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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 177, de 18/02/2014
cve: DSCD-10-PL-177
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 177
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 165
celebrada el martes,
18 de febrero de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Inclusión en el orden del día ... (Página5)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:

- Tratado sobre el comercio de armas, hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 235, de 20 de diciembre de 2013. (Número de expediente 110/000111) ... (Página5)

- Acuerdo marco de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Mongolia, por otra, hecho en Ulan-Bator el 30 de abril de 2013. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 236, de 20 de diciembre de 2013. (Número de expediente 110/000112) ... (Página5)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 162-1, de 31 de enero de 2014. (Número de expediente 122/000140) ... (Página5)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatutos de Autonomía o de su modificación. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 163-1, de 31 de enero de 2014. (Número de expediente 122/000141) ... (Página5)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 147-1, de 29 de noviembre de 2013. (Número de expediente 122/000126) ... (Página26)


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Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a reconsiderar la subida del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable al sector cultural. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 144, de 14 de septiembre de 2012. (Número de expediente 162/000413) ... (Página39)

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la protección a las personas desempleadas sin ingresos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 295, de 21 de junio de 2013. (Número de expediente 162/000687) ... (Página47)

Minuto de silencio ... (Página56)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación) ... (Página56)

Proposiciones no de Ley. (Votación) ... (Página57)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

Inclusión en el orden del día ... (Página5)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete a la consideración de la Cámara la inclusión en el orden del día de dos nuevos puntos en el apartado relativo a dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, referidos al Tratado sobre el Comercio de Armas, hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013, y al Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Mongolia por otra, hecho en Ulan-Bator el 30 de abril de 2013, que se tramitarán en la sesión del jueves día 20, lo que se aprueba por asentimiento.

Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página5)

Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional ... (Página5)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatutos de Autonomía o de su modificación ... (Página5)

Defienden la toma en consideración de las proposiciones de ley de referencia la señora Rodríguez Ramos, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Alonso Aranegui, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), solicita la palabra para utilizar un turno en contra.


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En turno en contra interviene el señor Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Replican la señora Rodríguez Ramos y el señor Alonso Aranegui, y duplica el señor Nuet Pujals.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas González-Moro y Fernández Davila, y los señores Bosch i Pascual y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública ... (Página26)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Fernández Davila y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; las señoras Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Vañó Ferre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de Ley ... (Página39)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a reconsiderar la subida del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable al sector cultural ... (Página39)

Defiende la proposición no de ley el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Ruano Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pérez Fernández y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Sánchez i Llibre.

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la protección a las personas desempleadas sin ingresos ... (Página47)

Defiende la proposición no de ley el señor Coscubiela Conesa, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


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En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Quevedo Iturbe, y la señora Ariztegui Larragaña, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la señora Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Coscubiela Conesa.

Minuto de silencio ... (Página56)

La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio en señal de condolencia y solidaridad por la tragedia del pasado 6 de febrero en la que murieron quince inmigrantes.

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación) ... (Página56)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, se aprueba por 283 votos a favor, más 5 votos telemáticos, 288; 43 en contra y 3 abstenciones.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatutos de Autonomía o de su modificación, se aprueba por 283 votos a favor, más 5 votos telemáticos, 288; 42 en contra y 4 abstenciones.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, se rechaza por 154 votos a favor, más 1 voto telemático, 155; 173 en contra, más 4 votos telemáticos, 177; y 1 abstención.

Proposiciones no de Ley. (Votación) ... (Página57)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a reconsiderar la subida del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable al sector cultural, se rechaza por 150 votos a favor, 173 en contra y 5 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la protección a las personas desempleadas sin ingresos, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 154 votos a favor, 171 en contra y 1 abstención.

Se suspende la sesión a las nueve y quince minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

- TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS, HECHO EN NUEVA YORK EL 2 DE ABRIL DE 2013. (Número de expediente 110/000111).

- ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y MONGOLIA, POR OTRA, HECHO EN ULAN-BATOR EL 30 DE ABRIL DE 2013. (Numero de expediente 110/000112).

El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado en Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir en la sesión del jueves 20 de febrero dos nuevos puntos en el apartado relativo a dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, concretamente los referidos al Tratado sobre el comercio de armas, hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013, y el acuerdo marco de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Mongolia, por otra, hecho en Ulan-Bator el 30 de abril del 2013. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Queda aprobada la inclusión en el orden del día de los dos puntos de referencia.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 122/000140).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PARA LA RECUPERACIÓN DEL RECURSO PREVIO DE INCONSTITUCIONALIDAD PARA LOS PROYECTOS DE LEY ORGÁNICA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA O DE SU MODIFICACIÓN. (Número de expediente 122/000141).

El señor PRESIDENTE: El primer punto del orden del día tratará la consideración de proposiciones de ley de los números 1 y 2. Comenzaremos con la proposición de ley orgánica del Grupo Parlamentario Socialista de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que se debatirá acumuladamente con la proposición de ley orgánica del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de ley orgánica de estatutos de autonomía o de su modificación.

Para presentar las respectivas iniciativas, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez Ramos.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, presidente.

Señorías, subo a la tribuna a defender por parte de mi grupo parlamentario la toma en consideración de la proposición de ley orgánica del Grupo Parlamentario Socialista, con la que se pretende modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para reintroducir el denominado recurso previo de inconstitucionalidad en relación con los estatutos de autonomía.

Señorías, tal y como establecemos en la exposición de motivos de esta proposición de ley, el Estado autonómico pactado en la transición y diseñado en la Constitución española de 1978, ha funcionado razonablemente bien durante los más de treinta y cinco años en que la norma fundamental, nuestra Constitución, ha estado en vigor. Ha permitido la creación y consolidación de un Estado de las autonomías fuerte y se ha erigido en un factor decisivo en la construcción de nuestro Estado social, en la consolidación


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de los derechos constitucionales y en la consolidación también de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía. En nuestra historia reciente, señorías, democracia y descentralización territorial del poder político han ido indisolublemente unidas. El reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones ha permitido diseñar un Estado fuertemente descentralizado. No obstante, las demandas de la ciudadanía muestran una insatisfacción con nuestro modelo territorial y ha llegado el momento de abordar e introducir mejoras en nuestro modelo. Por lo tanto, y así lo estima mi grupo parlamentario, ha llegado el momento de que abordemos una serie de reformas llamadas a perfeccionar el actual estado de articulación territorial de nuestro Estado autonómico. En parte, señorías, esta proposición de ley pretende dar respuesta a una de estas cuestiones.

Como ustedes muy bien saben, el recurso previo de inconstitucionalidad existió en nuestro ordenamiento jurídico desde 1979 a 1985. Con este recurso previo de inconstitucionalidad se permitía que todos los legitimados para interponer el recurso -cincuenta diputados, cincuenta senadores, el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo- pudieran recurrir las leyes orgánicas y los estatutos de autonomía cuyo texto hubiera sido definitivamente fijado por las Cortes Generales. En el caso de los estatutos de autonomía, en este último supuesto, cuando la Constitución exigiera para su aprobación definitiva la celebración de un referéndum posterior, este referéndum se aplazaba hasta después de la decisión de la sentencia del Tribunal Constitucional. Precisamente, señorías, en 1979, cuando esta Cámara estaba trabajando en el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, existía una cierta conciencia generalizada de que el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía y leyes orgánicas era preciso, era necesario por si resultaba imposible en aquel momento -en 1979- llegar a un acuerdo en la negociación de algunos estatutos de autonomía, sobre todo en aquellos que se tramitaran por la vía del 151. En aquel momento, los legisladores de 1979 pensaron -y pensaron con razón- en lo grave que sería que el Tribunal Constitucional tuviera que declarar la inconstitucionalidad de un estatuto de autonomía después de que hubiera sido refrendado por la voluntad popular a través de un referéndum. Así pues, podemos decir que la introducción del recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos y para las leyes orgánicas fue pensado de forma fundamental para los estatutos de autonomía, precisamente porque en aquel momento se pensaba que de ser necesario ese recurso de inconstitucionalidad por no haber llegado a un acuerdo, se podría producir una situación indeseable; indeseable para el proceso de construcción del Estado autonómico y desde luego también una situación no deseable para el Tribunal Constitucional que tuviera que pronunciarse después de un referéndum popular. Sin embargo, señorías, no sucedió esto; hubo un acuerdo político y un consenso suficientemente necesario para que ninguno de estos recursos, estatutos de autonomía, tuvieran que ser recurridos por esta vía. Sin embargo, sucedió algo verdaderamente indeseable, y es que el recurso de inconstitucionalidad previo contra leyes orgánicas se convirtió en aquellos años en un instrumento en manos de la oposición -en aquellos años de Alianza Popular- para paralizar la entrada en vigor de leyes de especial trascendencia y convertía al Tribunal Constitucional en una no deseable tercera cámara legislativa. En definitiva, señorías, a través de aquellos años donde no se recurrieron los estatutos pero sí leyes orgánicas fundamentales como a las que me voy a referir, este recurso supuso un factor claramente distorsionador del juego parlamentario entre mayorías y minorías y un freno importante a la actividad legislativa y reformadora del Gobierno en aquel tiempo.

Muy brevemente citaré que alguna de estas leyes orgánicas que fueron objeto del recurso previo de inconstitucionalidad fueron tan importantes como la Ley de Elecciones Locales, de 1983; la Ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, del mismo año, de 1983; la Ley Orgánica de Libertad Sindical; la Ley Orgánica de Educación o la propia ley que vino a plantear la supresión de este recurso previo de inconstitucionalidad. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional también se pronunció sobre la eliminación del recurso previo de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional avaló la supresión. También es cierto que en su sentencia -que nos sirve también ahora para volver a introducirlo de forma limitada, solo para los estatutos- el propio tribunal nos dijo que los actos o normas que emanan de los poderes públicos disfrutan de una presunción de legitimidad que si bien puede ser cuestionada, como lo es cuando se presenta un recurso de inconstitucionalidad, obliga a considerar como excepcional la posibilidad de suspender su vigencia. Por tanto, avaló la supresión del recurso previo en las leyes orgánicas, pero también dejó una puerta abierta a una excepcionalidad para mantener la vigencia del recurso previo si fuera necesario. Señorías, a la vista del camino recorrido y de lo que nos ha sucedido, con la voluntad clara desde mi grupo parlamentario de tener lecciones aprendidas, consideramos que es necesario hoy introducir de nuevo este recurso previo de inconstitucionalidad solo para los estatutos de


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autonomía. Señorías, está claro que la propia naturaleza jurídica de los estatutos de autonomía y su importancia avalan que podamos utilizar este instrumento como excepcional para el recurso previo.

Señorías, los estatutos de autonomía son leyes orgánicas pero, como ustedes muy bien saben, no son cualquier ley orgánica. Son leyes orgánicas que conforman lo que llamamos el bloque de constitucionalidad. Son la norma institucional básica de las comunidades autónomas y su valor normativo está jerárquicamente justo después de la norma suprema, la Constitución. Precisamente este carácter de norma institucional básica establece también que solo podrán ser reformados conforme a las normas que se establecen en el propio estatuto de autonomía. Aparte de la aprobación por los parlamentos autonómicos correspondientes y de las Cortes Generales, requieren en algunos casos el refrendo de la voluntad popular a través de su aprobación definitiva por un referéndum. En este camino al que he hecho referencia brevemente en mi introducción nos encontramos con que no había habido estatutos de autonomía recurridos; algunos de forma muy breve y haciendo referencia a elementos muy concretos, como el Estatuto de Castilla y León en la sentencia de 1984 que hacía referencia a su ámbito territorial o el Estatuto de Valencia en relación con el agua. Pero, señorías, cuando se planteó el recurso de inconstitucionalidad presentado por los diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de Cataluña, podemos decir que se rompe esa cultura en la que se había construido la aprobación de estatutos y de reformas en nuestro sistema político. Como dice el propio Tribunal Constitucional en la sentencia que resuelve este recurso, nos encontramos con que es la primera vez y es el primer recurso con el que se impugna in extenso la reforma de un estatuto de autonomía, planteándose cuestiones de especial relevancia y trascendencia para la definición del modelo constitucional y para el modelo de distribución territorial del poder público. Por tanto, señorías, nos encontramos con una verdadera novedad; no solo con un recurso diferente en cuanto a su contenido, sino también en cuanto a su cantidad. Es la primera vez que un estatuto de autonomía aprobado por el Parlamento de Cataluña, aprobado por el Congreso de los Diputados y refrendado por todos los ciudadanos catalanes es recurrido de esta forma con un recurso tan devastador en el sentido de que afectaba a más de la mitad de los artículos del Estatuto catalán: 136 artículos y disposiciones, incluido su preámbulo. Después de este recurso y después de los años transcurridos en los que se dicta la sentencia, se plantea un verdadero problema, un problema que nunca se había planteado, en cuanto a la legitimidad del Tribunal Constitucional para dilucidar los posibles recursos de inconstitucionalidad de un estatuto de autonomía. Los estatutos de autonomía están debajo de la Constitución y, por lo tanto, la fuerza normativa de la Constitución les afecta igual que al resto de leyes del ordenamiento jurídico. Pero lo que sí se planteó, señorías, es efectivamente un choque de legitimidades entre la legitimidad, que la tiene el Tribunal Constitucional, para resolver los recursos de inconstitucionalidad, también de los estatutos de autonomía, y la legitimidad de la soberanía popular que había ratificado en las urnas en un referéndum un estatuto que se vio modificado en más de la mitad de sus artículos, disposiciones adicionales y preámbulo. Quisiera señalar, señorías -es importante tenerlo en cuenta-, que otros estatutos de autonomía que se modificaron en ese mismo periodo y que contienen preceptos idénticos o substancialmente idénticos a algunos que fueron impugnados en el Estatuto catalán, no fueron posteriormente sometidos a este control constitucional y siguen hoy vigentes en sus estatutos de autonomía.

Señorías, hoy vivimos un momento difícil, muy difícil como país, como colectivo; nos tenemos que enfrentar a un importante reto para seguir juntos, Cataluña y el resto de España, y quiero señalar desde esta tribuna que lo que sucedió en la resolución de este recurso de inconstitucionalidad tiene mucho que ver con la situación que hoy estamos viviendo: desafección ciudadana, frustración de la ciudadanía catalana, desafección y alejamiento de una sentencia producida años después de haber ido los ciudadanos catalanes a votar a las urnas, a esto me refiero claramente, señorías, cuando hablo de lecciones aprendidas. Por lo tanto, esto no puede volver a suceder y planteamos hoy esta proposición de ley para recuperar este recurso previo de inconstitucionalidad solo para los estatutos de autonomía, no solo para aquellos que hayan establecido que su aprobación definitiva será ante la votación definitiva del cuerpo electoral de esa comunidad autónoma, sino para todos los estatutos de autonomía. No lo voy a repetir aquí, porque además la naturaleza jurídica de los estatutos de autonomía, todos ellos, vayan sometidos o no a referendo, avala que podamos actuar o que podamos utilizar esta vía de excepción que nos indicaba el propio Tribunal Constitucional o como nos ha indicado también el propio Consejo de Estado cuando nos dice que tratándose de normas jurídicas como los estatutos de autonomía no parece que pueda ser muy apropiado utilizar la vía del recurso a posteriori.


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Señorías, buscamos, por lo tanto, el equilibrio entre la legitimidad ciudadana de la voluntad popular y la legitimidad clara que tiene el Tribunal Constitucional. Establecemos, por lo tanto, en esta proposición de ley, para garantizar este equilibrio necesario, que una vez aprobados, acabada la tramitación parlamentaria en esta Cámara de los estatutos de autonomía y publicados en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, si algún grupo parlamentario tiene la intención de interponer un recurso, lo anuncie en un plazo de tres días, y anunciado el recurso se suspenda la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la norma reformada, del estatuto de autonomía, se dé el plazo para la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional y una vez que el Tribunal Constitucional dicte sentencia, podamos definitivamente adaptar si fuera necesario la reforma estatutaria o acomodar los artículos recurridos al texto constitucional y finalmente publicar en el Boletín Oficial del Estado la reforma definitiva del estatuto. En el caso de que fuera necesario, después de la sentencia se sometería a referendo. Pero, señorías, es muy importante que establezcamos también un plazo, un plazo necesario para que una vez anunciada la interposición del recurso y presentada la interposición del recurso y suspendida su publicación aquí en las Cortes en el Boletín Oficial del Estado, el Tribunal Constitucional responda, dicte sentencia, en un plazo razonable. El Grupo Parlamentario Socialista ha entendido que ese plazo razonable podrían ser seis meses después de ser interpuesto el recurso, porque tampoco sería razonable tener paralizada durante años la suspensión de una reforma de un estatuto de autonomía cuando efectivamente hubiera acuerdo y voluntad tanto en el Parlamento autonómico como en el Congreso de los Diputados durante años hasta que se dictara esa sentencia.

Finalmente, señorías, hoy, que subo a esta tribuna a defender esta proposición de ley -que espero y creo que será admitida a trámite-, quiero hacer una especial y breve referencia a que en esta Cámara se está tramitando en estos momentos la reforma de un estatuto de autonomía. Subí a esta tribuna precisamente para manifestar nuestra total oposición a una reforma que vino en las condiciones que vino a esta Cámara, avalada solo por un grupo parlamentario, por el grupo que sustenta al Gobierno de Castilla-La Mancha, el Gobierno del Partido Popular, a que esta Cámara aprobara esa reforma que tiene como objeto solamente...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que vaya acabando.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Termino.

... la modificación de un artículo que, desde nuestro punto de vista, solo busca realizar un pucherazo electoral. (Un señor diputado: ¡Venga ya!). Le pido al Partido Popular, al Grupo Parlamentario Popular, que en aquel momento no atendió nuestra petición de que no aprobáramos esa reforma y pidiéramos que volviera a Castilla-La Mancha para buscar el suficiente consenso, que no aceleren la tramitación y aprobación de un estatuto que afecta de forma clara a la representación política y a la capacidad de las Cortes de Castilla-La Mancha. De ser aprobado tal y como salió de este Pleno, el Partido Socialista presentará recurso de inconstitucionalidad, y cuando salga la sentencia podrá afectar severamente a las condiciones y, por lo tanto, a la legitimidad de los que han sido elegidos en unas elecciones bajo la reforma de un estatuto que vamos a recurrir. Por lo tanto, les pido que sean coherentes, les pido que no aceleren, que no hagan trampas legislativas para que el Estatuto de Castilla-La Mancha sea una excepción, para que el Estatuto de Castilla-La Mancha sea el único que, en tramitación esta proposición de ley en el Congreso, escape al recurso previo. Apelo a su responsabilidad y coherencia para que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha sea el primero que esté afectado por este recurso previo de constitucionalidad. Todas las razones -no me cabe ninguna duda, señor Alonso- que alegará su grupo para defender...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Acabo.

Todas las razones, señor Alonso, que alegará su grupo para defender una proposición de ley que va en este sentido, son totalmente aplicables a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.

Para la defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Alonso.


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El señor ALONSO ARANEGUI: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para solicitar también el apoyo de la Cámara a la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con objeto de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad en relación con las propuestas de reforma de estatutos de autonomía, intentando no repetir demasiado los argumentos expuestos por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, con quien felizmente coincidimos en esta pretensión esta tarde. Se trata de fortalecer nuestro Estado de derecho reforzando el control de constitucionalidad, es decir, introducir garantías. Esta ha sido una voluntad reiterada por parte del Grupo Parlamentario Popular en otras legislaturas. Por tanto, no es una posición nueva por nuestra parte, lo hemos propuesto vía enmiendas cuando en el Congreso se han traído normas para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; así fue en 2007, también en 2010, cuando presentamos asimismo una proposición de ley que fue votada y rechazada por la mayoría de esta Cámara, y dimos apoyo, también sin éxito, a una proposición similar que presentó el Grupo de UPyD en 2011. En todas esas ocasiones la pretensión fue rechazada con los votos del Grupo Parlamentario Socialista. Hoy, en cambio, venimos a coincidir no solo en la necesidad de que esta norma se apruebe, sino en la propia iniciativa que lo va a hacer posible. Yo creo que eso, y lo quiero remarcar, es extraordinariamente positivo para la seguridad jurídica en nuestro país y para proteger adecuadamente la preeminencia de la Constitución como ley de leyes. Yo me alegro de ese cambio de posición y de que ahora el consenso sea posible, pero me pregunto, como el resto de sus señorías, qué es lo que ha cambiado para que hoy podamos tener este consenso que durante los últimos años no ha sido posible. Seguramente no es por la recomendación del Consejo de Estado pues, como saben, la recomendación fue del año 2006, antes de todas estas iniciativas a que me he referido. El Consejo de Estado determinó en el informe que hizo entonces sobre la reforma de la Constitución, concretamente en relación con el control de los estatutos de autonomía, que el control a posteriori -decía- tal vez no resulte el más adecuado para fuentes normativas como los estatutos que, subordinados a la Constitución, ocupan bajo ella el más elevado lugar en la jerarquía ordinamental. Para librarlos de la sospecha de inconstitucionalidad y, a fortiori, de la acusación explícita de incurrir en ella, podría considerarse la conveniencia de reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad.

Por tanto, para entender qué es lo que ha cambiado debemos remontarnos algo más y recordar la historia, que es un tanto atribulada, de esta figura jurídica. El control de constitucionalidad -se ha recordado en la tribuna- estaba previsto ya en 1979, en la primera versión de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y estuvo vigente hasta la reforma de esta norma en 1985, en que se argumentó, como también se ha recordado, que el recurso previo de constitucionalidad se venía utilizando como una especie de veto suspensivo frente a la aprobación de leyes no de reforma de estatutos de autonomía, que no se utilizó jamás con un estatuto, sino de distintas leyes orgánicas. Creo que aquellas críticas, que podían tener entonces su fundamento, veintinueve años después, en lo que se refiere a los estatutos de autonomía, no tienen vigencia. Ya en 1979 el objetivo de la introducción de ese recurso previo tenía que ver sobre todo con la aprobación de estatutos mediante referéndum popular y sobre todo trataba efectivamente de evitar el choque de legitimidades entre el pueblo del territorio autónomo y el Tribunal Constitucional. La finalidad de la reforma de 1985, como he dicho buscaba evitar el obstruccionismo que impedía la inmediata entrada en vigor de las leyes aprobadas en las Cortes Generales. Como también se ha recordado, la propia reforma de la ley orgánica de 1985 fue objeto de recurso y en la sentencia que lo resolvió el tribunal vino a decir que la existencia o no del recurso previo dependía de la decisión del legislador sin que viniese directamente impuesta por la Constitución. En todo caso, el control previo no se trataba, ni se trata hoy en la propuesta que traemos aquí, de una nueva competencia del Tribunal Constitucional sino de una modalidad de ejercicio de la función de control de constitucionalidad.

Creo que estamos de acuerdo en que una de las decisiones más importantes del pacto de 1978 fue la articulación territorial del poder político mediante un acuerdo que fue la síntesis de las distintas formas de ver y entender España. El modelo territorial pactado en nuestra Constitución, de acuerdo con el principio dispositivo, permite ejercer su derecho a la autonomía a las distintas nacionalidades y regiones, así como fijar las competencias que asume su Gobierno, a través de la aprobación de un Estatuto de Autonomía. El estatuto, por tanto, es la norma cabecera de cada comunidad autónoma y cobra una importancia muy especial en el ordenamiento constitucional español. Por eso, al igual que ocurrió con nuestra Constitución, los estatutos de autonomía en un principio y durante muchos años no lo fueron de un solo partido político, sino que se elaboraron bajo el principio del consenso y hasta el año 2005 se fueron modificando y perfeccionando con grandes acuerdos entre las principales fuerzas políticas. Esta es también una de las


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razones por las que no se llegó a plantear nunca la necesidad de recuperar el control previo de constitucionalidad, como sí ocurrió a partir de ese momento.

El origen de la actual situación podemos entonces situarlo en el año 2003, cuando el entonces secretario general del Partido Socialista pronunció una frase a nuestro modo de ver desafortunada y que la historia constitucional de nuestro país recordará durante décadas: Aprobaré el Estatut que venga del Parlament. Esto dificultó extraordinariamente la posibilidad de reeditar los consensos bajos los cuales habían sido auspiciados y aprobados los distintos estatutos hasta ese momento en esta Cámara y de alguna manera encadenó al entonces presidente del Gobierno a su compromiso. El resto es conocido de todos ustedes: aprobado por el Parlamento, suscitó en origen y en el texto final fuertes dudas jurídicas acerca de su constitucionalidad. Y todo ello cuando ya había sido aprobado en referéndum por los ciudadanos de Cataluña, lo que produjo la paradoja democrática de que la norma suprema de una comunidad autónoma -que es el Estatuto de Autonomía- votada por sus ciudadanos podía resultar contraria a la Constitución votada por todos, incluidos los ciudadanos catalanes.

Como ustedes saben, entre 2006 y 2010, entre la aprobación de los primeros estatutos de autonomía reformados y el año de la emisión de la sentencia 31/2010, de 28 de junio, en la que el Tribunal Constitucional falla sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán, se produjo en España y se produjo en esta Cámara una polémica política y jurídica de gran calibre sobre el futuro de la organización territorial del Estado y sobre el papel que han de desempeñar los estatutos de autonomía y el Tribunal Constitucional en la configuración de dicha forma de Estado. Esa es una polémica que nos ha acompañado siempre desde entonces y que hoy yo creo que podemos de alguna manera ayudar a solucionarla. Habría que remontarse a los inicios de los años ochenta y por tanto al inicio o al desarrollo de las instituciones de la democracia constitucional y del Estado autonómico en España para encontrarnos un conflicto constitucional de carácter territorial tan pronunciado. Fue debido a la aprobación por las Cortes Generales de la Ley orgánica de armonización del proceso autonómico, la famosa Loapa, que pretendía una limitación general de las competencias de las comunidades autónomas, entonces nacientes, y que fue declarada inconstitucional en sus partes más relevantes por el Tribunal Constitucional en la sentencia 76/1983. La diferencia es que entonces sí existía el recurso previo de inconstitucionalidad y por tanto la declaración de inconstitucionalidad de esas partes relevantes de la Loapa se hizo antes de que dicha ley entrara en vigor. Fue el resultado de recursos de inconstitucionalidad presentados por las instituciones de autogobierno vascas y catalanas y por 50 diputados de grupos nacionalistas y de izquierdas del Congreso. Esa sentencia fue muy importante para el desarrollo del Estado autonómico como lo conocemos hoy y ha actuado como una vacuna frente a otras intenciones posteriores de utilizar las leyes armonizadoras del artículo 150.3 de la Constitución española. Yo creo que es de destacar también, porque aquello que podía haber derivado en un grave conflicto fue prevenido, fue resuelto a través de este recurso previo de constitucionalidad. Si no hubiéramos dispuesto de dicho instrumento, el conflicto habría sido de mucho mayores dimensiones.

Puede que hoy los entonces beneficiarios de esa sentencia, y por lo tanto de la utilización del recurso previo, sean contrarios a él como en todas las demás ocasiones en que se ha planteado este debate en la Cámara, pero yo quiero que al menos reconozcan que la Constitución no toma partido. La Constitución defiende la unidad pero garantiza la diversidad, protege el autogobierno y lo quiere compatible con la unidad de derechos y obligaciones de todos los españoles, residan donde residan. Precisamente la ausencia de esta posibilidad es la que provocó en el caso del Estatuto catalán el absurdo jurídico de que el Tribunal Constitucional tuviese que llevar a cabo su labor de control sobre un texto que había sido objeto de referéndum en Cataluña. Pero ni siquiera entonces, señorías, se encontró o se consideró que había la suficiente base de consenso en esta Cámara para recuperar el recurso previo, y es en cambio ahora, en 2014, ocho años después de esa recomendación del Consejo de Estado, cuatro años después de la sentencia del Estatut, cuando se cambia definitivamente y cuando podemos llevar a aprobación la toma en consideración de estas proposiciones de ley y subsiguientemente también la aprobación por parte de las Cortes de la ley de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque los efectos -se ha dicho aquí y se ha reiterado; son lecciones aprendidas, señora Rodríguez, y yo estoy de acuerdo y me parece valiente que lo diga en esta tribuna- de aquel episodio sobre la solidez de nuestro ordenamiento jurídico y sobre el reconocimiento de la primacía de la Constitución han ido demasiado lejos y hoy sí se comprende la imperiosa necesidad de consolidar la posición prevalente de la Constitución como piedra angular de nuestro Estado de derecho, porque vemos que fuera de la Constitución lo que queda es incertidumbre, que al margen de la Constitución viene la ruptura y que la mejor garantía de nuestra convivencia democrática sigue siendo esa Constitución nacida hace treinta y cinco años del mayor


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consenso político de la historia de España. Por eso hoy es un día importante y esta es una decisión trascendente. Es una decisión que no puede cambiar el pasado pero que se reconcilia con él y, sobre todo, que evitará repetir en el futuro los errores costosos de ayer. Hoy reafirmamos, por tanto, nuestro compromiso con el consenso constitucional y desde él defendemos la unidad de la España constitucional y hacemos más fuertes a sus autonomías. Con esta ley, un texto aprobado por una asamblea legislativa autonómica no puede entrar en vigor si existen dudas sobre su constitucionalidad, pero menos aún cuando ha sido votado por los ciudadanos vía referéndum. Como dijo Kelsen, en un moderno Estado de derecho en la cúspide de la pirámide normativa se sitúa la Constitución y solo ella. Nada puede, nada debe situarse en un parámetro que pueda inducir a su cuestionamiento y un Estatuto de Autonomía debe poder ser sometido a un control previo de constitucionalidad para evitar que pueda situarse al mismo nivel que la norma fundamental. El control previo de constitucionalidad tiene, por tanto, indudables ventajas: además de evitar situaciones como las que acabo de describir, aporta mayor seguridad jurídica. Cuando ese estatuto entra en vigor ha sido ya objeto de control y además sin que este haya sido aún aplicado. A ello habría que añadir también la mayor sencillez y eficacia, porque el ordenamiento no sufre ninguna repercusión por causa de la declaración de inconstitucionalidad ni se genera ninguna laguna en el tejido normativo, eliminándose la problemática de los recursos de constitucionalidad relativa a los efectos temporales y el alcance de las sentencias. Por eso, como decía, tenemos la oportunidad de evitar que en la modificación de nuevos estatutos de autonomía, en su tramitación, estos se sitúen en su respectivo ámbito competencial en una posición que virtualmente supere lo establecido en nuestro bloque de constitucionalidad convirtiendo en papel mojado la primacía de la Constitución.

