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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 200, de 14/05/2014
cve: DSCD-10-PL-200
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 200
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 188
celebrada el miércoles,
14 de mayo de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página6)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cambio de modelo de formación profesional introducido por la Lomce, que la devalúa, y las consecuencias de su aplicación. (Número de expediente 172/000225) ... (Página29)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Larreina), sobre propósitos del Gobierno para corregir la erosión de derechos fundamentales. (Número de expediente 172/000222) ... (Página36)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, a la ministra de Fomento sobre las políticas del Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda a las familias con dificultades económicas. (Número de expediente 172/000224) ... (Página44)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas), sobre las prospecciones de hidrocarburos frente a las costas canarias de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. (Número de expediente 172/000214) ... (Página52)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley de régimen del personal de la Guardia Civil. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 90-1, de 4 de abril de 2014. (Número de expediente 121/000090) ... (Página59)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 6/2014, de 11 de abril, por el que se regula el otorgamiento de la explotación de los recursos mineros de la zona denominada "Aznalcóllar". ("BOE" núm. 92, de 16 de abril de 2014). (Número de expediente 130/000053) ... (Página80)


Página 2




Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página85)

Avocación por el Pleno ... (Página85)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página86)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Preguntas ... (Página6)

De la diputada doña Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cree usted que puede existir democracia sin prensa libre e independiente? (Número de expediente 180/000949) ... (Página6)

Del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo valora el efecto de sus políticas sobre los españoles? (Número de expediente 180/000939) ... (Página7)

De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Qué piensa hacer el Gobierno para atender a las necesidades de los ciudadanos? (Número de expediente 180/000940) ... (Página9)

Del diputado don Sebastián Franquis Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Piensa continuar el Gobierno con las prospecciones petrolíferas sin escuchar a las instituciones ni a la sociedad de la Comunidad Autónoma de Canarias? (Número de expediente 180/000945) ... (Página10)

Del diputado don Juan Luis Gordo Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Qué planes tiene el Gobierno para el futuro de las TDT en España? (Número de expediente 180/000946) ... (Página12)

Del diputado don Pedro María Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cuándo piensa el Gobierno resarcir a los trabajadores públicos por la pérdida salarial que les supuso la supresión de la paga extra en julio de 2012? (Número de expediente 180/000937) ... (Página13)


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Del diputado don Antonio Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cuántos procedimientos de gestión tributaria se han abierto a emigrantes retornados por pensiones no declaradas? (Número de expediente 180/000941) ... (Página14)

Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Qué criterios han sido tenidos en cuenta para elegir al nuevo Jefe de la Brigada Anticorrupción de la Comisaría General de Policía Judicial? (Número de expediente 180/000942) ... (Página16)

De la diputada doña Pilar Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno respecto de la sustitución de la seguridad pública por seguridad privada? (Número de expediente 180/000943) ... (Página17)

De la diputada doña Rosana Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Qué medidas de carácter urgente va a aprobar el Gobierno para evitar más siniestros marítimos como los de los barcos pesqueros "Santa Ana", "Mar de Marín" y "Mar Nosso", que se han cobrado la vida de 18 marineros? (Número de expediente 180/000921) ... (Página18)

Del diputado don Pere Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Qué sentido tiene la publicación de un documento en la web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, desde el pasado 7 de abril, para prohibir el uso de drones con finalidad comercial, en vez de proceder a su inmediata regulación? (Número de expediente 180/000918) ... (Página20)

De la diputada doña María Angelina Costa Palacios, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué respuesta va a dar el Gobierno al último comunicado de los rectores de las universidades españolas? (Número de expediente 180/000944) ... (Página21)

Del diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Cuál es la valoración del Gobierno respecto a las recientes previsiones de la Comisión Europea sobre España en materia de empleo? (Número de expediente 180/000938) ... (Página22)

Del diputado don Pedro Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Tiene previsto la señora ministra cumplir los compromisos del Estado para evitar la quiebra del sector tomatero canario? (Número de expediente 180/000936) ... (Página24)


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Del diputado don Chesús Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula a la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Tiene previsto el Gobierno incluir un nuevo trasvase del Ebro a otras cuencas hidrográficas en el próximo Plan Hidrológico Nacional cuya aprobación está anunciada para antes de concluir esta Legislatura? (Número de expediente 180/000935) ... (Página25)

De la diputada doña Carmen Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Es consciente la ministra de Sanidad del riesgo para la salud y la vida de las mujeres que conlleva el anteproyecto de reforma del aborto? (Número de expediente 180/000947) ... (Página27)

De la diputada doña Esperança Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Qué planes tiene la ministra de Sanidad tras la Sentencia que declara inconstitucional el "euro por receta"? (Número de expediente 180/000948) ... (Página28)

Interpelaciones urgentes ... (Página29)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cambio de modelo de formación profesional introducido por la Lomce, que la devalúa, y las consecuencias de su aplicación ... (Página29)

Formula la interpelación urgente el señor Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega).

Replica el señor Barberà i Montserrat y duplica el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Larreina), sobre propósitos del Gobierno para corregir la erosión de derechos fundamentales ... (Página36)

Formula la interpelación urgente el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro del Interior (Fernández Díaz).

Replica el señor Larreina Valderrama y duplica el señor ministro del Interior.

Del Grupo Parlamentario Socialista, a la Ministra de Fomento, sobre las políticas del Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda a las familias con dificultades económicas ... (Página44)

Formula la interpelación urgente la señora Iglesias Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista.

En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).

Replica la señora Iglesias Santiago y duplica la señora ministra de Fomento.


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Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas), sobre las prospecciones de hidrocarburos frente a las costas canarias de las islas de Lanzarote y Fuerteventura ... (Página52)

Formula la interpelación urgente la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López).

Replica la señora Oramas González-Moro y duplica el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página59)

Proyecto de ley de régimen del personal de la Guardia Civil ... (Página59)

El señor ministro del Interior (Fernández Díaz) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen los señores Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Cortizo Nieto, del Grupo Parlamentario Socialista.

Vuelven a hacer uso de la palabra el señor ministro del Interior, así como los señores Sixto Iglesias y Cortizo Nieto.

Interviene nuevamente el señor ministro del Interior.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Conde Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página80)

Real Decreto-ley 6/2014, de 11 de abril, por el que se regula el otorgamiento de la explotación de los recursos mineros de la zona denominada "Aznalcóllar" ... (Página80)

El señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Pradas Torres, del Grupo Parlamentario Socialista, y Tarno Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página85)

Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia al proyecto de ley de régimen del personal de la Guardia Civil, se rechaza por 10 votos a favor más 2 votos telemáticos, 12; 177 en contra más 1 voto telemático, 178; y 104 abstenciones.


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Avocación por el Pleno ... (Página85)

Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del citado proyecto de ley, se rechaza por 122 votos a favor y 172 en contra.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página86)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-Ley 6/2014, de 11 de abril, por el que se regula el otorgamiento de la explotación de los recursos mineros de la zona denominada "Aznalcóllar", se aprueba por 285 votos a favor más 3 votos telemáticos, 288; 4 en contra y 2 abstenciones.

Se levanta la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

PREGUNTAS:

- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE USTED QUE PUEDE EXISTIR DEMOCRACIA SIN PRENSA LIBRE E INDEPENDIENTE? (Número de expediente 180/000949).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Preguntas dirigidas al Gobierno y dentro de ellas al señor presidente del Gobierno. En primer lugar, pregunta la diputada doña Rosa Díez del Grupo de Unión Progreso y Democracia. (Rumores).

Ruego silencio, ha comenzado ya el Pleno.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

El ejemplo más claro de la existencia de una democracia depreciada suele medirse por la inexistencia de una prensa libre e independiente. Acabamos de conocer el ranquin mundial sobre libertad de prensa realizado por Freedom House en el que viene a decir que el nivel más bajo de la democracia en España, desde la perspectiva de la prensa independiente, se está produciendo en este momento. La independencia de los periodistas -dice ese informe- ha ido disminuyendo durante la última década hasta colocarse al nivel de Ghana, Surinam o Islas Salomón. Estamos a punto de dejar de ser considerados, desde el punto de vista de la prensa, un país libre para pasar a ser parcialmente libre. Desde 2013 hemos descendido desde el puesto número 39 hasta el 52, solamente en un año. Entre los países más restrictivos España obtiene 28 de 100 puntos, de los cuales 14 se deben a trabas impuestas por el poder político, 6 a limitaciones legales para la libertad de informar y 8 a condiciones económicas. En los últimos años nos han adelantado países salidos del telón de acero, islas del Pacífico, países sudamericanos. Portugal nos saca 10 puntos, la República Checa 8, Eslovaquia y Lituania 4. De los países de la Unión solo la Italia de Berlusconi -presidente, solo la Italia de Berlusconi y por muy poquito- está peor que España desde el punto de vista de la libertad de prensa. La directora de este informe dice, entre otras cosas, de España que hemos visto cómo los medios de comunicación despedían periodistas, cómo cada vez hay menos profesionales y en peores condiciones, cómo la industria mediática está disminuyendo, y eso hace que los periodistas se vean obligados a callar porque les preocupe perder su trabajo. En muchos casos la situación conduce a la autocensura, a no cubrir ciertas noticias -esta será probablemente de las no cubiertas-. Al mismo tiempo, la diversidad de opinión que ofrecen los medios de comunicación está disminuyendo. Le pregunto, presidente: ¿En estas circunstancias y con este panorama -que no lo dice este partido político sino informes reputados como este-, usted cree que puede haber democracia sin libertad de prensa, sin prensa independiente?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor presidente.


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El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señora Díez, sin prensa libre e independiente no puede existir un régimen democrático. Eso es lo que yo pienso, y considero que el reconocimiento de la libertad de expresión, la de cátedra y la libertad de prensa constituyen una pieza clave y esencial de cualquier régimen democrático. Dicho esto, es usted muy injusta con su país, y se lo tengo que decir con absoluta franqueza. En España hay más canales de televisión gratuitos entre públicos y privados, nacionales y autonómicos que en ningún otro lugar del mundo. Hay un centenar de cabeceras de periódicos, en Madrid hay cuatro generalistas. Hay más periódicos económicos que en ningún otro lugar de Europa, hay cuarenta periódicos con más de cien mil lectores, hay diez periódicos con más de medio millón de electores, hay emisoras de radio, hay periódicos digitales y tenemos internet. Con absoluta franqueza, decir que en España no hay libertad de prensa y libertad de expresión me parece una exageración, por eso le he dicho que usted es profundamente injusta con su país. Usted nos ha mencionado aquí una serie de informes; el último de Reporteros sin fronteras, que no pasa por ser precisamente una organización progubernamental, nos sitúa en su ranquin por delante de países como Estados Unidos, Francia o Italia en materia de libertad de prensa. (Aplausos). Por tanto, yo le digo con absoluta franqueza que en España hay libertad de expresión reconocida por la Constitución, y todo el mundo la ejerce habitualmente. Creo que usted debería ser más ecuánime, se lo digo con absoluta franqueza.

Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

Señora diputada.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Yo ecuánime y usted sincero. (Rumores). No confunda usted la cantidad con la calidad, no confunda usted la cantidad con la libertad. (Varios señores diputados: ¡Oh!). Presidente, no confunda prensa pública con prensa independiente. Aquí hay prensa pública y prensa concertada, y eso es una desgracia para la democracia. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Realmente no tengo mucho que añadir a lo que he dicho en mi primera intervención, pero me parece un exceso y una desmesura por su parte decir que en España no hay libertad de expresión cuando a diario todos los que estamos aquí presentes vemos lo que se escribe, lo que se dice y lo que se habla sobre cualquier tema y los juicios de valor que se emiten en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa por todos los ciudadanos que tienen acceso a esos medios de comunicación. Por tanto, no puedo compartir sus afirmaciones, no comparto su opinión. Afirmo que este es un país donde hay libertad de expresión, como por otra parte saben todos los que nos están oyendo en estos momentos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL EFECTO DE SUS POLÍTICAS SOBRE LOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/000939).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor presidente del Gobierno que formula el diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista.

El señor PÉREZ RUBALCABA: Gracias, señor presidente.

Señor Rajoy, ¿cómo valora el efecto de sus políticas sobre los ciudadanos españoles?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.

El gran objetivo de esta legislatura, como usted sabe, señor Pérez Rubalcaba es crecer y crear empleo porque en los cuatro años anteriores al momento en que nosotros asumimos la responsabilidad de gobernar España no crecía y el paro había aumentado 3.400.000 personas. Para ello hemos tenido que


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corregir los desequilibrios de la economía española, el déficit público, reestructurar el sistema financiero y recuperar con reformas estructurales la competitividad perdida; hubo que tomar decisiones no fáciles, hubo que hacer reformas. Intentamos hacerlo de manera equitativa. Hemos subido impuestos y reducido algunos gastos, pero siempre intentando repartir entre todos, intentando ser justos y manteniendo los grandes pilares del Estado del bienestar (sistema de pensiones, sanidad, educación y servicios sociales). Hoy como consecuencia de esas medidas estamos mucho mejor que hace dos años. Este año ya tendremos crecimiento económico, el año que viene habrá más; este año ya se está creando empleo neto en España, está aumentando, lleva aumentando ya varios meses consecutivos el número de afiliados a la Seguridad Social. Por tanto, yo creo que todas estas reformas poco a poco irán produciendo resultados cada vez más apreciables para el conjunto de los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor diputado.

El señor PÉREZ RUBALCABA: Gracias, señor presidente.

Señor Rajoy, sabe usted que discrepo profundamente de las políticas que ha seguido su Gobierno porque han conducido a que en España hoy haya más desempleo que cuando usted llegó, menos derechos sociales, menos derechos laborales y sobre todo mucha más desigualdad. Sus previsiones, las de su Gobierno, las que hace Bruselas, las que hace la OCDE, dicen algo terrible: que esta es una legislatura perdida para el empleo, que acabará con menos españoles trabajando que cuando empezó y que su modelo de crecimiento, basado en salarios bajos y en recortes sociales, no va a generar empleo de forma significativa en los próximos dos años. Hoy, entre otras razones, porque estamos cerca de unas elecciones europeas, creo que es bueno traer algunas reflexiones que he hecho en esta Cámara en relación con Europa en los debates que hemos tenido aquí -por cierto, intensos y extensos sobre Europa- y que tienen que ver concretamente con la forma de cambiar estas previsiones negativas para nuestro país. He dicho, y repito hoy aquí, que los problemas de la Unión Europea, de Europa, se resuelven con más Europa; que los socialistas queremos que haya más unión bancaria, entre otras cosas, para que nunca más los ciudadanos paguen por lo que sus gestores o los gestores de los bancos hacen mal; que queremos más unión fiscal para que las empresas paguen donde obtienen sus beneficios; sobre todo queremos más unión social para que los europeos no vean nunca más ese espectáculo de Europa escatimando 15.000 millones de euros para combatir el desempleo juvenil; queremos más unión política para que los europeos sepan quién decide y sobre todo ante quién dan cuentas aquellos que deciden. Estas son las primeras elecciones generales europeas que se celebran, que son claves para salir de la crisis y, entre otras cosas, para salir de la postración en la que está Europa; una Europa que está desmoralizada y en la que estas políticas equivocadas han creado un caldo de cultivo en el que ha crecido el egoísmo, la xenofobia, el racismo; esa Europa que tiene que tiene que salir de la crisis después de estas elecciones. Sirvan estas palabras para recordar a los europeos que también en estas elecciones se puede decir no justamente a eso -a la xenofobia, al racismo, al egoísmo-; se puede decir no a aquellos que quieren mandar en Europa sin creer en Europa, que quieren gobernar en Europa sin creer en Europa y sobre todo sin creer en los valores que dieron paso a esta Europa que todos queremos. Todo esto se decide en estas elecciones y esta creo... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.

Me ha hablado de muchas cosas y voy a intentar contestarle a todas. Yo estoy sustancialmente a favor -lo hemos visto en los distintos debates que se han producido aquí en materia europea respecto de lo que hemos de hacer en el futuro- de la unión bancaria, de la unión fiscal y por supuesto de luchar contra el desempleo juvenil -fue España y el Gobierno que yo presido quien planteó la iniciativa que luego se concretó, en mi opinión con menos recursos de los que nos hubiera gustado, pero desde luego que fue útil-; estoy a favor de la unión política y, por tanto, de que haya más Europa. Creo, por fortuna, que el proceso es irreversible y que la grave crisis del euro que vivimos en los últimos años se ha superado, por lo que considero que debemos continuar trabajando en el futuro. Una cosa es lo que hagamos en Europa y otra lo que hagamos en nuestro país. Quiero reiterarle lo que también le he dicho en alguna ocasión en


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esta misma Cámara: hoy las cosas están mejor que hace dos años. Eso es evidente, negar la realidad no tiene ningún sentido. Vemos que hay buenos datos de la Seguridad Social y hay más afiliados hoy que hace un año; los últimos datos de la Unión Europea dicen que el número de parados menos, el 38 %, que hay en toda Europa son españoles -es un dato positivo-; la prima de riesgo está bien, podemos financiar y ha vuelto la inversión exterior; ha mejorado el turismo, el consumo... Por tanto, hay datos que indican que las cosas van por el buen camino y, como le he señalado antes, en 2014 y 2015 habrá crecimiento y creación de empleo en nuestro país. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿QUÉ PIENSA HACER EL GOBIERNO PARA ATENDER A LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS? (Número de expediente 180/000940).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. La formula la diputada doña Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Socialista.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias.

Señora vicepresidenta, le pregunto sobre qué piensa hacer su Gobierno para atender a las necesidades de los ciudadanos, si es que realmente usted piensa que las tienen. La semana pasada me dijo aquí, en el Pleno, que cuanto mejor le va a España peor les va a ustedes. Yo le pregunto: ¿cree que en esta España le va mejor a 6 millones de parados, a 2 millones de hogares en los que ningún miembro trabaja, a más de 700.000 hogares, señora vicepresidenta, en los que no entra ninguna prestación por desempleo porque ustedes las han bajado a límites históricos en España, por debajo del 40 %, y, por eso, si quieren comer tienen que ir a los bancos de alimentos? ¿De verdad cree que les va mejor a los españoles que manteniendo el trabajo les han bajado su salario? ¿Es por eso por lo que comunican a Bruselas con alborozo, con contento, que habrá más personas en España sin trabajo en 2015, cuando acaben su legislatura, de las que había cuando entraron a gobernar? ¿Cree realmente que les va bien a los pensionistas, a los que tienen ahora mismo devaluadas sus pensiones, pagar impuestos, pagar medicamentos? ¿Es por lo que le comunican a Bruselas que para 2015 y en los próximos años las pensiones en España serán un 30 % inferiores después de su reforma? ¿Cree realmente que les va mejor a los estudiantes sin beca, a los niños y niñas autistas a los que han retirado la beca extra de terapia? ¿Cree realmente que les va mejor? ¿Es por eso por lo que comunican a Bruselas que seguirán recortando en educación un 17 % los próximos dos años? ¿Cree realmente que les va mejor a los enfermos oncológicos, que tienen que pagar su medicamento? ¿Es por eso por lo que le comunican a Bruselas que seguirán recortando en sanidad el 17 % del presupuesto? ¿Es por eso? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.

Señora Rodríguez, sinceramente creo que no se ha enterado usted de lo que va esta legislatura. (Rumores). Esta legislatura va de arreglar los desaguisados de toda la anterior. (Rumores.-Aplausos). Usted -¿cómo era esa frase?-, usted estaba allí, ¿no? Pues mientras usted estaba allí 3,5 millones de españoles se quedaron en el paro -más de un millón mujeres-. El número de hogares con todos sus miembros en el paro, mientras usted estaba allí, subió en más de un millón, señora Rodríguez. (Rumores). Dejaron la temporalidad en el empleo -el empleo precario del que habla- en el 24,8, y ahora ya está bajando hacia el 23; 2,5 millones de personas, señoría -y el señor Rubalcaba estaba allí-, entraron en exclusión social. ¿Sabe en qué año creció un millón? En 2010, el año de los recortes del Partido Socialista. ¿Se acuerda? Habla usted de los pensionistas. Congelaron las pensiones y otras muchas ayudas. Recortaron todo menos el déficit, y hubo que sanear las cuentas y pagar también esas facturas pendientes -que dejaron ustedes- de la educación y de la sanidad; de esto va la legislatura. Dice usted que qué piensa hacer el Gobierno. No es lo que piensa hacer el Gobierno, es lo que está haciendo. Está haciendo


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reformas para que los españoles tengan una esperanza, y hoy las cifras de empleo creo que son una buena esperanza, un buen inicio.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Señora diputada.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Pues la que sabe de qué va esta legislatura es usted, señora vicepresidenta (Risas.-Rumores): la legislatura de un gobierno que gobierna para unos pocos, a los pocos que les va bien -¿sabe?-, los que le piden otra vuelta de tuerca a la reforma laboral al presidente del Gobierno. Un gobierno, cuando gobierna para unos pocos, ¿sabe lo que es? Un chiringuito, como usted reconoció con honestidad el pasado viernes. Eso son ustedes, el chiringuito de unos pocos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señora Rodríguez, en este país las grandes empresas, muchas de ellas, han empezado a pagar el impuesto sobre sociedades de verdad con el señor Montoro; no sé si es de esos pocos de los que habla su señoría, o de esos pocos a los que quitaron el impuesto sobre patrimonio, o de esos pocos que tenían grandes sueldos a los que este Gobierno puso coto cuando llegó. ¿Se trata de eso, señoría? ¿Se trata de esos pocos? Este Gobierno sigue trabajando, porque ustedes pretenden que como estamos en campaña dejemos de hacer todo. ¿Sabe lo que les hace a ustedes más daño? Que este Gobierno trabaja, y trabaja todos los días. Ustedes han decidido una cosa que, sinceramente, creo que es muy peligrosa, que su adversario político no sea ni el Gobierno ni el PP sino la realidad. La realidad, señorías, es la que les va desmintiendo día a día y todos los días; porque esa realidad no se cambia con retórica sino con reformas, las que ha hecho este Gobierno, como le digo, para resolver los desaguisados de todas las anteriores, las suyas. El señor Rubalcaba y ustedes estaban allí.

Muchas gracias. (Rumores.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

- DEL DIPUTADO DON SEBASTIÁN FRANQUIS VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿PIENSA CONTINUAR EL GOBIERNO CON LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS SIN ESCUCHAR A LAS INSTITUCIONES NI A LA SOCIEDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS? (Número de expediente 180/000945).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Industria, Energía y Turismo. En primer lugar, pregunta del diputado don Sebastián Franquis, del Grupo Socialista.

El señor FRANQUIS VERA: Muchas gracias, presidente.

¿Piensa continuar el Gobierno con las prospecciones petrolíferas sin escuchar a las instituciones de Canarias ni a la sociedad de Canarias en su conjunto?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, como usted conoce el Gobierno ha dado un periodo de audiencia pública, tal y como establece la legislación vigente, en el cual se han podido manifestar todas las instituciones Canarias, tanto los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, el propio Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, como todos los agentes privados que así lo han deseado.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor diputado.


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El señor FRANQUIS VERA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Soria, decía en su blog personal hace escasamente dos años, en plena campaña electoral, que iba innovar a la política; decía que quería hablar, escuchar, negociar, pactar, y para ello había que jugar limpio entre las dos partes. ¿Usted cree que está jugando limpio con Canarias? ¿Usted cree que ha escuchado a la sociedad canaria? ¿Usted cree que la mayoría de la sociedad canaria, la comunidad científica, el 80 % de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Canarias, las ONG, las universidades, no tienen razón para reclamarle a usted que los escuche? ¿Por qué tanto empeño en seguir adelante con las prospecciones petrolíferas en Canarias? Usted ha basado toda su argumentación en tres elementos claves. El primero era crear empleo. Quiero recordarle, señor Soria, que llevamos trece años peleando para que las prospecciones petrolíferas en Canarias no se lleven a cabo. En 2001 el Gobierno de Aznar empezó a autorizar las prospecciones. ¿Sabe cuál era el paro en dicho año? El 10,9 %. Por tanto, el empleo no es un motivo sino una excusa más, una manipulación más desde el Gobierno. El otro gran argumento era que está a 60 kilómetros de las costas de Canarias, y eso lo diferencia de Baleares, de Valencia o de Málaga porque están a 10 o 12 kilómetros. ¿Sabe, señor ministro, a qué distancia estaba la plataforma del Golfo de México cuando se hundió? A 70 kilómetros, y produjo lo que produjo. ¿Sabe usted a cuánta distancia estaba el Prestige cuando se hundió frente a las costas de Galicia? A 250 kilómetros de distancia, y produjo el efecto que produjo. Por tanto, no es ninguna excusa. El tercer argumento es que como lo hace Marruecos, también lo tenemos que hacer en España y en Canarias. ¿Si a Marruecos se le ocurre instalar una central nuclear, también instalamos una central nuclear en Canarias, señor ministro? ¿También hacemos eso? Es que no tiene razón, usted está poniendo en juego y en peligro la mayoría de nuestro sector económico de nuestra comunidad, señor Soria. Usted lo sabe, señor Soria. Lo que le pido... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señor Franquis, dice que el Partido Socialista lleva trece años intentando paralizar las prospecciones petrolíferas cerca de las costas de Canarias. Pues bien, le voy a leer lo que el secretario general del Partido Socialista, el señor Pérez -es verdad que en la campaña electoral pasada, en 2011- decía: El PSC -el Partido Socialista de Canarias- haría las prospecciones con los ojos cerrados. (Rumores). Yo eso nunca lo haría, porque con los ojos cerrados no hay que hacer prospecciones. Hay que dar una autorización administrativa, hay que tener una declaración de impacto ambiental, etcétera. Le voy a leer alguna cosa del decálogo de su partido con relación a las prospecciones, eso sí, en campaña electoral. Decía el señor Pérez: Las prospecciones supondrán importantes ventajas para Canarias. Veo que usted ya no está de acuerdo. Proseguía: Yo solo veo ventajas, ni un solo inconveniente. Creo que usted ha cambiado de parecer. Continuaba: Los beneficios económicos que puede proporcionar a las islas son extraordinarios. Veo que usted ya no lo ve así. En cuarto lugar, decía el señor Pérez -es decir, el secretario general de su partido en Canarias-: Haría las prospecciones con los ojos cerrados. (Rumores). Hombre, con los ojos cerrados, no. Tenemos que llevar a cabo toda la tramitación, una declaración de impacto ambiental, que estén sujetas a los requisitos y a las condiciones medioambientales que se exigen en este tipo de trabajos. Finalmente -esto es lo mejor de todo-, decía el señor Pérez... (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). El señor Pérez, sí, lo que pasa es que es el secretario general del Partido Socialista en Canarias. Les parecerá poco, pero es mucho, porque además vicepreside el Gobierno de Canarias. Repito, decía finalmente en campaña electoral el señor Pérez: Canarias es el único territorio del mundo con gas o petróleo que dice que no. (La señora Hernández Gutiérrez pronuncia palabras que no se perciben). Pues, mire, le voy a decir una cosa...

El señor PRESIDENTE: Señora Hernández, silencio.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Canarias todavía no sabe si tiene petróleo o gas, pero en aquel momento lo cierto es que el señor Pérez, su secretario general, era totalmente partidario no solo de extraerlo sino además... (Aplausos.-Rumores).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


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- DEL DIPUTADO DON JUAN LUIS GORDO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿QUÉ PLANES TIENE EL GOBIERNO PARA EL FUTURO DE LAS TDT EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000946).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Industria, Energía y Turismo, que formula don Juan Luis Gordo, del Grupo Socialista.

El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, el pasado día 6 se produjo el cierre de nueve canales de la televisión en abierto y a lo largo del próximo año se tiene que producir una reasignación del espacio radioeléctrico para la puesta en marcha de la telefonía 4G. Ambas actuaciones limitan tremendamente la cobertura y la oferta de la televisión en abierto en nuestro país; le diré más, son lesivas y perjudiciales no solamente para los ciudadanos sino también para las televisiones. Este Parlamento no sabe nada de lo que está haciendo el Gobierno. Sospechamos que ante la inacción del Gobierno se esconden los intereses de terceros que no están en estos momentos en la TDT, pero también la ideología y los intereses ideológicos del Gobierno. (Rumores). El Gobierno en ningún momento se ha puesto en contacto con el sector, como así lo han manifestado, por eso le preguntamos, señor ministro, qué planes tiene el Gobierno para el futuro de la TDT en España. (Aplausos.-Rumores).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Un momento, señor ministro. Por favor, ruego silencio para que se puedan oír las preguntas y las respuestas.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, los planes del Gobierno para la televisión digital terrestre es disponer de una televisión plural que tenga un marco seguro, estable, y que sea también de calidad.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor ministro.

La oferta de la TDT y el reparto de licencias para nosotros es una cuestión de Estado. Se trata de la defensa de un derecho fundamental como es el derecho a la información, una información plural como siempre hemos defendido los socialistas. En su momento todo el sector audiovisual consensuó las normas del funcionamiento del mercado televisivo, lo que ahora no está haciendo el Gobierno, porque está modificando las reglas del juego sin diálogo y sin consenso. El Gobierno no se puede parapetar en la sentencia. Ha tenido dieciocho meses para garantizar la oferta televisiva, pero no ha hecho absolutamente nada; bueno, sí, manipular los medios de comunicación pública y coartar a los privados en beneficio propio y, al mismo tiempo, reducir la televisión abierta a favor de la televisión de pago. Por eso, nosotros apostamos por el pluralismo, por la defensa de los intereses de los ciudadanos y por la seguridad jurídica. Señor ministro, este tema no es ajeno al Grupo Parlamentario Socialista. Consensuamos en su momento la Ley de Comunicación Audiovisual; llegamos a un acuerdo y ahora queremos participar para llegar a un acuerdo entre todos. Vamos a estar atentos y a trabajar por una televisión plural y por unos medios de comunicación para todos los españoles. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, tengo que reconocerle su valor e incluso mostrar mi admiración por traer este tema hoy aquí a esta Cámara. Habla usted de que el Gobierno ha cambiado el marco. Le voy a recordar algo. Año 2010 -otro Gobierno había en España-, se hizo una adjudicación directa de nueve canales de televisión digital terrestre, al margen de lo que en aquel momento la Ley de Comunicación Audiovisual preveía al efecto, que era que había que hacer un concurso. Pues bien, no se hizo un concurso y se adjudicaron nueve canales, uno a Antena 3, otro a Cuatro, otro a Telecinco, dos a La Sexta, dos a Veo y dos a Net. Nueve. No pasó nada, solo que una empresa


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recurrió aquella adjudicación y la recurrió basándose en que no se había hecho conforme a la ley. Dos años más tarde, en diciembre del año 2012, el Supremo dictó un auto en el que decía que aquella adjudicación era ilegal porque se había hecho al margen de la Ley de Comunicación Audiovisual. Y en febrero de 2013 el Supremo ratificó aquel auto. A lo largo de todo el año 2013 -contrariamente a lo que usted sostiene, señoría- el Gobierno ha estado hablando con el sector para que no se produjera el apagado de esos canales hasta que se aprobara el Plan de dividendo digital, que sabe que tenemos que liberarlo para que en la parte del espectro donde hoy hay canales de televisión pueda desplegarse la cuarta generación de telefonía móvil. Hemos condicionado el cierre al despliegue del dividendo digital y a la elaboración del Plan de dividendo digital, hasta que el Tribunal Supremo hace dos meses ha remitido otro auto al ministerio pidiendo que le digamos quién es, con nombre y apellidos, la persona responsable de proceder al apagado y le recuerdo -decía el Supremo- cuáles son las sanciones económicas si el Gobierno no ordenaba el cierre de inmediato.

Si usted estuviese en mi situación, dígame si hubiese hecho caso o no de un auto del Supremo en esos términos. Yo creo que usted en mi caso hubiese hecho exactamente lo mismo porque le podrán gustar más o menos pero los autos del Supremo hay que cumplirlos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO RESARCIR A LOS TRABAJADORES PÚBLICOS POR LA PÉRDIDA SALARIAL QUE LES SUPUSO LA SUPRESIÓN DE LA PAGA EXTRA EN JULIO DE 2012? (Número de expediente 180/000937).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Pregunta en primer lugar, el diputado don Pedro Azpiazu del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

El señor AZPIAZU URIARTE: Hace casi dos años, señor ministro, y apremiado por la situación económica y por las dificultades para cumplir con los compromisos europeos en materia de déficit público, su Gobierno tomó la decisión, entre otras, de suprimir la paga extra del mes de diciembre a los trabajadores dependientes de todas las administraciones públicas en sentido amplio, centrales, autonómicas, locales, etcétera. Pudo haber tomado otras decisiones, pero usted decidió suprimir la paga de diciembre de 2012. Sabe usted que tiene el compromiso y la obligación de devolver el importe íntegro de la paga. Por eso le pregunto, señor ministro, cuándo va a hacerlo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor Azpiazu, de acuerdo con el real decreto-ley de julio del año 2012 -que como usted recordaba se aprobó en una situación excepcional de la historia reciente de España, la más difícil que hemos vivido-, llevamos adelante lo que en esos mismos términos llamamos la supresión de la paga extra de todos los funcionarios públicos en España. Pero esa supresión -como está contenido en el decreto-ley y como yo mismo expliqué en la tribuna- no significaba una supresión definitiva sino que significaba una postergación, un aplazamiento a ejercicios futuros. Como dije en la tribuna en julio de 2012, esa paga se devolvería a partir de que las condiciones económicas y presupuestarias lo fueran permitiendo. Por eso puedo decirle esta mañana que el proyecto del Gobierno es, una vez que tenemos delante mejores condiciones económicas y presupuestarias, facilitar la progresiva recuperación de la paga extra en los tiempos y cuantías que permita el cumplimiento de los objetivos presupuestarios.

Doy satisfacción a su señoría y estoy seguro de que la doy a millones de trabajadores en el sector público que han hecho y siguen haciendo una gran aportación a la salida de la crisis económica de España, como he resaltado en mis sucesivas intervenciones y, por tanto, merecen que se corresponda con planteamientos que también para ellos supongan una mejora de sus condiciones de vida, en este caso de sus condiciones salariales.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor diputado.


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El señor AZPIAZU URIARTE: Sí, señor Montoro. Hace seis meses y medio el secretario de Estado de su ministerio, señor Beteta, decía que presumiblemente en 2015 se abonaría la paga de 2012, es decir, que sí o que no, según convenga. Ojalá -afirmaba también- que la economía creciera más y pudiéramos hacerlo antes. Ayer mismo señalaba que no habrá más recortes porque ya no hacen falta y hoy usted nos reconoce efectivamente la supresión, pero tampoco se compromete en plazos concretos y en plazos fijos. Lo único que dice es que devolverá cuando pueda, pero eso es lo mínimo, señor ministro, eso no es ningún compromiso firme. Sin embargo, el Gobierno insiste en que la economía y sus previsiones mejoran día a día y que la recaudación está creciendo en torno al 6 %. ¿A qué espera para cumplir con el compromiso?

Señor Montoro, desde el año 2009 los trabajadores públicos han perdido un 20 % de la capacidad adquisitiva, un 7 % por la bajada salarial, incluido el recorte del señor Zapatero, y un 12 % por el aumento de los precios, a lo que habría que añadir aumentos de jornadas, supresión de días libres, reducción de plantillas, etcétera. ¿No le parece ya suficiente sacrificio? Todas las administraciones públicas y sus trabajadores están esperando lo que usted va a hacer y le están pidiendo que cumpla ya, señor ministro. Además, cuanto más se demore supondrá que algunos afectados no van a poder recuperar lo que les pertenece, o van a fallecer o se van a jubilar, y en este sentido el sacrificio más la demora es un doble sacrificio absolutamente gratuito.

Nosotros le proponemos que no espere a 2015 para hacer un gesto electoral. Devuelvan este año al menos el 50 % del importe y comprométase a otro 50 % a hacerlo el año que viene, así, en nuestra opinión, será más creíble y no hará sufrir tanto a cientos de miles de familias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Ya he dicho que los funcionarios públicos y los empleados públicos tienen el máximo reconocimiento del Gobierno por la tarea que están haciendo e insisto en que haremos esa reposición cuando las condiciones económico-presupuestarias lo vayan permitiendo, puesto que eso es la fiabilidad de la propia recuperación económica, y haremos partícipes de esa recuperación económica a los trabajadores públicos. También esos trabajadores públicos se beneficiarán de la bajada del impuesto sobre la renta de las personas físicas, como el conjunto de los trabajadores de España a partir de enero del año 2015. Por tanto, podremos decir que su contribución, su esfuerzo ha sido enormemente útil para resolver definitivamente la...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HURTADO ZURERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CUÁNTOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA SE HAN ABIERTO A EMIGRANTES RETORNADOS POR PENSIONES NO DECLARADAS? (Número de expediente 180/000941).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que fórmula don Antonio Hurtado, del Grupo Socialista.

El señor HURTADO ZURERA: Se da por formulada.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor diputado, según los últimos datos disponibles, la Agencia Tributaria ha iniciado un total de 27.696 actuaciones que afectan a emigrantes españoles retornados ya jubilados extranjeros residentes en España. Realmente es un porcentaje pequeño frente a las actuaciones, total de


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liquidaciones, que inició en el año 2013 la Agencia Tributaria, que ascienden a 800.000 expedientes. Por tanto, estamos hablando siempre de ese porcentaje. Quiero dejar claro desde el principio que se está realizando un examen individual de cada uno de ellos, de cada expediente, y que en ningún momento se está tratando a este colectivo como un colectivo defraudador, y que en cada uno de los casos, de forma también individual a la vista de las circunstancias personales y familiares de cada ciudadano, se está estudiando la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de pago para no perjudicar la situación patrimonial de los afectados.

En este sentido, se tienen en cuenta circunstancias tales como la edad, si tienen descendientes a su cargo o cualquier tipo de discapacidad. Además, se conceden aplazamientos automáticos y sin necesidad de ninguna garantía a ciudadanos cuyas deudas no superan los 18.000 euros. Más de 3.800 de las autodeclaraciones extemporáneas presentadas tras requerimiento se han beneficiado de aplazamientos por un importe aproximado de 5.210.000 euros. Esta es la información que le puedo dar.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias.

Señor ministro, la información es muy explícita: casi un millón de pensionistas, personas que siguen aportando divisas a este país y que siguen sustentando en gran medida a muchas familias españolas, frente a 30.000 beneficiarios de la amnistía fiscal. Sobre este millón de personas usted ha hecho recaer la Ley General Tributaria con todo su peso, sin ningún tipo de consideración. Sin embargo, para los amnistiados usted ha sido benévolo y bastante comprensivo, hasta el punto de que ha modificado la propia ley. Usted sí ha tratado como defraudadores a estos emigrantes retornados, cuando para evitar el sufrimiento que están padeciendo le hubiese bastado con proporcionar información porque no son defraudadores. Han sido personas cumplidoras que han querido cumplir con sus obligaciones tributarias y la información que ustedes les han suministrado ha sido errónea. Ahí ha estado el problema, en la información errónea que ustedes les suministraron. Por tanto, sí los han tratado injustamente como defraudadores.

Señor ministro, le voy a aportar una información importante. (Muestra un documento). Estos son los datos de la Agencia Tributaria. Rendimientos medios declarados del IRPF: trabajadores y pensionistas están declarando 19.200 euros al año; pequeños empresarios por módulos, 10.700 euros al año, pero grandes empresarios por estimación directa no llegan ni a los 10.000 euros al año. La lucha contra el fraude usted la está centrando justamente en aquellas personas que más están contribuyendo, que son los pensionistas y los trabajadores. Sin embargo, está poniendo ojos pequeños para donde realmente hay un fraude importantísimo, donde por cierto la recaudación ha disminuido en cerca de 600 millones de euros este año. Usted va a ser el ministro de la amnistía, el ministro que por primera vez en veintitrés años disminuye la recaudación por la lucha contra el fraude fiscal.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Como antes indicaba la vicepresidenta en respuesta a su portavoz, si el actual Gobierno tiene los ojos pequeños a la hora de luchar contra el fraude de los grandes, ustedes debían mirar al horizonte del Atlántico, no del Mediterráneo. La situación que encontré a mi vuelta al ministerio en el pago del impuesto sobre sociedades solo se puede adjudicar a un Gobierno de izquierdas. Ese mérito y esa medalla son suyos.

En segundo lugar, aquí no ha habido ninguna amnistía fiscal, señor Hurtado, se lo he explicado veinte mil veces. Ustedes hacen demagogia. Lo que ustedes hicieron en 1991 sí fue una amnistía. A quien se acogiera, a la opacidad más absoluta, sin conocerlo nadie. Hoy no se ha amnistiado a nadie. La información está en los ordenadores de la Agencia Tributaria...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


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- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ CRITERIOS HAN SIDO TENIDOS EN CUENTA PARA ELEGIR AL NUEVO JEFE DE LA BRIGADA ANTICORRUPCIÓN DE LA COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL? (Número de expediente 180/000942).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior.

Pregunta en primer lugar el diputado don Antonio Trevín, del Grupo Socialista.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Se da por formulada, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.

Si se da por formulada tengo que decir que no hay respuesta posible, porque la pregunta no se compadece para nada con la realidad. Dice: ¿Qué criterios han sido tenidos en cuenta para elegir al nuevo jefe de la Brigada Anticorrupción de la Comisaría General de Policía Judicial? Y es que no se ha nombrado a ningún nuevo jefe. Por tanto, espero que me lo explique y yo le podré contestar. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Trevín.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Señor ministro, la verdad es que anunciaron el nombramiento esta misma semana del jefe de dicha brigada. De ella depende el Grupo 21, que investiga la financiación irregular de su partido, los papeles de Bárcenas o la trama Gürtel. Incluso circulaba desde hace semanas el nombre del nuevo jefe y el destino actual. Con lo que acaba de decir, la jefatura de la Brigada de investigación del Banco de España ha quedado compuesta y sin novio. Espero que esta pregunta no tenga la culpa. (Aplausos).

Señor ministro, méritos, capacidad y antigüedad deben ser las únicas bases de selección en el Cuerpo Nacional de Policía, y más con antecedentes como estos. Uno de agosto de 2013, caso Bárcenas, el presidente Rajoy en esta Cámara: No se está produciendo ni se producirá ningún tipo de indicación a la Policía judicial. Y sigue: Y no se ha cambiado a ninguno de los responsables de la investigación en el caso. Tres meses después cambia el comisario general de Policía judicial tras conocerse relevantes informes de la UDEF sobre los casos Gürtel y Bárcenas. Antes fue destituido Rodríguez Ulla, coincidiendo con una investigación sobre el ático del presidente en Madrid. Asuntos internos interrogó, según informaciones no desmentidas, a policías del Grupo 21 de la UDEF, informes de los regalos de la trama Gürtel a la familia Mato-Sepúlveda: Yaguar, viajes, confeti. Y sobre la indemnización en diferido a Bárcenas, lo explicaría. Más aún, la defensa del PP en el caso Bárcenas descalificó con dureza a los policías que analizaron los documentos encontrados en el despacho del arquitecto que reformó la sede central de su partido diciendo: Creer a pies juntillas lo que dice un imputado en prisión no parece propio de un informe policial solvente. Por cierto, el mismo imputado que consiguió del presidente Rajoy el privilegio de que su mujer no hiciera el paseíllo en la Audiencia Nacional.

