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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 195, de 29/04/2014
cve: DSCD-10-PL-195
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 195
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 183
celebrada el martes,
29 de abril de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página7)

Exclusión en el orden del día ... (Página7)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas), sobre las prospecciones de hidrocarburos frente a las costas canarias de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. (Número de expediente 172/000214) ... (Página7)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley general de telecomunicaciones. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 62-1, de 27 de septiembre de 2013. (Número de expediente 121/000062) ... (Página7)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 84-1, de 7 de marzo de 2014. (Número de expediente 121/000084) ... (Página17)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 5/2014, de 4 de abril, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinario y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal y la aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. ("BOE" núm. 83, de 5 de abril de 2014). (Número de expediente 130/000052) ... (Página40)

Minuto de silencio ... (Página55)


Página 2




Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página56)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página56)

Avocación por el pleno ... (Página56)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página56)

Preguntas ... (Página57)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que piensa llevar a cabo el Gobierno para impulsar la economía productiva mediante un plan integral de viabilidad y crecimiento para Pymes y autónomos. (Número de expediente 172/000210) ... (Página79)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre el balance del nuevo sistema de becas implantado por el Gobierno. (Número de expediente 172/000215) ... (Página87)

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la posición del Gobierno español ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos llamado asociación transatlántica para el comercio y la inversión. (Número de expediente 172/000216) ... (Página94)

SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve de la mañana.

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página7)

Exclusión del orden del día ... (Página7)

De conformidad con el artículo 68.1 y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la sesión de hoy del punto número 21, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas), sobre las prospecciones de hidrocarburos frente a las costas canarias de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, lo que se aprueba por asentimiento.

Enmiendas del Senado ... (Página7)

Proyecto de ley general de telecomunicaciones ... (Página7)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán


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(Convergència i Unió); y los señores Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Puente Redondo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página17)

Proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita ... (Página17)

El señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución y en turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, Baldoví Roda y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Echávarri Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, y Molinero Hoyos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Cierra el debate el señor ministro de Justicia.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página40)

Real Decreto-Ley 5/2014, de 4 de abril, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinario y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal y la aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ... (Página40)

El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Pàramo i Ponsetí, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Asian González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Minuto de silencio ... (Página55)

La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio con objeto de rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que han sufrido accidentes laborales que les han costado la vida, así como a sus familias.

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página56)

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley general de telecomunicaciones, son aprobadas todas.


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Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página56)

Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, son rechazadas por 153 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 155, y 170 en contra.

Avocación por el Pleno ... (Página56)

Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, se rechaza por 151 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 153, y 172 en contra.

Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación) ... (Página56)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-Ley 5/2014, de 4 de abril, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinario y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal y la aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se aprueba por 288 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 290; 19 en contra y 16 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 145 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 147; 172 en contra y 5 abstenciones.

Se suspende la sesión a las dos y cinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.

Preguntas ... (Página57)

Del diputado don Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué aporta a los objetivos educativos que la Guardia Civil realice exhibiciones y actividades, con diverso material antidisturbios, con niños y niñas de infantil y primaria a quienes se les deja manejar y empuñar armas como recientemente hemos podido ver en el colegio público de Cintruénigo, Navarra? (Número de expediente 180/000904) ... (Página57)

Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor presidente del Gobierno. ¿Qué ha hecho su Gobierno desde el 22 de enero de 2014 para que el denominado "Nudo de Bergara" de la Y vasca sea licitado tal y como se comprometió? (Número de expediente 180/000906) ... (Página58)

Del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Considera el presidente del Gobierno que su política educativa favorece la igualdad de oportunidades? (Número de expediente 180/000908) ... (Página60)


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De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Cómo justifica la vicepresidenta del Gobierno la utilización del Consejo de Ministros para facilitar la campaña del candidato del Partido Popular a las elecciones europeas? (Número de expediente 180/000909) ... (Página61)

Del diputado don Eduardo Madina Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Ha cambiado el ministro de Justicia sus prioridades legislativas por razones electorales? (Número de expediente 180/000910) ... (Página63)

Del diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Cómo valora los efectos de la reciente reforma de la justicia universal? (Número de expediente 180/000911) ... (Página64)

Del diputado don Cayo Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Piensa el Gobierno regular un sistema de salarios máximos en el sector público y empresas que reciban ayudas públicas o bonificaciones fiscales, más allá de lo ya regulado para ayuntamientos y entidades financieras intervenidas? (Número de expediente 180/000905) ... (Página66)

Del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Qué medidas va a adoptar el ministro de Hacienda para luchar de forma eficaz contra el fraude y los paraísos fiscales? (Número de expediente 180/000912) ... (Página67)

Del diputado don Francesc Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Garantiza el Gobierno el cumplimiento por sus altos cargos de la legislación de incompatibilidades y conflictos de intereses? (Número de expediente 180/000913) ... (Página69)

De la diputada doña María Luisa Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué actuaciones está adoptando el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en relación con las enfermedades que tienen su origen en el desempeño de una actividad laboral? (Número de expediente 180/000915) ... (Página70)

Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Cómo valora la política de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para Andalucía? (Número de expediente 180/000914) ... (Página71)


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Del diputado don Antonio Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Qué medidas piensa poner en marcha el Gobierno para garantizar la igualdad en la atención sanitaria de todos los españoles? (Número de expediente 180/000919) ... (Página73)

De la diputada doña Trinidad Jiménez García-Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Qué balance hace el Gobierno de las consecuencias que ha tenido el Real Decreto-ley 16/2012 en el derecho a la salud, cumplidos dos años de su aplicación? (Número de expediente 180/000916) ... (Página74)

Del diputado don Luis Carlos Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Cómo cree que están afectando sus políticas a los niños y niñas dependientes? (Número de expediente 180/000917) ... (Página76)

Del diputado don Ildefonso R. Pastor González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué medidas está llevando a cabo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para agilizar la legalización de los documentos académicos correspondientes a títulos universitarios oficiales? (Número de expediente 180/000907) ... (Página77)

Interpelaciones urgentes ... (Página79)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que piensa llevar a cabo el Gobierno para impulsar la economía productiva mediante un plan integral de viabilidad y crecimiento para pymes y autónomos ... (Página79)

Formula la interpelación urgente la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado).

Replica la señora Riera i René y duplica el señor ministro de Economía y Competitividad.

Del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre el balance del nuevo sistema de becas implantado por el Gobierno ... (Página87)

Formula la interpelación urgente el señor Buyolo García, del Grupo Parlamentario Socialista.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega).

Replica el señor Buyolo García y duplica el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.


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Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la posición del Gobierno español ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos llamado Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión ... (Página94)

Formula la interpelación urgente el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (García-Margallo Marfil).

Replica el señor Centella Gómez y duplica el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Se suspende la sesión a las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

Se abre la sesión a las nueve de la mañana.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de don Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, pregunto a don José Ramón García Hernández si jura o promete acatar la Constitución.

El señor GARCÍA HERNÁNDEZ: Sí, prometo.

El señor PRESIDENTE: Don José Ramón García Hernández ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. ORAMAS), SOBRE LAS PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS FRENTE A LAS COSTAS CANARIAS DE LAS ISLAS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA. (Número de expediente 172/000214).

El señor PRESIDENTE: Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y acordado en Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 21, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Mixto (Señora Oramas). ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).

Queda aprobado.

ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente 121/000062).

El señor PRESIDENTE: Comenzamos el orden del día con las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. En turno de fijación de posiciones y por el Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra la señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a intervenir con brevedad, ya que no hemos tenido ocasión de intervenir en la sesión de la Comisión correspondiente en la tramitación de este proyecto de ley, un proyecto de ley general de telecomunicaciones que hoy finaliza su tramitación y que ha sido objeto de casi medio centenar de enmiendas por parte de mi grupo, el Bloque Nacionalista Galego, algunas de las cuales -tengo que subrayarlo- han sido tenidas en cuenta y se han incorporado al texto. Sin embargo, otras muchas, otro


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importante grupo de ellas, referidas principalmente a la invasión de competencias por parte del Estado en las comunidades autónomas e incluso en los ayuntamientos, van a impedir que mi grupo pueda hoy apoyar este proyecto de ley. En estos más de dos años de Gobierno del Partido Popular, la intromisión del Estado en las competencias de otras administraciones ha sido una constante. En la inmensa mayoría de la legislación aprobada en esta Cámara el Gobierno ha entrado a fondo en las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y ha llevado a cabo un proceso de recentralización intolerable a nuestro juicio. En este caso, este proyecto de ley, que en su paso por el Senado apenas ha sufrido modificaciones con respecto al texto salido del Congreso, hace también lo propio al señalar al Ministerio de Industria como único agente para conceder licencias de redes públicas de comunicaciones electrónicas. No aplica ni deja aplicar el principio de precaución reconocido en el artículo 3 de la Ley 33/2011, General de Salud Pública, un principio, por cierto, solicitado por científicos, por el Parlamento Europeo o por la Agencia Europea de Medio Ambiente, entre otros. Se usurpa de nuevo a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas su potestad en este ámbito, al eliminar la regulación y el control local con la supresión de licencias y la anulación de ordenanzas proteccionistas, y al abrir la vía de la expropiación de espacios privados o públicos para la instalación de antenas base de telefonía móvil, atendiendo únicamente a los intereses privados y comerciales de las teleoperadoras y dejando a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas un papel absolutamente subsidiario solo como emisores de informes no vinculantes.

Desde nuestro punto de vista, esta posibilidad de la expropiación de bienes privados y públicos para la instalación de antenas de telefonía móvil va a crear una conflictividad ante la cual los ayuntamientos no tendrán ninguna posibilidad de intervención real. Es importante, señorías, que recordemos que la expansión de las redes de telecomunicaciones en los últimos años se ha realizado con base en el control administrativo ejercido a distintos niveles entre la Administración central, la Administración autonómica y la local, cada una en función de sus competencias. Esto ha permitido un desarrollo más coherente y armonizado, y ahora este proyecto de ley pretende retirar estos controles efectuados desde la perspectiva de ordenación del territorio, desde la perspectiva ambiental y también de la salud pública.

Más allá de esta cuestión, señorías, concordamos también con la lectura que de este proyecto de ley hacen numerosos colectivos ecologistas de defensa de los consumidores o de defensa de la salud, preocupados por el riesgo potencial para la salud de las personas, que aquí en el proyecto de ley tiene escasísima presencia. La expansión de las radiofrecuencias por la implantación de redes de telefonía móvil ha supuesto, ya en los últimos años, un aumento exponencial de una nueva contaminación ambiental proveniente de los cambios electromagnéticos artificiales de alta frecuencia. El impacto local provocado por las antenas base de telefonía móvil ya ha sido motivo de numerosas denuncias y movilizaciones ciudadanas, y este proyecto de ley no cuida tampoco este aspecto, a nuestro juicio, y no establece las correspondientes medidas de precaución y de prevención. Durante toda la tramitación de este proyecto de ley hemos valorado -así se lo hemos hecho saber a los diputados del Grupo Parlamentario Popular responsables de esta iniciativa- su disposición al diálogo y a tratar con el resto de los grupos para llegar a acuerdos. No obstante, insisto, fundamentalmente estas dos cuestiones que acabo de citar, la invasión de competencias autonómicas y locales y el descuido y la falta de medidas de protección de la salud de las personas y del medio ambiente, nos impiden apoyar este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señorías, durante la tramitación de esta norma en las Cortes Generales el Grupo Vasco ha tratado de mejorar su contenido, y con este objetivo hemos presentado diversas enmiendas proponiendo modificaciones que trataban de consolidar la actividad de las telecomunicaciones, que sin duda tiene un claro interés público. Uno de los principales objetivos que nos habíamos marcado era el de posibilitar que los operadores públicos, que trabajan en el ámbito de las telecomunicaciones, no se vean afectados por una nueva legislación que les impida efectuar su actividad como la han venido desarrollando hasta este momento con unos resultados más que razonables, al menos en el caso vasco, ya que lo han venido haciendo con unas actividades económicamente equilibradas y con un nivel tecnológico muy reseñable.

En efecto, en la Comunidad Autónoma de Euskadi el Gobierno vasco creó por medio del Decreto 215/2003, la Sociedad Pública de Telecomunicaciones Itelazpi SA. Esta sociedad pública tiene


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por objeto, entre otros, los siguientes contenidos principales: la prestación del servicio de transporte y difusión de señales de radio y televisión, principalmente las correspondientes al Ente Público EITB, ente vasco; la gestión de las infraestructuras públicas de comunicaciones, ofreciendo servicios de albergue a terceros; la prestación de servicios de telecomunicaciones Tetra a las diferentes administraciones públicas vascas; o la extensión de infraestructuras de banda ancha en zonas rurales. Como he avanzado, hemos intentado que esta reforma de la Ley General de Telecomunicaciones no imposibilite que la Sociedad Pública de Telecomunicaciones del Gobierno vasco, Itelazpi, pueda seguir ofreciendo servicios de interés público, por ejemplo, a otra Administración de ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi o una sociedad pública dependiente de esta o de aquella Administración; o también que no se dificulte que en las zonas remotas de Euskadi se ofrezcan servicios de telecomunicaciones, casi a pesar del mercado y evitando a la vez la proliferación de instalaciones de casetas y torres.

Estas actividades no constituyen el objetivo principal de Itelazpi, pero no por ello dejan de tener un interés decisivo para una correcta y más equilibrada ejecución de las telecomunicaciones en Euskadi. El proceso de puesta en común y la negociación con los responsables de la Ley General de Telecomunicaciones no ha sido fácil, y hubiésemos agradecido una mejor y más fluida comunicación. Ha habido poca comunicación, hablando de telecomunicaciones, y prácticamente nula negociación a tenor de las enmiendas del Grupo Vasco aceptadas por el Grupo Popular. No puede decirse que haya sido un ejemplo de colaboración y acuerdo; sin embargo, hemos apreciado diferentes mejoras introducidas a lo largo de la tramitación de la ley que valoramos positivamente como en el artículo 9, que regula la instalación y explotación de redes públicas y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros por las administraciones públicas; o mediante la ampliación del posible objeto social de los operadores públicos de telecomunicaciones; o reintroduciendo la posibilidad de seguir recibiendo subvenciones públicas, a pesar de que en el caso vasco, como he dicho antes, los resultados de Itelazpi sean equilibrados y solo pudiera necesitarlas tal vez ante la necesidad de acometer ocasionalmente grandes inversiones como puede ser el llamado dividendo digital. Además, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo nos ha manifestado su compromiso a que en el desarrollo normativo de esta ley se consolide ese camino emprendido a lo largo de la tramitación parlamentaria de la misma, mediante una interpretación razonable del significado de términos como la autoprestación o de los principios de inversor privado, de neutralidad, de transparencia, de no distorsión de la competencia o de no discriminación. Con ello conseguiremos entre todos que los operadores públicos de telecomunicaciones, como el caso al que me he referido de Itelazpi, puedan seguir desarrollando sus funciones con la misma eficacia con la que lo han venido haciendo hasta ahora.

Para concluir, quisiera manifestar que el Grupo Vasco va a votar las enmiendas incorporadas al texto en el Senado, tanto la correspondiente a nuestro grupo como las de los restantes grupos de la Cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Voy a hacer una intervención muy breve para decir que ya expusimos las diferencias que mi grupo tenía con este proyecto de ley durante su trámite en la Comisión. En ese sentido, no voy a añadir nada que no hubiéramos dicho. Lo que sí quiero es hacer una pequeña reflexión sobre las enmiendas que han venido del Senado, como en otros casos. Hay tres tipos de enmiendas: unas son de tipo técnico y han mejorado y dado más precisión a la ley, pero son muy pocas; otras son de tipo sintáctico y corrigen errores, incluso ortográficos, de la redacción que salió de la ponencia; y otras alteran algunos giros típicos del lenguaje legal para acomodarlas de otra manera. A nuestro grupo, como a mucha gente y cada vez más, la pregunta que nos surge es si hacen falta 266 senadores y todo un Senado, una segunda cámara parlamentaria, para este tipo de trabajo. Tenemos la impresión de que no y quizá sea un buen momento para insistir en que se abra un debate sobre la adecuación del Parlamento a la estructura política del país y a un principio que nos parece importante: prescindir de instituciones superfluas. Incluso en los países federales hay abierto un debate interesante sobre el bicameralismo y las dificultades que introduce la idea un tanto virtual de que, por una parte, haya representación de partidos y, por otra, de territorios. En el caso del Senado de España ni siquiera tiene hoy en día una labor de representación territorial, pese a la dificultad que tendría el implementarla. Por todo esto nos abstendremos en estas enmiendas, sin embargo,


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estamos a favor de que se abra un debate sobre la supresión del Senado dentro de un debate de reforma constitucional.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo de Izquierda Plural tiene la palabra el señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: Señor presidente, señorías, muy brevemente.

Culmina hoy la tramitación de un proyecto de ley que a juicio de nuestro grupo, el Grupo Parlamentario de Izquierda Plural, resulta enormemente lesivo para el interés general. Nos encontramos ante una ley en la que el Gobierno del Partido Popular ha optado descaradamente por desregular lo público, al eliminar, una vez más, competencias autonómicas y municipales para favorecer el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones como único objetivo, por encima de los más elementales principios de precaución y de prudencia en materia de salud pública. Lo que ha perpetrado este Gobierno y esta mayoría parlamentaria en el artículo 29 de este proyecto de ley no tiene ninguna justificación. La expropiación forzosa automática de las azoteas donde los operadores quieran instalar antenas es una auténtica barbaridad que genera indefensión para el conjunto de la ciudadanía. Ustedes legislan no para el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, sino para el interés particular del oligopolio de las grandes corporaciones de telecomunicaciones. -Por cierto, esa es la misma percepción que tengo cuando estudio, trabajo o preparo enmiendas al proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. ¿Por qué será?- Nosotros también queremos que se desarrollen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero no queremos que sea a costa de las competencias autonómicas y municipales ni de los derechos de los vecinos a decidir si quieren convivir con esas antenas o no, ni por encima o a costa de los miles de estudios independientes que advierten sobre los efectos de la contaminación electromagnética. Somos muy críticos y mantenemos esa crítica contra esta ley.

Tras su paso por el Senado -tengo que decirlo- el Grupo de La Izquierda Plural mantiene el no a esta ley. Digo esto, a pesar de que se han aprobado algunas enmiendas en el Senado, más de carácter formal en algunos casos; se han mejorado, es cierto, algunas cuestiones como las relaciones con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y se han incluido vía transacción cuatro enmiendas de los senadores de Izquierda Unida, en el Grupo Mixto, y de Iniciativa per Catalunya Verds, en el Grupo de Entesa pel Progrés de Catalunya, pero no aportan cambios en lo que es fundamental, en lo que es la espina dorsal de esta ley. Lamentablemente no ha sido suficiente; no hemos logrado desde la oposición convencer a la mayoría del Partido Popular de que fuera más allá, y de que reconociera la necesidad de que se citara expresamente el principio de precaución y el objetivo de salud pública, que es la gran derrotada en este proyecto de ley.

Por lo tanto, desde nuestro grupo vamos a continuar oponiéndonos a esta Ley General de Telecomunicaciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.

Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, llega al Congreso el último debate sobre la Ley General de Telecomunicaciones con las enmiendas aprobadas en el Senado y que han sido apoyadas por el grupo parlamentario que represento. En la tramitación de este proyecto de ley mi grupo parlamentario ha pasado de la presentación y defensa de una enmienda a la totalidad, presentada al inicio de la tramitación y cuyos argumentos ya fueron expuestos en su momento, a un voto favorable tanto en el debate en Comisión en el Congreso como en el Senado. Los argumentos ya fueron ampliamente expuestos en mi intervención en dicho debate con competencia legislativa plena en la Comisión de Industria, Energía y Turismo; un posicionamiento, el de mi grupo parlamentario, que solo puede ser consecuencia de cambios muy significativos en la ley respecto al inicio de su tramitación. Como se dijo en su momento, esta no era nuestra ley, pero hoy nos parece que es más la ley de todos. Los cambios se producen si existe voluntad para ello, voluntad de diálogo, de valorar acuerdos, de una cierta cesión por parte de todos. Únicamente se producen si se entiende que tramitábamos y tramitamos, negociábamos y negociamos una ley que incorporaba e incorpora cambios estructurales, reformas, y no podíamos -entiendo- permitirnos una visión cortoplacista. Ello se ha


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producido y hoy aquí, en el Pleno del Congreso, es muy importante resaltar la voluntad de diálogo presente a lo largo de las negociaciones por parte de todos los grupos y de la secretaría de Estado. Hoy es necesario resaltar el valor de consenso que incorpora esta ley.

Señor presidente, señorías, señores diputados, ciertamente es una ley más técnica, más orientada a las infraestructuras de telecomunicaciones, pero no deja de ser una ley de cambio y de transformación de un sector vital para el crecimiento y la competitividad de nuestra economía, así como para el modelo de sociedad que queremos. Es una ley que hoy, al final de su tramitación y con las enmiendas que han sido incorporadas tanto en el Congreso como en el Senado, reconoce e incorpora como objetivos, en primer lugar, la cohesión social, económica y territorial. Es una ley que mira hacia una colaboración más real, más efectiva y estrictamente necesaria entre el conjunto de las administraciones públicas, y cuenta con su participación y reconocimiento como agentes clave en el desarrollo del sector. Es una ley que hoy es radicalmente más respetuosa con las competencias que tienen las comunidades autonómicas y locales en materia de protección a los consumidores y de ordenación y planificación territorial y urbanística. Es una ley que hoy es más europea, de acuerdo también con los objetivos que marca la Agenda digital europea. Y es una ley que hoy también permite consolidar la figura del órgano regulador y supervisor de la CNMC en sus competencias en materia de telecomunicaciones y audiovisual.

Mi grupo parlamentario, señorías, ha considerado esta ley como una reforma muy importante, y es por ello que desde el inicio de su tramitación le dimos mucho importancia a la necesidad de introducir los cambios necesarios que permitiesen un reenfoque de la ley en línea con el respeto competencial, con la mayor colaboración público-privada y con la defensa del papel de la CNMC en esta materia. Lo hemos hecho desde unas ideas y unas convicciones firmes, desde la contundente e irrenunciable defensa de las competencias, desde la convicción de la necesidad de una ley más europea, más adecuada, como decía, a los objetivos de la Agenda digital europea, de una ley más integradora, más abierta y más respetuosa y desde el convencimiento de que hemos de avanzar hacia un modelo menos rígido y más competitivo, en el que la diversidad sea un valor, y sobre todo hacia un modelo que otorgue mayor seguridad jurídica y estabilidad a un sector, como decía antes, determinante en el crecimiento económico y social.

Me he referido antes y quiero insistir en que se ha conseguido una ley más europea y más integradora. Es más europea porque se ha conseguido que la colaboración público-privada esté reconocida y sea efectiva y real, de acuerdo con las guidelines europeas. Es más europea porque se ha conseguido un necesario e imprescindible reconocimiento del papel de las administraciones públicas y la participación de los operadores públicos en el desarrollo del sector. Es más europea también por el papel que ha de desempeñar y se asegura que desempeñará la dirección general sectorial de la CNMC en materia de telecomunicaciones y audiovisual. Así lo manifestamos en el debate en Comisión, y afirmamos que trabajaríamos para evitar el riesgo de pérdida de competencias por parte de la CNMC. En este sentido, trabajaríamos no solo para defender sino para mejorar las actuales competencias de este organismo. Esta posición fue defendida desde el momento de la creación de este organismo, así ha sido y se han conseguido estos avances, esta defensa y esta mejora de competencias, gracias también a la voluntad de diálogo y de consenso de la secretaría de Estado. Además me refería a que es una ley más integradora y más respetuosa, porque era y es imprescindible e irrenunciable para nuestro grupo, como decía antes, el respeto a las competencias que tienen tanto las comunidades autónomas como las administraciones locales, en materia de ordenación y planificación territorial y urbanística, así como en el ámbito de protección a los consumidores.

Presidente, señorías, señores diputados, en relación con la negociación de las enmiendas citaré los aspectos más relevantes de la tramitación en el Senado, ya que aquellos más relevantes tramitados en el Congreso ya fueron expuestos ampliamente en su momento. Nuestro grupo en el Senado ha centrado sus esfuerzos en las enmiendas que se refieren a las competencias de la CNMC y a las competencias autonómicas y locales. En concreto, nuestro grupo en el Congreso ya centró sus esfuerzos, en primer lugar, en la negociación de aquellas enmiendas que iban en la dirección de conseguir el máximo respeto de las competencias, que en materia de ordenación y planificación territorial y urbanística, repito, tienen las comunidades autónomas y locales y que se veían afectadas especialmente en el artículo 35 de la ley. En concreto, la modificación de la enmienda 422 del Senado tiene para nosotros una especial relevancia porque refuerza y blinda en mayor medida estas competencias. En segundo lugar, también en el Congreso centramos nuestros esfuerzos en aquellas enmiendas que iban en la dirección de conseguir una mayor y una tan necesaria colaboración público-privada en línea con Europa y con sus guidelines, e íbamos en la dirección de conseguir que los operadores públicos fueran parte integrante y activa en el desarrollo del


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sector; aspectos que se veían afectados especialmente en el artículo 9 de la ley. Era necesario -y se ha conseguido- poner en valor la participación y el papel relevante de las administraciones públicas y de los operadores públicos como agentes del sector y estos aspectos han sido reforzados en la tramitación en el Senado. En tercer lugar, tal y como he indicado anteriormente, centramos nuestros esfuerzos también en defender y mejorar las competencias que en materia tiene y debe tener la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia como órgano regulador y supervisor. Aquí, los avances que se han registrado en el Senado han sido, para nuestro grupo, muy significativos. Hago una especial referencia a las enmiendas aprobadas en el Senado, que permiten blindar la Dirección de Telecomunicaciones y Audiovisual de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; en concreto, la enmienda 439 del Senado que implica que todas aquellas competencias que, una vez creada la CNMC, no hubiesen sido atribuidas al Ministerio de Industria, Energía y Turismo pasan al nuevo regulador; son las denominadas competencias residuales. Estas enmiendas aprobadas y las transaccionadas, junto con las enmiendas también aportadas, aprobadas y transaccionadas, especialmente con el Grupo Socialista, han asegurado y aseguran las funciones y competencias de este organismo.

Termino ya, presidente, señorías. Nuestro grupo votará favorablemente las enmiendas del Senado entendiendo que han permitido mejorar aún más la ley en los aspectos competenciales, en aquellos aspectos relacionados con la participación y colaboración público-privada y aquellos relacionados con la CNMC. No era nuestra ley, pero hoy es más la ley de todos. Es una ley que hoy otorga más seguridad jurídica y más estabilidad a un sector determinante en el crecimiento social y en la competitividad económica. Como decía al inicio de mi intervención, todo ello ha sido posible gracias al trabajo y a la voluntad de todos. Por ello, hoy, en este último debate, es un deber agradecer el diálogo que ha marcado toda la tramitación de la ley; diálogo gracias a una voluntad clara de la secretaría de Estado del ministerio en la persona de su secretario de Estado, y de la dirección general correspondiente y del equipo de asesores; un diálogo y un consenso que no hubiese sido posible sin que por parte de los grupos parlamentarios no hubiese habido la misma reciprocidad, predisposición y voluntad para encontrar este consenso. Quiero agradecer también el trabajo conjunto con los portavoces, en particular del Grupo Popular, don Javier Puente, y del Grupo Socialista, don Félix Lavilla, pues muchas enmiendas ha sido transaccionadas y trabajadas conjuntamente tanto en la sede del Congreso como en el Senado. También quiero manifestar un agradecimiento especial y de deber a mi equipo, al equipo del grupo parlamentario, que juntos hemos trabajado intensamente en esta ley.

Señorías, presidente, la voluntad y capacidad de diálogo y consenso tienen -y yo personalmente les otorgo- un gran valor, especialmente en la actualidad, y me gustaría y desearía como portavoz, como parlamentaria, poder tener la oportunidad de negociar y votar más leyes fruto del consenso y fruto de un diálogo estrictamente necesario hoy más que nunca.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Lavilla.

El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero felicitar por su reciente maternidad a mi compañera ponente María González Veracruz, responsable federal de Participación, Redes e Innovación y diputada socialista por Murcia, así como hacer constar que sin su apoyo para superar las dificultades, que las hemos tenido, este avance y este acuerdo, que ha sido posible, no se hubiera logrado en el presente proyecto de ley. En el pasado Pleno de fecha 21 de noviembre ella misma estableció desde el punto de vista del Partido Socialista cinco prioridades que consideramos cubiertas. La primera de ellas, aprovechar la potencialidad del despliegue para favorecer la creación de empleo, la I+D+i, la economía digital. La segunda, garantizar la cohesión social y territorial con mayores compromisos para el despliegue. La tercera, mejorar la colaboración e implicación con el resto de administraciones, sin merma de la agilidad para el despliegue, así como tener en cuenta el marco europeo. La cuarta, mejorar la protección a lo consumidores y usuarios y la defensa de su privacidad, así como la mejor atención a la discapacidad. Y la quinta, más transparencia y control parlamentario de lo que este proyecto de ley -que será ley- dice y que, desde nuestro punto de vista, lo cumple.

Estructuraré mi intervención en seis apartados: primero, la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de nuestro bienestar, la creación de empleo y el desarrollo de nuestro país; segundo, las razones para intentar un acuerdo; tercero, en qué y cómo ha


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cambiado el proyecto de ley, gracias a la intensa negociación de más de ocho meses; cuarto, dónde no llegamos a acuerdos; quinto, lo que hoy votamos; y sexto, lo que los socialistas esperamos de esta futura de ley.

En cuanto a la importancia que tienen las tecnologías de la información y de la comunicación, las infraestructuras de telecomunicaciones permiten el desarrollo de la nueva sociedad del conocimiento de la que depende el futuro de cualquier país. En nuestra reunión con los agentes económicos y sociales, y especialmente con los sindicatos, nos manifestaron lo siguiente: La banda ancha es la responsable del 21 % del crecimiento del PIB en países desarrollados en los últimos cinco años. Por cada millón que se invierte en banda ancha, se generan 18 puestos de trabajo. A nadie se le ocurriría cuestionar la utilización de las instalaciones de un edificio compartido por varios vecinos para instalar el agua o la energía eléctrica. Las telecomunicaciones, señorías, cada vez más son un derecho básico del que no podemos privar a las personas. De eso hablamos, no podemos confundir ocupar instalaciones que están dentro de los elementos comunes del edificio, que está regulado por la Ley de Propiedad Horizontal, con una vivienda unifamiliar que si quiere puede tener esas instalaciones de comunicaciones o no, porque estaríamos hablando de negarle a las personas que viven en ese edificio el acceso a una infraestructura básica para su salud, para su educación, para su ocio y para su bienestar. Hay países incluso, como Brasil, que han aprobado la Carta de derechos ciudadanos en Internet. Cada vez más, estos derechos son universales y debemos trabajar en esa dirección. En el año 1996 tan solo 10 millones de personas estaban conectadas a Internet, hoy son 2.500 millones de personas. En España en el año 1996, hace dieciocho años, solo estaban conectadas 342.000 personas, el 1 %, hoy están conectados más de 25 millones de personas. Sin redes entendemos que no hay futuro, pero las infraestructuras y las tecnologías, señorías, no lo son todo, hace falta también saber utilizarlas. Por eso, no podemos dejar en la cuneta a la mayor parte de la población que no estudió ni vivió con estas tecnologías. La educación del conjunto de la sociedad es una obligación inaplazable y permanente en el conjunto de las administraciones que tienen responsabilidades en esta materia. Si estamos en el siglo del conocimiento, hemos de aprovechar e integrar el conocimiento de la gente, pero sin redes no llega tampoco esta infraestructura.

Me referiré al segundo apartado, razones para intentar este acuerdo. Se debe a la importancia que tienen las redes ultrarrápidas a las que me he referido. Esta iniciativa se enmarca dentro de la iniciativa europea. Hoy en España tenemos una tasa de paro del 25,93 %, dos décimas más que en el año 2013. Si entendemos que el despliegue de redes genera empleos, es evidente que los socialistas apostábamos por dar una estabilidad jurídica para intentar aprovechar esta sinergia y crear empleo. Entendemos y es de valorar y agradezco, como ya he dicho, el apoyo de mi compañera María González, así como el de su equipo, tras estos ocho meses de intenso trabajo. Presentamos un total de ciento veinte enmiendas socialistas que conformaron la plataforma de negociación, gracias a las propuestas de personas, técnicos e instituciones, una buena forma de llevar a la práctica un Parlamento abierto a la gente. Pongo como ejemplo mis quintos olvegueños que con carácter crítico me hicieron llegar problemas de telecomunicaciones que resuelve este proyecto de ley. Ocho meses de intenso trabajo permiten hacer constar el reconocimiento al trabajo, dedicación e implicación del secretario de Estado de Comunicaciones, don Víctor Calvo-Sotelo, y su equipo, en especial Daniel y Alberto, así como del Grupo Popular y su portavoz, Javier Puente. También quiero reconocer y valorar la coordinación que hemos tenido y el diálogo permanente con la portavoz de Convergència i Unió, doña Inma Riera, para intentar impulsar aspectos en los que coincidíamos. Señorías, han sido ocho meses de intenso trabajo donde hemos recibido sólidas propuestas técnicas de la Junta de Andalucía para lograr un despliegue ágil, sí, pero a la vez respetuoso con las competencias autonómicas. También quiero referirme a mis compañeros en el Senado, y hago aquí una defensa del Senado y de su trabajo -las enmiendas ya las ha explicado la portavoz de Convergència i Unió-, especialmente de mis compañeros del PSC integrados en la Entesa, con el expresident Montilla, en la recta final para afianzar seis enmiendas pactadas en el Congreso que deberían incluirse en el Senado con la incorporación de varias transaccionales que son fundamentales. Cuando se habla muchas veces de potenciar los órganos independientes, precisamente estas enmiendas lo que han hecho es consolidarlos. En este caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

¿En qué y cómo ha cambiado el proyecto de ley gracias a estos ocho meses de intensa negociación? Lo dividiremos en cuatro grupos de enmiendas. El primero de ellos recoge medidas para evitar la brecha digital y la universalización. Lo expliqué en la Comisión; no me va a dar tiempo a entrar en detalle en todas las enmiendas, pero citaré, por ejemplo, que se establecen objetivos concretos para la extensión de las redes ultrarrápidas, para que lleguen de manera inmediata a centros estratégicos que ofrecen servicios


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básicos de los que puede depender la vida de una persona o la educación de nuestros hijos, con objetivos concretos fijados en el plazo temporal: 30 megabytes en 2016 y 100 megabytes en el año 2020 para centros de salud, centros de secundaria, universidades y bibliotecas comarcales, y al conjunto de la sociedad 10 megabytes en el año 2017.

El segundo bloque de enmiendas va destinado a favorecer el despliegue de redes ultrarrápidas. La mejora del procedimiento de la declaración del uso compartido de redes y más participación de las administraciones territoriales, como se refleja con las enmiendas al artículo 32; la mejora del procedimiento de los despliegues; más participación de las administraciones territoriales, a la que han hecho referencia algunos portavoces; la mejora del procedimiento de coordinación del Estado con otras administraciones a las que se han referido otros portavoces. También se han reforzado las garantías para los ayuntamientos en los procedimientos de sustitución de licencia, por ejemplo, en la disposición final tercera, para exigir una certificación adicional de finalización de obra en aquellos casos en los que se exija el proyecto arquitectónico. Señorías, nos sorprendería comprobar lo que algunos grupos que critican este proyecto de ley por este tema votaron cuando se aprobaron las licencias rápidas que tramitamos con mi compañera Puerto Gallego, aquí presente. El Grupo Socialista votó en contra, y lo que hemos hecho ha sido corregir en este proyecto de ley lo que se votó entonces. Repásenlo.

De la misma forma se han reforzado los derechos de los usuarios, aunque han quedado enmiendas socialistas con las que nos hubiera gustado profundizar para garantizar mejor estos derechos. Se refuerzan los objetivos de calidad e Internet abierta; para proteger los derechos personales; mayor protección e información a las comunidades de propietarios; refuerzo de los derechos de portabilidad; fuertes medidas de protección contra el spam telefónico en la ley que se incorpora como parte del acuerdo en la Ley General de Consumidores y Usuarios, que ya está publicada en el BOE; mejora del contenido de los contratos; transparencia e información sobre las reclamaciones de los usuarios. También quiero hacer referencia a la mejora del control y la información sobre emisiones radioeléctricas, con el trabajo complementario de mi compañera Gracia Fernández desde la Comisión de Sanidad. En este punto quiero decir que si hay que proteger la salud y prevenir las enfermedades tendrá que ser dentro del marco europeo, no a base de declaraciones de impacto ambiental municipales. Si hay algo que corregir, la normativa tiene que cambiar para todos.

El cuarto bloque sería el apoyo a la industria y la innovación, que lo hemos incorporado en la disposición adicional decimoséptima. Se habla de estimular las políticas de innovación en el sector y la innovación tecnológica en el tejido industrial en colaboración con todos los agentes que intervienen en el crecimiento.

¿Dónde no llegamos a acuerdos? Mantuvimos vivas enmiendas sobre aspectos en los que no llegamos a acuerdos, como la tramitación independiente de la modificación de la LSSI, nuevos derechos digitales. Quiero manifestar nuestra profunda discrepancia y voto en contra en la Comisión de Economía el pasado 20 de marzo de 2013, cuando se transforma la CMT y se integra en la descafeinada Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, aunque hemos de reconocer -y así lo hacemos- que gracias al diálogo con el Grupo Popular y con otros grupos se ha avanzado en el presente proyecto de ley en el sentido de corregir la independencia, y precisamente muchas de las enmiendas que vienen del Senado hoy se han incorporado para corregir en parte esa situación.

Voy terminando ya, señor presidente. Lo que hoy votamos es un conjunto de veinte enmiendas que llegan al Congreso, de las cuales cuatro son de tipo formal o de organización del texto, pero otras no, señorías, son muy importantes. Las siete enmiendas restantes o van en línea con nuestras enmiendas o refuerzan los objetivos que planteamos. Ampliamos competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en caso de fraudes y determinados servicios. Se le dota de competencia en materia consultiva y de arbitraje. Se abre la puerta al hogar digital -muy importante también, señorías-. Se mejora la legislación en materia de privacidad, y se amplía a un año el periodo transitorio para adaptarse al artículo 9. Se refuerzan las competencias de las autoridades competentes, y se precisa el ámbito y la finalidad de la imposición de obligaciones al servicio público. Nuestro voto será afirmativo.

Termino ya, señor presidente, diciendo lo que los socialistas esperamos de esta futura ley. Las redes ultrarrápidas y todo lo regulado son una herramienta -insisto, una herramienta- al servicio de las personas. Se nos pedía seguridad jurídica y la sociedad ya la tiene; ahora corresponde al Gobierno la aplicación y el desarrollo para cumplir con los objetivos marcados en la ley, y esperamos que el espíritu de consenso no solo se mantenga, sino que se mejore y amplíe. Estaremos, como es nuestra responsabilidad, vigilantes y, como se aprueba en el texto a iniciativa nuestra, el Gobierno habrá de dar


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cuenta cada año al Parlamento. Este esfuerzo, este acuerdo lo hemos hecho por nuestro país, lo consideramos estratégico y de ahí el esfuerzo realizado. Esperemos que se gestione como merece.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lavilla.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Puente.

El señor PUENTE REDONDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, es para mí un honor y un orgullo volver a subir a esta tribuna para defender la ley de mi sector, la ley general de telecomunicaciones, y lo hago en primer lugar para fijar -como corresponde hacer en este debate- la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la ratificación de las enmiendas aprobadas en el Senado. Comoquiera que este es el último trámite parlamentario antes de la aprobación definitiva de la ley, me gustaría hacer también un pequeño resumen de lo que ha sido su tramitación. Por ello quiero dividir mi intervención en tres apartados claramente diferenciados: un primer apartado que será de agradecimiento, un segundo apartado en el que hablaré en resumen de la ley, y una tercera parte en la que explicaré las mejoras experimentadas en el Senado, ya que se ha comentado aquí que no ha habido muchos cambios, pero sí que ha habido algunos. No entraré en detalles de todos los cambios sufridos en su tramitación parlamentaria en el Congreso, ya que se trataron debida y ampliamente en la Comisión.

En primer lugar, quería agradecer a todos los grupos el trabajo realizado y el intento de llegar a un consenso que, como hemos escuchado en las intervenciones, ha sido bastante amplio ante una ley que considerábamos base o palanca para el desarrollo no solamente del sector de las telecomunicaciones, sino también de la economía de nuestro país. Aparte de ese trabajo, quiero agradecer también el tono de las intervenciones que me han precedido, y quería personalizarlo especialmente en Félix Lavilla y María González del Grupo Socialista, que han colaborado intensamente en este proyecto. A esta última también quiero darle desde aquí la enhorabuena por su reciente maternidad, ya que no hay nada más bonito que ser madre o, en mi caso, padre. Quiero felicitar y agradecer también el trabajo a mi compañera y amiga Inmaculada Riera, de Convergència i Unió, con la que hemos realizado bastantes transacciones y hemos avanzado, como ella ha comentado, en bastantes puntos a lo largo de la tramitación de la ley. Igualmente, aunque no se ha llegado a un consenso muy amplio, también quiero agradecer el trabajo realizado por Chesús Yuste, de La Izquierda Plural, Carlos Martínez, de UPyD, Pedro María Azpiazu, de PNV, y agradecer a las señoras Ana Oramas, Teresa Jordà y Rosana Pérez, del Grupo Mixto, con las que hemos tenido también varias conversaciones. Y por supuesto no quería olvidar a mis compañeros Teodoro García Egea y Tristana Moraleja, compañeros en la ponencia y en la tramitación de esta ley del Grupo Popular. Y finalmente, dentro de este primer apartado de agradecimientos, quiero agradecer también el intenso trabajo del ministerio y de la secretaría de Estado, personalizándolo en el ministro José Manuel Soria y en el secretario de Estado Víctor Calvo-Sotelo, que también han sido nombrados aquí por su trabajo y su consenso. Igualmente, quiero felicitar y agradecer a todo el equipo de la secretaría de Estado su trabajo en la ley, concretamente a don Alberto Rodríguez, don Daniel Noguera, don Lorenzo Avello, don Juan Corro y doña Margarita Martínez. Por todo su apoyo y su colaboración, quiero darles las gracias a todos.

En cuanto al segundo punto, quería resumir la ley y en ese resumen presentar los objetivos principales de la misma y los ejes fundamentales, que espero que a lo largo de los minutos que me quedan de intervención aclaren algunas de las dudas que surgían en los grupos parlamentarios. Estamos ante un nuevo mundo. El mundo está cambiando hacia un mundo digital y las tecnologías forman parte de nuestras vidas, forman parte de la manera en la que nos comunicamos a través de redes sociales, de e-mails, telefonía, etcétera; forman parte de la manera en la que buscamos información, en la que colaboramos o participamos en la comunicación con las empresas o de la manera en la que interactuamos con la Administración, y por ello es necesario poseer unas infraestructuras muy buenas y tener un buen acceso a la banda ancha ultrarrápida que permita tanto a las empresas como a los ciudadanos ser más productivos y más competitivos en la nueva era que nos está tocando vivir.

En cuanto a los objetivos que persigue la ley, definiré tres grandes objetivos. El primero es facilitar el despliegue de las redes de nueva generación tanto redes fijas como redes móviles; el segundo objetivo es mejorar la oferta de servicios a los ciudadanos de mayor calidad y a precios más asequibles, impulsando unas condiciones más efectivas para la competencia; y, finalmente, un tercer objetivo muy importante y que también se ha comentado aquí es generar una mayor seguridad jurídica con esta nueva ley, es obtener un marco regulatorio más estable que, por un lado, fomente la inversión y facilite el despliegue de


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redes de nueva generación y, por otro lado, fomente la competencia efectiva y garantice los derechos de los consumidores y de los usuarios.

Para cumplir estos tres objetivos la ley se basa en cuatro ejes principales que me gustaría destacar, cuatro ejes que se han visto reforzados con las diferentes negociaciones, conversaciones y acuerdos a los que se ha llegado con la mayor parte de los integrantes de esta Cámara, más aquellas mejoras que vienen también del Senado. En primer lugar, uno de los ejes es facilitar el despliegue de redes poniendo a disposición de los operadores los recursos necesarios y para ello se adoptan medidas dirigidas a facilitar el despliegue de las redes fijas de telecomunicaciones en los edificios y garantizar el derecho de cualquier usuario a poder acceder a las redes ultrarrápidas para que estos usuarios, como también comentaba mi compañero Félix, tengan acceso a una mejor sanidad, educación y a una mayor información y, en líneas generales, tengan un mejor Estado del bienestar. Un segundo eje, mediante el cual se persigue conseguir uno de los objetivos comentados, es eliminar y reducir las cargas administrativas en el despliegue de las redes, suprimiendo las licencias urbanísticas y medioambientales en dominio privado, y dichas licencias serán sustituidas por declaraciones responsables. Recuperar la unidad de mercado y frenar la dispersión normativa es un tercer eje y para ello se han diseñado nuevos mecanismos de coordinación y colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, así como con las entidades locales, para facilitar estos despliegues; se han establecido unos requisitos técnicos comunes para el despliegue de redes, así como límites máximos únicos en todo el territorio nacional de emisión y exposición de campos electromagnéticos igualmente siguiendo con las líneas marcadas desde Europa y garantizando lógicamente una salud para todos los ciudadanos. Y un cuarto eje es el impulso a la competencia y mejora de los servicios a los usuarios con la puesta en marcha de un conjunto de medidas en su beneficio.

Para nada la ley, como se ha comentado, prioriza los derechos de los operadores en detrimento de los ciudadanos, sino que es todo lo contrario y, de hecho, hay un largo listado -que no podemos enumerar por el tiempo- de mejoras orientadas hacia los ciudadanos. Se mejoran los derechos de los usuarios de telecomunicaciones relacionados con la protección de datos de carácter personal y la privacidad de las personas, se elevan las cuantías de las sanciones hasta los 20 millones de euros para infracciones muy graves y se crea una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud precisamente para tratar todos estos temas de salud que se han comentado en algunas de las intervenciones.

Por otro lado, de cara a los ciudadanos, quería hacer un breve resumen. Esta ley proporcionará una mayor cobertura y, en particular, en las zonas desfavorecidas, menores precios, una mayor capacidad de elección de operador, una mayor calidad en los servicios que se prestan a estos ciudadanos, la defensa de sus derechos como consumidores y, además, con esta ley los servicios llegarán antes, dado que se facilita el despliegue de las redes de nueva generación, como decíamos, tanto fija como móvil.

Entrando ya en el tercer punto -para ir concluyendo, señor presidente-, con relación a las enmiendas aprobadas en el Senado, que, como comentaba, nuestro grupo apoyará también en el Congreso, he de decir que ha habido varias mejoras. Se ha comentado también que no se había hecho prácticamente nada, pero quería resumir algunas de las mejoras experimentadas. Por un lado, mejoras técnicas en algunas definiciones para adaptarlas a las directivas europeas que ya están aprobadas o en tramitación. Por otro lado, mejoras con relación al despliegue de redes por fachadas o aéreos para que se produzcan de una manera más ordenada desde el punto de vista urbanístico de las entidades locales. Igualmente se han reforzado y clarificado -lo comentaba mi compañera Inmaculada Riera- las competencias de la CNMC a través de reforzar la potestad sancionadora, asignar la potestad competencial residual, y reconocer de manera expresa sus funciones de asesoramiento o arbitraje entre otras. Asimismo en el Senado se han aprobado algunas enmiendas que permitirán una mayor involucración de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus funciones y competencias establecidas en la ley general y se ha establecido una mejor delimitación de los operadores a los que se puede imponer obligaciones de servicio público.

Con todo ello -para ir concluyendo- hemos obtenido una nueva ley, una ley de consenso en que la amplia mayoría de este Congreso ha indicado su voto a favor; una ley que garantizará una mayor seguridad jurídica; una ley que permitirá el fomento de la inversión y la creación de puestos de trabajo gracias a este fomento de la inversión; una ley que permitirá la recuperación de la unidad de mercado, la eliminación de barreras en el despliegue y de trámites administrativos; una ley que permitirá una mayor coordinación entre el Estado y las administraciones públicas y las entidades locales, y finalmente una ley con la puesta en marcha de un conjunto de medidas en beneficio de las empresas y de los usuarios. Es algo por lo que creo que todos debemos felicitarnos, porque creo que hemos conseguido una ley que va a permitir que la


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economía y la sociedad española no se queden atrás en las nuevas tecnologías; una ley que va a permitir que tanto las empresas como los usuarios seamos más competitivos y más productivos en este país y una ley que va a permitir crear empleo para nuestros ciudadanos.

Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puente.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. (Número de expediente 121/000084).

El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad del proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita.

Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Señor presidente, señorías, creo que todos somos muy conscientes de que la tarea de desarrollar lo que nuestra Constitución proclamó como el Estado social y democrático de derecho nunca va a estar concluida. Declararla concluida sería caer en un triunfalismo en el que creo que ninguno de los grupos de esta Cámara puede sentirse a gusto. Pero, dicho esto, sí quiero manifestarles que el Gobierno hoy siente la especial satisfacción de defender en esta Cámara un proyecto de ley que, por supuesto sin alcanzar un objetivo en sí mismo inalcanzable, expresa claramente la voluntad de dirigirse en esa dirección. La norma cuya devolución solicitan distintos grupos parlamentarios de esta Cámara, salvo el mayoritario, y que es lo que nos lleva a mantener este debate de las enmiendas a la totalidad, se define por un fuerte carácter social, puesto que lo que pretende es remover los obstáculos de naturaleza económica que pudieran impedir el ejercicio de un derecho fundamental en nuestro Estado de derecho, como es el acceso a la tutela judicial efectiva. Para ello, señorías, ha sido preciso poner al día una norma que fue loable cuando se dictó, pero que obedecía a una realidad socioeconómica bien distinta a la presente, a la de hace diecisiete años, que es la fecha de la que data la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, si bien tengo que decirles que no nos hemos limitado a sustituirla y actualizarla, sino que hemos querido ir más allá. Por tanto, lo que el Gobierno propone a la Cámara es ampliar el ámbito de protección.