He escuchado también las palabras de la señora Rodríguez respecto a una cuestión que es más de coyuntura que de fondo. Creo que nosotros estamos haciendo un cambio de una excepcional trascendencia pero comprendo que pueda preocupar también a su grupo parlamentario una concreta reforma puntual del Estatuto de Castilla-La Mancha con la que el Grupo Socialista se muestra disconforme y he observado también la falta de congruencia que hay entre nuestras dos proposiciones de ley en un aspecto: como usted sabe, nuestra proposición de ley no pretende cambiar el pasado ni pretende afectar a aquellas normas que ya están en tramitación, a diferencia de la previsión que contiene la proposición de ley que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas veces les he oído invocar esa presunción de legitimidad que tiene la norma jurídica para bloquear, impedir o estar en desacuerdo con la aprobación de esta figura jurídica, con la recuperación del recurso previo de constitucionalidad, y no se la quisiera invocar, pero quiero pedirles que no aleguen razones de coyuntura que pertenecen al pasado y que son de otros debates. Tampoco tiene sentido que en relación con esta norma nosotros bloqueemos las tramitaciones que están avanzadas de otras normas jurídicas, de otras reformas en el Congreso, como es el caso de ese Estatuto de Castilla-La Mancha, que ha pasado por ponencia y que está pendiente ya de venir a la Cámara para su aprobación. Por tanto, es muy difícil que en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional la recuperación del recurso previo pueda alcanzar a ese Estatuto de Castilla-La Mancha como pretenden ustedes.

No voy a detenerme, porque no les quiero cansar más, en la modificación concreta que se plantea. Ustedes la conocen, no es muy distinta: se modifican el artículo 2, el artículo 79 y se describe entonces el procedimiento para poder interponer ese recurso para el que hay un plazo de tres días, y sobre todo se introduce una previsión que es muy importante y que es el efecto suspensivo que produce la interposición del recurso sobre la norma que es recurrida. Quiero, por tanto, terminar ya felicitándome otra vez de que hayamos podido alcanzar este punto de encuentro y de que después de tantos años podamos recuperar este recurso previo y hagamos más fuerte nuestra Constitución. Creo que estamos mejorando hoy en esta Cámara la calidad democrática y que eso no merma ninguno de los principios constitucionales, no merma la autonomía ni resta un ápice al autogobierno, ni reduce la voluntad de los ciudadanos de nuestras comunidades autónomas; todo lo contrario, hará que las decisiones sean plenamente congruentes con la Constitución y, por tanto, las hará más fuertes y las hará más perdurables y al final, señorías, se confirmará lo que siempre hemos creído, lo que siempre hemos defendido, lo que siempre defenderemos: más Constitución, más seguridad jurídica es más libertad y es más democracia.

Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.

A estas proposiciones de ley ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (El señor Esteban Bravo pide la palabra).

¿Señor Esteban? Dígame.


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El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, una cuestión de orden. A mi grupo también le gustaría utilizar el turno en contra y del artículo 74 no colijo que el turno en contra tenga que ser únicamente un solo grupo el que lo pueda utilizar, entiendo que también nos pueda dar un turno a nosotros.

El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, veo razonable su petición pero en Junta de Portavoces hemos acordado cómo se iba a desarrollar este punto; por lo tanto, siento decirle que no.

El señor ESTEBAN BRAVO: En Junta de Portavoces -discúlpeme, señor presidente- lo que se ha acordado es que tras la intervención del Grupo Socialista y del Grupo Popular habría un turno contra. Puede ser un grupo, pueden ser varios. Fíjese que además en esta ocasión hay dos propuestas, que se han unido pero ha habido dos intervenciones a favor y dos propuestas, y después vendrá el momento de la réplica de los grupos proponentes y la contrarréplica, entiendo.

El señor PRESIDENTE: Insisto, señor Esteban, en que yo dirijo los debates y va a haber un solo turno en contra.

El señor ESTEBAN BRAVO: Y que ajo y agua. Vale.

El señor PRESIDENTE: Este turno en contra lo tiene La Izquierda Plural y para su defensa tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, señor presidente.

Señor Esteban, sabe que nuestro grupo parlamentario no hubiese tenido ningún problema en compartir el turno en contra con el suyo y posiblemente hubiésemos coincidido en más de un tema a la hora de argumentar nuestra posición política, pero evidentemente no depende de nosotros.

Nuestro grupo parlamentario sale aquí en el turno en contra de las proposiciones de ley orgánica presentadas a dos manos por el Partido Popular y por el Partido Socialista, porque a dos manos es la forma en que se nos propone en esta sesión parlamentaria volver a traer a la Cámara parlamentaria el recurso previo de inconstitucionalidad. Señoras y señores, hay que decir en primer lugar que nuestro grupo no tiene inconveniente en entrar en el debate de los mecanismos de garantía constitucional que la propia Constitución y la ley orgánica a la que nos referimos desarrollan, pero desde nuestro punto de vista hay que desarrollar esos mecanismos de forma flexible, así como la interpretación de la propia Constitución y el conjunto del bloque constitucional donde se insertan los estatutos de autonomía. La estabilidad, señoras y señores diputados, es la flexibilidad y la interpretación actualizada, mientras que el inmovilismo genera obligatoriamente conflictos y enfrentamientos, como nos demuestra la historia reciente.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dice en su título I, capítulo I, artículo primero: el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a la presente ley orgánica. Y voy a citar un texto de uno de los padres de la Constitución, que en el año 1978 nos decía: Hemos creado un organismo que no ha sido elegido por el electorado, que no es directamente controlable, que tiene una duración en cuanto al ejercicio de sus cargos por parte de los jueces muy superior al de una legislatura, de manera que podría perpetuar mayorías no existentes, que se sitúa por encima del electorado y podría acabar invalidando la misma actividad del Parlamento. Jordi Solé Tura, diputado y posteriormente ministro del Gobierno de España. También afirmaba Jordi Solé Tura: Me parece absolutamente contrario a la filosofía de la Constitución que aprobamos que digamos aquí que efectivamente el centro de gravedad no se situará allí donde han dicho los millones de electores, sino que se situará en el tribunal incontrolable. Esto lo decía el 19 de septiembre 1979 en este Congreso los Diputados, hablando y opinando sobre las enmiendas del Senado a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Mi grupo parlamentario no va a hacer hoy una propuesta exhaustiva de crítica a la actual Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, esta misma semana vamos a presentar una iniciativa parlamentaria que insta su reforma en términos concretos que la desarrollan, pero queremos dejar claro desde el principio que para el éxito de una visión progresista y federal de España o la izquierda se apoya en una propuesta ambiciosa del proyecto constituyente para nuestro país del cual se derive una reforma constitucional y una reforma de la Ley del Tribunal Constitucional o vamos dando palos de ciego. Hoy, diputados y diputadas, estamos dando palos de ciego y lo peor no es dar palos de ciego, sino copiar las propuestas de regresión constitucional o de constituyentes que la derecha proclama, ella sí, obedeciendo a un calculado programa conservador que se lidera desde FAES. Nuestro grupo está en contra de la existencia del recurso de


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inconstitucionalidad en su redacción actual por la barbaridad democrática que supone que la soberanía popular expresada en referéndum pueda ser enmendada por el Tribunal Constitucional. Apuntamos también muy brevemente las deficiencias del artículo 159 de la Constitución respecto al nombramiento de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional. La interpretación y la ejecución de esa norma se ha convertido en un reforzamiento de los criterios y mecanismos bipartidistas de reparto, básicamente entre el Partido Popular y el Partido Socialista, de los magistrados que acceden al Tribunal Constitucional, y la pluralidad de instituciones que representan la plurinacionalidad de España está vetada en su participación real. La interpretación y ejecución de ese artículo de la Constitución ha permitido que hoy la composición del Tribunal Constitucional obedezca más a criterios partidistas que a méritos profesionales, con un único experto en Derecho Constitucional y con currículos de dudosa trayectoria jurídica especializada ante los retos dogmáticos a los cuales el Tribunal Constitucional está sometido. Los aspectos relativos a la renovación o, mejor dicho, a la falta de renovación se suman al dilatado período en el cargo y a las más que dudosas maniobras de recusación que han ensombrecido recientemente el prestigio de nuestro tribunal. Por todo ello, podemos afirmar que los retos a los que se enfrenta el Tribunal Constitucional en nuestro país no pueden ser resueltos con improvisación, sin proyecto constituyente de fondo ni con regresiones a la medida de una lectura constitucional que nos retrotrae a periodos anteriores a 1978. Digamos la verdad, señoras y señores diputados de los grupos del Partido Popular y del Partido Socialista, ¿el verdadero debate que tenemos hoy aquí obedece al desarrollo de esos mecanismos de control constitucional o a un mensaje que se quiere lanzar desde esta Cámara sobre el debate que existe en Cataluña en estos momentos, en el cual PP y PSOE se han puesto de acuerdo?

En la pasada legislatura, el Partido Popular, desde la oposición, intentó y consiguió utilizar al Tribunal Constitucional como ariete contra la lectura federalizante de la Constitución de 1978 y en el trámite del Estatut de Catalunya, que evidentemente no se aplicaron -y nos alegramos- a otros textos estatutarios parecidos, que calcaban artículos, sin entrar en la campaña previa de acoso y derribo contra ese texto estatutario para conseguir un puñado de votos sembrando la discordia y el enfrentamiento entre los pueblos de España. La sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut refrendado por el pueblo de Cataluña está en el origen del conflicto de legitimidades que entonces se produjo y hoy persiste, y que ha derivado en una crisis profunda del modelo de Estado de las autonomías, que durante treinta y cinco años ha persistido. Recuperar ahora el recurso previo de inconstitucionalidad con los estatutos de autonomía no es ni siquiera poner una tirita a un boquete sangrante que ha provocado el bombero pirómano llamado partido Popular, sino aplicar sal a esta herida y profundizar la crisis del bloque constitucional. Los estatutos que pasan todos los filtros democráticos son bloque de constitucionalidad y, por tanto, el recurso de constitucionalidad no tiene sentido y menos el recurso previo. La propuesta del Partido Popular y del Partido Socialista no resuelve el problema de fondo, la configuración del Tribunal Constitucional como una tercera cámara, que en este caso no actuará a posteriori sino previamente, pero el problema se mantiene. El problema de fondo no está en la regulación del recurso de inconstitucionalidad, sino en la permanente instrumentalización que hacen algunos partidos, y especialmente el Partido Popular, y en el comportamiento del Tribunal Constitucional, que se extralimita en sus funciones y pretende sustituir al Legislativo. Estamos otra vez, señoras y señores diputados, ante un método legislativo espasmódico al servicio de su utilización táctica y, evidentemente, coincidimos en que lo que hace falta es seguridad jurídica. No tiene sentido que con los problemas existentes en el funcionamiento del Tribunal Constitucional no se presente hoy aquí una iniciativa de proyecto de ley sobre reforma de la Ley del Tribunal Constitucional.

Desde La Izquierda Plural queremos hacer un llamamiento al Grupo Parlamentario Socialista. No se dejen llevar por la política recentralizadora y antifederalizante del Partido Popular. Construyamos desde la izquierda un discurso federal, autónomo de la derecha y con capacidad propia de proponer un nuevo país basado en un proyecto federal que respete la libertad de los pueblos. Con la sentencia del Estatut, si el PSOE se hubiese mantenido fiel al principio democrático que significó su aprobación en el Parlament, en las Cortes, y su ratificación en referéndum, podría haber cambiado las leyes orgánicas para adaptar e interpretar la Constitución de acuerdo con la voluntad popular. Repetimos, con el inmovilismo solo se genera conflicto y desafección, y con más inmovilismo más conflicto y más desafección. La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha es, como mínimo, un atropello democrático. Pero los despropósitos de una mayoría absoluta del Partido Popular no pueden ser resueltos por un Tribunal Constitucional que en este caso no tiene las bases interpretativas en la Constitución para proteger a las minorías y a la pluralidad.


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El recurso previo de inconstitucionalidad se convierte en un veto previo, esa es la propuesta profunda que en la pasada legislatura defendió el Partido Popular y a la cual se opuso nuestro grupo parlamentario, y también se opuso el Grupo Parlamentario Socialista. Este recurso previo de veto coarta al legislador y aboca a las Cámaras legislativas a una lectura conservadora y paralizante del texto constitucional, traicionando el carácter abierto y plural de la Constitución, tal como señalaba Jordi Solé Tura. Evidentemente, se podrían hacer modificaciones que no conllevaran ese espíritu de veto conservador, iniciativas como, por ejemplo, el establecimiento de un periodo máximo para emitir sentencias de ese calado, eso sería un avance, pero evidentemente es necesaria una reforma más profunda que obedezca a los tiempos reales que nos ha tocado vivir y donde la izquierda debe abanderar las propuestas y el debate, y no adaptarse a la presión conservadora sin alternativa. Por todo ello, señoras y señores diputados, nuestro voto va a ser en contra de la propuesta pactada entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.

En turno de réplica, en primer lugar, la señora Rodríguez tiene la palabra.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señor Nuet, el principio de sometimiento del control constitucional de los estatutos de autonomía al Tribunal Constitucional no está en discusión, no es eso lo que traemos a esta Cámara hoy ni ha estado nunca en duda por estas mismas Cortes, que elaboraron también la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ni por los redactores de la Constitución. Los estatutos de autonomía en cuanto norma institucional básica, digamos norma constituyente de la propia comunidad autónoma, son leyes orgánicas que están, desde el punto de vista normativo, jerárquicamente por debajo de la Constitución. La Constitución es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, y precisamente por el carácter de norma suprema, por su carácter superior en la jerarquía normativa, existe una jurisprudencia y una justicia en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es, por lo tanto, el que establece si efectivamente todo el ordenamiento jurídico que está por debajo de la Constitución es acorde a este texto normativo, cuya fuerza vinculante proviene efectivamente de la afirmación clara y del sometimiento a la fuerza suprema y normativa de la Constitución. No ha estado en cuestión la naturaleza jurídica de las leyes de los estatutos de autonomía, sobre ellos existe mucha jurisprudencia y mucha literatura jurídica, pero indudablemente son normas, leyes orgánicas especiales, específicas, inmediatamente debajo o después de la Constitución y que conforman el bloque de constitucionalidad. Pero el que formen bloque de constitucionalidad no es impedimento en ningún caso, ni está en cuestión para que estén por debajo de la Constitución y sea el Tribunal Constitucional el que indudablemente tiene competencias para verificar si es conforme o no o está dentro de los propios términos y artículos de la Constitución. Le digo esto porque no traemos aquí este debate. Lo que traemos hoy a debate es que, sin poner en discusión la competencia del Tribunal Constitucional para enjuiciar la constitucionalidad de todas las normas jurídicas, incluidas las de los estatutos de autonomía, estamos valorando la necesidad y la oportunidad de retomar un recurso previo de inconstitucionalidad que existió y que se suprimió.

Quiero señalar algo como recordatorio. No pasa nada por decir que este es un ejercicio de elecciones aprendidas. Efectivamente, no se habían recurrido los estatutos de autonomía, de forma muy parcial y muy puntual los dos que cite en mi primera intervención. Pero se recurrió el Estatuto de Cataluña. Quisiera decirle muy brevemente, señor Alonso, que no pasaría nada tampoco porque usted subiera a esta tribuna e hiciera alguna alusión a las lecciones aprendidas. Imagino que el Grupo Popular y el Gobierno del Partido Popular también aprenden de las lecciones. Alguna lección deberían aprender porque no es verdad que la causa de todo los males está en una declaración, a la que usted ha aludido, del anterior presidente del Gobierno. La reforma del estatuto de autonomía fue aprobada mayoritariamente por todos los grupos parlamentarios en el Parlament catalán, menos por ustedes. Aquí se produjeron sustanciales modificaciones en la tramitación parlamentaria, pero a ustedes les pareció insuficiente. Hicieron una campaña de petición de firmas contra el Estatuto catalán. Después de ser aprobado en referéndum por el 74 % de los catalanes que fueron a votar a las urnas el 18 de junio de 2006, mes y medio después impugnaron ustedes más de la mitad de los artículos del Estatuto de Cataluña. Espero que reconozcan haber aprendido alguna lección de ese proceso.

Por último, señor Alonso, en relación con el Estatuto de Castilla-La Mancha, del que vamos a poder hablar bastante tiempo aquí y en Castilla-La Mancha, me dice que no pretende cambiar el pasado ni paralizar reformas en tramitación. Ojalá usted y su grupo fueran coherentes y pretendieran lo mismo con la ley de jurisdicción universal, donde ustedes sí pretenden cambiar el pasado, proponiendo el


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sobreseimiento de todas las causas abiertas en aplicación de la ley de jurisdicción universal que existía en España, hasta que ustedes han iniciado esta reforma. Por lo tanto, señor Alonso, no se trata de cambiar el pasado, se trata de actuar para el futuro. Deseo que usted no tenga que subirse un día a esta tribuna y hablar de lecciones aprendidas, de lo que sucedió en Castilla-La Mancha, que después de hacer una reforma del estatuto para producir un pucherazo electoral, hicieron unas elecciones bajo esa reforma y a mitad de legislatura el Tribunal Constitucional se pronunció diciendo que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha había sido inconstitucional. Tendrían una gran lección que aprender, pero habría un grave problema institucional y de legitimidad democrática en la comunidad autónoma que ahora gobiernan.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.

Señor Alonso.

El señor ALONSO ARANEGUI: Gracias, señor presidente.

Se da la circunstancia de que en mi turno de réplica tengo que replicar al interviniente del turno en contra y al replicante. Para una vez que estábamos de acuerdo y presentábamos lo mismo, hay cosas que por lo visto nos apasionan más que otras.

Señor Nuet, el problema es que estamos muy lejos, no porque esté usted en el escaño ahí arriba, pero estamos francamente alejados. No me lo tome a mal, pero padece una especie de síndrome de Adán. Nosotros estamos viendo si es bueno que haya un recurso de constitucionalidad, no solo después, sino antes de que los ciudadanos vayan a votar algo, es decir, que cuando alguien va a votar un estatuto de autonomía sepa que eso es perfectamente acorde con la Constitución, que es legal y que tenga esa seguridad. Lo que queremos es dar seguridades y proteger los estatutos de autonomía. Además, no es con una intencionalidad. Ponía antes como ejemplo el recurso de constitucionalidad previo que se utilizó frente la Loapa. Entonces nosotros estábamos a favor de la Loapa. El hecho de que hubiera el recurso previo evitó un conflicto y de eso es de lo que estamos hablando: si ponemos el recurso antes o ponemos el recurso después. Pero si me dice: En España hace falta un nuevo proceso constituyente y además no nos gusta el Tribunal Constitucional, pues entonces estamos en otro debate. Nosotros hemos venido aquí a debatir si es conveniente para la seguridad jurídica que el control de constitucionalidad, especialmente cuando eso luego va a ser sometido a un referéndum, se puede ejercer antes. Usted ha anunciado que va a presentar un texto de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y nosotros lo estudiaremos con atención y veremos qué podemos aprender de sus propuestas; en cualquier caso, estamos muy alejados.

Hay una crítica que a mí no me parece muy adecuada, porque es verdad que normalmente siempre se establece un órgano independiente para el control de la constitucionalidad y cuando eso se hizo en la Constitución española de 1978 aquello parecía un signo de modernidad y es lo que hay en otros sitios. Podría haber sido el Tribunal Supremo; aquí se decidió, más parecido a lo que hay en Alemania, que fuese un tribunal especializado e independiente solo para ejercer esa función, que es el Tribunal Constitucional que nosotros tenemos. Pero la crítica que no se puede hacer es que el Tribunal Constitucional es incontrolable. Gracias a Dios. Ojalá sea incontrolable. La palabra incontrolable no es adecuada; nosotros lo que queremos es que sea independiente. Asimismo, dice: Y lo manejaban ustedes. Pues la legislatura pasada nos fue regular; nosotros presentamos distintos recursos de constitucionalidad y en unos nos dieron la razón y en otros no, y he pensado que a lo mejor nos dieron la razón porque la llevábamos y no nos dieron la razón porque no explicamos suficientemente bien nuestras razones, pero no nos dieron la razón siempre; en unos nos dieron la razón y en otros no.

En la réplica a mi compañera y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez, le diré que -con humildad- nosotros sí aprendemos lecciones. Yo entiendo que Felipe González cambiara la ley porque era una labor permanente de obstrucción, yo lo he visto. Usted ha señalado aquí todas las leyes orgánicas que nosotros recurríamos a principios de los años ochenta. ¡Pero si es que lo recurríamos todo! Y conseguíamos que suspendieran además la entrada en vigor de la ley porque había ese recurso. Es normal que entonces propusiera ese cambio; quizá se pasó un poco de frenada y podía haber dejado al margen de ese cambio de legislación los estatutos de autonomía, pero es normal, nosotros entonces lo recurríamos todos. Yo lo reconozco y no sería razonable que se hiciera eso, pero míreselo también usted. Porque ustedes ahora lo recurren todo y lo que no recurren piensan derogarlo todo. (Aplausos). Por tanto, no hagan como hicimos nosotros en los años ochenta al principio; sobre todo, no lo hagan y piensen lo que nos costó con esa actitud llegar al Gobierno de España, porque nos costó una década poder llegar al


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Gobierno y quizá esas actitudes no ayudan y todos hemos de aprender de esas lecciones; nosotros queremos aprender algo.

La pasada legislatura, antes de las elecciones autonómicas, se modificó la Ley Electoral en Castilla-La Mancha y se hizo para hacer depender el resultado de esa comunidad de una provincia en la que el PP no ganaba nunca. Y se pensó: Con esta modificación entonces estos ya no van a llegar nunca aquí. Y nosotros ganamos las elecciones en Castilla-La Mancha y gobernamos en Castilla-La Mancha con esa ley que ustedes hicieron. No se preocupe tanto con cómo va a ser la legislación de la Ley Electoral que haya en Castilla-La Mancha, me gustaría que tuviera el mayor consenso posible; preocúpense más de ganar la voluntad de los ciudadanos, porque eso es lo que permite llegar a los Gobiernos y no andar con esas cuestiones de la ley, con lo cual lo que se está haciendo es reponer una situación que efectivamente era anómala en esa comunidad.

No tengo más tiempo. Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.

Señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.

Señor Alonso, la palabra incontrolable la pronunció uno de los padres de la Constitución. ¿Qué quería decir con esa palabra? Quería decir exactamente que no hay nada, absolutamente nada, que esté por encima de la soberanía popular. Ese es exactamente el sentido profundo que Solé Tura utilizó en esa intervención: No hay nada que pueda estar por encima de la soberanía popular. Y les digo, tampoco el Tribunal Constitucional puede estar por encima de la soberanía popular. Por tanto, utilicemos en ese sentido la palabra controlable y no en ningún otro sentido. Nada puede ser independiente de la soberanía popular, porque entonces no se rinde cuentas ante nadie y el abuso nace en este tipo de situaciones.

El espíritu de la Constitución de 1978 defiende el bloque constitucional como lectura de una España plural. Ese fue el espíritu de los padres de la Constitución. Treinta y cinco años después hay lecturas restringidas de ese espíritu y la presión del Partido Popular ha sido -digámoslo claro- la que ha reventado el Estatuto de Autonomía de Cataluña y nos ha llevado a una profundización del conflicto de convivencia entre comunidades en nuestro país. Esa es la realidad. Era un estatuto que iba en el sentido de la España plural y coincidimos profundamente con el presidente Pasqual Maragall cuando levantó esa bandera. Pero quiero decirle, señora portavoz socialista, que ante esa actitud el Partido Popular no puede ahora recibir un premio. No puede recibir un premio; debe recibir una crítica profunda ante una actitud que nos ha generado problemas muy serios de convivencia en nuestro país. Por tanto, un proyecto de progreso para este país para que podamos seguir viviendo juntos y una alternativa desde la izquierda para plantarle cara a la derecha. Si no, después de esto, ¿qué les van a pedir? Son insaciables.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.

Vamos a entrar en turno de fijación de posiciones. Dada la importancia de lo que se está debatiendo y de su trascendencia, por el Grupo Mixto habrá varios oradores. En primer lugar, tiene la palabra la señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme que comience mi intervención con la lectura de unas líneas. La plurinacionalidad no constituye amenaza alguna para la integridad de España, porque es parte esencial de su ser profundo. Pero sí es un grave riesgo para dicha integridad el desconocimiento de este rasgo constitutivo de su propia estructura. La realidad suele vengarse de quienes la ignoran. Su autor es Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ponente constitucional y actualmente miembro del Consejo de Estado. Asistimos hoy a un debate promovido por los dos grandes partidos que pretende conjurar para el futuro la frustración generada en Cataluña por el no reconocimiento de la realidad nacional catalana con la terrible sentencia del Tribunal Constitucional que acabó con gran parte de su estatuto después de que este fuera aprobado en su Parlamento, en las Cortes y fuese refrendado por el pueblo catalán. Los nacionalistas canarios creemos que hay una gran responsabilidad de los partidos del Estado en la ruptura del consenso de la transición política que condujo a la Constitución de 1978. Otro ponente de la misma, Miquel Roca, declaraba en una entrevista con motivo de su 35.º aniversario que la cerrazón del Tribunal Constitucional había acabado con ella; del Tribunal Constitucional y de quienes con el reparto de cuotas en la elección de sus magistrados


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rompieron el principio de que la mayoría cualificada que se exige -tres quintos- es para garantizar la independencia del alto tribunal y no para condicionar sus decisiones.

Estas propuestas de hoy son un tratamiento equivocado a un diagnóstico erróneo. No se trata de que haya que reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para introducir un recurso derogado en 1984. Solo se trata de interpretar la Constitución conforme a su espíritu fundacional que se basaba en la democracia y el pluralismo político que le es inherente y la realidad plurinacional de España. Si esto no es posible hoy en la interpretación del Tribunal Constitucional, habrá que reformar la Constitución para que todos los pueblos que integran España puedan identificarse en ella.

¿Saben cuál es el éxito más importante del recurso previo de inconstitucionalidad? La sentencia de aquel Tribunal Constitucional presidido entonces por García-Pelayo, que en 1983 declaró inconstitucional el proyecto de Loapa, consiguió que la uniformidad de los pactos de 1981 entre UCD y el PSOE no frustrara el reconocimiento de la diversidad territorial, a pesar de que esos pactos condicionaron el desarrollo autonómico frustrando, por ejemplo, el acceso de Canarias por la vía del artículo 151. Pero no estamos en los años ochenta y los efectos suspensivos de aquel recurso convirtieron al Tribunal Constitucional en un legislador negativo, por eso se derogó.