Convenga conmigo en que con ceses de responsables policiales, interrogatorios intimidantes o acusaciones desde el partido que gobierna España a los policías que lo investigan no es la mejor manera de seguir el ejemplo de la mujer del César, y mucho menos con nombramientos que solo se justifican por amiguismo o docilidad. Sinceramente, señor ministro, tenemos la sensación de que usted se dedica más a proteger los intereses de su partido que el interés de todos los españoles. Tiene ante esta Cámara el difícil reto de demostrar que todo esto no es lo que parece. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trevín.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.

Señoría, comprendo que, claro, ante el ridículo de la pregunta que me ha formulado, usted sobre la marcha haya tenido que improvisar una argumentación, una exposición y un relato que no tienen nada que ver con el contenido de la pregunta. (Rumores). Señoría, usted lo sabe pero posiblemente la Cámara


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no lo sepa. Su pregunta trae causa de una información que salió en El confidencial que decía exactamente lo que usted me ha preguntado. Lo que pasa es que lo que decía El confidencial no tiene nada que ver con la realidad porque decía exactamente lo que usted pregunta: El ministerio del Interior cesa al comisario jefe de la Brigada central de blanqueo de capitales y anticorrupción. Además, daba el nombre de quien le había sustituido. Y es que resulta que no se ha producido ningún relevo. Ante esa pregunta yo me quedo perplejo, porque quiere decir que usted lee una información, en este caso en un periódico digital, y ni se preocupa siquiera de contrastar si esa información es cierta, para traerla a continuación a la sede de la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados, y preguntar al ministro por esa información. Creo que el respeto a la Cámara exige un poco más de rigor y por tanto que usted hubiera contrastado esa información, y en el caso de que, contrastada, hubiera sido cierta, usted, como ha formulado la pregunta, me preguntara cuáles han sido los criterios que hemos seguido para producir ese relevo. Pero, claro, tengo que decir que no hay ningún criterio porque no ha habido ningún relevo. Por eso usted ha improvisado sobre la marcha el discurso de campaña que nos ha hecho.

Ya que ha hecho usted ese discurso de campaña, permítame que le diga que convendría que se dedicara a estudiar bien a fondo el trabajo que realiza en este caso el Cuerpo Nacional de Policía, también la Guardia Civil, en la lucha contra la corrupción en sus celosas manifestaciones. Sabe, señoría, que el delito de corrupción como tal no está tipificado en el código, pero sí consultas conexas con él como el tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, etcétera. Los datos de la UDEF en general y de la Guardia Civil en relación con la lucha contra este tipo de delitos acreditan que no solo han disminuido sino que se ha incrementado nuestra actividad. Por ejemplo en concreto, esa brigada a la que usted hace referencia abrió el pasado año un 22 % más de investigaciones que el último año de Gobierno de ustedes, 449 investigaciones abrió contra... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR GRANDE PESQUERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CUÁLES SON LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA SUSTITUCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA POR SEGURIDAD PRIVADA? (Número de expediente 180/000943).

El señor PRESIDENTE: Pregunta también dirigida al señor ministro del Interior, y que formula la diputada doña Pilar Grande, del Grupo Socialista.

La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿cuáles son las previsiones de su Gobierno con respecto a la sustitución de la seguridad pública por la seguridad privada?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, no hay ninguna previsión de sustitución de la seguridad pública por la seguridad privada. En el debate de totalidad que planteó el Grupo de La Izquierda Plural cuando presenté el proyecto de ley de seguridad privada, hoy ya ley aprobada por las Cortes Generales, tuvimos ocasión de poner de manifiesto claramente el carácter subordinado y complementario de la seguridad privada en todo momento en relación con la seguridad pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución y más recientemente la Ley de 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ha alcanzado ya su madurez la seguridad privada y puede realmente ayudar, complementar, pero no sustituir en ningún caso a la seguridad pública para garantizar mejor los derechos y libertades de los ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora diputada.

La señora GRANDE PESQUERO: Señor Fernández Díaz, no sé si a usted le gusta tanto el cine español como a mí, el de todos los tiempos, también el de blanco y negro o aquel de su época de gobernador civil. Le digo esto porque al leer y al releer la Ley de Seguridad Privada a la que usted se


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acaba de referir, que entra en vigor efectivamente dentro de veinte días, recordé una película de 1959, una que se llama Los tramposos. Aquella que tiene una escena genial de Toni Leblanc dando el timo de la estampita. Y no lo traigo a colación por lo del sobre -eso se lo dejamos a Bárcenas y a su partido- sino al timo en sí de ofrecer una cosa y dar otra, lo que se llama dar el cambiazo, igual que ustedes y sus promesas electorales. Nos han timado, señor ministro, nos han dado el cambiazo. Dijeron: no tocaremos el derecho a la sanidad pública, y la intentan privatizar; justicia igual para todos, tasazo judicial; acabaré con el paro, dijo el presidente, 1.200.000 parados más que cuando llegó a La Moncloa, y además sin prestaciones. Por cierto, si además consiguen liquidar el derecho a la información, mejor, porque así los ciudadanos no nos enteramos de nada.

Ahora le toca el turno a la seguridad. De nuevo liquidan un derecho para convertirlo en una mercancía. Han acordado con la patronal sustituir la seguridad pública, sustituirla, señor ministro, por la privada, no para mejorar ese derecho, sino para abrir una vez más con lo de todos nuevas oportunidades de negocio para algunos. ¿A quién benefician? ¿A los ciudadanos? En absoluto, señor Fernández Díaz, beneficia a empresarios como el dueño de Seguridad Integral Canaria, donante del Partido Popular -por cierto, caramba, otra vez los sobres-, condenado a tres años por delito urbanístico e indultado por su Gobierno, por el Consejo de Ministros en el que usted se sienta, y de nuevo imputado en estos momentos por fraude fiscal por abonar como dietas las horas extraordinarias de sus vigilantes. O doña Mónica Oriol, propietaria de Seguriber, de la empresa que vigilaba el Madrid Arena, la presidenta que dice: A esos jóvenes, no quiero pagarles el sueldo, porque no valen para nada. ¿Ve, señor ministro? El timo de la estampita, España en venta y otra vez en blanco y negro. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.

Permítame que le diga que en todo caso, ya que ha aludido a mi condición de gobernador civil y al blanco y negro, tuve el honor de ser gobernador civil con la democracia, con UCD, con los presidentes Suárez y Calvo-Sotelo y viví como gobernador civil el 23-F en Asturias, defendiendo el orden constitucional. (Aplausos). Dicho eso, señoría, agradecería que ustedes formularan preguntas y que después fueran coherentes con lo que preguntan, porque tienen derecho a preguntar lo que quieran. (Un señor diputado: ¡Ah, menos mal!), pero creo que es exigible una cierta coherencia entre lo que preguntan y lo que dicen después aquí.

Usted ha preguntado qué previsiones tenemos de sustitución de la seguridad pública por la seguridad privada. Yo pensaba, dándole un crédito de racionalidad y coherencia, que se referiría, por ejemplo, a las instituciones penitenciarias, porque en ese asunto sí que hicieron hincapié durante el proceso de tramitación del proyecto de ley tanto en Comisión como en Pleno, y tenía preparada una respuesta porque creo que es conveniente que lo conozcan su señoría y la opinión pública, ya que la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior el año pasado realizó una experiencia piloto en 21 instituciones penitenciarias para coger vigilantes privados que antes habían realizado labores de protección en el País Vasco y ver hasta qué punto era positiva la experiencia de que colaboraran como auxiliares y bajo la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en estos establecimientos. La experiencia ha sido muy positiva, a juicio de la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil, y la vamos a implementar en este año para otros establecimientos penitenciarios. La experiencia de complementariedad, subordinación y de auxilio de la seguridad privada sobre la seguridad pública se está demostrando... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. (Rumores).

Ruego silencio.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSANA PÉREZ FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS DE CARÁCTER URGENTE VA A APROBAR EL GOBIERNO PARA EVITAR MÁS SINIESTROS MARÍTIMOS COMO LOS DE LOS BARCOS PESQUEROS "SANTA ANA", "MAR DE MARÍN" Y "MAR NOSSO", QUE SE HAN COBRADO LA VIDA DE 18 MARINEROS? (Número de expediente 180/000921).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Fomento. En primer lugar, pregunta la diputada doña Rosana Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.


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La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, entre el 1 de marzo y el 17 de abril, en apenas mes y medio, han ocurrido entre Vigo y Asturias tres siniestros marítimos muy próximos al litoral y con la mar en calma blanca, que se han saldado con la pérdida de tres barcos del mismo subsector y, lo que es mucho más grave, con la pérdida de 18 vidas humanas. ¿Qué medidas urgentes va a aprobar su Gobierno para evitar más siniestros marítimos como los citados? Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.

Señora Pérez, todos los profesionales de la marina mercante y de salvamento marítimo trabajan en el ámbito de sus competencias para prevenir los accidentes marítimos. Como referencia le diré que Sasemar, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima y sus profesionales han atendido a más de 13.00 personas, con más de 5.000 actuaciones en las que han estado implicados más de 3.789 buques. Señoría, estamos trabajando para prevenir los accidentes, la Comisión de investigación de accidentes marítimos es un órgano independiente encargado de analizar cuáles son las causas de cada accidente y nosotros, las administraciones, tomamos buena nota y ponemos en marcha todas aquellas indicaciones.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Señora ministra, en los naufragios del Mar de Marín, del Santa Ana y del Mar Nosso hay muchas variables que no se explican ni por la casualidad ni por la fatalidad y hay muchas incógnitas por aclarar. El funcionamiento de los sistema de alerta, el momento de apertura de las balsas salvavidas, si se activó la radiobaliza o la llamada selectiva digital de socorro, si hubo intervención del centro de radio de comunicaciones marítimas, si se efectuaron los preceptivos mayday. La información hecha pública por las autoridades competentes no fue solo escasa sino casi inexistente, quedando pendiente de las investigaciones correspondientes que por lo que se conoce dirige todas sus miradas a los controles burocráticos de los buques. La Comisión de investigación de accidentes marítimos ya ha decidido no investigar el siniestro del Mar Nosso que, aunque de bandera portuguesa, es de armador y mayoría de tripulación gallega. Señora ministra, la flota gallega suma el 80 % de las víctimas mortales por accidentes marítimos, pese a suponer el 50 % del conjunto de la flota del Estado y a no faenar en los corredores con mayor densidad de tráfico. Esto indica, señora ministra, problemas específicos y que, como en el caso de Angrois, no todo sucede debido al fallo humano y en muchos casos afectan, y mucho, a decisiones políticas concretas que tienen efectos muy negativos en la seguridad. La privatización de parte de los servicios de seguridad, como el hecho de que se cobren los servicios de guardacostas o la intervención del helicóptero de salvamento, la centralización en Madrid de las emergencias del mar, la financiación de los desguaces pero no de la renovación de la flota para hacerla más segura y para la modernización de buques, la normativa que rebaja la tripulación mínima de las embarcaciones, las condiciones laborales de esa tripulación, la desaparición del seguro colectivo de accidentes del mar.Señora ministra, nosotros creemos que hay medidas que se pueden y se deben tomar de manera urgente, pero hay que estar, sobre todo hay que estar, porque su ausencia, señora ministra, y su falta de implicación en las tres tragedias ha sido un clamor, al igual que lo es su falta de compromiso con la necesidad de atajar la pérdida de vidas de marineros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.

Señora Pérez, lo primero que tenemos que hacer aquí en esta Cámara es dar las gracias a todos los profesionales que ya sabe usted que durante días se dedicaron exclusivamente, cómo no, a recuperar vidas y, sobre todo, a fortalecer a esas familias destrozadas. (Aplausos). Por eso, desde aquí quiero dar las gracias al Principado de Asturias y a todos sus profesionales, a la Xunta de Galicia, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, al Servicio de Vigilancia Aduanera y, cómo no, a Salvamento Marítimo.


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Señoría han pasado dos años y medio de legislatura desde que yo estoy al frente del Ministerio de Fomento y es la primera vez que usted se preocupa por cuáles son las medidas para la mejora de la seguridad de la vida humana en el mar. Señoría, desde que llegamos al Gobierno ha sido múltiple la normativa que hemos aprobado: el Real Decreto 201/2012, del sistema de seguimiento y de información sobre tráfico marítimo, el Real Decreto del año 2012 también de regulación de buques pesqueros, el de formalidades informativas exigibles a los buques, el de ordenación del sector pesquero, el de disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo, el del certificado de seguro o garantía financiera y no me da tiempo a más, señoría. Usted, desde que está en esta Cámara, no ha presentado nunca una propuesta en positivo, y quiero decirle una cosa, señoría, no ponga en duda nunca el servicio que hacen todos estos profesionales, lo hacen con profesionalidad arriesgando sus vidas, como usted sabe, y salvando vidas. En España tenemos una legislación que protege, cómo no, la prevención de los... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON PERE MACIAS I ARAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ SENTIDO TIENE LA PUBLICACIÓN DE UN DOCUMENTO EN LA WEB DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA, DESDE EL PASADO 7 DE ABRIL, PARA PROHIBIR EL USO DE DRONES CON FINALIDAD COMERCIAL, EN VEZ DE PROCEDER A SU INMEDIATA REGULACIÓN? (Número de expediente 180/000918).

El señor PRESIDENTE: Pregunta que se formula también a la señora ministra de Fomento por el diputado don Pere Macias, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, yo le pediría que usted nos respondiera a cuándo va a procederse a la regulación del uso de drones en España. Esta es una tecnología de última generación, de hecho está calificada por el Massachusetts Institute of Technology como una de las diez tecnologías emergentes en el mundo y en estos momentos en España operar con esta tecnología está prohibido por la Agencia de Seguridad Aérea. Esta es una situación absolutamente anómala, es una situación que es contraria a todo lo que sucede en los países europeos y es una situación que está arruinando a empresas punteras en el ámbito de la innovación tecnológica. Por tanto, señora ministra, yo sé que se está trabajando para la regulación, pero lo que todo el mundo necesita saber es cuándo vamos a poder operar en España drones con absoluta normalidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Macias.

Como usted sabe, señoría, nuestro objetivo no es otro que velar por la seguridad aérea. Por ello, lo que ha hecho el Gobierno es informar y aclarar lo que permite el marco normativo vigente para prevenir posibles incidentes que no queremos que sean accidentes. Este Gobierno apoya de manera decidida el desarrollo de esta emergente actividad por su potencial estratégico para el desarrollo económico de nuestro país. Estamos trabajando de forma intensa en la elaboración del real decreto y su texto estará preparado en breve plazo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Señor diputado.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora ministra.

Ahora se trataría de que usted y yo nos pusiéramos de acuerdo en el concepto del breve plazo. Si esto sirve para algo, si este Parlamento sirve para algo, si los ciudadanos que nos están atendiendo a usted y a mi quieren saber algo debemos ser capaces de decir algo más del breve plazo. Ayer, la diputada Surroca hablaba de una carretera en Portbou y le contestaron que cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan. Más allá de este lenguaje políticamente correcto que puede manifestar voluntad, y me consta la


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suya, señora ministra, creo que debemos ser capaces de comprometernos, porque hay personas, familias, jóvenes y empresas que han apostado por esto. Ellos han apostado porque en Austria, Dinamarca, República Checa, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Suecia y Reino Unido tienen regulaciones. Quiero que seamos como estos países, señora ministra. No quiero que me digan que a lo mejor vamos a regular esto. Señora ministra, necesitamos concreción. Repito, me consta su absoluta buena voluntad, me consta que están trabajando. Hagámonos un favor, seamos concretos. Le pido que diga -es muy fácil-, por ejemplo, que antes del verano los drones podrán volar con normalidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Macias, como usted sabe, la OACI, al igual que la Unión Europea, las dos organizaciones están trabajando en la regulación de esta materia, ya que todavía no hay norma propia para los drones. Hemos estado trabajando en ello a lo largo de los dos últimos años y le voy a dar unos datos. Señoría, regular esta materia no es nada fácil, como sabe, no soy una experta en drones, pero tienen singularidades, y la OACI ha dicho que tienen la característica de aeronaves. Por lo tanto, señor Macias, estamos hablando de una cosa muy seria, de una regulación específica y, por eso, la AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea está trabajando. Fíjese, en el año 2012 se hizo la primera consulta pública desde la Dirección General de Aviación Civil y desde la AESA. Desde la presentación del informe final que se elaboró, la AESA estuvo valorando todos los estudios al respecto. En marzo de 2013 tuvo lugar un encuentro en Madrid de los grupos de trabajo de Eurocae, la Organización Europea de Equipos de Aviación Civil, dedicados a los drones, lo que se conoce en términos técnicos como RPA. El 30 de mayo de 2013 se presentaron las propuestas y también recogimos 183 aportaciones del sector. Entre el 28 y el 30 de enero de este año hemos tenido unas jornadas en el ministerio entre Eurocontrol y Airpas. Para que se hagan una idea sus señorías, la primera asociación de empresas en España es de hace menos de un año, es una actividad totalmente nueva. Tenemos ya la normativa preparada. Estamos dándole los últimos retoques para poderla mandar a los órganos consultivos. Señoría, eso se hará cuando los técnicos lo tengan terminado, porque la que le habla no es experta en drones, pero... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ANGELINA COSTA PALACIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿QUÉ RESPUESTA VA A DAR EL GOBIERNO AL ÚLTIMO COMUNICADO DE LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS? (Número de expediente 180/000944).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Pregunta la diputada doña Angelina Costa, del Grupo Socialista.

La señora COSTA PALACIOS: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, como usted sabe, el pasado 30 de abril los rectores de las universidades españolas leyeron simultáneamente un comunicado ante los medios de comunicación y ante la comunidad universitaria en el que le solicitaban que se pusiera fin a las medidas excepcionales que tanto han afectado a los estudiantes, a la actividad docente y a la actividad investigadora de los universitarios. Dado que estas medidas se justificaron por la coyuntura económica de entonces y teniendo en cuenta la publicitada y cacareada por parte de su Gobierno mejoría en las condiciones económicas, le pregunto rogándole que concrete por esta vez: ¿Qué respuesta le va a dar al comunicado de los rectores de las universidades españolas? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Costa.

El Gobierno, como es natural, respeta todas las opiniones, las de todo el mundo, y de forma muy particular las expresadas mediante el comunicado -al que ha hecho referencia su señoría- de las


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señoras y señores rectores de las universidades españolas. Ahora bien, ese respeto es compatible con el hecho de que algunas de las afirmaciones de hecho que se hacen en ese comunicado son manifiestamente inciertas y algunos de los juicios de valor que en él se vierten son, a juicio de este Gobierno, manifiestamente infundados. En ese comunicado se tratan de distintas cuestiones y cada una de ellas tiene un tratamiento que intentaré de explicar a su señoría en la réplica.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora diputada.

La señora COSTA PALACIOS: Señor ministro, lo que sí es cierto -eso sí es cierto- es que estas medidas han afectado gravemente a toda la comunidad universitaria: El incremento de los precios públicos de matrícula; su errática e injusta política de becas, que ha cercenado el principio de igualdad de oportunidades; las exiguas tasas de reposición, que están castrando la posibilidad de acceso y el progreso en la profesión académica, amen de la evidente merma en los presupuestos dedicados a la investigación en manos de las universidades en un 70 % y que, como usted sabe, está teniendo y tendrá consecuencias irreparables. Por ello, señor ministro, diga a los estudiantes que esperan para acceder a la universidad y a los que están en la propia universidad, también a los rectores y a toda la comunidad universitaria qué piensa hacer su Gobierno, si tiene previsto abordar en breve estas cuestiones, comenzando por suprimir estas medidas y después derogar inmediatamente los injustos decretos sobre becas con el fin de que se restaure la autonomía de gestión de la actividad docente e investigadora de las universidades españolas. Señor ministro, dé respuesta a esta solicitud de los rectores, que no son bolcheviques; ellos están legítimamente preocupados por el presente y el futuro de la comunidad universitaria, como debería estarlo usted, señor ministro.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias, señor presidente.

Señora Costa, no tenga la menor duda de que yo también estoy preocupado por la situación universitaria. Como le decía en mi primera respuesta, los rectores en ese comunicado tratan temas distintos. Lo que dicen sobre las becas, como he tenido oportunidad de explicar en esta Cámara recientemente, sinceramente no tiene fundamento. Ha habido más becarios universitarios que nunca en la historia de España; se ha dedicado una cantidad mayor que nunca en la historia de España a esas becas universitarias y no se puede decir que los mayores requisitos académicos hayan redundado en una concesión menor, sino en una concesión mayor. Por lo que se refiere a las tasas, como sabe perfectamente su señoría, responde a una competencia de las comunidades autónomas dentro de los límites definidos por un real decreto-ley; unos los han aplicado de una forma y otros de otra. Pero el precio medio de un curso completo de grado en España, que ahora mismo se sitúa en 1.105 euros, es un precio que compara favorablemente con los de los países que tienen tasas -que ya le reconozco que no son todos- en la Unión Europea. En cuanto a los presupuestos de investigación, evidentemente se intentará ajustarlos a las disponibilidades presupuestarias, tanto lo que dependa de este ministerio como lo que depende del Ministerio de Economía y Competitividad.

Para finalizar, tengo que decirle que sí estoy de acuerdo con ese comunicado en el último párrafo que dice: La universidad española afronta necesidades de adaptación de un sistema a una realidad social y económica que exige una modernización de sus estructuras y funcionamiento. En eso estamos y en eso estamos dialogando con los rectores.

Muchas gracias, señora Costa. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CUÁL ES LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO A LAS RECIENTES PREVISIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE ESPAÑA EN MATERIA DE EMPLEO? (Número de expediente 180/000938).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social formulada por el diputado don Carles Campuzano, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, la Comisión Europea tiene unas previsiones sobre el desempleo más pesimitas que el Gobierno español. Para 2014, el 25,5 y para 2015, el 24 %. En el caso de sus previsiones, para 2014, el 24,9 y para 2015, el 23,3, y el Fondo Monetario Internacional aún es más pesimista cuando indica que hasta 2019 mantiene la tasa de desempleo del 21,8. ¿Qué valoración hace el Gobierno de estas cifras peores que las suyas?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Campuzano, la Comisión Europea, cuando ha presentado su informe, el título que da a España es el siguiente: Vuelve la creación de empleo mientras se afianza la recuperación. El Gobierno no puede estar más de acuerdo con eso, porque lo que se prevé de crecimiento de empleo para España este año es un 0,4 %, en línea con la zona euro, y lo que se ve de crecimiento de empleo para el año 2015 es una previsión del 1,2, que significa casi el doble de lo que va crecer la zona euro, cuatro veces lo que va a crecer el empleo en Alemania o tres veces lo que va a crecer el empleo en Italia. Pero, mire, al día siguiente de las previsiones de la Comisión, siendo positivas, también la OCDE, que en noviembre del año pasado había previsto que en España en 2014 se destruyera un 0,3 % en términos de empleo, ya ese día, al día siguiente de la Comisión, preveía crecimiento neto del empleo en 2014 en nuestro país en el orden de lo que lo hacía la Unión Europea o el propio Gobierno de España. Es decir, nadie niega ya dentro y fuera de nuestro país que este año 2014, por primera vez en toda la crisis, va a haber crecimiento neto del empleo en España. Y seguimos trabajando, señor Campuzano, porque todavía hay muchos millones de españoles que perdieron el empleo en los últimos seis años de crisis a los que queremos darles, cuanto antes, esa oportunidad de empleo y esa oportunidad y esperanza de mirar al futuro.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Señor diputado.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora ministra, no vamos a entrar en una guerra de cifras. Mi grupo reconoce que la situación en el mercado se ha estabilizado, que se está creando empleo, pero usted y yo vamos a estar de acuerdo en que mantener cifras de desempleo hasta el año 2019 que superan el 20 %, como nos dice el Fondo Monetario Internacional, o que en el año 2015 se muevan entre el 23 y el 24, en términos económicos, sociales y políticos es insoportable.

Hay cuestiones que dependen de la política económica de otros ministerios, pero lo que depende directamente del Ministerio de Empleo sería bueno que tuviese en cuenta que la propia Comisión Europea -y cito literalmente- nos dice que el paro de larga duración y el desajuste de formación de la mayoría de los desempleados son retos para reducir el desempleo sustancialmente a medio plazo. Paro de larga duración y desajuste de la formación de la mayoría de los desempleados; eso tiene que ver con políticas que ustedes están haciendo que, a nuestro modesto entender, son equivocadas. Atención individualizada a los desempleados, que es una exigencia de la Comisión Europea, de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional; ustedes rebajan las aportaciones para que las comunidades autónomas puedan efectuar esas políticas. La colaboración público-privada en esta materia, que debiera constituir la gran alternativa a la debilidad de los servicios públicos de empleo, no termina de funcionar. La garantía juvenil para abordar la cuestión del desempleo de los jóvenes concentra el 50 % de recursos en una política que no es eficaz; reducción de bonificación de cotizaciones, en lugar de incentivar aquellos programas que vinculan formación y empleo. La tarifa plana; la propia Comisión Europea le recuerda que la tarifa plana no es clara en términos de creación de empleo neto, es cara para el presupuesto y no ayuda a favorecer la contratación de los trabajadores con menos remuneraciones.

Señora ministra, cambie la política de empleo, cambie su prioridad. Están profundamente...(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señora ministra.


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La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señor diputado, lo que estamos haciendo es trabajar por el empleo, y eso se ve con datos reales y concretos cada día, no solo con las previsiones de las que me hablaba en la primera intervención. Por primera vez en toda la crisis hay 304.000 parados menos que en el año 2013, pero 60.000 menos que en el año 2012 y acabaremos la legislatura con menos parados que cuando llegamos al gobierno; y lo más importante, hay 200.000 afiliados nuevos a la Seguridad Social. Si quitamos el efecto estacional llevamos ocho meses de crecimiento de la afiliación en España que no se producía desde el año 2007. Por tanto, la creación de empleo ha llegado para quedarse. Estamos en el inicio de la recuperación y trabajando, señoría, con las comunidades autónomas y con los interlocutores sociales para ayudar a hacer más corta la transición del desempleo al empleo, porque queremos darles oportunidades a esos 5 millones de españoles a los que la crisis les dejó fuera del mercado de trabajo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON PEDRO QUEVEDO ITURBE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿TIENE PREVISTO LA SEÑORA MINISTRA CUMPLIR LOS COMPROMISOS DEL ESTADO PARA EVITAR LA QUIEBRA DEL SECTOR TOMATERO CANARIO? (Número de expediente 180/000936).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a quien doy la más cariñosa bienvenida en su estancia en esta Cámara. En primer lugar, tiene la palabra para hacer la pregunta el diputado don Pedro Quevedo, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente. Bienvenida, señora ministra.

La pregunta es la siguiente: ¿Tiene previsto la señora ministra cumplir los compromisos del Estado para evitar la quiebra del sector tomatero canario? A ello debo añadir que es un sector con más de 100 años de historia, que en estos momentos ocupa a 15.000 personas en Canarias y que está en riesgo cierto de desaparición.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Gracias, señor presidente, por sus palabras de bienvenida y quedo a disposición de esta Cámara. Gracias también, señor Quevedo, por sus palabras de bienvenida.

Este ministerio trabaja en defensa de todos los sectores agrícolas y ganaderos, también en defensa del sector del tomate de Canarias y ha cumplido absolutamente todos sus compromisos con él. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señor diputado.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente.

Pues no puede empezar peor la cosa, señora ministra. Si usted lo que me dice es que el Gobierno de España ha cumplido con todos sus compromisos con el sector tomatero canario, entonces le voy a tener que recordar dos cosas muy importantes. Hay dos obligaciones que tiene el Estado con el sector tomatero en Canarias que ha incumplido sistemáticamente desde la llegada al Gobierno del Partido Popular. La primera se refiere al Posei adicional. Fue una decisión de la Comisión Europea del año 2009, como sabe usted, que reconociendo las dificultades especiales del tomate, entre otros sectores, decidió que tenía que haber una ayuda especial en los denominados programas Posei. Nos deben 8,1 millones de euros porque no han aportado ni un solo euro desde el año 2011. Como usted debería saber, una parte es una ayuda del Estado y otra parte le corresponde al Gobierno de Canarias, pero yo le estoy preguntando por la suya. Eso supone 8,1 millones de euros. La segunda se trata de las ayudas al transporte de mercancías, Real Decreto 350/2011. Nos deben ustedes 18 millones de euros. En el año 2011 ustedes tendrían que haber aportado el 65 % de la subvención al transporte de mercancías, en este caso del tomate, pero fue un 26,8 % la que realmente aportaron. En 2012 ustedes tenían que haber aportado


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el 70 %, pero ustedes pusieron en los presupuestos el 24,8 %, y todavía no tenemos los datos del año 2013. Para más inri le tengo que añadir otra obligación que tiene, que es la de defender al sector tomatero canario frente a la competencia desleal del Reino de Marruecos, que sistemáticamente incumple los cupos de los acuerdos Unión Europea-Marruecos. Están en este momento en el 140 %, pero no hay ni una palabra de protesta del Gobierno de España ante la Unión Europea frente a semejante agravio. Un total de 15.000 puestos de trabajo corren el riesgo de desaparecer, por menos que eso su Gobierno ha hecho cosas muy importantes en otras comunidades del Estado. Yo lo que le ruego...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, presidente.

Señoría, en los años 2009 y 2010 el entonces Gobierno socialista llegó a acuerdos puntuales para complementar al 50 % con el Gobierno canario la financiación comunitaria recibida por este sector en el marco del Poseican, condición que pusieron para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de esos años 2009 y 2010. Ambas administraciones aportaron sus fondos en 2010. En 2011 solo la Administración General del Estado aportó fondos: 23 millones de euros. No hubo aportación alguna por parte del Gobierno canario. Se sigue a la espera de que el Gobierno canario acredite la prioridad que da a este sector, complementando la cantidad que le falta para que con los solo 4 millones de euros aportados en 2013 alcance los 23 millones de euros que sí han sido aportados por la Administración General del Estado. Una vez que el Gobierno canario aporte y cumpla con su compromiso del 50 % de estos 19 millones de euros pendientes, podríamos analizar la posibilidad de seguir complementando al 50 % las ayudas del Posei, como ha sido trasladado al consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias. Sé que el Gobierno de Canarias se apunta en esos 8 millones de euros como aportación al tomate canario fondos procedentes del REA, que ha trasladado a los fondos agrarios, pero, señorías, esos son fondos comunitarios y en ningún caso se puede hablar de que esos millones de euros hayan sido aportados por el Gobierno canario. España contará con 47.000 millones de euros para la política agraria común hasta el año 2020, y eso es gracias a los éxitos de este Gobierno en las negociaciones del marco financiero plurianual. Esto significa que es el Gobierno quien ha garantizado a Canarias la ficha financiera del Poseican hasta 2020. También este Gobierno en la reforma de la política agraria común ha cambiado el régimen de los precios de entrada de tomate en la Unión Europea, algo muy demandado por el sector durante años pero que ha sido este Gobierno el que lo ha logrado modificar.

No hay, pues, señoría, compromiso alguno que este Gobierno no haya cumplido. Quedamos a la espera de lo que haga el Gobierno de Canarias con su sector productor, equilibrando las aportaciones ya realizadas por la Administración General del Estado... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON CHESÚS YUSTE CABELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO INCLUIR UN NUEVO TRASVASE DEL EBRO A OTRAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL PRÓXIMO PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL CUYA APROBACIÓN ESTÁ ANUNCIADA PARA ANTES DE CONCLUIR ESTA LEGISLATURA? (Número de expediente 180/000935).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del diputado don Chesús Yuste, del Grupo de La Izquierda Plural.

El señor YUSTE CABELLO: Bienvenida, señora ministra.

¿Tiene previsto el Gobierno incluir un nuevo trasvase del Ebro a otras cuencas hidrográficas en el próximo plan hidrológico nacional, cuya aprobación está anunciada para antes de concluir esta legislatura?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señora ministra.


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La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Gracias, presidente. Gracias, señoría, por su bienvenida.

Para conocer las necesidades hídricas de cada territorio es necesario haber concluido previamente el proceso de planificación hidrológica, al que este Gobierno está dedicando todos sus esfuerzos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Señor diputado.

El señor YUSTE CABELLO: Señora ministra, llevamos dos años y medio de legislatura y seguimos sin saber cuál es la posición de su Gobierno acerca del trasvase del Ebro. La sociedad aragonesa quiere saber su posición, y también otras comunidades autónomas. ¿Por qué el Gobierno se mantiene en esta ambigüedad? El secretario de Estado de Medio Ambiente dijo que el trasvase del Ebro ni está cerrado ni está abierto. ¿Se puede ser más ambiguo? En esta legislatura les he dado muchas oportunidades al Gobierno y a su presidente para que se definan. Le pregunté al señor Rajoy en el debate de investidura si se comprometía o no a hacer el trasvase del Ebro, y solo me respondió en el último turno que haría las obras del Pacto del agua de Aragón. ¿Fue un lapsus o ustedes reconocen que las obras del Pacto del agua y el trasvase guardan relación? Dos años después, en el último debate de política general, le volví a preguntar y el presidente volvió a no responder.

Ustedes se mueven en la ambigüedad y en la contradicción. El pasado viernes el presidente Rajoy abrió la campaña en Zaragoza y no habló del trasvase, sin embargo, Arias Cañete en Murcia sí lo hizo. Pidió a los murcianos que castigaran a quienes habían dejado a Murcia sin agua. ¿Por qué a Rajoy no se le ocurrió pedir en Zaragoza que se castigara a quienes quisieron dejar a Aragón sin agua? ¡Ah!, porque eran ustedes; claro. Señora ministra, explíquenoslo. ¿Su Gobierno va a trasvasar aguas del Ebro a otras cuencas, sí o no? Y no nos vale que diga que hasta que no se acabe la elaboración del plan hidrológico nacional no conocerá la posición del Gobierno, porque no nos lo creemos; esa es la verdad. Porque ustedes siguen dando pasos. Ya han aprobado la nueva forma de hacer trasvases, a través de la Ley de Evaluación Ambiental, que les recuerdo que las Cortes de Aragón, a iniciativa de la Chunta Aragonesista, por unanimidad han acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional. ¿No eran ustedes los que decían lo mismo en Zaragoza y en Valencia, en Tortosa y en Murcia? Pues digan la verdad, para variar. ¿Quieren aprobar el trasvase del Ebro, sí o no? ¿Se comprometen a descartarlo, sí o no? No sea como sus compañeros, sea clara, estrénese siendo sincera, los ciudadanos se lo agradecerán, pero sepa que frente al trasvase siempre se encontrará con el pueblo de Aragón, con la mayor parte de la cuenca del Ebro y con toda la gente sensata de...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Señoría, en materia de medio ambiente este Gobierno lleva más de dos años trabajando para recuperar el retraso acumulado en el cumplimiento de nuestras obligaciones con Europa. No hay otro camino para recuperar la credibilidad de España, evitar sanciones y poder desempeñar un papel activo en defensa de políticas comunitarias eficaces. La Directiva marco del Agua establece que todos los planes hidrológicos debían estar aprobados al terminar el año 2009, pero lamentablemente en ocho años el Ejecutivo anterior no fue capaz de aprobar ni un solo plan de cuenca de su competencia, ni uno solo, y sin estos planes no se puede disponer de información actualizada sobre los recursos hídricos de cada río, de las necesidades de los distintos territorios, ni del modo de atenderlas. Por ello, se ha otorgado la máxima prioridad para culminar el proceso de planificación hidrológica lo más rápido posible. Fruto del trabajo realizado -se ha hecho en dos años lo que debió hacerse en ocho-, en junio tendremos ya aprobados todos los planes de cuencas intercomunitarias. Estamos trabajando ya para cerrar el segundo ciclo de planificación, de manera que se pueda dar cumplimiento a la Directiva marco del Agua, que obliga a la revisión de los planes en el año 2005. Y será entonces -y no es posible antes- cuando se cuente con toda la información necesaria para poder abordar un gran pacto nacional del agua, previo e indispensable para plantear un futuro plan hidrológico nacional. Por tanto, en este momento no hay ninguna propuesta de plan hidrológico nacional, ni siquiera en fase de borrador. Y le puedo asegurar que solo cuando se haya logrado un pacto nacional con todo el consenso necesario estaremos en condiciones de abordar el proceso de planificación hidrológica nacional, planificación que en todo caso se iniciará, insisto, después de haber puesto a España


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al día por lo que no se hizo cuando se debió hacer, habiendo culminado con la revisión de 2015 de todos los planes hidrológicos de cuenca.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿ES CONSCIENTE LA MINISTRA DE SANIDAD DEL RIESGO PARA LA SALUD Y LA VIDA DE LAS MUJERES QUE CONLLEVA EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL ABORTO? (Número de expediente 180/000947).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Tiene, en primer lugar, la palabra la diputada doña Carmen Montón, del Grupo Socialista.

La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señora ministra, la penalización del aborto que quieren imponer -eso sí, después de elecciones-, además de sustraer la libertad de decidir sobre nuestra maternidad, pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Cada año 100.000 mujeres quedarán en la ilegalidad, algunas se someterán a una maternidad forzada, pero la mayoría abortarán de manera clandestina y otras lo harán corriendo peligro sus vidas. ¿Es usted consciente de ello? ¿Qué va a hacer como responsable de Sanidad e Igualdad?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señoría, me parece impresentable tanto su pregunta como su intervención (Rumores), porque usted sabe perfectamente que ni este Gobierno ni ningún otro en democracia adoptaría, plantearía ni estudiaría ninguna medida que pusiera en riesgo la salud o la vida de ninguna persona, ni de las mujeres ni de los hombres. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señora diputada.

La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Existe un aplastante rechazo social. Están reclamando la retirada del anteproyecto más de un centenar de sociedades e instituciones científicas, de ginecología, genética, psiquiatría, salud pública y un largo etcétera, además de las organizaciones sociales preocupadas por la salud de las mujeres. ¿Quién más se lo tiene que decir? Alineándose con Polonia, Irlanda y Malta están dando la espalda a la realidad y a Europa. A las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, nada, ni siquiera una ley regresiva y represiva como la suya, les impedirá tomar sus propias decisiones. Ustedes no van a conseguir disminuir el número de abortos, disminuirán el número de abortos legales y seguros. ¿Cómo va a evitar los viajes al extranjero, el tráfico de fármacos abortivos y las prácticas cruentas? Le pregunto: ¿Puede ponerse en el lugar de esas mujeres? ¿Puede pensar que podríamos ser cualquiera de nosotras? ¿Puede por un momento, como ministra de Sanidad y de Igualdad y como mujer, imaginar su sufrimiento? Porque yo no puedo creer que usted quede indolente, insensible y satisfecha de esta barbaridad.

Señora Mato, quien calla, otorga; de tanto callar y otorgar ha otorgado hasta las funciones de ministra. Permanece en un silencio atronador. ¿Hasta cuándo va a seguir callada en el Consejo de Ministros? Después de las elecciones europeas, ¿por qué futuro va a apostar para las mujeres, libertad y derechos o represión y sufrimiento? Eso es lo impresentable, señora ministra. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señoría, ustedes de nuevo se sitúan al margen de las prioridades de los ciudadanos. En estos días estamos ante un debate muy importante en el marco de la Unión Europea, pero ustedes desde hace


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meses tienen predeterminado utilizar, suscitar algunas cuestiones como esta que plantean en el día de hoy y que no se sostienen.

Como todo el mundo sabe, el citado anteproyecto, sobre el que hemos dicho por activa y por pasiva que vamos a dialogar con todo el mundo, reproduce una serie de supuestos que ya estaban contemplados en la Ley de 1985. Afirmar, por tanto, que pone en riesgo la vida de las mujeres es decir exactamente que entre 1985 y el año 2010 con la ley aprobada por el Gobierno de Felipe González se puso en riesgo la vida de las mujeres. Y estoy segura de que usted no ha querido decir eso pero, le guste o no, es la conclusión que se saca exactamente de su intervención.

Señoría, el asunto está muy claro. Tenemos meses para analizar una propuesta. Hemos solicitado la opinión de todos los órganos consultivos habidos y por haber y también de las comunidades autónomas -por supuesto, vamos a contar con la opinión de los grupos parlamentarios-, en el bien entendido, en primer lugar, que protegemos por supuesto los derechos de las mujeres, pero también extendemos esa protección a los derechos de los no nacidos; en segundo lugar -algo importantísimo-, que por primera vez ninguna mujer va a ser condenada penalmente por la interrupción voluntaria de un embarazo y, en tercer lugar, por último, algo en lo que coincide la inmensa mayoría de los españoles, señorías, que las menores deberían ir acompañadas de sus familias en un momento tan trágico y tan trascendental para sus vidas.

Dicho esto, el Gobierno va a seguir concentrado en gobernar, por supuesto, y en participar en el debate europeo que ahora toca en España, y dentro de unos meses abordaremos esta cuestión en la que la sociedad nos demandará a todos coherencia, coherencia que desde luego a usted le ha faltado en la intervención del día de hoy.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ESPERANÇA ESTEVE ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿QUÉ PLANES TIENE LA MINISTRA DE SANIDAD TRAS LA SENTENCIA QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL EL "EURO POR RECETA"? (Número de expediente 180/000948).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que hace doña Esperança Esteve, del Grupo Socialista.

La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, presidente.

Ministra, doy por formulada la pregunta.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señoría, los planes del Gobierno, los planes del ministerio antes y ahora, siempre, han pasado por cumplir la legalidad, que no es otra cosa que respetar la ley ante todo y, de manera muy especial, que se ejecuten las decisiones del Tribunal Constitucional.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Señora diputada.

La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, presidente.

Efectivamente, ministra, en este aspecto estamos de acuerdo. Nos alegramos por la sentencia, pero sobre todo nos alegramos porque el euro por receta es injusto, mucho más que la propia sentencia. Pero es tan injusto como sus propias medidas, su real decreto, sus copagos y recortes, que generan desigualdad y desigualdad y, sobre todo, dificultad para que las comunidades autónomas puedan gestionar la sanidad. Los recortes en gasto farmacéutico, con los que nos situamos casi ocho años atrás, la introducción de los copagos y la exclusión del sistema de 400 fármacos, están penalizando la salud de los ciudadanos con menos recursos; en Cataluña el Gobierno de CiU añadió el euro por receta y nosotros no podíamos estar de acuerdo con esta forma de repago de los medicamentos.


