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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 175, de 12/02/2014
cve: DSCD-10-PL-175
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 175
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 163
celebrada el miércoles,
12 de febrero de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página6)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Economía y Competitividad sobre la política de gestión de activos derivados del rescate bancario y, en concreto, sobre la situación y gestión de la SAREB. (Número de expediente 172/000193) ... (Página32)

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la criminalización de la protesta social y las reformas legales que restringen los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. (Número de expediente 172/000194) ... (Página38)

- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar la protección del interés general y el cumplimiento de la legalidad, quebrantada por diversos actos ya ejecutados en desarrollo del proyecto secesionista de Artur Mas. (Número de expediente 172/000196) ... (Página45)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social. (Número de expediente 173/000129) ... (Página52)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas a adoptar para luchar contra el desempleo y para impulsar la creación de puestos de trabajo. (Número de expediente 173/000130) ... (Página61)


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- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política del Gobierno en materia de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. (Número de expediente 173/000131) ... (Página72)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Preguntas ... (Página6)

De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Por qué pretende el Gobierno restringir las becas Erasmus con los nuevos requisitos de acceso? (Número de expediente 180/000813) ... (Página6)

De la diputada doña Rocío López González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿De qué manera beneficiará a los estudiantes españoles el nuevo programa comunitario Erasmus Plus? (Número de expediente 180/000823) ... (Página8)

De la diputada doña Carmen Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Cómo valora el Gobierno la multitudinaria manifestación del 1 de febrero del "Tren de la Libertad"? (Número de expediente 180/000815) ... (Página9)

De la diputada doña Laia Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural), que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Está valorando el Gobierno la rebaja del tipo impositivo del IVA que grava el suministro de servicios básicos como la luz o el gas? (Número de expediente 180/000808) ... (Página10)

Del diputado don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Piensa el Gobierno publicar las balanzas fiscales de acuerdo con la metodología común establecida por un grupo de expertos, por mandato del Congreso de los Diputados, las cuales incorporan tanto el método del flujo monetario como el de carga-beneficio? (Número de expediente 180/000810) ... (Página12)

Del diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Le parece adecuado al Gobierno hacer gravitar la promoción del empleo juvenil, potenciando un contrato de dudosa legalidad, el contrato a tiempo parcial, contrario a la Carta social Europea según lo resuelto por diversos juzgados de lo social? (Número de expediente 180/000825) ... (Página13)


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Del diputado don Cayo Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué opina el Gobierno de los distintos actos de apoyo a los trabajadores de Coca Cola Iberian Partners realizados este fin de semana rechazando los despidos que ocasionará un ERE de una empresa con altos beneficios en los últimos años? (Número de expediente 180/000826) ... (Página14)

De la diputada doña María del Carmen Silva Rego, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Cómo justifica el Gobierno la expulsión de cerca de 300 emigrantes españoles de Bélgica? (Número de expediente 180/000816) ... (Página16)

De la diputada doña María Isabel López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué criterios ha utilizado el Gobierno en la revalorización de las pensiones para 2014? (Número de expediente 180/000817) ... (Página17)

De la diputada doña Isabel Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Cómo valora el Gobierno los últimos datos de paro registrado? (Número de expediente 180/000818) ... (Página18)

De la diputada doña Patricia Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Por qué ha decidido el Gobierno poner trabas a los emprendedores? (Número de expediente 180/000819) ... (Página20)

Del diputado don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Cuál va a ser la actuación del Gobierno para resarcir a los propietarios de las viviendas de Yesa que hayan sufrido daños como consecuencia del deslizamiento producido en la ladera sobre la que estas se sitúan? (Número de expediente 180/000809) ... (Página21)

Del diputado don Antonio Francisco Pradas Torres, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Cuál es la intención del Gobierno en relación a la finca de La Almoraima? (Número de expediente 180/000820) ... (Página23)

De la diputada doña María del Puerto Gallego Arriola, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Va a adoptar el Gobierno medidas para resarcir los daños provocados por el temporal en el litoral cantábrico? (Número de expediente 180/000821) ... (Página24)


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De la diputada doña Trinidad Jiménez García-Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Qué posición mantiene el Gobierno ante la renuncia a la privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid? (Número de expediente 180/000822) ... (Página26)

De la diputada doña Irene Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Cuántos ahorradores que adquirieron preferentes han quedado hasta el momento excluidos del arbitraje? (Número de expediente 180/000811) ... (Página27)

Del diputado don Eduardo Madina Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Cómo justifica el Gobierno actuaciones policiales como las producidas con ocasión de la convención de su partido en Valladolid? (Número de expediente 180/000814) ... (Página28)

De la diputada doña Gema Conde Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Qué avances se están produciendo recientemente en materia de seguridad en el ámbito europeo? (Número de expediente 180/000824) ... (Página30)

Interpelaciones urgentes ... (Página32)

Del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Economía y Competitividad sobre la política de gestión de activos derivados del rescate bancario y, en concreto, sobre la situación y gestión de la SAREB ... (Página32)

Formula la interpelación urgente el señor Gómez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado).

Replica el señor Gómez Sánchez y duplica el señor ministro de Economía y Competitividad.

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la criminalización de la protesta social y las reformas legales que restringen los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos ... (Página38)

Formula la interpelación urgente el señor Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro del Interior (Fernández Díaz).

Replica el señor Sixto Iglesias y duplica el señor ministro del Interior.


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Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar la protección del interés general y el cumplimiento de la legalidad, quebrantada por diversos actos ya ejecutados en desarrollo del proyecto secesionista de Artur Mas ... (Página45)

Formula la interpelación urgente la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

Replica la señora Díez González y duplica el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Vuelve a hacer uso de la palabra la señora Díez González.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página52)

Del Grupo Parlamentario Socialista, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social ... (Página52)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Sahuquillo García.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Tardà i Coma y Quevedo Iturbe, y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El señor Sauquillo García anuncia la presentación de una enmienda transaccional.

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas a adoptar para luchar contra el desempleo y para impulsar la creación de puestos de trabajo ... (Página61)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Campuzano i Canadés.

Hace uso de la palabra el señor Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; así como las señoras Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista, y Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Vuelven a hacer uso de la palabra el señor Anchuelo Crego y la señora Álvarez-Arenas Cisneros.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Campuzano i Canadés anuncia la presentación de una enmienda transaccional.


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Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política del Gobierno en materia de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo ... (Página72)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora De las Heras Ladera.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz y Baldoví Roda, y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; así como las señoras Surroca i Comas y Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ros Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez Maniega, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Se suspende la sesión a las tres y diez minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

PREGUNTAS:

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿POR QUÉ PRETENDE EL GOBIERNO RESTRINGIR LAS BECAS ERASMUS CON LOS NUEVOS REQUISITOS DE ACCESO? (Número de expediente 180/000813).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Preguntas dirigidas al Gobierno. (Los señores diputados de Amaiur, en pie, exhiben unos carteles.-Protestas.-Varios señores diputados: ¡Fuera, fuera!).

Silencio. No pueden ustedes tener esos carteles puestos ahí, así que les ruego que los guarden. (Rumores). Les llamo al orden por primera vez, les ruego que guarden los carteles. (Continúan los rumores). Les llamo al orden por segunda vez; procedería a expulsarles si no los bajan. (Los señores diputados de Amaiur retiran los citados carteles). Bien.

Vamos a comenzar con la pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. Pregunta doña Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Socialista.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señora vicepresidenta, a ver si hoy hay suerte y me puede responder a esta pregunta, porque el otro día no la tuve, no supe cuál era su posición política respecto al anteproyecto de ley del aborto. Por cierto, señora vicepresidenta, sobre este tema del aborto ustedes no entienden nada. (Rumores). La iniciativa, ayer, de mi grupo parlamentario no iba en contra del PP ni era para demostrar si ustedes están unidos o no. (Protestas). Que están unidos y tienen muy buen rollo entre ustedes ya lo demuestran todos los días, la de ayer era una iniciativa a favor de las mujeres (Continúan las protestas), porque si algunos de ustedes hubieran votado dentro lo que dicen que piensan en los pasillos, estaríamos más cerca de la retirada de ese anteproyecto. (Aplausos y protestas). Pero ustedes, como siempre, votando a favor de ustedes mismos y en contra de las mujeres.

Hoy le pregunto por qué pretende el Gobierno restringir el acceso a las becas Erasmus colocando nuevos requisitos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señora Rodríguez, pregunta usted, y a eso le contesto, por los nuevos requisitos de las becas Erasmus cuando lo que ha cambiado completamente es el programa Erasmus, que tiene ahora un nuevo planteamiento europeo. En las becas Erasmus hay y va a haber dos aportaciones, una europea y otra del Gobierno español, algo que no todos los países de la Unión hacen, lo cual demuestra ya una contribución, una apuesta muy clara del Gobierno español por esa educación. En segundo lugar, con esa


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aportación se va a poder mantener el número de becarios, pero además aumentar la dotación de las becas, que pasará de 115 euros mensuales de media a 200, 250 y 300. Además, se mantendrán 100 euros para aquellas familias con más necesidades, con rentas más bajas y otros 100 más para quienes acrediten un buen expediente académico y conocimiento de idiomas. Por tanto, señorías, se combinan dos cosas, que creo que es una buena combinación en materia de educación y prácticamente en toda la vida: igualdad de oportunidades y reconocimiento del trabajo y del esfuerzo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Señora diputada.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señora vicepresidenta, nada más lejos de la realidad. Ustedes han reducido el 70 % del presupuesto de las becas Erasmus desde que están en el Gobierno y ahora exigen a los estudiantes un nuevo requisito de acceso: tener un nivel de idioma de B2 para acceder a las mismas. Y lo hacen al mismo tiempo que suben las tasas y las matrículas en las escuelas oficiales idiomas. ¿Saben lo que esto significa, señora vicepresidenta? Que ustedes han decidido una cosa: poco presupuesto, pero para los nuestros, para que solamente puedan acceder aquellos hijos de familias con más medios económicos, que pueden pagar a sus hijos cursos de idiomas en el extranjero y llegar con ese nivel a la universidad. (Aplausos).

Señora vicepresidenta, esto va en contra del principio de igualdad de oportunidades. Es una política clasista y elitista, que se corresponde muy bien con lo que dijo el portavoz de la Comisión Europea sobre lo que dice su Gobierno en relación con estas becas: pura basura. Y usted callada, señora vicepresidenta, imagino que tan callada como cuando el ministro responsable de esto le dijo que no iba a ir a la gala de los Goya. (Protestas). ¿Qué le dijo usted? ¿Bueno, vale? ¿Y si le dice el ministro de Defensa mañana que no va a la Pascua militar, qué le dice usted? ¿Bueno, vale? Pues no, señora vicepresidenta, usted es la vicepresidenta del Gobierno, no una jefa de gabinete del presidente del Gobierno y debe decirle que si no va debe dimitir. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros pronuncia palabras que no se perciben). Porque, señora vicepresidenta, si usted no está cuando se ataca la libertad de las mujeres, si usted no está cuando se ataca el principio de igualdad de oportunidades de los estudiantes...

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.

Señora Álvarez-Arenas, le ruego silencio.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: ..., si usted no está cuando se ofende seriamente al cine español, ¿para qué está, señora vicepresidenta? ¿En qué está? (Aplausos y protestas).

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señora Rodríguez, a usted la demagogia diaria se la desmiente la vida misma. No le voy a dar un dato personal, pero le voy a dar un dato. Usted y yo hemos ido a un instituto público y no a un instituto público cualquiera, al mismo, así que déjese aquí de elitismos de bancada, señoría, déjese aquí de elitismos de bancada. (Aplausos). La propia argumentación de su pregunta deja al Partido Socialista en evidencia y sin argumentos, señorías, porque no se puede defender en la misma frase que el sistema educativo, el aún vigente, el suyo, es bueno y en otra decir que no se va a poder conseguir un nivel de idiomas si no se va a una escuela privada o a una academia por las tardes, señoría, porque una de esas dos premisas no es verdad o probablemente las dos, señoría.

Luego le voy a contar una cosa sobre los derechos y las oportunidades, que son los datos de derechos, de oportunidades y de becas. Becas Erasmus último curso del Gobierno socialista: 36.000; primer año del Gobierno del Partido Popular: 40.000. Esos son los datos de las becas; datos, señoría, y no demagogia. (Rumores).

Señora Rodríguez, me imagino que luego usted releerá el "Diario de Sesiones" porque el señor Madina debe tener cosas más importantes que contarle que yo en esto de las becas. Solo le diré una cosa: que hay que dar oportunidades a todos, pero también reconocer oportunidades a los que se lo trabajan, eso es la justicia social, para todos, señoría.

Gracias. (Aplausos.-El señor Madina Muñoz pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.

Señor Madina.


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El señor MADINA MUÑOZ: Señor presidente, por una sorpresiva cuestión de orden. Llevo diez años de diputado y no he visto interrumpir a una portavoz, en este caso del grupo de la oposición, en plena pregunta. En mi opinión la señora Sáenz de Santamaría se sirve por sí sola para defender la posición del Gobierno. (La señora Rodríguez Ramos: ¡No necesita su ayuda, señor presidente!). Es tan sencillo como que si alguien grita y usted interrumpe, la sesión de control se parte. Por tanto, señor presidente, un poquito de control de la propia sesión de control. (Aplausos.-Varias señoras diputadas: No necesita ayuda).

El señor PRESIDENTE: Señor Madina, cuando cometo un error, lo reconozco. He apretado la tecla que no era.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ROCÍO LÓPEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿DE QUÉ MANERA BENEFICIARÁ A LOS ESTUDIANTES ESPAÑOLES EL NUEVO PROGRAMA COMUNITARIO ERASMUS PLUS? (Número de expediente 180/000823).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Pregunta la diputada doña Rocío López González, del Grupo Parlamentario Popular.

La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, acaba de entrar en vigor el nuevo programa Erasmus Plus, por un periodo de siete años. Tiene la finalidad de incrementar las competencias y la empleabilidad de los jóvenes. Sabemos del valor añadido que supone la internacionalización, porque significa nuevas oportunidades de estudio, formación, experiencia laboral o voluntariado. Además este programa no solo se aplicará en Europa, sino también ahora en otras regiones del mundo. Más de cuatro millones de personas son sus potenciales beneficiarios. Erasmus Plus es una fuerte apuesta educativa y formativa que reúne todos los programas actuales europeos e internacionales de todos los sectores educativos, de todos. Las becas Erasmus se crearon hace más de veinticinco años con el objetivo de construir más Europa, apoyando los intercambios universitarios de los jóvenes europeos. Son becas académicas que permiten a los estudiantes desarrollar parte de sus estudios universitarios en otros países; permiten también recibir enseñanzas en otro idioma, conocer otro sistema educativo o aprender con diferentes métodos pedagógicos. Sabemos, señor ministro, y lo acaba de reseñar la vicepresidenta, que España ha sido el país que ha destinado mayor presupuesto para cofinanciar las ayudas en educación superior. Tan solo la quinta parte de los países europeos ha aportado algún tipo de cofinanciación, dado que es una decisión voluntaria de cada Estado. Esto ha convertido a España en el segundo país, tras Alemania, con más estudiantes en el programa, lo que ha contribuido en gran medida a su éxito.

Es importante subrayar que ahora la nueva generación Erasmus Plus nace con nuevos criterios, con nuevas reglas de juego, desarrolladas por la Comisión Europea y adoptadas por todos los Estados. Estos nuevos criterios suponen mejoras muy importantes respecto al programa anterior -aunque algunos no lo quieran ver-, mejoras que debemos dar a conocer para que puedan ser aprovechadas por todos los posibles beneficiarios: estudiantes, docentes e instituciones educativas.

Por ello, señor ministro, le preguntamos: ¿Qué beneficios tendrá el nuevo programa para los estudiantes españoles?

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señoría, ha dado usted una explicación sucinta, pero muy adecuada (Rumores), de las características del nuevo programa Erasmus Plus, que evidentemente hay una parte de la Cámara a la que no le interesa. Subrayaría algunos aspectos adicionales a todos los que ha puesto de manifiesto la vicepresidenta en la respuesta a la pregunta anterior, aspectos que también son importantes desde esa perspectiva de la equidad y de lo que pretende el programa Erasmus Plus, que son aquellas modalidades que no se refieren solamente a estudiantes de educación superior, sino que se refieren, por ejemplo, a los estudiantes de formación profesional, en los que la dotación para el programa español


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ha aumentado sensiblemente en esta ocasión, los que se refieren a modalidades de profesores de educación secundaria -también un aspecto muy importante- y los que tienen que ver con las políticas de juventud, que dependen de la secretaría de Estado del Ministerio de Sanidad e Igualdad. Por cierto, la señora portavoz del Grupo Socialista ha hablado de declaraciones del portavoz en materia educativa, señor Dennis Abbott. Efectivamente, el señor Abbott ha hecho alguna declaración recientemente sobre la postura del Gobierno español en esta cuestión para decir que el Gobierno español es el Gobierno que más aporta al programa Erasmus y para agradecer esa aportación en el contexto de dificultades financieras que atraviesa España, muy superior al de cualquier otro país europeo. (Aplausos). ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo lo que hay que hacer cuando se tienen esas exigencia; es decir, mantener las movilidades -España es el país con más movilidades Erasmus de toda la Unión Europea- y aumentar sensiblemente las cuantías, especialmente las de aquellos estudiantes que provienen de entornos socioeconómicos menos favorecidos; en definitiva, ajustar las duraciones a lo que es hoy la estructura de la educación superior, la estructura de atribución de créditos en la educación superior, y a lo que hace todo el conjunto de la Unión Europea. Como decía ese mismo portavoz, hacer que España siga siendo el mejor abanderado en Europa del programa Erasmus. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA MULTITUDINARIA MANIFESTACIÓN DEL 1 DE FEBRERO DEL "TREN DE LA LIBERTAD"? (Número de expediente 180/000815).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia. Pregunta la diputada doña Carmen Montón, del Grupo Socialista.

La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señor presidente, doy por reproducida la pregunta.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Gracias, señora diputada. El Gobierno, como no puede ser de otra forma, respeta esa y cualquier otra manifestación, al margen de que coincida o discrepe. No sé ni estoy en condiciones de sumarme a su calificativo de multitudinaria, pero en todo caso, por muy minoritaria que hubiese sido, cualquier manifestación tiene siempre el respeto del Gobierno.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora diputada.

La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señor ministro, yo soy feminista, y no me va a callar. Ayer nos llamaron rancias, acomplejadas y con aversión patológica a los hombres, y no nos van a callar; insultos que no nos van a callar porque defendemos la libertad de las mujeres. Nos sumamos a la abrumadora contestación multitudinaria, social de la penalización del aborto, del movimiento feminista que tanto odian y desprecian, pero también de las sociedades científicas y médicas, de actores, de sindicatos, de periodistas o de la comunidad internacional. Todos los días estamos conociendo acciones y manifestaciones como la del "Tren de la libertad", que reunió a mujeres de toda España que le exigen que retire el anteproyecto de penalización del aborto. Y usted no escucha a nadie, indolente y soberbio ante el sufrimiento de las mujeres.

Ayer también nos acusaron de no querer debatir. ¡No sean cínicos! Qué debate cabe si quieren imponer pasar de una ley de plazos que respeta la libertad de las mujeres a una ley de dos supuestos donde el aborto es delito, una ley clasista y peligrosa que empuja al aborto clandestino e inseguro, una ley fundamentada en teorías creacionistas en contra de la evolución y de la comunidad científica y médica, una ley que según dice la memoria de impacto normativo tendrá un efecto positivo sobre la economía porque aumentará la natalidad, una idea monstruosa que ya fue empleada por Ceausescu en Rumanía, señor Gallardón. (Rumores).


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Señor ministro, a su cinismo y a su traición a las mujeres le contesto con una cita de Virginia Woolf: La libertad no se negocia, la libertad es mía, me tengo y no me vendo. Porque no vamos a aceptar su doctrina de que las mujeres somos víctimas, incapaces de tomar nuestras propias decisiones. ¡No nos vamos a callar! (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señora Montón. Le voy a decir tres cosas. En primer lugar, le he dicho que nosotros respetamos cualquier manifestación, pero ninguna manifestación está por encima de la voluntad de los ciudadanos, señoría, eso yo creo que es un principio democrático y, por lo tanto, sean minoritarias o sean multitudinarias, las manifestaciones siempre serán respetadas por este Gobierno, pero, sean multitudinarias o sean minoritarias, este Gobierno tiene que actuar de acuerdo con el mandato que tiene de los ciudadanos y de acuerdo con el mandato de esta Cámara, y ayer se produjo un mandato en esta Cámara, señoría (Rumores).

En segundo lugar, me hace usted una cita de Ceausescu, yo solamente le quiero recordar que en el régimen comunista de Ceausescu el aborto que estaba legalizado es exactamente el mismo que ustedes pretenden (Rumores), porque es el que nació en su momento de todos los países que estaban al otro lado del telón de acero (Protestas). Esa es la verdad. Y, puestos a utilizar argumentos poco convincentes, le leo una noticia del ABC de la semana pasada: en Boadilla del Monte el PSOE respalda a un edil que defiende el aborto en caso de malformación por su alto coste sanitario; dice que implica una asistencia sanitaria costosísima y que por eso hay que legalizar este tipo de aborto. (Rumores).

Señorías, ustedes no pueden vencer en las votaciones porque fueron derrotados en las últimas elecciones; ustedes no pueden convencer porque no tienen argumentos, y ustedes lo único que han intentado hacer -lo hicieron ayer- es dividir. Tengo que decir que me recuerdan ustedes a un personaje de ese libro genial de las historias de Asterix que es La cizaña, Perfectus Detritus, un personaje que jamás tenía argumentos pero lo que siempre conseguía era dividir a los demás, hasta el punto de que una vez lo echaron al foso de los leones y consiguió que los leones se comieran entre ellos. (Rumores). Ustedes, ante su falta de argumentos, lo único que están intentado es dividir, pero no lo han conseguido, señoría. Y le voy a decir una cosa, le voy a dar las gracias. Le voy a dar las gracias porque ayer nos dio la oportunidad a este grupo parlamentario y al partido que lo sustenta de demostrar que estamos por encima de todo en el compromiso que hemos adquirido con los ciudadanos. Y le digo una cosa más para terminar, señoría, es verdad que los electores castigan a los partidos que se dividen, pero los electores van a castigar también a aquellos que en lugar de defender sus criterios y argumentar intentan dividir a los demás.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA LAIA ORTIZ CASTELLVÍ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿ESTÁ VALORANDO EL GOBIERNO LA REBAJA DEL TIPO IMPOSITIVO DEL IVA QUE GRAVA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS COMO LA LUZ O EL GAS? (Número de expediente 180/000808).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Pregunta en primer lugar la diputada doña Laia Ortiz, de La Izquierda Plural.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Señor ministro, en las propuestas fiscales que avanzaban en un acto de su partido no aparecía ninguna que afectara a servicios básicos. ¿Piensa el Gobierno reducir el IVA para servicios como la luz o el gas para prevenir la pobreza energética?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señora diputada, como conoce todo el mundo, la opinión pública y sus señorías, una comisión de expertos está trabajando y hará una propuesta al Consejo de Ministros sobre las reformas tributarias y en concreto sobre los hechos imponibles que deben sujetarse a los impuestos indirectos. Estamos a la espera de conocer esas propuestas para, a continuación, elaborar en forma de proyecto de ley las iniciativas del Gobierno que traeremos a esta Cámara. Ese será el momento de acometer la discusión en relación con los contenidos exactos de lo que está sujeto a tipos reducidos o tipos ordinarios del IVA.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora diputada.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Sí, pero de la misma manera que en un acto del partido hace algún avance, estaría bien que en esta Cámara como mínimo se dignara a considerar las propuestas. La pobreza energética afecta a más de cuatro millones de personas en nuestro país con consecuencias dramáticas. El Observatorio para la sostenibilidad indica en su informe que no poder mantener el hogar a una temperatura adecuada provoca entre 2.300 y 9.000 muertes prematuras anuales. Estamos hablando de personas mayores, enfermos, familias monoparentales que no pueden hacer frente a unos costes energéticos que no paran de crecer por una mala política energética con la continua subida de tarifas, pero también por una fiscalidad injusta, señor ministro. Y para prevenir ese fenómeno algunas de esas medidas urgentes dependen de usted, dependen de que el Ministerio de Hacienda ponga la fiscalidad al servicio de la redistribución. España es líder en desigualdad. Las 20 personas más ricas poseen lo mismo que el 20 % de la población y a usted, señor ministro, lo que se le ocurre es reducir el IVA de las obras de arte. ¿Es urgente, señor ministro, que comprar un Picasso tenga un IVA del 10 % mientras que el de la factura de la luz es de un 21 %? ¿Eso es lo que llaman ustedes ayudar a las familias? Paga más IVA en porcentaje un ciudadano por la luz de su casa que las grandes eléctricas en impuesto sobre sociedades. Hablan de rebajas fiscales, es decir a los que tienen dinero, porque hablan de rebajas fiscales al ahorro. Pero, ¿y a los que no llegan a final de mes y no tienen margen de ahorro? Necesitamos una reforma fiscal; sí, que paguen más los que más tienen, pero también reducir el IVA para los suministros básicos. Necesitamos medidas concretas que garanticen el acceso a la luz, al gas o al transporte público, por ejemplo, y ustedes van en la dirección contraria, señor ministro, y también por los anuncios que han hecho. Es algo que depende de usted, señor Montoro. En la Unión Europea solo hay tres países que tienen un IVA sobre la electricidad superior al nuestro. La gran mayoría de los países de la Unión Europea aplica tipos reducidos para garantizar un precio justo de estos servicios. Solo depende de que usted pida a la Comisión aplicar un tipo reducido a estos servicios. Está en sus manos. Le pedimos que considere esa reducción de la luz y el gas e intervenga sobre un drama social que existe; aunque no la quieran ver, la pobreza energética está ahí. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Como su señoría conoce, realmente hacer recaer sobre los impuestos indirectos la capacidad de redistribuir y conseguir mayor cohesión social es muy limitada. Los impuestos indirectos gravan el hecho del consumo. Pero voy a darle una buena noticia esta mañana. En España se está incrementando rápidamente, se está consolidando la recaudación tributaria del IVA. El último pago del IVA, el del 30 de enero, ha incrementado la recaudación sobre el 30 de enero del año anterior en casi 1.000 millones de euros. Esto es muy positivo por dos razones. En primer lugar, porque quiere decir que efectivamente el consumo ha crecido en el mes de diciembre; el consumo que también han materializado grandes y pequeñas y medianas empresas. Esto quiere decir que estamos en la senda de cumplimiento de los objetivos de déficit para el año 2014 y, por tanto, estamos mucho más cerca de la salida de la crisis económica.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


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- DEL DIPUTADO DON JOSEP SÁNCHEZ I LLIBRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿PIENSA EL GOBIERNO PUBLICAR LAS BALANZAS FISCALES DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA COMÚN ESTABLECIDA POR UN GRUPO DE EXPERTOS, POR MANDATO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, LAS CUALES INCORPORAN TANTO EL MÉTODO DEL FLUJO MONETARIO COMO EL DE CARGA-BENEFICIO? (Número de expediente 180/000810).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y que formula el diputado don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Doy por formulada la pregunta.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor Sánchez i Llibre, como usted conoce, y su grupo parlamentario más aún, ayer tuvimos ocasión de atender una interpelación de Convergència i Unió en el Senado y, por tanto, ahí tienen todas las respuestas sobre la posición del Gobierno en relación con las conocidas balanzas fiscales y que se la voy a resumir. Nunca se han dado los datos base para elaborar esas balanzas fiscales. Hoy esos datos están publicados en la página web del Instituto de Estudios Fiscales. A partir de esos datos cualquier experto, dentro o fuera de España, cualquier experto de una comunidad autónoma, cualquier Gobierno autonómico puede calcular las balanzas fiscales por los diferentes métodos: flujo monetario, carga-beneficio o el método que ahora aportan tres reputados expertos desarrollando la carga-beneficio hacia el sistema de cuentas públicas territorializadas. Por tanto, más transparencia imposible.

Invito a Convergència i Unió a que no utilice las balanzas fiscales para promover enfrentamiento entre catalanes ni entre catalanes y el resto de españoles. Son cifras válidas todas ellas pero no deben dar lugar a enfrentamientos políticos. Son para conocer mejor la realidad, la vigencia de las cuentas públicas en nuestros diferentes territorios buscando la equidad entre los ciudadanos en el acceso a esos servicios públicos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, celebramos que hayan rectificado y hayan publicado todos los datos para que las comunidades autónomas que quieran puedan publicar sus balanzas fiscales. Sin embargo, señor ministro, no entendemos que con nocturnidad y alevosía incumplan el mandato de este Congreso que obligaba al Gobierno a publicar las balanzas fiscales elaboradas por trece expertos independientes a través de las metodologías de flujo monetario y carga-beneficio. Nosotros nos preguntamos por qué, señor ministro. ¿Por qué quieren esconder esta realidad a los ciudadanos? Si quieren plantear otro sistema, háganlo, faltaría más. Han implementado ahora una nueva metodología de cuentas públicas territorializadas, pero, por favor, señor ministro, no incumplan con una metodología clara, transparente y democrática que aprobó esta Cámara. Al final, señor ministro, usted se va a dar cuenta de que cuando se publiquen las balanzas fiscales de las diferentes comunidades autónomas que lo quieran o cuando estos expertos publiquen sus resultados, Cataluña, en el mejor de los casos, va a tener un déficit fiscal de 10.000 millones de euros, y en el peor, tendrá un déficit de 16.000 millones de euros; y cuando se publiquen estos resultados, señor ministro, es cuando usted tendrá que tomar medidas para corregir estas desviaciones.

¿Qué es lo que pretende Convergència i Unió, señor ministro? No pretende enfrentamientos entre catalanes y españoles o entre territorios, lo que le pedimos es transparencia. No olvide una cosa muy importante, señor ministro: cuánta más transparencia, más democracia y más solidaridad. No se equivoque,


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señor ministro, la transparencia nunca va a ser la causa para impulsar el soberanismo o el independentismo, al contrario, va a ser la causa democrática para que se pueda profundizar con más solidaridad. Finalmente, la realidad es que la opacidad provoca insolidaridad, caciquismo y radicalidad.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Celebro la coincidencia; más transparencia imposible. Ningún Gobierno de la democracia española había publicado los datos para elaborar esas balanzas fiscales. Ya están colgados y a partir de ahí, como le he dicho, todo el mundo puede calcular las balanzas fiscales por los métodos que entienda más pertinentes, más oportunos, más efectivos. Por tanto, más transparencia es realmente imposible de lograr. Aparte, he de añadir que no hay ningún país federal en el mundo que oficialice la publicación de balanzas fiscales, porque la balanza fiscal es un concepto relativo; sirve para lo que sirve, y no sirve para obtener grandes conclusiones políticas. Lo que debemos pedir al método más desarrollado es que identifique si existe discriminación entre ciudadanos por vivir en diferentes territorios en el acceso a los servicios públicos. Eso es lo que le debemos pedir y lo que debemos identificar en esas balanzas fiscales y es... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿LE PARECE ADECUADO AL GOBIERNO HACER GRAVITAR LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO JUVENIL, POTENCIANDO UN CONTRATO DE DUDOSA LEGALIDAD, EL CONTRATO INDEFINIDO DE APOYO A EMPRENDEDORES, CONTRARIO A LA CARTA SOCIAL EUROPEA SEGÚN LO RESUELTO POR DIVERSOS JUZGADOS? (Número de expediente 180/000825).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. En primer lugar, pregunta del diputado don Emilio Olabarría, del Grupo Vasco, PNV.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, ¿le parece razonable hacer gravitar su política de promoción del empleo juvenil sobre un contrato ilegal, como es el contrato de emprendedores?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señor Olabarría, con todo el respeto del mundo, es perfectamente legal porque ha sido apoyado mayoritariamente por estas Cortes Generales. También le quiero decir que si duda de su constitucionalidad será el Tribunal Constitucional el que tenga que dirimirlo, como señala la Constitución española y como también señala, y usted conocerá, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que le pregunta a dicho tribunal sobre esa cuestión.

Pero vayamos al grano, señor Olabarría. Usted me pregunta sobre el empleo juvenil, y en eso estamos trabajando y lo estamos haciendo con seriedad con los interlocutores sociales desde hace meses en una estrategia de emprendimiento y empleo joven, a la que también se han sumado las comunidades autónomas trabajando por el empleo joven, que es el gran objetivo nacional. Es una estrategia que está dando ya resultados; cada día hay más de 400 jóvenes que han encontrado una oportunidad de empleo por cuenta propia o por cuenta ajena. Son 122.000 los jóvenes que hoy tienen una oportunidad que antes no tenían. Hemos presentado un Plan nacional de implantación en España de la garantía juvenil europea en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, que también darán nuevas oportunidades a los jóvenes menores de veinticinco años en nuestro país. Señor Olabarría, ese es el camino. Yo le animo a que juntos trabajemos por el empleo juvenil, que es problema principal de España y también de su Comunidad Autónoma del País Vasco. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señor diputado.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Evidentemente, como bien ha dicho la ministra, no todo lo aprobado por estas Cortes es legal. En esta legislatura yo creo que casi lo legal sería excepcional en lo atinente a lo aprobado por estas Cortes. Pero al margen de esta circunstancia o de este debate, señora ministra, le indico que tiene razón. Mire, las cosas en el ámbito del empleo juvenil van estupendamente, se ha cristalizado la cifra del 56 % de jóvenes desempleados menores de veinticinco años. No se avanza. La cifra, desde el inicio de la crisis económica hasta hoy, continúa igual -si no, analice los últimos datos de empleo registrado proporcionados por su ministerio- y del número de contratos de duración inferior a una semana -¡fíjese, duración inferior a una semana!-, que son 1.300.000, la mayoría de ellos son de jóvenes o concertados con jóvenes menores de veinticinco o de treinta años. De los contratos de duración inferior a un mes, los 3.500.000 contratos -¡de duración inferior a un mes!-, son también jóvenes entre veinticinco y treinta años. Y desde esa perspectiva, que es ilegal el contrato de emprendedores, su contrato estrella, el contrato estrella de su reforma laboral, no lo digo yo, lo dice el Juzgado de lo Social número 2 de Barcelona, y lo dice además ciñéndose o remitiéndose a prolija jurisprudencia de la Sala cuarta del Tribunal Supremo. Todas las sentencias las conoce porque usted ha leído perfectamente la sentencia del Juzgado número 2 de lo Social de Barcelona. Pero no solo eso, sino que se dice otra cosa más importante, se contradice la Carta Social Europea, señora ministra, con un contrato cuyo periodo de prueba tiene un año de duración. Ya fue declarado ilegal el contrato homónimo, el aprobado por Grecia, de un año de duración, por el Consejo de Ministros de Trabajo, y este también es ilegal, lo dice la Carta Social Europea, en dos ámbitos. Primero, por la falta de preaviso y la falta de notificación. La falta de preaviso consiste en que a una persona cuyo contrato se va a resolver durante el periodo de prueba se le tiene que preavisar durante un tiempo necesario para que pueda buscar trabajo recibiendo algún tipo de retribución. Y si se incumple este requerimiento, como se incumple en el contrato de emprendedores, se está incumpliendo la Carta Social Europea ratificada ya por el Estado español. Se trata de un tratado ratificado por el Estado español, forma parte del ordenamiento jurídico español y, tal como preconizan los artículos 10.2 y 96, tiene un rango jurídico formal superior al ordenamiento jurídico...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señor Olabarría, lo primero que le quiero decir es que según los últimos datos de la EPA el paro entre los menores de treinta años en España ha bajado en el último año en 120.000 personas. Queda mucho por hacer, pero vamos en la buena dirección. Lo segundo que le quiero decir es que no confunda dos realidades diferentes y dos situaciones diferentes, la de Grecia y la de España, por mucho que lo pueda decir una sentencia de un único tribunal en España. El contrato de emprendedores es un contrato que apoya el empleo estable en empresas de menos de 50 trabajadores. Es un contrato pensando en el tejido productivo mayoritario en nuestro país, que son empresas de menos de 50 trabajadores. Es un contrato estable, indefinido, que está funcionando en sectores muy estacionales como la hostelería o el comercio. Hay 162.000 contratos en España firmados, por cierto más de 6.500 en su comunidad autónoma, lo que es una buena noticia. Y le diré más, señor Olabarría, lo que no podemos decir es que el periodo de prueba de un año valga cuando se firmen convenios colectivos y no cuando se haga con un contrato estable, como ha puesto en marcha el Gobierno de España. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON CAYO LARA MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ OPINA EL GOBIERNO DE LOS DISTINTOS ACTOS DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE COCA COLA IBERIAN PARTNERS REALIZADOS ESTE FIN DE SEMANA RECHAZANDO LOS DESPIDOS QUE OCASIONARÁ UN ERE DE UNA EMPRESA CON ALTOS BENEFICIOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS? (Número de expediente 180/000826).

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social que formula el diputado don Cayo Lara, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


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El señor LARA MOYA: Gracias, presidente.

¿Qué opina el Gobierno de los actos de apoyo a los trabajadores de Coca Cola Iberian Partners rechazando los despidos del ERE de una empresa con altos beneficios?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señor Lara, el Gobierno trabaja y seguirá trabajando por el empleo, que es el gran objetivo de este país. Con respecto a lo que usted me pregunta, le quiero decir lo siguiente. El Gobierno confía en la responsabilidad de la empresa y de los representantes de los trabajadores que están iniciando el periodo de negociación y esperamos que utilicen todas las medidas de flexibilidad interna y busquen alternativas al ajuste que no sean vía despido. Eso es lo que espera el Gobierno. Se lo resumiré en tres palabras: responsabilidad de los negociadores, flexibilidad a la hora de tomar decisiones y también respeto a una negociación que espero, señor Lara, que termine en acuerdo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señor diputado.