Debo recordar a este respecto que el buen sentido general demostrado por el constituyente acertó de modo particular en el artículo 119 al concebir este beneficio constitucional en una doble dimensión: de un lado, la que está asociada a la insuficiencia acreditada de recursos para litigar como presupuesto indisponible para el propio legislador, pero junto a este, al otro lado, el constituyente abrió un ámbito subjetivo que nos permitió extender la asistencia jurídica gratuita -literalmente, dice el 119- cuando así lo disponga la ley, y donde el legislador ordinario contrae, por tanto, una especial responsabilidad. Quiere decirse con esto que la postura que se adopte a propósito de este margen que nos brinda para ampliar este beneficio constitucional a personas y grupos que afrontan una especial dificultad va a revelar la auténtica actitud del Gobierno que propone y del Parlamento que dispone en cuanto promotores o retardatarios del avance social y la garantía de derechos que la asistencia jurídica gratuita supone. El ejercicio de solidaridad material que se esté dispuesto a admitir para reforzar la justicia gratuita, los medios que se establezcan para asegurar que una gestión eficaz y un uso adecuado de la misma no menoscaba el derecho de quienes precisen acogerse a ella, la capacidad para entender que el amparo de las personas más vulnerables no entraña en un Estado social y democrático de derecho una desigualdad entre ciudadanos, sino una promesa irrenunciable de cohesión, todos esos aspectos, señorías, son los que hoy van a ponerse de manifiesto y explican por qué el Gobierno solicita a la Cámara rechazar las enmiendas presentadas a un proyecto de ley que supone un avance social considerable.

Cualquier consideración en torno a este proyecto de ley ha de partir, pues, de esta realidad política y jurídica: que estamos ante un derecho constitucional de configuración legal, que en ese derecho constitucional el legislador ordinario goza de una libertad -me atrevería a decir que de una amplia libertad- para delimitar las personas o los colectivos favorecidos por el beneficio de la justicia gratuita, siempre y cuando se respete el mínimo constitucional, que es garantizarlo cuando se carezca de recursos suficientes para litigar. Este no es un concepto jurídico indeterminado, puesto que ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional, la 16/1994, que delimitó claramente las situaciones en que para hacer frente a los gastos originados por el proceso alguien pudiera verse obligado a dejar de atender sus necesidades vitales y las de su familia -cita literal-, viéndose así en el dilema -vuelvo a citar- de dejar de litigar o


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poner en peligro el nivel mínimo de subsistencia personal o familiar. No siendo ese el caso, en estos supuestos en que el Tribunal Constitucional establece la precisión interpretativa del 119 es el legislador ordinario el que libremente decide en virtud de la legitimidad democrática que lo sustenta, abriendo camino así a la política, entendida esta naturalmente, señorías, como compromiso, como afán de justicia, y que en este proyecto de ley se ha centrado en una serie de víctimas a las que nadie puede dejar de considerar como especialmente vulnerables, dadas las duras situaciones a las que tienen que enfrentarse, suficientemente diferenciadoras de la realidad del resto de los ciudadanos, porque, señorías, coincidirán ustedes conmigo en que nada es más injusto que tratar de forma igual realidades desiguales.

Señor presidente, señorías, estamos hablando de las víctimas de la violencia de género, estamos hablando de las víctimas del terrorismo, estamos hablando de las víctimas de trata de seres humanos, de los menores de edad y personas discapacitadas cuando sean víctimas de situaciones de abuso o de maltrato. Estamos hablando, señorías, de todas estas víctimas que tendrán, además de la clásica cobertura de abogado y procurador, asesoramiento y orientación sin coste en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia o de la querella. Al ocuparnos de todos estos colectivos lo que también hacemos es adelantarnos a lo que habrá de ser la futura trasposición de una directiva de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, en concreto la 212/29, una directiva que establece las normas mínimas sobre derechos, apoyo y protección de las víctimas de los delitos, pero lo hacemos, señorías, y creo que debemos estar todos orgullosos de ello, con mayor ambición, puesto que extendemos ese criterio a todos los órdenes jurisdiccionales y no solo al orden penal, que es lo que su momento, a partir de 2015, nos exigirá la directiva europea.

Cada una en su dramática circunstancia, todas estas víctimas merecen consideración y respaldo, pero ahora me van a permitir, señorías, porque sé que es un sentimiento compartido, común a todos los grupos parlamentarios, que me detenga un momento en las víctimas de la violencia de género. La ampliación de derechos que aquí se produce es importantísima y no solo por el reconocimiento con carácter general a cualquier víctima de violencia de género, lo cual va mucho más allá de lo que en estos momentos tenemos establecido en la legislación vigente, sino por esa inclusión del asesoramiento previo. Para hacerlo hemos tenido incluso que modificar la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género y lo hemos hecho para declarar que estas tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia y además a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos, y también en los procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida, derecho, señorías, que se extiende igualmente a quienes sucedan en el proceso a la víctima en caso de que fallezca, naturalmente siempre y cuando no hayan participado en los hechos. Por tanto, ofrecemos a las víctimas que lo soliciten no solo una defensa jurídica gratuita, sino también especializada, y lo hacemos desde el primer momento, exigiendo que los colegios de abogados cuenten con turnos preparados para ello.

Es cierto que durante la elaboración de este proyecto se nos propuso que esas víctimas, en los casos en que se dictase sentencia absolutoria, tuvieran que reintegrar el coste de las prestaciones disfrutadas hasta ese momento, una propuesta concretamente de un colegio territorial de abogados de España. Debo decir que no hemos atendido esta petición y no lo hemos hecho porque entendemos que eso significaría desincentivar la denuncia. No podemos, señorías, permitir en un caso de semejante gravedad que la duda acerca del éxito o el fracaso que una víctima pueda cosechar en la vía judicial se convierta en un elemento de disuasión que limite, cuando no impida, ejercer su derecho a la tutela de los tribunales como consecuencia de que se plantee la posibilidad de que tenga que reintegrar las prestaciones percibidas hasta ese momento. Esa es la razón por la que no hemos atendido esta solicitud.

Si en el caso anterior el beneficio de justicia gratuita es reconocido al margen de cualquier consideración económica, lo mismo, señorías, ocurre -y soy consciente de que esto es controvertido- con determinadas personas jurídicas. Hago referencia a las organizaciones sindicales, pero también a otras personas jurídicas que no tienen necesidad de acreditar la insuficiencia de recursos y que son concretamente las asociaciones de defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo -esto lo hacemos en sintonía con el reconocimiento de este derecho que se les hace a título individual-, la Cruz Roja Española, asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad y las asociaciones de consumidores y usuarios que tengan un ámbito supraautonómico.

En algunas de las enmiendas a la totalidad que vamos a discutir esta mañana se reprocha al Gobierno que no se encuentren en esta relación las asociaciones medioambientales, aunque tengo que decir que


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se hace desde un discurso poco coherente, puesto que el mismo grupo parlamentario que critica la ausencia de las asociaciones medioambientales critica también el reconocimiento de la gratuidad de la justicia para los colectivos o personas jurídicas con independencia de sus recursos. Esto es grave porque podría parecer que se solicita también que los trabajadores como colectivo o los sindicatos fueran excluidos de este derecho, aunque de nuevo el espíritu de la contradicción llevaría a afirmar que se les está perjudicando porque no pueden recurrir gratuitamente a sentencias por despidos, modificaciones laborales, incapacidades, etcétera. No importa, señorías, el Gobierno ha intentado en este punto buscar una línea de coherencia y por eso quiero celebrar el anuncio que me ha hecho el Grupo Parlamentario Popular respecto a la presentación de enmiendas para que las asociaciones medioambientales definidas así en su propia normativa sean beneficiarias de la justicia gratuita. Lo van a ser con independencia de sus recursos. Y también me anuncia el Grupo Popular otra enmienda, referida a la segunda instancia, para que los trabajadores beneficiarios de la justicia gratuita solo sean condenados en costas cuando el juez aprecie en la sentencia que ha existido temeridad o mala fe por su parte. Ambas cosas -insisto- las vamos a hacer con independencia de los recursos de que se disponga. Creo que es coherente, señorías, porque si defendemos que el trabajador merece el beneficio de la gratuidad debido a que se encuentra en una relación de desigualdad con el empresario y lo que busca la justicia gratuita esencialmente es que ese principio de igualdad de armas esté permanentemente presente en el proceso, yo les pregunto, ¿cómo alguien puede creer entonces que la víctima de violencia de género, que la víctima de trata de seres humanos, que la víctima de terrorismo o los menores discapacitados víctimas de abuso o maltrato no están en una situación muy superior de desigualdad frente al agresor, frente al terrorista o frente al explotador?

Si buscamos una igualdad no creo que debamos formularla única y exclusivamente en términos económicos; no podemos dejar que desaparezcan otros matices. ¿No hay más criterio que el monetario, señorías? Creo con toda sinceridad que no podemos hacer un discurso estrictamente economicista y por eso el instinto de solidaridad, que es lo que inspira y justifica esta norma, debe extenderse más allá del criterio estrictamente monetario. Esto no significa, señorías, señor presidente, que no hayamos prestado atención a la insuficiencia de recursos para litigar; todo lo contrario; es, me atrevo a decir, lo único a lo que estábamos legalmente obligados por el artículo 119 de la Constitución, puesto que este artículo identifica este hecho de la insuficiencia de recursos para litigar como el núcleo primordial de la justicia gratuita a partir del cual puede extenderse a otros. Pues bien, señorías, en este sentido debo decirles que el proyecto supera con creces los mínimos establecidos por el Tribunal Constitucional a los que antes hacía referencia, mínimos que se sitúan en el límite por debajo del cual el ciudadano para acudir a los tribunales debería dejar de atender sus necesidades vitales o las de su familia. Así, la reforma que proponemos a la Cámara eleva con carácter general los umbrales de renta por debajo de los cuales se reconoce el derecho a la justicia gratuita. Por una razón de equidad estos umbrales se vinculan al número de integrantes de la unidad familiar. No es lo mismo tener que sostener con unos mismos ingresos a tres personas que a una sola, por ejemplo. Pero en cualquier caso el artículo 6 prevé que en supuestos en los que concurran determinadas situaciones especiales el derecho pueda reconocerse incluso con rentas de hasta 32.000 euros. Los nuevos umbrales en todos los supuestos se sitúan por encima del umbral de pobreza y del salario mínimo. En la sentencia a la que antes hacía referencia, la de 20 de enero de 1994 del Tribunal Constitucional, se razonaba -y me van a permitir que les lea literalmente- que si el salario mínimo interprofesional puede utilizarse como criterio objetivo para determinar el nivel mínimo vital de subsistencia, es decir si puede considerarse razonable y proporcionada la presunción del legislador de que con el salario mínimo se pueden cubrir las necesidades vitales, igualmente razonable y proporcionada debe considerarse la presunción de que el doble del salario mínimo permite hacer frente a sus necesidades y a los gastos procesales o, si se prefiere, permite hacer frente a estos gastos sin poner en peligro el nivel mínimo de subsistencia. Esto es el mandato del Tribunal Constitucional. Pues bien, señorías, el proyecto de ley que el Gobierno somete a la Cámara lo que hace es ampliar este mandato mínimo porque creemos que, pese a las dificultades económicas que atraviesa nuestro país, estamos no solamente posibilitados sino obligados a hacerlo.

Señor presidente, señorías, la virtualidad del Estado social no consiste en que este haya encontrado la piedra filosofal de los servicios públicos, sino en que allega los recursos necesarios para financiarlos y lo hace, como es lógico, mediante un mecanismo de solidaridad; un mecanismo de solidaridad que no siempre resulta cómodo -soy plenamente consciente-, pero un mecanismo de solidaridad cuya justicia de fondo no puede criticarse, y creo con toda sinceridad que menos desde un planteamiento de progreso.


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Ya saben ustedes de qué estamos hablando. Estamos hablando de que esta ley que hoy presentamos está íntimamente ligada a la ley por la que se regulan las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, lo cual no quiere decir que termine ahí la corresponsabilidad que a la hora de financiar este servicio se requiere a todas las administraciones, pero sí que evidentemente la ampliación de la justicia gratuita que hoy, afortunadamente, podemos proponer a esta Cámara puede hacerse como consecuencia de la Ley de Tasas. Por decirlo clara y directamente, la relación actualmente existente entre las tasas judiciales y la justicia gratuita es de vinculación; no es de afectación, pero sí es de vinculación. Así está establecido expresamente en el artículo 11 de la Ley de Tasas. Eso, señorías, es naturalmente compatible con el hecho de que en un momento de crisis resultara esencial garantizar un servicio como este. No podíamos dejar que la presión de gasto que pudieran recibir las comunidades autónomas y el Estado en el caso del territorio no transferido como consecuencia de la modificación de la Ley de asistencia jurídica gratuita impidiese cambios normativos, impidiese que tuviésemos una ampliación de este derecho. Por eso, señorías, siendo conscientes de que lo que hoy proponemos significa un incremento de gasto, también tenemos la garantía de que el incremento de gasto que causa este cambio normativo y el coste efectivo real de la justicia gratuita en España estará garantizo y estará cubierto, sin afectación pero sí con vinculación, por la recaudación de las tasas judiciales, con independencia del territorio de España en que fuera gestionado.

Respecto a la participación de las comunidades autónomas en los términos que se articula la vinculación establecida en el artículo 11, se abrió una mesa de diálogo. Tengo que decirles, señorías, y me dirijo especialmente a los grupos Catalán y Vasco, que yo soy muy sensible desde que tuve el honor de afrontar durante más de ocho años las responsabilidades al frente de una comunidad autónoma a cómo pueden afectar los cambios legislativos que realizan las Cortes Generales a obligaciones, a servicios que después tienen que gestionar las comunidades autónomas. Por eso abrimos en el Ministerio de Justicia una mesa de diálogo para concretar esa vinculación, puesto que al no ser afectación sino vinculación requería de un acuerdo político para su plasmación. Recordarán que el ministerio puso sobre la mesa una propuesta para modificar el sistema de financiación para aquellas comunidades autónomas que tienen transferidos ya los recursos en materia de Administración de Justicia. El modelo de financiación actual cubre el coste del servicio. En la modificación proponíamos que se devolviese al Estado el importe, no la competencia, equivalente al gasto real asumido por las comunidades autónomas en el último año liquidado y, como contraprestación, el Ministerio de Justicia, a través precisamente de la vinculación de las tasas, adquiría el compromiso de abonar directamente las certificaciones a los diferentes colegios de abogados y procuradores. Es decir, que no solamente el coste efectivo real de la justicia gratuita quedaba garantizado y cubierto en toda España, sino que además cualquier variación que se introdujera en el mismo, cualquier incremento -vamos a llamar a las cosas por su nombre- como consecuencia de la aprobación de esta ley suponía coste cero para las comunidades autónomas, puesto que ellas única y exclusivamente aportarían el gasto real asumido en el último ejercicio liquidado. Pensamos que era una buena fórmula, pero el sistema no fue aceptado por todas las comunidades autónomas y estaban en su perfecto derecho puesto que el título competencial está transferido y les corresponde a ellas. Esta es la razón por la que hoy no tenemos esa fórmula encima de la mesa, pero podemos buscar otras y las vamos a buscar, porque, insisto, no haré yo desde las responsabilidades del Gobierno de España lo que pedía que no se hiciese con las comunidades autónomas cuando yo presidía la Comunidad de Madrid.

Señorías, partiendo de que la justicia gratuita ya fue financiada en el momento en el que se produjeron las transferencias y que además el modelo de financiación fue objeto de revisión en el año 2010, tenemos que ser conscientes de que cualquier aportación indiscriminada supondría necesariamente una doble financiación. La Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas establece este principio al que yo antes hacía referencia. Dice el impacto positivo o negativo que puedan suponer las actuaciones legislativas del Estado y de las comunidades autónomas en materia tributaria o la adopción de medidas que eventualmente pueden hacer recaer sobre las comunidades autónomas o sobre el Estado obligaciones de gasto no previstas en la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente, deberán ser objeto de valoración quinquenal en cuanto a su impacto. Esta valoración quinquenal tiene que afectar no solo a ingresos sino también a gastos. ¿A quién le corresponde? Al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y establece el derecho a la compensación mediante la modificación del sistema de financiación para el siguiente quinquenio. Esto es lo que nos manda la ley. Pues bien, señorías, esta norma que regula el procedimiento mediante el cual se valorará y en su caso se realizarán las compensaciones oportunas, que obliga a analizar los impactos positivos y negativos y que obliga a hacerlo en un periodo quinquenal, ahora


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mismo nos permite -y es la propuesta que hago a las comunidades autónomas, puesto que esta ley les afecta de una forma muy importante- asumir con cargo a los recursos generados por las tasas judiciales estos incrementos imputables a la nueva regulación. Es decir, que las comunidades autónomas no tengan que aportar ni un euro más como consecuencia de la ampliación de los beneficios de justicia gratuita que estamos aprobando en esta ley. Naturalmente tenemos que establecer algunos mecanismos de limitación para evitar que esa cantidad pueda elevarse de forma indiscriminada, y les propongo uno que me parece absolutamente razonable: que la cuantía máxima de la aportación estatal no suponga más del triple de la desviación media en las cinco comunidades gestionadas por el Ministerio de Justicia. Creo que este es un baremo objetivo. No estamos hablando de igualar con las modificaciones en las cinco comunidades gestionadas por el ministerio, sino que estamos hablando de hasta un triple más, y creo que todos concluiremos que si en alguna comunidad autónoma la desviación es superior al triple de la que se ha producido en el territorio del ministerio, hay algún elemento patológico distinto del que supone estrictamente la ampliación de los beneficios de justicia gratuita que supone esta ley. A lo largo del año 2014 se recibirán y analizarán los datos de las comunidades correspondientes a 2012 y 1013, y les anuncio que en la ley de presupuestos generales para 2015 se recogerán ya los importes a abonar para cada una de ellas. Consecuentemente, señorías, es verdad que la ley de justicia gratuita no incluye ninguna previsión al respecto porque, tal y como establece la propia Ley de Tasas, concretamente en su artículo 11, a quien le corresponde hacerlo es a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que es la que lo hará a partir del próximo ejercicio. Insisto, con esto garantizaremos que la ampliación de los beneficios a todos los españoles que hoy aprobamos no suponga una merma de financiación de las comunidades autónomas. Asimismo constatamos que si lo podemos hacer es como consecuencia de la aprobación en su momento de la Ley de Tasas.

Señorías, la asistencia jurídica gratuita queda pues garantizada a través de los presupuestos generales de las diferentes administraciones, la ley prevé que estas la subvencionen con cargo a sus dotaciones presupuestarias y quien tenga derecho a la justicia gratuita conforme a la ley podrá disfrutarlo sin ningún tipo de condicionante presupuestario. Las administraciones estamos obligadas a consignar los créditos necesarios para atender todas y cada una de las solicitudes que cumplan los requisitos legales.

Antes de terminar, señor presidente, quiero celebrar el anuncio que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular de proponer una enmienda para que cada una de las administraciones competentes, si así lo considera, pueda suscribir convenios con los colegios de abogados para prestar un servicio de orientación jurídica en los centros penitenciarios. Este es un tema extraordinariamente importante. Entendemos que ha de ser cada administración competente quien, en el ejercicio de sus competencias, opte o no por el establecimiento de este servicio público. ¿Por qué? Porque no es de los que estén incluidos dentro del concepto de justicia gratuita del 119 previsto por nuestra Constitución, pero es indudable que hay una demanda social que, aunque no sea una obligación constitucional, va a invitar -estoy seguro- a muchas administraciones a suscribir estos convenios para extender este beneficio. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

Señor presidente, concluyo refiriéndome a la corresponsabilidad que a todos corresponde para sostener este beneficio constitucional. Este proyecto se inspira en una palabra que he reiterado ante sus señorías con profusión: solidaridad. Solidaridad a la hora de concebir este beneficio constitucional, puesto que ampliamos su ámbito de aplicación de manera que incluya nuevas y, me atrevo a decir, dolorosas realidades sociales, cuyas víctimas merecen amparo; solidaridad al establecer unos umbrales de renta en los que las familias puedan reconocerse y por tanto puedan aspirar a este servicio; solidaridad desde el momento en que las administraciones no pueden dar respaldo a su responsabilidad con este imperativo constitucional que da la medida de la ambición social de nuestra máxima norma, y, por último, señor presidente, señorías, solidaridad no solo entendida en el seno de la sociedad española sino que además constituye uno de sus rasgos definitorios y que ha servido de guía al Gobierno en esta iniciativa legislativa, que a partir de estos momentos está en sus manos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro de Justicia.

Al proyecto que estamos debatiendo se han presentado seis enmiendas a la totalidad de devolución. Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar tiene la palabra el señor Tardà. El señor Tardà ha presentado enmienda y el resto de miembros del Grupo Parlamentario Mixto fijarán posición transcurrida la intervención del señor Tardà, que, como digo, tiene ahora la palabra.


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El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, usted continúa con su marcha triunfal hacia el objetivo de desguazar el derecho a la tutela judicial efectiva. Reconozco que usted está protagonizando una marcha triunfal, aun cuando, en honor a la verdad, hay que decir que cuando uno tiene mayoría absoluta en el Parlamento fácilmente un sargento se convierte en mariscal; todo ayuda. Usted anda armado de una idea, creo que reaccionaria y perversa, que asocia, que relaciona al ciudadano con una patología abusiva y perversa en la utilización del sistema judicial y, ante esta enfermedad, usted tiene que poner remedio. De hecho, ya lo hizo con su Ley de Tasas, que consagraba un sistema judicial tan solo accesible a quien pudiera pagárselo, y permítame que también le recuerde la Ley Orgánica del Poder Judicial, que pretende implantar una planta judicial que, a nuestro entender, por su carácter y su ADN jacobino basado en la provincia, aleja al ciudadano del sistema. Aleja al ciudadano del sistema no solo desde el punto de vista de que afectará a la funcionalidad del sistema, sino también porque entraña un prejuicio económico: no creo que sea nada agradable para un ciudadano de Formentera tener que desplazarse a Mallorca para poder hacer uso del sistema judicial. Y ahora usted vuelve con este proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, que enmendamos y que a nuestro entender no garantiza una financiación suficiente para mantenerlo. En su momento, cuando presentó el proyecto de Ley de Tasas -hoy ley-, nos opusimos a su idea de utilizar el producto de las tasas para financiar un servicio público, y todo ello a consecuencia de su afirmación; usted ha afirmado repetidas veces que las tasas servirían para pagar la justicia gratuita y ahora se ha sabido que se ha recaudado menos de lo previsto en tasas. Luego, aun cuando usted se ha explicado respecto a las garantías en cuanto a la financiación, uno tiene sus dudas de cómo se va a financiar todo ello.

Además, su proyecto de ley, a nuestro entender, es muy injusto, porque cubre con fondos públicos a personas que pueden tener suficientes recursos económicos, y, si no, aquí está el artículo 2, que para nosotros es inaceptable. Dice que se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita con independencia de la existencia de recursos para litigar. A nuestro juicio, esto pone en entredicho la efectiva igualdad en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Le pongo un ejemplo. Un trabajador que por muy poco sobrepase los límites para tener derecho a la asistencia jurídica gratuita vivirá como un agravio que una persona -que quede claro, no tenemos nada en contra- víctima del terrorismo -desgraciadamente, víctima del terrorismo-, pero que tenga veinte veces más ingresos que la otra, no tenga siquiera que acreditar insuficiencia de recursos. Oiga, que esta persona que tiene veinte veces más ingresos que la otra ni tan siquiera tenga que acreditar la insuficiencia de recursos no nos parece justo, aunque sea víctima del terrorismo, cosa que lamentamos, por supuesto. Nosotros no criticamos que existan colectivos a los que se les pudiera, entrecomillado, mimar en todo aquello que afecta a la asistencia jurídica gratuita, pero no se puede admitir que no tengan que acreditar insuficiencia de recursos.

¿Por qué no modifica usted el artículo 3? ¿Por qué redacta el artículo 3 en esos términos? Por ejemplo, atendiendo al hecho de que ha existido un proceso de empobrecimiento brutal y acelerado de las clases populares en nuestra sociedad, ¿por qué mantiene usted, en los requisitos del artículo 3, dos veces el Iprem, haciendo oscilar del 2 al 3 el umbral para tener derecho a la asistencia pública gratuita? ¿Por qué no lo aumenta? No me va a negar que ha existido un proceso de empobrecimiento de la clase trabajadora de manera muy intensa. De manera que esto no puede ser, no podemos aceptarlo, es muy injusto socialmente.

Por otra parte, es una ley muy anquilosada, no resuelve los problemas actuales de la asistencia jurídica gratuita en cuanto a la tramitación. Habría que evitar el gasto que supone la existencia ahora de la Comisión de asistencia jurídica gratuita, en la medida en que los colegios de abogados ya han demostrado su solvencia, luego es absurdo mantener una estructura dual. Provoca retrasos en la designación de abogados, demoras en la resolución de solicitudes y, por supuesto, provoca un encarecimiento en la medida en que duplica los costes, y no contento con todo ello, usted ahora, en su afán homogeneizador, se saca de la manga -más centralismo, más centralismo, más centralismo- un comité de consultas cuyo único objetivo queda claro en la ley que es homogeneizar.

Señor ministro, de hecho no les extrañará esta última referencia, porque su proyecto de ley, aun cuando usted aquí manifieste todo lo contrario, no tiene en cuenta la realidad autonómica, modifica el régimen competencial existente. Por ejemplo, la Generalitat de Catalunya tiene competencias en materia de Administración de Justicia, ustedes lo han obviado y, bien, ustedes a lo suyo, vayan haciendo. ¿Sabe lo que están provocando? Están provocando que el presidente del Consell de l'Advocacia Catalana, que agrupa a todos los colegios de abogados de Cataluña, sin ambages, sin ningún complejo, en nombre de la institución dijera lo siguiente: La suma de las tasas judiciales, la propuesta de nueva planta judicial y la


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posibilidad de un abogado de oficio adscrito al turno de un colegio situado a cientos de kilómetros del domicilio del justiciable disuelven por completo la tutela judicial efectiva descabezando lo poco que nos queda del Estado de derecho. La situación en que queda la justicia en España es, sencillamente, injusta para todos los españoles. Dicho por nosotros, por Esquerra Republicana, pudiera parecer una expresión, un comentario o una opinión radical a ojos de ustedes, los conservadores y reaccionarios, pero esto lo dice el presidente del Consell de l'Advocacia Catalana, que agrupa a todos los colegios de abogados de Cataluña, de manera que, señor Gallardón, vaya haciendo centralismo, centralismo, centralismo. Nosotros, adéu, adéu, adéu. Proceso, ¿eh? Usted más centralista, nosotros más adéu.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Tardà.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, el proyecto de ley de justicia gratuita ha generado el rechazo unánime de la abogacía y también parece que de la Cámara, viendo que hay seis enmiendas a la totalidad. No hay nadie a quien le guste este texto legal. Los profesionales lo tildan de injusto, engañoso, perjudicial para el ciudadano, más burocrático, en fin, parece que este proyecto de ley es una joya. No se garantiza la financiación del servicio, a pesar de los 300 millones recaudados con las injustas tasas judiciales, ni se respeta la competencia autonómica, que ha creado los servicios de asistencia jurídica gratuita, y, para variar, parte de una visión de sospecha hacia el ciudadano, que para el Partido Popular parece que es siempre aquel que hace uso de cualquier servicio público, parece que sea un presunto abusador del Estado, de igual modo que la estructura del servicio deja de ser la de un servicio público para ser enfocado prácticamente como caridad, porque el verdadero problema está en la concepción inicial de servicio público.

La imposición de las tasas abusivas ya evidenció la idea de este Gobierno de que la justicia debe ser inaccesible para los humildes, para los trabajadores, para los empleados y el presente proyecto de ley ratifica esta visión y evidencia su hipocresía y su mentira. Cuando usted afirmó, señor ministro, que las tasas judiciales iban a ser destinadas a sufragar la justicia gratuita estaba mintiendo. Mientras, no han parado de recaudar tasas injustas y abusivas desde el Estado, y las comunidades autónomas han seguido haciendo frente al pago del turno de oficio, o no haciendo frente, pues la Generalitat Valenciana adeuda al Colegio de Abogados de Valencia 14 millones de euros por este servicio. Esta es la realidad. En Valencia, ustedes cobran y nadie paga. Esta anomalía no queda subsanada con este proyecto de ley que nada dice al respecto. ¿Cómo se puede decir públicamente que las tasas son para la justicia gratuita y luego no destinar ni un euro al pago de los honorarios de los abogados del turno de oficio? No hay ni una mención en el texto al mecanismo de financiación del servicio público. Dice en el artículo 40 que las administraciones públicas subvencionarán con cargo a sus dotaciones presupuestarias. Habla del modo de pago, nada más. ¿Y la garantía de financiación suficiente?

Por nuestra parte, rechazamos las tasas y rechazamos este proyecto de nuevos recortes de derechos al acceso de la justicia, que pretende convertir en un instrumento de equidad accesible para unos pocos que se lo pueden permitir, aquellos que utilizan los recursos públicos de la Administración pública recurriendo hasta el infinito para negar el acceso a documentación, como el Gobierno del Partido Popular del señor Fabra allá en Valencia, con infinidad de sentencias en su contra por opacidad. ¿Quién pagará esas costas? O como aquellos, el mismo Fabra, que desoye al juez, a sabiendas de que le ha impuesto el pago de una multa por incumplir una sentencia.

En definitiva, este proyecto de ley recorta el acceso a la justicia, lo dificulta, lo empeora y lo desvirtúa, pero seguramente era su objetivo, señor ministro. Enhorabuena, señor Gallardón.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Baldoví.

Señor Cuadra, tiene la palabra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, este proyecto de ley, en opinión de Amaiur, debe situarse en el contexto de la crisis económica y social que estamos viviendo y también de la política de recorte de derechos y de libertades democráticas que el Gobierno del PP está impulsando. Es decir, resumiendo, para quienes protestan en la calle, reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal, y a quienes simplemente lo hacen legalmente reclamando sus derechos se les incrementan las tasas y se les dificulta aún más el acceso a la asistencia jurídica gratuita. La conclusión que sacamos es que lo que se pretende es que la gente trague con santa resignación toda esta política reaccionaria que


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tiene el Gobierno. Entendemos, señor ministro, que el proyecto de ley va en la misma dirección que otras leyes que ya ha aprobado este Gobierno tendentes a limitar los derechos básicos de la ciudadanía, es decir, que la gente que quiere derechos sociales en materia de salud, en materia de educación, en materia de desempleo, pague por el ejercicio de los mismos, por recibir estas prestaciones, y, en definitiva, que quien quiere justicia que se rasque los bolsillos. Esto es lo que pretende este Gobierno.

Al igual que en otros servicios, como ha dicho el compañero Tardà, se justifica en buena medida este proyecto de ley diciendo que existe un abuso en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Parece como que la gente reclama y recurre sus salarios, sus despidos, sus desahucios o sus denegaciones de prestaciones de desempleo un poco por vicio, porque no tiene otra cosa que hacer. Como está parada, así se entretiene, en vez de ver obras. Lo que se pretende con eso por parte del Gobierno es culpabilizar a esta población, por un lado y, por otro, tapar las responsabilidades directas que el Gobierno tiene en esta materia de cara a mejorar la Administración de Justicia tanto material y personalmente como financieramente. Con esta medida la administración de la justicia cada vez va a ser más cara por el incremento de las tasas judiciales y menos gratuita en lo referente a la asistencia jurídica. Señor ministro, en definitiva, se trata de crear una justicia cada vez más de clase, al servicio de los sectores más adinerados, de la gente guapa, de la gente señorita, de la gente poderosa en última instancia, que puede permitirse tener buenos abogados, buenos procesalistas, buenos peritos en sus juicios, y cada vez más inaccesible para la gente que más necesita el amparo de la justicia, la gente desfavorecida, parada, etcétera.

Por otro lado, como siempre -ya se ha señalado también-, con otras leyes ha ocurrido, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se aprovecha la reforma para recortar aún más las escasas competencias que algunas comunidades autónomas tenían en esta materia, Cataluña, la Comunidad Autónoma vasca, etcétera, y encarecer más -metiéndoles más gestión sin dar más financiación pública- sus propias competencias. En definitiva, señor ministro -ya lo sabe usted-, se trata de alejar todavía más la Administración de Justicia de esa administración vasca de justicia que desde Amaiur defendemos, una administración de justicia cercana, asentada en nuestra propia realidad, en nuestras gentes, en nuestras tradiciones democráticas, en nuestras leyes y en última instancia en la soberanía que reclamamos.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Cuadra.

Grupo Parlamentario Vasco. Señor Olabarría, tiene la palabra.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente, señorías.

Señor ministro, no van las cosas bien en su ministerio últimamente. Se acaba de amortizar la justicia universal y esto está provocando como fenómeno, que ya le advertimos, vaciado de las cárceles de un buen número de narcotraficantes. La reforma del Código Penal está empantanada, bueno, está en trámite de comparecencias, no se está debatiendo: la reforma del Código Penal, otra de las normas estrella de esta legislatura presentadas por su ministerio. Debería usted hacer una severa reflexión sobre lo que los comparecientes están afirmando en relación con el proyecto de reforma del Código Penal. Ni siquiera los solicitados por ustedes, por su grupo parlamentario, están haciendo reflexiones loatorias o apologéticas de este Código Penal, sino muy críticas, incluso por parte de los comparecientes que ustedes han propuesto. No le digo lo que dicen los demás, los que hemos propuesto los otros grupos parlamentarios.

El proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial está esperando no sabemos si a Godot o a quién, pero está esperando. No sabemos qué ha ocurrido con el código procesal penal, señor ministro. Con la ley del aborto ya veremos. La única ley que en términos reglamentariamente ordinarios se está debatiendo dimanante de su ministerio es la ley de navegación marítima en este momento, sobre cuyo valor e interés no vamos a realizar ninguna minusvaloración, pero me da la impresión de que no era una de las leyes estrella con las que usted concurrió a estas elecciones.

Ahora nos presenta este proyecto de ley, al que denomina eufemísticamente proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita. Esta es una huida hacia delante porque ustedes, de forma demagógica o de forma un tanto irreflexiva, amplían el ámbito subjetivo de protección a nuevos colectivos que se benefician de la justicia gratuita, incluso no careciendo en ocasiones de medios económicos para litigar y contradiciendo por lo tanto el contenido del artículo 119 de la Constitución. Vulneran el artículo 24 de la Constitución en tanto en cuanto no garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva para personas que no pueden litigar por la desmesura de las tasas judiciales aprobadas en una ley anterior, la Ley 10/2012, sobre la que ya el propio Tribunal Constitucional, en una sentencia posterior a esta ley, la sentencia 20/2012, indica que puede haber problemas o motivos de inconstitucionalidad en esas tasas. Usted en este momento, huyendo hacia delante, pero no garantizando el sistema de financiación del servicio de justicia gratuita, lo que va a


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provocar es una gran frustración entre los prestatarios -abogados, procuradores y graduados sociales- de la justicia gratuita y los beneficiarios, que son todos los justiciables, son todos los ciudadanos. Es una mala operación, es una operación poco inteligente, señor ministro. Usted sabe que me refiero a la ley y no a usted -le considero una persona particularmente inteligente-, pero es que está fallando sistemáticamente. Nos presenta un proyecto de ley, en definitiva, inconstitucional, por varias razones.

El proyecto de ley tiene el germen de su propia destrucción en su contenido, porque la exposición de motivos es contradictoria -léase el apartado VI de la misma- con el artículo 40 en materia de financiación del servicio público de justicia gratuita. En el apartado VI de la exposición de motivos se indica la afectación o la vinculación de las tasas recaudadas, en virtud de la Ley 10/2012, a la financiación del servicio de justicia gratuita. Sin embargo, el sistema de financiación que se prevé en el artículo 40.1, contra lo que usted ha dicho -con la retórica brillante que suele utilizar en sus parlamentos-, establece que no será el de la vinculación de las tasas al servicio de justicia gratuita, por cierto, servicio de justicia gratuita que no ha recibido un solo euro todavía a pesar de que se han recaudado ya más de 316 millones de euros -en virtud de una pregunta que recientemente le realicé a usted en la sesión de control-, no ha recibido un solo euro. Pues bien, se establece que el sistema de financiación nuevo será el de convenios de las comunidades autónomas con competencias en la materia, con cargo a sus disposiciones presupuestarias -a las suyas, no a las tasas, sino las disposiciones presupuestarias de estas comunidades autónomas-, con los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales. Hay una contradicción evidente entre lo que afirma la exposición de motivos -la vinculación de las tasas a la financiación del servicio- y lo que afirma como sistema de financiación, ya en la parte dispositiva del proyecto de ley, el artículo 40. Ahí está el germen de la propia de destrucción, porque no va a haber consignaciones económicas suficientes. Usted dice que ya se arregló el problema en el año 2010. No se arregló el problema en el año 2010, como afirman el Consejo Nacional de la Abogacía y como afirman los consejos nacionales de procuradores y de graduados sociales. En ese sentido, una ley sin financiación es una ley inexistente, es una ley que carece de contenido y que va a provocar solo frustración y, desde la perspectiva de sus intereses, quizá réditos electorales. No lo sé, lo dudo, porque la contestación está siendo tan general que los réditos electorales se los atribuye a beneficio de inventario, señor ministro.

La vinculación de las tasas recaudadas a la financiación de este servicio no solo está prevista en la Ley de Tasas, en la Ley 10/2012, que ya le he comentado, en el artículo 11 en concreto, sino también en la Ley de Presupuestos. Usted ha afirmado que en la próxima ley de presupuestos se acometerá esta operación. No, ya se ha acometido en la actualmente vigente. Léase la disposición final séptima de la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2014, donde se establece la afectación -sí, esa es la palabra, afectación, palabra de la que usted reniega, de la que usted ahora abdica- de las tasas recaudadas, en virtud de la Ley de Tasas, a la financiación del servicio de justicia gratuita. Disposición final séptima, se la repito, señor ministro. En la ley de presupuestos para 2015 claro que tendrá que establecerse algo así, pero es que usted, como ha amplificado tanto el ámbito subjetivo de protección y además ha elevado los baremos de protección, está generando más gastos para las comunidades autónomas sin garantizarles financiación de ningún tipo, por lo menos financiación vinculada a las tasas, como se expresaba en la Ley de Tasas y en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, y está creando una situación de imposible aplicación.

Usted puede realizar aquí una defensa retórica y demagógica de las bondades desde la perspectiva de la solidaridad de la defensa del Estado del bienestar y de todas estas proclamaciones buenistas que ha hecho, pero usted sabe que sin financiación nada de esto es posible, es retórica hueca, es retórica inútil, y eso es lo que se está practicando y configurando con este proyecto de ley, que va a ser un proyecto de ley fallido, como tantos otros. Ya le he citado particularmente el de la desaparición de la justicia universal. Ya la Ley de Tasas tuvo problemas. Ya la sentencia 20/2012 estableció que su desmesura podía provocar problemas de inconstitucionalidad. Los está provocando. Los niveles de litigiosidad en el Estado español en este momento son los equivalentes a los del año 2007, y usted lo sabe. No es malo que disminuya la litigiosidad, pero sí es malo que disminuya la litigiosidad porque las personas que desean litigar, que los justiciables, los que tienen derecho a la tutela judicial efectiva, no puedan hacerlo por falta de recursos económicos suficientes, y desde esa perspectiva se está incumpliendo el contenido esencial del artículo 24 de la Constitución. Por eso le digo entre otras razones -estamos hablando de un derecho fundamental por la ubicación sistemática en el texto constitucional, en el artículo 24- que esta ley contradice la Constitución. Usted nos está presentando un proyecto de ley inconstitucional. La primera vulneración de la Constitución es la relativa al contenido esencial del artículo 24, que garantiza un servicio


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público de justicia al que tengan derecho todos los ciudadanos, al margen de sus capacidades económicas, al margen de sus capacidades para litigar.

Se vulnera o se contradice también el artículo 19, pero además lo hacen específicamente, si me permite la expresión, incluso con dolo, con cierta intencionalidad. Léase el artículo 2.1.c) del proyecto de ley que nos presenta. Se exonera de abonar las tasas a determinadas asociaciones de interés público y fundaciones que usted ha citado, muy legítimas todas ellas, pero obviando la circunstancia de su capacidad económica para litigar o no. Y es que esa circunstancia no se puede obviar, porque el artículo 119 de la Constitución establece la posibilidad de aplicar el beneficio de la justicia gratuita a aquellos que carecen de medios económicos para litigar. Por muy dignos y respetables que sean sus objetivos, como la atención a las víctimas del terrorismo, a las víctimas de violencia de género o a las víctimas de delitos cometidos contra menores, repito, por muy dignos que sean todos estos objetivos, respecto de estas asociaciones o fundaciones -en materia de fundaciones ya me gustaría saber a qué fundaciones se está refiriendo, por cierto, porque no se habla de fundaciones destinadas a estos objetivos precisamente; ya me gustaría saber en qué fundaciones está pensando usted-, si se margina o se obvia la circunstancia de que tengan capacidad económica o no para poder litigar, se está incumpliendo el contenido no solo literal sino espiritual del artículo 119 de la Constitución, otra vulneración constitucional, y grave, señor ministro, y estamos hablando ya de dos contradicciones constitucionales que vician o pervierten el contenido material de la totalidad del proyecto de ley que usted nos presenta. Le voy dar un consejo y sabe que se lo digo como amigo. No sé hasta qué punto usted y yo tenemos una relación afectuosa, pero creo que incluso cuando puedo ser crítico en mis reflexiones lo hago desde una perspectiva propositiva o disertiva. Retire este proyecto de ley. Este proyecto de ley no va a poder traspasar el control de jurisdiccionalidad con toda seguridad del Tribunal Constitucional si dicho tribunal se mantiene coherente con su propia jurisprudencia en las materias que le he citado.

No solo son estos los problemas. Me dice usted que no existe una vinculación -yo no sé por qué lo dice cuando la exposición de motivos del propio proyecto de ley dice lo contrario- entre las tasas y la financiación del servicio de justicia gratuita. ¿Por qué entonces el artículo 11 de la Ley de Tasas establece esta vinculación? ¿Por qué la disposición final séptima de la Ley de Presupuestos establece esta vinculación? ¿Y por qué en todas las conferencias sectoriales -le puedo leer, si quiere, el acta de todas porque todos obran en mi poder- celebradas con las comunidades autónomas competentes en materia de justicia se establece la afectación? Le podría citar la conferencia sectorial de mayo del último año o la de diciembre del último año también. En todas se establece la afectación directa y específica entre las tasas recaudadas y la financiación del servicio de justicia gratuita. Luego usted no puede abdicar en este momento o no puede establecer un sistema de financiación diferente exigiendo o comprometiendo las disposiciones presupuestarias de las comunidades autónomas, que deben conveniar con los colegios de abogados de su ámbito territorial, con los colegios de procuradores de su ámbito territorial o con los colegios de graduados sociales de su ámbito territorial. No solo eso, se provocan otras perversiones también.

Otra reflexión crítica es que hay un elemento que también contradice el contenido esencial del artículo 24 de la Constitución, que es la posibilidad de que pueda actuar cualquier profesional del derecho, cualquier abogado, cualquier procurador o graduado social que en un plazo de tres horas se pueda desplazar al lugar donde se va a iniciar un proceso de naturaleza judicial, al lugar de la instancia. En tres horas se puede llegar -no sé qué ocurre con las islas Canarias- prácticamente a cualquier punto del Estado español. Cualquier abogado, procurador o graduado social del Estado español puede litigar en cualquier ámbito donde esté ubicada la instancia donde se inicie un proceso judicial. Esto vulnera un requerimiento vinculado al contenido esencial del artículo 24 de la Constitución, que es el de la inmediatez y la proximidad del profesional que asesora y que tutela los derechos de un justiciable, de una persona que está litigando, al lugar donde se está produciendo o desarrollando el pleito o el juicio donde está actuando como profesional. Es una especie de liberación, de desvinculación de nuestra tradición histórica de las vinculaciones de los colegios de abogados territoriales a los órganos judiciales ubicados en este territorio. Esta proximidad también vulnera el contenido esencial del artículo 24 de la Constitución e incorpora un vicio de inconstitucionalidad.

Por si fuera poco todo lo anterior, ya nos encontramos con una serie de preceptos, al margen del ya citado por el señor Tardà, con la creación de una comisión consultora ubicada en su ministerio precisamente, que es la que va a establecer de forma uniforme los criterios de atención o de prestación del servicio de justicia gratuita. Esa uniformidad no existía hasta el momento. Es una pretensión absolutamente centralista,


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jacobina. Yo no le atribuía esa dimensión ideológica de centralización y uniformización de las prestaciones. Hasta este momento no existía un comité de consultas -esa es la alocución que utiliza el artículo 9 del proyecto de ley- que unificara y uniformizara para todo el Estado español cómo se presta el servicio de asistencia gratuita. Ustedes lo hacen, usted lo hace. Me tendrá que explicar por qué y por qué han modificado su comprensión -usted ha sido presidente de una comunidad autónoma- con el hecho autonómico o las circunstancias autonómicas. Pero si usted, que ha sido presidente de una comunidad autónoma, está abdicando también de la empatía autonómica de su propio grupo parlamentario o de su partido político con el hecho autonómico, con las circunstancias autonómicas, como el señor Tardà ha dicho, mucho nos tenemos que plantear muchas cosas en el ámbito de la configuración territorial del Estado.

Los artículos 41, 42, 43, 44, 45 y 46 establecen también una uniformización a través de la atribución que se hace la Administración del Estado para sí misma, solo del desarrollo reglamentario de este proyecto de ley, de los sistemas a través de los cuales, tanto financiera como prestacionalmente, se va a configurar el servicio de asistencia jurídica gratuita. El desarrollo reglamentario se lo atribuyen ustedes a ustedes mismos, no cabe ningún tipo de actuación normativa autonómica en el ámbito de la configuración del servicio de justicia gratuita, cuando hasta este momento existen varios decretos autonómicos, que usted conoce, que configuran el servicio, más el comité de consultas, más la tabulación que en estos preceptos -41, 42, 43, 46 y disposición transitoria segunda- hacen de los baremos, de los módulos de compensación, y de la financiación del sistema jurídico gratuito y de su implementación, consiguen que el sistema de justicia gratuita se convierta en un sistema rígido y absolutamente centralizado.

Se me acaba el tiempo. Señor ministro, no van las cosas bien en su ministerio últimamente. Es una huida hacia adelante centralizadora, una huida hacia adelante uniformizadora, una huida hacia adelante vulneradora de títulos competenciales que están previstos en el bloque de constitucionalidad, una huida hacia adelante que va a generar frustración, porque no existen mecanismos financieros para atender a los requerimientos, a los gastos del servicio de justicia gratuita, una huida hacia adelante contra todo el sector, contra todos los operadores jurídicos, contra los abogados, procuradores y graduados sociales, una huida hacia adelante contra todos los demás grupos parlamentarios. ¿Con quién cuenta usted, con su grupo parlamentario, con todo él? ¿Está seguro de que cuenta con todo él?

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señor presidente.

Señor ministro, usted es un hombre inteligente y es un gran conocedor de los problemas que afectan a la Administración de Justicia del Estado español, pero es que peor no se pueden hacer las cosas. Usted sabe que siento profundamente tener que decirle esto, pero peor no se pueden hacer las cosas. Está fallando en todo; está fallando en el ámbito de la justicia universal; está fallando en el proyecto de reforma del Código Penal; está fallando -porque no ha presentado la nueva ley de enjuiciamiento criminal- en el código procesal penal; está fallando porque no ha presentado todavía la nueva configuración de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Está fallando en todo menos en el ámbito de la navegación marítima, a ver si va a naufragar su ministerio absolutamente, señor ministro.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia el señor Martínez Gorriarán tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente. Señor ministro, nuestro grupo tiene el criterio -quizá a usted le parezca equivocado- de que las leyes tienen que juzgarse por sus resultados, y de que cuando un gobierno trae una ley para que se apruebe en el Congreso -una vez que se ha aprobado toda una serie de leyes, en el caso de la reforma judicial que usted protagoniza- hay que ver si los resultados son los que se perseguían o los contrarios. La verdad es que nosotros pensamos que la serie de reformas que usted ha iniciado, que en realidad componen una especie de contrarreforma judicial -ya se ha dicho aquí antes y me sumaré a esa opinión-, hasta el momento solo están beneficiando a colectivos como los narcotraficantes. Suprimen ustedes la justicia universal y lo que consiguen es que los narcotraficantes sean liberados en grupos realmente numerosos, y que a la vez los derechos de españoles y de ciudadanos de otros países que entran en tratados internacionales y también bajo supuestos de crímenes contra la humanidad queden indefensos. Con semejante trayectoria a estas alturas usted ya debería haber presentado la dimisión como ministro, porque realmente es incompresible que se hagan


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reformas judiciales, que se supone que van a reforzar la Administración de Justicia y la justicia, y consiga que simplemente los beneficiarios sean los narcotraficantes. Esto es muy serio, y la argumentación que ha hecho usted antes defendiendo su ley de asistencia jurídica gratuita abundaba en esa argumentación, que por una parte pretendía presentar como grandes logros y objetivos lo que en realidad ha sido denunciado por la totalidad de los agentes implicados en esta cuestión, como un retroceso y una marcha atrás en una cuestión absolutamente fundamental, como es la igualdad jurídica ante la ley y la tutela judicial efectiva.

Además a nosotros nos preocupa mucho -y a mucha más gente, porque este es un debate que se está abriendo paso, aunque ustedes pretendan como siempre darle la espalda- la desigualdad. Esta no es una cuestión que solamente tenga que ver con el desenlace de la crisis económica. En España no solamente ha aumentado escandalosamente la desigualdad social y económica, la desigualdad material, es que además toda esta serie de reformas están también arrinconando o recortando la igualdad jurídica. Y esto es particularmente grave, porque un gobierno en una sociedad compleja, con una economía avanzada, no tiene en sus manos todos los resortes de la economía, y por ejemplo no puede por decreto acabar con el paro. ¡Claro que no! No puede resolver los problemas de la economía que están en la raíz del aumento de la desigualdad en todos los casos. Lo que sí puede hacer en cambio, porque eso sí se puede hacer por ley y por decreto, es mejorar la igualdad jurídica, sin la cual sencillamente no hay democracia. Sin igualdad jurídica y sin igualdad de oportunidades realmente la democracia se convierte en algo puramente virtual, y no en un sistema de reglas que tienen consecuencias prácticas para los ciudadanos.