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Pero su responsabilidad, señora ministra, es mayor. Sus políticas, sus decisiones dañan a los ciudadanos más vulnerables, y a veces vemos autocomplacencia y creemos que eso está fuera de lugar, más teniendo en cuenta el desconocimiento aparente del impacto real que están teniendo sus políticas, y esto nos preocupa. Por ejemplo, ¿han estudiado qué consecuencias está teniendo la bajada del consumo sanitario y de medicamentos en el cambio de hábitos de los ciudadanos en relación con su propia salud y con la salud comunitaria? ¿Tiene idea o ha pensado ya cómo se van a reponer los 50 millones de euros que la Generalitat recaudaba por el euro por receta? Porque Cataluña los necesita. ¿Los va a poner su Gobierno? ¿Cómo? ¡Pero si dicen que van a recortar más, como anuncian en el plan de estabilidad que han enviado a Bruselas, un 17 % más! Y esto nos va a llevar indudablemente a la quiebra del sistema sanitario y a la incapacidad de las comunidades autónomas para poder gestionar la salud individual y colectiva. Yo me temo, señora ministra -esto no es incoherencia, esto no es incapacidad, esto es una pregunta que le hace una diputada del Grupo Socialista-, que nos dejarán ustedes una herencia terrible, muy injusta, una sociedad de ricos y pobres, de incluidos y excluidos, que se va a manifestar en la esperanza de vida. Le pido un análisis del impacto de sus medidas, un debate público que vaya más allá de su pacto por la sanidad, que asegure la revisión de la financiación, la universalidad... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Una decisión discriminatoria lo es por su contenido, pero también lo es la adopte quien la adopte, y en esta cuestión, como en tantas otras, hay que mantener un poco de coherencia, que usted no tiene en el día de hoy. (Protestas). Cuando algunos han planteado el euro por receta en una comunidad autónoma que no gobernaba mi partido, hemos dicho que era inconstitucional, y cuando se ha adoptado en otra comunidad también lo hemos dicho. ¿Qué día y a qué hora recurrió su partido el euro por receta en Cataluña? No puede contestar porque no lo hicieron, señoría. ¿Me puede usted explicar por qué es recurrible el euro por receta en una comunidad gobernada por el Partido Popular, véase Madrid, y no es recurrible en otra comunidad gobernada por otro color político? Eso es un ejercicio de absoluta incoherencia, como también me parece incoherente criticar a nuestro Gobierno por el copago sanitario que nunca hemos puesto en marcha, que nunca hemos planteado, sobre todo si quien critica sí ha propuesto que se implantara. Yo sé que le molesta, pero le recuerdo que su compañera, consejera de Sanidad de Cataluña, Marina Geli, propuso que se pagara un euro por ir al médico.

Una última consideración sobre el copago farmacéutico, al que usted ha hecho referencia. El copago farmacéutico existía y existe, con la diferencia de que nosotros, buscando la justicia para los ciudadanos, lo hemos reformado para que se haga de acuerdo con la renta de cada uno, es decir, pagan más los que más tienen y pagan menos o no pagan nada los que menos tienen. Por cierto, coincidirá conmigo en que las personas que peor lo están pasando son aquellas que desgraciadamente están en el desempleo de larga duración y además tienen hijos a cargo. Pues bien, con el Gobierno de Mariano Rajoy no tienen que pagar absolutamente nada por sus medicamentos y con ustedes sí lo hacían, el 40 %, y a mí eso sí me parece absolutamente injusto. Soy consciente de que estamos en campaña electoral pero, incluso en campaña, antes de formular una crítica conviene mirarse al espejo y ver lo que uno ha dicho y lo que ha propuesto. Creo que si usted hubiera llevado a cabo ese ejercicio, hoy no habría presentado esta pregunta.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE EL CAMBIO DE MODELO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTRODUCIDO POR LA LOMCE, QUE LA DEVALÚA, Y LAS CONSECUENCIAS DE SU APLICACIÓN. (Número de expediente 172/000225).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las interpelaciones. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cambio de modelo de la formación profesional introducido por la Lomce, que la devalúa, y las consecuencias de su aplicación. Para hacer esta interpelación, tiene la palabra el señor Barberà.


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El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, déjenme empezar mi intervención pasando lista. En la Comisión de Educación y Deportes hay treinta y cinco peticiones de comparecencia del señor ministro. Le tengo que poner falta. O tiene mucho trabajo o se esconde de la Comisión para no dar cuentas de cómo se está aplicando la Lomce en estos momentos. Pero le hago una pregunta. En su intervención, diga la fecha en que compareció por última vez en la Comisión de Educación y Deporte, por favor. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).

Empiezo la intervención que hace referencia a la formación profesional. La Lomce introduce un nuevo modelo de formación profesional que la devalúa, a nuestro parecer. Es la parte más compleja de la reforma que el Partido Popular y usted han iniciado y es la que quieren implantar de forma más urgente, para septiembre del curso 2014-2015, de este año. La gran mayoría de las reformas de la educación que plantea la Lomce se implantarán -tuvo que ceder en ese sentido en el Senado- el curso 2015-2016 y el curso 2016-2017. Parece lógico que la más compleja y difícil de implementar se pueda aplazar y se ganen un curso y tranquilidad. Motivos para hacer eso hay muchos. Su calendario de implantación de la formación profesional básica está lleno de incongruencias; incapacidad temporal. El 28 de febrero salía el real decreto sobre los aspectos básicos y específicos de la formación profesional básica; marzo, abril, época de preinscripciones. Las administraciones educativas y los centros tienen que hacer sus planificaciones. Parece que solo lleguemos a reajustar las ofertas para el curso 2014-2015. Deberá corregir errores que imposibilitan su puesta en funcionamiento real, y ha anunciado usted que buscará soluciones y parches a esos errores. Ningún alumno habrá cursado el nuevo ciclo de educación secundaria obligatoria -el primero, segundo y tercero ahora- para entrar en la formación profesional básica. Tendrá que solucionar la problemática de los alumnos que terminan la educación secundaria obligatoria y que han quedado sin ninguna opción, ni pueden acceder a la formación profesional básica ni a los programas de cualificación profesional inicial. Y no hablemos -por decir solo tres motivos- del consejo orientador que el centro debe proponer a los padres o tutores de los alumnos para acceder a la formación profesional básica. ¿Tiene ya maduro el procedimiento que tiene que llevar a realizar y proponer ese consejo orientador? Ministro, de nuevo demasiada improvisación, demasiados errores, demasiada prisa injustificada, o tal vez justificada. Quizás de su intervención podremos saber por qué hay que ir deprisa a implantar este cambio estructural de la Ley orgánica de mejora de la calidad educativa.

Fíjese lo importante que es el cambio de una formación profesional. No estamos de acuerdo con los cambios en educación primaria que se aplicarán en septiembre en primero, tercero y quinto, pero no van a suponer ningún cambio estructural ni dificultad parecida a lo que va a implicar la formación profesional, porque mantenemos las pruebas censales diagnósticas, mantenemos las estructuras y las plantillas, etcétera. Solo está la idea de centralizar las competencias y de imponer usted su criterio y el Partido Popular su ideología. Aquí tiene el ejemplo. Su ley se aplica a primaria y no genera grandes dificultades estructurales, pero cambia el modelo de formación profesional y genera incongruencias, errores, decisiones improvisadas al querer implantar urgentemente la formación profesional básica, que requiere un cambio estructuralmente importante. Se lo hemos dicho muchas veces, para mejorar la educación no era necesario cambiar la estructura educativa. Tuvo ya que retroceder en su decisión o en su intento de decisión del 3 más 3, con la ESO y el bachillerato, precisamente por razones estructurales. Aunque espero ayudar a impedirlo, usted va a aplicar a la FP esas decisiones que van a ir en detrimento de la propia FP. Nuestro grupo intentará impedirlo, y ya sabe, me reafirmo en que derogaremos esta ley cuando cambien las mayorías, y precisamente uno de los motivos es no implantar su fórmula de formación profesional básica.

La formación profesional tiene una historia y la vamos a repasar brevemente. Logse, 1990. Hasta ese momento existía una doble titulación, de graduado escolar y certificado escolar, al finalizar la enseñanza de los catorce años. Era una clasificación discriminatoria. La FP era considerada una vía secundaria y demasiado académica, excesivamente desvinculada y alejada del mundo productivo. Incluso el bachillerato estaba orientado exclusivamente a la etapa universitaria, ni miraba hacia la FP-2, sino que otra nueva vía secundaria para los que no tenían éxito en el bachillerato. La Logse supuso una reforma profunda de la formación profesional, igualando la edad legal para incorporarse al trabajo con la enseñanza obligatoria a los dieciséis años; la creación de la educación secundaria obligatoria; la eliminación de la EGB y de la FP-1, y aplicó un bachillerato de dos años. Reguló la educación especial y, fíjese, incluso permitió compartir con las comunidades autónomas los diseños curriculares. Por cierto, en esta FP se mantiene la distribución competencial para redactar los currículos. Supongo que me explicara por qué no es bueno para ESO y para bachillerato y sí que es bueno para la formación profesional.


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Actualmente la formación profesional ha mejorado hasta conseguir una imagen de prestigio. Se está terminando de adecuar todavía el cambio de las 1.400 horas de los ciclos a los nuevos ciclos de 2.000 horas, no a los nuevos ciclos de la Lomce, sino a los que la LOE nos trajo; más horas, más educación, más intensidad. Los profesionales y las administraciones educativas han conseguido elevar la exigencia profesionalizadora por encima de la académica, trabajando esta en su aplicación trasversal en la actividad formativa especializada, incluso se llega a adaptar el currículum a las peticiones de los empleadores. Por ello, han resultado claves las pruebas de acceso a los ciclos de grado medio y de grado superior, que permitían movilidad, pero cuidando los mínimos de exigencia formativa. Eso daba calidad a la formación profesional. Los datos lo demuestran y la sociedad lo valora. En momentos de crisis, quien tenía un título de formación profesional ha encontrado más fácilmente trabajo que los que no tenían formación. También ha evolucionado mucho la relación de los centros con las empresas, con las prácticas, la formación en alternancia, la formación dual, que en su ley se contempla y se apunta. Pero si los cimientos de la formación profesional son atacados, de qué nos servirá trabajar con las empresas y trabajar conjuntamente para la empleabilidad de nuestros jóvenes. Hasta ahora, la filosofía era clara: trabajar para que los alumnos terminasen la educación secundaria obligatoria, que si la acababan sin graduarse, pudiesen continuar teniendo oferta educativa y formadora que les facilitase la inserción laboral a los dieciséis años. De aquí la creación de los programas de cualificación profesional inicial para alumnos a partir de dieciséis años que no se han graduado. ¿Qué tienen de malo esos programas? Los graduados en educación secundaria obligatoria en Cataluña llegan al 85 %. Esos alumnos ya saben qué opciones tienen y tienen las opciones claras y aseguradas. Era necesario ofrecer opciones a los alumnos a partir de dieciséis años y los PCPI lo cumplen: proporcionan formación profesional elemental, facilitan la incorporación laboral en un sector profesional, desarrollan aptitudes, permiten ampliar competencias básicas para favorecer la continuidad educativa. Supongo que no les molesta que pudiesen favorecer la continuidad educativa y la formación a lo largo de la vida. Una formación que podía llevar al mercado laboral, a aprobar la prueba de acceso a grado medio o a cursar módulos voluntarios para sacar el título de educación secundaria obligatoria. Por ejemplo, un año en Cataluña, 2011-2012, 7.113 alumnos, el 81 % superó los programas de cualificación profesional inicial; un tercio, unos 2.400, ingresó, porque aprobó la prueba de acceso, en la formación profesional de grado medio, y un 15 % acudió a los módulos voluntarios para el graduado de ESO. El 50 % han vuelto al sistema a estudiar. ¿Esos no son buenos resultados? ¿Eso no es suficiente para mantenerlos? ¿Por qué vuelven al sistema? Un modelo diferente, fuera del aula formal, una motivación diferente, una oferta, en definitiva, adecuada al perfil de esos alumnos.

Pero vamos a la formación profesional básica. Está pensada para alumnos de catorce y quince años, está pensada para cursarla dentro de la educación secundaria obligatoria, no la decide el alumno o la familia, sino un informe orientador, y tiene dos años de duración obligatoria, mientras que los programas podrían ser de uno o dos años. Los alumnos de catorce a dieciséis años ya están en el sistema. Mire, ministro, si realmente no es otra forma de cursar la educación secundaria obligatoria, con menos exigencia y diferente titulación, si no es eso y es una formación profesional, requerirá de instalaciones, de servicios, de plantilla diferente y adecuada, necesitará de dotaciones suplementarias, de más recursos económicos. Este es otro tema que pone en duda de una forma contundente su aplicación para el próximo curso. Es necesario establecer y disipar muchos interrogantes; espero que lo haga hoy. Es una confrontación de modelos. Convergència i Unió trabajaría para conseguir el graduado de educación secundaria obligatoria con todos los alumnos y para aquellos que no lo consiguiesen, buscaría y ofrecería los programas alternativos. El Partido Popular no hace eso, devalúa la formación profesional de grado medio y superior porque permite, con la formación profesional básica, que un porcentaje importante de alumnos se quede a la mitad de la educación secundaria obligatoria. Como decía, para iniciar una implantación hay que clarificar los recursos. ¿Cómo están los fondos de garantía juvenil para ayudar a alumnos que aún están en el sistema en etapas obligatorias? Señor ministro, sin dotación y sin criterios claros para realizar el consejo orientador cabe que usted aplique la reforma y nadie curse la formación profesional básica. ¿Qué actitudes son las correctas pedagógicamente? Ahí tenemos discrepancias. Podríamos hablar de medidas que apuntan al real decreto, de ratios hasta 30 alumnos por clase en formación profesional básica, de casi un 50 % de competencias de aprendizaje, pero, señor ministro, la eliminación de la prueba de acceso supone derrumbar el prestigio adquirido por la formación profesional que aún necesita mejorar, seguro, pero vuelve al desprestigio y a la segregación. Pre-Logse, ¿se acuerda de los cinco items anteriores? Su formación profesional básica vuelve con la doble titulación, graduado y el título de formación básica. Clasifica discriminatoriamente porque a los catorce años los divide en dos líneas. Es una vía secundaria, porque es para alumnos con dificultades.


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La señora VICEPRESIDENTA (Monserrat Monserrat): Señor Barberà, tiene que ir terminando.

El señor BARBERÀ I MONSERRAT: Es demasiado académica y está desvinculada del mundo productivo. Señor ministro, detenga la aplicación de la reforma y escuche a la comunidad educativa. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Monserrat Monserrat): Muchas gracias, señor Barberà.

A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor Barberà, la modernización y la dignificación de la formación profesional es, sin la menor duda, uno de los pilares básicos, incluso me atrevería a decir, uno de los dos pilares básicos de la reforma educativa contenida en la Lomce. Todas las comparativas internacionales, toda la literatura académica sobre la cuestión pone de manifiesto que la debilidad mayor que desde el punto de vista de resultados educativos y de acceso a la educación tiene nuestro sistema se relaciona de forma estrecha con la falta de atracción, la falta de tracción, si queremos decirlo así, de la formación profesional, dentro de las distintas opciones de la enseñanza secundaria posobligatoria. Es decir, el hecho de que tengamos una proporción en el conjunto de España y también en Cataluña, aunque reconozco que en Cataluña la situación, desde el punto de vista del equilibrio entre las dos modalidades de educación secundaria posobligatoria, está más inclinada que en el conjunto de España hacia la formación profesional, en definitiva, lo que ese análisis pone de manifiesto es que la falta de atractivo de la formación profesional explica en buena parte el elevadísimo abandono escolar temprano y explica también la baja empleabilidad, la inadecuación de los itinerarios formativos a las necesidades, a los requerimientos del mercado de trabajo.

No voy a entrar con usted en una discusión de tipo histórico sobre la configuración que ha tenido la formación profesional en España en el curso de los últimos cuarenta o cincuenta años. En todo caso, a partir de lo que propiamente supone el primer intento de integración de la formación profesional en el sistema educativo, que es la Ley General de Educación, hasta el tratamiento que, desde el punto de vista de arquitectura, es esencial hasta esta fecha en la democracia, que es el tratamiento que hace la Logse. En ese sentido, le podría recomendar un excelente trabajo de un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona en la Revista de Historia y Sociología de la Educación, título de hace muy pocos años, sobre la historia de la formación profesional en España, del profesor Merino, que pone de manifiesto que el tratamiento que la Ley General de Educación daba a la formación profesional era un tratamiento moderno, con el problema de que jamás se aplicó. Es decir, que los reglamentos de desarrollo de la Ley General de Educación, en lo que se refiere a la formación profesional, la devaluaron por completo y que, desde ese punto de vista, el tratamiento que le daba la Ley General de Educación no era muy distinto, desde esa perspectiva, al tratamiento que le da la Logse.

Como le decía, no vamos a perdernos en disquisiciones históricas y vamos a ir a la realidad de hoy. Ya le he indicado la importancia que, desde el punto de vista de la reforma educativa, le damos a la transformación de la formación profesional. Estoy seguro de que los abordajes legislativos que se han hecho durante la democracia, particularmente en la Logse pero también en otras leyes como en la LOE, acerca de la formación profesional han estado siempre presididos por la mejor de las intenciones, pero tenemos que reconocer todos que los resultados no han sido particularmente brillantes no solo en términos de la capacidad de atracción, como decía al principio, sino también, y muy señaladamente, en cuanto a la capacidad de dotar de empleabilidad a esos conocimientos. Sobre todo, lo que me parece absolutamente esencial -en esto en el principio sí ligaría con su intervención, aunque no naturalmente con el análisis que posteriormente ha hecho- es el aspecto para que se produzca una dignificación efectiva de la formación profesional, que es la transitabilidad. La transitabilidad es el elemento esencial para hacer que la formación profesional sea percibida por los estudiantes, por sus familias y por el conjunto de la sociedad no como una vía de último recurso, no como un remedio para compensar deficiencias en la escolarización, sino como un camino y un itinerario formativo perfectamente legítimo. Si tenemos en cuenta lo que en este país ha sucedido en el curso de los últimos años, habría que decir que por la vía de los hechos es verdad que se ha producido un incremento de la afluencia hacia la formación profesional. De hecho, de las modalidades de la educación no universitaria, pero incluyendo dentro de ellas las superiores, es decir, los


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ciclos formativos de grado superior, es la modalidad educativa que experimenta un crecimiento mayor en los últimos años. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

¿Cuáles son los cambios principales que experimenta la formación profesional en la Lomce? El primero, como decía hace un segundo, y más importante, es que dejan de ser itinerarios cerrados, dejan de ser itinerarios finalistas, itinerarios que no permiten a los estudiantes progresar de un ciclo a otro. El sistema es flexible en la contemplación de los mecanismos de acceso y de los mecanismos de tránsito y no considera que cada una de las modalidades, excepto naturalmente la superior y aún ella puede ser también considerada no finalista en la medida en que se combine con formación universitaria, sean caminos por los que se puede seguir transitando y caminos en los que existe la ida y el regreso. Sobre el acceso a la formación profesional básica, contra lo que ha dicho su señoría -por cierto, y esto es un detalle, no sé cómo lee su señoría el artículo 41 de la LOE modificado por la Lomce, pero las reiteradas referencias que ha hecho a los catorce años para la formación profesional básica son absolutamente incompatibles con lo que de forma meridianamente clara dice el artículo 41.1- dicho artículo dice lo siguiente: El acceso a los ciclos de formación profesional básica requeriría el cumplimiento simultáneo de las siguientes condiciones: a) tener cumplidos quince años o cumplirlos durante el año natural en curso. Luego no me hable usted de los catorce años porque tenemos que jugar con los meses distintos en que nace la gente, pero obviamente no es la idea la de los catorce años.

Vamos a la transitabilidad, que es la cuestión importante y, sobre todo, vamos a la comparación entre los PCPI y la formación profesional básica. Me parece que en cuanto a la idea de los PCPI, como otras ideas que se han concebido a lo largo del trayecto normativo de los últimos treinta años, estoy absolutamente convencido de que estaba presidida por la mejor intención, la de buscar un camino que permitiera rescatar en alguna medida para el sistema educativo a los alumnos que no conseguían por el itinerario, llamémosle normal, completar la enseñanza secundaria obligatoria. Dicho esto, como tenemos suficientes años de funcionamiento de los PCPI como para extraer conclusiones, si vemos las tasas de matriculados que cursaban los módulos voluntarios y, sobre todo, las tasas de titulación, parece evidente que es una modalidad claramente susceptible de ser mejorada. Sobre algunos aspectos de la arquitectura de la formación profesional básica, como sobre casi todo, podremos discutir, pero no lo podemos hacer desde la perspectiva que lo ha hecho su señoría al considerar que con tasas de titulación como las que tienen los programas de cualificación profesional inicial son una alternativa inmodificable, porque no lo son. Insisto, la formación profesional básica se concibe como formativa con una doble dimensión que no tienen los PCPI: dimensión educativa o formativa porque da lugar a un título y dimensión profesionalizante porque da lugar a una cualificación profesional, es decir, después de la formación profesional básica se obtiene un título de técnico profesional básico y además una cualificación de nivel 1 del sistema nacional. Eso ya es una diferencia esencial, pero es una diferencia esencial el que se le haya dado una configuración como un ciclo educativo que es transitable, pero incluso si se considera como finalista -en aquellos casos en que resulte ser un ciclo finalista- permite una inserción laboral más satisfactoria que la que por sí mismos -también considerados como finalistas- permitían los programas de cualificación profesional inicial. Sobre la transitabilidad de la formación profesional básica del grado medio ya hemos hablado, del grado medio a los ciclos de grado superior también hemos hablado, y también existe la última posibilidad de tránsito de los ciclos de grado superior -esto no es novedad- hacia la universidad.

En segundo lugar, de su intervención destaco -probablemente en eso nuestra coincidencia sea mayor- la importancia que tiene la formación profesional conforme al modelo dual. He de decirle que en Cataluña los resultados e implantación de la formación profesional dual son, como en otras comunidades, muy satisfactorios teniendo en cuenta que estamos en una etapa básicamente inicial. El hecho de que hayamos involucrado ya a más de 1.570 empresas en distintos programas de formación profesional conforme al modelo dual y que tengamos más de 10.000 alumnos cursando esta modalidad de formación profesional, son datos esperanzadores, no digo que definitivos. Soy consciente de que la formación profesional conforme al modelo dual exige mucho compromiso de las empresas, exige mucho trabajo de las administraciones educativas en conexión con las empresas y, por tanto, tenemos un largo camino por recorrer.

Finalizo con una referencia muy somera, eso sí, a un asunto que su señoría ha esbozado simplemente, pero que es importante: la financiación de estos cambios. No cabe duda de que implantar una formación profesional moderna, atractiva, de alta empleabilidad no es un proceso que se pueda hacer al margen de recursos económicos, no es un proceso que no requiera inversión. Esa inversión se ha contemplado, y especialmente desde la perspectiva de la utilización de los recursos del Fondo Social Europeo en la


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programación financiera de la Unión Europea del periodo 2014-2020, porque hay un objetivo temático específico -el objetivo temático 10- que consiste en invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente; es decir, prácticamente está pensando en esta formación profesional. En el Acuerdo de asociación del Reino de España presentado en Bruselas estamos hablando de una dotación a este objetivo de 1.700 millones de euros y vamos a dialogar con las comunidades autónomas; lo haremos en breve, dentro de unas semanas, en la conferencia sectorial, respecto de las modalidades y criterios conforme a los cuales se van a utilizar estos recursos, entre otras cosas y de forma muy señalada, para la implantación de la formación profesional básica a partir del curso 2014-2015.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, 28 de agosto de 2013; ese fue el último día que usted compareció en la Comisión de Educación y Deporte, se lo recuerdo, agosto de 2013; estamos en mayo, a punto de implantar la formación profesional básica y no ha vuelto a la Comisión. Su intervención no ha sido tan enérgica como en otros casos, y se lo tengo que agradecer -no sé si es porque no lo merecía la mía o porque no tiene claro esto de la formación profesional básica-, pero por lo que he oído, podríamos interpretar las letras de la Lomce como ley orgánica para el maquillaje y la centralización de la educación. Ahora se lo voy a explicar, maquillaje de estadísticas y centralización de la educación, porque el modelo del Partido Popular rompe con el statu quo de las comunidades autónomas y de las administraciones educativas que tienen las competencias.

Hablemos de PISA. Me parece que hoy no he oído la palabra PISA de sus labios. Se evalúa a alumnos de quince años, quince, por lo que, conforme a las competencias básicas, mi pregunta sería: ¿Los alumnos que cursen formación profesional básica con quince años van a participar en las pruebas PISA? Podría ser, pero tenemos la duda de si eliminar de las pruebas PISA o si rebajar ese porcentaje de alumnos con no tan buenas notas podría maquillar los resultados de PISA que a usted tanto le preocupan. Ese podría ser un motivo de crear la formación profesional básica dentro de la misma secundaria con alumnos de quince años. Si un 15 % no consigue el graduado con los PCPI, si ese 15 % se desvía, puede maquillar los resultados de PISA. Esa es mi pregunta, señor ministro. Abordemos otro aspecto. El anteproyecto incorporaba una prueba de acceso a la formación profesional de grado medio, pero ha desaparecido. Usted ha hablado sobre la transitabilidad, pero esa prueba ha desaparecido. Si usted habla con la gente que desde hace muchos años imparte la formación profesional y que ha vivido el cambio, a parte de leer sobre estudios universitarios, le dirán que la clave de la mejora de la visión social hacia la formación profesional son esas pruebas de acceso a los grados, y usted la elimina de la formación profesional básica. Por tanto, ¿si se obtiene ese título de formación profesional básica, ese título es un CINE 3? ¿Dentro de la clasificación internacional normalizada de educación es un CINE 3 y equivaldrá al bachillerado o a los grados medios de formación profesional, que también son CINE 3? El abandono escolar se calcula con aquellos alumnos que no tienen un CINE 3, pero si con la formación profesional básica de dos años, sin terminar la ESO, obtienes un título o certificación de profesionalización de CINE 3, no un nivel 1 nacional, cuando vayamos a las estadísticas internacionales va a haber gato encerrado. Espero que lo aclare de forma clara y sea más contundente que en su intervención.

Fíjese en la prueba de acceso a la formación profesional, en becas exige a los estudiantes -exige-; en las pruebas de evaluación finales exige esfuerzo, motivación, eso va a superar... ¡Y en la formación profesional básica elimina la prueba! Señor ministro, ¡qué incoherencia! Eso es lo que le estábamos diciendo. Está segregando, haciendo una vía alternativa, facilitando que aquellos alumnos con dificultades, en lugar de esforzarnos en recuperarlos, se queden allí arrinconados. Eso es lo que está haciendo con la formación profesional básica. (Aplausos). Eso tiene que reconocerlo, porque lo reconocen los centros. No resople, ministro, no resople, que es verdad, no resople. (El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert Ortega, pronuncia palabras que no se perciben). Fíjese, incluso, añade -perdone, señor ministro, que no replicamos; después ya me replica-, y eso lo puede buscar en su normativa, apunta como novedad que...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Barberà.


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El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Ahora termino, señora presidenta.

... de forma voluntaria, los grados medios y grados superiores podrán impartir asignaturas académicas, porque están haciendo una formación profesional académica, académica, y no profesionalizadora como era hasta ahora.

Señor ministro, maquilla los resultados, centraliza la política educativa, y todo eso lo hace para su imagen y la imagen del Partido Popular en Europa, no para mejorar la educación de nuestros alumnos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Barberà.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, señor Barberà, en mi primera intervención no he querido incidir en los múltiples, múltiples, errores de concepto y de interpretación en que se basa su intervención, pero ya no me deja usted más espacio que el de ponerlos de manifiesto. Vamos a ver, ¿cómo se puede hablar de la importancia de la transitabilidad y poner en cuestión que se flexibilice el acceso desde la formación profesional básica a los ciclos de grado medio? ¡Es que es un nivel de incoherencia que resulta absolutamente imposible de entender y de justificar!

En segundo lugar, ¿le parece a usted mal que se conciba un ciclo educativo, como ese, como un ciclo en el que no solo se está a la adquisición de competencias profesionalizantes, sino que también se desarrollen las competencias para el aprendizaje permanente a través de una adaptación de las enseñanzas instrumentales?, ¿le parece mal que los chicos y las chicas que estén en la formación profesional básica puedan también adquirir competencias en matemáticas, en ciencias, en lengua extranjera, en lengua propia común y cooficial que les pueda servir, en adelante, para seguir sus itinerarios? ¿Usted qué me está diciendo?, ¿que en la formación profesional básica solo se apliquen conocimientos de tipo aplicado, que solo se apliquen enseñanzas prácticas de tipo obligado? Pues es que no es así; es que el camino no es ese; es que el camino es la integración de los dos tipos de enseñanzas, porque si no, sí que es una concepción exclusivamente finalista y es una concepción cerrada de estos ciclos. Hay que tener un cierto nivel de coherencia en lo que se pide. Si usted dice que hace falta transitabilidad, no me diga o no me critique usted que se facilite esa transitabilidad. Si usted me dice que no resople, yo le digo a usted que no haga gestos. (El señor Barberà i Montserrat pronuncia palabras que no se perciben). Mantengamos la compostura gestual no vaya a ser que yo me distraiga. (Rumores).

Mire, ¿es CINE 3 o no es CINE 3? Sí, es CINE 3B, pero lo es porque la clasificación internacional de niveles educativos define una serie de condiciones y, evidentemente, la formación profesional básica, que es un ciclo de dos mil horas (El señor Barberà i Montserrat pronuncia palabras que no se perciben), es decir, que no estamos hablando...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor ministro.

Señor Barberà, usted ha utilizado su tiempo. Deje que el ministro utilice el suyo, por favor. (El señor Barberà i Montserrat pronuncia palabras que no se perciben).

Adelante, señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señora presidenta.

Vamos a ver, están ustedes obsesionados con hacer una interpretación de la formación profesional básica que está muy alejada de lo que es en la concepción de la ley. No se trata, ni muchísimo menos, de crear un atajo. Se trata de crear una vía de recuperación de estudiantes que, de otra forma, verían o un camino muy corto o ningún camino para salir del sistema educativo con unas ciertas perspectivas. Y eso, si no lo quieren ver, será por alguna razón que sinceramente se lo digo, no se me alcanza cuál puede ser, porque no es clara. No puede decir que hemos eliminado transitabilidad y, sobre todo, no acierto a entenderlo en relación con las cifras de Cataluña, donde precisamente los PCPI tienen un arraigo relativo bajísimo, en comparación. Así como es verdad que los ciclos formativos de grado medio tienen en Cataluña un arraigo, que por otra parte es lógico porque tiene que ver con la estructura industrial y con la estructura empresarial, en los PCPI el papel de Cataluña es bajísimo. Hoy están cursando esta modalidad poco más de 80.000 alumnos de todo el sistema, si se compara con 700.000 en el bachillerato y con 360.000 en los


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ciclos formativos de grado medio. Se trata de resolver -yo insisto, se ha hecho con buena intención, simplemente no ha funcionado- el problema de unos estudiantes, a los que no se les ha encontrado otra salida para que obtengan alguna titulación. ¿Le parece a usted mal que se obtenga una titulación académica, la de técnico profesional básico en la formación profesional básica? Pues sinceramente le digo que no puedo entender por qué, porque son ciclos de dos mil horas y, por tanto, tiene sentido. ¿Le parece mal que se incorporen conocimientos que sirven para adquirir las competencias básicas para el aprendizaje permanente? Pues no puedo entender por qué, porque toda la literatura sobre la formación profesional insiste en que la misma tiene, precisamente para tener la transitabilidad que se busca, que incluir este tipo de conocimientos instrumentales.

Dado el interés que su señoría manifiesta en mis comparecencias en la Comisión, ya le puedo adelantar que tenemos previsto comparecer en breve y que allí tendré, sin los límites de tiempo que aquí nos constriñen, la posibilidad de explicarle con todo detalle sobre la formación profesional en cuanto su señoría tenga a bien preguntar.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR LARREINA), SOBRE PROPÓSITOS DEL GOBIERNO PARA CORREGIR LA EROSIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. (Número de expediente 172/000222).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Continuamos con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Larreina, sobre propósitos del Gobierno para corregir la erosión de derechos fundamentales.

Para su defensa, señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Señora presidenta, señorías, señor ministro, en el reciente Comité de Ministros que se celebró a comienzos de este mes en Viena estuvo sobre la mesa el informe del secretario general del Consejo de Europa, sobre la situación de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en Europa. En la presentación de este informe el secretario general del Consejo de Europa, señor Jagland, señalaba que los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho se enfrentan en la actualidad a una crisis sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría. Se observa un incremento de graves vulneraciones de los derechos humanos, corrupción, inmunidad, impunidad, trata de seres humanos, racismo, discurso del odio, discriminación y todas estas graves vulneraciones se ven en el conjunto del continente. Los derechos humanos están también amenazados -señalaba el secretario general del Consejo de Europa- por las repercusiones de la crisis económica y por el crecimiento de las desigualdades. Ante esa perspectiva, tanto el Consejo de Europa como sus Estados miembros deben actuar con rapidez para poner fin a esta erosión de derechos fundamentales. En dicho informe se califican como especialmente inquietantes vulneraciones referidas a discriminación hacia minorías étnicas y nacionales, referidas a condiciones de detención y situación de las cárceles, a corrupción, a malos tratos infligidos por agentes de las fuerzas de orden público, a la exclusión social, a la organización y funcionamiento del sistema judicial, a lagunas en los derechos reconocidos a los inmigrantes y demandantes de asilo, duración excesiva en los procedimientos judiciales, trata de seres humanos, ataques a la libertad de expresión y a la libertad de información.

En definitiva, todas estas cosas seguro que les suenan, porque desgraciadamente están muy presentes en el caso del Estado español, como en otros casos de otros Estados de la Unión Europea. Por otro lado, estas denuncias del Consejo de Europa coinciden con numerosas denuncias que se producen en el ámbito del Estado español, y que se han realizado en esa misma dirección por parte de agentes sociales, sindicales, partidos políticos, organismos oficiales de la judicatura, organizaciones no gubernamentales y diversas instituciones. Pero es bueno poner cara y ojos a estas bonitas palabras del informe del Consejo de Europa, un informe que es muy interesante conocer, leer y ver cada una de las recomendaciones, porque dan pistas sobre actuaciones concretas que deben efectuar los Gobiernos en concreto, y en el caso del Estado español el Gobierno del señor Rajoy.

Por empezar por los distintos capítulos, diré que el informe se refiere, por ejemplo, al capítulo de Integridad física y dignidad humana. En este punto señala algo que nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones. Dice que uno de los elementos de preocupación en el Estado son la tortura y los malos


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tratos infligidos por las fuerzas de seguridad. Esto no lo decimos solo nosotros, sino que esta misma semana ha salido otro informe de Amnistía Internacional, La tortura en 2014, que dice que en los últimos treinta años no se ha avanzado nada en la prevención de la tortura. Es decir, sigue siendo una asignatura pendiente, y este es un elemento que también tenemos que poner encima de la mesa. Como digo, sigue siendo una asignatura pendiente, sigue predominando la impunidad en este ámbito, cuando no la inmunidad. Un elemento que señala el Consejo de Europa es la necesidad de implantar órganos especializados independientes para analizar las denuncias, porque sabemos que muchas veces las denuncias se despachan con un todos dicen lo mismo, o todo es una disculpa, o todo es una estrategia. Sería importante por parte del Gobierno tomarse en serio esta cuestión, así como la recomendación del Consejo de Europa estableciendo ese órgano especializado e independiente para analizar las denuncias.

Otro de los capítulos que subraya en este ámbito es el que se refiere a lo que denomina las condiciones de detención y a la situación de los presos, la superpoblación en las cárceles, el tratamiento no correcto de ciertas categorías de presos. Señorías, mañana se cumplen veinticinco años de la puesta en marcha de la política de dispersión. No solo lo creo yo, sino que las instituciones vascas de forma mayoritaria y continuamente a lo largo del tiempo han denunciado como una política que va en contra de los derechos humanos, una política que afecta y castiga a personas que nunca han tenido una condena, como son los familiares de las personas que están presas. Esta es una política, además, que va en contra del espíritu de la Ley General Penitenciaria orientada a la reinserción, cuando precisamente lo que ha conseguido es todo lo contrario.

El Gobierno tendría que hacer una reflexión sobre un hecho muy concreto. Ustedes desde el principio han dicho que el objetivo de la dispersión era que ETA no controlase a los presos. Veinticinco años después ese objetivo ha sido un fracaso, porque siguen diciendo que el problema es ese mismo. Simplemente eso tendría que ser razón suficiente para cambiar esta política, es decir, el fracaso total en el objetivo inicial y mantenido en el tiempo después de veinticinco años. Para mí, más importante que ese fracaso es la injusticia que se comete de continuo con todas esas personas que tienen que recorrer 1.500 kilómetros semanales, que se ven castigadas, insisto, sin tener ninguna pena, sin haber cometido ningún delito, sin que haya ninguna sentencia judicial que les condene. Y no solo se trata de la incomodidad, sino que desgraciadamente también se han producido muchos muertos durante esos desplazamientos. En estos últimos tiempos dieciséis familiares han muerto en las carreteras durante esos desplazamientos. Ese sería también un elemento importante sobre el que reflexionar. El Consejo de Europa también denuncia, por ejemplo, el recurso excesivo al aislamiento, que es asimismo una práctica habitual en el sistema penitenciario español que va en contra de los derechos humanos y que creo que no contribuye nada ni a la justicia ni a la reinserción ni a un funcionamiento coherente del sistema penitenciario. También habla el Consejo de Europa de la trata de seres humanos, de los derechos humanos de los inmigrantes y demandantes de asilo, y ahí no me voy a extender, pero tenemos encima de la mesa todo lo que está ocurriendo con los inmigrantes, desde los que mueren con el hundimiento de pateras hasta todo lo que está pasando en las vallas de Ceuta y Melilla, etcétera.

Otro de los capítulos que dedica el Consejo de Europa es a la justicia y el Estado de derecho. Ahí habla de la organización y funcionamiento de la justicia y sobre todo subraya el peligro de la injerencia de los Ejecutivos en el funcionamiento de la justicia y en la falta de confianza de la gente en la justicia. Creo que también es un elemento fundamental, la interferencia en ciertos casos de la política en el ámbito judicial ha sido nefasta y ha contribuido también a muchas injusticias y a generar más conflictos de los que había. En este sentido, me voy a referir por ejemplo a ese eslogan continuo que se ha argüido durante mucho tiempo y que todavía algunos arguyen de que todo es ETA. Eso ha ido en contra de la justicia, ha ido a favor de la injerencia del ámbito político en la justicia, en contra de la independencia de la justicia y ha generado muchas injusticias.

También dentro de la justicia y el Estado de derecho otro de los capítulos es el referido a la corrupción, y ahí se refiere el Consejo de Europa a la financiación de los partidos políticos, a la impunidad penal en esos ámbitos, a la corrupción en el seno de la Administración pública. En esta cuestión tampoco me voy a extender, creo que están en la cabeza de todos y de todas todos los problemas que hay ahora mismo de corrupción en el Estado español, que son muy generalizados y están generando desconfianza de la ciudadanía y están poniendo en cuestión el Estado de derecho.

Otro de los capítulos dentro de este ámbito es el blanqueo de capitales. Ahí podemos referirnos al ámbito del fraude fiscal que, como ustedes saben, yo he repetido muchas veces desde esta tribuna, que es uno de los elementos fundamentales y uno de los déficits estructurales del Estado español. No tiene


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lógica que el Estado español sea el número veintiocho de los veintiocho Estados de la Unión Europea a la hora de recaudación del IVA sobre el porcentaje del producto interior bruto; eso no tiene ninguna lógica. Como no tiene ninguna lógica que la recaudación por el impuesto sobre sociedades ocupe el puesto veintitrés o veinticuatro, según los casos, de veintiocho. Mientras que la recaudación por IRPF sí está por encima de la media, está alrededor del puesto décimo, que es el puesto que correspondería en todos los impuestos. Esa inacción frente al fraude fiscal también ataca a la justicia y al Estado de derecho.

Este informe subraya otro elemento, el de los derechos sociales. Subraya que precisamente la crisis está incidiendo directamente en la privación de derechos fundamentales de muchos ciudadanos. En este sentido podríamos hablar desde los informes Foessa, por ejemplo, sobre la precariedad y la cohesión social en el Estado español, del informe sobre la pobreza y condiciones de vida de la infancia, de Cáritas. Tampoco tiene lógica que el Estado español sea uno de los Estados de la Unión Europea con mayor índice de pobreza infantil. Eso también está afectando a derechos fundamentales y al Estado de derecho, como está afectando al Estado de derecho dentro del capítulo de democracia, según señala el informe del Consejo de Europa, lo que se refiere a las libertades políticas, es decir a la libertad de expresión y a la libertad de prensa.

Quiero subrayar especialmente el ámbito de Internet, que está últimamente bastante en boga, sobre todo lo que se refiere a Twitter. Creo que hay que tener mucho cuidado con la preservación de los derechos y libertades, y efectivamente hay mucha gente que utiliza estos ámbitos para cosas impresentables, como hemos visto esta misma semana, que son totalmente denunciables y condenables. Pero quizá lo que todos deberíamos hacer, empezando por los medios de comunicación, es no dar tanto pábulo a ese tipo de tuits; al final el retuiteo continuo lleva a la máxima expresión. Quizá habría que ir mejor por la vía de bloquear. También quiero referirme a otro elemento. Desde el Ministerio del Interior se ha dicho que se va a perseguir, incluso hace unas semanas hemos tenido una operación, la operación Araña, con un componente mucho más publicitario que real de persecución de supuestas apologías del terrorismo que en algunos casos eran patéticos. Uno de los detenidos lo había sido por reproducir una canción que decía: Gora ta gora beti, eta gora Lapurdi!, que es una canción que se cantaba hasta los últimos años del franquismo y que no tiene nada que ver con ETA porque eta en euskera es la conjunción copulativa. Hay errores como este.

Yo le diría también al Gobierno y al señor ministro del Interior que centren sus esfuerzos en Twitter, que fortalezcan, por ejemplo, la Brigada de investigación tecnológica para combatir algo mucho más peligroso y dañino en Twitter como es el fomento de la pederastia. Ahí tienen a 54 personas para cubrir un espectro de 28 millones de internautas, con unos medios muy limitados, y no pueden hacer todo lo que debieran hacer; igual porque los ocupan en otros ámbitos menos lógicos, mientras que hay ciudadanos privados que han logrado ya desactivar 4.000 cuentas en Twitter con su actuación. Creo que esa sería una labor del propio Gobierno.

En definitiva, señoras y señores -señora presidenta, voy acabando ya-, creo que este informe tiene que ser un motivo de reflexión del Gobierno y tiene que impulsarle a tomar medidas precisamente para garantizar que los derechos fundamentales, esos derechos fundamentales que están siendo erosionados por todo este tipo de circunstancias,...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Larreina, tiene que finalizar.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Ya le digo que acabo ahora mismo con esta frase que iba a mencionar.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Es que es un tiempo tasado.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Decía que todos esos derechos fundamentales que se han ido erosionando sean tomados en cuenta por el Gobierno y vaya tomando medidas para restablecerlos. Este es el sentido de esta interpelación.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.

Señor ministro del Interior.


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El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señora presidenta.

