensiones hemos incrementado en 14.000 millones respecto a 2011. Por tanto, no es cierto lo que ha manifestado respecto al incremento de la desigualdad y la falta de gasto social en este periodo de tiempo, de 2012 a la fecha actual. En todo caso y debido a que haremos una tramitación extensa, cuatro anteproyectos -se han comentado aquí muchas cuestiones que no se corresponden con lo que contienen esos cuatro anteproyectos, lo comprendo perfectamente porque ha transcurrido muy poco tiempo para que podamos analizarlo en profundidad-, querría invitar a todos los grupos parlamentarios a que realicen sus aportaciones, a que hagamos una tramitación del sistema tributario español que nos permita consolidar la incipiente recuperación de nuestra economía. Sin embargo, no les quitemos la ilusión y la esperanza a todos los españoles que han realizado tantos esfuerzos no solo como consecuencia del descontrol del gasto público, sino también de la insuficiencia de los ingresos públicos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Asian.

Señor Saura, hay una enmienda de La Izquierda Plural, ¿la admite?

El señor SAURA GARCÍA: Haré llegar a la mesa, señor presidente, un texto definitivo para que se vote al final de la sesión.

El señor PRESIDENTE: Eso haremos entonces.

Muchas gracias, señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL. (Número de expediente 173/000162).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Vasco, PNV, sobre el Plan de implantación de la garantía juvenil.

Tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, una sociedad que convive con un 55 % de sus jóvenes en situación de desempleo es una sociedad enferma; y una sociedad que convive con el 55 % de sus jóvenes en situación de desempleo y sus líderes o representantes políticos no son capaces de afrontar y atenuar esta verdadera patología social, es una sociedad enferma y, sus líderes políticos, están deslegitimados por no poder resolver un problema de esta dimensión que está amortizando nada menos que a una generación, a la generación de nuestros jóvenes que están ahora sufriendo la situación de desempleo. Esta indignidad que afecta a los representantes políticos, incapaces de resolver este problema y esta patología social, incumple preceptos de la Constitución, incumple este curioso mandato previsto en el artículo 35 de la Constitución, el derecho/deber, donde la expresión deber adquiere una dimensión patética en este momento; deber de trabajar que se confiere a todos los ciudadanos españoles, jóvenes o no jóvenes. Por otro lado, el artículo 48, menos conocido, obliga a los poderes públicos del Estado a realizar actividades promocionales en relación con la juventud y, particularmente, en el ámbito del empleo; luego se está incumpliendo la Constitución.


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Las instituciones europeas han sido conscientes de que no se puede vivir con dignidad con un porcentaje de jóvenes desempleados tan alto, y aprobaron el denominado programa operativo de empleo juvenil, con una consignación presupuestaria muy importante, señor presidente, 2 billones 360.000 millones 617.818 euros. De esta cantidad aprobada por la Comisión Europea, no por el Fondo social europeo -lo digo porque la ministra hábilmente deslizó la aplicación de estos fondos comunitarios al Fondo social europeo-, de estas consignaciones presupuestarias se transfieren al Reino de España nada menos que 1.887 millones de euros. Estas cifras resultan un tanto mareantes, pero no son mareantes las que transfieren a las comunidades autónomas porque estas son fáciles de comprender. De estos 1.887 millones de euros se transfieren a la Comunidad Autónoma del País Vasco 28 millones de euros, señor presidente.

Me tendrá que explicar -no lo pudo hacer la ministra porque habló de otras cosas- el portavoz o la portavoz del Grupo Popular cuáles son los criterios de distribución que corresponde a una comunidad autónoma que tiene competencias en materia de promoción del empleo, políticas activas de empleo y de ejecución de la legislación laboral del Estado; competencias que no son objeto de reconocimiento y que provocan una distribución tan poco equitativa, tan arbitraria y tan desigual de las consignaciones presupuestarias para el denominado Plan de implantación de la garantía juvenil. Las consignaciones y los planes europeos o los Tratados de la Unión, los reglamentos y las directivas no pueden modificar la estructura institucional interna de los Estados. No lo pueden hacer porque así lo consignó ya desde el artículo 1 del Tratado de Roma, el primer Tratado de la Unión. Estamos hablando del ámbito de la ejecución de la legislación laboral del Estado, de la ejecución de la legislación cuya competencia está prevista o cuya competencia para el Estado se prevé solo en términos de aprobar la legislación laboral del Estado -el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, competencia legislativa-. La competencia de ejecución de la legislación del Estado corresponde a las comunidades autónomas -artículo 148 de la Constitución-. La competencia de ejecución de la legislación laboral del Estado en el Estatuto de Autonomía de Gernika -artículo 12- corresponde al Gobierno vasco. Pero no solo esto, aquí nos encontramos, además, con una transferencia competencial de naturaleza específica que es la relativa a las políticas activas de empleo. En este momento no hay ninguna comunidad autónoma que no posea competencias en materias de ejecución de las políticas activas de empleo, además con una singularidad en el caso de Euskadi que conviene reseñar: la competencia en materia de políticas activas de empleo en el ámbito de Euskadi, en la Comunidad Autónoma vasca, comprende el ejercicio de las subvenciones gestionadas, comprende la formación profesional y comprende también las bonificaciones de cuotas.

Esto quiere decir que en el ámbito vasco, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, todas las competencias en materia de promoción del empleo corresponden a las instituciones vascas, tanto a las instituciones comunes, al Gobierno vasco, como a las instituciones forales en su caso. Alguien me tiene que explicar -lo hará con pertinencia la portavoz del Grupo Popular- por qué se puede de una consignación presupuestaria de 1.887 millones de euros transferir a la comunidad que ostenta las competencias materiales en materia de ejecución de empleo solo 28 millones de euros. ¿Por qué se transfieren a las comunidades autónomas de los 1.887 millones de euros que corresponden al reino de España solo 400 millones de euros? Alguien lo tiene que explicar, sobre todo, cuando el Estado no tiene competencias en esta materia.

No es solo este el problema, señor presidente. El problema es que además el Plan de garantía juvenil está mal configurado, es poco innovador. Bonificaciones de cuota que aplica la Administración del Estado: 300 euros mensuales de bonificación por cada contrato realizado, contrato al que eufemísticamente se le denomina contrato indefinido, contratos indefinidos de seis meses. Los contratos indefinidos, tal como los hemos concebido siempre, son contratos de duración permanente, salvo que ocurra alguna de las causas de resolución del contrato previstas en el ordenamiento jurídico. Los contratos indefinidos no son contratos de seis meses, pues estos contratos indefinidos son contratos de seis meses. Este es el metalenguaje al que está acostumbrado el Partido Popular para encubrir la realidad, metalenguaje que consiste en llamar contrato indefinido a un contrato de seis meses; en denominar a la cadena perpetua prisión perpetua revisable; y en denominar a la congelación de las pensiones Fondo de sostenibilidad. Metalenguaje, puro metalenguaje, artificios para encubrir realidades que son lacerantes y que quebrantan derechos ciudadanos, y este lenguaje lo queremos denunciar. No solo queremos denunciar la flagrante invasión competencial y la abusiva distribución de fondos, reteniendo el Estado todos los fondos asignados al Estado español sin ostentar una sola competencia en materia de promoción del empleo y de ejecución


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de la legislación laboral y de políticas de empleo -esa distribución tan absolutamente aberrante-, sino también la mala configuración del plan: contratos indefinidos de seis meses de duración.

Otro problema que tiene la previsión del llamado Plan de garantía juvenil es que solo se consignan ayudas para los contratos indefinidos de seis meses -repito la expresión, paradoja donde las haya- para los jóvenes entre dieciséis y veinticinco años. ¿Qué ocurre con los jóvenes a partir de los veinticinco años?, ¿qué ocurre con los 800.000 jóvenes que tienen más de veinticinco años y menos de treinta cuyo desempleo se está cronificando peligrosamente? Se les desatiende, se les deja a su suerte, se les abandona, señor presidente. ¿No hay ninguna posibilidad de buscar algún mecanismo de evitar el segmento más problemático del desempleo juvenil, que es el de los más mayores dentro de los jóvenes que buscan empleo, los comprendidos entre los veinticinco y los treinta años, los que se están cronificando, los que están abonados a convertirse en desempleados crónicos? Aquí sí estamos hablando no de contratos indefinidos, sino de desempleo indefinido y no de seis meses, indefinido del de verdad.

