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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 171, de 21/01/2014
cve: DSCD-10-PL-171
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 171
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 160
(Sesión extraordinaria)
celebrada el martes,
21 de enero de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 17/2013, de 27 de diciembre, por el que se determina el precio de la energía eléctrica en los contratos sujetos al precio voluntario para el pequeño consumidor en el primer trimestre de 2014. "BOE" núm. 311, de 28 de diciembre de 2013. (Número de expediente 130/000047) ... (Página4)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 71-1, de 25 de octubre de 2013. (Número de expediente 121/000071) ... (Página21)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, a la ministra de Empleo y Seguridad Social sobre las intenciones del Gobierno respecto de la revisión de la reforma laboral aprobada en 2012. (Número de expediente 173/000127) ... (Página36)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Cuadra), relativa a la intención del Gobierno sobre el seguimiento policial y la criminalización del profesorado del modelo D en Navarra. (Número de expediente 173/000128) ... (Página44)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página53)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página53)


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Avocación por el Pleno ... (Página53)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página54)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página4)

Real Decreto-ley 17/2013, de 27 de diciembre, por el que se determina el precio de la energía eléctrica en los contratos sujetos al precio voluntario para el pequeño consumidor en el primer trimestre de 2014 ... (Página4)

El señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno en contra interviene el señor Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de portavoces intervienen los señores Baldoví Roda y Quevedo Iturbe y las señoras Pérez Fernández y Jordà i Roura, así como el señor Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; y los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página21)

Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre ... (Página21)

La señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mato Adrover) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa a las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto, y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, así como la señora Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y las señoras Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Fabra Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página36)

Del Grupo Parlamentario Socialista, a la Ministra de Empleo y Seguridad Social sobre las intenciones del Gobierno respecto de la revisión de la reforma laboral aprobada en 2012 ... (Página36)

Defiende la moción la señora Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Quevedo Iturbe, y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la señora Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene la señora Lucio Carrasco.

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Cuadra), relativa a la intención del Gobierno sobre el seguimiento policial y la criminalización del profesorado del modelo D en Navarra ... (Página44)

Defiende la moción el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista, y Pérez Lapazarán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Vuelven a hacer uso de la palabra los señores Olabarría Muñoz y Martínez Gorriarán.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página53)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 17/2013, de 27 de diciembre, por el que se determina el precio de la energía eléctrica en los contratos sujetos al precio voluntario para el pequeño consumidor en el primer trimestre de 2014, se aprueba por 172 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 174; 132 en contra, más 1 voto telemático, 133, y 22 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 146 votos a favor, más 1 voto telemático, 147; 179 en contra, más 2 votos telemáticos, 181.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página53)

Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se rechazan por 144 votos a favor, más 1 voto telemático, 145; 180 en contra, más 2 votos telemáticos, 182, y 2 abstenciones.


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Avocación por el Pleno ... (Página53)

Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se rechaza por 150 votos a favor y 175 en contra.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página54)

Sometidos a votación separada los diferentes puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, a la Ministra de Empleo y Seguridad Social sobre las intenciones del Gobierno respecto de la revisión de la reforma laboral aprobada en 2012, se rechaza el punto 1 por 135 votos a favor y 191 en contra; se rechaza el punto 2.a por 135 votos a favor y 189 en contra; se rechaza el punto 2.b por 144 votos a favor y 181 en contra; y se rechaza el punto 3 por 151 votos a favor, 173 en contra y 1 abstención.

Sometidos a votación separada los diferentes puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Cuadra), relativa a la intención del Gobierno sobre el seguimiento policial y la criminalización del profesorado del modelo D en Navarra, se rechaza el punto 1 por 148 votos a favor, 177 en contra y 1 abstención; se rechaza el punto 2 por 145 votos a favor, 180 en contra y 1 abstención; y se rechaza el punto 3 por 43 votos a favor, 282 en contra y 1 abstención.

Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 17/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE DETERMINA EL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS CONTRATOS SUJETOS AL PRECIO VOLUNTARIO PARA EL PEQUEÑO CONSUMIDOR EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. (Número de expediente 130/000047).

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

El primer punto del orden del día es relativo a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 17/2013, de 27 de diciembre, por el que se determina el precio de la energía eléctrica en los contratos sujetos al precio voluntario para el pequeño consumidor en el primer trimestre de 2014.

Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señor presidente, señorías, acudo a esta Cámara para solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 17/2013, de 27 de diciembre, que establece cuáles son las condiciones para determinar el precio voluntario al pequeño consumidor de la energía eléctrica en España para el primer trimestre del año 2014. Antes de entrar en el cuerpo principal del real decreto, me gustaría hacer algunas consideraciones de carácter general sobre el sector eléctrico y la evolución de los precios a lo largo de los últimos tiempos.

En primer lugar, el sector eléctrico tiene dos partes bien diferenciadas: una, la parte de las actividades reguladas, y la otra, la parte liberalizada del mercado. El sector eléctrico tiene dos problemas en España. Un problema fundamental es el de la acumulación de déficit de tarifa por un importe cercano a los 30.000 millones de euros. Otro problema es el del nivel de precio que es sustancialmente superior, tanto en términos de consumo doméstico como de comercio industrial, a aquel precio que prevalece en los países de nuestro entorno europeo. Por tanto, lo que requiere el sector eléctrico es tanto una reforma de los aspectos de las actividades reguladas como también una reforma de los aspectos del mercado. A lo largo


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de estos primeros dos años, hemos llevado a cabo una profunda reforma de los aspectos relacionados con las actividades reguladas del sistema. Como consecuencia de esa reforma y de las medidas que han comportado disminución de costes y aumento de ingresos, disminución de costes de las actividades del transporte, de la distribución, de los sistemas insulares y extrapeninsulares, así como del conjunto de incentivos para las energías incluidas en el régimen especial, hoy, desde el punto de vista de ingresos y costes del sistema, el sistema está en equilibrio. Cuestión distinta -ya lo he dicho en otros foros- es que el Estado no pueda hacer frente a lo que ha sido un compromiso para contribuir con 3.600 millones de euros al equilibrio de ese sector, lo cual ya ha tenido, por cierto, una medida para solucionarlo, como saben, que es la amortización de esos 3.600 millones de euros a lo largo de los próximos quince años con la primera quinceava parte en este año 2014, que ha comportado una subida del peaje del 0,9 %, por un importe aproximado de unos 270 millones de euros.

En segundo lugar, dentro de estas primeras consideraciones generales, quisiera hacer algunas reflexiones sobre el precio de la energía eléctrica en España. Durante los años 2004 a 2011, hubo un incremento en los precios de la electricidad en España de algo más del 63 % acumulado. En el año 2013, si se acude a la fuente del Instituto Nacional de Estadística, se podrá comprobar cómo a fecha diciembre de 2013, en comparación con diciembre del 2012, hay una caída en el precio de la electricidad del 3,7 %. Insisto, señorías, la fuente es el Instituto Nacional de Estadística. Dicho lo cual, me gustaría entrar en lo que son las consideraciones previas al real decreto-ley cuya convalidación solicito hoy ante esta Cámara.

A principios del pasado mes de diciembre, se observaron unas oscilaciones al alza en los precios del mercado mayorista, el mercado spot de la electricidad, que dio lugar a que el día 10 de diciembre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo solicitara al órgano regulador, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que abriera una investigación para determinar las causas de esas oscilaciones anómalas en los precios. Por cierto, se trata de una investigación que todavía no ha concluido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Quiero decirles que, a partir particularmente del día 2 de diciembre del pasado año empezaron a verse determinados incrementos que no concordaban con lo que era la situación del mercado ni por parte de la demanda ni tampoco por parte de la oferta. Es verdad que en aquellos días se habían producido algunas bajadas de temperatura, por tanto se había intensificado el frío, y aquello ocasionó un incremento en la demanda eléctrica. Pero aquel incremento fue de un 1,5 %; en ningún caso se justificaba que los precios a partir, insisto, del día 2 de diciembre pasaran de precios que estaban marcando los mercados de aproximadamente unos 49 a 50 euros/megavatio primero a 53, luego a 55, luego a 60, 70, 80, 90 y llegaron a 93. Insisto en el intervalo de tiempo, del 2 de diciembre hasta el 19 de diciembre.

En este entorno es donde se produce, el día 19 de diciembre, la vigésimo quinta subasta de la Cesur. Esa subasta dio como resultado un incremento en el coste de la energía de aproximadamente un 24 %, lo que venía a determinar un incremento y, por tanto, la repercusión de ese coste de la energía en el precio de la electricidad de un 10,5 %. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia analizó las circunstancias que habían rodeado, antes y durante, la subasta de la Cesur y determinó que se habían producido circunstancias atípicas. Entre ellas había habido una falta de concurrencia competitiva, se habían observado unas diferencias exageradas entre el precio punta dado por la subasta con los precios que se habían observado los días anteriores en los mercados y se había notado también una disminución importante en el número de rondas que se habían celebrado en comparación a otras subastas. Esto determinó la invalidación del resultado de la subasta y fue lo que determinó la decisión del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, mediante resolución de la Secretaría de Estado de Energía, para anular el resultado de la subasta de Cesur.

A partir de ahí, y en ausencia de un mecanismo para determinar los precios para el primer trimestre del año 2014, el ministerio se dirigió nuevamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para solicitar un criterio según el cual pudiera determinarse ese precio para el primer trimestre. La respuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llegó el día 26 de diciembre que determinó dos posibles criterios. Un criterio a adoptar serían los precios que para los mercados de futuro en relación con el primer trimestre del año 2014 se hubiesen marcado durante el último trimestre del año 2013, o bien que se cogiera no solo el último trimestre sino el penúltimo y el último y, por tanto, todo el periodo comprendido entre julio y diciembre del año 2013. De haberse optado solamente por el último trimestre habría habido un incremento en el precio del 2,9 %, la parte baja de la horquilla era considerando los dos trimestres, julio hasta diciembre, que comportaba un incremento del 1,4 %. Teniendo en cuenta cuál había sido el comportamiento de los mercados, el Gobierno optó por esa parte de la horquilla del 1,4 %


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y eso fue finalmente lo que incrementó el término del coste de energía en el precio, a lo cual hay que añadir otro 0,9 % que viene de la parte a la que antes hacía referencia, una quinceava parte de la amortización del capital y el interés de los 3.600 millones de euros que vienen a hacer unos 270 millones. Por tanto, el incremento del precio fue de acuerdo a este mecanismo establecido en el Real Decreto-ley del 1,4 % más el 0,9 %, un 2,3 %.

En todo caso, es un mecanismo no definitivo, es un mecanismo transitorio. Se dice en el real decreto-ley que ha de durar lo mínimo posible hasta disponer de un mecanismo definitivo que pueda marcar y pueda fijar el precio para el próximo trimestre y los siguientes. Este es, señorías, el contenido del real decreto-ley para el que se solicita su convalidación, que es lo que le pido a todos los grupos de esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Se ha solicitado la utilización del turno en contra por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra, en representación de su grupo, el señor Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, después de la idílica presentación del real decreto-ley que ha hecho el señor ministro es momento de que analicemos con rigor los contenidos del mismo. Este real decreto-ley no surge espontáneamente como consecuencia de una serie de circunstancias climatológicas como carencia de viento o falta de agua, como ha descrito el señor ministro. Este real decreto-ley consta exclusivamente de dos artículos, y es lo que nos ha traído aquí a esta sesión. En el primero de ellos se determina el precio administrativo fijado por el Gobierno para el primer trimestre de 2014 y en el segundo artículo se crea el mecanismo de cobertura de los comercializadores de referencia, los antiguos CUR.

Señorías, el artículo primero determina el precio administrativo a partir del informe elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el que se proponen dos alternativas, como ha expuesto el señor ministro, pero hay muchas más. Señor ministro, una alternativa que nosotros le hubiésemos propuesto es la congelación del precio. En el Consejo de Ministros celebrado el 27 de diciembre adoptaron una serie de acuerdos y uno de ellos fue congelar el salario mínimo interprofesional. ¿Por qué no adoptaron el acuerdo de congelar la tarifa para el primer trimestre de 2014, consecuencia de una circunstancia anómala producida el 19 de diciembre? Este diputado, en representación de su grupo parlamentario, ya expuso claramente esa mañana del 19 de diciembre, cuando debatíamos sobre las enmiendas procedentes del Senado a la Ley del Sector Eléctrico -el que sienta curiosidad tiene libertad de leer lo que decía este interviniente en dicha sesión-, que en aquellos mismos minutos se estaba produciendo la subasta y que iba a traer una serie de consecuencias que desde un mes antes estaban siendo cantadas por los mercados de futuro. Consiguientemente, si nos hubiese consultado, señor ministro, le hubiésemos sugerido una medida social, una medida coherente con nuestra política de alerta y denuncia de una crisis social vinculada al consumo energético y con una proposición de ley que fue objeto de debate en el Pleno, de una disminución de la potencia del bono social que la nueva ley del sector eléctrico devalúa como consecuencia del aumento del nivel de los requisitos exigibles para poder disfrutar del bono social. Todas estas circunstancias han sido expuestas en reiteradas ocasiones por este interviniente en representación de su grupo parlamentario en ni más ni menos que la convalidación de diez reales decretos-leyes en distintos momentos en estos dos años de Gobierno del Partido Popular, en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, en la Ley del Sector Eléctrico y en todos los momentos en los que hemos tenido oportunidad de debatir sobre este tema. Consiguientemente, debemos tener muy claro a qué hemos venido. Hemos venido a convalidar este real decreto-ley y hemos pedido el turno en contra no en modo alguno porque nos identifiquemos con un incremento tarifario de un 11 %, en absoluto -ya lo dijimos el 19 de diciembre-, sino porque creemos que en esta etapa de provisionalidad, como acaba de mencionar, hay que tomar una medida provisional para un trimestre. La medida provisional podría ser la congelación de la tarifa con los argumentos que le acabo de exponer.

¿Qué contiene este real decreto-ley? En el artículo primero determina el precio administrativo a partir del informe elaborado por la CNMC. En él se proponen dos alternativas de precios basados en la evolución histórica, como usted ha expuesto. De las dos alternativas ha elegido una calculada como la media de las cotizaciones de los últimos seis meses; 48,48 euros por megavatio/hora para el contrato base y 56,27 euros por megavatio/hora para el contrato punta. ¿Qué contiene el artículo segundo? El artículo segundo desarrolla el mecanismo de cobertura para los comercializadores de referencia. Es evidente que la Unión


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Europea ha dictado desde los años 2006-2007 una serie de normas liberalizadoras del comercio de la adquisición de ese bien preciado que es la energía y el Gobierno de España en el año 2009 reguló y en la regulación en tres normas consecutivas en efecto no está previsto un acontecimiento como el que se ha producido de una intervención, de una no validación. La no validación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es lícita, los argumentos que utilizan son razonables y las decisiones adoptadas y recogidas en el documento de 74 páginas con dos anexos finales que ha publicado el día 7 de enero son objeto de análisis racional, pero no cierra la posibilidad del planteamiento que le acabo de hacer.

Señorías, en consecuencia, este real decreto-ley se hace necesario para fijar un precio administrativo una vez que la subasta fue invalidada. Por consiguiente, que no nos deformen nuestro razonamiento. Primero, no podíamos aceptar un crecimiento tarifario de esa dimensión; lo dijimos el día 19 de diciembre. Segundo, la invalidación está dentro de la norma. Tercero, el papel que tiene que jugar la CNMC es el que viene jugando, discutible en una serie de aspectos que si el presidente de la comisión, tal como ha solicitado el Grupo Parlamentario Socialista, comparece próximamente en una Comisión tendremos la oportunidad de analizarlo. Es bueno que sepamos que a través de este real decreto-ley se pudo posteriormente fijar el precio voluntario para el pequeño consumidor que sustituye a la TUR de acuerdo con lo que dice la Ley del Sector Eléctrico. Sin embargo, señor ministro, esta revisión del precio incluye exclusivamente la parte del componente de la factura que se fija en el mercado, quedando aparte los peajes que fija el Gobierno pendientes de aprobación; hoy creo recordar que es 21 de enero de 2014 y sorprendentemente todavía no está publicada ni aprobada por el ministerio la cuantía del peaje. Esto es realmente un ejemplo de lentitud administrativa a la que se suma la intervención administrativa que el Gobierno acaba de hacer.

Señorías, los dos artículos del real decreto-ley plantean dos importantes inconsistencias, no hay que deletrearlo, inconsistencias. La primera está relacionada con el funcionamiento de la subasta Cesur y la fijación del precio voluntario para el pequeño consumidor y la segunda, con la actividad de comercialización. Por ello queremos hacer una serie de reflexiones. Con respecto a la subasta Cesur, la invalidación de la misma supone un hecho sin precedentes que no había ocurrido en ninguna de las veinticuatro anteriores. El Gobierno debe plantarse la duda razonable acerca de si los participantes en la subasta Cesur, que fueron 36 en esta última vigésimo quinta subasta, tendrán la suficiente confianza como para volver a participar en la próxima subasta. Esta sería la primera pregunta que es razonable que el Gobierno se formule. Si los participantes no acuden, se producirá un problema notable y lógicamente se perderá presión competitiva, que es algo que se ha venido denunciando y que es lo que ha justificado la intervención de la CNMC. No había la suficiente presión competitiva y, si no la hubiese en un futuro, se pondrá en duda la capacidad para fijar un precio adecuado para los, ni más ni menos, 16 millones de consumidores que están adscritos precisamente al precio voluntario para el pequeño consumidor. Pero es más, señorías, consideramos que esto es aún más grave. Si la propuesta que está elaborando el Gobierno parece que subyace en la necesidad de hacer más subastas, es decir, incrementar la frecuencia temporal del número de subastas, nosotros preguntamos cómo se va a garantizar la presión competitiva si los agentes que operan en todo el mercado de la Unión Europea, los veintiocho países comunitarios, huyen de la subasta como consecuencia de la intervención de una administración que en este aspecto ha manifestado alejarse de los que vienen autocalificándose de liberales reformistas convertidos en unos intervencionistas claros y rotundos. Además, señorías, como si se anuncia en prensa se están ampliando reglamentariamente las posibilidades de invalidar la subasta, si el resultado de la misma no es el que desea el Gobierno, ¿cómo se va a hacer que los agentes acudan a la subasta? Nos preguntamos, ¿tiene el Gobierno previsto lo que sucederá si efectivamente los agentes no acuden a esa subasta?

Señorías, las consecuencias del real decreto-ley en el mercado de comercialización creemos que son, desde el punto de vista técnico, aún más graves. En primer lugar, se está exponiendo a los comercializadores de referencia que suministran -¿y por qué nos preocupa?, porque suministran a 16 millones de contratos de los clientes adscritos al PVPC- a un riesgo para el que la actividad de comercialización de referencia no ha sido diseñada. Nos sorprenden las consideraciones recogidas en este real decreto-ley, que establece las pérdidas potenciales en las que podrían incurrir. Lo dice el texto que hoy se somete a la convalidación de este Pleno del Congreso de los Diputados, un texto con una exposición de motivos muy extensa, que tiene una parte descriptiva y una parte conceptual, erróneamente conceptual, que además tiene solo dos artículos dentro de los cuales aparecen estos contenidos a los que estamos haciendo referencia. Estas consideraciones que recoge el real decreto-ley establecen que las pérdidas potenciales de los


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comercializadores en las que podrían incurrir esos comercializadores de referencia se podrían recuperar. ¡Ojo, lo dice el real decreto-ley! Dice que las pérdidas que los comercializadores tengan en el primer trimestre se podrán recuperar en el segundo trimestre. Y nosotros nos preguntamos qué está pasando, porque eso no solamente va a acumular el déficit tarifario en el segundo trimestre, nos preguntamos qué va a pasar una vez que pase este tsunami informativo que durante un mes ha llevado mucha información a los colectivos sociales y a los ciudadanos, haciendo que descubrieran un mundo desconocido. Por eso, en su intervención en la Comisión, este diputado el jueves pasado expresó su felicitación a los medios de comunicación porque han llevado un conjunto de información -a través de intervenciones públicas, de artículos de profesores universitarios y a través de columnistas-, porque han abierto unos horizontes informativos a toda la ciudadanía.

Señorías, la intervención administrativa que ha hecho el Gobierno fijando un precio que nada tiene que ver con las expectativas de los agentes sobre el precio de este trimestre estimamos que, en primer lugar, genera riesgos potenciales innecesarios; en segundo lugar, desvirtúa la actividad de comercialización, porque no cabe duda de que el precio administrativo supone en la práctica que el precio sea artificialmente alto o bajo y, tal como anunciaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su informe previo a petición del ministerio del 26 de diciembre para elaborar una propuesta que establezca un procedimiento que permita la determinación del precio de la electricidad, los precios administrativos -lo dice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, no lo dice este interviniente, señorías, sino el órgano regulador- distorsionan la actividad de comercialización e impiden la liberalización del mercado. Consiguientemente, exíjanle responsabilidades a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que, con rigor, ha hecho estas consideraciones desde el 26 de diciembre.

Señorías, el problema de fijar artificialmente bajos unos precios conlleva una serie de riesgos y, señor ministro, el planteamiento que nosotros le hacemos es un planteamiento racional. Y le reitero por enésima ocasión: No a un crecimiento elevado del precio; no podemos aceptar ni el 11 %, ni el 7 %, ni el 8 % ni el 5 %. Nosotros, en esta situación de singularidad y excepcionalidad, planteamos la ralentización de los precios, que se mantengan los precios del último trimestre de 2013 en el primer trimestre de 2014. Los problemas generados por el Gobierno con la intervención en la subasta Cesur creemos que han salpicado al mismo tiempo a los peajes que debían haber sido aprobados a finales de 2013. No me puede negar usted, señor ministro, que esta es una verdad incontrovertible: a finales de 2013 tenían que haber estado publicados los peajes en el Boletín Oficial del Estado, y no lo están, porque tenían que haber entrado en vigor el 1 de enero de este año, y hoy 21 de enero todavía no han sido aprobados. Sin embargo, para poder esconder la subida a los consumidores, más que esconderla yo diría enmascararla, atenuar el impacto que puede producir en el criterio de los ciudadanos, la orden de peajes no se ha publicado aún, ¿cómo es posible? Nuevamente nos encontramos con que la revisión de los peajes de enero no se lleva a cabo en tiempo y forma, se retrasa deliberadamente para encubrir los problemas de fijación de los peajes, y también del precio voluntario para el pequeño consumidor. Ya el año pasado, señorías -y lo mencionamos con anterioridad-, asistimos a una refacturación en el mes de abril de 2012 del primer trimestre del año, y en 2013 los peajes acabaron publicándose en febrero y fueron objeto de modificación posterior en agosto. Esa es la secuencia que tuvo lugar en 2013, por lo que este retraso no es nuevo, este retraso se está convirtiendo en una praxis, en una costumbre que vulnera claramente el derecho de los consumidores a conocer el precio que deben pagar por el suministro eléctrico.

Todo esto se explica de dos formas: una primera forma para intentar esconder la subida a los consumidores, y una segunda, para intentar esconder la incapacidad del Gobierno de eliminar la existencia del déficit tarifario.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.

El señor SEGURA CLAVELL: Sí, señor presidente.

Nosotros, señorías, con la intencionalidad precisamente -y lo agradecerán todos los miembros de esta sesión- de no alargar excesivamente el debate, pido exclusivamente treinta segundos, señor presidente.

Para que quede racionalmente clara nuestra oposición al contenido del real decreto-ley, es una oposición en las formas, en la línea política seguida por el Gobierno desde mediados del mes de diciembre, mediante dos resoluciones de la secretaría de Estado, una publicada el 2 diciembre y otra el 11 diciembre, donde los volúmenes de las subastas, los precios base y los precios punta, en fin, todas las características que regulan el sistema de subasta fueron dictados por la secretaría de Estado; no se adoptaron decisiones


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en las semanas previas, y cualquiera que se metiera en las correspondientes páginas web -y hay muchos interesados en esta Cámara en esta materia- lo podía ir viendo, cómo el Gobierno no adoptó decisiones, cómo desde luego...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, ha doblado usted los treinta segundos que me pedía, así que, por favor, le ruego que termine.

El señor SEGURA CLAVELL: Sí, señor presidente.

En consecuencia, señor ministro, señorías, nuestro voto en contra es un voto expresado con racionalidad y en la defensa del bien común precisamente para todos nuestros conciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto intervendrán varios oradores, y les ruego que se adapten a los tiempos que tienen concedidos. En primer lugar, señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero comenzar mi intervención mostrándole mi repulsa, señor ministro, por la decisión y por el nuevo ataque a la libertad de expresión con la amenaza de expediente abierto a Acció Cultural del País Valencià y con la amenaza de multarle con 1 millón de euros por repetir la señal de Catradio. Yo creo que estos ataques a la libertad de expresión ya deberían estar fuera de la lucha política.

Me ciño al tema. Decía Groucho Marx: estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros. Esta es la filosofía que parece aplicar usted, porque resulta enormemente paradójico que el mismo día que se publicaba en el BOE la flamante Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, usted, señor ministro, se vea obligado a aprobar un decreto-ley para intentar arreglar el escándalo que le habían montado las cinco grandes eléctricas, esas grandullonas codiciosas: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa que habían maniobrado para subirnos la luz nada menos que un 11 %. Por eso usted, señor ministro, se vio obligado a aprobar un nuevo parche, este parche, que solo va a durar el primer trimestre de 2014. Va de parche en parche hasta el desatino total. Este decreto no es más que una nueva patada al balón para seguir jugando, para no tomar las decisiones que necesita el sector eléctrico.

Señor Soria, ¿para cuándo una auditoría que calcule los verdaderos costes del sector? ¿Por qué no se atreve de una vez a derribar ese muro de opacidad? ¿Se atreverá alguna vez este Gobierno a legislar para la mayoría, para las personas, o seguirán, como vienen haciendo desde que llegaron al Gobierno, aprobando leyes y decretos que favorecen únicamente al poder económico? ¿Se atreverá, señor Soria? No, seguro que no, como tampoco se ha atrevido a apostar por las renovables, en un país con una dependencia energética exterior del 75 %, superior a la media europea que es del 54 %, con 45.000 millones gastados -el 4,5 % del producto interior bruto- en 2012 en importar hidrocarburos. Ustedes, el PP, siguen apostando por quemar combustible fósil, mientras desperdiciamos la energía más abundante y barata que tenemos, el sol. Podíamos ser una potencia mundial en la fabricación, instalación y exportación de energías renovables, crear miles de empleos, beneficiar a los consumidores con el autoconsumo y el balance neto, ayudar a los 30.000 pequeños inversores que confiaron en el BOE para invertir sus ahorros en renovables, y ustedes, el PP, siguen apostando por gastar miles de millones en comprar fuera combustible contaminante, consagrar los beneficios de las grandes empresas eléctricas con el déficit de tarifa, y pagar los sueldos privilegiados que reciben ciertos expolíticos en los consejos de administración de Gas Natural, Fenosa, Endesa e Iberdrola, los 126.000 euros que cobraba por aburrirse don Felipe González, o Pedro Solbes, o José María Aznar, o Elena Salgado, o Ángel Acebes o Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal. No, señor ministro, no más parches.

El señor PRESIDENTE: Tiene usted que terminar, señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Con una de las facturas de la luz más caras de Europa, con un déficit de tarifa que pagamos todos mientras las eléctricas mantienen sus beneficios, con una creciente cantidad de personas que padecen pobreza energética no es momento de parches, es momento de decisiones que beneficien a la gente.

