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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 168, de 19/12/2013
cve: DSCD-10-PL-168
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 168
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 159
celebrada el jueves,
19 de diciembre de 2013


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ORDEN DEL DÍA:

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 55-1, de 16 de julio de 2013. (Número de expediente 121/000055) ... (Página4)

- Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 64-1, de 4 de octubre de 2013. (Número de expediente 121/000063) ... (Página9)

- Proyecto de Ley del Sector Eléctrico. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 65-1, de 4 de octubre de 2013. (Número de expediente 121/000064) ... (Página14)

- Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 69-1, de 4 de octubre de 2013. (Número de expediente 121/000068) ... (Página31)

- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 63-1, de 2 de octubre de 2013. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 63-3, de 3 de octubre de 2013. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 63-4, de 21 de octubre de 2013. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 63-6, de 29 de octubre de 2013. (Número de expediente 121/000069) ... (Página46)

- Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 49-1, de 21 de junio de 2013. (Número de expediente 121/000049) ... (Página61)

- Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 58-1, de 6 de septiembre de 2013. (Número de expediente 121/000058) ... (Página72)


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página88)

Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. (Votación) ... (Página89)

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página90)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

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Enmiendas del Senado ... (Página4)

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Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público ... (Página4)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió, y los señores Camacho Vizcaíno, del Grupo Parlamentario Socialista, y Vázquez Jiménez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el Sector Público ... (Página9)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto, y Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y las señoras Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Jiménez Mínguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Proyecto de Ley del Sector Eléctrico ... (Página14)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, las señoras Pérez Fernández y Jordà i Roura, y los señores Errekondo Saltsamendi y Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; así como los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Vuelven a hacer uso de la palabra los señores Sánchez i Llibre y Segura Clavell.

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Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social ... (Página31)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Quevedo Iturbe, la señora Fernández Davila, y los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto;


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Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); así como las señoras López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, y España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Vuelven a hacer uso de la palabra el señor Campuzano i Canadés y la señora España Reina.

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Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 ... (Página46)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz, Álvarez Sostres y Baldoví Roda, las señoras Oramas González-Moro y Fernández Davila, y los señores Bosch i Pascual y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista, y Gallego Burgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias ... (Página61)

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila y Jordà i Roura, y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Gómez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Garrido Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ... (Página72)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz, Álvarez Sostres y Baldoví Roda, y las señoras Oramas González-Moro, Fernández Davila, Jordà i Roura y Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; así como los señores Pàramo i Ponsetí, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Zarrías Arévalo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Vuelven a hacer uso de la palabra el señor Zarrías Arévalo, la señora De las Heras Ladera y el señor Merino López.

El señor secretario (Gil Lázaro), a petición del señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), da lectura a un texto en referencia al proyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social.

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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página88)

Sometidos a votación separada los distintos puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre los nuevos recortes y el cambio unilateral de modelo sanitario y el consiguiente rechazo de los ciudadanos, son rechazados todos.


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Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. (Votación) ... (Página89)

Sometida a votación la solicitud de autorización por el Congreso de los Diputados del acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013 por el que se autoriza el despliegue y la participación de las Fuerzas Armadas españolas en los apoyos a la Misión de Naciones Unidas para la estabilización de la República Centroafricana, se aprueba por 306 votos a favor, más 3 votos telemáticos, 209; 2 en contra y 17 abstenciones.

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Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página90)

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, son aprobadas todas.

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, son aprobadas todas.

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley del sector eléctrico, son aprobadas todas.

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social, son aprobadas todas.

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, son aprobadas todas.

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, son aprobadas todas.

Se levanta la sesión a las seis y treinta minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE IMPULSO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y CREACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS EN EL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 121/000055).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Hoy veremos siete puntos, que son enmiendas del Senado. El segundo punto es un proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, y cuando iniciemos el debate del mismo diré una hora antes de la cual no habrá votaciones.

En primer lugar, corresponde el debate de las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de impulso de la factura electrónica y creación de registro contable de facturas en el sector público. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Voy a ser muy breve. A nuestro grupo le parece sorprendente que haya pasado como otras veces con la tramitación de esta ley en el Senado. La ley de factura electrónica es una ley con un perfil muy técnico, que tiene que ver con la simplificación de trámites y con la adaptación a las tecnologías de la información de cuestiones comerciales y de tramitación muy prácticas y que, por tanto, tiene nuestro apoyo, pero es


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que a su paso por el Senado se le ha añadido la modificación de una ley diferente, que sin duda tiene que ver con la factura electrónica, como es la Ley de Contratos del Sector Público. Este procedimiento nos parece que es una gran falta de respeto al Congreso como institución. Nadie viene aquí siquiera a explicarnos por qué en el Senado se aprovecha este viaje para hacer una modificación de una ley diferente. No hay ninguna justificación o explicación, al menos nuestro grupo no ha recibido ninguna del porqué de esta modificación de una ley que tiene una gran importancia para la contrataciones públicas y, por tanto, para la mejora de la transparencia, para erradicar el despilfarro y para que haya una gestión de mayor calidad. Por tanto, nuestro grupo ha solicitado votación separada. Votaremos a favor de la ley de factura electrónica, pero no podemos aceptar, por buena que técnicamente pudiera ser, esta modificación de una ley diferente hecha de matute y aprovechando que pasaba por el Senado, ignorando absolutamente la tramitación parlamentaria. Así no se puede legislar. No es extraño que en las leyes que se presentan se hagan semejantes chapuzas porque el fondo y la forma están relacionados y si se hacen así las cosas es porque realmente o no se saben explicar, o no se han sabido planificar, o no se sabe justificar el porqué.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.

A nuestro juicio, esta forma de legislar es un procedimiento bastante inaceptable, en la medida en que compartimos lo que acaba de decir el portavoz anterior. La disposición final tercera lo que hace es incluir una nueva ley, aprobando por la vía del Senado cuestiones que deberían debatirse desde el principio en esta Cámara. Nos parece que es importante denunciarlo. Por otro lado, esperábamos que en el Senado pudieran acometerse algunas de las enmiendas que habíamos solicitado, por lo menos en su espíritu, en la Comisión de Economía, que a nosotros nos parecían fundamentales y que tenían que ver con el mantenimiento del empleo, porque, a nuestro juicio, siempre va a ser importante agilizar todos los trámites en la actividad económica, pero no a costa del empleo. Era necesario acometer algún tipo de compensación en aquellas empresas que al aplicar las disposiciones que agilizan estos trámites pudieran perder cantidades ingentes de empleo. Nos parecía que el Senado hubiera sido una buena oportunidad y lamentamos que no haya sido así.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Gracias, presidente.

Señorías, tal como manifestamos en el debate en Pleno, la propuesta legislativa que hoy debatimos se presenta como una reforma estructural a los efectos de erradicar la morosidad de las administraciones públicas mediante el establecimiento de un sistema único de facturación electrónica estandarizado y diversos registros de entrada que, por una parte, entendemos favorecerá y agilizará los pagos a los proveedores y, por otra, se erigirá como un buen indicador de la morosidad de las mismas y de la deuda comercial existente. Entendemos que la implantación de este sistema en todo el Estado deberá contribuir al control del gasto público y del déficit y también es una medida de transparencia que deberá redundar en una mayor confianza en los datos que constituyen las cuentas públicas.