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene usted que terminar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: De los 1.888 millones que se reserva para sí el Estado -menos los 400 que distribuye generosamente entre las comunidades autónomas-, con ese dinero que no es propio, que es ajeno, el Ministerio de Empleo en esta legislatura -el que siempre ha sido Ministerio de Trabajo y se le denomine ahora de Empleo no deja de ser una particular casualidad y causalidad, ambas cosas- crea un portal informático sin tener más habilitación competencial para crear ese portal informático que el poseer dinero; pero poseer dinero que no es propio, que es dinero de las comunidades autónomas que no redistribuye. Desde esa perspectiva tenemos que decir -con esto acabo, señor presidente- que compartimos la opinión de recientes informes de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional y, sobre todo, la opinión brillantemente expuesta de Daniel Cohen, que establece que el gran problema del empleo juvenil en este momento es evitar la precarización de sus empleos. Cuando un joven es objeto de contratación con un contrato temporal, cuando la duración de ese contrato temporal acaba, es sustituido por otro joven y así se va rotando permanentemente.

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene usted que acabar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Esa sustitución permanente impide no solo consolidar y evitar la precarización del empleo joven, sino consolidar y mantener un sistema de protección social a cargo de un sistema público de pensiones al que ni ellos pueden contribuir por esta rotación sistemática ni para generar su propia pensión ni para generar las de los que ya han causado derecho a la prestación. Desde esa perspectiva, señor presidente, nosotros pedimos no invasiones competenciales, pedimos una distribución equitativa e ideas importantes y novedosas para acabar con esta patología que nos convierte en una sociedad enferma, en tanto en cuanto convivimos con más del 55 % de nuestros jóvenes en situación de desempleo.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

A esta moción se ha presentado una enmienda por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y para su defensa tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señor Olabarría, no pudimos seguir el debate de su interpelación con la señora ministra, por lo que lo leímos en el "Diario de Sesiones", y tuvimos una sensación que ya hemos padecido en otras ocasiones. Usted planteaba a la señora Báñez algunos elementos relevantes en la política del Gobierno, de crítica a la política del Gobierno, en concreto en este caso en el despliegue de la garantía juvenil, y la ministra huía de responder a sus cuestiones. No sé si hoy la portavoz del Grupo Popular podrá responder a esas preocupaciones que manifestaba el señor Olabarría y que son compartidas por Convergència i Unió. Ya en distintas ocasiones a lo largo de los últimos meses, cuando hemos discutido esta cuestión las hemos puesto de manifiesto. El señor Olabarría recuerda -no tan solo afecta al País Vasco, sino también al conjunto de las comunidades autónomas y en nuestro caso a nuestro país, a Catalunya- que las competencias ejecutivas en materia de empleo corresponden a las comunidades autónomas y lo razonable, lo legal y lo estatutario es que estos recursos que la Unión Europea traslada a España para desarrollar una política contra el desempleo, una política laboral concreta, sean ejecutados por las comunidades


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autónomas. Además, si uno analiza en concreto una discusión exclusivamente centrada en el fuero y más orientada al huevo, se da cuenta de que aquellos instrumentos que en otros países de nuestro entorno europeo han inspirado la puesta en marcha de la denominada garantía juvenil, que son políticas que orientan y asesoran a los estudiantes al finalizar sus estudios, que permiten a jóvenes que han fracasado en su proceso educativo retornar al sistema educativo, que ofrecen oportunidades de reciclaje profesional a jóvenes, que facilitan prácticas laborales, que facilitan mecanismos de inserción en el mercado de trabajo, ese conjunto de instrumentos en el Estado español son gestionados fundamentalmente por comunidades autónomas y no por el Ministerio de Empleo hoy.

Sin embargo, el Gobierno decide quedarse, como muy bien denuncia el señor Olabarría, el 50 % de estos recursos centrándolo en una política que sabemos que en estos quince años ha sido un error, que es la política de bonificación a la contratación del empleo de manera generalizada y, en este caso además, con cantidades muy insuficientes. Vamos a gastar en aquello que sabemos que no ha funcionado y eso quizá para justificar que el Estado gestione el 50 % de los recursos. Nos alejamos de lo que han sido los modelos de éxito en el resto de Europa, que explican por qué la Unión Europea pone en marcha la garantía juvenil. Esto, además, en el contexto en el que se nos viene reclamando por parte de todas las instituciones económicas internacionales una reforma a fondo de nuestras políticas activas de empleo: el Fondo Monetario, la Comisión Europea.

Frente a esa necesidad de adaptar las reformas de las políticas activas de empleo, de modernizarlas, nos encontramos con dos dinámicas a lo largo de esta legislatura: el recorte de las políticas activas de empleo, en el caso de Catalunya más del 57 % menos de los recursos frente al incremento del desempleo, y una política sutil de recentralización también en esta materia. En el real decreto que se aprobó el viernes, en esa ley ómnibus que incorpora de todo y más, con la creación de ese portal único se vuelve sutilmente a cercenar esa competencia ejecutiva en materia de empleo que tienen las comunidades autónomas. Respecto a las aseveraciones del señor Olabarría, con las que estamos plenamente de acuerdo, Convergència i Unió plantea una enmienda que pretende dar respuesta a un problema muy concreto, que es compartido no solo por Catalunya sino por todos los Gobiernos autonómicos, incluidos los del Partido Popular. Para que este Plan de garantía juvenil sea desplegado, las comunidades autónomas tienen que adelantar los recursos, y es muy difícil que en la actual situación financiera las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido Popular -pienso en el País Valenciano y en las Islas Baleares-, puedan adelantar el 97 % de esos recursos para implementar la garantía juvenil. Hasta ahora el Gobierno, por lo que nos consta a nosotros, no ha dado respuesta a ese problema, con el riesgo de que la garantía juvenil no se termine implementando con la celeridad que la situación de desempleo en el Estado español nos exigiría. Por todo ello, votaremos a favor de la moción del señor Olabarría, y espero que pueda aceptar nuestra enmienda.

Termino, señor presidente, diciendo que abordamos un tema complejo, difícil, que va más allá del debate estricto de la garantía juvenil, como es el problema del desempleo entre nuestros jóvenes. Esto exigiría que el Gobierno no repitiera la misma política fracasada, sino que fuera capaz de innovar y reinventarnos. En eso está Convergència i Unió.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, el Grupo de Unión Progreso y Democracia. Tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

El Plan de garantía juvenil tiene extraordinaria importancia para nuestro grupo, y a primera visita se nos ocurren multitud de temas importantes sobre los que creeríamos interesante debatir, al menos media docena. Por ejemplo, la edad cubierta. ¿Debe cubrir a los menores de veinticinco años, como hace, o debería llegar hasta los treinta años? Porque después de siete años de crisis muchos jóvenes que perdieron el empleo en la construcción han salido ya de ese rango de edad. En segundo lugar, ¿son los fondos suficientes? La cifra de 1.887 millones parece elevada, pero se concentra en dos años y ¿luego qué?; además es una cifra que seguramente tenga un impacto limitado. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia). Tercera cuestión. ¿Tiene sentido que estemos empezando un nuevo sistema, un nuevo registro, y preguntemos a nuestros jóvenes ahora por sus perfiles profesionales después de siete años de crisis? ¿No deberían reforzar estos recursos europeos programas ya en marcha en nuestro país? Cuarta cuestión. ¿Por qué se ha retrasado la puesta en marcha del portal único de


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empleo que mi grupo solicitó al inicio de legislatura? Hubo una PNL al respecto y llevamos más de dos años desde que se aprobó esa proposición no de ley de Unión Progreso y Democracia. Quinta cuestión. ¿El alta telemática tiene que ser obligatoriamente telemática?, ¿no debería ser mejor un derecho de los jóvenes y no una obligación? Es cierto que están familiarizados con las nuevas tecnologías, pero tal vez no todos tengan acceso a esos medios. Sexta cuestión, y no menos importante. ¿Es la mejor estrategia incidir una vez más en las bonificaciones a determinados tipos de empleo, cuando los expertos han señalado una y otra vez que estas bonificaciones no crean empleo, sino que desvían empleo de unos tipos de contrato a otros y que funcionan mientras dura la bonificación, en este caso seis meses?

