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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 203, de 29/05/2014
cve: DSCD-10-PL-203
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 203
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 191
celebrada el jueves,
29 de mayo de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:

- Canje de cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas por el que se reconoce la extensión del régimen de privilegios e inmunidades previsto en el Acuerdo de Sede hecho en Madrid el 28 de enero de 2009 al Centro Internacional de Cálculos Electrónicos, hecho en Nueva York y Madrid el 28 de febrero y el 8 de julio de 2013. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 240, de 17 de enero de 2014. (Número de expediente 110/000113) ... (Página6)

- Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 241, de 17 de enero de 2014. (Número de expediente 110/000114) ... (Página6)

- Convenio sobre asistencia alimentaria, hecho en Londres el 25 de abril de 2012, y Reglamento de Procedimiento y Aplicación. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 243, de 24 de enero de 2014. (Número de expediente 110/000115) ... (Página6)

- Acuerdo entre el Reino de España y Georgia para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 18 de diciembre de 2013. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 248, de 21 de febrero de 2014. (Número de expediente 110/000116) ... (Página6)

- Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la protección mutua de información clasificada, hecho en Madrid el 6 de noviembre de 2013. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 249, de 21 de febrero de 2014. (Número de expediente 110/000117) ... (Página6)

- Protocolo adicional al Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina sobre el trasplante de órganos y de tejidos de origen humano, hecho en Estrasburgo el 24 de enero de 2002. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 256, de 7 de marzo de 2014. (Número de expediente 110/000118) ... (Página6)


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- Tercer Protocolo adicional al Convenio europeo de extradición, hecho en Estrasburgo el 10 de noviembre de 2010, y declaración que España desea formular. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 257, de 7 de marzo de 2014. (Número de expediente 110/000119) ... (Página6)

- Protocolo adicional al Convenio sobre la ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 2003 y declaración que España desea formular. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 266, de 4 de abril de 2014. (Número de expediente 110/000120) ... (Página6)

- Revocación de la Declaración contenida en el instrumento de ratificación de España del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 267, de 4 de abril de 2014. (Número de expediente 110/000121) ... (Página6)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley de parques nacionales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 78-1, de 31 de enero de 2014. (Número de expediente 121/000078) ... (Página11)

Exclusión del orden del día:

- Proyecto de ley de transformación del Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 94-1, de 30 de abril de 2014. (Número de expediente 121/000094) ... (Página16)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación):

- Proyecto de ley de parques nacionales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 78-1, de 31 de enero de 2014. (Número de expediente 121/000078) ... (Página16)

Propuestas de resolución relativas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial:

- Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, correspondientes al año 2012. (Número de expediente 245/000004) ... (Página27)

Solicitud de prórroga de subcomisiones:

- Solicitud de la Comisión de Fomento de prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la subcomisión de estudio y análisis del sistema ferroviario español, hasta el 28 de febrero de 2015. (Número de expediente 154/000010) ... (Página41)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página41)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página42)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página43)

Avocación por el Pleno ... (Página43)

Avocación por el Pleno ... (Página43)

Propuestas de resolución relativas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial. (Votación) ... (Página44)


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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Página

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página6)

Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas por el que se reconoce la extensión del régimen de privilegios e inmunidades previsto en el Acuerdo de Sede hecho en Madrid el 28 de enero de 2009 al Centro Internacional de Cálculos Electrónicos, hecho en Nueva York y Madrid el 28 de febrero y el 8 de julio de 2013 ... (Página6)

Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996 ... (Página6)

Convenio sobre asistencia alimentaria, hecho en Londres el 25 de abril de 2012, y Reglamento de Procedimiento y Aplicación ... (Página6)

Acuerdo entre el Reino de España y Georgia para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 18 de diciembre de 2013 ... (Página6)

Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la protección mutua de información clasificada, hecho en Madrid el 6 de noviembre de 2013 ... (Página6)

Protocolo adicional al Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina sobre el trasplante de órganos y de tejidos de origen humano, hecho en Estrasburgo el 24 de enero de 2002 ... (Página6)

Tercer Protocolo Adicional al Convenio europeo de extradición, hecho en Estrasburgo el 10 de noviembre de 2010, y declaración que España desea formular ... (Página6)

Protocolo adicional al Convenio sobre la ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 2003 y declaración que España desea formular ... (Página6)

Revocación de la Declaración contenida en el Instrumento de Ratificación de España del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001 ... (Página6)


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Para fijar su posición sobre determinados convenios intervienen la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; así como los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista, y Beneyto Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página11)

Proyecto de ley de parques nacionales ... (Página11)

La señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (García Tejerina) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución y en turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, el señor Baldoví Roda, y las señoras Oramas González-Moro y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto.

Exclusión del orden del día ... (Página16)

Proyecto de ley de transformación del Fondo para la financiación de los Pagos a Proveedores... (Página16)

La Presidencia informa a la Cámara de que ha sido retirada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) su enmienda al proyecto de ley de referencia, por lo que decae la iniciativa.

Proyecto de ley de parques nacionales. (Continuación) ... (Página16)

En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; así como los señores Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ábalos Meco, del Grupo Parlamentario Socialista, y Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, así como la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Propuestas de Resolución relativas a las Memorias del Consejo General del Poder Judicial ... (Página27)

Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, correspondientes al año 2012 ... (Página27)

En defensa de las enmiendas de resolución presentadas y de las enmiendas, en su caso, y para fijación de posición intervienen los señores Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto, y Olabarría Muñoz, del


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Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como las señoras Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, y Escudero Berzal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Solicitud de prórroga de subcomisiones ... (Página41)

Sometida a votación la solicitud de la Comisión de Fomento de prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión de Estudio y Análisis del Sistema Ferroviario Español, hasta el 28 de febrero de 2015, queda aprobada por asentimiento.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página41)

Sometidos a votación separada los puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas), sobre las prospecciones de hidrocarburos frente a las costas canarias de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, son rechazados todos.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, a la Ministra de Fomento sobre las políticas del Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda a las familias con dificultades económicas, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 143 votos a favor y 172 en contra.

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página42)

Sometidos a votación separada los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que figuran en el orden del día, son aprobados.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página43)

Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de parques nacionales, son rechazadas por 139 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 141; 170 en contra más 1 voto telemático, 171, y 6 abstenciones.

Avocación por el Pleno ... (Página43)

Sometidas a votación las solicitudes de avocación por el Pleno del proyecto de ley de parques nacionales, son rechazadas por 143 votos a favor más 2 votos telemáticos, 145; y 170 en contra más 1 voto telemático, 171.

Avocación por el Pleno ... (Página43)

Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley de transformación del fondo para la financiación de los pagos a proveedores, es rechazada por 145 votos a favor más 2 votos telemáticos, 147; 169 en contra más 1 voto telemático, 170, y 1 abstención.


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Propuestas de resolución relativas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial. (Votación) ... (Página44)

Se someten a votación las propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, correspondientes al año 2012.

Se levanta la sesión a la una y cinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

- CANJE DE CARTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS POR EL QUE SE RECONOCE LA EXTENSIÓN DEL RÉGIMEN DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES PREVISTO EN EL ACUERDO DE SEDE HECHO EN MADRID EL 28 DE ENERO DE 2009 AL CENTRO INTERNACIONAL DE CÁLCULOS ELECTRÓNICOS, HECHO EN NUEVA YORK Y MADRID EL 28 DE FEBRERO Y EL 8 DE JULIO DE 2013. (Número de expediente 110/000113).

- CONVENIO EUROPEO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, HECHO EN ESTRASBURGO EL 25 DE ENERO DE 1996. (Número de expediente 110/000114).

- CONVENIO SOBRE ASISTENCIA ALIMENTARIA, HECHO EN LONDRES EL 25 DE ABRIL DE 2012, Y REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN. (Número de expediente 110/000115).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y GEORGIA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 18 DE DICIEMBRE DE 2013. (Número de expediente 110/000116).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE LA PROTECCIÓN MUTUA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2013. (Número de expediente 110/000117).

- PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO RELATIVO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA BIOMEDICINA SOBRE EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y DE TEJIDOS DE ORIGEN HUMANO, HECHO EN ESTRASBURGO EL 24 DE ENERO DE 2002. (Número de expediente 110/000118).

- TERCER PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO EUROPEO DE EXTRADICIÓN, HECHO EN ESTRASBURGO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000119).

- PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA RELATIVO A LA PENALIZACIÓN DE ACTOS DE ÍNDOLE RACISTA Y XENÓFOBA COMETIDOS POR MEDIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, HECHO EN ESTRASBURGO EL 28 DE ENERO DE 2003 Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000120).

- REVOCACIÓN DE LA DECLARACIÓN CONTENIDA EN EL INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DE ESPAÑA DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES, HECHO EN ESTOCOLMO EL 22 DE MAYO DE 2001. (Número de expediente 110/000121).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Es probable que en los próximos minutos u horas comunique alguna noticia al Pleno que haga que el orden del día de hoy se aligere un poco. Lo comunicaré en su momento. Sí quiero recordar -y me dirijo


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a los portavoces de todos los grupos para que lo transmitan a quienes corresponda- que para poder realizar la votación del debate relativo a la memoria del Consejo General del Poder Judicial, antes de las diez deben comunicar a la secretaría tanto las solicitudes de votación separada en las propuestas como las enmiendas que afectan a sus propuestas. Es muy importante esto para que cuando llegue el momento de la votación podamos llevarla a cabo con rapidez. Muchas gracias.

Pasamos ahora a examinar el punto del orden del día relativo a dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales con números de expedientes desde el 110/000113 al 110/000121. Como señalamos en Junta de Portavoces, los grupos que quieren intervenir así debieron manifestarlo. Tienen un tiempo de cinco minutos. Por lo que yo conozco, el primer grupo en intervenir es el de Unión Progreso y Democracia, para lo cual tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.

Con relación al acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de Rusia sobre la protección mutua de información clasificada, en este punto específicamente mi grupo ha pedido la votación separada, por lo que mi intervención es para explicar con gran brevedad por qué consideramos que es prudente abstenerse con relación a este acuerdo. No es que el contenido no sea importante -de hecho, la protección de la información clasificada es una materia sin duda muy relevante, pero sin la cual, por cierto, hemos vivido durante muchos años-, sin embargo, no nos parece que sea pertinente, justo en este momento, mandar al Gobierno de la Federación Rusa un mensaje de normalidad, sino más bien un mensaje de excepcionalidad que es, por otro lado, el mensaje que la propia Federación Rusa ha impuesto con su comportamiento en relación con Ucrania en los últimos meses.

Abstenernos respecto a este acuerdo tiene un componente simbólico importante, puesto que la anexión de Crimea por parte de Rusia es una vulneración evidente del derecho internacional y, por ello, sobrepasa la dimensión de las relaciones bilaterales entre Rusia y Ucrania. Esa vulneración del derecho internacional nos concierne, obviamente, a toda la comunidad internacional. Por este motivo, los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron una serie de sanciones que desde distintos puntos de vista se han considerado insuficientes o débiles, pero además hay una resolución del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 2014, en la que insta a los Estados miembros a aplicar algún tipo de consecuencias sobre los vínculos políticos y económicos con Rusia. En este momento esas consecuencias se pueden plasmar, por ejemplo, en la congelación, en la suspensión, en la paralización de determinados acuerdos como este, que no es que sea un acuerdo mayor, no es que sea un acuerdo de inversiones importantísimas, pero precisamente porque no lo es, es conveniente considerarlo desde ese punto de vista simbólico y no continuar con las relaciones con Rusia como si no ocurriera nada. Por eso, como decía, mi grupo considera que en este punto lo más prudente es abstenerse.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.

Nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de los nueve convenios que hoy estamos discutiendo y me gustaría destacar tres de ellos por su importancia y contenido. En primer lugar, el Convenio europeo sobre derechos de los niños, que es un convenio importante, es el desarrollo de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos del niño aplicado a los países del Consejo de Europa y a aquellos que en el marco europeo firmen también este convenio. Es también un toque de atención al Gobierno de España, porque es un convenio absolutamente garantista respecto a los derechos procesales de los menores de dieciocho años, que va en un sentido radicalmente contrario a las actitudes legislativas del Partido Popular en nuestro país. En este momento este convenio nos dice que precisamente lo que hay que reforzar son las garantías de esos menores de dieciocho años, no las actitudes de castigo o el reforzamiento de penas hacia los menores que acaban delinquiendo o que acaban en el procedimiento judicial siendo enjuiciados, porque es un colectivo especialmente vulnerable que debe ser especialmente protegido. Por tanto, les pedimos al Gobierno y al Partido Popular que tomen buena nota de este convenio, que hoy posiblemente votarán, porque afecta a la legislación y a las actitudes legislativas en el tema penal, especialmente en el caso de los menores.

En segundo lugar, en cuanto al Acuerdo con la Federación Rusa, sí, este es el camino; el camino es el diálogo y el acuerdo. Debo recordar que en este momento en nuestro país estamos pendientes de la


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firma de un convenio de adopciones con la Federación Rusa y sería un desastre que entrásemos en una guerra -podríamos decir- diplomática con dicha federación o con otros países, pues, indudablemente, habría ciudadanos y ciudadanas, en este caso los padres que están esperando la adopción de un niño o de una niña rusa, que saldrían afectados. La solución en el conflicto de Ucrania, como muy bien se ha apuntado, es el desarme de las partes, el diálogo y, por supuesto, el fin de las sanciones. Las sanciones no son la solución al conflicto de Ucrania, por supuesto ni las sanciones a Rusia ni a nadie. Por tanto, es importante que este acuerdo hoy se apruebe y se firme, porque, evidentemente, es un mensaje que va en la línea totalmente contraria a algunas decisiones -podríamos decir- poco meditadas que se han tomado en el marco de la Unión Europea, pensando que con algunas sanciones económicas se va a solucionar el conflicto de Ucrania, que tiene una profundidad y una realidad que, evidentemente, las sanciones a la Federación de Rusia no van a solucionar, sino que posiblemente van a complicar aún más las cosas.

En tercer lugar, porque acabamos de obtener el resultado de las elecciones europeas, hay que valorar el protocolo adicional al Convenio sobre la ciberdelincuencia vinculada a las actitudes racistas, fascistas y xenófobas. Realmente es un paso importante. Tenemos que decir que estamos preocupados por los resultados electorales en estas elecciones europeas, en que partidos nazis, fascistas, racistas y xenófobos han tenido resultados importantes en algunos países europeos. Esto hay que decirlo no una, sino mil veces porque es una actitud imprescindible desde el punto de vista democrático. Hay que recordar que la mejor Europa se construyó bajo los ideales antifascistas, que permitieron la derrota del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial. Este protocolo adicional debe conllevar una actitud de las instituciones públicas en nuestro país de total rechazo de las actividades de grupos de ultraderecha, que nunca más un ayuntamiento o un alcalde permita celebraciones fascistas, sean del tipo que sean, recordando al dictador Franco o enalteciendo cualquier tipo de actitud nazifascista que se haya producido en nuestras tierras. Y, finalmente, quiero pedir al ministro del Interior que, en lugar de meditar en el Valle de los Caídos, lo haga en alguna de las fosas comunes que están aún por exhumar en nuestro país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en este ahora ya habitual turno para fijar la posición sobre los convenios internacionales porque realmente son relevantes, y más los que estamos discutiendo hoy. Esta mañana don Pere Macias, que es de Olot, como yo, me comentaba que la primavera de Olot es una maravilla. Decía que hay más buenas noticias que esta y yo le contestaba que hay cuatro excelentes noticias esta mañana en el debate de los dictámenes, porque hay cuatro convenios europeos, del Consejo de Europa, que se van a ratificar a través de este trámite parlamentario, concretamente el Convenio sobre derechos de los niños, aprobado por las partes en el año 1996 y no ratificado en nuestro caso hasta este momento. En segundo lugar, el protocolo adicional al Convenio relativo a los derechos humanos y a la biomedicina sobre el trasplante de órganos y tejidos de origen humano, que es un convenio muy importante en cuanto a la homologación de los estándares para los cuarenta y siete Estados miembros del Consejo de Europa. Quiero recordar aquí el informe de Dick Marty, un importante jurista belga que en su momento puso de relieve el tráfico de órganos humanos en Kosovo y en otras partes de los Balcanes. Este es un instrumento de protección de los derechos humanos contra el tráfico de órganos humanos. En tercer lugar, el protocolo adicional al Convenio europeo de extradición. Y, finalmente, señorías -este es un convenio muy importante-, el convenio que nos proporciona el Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia, relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófobo cometidos por medio de sistemas informáticos. Les recomiendo la lectura del mismo porque este convenio, señorías, viene a llenar el vacío que aún existe en esta materia en la legislación de muchos Estados miembros, entre ellos España, con la penalización de la difusión de material racista y xenófobo mediante sistemas informáticos, las amenazas con motivación racista y xenófoba, los insultos con motivación racista y xenófoba. Este es el debate que de forma bastante reactiva, de forma bastante superficial se ha producido estos últimos días a partir de algunas acusaciones en las redes sociales de comunicación. Señorías, yo les invito a que se lean este convenio del Consejo de Europa, que sin duda es una muy buena noticia que viene a llenar este vacío legislativo y que es una fuente no solo de inspiración sino de aplicación directa en tanto miembro parte del Consejo de Europa


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desde finales de los años setenta del siglo pasado, y creo que esto confirma también, señor presidente del Congreso, el trabajo que se hace, que hacemos en el Consejo de Europa.

Creo que también es bueno recordar el Acuerdo entre España y Georgia para el intercambio y protección recíproca de información clasificada. Georgia está a las puertas de saber una decisión muy trascendente en la cumbre de la OTAN del próximo mes de septiembre en Gales sobre su posible candidatura de progreso en la incorporación a la OTAN, como será claramente el caso de Montenegro y el caso de Macedonia, y dar un impulso a Georgia en sus pretensiones de incorporación a las estructuras occidentales de la OTAN a través de la ratificación de este acuerdo es muy positivo.

Finalmente, señorías, existe también el Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la Federación Rusa sobre la protección mutua de información clasificada, ante el cual la portavoz del Grupo de UPyD, la diputada Lozano, ha manifestado su deseo de votar en contra. Nosotros vamos a votar a favor porque nos parece de doble estándar, pero un doble estándar notablemente diferenciado de lo que hemos conocido estos últimos años a través del señor Snowden por el tratamiento de la información clasificada en Estados Unidos, o porque hemos sabido que de forma masiva Estados Unidos ha estado vigilando a Europa, o que Alemania ha estado vigilando a otros países europeos, o que Francia ha estado vigilando a otros países europeos. Ya me gustaría, señora Lozano, que este instrumento de intercambio de información clasificada existiera entre socios y amigos, a veces entre socios y amigos de dentro de la Unión Europea, y a veces entre socios y aliados de dentro de la OTAN. Este es un momento crítico con Rusia, porque Rusia ha violado el derecho internacional a través de la anexión de Crimea, pero ante estas situaciones no se tienen que romper todas las vías de diálogo, sino que se tiene que reforzar el Estado de derecho, y el compromiso con terceros Estados, con Estados con sistemas jurídicos especialmente débiles, el compromiso de tratados internacionales es un compromiso a favor de la legalidad internacional y del derecho internacional.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáez Jubero.

El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.

Intervengo para fijar nuestra posición en este punto acerca de estos nueve convenios y para mostrar nuestro voto afirmativo a cada uno de ellos y poner en valor, como han hecho el resto de intervinientes, al menos dos de los acuerdos y convenios que hoy ratificamos. El primero, que es importante, es el Convenio europeo sobre los derechos de los niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996, que aunque fue firmado por España en diciembre de 1997 no se ha ratificado hasta ahora. Entre otros muchos, este convenio -lo han dicho algunos otros intervinientes- reconoce al menor el derecho a ser informado y a expresar su opinión en los procedimientos judiciales o a solicitar representante especial cuando los padres y tutores no tengan la facultad de representarle como consecuencia de algún conflicto de intereses. También queremos destacar -lo ha hecho también el portavoz del Grupo de Convergència i Unió- el protocolo adicional al Convenio relativo a los derechos humanos y a la biomedicina sobre el trasplante de órganos y de tejidos de origen humano, hecho en Estrasburgo el 24 de enero de 2002. Su objeto es definir y garantizar los derechos de los donantes de órganos y tejidos, tanto vivos como fallecidos, y los beneficiarios de los transplantes de órganos e implantes de tejidos de origen humano. Este protocolo regula el funcionamiento de los sistemas de trasplantes, las obligaciones de los profesionales y sus normas de conducta, la información al receptor, la responsabilidad sobre su salud y seguridad y su seguimiento médico, así como cuestiones tales como la confidencialidad y medidas específicas para promover la donación de órganos y evitar el uso impropio de trasplantes y su comercialización. España cumple con todas estas exigencias y, como es bien conocido, nuestro sistema de trasplantes es un sistema modélico.