Muchas gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Tiene la palabra el señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, los nacionalistas canarios opinamos algo que creemos que opina otra mucha gente -no es ninguna novedad-: que el derecho a la energía es un derecho, es un bien público que en consecuencia debería estar protegido por los poderes públicos. Eso es lo que cabría esperar que hubiera ocurrido en el Estado español vistas las cosas. La situación es que no ha sido precisamente la defensa del interés general, la defensa de un bien público protegible lo que ha conducido y caracterizado la actuación de este Gobierno. Señor Soria, la profusión normativa de su departamento no tiene parangón en esta legislatura, una enorme cantidad de medidas, que todas ellas se supone que deberían haber servido para hacer lo fundamental, que era clarificar un sector opaco, incomprensible, en manos de un conjunto de entidades y de operadores más preocupados -como es su interés- por la especulación con la formación de los precios de la energía que por la defensa del interés general. Por tanto este real decreto que usted hoy nos trae aquí es la expresión de un fracaso, y no será porque no se lo hayamos dicho. A lo largo de los numerosos debates en relación con el tema energético que han planteado sus propuestas le hemos dicho que con esto no íbamos a aclarar los temas, que el primer problema era que había una discrepancia enorme entre una cosa muy importante, que es el precio reconocido por la producción de energía en el Estado español y lo que realmente cuesta la producción energética en el Estado español. Estamos completamente convencidos de que el precio de la energía está formado más por la especulación que por la realidad, y nosotros confiábamos en que su Gobierno tuviese la oportunidad de aclarar esto. Así nos ha ocurrido lo que ha ocurrido de nuevo en la subasta -y mucho nos tememos que esta no ha sido la primera vez-: se ha producido una decisión escandalosa, un incremento del 11 % de la energía.

¿Podemos aplaudir a su Gobierno por intervenir en esto? Hubiésemos aplaudido si se hubiese congelado el precio, pero no podemos aplaudir porque el 11 % no lo podían soportar por razones políticas; y entendemos la intervención del Gobierno por razones políticas, porque hacía daño políticamente, pero no se puede aplaudir un incremento del precio de la energía con la que está cayendo. No es razonable que tengamos las empresas que más ganan en el mundo en materia energética, la tercera factura eléctrica más cara de la Unión Europea, un 14 % más de gente en situación de pobreza energética, que hayamos frenado el desarrollo de las renovables y del autoconsumo energético -elemento fundamental para el futuro-, y que además aplaudamos esta medida. Consideramos que lo que está ocurriendo hoy se ha gestado desde el principio. Se ha perdido una oportunidad y le volvemos a pedir que entremos a fondo a clarificar el sector, lo que realmente cuesta, si de verdad los beneficios son razonables, y si de verdad el coste es razonable, porque es la única forma de defender el interés general, el derecho al suministro energético de la población y la protección por los poderes públicos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos del señor Segura Clavell).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.

Señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, quiero decírselo al principio por si me quedo sin tiempo al final: la política energética del Gobierno del que forma parte -su política, señor Soria- ha sido y sigue siendo irresponsable, caótica, incompetente, y lo que es peor, totalmente inútil para solucionar los problemas del sector eléctrico y las causas estructurales del déficit tarifario. Este real decreto, señor ministro, es una enmienda a la totalidad a toda esa catarata de leyes y decretos que nos ha traído en los últimos dos años, y que únicamente han servido para convertir el recibo de la luz en uno de los más caros de Europa, para que los beneficios de las empresas del sector sean también de los más altos de Europa, para que se culpabilice y se desmantele el sector de las renovables, para que en este momento un 12 % de la población en el Estado -200.000 personas en Galicia- vivan en situación de pobreza energética, y muchas pequeñas y medianas empresas sean incapaces de hacer frente a más subidas. Este es el escenario, señor ministro, después de dos años de reformas que evidencian el fracaso del Gobierno en un sector estratégico para el desarrollo social y económico, y que nunca debió ser privatizado.

El relato de lo ocurrido en el último mes y medio es un despropósito en toda regla. Telegráficamente. Su compañero, el señor Montoro, aun después de que usted anunciara que así sería, se niega a incorporar 3.600 millones de euros de déficit en los presupuestos. A partir de aquí se desencadenan el resto de las


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circunstancias atípicas que ya conocemos: se disparan los precios del mercado mayorista, se produce la subasta Cesur con un resultado de un 11 % de subida en el recibo, se produce una intervención gubernamental sin precedentes, y de nuevo una subida en el recibo el 1 de enero, medida que el propio Gobierno y usted mismo hoy han calificado de transitoria hasta aprobar un nuevo mecanismo para la revisión del precio en el mes de abril. A día de hoy, después de todas estas vueltas, bandazos, mentidos y desmentidos, nos encontramos ante una subida del 2,3 % que usted pretende hoy que demos por buena. Después de cuatro subidas en 2013, después de prometer que los consumidores no pagarían la deuda y que no tocaría la parte regulada por el Gobierno, vuelve a cargar sobre los ciudadanos y pequeñas empresas un 0,9 % más en ese tramo regulado, y lo considera un éxito. Señor Soria, la Ley del Sector Eléctrico, en cuyo debate de aprobación final ni siquiera estuvo usted presente, y el resto de las reformas que ha llevado a cabo han sido una oportunidad perdida; este real decreto, un parche más; y el mes de abril, una incógnita a estas alturas. El problema de fondo continúa y en territorios como Galicia todavía más acentuado.

Señor Soria, mientras los salarios siguen cayendo, las pensiones y el salario mínimo se congelan, y los salarios de los trabajadores se congelan por cuarto año consecutivo nos resulta inadmisible cualquier subida de la luz, y nos resulta escandalosamente obsceno que en este contexto su secretario de Estado y usted mismo sigan afirmando sin rubor que la luz para las familias y empresas ha bajado. En consecuencia el BNG no votará favorablemente este real decreto que supone la consolidación de un saqueo continuado a la ciudadanía.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señor ministro, parafraseando a Ovidi Montllor: (Continúa su intervención en catalán). Señor Soria, ¿va a permitir que se escuche Catalunya Ràdio, así como TV3 en el País Valencià, o va a continuar censurando nuestra lengua? Dicho esto, vamos a otro tema.

El Gobierno Aznar nos dijo que con la liberalización del sector eléctrico se abarataría el precio de la electricidad. Años más tarde tenemos la luz más cara de Europa y arrastramos una deuda de más de 26.000 millones de euros, mientras cinco compañías eléctricas tienen los mayores beneficios de Europa. ¿Por qué? Porque hemos pasado de un monopolio público a un oligopolio privado en el que cinco compañías en lugar de competir negocian para fijar un precio que les garantice a todas importantes beneficios, al margen del precio de la luz. Esto no es nuevo, lo han hecho siempre, y ocurre porque no sabemos cuál es el verdadero coste de la electricidad dado que el Partido Popular se ha opuesto reiteradamente a la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya de realizar una auditoría externa e independiente para determinar cuál es este coste. Veremos qué votan, señorías, cuando llegue la ILP en tal sentido.

El Gobierno, lejos de garantizar la competencia, garantiza el oligopolio y el reparto de beneficios. ¿Por qué? Porque estas compañías han colocado como consejeros con escandalosos sueldos a exministros y a expresidentes del Gobierno. El funámbulo de Zapatero intentó impulsar las renovables a la vez que mantener el injusto sistema, pero se ha demostrado imposible por la obtusa actitud de unas compañías que en lugar de apostar por el futuro se han enquistado en los combustibles fósiles. A pesar de ello, más de 55.000 familias -repito, 55.000 familias- apostaron por las energías renovables, dejando en evidencia que la energía limpia y renovable era posible y competitiva, tanto que amenazaba el negocio de las cinco grandes compañías, que iniciaron una campaña de absoluto acoso y derribo contra las renovables, que ha culminado en modificaciones legislativas que no solo obstaculizan el desarrollo de renovables e incluso penalizan el autoconsumo, sino que además arruinan a quienes apostaron por un futuro limpio. Cinco compañías, señor ministro, pesan mucho más que 55.000 familias.

En definitiva la subida de la luz no es consecuencia de una ilícita subasta ni de la codicia de las empresas, sino que es consecuencia de un sistema oligopólico basado en energías combustibles que perpetúan un sistema dependiente, un sistema deficitario, y cada vez más caro, en lugar de apostar por un sistema sostenible medioambiental, territorial y económicamente. En cualquier caso, y acabo, insistimos en que la mejor manera de hacer notar nuestro enfado y nuestra profunda indignación con el oligopolio que fija el precio de la luz es cambiar de compañía. Señorías, existen alternativas, como una de mi territorio, la gironina cooperativa verde Som Energia.

Gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Señor Errekondo.

El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señor ministro Soria, es usted un pirómano, un especialista en fundición, porque lo funde todo; usted funde todo aquello que suene a limpio y a interés público y general. De hecho hay que reconocer que ha logrado confundir a toda la población, a emprendedores, a empresarios, incluso a los políticos del Congreso y a políticos de todo el Estado con su oscuro sistema eléctrico, su sistema energético mejor dicho, y es que usted ha fundido los fusibles de las energías limpias, ha fundido los ahorros e inversiones de miles de familias, y lo que es aún peor, ha tomado las decisiones en la dirección contraria a las directivas europeas, incluso contrarias a las tendencias de los países más desarrollados de Europa, como pueden ser Francia, Bélgica, Dinamarca, Italia, Alemania, etcétera. Nadie pone en cuestión que las renovables son capaces de reducir el precio de la energía, y que en un solo año se han podido reducir hasta 37 millones de toneladas las emisiones de carbono, incluso hasta 14 millones de toneladas las equivalentes de petróleo; y usted sin embargo continúa remando en dirección opuesta. El Gobierno impulsa, irresponsablemente a mi entender, el aumento del consumo, agravian y hunden la energía limpia, incluso promueven conscientemente el incremento de las emisiones del carbono a la atmósfera. Usted por lo tanto, y solo usted, señor Soria, es el responsable de literalmente carbonizar la salud de las personas y del medio ambiente.

Dicho esto, usted también es un especialista en la confusión, porque ustedes confunden a la gente haciéndole creer que España es la mejor opción para organizar las Olimpiadas, hasta que se descubre que no son capaces de servir un café, o ustedes confunden a la gente haciéndole creer que España es el país más boyante, hasta que explota la burbuja y se descubre que todo es una burda mentira, y continuarán intentando engañar a la gente, pero no han conseguido engañar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha condenado a España por no trasponer completamente al ordenamiento la Directiva europea 2002 de eficiencia energética; y usted continúa intentando confundirnos cuando dice lo mismo sobre la Directiva europea 2012 de la eficiencia energética, diciendo que obstaculiza o perjudica la reactivación del sector de la construcción, cuando justo desde Fomento se dice lo contrario, y consideramos que Fomento es un ministerio bastante cercano a la construcción. Pues Fomento dice que precisamente la rehabilitación energética es la base para la reactivación de la economía y del empleo.

Tenemos que decir que este enésimo real decreto no es sino el espejo del ridículo más espantoso a nuestro entender, porque pretende confundirnos del modo más grotesco, presentando el final de esta dantesca obra del precio de la electricidad como si fuera un cuento de un simple baile de cifras, del 11,5 al 2,3. Usted, señor Soria, acaso posiblemente porque está acostumbrado a las subastas, quizá pretenda subastar a precio de saldo la inteligencia de la ciudadanía. Además con ello tenemos que anunciar que usted ha perdido la oportunidad de acercarse a las personas, al sector más vulnerable, a esos 4 millones de personas que no llegan a poder pagar la luz, el agua o el gas. Esa es la cruda realidad, lo que denominamos la pobreza energética. Señor Soria, eso solo tiene un nombre, tal y como se lo dije anteriormente: pobreza personal. Eso justo cuando acaba de confirmar Intermón Oxfam lo que reiteradamente venimos denunciando nosotros aquí, y es que el poder económico se ha apropiado del poder político, y no es una novedad, pero es una confirmación. Desde Euskal Herria, desde esa atalaya, desde esas angostas tierras del norte podemos observar con perspectiva perfectamente el escenario eléctrico, y desde ahí podemos decir que este real decreto no es sino un plato más del entrante de ese plato que vendrá en marzo, por cierto, dentro de la bandeja del sector eléctrico, en el que ya se encuentran los reales decretos que se han aprobado hasta ahora o la recientemente aprobada Ley del Sector Eléctrico, para entregarnos precisamente en bandeja ¿a quién? Al capo di capos de la energía, que no es otro que Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola.

Pues bien, no contento con todo ello, usted coloca otro plato en esa bandeja del sector eléctrico, suponiendo el mayor escándalo eléctrico de la historia, tanto en seguridad y economía como en medio ambiente, y el más burdo intento de engaño social o político: la central nuclear de Garoña. Las instituciones vascas como el Ayuntamiento de Vitoria, las juntas generales de Álava, el Parlamento vasco, cientos de ayuntamientos, la sociedad vasca, o la mayoría política como pueden ser el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi, EH Bildu, Ezker Batua-Izquierda Unida, le han pedido en reiteradas ocasiones su desmantelamiento. Y es que tras cuarenta y cuatro años de pesadillas, los ojos de la gente se han vuelto a desorbitar y han vuelto a gritar que están aterrorizados por que se va a dar un más que probable accidente nuclear con lo que es la gemela de Fukushima. ¿Realmente es usted consciente de


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que va a convertir Garoña en una verdadera bomba atómica? Desde aquí reclamamos al ministro del Interior que tome nota, y que dé la orden de búsqueda y captura del que es enemigo público número uno, por haber amenazado la vida de cientos de miles de personas de Castilla-León, La Rioja y el País Vasco.

Acabo haciéndole tres reclamaciones, señor Soria. En primer lugar, dé la orden de desmantelamiento inmediato de Garoña. Constituya urgentemente la comisión interinstitucional para el desmantelamiento de Garoña con las administraciones afectadas, como puede ser el Parlamento vasco, las juntas generales de Álava o los municipios afectados como el sector social, y comparezca urgentemente en esta Cámara para dar las explicaciones necesarias sobre el futuro de la central nuclear de Garoña.

Esperando haber sido escuchado y recibir una pronta respuesta, estaremos esperando.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Errekondo.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señor ministro de Industria, prácticamente un mes después de que el Gobierno lo aprobara, llega a esta Cámara para su convalidación el controvertido y polémico real decreto-ley por el que se determina la subida del precio de la electricidad, que a partir de este mes de enero estamos pagando los pequeños consumidores. Y digo controvertido y polémico, señor ministro, por no utilizar otros calificativos más gruesos que podrían definir mejor la naturaleza de este real decreto-ley, en mi opinión. Un real decreto-ley sobre el que se ha hablado mucho, sobre el que se ha escrito mucho, pero que a pesar de ello desconocemos aún los motivos profundos por los que el Gobierno lo aprobó. Desde el 10 de noviembre en que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abre una investigación para analizar los movimientos inusuales en la fijación de los precios de mercado mayorista hasta hoy, pasando por la subasta del día 19 del pasado mes de diciembre, su posterior anulación el 20 de diciembre, el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia explicando-entre comillas- los motivos de la suspensión de la subasta de 7 de enero, y su comparecencia de la pasada semana en la Comisión, hemos asistido a un auténtico culebrón. Lo que es evidente, y todos somos capaces de entender, es que el Gobierno no podía políticamente permitir que el precio de la luz para los pequeños consumidores subiera a partir de enero en más de un 11 %.

La situación económica es preocupante, los salarios en su conjunto están bajando, el paro está en máximos históricos, y la gente tiene problemas enormes para hacer frente a la factura eléctrica. La pobreza energética es un hecho incontestable sobre el que hemos debatido recientemente en esta Cámara, y que refleja crudamente cuál es la intensidad de la crisis económica. Por tanto el Gobierno no podía permitir una subida de dos dígitos. El impacto electoral, ahora que se acercan las europeas, habría sido difícil de encajar. Si a la caída previsible del Partido Popular, tal y como señalan las encuestas, merced a la polémica ley del aborto, a la corrupción y a la crisis económica, entre otras cosas, se le añade la derivada de la subida de la luz, el coste en términos políticos electorales podría ser muy elevado. Esto, como le decía, señor ministro, lo podemos entender, pero no ha sido así explicado. A lo largo del proceso de tramitación de la reforma de la ley del sector eléctrico la tensión entre las compañías eléctricas y el Gobierno fue creciendo de manera considerable. El punto más álgido del enfrentamiento se produjo, señor ministro, cuando su compañero de gabinete, el señor Montoro, incumpliendo por cierto un compromiso político y parlamentario, dio marcha atrás en la contención del déficit tarifario al que usted tanto empeño y esfuerzo ha dedicado y que a pesar de ello no se ha conseguido controlar aún. En este contexto de enfrentamiento, usted calificó la subasta de la Cesur y su resultado de burda manipulación y trasladó su preocupación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que era precisamente el órgano que podría paralizar la subasta, para que confirmara sus sospechas. La comisión, sin mayores indicios, al menos sin los suficientes y en tiempo récord dado que tenía menos de veinticuatro horas para validar la subasta, no la validó y en consecuencia la derivada de la subasta quedó anulada. Visto el informe posterior, el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el que no se observan anomalías en el procedimiento y por lo tanto no procede actuar contra los que participaron en la misma, la decisión de suspensión no parece sino una gran metedura de pata que pone en cuestión la independencia de criterio y la actuación del órgano regulador que acaba prácticamente de nacer. Todos conocemos las cuestiones atípicas que según la comisión rodearon el proceso y que explican el exagerado aumento del precio de la energía, la elevada demanda energética en diciembre debido al frío espectacular, el excesivo parón nuclear, el escaso viento, etcétera, etcétera. Lo que no se explica suficientemente, en nuestra opinión, es


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el impacto que tuvo la decisión política del Gobierno de incumplir el compromiso de acabar con el déficit tarifario, los famosos 3.600 milloens de euros que el señor ministro de Hacienda prefiere utilizar para reducir el déficit público. En todo caso, señor ministro, lo que es evidente es que el sistema de la actual subasta de la Cesur no funciona adecuadamente y ha de ser corregido cuanto antes.

No es lógico que el precio de la electricidad de un trimestre dependa en gran medida del precio o de las circunstancias del trimestre anterior, cuando existe precisamente en este producto tan alta estacionalidad. Es más razonable utilizar periodos más amplios de referencia para alisar las posibles puntas que puedan producirse en el caso de utilizar un único periodo. Además, el nuevo sistema debería permitir rebajar el coste de la factura eléctrica al máximo acercando el precio de la subasta a la realidad del intradía, que es el que marca el coste efectivo. Los ciudadanos no deben pagar las ineficiencias del sistema ni los actores de la subasta beneficiarse de un sistema mal concebido. Nos gustaría por ello, señor ministro, conocer el sistema que están pensando aplicar en el futuro para opinar al respecto, antes de que sea definitivamente aprobado y que no haya ninguna posibilidad de emitir opinión ni mucho menos de cambiarlo.

Hace unos días, señor ministro, nos echaba en cara en la Comisión que criticáramos una decisión del Gobierno que era buena para los ciudadanos porque la luz subía un 2,4 en lugar de un 11 %. Señor ministro, nosotros habríamos preferido que la luz no hubiera subido e incluso que hubiera bajado, pero por supuesto que suba un 2,4 % es mucho mejor que lo haga en un 11 %, evidentemente. De lo que discrepa nuestro grupo parlamentario es de las formas, del procedimiento, de la decisión de no acabar con el déficit tarifario que no se nos ha explicado, de la falta de independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha sucumbido, en nuestra opinión, a las presiones del Gobierno; de que en lugar de cambiar previamente las leyes y las reglas de juego en vigor las mantiene y cuando no le gusta el resultado rompe la baraja; de la falta de explicaciones sobre los motivos de fondo. De todo eso nos quejamos, señor ministro, no de dejar de aplicar una subida del 11 % en la factura de la luz. La luz, como otros productos básicos esenciales, cuanto menos suba mucho mejor. Pero, señor ministro, no pretenda convertir este culebrón eléctrico en una virtud del Gobierno echándonos en cara lo que no es verdad. Por eso, para que no nos malinterprete, nuestro grupo parlamentario no se va a oponer a la convalidación de este real decreto-ley. No queremos que digan que preferimos una subida del 11 % que de un 2,4 %; preferimos la de un 2,4 % aunque, como le decía, habría sido deseable una subida del 0 % e incluso, mejor todavía, una bajada del precio. Como comprenderá, tras lo argumentado, tampoco podemos votar a favor. Por eso nos abstendremos en la votación de la convalidación de este real decreto-ley.

Señor ministro, para concluir, quisiera referirme a una cuestión que se le planteó ya en la Comisión y que el Grupo Vasco ha presentado también como una pregunta por escrito. Me estoy refiriendo, como usted se imagina, a la central nuclear de Garoña. ¿Qué va a hacer el Gobierno con esta central nuclear? Es una instalación antigua, amortizada, pequeña, de tan solo 400 megavatios y, por lo tanto, perfectamente suprimible desde el punto de vista de la garantía de suministro. Nos hemos pronunciado a favor del cierre definitivo de esta central no solo el Partido Nacionalista Vasco, sino todos los grupos de la Cámara en el Parlamento Vasco. Una central cuya rentabilidad no aprecian sus propietarios; Endesa e Iberdrola. En definitiva, una central con fuerte contestación política, escaso interés energético y rentabilidad negativa para sus propietarios. Una central que solo, al parecer, le interesa al Gobierno. ¿Por qué, señor ministro?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Aunque este es uno de los debates recurrentes que más veces se repite en esta Cámara, nunca es un debate, y no lo es porque no se puede debatir con la pared de un frontón que te rebota todo lo que le dices y no contesta a prácticamente nada. Ya lo hablábamos en la Comisión extraordinaria convocada para tratar esta cuestión, francamente -no sé cómo decírselo para ver si consigo superar su permeabilidad al argumento-, es el colmo de la desfachatez que nos digan que tenemos un sistema equilibrado tras la suspensión de una subasta que es el sistema por el que se regula el mercado tal y como lo establecía la Ley del Sector Eléctrico aprobada hace dos meses prácticamente. ¿Ese es el equilibrio? ¿Eso es que las cosas funcionan? ¿Eso es que las cosas van bien? El doctor Pangloss no lo hubiera dicho mejor. Vivimos en el mejor de los mundos posibles para nosotros, pero para el resto las cosas van francamente mal. Nos han traído -ya lo hablamos en la última Comisión- la duodécima iniciativa legislativa sobre electricidad.


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Es un nuevo parche sobre más parches, ya no queda nada del traje oficial, todo son parches de diferentes materiales hilados de cualquier manera. No ha habido ni un gramo de reflexión crítica sobre por qué ha ocurrido esto, por qué las diversas medidas que ustedes han propuesto y que han conseguido sacar adelante con su rodillo parlamentario han fracasado una tras otra. Esta, además, es provisional, como ha dicho. ¡Faltaría más! Luego vendrá la decimotercera, la decimocuarta, la decimoquinta y así hasta que acabe la legislatura, supongo. Porque todavía no nos han explicado ustedes nada comprensible y que sea digno de ponderación racional sobre por qué esas medidas fracasan, por qué el déficit de tarifa sigue ahí, por qué sigue aumentando aunque haya disminuciones relativas respecto al mes anterior, qué va a ocurrir para tener un mercado con precios realistas.

Se me ha ocurrido, a ver si esto sirve para algo más, celebrar cada una de estas doce iniciativas legislativas con otras tantas preguntas que a estas alturas creo que tendrían que haber tenido respuesta en el BOE, pero como no ha sido así, voy a plantearle doce cuestiones a ver si es usted tan amable algún día de respondernos a las mismas.

Primero, ¿cuándo va a presentar el Gobierno un proyecto eficaz y realista de la Ley del Sector Eléctrico que proporcione al sector estabilidad, seguridad jurídica y competencia empresarial? Porque hasta ahora esto no se ha conseguido.

Segundo, ¿cuándo va a presentar el Gobierno una auditoría sobre la formación de precios reales en el mercado de la electricidad? Es evidente que el Gobierno no sabe cuáles son los precios reales del mercado de la electricidad cuando le pide a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que le destripe la última subasta Cesur para entender cómo se forman esos precios. Todos estaríamos encantados de saberlo.

Tercero, ¿cuándo va a renunciar el Gobierno al intervencionismo político en el sector político y a favorecer en cambio la formación de un mercado y un sector realmente competitivos?

Cuarto, ¿cuándo va el Gobierno a renunciar a establecer el precio reconocido de la energía eléctrica para que el mercado, la inversión y el consumo puedan basarse en los precios reales? Creemos que no es demasiado pedir.

Quinto, ¿cuándo va el Gobierno a impedir que recaigan exclusivamente en consumidores y contribuyentes todas las decisiones erróneas en materia energética de empresas, inversores e instituciones políticas mediante el incremento constante de la parte regulada de la tarifa eléctrica? Aprovecho para preguntarle qué van a hacer ustedes con esto de haber aumentado la tercera parte de la amortización de déficit tarifario sobre los contribuyentes cuando ha fracasado la aportación del Estado y de las empresas eléctricas. ¿Van a mantener este tipo de estafa, que es lo que es?

Sexto, ¿cuándo va a acabarse la transferencia de la deuda pública y la deuda privada generada por el mecanismo de titularización garantizada del déficit de tarifa? No nos ha dicho nada al respecto y lo que preveía la ley ha fracasado ya.

Séptimo, ¿cuándo va el Gobierno a tomar las medidas necesarias para separar la generación de la comercialización de la energía? Esta es una de las razones de que subsistan fuertes rasgos oligopólicos en el sector, algo que reconoce todo el mundo menos ustedes; incluso las empresas admiten que hay aspectos que cambiar.

Octavo, ¿cuándo va a separar el Gobierno la política energética de la protección de un modelo de negocio tradicional, en buena parte anacrónico y dañino, por la innovación, la economía productiva y los consumidores? Lo único que han hecho ustedes en esta legislatura, en estos dos años, es tratar de proteger al Gobierno que ya conocían y en el cual participan los viejos partidos tradicionales a través del famoso procedimiento de la puerta giratoria, es decir, están ustedes y los consejos de administración de empresas que después estos mismos Gobiernos protegen contra cualquier competencia innovadora.

Noveno, ¿cuándo va a presentar el Gobierno un plan energético nacional para el medio y largo plazo que tenga en cuenta los objetivos de autonomía energética, igualdad social, desarrollo y competitividad económica y sostenibilidad medioambiental? Todavía no lo hemos visto; únicamente han luchado contra el déficit tarifario con un resultado francamente estrepitoso.

Décimo, ¿cuándo va el Gobierno a tomar iniciativas en las instituciones europeas, particularmente con Francia, para que la Península Ibérica deje de ser una isla energética, permitiendo, entre otros objetivos, el pleno empleo de nuestra capacidad de generación? Sin ser un experto, no deja de ser verdaderamente llamativo y frustrante que tengamos un 20 % de sobrecapacidad de generación y que haya países en la Unión Europea que son nuestros socios dentro de un mercado de la energía que se supone común y seamos incapaces, porque no hay conexiones, de vender nuestros excedentes a países que tienen


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demanda y que tienen que satisfacerla en terceros países fuera de la Unión Europea. Yo nunca les he oído hablar de esta cuestión y parece importante.

Undécimo, ¿cuándo va el Gobierno a colocar los objetivos del estímulo del ahorro y de la electricidad energética en el centro de la política energética? Como ya hemos dicho muchas veces, están ustedes haciendo exactamente lo contrario, están penalizando el ahorro, están persiguiendo innovaciones interesantes de producción y mercado, como el autoconsumo con balance neto. Lo que están haciendo es que sirva para nada, y que incluso sea perjudicial ahorrar o ser eficiente porque al final la parte regulada, la parte que, como decía, paga los errores políticos de la política energética del Gobierno, sea mayor, sea cada vez más grande respecto de la parte no regulada.