Fíjense cuantas cuestiones importantes y, sin embargo, la moción que nos ocupa no se preocupa de nada de todo esto, aunque el proponente lo haya citado vagamente. Se preocupa únicamente de una cuestión competencial. Según el grupo proponente, todas las competencias de empleo son autonómicas y el Estado no tiene nada que hacer más que coger el dinero de Europa con una mano y repartirlo a las comunidades con otra. Ni siquiera compartimos esto. La ley es bastante clara. Me produce cierto temor discrepar de temas jurídicos con el señor Olabarría, pero en este asunto me atrevo porque la ley es bastante clara. La ley permite la intervención directa del Estado en políticas activas de empleo en determinados supuestos. La Ley 56/2003, de Empleo, dice en su artículo 13.4 que el Estado puede intervenir directamente a través del SEPE en los programas que se establezcan con carácter excepcional y duración determinada, como este, cuya ejecución afecte a todo el territorio nacional, como este, a efectos de garantizar idénticas posibilidades de obtención y disfrute a todos los beneficiarios. Por lo tanto, creemos que hay perfecto soporte legal para que el Estado participe en este programa europeo, como parece lógico, por otro lado. Por eso, esta moción se centra en una única pretensión, injustificada a nuestro modo de ver, que es excluir al Estado de su participación de un programa europeo, y el voto de mi grupo no puede ser otro que no. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, repasando el acta de la interpelación compruebo no sin cierto estupor cómo la señora Báñez, probablemente aún impregnada de fervor rociero, describe una situación del empleo joven que, a nuestro entender, se encuentra muy alejada de la realidad que viven nuestros jóvenes. Estamos ya muy hartos de proclamas triunfalistas muy alejadas de la realidad de nuestros jóvenes. Señorías, y esto sí es real, el paro juvenil en nuestro país es del 56 %, cuestión que preocupa aquí y fuera de nuestras fronteras. Supongo que todavía se acordará la señora Báñez de su famosa frase sobre el gusto de nuestros jóvenes por la búsqueda de aventuras en el extranjero tras haber finalizado, eso sí, sus estudios. O de aquello de la llamada movilidad exterior, un bonito eufemismo para justificar la expulsión de trabajadores jóvenes de nuestro país. Han sido incontables las ocurrencias de la señora ministra, todas ellas para justificar la inmigración económica de nuestros jóvenes. Entonces no lo quería reconocer. Supongo que ya se ha olvidado de aquellas frases y ahora nos dice que el señor presidente, por ejemplo, no considera suficientes los avances que se han hecho con la estrategia de empleo y emprendimiento y que, como no los considera suficientes, decide emprender una cruzada en Europa para paliar la situación del empleo juvenil. Esto nos podría resultar hasta convincente, pero resulta que el Plan de garantía juvenil se impulsa desde Europa gracias al Foro Europeo de la Juventud, del cual, por si ustedes no lo saben, señorías del Partido Popular, o no lo recuerdan, forma parte todavía el Consejo de la Juventud de España, precisamente ese organismo que ustedes intentan eliminar. ¿Se acuerdan de ello o lo han olvidado? Desde este organismo se nos hace llegar que -entrecomillado, por favor: Efectivamente, España es el país que más dinero va a recibir de la Unión Europea, y esto es así porque España es uno de los países de la Unión con más alto índice de desempleo. Por tanto, señorías del Partido Popular, no es fruto de ninguna negociación del señor Rajoy. El señor Rajoy pasa por Europa, pero a veces Europa no pasa por el señor Rajoy. Es más, nos dicen que si la aplicación del plan en nuestro país, como parece, va a ir en el marco de la estrategia de empleo y emprendimiento, el enfoque es más que cuestionable por la temporalidad y precariedad en que se basa. Si además, tal y como aparece en los medios, la bonificación de 300 euros a las empresas va a constituir el primer objetivo, lo que realmente se consolida es la precariedad en el empleo y la rotación en el mismo; precariedad en el empleo para el sector más joven de nuestro país, no lo olviden ustedes. Lo que además chocaría con los principios del propio Plan de capacitación y formación para obtener empleo de calidad.


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Comisiones Obreras considera insuficientes los fondos destinados para aplicar la garantía juvenil; nosotros, también. Quizá por ello opinan que esta propuesta, inicialmente enfocada como medida paliativa contra las ya mencionadas altísimas tasas de paro juvenil, corre el riesgo de no cumplir siquiera con tal función, quedándose en un simple y mal parche estadístico para ocultar el desempleo -¿lo escuchan ustedes bien? Ocultar el desempleo; ustedes pretenden ocultar y nunca solucionar- o bien en una nueva vía de precarización en las condiciones de vida de nuestros jóvenes. Señorías, no estamos ante esa lamentable clasificación de jóvenes ni-ni, estamos ante la posible, y no menos lamentable, consolidación de la precariedad juvenil, de la juventud sin futuro, todo ello gracias a las políticas austericidas del Gobierno del Partido Popular. Señorías del Partido Popular, están ustedes sepultando el presente y el futuro de varias generaciones. Esta medida, tal y como la quieren aplicar, es una nueva palada de tierra sobre la tumba en la que ustedes están hundiendo a nuestros jóvenes, el futuro de nuestro jóvenes y por tanto también el futuro de este país.

Vamos a votar favorablemente, señor Olabarría. Ahora bien, permítame una broma. Ya sabe que yo le tengo mucho respeto, pero permítame una broma. La broma es sobre su peculiar sistema de repartir recursos, que tiene cierta similitud mosqueteril, de los mosqueteros. Es aquello de: Todo para mí, y de los demás también un parte para mí. Yo creo, señor Olabarría, que sería mejor el original: Uno para todos y todos para uno. Por supuesto, territorial y competencialmente hablando.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora García Álvarez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de esta iniciativa que presenta el PNV porque, señorías, la garantía juvenil está siendo una broma de mal gusto para los jóvenes españoles y para la sociedad española, que ve como se frustran las expectativas de un país cuyo Gobierno da la espalda a sus jóvenes. Es una broma de mal gusto anunciar un plan de empleo juvenil como medida de choque en un discurso de investidura en este mismo atril y que, dos años y medio más tarde, todavía anuncien que les quedan otros cuatro meses para tener una opción de respuesta. Es una broma de mal gusto para las comunidades autónomas que venga un paquete presupuestario de 1.880 millones de euros para políticas activas de empleo y que el Gobierno central, que no es competente en la ejecución de estas políticas, se quede con el 50 % del dinero y no lo distribuya entre quienes tienen la competencia para ejecutarlo. Es una broma de mal gusto que le llamen garantía juvenil a un programa que de momento, en el vergonzoso y antidemocrático decreto-ley que traerán el jueves a esta Cámara, solo contempla abaratar los costes de Seguridad Social de unas contrataciones mucho más que precarias para los jóvenes y que además no sabemos si van a ser utilizadas o no. Ampliar las bonificaciones significa reducir la capacidad financiera de la Seguridad Social y esto tiene un grave efecto en el sostenimiento del sistema de bienestar y en el sostenimiento de las pensiones. Es también una broma de mal gusto que pretendan desplazar los fondos para la garantía juvenil directamente al bolsillo de algunos empresarios pequeños, pero también al de empresas de más de 150 trabajadores que se van a ahorrar el dinero por contratar a jóvenes en condiciones de absoluta precariedad. Es una broma de mal gusto que el Partido Popular no tenga respuestas integrales a las necesidades de los jóvenes españoles que necesitan una oportunidad y de aquellos mayores de 25 años que ven frustradas sus expectativas laborales, sus expectativas de vida, tener un hogar y tener hijos.