Finalmente, también queríamos fijar nuestra posición en el mismo sentido que lo ha hecho la portavoz de UPyD respecto al Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la Federación Rusa para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 6 de noviembre, que establece procedimientos y prácticas de seguridad para el intercambio de información clasificada. Y pese a que nuestro voto va a ser favorable, queremos expresar en relación con este convenio que no nos parece oportuna la ratificación de este acuerdo con Rusia precisamente en este momento, justo en plena crisis de las relaciones de la Unión Europea y Rusia y en plena discusión de la posibilidad de ampliar el régimen de sanciones a Rusia por la anexión ilegal de Crimea. Conocido es que Rusia está en situación


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comprometida frente a la Unión Europea y muchos países de la Unión Europea por esta crisis en Crimea y en Ucrania, y este acuerdo nos sitúa más como un aliado de la Federación Rusa que de la Unión Europea, máxime cuando el acuerdo hace expresa mención de visitas de responsables de organismos que no pueden ser más que, probablemente, servicios secretos o militares. No es el mejor momento, considera nuestro grupo parlamentario, para la ratificación de este acuerdo.

Queremos también dejar constancia en este debate de la situación de suspenso, más bien de falta de ratificación del convenio de adopciones con Rusia, que estimamos de suma importancia para ambas partes y que está provocando, como ustedes conocen, una enorme angustia a más de doscientas familias adoptantes españolas. Por tanto, desde esta modesta tribuna también queremos trasladar a la Federación Rusa, a su cuerpo diplomático, la necesidad de que este convenio se ratifique y que no se demore al albur de la situación del régimen de sanciones a Rusia. Pese a esta objeción que hace nuestro grupo parlamentario y esta explicación de posición, nuestro voto va a ser afirmativo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez Jubero.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Beneyto.

El señor BENEYTO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo en representación de mi grupo para fijar nuestra posición sobre los nueve convenios que se presentan hoy para autorización de las Cortes, del Congreso de los Diputados, para la obligación de consentimiento por parte del Estado. Se trata de nueve convenios que tienen relevancia, nueve convenios que pueden clasificarse en tres grupos distintos: dos acuerdos relativos a la protección mutua de información clasificada, uno con la Federación Rusa y el otro con Georgia; un acuerdo con Naciones Unidas para la extensión del régimen de privilegios e inmunidades de la base de Quart de Poblet, en Valencia, al Centro Internacional de Cálculos Electrónicos; cuatro convenios del Consejo de Europa y dos convenios relativos a asistencia alimentaria y contaminantes orgánicos persistentes.

Quisiera resaltar algunos de estos nueve convenios, como han hecho los portavoces de los otros grupos. En primer lugar, el referente a la protección mutua de información clasificada con Georgia y con Rusia. Son dos acuerdos paralelos en donde se realiza una clasificación de los grados de seguridad de la documentación, de la información clasificada en secreto, reservado, confidencial y de difusión limitada. Se establecen los procedimientos pertinentes para el manejo y control de la información clasificada, las normas para la instrucción de dicha información en función de su grado de seguridad, las actuaciones a llevar a cabo en caso de infracción de seguridad y los medios de solución de controversias por la vía de la negociación y la exclusión de terceros.

Consideramos que la posición del Gobierno de España en relación con los acontecimientos ocurridos en Ucrania y en Crimea es muy clara, condena clarísima y enfática de lo que ha sido violación del derecho internacional, pero a la vez también hay que negociar con Rusia. Por tanto, tendría muy poco sentido en estos momentos mandar un mensaje de rompimiento de las relaciones diplomáticas en relación con la ratificación de acuerdos internacionales. La vía es la negociación, las sanciones a través de la Unión Europea, la posición común de la Unión Europea, y no actuaciones unilaterales que tendrían poco sentido.

En segundo lugar, con relación al acuerdo con Naciones Unidas para la extensión del régimen de privilegios e inmunidades, el Centro de Telecomunicaciones y Datos de las misiones sobre el terreno de Naciones Unidas que existe en Quart de Poblet, en Valencia, recibe nuevas potencialidades a través de la traslación del centro de comunicaciones que existía en Ginebra y que se traslada a Quart de Poblet, en Valencia. Con ello se extienden también los privilegios e inmunidades de los organismos especializados de Naciones Unidas.

En cuanto a los cuatro convenios del Consejo de Europa, sin duda los más relevantes en este contexto son: el que hace referencia a los derechos del niño, a la ciberdelincuencia en actos racistas y xenófobos, el que hace referencia a los trasplantes de órganos y de tejidos, y el tercer protocolo adicional al Convenio europeo de extradición. Se trata de cuatro convenios que amplían derechos en muy diversas materias. El modelo español de donación y trasplantes ha sido señalado en el contexto de los organismos internacionales y recalcado como un modelo de referencia internacional. Este Convenio de los derechos del niño amplía el marco de derechos de los menores, de protección de los menores, fundamentalmente en los procedimientos judiciales, en las obligaciones de las autoridades judiciales, de los representantes de los menores y de los organismos nacionales de protección del menor, también a través de la creación del comité permanente de seguimiento de problemas relacionados con los derechos del niño, con la


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sustracción de menores, pensiones, etcétera. En cuanto a la ciberdelincuencia en actos racistas y xenófobos, se consigue la armonización de la legislación penal sustantiva en cuanto a la lucha contra el racismo y la xenofobia en Internet y se mejora la cooperación internacional en esta área. Por último, el Convenio sobre asistencia alimentaria es muy necesario porque llena un hueco en esta materia.

La posición de nuestro grupo es muy clara: Votaremos a favor de los nueve convenios. Entendemos que con ello también conseguimos un desarrollo de los derechos de los ciudadanos españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beneyto.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE PARQUES NACIONALES. (Número de expediente 121/000078).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, que es el debate de totalidad del proyecto de ley de parques naturales. Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, señor presidente.

Es para mí un honor y una gran satisfacción que la primera ley que presento en esta Cámara sea el proyecto de ley de parques nacionales. Este proyecto de ley es una muestra más del compromiso de este Gobierno con el medio ambiente y con la protección de la biodiversidad. Se han adoptado medidas muy necesarias y promovido importantes reformas legislativas, como la Ley de Evaluación Ambiental, que agiliza el procedimiento y fortalece las garantías ambientales, o la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que introduce las reformas necesarias para la correcta aplicación del régimen de responsabilidad mediambiental en nuestro país, que acaba de salir de esta Cámara para continuar su tramitación en el Senado. Este Gobierno ha introducido por primera vez el cambio climático en la Ley de Costas, ha conseguido que España cumpla con el Protocolo de Kioto y que internacionalmente se reconozca nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático. Hemos recuperado el inaceptable retraso en materia de planificación hidrológica: un río sin plan es un río desprotegido. Por terminar con alguno de los muchos ejemplos que se podrían mencionar, hemos declarado un nuevo parque nacional, el de la Sierra de Guadarrama. Todas estas actuaciones son una prueba incuestionable de la importancia que concede este Gobierno a la preservación y a la mejora del medio ambiente.

Un elemento crucial de nuestro medio ambiente son los parques nacionales. Tras casi un siglo de existencia, los parques nacionales se han consolidado y son reconocidos como la figura de protección del medio natural más prestigiosa de cuantas disponemos. Son además pioneros en estrategias de conservación y recuperación de especies amenazadas o en peligro de extinción, así como en actuaciones de mejora de hábitats o erradicación de especies alóctonas, aquellas que por no ser originarias de los ecosistemas donde aparecen los ponen en peligro. Nuestra red de parques nacionales garantiza la conservación de una muestra representativa de los principales sistemas naturales. Los 15 parques actuales albergan la práctica totalidad de los 40 sistemas naturales, 27 terrestres y 13 marinos, que la legislación identifica. Todos los parques de la red pertenecen a Red Natura 2000, 4 son patrimonio de la humanidad, 10 son reservas de la biosfera y los 4 que contienen humedales de importancia están incluidos en el Convenio Ramsar. Han obtenido además diversos reconocimientos internacionales, como el diploma europeo otorgado por el Consejo de Europa a 3 de ellos o la inclusión de 9 como zonas núcleo de reserva de la biosfera.

Todos convendremos en que una sociedad desarrollada como la nuestra debe disponer de instrumentos que salvaguarden con eficacia nuestros espacios naturales más singulares: los parques nacionales. Disponer del mejor marco legal para su mejor salvaguarda era una obligación ineludible para el Gobierno, y lo era porque la ley vigente no permite cumplir suficientemente bien con este objetivo de conservación. La ley vigente atribuye a las comunidades autónomas la gestión ordinaria de los parques; al tiempo, asigna al Estado la dirección de la red de parques nacionales, entendida esta como el sistema de los espacios declarados parques nacionales y las relaciones necesarias para su funcionamiento, pero lo hace de una manera independiente, sin establecer ningún mecanismo de coordinación entre el conjunto y cada una de sus partes. La situación actual impide que la gestión de nuestros parques nacionales responda a criterios de conservación comunes. Carece de sentido, señorías, que los parques nacionales se den la


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espalda unos a otros, dependiendo del territorio en el cual radiquen. Las administraciones actúan de forma separada, sin que existan cauces eficaces de comunicación entre el conjunto, la red y cada uno de los parques nacionales. El régimen actual tampoco garantiza una adecuada coordinación en el caso de los parques supraautonómicos, que son los gestionados por varias comunidades autónomas, en la actualidad el de Picos de Europa y el de la Sierra de Guadarrama. El Gobierno ha abordado esta reforma siguiendo la jurisprudencia constitucional: respeta el reparto constitucional entre el Estado y las comunidades autónomas y establece un modelo de gestión coordinada para nuestros parques. De esta forma, mediante la colaboración entre el Estado y las administraciones autonómicas se podrán establecer programas y actuaciones comunes en todos los parques, así como intercambiar información y experiencia, todo ello con el objetivo de contribuir a una mejor conservación de estos espacios. A las comunidades autónomas les corresponderá la gestión ordinaria y habitual de los parques nacionales, diseñarán sus propios órganos de dirección y administración del parque y redactarán y aprobarán sus documentos de planificación específicos, mientras que al Estado corresponderá la creación de nuevos parques, la elaboración y aprobación del plan director de la red de parques nacionales y las funciones de coordinación de todo el conjunto. Señorías, el proyecto de ley de parques nacionales que hoy les presento respeta el criterio de nuestro Tribunal Constitucional y tiene el firme propósito de mejorar nuestra red de parques nacionales.

Entre los principales objetivos que contempla el proyecto de ley debemos destacar, en primer lugar, que se trata de una norma eminentemente conservacionista. Su finalidad principal es proteger los parques. Los territorios de los parques nacionales son lugares singulares y excepcionales que merecen la máxima protección y así lo manifiesta de forma rotunda el artículo 5 del proyecto de ley: la declaración de un parque tiene por objeto conservar la integridad de sus valores y paisajes, supeditando a ello cualquier otra actividad. Con esta misma finalidad, el proyecto de ley refuerza el régimen de incompatibilidades ya existentes, al introducir la incompatibilidad de algunas actividades que no figuraban en la legislación anterior, como la extracción de hidrocarburos, áridos o canteras. Debe subrayarse que el proyecto de ley no autoriza ninguna actividad que no se estuviese realizando con anterioridad dentro de los parques nacionales. En esta misma línea, se aumenta el nivel de exigencia de las características medioambientales que deben tener los territorios sobre los que se declaren nuevos parques nacionales. En particular, se aumenta la superficie mínima requerida para declarar un nuevo parque en territorio peninsular de 15.000 a 20.000 hectáreas. Esta restricción contribuye a garantizar que los territorios que se vayan a declarar parque nacional estén a la altura de las exigencias que requieran estas figuras de protección. En segundo lugar, el proyecto de ley, dentro del estricto marco constitucional, encomienda al Estado la potestad de coordinación; de este modo, se asegura una gestión para toda la red de parques que responda a criterios comunes en todos ellos. Para ello, se crearán órganos que garanticen un adecuado cauce de comunicación y colaboración entre cada uno de los parques y el Organismo Autónomo Parques Nacionales. Estos órganos son: el comité de colaboración y coordinación, que reunirá a responsables de la gestión de cada uno de los parques junto con los de la red, y, para cada uno de los parques supraautonómicos, una comisión de coordinación. En tercer lugar, el proyecto de ley mejora la eficacia de la planificación otorgando al plan director de la red carácter básico y el carácter de máximo instrumento de planificación al que deberán ajustarse los planes rectores de uso y gestión de cada parque, que serán considerados también instrumento de planificación. En cuarto lugar, el proyecto de ley define el concepto declaración del estado de emergencia por catástrofe medioambiental. La declaración de este estado de emergencia es atribuida al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, bien a iniciativa propia o bien a iniciativa de las comunidades autónomas. La declaración de un estado de emergencia permitirá la movilización de medios estatales e incluso de otros parques nacionales si fuese necesario. Se busca con ello la posibilidad de actuar con eficacia en la red en caso de que un episodio de este tipo afectara a uno de nuestros parques nacionales.

Además, el proyecto de ley regula los siguientes aspectos que merecen ser enumerados. Asigna al Estado una competencia puntual excepcional y extraordinaria para la intervención en la gestión de los parques con la finalidad de evitar daños irreparables en los sistemas naturales del parque nacional. Define el papel del Estado en la creación de nuevos parques nacionales partiendo en todo momento del acuerdo entre las dos administraciones, el Estado y las comunidades autónomas, acuerdo que se manifestará en la aprobación conjunta de una propuesta inicial a partir de la cual gravitará todo el procedimiento y que concluirá con el informe del consejo de la red y la propuesta de ley declarativa a las Cortes Generales. Contempla la posibilidad de ampliaciones de parques nacionales ya declarados sobre áreas marinas exteriores colindantes por acuerdo de Consejo de Ministros; hasta ahora y con la actual legislación esto


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no era posible. Permite establecer marcos específicos de coordinación para parques nacionales fronterizos cuando al otro lado de la frontera exista otro parque y siempre sobre la premisa de la competencia estatal en relaciones internacionales. Incorpora el Comité Científico de Parques Nacionales, generalizando sus funciones de asesoramiento técnico al conjunto de la actividad de los parques nacionales. Recupera la posición paritaria en los patronatos de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas respectivas; esta composición paritaria fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, pero hasta ahora no estaba recogida en la legislación básica. Incorpora aspectos culturales inmateriales ligados a los parques nacionales que deberán ser estudiados y contemplados en la declaración de nuevos parques. Finalmente, el proyecto de ley atiende al desarrollo sostenible en las comarcas donde se ubican los parques nacionales, manteniendo el sistema de ayudas técnicas, económicas y financieras a los municipios de la zona de influencia socioeconómica y estableciendo planes de desarrollo en las mismas. Se introduce como novedad la puesta en marcha de programas piloto que activen la economía sostenible de la zona y aporten información para estudiar la posibilidad de creación de empleo verde.

En suma, el nuevo modelo de parques nacionales que se propone pretende reconocer los derechos de las poblaciones que están en el interior y en los alrededores de los parques, así como de los propietarios de los terrenos que están dentro. Las poblaciones locales deben percibir el parque como un aliado, como un territorio que les brinde oportunidades de desarrollo y nuevas oportunidades, porque son ellos los que contribuyen decisivamente a la conservación de los parques. No basta con desarrollar un sistema de subvenciones cuya dotación estará siempre condicionada a la situación presupuestaria y que además en absoluto garantiza el desarrollo rural de estas zonas. Hoy la gestión de los parques nacionales debe ser más participativa y sobre todo más abierta a las poblaciones de sus entornos. Es necesario que estas poblaciones conozcan y se impliquen en las oportunidades que ofrecen y generan los servicios de un parque, especialmente los relacionados con las visitas y el uso público. La actividad de estas poblaciones dentro de los parques o en sus zonas periféricas de protección a través de los aprovechamientos tradicionales compatibles puede y debe convertirse en una herramienta más de conservación activa. En definitiva, señorías, este texto es también un proyecto de ley de territorios y personas.

Señorías, en la elaboración de este proyecto de ley de parques nacionales se han tenido en cuenta todas las opiniones y todos los pareceres de las personas, colectivos y organizaciones implicadas a través de un proceso de tramitación abierto y detallado. Se ha tratado en dos ocasiones por la conferencia sectorial y en otras tantas por el Consejo Asesor de Medio Ambiente; se ha consultado varias veces a las comunidades autónomas; se han mantenido diversas reuniones con organizaciones, propietarios y empresarios; se ha sometido a debate e informe en la práctica totalidad de los patronatos de parques nacionales, así como en el consejo de la red de parques nacionales, y, por último, se ha sometido a dictamen del Consejo de Estado adaptando el texto al criterio del órgano consultivo. Hay que recordar que el proyecto de ley ha tenido en cuenta -como debía ser, por otra parte- las observaciones del dictamen del Consejo de Estado de 19 de diciembre de 2013 que, como todo el mundo conoce, ha sido favorable.

En definitiva, señorías, como les señalaba al principio de mi intervención, el Gobierno ha considerado necesario elaborar un nuevo marco legal que mejore el sistema de gestión de nuestros parques nacionales y que sea respetuoso con el reparto de competencias establecido en nuestra Constitución. El proyecto de ley atribuye al Estado las competencias que constitucionalmente le corresponden y que no se recogen en la actual ley en vigor, todo ello con suma meticulosidad y respeto a la doctrina constitucional existente y con la participación de todos los interesados. Estamos seguros de que este modelo de gestión coordinada mejorará la gestión de los parques nacionales y con ello su preservación.

Tenemos la suerte de contar con quince parques nacionales de gran variedad paisajística y amplia biodiversidad. Son nuestras verdaderas joyas de la naturaleza y tenemos la obligación de poner todo a nuestro alcance para su mejor preservación. En estos momentos la sociedad está reclamando a las administraciones que trabajen juntas y que protejan nuestros recursos naturales más preciados. Señorías, a estas demandas responde este proyecto de ley. Por todo ello, en nombre del Gobierno pido el apoyo de esta Cámara a este proyecto de ley de parques nacionales.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


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A este proyecto de ley que ha sido expuesto por la ministra se han presentado cuatro enmiendas a la totalidad de devolución. En esta fase de defensa de enmiendas empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto y tiene la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora ministra, defendemos nuestra enmienda de devolución por diferentes argumentos, y empezaré por el siguiente. Este proyecto de ley de parques nacionales supone un importante retroceso tanto por abordar la regulación de esa Red de espacios naturales a partir de un enfoque centralista como por avanzar hacia una explotación comercial de determinadas actividades y privatización de servicios en dichas zonas de un enorme valor ambiental.

La legislación en vigor en esta materia promulgada en 2007 acogió la doctrina del Tribunal Constitucional, que refrendó competencias autonómicas en materia de ordenación y gestión de los parques nacionales, así como la participación conjunta en su planificación. El proyecto de ley que se presenta implica una vuelta atrás al reservar al Estado amplias facultades en la planificación de la red de parques nacionales, además de limitar la participación de las comunidades autónomas vetando de forma expresa cualquier intervención en la gestión en el caso de los parques marítimos. Resulta curioso, pero a la vez ilustrativo, que las referencias en la exposición de motivos a la legislación en la materia se refieren expresamente a normas todas preconstitucionales, algunas de hace un siglo. La visión del Gobierno y del partido que lo sustenta sobre la distribución del poder y de las competencias, incluso en materias relacionadas con la ordenación del territorio y la protección ambiental, es la que se corresponde con ese período preconstitucional, consistente en un férreo control centralista de todas las decisiones, considerando a las comunidades autónomas como meros apéndices que ejercen de administraciones auxiliares en vez de como auténticas instituciones con capacidad de decidir sobre la determinación, ordenación y gestión de los espacios naturales. Así, tanto en el proceso de planificación de la red de parques nacionales como a la hora de concretar la delimitación de los espacios a través de su declaración, la capacidad de decisión recae en exclusiva en la Administración General del Estado, relegando a las comunidades autónomas a una participación testimonial a través de informes a los que ni siquiera se les otorga vinculación determinante cuando afectan a competencias relativas a la ordenación territorial.

Sin embargo, señorías, el aspecto más regresivo se refiere a la limitación absoluta en la gestión de parques nacionales que abarcan espacios marítimos por parte de las comunidades autónomas, reservando así al órgano competente en materia de medio ambiente de la Administración General del Estado, cuya sede radica en Madrid, a cientos de kilómetros de cualquier espacio marítimo, el control absoluto sobre los mismos. Esta limitación a la participación de los órganos competentes de las comunidades autónomas en los espacios marítimos que forman parte de la red de parques nacionales se convierte en una negativa rotunda y especialmente lesiva en las comunidades autónomas que tienen una parte importante de su territorio volcada hacia la costa y que desarrollan actividades en zonas marítimas propias de su territorio, como es el caso de Galicia. La retirada de la participación autonómica en la gestión de espacios marítimos que hayan sido declarados parques nacionales, recentralizando en la Administración General del Estado todas las funciones, es una auténtica usurpación a Galicia al retirarle cualquier cometido e intervención en el Parque Illas Atlánticas. El Gobierno aplica una visión centralista, ajena a un acercamiento y análisis racional de la ordenación y gestión de espacios naturales, que sería más lógico hacer descansar en las administraciones autonómicas, tanto por su proximidad como por su afinidad, en cuanto que las competencias que tienen atribuidas tienen una relación directa con la gestión del territorio y la ordenación de los usos y actividades que se desarrollan en el mismo. Por otra parte, el proyecto de ley también reduce el nivel de protección de los parques nacionales al permitir nuevas posibilidades de actividades que eran incompatibles hasta el momento y que incluso no tienen relación con usos o acciones tradicionales en su ámbito.