Señoría, lo primero que quiero aclarar es qué es este informe y a quién va dirigido porque, aunque usted lo ha dicho, a lo largo de su exposición cualquier miembro de la Cámara -y sería una cosa normal que no tuviera el conocimiento estricto de lo que estamos hablando-, podría haber entendido que este informe del secretario general del Consejo de Europa de manera, si no exclusiva, cuando menos especial está dirigido a España, y nada más alejado de la realidad. Este informe, elaborado por el secretario general del Consejo de Europa, efectivamente, y que fue objeto, como su señoría ha señalado, de análisis en el pasado Comité de Ministros de los pasados días 5 y 6 de este mes de mayo, tiene por título Estado de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en Europa, informe del secretario general del Consejo de Europa. Trata de un análisis de la democracia, de los derechos humanos y del Estado de derecho sobre la base de las conclusiones a las que ha llegado ese Consejo de Europa, sus mecanismos de vigilancia y organismos, y empieza por decir que el número y la magnitud de los problemas que se basan en el análisis de los resultados obtenidos por el Consejo de Europa y órganos de vigilancia son muy preocupantes. Y dice a continuación: Los siguientes son algunos de los más graves: la discriminación étnica y minorías nacionales -pone, a continuación, treinta y nueve Estados nacionales afectados-; las condiciones de detención, como el hacinamiento en las cárceles -treinta Estados miembros afectados-; la corrupción -veintiséis Estados miembros afectados-. Quiero decir que en ningún caso cita a ningún Estado, en ningún caso en todo el informe, salvo en el prólogo, donde alude a Ucrania por la situación en Crimea, etcétera. Por lo tanto, está aludiendo a una serie de problemas y cita, a continuación, el número de Estados miembros en los que considera el informe que esos derechos pueden estar afectados, pero sin citar en ningún caso a ningún Estado y, por tanto, tampoco cita a España. Lo digo para que quede claro.

Sigue hablando. Los malos tratos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley -veintitrés Estados miembros-; la exclusión social y la discriminación de los romaníes -veintitrés Estados miembros-; puesta en marcha y funcionamiento del Poder Judicial -veinte Estados miembros-; la trata de seres humanos -once Estados miembros-; la falta de libertad de expresión y de libertad de prensa -ocho Estados miembros-. Y así sucesivamente. Lo digo para que pongamos en claro en qué ámbito y de qué estamos tratando exactamente porque, si no, evidentemente por la vía de una manipulación puede llegarse a una conclusión absolutamente errónea, y es que poco o más o menos este informe del secretario general del Consejo de Europa denuncia de manera especial al Estado español como que está incumpliendo, que está poniendo en riesgo estos derechos fundamentales y estas libertades públicas. Nada de eso. No se cita para nada en el informe a España, y se alude, por el contrario, como le he dicho, en todos los casos a numerosos -sin nominar, pero numerosos- Estados miembros. Me parece que esa precisión era absolutamente necesaria en el comienzo de mi intervención.

No creo, por otra parte -permítame que se lo diga con todo respeto, señoría-, que su grupo parlamentario esté en condiciones de traer a esta tribuna lecciones de respeto a la democracia y a los derechos humanos si tenemos en cuenta instituciones que están gobernadas por formaciones políticas que orbitan alrededor de lo que ustedes representan y que no se caracterizan precisamente por el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, y le puedo citar algunos ejemplos. Por otra parte, como es bien sabido, su grupo parlamentario, su grupo político, el mundo social al que representa, se ha caracterizado durante demasiado tiempo, por desgracia, por jalear, apoyar y aplaudir el más elemental atentado a los derechos fundamentales de las personas, como era el atentado a su vida que venía cometiendo sistemáticamente la organización terrorista ETA. Ciertamente, si este informe del Consejo de Europa se hubiera referido a la violación de derechos fundamentales y libertades públicas en España en los últimos años, habría salido la organización terrorista ETA, y ustedes, por desgracia, no hubieran salido muy bien parados en ese informe, porque todavía -lo quiero recordar- no le han exigido ustedes a ETA su disolución. Hablando de derechos humanos y libertades públicas y saliendo aquí a la tribuna a decir todo lo que ha dicho, señoría, no creo que sea excesivo pedírselo.

En cuanto al informe en particular, yo tengo que decir que España agradece la labor de estos organismos internacionales y los informes que se emiten, porque con carácter general suelen ser de utilidad, ya que es evidente que todos tenemos algo que mejorar. Debo decir que España colabora de manera activa con todos estos organismos defensores de los derechos humanos, con los que mantiene una actitud abierta y de absoluta transparencia, sin la cual, por cierto, las críticas o recomendaciones que en cada caso se hagan no podrían existir. En esta línea de colaboración no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, lo que señala textualmente -ya que usted se ha referido en particular a la cuestión de la tortura-


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el informe emitido por el Comité Europeo para la Prevención de la tortura tras su última visita a España; por cierto, la decimosegunda que realiza a nuestro país. Leo: La cooperación recibida por la delegación del Comité Europeo para la Prevención de la tortura por parte de las autoridades españolas, así como por parte de la Administración y el personal de los establecimientos visitados fue excelente -dice literalmente el informe-.

Otros informes también confirman las mejoras y avances de España en el fortalecimiento de los derechos fundamentales, en la línea de las recomendaciones efectuadas. Sin ánimo de ser exhaustivo, le puedo hacer referencia, por ser muy reciente, al informe de 2013 del relator especial de Naciones Unidas sobre racismo o, del mismo modo, el mismo año pasado, al informe del grupo de expertos en acción contra la trata de seres humanos del Consejo de Europa, Greta.

Pues bien, volviendo al informe que da pie a su interpelación y por seguir alguna sistemática, permítame que a continuación me refiera -porque no tengo tiempo para ser exhaustivo- a algunas de las cuestiones a las que usted ha aludido. En cuanto a los malos tratos infligidos por agentes de las fuerzas de orden público, la prevención de la tortura, etcétera, sin perjuicio de lo que ya he dejado claramente establecido, le quiero decir que de todas maneras es bien conocida la práctica de denunciar malos tratos como estrategia que aplican sistemáticamente los miembros de ETA, precisamente para obtener repercusión mediática, por un lado, y para revelar la identidad de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado encargados de la lucha antiterrorista. Esto no es una especulación o una afirmación política que haga yo desde la tribuna como ministro del Interior, es un hecho con valor probatorio que ha sido recogido de esta forma en varias sentencias de los tribunales de Justicia. El uso de los métodos empleados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está profusamente regulado, como sabe su señoría, y se encuentra, como en todo Estado de derecho -y España es un Estado de derecho- sujeto el imperio de la ley y a los controles disciplinarios y jurisdiccionales correspondientes, de tal manera que, si hay pruebas que acrediten que se ha producido una práctica de esas características, como sabe su señoría, es corregida y sancionada a nivel disciplinario y a nivel penal en el ámbito que proceda, puesto que en el ordenamiento jurídico español existen órganos administrativos y judiciales que actúan de forma independiente, y no se puede desconocer a estos efectos, insisto, la denuncia sistemática de malos tratos presentada de manera particular -porque usted se ha referido también a ello, señoría- por los detenidos en régimen de incomunicación por presunta pertenencia a delitos terroristas. Esta es una táctica que se ha demostrado falsa; por cierto, detención incomunicada que es necesario recordar que constituye una modalidad absolutamente excepcional de detención preventiva, sometida al control judicial. Es el juez quien debe pronunciarse sobre esa petición respecto al detenido en el plazo de veinticuatro horas y mediante resolución motivada.

Por otra parte, en relación con otras cuestiones que usted ha mencionado que tienen que ver, por ejemplo, con la situación en las cárceles, el informe al que usted hace referencia, en efecto, recomienda reducir la masificación penitenciaria. Pero no habla de España y es que en ningún caso, por supuesto, podría hablar de España porque entre el año 2009 y la actualidad se viene produciendo una reducción constante y sistemática de la población penitenciaria, de tal manera que hemos pasado de 65.500 reclusos en el año 2010 a algo más de 57.000 en la actualidad. Pero lo que es más importante, a día de hoy la media de ocupación carcelaria se sitúa en 89 internos por cada 100 plazas disponibles, lo cual esta sensiblemente por debajo de la media europea. Por tanto, hacinamiento penitenciario en España no hay, sino todo lo contrario. También le diré, hablando de la Administración penitenciaria, que el pasado año ha gestionado 160.000 resoluciones de penas sustitutivas o alternativas a la privación de libertad. Creo que es muy importante porque pone de manifiesto el peso cada vez mayor en el sistema punitivo español de las fórmulas alternativas frente a la prisión convencional, como precisamente recoge en una de sus recomendaciones el informe al que usted se ha referido.

En cuanto a demandantes de asilo, de lo que también habla el informe, desde la entrada en vigor en el año 2009 de la Ley reguladora del derecho de asilo se han seguido observando, como no puede ser de otra manera -insisto, Estado de derecho- en todos los procedimientos abiertos las garantías que asisten a los solicitantes. Durante el pasado año 2013, señor Larreina, se formalizaron en España 4.513 solicitudes de protección internacional, lo que representa un incremento de casi el 75 % respecto del año 2012. La tasa de decisiones positivas dictadas por el Ministerio del Interior ha oscilado entre el 18 % y el 26 % del total de resoluciones adoptadas; tasa que se sitúa precisamente en la media de la Unión Europea.

En cuanto a la trata de seres humanos, es evidente que España está muy comprometida en ese sentido, tanto en el ámbito de la Policía como de la Guardia Civil. De esta forma, durante el pasado


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año 2013 se han desarticulado 24 organizaciones criminales y 48 grupos vinculados con la trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual -algunos también con finalidad de explotación laboral, pero sobre todo con finalidad de explotación sexual- y 5 organizaciones y 19 grupos criminales relacionados con esa materia. Se ha detenido a un total de 753 personas y se ha identificado a 1.180 víctimas.

Aprovecho esta parte de mi intervención para hacer referencia especialmente, ya que estamos hablando de la trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual, a la petición de ayuda que, como sabe su señoría, ha dirigido a la comunidad internacional el presidente de Nigeria para resolver la terrible crisis del secuestro de 223 niñas en ese país por el grupo terrorista Boko Haram. El Ministerio de Interior, a través de la Dirección General de la Policía, ha contactado con las autoridades nigerianas para transmitir nuestro ofrecimiento de ayuda y organizar los detalles concretos del posible envío de un equipo formado por diversos profesionales policiales especializados en esta cuestión, expertos en redes africanas especialmente en redes nigerianas, que contarían con la ayuda y apoyo de la Unidad central contra redes de inmigración y falsedades, y también para la aportación de la inteligencia que fuese necesaria en el transcurso de las actuaciones a desarrollar en Nigeria. Creo que es importante en este momento en el que estamos, y dado el drama que se está viviendo en Nigeria, que yo se lo comunicara.

En última instancia, señoría, ha hablado usted -repito que no puedo ser exhaustivo- de la política de dispersión y de Twitter. En relación con la política de dispersión, dice usted que mañana se cumplen veinticinco años de la puesta en marcha de la política de dispersión como política penitenciara que, como sabe su señoría, se enmarca en el contexto de una política antiterrorista. La política de dispersión se aplica no solo a ETA, se aplica a toda organización terrorista o grupo organizado de carácter criminal. Precisamente porque la finalidad de la pena privativa de libertad es la reinserción y la reeducación del interno, en la medida en que está alejado de la disciplina a la que le somete la organización terrorista o criminal a la que pertenece, es más fácil que esa persona pueda actuar autónomamente, pueda actuar con libertad, y por tanto acogerse a los programas de reinserción. Es evidente que esos programas son un mandato constitucional, los vamos a mantener y le debo decir que, por supuesto, mientras ETA no se disuelva o los internos de ETA, los condenados de ETA, no se desvinculen públicamente de la banda y reconozcan el daño causado, esa política de dispersión va a seguir aplicándose. También le quiero decir, señoría, que en las carreteras desgraciadamente mueren muchas personas, cada vez menos, afortunadamente, pero todavía muchas, algunos mueren cuando van a ver a sus allegados a los cementerios porque son víctimas de la organización terrorista ETA. Tengamos muy presente también eso. Como tengamos también presente, ya que se preocupa de los derechos humanos de los familiares de los terroristas que están cumpliendo sus condenas en las prisiones, una reflexión, y es que, cuando esas personas decidieron pasar a la clandestinidad o exiliarse porque decidieron incorporarse a esa organización terrorista, no parecieron preocuparles tanto los problemas de desplazamiento que pudieran tener sus familiares. Es una reflexión que dejo simplemente en voz alta porque conviene tratar estas cuestiones con la sensibilidad y la precisión que exigen, porque estamos hablando de una organización terrorista y estamos hablando de casi 900 víctimas mortales y miles y miles de personas heridas. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Concluyo, señoría, haciendo referencia a la cuestión de Twitter y diciendo simplemente que la cibercriminalidad y, por tanto, la ciberseguridad es el reto del siglo XXI, por el desarrollo efectivo que han tomado las tecnologías de la información y la comunicación. No se trata, evidentemente, de limitar la libertad de expresión; no se trata, por supuesto, de limitar el derecho a la información, se trata de hacer compatibles esos derechos con otros derechos, también con otras obligaciones. No se puede impunemente hacer apología del delito, no se puede impunemente incitar al odio. Creo que en eso estaremos de acuerdo, encontrar el equilibrio necesario es una labor, una tarea de los poderes públicos. Hay una subcomisión en marcha en el Congreso de los Diputados en relación con estas cuestiones, estamos dispuestos a aceptar sus aportaciones, pero creo que entre todos debemos adoptar medidas. El Ministerio del Interior las está adoptando.

Le quiero decir una cosa -y con esto concluyo- el terrorismo yihadista, donde más se está desarrollando es a través de las redes sociales, mediante la captación, el adoctrinamiento y la facilitación del transporte a zonas conflictivas, a zonas de combate, como fue Afganistán en otro tiempo y especialmente ahora en Siria. La autorradicalización se produce en las redes sociales; la detención y la desarticulación de redes yihadistas a través de la investigación en Internet es una realidad permanente. Por tanto, en las redes sociales funcionan cosas muy buenas y también circulan cosas muy peligrosas. Esa operación a la que usted se ha referido de la Guardia Civil contra esos 21 ciudadanos por estar en las redes sociales


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haciendo apología del terrorismo y humillando a las víctimas estuvo dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Vamos a seguir actuando, evidentemente, porque creemos que las redes sociales son una vía que nos permite muchos avances, una gran libertad, pero, al igual que hay libertad, tiene que haber seguridad. En las carreteras, en las plazas, en el espacio público tiene que haber libertad y tiene que haber seguridad. Es más, si no hay seguridad, difícilmente habrá libertad. Hay cosas en la red que seguro que a su señoría y a mí nos parecen absolutamente inaceptables. Por eso la Policía y la Guardia Civil van a seguir actuando en el marco de la ley para intentar erradicar esas prácticas. Y si hemos de adecuar nuestro ordenamiento jurídico para hacerlo más operativo, estamos dispuestos a hacerlo junto con el Ministerio de Justicia y en colaboración con esa subcomisión abierta en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, ha salido muy a la defensiva y se ha ido por las ramas, sin entrar en el fondo del asunto. Yo le he señalado y le he enseñado el informe completo y, efectivamente, se refiere al conjunto de la Unión Europea. Pero ante este informe caben dos actitudes: O esto es a todos, con lo cual a mí no me afecta o afecta a muchos más también, o cogerlo en plan positivo, que es lo que yo le propongo al Gobierno, que coja en plan positivo y diga: De esto, en este Estado, qué nos afecta, en qué puedo mejorar para solventar estas erosiones de los derechos humanos. Eso es lo que le he propuesto. Creo que hay campo de sobra para mejorar, para corregir. Ese tiene que ser el objetivo del Gobierno y no decir: Quedo bien, quedo mal o quedo mejor o peor que otros. Es decir, qué puedo aumentar en la salvaguarda de los derechos humanos en este Estado, desde el punto donde estoy hacia dónde puedo llegar. Eso es lo que le propongo en esta intervención.

Usted ha vuelto a lo de siempre y a decir que mi grupo político ha jaleado. Eso es falso, en primer lugar, porque mi grupo político, Eusko Alkartasuna, siempre ha estado en contra con total firmeza de cualquier vulneración de los derechos humanos y en contra de las acciones que llevaba adelante ETA. Mi coalición también lo tiene clarísimo, pero usted dice: Pidan que se disuelvan. Se ha dicho por activa y por pasiva. Hasta Arnaldo Otegi. Me enseñaba mi compañero Iñarritu hace un momento una noticia del ABC en Internet en la que exigía la disolución de las estructuras militares de ETA. Nosotros lo hemos dicho con total claridad. Más que centrarnos en el y tú más, que parece que les encanta tanto a ustedes como al Partido Socialista a veces, nos tenemos que preguntar qué hacemos todos para llegar a un nuevo escenario cuanto antes, para reparar todas las injusticias que se han cometido y se han sufrido en este Estado y para repararlas cuanto antes, sin excepciones. Esa es la apuesta de Amaiur. Todos los grupos políticos que formamos Amaiur lo tenemos clarísimo. Eusko Alkartasuna siempre ha condenado, Aralar, también, Alternatiba, también.

Le voy a leer, y usted debería saberlo porque está en su ministerio, lo que dicen los estatutos de Sortu con total claridad. Leo textualmente: Sortu desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza, rechazo que abiertamente y sin ambages incluye a la organización ETA en cuanto a sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas. Más claro, agua. Está dicho miles de veces, está dicho en esta tribuna y consta a partir de ahora también en el "Diario de Sesiones" de esta Cámara. Por lo cual le digo: Basta ya de refugiarse en ese sonsonete que no tiene ningún sentido, entre otras cosas porque el compromiso de Amaiur es claro, y lo hemos dicho muchas veces desde esta tribuna, de compromiso con la defensa de todos los derechos humanos sin excepciones. Nuestro compromiso es claro también para conseguir ese nuevo escenario en que todas las injusticias se reparen en la medida de lo posible, porque algunas, desgraciadamente, son irreparables, pero todo lo que sea reparable que se repare sin excepción. Es nuestro compromiso, nuestra oferta de colaboración y de mano tendida desde la primera intervención que hizo un portavoz de Amaiur al presidente del Gobierno y que sigue vigente. Ahí estamos dispuestos a avanzar, como estamos dispuestos a avanzar en todos los elementos que se establecen en este informe de mejora de los derechos humanos, sin excepciones.

Estamos haciendo nuestro planteamiento en positivo. Usted está en el y tú más, en a ver qué hacen en el tema de las torturas. En el tema de las torturas hay mucho que mejorar, entre otras cosas porque la impunidad que denuncia el informe se produce cuando son sistemáticos los indultos a las personas


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condenadas por torturas y ese es un elemento en el que se puede mejorar. Como se puede mejorar también -esa sugerencia que se establece aquí y que yo también hago al Gobierno- estableciendo ese organismo independiente precisamente para analizar todas las denuncias, para ver si realmente es una estrategia, como usted dice, o no es una estrategia. Yo soy testigo de que en muchos casos no es una estrategia. Yo he sido testigo -de acuerdo y en perfecta comunicación con un juez de la Audiencia Nacional- de que en el pasado -no en este Gobierno, en el Gobierno del señor Aznar- una persona estuvo desaparecida durante varias horas ante la desesperación del juez de la Audiencia Nacional y fue sometida a torturas. De eso soy testigo directamente junto con el juez. Y como ese caso ha habido más y creo que negar la realidad es una mala solución. Vamos a poner medios para que eso sea imposible, para que no pueda haber amenazas, para que no pueda haber denuncias porque no exista base para hacerlas. Ese es el planteamiento en positivo que le hacemos.

Voy acabando, señor presidente. La política de dispersión es un fracaso y ustedes deberían cambiarla. Ustedes siguen anclados en una visión del pasado, en una visión que lleva veinticinco años diciendo que ese es el objetivo y no lo han conseguido en ningún momento en esos veinticinco años y lo único que genera son más injusticias. Las injusticias nunca se reparan con otra injusticia y guiar la política penitenciaria, la política judicial, la política en general, por la venganza es un mal método porque en vez de solucionar problemas genera más problemas, genera más injusticias y no repara ninguna de las injusticias que hay que reparar.

Por eso nosotros le decimos con toda claridad que cambien, que tomen nota de este informe y de las sugerencias que hace, y que las apliquen desde su Gobierno para avanzar en la defensa de los derechos humanos, para evitar que se produzca esa erosión de derechos humanos fundamentales que se está produciendo, no solo por estos temas, porque yo me he referido también a otro capítulo muy importante, el capítulo de los derechos sociales. Fruto de la crisis económica -y ese también es uno de los temas fundamentales en que se debe centrar el Gobierno y cambiar las políticas económicas y sociales- se está generando una erosión de derechos fundamentales. Tomando medidas en todos esos campos, sin ese espíritu de autodefensa -usted decía hoy: no lo hacemos todo mal, hay otros que lo hacen peor-, yendo a lo positivo, vamos a ver qué hacemos para mejorar porque hay cosas que están mal y lo que está mal hay que corregirlo. En ese camino tiene el ofrecimiento de nuestro trabajo y nuestra colaboración sincera porque queremos lo mejor para nuestro país, para Euskal Herria, y también para el Estado español. Precisamente todo este tipo de actuaciones, de actitudes y de informes nos reafirman en algo que para nosotros es fundamental: ejercer la soberanía va a ser la vía más rápida para avanzar en favor de la justicia, de la solidaridad, de la reparación de todas las injusticias que se han cometido en este país y en favor también de una justicia social para todos los ciudadanos, los de mi país, Euskal Herria, y también los del Estado español.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Larreina.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, creo que hablar de derechos humanos y debatir acerca de un informe del secretario general del Consejo de Europa en relación con las recomendaciones que con carácter general traslada al conjunto de Estados miembros que formamos parte del Consejo de Europa es un buen ejercicio de reflexión y debate político. Insisto en que otra cosa es lo que usted ha hecho: proyectar ese informe sobre España como si España fuera el principal destinatario de las conclusiones de ese informe cuando es absolutamente falso, como he puesto en evidencia en mi anterior intervención. Eso lo primero.

En segundo lugar, con todos los respetos a su persona, debo insistir en que ese debate tendría algo más de credibilidad y de autoridad moral si no fuera precisamente su grupo parlamentario quien lo propone y lo plantea -cuando hablo de su grupo, hablo de su grupo parlamentario, como es evidente-. No me va a negar usted -puede hacerlo, pero todo el mundo sabe que falta a la verdad si lo hace- cuál es el mundo que da apoyo político, sociológico, que acompaña a su grupo parlamentario. Todos sabemos -y si quiere hablamos de la izquierda abertzale en general- dónde está posicionado su grupo y dónde ha estado posicionado a lo largo de todos estos años en los que ETA estaba sembrando el terror en toda España. Yo he aludido en varias ocasiones desde esta tribuna a la ponencia de ETA en una de sus asambleas que tenía por título nada más y nada menos que Estrategia por la socialización del terror y el sufrimiento. Es decir, atentar indiscriminadamente contra todo tipo de personas o instituciones con la


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finalidad de que ese sufrimiento y ese terror les atemorizara y se sometieran a lo que ETA pretendía: imponernos a todos un proyecto totalitario y excluyente. En esa actuación terrorista durante décadas -no durante días, semanas o meses- de ETA ese mundo ha estado aplaudiendo, jaleando de manera más o menos activa. Y en estos momentos en las instituciones legalizadas por el Tribunal Constitucional donde gobiernan nos gustaría ver que todo lo que usted ha dicho desde esta tribuna lo aplican, señoría. Nos gustaría verlo.

Le voy a poner un ejemplo que he usado en otra ocasión, pero podría poner unos cuantos. Los etarras que salen de prisión, que no han pedido perdón en ningún momento ni se han arrepentido de sus horrendos crímenes son recibidos como auténticos héroes. Si usted cree que esa es una actitud que respeta los derechos humanos y que es coherente con la convivencia en una sociedad democrática en paz y en libertad, explíquemelo porque nadie lo entiende. En esos ayuntamientos, en esos municipios, en esas instituciones gobierna el mundo al que pertenece su grupo parlamentario. Por tanto, empiecen por aplicarse este informe del Consejo de Europa a ustedes mismos. Y díganle a ETA que se disuelva de una vez, porque ETA nació para conseguir unos objetivos, un proyecto totalitario y excluyente por la vía del terror, utilizando el terror como medio, y desde el momento en que ha dejado públicamente, porque así lo ha afirmado -no porque se haya convertido a la democracia, no por razones éticas o morales sino porque el Estado democrático y de derecho la ha derrotado-, ese medio como instrumento para conseguir su proyecto totalitario y excluyente, lo que tiene que hacer es desaparecer, disolverse. No disolver sus estructuras militares, sino disolverse lisa y llanamente. Entonces, ¿sabe qué sucedería con esa dispersión que a su señoría tanto le preocupa? Desaparecería. Porque desaparecida la causa desaparece el efecto. La política de dispersión, insisto, trae causa de la pertenencia a una organización terrorista y se aplica a los terroristas yihadistas, se aplica a los terroristas del Grapo y por supuesto no vamos a hacer una excepción con los terroristas de ETA. Ni la hemos hecho, ni la vamos a hacer. Y si ETA no se disuelve, la persona que pertenece a ETA y está condenada lo tiene muy fácil: se desvincula de ETA. Algunos lo han hecho, los de la llamada vía Nanclares lo hicieron. Algunos han tenido el coraje de hacerlo, de desvincularse públicamente de ETA, de arrepentirse del daño causado y han podido ir a prisiones que están en el País Vasco, se les ha dejado de aplicar la política de dispersión y están en programas de reinserción social. Por tanto, no traslade la carga de la prueba o de la culpa al Gobierno, sino a ETA y a los condenados que no quieren hacer uso de esa facultad que les permite el ordenamiento jurídico y nuestra política penitenciaria, de tal suerte que ya no les sería de aplicación la política de dispersión. Pero mientras no se desvinculen de ETA y no se arrepientan del daño causado tenga la seguridad de que, sintiéndolo mucho, la política de dispersión se les va a seguir aplicando, a los etarras y a los pertenecientes a todo grupo criminal organizado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA A LA MINISTRA DE FOMENTO SOBRE LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA A LAS FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS. (Número de expediente 172/000224).

El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Socialista a la ministra de Fomento sobre las políticas del Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda a las familias con dificultades económicas.

Para su defensa tiene la palabra la señora Iglesias.

La señora IGLESIAS SANTIAGO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, para aquellos que no lo recuerden, hoy hace un año que el Gobierno enviaba al Boletín Oficial del Estado la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Pero en este año, señorías, lamentablemente nada ha ido a mejor, las familias siguen sufriendo con virulencia el impacto de una crisis que para ustedes ya no existe, el impacto de unas políticas de liberalización del suelo que sirvieron para hinchar la burbuja inmobiliaria y el impacto de un sistema en el que todo se dirigía a ofrecerles como ganga la compra de una vivienda que hoy es causa de su sufrimiento cuando se ven expulsados de ella.

Se han producido 195 desahucios al día, es la última cifra que tenemos del pasado año, 195 cada veinticuatro horas. Piénsenlo, aunque sea un segundo, párense a reflexionarlo. Es la última cifra de la que disponemos, pese a que en noviembre de 2012 la vicepresidenta del Gobierno prometió, debido al impacto que le causaba el tema, que contaríamos con una estadística detallada al respecto, pero año y medio


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después no existe. Debe de ser que no estaba tan impactada. Promesas, promesas y más promesas; a lo largo de la legislatura hemos escuchado muchas. Por esos mismos días el ministro De Guindos subía a esta misma tribuna y nos decía que 120.000 familias podrían beneficiarse de la moratoria del lanzamiento hipotecario durante dos años. A partir de ahí, fuera de su casa sin solución de continuidad. Que 6.000 familias podrían acogerse a un fondo social de viviendas y que se acabaría con las cláusulas abusivas. También hizo un pronóstico: que el siguiente año, gracias a las medidas que se habían tomado, acabaría con unas 16.000 ejecuciones. Por prometer, prometió hasta que la ley se haría contando con el respaldo de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Pero la realidad es hoy muy distinta, no se parece en nada; frente a las 120.000 familias de las que hablaba el señor De Guindos, apenas 1.500; frente a las 6.000 viviendas del fondo social, apenas 465 contratos formalizados. Es decir, ni el 1 % de los hogares potencialmente beneficiados ha aplazado su ejecución y ni el 2 % de los que han perdido su vivienda han podido acceder al fondo. Asimismo, dentro del Código de buenas prácticas, solo el 0,03 % de las familias hipotecadas se han beneficiado de una reestructuración de deuda y apenas un 0,1 % de los que podrían solicitar el pago en el caso de que fuera universal se han podido acoger a esto. ¿Sabe qué pasó con su pronóstico, con las cuentas del señor De Guindos? Que las 16.000 ejecuciones -porque se iban a limitar gracias a las medidas aprobadas- se convirtieron en 35.098 pérdidas de vivienda solo durante el primer semestre de 2013; 16.000 pronosticó y 35.098 hubo solo en el primer semestre de 2013. Esperemos que el señor De Guindos haga mejores pronósticos respecto de otras cuestiones. Esto, señorías, se llama sencillamente fracaso.

Podrá usted, señora ministra, mirar hacia otro lado, pensando que no tiene nada que ver con su gestión. Usted es la responsable de vivienda, pero parece que el mayor drama que respecto de la vivienda sufren las familias no vaya con usted; pero va. Igualmente, parece que tampoco vaya con usted el acceso a la vivienda porque, en lo que corresponde a su gestión, también se han tomado muchas medidas. En este tiempo usted, directamente usted, ha creado listas negras de deudores, ha facilitado el desahucio en el alquiler, posibilitando su libre disposición para el propietario a partir del primer año de contrato. Ha eliminado, y lo ha hecho además con carácter retroactivo, las ayudas a la subsidiación para la vivienda protegida. Ha acabado y decretado la defunción de la vivienda de promoción oficial. Ha recortado las ayudas al alquiler un 74 % y ha suprimido la renta básica de emancipación. Estas cosas -que diría el presidente Rajoy- llevan su firma, señora Pastor; pero cada una de estas medidas -sus medidas-, no es que sean una política de vivienda que olvida a aquellos con mas dificultades, es que directamente empujan a las familias al desahucio, empujan a las familias a la pérdida de la vivienda. (Aplausos).

Eso sí, también ha tomado algunas otras medidas. Ha impulsado las Socimi, para que quien acumule viviendas, quien pueda tenerlas, disfrute de generosas ventajas fiscales. Y anuncios; anuncios también ha hecho muchos, muchísimos; más promesas y promesas, pero la realidad es que en mayo de 2014 aún no han sido capaces de firmar con las comunidades autónomas, ni siquiera con sus comunidades autónomas, los convenios para poner en marcha el Plan de vivienda 2013/2016, algo que su secretario de Estado calificó ayer en comparecencia parlamentaria en esta misma Cámara como un desorden administrativo. ¿Sabe cuál es el problema, señora Pastor? Que tras su desorden administrativo hay un derecho ciudadano. Han fracasado, sí. El problema es que tras su fracaso está el sufrimiento de mucha gente. Es posible que los Cañete, los Sáenz de Santamaría o quienes recibían sobresueldos no noten los 200 euros al mes que tienen que asumir las familias cada vez que ustedes toman una decisión, como pasó con los préstamos IRPH. O como pasa con la supresión de las ayudas a la subsidiación de préstamos, que los juzgados están sentenciando ya en su contra -es la decisión tomada por el ministerio-, 200 euros que deberían ser para usted una vergüenza. Familias que se ven en situación de impago no por su voluntad, sino porque no pueden pagar, y no pueden pagar por las políticas que se están desarrollando en este país, porque una pérdida de poder adquisitivo del 9 % en la clase trabajadora les impide hacer frente a los pagos; porque setecientos mil hogares sin ingresos no pueden asumir los pagos; porque una destrucción de 1.200.000 puestos de trabajo condena a mucha gente a no poder pagar; porque con 6 millones de desempleados merecería la gente que este Gobierno pasara de los anuncios a los hechos, al menos en este ámbito de la política de vivienda. Merecerían que ustedes no hubieran burlado la iniciativa legislativa popular que promovió la plataforma de Afectados por la hipoteca, como lo hicieron. Merecerían, mereceríamos, que tuvieran en cuenta las propuestas ciudadanas y las que constantemente les hacemos para dar solución a quienes más dificultades tienen para acceder a una vivienda.

Piense, señora ministra, por un segundo para qué estamos aquí. Piense que ha pasado un año de esta fracasada ley. Piense que llevan dos años gobernando; que estamos en el ecuador de la legislatura;


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que llevan dos años rescatando bancos y olvidando a las familias. Es posible que durante este año haya disminuido la presión mediática. Es posible que esta cuestión haya desaparecido en algún momento de las primeras páginas de los periódicos, de la primera plana, pero nosotros vamos a seguir insistiendo. Seguiremos tratando de dar soluciones mientras siga habiendo familias que pierden su vivienda en una situación injusta. Lo seguiremos haciendo hasta que la gente no asuma las consecuencias de una crisis que no provocó; hasta que su Gobierno actúe con la política de vivienda como una garantía del derecho a techo y no solo como una política de mercado, que es lo que hace su Gobierno, especialmente para aquellos sectores de la población en situación más vulnerable; hasta que los anuncios de las ayudas se conviertan en realidades; hasta que consigamos que se paralicen los desahucios; hasta que se acabe realmente con todas las cláusulas abusivas y no porque cada deudor haya ido a presentar un expediente a un juzgado que pueda sentar jurisprudencia, sino que lo hagamos en este Parlamento que para eso hemos registrado iniciativas. Para que acabemos con esas prácticas abusivas; para que haya garantías públicas de reestructuración de deuda y no se deje a los ciudadanos en una situación de indefensión frente a la banca; para que en el caso de que no podamos garantizar que la gente se quede en su casa al menos no acumule una deuda de por vida; para que regulemos realmente la dación en pago sin dejarla a voluntad de las entidades financieras; también para aquellos que ya han perdido sus casas, para que tenga la dación en pago un carácter retroactivo y para que haya un verdadero fondo social de vivienda, no a disposición de las entidades financieras, porque ahora tienen que ir a llorar al departamento de atención al cliente del banco para poder acceder a una vivienda propiedad de una entidad financiera que, sin embargo, está recibiendo cuantiosos fondos públicos. No hay que olvidar que detrás de esas entidades, detrás de los bancos malos que ustedes han promovido, hay una inversión pública que no llega a las familias. Estoy segura de que me va a hablar de herencias, es su especialidad. Cada vez que sube a esta tribuna, habla y habla de herencias, como si no hubiese pasado nada durante esta legislatura. Va a acabar la legislatura y va a seguir hablando de herencias, pero esa no es su responsabilidad; tampoco la mía, por cierto.

Hay otro mensaje para algunos diputadas y diputados de esta Cámara, para algunos otros grupos parlamentarios: si yo tuviera la posibilidad de cambiar las cosas mañana, si tuviéramos mayoría parlamentaria para poder hacer las cosas de otra manera, si pudiéramos hacer una moción de censura a esta gestión del Gobierno, yo, sin duda, la apoyaría, no dejaría pasar esa oportunidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Iglesias.

Señora ministra de Fomento.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

Señora Iglesias, la mejor política de vivienda es la creación de empleo. (Rumores). Sí, lo es. Para que la economía española pueda empezar a crecer como lo está haciendo, para que vuelva a crear empleo como lo está haciendo, el Gobierno ha tomado medidas, señoría. Le he escuchado decir -he creído entenderle, espero que no me equivoque- que usted no tiene nada que ver con la política del Gobierno anterior. Pero, señoría, si usted ha tenido responsabilidades en Gobiernos socialistas, ¿cómo me dice usted eso? Pero si usted ha convivido con esas políticas del Gobierno socialista que regalaba zapatillas porque decían que eso era buena política para la vivienda. Señorías, el Gobierno ha tomado medidas y ha puesto en marcha políticas que han medido el reconocimiento de todos. Las medidas adoptadas en materia de vivienda participan y forman parte de la estrategia del Gobierno y se insertan en el Plan nacional de reformas. El Gobierno, señorías, heredó una nefasta política de viviendas -sí, se lo voy a explicar- que solo se entiende en el marco de una igualmente lamentable política económica, la misma que desde la irresponsable negación de la crisis cuando ya era más que evidente multiplicó el gasto público y en dos años pasamos de tener superávit en las cuentas públicas a tener un déficit de más del 9 %. Sí, señoría, esas son las cifras, como las cifras récord de desempleo a las que ustedes llevaron a este país.

Señoría, el Plan estatal de vivienda 2009-2012 del Partido Socialista es el mejor exponente de la política -permítanme- disparatada que tanto daño ha hecho a nuestra economía; un plan que, pese a que se diseña y aprueba cuando ya nadie dudaba de la crisis, dedicaba -escuchen bien- el 80 % de los recursos a impulsar la construcción de nuevas viviendas y a fomentar la compra de viviendas mediante la subsidiación de los intereses de préstamos hipotecarios. Es decir, que en plena crisis se fomentó que


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familias con bajos recursos asumieran riesgos. Eso es lo que hizo el Partido Socialista. Y en ese afán de negar la realidad se estimularon conductas absolutamente irresponsables que alimentaron la burbuja inmobiliaria, la burbuja especulativa que sufrimos en este país. Siguiendo la máxima de echar leña al fuego, que es lo que hicieron, el Plan estatal 2009-2012 -que, no lo olvidemos, estaba incluido en lo que ya ha pasado a formar parte de la historia de nuestro país, el famoso PlanE, ¿recuerdan?, aquel que arreglaba cementerios, arreglaba fuentes, cosas que eran muy necesarias y que sin embargo no abordaba la política que necesitaba nuestro país- sirvió para agudizar el desequilibrio del mercado de la vivienda. Fue un verdadero desastre, señorías. Y había un dogmatismo oficial por el que, por hacer cualquier crítica -¿recuerdan?-, nos llamaban antipatriotas. No se podía preguntar que por qué se construían más viviendas cuando había miles y miles de viviendas vacías. En definitiva, nos encontramos con una política de vivienda equivocada y, para colmo, mal gestionada. Les voy a dar unos datos. Millones de euros comprometidos y no consignados en los presupuestos, millones de euros en ayudas transferidas a las comunidades autónomas que no llegaban a los ciudadanos y, lo más preocupante, miles de familias que no podían hacer frente a los créditos hipotecarios. (Rumores). Mire, señoría, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2007 había 25.000 ejecuciones hipotecarias, y el máximo histórico está en el año 2010, con casi 100.000 ejecuciones hipotecarias. ¿Quién gobernaba en España, señorías? El Partido Socialista. Este era el que gobernaba en España. (Aplausos).

Señorías, este Gobierno, ante la gravedad de la situación heredada, acometió un conjunto de actuaciones para hacerle frente, y especialmente lo hizo con respecto a las familias en situaciones más vulnerables. Para eso se adoptaron con carácter urgente y se aprobaron el Real Decreto-ley 6/2012 y el Real Decreto-ley 27/2012, para establecer mecanismos que permitieran la reestructuración de la deuda hipotecaria a muchas familias de nuestro país que padecían extraordinarias dificultades. Nadie había aprobado la reestructuración de las deudas hipotecarias, eso lo hizo el Partido Popular, lo hizo este Gobierno. Asimismo, se instauró un código de buenas prácticas que parece que molesta, pero ¿dónde estaba el código de buenas prácticas del Partido Socialista? En ninguna parte. Se plantearon soluciones para facilitar el pago de los compromisos hipotecarios a través de renegociación de las hipotecas, tanto con ampliaciones de plazo como con periodos de carencia y con reducciones de los tipos de interés. Esa es la realidad de lo que ha pasado. Ayudamos a muchas familias, aunque las necesidades eran muchas. Le acabo de dar la cifra de casi 100.000 correspondiente al año 2010, cuando gobernaba el Partido Socialista, y trabajamos en el Real Decreto-ley 27/2012 para ayudar a familias numerosas, a familias monoparentales con dos hijos a cargo, a familias que tuvieran a su cargo un menor de tres años o algún miembro discapacitado o dependiente, a unidades familiares en las que el deudor hipotecario se encuentra en situación de desempleo y que haya agotado la prestación, a las víctimas de violencia de género, como no podía ser de otra manera -pero esto lo hizo un Gobierno del Partido Popular-; a todas las personas que se encontraban en situaciones económicas de insuficiencia de ingresos, una medida sin precedentes que ha favorecido a muchas familias, y también se creó el Fondo social de viviendas, aunque a algunos les moleste y tengan que repasar las cifras porque las tienen mal.

Señorías, para mejorar y facilitar el acceso al Fondo social de viviendas, a finales del año pasado convenimos la ampliación de los supuestos de aplicación: reduciendo los umbrales de renta, flexibilizando las exigencias de acceso a la vivienda y recientemente, señorías, hemos acordado una nueva ampliación del ámbito de aplicación para que se puedan beneficiar un mayor número de familias. A partir de ahora, señorías, la oferta de una vivienda en alquiler del Fondo social se extenderá también a los padres y abuelos que, estando en situación de prejubilación o jubilación, se hayan visto afectados por una ejecución hipotecaria al haber asumido mediante aval las deudas de sus hijos. Esto también se extenderá a familias en circunstancias de especial vulnerabilidad, según los informes de los servicios sociales municipales y de las organizaciones no gubernamentales encuadradas en la plataforma del tercer sector. Además, se podrán incluir en el fondo y ser por tanto ofrecidas en alquiler en condiciones muy favorables las viviendas objeto de procedimientos de ejecución hipotecaria cuando se cumplan las condiciones de especial vulnerabilidad de las familias, permaneciendo los ocupantes en régimen de alquiler en las condiciones del convenio. De esta forma podrán seguir residiendo en su vivienda con alquileres asequibles. Con la ampliación de su ámbito de aplicación y la flexibilización de las condiciones va a haber un aumento sustancial de las familias que hoy ya se están beneficiando de este fondo. (Aplausos).

Señorías, señor presidente, estamos ante un cambio de modelo profundo, que es el que se está haciendo, por cierto, en toda Europa; un cambio que está basado en el apoyo del alquiler y en el fomento de la rehabilitación; un cambio que ya ha dado sus frutos. En España, con una tasa de alquiler del 17 %,


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que está lejos de la media europea, que se acerca al 40 %, el alquiler es una opción que facilita el acceso a la vivienda sin incurrir en endeudamiento, que favorece la movilidad laboral y que lógicamente permite el acceso de más familias a la vivienda. Ustedes, señoría, se dedican siempre a dividir a la sociedad en dos, unos -que deben de ser ustedes- que son lo que tienen problemas con la vivienda y otros -que es el Partido Popular y el Gobierno- que son los que parece que no tienen ningún problema con la vivienda; es como si la sociedad estuviera dividida en buenos y malos. Todos los que estamos aquí si hemos vivido de alquiler una buena parte de nuestra vida y luego hemos podido comprar una vivienda lo hemos hecho porque hemos trabajado, hemos tenido un empleo y con el dinero de nuestro salario nos hemos comprado una vivienda. ¿De qué sociedad nos hablan? ¿Creen que España se divide como dicen ustedes? No, hombre; la inmensa mayoría de los españoles, que no somos ricos, nos compramos la vivienda con nuestro salario. (Aplausos). ¿De qué me hablan ustedes? Por eso la Ley del Alquiler ha impulsado el mercado del alquiler, ha eliminado rigideces y ha favorecido la libertad de pactos, pero refuerza la seguridad jurídica. En este momento se está alquilando más vivienda. ¿Sabe por qué? El otro día, cuando comparecí en esta Cámara, lo dije. Hay personas mayores, jubiladas, ya con ochenta años, que lo único que tienen es una pequeña vivienda que quieren alquilar; muchas personas mayores necesitaban una ley que les diera seguridad jurídica para tener la tranquilidad de que van a recuperarla si un día la necesitan. Esa ley es equilibrada, equilibra derechos entre los propietarios y las personas que alquilan una vivienda. No somos sectarios, yo no divido. ¿Usted qué cree, que aquí quien vive de alquiler es de un partido y quien tiene vivienda en propiedad es de otro? No, señoría, la sociedad está dividida de otra manera distinta a la que usted plantea.