No hay solución en estas proposiciones de ley a la frustración política que la declaración de inconstitucionalidad del Estatuto catalán ha provocado, entre otras muchas decisiones. Tampoco la hay a la que padeció Canarias cuando su estatuto fue bloqueado en la ponencia, cuando el PSOE de Canarias era liderado por López Aguilar y el Parlamento canario tuvo que retirar el texto. Entonces el PSOE castigó a Canarias porque pactamos tras las elecciones de 2007 con el Partido Popular. Ahora, se ha emprendido de nuevo la reforma por el Parlamento de Canarias y ahora es el Partido Popular el que anuncia que no participará en la ponencia. La solución es política, no se resuelve con estas proposiciones de modificación de la Ley del Tribunal Constitucional. El recurso previo de inconstitucionalidad es el rescate de un mecanismo inútil para resolver el problema creado, que, por otra parte, no impide que se presenten con posterioridad nuevos recursos por los sujetos que están legitimados, solo la reforma de la Constitución permitirá el encaje de los hechos diferenciales de la realidad plurinacional. Canarias, como último territorio de ultramar lo sabe y lo que hoy reconoce el Tratado de la Unión Europea como territorio ultraperiférico aún espera de la actualización y garantía de la Constitución española. Por todo ello, señorías, votaremos no en la toma en consideración de estas proposiciones de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.

Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, son muchas las razones por las que el Bloque Nacionalista Galego debe oponerse a esta proposición de ley, pues no solo sirve para reafirmarse en un texto constitucional al que se está reclamando su revisión, sino también para legitimar un Tribunal Constitucional que dio muestras sobradas de su escasa sensibilidad autonomista. Con esta propuesta, señorías -propuestas, mejor dicho, porque son la misma, pero presentadas por los dos grupos mayoritarios de esta Cámara-, se pretende volver a situar al Tribunal Constitucional en un lugar privilegiado en los debates de las reformas estatutarias con poder de dinamitar la continuidad de dichas reformas en la tramitación por encima de órganos políticos, asambleas legislativas, donde reside la soberanía popular, y que son realmente los competentes para avanzar en el desarrollo de la autonomía en cada territorio.

Señorías, en estos momentos la vigencia de la Constitución aprobada en los términos de 1978 está cuestionada desde muchos frentes, por lo que entendemos que la primera preocupación debería ser profundizar en una reforma del actual marco. Es conveniente también recordar que la interpretación realizada de lo que el Tribunal Constitucional llama bloque de constitucionalidad de determinaciones constitucionales y estatutarias que afectan a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas siempre ha sido favorable a un constreñimiento y recorte del autogobierno. La prueba más evidente es la sentencia del Estatut catalán que dejó en papel mojado la mayor parte del texto que se refrendó mayoritariamente por el pueblo catalán y sus representantes políticos. Por lo tanto, señorías, señor presidente, el problema no es tanto cuándo se pronuncia el Tribunal Constitucional, sino en qué términos lo está haciendo, y en este momento está claro que está avalando la interpretación más centralista del texto constitucional. En esta interpretación es evidente -ya se ha dicho también por algún


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otro diputado- que influye el modelo de composición y el método de elección del propio Tribunal Constitucional donde las comunidades autónomas apenas tienen incidencia.

Finalmente, señorías, creemos que el problema no está en que haya un dictamen de adecuación al marco constitucional, creemos que el problema se sitúa realmente en que hay un cuestionamiento amplio de ese marco, incluidos los mecanismos que contiene la propia Constitución, para que ese desarrollo se haga bajo el control de órganos centrales dependientes de poderes del Estado que han restringido continuamente el avance del autogobierno. Por esas razones y muchas más que no tengo tiempo para expresar, vamos a votar en contra de las propuestas presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, a nosotros por principio no nos provoca ninguna repulsa esta propuesta. No estamos en contra, aunque tampoco estamos a favor, por lo que nuestra posición será la de abstenernos.

Es una norma habitual en muchos entornos; incluso en Cataluña, por ejemplo, el recurso previo al Consejo de Garantías Estatutarias es habitual, y en muchos otros países del mundo también. Aquí, en el ordenamiento jurídico español, era corriente, así que no vemos nada raro ni refutable. Quizás sí que tienen razón ustedes cuando hacen revisión de pecados del pasado, y hubiera evitado ese interruptus del Estatut de Catalunya de 2006, pero entrar ahora en ese túnel del tiempo, ponerse ahora a discutir qué hubiera podido pasar, qué pasó, qué no pasó, dix fois trop tard, es demasiado tarde. Les recuerdo la anécdota de Cuba, cuando finalmente en esta Cámara se aprobó el Estatuto de Autonomía de la isla de Cuba faltaban tres meses para la independencia de Cuba. Pues parece ser que no se aprende del pasado, sino que se repite, siempre llega tarde, todo llega tarde. De todas formas, como varita mágica, ni en ese momento ni ahora nos parece que esta vuelta al recurso previo pueda solucionar gran cosa.

Algunos interpretan que ahí arrancó el proceso de la autodeterminación de Cataluña, el independentismo creciente, especialmente a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional. Nosotros no lo creemos, yo no lo creo así, me parece que ese no es el tema. Es cierto que la pifiaron, no se gestionó bien, y ahí se creó un equívoco, una equivocación que mucha gente sintió como una tomadura de pelo. Muchos votantes, por ejemplo, socialistas en Cataluña, del PSC, se lo tomaron a partir de entonces como un vía crucis, un auténtico vía crucis por la sensación de haber votado, de haber decidido y que su voto después no contara para nada. Eso es altamente frustrante. Ahora, estoy seguro de que el proceso actual, lo que está pasando ahora, no se hubiera evitado con esta medida, con este recurso previo, no lo hubieran evitado. Tal vez se hubiera hecho un cambio de marchas, se hubiera conseguido un cambio de marchas, pero no un cambio de dirección, porque lo que está pasando ahora en Cataluña es profundo, es de calado profundo, y tiene más que ver con cuestiones relacionadas con el derecho y con la democracia que con una medida como esta.

Para nosotros el problema no es si el recurso viene antes o después, el tema no está en si el freno frena con las ruedas de delante o con las ruedas de atrás, el problema es que hay freno; para nosotros ese es el auténtico problema, freno a las urnas, una castración a la democracia, a la decisión soberana de la gente votando en las urnas, un sufragicidio. Eso es lo que pasa, el Tribunal Constitucional altamente politizado, cómplice de una involución democrática en el Reino de España. Por lo tanto, la solución es levantar el pie del pedal, es levantar el pie del freno, aceptar el voto, aceptar la democracia y -acabo ya, señor presidente- que se respete a la gente, que se respete la opinión de la gente, que se respete la decisión de la gente, antes o después del recurso previo.Lo importante es el voto. Quien manda es la gente, no son los tribunales, quien manda no es el Gobierno, quien manda no es el Congreso. Todos ellos, si tienen mando, lo tienen por delegación, y cuando se va a las urnas la soberanía reside en la gente, en las urnas, en lo que vota la gente. Es por eso por lo que nosotros ahora ya dejamos el pasado donde está. Lo pasado pasado está y vamos al futuro, vamos a votar, queremos votar el 9 de noviembre y, si realmente quieren deshacer el entuerto, colaboren en ese voto soberano que tenemos previsto para el 9 de noviembre.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.

Señor Larreina.


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El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores del Partido Popular y del Partido Socialista, no intenten despistarnos, es decir, la modificación que ustedes proponen hoy al alimón, a pesar de sus aparentes discrepancias, tiene un único objetivo, que es precisamente plantar cara a su incapacidad de resolver un problema histórico, que es el reconocimiento de las soberanías existentes dentro del Estado español, de las naciones que existen dentro del Estado español. Miren ustedes, no han aprendido ninguna lección, no se engañen. Yo les invito a que miren un poco hacia atrás, a la historia, para no volver a repetir los errores del pasado. Hay un libro publicado en 1829, que se titula Defensa histórica, jurídica y económica de las provincias vascongadas, escrito por Pedro Novia de Salcedo, en el que se hace un recorrido de la historia hasta ese momento, en el que el tema central es el derecho a decidir de la ciudadanía vasca, las controversias o el derecho a decidir, como cuando por ejemplo se cuestiona que haya un consulado de Vizcaya y de Guipúzcoa en Brujas porque ya hay un consulado español, y el monarca entonces en esa polémica dice: La mi nación vasca tiene derecho a tener su propio consulado en Brujas.

Seguimos avanzando por la historia y tenemos las diatribas del canónigo Juan Antonio Llorente o del padre Mariana, que también iban a lo mismo, es decir, sobre cuestionar el derecho a decidir de la sociedad vasca. Si seguimos adelante, vamos por ejemplo al discurso que hizo en esta misma tribuna un diputado alavés, como usted, señor Alonso, y como yo, Mateo Benigno de Moraza, en el que en un debate trascendental, que es la abolición de los fueros, decía algo que yo puedo repetir ahora con la misma intensidad y con la misma fuerza: El proyecto de ley, según el dictamen de la Comisión, entraña la reforma esencial del régimen de mi país y yo, señores, con arreglo a mi conciencia, aunque con el mayor pesar, aunque con el mayor dolor, no puedo menos de combatirlo con todas mis fuerzas, que harto escasas y reducidas son, a la vez que con el respeto y el miramiento de apreciación que corresponde.

Al final, lo que estamos dilucidando es precisamente la cuestión de fondo. Si Euskal Herria, si la ciudadanía vasca, tiene derecho a decidir, si Cataluña tiene derecho a decidir, si, en su caso, Galicia, tiene derecho a decidir. No están en cuestión el resto de los estatutos, ni se engañen ni intenten engañarnos, la cuestión no está ahí. La cuestión es su persistencia en el error precisamente en no reconocer una realidad innegable, que hay naciones que reclaman su soberanía, porque sus ciudadanos, su mayoría social y política dice que tiene derecho a decidir y quiere que se le reconozca. Ustedes siguen con una modificación legislativa ad casum, que lejos de resolver los problemas, lejos de quitar esos factores distorsionantes que citaba la portavoz socialista, lo que hacen es acrecentar los problemas, porque no van a la raíz. La raíz está donde les decía, en ese reconocimiento de la soberanía, en ese reconocimiento de que los problemas políticos no se resuelven en los tribunales, en un Tribunal Constitucional que siempre será un tribunal de parte, porque estamos hablando de conflicto de soberanías. Aquí el conflicto político de fondo entre Euskal Herria y el Estado es un conflicto de soberanías, y los conflictos de soberanías no se pueden resolver con un tribunal de parte, al igual que ustedes no pondrían el futuro de Gibraltar en manos del tribunal de su graciosa majestad británica, que es un tribunal totalmente democrático, sin ninguna tacha democrática y con total legitimidad, pero ustedes dirían, con razón, que no es un tribunal neutral. Y nosotros decimos: el Tribunal Constitucional, en el conflicto de soberanía entre Euskal Herria y el Estado, nunca puede ser un tribunal neutral.

Hoy también este debate tiene su razón de ser porque precisamente el 18 de febrero se cumplen ciento veinte años de la Gamazada, del final de la Gamazada, es decir cuando los diputados de Navarra vuelven de Castejón a Iruña acompañados por vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses después de plantar cara también a una intromisión del poder central en el ámbito de decisión de la ciudadanía vasca. Ese final de la Gamazada que se produce hace hoy ciento veinte años, el 18 de febrero de 1894, tiene también razón de ser en este debate, porque lo que hay que hacer es no repetir los errores del pasado. Ustedes hablan mucho del respeto de la ley, pero hablan del respeto de la ley cuando les conviene, porque tan ley como las leyes que ustedes arguyen es la ley por ejemplo del Estatuto de Gernika o del Amejoramiento Foral o del Estatuto de Cataluña, que llevan treinta y tantos años sin cumplir. Ustedes cumplen la ley cuando les conviene. Ustedes utilizan el recurso al cumplimiento de la ley y al Estado de derecho cuando les conviene, pero cuando se pone en peligro su concepción de la soberanía nacional, entonces la ley no vale para nada. Hacen prevalecer la fuerza de sus votos fuera de los países donde están, porque ese es el principal problema que hay en esta cuestión. Ustedes, al final, las mayorías que no tienen en Euskal Herria y en Cataluña las están intentando imponer desde fuera, con las mayorías que ustedes tienen en España, y esa no es la solución.


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Voy a acabar -y termino, señor presidente- volviendo a la historia, a hace precisamente ciento veinte años con el fin de la Gamazada. Decía que ante el conflicto que había, un conflicto político importante también con importantes problemas de manifestaciones que empiezan en Vitoria-Gasteiz, siguen por Laguardia, Donosti, Bilbao, Iruña y otras localidades de Navarra, la regente María Cristina consulta al general Martínez Campos por la posibilidad de intervenir, es decir, lo que ustedes dicen, el artículo 8 de la Constitución, cuando dicen que el ejército es el garante. Entonces, la regente María Cristina también se planteó aplicar ese garante del ejército y le consulta al general Martínez Campos por las posibilidades de intervenir, y esta fue la respuesta del general Martínez Campos: Señora, si se tratase de otra provincia, podríamos pensar en imponer la ley general empleando la fuerza si fuere preciso. Si se tratase de Navarra aisladamente, aún podríamos ir por ese camino, pero debemos comprender que Navarra tiene a su lado a las tres vascongadas y que, si se apela a la fuerza contra aquella, harán causa común todos los vascos.

Miren ustedes, ese Laurak Bat que se impulsó en el final de la Gamazada ahora es un Seiak Bat, un Zazpiak Bat de Euskal Herria, que va a seguir trabajando y peleando democrática y pacíficamente para ejercer su soberanía y para ser un pueblo más dentro de la Europa unida de los pueblos.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: No puedo resistirme tras la intervención del señor Larreina a señalar que además en aquella Gamazada fue la primera vez que en una manifestación pública se sacó la ikurriña, así que, sí, una fecha de mucho simbolismo. Y simbolismo también tiene que hoy el Partido Socialista, después de haberse negado en el año 2006 -solo por citar las fechas más recientes- en el año 2010 y por última vez en el año 2011 a que se volviera a poner en vigor el recurso previo de inconstitucionalidad, no solo es que ahora lo vaya a apoyar, sino que encima es quien se pone a la cabeza de la manifestación para que esto sea así. Se pone a la cabeza de la manifestación porque fue precisamente el Grupo Socialista el que pidió al Gobierno que renunciara al mes que tenía -que tiene reglamentariamente- para estudiar las proposiciones de ley y pudiera ser ya, ya en este Pleno y no más tarde -podría haberse retrasado perfectamente- el estudio de este tema. ¡Cómo hemos cambiado en tan poco tiempo! Dicen que pretenden de esta manera evitar la desafección y el alejamiento de la ciudadanía, una desafección y un alejamiento después de ver que, tras haber votado un estatuto, este es cepillado o rechazado. No acaban de entender cómo se produce la desafección de la ciudadanía. La desafección de la ciudadanía viene cuando no se atiende a las demandas de la misma y cuando estas demandas se reiteran una y otra vez, una y otra vez. Por tanto, con este recurso previo, desde luego ese problema de fondo que dicen van a solucionar les aseguro que no está solucionado.

Me preocupa que se ponga en tela de juicio la presunción de legitimidad del Parlamento como representante de la voluntad popular y también, por qué no decirlo, como intérprete de la Constitución -también es el Parlamento un intérprete de la Constitución cuando hace las leyes-. Hay una presunción -el propio Tribunal Constitucional lo reconoce- de legitimidad y de constitucionalidad en todo lo que hace y ustedes pretenden romper precisamente con este principio. Tanto que se habla de Constitución, de lo que dice la Constitución, de preservar la Constitución, quiero que me digan dónde aparece en la Constitución pura y dura que hay un recurso de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía. En ninguna parte, en ninguna parte, porque el constituyente no estaba pensando en ello. ¿Dónde lo introducen? Lo introducen cucamente después en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pero al inicio no aparece ahí. (La señora Rodríguez Ramos pronuncia palabras que no se perciben). Déjeme acabar el argumento, no se ponga nerviosa, señora Rodríguez, déjeme acabar el argumento. No estoy preguntando, estoy afirmando, porque aquí en ningún sitio aparece un recurso contra los estatutos de autonomía. El 161.1.a) habla de las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Me podrán decir que es una ley. Claro, es una ley orgánica, pero ¿es una ley orgánica cualquiera? No, ni muchísimo menos. No es que esté subordinada a la Constitución, no, no; interpreta la Constitución, está directamente ordenada a la Constitución, o, si no, toda la teoría política que nos enseñaban en la facultad en los años ochenta ya no vale para nada, porque la Constitución conforma, junto con los estatutos de autonomía, el bloque de constitucionalidad y ese es el parámetro que tiene que utilizar el tribunal, ese es el parámetro. Lo que pasa es que luego las cosas han ido como han ido. No se quiere respetar una voluntad política y la capacidad que tienen también los parlamentos -y este Parlamento el primero aprobando esa ley orgánica del estatuto- de interpretar


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la Constitución y después tendrá que adecuarse a eso el Tribunal Constitucional, y lo que hacemos es primero habilitar un recurso post- y ahora, y en su momento también, uno pre-.

Sinceramente, hay que evitar el choque de legitimidades que implica que el texto aprobado, incluso ratificado por los ciudadanos mediante el correspondiente referéndum, sea declarado inconstitucional. Es que no hay un choque de legitimidades. La legitimidad la tiene la ciudadanía ratificando algo que además ha propuesto la representación del propio pueblo que está representado en las Cortes, y ustedes lo que pretenden ahora es una vuelta de tuerca con una injerencia judicial en el Legislativo, una judicialización de la vida política en lo más importante a la hora de estructurar el Estado también, como es algo que forma parte del bloque de constitucionalidad, un derecho de veto sobre la autoridad del Parlamento y sobre los acuerdos políticos que pueden tomar los representantes de la ciudadanía y eso para nosotros es inaceptable. Si tanto quieren cuidar la constitucionalidad, admitamos también que las leyes pueden ser objeto de recurso previo de inconstitucionalidad y permitamos a los parlamentos autonómicos que recurran previamente, antes de que las leyes orgánicas -que este Parlamento hace muchas veces por encima de las competencias que aparecen en los estatutos de autonomía- puedan entrar en vigor. Permitámosles también a los parlamentos autonómicos que hagan eso. Hablamos aquí de constitucionalidad, pero siempre mirando hacia el lado que nos conviene. Jurídicamente, el sistema que establece la Constitución española es de carácter sucesivo. Si se quiere una excepción, un recurso previo, la Constitución debería decirlo, como se hace en otras ocasiones, porque la Constitución está llena de excepciones que se mencionan específicamente. Por lo tanto, si se quiere recuperar el recurso, el sistema es modificar la Constitución, porque el título IX, artículo 161, señala un modelo de carácter sucesivo, esto es, opera sobre normas vigentes. Si la Constitución quiere fijar una excepción, debería decirlo. Además tampoco les importa ir en contra de otras disposiciones que también parecen muy taxativas y que aparecen en la Constitución: una vez que las Cortes Generales aprueban una norma, quince días para sancionarla. Eso se puede suspender, no pasa nada. Esa mención de la Constitución no tiene ninguna importancia. Se puede dejar sine die hasta que el Tribunal Constitucional resuelva esa norma.

Quieren convertir al Tribunal Constitucional -si no lo es ya- con el examen ex post de los estatutos de autonomía en una tercera Cámara ahora todavía más declaradamente, y este Tribunal Constitucional -lo digo yo también, como otros portavoces- no tiene ninguna credibilidad, primero porque está nombrado de parte, después porque los nombrados de parte, una y otra vez, en todas aquellas leyes que son ideológicas o que tienen algo que ver con la estructura de Estado, en un caso votan cada uno en su lado ideológico una y otra vez, votación tras votación, ley tras ley, sin que haya lugar a equívocos y a pensar que hay una cierta independencia en los magistrados, y en el otro caso siempre, invariablemente, salvo alguna excepción que pueda hacer un voto particular, en contra de la constitucionalidad de esas materias autonómicas. No tiene ninguna credibilidad por quiénes los nombran y por cómo está funcionando. Además, ¿quiénes están legitimados para interponer incluso este recurso? Ustedes. Si resulta que una comunidad autónoma -y ahora vamos a ver de cuál se trata, claro- pacta con el PSOE, el PP podrá poner el recurso previo y, si es al revés, pues al revés. Ustedes son los legitimados, nada más; es un seguro más para ustedes, incluso para decir: bueno, voy a llegar a un acuerdo, pero luego ya el Tribunal Constitucional lo cortará, y, chico, es que yo quería, pero no se podía. ¡Vale ya, hombre, vale ya con todo este teatro de la política, que es lo que verdaderamente aleja de la ciudadanía a los representantes políticos! Además, curiosamente, no se prejuzga que luego pueda haber otro recurso. Nos podemos encontrar -y está clarísimamente explicitado en la propuesta de Partido Popular y evidentemente no puede ser de otra manera tal y como está la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional- con el recurso previo y después un recurso posterior otra vez sobre la misma norma. No tiene ningún sentido.

Ahora estas prisas después de todo lo que ha pasado, porque estaba claro. Como decía el señor Quijano en el año 2011 -creo que era- al Partido Popular: oiga, que lo de Cataluña ya ha pasado, esto no se puede. Pues yo les digo lo mismo, lo de Cataluña ha pasado. Ahora, ¿cuál toca? ¿Esta iniciativa con tanta prisa contra qué propuesta la van a hacer? Lo único que se me ocurre que queda por modificar, y sobre lo que acaba de ponerse en funcionamiento en el Parlamento vasco la ponencia correspondiente, es la futura -esperemos- reforma del estatuto vasco y, si no, es que no hay quien lo entienda. Y pretenden dar un tratamiento diferente, por lo tanto, a unas comunidades autónomas y a otras en cuanto al proceso para que el estatuto de autonomía sea aprobado. Ustedes están pensando en alguien en concreto, déjense de Cataluña y su túnel del tiempo como decía antes el señor Bosch, porque eso ya ha pasado, y lo del Estatuto de Castilla-La Mancha pasará también, no tengan ninguna duda, si ya va adelante, si ya


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está prácticamente para dictaminar en Comisión. O sea, contra quién y por qué se pone una diferencia de procedimiento con respecto a los estatutos.

No entendemos la actitud del Partido Socialista poniéndose a la cabeza de esta manifestación, hablando continuamente en los últimos tiempos de federalismo, de nuevos modelos, de pedir al Partido Popular que hay que dialogar. Se ofrecen como intermediarios en el caso catalán y ahora se ponen a la cabeza de la manifestación para poner el recurso previo de inconstitucionalidad. Sinceramente, no lo entendemos, no lo compartimos y nos parece que es algo que no va a solucionar nada y, sin embargo, sí va a dificultar y mucho los acuerdos que de otra manera quizá serían posibles en el ámbito político.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Por el grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Voy a empezar por anunciar el voto favorable de mi grupo parlamentario a estas dos proposiciones de ley y también por mostrar mi sorpresa por algunas de las cosas que he oído en las intervenciones de quienes han anunciado voto en contra. A lo mejor es que me ha faltado capacidad de comprensión, pero las voy a poner de manifiesto inicialmente. Algunos de los compañeros que han argumentado el voto en contra han hecho mucho hincapié en que este voto en contra está motivado en la catástrofe que supuso el recurso de inconstitucionalidad en relación con el estatuto de autonomía. Aquí se ha dicho que la sentencia del Tribunal Constitucional fue una barbaridad, que el independentismo en Cataluña se inició precisamente cuando se produjo esa sentencia y que todos los males, todo lo que estamos viviendo en este momento desde entonces hasta hoy es producto de la sentencia tremenda, terrible -creo que han sido los adjetivos que aquí se han utilizado- del Tribunal Constitucional. Si eso fuera así, si hubiera habido este recurso previo de inconstitucionalidad, todo eso se hubiera evitado. Por tanto, toda esa cosa tan terrible que nos ha ocurrido, desde el crecimiento desaforado del independentismo hasta la tremenda sentencia, no se hubiera producido, no se hubieran frustrado las expectativas de los ciudadanos que fueron a las urnas a votar en referéndum el estatuto y nos hubiéramos evitado una cosa tremenda, calificada por ustedes como tremenda. Menos mal que recuperamos ahora un instrumento que si hubiera estado en vigor en aquel momento hubiéramos evitado todos esos males.

Por otra parte, permítanme que les diga que no comparto con ustedes esos calificativos de "tremebundez" -permítanme la expresión- ni comparto con ustedes que el crecimiento del independentismo en Cataluña sea producto de la sentencia del Tribunal Constitucional. El crecimiento del independentismo en Cataluña tiene muchas explicaciones, daría para una intervención mucho más larga que la pueda hacer en esta tribuna, pero está mucho más relacionado con la utilización que algunos dirigentes políticos han hecho de la crisis económica y social y con la venta que han hecho de cómo se iban a resolver todos los problemas con la independencia de Cataluña, todos los problemas económicos y sociales de los catalanes -hasta iban a desparecer el cáncer y todas las cosas relacionadas con el asunto-, que con la sentencia del Tribunal Constitucional, porque, por otra parte, además el Estado de derecho tiene tribunales que interpretan las leyes. ¿O las leyes las interpretan las mayorías parlamentarias alternativamente? ¿De quién depende la interpretación de las leyes? ¿Qué es la Constitución? ¿Lo que interpreta una mayoría parlamentaria o lo que interpreta un tribunal que para eso está? Pues lo que interpreta el tribunal y no lo que interpreta la mayoría parlamentaria. Aquí se ha citado, por ejemplo, la ley de jurisdicción que vamos a ver esta misma semana y la siguiente. Si depende de la interpretación de la mayoría, porque no hay tribunales que velen precisamente por la legalidad y por el orden constitucional, no sé qué tipo de Estado de derecho defienden ustedes.

Creo que lo que hoy tenemos sobre la mesa es una cosa más sencilla. Ciertamente, como ya se ha dicho también aquí, ha tenido muchos avatares y muchas posiciones. Esta parlamentaria defendió en 2012 esta misma proposición de ley. Digo esta misma porque era esta misma, textual. Me he tomado el trabajo de compararla y, si fuera literatura, sería plagio, pero, como es política, rectificación. Vamos a dejarlo ahí, que es una reflexión. Es la misma. Por tanto, ¿cómo no voy a estar a favor? Además, ¿cómo no voy a estar a favor de que se haya producido una rectificación que no voy a calificar y mucho menos me voy a poner a pensar en por qué se ha producido la misma, en por qué lo han hecho ahora, en qué malas cosas están esperando, en qué maldad están pensando?

No, este instrumento que, como ya se ha dicho también, fue suprimido, con razón, en 1985, precisamente por el abuso que se hacía de los recursos de inconstitucionalidad en todas las leyes


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orgánicas, se recupera para algo que nunca debió desaparecer a nuestro juicio y se recupera ahora. ¿Por qué no antes? ¿Por qué el Partido Popular -también estaba a favor el Grupo Popular y de hecho defendió en la legislatura pasada, en 2010, una iniciativa similar- ha tardado dos años en traerlo? No sé por qué, pero el hecho es que lo ha traído ahora. Ustedes lo han traído ahora y les voy a decir lo que nos dijeron cuando defendimos esta proposición. El portavoz del Grupo Socialista, por aquel entonces el señor Aranda Álvarez, me dijo: Señora Díez, el Grupo Socialista siempre ha tenido muchas reservas y se ha manifestado en contra del recurso previo de inconstitucionalidad. Entendemos que es un recurso que dentro de nuestra justicia constitucional casa mal y se ajusta mal al modelo de control de la Constitución. Eran argumentos jurídicos que ustedes han revisado. Pues estupendo. Los han revisado y en este momento traen una proposición de ley que dice exactamente lo mismo que defendimos, sin éxito a la hora del voto, pero yo creo que con algún éxito político; no ganamos el debate en términos de votación, pero por lo menos lo colocamos en términos políticos. Lo traen en este momento y yo creo que es completamente razonable que se incorpore no solo en relación con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, algo que se ha venido diciendo aquí permanentemente, como si esta reforma fuera para subsanar una cosa del pasado que ya no se puede subsanar. No; ha habido otras reformas de estatutos, todos los de segunda generación, a los que hubiera sido de aplicación, estatutos defendidos por una mayoría, como el de Valencia, en que los mismos que recurrieron al Tribunal Constitucional el de Cataluña introdujeron algunos elementos en la reforma del de Valencia. Bueno, se hizo mal en el pasado y se va a arreglar ahora. Para eso está la política, para resolver problemas a la luz de las consecuencias que han tenido las leyes en vigor o las reformas que se han hecho o la ausencia de normas en vigor. Para eso está.