Lo que nosotros vemos en todas las reformas que usted trae a esta Cámara es un constante recorte precisamente de la igualdad jurídica efectiva de los ciudadanos, y cuando digo de los ciudadanos me gustaría subrayar esto, es decir, de las personas individuales, a las que se les llama justiciables en la jerga jurídica y que además son las que tienen acceso o necesidad de recurrir a la Administración de Justicia. Antes se ha referido usted a una serie de supuestos, a una serie de categorías hablando de víctimas de violencia de género, de víctimas en general, de determinadas asociaciones y entidades públicas, como las más beneficiadas por esta reforma que usted nos ha propuesto, pero el caso es que realmente los que tendrían que tomarse como sujetos de esta ley, si hubiera una visión progresista y progresiva de la mejora de la asistencia jurídica gratuita, no son ni categorías determinadas de víctimas ni determinadas entidades, sino cualquier ciudadano que tenga la necesidad de la asistencia jurídica gratuita, y es aquí, en el supuesto de cualquier ciudadano, donde se produce el retroceso, aunque en algunos detalles usted introduzca algunas mejoras o situaciones de ventaja. Esto es lo que precisamente han denunciado todos los colegios de Abogados, los procuradores y demás. Este Gobierno ha conseguido otra vez una unanimidad rara, realmente inusual, al conseguir que todo el mundo considere que esta ley, desde el punto de vista de los que se han ocupado hasta ahora de su ejecución, es decir, de los abogados del turno de oficio, sea un retroceso real en la práctica de la asistencia a una justicia gratuita. Esta es la cuestión. ¿Y por qué es un retroceso? Porque ustedes lo que han hecho ha sido introducir más barreras de acceso a la justicia gratuita. Es otra vuelta de tuerca, porque esto viene después de una Ley de Tasas que ya ha convertido el acceso a la justicia en algo complicado, y desde luego económicamente oneroso para una gran parte de la sociedad, parte de la sociedad que además, en una situación de crisis como la actual, es precisamente en muchos casos la más afectada por la necesidad de recurrir a la justicia. ¿Por qué? Cuando vimos por ejemplo la reforma hipotecaria el Gobierno se negó a resolver la cuestión de las deudas sobrevenidas, y se les anunció no solamente en esta Cámara, sino también fuera de ella, que esa reforma legal iba a conseguir mayor litigiosidad, es decir, muchas reformas legales del Gobierno o, mejor dicho, muchas negativas a determinadas reformas legales por parte de su Gobierno lo que han conseguido ha sido incrementar la litigiosidad, la obligación de los ciudadanos de tratar de defender sus legítimos derechos acudiendo a la justicia, y su reacción ha sido introducir nuevas trabas de acceso, nuevas barreras para ese derecho constitucional básico.

¿Qué se hace luego? Se culpa a los ciudadanos de abusar de la justicia. En la exposición de motivos de la ley se dicen cosas como que esta ley se justifica para luchar contra determinados abusos que hasta ahora se venían produciendo. ¿Cuáles? ¿Qué abusos? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cómo se puede hacer una ley en un sistema democrático donde a los primeros que se culpabiliza del abuso de sus derechos es a los ciudadanos? Si hay malas prácticas judiciales, digan ustedes cuáles son, analicémoslas y veamos cómo se pueden solucionar, pero no hagan una ley cuyo objetivo final es tratar de que haya menos litigios, y que además dichos litigios sean precisamente los que promueven ciudadanos individuales,


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aparte de víctimas, colectivos, sindicatos y otro tipo de cosas, por una situación que en gran parte es consecuencia de la propia crisis.

Ha dicho usted todo tipo de cosas para hacer aquí una apología de su ley. Incluso le agradecemos que sobre la marcha haya cambiado algunas cosas que aparecían en la misma, gracias a una de las críticas que ha recibido en las enmiendas a la totalidad y a los comentarios de los colegios de abogados, procuradores y otros agentes judiciales. En fin, nos parece muy bien que se hayan dado cuenta de que es increíble que se pierda el beneficio en caso de una sentencia absolutoria, de que se archive la causa o cosas así, pero luego está lo de las tasas. Ustedes trajeron aquí una Ley de Tasas y se aprobó con el argumento de que esto serviría para facilitar la justicia gratuita. No es verdad, no es cierto; se lo ha dicho ya todo el mundo y se lo van a volver a decir. Ninguna de estas tasas se destina a financiar el sistema de justicia gratuita. Esta ley además ignora por completo la cuestión de la financiación. ¿Cómo se financia? ¿Como se ha hecho hasta ahora, es decir, a costa de los abogados del turno de oficio? Usted sabe perfectamente que hay quejas constantes documentadas por los retrasos en el pago de los haberes de los abogados del turno de oficio, que en algunos casos son sencillamente servicios gratuitos de hecho. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Que ustedes encima les sobrecargan de trabajo. Son los abogados los que van a tener que hacer cosas que no les corresponde hacer. Son los colegios de abogados los que en algunas materias y en algunas situaciones van a tener que hacer una labor prácticamente parajudicial, decidiendo si alguien tiene derecho o no a la justicia gratuita. Todo esto empeora la cosa, la burocratiza, la hace más espesa, menos transparente, y sobre todo más contraria a la igualdad jurídica y la igualdad de acceso a la tutela judicial efectiva, que es un bien jurídico fundamental protegido por la Constitución.

Está también la cuestión del problema de armonización en las comunidades autónomas. Ha dicho usted antes que como las comunidades autónomas tienen el título competencial hacen muy bien en aceptar o desarrollar los sistemas que les parezca, pero también ha habido comunidades autónomas, por ejemplo Madrid y Aragón -y creo recordar que también Castilla-La Mancha-, que en su momento amagaron incluso con devolver la competencia por los problemas que les crea, es decir, que esta ley, que tampoco prevé cómo se va a solucionar el problema de la financiación del servicio, no solamente va a abusar de los profesionales y va a dejar más indefensos a los ciudadanos, sino que además probablemente va a profundizar otra de las raíces de la desigualdad de los ciudadanos en España, la desigualdad de origen territorial. No va a ser igual el acceso a la justicia según la comunidad autónoma en la que cada uno tenga la suerte o la desgracia en su caso de residir.

Dice también que han bajado el umbral económico de acceso. Lo que han hecho ha sido pasar de 2 veces el salario mínimo interprofesional a 2,5 veces el Iprem, es decir de 14.910 euros a 15.975. A ustedes les parecerá una gran mejora, pero sigue ignorando el problema de fondo, que es la enorme disminución, en algunos casos brutal, de las rentas que muchas familias han experimentado como consecuencia de la crisis. Se lo he dicho antes y se lo repito, en muchos casos son las familias, que por ejemplo por verse involucradas en procesos de ejecución hipotecaria, las que necesitan más protección legal.

Nosotros no vemos cómo salvar esta ley. Estamos de acuerdo con lo que han dicho la mayor parte de los colegios de abogados y muchos foros de opinión jurídica, empeora el acceso a la justicia gratuita. Es otro recorte más a derechos constitucionales básicos, y de nuevo es un alejamiento de lo que tiene que ser siempre un objetivo en democracia, es decir, ampliar derechos, hacer más fácil su disfrute, materializarlos de una manera más eficaz. Aquí es lo contrario. Luego podrá decir usted que esto va a ser estupendo para la justicia porque habrá menos litigios, pero esa no es la cuestión, de eso no se trata; se trata de si hay o no tutela judicial efectiva e igualdad jurídica. Tómenselo como ustedes quieran, pero esto no hace otra cosa que meter vapor a la caldera de la insatisfacción social y de la insatisfacción hacia la democracia. Sigan por esta línea y dentro de poco ya tendremos que dar pasos más decididos, más de los que ya están dando, hacia la conversión definitiva de la democracia en una oligarquía, en la que solo algunos tienen igualdad jurídica y el resto quedan excluidos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, mi grupo parlamentario, La Izquierda Plural, ha presentado enmienda de devolución al denominado proyecto de ley de justicia gratuita, y digo denominado porque en opinión de mi grupo no se


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trata de aplicar el derecho a la justicia gratuita, sino que muy por el contrario lo que se establece en esta ley por parte del Gobierno es una suerte de justicia de beneficencia. Culminamos, señorías, un proceso y es el proceso de cambio del modelo de justicia en nuestro país. Las democracias liberales, además del derecho universal al voto, tienen reconocidos el acceso libre a la justicia y unos estándares de igualdad social. Pues bien, en nuestro país y como consecuencia de las políticas de austeridad ante la crisis estamos demoliendo los pilares de nuestro sistema de democracia social, y uno de ellos, repito, es sin lugar a dudas el acceso a la justicia.

El ministro señor Gallardón presenta en el día de hoy un proyecto de ley de justicia de beneficencia, y no es justicia gratuita porque previamente se ha encargado, mediante la Ley de Tasas y mediante un decreto posterior que corrigió la Ley de Tasas a iniciativa de la Defensora del Pueblo, de establecer lo que podríamos denominar, frente a un servicio público de justicia, una justicia de mercado, en la cual hay una justicia de clase business: del poder económico, de los aforados y de algunos indultos; una justicia de segunda clase, la de la inmensa mayoría, la justicia de pago, la justicia sujeta a tasa que es la que el Gobierno ha puesto en marcha con la Ley de Tasas, y que hoy podíamos evaluar, pero el señor ministro no ha dado ni una sola cifra de las consecuencias de la Ley de Tasas; y en tercer lugar, una justicia de beneficencia. Los excluidos de este país tendrán que ir a la justicia de beneficencia si es que pueden, porque esta ley de justicia de beneficencia es además una ley de restricción, de obstáculos y de burocratización de la atención en este caso de la justicia gratuita a colectivos de ciudadanos excluidos, no solo que no tengan rentas, sino también excluidos.

Me refiero, señorías, a la Ley de Tasas porque son dos leyes complementarias, una tasa y una ley de justicia gratuita cuya financiación está vinculada. Pues bien, la Ley de Tasas que iba a suponer un descenso de la litigiosidad en nuestro país, y cuyo objetivo no era cuestionar el acceso a la justicia, hoy sabemos que se ha convertido en una barrera infranqueable para acceder a la justicia, de tal manera que algunas jurisdicciones en nuestro país han sufrido un desplome, y hoy el acceso a esas jurisdicciones es equivalente al del año 2007. Siete años de retroceso en el acceso a la justicia con motivo de la Ley de Tasas. Pero la Ley de Tasas era también el cuento de la lechera porque gracias a ella, según el señor ministro, íbamos a obtener los recursos para financiar la justicia gratuita, y resulta que no ha sido esa la financiación que el Gobierno esperaba. Recuerdo que el Gobierno hablaba de una recaudación de 1.500 millones de euros, pero como se ha producido un desplome del acceso de los ciudadanos ante la justicia, también se ha producido un desplome de las expectativas del Gobierno en materia de financiación. Y hoy estamos hablando -en respuestas del Gobierno, no en la transparencia necesaria por parte de la Agencia Tributaria que niega la información a los ciudadanos- de en torno a trescientos y pico millones de euros.

Señorías, si ustedes atienden a lo que declaran las comunidades autónomas que en estos momentos están dedicando a justicia gratuita, lo comido por lo servido. Probablemente la ambición de la Ley de Tasas que se ha convertido en el cuento de la lechera no dé ni siquiera para financiar lo que hoy están dedicando las comunidades autónomas al turno de oficio y a la justicia gratuita, y en muchas ocasiones lo están dedicando a costa de los abogados, a costa de los profesionales del turno de oficio. Esa es la realidad, señorías, y por tanto ambas leyes deben contemplarse de manera complementaria. Vuelvo a repetir, Ley de Tasas y decreto que la corrige, y por otra parte ley de justicia gratuita, que en nuestra opinión no es tal, sino que es una ley de beneficencia.

El señor ministro, en un talante que ya le caracteriza, que es el talante de proclamar el consenso y practicar el disenso, no ha pactado con nadie este proyecto de ley. Este proyecto viene como todos los proyectos de ley del Gobierno, pero en particular del Ministerio de Justicia, no con desacuerdos, viene con disenso global de todos los implicados: de los operadores jurídicos, de los representantes de distintos colectivos, y de las fuerzas políticas parlamentarias. Una muestra de esa actitud del ministro y del ministerio es lo que ha hecho hoy aquí. En vez de dar hoy la razón a algunos de los argumentos de las enmiendas de totalidad -los que tienen que ver por ejemplo con las organizaciones ecologistas o con la situación de los presos, y la necesidad de garantías en materia de justicia penitenciaria- lo que hace es autoenmendarse. Con tal de no aceptar ni una razón del oponente es capaz de autoenmendarse a la totalidad, no tiene ningún problema en autoenmendarse a la totalidad. Después de darnos unos buenos varapalos en su intervención inicial, hoy recoge de nuestro grupo parlamentario la posibilidad de recursos de suplicación o casación de justicia gratuita en esos recursos en materia laboral, recoge lo relativo a las organizaciones ecologistas y su discriminación -no dice nada con respecto a las organizaciones de consumidores de ámbito solamente autonómico-, y recoge al servicio de orientación jurídica penitenciaria. Es decir, con tal de no negociar con nadie el ministro se autoenmienda ante esta Cámara, aunque eso signifique el símbolo


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de, en nuestra opinión, un método de elaboración legislativa o de elaboración de los proyectos de ley manifiestamente mejorable, señor ministro, manifiestamente mejorable. No es la primera vez que usted ante esta Cámara se enmienda a la totalidad, y a veces para nada.

Voy al reciente acontecimiento escandaloso de la jurisdicción penal internacional. Señorías, es una vergüenza que ustedes hayan intentado eludir a los órganos consultivos del Estado, hayan intentado también eludir el trámite parlamentario mediante una ley exprés, se hayan hecho una autoenmienda casi de totalidad al proyecto para que esa impunidad no fuera solamente la impunidad de las genocidas, sino además no fuera la impunidad de los traficantes, y ahora nos encontramos con que los traficantes en aguas no españolas y cuyos tráficos no vienen a formar parte del mercado de estupefacientes en nuestro país quedan libres. Señor ministro, yo esperaba que anunciase hoy aquí una modificación exprés de esa ley o que anunciarse la asunción de responsabilidades por parte de su ministerio. Pero claro, la ley no es suya, la ley es del grupo parlamentario. ¿Nos quiere hacer creer a nosotros que es de su grupo parlamentario? Es un nuevo fiasco de su Gobierno y es un nuevo fiasco en materia de justicia. Tampoco hay nada que decir por parte del ministro de Justicia con respecto a la enmienda de totalidad en la lucha contra la corrupción que recientemente le ha hecho el fiscal general del Estado. El Ministerio de Justicia y el ministro de Justicia no tienen nada que decir a la Cámara de un escándalo internacional. Antes con respecto a la jurisdicción penal internacional podíamos tener problemas comerciales con algún país, hoy somos piedra de escándalo en la lucha contra el narcotráfico y somos piedra de escándalo en la lucha contra la corrupción (Aplausos), pero el señor ministro no tiene nada que decir en esa materia.

Señor ministro, con respecto al proyecto de ley que estamos tratando -el de justicia gratuita que, vuelvo a repetirlo, es un proyecto de ley de beneficencia dentro de un modelo de justicia que cambia de un modelo de servicio público a una justicia señorial y de mercado- adopta usted algunas iniciativas que nosotros creemos que son profundamente equivocadas. Dice que amplía el ámbito subjetivo de la protección o del beneficio -beneficencia o beneficio- de la justicia gratuita. Pues bien, echando las cuentas, lo amplía muy poco; echando las cuentas, en vez del salario mínimo, el Iprem, y calculando el conjunto de la retribución o del patrimonio familiar, finalmente vemos que hay muy pocas variaciones en esta materia de justicia gratuita, dejando como decía antes que un amplio colectivo tenga que pagarse la justicia. Establece usted mecanismos de restricción y obstáculos que van a favorecer que haya colectivos que ni siquiera en el ámbito de la beneficencia se sientan protegidos por esta ley; colectivos excluidos en nuestro país, que en ningún caso van a poder llevar a cabo este tipo de demostraciones de sus rentas y de iniciativas ante las administraciones porque no tienen tales capacidades; colectivos excluidos, en algunos casos personas inmigrantes, en otros casos personas sin ningún tipo de patrimonio, y en otros casos jóvenes y personas sin hogar, que no van a tener justicia gratuita, que va a recaer sobre los abogados de oficio, que van a seguir haciendo estas iniciativas, eso sí, de manera benéfica, sin ningún tipo de retribución a cambio.

Por otra parte, señor ministro, en su iniciativa y también en la publicación de la iniciativa complementaria, que es la Ley Tasas, ha hecho al final una oferta, también una enmienda a sí mismo, respecto a las comunidades autónomas, que no he acabado de entender muy bien. No acabo de entender cómo habiendo -como le ha dicho el señor Olabarría- marco jurídico suficiente para financiar con cargo a las tasas la justicia gratuita, el ministerio siga todavía dándole vueltas a esa materia, pretendiendo que exista una especie de acuerdo unánime, cuando en muchas materias con las comuniones autónomas a ustedes les basta con las afines, no necesitan que haya acuerdo unánime. Creo que está utilizando el acuerdo unánime como veto para financiar la justicia gratuita a las comunidades autónomas. En este caso concreto mucho me temo que intentan diluir ese compromiso del triple de no se sabe muy bien qué que van a financiar a lo largo de los próximos tiempos en el nuevo modelo de financiación, y por tanto del compromiso de que las tasas vayan a financiar la justicia gratuita no haya nada por ahora ni habrá nada en el futuro. La cuestión es qué van a hacer ustedes con esos ingresos que estaban destinados y vinculados fundamentalmente a la justicia gratuita.

Esas son las razones, señor ministro, para la presentación de nuestra enmienda de devolución. Le volvemos a pedir que, en esta deriva que ha tomado su ministerio, haya un momento de reflexión. Da la impresión de que no basta con una justicia de mercado ni con un ministerio efectista y mediático, porque en estos momentos lo que hay con esa justicia de mercado es una dificultad de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, y su ministerio en vez de ser un ministerio mediático, es piedra de escándalo.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Llamazares.

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). El señor Jané tiene la palabra.

El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, (continúa saludando en catalán) ... y de otros colegios profesionales que también nos acompañan, bienvenidos al Congreso de los Diputados.

Señorías, hoy, como decía el ministro en su intervención inicial, debatimos una ley importante porque regula un derecho constitucional de configuración legal, y es así. Hay un mínimo que la Constitución nos impone a todos. Según el artículo 119, cualquier persona que acredite insuficiencia de recursos tiene derecho a la justicia gratuita. Es cierto también que la Constitución habilita a este legislador, a las Cortes Generales, a que si lo considera conveniente extienda más allá de aquel núcleo inicial -aquellos que acrediten esa insuficiencia de recursos- la justicia gratuita. Esta es una opción, la del legislador, que requiere -y lo decía también el ministro en su intervención inicial- una especial responsabilidad. Nosotros, desde Convergència i Unió, apelamos a esa especial responsabilidad y hemos presentado una enmienda a la totalidad de devolución con ánimo -ya se lo digo de entrada, señor ministro- de intentar negociar este proyecto de ley, porque consideramos importante negociarlo en la fase de ponencia y Comisión si finalmente nuestras enmiendas de devolución son rechazadas, y renegociarlo ya que nos preocupa la regulación que se ha presentado por parte del Gobierno.

Nos preocupa porque vulnera y afecta competencias de las comunidades autónomas. Es cierto que también se han anunciado algunos cambios que va a presentar el Grupo Popular en forma de enmiendas al articulado, pero lo cierto es que nosotros nos pronunciamos hoy sobre el proyecto de ley presentado por el Gobierno, y ese proyecto de ley entendemos desde Convergència i Unió que conculca un artículo plenamente constitucional, porque pasó ya por el propio Tribunal Constitucional, que es el artículo 106.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que le atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva para ordenar los servicios de justicia gratuita y de orientación jurídica gratuita en su territorio. Esta ley se desvía del planteamiento competencial de la normativa actualmente vigente. Actualmente tenemos la Ley 1/1996, en la que a la hora de distribuir las competencias hay una disposición adicional primera con un apartado 3, que excluye. De aplicación directa determinados artículos de esa ley de 1996, la excluye, dice: No tendrán esa aplicación directa en aquellas comunidades autónomas con competencias en el ámbito de la Administración de Justicia. En cambio, en el proyecto de ley que hoy se nos presenta, la disposición final primera realiza una clara invasión competencial, una expansión competencial de las hipotéticas competencias que el Estado pudiera tener en este ámbito; una expansión competencial cogiendo todos los artículos del proyecto de ley y todos, sin ninguna distinción, van a ser aplicables a las comunidades autónomas; y se alega el 149.1.1.ª, garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos básicos; el 149.1.5.ª, Administración de Justicia; el 149.1.6.ª, legislación mercantil, penal, penitenciaria, procesal; y el 149.1.18.ª, que son las bases del régimen jurídico y de las administraciones públicas. Ya no se podrían citar más títulos competenciales del Estado que directa o indirectamente pudieran rozar con la justicia gratuita; los incluimos con la finalidad de expandir ese ámbito competencial y conculcar, en definitiva, las competencias autonómicas.

Esto tiene concreciones prácticas. Se ha dicho ya por parte de otros portavoces. Si analizamos el proyecto de ley en su articulado, el artículo 9 crea el comité de consultas; un comité de consultas que va a depender orgánicamente del Ministerio de Justicia, con una composición, con un funcionamiento que se deja a un posterior desarrollo reglamentario. Recelamos de ese posterior desarrollo reglamentario. Los colegios profesionales que están escuchando y siguiendo este debate saben que este comité de consultas centralizado, con esa función de aplicación homogénea de la ley, va a conculcar las especificidades de determinados territorios en la gestión de la justicia gratuita; va a interferir y va a suprimir la autonomía funcional de las comisiones de asistencia jurídica gratuita. Al crear un nuevo órgano va a hacer más compleja la gestión de la justicia gratuita; e incluso nos destacaban los colegios profesionales -y nosotros atendemos esa inquietud- que puede generar inquietud jurídica, ya que no se prevé el valor que tendrán los informes de ese comité de consultas ni el sistema de recursos para poder impugnarlos ni qué personas, órganos administrativos u organismos pueden considerarse legitimados para esa impugnación. Por tanto, ya tenemos un primer ejemplo en ese comité de consultas.

Otros ejemplos, muy claros. Todo el título V del proyecto de ley, relativo a la subvención y supervisión de los servicios de asistencia jurídica gratuita, es legislación básica. Desde el artículo 41, que se refiere a los gastos de funcionamiento en el ámbito de la gestión de la justicia gratuita en donde se puede cambiar


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el sistema de compensación en los gastos de gestión, hasta el artículo 43 en lo relativo a la justificación de la aplicación de las subvenciones de la justicia gratuita, todo ello, puede alterar claramente el sistema de financiación vigente. Señor ministro, entendemos que la Ley de Tasas está generando un efecto muy negativo para el derecho a la tutela judicial efectiva porque muchísimas personas, al comprobar los efectos de la Ley de Tasas, eluden acudir a la justicia. Esto no es bueno, esto está ocurriendo porque es un efecto de esa ley, y ya lo decían otros portavoces. Se ha disminuido el número de asuntos, sí, pero porque las tasas tienen ese efecto; es un efecto de esa Ley de Tasas que nosotros no pudimos apoyar y que en la práctica nos está dando la razón. Es cierto que en esa Ley de Tasas se decía en su artículo 11 que iba a servir para financiar la justicia gratuita, pero usted lo ha dicho muy bien hoy: no está afectada; está vinculada. Esa vinculación debe demostrarse presupuesto a presupuesto. Ya tenemos una ley de presupuestos en vigor, la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2014, y no hemos sabido encontrar ni afectación ni vinculación en esa ley. Usted nos dice que sí que va a existir en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, pero de momento esta correlación no la hemos sabido encontrar. Y eso, ¿qué comporta? Lo decía el señor Olabarría cuando defendía la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Vasco: de alguna manera ampliamos el espectro subjetivo. Personas que tienen suficientes recursos van a poder acudir a la justicia gratuita, pero las comunidades autónomas que deben prestar ese servicio de justicia gratuita se van a encontrar con que no tienen los medios financieros suficientes para poder dar respuesta positiva a esa ampliación que la ley va a efectuar. Y lo decía también en su intervención inicial que la Lofca establece un sistema de compensación cuando el legislador estatal -nosotros- puede atribuir a una comunidad autónoma -usted ha sido presidente de la Comunidad de Madrid y lo sabe perfectamente- mayores competencias que no estaban calculadas cuando se realizó el sistema de financiación. Hay una revisión quinquenal -ahora se va a producir-, pero lo cierto es que aquí estamos ante un agujero en el que es difícil prever qué consecuencias negativas puede tener para las arcas de las comunidades autónomas y puede tener, en definitiva, también para los colegios profesionales que tienen unos convenios de colaboración y con unas obligaciones que van a tener que atender y no se sabrá muy bien de qué forma se les va a compensar económicamente. En todo caso, también se lo queremos dejar muy claro, y también se decía por parte de otros portavoces al analizar las disposiciones transitorias. Nosotros nos oponemos a una hipotética unificación de los módulos de compensación, ya que entendemos que esto también supondría una invasión de las competencias en la gestión de la justicia gratuita que tienen las comunidades autónomas.

A todo ello, señor ministro, abundando en esos ejemplos concretos de vulneración competencial y de temor por parte de los colegios profesionales de las consecuencias que este proyecto de ley puede tener, me quiero referir al artículo 16, relativo a la devolución de expedientes, y de manera muy clara al artículo 25 del proyecto de ley. El artículo 25 a la hora de regular los requisitos para prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita establece que, con independencia del lugar de residencia o establecimiento, puede personarse un profesional siempre que sea posible ese desplazamiento, esa personación, en un plazo máximo de tres horas. Esto, que puede parecer de entrada un requisito para acelerar la atención de ese turno de oficio que se va a realizar, puede conllevar claramente consecuencias muy negativas para el mundo colegial. De alguna manera abrimos la puerta a los profesionales no colegiados en el colegio de la demarcación territorial en el que correspondería realizar ese servicio, y esto puede alterar de manera muy seria y negativa las previsiones de los propios colegios profesionales en su respectivo ámbito territorial. En Cataluña, donde tenemos muchísimos colegios profesionales, en tres horas cualquier colegiado de cualquier colegio puede desplazarse a otro punto de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por tanto, se abre una posibilidad que puede ser negativa para los colegios profesionales, que puede ser negativa para los profesionales que están colegiados en ese determinado territorio y que tienen sus correspondientes previsiones en cuanto a justicia gratuita. Asimismo, puede resultar negativo que se regule de manera poco adecuada técnicamente el hecho de que deban personarse en la instancia judicial y no se haga ninguna referencia, por ejemplo, al plazo para personarse en comisaría. De la misma manera, la regulación de la sustitución del profesional en caso de que no se persone el designado dentro del plazo de tres horas puede dificultar la gestión de las designas, puesto que el concepto indeterminado -a la mayor brevedad posible- no garantiza ni objetiva el plazo en que debe realizarse la asistencia por parte del profesional sustituto. Por tanto, tenemos también aquí un problema técnico que deberíamos abordar.

Voy terminando, señor ministro. Este proyecto de ley también incide en un aspecto negativo que asimismo ha provocado la presentación de enmienda de totalidad por parte de nuestro grupo parlamentario, y es que se produce un aumento de la burocratización en este ámbito. Hay muchos ejemplos de ese


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aumento de la burocratización. Aumenta la carga de trabajo y aumentan las funciones de los colegios profesionales, sin que ello comporte necesariamente una mayor dotación presupuestaria para los mismos. Algunos colegios de abogados -el Consell de Col.legis d'Advocats de Catalunya- nos han hecho llegar sus inquietudes y nos han trasladado de qué forma incluso se pueden llegar a triplicar las responsabilidades o tareas que deben realizar en este ámbito los colegios profesionales. Por poner solo un ejemplo, en el artículo 7 se introduce la obligación de ratificación por parte del beneficiario de justicia gratuita de la voluntad de presentar recurso o intervenir en la ejecución. Los colegios profesionales correspondientes deberán comprobar que se mantiene la insuficiencia de recursos. Y si de esa comprobación de datos que realiza el colegio profesional se constata que debe denegarse el derecho para una segunda instancia o la ejecución, ¿qué órgano deberá resolver la denegación, el colegio o la comisión? Como este, hay muchísimos aspectos de tramitación que van a complicar el ejercicio del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Por tanto, entendemos que debe abrirse la ponencia -y me dirijo también al ponente del Grupo Popular- en el sentido de escuchar a todos los grupos. Les aseguro que desde Convergència i Unió tendremos la mejor predisposición posible para intentar mejorar este proyecto de ley, para cambiar aspectos que nos preocupan y que hoy justifican esta enmienda a la totalidad. El artículo 16 impone la devolución a los colegios de abogados de los expedientes incompletos. En dicho precepto se introduce esa devolución por parte de la comisión a los colegios profesionales de aquellos expedientes con deficiencias o documentación incompleta y el colegio debe subsanarlos en un plazo determinado de días, imponiéndole también mayores obligaciones y mayores responsabilidades que nosotros entendemos precipitadas, así como que no se ha realizado el necesario consenso previo con todos los operadores jurídicos, los colegios de abogados, de procuradores, de graduados sociales; todos los que van a intervenir en este proyecto de ley. Los grupos parlamentarios tampoco hemos recibido, señor ministro, una aproximación previa a este debate y también nos hubiera gustado que, antes de finalizar el plazo de enmiendas, el Gobierno nos hubiera dado la oportunidad de acercar posiciones y de intentar solventar un proyecto de ley que, tal y como se ha presentado -y termino ya, señor presidente-, justifica hoy nuestra enmienda a la totalidad de devolución. Esperamos que en su fase de tramitación en el Congreso y en el Senado, seamos capaces -por el bien de la justicia gratuita y por el bien del derecho a la tutela judicial efectiva, que consagra como derecho fundamental nuestra Constitución- entre todos de mejorar el proyecto y sobre todo de realizar un proyecto acorde con el marco competencial, que respete las competencias del mundo colegial y que ayude realmente a aquellos ciudadanos que precisan de la justicia gratuita en nuestro país.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Jané.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Echávarri.

El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: Señor presidente, quiero en primer lugar, dar la bienvenida a los vicepresidentes del Consejo General de la Abogacía Española, decanos del Consell del Col.Legis d'Advocats de Catalunya, de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, Asociación Profesional de Abogados de Extranjería y de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno. Gracias y bienvenidos al Congreso de los Diputados.

Seis enmiendas a la totalidad, señor Gallardón, seis, todos los grupos parlamentarios. ¿Está claro quién es el conductor kamikace, no? ¿No le da que pensar que todo el mundo vaya en dirección contraria, señor Gallardón? Cierto es que ya debe de estar acostumbrado porque, proyecto que su ministerio trae a esta Cámara, proyecto que nos une a todos. Le recuerdo por ejemplo la Ley de Tasas o la supresión de la jurisdicción universal. A estas alturas no les voy a decir que se lo hagan mirar, ya son un caso imposible, pero dice mucho de la concepción del consenso en materia de justicia que tienen su partido en general y usted en particular.

Señor ministro, el presente proyecto de ley es un gran engaño. En primer lugar, no sé ni siquiera por qué lo llaman proyecto de ley porque no es más que una mera reforma de la Ley de 1996. Le digo que es un gran engaño porque usted lleva más de dos años vendiéndonos las bondades de esta ley y, cuando por fin llega, nos encontramos con una ley más restrictiva, más compleja y más burocrática que la actual, además de posiblemente inconstitucional, como ha apuntado el señor Olabarría.

Esta nueva reforma no es más que otro ataque a los derechos fundamentales y especialmente a uno tan relevante como es la tutela judicial efectiva. Es un eslabón más en la tarea que parece que se ha impuesto, la de acabar con la Administración de Justicia, la de privar a los ciudadanos de la última ratio


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que tienen para hacer valer sus derechos, el acceso a los tribunales. En primer lugar - y hoy lo ha hecho otra vez- de forma perversa vincula este texto con la Ley de Tasas, con su tasazo judicial, que ya está imposibilitando que miles de ciudadanos puedan acudir a la justicia, que ya ha convertido la justicia en un artículo de lujo, en definitiva que ya solo los poderosos tienen justicia, que por otro lado además era el principal objetivo de dicha ley. En concreto -y lo ha vuelto a hacer hoy-, vincula la financiación de la justicia gratuita con los ingresos que se obtengan por tasas judiciales porque dice que si no el sistema es insostenible. Aquí, ya de entrada, nos tiene de frente. La justicia gratuita para el que no pueda sufragarla es un mandato constitucional y por tanto debe tener financiación adecuada y asegurada todos los años a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. (Aplausos). Señor Gallardón, no puede vincularse el ejercicio de un derecho fundamental de unos con cargo al ejercicio del mismo derecho por otros, pero es que además es otro gran engaño. Le recuerdo -lo ha dicho aquí- que la única justificación para imponer la tasa iba a ser que lo recaudado iba destinado a justicia gratuita, convirtiéndose usted en una especie de Robin Hood legislativo que destinaba el dinero de los que podían pagar a aquellos que no lo pueden pagar. Pues bien, así nos lo vendió y nos engañó. Acudiendo a los presupuestos comprobamos cómo el año 2013 se recaudaron 316 millones en concepto de tasas y el presupuesto de justicia gratuita de este año es de 34 millones. ¿Dónde está el resto, señor Gallardón, que ha pasado, no lo estarán gastando en otra cosa, no? Ha pasado que todo era mentira, señor ministro, todo. La motivación de las tasas no era sufragar la justicia gratuita, era simplemente hacer una justicia para ricos y otra para pobres, era expulsar del sistema a quien no se lo puede pagar y de paso ya, por supuesto, hacer caja. Le recuerdo, aunque tiene que tenerla in mente, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha considerado ilegal el céntimo sanitario al entender que no hay un vínculo directo entre el uso de los rendimientos y el fin impuesto en cuestión. Le advierto que puede ser aplicable a su tasazo judicial.

Hablando de la Constitución, el mandato del artículo 119, de existencia de un sistema de justicia gratuita, es un mandato al Estado; no es un mandato a los colegios profesionales, y le explico. Usted no puede cargar la obligación de ofrecer una justicia gratuita sobre abogados y procuradores, y es lo que está haciendo al no garantizar una remuneración justa y adecuada para las actuaciones de estos profesionales. Pero aquí hay truco. Ustedes, el Partido Popular desincentiva de forma deliberada a estos profesionales para que vayan disminuyendo los apuntados y cuando ya no haya suficientes usted tenga el camino abierto para que el ministerio contrate directamente a otros, es decir, para privatizar la justicia gratuita (Aplausos), porque ese es el gran objetivo de su partido, y cuando lo hagan esos 34 millones se convertirán seguramente en 50 y se los darán a algún megadespacho de este país, lo que mermará -se lo advierto ya- la tutela judicial efectiva de miles de personas.

En este texto, además, encontramos ya algunos apuntes hacia este camino como, por ejemplo, la barbaridad de que baste que un letrado pueda estar a tres horas del juzgado para que le pueda ser asignado un cliente del turno de oficio. Es decir, un abogado de Madrid puede asistir a un cliente de Valencia porque con el AVE llega en hora y media. ¿Y qué hace el cliente si luego quiere ver a su abogado? ¿Se tiene que coger el AVE para ir a Madrid? ¿Usted cree que esto es solidario, como nos ha vendido hoy en este tribuna? (Aplausos). Esto es un atentado flagrante a los derechos de los ciudadanos y la puerta de atrás que ya ha abierto usted a los grandes despachos.

Por otra parte, como ya he dicho al principio, este texto restringe el derecho de acceso a la justicia gratuita, y lo hace porque han variado el indicador; han pasado del salario mínimo interprofesional y ahora aplican el Iprem. Ya ha dicho el señor Llamazares que prácticamente no es ningún beneficio, pero además hay colectivos que han sido claramente perjudicados; por ejemplo, las unidades familiares con una persona, cuya cuantía de recursos para acceder al derecho se rebaja de 14.910 euros anuales a 12.780 euros. Es decir, antes una persona que viviera sola tenía este derecho si sus ingresos no superaban 1.308 euros, mientras que ahora, si cobra más de 1.064, deberá pagarlo. Han bajado el umbral casi un 25 % para este grupo de personas y le aseguro que muchos se van a quedar fuera, y le voy a poner un ejemplo muy claro que vivimos día a día los abogados. ¿Usted cree que una persona que cobre 1.100 euros, que no va a tener derecho a la justicia gratuita con su proyecto, se puede gastar 800 euros en pagar la tasa de un recurso de apelación? Escúcheme, señor Gallardón, ¿usted cree que una persona que cobre 1.100 euros se puede gastar 800 en pagar una tasa? ¿De verdad piensa que lo puede hacer? Pues le digo yo: No lo hace, señor Gallardón; no lo hace y no recurre. Y así miles de españoles y españolas todos los días por culpa de sus leyes.

También restringe el derecho a la tutela judicial efectiva cuando impone condiciones de difícil cumplimiento. Por ejemplo, obliga a los potenciales usuarios a identificar los servicios que va a precisar


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del letrado. Esto es imposible, en primer lugar, porque una persona lega en derecho no conoce los cauces procesales existentes y además es imposible de determinar si habrá incidentes o no a lo largo de la causa. O, por ejemplo, la ratificación en segunda instancia. Esto es imposible en asuntos penales. Hay mucha gente que no tiene domicilio conocido, que solamente les ve el letrado cuando les asiste en comisaría o al día siguiente del juicio y no les vuelve a localizar nunca más; que se imposibilite que en segunda instancia se vean recursos de estas personas porque no hagan ratificación puede afectar a los derechos de defensa de estos sujetos. O la no concesión del derecho a las personas que tengan un contrato de seguro aun cuando acrediten insuficiencia de recursos; no pueden privar a estos ciudadanos de su derecho constitucional por el mero hecho de tener un seguro, porque las aseguradoras pueden plantear cuestiones contractuales que pueden dejar sin protección al beneficiario.

Y lo peor de todo es la motivación que da al proyecto para todos estos obstáculos. Dice que la motivación es evitar el claro abuso que muchos ciudadanos han hecho utilizando la justicia gratuita. Señor Gallardón, deje de echar la culpa de todo a los ciudadanos, deje de justificar en ello sus recortes. La gente, cuando se quiere entretener, se va al cine, no va al juzgado. A quien abuse, mano de hierro, pero no generalice, no criminalice a los españoles. ¿Qué presunción es esa de que si una persona en un año tiene más de tres pleitos está abusando, está defraudando? A una persona le pueden despedir, tener un accidente de tráfico y tener una gotera en casa. ¿Qué pasa?, ¿ya no tiene derecho? ¿Es un defraudador? No, señor Gallardón, los españoles son mucho más honrados y decentes que lo que en su partido piensan. Estas presunciones contra los derechos de la gente el Partido Socialista no las va a apoyar jamás. Esta limitación es inadmisible.

Señor Gallardón, otro tema, abogados. No sé qué le hemos hecho los abogados, pero norma que dicta norma que nos afecta negativamente. Ya le he hablado antes de la necesidad de que tengan una remuneración justa, pero además es que no es de recibo hacer recaer en ellos las disfunciones del sistema. No es aceptable que un abogado deba asumir los costes de una defensa cuyo cobro resulta imposible porque el señor haya falseado los datos o esté ilocalizable o sea insolvente. No es aceptable desde el punto de vista de un ministro que crea y confíe en la justicia gratuita. Es entendible desde el punto de vista de un partido como el suyo, que, como he dicho, quiere cargarse el actual sistema para privatizarlo. Reitero, si les pagan poco y además tienen que asumir un eventual riesgo de pagarlo de su bolsillo, posiblemente muchos empiecen a borrarse, y eso no nos lo podemos permitir.

Dos cosas muy concretas para ir finalizando: inmigración y violencia de género. En materia de inmigración el proyecto también materializa una de las líneas por las que ha optado el Gobierno en su lucha contra la inmigración clandestina, y lo hace una vez más poniendo a los extranjeros que estén en situación irregular en España fuera del sistema de justicia gratuita, toda vez que será necesario estar legal para poder solicitarlo. La medida, similar a la ya formulada exclusión de la asistencia sanitaria, supondrá en la práctica la exclusión del sistema de los extranjeros irregulares con las consecuencias que de ello se puedan derivar sobre vulneración de derechos e incumplimiento de obligaciones asumidas por el Estado español en virtud de diversos convenios internacionales y de la propia jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional. Es claro que esta medida se suma a otras en esta dirección -la de ignorar los derechos de facto- que viene realizando el Gobierno llevando a cabo devoluciones ilegales en las fronteras de Ceuta y Melilla o reformando la justicia universal para dar satisfacción a demandas más bien espurias y que no son aceptables con la defensa y promoción de los derechos humanos ni con un orden social justo, tal y como promueve en su exposición de motivos nuestra Constitución.

En lo referido a violencia de género me voy a detener porque usted ha hecho una mención. Siempre ha dicho en esta Cámara que iba a ser absolutamente innovador, que iba a dar una atención integral a las víctimas. Me centro en las de violencia de género, a pesar de que lo extiende a terrorismo y trata de seres humanos. Ha dicho que les iba a dar una atención desde el minuto uno a todas. Si vamos al texto vemos cómo efectivamente dice que, con independencia de la existencia de recursos para litigar, reconoce el derecho a asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos. Ahora bien, el artículo siguiente dice que una persona adquiere la condición de víctima cuando formule denuncia o querella o cuando se inicie un procedimiento penal. Con esta redacción para usted una víctima no es una persona que ha sufrido una agresión, sino una persona que pone una denuncia. Limita bastante la definición de víctima.

Cierto es que luego lo medio arregla con una disposición adicional donde se establece que estas víctimas tendrán derecho a asesoramiento en el momento inmediatamente anterior a formular la denuncia. Se equivoca. Una mujer víctima de violencia de género no necesita asesoramiento en el momento


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inmediatamente anterior a poner una denuncia, necesita asesoramiento en el momento inmediatamente posterior a sufrir una agresión, que es muy distinto. (Aplausos). Le explico por qué es muy distinto. Porque si una mujer solamente es asesorada para poner la denuncia ya ha decidido poner la denuncia, y muchas mujeres necesitan ser asesoradas en su duda de poner o no una denuncia, porque hay que hacer que todas denuncien, y usted a esas las está excluyendo. La redacción de una denuncia es absolutamente vital para que luego el pleito llegue a buen fin. Muchos juicios los pierden las mujeres maltratadas porque no está bien redactada la denuncia. Pues démosles todo el tiempo necesario desde que sufren la agresión, no solamente los segundos antes de redactar una denuncia.

Además pierden el derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando no obtienen sentencia condenatoria. Es decir, quedan fuera de cobertura de dicha asistencia los pleitos que hubieran podido interponer por razón de su condición de víctima, como pueden ser pleitos civiles por medidas paterno-filiales, por el mero hecho de perder un juicio. Usted aquí está confundiendo denuncias falsas con sobreseimientos. Lo está confundiendo. A la mujer que denuncia falsamente le quitamos todos los derechos. A la que pierde un juicio porque no ha podido demostrarlo por cualquier circunstancia, lo que no significa que sea falso, no le podemos quitar tal derecho si realmente su voluntad es ofrecer una protección integral y total a todas las mujeres. (Aplausos). Además le quita el derecho de justicia gratuita aunque lo tuviera por cuestiones económicas, porque el texto dice que lo perderá. ¿Qué barbaridad es esta? ¿Está castigando a las mujeres que pierden un juicio? ¿Ya no tienen derecho a justicia gratuita? ¿O tienen que empezar a tramitarlo por cuestiones económicas retrasándose todos los pleitos que tienen en cuestiones tan sensibles como las medidas para ver a sus hijos? Esto realmente es una barbaridad y nos indica que todo lo que usted decía de protección integral a las mujeres víctimas de violencia de género era de cara a la galería. Con las tasas usted creó una justicia para ricos y otra para pobres, y ahora quiere crear una justicia para vencedores y otra para vencidos. Esto no es así, la justicia es igual para todos o debe serlo, y por eso no podemos más que rechazar este proyecto. Lléveselo otra vez a su ministerio, métalo en el cajón en el que tiene la Ley del Aborto, abra un periodo de consultas (Aplausos), busque el diálogo, pero no nos engañe más, señor Gallardón. Señor ministro, en esta materia, si va con la verdad por delante y quiere que exista una justicia gratuita y eficaz en nuestro país, va a encontrar nuestra complicidad, se lo aseguro; pero así no, Gallardón; este no es el camino.

Por último y para acabar, si tan importante es este texto para ustedes, que para nosotros lo es y mucho, le emplazo a que en este Pleno, en esta Cámara, y no en Comisión, se produzca la aprobación definitiva del mismo; que acepten la avocación al Pleno por mera cortesía parlamentaria y por decencia democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Echávarri.

Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Popular el señor Molinero tiene la palabra.

El señor MOLINERO HOYOS: Señor presidente, quiero dar la bienvenida a los representantes de la abogacía institucional que nos acompañan esta mañana, y espero que de alguna manera podamos complacer las expectativas que tiene la abogacía española. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).

Señor ministro, señorías, no puedo por menos que comenzar esta intervención felicitándole por la brillantez con que ha explicado los objetivos y contenidos del proyecto de ley que hoy debatimos, dando respuesta adecuada a todos y cada uno de los puntos que el mismo contiene. Por otra parte, las intervenciones que me han precedido parece ser que han hecho más referencia al Real Decreto-ley 3/2013, sobre todo en el ámbito de aplicación subjetivo y objetivo del proyecto, que al mismo contenido del proyecto, lo que significa que las enmiendas a la totalidad están vacías de contenido; otra cosa distinta es que hubieran presentado enmiendas al articulado. Por esa razón quiero anunciar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, nuestro apoyo al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita y anunciamos que vamos a rechazar las enmiendas a la totalidad por dos motivos fundamentales: el primero, porque el Grupo Popular tiene un compromiso con los ciudadanos, en particular con esos ciudadanos que carecen de recursos económicos suficientes para acceder a la tutela judicial efectiva y que necesitan el apoyo del Estado para acceder a la misma a través de este instrumento, que es el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita; en segundo lugar, porque en los momentos económicos actuales es necesario controlar y racionalizar los recursos públicos para la sostenibilidad del sistema, impidiendo el abuso del derecho.


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Del contenido del proyecto de ley se desprenden dos ideas generales: por un lado, la importancia y, por otro, la necesidad del mismo. Señorías, saben todos perfectamente que el derecho a la justicia gratuita es un derecho fundamental reconocido en el artículo 119 de la Constitución y vinculado, de manera esencial, a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Carta Magna. En consecuencia, todos nosotros estamos obligados al sostenimiento del sistema como servicio público para aquellos ciudadanos que acrediten esa insuficiencia de medios económicos.

En cuanto a la necesidad de la reforma, salta a la vista. Es necesaria porque tras dieciocho años de vigencia de la Ley de 1996 es obligado ajustarla a la realidad actual, pero sobre todo es necesario contemplar y eximir del pago de las tasas según el Real Decreto 3/2013. Es necesaria porque tenemos además la obligación de asegurar fundamentalmente la viabilidad del sistema, gestionando los recursos con eficacia y eficiencia. Es necesaria porque tenemos el compromiso de dar respuesta a algunas propuestas de las administraciones públicas y de los colegios de abogados. Les recuerdo a sus señorías que, según el informe del Observatorio de la justicia gratuita, correspondiente al periodo 2008-2012, la reforma de la ley la solicitan la totalidad de abogados que ejercen en ella. Y es necesaria además porque debemos actualizar e incorporar a nuestro ordenamiento jurídico las modificaciones legislativas realizadas en el marco europeo para reforzar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

A pesar de la naturaleza eminentemente social del proyecto de ley y de su estrecha vinculación con el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, actualmente en vigor, hoy estamos debatiendo seis enmiendas a la totalidad que tratan de vetar de inicio este proyecto de ley. Por cierto, me ha llamado la atención que esta mañana se haya dicho que estamos en un ámbito de consenso, en un ámbito de llegar a acuerdos; estamos abiertos a esos acuerdos y nos ofrecemos -la ponencia se ofrece- a tratar este tema, pero no entendemos que se hayan formulado unas enmiendas a la totalidad y que ahora se estén discutiendo textos del articulado más que del contenido esencial de lo que es en sí el proyecto de ley. Pero señorías, sencillamente, a mi grupo parlamentario no le sorprendió dicha postura; lo extraño hubiera sido que, en lugar de presentar una enmienda a la totalidad, nos hubieran posibilitado la negociación y discutir artículo por artículo la ley.

Las enmiendas a la totalidad presentadas por los distintos grupos parlamentarios han sido contestadas por el ministro de Justicia de manera pormenorizada y detallada, superando en todo caso y en todo momento el contenido de la justificación de las mismas. Así, una de las cuestiones que más preocupaba a los grupos proponentes era la enmienda sobre la falta de financiación adecuada para hacer frente a la ampliación de beneficiarios. Esta cuestión ha quedado suficientemente clara, a pesar de que algunos intervinientes no han querido escuchar con atención las aclaraciones o manifestaciones del ministro de Justicia. La relación existente entre tasa y servicio es una relación de vinculación y no de afectación, por tanto, el Ministerio de Justicia puede aplicar a los ingresos obtenidos por las tasas judiciales los incrementos presupuestarios de las comunidades autónomas derivados de la elevación de los umbrales de la renta. En consecuencia, la justificación de la enmienda queda superada por el proyecto de ley, como también queda sin justificación la enmienda de los partidos nacionalistas, PNV y CiU, sobre la creación del comité de consulta, que se dice que usurparía las competencias de las comunidades autónomas respecto a estas materias. Como se ha explicado por el ministro de Justicia, las resoluciones de este órgano consultivo no son preceptivas ni vinculantes. Se trata de criterios para homogeneizar a las distintas comunidades autónomas, es decir, son criterios orientadores que las comunidades autónomas podrán aplicar en sus distintos territorios si así lo quieren. En segundo lugar, esas comunidades autónomas entrarán a formar parte de ese comité de consulta. Es más, no debemos olvidar que este comité de consultas ha sido valorado positivamente por el Observatorio de justicia gratuita del Consejo General de la Abogacía, por lo tanto, es el consejo el que refuerza la existencia de este comité de consulta.

El Grupo Parlamentario Popular tampoco puede apoyar las enmiendas relativas a limitar la ampliación del ámbito subjetivo y objetivo de la ley, precisamente porque esta es una materia que ya fue discutida en el real decreto de modificación de la Ley de tasas judiciales de la Administración de Justicia gratuita y formó parte integrante de ella. Sería reiterar un debate que ya está finiquitado. Por otra parte, en el Grupo Parlamentario Popular consideramos que sería injusto dejar al margen de la ley a personas físicas y jurídicas, así como a asociaciones o colectivos sin ánimo de lucro y que además no tienen suficientes recursos económicos para acceder a la justicia. En mi grupo parlamentario estamos totalmente convencidos de que si esta iniciativa hubiera sido formulada por los grupos parlamentarios de la izquierda, sería


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calificada como una medida progresista y demonizarían al grupo parlamentario que se opusiera a ella porque, como siempre, la razón moral la lleva la izquierda.