Tal como manifestamos en el debate en Pleno, estamos de acuerdo en líneas sustanciales con el proyecto desde su perspectiva global, en el sentido de que debe impulsarse la factura electrónica en la totalidad del sector público y el hecho de que deba existir un punto de entrada en cada uno de los niveles administrativos. En este sentido, no tenemos objeciones a la presente ley, tal como se define en el capítulo I. Por otra parte, entendemos que debe articularse un sistema que obligue a presentar facturas electrónicas ante las administraciones públicas; a ello corresponde el capítulo II de la ley, con el cual también nos mostramos de acuerdo. Consideramos también positivo desde el grupo parlamentario que represento el hecho de que se cree un registro contable de facturas electrónicas aplicable a cada uno de los objetos sometidos al ámbito de aplicación de la presente ley -todo ello incluido en el capítulo IV- y, a su vez, estamos de acuerdo en que se regulen desde la perspectiva contractual los efectos de entrega de la factura electrónica. También estamos de acuerdo en que el sector privado debe adaptarse a esta realidad cada vez más cambiante por la presencia de las nuevas tecnologías y los cambios en la sociedad


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de la información. Debe adaptarse mediante la imposición de ciertas obligaciones relativas a la facturación electrónica establecidas en la Ley de medidas de impulso de la sociedad de la información. De hecho, nuestro grupo parlamentario presentó dos enmiendas que pretendían reforzar más este tipo de obligaciones en relación con las empresas del sector privado y que a su vez se otorgase una plena protección, que para nosotros es muy importante, de los usuarios y los consumidores.

Más allá de nuestra valoración favorable al proyecto de ley, manifestamos también una serie de discrepancias que manteníamos en las enmiendas al capítulo III y a la disposición adicional primera de la ley en lo relativo al formato de las facturas electrónicas en las administraciones públicas, instando a la posibilidad de utilizar diferentes formatos. Entendemos que el formato del Estado es factura-e, que es uno de los principales formatos de facturación electrónica utilizados por las diferentes administraciones, pero hay que recordar que existen otros formatos muy extendidos por sectores con mucho peso en sus relaciones con las administraciones públicas por su función proveedora, un ejemplo de ello es el sector salud. En Cataluña se utiliza la factura electrónica con el formato UN/Edifact, especialmente en el ámbito de los servicios de salud en las relaciones con sus proveedores. Un único formato, a nuestro entender, conlleva un derroche de las inversiones ya realizadas hasta hoy y un significativo coste para los actuales y futuros usuarios de la factura electrónica, especialmente para aquellas empresas que sirven al sector público y que actualmente utilizan el formato de factura electrónica UN/Edifact. Ellas se verían obligadas a adecuar sus sistemas informáticos a un formato nuevo. No es razonable para el grupo parlamentario que represento que sean estas miles de empresas suministradoras, la gran mayoría pequeñas y medianas empresas, las que tengan que soportar los costes de utilización de varios formatos de factura cuando el coste para la Administración, de estar capacitada para recibir varios formatos, es comparativamente insignificante, sobre todo teniendo en cuenta que bastaría con habilitar los puntos centrales de recepción de facturas que aún no dispongan de ello, que son un número muy reducido.

Por todo ello, desde el grupo parlamentario que represento de Convergència i Unió hemos insistido a través de nuestras enmiendas en modificar estos aspectos del capítulo III, para que se permitan varios formatos estructurados de factura electrónica, que no se establezca un modelo único y que a su vez el punto general de entrada permita la recepción de todos los formatos. Hay que recordar asimismo la obligación legal establecida en el artículo 1.3 de la Ley 56/2007, de medidas de impulso para la sociedad de la información, en la que se determina que estas normas, los formatos de factura electrónica, no serán restrictivas y fomentarán que el sector público adopte los formatos de amplia implantación definidos por las organizaciones de estandarización globales pertinentes de medidas de impulso de la sociedad de la información.

Señorías, aunque comprendemos el papel del formato factura-e 3.2 como formato de referencia, ello no debe ser en detrimento de otros actualmente utilizados en el sector público que sí siguen estándares globales y por ello cumplen no solo con las directrices de la legislación actual española sino que siguen también las recomendaciones globales de las que se han dotado a sí mismos determinados sectores, como el de sanidad, defensa, puertos, etcétera. Entendíamos que estas consideraciones y enmiendas podían incorporarse al proyecto de ley ya que suponían una mejora sustancial, que es necesaria para el buen funcionamiento del sector y para el correcto y más eficiente impulso de la factura electrónica. Tal como he dicho, los costes de adaptación para la aceptación de los diferentes formatos deberían ser soportados por la Administración General del Estado para que de esta forma se impida de nuevo imponer costes innecesarios y muy elevados a las pequeñas y medianas empresas que limiten la competitividad de las mismas, tan necesaria en estos momentos.

Lamentamos que en el trámite del Senado no se hayan podido incorporar y aceptar estas enmiendas presentadas por el Grupo de Convergència i Unió. En cambio, sí se han incorporado tres nuevas enmiendas a las que me voy a referir brevemente. En primer lugar, nos parece correcta la incorporación de las mutuas de trabajo de la Seguridad Social en el ámbito de la aplicación de la presente ley. En cuanto a la segunda enmienda, relacionada con la recomendación a las diferentes Cámaras legislativas de adoptar las medidas necesarias de impulso de la factura electrónica, sin perjuicio de la autonomía reglamentaria que tienen las mismas, nuestro grupo se abstendrá. La última consideración tiene que ver con la modificación que se propone de determinados artículos de la Ley de Contratos del Sector Público a los efectos de exigir mayores requisitos para acreditar la solvencia por parte de los contratantes con la Administración pública. Entendemos que esta modificación podía haberse aprovechado para impulsar otras modificaciones con el fin de facilitar la contratación entre la Administración pública y las pequeñas y medianas empresas, así como también podía haberse aprovechado la oportunidad para facilitar el reconocimiento a nivel estatal de las inscripciones efectuadas por cualquier empresario contratante en una comunidad autónoma.


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Señor presidente, señorías, nos parece difícil de entender que una modificación relevante como esta, que afecta a la Ley de Contratos del Sector Público, se haya hecho vía enmienda en el Senado y no como una propia reforma o iniciativa, con un debate propio que debería haber merecido en el Pleno del Congreso. Votaremos a favor de la ley pero nos abstendremos en estas dos últimas enmiendas, con las consideraciones que he hecho una vez recibidas dichas enmiendas del Senado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Camacho.

El señor CAMACHO VIZCAÍNO: Gracias, señor presidente.