Duodécimo, ¿cuándo va a incluir el Gobierno en la lucha contra la pobreza energética consecuencia del vertiginoso incremento de los precios energéticos y del aumento de la desigualdad socioeconómica entre los objetivos de la política energética? No hace mucho han negado ustedes en un debate que se produjo al respecto que existiera este problema; les parecía que daba igual y que todos los consumidores acceden en igualdad de condiciones al mercado energético. Esto es ya a día de hoy una broma pesada, porque saben ustedes -o deberían saberlo porque para eso son el Gobierno- que la desigualdad económica, y en este caso la desigualdad en la capacidad de acceso a la energía, es una de las causas del retardo de la salida de la crisis y de atraso económico, no algo que vaya a favorecer lo contrario, como al parecer pretenden decir.

Es verdad que este decreto que estamos aquí no debatiendo -porque no hay debate alguno- sino pasando su tramitación, va a reducir el precio de la energía de una manera parecida a la filosofía de Robin Hood, ya que anuncian que no subiría tanto como lo hubiera hecho si se hubiera dejado al mercado que ha consagrado la ley del sector haber establecido los precios. Si los precios dependen del Gobierno y son consecuencia de su libertad de elección libérrima, por qué en lugar de congelarlos, como también se ha dicho aquí, no los disminuyen, si da igual, si es lo mismo, si lo que importa es un modelo de negocio energético de mercado donde es el Gobierno el que decide los precios y los decreta en el BOE. Si no tienen nada que ver ni la competencia ni la innovación ni los problemas que arrastramos por una gestión de la deuda eléctrica penosa que sigue ahí, etcétera, háganlo, pórtense con los consumidores, que bastante achuchados están la gran mayoría. Bajen los precios, hagan otro real decreto-ley, que sería el vigésimo tercero; no se lo íbamos a reprochar, que más nos da, sigamos así hasta el final. Es decir, no hablemos de ninguna cuestión importante, hagamos política populista -esa que tanto les gusta a ustedes reprochar a terceros, cuando son los campeones de su ejercicio- y sigan así hasta que lleguemos al colapso del mercado y haya que partir ex novo para inventar un sistema energético diferente. La otra vez se lo dije y no quiero ser desleal y repetirlo ahora, pedían su dimisión. Yo no he pedido su dimisión ni tampoco lo ha hecho mi grupo porque, como la Constitución, creemos que el Gobierno es colegiado y solidario de las decisiones que tome y que es el presidente quien les nombra a todos ustedes. Hace poco el presidente les ha calificado de gente muy valiente porque toman muchas decisiones. Por favor, tomen una buena decisión, márchense y a ver si podemos elegir un Gobierno que tenga algo más de iniciativa y un poquito más de sentido común.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Señor ministro, señorías, terminamos 2013 con más reales decretos-leyes y el último del año el enésimo parche a la política energética. Hoy asistimos a la demostración del absoluto fracaso de la gestión y del conjunto de normas y cambios regulatorios a los que han sometido al sector eléctrico sin encontrar la solución, y cada vez ha venido usted a decir que estas medidas eran la solución definitiva. El problema es que insisten en los errores y además vienen con una actitud triunfalista, como si pudieran presumir ustedes de éxitos, y sinceramente la situación dista mucho de ser buena, aceptable y de poder celebrarla. Señor ministro, acaba de aprobar la reforma energética y ya tiene que venir a apagar fuegos -con gasolina, a nuestro entender- con este nuevo decreto. Terminan el año con dos ministerios que no se aclaran y abren fuego en el Senado; hacen una reforma eléctrica donde culpan de todo a las renovables y castigan a los consumidores, y nos niegan a los que venimos denunciando que el problema es una mala regulación del mercado. ¿Y qué sucede? Que al día siguiente de su reforma, el mercado les empieza a responder y ustedes acaban interviniendo la subasta. Con todos sus cambios tenemos la tercera electricidad más cara de Europa, el déficit tarifario que continúa aumentando, señor


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ministro, aumenta la pobreza energética, se destruye empleo y se multiplica la inseguridad jurídica. ¿Quieren datos? Desde La Izquierda Plural se los ofrecemos. Sobre los precios de la luz, usted vino la semana pasada a decir que con el Partido Popular los precios de la luz han bajado. Nos parece un insulto a la inteligencia y a la ciudadanía que, ante un problema dramático para miles de hogares, se dediquen a decir que con el Partido Popular la luz sube más moderadamente que cuando gobernaba el Partido Socialista. ¿Saben cuál es la realidad, señor ministro? Que ustedes decidieron -el Partido Popular- en 1997 liberalizar la energía para abaratar costes y el resultado es que esta ha dejado de ser un bien público; además, desde 2002 -cuando gobernaba el Partido Popular y estaba de ministro el señor Rato- hasta 2013 -cuando usted gestiona la cartera de energía y gobierna también el Partido Popular- la luz ha subido un 104 %, según datos de Eurostat, con el Partido Popular y el Partido Socialista. Dice usted que en estos dos años ha bajado en tres ocasiones, pero lo que ha bajado es lo que no depende de ustedes. En 2012 lo que sucedió es que, gracias a su subida del IVA, la única vez que bajó por el mercado no se pudo compensar; al revés, las familias pagaron más porque subieron el IVA al 21 %. Y en 2013 la luz subió en enero, en julio, en agosto y en octubre, y bajó en abril. ¿Por qué bajó en abril? Porque llovió y porque hizo viento, precisamente por la penetración de renovables, que son las energías que ustedes penalizan.

La manipulación de las cifras es un acto de cinismo extremo. Hablan ustedes de familias con hijos, de segundas residencias; categorías que no existen en las tarifas. Sabemos que las medias estadísticas son una simplificación, que pueden ser útiles para muchas cosas pero también para presentarlas como a ustedes les vaya bien. Es como decir que la media de la riqueza mundial ha aumentado. Cuando el 1 % acumula la riqueza de la mitad de la población mundial, hacer medias es engañoso. Ustedes dicen que la media de subida es más moderada, pero sinceramente en plena crisis económica, con caída de salarios, con caída de la demanda, con aumento de la pobreza y con caída también de la demanda energética, si partíamos de unos precios tan altos lo lógico es que la luz bajara. Pero lo cierto, señor ministro, es que son los pequeños consumidores y las pequeñas empresas las que más pagan. ¿Por qué? Porque el Gobierno ha decidido que el peso del término fijo de la luz suba en 2013 un 63 % y que la parte variable de la factura baje un 10 %. Esto lo que significa es que si alguien quiere ahorrar en su factura el Gobierno se lo pone más difícil, es decir, que si eres pobre o eres ahorrador el Gobierno te castiga por ello. Hagan media, señor ministro, pero a la gente, especialmente a aquella que sufre las consecuencias, no la van a engañar con sus malabares. Y lo peor de todo, señor ministro, es la insensibilidad, porque aquí presentamos medidas para combatir la pobreza energética, las presentó nuestro grupo parlamentario y dijeron que no; aprobaron una reforma energética y al día siguiente la Cruz Roja en Cataluña alertaba que el 58 % de las personas que atienden sufren de pobreza energética y que en dos años de su Gobierno la pobreza energética ha aumentado un 20 %, y ustedes dicen que ya toman medidas; si se han negado incluso a la tregua invernal, votaron en contra. ¿Y saben lo que ha sucedido también en su mandato, señor ministro? Que el déficit tarifario aumentó en 2012 en 5.609 millones, y en 2013 en 3.600, después de decir que han acabado con él. ¿Y eso qué es? Hipoteca para el futuro, una deuda que ustedes no cuestionan, porque no cuestionan los costes reconocidos que han hecho a las compañías ganar muchísimo dinero. Ustedes se niegan a una auditoría del déficit que les hemos exigido y ahora es precisamente la ciudadanía la que planteará una iniciativa legislativa popular para promover una auditoría independiente del déficit tarifario, cuestionar lo que usted no se atreve a cuestionar.

Otra guinda, señor ministro: la inseguridad jurídica. Esa demonización de las energías limpias y la falta de política energética sostenible han provocado que España acumule denuncias en la Comisión Europea y que también tenga el récord de arbitrajes internacionales en Washington, en Nueva York y en Estocolmo. España ya tiene casi el doble de litigios que los países más conflictivos, como Kazajistán y Hungría, y casi todo fruto de su reforma energética. Por lo tanto, señor ministro, pocas cosas a celebrar. Si fuera usted valiente con los fuertes, nos tendría a su lado, incluso por esa conflictividad. Si usted recibiera resistencias porque está dispuesto a cambiar la regulación en beneficio del oligopolio eléctrico, le apoyaríamos. Si usted propusiera cambios en profundidad para que el acceso a la electricidad fuera una cuestión de servicio público, nos tendría también apoyando. Si usted aplicara medidas retroactivas para combatir la pobreza y cuestionar los beneficios de Unesa, también nos tendría a su lado. Si cambiara el pool para evitar los beneficios caídos del cielo, también estaríamos apoyándole, y si planteara un verdadero cambio de modelo energético, ahí nos encontraríamos. Pero lo más sorprendente es que usted ha logrado toda esa conflictividad no para enfrentarse a los grandes, sino precisamente para penalizar a los pequeños y reducir todavía más la competencia.


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Hoy nos trae un decreto que quiere venir a vender aquí diciéndonos que gracias a usted la luz no sube un 11 % sino un 2,3 %, y se pregunta cómo podemos contradecirle, pues porque no es verdad, señor ministro. Este decreto tiene como objetivo resolver un embrollo en el que ustedes se han metido y lo hace también con cierta arbitrariedad. ¿Qué hace este decreto? Por un lado, fijar el precio de la luz después de la no convalidación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, donde utilizan los procedimientos de cálculo propuestos; y en segundo lugar, un mecanismo para compensar a las comercializadoras en caso de que el mercado fije unos precios superiores. Es verdad que las CUR, esas comercializadoras, es decir, Unesa, nunca pierden. ¿Este decreto por qué surge? Porque hay que preguntarse el origen del problema. ¿Surge porque el Gobierno quiere intervenir el mercado? No, no porque quiera intervenir el mercado; surge precisamente porque no tocó en esa reforma eléctrica ni el mercado ni las subastas, porque no cambió el origen del problema. Lo peor de este decreto es que les sirve a ustedes para decir que ahora van a tocar unos detallitos para que todo siga igual. Analicemos lo que ha sucedido.

Se suspende la subasta del día 19, que suponía un incremento muy importante en los precios mayoristas, una subasta donde se dan circunstancias atípicas. señor ministro, hemos denunciado muchísimas veces que las subastas son inflacionistas, pero las subastas reflejan lo que ha pasado en el mercado. Lo relevante no es anular la subasta, lo relevante es lo que describe también la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y que no se atreve a analizar. ¿Qué es lo que sucede en el mercado los días previos? Lo que dice precisamente es que entre el 2 y el 19 diciembre los precios del mercado se disparan hasta un 60 y un 70 % por encima. ¿Por qué? Porque concurren circunstancias atípicas; por un lado, hay más demanda -muy bien, porque hace frío-, pero lo relevante es que hay menos oferta; por otro lado, porque no hay viento -muy bien, esto puede pasar-, pero lo relevante es lo que se planifica: que la mitad de las centrales nucleares paren, que paren también ciclos combinados, que no haya gas y que paren también las grandes hidráulicas. Precisamente el propio informe de la comisión revela la paradoja de que mientras pagamos ciclos combinados y pagos por capacidad, estos luego no están disponibles. ¿Es casualidad que pase esto? ¿Qué es lo que causó esos precios? ¿Por qué se dispara el lunes día 2 el precio? Esa es la pregunta. Se dispara el precio porque el día 29 de noviembre el Partido Popular presentó una enmienda en el Senado a la Ley del Sector Eléctrico retirando 3.600 millones del déficit de tarifa, es decir, las eléctricas, al no saber cuánto van a cobrar o si van a asumir los costes, trasladan eso al mercado. Eso ustedes no se atreven a reconocerlo, pero es lo que lleva pasando años y años. No hay, señor ministro, ni mercado libre ni competitivo, hay cinco empresas que controlan el mercado, y cuando el Gobierno no les paga lo que ellas quieren, lo trasladan precisamente a los precios del mercado. Lo que pasó es que su lío es lo que ha provocado el aumento del precio, y lo que venimos denunciando es que o se modifica el mercado o son ellas las que controlan los precios.

No votaremos este decreto porque es el enésimo parche que provoca una subida de la luz del 2,3 %, por una reforma energética fracasada y un Gobierno que no se atreve a intervenir para proteger de verdad a los consumidores y a las familias. Este decreto es para cubrir sus vergüenzas y también las de las eléctricas, pero quien pierde con este decreto son de nuevo las pequeñas comercializadoras porque ellas no van a recuperar en abril la compensación, solo tienen derecho a ser compensadas las grandes. Sus medidas vuelven a beneficiar a las grandes empresas y juegan en contra de la competencia. Tan liberales que son y todas sus medidas benefician a los grandes. Votaremos en contra de su decreto porque son ustedes quienes han provocado el tarifazo. No quieran manipular la realidad, con ustedes la luz sube en enero, no bajan respecto al 11 %, porque ese 11 % es reflejo de las decisiones que ustedes tomaron. La luz sube y fijan un horizonte de más incertidumbre, menos competencia, más pobreza energética y más castigo a las familias.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, señoras y señores diputados, una primera consideración por parte de nuestro grupo parlamentario es la siguiente. Nosotros, Convergéncia i Unió, no vamos a votar en contra de un real decreto que va en la dirección de favorecer a los consumidores. En concreto, a través de este real decreto que se va a convalidar a fecha de hoy, se va a evitar una subida escandalosa de la luz, que en teoría tendría que haber sido de un 11 % sobre la base de la última subasta de la Cesur, y que a través de este


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real decreto, previa anulación e invalidación de la última subasta, solamente va a subir un 2,3 %. Esta cantidad tampoco es del agrado de nuestro grupo parlamentario; nos hubiera gustado que el incremento de la luz se hubiera podido plantear desde la óptica de que es un servicio básico que llega a muchísimas familias que están en una situación de crisis, de manera que hubiera podido alcanzar la inflación interanual, que es del 0,3 %, o, por qué no, como ha dicho algún otro interviniente que me ha precedido en el uso de la palabra, también se hubiera podido contemplar la posibilidad de que se planteara un precio negativo de la luz, porque prácticamente estamos entrando en una deflación. No hubiera sido una medida escandalosa, sino todo lo contrario, haber tenido en cuenta esta alma social que en algunas ocasiones hemos planteado al Gobierno para que ante una situación de unos precios regulados y cuando hay más de 5 millones de consumidores que no van a poder atender el recibo de la luz, por qué no plantear una subida negativa del precio. Es importante reflejar inicialmente cuál es la posición parlamentaria del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, en el sentido de que no vamos a oponernos a la convalidación de este real decreto.

Dicho esto, señorías, señor ministro, usted saber perfectamente que discrepamos tanto en los procedimientos utilizados por este Gobierno en materia energética, como también en algunos aspectos de fondo que hemos ido denunciando a lo largo de esta legislatura. No es menos cierto, señor ministro -y usted nos lo recuerda cada vez que tiene oportunidad-, que votamos favorablemente a la última modificación de la Ley del Sector Eléctrico. Antes de que me lo diga usted, ya se lo digo yo, es cierto, y no es menos cierto que gracias al apoyo del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió también resolvimos algunos aspectos relevantes para nuestro grupo parlamentario como el que hace referencia a la industria de la cogeneración y a la recuperación de algunas competencias importantes para nuestro grupo parlamentario. Tampoco es menos cierto que en este decreto, en otros anteriores y en otras legislaciones que se han planteado en esta Cámara hemos sido muy críticos por los procedimientos y las características de fondo. En ese sentido siempre hemos denunciado que el Gobierno y usted se han visto obligados por las circunstancias -algunas no motivadas directamente por usted sino por algunos compañeros de gabinete- a plantear una política energética improvisada, que hemos considerado desacertada en muchísimas ocasiones. El resultado de esta política energética improvisada y desacertada es que se genera desconfianza e inseguridad jurídica y los platos rotos siempre los acaban pagando los mismos: los consumidores, las familias y los hogares con una economía más modesta y débil.

No deja de ser relevante también que uno de los sectores más desfavorecidos cuya competitividad también se ve afectada es el tejido productivo español. Con los incrementos de precios que se han producido en los últimos diez años, de los cuales es cierto que usted no tiene ninguna responsabilidad, nos encontramos con que en España los precios de la energía doméstica y de la energía industrial que pagan nuestras empresas y que pagan nuestros consumidores finales -los hogares y las familias españolas- están un 30 % por encima de la media de la Unión Europea. Están un 30 % por encima de los precios en países muy importantes a nivel competitivo como Alemania, Italia y Reino Unido y esto puede producir en cierta medida deslocalizaciones importantes hacia esos países. Hemos venido denunciando a lo largo de esta legislatura que con esta política de improvisación y desacertada, que ha generado desconfianza y que ha motivado falta de competitividad, los más perjudicados son nuestro tejido industrial, nuestra economía productiva y nuestras familias y hogares.

Señor ministro, ¿por qué estamos aquí debatiendo la convalidación de este real decreto? Porque se produjeron unas anomalías y circunstancias atípicas que usted ha mencionado en su intervención y que motivaron que la última subasta del Cesur fuera invalidada y posteriormente anulada por el Gobierno. Ante estas cuestiones ya le formulamos en su comparecencia en la Comisión la semana anterior algunas preguntas que nos gustaría que fueran contestadas; no lo fueron en dicha sesión, motivo por el cual las volvemos a plantear, porque tras los últimos hechos acaecidos ha quedado cuestionada seriamente la independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Partiendo de la base de la existencia de tarifas y subastas, entendemos que el ministerio tendría que haber sido más previsor respecto a la posibilidad de que se dieran circunstancias atípicas. Dichas circunstancias eran previsibles con anterioridad. Según el informe de la CNMC, las circunstancias del mercado se venían conociendo con bastante antelación a la subasta y se hubieran tenido que adoptar una serie de medidas que hubieran evitado tomar estas decisiones y la convalidación de este real decreto.

La extinta Comisión Nacional de Energía había planteado posibles mejoras en la realización de las subastas desde el año 2009, avisando de la volatilidad de los precios que podía llegar a acontecer en determinadas circunstancias. Parece que estas circunstancias se han dado. ¿Por qué no se tuvieron en cuenta estas recomendaciones? Este también es otro aspecto relevante para el que nos gustaría tener


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una respuesta. Por otro lado, ¿no cree el señor ministro que las circunstancias atípicas no son sino un cúmulo de circunstancias, algunas previsibles y otras menos? También le preguntamos: ¿se precipitó usted al hablar de manipulación? En el informe de la CNMC no se habla de manipulación en la formación de la última subasta Cesur.

Asimismo, en la página 12 del informe de la CNMC se lee que el OMEL tenía la potestad de suspender la subasta si el número de participaciones cualificadas era insuficiente o si una vez finalizada la calificación se tuvieran argumentos que indicasen una insuficiente presión competitiva. Parece que no lo hizo. ¿Sabe usted si los representantes de la CNMC hicieron algún comentario, salvedad o apreciación durante el desarrollo de la subasta respecto a que el número de participantes o la presión competitiva fueran insuficientes? ¿Se levanta algún tipo de acta del desarrollo de la subasta? ¿Quedaron reflejados los posibles comentarios en dicha acta? ¿Sabe por qué el OMEL o los representantes de la CNMC no ejercieron la reducción del volumen de la energía objeto de la subasta, como contempla el reglamento de la subasta -página 13 del informe de la CNMC-, para aumentar la presión competitiva? Probablemente se hubiera llegado a un precio más bajo y nos hubiéramos ahorrado este trámite parlamentario.

Hay otra cuestión que no acabamos de entender, señor ministro. La subasta es descendiente, es decir, el precio final que resulta de la subasta es menor que el precio de salida, y el precio de salida lo fija previamente el Ministerio de Industria o la Secretaría de Estado de Energía. ¿Por qué en el inicio no estableció el ministerio como precio de salida el que estimaba que era el máximo que podían asumir los consumidores, evitándose con ello tener que anular esta subasta? Estos son datos relevantes respecto de los que nos gustaría que en algún momento, ya sea mediante su comparecencia o por escrito, nos pudiera dar alguna contestación. Entendemos que los grupos parlamentarios y este Congreso se merecen tener toda la información que queda reflejada al menos desde un punto de vista real a raíz del informe de la CNMC.

Finalmente, entendemos que es importante que el ministro elabore un nuevo procedimiento para la fijación de los precios de la Cesur. Al mismo tiempo que decimos que esto es interesante, pensamos que este sistema no funciona y que hay que buscar otra alternativa. Otra alternativa respecto a la fijación de los precios sería que en vez de realizarse las subastas cada tres o cuatro meses pudieran realizarse mes a mes. En cualquier caso, hemos planteado en la Comisión de Industria de este Congreso de los Diputados una proposición no de ley que va en la dirección de que el Gobierno, en este caso el ministerio, también pueda recabar un informe de expertos independientes que analicen con la máxima transparencia y con el máximo rigor cuál sería la fórmula ideal para la fijación de estos precios, de manera que a través de estos organismos o expertos independientes pudieran estar representados todos los agentes del sector. Esta sería una fórmula complementaria a la que pueda usted desarrollar a través del ministerio, de manera que cuando finalmente dicha fórmula se presente a través de un real decreto o de un proyecto de ley en este Congreso de los Diputados exista la máxima complicidad por parte de todos los sectores afectados. Estamos en esta línea crítica con el Gobierno, pero sabe usted que cuando llega el momento de plantear una cuestión que propicie un pacto respecto a un sector energético más competitivo y más eficiente, para que finalmente los consumidores puedan gozar de unos precios similares a los que tienen el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, siempre nos encontrará a su disposición para avanzar en este sentido.

Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Erias.

El señor ERIAS REY: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, resulta obvio que uno de los inputs básicos de la economía de cualquier país es la electricidad y que ella por tanto resulta ser un bien imprescindible y de ahí que su precio constituya un elemento determinante tanto de la competitividad productiva como del bienestar de los ciudadanos. De nuevo -y ya son varias las ocasiones en esta legislatura-, este Ejecutivo tiene que afrontar una situación de extremada dificultad a la que se ha tratado de dar una solución eficiente y en la que se ha intentado sobre todo -como siempre- salvaguardar los intereses de los consumidores. Después de la explicación que ha dado el señor ministro y de las distintas intervenciones, permítanme, señorías, que haga simplemente unas consideraciones de carácter general a lo que aquí se ha oído por parte de los demás grupos.

En primer lugar, quiero referirme a lo señalado por el señor Segura y decirle que la situación actual no surge de la nada, sino que es el resultado de unas determinadas políticas implementadas durante algún


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tiempo; que el nivel de precios global de la energía en el momento presente tiene que ver con el comportamiento de los precios en el pasado y que si un 63 % corresponde a la etapa socialista, el Grupo Socialista es por lo tanto responsable del 80 % del comportamiento y nivel que en estos momentos tienen los precios. Entonces, señor Segura, no se descuelguen ustedes de la situación, sino simplemente compréndanla. Anunciar el voto en contra parece verdaderamente chocante cuando lo que usted está diciendo por otro lado es que quiere que haya una política energética que sea más social y por lo tanto, repito, más comprometida con los ciudadanos. Creo que hay una contradicción muy importante.

Por otra parte, usted habla de una política y de una etapa de provisionalidad. No es provisionalidad, no es arbitrariedad, sino que de lo que se trata es de dar racionalidad a un asunto que no estaba contemplado en la Orden ministerial 1659/2009, pues, si no recuerdo mal, en el año 2009 fueron ustedes los que introdujeron este tipo de norma, Claro que sí, tal y como estaba regulada la Cesur, la subasta de la Cesur, no se contemplaba la posibilidad de suspensión de la misma; por eso se le está tratando de dar racionalidad, no provisionalidad. También he de decirle que a mi juicio no he encontrado aspectos erróneos ni que lleven a confusión sobre lo que se recoge en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 17/2013, de 27 de diciembre, que hoy trae el Gobierno a convalidación. Por eso me habría gustado que usted los hubiera expuesto, no simplemente que anunciara que había errores.

Quiero recalcarle que esa introducción que se pretendía de mejora de la competencia dentro de la factura eléctrica en el año 2009 tiene unos resultados claros. De los 29 millones de consumidores que están sujetos a tarifa con contratos, solamente 20 millones son los que se han pasado y tienen contratados menos de 10 kilovatios. Por lo tanto, los que tienen contratos bilaterales no se ven afectados por esta subasta de la Cesur; la Cesur solamente afecta a los comercializadores de último recurso para luego proveer las tarifas de último recurso. Señor Segura, dos cosas -y una tercera que tiene que ver con algún otro interviniente-, de esos 20 millones, 16.900.000 están en la TUR y 3 millones están en el bono social. Los consumidores del bono social tienen la tarifa congelada, tal y como se ha acordado en su día, y este Gobierno no la ha modificado. Por lo tanto, cuando hablen de pobreza energética tengan en cuenta también el compromiso y el esfuerzo que los Gobiernos, y este Gobierno en particular, están haciendo con aquellos que tienen más dificultades para poder disfrutar de la energía y tener así una calidad de vida digna.

Les quiero recordar también a todos aquellos que han preguntado sobre un conjunto de asuntos y temas que no tienen mucho que ver con lo que estamos tratando hoy. El señor ministro ha comparecido muchas veces, por lo menos más de quince, en Comisión y aquí en el Pleno, para dar cumplida contestación y continuará con el mismo empeño. Realmente quiénes deciden y cómo se forman los precios es algo que está en el marco regulatorio, y este Gobierno, a la vista de los resultados indebidos, tal y como enunció la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se vio en la obligación de suspender la subasta para que no hubiera un efecto perverso sobre la situación que actualmente atraviesa la economía española. Respecto de lo que dice La Izquierda Plural, no es un insulto a la realidad. No es un insulto a la realidad poner de manifiesto un hecho, y es que, tal y como recoge el Instituto Nacional de Estadística, la energía eléctrica no ha subido en el año 2013, por mucho que ustedes quieran presentarlo como que es retorcer las estadísticas. No, son los hechos reales, y les recalco el asunto del bono social.

Dichas estas cuestiones, agradezco a Convergència i Unió y al Partido Nacionalista Vasco la abstención que han manifestado. Asimismo expreso mi agradecimiento a todos aquellos que han intentado con su intervención proponer una apuesta mejor para el futuro de todos los ciudadanos españoles y particularmente de nuestro tejido productivo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erias.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE. (Número de expediente 121/000071).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto II del orden del día, que es el debate de totalidad del proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007,


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de 16 de noviembre. A este proyecto de ley se han presentado varias enmiendas a la totalidad. En primer lugar, para presentar el proyecto de ley tiene la palabra la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señor presidente, señorías, tengo el honor de presentar ante esta Cámara el proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado en el Consejo de Ministros del 11 de octubre. La norma incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2011/83 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, que establece un nuevo marco para regular los contratos a distancia y también los celebrados fuera de los establecimientos mercantiles. Al mismo tiempo modifica la normativa europea sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo. Además, este proyecto de ley incluye las directrices del Tribunal Europeo de Justicia sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Esta es una reforma que no solo supone un avance en la protección de los consumidores al adaptar nuestra legislación a la de la Unión Europea, sino que da un gran paso adelante al aprovechar el potencial de los nuevos modos de consumo como motor de la reactivación económica. La realidad social y la realidad cronológica suponen que las ofertas y los contratos de este tipo de operaciones comerciales son cada vez más frecuentes en nuestro país. El auge de las nuevas tecnologías y de la telefonía móvil ha convertido en habitual contratar un servicio a través del teléfono o comprar algún producto a través de Internet, con las comodidades y con las ventajas que este tipo de operaciones ofrecen tanto al consumidor, al usuario, como al empresario. El comercio electrónico ha alcanzado en España un volumen de negocio de más de 2.800 millones de euros, con un total de 43,5 millones de operaciones, y no ha dejado de crecer en los últimos cuatro años. Según lo datos del Instituto Nacional de Estadística, cerca de 13 millones de españoles, un 37,4 % de la población entre dieciséis y setenta y cuatro años, aseguran haber hecho operaciones de comercio electrónico en algún momento de su vida. Sabemos que gran parte de los servicios cotidianos como las telecomunicaciones, la energía, el agua o los seguros son contratados a distancia y que la falta de información en el momento de la contratación es lo que origina reclamaciones posteriores. A título orientativo les diré que cerca del 30 % de las consultas y de las reclamaciones recibidas en asociaciones de consumidores en 2012 se referían precisamente a estos sectores.