Respecto a las enmiendas sobre la inconstitucionalidad de la medida, el informe del Consejo de Estado es claro y determinante, es un derecho constitucional cuya extensión y configuración legal le corresponde al Congreso de los Diputados y, por tanto, no puede tacharse de inconstitucional. Respecto al resto de las enmiendas, no es necesario abundar más en ellas, pues han sido contestadas por el ministro de Justicia. Sin embargo, quiero hacer referencia a un tema en particular, principalmente por los términos que se han utilizado en su formulación, y me refiero a las enmiendas en las que se denuncia el hecho de que solo se pueden tramitar tres solicitudes al año de un mismo beneficiario. Izquierda Unida dice que se vuelve a "acusar a la ciudadanía de colapsar el sistema"; el Partido Socialista dice que se incluyen "elementos de gran desconfianza"; y UPyD dice que "se presume la existencia de abuso de derecho". Estos son los términos que se utilizan en la justificación de las enmiendas. ¿Y si les dijera que esta medida es una recomendación del comité de expertos del Observatorio de justicia gratuita?, ¿y si les dijera que, según este comité de expertos -leo textualmente-, esta medida puede ser un instrumento para poner freno a usos abusivos del mecanismo de justicia gratuita que en ocasiones se cuentan por decenas o incluso por centenares y para pretensiones irrelevantes?, ¿dirían que el Consejo General de la Abogacía trata de colapsar el sistema o que presume el abuso del derecho? Por favor, señorías, vamos a dejar a un lado la demagogia y contesten desde el sentido común. Al margen de los procesos penales que quedan excluidos de la limitación de este proyecto de ley, ¿cuántos ciudadanos interponen más de tres procedimientos al año por necesidad real?, ¿creen que un ciudadano con unos recursos económicos ilimitados está pensando todos los días contra quién van a litigar, salvo que se trate de una de las personas a que hace referencia el comité de expertos?

Para finalizar, quiero agradecer al ministro de Justicia la actitud de consenso que ha mostrado al anunciar nuevas enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario Popular, relativas a la inclusión de las asociaciones medioambientales, a los servicios de orientación jurídica de los centros penitenciarios y a la ampliación de los beneficios a trabajadores del ámbito social. Es un acto más de responsabilidad del Gobierno a favor de los más desfavorecidos. No puedo terminar esta intervención sin mostrar, desde esta tribuna, mi profundo respeto y admiración por esos 36.000 abogados que ejercen el turno de oficio, a estos abogados silenciosos que con generosidad y entrega prestan un servicio público de calidad a los más desfavorecidos, a los más necesitados de la sociedad, para que no sean vulnerados ni discriminados en sus derechos por motivos económicos. Desde esta tribuna quiero agradecerles la importantísima labor que vienen realizando y animarles a que sigan ayudando a los más necesitados.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Monserrat Monserrat): Muchas gracias, señor Molinero.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señora presidenta.

La brillantez, extensión y profundidad de la intervención del señor Molinero me libera de la obligación de responder a todas y cada una de las intervenciones. Solo quiero aprovechar este turno para mostrar mi agradecimiento, en primer lugar, como es lógico, al Grupo Parlamentario Popular pues es su fortaleza argumental e intelectual la que pone en valor este proyecto. Mi agradecimiento al Grupo de Convergencia i Unió que desde la discrepancia ha hecho una manifestación ciertamente positiva en cuanto a la posibilidad de que en la tramitación de la ley alcancemos espacios de acuerdo y de consenso. Mi agradecimiento también al resto de los grupos que de una forma tan fuerte me han criticado porque con toda sinceridad, señora presidenta, en su crítica lo que venía escondido es un elogio cierto, y como tal lo recibo. La izquierda ha gobernado en España durante más de veinte años, pero ha sido un Gobierno del Partido Popular el que ha hecho extensible los beneficios de la justicia gratuita a las víctimas de la violencia de género, a las víctimas del terrorismo, a las víctimas de trata de seres humanos, a los menores de edad y las personas discapacitadas, y a las organizaciones medioambientales de interés general. Como muy bien decía el señor Molinero, este es un discurso que le hubiese encantado hacer a cualquier Gobierno porque es una auténtica extensión de los derechos sociales. En la crítica por hacerlo nosotros está la autocrítica por no haberlo hecho ellos, por lo tanto, lo recibo como un elogio.

Gracias, señores diputados. (Aplausos.-El señor Llamazares Trigo pide la palabra).


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La señora VICEPRESIDENTA (Monserrat Monserrat): Gracias, señor ministro.

Señor Llamazares, el señor ministro no ha abierto el debate. (El señor Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se perciben).

El señor ministro no ha abierto el debate. (El señor Llamazares Trigo pronuncia otra vez palabras que no se perciben).

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 5/2014, DE 4 DE ABRIL, POR EL QUE SE PREVÉ UNA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIO Y ADICIONAL PARA EL IMPULSO DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. (Número de expediente 130/000052).

La señora VICEPRESIDENTA (Monserrat Monserrat): Continuamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes: Real Decreto-ley 5/2014, de 4 de abril, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal y la aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, el Gobierno de España decidió desde el comienzo de la actual legislatura poner en marcha e impulsar una política de contención de las ofertas de empleo público. Como conocen sus señorías, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 establecen, como en los ejercicios anteriores, que no habrá incorporaciones de nuevo personal al sector público, excepto en determinados ámbitos que se consideran prioritarios para la prestación de servicios públicos esenciales. En estos casos se aplica una tasa de reposición de un máximo del 10 %. Este decisión, que para el presente ejercicio supone un ahorro de cerca de 200 millones de euros, forma parte de la política de austeridad en el gasto que está jalonando todo el recorrido de la legislatura y que, como todos ustedes conocen, nos está permitiendo cumplir con los ambiciosos objetivos de control del déficit público. La nueva fase económica que está viviendo nuestro país, fase inicial de crecimiento económico, es consecuencia directa de haber situado la lucha contra el déficit como una de las prioridades de la política económica del Gobierno, y debemos entender y celebrar los avances en la misma. Con todo, no debemos confundir la necesaria austeridad con la descapitalización de la Función pública. La fortaleza de la Administración es un elemento fundamental para la buena marcha de nuestro país y unos empleados públicos cada vez más profesionalizados, más cualificados y con mejores medios para realizar su cometido son imprescindibles para consolidar el camino de la superación de la crisis económica. Por tanto, debemos entender que la reducción de empleo público ha tocado fondo en nuestro país. Abrimos ahora una nueva etapa en la que estamos haciendo un diagnóstico de cuáles son las áreas del sector público, de la Función pública, que es necesario reforzar y mejorar, porque de ellas depende la prestación de servicios públicos esenciales, y cuáles son los sectores que precisan de una mayor actividad para impulsar el desarrollo económico del conjunto del país.

Fruto de este diagnóstico es el real decreto-ley que hoy tengo el honor de proponer a la Cámara para su convalidación. El Gobierno ha identificado dos áreas cuyo reforzamiento consideramos prioritario. Por un lado, está la escala de funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional y, por otro, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Se trata de dos ámbitos de actuación muy importantes en el control de la gestión económica de nuestras administraciones y, en concreto, se trata de dos campos de actuación decisivos en la lucha contra el fraude; dos actividades que inciden muy especialmente con el objetivo de impulsar, de continuar con el saneamiento de las cuentas públicas. En el caso de los funcionarios de Administración local existe un elevado número de plazas vacantes, especialmente en las subescalas de intervención, tesorería y secretaría-intervención. Esta situación resulta especialmente preocupante, ya que se trata de las subescalas que tienen atribuidas las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, además de la función de contabilidad, tesorería y recaudación de las entidades locales. Se trata pues de funciones de


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gran importancia -como antes anticipaba- en la lucha contra el fraude, en el control del déficit público y, a la postre, en la consecución y en el mantenimiento del equilibrio presupuestario, del principio de estabilidad presupuestaria.

La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobada hace cuatro meses, amplía las competencias de la Administración del Estado sobre este colectivo, y atribuye al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la aprobación de la oferta de empleo público de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Pues bien, con la aplicación estricta de los criterios de carácter básico establecidos para el cálculo de la tasa de reposición en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, se obtiene una cifra de 11 nuevos funcionarios, lo cual resulta notoriamente insuficiente si quieren cumplirse adecuadamente los objetivos previstos. Por ese motivo, el Gobierno ha incluido a este colectivo en la oferta de empleo público extraordinaria, que es la que recoge este decreto. Serán 210 plazas más incluidas dentro de la categoría de vacantes puras, una cifra que en estos momentos se considera razonable y adecuada para nutrir a las corporaciones que se encuentran desasistidas. Además, el Gobierno ha previsto una oferta de 70 plazas de promoción interna para reforzar estas tareas de asesoramiento legal, control y fiscalización interna de la gestión de las corporaciones locales. Será la primera oferta de empleo público en el ámbito local en aplicación de la nueva Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Hay que destacar que la aprobación de esta oferta adicional de plazas reservadas a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional no implicará un aumento de coste. Estos funcionarios son retribuidos por las corporaciones locales donde prestan sus servicios, que deben tener presupuestadas estas plazas con independencia de que se encuentren vacantes o no.

En lo que se refiere a la Agencia Tributaria, me parece oportuno destacar, en primer lugar, el papel tan relevante que desempeñan sus funcionarios para garantizar la solvencia del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones. Su labor se centra tanto en las actuaciones de fomento del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras, como en las actuaciones de control, prevención y lucha contra el fraude fiscal, de modo que el Estado pueda contar con los ingresos precisos para dar una respuesta adecuada a las necesidades de los ciudadanos. La Agencia Tributaria ha incrementado de manera notable tanto el número y la calidad de los servicios ofrecidos a los contribuyentes, como la eficacia y la eficiencia de su función recaudatoria y de lucha contra el fraude fiscal. Esto ha sido posible gracias a la profesionalidad del personal de la agencia y también a una apuesta decidida por las nuevas tecnologías, por la recomposición de la plantilla en beneficio de los colectivos más cualificados y por las numerosas medidas de racionalización de la gestión que se han venido implantando. Para que sus señorías se hagan una idea completa de la eficacia de la gestión de la Agencia Tributaria, solo les recordaré que 2012 y 2013 han sido los dos mejores ejercicios de la serie histórica en la lucha contra el fraude fiscal. Esto ha supuesto unos ingresos de 11.500 millones de euros en 2012 y de 10.480 en 2013 en términos homogéneos, lo que equivale a más de un punto de nuestro producto interno bruto. En realidad, la cifra del último ejercicio asciende a 10.950 millones al incluir un concepto que no se contabilizaba hasta ahora: la minoración procedente de solicitudes de rectificaciones de autoliquidaciones. Hay que tener en cuenta, además, que este aumento de la presión de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude se ha producido en un contexto especialmente complicado. Por un lado, los periodos no prescritos, susceptibles de ser comprobados por nuestros funcionarios, se extienden a partir de 2008, es decir, años con bases imponibles agregadas en creciente disminución por la crisis. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los resultados de la agencia se miden por ingreso efectivo, lo que resulta más complicado en el actual contexto de problemas de liquidez y morosidad de las empresas y de caída de beneficios empresariales.

Otro ejemplo de esta eficacia de la labor de la Agencia Tributaria es que la Administración española, según los últimos datos publicados por la OCDE, tiene ratios de eficiencia superiores a los de otros países de nuestro entorno que cuentan con una mayor dotación de personal. Según los últimos datos publicados en 2013 por la OCDE, referidos a 2011, el coste de gestión por cada cien unidades monetarias, índice de eficiencia, en España es de 0,86 unidades. Esta ratio es mejor que la de países como Japón, 1,75; Australia, 0,99; Canadá, 1,31; Bélgica, 1,36; Alemania, 1,40; Francia, 1,20 u Holanda cercano a la unidad. En cualquier caso, la eficiencia con la que trabaja la Administración tributaria abarca muchos campos y se extiende a ámbitos más allá de la pura lucha contra el fraude, interviniendo en el control de determinados procesos de pagos o en otras investigaciones judiciales, en las que su actuación revierte en beneficio general de la Administración y de los contribuyentes. A título de ejemplo, pueden recordarse los servicios que la Agencia Tributaria ha prestado para la gestión del Fondo de pago a proveedores de entidades


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locales y comunidades autónomas y del Fondo de liquidez autonómico; o las actuaciones de colaboración realizadas conforme obliga la normativa a las autoridades judiciales que, en muchos casos, se extienden más allá de los ámbitos estrictamente tributarios, como delitos contra la Hacienda pública y contrabando, en los que trabajan más de 1.100 funcionarios de la Agencia Tributaria. Además, la agencia ha sido un referente en el desarrollo de la Administración electrónica en España, habiendo sido pionera en la implantación de mecanismos de relación telemática con los contribuyentes y servicios de notificaciones electrónicas, entre otros ejemplos.

No obstante, creemos que la labor de la agencia necesita actualmente nuevos impulsos. Hay que recordar que los ingresos fiscales en España sufrieron una notable caída a partir del año 2007, tanto por la evolución de la economía, la crisis económica, como también por las políticas de orden normativo desarrolladas hasta entonces. La presión fiscal cayó en España -debo recordarlo, una vez más, desde esta tribuna- entre los años 2007 y 2011 más de 5 puntos del PIB, 5 puntos enteros del PIB, circunstancia que no se ha dado en ningún país europeo de nuestro entorno. En la Unión Europea el retroceso apenas ha llegado, en términos medios, a 6 décimas, y nosotros hemos perdido -insisto- más de 5 puntos de PIB. Por lo tanto, hay una necesidad evidente de incrementar los ingresos fiscales, y eso va a ser posible si seguimos avanzando por la senda de modernización y profesionalización emprendida en los últimos años por la Agencia Tributaria y si se convalida en este Parlamento la nueva oferta de empleo público propuesta por el Gobierno.

Traemos aquí la propuesta de ampliar la plantilla de la Administración tributaria en 166 plazas, que se sumarán a las 72 previstas en la oferta de empleo público ordinario. Es propósito del Gobierno, además, reforzar la estructura de personal de la agencia con la convocatoria de otras 627 plazas de promoción interna que podrán nutrirse de áreas del sector público que en estos momentos son excedentarias. Esto supondrá una optimización de los recursos humanos con que cuenta el Estado y un incentivo para decenas, centenares de funcionarios que verán satisfecho sus anhelos de mejora de su carrera profesional. En total habrá 720 plazas más que en la oferta de empleo público de 2013. Si las desglosamos por escalones profesionales, la oferta para el cuerpo superior de inspectores de Hacienda es 1,8 veces la del año pasado; la del cuerpo técnico de Hacienda se multiplica por 7; y por esa misma cifra se multiplica el número de plazas de agentes de la Hacienda pública. Si nos centramos en la promoción interna, la cifra aprobada es la mayor de la serie histórica desde 1997. Para que nos hagamos todos una idea del cambio que estamos introduciendo, en los tres años anteriores las plazas ofertadas fueron 55, 45 y 60, frente a las que hoy estamos proponiendo.

El importante incremento de la oferta de promoción interna, junto con los esfuerzos por desplazar efectivos de otros centros de la Administración a la agencia, es reflejo del interés del Gobierno en mejorar las condiciones de la promoción profesional de los empleados públicos. La idea es introducir nuevos factores de flexibilización en la Administración para facilitar la movilidad de los empleados públicos, de manera que puedan ocupar puestos que están vacantes y que se consideran necesarios para mejorar los servicios a los ciudadanos, aunque estos empleados no pertenezcan a la Agencia Tributaria. Con el objetivo de avanzar por este camino de profesionalización y modernización de la Función pública, se han tomado decisiones para favorecer tanto la movilidad vertical, en la forma de carrera profesional de las personas que actualmente ya están trabajando en la Administración tributaria, como en el plano horizontal, mediante la posibilidad de movilidad del personal de otros ministerios u organismos públicos a áreas en las que existe una necesidad de efectivos.

Respecto a la movilidad vertical, se utilizarán los mecanismos de promoción habituales en la Administración General del Estado. Se trata de que los funcionarios actualmente en servicio en cuerpos de categoría inferior puedan acceder a plazas superiores, previo proceso de selección por oposición o concurso-oposición. En el plano horizontal se ha identificado como idóneo el personal funcionario que presta servicios en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. En principio, la cobertura se realizaría por procedimiento de carácter voluntario y salvaguardando las expectativas del personal. Estos funcionarios recibirán la formación tributaria y procedimental pertinente para poder integrarse lo antes posible en la Agencia Tributaria. El objetivo es culminar el proceso a finales del presente año y su tarea será de apoyo a cuadros medios de la agencia en funciones de lucha contra la economía sumergida, verificación de obligaciones de facturación y obligaciones formales, apoyo a personal en funciones de captación de datos y apoyo a los órganos de comprobación de gestión tributaria en sus labores de revisión, así como al personal superior en tareas auxiliares y administrativas.


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Señorías, como les he tratado de explicar desde el comienzo de esta presentación, la reducción del empleo en el sector público ha tocado fondo. El número de funcionarios en el conjunto de nuestras administraciones públicas existente actualmente está muy en la línea de lo que debemos entender necesidades de empleo público en nuestras administraciones. A partir de ahora, por tanto, tenemos que comenzar una nueva etapa, que es la de promover la incorporación de nuevos profesionales, de personas jóvenes y preparadas que deseen emprender una carrera de servicio público, una carrera al servicio de la prestación de las funciones públicas que realizan para vertebrar el Estado en nuestro país. Al mismo tiempo estableceremos nuevos mecanismos y daremos mayor flexibilidad a los procesos de promoción interna para mejorar las expectativas del personal funcionario y laboral. Desde el año 2009 no crecía tanto el número de nuevas incorporaciones a la Administración General del Estado, serán en total 1.200, ni había tantas plazas de promoción interna, 1.700. Es un esfuerzo, pero un esfuerzo que sin duda vale la pena.

En lo que respecta al real decreto-ley que hoy nos ocupa, permítanme que exprese mi convencimiento de que esta oferta pública de empleo extraordinaria que trae el Gobierno a la Cámara, aunque limitada aún por la necesidad de mantener la austeridad en el control del gasto de personal de la Administración, es la que ahora necesitamos, la que necesita nuestra economía, nuestra sociedad y nuestro país de manera prioritaria. Por un lado, porque las corporaciones locales han hecho un extraordinario esfuerzo para dar la vuelta a esa situación de déficit de sus cuentas públicas y hoy necesitan cubrir estas plazas de manera imprescindible para seguir en esa senda de la estabilidad presupuestaria y luchar contra todo tipo de fraudes. Por otro lado, porque la labor de la Agencia Tributaria es fundamental en cualquier momento, pero especialmente en estas circunstancias donde también la propuesta del Gobierno será traer en semanas a esta Cámara una reforma tributaria para que todo el armazón, la vertebración de los tributos en nuestro país, esté acorde con las nuevas circunstancias y se conviertan en impulsores de la recuperación económica y de la creación de empleo. Las plazas que van a nutrir la Administración tributaria hablan por sí solas de la decidida apuesta del Gobierno por consolidar y mejorar la gestión y por intensificar, sin cejar en ello, la lucha contra el fraude fiscal. Ya les he insistido reiteradamente que son 166 plazas adicionales, que unidas a las 72 de la oferta ordinaria de empleo público y las 627 de promoción interna superan incluso, de hecho, la tasa de reposición.

Señorías, a lo largo de este tiempo han sido numerosas las voces de esta Cámara que han pedido el incremento de plantilla del personal de la Administración tributaria. Aquí está la propuesta. Ahora tienen la ocasión de apoyar la convalidación de este decreto-ley que está animado precisamente por el incremento en esta dotación de medios humanos y sin duda lleva el mensaje implícito, la advertencia a los defraudadores, sobre la determinación que no solo corresponde al Gobierno, sino a los grupos políticos presentes en esta Cámara de lucha contra el fraude fiscal y lucha contra la economía sumergida en un momento en que el nuevo rumbo económico de España necesita de todos los recursos que le permitan consolidar el crecimiento económico y avanzar de manera decidida en la creación de empleo.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor ministro.

En turno de fijación de posiciones, el Grupo Mixto compartirá el tiempo. En primer lugar, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, ustedes tienen un problema a la hora de titular sus reales decretos, o su ansia de propaganda engañosa no tiene límites. Que a una norma que prevé superar la tasa de reposición le llamen de impulso de la lucha contra el fraude fiscal nos parece ciertamente excesivo. ¿O es que lo único que se les ocurre para impulsar la lucha contra el fraude fiscal es incrementar la tasa de reposición que ustedes mismos impusieron? La norma prevé superar la tasa únicamente para determinados habilitados nacionales y solo para 210 plazas, cuando ustedes mismos dicen que hay 1.740 vacantes puras y afirman que en concreto alrededor del 35 % de las plazas reservadas a dicha escala están sin cubrir; 166 en la Agencia Tributaria. Este real decreto no es más que una corrección a su propia tasa de reposición o de efectivos que está generando infinidad de problemas en la Administración local y autonómica al impedir convocar puestos a pesar de su necesidad objetiva de la disponibilidad presupuestaria y de la demanda de empleo existente. Con la limitación impuesta se coarta la potestad de autoorganización de cada una de las administraciones públicas a las que por imposición del Estado se les niega la facultad de convocar puestos necesarios.


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La tasa de reposición es un mecanismo de adelgazamiento de las administraciones públicas ajeno en la mayor parte de los casos al interés general, que está generando serios problemas de funcionamiento en diversos servicios públicos. La situación es tal que en la actualidad hay servicios que son incapaces de mantener unos parámetros mínimos de atención y otros muchos están muy cerca de esa situación. Por ejemplo, oficinas de atención al público en centros de expedición de DNI, de carné de conducir, de trámites de extranjería, de prestaciones de desempleo, de Seguridad Social, de mantenimiento de carreteras, de vigilancia de costas y de ríos, de hospitales militares, de gestión catastral, de realización de estadísticas, según denuncia el sindicato Comisiones Obreras. El pequeño arreglo al gran desastre ocasionado y agravado al arrastrarse desde 2010 solo afectará a la Agencia Tributaria y a los habilitados nacionales. Ya que se han puesto a intentar arreglar el desaguisado, ¿por qué no reconocen la magnitud del error y eliminan esa minúscula tasa de reposición especialmente en el caso de la Administración local y autonómica, cuya potestad de autoorganización están negando, lo que implica una imposición de su doctrina neoliberal de adelgazamiento de lo público por encima incluso del resultado electoral obtenido en las urnas que elige gobiernos locales que sí creen en lo público y en el Estado social?

Ustedes ganaron las elecciones estatales, pero no todas las locales ni todas las autonómicas e imponen una doctrina neoliberal a gobiernos municipales que no son del Partido Popular y que no piensan como ustedes, impidiendo el desarrollo de políticas sociales que obviamente requieren de personal funcionario que las ejecute. De otra parte, el fraude fiscal no se ataja con 166 plazas más -aunque bienvenidas sean-, se ataja para empezar con una labor de objetividad que hoy está en entredicho por las múltiples injerencias de un Gobierno desesperado muchas veces por ocultar sus vergüenzas. El fraude fiscal se ataja con la persecución al gran defraudador, a las grandes empresas, a los bancos y a las multinacionales. Un Gobierno cuyo partido ha estado funcionando en negro, pagando sobres de dinero negro, que ha construido su sede central con dinero negro, blanqueado por el constructor gracias a su propia amnistía fiscal, sabe mucho de fraude fiscal, pero por practicarlo y blanquearlo más que por perseguirlo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señor Baldoví.

Por el mismo Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, ha comenzado la defensa de este real decreto-ley que nos trae hoy de oferta extraordinaria de empleo público diciendo que la destrucción de empleo público ha tocado fondo en el Estado español. Al margen de la sorpresa que hemos recibido con esta afirmación, creo que lo que ha tocado fondo en el Estado español son los servicios públicos. Han tocado fondo porque la política que ustedes han venido desarrollando es una política de castigo durísimo al empleo público, lo cual repercute evidentemente en el deterioro de la calidad en la prestación de servicios públicos, lo cual repercute en la disminución de los derechos de los ciudadanos a la hora de acceder a los servicios públicos esenciales. Por tanto, aquí lo que ha tocado fondo es esto. Realmente las políticas de recorte duro de los servicios públicos que ustedes han planteado son el resultado de un diagnóstico profundamente incorrecto, falso, porque para luchar contra el déficit y la deuda ustedes han afirmado algo que no es verdad.

La deuda pública española era inferior, antes del inicio de la crisis, a la media de la deuda de la mayoría de los países de la Unión Europea comparables y no comparables, y en ese momento los servicios públicos estaban muchísimo más desarrollados que ahora. Luego el planteamiento es: Si con los servicios públicos más desarrollados la deuda era inferior, ¿por qué para disminuir la deuda hay que atacar a los servicios públicos? Por una razón que en realidad es de naturaleza ideológica. Esta razón no es de naturaleza económica, porque lo que de verdad ha ocurrido aquí es que la deuda ha aumentado como consecuencia de la crisis y no como consecuencia del desarrollo de los servicios públicos. Esta idea esencial es la que ha venido determinando el conjunto de políticas que ha desarrollado su Gobierno, que lo que han hecho es no castigar a los responsables de una crisis de naturaleza especulativa, sino castigar a la mayoría social y deteriorar gravemente los servicios públicos. De forma que el resultado de estas políticas ha sido que lo que ha disminuido gravemente es la calidad de servicios públicos, sobre todo para las personas que peor lo están pasando, como se acredita día a día en todos los indicadores que se quieran analizar, incluidas las encuestas realizadas con seriedad.

Parece ser, sin embargo, que las elecciones europeas algún beneficio van a tener en este caso. Usted anuncia el final de la destrucción del empleo público y también anuncia que va a hacer una oferta


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extraordinaria de empleo público, que le diré en lo que consiste: 210 plazas para cubrir vacantes -que no nuevos puestos de trabajo- en los habilitados nacionales de las administraciones locales y 166 plazas en la Agencia Tributaria, que también vienen a cubrir plazas no cubiertas previamente, es decir, plazas desocupadas. Por lo tanto, ustedes no están creando nada, están empezando a recuperar algo que es clarísimo. No es posible continuar deteriorando de esta manera el funcionamiento de ciertos servicios públicos. No deja de ser llamativo el énfasis con el que ha defendido el señor ministro la necesidad de incrementar los recursos de la Agencia Tributaria. Vaya, acabamos de descubrir que la evasión fiscal y el fraude fiscal son uno de los problemas más importantes que tiene planteados el Estado español. Lo hemos descubierto en 2014. Las cifras, como sabe, rondan los 68.000 millones de euros de fraude y a lo mejor esta decisión hubiese estado bien que la tomase antes.

Hay otra cuestión que nos parece también importante. El otro gran principio por el que ustedes han funcionado es el centralismo a ultranza, que quiere decir que las recetas se las aplicamos a los demás, pero no a nosotros. El esfuerzo que han hecho las comunidades autónomas es de una reducción del 10 % en materia de personal; el de los ayuntamientos de un 6 % y el de la Administración Central del Estado de un 1 %. Es decir, esto es aplicar la receta dura a quien tiene la responsabilidad de gestionar los grandes servicios públicos. De esta forma, al final con su política equivocada usted lo que ha venido a hacer, junto con otras políticas de su Gobierno, es reducir aquello que es esencial para los ciudadanos. Una tasa de reposición cero, para que se nos entienda, o del 10 %, como dice usted, en sanidad quiere decir que, si en un centro de salud se jubilan diez médicos, se sustituyen por uno. Si a usted le parece que esto es lo que hay que hacer para recuperar los servicios públicos, a nosotros nos parece que lo que hay que hacer es conseguir que cambie de verdad el color del Gobierno de España en la próxima legislatura. Por estos motivos nos vamos a abstener los nacionalistas canarios.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Quevedo, tiene que ir terminando.

El señor QUEVEDO ITURBE: Finalizo ya.

Nos abstendremos porque ha crecido algo el empleo público, pero este no es el fondo de la cuestión y, por lo tanto, nosotros no podemos aprobarle la propaganda de que por fin estamos resolviendo el déficit del empleo público en el Estado español.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Quevedo.

Por el Grupo EAJ-PNV (La señora vicepresidenta pronuncia la sigla EAJ sin deletrear), tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, más que EAJ (Pronuncia la sigla sin deletrear), es EAJ-PNV (Deletrea las dos siglas), pero es una cuestión semántica que no procede.

Sí le quería plantear, si me permite la presidenta, un obiter dicta referido al debate anterior y manifestarle mi opinión de que el ministro sí ha reabierto el debate. Yo sé que es a usted solo a quien corresponde discernir sobre estas cuestiones, pero ha reinterpretado el contenido del artículo 119 de la Constitución.

En fin, al margen de estas cuestiones, el tema está pasado y vamos a iniciar el debate de este real decreto-ley que con tanto entusiasmo y prolongación en el tiempo nos ha glosado el señor ministro de Hacienda, incluso le ha dedicado más tiempo -lo he estado cronometrando- que al Real Decreto-ley de Estabilidad Presupuestaria. Yo creo que es muy sugestiva la cuestión que plantea, pero nos suscita algunas dudas. Nos vamos abstener, señor ministro, no porque no resulten pertinentes sus reflexiones, que lo son -son fundadas y nos parecen adecuadas-, sino por dos tipos de razones. En primer lugar, usted ha hecho una reflexión esta mañana indicando que se ha acabado la destrucción del empleo público. Desafortunadamente no se puede extender esa reflexión al empleo privado -no tiene más que analizar los datos de la EPA de hoy-, pero al margen de esta circunstancia, bueno es que también en el ámbito del empleo público entremos en una fase de recuperación que vaya más allá de las tasas de reposición no solo por razones contingentes o tan puntuales como las que usted ha glosado en el día de hoy, sino en otros ámbitos y otras necesidades que las administraciones públicas también poseen. Esta vinculación, esta adhesión a un sistema de reposición absoluto ha provocado importantes disfunciones en el propio funcionamiento, en la propia eficacia de la Administración pública del Estado.

Nosotros vamos a apoyar algo que nos llama la atención por varias razones. En primer lugar, se incrementa el empleo público más allá de la tasa de reposición en relación con aquellos funcionarios de


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la Administración local -precisamente la que mejor se ha comportado en el ámbito del déficit público, lo cual no deja de resultar una paradoja- mediante el incremento de funcionarios de adscripción local con habilitación de carácter estatal o nacional. Esta es una de las nuevas funciones o competencias que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, atribuye al Ministerio de Hacienda en concreto, a su ministerio. Es una función que puede vulnerar competencias autonómicas -de ahí viene nuestra abstención, esta es la razón fundamental de nuestra abstención-, en concreto mediante la interacción o la interpretación combinada de los artículos 148.1 y 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la regulación solo de las bases y a las comunidades autónomas el desarrollo legislativo del estatuto de los funcionarios públicos, y con relación a Euskadi en concreto el artículo 10.4, que establece competencia exclusiva para la Comunidad Autónoma del País Vasco, como usted sabe, en el ámbito del régimen local y estatuto de los funcionarios del País Vasco. Esto se salvó en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, lo cual nos permite abstenernos y no votar en contra de este real decreto-ley.

Lo que nos llama la atención, señor ministro, es que usted haga una invocación respecto a las bondades, la pretendida beligerancia en la mejora del control del déficit presupuestario y del déficit público fundamentalmente, porque los funcionarios que van a ser objeto de incremento más allá de la tasa de reposición son aquellos que se dedican al asesoramiento legal preceptivo, al control, fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, contabilidad, tesorería y recaudación, es decir, aquellos destinados al control del déficit público de las entidades locales, de las corporaciones locales, sobre todo a estos. Pero contando con que usted ha comentado que el 35 % de las plazas estructurales de este colectivo de funcionarios están vacantes, que hay 1.740 vacantes en este momento, se nos antoja escaso, poco ambicioso o un tanto humilde el incremento solo en 210 funcionarios a estas escalas de funcionarios de habilitación estatal que pretenden cubrir lo que debían cubrir 1.740 funcionarios cuyas vacantes están desiertas. Tampoco es para echar las campanas al vuelo, señor ministro, en su dimensión cuantitativa y en su dimensión cualitativa, este incremento más allá de la tasa de reposición. Es tan poco más allá de la tasa de reposición que estaríamos hablando de una tasa de reposición enriquecida ligeramente. Esto en cuanto a los funcionarios relativos a las corporaciones locales y partiendo del presupuesto de que la salvaguarda foral que se pudo introducir en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en materia del estatuto de los funcionarios del País Vasco, queda salvaguardada. Queda salvaguardada la competencia. Esto fue así y me imagino que esto no supone una novación de estos acuerdos y estos preceptos que en esta ley pudimos configurar en su día.

En cuanto al incremento de los funcionarios de la Agencia Tributaria, estamos de acuerdo en todas sus formulaciones, en toda su retórica beligerante contra el fraude, contra el ansia de incrementar la recaudación, aquella recaudación dirigida hacia el gasto, y los reproches hechos a los que permitieron la reducción, mediante una insuficiente eficiencia de la Administración o de la Agencia Tributaria, nada menos que de cinco puntos del producto interior bruto del país. De acuerdo con esto. Pero para esto usted nos propone algo manifiestamente modesto, 166 plazas, 12 en el cuerpo superior de inspectores de Hacienda, 150 en el cuerpo técnico de Hacienda y 4 en el cuerpo general administrativo de la Administración del Estado. Es muy poco más que la tasa de reposición, no deja de ser más que la tasa de reposición enriquecida. Si usted pretende conseguir objetivos tan solemnes y expuestos con una retórica tan combativa como la que ha practicado aquí esta mañana, tendríamos que estar hablando de un incremento superior de funcionarios. Va a contar con nuestro apoyo para el incremento de funcionarios destinados a estos objetivos, que nosotros compartimos en sus propios términos, teniendo en cuenta, por último -con esto acabo, señora presidenta-, que no existe una Administración tributaria única en el Estado español, existen tres, existe la Administración tributaria foral de Navarra y la Administración tributaria del País Vasco, también de naturaleza foral, en donde me imagino que este real decreto-ley no será obstativo del incremento de funcionarios que estas administraciones tributarias diferentes a la estatal en su caso necesiten para conseguir sencillamente los objetivos que usted ha glosado en la mañana de hoy. En todo caso, cuente con una abstención propositiva. Me gustaría votarle que sí, pero resultan particularmente equívocas algunas expresiones de la exposición de motivos indicando que estos funcionarios de habilitación nacional se van a incorporar estructuralmente a todos los municipios o corporaciones locales del Estado español. Aquí podríamos incluso haber transado algún tipo de enmienda, manteniendo lo que se pudo mantener en la ley de referencia, la Ley 27/2013, la cláusula foral y las competencias forales en materia de Función pública. No se ha hecho así y por eso nos va a permitir que practiquemos lo que podríamos denominar una abstención propositiva, pero de naturaleza solo cautelar.

Gracias, señor ministro.


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La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

El contenido del real decreto que nos ocupa tiene un fondo muy breve y muy concreto. Lo que se nos propone es aumentar en algo más de 200 plazas unos puestos de Administración local y en algo menos de 200 plazas unos puestos en la Agencia Tributaria, pero para fijar la postura de mi grupo sobre estas propuestas tengo que enmarcarlas en el contexto general de la política del Gobierno en estos dos años y medio respecto a esas cuestiones.

En el ámbito local, a Unión Progreso y Democracia le parece bien mejorar el control y la fiscalización interna en los ayuntamientos, y nos parece bien que eso se haga con funcionarios de habilitación nacional. De hecho, esta falta de control interno está detrás de lo sucedido en los ayuntamientos -por cierto, también en los ayuntamientos del Partido Popular- con el fenómeno de las facturas en los cajones o los gastos no presupuestados. Por tanto, en principio vemos con buenos ojos la convocatoria de estas 210 plazas dedicadas a mejorar ese control interno. Sin embargo, no podemos ignorar que esta propuesta se enmarca en una reforma local en conjunto muy decepcionante; una reforma local en la que no se han fusionado ayuntamientos -seguimos con nuestros más de 8.000 ayuntamientos, un alto porcentaje con menos de 1.000 habitantes-, una reforma local en la que no se han suprimido las diputaciones provinciales y ahí está el ejemplo de nuestro vecinos, Italia, Francia, sobre la viabilidad de ese tipo de propuestas-, una reforma local en la que se desinfla levemente la burbuja de los entes públicos no administrativos, que siguen manteniéndose casi en su totalidad. El gran logro es el superávit de las administraciones locales, pero el ministro olvida explicar cómo se logra ese superávit: con fuertes subidas de impuestos, sobre todo del IBI, y con un decremento del gasto en los servicios públicos esenciales, la forma más inadecuada de cuadrar las cuentas públicas. Por tanto, sí a esas 210 plazas, pero es una gota en el desierto de esa reforma local que no compartimos en absoluto.

Algo parecido pasa con la segunda propuesta, incrementar en 166 plazas el personal de la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude. Esta propuesta hay que ponerla en el contexto de dos años y medio de legislatura en que la lucha contra el fraude ha venido a este Pleno una y otra vez en sus diferentes formatos -preguntas orales, proposiciones no de ley, proyectos de ley- y nuestro grupo ha insistido una y otra vez en la falta de medios en la lucha contra el fraude y en que no tenía sentido reducir aún más año tras años esos medios, que se han reducido por una doble vía: en los Presupuestos Generales del Estado ha ido cayendo el presupuesto de la Agencia Tributaria y además hay una tasa de reposición del 10 %, es decir, que de cada 100 plazas, 90 no se cubren. Unión Progreso y Democracia ha dicho que esto era un error porque al final perjudica al déficit, se pierde recaudación en la lucha contra el fraude, y lo mismo, en general, ha dicho el resto de la oposición, pero el ministro ha respondido a estas ideas a veces con risas, otras negando que existiese el problema y otras atribuyendo estas críticas, bien a la ignorancia de los portavoces de la oposición, bien a su maldad, o a menudo a la combinación de ambas cosas, a su ignorancia combinada con su maldad. La realidad hace tiempo que ha desmentido la actitud del ministro. Hoy dice que la lucha contra el fraude va muy bien, pero hace pocas semanas salían los datos oficiales de lucha contra el fraude y en 2013, por primera vez desde que hay una serie homologada, la recaudación ha caído respecto a 2012, un 9,2 %. No parece un gran éxito en la lucha contra el fraude. El propio real decreto que hoy nos trae en su exposición de motivos y en su memoria económica se convierte en una auténtica enmienda a la totalidad a lo que el ministro ha venido diciendo durante dos años y medio. Voy a leer una breve antología para que conste en el "Diario de Sesiones". Primera cita, entre comillas: Aumentar el resultado de los ingresos es un objetivo de difícil o imposible cumplimiento sin aprobar los medios necesarios en materia de recursos humanos, máxime teniendo en cuenta la grave evolución negativa de la plantilla sufrida en los últimos tiempos. En los últimos tiempos del Gobierno del Partido Popular. Segunda cita, entrecomillada: Es más que probable que excesivas reducciones en su presupuesto de gasto de personal acaben teniendo un impacto neto muy negativo en términos de déficit. Ahorramos algo en personal, pero el déficit puede aumentar por las pérdidas de recaudación en la lucha contra el fraude. Tercera cita, muy jugosa también: Los análisis más elementales ponen de manifiesto que en términos de déficit el gasto de personal de la Administración tributaria produce un efecto multiplicador en el presupuesto de ingresos muy destacado. Y lo estima de uno a quince; cada euro de gasto en personal de lucha contra el fraude puede proporcionar una recaudación de quince. Bien, esto es lo que venimos diciendo desde hace dos años y medio, lo que viene diciendo en conjunto el resto de la oposición y lo que una y otra vez


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ha negado el ministro y hoy recoge en la exposición de motivos y en la memoria económica de su real decreto. A esto los clásicos lo llamaban cantar la palinodia, que es una expresión que ha caído en desuso, pero no es insultante. La Real Academia dice que cantar la palinodia es retractarse públicamente de lo que se ha dicho. Bien es cierto que el ministro ha dado una variante a este género, que tiene 2.700 años de antigüedad, y canta la palinodia sin dar explicaciones o excusas, pretendiendo tener razón cuando hace una cosa y la contraria, cuando dice A y cuando dice B, cuando propone una cosa y cuando la rectifica.

En cualquier caso, no podemos estar satisfechos con este real decreto porque supone una rectificación, pero una rectificación mínima en la política del Gobierno en la lucha contra el fraude. Es una rectificación muy limitada. En primer lugar, la tasa de reposición con esta medida se eleva ligeramente, pero sigue estando muy por debajo del cien por cien. No contamos en ella las propuestas de promoción interna, como ha hecho el ministro, porque la promoción interna no son nuevas plazas, sino plazas que se reasignan. Sin contar esa promoción interna, que repito que no debe contarse porque no son nuevas plazas, estaríamos hablando de una tasa de reposición con este real decreto del 33 %. De cada tres plazas, una se repondría; es decir, que siguen disminuyendo los recursos de la Agencia Tributaria. Por tanto, una rectificación muy limitada, y eso a pesar de que las previsiones oficiales de la propia agencia, que también se recogen en el texto que debatimos, prevén una pérdida o, mejor dicho, un riesgo de pérdida de hasta un cuarto del personal de la Agencia Tributaria a lo largo de la década entre 2010 y 2020, porque la edad media del personal ha aumentado y hoy ya está en los cincuenta años. Es decir, que esta medida no va a revertir ese proceso en absoluto. Este personal, por cierto, no tomará posesión, como también se explica en la memoria económica, hasta el segundo semestre del año que viene, de 2015, y vamos a seguir muy lejos de las cifras de otros países. He tenido ocasión de citarlas a menudo en la tribuna, pero recordaré algunas. En España -datos de 2011- había 27.000 personas en la Agencia Tributaria -hoy son más bien 26.000-; en Francia, 117.000; en Alemania, 110.000; es decir, multiplican por cuatro el personal dedicado a la lucha contra el fraude en nuestro país. O en los Países Bajos, una economía mucho más pequeña que la nuestra, tienen 29.000 personas, más que en España. Esa falta de recursos no se va a ver paliada por esta mínima rectificación que hoy nos propone el ministro.

Puestos a rectificar, le propondríamos que rectificase de manera más amplia, que rectificase el uso electoralista y cortoplacista que viene haciendo durante años de la política fiscal. Lo hizo proponiendo en el programa electoral del Partido Popular una bajada de impuestos que él sabía que no se podía aplicar; lo hizo recién llegado al Gobierno atrasando los primeros Presupuestos Generales del Estado hasta después de las elecciones andaluzas con las consecuencias que eso tuvo, y lo está haciendo ahora con un tema tan importante, tan de Estado, tan a largo plazo como es la reforma fiscal, que tiene congelada, después del informe de expertos, para -suponemos- cinco o siete días antes de las elecciones europeas decir que va a bajar los impuestos. Yo creí que lo iba a decir el señor Cañete en La Moncloa, pero como ya ha dejado de ser ministro y candidato supongo que será el señor Montoro quien una semana antes de las elecciones nos dirá que va a bajar los impuestos, sin explicar, por cierto, que va a bajar el IRPF y subir otro tipo de impuestos menos visibles. La reforma fiscal tiene bastante importancia como para que sea un tema de Estado, a largo plazo, con consenso y no para utilizarla como un señuelo electoralista a corto plazo. La rectificación que se nos plantea, por tanto, es mínima, ni siquiera va a revertir la pérdida de recursos de la Agencia Tributaria. Nosotros, dando la bienvenida a estas incorporaciones que se proponen, no podemos apoyar el real decreto y vamos a abstenernos. Nos gustaría, eso sí, que se tramitase como proyecto de ley para consensuar entre todos los grupos un verdadero programa compartido de lucha contra el fraude, que es lo que este país necesita desde hace mucho tiempo.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Montoro, usted ha dedicado más de veinte minutos a desgranar una exposición cuantitativa, una exposición de unos datos que simplificadamente se reducen a decir que hay poco más de 300 plazas, que suponen un incremento, una mejora a nuestro juicio para hacer frente a los problemas económicos del Estado español. En el caso de la Administración financiera, de la Agencia Tributaria, la cifra es de 166 nuevas plazas, al margen de la tasa de reposición. Se puede vender como una mejora porque lo es -a nadie le cabe duda de que 166 es mejor que cero-; sin embargo, señor Montoro, a usted se le han


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olvidado algunos datos durante su exposición. No ha dicho, por ejemplo, que del año 2011 al año 2013 el total de funcionarios de la Agencia Tributaria se redujo en 1.300 y el total de laborales en 138. En definitiva, de 2011 a 2013 hubo un descenso de 1.432 personas en la Agencia Tributaria. Claro, si comparamos 166 con esta cifra de 1.432 nos damos cuenta de que lo que usted ha defendido aquí es un alivio -nadie le va a quitar eso; de hecho, nosotros votaremos a favor de este decreto en la medida en que supone un alivio y es un reconocimiento de errores del Gobierno porque en el fondo supone un autoenmienda-, pero es notablemente insuficiente; notablemente insuficiente y tramposo, porque una cosa es que se venda como un alivio y otra cosa es que se venda como una solución a los problemas reales. No lo es por esas cifras, porque aunque 166 es más que cero, 166 es mucho menos que 1.432; es una cuestión aritmética muy clara que parece que en su largo discurso se le había olvidado citar.

Decía que siempre es satisfactorio ver cómo un Gobierno establece una autoenmienda. Nosotros planteamos esta misma lógica y estas mismas ideas en los presupuestos de este año y del anterior. Vamos a olvidar todas las acusaciones que se nos hicieron entonces por el portavoz de presupuestos del Grupo Popular o las personas que lo sustituyeran en ese momento sobre lo irreal de nuestra propuesta o lo innecesario de aquellas reformas porque aceptamos que esa autoenmienda del Grupo Popular es una mejora y en esa medida vamos a votar a favor, pero también consideramos que en este caso hay un reconocimiento del Partido Popular en el mismo decreto de que la tasa de reposición es claramente insuficiente para mantener el correcto funcionamiento de determinados sectores, en este caso el de la Agencia Tributaria. Pero si es claramente insuficiente para la Agencia Tributaria, ¿por qué no lo va a ser para la sanidad, para la educación y para otros sectores donde también se aplica la tasa de reposición, como por ejemplo en ciencia? Señor ministro, usted ha leído perfectamente el decreto y habrá visto las palabras exactas en torno a la cifra de reposición y los efectos que produce: que son cifras notoriamente insuficientes, que es una grave disminución del personal y que son razones de urgente e inaplazable necesidad las que empujan a hacer este tipo de correcciones sobre el resultado de la tasa de reposición. Yo pregunto, si esto es cierto ahora para el Gobierno en relación con la Agencia Tributaria, ¿acaso no lo es también para el sector de la ciencia, para el sector de la sanidad o para el sector de la educación? ¿No podríamos usar las mismas palabras para definir que hay una grave disminución del personal y razones de urgente e inaplazable necesidad para hacer correcciones? Entiendo que una vez que el Gobierno ha reconocido que se ha equivocado en torno a las capacidades de la Agencia Tributaria para poder llevar a cabo su función, dada la tasa de reposición, puede dar un paso más y hacer lo mismo con otros sectores que están en la misma situación cualitativa. En el fondo es reconocer que son sectores que se han dañado gravemente por la aplicación de una tasa de reposición del 10 %. Aunque fueran sectores con una tasa de reposición mayor a la del 0 %, es un daño -compartimos en ese sentido el diagnóstico- muy gravoso para la situación. Siempre hemos dicho que había que incrementar el personal de la Agencia Tributaria y por eso damos la bienvenida a este decreto, pero entendemos que es claramente insuficiente desde el punto de vista del programa. Es decir, hacen falta unas leyes nuevas y adecuadas para que los propios miembros nuevos del personal puedan hacer su trabajo de forma exitosa. En este sentido, hay que acabar con los agujeros fiscales. El Gobierno debería aprovechar este reconocimiento que ha iniciado de la incapacidad de la Agencia Tributaria... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señores diputados, pido por favor un poco de silencio para que el señor Garzón pueda hacer su intervención. Gracias.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.

Decía que el Tribunal de Cuentas también ha reconocido que la Agencia Tributaria es incapaz de acabar con la economía sumergida, por las razones que sea. Se desglosan, pero está claro que es insuficiencia de recursos y también insuficiencia de leyes. Nosotros pedimos una reforma organizativa en la Agencia Tributaria hacia un modelo más moderno, una estructura organizativa más moderna, más horizontal, más participativa, que se inserte además en un cuerpo jurídico que luche de verdad contra la economía sumergida, que luche de verdad contra el fraude fiscal pero también contra la elusión fiscal. Porque, señor Montoro, usted es el ministro de Hacienda que hizo la amnistía fiscal, pero también sabrá que las multinacionales en este país, aprovechando determinados subterfugios fiscales, contabilidad creativa financiera, acaban pagando un tipo efectivo que en algunos casos no llega ni al 10 %, mientras el común de los mortales siempre va a tener que enfrentarse a tasas muy por encima en los rendimientos de su actividad. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Esa realidad que distorsiona no ya solo moral y éticamente el comportamiento de una comunidad política, sino que


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distorsiona la eficiencia tributaria y es anticonstitucional en la medida en que la Constitución establece un sistema progresivo fiscal, es lo que habría que atajar. Y eso hay que atajarlo desde una reforma fiscal intensa, porque hay que hacer una reforma fiscal profunda, pero en el sentido que dicta la Constitución. En definitiva, creemos que este incremento de personal es positivo, pero tiene que acompañarse de muchas más leyes, medidas y cambios organizativos en la Agencia Tributaria encaminados a establecer un indicador claro e irrenunciable de disminución anual de la tasa de economía sumergida. Porque la Agencia Tributaria, al final, acaba haciendo determinadas torturas de las estadísticas y de los indicadores financieros y fiscales para que al final se pueda vender institucionalmente una cierta mejora en los mismos indicadores. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento señor Garzón.

Por favor, ruego silencio. Es imposible seguir la intervención del diputado. Guarden silencio y, si tienen que hablar, salgan del Pleno.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.

Voy terminando. Decía que nos encontramos en una situación en la que hay que hacer una reforma fiscal progresiva y que tiene que hacerse en un contexto de nuevas leyes y nuevos indicadores irrenunciables que no puedan ser torturados, como ocurre actualmente, porque ahora permiten vender humo a la Agencia Tributaria en términos oficiales y vender humo al propio Gobierno. Necesitamos indicadores transparentes de reducción de la economía sumergida, porque la economía sumergida no se ha reducido sino que se ha incrementado en los últimos años. Por lo tanto, este Gobierno no está cumpliendo sus funciones y usted, señor ministro, es el responsable de que no se esté reduciendo la tasa de economía sumergida. Claro que 166 personas más es bueno, pero no parece suficiente para avanzar en esa línea que acabamos de exponer. Por tanto, como somos partidarios del alivio vamos a votar a favor, pero siempre teniendo muy presente que nunca es la solución, porque para la solución hay que ser más audaz, hay que ser mucho más claro a la hora de determinar los indicativos y hay que ser valiente para hacer una reforma fiscal que vaya directamente a por los ricos, a por aquellos que están aprovechando los instrumentos financieros del Estado y de la economía española y europea para eludir o evadir impuestos, porque eso sí que es un año y además es anticonstitucional.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Garzón.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Pàramo.