Subo al estrado a los efectos de fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la ley de la factura electrónica que vuelve hoy del Senado, y he de comenzar mi intervención señalando que los socialistas estamos a favor de los objetivos de esta ley, siempre hemos estado a favor de la modernización de la Administración y de la innovación tecnológica. En definitiva, esta ley bebe de los grupos de trabajo y de los foros que en su momento fueron constituidos durante los Gobiernos socialistas a efectos de conseguir estos objetivos. Estamos a favor de reducir la morosidad de las administraciones públicas, mejorando con ello la competitividad de las empresas al no ser necesaria una financiación tan intensa, porque se ha demostrado en los últimos años que esa falta de financiación constituye un problema para nuestra economía. Estamos también a favor de un seguimiento de esas facturas electrónicas y de un sistema que nos permita fijar el escenario de cuál es la deuda y el nivel de morosidad de nuestras administraciones. Pero, a pesar de que estamos de acuerdo con el objetivo de la ley, no lo estamos con la ya reiterada defectuosa técnica legislativa utilizada por el Partido Popular y sobre todo no estamos de acuerdo con esa incapacidad patológicamente congénita que tiene el Partido Popular de llegar a acuerdos incluso en leyes en las que todos los grupos parlamentarios están de acuerdo con los objetivos. Escasas señorías del Partido Popular, no tiene sentido que una ley como esta, que afecta a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas y a los entes locales, sea una norma en la que se haya prescindido de informes preceptivos o de informes absolutamente necesarios para que la ley produzca los efectos deseados. No hay informe de la Comisión Nacional de Administración Local, no hay informe del Comité Sectorial de la Administración Electrónica, no hay informe de la Federación Española de Municipios y Provincias. En definitiva, señorías del Partido Popular, esa mayoría absoluta que tienen en este momento en la Cámara creo que se les ha atragantado y legislan -así lo están demostrando en estos dos últimos años- con una cierta soberbia, incluso respecto a normas que afectan a la Administración autonómica o a la Administración local. Este país, señorías, tiene un grave problema de cohesión territorial que creo que se está poniendo de manifiesto con especial virulencia en los últimos tiempos, y no podemos imputar ese problema de cohesión territorial a la pulsión independentista que hay en una parte de nuestros ciudadanos y en una parte de nuestros partidos políticos, sobre todo si una parte de nuestra clase política no hace demasiado tiempo extendió a lo largo y ancho de nuestro país mesas pidiendo que se convocara un referéndum contra el Estatuto de Cataluña. (Aplausos). Una actitud irresponsable que mantuvieron cuando estaban en la oposición y que no cambiaron cuando asumieron el Gobierno. Espero que en lo que queda de legislatura legislen mejor a efectos de conseguir que al final podamos concluir que fueron un Gobierno sensato.

No entendemos cómo no han admitido enmiendas del Partido Socialista que eran de pura técnica legislativa; por ejemplo, a la hora de fijar el ámbito subjetivo de la ley, hablan del Estado, de las comunidades autónomas y de los entes locales, dando a entender que ni las comunidades autónomas ni los entes locales son Estado. Se equivocan profundamente. La expresión correcta es Administración General del Estado. Presentamos una enmienda en este sentido que fue rechazada por el Partido Popular; no sé si leída, pero sí rechazada por el Partido Popular. Tampoco entendemos por qué razón no han admitido enmiendas que iban destinadas a conseguir que el objetivo que pretende la ley y que se recoge en la exposición de motivos fuera un objetivo que realmente podamos llegar a conseguir. No entendemos por qué han excluido las facturas por importe inferior a 5.000 euros -son en algunos ámbitos el mayor número de facturas-, y el escenario que vamos a tener con la ley que hoy sin duda se va a aprobar va a ser limitado, un escenario en el que no va a estar presente una parte de la deuda comercial de las administraciones públicas. Tampoco entendemos por qué se han opuesto a la creación de un órgano de cooperación interadministrativa que pudiera solucionar los problemas que puede plantear una ley que ha de aplicarse en todos y cada uno de los ámbitos de la Administración. Tampoco entendemos cómo no han


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votado a favor de normas que trataban de garantizar una financiación adecuada para la puesta en marcha del proyecto de ley, o por qué tampoco han votado a favor de una norma que decía que el formato de la factura electrónica -ya ha hecho referencia a ello la diputada de Convergència- fuera fijado con un acuerdo en el Comité Sectorial de la Administración Electrónica, que es, en definitiva, donde están representados los miembros de cada una de las administraciones que se ven afectadas por este proyecto. Sin embargo, entendemos perfectamente por qué han rechazado la enmienda relativa a la protección de datos, dado el talante que están manteniendo en los últimos tiempos en torno a la protección de los derechos y de las libertades de los ciudadanos.

En definitiva, señorías del Partido Popular, se trata de una ley que tenía un objetivo que creo que compartíamos todos los grupos parlamentarios de esta Cámara pero que, como consecuencia de esa defectuosa técnica legislativa a la que he hecho referencia al inicio de mi intervención, se va a quedar un poco en agua de borrajas. Por lo que se refiere a las enmiendas introducidas en el Senado, votaremos a favor de la ampliación del ámbito subjetivo de la ley a las mutuas de trabajo y accidentes profesionales, y nos abstendremos en relación con esa disposición que se ha aprobado en el Senado y que pretende garantizar la autonomía de las cámaras a la hora de contratar. Estamos radicalmente en contra de la profunda modificación que han hecho en el Senado de la legislación en materia de contratos públicos por razones de forma. Esas no son formas de legislar. No sé cuál es el respeto que ustedes tienen a esta Cámara, pero actuaciones de este tipo, con modificaciones tan profundas de la legislación en materia de contratación pública como las llevadas a cabo en el Senado, creo que no dan idea de un respeto al menos mínimo a la importancia que tiene esta Cámara a la hora de legislar. También nos oponemos por razones de fondo. No entendemos -quisiera que el portavoz del Partido Popular lo explicara de manera detallada- qué sentido tiene en este momento, cuando los ciudadanos tienen la sensación de que los políticos no actuamos bien, que se rebajen las garantías en materia de contratación pública, en definitiva, que no sea necesaria la clasificación para la realización de contratos por las administraciones, más allá del contrato de obras. No creo, señores del Partido Popular, que este sea el momento de rebajar las garantías de la contratación pública. No creo que sea posible explicar a los ciudadanos en este momento que se pueden rebajar esas garantías. Creo que nos deben explicar hacia dónde van, qué es lo que pretenden, qué es lo que quieren conseguir con esa rebaja de garantías.

Termino ya. Se trata de una ley que tenía un magnífico objetivo que nos iba a permitir esa modernización de la Administración en la que creo que estamos de acuerdo todos, pero esa soberbia que caracteriza al Partido Popular a la hora de legislar, ese no tener en cuenta enmiendas que incluso son puras enmiendas de técnica legislativa, va a conseguir que esta ley, desgraciadamente, no cumpla con la finalidad que recoge en su exposición de motivos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camacho.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Vázquez.

El señor VÁZQUEZ JIMÉNEZ: Gracias, presidente.

Señorías, estamos ante una ley que complementa un proceso de reformas legislativas del Gobierno que se inició a principios del pasado año 2012. El continuo déficit público lleva aparejado el correspondiente incremento de la deuda pública que, asociado a la deuda comercial de las administraciones acumulada durante mucho tiempo, creaba graves problemas en las empresas. Los impagos a proveedores estaban contribuyendo a la destrucción de empresas y de empleo, ya que los retrasos estructurales en los pagos de las administraciones afectan de forma directa a la liquidez de las empresas, especialmente por la dificultad de financiación en un momento de fuerte contracción del crédito, y de manera muy directa a pequeñas y medianas empresas. Además, estos retrasos se estaban transmitiendo por el conjunto de la cadena de pagos, lo cual se consolidó como un mecanismo de propagación de la crisis económico- financiera. Por ello, el Gobierno aprobó el decreto 4/2012, que abordó por primera vez y de forma directa el problema de los impagos en las administraciones públicas. Lo hizo mediante el establecimiento de un mecanismo de financiación para el pago de proveedores de las entidades locales. Este real decreto se hizo extensible posteriormente a las comunidades autónomas, y se hace un segundo plan de pagos que recoge las facturas hasta el 31 de diciembre de 2011, con un tercer plan de pagos que recoge facturas hasta el 31 de mayo de 2013.

Con estos tres planes de pago a proveedores se inyectaron en el sistema productivo cerca de 42.000 millones de euros, se pagaron ocho millones de facturas que afectaron a 230.000 proveedores. Estas iniciativas se enmarcan en el contenido del informe de la Comisión de la reforma de la Administración


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pública -alguien decía en una intervención que no había habido informes de ningún tipo de comisión, pero esta era la que se había encargado de la reforma de la Administración pública- para hacer las reformas estructurales y velar por la morosidad de las administraciones.