El señor LARA MOYA: En nuestra opinión, señora ministra, el Gobierno no está para confiar en la responsabilidad de empresas que con beneficios despiden a trabajadores, sino para defender a los trabajadores que son despedidos en un país con 6 millones de parados. Las últimas reformas laborales han abierto la puerta para la mayor destrucción de empleo de la etapa democrática. Con la de su Gobierno, van 800.000 despedidos. Coca-Cola Iberian ha iniciado un ERE que afecta a 1.253 trabajadores, de los que quieren echar a la calle a 772 y trasladar forzosamente al resto, cerrando plantas embotelladoras en Madrid, Fuenlabrada, Asturias, Baleares, Alicante y los servicios de atención al cliente de A Coruña y Valencia. Las razones que alega la empresa son causas organizativas y de producción; no pueden alegar pérdidas ya que tienen unos 860 millones de beneficios de explotación anuales, y ahora quieren ahorrarse algunas decenas de millones más cada año despidiendo a los trabajadores. Es un delito social que a empresas con beneficios se les permita despedir a trabajadores en un país con 6 millones de parados. Por eso, le pedimos que intervenga con la misma celeridad que lo ha hecho el Gobierno con Sacyr en el Canal de Panamá. Le pido que paralice este ERE, el Gobierno tiene competencia y razones legales; los sindicatos han pedido la anulación del ERE porque Coca Cola Iberian no consolida grupo. En el artículo 51 de su reforma laboral -esa que nos iba a sacar de la crisis- se recoge la posibilidad de intervención del ministerio en caso de irregularidades en la tramitación del ERE. Ya sabemos que el bufete de abogados que asesora a Coca Cola, bien conocido por algún compañero de bancada, es el mismo que asesoró a su Gobierno con la reforma laboral -lo sabemos-, pero hay que optar, toca optar. Las razones de la empresa es que quiere más beneficios y las razones de los trabajadores es que quieren mantener el puesto de trabajo para dar de comer a sus familias, por eso hacen huelga, por eso se movilizan en Madrid el próximo día 15; defienden lo más digno y por eso tienen el apoyo de tanta gente. La chispa de la vida, que dio fama a Coca Cola, la quieren convertir en la chispa de la muerte laboral de sus trabajadores. Señora ministra, o se está con los trabajadores o se está con el ansia de más beneficios de una empresa. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señor Lara, el Gobierno está donde tiene que estar, con el empleo, con las empresas y con los trabajadores; son las dos caras de la misma moneda. Señor Lara, le ruego que deje de hacer demagogia y evite la frivolidad en un tema tan serio. Déjeme que le diga lo que está pasando en España. Usted diga la verdad cuando venga a esta Cámara. Antes de la reforma laboral en este país ha habido 4 millones de despidos, un millón de ellos a veinte días. Señor Lara, antes de la reforma laboral se han hecho despidos en empresas de este país con beneficios por miles que conocía toda la sociedad española. Señor Lara, después de la reforma laboral también se han hecho ERE en empresas de este país con beneficios


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apoyadas por los sindicatos y por los representantes de los trabajadores. Señor Lara, el año pasado, organizaciones sindicales que usted y yo conocemos que han tenido cuentas de resultados con beneficios también han hecho ERE con sus trabajadores. Por tanto, un poco de seriedad y un poquito de responsabilidad en esta cuestión. Menos demagogia y más soluciones.

Señor Lara, el Gobierno está donde tiene que estar y va a hacer como autoridad laboral lo que la ley le permite, que es velar por la efectividad del periodo de consultas y por que se realicen las cosas conforme a derecho y también mediar -lo hemos hecho en otros conflictos importantes como el de Madrid-, mediar para acercar posiciones y para que se busquen soluciones no traumáticas para empresas y trabajadores. Ese es nuestro cometido. Pero no espero de usted tampoco lecciones de empleo, señor Lara, porque aquí dice una cosa y en Andalucía, donde gobiernan, lo que hacen es despedir a los trabajadores del sector público a veinte días o hacerles contratos por día y también por hora en el Servicio Andaluz de Salud. Por tanto, un poquito de responsabilidad... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN SILVA REGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CÓMO JUSTIFICA EL GOBIERNO LA EXPULSIÓN DE CERCA DE 300 EMIGRANTES ESPAÑOLES DE BÉLGICA? (Número de expediente 180/000816).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Carmen Silva, del Grupo Socialista.

La señora SILVA REGO: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, cientos de miles de españolas y españoles están emigrando de España huyendo del desempleo y la pobreza. Ustedes, el Gobierno del señor Rajoy, los niegan, les arrebatan sus derechos y se desentienden de los problemas que padecen fuera de nuestras fronteras. Primero fue decir que se trataba de movilidad exterior, después negar que son cientos de miles, al mismo tiempo disminuyeron los presupuestos que se dedican a la emigración, más tarde suspendieron sus derechos -el último retirarles la tarjeta sanitaria cuando están en el extranjero más de noventa días- y ahora ponerse de huelga de brazos caídos cuando nuestros conciudadanos reciben notificaciones en Bélgica para abandonar el país. ¿También en este caso se va a poner de perfil y a mantenerse pasiva? Tengo pocas esperanzas de que usted haya hecho algo. Díganos, ¿se ha dirigido a las autoridades belgas para exigir un trato digno a los ciudadanos españoles? Explíquenos, ¿han dado órdenes a los organismos españoles en el exterior para que se ocupen y preocupen de nuestros conciudadanos en Bélgica? Señora ministra, queremos conocer su posición sobre la ola de populismo que dinamita la Europa de los derechos; populismo que ustedes han practicado y legislado y que ahora amenaza a las españolas y a los españoles. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señora diputada, el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, que es pedir explicaciones e información a través de nuestras autoridades diplomáticas al Gobierno de Bélgica sobre la situación de los españoles en ese país. Lo que nos han dicho las autoridades belgas es que se ha privado de residencia a 2.500 ciudadanos de algunos Estados miembros de la Unión Europea. Aparte de a los españoles, se ha retirado la residencia a 200 ciudadanos franceses, 300 italianos, 300 holandeses, 400 búlgaros, 800 rumanos y también portugueses, británicos, polacos y eslovacos. ¿Y sabe, señora diputada, por qué lo hacen? El Gobierno lo hace alegando que aplican la normativa comunitaria, el artículo 35 de la Directiva europea sobre residencia y libre circulación de ciudadanos en la Unión Europea. Por tanto, es una decisión legal, aunque no nos guste, y es una decisión que la Comisión Europea ha avalado posteriormente con sus declaraciones. Por tanto, señora diputada, estamos donde tenemos que estar: apoyando a los trabajadores y a los ciudadanos españoles también en el exterior. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señora diputada.


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La señora SILVA REGO: Señora ministra, yo le pregunto por los españoles, que son su responsabilidad. Su respuesta está cargada de insensibilidad y crueldad. Le pregunto, señora Báñez, ¿se ha parado usted a pensar en el sufrimiento de esas españolas y españoles que son expulsados de Bélgica? ¿Sería usted capaz de mirarles a los ojos y decirles lo que me ha dicho a mí? ¿Sería capaz de mirar a los ojos a sus padres y a sus madres y darles esta respuesta escapista? No se van porque quieren, señora Báñez, se van porque ustedes les echan, y cuando se ven obligados a irse, ustedes les borran de un plumazo. ¿Sabe qué creo después de escucharla? Que a ustedes les viene bien que se vayan, porque así no cuentan en las listas del paro. Que se vayan y se las arreglen como puedan. Pues sepan que no los vamos a dejar solos y no nos vamos a callar. Vamos a estar un día sí y otro también exigiendo que ustedes actúen. Y si usted no sabe cómo, señora Báñez, váyase. Es inadmisible su respuesta. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señora Silva, el Gobierno está apoyando y atendiendo a todos los españoles en el exterior, incluidos esos a los que se les ha retirado la residencia por el Gobierno de Bélgica. Señora Silva, me parece impresionante su demagogia de boquilla en esta Cámara. Explique usted a los españoles por qué se aplica esa directiva. ¿Sabe usted cuándo se pone en marcha esa directiva? Se pone en marcha impulsada por un comisario socialista, el de Justicia y Asuntos de Interior, Antonio Vitorino, dirigente del Partido Socialista portugués. Le digo más, fue acogida, aplaudida y apoyada por los eurodiputados socialistas cuando se debatió en el Parlamento Europeo. Le digo más, señora Silva, un compañero suyo de Gobierno, el socialista Di Rupo, es el que ha tomado esta decisión en Bélgica. No sé si es cuestión de ideología, pero la impulsan y la aplican. El Gobierno está con los españoles y pidiendo explicaciones. La pregunta es, señora Silva, ¿dónde está el Partido Socialista? ¿Dónde está el señor Rubalcaba? ¿Dónde está la señora Valenciano? Di Rupo es compañero de la Internacional Socialista del señor Rubalcaba, ¿le ha preguntado por qué ha tomado esa decisión respecto a los ciudadanos españoles? Señora Silva, menos lecciones y más oportunidades para los españoles. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ISABEL LÓPEZ I CHAMOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ CRITERIOS HA UTILIZADO EL GOBIERNO EN LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES PARA 2014? (Número de expediente 180/000817).

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social, que formula la diputada doña Isabel López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, como ve nuevamente le pregunto por la revalorización de las pensiones. No nos callamos, no nos callarán y no nos podemos callar ante el atropello tan brutal que están haciendo ustedes con los pensionistas de nuestro país, por eso estamos aquí pidiéndole explicaciones al Gobierno. Señora Báñez, ustedes que pasan del Pacto de Toledo, que pasan del consenso político y social para aprobar las leyes de Seguridad Social, que hacen todas las reformas con sus únicos votos y que aprueban solo sus leyes, ¿me pueden explicar por qué ha incumplido su propia ley para la revalorización de las pensiones del año 2014? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señora diputada, la respuesta a su pregunta la encuentra en el artículo 37 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, que dice que las pensiones abonadas por el sistema de Seguridad Social experimentarán en 2014 con carácter general un incremento del 0,25 %. Así, la revalorización de


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las pensiones en este año se sitúa en línea, incluso un poquito superior, al último dato de incremento del IPC del 0,2 % conocido el pasado noviembre. Por tanto, señora diputada, el criterio utilizado por las pensiones es plenamente legal y está establecido en la Ley de Presupuestos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Señora diputada.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora Báñez, ustedes aprobaron una ley que entró en vigor el 1 de enero de 2014, donde se dice que para la revalorización de las pensiones se tienen que publicar unos balances, unas variables sobre la Seguridad Social de los últimos cinco años y las previsiones, así como que la Autoridad Fiscal Independiente tiene que opinar sobre las mismas para poder aprobar la subida de las pensiones. Sí, señora ministra, lo que está claro es que su único criterio ha sido la propaganda. Es decir, ustedes envían una carta a los pensionistas para explicarles mentiras, que tiene más coste que la propia subida que han tenido la mayoría de las pensiones. (Aplausos). Como dice mi compañera Magdalena, señora ministra, lo que les ha pasado a ustedes es que les ha costado más el collar que el galgo. Por si no lo sabe, ustedes han subido pensiones 0,35 céntimos, algunas de orfandad, otras 0,40 céntimos y otras 0,70 céntimos. Sí, ha habido algunas que han subido 2 euros, pero estas han tenido la sorpresa tan agradable que luego les han descontado 30 o 50 de IRPF, más de lo que se ha subido el año pasado. (Aplausos).

Señora Báñez, yo pregunté a algunos pensionistas qué le dirían a usted, y me dijeron que les diga que no... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señora López i Chamosa, sabe usted que le tengo mucho cariño y mucho aprecio, pero debería conocer y leerse la Ley del Factor de Sostenibilidad, porque ha sido debatida más de tres meses en esta Cámara. En esa ley, en ese texto se deja claro que el índice de revalorización de las pensiones será de aplicación a partir del año 2015, entre otras razones porque para la aplicación de ese factor de sostenibilidad y del índice de revalorización se cuenta con una serie de variables que no pueden conocerse sino después de haber transcurrido un determinado periodo de tiempo. Por tanto, me resulta alucinante que usted, que participó en esa tramitación, pregunte por una cosa que viene recogido en el texto de la ley. Por tanto, el primer año de aplicación es 2015. Pero me alegra que me pregunte por la subida de las pensiones, porque a partir de ahora, señora López i Chamosa, aunque gobierne el Partido Socialista las pensiones en España subirán siempre. Este es un mensaje de tranquilidad a los pensionistas, las pensiones subirán siempre, subirán más o menos según la situación económica del país, porque hay que decirle a los ciudadanos la verdad, pero subirán siempre.

Señora López i Chamosa, usted sabe muy bien que todos los ministros de Empleo tenemos una obligación legal de comunicar cuánto suben las pensiones todos los años, y lo hemos hecho todos los ministros de todos los Gobiernos de la democracia. ¿Sabe quién no mandó esa carta? El ministro Valeriano Gómez, porque congeló las pensiones ese año.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LOS ÚLTIMOS DATOS DE PARO REGISTRADO? (Número de expediente 180/000818).

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Isabel Rodríguez, del Grupo Socialista.

La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, le pregunto por los datos de paro registrado y no han sido buenos. Usted estaba muy complaciente con la respuesta del diputado Olabarría en relación con el desempleo juvenil, pero yo lo he


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analizado y para mí el desempleo juvenil no abarca de los dieciséis a los veinticinco años -muchos de ellos todavía están estudiando-, sino hasta los treinta y cinco, y en este país hay muchos jóvenes de treinta y cinco años que tienen sus proyectos de vida truncados. Desde enero de 2012 hasta enero de 2014, durante su Gobierno -aquí ya no hay herencia recibida-, 636.296 cotizantes menos de entre dieciséis y treinta y cinco años en este país, y los que están trabajando, señora ministra, lo hacen con empleo mucho más precario. Los contratos indefinidos han caído en 450.900 y los contratos a jornada completa en 640.614. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es la valoración de estos datos? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señora diputada, hoy podemos afirmar que el mercado laboral, después de cinco años de crisis, se ha estabilizado y los datos corroboran lo que estoy diciendo, porque usted se refiere a las últimas cifras de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social. Le quiero decir que si eliminamos el efecto calendario, que es como mejor se analizan los datos en el ámbito de empleo, el número de parados registrados el año pasado bajó en 3.900 personas y la afiliación media a la Seguridad Social creció en 35.500. Señora diputada, eso no nos satisface; lo único que hace es animarnos a seguir trabajando en la buena dirección para seguir sacando a este país de la crisis y dar oportunidades a los más de 4.800.000 españoles que todavía están en las listas del paro registrado.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Me ha sorprendido, señora ministra, porque pensaba que iba a recurrir usted otra vez a la herencia recibida, pero no, ha recurrido a la crisis de cinco años y a eso del efecto calendario; tendremos que estudiarlo. Pero esta es su gestión. Los datos que le he dado son su gestión, dos años de su reforma laboral que hoy se cumplen: más paro, menos cotizantes, ninguna política activa de empleo, que está provocando parados de larga duración, caída de las prestaciones -en mi provincia, más de la mitad de las personas no tienen ningún tipo de prestación-, bajada de los salarios... Esta es su reforma. No solo sufren los que están en paro, sino que también están sufriendo los que están trabajando. La Comisión Europea nos advierte de que el 12 % de los trabajadores españoles están en situación de pobreza. Le propongo un ejercicio, ministra. Haga lo que hacen muchos jóvenes: métase en Internet y busque en alguna de esas páginas que se dedican a ofertar empleos, en infojobs o en trabajo.com, por ejemplo -yo he hecho ese ejercicio-, y va a ver usted lo que se va a encontrar cuando introduzca su currículum, empleos en precario. Abogados con jornadas completas que cobran 450 euros, trabajos de teleoperadoras desde casa que cobran 300 euros, poniendo su línea de teléfono y su ADSL. Esta es su reforma, este es el trabajo que están dando a los españoles. ¿Le parece normal que sea esto lo que ustedes nos están ofreciendo? Dejen de buscar entre los datos algún titular de prensa y pónganse a trabajar pensando que detrás de cada dato hay una persona, que detrás de cada dato hay una familia, verdaderos dramas en jóvenes de treinta y cinco años, mujeres a las que les gustaría concebir y no pueden porque no tienen un empleo para dar de comer a sus hijos. Piense en ello. (Prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señora diputada...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra, por esperar a ese aplauso. Ahora tiene su turno.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.

Señora diputada, las reformas que ha hecho el Gobierno han conseguido el primer objetivo que pretendíamos, que es en medio de una recesión frenar el ritmo de destrucción de empleo, porque ustedes


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aplauden esta mañana, pero no sé qué hacían cuando se destruían 1.700 puestos de trabajo cada día cuando gobernaba el Partido Socialista. Esa es la realidad, señora diputada.

Los datos son contundentes, las cifras no las pueden negar ustedes ni aunque quieran hacerlo aquí esta mañana. En 2013, cuando la economía caía un 1,2, es la primera vez que en España ha habido menos parados que el año anterior, 150.000 parados menos. La EPA del cuarto trimestre nos anuncia que la economía española empezó a crear empleo en términos desestacionalizados el año pasado, 50.000 empleos; hacía veintidós trimestres consecutivos, esa larga crisis con Gobierno socialista, en la que no crecía el empleo, señora diputada. El paro juvenil bajó el año pasado en 120.000 personas. Eso no nos satisface, tenemos mucho que trabajar juntos por el empleo en este país pero al menos, al menos, ya que no vieron la crisis y fueron incapaces de frenar el ritmo de destrucción de empleo, ayuden con propuestas positivas a la recuperación porque, si no, los ciudadanos tampoco se lo van a perdonar esta vez. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

- DE LA DIPUTADA DOÑA PATRICIA BLANQUER ALCARAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿POR QUÉ HA DECIDIDO EL GOBIERNO PONER TRABAS A LOS EMPRENDEDORES? (Número de expediente 180/000819).

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social que formula la diputada doña Patricia Blanquer del Grupo Socialista.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Señora ministra, ¿por qué su Gobierno ha adoptado medidas en materia de Seguridad Social y fiscal que son un calvario para emprendedores y autónomos?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señora diputada, nunca un gobierno hizo tanto y en tan poco tiempo por el empleo y por los emprendedores (Rumores y protestas.-Aplausos). Sí, se lo voy a explicar. En primer lugar, pagando las facturas que muchos gobiernos, también el Gobierno de España, dejaron en el cajón gracias al Plan de pago a proveedores, más de 42.000 millones de euros, que hizo que se pagaran 8 millones de facturas y se atendieran esos compromisos con 230.000 proveedores españoles. Aprobamos por primera vez en España, sí, señora Rodríguez, una Ley de emprendedores que ha puesto en marcha para este año que los autónomos no paguen el IVA hasta que no hayan cobrado efectivamente la factura. Se ha creado y se ha puesto en marcha una reforma laboral que tiene por primera vez un contrato pensando en los emprendedores, en aquellos que tienen menos de 50 trabajadores, que está funcionando, y ya hay más de 162.000. Se ha puesto en marcha una tarifa plana de 50 euros para favorecer la afiliación de los autónomos que inician una actividad empresarial, y ya hay más de 138.000 autónomos gracias a esa tarifa plana de 50 euros. Hemos eliminado la cotización a la Seguridad Social para aquellos jóvenes con contrato indefinido en microempresas y autónomos, y hemos hecho otra cosa, que es simplificar los cuarenta y dos modelos de contratos y dejarlos en cuatro, para favorecer la contratación en este país. Por tanto, frente a las trabas que ustedes les ponían a los emprendedores, hay una larga lista de iniciativas por el empleo y por el emprendimiento en España.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señor Villarrubia, le ruego que permanezca en silencio.

Señor diputada.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Aunque no lo quieran ver, su Gobierno no es la solución a los parados y se ha convertido en un problema para los autónomos. Les han engañado con promesas que han quedado en papel mojado. El IVA con criterio de caja, su medida estrella, un fracaso, no hay quien se acoja. Prometieron bajar las retenciones, pero parece que lo han dejado para año electoral. Castigan a los


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autónomos que son titulares de una sociedad limitada, a los que les exigen la devolución de las ayudas a la cotización por excluirlos de la tarifa plana, y ahora, sin previo aviso, les suben las cotizaciones un 20 % sin tener en cuenta cuáles son sus ingresos ni cuántos trabajadores tienen. Estamos hablando de pequeños negocios, de un taller mecánico, de una peluquería, de una pequeña asesoría; hablamos de los que se enfrentan día a día a un futuro incierto y que depositan toda su esperanza en el fruto de su trabajo; a los que aguantan sin darse de baja y que apenas llegan a fin de mes. Estamos ante una realidad demoledora, el 40 % de los autónomos se encuentra en el umbral de la pobreza, los bajos salarios provocan una enorme caída del consumo de las familias, con lo que caen las ventas, y siguen sin existir facilidades para el crédito. Los comerciantes se quejan de que apenas entra gente en sus tiendas y, cuando lo hacen, solo es para mirar.

¿Dónde está el rescate a autónomos que usted exigía cuando estaba en la oposición? ¿En qué ha quedado la alfombra roja del Gobierno para los emprendedores? ¡En un felpudo! Y no es que lo diga yo, es que lo dijo hace unos días el presidente de los jóvenes empresarios. Nos han demostrado que las facilidades las han dejado para los bancos y para los grandes defraudadores a los que amnistían, pero machacan y persiguen a los pobres y a los más débiles. Empezaron la legislatura abandonando a los dependientes, continuaron con la precarización de los trabajadores y la pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas y ahora con fuerza golpean a los autónomos. Para todos ellos, su Gobierno, un engaño y un problema. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señora diputada, lo que no explican a los ciudadanos es dónde estaban ustedes cuando se destruían 200.000 empresas, cuando se dejaban 8 millones de facturas en el cajón en España o cuando se producían 4 millones de despidos en nuestro país. (Rumores y protestas). ¿Dónde estaba el Grupo Socialista? Les guste o no, se está iniciando la recuperación. Este año hay un 7 % más de empresas que el año anterior, 93.300, como conocimos ayer del Instituto Nacional de Estadística. Se ha estabilizado el mercado de trabajo en una situación económica todavía difícil. Pero le digo más, señora diputada, ¿dónde están ustedes ahora? Acaban de presentar un análisis del mercado de trabajo y no hay ni una palabra sobre emprendedores, sobre autónomos y sobre emprendimiento. ¿De qué hablan, señora diputada? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON CARLOS CASIMIRO SALVADOR ARMENDÁRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁL VA A SER LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO PARA RESARCIR A LOS PROPIETARIOS DE LAS VIVIENDAS DE YESA QUE HAYAN SUFRIDO DAÑOS COMO CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO PRODUCIDO EN LA LADERA SOBRE LA QUE ESTAS SE SITÚAN? (Número de expediente 180/000809).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Pregunta, en primer lugar, el diputado don Carlos Salvador del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, con motivo de las obras de recrecimiento de la presa del embalse de Yesa en Navarra se han venido produciendo unos deslizamientos en una de sus laderas que han afectado a numerosas familias y propietarios de viviendas. Hace más de un año que fueron desalojados muchos de ellos, y por esta razón llevan todo este tiempo fuera de sus casas y, lo que es peor, viven con la incertidumbre, yo diría hoy casi la seguridad, de que ya no van a poder volver a vivir y a disfrutar de ellas en un entorno envidiable como lo es el del embalse de Yesa al pie de la Sierra de Leire. Es verdad que le pregunto por un tema local, pero solucionarlo correctamente supone tanto como seguir garantizando la continuidad de una obra emblemática que entre unos y otros, por cuestiones ajenas desde luego a estos propietarios, lleva demasiados años de retrasos.


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Hoy son asumidas públicamente las diversas causas que han provocado los desalojos, la ruina y los daños en las viviendas. Se conocen los riesgos sobre la estabilidad de todas estas viviendas y de otras y son, desde luego, conocidos todos los sujetos afectados por este problema. No estamos hablando, señor ministro, de un problema irresoluble. En España existen más de 2.000 embalses y yo creo que el Gobierno, desde luego su ministerio y la Confederación Hidrográfica del Ebro en este caso, tienen experiencia y medios para garantizar suficientemente la monitorización permanente de la ladera, su seguridad, que es lo más importante, la transparencia en la toma de decisiones, las posibles alternativas para solucionar este tipo de problemas, así como las justas compensaciones para los propietarios y para la zona frente a los importantísimos daños que como consecuencia de las obras se han producido.

En nuestra comunidad, señor ministro, como usted bien conoce, en la gestión de cualquier obra pública de envergadura cualquier problema pequeño que pudiera parecer puede provocar resultados indeseados. Por eso, si queremos que esta obra se ejecute en los nuevos plazos previstos convendría, primero, eliminar la incertidumbre en la que todas estas familias viven desde hace más de un año, y segundo, aportar soluciones que garanticen de forma realista y urgente una compensación justa para todas ellas, que es, señor ministro, el compromiso que yo quisiera obtener hoy de usted con mi pregunta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, señor presidente.

Señoría, desde el primer momento la Confederación Hidrográfica del Ebro ha prestado apoyo en colaboración con el ayuntamiento a los propietarios de las viviendas afectadas y asimismo, y sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pudiera corresponder a las demás administraciones públicas con competencias en materia de protección civil y urbanismo, el ministerio está instruyendo actualmente dos procedimientos de responsabilidad patrimonial sobre este asunto. El Gobierno tiene que moverse en el marco del Estado de derecho y en la normativa que regula su actuación. Son expedientes complejos, que exigen un estudio exhaustivo para determinar si hay causalidad entre hechos acaecidos y la actuación de la Administración General del Estado. En todo caso, se están tramitando con la mayor agilidad posible, y una vez resueltos, el Gobierno actuará en consecuencia. El Gobierno ha actuado siempre con la máxima diligencia ante los deslizamientos de la ladera derecha del embalse, tanto en la detección de los primeros movimientos como en la ejecución de trabajos de estabilización, en el seguimiento y evolución y en la atención a las familias afectadas. Desde que en febrero de 2013 el Ayuntamiento de Yesa ordenara el desalojo preventivo de las diecinueve viviendas de la urbanización Mirador de Yesa y de las cuarenta y cuatro de la urbanización Lasaitasuna, el Gobierno ha prestado apoyo a los propietarios afectados por este deslizamiento. A través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y junto con el ayuntamiento, colaboró en la reubicación de las diez familias que tenían su primera residencia en alguna de las viviendas afectadas de la urbanización Mirador de Yesa y el Estado ha asumido los gastos correspondientes de alquiler, luz, agua y gas.

No obstante, y como le señalaba al principio de mi intervención, estamos instruyendo dos procedimientos de responsabilidad patrimonial, de los cuales se derivarán, en su caso, las indemnizaciones pertinentes: el primero se inició en junio de 2013 por la agrupación de viviendas El Mirador de Yesa, está ya en fase de prueba y se ha admitido ya el informe de los reclamantes; y el segundo, el pasado mes de noviembre, por los afectados de la urbanización Lasaitasuna. Pese a la complejidad de dichos expedientes, estamos avanzando en su tramitación con la máxima agilidad posible, para que, una vez determinado si existe responsabilidad por parte de la Administración General del Estado, podamos actuar en consecuencia. Paralelamente el Gobierno ha actuado para frenar los deslizamientos, acometiendo obras de emergencia, primero, por valor de 10 millones de euros, después, por 15 millones, que han estabilizado la ladera y evitado que se produzcan nuevos desalojos. Hemos puesto en marcha cuatro equipos multidisciplinares dedicados a realizar un seguimiento permanente y a analizar el deslizamiento de la ladera. En definitiva, señoría, estamos garantizando la ejecución del proyecto y respondiendo...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor diputado.


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El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Quisiera, señor ministro, agradecerle sus explicaciones. Es verdad que esperamos una respuesta integral y lo que le pedimos es voluntad política y un impulso. En todo caso, si finalmente decide acompañar a la señora Valenciano a Europa, le pedimos que no deje este problema en la mesa del siguiente ministro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO FRANCISCO PRADAS TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁL ES LA INTENCIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA FINCA DE LA ALMORAIMA? (Número de expediente 180/000820).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que formula el diputado don Francisco Pradas, del Grupo Socialista.

El señor PRADAS TORRES: Señor ministro, ¿cuál es la intención del Gobierno en relación con la finca La Almoraima?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, presidente.

Señoría, en relación con la finca La Almoraima, el Gobierno va a dar cumplimiento a lo previsto en el informe de la Comisión para la reforma de las administraciones públicas, aprobada por el Consejo de Ministros el día 21 de junio pasado, en el marco del Plan de racionalización de estructuras de la Administración General del Estado.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor PRADAS TORRES: Creo que eso significa que la quieren vender.

Señor Cañete, permítame que denuncie, en primer lugar, la deslealtad con la Junta de Andalucía, con el Campo de Gibraltar y con el municipio de Castellar de la Frontera, impulsando un cambio de uso de la finca sin informar precisamente de que su pretensión era venderla. Revalorizar urbanísticamente un terreno para venderlo tiene un nombre, se llama especulación, señor ministro.

La Almoraima era una finca de 15.000 hectáreas en poder de los especuladores que se expropió por un Gobierno socialista y ustedes pretenden devolvérsela a los especuladores muchos años después, especuladores multimillonarios y actrices que sobrevuelan la finca el mismo día que ustedes dan una rueda de prensa para explicar sus intenciones, un espectáculo lamentable que usted como andaluz debiera haber evitado. La Junta de Andalucía ha mostrado su intención de que este espacio natural siga siendo público. Vamos a formalizar en el Congreso y en el Parlamento de Andalucía una propuesta para que la Junta pueda adquirir la finca con cargo a las cantidades que nos adeuda el Estado, sobre la base de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía.

La gerente de la finca, por cierto, una exdiputada del PP que vive en una suite en un hotel de La Almoraima, dice que el pago debe ser en efectivo. Bueno, pues páguennos ustedes en efectivo esa deuda y en efectivo se la pagará la Junta. Desde luego, estamos seguros de que no nos van a regalar nada. La Junta quiere obtener una rentabilidad social y medioambiental de La Almoraima a través de un plan integral de desarrollo agrícola y forestal, de turismo medioambiental, de energías renovables, pero desde lo público, para que los andaluces y andaluzas puedan disfrutar de este paraje inigualable.

Señor Cañete, si es cierto que será usted el candidato a las próximas elecciones europeas, no ha podido empezar peor su campaña en Andalucía, en poco tiempo ha traicionado usted dos veces a nuestra tierra: ha discriminado a Andalucía quitándole más de 418 millones de euros a los agricultores andaluces en la PAC y ahora nos quiere quitar La Almoraima. Aún está en sus manos impedir este nuevo contencioso. Por una vez, mire por su tierra y por el medio rural.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pradas.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Señor diputado, si alguien ha defendido Andalucía en la reforma de la PAC ha sido este ministro (Protestas.-Aplausos), con la colaboración del consejero Planas, que compartió siempre la estrategia de este Gobierno y que ha permitido que no perdiera lo que hubiera perdido si hubiéramos seguido la estrategia socialista de apoyo a tasas planas, entonces hubiéramos sabido lo que hubiera pasado en Andalucía. Y si alguien ha permitido que Andalucía no pierda fondos de desarrollo rural es este ministro que, cuando había criterios objetivos por parte de la Comisión Europea que hubieran determinado pérdidas multimillonarias a Andalucía, puso en marcha estabilizadores para no limitarlos. Esa es la realidad, le pese o no le pese.

Pero volvamos a La Almoraima, que tanto le preocupa. Señoría, La Almoraima es una finca que ha sido siempre privada, durante siglos, solamente se expropia en la expropiación de Rumasa, y ustedes se preocupan mucho por el carácter público-privado. La Almoraima está enclavada en el parque de Los Alcornocales, de su superficie en la provincia de Cádiz, 150.000 hectáreas, el 67 % es propiedad de operadores privados, y si usted comprobará que analiza la situación de conservación de las fincas privadas y públicas es manifiestamente superior como tienen los propietarios privados cuidado el monte, limpio y preparado para la explotación tanto de corcho como cinegética (Rumores), a años luz de como lo hacen los operadores públicos; por lo tanto, lo público y lo privado son compatibles para la gestión de espacios naturales protegidos. Y, en segundo lugar, preocupación social. El municipio de Castellar tiene una enorme tasa de paro. El Gobierno pretendía privatizar, pero también hacer un plan especial de ordenación y usos para desarrollar económica y socialmente la zona, apoyado por el Ayuntamiento de Castellar, apoyado por los anteriores consejeros de la Junta de Andalucía. Y ustedes, para impedir la operación de privatización de esta finca, lo que han hecho es ampliar los límites del parque a una zona sin ningún valor medioambiental, donde simplemente hay explotaciones de pastos y de ganado, meramente para frenar una operación, dañando gravemente el desarrollo económico y social de Castellar. (Rumores). Ustedes son unos irresponsables, ustedes tratan de frenar una operación razonable de privatización en la búsqueda de operadores económicos que conserven el monte como lo han conservado los propietarios privados en la zona y simplemente se oponen porque quieren siempre que sea público para gestionarlo con la falta de eficacia... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL PUERTO GALLEGO ARRIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿VA A ADOPTAR EL GOBIERNO MEDIDAS PARA RESARCIR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL TEMPORAL EN EL LITORAL CANTÁBRICO? (Número de expediente 180/000821).

El señor PRESIDENTE: Pregunta formulada también al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la diputada doña Puerto Gallego, del Grupo Socialista.

La señora GALLEGO ARRIOLA: Señor ministro, ¿va a adoptar el Gobierno medidas para resarcir los daños producidos por los temporales en la costa cantábrica y atlántica?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): La respuesta es sí.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada.

La señora GALLEGO ARRIOLA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, en las últimas semanas sucesivos temporales de gran intensidad y gravedad han puesto a las cuatro comunidades del norte de España en situación de alerta máxima, con gravísimos destrozos que incluso en Galicia han contado con víctimas mortales. Ante esta situación, asistimos con


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estupefacción a la ausencia y al silencio del máximo responsable de la costa española. Usted, señor ministro, ha estado escandalosamente callado, no sabemos si porque su jefe le ha mandado también callar, si porque estaba pensando ya en Bruselas, o las dos cosas; lo cierto es que no le han movido ni las olas que han sobrepasado los 14 metros de altura.

Pues bien, ante esta situación, los socialistas no nos vamos a callar y ya hemos solicitado su comparecencia para que usted hable; comparecencia que debería haber sido a petición propia. Además, hoy mismo registramos una iniciativa para que se pronuncie sobre medidas de compensación, de reparación de daños y medidas relativas al cambio climático; sí, ese por el que usted dice que ha hecho mucho. Queremos que nos diga por qué la maravillosa Ley de Costas, que nuestro grupo ha recurrido al Constitucional, no prevé el riesgo de zonas inundables ni los riesgos ambientales que provoca el cambio climático. Queremos saber también por qué ha rebajado el nivel de protección de las costas. Queremos que nos dé respuesta a los miles de ciudadanos desde Baiona a Bayona y a sus alcaldes y alcaldesas que están siempre en primera línea de playa y que se han visto solos frente a los destrozos. No se puede escudar en un informe que ha realizado el Ministerio del Interior -informe escaso, con tres párrafos- y no se puede excusar tampoco en la herencia.

En la última semana han pasado varios temporales por nuestra costa, cuatro, con nombre femenino, pero hay uno mucho peor con nombre masculino; se llama temporal Cañete. (Risas.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Señoría, hay intervenciones parlamentarias que descalifican a sus autores y esta es una de ellas. (Protestas.-Aplausos). Señoría, primero usted miente claramente en su intervención. Dice: Usted ni está ni se le ha visto. El día 3 de febrero yo estaba en la playa de Bakio comprobando sobre el terreno los desperfectos y recorrimos la costa de Vizcaya ese día. Hemos estado al tanto desde Costas de todo lo que ha ocurrido. Desde el día 3 de febrero el Gobierno tiene en marcha un operativo para identificar daños, valorarlos y priorizar las actuaciones que atendiendo al reparto competencial corresponden a la Administración General del Estado, en coordinación por supuesto con el Ministerio del Interior y en colaboración con el resto de administraciones autonómicas y municipales para buscar la máxima coordinación. Ya el 8 de febrero llevamos al Consejo de Ministros el primer informe con una relación provisional de daños ocasionados los días 1 y 2, fundamentalmente por oleajes de dimensiones excepcionales como consecuencia de fuertes mareas y el viento en tierra.

Señoría, hemos hecho un inventario preliminar de los daños en mobiliario público, carreteras, vías urbanas, paseos marítimos, playas, embarcaciones, muelles, diques de puerto, comercios, viviendas, instalaciones ferroviarias y puertos. (La señora Rodríguez Ramos: ¡Ya está bien!). La ciclogénesis explosiva ha sido recurrente, los daños se siguen produciendo y no se puede empezar a actuar todavía porque sería absurdo reparar una instalación que fuera dañada por un próximo temporal y hacerlo tres veces, que es lo que harían los socialistas, pero aquí hay que hacer las cosas con inteligencia y con cabeza. (Rumores). Primero, vamos a ver los daños, que en este momento ascienden a 108 millones de euros entre infraestructuras públicas y privadas, según los últimos datos del Consorcio de Compensación de Seguros. En materia de costas, la parte de responsabilidad del Estado ya la tenemos individualizada y asciende a 21 millones de euros. Pero todas las estimaciones son de carácter provisional. Por lo tanto, cuando tengamos las definitivas, el Gobierno pondrá en marcha los mecanismos de respuesta y empezaremos las tareas, primero, de reparación de las infraestructuras que precisan actuaciones más urgentes para prevenir daños futuros, y segundo, la rehabilitación de las playas, determinando cuáles podrán recuperar su perfil de forma natural y cuáles requieren recarga de arena.

Señoría, como en todos los fenómenos adversos que ha habido, este Gobierno ha reaccionado bien. Inundaciones, respondimos; incendios, respondimos; y con estos temporales vamos a responder con mecanismos adecuados... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


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- DE LA DIPUTADA DOÑA TRINIDAD JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿QUÉ POSICIÓN MANTIENE EL GOBIERNO ANTE LA RENUNCIA A LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID? (Número de expediente 180/000822).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Pregunta la diputada doña Trinidad Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, ¿cuál es la posición de su departamento en relación con la retirada del proceso de privatización por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid? Antes de que tire de argumentario, señora ministra, me permito decirle que los 1.500 centros de salud y los 47 hospitales que hay en Andalucía tienen gestión pública cien por cien. Nunca a un Gobierno de la Junta de Andalucía se le ha ocurrido poner a la venta un hospital público para las empresas privadas como ha intentado hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid y también el Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Cuál es la posición de su ministerio?