En suma, señorías, se trata de un proyecto de ley que no avanza en la protección de espacios de alto valor ecológico; no contribuye a mejorar la implicación en la gestión de los espacios de las personas y colectivos de su entorno más próximo; no contempla medidas para estimular la economía de las zonas de su influencia sino que, por el contrario, pretende, por un lado, reforzar las competencias del Estado en una materia con clara inserción en las competencias sobre ordenación del territorio y protección medioambiental de las comunidades autónomas y, por otro, orientar las actividades en parques nacionales a nuevos usos, sobre la base de la rentabilidad económica de unos pocos, señorías, intensificando su vocación de espacios escaparate para visitantes -visitantes fugaces, por cierto- más que de zonas con ordenación


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sostenible y alta protección ambiental. Por todo ello, señorías, el Bloque Nacionalista Galego presenta esta enmienda de devolución y en el sentido que acabamos de exponer presentaremos nuestras enmiendas parciales a la vista de que entendemos que el grupo mayoritario de esta Cámara no asumirá nuestra enmienda de devolución.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Tiene la palabra ahora, también por el Grupo Mixto, el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias.

Señora ministra, las conquistas, los avances en medio ambiente tardan décadas en alcanzarse y apenas unos meses en perderse. Y esto es lo que va a pasar con este proyecto de ley, con esta reforma que a nuestro juicio es innecesaria e ineficaz desde el punto de vista de la protección de nuestros parques nacionales. Rompen un amplio acuerdo y la hacen, como siempre, como nos tienen acostumbrados, con una urgencia innecesaria, sin consenso de nadie, a las bravas. Sin consenso ni de los grupos parlamentarios, y hoy justamente debatimos cuatro enmiendas a la totalidad; sin consenso de las organizaciones medioambientales; sin consenso de las comunidades autónomas, a las que nuevamente pretenden hurtar competencias con esa ofensiva recentralizadora que ustedes empezaron hace dos años y medio, obviando que la gestión y ordenación de los parques nacionales es una competencia de las comunidades autónomas como ha quedado claro en diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, y primando -como es norma habitual en este Gobierno- los intereses de unos pocos por encima del bien común al rebajar la protección de nuestros parques nacionales para permitir usos que hasta ahora no estaban permitidos, como la edificación o urbanización, las actividades comerciales, las turísticas, cacerías. En definitiva, lo de siempre. Por no tener consenso no lo tienen tampoco del Consejo de Estado, que en su informe advierte claramente que pueden existir problemas de constitucionalidad. Les recuerdo que en el año 2013 se batió el récord de recursos de anticonstitucionalidad: 44.

Invaden competencias exclusivas de las comunidades autónomas y por todo ello en Compromís-Equo expresamos nuestro rechazo a la reforma y reclamamos que los parques nacionales sean de verdad espacios dedicados a la conservación de la naturaleza y a la divulgación de sus valores y que, por tanto, no intenten explotarse comercialmente rebajando para ello su protección. Así, anunciamos nuestro voto a favor de las enmiendas a la totalidad.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Coalición Canaria comparte las razones que han motivado la presentación de las enmiendas a la totalidad. El proyecto de ley es inoportuno, innecesario, centralista y desprotege los parques nacionales. Canarias tiene cuatro parques, los más importantes y visitados del Estado: el Teide, Timanfaya, Taburiente y Garajonay. El Gobierno de Canarias los está gestionando de manera adecuada mientras que este proyecto recentraliza competencias, por lo que le auguro que de nuevo el Tribunal Constitucional vuelva a declarar su inconstitucionalidad porque es abundante y consolidada su jurisprudencia en la que declara que el desarrollo normativo, pero sobre todo la gestión de los espacios naturales protegidos -incluidos los parques nacionales- son de competencia autonómica.

Por todo ello, vamos a apoyar las enmiendas de totalidad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.

Finalmente, y asimismo por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora ministra, ¿se imaginan ustedes que el Gobierno aprobara una ley que permitiera pagar por clavarle un cuchillo al Guernica de Picasso, que se pudiera alquilar el Palacio Real de Madrid para bodas, bautizos y comuniones o que la Giralda fuera gestionada por una empresa de puenting? Respiremos tranquilos, señorías, porque lo que el PP se está cargando hoy no es el patrimonio cultural, sino solo el patrimonio natural. El proyecto de ley de sus llamados parques nacionales supone la primera fase de privatización de estos parques, abriendo la puerta a declararlos urbanizables, a convertirlos en


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cotos privados de caza o en una zona de recreo lúdico-deportivo; en definitiva, el último regalito envenenado del ambienticida Miguel Arias Cañete. Demuestran, señorías, como lo hicieron en la Ley de Costas, un absoluto menosprecio por el patrimonio natural, por el mantenimiento de especies, de hábitats, de ecosistemas, etcétera; menosprecio y absoluta ignorancia o mala fe ante una biodiversidad y riqueza geológica que es un patrimonio de siglos y siglos de la Tierra y de sus especies. Ante tanta riqueza, tanta belleza y tanta vida, ustedes, con la sensibilidad neoliberal que les caracteriza, se preguntan: ¿se podrá hacer negocio? ¿Se puede vender? La intención es evidente, pese a la ambigüedad tras la que se esconde en el articulado de la ley. La sospecha se hace patente con la propia presentación de un innecesario proyecto. Si no, yo me pregunto: ¿por qué se iba a hacer un proyecto de ley para solucionar un problema que simplemente no existe, que genera gran polémica social, que puede perjudicar a valiosos hábitats y ecosistemas, que cuenta con el cuestionamiento del Consejo de Estado y que, para postre, señora ministra, recentraliza e invade competencias? En definitiva, nos están robando hasta el propio territorio para comercializar con él, para que sus amigos -que son evidentemente los de siempre- saquen tajada y a la vez privilegios.

Pero aún van más allá, no tienen con esto suficiente. En el marco de esta ley nos roban el patrimonio natural tan fácilmente como nos roban competencias. Al margen de la visión nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado, que concibe a las comunidades autónomas -como siempre- como meras delegaciones, el Gobierno español necesita sustraernos las competencias para que no podamos evitar la destrucción ecológica que van a llevar a cabo. Para ello incumplen sin ningún tipo de problema la legislación y el reparto competencial. ¿Cómo se puede presentar un proyecto de ley como este y hacerlo al amparo de la competencia básica sobre la protección del medio ambiente? ¿Cómo se puede hacer? La alevosía con la que se extralimitan al determinar como básico el presente proyecto de ley y pese a las advertencias realizadas por el propio Consejo de Estado en tal sentido es a nuestro juicio prevaricación, directamente.

Acabo. Justamente por eso este proyecto muy posiblemente, hay muchas posibilidades, será recurrido por el Consejo de Garantías Estatutarias y, a la espera de una nueva y tardía sentencia del Tribunal Constitucional, sepan que nosotros tendremos cada vez más claro que la manera más fácil y más rápida de salvar el Parc d'Aigüestortes i llac de Sant Maurici es únicamente proclamando la república catalana.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

- PROYECTO DE LEY DE TRANSFORMACIÓN DEL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES. (Número de expediente 121/000094).

El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con las otras enmiendas, pero antes quiero comunicar a la Cámara que ha sido retirada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la enmienda al proyecto de ley de transformación del Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. Por este motivo, este punto del orden del día desaparece y pasaremos del debate del punto 37, que es en el que ahora estamos, al punto 39.

- PROYECTO DE LEY DE PARQUES NACIONALES. (Continuación).

El señor PRESIDENTE: Continuando con este punto, para la defensa de su enmienda a la totalidad de devolución, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias.

Señora ministra, viene a presentar su primera ley que podríamos decir que forma parte de la herencia recibida, y ha empezado haciendo una glosa de esa herencia o un balance de gestión. Nuestra visión dista mucho de compartir ese orgullo porque toda la legislación que hemos visto durante la legislatura ha estado hecha al servicio de la desregulación, de la descentralización y también de la mercantilización de los recursos naturales. A eso es a lo que se han dedicado y el reflejo de eso es que ha habido una ausencia absoluta del ministerio en las cuestiones medioambientales; al revés, ha sido un ministerio al servicio de desregular y desproteger el medio ambiente y esta ley no se aleja de eso, sino que forma parte de esa herencia y de esa forma de entender la gestión medioambiental. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).


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El presente proyecto de ley que ha aprobado el Gobierno es innecesario, desde el punto de vista de la eficacia en el objetivo que persigue una ley de Parques Naturales, y también es contraproducente desde el punto de vista de la protección medioambiental y la gestión, de acuerdo con la distribución competencial. Estos serían a grandes rasgos los argumentos. A nuestro entender, una vez más el Gobierno plantea una reforma innecesaria que tiene como objetivo reducir la eficacia y las garantías medioambientales en la protección del patrimonio natural. En línea con las reformas que se han venido haciendo en otras leyes medioambientales, este proyecto de ley es un nuevo paso atrás. Además, la Ley de 2007, de la red de Parques Naturales, garantizaba mayor protección y aún se encontraba en pleno desarrollo porque todavía no se habían puesto en marcha muchos de sus instrumentos. Desde La Izquierda Plural manifestamos también disconformidad con la urgencia con la que se ha tramitado esta ley antes de llegar al Congreso y la falta de oportunidad. El Consejo de Estado lo ha manifestado en su informe y alertaba que esa urgencia ha dificultado hacer un examen detallado de los artículos. No comprendemos esa urgencia porque luego aquí tampoco se ha correspondido con cómo se ha tramitado.

Este proyecto de ley nace con la oposición de las organizaciones ecologistas y varias comunidades autónomas, que denuncian de nuevo la falta de lealtad institucional, y con razón. Es un lastre que una ley de Parques Naturales nazca de esta manera, porque debe ser implementada con la complicidad de estas organizaciones medioambientales y, sobre todo, de las comunidades autónomas. La realidad es que esta ley es una reforma, aunque ustedes la llamen Ley de Parques Naturales; de hecho es una modificación realizada al servicio de las peticiones de grupos de intereses económico en otros espacios. Más del 80 % del texto es la misma ley, es prácticamente idéntica a la norma que teníamos. No nos opondríamos si no fuera porque el 20 % restante lo dedican a desmoronar las competencias autonómicas sobre los parques, abriendo paso a la desprotección, y permitiendo actividades excluidas hasta el momento que abren la puerta a la degradación de los parques naturales como una figura de máxima protección. Hasta el momento los parques nacionales dependían de las comunidades autónomas y con esta ley el Gobierno pretende que pasen a ser regulados conjuntamente con el Estado. Claros ejemplos de ello los encontramos en la declaración del estado de emergencia o en la decisión de la declaración de parque nacional pero, señora ministra, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconoce que la gestión de los parques nacionales se debe llevar a cabo por las comunidades autónomas. Dice textualmente: en la doctrina constitucional citada se observa que la función ejecutiva estatal se debe limitar a supuestos excepcionales, agotándose antes las fórmulas de coordinación y colaboración que no impliquen gestión. Este proyecto es una nueva recentralización del Gobierno e invade competencias. Ustedes acumulan recursos en el Tribunal Constitucional y seguramente se volverán a encontrar nuevos recursos. El ministerio demuestra una vez más esa falta de lealtad institucional y la falta de respeto a la pluralidad y la participación de las distintas administraciones en la implementación de políticas. En lugar de facilitar la coordinación horizontal, la colaboración entre comunidades autónomas, ustedes imponen la lógica centralista y la jerarquía vertical entre Estado y comunidades autónomas. Son incapaces de entender que entre comunidades autónomas también se puede cogestionar y coordinar esa gestión del territorio. Ustedes son contrarios a principios básicos en la gestión administrativa como los de subsidiariedad y autogobierno. Además, como decíamos en un principio, la aprobación de este proyecto supondrá una desprotección de nuestros parques naturales, cuando en realidad deberían ser espacios de máxima protección por parte de la Administración en uno de los países con mayor diversidad de Europa.

Se deja la puerta abierta a la urbanización y a la edificación en el interior de los parques, actividades prohibidas en la actualidad y que claramente van en detrimento de la conservación del parque, favoreciendo la especulación y la presión urbanística en espacios de alto valor natural. También se permite la navegación turística en el parque de Monfragüe y el vuelo sin motor en el Guadarrama; aunque limita estas actividades a estos dos parques, deja la puerta abierta a que se haga en otros. Ustedes posibilitan la realización de actividades económicas o comerciales relacionadas con el uso público o el turismo y reconoce a los titulares de derechos, como los propietarios de fincas o gestores de cotos de caza, una capacidad de decisión mucho mayor que al conjunto de la sociedad, cosa que no debería ser cuando hablamos de parques naturales.

El quinto informe de evaluación del grupo de trabajo sobre el cambio climático, el Panel Internacional de Cambio Climático de Naciones Unidas, publicado en marzo de 2014, alerta del aumento de la vulnerabilidad y la necesidad de mayor protección de nuestras especies y ecosistemas ante los evidentes efectos del cambio climático, así como de la necesidad de redoblar los esfuerzos en la preservación y protección de espacios naturales, además de impulsar cambios en las actividades humanas con especial


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impacto en el medio ambiente. Ustedes van en el sentido contrario a las recomendaciones, en el sentido contrario a la preservación y en el sentido contrario a la precaución ante el aumento de riesgos. El texto no regula el control de poblaciones ni tampoco fija quién va a llevar a cabo el control de especies, cuando debería hacerlo el personal cualificado del parque; de manera que se podrá seguir cazando de forma descontrolada o sin seguir los controles adecuados. A pesar de que la caza esta prohibida en estos espacios, no se prohíben explícitamente las cacerías dentro de las fincas privadas situadas en los parques. Como decíamos, esta es una ley hecha a medida para algunos amigos. Por otra parte, se concede al Ministerio de Defensa la potestad de realizar informes vinculantes, que serán decisivos a la hora de declarar nuevos parques naturales y su trazado, lo que es impropio de sus competencias y va en detrimento de la conservación de aquellos espacios cuya excepcionalidad les hace merecedores de la figura de protección de los parques nacionales. Es surrealista que sea el Ministerio de Defensa quien acabe vetando o posibilitando que unas zonas puedan ser zonas conservadas.

Como vemos, ese 20 % que han modificado de la anterior ley se cambia con intenciones recentralizadoras, para el beneficio particular y en detrimento del interés general. Se logra una menor protección, abriendo el paso a actividades comerciales e incluso urbanísticas. Es una nueva legislación que se aleja del deber de protección medioambiental que requiere un país con excepcional patrimonio natural, y ante un escenario global que obligaría a una mayor protección y sobre todo prevención. Una vez más, como se ha venido haciendo en los recientes cambios regulatorios -la modificación de la Ley de Costas, la Ley de medidas medioambientales y la modificación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental-, este proyecto supone una involución en la defensa del interés público y el medio ambiente.

Por todas estas razones, nuestro grupo ha presentado esta enmienda a la totalidad, una enmienda que se suma a otras tres. Esta es una ley que cuenta con la oposición de comunidades autónomas y grupos ecologistas, es una ley que no empieza bien y que esperemos que termine mejor de lo que ha empezado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberá.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señora ministra, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) comparte -o compartíamos hasta este proyecto de ley, y más después de oír su intervención- un objetivo muy importante que, a nuestro parecer, requiere una atención preferente: la conservación de los valores naturales y de los paisajes que representan los espacios naturales declarados como parques nacionales. Ese es nuestro objetivo, señora ministra, parajes excepcionales por su valor ecológico, por su belleza paisajística, por la importancia o singularidad de sus ecosistemas: flora, fauna, geología y otros muchos aspectos a preservar y valorar. Este objetivo no puede llevarse a cabo de cualquier modo. Debe concretarse legislativamente de acuerdo con, entre otros, los parámetros que la jurisprudencia constitucional ha venido estableciendo en la materia. Señorías, tenemos en este apartado el principal motivo para presentar esta enmienda de devolución. El texto del proyecto de ley propuesto por el Gobierno del Partido Popular no se adecua al orden de distribución de competencias establecido. El informe del Consejo de Estado, después de analizar la larga e interminable lista de litigios y de sentencias del Tribunal Constitucional sobre la distribución de competencias, reconoce que la Ley 5/2007 había establecido un marco de consenso aceptable y de gran valor.-Posteriormente, haré referencia a este consenso-. También reconoce, es verdad, que esto no debe impedir mejorar los aspectos básicos competencia del Estado si buscan profundizar en un modelo más coordinado, maximizando, sin desnaturalizarla, la potencialidad que supone operar en red. Opina que es perfectamente legítimo pretender que las Cortes Generales puedan pronunciarse de nuevo sobre esta cuestión. -¡Claro que sí; solo faltaría; mejorar la ley!- Incluso, señora ministra, estaríamos dispuestos a hablar de recuperar la financiación que ha reducido el Gobierno del Partido Popular a los parques nacionales que tanto defendemos, como el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Ya intentamos con nuestras enmiendas recuperar una parte de la financiación que se había eliminado -sin éxito, por supuesto- en los presupuestos generales aprobados estos años por el Partido Popular.

En relación con el dictamen del Consejo de Estado, dice que dada la urgencia con la que se solicita el dictamen, el mismo no puede profundizar en un examen detallado de hasta qué punto los extremos que


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recoge el proyecto y que sobrepasan la vigente Ley de 2007 están plenamente amparados por las sentencias del Tribunal Constitucional que, por cierto, enumera de una forma clara el mismo documento. Señora ministra, ¿qué prisa tienen?, ¿qué motiva que el Consejo de Estado ante una litigiosidad histórica en este ámbito no pueda analizar el proyecto detenidamente? Señorías, un motivo más para devolverlo y dejar que el Consejo de Estado termine adecuada y eficazmente su labor, cumpliendo con eficiencia con sus responsabilidades. En el desarrollo de la argumentación repite una y otra vez: dada la urgencia,...; dada la urgencia,...; se limita a...; no puede profundizar en...; no se entra a analizar... Señorías, espero que expliquen y justifiquen el porqué de tan deficiente situación. ¿Tan mal están nuestros parques nacionales?, ¿tan mal lo hacen las comunidades autónomas?, ¿tan mal lo hace la Generalitat de Catalunya?, ¿es que ha visitado últimamente el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici?, ¿tan mal está ese parque?

El proyecto de ley, lejos de establecer el régimen jurídico básico para asegurar la conservación de los parques nacionales y de la red que forman, extralimita las competencias estatales de legislación básica que han establecido las numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, y va más allá de lo previsto y de lo ajustado a derecho en lo que a la gestión de Parques Nacionales se refiere, sin respetar el ámbito de competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de espacios protegidos. El Tribunal Constitucional ha declarado en numerosas sentencias que la gestión de los parques nacionales es competencia de las comunidades autónomas; en cambio, la normativa contemplada en el proyecto de ley parece no considerar este hecho y establece un modelo ambiguo de gestión de los parques nacionales que, tal y como había ocurrido con anterioridad a 2007, dará nuevamente lugar a una intensa litigiosidad constitucional, conflictos ante los tribunales a los que vino a poner fin la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la red de Parques Nacionales que el proyecto de ley modifica -disculpen-, con un texto alternativo que reproduce mayoritariamente el antiguo, pero marcando una filosofía (Pausa) que se repite en muchos proyectos de ley del Partido Popular...

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Barberà pare. (El señor Barberà i Montserrat se dirige a la señora vicepresidenta).

No se preocupe. (El señor Barberà i Montserrat abandona el hemiciclo).

Mientras el señor Barberà se recupera, pasamos el turno al Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Ábalos.

El señor ÁBALOS MECO: Gracias, señora presidenta.

Estamos preocupados por el diputado don Martí.

El proyecto de ley que hoy nos presenta el Partido Popular responde a una dinámica ya conocida desde que accedió al Gobierno, reúne los mismos caracteres que hemos visto en otras iniciativas legislativas: urgencia en la tramitación; informes que se eluden; rechazo o renuncia al logro de cualquier consenso; la negativa persistente a que se desarrollen comparecencias de expertos en la tramitación de los proyecto de ley; evitar el debate en Pleno -si no fuera por estas enmiendas a la totalidad, por el Pleno no pasaría nunca nada-. Igualmente responde este proyecto de ley a los mismos argumentos y la misma prosa en todos los proyectos de ley: los argumentos de seguridad jurídica. Este argumento de seguridad jurídica, si se dan cuenta, está en todo los preámbulos de toda la obra legislativa del Partido Popular, pero se coge la vía más contraria a la seguridad jurídica siempre. Además se utiliza siempre el argumento entre el equilibrio y el medio ambiente y el crecimiento económico o el desarrollo económico; es persistente también esta idea, que siempre va en detrimento del medio ambiente, y siempre a favor de la actividad lucrativa. Y luego siempre está el latiguillo de la sostenibilidad, pensando en que aquello que no es lucrativo no debe ser sostenible, per se. En fin, como es normal y habitual en todas las iniciativas, proclamamos grandes principios, enumeramos aquellos principios que forman parte del acervo medioambientalista para adornar esta obra que va justamente en la dirección de vulnerar estos grandes principios a través del desarrollo normativo. Con este proyecto de ley que reforma la del año 2007 se pretende simplemente intensificar la intervención de la Administración del Estado en detrimento de las competencias de las comunidades autónomas, y también flexibilizar elementos que inciden en la conservación de los parques nacionales.