Rehabilitación. En España sigue habiendo tres millones y pico de viviendas que no tienen alquiler y cinco millones de viviendas que tienen más de cincuenta años, a eso es a lo que estamos destinando una parte importante de la ayuda a la vivienda. Lo estamos haciendo porque muchas viviendas en España se construyeron sin que hubiera una normativa con exigencia en materia energética. La rehabilitación es una inversión rentable, que va a dar mucho empleo a todo el sector, que consigue ahorros en la factura energética, que mejora el confort y la calidad de vida. Hay muchas personas que no tienen calefacción en sus casas, ni aire acondicionado; qué digo, en sus casas habrá un ventilador pero no hay aire acondicionado. Tiene que ir mejorando la calidad de vida, especialmente ¿saben de quién? De las personas mayores, porque muchas viven en casas que no tienen ascensor y no cumplen las normas de eficiencia energética, es decir, que tienen frío en invierno y calor en verano. Esa es la política del Partido Popular. Me niego a que alguien quiera dar la sensación de que hacen políticas. No me dará tiempo ahora pero en la réplica le contaré algunos ejemplos magníficos de lo que hace el Partido Socialista en materia de vivienda donde gobierna. Hemos puesto en marcha un plan estatal de vivienda, que por cierto firmaremos en fechas próximas; un plan de fomento del alquiler de viviendas y de rehabilitación edificatoria, pero va a seguir financiando la ayuda a personas que compraron la vivienda en planes anteriores. Vamos a seguir ayudando a miles de familias a que puedan seguir pagando su préstamo hipotecario. (Aplausos). No se puede engañar a la gente porque no es así. Por esto, en la mesa de la Conferencia Sectorial de Vivienda se sientan consejeros del Partido Socialista que -¿saben una cosa?- han apoyado el plan, lo han firmado y van a firmar el acuerdo con el Ministerio de Fomento; lo van a firmar porque están de acuerdo y porque en algunas comunidades el Ministerio de Fomento pone más del 80 % de lo que va a ser el plan de rehabilitación en los próximos cuatro años, mientras que alguna comunidad autónoma no llega ni al 20 %.

Señorías, señor presidente, vamos a seguir trabajando. Saben que a una parte de la Cámara no le gusta que se hable de la herencia, pero ¿cómo no vamos a hablar de la herencia? Le voy a dar un dato. Desde la aprobación del plan se está produciendo una transición ordenada al nuevo modelo, asumiendo los compromisos heredados. Miren qué datos: 774 millones de euros tuvimos que pagar en 2012 de los atrasos que estaban sin pagar, 720 millones de euros en 2013, estando presupuestados más de 750 millones de euros para este ejercicio. La inversión total prevista para los cuatro años de vigencia del plan son 2.311 millones, pero parte de lo que estamos pagando es lo que estaba sin pagar, por no decirles lo que estaba sin justificar -a día de hoy todavía lo está-. Vamos a seguir, señorías, con la subsidiación de los préstamos convenidos en los planes anteriores. Hay 230.000 beneficiarios que venían percibiendo estas ayudas y que las van a seguir recibiendo; pueden estar tranquilos porque las van a seguir recibiendo. En el ejercicio 2013 Fomento ha destinado 436 millones solo a ayudas a las subsidiación, y he tenido que escuchar que no subsidiábamos los préstamos; repito, 436 millones de euros, señorías. Para el


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cuatrienio 2013-2016, ¿sabe cuánto vamos a destinar a subsidiación de préstamos? Serán 1.290 millones de euros, señoría.

El apoyo al alquiler de las familias es otras de las necesidades más importantes, pero a todas las familias y a quien más lo necesite. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, se estaban subsidiando en este país ayudas de mil y pico euros al alquiler? ¿Ustedes creen que quien alquila una vivienda de mil y pico euros tiene necesidades? No; lo que hacemos ahora es dar ayudas al alquiler a jóvenes, a personas no tan jóvenes, a personas en desempleo, a personas mayores, a todos, pero dependiendo de su nivel de renta -como tiene que ser- y con un máximo, como saben, que tenemos establecido. Sobre todo se ayuda a alquileres que no superen una cuantía; no podemos ayudar a quien más tiene sino a quien menos tiene. Eso parece que es la justicia social. Señorías, una cosa es hablar, una cosa es predicar, y otra es hacer.

Concluyo ya esta primera parte de mi intervención diciéndoles que más de 2.300 millones es el presupuesto que el Gobierno destina a la política de vivienda en este plan de vivienda, que tiene una reorientación, pero parte de ese dinero sigue siendo para la subsidiación de los préstamos de las personas que ya habían iniciado el pago de su hipoteca. Por eso, hay que venir aquí a decir la verdad, señorías, porque la demagogia tiene las patas bastante cortas, ya lo saben, y además todos se acaba sabiendo en este país.

Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Señora Iglesias.

La señora IGLESIAS SANTIAGO: Gracias, señor presidente.

Señora Pastor, aquí y luego ahí; me parece que usted no se dirige ni a los ciudadanos ni a la bancada socialista. Se dirige solo a los compañeros y a las compañeras de su grupo parlamentario.

Sí, la demagogia tiene las patas muy cortas. ¿Sabe qué tiene también las patas muy cortas? La mentira. (Aplausos). La mentira también tiene las patas muy cortas. La mejor respuesta es el empleo: Es cierto, la mejor respuesta a todo es que la gente tenga autonomía; pero para que la tenga no vale solo con tener un puesto de trabajo, hay que tener un puesto de trabajo digno, de calidad y no sometido a las reglas de una reforma laboral como la que ustedes han aprobado. (Aplausos). ¿De qué empleo me estaba hablando, señora ministra? ¿De qué empleo me hablaba? ¿Me hablaba usted de la gente que se marcha, de los jóvenes que se tienen que exiliar, de 1.200.000 puestos de trabajo que han desaparecido de las listas de empleo? Sí, estoy de acuerdo en que hay que crear empleo.

Vamos a la vivienda. No me entendió usted, no. Yo no tengo ningún problema en reconocer la gestión que ha habido en las distintas etapas de gobierno, como la de 2004-2008; ninguno. No estoy huyendo de mi responsabilidad. Fue una buena etapa de gobierno. Le estoy diciendo que nuestra responsabilidad hoy aquí no es ponernos a hablar del pasado, de qué pasó cuando se creó la burbuja inmobiliaria. Yo podría hablarle de herencia, podría decirle: ¿quién creó la burbuja inmobiliaria? No hace falta, porque ya a esta misma Cámara vino el presidente de la patronal bancaria y lo dijo: la burbuja inmobiliaria se creó justamente durante los Gobiernos de las etapas del señor Aznar. Yo no vengo aquí a hablar de herencia, yo vengo a hablar de los problemas de la gente y de cómo solucionarlos. Usted me habla del anterior Plan de vivienda. ¿Qué sabe usted, señora ministra, más allá de que haya tenido la responsabilidad de gestionarlo durante todo el año porque aprobó un plan que no ha sido capaz de poner en marcha todavía hasta mayo de 2014? Viene aquí a presumir de que va a firmar los convenios con las comunidades autónomas ahora, y el plan se aprobó en 2013. No es un éxito de su gestión. ¿Qué sabe usted? Si lo sabe, cuéntenoslo, porque yo he pedido, he solicitado por escrito a su ministerio un informe sobre la evaluación del plan. ¿Sabe lo que me ha proporcionado usted? Esto (Muestra un documento), simplemente un folio -facilito la tarea a las taquígrafas-; esta es la evaluación del plan que ustedes han hecho. Lo mismo ha sucedido cuando le preguntamos por el Fondo social de vivienda. Dice que mis datos están equivocados. Si mis datos están equivocados, sus datos están equivocados, porque esta respuesta parlamentaria es de 8 de mayo de 2014 (Aplausos), de su ministerio, y aquí habla de 465 contratos. Por cierto, me da la misma respuesta para toda España, un dato global, cuando yo le pedí los datos de qué contratos se habían producido con cargo al fondo social de vivienda en cada provincia, en qué condiciones, con qué cuantías, para qué familias, en qué barrios, cómo quedaban esas familias. Me estoy intentando preocupar por la situación en la que están esas familias y que ustedes han olvidado bajo una generalidad de 465 contratos.


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Si a usted le gusta la oposición váyase a la oposición, pero yo he venido aquí a hacer propuestas para que cambiemos la política de vivienda. Dígame que no ha hecho aquí otro anuncio de modificación del Fondo social. Yo estoy dispuesta a que hagamos cambios para que el código de buenas prácticas no sea de buenas prácticas bancarias, sino de derechos para los ciudadanos y las ciudadanas; que haya intermediación de las administraciones públicas para que no se condene a un fracaso en el que -se lo repito- solo el 0,03 % de los ciudadanos pueden acceder, por ejemplo, a una reestructuración de la deuda. Reconózcame que eso ha sido un fracaso. De la misma manera, no me hable aquí de la Ley de Alquiler y de las ayudas al alquiler cuando han recortado un 74 % -se lo repito- las ayudas en el último año. Son datos proporcionados por su ministerio. Pueden estar mal, pero entonces nos están dando los datos incorrectamente, nos están mintiendo. Nosotros tenemos que hacer la tarea y la gestión con los datos que ustedes nos proporcionan.

¿Me está hablando de aire acondicionado, en serio, señora ministra? ¿Se ha subido a esta tribuna a hablar del aire acondicionado de la gente, de gente que está en una situación de pobreza energética, que pasa frío en invierno, tremendo frío, porque no puede pagar la calefacción? ¿Se ha subido aquí a hablar de aire acondicionado cuando estamos hablando de gente que no tiene casa? ¿El aire acondicionado de dónde, señora ministra? (Aplausos). Si estamos intentando evitar los desahucios. ¿De qué clase de aire acondicionado me habla? Es cierto que quien paga sus sedes con fondos de caja B no tiene ninguna dificultad para comprarse una casa (La señora Hernández Gutiérrez pronuncia palabras que no se perciben.-Aplausos), para comprarse un edificio y para comprarse lo que sea. Quien tiene un magnífico trabajo no tiene absolutamente ningún problema, pero la gente tiene esos problemas. Podría seguir con las subsidiaciones.

Lo que ustedes tienen que hacer para empezar, si quieren hablar de esas inversiones el año que viene, es hacer una modificación de crédito, porque les van a seguir llegando sentencias de los juzgados en contra para que reconozcan las ayudas que han eliminado.

Se ha acabado el tiempo. Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo!-Un señor diputado: ¡Estúpido!-Rumores).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Iglesias.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.

En materia de vivienda el Partido Socialista no está para dar lecciones. (Aplausos). Este Gobierno se encontró con una situación dramática, de enormes desequilibrios y de empobrecimiento de aquellas personas que tenían menos. Ustedes habrán visitado o tendrán algún familiar en alguna residencia; en las residencias de nuestro país se pone aire acondicionado, en todas las que no lo tenían, porque están personas mayores a las que afectan muchísimo el frío y el calor. He visitado en Córdoba unas viviendas con servicios comunes que pusimos en marcha para personas mayores y en ellas se ha puesto aire caliente y aire frío. (Varios señores diputados: ¡Oh!-Rumores.-Aplausos). Sí, sí, sí; porque las personas necesitan tener una vivienda y unas condiciones dignas dentro de ella. Aquí, en esta Cámara, hay distintos grupos políticos; como ustedes piensen que son ustedes los defensores de la vivienda en España con los datos que voy a dar, vaya, vaya, vaya. (Rumores). Sí, sí. Ustedes han hecho mucha demagogia; ustedes han dicho que la demagogia tiene las patas cortas y la mentira más. Efectivamente, la mentira tiene unas patas muy cortas. Yo sé que estamos en campaña electoral y que el tono sube más en este caso, pero no por ello uno tiene más razones; lo que tiene que tener uno es contenido en lo que dice. Ustedes, el Partido Socialista, en este momento no está aportando nada que yo sepa para que se puedan poner en marcha políticas que mejoren la política de vivienda en nuestro país. Bueno, sí, me he equivocado; en Andalucía, como ustedes saben, es tan importante la política de vivienda que en vez de llevarla el Partido Socialista se la dan a sus coaligados. (El señor Campos Arteseros: ¡Anda ya!-Aplausos). Sí, y es tan importante... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora ministra, un momento. Pido silencio; especialmente lo pido al señor Campos, que tiene una voz que se oye perfectamente. (Rumores). Pido silencio. Siga, señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.

En Andalucía no solo ha sido eso, sino que hemos vivido el espectáculo más bochornoso de lo que para el Gobierno de la Junta de Andalucía es la equidad y la igualdad de oportunidades. Fueron capaces


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de saltarse la lista de espera para que accediera a la vivienda aquel a quien no le correspondía, porque había decenas y centenas de andaluces en lista de espera. (Aplausos).

Señorías, la nueva regulación del mercado del alquiler está dando ya resultados positivos. Fíjense, el mercado del alquiler está creciendo en este momento a un ritmo superior al 20 % anual; está experimentado un auge continuado. En pocos meses el alquiler ha pasado de representar el 15 % del régimen total de tenencias a más del 18 %. Estos efectos positivos se notan tanto sobre la oferta como sobre la demanda. Así, por lo que se refiere a la oferta, cada vez es mayor el número de personas, y muchas mayores, que ofertan su casa en alquiler porque han visto mayor seguridad jurídica. También por el lado de la demanda se evidencia que cada vez es mayor el número de personas y familias que optan por el régimen de alquiler, tanto por razones económicas como por la mayor movilidad y flexibilidad. En el Plan estatal 2013-2016 se van a corregir las ineficiencias y las carencias del plan anterior. La gestión de la herencia recibida no ha sido fácil, señoría; nos encontramos con más de 750 millones de euros comprometidos sin dotación presupuestaria, 450 millones de euros en ayudas de subsidiación y 250 millones de euros en alquiler que no se habían pagado, señora Iglesias. Es lo que le estoy diciendo, que ustedes presumían pero no pagaban; eso es herencia y es mentir, decir que se paga y no se paga. (Aplausos). Hemos tenido que encajar los desajustes presupuestarios para garantizar que cerraremos este ejercicio sin pagos pendientes.

Por otro lado, la labor de seguimiento y control ha permitido reducir la cantidad pendiente de justificar en un 40,8 %, lo que supone que los beneficiarios han recibido 250 millones de euros que se le debían y que estaban pendientes de cobro. Señoría, le voy a dar unos datos. Cuando llegué al Gobierno el saldo pendiente de justificar por la Comunidad Autónoma de Andalucía a 31 de diciembre de 2011 era de 59.210.024 euros; en el caso de Canarias de 75.125.375 euros. Hoy Canarias sigue teniendo 51 millones sin justificar. En total, estaban sin justificar 612 millones. Hay más cosas, una que se llama rigor y otra que se llama descontrol. Hay quien gestiona la política de vivienda desde una dirección general porque estamos en tiempos de crisis y hay quien la gestionó desde un ministerio, todo un ministerio; sin embargo, todo un ministerio hacía que hubiera 610 más 40 millones de euros sin justificar, es decir, mucho ministerio y poca política de vivienda. (Aplausos).

Señorías, ¿qué sentido tiene esa política, bandera del Partido Socialista, que es pretender expropiar viviendas, cuando hay cientos de viviendas sociales en Andalucía que están vacías? ¿Qué sentido tiene? Primero tendremos que ocupar las viviendas sociales que han costado impuestos a los ciudadanos. ¡Qué desfachatez es saltarse los procedimientos de concurrencia e igualdad de oportunidades! (Rumores). Vimos la escena del divorcio -lo recordarán bien-: ¡qué enfado tan grande tenemos! Enseguida tras la escena del divorcio, la de la reconciliación. No ha pasado nada y todos seguimos tan amigos, pero nos hemos saltado la lista de espera en la política de vivienda. (Rumores.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, tiene usted que ir acabando.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Gracias.

Por último, señorías, como ustedes parece que son el ejemplo de todo, solo quiero recordar un tema que se debatió en esta Cámara -algunos estábamos aquí-. A mitad del Plan 2009-2012, del Gobierno del Partido Socialista, hicieron un durísimo recorte en las ayudas: redujeron el importe de las subvenciones a los promotores para alquiler a la mitad y se suprimió la ayuda estatal directa a la entrada. Este ajuste lo hizo el Gobierno socialista, supuso una reducción de los compromisos financieros del plan de 3.357 millones de euros. (Rumores). Señorías, las mentiras tienen las patas muy cortas.

Señorías, nosotros vamos a continuar con una política, que es la que se está haciendo en Europa, de potenciar el alquiler para las personas que menos tienen y mirando el nivel de renta, porque es lo importante para acceder a ayudas al alquiler; vamos a seguir haciendo -lo estamos haciendo de forma directa en Ceuta o en Melilla- vivienda social; vamos a seguir pagando la ayuda a la subsidiación de los préstamos -como les he dicho- de miles y miles de familias españolas que en este momento los están pagando; vamos a destinar más de 2.300 millones de euros a este plan de vivienda. Lo hacemos de forma coordinada con las comunidades autónomas. Por ejemplo, en el plan para Andalucía el Gobierno de España pondrá 428,6 millones y la Junta de Andalucía 41,3. (Rumores.-Aplausos). Por cierto, señorías, sé que la campaña electoral genera a veces algunas distorsiones. Sé que hoy en Extremadura ustedes están planteando una moción de censura. Han tenido mucho tiempo para hacerlo pero han decidido hacerlo por motivos electorales, y yo desde aquí le transmito que no hay nada más importante para Extremadura que tener estabilidad en el Gobierno y hacer políticas como las que se están haciendo por la Junta de Extremadura, políticas que están generando oportunidades para todos los extremeños.


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El señor PRESIDENTE: Señora ministra, tiene que terminar irremediablemente.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Termino ya.

Para todos los extremeños y para todas las extremeñas (Varios señores diputados: Al tema, al tema) como lo hace... Es al tema, señorías, porque el tema es que en Extremadura estamos llevando a cabo también un plan interesante (Rumores) de ayuda a la vivienda, como lo está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señorías. (Aplausos.-Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señora Hernández, haga usted el favor de callarse un momento.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ORAMAS), SOBRE LAS PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS FRENTE A LAS COSTAS CANARIAS DE LAS ISLAS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA. (Número de expediente 172/000214).

El señor PRESIDENTE: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Oramas, sobre las prospecciones de hidrocarburos frente a las costas canarias de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Tiene la palabra la señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, el petróleo, como saben, es una energía antigua, sucia y a extinguir. Estamos en el tiempo no ya del oro negro, sino del oro verde. Los ciudadanos tememos al chapapote y a no volver a ver los eclipses de luna sobre el mar porque los tape una torre petrolífera. Nuestro petróleo es el turismo. Defenderemos esa postura donde sea y no permitiremos jamás de los jamases que se autoricen prospecciones en nuestro mar. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia). Estas reflexiones no son de un nacionalista. Estas reflexiones tan contundentes llevan la firma de dos altos dirigentes del Partido Popular, el diputado del Partido Popular González Pons y el presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares; sin embargo, pese a que es el propio Partido Popular quien asegura que el petróleo es incompatible con el turismo, todavía hay gente que no entiende por qué los canarios decimos no al petróleo. Nos recuerdan insistentemente que el petróleo es una fuente de riqueza, una oportunidad única a la que no podemos renunciar de ninguna manera, que ningún país del mundo diría no a las energías fósiles y que en nuestro caso, con la tasa de paro que existe en Canarias, no tenemos otra salida y debemos claudicar, sean cuales sean las consecuencias para nuestro territorio. Insisten en convencernos de que la normativa española y europea reduce a casi riesgo cero la posibilidad de que exista un derrame, que los peligros son ínfimos y que, si Marruecos pincha a un lado de la mediana, no podemos permitir que los marroquíes se queden con el crudo que existe en nuestro lado, en aguas canarias y españolas. Toda esta maniobra, elaborada conjuntamente por la compañía Repsol y el Ministerio de Industria, es una falacia.

Estamos tan cargados de razones que pese a que la multinacional ha hecho todos los esfuerzos a su alcance para tratar de condicionar la opinión de los ciudadanos y de los medios de comunicación, la sociedad canaria sigue manteniendo su oposición mayoritaria al petróleo. Decimos no porque con la explotación del petróleo asumimos todos los riesgos y perjuicios, y a cambio no percibimos ningún beneficio. Decimos no porque no estamos dispuestos a poner en juego el futuro físico de nuestra tierra, ni el futuro vital de más de dos millones de canarios y de las futuras generaciones que vivan en nuestra tierra. Vivimos en una tierra de una extraordinaria riqueza natural. En nuestro Archipiélago habitan más de 17.000 especies terrestres y marinas que nos sitúan entre las quince regiones bioclimáticas más ricas en biodiversidad de todo el planeta. Nuestros fondos marinos son excepcionales. Canarias se encuentra en la ruta de los cetáceos, en el santuario de algunas especies y la riqueza de su fauna marina es innegable. El 40 % de nuestro territorio está declarado como espacio natural protegido; ese es nuestro verdadero tesoro, el oro verde y azul, no el oro negro. Si no fueran suficientes estos argumentos, la tramitación de la autorización a Repsol se ha cruzado en el camino con la declaración como lugar de interés científico (LIC) de una parte importante de la zona marítima donde se pretenden realizar las prospecciones. El objetivo de esa declaración es su protección. Ese expediente de LIC está oculto y paralizado. No queremos pensar, señor ministro, que su ralentización tenga que ver con el futuro de las prospecciones. Le comento esta sospecha porque nos ha sorprendido la contundencia de la acusación


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realizada por Repsol contra la sociedad para el estudio de los cetáceos del archipiélago canario para desautorizar su informe sobre el LIC. ¿Obedece a un nuevo episodio más del nerviosismo de la multinacional sobre un expediente que podría poner fin a sus planes en Canarias? ¿Qué prisas tiene su ministerio con la autorización a Repsol? ¿Tiene que ver con el hecho de anticiparse a la trasposición de la nueva normativa comunitaria a la legislación española, mucho más estricta en los requisitos que se exigen a las petroleras y las responsabilidades que tendrían que asumir en el caso de que exista un vertido? Señor ministro, nuestra posición no solo tiene que ver con la protección de nuestra naturaleza. En el caso de un accidente tendría consecuencias no solo sobre los fondos marinos, sino también afectaría a un recurso vital como es el agua. A diferencia del resto de las comunidades autónomas, el suministro de agua dulce en las islas Canarias se ve condicionado casi en su totalidad por la existencia de plantas de desalación. Este factor aumenta especialmente en Lanzarote y Fuerteventura donde el agua desalada representa el 90 %. Ante un vertido dejaríamos a más de 200.000 habitantes, además de la población flotante, sin suministro de agua potable durante un periodo indeterminado.

Decimos también no al petróleo porque nuestra principal actividad es el turismo, supone más del 50 % de los puestos de trabajo directos en Lanzarote y Fuerteventura, pero casi el 100 % de los empleados indirectos en ambas islas y el 30 % de la economía canaria. Un derrame como el que ocurrió en el golfo de México hundiría la economía de una comunidad como la canaria y sería un golpe de muerte al único sector económico de Lanzarote y Fuerteventura y al principal motor económico del resto de las islas.

Ustedes nos recuerdan que ningún país renunciaría a la exploración de petróleo. Pues no es así, existe. Hay muchos ejemplos a nivel internacional que demuestran que estas prospecciones se pueden y se deben parar. El Gobierno de Noruega paralizó en 2013 los planes de perforación de petróleo y gas en las Islas Lofoten y en otras zonas cercanas ante la fuerte presión social internacional. Las aguas de estas islas acogen el caladero de bacalao más grande del mundo, el mayor arrecife de coral de agua fría y la colonia de aves marinas más importante de Europa continental.

En octubre de ese mismo año se dio a conocer una nueva victoria para el medio ambiente al aplazarse en Rusia, hasta al menos el año 2017, la decisión sobre la construcción de una nueva plataforma petrolífera cerca de la mitad de una población de ballenas grises en peligro de extinción en el Pacífico Noroccidental. En agosto de 2013 el pueblo inuit de Canadá consiguió una gran victoria al lograr parar una campaña de sondeo sísmico en sus territorios en el Ártico. El 14 de noviembre de 2012 se rechazó un proyecto en California, Estados Unidos, por el que se pretendía realizar sondeos en la costa del Condado de San Luis Obispo ante los riesgos por las pesquerías y la vida marina, y no hablemos de la paralización francesa en el Mediterráneo. Por ejemplo, la petrolera brasileña Petrobras tuvo que abandonar en mayo de 2011 su proyecto de explotación de petróleo en aguas profundas neozelandesas. Ustedes usan constantemente el modelo de Noruega para convencer omitiendo parte de la realidad del país nórdico, diciendo que quieren lo mismo para Canarias y usted sabe que en España, a diferencia de Noruega, no es el Estado el que realiza las prospecciones directamente, que en nuestro caso se trata de una concesión a una multinacional, cuyo capital mayoritario, por cierto, tampoco es español.

El Gobierno ingresará los impuestos que le correspondan por la concesión, pero los beneficios se los llevará una multinacional con nombres y apellidos que se llama Repsol. Y cuando los canarios decimos que estamos asumiendo todos los riesgos, tienen la desfachatez de decir que se puede estudiar una compensación a Canarias, que según altos cargos de su ministerio y de Hacienda podría ser de unos 200 millones de euros. Es decir, la misma cantidad que ustedes han eliminado solo en un año del convenio de carreteras o los fondos que hemos perdido este año por la desaparición del Plan integral de empleo. ¿Vamos a vender la principal riqueza de nuestra tierra tanto natural como económica a una multinacional a cambio de 200 millones de euros? Como en aquella inolvidable película, Bienvenido Míster Marshall, en Canarias se han movilizado los hombres del oro negro y altos cargos del Gobierno para intentar hacernos creer que se podrán crear, en el mejor de los casos, entre 3.000 y 5.000 empleos relacionados exclusivamente con la actividad portuaria y de avituallamiento. Estas cifras son realmente difíciles de creer si analizamos los empleos que genera esta compañía en otras zonas de España y del mundo; aún más si atendemos la afirmación de la compañía Repsol de que en Canarias solo usarán un barco plataforma en la fase de producción y explotación. ¿Cómo pueden generarse 3.000 o 5.000 puestos de trabajo para apoyo de un solo barco de perforación con una tripulación a bordo inferior a doscientas personas? ¡Los mismos trabajos que un complejo hotelero, doscientas personas!

No sean demagogos, no mientan, no prometan empleos aprovechándose de la difícil situación que vive Canarias. Por cierto, el estudio de impacto ambiental se remitió incompleto al Ministerio de Medio


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Ambiente, lo que ha obligado a pedir información complementaria a Repsol, una información de suma importancia para conocer el contenido exacto del proyecto y que, una vez que se facilite, debería ser publicado de nuevo para abrir un nuevo periodo de alegaciones. ¿Por qué asegura que en junio si ni se harán las prospecciones y sin que se conozca el futuro del estudio de impacto ambiental? ¿Qué prisas hay para no volver a someter a exposición pública un expediente de proyecto que puede suponer un antes y un después para nuestro modelo económico? No se lo pido yo, señor ministro, se lo piden los tres ayuntamientos de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, incluido un alcalde de su partido, los dos cabildos insulares, el Gobierno y el Parlamento de Canarias, otras muchas instituciones de las islas, un sinfín de organizaciones ecologistas y sociales y muchas asociaciones empresariales, y se lo piden los miles de ciudadanos que se siguen manifestando y que hace dos años protagonizaron las concentraciones más importantes jamás celebradas en las dos islas.

Ustedes, pese a la evidencia, plantean dudas incluso sobre el apoyo que tiene en Canarias la oposición al petróleo y aseguran que la mayoría social está a favor de las tesis de su partido. Nosotros le ofrecemos una alternativa. La respuesta que ofrecemos los nacionalistas canarios, la vía que pone el Parlamento y el Gobierno de Canarias con el apoyo de la inmensa mayoría de las instituciones canarias es que el Gobierno del Estado autorice una consulta al pueblo canario. Tiene amparo legal, estatutario y constitucional, pero hasta el día de hoy a pesar de haberse hecho los trámites que establece la legislación española sigue sin recibir una respuesta del Gobierno. Por eso y por todos los motivos que le he expuesto, les exigimos un referéndum sobre una cuestión que va a condicionar el futuro de Canarias.

Canarias ha vivido diferentes procesos migratorios provocados por la hambruna, la sequía, la crisis de la cochinilla o el fracaso de otros monocultivos. El último éxodo se registró, curiosamente, coincidiendo con la crisis del petróleo de 1973, que llevó a más de 100.000 canarios a emigrar a Venezuela. Nosotros no nos podemos permitir que pueda haber un nuevo proceso migratorio provocado por una crisis vinculada con el petróleo, pero en esta ocasión por un derrame causado por una multinacional, porque en estos momentos a los canarios ya no nos queda ni Venezuela. Ni podemos permitir que una tierra y un mar -que sentimos más que nadie- se contaminen y se destruyan. Le pido, señor ministro, que deje que las energías fósiles descansen en paz y que el pueblo al que representa también viva sin la amenaza de las plataformas petrolíferas. Como decía el poema La maleta, del gran poeta canario, Pedro Lezcano -al que admiré y quise-, son otros los que deben hacer la maleta, son otros los que deben irse.

Acabo con este extracto del poema de Pedro Lezcano, aunque les recomiendo que lo lean todo, que termina así: Ya tengo la maleta, / una maleta grande, de madera: / la que mi abuelo se llevó a La Habana / mi padre a Venezuela. / Yo no sé dónde voy a echar raíces... / (Hasta que el otro día lo he sabido, / y he hecho de nuevo la maleta.) / He sabido que pronto van a venir de afuera / técnicos de alambrar los horizontes, / de encadenar la arena, / de hacer nidos de muerte en nuestras fincas, / de empozoñar el aire y la marea, / de cambiar nuestros timples por tambores, / las isas por arengas, / las palabras de amor por ultimátums, / por tumbas las acequias... / Voy a dejar que crezca / sobre esta tierra mía / toda la mala hierba. / Voy a volver la espalda al forastero, / que vendrá con sus máquinas de guerra / para ensuciar de herrumbre las auroras, / de miedo las conciencias...

Conciencia en el destino de un pueblo, el pueblo canario.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Oramas.

En nombre del Gobierno para dar respuesta a esta interpelación tiene la palabra el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señor presidente, señorías, señora Oramas, quiero en primer lugar expresar mi agradecimiento por haber accedido a retrasar el día de la interpelación que hoy nos convoca aquí porque cuando correspondía no pude atenderla. Quiero también agradecerle que una vez más se me dé la ocasión en esta Cámara para argumentar por qué en España en general y particularmente en el caso que nos ocupa, en la Comunidad Autónoma de Canarias, las investigaciones, las prospecciones -que no las extracciones- de gas, de petróleo o de las dos cosas son del interés general y tienen argumentos mas que fundamentados que nada tienen que ver con lo que usted hoy aquí ha planteado.

Quisiera hacer una serie de consideraciones previas. En primer lugar, se trata de permisos de investigación, un permiso para investigar, no es un permiso para explotar, no es un permiso para extraer.


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Nadie nunca ha solicitado en Canarias, cerca de Canarias o lejos de Canarias un permiso para extracción de petróleo, nunca, nadie. Además, sería imposible que alguien lo hubiese planteado por la sencilla razón de que nadie sabe hoy si en las aguas territoriales próximas a Canarias -no en Canarias, como algunos sostienen-, que son aguas territoriales españolas, hay o no hay recursos de hidrocarburos. Ahora bien, para que se pueda decidir si se extrae o no, digo yo que habrá que saberlo porque un país tiene que saber si tiene o no recursos; después, ya veremos, pues es un procedimiento totalmente distinto si se extrae o no, pero hay que saber previamente si hay recursos o no y para ello, en primer lugar hay que investigar, hay que hacer una prospección. Eso es lo que se ha autorizado, señora Oramas.

Usted me habla de plataformas en México y de extracciones, pero es que nadie lo ha autorizado. Pero le diría más, aun en el caso de que se hicieran las prospecciones porque resultara favorable la declaración de impacto ambiental y se dedujera que hay recursos naturales, el procedimiento para iniciar su extracción no tardaría menos de cuatro o cinco años con toda la tramitación que ello conlleva. Por tanto, nada tiene que ver aquello de lo que usted ha hablado hoy con lo que es una investigación, una prospección. Centremos el tema. Si luego se quiere explotar o no, es otra cosa; ahora bien, negarse a conocer los recursos naturales no lo hace ningún Estado del mundo. A mí me parecería una absoluta irresponsabilidad. Ningún país del mundo se niega a conocer los recursos naturales con los que cuenta y la legalidad en España -a pesar de que usted diga lo contrario- es muy garantista, la más garantista de toda la Unión Europea. Pero le diría más, la autorización que en su día hizo el Consejo de Ministros para la investigación -que en todo caso está sujeta a autorización administrativa, que todavía no se ha dado porque está pendiente de la declaración de impacto ambiental-, la legislación por la cual se autorizó por parte del Consejo de Ministros es más estricta que la legislación de la Unión Europea.

Un permiso de investigación no es una autorización para explotar, sino que es una concesión demanial y no supone autorización automática de ningún tipo de trabajo, solo otorga el derecho en exclusiva, eso sí, para investigar, concediéndose mientras esté vigente ese permiso de investigación. Incluso, con carácter previo a cada trabajo de investigación avalado por la autorización de prospección, con carácter previo, debe obtenerse una preceptiva autorización administrativa. Para dar esta autorización administrativa se necesita una declaración de impacto ambiental previo, si bien antes de dicha declaración se necesita un documento de medidas de protección medioambiental, que es condición necesaria en todo caso y preliminar. (El señor presidente ocupa la Presidencia). También se necesita verificar el cumplimiento de los requisitos que exige la normativa medioambiental española, se requiere que se le dé publicidad a este documento, posteriormente se conceden dos meses para presentar ofertas en concurrencia a aquella que se haya autorizado y, finalmente, el Consejo de Ministros otorga el permiso de investigación.

En cuanto a los permisos de investigación -que no de explotación, pues no hay ninguno-, que se conocen como Canarias 1.9, tienen un absoluto respeto a la legislación medioambiental no solo española, sino también a la europea; además, se han autorizado en condiciones de libre competencia. No están en Canarias, están a 60 kilómetros de las costas de Canarias, exactamente en el borde de la mediana que separa el Reino de Marruecos con el Reino de España, y donde, por cierto, el Reino de Marruecos, sin éxito todavía, ya ha iniciado prospecciones. Por lo tanto, están en aguas territoriales de España. Ya sé que hay quienes sostienen que esas aguas no son aguas territoriales españolas sino que son aguas canarias. No, no existen aguas canarias. Lo que existen son aguas territoriales españolas, y eso vale para Canarias, para Galicia, para el País Vasco y también para Andalucía. De manera deliberada, quienes se oponen a conocer si hay o no hay recursos naturales en nuestro territorio confunden la fase de investigación con la fase de explotación. No tiene nada que ver. Los permisos de investigación en aguas territoriales españolas se otorgaron por un real decreto, pero no por parte de este Gobierno, sino por uno anterior, 2001, por el Real Decreto 1462. Y es verdad que durante la tramitación hace trece años de ese real decreto hubo un auto del Supremo paralizando aquellas prospecciones hasta que se completaran los requisitos medioambientales que se exigían.

Le voy a decir una cosa, ya cuando en el año 2005 no estaba el Gobierno de 2001 sino que había un nuevo Gobierno, el ministro de Industria de entonces llevó al Consejo de Ministros el real decreto con las cuestiones medioambientales ya solucionadas. El Consejo de Ministros no lo aprobó y fue un Consejo de Ministros del año 2012, concretamente el de marzo, el que autorizó tales prospecciones. Pues bien, quiero decirle que en el real decreto de marzo del año 2012 lo que se hace, en definitiva, es convalidar lo que ya se había autorizado trece años antes con la salvedad del auto del Supremo que establecía la corrección de cuestiones medioambientales y que se habían corregido.


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Cuando usted, en su intervención, empezaba afirmando que nuestro petróleo es el turismo, yo estoy de acuerdo con usted en que el turismo es el primer sector de la economía de Canarias, 30 % de la economía, y va a seguir siendo el motor. Pero quiero decirle que eso que usted ha dicho hoy aquí no es lo que piensa todo el mundo en Coalición Canaria. Le voy a decir lo que decía -es verdad, hace un tiempo- quien hoy es el portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Decía refiriéndose a este tema: La principal fuente de contaminación de las costas del Archipiélago está tierra adentro. Los canarios contaminamos más con el desarrollo turístico que con las manchas que nos llegan del mar. Yo creo que esto -permítame decirle- no podemos compartirlo. Supongo que usted tampoco lo comparte, aunque es -insisto- la opinión del portavoz de su partido en el Parlamento de Canarias. Resulta que lo que contamina es el turismo. Yo creo que el turismo no contamina. Lo que realmente puede contaminar en relación con el petróleo, ¿sabe lo que es? Los cientos de barcos que cada año atraviesan aguas del Archipiélago entre las distintas islas y que, ciertamente, aunque no ha ocurrido, sí que pudieran ser, a lo mejor, causa de algún accidente. Eso sí. Sin embargo, no he escuchado ni una sola reclamación en relación con este tipo de tráfico.

Señora Oramas, usted me decía que esto era una maniobra del ministerio y de la compañía. Yo hablo en nombre del Gobierno y del ministerio y, mire, maniobra yo creo que es otra cosa. Maniobra es llevar en el programa electoral de su formación política en el año 2011 algo que decía: En el plano competencial se deben atribuir a la comunidad autónoma nuevas competencias sobre prospecciones petrolíferas, porque tienen gran interés y son de gran interés para el futuro del Archipiélago. Esto era lo que decía su programa, con el que están gobernando en esta legislatura, y que están gobernando, además, con otra formación política, con el PSOE -esta mañana he tenido la ocasión de decírselo a quien me preguntaba- que también en aquella época hacía una apuesta de tal calibre por la economía de los hidrocarburos que llegaba a decir: Queremos hacer prospecciones con los ojos cerrados. Bueno, hasta ahí nosotros no llegamos. ¿Por qué? Porque creemos que hay que hacer las investigaciones, pero hay que hacerlas supeditados a lo que diga la declaración de impacto ambiental.

Finalmente no es verdad cuando usted dice que no hemos escuchado a las instituciones y además usted sabe que no es verdad. Cuando se abrió el periodo de audiencia pública a las institucionales locales y regionales en Canarias y nos pidieron, porque había terminado el plazo, que lo alargáramos, alargamos aquel periodo y hemos contestado a las alegaciones. Entonces no se puede sostener, señora Oramas, que no ha habido diálogo. Claro que ha habido diálogo, solo que hemos considerado como diálogo abrir un periodo de información pública para recibir las alegaciones, estudiarlas y contestarlas.

Para su tranquilidad, ¿quiere decir que si una prospección o una investigación es finalmente positiva va a haber extracción o explotación? No, no quiere decirse eso y usted sabe que no lo quiere decir. Si hubiese, entonces es cuando se iniciaría el procedimiento que duraría -insisto- no menos de cuatro a cinco años para determinar las condiciones en su caso de que pudiera haber extracción, pero lo que no hace absolutamente ninguna economía del mundo -además eso lo decían ustedes hace algún tiempo, aunque es verdad que en campaña electoral, pero lo decían- es ignorar o prescindir de saber si hay o no hay recursos naturales.

En el caso concreto de España, le voy a decir -y con esto termino de verdad- por qué es tanto o más importante. La dependencia de España en materia de hidrocarburos es más del 99 %. Nosotros importamos 1.400.000 barriles al día de petróleo, ello supone una factura en la balanza comercial de 40.000 millones de euros al año y eso va directamente -en vena, si me permiten la expresión- al saldo de la balanza por cuenta corriente, cuestión muy importante en la economía española. A día de hoy nadie sabe si hay petróleo o si hay gas, o si hay ambas cosas, o si no hay ninguna de las dos, en esas aguas territoriales de España. Pero si las hubiera o hubiese, la probabilidad de que haya en cantidades de aproximadamente 120.000 a 140.000 barriles al día es una probabilidad alta, de acuerdo con los estudios que se han hecho. Eso supone el 10 % de lo que importamos cada día en petróleo en España. Por tanto, desde el punto de vista medioambiental habrá una garantía absoluta, total y desde el punto de vista económico no puede haber mayor fundamento, porque tenemos una dependencia energética que sigue siendo una de las mayores restricciones y cargas que tiene hoy la economía española. Por tanto, al menos tenemos que investigar, ya veremos luego si también hay que extraer, pero tenemos que investigar y saber si realmente tenemos o no tenemos recursos naturales.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Cuando uno jugaba al Scattergories, siempre había una frase que decía: Vale pulpo como animal de compañía. Era para seguir jugando. Entonces yo le digo: pulpo, animal de compañía, señor Soria. Si usted tiene razón en lo que ha dicho, no tendrá inconveniente -como dice que hubo diálogo porque se sometió a exposición pública un expediente-, como se ha introducido muchísima documentación nueva que se le ha pedido a Repsol, en no tener prisas ahora y paralizar unos meses para, cuando el Ministerio de Medio Ambiente tenga toda esa documentación añadida, volverlo a someter a exposición pública. Si efectivamente tenemos esa legislación tan maravillosa, usted no tendrá inconveniente en retrasar para agilizar en el Congreso que se trasponga a la normativa española la nueva normativa europea. Yo me imagino que como tiene razón, porque se van a tener en cuenta todos los riegos y todos los temas medioambientales, usted no tendrá inconveniente en que se retrase unos meses hasta que esté tramitado la zona LIC de Lanzarote y Fuerteventura, como el resto de las nueve zonas de España. Sobre todo, señor Soria, se dará cuenta usted de que el petróleo, si está, se va a quedar ahí. Y no sé si dentro de cincuenta años habrá tecnología suficiente para hacer una extracción a más de 3.000 kilómetros de profundidad, porque, por cierto, en Marruecos son a 500 kilómetros de profundidad, para si hay una avería poderla arreglar. Hoy no existe esa tecnología en el mundo. Lo que sí le quiero decir es que hace falta mucho diálogo y mucha transparencia; por lo menos, hay un sector importante que cree que no todos los informes están encima de la mesa y que incluso para ese avance que usted dice de las prospecciones previas debemos tener todos los papeles. A lo mejor así resta argumentos a una parte que solo está en contra hasta conocer lo que le estoy diciendo.

Segunda cuestión, señor Soria. ¿Ha habido realmente reuniones políticas y técnicas importantes con las instituciones de Baleares y de Canarias? ¿Las hemos visto? ¿O declaraciones como la suya del otro día, ofensiva para cualquier persona que tenga inteligencia, que dice que el petróleo es bueno para el turismo porque los familiares de los que están en las plataformas irán a verlos y se alojarán en los hoteles de Canarias? O sea, los parientes de los peones de Sri Lanka que están en las plataformas van a venir a Canarias y van a mejorar su turismo. Además, tiene que ser maravilloso estar en una playa y ver las plataformas. Sabe perfectamente que varios de los puntos que se han autorizado a Repsol -que los usará o no los usará- están a 10 kilómetros de las playas de Lanzarote y Fuerteventura. Eso es así, y todos sabemos que es un tema incompatible. Y no hay técnico en el mundo ni legislación que garantice en un cien por cien que no va a haber derrames, en cambio sí tenemos una garantía del cien por cien de que si eso se produce Canarias se va al garete.