Al hilo de lo del Tribunal Constitucional y de que no hay derecho a que el Constitucional, como decía Aitor Esteban, sea un tribunal de parte -pues menos mal que lo reconocen ustedes, porque cada vez que decimos eso de que es de parte y que van cooptados tanto al Consejo General del Poder Judicial como al Tribunal Constitucional nos llaman de todo, y ahora, como se ve que lo conocen, dicen que es de parte; no es la única parte de la Constitución que tenemos que cambiar, también cómo se eligen los miembros del Tribunal Constitucional y esto también-, decía un juez norteamericano, Evans Hughes, refiriéndose al Tribunal Supremo: "Vivimos bajo una Constitución y la Constitución es lo que los jueces deciden o dicen que es". Efectivamente, en el caso de España está demostrado que la Constitución es lo que decide una mayoría parlamentaria, y eso no es bueno para la democracia. No es bueno nunca. Si no es bueno para la jurisdicción universal ni para cambiar el artículo 135 de la Constitución en una noche y en una madrugada, tampoco es bueno para esto. Está muy bien que se vuelva a incorporar este recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, efectivamente, para los estatutos de autonomía y no pensando solamente, como les decía, en Cataluña, sino en todos los estatutos de autonomía y en las reformas. Ustedes lo han introducido, porque la única diferencia que hay con la proposición de ley del Grupo Socialista es que ustedes introducen para los estatutos de autonomía y para las reformas. Eso igual vendría bien para lo de Castilla-La Mancha, ¿no? Porque introducen esa cosita de las reformas, a diferencia de lo que ha introducido el Grupo Socialista, y yo he creído que ahí estaban haciendo ustedes una especie de rectificación y, como vamos a tomarla en consideración, habida cuenta de que la presentan los dos grupos, a lo mejor, por esa vía de que ustedes ahí hablan de las reformas, podemos hablar de introducirla y de aplicarla también en esta reforma que está en marcha y que tiene vicios de constitucionalidad. Más vale que lo vea el Tribunal Constitucional, aunque no sea más que por medicina preventiva, antes de que se apruebe, y así nos evitamos un problema. Señor Alonso, permítame que le diga que cuando he visto eso, que era lo único en que se diferenciaban -en lo demás no, todo textual; puntos y aparte distintos, pero lo demás textual-, he pensado que lo han hablado con la señora De Cospedal, que parece que se han puesto de acuerdo y que van a admitir que esta reforma que está en marcha pueda ser informada previamente por el Tribunal Constitucional.

En definitiva, el Grupo de Unión Progreso y Democracia va a votar favorablemente esta toma en consideración. Para nosotros es una satisfacción ver que en una cuestión como esta, que evidentemente es una cuestión de Estado, somos capaces de revisar las leyes a la luz de sus consecuencias y de evitar que en el futuro se produzcan acontecimientos nada deseables.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Surroca.


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La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy Grupo Popular y Grupo Socialista coinciden, en términos prácticamente idénticos, salvo en algún matiz, en recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad únicamente para la elaboración de nuevos estatutos de autonomía o sus reformas. Desde Convergència i Unió de entrada damos la bienvenida a esta iniciativa. ¿Por qué? Porque supone que tanto populares como socialistas reconocen el conflicto -que ya habíamos denunciado a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional- entre la voluntad del pueblo de Cataluña y la decisión del tribunal, la confrontación de dos legitimidades, que en definitiva es la cuestión de fondo que plantean estas proposiciones. Pero este reconocimiento, señorías, no es suficiente; la herida, como ya se ha dicho en otras ocasiones, es realmente profunda, y la realidad es tozuda y no se va a resolver con estas proposiciones de ley. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).

Decimos que desde Convergència i Unió las acogemos con cierta simpatía porque teóricamente lo que persiguen es evitar en el futuro situaciones o frustraciones del pasado, pero realmente la recuperación del recurso previo en los términos en los que está propuesta en ningún caso resuelve el conflicto, ni tampoco lo va a evitar en el futuro; parte del inmovilismo, parte de: más de lo mismo. Esta es una iniciativa que llega tarde y mal, porque tal y como está planteada no resolvería como decíamos el problema principal de conflicto de legitimidades, al no impedir que un estatuto objeto de recurso previo de inconstitucionalidad después pueda ser objeto nuevamente de recurso de inconstitucionalidad. Se mantiene el doble control, el previo y el posterior; por lo tanto el conflicto de legitimidades persistiría doblemente. Pero además hay otros aspectos importantes que tampoco quedan bien resueltos en las proposiciones planteadas, y a los que después me voy a referir.

Hoy se ha hablado mucho del Estatut d´Autonomia de Catalunya, posiblemente demasiado; ha centrado el debate de estas propuestas, y la verdad es que los grupos proponentes parten de una posición común y que dista mucho de lo que nuestro grupo parlamentario entiende. Nuestra posición es coherente con la esencia de lo que para nosotros representan los estatutos de autonomía, especialmente los que son aprobados por vía del artículo 151 de la Constitución, por la especial naturaleza de estos, como es el caso del Estatut d´Autonomia de Catalunya. Estamos hablando de procesos estatutarios que para su aprobación precisan de la celebración de un referéndum, esos estatutos tienen que ser refrendados después de haber pasado por los trámites parlamentarios en las Cortes Generales y en los correspondientes parlamentos autonómicos, son las únicas leyes orgánicas que tienen ese cauce específico, por ello decimos que son leyes orgánicas de naturaleza especial, que las distingue de las demás. Entonces, ¿por qué razón, por qué motivo debemos fijar un nuevo control? ¿No es suficiente con el control de la voluntad popular expresada en referéndum más el control previo del paso por las cámaras legislativas en las que reside la soberanía popular? ¿O es que en esos casos damos por hecho que la constitucionalidad de esas normas ofrece mayores dudas? ¿Por qué razón? Además estamos hablando en este caso de un doble control: el previo y el posterior, porque el problema, insistimos, de legitimidades que en principio quiere resolverse persistiría, y además doblemente.

Estamos como decíamos hablando de leyes orgánicas cuya naturaleza es constitucional, forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué razón las sometemos a un control distinto del que sometemos a la Constitución? ¿No comparten la misma naturaleza? ¿Por qué razón en unos casos posibilitamos ese control de constitucionalidad y en otros casos no? Además en estas iniciativas tampoco se fija el principio de cosa juzgada. Para nosotros esto es fundamental. Así, la resolución del Tribunal Constitucional en los recursos previos no garantiza la constitucionalidad tampoco del proyecto a cuyo examen se ha sometido. Por lo tanto habría la posibilidad, como hemos dicho anteriormente, de una segunda resolución. ¿Y qué sucedería? Que después de haber sometido al proyecto del estatuto en cuestión al recurso previo de inconstitucionalidad, cuyo plazo efectivo de resolución puede ser también una incógnita, porque esto es lo que nos ha dicho la experiencia, ese mismo estatuto podría ser objeto de nuevo control de constitucionalidad, con los correspondientes efectos de inseguridad jurídica que ello comporta, al someter el texto a posibles nuevas declaraciones de inconstitucionalidad, por no decir los demás efectos de frustración social, al revocar un tribunal la voluntad de un pueblo expresada libre y democráticamente en las urnas mediante referéndum. Por lo tanto el problema de fondo persistiría, y por duplicado.

Es interesante recordar hoy aquí a algunos portavoces que también se han referido a los debates que hubo en 1979, durante la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Algunas de las afirmaciones de aquel momento están plenamente vigentes. Incluso algunas se adelantaron a los actuales acontecimientos. Así, el ponente don Miquel Roca, para reforzar su postura contraria a ese


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recurso previo, decía textualmente: Se convierte al Tribunal Constitucional en una tercera instancia. Convertir el Tribunal Constitucional en una tercera instancia es un error. Y seguía diciendo: Estamos aceptando que los magistrados del tribunal adopten decisiones relevantes políticamente. En definitiva decisiones que son políticas y que por definición no deberían corresponder a ese tribunal. Creo que estas palabras se adelantaron en años a lo sucedido después. Estamos hablando, como ha dicho también el portavoz don Aitor Esteban, de una judicialización del parlamento, de la tramitación legislativa. También es importante recordar que el artículo 161 de la Constitución española, al referirse a las competencias del Tribunal Constitucional y en concreto al recurso de inconstitucionalidad, tan solo habla de leyes y de disposiciones normativas con fuerza de ley. No recoge los estatutos, no habla tampoco de la cuestión previa. Es una figura no recogida expresamente en la Constitución española y que a nuestro entender distorsiona aún más el sistema.

Si se quiere reinstaurar esa institución, ¿por qué razón únicamente se pretende en los casos de los estatutos de autonomía? ¿Por qué no respecto a las demás leyes en los mismos términos que la anterior regulación? Cuando se suprimió afectaba también a las demás leyes. Si es válida su reposición para los estatutos de autonomía debería serlo también para los demás casos. ¿Por qué esa necesidad de pasar ese filtro del Constitucional solo para los estatutos de autonomía? ¿Por qué razón? ¿Es que no les interesa la constitucionalidad de las demás leyes? Sin ir más lejos tenemos la ley Wert. ¿No les interesa que se cuestione con todas las garantías el carácter constitucional de la ley Wert? A nosotros nos preocupa también, y mucho. Seguramente la experiencia les demostró que en su día el recurso previo de inconstitucionalidad tampoco resolvía los problemas de fondo que había, sino que además los aumentaban, los acrecentaba. Desde nuestro grupo parlamentario de ningún modo podemos compartir el planteamiento de reinstaurar el recurso previo de inconstitucionalidad.

Además de estas discrepancias de fondo hay otras cuestiones que nos preocupan también de las dos proposiciones de ley. En cuanto al plazo para su presentación no hay una claridad. En ese caso hay divergencias entre las dos proposiciones. Tampoco se habla claramente en las dos iniciativas, en la del Grupo Parlamentario Socialista sí, pero no en la del Grupo Parlamentario Popular, del plazo para la resolución. Creemos que esto sería una cuestión importante. Y lo que decíamos anteriormente, no se recoge el principio de efecto de cosa juzgada, fundamental para nosotros. En definitiva la reinstauración de este recurso previo de inconstitucionalidad provocaría muchas más disfunciones de lo que realmente podría resolver.

Para finalizar, decía anteriormente que se ha hablado -y demasiado- en este debate del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Me voy a referir a algunas de las palabras que se han escuchado por parte de los proponentes. La portavoz socialista ha hablado de garantizar el equilibrio entre el Tribunal Constitucional y el Poder Legislativo en los procesos estatutarios mediante esta iniciativa. Creo que no va por aquí sinceramente. ¿Se va a conseguir ese equilibrio con la reintroducción del recurso previo de inconstitucionalidad? Creemos que no. También se ha dicho que estamos ante un reto muy importante en la relación entre Cataluña y España; se ha hablado de la posible ruptura. Sinceramente nosotros estamos en otro escenario. Se ha hablado de lecciones aprendidas, y también el portavoz del Partido Popular ha hecho referencia a ello, a que hacía suyas esas lecciones aprendidas. Creo que no las han aprendido y están muy lejos de la realidad de lo que está sucediendo en Cataluña, porque con esta iniciativa no se va a resolver de ningún modo el problema de fondo.

¿Cómo se puede resolver el problema? Respetando la voluntad del pueblo de Cataluña, permitiendo que el pueblo de Cataluña ejerza el derecho a decidir libremente. De esa manera sí que se puede resolver el problema que hay en estos momentos en Cataluña. (Aplausos.-Un señor diputado: Muy bien). Por lo tanto cuando ha hablado el portavoz del Grupo Popular de reafirmar el compromiso con el consenso constitucional, señorías, ese consenso se rompió...

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Surroca, tiene que ir terminando.

La señora SURROCA I COMAS: Voy terminando, señora presidenta.

Ese consenso constitucional al que se refería el portavoz del Grupo Popular se rompió; se rompió con la sentencia del Tribunal Constitucional que laminó de forma grave y contundente el Estatut d'Autonomia de Catalunya y la única forma, insisto, de recuperar ese consenso es, primero, mediante el diálogo, el que hubo en su día durante la transición...

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Surroca, tiene que ir terminando.


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La señora SURROCA I COMAS: Voy terminando, ahora sí. ... con generosidad, y permitiendo como decía ejercer ese derecho a decidir. Termino con un artículo de don Miquel Roca publicado recientemente, él lo exigía, y decía que a pesar de ese reconocimiento que implican estas dos iniciativas del Grupo Popular y del Grupo Socialista no se decía ni una palabra de corregir los errores del pasado. Ni una sola palabra de ello, y aquí creo que se ha dicho todo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Surroca.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. (Número de expediente 122/000126).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Continuamos con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Subo a la tribuna para defender la toma en consideración de esta proposición de ley de Convergència i Unió que tiene como aspiración principal promover la contratación pública responsable, con el objeto de facilitar el empleo de personas en riesgo de exclusión social y de personas con discapacidad, a través de las denominadas cláusulas sociales. La iniciativa parte de una idea muy simple: que la contratación pública puede ir de hecho más allá del abastecimiento de bienes y servicios para las administraciones públicas en las mejores condiciones económicas. Estamos convencidos de que la compra pública puede y debe contribuir a alcanzar objetivos de carácter social y ambiental, y al mismo tiempo fomentar la responsabilidad social de las empresas. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Es el planteamiento de fondo de esta iniciativa, un planteamiento que en términos filosóficos no se aleja tampoco de aquello que ya se ha introducido en la legislación española en los últimos años, y que está presente también en la propia legislación europea. De hecho en las últimas modificaciones en esta materia ya se incorporaron los conceptos de las cláusulas sociales. Además tampoco se aleja de las prácticas concretas que diversas administraciones públicas y de diversos colores políticos vienen desarrollando en los últimos años.

Con esa iniciativa legislativa pretendemos dar un marco más sólido, claro y robusto a estas prácticas de políticas públicas orientadas a alcanzar objetivos de carácter social y ambiental, y al mismo tiempo pretendemos que esta orientación ponga el acento en el empleo, singularmente en el empleo para las personas en riesgo de exclusión social y para las personas con discapacidad. Todo ello, señorías, en un momento en que el sector de la discapacidad padece problemas graves. Ayer mismo en Barcelona en una jornada que organizaba Dincat y Ammfeina el señor Tardà y yo coincidimos al escuchar la demanda del sector de la discapacidad de medidas de estas características para hacer frente a la situación de la crisis, y todo ello en un contexto en que en materia de contratación pública el precio -estrictamente la valoración económica- de la contratación ha pesado demasiado. En demasiadas ocasiones también los secretarios municipales, los interventores municipales o los responsables en las administraciones autonómicas del control de legalidad de la contratación pública han tenido una interpretación extremadamente restrictiva de las posibilidades que la legislación vigente nos podía otorgar en esta materia. Todo ello nos lleva a avanzar en esta dirección, que específicamente en el caso de Convergència i Unió y de Cataluña viene muy inspirada por las prácticas que se vienen desarrollando en el Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, detrás de esta iniciativa política existe en nuestro caso el impulso del Ayuntamiento de Barcelona, que viene desarrollando iniciativas muy interesantes, y de la propia acción del Gobierno de la Generalitat; no solo en esta legislatura, sino también en las legislaturas en que gobernó la anterior coalición de gobierno, e incluso antes, en tiempos del conseller Antoni Comas, cuando se pusieron en práctica los programas denominados Posa't a Punt, de creación de mercados protegidos en la obra pública, del parque de vivienda pública de la Generalitat. Por tanto es una propuesta que parte de realidades existentes en nuestro país, Cataluña, y que pretendemos trasladar al marco legislativo estatal precisamente para reforzar esas prácticas, y para permitir también que la Administración General del Estado pueda jugar una acción más positiva en esa dirección.


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La contratación pública responsable siempre ha tenido críticas por parte de quienes defienden una determinada concepción de la libre competencia. En una concepción muy reaccionaria y limitada de la libre competencia se considera que este tipo de regulaciones y de políticas públicas coartan la capacidad de iniciativa de las empresas. Está muy claro que la Unión Europea rechaza esos planteamientos e incluso en la última directiva que en esta materia se ha aprobado se refuerzan ese tipo de políticas. En cualquier caso para Convergència i Unió aquello que afecta a la libre competencia es el dumping social y no la exigencia de mayor responsabilidad social por parte de las empresas. Este concepto que acabo de utilizar responde a un planteamiento de un experto en esta materia que también ha inspirado esta iniciativa de Convergència i Unió, y que quiero citar desde la tribuna: Santiago Lesmes. Por otro lado, en un momento en que en el Estado español la contratación pública representa alrededor del 18 % del producto interior bruto, y en que la situación de desempleo es tan grave, especialmente para los colectivos que esta norma pretende amparar y proteger, estamos claramente convencidos de que debemos apostar por la contratación pública como factor de creación de empleo para las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social.

Les decía que en términos filosóficos tampoco es novedosa la proposición de ley que propone Convergència i Unió. Está en la legislación vigente, está en las directivas, está en las prácticas que han desarrollado las administraciones, pero está también en los mandatos de esta Cámara; mandato muy singularmente contenido en el informe de la subcomisión parlamentaria sobre la responsabilidad social de las empresas, que tuvo lugar en esta Cámara hace ya unos cuantos años -el señor Jáuregui, por parte del Grupo Socialista, el señor Azpiroz, por parte del Grupo Popular-, donde precisamente mandatábamos a avanzar en esa dirección de promoción de las cláusulas sociales, o ya no digamos en diversas proposiciones no de ley, algunas de ellas defendidas por el propio Grupo Popular, y singularmente por el señor Vañó, donde se reclamaba precisamente avanzar en este desarrollo de las cláusulas sociales en materia de empleo para las personas con discapacidad.

El texto que mi grupo somete hoy a la toma en consideración de la Cámara incorpora tres grandes conceptos. Cumplimiento de la cuota de reserva del 2 % para las personas con discapacidad, contemplado desde tiempo inmemorial en la Lismi, donde introducimos un pequeño cambio en términos formales que puede ser determinante para que avancemos en ese cumplimiento de la cuota de reserva del 2 %. Planteamos, cuando el objeto del contrato esté vinculado a acciones públicas de fomento de la ocupación, la acreditación del cumplimiento de la obligación por parte de las empresas, la empresa deberá acreditar que está cumpliendo la Lismi en esta materia, y para el resto de contratos la empresa deberá acreditar que está cumpliendo la Lismi. Hoy las empresas están obligadas a cumplir la Lismi para poder operar con la Administración, pero no están obligadas a acreditar esta obligación legal. Es un cambio pequeño pero que puede ser fundamental para avanzar en esa línea, y al mismo tiempo establecemos la prohibición de que ninguna entidad pueda ser beneficiaria de subvenciones públicas si está incumpliendo la cuota de reserva de la Lismi. Sería de escándalo que en una cuestión que, insisto, forma parte de nuestra obligación, no con carácter voluntario, sino con carácter obligatorio desde el año 1982, tiempos en el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió de Ramón Trías Fargas, que fue el promotor de la Lismi, y que terminamos sin cumplir, en este contexto de más de treinta años lo mínimo que podemos exigir es que las empresas, las entidades que vayan a recibir subvenciones públicas no puedan recibirlas si no cumplen con ese mandato legal. Primer cambio que introducimos.

Segundo cambio. Incorporar criterios sociales en el momento de definir el objeto del contrato, a través de la adición de un nuevo apartado al artículo 150 de la Ley de Contratos, con la finalidad de satisfacer a categorías de población especialmente desfavorecida. Se considerarán, de acuerdo con la propuesta, directamente vinculados al objeto del contrato y en consecuencia se incorporarán criterios de adjudicación de carácter social que respondan a dichas necesidades, tales como el número o porcentaje de trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social que ejecutarán el contrato, la subcontratación con centros especiales de empleo y empresas de inserción, para la ejecución del contrato, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, etcétera. Se trata, señorías, de que en la definición del objeto del contrato esas cuestiones se incorporen ya, ello deberá permitir que se pueda aplicar de manera más flexible la introducción de criterios sociales a la ahora de contratar. En el actual sistema que tenemos se hace muy difícil que en el objeto del contrato se puedan introducir estos criterios de carácter social.

Y finalmente establecemos una reserva para centros especiales de empleo y empresas de inserción en la contratación pública; de hecho ya existe hoy una reserva, pero el cambio fundamental que introduce Convergència i Unió para reforzar esta posibilidad legal es establecer la magnitud de la reserva, un 7 %


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del conjunto de contratos, y la incorporación a la reserva de las empresas de inserción que hasta ahora no estaban incorporadas. Y en materia de centros especiales de empleo hacemos un planteamiento muy prudente y muy comprometido, también en la línea del debate de ayer -veo también que nos acompaña la señora Esteve-, que es en relación con que esa reserva para centros especiales de empleo sea para aquellos centros que ocupan a personas con especiales dificultades de incorporación al mercado de trabajo. Por lo tanto es una medida de discriminación positiva a un sector muy concreto de la discapacidad, no de manera generalizada, convencidos de que centros especiales de empleo, que trabajan con personas con especiales dificultades, y empresas de inserción son instrumentos fundamentales para generar oportunidades de empleo de estos colectivos.

El señor Vañó, que va a ser el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, me anunció de manera informal el voto en contra, por desgracia, del Grupo Popular a la toma en consideración de esta proposición de ley. Yo ruego que reflexionen en los minutos, en las horas que aún nos quedan para la votación final, porque aquello que formula Convergència i Unió en esta proposición de ley tiene que ver también con cuestiones que ustedes han defendido cuando estaban en la oposición, o ayer mismo en ese debate en Barcelona con las señoras Esteller y Esteve, además del señor Tardà. La diputada Ángeles Esteller, del Grupo Parlamentario Popular, reclamaba que el Ayuntamiento de Barcelona fuese más allá en su política de contratación pública, y le decíamos que tomaran en consideración esta iniciativa, ya que así podrán trasladar algunas de sus preocupaciones al ayuntamiento de Barcelona en este margen legal. Por eso les rogamos que tengan en cuenta la coherencia en las posiciones que mantienen allí donde están en la oposición en esta materia.

Además queremos agradecer muy singularmente que públicamente en las últimas horas hayan dado su apoyo expresamente a esta iniciativa el Cermi, la gran agrupación estatal que agrupa a todo el sector de la discapacidad, Cepes, la gran plataforma de la economía social, y la plataforma del tercer sector de acción social. La sociedad civil se ha pronunciado públicamente a favor de esta iniciativa y ha reclamado al conjunto de los grupos parlamentarios que la apoyen. El Grupo Parlamentario Popular, más allá del mérito o no mérito que pueda tener la iniciativa en sí misma, debería dar respuesta a esa demanda que ha expresado en las últimas horas la sociedad civil, insisto, el Cermi, el mundo de la discapacidad, Cepes, el mundo de la economía social, y la plataforma de ONG de acción social, porque la iniciativa de Convergència i Unió no nace del resultado de una reunión interna de laboratorio de nuestro grupo parlamentario, sino que nace de la propia demanda de los sectores sociales que trabajan con las personas en riesgo de exclusión social, con las personas con discapacidad. Desde la propia sociedad nace esa necesidad de impulsar ese tipo de políticas, y simplemente lo que hacemos hoy nosotros es recoger esa demanda y ser capaces de trasladarla a la acción legislativa. Todo ello debería obligar al Partido Popular a tener una actitud distinta.

Por lo que nos han ido anunciando estoy seguro de que ante el esfuerzo de mi grupo desde esta tribuna el resto de los portavoces van a mostrar el apoyo a la toma en consideración de esta proposición de ley, pero no va a ser suficiente para convencer al grupo de la mayoría a su toma en consideración. Me temo mucho que nuestra capacidad de persuasión va a ser escasa. Sepan en cualquier caso que es inevitable que avancemos en este sentido, porque Europa se mueve en esta dirección y las administraciones territoriales se mueven en esa dirección. Haría bien el Grupo Parlamentario Popular y haría bien el Gobierno popular en acompañarnos en ese proceso, no terminar llegando al mismo seguramente tarde y cuando en el tiempo habremos perdido oportunidades para responder al principal reto que tiene esta sociedad, que es el reto del desempleo,...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta.

... y singularmente el desempleo para aquellas personas que sin apoyos públicos no tienen ninguna oportunidad de trabajar. Este es el sentido de fondo de nuestra iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Treinta y tres de las treinta y cinco empresas que cotizan en el IBEX tienen sociedades en Delaware, Luxemburgo, Islas Caimán, Bahamas: Abertis, Acciona, ACS, Banesto, BBVA, Banco Popular, Banco


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Sabadell, Santander, Endesa, Ferrovial, Gas Natural, Iberdrola, Red Eléctrica, Repsol, Telefónica, por citar solo unos ejemplos. ¿Deberían las administraciones públicas contratar con estas empresas que tienen presencia en paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos, impuestos que deberían ir a las arcas públicas? Estamos ante una propuesta interesante de Convergència i Unió y a la que Compromís votará favorablemente, pero es una propuesta que a nuestro entender es ampliamente mejorable. En todos los contratos deberían exigirse medidas sociales, de gestión medioambiental y éticas que tendrían que ponerse en marcha con la ejecución del contrato, como posibilita la vigente ley. Se trataría de pasar del podrá al deberá; además de crear el artículo 81 bis habría que arreglar el vigente artículo 81, que es papel mojado al prever que se podrá pedir, por ejemplo, acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental y luego no exigir nada. -Se puede pedir, pero si quieres no se pide. Eso es lo que ocurre, que no se pide-. Pues bien, hay contratos en los que por su objeto debería ser preceptivo. En conjunto, estamos ante una propuesta que nos gusta, pero que a nuestro juicio se debería ampliar, y que pretende una mejora necesaria, sobre todo para las personas con discapacidad sobre la vigente disposición adicional cuarta. Lo necesario para que se perciban socialmente los cambios sería un giro radical que introdujera las exigencias propias de un Estado social a las empresas que contraten con la Administración pública.

La contratación pública está siendo en estos momentos un absoluto escándalo gracias a los apaños de algunas administraciones con empresas que denominaríamos como empresas pirata, y la reforma laboral que promueve la bajada de salarios y favorece los despidos permite que los adjudicatarios, una semana después de la adjudicación del contrato, notifiquen que rebajan los salarios un 30 % o empiezan a utilizar el despido objetivo. Normas y reformas antisociales que son las que han permitido los abusos empresariales que han conducido a la huelga de basuras de Madrid, la de Alicante o la huelga de los trabajadores de la lavandería central de Madrid, por poner solo un ejemplo.

La introducción de exigencias y criterios sociales medioambientales y éticos a la contratación pública no debería quedar solamente aquí, debería ser un poco más ambiciosa. Es necesario fijar los criterios de aquellas empresas con las que de ningún modo ha de contratar una Administración pública, es decir, los criterios de exclusión como son empresas que hayan sido condenadas por tráfico de influencias, por fraude fiscal o que hayan incumplido la legislación medioambiental y por supuesto tampoco con empresas que evaden impuestos a través de paraísos fiscales.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Acabo.

En definitiva, sería interesante que esta iniciativa se tomara en consideración para profundizar en ella, mejorarla y ampliarla ya que entendemos que hay mucho margen. Por tanto, Compromís Equo anuncia el voto favorable.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo, señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor Campuzano, por supuesto que vamos a apoyar esta iniciativa que usted nos presenta hoy y que acaba de defender. Además le felicitamos por haberla presentado porque son muchos los años que se lleva batallando para conseguir que se respete esa cuota del 2 % que en la Ley Lismi se contempla a cumplir por las empresas, de manera especial por aquellas que trabajen con la Administración pública, de tal forma que también se requiere esta misma cuota a la propia Administración pública. En un momento como este en el que el señor Campuzano ya cifraba el hecho de que la contratación pública represente el 18 % de nuestro PIB, parece una obligación mayor recordar a través de una iniciativa legislativa como esta que es necesario cumplimentar esta reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad que en la iniciativa se plantea. Lo digo porque en estos momentos la Administración pública está privatizando servicios más que nunca, por tanto, es una reserva que desde la Administración se podría hacer porque es imprescindible que se garantice cuando menos que aquellas empresas con las que se va a contratar lo hagan.

Dicho esto, señora presidenta, señor Campuzano, nuestro total y absoluto apoyo a la iniciativa. Lamentamos muchísimo lo que usted dijo al final sobre que no tenga posibilidades de salir adelante, porque entendemos la iniciativa en sí misma así aconsejaría que fuera. Además eso nos permitiría


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incorporar dentro de lo que es la responsabilidad social de las empresas más cuestiones que las propias que se contemplan en la propuesta. Porque en ese documento, en el informe aprobado por la subcomisión en la Legislatura VIII, que tomó como base del debate y, por tanto, del documento aprobado lo que era el Libro Verde de la Unión Europea del año 2001, también es importante incorporar otras cláusulas de responsabilidad social de las empresas que van a otro tipo de contrataciones, condiciones de las contrataciones, régimen de seguridad e higiene en el trabajo, y por supuesto otro aspecto de la responsabilidad social que tiene que ver con el medio ambiente. Todo ello, señorías, porque nos parece que no se puede defender la necesidad de adaptar la legislación a directivas o informes de la Unión Europea, como es el caso de asuntos económicos, y en cambio en un tema como éste, que es fundamental para garantizar un desarrollo económico sostenible por parte de este Gobierno y también del anterior, parezca que no se tenga mucho interés en tenerlo en cuenta habida cuenta, valga la redundancia, de que en esta casa, en el Congreso de los Diputados, como ya hemos recordado, en la legislatura VIII se acordó ese informe donde se hablaba de estas cuestiones.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández, debe terminar.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.