Es significativo, muy significativo, el informe del Consejo de Estado. La señora ministra ha dicho que cuenta con un informe favorable; no sé cuál le han pasado, si se lo han contado, si lo ha leído, si la han engañado, si nos engaña usted. No lo sé, pero le voy a decir textualmente lo que dice el informe del Consejo de Estado: a la vista de todas las consideraciones debe reconsiderarse la totalidad del texto para


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asegurar del todo -del todo, es decir, en todos los detalles que regula- la coherencia del nuevo sistema con el modelo de la Ley 5/2007 a la luz de la extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, en particular, con la sentencia 101/2005. ¿Es esto favorable? Le dicen que devuelva el toro a los corrales por entero, no por partes. ¿Y usted dice que es favorable? -No sé; aquí sube uno que dice A, el otro dice B, y lo que queda es que nadie dice la verdad-. La cosa es así y así dice el Consejo de Estado: existen veintidós artículos y al menos dos disposiciones adicionales que podrían estar vulnerando las competencias autonómicas en materia de medio ambiente y espacios protegidos y bases de coordinación de la planificación económica.

Insisto, este proyecto de ley intenta que la Administración General del Estado se arrogue competencias de gestión, que claramente corresponden a las comunidades autónomas, o se hace una prospección en busca de nuevos campos en los que la Administración General pueda tener un papel activo en ámbitos cercanos a la gestión. Al igual que se hiciera en la Ley de Evaluación Ambiental, nuevamente se incorporan aspectos impropios de una ley -más bien propios de un reglamento-, pero es la forma de ir invadiendo el espacio de las comunidades autónomas e ir reduciéndoles el margen de actuación pública. Además hace un planteamiento muy obsoleto con respecto a los parques nacionales al considerar estos como si fueran islas en el territorio, desconectadas de las demás realidades de conservación de los espacios naturales, como puede ser la Red Natura 2000 de la que forman parte. Esta revisión de la Ley de Parques Nacionales resulta absolutamente innecesaria. La ley actual, la de 2007, fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, unanimidad, y no hace tanto tiempo. Es absurdo, pues, que ahora se pretenda una revisión de parte, incluso de parte de quienes participaron de la unanimidad. En aquel momento se hizo con todos los grupos, y ahora se presenta una reforma que rechaza el consenso con el resto de grupos, es decir, podría ser mala, pero las cosas que se hacen entre todos siempre tienen una bondad mayor. En este caso no solamente se consensuó con los grupos, sino que se consensuó con todas las comunidades autónomas porque los antecedentes legislativos en esta materia habían tenido una gran litigiosidad constitucional. Desde el año 2007, en todo este tiempo, el nivel de conflictividad se ha reducido considerablemente y la ley ha sido tan mala que ha permitido que en esta legislatura se aprobara la ley de un nuevo parque nacional, con esta ley que hoy se pretende modificar. Pero, señorías, el proyecto de ley que hoy presenta el Gobierno es la conclusión de un proceso de degradación de la figura de los parques nacionales que ha emprendido el Partido Popular desde que se hiciera con el Gobierno. No es un elemento novedoso en su gestión de Parques Nacionales.

En primer lugar, paralizaron el plan director de la red de parques nacionales que ya estaba elaborado, informado, consensuado y presto para su aprobación. En segundo lugar, paralizaron el proceso de transferencias pendientes a las comunidades autónomas, como en el caso de los parques nacionales de las Tablas de Daimiel y el de Cabañeros que siguen siendo competencia del Estado cuando le correspondería a la comunidad autónoma. En tercer lugar, han suprimido todos los programas y acciones de red que se venían desarrollando, tales como los programas para apoyar el desarrollo sostenible en los entornos de los parques nacionales o los programas de seguimiento y evaluación conjunta de la red de parques nacionales. En otras palabras, han hecho todo lo posible para que el modelo actual no funcionara y paralelamente han puesto de manifiesto poco a poco intereses para los parques nacionales, intereses no reconocidos y no declarados, pero que poco a poco se han ido conociendo por la opinión pública. Por ejemplo, el interés por degradar el concepto de parque nacional como una figura de conservación al servicio del interés general, la irrupción de actividades incompatibles como la caza a la que se busca un escenario de acción, incluso impulsada y desarrollada en ocasiones de forma notoria por los responsables del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Hemos visto al director de Parques Nacionales cazando en un parque nacional o participando de una cacería en un parque nacional. Son intereses que reflejan la primacía de lo privado frente a lo público en un bien declarado de todos los ciudadanos; la mercantilización de los espacios, una vez más, la confusión sutil entre el uso público y el disfrute ciudadano y el turismo económico.

Este proyecto de ley dice una cosa en principio, y a lo largo del texto va diciendo la contraria. En un ejercicio de hipocresía del que parte de declaraciones emblemáticas se va deslizando, a continuación, en laberintos formales que concluyen la posibilidad de que en un parque nacional se haga todo lo contrario de lo que se dice o se pretende decir. Con este proyecto de ley, con la sucesión de artículos barrocos y disposiciones adicionales incomprensibles, que sirven para una cosa y para la otra, se va concluyendo que se podrá cazar de forma privada y comercial, que se podrá construir dentro de los parques nacionales ya declarados porque es posible declararlos urbanizables. Se anteponen las actividades de los propietarios


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por encima del interés general. Se deconstruye el modelo homogéneo permitiendo que cada parque nacional vaya a su libre albedrío. La ley plantea singularidades de que en un parque se pueda sobrevolar y en otro se pueda hacer deportes náuticos, y el Consejo de Estado ha dicho que es impropio establecer singularidades en los usos de cada uno de los parques.

En definitiva, la ley es un atentado contra los principios de los parques nacionales, no impulsa la transparencia ni la coordinación, no contribuye al desarrollo de los territorios, no integra los parques nacionales de su entorno. Háganle, al menos esta vez, caso al informe del Consejo de Estado -no es el primero negativo que cosechan- y retiren este engendro que solo obedece a intereses particulares de algunos a costa del patrimonio natural de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Ábalos.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Solsona en sustitución del señor Barberà, mientras se está recuperando.

El señor SOLSONA AIXALÀ: Gracias, presidenta.

Retomo la intervención del compañero Martí Barberà en el punto siguiente. El Tribunal Constitucional ha declarado en numerosas sentencias que la gestión de los parques nacionales es competencia de las comunidades autónomas. En cambio, la normativa contemplada en el proyecto de ley parece no considerar este hecho y establece un modelo ambiguo de gestión de los parques nacionales que, tal como había ocurrido con anterioridad a 2007, dará nuevamente lugar a una intensa litigiosidad constitucional; conflictos ante los tribunales a los que vino a poner fin la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la red de Parques Nacionales, que el proyecto de ley modifica con un texto alternativo que reproduce mayoritariamente el antiguo, pero marcando una filosofía que se repite en muchos de los proyectos de ley del Partido Popular: recuperar el control de todo aquello que pueden, con la excusa de que no funciona bien, y que solo un Gobierno centralista está capacitado para mejorar. Nuevamente, pues, centralización encubierta, justificada en el mal funcionamiento de las administraciones que tienen las competencias en la gestión, como también ha remarcado la ministra en su intervención. Nuevamente, una legislación básica que ahoga las competencias de las comunidades autónomas y que nada tiene que ver con mejorar y potenciar la conservación de los valores naturales y de los paisajes que representan los espacios naturales declarados como parques nacionales. Modelo centralizador maquillado con justificaciones infundadas y con objetivos de unificación y control claros e imperdonables.

Nos preguntamos qué tiene de malo la vigente Ley 5/2007, que establece un modelo de gestión de los parques nacionales por parte de las comunidades autónomas, y ha conseguido poner paz jurídica en este ámbito a partir de establecer un modelo acorde y ajustado a la competencia estatal básica, a las competencias autonómicas de ejecución en la materia, y a las competencias exclusivas que tienen las comunidades en espacios naturales protegidos situados íntegramente en su territorio. A pesar de que en la exposición de motivos del proyecto de ley y en los documentos sobre oportunidad de la propuesta y memorias de impacto, se argumenta que la iniciativa desarrolla y actualiza el modelo actual -dice: se sustituye la ley sin modificar su esencia-, artículo tras artículo se constata y se comprueba que esto no es cierto. Para el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la propuesta supone una modificación sustancial del modelo de gestión y coordinación de los parques nacionales que no se ajusta a la distribución de competencias vigente. En definitiva -lo vamos a repetir una y otra vez-, aboga por una centralización de competencias, también en esta ocasión, e invade las parcelas que corresponden a las comunidades autónomas que tienen en su territorio parques nacionales. Decía la ley de 2007: "Esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico básico de la Red de Parques Nacionales, cuyos objetivos se declaran de interés general del Estado". Lo que ahora se propone desde el Partido Popular refleja un objetivo centralizador e invasor de competencias. El artículo 1 del proyecto de ley dice: "La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico básico -hasta aquí igual, y sigue- para asegurar la conservación de los parques nacionales..." Pero si la conservación es consecuencia de la gestión, y esta es competencia de las comunidades autónomas, no entendemos. En cualquier caso, como el Estado es responsable de la red y esta no existe como tal, el Estado actuará sobre los parques nacionales, sobre la red que forman y sobre los instrumentos de coordinación y colaboración. Estamos de acuerdo en que la ley tiene un inicio prometedor: se acusa a las comunidades autónomas y las desautoriza porque no hacen bien su faena.


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No estamos de acuerdo con el aumento de la superficie exigible, que pasa de 15.000 hectáreas a 20.000 hectáreas en los parques nacionales terrestres o marítimo-terrestres peninsulares. Nos parece positivo dotar de una superficie relativamente amplia a los parques nacionales de nueva creación; sin embargo -y es otro ejemplo de cómo de extensivo interpretan ustedes el carácter básico-, esta ley no debería establecer límites de superficies mayores a las previstas en la Ley 5/2007. Esta iniciativa puede derivar en una declaración formal de la figura en terrenos donde no se ajuste, donde no es apropiada, con el objeto de cumplir con la superficie mínima de la ley. No es suficiente prever una posible exención, como contempla el proyecto. Otro aspecto que no contempla el proyecto de ley suficientemente, y, por tanto, es necesario mejorar el texto, es la necesidad de prestar una especial atención a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Este objetivo debería incorporarse en varios apartados del texto para clarificar la propuesta y que sea la necesaria para permitir la plena accesibilidad. Otro aspecto es el proceso de declaración que sí ha podido analizar el Consejo de Estado, que lo destaca como problemático y que supone un gran cambio de modelo y de invasión competencial. El proyecto prevé que la iniciativa tiene que ser conjunta entre las comunidades autónomas y el Estado. La actual ya permitía a la comunidad autónoma y al Gobierno del Estado por separado y unilateralmente presentar una propuesta, un proyecto para declarar un territorio protegido y a resguardo, para preservar su riqueza medioambiental. Con el nuevo sistema se reduce la capacidad ejecutiva de las comunidades autónomas y se centraliza desde el principio, imposibilitando la libertad de las administraciones, quedando exclusivamente en manos del ministerio. El Grupo Catalán de Convergència i Unió propondrá, en este y en otros muchos aspectos, volver a la Ley 5/2007, por considerar que se adecúa mejor a la distribución competencial. Otro apartado que no respeta las competencias lo encontramos en el artículo 16, donde se describen las funciones de la Administración General del Estado.

Permítanme continuar con el análisis del proyecto. En la lista de funciones de la Administración General del Estado, en su letra n) dice: "Coordinar la presencia exterior de los parques nacionales y el desarrollo de programas de colaboración y hermanamiento". Coordinar, atribuye al Gobierno unas competencias que son también de las comunidades autónomas. Señorías, los parques nacionales y los parques naturales han tenido hasta ahora presencia internacional directa, a través de su participación en instituciones internacionales como Europarc, como una faceta más de la gestión de estos espacios naturales protegidos.

En opinión de este grupo parlamentario, la reforma normativa del proyecto de ley es innecesaria e inoportuna, además entendemos que también es inconstitucional. La ley a la que pretende sustituir había conseguido un apoyo y un consenso no alcanzado por ninguna otra norma en esta materia. Así lo considera también el Consejo de Estado cuando en su dictamen apunta a reflexionar sobre la conveniencia de volver a establecer un nuevo modelo que genere potencialmente controversias competenciales tras el equilibrio relativo conseguido. A lo anterior cabe añadir, como un motivo más de discrepancia respecto al texto del proyecto, que supone una rebaja en el nivel de protección de los parques nacionales e incluso pone en riesgo su homologación institucional.

Señorías, ustedes mismos han traicionado sus argumentos. Están sumergidos en una deriva centralizadora que, según parece, tampoco le reconocen los ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y que también sufren esta imposición ideológica. Por ello, por la invasión competencial que supone, por la innecesaria centralización que pretende, por su inoportunidad, por el inadecuado nivel de protección que otorgaría a estos excepcionales parajes naturales, el Grupo Catalán de Convergència i Unió ha presentado esta enmienda a la totalidad del proyecto de parques nacionales a los efectos de que se devuelva al Gobierno.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Solsona.

En turno de fijación de posiciones por el Grupo de EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Mi grupo no ha presentado enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, pero ya digo claramente que apoyamos las presentadas. En Euskadi no tenemos ningún parque de lo que ustedes llaman parque nacional, que para nosotros es un parque estatal. Tenemos parques nacionales vascos, muchos y buenos por cierto, que recomiendo visitar a todo el mundo, pero no tenemos ningún parque que entre dentro de esta legislación. Pero, como digo, asimismo, nos solidarizamos con aquellas comunidades que sí tienen parques y con los partidos políticos o grupos que han presentado enmiendas a la totalidad porque no


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están de acuerdo con lo que se dice en este proyecto de ley. Por lo tanto, coincidimos en los criterios básicos y comunes de todos los demás. Porque, señora ministra, usted entenderá que partidos o grupos parlamentarios de tan diferente índole que presenten enmienda a la totalidad y que todos coincidamos en los dos principales criterios a la hora de criticar este proyecto de ley, le dará o le debería dar algo que pensar, porque no creo que tengamos muchas veces cosas en común y, en cambio, coincidimos en esta cuestión.

Son dos los principales conceptos en este proyecto de ley con los que nosotros no estamos de acuerdo y que son los mismos que critican otras formaciones; por lo tanto, no voy a reiterar en exceso cosas que ya se han dicho en esta tribuna, y muy bien, por cierto. Son dos los principales conceptos. Uno, es un proyecto de ley que se salta el ámbito competencial, recentraliza y reduce a testimonial la participación de las comunidades autónomas. Es un proyecto de ley, por lo tanto, de enorme carácter y calado político. Responde una vez más al criterio matriz de todos los proyectos de ley que su antecesor, el señor Arias Cañete, ha presentado en esta Cámara; podemos hablar de la Ley de Costas, de la Ley de Responsabilidad Ambiental, de la Ley de Impacto Ambiental, de la Ley de Asociaciones Agrarias, etcétera. Todas estas que se han presentado -y usted ha sido parte del equipo, por lo tanto a usted también le hago responsable- responden a un criterio muy concreto, y es que el Estado ha de manejar, dirigir todo lo que atañe a la vertebración de ciertos conceptos que para ustedes son fundamentales en el Estado: la agricultura ha sido uno de ellos, ciertas cuestiones de medio ambiente también; por lo tanto, tienen un criterio único porque todo lo que dicen se refiere a todo el territorio nacional. A mí me lo dijo el propio ministro aquí, que él entendía como un concepto básico esa legislación común y básica en todo el territorio nacional. Me da la sensación de que si ustedes estuvieran ahora negociando los Estatutos de Autonomía no darían muchísimas de las cuestiones que ahora existen porque no se fían, porque consideran que es el Estado el que tiene que vertebrar ciertas cuestiones y las comunidades autónomas lo que hacen es desvirtuarlas.

Por lo tanto, no es una ley menor, sino que es una ley con enorme carácter o calado político porque responde a la ideología; es más, creo que las leyes que ha presentado el ministerio que usted representa ahora son las más políticas que se han presentado en esta Cámara porque son las que más claramente dan a entender que para ustedes las comunidades autónomas tienen algo que no deberían tener, y creo que es algo muy preocupante. Eso es algo que no lo dice el Partido Nacionalista Vasco, sino que lo han dicho otros partidos que responden a otra serie de criterios ideológicos, pero que son conscientes de que está pasando esto, y usted sabe que está pasando porque han decidido que su proyecto político ha de responder a estos criterios. Por lo tanto, no es una cuestión menor este tema. No solamente es una usurpación de ciertas competencias, no, es una cuestión de criterio político.

Por otra parte -esto se ha dicho claramente por otra serie de grupos-, tampoco responde a lo que deberían ser las necesidades de protección medioambiental que requiere una ley de parques. Mi pregunta es: ¿qué es lo que no hace la ley vigente? Podemos tener criterios dispares y no estar de acuerdo en muchas cuestiones, pero ¿qué es lo que no hace bien la ley actual a nivel de protección medioambiental para que ustedes tengan que traer esta? ¿Qué quedaba desprotegido que esta ley lo proteja más? Creo que los parques son un elemento importante. Estamos hablando no solamente de criterios económicos, sino sobre todo medioambientales. Por lo tanto, esto también tiene un gran carácter político, porque responde a lo que ustedes entienden por medio ambiente o por protección del medio ambiente. Ustedes abren una espita, abren a los espacios naturales las posibles actividades económicas que se puedan dar en ellas y creo que difiere bastante del espíritu original de lo que deben ser las zonas protegidas de parques naturales. Se ha hablado aquí de caza, de posible construcción, etcétera. Puede que no se haga, pero abre la posibilidad de que eso se pueda hacer.

Señora ministra, usted se estrena hoy con esta ley en esta tribuna y lo hace siguiendo los mismos criterios que su predecesor. Ya lo he dicho, lo creo y lo vuelvo a reiterar, es quizás el ministro que mayor criterio político ha planteado en esta Cámara con proyectos de ley de ese tipo de calado, que creo que son fundamentales. Hay una cuestión fundamental y es que ustedes, ese ministerio se ha empeñado en recuperar -yo llamaría usurpar- competencias ya transferidas a las comunidades autónomas. Yo creo que ustedes entienden que el Estado español es una nación española que tiene una Administración General del Estado que ha de vertebrar todo el territorio y, por lo tanto, las comunidades autónomas son meras delegaciones que en un concepto de verticalidad tienen que aplicar políticas que ya se dirigen y se deciden en un ámbito superior, no entendiendo que en políticas de transferencia no hay verticalidad sino horizontalidad; esto es algo que ustedes quieren recuperar una vez más. Tienen ustedes informes del Consejo de Estado, que no le están haciendo caso, y no solo en esta ocasión, tampoco en otras, y ustedes


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dicen: nosotros aplicamos la ley, ya vendrá el recurso que tenga que venir y para cuando venga el recurso esto ya está en marcha. Creo que es una política errática, es erróneo aplicar esos criterios. Ustedes en el fondo tienen un problema de existencia. Es decir, ¿qué pintamos entonces nosotros? Si la política medioambiental y la agraria están transferidas a las comunidades autónomas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ante esa pregunta, ustedes responden: vamos a recuperar lo que en su día fue nuestro y ahora es de las comunidades autónomas. Creo que es un problema que verdaderamente tendrán que solucionar, pero mientras la legislación sea la existente tendrán que cumplirla.

Por estos criterios y algún otro que aparecerá en las enmiendas que presentemos, nosotros vamos a apoyar la retirada, la devolución de este proyecto de ley, porque sobre todo creemos que responde a un criterio político recentralizador con el que estamos totalmente en contra, como no podía ser de otra manera. Asimismo, y entrando en la materia puramente medioambiental -ya le he citado ciertas cuestiones y otros grupos también lo han hecho-, creo que la ley actual no tiene cuestiones que empeoren. Es más, ustedes no han traído nada que mejore la protección medioambiental de los parques nacionales que mejore la ley existente. Por lo tanto, apoyaremos las enmiendas a la totalidad que se han presentado en esta Cámara.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.