Señorías, con este proyecto de ley reforzamos la seguridad jurídica, tanto del consumidor como del empresario que formaliza un contrato con él. Elevamos el nivel de protección de los consumidores y usuarios y contribuimos de manera clara a eliminar las disparidades existentes en la legislación europea que habían creado obstáculos en la cohesión del mercado comunitario. En este sentido voy a estructurar el proyecto de ley en tres ejes, en primer lugar, más y mejor información; en segundo lugar, nuevas garantías en cuanto a la posibilidad de desistir de los contratos a distancia y de los celebrados fuera de los establecimientos y, por último, los nuevos derechos para los consumidores.

Cuando la ley entre en vigor los empresarios tendrán nuevas obligaciones informativas que cumplir. El texto amplía la información que los empresarios tendrán que facilitar a los consumidores tanto con carácter general como en los contratos a distancia y los que se formalizan fuera del establecimiento. En concreto, deberán proporcionar información precontractual de forma clara y comprensible. Se trata en definitiva de eliminar lo conocido como la letra pequeña para que todos los usuarios sepan qué producto o servicios adquieren y también qué derechos tienen. Por ponerles algún ejemplo, los consumidores tendrán derecho a conocer si va a ser necesaria alguna garantía financiera. También recibirán información de los servicios posventa, así como de las garantías comerciales que las empresas otorgan con la compra, y, en el caso de que sean productos o suministros de contenido digital, los empresarios deben informar sobre las posibles limitaciones tecnológicas. Además, en el comercio electrónico, como novedad, las páginas web deben indicar de forma clara y legible al inicio de la compra las modalidades de pago aceptadas y si hay alguna restricción en la entrega. En los contratos a distancia que utilicen medios de comunicación con restricciones técnicas, por ejemplo la limitación del número de caracteres en un teléfono móvil, las empresas deberán remitir a los consumidores a otra fuente para completar la información, que puede ser un teléfono gratuito o una página web. Con estas modificaciones nadie podrá escudarse tras la tecnología para no facilitar a los consumidores toda aquella información que precisen. En definitiva, los consumidores van a estar más informados con anterioridad a la decisión de contratar uno de estos servicios.


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Señorías, con el proyecto de ley también regulamos el derecho a renunciar o desistir que tienen los consumidores y usuarios en estos contratos. Ampliamos el plazo para ejercer este derecho, que pasa de siete a catorce días naturales, y si no se informa de esta posibilidad, queda ampliado a doce meses de forma automática. El texto incorpora el formulario de desistimiento común para toda la Unión Europea que facilita su ejercicio y que se proporcionará junto con la información previa al contrato. Los consumidores pueden cumplimentar el formulario de renuncia on line y tener acceso sin demora a un acuse de recibo. Se regulan asimismo las distintas obligaciones de las dos partes en caso de que se produzca desistimiento, así como de sus efectos respecto a los contratos complementarios vinculados. Queremos con ello, señorías, que los consumidores sepan qué pueden hacer si tras celebrarse este tipo de contratos a distancia, como digo, o fuera del establecimiento comercial no se han cubierto sus expectativas.

El proyecto de ley reconoce también nuevos derechos de los consumidores referidos a la forma, a los plazos de entrega y también al riesgo de pérdida o deterioro del bien adquirido. En este sentido, la ley protege al consumidor cuando no reciba adecuadamente los bienes. Si el empresario incumpliera el plazo de entrega después de un periodo adicional razonable, el consumidor tendrá derecho a resolver ese contrato. Asimismo el empresario tiene que hacerse cargo de recoger los bienes cuando el consumidor quiera devolverlos y si por la naturaleza de los mismos no pudiese hacerse por correo. Con carácter general, si en el proceso de entrega se pierde o deteriora aquello que ha adquirido, el texto también contempla medidas que protegen al consumidor.

El proyecto, señorías, introduce medidas para evitar las cargas encubiertas que pueden estar asociadas al comercio electrónico. Así, el empresario debe velar especialmente para que el consumidor, al realizar el pedido a través de la red, confirme que es consciente de que implica una obligación de pago. Para ello el consumidor tendrá que aceptar el precio final antes de concluir la compra, de manera que tenga absolutamente claro cuánto le va a costar contratar el bien o el servicio en cuestión. En relación con todo pago, si no se obtiene un consentimiento expreso para dicho pago, sino que el empresario lo deduce de opciones por defecto, el usuario tendrá derecho al reembolso del mismo.

Señorías, en cuanto a las cargas adicionales que pueden derivarse de estos contratos a distancia, el proyecto establece también nuevas reglas. Si el empresario habilita una línea telefónica para comunicarse con sus clientes en relación con ese contrato, la llamada no podrá suponer un coste superior al de la tarifa básica. Se trata de regular los teléfonos 900. Tampoco se podrá facturar el uso de determinados medios de pago -tarjeta, transferencia, etcétera- que superen el coste soportado por el empresario por el uso de los mismos. En relación con las cláusulas abusivas, la nueva legislación no permite modificarlas, sino que se declararán nulas de pleno derecho y el contrato podrá seguir vigente sin ellas.

Señorías, el proyecto también aborda la contratación telefónica de servicios. Era necesaria una nueva regulación que protegiera a los usuarios y no perjudicara la actividad económica. Hemos acordado una fórmula que permite una contratación telefónica de servicios viables pero siempre con las garantías precisas. En estos contratos hemos introducido una importante novedad. En los casos en los que la empresa sea la que se ponga en contacto telefónico con el usuario para formalizar el contrato, el consumidor deberá confirmar por escrito la aceptación de la oferta en un soporte duradero, salvo que él mismo diga lo contrario. Por tanto, la oferta no será vinculante hasta que la haya aceptado mediante su firma o el envío de su acuerdo por escrito. En este punto España no es una excepción, sino que hemos seguido lo que se ha planteado en la mayoría de los Estados de la Unión Europea. Las empresas deberán asimismo identificarse desde el inicio de la llamada y, si procede, también la persona que la realiza, aclarando a su interlocutor que la llamada tiene un objetivo comercial. Con todas estas medidas, señorías, garantizamos en primer lugar que el consumidor recibe toda la información obligatoria antes de realizar ese contrato; en segundo lugar evitamos gastos no previstos y también hacemos posible que sea plenamente consciente de lo que está aceptando, algo que no es posible si el proceso se lleva a cabo en una única conversación telefónica.

Señorías, quiero plantear una última reflexión. El pasado 22 de octubre anuncié en sede parlamentaria mi intención de impulsar un instrumento que permitiera poner fin a las posibles molestias que a los ciudadanos provocan en determinadas ocasiones las llamadas comerciales conocidas como spam telefónico. Es necesario encauzar adecuadamente este spam telefónico, de manera que podamos proteger los derechos e intimidad de las personas que no desean recibir este tipo de ofertas comerciales. Para ello queremos que el consumidor sea informado desde la primera llamada de su derecho a manifestar su oposición a recibir nuevas ofertas y a dejar constancia de ello a través del mismo medio de comunicación utilizado por el empresario.


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Señorías, en este proyecto de ley hemos puesto todo nuestro empeño para que esta nueva legislación sea el reflejo de las nuevas realidades que vivimos. El texto permite aprovechar al máximo las oportunidades que generan las nuevas tecnologías con la máxima transparencia, confianza y seguridad. Sobre todo, hemos querido avanzar con nuevas herramientas para la garantía de la protección de los derechos de todos los ciudadanos, en definitiva, para que haya un consumidor seguro, que conoce sus derechos y que sabe que estos se van a respetar, y un empresario que dispone de un marco legal claro y concreto. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

Quiero finalizar invitando a todos los grupos políticos aquí presentes a que con sus aportaciones a lo largo de la tramitación parlamentaria, si así lo acuerda hoy esta Cámara, nos ayuden a enriquecer y mejorar este texto siempre en defensa del interés de los consumidores.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora ministra.

A este proyecto de ley se han presentado tres enmiendas a la totalidad, todas ellas de devolución. Para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra, en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto y por un turno de quince minutos, el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, ni el señor Rajoy, que ya nos amenaza con un plan B, ni la diputada Valenciano al afirmar que darán un no como una casa y que están con el Partido Popular en todo lo que haga falta para frenar el desafío soberanista, deberían sorprenderse de que una mayoría de catalanes quiera votar para cambiar las cosas de una vez por todas. Yo me pregunto cómo no va a ser así si ustedes, en este caso el Partido Popular, una vez tras otra nos pisotean. Fíjense en que hoy, de una sola tacada, obligan a cerrar las emisiones en catalán de Catalunya Ràdio y Catalunya Informació en el País Valencià y presumiblemente no corregirán el proyecto de ley de defensa de los consumidores y usuarios que los republicanos enmendamos.

A nuestro entender, es un desprecio a la lengua catalana, vulnera derechos lingüísticos, siendo este desprecio extensible incluso a la misma cultura y a la misma modernidad. De hecho, ninguno de ustedes, aquellos que tienen la lengua castellana como lengua propia, permitiría que hicieran con su lengua lo que se hace con la nuestra, con la lengua catalana: ignorarla, incluso en el ámbito del consumo -repito, ignorarla incluso en el ámbito del consumo-, y eso que dicen que nos quieren y que nos aman. A pesar de tantas prohibiciones, a pesar de décadas de genocidio, la lengua catalana hoy es la novena lengua más hablada de Europa, por delante del sueco, el finlandés, el griego, el portugués, el checo, el húngaro, el búlgaro, el danés y otras lenguas. De las 6.000 lenguas habladas en el mundo, el catalán ocupa el número 70 y es la decimonovena lengua en páginas web por habitante y la número 26 en cifras absolutas de páginas web. Es decir, lengua recóndita, no; es más, es una lengua que tiene mucha vitalidad y además tiene un gran potencial comercial. Pero fíjense cuánta anomalía y cuánta excepcionalidad. Este refresco (Muestra un envase de refresco) que ustedes conocen, que todo el mundo conoce, se etiqueta en islandés, una lengua hablada por menos de 300.000 personas -repito, un refresco etiquetado en lengua islandesa, 300.000 hablantes-, pero en catalán, no; el catalán es una excepcionalidad, y digo que es un caso particular porque además no existe otra lengua hablada en Europa que sufra esta situación. ¿Por qué razón? ¿Tiene algo que ver con ustedes? La respuesta para nosotros es un sí categórico, porque oscilan entre la pasividad y la beligerancia. Nunca hemos encontrado complicidad, nunca hemos encontrado solidaridad; es más, viven instalados en todo aquello que es ajeno a la lengua catalana. De hecho, fue el Partido Socialista Obrero Español quien ahora hace casi cuatro años -pronto los hará- recurrió ante el Tribunal Constitucional el código de consumo de Cataluña que, ¿saben ustedes lo que pretendía? Pretendía equiparar, repito, equiparar, en todo aquello que afecta al etiquetaje el catalán y el castellano. ¿Saben ustedes que el 50 % de los ciudadanos españoles dice que es positivo encontrar productos en los supermercados etiquetados en las cuatro lenguas del Estado y que el 25 % dice que es muy positivo encontrarse productos etiquetados en las cuatro lenguas del Estado? Luego si esto es así, ¿por qué existen doscientas disposiciones que imponen el castellano en el etiquetaje de los productos catalanes?

Señorías, el proyecto de ley que hoy han presentado, cuando menos, es una oportunidad perdida en tanto en cuanto ustedes son conocedores de que estatutariamente algunas comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en materia de consumo, razón por la cual les compete a ellas trasponer las directivas europeas sobre la materia. Por cierto, esta directiva representa una mejora en los derechos


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de los consumidores, por supuesto aun cuando el Gobierno hace una trasposición incompleta, olvidando interesadamente, por ejemplo, los productos bancarios. En definitiva, la ley de 2007 ya dejó claro que respecto al etiquetaje, presentación de los bienes, presentación de los servicios e información en general era obligatorio el castellano, y también en todo aquello que afecta a las garantías. Y ahora que llega una modificación de la ley no solo no lo corrigen sino que en todo aquello que es relativo a la protección de los consumidores en los contratos celebrados a distancia o fuera de los establecimientos mercantiles no solamente mantienen la indefensión de los catalanohablantes, sino que además niegan -porque esta es la verdad- todo aquello que pueda representar nuestros derechos lingüísticos como ciudadanos y como consumidores en una sociedad moderna, que atañen a la información previa, a la contratación, a las garantías, etcétera. De hecho, ¿cuál es el problema? El hecho fundamental donde radica el problema es que no reconocen la capacidad del ciudadano residente en un territorio con lengua propia distinta a la española de vivir, repito, vivir, vuelvo a repetir, vivir con toda normalidad en nuestra lengua. En resumen, pretenden regular la modernidad pero están enquistados en el pasado, y son dos conceptos antónimos, no se puede regular la modernidad si uno no es capaz de estar en ella, solamente hablan de obligación en castellano. ¿Qué les parece a ustedes que un ciudadano catalán no pueda recibir en catalán la información telefónica de aquellos que pretenden vender un producto? ¿Dónde está el razonamiento, dónde está el argumento, dónde está el fundamento que pueda superar esta interpelación que les hago? ¿Por qué razón los consumidores catalanes no podemos recibir del empresario que pretende vender un producto, es decir, que pretende invitarnos, seducirnos con su producto, esta información y toda la relativa al proceso comercial en nuestra lengua? De ahí que nosotros exijamos la retirada de este proyecto de ley. No estamos dispuestos hoy, en el año 2014, a seguir soportando tanto desprecio y ya se lo manifestamos al señor Wert con su ley de educación, que pretendía romper la columna vertebral de nuestro sistema lingüístico educativo. Tampoco estamos dispuestos a aceptar que ustedes nos impongan una regulación de los servicios comerciales, incluso aquellos servicios que se abren camino a través de la telemática o a través de nuevas técnicas de mercado, sin asumir que existen unos derechos lingüísticos y que nadie está en posesión de la voluntad y la capacidad de vulnerarlos.

Ustedes saben que esto ya viene de lejos, de hecho ya lo han intentado, de hecho han conseguido culminar un proceso también de recentralización y de asimilación lingüística con la Ley de mercado, pero los catalanohablantes no vamos a aceptar esta voluntad asimilacionista, y esta es una de las razones, solamente una de las razones por las cuales ustedes deberían entender qué es lo que está ocurriendo en Cataluña. ¡Estamos hartos! Estamos hartos de esta voluntad asimilacionista, de esta voluntad de no ser capaces de entender absolutamente nada. Si no son capaces de garantizar los derechos lingüísticos de los catalanohablantes, no impidan al menos -fíjense, no impidan al menos- que sea la Generalitat de Catalunya la que los regule, y en cambio lo llevaron al Tribunal Constitucional, y por desgracia lo llevaron ustedes.

Señorías, termino. Lamentamos que la ministra Mato no sea consciente de esto. No entiendo que una persona del siglo XXI, del año 2014, una persona como usted, no haya reflexionado ni tan solo unos minutos sobre el consumo y la lengua; se me hace imposible -imposible- imaginar que no se ha reflexionado. Si no lo han puesto en la ley se supone que es que no lo tienen en cuenta, que tanto les da, por no decir cosas más gruesas. Les pedimos que retiren el recurso de inconstitucionalidad del código de consumo catalán porque, ¿saben lo que decía el código de consumo catalán? Decía lo mismo que se dice en las leyes españolas; cuando en las leyes españolas se dice que al menos todo tiene que ir en castellano, el código de consumo catalán, lógicamente por razones legales, decía que al menos se tenía que presentar en lengua catalana, y aquí está el equilibrio entre las dos lenguas. De manera que no entendemos que estando donde estamos, hoy día se atrevan a presentar un proyecto de ley de este tipo. Ya se lo encontrarán, ya se lo encontrarán.

Vamos a votar. Por cierto no me cabe en la cabeza que ni ustedes ni ustedes (Dirigiéndose a ambos lados del hemiciclo), que están de acuerdo en no dejarnos votar, vengan juntitos o separados a retirar las urnas o incluso a detenernos; no me cabe la cabeza. Les recuerdo y les iremos recordando de aquí hasta el 9 noviembre que vamos a votar.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Tardà.

Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, señor Llamazares.


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El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, señorías, mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, ha presentado una enmienda de devolución a esta modificación de la Ley para la defensa de los consumidores que, en nuestra opinión, aunque se trata de contratos a distancia, es una modificación o una trasposición de la Directiva 2011/83, que podríamos denominar de mínimos; de mínimos no solamente porque la trasposición es muy poco ambiciosa y en algunos casos ambigua, sino sobre todo porque no responde a una situación de máximos. La situación de máximos es la situación de los consumidores de este país, que junto con los trabajadores, con los sectores medios y con los ciudadanos son los grandes paganos de la crisis. El Gobierno, teniendo la oportunidad de legislar, además de para trasponer una directiva comunitaria, para modificar la Ley para la defensa de los consumidores, pierde esta oportunidad y se queda únicamente en una ley de mínimos. Es de mínimos, señorías, porque incluso en aquello que regula lo hace de manera, como he dicho antes, insuficiente y ambigua. Es verdad que traspone lo relativo a la información a los consumidores, traspone también aspectos relativos al desistimiento, a la seguridad en el pago, a lo que ha denominado la señora ministra nuevos derechos -muy difíciles de encontrar en el texto- o, por ejemplo, temas como los que tienen que ver con el spam telefónico, pero una vez que uno analiza cada uno de esos elementos se da cuenta de que están redactados de manera, como digo, ambigua o confusa y sobre todo que no tienen garantías. Algunos de estos elementos ya están incorporados a la actual legislación española y están siendo sistemáticamente incumplidos por parte de las empresas; por ejemplo, el precio, que se anuncia de una manera y luego se le añade el IVA u otros factores que alteran el precio final. Eso existe en nuestra actual legislación -también otras materias como la información- y está siendo sistemáticamente incumplido por parte de las empresas, en contra de los intereses de los consumidores. Por tanto, incluso en aquello que regula de manera mínima, insuficiente y contradictoria, lo hace sin garantías y sin sanciones disuasorias para las empresas. Ese es el gran problema de nuestra legislación, que es una legislación dispersa, que además no tiene la contundencia de equilibrar la relación entre las empresas y los consumidores, una relación asimétrica que la regulación legal no equilibra de ninguna manera. Pero sobre todo, y lo decía antes, lo que no hace esta ley es responder a una situación grave de máximos, a lo que en estos momentos podemos denominar una situación de abuso, cuando no de fraude, en muchos sectores económicos en nuestro país, en los que más afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos, a los servicios básicos, a los servicios públicos a los ciudadanos. Ahí los ciudadanos ven oligopolios de dominio que pactan precios en contra de sus intereses y ven también a reguladores regulados por esos oligopolios de dominio. Esa es la situación y la sensación que tienen los ciudadanos. Sin embargo, el Gobierno, teniendo la oportunidad de adoptar medidas para equilibrar esa relación tan asimétrica entre productores y consumidores, no lo hace con relación, como he dicho antes, a esos grandes oligopolios financieros, eléctricos o del sector de la comunicación, y no lo hace tampoco para garantizar una regulación que también equilibre la relación entre productores y consumidores.

Me voy a fijar en cuatro grandes aspectos que, en nuestra opinión, deberían incorporarse a esta modificación legal, que el Gobierno en algunos casos ha comprometido incorporar a esta modificación legal y lo ha incumplido y que, en nuestra opinión, dan razón a nuestra enmienda de devolución. En primer lugar, muy recientemente esta Cámara ha debatido la acción colectiva de los consumidores, una acción colectiva frustrante, porque solamente tiene algún tipo de efectividad con relación a paralizar determinada comercialización de un producto cuando este no se corresponde con sus prescripciones. Los ciudadanos, que esperaban que la acción colectiva significase resarcir o indemnizar su participación en esta relación asimétrica entre productores y consumidores, ven con preocupación cómo esta acción colectiva no tiene éxito y es una fuente de frustración. No hay tutela judicial efectiva para los consumidores que tienen pequeñas cantidades, aunque globalmente sea una gran cantidad la que se ha producido como consecuencia de una actuación irregular por parte de un productor eléctrico, de un productor gasístico o de un sector financiero como estamos viendo en nuestro país en estos momentos en las participaciones preferentes y en las subordinadas o en las cuestiones relativas a las cláusulas suelo. Nada de eso aparece en esta ley y fue comprometido por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en aquel debate del Congreso de los Diputados. Nos dijo: No se puede regular la acción colectiva al margen de una modificación legal; cuando se produzca la modificación legal, entonces incorporaremos la acción colectiva. Primer compromiso incumplido.

El segundo compromiso, que tiene mucho que ver con el consumo y también con esta modificación legal, es el relacionado con los servicios de atención al cliente. Fue un compromiso del Gobierno reiterado ante esta Cámara y un compromiso de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que lleva


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también la responsabilidad de consumo. El servicio de atención al cliente, que es un compromiso derivado del artículo 51 de nuestra Constitución y un compromiso del Gobierno -como he dicho antes- dentro de su plan a lo largo de la legislatura, no se ha concretado y los ciudadanos ven cómo la atención al cliente y las quejas dejan mucho que desear, en general, en la relación entre productores o empresas y consumidores. Nos da la impresión de que ahí también el Gobierno ha perdido la oportunidad de abordar una modificación legal con contenido y no únicamente una modificación legal de mínimos. Son dos temas, pues, de la mayor importancia.

Pero también creemos que hay que legislar para la coyuntura. Hay que legislar para que los ciudadanos entiendan que esta legislación que se modifica en materia de consumo aborda sus problemas fundamentales. La acción colectiva es uno de ellos y los servicios de atención al cliente es otro de los temas que preocupan a los ciudadanos. Pero ¿cómo no decir que esta es una oportunidad perdida sobre todo para la regulación de la cláusula suelo? El propio Banco de España la ha criticado dando una orientación en relación a la cláusula suelo que no significa una garantía de incremento de interés o de techo en el incremento de interés para los ciudadanos, sino que parece más una garantía para los bancos y que los bancos imponen a los ciudadanos. Nada sobre las cláusulas suelo aparece en esta modificación legal en materia de consumo. Nadie lo entenderá. No lo entenderán los ciudadanos que suponen que las leyes tienen que ver con la realidad, porque en este caso la ley tiene muy poco que ver con su realidad. Tiene que ver solo de forma tangencial o de mínimos con su realidad de máximos, con su realidad de abusos y fraudes importantes sobre los consumidores en esta crisis económica.

Por otra parte, además de la regulación de las cláusulas suelo, hubiera sido un buen momento para abordar el tema de la Ley Concursal y la quiebra familiar. Nos parece un elemento esencial. En relación con los desahucios es muy importante la dación en pago, es fundamental; pero hubiera sido también muy importante aprender de las mejores prácticas de la Unión Europea. Una de ellas es la incorporación a la Ley Concursal de las familias y de las personas; es decir, que aquellas personas que tengan una situación dramática desde el punto de vista económico puedan entrar en concurso y que ese concurso signifique que sus deudos no heredan también la hipoteca o la deuda de su familia. Esas cuestiones nos parecen fundamentales y están legisladas en el marco de los países miembros de la Unión Europea, y hubiera sido un signo de sensibilidad del Gobierno para con los consumidores y no únicamente la trasposición de una directiva de mínimos en una cuestión de mínimos. En estos momentos y en una situación tan crítica para los consumidores de nuestro país porque se devalúan sus salarios y sus condiciones sociales y, sin embargo, se revalúan los precios, hubiera sido un signo de sensibilidad del Gobierno que no se hubiera quedado en esta ley de mínimos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Llamazares.

Grupo Parlamentario Socialista. La señora Grande Pesquero tiene la palabra.

La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, créame que estoy gratamente sorprendida de que esté usted aquí hoy, en el primer Pleno de 2014, hablando de consumo y de la defensa de los consumidores y usuarios. Es como un regalo de año nuevo; eso sí, un regalo del amigo invisible, porque durante estos dos años ha sido usted una ministra de Consumo absolutamente invisible, y no es broma, señora Mato. Usted padece el síndrome de la incomunicación gubernamental, sobre todo cuando le toca mojarse en defensa de la ciudadanía, al menos en las materias de su competencia, y se lo voy a explicar.

Cuando su compañero el ministro Gallardón pretende perpetrar el mayor ataque de las últimas décadas a la libertad de las mujeres en su anteproyecto de ley del aborto, usted, que es la ministra responsable de Igualdad, permanece muda. Pero es que además es usted la responsable de Sanidad y está legitimada, no para destrozar nuestro sistema sanitario con recortes y copago, como viene haciendo, sino para defender la salud de los españoles; en concreto, la salud de las mujeres, a las que ustedes con su anteproyecto van a obligar a practicar abortos clandestinos. (Aplausos). Es más, se debe también a los profesionales sanitarios, con los que presume de llegar a acuerdos un día sí y otro también; los mismos que con esta ley, de aprobarse como va, se quedarán en la cuerda floja y con responsabilidades que ni quieren ni es necesario que deban asumir. Dígame si no podemos hablar también de incomunicación gubernamental cuando el ministro Soria, que nos acaba de abandonar, nos encarece las facturas de la electricidad cada vez que toma una decisión. Todavía estamos esperando de usted una sola palabra en defensa de los consumidores, un solo gesto para intentar parar este despropósito de reformas energéticas


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que tienen un solo denominador común: que las terminamos pagando los ciudadanos. ¿Sabe usted, señora ministra -es usted también la ministra de Política Social-, que el 38 % de las familias atendidas por Cruz Roja se enfrenta a una situación de pobreza energética y que el 15 % de los hogares españoles no puede mantener su casa en condiciones adecuadas de temperatura durante el invierno? Y encima nos dicen que pagamos menos por la luz gracias a ustedes. ¿Es que no se les cae la cara de vergüenza, señora ministra? A lo mejor es que usted paga por la luz lo mismo que por las fiestas infantiles. (Una señora diputada: ¡Muy bien!).

Para que se hable de consumo en este Parlamento la oposición ha tenido que presentar dos proposiciones de ley en dos años: la primera en junio de 2012, sobre servicios de atención al cliente, y la más reciente el 15 de octubre pasado, que proponía una nueva regulación de las reclamaciones colectivas. En ambas, su grupo votó en contra impidiendo que se tramitaran y se nos remitió al momento legislativo en el que el Gobierno presenta un texto que, en palabras de su portavoz, la señora Fabra, sería más completo y más ambicioso. En octubre, de nuevo, votaron en contra de conseguir lo que era una reclamación a voces: modificar la tutela judicial colectiva para los consumidores y usuarios. Eso sí, otra vez su portavoz nos remitió al escenario legislativo más idóneo desde el que debería abordarse esta cuestión y nos brindó su mejor disposición al diálogo durante la tramitación del proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, o sea, de esta ley de la que estamos hablando. Señora ministra, debe ser que ese brindis ha resultado ser un brindis al sol, porque en este proyecto de ley remitido por usted no se recoge nada de lo comprometido, ni una sola palabra sobre la mejora de los servicios de atención al cliente ni por supuesto tampoco sobre la reforma legislativa necesaria para mejorar las reclamaciones colectivas. Nada de nada que nos permita adoptar las medidas necesarias y urgentes de protección y amparo de las familias españolas que puedan paliar las carencias normativas que se han detectado durante la crisis y que además pongan freno a algunas prácticas comerciales cada día más agresivas que les están provocando un gran daño económico, agravando la ya mala situación de los consumidores, que se desesperan por la sensación de indefensión ante las grandes corporaciones económicas o de las prestadoras de servicios básicos.