Por eso le pido una primera fase. Yo no le voy a pedir en la moción que suspenda las prospecciones indefinidamente, como pueden plantear mi partido y muchísimos canarios; le vamos a decir que haga una parada, porque el petróleo va a seguir ahí. Que haga la trasposición del LIC, que tramite, que vuelva a someter los informes a exposición pública con los nuevos documentos presentados por Repsol. Y ante su argumento de que la mayoría de los canarios piensan como usted y no como yo estoy diciendo, sometámoslo a referéndum. Eso es lo que le estoy diciendo ahora, y después hay una cosa que usted no ha dicho, y es que sabe perfectamente que Repsol no invertiría la cantidad de millones que va a invertir en la parte exploratoria si no tuviera el derecho y la garantía de que si hay petróleo lo va a poder extraer. No distorsione las cosas, porque conoce perfectamente ese tema, y no entremos ya en los riesgos sísmicos, de los que no me ha dado tiempo de hablar, y mire lo que ha pasado con el caso Castor. Sobre la situación sísmica de Canarias también hay estudios que no he tenido tiempo de mencionar.

Termino ya, señor ministro, pidiéndole que someta los nuevos informes a exposición pública, que haga la trasposición de normativas, que abra un diálogo serio con las comunidades autónomas. Por último, le diré una cosa. El otro día me quedé desconsoladita, como decimos en Canarias, al oír al señor Bouza decir que por encima de ser el presidente del Partido Popular de Baleares es el presidente de la Comunidad de Baleares y que los senadores del Partido Popular de Baleares, por encima de ser senadores del PP eran senadores, y que por encima de los intereses del Gobierno de España y del Partido Popular estaban los intereses de su tierra. Desconsoladita me quedé. Hay una frase en Canarias que muchos no le entienden y que dice: Mándese a mudar. Incluso hay canciones. Mándese a mudar significa márchate, y nosotros en Canarias le queremos decir a Repsol que se mande a mudar de nuestra tierra y que deje los fósiles donde están.


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Termino con la última parte del poema de Pedro Lezcano, cuando dice todo aquello de la maleta. Termina el poema de Pedro Lezcano diciendo -y se lo dedico a Repsol-: Y al primer forastero de la muerte / que llegue a pisar tierra / se la regalo -la maleta-, para siempre suya, / y que la use y nunca la devuelva. / ¡No quiero más maletas en la historia de la insular miseria! / Ellos, ellos, que cojan ellos la maleta. Que coja la maleta Repsol de nuestra tierra canaria.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señora Oramas, plantea usted en su segunda intervención el diálogo con las instituciones. La primera visita institucional que yo hice como ministro la realicé el día 2 de enero del año 2012 al presidente del Gobierno de Canarias, que es de su partido y todavía es presidente. Fue una semana después de tomar posesión y abordamos varias cuestiones. Le dije que iba a trabajar por España pero que también lo iba a hacer por Canarias. Abordamos temas como el Régimen Económico y Fiscal, el turismo y también este tema. Usted me podrá decir que aquello fue una reunión privada, pero no, es que salimos y dimos una rueda de prensa en la que los medios nos preguntaron de qué habíamos hablando. Les dijimos de lo que habíamos hablado, también de esta cuestión que hoy nos trae aquí. En aquella rueda de prensa -vea usted las hemerotecas del día siguiente, del día 3-, cuando le preguntaron al presidente si estaba de acuerdo o no con esta cuestión, dijo que sí, que cómo no iban a estar de acuerdo; eso sí, con compensaciones para la comunidad autónoma. Con lo cual, la siguiente pregunta fue para mí: ¿y el Gobierno está dispuesto? Claro que estaba dispuesto, cómo no íbamos a estar dispuestos. Fíjese si estamos dispuestos que en el debate sobre el estado de la Nación del año 2013 hubo una resolución que efectivamente decía que: en el caso de que, como consecuencia de prospecciones o investigaciones, hubiese extracción de hidrocarburos en España, la comunidad autónoma donde se realizaran o estuviese más próxima tendría ingresos como consecuencia de exacciones fiscales. Eso lo aprobamos aquí, en esta Cámara. Por tanto, señora Oramas, ha habido todo el diálogo.

Le voy a contar una cosa que sé que usted sabe pero que creo que es bueno que lo sepa la Cámara. Aquí no ha habido nadie que haya apoyado más en Canarias lo que nos trae a esta Cámara que el Partido Socialista Obrero Español y Coalición Canaria, esa es la verdad, el Partido Socialista Obrero Español, el señor Pérez, y Coalición Canaria. El Partido Popular también lo apoyaba, pero fíjese que no lo llevábamos ni en el programa, ustedes sí, pero ni siquiera llegamos a decir aquello que decía -creo que con gran osadía- el Partido Socialista: Hay que autorizarlas con los ojos cerrados. No, ¡hombre!, eso no, no lo compartíamos. ¿Sabe usted cuál es el problema de todo esto? Que el ministro que lo ha autorizado resulta que es canario y es del Partido Popular, y eso es lo que ustedes no admitían. (Aplausos). Fíjese lo que le digo, yo conozco su posición personal respecto a este tema, pero eso en política no es admisible, porque al final estamos jugando con las cosas del comer. Y las cosas del comer ¿sabe cuáles son? Que a pesar de que el sector turístico es el primer sector de la economía canaria, a pesar de que es el motor, a pesar de que es la tercera parte, tenemos un 35 % de paro. ¿Sabe usted por qué, señora Oramas? Porque no hay más que turismo y nada más. ¿Saben sus señorías cuánto representa el sector primario en Canarias, con todos los plátanos y los tomates que exportamos? ¿Sabe cuánto representa la agricultura, la ganadería y la pesca? El 1,5 %, y la industria un 4 %. Y esto generaría actividad industrial -es verdad que está a 60 kilómetros-, generaría actividad portuaria, logística, turística, comercial, de hostelería. ¡Claro que la generaría! Me habla usted de que no generaría actividad. Aquí tengo otro recuadro (Muestra un papel). El que era consejero de Industria y Energía, es decir de esta cuestión, ¿qué era lo que decía? Decía: La búsqueda del petróleo en las islas creará empleo. ¿A qué viene ese cambio? ¿Por qué? Cuando ustedes han visto que se ha llevado el procedimiento como se tenía que llevar, que se han hecho las consultas, que ha habido audiencias públicas. Pero ¿qué pretenden con eso, con ese cambio radical que han hecho en contra de lo que yo sé y usted sabe que están pensando ustedes? ¿Creen que esa bandera les va a venir bien electoralmente? Creo que ni eso. Cuando habla de las masivas manifestaciones en Canarias, debería coger cualquier periódico del fin de semana pasado, escoger una foto y contar, porque puede contar. Había ochenta personas. En Canarias somos, como usted sabe, 2.035.000 canarios. No diga usted que la mayor parte de la sociedad canaria está en eso; no lo diga porque no es verdad. Diga que es un tema interno de su formación política. De acuerdo. ¿Que es legítimo? También de acuerdo. ¿Que tiene sus razones? De acuerdo. ¿Que ustedes tienen derecho a cambiar? También de acuerdo.


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¿Derecho al olvido? También. Pero cuidado, que los ciudadanos sepan que hoy están diciendo algo absolutamente contrario a lo que llevaban en su programa electoral, porque eso no lo llevaba nadie en Canarias. Lo llevaban solo ustedes, y por el mero hecho de que haya sido un ministro del Partido Popular, y además canario, no les ha gustado.

Señora Oramas, si la declaración de impacto ambiental es favorable, esas prospecciones irán adelante; pero también le digo que, si no es favorable la declaración de impacto ambiental, no irán adelante, porque eso es lo que establece el procedimiento legal que regula esta cuestión. Y le diré una cosa. Lo de la petición de suspender temporalmente las autorizaciones, aunque quisiera el Gobierno, no lo podría hacer, y ya se le dijo literalmente así al presidente del Gobierno regional de Canarias y, por tanto, el Gobierno no lo va a hacer. Y tampoco va a hacer ninguna consulta popular, no va a autorizar ningún referéndum. Esto no es una cuestión que afecte a Canarias, esto es una cuestión que afecta a España y que está en unas aguas territoriales españolas. ¿Que están próximas a Canarias? De acuerdo. ¿A 9 kilómetros? No, no es verdad. Se lo han contado, pero no es verdad. ¿A 60 kilómetros? Eso sí es más cierto, y exactamente en el borde de la mediana con Marruecos. Imagínese usted que ocurriera lo siguiente: que Marruecos siguiera haciendo prospecciones, encontrara y lo explotará, y España, cruzada de brazos, dependiendo en un 99 % de las importaciones de hidrocarburos.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Industria.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 121/000090).

El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad del proyecto de ley de régimen del personal de la Guardia Civil. Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna para presentar, tal y como consta en el orden del día y acaba de anunciar el señor presidente de la Cámara, el proyecto de ley de régimen del personal de la Guardia Civil en nombre el Gobierno.

El fundamento del régimen del personal de la Guardia Civil, como saben sus señorías, se encuentra en el artículo 104 de la Constitución, así como en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta ley, la última que he citado, en su artículo 13 precisamente determina que el régimen estatutario de la Guardia Civil será el establecido en esa propia Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en su normativa de desarrollo, así como en el ordenamiento militar. De esta forma, el Estatuto del personal de la Guardia Civil se desarrolló primero a través de la Ley 28/1994 y posteriormente a través de la Ley 42/1999, que, como les digo, sigue en vigor y que, si se aprobara este proyecto de ley y fuera transformado en ley, sería derogada. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Así pues, en estos quince años de vigencia de esta ley, desde el año 1999 hasta la actualidad, la Guardia Civil ha visto posteriormente actualizado su régimen estatutario con dos leyes orgánicas especialmente importantes, la 11 y 12 de 2007, reguladoras respectivamente de los derechos y deberes de los guardias civiles y de su régimen disciplinario. Precisamente por afectar a derechos es por lo que tienen esas leyes carácter orgánico. A ello se ha de añadir la Ley 39/2007, de la Carrera Militar, cuyo artículo 1.3 vuelve a recordar que el régimen del personal de la Guardia Civil se ha de regir por su ley específica, que es la correspondiente al proyecto que les estoy presentando a sus señorías en estos momentos, que deberá basarse en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y además -cito la Ley de la Carrera Militar de 2007-, dada la naturaleza militar de la institución y la condición militar de sus miembros, en la propia Ley de la Carrera Militar. Añadido a todo lo anterior, la Guardia Civil configura su propio régimen del personal incorporando a esta legislación específica, con las necesarias adaptaciones, las normas que son de aplicación al resto de funcionarios públicos, que se recogen fundamentalmente en el Estatuto básico del empleado público, la Ley 7/2007.

Como ya he avanzado, el Estatuto del personal de los miembros de la Guardia Civil se vio actualizado de manera muy importante, en los términos y en el ámbito al que me he referido, en el año 2007. Eso fue, por un lado, porque afectaba a derechos y deberes y al régimen disciplinario, pero también en ese mismo año, como les he señalado, por lo dispuesto en la Ley 39/2007, de la Carrera Militar. De manera especial


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lo digo porque quiero destacar los dos mandatos que esta última ley, la Ley de la Carrera Militar, dirige al Gobierno en relación con el régimen del personal de la Guardia Civil, dos mandatos que se han traducido primero en la reforma de las estructuras de escalas de oficiales del cuerpo y, segundo, en la actualización de los sistemas de enseñanza y promoción profesional de sus miembros, adaptándolos al Espacio Europeo de Educación Superior, que es el contenido nuclear de este proyecto de ley. No me cabe duda de que estas dos cuestiones, a las que me referiré a continuación, conforman las novedades más importantes, como les decía, que este proyecto de ley del personal de la Guardia Civil introduce en el Estatuto profesional de los miembros de la Benemérita. Ahora bien, como es lógico, el tiempo transcurrido y la incidencia de importantes normas posteriores han aconsejado incorporar a este proyecto de ley otras reformas de menor alcance sobre las que también incidiré y que modernizan aspectos como las situaciones administrativas, los sistemas de ascenso o la provisión de destinos, entre otros. Puedo decirles, señorías, como primera conclusión, que este proyecto de ley derogaría la vigente Ley, insisto, 42/1999 y aprobaría un nuevo régimen del personal actualizado y adaptado a las novedades legislativas, pero sin menoscabar la tradición, la naturaleza militar y las funciones de la Guardia Civil. El proyecto de ley se distribuye en ocho títulos y treinta y una disposiciones, manteniendo una estructura semejante a la de la ley actualmente en vigor. Comienza determinando las autoridades y órganos competentes en materia de personal, para seguir con la regulación de empleos y escalas, ingreso en el cuerpo y sistema de enseñanza, ascensos y modelo de carrera profesional, situaciones administrativas y cese en la relación de servicios profesionales, para finalizar con aspectos sobre protección social, retribuciones y recursos. A continuación, me iré refiriendo a las novedades que incorpora.

En lo que hace referencia a la ordenación del personal, escalas y empleos, la nueva ley -siempre que digo nueva ley estoy hablando del proyecto de ley que les estoy presentando- contempla un sistema de ordenación del personal basado en tres escalas: la escala de oficiales, la escala de suboficiales y la escala de cabos y guardias, simplificando en consecuencia el modelo actual que está basado en seis escalas: la de suboficiales, cabos y guardias y cuatro de oficiales, que pasaría a ser una única escala de oficiales. La articulación de las escalas responde al grado educativo exigido para la incorporación a las mismas, así como a las facultades profesionales asignadas al conjunto de los empleos que componen cada una de las escalas. La transición entre ambos modelos, el vigente y el que se proyecta en esta iniciativa, implicará el desarrollo de un sistema de integración de los miembros de las actuales escala superior de oficiales, escala de oficiales, escala facultativa superior y facultativa técnica en la nueva y única escala de oficiales que, como ya he avanzado -y esto me parece especialmente importante destacarlo, señorías- es uno de los dos mandatos dirigidos específicamente al Gobierno en la vigente Ley de la Carrera Militar de 2007. Una única escala de oficiales en lugar de cuatro aportará mayor homogeneidad al modelo profesional de los oficiales de la Guardia Civil, a la vez que se acomoda mejor, como se verá, al Espacio Europeo de Educación Superior. Señorías, la ley contempla dos mecanismos principales en materia de planificación y gestión de efectivos. El primero es la plantilla reglamentaria, que será aprobada por el Gobierno por periodos de cuatro años -actualmente son cinco años- y en la que se determinarán los efectivos correspondientes a los diferentes empleos, salvo los primeros empleos de cada una de las escalas. El segundo de los mecanismos va dirigido a los primeros empleos de cada una de las tres escalas, cuya provisión, fijada cada año por el Gobierno a través de las ofertas de empleo público, vendrá determinada, como es lógico, por la evolución de efectivos y, en consecuencia, las nuevas necesidades de personal, ajustándose en todo caso a los créditos consignados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto a las modalidades de acceso a las escalas de la Guardia Civil, el proyecto de ley diversifica las modalidades de acceso a cada una de las tres escalas, conjugando dos criterios en todas sus posibilidades. Por un lado, la pertenencia o no al cuerpo del aspirante y la posesión o no del aspirante de titulación universitaria. De acuerdo con el primero de los criterios, es decir, si el aspirante que ingresa en la Guardia Civil pertenece o no al cuerpo, la modalidad de acceso directo es la contemplada para el ingreso en la Guardia Civil de quienes carecen de vinculación profesional con la institución. Está prevista para las escalas de oficiales y de cabos y guardias, no para la escala de suboficiales. Para la de oficiales se tendrá en cuenta respecto a la duración de la formación que el aspirante tenga o no la posesión de titulación universitaria. El ingreso en una escala diferente de quien ya ostenta la condición de Guardia Civil constituye la modalidad de promoción profesional. En este caso el proyecto distingue entre promoción interna para acceder careciendo de titulación universitaria a la escala inmediatamente superior a la de pertenencia del aspirante y el cambio de escala, que permite a los miembros de las escalas de suboficiales y de cabos y guardias que posean titulación universitaria, acceder a la escala de oficiales.


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Quiero destacar, asimismo, que el sistema de enseñanza se adapta plenamente a las previsiones de la Declaración de Bolonia y su desarrollo para la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior. Uno de los elementos fundamentales del régimen del personal es que el nuevo proyecto regula el sistema de enseñanza, introduciendo importantes novedades, que suponen un avance en su integración en el sistema educativo español y asimismo la adaptación de la formación de los oficiales a las titulaciones universitarias del Espacio Europeo de Educación Superior. El sistema de enseñanza del cuerpo se sigue apoyando en su estructura docente, en la que el centro universitario de la Guardia Civil ocupará un papel central, impartiendo enseñanzas que permitan la obtención de título universitario de grado y de posgrado. Se impartirán tres tipos de enseñanza: de formación, de perfeccionamiento y de altos estudios, siendo la primera de ellas, la enseñanza de formación, la que deben cursar quienes pretenden acceder a cualquiera de las tres escalas del cuerpo, de acuerdo a alguna de las modalidades antes expuestas, es decir, por la vía del acceso directo o por la vía de la promoción profesional. La enseñanza de formación que se finalice para lograr el ingreso en cada escala respectiva se identifica con alguno de los niveles del sistema educativo español. Así, por ejemplo, la enseñanza de formación realizada para el ingreso en las escalas de suboficiales o de cabos y guardias permitirá, respectivamente, obtener la equivalencia a los títulos de técnico superior y técnico en formación profesional. La enseñanza de formación realizada para el ingreso en la escala de oficiales permitirá la obtención, directamente y sin equivalencias, de un título de grado denominado ingeniería de la seguridad. Las principales novedades se incorporan en el acceso a la escala de oficiales, pues hasta ahora, dejando a un lado las dos escalas facultativas, quienes accedían a la actual escala superior de oficiales obtenían, por equivalencia, un título de licenciado, mientras que quienes lo hacían a la actual escala de oficiales obtenían, por equivalencia, un título de diplomado. Mediante la reforma que incluye este proyecto de ley y su adaptación a las directrices de Bolonia, las enseñanzas que se impartan en el centro universitario de la Guardia Civil conducentes a la obtención del mencionado título de grado exigido para poder ser oficial del cuerpo, tendrán la misma validez y efectos que los grados de cualquier universidad.

En lo que hace referencia a la carrera profesional, ascensos y destinos, debo decirles que dentro de los distintos aspectos que la ley desarrolla para regular la carrera profesional de los guardias civiles los cambios más notables se producen en materia de ascensos y de provisión de destinos. Los sistemas de ascenso que contempla la ley son los de elección y clasificación, que viene a sustituir al actual sistema de selección, y antigüedad. Además, conviene recordar que todos los ascensos en la Guardia Civil, sea cual sea el sistema por el que se produzcan, siguen estando supeditados a la existencia de una vacante en la escala de que se trate. En lo que hace referencia al sistema de ascenso por elección, se reserva para alcanzar el último empleo de las escalas de suboficiales, es decir, suboficial mayor, y la de cabos y guardias, por tanto, cabo mayor; y asimismo, los empleos de coronel, actualmente por selección, y todos los de la categoría de oficiales generales en la escala de oficiales. Se trata del sistema por el que, teniendo en cuenta las capacidades e idoneidad, se asciende a los puestos de mayor responsabilidad y nivel de decisión. Eso en lo que hace referencia al sistema de ascenso por elección. El nuevo sistema ascenso por clasificación que, como les he dicho, sustituye al actual sistema de selección, se reserva para el ascenso a los empleos de teniente coronel y comandante en la escala de oficiales y a los de subteniente y brigada en la escala de suboficiales. El ascenso se produce estrictamente por el orden derivado de un proceso de evaluación en el que se valoran fundamentalmente los méritos, las aptitudes y el desempeño profesional. Quiero decirles que en el actual sistema de selección se combina el ascenso de solo una parte reducida de los evaluados por el orden resultante de evaluación con el ascenso del resto de evaluados por antigüedad. Esta es la novedad que se introduce en este nuevo sistema de ascenso por clasificación respecto al actual sistema de selección. Por último, los ascensos por antigüedad se mantienen para los primeros ascensos dentro de cada escala. Por tanto, en la escala de oficiales para capitán, a sargento primero en la escala de suboficiales y a cabo primero en las de cabos y guardias. Finalmente, se establece una importante novedad, que es la ampliación hasta tres, esto me parece relevante, del número máximo de oportunidades que se permiten para renunciar a una evaluación para el ascenso, sin que ello implique una renuncia definitiva, favoreciendo de esta manera la conciliación de la vida personal con la vida laboral, ya que actualmente la primera renuncia tenía un carácter definitivo en ambos casos.

Por lo que se refiere al sistema de provisión de destinos, la ley mantiene las actuales modalidades de libre designación, concurso de méritos y antigüedad. En materia de destinos se garantiza la igualdad efectiva entre hombres y mujeres para los casos de guardias civiles embarazadas o que sean víctimas de violencia de género, cuyo nuevo destino podrá ser otorgado sin el requisito de publicación precisamente


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para asegurar su protección y asistencia social, medida que también está prevista para aquellas que hayan sido víctimas del terrorismo. Quiero en estos momentos enfatizar esta novedad que introduce el proyecto de ley cuando está tan reciente la conmemoración, la semana pasada en la Comisión de Igualdad, del 25.º aniversario de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil. Son ya más de 5.100 las mujeres que integran la Benemérita en estos momentos. Estas medidas vienen a reforzar que esa igualdad se haga plenamente efectiva con más seguridad jurídica en el seno de la institución.

Otra novedad, en la misma línea que les estaba apuntando, es la especial regulación dirigida a la atención de la familia, de manera que cuando concurran circunstancias excepcionales basadas en motivos de salud, discapacidad o rehabilitación que afecten al guardia civil, su cónyuge, hijos o familiares hasta segundo grado de consanguinidad, aquel podrá solicitar o bien la adscripción temporal a un puesto de trabajo distinto por períodos de un año renovables hasta cuatro, conservando el destino que tuviera, o bien solicitar una comisión de servicio por un tiempo máximo de un año en el que se valorarán las citadas circunstancias de atención a la familia. El proyecto también determina que durante el embarazo de la mujer y previo informe facultativo, la mujer guardia civil tendrá derecho a ocupar un puesto orgánico distinto del que estuviere ocupando y que resulte más adecuado a las circunstancias de su estado.

En cuanto a las situaciones administrativas, el nuevo proyecto de ley consolida las ya previstas en la ley actual. Como novedad introduce la condición de guardia civil en suspenso, que será la que defina la situación de quien pase a las situaciones bien de excedencia bien de servicios especiales, y con ello deje de estar sujeto al régimen general de derechos y obligaciones de la Guardia Civil, a las leyes penales militares y a la ley disciplinaria del instituto armado. En lo que hace referencia al cese en la relación de servicios profesionales, sigue produciéndose en virtud de pase a retiro o por pérdida de la condición de guardia civil como en la actualidad. Pero como novedad se introduce el criterio de resarcimiento de coste con el fin de exigir una contraprestación económica al guardia civil o, en su caso, al alumno que abandone de forma voluntaria la institución o el centro docente, tras haber sido preparado para el ejercicio de las funciones propias de la Guardia Civil. Otra novedad que incluye el proyecto es la no aceptación de la renuncia a la condición de guardia civil cuando se esté sujeto a un procedimiento disciplinario o haya sido dictado un auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.

Les hablaba al principio de que una de las grandes novedades que se deriva del mandado expreso al Gobierno de la Ley de la Carrera Militar de 2007 es el que se integran las actuales cuatro escalas de oficiales en una. Ello exige un proceso temporal de integración de esas escalas de oficiales para que el personal perteneciente a las cuatro escalas actualmente existentes se integren en la nueva y única escala de oficiales que se prevé en este proyecto de ley. Las características de este proceso de integración que se establecen en el proyecto de ley son las siguientes: Solo los miembros de la actual escala superior de oficiales se integrarán obligatoriamente en la nueva y única escala de oficiales. Para el resto de oficiales, la integración es voluntaria. Si optan por no integrarse, podrán mantenerse en sus escalas de origen, que se declararán a extinguir a partir del primero de julio de 2017. Otra opción es que elijan la superación de un curso de complemento de formación que será preceptiva para que los oficiales que hayan optado a ello puedan integrarse en la nueva escala. Por último, como les he dicho, hemos de tener muy presente en este proceso de integración que la nueva escala de oficiales se constituirá en todo caso de forma progresiva a partir del 1 de julio de 2017, de acuerdo con los distintos plazos e intensidad según la escala y empleo de origen de los correspondientes oficiales. La estimación que hacemos en cuanto al número de oficiales potencialmente afectados por este proceso de integración es de unos 3.100, de los cuales aproximadamente el 40 % se verían afectados en la primera tanda del curso del complemento de formación que deban realizar, que sería para el curso académico 2016-2017, cifras que, en todo caso, se verán afectadas por el ejercicio o no de la opción de integración, dada la voluntariedad del proceso al que me he referido con anterioridad.

En resumen, señorías, y concluyo con ello esta presentación del proyecto de ley, estimo que es un proyecto que, en primer lugar, y conviene resaltarlo, da cumplimiento a los mandatos relacionados con el estatuto profesional de los guardias civiles y que figuran en la vigente Ley de la Carrera Militar de 2007. He de decir que ya Gobiernos anteriores iniciaron este proceso y que lo que hemos hecho nosotros es continuar ese proceso ya iniciado, cumpliendo el mandato, insisto, establecido en la Ley de 2007 y llevándolo ahora ya a la culminación con la presentación de este proyecto de ley en la Cámara. Además de cumplir con ese mandato, que no es poco, evidentemente, el régimen del personal de la Guardia Civil queda actualizado con este proyecto dentro del nuevo contexto normativo, como les decía, tras los hasta ahora quince años de vigencia de la ley que actualmente lo regula, que es de 1999, todo ello con el


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objetivo último de disponer de hombres y mujeres motivados y capacitados para desarrollar de forma adecuada -esa es la pretensión, obviamente- las misiones, las funciones que tiene asignadas la Guardia Civil y atender con eficacia las necesidades de seguridad de los ciudadanos.

Señorías, se inicia a partir de ahora previsiblemente la tramitación de este proyecto en el seno de esta Cámara, si se supera el trámite de las enmiendas de totalidad. En ese caso, quiero resaltar que la importancia de esta ley y de la institución, la Guardia Civil, que regula, creo que nos interpela a todos a intentar conseguir el mayor consenso posible con el mayor número de grupos parlamentarios. Tengo que decir sinceramente, como ministro del Interior y en nombre del Gobierno, ante una ley de estas características que, insisto, además ya estaba en su proceso de elaboración muy avanzado por anteriores Gobiernos y que trae causa directa con un mandato de la Ley de la Carrera Militar de 2007, aprobada por anteriores Gobiernos, que nos gustaría mucho poder llegar a un acuerdo en todo caso, y sin excluir a nadie, con el Grupo Socialista. Soy consciente de esa conveniencia y manifiesto desde ahora mi disposición a ello a lo largo, en especial, de la fase de enmiendas al articulado, que requerirá, sin duda, de un especial trabajo de todos los grupos. Para ello confiamos en que se pueda disponer del tiempo suficiente para que una ley de estas características y de esta importancia tenga el proceso de maduración que exige el que en todo caso sea una buena ley y lo será cuanto más consenso, insisto, haya obtenido del conjunto de grupos aquí representados.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señor ministro.

Efectivamente, se han presentado dos enmiendas a la totalidad de devolución. En primer lugar, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.

No tema usted, señor ministro, que tiene una mayoría parlamentaria suficiente para que hoy se produzca la admisión a trámite de este proyecto de ley. Lo que ya no sé, lo tendrá que dilucidar el Grupo Socialista, es si va a atender su llamada al consenso respecto a este proyecto de ley. Desde luego, por parte de mi grupo parlamentario va a ser complicado este consenso puesto que mantenemos y defendemos esta enmienda a la totalidad de devolución al Gobierno fundamentalmente por dos cuestiones que además, señor ministro, estoy seguro que conoce perfectamente. Una, porque entendemos que refuerza el carácter militar del cuerpo. Es público y notorio que tenemos conceptos diferentes respecto al modelo policial para el Estado que defendemos. Usted ha dicho -y lo ha defendido en diversas ocasiones el Grupo Popular- que defiende el carácter militar del cuerpo de la Guardia Civil y desde mi grupo parlamentario es también públicamente conocido que históricamente hemos defendido que la Guardia Civil deje de tener ese carácter militar y se convierta en un cuerpo, como dice su propio nombre, civil y se integre, junto con la Policía Nacional, en las competencias y asuntos que establece el artículo 104 de la Constitución. Apostamos por un modelo policial alternativo, básicamente, y por ello esta ley, que mantiene carácter militar de la Guardia Civil, nos produce un rechazo y por ello pedimos su devolución al Gobierno. El segundo de los motivos es que no ha suscitado el apoyo suficiente por parte de las asociaciones profesionales. Las asociaciones de la Guardia Civil la han rechazado públicamente y han dicho que no están de acuerdo con este texto.

Voy a entrar en el detalle de las dos cuestiones por las que pedimos su devolución al Gobierno. Refuerza el carácter militar. Elementos que defienden la visión que tenemos del texto de la ley. Mantiene la adscripción al Ministerio de Defensa, en general, de la Guardia Civil, específicamente de las políticas de personal. Entendemos que debería pasar totalmente al Ministerio del Interior, debería romper cualquier vinculación con el Ministerio de Defensa. En todo caso, en los parámetros mínimos de cualquier consenso estaría que la dependencia de Defensa fuese para aquellos asuntos específicamente establecidos por la Constitución. Me refiero a los tres estados de excepcionalidad que marca la Constitución. Fuera de ahí, la competencia para la Guardia Civil debería depender total y absolutamente del Ministerio del Interior. Segundo aspecto que nos ha llamado la atención y que refuerza el carácter militar de la Guardia Civil, la dependencia de los centros de formación. La formación de la oficialidad de la Guardia Civil sigue dependiendo de centros de Defensa. No compartimos que los centros de Defensa sean los más adecuados para trabajar en la línea de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que establece la Constitución: proteger derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. La formación militar está para los militares, pero no está para formar a los guardias civiles y a los mandos de oficialidad de la Guardia Civil. Otras cuestiones, quizá un poco más anecdóticas pero que también ahondan en el


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carácter militar que nosotros cuestionamos son las reglas de comportamiento. Desde La Izquierda Plural entenderíamos que fuesen únicas para Policía Nacional y Guardia Civil, que se fuese a una unificación de esas reglas éticas, del comportamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y sin embargo, parece que en este texto legal se transcriben como prácticamente desde la época preconstitucional y no se sitúan en un marco de simplificación respecto a la normativa a la que se tiene que atener la Guardia Civil. Ya que nos vemos con este texto; con la Ley 11/2007, de derechos y deberes de la Guardia Civil; con la Ley 12/2007, de régimen disciplinario de la Guardia Civil, por lo que cualquier guardia civil tiene que buscar en un montón de textos legales para saber cuál debe ser su comportamiento, sus deberes, sus derechos, el régimen disciplinario que se le aplica. Todo esto no hace más que complicar en el día a día cuál ha de ser el comportamiento de la Guardia Civil y reforzar su carácter militar.

Hay otras cuestiones que también refuerzan este carácter militar y que nos han llamado la atención, como es el mantenimiento de los informes personales de calificación, un elemento que tiene una falta enorme de objetividad, bajo nuestro punto de vista. Supone una vuelta al pasado y a una gestión del personal desacreditada y ya ineficaz a lo largo de la evolución histórica. Otra de las cuestiones que también abundan en este reforzamiento del carácter militar del proyecto de ley es la promoción interna. Falta una verdadera atención a criterios fundamentales establecidos para el régimen de los funcionarios generales del Estado. La igualdad, el mérito y la capacidad han de ser las reglas básicas, y en este proyecto de ley, señor ministro, la promoción interna adolece de una adecuación clara a estos tres aspectos.

Finalmente, en cuanto a la unificación de escalas, a la que usted ha dedicado una larga parte de su intervención, mi grupo parlamentario considera que es necesaria, que hay que ir hacia una unificación de escalas revisando el sistema anterior. Eso está reconocido por todas las partes que han intervenido en esta cuestión, pero el modelo por el que se opta y, sobre todo las reglas y las formas en las que se produce esta unificación de escalas, no han contado con el apoyo de bastantes de estas asociaciones profesionales, siendo este el segundo motivo que nos lleva a rechazar y a pedir la devolución al Gobierno de este proyecto de ley. Además, es profundamente insatisfactoria, fundamentalmente porque desprende un indudable tufillo a perpetuación de privilegios de los oficiales que vienen de la formación militar. Y esto a los guardias civiles con la formación original de su propio cuerpo, les supone un agravio que no es fácil de asumir y desde mi grupo parlamentario compartimos la insatisfacción por ese mantenimiento de privilegios que consideramos que perpetúa este proyecto de ley.

La segunda cuestión que nos lleva a rechazar el proyecto de ley es la falta de apoyo de las asociaciones profesionales. Señor ministro, las más representativas lo han cuestionado y denuncian que no se han atendido sus alternativas en el Consejo de la Guardia Civil y no se ha escuchado a los afectados. Esta cuestión preocupa muchísimo a nuestro grupo parlamentario porque augura un futuro incierto a esta ley en caso de que llegue a aprobarse, y dado que hay sobrada mayoría parlamentaria del Partido Popular, nos imaginamos que así será. Su aprobación augura problemas en el futuro porque, al final, cuando las asociaciones profesionales no compartan los pormenores de este proyecto de ley, nos tememos que muchas de estas cuestiones acabarán en los tribunales, convirtiéndose todo en un contencioso-administrativo que acabará judicializando la solución de los múltiples conflictos personales y cuestiones coyunturales que se irán produciendo.

Por estos motivos, señor ministro, mantenemos nuestra posición de devolver el texto al Gobierno y que se elabore un nuevo proyecto de ley que cuente con un apoyo de las asociaciones profesionales mucho más amplio del que cuenta actualmente y que, sobre todo, no ahonde en el carácter militar de la Guardia Civil. Le anunciamos que en su tramitación parlamentaria presentaremos un buen número de enmiendas, es decir, vamos a enmendar el texto de esta ley de forma importante y en detalle. Asímismo le anuncio que vamos mantener nuestro compromiso de ser la voz ante el Congreso y en la Comisión de Interior de aquellas asociaciones que se han visto marginadas y no han visto atendidos sus requerimientos, sus peticiones y sus sugerencias en la tramitación previa de este proyecto antes de llegar a la Cámara.

Termino diciendo que nuestro modelo policial quiere una Guardia Civil del siglo XXI y este proyecto de ley marca una Guardia Civil que sigue siendo del siglo pasado, del siglo XX.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.

Para la defensa de su enmienda, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cortizo.


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El señor CORTIZO NIETO: Señora presidenta, señorías, señor ministro, empezaré mi intervención con un pequeño preámbulo. Hace pocas fechas el Grupo Popular se dirigió al Grupo Socialista y le manifestó su intención de buscar un consenso, un acuerdo en esta ley, dado que -y cito- era una ley que se parecía a un proyecto o a un borrador anterior; es decir, era una parte de herencia que ustedes juzgaban bien, por fin. Por cierto -hago otro inciso-, me gustó que hablase usted bien de la herencia -aunque no la citara-, cuando habló hoy aquí de la igualdad, y hace pocos días hizo un acto conmemorando la efeméride del acceso de la mujer a la Guardia Civil y a las Fuerzas Armadas, ¡es pura herencia! Le recuerdo que fue un decreto-ley del año 1988 el que abrió las puertas a las mujeres al Ejército y a la Guardia Civil, y en el año 1988 gobernaban los que les dejaron a ustedes la herencia, y no lo citó ni en el acto ni aquí. (Aplausos). Está bien, ustedes siempre son herederos y siempre heredan bien, aunque se quejen.

Volviendo al preámbulo. Esa oferta de acuerdo o de tratar de buscar acuerdo en esta ley fue aceptada por nuestro grupo; tuvimos un contacto, una reunión, en la cual básicamente se acordó darnos todos, Gobierno y Partido Socialista, un espacio y un tiempo para dialogar y buscar puntos de acuerdo. A los dos días desaparecieron el espacio y el tiempo; se metió deprisa y corriendo la ley, y pensamos, dicho en lenguaje un poco vulgar, que nos la han metido cuadrada una vez más. Presentamos la enmienda, efectivamente estábamos en desacuerdo con muchos puntos de la ley, pero seguimos manteniendo nuestra idea de que esta ley es necesaria, no solo porque sea un mandato de la Ley de la Carrera Militar, que también, sino porque una institución como la Guardia Civil necesita siempre leyes reformistas que vayan mejorando y modernizando muchas cuestiones, y la ley de personal es una de ellas. El proyecto que presentan, desde luego, tiene muchas carencias en este sentido. Pero escuchada su intervención al respecto, señor ministro, si usted concreta aquí ese nuevo espacio y tiempo para hablar, para dialogar, para recoger el sentir de los miembros de la Guardia Civil, de las distintas asociaciones, en fin, lo normal, por nuestra parte no habrá problema. Concrete usted la oferta de tiempo razonable en esta tribuna y nosotros le daremos cumplida respuesta a esa propuesta. Por lo tanto, quedo a la espera en ese sentido.

Varias asociaciones de la Guardia Civil, la Unión de Oficiales, la Unión de Suboficiales, la AUGC, han calificado este proyecto de ley de despropósito aberrante, humillante. Y luego hemos tenido -esto lo han dicho públicamente- reuniones con algunas de ellas y nos han expresado que se sentían desmoralizados, que se sentían cabreados. Nosotros no vamos a optar, en cualquier caso, en el proceso por el método que ustedes han empleado en esta Cámara hace tiempo, que es acoger todas las reivindicaciones, sean de quien sean y sean todo lo locas que pudieran ser, solo por fastidiar al Gobierno, no. Nosotros recogeremos aquellas peticiones que sean sensatas, que las hay; que sean razonables, que las hay; aquellas que no contradigan el interés general, porque no se trata de aceptar las peticiones de grupos concretos o de miembros del cuerpo de la Guardia Civil que pudieran ser contradictorios con el propio interés general. Entre ambas posiciones hay siempre un punto medio y nosotros vamos a tratar, a través de las enmiendas y de ese proceso de negociación, de recoger aquello que las asociaciones, que los miembros del instituto, por tanto, planteen. Señor ministro, es verdad que existe la doctrina Gallardón, aquella de: gobernar es repartir dolor. Pero es una infame mentira, no es verdad. Gobernar es resolver problemas, gobernar es construir país, no es repartir dolor. Ustedes tienen ese mantra, es verdad, porque gobiernan contra los estudiantes quitándoles las becas, contra las mujeres con la ley del aborto, contra los pensionistas haciendo lo que hacen, contra los médicos, contra los abogados; ustedes gobiernan contra casi todos, hasta contra los miembros de la Guardia Civil, porque ellos dicen que esto es aberrante. La verdad es que va a haber que creer que el mantra de que gobernar es repartir dolor, del señor Gallardón, ustedes lo aplican a machamartillo. Nosotros creemos que no, que gobernar no es eso.

Por tanto, en todo lo que se refiere a la integración, al sistema de ascensos, a los destinos y a un sinfín de cosas que por lógica debe abordar esta ley creemos que puede y debe haber mejoras, que se puede buscar una fórmula que permita compatibilizar los intereses legítimos de los miembros de este cuerpo de seguridad con los intereses generales del país, que es a quien este cuerpo de seguridad en último extremo sirve. Con la Guardia Civil siempre hay grandes palabras en los discursos oficiales sobre su trabajo, pero luego también hay que evitar que una ley que regula su régimen de personal provoque la sensación de que es un disparate o un estrambote, desmoralización o cabreo, porque cuando todos coinciden, algo de razón seguro que llevan. Yo no me voy a extender ahora mucho concretamente en la integración como problema nuclear para las asociaciones.

Hay otro aspecto que no nos gusta de la ley. Es verdad que se incide con un lenguaje retórico y anacrónico en una especie de reforzamiento que al final resulta pura apariencia y es falso. No voy a decir


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que se refuerza la naturaleza militar porque está ahí y ya no se mueve, de momento, pero es una especie de vuelta atrás o de apretar la tuerca. En el artículo 6 -por citar alguno- hay una gran incongruencia. Si yo empezase esta intervención diciendo que voy a defender con abnegación, con honor y con disciplina esta iniciativa... Solo son palabras. Yo la voy a defender con los criterios de mi grupo parlamentario, con los criterios del interés general y, en la medida que mi escasa capacidad retórica me lo permita, hasta con brillantez -insisto, en lo de mi escasa capacidad retórica-.

El artículo 6 recoge las reglas sobre el comportamiento del guardia civil, trasladando a este proyecto de ley las reglas de comportamiento extraídas de la Ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas. Si existe una Ley de derechos y deberes de la Guardia Civil, qué sentido tiene extraer de la Ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas a esta ley de régimen de personal, en donde este aspecto no sería el necesario, ni siquiera posiblemente su lugar fundamental, un intento de militarizar -entre comillas- que no deja de ser más que pura retórica. El apartado 3 de ese artículo dice: Cumplirá -el guardia civil- con exactitud sus deberes y obligaciones impulsados por el sentimiento del honor. Es palabrería, en último extremo, porque ya está en las reales ordenanzas, porque ya está en la Ley de derecho y deberes de la Guardia Civil. ¿Usted cree que vamos a reponer en todos lados el honor o la disciplina? Jean Paul Sartre decía que la disciplina sin libertades es tiranía y también decía que la libertad o libertades sin disciplina es el caos. Pues entre esas dos cosas hay un término medio y el término medio es no llenar todo lo que se refiere a la Guardia Civil de carácter militar, porque es un cuerpo al que el artículo 104 de la Constitución le consagra una función policial civil, no lo olvide usted. Ya he visto que asiente y estoy de acuerdo en que usted lo tome así, pero es una función policial civil. El absurdo de esto que les estoy diciendo es que ustedes en esta ley introducen tantas referencias a lo militar que acaban convirtiendo el tiempo libre de los guardias civiles en tiempo sometido a la jurisdicción militar y solo son realmente objeto de la jurisdicción civil cuando están ejerciendo su función, cuando están trabajando. ¿Hay absurdo más ridículo que este? Eso limita los derechos civiles e incluso es contradictorio con la Ley de derechos y deberes de la Guardia Civil, limita sus derechos civiles. Hay que poner un poco de sentido común, por mucho que ustedes introduzcan la disciplina en 200.000 leyes.