Los jóvenes españoles que están en desempleo no necesitan una página web en la que volcar de nuevo su currículum, lo que necesitan es una cara que les sonría, que les escuche y que les haga un itinerario personalizado de inserción laboral. Lo que necesitan son orientadores laborales en sus centros públicos de empleo. Necesitan formación y necesitan un puesto de trabajo con derechos. Mucho me temo que ninguna de las cosas que les acabo de nombrar se va a conseguir con este programa de garantía juvenil. Seguimos sin saber en qué se van a gastar el dinero que viene de Europa. Les recuerdo que en la página 19 del Plan de implantación de la garantía juvenil se dice claramente que las rebajas de las cotizaciones de la Seguridad Social no pueden ser financiadas con este fondo. Por lo tanto, seguimos sin saber qué van a hacer con ese 50 % que se va a quedar el Gobierno. Las políticas activas de empleo pueden y deben utilizarse para mejorar la oferta y la calidad de la formación profesional y la formación para el empleo; deben utilizarse en mejorar el ajuste entre la oferta y la demanda de empleo a través de itinerarios de especialización para la inserción laboral; se pueden destinar a mejorar la colaboración entre empresarios y centros de formación, a mejorar las competencias profesionales; se pueden destinar a


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acreditar la experiencia profesional y procurar que los trabajadores menos cualificados obtengan certificados de profesionalidad; también se pueden dedicar a centros integrados y especializados de formación profesional en los que intervengan los sindicatos, los empresarios y en los que se imparta formación en los distintos niveles formativos. En fin, los fondos para políticas activas de empleo se pueden destinar a demasiadas cosas, siempre y cuando se cuente con el dinero por delante, dinero que el Estado ha decidido no distribuir entre las comunidades autónomas competentes en la ejecución de esas políticas y siempre y cuando también el Estado decida no gastarlo en una política como la de las bonificaciones, que a quien únicamente beneficia es a los empresarios que ya habían decidido contratar a alguien y que les va a salir mucho más barato. Además, sabemos que es una de las políticas menos eficientes dentro del conjunto de las políticas activas de empleo. Por eso en el Grupo Parlamentario Socialista nos unimos a la demanda de la distribución total de los fondos de manera inmediata entre las comunidades autónomas, que sean ellas las que decidan cuáles son las políticas más acertadas para que esos jóvenes tengan una garantía de empleo y de formación, y por supuesto también, como ha aportado el Grupo de Convergència i Unió, que los fondos sean anticipados a las comunidades autónomas y que no computen como deuda.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Lucio Carrasco.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la diputada Álvarez-Arenas.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, verdaderamente esto es un cúmulo de despropósitos. Señora Lucio, que usted venga aquí a decir las cosas que ha dicho, que venga a decir que le parece mal que se reparta un 50 % de la garantía juvenil del Fondo social europeo y de los fondos para empleo juvenil cuando ustedes en la programación que se hizo desde 2007 a 2013 repartieron el 41 %, sinceramente es de aurora boreal. Señorías, lo primero que hay que hacer es no manipular en un tema tan importante como es el desempleo juvenil, que, por cierto, ustedes dejaron en el 50 %, señorías. Con todas esas necesidades que usted nos ha traído hoy aquí como imprescindibles y que no sé por qué ustedes no hicieron -no supieron o no pudieron, o no quisieron; la conclusión es que no las hicieron-, el hecho es que en ese periodo creció el paro en 3.400.000 personas. Si ustedes tienen tantas recetas, ya nos explicarán aquí por qué no las aplicaron.

Señorías, en este tema, que es muy importante -hay una subcomisión específica en esta casa creada para hablar del paro juvenil-, yo creo que no tenemos que venir a hacer demagogia ni partidismo, sino a poner todos en común lo mejor que tengamos para poder salir de una situación tan lamentable como es la del desempleo juvenil. Aquí no se trata de si es el Consejo de la Juventud o si es el señor Rajoy; por cierto, que fue el señor Rajoy quien consiguió 6.000 millones de fondos insistiendo en el Consejo Europeo para que destinaran fondos a este programa de garantía juvenil y quien ha conseguido que venga casi un tercio, es decir, 1.887 millones. Por lo tanto, señorías, lo que tenemos que hacer es aportar todos.

Señor Olabarría, usted sabe que en la subcomisión, en alguna comparecencia, he alabado la política del Gobierno vasco en relación con el desempleo juvenil; usted lo sabe. Eso les tiene que llenar a ustedes de satisfacción y ser solidarios con el resto de España precisamente porque ustedes, en aras de su capacidad ejecutiva, han llevado a cabo determinadas políticas y tienen unos determinados resultados. Por lo tanto, como usted ha preguntado cómo se van a distribuir los fondos, yo se lo digo: en función del número de parados menores de veinticinco años que tenga cada comunidad autónoma.

Y me dicen ustedes: veinticinco años. Claro, estamos hablando de garantía juvenil. Pero es que el Gobierno de España, en el mes de febrero del año 2013, acordó con los sindicatos una estrategia de emprendimiento y empleo joven con 3.500 millones de euros para aplicar a los jóvenes de hasta treinta años. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por eso ahora vamos a incidir con esta garantía juvenil y aplicando el propio criterio que recomienda la Unión Europea, que es que se utilice de quince a veinticinco años -nosotros decimos de dieciséis a veinticinco porque es la edad legal- esta otra medida que es la garantía juvenil. Pero no olvidemos la estrategia de emprendimiento, 3.500 millones, más de 100 medidas, 400 jóvenes que diariamente tienen una oportunidad de empleo gracias a esa estrategia que ha puesto en marcha el Gobierno de acuerdo con los agentes sociales. Por lo tanto, señorías, vamos a decir la verdad y vamos a trabajar todos en un problema que reconocemos que es muy grave.

Me dice usted, señor Olabarría, que la integridad de los fondos vaya a las comunidades autónomas. Ya lo he dicho antes: en el periodo anterior fue el 41 % y en este caso se ha llegado al 50 %, y si es del Fondo social europeo llega casi hasta el 52 % a repartir en las comunidades autónomas. Y no digamos


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que es para políticas activas; no, es para la garantía juvenil. No estamos hablando de reparto competencial, claro que se respeta el ámbito competencial. El Gobierno legisla, hace el marco normativo y las comunidades autónomas ejecutan. Pero estamos hablando de fondos europeos y los fondos europeos siempre se han repartido territorialmente y los ha utilizado también la Administración General del Estado, toda la colección de fondos europeos que hay. Estamos hablando de distribución de fondos e, insisto, 41 % en el anterior periodo, 50 % en este periodo.

Por lo tanto, señorías, estamos ante un Plan de garantía juvenil que en el Grupo Popular recibimos con satisfacción por lo que supone de posibilidades para nuestros jóvenes. Entendemos que el Gobierno continúa en la buena dirección, que está haciendo un esfuerzo de colaboración con las comunidades autónomas, que está haciendo un esfuerzo por incrementar esa participación. Por cierto, es imposible aplicar esto de otra manera porque el propio reglamento de los fondos dice que no puede haber un adelantamiento de fondos hasta que no están cumplidas las actuaciones y esto es un reglamento de la Unión Europea. Por lo tanto, señorías, tenemos que rechazar la moción que hoy nos presenta el señor Olabarría, del Grupo Vasco (PNV), primero, porque ya he dicho que el Gobierno va a gestionar el 50 % de los fondos, por cierto para la realización de un portal on line en el que se pueden apuntar todos los jóvenes menores de veinticinco años, para acercar la demanda y la oferta. Se trata de poder casar en ese portal único on line la demanda de los jóvenes menores de veinticinco años y la oferta que haya. En eso va a invertir el Gobierno parte de esos fondos y también en las bonificaciones, que tengo que recordar que en el marco del Fondo social europeo es una de las actuaciones elegibles, señora Lucio. Ni muchísimo menos están prohibidas, esas bonificaciones están dentro del marco del Fondo social europeo y se pueden aplicar. Por tanto, para contratos indefinidos, señor Olabarría, contratos indefinidos que van a tener bonificados 180 días; eso no quiere decir que el contrato no tenga que ser indefinido. Son cuestiones muy diferentes y usted, que es un buen jurista, lo sabe perfectamente. No manipulemos las cuestiones porque, insisto, no estamos haciendo partidismo con una cuestión tan importante, estamos haciendo que la suma de todos sea lo que consiga que la energía fluya a favor de nuestros jóvenes, que es el objetivo que deberíamos tener todos en esta Cámara. Yo no dudo de que eso sea así, señoría, lo que pido es que no haya manipulación y que las palabras vayan unidas a los hechos y a los deseos de todos: que los jóvenes se vean beneficiados de la garantía juvenil y de la estrategia de emprendimiento y empleo joven que ha puesto en marcha este Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.