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señoría, como usted sabe, este Gobierno siempre respeta tanto las resoluciones judiciales como las decisiones que adoptan las comunidades autónomas en el marco de sus competencias.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Señora diputada.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, la marcha atrás en el proceso de privatización de la Comunidad Autónoma de Madrid es un síntoma más del desastre en la gestión de la sanidad en nuestro país, del sistema público de salud. Usted primero acabó con el sistema universal de salud. En segundo lugar, implantó los copagos a los pensionistas. Además, ha intentado implantar el copago en prótesis sanitarias, el copago en determinados alimentos dietoterápicos, ha intentado implantar el copago en las ambulancias. En todo esto ha tenido que dar marcha atrás. Ese síntoma se manifiesta aún más cuando ha intentado implantar el copago hospitalario. Incluso las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular les han dicho que no, que no van a implantarlo. Por tanto, esto es un síntoma más del desastre en su gestión. La última decisión, que afecta a los ciudadanos españoles que salen fuera de España a ganarse la vida buscando un trabajo, es que, si a los tres meses no han encontrado trabajo y han perdido la prestación por desempleo, se quedan sin asistencia sanitaria. Usted dice que eso es simplemente para combatir el fraude. ¡Combatan el fraude donde están los grandes defraudadores, pero no dejen a los españoles sin derecho a la asistencia sanitaria! Señora ministra, reaccione y gobierne como hace falta gobernar en un país como España. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señoría, este Gobierno está garantizando la sostenibilidad de un sistema sanitario de salud -no es argumentario- que ustedes dejaron al borde de la quiebra con 16.000 millones de euros de deuda. (Rumores). Ese es un dato concreto y constatable.

Señoría, este Gobierno respeta las decisiones de las comunidades autónomas que adoptan en el ejercicio de sus competencias, que son las competentes en la gestión de los servicios sanitarios, siempre que no impliquen desigualdades para los ciudadanos y siempre que se garantice la atención a los


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pacientes. Eso es lo que hemos hecho desde el principio. Lo hicimos con el euro por receta que recurrimos en Madrid y en Cataluña. Ustedes, solo por interés partidista, lo hicieron en la Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular. También lo hemos hecho con las subastas de Andalucía. ¿Por qué? Porque discrimina a los ciudadanos andaluces, que no tienen acceso a los mismos medicamentos que sí tienen el resto de los ciudadanos de otras comunidades autónomas.

Señorías, respeto a la gestión de las comunidades autónomas en cuanto a la privatización o externalización de servicios, porque Cataluña y Andalucía están a la cabeza aunque usted no lo quiera decir, y también porque Andalucía está a la cabeza de los recortes en sanidad desde hace varios años. (Rumores y protestas.-Aplausos). Señoría, me habla usted de Madrid, pero no dice que el secretario general del Partido Socialista de Madrid en el año 2004 firmó un acuerdo para externalizar algunos servicios del hospital de Parla. Y me habla usted de universalidad, pero no dice que, cuando usted gobernaba, los parados de larga duración sin prestación -pregúnteselo al señor Martínez Olmos y usted lo sabe que era ministra- no tenían derecho a la asistencia sanitaria en nuestro país. Señoría, me habla usted de copagos, pero no dice que el copago farmacéutico siempre ha existido y no dice tampoco que en este momento los parados de larga duración no pagan por primera vez medicamentos cuando antes pagaban el 40 %, ni dice que siendo ministra de Sanidad propuso el copago por asistencia sanitaria, es decir, propuso que se pagara por ir al médico. (La señora Jiménez García-Herrera: ¡Por favor!). Señoría, este Gobierno está trabajando de forma conjunta con los representantes de los médicos y de los enfermeros, más de medio millón de profesionales. Ojalá ustedes alguna vez se quieran sumar al acuerdo y sacar la sanidad del debate partidista, porque es lo que nos piden todos los ciudadanos y lo que este Gobierno está intentando.

Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Jiménez García-Herrera pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

No, señora Jiménez, cuando terminemos las preguntas me dice usted lo que quiera.

- DE LA DIPUTADA DOÑA IRENE LOZANO DOMINGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿CUÁNTOS AHORRADORES QUE ADQUIRIERON PREFERENTES HAN QUEDADO HASTA EL MOMENTO EXCLUIDOS DEL ARBITRAJE? (Número de expediente 180/000811).

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Economía y Competitividad, que formula la diputada doña Irene Lozano, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidente.

Señor ministro, le formulo una pregunta muy clara y muy concisa y espero de usted también una respuesta clara y con toda la precisión posible. La pregunta es cuántos ahorradores, cuántos preferentistas han quedado excluidos de los arbitrajes y qué importe está pendiente de devolución. Le pido también sensibilidad al responder a la pregunta. Tenga presente que se produce en el contexto de un país en el que, mientras decenas de miles de preferentistas aún penan su ruina por haber firmado documentos que no entendían, hay una infanta de España con carrera que asegura no entender lo que firmaba.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, como sabe usted, el problema de la colocación del producto de las preferentes ha sido un problema heredado, al cual el Gobierno le ha dado una solución importante a través fundamentalmente de todo lo que tiene que ver con el arbitraje, que es una solución rápida, eficaz y sin coste, en medio de una crisis financiera sin precedentes en nuestro país. En total, el 80 % de los tenedores de participaciones preferentes han solicitado acogerse al sistema de arbitraje. El balance por el momento, porque todavía no se ha cerrado, es muy positivo. Se han dictado más de 210.000 laudos positivos por un importe de 1.850 millones. A esto hay que añadir las más de 50.000 personas que por la devolución de las acciones de Bankia han duplicado el valor de su inversión anterior. En definitivas cuentas, gracias a esta actuación,


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ante una situación extremadamente difícil, más de 260.000 personas, a las que no se les tendría que haber vendido este producto, han recuperado su inversión.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora diputada.

La señora LOZANO DOMINGO: Señor ministro, le pedía que intentara evitar la confusión y me queda la misma confusión. No sé por qué su versión nunca coincide con la de los afectados de las preferentes. Según los datos de ellos, hay casi 50.000 afectados que han sido excluidos de los arbitrajes, una cifra que, según ciertas informaciones de prensa, podría llegar hasta 160.000 afectados. Entonces no se entiende por qué, insisto, su versión de la realidad nunca coincide con la que tienen ellos y por qué usted, al igual que hizo también recientemente el señor Restoy en sede parlamentaria, cuando se dirigen a nosotros y a los ciudadanos nos hablan como Groucho Marx cuando decía en aquella película la frase famosa de: ¿Va usted a creerme a mí o lo que ven sus ojos? Porque lo que ven nuestros ojos es que los preferentistas se siguen manifestando en defensa de sus intereses y de su dinero. Lo que ven nuestros ojos es que piden reuniones a este grupo parlamentario para explicarle la penuria en la que siguen viviendo porque no consiguen que se les resarza y se les devuelva su dinero. Lo que ven nuestros ojos, señor ministro, es que siguen tomándose la molestia de conseguir extraoficialmente documentos como este (Muestra el documento), que han sido aportados a la causa, documento timbrado de la CNMV respecto a la emisión de preferentes de Caja Madrid del año 2009 -la madre de todas las emisiones-, en cuyo cuadro de difusión queda acreditado que el 98 % de las personas a las que se les colocaron preferentes eran familias. Por lo tanto, no hay una mala práctica, como dice usted, que va a ser discriminada por los arbitrajes. Cuando presentó aquí el decreto de arbitrajes usted dijo -y cito literalmente sus palabras aquí en el hemiciclo- que el arbitraje serviría para determinar de forma sencilla y eficaz los casos en los que había habido mala práctica. La mala práctica es en sí misma la emisión de preferentes y su colocación a pequeños ahorradores y la mala práctica es también un arbitraje que usted dice que intenta solucionar un problema heredado, pero que parte de la misma presunción, que es que hubo mala práctica en algunos casos y en otros no. La mala práctica se produjo en el 98 % de los casos...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Gracias, señor presidente.

Señoría, lo que ven mis ojos es que más de 270.000 personas han recuperado su inversión. No sé si a usted le parece mucho o poco, pero creo que no es una cifra en absoluto desdeñable. Lo que ha hecho el Gobierno han sido tres cosas, en primer lugar, evitar que este problema se vuelva a repetir en el futuro. Hemos establecido normas claras para que no se vuelvan a colocar productos complejos a ahorradores. En segundo lugar, hemos establecido normas con la comisión que se creó al respecto para que haya un arbitraje exprés para todos aquellos que se han visto especialmente afectados, es decir para aquellos pequeños inversores que colocaron menos de 10.000 euros y a los cuales nunca se les tenían que haber colocado. Y por último, si me lo permite usted, señoría, si hace seis meses nos hubieran dicho a usted, a mí o cualquiera en esta Cámara que más de 270.000 personas iban a recuperar su dinero de unas prácticas que, vuelvo a repetir, son heredadas, seguramente no nos lo hubiéramos creído. Por eso, señoría, usted y yo y todos en esta Cámara nos tenemos que alegrar de que, en un contexto extremadamente difícil y complicado, más de 270.000 personas hayan recuperado su inversión. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro

- DEL DIPUTADO DON EDUARDO MADINA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CÓMO JUSTIFICA EL GOBIERNO ACTUACIONES POLICIALES COMO LAS PRODUCIDAS CON OCASIÓN DE LA CONVENCIÓN DE SU PARTIDO EN VALLADOLID? (Número de expediente 180/000814).

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. En primer lugar, pregunta el diputado don Eduardo Madina, del Grupo Parlamentario Socialista.


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El señor MADINA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿cómo justifica usted las cargas policiales producidas hace unos días en la convención de su partido en la ciudad de Valladolid?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madina.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.

Señoría, en primer lugar, quiero precisar que no se produjo ninguna carga policial en la convención del partido en Valladolid. Usted en su pregunta alude a la justificación por las actuaciones policiales que se produjeron en dicha ciudad y yo le digo que las actuaciones policiales se justifican siempre en el cumplimiento del mandato constitucional, artículo 104, en virtud del cual les corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado garantizar el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana. Eso es lo que hizo la Policía Nacional -por cierto, muy eficaz y brillantemente- en Valladolid el día al que usted se refiere. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor MADINA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro del Interior, hace estrictamente quince días sucedió un juego de planos y de contraplanos en esta ciudad, en Valladolid. Sucedió que ustedes, en un auditorio que se llama Miguel Delibes, decidieron celebrar una convención. Es verdad que vinieron de una semana con escisiones a su derecha batiendo el récord del mundo de escoramiento hacia la derecha. Es verdad que tuvieron problemas de ausencias de iconos muy importantes de su partido -como usted los conoce mucho mejor que yo, no hace falta que diga sus nombres-. Es verdad que ese día decidieron ustedes que ante los problemas internos lo mejor era mandar callar al jefe de la oposición, al señor Rubalcaba. Y es verdad que en el contraplano de esa realidad que sucedía dentro del auditorio sucedían otras cosas. Era un día muy importante, por ejemplo, porque decenas de miles de hombres y mujeres salieron a la calle a defender los derechos de las mujeres. ¿Le suena lo del "Tren de la libertad"? Fue ese día. Era un día en el que muchos ciudadanos en la ciudad de Valladolid decidieron que estaban hartos de su manera de gobernar y fueron a protestar y usted decidió dejar de ser el ministro del Interior y empezó a ejercer de jefe de seguridad del Partido Popular. (Risas y aplausos). Y como había una comida de dirigentes de su partido en un bar muy cercano, usted decidió que en su manera de responder estaba su manera de ver el mundo.

Su manera de ver el mundo se ve, por ejemplo, en Ceuta, señor ministro. Se ve en cargas policiales como las de Valladolid, absolutamente desproporcionadas. Su manera de ver el mundo se ve en la ley de seguridad privada, en donde usted ha decidido coger el orden público y lo ha privatizado y lo ha colocado al servicio del negocio de unas cuantas empresas que después su secretario de Estado de Seguridad sale y dice que van a dinamizar económicamente al sector. Se ve en la ley de seguridad ciudadana. No se enfade tanto hoy conmigo como hace unos días, pero es una ley que conculca derechos de los ciudadanos en su expresión, en el acceso a la información, en la manifestación, en la reunión, es decir, usted, señor don Jorge Fernández Díaz, confundiendo lo que significa la jefatura de seguridad de un partido político y un Ministerio del Interior, está actuando como lo primero. Me pregunto, cuando a usted le cuentan esto de defender los derechos constitucionales, ¿cree que es para los miembros de su partido o para el conjunto de los ciudadanos? (Aplausos). ¿Derechos constitucionales para el señor Alonso, que comía cerca de la convención, o para los ciudadanos que protestaban en el libre ejercicio de sus derechos fuera la convención? No, señor Fernández Díaz, esto va en serio y usted mañana tiene que dar explicaciones sobre Ceuta, tiene que repensar sus leyes y tiene que explicar lo que sucedió a las puertas del auditorio Miguel Delibes en Valladolid. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madina.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.

No sé, señor Madina, si usted ha confundido el Congreso de los Diputados con el congreso de su partido (Rumores), pero en todo caso yo le voy a contestar por lo que usted me pregunta. Como usted sabrá o debería saber, el día 2 de febrero, en Valladolid, estaba convocada y comunicada conforme a la ley a la Delegación del


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Gobierno una macromanifestación por diversos colectivos y asociaciones políticas, que se desarrolló de manera bastante numerosa, y por cierto absolutamente pacífica, y finalizó a las catorce horas en la plaza Mayor. Con posterioridad, un grupo de unas setenta personas, en actitud claramente violenta, se dedicó a recorrer diversas calles de Valladolid, zonas peatonales, etcétera, generando alteraciones de la seguridad ciudadana que motivaron que diversos ciudadanos llamaran a la policía. En el lugar al que usted se refiere en concreto se personó la VII Unidad de Intervención Policial y sin ninguna orden específica, porque la policía tiene un protocolo de actuación, no de ahora, de hace mucho tiempo, una policía democrática, como usted sabe, y garante de los derechos y libertades de los ciudadanos y de la seguridad ciudadana, insisto, actuó precisamente para restablecer la normalidad, una normalidad que habían alterado unas personas que, entre otras cosas, escupieron, insultaron y agredieron a los policías, lo que tuvo como resultado que hubiera cinco heridos leves entre los manifestantes de ese grupo -insisto, no de la inmensa mayoría de manifestantes que, de forma libre y pacífica, se habían manifestado antes-, que se produjeran heridas en tres policías, que se produjeran tres detenciones, motivo por el cual se han tramitado las correspondientes diligencias por parte de la policía, que han sido elevadas a la autoridad judicial correspondiente.

Estos son los hechos. Me preocupa, señoría, de verdad, que usted, en lugar de preocuparse por los numerosos manifestantes que, libre y pacíficamente, ejercen sus derechos, se preocupe de proteger y salvaguardar a los radicales, a los violentos... (Aplausos.-Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA GEMA CONDE MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ AVANCES SE ESTÁN PRODUCIENDO RECIENTEMENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD EN EL ÁMBITO EUROPEO? (Número de expediente 180/000824).

El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula al señor ministro del Interior la diputada doña Gema Conde, del Grupo Popular.

La señora CONDE MARTÍNEZ: Gracias, presidente.

Hace unos diez años se constituyó, a iniciativa franco-española, el G-6 en materia de asuntos de interior, teniendo la primera reunión de constitución en el territorio español, más concretamente en Jerez de la Frontera. Los seis países más grandes de la Unión Europea -estamos hablando de España, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia- formaron parte de ese grupo conscientes de que existen retos en la actualidad con respecto a su seguridad interior que trascienden de sus propias fronteras. Tras una década de funcionamiento y de éxito en esa cooperación, coordinación, diálogo e intercambio de información -sobre todo en aquellas cuestiones de seguridad relacionadas con esos asuntos que de alguna manera trascienden de la dimensión nacional de los propios Estados-, la semana pasada, usted, señor ministro, tuvo la oportunidad de asistir a la reunión de este G-6 que se celebró en Cracovia (Polonia) y la próxima reunión se celebrará en España, en Madrid concretamente, en el mes de junio. Seguramente, por su compromiso personal con estas cuestiones -porque así lo conocemos y así lo ha demostrado en su trayectoria-, se tratarán asuntos como el terrorismo internacional, la delincuencia organizada, la inmigración irregular o esa área de libertad, seguridad y justicia en la que se está trabajando a nivel europeo, temas estos que evidentemente también fueron tratados en la reunión que, como he dicho, se celebró la semana pasada en Polonia. Lamentablemente, mientras sigan persistiendo estos riesgos, estoy convencida de que los socios comunitarios que conforman ese grupo del G-6 seguirán trabajando conjuntamente para prevenir y erradicar estas conductas ilícitas.

En cualquiera de los casos, ministro, le solicito información sobre estas cuestiones en relación con la pregunta que figura en el orden del día y que doy por reproducida.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señora Conde, efectivamente, tal y como su señoría ha manifestado, la semana pasada tuvo lugar esa reunión en Cracovia (Polonia) por corresponderle a este país la presidencia de


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turno del llamado G-6, el grupo que integra a los ministros del Interior de los seis países más poblados de la Unión Europea -Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España y Polonia- junto con los Estados Unidos. Acuden el fiscal general y el secretario de Seguridad e Interior de los Estados Unidos, así como la Comisión Europea. Como muy bien ha señalado, ese grupo fue creado en el año 2003 por iniciativa franco-española y bajo Presidencia española, mantiene su estabilidad y hace que el acervo comunitario en materia de libertades, seguridad y justicia en el seno de la Unión Europea vaya evolucionando conforme a esos fines que justifican y respaldan la idea que tenemos de la Unión Europea como un espacio de libertad, seguridad y justicia. En esa reunión de Cracovia a la que usted ha hecho referencia se trataron temas muy importantes para avanzar en el ámbito de la seguridad que exige como todos sabemos una cooperación policial reforzada, incluso transatlántica por razones obvias, y de la comunidad de inteligencia para luchar de manera eficaz contra el terrorismo yihadista, contra las mafias que trafican de forma criminal con personas, produciéndose el fenómeno de la inmigración irregular que tan dramáticos hechos ha producido recientemente en nuestras fronteras y allende nuestras fronteras, para luchar contra la criminalidad organizada en sus diversas manifestaciones y contra el tráfico de drogas. En esta reunión estuvimos estudiando de manera muy especial el crimen organizado en sus diversas modalidades y de origen asiático. Puedo asegurarle que estas reuniones son enormemente eficaces y permiten ir avanzando de manera especial en una Europa cuyos ciudadanos se sienten cada día más libres y más seguros, por tanto, en una Europa como a la que todos aspiramos y con la vocación para la que nació: un espacio de democracia, un espacio de libertades, un espacio de convivencia en libertad, en paz y en justicia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro del Interior.

Señora Jiménez, en efecto, en su pregunta ha sido usted aludida por su desempeño como ministra. Para ese punto -no para reabrir el debate-, tiene usted la palabra.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Muchas gracias, señor presidente.

No pienso que la señora ministra quiera mentir deliberadamente, por tanto supongo que, en su afán de utilizar argumentarios que le preparan en el ministerio, los ha repetido en varias ocasiones -y creo que ya es momento de dejar clara mi posición- y ha mentido claramente sobre un aspecto de mi gestión. La crítica política se puede hacer constantemente, pero no me gusta que se falsee la realidad. Ha dicho que yo he implantado un copago y yo invito a la señora ministra a que me traiga el Boletín Oficial del Estado donde he tomado la decisión de implantar un copago, o, si no, que deje de citarlo permanentemente, porque es en el Boletín Oficial del Estado donde se hace política, donde figuran las veces que ella ha implantado los copagos en estos dos últimos años. Por tanto, le pido o bien que traiga ese Boletín Oficial del Estado firmado por mí, donde yo supuestamente he implantado el copago en España, o que deje de mentir y falsear la realidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Al no estar la señora ministra de Sanidad, va a contestar en nombre suyo don Rafael Hernando. (Rumores).

El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.

Acudiendo a las previsiones reglamentarias que hacen referencia al hecho de defender a personas aludidas que no están en la Cámara, pido el turno de palabra. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).

Señora Jiménez, solo quiero decirle que sus declaraciones sobre el tema del copago están donde están. Vaya usted a Las mañanas de Cuatro, donde usted anunció que su departamento estaba pensando en establecer un copago. (Protestas). Había un copago para los parados que ha eliminado el Partido Popular. No es que usted estuviera en el copago. Ustedes estaban en el no pago. De ahí lo que ha tenido que hacer este Gobierno...

El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, tiene usted que contestar a lo que ha dicho doña Trinidad Jiménez. No puede emplear argumentos de fuera. Ha contestado usted ya y, por tanto, creo que es suficiente.

El señor HERNANDO FRAILE: ... 6.000 millones para todos los españoles de su no pago. (Rumores.-Aplausos).


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INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD SOBRE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS DERIVADOS DEL RESCATE BANCARIO Y, EN CONCRETO, SOBRE LA SITUACIÓN Y GESTIÓN DE LA SAREB. (Número de expediente 172/000193).

El señor PRESIDENTE: Interpelaciones dirigidas al Gobierno. Comenzamos con la interpelación del Grupo Socialista al ministro de Economía y Competitividad sobre la política de gestión de activos derivados del rescate bancario y, en concreto, sobre la situación y gestión de la Sareb. Para defender su interpelación tiene la palabra don Valeriano Gómez.

El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, la verdad es que esta interpelación no tendría que haberse producido. Si la estructura directiva de la Sareb y en especial su principal responsable, su presidenta, hubieran comparecido en la Cámara cuando se les solicitó para explicar, para dar cumplida cuenta de lo que estaba sucediendo en la Sareb, en su gestión, en sus resultados, en sus problemas, también en sus perspectivas de futuro, entonces quizás no tendríamos que haber recurrido al instrumento de la interpelación al propio ministro de Economía. Pero, ya ve, señor ministro, estamos hoy aquí, debemos aprovechar el tiempo, el suyo, que es importante, y también, por supuesto, el nuestro. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

Hace varios meses que el Grupo Parlamentario Socialista solicitó la comparecencia de la presidenta de la Sareb en la Comisión de Economía. Lo hicimos incluso de acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular y, si no me equivoco, con prácticamente todos los grupos de la Cámara fijando incluso una fecha para esta comparecencia. Lo hicimos a la vez que se fijó la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el señor Marín Quemada, que compareció unas semanas después -aquel día no podía hacerlo-, pero todavía a estas alturas -y han pasado, señorías, casi cuatro meses desde la primera solicitud- seguimos esperando la comparecencia de doña Belén Romana, presidenta de la Sareb.

Lo que queríamos entonces saber y queremos saber ahora, señor ministro, es qué es lo que está ocurriendo en el banco malo, en la Sareb, si los ceses, si las dimisiones -a estas alturas no sabemos muy bien cómo calificarlas- que se están produciendo son algo más que meros acontecimientos puntuales sin importancia. Es verdad que no es la primera vez que se producen en apenas un año de vida de este tipo de entidad, novedosa en la historia de España, no es la primera vez. Este verano hubo una dimisión en el primer nivel de dirección, fue el director general de procesos y de reporting. Se han producido también dos dimisiones en el consejo de administración, pero desde hace unas semanas conocemos el cese o el supuesto cese del director general, el primer ejecutivo de la entidad tras la presidenta. Se trata además -señor ministro, usted lo sabe bien- de un nombramiento que se realizó al mismo tiempo, a la vez que el de la presidenta de la Sareb.

Este asunto, señor ministro, no tuvo a mi juicio un buen comienzo y la verdad es que este primer cumpleaños -digámoslo así- no está siendo un cumpleaños demasiado feliz. Señor ministro, usted compareció hace algo más de un año en la Comisión de Economía para presentar la Sareb. Pocos días antes un influyente diario económico se pronunciaba abiertamente contra lo que él denominaba el experimento español del banco malo. La pregunta que entonces se planteó era precisamente la que hoy muchos nos seguimos haciendo: ¿cuánto de malo puede ser un banco malo y todavía querer dar un beneficio para los inversores y para los contribuyentes? Es verdad, se trata de un acuerdo establecido en el memorándum de entendimiento como condición para el rescate financiero de España, pero no le oculto que el Grupo Socialista siempre ha mantenido una posición muy escéptica sobre las ventajas de este experimento. Por cierto, no debo recordarle -pero lo haré- que usted mismo y el Gobierno durante los seis primeros meses de legislatura tampoco parecían estar muy convencidos de este experimento. Hasta la quiebra de Bankia y los acontecimientos posteriores, el rescate y las condiciones para acceder a la ayuda financiera durante esta primera parte de la legislatura, ustedes insistían por activa y por pasiva en que no habría un solo euro del contribuyente para el banco malo. Después comprobamos que la ayuda necesaria no era tan pequeña. El capital de la entidad y la deuda subordinada es de 4.800 millones, casi la mitad de ellos públicos, pero la deuda emitida, señor ministro, es de algo más de 50.000 millones por activos que han sido valorados en menos del 50 % de su valor en libros. La entidad, eso sí, es privada.


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¡Qué paradoja! Para que no forme parte del cómputo de la deuda pública española, la Sareb no tiene mayoría pública, pero esos 50.000 millones están íntegramente garantizados por el Estado, que sirve así de garantía para que las emisiones puedan financiarse en el Banco Central Europeo. Y por si fuera poco, se compromete una tasa media de beneficio del 14 % a los accionistas, a los privados, durante quince años, que es el periodo medio estimado de vida para la sociedad.

Señor ministro, ¿se acuerda usted de aquella campaña de publicidad de hace algunos años? Se llamaba Objetos imposibles. ¿Se acuerda usted de aquella cafetera que echaba el café no en la taza sino sobre el brazo del que lo servía, aquella que estaba en las marquesinas de los autobuses en Madrid? Pues algo parecido está ocurriendo con la Sareb. Los mismos accionistas privados, los mismos bancos en los que el Estado ha invertido, solo en capital y garantías para la Sareb, casi 100.000 millones se han quejado en estos meses a la Sareb diciéndole que tenga más cuidado con lo que hace, que no debe perjudicar con su actuación y sus propias ventas el valor de los activos inmobiliarios de los bancos. Lo que se le pide a la Sareb es que se esté quieta, que las operaciones mejores las haga con las participaciones de los propios bancos, de las propias entidades financieras, que financie incluso las operaciones de venta de esos inmuebles, que en el colmo de los despropósitos lo haga en ocasiones con las mismas compañías inmobiliarias que han causado este enorme desaguisado, en un país que sufre como pocos una crisis por sus excesos, por los de los promotores inmobiliarios y por los de las entidades financieras; que, por si fuera poco, señor ministro, que participe la Sareb como parte de los grupos compradores en determinadas operaciones, o sea, que vuelva a comprar ella misma lo que está vendiendo. Señor ministro, aunque cueste creerlo, además se quiere que la Sareb termine dando beneficios, porque hay un compromiso de retribución del capital con los principales inversores.

Hace ya casi un año el Partido Socialista presentó un plan para la reactivación económica. En él planteábamos que se destinaran de una u otra forma 10.000 millones de euros para mejorar la posición de las familias más endeudadas, algo muy similar a lo que se viene haciendo con éxito en los Estados Unidos desde que comenzara la crisis. Por supuesto, se nos dijo que esto era imposible -¿cómo vamos a dedicar estos fondos que nos presta Europa a estas cosas que ustedes dicen?-. No había 10.000 millones para mejorar la deuda de las familias, pero sí había 100.000 millones para capitalizar los bancos y crear el banco malo para los afectados, 100.000 millones para que luego los mismos promotores, los mismos bancos y los mismos grupos especuladores se hagan con pisos y con activos ejecutados previamente a los deudores. Esto no tiene ningún sentido, señor ministro. O sea, que se vuelven a quedar con los activos, a un precio muy inferior, aquellos que los hicieron y que después los dejaron a deber al banco o que terminan en la Sareb tras haber sido ejecutados sus anteriores propietarios por impago de sus deudas. Para este viaje, señor ministro, no hacían falta estas alforjas.

Hace unos días, señor ministro, una de nuestras mejores especialistas en política de vivienda lo resumía mucho mejor que yo. ¿Sabe lo que decía? Se lo entrecomillo: Toda la operación del banco malo es un escándalo. Fin de la cita. ¿Por qué alguien que pagaba una hipoteca de 100.000 euros, por ejemplo, pierde su casa porque no puede pagarla, luego ese piso pasa a la Sareb por 3.000 -30.000 en este caso- euros y se la queda después un fondo buitre o el mismo promotor que se la hizo por 35.000? ¿No hubiera sido mejor ayudarle y financiar una quita o nuevos plazos más largos para que pudiera seguir pagándola, señor ministro? (Aplausos). ¿No hubiera sido mejor hacer eso? ¿No cree que todo esto resulta imposible de digerir por los ciudadanos? Hemos pagado entre todos una diferencia de precios en los activos inmobiliarios de dos formas: recapitalizando los bancos y creando y financiando el banco malo, y ahora ni siquiera podemos analizar qué está ocurriendo, porque nadie sabe ni el precio al que se venden esos activos -porque eso perjudicaría, según se dice, la propia actuación de la Sareb- ni al que lo hacen en los propios bancos. O sea, que la transparencia perjudica al mercado. No está mal, ¿verdad? No está mal. Toda la vida pensando que la transparencia es consustancial al buen funcionamiento del mercado para ahora tener que escuchar que es mejor que no se conozcan los precios a los que se vende. Señor ministro, usted, que sigue siendo un liberal, seguro que no puede compartir estas prácticas, que son incalificables, incalificables.

Señor ministro, en el camino de este primer año la gestión de la Sareb ha seguido una estrategia cambiante, son ya dos planes de negocio sucesivamente aplicados, pero lo peor es la esencia inquietante que se desprende de las perspectivas de la gestión actual. No lo dice solo el Partido Socialista, lo dice también la troika: el Banco Central, el Fondo Monetario y la Comisión cuando plantean el control de la actividad de la Sareb para garantizar -dicen ellos- una disposición adecuada de los activos, minimizando


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el coste para el contribuyente. Aquí tiene usted tarea, señor ministro, su tarea es impulsarla como ministro de Economía de este Gobierno.

Hace unos días debatíamos en la Ley de Activos Diferidos las cuentas públicas, el balance del conjunto de la actuación pública; son prácticamente unas cuantías enormes, entre 150.000 y 200.000 millones pueden ser las pérdidas y los riesgos que el Estado está asumiendo en este asunto, por eso es tan importante el resultado de las dos principales operaciones: la nacionalización de Bankia y la Sareb. Sobre Bankia ya tuve ocasión de manifestar la opinión de mi grupo hace unos días; no estamos de acuerdo con la estrategia de privatización empleada hasta el momento. Podemos entender que la situación en Novacaixagalicia o en Caixa de Catalunya es distinta que en Bankia, pero no apoyaremos -se lo reitero otra vez en este momento- cualquier salida a Bolsa que signifique privatizar Bankia. Creemos en el nuevo equipo de gestión, merece confianza. Lo que demuestra una vez más que no es el modelo institucional, sino la capacidad de conocimiento del negocio y la responsabilidad de actuación las que explican los resultados. Por eso hay que mantener todavía la capacidad de recorrido del valor en Bankia. Pero le digo algo más. Hace pocos días se hizo público, incluso en un país tan próximo en muchos temas como es Italia, una posibilidad de creación del banco malo. El Gobierno dijo que no, que no estaba de acuerdo, que crearía un problema de contracción del crédito, que crearía un problema de bancos zombies que no terminarían de cumplir con su función, y, ¿sabe lo que digo? Que en España todo esto ya lo hemos hecho, hemos hecho ya un banco malo, y aún así la inmensa mayoría de nuestro sistema financiero sigue sin prestar; el crédito bancario para actividades productivas ha caído el 19 % en el último año, son casi 400.000 millones menos que antes de la crisis, pero tienen que ser menos naturalmente, estamos desapalancándonos, sí, pero son 220.000 millones menos que los que había hace solo año y medio, y este es el problema. Después de todo el esfuerzo realizado en el saneamiento del sistema bancario, al menos dos centenares de miles de millones de euros, el crédito sigue sin fluir en este país. La pregunta, señor ministro, es inevitable: ¿usted cree que todo esto ha merecido la pena? ¿Cree usted que la solución era cambiar de lugar los activos inmobiliarios de los bancos y rezar -sí, rezar- para que aparezca un beneficio? Si todo esto sigue como hasta ahora, señor ministro, no bastará con rezar, no ganaremos nada, y todas las deudas que esta aventura generará terminarán siendo asumidas por el Estado, como siempre, señor ministro.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Gómez Sánchez.

Señor ministro de Economía.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor Gómez, ya sabe usted perfectamente que yo siempre tengo enorme respeto por sus opiniones, que además las escucho, las entiendo, tanto aquí en la tribuna como en privado, pero quiero hacer una primera consideración. Yo hace aproximadamente un mes, y creo que era la décima vez que iba voluntariamente a la Comisión de Economía, tuve ocasión de hablar de Sareb; hablé de otras muchas cosas, pero estuve hablando de Sareb, y tuvo usted oportunidad de interpelarme y estuvimos hablando de todo el tema del rescate financiero. Sin embargo aquí ahora, en esta interpelación suya, solamente ha pasado un mes desde la última vez que yo acudí a la Comisión de Economía, le diría varias cuestiones. En economía hay una cuestión importante, señor Gómez, que no es confundir las causas con las consecuencias de los fenómenos económicos, y esto llevado al ámbito del sector financiero puede ser incluso más grave si confundimos las causas con las soluciones de los fenómenos financieros. Señor Gómez, Sareb no es causa de la crisis financiera, es parte de la solución de la crisis financiera. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Hace dos años, como usted sabe perfectamente, y lo sabe igual que lo conocía yo y conocían gran parte de los analistas financieros de este país, España estaba afectada por dos problemas fundamentales que además tenían una interrelación. El primero era una situación fiscal absolutamente insostenible, y el segundo era una interrelación que yo a veces he calificado de diabólica entre el riesgo bancario y el riesgo soberano. ¿Por qué? Porque se consideraba que efectivamente los bancos españoles tenían problemas muy importantes y el Tesoro español tenía que hacer emisiones, que se ponía en duda que podía realizar, y que nos dieran ese dinero para llevar a cabo esa recapitalización que se preveía como absolutamente imprescindible, desde el punto de vista de lo que era la devolución de la solvencia. Señor Gómez, estará de acuerdo conmigo, y creo que usted eso no lo va a cuestionar, en que hoy la situación es completamente


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distinta. Usted se refería anteriormente al dinero que se ha metido, y yo en lo que me fijo es en los cálculos que me da el Banco de España que dice que la inyección de capital entre el Gobierno anterior y este está en torno a 60.000 millones de euros, no los 150.000 o 200.000 millones, porque ahí estamos metiendo cuestiones como los avales, que como sabe usted perfectamente se han devuelto en su totalidad. Pero la cuestión fundamental es que hoy en día esa ligazón y esa conexión entre el riesgo financiero y el riesgo soberano ha desaparecido, señor Gómez, y eso se ve en todos los indicadores. ¿Y cuáles son los indicadores si me permite usted? Usted sabe perfectamente que es el de la prima de riesgo, sabe cómo se está financiando el Tesoro público español, y también cómo se están financiando los bancos españoles y su acceso a los mercados de capitales. Por tanto hay una primera cuestión. Reconozcamos, uno, que las actuaciones que ha llevado a cabo en el ámbito financiero este Gobierno han mejorado clarísimamente la percepción y la situación de solvencia del sistema bancario español, y en segundo lugar, que algo que se veía como absolutamente ineludible hace dos años -y usted hablaba antes de objetos imposibles y algunos decían que era misión imposible- se ha evitado; se ha evitado en esa misión imposible el rescate completo de España, y estoy convencido de que los diputados del Partido Socialista y de todos los grupos de esta Cámara también están encantados de que se haya evitado.

¿Cómo se ha hecho esto, señor Gómez? Se ha hecho, en primer lugar, con transparencia y la transparencia lo que supone es que hemos realizado test de estrés, análisis de activos, y valoraciones. Se ha hecho con realismo y se ha hecho incrementando las dotaciones de los bancos en más de 86.000 millones de euros. Se ha hecho ajustando a la realidad los activos inmobiliarios. Se ha hecho inyectando capital, y tuvimos que pedir, como sabe usted perfectamente, una línea de asistencia financiera que se ha cerrado por importe de 40.000 millones de euros, y se han inyectado, porque también se ha levantado capital en los mercados privados, 50.000 millones de euros por parte de los bancos españoles. En tercer lugar, y de manera muy importante, se ha hecho a través de algo que no es causa de los problemas, sino que es instrumento de solución, que es la Sareb. La Sareb lo que ha recibido ha sido en términos brutos aproximadamente 100.000 millones de euros de crédito promotor que tenían las entidades nacionalizadas. Podemos decir que ha recibido lo mejor de cada casa, señor Gómez, y usted sabe lo que ahí había. Ha recibido 200.000 activos, para que nadie se equivoque, no ha recibido ninguna hipoteca individual, porque sabe usted que había un límite, y era básicamente crédito promotor, y por tanto la Sareb no desahucia a nadie porque en absoluto está tratando con particulares, por el límite que comentábamos anteriormente. Trata fundamentalmente con promotores y con grandes riesgos.