Intervengo muy brevemente -ya tendremos tiempo para discutir estos temas en Comisión o en Pleno- para explicar cuál es el sentido de nuestro voto, por qué nos abstenemos. Lo hacemos porque este proyecto de ley no nos parece bueno, nos parece insuficiente, pero tampoco nos alineamos con los argumentos que se han utilizado aquí, de hecho apoyamos algo que tiene que ver con todo lo contrario. Hemos escuchado -y no nos sorprende- a los partidos nacionalistas mentar la bicha recentralizadora que -déjenme decírselo- no tiene por qué ser mala per se. A mí no me extraña escucharles a ellos. Lamentablemente, tampoco me extraña escuchar al Partido Socialista o a Izquierda Unida utilizar este tipo de argumentos. Para nosotros, el Partido Popular debería ser más valiente y adoptar una competencia que, por sentido común, debiera ser nacional. Que tengan esa competencia las comunidades autónomas per se tampoco es bueno, de hecho hemos visto en múltiples ocasiones cómo ha sido malo. En algunos lugares, cuando se ha adoptado esa competencia, se han desprotegido zonas; en la comunidad autónoma de donde yo soy esa competencia no solo no se utiliza, sino que además se está haciendo mal uso de ella, no se está haciendo nada en prevención, se permite que se haga un mal aprovechamiento de esos parques naturales; en algunos que están en las costas en España se está haciendo lo mismo; o podemos ver cómo en el País Vasco, en parques que no son nacionales pero sí son naturales, se permite que existan incluso canteras abiertas. Que la gestión esté en manos de las comunidades autónomas no es bueno per se. Que el Estado asuma esa competencia, esa responsabilidad, señorías, para nosotros es de sentido común. El medio ambiente no entiende de fronteras; las aguas que lo surcan, tampoco; la contaminación que estropea esas aguas, tampoco; los animales que campan a sus anchas tampoco lo entienden, tampoco entienden que puedan ser cazados aquí y no allí. Nosotros iríamos incluso más allá. Hay parques nacionales, por ejemplo el de Ordesa, que colindan con los Pirineos franceses que debieran ser adoptados por ambos países. Esta es una competencia que en el futuro podríamos hablar de que fuera de ámbito europeo.

Lo que nos parece grave es que este proyecto de ley sea insuficiente. No prima la conservación y se abre de nuevo la puerta a una infinidad de excepcionalidades que nos preocupan, a la posibilidad de construir y a la posibilidad de algunos usos que para nosotros son incompatibles con la conservación del medio ambiente. Nos preocupa el informe del Consejo de Estado. Nos preocupa la falta de adecuación. Se ha hablado aquí de la biodiversidad, y parece que dentro de la biodiversidad nos olvidamos de los diversos funcionales que existen en nuestro país y que no podrán visitar como es debido algo a lo que tienen el mismo derecho que yo; creemos que esos parques se deben adecuar a su realidad. Se habla -y nos preocupa también- de cuáles son las causas de declaración de catástrofe ambiental, de las diferencias, que creemos que debieran ser más claras, entre los riesgos naturales y los antropogénicos. Nos preocupa, de nuevo, la multitud de órganos implicados, que van a complicar enormemente la gestión. Nos preocupan cuáles deben ser los fondos propios con que cuenten los parques nacionales y algunas cosas que tienen que ver con la gestión del suelo.


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En fin, creemos que el Partido Popular, lamentablemente, ministra, vuelve a abandonar el medio ambiente. Nuestro Gobierno no hace nada por recuperar una responsabilidad -repetimos que esta sí debe ser una competencia que deba asumir de nuevo el Estado- y, además, se atenta de nuevo, como ya se hizo en la Ley de Costas, en la responsabilidad medioambiental, etcétera, contra un derecho, contra nuestro medio ambiente y contra la creación de una fuente importante de riqueza y empleo y un valor añadido para muchas áreas muy importantes de nuestro país.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Cantó.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Lara.

La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, como cuestión previa, pido, señora presidenta, que se eliminen del "Diario de Sesiones" las acusaciones de brocha gorda vertidas por la portavoz de Esquerra Republicana, señora Jordà.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para, de un lado, mostrar nuestro apoyo al proyecto de ley que ha presentado la ministra y, de otro, rebatir las afirmaciones que han manifestado los distintos grupos parlamentarios en el transcurso de esta mañana.

La red de parques nacionales de España está integrada por territorios únicos, singulares y excepcionales con valores naturales, estéticos, culturales y científicos, cuya conservación merece atención preferente y se declara de interés general del Estado. Señorías, la red de parques nacionales constituye un referente en la política de conservación del medio natural. Establecer los instrumentos de salvaguarda y planificación de nuestros parques nacionales es el objetivo de este proyecto de ley. Por ello, señorías, producen asombro y rechazo las intervenciones que varios grupos parlamentarios han tenido, que ni siquiera en la defensa de nuestros espacios naturales emblemáticos, nuestros parques nacionales, muestran la objetividad que sería de esperar ni el alejamiento de las motivaciones políticas que les han conducido a presentar enmiendas a la totalidad a todas las leyes medioambientales que el Gobierno del Partido Popular ha presentado en el transcurso de estos dos años. Considero preocupante, señorías, que los partidos de la izquierda española -que intentan atribuirse en exclusiva la defensa del medio ambiente, la protección de la naturaleza y la conservación de la biodiversidad- se opongan a un proyecto de ley cuyo principal objetivo es establecer el régimen jurídico para asegurar la conservación de los parques nacionales y de la red que forman, así como los diferentes instrumentos jurídicos de coordinación y colaboración.

No voy a repetir las explicaciones que ya ha dado la ministra de Medio Ambiente. No voy a hablar de las bondades de la norma, ya lo ha hecho la ministra. Permítanme que dedique mi intervención a rebatir muchas de las afirmaciones manifestadas en el transcurso de esta mañana, especialmente las de La Izquierda Plural y el Grupo Socialista, los grupos de la izquierda española, que, como he dicho, pretenden apoderarse de la defensa del medio ambiente. Señorías, todas las afirmaciones que he oído sugieren o escasa atención a la lectura del texto -lo cual ya de por sí es preocupante que un portavoz de un grupo venga sin haberse leído el proyecto de ley-, o una profunda ignorancia, o un intento de manipulación de la realidad, demagogia o mala fe. Señorías, estas afirmaciones no son más que estereotipos que repiten constantemente, sea cual sea la ley medioambiental que se debata, y que solamente buscan un titular en la prensa.

Señorías, me explico. Primero. El proyecto de ley que hoy debatimos recoge todas y cada una de las observaciones del Consejo de Estado a los artículos 8, 13, 22 y 26. Todas y cada una de ellas, señorías. Una lectura detallada del informe del Consejo de Estado y del texto normativo que debatimos bastaría para comprobarlo, pero ustedes no lo han hecho. Como he dicho, les ha faltado una lectura sosegada o interés en conocer la realidad.

Segundo. El proyecto de ley no invade competencia autonómica alguna, simplemente atribuye al Estado las que constitucionalmente le corresponden y que no recoge la ley en vigor -de la época socialista-, tal vez para, en su momento, agradar a las comunidades autónomas de su mismo color político con parques nacionales en su territorio. El proyecto de ley crea, como ha dicho la ministra, un nuevo marco jurídico que, respetando las competencias de gestión de las comunidades autónomas en los parques nacionales ubicados en sus territorios, introduce los mecanismos de coordinación necesarios para dotar de unidad al sistema. El proyecto de ley asigna a la Administración General del Estado la capacidad, amparada por el Constitucional, de intervenir excepcionalmente en determinados supuestos extraordinarios y de forma puntual y singular en caso de conservación desfavorable si los mecanismos de coordinación no resultan eficaces para garantizar su conservación. De otro lado, la declaración del estado


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de emergencia medioambiental en los parques nacionales tiene como claro objetivo que no vuelva a suceder lo que ya ocurrió en el Parque Nacional de Garajonay, de triste recuerdo para todos, señorías. Señorías de la izquierda, ¿cómo es posible que no compartan ustedes la necesidad de una coordinación por parte de la Administración General del Estado? ¿Cómo es posible que no aplaudan una intervención excepcional, puntual y singular en caso de conservación desfavorable de un parque nacional? ¿Acaso no les preocupa esa posibilidad? ¿Cómo es posible que no vean la necesidad de la declaración del estado de emergencia medioambiental en los parques nacionales? ¿De verdad no ven estas necesidades o simplemente hacen demagogia? ¿De verdad, señorías de la izquierda, apuestan por la conservación de nuestros parques nacionales? No lo creo, sinceramente.

Tercero. El proyecto de ley no rebaja los niveles de protección de los parques nacionales. Claro que no, señorías, todo lo contrario. La nueva norma refuerza el régimen de incompatibilidades hasta el punto que declara, como ha dicho la señora ministra, incompatibles nuevas actividades como la extracción de hidrocarburos, áridos o canteras, actividades que, aunque parezca extraño, no se contemplaban en la legislación socialista del año 2007. No se autoriza ninguna actividad nueva, ninguna, señorías, que no se estuviera realizando con anterioridad en esos espacios, ni una.

Cuarto. No se abre la puerta al urbanismo en los parques nacionales, ni se favorece la especulación urbanística, por supuesto que no. Estas son las palabras que utilizan ustedes constantemente y saben que no es cierto, señorías. Todas las leyes declarativas de los parques nacionales, todas, califican su suelo como no urbanizable; no cabe interpretación posible. Solo desde la ignorancia, la mala fe y la manipulación se puede afirmar que el proyecto de ley abre la puerta al urbanismo. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Lo que hace el texto normativo, señorías, es corregir el olvido que tuvo la ley de 2007, impulsada por el Gobierno socialista, sobre la situación de dos pequeños municipios enclavados en Picos de Europa - Posada de Valdeón, 500 habitantes, y Oseja de Sajambre, 300 habitantes- y de un pequeño municipio en Monfragüe -Villarreal de San Carlos-; situación que sí se tenía en cuenta en sus correspondientes leyes declarativas. La ley aún en vigor olvidó que las personas que viven en esos pequeños municipios requieren para su normal desarrollo disponer de suelo urbano para atender a sus necesidades básicas, como cualquier otro municipio de la geografía española. Por cierto, esta propuesta se expuso en el Consejo de la Red de Parques Nacionales el pasado 28 de noviembre y ustedes que estaban allí, señorías socialistas y señorías de La Izquierda Plural, ni siquiera opinaron sobre ello. Nada dijeron entonces sobre lo que ahora parece que les preocupa. (Aplausos).

Quinto. Respecto a la caza deportiva y comercial, el proyecto de ley no introduce cambio alguno con respecto a la ley de 2007. No hay ningún cambio, señorías; léanse el proyecto de ley, que no se lo han mirado. Se mantiene como actividad incompatible en los parques nacionales la pesca deportiva y recreativa y la caza deportiva y comercial. Pero, dicho esto, también quiero decir que nosotros no criminalizamos la caza como la criminalizan ustedes. En absoluto; creemos que la caza es un instrumento de impulso al turismo rural. Pero en la ley de parques nacionales la caza deportiva y comercial está prohibida, señorías. Se mantiene también -claro que sí- que la administración gestora del parque podrá programar y organizar actividades de control de poblaciones de acuerdo con lo que se especifique en el plan rector de uso y gestión, que es competencia de las comunidades autónomas. Por cierto, señorías, el control de poblaciones es absolutamente necesario en los parques nacionales y deberá ser programado por la entidad gestora del parque.

Sexto. Ni se abre el paso a nuevos usos ni a privatizaciones ni ventanas a la explotación económica ni a la especulación ni se favorece a los ricos ni a los de siempre. Nada de nada, señorías. Al Grupo Popular le preocupan nuestros parques nacionales y su conservación, como ya he dicho; no admitimos lecciones de la izquierda en este sentido. Pero también le preocupan las personas que allí viven de las que ustedes se olvidan demasiado a menudo. El proyecto de ley impulsa una gestión más participativa de los parques nacionales, abierta a las poblaciones de su entorno. El Grupo Popular considera que sus habitantes deben implicarse en las oportunidades que brindan los servicios que ofrece y genera el parque nacional. Considera, señorías, que los aprovechamientos tradicionales compatibles deben impulsarse y convertirse en una herramienta de conservación activa. Considera, señorías, que es bueno y positivo introducir y regular el desarrollo sostenible de las comarcas donde se ubican los parques nacionales propiciando la aparición de actividades compatibles y la creación de empleo verde. Considera, señorías, que es positiva la participación de los propietarios de los terrenos situados en el interior del parque en su conservación y que están relacionados con actividades de uso público y de turismo rural. Y consideramos


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que es importante potenciar las actividades tradicionales con el desarrollo de la marca Parques Nacionales de España como un identificador común de las producciones en estos espacios.

Séptimo. Respecto a sus críticas a la autorización de navegación en Monfragüe regulada en el Plan rector de uso y gestión, quiero indicarles, señorías, que es una circunstancia subordinada a la conservación y para la difusión de sus valores naturales. Quiero recordarles también que en el Parque Nacional de Doñana navega un barco con capacidad para noventa personas para mostrar el parque a los visitantes. Por ello no entiendo por qué tienen ustedes una preocupación selectiva: sí a navegar en Doñana y no a navegar en Monfragüe. (Aplausos).

Respecto al vuelo sin motor en la sierra de Guadarrama, seguro que conocen ustedes que se trata de una actividad arraigada en la zona que en nada afecta a la conservación del parque. La colonia de las grandes aves, buitre, águila imperial, etcétera, sigue aumentando y seguramente conocen ustedes que se regulará, como es lógico, en el Plan rector de uso y gestión.

Como dato anecdótico antes de terminar quiero citar a la señora Fernández Davila, que entiendo yo que tiene muchos temas que atender, pero no ha podido leerse el proyecto de ley. Se ha confundido diciendo que el proyecto de ley le quita la gestión del parque nacional de las Islas Atlánticas a la Comunidad Autónoma de Galicia. Señora Fernández Davila, el parque nacional de las Islas Atlánticas es un parque nacional marítimo-terrestre, no es un parque marino de los que dice el proyecto de ley que se pueden crear. Esté tranquila que la gestión es de la comunidad autónoma.

A la portavoz de La Izquierda Plural quiero decirle simplemente que no se habrá dado cuenta, pero estamos hablando de parques nacionales, no de parques naturales como ha repetido varias veces, tanto en su intervención como en la exposición de motivos, lo cual nos hace pensar que o bien es un error o bien es que no conoce la diferencia.

Termino, señor presidente. Los 10 millones de visitantes anuales de nuestros parques nacionales demuestran que el turismo de naturaleza supone una clara oportunidad para el desarrollo sostenible de estos espacios y de las comarcas de su entorno. No olvidemos, señorías, que han sido precisamente los habitantes de las zonas hoy declaradas parques nacionales los que han mantenido estos espacios en un estado de conservación tal que hoy merecen formar parte de la red de parques nacionales de España. Ellos son los que han demostrado que la conservación medioambiental y la actividad humana son perfectamente compatibles. Nosotros, señorías, no queremos castigar a estos habitantes que han conservado la naturaleza. Nosotros queremos el desarrollo sostenible de estos espacios y de sus áreas de influencia socioeconómica. Todos conocemos, señorías socialistas, su estrategia -de cuya práctica existen testimonios grabados- de crear tensión, pero sería de agradecer que, en un tema tan sensible para quienes nos preocupamos por la conservación de nuestro patrimonio natural y de nuestra biodiversidad, no llevasen sus tensiones y alarmas de interés partidista a la rica realidad de nuestros parques nacionales.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Lara.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN RELATIVAS A LAS MEMORIAS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL:

- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. (Número de expediente 245/000004).

El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en el último punto. Quiero comunicar a los portavoces adjuntos de los grupos que calculen para que avisen a los diputados, porque indudablemente la supresión de un punto del orden del día ha cambiado un poco los planes y nos ha aligerado el orden del día. Por tanto al terminar este punto que vamos a tratar ahora tendremos las votaciones.

Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de justicia, correspondiente al año 2012. Se han presentado 95 propuestas de resolución por todos los grupos, que serán votadas en su momento. Lo que ha acordado la Junta de Portavoces es que de menor


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a mayor intervengan todos los grupos, por un tiempo de diez minutos, para que formulen las opiniones que les parezcan oportunas en defensa de sus propuestas o de las enmiendas que hayan presentado.

Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Las 95 propuestas de resolución indican la capacidad en que puede mejorar la justicia o el malestar que hay entre los diversos grupos, que recogen el sentir de la calle, porque este Gobierno ha introducido el mayor mecanismo de desigualdad posible en cuanto a la tutela judicial. La imposición de tasas para acceder a la justicia es un elemento disuasorio, un obstáculo insalvable para muchos. Otra de las señas de identidad de este Gobierno del Partido Popular es la falta de interés por incrementar los medios para juzgar con mayor eficacia y celeridad los múltiples casos de corrupción que le atañen. Lo afirma Greco, Grupo de Estados contra la Corrupción en el Consejo de Europa, en su reciente informe de enero de 2014. Otras señas de identidad son los impagos al turno de oficio, el uso partidista del indulto, y el partidismo en los nombramientos de los jueces en sus promociones, algo que también critica férreamente el informe de Greco, e incide en la necesidad de mecanismos de promoción bajo el cumplimiento de requisitos objetivos y objetivables, y criterios de evaluación, además de introducir el mecanismo de la insaculación.

La triste realidad es que cuanto más alto es el tribunal más partidista es. El colofón se lo lleva el presidente del Constitucional, declarado simpatizante del Partido Popular. Se ha colocado en el Supremo a magistrados a los que los medios llaman ultraconservadores, y el presidente del Consejo afirma que dirige a los jueces con palo y zanahoria -una auténtica joya-. ¡Menudo panorama, señorías! Solo a un partido inmerso en múltiples casos de corrupción le puede interesar una justicia que no funcione; solo a un partido antidemocrático le puede interesar una justicia inaccesible a la gente. El problema no es la política, es el uso partidista de instituciones cuya independencia ha de ser un valor sacrosanto de la democracia. Una justicia lenta, económicamente inaccesible para muchos y partidista ya no es justicia, es otra cosa. El Consejo General del Poder Judicial debería jugar un papel determinante en frenar todas estas atrocidades, pero seguramente para que ello fuera así lo primero sería garantizar que sus miembros no fueran siervos de las líneas estratégicas de unos o de otros partidos mayoritarios, a los que una justicia eficaz parece que no les conviene.

Desde Compromís proponemos un sistema alternativo de elección en busca de imparcialidad y objetividad. Proponemos que una parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos de entre todos los aspirantes que cumplan fielmente unos requisitos concretos y objetivamente evaluables, y que se puedan elegir por el sistema de insaculación. De ese modo el desempeño de las funciones del cargo no se vería potencialmente condicionado a las llamadas de teléfono del partido. Al igual que en un proceso judicial el perito se elige por insaculación para garantizar su imparcialidad y objetividad, en la busca de estos mismos principios de actuación, es necesario trasladar este mecanismo de elección para lograr la verdadera independencia del Poder Judicial. Los ciudadanos necesitamos una justicia que cuente con medios suficientes, que funcione con eficacia, independencia, imparcialidad y neutralidad, y para ello necesitamos un Poder Judicial que clame cada día por un mejor funcionamiento de la justicia. Necesitamos un Poder Judicial que se enfrente al Gobierno cuando este no garantice los medios para su buen funcionamiento, sea del color que sea, que proteste enérgicamente ante las tasas judiciales, un Poder Judicial que defienda los intereses de los ciudadanos a través de una férrea defensa de la justicia. Para ello el mecanismo de elección al servicio de los ciudadanos de un poder independiente es introducir mecanismos como la insaculación. Necesitamos un Poder Judicial que luche activamente por el derecho de la gente a una justicia accesible, rápida y eficaz, que se enfrente a este Gobierno y a cualquier otro que pretenda lo contrario.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Para la defensa de las propuestas presentadas, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro grupo ha presentado 14 propuestas de resolución no sin querer indicar el contexto en el que se hacen, que es un contexto que podríamos calificar como mínimo de paradójico o extraño. Señor presidente, vamos a debatir la memoria del año 2012, una memoria extemporánea, que afronta problemas de la Administración de Justicia que no se corresponden con los requerimientos de la


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cotidianeidad, que son otros, aunque algunos siguen enquistados o encriptados en unas patologías que no se terminan de resolver. Esta memoria está presentada además por un Consejo General del Poder Judicial cuya composición, configuración y naturaleza es diferente al persistente tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este momento se ha reducido el número de consejeros con dedicación permanente o dedicación exclusiva de los veinte anteriormente existentes, consejeros todos que se dedicaban a su función en régimen de dedicación exclusiva, y ahora lo hacen solo seis en tanto en cuanto el consejo funciona en régimen de diputación permanente, prácticamente en exclusiva también. Los seis de la diputación permanente realizan las funciones propias del cargo.

¿Qué ocurre? ¿Cuál es la paradoja, señora presidente? Que sobre esta nueva configuración producida por esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial pende un recurso de inconstitucionalidad, con lo cual nos podemos encontrar con que, declarada inconstitucional esta nueva conformación y naturaleza del Consejo General del Poder Judicial, devenguen de forma sobrevenida en nulas todas estas propuestas de resolución presentadas por un órgano que ha sido declarado inconstitucional de forma sobrevenida, se tenga que recuperar una configuración como la anterior a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y haya que hacer otra vez una reflexión o una memoria y unas propuestas de resolución sobre una memoria de 2012, extemporánea, por un órgano de naturaleza diferente. Es un poco difícil de seguir esta argumentación porque la situación es verdaderamente kafkiana, pero lo kafkiano es reformar mal a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial el Consejo General del Poder Judicial, limitar sus funciones, limitar sus componentes y efectivos, limitar el número de vocales del Consejo General del Poder Judicial que puedan dedicarse a esta función tan relevante como gobernar la Administración de Justicia entre seis personas en régimen de diputación permanente, y esto puede provocar que, ante la pendencia de un recurso de inconstitucionalidad, todo lo que estemos haciendo en este momento, señor presidente, devengue de forma sobrevenida en nulo. Podría ocurrir; aún así nosotros vamos a hacer el esfuerzo de hacer una reflexión, a través de las propuestas de resolución presentadas por mi grupo, sobre las patologías diversas que afectan a la Administración de Justicia, que no son pocas precisamente.