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió se opone a la aprobación del decreto que estamos debatiendo por razones de principio. Es más, con este decreto consideramos que se da un paso más hacia esa forma de Estado anacrónica a la que ustedes nos están llevando. Convocan 200 nuevas plazas de funcionarios destinados a la Administración local y 166 para la Agencia Tributaria incumpliendo sus propios límites, los establecidos en la tasa de reposición de la Ley de presupuestos del presente año. Somos partidarios de luchar contra el fraude, sin ninguna duda, pero denunciamos la incoherencia en la que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cae al convocar esas plazas de funcionarios públicos; un escarnio. Con ello hacen saltar por los aires toda su credibilidad. Venimos denunciando hasta qué punto las políticas de austeridad necesarias se aplican de manera caprichosa y donde más duele a la ciudadanía, sobre todo en lo que afecta a la calidad de los servicios públicos de educación, asistencia social y sanidad; de qué manera se imponen recortes de forma arbitraria e injustamente a los servicios que administran las comunidades autónomas y administraciones locales de acuerdo con las leyes y la propia Constitución. Si en principio el Gobierno nos presenta para su convalidación un decreto por el que se convocan nuevas plazas de funcionarios para reforzar -dicen- la lucha contra el fraude fiscal, no es de recibo que buena parte de los nuevos ingresos que se pretenden ya se pierdan de entrada por el incremento que representa aumentar el capítulo de personal; lo más grave, un aumento del gasto sin necesidad. (Rumores).

El camino que debería seguir la Agencia Tributaria no es otro que el de la movilidad interna, liberar plazas de funcionarios de otros departamentos que en la actualidad...


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor Pàramo.

Nos es imposible seguir la intervención, entre otros a la señora diputada que va a intervenir por parte del Grupo Popular, que solo le falta saltar aquí para entender lo que están diciendo los señores diputados intervinientes.

Adelante, señor Pàramo.

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Gracias, señora presidenta.

¿Cuántos servicios traspasados a las comunidades autónomas han generado situaciones de obsolescencia, duplicidad y sobredimensión tanto en Madrid como en el resto del Estado, en la llamada Administración periférica del Estado? Es difícil entender que mientras las comunidades autónomas no pueden cubrir plazas de maestro, de médico o de enfermero, la Administración General del Estado, la que, como queda demostrado en cada liquidación de la cuenta general, genera más del 80 % del déficit del Estado, una Administración que acumula todos los tópicos de mal gobierno, sobreendeudada y sobredimensionada, convoque nuevas plazas.

Señor ministro, ¿dónde están los principios de racionalidad y sostenibilidad económica que de forma tan contundente ustedes pregonan e imponen a las otras administraciones? Con sus leyes el Gobierno del Partido Popular impide que los ayuntamientos puedan actualizar sus plantillas en todos los servicios, y conviene recordar que esa administración, la que quizás despectivamente se viene calificando de local, es la prestadora de los servicios inmediatos, servicios que -conviene decirlo y repetirlo- están financiados mayoritariamente con los recursos propios, los que los ciudadanos pagan a su ayuntamiento y que de forma anómala en el contexto europeo representan en algunos casos el 85 % de los ingresos consignados en los correspondientes presupuestos municipales.

Por si lo expresado hasta ahora no fuera suficiente motivo para el rechazo del real decreto, lo más grave es la intención que conlleva la contratación de funcionarios de la Administración General del Estado para controlar la Administración local. No es que estemos retrocediendo hacia el Estado centralista impuesto por Franco, sino que entramos de nuevo en el Estado decimonónico, como en aquellos tiempos, mandando a los funcionarios del rey a controlar no ya a las autonomías sospechosas sino a todos aquellos que se alejan pocos kilómetros de la capital o de la corte. El Estado avanza en dirección contraria al sentido de los tiempos -controlar, controlar y controlar-, pero con unos métodos que demuestran cuán débiles se sienten ustedes, los representantes genuinos del corpus del Estado. Pretenden controlar por la fuerza, no por la razón y el convencimiento. Hoy se puede poner orden con métodos sencillos, funcionales y basados en la confianza y la libertad. Señorías, por si no lo saben, fuera de Madrid la inteligencia y el buen hacer existen en igual o superior grado que aquí. Sitúense ustedes en Europa y en el siglo XXI. Ustedes, desde Madrid, pretenden mandar cientos de funcionarios de confianza, vestidos de negro, a la periferia para enseñar a miles de funcionarios que son grandes profesionales y a miles de ediles electos que han demostrado año tras año su buen hacer gobernando con rigor, austeridad y eficacia. ¿Qué les van a enseñar? ¿Qué ejemplo pretenden transmitir? (El señor presidente ocupa la Presidencia). Ustedes no tienen autoridad moral para ello. Ustedes no pueden intentar someter al dictado equivocado del Estado a aquellas administraciones, ayuntamientos que en su mayor parte -más de seis mil- han cumplido a plena satisfacción las directrices europeas sobre la racionalización y sostenibilidad de su Administración.

Hace pocas semanas quedó muy claro en esta misma Cámara que las administraciones locales, con sus funcionarios profesionales y con Gobiernos electos responsables en su mayoría han conseguido en su conjunto superar el déficit en solo dos años; han conseguido en su conjunto el pasado 2013 un superávit del 0,41 % del PIB. Así, entre 2011 y 2013 los entes locales han pasado de tener un déficit equivalente al 0,39 a tener un superávit del 0,41. Son las administraciones más saneadas y a pesar de ello el Gobierno ha impulsado y logrado aprobar una discutible Ley de reforma local que debe reformar a fondo el funcionamiento de las administraciones municipales. En el mismo período, 2011-2013, las comunidades autónomas han reducido su déficit a menos de la mitad, un menos 55 %. En cambio, muy holgazana ha sido la Administración General del Estado en estos años, incluso en el año 2013 ha incrementado su déficit respecto a 2012 al pasar de un 4,21 del PIB a un 4,33, y también la Seguridad Social lo ha incrementado.

Si comunidades y Administración local van por el buen camino, son las administraciones dependientes del Gobierno las que, al no aplicarse los ajustes necesarios, están incrementando el déficit, convirtiéndose casi en el único problema del país. No es de recibo que los ayuntamientos, incluso con superávit, no


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puedan contratar a los funcionarios o empleados públicos necesarios no ya para crecer en la plantilla, sino para compensar las bajas de todo tipo. No es de recibo, cuando ustedes acaban de aprobar en solitario o casi -conviene decirlo- la Lrsal, cuando aún estamos en la duda de si esta ley en lugar de generar ahorro va a aumentar el coste de los servicios que prestamos en las administraciones locales, no es de recibo, digo, que la Administración General del Estado, la gran generadora del déficit público, aumente su partida de personal. Cuando alguien cree lo que predica es normal que aplique sus propias recomendaciones. Ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular, aprueban las leyes y el Gobierno, en su aplicación, les deja a ustedes en evidencia al no ser capaces de predicar con el ejemplo.

Acabo. Si su objetivo verdadero es el de luchar contra el fraude, rectifiquen y háganlo de forma racional y sostenible; recoloquen a miles de funcionarios situados en plazas de dudosa eficacia o necesidad. No hace falta aumentar las plantillas. Gobiernen tomando decisiones que, aunque sean incómodas, son necesarias, racionales y sostenibles. Por favor, hagan autocrítica, atiendan las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y también las de una mayoría creciente de la ciudadanía, como me decía no hace ni dos horas el taxista que me ha traído desde Atocha hasta aquí. Racionalicen el gasto público, racionalicen la Administración General del Estado.

Si de verdad lo que pretenden es ayudar a los ayuntamientos que lo necesitan para poner orden en sus cuentas, háganlo con lealtad institucional y constitucional. Revisen la Lrsal y sean coherentes con los principios constitucionales y del Consejo de Europa en todo lo que atañe a la autonomía municipal. Rectifiquen el rumbo y hagan entrar al Estado en el siglo XXI. Reformulen su Lrsal y dejen que los ayuntamientos se administren con un marco legal eficaz y sostenible, pensando en la economía sí, pero también en la eficacia y en la calidad de los servicios que prestamos desde todos los ayuntamientos a nuestros ciudadanos. Entretanto, señor ministro, sepa que nuestro voto será negativo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pàramo.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, en realidad este real decreto es propaganda electoral, usted lo sabe bien, es un engaño, es una nueva cortina de humo para que los ciudadanos no sepan de verdad cuáles son sus políticas y las consecuencias de las mismas. Esto es en realidad este real decreto, un gran engaño. Señorías, la política del Gobierno no supone más empleados ni para los ayuntamientos ni para la Agencia Tributaria. Supone menos empleados para la Agencia Tributaria y también para la Administración local. Decía el señor ministro en su intervención que se ha tocado fondo en relación con la reducción del empleo público. Miren, señorías, cuando acabe 2014 -en este año-, con el real decreto incluido, habrá 500 empleados menos en la Agencia Tributaria y habrá muchos menos empleados en la Administración local. Es decir, este real decreto no es más empleados públicos para la Agencia Tributaria y para los ayuntamientos, es menos, en el caso de la Agencia Tributaria 500 menos. Habla de los ayuntamientos y habla de 210 plazas más. Saben, señorías, que, en lo que lleva el PP gobernando, en el empleo público en España se han destruido unos 175.000 empleos, casi el 12 %. Por lo tanto, no es más, es menos, y por eso este real decreto es una cortina de humo, es un engaño, es campaña electoral.

Señor ministro, la clave de bóveda de una reforma fiscal que genere empleo y que sea justa es la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Insisto y subrayo, que cree empleo, porque hoy hemos conocido los datos de la EPA, y, señor ministro, ¿dónde queda aquello que decía usted de que España iba a sorprender al mundo y que las políticas del Gobierno iban a sorprender al mundo? ¿Dónde queda aquello? Decía en su intervención esta mañana que hay un nuevo cambio de rumbo, un nuevo ciclo. Hablaba de que tenemos que celebrar. ¿Qué tenemos que celebrar? ¿Que tenemos un 1.200.000 parados más que cuando usted entró al Gobierno? ¿Qué tenemos que celebrar? ¿Que hay 300.000 familias ahora más que cuando usted llegó al Gobierno que no tienen ningún tipo de ingreso? ¿Qué hay que celebrar, señor ministro, señorías? Yo estoy con usted, no tiene usted remedio. ¿Qué vamos a celebrar? ¿Qué cambio de ritmo y qué cambio de ciclo económico tenemos?

Decía Musgrave en 1991 que un sistema tributario vale lo que valga la Administración encargada de aplicarlo. ¿Cuánto vale la Agencia Tributaria, la Administración tributaria en este momento después de más de dos años al frente del Ministerio de Hacienda del señor Montoro? ¿Qué vale? Justamente, señorías, cuando el Gobierno ha aprobado la mayor subida de impuestos de la democracia en menos tiempo es cuando han decidido reducir el número de efectivos y de medios de la Agencia Tributaria. Hoy


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no voy a hablar de los escándalos fiscales del PP ni de las cuentas en Suiza de los dirigentes del PP ni de la amnistía fiscal. No, solo de los medios para la Agencia Tributaria. La plantilla de la Agencia Tributaria se ha reducido en estos dos años en 1.432 efectivos. Además, señorías, ustedes saben perfectamente que estamos a la cola de la OCDE, en términos relativos, y somos el último país con la Agencia Tributaria, en términos relativos, más pequeña del conjunto de la Unión Europea. ¿La conclusión? Señorías, la conclusión es que, por primera vez desde la creación de la Agencia Tributaria en 2013, se han reducido los resultados en la lucha contra el fraude, un 9,2 %, por primera vez desde que se creó la Agencia Tributaria.

Señorías, este es el contexto: estamos a la cola de la Unión Europea en efectivos de la lucha contra el fraude; se han reducido en casi 1.500 los efectivos de la Agencia Tributaria; la propia memoria del real decreto-ley dice que se van a jubilar en los próximos años en torno a 7.000 efectivos y entonces el Gobierno, el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda, nada más y nada menos dicen que van a crear 166 plazas más con este real decreto, nada más y nada menos, 166 plazas en ese contexto. Señorías, con los empleados que se van a jubilar este año en la Agencia Tributaria -eso lo sabe usted perfectamente, señor ministro- va a haber en 2014 en la Agencia Tributaria 500 efectivos menos. Por eso no es más este real decreto, es menos, por eso es propaganda, por eso es un engaño, por eso este real decreto-ley es una milonga más del Gobierno.

Además, señor Montoro, ¿en qué contexto se enmarca este real decreto, en qué estrategia de lucha contra el fraude, en qué planificación, con qué programa de efectivos y de años para los próximos años? En ninguna estrategia, porque en realidad, señorías, lo decía al principio, al final luchar contra el fraude y la evasión fiscal ¿qué supone? Supone bajar los impuestos a las rentas medias y subir los impuestos al que más gana y al que más posee. Esto es lo que un neoliberal nunca va a entender y nunca va a querer, porque entienden que la creación de riqueza viene del gran patrimonio y del gran capital, y eso es un error. Luchar contra el fraude -insisto- es bajar los impuestos a las rentas medias, lo contrario de lo que se ha hecho estos dos años, y supone subir los impuestos al gran patrimonio. En definitiva, como eso no es lo que quieren hacer, al final no es verdad que la lucha contra el fraude, contra la evasión fiscal y contra la elusión fiscal sea el verdadero objetivo y la gran prioridad del Gobierno. Si no se lucha contra el fraude, no va a haber una reforma fiscal progresiva y no va a haber una reforma fiscal que cree empleo, porque la mayor distorsión sobre la actividad económica es la economía sumergida y el fraude. (Rumores).

Señor ministro, habla de 210 plazas para la Administración local, pero al igual que en el caso de la Agencia Tributaria, ¿en qué contexto se enmarcan, en qué estrategia de potenciar la Administración local? (Continúan los rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.

¡Por favor, ruego silencio! Es que no se le puede oír.

Continúe, por favor.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente, por su amparo.

Le decía, señor ministro, que habla de 210 plazas más para la Administración local, pero ¿en qué contexto se enmarcan, en qué estrategia? Porque se han eliminado competencias y autonomía de los ayuntamientos. ¿En qué planificación de efectivos, con qué programación anual? El real decreto podría haber sido un buen elemento, una buena palanca para explicar esto y que no se quede en mera campaña electoral y para ocultar las críticas que en estos dos ámbitos se vienen haciendo al Gobierno, en el ámbito de la Administración local y en el ámbito de la Agencia Tributaria. No hay ninguna estrategia, o, bueno, sí. En realidad la derecha, los neoliberales es que no creen en el sector público; de verdad, de verdad no creen en el sector público; de verdad, de verdad no creen en el efecto redistribuidor del papel del sector público. No creen en él, pero es necesario para la riqueza y para la solidaridad un sector público bien dimensionado y un sector público eficiente.

En definitiva, señorías, señor presidente, el real decreto es una milonga más del Gobierno, es un engaño como una catedral, es una cortina de humo para que los ciudadanos no sepan qué es lo que quieren ustedes, qué es lo que han hecho y qué es lo que van a hacer.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Asian.


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La señora ASIAN GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, la convalidación del real decreto que se trae hoy a esta Cámara es una prueba más de los esfuerzos que hace el Gobierno de España para evitar que una crisis fiscal del Estado conlleve una descapitalización de la Función pública. Necesitamos los mejores administradores públicos y los necesitamos porque en el Partido Popular somos conscientes de la necesidad de garantizar una Función pública moderna que ofrezca servicios públicos de calidad, acordes con las exigencias de la España del siglo XXI. Además, también necesitamos que todas las personas, pero en especial los jóvenes que están preparando oposiciones, tengan la certeza de que se les ofrece un futuro en la Función pública. Por ello se trae a convalidación este real decreto-ley.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de abril una oferta amplia de empleo público que en total, sumando la ordinaria y la extraordinaria, supone 1.211 nuevos puestos y 1.688 de promoción interna; por tanto, no sé cómo se justifica la aritmética creativa que ha utilizado el señor Saura -él tendrá que dar alguna explicación sobre la misma-, pero estos son los números de nuevas vacantes más 1.688 de promoción interna. Esto supone un incremento de más del doble de las plazas nuevas y casi el triple de las de promoción interna. ¿Qué quiere decir esto? Que la oferta pública de empleo de 2014 no solo incrementa el número de efectivos totales, sino que favorece su promoción. Se ocupa de la carrera administrativa de los funcionarios, de sus expectativas, pero también da prioridad a algo muy importante, a dos actuaciones administrativas, una, la mejora e impulso de la lucha contra el fraude, la mejora de la gestión tributaria y, dos, la mejora de la gestión económica interna de la propia Administración.

Por lo que respecta a este segundo aspecto, las razones de su extraordinaria y urgente necesidad se derivan de la reciente aprobación de la Ley de sostenibilidad de la Administración local, una de cuyas reformas de calado ha sido el reforzamiento de la función interventora. (Rumores). Para ello se han deslindado con claridad las funciones de intervención y fiscalización de las funciones que corresponden al cargo electo. ¿Cómo se lleva a la práctica este reforzamiento de la función interventora? Efectuando una reserva para funcionarios de carrera en garantía de la independencia, de la imparcialidad y de la objetividad. (Continúan los rumores). Además, se garantiza que la provisión de los puestos de trabajo sea mediante concurso público.

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.

Por favor, ruego silencio. Es que no se la puede oír.

Continúe.

La señora ASIAN GONZÁLEZ: Para hacernos una idea de la importancia de esta reforma de calado tenemos que recordar que más del 35 % de las plazas reservadas se encuentran vacantes y que es precisamente a estas plazas vacantes a las que les corresponde la función de gestión económica, financiera, presupuestaria, de contabilidad, de tesorería y de recaudación. Por tanto, esta oferta pública de empleo por lo que respecta a los funcionarios de entidades locales con habilitación nacional supone una clara apuesta por las cuentas claras en la Administración pública, por la transparencia y por reforzar la confianza en la contabilidad y en las cuentas de la Administración. No se entiende un no a esta cuestión. ¿A quién le puede molestar que unos funcionarios de carrera y que además han accedido mediante concurso a sus plazas no ejerzan las funciones que les atribuye la ley? En este sentido algunos grupos de la izquierda han manifestado que están conformes pero que les parece poco. Será un no con muchas explicaciones, tendrán que explicarle a su electorado cómo es posible que se opongan a que funcionarios de carrera y mediante concurso ejerzan unas funciones de control. De ahí la coherencia de Izquierda Plural, que ha manifestado que va a votar que sí a esta propuesta. No estoy conforme ni puedo aceptar las manifestaciones del señor Garzón respecto al fraude, pero a ellas aludiré más adelante cuando me refiera a la oferta pública de empleo de la Agencia Tributaria.

No quiero finalizar esta parte relativa a la oferta pública de empleo extraordinaria, sobre la que ya digo que el no exigirá muchas explicaciones, porque este decreto-ley tiene solo dos artículos, uno para la oferta pública extraordinaria de los funcionarios de las entidades locales con habilitación nacional y otro para la Agencia Tributaria, no quiero finalizar, repito, sin recordar al señor Saura que, de haber hecho caso en su momento a los informes de la intervención, hoy no estaríamos asistiendo al despropósito de los ERE en Andalucía. De ahí la importancia del tema que nos ocupa en estos momentos.

En cuanto a las plazas que salen a oferta pública en la Agencia Tributaria, las funciones que tiene atribuidas dicha agencia son importantes en cuanto al cumplimiento constitucional de que todos contribuirán al sostenimiento del gasto público, no solo mediante actuaciones de prevención y control sino también de asistencia tributaria. Señorías, la Agencia Tributaria, junto a las actuaciones de prevención y control,


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también realiza otras funciones para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones a los contribuyentes. Esto es muy importante porque la Agencia Tributaria es el garante de la solvencia del Estado para cumplir sus obligaciones, el garante de que el Estado tenga recursos financieros suficientes para atender su política de gastos.

Se ha cuestionado por parte de algunos grupos, en especial por UPyD, y me ha sorprendido, la insuficiencia de medios de la Agencia Tributaria. Creo que los resultados de la Agencia Tributaria, aun en circunstancias extraordinarias en 2013, han estado en línea con los de 2012. Reducir los resultados de la lucha contra el fraude simplemente a términos recaudatorios creo que no es adecuado, y usted lo sabe, señor Anchuelo. La lucha contra el fraude es algo mucho más amplio y se producen circunstancias extraordinarias, sentencias que hay que cumplir en un ejercicio que distorsionan el resultado de los ejercicios a los cuales se refiere la comprobación, falta de liquidez, morosidad, etcétera. No es un tema exclusivamente recaudatorio, usted lo sabe muy bien, pero los resultados de la Agencia Tributaria y la consideración que tiene con respecto a los países de la OCDE ya los ha expresado claramente el ministro. Nuestro índice de eficiencia es del 0,6, es decir, ese es el coste respecto a cada cien unidades. El índice supera la unidad en Japón, Australia, Holanda, Bélgica, Francia, es decir, que estamos muy bien posicionados en la Agencia Tributaria en España respecto a los países de la OCDE.

Quería destacar que los resultados que ha obtenido la Agencia Tributaria, además de deberse al esfuerzo de todos los efectivos que en ella trabajan, se deben muy principalmente a los instrumentos que le ha proporcionado esta Cámara. Se han hecho a lo largo de esta legislatura importantes modificaciones: limitación del pago efectivo; exclusión del régimen de estimación de módulos de determinadas actividades y determinado volumen de operaciones; se ha modificado la Ley del Mercado de Valores para evitar que se realicen, a través de la transmisión de valores mobiliarios, transmisiones de inmuebles a través de figuras societarias; se ha incrementado el número de medidas cautelares para garantizar el pago de la deuda tributaria; se han incrementado los supuestos de responsabilidad subsidiaria para aquellos administradores que reiteradamente presenten autoliquidaciones sin ingresos; incluso se ha modificado el Código Penal para introducir una nueva figura, el delito fiscal agravado para cuotas defraudadas superiores a los 600.000 euros. La Agencia Tributaria ha recibido hoy críticas inapropiadas por parte del Grupo Socialista, utilizando unos términos desde todo punto de vista inadecuados. Creo que las personas que con tanto esfuerzo realizan la labor en este organismo no se lo merecen. Su portavoz incluso ha tildado de propaganda electoral la oferta de plazas, algo con lo que ustedes mismos se califican en su intervención.

Los esfuerzos que se han realizado no han sido solo en la legislación interior. España ha liderado en el exterior un procedimiento de desarrollo de un estándar automático de intercambio de información entre los diferentes países que va a suponer un antes y un después en lo que se refiere al secreto bancario internacional. Por tanto, opacidad cero, tolerancia a la opacidad tributaria por parte del Partido Popular y del Gobierno de España, cero. Se ha contribuido como nunca a que esto sea así. Así pues, convendrán conmigo, señorías, en que los esfuerzos que se han realizado en materia fiscal están en consonancia y en coherencia con la necesidad de lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y la elusión fiscal, y no solo por ser un imperativo de la equidad tributaria, sino también por exigirlo las políticas económicas que justifiquen la obtención de recursos para la consolidación de nuestra economía como paso ineludible para la creación neta de empleo, objetivo este último de toda la política del Gobierno de España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Asian.

En dos minutos vamos a votar. (Pausa).

MINUTO DE SILENCIO.

El señor PRESIDENTE: Señorías, la celebración ayer del Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo nos recuerda la necesidad de dotar a los trabajadores de medios, información y garantías que permitan prevenir y reducir los innumerables accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se producen cada día. Hoy, a propuesta de todos los grupos parlamentarios y con objeto de rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que han sufrido accidentes laborales que les han costado la vida, así como a sus familias, les ruego guardemos un minuto de silencio. (Las señoras y los señores diputados, puestos en pie, guardan un minuto de silencio).

Muchas gracias.


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ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente 121/000062).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones. Comenzamos con las enmiendas del Senado. Proyecto de ley general de telecomunicaciones. En primer lugar, votamos las enmiendas a la disposición transitoria segunda.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 313; en contra, 1; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de enmiendas del Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 294; abstenciones, 27.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. (Número de expediente 121/000084).

El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita que han sido presentadas por los grupos Vasco (PNV), La Izquierda Plural, Mixto (señor Tardà), Catalán de Convergència i Unió, Socialista y de Unión Progreso y Democracia. Han sido emitidos dos votos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323 más 2 votos telemáticos, 325; a favor, 153 más 2 votos telemáticos, 155; en contra, 170.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad de devolución.

AVOCACIÓN POR EL PLENO.

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora la solicitud de avocación por el Pleno de este proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita. Hay dos votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323 más 2 votos telemáticos, 325; a favor, 151 más 2 votos telemáticos, 153; en contra, 172.

El señor PRESIDENTE: No será avocado a Pleno.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 5/2014, DE 4 DE ABRIL, POR EL QUE SE PREVÉ UNA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIO Y ADICIONAL PARA EL IMPULSO DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. (Número de expediente 130/000052).

El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2014, de 4 de abril, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinario y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal y la aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Hay dos votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323 más 2 votos telemáticos, 325; a favor, 288 más 2 votos telemáticos, 290; en contra, 19; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

- TRAMITACIÓN COMO PROYECTO DE LEY POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DEL REAL DECRETO-LEY 5/2014, DE 4 DE ABRIL, POR EL QUE SE PREVÉ UNA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIO Y ADICIONAL PARA EL IMPULSO DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia de este real decreto-ley. Hay dos votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 2 votos telemáticos, 324; a favor, 145 más 2 votos telemáticos, 147; en contra, 172; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.

Señorías, se suspende la sesión.

Eran las dos y cinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.

PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON XABIER MIKEL ERREKONDO SALTSAMENDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ APORTA A LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS QUE LA GUARDIA CIVIL REALICE EXHIBICIONES Y ACTIVIDADES, CON DIVERSO MATERIAL ANTIDISTURBIOS, CON NIÑOS Y NIÑAS DE INFANTIL Y PRIMARIA A QUIENES SE LES DEJA MANEJAR Y EMPUÑAR ARMAS COMO RECIENTEMENTE HEMOS PODIDO VER EN EL COLEGIO PÚBLICO DE CINTRUÉNIGO, NAVARRA? (Número de expediente 180/000904).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Pasamos a tratar las preguntas dirigidas al Gobierno y, en primer lugar, las dirigidas al señor presidente del Gobierno.

Pregunta, en primer lugar, el diputado don Xabier Errekondo, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señor Rajoy, menos armas y más libros. Estas imágenes (Muestra un cartel) son más propias de Sierra Leona; sin embargo, son de Navarra, señor Rajoy. Una muestra de su política hipócrita porque ustedes este viernes han anunciado más medidas para proteger supuestamente los derechos de los menores, pero a la vez ponen en sus manos porras y fusiles. Señor Rajoy, esto es una aberración en Euskal Herria y en España. ¿Qué aporta a los objetivos de la educación que la Guardia Civil empuje a niñas y niños a empuñar armas -como hemos visto- en el colegio público de Cintruénigo, en Navarra?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor presidente.

Voy a leerle el comunicado de la asociación de padres del colegio: Ante las distintas iniciativas políticas que estos días hemos conocido y que pretenden poner en cuestión la visita de la Guardia Civil al centro público de educación primaria Otero de Navascués en la jornada de puertas abiertas del pasado 16 de abril, la asociación de padres quiere, en primer lugar, mostrar su apoyo a la dirección del centro; en segundo lugar, trasladar su agradecimiento por todas las actividades de formación extraescolar que con total normalidad se vienen desarrollando en el mismo y, en especial, lamenta profundamente el uso equívoco y malintencionado con el que algunos partidos están queriendo utilizar estas jornadas de puertas


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abiertas; en tercer lugar, deseamos constatar igualmente la absoluta normalidad con la que se celebraron estas jornadas; y, por último, queremos hacer público el reconocimiento y la estima que la comunidad educativa del colegio tiene a la institución de la Guardia Civil y a todos sus miembros que en Cintruénigo, en Navarra, y en toda España realizan una labor ejemplar en defensa y garantía de la seguridad y libertad de todos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Errekondo.

El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señor Rajoy, usted ya ha visto en las fotos la utilización que se hace de las armas; esa es su pedagogía. Menos armas y más libros. (Rumores y protestas). Además, en Navarra, donde ustedes, con los informes fantasmas de la Guardia Civil, han criminalizado a colegios, a padres y al modelo de inmersión lingüística, y además ustedes pretenden, con la Guardia Civil también, adoctrinar con sus valores patrios, con sus fusiles a los hijos e hijas de quienes ustedes no hace tanto encarcelaron; esos jóvenes que fueron insumisos a la mili. (Rumores). ¿Acaso pretende usted, señor Rajoy, llevar a los críos a los sótanos de Intxaurrondo, de La Salve o de Tres Cantos para que aprendan los métodos de Billy el Niño y su compañía? (Rumores y protestas). ¿Acaso usted pretende que los niños aprendan a aplicar los electrodos en los testículos de los detenidos o a introducir barras de hierro en la vagina de las detenidas? En Euskal Herria conocemos bien a la Guardia Civil y, créase, también en el Estado español y, si no, léase los versos de Federico García Lorca. (Protestas). Nosotros conocemos en nuestra propia piel su triple pedagogía: apología de la violencia con los menores, militares arrogantes que provocan continuamente incidentes con la población y Policía y Guardia Civil que establecen controles indiscriminados para amenazar y chantajear a los jóvenes comprometidos con la sociedad, con la política, con la educación o con la lengua. ¿Así pretende usted convencer a la sociedad vasca? ¿Ese es su Juntos mejor? Pues no, señor Rajoy, eso es su marca España y, le diré, la mejor pedagogía que puede hacer usted con los niños y niñas y con todos los vascos es precisamente que veamos cuanto antes nuestras tierras desmilitarizadas, porque sus militares, Policía y Guardia Civil, no tienen ningún cometido ni sentido en Euskal Herria. Es hora del repliegue, señor Rajoy, es hora de que emprendan su viaje de vuelta a sus casas, de Euskal Herria a España. Menos armas y más libros, señor Rajoy.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Menos armas se lo podría decir usted a ETA, acompañado de la petición de disolución. Eso es lo que debería hacer usted. (Aplausos). A partir de ahí, estas actividades que realiza la Guardia Civil y la Policía Nacional se hacen en todos los países de la Unión Europea, se hacen en nuestro país en numerosísimas ocasiones desde el año 2006, tienen como objetivo formar a los alumnos en el respeto a los derechos y libertades y en los valores que inspiran nuestra confianza, les conciencian de los riesgos para su seguridad y sirven para que la gente conozca más a aquellos que garantizan las libertades y los derechos de todos los ciudadanos. Quiero manifestar mi pleno, total y absoluto respeto y apoyo a la Guardia Civil que ejerce sus funciones en todo el territorio nacional y que tiene una función capital, que es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ HA HECHO SU GOBIERNO DESDE EL 22 DE ENERO DE 2014 PARA QUE EL DENOMINADO "NUDO DE BERGARA" DE LA Y VASCA SEA LICITADO TAL Y COMO SE COMPROMETIÓ? (Número de expediente 180/000906).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor presidente del Gobierno que formula el diputado don Aitor Esteban, del Grupo Vasco, PNV.

El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.

Señor presidente del Gobierno, en marzo de 2013 usted señaló en el Senado que había dotación presupuestaria suficiente para iniciar la licitación del denominado nudo de Bergara. Esto finalmente no se


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hizo por parte de su Gobierno ese año. Yo el 22 de enero pasado le pregunte por qué había sucedido y cuál era su intención. Usted me señaló que existía un compromiso para que se licitara lo antes posible y, por eso, le pregunto qué ha hecho su Gobierno desde ese 22 enero para que el denominado nudo de Bergara de la Y vasca sea licitado tal y como se comprometió.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Esteban.

Es verdad lo que usted ha dicho de marzo de 2013 y también que me preguntó aquí en esta Cámara el 22 enero y hubo otro momento parlamentario posterior, el debate del estado de la Nación, donde usted se interesó sobre este asunto. Como consecuencia de ese interés conseguimos llegar a un acuerdo su grupo y el grupo que apoya al Gobierno, aprobamos una moción cuyo objetivo era poder licitar este año 2014 los proyectos que conforman el nudo de Bergara y además también hacía referencia al tramo Valladolid-Burgos-Vitoria que conecta la Y vasca con el resto de la red. Pues bien, puedo decirle que mañana en el Consejo de Ministros -mañana- vamos a autorizar la celebración del contrato del proyecto de construcción de la plataforma línea AVE Mondragón-Bergara en el sector Kobate. El importe será de 110.188.965,56 euros sin IVA, con IVA serán 133 millones de euros. Yo he dado instrucción, como he dicho en esta Cámara, para que esta obra, que va a costar más de 5.000 millones de euros -y es un momento presupuestario, todos, difícil-, se haga con la mayor celeridad posible; ya me gustaría a mí hacerlo antes, pero en la medida de nuestras posibilidades empezaremos a tomar decisiones como la que, insisto, adoptaremos en el Consejo de Ministros de mañana.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

Señor diputado.

El señor ESTEBAN BRAVO: Me alegro de que comience la licitación del nudo, es un tramo clave, pero lo que me sorprende sinceramente es que el Gobierno vasco no tenga noticia sobre este tema (Rumores) y no haya conversaciones entre los Gobiernos. El Gobierno vasco entregó al Ministerio de Fomento una propuesta para repartirse en su caso -si así lo consideraba el Gobierno del Estado, que es al que le corresponde hacerlo- esos trabajos del nudo de Bergara; no ha habido ni una llamada por parte de su Gobierno. Usted hace referencia también en otra de sus intervenciones a la Comisión de seguimiento. No se ha reunido. Nos desayunamos ayer con una noticia en la que se señala que Fomento se desmarca del plan para soterrar la conexión de la Y vasca sin haberse reunido con el Gobierno vasco y con los otros agentes y sin advertirles de esto; no lo sé, usted me confirmara si es así o no, pero desde luego desatenderse y decir que tienen que ser las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que tienen que hacer esas obras en su caso, no parece que sea muy de recibo. Por cierto, su Gobierno también se ha negado recientemente a entregarnos los datos de ejecución de la Y vasca y, sinceramente, eso en términos parlamentarios y de responsabilidad del Ejecutivo no es de recibo y, por eso, se los vamos a volver a reclamar.

No es la primera que se lo digo, pero hay un desorden en este asunto, en el TAV en general. La noticia del otro día: el túnel ferroviario más largo de Andalucía, que ya ha costado 435 millones de euros, se va a cerrar sin que se haya acabado, se va a tapiar, también muestra que hay un desorden en este tema, todavía aún más por parte de su Gobierno en cuanto a las prioridades de la Y vasca. Yo le urjo a que coja usted las riendas, usted personalmente en este asunto y su Gobierno concrete y ponga fechas ya, por favor.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): No puedo contestarle a ese tema concreto que usted ha planteado, le he contestado a la pregunta que estaba en el orden del día. Lo que sí quiero decirle es que para el Gobierno y para mí esta es una infraestructura estratégica que comunica el País Vasco con el resto de España y de Europa. En los años 2012 y 2013, en un momento presupuestario muy difícil, hemos hecho una inversión importante, 1.143 millones de euros, que creo que sería bueno que todos lo reconociéramos, que es cerca del 50 % invertido desde el año 2006, y al final de 2014 vamos a llegar


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a 1.684 millones de euros. El coste total, como sabe, es de 5.000 millones, y lo haremos lo más rápido que podamos. Desde luego, también vamos a seguir avanzando en Valladolid-Burgos-Vitoria, 269 millones que hemos invertido en 2012 y 2013, este año 186 millones. Comprenderá usted que yo no tengo el más mínimo inconveniente en hablar de estas cosas con el Gobierno vasco, pero hasta donde yo sé creo que hay una relación fluida entre los miembros del Gobierno vasco y el Gobierno que yo presido. En cualquier caso, si usted tiene alguna cosa más que apuntarme sobre ese tema, no veo ningún inconveniente, podemos hablarlo y resolverlo tranquilamente. Lo importante es que mañana vamos a licitar este tramo del nudo de Bergara y, en cuanto las posibilidades presupuestarias lo permitan, seguiremos trabajando porque, insisto, para el Gobierno de España... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE SU POLÍTICA EDUCATIVA FAVORECE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES? (Número de expediente 180/000908).

El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula al presidente del Gobierno el diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor PÉREZ RUBALCABA: Gracias, señor presidente.

Señor Rajoy, ¿considera que su política educativa favorece la igualdad de oportunidades?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): El objetivo más importante del Gobierno que presido es la prosperidad de los ciudadanos y por eso es muy importante que tengan cada vez mayores oportunidades y que sean iguales para todos. Estos principios inspiran la política del Gobierno en cualquier faceta, pero sobre todo en el área de la educación porque es una herramienta de oportunidades muy importante al alcance de todos y especialmente las nuevas generaciones. Todas las medidas que tomamos, ya estén orientadas a reducir el abandono escolar, a mejorar el rendimiento de los escolares y garantizar que nadie se quede sin estudiar por razones económicas, van en la dirección de favorecer la igualdad de oportunidades.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

Señor diputado.

El señor PÉREZ RUBALCABA: Señor Rajoy, yo creo que sus políticas van contra la igualdad de oportunidades, empezando por su política de becas. Los estudiantes con beca siempre han tenido mejor rendimiento académico que la media de los estudiantes. Ustedes ahora han elevado la exigencia de requisitos académicos, de forma que un estudiante de Derecho con un 6 se queda sin beca y puede tener que abandonar sus estudios y el hijo de una familia acomodada con un 5 continúa estudiando, eso sí, paga el 20 % del puesto escolar porque el 80 % restante lo pagamos el conjunto de los españoles, incluida la familia de aquel que ha perdido la beca. Eso es injusto, señor Rajoy. Ustedes creen que las becas son para los hijos brillantes de las familias con problemas económicos y no, las becas tienen que ser para los hijos de las familias con problemas económicos que estudian y aprueban. (Una señora diputada: ¡Exactamente!). Señor Rajoy, su ministro dice que el conjunto de las becas en el sistema educativo han crecido este año un 1 %. Han subido en universidad, han bajado en FP y en bachillerato, un escaso 1 %, algo más de un 1 %. La cuantía de las becas ha bajado 300 euros, y yo le digo que eso también es injusto. Tendría que haber más becas. ¿Sabe usted por qué? Porque los salarios de los españoles han decrecido por su reforma laboral y porque hay 1.200.000 españoles menos ocupados según nos ha dicho hoy la EPA. Tendría que haber más becas si ustedes no hubieran rebajado los requisitos académicos y si ustedes hubieran actualizado los umbrales de renta, que no lo ha hecho el señor ministro de Educación.

Señor Rajoy, en resumen, cuando se quitan modalidades de bachillerato en las zonas rurales, cuando se quitan las ayudas a las familias en educación entre cero y tres años, cuando se quitan las becas de


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libros de texto, cuando se quitan las becas Séneca, cuando se quitan las becas de colaboración, cuando se reducen las becas Erasmus a la mitad, cuando se suben las tasas universitarias y se baja la cuantía de las becas se ataca la igualdad de oportunidades. Cuando se excluye a los jóvenes a los catorce años con dificultades educativas, cuando se les segrega se ataca la igualdad de oportunidades. Seguramente, señor Rajoy, es la mejor forma de hacer verdad aquello que usted escribió hace algunos años de que las familias de buena estirpe tienen mejores resultados académicos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Varias señoras diputadas: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.

Estoy en absoluto desacuerdo con lo que ha dicho usted, señor Pérez Rubalcaba, y le voy a dar datos, que es lo que cuenta. Las becas generales y las ayudas al estudio, que son las que se dan a quienes están por debajo del umbral de renta o tienen necesidades educativas especiales, por ejemplo discapacidad, han aumentado más de un 20 % en el presupuesto del año 2014. Han aumentado en 250 millones hasta 1.440 millones de euros. Es el mayor importe consignado nunca -digo nunca- en los Presupuestos Generales del Estado. En este curso han resultado beneficiados más estudiantes que nunca -insisto en la repetición de la palabra nunca-: 820.709, y 322.700 son universitarios. Este curso es el de mayor número de becados universitarios de la historia y así se lo afirmo, con datos y con números. (Rumores.-Una señora diputada: ¡Cómo puede decir eso!). ¿Cómo puede decir usted lo que ha dicho hoy aquí? No se han alterado los umbrales de renta y patrimonio para optar a la beca, la nota media de los becados -este es un dato muy importante- ha subido, y eso sí que es igualdad de oportunidades, señor Rubalcaba. Le voy a dar dos datos importantes que me gustaría que usted explicara: el porcentaje de becas concedidas sobre solicitantes sube 5 puntos y los denegados por razones económicas pasan del 22 al 16 %. Olvide usted sus prejuicios, señor Pérez Rubalcaba, (Rumores.-Aplausos) cuando habla de igualdad de oportunidades, olvídelos porque ustedes modificaron la Ley de Educación hace más de veinte años, no se han enterado de lo que pasa en España, y la mayor bofetada a la igualdad de oportunidades es el dato que ha dado Eurostat hace diez días: de veintiocho países de la Unión, España es el número veintiocho en abandono escolar. Eso sí que es un ataque a la igualdad de oportunidades y, por eso, tenemos que reformar la Ley de Educación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CÓMO JUSTIFICA LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO LA UTILIZACIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS PARA FACILITAR LA CAMPAÑA DEL CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR A LAS ELECCIONES EUROPEAS? (Número de expediente 180/000909).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. Pregunta que formula la diputada doña Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.

El Gobierno de España no puede ser la plataforma electoral de nadie. Esto es lo que decía usted, señora vicepresidenta, hace apenas tres años, y demuestra su doble discurso y su cinismo político, porque ahora como vicepresidenta del Gobierno le parece estupendo que un candidato sea ministro hasta el mismo día que comience la campaña electoral y además ofrecerle la rueda de prensa después del Consejo de Ministros para que lo utilice como plataforma electoral. Por eso le pregunto, señora vicepresidenta, y pido que me conteste a la pregunta que está en el orden del día.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora vicepresidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.

Señora Rodríguez, debe ser la única que no se ha enterado de que la nueva ministra de Agricultura se llama Isabel García Tejerina. (Aplausos).

El Gobierno utiliza el Consejo de Ministros para aprobar reformas que están logrando la recuperación en España y la rueda de prensa después del Consejo de Ministros de los viernes para explicar esa recuperación, para explicar que España está creciendo al mayor ritmo desde hace seis años, que se está recuperando el consumo, que crecen las exportaciones, que mejora el turismo, que hay 340.000 parados menos que el año pasado y 115.000 afiliados más a la Seguridad Social. Eso es lo que explica el Gobierno.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.

Señora diputada.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señora vicepresidenta, el que se ha dado cuenta de que no se podía ser ministro y candidato era el señor Cañete, que efectivamente hoy no está en el banco azul porque ha huido de esta sesión de control (Rumores.-Aplausos) para no tener que explicar por qué ocultó a esta Cámara las relaciones que tenían sus empresas con las administraciones públicas (Rumores.-Un señor diputado: Ahí, ahí) y por qué ha mentido de forma clara al decir que las empresas de las que era presidente, siendo diputado y ministro, no tenían ningún contrato con la Administración pública. Mire, señora vicepresidenta, yo ya he encontrado uno, Petrologistics, Canarias, boletín oficial, contrato con el Cabildo de Gran Canaria (Muestra un escrito). Mentirosos, un Gobierno de mentirosos. (Rumores y protestas.-Aplausos). Señora vicepresidenta, tiene usted que explicar -ya que no ha venido el señor Arias Cañete- si se ha inhibido en decisiones del Consejo de Ministros que afectaban a sus negocios privados y, si no lo ha hecho, por qué usted se lo ha permitido. Le ha permitido, señor presidente, ser un lobista privilegiado que de vez en cuando se paseaba por el Consejo de Ministros. Claro que tienen ustedes que dar explicaciones, de sus incompatibilidades, de sus negocios privados, de sus cajas B, de sus sobresueldos, del sobresueldo del señor Cañete y del suyo, señora vicepresidenta. El señor Cañete, más de 300.000 euros en sobresueldos; usted, cerca de 600.000, señora vicepresidenta (Rumores), en los últimos años, aparte del sueldo de diputada, de portavoz de su grupo parlamentario cuando lo era. Señora vicepresidenta, ¿no han pensado usted, el señor Cañete y el resto de miembros de su partido, que sin esas cajas B, cuyo dinero es presuntamente ilícito, no hubiera sido posible que ustedes se reembolsaran y metieran en sus cuentas corrientes esos sobresueldos? ¿No han pensado alguna vez al menos en devolverlo (Rumores) hasta que tengan la conciencia clara de que no tienen origen ilícito? (Rumores). Fíjese usted si tiene que dar explicaciones. Conteste, señora vicepresidenta. (Rumores.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señora Rodríguez, si quiere hablar de sueldos públicos hablamos de la cesantía que estuvo usted cobrando y que pagaba mi ministerio durante los primeros años de cese de Gobierno, portavoz y cesantía hasta que la eliminó un Gobierno del Partido Popular. (Aplausos.-Rumores).

Me llama mucho la atención la fina sensibilidad que tienen ustedes ahora respecto de las ruedas de prensa del Consejo de Ministro y la mala memoria que tienen respecto de lo que hacían entonces que, como no hacían reformas ni tenían resultados, sistemáticamente todos los portavoces del Gobierno socialista se dedicaban los viernes a hacer lo que hace usted todos los miércoles: indecentes, imprudentes, mentirosos, desleales, burdos, cicateros, oportunistas políticos, ruines. Y más elaborados: francotiradores de la política e insumisos del Estado de derecho. Esta es su labor de oposición, señora Rodríguez, no sabe usted hacer otra cosa. Es de las que primero habla y luego piensa. ¿Quiere que hablemos del señor Cañete? Pues vamos a hablar del señor Cañete, porque no les ha preocupado su labor de gobierno hasta ahora porque era muy buen ministro y ahora es mejor candidato. (Rumores). Si quiere, señora Rodríguez, hablamos de la PAC, 47.000 millones de euros para los agricultores; o hablamos de la renta agraria, que dado que les importan tanto lo de los sueldos, ha subido un 9 % con el ministro Miguel Arias Cañete; o hablamos de los planes hidrológicos, que en el 2009 tenían obligación de haber aprobado todos y no


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aprobaron... (Rumores). Ya veo que no les interesa que se hable del señor Arias Cañete. Les hace mucho más daño de lo que yo pensaba. Señora Rodríguez, le voy a decir una cosa clarísimamente. Ustedes no supieron gobernar cuando gobernaban, ni saben hacer oposición cuando están en la oposición. Señora Rodríguez, su principal enemigo es la realidad. (Rumores y protestas).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta. Ruego silencio en el Pleno. Tiene usted cinco segundos para acabar. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señora Rodríguez, reserven la algarabía para sus mítines, al menos se oirá que tienen algo que ofrecer. (Aplausos.-Rumores).

El señor PRESIDENTE: Ruego, por favor, silencio en el Pleno para que se pueda oír al que pregunta y al que contesta.

- DEL DIPUTADO DON EDUARDO MADINA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿HA CAMBIADO EL MINISTRO DE JUSTICIA SUS PRIORIDADES LEGISLATIVAS POR RAZONES ELECTORALES? (Número de expediente 180/000910).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia.

Pregunta que formula el diputado don Eduardo Madina, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor MADINA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Vamos a ver si consigo que a usted se le entienda algo, señor Gallardón, a diferencia de la vicepresidenta. ¿Ha cambiado o modificado su calendario legislativo por las elecciones europeas?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madina.

Por favor, los que quieran abandonar la sala que lo hagan rápidamente.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Gracias, señor Madina. No lo hemos cambiado ni por razones electorales ni por ninguna otra. Concretamente le diré que en poco más de dos años este ministerio ha promovido veintisiete iniciativas legislativas, no incluyo aquellas en las que hemos sido coproponentes, nueve leyes, dos decretos-leyes, seis leyes en tramitación y diez anteproyectos informados en Consejo de Ministros.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Madina.

El señor MADINA MUÑOZ: Es verdad, señor ministro, que han transcurrido casi dos años y medio ya de legislatura y es posible que usted, incluso es posible que también su Gobierno esté orgulloso de su bagaje legislativo, pero en mi opinión es bastante complicado que la sociedad española lo esté. Vamos a hacer un poco de memoria. Al principio de esta legislatura, usted empezó reformando el Código Penal. La conclusión fue que a un montón de defraudadores y de evasores fiscales les fue muy bien. Después, reformó las tasas judiciales, y la conclusión fue que a miles y miles de españoles acceder en condiciones de igualdad a la justicia les empezó a resultar imposible. En tercer lugar, usted terminó con la justicia universal y ahora nos anuncia que pasa a mejor vida la ley de enjuiciamiento criminal y que deja para otro momento la ley que pretende reformar el Poder Judicial, ley que por cierto lleva una grave amenaza a la libertad de prensa en nuestro país. Daría que pensar, como si su Gobierno para amenazar o conculcar o limitar la libertad de prensa necesitara una ley, señor Gallardón. Pero en esas está usted y en esas estamos con su partido pidiéndole que se calle porque cree que sus proyectos de ley le perjudican electoralmente. ¿Sabe lo que creo yo? Que al margen de cómo afecte a su partido, afecta directamente a la sociedad española, por ejemplo con la ley del aborto, esa de la que hace ya tiempo que no sabemos nada pero que sí sabemos que hasta pasadas las elecciones por lo menos no vendrá a esta Cámara.

Yo creo que hoy tiene que hacer usted una cosa que ha hecho muchas veces a lo largo de su carrera y que lo hacía muy bien: desoír a su partido y escuchar a la sociedad. Hoy tiene la oportunidad de no


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escuchar a quienes en su partido le dicen que se calle hasta que las elecciones del señor Cañete pasen y su partido pierda las elecciones, para decir aquí que ha escuchado a la sociedad española. El clamor de una sociedad que le dice que derogue la ley, que no la tramite, que no la traiga a esta Cámara; el clamor, por cierto, del Consejo General del Poder Judicial, que dice que es una ley estrafalaria. Tiene la oportunidad de decir que España es un país moderno donde las libertades de las mujeres para decidir si quieren o no quieren ser madres no quedarán conculcadas por una amenaza legislativa que tiene usted en su ministerio y en el Gobierno del señor Rajoy. Tiene una oportunidad, la de decirle a la señora Le Pen que no tenía razón cuando dijo aquello de que era una barbaridad de ley, excesivamente de derechas incluso para sus ojos. Hoy tiene una gran oportunidad; no escuche a su partido, escuche a la sociedad, escuche a esta Cámara y anuncie que su ley pasa a mejor vida y que sobre las libertades de las mujeres en este país deja de pender una amenaza como la que usted pretende en su ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Madina.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente. Gracias, señor Madina.