Para que usted lo sepa, señor Gómez, y creo que lo sabe, la Sareb empieza desde cero, sin ningún tipo de infraestructura. Recibe 200.000 -vuelvo a repetir- activos de naturaleza extremadamente compleja. Muchos de ellos no son activos inmobiliarios, son activos financieros, y también con activos subyacentes. Es curioso que incluso, como se hace una transmisión en bloque de estos activos, ni las entidades cedentes ni el propio supervisor sabían lo que se estaba transfiriendo a Sareb. Después de un proceso de análisis detallado y de auditoría en estos momentos ya la Sareb conoce, desde el punto registral, de cargas, y de lo que son las características fundamentales, los activos que ha recibido en un tiempo récord. Permítame que le diga además, porque es importante, que la Sareb ha sido un instrumento de saneamiento del sistema bancario que sin duda ha tenido y está teniendo un efecto positivo en la mejora clara -que reconoce cualquier analista, y espero que usted también lo reconozca, porque es una persona cabal- del sistema bancario español. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho, por ejemplo para una entidad como Bankia, aparte de la inyección de capital de 22.000 millones, le ha permitido transferir estos activos, ha empezado a venderlos, y ha vendido 3.800 millones de euros, y este año va a amortizar 2.000 millones de esos bonos. Ha hecho operaciones para garantizarse además un tipo de interés fijo y fijar el coste de su financiación a medio y largo plazo, y ha establecido desde cero, como decía anteriormente, tanto un registro como una operatoria. Por tanto más allá de lo que son las anécdotas, cuando uno va a la sustancia de los números, lo que le puedo decir es que la labor que ha hecho Sareb en un año no tiene parangón con lo que existe en otras actuaciones de bancos malos en el mundo, y lo ha hecho con eficiencia, con operatividad, y con enorme transparencia. Ha establecido códigos de conducta para sus consejeros, ha establecido códigos de conducta para sus trabajadores. Como decía usted, de alguna forma hay que tener cuidado, porque de vez en cuando aquí los intereses, por decirlo de alguna manera, no son del todo sesgados, y evidentemente la Sareb tiene que velar por esa transparencia, y desde ese punto de vista creo que lo está haciendo de una forma adecuada.

Señoría, hoy la percepción del sistema bancario español no tiene nada que ver con la que teníamos hace dos años. Estoy convencido de que usted se alegra de eso, porque sabe que sin eso no hay


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recuperación. Hoy cualquier indicador financiero de la economía española que usted coja es completamente distinto. Hoy la economía española, tanto el Tesoro como nuestros bancos y nuestras empresas, se empiezan a financiar en condiciones muchos mejores. Llegamos a tener una situación límite en la cual no había financiación disponible. Volviendo al inicio de mi intervención y empezando también por las causas, los efectos, los instrumentos y las diferentes actuaciones que se han tomado, señor Gómez, le diría que reconozca conmigo que hoy la situación es mejor. Por supuesto que voy a continuar exigiendo toda la transparencia del mundo para la Sareb. Por supuesto que el equipo directivo de Sareb -que tiene todo mi apoyo- sabe perfectamente que la estabilidad es un valor. Por supuesto que hay que continuar actuando con limitaciones desde el punto de vista de los potenciales conflictos de intereses, pero también tenemos que reconocer la labor que se está haciendo.

En una crisis bancaria, en la cual se han visto afectados de una forma muy clara el sector inmobiliario y el sector financiero, como consecuencia de la burbuja de crédito y de una burbuja inmobiliaria, lo que le puedo decir es que lo importante es ganar tiempo, y Sareb es un instrumento para ganar tiempo. Si no hubiéramos tenido la Sareb y esa transferencia de 100.000 millones de euros de cartera de activos, a lo mejor lo que tendríamos que haber hecho hubiera sido vender carteras de activos inmobiliarios y, con cálculos de la propia Comisión Europea, eso nos habría costado 20.000 millones de euros más; o tendríamos que haber dado un esquema de protección de activos, señor Gómez, en los que todos tenemos conocimiento de sus consecuencias. Por lo tanto e independientemente de que yo -vuelvo a repetirlo- siempre escucho con atención y tomo en consideración lo que usted me comenta, como no puede ser de otra forma, al igual que lo que me comentan todos los portavoces de la Cámara, lo que yo le puedo decir es que efectivamente todo es perfectible, pero en estos momentos la actuación de la Sareb tiene muchas más luces que sombras, y además le digo que es un instrumento importante que ha ayudado de forma crucial a modificar la percepción del sistema financiero español y de la economía española, y ahí es donde debemos estar todos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Señor Gómez.

El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, yo la verdad es que tengo muchos defectos como humano, pero creo que tengo una virtud, en general tiendo a comprender bien y a ponerme bien en el lugar de la persona con la que discuto. Y tengo que reconocer que me gusta más ir al fondo de los problemas que a la forma, pero tengo un aprecio importantísimo por la forma, y yo reconozco que me gusta discutir con sus formas, más que con este tipo de formas arrabaleras -arrabaleras en el peor sentido de la palabra- que uno está acostumbrado a escuchar en el Parlamento; a ese fondo me dirigiré.

Usted dice: Sareb no es la causa del problema, es la consecuencia, y lo que yo le digo es que esa consecuencia en el primer año de gestión, con todos los problemas que implica poner en pie una sociedad de esta magnitud, con este riesgo añadido, etcétera, ofrece muchas sombras. Usted dice que hay más luces que sombras, yo digo que hay demasiadas sombras, no opondré todavía si las luces superan a las sombras, pero hay un problema, y el problema fundamental es el de la falta de transparencia; tendría que haber habido mucho más información, mucha más información, más comparecencias en la Cámara, aunque la información y la transparencia no solamente se produce en el Parlamento, se puede producir en otros ámbitos, pero hemos tenido todos, y no solamente el que le habla, personas, entidades e instituciones que se dedican al mundo inmobiliario, personas, entidades e instituciones que se dedican a la defensa de los intereses de los consumidores que echan en falta mucha más transparencia en la gestión de la Sareb, mucha más, porque nos jugamos mucho ahí, como usted mismo ha dicho. Son 100.000 millones, sí, pero 100.000 millones es la Sareb, capital por una parte, 50.000 millones de emisiones de deuda, más lo que ha costado la capitalización de las entidades afectadas, otros 60.000 millones prácticamente, más los esquemas de protección de activos, que todavía dan alguna sorpresa, o sea que hay bastante dinero. Lo que pueda haber en riesgo de perder, a salvo de lo que le pase a la Sareb y a Bankia -por eso es tan importante- está mucho más cerca de lo que yo digo, está mucho más cerca de una banda de entre 150.000 y 200.000 millones de euros, mucho más cerca, y usted lo sabe bien. Otra cosa es que sea tan importante, y por eso es tan importante la Sareb; si no fuera por la Sareb, por ejemplo, nuestra tasa de morosidad, que ya está en torno al 13 %, estaría ya rondando el 20, entre el 17 y el 18, por eso es tan importante la Sareb. Hemos cambiado de lugar préstamos y activos de dudoso cobro, y


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ahora de lo que se trata es fundamentalmente de obtener un beneficio, un beneficio; de saber que puede haber al principio pérdidas, naturalmente, nunca le vamos a criticar por que el primer año, el segundo o el tercero haya pérdidas en la Sareb, pero sí vamos a criticar al Gobierno las veces que sea necesario si observamos, como estamos observando, ausencia de transparencia en esta materia.

Usted ha dicho dos cosas que quiero discutir. Ha desaparecido la conexión entre riesgo soberano y riesgo bancario, ha desaparecido esa conexión en la medida en que se consolide el proyecto de unión bancaria, y los fondos de resolución y el mecanismo único de resolución dejan abiertas todavía muchísimas incógnitas, muchísimas incógnitas. Y yo sé que usted ha luchado y ha peleado efectivamente para que esas incógnitas fueran menores, para que el papel de ese fondo único fuera más importante en el ámbito del conjunto, y menos importante en la responsabilidad de cada Estado nacional, por supuesto que sí, pero hay muchísimas incógnitas.

Respecto a la prima de riesgo yo me alegro naturalmente de que tengamos una prima de riesgo como la que tenemos. ¿Cómo no me voy a alegrar, si en el año 2011 teníamos los problemas que teníamos, incluso con primas de riesgo no significativamente distintas de la actual, no de la de los 600 puntos básicos que teníamos en el verano de 2012? Lo que le digo -lo hemos dicho siempre- es que si esa actuación por parte del Banco Central Europeo, en lugar de haberse producido en el verano de 2012 se hubiera producido en el verano de 2010, todo el sufrimiento que se ha producido en Grecia, Italia, España, Portugal o Irlanda hubiera sido enormemente menor; toda la cantidad de puestos de trabajo destruidos, innecesariamente destruidos, hubiera sido muchísimo menor, y esa desafección ciudadana creciente respecto de Europa hubiera sido mucho menor. Por eso digo que nos alegramos, sí, pero sabemos bien dónde está la solución. Y la solución por fin estuvo en una política monetaria activa, decidida a defender la moneda como nunca, por cierto sin pedir demasiadas cosas a cambio, que demasiado lleva ya sufrido el conjunto de la ciudadanía europea, y la española en particular, para que nos siguen pidiendo cosas a cambio (Aplausos) por cumplir con su papel, que es el de defender la moneda, que es el papel del banco central en cualquier país democrático y en cualquier país avanzado. Para eso se crearon los bancos centrales, no para decirles a los Gobiernos lo que tenían que hacer; se crearon para defender la moneda y en muchas ocasiones para asegurar una perspectiva de crecimiento del empleo determinada, y yo me alegro.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Gómez, tiene que terminar.

El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Termino ya, señora ministra. Lo único que digo es que hay algo que hacer. Ha habido nuevas informaciones que acabamos de conocer, también de ausencia de respeto incluso a compromisos asumidos por la Sareb. Yo sé que la Sareb no ejecuta, que recibe lo que ha sido el producto de ejecuciones previas, naturalmente, pero no puede ser que ni siquiera se respeten los propios compromisos asumidos por la Sareb. Esto no le da buen nombre a la Sareb, y no puede ser que continúe el baile en la cúpula directiva y en el consejo de administración. Esto tiene que pararlo, y es usted la persona con más autoridad; la única persona en el Gobierno que puede hacerlo, y tiene que hacerlo; en mi opinión tiene que hacerlo, porque el aroma que nos llega no es un buen aroma, en primer lugar, porque no se ponen los datos encima de la mesa. Eso es lo que primero que tiene que hacer la Sareb. En eso nosotros le apoyaremos, pero en continuar esta política oscura y de falta de transparencia con eso nunca podremos estar de acuerdo, señor ministro. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gómez.

Señor ministro de Economía.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías. Señor Gómez, le quiero plantear varias cuestiones porque estoy de acuerdo con usted, y creo que en todos nuestros debates siempre ha primado ese tono constructivo, usted desde sus posiciones y yo desde las mías; algo que creo que es de agradecer y que la sociedad española efectivamente agradece. Usted ha hecho varias consideraciones que yo comparto absolutamente. En primer lugar, el tema de la estabilidad. En el ámbito del consejo de administración los dos cambios que se han producido han sido como consecuencia de situaciones de incompatibilidad sobrevenida posteriormente, y por supuesto se lo explicaremos a los grupos parlamentarios. La presidenta de la Sareb se lo explicará próximamente. También es importante la estabilidad desde el punto de vista del equipo directivo, es decir,


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la estabilidad del equipo directivo es una cualidad; la presidenta lo sabe, es la primera que lo conoce, y creo que va a estar especialmente atenta al respecto.

Hay otras cuestiones en las que sin embargo habla usted de transparencia. Sabe usted que hay una especie de comisión de supervisión de la Sareb en la cual están el Gobierno español, el Banco Central Europeo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, que ha remitido un primer informe de seguimiento al Parlamento. Además como usted también sabe perfectamente la presidenta de Sareb ya tiene fecha para acudir a la Comisión de Economía de este Congreso. Sin embargo, si me permite usted una cuestión -porque también lo va a entender- le diré que tengamos cuidado con las críticas sesgadas sobre falta de transparencia. Usted sabe que Sareb recibe 100.000 millones de euros de activos, y lo hace con un descuento medio en torno al 55 %. Lógicamente una de las cuestiones en las cuales los operadores privados pueden tener más interés es en saber exactamente -por activos, no globalmente- cuál es el precio de transparencia de cada uno de aquellos. ¿Por qué, señoría? Porque puede haber intereses desde el punto de vista de la compra de esos activos. Ahí Sareb, si me permite usted, para defender el interés general tiene que mantener esos precios de alguna forma no en público, porque si hiciera públicos los precios individualizados esto sería para los compradores tirar a pichón parado, y Sareb, aparte de vender, tiene que conseguir un beneficio porque tiene que cubrir unos intereses, unas cargas, etcétera. Por lo tanto la transparencia tiene que ser de cara a esta Cámara, y estoy convencido de que el equipo directivo de la Sareb está encantado de tratar con todos los portavoces de los grupos de esta Cámara y explicarles los detalles. Otra cuestión de la que no estoy tan convencido es que esa transparencia que piden algunos tenga como consecuencia que el beneficio de la Sareb desaparezca. Ahí lógicamente tenemos que tener cuidado.

Por otro lado usted comentaba la unión bancaria, la prima de riesgo, etcétera. El Banco Central Europeo creo que ha hecho una buena labor. El programa OMT creo que ha sido positivo. La reducción de la prima de riesgo y la mejora de la situación financiera de España es consecuencia de dos factores. Uno, actuaciones en el ámbito comunitario -OMT, unión bancaria, etcétera-, y dos, mejora de la percepción de la capacidad competitiva, de crecimiento, de la posición fiscal de España y percepción de que España va a volver a crecer. Intento ser lo más objetivo posible, porque además si soy sesgado y si mis juicios fuesen sesgados de alguna forma estaría dando la impresión incorrecta. Intento ser objetivo, al igual que sé que usted también lo intenta ser. ¿OMT, actuación del Banco Central Europeo? Correcta. También le recuerdo que la única vez que compró deuda pública española, como usted sabe, fue con el programa SMP en el segundo semestre del año 2011, cuando compraron aproximadamente 40.000 millones de euros.

Una vez dicho esto creo que todos nos tenemos que alegrar de que la situación sea distinta. Hay que continuar trabajando para que la prima de riesgo continúe reduciéndose, hay que continuar trabajando para que las agencias de rating ya no solamente estabilicen la perspectiva del rating en España, sino que mejore. Hay que continuar trabajando sobre todo para volver a los niveles de renta y empleo que teníamos hace siete años.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y LAS REFORMAS LEGALES QUE RESTRINGEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS DE LOS CIUDADANOS. (Número de expediente 172/000194).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural sobre la criminalización de la protesta social y las reformas legales que restringen los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. Para su defensa tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora vicepresidenta.

Hace ya dos años -pocas semanas después de que usted tomase posesión del cargo, señor ministro- del episodio que tuvimos en Valencia llamado de la primavera valenciana, en el que el jefe superior de policía calificó a los manifestantes como el enemigo. Desde allí hasta las recientes cargas en Valladolid -a las que usted ha aludido en la pregunta que le han formulado hace unos minutos en esta


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Cámara- se ha recorrido un largo camino, pero un largo camino que tiene un mismo hilo conductor: la represión de la movilización ciudadana. Todo el país es consciente de la situación en la que vivimos: 6 millones de parados, recortes sistemáticos que impulsa este Gobierno y otros Gobiernos autonómicos, un clima de corrupción en determinados partidos políticos que amenaza la limpieza de la vida pública, una reivindicación ciudadana de más democracia, y una sintomatología de cómo afronta este Gobierno esta situación: las vallas todavía rodean el Parlamento. Llevamos dos años de legislatura en los cuales las vallas están todavía en las esquinas que rodean esta Cámara.

El Gobierno de España lleva dos años, señor ministro, dando respuestas policiales desproporcionadas a multitud de manifestaciones. En un país donde todo está regulado -ya se lo hemos reivindicado en alguna proposición no de ley en la Cámara-, no está regulado cómo tiene que ser las actuaciones policiales en el caso de una manifestación; y al final, por esa falta de regulación que este Gobierno y Gobiernos anteriores se han negado a establecer, vemos cómo se conculcan sistemáticamente los derechos y, lo que es peor, se amenaza la integridad física de las personas que se manifiestan en nuestro país.

Desde la primavera valenciana hasta las recientes manifestaciones de Valladolid, pasando por Gamonal, ha habido episodios sistemáticos de movilización y de represión policial. Quiero recordarle específicamente el 25 de septiembre del año 2012, con la convocatoria Rodea el Congreso, un episodio que dio lugar a unas actuaciones policiales que desde nuestro grupo parlamentario criticamos duramente y que no merecieron ninguna comparecencia por parte del Gobierno. Aprovechamos una comparecencia que hubo al día siguiente del director general de la Policía para comentar estos temas, pero no se produjo ninguna específica, como sí la va a haber mañana, por ejemplo, sobre los acontecimientos que han sucedido hace pocos días en Ceuta con el desgraciado episodio de la muerte de quince personas, pero sobre aquel magno episodio de violencia, sobre todo policial, que fue la convocatoria de Rodea el Congreso, no ha habido una comparecencia. Sí se anunció que se realizaría una investigación con respecto a lo que pasó después de la concentración, pero cuando la conclusión de esa investigación ha sido conocida, nos hemos llevado la desagradable sorpresa de que no se ha establecido ninguna responsabilidad.

Señor ministro, le recuerdo como un hecho sintomático y de los más graves que hemos vivido bajo su mandato que aquellos días la policía cargó en el Paseo del Prado contra personas que circulaban tranquilamente, entró en locales a la búsqueda de personas empujando y produciendo una alteración del orden público y bajó a los andenes de la estación de Atocha golpeando gratuitamente a ciudadanos que estaban esperando el tren y que no habían pasado por la manifestación. Ninguna responsabilidad en una actuación policial tan desmesurada y tan poco afortunada; no voy a utilizar otros calificativos. Nos hemos visto con delegaciones de provincias en las que la represión policial afecta a la integridad física de las personas. Murcia, señor ministro, le acabamos de dirigir una batería de preguntas sobre la situación en Murcia y por qué precisamente las actuaciones policiales en esa provincia revisten una violencia inusitada, hasta el punto de que determinadas personas han tenido que ser ingresadas en hospitales después de las actuaciones policiales. No está justificada para nada esa actuación policial, no se actúa con proporción.

Estoy seguro de que uno de los datos que me sacará usted en su intervención es el enorme número de manifestaciones que ha habido, con un incremento exponencial -todos conocemos y compartimos dicho dato-, y que se ha producido un número mínimo de intervenciones policiales teniendo en cuenta el enorme número de manifestaciones. Pero ese pequeño número de intervenciones policiales en muchos casos ha revestido un carácter muy controvertido y nada ajustado a la situación que se estaba produciendo, hasta el punto de que organizaciones internacionales y ONG como Amnistía Internacional han cuestionado seriamente la política de su Gobierno en cuanto a la represión de la movilización ciudadana en las manifestaciones. La marca España, señor ministro, se ha impuesto demasiadas veces a porrazos en la espalda de los manifestantes, y eso es algo que desde mi grupo parlamentario le criticamos y le criticaremos duramente.

Otra forma de la represión que nosotros queremos denunciar y que ya le hemos trasladado han sido las detenciones arbitrarias sistemáticas; es costumbre ya en muchas manifestaciones acabar deteniendo a la gente. Así, algunas personas acaban pasando una noche en los calabozos de la policía, al día siguiente se les pone en libertad y cuando se lleva ese tema a juicio al final acaba todo sobreseído. Son detenciones absolutamente gratuitas, sin ninguna fundamentación, sin estar argumentadas y sin tener ninguna justificación. Muchas veces, además, señor ministro, están relacionadas con un problema que sigue sin solucionarse por parte de su departamento, que es la falta de identificación de los policías, lo que lleva a una indefensión de la ciudadanía cuando se enfrenta a un policía que arbitrariamente tiene un


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comportamiento inadecuado ateniéndonos a lo que establece la legislación vigente. No hay forma de identificarlos. Muchas veces, solamente las grabaciones que se hacen, que circulan por Internet y que son conocidas acaban demostrando cómo hay actuaciones policiales injustificadas, con una violencia no proporcionada a la de los manifestantes que están ejerciendo un derecho constitucional.

Otra forma de ejercer esa criminalización de la protesta ciudadana que nosotros hemos denunciado sistemáticamente es la cuestión de las multas, un número disparatado de multas, señor ministro. Se lo pedimos en una pregunta hace tiempo y quizá usted en su intervención tenga hoy nuevos datos que proporcionarnos sobre cómo ha evolucionado el número de multas relacionadas con las manifestaciones en nuestro país. Algunas comunidades autónomas tienen un número desmesurado, como Madrid, Castilla-La Mancha o Andalucía, y la inmensa mayoría de las veces son injustificadas, hasta el punto de que nos estamos encontrando con que ahora mismo multas impuestas a manifestantes por la Subdelegación del Gobierno en Toledo, en la ciudad de Talavera, están siendo sobreseídas y están siendo aceptados los recursos de alzada por algo tan sencillo como que las multas habían sido impuestas no por una denuncia policial por un hecho sucedido en el momento, con la consecuente denuncia posterior al hecho denunciado, sino a través de informes policiales realizados con posterioridad y que no aludían en concreto a un hecho ligado a una persona y a un lugar. Y es su propio departamento el que está dando la razón a estos recursos de alzada y sobreseyendo estas multas. Sin embargo, esa política de imposición de multas consiste en que determinadas subdelegaciones del Gobierno han multado sistemáticamente a personas que habían estado en una manifestación, en una concentración en una zona peatonal, sin interrumpir el tráfico, sin ninguna alteración del orden público; simplemente se las ha identificado y se las ha multado.

Otro asunto que nosotros hemos criticado y que hemos trasladado a esta Cámara y sobre el que hemos realizado preguntas al Gobierno es el de las investigaciones policiales impropias. Algunas cuestiones muy concretas: el tema de los agentes infiltrados; agentes infiltrados en movimientos sociales, agentes infiltrados en manifestaciones. Son archiconocidas las imágenes de aquel policía vestido de paisano en el suelo al que le está agrediendo otro policía, que dice: a mí no, que soy compañero. Sobre estas infiltraciones de agentes en los movimientos sociales, en las manifestaciones, yo le quiero preguntar, señor ministro, y que usted nos aclare al conjunto de la nación desde esta tribuna si están siguiendo escrupulosamente lo que se establece en el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; si hay una supervisión judicial o fiscal de esa presencia de policías en movimientos sociales, y si la figura del agente provocador, que está reconocida legalmente, está teniendo un comportamiento absolutamente controlado y ajustado a lo que establece la legislación vigente. Porque después de algunas informaciones recibidas, incluso de alguna aseveración emitida por el director general de la Policía en sede parlamentaria diciendo que el agente que está infiltrado no está para impedir que se haga un delito sino para azuzar la comisión de un delito, tenemos que advertir que tiene una lectura muy complicada dentro de nuestro ordenamiento jurídico en lo que al agente provocador se refiere, que debe de poner de manifiesto el delito cuando se ha realizado pero no debe instar a su provocación cuando el delito no ha tenido lugar.

Listas negras, señor ministro. Otra de las formas de investigaciones policiales impropias. Las hemos detectado y las hemos visto. Fue la delegada del Gobierno en Madrid, la señora Cifuentes, quien habló y dijo en unas declaraciones: sabemos quiénes son, las personas que son y las tenemos localizadas. Después hemos detectado esas listas negras, esos informes policiales en los cuales están -estamos- identificados activistas sociales, activistas políticos, que después incluso han acabado siendo miembros del Gobierno en Andalucía o miembros de la Cámara Alta y han sido objeto de identificación en informes policiales; lo hemos detectado cuando hemos tenido acceso a los informes de las personas que han sido multadas. Averiguaciones no contempladas por el Estado de derecho. Ejemplos como que en el municipio alicantino de Petrel se convoca un acto en un local cerrado y aparecen dos policías de paisano a identificar a las personas que estaban allí, en un acto convocado por la Plataforma Afectados por la Hipoteca. O el otro día, en la también localidad alicantina de Pego, donde se convoca un acto sobre el derecho a decidir y la Guardia Civil acaba yendo a la casa de la persona que había pedido la autorización para hacer ese acto en un local cerrado para preguntar de qué iba eso, si se iba a pedir la independencia y quiénes eran los participantes. Investigaciones policiales, señor ministro, que, usted lo sabe, la legislación vigente no ampara.

Todo esto ocasiona problemas para el Gobierno en cuanto que supone un desprestigio internacional. Aparte de ello, está habiendo procedimientos sobreseídos por los tribunales: lo que ha pasado con las multas de Toledo que estaba comentando, la reciente sentencia de los escraches que dice que son manifestaciones -y así son, señor ministro, no conviene confundir las cosas-, el sobreseimiento de


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aquella denuncia por el tema de Rodea el Congreso que se pretendió hacer pasar como un delito contra las instituciones y, al final, afortunadamente, la Audiencia Nacional dijo que no había tal delito. Todas estas circunstancias están planteando un panorama en el cual su Gobierno, el Gobierno al que usted pertenece, ha reaccionado de una forma terrible y es, como no podía ser de otra forma, como ya nos tiene acostumbrados el Partido Popular, modificando la legislación vigente, una reforma del Código Penal y un proyecto de ley de seguridad ciudadana que han sembrado una elevadísima polémica. No me queda tiempo para continuar y espero poder entrar en la réplica en estas dos nuevas leyes, una de las cuales ya se está tramitando en la Cámara y en la otra estamos a la espera de que el Gobierno apruebe el anteproyecto. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.

Señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señora presidenta.

Me voy a ceñir, señor Sixto, al texto literal de su interpelación porque sinceramente -y lo lamento- creo que hoy en su intervención se ha alejado -permítame que lo diga- de la moderación, del equilibrio y de la mesura a la que, desde la diferencia ideológica, legítima, nos tenía acostumbrados, por lo menos a mí, en sus intervenciones públicas. Porque hablar de vallas que intentan proteger el Congreso intentando trasladar a la opinión pública y a esta Cámara en definitiva que los que pretenden rodear el Congreso están actuando legítimamente y que la policía que pretende proteger la sede de la soberanía nacional es la que está actuando incorrectamente, parece más propio de un partido antisistema, sinceramente, y que está al margen de la legalidad que no de un grupo como al que usted representa. En fin, hablar de agentes provocadores, de listas negras...Cualquiera que le oyera a usted, que hubiera oído su intervención al margen de la realidad social de la España en que vivimos, pensaría que hay un divorcio total y absoluto entre esa realidad social y lo que usted aquí ha descrito; no se parece en nada, en nada.

En todo caso, me quiero ceñir al texto literal de su interpelación. Habla usted de supuesta criminalización de la protesta social y, por otra parte, de las reformas legales que, según usted, pretenden restringir derechos fundamentales como el de reunión, manifestación y libertades públicas. Permítame que en esta primera intervención siga el mismo orden. No me cansaré de decir que el Ministerio del Interior, a través de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil, no hace sino cumplir el mandato literal de la Constitución que, en su artículo 104, le mandata garantizar la seguridad ciudadana y el libre y -escuche, señor Sixto- pacífico ejercicio de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a los ciudadanos. Eso es lo que hacen. Y no lo deben hacer demasiado mal cuando los ciudadanos, el pueblo soberano, tiene valoradas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, como las instituciones de las que tiene mejor concepto; son las instituciones más valoradas. Por tanto, si hablamos del pueblo soberano, si hablamos de la sociedad, fíjese usted qué concepto, según dice el Centro de Investigaciones Sociológicas, tienen los ciudadanos de esos cuerpos tan represores a los que usted se refiere; que le haga reflexionar eso también, señoría. Puedo asegurarle que el Ministerio del Interior, como no puede ser de otra manera, está a la cabeza de la defensa de los derechos fundamentales como son los de reunión y manifestación, pero, eso sí, como es lógico, siempre ejercidos en el marco de la ley y haciéndolos compatibles con el ejercicio de los derechos de los demás ciudadanos para que todos podamos convivir en una sociedad libre, democrática y civilizada. Sin duda, el derecho de reunión, señor Sixto, es un valor fundamental que como tal está consagrado en el artículo 21 de nuestra Constitución. Sin embargo, como todos los derechos, no es un derecho absoluto ni ilimitado. La propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional exige que el ejercicio del derecho de reunión -y cito literalmente al Tribunal Constitucional en numerosas sentencias- se desarrolle de forma pacífica y sin que suponga la afección de otros derechos, pues en este caso -sigo citando al Tribunal Constitucional- se produciría un abuso en su ejercicio y quedaría fuera de la protección jurídica que la ley otorga al derecho de reunión y manifestación. Así ocurre, por ejemplo, cuando bajo el paraguas del derecho de reunión y de su ejercicio en determinados momentos se toman las calles de una ciudad con prácticas amenazantes o violentas en contravención de otros derechos fundamentales que también tienen otros ciudadanos. Por eso, el artículo 104 hace referencia a esos derechos y a la seguridad ciudadana. Como los hechos no solo son irrefutables, sino que también son muy reveladores, como usted decía, no le voy a decepcionar. Hay un largo camino desde ese momento que usted califica como primavera valenciana -menos mal que no habla de Primavera árabe- hasta ahora. Ya ve usted cómo en España el ejercicio del derecho de reunión y manifestación es un derecho que está restringido y reprimido. No hay ningún


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país europeo en el que se ejerza con más libertad, normalidad y civismo el derecho de reunión y manifestación que en España. Eso se lo digo con datos oficiales. En el año 2012 se produjeron un total de 36.798 manifestaciones o concentraciones. Solo en 532 de ellas se produjo algún tipo de disturbio y solo en el 0,24 % de ellas -88 en concreto- la Policía o, en su caso, la Guardia Civil tuvieron que utilizar medios de defensa. Por cierto, 265 miembros de la Policía y de la Guardia Civil resultaron heridos en el transcurso de esos acontecimientos. El año pasado, 2013 -ya ve usted si ese ejercicio también fue muy limitado en España-, hubo 33.124 manifestaciones. Solo en 323 -un 1 %- se produjo algún tipo de disturbios y solo en 27 se necesitó emplear material de protección -es decir, en un 0,08 % del total-, siendo 131 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que resultaron heridos. Ni que decir tiene que en esos miles y miles de reuniones y manifestaciones -insisto- se manifestaron democrática, libre y pacíficamente centenares de miles o millones de personas en total. Esa es la realidad social que cualquiera que contemple con objetividad lo que sucede en nuestras calles en la España de hoy puede acreditar.

Pasamos ahora, señoría, al otro tema planteado en su interpelación, y cito literalmente: reformas legales que pretenden restringir los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. Señoría, puedo asegurarle rotundamente que este Gobierno ni ha promovido ni va a promover ninguna reforma legal en esa dirección. Solo desde el absoluto desconocimiento de esas iniciativas o desde la mala fe -que no le quiero atribuir a su señoría- se puede llegar a una conclusión como a la que usted llega. A partir de este punto quiero exponerle varios argumentos para demostrar de forma inequívoca que esta iniciativa, el anteproyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, es oportuna, conveniente y necesaria. Por una parte, la actual reforma del Código Penal en trámite en esta Cámara prevé, como usted sabe muy bien, la desaparición de determinadas conductas que hasta ahora estaban tipificadas como faltas. Por otra parte, tanto el Tribunal Constitucional como la jurisdicción contencioso-administrativa han dictado una abundante jurisprudencia desde la promulgación de la vigente ley de 1992, que ha configurado un sistema mucho más garantista Por otro lado, todos hemos podido constatar evidentes cambios en nuestra sociedad. Por último, pero no por ello menos importante -aunque no obligue jurídicamente al Gobierno, políticamente sí le vincula-, hay una moción aprobada por el Pleno de esta Cámara el 26 de julio de 2012, subsiguiente a una interpelación del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, en la que literalmente se instaba a la reforma de la citada ley, actualizando -entre otras cosas- el catálogo de infracciones y sanciones para que fuera más efectiva en la represión de las conductas radicales y violentas que se estaban produciendo -aunque en ínfima minoría, como antes les he señalado- en algunas de esas manifestaciones. Por tanto, pretendemos recoger esa numerosísima jurisprudencia que se ha dictado acotando más y mejor los ámbitos de los poderes públicos y tratándose, por tanto, de un proyecto claramente garantista. Usted aludía a que no estaba debidamente garantizada la actuación de la policía; yo le puedo asegurar que sí y, aunque en la letra de la ley vigente no está, en el anteproyecto sí que va a estar; van a estar claramente delimitados los ámbitos, los fines y los procedimientos a los que tiene que ajustarse la autoridad cuando para garantizar la seguridad ciudadana se pueden ver afectados los derechos fundamentales o libertades públicas. Evidentemente la actuación policial siempre está sometida, como ha dictado la jurisprudencia, a los principios de congruencia, a los principios de oportunidad y al principio de proporcionalidad. Le daré algunos ejemplos que ya le he mencionado pero que me parecen muy clarificadores a estos efectos, señor Sixto. Fíjese, va a ser la primera vez que en un texto legal se defina la seguridad ciudadana, y obviamente lo hace de acuerdo con el concepto propuesto por el Tribunal Constitucional. Como le decía, va a ser también la primera vez que en nuestro ordenamiento se delimitan los fines que deben perseguir los poderes públicos al proteger la seguridad ciudadana. De esta forma se pretende un control judicial más riguroso para que la Policía, la Guardia Civil y los demás cuerpos policiales sepan a qué atenerse, de tal manera que siempre en su actuación deban perseguir esos fines. Y un ejemplo más concreto que creo que tiene especial importancia son, por ejemplo, las diligencias de cacheo e identificación, que quedarán en este anteproyecto, después proyecto, sometidas al principio de mínima injerencia y al principio de no discriminación por razón de raza, sexo, religión o cualquier otra circunstancia o condición. Todos estos límites, señor Sixto, no aparecen en la vigente ley de 1992 y sí en el anteproyecto al que me estoy refiriendo.

En cuanto a la oportunidad del momento de presentación de este proyecto, después de las prácticamente 70.000 manifestaciones que se llevan produciendo, en su inmensa mayoría, como he dicho, de manera absolutamente normal, legal y pacífica en nuestro país, me parece que decir a estas alturas que lo que este anteproyecto pretende es restringir el derecho de manifestación sinceramente es


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poco razonable, por decirlo de una manera suave. Le tengo que decir que precisamente ahora es cuando se ha superado ya la recesión económica y se vislumbra la salida de la crisis, por lo que parece el momento más adecuado para impulsar una ley de estas características, que va a permitir que queden mejor afianzados los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizando mejor la seguridad ciudadana e impidiendo, eso sí, la aparición de conductas ilegales, violentas y vandálicas.

Por otra parte, tenemos tal voluntad de que, como no puede ser de otra manera, este anteproyecto se adecue a nuestra Constitución, se adecue a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, en general de toda la jurisdicción contencioso-administrativa, que ha sido remitida para informe a la Agencia Española de Protección de Datos, en lo que hace referencia fundamentalmente al Registro central de infractores, para poder acreditar, en su caso, la multirreincidencia, al Consejo Fiscal, al Consejo General del Poder Judicial, a otras asociaciones y finalmente al dictamen del Consejo de Estado, de tal manera que cuando ese anteproyecto pase a la mesa del Consejo de Ministros como proyecto de ley y sea trasladado a esta Cámara haya pasado todos los filtros necesarios como para poder acreditar que efectivamente lo que pretendemos es garantizar con más seguridad jurídica las libertades públicas, los derechos fundamentales de los ciudadanos y la seguridad ciudadana, tal como nos encomienda, insisto, la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, hay cosas que, por mucho que se repitan, no tienden a ser verdad. Yo creo que todos los españoles y las españolas nos alegraríamos de salir de la crisis, pero con las políticas que está desarrollando el Gobierno no tenemos un futuro claro ni una salida clara de la crisis, lamento decírselo.

Usted ha dado unos datos -quiero empezar por ahí-, unos datos que refrendan lo que nosotros estábamos diciendo, la inmensa mayoría de la ciudadanía se manifiesta pacíficamente y ejerce su constitucional derecho de reunión y manifestación en lugares públicos de forma pacífica. Son muy pocos los ejemplos en los cuales hay violencia y, en los muy pocos ejemplos en los que la hay, nos gustaría saber -y le agradecería que proporcionase esos números en algún momento, igual que debería proporcionar también los números de las personas que se están manifestando y que acaban heridas, no solamente los de los policías- en cuántos casos la actuación policial no está justificada. Señor ministro, lo de las vallas y lo de Rodea el Congreso se lo he dicho como símbolo; todos vamos a estar siempre en el lado de la defensa de las instituciones democráticas y de la participación ciudadana en la política. Es un símbolo de cómo está yendo esta legislatura Se lo he señalado simplemente como un símbolo.

Señor ministro, no me ha respondido usted a las cuestiones que le he planteado; no me ha respondido ni a las investigaciones respecto a las actuaciones policiales. ¿Me quiere usted decir que con todas las actuaciones policiales que se han producido por las manifestaciones que han sucedido, las 88 intervenciones con defensas en el año 2012 y las 27 en el año 2013, no ha habido investigaciones internas y en ningún caso ha habido ningún problema y todas las intervenciones policiales han sido absolutamente impecables? No es así, señor ministro. Internet está plagado de imágenes con actuaciones policiales indebidas, con actuaciones policiales no ajustadas, no proporcionadas a lo que estaba pasando allí. Está lleno, y no es posible que no haya ni una sola investigación interna de la cual no se deriven responsabilidades. No me ha contestado usted ni ha tranquilizado a la opinión pública sobre si la existencia de agentes infiltrados se está haciendo de acuerdo a la legislación vigente. No ha dicho usted nada con respecto a las investigaciones impropias, las listas negras, las averiguaciones o las interrupciones e intervenciones en actos celebrados en locales cerrados, algo específicamente protegido por la Constitución y las leyes orgánicas. No ha dicho usted nada de un tema que origina muchísimos conflictos en las manifestaciones: solucionar de una vez por todas que la policía esté identificada, si no con su número personal, porque puede suponer algún problema para su futuro o por seguimientos -conozco las excusas que se dan normalmente-, con un número aleatorio, pero que un ciudadano que tenga conciencia de que un policía se ha comportado de una forma no adecuada pueda identificarlo, porque ese es el problema fundamental. Cuando estas cosas terminan en los tribunales, señor ministro -créame, lo sé-, no es posible identificar al policía, no hay forma de hacerlo porque van todos con uniformes, uniformes que, por cierto, acaban ustedes de prohibir que los lleve la gente en los Carnavales. Me gustaría ir este año a los carnavales de Cádiz para ver cuánta gente va con uniformes de la Guardia Civil.