Hay una primera que hace referencia a la pendencia, a la tardanza de la resolución de los asuntos, pero sobre todo a la tardanza en la ejecución de los asuntos ya resueltos por sentencias firmes. El problema de la pendencia y de la demora en las ejecuciones se debía haber resuelto a través de las reformas en las leyes procesales producidas, dándole carácter ejecutivo ya a la propia resolución judicial devenida en firme, pero como esto no está ocurriendo y se tarda mucho más en proceder o proveer a la ejecución de una sentencia ya dictada, que ha adquirido la condición de firmeza, que el tiempo que se tarda en dictar esta sentencia, incluso en la interposición o resolución de los recursos de los que ha dimanado, esta es una patología verdaderamente grave que provoca un sistema de disfunción de falta de tutela judicial efectiva, y que contradice este requerimiento previsto por el artículo 14 de la Constitución.

En segundo lugar -es algo recurrente por mi grupo-, necesitamos afrontar ya de una vez, señor presidente, la configuración de los denominados consejos autonómicos del Poder Judicial, aunque solo sea porque es un requerimiento previsto en los estatutos de autonomía que lo consignan, como el Estatuto de Autonomía de Cataluña, reformado, que prevé la existencia de un Consejo General del Poder Judicial mediante la traslación o desconcentración de las funciones y competencias que ostenta el que ahora es único en el Estado para el ámbito catalán obviamente; existe o está previsto también, de forma más difusa y con competencias más deletéreas, en el ámbito del Estatuto de Autonomía de Valencia y en otros estatutos, y aunque solo fuera por eso pedimos en una propuesta de resolución -no sé cuántas veces se va a reformar en este país la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque cada pocos años se hace y eso es otra perversión, como ocurre con el Código Penal- al Consejo General del Poder Judicial que en el dictamen sobre el anteproyecto de la nueva -por enésima vez- reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se pronuncie sobre la existencia, características, naturaleza y competencias de los consejos autonómicos del Poder Judicial, por cierto declarados constitucionales incluso en la sentencia relativa al Estatuto de Autonomía de Cataluña, donde se prevé su existencia mediante la traslación o desconcentración de las competencias del estatal que existe en exclusiva en la actualidad.

En tercer lugar, señor presidente, y en el ámbito de la Escuela Judicial, pedimos que se afronte, mediante la formación específica de jueces -lo mismo que lo pediríamos en relación con los fiscales y la Fiscalía General del Estado, mediante la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, y lo pediríamos a los equipos técnicos de apoyo que establecen o configuran unidades de protocolo de actuación- una especialización real en la respuesta o en el reproche penal a la violencia de género, a la violencia contra las mujeres. En este momento en los cuatro meses y medio que llevamos de este año han muerto


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asesinadas ya 30 mujeres, señor presidente; esta cifra es escandalosa, es dramática, no se puede convivir con una cifra de estas características. Y ha habido una admonición del último informe, citado por el señor Baldoví, del Consejo de Europa al Reino de España, al Estado español en relación con la falta de existencia de elementos de reacción, incluso en el ámbito jurisdiccional, de reproche penal, de respuesta penal a esta disfunción, que se caracteriza por un dato particularmente relevante: solo el año pasado se produjeron denuncias por agresiones a mujeres producidas por sus parejas, exparejas u otros familiares, en número de 600.000: 600.000 denuncias, señor presidente. Comentó con cierta autocomplacencia en su reciente comparecencia el señor Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, que el reproche o la respuesta judicial a esta patología, a la violencia de género, a la violencia contra las mujeres, está mejorando y nos tendría que explicar en que está mejorando cuando ya llevamos asesinadas 30 mujeres en los cuatro meses del año que han transcurrido desde enero hasta la fecha.

Pedimos también al Consejo General del Poder Judicial que en el informe sobre el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que vaya a presentar mantenga, cuando existan razones demográficas, razones jurisdiccionales y razones de litigiosidad pertinentes o suficientes, las demarcaciones judiciales ahora existentes. No lo decimos como un capricho, una ocurrencia o una arbitrariedad, sabemos que en esta reforma se pretenden determinar o configurar las demarcaciones judiciales creando demarcaciones judiciales coincidentes con las provincias o con los territorios históricos, una única demarcación judicial por cada provincia o una única demarcación judicial por cada territorio histórico. No es razonable esta concentración en la capital de las provincias de las demarcaciones y de los órganos o de las instancias jurisdiccionales porque hay razones demográficas, hay razones vinculadas a la amplísima litigiosidad que exigen el mantenimiento de demarcaciones judiciales de ámbito inferior a la provincia. Qué quiere que le diga, por ejemplo, con los juzgados de Baracaldo, por citar realidades de Euskadi que yo conozco más directamente, los juzgados de Getxo, los juzgados de Tolosa, los juzgados de Amurrio, hasta qué punto se podrían concentrar y desplazar a juzgados ubicados en las capitales de estos territorios todos los litigios y todos los pleitos presentados, con lo que se procedería a un verdadero colapso de esta situación. Por eso pedimos específicamente que en el informe sobre el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se pronuncie específicamente sobre esta cuestión el Consejo General del Poder Judicial.

¿Por qué enfatizamos tanto en el informe del Consejo General del Poder Judicial? Porque tenemos la convicción de que esta ley, la ley que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial no va a llegar a esta Cámara, o si llega a esta Cámara no queda tiempo en esta legislatura para poder ultimar a culminar su debate. Por lo tanto nosotros tenemos grandes esperanzas en el informe del Consejo General del Poder Judicial en esta materia.

Pedimos también al Consejo General del Poder Judicial que analice los problemas lingüísticos que afectan a la normalización lingüística, todavía una asignatura pendiente en el ámbito de la Administración de Justicia, estableciendo un sistema de perfiles, no de méritos solo, en relación con determinadas zonas donde el nivel de hablantes de lenguas cooficiales así lo justifique. Existen dos reglamentos del Consejo General del Poder Judicial que ostentan potestades reglamentarias que establecen no como perfil, no como requisito, sino como mérito solo para la promoción de jueces y magistrados el conocimiento de la lengua cooficial, y el conocimiento del derecho civil propio o el derecho foral allí donde existe. No basta con que sea un mérito en determinados lugares, en zonas geográficas del Estado español, en donde el volumen de cohablantes de la lengua cooficial es tan amplio, tan intenso, que la respuesta de los órganos judiciales debía ser en cualquiera de las lenguas por las que libremente opta el que va a iniciar un litigio o el que va a iniciar una acción cualquiera que sea su naturaleza.

Instamos también a estudiar cómo se configuran los consejos autonómicos del Poder Judicial, y qué tipo de competencias y cómo se trasladan las competencias que en este momento están atribuidas en exclusiva el único Consejo del Poder Judicial existente, el del Estado. Nosotros estimamos que esa traslación tendría que afectar a todas las competencias que ostenta el Consejo General del Poder Judicial del ámbito del Estado al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma donde existan tribunales superiores de justicia. Todas las competencias, las de inspección, las de formación, las de formación continua de jueces y magistrados, nombramientos discrecionales, todas las que en este momento están atribuidas al Consejo General del Poder Judicial podrían atribuirse en su ámbito territorial a los consejos autonómicos del Poder Judicial autonómico, si realmente se llega a crear una figura prevista. Es un requerimiento del bloque de constitucionalidad en cuanto que la figura está prevista en distintos estatutos de autonomía.


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Optamos también, señor presidente, por que los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, la presidencia de estos tribunales y los magistrados que componen su sala de lo Civil y de lo Penal, sean siempre magistrados que tengan un arraigo suficiente, un conocimiento de la lengua cooficial suficiente, y un conocimiento allá donde exista del derecho civil propio, del derecho foral, de estas comunidades autónomas, sobre todo en las salas de lo Civil y de lo Penal. ¿Y por qué en estas salas, señor presidente? Por una razón muy sencilla, porque en estas salas es donde se va a enjuiciar a los aforados autonómicos, en el caso de que existan juicios o cuestiones penales a dilucidar en relación con los aforados autonómicos, y porque en estas salas se procede a se provee también a la llamada casación autonómica, casación que finaliza todas las instancias judiciales en el ámbito del derecho autonómico, del derecho civil propio y del derecho foral. Por tanto el conocimiento del derecho civil propio, del derecho foral y de la lengua es importante, amén del arraigo, dada la función de vinculación territorial que debe existir siempre para una buena prestación del servicio público de la justicia entre los órganos de Gobierno, los órganos judiciales y la ciudadanía, la sociedad donde estos órganos judiciales están arraigados.

Pedimos que se implementen en la medida de lo posible en todos los órdenes de la jurisdicción -y voy acabando ya, señor presidente- fórmulas extrajudiciales de resolución de los conflictos. Uno de los elementos más relevantes quizá para reducir la pendencia, tanto en la resolución de conflictos judiciales o de pleitos judiciales como en la ejecución de sentencias, es la ampliación de fórmulas de mediación, de fórmulas de arbitraje, de fórmulas alternativas y extrajudiciales a la resolución de los conflictos. Se ha hecho muy poco en el Estado español respecto a la potenciación de estas figuras, sin embargo funcionan muy bien en algunas comunidades autónomas, como la catalana, donde por ejemplo existe una junta arbitral que resuelve en términos casi parecidos y casi con la misma prosopopeya y solemnidad de un juzgado mediante sistemas de mediación o sistemas de arbitraje problemas judiciales que liberan o exoneran a los órganos judiciales, muy atosigados o con una alta litigiosidad o un alto número de procesos pendientes de resolver; les exoneran, les liberan y les aligeran del trabajo que tienen que realizar.

Pedimos -y ya de verdad acabo, señor presidente- que o se ubique dentro del Consejo General del Poder Judicial, o en el Observatorio contra la violencia de género, o que se cree otro observatorio diferente al de violencia de género el estudio de lo que se denominan problemas de violencia intrafamiliar. Esta violencia intrafamiliar puede ser descendente, violencia de padres a hijos o de abuelos a hijos o de abuelos a nietos; que puede ser colateral, entre cónyuges, o que puede ser ascendente, y hay que tomar en consideración el problema del creciente número de hijos que agreden a sus padres y el creciente número de hijos que agreden a sus abuelos. Estos incrementos se pueden tabular en la Comunidad Autónoma del País Vasco donde se han medido específicamente en el último año en un 17 % el número de agresiones de hijos a padres o de hijos a otros familiares convivientes. Por tanto un observatorio similar al de violencia de género sería pertinente para estudiar la fenomenología, porque es una patología criminal también, aunque muchas veces sea cometida por menores de edad, y por menores de edad penal, para estudiar la problemática de la violencia intrafamiliar.

Por último, señor presidente, el problema de las tasas seguramente será recurrente en las exposiciones de todos los grupos parlamentarios, excepto presumiblemente el Grupo Popular. El problema de las tasas vulnera el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, en tanto en cuanto ha provocado que este año estemos en niveles de litigiosidad equivalentes al año 2007, pero no porque haya menos litigios o menos conflictos que resolver en una sociedad conceptualmente más compleja cada vez y cuyos conflictos se incrementan, sobre todo en órdenes como el social y el mercantil en una situación de crisis económica, sino porque muchos litigantes o muchos justiciables no tienen recursos económicos para litigar. Que descienda la litigiosidad por falta de recursos económicos para litigar constituye una aberración, una injusticia en el sentido más etimológico del término, y una vulneración del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 14 de la Constitución.

Las tasas judiciales no han servido para cumplir el fin para el que fueron creadas. El artículo 11 de la Ley de Tasas establece que las tasas judiciales se destinarán a la financiación del servicio de justicia gratuita. Hoy es el día en el que todavía para la financiación del servicio de justicia gratuita no ha llegado un solo euro de los 346 millones de tasas recaudadas desde que existe la Ley de Tasas. Esto está vulnerando competencias autonómicas y sobrecargando a los colegios de abogados de obligaciones financieras que no les corresponde atender, y se está cometiendo otra injusticia que ya va a adquirir un perfil normativo petrificado cuando se termine de aprobar, si es que acaba de hacerse en esta legislatura, el proyecto de ley de justicia gratuita ya presentado en esta Cámara, donde ya las tasas no se destinan a financiar el servicio de justicia gratuita, sino que la financiación de este servicio se hará mediante convenios


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entre las comunidades autónomas y los Gobiernos autonómicos con competencias o el Estado en el territorio del Estado.

La disposición final séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año exige una...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, conviene que vaya acabando.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, señor presidente. Como le había visto una propensión a la generosidad en el uso de la palabra...

El señor PRESIDENTE: He tenido mucha generosidad y la sigo teniendo. No le digo que acabe. Le digo que vaya pensando en acabar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo, señor presidente.

Estábamos comentando que la disposición final séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado prevé una vinculación exacta entre las tasas que se recauden y la financiación del servicio de justicia gratuita y no ha ocurrido así. Se vulneran dos leyes, la Ley de Tasas en su artículo 11 y la Ley de Presupuestos Generales del Estado en su disposición final séptima, y se ubica a los servicios de justicia gratuita y al turno de oficio en una situación de carencia de recursos para su buen funcionamiento que vuelve a vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 14.

Estas patologías, resueltas por un órgano que vamos a calificar de interino -porque no sabemos qué va a pasar con este Consejo General del Poder Judicial cuando se resuelva el recurso presentado contra su propia existencia, en las condiciones y naturaleza en las que en este momento existe-, son las que hemos conocido en las memorias de 2012, 2011, 2010 y 2009, y las que conoceremos en 2013, 2014 y 2015. Son las patologías eternas y recurrentes, casi cronificadas, de una Administración de Justicia que tiene mucho que hacer, muchos trabajos pendientes de un orden institucional profundo y muy relevante, entre otros su ajuste a la configuración de un Estado que ya no es unitario, sino compuesto. El único poder del Estado que se ajusta a la formulación de un Estado unitario es el del Estado español, pero el Estado español constitucionalmente -por lo menos desde una perspectiva retórica o formal- es un Estado compuesto, un Estado autonómico. Solo el Poder Judicial no ha ajustado sus estructuras a este carácter autonómico o compuesto del Estado español, y esta es la gran asignatura pendiente que alguien resolverá, o este consejo que funciona en régimen de interinidad -con todos los respetos se lo digo al señor presidente del consejo-, con un presidente precarista, porque puede ser que lo remueva de su función el Tribunal Constitucional nada menos, u otro, pero los problemas, los dictamine quien los dictamine, siguen siendo los de siempre y seguirán siendo los de siempre mientras algunas de estas propuestas de resolución no sean aceptadas. Señor presidente, le agradezco mucho su generosidad -yo creo que el agradecimiento tiene un componente de cierta reciprocidad en este caso también- en el uso de la palabra. Mientras no se atiendan estos requerimientos que nosotros presentamos, muy parecidos a los que van a presentar Convergència i Unió y otros grupos de esta Cámara, contradictorios con los que va a mantener con toda legitimidad el Grupo del Partido Popular, seguirán apareciendo en las memorias de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y sucesivos. Con una Administración de Justicia así no se puede convivir siempre.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia ha presentado doce propuestas de resolución, doce propuestas que tienen un objetivo fundamental que a ustedes no les extrañará: que funcione mejor el sistema judicial español, en este caso el Consejo General del Poder Judicial como una pieza clave. Para que funcione mejor en términos democráticos, no solamente operativos, a nuestro juicio, es imprescindible garantizar la separación de poderes y la despolitización de todos los órganos de la justicia, empezando por el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, nuestras propuestas de resolución van orientadas todas ellas a garantizar la independencia, a avanzar en la despolitización del Poder Judicial y a garantizar la transparencia y la objetividad de la justicia en todos sus órganos.

Como dijimos la última vez que tuvimos la oportunidad de debatir en relación con el Consejo General del Poder Judicial en un Pleno, que, si no recuerdo mal, fue el 26 de noviembre del año 2013, nuestro


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grupo parlamentario anunció que íbamos a dar la batalla en todos y en cada uno de los frentes para reponer la legalidad que entendemos violada y defender la independencia de los órganos de la justicia, empezando, como decía antes, por el propio Consejo General del Poder Judicial. Recordamos en aquel momento que el sistema de elección de los vocales y también del presidente del consejo violenta el espíritu de la Constitución y supone de facto un atraco a la democracia. Creo recordar -si no fue en aquel Pleno, fue en otro- que enseñé un plano que en aquellos días se había publicado en algún medio de comunicación en el que aparecía gráfica y claramente lo que se ha dado en llamar el reparto de la tarta del Consejo General del Poder Judicial, el reparto por cuotas, absolutamente contrario no solo al espíritu y a la letra de la Constitución, sino a una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1986, que se suele aducir precisamente para favorecer una utilización fraudulenta, justamente la contraria del ejercicio de la Constitución y de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Anunciamos en aquel momento que íbamos a dar la batalla política y también la batalla jurídica en defensa de la independencia y de la separación de poderes. La batalla política la estamos librando aquí hoy con estas propuestas de resolución y en días pasados con las enmiendas a la totalidad, así como en los debates en los que tenemos oportunidad de intervenir y en los que tendremos oportunidad en el futuro al respecto. También saben sus señorías, porque lo dijimos en aquel momento, que anunciamos desde el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia que íbamos a dar una batalla jurídica ante los tribunales en defensa de lo que entendemos es el interés general y en defensa de la Constitución y de la democracia, de esa separación de poderes, porque en los países en los que no existe no se puede decir que exista la democracia. Precisamente con ese ánimo y con ese compromiso presentamos recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo frente a los reales decretos de nombramiento de los vocales y del presidente del consejo. Fíjense ustedes, señorías, cómo es la vida, cómo son las cosas, los dos recursos, los dos, nos fueron inadmitidos por el mismo Tribunal Supremo y los dos con argumentos contradictorios, y eran los mismos jueces los que nos los estaban inadmitiendo. En el caso de los nombramientos de los vocales, el argumento para inadmitir es que eran actos políticos no susceptibles de ser fiscalizados por los tribunales. Ese fue el argumento que utilizó el Tribunal Supremo para inadmitirnos el recurso. En el caso del nombramiento del presidente se nos dijo que no teníamos legitimidad para recurrir. El mismo tribunal nos inadmitió los recursos con dos argumentos diría que incluso contradictorios, porque lo que tenían claro es que no querían pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, que era cómo se nombraba a los vocales y cómo se nombraba al presidente, si eso respetaba el espíritu y la letra de la Constitución y si además respetaba la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1986. ¿No les llama a ustedes la atención que dos recursos presentados ante el mismo Tribunal Supremo sean inadmitidos sin entrar en el fondo y con dos argumentos plenamente contradictorios? Lo que tenían claro es que no querían discutir del asunto y ya les iba bien con el resultado de esos nombramientos.

Como estamos acostumbrados, como le decía al principio, a dar la batalla hasta el final, hemos ido al amparo del Tribunal Constitucional y hemos presentado ayer mismo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con dos argumentos. Un argumento fundamental es que tenemos legitimidad y el otro argumento también fundamental, este derecho a la legitimación, es que tenemos derecho a la participación política, y si no podemos plantear una demanda, un recurso de protección de nuestros derechos como grupo parlamentario, verdaderamente lo que se cuestiona ya no es solamente cómo se nombran a los vocales, sino la participación de los ciudadanos a través de sus representantes en los órganos, como este órgano que tiene también la capacidad de tutelar todos los actos políticos. En fin, señorías, la batalla en este caso no ha terminado. Si el Tribunal Constitucional no se va a pronunciar sobre el fondo, se tiene que pronunciar sobre si existe un derecho a la tutela o no existe, y si tenemos la legitimación como grupo para ejercerlo, entonces será devuelto al Tribunal Supremo y este tendrá que entrar en el fondo de la cuestión y pronunciarse sobre ambos asuntos.

Señorías, creo que, más allá de las cuestiones que hoy aparecen y que me toca defender en esta intervención, como las doce propuestas de resolución, era de su interés conocer en esta batalla, que es por la democracia, por la regeneración de la democracia, por la independencia de la justicia y por la transparencia, lo que estamos haciendo desde el grupo parlamentario, que es más que presentar aquí estas propuestas de resolución y someterlas a votación.