El proyecto de ley de impulso a la factura electrónica y creación de registro contable de facturas del sector público da una solución estructural al control y lucha contra la morosidad pública, impulsa el uso de la factura electrónica y crea el registro contable con el objetivo de agilizar los procedimientos de pago a los proveedores y llevar el control de las facturas pendientes de pago que existan en cada momento. Todos los proveedores tendrán la obligación de presentar las facturas en el momento en que hayan cumplido los servicios prestados o los bienes entregados y lo harán en un plazo de treinta días desde la entrega efectiva de la mercancía o la prestación del servicio.

En el ámbito subjetivo, el proyecto establece la obligatoriedad, especialmente para las sociedades, del uso de la factura electrónica a la mayor parte de proveedores comerciales, dando la posibilidad de excluir de dicha obligación de forma reglamentaria aquellas facturas de importe inferior a 5.000 euros con el fin de agilizar todo el procedimiento y que no se produzcan estrangulaciones por la multitud de facturas que pueda haber cuando haya otras soluciones de pago, como es el anticipo de caja para resolver el pago de facturas inferiores a este importe de 5.000 euros.

Se regula igualmente la estructura y formato así como la obligatoriedad de incorporar la firma electrónica basada en un certificado o sello electrónico avanzado. Se crea el punto general de entrada de facturas electrónicas que será intermediario entre el proveedor que presenta la factura y la oficina contable competente para su registro. No obstante, las entidades locales podrán adherirse al uso del punto general de la Administración General del Estado, la diputación o la comunidad autónoma a la que pertenezcan. A su vez, estas lo podrán hacer al punto de la Administración General del Estado. El sistema proporcionará a la vez un acuse de recibo de forma automática. También se crea el registro contable de facturas integrado en el sistema de información contable con el fin de facilitar el seguimiento de las mismas. Este será gestionado por la unidad administrativa que tenga asignada la función de contabilidad. El órgano responsable de la contabilidad elaborará un informe trimestral de aquellas facturas -esto es importante- en las cuales haya transcurrido un periodo superior a tres meses desde que fueron anotadas sin haber reconocido la obligación de la misma.

En la tramitación de esta ley en el Senado se han incorporado dos enmiendas, la primera -en la que parece que todos estamos de acuerdo- de carácter subjetivo en la que se incluyen las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales como colaboradoras de la gestión de la Seguridad Social, y en la segunda se modifica el texto refundido, efectivamente, y se hace por entender que se estaba perjudicando el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la licitación de los contratos del sector público. Por eso se incluye, no para favorecer, para facilitar a las pequeñas y medianas empresas el acceso a la licitación del concurso. Alguien pregunta por qué; sencillamente para eso, para que tengan la facilidad de acceder a la licitación del concurso y no otra cosa. Creo que es buena esa modificación porque incorpora a las pequeñas y medianas empresas, que también tienen el derecho a esa licitación, retirando algo que casi regulaba la negativa a su participación como era la calificación. Estamos en el último tramo de una ley que todos creemos necesaria -se ha puesto de manifiesto por todos los portavoces- y yo diría indispensable. Supone la mejora en el control y el rigor de la gestión de las administraciones públicas, que garantiza los pagos y lucha contra la morosidad que tanto daño ha hecho a las pequeñas y medianas empresas porque ha perjudicado su viabilidad. Si esta ley se hubiera hecho hace unos años, hubiéramos evitado mucha angustia y mucha zozobra a muchas de las empresas que han tenido que cerrar y a los empleados que han sido despedidos.

Para finalizar, quiero agradecer a todos los grupos su trabajo a través de las enmiendas, que sin duda han mejorado el proyecto inicial, llegando a un texto definitivo que vamos a votar. Como colofón, les pido que pongan la guinda apoyando con su voto a favor la aprobación de esta ley, porque estoy seguro de que las empresas proveedoras de las administraciones públicas se lo van a agradecer y sobre todo, se lo digo al Grupo Parlamentario Socialista, se lo van a agradecer las pequeñas y medianas empresas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL EN EL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 121/000063).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público. Al ser una ley orgánica -lo hubiera hecho en todo


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caso para que sus señorías tengan una idea de a qué hora vamos a votar-, después de haber sido analizada la situación por los servicios de la Cámara, les anuncio que no se va a votar antes de las cinco de la tarde, pero me gustaría que la votación fuera lo más cercana posible a esa hora, aunque eso ya lo aseguro menos.

Comenzamos el turno de fijación de posiciones en esta ley por el Grupo Unión Progreso y Democracia, en cuyo nombre tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Ya tuve el honor de fijar la posición de mi grupo sobre esta ley en varias intervenciones anteriores y, como señalamos, es una posición favorable. El modelo que aquí se nos propone no es el nuestro, porque nosotros querríamos una ventanilla de la Administración central en la que cualquier factura que superase el plazo legal de treinta días se pudiese descontar, fuese del ayuntamiento o de la comunidad que fuese, y por supuesto el Estado descontaría luego esa cuantía de la Administración morosa. Esto sería mejor porque permitiría aflorar todas las facturas, permitiría que el plazo de treinta días se cumpliese de forma efectiva, no como va a suceder con esta ley, que acabará siendo un plazo de sesenta días, y permitiría atender las necesidades individuales, no solo la media, como aquí se va a atender. Sin embargo, dicho esto, también pensamos que la ley supone una mejora sobre la situación actual, sobre todo porque introduce una serie de mecanismos de coordinación entre las administraciones, algunos de los cuales nosotros venimos defendiendo desde hace más de seis años. Por tanto, se queda corta pero va en la dirección adecuada, por lo que mantenemos el apoyo que hemos manifestado en intervenciones anteriores.

En cuanto a las enmiendas del Senado, la más relevante es la enmienda que da un día más de asuntos propios a los funcionarios. A este respecto querríamos recordar los importantes recortes que han sufrido los funcionarios durante años: reducciones y congelaciones salariales, tasa de reposición del 0 % o el 10 %, recorte de los beneficios sociales, recorte en tres días de los días de asuntos propios. Consideramos que esta especia de aguinaldo navideño que el ministro de Hacienda ha tenido a bien darles es, más que una reparación de los problemas, casi una provocación. Sustituir todos los problemas acumulados por el aguinaldo navideño no es desde luego una solución adecuada a los problemas en unas administraciones que han sufrido tantos recortes y que tienen necesidad de una reforma a fondo, incluyendo una reforma de su estructura salarial. Dicho lo cual, reitero nuestro apoyo al conjunto de la ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario entiende que es bueno, básico y fundamental que las administraciones públicas paguen a sus proveedores, no puede ser de otra manera, pero este proyecto de ley, por resumirlo mucho, lo que hace es elevar eso a la categoría de máxima necesidad dentro de las administraciones públicas, y no lo compartimos. No lo compartimos porque entendemos que atender los servicios públicos y otras obligaciones de las administraciones públicas, de las administraciones locales y autonómicas, es una cuestión básica. Esta ley cierra una parte del ciclo que se inició con la reforma del artículo 135 de la Constitución y por eso no la hemos apoyado en su tramitación parlamentaria y no la vamos a apoyar cuando finalice la misma. No obstante, viene con enmiendas del Senado, la mayoría de las cuales no introducen modificaciones sustanciales, pero el señor Anchuelo ha hecho referencia a una, a esa especie de aguinaldo navideño que es la recuperación de uno de los días de libre disposición que se les quitó a los funcionarios mediante el Real Decreto 20/2012, que mi grupo parlamentario va a apoyar, aunque la verdad es que hubiese sido más justo que con la misma enmienda o por el mismo procedimiento se hubiese recuperado la parte de la paga extra que se les quitó y que hasta el momento de la publicación del real decreto había devengado derechos a los funcionarios. Esa eliminación ha sido llevada a los tribunales y la demanda ha sido ganada por muchos funcionarios. Se podría haber aprovechado este proyecto de ley para restituir esa paga, ya que se ha hecho para recuperar uno de los días de libre disposición.