Hablando del honor, le voy a leer algo nada sospecho; es el ABC de cuando se celebraba el 150.º aniversario de la Guardia Civil, para que vea el valor relativo. Usted es joven, seguramente es listo y por tanto seguramente aprenderá con el tiempo. El honor y la abnegación son palabras en último extremo. Le voy a leer algo que explica esto mejor (Muestra un ejemplar del diario ABC), lo relata un general de la Guardia Civil de hace unos años: Mi padre era el comandante de la Guardia Civil de Pamplona en las vísperas de la sublevación militar de julio de 1936. Un día antes del Alzamiento, fue llamado por el general Mola para sondearle sobre su actitud ante el hipotético movimiento militar. El comandante le respondió que él siempre obedecería al general Pozas, inspector director general de la Guardia Civil. Mola le despidió y el comandante pasó por su casa para informar a su mujer de lo sucedido y para indicarle que se iba a la comandancia. Fue la última vez que sus familiares vieron al comandante vivo. Cuando se reunió con el personal a sus órdenes, un guardia le asesinó disparándole por la espalda. Cuando Mola se sublevó en Pamplona, el comandante de la Guardia Civil estaba de cuerpo presente, asesinado por uno de sus guardias el día antes. Mola publicó una orden ascendiendo al guardia que había asesinado a su comandante. ¿Quién tuvo honor? ¿Quién tuvo abnegación? Olvídese del contexto porque yo no entro ahí, solo para que vea lo distinto y lo relativo que puede ser a veces, según quién interprete y según las circunstancias y los momentos. Y en los momentos históricos hay de todo. Es decir, creo que es una lección -era general de la Guardia Civil el que contaba esto, su padre era el comandante- espectacular. Creo que ya ha pasado usted de mover la cabeza de un lado a otro a asentir, con lo cual entiendo que le he convencido bastante.

Señor ministro, vamos acabando. Usted es un hombre valiente; bueno, retiro lo de valiente, digamos osado, atrevido. Osadía tuvo hasta para condecorar a la Virgen del Amor, que yo no entro en eso. Pero como siga cabreando a todos los miembros del instituto, va a tener usted que condecorar a la Virgen del Perpetuo Socorro. Habrá que esperar a que la señora Báñez le dé la del mérito al trabajo a la Virgen del Rocío. Esperemos que esto podamos arreglarlo -si usted tiene a bien abrir un periodo que nosotros aceptaremos- porque creemos que es bueno llegar a acuerdos en cuestiones que son importantes para el país, y esperemos que si llegamos a esos acuerdos no sean los guardias civiles los que tengan que pedir la condecoración para la Virgen de los Desamparados.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Señora presidenta, señorías, salgo a la tribuna para contestar a las intervenciones relativas a la defensa que han hecho de las enmiendas de totalidad -cronológicamente hablando- por parte del Grupo La Izquierda Plural y del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Sixto y el señor Cortizo respectivamente. Confío en que no se me olvide, quiero empezar por el final a estos efectos, reiterando lo que dije en mi intervención en la que presenté el proyecto de ley, que la voluntad que tiene el Gobierno desde el Ministerio del Interior es que una ley de estas características, por su naturaleza, es bueno que goce del máximo nivel de consenso posible. Y he dicho sin excluir a nadie, por supuesto tenemos una voluntad clara -repito, sin excluir a nadie- de que el Grupo Socialista se sume al consenso. Podría añadir más pero hay dos razones muy claras que motivan este deseo que expreso en público. Una de ellas es que, como ya dije, esta ley trae causa directa de un mandato al Gobierno de una ley que elaboró como proyecto un Gobierno socialista, con la que nosotros estamos de acuerdo; además este texto lo empezó a elaborar el anterior Gobierno socialista y por razones de tiempo no pudo culminarlo. Me parece que es una razón suficientemente importante como para poner de relieve que esa voluntad de consenso tiene un fundamento bastante razonable. Y dos, que además trae causa del mandato no solo de la Ley de la Carrera Militar, sino también de lo que establece la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es del año 1986. Son mandatos directamente vinculados a leyes aprobadas con Gobiernos socialistas y, para ser coherentes, es bueno que lleguemos a un consenso. Sinceramente, el contenido material del proyecto de ley hace que, con tiempo suficiente y con buena voluntad por parte de todos, se pueda llegar a ese acuerdo.

En consecuencia, como el señor Cortizo, aparte de hablarme del honor -luego le diré alguna cosa al respecto- y de hablarme de la Virgen de los Desamparados y de la Virgen del Rocío, me ha hablado de que si había buena disposición por mi parte, le aclaro que, como ahora está residenciado en sede parlamentaria el proyecto de ley, ya no es el Gobierno quien tiene esa autoridad; en todo caso es evidente que hay la suficiente conexión, comunicación y coordinación entre el Grupo Popular y el Gobierno como para que hablemos. Por eso he hablado con el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Interior, y puedo anticiparle que es nuestra voluntad que haya el tiempo suficiente como para que haya un trabajo reposado y se pueda llegar al máximo nivel de consenso posible. Me atrevo a decirle que, siendo hoy 14 de mayo, podríamos pensar, si hoy se supera el trámite del debate de totalidad, en un mes para presentar las enmiendas al texto articulado; es decir, se podría pensar en el espacio de un mes -tampoco hablo de un dogma, puede ser un mes y tres días, en torno a un mes a partir de hoy- para que hubiera plazo suficiente y se presentaran, en su caso, las enmiendas al texto articulado, en la hipótesis, insisto, de superado ya el debate de totalidad, de tal manera que en la Comisión de Interior -en ponencia, en Comisión- se pueda discutir, negociar y, en su caso, acordar con el tiempo suficiente. Reitero esa disponibilidad e insisto en que no va a ser por un problema de dos, tres o cuatro días por el que no sentemos las bases para construir un consenso que, insisto, me parece conveniente y necesario para todos, porque es evidente que estamos hablando de una institución muy importante, la Guardia Civil, y sería bueno que, dados los precedentes y la actual regulación, en el futuro siga habiendo un consenso básico sobre esta institución que tanto tiene que ver con la seguridad y la libertad de los españoles.

Por cierto -conviene recordarlo-, señor Sixto, y ahora me dirijo a usted de manera particular, ha dicho que con este proyecto de ley de régimen del personal de la Guardia Civil parece que volvemos a la Guardia Civil del siglo pasado y no a la del siglo XXI. En el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, hecho público hace escasas fechas, como usted sabe, la institución más valorada por los españoles es la Guardia Civil. No la han valorado los españoles del siglo pasado, sino los españoles de ahora, porque el trabajo de campo está hecho en el mes de abril; por tanto, está hecho escasamente hace un mes. (Aplausos). Los españoles tienen una percepción de la Guardia Civil del siglo XXI. Junto a la Guardia Civil, la segunda institución más valorada -muy pegadita, si me permite la expresión- es el Cuerpo Nacional de Policía. Resulta que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, son las dos instituciones más valoradas por los españoles. Algo querrá decir eso, porque sabemos cómo estamos otros valorados, y me incluyo entre ellos: los políticos, los partidos políticos, la política -eso me parece que es una cosa que nos obliga a reflexionar a todos; en fin, no es cuestión del momento-, pero al hilo de lo que usted decía las dos instituciones más valoradas son esas. Por cierto, la tercera institución más valorada son las Fuerzas Armadas. Son las tres únicas instituciones que aprueban en ese barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas recientemente publicado.


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Es algo que también nos debe inducir a la reflexión cuando hablamos de según qué formas y según qué temas en estos momentos.

Volviendo a la cuestión, aunque lo que he dicho tiene que ver con la cuestión, me recordaba el señor Cortizo algo en relación con la fecha del año 1994 cuando se conmemoró el 150.º aniversario de la Guardia Civil. Pues ayer se conmemoró el 170.º aniversario de la Fundación de la Guardia Civil por el duque de Ahumada, el 13 de mayo de 1844, y tuve ocasión de presidir ese acto en Valdemoro, la cuna de la Guardia Civil, como sabe su señoría. Repito, ya han transcurrido ciento setenta años. Difícilmente, dije ayer -en eso podemos estar de acuerdo, al margen de otras opiniones-, se entiende la historia de España en los dos últimos siglos sin la historia de la Guardia Civil, que es una institución muy arraigada, más allá de diferencias políticas e ideológicas, en la realidad social e histórica de los españoles, los cuales la valoran, como acabo de decir, con todas sus limitaciones, como tiene toda institución humana y por supuesto los miembros que la integran, como tenemos todas las personas. Como institución tiene ese reconocimiento social y esa identificación con nuestra historia y con nuestra identidad histórica, si me permite que se lo diga. Ayer fue el 170.º aniversario de la Fundación de la Guardia Civil y con este proyecto de ley de régimen del personal de la Guardia Civil, señor Sixto -permítame que se lo diga con todo respeto y con todo afecto-, ponemos a la Guardia Civil no en el siglo pasado sino en el siglo XXI, donde ya está -reitero lo que he dicho sobre esa valoración de los españoles-, pero donde hemos de hacer todo lo posible para que siga estando, adaptándose, sin perder su esencia, a la realidad de una sociedad y de un mundo cambiante, como sin duda ha ido haciendo la Guardia Civil a lo largo de esos ciento setenta años de vida que tiene.

Aquello a lo que antes me refería, la reciente conmemoración en la Comisión de Igualdad de esta Cámara del 25.º aniversario de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil, es un buen ejemplo de lo que estamos diciendo. Nadie podía imaginar, o era muy difícil imaginar no hace muchos años, a mujeres en la Guardia Civil o en las Fuerzas Armadas o en la Policía. Hoy es una realidad porque el mundo ha cambiado y esas instituciones tienen que adaptarse a esos cambios sociales. No tengo ningún obstáculo, señor Cortizo, en reconocer públicamente que el decreto-ley que lo hizo posible fue del año 1998 y que en ese año don Felipe González presidía el Gobierno de España, con don Alfonso Guerra que lo vicepresidía. No tengo ningún inconveniente en hacerlo, pero doy por supuesto que todo el mundo sabe en esta Cámara quién gobernaba en el año 1988, en el año 1989, en el año 1996, en el año 2000 o en el año 2011. En todo caso, puesto que me lo ha reprochado, aunque cariñosamente, yo se lo digo ahora de forma explícita.

Yendo ya a cuestiones concretas, algunas de ellas comunes en la enmienda de totalidad del Grupo de La Izquierda Plural y del Grupo Socialista, hay algo que sí me interesa poner de manifiesto. Con mayor o menor intensidad -menor sin duda en el Grupo Socialista, mayor, yo diría radical, en el Grupo de La Izquierda Plural- hay una enmienda en cuanto a la naturaleza militar de la Guardia Civil y, derivado de ello, en cuanto a las reglas de comportamiento que se establecen en el proyecto de ley. Por lo que se refiere al Grupo de La Izquierda Plural, que sabemos perfectamente -es legítimo, pero se lo tengo que decir con toda claridad- que se oponen radicalmente a que se mantenga la naturaleza militar de la Guardia Civil, le quiero hablar en términos políticos, en términos jurídicos, y también en términos históricos, porque conviene recordar que la doble dependencia del Ministerio de la Guerra, entonces, y del Ministerio de la Gobernación, entonces, ya viene desde la época fundacional. Esa doble dependencia derivada de la naturaleza militar de la Guardia Civil desde su fundación es una realidad, es algo que a lo largo del tiempo se ha mantenido, no es una cosa que ahora se impone. Desde que nació la Guardia Civil tuvo esa doble dependencia -aquí hay un diputado que conoce muy bien la Guardia Civil porque hizo su tesis doctoral sobre la misma-. Se puede estar o no de acuerdo, eso es evidente, es legítimo, pero es una realidad histórica lo que ha sido la Guardia Civil desde su etapa fundacional hasta este momento. No es una novedad de la regulación jurídica actual que dependa a unos efectos del Ministerio de Defensa hoy y del Ministerio del Interior, cuando entonces eran el Ministerio de la Guerra y el Ministerio de la Gobernación. Ha sido así desde la época fundacional con el Gobierno de González Bravo, al que me refería anteriormente, cuando fue fundada hace ciento setenta años la Guardia Civil.

Además de ser una realidad histórica, desde el punto de vista político, antes de entrar en lo jurídico con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo al efecto, tengo que decir que, desde el punto de vista político, conviene tener presente que no somos una anomalía histórica. Los cuerpos gendármicos, es decir, cuerpos policiales de naturaleza militar, existen en Francia -está la Gendarmería-, en Portugal -la Guardia Nacional Republicana-, en Italia -los Carabinieri- o en Holanda. No es


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razonable, sinceramente, pensar que España es algo así como una anomalía porque tenga un cuerpo de naturaleza civil, como es el Cuerpo Nacional de Policía, junto a otro cuerpo de naturaleza militar, como es la Guardia Civil. Hay diversos países tan absolutamente normales y con tradición democrática como Francia, Italia, Portugal u Holanda que tienen cuerpos policiales gendármicos con naturaleza militar y tienen cuerpos policiales con naturaleza civil, por tanto, no somos una anomalía. Es más, ha de saber que la tendencia a nivel mundial en cuanto a la creación de policías gendármicas va in crescendo. Si me permite el símil, haciendo una analogía que tiene poco que ver pero que puede explicar mejor lo que estoy diciendo, igual que el bicameralismo está tendiendo al unicameralismo en general, en el mundo están creciendo los cuerpos de policía gendármica junto a los cuerpos de naturaleza civil, y no al contrario. No es que vayan desapareciendo las policías gendármicas en beneficio de las policías civiles, sino que junto a las policías civiles se crean policías gendármicas, unas de naturaleza civil y otras de naturaleza militar. Eso es una realidad que puede gustar o no, pero es una realidad. Por tanto, la naturaleza histórica de la Guardia Civil desde su fundación es esa, punto primero. Punto segundo, es una realidad que se da en nuestro entorno geopolítico -hablo de la Unión Europea, de Italia, de Holanda, de Francia, de Portugal, de España; luego, es algo normal- y es además una normalidad que tiende a crecer. Conviene que tengamos esto claro a la hora de plantear un debate acerca de la naturaleza militar de la Guardia Civil, si eso es una anomalía, si es algo del siglo XIX, etcétera. Parece que no. Esa es la realidad.

Hechas estas referencias, desde el punto de vista jurídico le tengo que decir -tiene que ver también con lo de las reglas de comportamiento que me plantearon tanto su señoría como el señor Cortizo- lo siguiente. Primero, en cuanto a la naturaleza militar -luego voy a las reglas de comportamiento- tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo se han pronunciado sobre lo que implica la naturaleza militar de la Guardia Civil en diversas sentencias. Por citar la última, de 13 de febrero de 2012, del Tribunal Supremo, la naturaleza militar le debe ser reconocida en la totalidad de sus cometidos y funciones, y no solo en las funciones militares que le puedan ser asignadas. -Son las misiones en el exterior, por ejemplo, en Afganistán y en otros lugares donde, como sabe su señoría, la Guardia Civil está en misiones de paz y, por tanto, realizando funciones militares y de acuerdo con el Real Decreto de 2010, a las órdenes y bajo la autoridad del Ministerio de Defensa-. Pero también el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto y le cito literalmente: según el Tribunal Constitucional, la naturaleza militar no se limita a sus posibles y circunstanciales misiones militares, sino principalmente a los datos permanentes u ordinarios de su régimen jurídico. A saber, la estructura jerárquica, la organización y el régimen disciplinario. -Hay una prolija jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo acerca del alcance y la delimitación de la naturaleza militar de la Guardia Civil-.

Le debo decir, además, en relación con esta cuestión y en el ámbito de la naturaleza militar de la Guardia Civil, que el constituyente y posteriormente el legislador pudieron haber optado por otra solución, pero al igual que es cierto que la Guardia Civil no está citada expresamente en la Constitución, no es menos cierto que una hermenéutica de la exégesis de la Constitución nos lleva a la conclusión de que el constituyente concebía la existencia de institutos o cuerpos de seguridad diferentes a las Fuerzas Armadas, pero que estuvieran sometidos a la disciplina militar. Concretamente le puedo citar los artículos 28 y 29 de la Constitución, que están dedicados a regular respectivamente la libertad sindical y el derecho de petición. De esos dos artículos se desprende claramente lo que le acabo de decir, que el constituyente, no citando la Guardia Civil y no haciendo referencia a su eventual naturaleza militar, concebía claramente a la institución de la Guardia Civil con carácter militar. El Tribunal Constitucional tuvo ocasión de pronunciarse al respecto en una sentencia muy importante, la 194 de 1989, al declarar que con esas alusiones de los artículos 28 y 29 la Constitución, en las que está incluida la Guardia Civil, se da carta de naturaleza a un tertium genus, es decir a la existencia de una figura intermedia entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no sometidos a disciplina militar. Pero luego, como le he dicho, el legislador -el legislador ya constituido, no el constituyente- mantiene la naturaleza militar del cuerpo, además de dar continuidad al carácter inherente con el que fue creada, hace ya ciento setenta años. Queda claro y podemos concluir que el constituyente, primero, y el poder constituido, con posterioridad, han pretendido dotar a nuestro país de dos cuerpos de policía, unos de naturaleza civil y otro de naturaleza militar. Eso, complementado con los cuerpos de Policía autonómica en aquellas comunidades autónomas que tienen la competencia en materia de orden público y seguridad ciudadana y cuerpos de Policía autonómica propios, conforma el modelo policial español, aparte de las de las policías locales, como es evidente. Podía ser otro el modelo policial y hay otros modelos policiales, pero el modelo policial definido por el constituyente y después por el poder constituido ininterrumpidamente, desde el año 1978, es el que


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es, y ese es el modelo policial español. En esta ley no se puede cambiar el modelo policial, pero en la medida en que cuando se alude a la naturaleza militar de la Guardia Civil siempre se hacen referencias al modelo policial español, quiero poner de manifiesto que el modelo policial español, que fundamentalmente se estableció en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es el modelo en el que ha habido continuidad en cuanto a lo esencial y lo sustancial, en su definición primero y su mantenimiento después, con todos los Gobiernos que se han ido sucediendo desde la aprobación de la Constitución en nuestro país, y es voluntad del Gobierno actual consolidar ese modelo, perfeccionándolo en la medida en que sea necesario, como pretendemos hacer con este proyecto de ley.

Voy a las reglas de comportamiento a las que aludí, y que tienen una estrecha conexión con lo que he comentado. El señor Cortizo y el señor Sixto han hecho referencias a las reglas de comportamiento. Como ya he anticipado, los miembros de la Guardia Civil, en tanto que forman parte de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no de las Fuerzas Armadas, en su actuación policial deben observar los principios básicos de actuación que se definen en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También les debo recordar, y por eso hice toda la exposición anterior que, de acuerdo con la misma ley orgánica, a la Guardia Civil le pueden ser encomendadas -de hecho le están siendo encomendadas- misiones de carácter militar, dependiendo en esos casos del ministro de Defensa. Si a eso le añadimos esa condición de tertium genus -como ha definido la naturaleza de la Guardia Civil la doctrina del Tribunal Constitucional-, les debo decir que queda claro que lo que ustedes llaman reglas de comportamiento están perfectamente tipificadas, perfectamente definidas en el proyecto que les presento, y se derivan del artículo 5 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cuanto los principios básicos de actuación, oportunidad, congruencia y proporcionalidad, como sabe muy bien su señoría. En cuanto a la doble dependencia del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior a la que hizo referencia en su enmienda el señor Sixto, le tengo que decir que, por lo que acabo de señalar, es evidente que la mantenemos a los efectos que en cada caso procede. En el proyecto de ley es el artículo 14 el que determina de manera específica, para que no haya lugar a confusiones, las competencias de uno u otro ministerio, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, así como las que corresponden a ambos ministerios en determinados supuestos de manera conjunta. Resumiendo, el presente proyecto de ley no hace más que respetar las competencias y responsabilidades fijadas en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como en la Ley de Carrera Militar, que mandata hacer este proyecto.

Ha aludido el señor Sixto a que no habían tenido ocasión de manifestar su opinión las asociaciones de la Guardia Civil. Tengo que decirle, señoría, con todo respeto, que eso no es así. He dicho anteriormente que este proyecto de ley, como borrador de anteproyecto, fue ya elaborado por Gobiernos anteriores. Es lógico, insisto, hay un mandato del año 2007 y yo lo traigo aquí en el año 2014; nosotros heredamos trabajos muy avanzados del anterior Gobierno que hemos continuado. Tengo que decir que pasó por el consejo de la Guardia Civil en tres ocasiones, consejo en el que, como saben sus señorías, están representadas las diferentes asociaciones de la Guardia Civil. Han pasado en tres ocasiones por el consejo; otra cosa es que haya asociaciones que mantengan unas posiciones u otras, eso es legítimo, eso es lícito, pero no es cierto que no hayan sido escuchadas institucionalmente las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, de la misma manera que han sido escuchadas en otros ámbitos no institucionales, es decir, no en el seno del consejo de la Guardia Civil. Por ejemplo, en la Dirección General de la Guardia Civil se constituyó un grupo de trabajo en el que participaron miembros de las asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil, celebrando distintas reuniones de trabajo, aparte, como le he dicho, del consejo. Además hay contactos informales que con toda libertad los representantes de las asociaciones profesionales han podido mantener en contactos, entrevistas o en el curso de su actividad ordinaria con los distintos niveles de la estructura jerárquica de la dirección general del cuerpo. Esa es una realidad y otra cosa es que, como es normal y no tiene nada de particular, es legítimo que haya discrepancias y haya asociaciones que tengan incluso entre sí distintos puntos de vista, y alguna que tenga una especial fijación de posición en cuanto a la eliminación de la naturaleza militar de la Guardia Civil. Eso es legítimo, como es legítimo que el Gobierno, siguiendo la constante histórica a que he aludido, esté absolutamente convencido de que es bueno para España, para la seguridad de los españoles, para el modelo policial español, que haya un cuerpo de Policía de naturaleza civil y un cuerpo policial de naturaleza militar y que este sea la Guardia Civil.

No me quiero extender. Con lo que les he dicho básicamente he contestado a sus argumentos. Hay otro que quiero plantear porque lo recogía el Grupo de Izquierda Plural en el texto de su enmienda de


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totalidad, relativo a los informes personales de calificación y los calificaba, permítanme la redundancia, como despropósitos y de vuelta al pasado. Señor Sixto, mire si no son ni despropósito ni vueltas al pasado, que esos informes personales de calificación son un procedimiento para la evaluación del desempeño, concepto que está previsto en el artículo 20 del Estatuto básico del empleado público, Ley 7/2007. Es una exigencia del legislador del año 2007. No creo que sea algo de vuelta al pasado ni nada parecido, sino que es algo novedoso y que introduce, insisto, el Estatuto básico del empleado público, Ley 7/2007. Es un argumento de peso para contraponer al de su señoría. Puedo adelantarle a estos efectos que en el seno de un grupo de trabajo, que se ha constituido en el ámbito de la Dirección General de la Guardia Civil y con participación de las distintas asociaciones profesionales, se encuentra en fase de elaboración un texto reglamentario que pretendemos que modernice las disposiciones que actualmente regulan estas evaluaciones personales, dotando al sistema de una mayor transparencia que permita la identificación de áreas de mejora, que tengan como objetivo, en definitiva, el desarrollo de un servicio más eficaz. Somos muy conscientes de eso. Se está trabajando con las asociaciones profesionales y en el marco de un mandato previsto en este caso en el Estatuto básico del empleado público, Ley 7/2007.

Señorías, no quiero alargarme más y abusar de su paciencia. Simplemente quiero reiterar, como le dije al señor Cortizo, mi disponibilidad de común acuerdo con el Grupo Popular para que haya el tiempo razonable como para que puedan estudiar adecuadamente el proyecto, presentar las enmiendas que estimen oportunas, negociarlas y discutirlas. Me dirijo a usted en la medida en que su señoría es quien ha hecho esa formulación expresa, pero de aplicación general, como no puede ser de otra manera. En cuanto a la voluntad de consenso, insisto que de manera especial enfatizo con el Grupo Parlamentario Socialista por las razones que reiteradamente he ido exponiendo y quede claro que no excluye a ningún otro grupo. Una ley de estas características cuanto mayor apoyo obtenga en esta Cámara, mejor para la institución, mejor para la seguridad y la libertad de los españoles.

Concluyo, señor Cortizo, porque sin ánimo de polémica y con toda cordialidad, como entiendo que ha sido el tono que ha impregnado su intervención, el concepto del honor según su señoría esta muy reiterado. No lo sé. En todo caso, eso no debería ser óbice para que nos pongamos de acuerdo, si es preciso, en cuanto a obtener un apoyo de su grupo en este proyecto de ley. Usted sabe perfectamente que del honor ya han hablado muchos. Podíamos referirnos a Calderón de la Barca que en el Alcalde de Zalamea dice que el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Fíjese a partir de ahí si podíamos hablar. En la cuna de la Guardia Civil, que es el cuartel de Valdemoro, se dice: El honor es nuestra principal divisa. Las instituciones tienen sus principios, sus valores. Luego las personas que componen las instituciones cada una tenemos nuestras características, nuestras fragilidades, nuestras debilidades. Somos humanos y, por tanto, no somos seres perfectos. Sin embargo, las instituciones tienen unos valores, unos determinados principios que las caracterizan y las identifican ante el conjunto de la población. Que el honor es nuestra principal divisa está puesto en el cuartel de Valdemoro que, como digo, es la cuna de la Guardia Civil desde hace ciento setenta años. Es algo que en el seno de instituciones de naturaleza militar en España y en el conjunto del mundo es una expresión que a lo mejor es difícil de definir, pero se entiende de manera intuitiva. Pero, repito, eso no va a ser óbice para que nos pongamos de acuerdo y en todo caso se lo digo como ministro.

En cuanto a las condecoraciones, yo podría ir al derecho comparado o a la praxis comparada, pero creo que eso no nos llevaría a ninguna parte. He tenido el honor de proponer al Consejo de Ministros que la Virgen del Pilar fuera condecorada con la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con ocasión del centenario de su patronazgo sobre el cuerpo, pero, como dice el decreto de concesión, además, para que pudiera seguir ostentando la máxima condecoración del cuerpo, porque hasta ese momento la máxima condecoración del cuerpo era la medalla de oro que le fue concedida con ocasión del 150.º aniversario de la fundación de la Guardia Civil por el ministro de Justicia y del Interior de la época, el señor Belloch. Creo que fue una buena decisión y, coincidiendo con ese centenario, nos pareció y le pareció a la Guardia Civil, al consejo superior de la Guardia Civil por unanimidad, que era una buena decisión. Por lo demás, hay tradiciones que creo sinceramente que forman parte de la historia de los pueblos.

En cuanto a Andalucía -nos está presidiendo, y no voy a hablar en su nombre, su señoría que es diputada malagueña-, en relación con lo que usted ha dicho, vaya usted a Málaga y explique a los malagueños lo que ha dicho desde aquí.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, ha intentado usted trasladarnos la defensa de su posición, pero la pluralidad democrática nos lleva a que cada cual mantengamos nuestra posición política y, por tanto, mantengamos nuestra petición de devolución del texto al Gobierno. No compartimos el mantenimiento de la naturaleza militar del cuerpo de la Guardia Civil, igual que no compartimos muchas otras cosas con el Partido Popular, pero esa es la virtualidad de la democracia.

Señor ministro, ha sacado usted aquí la bandera de la valoración de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y del Ejército. Si la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército tienen la valoración que tienen por parte de los españoles en el Instituto Nacional de Estadística sin duda es por la labor que desarrollan ellos, no por ninguna cosa que hagamos ninguno de los aquí presentes, sino por la labor abnegada de la Guardia Civil cada día por cada persona que se accidenta o tiene un problema en una carretera o la labor de un policía nacional que coge y se tira al agua en un mar helado en Coruña y acaba falleciendo o porque el Ejército de España, afortunadamente, se parece bastante poco ahora mismo a lo que ha sido durante el último siglo y medio y sus interferencias en la vida política española. Quizá por eso tiene una valoración superior a la de esta Cámara la Monarquía, el Tribunal Constitucional y la propia judicatura. Y no es que tengan una valoración muy alta, es que los demás la tenemos muy baja, señor ministro. Tendremos que mirar a ver por qué la política, los políticos, la judicatura y el propio jefe del Estado tienen la baja calificación y el bajo apoyo que tienen por parte de la mayoría de la ciudadanía y que nos está llevando a una situación harto complicada que debería hacer reflexionar sobre todo a su partido, que es el que da apoyo a un Gobierno muy contestado por la mayoría de la población.

Respecto a su llamada al consenso, se la ha dirigido sobre todo al Grupo Socialista, a mi grupo parlamentario no le extrañará que lleguen a ese consenso, puesto que han compartido durante muchos años defender el carácter militar de la Guardia Civil. Aunque en principio el Partido Socialista históricamente antes de llegar al Gobierno defendió la conversión en un cuerpo plenamente civil, lo bien cierto es que después de llegar al poder cambió esa consideración y, aunque en sus largos años de Gobierno ha introducido mejoras y ha ido haciendo cambios en la consideración de la Guardia Civil, en el fondo ustedes dos han compartido que se mantenga la naturaleza militar del cuerpo de la Guardia Civil, una naturaleza muy útil para quien ostente el poder y así ha sido durante los ciento setenta años que tiene de historia el cuerpo de la Guardia Civil. Son muchos los episodios de la historia de España.

El señor Cortizo ha sacado a relucir uno, en julio de 1936 -un mes desgraciado y aciago en la historia de España-, pero no fue el único caso de defensa por parte de guardias civiles de la legalidad republicana y del Gobierno legítimo de la República elegido por los ciudadanos en las elecciones de febrero de 1936. El 14 de abril de 1931 el Gobierno de la República pudo tomar posesión porque quien estaba al frente de la Guardia Civil en ese momento, esa mañana cuando se enteró de que se iba a ir el rey se puso a disposición del Gobierno.

En cuanto al consenso que usted reclama -no nos lo ha hecho a nosotros- tiene una credibilidad bastante limitada. Me refiero a la experiencia que hemos tenido hace pocos meses en esta Cámara con la Ley de Tráfico o con la Ley de Seguridad Privada. En estos casos también se hizo por su parte una defensa del consenso y el resultado final fue que hubo poco consenso y al final su grupo parlamentario las tuvo que apoyar en práctica soledad.

Concluyo diciendo que el modelo policial que nosotros defendemos es sustancialmente diferente. No es comprensible, señor ministro, que, por mucho que se trate de defender -hoy no lo ha dicho, pero sí en otras ocasiones- la competitividad entre los cuerpos para la excelencia del resultado final, la frontera de España esté defendida por dos cuerpos, por uno, si entras por el paso fronterizo, y por otro, si no vas por el paso fronterizo. No es comprensible esa competitividad cuando estamos hablando del crimen organizado. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se tienen que organizar de otra forma. Un modelo policial diferente es necesario en nuestro país. Hay ejemplos -igual que usted ha puesto los de Francia, Portugal o Italia- de que otro modelo policial, otra forma de organizar la policía en este país es posible. Lo tenemos en otros países, en Alemania, en el Reino Unido. No tenemos por qué limitarnos a copiar lo malo de otros países si podemos copiar lo bueno de los que lo hacen mejor que nosotros.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.

Señor Cortizo.

El señor CORTIZO NIETO: Señor ministro, no acabé de entender muy bien por qué tenía que ir a Málaga a explicarle a no sé quién no sé qué cosa, porque me limité a hacer un relato. Habrá visto que ni siquiera lo califiqué ni de bueno, ni de malo, ni mostré mi acuerdo ni mi desacuerdo con su política de condecoraciones. En absoluto, me limité a citar nada más.

Entiendo su oferta en los términos en los que la ha hecho, creemos que es conveniente, la aceptamos. Creemos que hay que darse la oportunidad de mejorar una ley manifiestamente mejorable en beneficio de todos y también en beneficio de los propios miembros del cuerpo. Le aseguro que como individuo -al margen de mi función en este Parlamento, por poco tiempo en todo caso, no vuelvo, lo juro- y como ciudadano no tengo ningún complejo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, absolutamente ninguno. Nunca lo he tenido ni como usuario, ni cuando dirigía instituciones académicas y los necesité -para eso parte de mis impuestos los pagaban y para eso estaba en un Estado de derecho y porque creo que son cuerpos para defender nuestros derechos y nuestras libertades-, ni cuando tuve algo que ver con su dirección en la delegación del Gobierno. Así que olvídese en ese aspecto de mí como sujeto de cualquier cosa rara, al contrario. Los complejos con respecto a este tema son un poco trasnochados.

Señor ministro -y ya acabo con un agradecimiento-, aquí ayer se habló en una iniciativa de muchos animales, se citaron los pulpos, las churras, las merinas, y yo, para contribuir a este animalario, voy a citar alguno. Yo no le voy a pedir que se caiga del caballo, porque es muy duro, pero, como ya ha aceptado usted bajarse de la burra que le han vendido con esta ley -que es un timo, y acepta el hecho de que podamos mejorar al equino-, hago votos para que esa oferta sea sincera y haya voluntad de llegar a acuerdos. Para ello todo el mundo tendrá que ceder en algo, que es la forma de lograrlo, y así conseguiremos una ley mejor para el personal de la Guardia Civil y que los miembros del cuerpo no se sientan desmoralizados, agraviados y humillados. Al final, será el país quien se beneficie y nosotros habremos cumplido con nuestro deber como parlamentarios.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cortizo.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer al señor Cortizo la aceptación de la... (El señor Cortizo Nieto pronuncia palabras que no se perciben).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor ministro, me parece que el señor Cortizo ha dicho en el pasillo -si no es así, me rectifica- que retiraba la enmienda.

El señor CORTIZO NIETO: Sí.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo.

Continúe, señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Siendo así, mi agradecimiento, no lo voy a ocultar, es doble. Él me ha hecho una petición y yo le he manifestado mi disponibilidad y ahora acaba de anunciar que da por retirada la enmienda de totalidad, por lo que considero que en justa correspondencia y por cortesía parlamentaria debo agradecerle su disponibilidad para que efectivamente podamos discutir con voluntad de llegar de acuerdos; es decir, negociar con buena fe. Si tenemos voluntad de llegar a acuerdos, creo que hay base suficiente, desde las legítimas diferencias. Pero no le oculto, señoría, que en este proyecto en particular hay base más que suficiente para que durante esta negociación podamos llegar a un acuerdo, que seguro que será beneficioso para todos porque, insisto, va a ser beneficioso para la institución, la Guardia Civil, que está al servicio de los ciudadanos para garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas y su seguridad, que es lo que, en definitiva, le encomienda la Constitución y el ordenamiento jurídico. Muchas gracias, señor Cortizo, y también gracias a su grupo parlamentario.

Señor Sixto, también le agradezco sus enmiendas, porque de la discusión nace la luz, y los debates parlamentarios son buenos. Es evidente que estamos en posiciones políticas muy distintas y muy distantes


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en general -y en particular también- y en este caso son evidentes esas diferencias. Sabíamos que no nos pondríamos de acuerdo, pero no es obstáculo para que en el Parlamento -y por eso se llama Parlamento- parlamentemos, debatamos, hablemos, discutamos, contrastemos puntos de vista, lo que considero que ha sido muy positivo. En la medida en que con su enmienda a la totalidad ha permitido que cuando menos reflexionemos y debatamos conjunta y públicamente sobre una cuestión que es importante, haciéndolo posible con su enmienda, se lo agradezco.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto no va a intervenir nadie. Por el Grupo Vasco, PNV, señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Siento no haber podido estar en el debate por tener que asistir a un acto institucional de esta Cámara. Además, llego con una cierta encomienda de gestión del presidente de la Cámara, de la que creo que es usted conocedora.

Al margen de estas disquisiciones preambulares, señor ministro, he de indicarle que vamos a mantener una posición de abstención respecto de la única enmienda que queda viva, que es la de La Izquierda Plural en este momento. Usted ha citado a la Virgen del Pilar y yo le podría citar a la Virgen de Begoña. Pero en materia de condecoraciones, que no es la cuestión más relevante en este momento de este proyecto de ley, nos encontramos con un misterio teológico de mayor profundidad donde habría que recurrir a los cánones del derecho canónico seguramente para saber por qué un cuerpo, cuya denominación es de la Guardia Civil, tiene carácter militar. Es además el único que tiene carácter militar cuando se integra en una estructura policial razonablemente integrada mediante puntos de conexión y de acuerdo entre las policías que funcionan con carácter integrado en el Estado español, que son fundamentalmente cuatro: la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y las dos policías integrales autonómicas, la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra. Esta es la única excepción con respecto al régimen de las demás, que son policías civiles, bajo la dependencia de autoridades civiles y con sistemas de promoción, en el ámbito de la carrera profesional, de carácter muy vinculada o muy asimilable al Estatuto del empleado público, prácticamente, si me permite la disquisición, mediante una promoción de naturaleza cuasi funcionarial, cuando aquí nos encontramos con un cuerpo donde la rígida aplicación de ordenanzas militares -incluso en la estructura que usted ha mencionado, eso sí lo he podido oír, de las tres escalas, acabando con la de cabos y suboficiales y mandos superiores- todavía mantiene rígidos procedimientos de promoción, rígidos procedimientos de carrera administrativa que nos preocupan, en tanto en cuanto el Cuerpo de la Guardia Civil, seguramente, si tiene prestigio es porque las promociones más jóvenes de la Guardia Civil, mediante elementos de especialización en la atención a fenómenos criminológicos muy complejos, está demostrando ser una policía, ser una estructura policial, muy ajustada al signo de los tiempos y de las nuevas fenomenologías criminales que no se compadecen en absoluto con las antiguas o con las históricas.

En materia de menores, en materia de delitos informáticos, en materia de lucha contra la trata de seres humanos, etcétera, la Guardia Civil yo creo que merita -sí, sí, la expresión es correcta- algo más que su dependencia del Ministerio de Defensa. Quizá haya excepciones que puedan resultar, por razones sinergiales históricas, pertinentes, que tendrían que configurarse en la ley por vía de excepción también, estado de sitio, situaciones militares, situaciones bélicas, prebélicas. La incorporación, quizá, a una dimensión de fuerza armada o fuerza de carácter militar pudiera tener una cierta comprensión, un cierto pase, por usar una expresión vulgar.

Señor ministro, el modelo policial es el que existe en la Constitución, el que está configurado por la Constitución y por las leyes orgánicas, fundamentalmente la Ley 2/1986, y debería ser un modelo policial integrado mediante dependencias uniformes de las policías autonómicas, de sus departamentos correspondientes, de las policías estatales, de usted, de su ministerio. Aquí hay una interferencia desde la perspectiva de la dependencia que a veces es fundamentalmente orgánica y un tanto telúrica, basada en inercias históricas. Ayer pude leer que, ayer precisamente, se conmemoraba que en el año 1844 el duque de Ahumada constituyó el cuerpo de la Guardia Civil; estamos celebrando una efeméride histórica importante. Estamos con los planteamientos del duque de Ahumada, desde la perspectiva de la paradoja de llamar Guardia Civil a un cuerpo que tiene una naturaleza militar. Yo sé que usted comparte esta opinión por razones que no he podido comprender. De hecho, estoy esperando desde que estoy en este


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Congreso de los Diputados, hace mucho tiempo ya, que alguien me explique por qué se mantiene el carácter militar del cuerpo de la Guardia Civil, y solo puedo especular con sospechas, con intuiciones y afirmaciones de las asociaciones -o de alguna, la mayoritaria- existentes en el mismo cuerpo de la Guardia Civil que me preocupan, me generan cierta y honda preocupación. Fundamentalmente, esta ley está hecha al margen de estas opiniones de las organizaciones mayoritarias, que es fundamentalmente una, la absolutamente mayoritaria. Y se ha establecido, se ha configurado este proyecto de ley sobre decisiones formadas por elementos orgánicos dentro del propio cuerpo, formado por grupos o consejos de generales, consejos de altos oficiales, con los miembros de su ministerio. Yo creo que esta no es la perspectiva adecuada. Deberían ustedes también conectar con las organizaciones que realizan funciones sindicales o cuasi sindicales, como todos los demás cuerpos de policía.

El modelo del artículo 104 de la Constitución es un modelo de policía civil también. Desde esa perspectiva, no creo -en una exégesis que usted y yo podemos compartir- que sea esta materia discutible. Que la Ley de la Carrera Militar ha sido un fiasco lo reconocen ya hasta sus propios apologetas y sus propios redactores en estos momentos, y cuando los que intervinieron en la elaboración de esa ley, incluso de su propio partido y grupo parlamentario, consideran que fue un auténtico fiasco, que esa sea la referencia, les debería generar a ustedes algunas inquietudes o alguna reserva de naturaleza intelectual. En todo caso, señor ministro, esta es una opción normativa de su Gobierno.

Nosotros tenemos otra opción normativa en Euskadi, con relación a la configuración de la Ertzaintza, en donde el asociacionismo, por no decir el sindicalismo, es algo que hay que saber gestionar y con el que hay que saber trabajar, a veces no es algo muy proclive a la funcionalidad de estos cuerpos, pero es inevitable, es el signo de los tiempos. Todos los ciudadanos, también los funcionarios públicos pertenecientes a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tienen derecho a reivindicar condiciones laborales, no a dirigir el ministerio o a dirigir departamentos, pero sí a reivindicar condiciones laborales. Desde esa perspectiva, planteo estas cuestiones y estas reservas, así como esta incógnita casi telúrica de mantenimiento de un cuerpo como el de la Guardia Civil, que se denomina así, que fue fundado en el año 1844 por el duque de Ahumada, con la pretensión de que desde una perspectiva civil se pudiera acabar con una delincuencia existente de campo o rural, de bandolerismo en aquella época. Pero, señor ministro, que todavía mantengamos ciertas influencias o ciertas características ontológicas respecto a la definición del cuerpo, yo no sé cuándo nos vamos a modernizar en esta materia también.

Al margen de esto, nos vamos a abstener. Me da la impresión de que, al no haber estado en el debate, seguramente el señor Cortizo ha realizado pertinentes explicaciones, entre cosas, de lo que ellos comentaban. ¿Por qué esa demora en la entrada en vigor hasta el 2017? Seguramente habrá razones que no sabemos discernir. Sin embargo, las razones del señor Sixto se pueden compartir razonablemente e incluso usted las podría comprender. Cuando exista un modelo policial uniforme en el Estado español, sin dependencias orgánicas funcionales extrañas, podremos funcionar mejor para la represión de la delincuencia. ¿Por qué? Porque la dependencia no es del Ministerio de Defensa tampoco. La Guardia Civil es Policía Judicial y entonces actuará bajo la dependencia funcional del órgano judicial que está actuando. La Guardia Civil ejerce funciones de protección civil, la dependencia no será tampoco del Ministerio de Defensa en esos ámbitos, será de su ministerio o de quienes estén actuando en este momento. Y la Guardia Civil ejerce también funciones ante unos ámbitos de seguridad ciudadana, y no será el Ministerio de Defensa quien dé las indicaciones, será su propio ministerio quien dé las indicaciones. ¿Ve cómo estamos jugando con un tema desnaturalizado absolutamente?

En cuanto a las condecoraciones, yo siempre tenía la impresión de una interpretación literalista de la Ley de Condecoraciones de que se otorgaban a personas físicas. Si las vamos a otorgar a personas jurídicas vinculadas al más allá, o vinculadas a la religión, no tenemos ninguna objeción que realizar, señor ministro. No nos faltan tampoco en Euskadi santos y vírgenes a los que poder condecorar por razones de esta naturaleza.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Antes de entrar propiamente en los argumentos de mi grupo para exponer los motivos por los que no hemos presentado una enmienda a la totalidad, pero para exponer también nuestros argumentos en relación con este proyecto de ley que estamos debatiendo, permítanme que felicite a los contrayentes


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porque lo que ha quedado claro es que hay boda. Ustedes están discutiendo -el Partido Popular y el Partido Socialista- cuándo se casan, pero boda va a haber. Probablemente la boda será después del 25 de mayo y lo que cabe por decidir, aparte de la fecha de la boda, es si va a ser un matrimonio civil, militar o se van a encomendar a la virgen del mutuo socorro, que también podría ser. En todo caso, felicidades al Grupo Socialista y al Grupo Popular por esta noticia que nos han dado de que van a contraer matrimonio también por esta vía.