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Para terminar, señor ministro, tanto usted como yo conocemos el proyecto de ley que está elaborando el Gobierno de seguridad ciudadana, así como la reforma del Código Penal, que está ya en tramitación en esta Cámara. No es cierto lo que dice el Gobierno, señor ministro, no es cierto. El Código Penal no elimina tantos comportamientos que hasta ahora eran calificados como faltas e incorpora una serie de nuevos comportamientos, además con una calificación poco clara, con una calificación poco sujeta a una interpretación indubitable de comportamientos que tienen lugar en las protestas ciudadanas para criminalizarlas. Y el proyecto de ley que quiere traer el Gobierno a esta Cámara, muy contrariamente a lo que usted ha dicho, señor ministro, es un proyecto de ley que incorpora nada menos que una treintena de nuevos conceptos sancionables mediante multas. ¡Una treintena de nuevos conceptos! No es una mera adaptación o mejora de la ley anterior, que tampoco compartimos y que criticamos en su momento -Izquierda Unida criticó la ley anterior, la ley actualmente vigente-, no es una mera adaptación, sino una actualización de la casuística de todo aquello que, por un lado, incorpora el nuevo Código Penal y, por otro, su departamento desea tener la excusa para poder imponer todas las multas que considere y que esta vez le salga bien, y no como hasta ahora, que ha tenido que sobreseerlas, como he dicho en mi intervención anterior, en algunos casos, como el de Toledo. Que esta vez le salgan bien. Las multas y las porras no son el camino ni la solución.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Termino.

Las multas y las porras no son el camino, señor ministro. Siempre el diálogo es el mejor camino en democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.

Señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señora presidenta.

Señor Sixto, quiero hacer una aclaración; como lo ha dicho desde la tribuna, quiero aclararlo. Que quede claro que si en los Carnavales de Cádiz quieren utilizar disfraces de la Guardia Civil lo van a poder seguir haciendo. Lo que esa orden ministerial regula es el uso reglamentario oficial de la Guardia Civil, que son cosas distintas. Entre otras cosas le tengo que decir que ya está contemplada la suplantación de personalidad, hay personas que utilizan en este caso concreto, como usted sabe muy bien, el uniforme de la Guardia Civil para hacerse pasar por agente de la autoridad, denunciar, cometer irregularidades e ilegalidades. Eso está en el Código Penal ya y lo que se ha hecho ahora en esa orden ministerial es concretar el uso reglamentario de la Guardia Civil. Que quede claro a los efectos oportunos, ya que usted lo ha dicho desde la tribuna, que una cosa es eso y otra cosa es lo que usted ha comentado.

En todo caso le tengo que decir, señoría, que el hecho de que estén tipificadas más conductas en ese anteproyecto responde, por una parte, a que se han debido incorporar aquellas conductas que estaban hasta ahora tipificadas como faltas en el Código Penal y que en el caso de que ahora no las trajéramos, no estuvieran residenciadas como procede en un texto de estas características, quedarían en el limbo jurídico; en el limbo jurídico pero no en el limbo fáctico porque esas conductas antisociales, reprobables, deberían tener algún tipo de reproche jurídico. Hasta ahora era un reproche penal, aunque leve, porque estaban tipificadas como falta; ahora será un reproche administrativo en una ley que establece sanciones administrativas como es la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Y quiero decir que es doctrina consolidada, como sabe su señoría, que el reproche penal es la última ratio de los reproches; el reproche administrativo evidentemente es inferior, aunque, como no puede ser de otra manera, siempre está sometido al control jurisdiccional correspondiente, en este caso la jurisdicción contencioso-administrativa.

Me ha hablado usted de más conductas que pasan a ser tipificadas en este anteproyecto y le digo que eso, además de lo que le acabo de comentar, responde también a lo que le dije anteriormente, que hay conductas que hace veintidós años no se producían, entre otras cosas porque aparecen vinculadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, y no tengo que extenderme en explicar que ese mundo prácticamente era incipiente, poco desarrollado hace veintidós años y ahora forma parte de nuestra normalidad. Hay conductas que son conexas con esto y que tienen que ser llevadas a una ley de estas características. Y también está el hecho de que, al estar mejor precisadas, hay más garantías


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jurídicas, hay más rigor jurídico. No hacemos una tipificación genérica de determinadas conductas calificándolas como infracciones y sancionándolas como leves, graves o muy graves, sino que se pretende que sea más casuística su enumeración y su descripción para precisamente que haya más y mejor seguridad jurídica para la Administración y para el administrado, y ello sin perjuicio de que, insisto una vez más, hay conductas que no existían hace veintidós años y que hoy son muy graves.

Le voy a poner un ejemplo porque infracciones o conductas que están tipificadas como eventuales infracciones muy graves hay siete en el anteproyecto. Le voy a decir una de ellas que no existía, repito, en el año 1992, que es el uso de punteros láser para deslumbrar a los pilotos de aeronaves especialmente en el momento del aterrizaje o del despegue. Alguno podría pensar -y les voy a decir que yo entre ellos en un primer momento- que esa era una conducta absolutamente excepcional que se producía con carácter extraordinario y hasta qué punto estaría justificado que se elevara la anécdota, aunque fuera muy negativa o peligrosa, a la condición de categoría tipificándola de manera especial en un texto de este tipo. Pues bien, le voy a decir que de esa conducta que le acabo de comentar -deslumbrar con punteros láser a los pilotos de aeronaves en el momento del aterrizaje o del despegue- según los datos que nos da la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, se produjeron fíjese usted qué datos: en el año 2010, 120 denuncias, y le puedo especificar aeropuerto por aeropuerto. Se produjeron 120 en el año 2010; 446 en 2011; 490 en el año 2012 y 634 en el año 2013. De tal manera está creciendo esa práctica que evidentemente puede tener consecuencias peligrosísimas, y nos ha parecido que era muy importante que en una ley de estas características se tipificara esa conducta, que se está generalizando peligrosamente, como una conducta muy grave y en consecuencia sancionable en los términos que prevé esta ley. Le pongo ese ejemplo como le podía poner otros.

Y ya que se ha hablado tanto al aludir a esta ley de su voluntad -que ya comenté antes- de restringir el derecho fundamental de reunión y manifestación, quiero reiterar, porque es muy importante que quede claro cara a la opinión pública, que la Ley orgánica reguladora del derecho de reunión, como sabe muy bien su señoría, es del año 1983 y que para nada se modifica con esta ley. Es más, en el catálogo de sanciones a la vigente ley de 1992 las sanciones que se imponen en relación con el ejercicio de ese derecho fundamental de reunión y manifestación son más graves que las que se contemplan en el anteproyecto de ley, de tal suerte que, por ejemplo, la mera no comunicación a la Delegación del Gobierno o al órgano competente en el caso de las comunidades autónomas que tienen transferida la competencia de mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana con un cuerpo de policía propio, la mera no comunicación, digo, está tipificada como infracción grave en la vigente ley de 1992, mientras que en el anteproyecto esa mera no comunicación lo tipificamos como infracción leve que solo se agrava en el supuesto de que esa no comunicación vaya acompañada de una alteración grave de la seguridad ciudadana. Es un ejemplo que le puedo poner para que vea usted que una cosa es lo que se dice, se dice en muchos casos sin haberse leído el anteproyecto, y otra cosa es lo que dice el anteproyecto, y eso sin perjuicio de que, como le señalaba anteriormente, está pasando por tales filtros jurídicos, por tales órganos constitucionales e institucionales que tenga su señoría la seguridad de que cuando se convierta en proyecto de ley porque lo haya aprobado como tal el Consejo de Ministros y venga a esta Cámara estaremos debatiendo un texto especialmente escrupuloso, garantista en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y las libertades públicas y al mismo tiempo más eficaz para preservar un bien jurídico tan importante como es el de la seguridad ciudadana.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS GENERAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD, QUEBRANTADA POR DIVERSOS ACTOS YA EJECUTADOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO SECESIONISTA DE ARTUR MAS. (Número de expediente 172/000196).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a examinar la interpelación del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar la protección del interés general y el cumplimiento de la legalidad quebrantada por diversos actos ya ejecutados en desarrollo del proyecto secesionista de Artur Mas.

Para su defensa, señora Díez.


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La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señores ministros, señor ministro, planteo esta interpelación al Gobierno porque hay un órgano de una comunidad autónoma que trabaja con luz y taquígrafos para dinamitar el Estado de derecho.

Planteo esta interpelación porque me pregunto -es pregunta retórica, pero se lo pregunto al Gobierno interpelado- si conocen ustedes alguna democracia en que quepan este tipo de actuaciones. Señor ministro, este no es un asunto menor, no es un asunto económico, no es un asunto de relaciones ordinarias entre el Gobierno y las comunidades autónomas, las relaciones ordinarias se hacen dentro de la ley, dentro del respeto a las normas y, por tanto, no estamos hablando de un asunto de relaciones ordinarias entre el Gobierno de la nación y las comunidades autónomas. Este es un asunto de respeto al orden constitucional y también de amparo de los derechos fundamentales de todos los españoles. Hay quien no respeta el orden constitucional y hay quien tiene que actuar para amparar los derechos fundamentales de todos los españoles. Porque sí, efectivamente, como decimos cotidianamente y lo dice por supuesto nuestra Constitución, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos la obligación de respetar las leyes, de cumplir las sentencias de los tribunales y cuando además tienes responsabilidades de Gobierno tienes que, además de acatar las leyes, hacer que las leyes se cumplan. Todos iguales ante la ley, la infanta y Artur Mas, la monarquía y el nacionalismo catalán, todos nosotros y todos los ciudadanos que están fuera, que nos están escuchando o que son ciudadanos, en términos coloquiales, anónimos; todos iguales ante la ley porque lo dice el sentido democrático y porque lo dicen expresamente el artículo 9 y el artículo 14 de nuestra Constitución.

Planteo, pues, esta interpelación porque es inaceptable la acción -me refiero a la actuación- del Gobierno de Cataluña, y pondré luego algunos ejemplos, y también nos resulta inaceptable la inacción, no actuar frente a quien vulnera el Estado de derecho y, por tanto, además de incumplir las leyes deja desprotegidos a los ciudadanos. La retórica, señor ministro, tan común en su Gobierno en esta materia de que harán que se cumpla la ley, que es lo que nos suelen decir siempre, mientras observamos cómo se incumple la ley y se burlan de las sentencias de los tribunales, a nuestro juicio es ya absolutamente inaceptable. No se puede decir que harán que se cumpla la ley y ver cómo se está incumpliendo y no actúan para reponer el orden constitucional. La política de hechos consumados deja víctimas y las víctimas, además del Estado de derecho, son los ciudadanos desprotegidos, los que necesitan del Estado para ser protegidos en sus derechos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Le pondré algunos ejemplos que, a mi juicio, resumen la forma de actuar por parte del Gobierno de la Generalitat de Catalunya y que es una clara desobediencia a la autoridad judicial. El Parlamento de Cataluña aprobó una declaración de soberanía y derecho a decidir, se llamaba así. El Gobierno, ustedes, la impugnaron ante el Tribunal Constitucional en enero de 2013. El Tribunal Constitucional acordó la suspensión en mayo de 2013. El día 11 de julio el Tribunal Constitucional, contestando a una petición del Parlamento de Cataluña, denegó expresamente el levantamiento de la suspensión proclamando el gran relieve constitucional del asunto, que no era un tema menor, y diciendo expresamente: Es necesario mantener la suspensión para evitar que durante la tramitación del recurso el Gobierno catalán siga impulsando, orientando y dirigiendo su acción política hacia la secesión, según la hoja de ruta diseñada. Cierro comillas. A pesar de ello, de esa nueva resolución del Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que han hecho las autoridades catalanas? En un claro supuesto de desobediencia a la autoridad judicial y abierto desafío al Estado de derecho, la Generalitat ha continuado desarrollando el acuerdo suspendido y ha seguido poniendo en marcha acuerdos e instrumentos, dotándose de medios para convocar un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña. Así, el día 27 de septiembre de 2013, tras el debate sobre la orientación política general del Gobierno de la Generalitat -lo que aquí llamamos el debate sobre el estado de la Nación-, aprobaron una resolución que contiene un apartado completo dedicado al derecho a decidir del pueblo de Cataluña. ¿Recuerdan la resolución impugnada y suspendida en enero de este mismo año con ese mismo título e idéntico objetivo? No solamente no respetan, sino que erre que erre, tal y como el Tribunal Constitucional determinó que había peligro de que ocurriera, siguen desarrollando esa resolución suspendida. Esta última resolución, la del mes de septiembre, desarrolla la hoja de ruta, lo que, como digo, quiso evitar el Tribunal Constitucional. Así, en clara vulneración de la resolución del Tribunal Constitucional, ejecutan una serie de actos, entre los que cabe destacar: determinación de las preguntas del referéndum ilegal; fijación de fecha para el referéndum ilegal; elaboración de un censo electoral al margen de la Loreg; acuerdo para crear un registro en el que se inscriban los catalanes que vivan en el extranjero; creación de un órgano específico para llevar adelante la secesión, un órgano llamado Consejo Asesor para la Transición Nacional, naturalmente con su habilitación presupuestaria


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correspondiente; internacionalización del conflicto -dicho entre comillas, y todos recordamos quién también llama conflicto a otras cosas- con remisión de cartas y documentos que cuestionan incluso la existencia de un régimen democrático en España. Estos son solo algunos ejemplos de cómo está desarrollando esa resolución suspendida en septiembre.

A la vista de la ejecución de esta serie de actos concretos preparatorios para la secesión -por cierto, que se van desarrollando sin esperar si quiera el resultado de una consulta que, según ellos, habría de ser para saber si el pueblo catalán quiere o no la independencia; pero, al margen de lo que pudiera decir finalmente el pueblo catalán, ellos ya van desarrollando todo esto-, no podemos dejar de preguntarnos, señor ministro, y por eso le interpelamos, ¿qué piensa hacer el Gobierno de la nación para evitar esta abierta vulneración de la legalidad vigente? Porque sobre esta cuestión del mal llamado soberanismo o del mal llamado derecho a decidir no es el único ejemplo de desprecio por la ley que se está perpetrando en Cataluña. Déjeme que le recuerde otra burla, otro escarnio, este en relación con el derecho de los ciudadanos a educar a sus hijos en la lengua materna. Tras ocho años de conflictos, desde que en julio de 2006 una familia tuvo que acudir a los tribunales para exigir que se respetara un derecho constitucional básico, el derecho a educar a tus hijos en la lengua materna, las autoridades catalanas no han hecho otra cosas que mofarse -sí, mofarse- de las sentencias de los tribunales, incluida la del Tribunal Constitucional de julio de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña y el posterior auto del Supremo que desarrollaba prácticamente esa misma sentencia, también de diciembre de 2010. El último ejemplo de mofa ha sido tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 31 de enero de 2014, que fija un 25 % de clases en castellano en aquellas aulas en las que el alumno lo solicite. ¿Qué ha dicho el Gobierno de Cataluña ante esa sentencia? No solo lo que ha hecho, sino qué ha dicho ante esa sentencia. Pues ha dicho expresamente que no moverá ni una coma -entre comillas- el modelo educativo catalán; o sea, que hará caso omiso una vez más a una sentencia, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Cuáles son las consecuencias de esa actuación del Gobierno de Cataluña? Las consecuencias, señor ministro, y por eso estamos hablando de la cuestión, es que no solo es que nos repugne que no se respeten las sentencias de los tribunales y no se acaten las resoluciones y las leyes de nuestro país, es que además las consecuencias son que hay ciudadanos desprotegidos, que sigue habiendo ciudadanos desprotegidos.

¿Qué pasa en las democracias de calidad con Gobiernos dispuestos a defender el Estado de derecho? Porque podríamos pensar que esto puede ocurrir en otras democracias. Yo le pregunto, también retóricamente, ¿qué pasaría si esto ocurriera en una democracia de las de nuestro entorno? ¿Qué pasa en las democracias de calidad cuando hay un gobernante que se atreve a no acatar las sentencias de los tribunales? Primero, lo normal es que las acaten inmediatamente, sin ningún tipo de discusión, y cuando no las acatan hay un poder superior democrático, el Gobierno de la nación, que actúa. Por poner un ejemplo, muy reciente también. Señor ministro, en Estados Unidos, un Estado federal, hay una sentencia del Supremo en relación con la ley del Estado de California que prohíbe el matrimonio gay, una ley, además sometida a referéndum, repito, del Estado de California que prohíbe el matrimonio gay. El juez, el magistrado que dicta la sentencia del Supremo de Estados Unidos dice: "La pregunta presentada era si un Estado federal puede, aunque sea en referéndum, discriminar a las parejas del mismo sexo simplemente porque a la mayoría de los ciudadanos que votan no les gusta la homosexualidad. La respuesta es, bajo la Constitución de Estados Unidos, no, no cabe esa discriminación". Eso es en Estados Unidos. Aplicado a España, la pregunta es, señor ministro, si una comunidad autónoma puede, aunque tenga mayoría en su órgano legislativo, discriminar a los ciudadanos que quieren que sus hijos sean educados en la lengua materna; la pregunta es si un Gobierno autonómico puede, aunque tenga mayoría en la Cámara autonómica para ello, saltarse las sentencias de los tribunales de justicia; la pregunta es si un Gobierno, si el Gobierno de la nación piensa utilizar los instrumentos que le da la Constitución para defender la unidad de la nación española, el interés general y el derecho de todos los ciudadanos a no ser discriminados por ninguna razón, tampoco por razón de lengua; la pregunta es si ustedes piensan defender activamente, con los instrumentos que les dan nuestro Estado de derecho y nuestra Constitución, el Estado de derecho y, al defender el Estado de derecho, si piensan defender a todos los ciudadanos, si van a hacer algo más, señor ministro, que decirnos que harán que se cumpla la ley y si van a empezar a utilizar la ley contra aquellos que la están vulnerando y están atentando contra los derechos de muchos miles de ciudadanos y en conjunto contra los derechos de todos los españoles.

Gracias, presidente. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Para responder a la interpelación, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, señora Díez, hace ya unas semanas, pocos meses, tuvimos una interpelación parecida. Desde entonces, como ocurre siempre con los hechos políticos, hemos avanzado en el sentido de que unos han adoptado posiciones y otros han adoptado otras, pero el Gobierno está en el mismo sitio. Lo que también ha sucedido en este tiempo es que el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, tuvo una intervención en Barcelona, exactamente el día 25 enero del año 2014, donde dijo estrictamente lo siguiente: He procurado ser prudente para no crear tensiones adicionales y continuaré siéndolo, pero eso no está reñido con dejar las cosas claras: mientras yo sea presidente del Gobierno ni se celebrará ese referéndum que algunos pretenden ni se fragmentará España. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite, así de simple. España es un Estado de derecho y eso quiere decir que en él todo el mundo sabe a qué atenerse porque todo debe estar regido por una ley escrita. Pues bien, nuestra ley escrita dice que convocar un referéndum en España es competencia exclusiva del Gobierno. Esto lo sé yo, lo sabemos todos y lo saben mejor que nadie quienes pese a todo se empecinan en la convocatoria.

No voy a seguir leyendo las palabras del presidente del Gobierno, señor Rajoy, pero cuando se dice, como acaba de hacer usted, que el Gobierno esta en inacción, no sé a qué se refieren, señora Díez. El Gobierno está diciendo las cosas muy claras. También está diciendo en su prólogo de afirmaciones que no queremos tensar más de lo estrictamente necesario, pero eso es perfectamente compatible con la firmeza. En España hay una Constitución, España es un Estado de derecho y un Estado de derecho, como también reconoce en ese discurso el presidente del Gobierno, identifica, es el imperio de la ley. Las leyes se cambian, las constituciones se cambian, pero por los procedimientos legales y no por las ocurrencias o por las supuestas mayorías constituidas a partir de ello. El derecho a decidir es consustancial en democracia. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros en nuestro puesto en esta Cámara si no somos consecuencia precisamente de ese derecho a decidir de la ciudadanía? Pero en la democracia española, en todas las democracias, la decisión final reside en la soberanía del pueblo, en la soberanía popular; no reside ni siquiera en esta Cámara, no reside en los miembros del Gobierno, como también decía el señor Rajoy en su discurso. Aunque quisiera, el Gobierno no podría hacerlo de manera distinta. Eso es el imperio de la ley, no la interpretación que hagamos cada uno de nosotros de esa ley y de esa Constitución, no quienes interpretan desde un parlamento autonómico la Constitución a su forma de entender. ¿Es legítimo que lo hagan en términos políticos? Lo es. ¿Es ilegal la consecuencia a la que llegan? También lo es a criterio del Gobierno y para eso está el Tribunal Constitucional, para que vaya contrastando cada una de esas iniciativas y las vaya calificando y diciendo si merecen el amparo de la ley, de la Constitución o si están fuera de la ley, de la Constitución. Y si están fuera de la ley y de la Constitución el Gobierno está en su posición; es decir, el Gobierno está para cumplir la ley y para hacerla cumplir. Para eso está un Gobierno en un Estado de derecho. Es una obviedad que el Gobierno es el primero en cumplir la ley, por supuesto, pero es que la función que determina en España y en cualquier democracia el Estado de derecho es que es el Gobierno el encargado de hacer cumplir la ley. Ahí es donde está nuestra posición; una posición firme y segura. Los ciudadanos de Cataluña lo saben, los ciudadanos de toda España lo saben. El Gobierno no tiene capacidad para hacer sino aquello que determina nuestra Constitución y, a partir de ello, por supuesto, todas las posiciones políticas son válidas. También lo son las de aquellos que desean independizarse, solo que no cabe en nuestra Constitución. Puede haber siempre minorías que aspiren a transformar ese Estado de derecho. Bien, pero háganlo por los cauces legales y ordinarios, por descontado, esa es la única manera en que podemos entender el derecho a decidir, consustancial a la democracia, y el ejercicio de la ley, que es la que estamos preservando y la que da sentido a nuestra función y nuestra posición política. Por eso le decía, señora Díez, que reiteramos los argumentos que ya expusimos en su día, que yo mismo expuse en su día y repito ahora.

Yo entiendo, como representante del Gobierno, que quienes anteponen otros objetivos políticos a la superación de la crisis económica están buscando entorpecer la recuperación económica y la salida de la crisis. ¿Eso lo están haciendo en Cataluña? Sí lo están haciendo en Cataluña. Yo le puedo decir con la mayor tranquilidad pero con la misma profunda convicción que hay políticos en Cataluña a los que no les interesa que haya recuperación económica, que hay políticos en Cataluña a los que no les interesa que venga pronto la creación de empleo, ni en Cataluña ni en toda España; que hay políticos que tienen su


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concepto de política y no les interesa eso, cuando la historia más reciente lo que afirma y confirma es que a Cataluña le ha convenido estar en España, que juntos hemos hecho un gran recorrido. Con esa misma Constitución hoy Cataluña es una de las grandes regiones no solo de España, sino de Europa, de las de más desarrolladas. Juntos hemos hecho ese recorrido y ahora que las cosas empiezan a estar en el comienzo de un nuevo recorrido en el que veremos el fruto de tanto esfuerzo y tanta convicción en términos de finalizar la crisis económica, hay formaciones políticas a las que no les interesa y levantan banderas de carácter político para que la recuperación económica se entorpezca. Están poniendo palos en las ruedas, pero no pueden porque la fortaleza y la base de esa Cataluña emprendedora es muy superior a lo que representan determinadas formaciones políticas, perfectamente democráticas en su planteamiento pero que no pueden con lo que está ocurriendo en el seno de la sociedad catalana y española en su conjunto, que es aspirar a la creación de empleo, a la recuperación económica, a ser ciudadanos de primera en Europa y en el mundo, a hacer frente a los desafíos de la globalización desde la unidad, porque eso nos hace más fuertes, eficaces y operativos. Eso es lo que está pasando en Cataluña. Siempre hay un nacionalismo radical que en todas las fases de la historia de España se despierta cuando entienden que hay una crisis en la propia sociedad. Ahora que esa crisis está a punto de superarse debemos tener todos la convicción de que esas posturas políticas van a retroceder porque no están interesadas realmente en lo que de verdad interesa a los catalanes: que haya empleo, que esos 900.000 empleos que se perdieron en Cataluña, que esos parados encuentren pronto oportunidades de trabajo. España en su conjunto -ya está ocurriendo en España y en Cataluña- empieza ya el proceso de creación de empleo y los catalanes van a ver, como lo han visto en el pasado, que realmente es en esa España europeizada y globalizada donde encuentran esa oportunidad y no, como otros les están diciendo, desde la pretendida independencia. La independencia de Cataluña es imposible en términos económicos; es imposible, lo están advirtiendo -lo hacían ayer- empresarios muy reputados de empresas internacionales y globales en Barcelona, es imposible. Eso es lo que deberían estar explicando los partidos que pretenden esa independencia, las consecuencias económicas imposibles de ese divorcio que pretenden. Eso es lo que deberían estar explicando: qué significaría que Cataluña saliera de la Unión Europea, qué significaría que Cataluña saliera del euro, qué significaría en términos de devaluaciones y de pérdida de poder adquisitivo de todos los ciudadanos de Cataluña y especialmente de los que tienen menor capacidad adquisitiva. Eso es lo que tendrían que estar explicando, pero no, de eso no hablan, hablan de otras cosas. Hablan de viajes quiméricos, utópicos, homéricos, que nadie entiende. Ahora es Homero la referencia, viajes llenos de tentaciones, incluso de monstruos que salen del mar y de concepciones que ya no están en la Cataluña medieval, sino en la Cataluña que fue realmente una historia ancestral reflejada, insisto, de leyendas que todos admiramos, pero no es lo que corresponde en este siglo XXI. Estamos en el siglo XXI y hoy no tienen sentido esas separaciones y esos divorcios en la Unión Europea, que es un proceso de integración económica pero con un gran proyecto de integración política. Eso es lo que nos conviene a todos los españoles, a todos los catalanes y, por tanto, ese es el trabajo que hace el Gobierno de España para procurar ese entendimiento y llevar también el convencimiento a quienes entienden que separándose serían más prósperos, de que es al contrario. Por lo demás, insisto en el argumento central de que nuestra Constitución impide esos proyectos y, por tanto, el deber y la capacidad de acción de un Gobierno es que las leyes se cumplan. Señora Díez, quédese tranquila y también su grupo parlamentario porque el Gobierno irá ejerciendo en cada momento las acciones pertinentes para que las leyes se cumplan en España y, por descontado, la ley de leyes, la Constitución, se respete en España en todos y cada uno de los ámbitos territoriales que componen nuestro país.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor ministro, yo no sé porque me falta usted al respeto. Yo no sé si es usted consciente de que es esta diputada de UPyD la que le ha hecho una interpelación; no se la ha hecho el grupo nacionalista catalán, al que usted le puede explicar por qué la independencia es a su juicio imposible en Cataluña, o al que le puede explicar por qué cree que los nacionalistas catalanes hacen equis o zeta a la hora de gobernar o de tomar decisiones. Oiga, cuando le interpelen ellos, contésteles a ellos, pero cuando le interpele la diputada de UPyD, contésteme a mí a lo que yo le pregunte. No me haga un discurso sobre lo que piensa del nacionalismo catalán, no me cuente cuentos, venga a contestar a esta interpelación. Es muy sencillo. Yo le he preguntado, ante los incumplimientos de las sentencias de los


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tribunales, no la opinión política de los nacionalistas catalanes, que no comparto pero es la suya, ante el incumplimiento de las sentencias de los tribunales, reiteradas, y le he puesto una serie de ejemplos, ¿qué va a hacer el Gobierno para que se cumpla la ley? Usted me ha dicho expresamente -además de leerme un discurso de Mariano Rajoy- que no quieren tensar. Pero, ¿cómo que no quieren tensar? ¿Pero, qué es esto de tensar? Es decir, lo de no tensar en las relaciones políticas lo entiendo; usted y yo nos ponemos a hablar de un asunto, planteamos nuestra posición política y no tensamos, pero cuando se trata de incumplir las sentencias de los tribunales no hay tensión que valga. Para no tensar, como usted dice, para no obligarles a cumplir las sentencias de los tribunales, ustedes dejan en desamparo a los ciudadanos. Le he puesto varios ejemplos, política lingüística es el último, pero también sobre todo el desarrollo que ha hecho el Parlamento de Cataluña después de la sentencia del Tribunal Constitucional y después de que no se les diera la razón y se mantuviera la suspensión, pero no me ha contestado a nada. ¡Es que están incumpliendo flagrantemente la resolución del Tribunal Constitucional! Están yendo adelante paso sobre paso, política de hechos consumados, ¡y usted me dice que no quieren tensar! Oiga, que no se trata de que tensen o dejen de tensar. (El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero, hace signos negativos). Sí, me ha dicho lo de tensar, ¡hombre, léase usted después el "Diario de Sesiones", que yo he tomado buena nota! Y usted me viene a decir que los nacionalistas catalanes son muy malos y que no quieren la recuperación. Oiga, dígaselo a ellos! Yo no le he hablado de eso. Yo le he planteado qué va hacer su Gobierno para proteger a los ciudadanos en el Estado de derecho y para obligar a que se cumplan las sentencias, y usted no me ha contestado a nada y me dice además: ¡Huy, de eso ya hablamos la otra vez que me hizo usted una interpelación! Pues mire, me viene muy bien que me lo recuerde, porque, efectivamente, en aquella interpelación yo también le dije una cosa y usted me habló de otras. Me vino a decir..., no, me dijo, porque he leído hace un par de días su respuesta, que esto del derecho a decidir, de la falacia del derecho a decidir que era como se titulaba nuestra interpelación, era un tema menor, que eso, con las relaciones económicas, cuando la economía vaya creciendo, cuando se genere empleo y tal, que eso ya lo iban a arreglar. Y yo le dije a usted: oiga, que esto no es la economía, que estamos hablando de una cosa mucho más importante que la economía y además seremos incapaces de salir de la crisis económica si no resolvemos esta crisis política y democrática. Suerte que después -lo sé porque me lo dijo el presidente del Gobierno- el papel llegó a su despacho. Me lo dijo él: llegó ese papel a mi despacho... Y menos mal que llegó a su despacho y luego pudimos acordar que eso era una falacia y que efectivamente el derecho a decidir era competencia de todos los españoles y a rechazar ese acuerdo. Pero no porque usted viniera aquí a decirme que efectivamente ese era un tema muy importante y que ustedes en el Gobierno estaban dedicados a ello. No. Usted vino como ha venido hoy, a hablar de otro asunto, a quitarle importancia y a decir que, bueno, eso era un asunto del ministro de relaciones con las comunidades autónomas, de administraciones públicas y de economía.

No, señor ministro. Yo no he venido aquí a hablar de la ideología de los nacionalistas catalanes o de cómo y por qué hacen las cosas que hacen. No. He venido a decírselo a usted en nombre de su Gobierno, a pedirle explicaciones y a interpelarle sobre qué va a hacer para que se cumplan las sentencias de los tribunales que está incumpliendo, en claro desacato, el Gobierno de Cataluña. Le pregunto que qué va a hacer y me dice usted que no tensar, y yo le digo que utilice los instrumentos que tiene la Constitución, los que le da la Constitución al Gobierno. Sí, me ha dicho eso. Yo le digo que utilice los instrumentos que le da la Constitución, varios instrumentos: El artículo 150.3 de la Constitución española, que dice que el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas..., etcétera, hasta el final. Y sobre todo el artículo 155 de la Constitución española, que dice una cosa muy sensata y que paso a leerles: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España", -más ejemplos "el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella" -a la comunidad autónoma- "al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general."

Le pregunto, ministro: ¿Usted cree que no se está produciendo ya un desacato claro de sentencias de los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional? ¿Usted cree, ministro, que no ha llegado la hora de que haya un previo requerimiento para que cumplan las sentencias de los tribunales?

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que ir acabando.


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La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, finalizo.

¿Usted cree que no ha llegado la hora de que se ganen ustedes el sueldo defendiendo a todos los ciudadanos españoles que están en Cataluña y en el resto de España desamparados ante la forma de actuar de una de nuestras instituciones, que es la Generalitat de Catalunya, burlándose de los tribunales y de las sentencias de los tribunales? ¿No cree que ha llegado la hora de que ustedes actúen en defensa del interés general?

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señorías, señora Díez, no le quepa ninguna duda de que la actuación e intención del Gobierno es la defensa del interés general; la suya también, pero usted no forma parte de este Gobierno. Por eso decía que usted puede tener concepciones distintas o no. A usted, que le gusta tanto la economía, que la domina tan bien, le voy a recordar el debate de presupuestos que hizo conmigo cuando negó la recuperación económica para el año 2014. A usted no le interesa tampoco en términos políticos que haya recuperación económica en España, porque usted hace la política que hace. Es así, es así, la negó y le voy a enviar las actas de sus afirmaciones de finales de octubre. Usted hace una política -cada uno es muy legítimo, por supuesto, para hacerla-, pero lo que le tengo que decir en respuesta a sus preguntas lo he dicho ya y lo dice el presidente del Gobierno en su comienzo de la intervención -y repito sus palabras-: He procurado ser prudente para no crear tensiones adicionales y continuaré siéndolo. Pero eso no está reñido con dejar las cosas claras y las he dejado claras: el Gobierno no tiene otro margen de actuación que no sea hacer cumplir las leyes. Oiga, es que las leyes no son de este Gobierno, son de los españoles. La Constitución es de los españoles, y usted alude al artículo 155 de la misma, que dice que si una comunidad autónoma incumpliere las obligaciones de la Constitución u otras leyes... Ha habido requerimientos a la Generalitat de Catalunya, entre otras razones como consecuencia de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Ya estamos haciendo esos requerimientos. Estamos cumpliendo y exigiendo el cumplimiento de las leyes. Por tanto, señora diputada, no ya usted -que es un valor representativo en esta Cámara, por supuesto-, sino el conjunto de los ciudadanos catalanes y el conjunto de los ciudadanos españoles lo que tienen que tener es tranquilidad en un momento como este en el que estamos. No hay que confundir las declaraciones políticas de determinados dirigentes, que también tienen importancia, pero que no van a llegar a ningún puerto, porque no pueden hacerlo, porque para ello tienen que cambiar la Constitución y para cambiarla tienen que pasar por esta Cámara, y ese es el trámite que quieren evitar, pasar por esta Cámara, que es donde está delegada la representación de la soberanía popular. Pero la soberanía popular no está en esta Cámara tampoco, está en el pueblo en cada momento y hay que hacer la consulta al pueblo, a toda la ciudadanía, porque de lo que estamos hablando respecto al derecho a decidir no son patrimonios parciales, sino que es algo consustancial, como ya le dije en su momento a usted y a otros diputados en esta Cámara, a la democracia española, a la democracia española y a cualquier democracia. ¿Qué sentido tiene, no ya político sino normal, real, que estemos ocupando los escaños que ocupamos aquí en estas Cámaras si no es a través del derecho a decidir? Eso es consustancial a la democracia, pero no estamos hablando de eso ahora, estamos hablando de quienes quieren partir ese derecho a decidir, y esa partición no es posible, es que no es factible hacerlo. Es una comunidad en la que uno no puede decidir que determinadas leyes no se apliquen en una parte de la misma; pues, mire usted, no se puede, ni en España ni en ninguna democracia. Se puede cambiar la ley, insisto, pero hay que hacer la acción política pertinente para cambiar la ley. Por cierto, la acción política es traer aquí, a esta Cámara, las iniciativas para que sean debatidas y para que todos los grupos políticos se pronuncien sobre esas iniciativas y, a partir de ello, esperamos que las iniciativas que hoy se están aprobando en el Parlamento de Cataluña lleguen a esta Cámara para que sean debatidas en la misma y veamos las posiciones políticas que se mantienen a ese respecto. Pero, desde la posición del Gobierno, señora Díez -comprendo que a usted no le interese-, insisto en que los problemas hay que afrontarlos, lo que no hay que hacer es engrandecerlos. Ya tenemos suficientes problemas, y el primero se llama la crisis y el paro, y esa crisis y ese paro es lo que hoy se está encauzando con el esfuerzo de los catalanes y con el esfuerzo del conjunto de los españoles, gracias a ellos, gracias a esa


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sociedad, a esa sociedad a la que servimos y, por tanto, a esa sociedad a la que tenemos que rendir cuentas también en nuestra actuación diaria.

Por tanto, tranquilidad. No se confunda la capacidad operativa de determinados dirigentes políticos, por muy significados que sean, con llevarla a la práctica, que es lo que ellos tratan, confundirlo en sus declaraciones diarias que, por cierto, cada vez son más confusas. En la última llegaron a decir que realmente lo que habría que hacer es la consulta en el ámbito general. Además, ¿qué es lo que están buscando? ¿Que haya elecciones anticipadas en España? ¿Este es el gran argumento de fondo? Pues no las va a haber, porque la función primera de este Gobierno es sacar a España de la crisis económica y, gracias al esfuerzo y al tesón de toda la sociedad, lo estamos consiguiendo.

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene usted que terminar.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Otros tendrán otros objetivos políticos, pero no van a primar sobre el objetivo primario de este Gobierno, insisto, que es superar esta crisis y volver pronto al crecimiento económico y a la creación de empleo en Cataluña y en toda España.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-La señora Díez González pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora Díez, ¿por qué me pide la palabra?

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: En aplicación del artículo 71, presidente. El señor ministro en su intervención ha imputado a esta diputada que no le interesa la economía y ha amenazado con enviarme el debate de los presupuestos de 2014 para demostrar que no me interesa el desarrollo económico de España.