Concluyo diciendo que no vamos a apoyar la votación de conjunto de la ley por lo que he dicho antes, porque entendemos que, por mucho que haya derecho a que los proveedores cobren puntualmente o lo antes posible los servicios devengados a las administraciones públicas, ello no debe ser a cualquier


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precio, a costa de la autonomía municipal, a costa de la autonomía de las comunidades, sino que por encima de todo debe estar el mantenimiento de los servicios públicos, que para nosotros es clave.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra su representante, el señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros tampoco vamos a apoyar esta ley porque aunque creemos que los proveedores tienen que cobrar de las administraciones públicas, ¡faltaría más!, en este proyecto de ley lo que hay es una intención de camuflaje y una mala intención de fondo al intentar hacer pasar como morosas a esas administraciones que dependen de las transferencias del Estado. El Gobierno español es quien recauda, es quien tiene la caja, por lo que es el responsable último de la morosidad; de hecho, es quien acumula más deuda con mucha diferencia. Además, mientras se argumenta que hay administraciones que no pagan, que son morosas y se está culpando a otras administraciones que no son el Gobierno central, se están bloqueando los presupuestos de la Administración catalana, por ejemplo, lo cual provoca unas pérdidas calculadas entre 10 y 13 millones y el consiguiente déficit. Y al mismo tiempo el Gobierno está diciendo que esta anulación del impuesto sobre la banca catalana no se compensará con un impuesto de tipo cero, lo que también genera pérdidas o ingresos menguantes. Así, pues, nos parece que hay mala intención detrás de este discurso y que las cosas se tendrían que resolver de otra manera. Lo que me sorprende es que todavía haya gente que no entienda que nosotros en estas condiciones pidamos responsabilidad y emancipación económica y política.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.

La posición de Convergència i Unió en relación con este proyecto de ley orgánica no ha variado. Presentamos una enmienda a la totalidad, votamos en contra del dictamen, en el Senado presentamos de nuevo un veto y no contó con nuestro apoyo en la Cámara Alta, y todo ello no porque no compartamos que las administraciones públicas deban satisfacer sus deudas con los proveedores comerciales, no, al contrario, lo compartimos, sino por una profunda discrepancia que mantiene mi grupo parlamentario en cuanto a que el proyecto de ley instrumenta una modificación de la Ley de Sostenibilidad Financiera introduciendo un concepto, deuda comercial, y equiparando estabilidad presupuestaria con deuda comercial, mezclando conceptos totalmente diferentes, como son tensiones de tesorería de las administraciones con déficit presupuestario. Y esa discrepancia profunda se da mientras a las administraciones afectadas por la norma, esto es, ayuntamientos y comunidades autónomas, no se les dota de mecanismos suficientes para garantizar su cumplimiento, sobre todo en el campo de los ingresos. Porque sin garantizar la capacidad financiera de comunidades autónomas y ayuntamientos, sin configurar instrumentos que faciliten el objetivo que persigue la norma, que es el cumplimiento de las obligaciones comerciales de las administraciones, la norma proyectada no servirá para alcanzar el objetivo que persigue, no facilitará el efectivo pago en tiempo y forma de las obligaciones contraídas por las administraciones públicas con sus proveedores. Además, las consecuencias previstas en el proyecto de norma sin poner al alcance de estas administraciones la capacidad financiera suficiente supondrá dificultar el cumplimiento de sus obligaciones. Las deducciones mensuales que el Estado pueda realizar en las transferencias a las comunidades autónomas por el incumplimiento del periodo medio de pago, además de la retención de los recursos destinados a convenios o subvenciones, no van a facilitar el pago a proveedores. En el caso de las corporaciones locales, establecer medidas cuantificadas de reducción de gastos o incremento de ingresos deja abierta la puerta a que se pueda llegar al extremo de retener recursos derivados del sistema de financiación. Detraer y retener recursos y reducir transferencias sin garantizar la capacidad financiera de estas administraciones supondrá, repito, que no se podrá alcanzar el objetivo perseguido por la norma.

La tramitación parlamentaria en el Senado no ha modificado el texto normativo. Se ha profundizado el carácter de ley de acompañamiento que las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular ya le habían dado en el trámite en el Congreso de los Diputados añadiendo ahora una disposición adicional en relación con el Estatuto básico del empleado público al que se han referido anteriores portavoces.


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Haré una última referencia en relación con la modificación del artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la nueva disposición adicional sexta de esa misma norma. Como recordarán, es una reclamación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que los ayuntamientos con superávit acumulado puedan tener la posibilidad de utilizar sus remanentes para inversiones. Además, es una reclamación que se convirtió en un mandato de la Cámara con la aprobación de una proposición no de ley que formuló mi grupo parlamentario. Ahora, con estas modificaciones, se cumple ese mandato parlamentario. Se permitirá que las entidades locales con superávit presupuestario o remanente acumulado puedan ejecutar inversiones sostenibles económicamente en el futuro. Una de las enmiendas del Senado habilita el superávit presupuestario a dos años, cosa que también pretendíamos con nuestras enmiendas. Pero debo decirles que finalmente no hemos sido capaces de que se apruebe la posibilidad de utilizar ese remanente o superávit en algún gasto corriente muy concreto vinculado a los planes de empleo local o a políticas de incentivo a la creación de empleo. Créanme que sentimos que no se incluya esa posibilidad, más cuando la creación de empleo en estos momentos es una prioridad y la incorporación a la actividad laboral de muchas personas con dificultades también debería serlo. Por ello, en mi grupo sentimos satisfacción por alcanzar uno de los objetivos que perseguíamos desde el inicio de la presente legislatura, pero nos hubiera gustado ampliar la capacidad inversora que tienen muchos ayuntamientos para luchar contra el alto desempleo que padecemos.