Señorías, que el Partido Popular no cumpla con sus compromisos electorales es grave, pero que se muestre insensible a esta realidad y que además de manera pueril juegue al engaño y al despiste con la protección de los consumidores españoles nos parece muy, pero que muy grave. ¿Cómo si no podemos calificar que cada vez que la oposición trae al Pleno una proposición sobre consumo cuatro días antes en el Consejo de Ministros del viernes anterior el Gobierno apruebe alguna materia que tenga que ver con consumo? Verán, el 15 de octubre de 2013 se debate la proposición de ley sobre reclamaciones colectivas. El Consejo de Ministros del 11 de octubre, cuatro días antes, aprueba el texto que hoy estamos enmendando y, de nuevo, tras más de dos años de anunciar la fusión del INC y la Aesan, aprueban la Aecosan -¡oh, coincidencia!- el viernes pasado, sabiendo que hoy martes, cuatro días después, se debatirían las enmiendas a la totalidad de esta ley. No pretenderá que nos creamos que es una pura casualidad. Pues lo sentimos, señora ministra, pero esta estrategia torpe y engañosa no le ha servido para nada porque nuestro grupo seguirá reclamando las medidas de defensa de los consumidores y, si su Gobierno no está comprometido con ello, nosotros, junto a otros grupos parlamentarios, las organizaciones sociales y por supuesto las asociaciones de consumidores y usuarios, tomaremos esa bandera de la defensa del consumidor y traeremos cuantas iniciativas sean necesarias para terminar con el enorme desequilibrio que existe en nuestro país entre el ciudadano como usuario y consumidor y las grandes empresas y corporaciones.

Por eso, hemos presentado una enmienda de devolución a esta ley, no porque nos parezca inadecuada o inoportuna, sino porque nos parece del todo insuficiente y carente de la más mínima ambición reformadora. Ustedes, que presumen de reformistas, obligan sin embargo a los consumidores españoles a seguir esperando por cuestiones claves, como son -y le voy a enumerar algunas- establecer unos parámetros mínimos de calidad de los servicios de atención al cliente ofrecidos o prestados en territorio español por empresas de suministros de agua, de gas, de electricidad, de telefonía o de transporte de viajeros; o bien la reforma de las acciones colectivas con el objetivo de fortalecerlas para hacerlas más eficaces frente a los abusos de las grandes empresas que utilizan prácticas abusivas cada día más difíciles de combatir y, sobre todo, cuando es muy complicado que sean pequeñas cantidades de manera individual, pero que son grandes cantidades de manera colectiva, lo cual también podría ser una solución para las preferentes -¿le suena lo de las preferentes, señora ministra?-; o bien el establecimiento de límites del acoso telefónico que sufren cada día miles de ciudadanos en su casa y a veces a horas


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verdaderamente intolerables, algo a lo que usted se comprometió y que nos acaba de mencionar en la tribuna; pero usted ha hablado de reflexión, yo me he leído el artículo 94. Pues en el artículo 94 de este proyecto de ley, señora ministra, no se dice nada del spam telefónico; pero, si reflexiona, reflexione conjuntamente con su compañero el ministro Soria, porque en la Ley General de Telecomunicaciones en la disposición final segunda -léaselo, señora ministra, si no lo conoce- rebaja las garantías y la protección del consumidor contra el spam tanto telefónico como de los correos electrónicos. (Aplausos). O también, y por último, la articulación de procedimientos extrajudiciales frente al sobreendeudamiento familiar como le ha reclamado la Oficina del Defensor del Pueblo.

En definitiva, en lugar de cumplir su palabra y utilizar esta ley para solucionar todo lo que los ciudadanos están demandando y nosotros le venimos exigiendo, se limitan a la trasposición escueta de la Directiva comunitaria 2011/83 de la Unión Europea, faltando una vez más a sus compromisos. Y si usted argumenta que esta ley no es el lugar idóneo para estas reformas, ¿cómo me podría explicar que esta misma ley sí le valga para introducir como enmienda la regulación de los cigarrillos electrónicos, modificando una ley sanitaria? Mi grupo defiende y argumenta que la modificación de esta ley es justo el instrumento adecuado para introducir dichas reformas.

Señorías, la Directiva 2011/83 de la Unión Europea, que regula fundamentalmente los contratos celebrados a distancia y fuera de los establecimientos comerciales, es una directiva de armonización plena, lo que quiere decir que en algunos aspectos deja escaso margen a los países para introducir mejoras en la protección de los consumidores y usuarios. Pero esto no es así en todo su articulado, ya que a su vez permite también a los Estados completar algunos aspectos que mejoren la protección de sus consumidores. En Francia, por ejemplo, han aprovechado la trasposición de esta directiva para introducir en su código de consumo mejoras como la protección de los consumidores vulnerables, el refuerzo de las medidas en su lucha contra el sobreendeudamiento de las familias y la protección mejorada de los usuarios frente a las aseguradoras. ¿Me podría usted explicar, si en Francia se puede hacer, cuál es la razón por la que en España no se puede aprovechar esta ley para hacer lo mismo? ¿Acaso se debe a que para el Gobierno del Partido Popular los consumidores somos un hijo de un dios menor, y el dios que para ustedes manda son las grandes corporaciones económicas como la banca, las eléctricas, las gasísticas o las operadoras de telefonía?

Señora ministra, la realidad nos dice que esto, desgraciadamente, es así. Solo en lo que respecta a la banca, a la misma banca a la que los consumidores hemos tenido que rescatar con 61.000 millones de euros, tenemos dos noticias en esta última semana. Existe un informe de Facua donde se nos alerta de que han aumentado las reclamaciones frente a los abusos de la banca un 11 % en el último año y una denuncia de Adicae, publicada ayer mismo, ante la CNMV y el Banco de España, por más de 400 cláusulas abusivas en los contratos de productos bancarios. Esa es la realidad que viven los consumidores y usuarios de España. ¿No creen, señorías, que es el trámite legislativo adecuado y el momento oportuno ahora de revisar el texto refundido de la Ley general de defensa de los consumidores y usuarios? Ya tiene seis años de vigencia, años en los cuales la sociedad española ha cambiado profundamente como consecuencia de una terrible crisis económica que ha colocado a los consumidores españoles en una situación de máxima vulnerabilidad. Nosotros sí creemos que es el momento y el trámite legislativo oportuno. Lo que pretende mi grupo al presentar esta enmienda a la totalidad es que, como se ha hecho en Francia, se aproveche la oportunidad que brinda la trasposición de esta directiva para acometer reformas en profundidad que permitan acabar con la indefensión de los consumidores españoles y alivien el desamparo institucional que la ciudadanía siente ante los abusos.

Señora Mato, hágase visible, por favor, como ministra de Consumo aunque sea. Retire este corta y pega que nos han presentado y tráiganos una reforma de verdad de la ley general de consumo que podamos entre todos consensuar y mejorar.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Grande Pesquero.

Turno de fijación de posiciones. Grupo Parlamentario Vasco, señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señora ministra, señorías, comenzamos nuevo período de sesiones y nuevo año y quiero aprovechar la ocasión para felicitarles. Como les decía, comenzamos un nuevo año y un nuevo período de sesiones y, sin embargo, observamos que hay cosas que no acaban de cambiar. Me explico. Hoy debatimos las enmiendas de totalidad presentadas por tres de los grupos parlamentarios de esta Cámara a este proyecto de ley que, tal y como ha señalado la


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ministra, tiene por objeto principal la modificación del texto refundido de la Ley general de los consumidores y usuarios de 2007 y otras leyes internas, motivada fundamentalmente por la necesidad de incorporar al derecho estatal la Directiva 2011/83, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores. Les decía que no cambian porque, para empezar y sin constituir una excepción a algo que se ha convertido en una dinámica habitual del Gobierno popular en materia de trasposición de directivas, esta llega tarde, una vez más. Tanto es así que llega casi tres años tarde, lo que contrasta notoriamente, señora ministra, con la celeridad con la que adoptan otras medidas que llevan aparejadas recortes de derechos cuando Europa aprieta. Recordemos esa precipitada y, por ser fina, poco ortodoxa aprobación del copago hospitalario. Decía que no cambian tampoco porque, una vez más, la norma obvia el régimen de reparto competencial articulado en el bloque de constitucionalidad y olvida, además, que en el proceso de trasposición de normativa comunitaria al derecho interno rige el principio de no alteración del reparto competencial, de suerte que la incorporación interna del derecho emanado de las instituciones europeas corresponde a quien materialmente ostenta la competencia de conformidad con el régimen de distribución competencial vigente. No lo digo yo, señorías, lo dice el Tribunal Constitucional de forma constante y reiterada en numerosas sentencias. Sin pretender aburrirles, véanse la 71/1991, la 236/1991, la 279/1992, la 80/1993 y así sucesivamente.

Les recuerdo además que la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Comunidad Autónoma vasca, ostenta la competencia exclusiva en materia de defensa del consumidor y del usuario, tal y como queda establecido en el artículo 10.28 del Estatuto de Gernika. Por eso hoy ya les avanzo que compartimos los fundamentos que sustentan la enmienda de totalidad de Esquerra Republicana de Catalunya. Dicho esto, y a la vista del contenido de la directiva que se traspone, teniendo en cuenta que regula aspectos relacionados con determinadas obligaciones contractuales de determinados contratos en el ámbito de la defensa de los consumidores y usuarios, no negamos que el Estado ostenta la competencia para proceder a la incorporación del derecho interno, precisamente de aquellas disposiciones que por su naturaleza de derecho civil obligacional le han sido reservadas en virtud del artículo 149.1.8.ª de la Constitución disponiendo, no obstante, que las comunidades autónomas tendrán competencia para la ejecución de esas reglas contractuales sin que ello impida su intervención en lo que en materia de defensa del consumidor y usuario le otorga, como decía antes, el bloque de constitucionalidad. Esta ha sido, señora ministra, la única razón por la que desde el respeto a la legalidad y al rigor hemos decidido no formular enmienda de totalidad al proyecto de ley en la confianza además de que en el trámite de enmiendas parciales se aclaren y subsanen cuantas deficiencias existan de carácter competencial.

Por otro lado, y entrando en el plano de la seguridad jurídica y la calidad legislativa, también debe ser tenido en cuenta que la regulación que propone no incide sobre el conjunto del Real Decreto Legislativo de origen, el 1/2007, sino únicamente sobre determinadas partes del mismo. En consecuencia, aun cuando en la memoria dice lo contrario, el proyecto debería identificar los títulos en los que se ampara el Estado y paralelamente recoger un pronunciamiento expreso de la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de consumidores y usuarios, habida cuenta además de que con independencia de que el proyecto contenga normas de naturaleza contractual a las que antes me he referido esto no impide la existencia de un relevantísimo nivel competencial autonómico susceptible de incidir de manera directa en esta materia entre otras, señora ministra -y ha hecho referencia a ello insistentemente el señor Tardà-, a aquellas que afectan a nuestros derechos lingüísticos. Y es que yo no puedo comprender que, por más que se lo recordemos, sistemáticamente obvien cualquier referencia a lo mismo. Es ir contra natura porque la lengua, la vivencia de la lengua es algo que no se puede forzar ni regular a golpe de decreto. Por tanto, curioso y una vez más casual olvido. La verdad es que nos molesta bastante.

Señora ministra, señorías, para concluir quiero decirles que tampoco cambian las cosas en otros aspectos porque este proyecto -y lo ha dicho el señor Llamazares- supone otra oportunidad perdida. Una vez más se ha perdido la ocasión, salvo que se subsane, como le decía, en el trámite de enmiendas, de dar respuesta a necesidades reales de los ciudadanos y a ejercer la política de una manera valiente que permita hacer frente a esos -y voy a citar literalmente las enmiendas tanto del Grupo de La Izquierda Plural como del Grupo Socialista porque me ha parecido adecuada la redacción de las mismas- problemas, abusos y fraudes que sufren los consumidores y que en muchos casos el proyecto de ley no recoge en ámbitos como el sector del ahorro, con el fraude de las preferentes, o el hipotecario con las cláusulas suelo o en servicios de telefonía o energía o, como decía la enmienda socialista, introducir reformas en cuestiones como los mecanismos individuales y colectivos de reclamación y resarcimiento de


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daños. Son únicamente ejemplos, se podía haber ido más allá y haber completado la norma de una manera más integral.

En todo caso, sí le avanzo que nuestro voto va a ser favorable a las enmiendas de devolución al Gobierno. Pero también le digo que mostramos una absoluta disposición a negociar en la confianza, estoy segura, de que por supuesto van a sacar el proyecto adelante. Únicamente quiero que entienda que es una advertencia porque nosotros confiamos en que en el trámite de enmiendas parciales podamos alcanzar acuerdos que nos permitan apoyar este proyecto en su trámite final.

Solo me queda darles las gracias, felicitarles nuevamente el año y decirles que pasen una buena tarde.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, durante los escasos minutos que dura esta intervención podría darme de alta en varios servicios telefónicos, podría contratar algunas líneas de ADSL, Internet, energía, etcétera, pero darme de baja en esos servicios que he podido contratar en pocos minutos podría costarme un periodo entero de sesiones e interminables llamadas de teléfono que me saldrían carísimas, por no hablar de varios ataques de nervios. No quiero hablar de lo que me costaría gestionar o solucionar alguna de las injusticias que suelen ocurrir y por las que suelen pasar tantísimos usuarios. Lo fundamental para mí en cuanto a lo que estamos hablando esta tarde es, ¿esto es justo? No, obviamente no. ¿Se soluciona con el texto que nos presentan ustedes hoy? Tampoco. Este es nuestro pero fundamental.

De hecho, de los servicios de los que le acabo de hablar muchos no cumplen con lo que prometen. Es posible que la velocidad de ADSL que yo he contratado no sea ni siquiera una cuarta parte de lo que realmente publicitaba la compañía; es posible que me hagan pagar una barbaridad por no imprimir una tarjeta de embarque; que no se deje viajar a un menor solo o acompañado de un mayor de edad simplemente con el libro de familia, como permite la ley; que nos cueste un dineral y que no existe más que un mercado cautivo como una especie de oligopolio en el que algunos se reparten todo, no existe una competencia deseable y leal y en el que todas estas compañías pacten entre sí; es posible que todas estas empresas mientan en las informaciones que me dan; es posible que llamarles para pedirles explicaciones o darse de baja suponga una auténtica tortura administrada por robots que nos mantienen eternamente al habla mediante llamadas que cuestan un dineral; es posible que tenga que pedir expresamente algo tan obvio como que no quiero que negocien con mis datos personales; es posible que les compense timarnos porque la multa es tan insignificante que les da igual y prefieren seguir con el mismo comportamiento; es posible que no se garantice la acción colectiva de los usuarios, etcétera.

A Unión Progreso y Democracia nos preocupa expresamente los contratos de permanencia, los abusos que provocan, la negativa a liberar los móviles, el fraude que denuncia Facua en la venta de móviles bloqueados por ejemplo, las cantidades abusivas que se cobran a los usuarios por devolver un recibo, incluso el uso de amenazas de incluir a usuarios en ficheros de morosos, el que antes de avisarnos a nosotros esas compañías ya puedan dar los datos a esas gestoras de cobros -por llamarlas de alguna forma-. ¿Soluciona todos estos problemas el texto que nos traen aquí? No. Ese es nuestro pero fundamental y lo que consideramos una falta preocupante de ambición en el Gobierno. Esta es una realidad de la que hemos hablado a menudo aquí, de la que se habla en prácticamente todas las legislaturas, es un clásico que sigue sin resolverse. Me gustaría recordar que en el año 2012 el 71,5 % de los casos que vio la oficina de atención al usuario se resolvieron a favor de los usuarios. Hoy volvemos a trasponer una directiva fuera de plazo y ni siquiera, señora ministra, utilizamos esta oportunidad para afrontar varios problemas que afectan de una forma muy directa a los usuarios españoles. Acabo de enumerar algunos.

Nosotros no vamos a apoyar la devolución de este texto porque nos parece un texto necesario. Lo que vamos a hacer es intentar enriquecerlo con nuestras enmiendas y, si tengo tiempo, me gustaría enumerarle algunas de las que estamos preparando. En primer lugar, es incomprensible para nosotros que este proyecto de ley deje fuera tantas irregularidades como las que hemos vivido en los últimos tiempos. Hemos vivido abusos como las cláusulas suelo, las preferentes, la factura energética, compañías aéreas y, por supuesto, los múltiples abusos e irregularidades de las operadoras de telefonía e Internet. Parece que el Gobierno siempre termina posicionándose al lado de estas empresas en lugar de defender al usuario. El ciudadano se ve inerme en muchos frentes, no parece haber una legislación clara que le libre,


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en primer lugar, de abusos a priori. Cuando estos ya han sucedido, el usuario se encuentra primero con grandes dificultades para reclamar y luego, con una justicia en primer lugar politizada, y lo hemos denunciado muchísimas veces aquí. Además, hemos de recordar que eso tiene una consecuencia práctica; hay que recordar como no actuó la justicia en temas como el de las cajas de ahorros, las cláusulas suelo o las preferentes. Es una justicia que no es tal porque cuando una justicia es tan lenta deja de ser justicia, y que además ahora es cara porque con las tasas judiciales muchas veces será absurdo interponer un pleito.

Desde UPyD nos hemos quejado a menudo de que no existen sistemas de controles independientes en nuestro país: la CNMV, el Banco de España, la propia justicia politizada de la que acabo de hablar. Pero es que además tenemos la percepción de que se cierra la posibilidad de que una vez que fallan todos estos controles el usuario pueda reclamar todos sus derechos y pelear en igualdad de condiciones con estas grandes empresas. Todo esto es muy importante, en primer lugar, para garantizar los derechos de los usuarios, pero de la misma forma que también sucede con la factura energética, de la que hemos estado hablando al comienzo de este Pleno, todo esto es muy importante porque atenta contra la productividad de nuestro país, atenta contra la creación de empleo. Nosotros hemos pedido a menudo aquí unificar criterios en la defensa del consumidor. Por ejemplo, en los temas financieros tenemos la CNMV, el Banco de España, la Dirección General de Seguros, y nos preocupa la dispersión que hay. Hemos presentado numerosas enmiendas en las que hemos tratado de mejorar el texto en aspectos como la obligación de rotular en braille fechas de caducidad de medicamentos y bienes y productos y materiales peligrosos, pedimos que en la relación con los consumidores y usuarios se reputen como prácticas desleales el comportamiento de mala fe de un empresario o profesional por resultar contrario a la diligencia profesional. Pedimos que las empresas pongan a disposición del usuario líneas telefónicas para comunicarse de forma gratuita, queremos garantizar que las oficinas y los servicios de información y atención al cliente sean accesibles a las personas con discapacidad -usted lo entenderá perfectamente porque además esta área también le pertenece-, pedimos más cuidado en la protección de datos, claridad en la existencia de compromisos de permanencia, penalizaciones acordes con los tiempos y sin abusos, tamaño de letra mínima en el contrato, suficiente contraste, que las conversaciones entre consumidor y empresario que puedan ser reclamadas por los consumidores lo sean sin coste alguno. Asimismo, pedimos que cueste el mismo esfuerzo darse de alta que darse de baja, que es obvio y debiera ser así y todavía parece inalcanzable, y otras tantas enmiendas que reflejan muchas de las quejas de las que yo ya he hablado durante esta intervención.

Señorías, parece que el Gobierno -esta es nuestra percepción- ha claudicado en su lucha contra las grandes empresas y eso se ve muy claramente en la problemática de las eléctricas, algo que hemos denunciado muchas veces desde aquí. Hay políticos que ocupan puestos en esas empresas, hay vaciamiento de ministerios, que cuentan cada vez con menos funcionarios especializados que puedan contraargumentar tantas falsedades como en el caso de las energéticas se presentan. Cada vez es más frecuente, señora ministra, ver cómo colocamos a los zorros a cuidar de los gallineros. Como dije al comienzo de esta intervención -y este es el tema fundamental-, ¿soluciona el texto que aportan hoy ustedes aquí los problemas de los usuarios? No. ¿Soluciona los problemas del país? Tampoco. Por tanto, yo quisiera terminar esta intervención sencillamente diciéndoles: Señores del Gobierno, recuerden para quiénes trabajan porque a veces desde aquí se tiene la sensación de que no lo tienen exactamente claro.

Gracias, señora ministra. Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Cantó.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, señorías, como ustedes bien saben, porque se ha dicho y se ha reiterado, el debate de hoy trae consecuencia de la trasposición de una directiva europea al cuerpo del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y tiene un par de objetivos. Esta reforma que estamos abordando pretende, por una parte, trasponer la Directiva europea 2011/83 y además lo que hace es, con veinte años de retraso, acabar de trasponer la Directiva 93/11, de protección de los consumidores en materia de cláusulas abusivas. Nos parece especialmente relevante esta tardanza de veinte años porque además al Estado español le han sacado los colores varias veces a nivel europeo, ya que sistemáticamente ha desprotegido a los consumidores y usuarios en materia hipotecaria maltrasponiendo y no recogiendo la protección que desplegaba una directiva, como digo, dictada hace


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veinte años. Quizás para Gardel veinte años no fueran nada, pero para la cuestión hipotecaria son una eternidad, señora ministra. Por tanto, bienvenida sea esta trasposición que recoge esta directiva del año 1993. Además, la directiva que pretendemos trasponer es relativa a la protección de los consumidores y usuarios, que pretende proteger a las personas que contratan bienes y servicios fuera del establecimiento mercantil. Evidentemente, como consecuencia de la mayor frecuencia de la contratación on line, telefónica, fuera del establecimiento, es imperativo establecer la protección que la directiva europea pretende desplegar y además es lógico que el Estado se alinee en esta materia con lo que dicta la Unión Europea.

Dicho esto -y sin reconocer el mérito de la trasposición de la directiva y sobre todo en lo relativo a las cláusulas abusivas-, echamos en falta una reforma más ambiciosa. Porque ¿sabe qué pasa, señora ministra? Que en el Estado español se han puesto de manifiesto enormes desequilibrios en lo que hace referencia a la posición de los consumidores y las empresas prestadoras de bienes y de servicios. Cuando ha habido un problema económico, como en esta crisis que estamos padeciendo, han padecido las consecuencias mucho más gravosas los consumidores y usuarios porque se han interpretado las cláusulas de los contratos en beneficio de las empresas. Por tanto, conviene reequilibrar las posiciones y esta reforma legislativa tendría que ser una oportunidad. Existe desequilibrio entre consumidores y empresas en materia de contratación a distancia. Nos cuesta muchísimo aún darnos de baja de un servicio contratado, por el contrario, no nos cuesta absolutamente nada contratar on line y muchas veces con pocas garantías por parte de los progenitores para que tengan conocimiento cuando el que pretende contratar es un menor. Además, hay un desequilibrio enorme -antes lo he apuntado- entre la posición de los consumidores y las grandes empresas, sobre todo en materia de emisión de preferentes y en materia de ejecuciones hipotecarias como consecuencia de la suscripción de unos contratos que entrañan enormes perjuicios en caso de incumplimiento para una sola de las partes -y de ahí el desequilibrio-, que es el consumidor. Por no hablar de la enorme dificultad que se encuentra a nivel procesal para la defensa colectiva de intereses comunes, una auténtica asignatura pendiente que también la Unión Europea se ha encargado de recordar al Estado español de forma sistemática, y la última fue la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que en el Estado español se daba una enorme dificultad en materia de ejercicio de los consumidores y específicamente en materia de acciones colectivas. Algo falla -dice Europa- en el sistema de defensa de los intereses de los consumidores, algo falla en España en la defensa de los intereses colectivos puesto que es el país miembro de la Unión Europea donde menor número de acciones de reclamación colectiva se presentan, y como algo falla, pero este algo tiene arreglo, tienen ustedes que arreglarlo. Señorías, señora ministra expresamente, el aceite de colza fue al sistema sanitario lo que las preferentes y los desahucios masivos han sido al sistema financiero. Necesitamos de forma urgente no desaprovechar más oportunidades para dar respuesta a los aún enormes perjuicios que están sufriendo muchas familias que ven cómo las legislaciones aprobadas en materia de protección de las personas deudoras no están causando los efectos esperados. Por tanto, tenemos que seguir buscando soluciones y dar con ellas.

Desde nuestro grupo parlamentario, podemos presumir que las enmiendas a la totalidad no van a prosperar y en este sentido entendemos que habrá que seguir defendiendo a las personas deudoras hipotecarias. ¿Cómo? Seguiremos apostando por la mediación, seguiremos apostando por una ley de sobreendeudamiento, seguiremos apostando por una ley de segunda oportunidad para que, en caso de que vuelva a ocurrir un problema económico como el que está viviendo este Estado, no se vuelvan a repetir en perjuicio de los mismos las peores consecuencias. Por tanto, creemos que hay que favorecer las interposiciones de acciones colectivas de reclamación porque precisamos leyes justas en el fondo y en la forma. Hicimos una pregunta parlamentaria al Gobierno, señora ministra, interesándonos por cuáles serían los ejes que servirían de inspiradores para la reforma de esta Ley general de consumidores y usuarios. El propio Gobierno nos dijo que reconocía que la normativa -y leo textualmente- vigente no parecía haber logrado el resultado perseguido de dotar de adecuada protección a las personas consumidoras y usuarias en materia de suministros. Y le vuelvo a preguntar: ¿para cuándo una definición de lo que son servicios básicos? Porque se ha puesto de manifiesto -y lo reconoce el Gobierno- que muchas de las quejas -cito textualmente- y reclamaciones formuladas ante servicios de consumo de las comunidades autónomas no se presentarían si las empresas dispusieran de servicios de atención más eficaces. Y ya que hablamos de servicios básicos, ¿por qué no abordar en esta oportunidad qué significa la pobreza energética? ¿Por qué no proteger vía reforma de la Ley de consumidores y usuarios a las personas que peor lo están pasando como consecuencia de esta crisis? Le quiero recordar que en Cataluña estamos tomando medidas al efecto. El Estado, en el ejercicio de sus competencias, tiene que


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tomar las suyas. Por tanto en este sentido tenemos que ser contundentes a la hora de intentar abordar este tema.

Para ir concluyendo quiero decirle, señora ministra, y lo he querido dejar para el final, que las leyes tienen que ser justas en el fondo y en la forma, pero sobre todo respetuosas. Esta diputada se ha dirigido a usted en un tema que es muy sensible. Usted sabe, como toda la Cámara sabe, que las comunidades autónomas tenemos -y Cataluña no es una excepción- competencia exclusiva en materia de consumo. Esta diputada le ha pedido que tuviese la sensibilidad de recoger que las reclamaciones de consumo, al menos en aquellas comunidades autónomas como Cataluña con lengua propia, además de otra cooficial, tengamos el derecho a leer en nuestra lengua las reclamaciones de consumo. Y como no pretendo conseguir lo que después de treinta y cinco o cuarenta años no hemos conseguido, intento verlo desde su punto de vista, y le quiero recordar, señora ministra, qué pasó en materia de lengua cuando de los teclados de los ordenadores se pretendía borrar la eñe. Lógicamente se articuló una ofensiva en defensa de una grafía característica del español; lo encontramos lógico, normal, acertado, y les felicitamos por haber conseguido ganar esa batalla y que hoy los teclados contengan la eñe. Imagínese la sensibilidad de los que tenemos una lengua propia, repito, y no se la valora. Por tanto, señora ministra, para nosotros es capital la defensa de las competencias de las comunidades autónomas y la defensa de las lenguas propias de aquellas comunidades que las tengan. No hemos oído una sola palabra a la señora ministra en su exposición acerca de que tendrían como mínimo una atención a este tema, y por este motivo vamos a dar nuestro apoyo a las enmiendas a la totalidad, apoyaremos esta enmienda a la totalidad; esperábamos mayor sensibilidad por su parte, y dicho esto he de comentar que como podemos sospechar que se va a tramitar el proyecto de ley que presenta el Gobierno, en nosotros seguirá teniendo un grupo colaborador para encontrar el mejor texto en defensa y en garantía de las personas consumidoras y usuarias. En esto estamos por el diálogo, esperemos que ustedes en esto estén igualmente por el diálogo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Ciuró.