Señor Olabarría, ¿admite usted la enmienda del señor Campuzano?

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, señor presidente.

ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA. (Número de expediente 121/000073).

El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de navegación marítima. En primer lugar, por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

El derecho marítimo tiene su origen en las ordenanzas del puerto de Bilbao. De hecho, el derecho mercantil como sector singular del ordenamiento jurídico tiene su origen en las ordenanzas del puerto de Bilbao. Por lo tanto, nos llama la atención esta desconsideración respecto a los títulos competenciales autonómicos que se ha practicado sistemáticamente en la ley en su conjunto y en todas las perspectivas de análisis y en todas las materias reguladas por esta ley: el control de los puertos, la declaración de interés general y las competencias que pueden ser concurrentes en materia de puertos de interés general, la gestión de los mismos, materias vinculadas al derecho laboral, que se incorporan también en este proyecto de ley que tiene prácticamente setecientos preceptos, un proyecto de ley voluminoso. Se introducen reformas del Código Penal, que últimamente se está reformando por parcelas. En la Ley de Parques Naturales se incorporan delitos medioambientales y aquí, en relación con los contratos de cabotaje y flete se incorporan delitos penales relativos al fraude de estos contratos. Afecta a materias de derecho mercantil, en relación al cual las comunidades autónomas -también la nuestra- tienen competencias de ejecución que son ignoradas palmariamente, por ejemplo en relación con los contratos


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de cabotaje y flete. También se refiere a materias diversas que hacen referencia a las competencias fluviales en aquellos puertos en cuya estructura el puerto se ubique o acabe al final de una ría. En definitiva, esta ignorancia de todas las enmiendas presentadas por mi grupo, salvo una -gran generosidad la que ha demostrado el Grupo Popular- consistente en afirmar que las resoluciones administrativas tienen que estar fundadas. Señor Ayala, le agradezco ese despliegue de amabilidad y de generosidad manifestado por su grupo consistente en la aceptación de esta enmienda, importante por otra parte desde la perspectiva de la seguridad jurídica y de los requerimientos del 9.2.

En virtud de estas razones sucintamente expuestas, vamos a votar que no a todas las enmiendas menos a una, a una por razones vinculadas a que el Grupo de Convergència i Unió ha logrado salvaguardar parcialmente una de las pocas competencias que una ley muy centralizadora y uniformizadora ha configurado. Desde esa perspectiva, señor presidente, incluso podemos decir que el Senado ha empeorado la atención a los títulos competenciales autonómicos, particularmente en la disposición final sexta, donde se da una vuelta de tuerca nueva a la concentración de competencias estatales introduciendo una locución, un adjetivo nuevo: exclusivas. Por si no fueran ya suficientemente exclusivas todas las previsiones de esta ley en relación con las competencias del Estado. Por esa razón, señor presidente, votaremos que no a todas las enmiendas del Senado, entre las cuales desafortunadamente no figura ninguna de las presentadas por nuestro grupo parlamentario.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros votamos a favor de esta ley en el trámite previo en esta Cámara, pero -lo hemos dicho muchas veces- no compartimos esta metodología de segundas lecturas, que en realidad cambian aspectos de las leyes que se han visto aquí, introducen cambios sustanciales que no compartimos o en cuyo debate sencillamente no hemos podido participar. Tampoco nos parece adecuado presentar como cambios técnicos lo que son cambios legislativos y no meramente de redacción, aunque está muy bien disponer de una Cámara completa para una corrección de lujo de estilo. Por lo tanto, en la votación veremos qué enmiendas aprobamos o no, pero desde luego nuestra opinión de conjunto es negativa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

No sé si denominar a esta ley la ley Moby Dick o con el nombre del ministro capitán Ahab, porque esta ley inició su tramitación en esta Cámara -hay que recordar que esta ley modifica una ley de hace más de cien años, la Ley de Comercio- con la sola enmienda a la totalidad de mi grupo parlamentario y va a conseguir al final de la tramitación, como el capitán Ahab, quedarse únicamente con el grumete; es decir, que el resto de los grupos parlamentarios voten en contra de la ley. Muy mal lo tiene que haber hecho el Grupo Parlamentario Popular, muy mal lo tiene que haber hecho el Gobierno para que una ley tan esperada termine con el solo apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Y eso ocurre como consecuencia, en nuestra opinión, de tres factores. El primero de ellos es aquel que utiliza de manera recurrente el ministro de Justicia, que es su particular concepción del consenso: ofrecernos a los grupos parlamentarios el diálogo y la negociación cuando presenta los proyectos de ley, pero negarnos el pan y la sal en la tramitación parlamentaria. Nosotros, en el momento en que el ministro nos ofreció la negociación a cambio de retirar la enmienda, le dijimos que no nos fiábamos porque estamos escaldados ya de ese tipo de declaraciones retóricas del ministro de Justicia, y desgraciadamente no nos hemos equivocado. El ministro de Justicia no decía la verdad cuando anunciaba su voluntad de diálogo y de negociación; no solamente no ha dialogado, no ha negociado con nosotros, sino que se ha enfrentado y ha roto con el resto de los grupos parlamentarios en la tramitación del proyecto de ley.

En segundo lugar, señorías, la forma. Esta ley de navegación marítima era una ley esperada, era una ley modernizadora, porque una ley de cien años o un código de comercio de cien años no resiste el paso del tiempo, pero es que además tenía la voluntad de coordinar las distintas legislaciones que en nuestro país de manera sectorial y a veces contradictoria regulan el derecho marítimo, regulan la navegación


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marítima. Pues bien, no consigue ninguna de las dos cosas; es decir, no consigue, por una parte, incorporar a la legislación española la legislación internacional en la materia, que es operativa y que debería incorporarse a la ley española, y no consigue tampoco hacer homogénea la legislación española en la materia, de tal manera que tenemos la Ley de Puertos por un lado, la Ley de Navegación Marítima por otro y el único avance que logramos en la negociación con el Gobierno es que aceptase la compilación de la legislación al cabo, no de seis meses ni de un año, al cabo de más tiempo, al cabo de dos años, dos años para finalmente compilar esa ley con la Ley de Puertos, la Ley Navegación Marítima, etcétera. Pero, ¡oh, sorpresa!, antes de que termine la tramitación, señorías, el Gobierno aprueba un decreto omnibus que vuelve a modificar la Ley de Puertos del Estado, con lo cual esa voluntad compiladora, esa voluntad homogeneizadora, esa voluntad modernizadora de la legislación queda en papel mojado. Por tanto, una razón de estilo o de talante, de falta de talante democrático, y una razón de forma nos llevan a mantener nuestro desacuerdo, nuestra enmienda de totalidad a la ley.