El señor PRESIDENTE: Señora Díez, esa es una imputación de tipo totalmente retórico. Tienen que ser alusiones personales a casos concretos a las que sí conviene responder. Respecto a si a usted le interesa o no la economía, cada uno tiene la opinión que tiene. Usted cree que le interesa mucho y el señor ministro considera que le interesa poco. Son opiniones irrelevantes. Queda saldado el incidente.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, A LA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL. (Número de expediente 173/000129).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar ahora a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgente que no pudieron sustanciarse ayer y que serán votadas mañana. En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Socialista a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Para su defensa, tiene la palabra el señor Sahuquillo.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Presidente, señorías, hoy vamos a debatir aquí esta propuesta que traemos los socialistas y que estamos convencidos de que no prosperará. Es más, el Grupo Parlamentario Popular seguirá erre que erre con que solo ellos son la solución a los problemas de nuestro país, que estamos ya en la senda de la recuperación y lo rematarán diciendo lo malos que fuimos los socialistas. Lo dijo la ministra Mato durante el debate de la interpelación el pasado 22 de enero. Decía: "Mientras las políticas de su partido duplicaban el paro -se refería al anterior Gobierno-, este Gobierno ha sentado las bases del mercado laboral para conseguir a final de 2013 que haya 147.000 personas menos inscritas en las listas de desempleo". Señorías, referirse a la etapa del Gobierno anterior no es manera de enfrentar los problemas del presente, y lo peor es que lo hacen aportando datos falsos. Las cifras no mienten, pues se han perdido más de un millón de puestos de trabajo desde que gobierna Rajoy. Y lo peor de todo es que, como consecuencia de sus reformas, tener un puesto de trabajo ya no garantiza poder alcanzar unas condiciones de vida dignas. Un informe de la Comisión Europea de 24 de enero afirma que el 13 % de los trabajadores españoles viven en situación de pobreza pese a estar trabajando. Ustedes dirán no a lo que les proponemos, manipularán cifras y datos, nos llamarán demagogos e incluso nos atizarán con saña, pero los ciudadanos que están en situación de pobreza y exclusión social -más de un 20 % de la


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población- seguirán estándolo; situación solo comparable dentro de la Unión Europea con Rumania y Letonia. El discurso que ustedes desarrollen a estas personas no les dará de comer. Les pedimos que reflexionen y que por una vez, tras más de dos años de Gobierno y con una ingente cantidad de propuestas realizadas por los distintos grupos de este arco parlamentario nunca admitidas, piensen que este país tampoco puede permitirse que a día de hoy sigan apareciendo una y otra vez informes y estudios de todo tipo de organizaciones y entidades, cada uno de ellos más demoledor que el anterior. Por ejemplo, en uno relativo a la pobreza infantil, Save the Children manifiesta que más de 2,8 millones de niños -un tercio de la población- viven en riesgo de pobreza en España, el 24 % de los niños no come ni frutas ni verduras todos los días, un 20 % solo tiene un par de zapatos y nunca ha estrenado una prenda de vestir y 4 de cada 10 no celebran ni siquiera una fiesta de cumpleaños. ¿Qué brutal contraste con quien gastó 5.000 euros en confeti de una fiesta infantil, verdad? (Aplausos). Este informe señala también que el número de niños que viven en hogares con ingresos bajos, en umbral de la pobreza, es de algo más de 2,5 millones.

Otro informe anterior de Unicef, La infancia en España 2012-2013, nos daba el dato de que 2.200.000 niños vivían por debajo de ese umbral de la pobreza. Es decir, en tan solo un año esa cifra ha aumentado en más de 300.000 niños y niñas. Otro ejemplo sobre reparto de la riqueza, un informe de Intermón Oxfam, Gobernar para las élites, denuncia cómo el aumento de la concentración de poder económico y de riqueza genera una riqueza ilícita que perpetúa la desigualdad, supone una amenaza para el modelo social basado en la inclusión y la igualdad de oportunidades y pone en peligro los sistemas democráticos. El Gobierno, señorías, a todo nuestro planteamiento siempre responde con que ellos son la solución; ahora con el nuevo Plan de inclusión 2013-2016, como si fuera la pócima mágica que todo lo cura. Fíjense, ante la queja de la Asociación Española contra el Cáncer porque este Gobierno le ha reducido las ayudas, el pasado martes la ministra Mato dijo que el incremento de las mismas para este colectivo iba en el Plan de inclusión, y como confían todo a este plan hablemos de él. Llega tarde, porque llevan anunciándolo prácticamente desde su llegada al poder y de eso hace más de dos años, veintiséis meses en los que la necesidad de una política en materia de lucha contra la pobreza y exclusión social eficaz y comprometida ha sido más necesaria que nunca. Lo presenta un Gobierno que en este tiempo ha hecho retroceder a nuestro país a las cavernas en términos de derechos sociales; un Gobierno que desde el mismo momento que se constituyó emprendió una ofensiva contra los derechos de trabajadores, de mujeres, de familias, de mayores; un Gobierno que mediante reformas normativas y recortes presupuestarios ha atacado los pilares de nuestro Estado del bienestar, sanidad, educación, pensiones, servicios sociales, todo lo que había sido forjado a lo largo de décadas con esfuerzo colectivo; un Gobierno que con la crisis como coartada está desarrollando una ofensiva claramente ideológica que va más allá de la necesidad de controlar el déficit público, porque tienen como horizonte configurar un nuevo modelo de sociedad. Su modelo consiste en que los bienes y servicios los compra quien puede en el mercado privado, mientras que quien no tiene recursos para adquirirlos tiene que recurrir a la beneficencia. Es un modelo que sustituye derechos por caridad. La conclusión es que los hogares españoles son cada vez más pobres, la pobreza cada vez más crónica y la brecha de la desigualdad avanza a pasos agigantados.

Ahora, que es el momento de mayor necesidad y demanda de unos servicios públicos que garanticen a toda la ciudadanía unas condiciones de vida digna en todos los ámbitos, es cuando se producen los brutales recortes. La dotación del plan es el resultado de un rastreo presupuestario de los Presupuestos Generales del Estado de 2013 y de las comunidades autónomas para contabilizar el dinero invertido en inclusión social. La estimación de la cantidad global que se dedicará a estas políticas en el periodo 2013-2016 -dicen- es de 136.000 millones de euros en cuatro años. Eso sí, el 2013 ya se lo han comido. Les recuerdo que el último presupuesto que se destinó al anterior Plan de inclusión, el 2008-2010, que se elaboró en una situación en la que las cifras de pobreza y riesgo de exclusión no alcanzaban la magnitud de las actuales, suponía una cuantía de 105.200 millones de euros; eso sí, en un periodo de tres años. Si fueran ciertas las cantidades que ustedes dicen, aún así este Plan de inclusión dedicará casi mil millones de euros menos por año que el anterior plan. Quiero recordar que el Gobierno socialista, al que el PP criticó tanto y sigue criticando, respondió de manera inmediata al incremento del número de personas en situación de vulnerabilidad social con la aprobación de un plan extraordinario de fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza en 2010, que estableció nuevas medidas para reforzar ese anterior plan. Eso sí, para publicitar su plan el Gobierno de Rajoy ha lanzado una campaña mediática absolutamente demagógica consistente en la venta de humo, en crear sin pudor falsas expectativas a unos ciudadanos castigados hasta el límite por más de


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dos años de políticas neoliberales aderezando sus intervenciones con mensajes manipulados y en ocasiones falsos. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Termino, señorías. El Partido Popular gobierna a golpe de decreto. El resultado de sus políticas es el aumento de la pobreza, riesgo de exclusión social, las cifras de desempleo, disminución de la renta disponible de las familias o el desmantelamiento de los servicios públicos esenciales que configuran nuestro Estado del bienestar. En nuestra moción planteamos medidas eficaces capaces de dar respuesta a las actuales necesidades de las personas que lo están pasando peor. Una vez más les pedimos que rectifiquen, que dialoguen, que escuchen las propuestas de los demás. Incluso hoy les planteamos una enmienda transaccional; en algo podremos tener razón, digo yo. Les garantizo que si votan a favor de nuestra propuesta, que apoyan todos los grupos políticos, no se quedarán ustedes una vez más solos, señora Camarero.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sahuquillo.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Voy terminando, señora presidenta.

Les garantizo que muchas personas se lo agradecerían.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sahuquillo.

Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Mixto va a intervenir, en primer lugar, el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Voy a intervenir rápidamente, señorías, porque solo tengo dos minutos. En primer lugar, desearía mostrar nuestra solidaridad, una solidaridad que también han manifestado otros grupos parlamentarios, con los trabajadores de Coca Cola y en especial -esto no significa que no seamos solidarios con todos los trabajadores de Coca Cola- permítanme un mensaje de solidaridad para los trabajadores de Coca Cola de Palma de Mallorca. (Muestra un dibujo). Son 150 trabajadores que se van a quedar en la calle y tengan en cuenta lo que significa una plantilla de 150 trabajadores en el marco de una población tan reducida como Mallorca.

En todo caso, presentamos una enmienda de adición al texto, que consideramos excelente, del Grupo Socialista, con el fin de introducir algunas modificaciones. Creo que la mejor modificación sería la derogación del real decreto, que en el año 2012 supuso que centenares de miles de personas quedaran excluidas del sistema público sanitario. Estamos hablando de la cadena más frágil de nuestra sociedad, básicamente jóvenes e inmigrantes en un escenario de irregularidad administrativa. Son personas que precisamente por su condición de excluidos son proclives a patologías propias de la pobreza y de la exclusión. En ese sentido, reconociendo que Andalucía, el País Vasco y Cataluña no han hecho caso de este real decreto-ley y sí las comunidades autónomas del Partido Popular, les recuerdo que esta persona (Muestra una fotografía) murió hace un año, un senegalés de veintiocho años; y murió porque, después de dar vueltas y vueltas y vueltas por los centros de asistencia primaria, nunca le derivaron a un especialista, razón por la cual al cabo de siete meses murió de tuberculosis.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Recuerden que hace un año murió una persona y que nadie se acuerda de ella, producto precisamente de este real decreto-ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracia, señora presidenta.

Señorías, una vez más se somete a esta Cámara una iniciativa relativa a la necesidad de combatir la pobreza y la exclusión social en el Estado y una vez más los nacionalistas canarios consideramos que todas las veces serán pocas, porque no será la última que haya que hacerlo vista la evolución de las cosas y más aún desde una tierra que les recuerdo que sufre 7 puntos más de media de paro que el conjunto del Estado, 11 puntos más en tasa de riesgo de pobreza, 12 puntos más en riesgo de pobreza infantil,


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etcétera. Y una vez más mucho nos tememos que no servirá absolutamente para nada. Porque la política que desarrolla el Gobierno del Partido Popular no es un error, es su política, una política de carácter ultraliberal que trata de convencernos de que la única forma posible de superar la crisis en la que estamos es a través de recortar precisamente a las víctimas de la crisis, curiosamente. Es decir, cuando cada vez más gente lo pasa peor, lo que hacemos es recortar las prestaciones y la protección a los que lo pasan peor, a la gente que lo pasa peor; es aquello que hemos venido a denominar ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, aquí la solidaridad es con los fuertes y no con los débiles.

Por ese motivo vamos a apoyar con énfasis esta propuesta del Grupo Socialista que de nuevo nos parece oportuna, que sabemos que no va a conducir a nada, pero que es absolutamente imprescindible, frente a la obcecación absoluta por parte del Gobierno del Partido Popular, el insistir en que esta idea es la que hay que combatir, que otra política es la que hay que hacer y es posible hacerla; no vamos a cejar en colaborar en este tema porque las razones ni son económicas ni son sociales ni nada que se le parezca, las razones de que las cosas sean así son pura y dura ideología ultraliberal.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.

Señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: El Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente la moción del Grupo Socialista, máxime después de que esta se haya enriquecido con las aportaciones del resto de los grupos y sobre todo y especialmente con aquellas referidas al respeto y a la reivindicación de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Pero para que el Gobierno y el Grupo Popular tomasen en cuenta esta moción tendrían que desdecirse y derogar todas y cada una de las decisiones que han ido tomando durante los dos últimos años y que han convertido al Estado español en uno de los países de Europa en los que más se ha incrementado la pobreza y el recorte de derechos. Además, el Gobierno y el Grupo Popular tendrían que prestar atención a los informes que todos los días conocemos y se hacen públicos de los propios ayuntamientos, de las ONG y hasta del propio Consejo de Europa, donde se alerta precisamente de los brutales recortes sociales que se han producido y se siguen produciendo y, por lo tanto, de una mayor vulnerabilidad de miles de personas dentro del Estado y de los efectos terribles, devastadores que están produciendo estos recortes. Además, el Gobierno y el Grupo Popular para poder apoyar esta moción tendrían que dar simplemente un paseo o hacer un recorrido por las calles de cualquier ciudad o de cualquier pueblo del Estado español y ver cómo se incrementa cada día más el número de personas que duermen a la intemperie o que efectivamente está en la indigencia más absoluta. Pero no solo eso, para aceptar esta moción el Grupo Popular y el Gobierno tendrían no solo que dar marcha atrás en sus iniciativas legislativas, sino que definitivamente tendrían que abandonar sus presupuestos ideológicos basados en el neoliberalismo más extremo y ponerse al servicio precisamente de los administrados, pero no de unos pocos administrados...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino, presidenta.

... no de aquellos que pertenecen a la banca y las grandes empresas, sino de todos los administrados.

El Partido Popular ha convertido en tan solo dos años al Estado español en el país de las colas: las colas en los comedores sociales, las colas en las puertas del INEM, las colas en Cáritas y en la Cruz Roja, etcétera. Esta moción incide en que se vaya en la dirección contraria y nosotros por estas razones la apoyaremos.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Presidenta, señorías, me hubiera gustado que la ministra Mato hubiera asistido al debate de esta moción del Grupo Socialista y haber podido compartir con ella nuestras reflexiones fundamentalmente porque desde el debate de la interpelación que precede a esta iniciativa se deduce que se encuentra absolutamente ajena e inmóvil ante una realidad que es incuestionable: los cimientos del Estado del bienestar en España se están erosionando y, mientras, la estrategia del Gobierno del Estado responde a una única premisa: negar la mayor y, si acaso, repartir culpas por la situación en la


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que España se encuentra y nadar en la autocomplacencia. Pero por mucho que se pretenda maquillar lo cierto es que en los últimos años, y por qué no reconocerlo, antes ya de esta última crisis económica y de los crueles recortes promovidos por el Gobierno Popular, estos recortes han constituido un tsunami dentro de una mar de fondo que recorre Europa. Estamos asistiendo a una erosión, un debilitamiento de lo que ha sido el contrato social del Estado del bienestar, un contrato social basado en la solidaridad, basado en la redistribución de recursos por el que las personas de mayor vulnerabilidad contaban con el apoyo del conjunto de la sociedad, del Estado y de las instituciones públicas. Por así decirlo, el conjunto de la sociedad se encontraba bajo una responsabilidad moral que era la atención a los más desfavorecidos. Es cierto también que se trataba de un modelo de bienestar basado en términos técnicos en la pauta fordista del empleo, tiempos muy largos de estancia laboral, edad activa y ocupación alta, que lógicamente llevaban aparejadas altas cotas de prestaciones sociales. Naturalmente para obtener buenas prestaciones sociales, como pueden ser las pensiones o el subsidio de desempleo, se necesitaban altas cotizaciones.

Hoy en día la precarización laboral de la que el Gobierno popular es el principal culpable -se habla ya de una nueva clase social, los precaristas- está llevando a que las prestaciones sociales que se reciben sean mucho más débiles, a que estén mucho más erosionadas y esto está provocando la quiebra de ese contrato social de la modernidad. No es casual que tomen fuerza en nuestra sociedad conceptos como la empleabilidad o el emprendizaje que sobre todo inciden en la responsabilidad de la persona individual, que incide en elementos individuales de responsabilidad frente a los estructurales o sociales. Todo esto junto a nuevas problemáticas sociales que no hacen más que hacer compleja la respuesta del Estado del bienestar, inmigración, diversidad, género, envejecimiento, nuevas familias, y a las que el Gobierno no está dando respuesta alguna más allá de la conculcación de derechos, está llevando a un cambio de paradigma en el Estado del bienestar. Afortunadamente, tengo que decir que el caso de Euskadi es diferente.

Ante este escenario, es preciso repensar ese Estado del bienestar hasta dar con un modelo que sea resistente a las debilidades del mercado laboral y que dé respuesta a las nuevas realidades y que permita, de alguna manera, afianzar un nuevo modelo de sostenimiento de la sociedad y de redistribución y equiparación dentro de las desigualdades del sistema capitalista. Llegados a este punto, procede preguntarse qué está haciendo el Gobierno del Estado. Y podríamos contestar que nada. La respuesta no es esa, es aún peor. La respuesta es cercenar los derechos sociales, y esta no es una opinión del Grupo Vasco, son las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, que dicho finamente ha dado un toque de atención clarísimo al Estado español por contravenir la Carta Social Europea de 1961, conclusiones jurídicamente vinculantes y esto es extraordinariamente importante. De hecho, se ha pronunciado sobre derechos que tienen que ver con la vida y con la integridad física directamente, el derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, el derecho a la salud en sentido general -que tiene que ver precisamente también con la asistencia sanitaria para personas, como decía el señor Tardà, incluidas las inmigrantes en situación irregular-, la Seguridad Social, la asistencia social, los servicios sociales, la protección de las personas mayores y la protección frente a la pobreza y la exclusión social, y la conclusión ha sido desoladora: España vulnera flagrantemente lo previsto en la Carta Europea de Derechos Sociales. Personalmente me parece vergonzante, pero esto es lo que hay. Lo que hay que hacer en tiempos de crisis económica es precisamente que si se toman medidas de austeridad, que obviamente se pueden y se deben tomar, hay que hacerlo atacando realmente a la raíz del problema, al fraude y a la corrupción, pero no afectar en ningún caso lo que es el núcleo del respeto a la dignidad humana, y eso está ocurriendo en este momento en España.

Ante esta situación, desde el Grupo Vasco conminamos imperiosamente al Gobierno del Estado y a la ministra Mato a acatar las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales, a incorporarlas al ordenamiento jurídico español, procediendo a cuantas derogaciones y modificaciones normativas sean necesarias para su respeto pleno y, por supuesto, a iniciar un proceso de reflexión colaborativo y participativo para instaurar las nuevas bases del Estado del bienestar que resuelva los retos planteados.

Por todo ello, ya les avanzo que el Grupo Vasco va a apoyar la moción del Grupo Socialista que, como ha dicho la diputada del BNG, ha sido enriquecida con enmiendas formuladas por otros grupos políticos, entre otras una de carácter competencial presentada por el Grupo Vasco.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Sánchez Robles, acabó su tiempo.


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La señora SÁNCHEZ ROBLES: Termino, presidenta.

Quiero pedirle al Grupo Popular y al Gobierno que se quiten la venda, que se deshagan de sus prejuicios y de muchos tics y que se pongan a trabajar en clave de futuro y de respeto a los derechos sociales y, por tanto, a los derechos humanos. Contarán para ello con todo nuestro apoyo.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Luchar contra la lacra de la pobreza debiera ser una prioridad en nuestra sociedad, en primer lugar, por simple humanidad, porque es un problema que interpela la conciencia individual de cada uno de nosotros, pero, si no por humanidad, al menos por egoísmo, dado que es una amenaza grave para la cohesión y la estabilidad social en nuestro país. Ni el argumento de la generosidad ni el del egoísmo parecen funcionar, porque hay muchos informes internacionales y nacionales que apuntan todos en la misma dirección: el problema de la pobreza se está agravando en España y es más grave que en el resto de países europeos. Otros intervinientes han citado datos. Por ejemplo, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en nuestro país es del 28 %; altísima. Más triste todavía, la pobreza infantil es aún mayor. En el caso de la pobreza infantil la tasa es ni más ni menos que del 32 %. Hay 2.800.000 niños y niñas en familias en esta situación. Incluso hay un nuevo fenómeno, que es la pobreza teniendo empleo. Nos dice la Comisión Europea que un 12 % de empleados en España están en situación de pobreza. Por tanto, no parece que haya mucho éxito en la lucha contra la pobreza.

Se nos puede decir que es una consecuencia de la crisis. Esta es la clave, pero no es una consecuencia de la crisis, es una consecuencia de cómo se ha respondido a la crisis, porque en otros países europeos también hay crisis y no se ha producido este fenómeno. El aumento de la pobreza en España no se debe a la crisis, se debe a cómo se ha respondido a la crisis. Se ha respondido a la crisis facilitando el despido y precarizando el empleo, con reducciones salariales, por eso hay pobreza entre los empleados. Se ha respondido a la crisis erosionando los pilares del Estado del bienestar: la educación, la sanidad universal y gratuita. Se ha respondido a la crisis recortando prestaciones por desempleo, la RAI, el Plan Prepara, las políticas activas, en vez de reforzar estos instrumentos, que eran insuficientes para hacer frente a una situación de esta intensidad y duración. Por tanto, aumento de la pobreza, pero no por la crisis, por la forma en que se ha respondido a la crisis.

A nuestro grupo, Unión Progreso y Democracia, nos obsesiona el problema de la pobreza y cómo combatirla, por eso hemos traído numerosas iniciativas. Quiero recordar alguna pregunta en Pleno al presidente del Gobierno, que él aprovechó para anunciar que dedicaría el 0,7 % del IRPF a estas cuestiones; nuestras iniciativas sobre estabilidad laboral; nuestras iniciativas sobre sanidad y educación, pero sobre todo quiero recordar tres concretas y específicas. Una fue la propuesta de crear un banco de libros de texto para su préstamo gratuito, que fue aprobada por la Cámara; una segunda propuesta práctica y concreta referida a la alimentación en los centros escolares fue que no se cobrase a los alumnos que llevasen el táper y que se utilizase la escuela como un instrumento para garantizar una alimentación suficiente a los niños y niñas; una tercera, importante también, tiene que ver con el último escalón de protección que hay en España, que son las rentas mínimas de inserción autonómicas. Hemos hecho propuestas reiteradas de que esas rentas sean más homogéneas, porque hoy en día sus requisitos de acceso, su duración y su cuantía son muy distintos entre las comunidades autónomas.

Voy a citar unos datos concretos que lo ilustran sin ningún género de dudas. En Andalucía hay 34.000 personas que disfrutan de la renta mínima de inserción y en el País Vasco hay 86.000 personas; hay el doble de personas en el País Vasco disfrutando de una renta mínima de inserción. Sin embargo, Andalucía tiene cuatro veces la población del País Vasco y una tasa de paro que es el doble que la del País Vasco. ¿Es esto normal? A nosotros nos parece que no, nos parece que los derechos de las personas, de estos parados que han agotado otras prestaciones -esta es la renta mínima de inserción- están por encima de los derechos competenciales de las administraciones. Pero me entristece decir que somos caso único en la Cámara en este tema, lo queremos en solitario, el resto de grupos piensa que son más importantes los derechos competenciales de las administraciones que los derechos de estas personas con una renta mínima y un trato tan distinto en duración, cuantía y requisitos de acceso. Y a esto se debe nuestra enmienda, a nosotros nos parece bien la propuesta socialista, en general, pero echamos en falta una propuesta de homogeneización de estas rentas mínimas de inserción y queremos dar una nueva


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oportunidad a la Cámara, y en particular al Grupo Socialista, de poner los derechos de las personas con la renta mínima por encima de los derechos competenciales de las administraciones.

La enmienda transaccional que se nos ofrecía, como expliqué al portavoz socialista, no incorpora el espíritu de nuestra enmienda y, por tanto, la mantendremos viva.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, presidenta.

Señorías, se cumplen ciento veinticinco años del nacimiento de Clara Campoamor. Campoamor hoy se sentiría avergonzada de lo ocurrido ayer en este hemiciclo. (Aplausos). La señora Mato se acoge -como no puede ser de otra manera, visto cómo actúa el Partido Popular- a unos mantras e ignora la realidad. Decía la señora ministra que el año 2013 había terminado con 147.000 personas menos inscritas en el paro y lo atribuía al éxito de las políticas de ajuste del Gobierno, lo cual ya de por sí es insultante y pretencioso de cara a la ciudadanía, porque la realidad que nos encontramos es que los últimos datos de la EPA muestran una precarización más que preocupante del mercado de trabajo: más de 269.000 asalariados menos con contrato indefinido, la tasa de temporalidad situada en el 23,92 %, los ocupados a tiempo completo van reduciéndose año tras año y creciendo el empleo a tiempo parcial igualmente año tras año, en este caso, además, el 73 % de este empleo está destinado a ser ocupado por mujeres. ¿Se acuerdan sus señorías de la feminización de la pobreza? ¿Son ustedes conscientes de lo alarmante de esta feminización de la pobreza? Señorías, nos encontramos con más de 1,8 millones de hogares en los que ninguno de sus miembros trabaja y el número de hogares en los que no hay ningún tipo de ingresos sigue incrementándose. ¿Entienden ustedes ahora, señorías del Partido Popular, por qué hablo y califico de insultantes y pretenciosas las palabras de la señora ministra? ¿Lo entienden ustedes? ¿Y entienden ustedes también las mismas palabras cuando me refiero a las entidades bancarias, donde se anuncian beneficios que no repercuten en crédito a las empresas y a las familias, mientras empresas también con beneficios y gracias a sus reformas -gracias a sus reformas, insisto- despiden a centenares de trabajadores y trabajadoras? ¿Saben ustedes lo que significa eso? Más desigualdad y más pobreza. Sus reformas laborales, sus reformas, señorías del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular, solo generan más desigualdad y más pobreza.

Señorías, el número de parados y paradas sube en enero en un 2,4 % con respecto al mes anterior y cada vez más parados se quedan sin prestaciones; de nuevo, el número de mujeres es mayor, concretamente, el 51 % de las personas sin empleo. Recuerdo que la señora ministra también es ministra de Igualdad, ¿se acuerdan ustedes?, ministra de Igualdad; ella no lo sabe, pero lo es. (Aplausos). El dato de los jóvenes es igualmente alarmante, el 57 %, y, señoría, los pocos que encuentran empleo lo hacen en condiciones de puro esclavismo, con salarios que ni siquiera se pueden considerar de supervivencia, ya lo dijo aquí un diputado de mi grupo en su momento ante una iniciativa que le correspondía. Y para rematar, señorías, disminuyen las personas afiliadas a la Seguridad Social. Y ustedes, señorías del Partido Popular y la señora ministra, se jactan de que los pensionistas han visto garantizadas sus prestaciones sociales. Señorías, ¿saben lo que han hecho los pensionistas que han recibido su carta? Romperla, con una indignación tal que no sé cómo no están en este mismo momento en las puertas del Congreso denunciando lo que ustedes están haciendo y diciendo en esa carta. Y con esta realidad social la ministra dice que se sientan las bases para que sean sostenibles los servicios públicos y sociales para las futuras generaciones, ¿para qué generaciones, para las que según la ministra están de vacaciones o de turismo por el extranjero?, porque desde luego para las que están aquí no garantizan ustedes absolutamente nada, nada. Desgraciadamente, están ustedes teniendo generación tras generación perdida y ustedes sentados en esos escaños riéndose y aplaudiendo políticas que son demenciales para el conjunto del país.

Señorías, ustedes hablan mucho de los enormes sacrificios de los españoles y las españolas para decir después que han valido la pena porque estamos saliendo de la crisis. No, señorías, digan ustedes la verdad. De la crisis están saliendo las entidades financieras a las que hemos rescatado y que ahora tienen beneficios que no revierten sobre quienes las han rescatado, que somos el conjunto de los ciudadanos, y veinte personas que nunca estuvieron en crisis y que hoy concentran la renta y el patrimonio de 9 millones de ciudadanos. Esos sí están saliendo, el resto estamos cada vez más inmersos en esta crisis.


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Señorías, los ciudadanos y las ciudadanas de este país no queremos, no quieren más medidas paliativas. Quieren justicia, e igualdad de derechos sociales, civiles y de todo tipo, y quieren recuperar todo aquello que en estos años les ha sido arrebatado amparándose en una crisis fomentada por el modelo social capitalista que nunca fue el de ellos, que sí es el suyo y el que ustedes defienden. Decía acertadamente el escritor y periodista John Dos Passos, que el único que saca partido...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora García Álvarez, tiene que finalizar.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Termino ya con esto, señora presidenta.

Decía que el único que saca partido del capitalismo es el estafador y se hace millonario enseguida. Son los estafadores los que están sacando ventaja de esta crisis, no el resto de los ciudadanos. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora García Álvarez.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora presidenta, señorías, he de empezar diciendo que mi grupo comparte el texto que el señor Sahuquillo ha distribuido al conjunto de los grupos de la Cámara sobre esta moción transaccionada, y además comparte la intervención que ha hecho el portavoz socialista cuando ha identificado cuáles son los problemas que abordamos en el ámbito de la pobreza.

Simplemente quería añadir a este debate y a esta discusión otros argumentos que me parecen relevantes y que quizás en el conjunto de las intervenciones que hemos tenido hasta ahora no han estado suficientemente presentes. En primer lugar, en materia de pobreza arrastramos problemas desde antes de la crisis y singularmente en materia de pobreza infantil. Cuando uno analiza los informes a los que hacía referencia el señor Sahuquillo de Save the Children o Unicef se ve que España ya era líder en el conjunto de la Unión Europea en materia de pobreza infantil. Eso tiene que ver con problemas de fondo de nuestro modelo de protección social, no suficientemente orientado a proteger a las familias y a las familias con hijos a cargo y con problemas de fondo de nuestra estructura productiva y de su sistema de relaciones laborales, porque lo que identifican estos informes sobre la pobreza de Save the Children y de Unicef es la desigualdad existente en el Estado español. Por tanto, aceptando y coincidiendo en que la crisis ha aumentado la desigualdad y la pobreza, opera sobre una realidad que en relación con otros países de nuestro entorno es especialmente débil.

En segundo lugar, en ese aumento de la pobreza y de las desigualdades los instrumentos que tienen las comunidades autónomas y las administraciones locales han sido insuficientes, entre otras cuestiones por las políticas que el Gobierno central ha impulsado, singularmente en relación con los objetivos de reducción del déficit público, que han descargado el ajuste presupuestario fundamentalmente en las comunidades autónomas, y también por las insuficiencias del sistema de financiación, que castiga especialmente a determinados territorios, Cataluña, País Valenciano, Islas Baleares o Murcia. Precisamente en esos territorios hace que los gobiernos autonómicos tengan menos recursos para poder mantener esas políticas sociales que en el ámbito de la lucha contra la pobreza deberían ser esenciales. Aquí es donde al señor Anchuelo debo decirle que, respecto a su legítima obsesión sobre la igualdad del conjunto de los ciudadanos, en lo que debería centrarse es precisamente en un sistema de financiación que es injusto porque atribuye menos recursos per cápita a los ciudadanos del País Valenciano, de las Islas Baleares, de Cataluña y de Murcia para recibir esos servicios sociales. Ahí está el problema que quizás a UPyD debería preocuparle y no inventarse falsos problemas que no existen. En esa línea de problemas que el Gobierno ha creado en esta materia se apunta uno que no ha aparecido en el debate -me ha parecido entender- que es la reciente reforma del régimen local, que deja a las administraciones locales a partir de 2015 con menos instrumentos para continuar luchando contra la pobreza al quitarles sus competencias en materia de servicios sociales y sin contemplar la financiación de los servicios sociales a las comunidades autónomas para que en su caso puedan continuar desarrollándose esas políticas. Por tanto, son decisiones que ha tomado el Gobierno y que acentúan la gravedad del problema de la pobreza infantil.

Además, cuando uno lee el Plan de inclusión social que el Gobierno ha aprobado recientemente, se da cuenta de que los principales instrumentos que están en manos del Gobierno central -los vinculados a la Seguridad Social, a la política fiscal y a la política de empleo- no están orientados a combatir la pobreza. Lo han dicho otros oradores y coincido, la reforma de las pensiones que se acaba de aprobar con el único apoyo del Grupo Popular va a acentuar la pobreza entre las personas mayores. Hasta ahora,


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el sistema de pensiones ha protegido a los mayores y con su reforma lo van a impedir. Como recordaba la señora Ciuró ayer mismo en el debate de la iniciativa del Parlamento de Cataluña, tenemos un gravísimo problema de sobreendeudamiento de las familias que las políticas del Gobierno no terminan de resolver. Además, continuamos con un aumento de la desprotección de los trabajadores desempleados, fruto de la disminución de la tasa de cobertura de la prestación por desempleo que aumenta la pobreza de los trabajadores sin empleo y sin ningún tipo de cobertura social. Esas son las cuestiones que dependen del Gobierno del Estado y a las que el Gobierno del Partido Popular no les está dando respuesta.

Por todo ello, apoyaremos el texto transaccional que el señor Sahuquillo ha ofrecido a los grupos de la Cámara.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Popular señora Camarero.

La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, la pobreza, la desigualdad, la exclusión de tantas familias y de tantos niños y tantas niñas que la están sufriendo es un drama que merece ser tratado desde el rigor, la responsabilidad y la sinceridad.

El Gobierno del Partido Popular, sensible a este drama, está trabajando desde el primer minuto para paliarlo, señor Sahuquillo, sí, buscando soluciones desde el primer minuto. Durante la interpelación y también esta mañana se ha dicho que el Partido Popular tiene un modelo ideológico. Sí, señorías, claro que lo tiene, tenemos un modelo situado en el centro y centrado en el bienestar de las personas, pero también tenemos un plan para poner fin a la crisis, para conseguir la recuperación económica y para crear empleo, para ayudar a los más necesitados, a los más vulnerables, a los que la crisis ha golpeado de forma más fuerte. Por eso es este el Gobierno más reformista de la historia, por eso es este el Gobierno que ha puesto en marcha las medidas necesarias para terminar con una situación que se encontró que otros dejaron; medidas duras, difíciles, que han obligado a los españoles a hacer grandes sacrificios, pero medidas que han permitido que hoy España no esté rescatada, que hoy en España empiece a haber síntomas de recuperación y que muy pronto podamos empezar a hablar de creación de empleo. Es evidente, señorías, que este Gobierno ha ido, va e irá con la verdad por delante, porque también es ese nuestro modelo ideológico, decir la verdad. Les recuerdo, señores del Partido Socialista, que no fue este Gobierno el que engañó durante años a los ciudadanos al no reconocer la crisis, que no ha sido este Gobierno el que habló de brotes verdes, que no ha sido este Gobierno el que se proclamó campeón de la Champions League, que no ha sido este Gobierno el que ignoró, despreció y no puso medidas para evitar la crisis, dejando a los ciudadanos abandonados a su suerte.

Señorías, no era este Gobierno el que gobernaba entre los años 2008 y 2011, cuando la pobreza en España se incrementaba en 3,2 puntos por año, cinco veces más que en los países de la Unión Europea, y cuando la desigualdad se incrementaba en 1,5 puntos. No era este Gobierno, señorías. Tampoco gobierna Andalucía el Partido Popular, que es la comunidad autónoma más pobre de España, con un 38,6 % de la población sin recursos económicos mínimos, según Eurostat, cifras no manipuladas, señor Sahuquillo. Eurostat dice cómo están las cosas en España y cómo han estado en los años anteriores.

Señorías, desde 2012 se ha suavizado la tendencia. La pobreza hoy en la Unión Europea crece a ritmo superior que en España. Hace dos años cinco veces en la Unión Europea por encima de España. Hoy en la Unión Europea por encima de España. Cifras de Eurostat, señor Sahuquillo. Hoy crece al 2,5 %, mientras que en España crece al 1,8. Son cifras que sin duda son un drama, que son insostenibles y que sin duda nos tienen que hacer reaccionar y hacernos tratar este tema con la máxima seriedad posible. Por eso este Gobierno desde el primer minuto ha puesto medidas para evitar esta situación, para luchar contra la pobreza: las reformas económicas que buscan la creación de empleo, la garantía de las prestaciones mínimas, señorías, para todos los ciudadanos, la sostenibilidad de los grandes pilares del bienestar, porque no es verdad lo que se ha dicho esta mañana. Pensiones, educación, sanidad, dependencia, servicios sociales son sostenibles hoy y lo serán en el futuro gracias a las políticas que está desarrollando este Gobierno, que también ha puesto en marcha medidas específicas para combatir el drama de la pobreza, como es el Plan nacional para la inclusión social que ustedes hoy quieren eliminar.

Señorías, los responsables de dejar en ruina este país no deberían hoy venir a hacer una oposición destructiva basada en la amenaza constante de derogación. No deberían ustedes estar haciendo una oposición por derogación. No vale todo, señor Sahuquillo. En pocos días vamos a tener la oportunidad de debatir en Comisión con tranquilidad este plan y yo entendería que ustedes pidieran más, que quisieran


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una ampliación de lo aprobado por el Gobierno, pero me parece irresponsable pedir la derogación de un plan que va a ayudar a luchar contra la pobreza, un plan que, por primera vez en la historia, por primera vez, va a tratar de la pobreza infantil como objetivo prioritario, como eje transversal de todo el plan, que busca la inclusión sociolaboral de las familias con hijos a su cargo, que desarrolla una estrategia específica para ayudar a las personas sin hogar por primera vez en la historia, señorías, que contempla un plan de urgencia social para apoyar las necesidades básicas de las familias más necesitadas, un plan que incluye a todos los grupos vulnerables, un plan que ha sido elaborado con las comunidades autónomas, con las recomendaciones de la Unión Europea y con el tercer sector, con el que este Gobierno viene trabajando desde el primer día, un plan que tiene 240 medidas, 240 compromisos de este Gobierno, un plan que cuenta con 136.000 millones de euros. ¿Qué hacemos con 136.000 millones de euros más que ayudar a los que más lo necesitan? Un poquito de seriedad, señorías. Es un plan real, es un plan serio, es un plan responsable que, sumado al resto de las medidas, sin duda mejorará las condiciones de vida de los que más nos necesitan. Es un plan bueno para los que más nos necesitan, un plan que ustedes quieren tirar a la basura. ¿Qué nos están pidiendo esta mañana, señorías? ¿Qué quieren transaccionar? ¿Que se retire el plan, que se ponga el contador a cero, que se empiece a trabajar hoy en un nuevo plan? ¿Creen que esto es lo que más conviene a las familias que más nos necesitan? ¿Creen que esto va a ayudar a la pobreza? Desde la seriedad, la sensibilidad, la coherencia y la altura de miras que requiere este drama, no vamos a perder el tiempo. No vamos a ser cómplices de la irresponsabilidad de pedir la retirada de un plan que va a ser bueno para familias y que va a ser bueno para los niños y las niñas que tanto están sufriendo. El drama de las familias, señorías, no debería ser utilizado desde la demagogia y el interés partidista.

Señores del Partido Socialista, no pueden estar en campaña permanente, no pueden intentar sacar rédito político a las desgracias de los ciudadanos. Nos han elegido para que trabajemos con seriedad y con eficacia, buscando soluciones y acuerdos. ¡Ojalá algún día lleguen a entenderlo!

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Camarero.