Por el mismo grupo, señor Tardà.

El señor TARDÀ i COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, los republicanos entendemos la contratación pública como un instrumento para lograr objetivos sociales y medioambientales. En consecuencia, no se debe licitar con las empresas que ofrecen un mejor precio, sino con aquellas que ofrecen un mayor beneficio social. Es imprescindible pues incorporar cláusulas sociales en la contratación pública y condicionar las subvenciones públicas al cumplimiento de requisitos de carácter social. No podemos permitir que las empresas que no cumplen con el 2 % puedan contratar con la Administración. De una vez, por todas debe darse prioridad a la integración de las personas discapacitadas, de igual manera que deben incorporarse mayores medidas de acción positiva y de reserva en la contratación que favorezca la economía social en su conjunto y a los centros especiales de trabajo en particular.

Cuestionada la viabilidad de estos a raíz del enorme recorte en los recursos de las políticas activas de empleo o lo que aún es más perverso, por un lado, inacción respecto al 2 % y por otro lado, modificaciones en el Real Decreto Legislativo 1/2013 que ustedes saben que servirá para expulsar a las personas discapacitadas más severas hacia lo ocupacional y permitirá su engorde con personas discapacitadas leves, esto se hará atractivo a según que tipo de capitales a fin y efecto de sacar un beneficio económico de esta maquila pensada para las personas discapacitadas. Todo lo cual es muy perverso, por un lado el no cumplimiento del 2 %, y por otro lado ir diseñando escenarios en los cuales sea posible sacar mayor beneficio de las personas discapacitadas. Es de una perversidad enorme, camuflado todo ello en un real decreto legislativo que el Partido Popular nos ha presentado. Cuando el Estado centralista ahoga económicamente a las comunidades autónomas con repartos asimétricos del déficit o les recorta su capacidad tributaria está desamparando a los más débiles, centenares de ONG, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que sufren poniendo además todo ello en cuestión su viabilidad.

Estamos a favor de esta propuesta que hoy nos presenta Convergència i Unió, pero desearíamos ir un poco más allá: nosotros postulamos la inclusión de criterios también de comercio justo en los contratos públicos, lo cual ya es una realidad en distintas administraciones europeas. Por ello, esta proposición de ley supone una oportunidad que no deberíamos desaprovechar para que ello sea incorporado a la Ley de Contratos del Sector Público. Igualmente debe hacerse especial hincapié en que aquellas empresas que no cumplen -repito, que no cumplen- los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, que no respetan los derechos humanos, las que producen aquí -empresas españolas- y también fuera del Estado español, no deberían tener -repito, no deberían tener- ninguna posibilidad de contratar con las administraciones públicas. Me uno al deseo del diputado Campuzano dirigiéndome al compañero diputado del Grupo Popular para decirle que se lo piensen; todavía quedan unas horas para rectificar; rectificar es de sabios aun cuando a veces el Partido Popular con su actuación parece que de sabio más bien poco.

Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor Campuzano, vamos a votar que sí pero con entusiasmo además. Me declaro adicto al régimen del señor Campuzano en materia de incorporación de cláusulas sociales a la contratación pública en sus propios términos. ¿Por qué? Hago la misma invocación que hacía el señor Tardà al finalizar: pido reflexión al Grupo Popular. Pide poco más el señor Campuzano que cumplir los requerimientos del ordenamiento jurídico en el ámbito de la discapacidad, en el ámbito de los requerimientos medioambientales de las empresas -sus obligaciones en este aspecto-, en el ámbito de la incorporación en la contratación pública de los centros especiales de empleo y de los centros de inserción, y en el ámbito de las prohibiciones -en el que usted, señor Campuzano, se ha detenido algo menos- por vulneración de ciertos preceptos del Código Penal, del 150-152, y la Ley de infracciones y sanciones en el ámbito social. Desde esa perspectiva, primero es una proposición razonable, es una proposición que acoge requerimientos del ordenamiento jurídico y es una proposición de ley moral, sobre todo moral, ética. Desde esa perspectiva, cuenta con nuestro apoyo incondicional y nosotros esperábamos que con el de todos los grupos de la Cámara. Yo además le pido al portavoz del Partido Popular que se lo piense porque soy conocedor de su sensibilidad y de su conocimiento en esta materia, y de su vinculación a quienes desde la sociedad civil vertebrada apoyan esta iniciativa: el Cermi y el CEPS fundamentalmente. Qué duda cabe de que el señor Vañó conoce muy bien el Cermi y conoce muy bien el CEPS -y yo también-. Qué gran oportunidad asimismo para el Partido Socialista para defender bien por convicción o bien por impostura, que son algo diferente al Partido Popular, en contradicción con lo que ha sucedido en la iniciativa anterior en donde han manifestado inequívocamente que son lo mismo en cuestiones de Estado.

Recordando y parafraseando al magistrado Thomas en Estados Unidos -el que proporcionó al señor Bush las elecciones siendo dudosos los datos del Estado de Florida-, dice en su sentencia lo siguiente: Yo no sé, ni el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sabe, quién ha ganado las elecciones; solo sé quién las ha perdido: la confianza del pueblo norteamericano en su sistema de justicia; la han perdido también los dos grandes partidos de Estados Unidos al avalar la decisión que vamos a tomar sin conocimiento justo de causa. Cuando se eleva una decisión judicial a esta categoría propedéutica algo profundo quiebra en el sistema democrático con el que convivimos. Gran oportunidad tienen también ustedes para manifestar que son algo diferentes al Partido Popular por lo menos en algunas cuestiones.

Dicho esto, sin más preámbulos he de decirle que hay una subcomisión en la que participó, además de los que usted ha citado, el señor Beloki que acabó sus conclusiones el día 27 de junio del año 2006 indicando la necesidad o la pertinencia de la incorporación de las cláusulas sociales a la contratación pública y a la subcontratación pública y las prohibiciones en materia de subcontratación pública. Alguna de esas cláusulas se las podríamos intentar parafrasear diciendo que ellos entendían las dificultades que desde la legislación europea uniforme, con directivas que comprometían a todos los países, provocaban dificultades de incorporación pero que desde el Estado se podría forzar el cumplimiento de los requerimientos de leyes como la Lismi, sistemáticamente incumplida en este Estado y que ya va siendo hora de cumplir en sus propios términos.

Igualmente, existen ejemplos de algunas administraciones que ya están cumpliendo los requerimientos o la pertinencia de la incorporación de cláusulas sociales a la contratación pública: el Gobierno vasco en virtud de un acuerdo del 29 abril de año 2008; la Comunidad Foral Navarra en virtud de la Ley Foral, la 6/2006, nada menos que desde el año 2006; el Gobierno catalán en virtud de las decisiones de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, aprobados los criterios por unanimidad el 30 de noviembre del año 2012, y numerosos ayuntamientos o municipios que podríamos citar, que están aplicando ya estas cláusulas sociales en el triple bloque que usted comenta con mucha pertinencia, y me gustaría ver cuáles son las razones que se pueden argumentar en contra de lo que usted preconiza y que nosotros vamos a apoyar con entusiasmo.

Hay un primer bloque que hace referencia -hacen todos ellos referencia a la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público- a la acreditación del cumplimiento de las normas en favor de la integración de los trabajadores con discapacidad en cumplimiento del 2 %, que se ha convertido en una cifra casi totémica. ¿Por qué se incumple la incorporación en los contratos de la Administración pública del 2 % impuesto por la legislación? No sabemos por qué pero usted lo pide aquí: en los contratos cuyo


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objeto esté directamente vinculado a acciones públicas de fomento de la ocupación, los órganos de contratación establecerán como requisito de capacidad necesario para participar en la licitación -mención importante para participar en la licitación- la acreditación del cumplimiento de la obligación legal de contar con un 2 % de trabajadores con discapacidad. Quien se niegue a aceptar esta iniciativa o esta parte de esta iniciativa me gustaría que lo argumentara. La segunda también hace referencia al Real Decreto Legislativo de contratos del sector público en relación con los criterios de valoración de las ofertas, y dice lo siguiente: con la finalidad de satisfacer a categorías de poblaciones especialmente desfavorecidas se considerarán directamente vinculados al objeto del contrato, y en consecuencia se incorporarán criterios de adjudicación con carácter social que respondan a necesidades tales como el número o porcentaje de trabajadores con discapacidad en primer lugar, o en riesgo de exclusión, en segundo lugar -ya está amplificando el ámbito subjetivo de la proposición de ley que nos está presentando en este momento: en riesgo de exclusión social-, y la subcontratación con centros especiales de empleo dejados en este momento presupuestariamente de la mano de Dios desafortunadamente y de las empresas de inserción. En tercer lugar, los contratos reservados, también vinculado al Real Decreto Legislativo que regula la contratación pública: los órganos de contratación reservarán en conjunto la adjudicación de un porcentaje del 7 % -no son desmesuradas las peticiones de esta proposición, son más bien tibias, son moderadas, llámelas pragmáticas si quiere, señor Campuzano-, un importe total anual de un 7 % de subcontratación a centros especiales de empleo cuando al menos el 70 % de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad o con especiales dificultades de inserción laboral.

En el ámbito de las prohibiciones, las obvias. En una empresa que contradiga lo previsto en los artículos 150-152 del Código Penal, que son los delitos vinculados a la discriminación por razones de sexo, ideología, raza, orientación sexual, etcétera, qué menos que prohibir la adhesión o la participación en contratos públicos en el ámbito de la contratación pública o la percepción de subvenciones. Lo mismo cabe decir con respecto a las infracciones laborales muy graves en los supuestos contra la intimidad, la dignidad, la discriminación y acosos tipificados en los artículos 11, 12 y 13 del texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000.

Señor Campuzano, en el ámbito de las prohibiciones tampoco podemos estar más de acuerdo en el momento de los impedimentos. ¿Que se puede amplificar en esta proposición? Sin ninguna duda, y ya le he hecho alguna propuesta anteriormente que me gustaría someter al consenso de las personas que tienen una visión diferente en la línea que caracteriza o identifica la gobernabilidad en materia de discapacidad y en otras materias como la reforma laboral.

La Diputación Provincial de León ha rescindido una contratación en materia de seguridad con una empresa que disminuyó en virtud de criterios espurios o gastados de la última reforma laboral las retribuciones de sus trabajadores, de sus agentes privados de seguridad. Desde luego, es una cláusula social o es una reivindicación social tan legítima como cualquier otra. Se podría imponer también como condición a las administraciones contratantes que aquellos aspectos más inadecuados, más perversos de la legislación laboral como la disminución de la retribución o la disminución de cualquier otra condición in peius de trabajo le impida contratar con la Administración o legitime a la Administración contratante para rescindir el contrato o la adjudicación. Lo que usted propone es pragmático; lo que usted propone, señor Campuzano, es legítimo; lo que usted propone, señor Campuzano, es sobre todo o particularmente ético; y lo que usted propone es sobre todo solidario. Desde esa perspectiva cuenta con nuestra adhesión incondicional, no hay ninguna duda, salvo en aquellos aspectos en que en otra iniciativa podamos amplificar el concepto de cláusula social incorporada a la contratación pública. Se puede amplificar, pero es una buena forma de comenzar, no sé si una buena amistad; es una buena forma de comenzar la reparación que las personas con discapacidad requieren.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Desde esa perspectiva, votaremos a favor y esperaremos, no sin un cierto sentimiento morboso, las argumentaciones contrarias a esta iniciativa que se puedan presentar.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.


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El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Mi Grupo, Unión Progreso y Democracia, comparte con el grupo proponente que la contratación pública al final es un instrumento más de política pública, por tanto, tiene que tener en cuenta todos los objetivos de esas políticas públicas. En ese sentido, a la hora de asignar un contrato hay que tener en cuenta indudablemente el precio, el coste de ese contrato y la calidad. No podemos contratar al margen de eso como algún interviniente ha parecido sugerir, hay que tenerlo en cuenta, pero eso hay complementarlo con criterios sociales que incentiven las conductas socialmente deseables o, visto de otra manera, que penalicen las conductas socialmente indeseables. Desde esta perspectiva, somos favorables a la proposición de ley que aquí se nos trae esa tarde, en gran medida porque lo único que nos está diciendo es que cumplamos con la legalidad vigente. No obstante, por este Congreso en esta legislatura y en legislaturas anteriores se han ido pasando una serie de normas, por razones de conciencia seguramente, que luego en la práctica no se aplican y las leyes están para cumplirlas, todas, incluyendo estas.

Nos parece razonable que las empresas acrediten el cumplimiento del mínimo del 2 % de trabajadores, personas con discapacidad. Es un requisito legal, es una exigencia legal, por tanto, si quieren una contratación pública, si quieren participar en una licitación, lograr el contrato, parece razonable exigirles que cumplan con la legalidad. Lo mismo sucede en el marco de las subvenciones públicas; igual que para recibir un contrato público, para recibir una subvención pública parece deseable que esas empresas cumplan con la ley y la ley les obliga a ese mínimo del 2 % o a las acciones sustitutorias que la ley prevé. Pasando ahora al caso de diferentes empresas que pueden cumplir con estos criterios, también parece razonable que se valoren las actividades socialmente responsables de manera favorable y que, ante propuestas económicas parecidas, se tenga en cuenta en qué medida esa empresa cumple con la igualdad de oportunidades, tiene contratos indefinidos o los criterios socialmente responsables que se puedan considerar. La cuarta propuesta de la proposición de ley, también razonable, es de nuevo cumplir con la ley, hacer efectiva la reserva que en los contratos públicos hoy existe ya en la legislación para los centros especiales de empleo y para las empresas de inserción. De nuevo esto no puede quedar en un buen deseo sino que tiene que concretarse, tiene que hacerse efectivo.

En consecuencia, votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, pero si se tramita, como es nuestro deseo -no perdemos la esperanza-, querríamos manifestar algunas cautelas y nuestro deseo de que en la tramitación se pudiesen aceptar enmiendas y lograr algunos añadidos; algunas cautelas y algunos añadidos. En el ámbito de las cautelas, existe una normativa europea que es cierto, como dice el señor Campuzano, que permite este tipo de actuaciones, pero también lo es que las limita, pues este tipo de prácticas bienintencionadas si se diseñan bien son útiles pero si se abusa de ellas pueden suponer un riesgo, pueden acabar degenerando en prácticas proteccionistas, pueden acabar degenerando en barreras de entrada para favorecer a las empresas de mi territorio. Insisto, cuando se abusa de ellas. Leyendo la exposición de motivos, donde se habla de impulsar el modelo de sociedad que queremos construir, no he podido dejar de recordar -perdón si he sido un poco mal pensado- unas normas, por ejemplo, sobre etiquetado en determinada lengua, que también pueden considerarse socialmente deseables por algún grupo político y decidir que una empresa que no etiquete en determinada lengua no puede recibir un contrato público. Eso sería un ejemplo de abuso de este tipo de prácticas. Queremos recordar que existe una normativa europea que permite estas prácticas, pero también las limita para evitar el riesgo de este tipo de abusos y que degeneren en prácticas proteccionistas, porque esas prácticas proteccionistas al final perjudican hasta a los que las practican. Al final, suponen precios más altos, calidad más baja y falta de competencia en los mercados. Esa era la cautela.

Respecto a los añadidos, compartimos con el grupo proponente la sensibilidad respecto a las personas con discapacidad y la valoración del gran trabajo que hacen instituciones como el Cermi. Por eso en el pasado hemos planteado enmiendas a favor de estos grupos sociales, como que la inserción laboral de personas con discapacidad se incluya entre las actividades prioritarias de mecenazgo. ¿Por qué no incluir entre esas actividades prioritarias de mecenazgo la inserción laboral de discapacitados? Enmendaríamos la proposición de ley en este sentido si sale adelante. Sin embargo, el Cermi también presentó unas enmiendas muy interesantes a la Ley del Mercado Único y sorprende que grupos que siempre son tan sensibles a las propuestas del Cermi, muy bien elaboradas y muy trabajadas, en esa ocasión no se hiciesen eco de estas propuestas que básicamente planteaban crear un mercado único en cierta manera, metafóricamente, en las actividades de estos centros especiales de empleo. En esas enmiendas a la Ley del Mercado Único, el Cermi hacía propuestas muy interesantes. Un centro especial de empleo si opera en varias comunidades autónomas tiene hoy en día que calificarse e inscribirse en el registro de cada una


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de esas comunidades y el Cermi decía: Si yo opero en diferentes comunidades, ¿por qué no puede haber también un registro estatal donde yo me registre y pueda operar en cualquier comunidad en vez de tener que calificarme y registrarme en cada comunidad y tener tantas trabas burocráticas para una actuación?, ¿por qué no crear un mercado único en las actuaciones de los centros especiales de empleo que se puedan registrar en el registro estatal y operar en cualquier comunidad?

Una segunda cuestión, esta vez vista desde el lado de las empresas. Cuando las empresas en vez de contratar al 2 % aplican medidas alternativas y contratan con un centro especial de empleo, ¿por qué no pueden contratar con cualquier centro especial de empleo, independientemente de dónde esté registrado?, ¿por qué no crear también este mercado único en esta dirección? Que las empresas cuando realizan estas actuaciones sustitutivas del 2 % puedan contratar con cualquier centro especial de empleo, esté registrado donde esté registrado. En cuanto a la tercera cuestión que planteaba el Cermi a la Ley del Mercado Único, de no menor interés en opinión de mi grupo, se refiere a que cuando las empresas como actuación sustitutiva del 2 % del empleo realizan una donación o un patrocinio, ¿por qué esa donación no se puede utilizar libremente en cualquier lugar del territorio nacional en vez de en una comunidad autónoma concreta?, ¿por qué no favorecer con esas donaciones a las personas discapacitadas independientemente de la comunidad autónoma donde vivan?

Por último, cuarta cuestión, hay una serie de políticas activas de empleo dirigidas a las personas con discapacidad, son políticas de inclusión laboral para las personas con discapacidad y estas políticas se financian con fondos estatales, pero son las comunidades autónomas, cuando se les distribuyen territorialmente los fondos, quienes las ejecutan. La consecuencia de esto es que, aunque son políticas que se financian con fondos estatales, tienen diferencia en el tratamiento de las personas en función de la comunidad en la que viven, por ejemplo, en términos del plazo de pago. El Estado transfiere los fondos a las comunidades y estas pagan en plazos muy diferentes. ¿Por qué no poner unos requisitos mínimos comunes?, porque aunque estas políticas se ejecuten por las comunidades los fondos son estatales.

Nosotros esperamos que todos los grupos tengan la misma sensibilidad a estas propuestas del Cermi como suelen tener a otras, porque son actuaciones que también facilitarían el funcionamiento de estos centros especiales de empleo y, por tanto, a las personas con discapacidad. En cualquier caso, y concluyendo, la postura de mi grupo respecto a esta proposición de ley es muy clara, es un sí rotundo a las cláusulas sociales con sentido común en la contratación pública, un sí rotundo al apoyo a las personas con discapacidad, pero con las cautelas necesarias para cumplir con la normativa europea y que esto no derive en prácticas proteccionistas y con el deseo de, si esto se tramita, enmendarlo para extender el apoyo a los centros especiales de empleo y a las personas con discapacidad, en el sentido que el Cermi planteó en la Ley del Mercado Único.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidenta.

Señorías, quiero empezar agradeciendo al grupo de Convergència i Unió que nos dé la oportunidad de debatir en este Pleno una cuestión tan importante como el papel del sector público, y en concreto el de la contratación pública, como elemento de transformación transversal en clave social y también medioambiental, algo que con la crisis y el auge de las políticas neoliberales parece haber quedado en un segundo plano. De la misma manera que desde nuestro grupo parlamentario defendemos la transversalidad de las políticas, la necesidad de incorporar también en la Administración la coherencia al servicio de unos objetivos sociales y medioambientales, ya sea cuando hablamos de cooperación o de política exterior, de comercio, de agricultura o de sanidad, exactamente lo mismo cuando hablamos de contratación. Nos complace ver -y celebramos esta iniciativa- cómo Convergència i Unió, que normalmente tiende a minimizar el papel del sector público, reconoce este papel, y lo compartimos. Ustedes plantean en esta iniciativa que contratación es también política pública, aunque también nos gustaría que esta visión relativamente ambiciosa que plantean en la exposición de motivos fuera considerada cuando desde la derecha catalana exaltan la privatización de servicios, la priorización del coste. Usted decía que el coste o el precio no pueden ser la única cuestión, pero luego, cuando acompañan esa necesidad de reducir los costes de la Administración, normalmente olvidan esas cuestiones; también cuando hablamos de condiciones laborales o cuando se defenestra la función pública o se menosprecian los convenios colectivos o se aprueba la reforma laboral y se acaba con la ultraactividad. Estas son también cláusulas sociales que creo que cuando hablamos del conjunto de la responsabilidad social debemos también tener


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en cuenta. La coherencia se mide globalmente y todavía hoy la principal cláusula social para combatir la precarización y la degradación en la contratación pública es tener una legislación laboral que proteja a los trabajadores y cumpla con los convenios internacionales -y ustedes hablan de convenios internacionales-, pero también tener una legislación nacional que proteja esos derechos, especialmente a los colectivos vulnerables. Hoy, por ejemplo, hemos visto un informe de UGT que planteaba cómo han empeorado las condiciones salariales de las mujeres, precisamente fruto de una legislación laboral como la que tenemos, porque han aumentado la precariedad y la temporalidad, y cómo ha aumentado también la desigualdad. Por lo tanto, cuando hablamos de recortes brutales también hemos de tener en cuenta que estamos expulsando a muchísimas organizaciones de inserción con carácter inclusivo, organizaciones que trabajan con la calidad o medioambientalmente responsables en la prestación de servicios públicos.

La propuesta más transformadora que deberíamos hacer en este momento es la de derogar la reforma laboral. Se lo tenía que decir, señor Campuzano. He empezado diciéndole que es una gran iniciativa, agradeciéndole la oportunidad de este debate. En segundo lugar, además de derogar la reforma laboral, garantizar que las empresas que contratan con la Administración no son generadoras de más precariedad y de trabajadores pobres, no solo de las personas con discapacidad que, efectivamente, compartimos, sino de todas. Desde nuestro grupo parlamentario votaremos a favor de la admisión a trámite de esta proposición de ley porque compartimos el propósito y porque la tramitación parlamentaria nos daría la oportunidad de mejorar el texto e incorporar muchas cosas que se apuntan en la exposición de motivos pero que luego no se concretan en la parte dispositiva y que creo que podríamos complementar entre todos. Queda mucho por hacer, pero este es un paso, como el tercer sector y el Cermi han planteado y usted también comentaba. Esta iniciativa abre la puerta a una reforma normativa que puede ser mejorada y que permite poner en el centro del debate, no solo el papel trascendental de la contratación pública en la transformación social, sino también en el liderazgo y el cambio cultural de las empresas de este país, así como colocar en el centro a colectivos cada vez más invisibles, y parece mentira que en el siglo XXI todavía estemos hablando de cumplir con la ley.

Antes de entrar en el fondo, quería hacerle llegar una reflexión, y usted lo ha cambiado cuando ha intervenido aquí. En la exposición de motivos, cuando se alude a referencias y experiencias previas, permítame que le diga que se han quedado un poco sesgados. Luego sí ha reconocido que había algo antes que Convergència i Unió. Efectivamente. No puede ser que en una exposición de motivos de este calado no nos remontemos a las experiencias positivas que ha habido. En la exposición hacen referencia a la guía de la Generalitat de 2012 o al acuerdo de 2013. Si quieren referencias de cambios normativos concretos, el cambio más importante lo hizo la Generalitat en 2007 con la Ley de Medidas Fiscales, que va más allá en la reserva social y establece que cada departamento debía encargar una guía en este sentido. A partir de ahí se promovieron encargos en la gestión de empresas públicas pero también con el tercer sector y cómo incorporar esas cláusulas sociales, y se transversalizó en todos los departamentos. Eso también es trasladable al Ayuntamiento de Barcelona, que creo que ha sido de los pioneros en la incorporación de cláusulas sociales que no nacen en 2013. En el año 2002, el ayuntamiento explicitaba ya la incorporación de esas cláusulas. Luego, se incorporaron las cláusulas medioambientales de forma muy decidida. Y en 2008 se procede a un nuevo impulso para ir más allá en las contrataciones. Queríamos hacerle esa reflexión porque creo que es importante.

Dicho esto, podemos hacer más y estamos completamente de acuerdo, especialmente en la legislación a nivel de Estado. En este sentido, desde una posición favorable a avanzar en la normativa, y compartiendo las demandas de colectivos y organizaciones, es oportuno señalar que esta proposición de ley se queda corta en algunos aspectos, sobre todo por las expectativas que plantea en la exposición de motivos. Si hacemos una reforma legislativa en 2014, y la situamos en el contexto que plantea la exposición, habla de que la contratación de las administraciones tiene un potencial transformador de la economía y la sociedad y es una política pública. Luego nos quedamos con cumplir con la ley, con lo que nos daríamos con un canto en los dientes. Es verdad, cumplir con ese papel de inserción. Pero entendemos que podríamos ir más allá, sobre todo en el contexto en el que estamos. Además, no deberíamos excluir en la contratación la obra pública, porque también deberían cumplir con esos requisitos. Para ser efectivos la responsabilidad de la Administración debería ir más allá de la adjudicación; que las administraciones públicas tengan la responsabilidad de hacer una memoria y un seguimiento de cómo ha ido el proceso, si se cumplen esos requisitos y cómo ha evolucionado en esa prestación del servicio o en los bienes. La transparencia también es clave para que seamos realmente efectivos.


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Dicho esto, y ante el drama de la precariedad, las caídas salariales, el creciente número de trabajadores pobres, entendemos que es una obscenidad que la propia Administración ahora mismo esté contribuyendo a situaciones que fomentan también la precariedad. Como usted decía, el criterio del precio puede ser objetivo, pero lamentablemente muchas veces es un fraude para competir y para expulsar empresas social y medioambientalmente responsables. Ustedes hablan mucho de responsabilidad social empresarial en la exposición pero luego se quedan limitadas esas medidas. La Administración debe influir en las obligaciones de pagar salarios de acuerdo con el sector y con el convenio, sueldos dignos a todos los empleados, y eso también pasa por fomentar un cambio de modelo productivo. Además, por lo que entendemos aquí, se plantea como un criterio de valoración y no de adjudicación, es decir, solo se aplica esa valoración en caso de empate. Por tanto, esa responsabilidad social -como mínimo es lo que entendíamos por el articulado- se quedaría corta en la aplicación.

En cuanto a la disposición final séptima, creemos que se podrían incluir algunas otras exclusiones, como empresas y filiales que hayan sido condenadas por fraude o corrupción; o incluir también presencia de empresas en paraísos fiscales, que entendemos que tiene que formar parte también cuando hablamos de responsabilidad social empresarial. Cuestiones de derechos humanos que usted también ha trabajado mucho y de las que hemos hablado. Además, hay muchas organizaciones que también están planteando en cuestiones y sectores muy concretos la capacidad transformadora que tiene, por ejemplo, la compra pública de alimentos. Esto, en clave local -en el País Vasco hay iniciativas en ese sentido- o en clave de las comunidades autónomas tendría un potencial muy importante en términos de innovación, de soberanía alimentaria, de proximidad, etcétera. Por lo tanto, hay un largo recorrido a explorar.

En definitiva, saludamos esta iniciativa y nuestro grupo parlamentario trabajará para mejorarla. Hace tiempo que algunas administraciones han empezado a trabajar pero el potencial es muy alto y aquí, de momento, las administraciones no están jugando un papel de cambio. Muy al contrario, los recortes y el ahogo financiero hacen que estemos dando pasos atrás y nos parece realmente cruel que una vez más, seguramente, el Partido Popular no permitirá ni tan solo el trámite parlamentario de iniciativas que tal y como estamos son una mínima expresión de sensibilidad de un Gobierno.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Deberían permitir como mínimo que este Congreso trabajara en una iniciativa que no tiene impacto presupuestario pero que tendría un impacto transformador.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Socialista, señora Batet.

La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señora presidenta.