Pero esas serían cuestiones menores si la ley avanzase en los temas fundamentales de la navegación marítima en nuestro país, sin embargo, nosotros creemos que no avanza en esos temas fundamentales. La navegación marítima en nuestro país se caracteriza por una pérdida dramática de efectivos de buques, que están por debajo de lo que sería la aspiración de un país con la costa que tiene España. Se caracteriza también la navegación marítima por un índice de accidentabilidad y de contaminación marina que no se corresponde con el desarrollo de nuestro país. Y, en tercer lugar, la situación marítima se refleja en una desregulación tanto laboral como profesional de los trabajadores de la mar. Pues en relación con todos estos aspectos no solamente no se avanza, no solamente no se mejoran las condiciones para tener una flota en nuestro país que se corresponda con nuestras aspiraciones o para tener un sector profesional en el mar o para luchar contra la contaminación y la accidentabilidad marítima, sino que se retrocede. En nuestra opinión, con la ley que pone en marcha el Gobierno y que pretende actualizar un código de comercio de hace más de un siglo, se retrocede. Como consecuencia, señorías, si eso es así, al final no logramos el objetivo del consenso y, desde el punto de vista del método, la ley no logra la modernización legislativa en nuestro país y mantiene la incertidumbre y la inseguridad jurídica. Y por último, en los temas fundamentales que tienen que ver con la mar en España, que tienen que ver con la situación de los trabajadores del mar, que es el aspecto más importante, pero que también tienen que ver con la contaminación marina, con el salvamento marítimo o con la investigación en la mar, en todas esas cuestiones, como digo, no solamente la ley no avanza sino que, en nuestra opinión, retrocede; retrocede ante la presión de los lobbies, retrocede ante la presión de la desregulación económica o de las políticas de privatización, como es el caso, por ejemplo, del salvamento marítimo u otras materias que se tratarán aquí por parte de otros grupos parlamentarios.

Por esas razones, por razones de forma y por razones de fondo, mi grupo parlamentario no va a votar esta ley y lamenta esta ocasión perdida de modernizar la legislación marítima en nuestro país con un mayor nivel de acuerdo que el Código de Comercio de hace más de cien años.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hoy las Cortes Generales van a aprobar definitivamente la futura ley de navegación marítima, y esta era una asignatura pendiente. Lo recordábamos en el debate de totalidad: en pasadas legislaturas se había presentado el proyecto de ley y la ampliación sucesiva del plazo de enmiendas provocaba que, al disolverse las Cortes, ese proyecto de ley nunca avanzara y nunca acabara siendo norma positiva. Como decía el señor Llamazares, era por tanto una ley esperada. Pero, señorías, hemos perdido una ocasión; hemos perdido la ocasión de intentar que esta nueva normativa saliera con un importante grado de consenso. No va a ser así, lamentablemente no va a ser así. Nosotros queríamos participar de ese consenso. Lo afirmamos al inicio no presentando enmienda a la totalidad, a pesar de que teníamos puntos concretos que queríamos mejorar y que queríamos corregir. Lamentablemente, la tramitación parlamentaria no ha recogido sustancialmente las enmiendas que desde Convergència i Unió habíamos planteado. Solo hoy, levemente, se va a añadir un aspecto competencial que el Senado ha introducido y que nosotros valoramos positivamente, que es que en el artículo 382 -en ese aspecto que sabe el señor Ayala que preocupaba a Convergència i Unió, el relativo a la competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya reconocida en el artículo 127 del Estatuto de Autonomía, esa competencia de autorizar las intervenciones


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arqueológicas en los pecios correspondientes a buques del Estado- finalmente se va a poner un "sin perjuicio": sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio histórico y cultural, en su caso. Es un avance, no es suficiente, no colma el conjunto de enmiendas que habíamos presentado, pero en este aspecto concreto va a ser la única enmienda que votaremos favorablemente de las que hoy nos trae el Senado, es en el único aspecto en el que hemos avanzado.

Había una serie de peticiones, algunas muy lógicas. Cuando hablamos de la constitución de la hipoteca naval en el artículo 128, pedimos la exigencia de escritura pública. No entendemos que se pueda inscribir en el Registro de bienes muebles esa hipoteca naval sin que antes, por razones de seguridad jurídica, existiera esta escritura pública que reclamamos. Lamentablemente, no ha sido así. Como tampoco podemos dejar de lamentar que en otros aspectos relativos a la responsabilidad y que afectan también a sectores concretos, finalmente estas enmiendas no hayan visto la luz. Valoramos en sus justos términos -por tanto, sin hacer una valoración excesivamente positiva- y pedimos al Gobierno que se cumpla la que va a ser disposición final undécima, en el sentido de que en el plazo de seis meses desde la publicación de esta futura ley el Gobierno remita a estas Cortes Generales un proyecto de ley para regular el abandono de bienes muebles. Que en esa situación de abandono -hay muchas embarcaciones abandonadas en los puertos- se pueda realmente regular lo que nosotros pedimos como subasta notarial. Sabe que esta también era una de las enmiendas importantes. Finalmente, se hizo esta transacción, que no colma los deseos de Convergència i Unió, pero por lo menos exigimos al Gobierno que cumpla esa previsión y que no acabemos esta legislatura sin tener regulada esa subasta notarial.

Termino ya. Es una ley importante, reclamada, esperada, lamentablemente es una ocasión perdida para que saliera con un grado de consenso de esta Cámara, que no va a tener; es una ley importante que va a facilitar que en un futuro texto refundido se vaya a aprobar lo que será un código general de navegación marítima; es una ley importante porque hoy vamos a derogar nada más y nada menos que aspectos legislativos del siglo XIX en este ámbito normativo y, por tanto, démosle la trascendencia histórica que tiene, pero lamentando, señorías, que finalmente no hayamos sido capaces de conseguir un consenso en una ley que va a derogar el Libro III del Código de Comercio de 1885. Queremos recordar que los legisladores catalanes en la Edad Media fueron pioneros, respecto a esta ley, en el Llibre del Consolat del Mar. Esa historia en el ámbito del derecho marítimo hoy, lamentablemente, no va a salir con el consenso que todos pedíamos a un proyecto de ley de esta trascendencia histórica.

Señor presidente, señorías, muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, señorías, tal como acaba de manifestar el interviniente por el Grupo Parlamentario de CiU, señor Jané, se trata de un importantísimo proyecto de ley. Es un proyecto de ley de 524 artículos, once disposiciones adicionales, disposiciones transitorias y finales, y es ni más ni menos que una ley de navegación marítima. Pero ya desde esta tribuna este diputado, en representación de su grupo parlamentario, ha puesto de manifiesto que se trata de un proyecto de ley que viene formándose desde hace más de diez años. En las dos últimas legislaturas, con mayoría del Grupo Parlamentario Socialista, remitida por el Gobierno, por el Consejo de Ministros, teníamos la ley general de navegación marítima. Lamentablemente, por una serie de circunstancias que yo no sé juzgar, no se produjo esa tramitación. Hoy, esa ley general de navegación marítima se ha convertido en la ley de navegación marítima. Ha tenido un estrechamiento, un encorsetamiento y la ley no ha tenido tramitación parlamentaria plenaria sino que se ha tramitado a través de la Comisión de Justicia. Yo tengo que confesar, señorías, que nuestro grupo parlamentario se siente frustrado y engañado en la tramitación de este proyecto de ley. Engañado porque argumentábamos que en aras de la consecución de acuerdos generales nosotros aspirábamos a que se llegase a una ley consensuada. En un país como el nuestro, ribereño, con más de medio millón de embarcaciones que navegan por nuestras aguas jurisdiccionales, el estrecho de Gibraltar, dos archipiélagos, dos ciudades autónomas, en el que, de acuerdo con datos de la CEOE, cerca del 85 % de las mercancías que entran y salen son transportadas por barco, era necesario modernizar la normativa. Señorías, en ese afán positivo, no presentamos enmienda a la totalidad y desde luego esperábamos llegar a acuerdos en la fase de ponencia y Comisión. Llegamos a unos poquitos acuerdos, pero, señorías, nos encontramos con que uno de esos acuerdos en el Senado ha sido masacrado, ha sido cortado radicalmente y el tema al que voy a hacer referencia, desde mi punto de vista personal, tiene una notable importancia.