Señor Sahuquillo, creo que ha planteado usted una transaccional -discúlpeme no estaba aquí presente- o una suma de enmiendas.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Sí, señora presidenta, presentaremos, firmada por la mayoría de los grupos políticos, una transaccional.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo. Como la votación se realizará mañana, que llegue a tiempo.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Sí, sí.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR PARA LUCHAR CONTRA EL DESEMPLEO Y PARA IMPULSAR LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. (Número de expediente 173/000130).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente moción, en este caso del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, sobre medidas a adoptar para luchar contra el desempleo y para impulsar la creación de puestos de trabajo. Por el grupo proponente, señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Efectivamente, subimos a defender esta moción donde planteamos unas medidas de lucha contra el desempleo y para impulsar la creación de puestos de trabajo, pero he de empezar diciendo que hace pocos minutos hemos vivido una interpelación un tanto esperpéntica planteada por la señora Díez al ministro Montoro, esperpéntica porque indica el nivel de desconocimiento de algunas personas importantes de esta Cámara...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Campuzano, ha sido una interpelación (Rumores), el grupo proponente ha mantenido el criterio que ha considerado oportuno. Vendrá una moción donde todos los grupos parlamentarios podrán expresar su criterio sobre una interpelación que legítimamente ha llevado a cabo, con los valores que haya considerado, el Grupo de Unión Progreso y


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Democracia, de modo, señor Campuzano, que el debate de los grupos parlamentarios sobre esa interpelación se realizará aquí, en la moción, y lógicamente con las declaraciones que cada uno considere oportuno fuera del Pleno de esta Cámara. Señor Campuzano, limítese a la moción.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta, pero precisamente en esa interpelación los dos intervinientes han hecho referencia a que los grupos catalanes parecíamos poco interesados en la creación de empleo.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pues hable usted de empleo, señor Campuzano, hable usted de empleo para demostrar lo contrario. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Precisamente, señora presidenta, el debate que ahora vamos a iniciar demuestra el compromiso de Convergència i Unió y del resto de grupos catalanes en esta Cámara en las cuestiones de empleo y, por tanto, me iba muy bien empezar nuestra intervención haciendo referencia a ello. Y lo esperpéntico era que el señor Montoro y la señora Díez no entendiesen esa preocupación de Convergència i Unió.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Campuzano, hable usted de empleo y demuestre que le importa el empleo. (Rumores).

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora presidenta, hemos dicho lo que hemos dicho y consta... (Varios señores diputados: ¡Libertad de expresión, libertad de expresión, libertad de expresión!-Una señora diputada: ¡Estamos en el Parlamento, no en la calle!).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Estamos en el Parlamento y la libertad de expresión, que está garantizada, está aquí, pero de todo el mundo, la libertad de expresión de todo el mundo. Por favor, vamos a la moción.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muy bien, señora presidenta, continuamos.

Dichas estas afirmaciones, en la interpelación que le planteábamos a la señora ministra hace unos días insistíamos en la idea de que la estabilidad de los datos macroeconómicos y la perspectiva de que quizás habíamos salido de la recesión no nos debían hacer olvidar que continuábamos en la crisis -quizás hemos salido de la recesión, pero continuamos en la crisis- y que si el crecimiento económico es tan débil y tan incierto, se necesita una activa política económica y una activa política de empleo precisamente orientada a la reducción del desempleo, a la creación de puestos de trabajo, no en el medio y largo plazo, sino en el tiempo más breve posible, y que eso exigía un compromiso político más rotundo, más claro y más inequívoco del Gobierno.

Le decíamos a la señora ministra que en materia de empleo, vistas las cifras que tenemos: vista la cifra de desempleados de larga duración, vista la cifra de desempleo entre los jóvenes, vista la cifra de los desempleados mayores de cincuenta años, vista la disminución de la tasa de cobertura del desempleo, vistos los niveles de formación de muchos de nuestros desempleados, vistos los hogares en los que ninguno de sus miembros estaba trabajando, se necesitaba una política distinta a la que el Gobierno venía haciendo. En este sentido, la moción que hoy les planteamos recoge nueve cuestiones posibles, que no agotan toda la política en esta materia y que al entender de Convergència i Unió van precisamente en esa dirección.

Quiero poner en valor y agradezco que sobre esta moción inicial de Convergència i Unió hayamos alcanzado un texto transaccionado con el Grupo Socialista, con La Izquierda Plural y con el Grupo Vasco, porque, desde la discrepancia que en materia de política de empleo mantenemos y singularmente en la materia de la reforma laboral -y estoy seguro de que algunos de esos portavoces harán referencia a ello-, somos capaces de compartir al menos algunas de estas cuestiones y eso nos ha permitido ofrecer al conjunto de la Cámara una transacción, que es la que ya tienen los servicios de la misma y que nos permite, al menos, alcanzar ese acuerdo, acuerdo que no hemos podido alcanzar con la enmienda que nos plantea el Grupo Popular, porque pretende mantener la misma política que hasta ahora no está sirviendo para corregir el gravísimo problema del desempleo y que nos condena a un escenario a largo plazo tan lejano para alcanzar los niveles de empleo óptimos que a nuestro entender el futuro que nos plantea el Grupo Popular es socialmente insostenible. Tampoco hemos podido aceptar las enmiendas


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de UPyD, porque insisten en esa concepción preconstitucional del modelo de Estado español y en ese rechazo a la realidad del Estado de las autonomías, sin ir más allá de eso.

La moción tiene nueve puntos. Reclamamos recuperar el diálogo social. Nos parece imprescindible que existan acuerdos entre representantes de los trabajadores y los empresarios para consolidar esa posible recuperación. En segundo lugar, es necesario incrementar las políticas activas de empleo y volver a la inversión en esta materia que existía antes de la llegada al Gobierno del Partido Popular. En este campo están haciendo todo lo contrario a aquello que los organismos internacionales -empezando por la OCDE y siguiendo por la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional- les están rogando, que es incrementar las políticas activas de empleo y además vincular políticas activas y políticas pasivas, y hay ejemplos en el resto de Europa muy singulares. En tercer lugar, les volvemos a reclamar un plan de choque contra el desempleo que ponga el énfasis en la generación de puestos de trabajo en aquellos sectores que los pueden crear y apuntamos algunos de los sectores que en este sentido pueden ser relevantes. En cuarto lugar, planteamos la necesidad de reforzar las políticas de formación, y en los próximos meses hay una discusión abierta con los agentes sociales sobre la política de formación. En quinto lugar, reclamamos medidas que aseguren que la garantía juvenil se puede implementar efectivamente. Hay riesgo de que la garantía juvenil quede simplemente en un buen deseo. En sexto lugar, les planteamos la necesidad de promover una política que permita hacer emerger el empleo sumergido en el sector de los servicios a las familias y a las personas. En séptimo lugar, reclamamos medidas específicas para las microempresas. En octavo y noveno lugar, reclamamos finalmente la desaparición de aquellas reformas recientísimas que el Gobierno popular acaba de aprobar y que tienden a encarecer el coste de la contratación, singularmente para autónomos y para pequeñas y medianas empresas. Nos parece que es una política equivocada, que va en la dirección contraria de aquello que nos recomiendan nuestros socios comunitarios, de aquello que están haciendo los países que han superado con audacia e inteligencia la actual situación.

Espero, señorías, que esta moción obtenga el máximo apoyo de la Cámara y que sirva al Grupo Popular para empezar a pensar que quedándose siempre tan solos en los debates de esta Cámara, quizás el problema no solamente lo tienen ellos, sino que lo empieza a tener el conjunto de la sociedad. No se puede afrontar esta crisis desde la soledad más absoluta, desde la soledad más estricta.

Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Macias i Arau pide la palabra).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Sí, señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Señora presidenta, simplemente quiero formularle una petición. Creo que usted, con todo el respeto a la Presidencia, se ha precipitado al interrumpir al señor Campuzano. Creo que él no pretendía en absoluto contradecir al ministro ni a la señora diputada que le había interpelado, sino utilizar simplemente como argumento de preámbulo algo de lo que se había hablado aquí. Por tanto, señora presidenta, yo pediría que en estos casos dejara acabar la frase para poder comprobar que efectivamente no era una contradicción, sino que era un argumento a título de preámbulo, como aquello de: como decíamos ayer.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Macias, en primer lugar es norma de esta legislatura dejar unos segundos para que el diputado de turno -se ha hecho y se seguirá haciendo- haga una reflexión, como ha hecho antes el señor Tardà, sobre otra cuestión que no tiene nada que ver, pero tiene un límite de tiempo, y es en ese sentido en el que le he llamado la atención al señor Campuzano, que ha utilizado más de dos minutos del tiempo que tenía para explicar su moción. Es el trabajo que me corresponde, señor Macias, al margen de lo que personalmente pueda pensar la Presidencia, que no es argumento en ningún caso. Por lo tanto, le he dejado un tiempo, pero no le podía dejar más. Es lo habitual y lo que hemos hecho siempre y, señor Macias, seguiremos haciendo.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para defender sus enmiendas, señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, en los dos minutos de gracia sobre cuestiones colaterales o preambulares que nos concede, he de indicar la opinión favorable de nuestro grupo al preámbulo o contextualización que ha hecho, que estaba vinculado no necesariamente a una interpelación presentada anteriormente. No sabe cuánto le comprendo, señor Campuzano, en tanto en cuanto aludía a parámetros intelectuales preconstitucionales respecto a la configuración y a las reflexiones realizadas -en este caso si se puede utilizar el apellido- por la señora Díez.


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Dicho esto, señora presidenta, no podemos más que compartir la totalidad del prontuario que nos ha presentado el señor Campuzano en materia de empleo. Nosotros somos hijos -y usted lo sabe bien, señora presidenta, porque ha sido una persona muy estudiosa de estos temas- de una época en la que en el inconsciente colectivo subyacía la opinión de que la mejor política de empleo es la que no existe y que es la tracción de la actividad económica la que genera empleo espontáneamente. En este momento ya nos damos cuenta de que hay que realizar planes específicos de promoción del empleo, sobre todo para determinados colectivos que tienen dificultades especiales o específicas para ingresar en el mercado de trabajo, y el que el señor Campuzano nos presenta está muy bien configurado, está pertinentemente configurado, porque ante las reflexiones -la señora Camarero antes nos ha honrado con una de estas que son muy recurrentes- de que el balance en esta legislatura del Partido Popular es la evitación de peligros hipotéticos, como evitar el rescate -pero, ¿cómo lo saben, cómo saben que la economía española iba a ser fatalmente rescatada si ustedes no hubieran empezado a gobernar?-, ante otra serie de balances más tangibles o más concretos que presentar -que no pueden presentar ninguno-, contra esto lo que hay que hacer es tomar medidas tangibles, medidas concretas, medidas que no se basen sencillamente en la evitación de peligros especulativos, hipotéticos o eventuales. Esto no quiere decir que a ustedes les falte razón, pero tampoco ustedes saben si les falta o tienen razón en esta materia, en que han evitado el rescate del Estado español, pero, por lo pronto, es lo único que pueden vender, es el único balance que pueden hacer. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Contra esto hay medidas estructuradas -y me refiero ya al primer punto del prontuario presentado por el señor Campuzano- que casi constituyen en términos de un discurso escolástico una aporía. Recuperación del diálogo social en materia de empleo. Pero, ¿por qué se perdió? Sin esto, sin la recuperación del diálogo social es imposible avanzar, en materia de empleo como en otras materias de la vida. No sabe hasta qué punto estamos de acuerdo.

Incrementar los recursos destinados a políticas activas, pero incrementarlos bien y equilibradamente. Aquí tenemos un conflicto en relación con las políticas activas. Todas las comunidades autónomas -incluso la del País Vasco, que la ha obtenido recientemente; solo podemos exceptuar las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- ostentan competencias en materia de políticas activas. La del País Vasco incluso incorpora a su seno la política en materia de bonificación de cuotas, además de las tradicionales de subvenciones gestionadas y formación profesional, respetando las competencias autonómicas -y usted lo indica bien-, y si de las competencias autonómicas dimanan actividades diferentes a las perfiladas por la Administración central, integrándolas, armonizándolas o coordinándolas, pero no tachándolas de inconstitucionales o de vulneradoras de una competencia que no corresponde en exclusiva al Estado, puesto que la ejecución en materia laboral -y ustedes tienen un estatuto de autonomía donde todavía se atribuyen más competencias que a los demás en esta materia- corresponde a las comunidades autónomas. Coordinación sí, pero coordinación desde el respeto de la competencia propia de cada comunidad autónoma en materia de políticas activas.

Un plan de choque para el empleo. Sé que está muy obsesionado y comparto su obsesión por la necesidad de articular un plan de choque para el empleo. Ya no vale ser tributario a esta política de que la actividad económica es tractora y basta para crear empleo. No. Ahora hay que realizar planes específicos de creación de empleo, como han hecho tantos países de nuestro entorno que han tenido problemas con el desempleo, incluso países muy industrializados y países con un producto interior bruto por habitante mucho más alto que el del Estado español. Ya va siendo hora de articular un buen plan de choque coordinado con las comunidades autónomas en materia de empleo.

Adoptar las medidas oportunas en relación con el Real Decreto Legislativo 1/1995, en el que se apuesta por la reforma laboral. Yo le repito lo que he preguntado esta mañana a la ministra. Sobre el contrato de emprendedores no pueden gravitar las políticas de promoción del empleo juvenil, entre otras cosas porque es un contrato ilegal y contrario a la Carta Social Europea.

En relación con el punto quinto -voy acabando ya, señor presidente-, que es donde nosotros hemos presentado nuestra enmienda, en este momento el Fondo social europeo ha habilitado cerca de 2.000 millones de euros para la promoción de políticas de empleo juvenil. La distribución que ha realizado el Ministerio de Empleo con relación a este proyecto de promoción importante del empleo juvenil ha consistido en atribuir a la Comunidad Autónoma del País Vasco, que posee competencias íntegras en materia de políticas activas de empleo, 25 millones, 25 millones de los 2.000 millones propuestos o desembolsados por el Fondo social europeo. La Comunidad Autónoma de Cataluña ha recibido una cantidad inferior y todas las demás comunidades autónomas una cantidad inferior a esta. De saque ya, el Ministerio de


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Trabajo ha retenido para sí mismo -el Ministerio de Empleo, perdón, es que uno es tributario de la historia; yo no sé por qué se le llama Ministerio de Empleo en esta legislatura al que particularmente siempre ha sido de Trabajo, pero, bueno, son estas paradojas de las que la historia también a veces nos provee-, de saque, el Ministerio de Empleo se atribuye la mitad de los contingentes destinados por el Fondo social europeo al empleo juvenil y, del resto, solo la cuarta de la cuarta parte se distribuye entre las comunidades autónomas, cuando todas poseen competencias en materia de políticas activas de empleo.

En relación con la disminución de las prestaciones del Fogasa, no podemos estar más de acuerdo. En cuanto a la potenciación de proyectos en materia de políticas emergentes de sectores tecnológicos con alto valor añadido, de profesionalización de actividades sociales, muchas de ellas vinculadas a la Ley de Dependencia, pudiendo profesionalizar incluso a familiares para la atención a los dependientes, la regeneración de lo que se pactó en su día en la Ley de Dependencia con una posición crítica de nuestro grupo, estoy totalmente de acuerdo.

Por último, señor Campuzano, también lo estoy en cuanto a la recuperación en el seno del diálogo social en el Pacto de Toledo de las cotizaciones de empresas. Es quizá lo más importante que en materia de empleo se puede hacer.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que ir acabando.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Lo más inadecuado que se puede hacer en materia de promoción del empleo es la elevación de las cotizaciones sociales, como se ha acometido con el Real Decreto-ley 16/2013, convalidado por esta Cámara hace dos semanas. No hay nada peor o más lacerante para la creación de empleo que la elevación de las cotizaciones sociales de forma prácticamente indiscriminada y sobre todo a los sectores que tienen mayor posibilidad de tracción a mayores potencialidades en materia de creación de empleo, autónomos y pequeñas y medianas empresas, y además sin pactarlo con nadie. Esa es una medida procíclica a la destrucción de empleo y no procíclica a la creación de empleo. Desde esa perspectiva, también estoy de acuerdo con usted.

Estoy de acuerdo con usted, aunque no nos acepte la enmienda, pero como sé que nos la va a aceptar, todavía podría decir que estoy casi más de acuerdo con el prontuario de medidas y con sus especulaciones iniciales o preambularias con relación a cómo se deben entender las cosas en un Estado pretendidamente compuesto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario de CiU presenta una propuesta de lucha contra el desempleo y querría comenzar aclarando que en ningún momento mi grupo parlamentario ni mi portavoz han puesto en duda ni dejado de poner su voluntad de luchar contra el paro. Si lee el "Diario de Sesiones" el señor Campuzano, es el ministro quien ha atribuido esa intención y mi portavoz lo que ha dicho es que estábamos hablando de otra cuestión. No sé si el enfado que le provoca que otro grupo presente cosas distintas a las que él piensa le nubla el entendimiento, pero estará de acuerdo con que mi grupo tiene el mismo derecho que cualquier otro a proponer sus iniciativas y, como bien le ha dicho la vicepresidenta, ya debatiremos sobre ella la próxima semana.

Entro en la cuestión del empleo. Desde el último Pleno que tuvimos ha habido nuevos datos importantes, la EPA del cuarto trimestre y los datos mensuales de enero, y querría hacer una breve mención, porque hay ciudadanos que, ante la euforia del Gobierno con estos datos, pueden pensar que se está creando fuertemente empleo en nuestro país, y, sin embargo, esta euforia es, como mínimo, prematura, porque la EPA del cuarto trimestre lo que nos ha dicho es que en el año 2013 se ha seguido destruyendo empleo en España. Se han destruido 198.000 empleos, casi 200.000. Algún ministro, como el señor Margallo, felicitaba a los parados porque había un menor número de parados que iban a un empleo. Bueno, no iban a un empleo, porque se destruyó empleo. Iban a la emigración o al desánimo y el abandono de la búsqueda de empleo. Eso es lo que dicen los datos hasta ahora. Podemos especular sobre el futuro, pero eso es lo que dicen los datos hasta ahora.


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Los datos mensuales de enero nos dicen que hay una enorme precariedad en el empleo en España, que el 93 % de los empleos son temporales y que del 7 % indefinido casi la mitad son a tiempo parcial. Como el caso de la pobreza, ¿esto obedece a la crisis o también a las medidas que el Gobierno ha tomado para combatir la crisis? ¿No tiene la reforma laboral que ver con la precariedad, con la disminución de los salarios, con el aumento de los despidos? ¿No tiene que ver con la situación de los parados, con el recorte de las prestaciones, con el recorte en políticas activas? Nosotros seguimos creyendo que sí.

Con respecto a las propuestas de CiU, al contenido de la moción, compartimos realmente el 90 % del texto. En general, nos parecen propuestas acertadas. Estamos de acuerdo con ellos en que hay que recuperar el diálogo social y el consenso y que no se puede gobernar a base de golpes de mano, de reales decretos planteados en fechas navideñas. Creemos que el recorte de los recursos para políticas activas de empleo fue un error y que habría que recuperar esos recursos. Pensamos, efectivamente, que hay una necesidad importante en el cuidado de personas mayores, en el desarrollo de la Ley de Dependencia, que sería una actividad intensiva en empleo, un yacimiento importante de creación de empleo, cuyo potencial no se ha desarrollado plenamente. También pensamos que la garantía juvenil hay que acelerarla y ocuparnos del tema de la transferencia de fondos europeos, tan temprana como sea posible. Las microempresas necesitan apoyo en forma de financiación, de menos trámites y creemos que cualquier aumento de las cotizaciones sociales, que son ya relativamente altas, debe ser selectivo, debe ser negociado, debe ser gradual, nada que ver con lo que se hizo con los tiques de comida.

Sin embargo, como también suele ser habitual en nuestros debates, estando de acuerdo con el 90 %, sensato, desde nuestro punto de vista llegamos a un núcleo de desacuerdo irreductible, que es lo que nosotros vemos como un giro particularista o temas competenciales, que se centran sobre todo en el punto 2. Se dice ahí que los servicios públicos de empleo autonómicos deben hacer programas propios adaptados a sus territorios y en principio suena muy bien, si no fuese porque una y otra vez estas adaptaciones a los territorios acaban generando desigualdades en las personas. Nosotros queremos programas adaptados a las necesidades de las personas, no a las necesidades de los territorios, y estos eufemismos tienden a llevarnos en la dirección contraria. El señor Campuzano nos dice que eso es preconstitucional. Yo creo que lo que nosotros defendemos es lo plenamente constitucional, que las autonomías no pueden dar lugar, como dice la Constitución, a privilegios económicos ni desigualdades. Se nos habla de vincular políticas activas y pasivas, pero primero se han desvinculado, llevando cada una a un nivel de las administraciones diferente. Estamos en desacuerdo con la idea de que el Fogasa subvencionase el despido con fondos públicos. Por eso hemos presentado estas enmiendas de supresión, para diferenciar del 90 % que compartimos estos temas, que, aunque sean el 10 %, son muy relevantes y, si no se aceptan nuestras enmiendas, de ser posible, pediríamos la votación por puntos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

La moción presentada por Convergència i Unió contiene propuestas que en general son aceptables y por eso vamos a darle nuestro voto favorable, pero déjenme que les diga con la misma claridad que a nuestro entender no van al fondo del problema, que es en materia de empleo la desgraciada política económica del Gobierno, incapaz de generar empleo, y una reforma laboral que incentiva la destrucción y la precarización del empleo existente. Es importante que se sepa de una vez por todas y se asuma que el empecinamiento en políticas de ajuste duro, avaladas por una ley de estabilidad que por cierto votó Convergència i Unió, impide esta recuperación económica. Pretender que las familias reduzcan su endeudamiento y aumenten el consumo, precarizando sus condiciones de trabajo y bajando sus salarios, además de una injusticia y además de un suicidio económico es metafísicamente imposible, no es posible compatibilizar esos objetivos, especialmente en un país en el que -no me cansaré de decir- tres de cada cuatro puestos de trabajo dependen del consumo interno, y donde la exportación no tiene desgraciadamente fuerza suficiente para tirar del empleo.

En segundo lugar, es importante destacar que las políticas del Partido Popular no solo no crean empleo, sino que lo que están haciendo es precarizar profundamente el empleo existente a partir de la vieja fórmula de distribuir insolidariamente ese empleo. Todas las normas aprobadas van en la misma dirección, incluso la última, el Real Decreto-ley 16/2013, insiste en esa idea de hacer de España el paraíso de los miniempleos, con microsalarios, pero sin apoyo público para garantizar ingresos mínimos; incluso en eso solo se copia la parte mala de las experiencias de otros países. El resultado ya lo saben ustedes:


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cada vez más trabajadores que teniendo trabajo están con ingresos bajo el umbral de la pobreza, y eso supone una condena en muchos casos perpetua a la precariedad de los jóvenes, e insisto en que afecta de manera brutal también a las mujeres.

Se ha creado a partir de la reforma laboral el contrato de trabajo de libre disposición del empresario, que además está propiciando un incremento de las horas extras no declaradas y en algunos casos ni tan siquiera cobradas, aparece en las estadísticas claramente. Recuerden ustedes además que eso tiene un impacto de género brutal, porque de los 2,7 millones de personas con contrato a tiempo parcial, 2 millones, casi el 75 % son mujeres, y la mayoría con contratos a tiempo parcial no asumidos voluntariamente, sino obligados porque no tienen otra oportunidad, y porque así se las condena a continuar sufriendo la doble responsabilidad de la vida del trabajo laboral externo y la responsabilidad exclusiva de las tareas reproductivas, del hogar y de la familia. Ello además constituye un fraude a los trabajadores y a la Seguridad Social; una parte de la caída de los ingresos de la Seguridad Social tiene que ver con eso que no es exactamente economía sumergida, pero que son salarios infradeclarados, y en ese sentido continúa siendo inconcebible que el Partido Popular se niegue a la propuesta de La Izquierda Plural para obligar a que en el contrato de trabajo a tiempo parcial conste el horario de trabajo; eso facilitaría la función de la Inspección de Trabajo y dificultaría el fraude laboral. En ese sentido creo que la única obsesión del Partido Popular es dulcificar las estadísticas de empleo.

Por último, en esa perspectiva también el Gobierno ha desmantelado las políticas activas de empleo; simplemente hay que recordar un dato que ha aparecido muchísimas veces: el recorte acumulado desde el año 2011 hasta ahora es del 56 % en políticas activas de empleo, y ello afecta especialmente a las comunidades autónomas que tienen una importante responsabilidad en esa materia. Pero también en esas políticas quiero insistir en que existe un objetivo oculto por parte del Gobierno, fíjense ustedes que gran parte de las medidas dirigidas a las políticas activas de empleo avanzan en la privatización de las políticas de intermediación laboral. Ante la ausencia, la carencia o la reducción del negocio de las empresas de trabajo temporal, cada vez se les dan más funciones que hasta ahora eran de naturaleza pública, es como si el Partido Popular, haciendo honor a la histórica frase de: antes roja que rota, dijera hoy: antes privada que descentralizada. Ese parece ser el gran frontispicio de la política popular en este país. El Gobierno se ha embarcado en un proceso de la intermediación laboral que va a generar profundas desigualdades. Por cierto, aprovecho para insistir en que no sé si las izquierdas y las derechas existen para alguno, pero para las izquierdas la desigualdad se da entre clases clarísimamente, y la desigualdad en el empleo en estos momentos desgraciadamente no se da entre comunidades autónomas, se da fundamentalmente entre sectores sociales, y eso a veces se olvida.

En resumen, estamos de acuerdo con las propuestas planteadas por CiU, hemos hecho una serie de enmiendas que en una parte muy importante han sido asumidas, y queremos insistir en la importancia del plan de choque y en nuestra enmienda -que se ha recogido- de no olvidar a la industria. Este país ha olvidado desgraciadamente muchas veces a la industria, y la industria de calidad es uno de los grandes mecanismos de yacimiento de empleo; también el Estado del bienestar, no como lo ven ustedes, como un problema, sino como un yacimiento de creación de ocupación.

Termino con una mención al elemento de las cotizaciones en las empresas por pagos en especies. Ustedes saben -los que han participado en la Comisión de Empleo lo conocen mucho mejor- que nuestro grupo se ha pronunciado a favor de que se incorpore como base cotizable el conjunto de las retribuciones, sea cual sea su origen, pero saben también que les planteamos la necesidad de una negociación sobre eso. Lo que han hecho ustedes es lo de siempre: nocturnidad, alevosía y desprecio del diálogo social. Resultado: una cosa que podía haber terminado con acuerdo ha terminado con un bochinche espectacular, y con todo el mundo en contra. Por favor, acepten ese planteamiento que les hacemos en la transaccional, abran un proceso de diálogo social, y veamos cómo conseguir que aumenten las cotizaciones a la Seguridad Social de una manera sensata. Porque mezclar stock options, que por cierto quienes las reciben están fuera de ese cambio porque todos están por encima de la base máxima de cotización, con las cotizaciones de cheques restaurante es mezclar churras con merinas, y que conste que no es ninguna respuesta diferida al diputado señor Merino. Es confundir las cosas. En ese sentido vamos a votar esa moción de Convergència y Unió, pero no sin antes decir lo siguiente.

El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, tiene usted que decir lo que sea, pero muy rápido ya.

El señor COSCUBIELA CONESA: Termino. Aunque se aprobara y se aplicaran esas medidas desgraciadamente la problemática de empleo no se resuelve, porque el drama tiene que ver con una


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política económica y laboral, con la reforma laboral. Mucho me temo -espero que no- que esas medidas en el mejor de los casos serían agua llenando un cesto o algo así como querer regar el desierto, porque en el fondo lo que hay que cambiar es la política económica y la política laboral de este Gobierno.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lucio.

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.

Señorías, la toma de medidas en materia de empleo es urgente. Estamos de acuerdo con el grupo proponente que ha elaborado una moción que identifica algunas medidas que de forma inmediata debe poner en marcha el Gobierno, medidas algunas que han sido propuestas reiteradamente por distintos grupos de los que aquí estamos representados en la Cámara, y que todas han tenido el mismo fin, es decir, la negación por parte del grupo mayoritario. Sin embargo, y teniendo en cuenta lo dicho previamente, nos encontramos ante un Gobierno que no escucha ni reacciona. No reaccionó correctamente ante la situación de desempleo con la que se encontró cuando llegaron en el año 2011 al Gobierno, y no reacciona ahora a la situación dramática de desempleo que nos encontramos en el año 2014, cuando contrariamente a lo que han prometido de forma reiterada, en lugar de generar empleo se ha destruido más empleo todavía. El dato de afiliación media es catastrófico. Enero de 2014 con respecto a enero de 2011 ha perdido 1.188.229 afiliados, y mientras tanto el Gobierno sigue fijándose y difundiendo solo y exclusivamente aquellos datos que son positivos, datos positivos que encierran un fondo de precariedad generalizada, y una amenaza de mayor vulnerabilidad para los trabajadores, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.

Vamos a apoyar la moción que presenta CiU porque recoge medidas que son imprescindibles para la recuperación económica. El Grupo Popular, como bien se temía el señor Campuzano, ha obviado que todos estos datos de los que estoy hablando tienen mucho que ver con la reforma laboral que el Gobierno aprobó, y que ustedes avalaron en febrero del año 2012, aunque es alentador no obstante saber que se están tomando y están ustedes proponiendo permanentemente iniciativas para contrarrestar ese efecto negativo de la reforma laboral.

Si por algo se puede definir este Gobierno es por su incapacidad para definir y para intervenir hacia un cambio de modelo productivo. Sin proyecto de futuro para España y sin presupuesto para inversión productiva es muy difícil ver una actuación clara en la dirección de promover la creación de empleo, o de promover también la adaptación de puestos de trabajo a los nuevos requerimientos del mercado. Y por supuesto sin presupuesto para políticas activas de empleo, que permitan mejorar la empleabilidad de los trabajadores, será imposible ese cambio de modelo productivo. El Grupo Socialista seguirá reivindicando y apoyando la necesidad de invertir en políticas activas de empleo, de recuperar la inversión que existía en el año 2011, cuando ustedes llegaron al Gobierno, y de reiniciar una ofensiva en estas políticas que permitan que el creciente número de desempleados, sobre todo aquellos que están desprotegidos o los que tienen menor cualificación, puedan formarse y adaptarse a los requisitos del mercado de trabajo posrecesión. Reivindicamos también la necesidad de poner en marcha de forma inmediata la garantía juvenil española, de la que aún no sabemos cuándo ni cómo arrancará. Nos preocupan sobremanera los jóvenes menores de veinticinco años, pero también los jóvenes entre veinticinco y treinta y cinco años, que ven truncados sus proyectos de vida y que no tienen una respuesta integral adaptada a sus necesidades. Desde que ustedes gobiernan ha caído la filiación de jóvenes entre dieciséis y treinta y cinco años en 636.296 personas, más de la mitad de la caída de la filiación total, como recordaba esta mañana mi compañera Isabel Rodríguez.

Señor Campuzano, apoyamos igualmente que haya medidas que afloren la economía sumergida, pero siempre que esto no suponga la deslaboralización de prestaciones de trabajo típicas, que hemos regulado recientemente, como el trabajo al servicio del hogar familiar o los asistentes domiciliarios a dependientes. Todas estas medidas siempre deben ser fruto del diálogo social con los agentes sociales y económicos, y con las organizaciones representativas de las trabajadoras y los trabajadores autónomos. Por último quisiera destacar la importancia de la pequeña empresa y del pequeño autónomo o autónoma, al que todos le reconocemos ese gran potencial generador de empleo, pero que siguen siendo los grandes olvidados del Gobierno del Partido Popular. El pasado mes de diciembre unos se desayunaron con la subida de cotizaciones, otros con el riesgo de tener que cerrar por una decisión del Gobierno una vez más equivocada. Me refiero al sector de la restauración. Ambas son medidas dirigidas directamente no solo a


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impedir la creación de empleo, sino también a destruirlo, utilizando como excusa una indignante comparación entre las stock options y un vale de comida de 6 euros. Termino diciendo que apoyaremos la transaccional que nos ha presentado CiU, porque ha recogido también las enmiendas que les hemos presentado, e instamos al Gobierno a que al menos deje de tomar medidas que generen más desempleo en este país; al menos hagan eso. Recurran al diálogo social, al verdadero, no al diálogo social que ustedes han inventado, que consiste en hacer consultas y luego tomar la decisión que les da la gana. Reaccionen de una vez, somos muchos y hoy se vuelve a demostrar. CiU, PNV, La Izquierda Plural y el Partido Socialista aprueban una iniciativa para apoyar y ahondar en esa generación de empleo que supuestamente va a venir con esas optimistas previsiones que tiene el Gobierno. Hagan caso de lo que les proponemos entre todos, reaccionen ya, porque ni España ni las personas desempleadas pueden esperar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lucio.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas también, como en el caso de la señora Lucio, para presentar su enmienda.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en este turno sobre la moción de Convergència i Unió, consecuencia de una interpelación sobre medidas a adoptar para luchar contra el desempleo, y para impulsar la creación de puestos de trabajo. Señores de la oposición, ustedes, todos en conjunto, siguen -ya lo dije en el último Pleno- como en El Bolero de Ravel, repitiendo y repitiendo, a ver si así se convierte en una realidad. Han construido un discurso y aunque los datos cambien, varíen las tendencias, cambien las perspectivas y generen esperanzas en el presente y en el futuro inmediato, ustedes siguen igual.

Señor Campuzano, usted y su grupo siempre han estado en posiciones razonables y de reconocimiento de hechos como los que se están produciendo, yo esperaba que esta mañana también. Son datos insuficientes, señoría; señor Anchuelo, para nada, para nada puede usted decir que este Gobierno tiene euforia, no, en absoluto, ni se tiene, ni desde luego se manifiesta, pero también es verdad que, aun siendo datos insuficientes, son tendencias esperanzadoras, y también me gustaría que hubiera un reconocimiento en ese mismo punto de equilibrio.

La moción de nueve puntos realmente alejada de lo que se está haciendo, señorías, es algo que desde el Grupo Popular hemos querido enmendar con esta enmienda que estoy defendiendo en este momento, y que recoge sin lugar a dudas parte del espíritu de lo que plantea la moción del señor Campuzano, y a la que yo creo que nadie se puede oponer, porque habla de cosas muy razonables, pero que luego, insisto, están muy alejadas de la realidad de lo que se viene haciendo. Por ejemplo, en políticas activas y formación, que es un tema que se recoge en alguno de los puntos de la moción, realmente ya lo hemos debatido hasta la saciedad en esta Cámara; hay un acuerdo de la Conferencia Sectorial de Empleo en el que, con un acuerdo para buscar más eficacia y más eficiencia, en un contexto financiero muy complicado, estos principios son fundamentales cuando hay escasez financiera, insisto, junto con una mayor transparencia, se ha establecido un método para conseguir unos objetivos y una evaluación de esos objetivos y funcionar a través de unos elementos que nos parece que son absolutamente razonables. En este debate además, señorías, se ha dicho que ha habido un decrecimiento, una reducción de políticas activas en un 56 %, pero yo tengo que recordar que en cuatro años de crecimiento económico hubo un crecimiento exponencial tremendo de la aportación a las políticas activas, y en la misma proporción hubo un crecimiento exponencial de destrucción de empleo y de paro; por lo tanto no hay una relación, no hay una ecuación directa entre más presupuesto y más creación de empleo, sino que con mayor eficiencia puede haber un mejor resultado. Señor Campuzano, ya le dijo la señora ministra además que tuvieran ustedes en cuenta apoyar a la Generalitat para que cumpla con el presupuesto de sus servicios públicos de empleo, que los dejan siempre a mitad o a tres cuartos de ejecución, mientras que sí ejecutan todo lo que se les transfiere del Estado. Si ustedes utilizaran correctamente esos presupuestos estarían incrementando su capacidad financiera para luchar contra el desempleo en su comunidad, que indudablemente es muy importante.

Por supuesto en nuestra enmienda también apoyamos la garantía juvenil, cómo no, claro, evidentemente, y lo ponemos en nuestra enmienda, pero, señorías, pedir al Gobierno que cambie las condiciones de financiación del Fondo social europeo es increíble por ignorancia o por osadía política, es desconocer cómo funciona. El Gobierno ha puesto toda la carne en el asador, pero los mecanismos


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europeos son los que son y hay que jugar con ese funcionamiento que tiene el Fondo social europeo; pedir lo contrario es ponerlo en un papel sabiendo que no tiene ninguna viabilidad, es desconocimiento de cómo funciona la Unión Europea, señorías, en un contexto en el que estamos previo a unas elecciones. También, señorías, en nuestra enmienda apoyamos la continuidad de medidas de apoyo a la creación de empleo, lógicamente, por supuesto las establecidas en la reforma laboral, ¡faltaría más! Aquí se habla de que la reforma laboral ha generado más pobreza y más desigualdad, pero miren ustedes el Gobierno socialista, apoyado por muchos grupos de los que aquí han manifestado eso esta mañana, generó 3.600.000 parados más en tres años, y en el último año, último, no tres, un año de aplicación de la reforma laboral hay 166.343 parados menos. Los datos cantan, lo demás son demagogias y frases hechas que no conducen a ninguna parte.

Señorías, hablan ustedes de algo que a mí me resulta insólito, lo debatimos aquí el 21 de enero, y es la reforma, la modificación que se ha producido a través de los Presupuestos Generales del Estado del tema del artículo 33.8 en relación con el Fogasa. Yo ya les explique claramente cómo va esta cuestión, pero añado algo más; esta modificación, señorías, supone para el Fogasa recuperar su naturaleza de entidad de aseguramiento, limitando su intervención como institución de garantía, de garantía en aquellos supuestos de insolvencia o concurso empresarial; esto es racional y coherente, y es lo que hacen todo este tipo de entidades en el conjunto de la Unión Europea que son análogas al Fogasa. Señorías, yo lo que no puedo entender es que venga aquí algún grupo, casi todos, pero expresamente el representante de UPyD, mi amigo el señor Anchuelo, a decir que apoyan subvencionar despidos con fondos públicos. (El señor Anchuelo Crego: He dicho todo lo contrario). Lo ha dicho usted, está en el "Diario de Sesiones", léaselo, ¿en empresas solventes? Pero, por favor, dónde estamos. A mí me parece que, debatiremos el día 21, no voy a repetirlo porque no tengo tiempo, y por lo tanto no voy a insistir en algo que me parece absolutamente descabellado.