Entro ya en la cuestión. Efectivamente, como ha recordado el ministro en su intervención, estamos ante el debate de un proyecto de ley sobre el régimen de personal de la Guardia Civil; proyecto importante que desarrolla una norma de hace siete años y que, por tanto, lleva un cierto retraso y sobre cuyo contenido, antes de determinar qué cosas se pueden y se deben resolver y arreglar, nuestro grupo planteará enmiendas parciales. Hemos considerado que no merecía, por lo que explicaré ahora, una enmienda a la totalidad que significa la devolución y por eso no lo hemos hecho, porque ya lleva siete años de retraso. Antes de entrar en aquellas cosas que quisiéramos cambiar, quisiera destacar por escucharnos entre nosotros los argumentos mutuos, que esta ley no tiene entre sus objetivos, ni puede porque sería objeto de una ley orgánica, reformar o cambiar el carácter de la Guardia Civil. Esto no se puede hacer a través de esta ley, por mucho que haya quien sostenga y lo quiera cambiar, naturalmente con toda la legitimidad. Sin embargo, no puede ser el contenido de la ley, ni en un sentido ni en otro, ni en el sentido de reforzar más o menos el carácter militar. Si hay alguna apreciación concreta, más que retórica, de reforzamiento de un carácter militar, también habrá que quitarlo de la ley - nosotros eso también lo vamos a mirar-, porque no cabe en esta ley, no podría ser, como digo, porque sería motivo de una ley orgánica del mismo nivel que la Ley 2/1986 cambiar el carácter que tiene la Guardia Civil, que aunque se insista mucho en el carácter militar y lo sea por definición, verdaderamente es un carácter que podríamos definir híbrido, de carácter civil en funciones policiales y de carácter militar en funciones militares. Luego las dependencias ya las conocemos, pero realmente el carácter es híbrido, como aquí se ha dicho, al igual que otros cuerpos de otros países europeos. El ministro los ha citado y no insistiré en ello. Naturalmente el hecho de que exista en otros países europeos un cuerpo similar a la Guardia Civil no significa que tengamos que hacerlo, pero no es una anomalía, no es una cosa rara en los países de nuestro entorno.

Nosotros no queremos cambiar, nuestro grupo parlamentario no quiere cambiar el carácter de la Guardia Civil. Lo que quiere es que a sus miembros se les reconozcan todos los derechos civiles que tienen por ser ciudadanos españoles y que, con la disculpa de que son un cuerpo militar, no se les nieguen derechos civiles que tienen porque son ciudadanos españoles y que el hecho de pertenecer a la Guardia Civil no es, en modo alguno, argumento para no permitirles que esos derechos civiles que tienen como ciudadanos les sean respetados. Ese ha sido siempre el debate en el que nos hemos movido, o al menos el debate que nuestro grupo parlamentario ha establecido y ha intentado sacar adelante; hemos intentado evitar por todos los medios que, con la disculpa de que pertenecen a la Guardia Civil y son un cuerpo militar, para algunas cuestiones se les nieguen derechos fundamentales.

Tenemos que pulir, naturalmente que sí, sin cambiar su carácter, disfunciones que existen en el cuerpo de la Guardia Civil, tenemos que garantizar, como decía, esos derechos civiles que en muchos, en demasiados casos, se les siguen recortando con esa disculpa que es, a nuestro juicio, inconstitucional en la forma, no solamente en el fondo. No es democrático utilizar esa disculpa para recortar derechos a unos españoles que además hacen una función fundamental para toda la democracia.

Tampoco en esta ley hay, a nuestro juicio, lugar para manifestar muchas de -con todo respeto- las merecidas críticas que podamos hacer al Ministerio del Interior, particularmente a la dirección de la Guardia Civil por su incompetencia en el sentido exacto de la palabra, por su actitud no competente en su trato y en su relación con la Guardia Civil. Yo creo que hay muchos ejemplos de cosas que no se hacen bien en relación con la Guardia Civil desde la responsabilidad política. Por citar solo algunas cosas, es inexplicable que siga habiendo tantos problemas para remodelar cuarteles que protejan la seguridad y que permitan una vida digna a las personas que viven en ellos. Para eso no puede haber falta de medios, ministro. Creo que en eso estará usted de acuerdo conmigo como lo estaba cuando estaba en la oposición. Al final es una cuestión de voluntad política, faltan demasiados medios materiales para los miembros de la Guardia Civil, hay demasiadas chapuzas que están continuamente siendo denunciadas, como los cambios de destino, la cobertura de vacantes. Usted conoce bien el malestar que hay en este momento entre todos aquellos que han concursado a vacantes, porque se han publicado las vacantes mal, porque están en expectativa de destino... Hay muchísima chapuza que tampoco es origen de esta ley y, por tanto, no tiene


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que entrar dentro de la ley, pero sí tiene que hacernos reflexionar sobre cosas que no se hacen bien desde el Gobierno con ese cuerpo del que nos gusta decir, porque es verdad, que estamos orgullosos de él. Bueno, pues comportémonos, o sea, menos medallas y menos reconocimientos públicos y más acción en el verdadero sentido de la palabra.

Por tanto, no creemos que la ley tenga que retrasarse, no creemos que haya de devolverse, pero creemos que merece un cambio y algunas enmiendas de fondo y a fondo a las que inmediatamente me referiré. Como decía al principio, siete años más de retraso en el reconocimiento de los derechos de la Guardia Civil no son de recibo y por tanto no debemos retrasarlo y debemos aprovechar esta oportunidad para reformar todas aquellas cosas que se pueden reformar y resolver todos aquellos problemas que dependen de la ley y que tienen arreglo. Demasiado tiempo perdido en la no homologación con otros cuerpos de seguridad, demasiado tiempo perdido en la falta de reconocimiento a la Guardia Civil. La ley es, como digo, esa oportunidad y desde luego este grupo parlamentario la va a utilizar, no sé si con éxito o sin él, porque a lo mejor, como ya anuncian boda, lo que les podamos decir los demás no les interesa demasiado a la hora del jolgorio y de la gran celebración, pero en todo caso no vamos a renunciar a decir lo que nos parece que es necesario porque no somos invitados, formamos parte del Congreso de los Diputados y, nos inviten o no, nosotros vamos a ejercer también nuestro derecho a intentar mejorar esta ley para que se les reconozca a los guardias civiles -no a la Guardia Civil en sentido abstracto sino a los guardias civiles, hombres y mujeres que componen el cuerpo, porque eso es la Guardia Civil- la igualdad, el mérito y la capacidad en su trabajo y también en sus ascensos. Y hablaré de las escalas inmediatamente porque es la parte que menos nos gusta de la ley y que más rechazamos y en la que, por cierto, el ministro más se ha detenido como un gran logro. Espero poder convencerle de algunas deficiencias importantes en esa materia. Principios de igualdad, mérito y capacidad que por cierto son constitucionales y que se deben aplicar a todos los españoles, también a los guardias civiles, a pesar de su carácter o precisamente por él.

Como les decía, ministro fundamentalmente y miembros del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo contrayente Socialista, a nuestro juicio, lo más negativo es aquello que tiene que ver con las escalas. Efectivamente se juntan -permítanme la expresión coloquial- las cuatro escalas, la superior, la de oficiales, la facultativa superior y la técnica, en una sola, pero eso ministro, que es una buena decisión que viene derivada de una ley anterior que nos mandata en ese sentido, no puede hacerse a costa de renunciar a esos tres principios inamovibles, constitucionales, de todos los ciudadanos, a los que me refería antes: el mérito, la capacidad y la igualdad de oportunidades. El planteamiento de la ley supone, a nuestro juicio, grandes privilegios y prebendas para los miembros de la escala superior de oficiales frente al resto de escalas. Esto es inasumible e inaceptable; supone grandes privilegios y prebendas, lo reconoce cualquiera que haya mirado la ley. Yo no voy a pensar que la han hecho porque cinco generales, cuatro, tres o los que sean le han dicho que la hagan de esta manera, ni tengo por qué pensar que ustedes lo que quieren es formalizar ese tipo de privilegios o prebendas, pero las consecuencias sí que son esas porque las personas que pertenecen al resto de escalas quedan relegadas o condenadas a la extinción. Se les aplica además un tergiversado -usted lo citó- y manipulado Plan Bolonia y se les obliga a realizar cursos injustificados, absolutamente injustificados, para seguir siendo lo que son y para seguir cumpliendo las funciones que ahora mismo están cumpliendo. Esto va en contra de todo principio de eficacia en la Administración, no tiene ningún sentido y es una decisión a la que yo no he encontrado todavía una explicación y usted tampoco la ha dado aquí.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, termino, presidenta.

Ese es un privilegio que también se da para los tenientes de escala superior frente al resto de escalas y que a nuestro juicio merece una reflexión, una revisión y una enmienda.

Nos oponemos también a los dilatados plazos transitorios, injustificables, generadores de incertidumbres y de nuevas y graves disfuncionalidades.

Como dije al principio, porque se me ha acabado el tiempo, creemos que lo que hay por arreglar en esta ley es mucho e importante; creemos que la ley tiene que servir efectivamente para que se aplique inmediatamente el Estatuto del funcionario público, del empleado público, esa es una gran ventaja que tiene la ley y que no se puede demorar, y espero que todas estas cuestiones, a las que brevemente me he referido, puedan tener la consideración del grupo mayoritario -de los dos contrayentes a ser posible-


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y que, por tanto, cambiemos la ley para mejor y para servir al interés general, concretamente a la Guardia Civil y más concretamente a los guardias civiles.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, señor Guillaumes.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, presidenta.

Ministro, señorías, nosotros consideramos, siempre desde un punto de vista constructivo, que es necesaria una norma legal para definir la carrera profesional de los guardias civiles. Eso supone, en definitiva, una actualización, un trabajo de mayor calado que afecta a aspectos que van más allá de la carrera profesional estrictamente. Por tanto, en coherencia con todo esto, no hemos presentado enmienda a la totalidad.

Entendemos que se debe promover un nuevo modelo de carrera profesional donde prime la formación académica, la capacidad profesional, la experiencia, donde la guardia civil de base y el oficial más antiguo puedan sentirse realizados laboralmente mediante un sistema objetivo de promoción, y supongo que el ministro ya me entiende, porque efectivamente hay una escala que no se siente así. Complementariamente, se debe facilitar la formación del personal especialista, el reciclaje, evitando la permanencia durante largos años sin formación de muchos agentes y oficiales y, por tanto, favorecer la movilidad y lo que hoy en día ha dado en llamarse la promoción horizontal, porque no siempre es posible ascender.

La nueva escala de oficiales debe estar integrada por miembros del cuerpo en posesión de un título de grado universitario, de acuerdo con el sistema educativo general, y subrayo lo de acuerdo con el sistema educativo general, no necesariamente un curso ad hoc que exactamente no sabemos para qué sirve, pero podemos imaginárnoslo. Para ello la Guardia Civil debería facilitar a la escala de guardias y suboficiales dicha formación -esto está escrito en la ley-, pero creemos que tendría que ser en universidades públicas, respetando la conciliación familiar y profesional de sus miembros.

El tema de la unificación de escalas de oficiales es verdaderamente un tema complicado. Creemos que es buena esta unificación de escalas, efectivamente. Todo el mundo cree que es buena; por tanto, no somos nada originales, pero entendemos que debe realizarse en condiciones de igualdad y sin conservar artificialmente, de una manera artificiosa, las condiciones de privilegio que algunas de estas escalas pueden tener en este momento, sino que, como digo, debe realizarse en estricta igualdad. Seguramente tiene poco sentido, por muy dura que sea la academia de Zaragoza, que un muchacho que seguramente no ha hecho un día de patrulla en su vida por definición y que no ha podido asistir a un accidente sea de entrada teniente al lado de alguien que puede llevar veinte años atendiendo casos policiales, casos de tráfico, casos de tráfico de drogas, casos de menores, y que estén uno al lado de otro, y no en términos de igualdad, sino que el recién salido de Zaragoza tenga además muchas más posibilidades de promoción. Eso no tiene demasiado sentido. Por tanto, la modernización pasa por la unificación verdadera de las escalas.

Ustedes, en su exposición de motivos, la verdad es que describen muy bien los objetivos, pero luego en el articulado quedan bastante difusos, diluidos o, como en el caso que he descrito, directamente contravenidos. En este sentido también apelo a lo que nos han dicho las organizaciones profesionales.

El régimen disciplinario no es un tema menor -lo ha apuntado algún otro portavoz-. Entendemos que se partía de un sistema que de hecho es bueno. O sea, el guardia civil tiene un régimen disciplinario militar cuando queda sumergido en un entorno militar. Si un guardia civil, por cuestiones de formación, de cuerpos extranjeros o lo que sea, es destinado a Afganistán, a Irak o a donde sea, obviamente quedará sometido al régimen militar, pero incluso si su entorno es directamente militar, porque está con miembros de las Fuerzas Armadas -el cuartel de Bétera, por ejemplo-, también se le aplicará el régimen disciplinario militar. Nos parece bien, como también parece racional que cuando está ejerciendo un trabajo estrictamente policial en un entorno estrictamente policial su régimen disciplinario también sea estrictamente policial. Entendemos que este equilibrio se rompe en esta ley.

Repetimos, nosotros no hemos presentado enmienda a la totalidad porque creemos que este es el tipo de ley que tendría que hacerse con el máximo acuerdo posible. Desde nuestra humildad, que reconocemos, así lo entendemos. Entendemos que las modernizaciones necesarias de escalas, formación, formación profesional, etcétera, son lo suficientemente técnicas, por decirlo de alguna manera -no de elevada de discusión política, sino más bien sobre modelos técnicos-, como para


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hacerlo de esta manera. Así como hemos transmitido nuestras críticas, también le transmitimos nuestra humilde oferta.

Muchas gracias, señor ministro; muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Guillaumes.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Conde.

La señora CONDE MARTÍNEZ: Ojo por ojo y el mundo acabará ciego, decía Gandhi. Como no quiero que la ceguera de los reproches empañe o impida este ánimo de consenso, este ánimo de que esta ley sea apoyada por el mayor número de grupos que componen esta Cámara, entenderé todas y cada una de las críticas que aquí se han vertido como críticas constructivas, como críticas que lógicamente se van a transformar en enmiendas parciales que luego podrán mejorar, tras ser debatidas, el contenido de esta ley. Estoy realmente convencida de que esta ley tiene más elementos que nos unen de los que nos separan. Especialmente me dirijo en este caso al Partido Socialista por una cuestión esencial, y es que si hay alguien que conoce esta ley de manera concreta y específica es su jefe de filas, por una cuestión temporal, porque son muchos años los que se viene trabajando en esta ley; no por una cuestión matrimonial, señora Díez, sino por haber estado en el Gobierno o no.

Yo soy de las que cuando un grupo político está en oposición con respecto al partido que gobierna no considero que todo lo hagan mal, porque para hacer todo mal hay que hacerlo muy mal, y ustedes, señorías del Grupo Socialista, cuando tuvieron la oportunidad de estar en el Gobierno hubo cosas en las que acertaron, otras en las que no, hubo asuntos que afrontaron y otros que no, porque no quisieron, porque no pudieron o simplemente porque no les dio tiempo. Este en particular es de esos, es de los que a ustedes no les dio tiempo a culminar. Por eso no queremos que el tiempo sea en este caso un impedimento y por eso el ministro ha ofrecido una ampliación de plazo para que sean presentadas cuantas enmiendas se estimen oportunas. Y por eso también me gustaría felicitar doblemente al señor Cortizo: uno, por retirar la enmienda a la totalidad y, dos, porque hoy es su cumpleaños, con lo cual entiendo que es un regalo generoso de cumpleaños. (Aplausos). Por todos estos motivos, no me dedicaré en esta intervención a romper puentes, sino todo lo contrario, a recoger todos los guantes que han sido lanzados en las distintas intervenciones con ese ánimo de mejorar el contenido de este proyecto de ley.

Como ha explicado brillantemente el ministro en su intervención, este proyecto de ley responde al cumplimiento de un mandato legal; la Ley 39/2007 nos da un mandato claro, que la Guardia Civil tenga su propia ley de personal teniendo en cuenta la naturaleza del cuerpo, que está basada en dos leyes claras: la Ley 2/1986 -como se ha dicho aquí- de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Ley 39/2007, de la Carrera Militar. Igualmente, en esta ley son otros los mandatos que se nos anuncian para que en esta Cámara se desarrollen: la integración de las escalas de la Guardia Civil y la nueva regulación de los sistemas de enseñanza y promoción profesional. En definitiva, un proyecto de ley de futuro que persigue la modernización de la Guardia Civil, sobre todo en tres dimensiones, adaptándola a tres nuevas realidades: administrativa, social y educativa. Administrativa, aplicando las normas al servicio de la Administración General del Estado también a la Guardia Civil, con sus correspondientes especificidades como cuerpo especial que es. Educativa, con esa inmersión plena, como bien ha dicho el ministro, en el Espacio Europeo de Educación Superior, el proceso de Bolonia. Y social, con la incorporación de importantes medidas en el articulado en favor de la igualdad, de la conciliación de la vida personal y profesional, de la prevención de la violencia de género y la atención y protección de las víctimas de terrorismo; en definitiva, un reconocimiento de derechos de tipo social, sanitario y psicológico.

En cuanto a la única enmienda que ha quedado viva en este caso, la enmienda de La Izquierda Plural, obviamente la esencia última y única de esta enmienda es una cuestión de modelo, algo de lo que ya se ha hablado aquí con bastante profusión. En esta cuestión lógicamente, señor Sixto, tenemos posturas bien distintas y distantes. La aproximación se me antoja cuando menos complicada, pero lo vamos a intentar, al igual que con el resto de grupos de esta Cámara. Sin duda, este proyecto de ley no cuestiona el modelo de la Guardia Civil, pero es que no podría hacerlo. Es muy respetable su opinión y podrían ustedes plantearlo en otro caso, pero no aquí, porque el mandato del legislador es claro y también se ha dicho, el mandato del legislador de esa Ley 39/2007 dice tal cual: la actualización del régimen de personal de la Guardia Civil basándose en su doble condición, la militar y la de cuerpo policial o de seguridad. Con lo cual huelga plantearse aquí esa cuestión de modelo. Sabemos, porque ustedes lo han explicado, que pretenden o les gustaría una Guardia Civil más civilista, si se me permite la expresión, que militar, y por eso he echado de menos en su enmienda un texto alternativo. Ustedes saben cuál es nuestro modelo, que


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es el actual, porque no lo cuestionamos, pero nosotros no sabemos cuál es el suyo, con lo cual podríamos estar aquí debatiendo constantemente, en un debate totalmente estéril porque, insisto, no conocemos cuál es su modelo. De todos modos, como le he dicho al señor Sixto, seguimos abiertos a poder encajar alguna de sus enmiendas para intentar superar esa gran distancia, esa gran diferencia conceptual que nos separa. Pero entiendan que hay países que tienen grandes problemas de inseguridad y que han venido a nuestro país a conocer el modelo de la Guardia Civil, luego es un modelo en el que creen esos países, es un modelo que esos países pretenden exportar a sus propios territorios; tan malo no será cuando otros países lo quieren para ellos.

Voy terminando, señora presidenta. Son muchas las reuniones que hemos venido manteniendo en las últimas semanas con colectivos y asociaciones conscientes de que los temas de personal son complicados, conscientes de que cuando llueve no lo hace a gusto de todos y de que cuando se plantea la apertura de un melón de estas características se abren muchísimas expectativas, pero no siempre la totalidad de ellas pueden verse materializadas. En cualquier caso, este ministro, el señor Fernández Díaz, ustedes le conocen, es un hombre de consenso, es un hombre conciliador, y en esa conciliación, en ese camino va a tener a su lado al Grupo Parlamentario Popular porque, termino como comencé, nos mantenemos abiertos al diálogo con todos los grupos políticos porque creemos, señorías, que este proyecto de ley tiene que salir adelante y que es el momento de enmendar esta ley y no de rechazarla.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Conde.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 6/2014, DE 11 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA EL OTORGAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS MINEROS DE LA ZONA DENOMINADA "AZNALCÓLLAR". (Número de expediente 130/000053).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al último punto del orden del día, correspondiente a la convalidación del real decreto-ley por el que se regula el otorgamiento de la explotación de los recursos mineros de la zona denominada Aznalcóllar. Para su presentación tiene la palabra el señor ministro de Industria.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señora presidenta, señorías, comparezco para solicitar de esta Cámara la convalidación del Real Decreto-ley por el que se procede al otorgamiento de la explotación de los recursos en las minas de Aznalcóllar, provincia de Sevilla. Es un real decreto que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

El real decreto cuya convalidación se solicita regula el otorgamiento de la explotación a la Junta de Andalucía de los recursos mineros en Aznalcóllar, 950 hectáreas de reservas de cobre, plomo, zinc, oro y plata. Hay unas reservas probadas de 35 millones de toneladas y otros 45 millones de toneladas de reservas no probadas pero sí probables. El real decreto fija medidas para reanudar -paró en el año 1998- la actividad extractiva debido a consideraciones relacionadas con el empleo y la actividad económica y la riqueza que puede generar. El real decreto-ley incluye además medidas que minimizan el impacto medio ambiental sobre el Parque de Doñana que, como saben sus señorías, está muy próximo a esta explotación. La justificación de este real decreto-ley es poner la mina en marcha cuanto antes en función de las circunstancias económicas de la zona.

En cuanto a los antecedentes del real decreto-ley, diré a esta Cámara que en diciembre del año 2013 la Junta de Andalucía aprobó un decreto-ley declarando en su favor la reserva de las minas de Aznalcóllar. En segundo lugar, en marzo de este año 2014 hubo una resolución, también de la Junta de Andalucía, aparecida en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, por el que se convocaba concurso público para la explotación de la mina. Estas dos disposiciones son contrarias, en opinión del Gobierno, a la Constitución española y a la ley básica en materia de minas debido a que una comunidad autónoma no puede declarar una reserva minera porque eso es legislación básica del Estado. Por ello, el Consejo de Ministros de 14 de marzo del año 2014 autorizó al presidente del Gobierno, en primer lugar, para la interposición de recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto-ley en el que se reservaba la Junta de Andalucía las minas a su favor y, en segundo lugar, para interponer un recurso contra la resolución que convocaba el concurso de explotación. A partir de ahí, la Junta de Andalucía solicitó al Ministerio de Hacienda y


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Administraciones Públicas y también al Ministerio de Industria, Energía y Turismo reconsiderar la interposición de tales recursos a cambio de que, en primer lugar, la Junta de Andalucía derogara los artículos del decreto-ley de la propia Junta que declaraban la reserva minera a su favor y derogara también la resolución de convocatoria del concurso. A cambio de ello se planteaba la retirada de los dos recursos de inconstitucionalidad por parte del Estado. ¿Qué hace este real decreto-ley cuya convalidación se solicita ante esta Cámara? En primer lugar establece un régimen de explotación para Aznalcóllar único en su especie. Es distinto a todos los regímenes previstos en la Ley de Minas del año 1973 y se basa en que los terrenos de Aznalcóllar estaban francos, sin explotación, y en la enorme sensibilidad respecto a todo lo que tiene que ver con Aznalcóllar porque la anterior empresa que la explotaba, que era la sueca Boliden, tuvo, como saben ustedes, un accidente con daño medioambiental notable en abril del año 1998. Por ello, aunque sin tener competencias para ello, en primer lugar, la Junta de Andalucía se reservó la mina a través del decreto-ley y, en segundo lugar, convocó el concurso a través de la resolución para verificar la solvencia técnica de la empresa, para que permitiera una mayor tutela por parte de la Administración. Dado el elevado desempleo en la zona y la necesidad de poder iniciar la actividad en la mina lo antes posible, se determina a través de este real decreto-ley acudir a un sistema que permita empezar cuanto antes, lo que lleva a la concesión directa, sin necesidad de fase previa de investigación, ya que la existencia de recursos en la mina es algo que ya está probado.

¿Por qué la Junta de Andalucía hace, en contra de la Ley de Minas, la reserva de Aznalcóllar a su favor? Porque esa propia Ley de Minas prevé que en caso de que exista reserva de Estado, como en este caso, el Estado podrá otorgar la concesión directa para la explotación y adjudicación a través de un concurso; esa es la razón por la cual la Junta en su día dictó el decreto-ley dando para sí una reserva que en todo caso correspondía al Estado. Pero esa declaración de reserva era y es claramente inconstitucional. Para buscar una solución se hace una excepción a la Ley de Minas y se permite a la Junta de Andalucía en este caso concreto la concesión directa y la convocatoria del concurso para Aznalcóllar en los terrenos francos. Por eso es necesario este real decreto-ley con rango legal y hacerlo de manera urgente para resolver las necesidades planteadas en la zona.

El real decreto-ley tiene dos artículos: el primero delimita el perímetro de la zona sin declarar ninguna reserva del Estado sobre la misma y el segundo habilita a la Junta de Andalucía para la explotación de la mina a través de una concesión directa previo procedimiento de concurrencia competitiva, lo cual se justifica por los recursos de la zona, más que probados, y, por tanto, la no necesidad de que haya nuevos permisos de investigación puesto que se sabe que los recursos ya existen. Es un mecanismo mucho más eficaz para el interés general que lo que prevé la Ley de Minas, previo permiso de investigación y concesión directa del concurso.

Quiero añadir finalmente que la habilitación que hace este real decreto-ley a la Junta de Andalucía es sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran existir por derecho preexistente y que, por tanto, la Administración General del Estado en todo caso queda eximida de toda responsabilidad patrimonial. Además, ello es necesario que aparezca claramente reflejado en el real decreto-ley, pues de hecho había dos empresas que ya habían solicitado los permisos de investigación en tales terrenos. Por todo ello y en atención a las consideraciones expuestas, solicito de esta Cámara la convalidación de este real decreto-ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.

Vamos a apoyar este real decreto-ley porque es un real decreto-ley razonable que pretende solucionar un enredo que tuvo lugar, como ha explicado el señor ministro, por la asunción unilateral por parte de la Junta de Andalucía de competencias que no tiene sobre recursos mineros, pero hay que resolver la cuestión por dos razones, por la situación económica de Andalucía y, en general, porque no se puede renunciar a explotar recursos de interés económico.

Hay una cosa que a mi grupo le preocupa. El señor ministro ha hablado de la responsabilidad patrimonial del Estado y de cómo resuelve esto el real decreto-ley para que no haya reclamaciones que recaigan sobre la Administración general, pero no ha dicho nada de algo realmente importante, y esperamos que el Estado y el Gobierno hagan frente a las responsabilidades que les corresponden por sus competencias medioambientales, y es que en el accidente de Boliden no hubo solo notables incidencias medioambientales: fue un desastre y lo fue además porque la legislación que hay y la vigilancia sobre las


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balsas mineras es insuficiente. Por cierto, cuando se producen incidentes como ese los resultados no solamente son desastrosos a corto plazo, sino que a medio y a largo plazo hay una contaminación de metales pesados peligrosísima que ha llegado hasta el mar según las investigaciones científicas que se han realizado. Durante mucho tiempo -no sabemos cuánto- esos terrenos van a estar contaminados a todos los efectos. Es algo que no tiene que volver a ocurrir y para eso hay que tomar todas las medidas necesarias. Hay una gran fijación social con las prospecciones petrolíferas, el fracking y cosas así, que se reputan de peligrosísimas, y sin embargo pasan completamente desapercibidas cosas mucho más peligrosas como balsas mineras llenas de metales pesados que tienen un altísimo poder contaminante y sobre las que, como se demostró en el caso de Aznalcóllar, no hay una vigilancia ni un control suficientes. Por lo tanto, vamos a votar a favor del real decreto-ley, pero queremos saber qué es lo que piensa hacer el Gobierno, que hasta ahora no ha demostrado precisamente una trayectoria medioambiental muy exigente, para hacerse cargo y dar garantías a los andaluces y a todo el mundo de que no se va a repetir algo como lo que pasó con la empresa Boliden.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por La Izquierda Plural, señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, quiero dejar constancia antes de empezar mi intervención que la hago en nombre de los diputados y diputadas de Izquierda Unida, porque hay otros componentes de nuestro grupo que no pueden compartirla. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Como bien ha explicado el señor ministro, lo que discutimos es la convalidación del real decreto-ley para resolver los problemas de competencias que surgieron entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, y hacerlo desde el máximo control medioambiental. Por tanto, no estamos discutiendo el fondo del proyecto de minas de Aznalcóllar, aunque lo que aquí haga tendrá repercusión y se abre la puerta a esa posibilidad. Queremos aprovechar esta intervención para anunciar que nuestros diputados van a votar a favor de esta convalidación, pero también queremos poner en evidencia que es necesario que toda la tramitación que haga la Junta de Andalucía tiene que hacerse con el máximo rigor y el máximo celo para evitar que lo que fue una verdadera catástrofe se vuelva a repetir. Los vecinos de una comarca no tienen por qué pagar un cúmulo de desaciertos, despropósitos y descontroles, que han tenido repercusiones no en quien cometió el atropello, no en quien cometió el delito, que todavía no ha pagado los 90 millones de euros que la Junta de Andalucía le sigue reclamando, sino sobre los cientos de trabajadores que han perdido años de su vida y en estos momentos tienen un futuro todavía incierto. Por eso es fundamental resaltar que en el actual pliego de condiciones se tienen que recoger -se recogen- todos los controles medioambientales de forma que se prohíben las balsas de almacenamiento e incluso se veta la posibilidad de que participe alguna empresa que haya tenido relación con Boliden, porque la historia, como digo, no se puede repetir, la historia no puede volver a ponernos ante el desastre medioambiental que supuso la rotura de la balsa en su día. Para ello hay que ver la solvencia técnica, hay que ver sobre todo la continuidad de los controles, porque no se trata solamente de que el proyecto tenga una buena presentación, sino, sobre todo, de que tenga una buena ejecución y continuidad. Somos conscientes de que este proyecto despierta recelos en el movimiento ecologista, recelos que hay que comprender y aclarar siendo totalmente transparentes, porque, repito, no podemos permitirnos el lujo de repetir errores pasados.

Hay que garantizar la posibilidad de la riqueza minera, pero también de la riqueza ambiental que existe en ese lugar y en la zona cercana. La verdad es que hoy se abre aquí una esperanza para los trabajadores, que ven que pueden encontrar por fin una salida a su situación de marginación; se puede abrir hoy aquí un camino, pero, repito, ese camino tiene que ser de una gran responsabilidad como, por cierto, han demostrado los trabajadores, han demostrado los sindicatos y las administraciones locales, que han colaborado y contribuido a que se haga este proyecto y también a que cuando surgieron diferencias entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía se llegase a un acuerdo, como bien ha dicho el señor ministro. Desde esta óptica es desde la que vamos a dar nuestro voto favorable en la confianza de que pueda servir para revitalizar una zona importante de la provincia de Sevilla.

También queremos señalar que estamos ante un elemento más que evidencia la necesidad de cambiar el modelo productivo no solamente en esa zona sino en el conjunto de Andalucía. No podemos seguir dependiendo de modelos productivos que finalmente nos ponen siempre entre la espada y la pared. Por


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tanto, vaya por delante nuestro voto favorable también con esa reivindicación de que hay que avanzar hacia un modelo productivo que haga mucho más sostenible toda la economía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pradas.

El señor PRADAS TORRES: Gracias, presidente.

En primer lugar, desde el Grupo Socialista queremos mostrar nuestro pesar -tratándose de un tema minero como el que estamos abordando- por los más de 200 trabajadores que murieron ayer en Turquía, entre ellos un niño de quince años. Creo que esas noticias deberían alarmarnos a todos nosotros en el siglo XXI.

Señorías, bajo el frío enunciado de la zona denominada Aznalcóllar -no se puede describir de una forma más fría el nombre de un municipio de la provincia de Sevilla- se encuentra un municipio de unos 6.000 habitantes que ha vivido de la mina desde la época de Tartessos. El cierre de la mina supuso la pérdida de 400 puestos de trabajo y por tanto 400 familias se quedaron sin empleo. El desastre ecológico -yo sí me atrevo a decir que fue un desastre ecológico- que generó la rotura de la presa allá por el año 1998 puso de manifiesto que todos los controles son pocos a la hora de intentar proteger la naturaleza. Se puso en evidencia además la irresponsabilidad, como se ha dicho aquí, de algunas empresas que prácticamente se quitaron de en medio sin asumir sus responsabilidades, una cuestión que nos debe hacer reflexionar sobre normas internacionales que permiten que dichas empresas puedan operar en otros países como si no hubiera pasado nada. Para esto deberían servir las leyes de responsabilidad medioambiental como la que estamos tramitando en el Congreso en estos días.

Aznalcóllar es también -creo que deberíamos reconocerlo- el símbolo de una buen gestión de aquella crisis. La catástrofe hizo que las administraciones -la local, la central y la autonómica-, dirigidas por distintos partidos políticos, se pusieran de acuerdo y que los resultados fueran razonablemente buenos, y tan solo invito a algunos de los que han hecho críticas a pasear por el corredor verde del Guadiamar para ver cuáles son los resultados. La Junta de Andalucía apostó en su día por buscar también otras alternativas económicas a la situación que se había generado tras la rotura de la presa. Se puso en marcha una oferta de suelo público industrial, que sirvió para atraer a otras empresas, vinculadas fundamentalmente al mundo de la energía renovable y del reciclaje, en definitiva, en relación con el medio ambiente. Pero a Aznalcóllar también le llegó la crisis y, aunque estos planes de industrialización aliviaron la situación, las tasas de desempleo en este momento son insoportables. Me escribía la exalcaldesa de Aznalcóllar el otro día en unas notas que le pedí y me decía: Todos en el lugar coincidían en decir que el Guadiamar no había estado nunca más limpio, pero también coincidían en decir que no solo los patos tenían derecho a vivir, que las personas tienen que seguir viviendo. Por eso, señorías, señor ministro, los vecinos de Aznalcóllar, de la comarca, de la provincia de Sevilla y de Andalucía entera no daban crédito cuando por parte del Gobierno de la nación se interponía un recurso en el Tribunal Constitucional -dos, como ha reconocido usted- ante la actuación de la Junta de Andalucía, que se había llevado a cabo exclusivamente para permitir que la selección de la empresa se realizara a través de un concurso que asegurara cada una de las garantías medioambientales de las que han hablado mis antecesores.

La sombra del agravio contra nuestra tierra sobrevoló otra vez por Andalucía y es lógico, señorías, porque son muchos y frecuentes los ataques e insultos que recibe Andalucía por parte de este Gobierno. Solo hay que recordar los sucesivos recursos del Gobierno contra la subasta de medicamentos, el recurso contra el decreto de la función social de la vivienda, las burlas contra el decreto contra la exclusión social por parte de la bancada del Partido Popular, o las escenas que hemos visto esta mañana por parte de toda una ministra que no tiene más argumentos que insultar a Andalucía para defender sus posicionamientos. (Aplausos).

Pues sí, señorías, el fantasma volvió a aparecer. No podía entenderse que dos administraciones no fueran capaces de ponerse de acuerdo en una materia tan sensible y con consecuencias directas en la creación de empleo. Se pudo intentar, porque hay órganos de colaboración y participación donde se podían haber puesto de manifiesto esas diferencias, pero la sorpresa nos la llevamos, como casi siempre, cuando nos advirtieron por parte de los tribunales. Así, entiende la Junta que este sector, el sector minero, es un sector estratégico para nuestra tierra y que no íbamos a entrar en conflicto y en contradicciones con el Gobierno. Así lo demostramos incluyendo el año pasado en el Pacto por el progreso económico y social


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de Andalucía el sector de la minería. Así lo ha recogido la estrategia 2014-2020, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y así lo aprobaron por unanimidad los tres grupos políticos del Parlamento a través de una proposición no de ley, aprobada el verano pasado, donde todos le decían a la Junta de Andalucía que reabriera la mina. En aquel momento no se advirtió por parte de ninguna fuerza política que el procedimiento fuera presuntamente irregular.

Por parte de la Junta de Andalucía tal vez se pudo pleitear para hacer valer las competencias recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía, que es un estatuto de segunda generación que recoge también competencias en esta materia -les invito a que se lo lean-, pero, como dice un refrán muy extendido en mi tierra, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. En este caso se trata de un buen acuerdo. Estoy convencido de que gestos como este, de entendimiento entre los Gobiernos, son los que reconcilian a la gente con la política. Se sienta además un precedente muy recomendable para futuras colaboraciones. Estoy pensando por ejemplo en las competencias autonómicas del río Guadalquivir. Se mantienen los plazos del concurso minero para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, que era una de nuestras pretensiones para no perder más tiempo. La junta ha preferido no discutir competencias administrativas, con el objetivo de lograr lo importante, que es la generación de empleo. Gracias a la presidenta de la Junta de Andalucía, dos emblemas de la minería andaluza, Riotinto y Aznalcóllar, han despejado su futuro.

Desde Andalucía el Gobierno está adoptando medidas cuyo objetivo principal es la generación de empleo y de riqueza. El Plan de la minería o el Plan de empleo juvenil aprobado hace unos días son solo dos ejemplos de ello. Los últimos datos arrojados por la encuesta de población activa y por los datos del paro de abril ponen de manifiesto que uno de cada cuatro empleos que se están creando en España se crean en Andalucía. La Junta está haciendo un gran esfuerzo, pero Andalucía y el resto de España se necesitan para acelerar el ritmo de creación de empleo, y por eso venimos pidiendo insistentemente un plan especial de empleo para Andalucía, al igual que lo han tenido otras comunidades autónomas, porque es de justicia y porque a Andalucía y a España en su conjunto les vendrían muy bien.

Termino, señor presidente. Estamos convencidos de que desde la colaboración será más fácil responder a los retos que nos está poniendo por delante esta crisis económica. Por eso vamos a apoyar la ratificación de este real decreto-ley, que es un acuerdo entre los dos Gobiernos. Pocos decretos-leyes de los que ha traído aquí este Gobierno se merecen tanto la calificación de urgente como este. Hay un dicho africano que afirma que las palabras no tienen piernas, pero sirven para caminar. Este es el camino que venimos reclamando desde Andalucía y no el camino que ha puesto esta mañana de manifiesto la ministra con sus palabras insultantes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pradas.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Tarno.

El señor TARNO BLANCO: Señor presidente, señorías, traemos aquí la aprobación de un real decreto-ley que fundamentalmente garantiza seguridad, seguridad jurídica y seguridad ambiental. Si el Gobierno no llega a aprobar este decreto-ley, las inversiones, el proyecto minero de Aznalcóllar, el futuro y el empleo de esa comarca estarían permanentemente en peligro, porque en la vida no vale todo. Por la creación de empleo, por la creación de riqueza no vale saltarse las leyes, no vale saltarse la Constitución, que es lo que hizo el 17 de febrero la Junta de Andalucía cuando aprobó el Decreto-ley 9/2013, por el que se articulaban los procedimientos para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Con el recurso de inconstitucionalidad que había planteado el Gobierno de España se garantizaba la seguridad de los inversores, de los ciudadanos, porque todo lo demás hubiera sido peligroso y hubiera planteado un enorme riesgo para la reapertura de la mina, una inversión -para que se hagan ustedes una idea- de más de 300 millones de euros, que va a proporcionar 450 empleos directos y más de 3.000 empleos indirectos. Esa inversión necesitaba de legalidad y de seguridad y eso es lo que ha planteado el Gobierno y lo que ha pretendido el Gobierno con el recurso de inconstitucionalidad y con la aprobación de este real decreto-ley, real decreto -es verdad- que viene de un acuerdo, de una discusión, de la búsqueda entre la Administración autonómica y la Administración del Estado de lo mejor para todos, pero sobre todo para garantizar -insisto- la seguridad.

Se refería el señor Pradas a qué diferencia de este modelo de negociación con otros supuestos agravios hacia el pueblo andaluz. Ustedes tienen un gravísimo problema, señor Pradas. Cada vez que


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desde posiciones políticas distintas se critica la gestión del Gobierno de la Junta de Andalucía ustedes lo consideran un insulto a los andaluces. (Aplausos). ¡No! ¡Criticamos la gestión de la Junta de Andalucía, del Gobierno socialista, treinta y un años, que llevan a nuestra comunidad autónoma a las colas de desempleo, donde más parados hay! Son datos y no es insultar a los andaluces. Tienen ustedes tics nacionalistas totalitarios: conmigo sí, contra mí no. ¡No! ¡Criticamos su gestión! Porque es nefasta, porque ha puesto en peligro, por ejemplo, en este caso, la reapertura de la mina y un proyecto emblemático. Relájense, relájense. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). El mayor número de diputados andaluces que hay en esta Cámara están en este lado de la bancada (Señala a la parte derecha del hemiciclo.-Aplausos), porque fue el partido más votado en Andalucía en aquellas elecciones, y nos sentimos enormemente orgullosos de ser andaluces y de defender a nuestra tierra. Que tengamos posiciones distintas, que estemos enfrentados en lo político no quiere decir que insultemos a Andalucía. Insultan ustedes muchas veces a Andalucía con sus políticas y con sus acciones de Gobierno. Olvídense, ni un insulto; críticas para mejorar la gestión. Cuando ustedes critican a los ministros en este hemiciclo no decimos que no quieren a España ni que insultan a España. Hacen su labor, la misma que hacemos nosotros en Andalucía, en el Parlamento andaluz y en nuestra opción política.

Creo que este real decreto es una excelente noticia y que va a permitir desarrollar una zona tan importante como es la cuenca minera de Aznalcóllar. Quiero decirles a ustedes una cosa. Llevan treinta y un años buscando una alternativa a los yacimientos mineros de Riotinto y Aznalcóllar, alternativas de empleo y de creación de riqueza: treinta y un años de fracaso, porque treinta y un años después las economías de la sierra de Huelva y de Aznalcóllar siguen dependiendo de la minería, por eso, un fracaso más de los Gobiernos de la Junta de Andalucía.

Quiero dar las gracias al Gobierno de la nación por, una vez más, haber estado en la defensa de los intereses de los andaluces.

Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tarno.

En dos minutos procederemos a votar. (Pausa).

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 121/000090).

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.

En primer lugar, ya que ha sido retirada una de las dos enmiendas, votación de la enmienda a la totalidad de devolución presentada al proyecto de ley de régimen del personal de la Guardia Civil por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Hay 3 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291 más 3 votos telemáticos, 294; a favor, 10 más 2 votos telemáticos, 12; en contra, 177 más 1 voto telemático, 178; abstenciones, 104.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

AVOCACIÓN POR EL PLENO.

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la solicitud presentada por el Grupo Parlamentario Socialista de avocación por el Pleno de este proyecto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 122; en contra, 172.

El señor PRESIDENTE: No se avoca a Pleno este proyecto.


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CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 6/2014, DE 11 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA EL OTORGAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS MINEROS DE LA ZONA DENOMINADA "AZNALCÓLLAR". (Número de expediente 130/000053).

El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 6/2014, por el que se regula el otorgamiento de la explotación de los recursos mineros de la zona denominada Aznalcóllar. Hay 3 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291 más 3 votos telemáticos, 294; a favor, 285 más 3 votos telemáticos, 288; en contra, 4; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.

Se levanta la sesión.

Eran las cuatro y treinta minutos de la tarde.

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