La verdad es que cuando formuló la pregunta tenía mis dudas de por dónde quería ir su señoría, pero escuchándole le tengo que decir que tiene usted el problema de que solamente se informa por los periódicos y encima da por bueno todo lo que dicen los periódicos. ¿Cuándo he dicho yo que no vamos a presentar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? Nunca, señoría. Usted lo ha leído en un periódico y se lo ha creído. ¿Dice usted que la Ley Orgánica del Poder Judicial está parada? No, señoría. Está aprobada por Consejo de Ministros y en estos momentos sometida a información. Y en cuanto a la reforma de la Ley del Aborto, dice usted que nosotros estamos ajustando a las épocas electorales. No, señoría, está sometida a los trámites de los órganos consultivos de este país. Por cierto, le quiero recordar -porque tenía la curiosidad- que cuando ustedes tramitaron su ley del aborto la aprobaron como anteproyecto un 14 de mayo y hasta el 25 del mes de junio no fueron capaces de convertirla, una vez recibidos los informes, en el texto suficiente para poder después aprobarlo como un proyecto el 26 de septiembre; cuatro meses, señorías. (Rumores.-Protestas). Luego ha transcurrido menos tiempo desde que nosotros lo aprobamos del que ustedes utilizaron.

Señoría, con toda sinceridad, yo le voy a pedir que sea leal -y enlazo con la anterior intervención de la portavoz de su grupo-. Estoy leyendo en el ABC del pasado sábado (Rumores): López y Madina usan las europeas de trampolín para las primarias. Dará un mitin diario mientras que Chacón solo estará presente los últimos cuatro días. (Protestas). Señoría, yo no entiendo, ni me voy a meter, por qué ustedes tienen un mitin cada día para sus primarias y a Chacón solamente le dejan cuatro. (Protestas). Lo que sí le voy a decir es una cosa: usted debería ser leal con sus compañeros que no son diputados y no aprovechar esta sesión plenaria para hacer un mitin más que ellos no pueden hacer. (Rumores.-Protestas). Porque usted, como doña Soraya, lo único que han hecho hoy aquí es un mitin.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CÓMO VALORA LOS EFECTOS DE LA RECIENTE REFORMA DE LA JUSTICIA UNIVERSAL? (Número de expediente 180/000911).

El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula al ministro de Justicia el diputado don Julio Villarrubia, del Grupo Socialista.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.

Señor Gallardón, vamos al toro y a dejar de dar mítines, sí. El Partido Popular, contra la voluntad de todos, modificó la regulación de la justicia universal y asestó un golpe mortal a la protección de los derechos humanos y a la persecución de graves delitos. La tramitación de la reforma de la justicia universal fue un ejemplo más de su forma de legislar. Hicieron una proposición de ley y no presentaron un proyecto de ley para no pasar por los informes preceptivos y controles del Consejo General del Poder Judicial y del


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Consejo de Estado, realizaron tramitación en lectura única y por trámite de urgencia y convocaron un Pleno extraordinario sin respetar el procedimiento legislativo, desoyendo todas las quejas y advertencias de ilegalidad y sin ningún consenso. Le pregunto: ¿Cómo valora los efectos de la reciente reforma de la justicia universal?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Señoría, he oído muchas valoraciones sobre esa reforma de la justicia universal, concretamente de titulares de la Audiencia Nacional -leo-: que es un desprecio brutal a las víctimas; que plantea problemas de constitucionalidad; que puede comprometer la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico u otros ámbitos en los que España está comprometida, e incluso que se deplora a los parlamentarios que han trabajado por ampliar los resquicios de la impunidad. En nada de eso coincide ni este ministro ni este Gobierno.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Villarrubia.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor Gallardón, tengo que reconocer que es usted un fenómeno (Risas), es el único ministro de Justicia que ha conseguido enfadar a todo el mundo a la vez: jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, graduados, sindicatos, ciudadanos en general. No ha hecho ninguna reforma que mejore la Administración de Justicia, solo recortes económicos y de derechos y libertades: tasazo o copago, ERE en la Administración de Justicia, Código Penal, aborto, ley orgánica, eliminación de partidos judiciales, justicia gratuita, justicia universal. Sí, nada positivo y todo contra todos. Sí, es usted un fenómeno, pero dañino para la justicia de España.

Señor Gallardón, los efectos de su reforma de la justicia universal son: recortes en la protección de los derechos humanos, eliminación de la justicia universal e impunidad de delincuentes y excarcelación de narcotraficantes -ya van veintinueve-, y los tribunales dicen con indignación que no pueden hacer otra cosa porque es su voluntad, que no tienen competencia. Ayer mismo la Audiencia Nacional: otros trece narcos marroquíes que iban a ser juzgados. Le exijo en nombre de mi grupo que presente una rectificación urgente a esta chapuza legislativa corrigiendo los errores de la reforma y tramitándola de la misma forma que esa reforma indecente que ustedes aprobaron hace poco. Es de justicia. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Señoría, veo que ha hecho usted suyos los argumentos que yo le he leído, pero resulta que cuando Baltasar Garzón dijo que es un desprecio brutal a las víctimas no se refería a la reforma de la justicia universal que, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, se ha hecho; se refería a la que hicieron ustedes en el año 2009. (Rumores). Que cuando el señor Pedraz dijo que planteaba problemas de constitucionalidad, se refería a la que ustedes hicieron en 2009. Que cuando otra vez el señor Garzón calificó como muy peligroso para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, se refería a la reforma que ustedes hicieron. Y que cuando Amnistía Internacional dijo que deploramos esta decisión que se hace de espaldas a la ciudadanía y que los parlamentarios trabajen por ampliar los resquicios de impunidad, señorías, se refería a la reforma que ustedes hicieron, y que tengo que decir que nosotros por sentido de lealtad, sin embargo, apoyamos.

Señoría, critica usted que esta reforma se haya hecho por uno de los mecanismos de iniciativa legislativa que está contemplado en la Constitución, que es una proposición de ley de un grupo parlamentario. ¿Cómo la hicieron ustedes? (Rumores). ¿Cómo la hicieron ustedes, señoría? Con una enmienda, con una enmienda a una ley de la oficina judicial. ¿Dónde está en su reforma del 2009 el informe del Consejo General del Poder Judicial? En parte ninguna, porque no lo pidieron. ¿Dónde está el informe del Consejo de Estado? En parte ninguna, porque no lo pidieron. Ustedes, que lo hicieron por vía de enmienda del Grupo Socialista, ¿critican ahora que sea una proposición del Grupo Parlamentario Popular? (Rumores). Señor Villarrubia, tenga usted un poco de coherencia. Y, por último, léase usted las resoluciones de la Audiencia Nacional. Impunidad, ninguna. Lo que se ha declarado conforme a la ley es que los tribunales españoles no son competentes para juzgar actividades que ni han ocurrido en aguas


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marítimas españolas, ni en buques españoles, ni con tripulantes españoles. Pero esos presuntos delincuentes son denunciados por la propia Audiencia Nacional ante los tribunales competentes. Impunidad, ninguna, pero que les juzguen los competentes.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.-Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señora Rumí, le ruego silencio.

- DEL DIPUTADO DON CAYO LARA MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿PIENSA EL GOBIERNO REGULAR UN SISTEMA DE SALARIOS MÁXIMOS EN EL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS QUE RECIBAN AYUDAS PÚBLICAS O BONIFICACIONES FISCALES, MÁS ALLÁ DE LO YA REGULADO PARA AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES FINANCIERAS INTERVENIDAS? (Número de expediente 180/000905).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En primer lugar, formula su pregunta el diputado don Cayo Lara, del Grupo de La Izquierda Plural.

El señor LARA MOYA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿piensa el Gobierno regular un sistema de salarios máximos en el sector público y empresas que reciban ayudas públicas o bonificaciones fiscales, más allá de lo que ya ha regulado para ayuntamientos y entidades financieras intervenidas?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor diputado, como su señoría conoce, puesto que han sido normas que han transitado por esta Cámara, el Gobierno al comienzo de su andadura, al comienzo de la legislatura ya determinó la estructura retributiva de los contratos de directivos de sociedades mercantiles estatales, distinguiendo entre una retribución básica y una variable. A partir de ahí, ya en el mes de marzo del año 2012 dio una respuesta más amplia que la mera limitación en la cuantía de salarios, puesto que estableció diferentes categorías de empresas públicas y, por tanto, diferentes límites a los directivos de esas empresas públicas. Señor Lara, estoy seguro de que su señoría conoce perfectamente las limitaciones que ya ha impuesto este Gobierno. Por tanto, estoy deseoso de conocer cuál es la intención de su pregunta porque hasta ahora no la he encontrado en la formulación.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Lara.

El señor LARA MOYA: No ha buscado usted bien, señor ministro. La desigualdad social, con cada vez más personas en la extrema pobreza y un grupo minoritario en la opulencia más escandalosa, debería ruborizar a cualquier sociedad. España es el país de la OCDE en el que más ha aumentado la desigualdad social y con ello el número de ricos y el número de pobres. Ahí están los datos. Los salarios, sin ninguna duda, inciden en esa dualidad creciente entre ricos y entre pobres. Es un insulto a los ciudadanos que haya ejecutivos y directivos de las empresas del IBEX y otras que lleguen a percibir sueldos millonarios mientras se reduce el salario a muchos trabajadores, que no pueden llegar a final de mes. Es una mofa a la dignidad de un país y una provocación a los que tanto sufren que los presidentes de Iberdrola, de Telefónica, de Ferrovial o del Bilbao Vizcaya tengan retribuciones que superen hasta en 214 veces el salario de un trabajador medio de sus empresas. Por otro lado, el raquítico salario mínimo interprofesional, señor ministro, pierde poder adquisitivo. El anterior Gobierno lo dejó en 641 euros por catorce pagas, no llegando a los 800 prometidos, pero su Gobierno lo ha subido la friolera de 4 euros y lo ha congelado en dos años, aunque ya sabe usted que a la presidenta del Círculo de Empresarios se le hace excesivo ese salario mínimo interprofesional y propone recortarlo


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porque su modelo tal vez sea el modelo Bangladesh. Pero más allá de la regulación que usted ha manifestado, le propongo que promueva abrir una comisión en este Parlamento para regular un salario máximo en el sector público y especialmente en las empresas del sector privado que reciban subvenciones, desgravaciones, bonificaciones fiscales o contraten con las administraciones públicas porque no puede ser que unos tengan barra libre y otros vayan con migajas. En la misma comisión, señor ministro, deberíamos ponernos de acuerdo para elevar el salario mínimo interprofesional al 60 % de la media salarial del país. Eso nos haría un país mucho más digno. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lara.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

La verdad es que cada vez más el señor Lara y su grupo representan al socialismo real. El comunismo ya pasó, cayó el muro de Berlín en el año 1989, señor Lara, y usted quiere volver al muro de Berlín, a traspasarlo y a llevar adelante una especie de igualdad entre los ciudadanos que está muy superada por las circunstancias actuales.

Señor Lara, ha tenido que venir un Gobierno del Partido Popular a limitar y a reducir los salarios de los directivos de las empresas estatales. Reconozca que lo ha hecho un Gobierno del Partido Popular cuando ha habido un Gobierno socialista anterior, representando la izquierda, que tenía salarios mucho más altos en esas empresas estatales. Ha tenido que venir un Gobierno del Partido Popular a limitar el número de miembros de los consejos de administración de esas empresas estatales porque también con un Gobierno socialista anterior estaban esos miembros del consejo recibiendo unas retribuciones muy superiores. Y ha tenido que venir un Gobierno del Partido Popular, además de a endurecer la tributación por indemnizaciones de despido millonarias, a promover una ley como es la que actualmente está en el Congreso de los Diputados, llamada ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, donde se limitan las remuneraciones variables al cien por cien de la remuneración fija. Se obliga a la junta de accionistas a fijar los... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL MINISTRO DE HACIENDA PARA LUCHAR DE FORMA EFICAZ CONTRA EL FRAUDE Y LOS PARAÍSOS FISCALES? (Número de expediente 180/000912).

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del diputado don Antonio Hernando, del Grupo Socialista.

El señor HERNANDO VERA: Después del debate de este mediodía, ya sabemos que al final de este año habrá 500 efectivos menos en la Administración tributaria y no 166 más. Por eso le pregunto qué medidas concretas va a tomar el ministro de Hacienda para luchar contra el fraude y la utilización de paraísos fiscales.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Muchas gracias, señor Hernando.

Lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso de los Diputados es que se ha hecho una propuesta para que esta Cámara corroborara el decreto-ley de ampliación de plantillas de la Agencia Tributaria del Estado y su grupo parlamentario ha votado en contra. Es decir, ustedes votan en contra de todo, contra todo, contra toda subida de plantillas para luchar contra el fraude. Es su estilo de hacer oposición, señor Hernando, y no se lo voy a negar a estas alturas. Allá ustedes; cada uno tiene su método de conformarse y de recibir la aprobación ciudadana, pero eso es lo que ha pasado esta mañana, tan sencillo como eso. Por lo demás, no hace falta, señor Hernando, que le recuerde que nunca en la historia de la Hacienda


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pública española había habido tantos casos y tan conocidos de lucha contra el fraude y en concreto contra el uso ilegítimo de paraísos fiscales. Basta leer la prensa de cada día para conocer un caso de la eficacia de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude fiscal y la utilización ilegítima de esos paraísos fiscales. Señor Hernando, eso lo están haciendo los funcionarios de la Agencia Tributaria, va mucho más allá de la iniciativa de un Gobierno. Por tanto, reconozcamos y apoyemos la eficacia de esa lucha, que realmente está alcanzando cotas incomparables con lo que ha sido el pasado más reciente de la historia de la Hacienda pública española.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Hernando.

El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor ministro.

No sé en qué debate ha estado usted, pero hemos votado a favor. (Risas). A pesar de todo, hemos votado a favor, señor ministro.

Quería pedirle ejemplos muy concretos de lucha contra el fraude y la utilización de paraísos fiscales. En materia de paraísos fiscales, por ejemplo, le quiero recordar que Luis Fraga, el que fuera senador del Partido Popular durante cinco legislaturas seguidas, tenía una cuenta en el Dresdner Bank de Suiza que llegó a alcanzar la friolera de 2.500 millones de las antiguas pesetas, todo a través de ingresos en ventanilla. Fíjese usted que la tenía desde 1990, es decir, cogió el acta de senador y al día siguiente se abrió una cuenta en Suiza. Por eso creo que usted, como ministro de Hacienda, con autoridad sobre su partido, puede adoptar una medida muy concreta como decir que los tesoreros del Partido Popular no se abran cuentas en Suiza y los senadores tampoco. Esa es una cosa muy concreta y, si se las abren, luego no les haga una amnistía fiscal para que puedan blanquear el dinero. En materia de fraude, por ejemplo, le dije hace quince días: tenga cuidado con la respuesta porque mañana va el señor Bárcenas a la Audiencia Nacional y le puede poner la cara como un tomate. Y se la puso, porque dijo que en las campañas electorales el Partido Popular utiliza cajas B en todas las provincias. Entonces, para esta campaña electoral puede decir usted a sus compañeros: menos vallas, menos cuñas, menos autobuses, porque luego pasa lo que pasa, que las empresas que se dedican a financiar todo eso y a hacer los montajes son empresas que reciben contraprestaciones de administraciones en las que gobiernan ustedes. En definitiva, señor ministro, lo que le estoy diciendo es que prediquen con el ejemplo y que tenga usted la valentía de pinchar la burbuja de financiación en la que ha vivido el Partido Popular en estos últimos años; años en los que ustedes le han dicho a la sociedad española que estaba viviendo por encima de sus posibilidades y ahora sabemos que eran ustedes quienes vivían y pagaban las campañas electorales por encima de sus posibilidades y al margen de la ley.

Gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Perdón por el equívoco, pero los brillantes discursos del señor Saura equivocan a cualquiera. Después de subir a echar una auténtica bronca en la tribuna, quejándose de toda la política que está haciendo este Gobierno, ustedes hacen lo que hacen.

Pero quiero destacar sobre todo la originalidad de su planteamiento. La estaba esperando; estaba seguro de ella. No había escuchado este argumento en los dos años de legislatura que llevamos. No había escuchado lo de las cuentas del señor Bárcenas en Suiza. Ha sido original la tarde de hoy. Ha aportado realmente un gran argumento político en la campaña de Europa que afrontamos con el debate sobre la lucha contra el fraude fiscal y por mejorar la información tributaria. Ayer el ministro De Guindos estuvo en París con el secretario de Estado de Hacienda para reforzar la información automática entre los países miembros. En fin, señor Hernando, póngase al día y utilice argumentos del día, porque realmente lo que le importa a la sociedad española... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


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- DEL DIPUTADO DON FRANCESC VALLÈS VIVES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿GARANTIZA EL GOBIERNO EL CUMPLIMIENTO POR SUS ALTOS CARGOS DE LA LEGISLACIÓN DE INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES? (Número de expediente 180/000913).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del diputado don Francesc Vallès, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor VALLÈS VIVES: Señor ministro, usted es el responsable de velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades del Ejecutivo. ¿Considera que algún miembro del Gobierno ha podido incurrir en conflicto de intereses? Y no se preocupe, que hoy no le estoy preguntando por usted.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor Vallès, con toda seguridad, no. El Gobierno está ejerciendo su responsabilidad en materia de cumplimiento de los altos cargos de la legislación de incompatibilidades y de conflicto de intereses, y con toda rotundidad le tengo que decir que no.

Por lo demás, esa no era exactamente la pregunta que ha formulado; la ha extendido. Pero yo la contesto igual, con la misma fiabilidad, puesto que venía preparado para ello.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor VALLÈS VIVES: No lo dudo, señor ministro. Se la voy a concretar. Lo que queremos saber es si desde la Oficina de Control de Conflictos de Intereses de su departamento le han informado de que el hasta ayer ministro de Agricultura ha tenido intereses particulares en dos empresas beneficiarias de concesiones y de contratos públicos durante su mandato. ¿Lo sabía o no lo sabía, señor ministro? Se lo digo porque si lo conocía, debería haber actuado; y si no lo conocía, es obvio que le han engañado a usted, al presidente del Gobierno, al Parlamento y al conjunto de los ciudadanos. O eso o que les da exactamente igual, porque ustedes gestionan este país como si fuera su propiedad, confundiendo permanentemente lo público y lo privado, el interés general y los beneficios particulares. Antes de jurar el cargo de ministro el señor Cañete ocultó información y eso es engañar. Aunque después dejara la presidencia de los consejos de administración de esas empresas, el hecho es inadmisible porque seguía siendo accionista. Él tenía el deber de declararlo y luego tenía que haberse abstenido de participar en todos aquellos asuntos y leyes con las cuales hubiera podido tener algún conflicto de intereses. No lo hizo y usted no actuó. Ahora lo único que se le ocurre al señor Cañete es decir que preguntó a la empresa y le dijeron que no había contratos con la Administración pública; y ya está. ¿A usted le parece eso sensato, señor Montoro? A mí, no. Era el presidente de una empresa adjudicataria; no era un trabajador más, sino el presidente. ¿Cómo no iba a saber nada? Y con estos antecedentes ustedes deciden enviar al señor Cañete al Parlamento Europeo a exportar su particular visión de la marca España, que consiste en hacer negocios privados desde un cargo público. ¡Menuda imagen de España que van a dar ustedes en Europa, señor Montoro! Usted no puede hacer más la vista gorda, porque tenía el deber de comprobar si le estaban engañando y no lo hizo, y con ello ha puesto en duda no solo la credibilidad y la imparcialidad de su gestión, sino la confianza en nuestras instituciones, y eso, señor Montoro, ya es mucho más grave. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vallès.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor Vallès, están ustedes a la altura de su portavoz. (Rumores). Realmente van elevando el debate político de este país. Si es lo que tiene la condición que tienen, y el Grupo Socialista en esta Cámara sirve


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para lo que sirve. (Protestas). ¿Sirve para hablar de la recuperación económica de España? Eso no lo traigan aquí que hace feo. ¿Sirve para hablar de si se está empezando a crear empleo o no? No lo traigan aquí que realmente eso no es motivo de control del Gobierno. (Protestas). ¿Sirve para ver si efectivamente estamos reduciendo el déficit público en nuestro país y por las vías que lo estamos haciendo? (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor ministro. Ruego silencio. Ha habido silencio en la pregunta, que lo haya en la respuesta.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): La sesión de control tiene una altura intelectual, una categoría... (Protestas). ¿Me permiten que la califique yo también? (Aplausos). Se lo voy a resumir, señor Vallès. Usted está adulterando una pregunta de control al Gobierno; ese no es el título de esa pregunta. Si hubiera usted recabado esa información, se le estaría remitiendo y, en todo caso, por escrito. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). A partir de ello, le voy a decir una cosa con toda claridad esta tarde. El exministro de Agricultura, el señor Arias Cañete, ha cumplido con la normativa vigente en materia de conflictos de intereses, conforme a la ley que se lo ha exigido. Por lo que a mí respecta, y en un día como el de hoy, lo que tengo que decir es que, gracias a su brillante acción como ministro del Gobierno de España, ha logrado vencer el caos en el que estaba sumido el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de España, señoría. (Aplausos). Todavía estamos pagando la factura de ello. Eso es lo que están haciendo los españoles, pagando las facturas de ello. (Aplausos). Aparte de eso, voy a elogiar también al señor Arias Cañete en su labor a la hora de garantizar que el campo español reciba los fondos que necesita de la política agrícola común. Eso es lo que realmente importa cara a esas elecciones. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA LUISA CARCEDO ROCES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ ACTUACIONES ESTÁ ADOPTANDO EL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN CON LAS ENFERMEDADES QUE TIENEN SU ORIGEN EN EL DESEMPEÑO DE UNA ACTIVIDAD LABORAL? (Número de expediente 180/000915).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social, que formula la diputada doña María Luisa Carcedo, del Grupo Socialista.

La señora CARCEDO ROCES: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, ya sabemos que el Gobierno la tiene muy ocupada actuando de vigía para controlar el acceso a la asistencia sanitaria, que antes era universal, y ahora usted debe calificar titular, beneficiario o simplemente exento, una asistencia que antes era universal y ahora tiene una vinculación extraña con la Seguridad Social, cuando la sanidad se financia con presupuestos universales, los Presupuestos Generales del Estado. Dicho esto, y comprendiendo su ocupación, usted tiene una responsabilidad, esta vez sí, directa sobre la salud de los trabajadores, y en esa dirección le formulo la pregunta escrita.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Carcedo.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.

Señora diputada, tiene usted razón, la seguridad y la salud de los trabajadores es una preocupación, no solo ayer, que fue el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, sino también todos los días del año, porque es una preocupación de todos los trabajadores españoles. Como usted sabe muy bien, son las comunidades autónomas las que ejecutan este tipo de política, aunque la Constitución nos reserva al Gobierno de España la capacidad de legislar y de armonizar todas las actuaciones, y para eso tenemos dos instrumentos fundamentales: la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde están coordinadas comunidades autónomas, interlocutores sociales y también el Gobierno de España, y a través de la estrategia española que se lleva a cabo podemos actuar juntas en un tema tan fundamental como es la prevención y la protección de la salud en el trabajo. Lo que hemos hecho estos años ha sido implementar mayores medidas de control a través de la inspección en las empresas de las enfermedades


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profesionales, que en 2012 y 2013 supusieron 1.357 inspecciones y en lo que va de 2014, 198. ¿Qué hemos hecho, ya que queremos seguir mejorando estas actuaciones de forma conjunta? Un grupo de trabajo en el INSS para mejorar el reconocimiento y la evaluación de las enfermedades profesionales. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando presentemos la ley de mutuas, continuar con los buenos programas de prevención que ya existen, como el Prevención 10 y el Prevención 25, o el bonus de empresas, que ha mejorado mucho la prevención, y también algo importante, que es asesorar a las empresas para que adapten, por primera vez en España, sus puestos de trabajo y estructuras a la recolocación de los trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento, señora diputada? Elaborar la nueva estrategia 2014-2020 con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas, que entre todos aprobaremos para mejorar la eficiencia antes del verano.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. (Rumores).

Por favor, ruego silencio en este trámite de preguntas. Quien no quiera atender, que se vaya fuera, pero, por favor, aquí, a atender.

Señora diputada.

La señora CARCEDO ROCES: Señora ministra, como usted bien sabe porque son registros de su ministerio, en 2013 hay registrados casi 400.000 accidentes laborales, de los que 432, desgraciadamente, fueron mortales. Y existen declaradas 16.900 enfermedades profesionales. Pero según todos los informes y evaluaciones, también los de su ministerio, se detectan tres problemas principales. Primero, la mayoría son evitables. Segundo, existe una demostrada infradeclaración de las enfermedades y los accidentes profesionales. Y, tercero, se dispone de nuevas evidencias que aconsejan que se recalifiquen las enfermedades profesionales y sobre todo se tengan en cuenta evidencias científicas de que algunos productos tienen efectos demostrados perjudiciales para la salud y en algunos casos graves, como es el caso del cáncer.

Usted adelanta que están trabajando en la nueva estrategia española de seguridad y salud en el trabajo, que nosotros consideramos que debe ser urgente porque ahí se deben recoger todas las soluciones que se detectan en estos problemas y que pasan por una nueva recalificación de enfermedades profesionales y sobre todo por un mejor registro. Para un mejor registro, señora ministra, es necesario un mejor conocimiento y para eso es imprescindible el desarrollo de la ley de la salud pública, que es un gran debe. Usted ahora sí debe de coordinarse con la ministra de Sanidad y crear en el seno del consejo interterritorial la ponencia de salud laboral. De esa forma sí mejorarían el registro y sí mejorarían... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.

Señora diputada, quiero decirle que hoy tenemos que felicitarnos por lo que hemos avanzado en prevención de riesgos laborales entre todos; entre las comunidades autónomas, los agentes económicos y sociales y también los grupos parlamentarios en la estrategia que acaba de finalizar. Los resultados son importantes. Hemos invertido 400 millones de euros, y aunque la población afiliada ha bajado un 10,7 % de 2008 a 2012, el índice de incidencias de accidentes de trabajo con bajas en jornada de trabajo ha disminuido un 50,5 % y las enfermedades profesionales con enfermedad de baja han bajado un 34,5 %. Por tanto, vamos en la buena dirección y seguiremos... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CÓMO VALORA LA POLÍTICA DE EFECTIVOS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO PARA ANDALUCÍA? (Número de expediente 180/000914).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. La formula el diputado don Miguel Ángel Heredia, del Grupo Socialista.


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El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿cómo valora la política de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Andalucía?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.

Si la política efectiva la valoramos como entiendo que debe ser valorada, en función de los resultados que se obtienen, en este caso medidos en tasas de seguridad, le tengo que decir que la tengo que valorar bien. Ha de saber su señoría -sin duda lo sabe- que el dato objetivo que mide la seguridad son las tasas de criminalidad, según estadísticas Eurostat. En este caso, la tasa de criminalidad medida en términos de infracciones penales por cada mil habitantes, en lo que llevamos de año 2014, la media nacional es de 45,6 infracciones penales por cada mil habitantes en el territorio nacional y en Andalucía está por debajo, 43,6. Por tanto, creo que hay motivos objetivos para medir en términos positivos esa política de efectivos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor HEREDIA DÍAZ: Señor ministro, permítame que discrepe de usted porque su política en seguridad ciudadana en Andalucía, por decirlo de forma suave, es lamentable y lo reconocen en sus respuestas parlamentarias: recortes en Policía Nacional, recortes en Guardia Civil, disminución del número de coches de policía y también de gasto de combustible. En dos años han eliminado 1.000 policías nacionales y guardias civiles de las calles andaluzas. Nunca se ha recortado tanto en tan poco tiempo. Las inversiones en comisarías y cuarteles brillan por su ausencia, han reducido en 108 el número de coches policiales en Andalucía -108 menos- y el gasto en combustible se ha reducido en un 5 %, y si gastan menos en combustible es porque patrullan menos, y eso redunda en una menor seguridad ciudadana. Le daré dos datos. En un delito que crea tanta inseguridad para los ciudadanos como es el tema del robo con violencia en domicilio, desde que usted es ministro se ha incrementado en un 23 % en Andalucía. En 2003 se registraron como media sesenta robos con violencia en domicilios en nuestra comunidad. Le daré un segundo dato, los robos en el campo. Hay que destacar que, a pesar de su demagogia y de sus numerosas fotos, la realidad es que en los últimos años se han incrementado en un 50 % los robos en el campo en Andalucía. Su Gobierno está apostando por la seguridad privada. Ya lo dijo aquel delegado del Gobierno en Madrid, que quien quiera estar seguro que se lo pague. Por eso esa Ley de seguridad privada, en donde ganan las empresas pero pierden los ciudadanos. Vuelven a hacer negocio a costa de los ciudadanos también en seguridad ciudadana.

Permítame que le diga otra cosa en sede parlamentaria, señor ministro. Le pido que dejen de utilizar su ministerio para dañar la imagen de Andalucía. Interior no puede entrar en campaña electoral con filtraciones interesadas que buscan únicamente desgastar al Gobierno andaluz. Decía Baltasar Gracián que cultivar la infamia ajena es señal de tener gastada la fama propia, y yo le digo, señor ministro, que se dedique a lo que le corresponde y no hace, que es a incrementar el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a dotarlos de más material para combatir mejor la delincuencia en España en general y particularmente en Andalucía. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.

Ya le he contestado con datos objetivos. Las opiniones son libres, pero los datos son los que son. Adicionalmente, le voy a decir que se han realizado operaciones específicas para luchar más eficazmente contra la criminalidad en sus diversas manifestaciones en Andalucía, que es una auténtica prioridad para el Ministerio del Interior. Le puedo aludir al Plan contra el robo en viviendas, al Plan contra la delincuencia urbana itinerante, al Plan del cobre, o los equipos Roca contra los robos en instalaciones agropecuarias, por ejemplo. También, para hacer más segura la región andaluza, he de decirle que la comunidad andaluza, después de Madrid, es aquella en la que más se han incrementado los recursos de cara a la operación


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Verano Seguro y en particular de los siete convenios SATE - Servicios de Asistencia al Turista Extranjero- que se han firmado a nivel nacional; tres se han firmado en la comunidad andaluza. Por último, he de decir que Andalucía presenta, respecto al porcentaje de ocupación de plantilla, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de Guardia Civil, un porcentaje de ocupación en términos de catálogo de puestos de trabajo superior a la media nacional, tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil. A nivel nacional, el porcentaje de ocupación en catálogo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es del 87,2 %. ¿Sabe cuánto es en Andalucía? El 88,1. En Policía, el porcentaje de ocupación a nivel nacional es del 84,3 %, y en Andalucía del 85 %. Guardia Civil, a nivel nacional, 87,2 % y en Andalucía 88,1 %. (El señor Heredia Díaz muestra un documento). Señor Heredia, no me lo discuta porque son datos del ministerio que seguro que me los sé yo mejor que usted.

En última instancia le diré que en relación...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA PONER EN MARCHA EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD EN LA ATENCIÓN SANITARIA DE TODOS LOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/000919).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Antonio Cantó, del Grupo de Unión Progreso y Democracia.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.

Señora Mato, ¿qué va a hacer para garantizar la igualdad en la atención sanitaria de todos los españoles?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señoría, todas las políticas del Gobierno y de forma especial la política sanitaria y de servicios sociales tienen como objetivo primordial que los españoles tengamos los mismos derechos y el acceso a las mismas prestaciones en todo el territorio nacional.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Pues, señora ministra, vamos mal, y le voy a poner un ejemplo. El caso de Treviño ha puesto de manifiesto una vez más un tema que Unión Progreso y Democracia viene denunciando aquí en repetidas ocasiones, que es la quiebra de la igualdad. De hecho está ocurriendo, un Sistema Nacional de Salud que ya no es universal, dividido en diecisiete sistemas que otorgan más o menos derechos a nuestros ciudadanos dependiendo de dónde residan. Treviño, señora Mato, retrata a algunos como lo que son, como burócratas irresponsables, pero además retrata algunas de sus políticas y algunas de las decisiones que se han tomado desde su ministerio. Yo le pregunto: ¿cuál es la razón por la que su ministerio ha decidido retirar la vacuna de la varicela? Porque, según los expertos, se ha mostrado eficaz en niños menores de 18 años y, señora Mato, fíjese, en Navarra, en Ceuta y en Melilla esa vacuna es gratuita para los niños en el segundo año de vida, sin embargo, en los demás lugares de España no se encuentra, ni siquiera pagando. ¿Ve, señora Mato? Otro ejemplo más de quiebra en la igualdad. Esa retirada de las farmacias que ha provocado su ministerio está obligando a que padres de toda España tengan que dirigirse a Navarra, Portugal, o Francia para comprársela o incluso encargar que empresas de mensajería se las hagan llegar. ¿Quién tomó esa decisión, señora Mato? ¿Asumirá sus responsabilidades? Porque, mire, según los datos del boletín epidemiológico de Aragón, durante el primer trimestre de este año se llevan acumulados 2.700 casos de varicela frente a una media anual de 1.700, señora Mato; es decir, su decisión ha hecho que se tripliquen los casos de varicela en nuestro país.


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Señora Mato, es usted la ministra de una sanidad que ya no es gratuita ni universal, de una igualdad que tampoco lo es ya, y de unos asuntos que cada vez son menos sociales. Nuestro sistema sanitario, señora ministra, era un ejemplo y puede dejar de serlo, a pesar de los repetidos esfuerzos de nuestros profesionales sanitarios. Sus recortes están produciendo desigualdad y enfermedad; cada vez más médicos alertan del empeoramiento de quienes tienen que elegir entre medicarse o comer. Una epidemia, señora Mato, lo es cuando afecta a un porcentaje significativo de la población. Sus decisiones dejan cada vez más desprotegidos a todos los españoles, en especial a aquellos que menos recursos tienen. Para ellos, señora ministra, sus políticas son una auténtica epidemia.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señoría, cuando uno está en la oposición hay muchos motivos para polemizar con el Gobierno; se puede hacer desde el terreno de los conceptos y también desde el terreno de la legítima crítica a las actuaciones del Gobierno, lo que no se puede, lo que no cuela es que se planteen debates artificiales en época electoral. Le digo esto porque el Gobierno del presidente Rajoy tiene clarísimo -forma parte de su compromiso de investidura- que los españoles, vivan donde vivan, tienen los mismos derechos, independientemente de su comunidad autónoma, y también eso es aplicable, por supuesto, como no puede ser de otra manera, a la sanidad pública y gratuita en todos los territorios de España. ¿Sabe por qué, señoría? Porque nosotros, el Partido Popular, el Gobierno popular, cuando hablamos de derechos no nos referimos a los territorios; siempre estamos pensando en las personas y no en los territorios. Los españoles y las españolas tienen exactamente los mismos derechos hayan nacido donde hayan nacido y vivan donde vivan dentro del territorio nacional. Señoría, este es un principio irrenunciable para nosotros en lo ideológico, pero también es una obligación constitucional. En esta cuestión además no nos hemos quedado en las palabras sino que hemos pasado a los hechos. Le puede recordar la nueva cartera común de servicios para todos los españoles, que garantiza el acceso a las mismas prestaciones con independencia de la comunidad autónoma. Le puedo recordar -porque usted ha hecho mención a ello- el calendario vacunal único, y no diga usted que se ha retirado la vacuna de la varicela porque forma parte del calendario a la misma edad en todas las comunidades autónomas para todos los niños de España. Señoría, le puedo hablar del Fondo de garantía asistencial, que garantiza la asistencia a los que se desplazan de una comunidad a otra, que en el caso de los españoles son 4 millones los que se desplazan y, por supuesto, de la tarjeta sanitaria común por primera vez en España; una tarjeta que permite acceder a toda la sanidad con independencia de la comunidad autónoma en la que se esté y también la de salud y los desarrollos. Por tanto, señoría, le pido que examine minuciosamente la gestión de mi departamento porque siempre va a encontrar un denominador común, y ¿sabe cuál es? El de la igualdad de los españoles ante la calidad de la sanidad. Una cuestión bien distinta es que se quiera utilizar una tragedia, por ejemplo, para desvirtuar la principal línea de acción de este Gobierno. Vamos a seguir trabajando en cohesión social y en equidad y nos gustaría que ustedes se sumaran a este acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

- DE LA DIPUTADA DOÑA TRINIDAD JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿QUÉ BALANCE HACE EL GOBIERNO DE LAS CONSECUENCIAS QUE HA TENIDO EL REAL DECRETO-LEY 16/2012 EN EL DERECHO A LA SALUD, CUMPLIDOS DOS AÑOS DE SU APLICACIÓN? (Número de expediente 180/000916).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que formula la diputada doña Trinidad Jiménez, del Grupo Socialista.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, ¿qué balance hace su Gobierno tras dos años de aplicación del Real Decreto 16/2012 y sus consecuencias en el derecho a la salud de los españoles?


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señoría, este Gobierno nunca va a cometer dos graves errores; uno, caer en el triunfalismo; y dos, negar la realidad. En España ya hemos pagado muy caras las consecuencias de esos dos errores. Creemos que el balance es razonablemente positivo porque hemos avanzado en la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario que ahora, como lo era antes, es universal, gratuito y de la máxima calidad para todos los españoles.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Señora diputada.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Gracias, señor presidente.

Ha llegado la hora de que el Gobierno de España cambie de rumbo para que garanticen el acceso universal a la salud. España tiene obligaciones positivas en materia de acceso a la atención sanitaria, incluidas obligaciones para con los migrantes. La falta de acceso de los migrantes a la atención primaria no solo es cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo. Sin acceso a la atención primaria se sobrecargan los servicios de emergencia, que son más costosos, y se pone la salud pública en riesgo, y lo que es aún más importante, amenazar el derecho a la salud y a la integridad física tiene un enorme coste humano. Estas medidas son contrarias a las normas de derechos humanos.

Señora ministra, estos no son párrafos de una nota de prensa que el Partido Socialista ha elaborado. Es un extracto de la respuesta que ha dado la relatora especial de Naciones Unidas de derechos humanos y de pobreza al Gobierno en relación con la cuestión relativa a la dificultad de acceso de las personas migrantes al derecho a la salud en España.

Señora ministra, por mucho que lo repita, por mucho que se empeñe, no existe en España una sanidad universal ni existe una sanidad gratuita ni existe una sanidad completamente pública. Ustedes se han cargado el derecho universal a la salud; las normas que ustedes han adoptado han supuesto que miles de personas se queden sin derecho a la salud. Lo están diciendo informes de profesionales en España. Se lo ha dicho el Consejo Europeo de Derechos Humanos y se lo ha dicho Naciones Unidas. Reconózcanlo y cambien porque es la única manera de poner freno al deterioro del Sistema Nacional de Salud en nuestro país. Hablo de la universalidad, pero le puedo hacer referencia también a la pérdida del derecho a la universalidad cuando los españoles viajan al exterior y están tres meses fuera sin cobrar ninguna prestación y sin realizar ningún trabajo, pero también es verdad que existe desigualdad profunda en todos los españoles.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señoría, le insisto, lo peor de lo peor es negar la realidad, y parece mentira que lo hagan personas que han ocupado responsabilidades en materia sanitaria en nuestro país. Todos los ciudadanos siguen disfrutando de su derecho a la asistencia sanitaria gratuita, señoría, incluso algunos que hasta hace poco tiempo, hasta la reforma, no tenían derecho a ese tipo de asistencia.

Señoría, el comisario Borg esta misma mañana ha explicado que los Estados europeos están obligados solo a cumplir una serie de mínimos y da la relación atención similar a los ciudadanos nacionales o atención de emergencia, y en esta misma reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea se ha concluido en Atenas esta mañana y se ha puesto de manifiesto que España es uno de los países con mayor cobertura sanitaria a los residentes irregulares en nuestro país. Por tanto, señoría, diga usted lo que diga, estamos preservando la sanidad para todos, aunque a veces, lógicamente, se pueda producir algún error humano.

La calidad de nuestra sanidad sigue mejorando, todos los informes apuntan en la buena opinión que tienen los españoles del sistema de salud. Como siempre, los españoles por un lado y ustedes por otro


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diferente. Hemos avanzado en la igualdad de oportunidades y en el acceso a la sanidad en todos los territorios con cartera común o con el fondo de garantía. El copago asistencial, señorías, existía antes, solo que ahora se hace por razón de renta y con mayor equidad, es decir, los parados sin protección ahora no pagan por los medicamentos, cuando antes aportaban el 40 %; tampoco lo hacen las personas con rentas más bajas. Señoría, se han hecho muchas cosas, pero nos queda mucho por hacer. El Gobierno se siente orgulloso de haber introducido racionalidad en unas cuentas sanitarias que ustedes nos dejaron con 16.000 millones de euros de deuda. El balance, por tanto, es positivo, aunque, como digo, hay mucho por hacer. Por cierto, a mí no se me ha ocurrido proponer el copago sanitario, que fue una de las brillantes propuestas que hicieron o que querían hacer desde su ministerio. (Rumores.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON LUIS CARLOS SAHUQUILLO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CÓMO CREE QUE ESTÁN AFECTANDO SUS POLÍTICAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEPENDIENTES? (Número de expediente 180/000917).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que formula don Luis Carlos Sahuquillo, del Grupo Socialista.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Señora ministra, su Gobierno ha recortado derechos, ha eliminado recursos y ha desatendido a las personas en situación de dependencia; en definitiva, ha desmantelado la ley. Con este grado de desatención, la situación de las familias con algún miembro en situación de dependencia se torna dramática, y aun más si se trata de un menor, por lo que nos gustaría que nos dijese cómo cree que están afectando sus políticas, sus decisiones, a los niños en situación de dependencia, porque en estos casos las necesidades se multiplican. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señoría, creo que nuestras políticas están afectando de forma positiva no solo a los menores, sino a todas las personas que están cubiertas por la Ley de Dependencia. Esta no es una cuestión solo de nuestro Gobierno sino también de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia directa en materia de dependencia.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señor diputado.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Señora ministra, son las decisiones de su Gobierno, con las modificaciones normativas acometidas, las que han hecho que muchos padres, y fundamentalmente madres, que se ven obligados a dejar sus empleos para atender a sus hijos en situación de dependencia, vean recortadas sus prestaciones económicas, impidiéndoles costear medicamentos, material sanitario y alimentación especial que precisan sus hijos, o bien vean eliminadas sus cotizaciones a la Seguridad Social. Su decisión de reducir un 15 % lineal las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar es especialmente grave para las familias con niños en situación de dependencia, ya que es el único al que pueden aspirar, pues no existen servicios, a excepción de la atención temprana en sus primeros años de vida. Si esto fuera poco, para agravar la injusticia con estas familias, se están haciendo revisiones de oficio sin cumplir lo que marca la legislación, con el fin de bajarles el grado. Algunos ejemplos significativos de los miles que se dan. Niña con síndrome de Ondina, si se queda dormida puede dejar de respirar y morir ahogada; se le baja el grado porque anda sola y puede lavarse las manos. Niño de siete años con parálisis cerebral severa; se le rebaja la prestación económica alegando que durante un periodo del día va a un centro de educación especial, algo que es un derecho que no corresponde a prestación alguna de dependencia. Por último, niño de trece años, con grado 3 reconocido, y a pesar de ello lo que se le concede es una ayuda de prevención a la dependencia de 387 euros que debe justificar con antelación. Era de mi provincia. Desgraciadamente, ya no lo necesita, murió hace justo un mes. ¿Se


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imagina, señora Mato, qué piensan los ciudadanos cuando escuchan todo esto? ¿Qué sienten las familias de estos niños en situación de dependencia cuando al mismo tiempo se desayunan día tras día con que miembros del Gobierno y dirigentes del partido que le sustenta, los que deben garantizarles esta ley, los mismos que les recortan sus ayudas son los que, no satisfechos con su salario de cargo público, cobran sobresueldos y en algunos casos, presuntamente, incluso dinero negro?

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señoría, ¿sabe lo que nos diferencia a usted y a mí? Que yo jamás utilizaré dramas familiares para atacar al Gobierno y hacer electoralismo. (Rumores). En todas las acciones del Gobierno la infancia y los menores son, han sido y serán una prioridad. Vamos al ejemplo más directo. Usted sabe perfectamente...(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, un momento.

Señora Rubio, le ruego silencio.

Continúe, señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Usted sabe que la Ley de Dependencia consensuada por todos, había previsto un Plan nacional de atención integral a dependientes menores de tres años, lo sabe porque le preocupan mucho los menores dependientes. ¿Sabe quién lo ha puesto en marcha? El Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, porque ustedes no hicieron nada ni más ni menos que en cinco años. En algo sí que han sido coherentes, han dejado todos los servicios sociales en puertas de la quiebra, y la dependencia por supuesto tampoco ha sido una excepción. Aparte de este plan de menores, hemos tenido que pagar mil millones de euros de deuda a la Seguridad Social que ustedes dejaron pendiente. Pero aun así, hemos reducido el 39 % la lista de espera de los dependientes y en el primer trimestre de este año se han incorporado 13.000 nuevos beneficiarios. Señoría, volviendo al espíritu de su pregunta, hoy hay un 12 % más de beneficiarios menores de dieciocho años. Pero no solo lo hacemos con la dependencia. Lo hemos hecho aprobando un Plan estratégico de infancia y adolescencia de acuerdo con las comunidades autónomas. Estamos trabajando en el plan de familia y la semana pasada hemos presentado una reforma histórica para mejorar la protección de los derechos de los menores. Estos son hechos y lo contrario es demagogia. Lo malo es que la peor demagogia es hacer lo contrario de lo que se dice, y usted sabe exactamente igual que yo que en alguna comunidad autónoma donde ustedes gobiernan hay una lista de espera de menores dependientes de tres años de más del 90 %. Para el Gobierno la igualdad de los ciudadanos es fundamental. Por eso hemos aprobado un Plan de inclusión, que tiene como objetivo estratégico fundamental la infancia y un Plan dedicado especialmente a la pobreza infantil. Usted es libre de decir lo que quiera, pero por mucho que quiera hacer demagogia o utilizar descalificaciones no se van a convertir en realidad, y la realidad es que cada día estamos ganando, poco a poco, es verdad, la batalla al paro y con ello vamos a desterrar las desigualdades que ustedes provocaron.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON ILDEFONSO R. PASTOR GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ LLEVANDO A CABO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PARA AGILIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES A TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES? (Número de expediente 180/000907).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, que formula el diputado don Ildefonso Pastor, del Grupo Parlamentario Popular.


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El señor PASTOR GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, desde el principio de la legislatura, uno de los compromisos del Gobierno del que usted forma parte ha sido acercar la Administración al ciudadano, reduciendo y simplificando la carga burocrática, así como modernizando la Administración e impulsando la prestación de servicios más eficaces, más cercanos y de mayor calidad. Este impulso ha encontrado su reflejo en las políticas y programas desarrolladas en los distintos niveles y departamentos de la Administración del Estado, desde la extensión e impulso de la Administración electrónica a la reducción de los requisitos exigidos para la puesta en marcha de determinadas actividades económicas y comerciales. En este sentido, nos consta que el departamento que usted dirige no ha sido ajeno a este objetivo del Gobierno y que se han puesto en marcha mecanismos para mejorar el servicio que desde el ministerio se le presta a los ciudadanos, facilitándoles, en la medida de lo posible, los trámites que a través del mismo han de realizar para las cuestiones de su competencia. En este sentido, nuestro grupo parlamentario presentó recientemente una proposición no de ley defendida por mi compañera, la diputada Águeda Fumero, aprobada por una rotunda mayoría en la Comisión de Educación del Congreso, en la que se pedía la agilización de la legalización de los títulos universitarios oficiales. Un trámite imprescindible para aquellos que pretenden hacer valer sus titulaciones académicas superiores, tanto para trabajar en el extranjero como para ampliar sus estudios en instituciones académicas de otros países.

Nos consta, señor ministro, que desde su departamento se ha prestado atención a esta cuestión y que existen iniciativas para facilitar y agilizar estos trámites. Somos conscientes de la existencia de un proyecto piloto, cuyo objeto es facilitar el trámite del reconocimiento de firmas a aquellos ciudadanos que precisen legalizar sus documentos académicos sin necesidad de trasladarse para ello a Madrid, como ocurría hasta ahora, prestándoles el servicio a través de las delegaciones del Gobierno de sus respectivas comunidades autónomas, una iniciativa sobre la que nos gustaría que nos informase. En este sentido es en el que le formulo mi pregunta: ¿Qué medidas está llevando a cabo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para agilizar la legalización de los documentos académicos correspondientes a títulos universitarios oficiales? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señor Pastor por su pregunta y por la valoración que hace de los esfuerzos que está realizando el Gobierno en esta cuestión. Yo le diría que el contexto en el que se inscribe la iniciativa a la que su señoría se ha referido es doble: por un lado, como su señoría ha puesto claramente de manifiesto, deducir la carga burocrática, la carga administrativa que tienen que soportar los ciudadanos en la realización de verificaciones, comprobaciones o trámites de esta índole, en este caso cerca de la administración educativa; y, por otra, con un carácter más específico, facilitar la empleabilidad de nuestros jóvenes, la internacionalización de nuestro sistema universitario, y, en definitiva, trabajar como lo hacemos también a través del proyecto de real decreto sobre homologación, reconocimiento y equivalencias de títulos, por que los títulos oficiales expedidos por las universidades españolas tengan el más amplio reconocimiento internacional.

Como su señoría sabe, el trámite de legalización de títulos oficiales responde a un proceso convenido de carácter internacional que exige como primera condición la legalización, el reconocimiento de firmas de las correspondientes autoridades, en este caso las del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La iniciativa a la que su señoría se ha referido consiste en que desde el pasado mes de junio estamos implantando progresivamente en las capitales de algunas comunidades autónomas -ya a partir del próximo mes de junio en quince ellas, quedan únicamente fuera del plan Madrid por razones obvias y Castilla-La Mancha también por razones de proximidad- la posibilidad de llevar a cabo en las sedes de las delegaciones del Gobierno, concretamente en las dependencias de la alta inspección educativa del Estado, estos trámites de legalización. Esto comenzó, como su señoría ha señalado, con una experiencia piloto en el mes de junio en la Comunidad de Cataluña y en la de Canarias, siguió en Andalucía desde julio y en Galicia desde septiembre. Los resultados en estos meses de 2013 y 2014 han sido magníficos; se han realizado más de 5.000 verificaciones, de ellas 3.000 en Cataluña, y basándonos en esa experiencia el sistema se está extendiendo. De hecho, como le he dicho, a partir de...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


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INTERPELACIONES URGENTES.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS ACTUACIONES QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA PRODUCTIVA MEDIANTE UN PLAN INTEGRAL DE VIABILIDAD Y CRECIMIENTO PARA PYMES Y AUTÓNOMOS. (Número de expediente 172/000210).