En resumen, señorías, para finalizar, hoy se aprobará una ley que no facilitará a las administraciones el cumplimiento de sus obligaciones en tanto que no se garantice su financiación suficiente. Es una ley que establece nuevos mecanismos de control sobre las decisiones de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y que incluye sanciones de calado. Repito que compartimos el objetivo de que las administraciones deban cumplir en tiempo y forma sus obligaciones con sus proveedores, pero si no se tienen los mecanismos financieros suficientes, especialmente en los ingresos, no se podrán satisfacer.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición con respecto a las enmiendas aprobadas en el Senado al proyecto de ley de control de deuda comercial. Son unas enmiendas que no consiguen cambiar nuestra opinión contraria a este proyecto de ley, porque no podemos olvidar que el origen de la falta de diligencia a la hora del pago por parte de las administraciones públicas se encuentra en la reducción de los ingresos presupuestarios fruto de los efectos devastadores de la crisis. Y lejos de aumentar sus ingresos, las medidas innovadoras que se le han ocurrido al Gobierno en este proyecto de ley son las de presionar a las administraciones a través de medidas de apercibimiento, sanción y retención de transferencias como si el motivo del impago fuera la falta de voluntad más que la falta de recursos. En estos dos años de gobierno se han limitado a poner en marcha medidas coyunturales que han conseguido aliviar pero no resolver de manera definitiva el problema de pago por parte de las administraciones; han puesto un parche, aplazando el problema. Un problema que tampoco resuelven con las medidas estructurales que hoy aprueban. Es más, están exigiendo a otras administraciones lo que la Administración central no cumple ni a través de algunos de sus ministerios ni a través de algunas de las entidades a su cargo. De hecho, según el último informe de la Intervención General del Estado a 30 septiembre, el periodo medio de las operaciones pendientes de pago era de setenta y seis días, un plazo que duplica el periodo legal de pago, está muy por encima de los treinta días; y a pesar de ello, este proyecto de ley solo se centra en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Además, tan importante es atender a los proveedores como al resto de los ciudadanos; es inaceptable el tiempo que tardan en cobrar, por ejemplo, del Fondo de garantía social los trabajadores desempleados, que en algunos casos sobrepasa los cuatrocientos días. Se deben buscar estrategias que permitan que las administraciones dispongan de los recursos suficientes para poder cumplir con sus compromisos de pago sin perjuicio de los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Entrando en las enmiendas aprobadas en el Senado, como no podía ser de otra manera, compartimos la enmienda relacionada con las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario de las entidades locales, porque con ella se recoge el sentir de la Federación Española de Municipios y Provincias al permitir que, si se cumplen los requisitos previstos en la ley, también se puedan aplicar al presupuesto de 2014 los superávits o remanentes obtenidos en 2012.


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Por otra parte, y como ya ocurrió en el Congreso, también en el Senado se incluyen en esta ley enmiendas sorpresa que nada tienen que ver con la ley que se tramita. En este caso, en un ejercicio de concesión caritativa, de forma arbitraria y después de haber eliminado de un plumazo los derechos adquiridos a lo largo de los años por los trabajadores públicos, vuelven a modificar el Estatuto básico del empleado público para devolverles un día de los tres de permiso que les quitaron por asuntos propios. Estamos de acuerdo con su devolución y votaremos a favor, pero con ello reparan una parte muy insignificante de los derechos que nunca deberían haberles quitado y lo hacen en un marco legal que nada tiene que ver. Nos parece una frivolidad que el ministro se permita decir que es una alegría. Si lo que quieren es enmendar las medidas injustas que han llevado a cabo, lo que tienen que hacer es devolver las pagas extraordinarias a las empleadas y a los empleados públicos que les negaron y que les correspondían en derecho, de acuerdo con las sentencias judiciales que así lo están evidenciando. Lo que tienen que hacer es dejar de legislar a su antojo quitando derechos a golpe de decreto y prometiendo su devolución a cuentagotas conforme se acerque la cita electoral. Fijen ya un calendario serio de recuperación de los derechos. (Aplausos). No pretendan hacernos creer que corrigen sus medidas impopulares en base a unos buenos resultados económicos que de momento no existen. Muchas de las medidas que han tomado, recortes que suponen el desmantelamiento del sistema público, no son resultado de la situación que se encontraron, son resultado de un criterio puramente ideológico. Estos dos años de gobierno del Partido Popular no han sido ejemplo de rigor ni de gestión eficaz, incluso la Comisión Europea hace unas semanas cuestionaba la viabilidad y la utilidad de las medidas que estaba adoptando el Gobierno de España. Además, con su Gobierno y en muy poco tiempo estamos asistiendo a un incremento de la deuda pública espectacular, de vértigo. Al mismo tiempo que con esta ley persiguen limpiar de deuda con los proveedores a las administraciones, están endeudando a España a un ritmo insoportable. La deuda pública de este país ha crecido 11.453 millones de euros en el tercer trimestre de 2013.

Señorías, finalizo. El proyecto de ley de deuda comercial, cuya tramitación finaliza hoy, evidencia, además, la estrategia del Gobierno de continua desautorización a las administraciones autonómicas y locales, con la intención de restar su autonomía y propiciar la acción intervencionista del Gobierno central, que no compartimos. En definitiva, y en conclusión, no podemos votar a favor de una reforma que no apuesta por un trabajo conjunto y equilibrado de todas las administraciones con el objetivo de contribuir con sus obligaciones y también con sus derechos al sostenimiento del Estado del bienestar como bien común.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Jiménez Mínguez.

La señora JIMÉNEZ MÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy es un día importante para la mejora de la competitividad de la economía española y un día importante para creer y confiar en el conjunto de las administraciones públicas. Esta ley de control de la deuda comercial del sector público, ampliamente debatida en esta Cámara y en el Senado, junto con la ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas, son los pilares básicos, la estructura fundamental para erradicar la morosidad del sector público, porque todas las administraciones estarán, ahora sí, obligadas a pagar en treinta día; administraciones que pagan a sus proveedores, administraciones más transparentes, ya que todas deben publicar el periodo medio de pago a proveedores para que lo conozcan los ciudadanos, para que lo conozcan las empresas; control en el cumplimiento de los plazos y mecanismos de prevención y corrección. Estos son los ingredientes de la ley: morosidad cero, transparencia y control.

Señorías, está demostrado que la deuda comercial de las administraciones públicas y las facturas en los cajones han puesto en riesgo la supervivencia de gran número de empresas, de autónomos, ha supuesto pérdida de empleo, el descrédito de las propias administraciones, sin duda, y ha puesto en grave riesgo el Estado de bienestar. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas coyunturales, como son los planes de pago a proveedores o el Fondo de liquidez autonómica, 70.000 millones de euros en total, un auténtico plan de choque que hoy culmina con esta ley. Esta ley pone fin al derroche de dinero público, a gastar más de lo que se puede pagar; termina con la filosofía socialista a la que nos tenían acostumbrados de que el dinero público no es de nadie, así lo demuestra y corrobora el agujero de 30.000 millones en las arcas públicas; un 9 % de déficit es la cifra que


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nos dejaron. Ya, por fin, es hora de pagar las facturas, de seguir trabajando en la recuperación económica emprendida y en el empleo.

Señorías del Partido Socialista, ustedes impulsaron el año 2010 la Ley de Morosidad. En el periodo en el que ustedes gobernaron, la morosidad se incrementó en un 400 %; entonces, no son los más adecuados, no están legitimados para venir a esta Cámara a impartir lecciones, ustedes, que hacían leyes para no cumplirlas porque no se las creían. Como digo, esa Ley de Morosidad no reunía los mecanismos de control, y con sus enmiendas de modificación y de supresión trataron de que esta ley tampoco los incorporara. No entendemos por qué no quieren que se establezcan por ejemplo planes de tesorería para pagar a los proveedores; o por qué les parece mal que se impidan los convenios o la concesión de subvenciones si se incumple, o por qué les parece mal que se pague directamente a los proveedores. Estoy convencida de que los proveedores no piensan como ustedes, que no están de acuerdo con lo que ustedes piensan.

Este proyecto de ley viene con importantes incorporaciones del Senado, en el sentido de reconocer el papel decisivo que han tenido, que tienen y siguen teniendo los empleados públicos en ese esfuerzo de consolidación fiscal de todas las administraciones públicas. Parece que ya se les ha olvidado que ustedes cuando gobernaron rebajaron el sueldo de los empleados públicos en un 5 %, en una etapa muy dura, en una etapa en que la inflación era en torno al 3 %. Ahora están criticando esta medida, cosa que es absolutamente -si me permiten- demencial, señorías. Como decía, es fundamental el papel que han tenido los empleados públicos en la consolidación fiscal, en el esfuerzo que han hecho todas las administraciones públicas, y este Gobierno se lo está reconociendo. En el caso de aquellas administraciones que cumplan, que no superen los límites permitidos de endeudamiento y que, afortunadamente, hoy podemos decir que cada día son más, se permite que puedan aplicar en el año 2014 los remanentes que han obtenido en 2012 y 2013, los remanentes o el superávit.