Grupo Parlamentario Popular; señora Fabra, tiene usted la palabra.

La señora FABRA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo parlamentario respecto de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley remitido por el Gobierno a esta Cámara, por el que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios, proyecto de ley por el que se traspone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2011/83 de la Unión Europea, y cuyas disposiciones responden en gran medida el criterio de armonización máxima. Saben sus señorías que esto impide a los Estados miembros ir más allá del nivel de protección que otorga la normativa europea a los consumidores y usuarios, y pese a ello el Gobierno ha aprovechado aquellos casos puntuales en los que se concede un mayor margen de maniobra para introducir algunas mejoras que persiguen elevar esa cota de garantías que debemos proteger, como se puede comprobar por ejemplo en el caso de la contratación telefónica. La directiva que se adapta persigue eliminar las disparidades existentes en la legislación de la Unión que en muchos casos podrían generar obstáculos en nuestro mercado interior europeo, y lo hace elevando el nivel de protección de los consumidores y usuarios, y reforzando la seguridad jurídica tanto de estos como de los empresarios con quienes contratan.

Como aspectos fundamentales del proyecto cabe señalar la ampliación de la necesaria información que los empresarios deben facilitar a los consumidores, y de manera muy concreta en los contratos a distancia y en aquellos que se celebran fuera del establecimiento mercantil. También para este tipo de contratos se recoge una nueva regulación del derecho de desistimiento que contempla plazos, efectos, y las obligaciones que ambas partes asumen, así como las consecuencias que se pudieran derivar en los casos en los que se omita ese derecho.

Señorías, son muchos los aspectos positivos que con este proyecto de ley, que con tanto detalle ha presentado la ministra, mejoran considerablemente la protección de los derechos de consumidores y usuarios, que en muchos casos necesitaban ser reforzados frente a las prácticas abusivas de algunos operadores económicos. Se han presentado tres enmiendas de totalidad al proyecto de ley que fue aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 11 de octubre, y remitido a esta Cámara para su tramitación. Señalan algunos grupos el retraso en trasponer la directiva, cuyo vencimiento finalizaba el pasado 13 de diciembre, pero las peticiones de ampliación del plazo para la presentación de enmiendas, solicitadas por


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todos los grupos parlamentarios, han contribuido en buena medida a retrasar la aprobación de un proyecto que fue remitido a la Cámara por el Gobierno antes de la fecha límite prevista por la normativa comunitaria. Hay quienes critican esta leve dilación, pero tienen en su haber un largo historial de importantes retrasos -y no me refiero a semanas, señorías, sino en muchos casos a años- en las trasposiciones de la normativa comunitaria, desde luego en materia de consumo, y por ello no solo fuimos apercibidos por las autoridades europeas, sino también en algunos casos incluso fuimos expedientados.

Señorías, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya considera que en este proyecto de ley el Gobierno se estaría extralimitando en el ejercicio de sus competencias. Es necesario recordar que se está trasponiendo una directiva comunitaria que incide directamente en la derogación y modificación de otras cuya adaptación al derecho interno español se contempla actualmente en el texto refundido. Ello hace que la adaptación al ordenamiento jurídico deba llevarse a cabo mediante su modificación a través de una nueva ley, tal y como se está haciendo ahora, por lo que nada hace pensar que esto pueda estar poniendo en riesgo el carácter constitucional de la norma. Respecto de la lengua, señor Tarda o señora Ciuró, la ley no es limitativa, léanla. Si el consumidor lo solicita se utilizarán lenguas cooficiales en nuestro país, pero en nuestro país, porque en la Unión Europa el catalán no es lengua cooficial. También se han planteado algunas cuestiones que ya se trataron en el reciente debate de toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Socialista, en el que mi grupo parlamentario ya explicó los motivos por los que rechazaba el contenido de la iniciativa. Sin embargo, señorías, hubo una propuesta relativa a la posibilidad de ampliar la legitimación del ministerio fiscal para ejercer toda clase de acciones en defensa de consumidores y usuarios, no exclusivamente en las de cesación, como está previsto ahora, que nos comprometimos a valorar. Y aquí estamos, señora Grande, cumpliendo, nos comprometimos y lo hicimos por entender no solo la necesidad y la oportunidad de la medida, sino también por el consenso existente entre los distintos grupos, las asociaciones de usuarios y consumidores, así como el Consejo Fiscal, que sugirió durante la pasada legislatura, en su informe de 3 de mayo de 2010, la conveniencia de proceder a la modificación de la normativa para hacerlo posible. Señorías, mi grupo considera necesario reforzar la tarea que en defensa del interés social lleva a cabo el ministerio público, y por ello puedo adelantarles hoy que presentaremos una enmienda en la que se propondrá la modificación del artículo 11.5 de la Ley de Enjuciamiento Civil para que se amplíen las competencias de los fiscales, y puedan ejercitar toda clase de acciones en defensa de los consumidores y usuarios. Estoy convencida, señora Grande, de que ustedes apoyarán esta enmienda.

Otra de las cuestiones abordadas por el Grupo Socialista es la necesidad de elevar la calidad de los servicios de atención al cliente. En este sentido el artículo 21 del proyecto de ley que hoy debatimos introduce nuevas exigencias respecto de la obligación de todos los empresarios, ya sean pymes, multinacionales, prestadores de servicios o vendedores de bienes, de facilitar la atención al cliente de manera presencial o también a distancia. Además todas las empresas están comprometidas a entregar una clave identificativa y un justificante por escrito o en soporte duradero que permitirá que exista una trazabilidad en la gestión de las reclamaciones. Es curioso que quienes tuvieron el proyecto de ley de servicios de atención al cliente deambulando por el ministerio durante los años que tuvieron responsabilidades de gobierno sean tan exigentes cuando están en la oposición. Entonces les caducó la iniciativa -esta y otras-, pero tengan la seguridad de que esta ley verá la luz antes de que finalice la legislatura, y establecerá los parámetros de calidad que deberán atender las empresas en sus relaciones con los consumidores y usuarios en las reclamaciones y quejas que se pudieran derivar de las mismas.

Señorías, en relación con los abusos que se han venido producido como consecuencia, por ejemplo, de la comercialización indiscriminada de productos financieros complejos no indicados para todos los públicos, quiero destacar la enorme sensibilidad de este Gobierno y su firme compromiso con los ciudadanos que compraron estos activos tóxicos. Señora Grande, a este Gobierno le suenan las preferentes y a ustedes también deberían sonarles; a este Gobierno porque está resolviendo los problemas que ustedes dejaron. Señorías, estos productos se comercializaron masivamente entre los años 2009 y 2010 (La señora Grande Pesquero: Antes, antes), sin que el Ejecutivo del presidente Zapatero alertara de los riesgos ni actuara al respecto, por mucho que algunos quieran ahora borrar las huellas de su clara e inexcusable responsabilidad política y social. (Aplausos). Hoy miles de ahorradores que no tenían esperanzas de recuperar sus inversiones las han recobrado gracias a la aprobación de un marco legal -que por cierto sus señorías votaron en contra- y al fortalecimiento de la figura del arbitraje, como instrumento ágil, eficaz y mucho menos costoso. Ha habido 90.000 laudos desde que a finales de junio se iniciara el procedimiento de la Junta Arbitral Nacional de Consumo.


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Señorías, también hemos escuchado referencias al contexto de crisis económica y social y a las dramáticas consecuencias que el sobreendeudamiento de las economías domésticas ha generado para muchos ciudadanos. Durante las dos pasadas legislaturas, 2004-2011, el crédito bancario a empresas y familias residentes en España aumentó en más de 900.000 millones de euros, una cifra equivalente al 90 % de nuestro PIB. Señorías, durante esos años de crecimiento exponencial de endeudamiento de empresas y familias no se expresó esta preocupación por parte de los grupos que hoy la denuncian. La traen a debate hoy pese a que precisamente desde diciembre de 2011 el endeudamiento de empresas y familias se ha reducido en más de 300.000 millones de euros. Durante estos años se toleraron abusos contra ahorradores y deudores hipotecarios, se aprobaron modificaciones legislativas como el desahucio exprés, con el aplauso de unos y el silencio de otros, y se miró hacia otro lado mientras todo esto sucedía. Ha tenido que ser un Gobierno del Partido Popular el que ha modificado la normativa de protección de deudores bancarios, a través de la Ley 1/2013 para reforzar la transparencia, limitar los intereses de demora, así como la capacidad de las entidades de crédito para reclamar cuotas al deudor hasta que no se hayan producido tres impagos. Son medidas encaminadas a fomentar la prudencia financiera y a evitar el sobreendeudamiento irresponsable. Esto, junto con otras medidas como la creación del Fondo social de viviendas o la aprobación del código de buenas prácticas, que ha permitido casi 1.700 reestructuraciones de deuda, pone de manifiesto la determinación de este Gobierno por frenar los excesos de años pasados, y ofrecer soluciones a quienes hoy más apoyo requieren.

Para concluir, señor presidente, mi grupo votará en contra de las enmiendas a la totalidad registradas por no encontrar ninguna razón -y en cualquier caso ninguna no subsanable durante el trámite parlamentario- por la que quieran sus señorías que el Ejecutivo incumpla con su obligación de trasponer al ordenamiento jurídico interno esta directiva. Por ello respaldaremos el proyecto de ley presentado por la ministra en nombre del Gobierno. Es una iniciativa que confiamos en que se pueda enriquecer durante su tramitación en las Cortes con las mejoras que los distintos grupos puedan plantear, y que va dirigida a reforzar los derechos de los consumidores y usuarios sin que ello suponga una merma en la actividad económica de este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Fabra.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, A LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SOBRE LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LA REFORMA LABORAL APROBADA EN 2012. (Número de expediente 173/000127).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): A continuación pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelación. En primer lugar, corresponde debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista a la Ministra de Empleo y Seguridad Social sobre las intenciones del Gobierno respecto a la revisión de la reforma laboral aprobada en 2012.

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra la señora Lucio.

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.

El pasado 18 de diciembre interpelaba a la ministra desde el mismo lugar en el que hoy defiendo la moción que el Grupo Socialista ha presentado. Aquel día la señora Báñez negó cada uno de los extremos que le planteamos, negó una vuelta de tuerca a la reforma laboral, tachó de catastrofistas las evidencias que planteaba en mi intervención, y negó que estuviesen endureciendo la ya terrorífica reforma laboral aprobada en febrero de 2012. A los dos días de esta intervención llevaba al Consejo de Ministros un real decreto-ley, el 16 de 2013 -por cierto la fórmula preferida por este Gobierno para evitar el debate parlamentario-, real decreto-ley que consolidaba por la vía de los hechos la precariedad laboral en este país; un real decreto-ley que ha causado estupor entre las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, quienes junto con los trabajadores son los que más están padeciendo sus políticas. Al parecer que seamos el segundo país con mayor desigualdad de Europa y en el que más crece la desigualdad laboral no es motivo de preocupación para este Gobierno. Tenemos un Consejo de Ministros que está actuando de espaldas al clamor ciudadano, de espaldas al Congreso de los Diputados, de espaldas a los sindicatos y a la patronal e incluso de espaldas a quienes les han votado.


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La moción que hoy defiendo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista se fundamenta en una idea esencial: devuelvan a los trabajadores los derechos que les han sido hurtados, recompongan el diálogo social, y reequilibren las fuerzas en el mercado de trabajo. El Grupo Socialista tiene claro que si hacen falta reformas hay que hacerlas; no se erijan ustedes en los adalides del reformismo, porque lo que están haciendo no es reformar, sino retrotraernos a otras épocas previas a la etapa democrática, en las que la desigualdad y la injusticia en el mercado de trabajo y en otros ámbitos campaban a sus anchas. El Grupo Parlamentario Socialista quiere que el diálogo social vuelva a estar en el centro de la política laboral, que se inicie un proceso de análisis riguroso de las dramáticas consecuencias que sus reformas están teniendo en el mercado de trabajo, y en este sentido cito la Ley de medidas urgentes para la reforma laboral, la Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, la Ley de apoyo a emprendedores y de estímulo del crecimiento y del empleo, y por último y como colofón el real decreto-ley que se debatirá mañana de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. Por cierto, convendría que algún día nos explicaran la relación de los enunciados de las leyes que acabo de nombrar con el contenido de las mismas, ya que hacen justo lo contrario de lo que proclaman. (Aplausos).

Con estas leyes han permitido que suceda un cúmulo de despropósitos que no parece tener fin. Incrementan las modalidades contractuales con la única intención de precarizar aún más el poco empleo que se crea, y permiten el efecto sustitución de trabajadores indefinidos y con derechos por trabajadores precarios. Reducen drásticamente la prestación por desempleo dejando a algunos colectivos, como el de mayores de cincuenta años, en la estacada. Abocan a los desempleados a crear su propio empleo, sin garantizar ningún tipo de apoyo para su permanencia en el mercado de trabajo, y además les suben la cotización a quienes ya están cotizando proporcionalmente por encima de los ingresos que perciben. Aumentan la brecha salarial hasta límites desconocidos previamente en nuestro país, que por cierto paradójicamente han sido denunciados hoy por la Comisión Europea, esa Comisión Europea que nos insta a hacer todas las reformas que el Gobierno fielmente ha ido haciendo día a día. Generan cada vez más empleo temporal y menos empleo indefinido, es decir, aumentan los efectos de la segmentación del mercado de trabajo. Eliminan las ayudas del Fogasa a las pymes, y hacen imposible la conciliación de la vida familiar, labora y personal a muchas personas que posiblemente no son las que están sentadas en la bancada del PP, sino que son otras con muchísimas más dificultades. A cambio ustedes se conforman con los datos del paro de diciembre de 2013, de un mes que califican como histórico, olvidando a los desempleados que hay como consecuencia de cada una de sus medidas, y además sostienen -esto sí- que es mejor tener un trabajo precario que no tener trabajo.

Pues bien, el Grupo Parlamentario Socialista cree que lo justo y lo eficiente económicamente es tener un trabajo con derechos y justamente remunerado (Aplausos), porque esto es lo que hará crecer a este país, pero ustedes se conforman con un empleo, aunque sea de 400 euros al mes trabajando a jornada completa, eso sí, con un contrato a tiempo parcial con horas complementarias. Han creado ustedes un entramado en el que todo es posible en el mercado de trabajo, excepto una pequeña cuestión: no han desarrollado ni una sola política ni una sola medida que favorezca un nuevo modelo productivo, que genere más empleo y empleo con mayor valor añadido. Ni una sola política para conseguir ese fin, ni una, señores del PP.

Señorías, el Partido Socialista Obrero Español se ha comprometido con todos los españoles y españolas a derogar la reforma laboral del PP inmediatamente después de que ustedes pierdan la mayoría absoluta, y lo haremos porque es justo y porque es bueno para la economía española, como lo está siendo para las más importantes economías del mundo, que están valorando el trabajo como la principal herramienta para salir de la crisis. Es bueno para la economía y es bueno para los trabajadores y las trabajadoras de este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Lucio.

Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, interviene el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro Grupo La Izquierda Plural va a votar a favor de la moción presentada por el Grupo Socialista. Compartimos su orientación y también su contenido, como es obvio, en todas las ocasiones que hemos tenido oportunidad de tratar en esta Cámara el tema de la reforma laboral. Creo que estamos


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ya ante la evidencia de que la reforma laboral ha servido no para aquello que se dijo que se planteaba, la creación de empleo, sino exactamente para todo lo contrario, para su precarización, para el debilitamiento de los derechos de los trabajadores, también para reducir la capacidad de la negociación colectiva, y por tanto para desequilibrar el papel de las partes, la autonomía de las partes en esa negociación colectiva. En el fondo, a estas alturas ya es bastante evidente que el objetivo de esa reforma laboral no era la mejora del empleo, sino hacer un ajuste en la situación de nuestro país, en nuestro mercado de trabajo por el cual la reducción de los derechos de los trabajadores y la reducción del salario fueran las que pagaran la solución a la crisis.

El resultado es evidente. No existe más empleo desgraciadamente, lo que crece no es el empleo, sino en todo caso la desmotivación: 400.000 trabajadores menos de población activa como consecuencia de ese exilio forzoso de jóvenes; también la desmotivación de muchas personas en la búsqueda de trabajo. Y no solo se reduce la población activa, sino que además se reduce de manera significativa también la población ocupada. Por mucho que el Gobierno quiera hacer un lifting a las estadísticas de empleo la realidad dice que el año 2013 se ha cerrado con 500.000 puestos de trabajo menos que en el año 2012, se utilice la estadística que se utilice. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Desgraciadamente además se ha producido una fuerte precarización. En estos momentos el Gobierno está empeñado en salvar su imagen y sus estadísticas, y para ello la operación es muy sencilla: sustituir empleo completo por empleo a tiempo parcial. Para eso hizo la reforma laboral, para eso nos ha presentado el Real Decreto-ley 16/2013, para eso quiere precarizar aún más el contrato de emprendedores. Quiere hacer de la relación laboral una relación de libre disposición solo por parte del empresario. No me cansaré de insistir en que eso que castiga en general a los trabajadores más débiles castiga especialmente a las mujeres, a las cuales, como alguna profesora de Derecho del Trabajo ha calificado, les está afectando duramente en su condición de mujeres y en su dignidad como tal. Es por eso por lo que nuestro grupo va a apoyar estas mociones presentadas, no sin antes insistir en la enmienda presentada, porque entendemos que para que la moción sea completa deben recogerse claramente aquellas reformas que tienen que ver con la reducción de las prestaciones del desempleo. La acción del Grupo Popular, la acción del Gobierno ha conseguido una caída de la cobertura de la prestación del desempleo del 70 % al 61 %. Solo el 46 % de las personas que cobran alguna prestación la cobran asistencial, lo cual quiere decir que desgraciadamente solo el 26 % de las personas paradas y registradas en el Servicio Público de Empleo reciben hoy una prestación contributiva. Esa es la explicación de por qué España tiene en estos momentos el récord de desigualdad de toda la OCDE, récord de aumento de la pobreza en los últimos años; esos datos que el señor Rajoy dice que no existen, pero que desgraciadamente son accesibles para todo el mundo solo con que vea las estadísticas de Eurostat.

Y quiero insistir en una idea, están ustedes machacando a los mayores de cincuenta años. Hoy mismo acabo de recibir una de las muchas cartas en mi despacho de una persona mayor, con un hijo a su cargo, que denuncia que por el simple hecho de que su hijo haya accedido a un salario de miseria a él le desaparece el subsidio asistencial. Aunque a ustedes les pueda parecer una barbaridad eso es la consecuencia de lo que ustedes han aprobado, y eso creo que deberíamos intentar modificarlo, porque no es de justicia y está empezando a producir un acoso social en ese colectivo. Y desgraciadamente la ministra no escucha. Hoy la vemos haciendo ostentación de que se ha reducido la jubilación anticipada, que ella y su Gobierno han conseguido reducir la jubilación anticipada en un 6,5 %. Lo que debería recordar es que ese éxito estadístico de su política de Seguridad Social se hace sobre la base de machacar a gente que en algunos momentos lleva cuarenta años cotizando.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Termino. Que en algunos casos lleva más de cuarenta años cotizando, que al llegar a una edad de más de cincuenta años no puede trabajar, no encuentra empleo, y no se puede jubilar porque este Gobierno ha alargado la jubilación a los sesenta y siete años y ha dificultado su acceso. Por favor, creo que sería oportuno que recapacitaran ustedes. Les pedimos que se abra ese debate de nuevo, y creo que la moción presentada por el Grupo Socialista es una oportunidad. Espero que nos admitan la enmienda que les hemos presentado.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.

En turno de fijación de posiciones, Grupo Mixto. En primer lugar, señor Baldoví.


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El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

El problema legislativo en este país no es la supuesta e inexistente rigidez del mercado de trabajo; el problema principal es que las medidas de este Gobierno no crean empleo; crean pobreza, exclusión y desigualdad social. Cuesta creer que los diseñadores de sus políticas y los diputados que las aprobaron no supieran que tales reformas del mercado laboral destruirían empleo. Cuesta creer que ustedes no supieran que dejar a la gente sin indemnización, bajarle los salarios, facilitar el despido no traería ni bienestar ni empleo ni nada bueno. Ustedes saben perfectamente que sus políticas de deterioro de las condiciones laborales solo son posibles con un gran nivel de desempleo que conduce a la gente a creer que más vale tener un curro explotado y mal pagado que no tener nada. Y todo ello es más fácil si se debilita a los sindicatos. Por ello el desempleo es otro instrumento de presión que ustedes utilizan contra el trabajador, indispensable para aprobar los despropósitos legislativos de este Gobierno sin que la clase trabajadora se amotine mucho. Eso sí, por si acaso, aprueban leyes represivas y antidemocráticas como la que hemos visto recientemente.

Facilitar el despido aumenta el número de despidos; elemental, querido Watson. Facilitar a las empresas que bajen los salarios ha traído precisamente eso, bajadas sistemáticas de los salarios de los trabajadores, más desigualdad de renta entre empresarios y trabajadores, y más desigualdad social en la que ustedes parece que se sienten cómodos. Tenemos los salarios mínimos más bajos de la Unión Europa a Quince y aún así ustedes los congelan. Y como solo me quedan dos minutos nueve segundos, acabo. Ustedes los quieren desesperados, ignorantes y asustados; pero cambien de políticas o habrá -ya vaticino- otros muchos Gamonal. Compromis Equo votaremos a favor de esta moción, votaremos a favor del diálogo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.

Primera consideración: estimamos absolutamente acertada y oportuna la formulación de la moción que trae hoy aquí el Grupo Socialista. Igualmente, quiero señalar que a los nacionalistas canarios nos parecen también muy oportunas -sin pretender condicionar a nadie nada- las enmiendas que ha defendido el representante de La Izquierda Plural hace unos minutos.

Si hay un ejemplo claro de ideologización de la política, de tomar una decisión por razones ideológicas y no por otro tipo de razones, es precisamente la política laboral del Partido Popular en esta etapa. Es producto de una concepción ultraliberal, de una obsesión que ya manifestaba el señor Rajoy cuando se le escapaba a veces en la campaña electoral la necesidad de abaratar el despido. Es una cuestión casi subconsciente. No le oí ni una sola vez hacer una manifestación a favor de crear empleo, motivo por el cual las consecuencias son las que tenemos. Lo que hay aquí es un resultado claro: grave deterioro de las condiciones y de los derechos laborales, grave incremento de la cifra de desempleados en el Estado español, una gravísima pérdida de puestos de trabajo y todo ello asociado a unas políticas contracíclicas, es decir, hacer lo contrario de lo que hay que hacer en un momento de crisis. El empeño en los recortes, en la limitación de los derechos laborales cuando lo que hay que hacer, en nuestra opinión, es precisamente lo contrario. La resultante, le pongo el ejemplo de Canarias: paro EPA, que es el que vale, un 35,12 %. Inasumible e inaceptable. Les pedimos que corrijan y aprovechen esta moción para entrar en esa dinámica. Les diré una cosa más, no es razonable crecer a través de la precarización y la pérdida de derechos porque, al final, estamos acabando en el Estado español no solo con las clases trabajadoras, sino también con las clases medias. Asunto muy grave que merecería la pena que corrigiésemos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.

Señora Fernández, por el mismo grupo.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, es habitual que el Gobierno periódicamente insista en decir que la reforma laboral es todo un éxito y que gracias a ella se está creando empleo. Lo que no nos dice el Gobierno es el empleo precario que se está creando y cómo en los dos últimos años se ha incrementado la contratación temporal en más de un 5 % y se han incrementado también los contratos a tiempo parcial, y no vamos a hablar de la pérdida de poder adquisitivo por la reducción de salarios de los trabajadores y trabajadoras, excepto los altos


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cargos y directivos de las empresas. Nos parece muy interesante la moción que presenta el Grupo Socialista en relación con reinstaurar, por decirlo de alguna manera, el diálogo social pero nos gustaría hacer algunas precisiones.

Señorías, el Bloque Nacionalista Galego es una fuerza política nacionalista de un país como Galicia, que tiene una representación sindical que supera el 35 % y que ha sido siempre excluida por cualquiera de los Gobiernos del Estado español de ese diálogo social. Entendemos que esa exclusión no puede existir si realmente el diálogo social se considera necesario para llegar a acuerdos porque es evidente que hay una parte de trabajadores y trabajadoras que en ese diálogo no va a estar representada. Por eso, señorías, queremos hacer esta matización. Otra matización que queremos hacer en relación con la moción es que en su momento también presentamos una enmienda a la cuestión del Fogasa porque no creemos que el Estado tenga que participar en el pago de indemnizaciones como forma de abaratar el despido de trabajadores y trabajadoras. Creemos que sería conveniente que esos fondos se destinaran al fomento del empleo, sería mucho más lógico.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora presidenta, señorías, señora proponente de esta moción, le agradeceríamos la posibilidad de poder votarla por puntos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.

Por el Grupo Vasco, PNV, señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, vamos a votar de forma favorable la moción presentada por el Grupo Socialista, primero, por una reflexión que nos ha parecido particularmente lúcida de su portavoz, señora Lucio, que es el informe de Oxfam-Intermón en relación con las desigualdades sociales en el Estado español. Resulta escandaloso pensar que vivimos en un Estado en donde el 20 % de las personas más ricas acumulan más rentas que el 20 % de la totalidad de la población más pobre. Ya hemos dicho en más de un debate que el problema de la economía del Estado español y de las dificultades para su crecimiento no solo radica en la falta de atención de las políticas gubernamentales a lo que se denomina economía real, formación profesional, I+D+i y otras, sino a la falta de cohesión social. Nos encontramos ante una genuina falta de cohesión social. Los más ricos son muy ricos, las 3.000 fortunas más ricas del Estado español tienen más rentas que el 20 % del total de la población más empobrecida del Estado español y, además, por qué no decirlo, señora presidenta, son muy difíciles de enjuiciar porque no todos ellos han conseguido las fortunas de una forma que podemos calificar convencional o jurídicamente regular, y cuando son condenados y enjuiciados tienen cierta facilidad para conseguir indultos gubernamentales.

Entrando en la cuestión, la reforma laboral -en contra de los apologetas de la misma- tiene pocos aspectos que merezcan una valoración positiva ni por nuestro grupo ni por la doctrina científica y ya, afortunadamente también, por los tribunales de justicia. Aquí nos vamos a encontrar ante un pulso entre las apologías o reflexiones apologéticas de los portavoces gubernamentales y los jueces, que empiezan a pronunciarse sobre aspectos esenciales de la reforma laboral del año 2012. Es una reforma laboral que ha provocado -la señora Lucio se ha referido ello- una gran precariedad en el ámbito de la contratación. Convivimos con una situación manifiestamente inaceptable; del total de trabajadores -no del total de la población activa- existentes en el Estado español, 3.130 han concertado contratos inferiores a una semana de duración, siete días de duración; más de 2 millones de trabajadores han concertado contratos inferiores a un mes de duración, y así consecutivamente. De hecho, en el último año las fórmulas contractuales de carácter indefinido, las que en el año 1980 se consideraban normales y ordinarias, no superan el 8 % del total de los contratos concertados. Por tanto, el nivel de la calidad del empleo que se está creando a través de las previsiones normativas de esta reforma no puede ser más precario, no puede ser más deteriorado, más impuro desde la perspectiva de los requerimientos de un ordenamiento jurídico que debería cumplir la funciones de tuición de la parte más débil de la relación laboral, que normalmente es el trabajador.