Anuncio, por otra parte, que vamos a aceptar las dos enmiendas que el Grupo Popular ha presentado a nuestras propuestas de resolución. Lo único que lamentamos, como no podía ser de otra manera, es que enmienden las cosas pequeñas, aunque vayan en la misma dirección, y sean incapaces de ponerse


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de acuerdo, ni siquiera de intentarlo, en las cosas importantes, que en este caso no es ni más ni menos que algo sustancial con la democracia, que es la independencia de la justicia.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Tiene ahora la palabra el representante de La Izquierda Plural, el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, comparezco en nombre del Grupo de La Izquierda Plural para presentar las resoluciones, nótese, sobre la memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2012, señorías, de 2012. Yo creo que es una metáfora desgraciada de cómo está funcionando la justicia y de cómo funciona el control democrático del Consejo General del Poder Judicial. No en vano los ciudadanos piensan que la justicia es lenta y, como dice el dicho, una justicia lenta no es justicia; y no en vano los ciudadanos piensan, y también con razón, que hay ámbitos de la justicia, fundamentalmente el delito de cuello blanco y el delito de corrupción, que en muchas ocasiones terminan siendo impunes. Creo que, por tanto, no estamos ante una cuestión menor al hablar de la memoria del Consejo General del Poder Judicial en plena crisis económico-social, en plena crisis política y en plena crisis de régimen, que es lo que hemos visto en el reciente resultado electoral.

Señorías, quiero recordar otra obra de Dürrenmatt, en este caso Proceso a la sombra de un burro, en la que se comienza discutiendo si el alquiler del burro incluye la sombra y se termina incendiando una ciudad, y lo quiero recordar porque, cuando hablamos de la justicia, hablamos de algo muy serio. No voy a poner el prisma sobre la justicia en el debate del poder, que parece ser que siempre es el debate que más nos interesa: el debate de la división de poderes y del Poder Judicial; voy a ponerlo en el debate del servicio público de la justicia, del servicio a los ciudadanos, donde está fallando la justicia en nuestro país. En el peor momento de la protección de los ciudadanos o, mejor dicho, en el momento en que los ciudadanos sienten una mayor desprotección laboral, desprotección social, desahucios, desprotección de sus derechos, en ese momento la justicia debe estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, señorías, así como el principio de la igualdad política y el principio de la igualdad social regresan en plena crisis económica, el principio de la igualdad ante la justicia también está sufriendo una involución. Una involución por el funcionamiento de la justicia, una involución por el procedimiento judicial, una involución a través de medidas recientes del Gobierno que tienen que ver con las tasas judiciales, con la justicia gratuita o con la Ley de eficiencia presupuestaria en materia de justicia, que ya no establece una justicia como servicio público, sino que establece lo que podríamos denominar la justicia de mercado, donde hay una justicia de primera clase, la justicia de los delitos de cuello blanco, la justicia de los delitos de corrupción política, así como los que llamamos aforados e indultos. También una justicia de segunda clase, la justicia de mercado sujeta a tasas, la de la inmensa mayoría de los ciudadanos, que es lenta y no garantiza una resolución justa y en tiempo. Y una justicia de tercera clase, que es la de los que están excluidos de la sociedad y que tienen dificultades incluso para pagarse un abogado, una justicia que tiene un índice alto de precariedad y donde todavía el Gobierno no ha despejado la forma de financiar la justicia gratuita en nuestro país. Puso en marcha una tasa para financiar la justicia gratuita y sabemos lo que se ha ingresado con la misma porque algunos grupos hemos preguntado por ello, no porque el Gobierno sea transparente, pero no sabemos cómo se va a financiar esa justicia gratuita para garantizar aunque sea una justicia de tercera clase. Esa es la evolución del servicio público de la justicia; en nuestra opinión, una evolución preocupante.

Creemos que el Gobierno, en condiciones de crisis, está planteando una orientación equivocada a la reforma de la justicia. En primer lugar -lo he dicho antes-, como una justicia de mercado y, en segundo lugar, como una justicia en la que se pueden hacer recortes, se pueden concentrar los tribunales sin poner en peligro la tutela judicial efectiva. Nosotros creemos que no, creemos que en este momento, además de tener cada vez más demandas de carácter social, cada vez más demandas que tienen que ver con la corrupción, la justicia no está siendo una preocupación central por parte del Gobierno, es una preocupación secundaria, y el Gobierno toma una deriva populista, la deriva facilona, que es la deriva de convertir cualquier problema judicial en un problema penal. Para el Gobierno, pues, cualquier conflicto se convierte en una reforma penal para endurecer el Código Penal y, con ello, el reproche de lo que podríamos denominar el delito común. Pero en datos recientes del Ministerio de Justicia se demuestra que el problema de este país no es el delito común, el problema de este país no es el crimen -estamos en ambos por debajo de la media comunitaria-, sino que el problema de este país, lo que alarma a la sociedad, lo que


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crea dificultades en la sociedad, son, por una parte, los derechos vulnerados, los derechos sociales, laborales, los derechos de todo tipo vulnerados en el contexto de crisis y que afectan básicamente a los ciudadanos sin otra protección que la justicia; y, por otra parte, la preocupación de los ciudadanos y la situación de la justicia tiene mucho que ver con la corrupción que se ha producido en el periodo de especulación, en el periodo de crecimiento y con la impunidad que los ciudadanos detectan en buena parte de esta corrupción, por la tardanza, por el procedimiento judicial, por muchas razones que están en la cabeza de todos ustedes. Por tanto, señorías, mi grupo parlamentario se preocupa fundamentalmente de la justicia como servicio público para las personas y por que esa justicia se esté orientando en un sentido de mercado, en un sentido punitivo por parte del Gobierno.

Pero nos preocupa también el órgano de gobierno de la justicia, y volvemos a decir que hay grupos de esta Cámara que confunden el Poder Judicial con el gobierno de la justicia. El Poder Judicial se establece en la jurisdicción y el gobierno de la justicia es un gobierno político. Por tanto, señorías, si es un gobierno político, que en otros países se realiza a través del Ministerio de Justicia, solo hay dos fórmulas de elección: una fórmula de elección es la parlamentaria y otra fórmula es la elección directa. En nuestra opinión, son las dos únicas fórmulas democráticas. Ahora bien, si los grupos parlamentarios quieren defender aquí una fórmula corporativa, la fórmula medieval de que sean los jueces quienes se elijan a sí mismos, o, por el contrario, quieren adoptar una fórmula del peor momento de la democracia griega, que era la fórmula del azar, elegir al azar a los dirigentes, creo que nos estaremos equivocando y estaremos avalando una involución democrática muy importante en nuestro país.

El problema, señorías, es que la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial ha establecido un órgano de gobierno más disfuncional, si cabe, que el anterior. ¿Saben por qué? Porque antes teníamos un problema de polarización izquierda-derecha y ahora, con un órgano permanente y un órgano, por otra parte, llamémosle a tiempo parcial, hemos dividido en cuatro las decisiones del Consejo General del Poder Judicial; a izquierda y derecha se suma arriba y abajo, es decir, a la sensibilidad política se suma si estoy en la permanente o estoy en la asamblea de compromisarios, que es en lo que en realidad se ha convertido el pleno del Consejo General del Poder Judicial. En nuestra opinión, se va de la deriva bipartidista a la monopartidista en el debate, en la resolución de temas muy importantes que tienen que ver con la formación, que tienen que ver con la organización, que tienen que ver con la inspección de la justicia, es decir, que tienen que ver con el gobierno de la Administración de Justicia en nuestro país.

Por eso, señorías, mi grupo parlamentario propone en sus resoluciones, en primer lugar, el carácter central del Parlamento en la información por parte del Consejo General del Poder Judicial. No puede seguir ocurriendo lo de esta memoria, que discutamos hoy la memoria de 2012. Tiene que haber algún procedimiento para que el control sea diferente. En segundo lugar, defendemos que la justicia sea un servicio público y no un mercado en función de la capacidad de compra. En tercer lugar, la lucha contra la corrupción como una prioridad legitimadora de la justicia y del sistema político. Si la lucha contra la corrupción es tardía, no es justicia. Si la lucha contra la corrupción termina en la impunidad, el descrédito es de la justicia y del conjunto del sistema democrático. En cuarto lugar, queremos un funcionamiento colegiado del Consejo General del Poder Judicial, no un funcionamiento de empresa ni un funcionamiento presidencialista. Por último, queremos que el Gobierno rectifique aquellas medidas que impidan la tutela judicial efectiva, como la Ley de Tasas.

Señorías, termino. Nos jugamos mucho, no se trata solamente del gobierno de la justicia, en buena parte es nuestra propia legitimidad en un momento de crisis económica pero también institucional.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene ahora la palabra el señor Jané. (Rumores). Ruego, por favor, que haya silencio para que podamos oír al interviniente.

El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en pleno siglo XXI, en el mes de mayo del año 2014, estamos evaluando, discutiendo y presentando propuestas sobre el balance del Poder Judicial del año 2012, y esto, señorías, es una distorsión que devalúa este debate. Tenemos que solucionar esta distorsión. Debemos buscar fórmulas que permitan que la presentación de la memoria y de estas resoluciones tengan mayor inmediatez. De ahí que celebremos que el propio presidente, Carlos Lesmes, anticipara en la presentación de los datos del año 2012 unos datos estadísticos de 2013. De ahí también que celebremos que hoy se vaya a aprobar la resolución número 63, de Convergència i Unió, en el sentido de buscar una fórmula que agilice


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la presentación de estas memorias del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, señor presidente, le pido a usted como presidente del Congreso la máxima colaboración, necesaria entre Cortes Generales y Poder Judicial, para que seamos capaces de implementar esta resolución que hoy se va a aprobar y que busquemos la fórmula más idónea para agilizar la presentación de esta memoria ante la Cámara y de las posteriores resoluciones que hoy estamos tramitando.

Entre las resoluciones presentadas quiero poner en valor una de Convergència i Unió que también se va a aprobar relativa a las filtraciones sesgadas que en ocasiones se dan de determinados sumarios judiciales; filtraciones sesgadas que provocan juicios paralelos, y aunque no se tiene toda la información, se traslada una información que no es completa y que puede llegar a lesionar -y lesiona en ocasiones- la presunción de inocencia. Hay casos en los que una imputación se conoce antes desde un punto de vista mediático que por la propia persona que pueda verse afectada por ella. Son filtraciones que se deben evitar. Por tanto, celebramos que vaya a aprobarse este propuesta 63, de Convergència i Unió.

Pero no nos engañemos, hay una gran asignatura pendiente en el ámbito del Poder Judicial y de la Administración de Justicia que venimos reclamando desde Convergència i Unió en cada una de las memorias que se presentan. Hoy el consejo, en esta legislatura, va a tener una ocasión de oro. Por parte del Gobierno se quiere impulsar una reforma global de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Consejo General del Poder Judicial va a tener que pronunciarse en un informe previo sobre qué le parece esa reforma de la ley orgánica que le propone el Gobierno. Tiene una ocasión de oro el Consejo General del Poder Judicial para reclamar que se cumpla el bloque de la constitucionalidad. Tanto que hablamos de cumplir la Constitución, cúmplase también el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que prevé un consejo de justicia en el ámbito de Cataluña que no está desarrollado aún, aunque el Estatuto está aprobado desde el año 2006. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que permite la creación de este consejo de justicia. Lo han hecho también otras comunidades autónomas como Andalucía, pero seguimos sin dar cumplimiento a unos estatutos que forman parte del bloque de la constitucionalidad. Por tanto, reclamamos desde Convergència i Unió implementar estos consejos de justicia en el ámbito de aquellas comunidades autónomas que así lo han recogido -como en el caso de Cataluña- en sus estatutos. Y en aquellas que no, si también tienen esa voluntad, como el País Vasco, que puedan realizarlo. Es vergonzoso que aún en el año 2014 haya leyes aprobadas por estas Cortes Generales como el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, en el que figura que para nombrar al fiscal de la comunidad autónoma antes tiene que pasar por un consejo de justicia que no existe, que es un órgano fantasma, cuando está previsto en las leyes. Incluso un funcionario, de acuerdo con el Estatuto básico del empleado público, si pasa a prestar servicio en el consejo de justicia de una comunidad autónoma, pasa a servicios especiales, pero nunca va a poder porque el órgano no existe, cuando hay una previsión estatutaria y previsiones legales de estas Cortes Generales. Por tanto, es una ocasión de oro. Como es una ocasión de oro para que el consejo se pronuncie en el impulso de las leyes oficiales propias de las comunidades autónomas. Su utilización en el ámbito del Poder Judicial cada vez es más reducida. Los estatutos permiten que sea un requisito, no únicamente un mérito preferente, el conocimiento del derecho propio y de la lengua propia. Debemos entre todos impulsar su utilización y tomar medidas legales al respecto. También va a tener una ocasión de oro con la nueva justicia universal, criticada por tantos grupos e incluso por quienes la tienen que aplicar, toda vez que desde el propio ámbito judicial se están encontrando con las distorsiones que genera la reforma que se ha operado en materia de justicia universal. Como esa reforma se repite una vez más en el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, ahí va a tener que informar el consejo y tiene una buena ocasión también para poner negro sobre blanco una posición totalmente crítica ante la reforma de la justicia universal.

Hay muchos diputados que son alcaldes y que están preocupados por noticias que aparecen en el ámbito de la reforma de la justicia y que pueden afectar gravemente a la planta judicial tal y como la conocemos actualmente y a la propia existencia de los jueces y de los juzgados de Paz. Por tanto, una de nuestras resoluciones va directamente dirigida a que el consejo tenga siempre en cuenta la opinión de las comunidades autónomas con competencias en la materia a la hora de definir la planta judicial de su respectivo territorio y a que velemos para que los jueces y los juzgados de Paz puedan seguir realizando la función que realizan. Por eso también aquí Convergència i Unió ha presentado una propuesta concreta.

Celebramos que haya aspectos que finalmente puedan ser objeto de valoración positiva por parte del grupo mayoritario y que se vayan a aprobar; por ejemplo, evitar datos erróneos en las estadísticas judiciales que inciden después en una mala o no ajustada valoración de las ejecuciones. Celebramos que se acepte esta propuesta, igual que la propuesta para mejorar el Registro Civil. Aprovecho, señor presidente, para reclamar desde Convergència i Unió que no puede entrar en vigor la nueva Ley del


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Registro Civil el próximo mes de junio y, por tanto, tendremos que buscar la fórmula para que esa normativa que aprobamos en la pasada legislatura tenga una vacatio legis distinta y hacer así las adaptaciones necesarias, pero siempre desde el consenso y siempre velando por la función que realiza el Registro Civil.

La resolución 67 también va a ser objeto de aprobación hoy en este Pleno y queremos ponerla en valor. Es la que pretende fomentar la práctica de medidas alternativas para la resolución de conflictos. Esas medidas alternativas pueden ayudar -y mucho- a que se descongestione la Administración de Justicia y son muy bien aceptadas en Cataluña. La Generalitat de Catalunya está haciendo un gran esfuerzo en el impulso de todas estas medidas alternativas y por la conciliación. Por tanto, vamos a apoyarla y celebramos que hoy esta Cámara apruebe esta resolución de Convergència i Unió.

Señor presidente, señorías, lamentamos que no se tome en consideración un aspecto que otros portavoces han destacado también de forma crítica. La Ley 10/2012, de Tasas, está alejando de la justicia a muchos ciudadanos y lo están denunciando los colegios profesionales. Es una ley que está teniendo unos efectos muy graves. Son tasas que en ocasiones llegan a los 10.000 euros y que tienen el efecto de disuadir del acceso a la tutela judicial. Por tanto, pedimos una reflexión global sobre la Ley de Tasas y que tomen ejemplo. En Cataluña la cuantía con la Ley de Tasas no es comparable; como máximo eran unas tasas de 120 euros y las mínimas eran de 60. Pero hemos llegado a un acuerdo, y quiero felicitar hoy desde esta tribuna al honorable conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el señor Germà Gordó, al Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya y también al Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña porque han llegado a un buen acuerdo. Ayer firmaron el acuerdo de que esas tasas catalanas, a pesar de que son de una cuantía muy inferior y no comparable a esas macrotasas que se aprobaron en estas Cortes Generales, no se van a cobrar ni a los ciudadanos ni a las pequeñas empresas. Creemos que esto también es ir en la dirección adecuada.

Voy terminando ya, señor presidente. Hay un conjunto de propuestas de resolución sobre el expediente electrónico que finalmente no son objeto de aprobación y lo lamentamos. Quiero destacar que si queremos realmente una justicia próxima al ciudadano, si queremos realmente una justicia que emprenda las reformas necesarias que todos los grupos reclamamos cuando el presidente del Consejo General del Poder Judicial comparece ante esta Cámara y explica su memoria, si queremos ese gran avance en el ámbito de la justicia debemos reclamar un gran pacto global, de todos. No impulsar normas que van a ser aprobadas únicamente por quien legítimamente tiene la mayoría absoluta pero que nos alejan de ese valor justicia con mayúsculas, que es un valor que requeriría de amplios consensos de todos y sobre todo requeriría cumplir con las previsiones que en el ámbito del Poder Judicial realizan determinados estatutos de autonomía, como el de Cataluña, aprobado el año 2006, que hoy una vez más debemos lamentar que siguen sin cumplirse. Tanto que se quiere defender la Constitución y al final no estamos implementando aquello que el propio Tribunal Constitucional ha dicho que era posible si se reformaba en una determinada dirección -y eso es opción de estas Cortes Generales- la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esperemos, señor presidente, señorías, que esas reformas se lleven a cabo para tener una justicia más ágil, más próxima y también más respetuosa con la estructura territorial del Estado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez García.

La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender las propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia correspondientes al año 2012 y pedir el apoyo a las mismas del resto de grupos parlamentarios. Los ciudadanos que pudieran estar escuchándonos pensarían que no han escuchado bien, que no es razonable que a mediados de 2014 estemos debatiendo la justicia del año 2012. Vivimos en una sociedad de inmediatez y no puede ser que nuestros debates estén tan alejados de la realidad de los ciudadanos y también de la realidad de la justicia. Creemos que no es incompatible respetar la solemnidad de este trámite con no perder la perspectiva del momento en que nos encontramos. Por ello, en esta intervención quiero comenzar por analizar precisamente esto, las formas de este debate, de la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Lesmes, y la propia presentación de esta memoria. Me referiré, por supuesto, a nuestra preocupación por el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces, del papel institucional que entendemos debe atender y de nuestras dudas tras las últimas modificaciones legislativas


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que les afectan directamente. Creo que no deben quedar al margen de este debate las importantes reformas, o más bien contrarreformas, que el Gobierno del Partido Popular está llevando a cabo en el ámbito de la justicia y sobre las que en algunos casos está pendiente de pronunciarse el Consejo General del Poder Judicial.

En relación con las formas, saben que no nos gustó la convocatoria de la comparecencia, que se produjo en plena campaña electoral y casi a tiempo parcial, apenas unas horas para el debate. Agradecemos que en esa comparecencia se nos actualizaran los datos a 2013, pero como ya manifestamos entonces, fue un esfuerzo inútil. No hubo tiempo previo para el análisis de esos datos y para haberlos incorporado al debate. Sería necesario que ese documento nos llegara con tiempo suficiente para su estudio. Asimismo, planteamos que el debate de esta memoria se realice en el plazo máximo de un mes desde que es registrada en la Cámara. A esto se refieren nuestras propuestas 85 y 95.

Con relación al funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, la reforma legal del año 2013, como saben, se produjo sin el consenso necesario y deseado que nosotros hubiéramos querido en una institución que merece y necesita ese consenso y que además, como bien saben también, tenemos recurrida al Tribunal Constitucional. En este sentido, pedimos al consejo que haga una evaluación de las consecuencias que esto está teniendo en las limitaciones de su competencia, que nos explique cómo se está complicando el trabajo tras la dedicación a tiempo parcial, y en muchos casos como si fuera un hobby, de algunos vocales que no tienen dedicación exclusiva, así como que nos ofrezca una mayor transparencia con relación a la delegación de competencias, que en muchos casos da lugar a un modelo casi presidencialista de gestión. Nos preocupa también que se sea transparente en la política de nombramientos y, aunque parezca una obviedad, a la vista de lo que hemos visto últimamente, exigimos una especial atención en los perfiles de las personas a las que cuesta trabajo encajar dentro de los valores más elementales de nuestra Constitución. A esto se refieren nuestras resoluciones números 86 y 87. Se mantiene en las resoluciones 88 y 89 nuestro interés en la justicia eficaz, que requiere la mejor dotación de personal, especialmente en lo que tiene que ver con la carga de trabajo de los jueces y magistrados tras la aprobación de la Ley 8/2012, de 27 de noviembre de 2012, y la necesidad de que se doten y se dé cobertura a las bajas y vacantes de larga duración.