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Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda adicional que titulábamos: otros buques de Estado. Enmienda adicional que dice lo siguiente: Uno. Los buques o embarcaciones de la Guardia Civil dependientes del Ministerio del Interior tendrán la consideración de buques de Estado y podrán ejercer las funciones que les son propias en aguas situadas en la zona en que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, así como en aguas internacionales y estarán autorizados por el Gobierno para intervenir más allá del mar territorial con arreglo a sus competencias específicas. Señorías, a lo largo de los últimos años hemos visto la arribada a nuestras costas de decenas de miles de seres humanos a bordo de embarcaciones de pequeña dimensión, a bordo de cayucos. Hubo periodos de tiempo en los que casi 80.000 seres humanos llegaron jugándose la vida y otros seres humanos se la jugaron y la perdieron. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil, con las embarcaciones de que dispone, unas patrulleras de una determinada dimensión, con nueve o diez tripulantes a bordo, otras embarcaciones denominadas buques oceánicos, han salvado decenas de miles de vidas. ¿Dónde? ¿En aguas territoriales españolas, en las diez primeras millas contadas desde la línea de base recta del litoral? No, a ochenta, cien, doscientas, trescientas y cuatrocientas millas al sur del archipiélago canario. Es decir, son embarcaciones que han salvado vidas en aguas internacionales. (Rumores.-Aplausos).

El tema parece ser que no interesa, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Segura.

Por favor, atiendan al orador, que está incidiendo en un tema importante.

El señor SEGURA CLAVELL: Cuando se ahoguen seres humanos guardaremos un minuto de silencio, pero será porque habremos restado capacidad a las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil para salvar vidas en la mar en aguas internacionales. Y es menester que todos sepamos que el Reino de España, adjudicado precisamente por la Organización Marítima Internacional de la ONU, tiene una lámina de agua de 1.500.000 kilómetros cuadrados, es la denominada zona SAR canaria en la que tenemos la responsabilidad de la lucha contra la contaminación marina ambiental y la lucha por salvar vidas en la mar. Y ese es nuestro pasado y eso es lo que ha ocurrido. Las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, también las de Sasemar, desde luego han salvado vidas en aguas internacionales.

Sensible con este planteamiento, el Grupo Parlamentario Popular nos aceptó una enmienda transaccional, que como tal fue aprobada por unanimidad en Comisión. Esa enmienda transaccional dice lo que acabo de leer, pero, además, tiene tres puntos más: uno vinculado al Servicio Marítimo de Vigilancia Aduanera, otro a los buques de salvamento pertenecientes a la Administración marítima del Estado y un último a los buques de atención hospitalaria que prestan primeros auxilios, dependientes del Instituto Social de la Marina. Señorías, cuando esta enmienda transaccional, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, sale del Congreso de los Diputados y va al Senado se movilizan determinados lobbies de la Administración marítima española y consiguen que el Grupo Parlamentario Popular presente una enmienda de rechazo, y esa enmienda aprobada en el Congreso de los Diputados es rechazada, es eliminada y, consiguientemente, ni los buques de acción marítima de Sasemar ni los del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que tienen esas funciones de salvamento de vidas en la mar, no van a ser considerados como buques de Estado. Realmente siento una indignación indescriptible por el hecho de que esta enmienda venga rechazada por el Senado.

Señorías, el Senado ha planteado una serie de ligeras, tenues, pequeñas modificaciones literarias, gramaticales y lingüísticas que no tenemos problema ni inconveniente en apoyar. A otras iniciativas, por ejemplo, la enmienda por la cual se modifica el apartado 2 del artículo 69 -que no les voy a leer por la premura de tiempo-, les vamos a dar nuestro voto favorable. Naturalmente el contrato de consignación de buques, artículo 322, no lo vamos a apoyar, porque es un retroceso en la calificación de las empresas consignatarias en los buques. En representación de mi grupo, que presentó 144 enmiendas parciales a todos y cada uno de los 524 artículos, me tomo la libertad de indicar, para que quede reflejado en el "Diario de Sesiones", la conveniencia de la lectura de la enmienda número 247 que nosotros presentamos y en la que se justifica nuestro rechazo a la modificación del artículo 322 tal como viene del Senado. ¿Por qué razón? Porque deja difuminada la figura del transitario, la figura del consignatario y de tantos y tantos operadores portuarios y mercantiles que se encuentran en la circunstancia de falta de apoyo en la norma española para, consiguientemente, poder acudir a los foros internacionales. No se olviden, señorías, que del 80 % de las mercancías que entran y salen de nuestro país transportadas por barco, prácticamente el 70 % lo es a bordo de barcos de navieras de otros países, unos comunitarios y otros no comunitarios.


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Por último, señor presidente, está el tema vinculado al artículo 382, sobre buques de Estado naufragados o hundidos. Me gustaría disponer de tiempo, pero como por supuesto no lo tengo, me remito a hacer la recomendación a aquellos parlamentarios que puedan tener interés al respecto para que acudan a la enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso, la enmienda número 254, en la que fijamos con tres puntos consecutivos y una motivación sólidamente vertebrada nuestra posición con respecto al patrimonio cultural subacuático. Nuestra enmienda justificativa es sin duda alguna superior, dando ámbito competencial a las comunidades autónomas, al Ministerio de Cultura...

El señor PRESIDENTE: Señor Segura, tiene usted que terminar.

El señor SEGURA CLAVELL: ... a diferencia de la enmienda que han aprobado a CiU en el Senado, que es realmente inocua comparada con el contenido de la nuestra.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ayala.

El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Tal y como asegurábamos el día 13 de marzo de este mismo año en el debate de totalidad de este proyecto de ley, hoy aprobamos definitivamente la ley de navegación marítima. Tras catorce años de estudio, tres proyectos de ley y tres legislaturas, finalmente podemos decir con satisfacción -todos con satisfacción, con independencia de lo que aquí hayan dicho- que hoy se aprueba, y dentro de dos meses entrará en vigor, la ley de navegación marítima. Como se ha dicho, regula materias de derecho privado que sustituyen legislación española muy buena del siglo XIX. Vamos a regular los sujetos de la navegación, el buque, contratación administrativa de todo tipo, seguros e hipotecas; también legislación de derecho público, navegación, paso inocente, derecho de persecución y visita, accidentes, extracciones, seguridad en la navegación y responsabilidad en la contaminación. También es cierto que otras materias que habían sido objeto de anteriores proyectos han sido reguladas a lo largo de los años que hemos tenido que esperar para conseguir aprobar esta ley y que, aunque hoy tampoco se reconozca, se encuentran dentro de otras leyes de nuestro ordenamiento. Así ocurre en la Ley 33/2010, de Puertos, o en la Ley 41/2010, de Protección del Medio Marino. Es verdad que en la ley de navegación marítima se regula esa serie de cuestiones que he señalado, que son tanto de derecho mercantil como de derecho de gentes, como de derecho internacional privado y, naturalmente, de derecho del mar, pero también se incluye dentro de esa ley que hoy aprobamos la aplicación directa a nuestro ordenamiento y a las situaciones jurídicas que se planteen de los convenios internacionales y en una buena práctica legislativa contraria a algunas enmiendas que querían incorporar el texto literal de dichos convenios como parte de la ley, y también la legislación comunitaria para responder a tres objetivos: la homogeneidad con el derecho marítimo internacional; la seguridad jurídica que, como todos ustedes saben, es el factor determinante de la competitividad y, por supuesto, reflejar la realidad actual al transporte marítimo.

Hoy debatimos las enmiendas del Senado, muy pocas y todas ellas de naturaleza jurídica. No hay otra razón que la naturaleza jurídica. Varios diputados han tratado de reproducir aquí el debate de totalidad o el debate en Comisión, pero yo creo que son cuestiones ociosas y deberíamos tener claro que hoy se debaten las enmiendas del Senado. En esas enmiendas del Senado modificamos el artículo 7, que obliga al respeto de la legislación medioambiental y pesquera a todos los buques que quieran entrar o salir de nuestros puertos; el artículo 69.2, que, evidentemente, respondiendo a los principios de equilibrio, seguridad y proporcionalidad, considera potestativa la inscripción de los buques de recreo... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Ayala. Ruego silencio, por favor, para que se pueda oír al orador.

El señor AYALA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

... en el Registro de bienes muebles, pero por supuesto con posibilidad de inscribir las garantías y los gravámenes. Con esto se da satisfacción a un grupo importante de interesados y además en absoluto empece la seguridad del ordenamiento jurídico. Por razones exclusivamente técnicas, se ha excluido la palabra "persona" después de "consignatario" en el artículo 322, pero no responde a ninguna explicación bastarda, como pretende el señor Segura, sino a una cuestión de técnica legislativa. No se puede distinguir en la actualidad el consignatario persona del consignatario sociedad por razones obvias. Y en el


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artículo 382, para que no existan dudas -como no existen en ningún caso a pesar de lo que se ha dicho aquí- de que esta ley respeta absolutamente cualquier competencia que sea ostentada por las comunidades autónomas, también se someten a la legislación del patrimonio histórico-artístico y cultural los bienes del Estado que sean patrimonio subacuático.