Por otra parte nos encontramos que con la llamada remoción de un concepto que no es neutro, que ha sido implantado por las organizaciones empresariales, la remoción o derogación de la ultraactividad de la reforma laboral, más de 2 millones de trabajadores no están cubiertos por ninguna previsión de ningún


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convenio colectivo. Otro quebranto y otra prevención que deberíamos tener en cuenta a la hora de valorar la reforma laboral, sobre todo a la hora de realizar reflexiones loatorias de una reforma que no tiene ninguna actividad procíclica o anticíclica en relación con la destrucción de empleo, anticíclica sería la expresión. Nos anuncian para convalidar mañana, aunque ya está vigente, un real decreto-ley que incorpora una de las medidas que procíclicamente más empleo pueden destruir, el incremento de las bases de cotización en un país como el Estado español que tiene las segundas bases de cotización más altas de la Unión Europea. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por otra parte, proponen un pacto de renta similar al que ya existió hace tres años. ¿Pacto de rentas para qué? Me gustaría que me contestase la portavoz o el portavoz del Partido Popular. ¿Para qué un pacto de rentas si el empresario puede disponer libremente, a través del descuelgue de las cláusulas retributivas de los convenios colectivos, de la retribución hasta el punto de que en el último ejercicio económico del año 2013 los salarios medios se han reducido entre un 8 y un 10 %? Hay diversos análisis, diversas aproximaciones empíricas al nivel de destrucción de la masa salarial y estamos hablando de una reducción de la masa salarial y por ello de un empobrecimiento del país de entre el 8 y el 10 % y por lo tanto de una menor capacidad de consumir entre el 8 y el 10 % y como consecuencia inevitable de ello de una imposibilidad de crecimiento económico de entre un 8 y un 10 %. La reforma laboral descausaliza el despido; descausaliza primero la contratación, luego la modificación de condiciones de trabajo, inactiva la negociación colectiva mediante la posibilidad de descuelgue de los convenios colectivos de todas sus cláusulas mediante una descausalización semántica, utilizando conceptos tan deletéreos como la disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos o la previsión de pérdidas, no las pérdidas realmente acreditables. Desde esa perspectiva, se descausaliza también el despido...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debe usted terminar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señor presidente.

Se descausaliza el despido fundamentalmente por causas subjetivas y aquí nos encontramos con el gran pulso que ustedes van a tener que iniciar, señores del Partido Popular, con la Administración de Justicia. La Administración de Justicia está declarando nulos más de la mitad de los ERE y despidos colectivos por falta de causa. Y por último ya, por si fuera poco y para colmo de males, ha sido declarado ilegal por el Juzgado de lo Social número 2 de Barcelona el contrato estrella de la reforma laboral, el contrato de emprendedores, por considerar que contradice la Carta Social Europea y las recomendaciones del Convenio Europeo de Derechos Sociales.

Desde esa perspectiva no podemos sino apoyar unas menciones que de forma parcial la señora Lucio ha hecho en relación con la reforma laboral, que ojalá tuviera solo estos problemas, tiene muchos más, pero como estos problemas son reales, nosotros los vamos a apoyar y si se incorporan otras dificultades u otras objeciones a la reforma laboral en forma de enmiendas, las apoyaremos también.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No le atribuyan, por favor, valores taumatúrgicos a la reforma laboral, como el consistente en que con un crecimiento del 0,4 se pueda crear empleo. Esto es metafísicamente imposible.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

La moción que debatimos básicamente cuestiona la reforma laboral y por tanto a nadie puede sorprender que compartamos su espíritu, pues Unión Progreso y Democracia también ha criticado desde que se formuló la reforma laboral, la última vez la pasada semana en la comparecencia de la señora ministra. Esta crítica no se basa en sentimientos, simpatías o antipatías, se basa en los datos que podemos debatir, en los datos que conocemos, los datos de lo ya sucedido; unos datos que desmienten rotundamente todas las afirmaciones oficiales que respaldan la reforma laboral. Se nos dice que esta reforma laboral se ha hecho para crear empleo. De momento podemos comparar la EPA de 2011 -cuando el Partido Popular llegó al Gobierno- y la última EPA conocida, la del tercer trimestre de 2013, y lo que hay es una pérdida masiva de empleo, una auténtica sangría, se pierden casi un millón de puestos de trabajo, 984.000.


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Lógico, si en medio de una recesión se facilita el despido, pasa que se destruye más empleo. Dicen que el paro se comporta mejor. El paro ha aumentado también mucho, pero un poco menos que la pérdida de empleo porque ha caído la población activa porque hay personas que se han ido del país o han dejado de buscar empleo, lo que tiene mucho que ver con que hay 3 millones de parados que ya no tienen ninguna prestación. Ahora el Gobierno presume de que ha disminuido en los últimos meses el paro. Sí, pero no es para alegrarse porque ha disminuido por una caída de la población activa debido a la emigración y al abandono de la búsqueda de trabajo. Se nos dice, en el colmo ya de la propaganda, que es una reforma para el empleo estable y de calidad. ¿Pero cómo se puede decir eso si de los nuevos contratos el 93 % son temporales y del otro escaso 7 % casi la mitad son a tiempo parcial? Más precariedad imposible. Y se nos habla con un eufemismo de moderación salarial. No, no es moderación salarial, es reducción salarial que se ha cebado en los salarios bajos y medios. Como estos son los hechos conocidos y los que podemos debatir, no parece que la reforma laboral haya tenido mucho éxito.

Por otro lado se le dan continuas vueltas de tuerca, nunca parece que se ha llegado lo suficientemente lejos en el camino de la precarización, y mañana debatiremos en esta Cámara el Real Decreto 16/2013, donde se da una nueva vuelta de tuerca en ese camino de la precarización. Por poner algunos ejemplos, se fomenta con reducción de las cotizaciones el empleo más precario, el empleo temporal a tiempo parcial. ¿Ese es el modelo de empleo que queremos? Ese empleo a tiempo parcial, además, sufre una serie de reformas para que la distribución de la jornada sea más irregular, con más de una pausa a lo largo del día, el preanuncio sea mínimo -se rebaja de siete a tres días- y puedan hacer hasta un 90 % de horas complementarias; ahora no se llaman extra, se llaman complementarias. ¿Qué tipo de empleo a tiempo parcial es este, con jornada totalmente partida, sin preaviso, con 90 % de horas complementarias? Sin duda esto servirá para maquillar las estadísticas, sí, cuando se vuelva a crear empleo, lo que antes era un empleo a tiempo completo de 40 horas serán tres o cuatro de estos empleos precarios, pero ¿qué tipo de empleo estamos proponiendo para el futuro, qué formación, qué estabilidad tienen estos empleos?

Como la moción se centra en la crítica a la reforma laboral, compartimos su espíritu y la apoyamos, sin embargo, detrás de este apoyo hay también unas discrepancias que no podemos ocultar porque el Partido Socialista critica la reforma laboral con la propuesta de volver a la situación anterior y nosotros creemos que la situación anterior distaba de ser ideal. Nuestra propuesta es no la reforma laboral del PP pero tampoco la vuelta atrás, sino un nuevo modelo modernizado de mercado de trabajo basado en el contrato único indefinido, en la contratación estable con formación y posibilidades de mejora de la productividad. Alguna de esas discrepancias se ve en el propio texto de la moción. Nosotros, igual que ha señalado algún grupo anterior, no compartimos el punto 2.b), no creemos que fuese una buena idea subvencionar con dinero público del Fogasa los despidos. Por eso, compartiendo el espíritu general de la moción, pediríamos que se votara por puntos para poder manifestar alguna de estas discrepancias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señora Lucio, he de decirle que con el Grupo Socialista, en materia de empleo, tenemos siempre más coincidencias cuando ustedes gobiernan y acuerdan con nosotros reformas del mercado de trabajo que cuando están en la oposición y se instalan en una posición casi siempre inmovilista en esa materia. De manera inevitable, mi grupo y yo nos sentimos más cómodos cuando con ustedes conjuntamente hemos jugado el papel de moderadores de nuestro sistema de razones laborales que no cuando debemos compartir a veces críticas a la posición del Gobierno.

El debate de hoy de nuevo se ha convertido en un debate sobre el contenido de la reforma del mercado de trabajo, y en los cinco minutos que los grupos tenemos para posicionarnos no podemos entrar en ello, ni quiero tan solo gastar todo mi tiempo en ello. La discusión sobre los problemas del mercado de trabajo, de sus deficiencias, no puede analizarse tan solo en función de aquello que está sucediendo en estos dos últimos años o en este último año desde la aprobación de la reforma del mercado de trabajo, sino que si queremos tener una aproximación un punto más rigurosa debemos tener una visión mucho más larga en el tiempo, y ahí seríamos conscientes de que algunos de los problemas que sus señorías hoy denuncian desde la tribuna podrían también haberlos denunciado hace diez, quince o veinte años. Quizá, como decían ustedes cuando se oponían a la reforma del mercado de trabajo, los problemas no están tan solo ni principalmente en la regulación de las relaciones laborales sino en la estructura productiva


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de la que nos hemos dotado, que tiene poco que ver con la regulación laboral y que sitúa nuestros problemas en materia de empleo en reformas y en políticas que se deben promover para impulsar una mejor oferta en el campo de los servicios, en el campo de las empresas. De ello continuaremos discutiendo. He de decir, eso sí, que del contenido de la moción que nos propone la señora Lucio coincidimos en la necesidad de recuperar el diálogo social como instrumento de concertación de las políticas en materia de empleo y de protección social. Durante esta larga crisis hemos padecido -ustedes lo padecieron también cuando estuvieron gobernando- la incapacidad de los interlocutores sociales para pactar un ajuste más equitativo en términos sociales. Ojalá durante esta crisis en el Estado español nos hubiésemos inspirado en los acuerdos de 1982 de Holanda, en el famoso Acuerdo Wassenaar, donde empresarios y trabajadores pactaron moderación y contención salarial a cambio de mantenimiento de puestos de trabajo y reparto de trabajo; un modelo, el holandés, que permitió desde principios de los ochenta hasta bien entrado este siglo XXI mantener unas altísimas tasas de actividad y un bajísimo nivel de desempleo. Ese es el recorrido que ojalá hubiésemos hecho y ojalá hoy estuviésemos en condiciones de hacer. En este sentido mi grupo va a apoyar este punto concreto de la moción que nos plantea el Grupo Socialista.

Con el Grupo Popular hemos mantenido tres discrepancias relevantes en esta materia. En primer lugar, el recorte de más del 50 % de los recursos de las políticas activas de empleo, que hace que una reforma, que efectivamente flexibiliza el mercado de trabajo, deje a los trabajadores que tienen menos protección de la ley menos protegidos por las políticas activas de empleo. Ese, señores de la mayoría, ha sido el principal error de su política de empleo y que configura esa política como una política injusta. En segundo lugar, la ausencia de una mirada específica hacia las necesidades de las pymes y de los autónomos. En este sentido, aquello que reclama el Grupo Socialista, que es volver a que el Fogasa pueda proteger las indemnizaciones de las empresas de menos de 50 trabajadores, va a contar con nuestro apoyo. Finalmente, discrepamos, señores de la mayoría, con ese gravísimo error de que, en un momento de perspectivas de recuperación de la economía, ustedes opten por incrementar las cotizaciones sociales de autónomos y de empresas. Esto va en contra de la generación de empleo, va en contra de aquello que nos recomiendan todas las instituciones internacionales, va en contra de aquello que hacen los países de nuestro entorno. Deben corregir esa política que va a crear más desempleo y va a destruir tejido económico.

En cualquier caso, señor presidente, solicitamos votación separada de los puntos de la moción, incorporando además que los apartados a. y b. del punto 2 se voten por separado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señora Lucio, son ustedes como el bolero de Ravel, repiten, repiten y repiten, pero por mucho que ustedes se empeñen y les enfade, España y los españoles están siendo capaces de remontar una crisis que ustedes no vieron, no quisieron o no supieron afrontar. Piden rectificar y retirar una norma clave para nuestra recuperación, una reforma, la laboral, que ha cambiado la cultura del empleo, que ha cambiado el despido por la flexibilidad, el despido exprés por la negociación y el acuerdo en las empresas. Señora Lucio, no me hable usted de derechos, porque el único Gobierno que en este país ha aprobado un contrato sin ningún derecho social ha sido el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español. En aquel entonces ya se les cayó la o de obrero, no le quiero decir cómo están en este momento. Miren ustedes, 147.000 parados menos durante el año 2013, con un decrecimiento del PIB del 1,3 %. Señorías, con la aplicación de su reforma laboral -que duró más o menos lo que llevamos de la nuestra, desde febrero de 2012- se generaron 700.000 parados más; con la del Gobierno del Partido Popular desde febrero de 2012, 50.000 parados menos. Es un simple dato -no tengo tiempo para más- para demostrarles que se está consiguiendo aquello que se pretendía. Ustedes, aunque lo dijeron, no hicieron una evaluación de su reforma laboral; si lo hubieran hecho, hubieran tenido que reconocer todos estos datos, poniendo negro sobre blanco, y que en términos de EPA su reforma laboral destruyó 1.113.600 empleos.

Este Gobierno sí ha hecho una evaluación y la ha hecho la OCDE. Como aquí se ha hablado bastante de todos estos tipos de contratos, voy a referirme a tres cuestiones que ha dicho claramente esta evaluación de la OCDE. La reforma ha favorecido que los desempleados tengan más posibilidades de encontrar un empleo indefinido y ha aumentado la contratación indefinida entre las empresas. España se


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encuentra -dice la OCDE- en el camino correcto para reducir gradualmente el desempleo. Señorías, estos datos van unidos a la bajada de un 9,7 % del paro entre los jóvenes, a un aumento en la contratación de un 23,04 % en diciembre de 2013 respecto a diciembre de 2012 y a un descenso del paro desestacionalizado. Siempre hablamos de si la estacionalidad influye o no; pues bien, el paro desestacionalizado bajó en el mes de diciembre por quinto mes consecutivo, un dato que no se registraba consecutivamente desde el año 2006. También se está modificando la tendencia de afiliación a la Seguridad Social, ya que en diciembre de 2013 se incrementó la afiliación en 64.000 personas.

Ustedes, señores socialistas, no se enteraron de nada de la crisis desde el año 2007. Nos dejaron un enfermo en la UVI y agonizando; muchos certificaban su fallecimiento. Pero con el esfuerzo de todos y con las reformas del Gobierno el enfermo está no solamente fuera de la UVI, sino dado de alta en el año 2014. ¿Eso quiere decir que pueda hoy correr un maratón? Evidentemente, no. Quiere decir, señorías, que tiene que seguir afianzando su recuperación, no volver a cometer errores y seguir con su tratamiento; justo lo contrario de lo que su moción de hoy nos pide. Por tanto, señorías, es evidente que vamos a votar negativamente. Ustedes no quieren ver el cambio que se está produciendo en la economía y en la situación del desempleo. Están ustedes instalados en una crítica inconsistente y falsa, tan falsa como lo que ponen en su moción. Con la reforma que se ha hecho del artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el Fogasa, dicen que se elimina la indemnización a los trabajadores. Eso, sencilla y llanamente, es mentir. Lo que se hace es que en las empresas que son solventes esa indemnización la pagan las empresas y no está subvencionada por el Fogasa, que está para otras cosas. Pero ustedes saben que en todas aquellas empresas que no sean solventes, de menos de veinticinco o de más de veinticinco trabajadores, están cubiertos por el artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, tendrán su indemnización. Luego no es cierto que ningún trabajador de este país se quede sin una indemnización por alguna de estas reformas que ustedes introducen hoy en su moción. Por tanto, señorías, recordándoles todas estas cuestiones e insistiendo en que no están ustedes en condiciones de ser adalides de ningún derecho de los trabajadores en este país, vamos a votar en contra de esta moción.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.

Señora Lucio, le pregunto si acepta o no la enmienda.

La señora LUCIO CARRASCO: Vamos a pedir votación separada de cada uno de los puntos de la moción.

El señor PRESIDENTE: No acepta la enmienda.

Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR CUADRA), RELATIVA A LA INTENCIÓN DEL GOBIERNO SOBRE EL SEGUIMIENTO POLICIAL Y LA CRIMINALIZACIÓN DEL PROFESORADO DEL MODELO D EN NAVARRA. (Número de expediente 173/000128).

El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, señor Cuadra, relativa a la intención del Gobierno sobre el seguimiento policial y la criminalización del profesorado del modelo D en Navarra.

Tiene la palabra el señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores del PP y ausente el de UPN, en la respuesta que hace tan solo diez días nos dio el Ministerio del Interior en relación con la pregunta que le formulamos relativa a este tema, se nos dijo expresamente que la Guardia Civil no había realizado ningún informe sobre la educación en Navarra. Pues bien, ¿esto qué es? (Muestra una fotocopia). Esto ha aparecido en distintos medios de comunicación. Aquí se dice expresamente: Influencia de la izquierda abertzale en la red de enseñanza pública de la Comunidad Foral de Navarra. Aparece el logotipo de la Guardia Civil, en dos sitios un sello en el que aparece la palabra: reservada. Pues bien, ¿esto qué es?

El ministro del Interior nos dice que este informe no existe. Sin embargo, hoy mismo por la mañana el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, de UPN, ha afirmado expresamente que ha tenido en sus manos la fotocopia de este documento y que está dispuesto a entregarlo al Parlamento de Navarra si quien realizó este informe de la Guardia Civil se lo autoriza. Es decir, ¿existe o no existe? ¿Ustedes de qué van en realidad? En el colmo del cinismo además nos dicen que, caso de existir el documento, sería


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materia reservada. El contenido de este documento, su primera página, ha sido publicado en distintos medios de comunicación, ha sido debatido en distintas tertulias de la caverna mediática española, ha sido utilizado de forma burda allí en Navarra por parte del Gobierno de UPN y también por parte del PP; se ha divulgado ampliamente. Ustedes hablan de que esto es algo reservado, cuando es de dominio público por todos los lados. La pregunta es muy sencilla: ¿por qué, en vez de preocuparse ustedes de esta fantasmagórica infiltración de ETA en la enseñanza pública en euskera en Navarra, no se preocupan un poquito más de la infiltración de esta derechona mediática y de esta extrema derecha franquista en el propio Ministerio del Interior y en la propia Guardia Civil, que es lo que estamos viendo que está ocurriendo con este informe?

Ya lo dijimos en la interpelación que dio origen a esta moción. Se trata en definitiva de un intento de desprestigio profundo y de una criminalización de la enseñanza del euskera allí en Navarra, y no lo decimos nosotros, no lo dice Amaiur. El Parlamento de Navarra ha denunciado precisamente esto. Todos los sindicatos de la enseñanza han recalcado este hecho, toda la comunidad educativa también. Se ha señalado este intento de criminalización y se ha dicho además que el segundo objetivo que perseguía esta campaña sucia era tapar por medio de este embrollo mediático los efectos perversos y nocivos de los recortes realizados en materia de enseñanza en Navarra, consecuencia de la política de este Gobierno del PP y de la política del Gobierno de UPN, pero a ustedes se les ha vuelto en contra toda esta campaña. Ya digo, tanto el Parlamento de Navarra como toda la comunidad educativa se han manifestado en contra. Esta criminalización se ha dado sobre el profesorado, sobre todos los niños y niñas que están estudiando allí y sobre las familias de este alumnado.

Ustedes dicen además que, caso de existir este informe, no hubiera sido sobre la enseñanza en general, sino únicamente sobre aspectos policiales derivados de la infiltración de ETA. Pero, vamos a ver, aquí se dice expresamente (Muestra otra vez la fotocopia) que se trata de investigar en la enseñanza pública de la Comunidad Foral de Navarra. El objetivo es ese, sin más. En ese informe se hace referencia a que, fruto de esa influencia, un 26,7 % del profesorado está afecto a la hidra de ETA, que actúa en la enseñanza. Se supone que el 73,3 % restante también ha sido investigado para sacar la conclusión de que no está sujeto a esta influencia. Es decir, el cien por cien del profesorado de este modelo ha sido investigado por la Guardia Civil y ustedes tienen la santa cara de decir que aquí no se está investigando este modelo en Navarra. ¡Por favor!

En los años cincuenta en Estados Unidos a este se le denominó sin más macarthismo. Ya se sabe lo que es esto: listas negras, persecución policial, marginación social. En Navarra tenemos experiencia bastante más larga en relación con este tema. Son siglos. Allí se le llama caza de brujas. Empezó allí en Zugarramurdi y terminó en las hogueras en Logroño; por medio estaba Torquemada, la Inquisición. Caza de brujas, estigmatización social, en este caso del euskera, de quienes lo enseñan, de quienes lo aprenden, de quienes están impulsando la enseñanza en este idioma en nuestro pueblo. Caza de brujas.

El ministro Wert por lo menos tuvo la decencia de decir cuál es el objetivo que estaban ustedes persiguiendo: españolizar la enseñanza y, para ello, recortar los logros que se han conseguido en Cataluña, en Euskal Herria y en Galicia en relación con las propias lenguas, recortar todos los derechos conseguidos, recortar los presupuestos, porque en definitiva de lo que se trata -y en lo que está empeñado el Gobierno de UPN allí en Navarra- es de que el euskera quede reducido a una vitrina, meterlo en una vitrina, y a los que somos euskaldunes meternos en una reserva india, ponernos una boina y presentarlo a los turistas como una cosa curiosa de la tierra. Creo que este es el objetivo en definitiva que buscan ustedes. Pero deberían saber una cosa, es importante. El euskera es probablemente la lengua viva más antigua de toda Europa y esto no es por razones intrínsecas a esta lengua, sino porque detrás tenía un pueblo que lo ha hablado, que lo ha defendido contra todo intento de agresión exterior, que lo ha amado, y por eso está vivo, está vigente, y por eso lo seguimos teniendo allí en nuestra comunidad. No pudieron con él ni con el pueblo que lo defendía ni los romanos ni los treinta y tres reyes godos ni los Austrias ni los Borbones ni Franco y muchísimo menos van a poder con él un Gobierno como el suyo o un Gobierno como el de UPN allí en Navarra. El euskera va a seguir existiendo y va a seguir desarrollándose, porque en nuestra tierra, en Navarra, existe detrás de este idioma una comunidad que lo quiere conservar, que lo quiere recuperar y que lo quiere desarrollar por todos los sitios. Esto es lo que pasa y con esto todos ustedes no van a poder y tampoco va a poder el Gobierno de UPN.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.


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El señor CUADRA LASARTE: La moción que hemos presentado en cualquier caso no es una moción de Amaiur, sino que en definitiva trata de traer aquí lo que la propia sociedad navarra ha aprobado. Su primer punto es ratificar sin más el acuerdo adoptado en su día por el Parlamento de Navarra, el segundo es ratificar los objetivos principales señalados por la propia Ley del Vascuence y el tercer punto es exigir una investigación para saber cómo se ha desarrollado en concreto esta sucia campaña contra el euskera. Queremos plantear la votación de los tres puntos por separado, en cualquier caso.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuadra.

No ha habido enmiendas a esta iniciativa y por lo tanto, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco, PNV, el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señor Cuadra, tiene usted razón en sus planteamientos evidentemente. Quizás adolecen de cierto reduccionismo. Lo que molesta a algunos partidos, a UPN y al Partido Popular, no es el modelo D en Navarra. Molesta el euskera en Navarra, molesta este signo de identidad vasco, este vestigio de identidad vasco en esta zona tan importante y tan relevante de Euskal Herria. Euskal Herria es un concepto cultural y paleontológico, como saben las personas que se han preocupado de estudiar estas cuestiones y como saben personajes tan importantes como los escritores navarros Elduayen o Izaguirre; como sabe el profesor de la Universidad de Reno William A. Douglas, como sabe perfectamente la profesora de la Universidad de Ann Arbor Elizabeth Hundert, como sabe el profesor de la Universidad de Florida Rene Herrera y otros muchos autores que podríamos citar. No sé por qué molesta el conocimiento y la utilización del euskera en Navarra. ¿Es que no saben euskera o no utilizan el euskera Iñaki Perurena o Aimar Olaizola? ¿O no lo utilizó Manuel Irujo, ministro del Gobierno español de la Segunda República en el año 1937? ¿O la señora Uxue Barkos, que suele ocupar aquella posición? ¿O no lo utilizan personas tan importantes como Iribarren, el mejor escritor costumbrista de Navarra, o Arturo Campión? ¿No lo utilizan estos navarros, que además de navarros son vascos, pertenecen a Euskal Herria, a esta identidad cultural que llega desde el Adur hasta el Ebro y que tiene unas connotaciones de naturaleza cultural y naturaleza paleontológica como les digo?

Esto es lo que estorba y esto es lo que molesta, la existencia de signos de identidad que vinculan a Navarra con esta concepción de Euskal Herria que estamos preconizando. Desde esa perspectiva se utiliza todo tipo de artilugios. Se establecen dificultades a la emisión de ETB en Navarra, pero sin embargo se favorece la existencia de Navarra Televisión, Navarra Televisión que sabe el señor Cuadra a quién pertenece, quién es su propietario. ¡Oh, casualidad! El señor Méndez Pozo. Sí, el mismo, el constructor de Burgos, el propietario de la Navarra Televisión. Este no tiene ningún tipo de obstáculos para emitir sus mensajes, que son presumibles y que no es menester glosar en este momento, en relación con la identidad de Euskal Herria y el uso del euskera en el ámbito televisivo.

Pero se llega a algo más peligroso, señor Cuadra, y usted lo ha dicho: a la criminalización del colectivo de docentes en euskera en Navarra, criminalización que forma parte de la política del Partido Popular, incorporando a ETA, incorporando la política penitenciaria, incorporando la política antiterrorista a aquello que molesta, que perturba las señas o las identidades ideológicas de partidos conservadores o ultraconservadores como los que en este momento están naciendo. Yo puedo llegar a comprenderlos, señor Cuadra. La derecha está cara en este momento, están aflorando a la derecha del Partido Popular partidos nuevos como Vox. Hay otros partidos de los que pueden captar, del Partido Popular también. El Partido Popular tiene su propio Tea Party particular, tiene asociaciones de víctimas, que más o menos han sido alimentadas en sus instintos o en sus planteamientos más belicosos y más beligerantes por el propio Partido Popular. Busca retener para que no se le fuguen los 800.000 votos del franquismo sociológico residual todavía existente. Está caro el voto de la extrema derecha. Santiago Abascal, uno de los cofundadores del partido Vox, ya ha afirmado que uno de los nichos de votos que va a utilizar es el de los votantes del Partido Popular. Desde esa perspectiva el Partido Popular en materia antiterrorista está practicando lo que Giulio Andreotti denominaba aggiornamento. ¿En que consiste el aggiornamento, construcción consagrada por Andreotti tras besarse con el gran mafioso Toto Riina? Consistía en lo siguiente. Decía Andreotti que gobernar no es solucionar los problemas sino acallarlos, y acallando los problemas entendía que se solucionaban.

Esto ocurre aquí y se puede hacer aquí por tacticismo electoralista en el sentido más perverso y más bastardo de la expresión, si se me permite utilizarla, pero esto no ocurre ni en Euskadi ni en Euskal Herria. No ocurre en Euskal Herria porque allí la sociedad está avanzando con otro ritmo y a otra velocidad. Y en


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Euskal Herria la cuestión o la política antiterrorista se concibe de otra manera, no se mira al Tea Party, no se mira a la extrema derecha, no se realiza un tacticismo peligroso, políticamente peligroso, mediante una petrificación de la política antiterrorista, como si ETA no hubiera dejado de matar, como si los presos de ETA no hubieran aceptado la legislación penitenciaria, como si la doctrina Parot no hubiese sido anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aquí se practica el aggiornamento, acallar los problemas o utilizar la política antiterrorista de forma bastarda para conseguir réditos electorales.

La sociedad vasca sabe una cosa con mucha claridad.

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene usted que terminar porque es el último punto.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señor presidente.