El señor PRESIDENTE: Interpelación, que formula el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que piensa llevar a cabo el Gobierno para impulsar la economía productiva mediante un plan integral de viabilidad y crecimiento para pymes y autónomos. Para su defensa, tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, señor ministro, esta interpelación que presentamos hoy desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no es coyuntural. Responde a una preocupación de fondo generalizada, de presente y de futuro, de las pequeñas y medianas empresas y pretende ir más allá de las manifestaciones de descontento y de reivindicación de más y mejores políticas de apoyo a las pymes; preocupaciones que por otra parte compartimos, que sin duda entendemos y apoyamos, pues reclaman un mayor sustento para el tejido productivo en la difícil coyuntura que venimos, y vienen, atravesando. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Es una interpelación, la nuestra, de fondo porque creemos firmemente en el peso de las pymes y de los autónomos en nuestro crecimiento, en nuestra estructura de desarrollo y en el nuevo modelo productivo por el que apostamos -creemos en el peso clave que tienen para nuestra competitividad-, y porque somos conscientes del impacto que también la crisis ha tenido en esta parte tan importante de nuestro tejido económico. Por ello, creemos, señor ministro, que es preciso ir más allá de las medidas más puntuales de apoyo que se han ido activando y orientando fundamentalmente a la problemática de la financiación, que han sido y son ciertamente útiles, necesarias e importantes, pero a veces se han activado de manera más puntual y dispersa. Creemos que la apuesta decidida a la pequeñas y medidas empresas y autónomos podría y debería pasar por un plan de apoyo global específico. En los países más desarrollados, desde Estados Unidos a Europa, las pymes tienen un peso muy relevante en términos de crecimiento y de competitividad. Europa apuesta claramente por las pymes, y así lo evidencia la Small Business Act; los mismos ejes y objetivos del RIS3 y el mismo proceso de reindustrialización por el que apuesta Europa y que está afrontando la Unión Europea. En el conjunto de Europa las pymes son un actor esencial, primordial en el crecimiento, y no solo cuantitativamente por el peso que tienen sino por la creación de valor que incorporan, por la ocupación que generan y también por el papel social que tienen en términos de cohesión. Las pymes y autónomos tienen un peso determinante en la estructura económica, por ello parece lógico que se tengan más en cuenta en el diseño del conjunto de elementos que configuran los distintos ejes de la política económica. Las pymes aparecen como garantes de la recuperación, del crecimiento y del bienestar. Este rol no siempre se corresponde con la orientación de determinadas medidas y políticas que se han ido tomando, repito, de manera importante, útil pero a veces dispersa, y la propia especificidad de las pymes requiere de políticas específicas y de un marco propio. Si conseguimos mejorar y resolver las problemáticas que inciden en el desarrollo de las pymes y autónomos, que son muchas, tanto a nivel interno como externo, estaremos generando, señor ministro, señorías, nuevas oportunidades de crecimiento y consolidación del tejido económico y social.

La evidencia de que hemos de apostar más y mejor por las pymes, la evidencia de la importancia que tienen en nuestro tejido económico y en nuestra sociedad, así como del impacto que ha tenido la crisis en ellas, se constata no solo en las dificultades que aún pasa la mayor parte del tejido productivo formado por las pequeñas y medianas empresas, sino también en el cierre de una parte muy significativa de pymes en los últimos años. Estas evidencias, señor ministro, por suerte, también han tenido un reflejo en la actuación del Gobierno, un reflejo positivo. Prueba de ello es la recientemente constituida Conferencia sectorial de la industria y de la pyme y la reciente creación del Consejo Estatal de la Pyme. Ello demuestra que la preocupación existe, que la preocupación del Gobierno existe, que el debate sigue abierto, y si está abierto es que se constata la necesidad de impulsar y mejorar las políticas hacia esta parte tan importante del tejido económico. Para ello no podemos esperar a los resultados de la conferencia o del consejo, que tendrán su utilidad, de seguro, a medio y largo plazo. Es necesario continuar actuando de inmediato en el corto plazo, porque no solo el crecimiento sino la viabilidad de muchas empresas depende de ello, tanto de que las nuevas políticas que puedan activarse ya a su favor -en materia financiera, fiscal, laboral o


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administrativa- como, sobre todo, de que las políticas y medidas que ya se han activado para las pymes sean realmente efectivas, coherentes y respondan a una hoja de ruta clara.

La pyme también tiene un carácter transversal como sector. El impacto de la crisis en las pymes ha sido muy fuerte, tanto en el comercio -las pymes que pertenecen al comercio, especialmente por la caída tan drástica y profunda de la demanda interna- como en la industria. La recuperación de las pymes va también asociada al proceso de reindustrialización por el que profundamente -como decía antes- apuesta Europa y por el que también apostamos -creo- el Gobierno y de seguro el grupo parlamentario que represento. El último Consejo Europeo de 20 y 21 de marzo también apuntó en esta dirección, centrando el debate en el fortalecimiento de la competitividad industrial europea como motor de crecimiento económico y la creación de empleo, afianzando un pacto industrial en el que se reconoce claramente el peso de las pymes en este desarrollo industrial. Por ello, insisto, es necesario asegurar el perfeccionamiento e implantación de las medidas específicas orientadas a la recuperación y la consolidación de las pymes y a la actividad de los autónomos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Por qué entendemos, desde el grupo parlamentario que represento, que es tan necesario impulsar un plan específico integral de apoyo a las pymes? Porque sin negar lo que se ha hecho y se ha avanzado, especialmente en materia de financiación -que reconocemos y he reconocido a lo largo de mi intervención-, entendemos que no es suficiente. Es necesario decir que no siempre las medidas en materia económica han ido en la dirección de las pymes, y sin duda las medidas que se han ido tomando para las pymes han sido, como decía también en mi intervención, más aisladas y a veces dispersas. Creemos, por tanto, que es necesario que todas ellas en su conjunto obedezcan a un plan integral de apoyo que ofrezca respuestas resolutivas y tenga más efectividad. No entraré en las cifras del peso y actividad de las pymes y en el impacto que la crisis ha tenido sobre ellas, pues son sobradadamente conocidas. Las trabas administrativas, una fiscalidad menos favorable, un marco laboral más adecuado para generar ocupación y que responda a la específica realidad que representan las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo unas dificultades evidentes de acceso al crédito, han sido factores determinantes en estos últimos años en la destrucción y en las problemáticas que ha sufrido esta parte tan importante del tejido económico.

Hablemos de crédito. Este aún hoy es el factor que en mayor medida ha condicionado más no solo el crecimiento sino la viabilidad de esta parte tan importante del tejido económico. Las restricciones al crédito, las dificultades de acceso a la financiación han sido tremendas, y a ello se ha sumado también el endurecimiento de las condiciones que perduran aun hoy. Una reciente encuesta del Banco Central Europeo sobre acceso a la financiación de las pymes en la zona euro así lo evidencia; el 25 % de las pymes españolas continua considerando que su principal problema es el acceso a la financiación. Nos preocupa también que en un futuro próximo este continúe más allá de los avances que, hay que reconocer, existen, son reales. En este sentido, también nos preguntamos si las exigencias de actualización de tasación de los activos inmobiliarios que ha solicitado Draghi a la banca española podrían constituir un nuevo factor de restricción al crédito. La propia crudeza de la crisis, señor ministro, ha dejado en situación de debilidad a muchas empresas, no solo a las que han sobrevivido sino también a las que han ganado cuotas en términos de crecimiento y competitividad; todas ellas requieren de más apoyo en términos no solo de financiación. Un reciente estudio presentado por la CEOE, llamado Propuestas de acciones para incrementar el tamaño medio de las empresas industriales en España, se refería a la importancia del factor dimensión en términos de competitividad en nuestra estructura productiva. Es cierto que la dimensión puede ser en muchos casos un factor de competitividad y que el tamaño de nuestras empresas se sitúa por debajo de la media europea. En todo caso, para abordar la problemática de la dimensión empresarial, para abordar procesos de cooperación empresarial, es necesario que las empresas implicadas, las pymes sobre todo, sean consolidadas, competitivas y capitalizadas. Esta es la primera fase y la que aún hemos de abordar de manera integral.

También son las pymes las que mayores dificultades han tenido en sus procesos de internacionalización e innovación. La internacionalización ha sido más fácil por necesidad, y ha sido exitosa. La internacionalización de las empresas españolas en los últimos años ha asumido cuotas muy importantes de crecimiento, pero los procesos de internacionalización y de innovación han de continuar reforzándose. Nuestro objetivo cara al futuro ha de ser mejorar los instrumentos de competitividad para las pymes, facilitándoles el acceso a la innovación y a la internacionalización. Hay que facilitarles la innovación y los instrumentos que permitan capitalizar sus estructuras para abordar de manera más sólida estos procesos, correspondiéndonos a las administraciones abordar estos retos. Por tanto, el porqué de un plan integral de apoyo a las pymes tiene sentido y razón de ser. ¿Qué ha de integrar este plan? Sus contenidos deben


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definirse en función de las necesidades que detectamos en las pymes y en los mayores retos de futuro que estas tienen. Fundamentalmente hay un reto para las pequeñas y medianas empresas, el de la competitividad, al que está íntimamente vinculado el de la financiación y el de la capitalización. El reto de la competitividad es sobre todo el de la innovación y de la internacionalización, así como el de la dimensión. En relación con la internacionalización, el éxito de la misma, señor ministro, vendrá determinado por la solidez de los procesos también de innovación en sus productos y servicios. Por tanto, es necesario de manera clara y contundente continuar apostando por instrumentos que faciliten la innovación empresarial en las pymes, por una fiscalidad que estimule dichos procesos de innovación y por favorecer el desarrollo de una política fiscal adecuada, fundamentalmente a través del impuesto sobre sociedades, sin perjuicio de revisión de otras figuras impositivas que pueden afectar al estímulo de la financiación privada de la I+D+i. Es necesario también continuar con ejercicios de benchmarking a nivel internacional y buscar otras figuras que puedan haber sido exitosas; figuras de otros países como el credit task, de Estados Unidos, que también podría ser un ejemplo e incorporarse a la legislación española. ...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Termino, señora presidenta.

Señor ministro, señorías, es necesario que el plan que apoyamos y reclamamos, el plan de apoyo integral a la pyme, active nuevos mecanismos en la financiación para que el crédito llegue también a las empresas, fundamentalmente a las pymes. En esta primera fase de mi intervención -termino, señora presidenta-, he pretendido compartir el papel de las pymes en el crecimiento económico, las dificultades -que estoy convencida de que también las compartimos- y su situación actual. Mi grupo parlamentario, reconociendo los avances que se han realizado con las medidas específicas, sobre todo de carácter financiero, así como la aprobada Ley de Emprendedores y las nuevas líneas de apoyo a su actividad a través del ICO, entiende que no es suficiente. Es necesario avanzar en medidas más transversales de apoyo y sobre todo en este plan integral que proponemos, que, recogiendo las específicas medidas ya activadas por las distintas iniciativas y actuaciones, incorpore otras nuevas, no solo financieras, y permita una mayor efectividad que evite la dispersión, posibilitando que las medidas lleguen de manera más efectiva...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Riera, tiene que finalizar.

La señora RIERA I REÑÉ: Termino, señora presidenta.

... y real a las pymes y sean un instrumento al servicio de la recuperación económica.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Riera.

Señor ministro de Economía.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Señora presidenta, señorías, señora Riera, el principal objetivo del Gobierno es el crecimiento económico y la generación de empleo; por tanto, toda su política está diseñada en función del instrumento básico para recuperar ese crecimiento económico y esa creación de empleo, que son las pymes y los autónomos. Somos actores principales y la base del tejido empresarial de este país. Nadie puede esperar que la recuperación de empleo en España, por ejemplo, venga de las grandes empresas. Tiene que venir de la existencia de un tejido de pequeñas y medianas empresas que se desarrolle, se multiplique y se incremente. Ha señalado -comparto con usted su visión- que las pymes en España, más allá de lo que es la problemática de la situación económica actual, sufren de una falta de dimensión, que tiene que ver también con la falta de capitalización. A veces es mucho más importante la falta de capital que la falta de financiación, y eso a veces dificulta el proceso de internacionalización, aunque este se ha ido produciendo.

Señorías, hoy hemos conocido la EPA, la encuesta de población activa, correspondiente al primer trimestre de este año. Como todos ustedes saben perfectamente, el primer trimestre es el peor desde el punto de vista estacional, muy especialmente cuando la Semana Santa cae en el segundo trimestre, como ha ocurrido en este ejercicio. Cuando uno observa los datos de la EPA ve fundamentalmente que la caída del empleo que se señala de este primer trimestre es mucho menos importante, mucho menos intensa que en las diferentes EPA que hemos ido teniendo en el primer trimestre, desde el inicio de la crisis en el año 2008; algo parecido ocurre con el paro. De esa forma, en última instancia se está poniendo de


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manifiesto que la proyección que ha realizado el Gobierno, y que mañana será recogida en nuestro programa de estabilidad, de que este va a ser el primer ejercicio desde el inicio de la crisis en que se va a crear empleo neto y vamos a tener una tasa de crecimiento positiva lo suficientemente significativa, se va a concretar. La EPA del primer trimestre señala que en el conjunto del ejercicio vamos a tener una situación de creación neta de empleo que tiene muchísimo que ver con el comportamiento de las pymes y la estabilización de nuestro mercado laboral. Es un cambio estructural de tendencia fundamental. Algo parecido ocurre con el crecimiento económico. Como todos ustedes saben, ya en la segunda parte del año pasado, en el ejercicio 2013, empezamos a tener tasas de crecimiento positivas. El Banco de España -mañana tendremos la estimación del Instituto Nacional de Estadística- ha indicado que la tasa intertrimestral de crecimiento para el primer trimestre de este año, el tercero de crecimiento positivo, va a ser del 0,4 %, lo cual supone un fortalecimiento de la recuperación que se inició en el tercer trimestre del año pasado. Por primera vez tendremos tasas interanuales de crecimiento positivas; esto de alguna forma indica el cambio de signo que se ha producido en el ciclo económico.

En definitivas cuentas, señorías, la economía española entra en una fase diferente del ciclo. El conjunto de indicadores adelantados pone de manifiesto este cambio de ciclo. Se sigue manteniendo la fortaleza de las exportaciones con un crecimiento real del 5 %. Los indicadores adelantados -por ejemplo, el indicador PMI- apuntan, tanto en ell sector de manufacturas como en el de no manufacturas, a dicha aceleración; también tenemos en los indicadores de confianza, especialmente los que elabora Eurostat, una modificación de las expectativas de los agentes económicos. De acuerdo con los últimos indicadores de confianza de Eurostat, estamos incluso al nivel previo al del inicio de la crisis. Todo esto se va a recoger en nuestro programa de estabilidad que mañana tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros. Tendremos -este es un cambio fundamental desde el punto de vista cualitativo- por primera vez en nuestro país en muchos años una aportación positiva tanto de la demanda doméstica como de la demanda externa; las exportaciones netas continuarán aportando al crecimiento económico, pero también lo va a hacer la demanda doméstica. Vamos a tener componentes de la demanda doméstica que se recuperan, como son el consumo y la inversión en bienes de equipo. A ello se unirá, como decía anteriormente, algo que ha ocurrido en los dos últimos ejercicios, que es la fortaleza del sector exterior, y a su vez una creciente capacidad de financiación de la economía española con respecto al resto del mundo, lo que redundará en una reducción importante de nuestro endeudamiento externo. Por último, el programa de estabilidad -como no puede ser de otra forma- continuará mostrando el compromiso de España con la reducción del déficit público. En definitivas cuentas, el cuadro que mañana recogerá nuestro programa de estabilidad indica que la economía española es más equilibrada, mucho menos vulnerable a los shocks externos y que, por lo tanto, estamos en la senda correcta desde el punto de vista de la recuperación. Simultáneamente mañana el Consejo de Ministros aprobará nuestro plan nacional de reformas en el cual se recoge la agenda de actuaciones que en los próximos trimestres llevará a cabo el Gobierno.

Entrando ya específicamente en las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con las pymes y los autónomos -que es lo mismo que el conjunto de medidas adoptadas para el conjunto de la economía nacional, porque la economía nacional se compone fundamentalmente de pymes y autónomos-, señora Riera, simplemente le recordaría, por ejemplo, el Fondo de proveedores. Han sido 42.000 millones de euros para pagar los retrasos que se habían acumulado en las tres diferentes administraciones públicas; 42.000 millones que han permitido pagar ocho millones de facturas de unos 200.000 proveedores. El 60 % de ellas eran de pymes y un 30 % eran de personas físicas, es decir, autónomos. Por otro lado, también hemos aprobado la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que pretende fundamentalmente elaborar un marco adecuado y fundamental para el proceso de internacionalización de nuestras pymes. Se trata de simplificar cargas administrativas, crear nuevas formas societarias -hemos creado la figura del emprendedor de responsabilidad limitada- y fomentar la internacionalización de la economía española. Aunque todavía de forma insuficiente, hemos conseguido que un número elevado de pymes se incorporen a los mercados exteriores. Además, teniendo en cuenta lo que usted señalaba -estoy completamente de acuerdo con usted en que uno de los problemas fundamentales es el de la financiación y, más concretamente, el de la falta de capital-, hemos lanzado el Fondo ICO Global. Lo que hace fundamentalmente, a través de una aportación del ICO de 1.200 millones, es intentar arrastrar a fondos de capital riesgo para conseguir 5.000 millones de euros para invertir en capital -no en financiación, no en préstamos- de las pymes españolas. Por otro lado, se está viviendo una revitalización del mercado alternativo bursátil,


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que es una fórmula adecuada desde el punto de vista de la inyección de capital y para otorgar liquidez a los instrumentos de capital de las pymes en nuestro país. Por último, señorías -es una buena noticia-, las líneas de intermediación del ICO que se ponen a disposición de los bancos en España están teniendo una evolución extremadamente positiva prácticamente en los cuatro meses que llevamos de año. En definitiva, en este periodo de tiempo ya ha concedido, a través de la línea ICO Pymes, financiación por importe de 6.000 millones de euros que, por ejemplo, triplica lo que se había otorgado en un periodo de tiempo similar en el ejercicio pasado. En el ámbito del comercio interior, como sabe usted, señoría, hemos eliminado obstáculos administrativos para la actividad comercial a través de la sustitución de la licencia previa por la declaración responsable, que está teniendo un impacto muy favorable, por ejemplo, en una comunidad autónoma que a usted le interesa especialmente, como es el caso de Cataluña, que es la segunda comunidad autónoma en el ámbito de la declaración responsable con mayor dinamismo. Por otro lado, las liberaciones de horarios comerciales y la eliminación de restricciones a actividades de venta también ha supuesto un impulso en el conjunto de autónomos relacionados con el sector comercial.

¿Qué vamos a hacer a futuro? ¿Cuáles son las medidas a futuro que debemos implementar? La reducción del endeudamiento de la economía española es algo que debe continuar. El saneamiento de la economía española es lo que se llama en la terminología financiera el desapalancamiento. Es necesario, es imprescindible que el nivel de deuda privada en nuestro país se reduzca; es necesario que se reduzca de la forma adecuada, no de una forma indiscriminada. Tiene que reducirse en aquellos sectores que no tuvieron un comportamiento adecuado durante los años del bum; sin embargo, hay que ponerlo a disposición de las pymes de otros sectores que se han comportado con responsabilidad, desde el punto de vista de la apelación al crédito -nuevo crédito para continuar con su actividad-, porque se trata de empresas solventes y rentables.

En el real decreto-ley que traje a esta Cámara y que aprobó el Consejo de Ministros, de refinanciación y reestructuración de deuda a empresas viables, establecimos una serie de nuevas normas para facilitar la reestructuración y refinanciación en el procedimiento concursal. En estos momentos sobre ese real decreto-ley, que se está tramitando como proyecto de ley, les puedo anunciar que estamos analizando, en conjunción con portavoces de otros grupos, la posibilidad de que estas facilidades de refinanciación y reestructuración se extiendan no solamente al momento preconcursal sino también al concursal. Es una de las posibilidades que estamos viendo y, lógicamente, podemos llegar a aportaciones adicionales positivas desde el punto de vista de la reducción del peso de la carga de la deuda en muchas pequeñas y medianas empresas, que, aunque son viables, necesitan para seguir siéndolo un volumen de endeudamiento más reducido.

También en estos momentos el ministerio está elaborando -ya lo llevó en primera vuelta al Consejo de Ministros- una ley de fomento a la financiación empresarial, la ley de entidades de capital riesgo. Sus objetivos son muy claros: hacer más accesible y flexible la financiación bancaria a las pymes y fortalecer las fuentes de financiación directas no bancarias. Es muy importante tener fuentes de financiación no bancarias para una economía, porque facilita la estabilidad financiera. En un momento de crisis, si se depende excesivamente del crédito bancario, inmediatamente una recesión contamina al sector bancario y mete al sector público en un círculo vicioso de riesgo, incluso de riesgo bancario. Por eso es importante tener fuentes de financiación alternativas -que en España son muy reducidas-, aparte de por otra cuestión. Las economías que tienen una financiación no bancaria más desarrollada son aquellas en las cuales el crecimiento potencial es más elevado. La banca normalmente para prestar financiación siempre pide garantías físicas. En los momentos actuales que vivimos en la economía española a veces los proyectos importantes, los proyectos viables no tienen garantías físicas en el sentido tradicional del término; se basan en ideas. En ese tipo de cuestiones el comportamiento de las fuentes de financiación no bancarias es mucho más relevante que el de las fuentes tradicionales de financiación bancaria; por tanto, necesitamos esas fuentes de financiación no bancarias.

Entre las medidas que estamos contemplando tenemos la flexibilización del régimen de titulizaciones, o la financiación mediante la cesión de facturas, por ejemplo, o la adecuación del régimen de las plataformas de financiación participativas, lo que se conoce como el crowdfunding, que es una fórmula de financiación que está atrayendo una atención cada vez mayor y que pone de manifiesto, por decirlo de alguna forma, la necesaria desbancarización en algunos aspectos de una economía como es, en este caso, la economía española. Por otro lado, también estoy completamente de acuerdo con usted en que la reforma fiscal debe y va a prestar una atención importante a las pymes. Ahí se trata fundamentalmente de que la actuación


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de las pymes se vea incentivada especialmente cuando se trata de adquirir tamaño y de ganar competitividad y de la internacionalización por parte del sistema fiscal.

Por último, hay un proyecto desde el punto de vista comunitario que me gustaría resaltar y es la unión bancaria. Usted ha comentado, con toda la razón, que uno de los problemas fundamentales que tenemos en Europa es la fragmentación del mercado de crédito, que penaliza especialmente a aquellas pymes de los países periféricos del sur, como consecuencia fundamentalmente de que los impulsos de transmisión de la política monetaria no se distribuían de una forma equitativa en el conjunto de la Unión. La unión bancaria, a través del supervisor único, a través del mecanismo de resolución único, a través del Fondo de garantía de depósitos únicos, lo que pretende y hace fundamentalmente es luchar contra esa fragmentación de mercados, romper el círculo vicioso entre riesgo bancario y soberano y proteger a los depositantes y a los contribuyentes europeos en su conjunto.

En definitiva -voy acabando ya, señorías-, las medidas adoptadas por el Gobierno solamente pretenden favorecer a las pymes y a los autónomos. Es exactamente lo mismo que favorecer el crecimiento económico y la generación de empleo. Estamos en una situación distinta, desde el punto de vista de la financiación; el Tesoro se financia en unas condiciones distintas; las grandes empresas españolas se financiación mucho mejor que en el pasado y es imprescindible que continúe esa mejora de la financiación, esa eliminación de la restricción financiera que afecta al tejido de las pymes en nuestro país. Los últimos datos que tenemos disponibles, señorías, son positivos. Hemos visto cómo, por ejemplo, el flujo de nuevo crédito a pymes de menos de un millón de euros -es decir préstamos pequeños para las pymes pequeñas- lleva ya cinco meses con tasas interanuales positivas. Y, por ejemplo, el flujo de nuevo crédito al consumo de los hogares lleva también ocho meses con tasas interanuales en positivo.

Desde el punto de vista de la financiación, ahí es donde efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo, no solamente en lo que es la disponibilidad de crédito por parte de los bancos, sino también respecto de nuevas fuentes de financiación y también de nuevo capital. Se necesita, como usted decía anteriormente, dimensión, se necesita más capital, se necesita una fuente de financiación adecuada y barata y se tiene también una necesidad de continuar con el proceso de internacionalización. La ley financiera que estamos elaborando, junto con la reforma fiscal, deben ser pasos adicionales para conseguir que las pymes en nuestro país cada vez tengan mayor capacidad de generar actividad, de generar empleo, porque será la salida más rápida y más directa de la crisis de nuestro país.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Gracias, presidenta.

Gracias, señor ministro, por su intervención y los datos que nos ha proporcionado. Creo que compartimos la preocupación por la recuperación de esta parte tan importante de nuestro tejido económico. Pero la relación de mejoras e iniciativas que usted nos ha recordado y a las que también he hecho referencia en parte en mi intervención, me refuerzan aún más en la necesidad de apostar por un plan integral de apoyo a la pyme. Estoy de acuerdo con los avances, y así lo he manifestado en mi primera intervención, pero las razones de esta interpelación están en que nos parece que todo lo que se está haciendo, las diferentes medidas -positivas y útiles- que se están impulsando, fundamentalmente de carácter financiero, o las nuevas líneas de financiación que se están activando o se han activado, no llegan como deberían llegar a las pymes y no se traducen y no se convierten, en la medida en que se deberían traducir y convertir, en instrumentos de apoyo realmente efectivos al servicio de su recuperación. Nos hemos de preguntar por qué estas medidas no llegan a las pymes como deberían llegar y por qué también aquellos instrumentos de financiación no bancaria activados, que son muy importantes, no son utilizados por las pequeñas y medianas empresas como deberían serlo.

Tres cuestiones en relación con su intervención. La primera es que quiero constatar que gran parte de las medidas activadas hasta ahora por el Gobierno en relación con el apoyo a las pequeñas y medianas empresas son medidas de financiación y la problemática de las pymes va más allá también de la financiación, por muy importante que sea esta, y eso lo he subrayado también en mi intervención. La Ley de Emprendedores, a la que usted ha hecho referencia, también supuso realmente un avance, pero hemos de ir más allá. Aquí está también una de las razones de nuestra propuesta de un plan integral que recoja el conjunto de medidas de apoyo a las pymes desde esta transversalidad.


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Segunda cuestión. De cara al futuro tenemos dos nuevos anteproyectos de ley a los que usted ha hecho referencia: el de fomento a la financiación empresarial y el de entidades de capital riesgo que, sin duda, son importantes, sobre todo en términos de activación de instrumentos de financiación no bancaria y de capitalización de nuestras empresas. Pero reconozcamos que llegamos tarde cuando la problemática de financiación y de acceso al crédito está realmente en las empresas desde el inicio de la crisis. A pesar de todo, son dos anteproyectos importantes, muy importantes, esperemos que entre todos podamos llegar a hacerlos realmente útiles para las empresas, pero no son suficientes porque, a priori, no recogen el conjunto de necesidades que las pymes requieren.

Tercera cuestión. Creo que no podemos permitirnos que ante las necesidades, aún continuas y reales, de financiación de las empresas, especialmente las pymes, una parte importante de los recursos que activa el ICO no llegue a las empresas, no llegue sobre todo a las pymes en la manera en que debería llegar. Para cambiar esta tendencia creemos que el ICO ha de participar más en los riesgos, ha de compartir más riesgos, y es necesario que el ICO amplíe garantías y tenga una función realmente de complemento de las mismas. Es necesario también que, ante la posible insolvencia, exista una complementación de garantías que recaiga en un programa público, instrumentado con eficacia, más allá de los requerimientos convencionales que en la actualidad está prestando el ICO.

En relación con la alternativa crédito-crecimiento -en la que creemos más que en la contraria, crecimiento-crédito-, en este momento es aún necesaria la alternativa crédito-crecimiento. Pienso que es muy importante estimular otros instrumentos e insistimos en este sentido en una propuesta nuestra ya histórica que es la del coeficiente de crédito, que hemos presentado y discutido con usted en varias ocasiones y que sería también interesante.

Señor ministro, también es necesario evidenciar que, más allá de las actuaciones en materia estrictamente financiera -y comparto la importancia de la instrumentación y de la activación de instrumentos de financiación no bancaria-, hay otros ámbitos que afectan a la actividad, el crecimiento y la competitividad de las pymes y que deben ser abordados con una gran determinación pero de manera coordinada: son la fiscalidad, materias laborales, materias de simplificación administrativa o también, por ejemplo, la política energética, que es un factor de coste que incide especialmente en las pequeñas y medianas empresas. También esperamos que muchos de los aspectos de la reforma fiscal que próximamente llegará aquí al Congreso puedan traducirse en una mejor fiscalidad y también en un instrumento de mayor seguridad fiscal al servicio de las pymes.

Termino ya. Señor ministro, señorías, desde el grupo parlamentario al que represento creemos firmemente en la oportunidad y en la utilidad de este plan integral de apoyo a las pymes, de reforzamiento a las medidas que se están tomando y creemos que hemos de aprovechar también las señales de recuperación existentes para dar un impulso firme y decidido a esta parte tan importante de nuestro tejido económico. Todo ello no es más que ir en línea con Europa y en línea con la competitividad y esperamos que la moción que presentaremos la próxima semana, consecuencia de esta interpelación, pueda ser suscrita también por el Grupo Parlamentario del Partido Popular y por el resto de grupos parlamentarios.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Riera.

Señor ministro de Economía.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señora presidenta.

Señora Riera, pide usted un plan integral para las pymes y para los autónomos. Lo que yo le puedo decir es que toda la política económica del Gobierno está centrada en las pymes y en los autónomos. La recuperación de la economía española, la recuperación de la generación de empleo es la recuperación del tejido de las pequeñas y medianas empresas españolas. Vuelvo a repetir: no habrá crecimiento económico, no habrá generación de empleo si las pymes de nuestro país no incrementan sus ventas, si no se genera actividad, si no se generan contrataciones en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.

Hay una combinación de factores que tradicionalmente han limitado a las pymes españolas. Se han caracterizado por tener una dimensión inferior a la que tienen en otros países de nuestro entorno; esto tenía que ver también con la escasez de capital y con un exceso de dependencia de la financiación bancaria, lo que a su vez dificultaba la internacionalización. Tiene que ser un proceso continuo, tiene que ser un proceso de dimensión, mayor capital, mayor capitalización y, a su vez, mayor capacidad de


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internacionalizarse. Es difícil que una pyme sin una dimensión adecuada y sin un volumen de capital propio, de recursos propios suficientes, sea capaz de pegar el salto a los mercados extranjeros. Ahí es donde efectivamente las actuaciones del ICEX son vitales, ahí es donde nos estamos centrando, porque aunque, como decía anteriormente, en los últimos años, ante la atonía y la caída de la demanda doméstica, se han incorporado muchas pymes al exterior para sobrevivir, es imprescindible que ese proceso continúe y se acelere. Y, vuelvo a repetir, adquirir un tamaño más importante es fundamental desde el punto de vista de la capacidad para competir en los mercados internacionales. Por eso, lo que yo comentaba anteriormente del programa del ICO de arrastrar a los fondos de capital riesgo para invertir en pymes españolas es especialmente interesante. Lo que le puedo decir es que hay interés, porque lo que se ha puesto de manifiesto en estos años de crisis es que, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, tenemos un sustrato de pequeñas y medianas empresas que tienen capacidad para competir en los mercados internacionales, y eso se ha observado. Es decir, cuando uno ve que el crecimiento de la exportación española de bienes y servicios está en el entorno del 5 %, que somos el país de la unión monetaria en el que más crecen las exportaciones, esos son datos muy positivos desde el punto de vista de la capacidad de crecimiento, de la capacidad de competir de una economía, y eso está atrayendo la atención de los inversores internacionales. Ya el ICO ha sacado dos concursos para compartir, para cooperar de alguna forma con estos fondos de capital riesgo a efectos de invertir en las pymes españolas, y le puedo decir que cada vez están teniendo más éxito.

Por otro lado, usted comentaba el papel del ICO en las líneas de financiación puestas a disposición de la banca para financiar a las pymes. Antes le he dado el dato de la financiación que se ha producido en el periodo de tiempo que llevamos a lo largo de este ejercicio, que es prácticamente el triple de lo que ocurría en el mismo periodo del año pasado, y este año estaremos muy cerca de los 20.000 millones de euros de financiación por parte de la banca a través de las líneas de ICO-pymes. Es una cifra que ya empieza a ser relativamente importante.

Por otro lado, aunque no me he referido en mi intervención a ello porque me he centrado en las fuentes de financiación no bancarias, que creo que son especialmente relevantes, sobre todo en un país bancarizado y muy dependiente de la financiación de las entidades financieras como es el nuestro, también es un elemento fundamental la continuación de la generación del proceso de solvencia y también que vaya a pasar -como estoy convencido de que va a pasar sin ningún tipo de problema- las pruebas del test de estrés y las pruebas de valoración que se van a hacer de la banca europea dentro del ejercicio que está empezando a tener lugar. Creo la banca española está bien preparada para ello, creo que el ejercicio de capitalización, el ejercicio de aprovisionamiento que se ha realizado, el ejercicio de transparencia, los test de estrés pasados a lo largo del ejercicio 2012 ponen a la banca española en una posición adecuada para pasar sin dificultades, de una forma relativamente confortable, estas pruebas de estrés que va a realizar el Banco Central Europeo como paso previo, de algún modo, a la adopción por parte del Banco Central Europeo del papel de supervisor de las entidades financieras en Europa.

En definitiva, todo va dirigido a las pymes. La política económica no puede tener otro beneficiario, la política económica no puede tener otra fijación que conseguir que efectivamente las pymes en España vuelvan a crecer, vuelvan a incrementar su facturación y vuelvan a generar empleo. Por eso yo también agradezco la colaboración que hemos tenido con su grupo parlamentario en numerosas medidas que han ido dirigidas a las pymes. Hemos tenido todo el proceso de recapitalización, de saneamiento de la banca española, que en última instancia era para favorecer a las pymes. Toda la ayuda que hemos tenido, como la cooperación de su grupo parlamentario en el ámbito de los reales decretos de refinanciación, de reestructuración, de solvencia, de una modificación sustancial de todos los instrumentos, de todo el marco regulatorio de la banca española, yo creo que también en última instancia lo que busca y lo que pretende es favorecer la financiación de las pymes. Hemos tenido también su ayuda en otros ámbitos como las medidas para la simplificación administrativa de licencias previas, etcétera. Por tanto, lógicamente miraremos con atención su proposición no de ley en el ámbito de las pymes, sabiendo que las pymes son, en última instancia, el objetivo último de la política económica, porque son, como decía anteriormente, el camino más corto para salir de la crisis.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro de Economía.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, SOBRE EL BALANCE DEL NUEVO SISTEMA DE BECAS IMPLANTADO POR EL GOBIERNO. (Número de expediente 172/000215).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al ministro de Educación, Cultura y Deporte, sobre el balance del nuevo sistema de becas implantado por el Gobierno. Para su presentación, tiene la palabra el señor Buyolo.

El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.

Señor ministro de Educación, podrá intentar con sus palabras y sus verdades sembrar dudas sobre las becas, pero, créanlo, a nadie le cabe la menor duda acerca de sus intenciones, de lo que verdaderamente su Gobierno pretende. Para usted y para su Gobierno las becas no son un derecho para todos y todas, son un premio para unos pocos. No han creído ni creen que las becas sean el mejor sistema para que las personas con menos recursos puedan acceder a la educación y, en especial, a la universidad. En su modelo de sociedad elitista y segregadora, ustedes no pueden permitir que las hijas y los hijos de los trabajadores puedan tener las mismas facilidades. Por tanto, creer en un sistema público de igualdad de oportunidades es incompatible con su modelo de sociedad. Es la filosofía Rajoy, que decía antes Alfredo Pérez Rubalcaba: la desigualdad natural; la imposición de la igualdad es radicalmente contraria a la esencia misma del hombre. Cita de Rajoy en su artículo tan famoso.

Señor ministro, las palabras y los hechos refrendan nuestro pensamiento y nuestra credibilidad. Le voy a poner dos ejemplos. Debate de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero, 15 de abril de 2004. Abro comillas: Lo que tampoco puede esperar es el cumplir la promesa que en su día hice a los jóvenes: en el próximo mes de mayo -si obtengo la confianza de la Cámara- el Consejo de Ministros aprobará un crédito extraordinario para incrementar la dotación y el número de las becas en nuestro país. Es un compromiso imprescindible para quienes como nosotros hemos hecho seña de identidad de la igualdad de oportunidades.

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, 18 de marzo de 2005, presentación de la Ley de reforma para el impulso de la productividad. Ahí se establece la beca como un derecho. Le repito, como un derecho. 31 de enero de 2012, fecha que usted recordará, su primera comparecencia. Dijo usted sobre las becas en su primera comparecencia, abro comillas: El gasto público en becas y ayudas al estudio se ha incrementado significativamente en los últimos años. En el curso 2010-2011 se han destinado 1.118,7 millones de euros a becas y ayudas para realizar estudios superiores. Cierro comillas. Fue su única referencia, lo único que dijo usted sobre las becas en esa Comisión. Esta es la importancia que usted le daba a las becas: la cuantía que destinábamos.

Me gustaría poder reproducir aquí la intervención en referencia a las becas que hizo el ministro Gabilondo en su primera comparecencia, para compararla con lo que usted dijo, pero, créame, la presidenta no me va a dejar porque fueron más de diez minutos hablando de becas. (Aplausos). ¿Ve usted cuál es la diferencia, señor Wert? ¿Cree que a los ciudadanos y las ciudadanas les ha quedado claro lo que a usted le importan las becas de los que menos tienen? Más claro aún se lo voy a dejar. Papeles de FAES -se llama Papeles, no es que lo llame yo papeles-, julio de 2009. Sus consignas, abro comillas: Si nos centramos en premiar al alumno que se esfuerza, tendríamos un sistema más competitivo y liberaríamos recursos para becas que premien la excelencia. Es decir, becas es igual a competición y premio. Nunca han visto ustedes las becas como un derecho, sino como un premio para los excelentes, para, como decía Rajoy, los de la estirpe y para los más poderosos. Señor Wert, para usted las becas son una amenaza. Señor ministro, no puede salir usted a los medios de comunicación vanagloriándose de que hay más becarios en España. En todo caso, ese sería un claro indicador de que el único logro del Gobierno de Rajoy es el incremento de la pobreza, del paro y de la precarización. Su Gobierno y sus políticas son las responsables hoy de que el 28,2 % de las personas estén viviendo en la pobreza. Y lo que más me preocupa, lo más grave, que la pobreza infantil se eleve hasta el 33,8. ¿Sabe qué significa eso? Que más de 2.000.000 de niños y niñas viven hoy por debajo del umbral de la pobreza. Ahora vaya usted y explique a las familias lo que es esforzarse, luchar y la excelencia; va y se lo explica.

Ustedes no tienen bastante con negarles el futuro a los que menos tienen, sino que además les ponen todos los obstáculos necesarios para que no lleguen. Sin becas en infantil, sin becas de comedor, sin becas de libros, sin becas de transporte, con tres reválidas a superar, si después de eso te atreves a continuar los estudios y pretendes llegar a la universidad, la beca te la tendrás que ganar. Los de la estirpe tienen bastante con aprobar, tú, además, tendrás que demostrar que eres un estudiante excelente y, si no


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lo eres, devuelves la beca, abandonas y te vas a tu casa. Eso es lo que ustedes entienden por igualdad de oportunidades. (Aplausos).

El objetivo fundamental de las becas y de las ayudas a estudiantes es garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación. ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Qué han hecho ustedes para garantizar ese derecho? Lo primero, que la educación deje de ser un servicio público, recuerde aquel primer borrador en el que dijo usted lo que pensaba. Luego, de entrada, y para ayudar, eliminar el programa de cobertura de libros de textos para estudiantes de educación obligatoria y, así, dejar sin libros a más de 600.000 alumnos. En la universidad, también para ayudar, ¿qué hizo? Primero, eliminar becas Séneca, nuestro particular Erasmus, aquellas becas que facilitaban que los alumnos españoles pudieran completar su formación en otras universidades de nuestro país. Y de las becas Erasmus, ¿qué vamos a decir? Como le decía al principio de mi intervención, esto hay que creérselo y además hay que actuar. La ministra Mercedes Cabrera, en los Presupuestos Generales del Estado de 2007, elevó la parte que le correspondía al ministerio en un 825 %. Lo ha oído bien, ocho veces más el presupuesto que había. Usted, además de su metedura de pata que desde Europa calificaron como basura -lo recordará perfectamente-, ha quitado a los estudiantes 3 de cada 4 euros, les recorta las estancias de nueve a seis meses y además les exige un nivel B2 en idiomas, eso sí, ya procuró quitar las becas de estudio de idiomas el año pasado para que no llegaran. Un plan perfecto. Pero a usted esto le parecía poco, reformar el sistema de becas con el único fin de terminar de romper la equidad y la igualdad de oportunidades, una reforma del sistema que lo que hace es endurecer los requisitos académicos, eliminar la transparencia de las concesiones de las becas e inventarse una fórmula de cálculo que nadie es capaz de entender, ni los estudiantes ni tan siquiera los rectores, que se lo han dicho. Además, suprimir el complemento por desplazamiento, es decir, suprimir las oportunidades de estudiar fuera del lugar en el que está tu vivienda. Y lo peor: amenazar y exigir el reembolso de la beca. Injusticia, falta de transparencia y elitismo académico, los tres ingredientes de su fórmula mágica para acabar con las oportunidades de los que menos tienen. Como bien repetía el ministro Gabilondo, excelencia sin equidad es igual a elitismo. Casualmente, señor Wert, son los elementos de su fórmula: excelencia y elitismo sin equidad.

Su decreto de becas ha sido un desastre. No lo digo yo, lo dicen los estudiantes que hoy están manifestándose, lo dicen los estudiantes directamente en las redes sociales, se lo han dicho los rectores, etcétera; lo ha dicho toda la comunidad educativa. Fíjese que ni usted mismo sabía lo que iba a pasar. Usted dijo que se mantendría el número de becarios o bajaría ligeramente, que era preferible tener menos estudiantes con más dotación para que los humildes no tuvieran que abandonar los estudios. Sus palabras. Acierto total. Según sus datos, han subido un 11 % los becarios -perfecto, me lo pone genial- y su beca ha descendido una media de 300 euros. ¿Qué credibilidad tiene usted ahora? Porque lo dijo usted hace muy poco tiempo. Hizo un decreto para tener menos becarios con más dinero y lo que ha conseguido es tener más becarios con menos dinero. ¿Esto es lo mejor que sabe usted hacer en su trabajo? Además, la gestión ha sido catastrófica. Miles de estudiantes, a falta de dos meses para finalizar el curso, todavía no han recibido la beca. Y, peor aún, todavía no saben cuándo la cobrarán. Otros tantos no saben ni tan siquiera cuánto dinero les corresponde de su parte variable, esa de su fórmula mágica. Y, lo peor, todos y todas no saben con qué criterios les han adjudicado las cuantías a percibir. ¿Cómo van a reclamar si no saben con qué criterios se les han dado esas cuantías? Su fórmula perfecta para ocultar la información.

Los estudiantes le han ganado en responsabilidad, sí, aquellos estudiantes que tienen beca y que acaban sus estudios, por cierto, dos años antes que los que no son becados, y le han dado una nueva lección. Por último, el mayor ataque a la equidad: por primera vez en la historia de nuestro sistema educativo obliga a los estudiantes que se han ganado su derecho a disponer de una beca por sus notas y por su situación económica a tener que devolverla, su fórmula para disuadir de pedir becas a familias que saben que nunca podrán pagarla. Le pongo un ejemplo para que usted entienda lo que es esta aberración. Si un deportista que gana una beca para competir en un campeonato del mundo por sus marcas, por sus méritos, va al campeonato y se le lesiona o simplemente no llega a la marca que ya tenía, según usted, tendremos que hacerle que devuelva la beca. Eso es lo que usted quiere hacerles a los estudiantes. (Aplausos).

Señor Wert, si un alumno no cumple los requisitos de renta y calificación no tendrá derecho a beca, tan sencillo como eso. Si los cumple, tiene derecho a la beca que ha ganado con su esfuerzo. Deje de intentar confundir. Es suya, es su esfuerzo, es su derecho. Por favor, no esté tentado de intentar explicarme eso del esfuerzo, el dinero público y la rendición de cuentas. Usted es ministro, por cierto, el peor valorado


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del Gobierno, saca la peor nota mes a mes, según las encuestas. ¿Le aplicamos el mismo principio que usted quiere aplicar a los alumnos que no llegan? Sería lo justo. (Aplausos).

Concluyo, señora presidenta. Aproveche el tiempo que tiene ahora, cuando suba a la tribuna, y dígales a los miles de estudiantes que nos están viendo y escuchando y a los miles de estudiantes que están ahora manifestándose en la calle contra su decreto de becas que se ha equivocado y que se acabó esa fórmula atroz de implementar el derecho a la beca. Aproveche y dígales cuánto van a cobrar de su beca, su derecho, para que puedan pagar y devolver el dinero a sus familiares y amigos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Buyolo.

El señor BUYOLO GARCÍA: Termino, señora presidenta, gracias.

Y sobre todo, aproveche par tranquilizar a la familias y dígales que no tendrán que devolver la beca, que sus hijos se centren en estudiar y que consigan sus objetivos. Sé que no va a ser así, ya le conocemos. Lo peor, que aprovechará su tiempo para culpar al PSOE de los males del mundo, utilizará los números para justificar lo injustificable, su fórmula injusta y su modelo de sociedad elitista. Usted tendrá claras sus cuentas de la lechera, pero los estudiantes viven en la España real.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Buyolo.

Señor ministro de Educación.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor Buyolo, francamente cuando yo leí el texto de la interpelación y ahora cuando he tenido la oportunidad de escuchar a su señoría defenderla no he podido evitar acordarme de un ingenioso diálogo de una película muy clásica -el señor Bedera, que comparte conmigo más edad, seguro que lo recuerda bien-. El personaje de Chicolini, el que interpreta Chico Marx, está en un lío con la protagonista, con la señora Tisdale, que es la rica de Freedonia y él ha desaparecido de la escena. Y le dice: Pero si yo creí que usted se había ido; le he visto irse con mis propios ojos. Y le contesta Chico: ¿Y a quién va a creer usted? ¿A mí o a sus propios ojos? Pues, señor Buyolo, usted ha decidido creerse a sí mismo y mantener un discurso sobre esta cuestión absolutamente ciego a la evidencia, ciego a los datos; ciego y sordo, porque ustedes habían profetizado en esta cuestión el Apocalipsis y la verdad es que como profetas del Apocalipsis el rendimiento ha dejado bastante que desear. Aquí es muy importante ser capaces de distinguir entre datos y opiniones. Los datos son datos y pueden ser verdaderos o falsos; es decir, responder a la realidad o no responder a ella. Las opiniones, como es natural, tienen según quien las emite y quien las recibe un componente de verdad o de mentira variable. Sus opiniones, obviamente, yo no las comparto, pero como tales opiniones lógicamente las respeto; estoy seguro de que usted tampoco comparte mis opiniones, pero quiero confiar en que sí las respete. Sin embargo los datos tienen otro estatuto, los datos son realidades. Y en una cuestión como esta yo ya sé que ustedes tienen en ocasiones, cuando se trata de defender realidades de este tipo, una alergia a los números muy destacada, pero evidentemente no hay más remedio que explicar una cuestión que esencialmente es numérica con números.

Primer número. Nunca en la historia de España, nunca, se había dotado al sistema general de becas y ayudas al estudio con una consignación presupuestaria tan generosa como la que figura en los Presupuestos Generales del Estado del año 2014. Los 1.411.024.600 euros que figuran son con diferencia la consignación presupuestaria más alta para estos programas de becas generales y ayudas al estudio. Son 250 millones de euros más que en el presupuesto anterior, que era sensiblemente -en este programa, no digo en la consignación total de becas- idéntico al de los tres ejercicios anteriores, de los cuales dos de ellos eran con Gobiernos del Partido Socialista.

Segundo número. Nunca, nunca en la historia de España se había alcanzado una cifra de beneficiarios tan alta. Nunca. De acuerdo con unas estimaciones que estaremos en condiciones de elevar a definitivas en el plazo de unas pocas semanas -la semana que viene o la siguiente- el número total de beneficiarios de este sistema va a alcanzar los 820.709 estudiantes; de ellos, 75.000 son alumnos con necesidades educativas especiales; 322.318 van a ser, según nuestra estimación, los estudiantes universitarios con beca, y 313.391 serán beneficiarios de la convocatoria general no universitaria, básicamente FP de grado medio y de grado superior y bachillerato. Por último, 110.000 estudiantes se van a beneficiar de los descuentos de tasas a cargo del Estado para familias numerosas. Por tanto, si estamos hablando de


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estudiantes universitarios los beneficiarios, sin incluir los descuentos de tasas a los miembros de familia numerosa, van a crecer cerca de un 11 %, exactamente el 10,7 % respecto al curso anterior. De tal forma, señor Buyolo, que si nos atenemos a hechos incontestables hay uno que es totalmente incontestable: hay más becarios que nunca.

Usted ha hecho alguna referencia a una hipótesis que realizaba yo sobre que se podría reducir ligeramente el número de becarios. Le voy a evitar a usted y a esta Cámara el sonrojo de recordarles las previsiones que tanto usted como otros compañeros de bancada hicieron a propósito de la reducción que iba a experimentar el número de becas. Pero además este aumento en el número de becarios se produce en un contexto de estudiantes totales matriculados, que se reducen en una proporción ligeramente inferior al 1 % y por razones fundamentalmente demográficas: porque la población entre dieciocho y veinticinco años respecto al curso anterior se ha contraído en un 3 %, las cohortes que entran a la vida universitaria son sensiblemente más pequeñas que las cohortes que salen y por tanto este fenómeno demográfico lo vamos a mantener unos años. Pues bien, con un número de solicitantes que básicamente es idéntico al del precedente inmediato hay muchos más estudiantes que alcanzan el rendimiento académico exigido. Y le voy a dar datos, datos que por supuesto están a disposición de todos ustedes y en el momento en que esté concluido el proceso no tenemos ningún inconveniente en ofrecérselos a todo el mundo con total transparencia. Tasa de concesión del curso anterior con requisitos académicos menos exigentes, 54,5; tasa de concesión en esta convocatoria, 59,6. Denegaciones por causas académicas: convocatoria anterior, con requisitos menos exigentes, 21,2; este ejercicio, 16,5. Eso supone una mejoría relativa en el rendimiento superior al 22 %. Es verdad que ha mejorado el rendimiento en todo el sistema universitario, pero lo ha hecho de forma especial entre los becarios, y la demostración palmaria de esto es la comparación que se puede hacer con la base de los 129.000 universitarios que disfrutaron de beca en el curso anterior y han disfrutado en este curso y, por tanto, las notas que les han servido para esa evaluación del rendimiento, las de 2010-2011 y 2011-2012, que suben de una forma espectacular, pasan de una media de 6,8 a una media de 7,4, es decir, experimentan una mejora relativa en un solo curso del 9 %.