Señorías, no votar a favor de esta ley es decir no a la trasparencia, es decir no a pagar lo que se debe. Es tanto como renunciar a la confianza en el sector público, tanto como debilitar a las empresas y tanto como debilitar el Estado del bienestar. Termino, señorías, diciendo que, humildemente, considero que es un grave error que no voten a favor de esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jiménez.

Antes de entrar en el punto siguiente, que son enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley del sector eléctrico, y a fin de clarificar los intervinientes, suspendo el Pleno estrictamente durante cinco minutos. Dentro de cinco minutos lo reanudamos. (Pausa).

- PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO. (Número de expediente 121/000064).

El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión. Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley del sector eléctrico. Por el Grupo Mixto van a intervenir varios diputados. En primer lugar, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Me ratifico en las palabras que le dije el otro día al señor ministro: manos arriba, esta ley es un atraco a los consumidores, a los 30.000 pequeños inversores en renovables y al autoconsumo. Desde el pasado 2 de diciembre el precio de la energía eléctrica en el mercado mayorista se ha duplicado y oscila entre 80 y 90 euros y además el mismo ministro ha confirmado una subida en enero para los consumidores. La patronal Unesa argumenta que hace mucho frío y que la contribución de las renovables ha disminuido y por eso ha subido tanto el precio. Desde Compromís Equo nos hacemos alguna pregunta que nos gustaría que alguien contestara. ¿Qué opinión tienen ahora de que los mismos que demonizaban las energías renovables como las culpables absolutas del déficit de tarifa argumenten que su falta de producción haga subir el precio del pool, incrementando por tanto el déficit de tarifa? La verdad es que no nos aclaramos.

Después de esta reforma eléctrica donde se ofrecían garantías absolutas de acabar con el déficit, vemos que no solo no es cierto, sino que además somos rehenes de las grandes eléctricas, que deciden a su antojo el precio del mercado. Por eso hacemos dos preguntas más. ¿Para cuándo una auditoría de costes del sector eléctrico? ¿Por qué no se hace una reforma real del mercado y no esta pequeña chapuza? Ya han empezado a cerrar algunas de las grandes empresas de entre los grandes consumidores


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de energía eléctrica y sabemos que algunas incluso podrían decidir deslocalizarse si su principal coste, la energía, depende de las pataletas, de los caprichos y de los vaivenes de la relación entre Unesa y el Gobierno. Por eso nos gustaría que alguien nos dijera qué se va a hacer para arreglar esta situación.

En este país el sistema ferroviario es el primer consumidor de energía eléctrica y está sostenido mayoritariamente por las arcas públicas. En las últimas semanas su coste operativo se ha disparado por su incapacidad de arreglar el déficit de tarifa. Por tanto, preguntamos, ¿van a hacer algo para apuntalar el sistema ferroviario sin que cueste dinero a los contribuyentes?

Por último, la reforma introduce para los autoconsumidores un aumento desproporcionado de trabas, tanto administrativas como económicas, que hace inviable esta modalidad de consumo. Hay que pagar un peaje de respaldo para que las grandes eléctricas mantengan intactos sus niveles de ingresos por sus costes reconocidos. Esta ley no está escrita en el ministerio. Esta ley es evidente que se ha redactado en un despacho de la patronal para unas empresas que modifican el precio del mercado y se toman directamente el capital necesario para salvaguardar sus beneficios. Por eso nos parece más que justificado dejar de protegerlas a ellas y a sus consejeros y legislar, como el resto de países avanzados, a favor de los sistemas de autogeneración distribuida, aprovechando todas las ventajas que esto supone para el ahorro de energía y la mejora de la eficiencia energética del país.

Decía Benedicto XVI que el deber fundamental de un político es servir al derecho y combatir la injusticia, y con esta ley el señor ministro sirve a los poderosos y acrecienta la injusticia y la inseguridad jurídica. Con esta ley, señor ministro, nos está robando el sol. Por eso, desde Compromís Equo nos comprometemos a derogarla y a procurar trabajar por un nuevo modelo energético competitivo, eficiente, sostenible, rentable, responsable, justo y solidario que impulse nuestro tejido productivo y evite situaciones de pobreza energética.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

El paso por el Senado de esta ley de reforma del sector eléctrico que el Partido Popular ha decidido tramitar de forma exprés, hurtando de nuevo un verdadero y profundo debate sobre el sector eléctrico en el Estado español, solo ha servido para poner en evidencia una vez más a qué juega este Gobierno. Durante los últimos dos años el Gobierno ha ido dando vueltas y más vueltas a un tema que a día de hoy nos sitúa en el peor escenario posible, una reforma que no ha ido a la raíz y que no ha analizado las causas de los desorbitados precios de la electricidad, que se niega a considerar el suministro de energía como un servicio público, que no incide en la causa estructural del déficit tarifario, que no es otra que un sistema de generación de precios totalmente opaco e injusto que genera unos beneficios extraordinarios a las compañías eléctricas. Es una reforma que introduce una retroactividad que desmantela y culpabiliza al sector de las renovables de la quiebra del sector eléctrico, una reforma, en definitiva, que va encima de los de siempre, de los consumidores, de las familias y las empresas, que verán en el mes de enero de nuevo incrementado el recibo de la luz por quinta vez consecutiva en un año.

Las promesas del señor ministro de Industria, el señor Soria, de hace tan solo unos días, cuando decía que los consumidores no van a pagar y que las empresas no deberían estar preocupadas, se han convertido en papel mojado, en una nueva mentira, en otro engaño que supone un nuevo varapalo para millones de ciudadanos. El recibo de la luz ha subido más de un 80 % en los últimos diez años, en los últimos cinco la factura media ha pasado de 48,59 euros al mes a casi 80, es decir, ha tenido un aumento de prácticamente 350 euros anuales. Se ha convertido en una especie de impuesto revolucionario a las familias y empresas. La liberalización eléctrica puesta en marcha a finales de los años noventa y la ingente normativa posterior sobre el sector no han solucionado absolutamente nada, al contrario, la situación actual es escandalosa. Mientras los beneficios de las eléctricas siguen subiendo, en el Estado hay un 12 % de la población que vive en situación de pobreza energética.

Las reformas del Partido Popular -y esta ley va en la misma dirección- han supuesto que el Estado español encabece a la vez tres ránquines distintos: estamos entre los primeros con el precio de la energía más cara de Europa, un 11 % superior a la media de la Unión Europea; estamos entre los primeros también con los sueldos más bajos de la Unión Europea, y por supuesto somos los campeones en beneficios obtenidos por las grandes empresas del sector, que en este año 2013 volverán a duplicarlos respecto a la media de las empresas eléctricas de la Unión Europea. Las cuatro grandes empresas


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eléctricas del Estado español han obtenido en el año 2012 nada más y nada menos que unos beneficios cercanos a los 6.500 millones de euros.