La sociedad vasca sabe que ETA pertenece al pasado. ¿Qué está pendiente? La escenificación del cierre de la persiana. Yo les voy a asegurar una cosa a todos los compañeros diputados aquí presentes. En Euskadi, ni UPN ni el Partido Popular podrán impedir que más del 80 % de la sociedad vasca, de la sociedad de Euskal Herria, bienintencionada, a través de sus votos y a través de sus movilizaciones, consiga que se cristalice la paz, la reconciliación y la normalización en nuestro país. Y contra eso no hay tacticismo electoralista que pueda servir.

Desde esa perspectiva, señor presidente, y en sus propios términos votaremos la moción presentada por el señor Cuadra. También estamos convencidos de que en Euskal Herria algún día llegaremos al punto en que la normalización lingüística no se vea prostituida por elementos vinculados a la política antiterrorista, como estamos comentando.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

La verdad es que esta es una de las mociones, como no era esperable otra cosa, más lamentables que se han presentado en esta Cámara en lo que llevamos de legislatura. Criminalizar la educación desde luego es un asunto muy grave, pero todavía es más grave que se denuncien los intentos de investigar por parte de quien tiene que hacerlo -en este caso ha sido la Guardia Civil- si se está o no utilizando una red de enseñanza pública precisamente para hacer que la educación esté al servicio de la criminalización de determinadas ideas y precisamente para justificar la persecución criminal del que piensa diferente.

Ustedes hablan, también lo ha hecho el señor Olabarría, como si ETA ya no existiera, como si hubiera desaparecido, y por lo tanto fuera el colmo del descaro que en este caso la Guardia Civil no hiciera lo que tiene que hacer, que es justamente investigaciones de si ETA -que sigue existiendo- está o no actuando en determinados lugares como la escuela pública, en este caso en Navarra. ¡Como si esto fuera un motivo de asombro y de sorpresa! ¡Es que realmente hay que tener caradura! Es el colmo de la manipulación y la tergiversación. Precisamente porque ETA no ha desaparecido -entre otras cosas gracias al apoyo político que ustedes les dan-, precisamente por eso sigue siendo necesario que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional y también la Ertzaintza investiguen a ver qué está ocurriendo ahí, porque el sistema educativo vasco ha sido uno de los escenarios habituales del despliegue, del desarrollo y del arraigo de ETA, tanto para la captación de nuevos activistas entre los jóvenes -como es natural- como para un objetivo estratégico, que es la justificación y la relectura, el reescribir la historia de la violencia en Euskadi y Navarra para justificar que ETA era el agente legítimo de un conflicto impuesto por otros.

Ustedes mismos lo acaban de decir en una amalgama extraordinaria, extraordinaria y bastante vergonzosa de todo tipo de mitos que luego encima atribuyen a la caverna en una actitud reactiva contra lo que ustedes dicen. Oigan, si ustedes están muy contentos y están orgullosos según creen de no haber salido de la caverna mental en la que creen que nació la cultura vasca -opinión completamente majadera, y es vergonzoso que lo digan, porque podría ocurrir que nos lo atribuyeran a todos los vascos, y que quede claro que soy vasco y me parece que es una de las tonterías más absurdas que se pueden decir-, que ustedes pongan por delante que la caverna se enfada con ustedes, cuando ustedes presumen de ser la caverna genuina y original, no deja de ser una broma de mal gusto.

En fin, a lo que voy, criminalizar la educación es utilizar las redes públicas o privadas -me da exactamente lo mismo- para que haya allí personas que se dedican a justificar -no de ahora, sino desde hace ya muchos años- que el terrorismo, la persecución del diferente y la supresión del pluralismo


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en el seno de la sociedad vasca son objetivos políticos legítimos. Ustedes lo están haciendo y por eso existe ETA, y hasta que ustedes no le pidan a ETA que desparezca sin condiciones y hasta que no condenen toda su historia, incluida la persecución a profesores y estudiantes en las instituciones educativas vascas, de lo que nunca jamás han dicho otra cosa que negar que eso ocurriera -caso del Partido Nacionalista Vasco- o decir que era algo justificado por el conflicto, no nos vengan a hablar de que no se debe investigar la criminalización de la educación, porque ustedes han sido agentes y siguen siendo colaboradores necesarios de esa criminalización, pero no porque se diga que hay algunos docentes relacionados con ETA, sino porque ustedes creen que eso es justamente algo estupendo, que gente que han sido ideólogos teóricos, colaboradores de ETA, estén ahí precisamente adoctrinando a las nuevas generaciones. Pero, ¡hombre!, ¡si hasta ustedes mismos han tenido que reconocer cuando estaban en el Gobierno vasco que se han llegado a subvencionar publicaciones que ponían, entre los cien personajes vascos y navarros más importantes de todos los tiempos, a diez terroristas condenados que estaban en la cárcel! ¡Si eso lo han presentado como el modelo de conducta admirable a imitar por todos! ¡Si lo que han hecho es negar que en el País Vasco se ha asesinado por las ideas, que se ha perseguido a la gente, que se la ha expulsado! ¡Si todavía estamos por oírles decir una sola vez en todos estos años que están en contra de la persecución del pluralismo y que exigen que en las aulas se enseñe a los niños valores democráticos y no valores para educarlos en el odio étnico, que es lo que ustedes han hecho!

¿Se creen que no sé de lo que estoy hablando? Yo he sido director de un departamento universitario donde cuatro profesores, nada menos, teníamos que ir a clase escoltados y donde el propio rectorado de la universidad nos pidió que, por favor, no diéramos clase para no poner en peligro a los alumnos. ¿Qué es lo que recibimos de todos ustedes? Pues burlas, cachondeo, acusaciones de que vivíamos de eso. Miren, para su desgracia, estamos aquí porque ETA no ha conseguido todos sus objetivos y se lo vamos a recordar. No nos vamos a olvidar de esto ni ustedes tampoco y, desde luego, nosotros apoyamos a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a cualquier otro cuerpo de seguridad del Estado en la investigación de cualquier actuación de ETA en las escuelas, sean vascas o navarras, sean públicas o privadas, y que si detectan cualquier tipo de utilización ilegal e ilegítima la anuncien para que quien deba tomar las medidas que haya que tomar las tome. De hecho, uno de los muchos problemas que la indolencia legislativa de los sucesivos Gobiernos españoles y parlamentos ha dejado es que en su momento no se inhabilitara a quienes han sido condenados por terrorismo y no se han rehabilitado, como la ley exige, como digo, no se los inhabilitara para participar en la educación y en las labores profesionales relacionadas con la educación. Este es uno de tantos abandonos, de tantas dejadeces que ahora se lamentan, pero es realmente delirante que, en un país donde se ha asistido a un fenómeno como el que hemos sufrido en el País Vasco y Navarra, se considere que el asesinato sea una de las bellas artes que se puede justificar en el marco de la enseñanza y la educación con excusas mitológicas sobre la persecución al euskera o la persecución, en fin, al alma errante de los pueblos sin territorio. Lamentable, de verdad. Desde luego es evidente que vamos a votar que no. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.

Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la moción de Amaiur porque estamos convencidos de que se ha tratado de confundir y de manipular a la opinión pública en un intento de provocar un enfrentamiento entre sectores de la ciudadanía y entre el profesorado y la comunidad educativa de los diferentes modelos lingüísticos de la escuela pública navarra. Es evidente que esto último ha fracasado. Es bueno saberlo, porque a veces incluso las operaciones más torticeras, como esta, no funcionan bien. Ha fracasado de forma clara porque los sectores educativos han cerrado filas en defensa de la enseñanza pública y de su profesorado, al que se calumnia tachándolo de delincuentes.

Sorprende la beligerancia con que algunos medios de comunicación y representantes políticos de la derecha han tratado esta cuestión. Imagínense ustedes el impacto que produce por la mañana cuando alguien compra el periódico y ve cosas como: ETA se infiltra en la escuela navarra. O, por ejemplo: La izquierda abertzale hace un uso perverso de la educación navarra. O este otro titular que tampoco tiene desperdicio: El 27 % de los profesores navarros es proetarra. Imagínense qué clima de convivencia se está creando con este tipo de periodismo panfletario y con estas operaciones de espionaje.

Queda claro que este informe de la Guardia Civil lo conocen los medios de comunicación y han tenido acceso a él el Gobierno de Navarra y partidos como Unión del Pueblo Navarro. También hay que decir que


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no se ha hecho público. Es un informe que no se ha entregado en ningún momento al Parlamento de Navarra, tal y como ha solicitado nuestro grupo parlamentario, es decir, ha sido filtrado o por la Guardia Civil o por la Delegación del Gobierno de Navarra para generar una fuerte polémica y confrontación política y social en torno al modelo de enseñanza en euskera en Navarra. Esa es la realidad. Hay que decir que todo indica que estamos ante un informe filtrado, como decía antes, y realizado para ser utilizado en una operación política. Hay que recordar por tanto a la derecha navarra y al Partido Popular que esta derecha no solo no acepta la realidad plurilingüe de nuestro Estado, sino que además manipula y utiliza los sentimientos con fines de oscuro partidismo, y, sin lugar a dudas, no le han hecho absolutamente ningún favor a la Guardia Civil.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guillaumes.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, presidente.

Señorías, feo, muy, pero que muy feo. A pesar de las profundas diferencias que podamos tener ideológicamente con Amaiur, en este momento el Grupo Catalán siente en su piel una profunda identificación sentimental con la moción que estamos tratando. Nosotros, Convergència i Unió, un grupo significativo de electores catalanes -de hecho todos, ya que se los engañó- también hemos sido víctimas de este tipo de informe fantasma que parece que se está popularizando en el Ministerio del Interior. Hablamos por experiencia propia. Se dijo de nuestro president, se dijo de nuestro expresident que tenían cuentas en Suiza. El PP lo utilizó durante la campaña electoral. Lo utilizó su secretaria general, lo utilizó su presidenta en la campaña electoral. Hay más. Resulta que, pasadas las elecciones, estos informes no tenían paternidad ni maternidad por parte de nadie; que el ministro confesó en Comisión que se sentía incapaz de saber quién los había redactado. Yo apelo a su sentido de la responsabilidad. ¿Cómo puede ser que el ministro encargado de la investigación en el Estado español sea incapaz de investigar algo que sucede dentro de su propio ministerio? ¿Cómo se supone que nos podemos sentir seguros? Si es incapaz de solucionar algo que sucede entre 40.000 funcionarios, ¿cómo va a encontrar ningún crimen entre 45 millones de ciudadanos del Estado español?

Hay más. Declaraciones en Navidad: Hay familias catalanas que esta Navidad no van a pasarla juntas porque el proceso del derecho a decidir en Cataluña las divide. Me gustaría preguntarle -y plantearemos una pregunta- qué metodología y qué fuentes tiene para afirmar una cosa de este tipo, porque tiene que ser muy complicado averiguar qué familias de un determinado lugar pasan o dejan de pasar el tiempo juntas, sobre todo para alguien que es incapaz de encontrar al autor de un informe de su propio ministerio. Pero parece que el ministro sí consigue una cosa y no consigue la otra. Bien, no debe ser tan difícil aclarar su propia casa.

Hoy -y esto no corresponde solo a Interior- recibimos la noticia del cierre de Catalunya Ràdio en el País Valencià. Veinticuatro años funcionando sin problemas. Hasta hace dos años, en el País Valencià existían siete cadenas que emitían en catalán y cuatro emisoras de radio. A partir de esta noche, solo existirán cadenas que emitan en castellano. ¿Eso les parece a ustedes normal? Esto también es de Industria, no solo de Interior. Eso les parece a ustedes normal.

Vamos al corazón de la propuesta que hace Amaiur. ¿Ustedes tienen responsabilidad política, señores del PP, señor ministro del Interior? Porque culpabilizar genéricamente a todo un colectivo es lo último que puede hacer un responsable político, lo último que tendría que hacer un ministro y lo ultimísimo que tendría que hacer un ministro del Interior. Imagínense al ministro del Interior definiendo a los colectivos delincuenciales por motivos de etnia, por motivos de origen nacional, por motivos de religión. ¿Verdad que todos lo encontrarían escandaloso? ¿Verdad que todos dirían que esto no lo puede hacer, que hay motivos sociales, que está haciendo demagogia? Pues eso es ni más ni menos lo que ha hecho el informe de la Guardia Civil diciendo que de todos los profesores del grupo D, o sea, los que solo enseñan en euskera, el 27 % de ellos simpatizan con ETA y el 5 % -no se lo pierdan ustedes- ¡han sido miembros de ETA! Señores, si existe tal informe, ¿por qué no está en fiscalía? ¡Que haya un 5 % de profesores en Navarra que han sido miembros de ETA! ¿Cómo puede ser que un informe así no esté en fiscalía? ¿O es que el informe sobre las cuentas en Suiza de los dirigentes de nuestro país tampoco tiene padre ni madre propios? Porque parece que es ni más ni menos que con lo que nos estamos encontrando.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.


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El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Acabo, señor presidente.

Finalidad de una cosa de estas solo se nos puede ocurrir una: culpabilizar, criminalizar la enseñanza en una lengua determinada. En Cataluña tenemos experiencia de eso, no se ha criminalizado pero sí culpabilizado nuestro modelo -que, por cierto, es muy distinto del de Euskadi- de inmersión lingüística; pues ahora por otra vía se pretende ya no culpabilizar sino criminalizar con una cosa tan delicada como es la enseñanza de los niños pequeños a los que lo hacen en una determinada lengua. Acabo como he empezado: señores, vergüenza, profunda vergüenza nos tendría que dar un ministerio que vive -parece- políticamente de los informes falsos.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guillaumes.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, la Ley Foral del Vascuence se aprobó en el año 1986; una ley de un Gobierno socialista, que contó con los votos del Partido Socialista, los votos de la entonces Coalición Popular, la abstención de UPN, el voto en contra de Eusko Alkartasuna y la no comparecencia de los seis diputados de Herri Batasuna. Fue una ley que marcaba el final de un periodo y que pretendía que mi generación fuera la última generación que había crecido y se había educado en Navarra sin tener la opción de poder estudiar jamás ni tan siquiera una hora de euskera, de vascuence o de vasco. Era una ley complicada -no es el día hoy de debatir la ley- que protegía la lengua propia, garantizaba su uso y difusión; una ley que yo siempre he considerado patrimonio colectivo y que forma parte del patrimonio de los navarros, de los vascos y de muchos más ciudadanos del mundo. Desde entonces obviamente han pasado muchas cosas: UPN ha gobernado prácticamente en solitario desde el año 1991, veinticinco años, y la politización identitaria de mi tierra entre el nacionalismo vasco y el endemismo navarro del nacionalismo, el navarrismo, ha convertido el euskera, el vasco, de una lengua que es de todos en un instrumento que solo sirve -o ellos creen- para atacar. Nosotros, los socialistas, construimos nuestras identidades de manera individual, cada uno se considera lo que cree, algo individual, privado y particular, mientras que otros... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado. Por favor, ruego silencio para que se pueda escuchar al orador. Continúe.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

... creen en las identidades nacionales, que no son culturales, son el resultado de acuerdos políticos, de transacciones. Así es que el euskera, el vasco, el vascuence, un patrimonio cultural de todos, ha sido patrimonializado por unos y ha sido también despreciado por otros en un enfrentamiento sin fin en la educación, en la cultura, en las concesiones de radios, donde hemos conocido últimamente auténticas cacicadas -no me importa decirlo-, en peleas y batallas sobre el mapa del tiempo, sobre si aparecen o no provincias, sobre cómo se dice una cosa o la otra, incluso sobre peleas entre olentzero -al que yo siempre fui-, Papá Noel y los Reyes Magos. Todo esto es esa horrible batalla identitaria en la que yo desde luego no creo. Así llegamos al informe misterioso que en Navarra ha causado indignación y preocupación, porque el ministerio ha negado por escrito y oralmente su existencia. Sin embargo, el Gobierno de Navarra lo tiene, y así lo han reconocido la presidenta del Gobierno, el vicepresidente y el consejero de Educación, y ha aparecido publicado en varios rotativos e incluso ha aparecido publicada una foto del mismo. De manera que ¿quién miente? Alguien miente y alguien miente sobre algo muy grave, porque, como se ha dicho hoy, España, nuestro Estado, no es un Estado policial, y desde luego no se puede investigar a un colectivo de 1.600 profesores por ser miembros de un cuerpo de funcionarios. No se puede criminalizar a un cuerpo de funcionarios, y así lo ha dicho el Parlamento de Navarra, más aún cuando desde el año 1991 ha gobernado UPN. No ha existido nunca ni un solo expediente a un solo profesor por adoctrinar a alumnos o por comportamientos que pudieran ser similares a los que este supuesto informe alude y desde luego es muy raro, muy extraño que surja justamente ahora este informe. Este es un informe -yo quiero creer al Gobierno de Navarra- que alguien ha hecho y que con la escasa credibilidad que tiene Interior, debe aclarar para tranquilizar a la opinión pública.

Por eso quiero terminar recordando las palabras de la declaración aprobada por el Parlamento de Navarra. En primer lugar, el respaldo y el reconocimiento a todo el conjunto de la comunidad educativa de Navarra, con independencia del modelo lingüístico en el que enseñen. En segundo lugar, el rechazo al


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intento de criminalizar el modelo D. En tercer lugar, y es importante porque no aparece en la moción de don Sabino Cuadra, el rechazo firme también a cualquier intento de instrumentalizar el sistema educativo con fines que no sean los propiamente educativos. Hubiese sido interesante incluir esa frase que también aprobó el Parlamento de Navarra en la declaración. A ver si es verdad y entre todos conseguimos normalizar también el uso de ese tesoro común, que es el euskera, en Navarra.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pérez Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, me corresponde fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular a la moción presentada por Amaiur, y después de escuchar al señor Cuadra y de leer y releer la moción, sobre todo la exposición de motivos, no queda otra opción que votarla negativamente, como es evidente. La votaremos negativamente por la manipulación y la demagogia que hacen de una cuestión tan seria como es la enseñanza en Navarra y más específicamente la enseñanza del modelo D en Navarra. Además, el portavoz de Amaiur ha realizado afirmaciones que no son ciertas, afirmaciones de criminalización y seguimiento policial al modelo D en Navarra. Esto, señorías, es falso. Se lo han dicho por activa y por pasiva y ustedes siguen erre que erre, con el piñón fijo, haciendo esas afirmaciones falsas. Quiero reiterar algo que es evidente: Solo hay seguimiento policial a los terroristas, seguimiento policial a los que hacen apología del terrorismo y seguimiento policial a los que colaboran con los terroristas de ETA. No hay seguimiento policial a ningún modelo educativo. Eso se lo inventan de manera gratuita e intencionada y de nuevo pretenden intoxicar con argumentos falsos.

Les quiero decir más. El texto de la moción es inasumible en sus tres apartados. En los puntos 1 y 2 de la moción, porque menosprecian al Parlamento de Navarra. Hablan en estos puntos de ratificar declaraciones del Parlamento o de avalar leyes navarras. Señorías, no parece necesario ni oportuno que las decisiones del Parlamento de Navarra ni que su legislación tengan que ser revalidadas por este Congreso... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: ... como piden en el texto de la moción, que se validen y ratifiquen temas del Parlamento de Navarra. Esta es una tutela que no parece lógica.

El punto tres de la moción es inasumible. Mezclan educación y euskera con terrorismo, confunden lucha antiterrorista con persecución de las libertades y manipulan una investigación policial hasta límites extremos. (Rumores). Le quiero reiterar que ni hay seguimiento policial a ningún sector profesional ni se criminaliza ningún modelo educativo ni se persigue a nadie por el hecho de tener un origen o ejercer una profesión. Lo que se investiga es la infiltración de la banda terrorista ETA, hasta dónde llega y en qué ámbitos lo hace. Esto es así y le quiero recordar el espíritu interno de enero de 2012 de la ilegalizada Segi-Batasuna-ETA que ya leyó el ministro en la interpelación y que abogaba por esta infiltración y realizaba un profundo análisis de la importancia de la educación para su estrategia. (Rumores). Decía -y le vuelvo a leer textualmente-: Es innegable el papel y la influencia que tiene en la identidad individual y colectiva, así como en el sistema de valores; además, ofrece una formación que responde a las necesidades del sistema. Para estructurar la independencia y el socialismo es obligatorio imbuir a los estudiantes de unos valores revolucionarios; es decir, hay que convertir a los estudiantes en sujetos revolucionarios y empezar desde hoy mismo a luchar por nuestro sistema educativo. (El señor Cuadra Lasarte muestra un documento). Esto lo escribían y, por tanto, se promueve desde organizaciones afines a ETA presencia en el sistema educativo. (Rumores). Hay que recordar que el objetivo tradicional de ETA ha sido atraer a los jóvenes navarros y para ello ha utilizado la infiltración de sus militantes en diferentes ámbitos, en especial en el educativo y formativo. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor diputado. Por favor, ruego silencio. Me indican en las filas superiores que no se puede oír al orador.

Continúe.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Ha utilizado a organizaciones como Jarrai, Haika, Segi, -todas ellas ilegalizadas por formar parte de ETA- y más específicamente a Ikasle Abertzaleak en los colegios,


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ikastolas, institutos y universidades. Hay que recordar que el mundo de ETA y su entorno siempre ha pretendido estar presente en la educación en el País Vasco y obsesivamente en Navarra. Pero no solamente en la educación. Ha buscado estar presente en las organizaciones sociales, culturales y deportivas y allí han mandado a sus gentes; en los conflictos laborales, allá estaban; en las fiestas patronales, allá también estaban para intentar boicotearlas. Por tanto, no me cuente que se sienten afrentados por investigar hasta dónde llega el terrorismo. (Rumores).

Por último, señor Olabarría y señor Cuadra, quiero decirles como miembro del Partido Popular de Navarra que sentimos un profundo respeto por el profesorado de Navarra y por el vascuence. Sentimos un profundo respeto por el vascuence y por su desarrollo, que queremos que esté alejado de planteamientos y de odio políticos que las organizaciones afines a ETA siembran en todos los ámbitos donde tienen presencia. (El señor Cuadra Lasarte muestra un documento). Quiero decirles también que la enseñanza de nuestros jóvenes, especialmente la de los niños, debe ser esencialmente democrática; debe ser una enseñanza en valores y de respeto. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar ya.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Termino, señor presidente.

Por ello, nos confundiríamos gravemente si confiáramos esta educación democrática precisamente a aquellos que más la han atacado utilizando para ello el peor y el más vil de los métodos, como es el terrorismo indiscriminado. Para evitar esto, a nuestro juicio, habría que estudiar medidas legislativas para que la función docente no sea usurpada por los enemigos de la libertad y de la paz. Por todo ello, votaremos en contra de esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Lapazarán.

Señor Cuadra, aunque no ha habido enmiendas a su moción, ¿cómo quiere usted que se vote?

El señor CUADRA LASARTE: Algún grupo nos lo había solicitado así. Por tanto, vamos a pedir que la votación sea punto por punto. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.

Señor Olabarría, me pide la palabra, supongo que por alguna alusión. Tiene usted dos minutos.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, quería utilizar los dos minutos que me concede en turno de alusiones solo para preguntarle qué amparo reglamentario procede cuando a un grupo parlamentario y al partido que representa se le acusa de un delito de colaboración con banda armada. Lo ha hecho el señor Gorriarán, no en el contexto argumentativo de su discurso sino con relación a mi partido y a mi grupo expresamente. Pienso, cuando menos, en la retirada inmediata de esa afirmación del "Diario de Sesiones". Mi grupo de ETA no ha recibido más que agresiones y víctimas, señor presidente. Resulta injusto e inveraz cualquier atribución de colaboración con banda armada, con la organización terrorista ETA, de un partido con 118 años de tradición democrática como el nuestro. Desde esa perspectiva, señor presidente, si lo pertinente es que se retire del "Diario de Sesiones", que se retire; si esto no es lo pertinente, esta imputación es delictiva, es un delito de calumnias, y tomaremos las medidas que consideremos oportunas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

No puedo retirar lo que no he dicho, porque en ningún momento he dicho tal cosa. Lo que he dicho es que lo que ha habido -me reafirmo en ello y lo reitero- es ninguneo e incluso chacota y cachondeo respecto a la gente que en el sistema educativo vasco sufría la persecución de ETA y que en eso participaron miembros relevantes del Partido Nacionalista Vasco, y no voy a decir más, porque es la pura verdad. Sí le diré al señor Olabarría que cuando él y su partido se empeñen en que ninguna lengua, el euskera o cualquier otra, se emplee para el adoctrinamiento ideológico va a tener totalmente nuestro apoyo y nuestro acuerdo, pero mientras nieguen que esto ha sido y sigue siendo así, no nos pondremos de acuerdo. Solamente le diré otra cosa, y es que si ustedes se creen que nosotros hemos vivido todo lo


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que hemos vivido para que ahora nos quieran obligar a contar una historia distinta de la que hemos sufrido, están completamente equivocados. Van a tener que oír esto todas las veces que nos parezca justo decirlo y desde luego se hará y se hará las veces que haga falta.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Creo que queda claro que no ha habido ninguna acusación de colaboración con banda armada.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 17/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE DETERMINA EL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS CONTRATOS SUJETOS AL PRECIO VOLUNTARIO PARA EL PEQUEÑO CONSUMIDOR EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. (Número de expediente 130/000047).

El señor PRESIDENTE: Vamos, entonces, a proceder a las votaciones. En primer lugar, votamos la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 17/2013, de 27 de diciembre, por el que se determina el precio de la energía eléctrica en los contratos sujetos al precio voluntario para el pequeño consumidor en el primer trimestre de 2014. Hay tres votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326, más 3 votos telemáticos, 329; a favor, 172, más 2 votos telemáticos, 174; en contra, 132, más 1 voto telemático, 133; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.

Como lo ha solicitado algún grupo, vamos a votar ahora que el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325, más 3 votos telemáticos, 328; a favor, 146, más 1 voto telemático, 147; en contra, 179, más 2 votos telemáticos, 181.

El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE. (Número de expediente 121/000071).

El señor PRESIDENTE: Ahora sometemos a votación las enmiendas de totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Las tres enmiendas a la totalidad han sido presentadas por los grupos de La Izquierda Plural, Socialista y Mixto (señor Tardà). Hay tres votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326, más 3 votos telemáticos, 329; a favor, 144, más 1 voto telemático, 145; en contra, 180, más 2 votos telemáticos, 182; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

AVOCACIÓN POR EL PLENO:

El señor PRESIDENTE: A petición de algún grupo, vamos a votar la avocación de este proyecto a Pleno.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 150; en contra, 175.

El señor PRESIDENTE: No será avocado a Pleno.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, A LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SOBRE LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LA REFORMA LABORAL APROBADA EN 2012. (Número de expediente 173/000127).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista a la ministra de Empleo y Seguridad Social sobre las intenciones del Gobierno respecto de la revisión de la reforma laboral aprobada en 2012. Se va a votar en sus propios términos, pero vamos a proceder a cuatro votaciones distintas. En primer lugar, se vota el punto número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 135; en contra, 191.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 2.a.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 135; en contra, 189.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 2.b.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 144; en contra, 181.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Finalmente, punto 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 151; en contra, 173; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR CUADRA), RELATIVA A LA INTENCIÓN DEL GOBIERNO SOBRE EL SEGUIMIENTO POLICIAL Y LA CRIMINALIZACIÓN DEL PROFESORADO DEL MODELO D EN NAVARRA. (Número de expediente 173/000128).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Cuadra, relativa a la intención del Gobierno sobre el seguimiento policial y la criminalización del profesorado del modelo D en Navarra. Se vota en sus propios términos y va a haber tres votaciones. Votamos, en primer lugar, el punto 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 148; en contra, 177; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 145; en contra, 180; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


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Punto 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 43; en contra, 282; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Se suspende la sesión.

Eran las nueve de la noche.

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