Señorías, insisto, ustedes mantienen un mantra que no atiende a los cambios que se vienen produciendo. No son capaces de evolucionar y de ver la esperanza que supone en un durísimo camino que estamos sufriendo los datos que confirman que desde enero de 2013, como ya he dicho, el paro ha disminuido en más de 166.000 personas, que hay más de 40.000 jóvenes que han tenido una oportunidad de empleo, que en términos desestacionalizados, que es como se tiene que medir -porque cuando no se hace dicen ustedes: está influyendo la estacionalidad-, la afiliación a la Seguridad Social ha subido en 35.500 personas. ¿Insuficientes? Sí, lo vuelvo a repetir. ¿Esperanzadores? También. ¿Reconocimiento dentro y fuera de España? Sí, señoría, reconocimiento. Y ustedes siguen empeñados en cambiar un rumbo que nos llevaba y que nos lleva a una meta clara, el crecimiento económico y la creación de empleo. Ustedes quieren cambiar este rumbo por el que nos llevó a un desastre, que fue el que nos encontramos en 2011, y a eso desde luego el Grupo Popular no está dispuesto. El Grupo Popular está en el apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy para mantener este rumbo con firmeza y con mano tendida para los que quieran sumarse a ello. Ahí, señoría, nos encontrarán siempre.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas. (El señor Anchuelo Crego pide la palabra). Si ha habido alusiones, que no lo dudo, al final del todo dice usted lo que sea oportuno. (El señor Anchuelo Crego: No son alusiones, son aclaraciones).

Tiene usted un minuto para aclarar lo que sea.

El señor ANCHUELO CREGO: Mi grupo ha presentado una enmienda de supresión a la propuesta del señor Campuzano, donde decimos lo contrario a lo que ha entendido la portavoz del Grupo Popular. Nosotros estábamos en contra de que el Fogasa subvencionase con dinero público el despido hasta ocho días, y por eso hemos pedido la supresión en la propuesta de CiU. Estábamos en contra de que el Fogasa subvencionase el despido con dinero público.

El señor PRESIDENTE: Le agradezco la aclaración. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros pide la palabra). Señora Álvarez-Arenas.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente. Simplemente intervengo porque rectificar es de sabios -no es que yo me considere sabia-; yo le he entendido lo contrario desde la tribuna. Por lo tanto acepto eso, y desde luego sigo manteniendo lo que he dicho


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respecto a lo que propone la moción en relación con el Fogasa y el despido subvencionado de empresas solventes.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.

Terminado el turno de enmiendas, en turno de fijación de posiciones tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto, que es el único grupo que falta por intervenir, el señor Cuadra. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, en la respuesta que la señora ministra dio a la interpelación que ha dado origen a la moción que estamos discutiendo ella afirmó que las reformas económicas y laborales del Gobierno estaban dando ya finalmente frutos positivos. Señaló así cómo la afiliación a la Seguridad Social había frenado prácticamente su caída, y citó como ejemplos concretos los datos del mes de diciembre. Afirmó que las listas del paro se habían reducido en 107.000 personas, y que a finales de 2013 existían 150.000 personas menos paradas que a finales de 2012. Pues bien, después de dar estas animosas y esperanzadoras cifras nos gustaría saber hoy qué es lo que se opina de los datos del mes de enero. En el mes de enero ha habido 113.000 parados más y la afiliación a la Seguridad Social ha disminuido en 184.000 personas, es decir, frente a la mejora de 107.000 personas menos en el paro, en enero hemos tenido 113.000 parados más, y frente a lo que la ministra dijo que era un frenazo en la caída interanual de las afiliaciones a la Seguridad Social, en enero 184.000 bajas más se han dado en este sistema. Decimos esto porque desde el Gobierno constantemente se insiste en contarnos el cuento este de Fátima en el país de las maravillas, y luego la realidad no se corresponde con esto.

Igualmente dijo la ministra que en 2013 había disminuido el número de personas paradas en 150.000, pero lo que se oculta dando cifras es que tan solo en el primer semestre de ese año 259.000 inmigrantes habían cogido el camino de retorno a sus países de origen, y que 40.000 españoles, la mayor parte de ellos jóvenes, habían cogido el camino que ya sus abuelos en los años cincuenta y sesenta habían emprendido hacia la inmigración. Prácticamente 300.000 personas en un solo semestre habían desaparecido, se habían ido de este país porque aquí no hay futuro. Eso es lo que está ocurriendo y el Gobierno nos pretende vender la moto de que las cosas van bien cuando lo que estamos viendo es una gran tragedia social: en solo un semestre 300.000 personas desaparecen del Estado español.

Mientras esto ocurre uno de cada tres niños y niñas -lo han dicho recientemente- vive bajo el umbral de la pobreza, es decir, niños y niñas que no son solo concebidos, sino que aparte de concebidos son también nacidos, es decir, seres que necesitan comer, vestirse y recibir atención sanitaria, y sin embargo viven en condiciones sociales lamentables, bajo el umbral de la pobreza: 2.800.000 niños y niñas. Frente a esto en los últimos datos presentados hace unos días de las ganancias de los cinco mayores bancos del Estado español se nos dice que se han llevado 7.600 millones de euros, cuatro veces más en ganancias que el año anterior. La banca se está forrando mientras que 2.800.000 niños y niñas viven bajo el umbral de la pobreza. Sacando las cuentas tan solo con que la banca hubiera ganado la mitad de lo que ha ganado, cada uno de estos niños y niñas hubiera podido tener derecho, si se hubiera hecho un plan para combatir la pobreza infantil, a 2.700 euros al año. Se redondea todo esto viendo cómo el presidente del Banco Bilbao Vizcaya ha recibido unos emolumentos, salario más otras gratificaciones, de 5 millones de euros durante 2013. Mientras ocurre todo esto, mientras unos se forran sin medida y la pobreza se extiende entre los sectores más débiles de nuestra sociedad, hay ministras que dicen que estamos empezando a salir de la crisis. Todos los Alí Babás del IBEX 35 aplauden hasta con las orejas, es lógico. España va bien y la marca España triunfa.

Tenemos algunos pequeños desacuerdos con la moción que se ha presentado y con la transaccional que finalmente se votará, pero en cualquier caso el voto de Amaiur será favorable a la moción presentada por Convergència i Unió.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cuadra.

Señor Campuzano, si no he interpretado mal, hay un acuerdo que ya ha sido presentado a la Mesa.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, señora presidenta, hemos trasladado a la Mesa un texto transaccional que asume la enmienda del PNV, las dos enmiendas del Grupo Socialista, y dos de las enmiendas de La Izquierda Plural, y que creo que conocen todos los grupos ya.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo, señor Campuzano, muchas gracias.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 173/000131).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Finalizamos con la moción del Grupo de La Izquierda Plural sobre la política del Gobierno en materia de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.

Por el grupo proponente de la iniciativa para presentarla tiene la palabra la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidenta.

Señorías, señoras y señores del Grupo Popular, a ustedes les sobran votos para rechazar la petición de retirada del anteproyecto de protección del concebido y los derechos de la mujer embarazada. Ayer ya lo demostraron, nada nuevo bajo el sol, pero tienen que saber que les sobran tantos votos como a nosotras motivos para seguir pidiéndoles que la retiren. Tenemos millones, tantos como mujeres lo están pidiendo en las calles de nuestro país, tantos como los miles y miles de mujeres y hombres que también lo están pidiendo fuera de nuestras fronteras. Hoy, el señor Gallardón, enrocado en su propuesta, ha mencionado lo publicado en el ABC apoyando este anteproyecto, pero parece ser que no ha leído lo que otros medios también conservadores como The Times han publicado, donde se afirma que las restricciones sobre el aborto propuestas en España dañarán la salud y la vida familiar de las mujeres y además, añade, va a erosionar el pluralismo, restringir la libertad, hacer retroceder la posición de la mujer en la sociedad española, dañar la vida familiar e infringir daños psicológicos y físicos a las mujeres que padecen en ocasiones circunstancias desesperadas.

Tampoco ha debido de leer lo que en Estados Unidos el Washington Post literalmente decía: Un ataque a los derechos de las mujeres y un paso atrás de España en comparación con sus vecinos europeos. Incluso Le Monde, en un artículo titulado El giro a la derecha de Mariano Rajoy, afirma que la reforma de la Ley del Aborto no es la primera ocasión del Gobierno de Mariano Rajoy de acercarse al ala más dura de su partido y a las reivindicaciones del episcopado católico. Tras una primera mitad de la legislatura absorbida por la urgencia de la situación económica, el presidente del Gobierno español ha iniciado recientemente una serie de reformas de marcado carácter ideológico. Lo dicen, como pueden comprobar, los medios de comunicación internacionales, nacionales, los profesionales de la salud, los movimientos y asociaciones feministas y, por mucho que ustedes no quieran oírlo, señoras y señores del Partido Popular, es un clamor lo que hay en contra de esta medida, por injusta, anacrónica, retrógrada y ofensiva para con los derechos fundamentales de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad.

Pueden seguir sin escuchar, pero desde La Izquierda Plural seguiremos diciéndoselo y tendrán que saber que contra este atentado urdido contra las mujeres están incumpliendo con leyes, acuerdos y tratados internacionales que vienen de antiguo y que se han conseguido gracias a las reivindicaciones feministas, por muy poco que a ustedes les guste. Ya en 1995, la IV Conferencia mundial sobre la mujer, de Naciones Unidas, celebrada en Pekín, reconoció que la capacidad de las mujeres para controlar su fecundidad constituye una base fundamental para la consecución y disfrute de otros derechos, derechos fundamentales, derechos humanos. En el año 2000, el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU acordó, dentro del derecho a la salud, el derecho a controlar el propio cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y reproductiva. Y en 2008, recientemente, señoras y señores del Partido Popular, mediante la resolución 1607 del Consejo de Europa, se acordó que el aborto es un derecho, remarcando que la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo debe ser garantizada y respetada por los Estados miembros, ¡garantizada y respetada por los Estados miembros!, así como que deben garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera accesible y segura.

En España hemos tenido que esperar muchos años hasta ajustarnos a estos acuerdos y recomendaciones y conseguir una ley de plazos como tiene la mayoría de países de Europa. Ahora no podemos permitir una propuesta que nos aboca a un grave retroceso para con los derechos de la mujer a decidir sobre si quiere o no ser madre y que nos impondrá situarnos además con una de las legislaciones más restrictivas del conjunto de Europa. Porque lo que proponen tramitar en este Parlamento es una ley que deroga la Ley vigente de 2010, volviendo a los supuestos y eliminando los plazos que permitían que hasta las catorce semanas las mujeres pudieran decidir si querían seguir o no con su embarazo sin alegar o demostrar algún motivo. Esto -ustedes lo saben- no disminuirá el número de abortos, los datos lo constatan, los datos del propio Ministerio de Sanidad del año 2012; serán más y pondrán en riesgo la


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salud y la vida de las mujeres que no puedan pagarse un aborto legal y seguro en el extranjero. Esto, a ustedes, parece que no les importa. No oyen, no ven. ¿Pero por qué este retroceso en cuanto a los derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad? ¿Por qué ahora? Esa es la pregunta que se hacen millones de mujeres de este país. El intento de control sobre el cuerpo de las mujeres y su salud sexual y reproductiva no se puede separar del contexto de crisis económica, democrática y de ciudadanía que hoy responde a los intereses de una élite dominante que impone sus políticas neoliberales y patriarcales, fuertemente imbricadas a los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica. Y las mujeres de este país no vamos a consentir que se expropien nuestros cuerpos para usarlos como víctimas propiciatorias para los intereses de una minoría neocón y ultracatólica. Esta iniciativa que ilegaliza y persigue el aborto no responde a una demanda social, y ustedes lo saben: el 80 % de los encuestados así lo manifiesta. Supondrá un retroceso de más de treinta años en materia de los derechos fundamentales de las mujeres reconocidos, y lo voy a repetir, como derechos humanos, señoras del Partido Popular. Y será la primera vez que se legisla para retroceder y recortar derechos en toda Europa respecto a esta materia. Están, en definitiva, y lo tienen que saber, poniendo en juego la libertad de las mujeres y su derecho a decidir y están dinamitando el Estado laico y democrático. Queremos, necesitamos y seguiremos pidiendo y reivindicando sin descanso una ley que garantice el aborto seguro, libre y gratuito.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora De las Heras, tiene que finalizar.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Termino.

Hoy tienen una nueva oportunidad. Repítanlo, o retiren este anteproyecto.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las Heras.

No se han presentado enmiendas a esta moción. Por lo tanto, vamos a la fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señora presidenta, señorías, quisiera empezar enviando una felicitación a la diputada Sandra Moneo, que no nos acompaña en este debate porque ha sido nuevamente madre. (Aplausos).

Señorías, el PP tiene toda la legitimidad democrática para cambiar la actual Ley del Aborto. Ganó las elecciones con mayoría absoluta en 2011 con esa promesa y lo justo es que la cumpla. No se puede, por tanto, criticar al PP por no cumplir su programa electoral y a la vez por cumplirlo. Le he escuchado, señoría, hacer una defensa cerrada de una de las partes en este duro conflicto, pero su discurso sigue sin contestar a dos cuestiones que yo creo que son importantes. Una, en el conflicto que se produce entre la voluntad de la mujer de dejar o no de ser madre y la vida del no nacido, ¿quién, señoría, de los dos está en la posición más débil?, ¿quién es el sujeto, la parte más indefensa? Segundo, ¿cómo pueden seguir negando algunos que el resultado de un aborto sea la eliminación de una vida humana, de un ser humano como cualquiera de nosotros, salvo que en una fase de su evolución prenatal?

Quisiera reiterar tres cosas. Primero, que un no nacido no puede ser considerado como un mal, algo que te puede destrozar la vida cuando no lo has previsto, como alguien ha dicho. Segundo, que abortar, para muchas personas, no es algo neutro o simplemente estético, como también alguien ha dicho, como ponerse tetas, queriendo hacernos creer que un no nacido no es una vida, un tercero único e irrepetible. Y tercero, que creo que estamos obligados a buscar una solución mejor que la que propone la ley actual, que equilibre al menos las posiciones jurídicas de las partes en conflicto y que sea digna de un Estado que se hace llamar o queremos llamarlo del bienestar, un Estado que provee ayudas y protección a la infancia, castiga los abusos contra menores, financia la educación de nuestros hijos, beca a nuestros alumnos, provee formación continua para los jóvenes, concede beneficios empresariales para animar a la contratación de los jóvenes, y sin embargo y paradójicamente a esos mismos jóvenes los desprotege hasta el extremo antes de llegar a nacer.

Quisiera hacer en todo caso un comentario sobre la petición de voto secreto o la intención de pedir libertad de voto que ayer se planteaba. Es verdad que este es un tema sensible, muy sensible, y yo creo que muy complejo, pero la libertad de voto que piden a unos debieran aplicársela también a sí mismos. ¿Por qué van a tener problemas de conciencia algunos diputados o diputadas del PP con el anteproyecto y no la tienen todos aquellos diputados que, como reconocía un histórico diputado del PSOE, estaban en contra de permitir abortar a menores de dieciséis años sin conocimiento de sus padres? (Aplausos).


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Termino, señorías. El PP está, como les digo, en todo su derecho de cambiar la ley. Tengamos ese debate, veamos qué alternativas proponen los grupos y, sobre todo, busquemos entre todos fórmulas positivas pensando, si me lo permiten, qué decisión nos hubiera gustado que tomaran nuestras madres si, por el motivo que fuere, se hubieran visto abocadas a decidir entre abortar o llegar a ser nuestras madres.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Salvador.

Por el mismo grupo, señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Decía Esperanza Aguirre anteayer que los premios Goya se han convertido en una gala contra el PP. Aunque me duela en el alma, no le falta razón porque, aunque el premio al mejor actor se lo hayan dado al gran Javier Cámara, hay una persona que lo merecía muchísimo más. Sin lugar a dudas el premio Goya al mejor actor debían habérselo dado al ministro Gallardón por haber disimulado de manera magistral y durante tanto tiempo lo profundamente reaccionario que es. Porque aprobar una ley contra la gran mayoría de la sociedad, que afecta a la decisión más íntima y difícil que puede tomar una mujer; aprobar una ley que va a conducir a la ilegalidad penal a médicos y a mujeres, a poner en riesgo la vida de las mujeres; obligar a tener hijos con malformaciones a gente que ni económica ni emocionalmente puede sustentarlo, y eso bajo un Gobierno que ha eliminado las ayudas a la dependencia, es, sencillamente, gobernar contra la gente y en especial contra la mujer. Es ardorosamente retrógrado, carca; es un despropósito jurídico y social. Por este camino, ¿qué será lo próximo?, ¿dejar de dispensar la píldora anticonceptiva?, ¿ilegalizar la homosexualidad?, ¿prohibir los condones? El informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la interrupción del embarazo pone en evidencia, artículo por artículo, que su proyecto de ley no se rige por la salud, se rige por un desprecio hacia la igualdad de la mujer y sus derechos para decidir sobre su vida y su cuerpo. Su reforma pondrá en riesgo la vida de las mujeres, será una ley regida por criterios confesionales que le dicta una jerarquía eclesiástica alejada del sentir de la mayoría de los católicos. Tiene narices que sea esta la única promesa que vayan ustedes a cumplir.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Termino. Creo que el Gobierno, el ministro Gallardón tendría que reconocer que se ha equivocado, enterrar este proyecto de ley que nadie quiere y, en definitiva, recoger su premio Goya y dejar a las mujeres que decidan sobre su propio cuerpo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo, señora Fernández. (Rumores). Silencio, por favor.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en la intervención del ministro Gallardón respondiendo a la interpelación de la señora De las Heras en el Pleno pasado hubo cantidad de argumentos que nosotros tenemos que tildar de falsos. Uno de ellos es que es necesario modificar la ley actual porque no se puede concebir que las jóvenes adolescentes de dieciséis y diecisiete años puedan abortar sin conocimiento de sus padres. La ley no dice eso, la ley dice que tienen que tener conocimiento los padres, y en aquellos casos en que la menor esté en situación de conflicto con su familia, tendrá que ir acompañada de alguna persona de los servicios sociales, etcétera. Falsean, tratan de engañar a la ciudadanía, como tratan de engañarla cuando dicen que tienen que cumplir con los acuerdos de la Convención Internacional de Personas con Discapacidad que el Estado español ratificó.

Me he leído todos los acuerdos y en ningún momento en esos acuerdos se habla del nascituro, en ningún momento; se habla de personas con discapacidad. Y la ley no dice que las personas con discapacidad tienen que abortar. No lo dice en ningún sitio, como no dice en ningún sitio nada de discapacidad. Lo que sí argumenta es la posibilidad de los abortos con grandes anomalías fetales hasta las veintidós semanas. ¿Y por qué hasta las veintidós semanas? Porque es muy difícil que antes de la semana catorce esas anomalías se puedan detectar. Por tanto, manipulan, falsean, etcétera.

Para finalizar, señorías, solo quiero decirle una cosa al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular. ¿Por qué esa necesidad de cumplir -aunque ya digo que no existe- los acuerdos de la Convención


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Internacional de Personas con Discapacidad y que fueron ratificados por España, y no tienen esa misma sensación de obligación para cumplir con lo acordado y también ratificado por España en las conferencias de El Cairo y de Pekín, cuando se dijo que el aborto es el último eslabón de una cadena que garantiza el poder de decidir de las mujeres sobre cuándo y cómo quieren ser madres, incluyendo su derecho a tener control sobre su salud sexual y reproductiva?

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Ustedes dicen lo que les da la gana, tratan de engañar a la ciudadanía y lo único que quieren es imponer un confesionalismo ideológico que evidentemente no podemos admitir.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Intervendré muy brevemente y desde el escaño por la sencilla razón de que en dos días es la segunda vez que debatimos un tema parecido, por no decir igual. Como nosotros no cambiamos de opinión y seguimos pensando lo mismo que decíamos ayer, seré breve para no repetirme. No creemos que sea necesario el cambio en esta ley. El cambio que era necesario ya se dio en su momento, porque hasta entonces la ley estaba siendo injusta y creemos que con las modificaciones que se hicieron es más justa.

Señor Salvador, no pensaba argumentar en este sentido pero, ya que usted ha mencionado el tema de los dieciséis años y la compañera Olaia también, no vamos a permitir que se falte a la verdad. Esa enmienda fue precisamente una enmienda que negoció mi grupo; nos costó negociarla, pero fue importante su introducción. Cuando ustedes hablan de los padres, a qué padres creen ustedes que estábamos refiriéndonos cuando estábamos negociando eso, ¿padres que viven en una situación de armonía con sus hijos en una familia normal?, ¿o estábamos hablando de mujeres con una situación de desamparo y de desarraigo increíble que necesitaban un elemento para poder agarrarse a la ley? ¿Ustedes creen, como dice alguno que otro, que la ley que está en vigor en estos momentos es una ley que permite el asesinato de niños? ¿Un partido como el mío hubiera permitido una cosa así, hubiera apoyado una ley que permitiera eso? Por favor, señores, compañero Salvador, sean un poco más sensatos cuando dicen eso. Él estaba presente cuando se negoció esta enmienda y sabe qué argumentos dábamos para defenderla. Por tanto, no hagamos demagogia ni falseemos. (Aplausos).

En este sentido, quiero decir que nuestro criterio sigue siendo el mismo, no cambiamos. Creemos que es necesario mantener la ley porque es la más segura jurídica y médicamente y no vamos a permitir que se vuelva a retroceder un paso que ya se dio en su momento y que nos homologó a otros países y a otras civilizaciones.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.

Intervengo también brevemente. Al fin y al cabo, los argumentos que voy a usar ya se dijeron ayer, así que me limitaré a resumirlos; sobre todo, porque me parece muy difícil que hayan podido llegar a los ciudadanos a los que les interesa este debate -que creo que es a la mayoría- porque los medios públicos se han encargado muy bien de que nadie se haya enterado de qué se discutió aquí. Todos pagamos los medios públicos, pero ellos se dedican simplemente a hacer de caja de resonancia del Gobierno y de la oposición oficial.

Vamos a apoyar la moción de La Izquierda Plural por las mismas razones por las que apoyamos ayer la proposición no de ley del PSOE. Porque las leyes no están para resolver dilemas morales, porque las leyes tienen que aceptar el pluralismo ético de la sociedad como fundamento de las leyes democráticas, sin eso no es aceptable la ley que salga de este Parlamento; porque las mujeres embarazadas no son menores de edad que deban ser tuteladas por expertos nombrados por el Gobierno y porque los conflictos personales de cada cual -en este caso, las mujeres embarazadas- que les puedan conducir a decidir si interrumpen un embarazo son siempre decisiones personales. Lo que tienen que hacer las leyes y el


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Estado es mejorar la libertad y la seguridad jurídica para poderlas tomar en condiciones y dentro de un plazo, como ayer explicamos. En fin, como decía y recomendaba Voltaire, yo me repetiré hasta que me entiendan y, si no nos entienden, nos seguiremos repitiendo las veces que haga falta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra en primer lugar la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, intervengo nuevamente en nombre de los seis diputados de Unió Democràtica de Catalunya. Ya anuncio que vamos a votar en contra de esta moción, y lo vamos a hacer por varias razones. En primer lugar porque nuevamente se está pidiendo la retirada de un informe de anteproyecto y porque, como dijimos ayer ante un debate similar al presente, como criterio general Unió Democràtica de Catalunya no se opone a la tramitación de un anteproyecto, de un proyecto de ley que provenga del Gobierno, y menos aún de un informe de anteproyecto. ¿Por qué? Porque entendemos que un Gobierno está legitimado para presentar las iniciativas que considere pertinentes, igual que lo estamos nosotros en esta Cámara, estamos legitimados para presentar todo aquello que consideremos oportuno, y después ya se debatirá aquí. En definitiva, cuando tengamos un proyecto que entre en esta Cámara Unió se pronunciará sobre el fondo del asunto. Ahora vamos a dejar que se permita esta tramitación.

Por otra parte lamentamos este debate partidista que se está produciendo en relación con una cuestión tan importante y sensible como el aborto. Nosotros hacemos un llamamiento a los demás grupos y nos gustaría que se apartara ese partidismo, esa demagogia, que está haciendo mucho daño a esta cuestión y está sembrando una gran confusión en la opinión pública, porque yo creo que al final la gente ya no sabe ni de qué estamos hablando. Hay gente que me pregunta si ya tenemos aprobada la ley, si se ha retirado o si no se ha retirado, es decir, con este debate estamos sembrando una enorme confusión.

Esta moción tiene dos puntos, uno de ellos es el de la retirada, que tiene cierta incongruencia porque, desde nuestra perspectiva, tendría que haber sido el primer punto de la moción, no el último, tendría que ser otro el orden. Asimismo se pide que si hubiera una reforma de la ley esta fuera más amplia que la ley que en estos momentos tenemos. Tengo que decirles que aquí estamos en contra, como ya manifestó Unió Democràtica de Catalunya a través de la enmienda a la totalidad que presentó a la ley vigente. Si Unió Democràtica de Catalunya presentó una enmienda a la totalidad por unos motivos muy concretos a esta ley, porque entendíamos que presentaba posibles cuestiones de inconstitucionalidad y que en el caso de los menores, por ejemplo, estaba mal resuelta, esto choca con la petición que está haciendo el proponente de la moción en cuanto a que si hay una reforma esta sea mucho más amplia de lo que ahora tenemos.

En definitiva, los seis diputados de Unió vamos a votar en contra de esta iniciativa. Cuando llegue el texto definitivo del Gobierno, después de pasar toda la fase informativa correspondiente con los dictámenes y posibles modificaciones que pueda haber en el proyecto de ley con respecto al informe de anteproyecto, nos posicionaremos sobre la cuestión de fondo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Surroca.

Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.

Efectivamente, por el mismo grupo, pero en nombre de Convergència Democràtica de Catalunya, queríamos hacer una segunda tanda sobre esta cuestión. Voy a ser muy breve porque tenemos muy poco tiempo. La moción trata de dos puntos; en el primero solicita que se pueda modificar la legislación para garantizar y ampliar los derechos reconocidos en el texto vigente. Como no sabemos cuál sería la intención del Grupo de La Izquierda Plural porque no ha habido ninguna iniciativa en estos términos de ampliación durante los cuatro años que la ley lleva en vigor, como desconocemos en qué términos lo querrían ampliar y además atisbando el peligro de un nuevo desbordamiento ideológico, esta vez a babor, porque ahora venimos de un desbordamiento ideológico a estribor, nos tememos que podemos tambalearnos y al final sería el sálvese quien pueda para las mujeres, con lo cual desde Convergència, igual que dijimos ayer, pensamos que no corresponde modificar esta ley porque es innecesario, ya que se dan soluciones a los hechos que están acaeciendo, además de que supone una disminución de los abortos que se producen. Por tanto, estamos en el buen camino y reiteramos nuestro discurso de ayer. Sí votaríamos a favor del


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segundo punto, en caso de que su señoría acepte esta votación separada. Así pues, nos mantenemos en que es innecesario porque estamos en el buen camino y reivindicamos formación e información, ya que la información y la formación son la mejor garantía para obtener el fin que se persigue, que es el que todo queremos: reducir el número de abortos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Ros.

La señora ROS MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Un derecho no es lo que alguien te da; un derecho es algo que se tiene reconocido y que nadie te puede quitar. Ayer defendíamos una proposición no de ley para pedir la retirada de este anteproyecto y la mayoría absoluta que tienen la rechazó. Hoy tienen una nueva oportunidad. Rectifiquen porque toda la sociedad lo agradecerá, sobre todo las mujeres.

El Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de esta moción. Nunca imaginé que subiría a esta tribuna a defender y reclamar los mismos derechos por los que hace treinta y cinco años nuestras madres salieron a la calle. Libertad para decidir sobre su propio cuerpo, sexualidad y maternidad. Con este anteproyecto ustedes quieren que nosotras tengamos menos derechos que nuestras madres. Esta reforma es el mayor retroceso de derechos y libertades que ha sufrido la España democrática y nos devuelve a tiempos que creíamos superados. La ley que pretenden trata a las mujeres como seres inferiores, sin capacidad para decidir por nosotras mismas. Ustedes creen que nos tienen que tutelar y quitarnos un derecho que tenemos reconocido hace años, porque la maternidad es eso, un derecho, una opción, y no una obligación.

La ley del Partido Popular diferencia dos tipos de mujeres: las primeras, con dinero, que viajarán a abortar a países con leyes como las que ahora tenemos en España, y mujeres de segunda, sin recursos, arrojadas al aborto clandestino como si fueran delincuentes, y, lo que es peor, poniendo en grave riesgo su vida y su salud. ¿No ve el Partido Popular que las mujeres españolas vamos a ser las únicas europeas que vamos a sufrir ese retroceso? Ningún país ha legislado para dar marcha atrás en esta materia. Esta reforma daña profundamente la imagen de España como país de libertades y derechos. ¿Es esa la marca España que quieren promocionar? La vigente ley de 2010 es una ley de plazos que sigue la pauta de países de nuestro entorno. Es una ley avalada por el Consejo de Estado, que reconoce derechos y no obliga a abortar. Es una ley que recoge las recomendaciones de organismos internacionales, que da seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios, que proporciona garantías y equidad sanitaria, que garantiza la educación sexual y reproductiva y los métodos anticonceptivos y que habla de prevención de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados. Con ella las mujeres deciden, el Estado garantiza un derecho y la Iglesia no interviene. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. No existe demanda ni clamor social para cambiar la ley vigente. El 86 % de los españoles cree que la reforma es un atropello a la libertad y el 75 % opina que no hay que cambiarla. Han creado un problema donde no lo había para satisfacer a una minoría ultraconservadora que intenta imponer su moral a la mayoría y quiere convertir en delito lo que solo es pecado para algunos. Ustedes dirán que cumplen su programa. ¡Qué casualidad! Dos años de legislatura y solo van a cumplir esto. Señorías del PP, no se legisla desde una moral inspirada en doctrinas religiosas; se legisla para que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, posibilidades y oportunidades al margen de su condición económica y social. Y no se arroguen con exclusividad la defensa de la vida, ustedes votaron en contra de la Ley de Reproducción Asistida, que hoy permite ser madres a muchas mujeres, una ley que posibilita una nueva concepción genéticamente compatible para salvar la vida a un hijo ya nacido. ¡Qué cinismo! Pero el colmo de su hipocresía política es decir que esta reforma va a ayudar a la mejora de la economía al aumentar la natalidad. ¡Pero si han eliminado las ayudas a escuelas infantiles, a la dependencia, si han recortado las ayudas a familias e infancia y no apoyan la maternidad! Desde que gobierna el Partido Popular se han destruido un millón de puestos de trabajo, 2 millones de familias tienen a todos sus miembros en par y 3 millones de niñas y niños están bajo el umbral de la pobreza, todos nacidos a los que ustedes castigan y abandonan.

El 1 de febrero llegó a Madrid el "Tren de la libertad", miles de personas salieron a la calle para decirles alto y claro que no quieren una reforma de la ley de plazos. Hoy hace ciento veintiséis años del nacimiento de Clara Campoamor, ejemplo de la lucha por derechos y libertades de las mujeres, ella decía: la libertad se aprende ejerciéndola. Señorías, compañeras diputadas del Partido Popular, por nuestra


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dignidad y derechos, subamos juntas y juntos a ese "Tren de la libertad", aún están a tiempo, tienen otra oportunidad, no la dejen pasar, sean libres y que no pese sobre su conciencia lo que un día pudieron hacer y no hicieron para defender la igualdad y la democracia. Las y los socialistas sí vamos a luchar por la libertad y por los derechos de las mujeres como siempre lo hemos hecho.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ros.

Por el Grupo Popular, la señora Rodríguez Maniega.

La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: Muchas gracias, señora presidenta.

Repetimos el debate de ayer. Hemos escuchado los mismos argumentos, así que comenzaremos centrándolo sus justos términos. Hoy tampoco se está debatiendo un proyecto de ley; como ayer, no estamos fijando posición sobre ningún anteproyecto remitido a esta Cámara porque no lo hay. Estamos discutiendo una moción de La Izquierda Plural, una moción cuyo petitum -fíjense, señorías, qué contradicción- consiste precisamente en impedir que llegue a esta Cámara para su debate un proyecto de ley; una moción que pretende liquidar la iniciativa legislativa de un Gobierno elegido por amplia mayoría en unas elecciones democráticas -sí, señora Ros, por amplia mayoría que nos otorgaron los ciudadanos, porque lo dice como si fuera una culpa, una mancha que tenga el Partido Popular y no es así-, y que tiene como fin último impedir el debate sosegado en la sede de la soberanía popular. (Aplausos). ¿Por qué si están convencidos de sus argumentos pretenden impedir el debate? Porque el objetivo, señorías, no es convencer, el objetivo no es discutir el contenido de la ley, el objetivo es centrar el debate en lo que ustedes dicen que dice la ley pero que la ley no dice: establecer premisas falsas, inexactas, alimentar el debate con demagogia y con prejuicios haciendo alusiones a ricos y a pobres, a mujeres de primera y a mujeres de segunda para luego establecer conclusiones equivocadas; parten de premisas falsas y quieren que los ciudadanos lleguen a conclusiones equivocadas en el eterno discurso del miedo. Lo hemos visto demasiadas veces para que ahora caigamos en ello. Con esta forma de tergiversar las ideas pretenden únicamente confundir a la opinión pública, a los ciudadanos, porque creen que con ello conseguirán réditos electorales. Señorías, permítanme decirles -con gran satisfacción por cierto- que el Grupo Parlamentario Popular no ha caído en su juego, no va seguirles el juego y ayer quedó bastante bien demostrado. (Aplausos). Pedir que un asunto no llegue a la Cámara para su debate, sea este que nos ocupa o cualquier otro, va en contra de la misma esencia del parlamentarismo. Señorías, los ciudadanos nos piden que dialoguemos, que busquemos acuerdos y entendimiento y, créanme, penalizan a los que, como ustedes, viven instalados en el no por el no permanente. Los ciudadanos exigen un debate tranquilo, sosegado, reflexionar con rigor; lógicamente, cada uno desde su legítima defensa de las posiciones políticas y de sus valores, pero para ello están las reglas del juego parlamentario: si a ustedes no les gusta una ley, esperen a que llegue a la Cámara y luego tienen instrumentos como la enmienda a la totalidad si no les gusta el proyecto o, si están en desacuerdo con una parte, las enmiendas al articulado, pero no pidan que apoyemos el sinsentido de rechazar un texto que todavía no ha llegado la Cámara. Respeten, señorías, las reglas del juego democráticos. No entraré en debatir el texto del anteproyecto porque no ha lugar, porque ahora no toca, pero sí lo haremos cuando corresponda en la tramitación parlamentaria.

Sí entraré en su filosofía para demostrar las falsedades que han dicho. Señorías, existía un amplio consenso en torno a la ley de 1985, consenso que rompió unilateralmente el Gobierno de Zapatero. Dictó una ley apartándose de la doctrina del Constitucional sin haberla llevado ni siquiera en el programa electoral. Se elevaron voces en contra, incluso críticas dentro de su propio partido, de militantes cualificados, como por ejemplo el señor Guerra o el señor Caldera, y lo hicieron de tapadillo, lo hicieron de forma atropellada debatiendo a puerta cerrada en una subcomisión de la que formé parte, que, por cierto, cerraron en falso y con premura cuando vieron que los comparecientes no entraban en el juego que ustedes pretendían. (Aplausos.-La señora Montón Giménez pronuncia palabras que no se perciben). Lo sé porque estaba allí participando de los debates, señora Montón, igual que usted.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Montón.

La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: Se llegó a la votación sin la comparecencia de ningún ministro, ni el de Justicia ni la de Igualdad, y sin atender ni siquiera las indicaciones de los órganos consultivos, y todo ello aun a pesar de que estaban legislando en materia de derechos fundamentales.


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A nadie debe sorprenderle que presentemos la reforma de la ley porque nosotros seguimos estando donde estábamos. Estamos en la defensa de los derechos fundamentales, estamos en la defensa de los derechos de las mujeres, de la no discriminación, señora Montón, de la objeción de conciencia. Es cierto que en este asunto, como en tantos otros, mantenemos opiniones alejadas de ustedes. Estamos, después de lo que escuchamos ayer y hoy, en las antípodas, pero en el debate de derechos fundamentales, señorías, no se trata de que prevalezcan sus opiniones o las nuestras porque no es un asunto opinable, sino que se trata de legislar conforme a la Constitución respetando los derechos fundamentales y respetando el espíritu y la doctrina del Tribunal Constitucional.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: El debate que nos ocupa, señorías, es un debate de derechos fundamentales, de buscar un equilibrio entre quienes prevalecen en un caso de conflicto y en esta ley, como en tantas otras, señorías, conviene equivocarse poco. Para ello se ha solicitado un informe a todas las autonomías, a muchas asociaciones y a todos los órganos consultivos. Se ha solicitado, por ejemplo, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal, al Comité de Bioética, al Consejo Nacional de Discapacidad, al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y Organización Médica Colegial y no sigo la lista, pero acabo con el Consejo General de Colegios de Enfermería entre otros.

Esperaremos y estudiaremos lo que estos consejos tengan que decir, pero permitamos que el texto llegue a esta Cámara.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez, tiene que finalizar.

La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: Voy terminando, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Tiene que finalizar ya.

La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: Voy terminando.

Señorías, acabo diciéndoles que ustedes no tienen el monopolio ni de lo social ni de la representación de las mujeres. Ayer les demostramos que nosotros tenemos nuestros propios portavoces. Ustedes no están cualificados ni para decir que son los representantes de los hombres y mujeres del Partido Popular ni siquiera para representar a la mayoría de la población española porque la mayoría de la población española, cuando pudo hacerlo, eligió otras opciones. (La señora Montón Giménez y el señor Sixto Iglesias pronuncian palabras que no se perciben).

Señorías, esta reforma es necesaria.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez, lo siento, pero tiene que finalizar.

La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: Acabo, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Acabe con una frase. (Rumores).

Señora Montón, guarde silencio.

La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: Acabo, señora presidenta, simplemente diciendo que no creemos que desde los grupos de oposición se esté buscando ningún entendimiento más que volver a tener el debate en la calle para tener réditos ahora que se acercan unas elecciones. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): ¡Silencio, por favor!

La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: Y, señorías, al contrario, los ciudadanos van a primar a quienes les solucionan los problemas y no a quienes están en el debate continuo de la calle.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Rodríguez.

Se suspende la sesión.

Eran las tres y diez minutos de la tarde.

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