Han pasado ya dos años de Gobierno popular, dos años que se han caracterizado, bajo el pretexto de la crisis económica, por una gran obsesión: reducir y eliminar Administración pública, mermando así en realidad los servicios a los ciudadanos y contribuyendo al desprestigio de lo público. Jibarizar el sector público, suprimir, fusionar, recentralizar, introducir criterios empresariales o privatizar directamente son las únicas ideas que han sido capaces de traer a esta Cámara en materia de Administración pública. Hoy tenemos la oportunidad de situar a la Administración pública en el centro del debate pero con otros parámetros. En un país en crisis y con escasez de recursos parece que tiene sentido más que nunca profundizar y repensar el papel de la Administración y en particular, y de acuerdo con el debate que hoy nos ocupa, el papel protagonista que debería jugar en el ámbito de la responsabilidad social empresarial pasando de ser un mero regulador o recomendador a ser un facilitador y un promotor de la misma. Por eso, abogamos por una Administración pública ejemplarizante, de referencia, transparente y moderna, que potencie un cambio de cultura empresarial; una Administración pública motor económico -sí-, teniendo en cuenta los costes -sí, también-, pero sobre todo y principalmente que busque la calidad de los servicios, porque los conceptos de eficiencia y eficacia aplicados a la Administración tienen necesariamente una dimensión distinta. Finalmente, también una Administración pública vertebradora de la responsabilidad social. De esta manera la innovación social en el ámbito público debe desarrollarse para dar mejores respuestas a las necesidades ciudadanas. Pero es que además, desde el Grupo Parlamentario Socialista, estamos convencidos de que esa apuesta no supone y no debe suponer una


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carga para las empresas, sino que esa cultura innovadora repercutirá en la construcción de un modelo más competitivo y más productivo a esfera global y brindará también a la sociedad un valor adicional.

Parece que la posición de la Unión Europea hasta ahora -lo han dicho otros intervinientes- era ciertamente rígida. Está cambiando y avanza en este camino, cosa que ayudará a los Estados miembros que así lo quieran a incorporar de manera más clara nuevos elementos. Esperamos que ese sea el caso de España. No nos sirve ya el argumento de que discriminar positivamente determinados comportamientos empresariales afecta a la libre competencia o que es proteccionista en sí, como decía el señor Anchuelo. No es así o no tiene por qué ser así. Por tanto, se pueden poner las garantías para que no se llegue a esa patología, pero en todo caso no nos sirve como pretexto para negar una evidencia. Ante la definición de un modelo parece lógico primar a aquellos que lo sustentan y que cumplen con él, de la misma manera que favorecemos, por ejemplo, a aquellas empresas que apuestan por la I+D y nadie cuestiona este punto. Si me permiten el paralelismo, en el fondo es aplicar a las empresas la máxima de tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes.

Más allá del cambio en Europa y centrándonos en nuestra propia legislación, parece importante que tomemos en consideración todas las políticas sectoriales aprobadas en este Parlamento y que han supuesto avances sociales significativos, bien como obligaciones, bien como recomendaciones. Teniendo en cuenta que en los países europeos la contratación, compras, concesiones o adjudicaciones de la Administración pueden representar alrededor del 20 % del PIB -el señor Campuzano lo situaba en España en el 18 % del PIB-, que esa actuación estuviese inspirada en las cláusulas sociales significaría sin duda uno de los estímulos más importantes para la RSE. Así, como ya he dicho, la Administración debe estar al frente de la promoción y aplicación de todos y cada uno de estos avances. Ni es ni puede ser mero regulador ni mero observador en aquello referido al empleo de las personas con discapacidad o al empleo de las personas en riesgo de exclusión social en el sentido ya apuntado por el señor Campuzano. Pero pensemos también en todo aquello aprobado en materias como la igualdad entre hombres y mujeres, la integración de las minorías, la higiene y la seguridad, el medioambiente, el desarrollo sostenible o las condiciones laborales de los trabajadores. En este sentido, es una lástima que Convergència i Unió apoyara una reforma laboral, que también cuestionaría seguramente en algunos aspectos la OIT, que hace desaparecer la negociación colectiva, garantía precisamente de un modelo como el que defiende esta proposición de ley. Además de situar a la Administración en el centro de los avances en materia de responsabilidad social empresarial, hay que pedir también la generalización de la evaluación de las actuaciones de las administraciones y de los contratos, de las subvenciones, de las concesiones y demás relaciones entre el mundo empresarial y la Administración. Tan importante es conocer y ser transparente y cuidadoso en el momento inicial de la relación de la Administración con las empresas, como el seguimiento de la evolución de las condiciones de esta relación. Las empresas tienen que tener un compromiso de mejora y un estímulo a esta mejora, de manera que los pliegos de condiciones puedan ser cada vez más exigentes en el triple reporter. Por eso, ya anunciamos que si esta proposición de ley se toma en consideración -esperamos que así sea, igual que los otros grupos que han intervenido-, el Grupo Parlamentario Socialista presentará enmiendas importantes para fomentar e impulsar la transparencia informativa. En ese sentido, por ejemplo, entre otras cosas, nos parece que sería un gran avance incorporar la obligatoriedad de presentación de memorias como elemento cualitativo, porque es el mecanismo para medir precisamente la no exigencia puramente legal.

Como grupo parlamentario y también desde el Gobierno nuestro compromiso con la responsabilidad social empresarial está más que acreditado. Aspiramos a una sociedad cohesionada, para lo que estamos convencidos de que hay que potenciar aquellas políticas favorecedoras de un bien común; y eso lo aporta precisamente la responsabilidad social empresarial. En otras palabras, la responsabilidad social empresarial es una herramienta para la consecución de los objetivos por los que siempre hemos luchado como partido político. Asimismo, cabe destacar que ahora ya se pueden incorporar en los pliegos de condiciones para compras y contrataciones muchos de estos elementos y tenemos buenos ejemplos de ellos, que ya han sido citados. El Ayuntamiento de Barcelona lleva muchos años siendo pionero en este sector. Pero es verdad también que tenemos ejemplos como la concesión de recogida de basuras realizada por el Ayuntamiento de Madrid y por eso precisamente qué duda cabe de que contemplarlo en una ley ofrece mayores garantías de cumplimiento y efectividad. Así, en los pliegos se debería ponderar adecuadamente el esfuerzo por parte de las empresas proveedoras o contratantes o subvencionadas en las condiciones laborales que ofrecen a sus trabajadores, el esfuerzo en contratación de discapacitados o personas con riesgo de exclusión social, en prevención de riesgos medioambientales o en igualdad de


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trato entre hombres y mujeres, entre otras cosas. Eso estimularía a las empresas a ser más sostenibles y responsables socialmente y, al mismo tiempo, sería una señal inequívoca del modelo empresarial y económico por el que se opta y se defiende desde el sector público. Por eso, es importante, precisamente, la toma en consideración por esta Cámara de esta proposición de ley.

Señorías, en una cultura integral de responsabilidad social empresarial, el diálogo entre el mundo empresarial y el municipio ha sido hasta ahora fundamental. Estamos convencidos de que para la sensibilización de la sociedad y la incorporación de estos valores la Administración más próxima es clave. Desgraciadamente, la nueva reforma de la Ley reguladora de bases de régimen local aprobada va en la dirección contraria, hace desaparecer para la mayoría de ayuntamientos de este país la capacidad de prestación de muchos servicios sociales, mermando así la posibilidad de difundir entre la ciudadanía estos valores y dinamizar y fomentar desde la proximidad un tejido empresarial socialmente responsable ligado a los problemas laborales, medioambientales y sociales del entorno, y no me refiero a las empresas locales, pero sí a esa sensibilización social general que hace falta introducir todavía hoy en este ámbito. Fijémonos, sin ir más lejos, en la cultura británica que lleva desarrollándose desde hace tantos años. Y de lo local paso a hacer una reflexión de lo internacional, porque también la acción exterior de apoyo a las empresas españolas, la cooperación al desarrollo, la diplomacia económica y, en definitiva, la marca España, de la que tanto hablan con ustedes mismos, debe tener también como elemento clave la exigencia y supeditación a la responsabilidad social de las empresas. Así, a través de esa responsabilidad social empresarial, se puede articular uno de los ejes para democratizar la globalización, con la complicidad absoluta, además, de Naciones Unidas. Eso, sin duda, proyectaría una imagen positiva del país.

En definitiva, señorías, preocupados porque en los últimos años ha habido una cierta parálisis, ciertamente, en la expansión de la responsabilidad social empresarial, sea bienvenida esta proposición de Convergència i Unió, sea bienvenido el desarrollo del Estado social, en mayúsculas, del artículo 1 de nuestra Constitución, sea bienvenido el debate sobre el modelo empresarial que desde las administraciones públicas nos comprometemos a potenciar y sea bienvenido el impulso de la responsabilidad social y medioambiental de las empresas que sin duda contribuirá a un desarrollo más sostenible, más productivo y más sensible y cohesionador a la hora de ofrecer servicios a los ciudadanos. El Grupo Parlamentario Socialista votará favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Batet.

Por el Grupo Popular, señor Vañó.

El señor VAÑÓ FERRE: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el fin último de la proposición de ley que presenta el Grupo Catalán de Convergència i Unió debe valorarse, y así lo hacemos desde mi grupo, en sentido positivo, por lo que significa avanzar en la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. Las medidas incorporadas en esta iniciativa son sin duda alguna muy loables en cuanto a sus fines, pero debemos analizarlas también en un contexto global por la incidencia que pudiera tener la normativa que debe regular la contratación del sector público, especialmente en relación con los principios de libre concurrencia e igualdad. En primer lugar, conviene recordar que la legislación española en materia de contratación pública tiene su origen en la normativa comunitaria, particularmente en el Tratado de funcionamiento de la Unión Europa y en las Directivas 17 y 18/2004 del Parlamento Europeo y el Consejo; por tanto, no solo depende de la legislación española, sino también de la comunitaria, con lo que las posibles modificaciones propuestas deben tenerla en cuenta, de no ser así, correríamos el riesgo de que podrían resultar afectadas. Queremos decir que bienvenidas sean las cláusulas sociales, pero no en detrimento de la contratación pública; hay veces que no conviene desvestir a un santo para vestir a otro. Actualmente, estas directivas se encuentran en revisión y una vez culminado el proceso de trasposición de las mismas, se va a una reforma en profundidad del actual texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público o incluso a la elaboración de una nueva Ley de Contratos. El propio grupo proponente menciona en su exposición de motivos que la Ley de Contratos de las administraciones públicas y la propia normativa europea no dejan demasiados resquicios a la incorporación de cláusulas sociales más allá de lo que son los criterios técnicos y económicos de valoración de las ofertas. Además, debemos distinguir que una cosa es la política del ámbito laboral encaminada a facilitar la inserción de las personas con discapacidad, como la reciente Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, y otra distinta que la contratación del


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sector público deba necesariamente contemplar medidas de aplicación obligatoria como la que se pretende en esta proposición de ley.

La normativa en vigor ya recoge en su articulado, sin ese carácter categórico del texto, elementos esenciales de responsabilidad social que fomentan e impulsan medidas sociales, medioambientales y de discriminación positiva; quizás en ocasiones lo mejor es enemigo de lo bueno. Las modificaciones que plantea la proposición de ley sobre la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a la exigencia del cumplimiento de la cuota de empleo del 2 % de personas con discapacidad o de sus medidas alternativas, se contemplan en la actual disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público como posibilidad del órgano de contratación para utilizarlo como criterio de desempate, no como criterio de solvencia ni requisito de capacidad. La exigencia obligatoria únicamente en este tipo de contratos de un requisito que actualmente es tan solo voluntario podría dar lugar al quebranto de uno de los principios rectores de la contratación pública en España y en la Unión Europea, como es la igualdad de acceso a la contratación pública. Conviene valorar la oportunidad de introducir una prohibición como requisito para contratar.

En cuanto al criterio de valoración de ofertas, no parece necesario añadir un apartado específico sobre esta cuestión, puesto que el actual apartado primero ya contempla la posibilidad de cláusulas sociales como criterios de adjudicación trasladando, literalmente, el texto de la Directiva 18/2004 de la Comunidad Europea. En la reserva de un porcentaje de contratos y de presupuestos se contemplaba como una posibilidad para el órgano de contratación. Creemos que no es procedente que se establezca como una obligación. En ocasiones puede ocurrir que reservar un porcentaje podría afectar al cumplimiento del objeto del contrato. En cuanto a la exigencia de garantías, son una cautela en relación con la ejecución correcta de los contratos y no parece que deba ser suprimida en ningún supuesto; además dichas garantías son prestadas por un tiempo determinado.

Respecto a las subvenciones, cabe cuestionar la oportunidad de proceder a dicha modificación, toda vez que el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social en el artículo 85, dentro del título correspondiente a infracciones y sanciones, ya establece la prohibición de concurrir en procedimiento de otorgamientos de ayudas oficiales consistentes en subvenciones o cualesquiera otras en caso de infracción grave o muy grave. En cuanto a las subvenciones, no parece razonable que mediante una disposición final séptima de la Ley de Contratos del Sector Público se modifique la Ley General de Subvenciones; esta es ley sustantiva de igual rango que la Ley de Contratos del Sector Público y no es técnica apropiada modificar una ley a través de una disposición de otra independiente. Por otro lado, no hay inconveniente en incluir un segundo artículo en la Ley de Subvenciones.

Por lo tanto, creemos que aún no es el momento -y digo aún- de plantear la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público en la medida en que se va a iniciar de manera inminente la trasposición de las nuevas directivas de contratación pública de la Unión Europea. Por otro lado, nuestro grupo parlamentario -quiero insistir- participa del espíritu de la iniciativa sobre cláusulas sociales en la contratación pública, tan necesarias que hasta la propia ley se ha dotado de una discriminación positiva que permite la reserva de adjudicación de contrato. Sin embargo, las modificaciones propuestas quizás adolecen de una planificación parcial y muy localizada que creemos descuida las consecuencias legales y procedimentales en la contratación pública y presenta graves problemas de adecuación a las exigencias y principios generales de libre concurrencia e igualdad que deben regir los contratos del sector público de acuerdo con su normativa de aplicación, tanto española como comunitaria. Por lo tanto, señor Campuzano, no es que nos opongamos rotundamente, sino que quizás no es el momento adecuado. Así pues, dadas las explicaciones que yo le he dado, creo que deberíamos reflexionar un poco más y esperar sobre todo a esa trasposición europea. En ese sentido quiero anunciar que vamos a votar en contra de la toma en consideración.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Vañó.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RECONSIDERAR LA SUBIDA DEL TIPO IMPOSITIVO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO APLICABLE AL SECTOR CULTURAL. (Número de expediente 162/000413).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Catalán de Convergència i Unió


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por la que se insta al Gobierno a reconsiderar la subida del tipo impositivo del impuesto sobre el valor añadido aplicable al sector cultural.

Para su presentación tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario ha presentado esta iniciativa parlamentaria, concretamente una proposición no de ley, con el objetivo básico y fundamental de intentar convencer al grupo parlamentario que da soporte al Gobierno de que inicie o haga realidad un giro radical en su política fiscal y tributaria. En Convergència i Unió entendemos que ahora es el momento de reducir los impuestos en determinados sectores de la economía española que en un momento determinado el Gobierno del Partido Popular incrementó. El Gobierno del Partido Popular incrementó el IVA en un porcentaje desmesurado -concretamente en 13 puntos, señorías-, pasando de un 8 % a un 21 % en sectores tan sensibles e importantes para la economía española como son el cultural -la música, las artes escénicas, el cine, etcétera- u otros sectores económicos estratégicos, como son el sector de las plantas y flores, el de las peluquerías, el de los gimnasios deportivos, el de los servicios funerarios y el de asistencia sanitaria en determinados aspectos, como pueden ser las prótesis dentales. En estos sectores, que no eran relevantes para la macroeconomía española pero sí muy importantes en su ámbito específico, hicieron el erróneo planteamiento de no incrementar el IVA en 2 puntos, como se plantearon en la mayoría de sectores de le economía española, pasando del 8 al 10 % o del 18 al 21 %, sino que, no sé por qué motivo, señorías, plantearon un incremento fiscal de 13 puntos, que nosotros hemos calificado de confiscatorio. El resultado de este incremento fiscal confiscatorio han sido unas secuelas nefastas en dichos sectores: empobrecimiento, una cantidad relevante de cierres de pequeñas y medianas empresas, una no producción de consumo y, como más adelante expondré, señorías, a pesar de este incremento de 13 puntos son sectores en los que la recaudación neta ha descendido en más de un 30 % y, desgraciadamente, no solo no se ha creado empleo, sino que se han producido unas pérdidas de puestos de trabajo muy, muy importantes.

Quisiera también plantear una duda relevante para nuestro grupo parlamentario. ¿Cómo es que se ha corregido la fiscalidad, el IVA cultural de los sectores que hacen referencia a las obras de arte y para la construcción de fallas y no se ha producido esta corrección, que nosotros desearíamos que aprobara hoy la mayoría de grupos parlamentarios de esta Cámara, en todo el ámbito cultural? Desde esta perspectiva entendemos que ha llegado el momento, señorías, después de los resultados que les voy a exponer, de rebajar los impuestos en estos sectores. Pero no solamente rebajarlos -pedimos nosotros- en la futura reforma fiscal, sino que estas rebajas se pudieran materializar antes de que se produzca la reforma fiscal. O sea, que no nos encontremos con que ahora estemos planteando una rebaja significativa del IVA cultural y esta rebaja se produzca en el año 2015 o en 2016, que es cuando son las próximas elecciones generales, y no en el próximo trimestre. Si analizamos lo que se ha producido en el ámbito de la cultura, señorías, veremos que nosotros ya nos posicionamos en su momento al decir que el incremento al 21 % del IVA cultural produciría una barrera de acceso de la sociedad a la cultura, como realmente se ha producido. Aplicar un IVA cultural del 21 %, señorías, ha significado empobrecer la cultura en nuestro país y, señorías del Partido Popular, un país empobrecido en cultura nos aleja muchísimo de Europa y nos devuelve a aquella España vieja que da la espalda a la cultura y a la modernidad.

Yendo ya directamente a repasar cuáles han sido los resultados de este incremento de 13 puntos en el sector cultural, los datos son escalofriantes, señorías; escalofriantes. Se ha producido, a pesar de aumentar 13 puntos la recaudación del IVA, una recaudación neta en negativo: de menos 220 millones de euros, señorías. En el ámbito de la música, de las artes escénicas y del cine se han recaudado, desde la perspectiva de recaudación neta, 220 millones menos de lo que se recaudaba con el 8 % del IVA sobre estos sectores. Y si repasamos cuáles han sido los espectadores que se han perdido desde la perspectiva de la música y de las artes escénicas y el cine, llegamos también a unas cifras escalofriantes. En un año de aplicación del IVA del 8 % al 21 % se ha producido un descenso de espectadores de 22 millones; es decir, 22 millones de españoles han dejado de ir a actos musicales, de presenciar artes escénicas y de ir al cine. Los datos, aquí los tienen: a pesar de estos incrementos confiscatorios, el resultado ha sido el empobrecimiento general de la industria cultural del país. Y esto también lo podríamos hacer extensivo al sector de las flores y de las plantas, que ha representado un 30 % menos de volumen de negocio con un aumento significativo de los parados en este sector. Y si este análisis lo hacemos en el sector de las peluquerías, el tema también es aterrador: a lo largo de este último año se ha producido un cierre de


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peluquerías que yo diría muy importante, y a la vista tienen ustedes las manifestaciones de estos últimos días, e igualmente diríamos en el tema de los gimnasios y de la asistencia sanitaria y dental.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sánchez i Llibre, tiene que ir finalizando.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Ya voy terminando, señora presidenta.

Por lo tanto, señorías, estamos ante unos resultados realmente escalofriantes y nosotros entendemos que el Partido Popular, que da soporte al Gobierno, tendría que ser sensible y aceptar de inmediato una rebaja: del 21 % actual al 10 %.

Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sánchez i Llibre.

Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ruano.

El señor RUANO GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el Gobierno de España ha dado la vuelta al reloj de arena que marca la bajada del IVA cultural. Así es, señorías: comienza la cuenta atrás en la bajada del IVA cultural y ya tenemos muestras de que estamos en tiempo de descuento. Es tiempo de descuento en el IVA que gravaba las obras de arte, pero también será tiempo de descuento en otros ámbitos de la industria cultural que serán receptores de importantes medidas de promoción y de estímulo. Y es que la fiscalidad de la industria cultural está siendo estudiada con una clara finalidad: incentivar la creación, la producción y el consumo en el ámbito cultural. Señorías, a nadie se le oculta que en el horizonte de actuación del Gobierno de España se sitúa la bajada de impuestos. Está en nuestro programa, es nuestra manera de pensar y creemos firmemente en ello.

Conviene recordar, porque la memoria es frágil, que si hubo que adoptar medidas tan difíciles y nada populares como la subida de impuestos fue porque la situación en la que se encontraba nuestro país al inicio de esta legislatura se asemejaba a la de un Estado al borde de la quiebra. El nuevo Gobierno se encontró con un déficit insoportable del 9 %, con una inflación cercana al 3 %, con la competitividad por los suelos y con una parte del sistema financiero en entredicho. Crecía la deuda y crecían los intereses para financiarla y, lo que es peor aún, el paro aumentaba y lo hacía de una manera desbocada. Conviene recordarlo, señorías, porque si se pidió a la industria cultural un esfuerzo de solidaridad fue porque se hizo de igual manera con todos y cada uno de los sectores económicos de nuestro país, y gracias a la solidaridad y al esfuerzo de nuestra industria cultural, conjuntamente con la de todos los sectores económicos del país -los trabajadores, los empresarios y, en definitiva, todos los españoles- se han podido pagar las pensiones e incluso subirlas cuando otros Gobiernos las habían congelado. (Aplausos). Se han pagado y se pagan los subsidios de los desempleados, los servicios sociales, la sanidad y la educación. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Sí, señorías, muchos de ustedes sostenían por entonces que España no podría resistir, que no quedaría más remedio que pedir el rescate o salir del euro. Ahora, gracias al esfuerzo, la solidaridad y la responsabilidad del pueblo español ante una situación de crisis heredada y unas medidas muy difíciles que tuvo que tomar el Gobierno de España, la situación comienza a ser distinta, afortunadamente muy distinta a la de hace tan solo dos años. Por eso les quiero sugerir que pongan las luces largas en sus propuestas y eviten así sorprenderse pidiendo al Gobierno de España que haga lo que el Gobierno quiere hacer y además hará; es decir, reformar la fiscalidad del sector cultural, una reforma fiscal que está siendo estudiada pormenorizadamente y podemos anunciarles ya que en las próximas semanas estará finalizado el informe que sobre la misma se ha encargado a un grupo de expertos, una reforma fiscal que se aplicará tan pronto como la apreciable mejora de las circunstancias económicas y los intereses generales de la nación así lo aconsejen.

Señorías, el futuro, como decía Keynes, no se ve, el futuro se hace. Por eso, el Grupo Popular les invita a hacer el futuro juntos, les invita a trabajar juntos en beneficio de todos, porque juntos sumamos, juntos somos mejores y juntos lo lograremos.

Gracias, señorías, por su atención; gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruano.

Turno de fijación de posiciones. Comenzamos por el Grupo Mixto y, en primer lugar, la señora Pérez Fernández.


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La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Señorías, el propio ministro de Cultura se vio obligado a reconocer pocos meses después de la subida del IVA en septiembre el 2012 las -textualmente- complicaciones que provocó ese incremento en el sector cultural. El Gobierno justificó aquel incremento en las recomendaciones que había hecho la Comisión Europea cuando, paradójicamente, muchos de los países de la Unión Europea mantienen un IVA en la industria cultural muchísimo más bajo que el del Estado español -7 % en Alemania o 10 % en Italia o Francia, por ejemplo- y como consecuencia facilitan el acceso de toda la ciudadanía a la cultura y, por otro lado, no destruyen empleo. En el Estado español existen más de 100.000 empresas cuya actividad principal es la cultural, que generan más de 500.000 empleos y suponen el 4 % del producto interior bruto. En un país y en un contexto económico en el que existen 6 millones de parados, el ministro de Cultura y el ministro de Hacienda han optado por tomar medidas como la subida del IVA, que han empujado al cierre de muchas pequeñas empresas relacionadas con el teatro, el cine, la danza o la música y que además, y según el propio Gobierno, no han generado la recaudación que el propio Gobierno presumía. La propia industria cultural ha tenido que dirigirse a la Comisión Europea para solicitar un tipo reducido armonizado para los Estados miembros.

El incremento del IVA en el ámbito cultural únicamente ha traído efectos negativos: ha empeorado sensiblemente una situación ya muy difícil de un sector, el cultural, que ya estaba realmente perjudicado por los diversos efectos de la crisis económica, entre ellos el recorte de subvenciones de las propias administraciones públicas; ha situado al mercado cultural español en inferioridad de condiciones con respecto a otros países europeos; ha incentivado el consumo de los productos culturales ilegales; ha dificultado el acceso a la cultura de muchos sectores de la sociedad y la ha relegado a una minoría. No nos sorprende en este contexto que el ministro de Cultura no haya querido asistir a la entrega de los Goya y tampoco las críticas que allí se vertieron contra él y su política. No vemos por ningún lado los beneficios de esta medida; al contrario, y, lo que es peor, tampoco vemos que el Gobierno tenga voluntad de modificar la situación que él mismo ha creado. En vez de acometer un paquete de medidas que revitalicen el sector y que favorezcan al mayor número de ciudadanos posible, empieza por rebajar del 21 al 10 % el IVA del sector de las artes. Nosotros no tenemos nada en contra, pero desde luego es justo un sector al que no tiene acceso la mayoría de la sociedad y el más alejado también de la mayoría de los ciudadanos. Por estos motivos, nosotros evidentemente vamos a apoyar la iniciativa de Convergència i Unió.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, vaya por delante que la derecha española siempre tuvo aversión al mundo de la cultura, no en vano fusiló o exilió a buena parte de la intelectualidad y de los artistas. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y ahora solo se trata de matarlos de hambre. Aplicar a la cultura el mismo IVA que a los productos de lujo visibiliza la consideración que merece a este Gobierno la cultura. Lo suyo es: ¡Arriba España! y ¡Muera la inteligencia!, porque su posición respecto al IVA cultural es toda una declaración ideológica que no tiene parangón en las sociedades avanzadas, donde las políticas culturales sí son prioritarias. Fíjense: Holanda, 6 % de IVA cultural; Alemania, 7; Italia, 10; Portugal y Grecia, 13. En cambio, en el Estado español el IVA cultural es más del doble que el de la construcción de nueva vivienda o la mayoría de servicios de hostelería; dicho en otras palabras, tomarse una cerveza tributa menos de la mitad que ir al teatro. He aquí lo que pretenden.

En septiembre del año 2012 ya derrotaron una iniciativa parlamentaria republicana que rebajaba el IVA cultural y hoy volverán, desgraciadamente, a hacer lo mismo con esta otra. ¿Acaso los Estados europeos están instalados en el error? Es evidente que no lo están. Allí les preocupa la industria cultural, les preocupa el mantenimiento de puestos de trabajo en el sector y, por supuesto, también les preocupa la precariedad de los trabajadores de este sector. Eso es absolutamente distinto a lo que vivimos en el Estado español, pero es que además su política produce sufrimiento e incluso destroza los hábitos de consumo cultural, lo cual inevitablemente va a provocar yermos, repito, yermos a la creatividad que se pagarán muy caros y prontamente. Pero ustedes siguen a lo suyo a lo Millán-Astray.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Vasco PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) trae a la Cámara una proposición no de ley con el objetivo de que el Gobierno reconsidere, es decir, rectifique el aumento del IVA a las prestaciones de los servicios de carácter cultural, decisión que quedó plasmada en el Real Decreto 20/2012, de 31 de julio.

Evidentemente mi grupo está de acuerdo con la propuesta de CiU por varios motivos que trataré de explicar y que sustancialmente diferirán muy poco de los argumentos que otros grupos que me han precedido han dado o puedan dar, siempre que estén de acuerdo, porque al fin y al cabo los planteamientos que hagamos todos van a ser parecidos. La pregunta es por qué el Gobierno tomó esta decisión tan dura y perjudicial, porque lo que ha conseguido es destruir puestos de trabajo y desincentivar tanto la creación y la producción de productos culturales como la de espectadores, generando una espiral negativa que ha acabado paralizando una gran actividad industrial y cultural.

El beneficio cultural a su vez tiene detrás una industria cultural, como decía. Por tanto, esta decisión pegó en la línea de flotación de ambas, de la industria y de la cultura, y en consecuencia en los espectadores, que son al fin y al cabo los que alimentaban esa industria. Principalmente ha tenido repercusión en las artes, en el cine, en el teatro y en la música. Les voy a dar unos datos, aunque algunos ya se han dado por diferentes intervinientes, porque más o menos todos vamos a hablar de lo mismo. En las artes plásticas, por ejemplo, un prestigioso galerista barcelonés opinaba que hay un efecto peor que el hecho de que las ventas se puedan estancar, que es el pesimismo que se ha instalado en el ánimo de artistas, galeristas, coleccionistas, etcétera. Decía que hay una sensación de pozo sin fondo. Hemos luchado toda la vida por defender el IVA cultural y resulta que, lejos de eso, toda la cultura ha pasado a ser un artículo de lujo; pero la auténtica catástrofe la vamos a ver -decía él- en la próxima edición de ARCO -que se va a producir ya-, porque los coleccionistas extranjeros no pagarán aquí precios más caros por obras que pueden conseguir en las galerías europeas o norteamericanas, por ejemplo. En el tema del cine, desde la implantación del IVA del 12 % la caída de la taquilla ha sido de un 45 %, el cierre de más de 25 locales de cine -es decir, más de 150 salas- y pérdidas del 13 % de empleo directo, como los propios datos del ministerio mismo corroboran, aunque digan que no es consecuencia de esta subida del IVA. El propio ministerio reconoce estos datos y esta pérdida de espectadores, de empleo, de dinero, etcétera. En el mundo del teatro la pérdida ha sido brutal: del 33 % de recaudación, de más de 1.500 puestos de trabajo directos y se han dejado de ingresar 700.000 euros en derechos de autor e IRPF, 3,6 millones por desempleo, 2 millones en Seguridad Social o 2,3 millones del impuesto sobre sociedades. Eso el año pasado. Todos redujeron la contratación casi a un 50 %. En el mundo de la música, según la asociación de promotores, el descenso es más o menos del 30 % y más de 35 millones de euros menos que el año anterior a la implantación.