Les decía que en un debate como este era necesario también hablar de las grandes reformas y contrarreformas que se están produciendo en materia de justicia, y aprovecho la presencia del ministro de Justicia, porque creo que le debe interesar lo que sigue ocurriendo en este país con relación a su tasazo judicial. Volvemos a denunciar los grandes males que usted, ministro, va a dejar como herencia a la justicia de este país y, en concreto, me estoy refiriendo a la Ley de Tasas Judiciales, a la que hemos hecho referencia todos los grupos parlamentarios, y que tenemos recurrida en el Tribunal Constitucional. El tasazo judicial viene a distinguir de nuevo entre unos ciudadanos de primera y unos ciudadanos de segunda, entre una justicia rápida y una justicia lenta, y viene a dañar gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva. Ha despertado no solo la indignación de los operadores jurídicos, de los abogados, de los jueces, de los magistrados, sino también de la inmensa mayoría, que ve cómo se están deteriorando sus derechos más básicos y fundamentales. Ante esto, el Consejo General del Poder Judicial no puede guardar silencio y tiene que hacer una valoración de cómo está siendo la aplicación efectiva de esta ley, de qué problemas está causando y de qué daños está haciendo llegar a los ciudadanos. Además, el Consejo General del Poder Judicial debe tramitar el informe preceptivo al anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial, que está generando una gran incertidumbre en los territorios y que vuelve a estar otra vez en contra de la gente, en contra de los ciudadanos, planteando una justicia más lejana e inaccesible. A esto nos referimos en nuestra resolución número 91.

Señorías, la propuesta de resolución número 92 se refiere al anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido -qué eufemismo-, cuando en realidad a lo que se refiere es a interferir la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad. Saben perfectamente cuál es nuestra posición, la de más absoluto rechazo. Lo que pedimos en esta resolución es que el consejo emita el informe preceptivo, y casualmente hemos conocido que se ha aplazado el debate de estos informes. Quiero hacer simplemente un comentario al respecto. No deja de sorprendernos que este debate, también casualmente, se haya producido recién pasada la campaña de las elecciones europeas. Confiamos en este informe de una ley que claramente ataca la libertad de las mujeres y que nos sitúa en un escenario predemocrático y alejado de todas las normativas de los países de nuestro entorno. Sea cual sea el informe, aprovecho para decir al Gobierno, a usted, señor Gallardón, que mi grupo parlamentario va a seguir dando la batalla, que por mucho que usted haya tratado de esconder este anteproyecto de ley, de que no se hablara de él...


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Le estoy hablando del anteproyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, señor Gallardón. (Aplausos). Usted lo ha intentado esconder durante la campaña electoral y ahora quiere rescatarlo. Pues le digo que nos da igual que lo haya escondido porque nuestra reacción va a ser la misma, nos vamos a seguir oponiendo como se opone la mayoría de los ciudadanos de este país, y especialmente las mujeres. Nos va a hacer regresar a un escenario predemocrático y desde luego muy alejado de las normativas del entorno internacional. Debería planteárselo, debería escuchar la voz de la calle, escuchar a las mujeres y hacerse un planteamiento. Le decía también, aunque no me estaba escuchando, que esta es la herencia que usted va a dejar a este país, una justicia totalmente alejada de los ciudadanos y que no va a ser un servicio para las personas. (Aplausos).

Del mismo modo, señor ministro -creo que esto también le interesa-, nuestra resolución 94 se refiere a la modificación de la Ley de Justicia Universal; un asunto de gran importancia y desde luego de gran actualidad, una verdadera chapuza legislativa a la que ustedes instaron a su grupo parlamentario para evitar el debate, para evitar que pudiéramos trabajarla en serio, para evitar que se pudieran pronunciar los órganos consultivos y que está provocando una gran inseguridad jurídica. Como consecuencia de esta ley, lo único que hemos conocido es que se ha puesto en la calle a más de cuarenta narcotraficantes en nuestro país. Se ha utilizado la proposición de ley, como le decía, y por tanto el Consejo General del Poder Judicial no ha podido manifestarse al respecto. Por eso, le proponemos que se manifieste y que haga una interpretación de esta ley, que está generando muchas dudas en todos los órganos jurisdiccionales. Y de nuevo aprovecho para insistir en nuestro más absoluto rechazo a la reforma de la Ley de Justicia Universal y para que se siga exigiendo su derogación. Termino refiriéndome a la resolución número 23, en la que pedimos que se dote a la Administración de Justicia de todos los medios necesarios para combatir la corrupción. Coincidirán conmigo en que este es un asunto importante que debemos apoyar, pero permítanme una reflexión personal. No podemos dejar toda la responsabilidad de acabar con la corrupción solo en manos de la justicia. Nosotros, con nuestra actitud política, también tenemos una gran responsabilidad.

En relación con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, a cuya portavoz agradezco que se pusiera en contacto con nosotros, quiero decirle que no las podemos aceptar porque son meras correcciones casi técnicas y además algunas de ellas con un carácter que no compartimos. Eso sí, desearíamos esta actitud en otros momentos y en otros debates de la Comisión de Justicia, en otras grandes reformas que estamos planteando y en las que no estamos contando con esa actitud que sería necesaria y deseable cuando hablamos de una política que debe ser una política de Estado. Ojalá ese consenso y ese acuerdo que hoy nos pedían lo pudiéramos materializar en normas importantes que están en la Comisión de Justicia, como la reforma del Código Penal o la Ley de Justicia Gratuita, a la que el Gobierno pretende dar un nuevo golpe de mayoría absoluta, tal como están acostumbrados a trabajar en esta legislatura. Ojalá podamos recuperar el consenso en materia de justicia, sobre todo por el bien de los ciudadanos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Escudero.

La señora ESCUDERO BERZAL: Antes de empezar, quiero decir que parece que la representante del Grupo Socialista no se ha enterado de que ha acabado la campaña. Ha utilizado la tribuna del Parlamento para darnos un mitin y tampoco se ha enterado de los resultados electorales. Es una lástima que no escuchen a los ciudadanos. Así les va. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

Señor ministro, gracias por estar presente en este debate. Una vez más, subo a esta tribuna para exponer las propuestas de resolución o recomendaciones que presenta mi grupo parlamentario al Consejo General del Poder Judicial. Quisiera comenzar mi intervención dejando claro que lo que aquí estamos contemplando no es una memoria de la justicia española, sino de la Administración de Justicia en España, dos conceptos complementarios, pero muy distintos. Ulpiano, uno de los más importantes juristas romanos, definió la justicia como la voluntad firme y continuada de dar a cada uno lo que le corresponde, una voluntad que heredaron los legisladores constituyentes durante la Transición y el pacto democrático. La justicia apareció en nuestra Carta Magna como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico que junto con la libertad, la igualdad y el pluralismo político, configuran lo que hoy conocemos como un Estado social y democrático de derecho. La Memoria del Consejo General del Poder Judicial que hoy examinamos no pretende hacer un balance estricto de la justicia, sino reflejar la realidad... (Rumores).


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El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada. Por favor, atiendan al que está compareciendo. Continúe.

La señora ESCUDERO BERZAL: Gracias, señor presidente.

... de la actual organización y funcionamiento del órgano de gobierno del Poder Judicial y de los integrantes de este poder del Estado como servicio público del ciudadano. Señor Llamazares, el hecho de que sea un poder del Estado no es incompatible con servicio público, todo lo contrario; tiene usted una extraña obsesión por demonizar todo aquello que sea poder, hasta lo más público.

Señorías, debo reconocerles que me genera respeto, mucho respeto, participar en este debate que es posterior a la presentación de la memoria judicial por el presidente del órgano de gobierno del Poder Judicial. Señorías, el Poder Judicial, el tercer poder del Estado, el que somete a control jurídico a los otros poderes del Estado, que emana del pueblo español, con este trámite vuelve a la casa de la soberanía popular, al Parlamento, y eso a mí, señorías, me causa mucho respeto. No debemos olvidar que la defensa de un Poder Judicial independiente es una necesidad imprescindible para configurar un verdadero Estado democrático de derecho, es la razón misma de existir del Consejo General del Poder Judicial creado por nuestra Constitución de 1978 para asumir unas atribuciones hasta ese momento ejercidas por el Ministerio de Justicia, ejercidas por el Poder Ejecutivo. El órgano de gobierno de los jueces por mandato legal comparece anualmente ante las Cortes Generales para mostrar el estado, el funcionamiento y las actividades del propio consejo y de los juzgados y tribunales de justicia. La memoria anual es, pues, el verdadero instrumento político del consejo para materializar la separación e independencia del Poder Judicial y, por otro lado, permitir su comunicación y colaboración con el Poder Legislativo. Señorías, en definitiva, este acto es un acto de rendición de cuentas periódico a los representantes del pueblo. Por esto, señorías, solo por esto, deberíamos también nosotros, esta Cámara, mostrar el máximo respeto a nuestro cometido y debo decirles que, sinceramente, no me parece que lo hagamos. Las propuestas de resolución que los distintos grupos parlamentarios hemos presentado denotan que son más un mero trámite anual que una apuesta decidida por mejorar la Administración de Justicia. Lo digo por el juicio al que siempre someten, año tras año -y llevo tres-, en este trámite al Poder Ejecutivo, en concreto al Ministerio de Justicia, que, como ya les he recordado y ustedes saben, desde 1978 les fueron expropiadas estas atribuciones. Este no es el debate de la ley de tasas, señorías, este no es el debate de la interrupción voluntaria del embarazo, señorías, este no es el debate de ningún proyecto de ley; este es el debate en el que deben centrarse las propuestas de mejora de la Administración de Justicia y esto aquí ha faltado, y lo digo también y principalmente por la falta de esfuerzo, sí, de esfuerzo, o de trabajo y de imaginación en las propuestas planteadas.

Miren, señorías, analizadas las propuestas, vemos que todos los grupos políticos han presentado casi la totalidad de las mismas propuestas presentadas otros años, estando incluso ya muchas de ellas contestadas y respondidas en la memoria que ha presentado este año el presidente del Consejo General del Poder Judicial, y aun a pesar de esto, de haber sido ya respondidas, muchos no han tenido la decencia de retirarlas y las han seguido incorporando como propuestas de resolución y recomendaciones. Creo, señorías, que debemos tomarnos en serio nosotros mismos esta posibilidad que la Constitución nos ha dado para la ayuda que desde el Poder Legislativo, que es a quien representamos, pueda darse al Poder Judicial y esforzarnos en lo sucesivo en mejorar nuestras recomendaciones y hacerlas actuales para mejorar eso que tanto le preocupa a usted, señor Llamazares, el servicio público que es la Administración de Justicia. Hacerlas actuales, actualidad que prácticamente todos los grupos políticos intervinientes hemos pedido al consejo para agilizar la presentación de la memoria en años judiciales y no en años naturales, con la finalidad de poder tener una radiografía exacta y real de la situación de la Administración de Justicia en España. Esta es una de las propuestas de resolución de mi grupo parlamentario, como también lo es de otros grupos que se han sumado a la nuestra y agradezco haber llegado a un acuerdo para presentar un texto conjunto.

Paso a exponerles muy brevemente el resto de proposiciones presentadas por mi grupo parlamentario. Como consecuencia del impulso que la mediación ha experimentado en el último año, creemos que ya es tiempo suficiente para que el consejo haga un estudio del impacto que la aplicación de la Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles está teniendo en la reducción de la litigiosidad. Nos preocupa, señorías, en este mismo sentido contar con datos estadísticos rigurosos y veraces. Por ello, instamos al consejo a que en la memoria anual se refleje con precisión el volumen real de procesos judiciales y con ello la tasa real de litigiosidad. También instamos al consejo a que elabore y apruebe los sistemas de racionalización,


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organización y medición del trabajo que estimen convenientes para determinar así la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional. En otro orden de cosas, proponemos al consejo que se haga un seguimiento y se informe del grado de cumplimiento del código ético para la carrera judicial. Finalmente, en la última de las propuestas del Grupo Parlamentario Popular, señorías, y en cumplimiento del mandato constitucional a los poderes públicos de realizar políticas de integración de las personas con discapacidad, instamos al Consejo General del Poder Judicial a que reserve en la carrera judicial un cupo no inferior al 5 % de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior a un 33 %.

Termino, señorías. Quiero destacar el ánimo de diálogo y consenso de casi todas las formaciones políticas y anunciarles que el Grupo Parlamentario Popular, mi grupo, va a aprobar propuestas de todos los grupos parlamentarios y que hemos conseguido el acuerdo con bastantes de ellos. Es una lástima que tanto el Partido Socialista como La Izquierda Plural no hayan sido receptivos a nuestras propuestas. De todas formas, tal vez lo contrario hubiera sido realmente lo sorprendente. Con nuestras propuestas, señorías, hoy estamos colaborando con la suprema labor de administrar justicia, necesaria para la consecución de la paz social. Ni la Administración de Justicia ni el Poder Judicial pueden ser nunca motivo de grandes divergencias ni disputas. Hoy creo que lo hemos conseguido y eso es motivo para felicitarnos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Escudero.

Vamos a proceder a las votaciones. Hay un cuaderno de votaciones un poco complejo que tienen ya los grupos y tienen que estudiarlo a fondo. Dentro de cinco o diez minutos comenzaremos las votaciones. (Pausa).

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:

- SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE FOMENTO DE PRÓRROGA DE SEIS MESES DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL SISTEMA FERROVIARIO ESPAÑOL, HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015. (Número de expediente 154/000010).

El señor PRESIDENTE: Antes de proceder a las votaciones, de conformidad con lo que vimos en Junta de Portavoces se somete al Pleno la prórroga, hasta el 28 de febrero de 2015, del plazo otorgado para emitir informe a la subcomisión de estudio y análisis del sistema ferroviario español constituida en el seno de la Comisión de Fomento. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Queda aprobada la resolución.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS), SOBRE LAS PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS FRENTE A LAS COSTAS CANARIAS DE LAS ISLAS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA. (Número de expediente 173/000153).

El señor PRESIDENTE: Comenzamos las votaciones. En primer lugar, moción del Grupo Mixto, de la señora Oramas, sobre las prospecciones de hidrocarburos frente a las costas canarias de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Se vota en sus propios términos, pero por puntos. Son cinco puntos.

Punto 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 138; en contra, 175.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 137; en contra, 175.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 141; en contra, 170.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 139; en contra, 169; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 138; en contra, 170; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA A LA MINISTRA DE FOMENTO SOBRE LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA A LAS FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS. (Número de expediente 173/000154).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista a la ministra de Fomento sobre las políticas del Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda a las familias con dificultades económicas. Se vota con la enmienda presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 143; en contra, 172.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):

- CANJE DE CARTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS POR EL QUE SE RECONOCE LA EXTENSIÓN DEL RÉGIMEN DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES PREVISTO EN EL ACUERDO DE SEDE HECHO EN MADRID EL 28 DE ENERO DE 2009 AL CENTRO INTERNACIONAL DE CÁLCULOS ELECTRÓNICOS, HECHO EN NUEVA YORK Y MADRID EL 28 DE FEBRERO Y EL 8 DE JULIO DE 2013. (Número de expediente 110/000113).

- CONVENIO EUROPEO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, HECHO EN ESTRASBURGO EL 25 DE ENERO DE 1996. (Número de expediente 110/000114).

- CONVENIO SOBRE ASISTENCIA ALIMENTARIA, HECHO EN LONDRES EL 25 DE ABRIL DE 2012, Y REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN. (Número de expediente 110/000115).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y GEORGIA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 18 DE DICIEMBRE DE 2013. (Número de expediente 110/000116).

- PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO RELATIVO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA BIOMEDICINA SOBRE EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y DE TEJIDOS DE ORIGEN HUMANO, HECHO EN ESTRASBURGO EL 24 DE ENERO DE 2002. (Número de expediente 110/000118).

- TERCER PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO EUROPEO DE EXTRADICIÓN, HECHO EN ESTRASBURGO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000119).

- PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA RELATIVO A LA PENALIZACIÓN DE ACTOS DE ÍNDOLE RACISTA Y XENÓFOBA COMETIDOS POR MEDIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, HECHO EN ESTRASBURGO EL 28 DE ENERO DE 2003 Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000120).


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- REVOCACIÓN DE LA DECLARACIÓN CONTENIDA EN EL INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DE ESPAÑA DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES, HECHO EN ESTOCOLMO EL 22 DE MAYO DE 2001. (Número de expediente 110/000121).

El señor PRESIDENTE: Votamos ahora los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Vamos a votarlos todos menos el 117, para el que se ha pedido votación separada y que votaremos a continuación. Ahora votamos todos los demás.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 308; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE LA PROTECCIÓN MUTUA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2013. (Número de expediente 110/000117).

El señor PRESIDENTE: Votamos ahora el dictamen 117, sobre el Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la protección mutua de información clasificada, hecho en Madrid el 6 de noviembre de 2013.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 302; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DE PARQUES NACIONALES. (Número de expediente 121/000078).

El señor PRESIDENTE: Votamos ahora, en votación conjunta, las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de parques nacionales presentadas por los grupos parlamentarios de La Izquierda Plural, Convergència i Unió, Mixto (señora Fernández Davila) y Socialista. Hay tres votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315 más 3 votos telemáticos, 318; a favor, 139 más 2 votos telemáticos, 141; en contra, 170 más 1 voto telemático, 171; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

AVOCACIÓN POR EL PLENO.

El señor PRESIDENTE: A petición de varios grupos, vamos a votar ahora la solicitud de avocación por el Pleno de este proyecto de ley de parques nacionales. Se han emitido también tres votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313 más 3 votos telemáticos, 316; a favor, 143 más 2 votos telemáticos, 145; en contra, 170 más 1 voto telemático, 171.

El señor PRESIDENTE: No se avoca a Pleno.

- PROYECTO DE LEY DE TRANSFORMACIÓN DEL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES. (Número de expediente 121/000094).

AVOCACIÓN POR EL PLENO.

El señor PRESIDENTE: En cuanto al proyecto de ley de trasformación del Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, como se ha retirado la enmienda a la totalidad, no ha habido debate y no hay


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votación de la enmienda, pero sí vamos a votar la solicitud de avocación por el Pleno de la discusión de este proyecto de ley. Se han emitido 3 votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315 más 3 votos telemáticos, 318; a favor, 145 más 2 votos telemáticos, 147; en contra, 169 más 1 voto telemático, 170; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: No será avocado a Pleno.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN RELATIVAS A LAS MEMORIAS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. (VOTACIÓN):

- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012. (Número de expediente 245/000004).

El señor PRESIDENTE: Votamos las propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el Consejo General del Poder Judicial. Son unas votaciones largas y complejas; por tanto, pido por favor silencio y atención a los portavoces.

Propuestas de resolución formuladas por el Grupo Vasco, PNV.

Propuestas 1 y 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 312; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuestas 2, 3, 5 a 7, 11 y 14.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 138; en contra, 169; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuesta 8 del Grupo Vasco y 20 del Grupo de UPyD en los términos de la enmienda 1 del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 312.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Propuestas 9 y 10 del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 42; en contra, 270; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuesta 12, con la enmienda 2 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 217; abstenciones, 98.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 300; en contra, 10; abstenciones, 4.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuestas de UPyD. Les recuerdo que la propuesta 20 no se vota porque la hemos votado ya y la hemos aprobado por unanimidad.

En primer lugar votamos la propuesta 15.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 307; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuestas 16, 17 y 18.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 25; en contra, 280; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuesta 19.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 10; en contra, 293; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuestas 21, 24 y 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 38; en contra, 268; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuesta 22, en los términos de la enmienda 3 del Grupo Popular. Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 197; en contra, 112.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuestas 23 y 25.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 139; en contra, 170.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas formuladas por La Izquierda Plural.

Propuesta 27.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 119; en contra, 176; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuestas 29, 50 y 54.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 308.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuesta 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 125; en contra, 182; abstenciones, 1.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuestas 33 a 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 136; en contra, 171.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuesta 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 14; en contra, 271; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta 39, en los términos de la enmienda 4 del Grupo Popular. Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 304; en contra, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta 41, en los términos de la enmienda 5 del Grupo Popular; 44, en los términos de la enmienda 6; y 48, en los términos de la enmienda 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 309.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuestas 43 y 55.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 35; en contra, 271; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuesta 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 41; en contra, 168; abstenciones, 99.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta 51.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 279; en contra, 19; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de propuestas de La Izquierda Plural.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 139; en contra, 168.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas formuladas por el Grupo Catalán de Convergència i Unió. En primer lugar, propuestas 56 y 74.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 35; en contra, 267; abstenciones, 5.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuesta 62, en los términos de la enmienda 8, del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 212; en contra, 2; abstenciones, 94.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta 63, en los términos de la enmienda 9, del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 210; en contra, 98; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuestas 67, 68 y 75.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 308.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Propuesta 70.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 196; en contra, 105; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta 71, que se vota en sus términos. No sé lo que significa esto, pero se vota en sus términos. (Risas).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 139; en contra, 168; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta 73.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 211; en contra, 96; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta 76, en los términos de la enmienda 11, del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 301; en contra, 3; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 135; en contra, 168; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas del Grupo Parlamentario Popular, porque se votan por orden de presentación.

Propuesta 79.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 200; en contra, 99; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta 80.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 194; en contra, 13; abstenciones, 100.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta 81.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 195; en contra, 2; abstenciones, 111.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta 82.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 305; en contra, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta 83 del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 291; en contra, 13; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta 84.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 205; abstenciones, 103.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.

Propuesta 85, que se vota en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 132; en contra, 175; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta 86.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 133; en contra, 174.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuestas 87 y 95, que se votan en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 136; en contra, 169.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuesta 92, también del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 129; en contra, 175; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta 93.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 309; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de propuestas del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 137; en contra, 170.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Se levanta la sesión.

Era la una y cinco minutos de la tarde.

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