En cuanto a la supresión de la disposición adicional undécima, es cierto que se admitió en la ponencia, pero, señorías, señor Segura, estamos obligados a cumplir la ley. Insisto, estamos obligados a cumplir la ley y el artículo 23 de la Ley Orgánica 5/2005, de Defensa Nacional, dice que la Guardia Civil tiene las funciones que le otorga la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y aquí el artículo 11.2.b) la circunscribe al mar territorial. Si no modificamos las leyes orgánicas, difícilmente podríamos mantener esta enmienda, y por razones -insisto- exclusivamente jurídicas se debe suprimir. Los argumentos que aquí se han empleado no tienen ningún carácter normativo, son argumentos que no quiero calificar, pero esta redacción de la ley no es incompatible con la labor de la Guardia Civil, que todos valoramos y aplaudimos y lo va a seguir haciendo sin ninguna duda con el mismo reconocimiento por parte de toda la sociedad y, por supuesto, del Partido Popular en su totalidad.

Señoras y señores diputados, entendemos que no hay ninguna invasión de competencias en esta ley. Sí ha habido voluntad de consenso. La propia voluntad de consenso es que casi doscientos cincuenta artículos de la ley provienen del proyecto del Gobierno anterior, cuestión que hoy ocasionalmente se le ha olvidado citar al señor Segura. ¿Cómo no va a haber voluntad de consenso con ese texto que se entregaba aquí antes de su debate de totalidad? ¿Cómo no lo va a haber cuando se han aprobado diecinueve enmiendas y se han transado otras diecisiete con los distintos grupos parlamentarios? Naturalmente que lo ha habido. Son otras razones las que llevan hoy a no votar. Se incorporan los convenios, como he dicho, no hay ninguna duda de la regulación de los trabajadores del mar, tampoco hay ninguna duda sobre la contaminación, la seguridad y los derechos de los pasajeros. Hay otras razones que son las que hoy hacen que ustedes, los grupos parlamentarios, pierdan la oportunidad de sumarse a una ley, a un texto que va a seguir su tramitación, que va a entrar en vigor y que va a regular nuestra navegación marítima, ojalá los mismos años que las leyes que hoy estamos aquí derogando. Su manía y su posición de no querer votar con el Partido Popular impiden que ustedes hayan sido copartícipes de esta ley. La voluntad del Partido Popular evidentemente era que saliera del consenso. No obstante, el Partido Popular está satisfecho y tranquilo porque sabe que hoy sancionamos una ley intachable desde el punto de vista jurídico, aceptada por todos los operadores, que va a mejorar y a conseguir una regulación cabecera en una materia tan trascendente para España como es la navegación, que lleva y transporta a pasajeros y mercancías por todo el mundo, y que Dios quiera que sea aplicada el mismo tiempo que la legislación que derogamos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayala.

ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN DE LAS ENMIENDAS AL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, RELATIVAS A LOS CRÍMENES DE GUERRA Y AL CRIMEN DE AGRESIÓN, HECHAS EN KAMPALA EL 10 Y 11 DE JUNIO DE 2010. (Número de expediente 121/000102).

El señor PRESIDENTE: El último punto es el acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación de las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los crímenes de guerra y al crimen de agresión, hechas en Kampala el 10 y el 11 junio de 2010. No se ha pedido la palabra por ningún grupo. Someto a votación por asentimiento el acuerdo de tramitación directa y en lectura única de este citado proyecto de ley orgánica. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).

En dos minutos vamos a votar. (Pausa).

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

El señor PRESIDENTE: Antes de dar comienzo a las votaciones, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º, del Reglamento.


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En sustitución de don Miguel Arias Cañete, pregunto a don Mariano Pérez-Hickman Silván si jura o promete acatar la Constitución.

El señor PÉREZ-HICKMAN SILVÁN: Sí, juro. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: El señor diputado acaba de adquirir la condición de diputado.

En sustitución de don Esteban González Pons, pregunto a doña Inmaculada Guaita Vañó si jura o promete acatar la Constitución.

La señora GUAITA VAÑÓ: Sí, juro. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Acaba de adquirir la condición de diputada.

En sustitución de don Chesús Yuste Cabello, pregunto a don Álvaro Sanz Remón si jura o promete acatar la Constitución.

El señor SANZ REMÓN: Fiel a mis valores republicanos, por imperativo legal sí, prometo. (Aplausos.-Rumores).

El señor PRESIDENTE: Sí ha obtenido la condición de diputado.

En sustitución de don José Blanco López, pregunto a doña Margarita Pérez Herráiz si jura o promete acatar la Constitución.

La señora PÉREZ HERRÁIZ: Sí, prometo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Acaba de adquirir la condición de diputada.

En sustitución de don Ramón Jáuregui Atondo, pregunto a doña María Teresa Rodríguez Barahona si jura o promete acatar la Constitución.

La señora RODRÍGUEZ BARAHONA: Sí, prometo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Acaba de adquirir la condición de diputada.

En sustitución de doña Elena Valenciano Martínez-Orozco, pregunto a don Manuel de la Rocha Rubí si jura o promete la Constitución.

El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Sí, prometo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Acaba de adquirir la condición de diputado.

En sustitución de doña Soledad Cabezón Ruiz, pregunto a don José Manuel Girela de la Fuente si jura o promete acatar la Constitución.

El señor GIRELA DE LA FUENTE: Sí, lo prometo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Acaba de adquirir la condición de diputado.

En sustitución de doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, pregunto a don Antoni Such Botella si jura o prometa acatar la Constitución.

El señor SUCH BOTELLA: Sí, prometo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Acaba de adquirir la condición de diputado.

Muchas gracias. Enhorabuena a todos y especialmente a los que vuelven a esta Cámara.

DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (VOTACIÓN):

- ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERIODO 2015-2017 Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2015. (Número de expediente 430/000004).

El señor PRESIDENTE: Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el


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periodo 2015-2017 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2015. Hay tres votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329 más 3 votos telemáticos, 332; a favor, 179 más 1 voto telemático, 180; en contra, 145 más 2 votos telemáticos, 147; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el límite de gasto.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIONES):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BALDOVÍ), SOBRE EL INCREMENTO DE ESPACIOS DE IMPUNIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FRENTE A LAS POLÍTICAS DE RESTRICCIÓN DE LIBERTADES. (Número de expediente 173/000160).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, señor Baldoví, sobre el incremento de espacios de impunidad en el ámbito de la Administración de Justicia frente a las políticas de restricción de libertades. Se vota con las enmiendas hechas por el Grupo Socialista y por el Grupo de La Izquierda Plural y aceptadas por el señor Baldoví.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 132; en contra, 179; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ORIENTACIÓN, OBJETIVOS Y EFECTOS DE LA ANUNCIADA REFORMA FISCAL. (Número de expediente 173/000161).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la orientación, objetivos y efectos de la anunciada reforma fiscal. Hay una enmienda de La Izquierda Plural y han hecho una transaccional, que conocen los señores diputados. Esa transaccional es la que se vota.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 120; en contra, 178; abstenciones, 27.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL. (Número de expediente 173/000162).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre el Plan de implantación de la garantía juvenil. Se vota con la enmienda del Grupo Catalán, que ha sido aceptada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 144; en contra, 183; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA. (Número de expediente 121/000073).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de navegación marítima. Votamos, en primer lugar, la enmienda al artículo 69.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 297; en contra, 11; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas al artículo 322 y a la disposición adicional undécima.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 179; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo 382.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 215; en contra, 5; abstenciones, 105.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final sexta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 283; en contra, 43.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de las enmiendas del Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor 284; en contra, 42.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Se suspende la sesión.

Eran las nueve y quince minutos de la noche.

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