Otra cuestión. Estos son datos, pero la realidad es, tal y como comentaba otro interviniente, el señor Tardà, que el Estado español tiene el IVA cultural más alto de toda la eurozona. En Noruega es del 0 %, en Suiza es del 2,5 %, Bélgica y Holanda tienen el 6 %, Francia tiene el 5,5 % y Alemania tiene el 7 %. Es más, cuando países como Francia, Holanda o Portugal vieron las consecuencias negativas que suponía la subida del IVA cultural, rebajaron el IVA, mientras que el Estado español hizo lo contrario, subirlo. Parece que Montoro es el mago de la economía, el que más sabe de todos los ministros de Hacienda, en este caso de toda Europa porque ha hecho lo contrario a lo que han hecho los otros, el economista alquímico que supera en conocimientos y predicciones a países como los citados, pero lo peor es que es el Ministerio de Hacienda el que ha decidido eso y no el Ministerio de Cultura, que no dice ni mu, y si lo dice es algo peor, no se le escucha ni mu o se le hace muy poquito caso. Estoy convencido de que, no sé si el ministro, pero seguramente el secretario de Estado de Cultura no está de acuerdo con esta decisión, aunque su palabra poco vale en este tipo de decisiones. Según estudios que se han realizado, si se redujera este IVA al 10 %, se recuperarían más o menos 2,5 millones de espectadores en el teatro y casi 2.000 puestos de trabajo. Por tanto, esto no es más que la visión que el Gobierno tiene de lo que considera la cultura: casi, casi un artículo de lujo por el que la gente tiene que pagar; tiene que pagar por consumir algo que quizá es superfluo, baladí o no necesario. Los que consideramos que la cultura es parte de nuestra vida, algo sustancial en la actividad humana, creemos que lo que hay que hacer es facilitar el acceso a la cultura en vez de entorpecerlo.


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En cuanto a la enmienda que ha presentado Convergència i Unió, hubiera sido mejor centrar este tema en la materia cultural, que es lo que estábamos haciendo, aunque estemos de acuerdo en las cuestiones que plantea el señor Sánchez i Llibre y aunque estemos en contra de que se les haya subido el IVA a estas otras actividades. Pero, como digo, creemos que hubiera sido mejor centrar esto y quizá hacer otra iniciativa. En cualquier caso, votaremos a favor de la proposición no de ley que ha presentado Convergència i Unió.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muchas gracias, señor presidente.

Quisiera empezar elevando una queja, una queja que he pensado elevar varias veces y no he podido hacerlo, pero que hoy, como acabo de escuchar al interviniente en cuestión hablar, siento la necesidad de comunicársela a usted, señor presidente. Hablar desde este lugar, desde la tribuna, es un privilegio muy especial y yo considero que no es lo mismo hablar desde aquí que hacerlo desde ahí abajo. Cada vez que veo al señor Vañó hablar desde ahí abajo, reprimo un deseo que ahora no quiero reprimir de que algún día -espero-, en medio de tantas obras, con tanto trabajo como se está haciendo, este lugar se habilite para que el señor Vañó pueda hablar desde donde yo lo estoy haciendo ahora, por una cuestión de igualdad y de accesibilidad. (Aplausos).

Dicho lo cual, quisiera hablar sobre la propuesta de Convergència i Unió. Yo tenía una propuesta de voto muy clara sobre lo que usted ha defendido, señor Sánchez i Llibre, y lo he defendido multitud de veces desde esta tribuna: el arte, la cultura debiera ser tratada de otra forma a como la está tratando ahora mismo el Partido Popular, que ahora en su intervención nos vende la bondad de la bajada de algo que ellos mismos han subido. Quizá nos puedan explicar cuáles han sido esos beneficios porque, según nosotros, no ha habido ninguno. En cuanto a recaudación, ya lo han comentado los intervinientes anteriores. No ha habido nada positivo y me parece que lo que tienen que hacer ustedes es responsabilizarse de un error político que además ha tenido graves consecuencias en el sector cultural. Siempre hemos dicho que no merecía esta subida que ustedes aplicaron, que no merecía el desprecio con el que algunos ministros se han referido al ramo y que tampoco merecía estos experimentos u ocurrencias. Es bueno saber que ahora se están planteando esta bajada; lo respetamos y nos alegra, pero también nos alegraría que reconocieran el error y que asumieran las responsabilidades de las consecuencias que ha tenido esta serie de subidas del IVA.

Habitualmente, hemos manifestado una queja que también me parece importante y es que a veces las intervenciones del señor Montoro, incluso algunas decisiones que tienen que ver con algo tan importante como la recaudación de impuestos, han tenido como poco motivos electoralistas, por lo menos en cuanto a calendario y a sectores, y esto a nosotros nos parece una grave irresponsabilidad. ¿Cuáles son esos argumentos que nosotros hemos mantenido a menudo para defender esa bajada del IVA cultural o esa no subida del IVA cultural cuando ustedes la llevaron a cabo? Yo ya lo he dicho desde aquí numerosas veces, la cultura, las artes, practicadas son expresión, por lo tanto, son algo que se podría equiparar incluso a la sanidad. La cultura, el arte, cuando asistimos a ellas son -y ya lo decía Shakespeare en boca de Hamlet- una manera en que la sociedad puede verse en un espejo y, por lo tanto, nos ayudan a completarnos como seres humanos. Este tipo de historias son las que me hacen pensar que mereceríamos un gobierno que tratara al arte y a la cultura de una forma distinta a cómo se le está tratando ahora. Pero es que además creemos que la cultura, el arte, ha sido históricamente un valor añadido muy importante del que ha disfrutado nuestro país durante siglos. En un momento como ahora, económicamente muy complicado en el que, por ejemplo, sectores como el turismo, que es uno de los motores y nuestra principal fuente de riqueza, se está quedando sin alguno de sus valores añadidos históricos porque ustedes, junto con otros partidos también, los han disminuido -y estoy pensando, por ejemplo, en el medio ambiente-, nos parece especialmente necesario que se cuiden otros sectores como el cultural, como el artístico, que sí suponen un valor añadido que utilizan muy sabiamente otros países de nuestro entorno, que además gravan, como se ha dicho ahora, con un IVA muy inferior al nuestro a este sector y que consiguen, por lo tanto, prestar un valor añadido al turismo de esos países que haga que ese turismo pueda crear más riqueza y más empleo. En eso estamos. Hasta ahora parece que los gobiernos socialista y popular solo han sabido crearnos dos grandes fuentes de riqueza: burbuja inmobiliaria y turismo. Creemos que ustedes, como Gobierno, debían haber abierto mucho más el abanico para crear riqueza y empleo. Con esto lo que


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han hecho ha sido dinamitar la posibilidad de riqueza y empleo. Realmente el paro en este sector es cada vez más grande y la cantidad de empresas que han ido cerrando cada vez es muchísimo mayor.

Me estoy quedando sin tiempo y me gustaría decir, señor Sánchez i Llibre, que teníamos muy claro el sentido de nuestro voto, era clarísimo, pero nos ha dejado un poco sorprendidos con la autoenmienda que nos ha presentado porque me gustaría saber el acompañamiento económico, cuál es su valoración de cuál sería el efecto de esa enmienda que ustedes proponen. También me gustaría saber cuál es el criterio que ha utilizado para meter a ciertos sectores y dejar fuera a otros. Por ejemplo, me parece muy sorprendente que ustedes se dejen en esa autoenmienda cosas tan importantes, y que sí que tienen que ver con la cultura, como el material escolar. Me parece alucinante que no esté en esa autoenmienda, ojalá pudiéramos convencerle a tiempo para que eso se hiciera, aunque ya me imagino que no es posible, pero me sorprende que no esté algo que tiene que ver con la cultura como el material escolar y, sin embargo, sí esté el cementerio o la peluquería, que no niego que deban tener un tratamiento especial, pero que no entiendo muy bien qué hacen en una PNL que habla del IVA cultural. Nos gustaría saber cuál es ese criterio, señor Sánchez i Llibre, para que unos entren y para que otros no. No es solamente el material escolar, me llama la atención que no esté tampoco todo lo que tiene que ver con lo veterinario, no solamente es el cachorrito o el perro que tenemos cada uno, sino que el sector ganadero es muy importante. Me llama la atención que no pidan ustedes de nuevo ese IVA reducido para gafas y lentillas, para el libro electrónico, para el pan, para las facturas de la luz o del gas. Quisiéramos saber cuál es ese criterio porque, si no, por responsabilidad, ese criterio extraño que vemos en la PNL que ustedes nos presentan nos lleva a votar una abstención en un tema en que no hubiésemos querido abstenernos ni ponernos nunca de perfil porque es evidente que nuestro grupo siempre, de una manera decidida, ha defendido un IVA cultural que nos iguale a los países de nuestro entorno y que, por lo tanto, permita a nuestras empresas culturales y a nuestros artistas -también algo muy importante, que también le está sucediendo al resto de industrias y de empresas de todo el país- poder competir con los países europeos de nuestro entorno en igualdad.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: Señor presidente.

Señorías, la industria cultural española supone un motor económico y de crecimiento, representa el 3,2 % del producto interior bruto estatal y da empleo a cerca de medio millón de trabajadores y trabajadoras. A estas alturas, ya podemos determinar que no es solo la crisis la que está maltratando a las industrias culturales, es la política de este Gobierno destinada a devaluar los salarios y a empobrecer a la sociedad la que está castigando el consumo en general y específicamente el consumo de servicios y productos culturales. El golpe de gracia fue la subida desproporcionada de 13 puntos del IVA, aplicable al sector cultural a partir del 1 de septiembre de 2012, convirtiendo a España en una excepción a nivel europeo, con el IVA cultural más alto de los Estados de la eurozona. Un año y cinco meses después, ya podemos medir el impacto de esa medida en el número de salas de cine o de teatro que han cerrado o en la caída de la recaudación.

Según denunciaron el pasado 2 de agosto los representantes de la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española, el impacto del incremento desproporcionado del IVA preveía la pérdida de 4.226 empleos directos, el cierre de un 20 % de las empresas y la pérdida de 43 millones de espectadores. Según los datos que aporta el informe sobre el impacto del incremento del IVA en las artes escénicas, de septiembre de 2012 a agosto de 2013, de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza, Faeteda, la recaudación en relación con el mismo período del año anterior descendió un 26 % y la recaudación neta un 34 %, dejando de ingresar 84 millones de euros, mientras que el número de espectadores descendía un 29 %, siendo la caída de un 21 % en Madrid y Barcelona y de un 42 % en el resto del Estado. Se estima que el sector de artes escénicas ha perdido 1.800 puestos de trabajo directos, y el informe concluye que la subida del IVA en artes escénicas ha tenido un impacto negativo sobre la recaudación global de impuestos. Habla del IRPF, incluidos los derechos de autor y del impuesto sobre sociedades y también de la Seguridad Social. Todo ello se ha reducido en 40 millones de euros, mientras que por IVA solo se han recaudado 14 millones, apenas la mitad de lo que se había estimado a priori.


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Por su parte, según datos aportados por la Federación de Empresarios de Cine de España, FECE, de septiembre de 2012 a marzo de 2013, la taquilla neta en las salas de cine se ha reducido en un 5 %. Debido al impacto del IVA, a lo largo de 2012 han cerrado 141 pantallas de cine y 17 complejos cinematográficos, perdiéndose un 12,7 % del empleo en el sector de salas de cine. El consumo se ha centrado en las grandes superproducciones, reduciéndose la taquilla de las películas europeas o independientes. En los primeros siete meses desde la entrada en vigor de la subida del IVA, la taquilla neta en la Península y Baleares cayó un 8,9 %, mientras que crecía un 5 % en Canarias. ¿Por qué crece en Canarias y en la Península baja? Porque en Canarias el impuesto especial IGIC solo había subido 2 puntos. Dos puntos en Canarias y 13 en la Península y Baleares. Esa es la diferencia. Por eso las salas de cine tenían una caída de facturación del 9 % en la Península y Baleares y un incremento de la recaudación en Canarias del 5 % donde no había subido 13 puntos el IVA, sino solo 2 puntos el IGIC. Ese dato es clarísimo, evidencia claramente esta realidad.

Recientemente, tanto la plataforma en defensa de la cultura que agrupa a 46 asociaciones, como la coordinadora de trabajadores y trabajadores del espectáculo, que agrupa a otras 16, se han movilizado reclamando la reducción del IVA cultural. Desde el primer momento, el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural se opuso a la subida del IVA con carácter general y también con carácter específico en cuanto al sector cultural. De hecho, hemos presentado una proposición no de ley en la que pedimos que se aplique a los productos y servicios culturales el tipo superreducido del 4 %. ¿Por qué? Porque este es el IVA que se aplica en el libro de papel y también en el libro digital en soporte físico y porque este es el tramo de IVA que se corresponde con los Estados vecinos: Luxemburgo, el 3 %; Chipre y Malta, el 5 %; Francia, el 5,5 %; Bélgica y Holanda, el 6 %; Alemania, el 7 %, etcétera. Un año y cinco meses después ha llegado el momento de que el Gobierno corrija el error y debe hacerlo ya, inmediatamente, no el año que viene, no cuando acabe no sé qué estudios. Si para rebajar el IVA de obras de arte lo han podido hacer ya de una forma inmediata -será que esos estudios los hacen mucho más rápido, señor Ruano, será que hacen rapidísimo los estudios sobre el IVA de obras de arte y lo demás no-, por qué no se está aplicando ya la rebaja en el resto del IVA cultural.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que vaya terminando.

El señor YUSTE CABELLO: Concluyo ya, señor presidente.

El IVA de obras de arte es el ejemplo de que ustedes solo gobiernan para los suyos, para los de su clase; esa es la realidad, no hay otra explicación posible.

Concluyo ya. Respecto a la iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió), era un texto ambiguo inicialmente, menos mal que se ha corregido a través de la autoenmienda. Proponen ustedes rebajarlo al tipo reducido del 10 %; nosotros desde La Izquierda Plural preferimos el 4 %, pero como se dice: quien quiere lo más, quiere lo menos, por tanto no tenemos inconveniente en apoyar el primer punto de su iniciativa porque a fin de cuentas es un avance. Más dudas nos sugiere el segundo punto y yo no sé por qué se ha producido esa mezcla. Desde luego nosotros también hemos presentado iniciativas en esta Cámara para rebajar el IVA de la luz y del gas, el IVA de los servicios veterinarios, pero eran tres proposiciones no de ley distintas.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor YUSTE CABELLO: Sí, concluyo ya.

Nos parece que aquí se mezcla todo. Por supuesto que sí, flores, hostelería, servicios funerarios, asistencia sanitaria, peluquería como propone CiU; suponemos que sí, pero no nos parece serio que se improvise de esa manera vía enmienda. Se olvidan en todo caso de la luz y del gas; se olvidan de los servicios veterinarios; se olvidan también del material escolar. No obstante, ya que no cabe la votación separada al aceptarse imagino la autoenmienda, votaremos a favor en bloque de la proposición no de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Torres Mora.

El señor TORRES MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor Sánchez i Llibre, el Grupo Socialista votará favorablemente la proposición no de ley que usted ha defendido esta tarde aquí. Lo hacemos en coherencia con nuestros propios actos pues cada


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vez que hemos tenido oportunidad hemos defendido la derogación de la subida del IVA a los productos culturales que realizó el Gobierno en julio de 2012. Le diré desde aquí al señor Ruano que efectivamente la situación económica era mala, como lo sigue siendo, pero que en aquella ocasión post hoc ergo propter hoc acababa de producirse el rescate bancario consecuencia del desastre de la gestión de Bankia que les correspondía a ustedes. Necesitaron recaudar mucho dinero y no lo pensaron y decidieron subir el IVA a los productos y servicios culturales 13 puntos de una tacada. La subida del IVA ha sido cara, no ha ayudado a pagar jubilaciones ni desempleo; ha salido cara para el sector cultural, pero también le ha salido cara a las arcas del Estado.

Votaremos a favor, señor Sánchez i Llibre, pero he de confesarle no obstante que cuando vi la autoenmienda que ustedes se presentaron me acordé de una escena de Doctor Zhivago; aquella escena en la que los soldados de Strelnikov capturan a Zhivago y piensan que es un espía o incluso un asesino. Zhivago dice que va acompañado de su mujer y su hijo y Strelnikov le dice que un cuchillo acompañado de un tenedor parece inofensivo. La subida de 13 puntos de IVA es un cuchillo que desangra a la cultura en nuestro país. El segundo párrafo de su enmienda es como un tenedor que disimula el carácter de abuso político contra un sector concreto de la subida del IVA. Usted ha introducido una lista heterogénea -que bien podía haberla hecho Borges en aquel cuento de El idioma analítico de John Wilkins- de sectores que se han visto perjudicados, con la que básicamente estamos de acuerdo. Eso es un error de política económica y de política fiscal que reprobamos, pero eso es el tenedor. El cuchillo es cómo se ha cebado un grupo político desde el Gobierno con el mundo de la cultura. (Aplausos). En este acto hemos visto que subir los impuestos es también de derechas, incluso muy de derechas, pero además es un error que se hace con muchos sectores -no solo con el de la cultura- que usted recoge y a los que podría dedicarse otra proposición distinta. Usted ha contribuido seguramente de forma involuntaria a confundir dos debates: el debate sobre los errores y el debate sobre los abusos políticos. En el caso de la cultura, además de frente a un error, nos hayamos frente a un abuso político que recuerda más a la filosofía política del sheriff de Nottingham que al que debiera ser el pensamiento político de un ministro de Hacienda de una democracia supuestamente avanzada.

Señores del Grupo Popular, piden ustedes tiempo de estudio. En nombre de mi grupo les pido que no prolonguen más la asfixia económica de la cultura en España. Si actúan de manera inmediata, se cerrarán menos cines, se estrenarán más obras de teatro, irán al paro menos personas del mundo de la cultura, habrá más ingresos y tendremos que pagar menos subsidios por desempleo. Señores del Grupo Popular, el Gobierno no necesitó nada más que una noche de estudio para subir 13 puntos el IVA a los servicios y productos culturales. Ya ha tenido un año y medio de estudio para darse cuenta del error económico que ha supuesto esa injusticia. No necesitan más tiempo de estudio mientras la cultura se ahoga en nuestro país. Y, por cierto, lamentablemente la cultura no es lo más importante que se ahoga en las playas de nuestro país en este tiempo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres Mora.

Señor Sánchez i Llibre, hay una enmienda. ¿Cuál es su planteamiento?

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: No la vamos a aceptar, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS SIN INGRESOS. (Número de expediente 162/000687).

El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en la próxima proposición no de ley. Dado como ha discurrido la tarde y el tiempo que se ha empleado en el primer punto, les anuncio que será el último punto que debatiremos esta noche. Mañana debatiremos las tres mociones.

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la protección a las personas desempleadas sin ingresos. Para su defensa, tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo, La Izquierda Plural, presenta esta proposición no de ley que tiene como objetivo recuperar los niveles de cobertura de las prestaciones por desempleo mediante una mayor protección de


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las personas desempleadas. Lo hacemos porque estamos profundamente convencidos de que los recortes realizados por el Gobierno durante estos dos años están detrás o son la causa de una buena parte del incremento de la pobreza y la desigualdad. No es solo la crisis la que ha provocado ese brutal incremento de la pobreza y la desigualdad; también esas medidas acordadas en la reforma laboral que abordan la precarización del empleo y que están presionando a la baja los salarios y, además, las medidas adoptadas con la justificación de la estabilidad presupuestaria, que han provocado una caída importante del nivel de cobertura de las personas desempleadas. Que en estos años, desde el año 2008, los niveles de pobreza y exclusión social en nuestro país hayan pasado del 23 % al 28 %, sin duda tiene que ver también con esa reducción de los derechos de las personas paradas.

No solo ustedes practican una política de ahogo del empleo y de precarización, sino que al mismo tiempo también han reducido los derechos de esas personas, y lo han hecho utilizando tres técnicas legislativas que están ocasionando problemas importantes a esas personas. Primero, haciendo desaparecer determinados derechos, como el subsidio especial para mayores de cuarenta y cinco años, o haciendo que el subsidio asistencial de mayores de cincuenta y dos solo se cobre a partir de los cincuenta y cinco y además exigiendo acreditación de la prueba de rentas para un derecho que debería ser de acceso individual. Han endurecido ustedes las condiciones de acceso a estos derechos y además han reducido el importe de la cuantía, cuando han reducido del 60 % al 50 % la prestación sobre la base de cotización a partir del día 181. Sin duda, estas medidas están detrás de una caída importante de la tasa de cobertura de las prestaciones de desempleo: si al inicio de la crisis en 2010 la tasa de cobertura estaba en el 78 %, hoy desgraciadamente ha caído al 61,4 % o, lo que es lo mismo, solo 6 de cada 10 personas inscritas en los servicios públicos de empleo cobran hoy algún tipo de prestación y más de la mitad de ellos, el 52 %, solo percibe una prestación asistencial. Eso está detrás, sin duda, de los incrementos de la pobreza y la desigualdad.

Por ello, desde nuestro grupo parlamentario se plantea la necesidad de recuperar estos derechos que ustedes han recortado de manera injusta y en algunas ocasiones incluso suicida, porque están detrás también de la caída del consumo de una gran parte de la ciudadanía, y lo hacemos también porque ni en su momento ni ahora nos convencen las razones que ustedes nos dieron para formular esos recortes. Recuerden, argumentaron dos razones. Una, reducir el gasto. Por cierto, una reducción del gasto que la utilizaron en su momento para salvar a las entidades financieras en el rescate bancario, además lo hicieron en el mismo momento en que ustedes aceptaban ese rescate bancario, junio de 2012, lo que hacían por el Decreto-ley 20/2012 era recortar significativamente los derechos de las personas desempleadas. El segundo argumento nos resultó en su momento especialmente provocativo, y hoy queremos recordarlo para ver si ustedes son capaces de modificarlo. Recuerden, en palabras del señor Montoro e incluso del presidente del Gobierno, dijeron que ustedes rebajaban la intensidad protectora al desempleo porque así incentivaban la búsqueda de empleo de los trabajadores parados. Dicho en otras palabras, la gente está parada porque cobra mucho desempleo y, si no cobra desempleo, tiene más incentivos para contratarse, como si desgraciadamente eso fuera verdad y como si en este país el problema del desempleo lo provocaran los desempleados.

Señorías del Partido Popular, con su lógica, si eso fuera así, con sus recortes hoy el desempleo se hubiera reducido y el empleo se hubiera creado, y hoy no nos encontraríamos con la situación calamitosa de que 2 millones de personas, si se utilizan las estadísticas del Servicio Público de Empleo, y 3 millones de personas, si se utilizan los datos de la EPA, están desempleados y sin subsidio y sin prestación de ningún tipo; con su lógica, por supuesto, asfixiados, sin ningún tipo de recursos, deberían encontrar empleo, en cambio, no lo han encontrado porque desgraciadamente la problemática del empleo no depende de ese argumento tan falaz como perverso que ustedes han utilizado. Por eso les planteamos que rectifiquen, y rectifiquen recuperando el derecho de esas personas, con propuestas que les hacemos aquí, porque estamos dispuestos, señorías del Partido Popular, a que ustedes nos digan cuáles fueron las razones técnicas que les llevaron a modificar eso; si ustedes tienen algunas, estamos dispuestos a discutirlas, pero hasta ahora las únicas que hemos escuchado no son las de la reforma sino las del recorte, y una cosa es reformar prestaciones y otra recortar derechos, que es lo que ustedes han hecho. Por eso planteamos la recuperación del subsidio especial para mayores de cuarenta y cinco años, un colectivo especialmente apartado; por eso planteamos también la recuperación para los mayores de cincuenta y dos años del subsidio que percibían esas personas a los cincuenta y dos años cuando se les agotaba la prestación contributiva. Si la reducción de la prestación de desempleo está afectando de manera


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generalizada a todos los parados, a quienes está acosando socialmente es especialmente a los mayores de cincuenta años.

Hoy mismo todos los grupos hemos tenido la oportunidad de recibir un planteamiento de la Asociación de Mayores por el Empleo. Nos anuncian la situación de claro acoso al que se ven sometidos, nos denuncian una situación de injusticia; después de haber cotizado durante muchos años y verse ahora al final de su vida laboral sin empleo, sin posibilidad de tenerlo, sin posibilidad de tener prestación de desempleo, ustedes además les impiden que accedan a la jubilación a tiempo parcial. Si no nos hacen caso a nosotros, al menos escuchen a los mayores de cincuenta años, que creo que se han ganado a lo largo de toda su vida el derecho a ser escuchados.

Creo que nuestra proposición de ley se explica por sí misma y no voy a insistir más en ella. Solo permítanme que insista en una idea: recuperar también el aumento de la prestación contributiva, pasando del 50 % al 60 % de la base reguladora y que se perciba a partir del día 181.

Termino, señorías. Voy a aceptar la enmienda planteada por el Grupo Socialista; nos parece que complementa, claramente no es contradictoria a nuestra proposición no de ley y, por tanto, la acepto. Voy a aceptar también la enmienda planteada por el Grupo Vasco, aunque he de decirle a mi amigo don Emilio Olabarría que yo siempre seré partidario de que haya una coletilla que diga: respetando las competencias de las comunidades autónomas. No entiendo en qué afecta la recuperación de la renta activa de inserción a las competencias de las comunidades autónomas, pero es igual, se lo acepto. Déjeme que le diga que para nosotros los conflictos competenciales que sirvan para aumentar la cobertura de los derechos de las personas, bienvenidos sean, que las administraciones públicas se peleen entre ellas para aumentar los derechos de las personas si no son para restringirlos. No digo que sea lo que hacen ustedes, pero en Cataluña tenemos alguna experiencia de cómo se reivindican competencias para después anularlas y no ejercerlas. Por eso nosotros somos especialmente prudentes en ese tema, pero lo importante es que vamos a aceptar su enmienda.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.

En efecto, como ha señalado el orador, se han presentado dos enmiendas formuladas por dos grupos. En primer lugar, para la formulación de la enmienda, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Coscubiela, le agradezco su sensibilidad con relación a la enmienda presentada de naturaleza competencial. Aceptada la enmienda, hay poco más que discutir, la verdad, por eso intervengo desde el escaño, señor presidente.

No crea que la cuestión competencial en este ámbito es tan pacífica como usted puede presumir. La renta activa de inserción tiene dos títulos habilitantes competencialmente: las políticas de empleo y las políticas de asistencia social. El segundo afecta a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Sé que no será usted nunca quien refute argumentaciones de naturaleza competencial, sobre todo cuando lo que plantean es una carrera no in peius, sino para mejorar las condiciones de los trabajadores desde la perspectiva de la protección.

En relación con su argumentario, no puedo estar más de acuerdo, me parece muy puesta en valor toda su argumentación, muy razonable y difícilmente refutable y discutible. Quien discuta lo que usted ha dicho demuestra o acredita -le voy a parafrasear a usted mismo, es un ilustre orador- una escasísima empatía con el sufrimiento de tantos millones de personas que se están empobreciendo, están perdiendo el empleo y están perdiendo hasta la esperanza en el Estado español. Ya es malo que la evolución del desempleo sea tan dramática a pesar de las reflexiones propagandísticas del Gobierno, que no se sustentan en los datos del paro registrado anunciados por el Gobierno ni en los datos de la encuesta de población activa. Al margen de esta circunstancia, señor Coscubiela, lo más grave es cuando el empleo evoluciona de forma tan dramática, y hay algunos datos muy ilustrativos. Estamos conviviendo con 6 millones de desempleados, 2 millones de familias en las que ninguna persona recibe ningún tipo de renta, 650.000 personas que viven en una situación de pobreza extrema y otras circunstancias que usted acredita aquí adecuadamente y que atestiguan lo que ha sido ya glosado como la desaparición de las clases medias en el Estado español y su proletarización y el incremento del patrimonio y de la riqueza de las clases altas. Es el correlato o el corolario negativo de la anterior manifestación, dicho lo cual lo que no tiene ningún sentido -es injusto, es inequitativo y es manifiestamente repudiable- es la disminución o


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reducción de la protección social en el ámbito del desempleo y en otros ámbitos a los que se ha referido. No solo se ha referido a la reducción de la prestación por desempleo, incrementando en determinados subsidios de los cincuenta y dos a los cincuenta y cinco años para su obtención, rebajando la obtención de estos subsidios para los mayores de cincuenta y cinco años del 125 % de la base reguladora al cien por cien de la misma y con la desaparición del subsidio especial de los mayores de cuarenta y cinco años.