En resumen, señoría, les hemos pedido a los estudiantes un esfuerzo correlativo al que hacen los contribuyentes, las familias, a las que también les cuesta más pagar los impuestos con los que se sufragan las becas para que ellos puedan estudiar, y los estudiantes han respondido con creces. Y yo quiero aquí agradecer públicamente ese esfuerzo, ese ejercicio de responsabilidad y esa demostración de que nuestros estudiantes, y particularmente nuestros becarios, valen mucho más de lo que ustedes piensan que valen (Aplausos), se les pide esfuerzo y responden con resultados. Y ahora vamos a hablar de los requisitos académicos. Que son razonables lo demuestran los datos que acabo de presentar, salvo que uno se empeñe en decir que dos y dos no son cuatro, pero es que además esos datos demuestran que los requisitos responden o conducen a un uso más racional y equitativo de los recursos para todos, para los que pagan y para los que cobran. Señor Buyolo, ¿sabe que el 55 % de los becarios que accedieron a la universidad en el curso 2010-2011 con una nota de acceso inferior a 5,5 perdieron la beca en el primer año? ¿Cree usted que es sensato destinar recursos a quienes tienen un pronóstico de continuidad tan frágil? ¿No le parece a su señoría que es mejor dedicar tales recursos a quienes demuestran que están no comprometidos con la excelencia, esto no es una cuestión de excelencia ni elitismo, no, que están comprometidos con el esfuerzo?

Dice usted que se ha puesto en cuestión que las becas sean un derecho y que se han convertido en una concurrencia competitiva. No es cierto, señor Buyolo; no es cierto. Las becas siguen siendo un derecho de los llamados derechos prestacionales, puesto que todos aquellos estudiantes que cumplen con los requisitos académicos de renta y generales establecidos para tener derecho a la misma obtienen la beca, nadie se queda fuera y por tanto el derecho no se pone en cuestión. Lo que sí es competitivo, y ello encaja absolutamente en la normativa general de becas, es que tanto en la LOE como en la LOU, modificada en este aspecto por la Lomlou, como en la Ley de reformas para el impulso a la productividad, se dice que las becas se concederán también atendiendo al rendimiento económico, y justamente en seguimiento de este principio una parte de los recursos de las becas, básicamente la mitad, se destina a una cuantía variable en que las rentas bajas otorgan una puntuación más alta y las notas altas otorgan también una puntuación más alta. Esa es la fórmula y no hacen falta estudios matemáticos superiores para entenderla, se entiende con bastante sencillez. Por tanto, fórmula plenamente legal y conforme a la normativa, que además produce efectos positivos ya que realiza una distribución de los importes más normal en el sentido estadístico que el sistema anterior de componentes fijos, que generaba desviaciones muy poco justificables desde el punto de vista de la equidad. Es cierto que los importes medios en esta


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convocatoria, por lo que se refiere a los becarios universitarios, son ligeramente inferiores a las medias del curso anterior, concretamente un 8,9 % menos; sin embargo, son claramente superiores a las medias obtenidas por los beneficiados del curso anterior en las becas no universitarias, un 12 % mayores. Estamos hablando de una media en el caso de los universitarios de 2.824 euros y en el caso de los no universitarios de 1.482. Pero en realidad en el caso de los universitarios el importe real es mayor porque no estamos considerando la diferencia, el complemento de la exención de tasas que, según los términos del Real Decreto-ley 14/2012, está corriendo a cargo de las comunidades autónomas. Todo el mundo sabe que ningún alumno becario paga un céntimo por tasas. Por tanto, si tenemos en cuenta la diferencia entre los 893 euros de la parte de exención que se pagan por parte de los Presupuestos Generales del Estado y los precios medios de un curso completo de 60 créditos, que están establecidos en este curso en 1.105 euros, tendríamos que en términos de la suma de la aportación monetaria más el valor de la exención de la tasa el importe en realidad se situaría en 3.037 euros y en comunidades como la Madrid o la de Cataluña ese importe ajustado sería mucho mayor.

Tengo que reconocer, sin embargo, señor Buyolo -aunque no en los términos en que lo ha expresado su señoría-, que ciertamente puede haber resultado inconveniente tanto el momento del cobro como la incertidumbre sobre las cantidades, que lógicamente se derivan de que era un sistema nuevo. Pero igualmente he de decir que la fecha de la resolución de la convocatoria en los años anteriores no ha sido muy distinta de la que va a ser este año. En las convocatorias de 2009 a 2013 las fechas de la resolución se mueven entre el 9 de abril de 2010 la más temprana y el 19 de mayo de 2009 la más tardía. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Pero, dicho esto, reconocemos que, como se trata de un sistema nuevo y podría existir por parte de los estudiantes alguna incertidumbre sobre las cantidades a cobrar, así como alguna incomodidad derivada de un cierto retraso en el pago -obviamente la incorporación de una parte variable da lugar a que no se pueda calcular esa parte hasta que no están procesadas todas las solicitudes-, vamos a intentar mejorar para el curso que viene a través de una herramienta, que será un simulador de cantidades basado en esta experiencia y que permitirá al estudiante hacerse una idea.

Finalizo ya, señor presidente. Por tanto, en cuanto a la valoración que hace el Gobierno del nuevo sistema, he de decir que el Gobierno está muy satisfecho del resultado de este nuevo sistema porque ha estimulado el rendimiento de los estudiantes, algo en lo que ustedes no creían; ha mejorado la eficacia del sistema, algo en lo que ustedes tampoco creían, y ha dado lugar al mayor número de beneficiarios de la historia, algo en lo que no solo no creían, sino que incluso pronosticaban con cierta vehemencia y con cierta exageración, particularmente alguno de ustedes, lo contrario. Yo entiendo que les cueste bajarse del burro, yo entiendo que les cueste reconocer que un Gobierno del Partido Popular haya llevado la cuantía de las becas a su mayor importe y haya conseguido el mayor número de becarios. Creo que lo que no debiera en ningún caso molestarles es que el sistema haya producido una mejora en el rendimiento de los estudiantes como la que ha producido. Pero hagan ese esfuerzo, reconozcan por una vez su error y aporten algo constructivo a este importante debate.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Tiene la palabra el señor Buyolo.

El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señor Wert, parece que también ha visto usted Sopa de ganso, pero ni usted es Chico ni yo soy Margaret, así que vamos a continuar.

Efectivamente, respeto sus opiniones aunque no las comparto, y se lo he demostrado en multitud de ocasiones. Digo más, le respeto y además le oigo y le escucho, cosa que -no iba a decirlo, pero, como usted me lo ha reprochado, se lo digo- usted no ha hecho pues ha estado con el ministro Margallo riéndose mientras yo hablaba (Aplausos), así que no me hable de respeto y no me hable de escuchar.

Señor Wert, usted es ministro y tiene los datos, así que, por favor, utilícelos bien. En la anterior legislatura el 80 % de las becas estaban abonadas entre enero y diciembre; el 80 %, y efectivamente había un 20 % que se veían en otra fecha. El 80 %. ¿Sabe que faltan dos meses para que concluya el curso y todavía hay alumnos que no han recibido la beca variable?

Y yo no me sentiría muy orgulloso de que con el mismo umbral usted tenga más becarios. ¿Le vuelvo a repetir lo que significa eso? Significa que este país es más pobre y que hay más gente que necesita la beca, y afortunadamente, como es un derecho, la tienen. Y no vuelva a decirme que es el año que más becas han dado, porque los 250 millones de euros que usted puso fue para poder abonar lo que se debía


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de antes porque hubo un exceso de peticiones y de gente que tenía derecho (Aplausos), así que no venga usted a vanagloriarse de algo que no hace por voluntad, sino porque se ve obligado.

Yo también voy a utilizar una frase de Groucho, la voy a utilizar en relación con la fórmula. Efectivamente, claro que entiendo la fórmula. Y, como decía Groucho: Claro que lo entiendo, incluso un niño de cinco años podría entenderlo, tráigame uno aquí y lo verá. ¿Pero sabe qué pasa? Que ni los becarios, ni los rectores, ni mucha gente entienden esa fórmula y le reto a que aquí me ponga un ejemplo. Con esa fórmula dígame cuánto cobraría un becario de los que le voy a nombrar ahora. Dígamelo ahora. Si es tan fácil y tan transparente esa fórmula, póngame un ejemplo. No llame a sus asesores, que sé que son muy buenos y le darían el dato. (Risas.-El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert Ortega, hace signos negativos). ¿Sabe cuál es la realidad? Que, según sus datos -insisto-, hay un 11 % más de becarios y que recibieron menos dinero. Si a usted perder 300 euros como media de una beca le parece anecdótico, para miles de estudiantes supone mucho dinero y muchos esfuerzos adicionales. Con la fórmula ha demostrado usted falta de transparencia y he recibido muchos correos, llamadas y peticiones para hacer públicos los datos de las personas que se encuentran en situaciones dramáticas, a la espera de poder cobrar lo que les corresponde como derecho. Realidades, nombres de personas que se esconden detrás de los grandes números. La realidad es que hay alumnos que, cumpliendo los mismos requisitos -los mismos requisitos-, pierden en comparación con otros años hasta 3.000 euros. Voy a ponerle algunos ejemplos. Estudiante de Ingeniería Mecánica de tercer curso. Nota media del año pasado: 8,12. Familia de cuatro miembros y una renta de 2.490 euros. En años anteriores, la beca estaba en torno a los 6.600 euros y con su nueva fórmula ha perdido 1.700 euros, lejos de la media de los 300 euros. Le pongo otro ejemplo, ejemplos reales, de gente real. Dos hermanos, alumnos de cuarto y primero de Ingeniería. Nota media de los dos: 7,15. Todavía no han cobrado la parte variable a falta de dos meses. ¿Le parece razonable? ¿Cree sinceramente que esa familia puede sostenerlo? ¿Es justo? Ya le contesto yo: no, no y no. Y ahora vaya usted y no me lo explique a mí, explíqueselo a Manuel y a José Manuel, que son los padres de estos alumnos. O explíqueselo también a Iraida, a Lucía, a Manuel, a Víctor, a David, a María Jesús, a Remedios y a Agustín, que el pasado domingo en el periódico El Mundo explicaban como con notas excelentes sus becas han descendido. ¿Sabe quiénes han sido más perjudicados con su fórmula? Las rentas medias y bajas que residen fuera de su comunidad o tienen que hacer desplazamientos largos. Fíjese qué perversión está propiciando esa fórmula. Tres alumnos con la misma nota, la misma renta y situados en el umbral dos. Primer alumno. Vive enfrente de la universidad. El año pasado cobró 200 euros y este año 900; 600 euros más. Perdón, 800 euros. (El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert Ortega: La aritmética). Yo procuro no reírme cuando usted tiene un desliz. Se lo digo porque sé que usted es más inteligente que yo, tendrá más carreras que yo y es más políglota que yo, pero sinceramente me parece una falta de respeto. (Aplausos).

Segundo alumno. Vive a 50 kilómetros de la universidad y utiliza transporte diario. El pasado año, 1.200 euros; este año, 900 euros. El tercero. Vive en otra comunidad, a más de 500 kilómetros. El año pasado, 3.336 euros más 150 de variable de rendimiento; este año, 1.500 de residencia más 900, es decir, 2.400 euros.

El señor PRESIDENTE: Señor Buyolo, tiene usted que terminar.

El señor BUYOLO GARCÍA: Termino, señor presidente. Muchas gracias.

Le pondría otros muchos más ejemplos, pero voy a decirle lo que me han preguntado los becarios, lo que la gente quiere saber por su falta de transparencia. Quieren saber por qué ve eficiente retrasar el pago de una beca que el año pasado tenían antes de enero, mientras que este año prácticamente ninguno la tiene en su cuenta y algunos ni siquiera la conocen. Quieren saber también cómo considera que los alumnos pueden planear sus gastos a lo largo del curso cuando por primera vez en la historia de las becas no pueden saber el importe que recibirán hasta el final de curso. También quieren saber por qué se esconde detrás de la frase de que este año premiarán a los más necesitados y más excelentes. Quieren saber más, pero como no me da tiempo le pasaré las preguntas por escrito.

Concluyo, señor presidente. Vuelvo a reiterarle que aproveche el tiempo que va a estar aquí, el tiempo que le quede como ministro y retire este decreto. Quite la presión que tienen las familias que pueden tener que devolver la beca.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar. Le comprendo, pero tiene usted que acabar.


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El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señor presidente. Termino ya.

Y, sobre todo, convoque el Observatorio de becas porque usted está incumpliendo la ley y, como ministro, es un mal ejemplo.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Buyolo.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señor presidente, señoras y señores diputados, señor Buyolo, en primer lugar quiero disculparme con toda sinceridad por lo que le puede haber parecido un gesto de desconsideración. Tenga la total seguridad de que nada más lejos de mi intención que expresar la mínima desconsideración hacia su persona o hacia ninguno de los miembros de esta Cámara. Todos conocemos el carácter del ministro de Asuntos Exteriores y a veces en su proximidad es muy difícil mantener el gesto serio, pero tenga la total seguridad de que no había la menor voluntad de desconsideración.

En segundo lugar, he reconocido que la gestión temporal de las becas este año se ha resentido por el hecho de que hemos implantado un sistema nuevo, y he reconocido que estamos estudiando cualesquiera posibilidades que se nos puedan plantear para mejorar esa gestión. Pero hay que entender que en la medida en que el sistema contempla una parte variable -no es un sistema de componentes o partes fijas-, es inevitable que la gestión no pueda comenzar a procesarse, por lo menos en lo que se refiere a sus componentes variables, hasta que no se tenga por lo menos una parte muy significativa que permita hacer por imputación un componente variable de esa variable hasta que no estén procesados todos los datos. Eso depende de que las universidades manden la información a tiempo. Se sabe además que hay dos convenios de gestión, uno con la Comunidad Autónoma de Cataluña y otro con Andalucía, y hay que integrar todo eso. Lo hemos hecho de la forma más eficiente que hemos podido, pero reconozco que los estudiantes han podido experimentar alguna incomodidad y alguna incertidumbre, si bien es verdad que también le puedo decir que en esta semana próxima se van a remitir las cuantías variables que están pendientes de pago y confiamos que en la primera quincena de mayo estará todo resuelto.

Por último, señoría, cuando estamos hablando, como en el caso de las becas universitarias, de 322.000 beneficiarios, estamos hablando de los efectos que sobre la distribución trae el nuevo sistema y hay algunos que ganan en sus cuantías y otros que pierden. De hecho, lo que se observa -está todavía por concluir el análisis de la parte universitaria, pero sí lo hemos hecho en la no universitaria y el efecto es muy claro- es que la curva de importes responde más a una distribución normal. Para que se entienda claramente, en la convocatoria anterior, en la no universitaria, el 44 % de los beneficiarios recibía menos de 500 euros; ahora la proporción de los que reciben menos de 500 euros ha quedado reducida al 12,6 %. Es verdad que al reducirse las cuantías fijas ligadas tanto a la renta como a la movilidad los estudiantes que con el sistema anterior recibían esos dos componente fijos muy altos, ahora son los que tienen una probabilidad mayor de experimentar un descenso pero, como le digo, estamos hablando de un descenso inferior al 10 %, con un aumento en el número de beneficiarios que se aproxima al 11 %, es decir, que la cuantía global ha aumentado en el sistema universitario y ha aumentado en el sistema no universitario. Dice su señoría que el incremento de la dotación tiene que ver con la insuficiencia de dotación. Sí, pero esa insuficiencia de dotación la venimos arrastrando desde hace muchos ejercicios y llegaba un momento en el que era necesario ponerle coto. (Rumores). Es que la otra alternativa es generar un déficit de dotación. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Estamos totalmente de acuerdo, y además el señor Bedera lo sabe perfectamente porque durante uno o dos ejercicios él veía lo que consumía efectivamente la convocatoria y la insuficiencia de dotación. ¿Esa insuficiencia de dotación a qué daba lugar? A que progresivamente una cantidad relativamente mayor del coste se tenía que cubrir con recursos del presupuesto, digamos, de la segunda parte del curso al que atendía la beca. Eso lo hemos parado, y a partir de ahora normalizamos el sistema, no generamos más déficit, garantizamos a los estudiantes que todo lo que está figurado se va a incluir en la convocatoria y, en definitiva, señoría, nos comportamos de una forma responsable, seria y equitativa.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE EL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS ESTADOS UNIDOS LLAMADO ASOCIACIÓN TRANSATLÁNTICA PARA EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN. (Número de expediente 172/000216).

El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la posición del Gobierno español ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos llamado Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, presentamos esta interpelación porque nuestro grupo es consciente de que de aprobarse el tratado transatlántico de comercio o tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, puede suponer una degradación importante en las normas y en la regulación en materia social, laboral, alimentaria, medioambiental, sanitaria y energética, además de comportar también una importante pérdida de soberanía como ahora le explicaré. Pero también la presentamos porque este tratado, que afectaría a más de 800 millones de personas, se está negociando sin ninguna transparencia, sin diálogo con los agentes sociales y sin ningún informe real conocido del impacto que pueda tener sobre el empleo o sobre la agricultura; en lo concreto creemos que es un tratado que está siendo prácticamente clandestino, incluso en el debate que hay ahora con motivo de las elecciones europeas no se pone sobre la mesa.

Para nosotros este tratado no busca tanto la eliminación de los aranceles como la supresión de regulaciones que -nos dicen- suponen un claro obstáculo para el libre comercio. Estamos de acuerdo con lo que plantea la cumbre social de hace unos días en relación con este tratado, que nos viene a decir que va a suponer un recorte generalizado de derechos fundamentales de la población y que, de aprobarse la actual redacción, va a otorgar un poder de influencia sin precedentes para las grandes corporaciones, ya que, entre otras cuestiones, viene a establecer un mecanismo de solución de conflictos basado en una especie de tribunales especiales sin territorio fijo y donde abogados privados decidirán las cuestiones en conflicto, que pueden plantear claramente un choque frontal con la soberanía de un país, con la propia democracia y es evidente que esto sitúa a estas corporaciones al mismo nivel que los propios Estados. También plantea varias regulaciones contrarias al pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y con impactos muy negativos en materia de sanidad y de medio ambiente. Por otra parte, este tratado va a suponer una grave desregulación de los mercados produciendo una mayor privatización de los servicios financieros y también de los servicios públicos. Puede incluso llegar a impedir, de aprobarse, que la Administración pueda regular al sector financiero y establecer impuestos o tasas a los bancos. Como usted verá, es un tratado que claramente viene a suponer una situación de indefensión para muchos de estos 800 millones de personas a las que les va a afectar.

En la actualidad, el mercado europeo, usted lo sabe mejor que yo, es un mercado integrado, con bajos aranceles. El principal obstáculo que hay, se lo repito, para el libre comercio es la diferencia de legislaciones, la diferencia entre Estados Unidos y la Unión Europea en materia legislativa. Y aquí lo que se pretende es un proceso de integración normativa para impulsar un crecimiento -se dice- del comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Por lo tanto, como le decía, no es extraño que se otorgue un carácter jurídico de Estado a las grandes multinacionales en la medida en que podrán denunciar a los Estados frente a estos tribunales de arbitraje. Es decir, es claramente un contrasentido en lo que puede significar de la defensa del interés general. Así, el tribunal de arbitraje puede incluso echar atrás propuestas que puedan estar recogidas en esta legislación pero que puedan entenderse como pérdidas para estas multinacionales a las cuales habría que abonar millones de euros o de dólares en daños y perjuicios. Esto, a nuestro entender, limitaría la capacidad democrática para legislar sobre asuntos medioambientales, de salud, financieros u otros. Varios grupos empresariales han manifestado explícitamente su intención de utilizar este tratado para atacar el principio de precaución que guía la legislación medioambiental europea. Por poner un ejemplo, me referiré a cómo las empresas químicas quieren debilitar la legislación europea en la evaluación y restricción de productos químicos y también que algunos grupos de presión ya han anunciado -lo han hecho público- que quieren evitar las leyes que sobre pesticidas y regulaciones regionales del fracking puedan existir en la Unión Europea. En definitiva, es un tratado claramente contrario a los intereses europeos y, por supuesto, españoles, porque va a provocar la destrucción del poco sector productivo que nos queda. Es evidente que las empresas de Estados Unidos tienen un mayor tamaño que


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las europeas y no le voy a contar que las españolas y, por eso, saldrán beneficiadas las grandes multinacionales; es verdad que alguna europea habrá entre ellas, pero fundamentalmente serán las grandes corporaciones estadounidenses. Saldrán perjudicadas las pymes, que se verán devoradas por las grandes empresas. Y qué le voy a hablar del sector agrícola. Tendrá un gravísimo impacto sobre los ingresos de los agricultores europeos, que no pueden competir con un país donde el tamaño medio de la explotación es casi ocho veces más. Ese sector agrícola va a tener que cambiar toda su legislación en cuestión de calidad y seguridad alimentaria. El mayor peligro en este sentido viene de la diferencia de la normativa con respecto a los transgénicos, que en Estados Unidos están mucho más implantados que en nuestro continente y, por tanto, es la puerta abierta definitivamente a que se generalicen los transgénicos en Europa y en España.

Por otra parte, la introducción de derechos específicos a los inversores en este tratado es particularmente crítica en lo que concierne a la energía y el medio ambiente. El desarrollo de la extracción de combustibles no convencionales, en particular el gas de esquisto, es objeto de una inmensa controversia en la actualidad en toda Europa. Mientras, la industria del gas y del petróleo ejerce presiones enormes para asegurar sus inversiones en tecnología altamente arriesgada como es el fracking. Está claro que existe una fuerte voluntad en Estados Unidos de blindar las mejores condiciones para sus inversores para que puedan explotar las potencialidades de combustible del continente europeo, como digo, incluyendo también las arenas bituminosas. Le podría hablar también del sector audiovisual, donde es evidente que el desnivel es importante y la competencia llega ya casi a los límites de lo ridículo; nuestro sector audiovisual quedaría claramente anulado en este tratado. Quisiéramos también añadir algo que se ha comentado poco, y es que no solamente establece la cooperación en materia de comercio, sino que establece puntos de convergencia en materia de seguridad que implican un mayor vínculo como potencias militares entre la Unión Europea y Estados Unidos; supone mantener, ampliar y supeditar la Unión Europea a la OTAN todavía más de lo que está en estos momentos. Por último, en el mismo sentido, va a suponer un debilitamiento de nuestras relaciones comerciales y de otro tipo con bloques económicos en América Latina y el Caribe o en Asia. La Unión Europea perderá la posibilidad de negociar bilateralmente con estos bloques, que son realmente mercados nuestros que pueden significar para nosotros una posición estratégica importante y que evidentemente van a quedar muy supeditados a este tratado.

Estamos claramente ante un tratado que nos sitúa en función de los intereses de los poderosos, unos poquitos en la Unión Europea y muchos más en Estados Unidos. El comisario de Comercio ha sostenido que este acuerdo supone un plan de estímulo barato para el desarrollo económico y ha hablado, si no me equivoco, de impulsar el PIB entre el 0,5 y el 1 %. Es verdad que no dice cómo se distribuirá ese aumento del PIB en toda la Unión Europea, pero evidentemente afectará más a aquellas zonas que puedan competir con mayor éxito con Estados Unidos y no significará nada e incluso significará un retroceso para aquellas zonas como las españolas que difícilmente pueden competir con la potencialidad económica e industrial de Estados Unidos. Por tanto, es un aumento no solamente ridículo en comparación con lo que pueden significar otros perjuicios, sino que en el caso concreto de España será negativo. Por tanto, no hay que alegrarse de esa afirmación. Pero también hay que decir que olvida mencionar cómo se va a distribuir en el tiempo, porque se ha planteado que se proyecta hacia el año 2027 y, evidentemente, ese año estaremos todos calvos, unos antes que otros, y para ese año la crisis en España muchos no habrán podido aguantarla.

El acuerdo de libre comercio ya tuvo una respuesta contundente en América Latina. Es verdad que América Latina empezó a salir de la crisis en mejores condiciones que la Unión Europea cuando acabó con el ALCA y surgieron otros modelos de integración territorial diferentes al que practica la Unión Europea; cuando fueron capaces de poner en valor modelos de integración horizontal que no dependían para nada de aquel ALCA gravemente contestado por toda América Latina y el Caribe. Por tanto, hay que poner en valor el debate, hay que situar el debate en niveles que pueda entender la gente normal, hay que sacarlo de la clandestinidad, por eso esta interpelación significa que queremos llevar el debate a la sociedad; que ustedes expliquen concretamente en Almería, en Lérida, en Galicia o en Murcia qué beneficios directos van a tener las empresas españolas para ir a Estados Unidos, para competir con Estados Unidos; que les expliquen cómo nuestras empresas van a poder competir con nuestras potencialidades con Estados Unidos, porque por una empresa española que pueda competir, habrá quince de Estados Unidos que vendrán a competir en territorio europeo. También explíquenles a los trabajadores qué va a significar en cuanto a derechos laborales, porque lo que se va a plantear en la práctica es la trasposición de los derechos laborales o de los no derechos laborales de Estados Unidos a la Unión Europea. Va a significar


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que las condiciones de trabajo de la Unión Europea, las que van quedando, señor ministro, van a quedar completamente desreguladas para ponerse en función de lo que significa el mercado laboral en Estados Unidos; eso sí, sin la capacidad industrial, sin la potencia económica, sin la potencia militar de Estados Unidos. Por tanto, de llevarse a cabo este tratado significaría ni más ni menos que situar claramente a Europa como el patio trasero de Estados Unidos; lo que no están consiguiendo en América Latina -aunque mira que lo intentan, golpes de Estado fallidos incluidos- situarlo en la Unión Europea. Ustedes van a conseguir que la Unión Europea sea el patio trasero de Estados Unidos, ustedes van a conseguir que la Unión Europea deje de ser un polo importante a nivel mundial y se convierta, nos convirtamos simplemente en una delegación de las multinacionales de los Estados Unidos.

Por todo esto, nosotros planteamos que este tratado salga a la luz, que se debata, que se explique y que también se someta a referéndum en los pueblos de los Estados miembros de la Unión Europea, porque va a afectar no solamente a la economía, va a afectar a la vida de la gente y, por lo tanto, los pueblos tienen derecho a manifestarse. Esta va a ser nuestra batalla, que hoy podemos iniciar aquí, pero que vamos a trasladar, como ocurrió, repito, en América Latina, a todos los lugares donde podamos debatir, evidentemente a las próximas elecciones europeas, al próximo Parlamento Europeo, pero también a la sociedad española para que quede claro dónde estamos cada uno: nosotros defendiendo los intereses de este país, de este Estado, y ustedes, parece ser, intentando poner la alfombra roja para que las multinacionales de Estados Unidos desembarquen en Europa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Gracias, señor presidente.

Señor Centella, permítame que empiece felicitándole por haber traído este tema al Congreso de los Diputados. Probablemente, el acuerdo de comercio e inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos va a ser uno de los temas más importantes que se van a discutir en la próxima legislatura en el Parlamento Europeo, y por eso me parece una iniciativa inteligente que empecemos a hablar aquí de este tema. Permítame también que recuerde un verso clásico que decía: Entre tanta polvareda, perdimos a don Beltrán. Y para que no perdamos a don Beltrán, voy a intentar ser muy ordenado en la secuencia de mi intervención. Voy a hacer, primero, como a usted le gusta, un análisis concreto de la realidad concreta, un trasfondo del acuerdo, unas cuantas cifras de cuál es la realidad de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, para pasar luego al calendario, al contenido, a algunas observaciones concretas sobre los temas centrales que usted ha planteado aquí y hablar luego de las repercusiones sobre terceros. América Latina ha merecido una importancia grande en su intervención y me voy a referir a eso. Hablaré también de otro tema al que usted se ha referido, usted acusaba de ser un acuerdo clandestino, e intentaré explicar que es un acuerdo transparente. Hablaré de la posición del Gobierno, que es la que usted quiere saber aquí, para terminar con unas conclusiones.

Empezaré, como he dicho, con el análisis concreto de la realidad concreta, unas cifras, cifras actuales de la relación transatlántica. En primer lugar, es una evidencia, es un hecho que Estados Unidos es el principal socio comercial de la Unión Europea. El comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América alcanzó el año pasado 675.000 millardos, miles de millones de dólares por año. La inversión directa de Estados Unidos en la Unión Europea, que crea empleo, es aproximadamente de 1,6 millardos de dólares, cifra análoga a la inversión de la Unión Europea en Estados Unidos. Las economías europeas y estadounidenses significan en conjunto el 50 % del producto interior bruto de la riqueza mundial, el 25 % de las exportaciones, el 31 % de las importaciones mundiales y las economías americanas -me muevo ahora del comercio a la inversión, que es la otra parte del artículo- y europeas conjuntamente reciben el 57 % de la inversión directa mundial, que crea empleo, y el 71 % de la inversión directa en el resto del mundo procede de Estados Unidos o de la Unión Europea. Por tanto, tiene usted razón, no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de un tema mayor. A usted y a mí nos preocupa el empleo y le diré que el comercio y la inversión bilaterales, el comercio y la inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea dan trabajo a 13 millones de personas a un lado y a otro del Atlántico.

Dice usted que este acuerdo va a abrir el cielo con todos los males que se nos van a venir encima, y yo le voy a decir a usted cuáles son las estimaciones de crecimiento que se atribuyen por los analistas más importantes a la conclusión de este acuerdo. Según ellos, los beneficios anuales estimados del


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acuerdo se cifran para el conjunto de la Unión en 119.000 millones de euros, que no es una cifra menor, y en 95.000 millones para Estados Unidos. Si quiere usted un dato más concreto, se interpreta que los ingresos adicionales para una familia con cuatro miembros serán de 545 euros para una familia europea y 655 euros para una familia americana. Este potencial de crecimiento se debe fundamentalmente a lo que a usted no le gusta, que es a la reducción de las barreras no arancelarias, que suponen un 80 % de las cifras a las que me he referido anteriormente. A usted y a mí nos importa la Unión Europea, pero nos interesa mucho más España y, por tanto, le voy a dar algunas cifras. En 2013, Estados Unidos fue el sexto cliente de España y el quinto proveedor de nuestro país. La balanza bilateral comercial, que era muy deficitaria, ha empezado a mejorar hasta tal punto que la tasa de cobertura en estos momentos está aproximadamente en un 84,90 %. Es decir, la apertura de relaciones con Estados Unidos nos ha ido francamente bien. También en 2013 España exportó a Estados Unidos más de 8.700 millones de euros e importó por valor de 10.000 millones de euros. España es también -paso ahora al capítulo de inversión- uno de los principales inversores extranjeros en Estados Unidos. El stock de inversión directa bruta en España en el año 2011 ascendía a 47.997 millones de euros, excluidas las sociedades financieras de inversión. Lo cual quiere decir que Estados Unidos ocupa el tercer lugar en nuestras inversiones, inmediatamente después de Brasil y el Reino Unido. Por eso, usted y yo seguimos con enorme atención este acuerdo. El stock de inversión directa de Estados Unidos en España también es muy relevante, 4.019 millones de euros, ocupando la segunda posición detrás de Italia. Muchos de los puestos de trabajo que hoy tienen nuestros compatriotas se deben a la inversión directa de Estados Unidos en España. La presencia empresarial española es muy relevante, están trabajando más de 700 empresas españolas instaladas allí, que dan trabajo a 75.000 americanos. Créame, he tenido la ocasión de comprobar en varios viajes a Estados Unidos lo importante que es nuestra presencia allí. La semana que viene volveré a estar en Estados Unidos y tendré ocasión de constatarlo.

En cuanto al calendario, usted lo conoce. Hace aproximadamente un año, en febrero de 2013, se dio el disparo de salida por tres presidentes: Van Rompuy, Barroso y Obama. El Consejo de Asuntos Exteriores en su variante de Comercio dio un mandato negociador el 14 de junio de 2013, mandato negociador que tiene tres elementos, y cuando hable usted de la transparencia es bueno que lo recuerde: El mandato negociador del Consejo, el mandato negociador de los Estados miembros, entre ellos el nuestro, y las directrices que el Consejo le da la Comisión en el mandato. Se han celebrado ya tres rondas en 2013 y una este año, en marzo. Respecto a la transparencia, el comisario De Guch y el representante de Comercio de Estados Unidos tuvieron ocasión de hacer una primera evaluación política del proceso los días 17 y 18 de febrero del pasado año y advirtieron que los retrasos están en la eliminación de aranceles y cooperación regulatoria. La quinta ronda tendrá lugar en Washington en mayo, y yo espero, porque creo en este tratado, que se cumpla el calendario y se cierre la negociación en 2015, aunque penden las incertidumbres de unas elecciones europeas ahora y unas elecciones en Estados Unidos en noviembre. Serían los republicanos, curiosamente la derecha de la Cámara, los que más se opusieran a este tratado, en lo que coinciden con usted, con lo cual yo haría una reflexión sobre el tema.

¿Cuál es el contenido de este tratado? Porque para hablar del tratado hay que decir de qué estamos hablando, cuál es el contenido. Las negociaciones se centran en tres cosas. En primer lugar, el acceso a los mercados, los aranceles. Dice usted que los aranceles son bajos, y es verdad, pero hay sectores de pequeñas y medianas empresas que a nosotros nos afectan en los que los aranceles son muy altos. En ropa y textiles, que son pymes, está entre el 30 y el 40 %. Habla usted de que no es importante para nuestras empresas. Afecta a servicios como la construcción, las infraestructuras, el transporte aéreo, los servicios financieros, en los que España tiene empresas líderes en el mundo y por eso el acuerdo les interesa. Les interesa también la liberalización y la seguridad de las inversiones y les afecta sobre todo que los Estados levanten el veto en materia de compras públicas a las empresas extranjeras, porque eso puede crear trabajo para nuestros compatriotas. El segundo punto es la convergencia reglamentaria y la eliminación de barreras, a las que se ha referido usted. Eso significa que vamos a crear una especie de estándar transatlántico que puede dar certeza a las relaciones en flujos comerciales y en flujos de capital. Por otro lado, este tratado va a permitir que hagamos frente juntos, las dos economías más importantes del mundo, a las oportunidades y a los desafíos del siglo XXI en los foros en los que estamos: la OCDE, la Organización Mundial del Comercio, el G-8, el G-20, etcétera. Esta seguridad va a suponer un incremento del comercio y de la inversión, porque en ese tratado se habla de aduanas, se habla de competencia, se habla de empresas públicas, se habla de energía -ahora muy de moda por lo que está pasando en Rusia-, se habla de pequeñas y medianas empresas, se habla de transparencia, se habla de propiedad


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intelectual industrial, se habla de reglas laborales y se habla de protección medioambiental. Sobre esos temas a los que usted se ha referido, me gustaría hacer alguna reflexión. No hay disminución de la protección de la seguridad y de la salud de los consumidores. No hay disminución de la protección al medio ambiente. Sí hay un capítulo especial para favorecer a la pequeña y mediana empresa y sí hay un capítulo especial para los intereses agrícolas, porque se dice que los dos negociadores, y muy especialmente el nuestro, tendrán que vigilar el cumplimiento del acervo comunitario y el acceso al mercado de Estados Unidos a nuestras frutas y hortalizas, a nuestra carne de bovino y a la denominación de origen vino y aceite, y eso afecta a nuestros agricultores. Más claro, señor Centella. El acuerdo debe respetar la ordenación de los mercados de la producción, así como los derechos y expectativas de los consumidores. Y créame, se han tenido muy en cuenta las observaciones que han hecho Copa-Cogeca que, como usted sabe, es la organización agrícola representativa más importante de la Unión Europea.

Habla usted de repercusiones sobre terceros. Tiene razón, tiene muchas, pero no malas como usted cree, sino buenas. Va a tener relevancia para América Latina, porque nos va a permitir tener estándares y parámetros claros ahora que nos toca la renovación de las cláusulas comerciales con los acuerdos de Chile y Méjico, los más antiguos. Ahora que estamos en la eventual reactivación de las negociaciones del acuerdo de asociación con Mercosur, sea con toda la región, sea con países aislados, como se hizo en la Comunidad Andina. Ahora que toca hablar de la aplicación provisional del capítulo comercial del acuerdo de asociación con Centroamérica, donde han firmado todos y en donde hay personas que admiran más nuestro modelo económico y hay personas que admiran más el suyo, como por ejemplo Nicaragua; los dos han firmado. La aplicación provisional es el siguiente capítulo del Acuerdo Comercial Multipartes con Colombia y Perú.

Habla usted de transparencia -se me está terminando el tiempo y voy a ir muy rápido-. La Comisión informa a la Comisión de Comercio Exterior del Parlamento Europeo. La Comisión informa a los Estados miembros a través del Comité de política comercial y al grupo de relaciones transatlánticas. La Comisión ha hecho consultas y comunicaciones con todos los actores sociales. Le recuerdo el grupo de alto nivel y crecimiento constituido tras la cumbre Estados Unidos-Unión Europea, de 28 de noviembre. La Comisión ha establecido un grupo de asesores internos que tienen acceso a todos los documentos, incluso a los más reservados. La Comisión y el representante del comercio de Estados Unidos han organizado diálogos de la sociedad civil en cada una de las cuatro rondas que se han celebrado. La Comisión publicó a mediados de abril propuestas de negociación en sectores concretos -microvehículos, pesticidas, etcétera-. La Comisión ha encargado un nuevo análisis de impacto que estará disponible a finales de 2014. Y aquí, en España, en el Ministerio de Economía y Competitividad, en colaboración con la Comisión Europea y con la embajada de Estados Unidos, ha puesto en marcha el 13 de febrero una campaña de divulgación y consulta, cuya página web está a disposición de todas sus señorías. Y, finalmente, la Comisión, especialmente la Comisión Mixta para la Unión Europea, será siempre el foro en el que comparezcamos cuando ustedes lo consideren necesario para informar de la marcha de esa negociación. Por eso, señor presidente, termino diciendo que el Gobierno español impulsa y será un honesto negociador en este acuerdo de comercio e inversiones, donde podemos jugar un papel fundamental porque no tenemos intereses tan encontrados como en esos países, porque creemos que ese acuerdo será especialmente importante para estimular el crecimiento, crear empleo, reactivar nuestra economía, en definitiva, salir de la crisis en donde otros nos metieron.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor ministro, me hablaba de la realidad concreta (El Señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, García-Margallo Marfil: Análisis concreto de la realidad concreta), pero no me ha dicho la clave. Me ha hablado de cifras de esta realidad, pero hábleme de las cifras de la realidad en la que usted nos quiere situar. La clave, que es lo que usted no ha dicho, es cómo van a poder competir nuestras empresas en la nueva realidad en el mercado de Estados Unidos y cómo van a poder competir en otros mercado con las empresas de Estados de Estados, porque esa es la clave. Usted me ha hablado de cifras de esta realidad concreta, pero no me ha hablado de la posible realidad concreta, que es donde nosotros queremos llevar el debate, porque es lo que nos preocupa, la nueva realidad a la que la dialéctica de las cosas nos va a llevar, en un lenguaje que usted como yo entendemos. Esa es la clave, esa es nuestra gran preocupación, que ustedes nos van a situar en una nueva realidad


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donde las empresas españolas no van a poder competir, no pueden competir con la capacidad económica de Estados Unidos. Además, usted habla del empleo que se crea -no se lo voy a discutir-, pero no me habla del empleo que se destruye. Porque ese es el tema. A mí me dicen que un gran centro comercial en Málaga crea cien puestos de trabajo, y a los dos años ha destruido 3.000 de pequeño comercio. Ese es el problema. Claro que van a crear empleo, pero van a destruir mucho más. Es más, van a crear empleo barato y van a destruir el poco empleo estable que nos va quedando.

Usted sabe, como nosotros, que Estados Unidos no ha ratificado seis normas de la OIT. Y eso va a afectar a las relaciones laborales de los trabajadores europeos. Usted ha puesto el ejemplo de la ropa y es evidente. Vamos a quitar los aranceles y la tienda de Benalmádena, donde yo vivo, va a poder poner una sucursal en Nueva York. ¿Pero cuántas sucursales van a poder poner las empresas de Estados Unidos en Benalmádena? Esa es la clave. ¿Usted cree que le va a beneficiar a la industria española que desaparezcan los aranceles de ida y vuelta? Eso explíqueselo usted a ese pequeño comercio que conoce claramente su incapacidad para competir. Usted tampoco nos ha hablado de los costes que por lucro cesante pueden tener que pagar a través de indemnizaciones.

No nos ha hablado de la agricultura. Vamos a defender que los agricultores de Almería puedan vender sus productos en Estados Unidos pero ¿usted sabe la capacidad de los agricultores de Estados Unidos para poder vender en Europa? Usted lo sabe. Por tanto, no nos hagamos trampas. Porque usted buscaba a don Beltrán pero se encuentra con el trilero de la calle Sierpes para que al final no sepamos dónde está la bolita. Pero nosotros sí sabemos dónde está la bolita, en el vaso de las multinacionales, que son las que siempre ganan. Usted aquí nos dice que esto es bueno hasta para América Latina. Lástima que ellos no se lo crean y que estén denunciando, como nosotros, que este es un acuerdo -usted sí lo ha dicho- para hacer frente a los retos del siglo XXI, para recuperar el neocolonialismo que a este primer mundo le ha fallado en el final del siglo XX y principios del siglo XXI. Porque ese es uno de los objetivos. Como ya desde el primer mundo no podemos explotar al tercer mundo, vamos a crear una unión más fuerte para que recuperemos la capacidad para volver de nuevo a explotar al primer mundo y sacar plusvalías del tercer mundo. Ese es uno de los objetivos de este tratado. Usted lo ha dicho y por eso se lo admito.

En los cincuenta y tres segundos que me quedan me referiré a lo que usted decía sobre la transparencia. En primer lugar, usted me felicita -se lo agradezco- pero yo le pregunto por qué no lo ha traído el Gobierno. Si era tan importante, ¿por qué no lo ha traído el Gobierno? Eso es a lo que usted tiene que responder porque usted es el Gobierno y tiene que saber por qué el Gobierno no ha traído este debate aquí. Y no lo ha traído aquí porque efectivamente es un debate que no se quiere hacer, que no se ha querido hacer. La CES, que usted conoce, es la que ha denunciado que se han tenido reuniones fundamentalmente con lobbies en la Unión Europea, principalmente con representantes de las multinacionales. Sin embargo, la CES -está en los documentos de la CES y en la cumbre social de hace unos días- denuncian que no están siendo escuchados, ni siquiera informados.

Para terminar, usted tiene que demostrar -es la clave- que este tratado no nos sitúa como un patio trasero de los Estados Unidos. Usted habla de que Europa y Estados Unidos van a formar un solo equipo. Pues en ese equipo a los trabajadores españoles les va a quedar un papel al que no quiero referirme porque sería bastante negativo. Nosotros no vamos a estar ni en el equipo titular ni en el suplente; seríamos los que pintaríamos el césped, como mucho, porque en lugar de preocuparnos de hacer una Unión Europea que sea capaz de competir de manera independiente en lo militar, en lo económico, socialmente horizontal, ustedes siguen empeñados en situarnos en la órbita de Estados Unidos, que hoy por hoy no nos lleva nada más que a mantener una situación de relaciones laborales, económicas y sociales claramente negativas para la mayoría de la población. Porque ustedes buscan salir de la crisis recuperando el modelo de Estados Unidos con un 30 % de la población en la marginalidad, y ese no es nuestro modelo. Ese es el modelo al que nos lleva este tratado y nosotros vamos a combatirlo, porque, le repito, las normas de la OIT, las relaciones laborales, la defensa de la economía productiva española confronta con este tratado. Finalmente, usted nos sitúa, nos compara con la derecha de Estados Unidos, pero usted sabe que no es así. La derecha de Estados Unidos tiene su propia dinámica, pero nosotros nos situamos con lo que todo el mundo está planteando, que Estados Unidos hoy es una economía que no aporta nada, sino todo lo contrario; es una economía con la que hay que comerciar, con la que hay que tratar, pero no es la economía en la que uno tiene que referenciarse, y ahí están otros países. Por tanto, nosotros confrontamos, no ya con la derecha o con la izquierda de Estados Unidos, sino con los intereses económicos de las multinacionales de los Estados Unidos, y algún día podríamos hablar de lo que eso puede significar no solamente en España sino también en Estados Unidos.


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Señor ministro, repito, el reto es que usted aquí nos diga, aparte de darnos las cifras concretas actuales, cómo van a poder competir nuestras empresas y cómo pueden mejorar las cifras que tenemos ahora, cómo se va a creer empleo y no se va a destruir, y cómo para nuestra economía no va a significar situarnos, repito, en el patio trasero de los Estados Unidos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Señor Centella, creo que este tema requiere un debate ulterior, tiene usted razón. Yo estoy dispuesto a comparecer cuando usted quiera en la Comisión de Asuntos Exteriores o el ministro de Economía, que es el que tiene que informar en materia de comercio e inversiones, pero es un debate realmente importante.

El análisis concreto de la realidad concreta. Le he hablado de las cifras que avalan la conclusión del tratado y le he hablado del potencial de crecimiento, que es el futuro, y le he dicho que el potencial de crecimiento es que la Unión Europea va a ganar 119.000 millones de euros y que una familia de cuatro miembros ganará 545. Eso no es hablar del pasado, es hablar del futuro. Me habla usted de empresas españolas y le voy a hablar de empresas españolas. La supresión de aranceles, lo repito, beneficiará fundamentalmente a las empresas que trabajan en ropa, que pagan un arancel del 30 %, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, y textiles, que pagan un 40 %. Eso es un beneficio concreto para empresas concretas en sectores concretos. Le he hablado de los beneficios que dará la liberalización de los servicios a las empresas constructoras y a las empresas en infraestructuras en que España es líder. Le he dicho también -o no se lo he dicho y se lo digo ahora- que en materia de transporte aéreo cualquier avión de Iberia, de Air Europa o de cualquier otra compañía española que vuele a Nueva York, como no puede hacer cabotaje, si va a Chicago tiene que volar vacío. Eso no será así, y podrá hacerlo de otra manera y llenando los aviones en Nueva York. Servicios financieros. Sabe usted que España es líder en servicios financieros y de hecho está copando las mejores posiciones en los Estados Unidos, y lo hará más. Y le he hablado de lo que va a suponer la apertura de los mercados públicos, la contratación pública que está cerrada para empresas americanas en sectores en los que nosotros somos francamente competitivos.

Y le digo ahora que este Gobierno lo que ha hecho es cambiar radicalmente el modelo económico heredado. El modelo económico heredado era un modelo que se basaba en el endeudamiento, en el ladrillo y en la pérdida de competitividad, y este Gobierno lo que ha hecho es cambiar a un modelo basado en la productividad, en la competitividad y en el liderazgo del sector exterior. Y los frutos se están empezando a ver, no desgraciadamente en el tema del empleo, pero las exportaciones españolas suponen hoy el 35 % del producto interior bruto, más de lo que suponen en el Reino Unido, en Francia y en Italia. Y en materia de internacionalización solo en los sectores derivados o conexos con el Ministerio de Fomento el año pasado se ganaron concursos por valor de 50.000 millones de euros, que han dado trabajo a muchos españoles. Son empresas españolas las que están haciendo el tren de alta velocidad Meca-Medina, el metro de Riad, el metro de Lima, el Canal de Panamá; son empresas españolas las que controlan un tercio del tráfico aéreo del mundo, el cien por cien del tráfico alemán, o las que están construyendo las terminales en Mónaco, en Londres, etcétera. Por tanto, la diferencia entre usted y yo es que yo creo mucho en la potencialidad de mi país y creo que a medida que se abre el comercio y la inversión, la competición es más limpia, más libre, podemos competir mejor y podemos ganar más. No nos da miedo ese tema.

No se enfade, yo no he dicho que sea usted republicano en Estados Unidos. ¡Dios no permita que haga una afirmación así! He dicho que sus intereses en materia proteccionista y en contra del libre comercio coinciden con los republicanos, pero si usted quiere, también coinciden con el Frente Nacional en Francia. Hay dos modelos: el proteccionismo y el librecambismo. Yo soy librecambista y usted es proteccionista; así, puede buscar el ejemplo en Corea del Norte, en el Frente Nacional y en UK, el Independence Party o en cualquier otro partido que sea proteccionista. No le acuso de estar en ninguno de esos modelos, digo que coinciden en los planteamientos sobre el libre comercio.

En materia de transparencia creo que le he dado todos los ejemplos. Decir que no se ha contado con los sindicatos es faltar gravemente a la verdad. En el Parlamento Europeo, en la Comisión de Comercio están representados todos los intereses y todos los ciudadanos, en el diálogo social están representados los sindicatos, en las rondas de consulta se ha contado con todos los sindicatos y con los representantes


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de los consumidores y del medio ambiente, no solo con los lobbies. Créame que hablo con los lobbies porque tengo que hacerlo, pero también hablo con los sindicatos, con los representantes de los agricultores y con todo el que me pueda aportar algún conocimiento para el mejor desarrollo de este país y para crear empleo.

Señor Centella, creo que esto da para mucho y creo que deberían ustedes revisar lo que ha pasado a lo largo de estos años desde que se les cayó encima el muro de Berlín, porque lo que es absolutamente evidente es que aquellos países que más se han abierto a la libre competencia, que más han desmantelado barreras, son los que más han crecido y los que más empleo han creado; sin embargo, aquellos que más se han cerrado, los que más se han negado al progreso y más se han negado a abrir sus economías, son los que menos están progresando. Francamente, si lo que usted me dice es que vamos a ser como Estados Unidos, corrigiendo el modelo económico estadounidense para incluir la compensación social -que sabe que es una de mis preferencias-, realmente no me parece mal parecerme a Estados Unidos. Si usted en su campo tiene algún ejemplo mejor que ofrecernos, estoy dispuesto a estudiarlo con sumo cuidado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Se suspende la sesión.

Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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