Asimismo ha hablado del incremento o del endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación anticipada, tanto la voluntaria, a los sesenta y tres años, como la forzada, a los sesenta y uno, en el ámbito de las prejubilaciones, aplicando coeficientes reductores que son desmesurados en su cuantía. Cuando una persona se acoge legítimamente, habiendo cubierto además un periodo de cotización y de carencia de treinta y cinco años de duración, se incrementa en tres también el periodo de cotización obligatoria para causar derecho a la pensión anticipada -pensión anticipada que será una situación que usted y yo terminaremos por ver desaparecer de forma evanescente del ordenamiento jurídico; si no, al tiempo, es una profecía que le hago-.

En cuanto a la protección social de las personas jóvenes, a muchas de las cuales se está obligando a un exilio laboral, existe un endurecimiento de las condiciones en el acceso a la ayuda de los 400 euros, a la previsión de 400 euros -seguramente para que se hagan millonarios con esta prestación acometida por el Real Decreto-ley 23/2012-, en donde se les obliga a que tengan empleo en los doce meses anteriores en los últimos dieciocho meses a la obtención o a la solicitud de esta denominada eufemísticamente subvención. Desde esa perspectiva lo que se está provocando es que, dado que el mercado de los jóvenes es rotatorio, se produce un encadenamiento sucesivo -siempre acceden al mercado de trabajo con contratos de naturaleza temporal- y cuando acabe la duración del primer contrato, este primero no consolida su posición en la empresa si no es sustituido por un segundo; el segundo, cuando acaba la duración de su contrato, es sustituido por un tercero y así sucesivamente, lo que impide que accedan incluso a la cobertura de esta subvención tan generosa de 400 euros.

En esta quizás apocalíptica reflexión que hace referencia a la situación o a la radiografía del empleo, señor Coscubiela, es muy difícil, es metafísicamente imposible para un grupo con la sensibilidad del mío -y debería ser imposible metafísicamente para cualquier grupo con un mínimo de sensibilidad y sentido de la justicia social, cualquiera que sea la perspectiva ideológica que le caracterice- votar que no a lo que usted solicita.

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, el tiempo también corre desde el escaño.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Está solicitando poco, porque con estos requerimientos, con estas solicitudes, ni siquiera cumplimos lo que mandata la Constitución: una cobertura universal y una prestación cuya naturaleza jurídica es la de Seguridad Social, que debe ser universal, suficiente y de carácter público. Ni siquiera está pidiendo eso. Está pidiendo lo que preexistía y está desapareciendo mediante el desmantelamiento del Estado del bienestar, suponiendo que el Estado del bienestar sea ya un concepto cuya mera mención no resulte extravagante.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Socialista para la presentación de la enmienda tiene la palabra el señor Caldera.

El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.

Pleno acuerdo, señor Coscubiela. Gracias por su sensibilidad, por aceptar la enmienda que presenta el Grupo Socialista. Estamos plenamente de acuerdo con este texto, sobre todo porque propone reponer derechos que existían en la legislación española hasta noviembre del año 2011, también con grave crisis, y por tanto demostraba la sensibilidad a la que hacía referencia el señor Olabarría, es decir, de una cobertura lo más amplia posible y universal a quienes han perdido sus ingresos, a quienes han perdido su empleo y ya no tienen ningún tipo de ingreso. Son ya, lo decía el señor Olabarría, casi 700.000 unidades familiares, más de 2 millones de personas quienes no tienen ningún ingreso formal en nuestro país de acuerdo con la EPA. Esto es algo muy grave. Hace mucho tiempo que son conocidos los efectos sociales muy negativos de este tipo de situaciones -aumento de pobreza, exclusión social, incremento de desigualdades- y a consecuencia de ello, en el largo plazo, los perniciosos efectos sobre la movilidad social, pero también hay efectos económicos, señorías. Cuando esto ocurre se produce también un efecto devastador para el futuro de nuestras sociedades, el crecimiento económico es más frágil y las recesiones


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son más frecuentes. Altos niveles de desigualdad conducen, pues, a elevados costes sociales pero también a un aumento de los conflictos sociales y a un empeoramiento de las perspectivas de crecimiento económico de una sociedad.

Los parados de larga duración en España superan los 3,5 millones y los de muy larga duración, más de dos años, superan los 2 millones de personas. Hay evidencias múltiples de carácter empírico, lo demuestra la OCDE, de que cada mes que pasan en esa situación, la tasa de posibilidad de reinserción profesional disminuye, es decir, que quien permanece en el desempleo largo tiempo tiene muchas menos posibilidades de volver a encontrar un empleo que el resto de la población, sobre todo cuando se produce entre trabajadores con menores cualificaciones, que lamentablemente en estos momentos son el núcleo del paro de larga duración en España. El otro día lo decía el Premio Nobel Krugman haciendo referencia a un caso empírico de cómo, enviada una serie de solicitudes de empleo a determinadas empresas de modo ficticio por parte de personas que alegaban ser parados de larga duración, las empresas los descartaban inmediatamente. Por eso pensamos que el mejor medio para consolidar un crecimiento económico positivo y un potencial de crecimiento alto de la economía española es evitar la exclusión social y mantener a todas estas personas en la actividad económica. De ahí nuestra enmienda, además de lo que su señoría plantea, que va en la línea de que se prevea por parte del Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, el establecimiento de programas de garantía de ingresos comunes en todo el Estado vinculados a la activación para el empleo, que contengan programas de formación, reciclaje y reorientación profesional con garantía de ingresos e incentivos a la contratación con compromiso de permanencia para los trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo de larga duración. Complementa sin duda la petición, el petitum que su señoría hace, permitiría claramente ir a un modelo de cuasi universalización de la garantía de ingresos a través de procedimientos de formación y sin ninguna duda esto supondría también un incentivo económico para la demanda agregada, ya que los costes de este tipo de programas se transmiten directamente al consumo a través de las personas que los perciben, mejoran su formación para el futuro y, por tanto, desde este punto de vista, probablemente, si estableciéramos programas de esta naturaleza, se recuperaría una parte muy importante del gasto en el que hay que incurrir para dar la máxima cobertura. Ello sería positivo en términos de cohesión social, pero también representaría un impulso macroeconómico importante inyectando los miles de millones de euros que fueran precisos, que no serían muchos. Hemos calculado que aproximadamente entre 3.000 y 4.000 millones de euros podrían dar lugar a una cobertura prácticamente universal entre este tipo de parados y, señoras y señores diputados, ya que hemos hecho un rescate al sector financiero, que no discuto -discuto el modo en que se ha hecho-, rescatemos también a las familias. Rescatemos a las personas. Rescatemos a los seres humanos. Démosles instrumentos de formación y garanticémosles unos ingresos dignos que este país y esta Europa social deberían garantizar.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera.

En turno de fijación de posiciones, comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto y tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

¿Se imaginan a un partido político que se presentara a las elecciones diciendo que iba a recortar el subsidio para mayores de cincuenta y cinco años? ¿Se imaginan a un partido que se presentara diciendo que iba a rebajar en un 40 % el desempleo a partir del sexto mes para animar a la búsqueda activa de empleo? ¿No, verdad? Pues el PP tampoco y por eso mintió descaradamente en su campaña electoral a pesar de saber perfectamente que lo iba a hacer. Su secretaria general, en un día de inspiración, llegó a decir que eran el partido de los trabajadores, y su candidato y ahora presidente se hizo una bonita foto en la puerta del INEM. El Partido Popular ni ha creado 3 millones de empleos, como prometió, ni ha hecho otra cosa que no sea estudiar de dónde quitarnos más derechos y eliminar o reducir las prestaciones, en definitiva, castigar a los que peor lo pasan, a los que sufren las peores consecuencias de haber dedicado los recursos públicos a rescatar entidades financieras, porque, claro, a los amigos no se los puede dejar tirados.

Desde la entrada en vigor de su reforma laboral, el número de desempleados que llevan más de dos años en paro ha pasado de representar el 27 % del total a casi el 40 %. El 61 % de los parados llevan más de un año desempleados, una cifra 10 puntos superior a la registrada dos años atrás, y no es porque no


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busquen con ahínco un empleo, es que no lo hay. Por eso los parados no entienden su alegría cuando repiten con entusiasmo que las cosas van mejor, que si la senda de la recuperación, que si el final del túnel... Ustedes reducen las prestaciones incluso del paro por el que la gente lleva toda una vida cotizando. Incrementan los impuestos directos e indirectos después de prometer que no lo harían.

Esta es una propuesta razonable, justa y necesaria y por eso justamente Compromís-Equo la apoyará y por eso justamente estaremos seguros de que el Partido Popular la rechazará, porque si algo ha quedado claro en estos dos años de legislatura, es de qué lado está el Partido Popular, que no es precisamente del lado de las personas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señor Quevedo. (Rumores).

Ruego silencio para que se pueda oír a los oradores.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente.

Señorías, los nacionalistas canarios vamos a apoyar sin ningún género de dudas ni restricción esta propuesta de proposición no de ley planteada por el señor Coscubiela diría yo que con brillantez, dirigida a proteger a las personas desempleadas sin ingresos. Menuda situación: personas desempleadas sin ingresos. Son dos años y pico ya los que han pasado de esta legislatura en la que aquellos que decían que lo primero eran las personas han dedicado el máximo de sus esfuerzos a deteriorar las condiciones de vida de clases medias y clases trabajadoras de tal modo que hoy lo que crece es el paro, lo que crece es la desigualdad y la desesperanza en dos colectivos que nos alegra que se señalen con claridad: las personas mayores de cincuenta años y los jóvenes, precisamente dos colectivos que difícilmente van a tener otra expectativa que la de ser ayudados al paso al que van las cosas, porque los jóvenes no conseguirán llegar a pensiones dignas, si algo no cambia -y no parece que estemos en ese camino-, y las personas mayores de cincuenta años están sumidas en una situación indigna desde el punto de vista personal y de la justicia social más elemental. Si entenderemos esto los canarios que tenemos el 48 % de los parados que no cobra un solo recurso -seis veces más que la media del Estado español-, 48 % de parados de larga duración y el 85 % del sueldo medio respecto de la media del Estado. Imagínense si entendemos esta situación. Ya que la crisis la crearon otros, lo menos que podría hacer el Estado y el Gobierno del Partido Popular es proteger a las víctimas.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.

Señora Ariztegui.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Señor presidente, señorías: Félix, sesenta años, en paro, este verano puede quedar en la calle, subsiste gracias a la ayuda familiar. Luis, cuarenta y siete años, tres en paro, esposa enferma a cargo, tirando a duras penas con 400 euros y ayuda vecinal. Alazne, treinta y cuatro años, dos carreras, varios másteres, sobrevive gracias a múltiples trabajos chapuza y a la ayuda de sus padres. Son ejemplos reales, cercanos a mí, pero como cientos de miles que ustedes conocerán, situaciones realmente dramáticas, penosas, de emergencia social, víctimas directas de todos los recortes que se mencionan en esta PNL. Los veo sufrir cada día. Quieren trabajar y se afanan desesperadamente en buscar trabajo, pero chocan constantemente contra esa pared que ustedes han construido, y todo porque este Gobierno piensa en el fondo que no conviene alimentar a vagos y vagas. Cuanto más escasas sean las prestaciones, más incentivada estará la gente para buscar empleo. Consideran al perceptor de cualquier tipo de prestación social una persona sospechosa de defraudar fondos públicos. Por eso endurecen los requisitos y se incrementan los controles para con esa gente. Olvidan y quieren ocultar que todos ellos están en esa situación muy en contra de su voluntad. Nadie quiere percibir esas cada vez más miserables prestaciones, sino tener un trabajo mínimamente digno. Quieren ocultar que están así por culpa del sistema en que vivimos, por la política social reaccionaria de este Gobierno. Y mientras las prestaciones van reduciéndose y endureciéndose los requisitos para su cobro, la banca ha cuadruplicado sus beneficios durante 2013 comparados con los del año anterior. Es decir, no son brotes verdes esos, sino el vivir en la exuberancia de la selva amazónica mientras que a la gente más desprotegida se la obliga a hacer la travesía del desierto sin calzado ni cantimplora. Mano de hierro con el débil y guante de seda con el poderoso. Voy acabando. Por eso apoyamos esta PNL y todo lo que sea dotar de dignidad y


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humanidad a los sectores más castigados por esta política antisocial, al tiempo que reivindicamos nuestra soberanía, nuestro marco vasco de relaciones laborales y de Seguridad Social, las únicas herramientas, y totalmente necesarias, para acabar con tanto drama humano.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aríztegui.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

Ruego por favor que los que ocupan los pasillos se sienten en los escaños.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

El Grupo de La Izquierda Plural nos trae una proposición no de ley para proteger a los parados sin prestaciones y tenderíamos a pensar que este debe ser un grupo marginal, parados sin ingresos, será un grupo reducido del que tenemos que ocuparnos. Por desgracia no es así. Estos parados sin ningún tipo de ingresos de los que estamos hablando son un grupo enorme y son un grupo en aumento. Son un grupo enorme porque la tasa de cobertura en nuestro país ha perdido 17 puntos desde el año 2010, ahora están en el 61 %, está cayendo aceleradamente y eso implica que con los datos de la EPA, que son los más fiables, estamos hablando de la mitad de los parados, de 3 millones de parados, sin ningún tipo de cobertura. Esto se puede atribuir a la duración de la crisis, indudablemente tiene que ver con la duración de la crisis, hay parados que van agotando las prestaciones, pero también tiene que ver con cómo se ha respondido a la crisis, porque en vez de reforzar prestaciones y subsidios ante la duración de la crisis, se ha optado por todo lo contrario, se ha optado por recortarlos.

Esto es lo que nos trae hoy el Grupo de La Izquierda Plural, un resumen de esos recortes con la propuesta básica de que los deshagamos. El subsidio de mayores de cuarenta y cinco años fue eliminado por el Gobierno del Partido Popular. El subsidio para mayores de cincuenta y dos años se elevó a cincuenta y cinco. Se han endurecido los requisitos para el acceso a la renta activa de inserción y la cuantía de la prestación se ha disminuido tras el séptimo mes. Se nos propone deshacer estos recortes, se nos propone volver atrás. Nuestro grupo no es partidario en general del inmovilismo, no es partidario en general de la vuelta atrás en el mercado de trabajo porque la situación de partida distaba de ser ideal, pero en este caso concreto tenemos que coincidir con el grupo proponente, en este caso concreto que se nos pide deshacer recortes en la protección de los parados, deshacer recortes que han hecho recaer la crisis sobre los más desfavorecidos, tenemos que apoyar y apoyamos decididamente la proposición no de ley.

Sin embargo, para mi Grupo de Unión Progreso y Democracia estas medidas importantes las vemos como parte de un diseño mucho más amplio. Es importante, es trascendental que los parados tengan una cobertura económica, una ayuda económica, pero hay muchas otras facetas unidas a esa que no deberíamos olvidar. Este tiempo de paro no debería ser un tiempo perdido para el parado, debería ser un tiempo en que mejora su formación, debería ser un tiempo en el que los servicios públicos de empleo le acompañan en la búsqueda de empleo. Por eso no debemos olvidar la importancia de las mejoras de las políticas activas de empleo, no solo en términos de recursos económicos sino también en términos de diseño. Por eso no podemos olvidar la importancia de unos servicios públicos de empleo de calidad, de unos cursos de formación de calidad, de forma que el parado no sufra un tiempo perdido y un deterioro de su formación mientras dura su situación.

También nos preocupa el diseño de las prestaciones. Queremos que las prestaciones no desincentiven la búsqueda de empleo, solo que lo entendemos de manera muy diferente al Partido Popular. Como han señalado otros intervinientes, ellos incentivan al parado quitándole los ingresos y ya espabilará. No, no es ese nuestro enfoque, pero es cierto que hay problemas de diseño en algunas prestaciones que hacen que un parado que acepte un empleo precario y lo pierda acabe perdiendo dinero respecto a si se hubiese mantenido con la prestación. Hemos llevado a la Comisión de Empleo algunas propuestas de cómo mejorar el diseño de las prestaciones en ese sentido y de cómo incentivar la búsqueda de empleo en ese sentido, muy distinto del que practica el Gobierno.

Por último, seguimos insistiendo, y lo volveremos a traer a la Cámara en forma de proposición de ley, en la importancia del contrato único indefinido para dar salida a estos parados con un empleo estable que evite las situaciones de pobreza en el empleo que estamos viviendo cada vez más en nuestro país. Por tanto, vemos esta propuesta como parte de un todo más amplio, pero una parte correcta, e insisto que nuestro voto será a favorable. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Agradecemos lógicamente la iniciativa del señor Coscubiela, de La Izquierda Plural, de cinco puntos. Cuatro de ellos responden a políticas que ha aprobado el Gobierno popular en solitario. Estos recortes en la protección social han sido también rechazadas por Convergència i Unió y, por tanto, debemos necesariamente apoyar su iniciativa. Singularmente nos preocupan los recortes que se han producido para las personas desempleadas mayores de cincuenta años, una cuestión para la que el Gobierno en la política que desarrolla no tiene respuesta, una estrategia específica de protección y de impulso a la contratación de los mayores de cincuenta años que desde hace tiempo le viene reclamando la Unión Europea y que además va acompañada de esta política de recortes que el señor Coscubiela denuncia. Además, todo ello -y hacía referencia a ello el señor Anchuelo en su intervención- se produce en un contexto de pérdida de cobertura de la protección de la Seguridad Social en materia de desempleo, con todo lo que implican por tanto las políticas del Gobierno popular de mayor recorte, en la medida en que esa tasa de cobertura menor de la protección por desempleo no va acompañada de los instrumentos no contributivos suficientes para garantizar ingresos mínimos para cientos de miles de personas.

El señor Coscubiela plantea una cuestión que no es menor y que podría pasar desapercibida en esta discusión, cual es modificar la renta activa de inserción para que sea un programa de carácter universal. Esta propuesta merecería casi un debate específico, porque efectivamente, en ese contexto de disminución de la tasa de cobertura de la protección por desempleo, de incremento del número de personas desempleadas y de que el resto de los instrumentos son débiles, lo que se nos plantea es, en un contexto en el que las propias previsiones del Gobierno nos sitúan en tasas de desempleo muy altas en un periodo de tiempo muy largo, cómo somos capaces de garantizar ingresos suficientes para cientos de miles de personas que a corto y medio plazo no van a tener empleo. Pretender que eso sea una respuesta de los servicios sociales, de los ayuntamientos -imposible con la reforma de régimen local-, o que sea una respuesta de las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas -imposible con los márgenes presupuestarios que estas tienen- obliga a estudiar seriamente la iniciativa que presenta el señor Coscubiela y, por tanto, votaremos también a favor de la misma.

Mi grupo encontraría a faltar en su planteamiento, pero sería efectivamente otra discusión, el debate sobre la cuestión de las políticas activas de empleo. En cualquier aproximación de cómo protegemos a las personas desempleadas, aquellas medidas que se destinan a la formación profesional, al reciclaje profesional de los desempleados son fundamentales, y más vistos los niveles de formación de buena parte de nuestros desempleados. Sería razonable que un incremento de la cobertura de protección social, como usted defiende en su iniciativa, fuese acompañado de un incremento sustancial de las políticas activas de empleo. Hemos vivido la paradoja en esta legislatura de que ante el incremento del desempleo, en lugar de aumentar los recursos destinados a las políticas de empleo, el Gobierno se ha dedicado a recortar esos recursos. Lo venimos denunciando desde hace días y en esta discusión las políticas activas de empleo son fundamentales.

Lo es también la vinculación entre las políticas pasivas y las políticas activas. Se viene insistiendo desde hace tiempo en que esa distinción a veces en la prestación -unas gestionadas por el Servicio de Empleo Estatal, otras por las comunidades autónomas-, casi una distinción conceptual: una cosa es garantizar ingresos a las personas y otra activar la presencia en el mercado de trabajo de las personas o ayudarlas a su renovación profesional e incluso personal, no está funcionando. Las mejores prácticas de nuestro entorno nos indican que se deben integrar estas políticas y estoy seguro de que usted y yo compartiremos la idea -también con el señor Olabarría- de que dichas políticas, la políticas pasivas, también deberían ser gobernadas desde el ámbito autonómico, desde el ámbito en nuestro caso de nuestro país, Cataluña, que la Generalitat tuviese la capacidad de gestionar el sistema de protección social al desempleo precisamente para vincularlo a las políticas activas de empleo, en la línea de las mejores prácticas de nuestro entorno. Este es otro debate y tendremos ocasión de hacerlo. En cualquier caso, votaremos favorablemente su iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.


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La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, otro Pleno más con la misma intención: modificar reformas que van por el buen camino y en este caso además, señorías, señor Coscubiela, se lo ha explicado la señora ministra, la secretaria de Estado de Empleo y esta diputada. Las reformas a las que ustedes se refieren en esta PNL tienen un objetivo: racionalizar el sistema de protección por desempleo, pero ustedes a lo suyo. Piden comparecencias y, cuando se producen, pasan del contenido, de la información y de las explicaciones que allí se dan. Si aplicáramos lo que ustedes piden, volveríamos al desastre que había a finales de 2011, es decir más parados. Y si hablamos de pobreza -no lo voy a hacer esta noche-, le voy a recomendar que lea el "Diario de Sesiones" en el que se recoge la intervención de mi compañera Celia Villalobos de hace dos plenos, cuando se dirigía a la señora Gutiérrez, pues fue absolutamente impecable.

Señorías, las reformas del Gobierno mantienen una protección a los trabajadores y especialmente a los de más edad a través de la prestación y subsidio, como sucede por ejemplo con las personas que agotan la prestación por desempleo y que son mayores de cuarenta y cinco años, que, a pesar de la supresión del subsidio especial, mantienen el derecho a seguir percibiendo los subsidios por agotamiento de la prestación contributiva, igualando así su derecho al del resto de los desempleados, así como su derecho a acceder al programa de renta activa de inserción. Lo mismo ocurre con los mayores de cincuenta y dos años, que pueden acceder también al resto de los subsidios por desempleo previstos en los respectivos artículos del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y a la renta activa de inserción, obteniendo por razón de su edad una protección por desempleo asistencial reforzada respecto a los más jóvenes.

Exactamente se puede decir lo mismo, señorías, con respecto a lo que ustedes plantean de mantener una contingencia de jubilación, que efectúa la entidad gestora durante la percepción del subsidio para mayores de cincuenta y cinco años, superior al cien por cien de la base mínima.Señorías, yo creo que cuando menos parece bastante adecuado que esa cotización que se efectúa durante la contingencia de la prestación del subsidio sea similar a la cotización del cien por cien que hacen los trabajadores en activo. No parece que deba mantenerse esa diferencia superior por el hecho de percibir esa prestación. Así con un largo etcétera de todas estas cuestiones que ustedes plantean hoy.

Señor Coscubiela, señores socialistas, una cosa es predicar y otra dar trigo. Ustedes predican aquí, critican y plantean iniciativas parlamentarias, pero cuando tienen responsabilidades de gobierno no dan trigo. El Servicio Andaluz de Empleo solo ha ejecutado en el año 2013 el 33,5 % de su presupuesto destinado a empleo, y no es lo único ineficiente, porque si fuera hasta ahí la cosa sería bastante dura, pero es que además de ese 33,5 % el 91 % ha ido a gasto corriente y a personal, y solo el 9 % a políticas de empleo. Están ustedes reclamando cosas muy diferentes cuando se trata de dar trigo. Mejor no hablar evidentemente de lo que sí se gastan, de lo que se gastan y vamos sabiendo en qué, para qué y en quiénes se lo gastan. Señorías, el escándalo de los ERE, que son fondos públicos de empleo, de, por y para los trabajadores, no tiene fin.

Señor Coscubiela, le recomiendo que usted debería dar clases, además de en Esade, que es un centro privado de formación de ejecutivos, a sus compañeros del Gobierno de Andalucía o irse allí a predicar a ver si dan un poquito de trigo. Señores socialistas, también a ustedes les corresponde, porque como en todo, señor Caldera, se suman a lo que suponga crítica y desgaste del Gobierno, pero la coherencia hasta para la crítica, y por decencia política, tiene que ser bastante coherente. Y lo estamos viendo estos días en críticas en otros ámbitos de la política española, pero en este del empleo también son necesarias esa coherencia y esa responsabilidad, porque ustedes han causado el peor desastre social de España, generando en una legislatura más de 3.600.000 parados. Si nos volvemos a referir a lo que hoy día es su Gobierno estrella, que es el de Andalucía, tienen la peor cifra de paro y un paro juvenil de más del 60 %, y vienen aquí a intentar predicar, insisto, cuando no saben dar trigo allí donde están. Porque además durante la etapa de ese Gobierno que parece ser que era la panacea para España, que fue el Gobierno socialista, ustedes, que hicieron planes específicos para Andalucía, generaron más paro; el mayor incremento de parados en Andalucía se ha generado durante los años del Gobierno socialista de la nación, e insisto, con unos planes de empleo que ustedes hacían y que no han servido en absoluto para remediar los incrementos de paro en Andalucía. Por lo tanto deberíamos coincidir, claro que sí, señores de la izquierda, en lo dramático de las cifras del paro, y coincidimos en lo dramático y en lo preocupante, y deberíamos avanzar juntos en medidas positivas, pero desde el reconocimiento y la responsabilidad de cada uno: ustedes de batir récords de cifras de paro en sus Gobiernos, y el Partido Popular de remediar sus desastres. Así lo escribe la historia, así lo reconocen...


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El señor PRESIDENTE: Señora diputada, debe usted acabar.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Termino, señor presidente.

Así lo reconocen las cifras, incluso las últimas que acaba de adelantar el presidente del Gobierno en su comparecencia en el Senado respecto al crecimiento de los afiliados a la Seguridad Social.

Señorías, termino como empecé, el Grupo Parlamentario Popular votará no a esta iniciativa porque vuelve a la senda de los errores, de las políticas fracasadas, y este grupo apoya a un Gobierno reformista y valiente que antepone los intereses generales a cualquier interés partidista, y cuyos efectos van dando sus frutos de esperanza en todos los datos que se van conociendo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.

Señor Coscubiela, aunque usted ya lo ha manifestado, pero a efectos oficiales, ¿qué hacemos con las dos enmiendas?

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Admitimos las dos enmiendas en su literalidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.

En tres minutos vamos a votar. (Pausa).

MINUTO DE SILENCIO.

El señor PRESIDENTE: Señorías, el pasado 6 de febrero se produjo una tragedia en la que murieron 15 inmigrantes. Profundamente consternados, los miembros de esta Cámara queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de todos los fallecidos. Por ello, señorías, en señal de condolencia y solidaridad, les ruego que guardemos un minuto de silencio. (La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 122/000140).

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones. En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Han sido emitidos 5 votos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329, más 5 votos telemáticos, 334; a favor, 283, más 5 votos telemáticos, 288; en contra, 43; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Se toma en consideración.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PARA LA RECUPERACIÓN DEL RECURSO PREVIO DE INCONSTITUCIONALIDAD PARA LOS PROYECTOS DE LEY ORGÁNICA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA O DE SU MODIFICACIÓN. (Número de expediente 122/000141)

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de ley orgánica de estatutos de autonomía o de su modificación.

Hay también 5 votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329, más 5 votos telemáticos, 334; a favor, 283, más 5 votos telemáticos, 288; en contra, 42; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Se toma en consideración.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. (Número de expediente 122/000126).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública.

Hay 5 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328, más 5 votos telemáticos, 333; a favor, 154, más 1 voto telemático, 155; en contra, 173, más 4 votos telemáticos, 177; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RECONSIDERAR LA SUBIDA DEL TIPO IMPOSITIVO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO APLICABLE AL SECTOR CULTURAL. (Número de expediente 162/000413).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a reconsiderar la subida del tipo impositivo del impuesto sobre el valor añadido aplicable al sector cultural. Se vota de acuerdo con la autoenmienda del propio grupo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 150; en contra, 173; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS SIN INGRESOS. (Número de expediente 162/000687).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la protección a las personas desempleadas sin ingresos.

Se vota con las enmiendas aceptadas del Grupo Vasco (PNV) y del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 154; en contra, 171; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, se suspende la sesión.

Eran las nueve y quince minutos de la noche.

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