En resumen, quería dirigirme al ministro de Industria -ausente en este Pleno, lo cual evidencia también qué poco le importa la reforma del sector eléctrico- para decirle que esto es un verdadero atraco a las economías familiares que llegará con los Reyes en el mes de enero. Además de todo esto, en determinados territorios como el gallego la situación es todavía peor. La encuesta de condiciones de vida del INE sitúa a Galiza por encima de la media estatal de los hogares que no pueden mantener la vivienda con una temperatura adecuada, más del 18 % de los hogares gallegos, es decir un auténtico escarnio. Resulta que, siendo Galiza excedentaria en producción de energía y asumiendo los costes sociales y medioambientales que eso provoca, las reformas que han llevado a cabo desde el Gobierno del Partido Popular no solo no han significado que esa circunstancia nos aporte ningún valor añadido a nuestro país, sino que nuestras tarifas son más caras que en otras zonas por el hecho de tener impuestos propios a esta actividad.

Voy terminando, señor presidente. Si en la actual tarifa ya nos comportamos de manera solidaria para sufragar los costes extrapeninsulares -1.800 millones este año-, también debe existir una discriminación positiva para territorios que como Galiza sacamos provecho de nuestra especialización. Un territorio donde los sueldos y las pensiones son más bajos de media que en el resto del Estado español se ve especialmente afectado por esta reforma que desde luego el Bloque Nacionalista Galego no va a avalar con su voto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, regresa a esta Cámara el proyecto de ley del sector eléctrico y lo hace tal y como se fue al número 3 de la calle Bailén, con un contenido radicalmente en contra del interés general; un proyecto de ley que para nada será eficaz para conseguir un sistema eléctrico beneficioso en el futuro, en definitiva porque solo favorece a las grandes empresas eléctricas, esto y nada más, porque podemos decir alto y claro que este proyecto de ley no se basa ni en el ahorro ni en la eficacia ni en la soberanía energética y, para colmo de los colmos, ni tan siquiera en las renovables. Tampoco soluciona la dependencia exterior. En este momento la importación de combustibles supera de lejos los 45.000 millones de euros. Tampoco soluciona la incoherencia que supone el déficit de tarifa junto a beneficios similares o superiores de las grandes eléctricas, ni la falta de incorporación de todos los costes asociados a diferentes tecnologías y evidentemente tampoco la implantación de generación distribuida ni el autoconsumo, pues obligan a aquellas familias o empresas que optan por el autoabastecimiento a pagar al Estado unos cargos por una energía que ellas mismas producen y que a la vez consumen.

Así pues, esta supuesta reforma eléctrica en ningún caso afronta ninguno de los problemas que telegráficamente les acabo de exponer y mucho menos busca alternativas a la dependencia exterior ni a la actual configuración oligopólica y opaca del propio sistema. Eso sí, esta llamada reforma lo que sí hace es criminalizar injustamente las energías renovables, que son, tal y como hemos dicho cincuenta millones de veces, la única alternativa de futuro viable, limpia, barata y autosostenible, además de generadora de empleo e incluso de importación tecnológica y productiva. En definitiva, señorías, ustedes tenían la oportunidad de hacer una verdadera reforma energética enmarcada en un plan energético a largo plazo, un plan que fuera sostenible y que se debatiera en público con transparencia y con claridad, pero no lo han hecho, no han hecho absolutamente nada, o lo podemos decir de otra manera, lo que han hecho es una burla a la ciudadanía.

Termino. Sin esta voluntad política y un consenso social sobre un plan de futuro, a Esquerra Republicana de Catalunya nos sobra absolutamente esta chapuza, y nos sobra básicamente porque no va a ninguna parte y porque nos conduce también al desastre energético.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Señor Errekondo.


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El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señor ministro Soria, si me escucha desde alguna parte, es usted high voltage, alto voltaje que quema todo aquello que toca, que deja en negro y chamuscado. Es usted el peligro público número uno, pues cada una de sus medidas supone una descarga eléctrica que chamusca, que electrocuta el futuro de miles de familias y el futuro de decenas de miles de trabajadores y que perpetúa la dependencia internacional, pero también la dependencia del oligopolio eléctrico, que no tiene escrúpulo alguno y que ataca gravemente la salud de las personas y del medio ambiente, todo ello cuando usted sabe que este modelo energético es insostenible económica y medioambientalmente, que supone la hipoteca total del futuro de la sociedad, y todo ello cuando usted sabe que ya existe solución más barata, más limpia, no dependiente, con decenas de miles de nuevos empleos de calidad y basada en las energías renovables.

Hablemos claro. La crisis económica es al Gobierno, a sus criminales recortes antisociales, lo que es el déficit de tarifa para usted para aplicar los mortales recortes a las renovables, es decir, es la excusa perfecta para aplicar las medidas a su antojo, medidas que han sido literalmente dictadas por boca de Ignacio Sánchez Galán, dígase Iberdrola como se puede decir Endesa o Gas Natural. Pues no nos engañe más, señor Soria, porque el déficit de tarifa no es, como nos quiere hacer creer, el causante de todos los males, sino que es la consecuencia de los males y de los malos que sobradamente abundan -y se jactan de ello- en este Gobierno. Es un cáncer que mantienen artificialmente para poder seguir aplicando aquellas medidas en beneficio de unos pocos, en beneficio de unos magnates y gángsteres de la electricidad, y que perjudican gravemente a toda la ciudadanía, respecto a la que, con el resto de los recortes que han aplicado desde este Gobierno, han empujado a que 4 millones de personas no puedan ni siquiera pagarse la luz ni el agua ni el gas. Esta es la realidad a la que nos han abocado todos ustedes, este Gobierno, que se llama pobreza energética, pero yo lo llamaría aún más escuetamente, más precisamente, señor Soria, porque esto solo tiene un nombre, pobreza personal. Así es que la culpa no la tiene el déficit tarifario, sino que la tiene el déficit democrático de este Gobierno. Mire qué curiosa situación se da en esta sacrosanta democracia. Mientras que con sus leyes Mandela jamás podría ocupar un puesto público, resulta que usted, por ejemplo, señor ministro, tranquilamente ocupará -y lo ocupará, señor ministro- un sillón en el consejo de administración de Iberdrola, con Ignacio Sánchez Galán al lado. Y si además continúa usted acumulando tantos méritos, podrá incluso elegir el sillón de Endesa o de Gas Natural, por ejemplo. Pues bien, es una evidencia de que la puerta giratoria continúa girando.

Como sabe usted, señor Soria, en Euskal Herria llevamos decenas de años mostrando nuestro rechazo y nuestro hartazgo por este impuesto e inviable modelo energético, con constantes y multitudinarias demostraciones de rechazo públicas contra las nucleares, contra el fracking, contra las autopistas eléctricas, contra el tren de alta velocidad, contra las incineradoras y las térmicas, etcétera. Voy acabando, señor presidente. En Euskal Herria tenemos muy claro que hay alternativa y que esa alternativa viene justo en el sentido opuesto al que marca esta ley y que es avanzar hacia la dependencia cero, que es menos consumo y más energía limpia. Para ello tenemos claro que el futuro energético en Euskal Herria solo vendrá avanzando hacia la independencia energética, avanzando hacia la soberanía plena.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Errekondo.

Señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

Intervengo en nombre de los nacionalistas canarios tengo que decir que casi desde la melancolía, porque qué más habrá que decir en relación con la situación del sistema energético español, con una ley que no da respuesta a los problemas fundamentales y que además los agrava, una ley que se ha tramitado con la crítica de todas las instituciones que han tenido que ver con esto y con la de los grupos parlamentarios que no sean el Grupo Popular, por la vía de urgencia, de forma absolutamente injustificada dada la tremenda dimensión de la cuestión que estamos tratando. Por tanto, es casi intervenir desde la melancolía. Este es un debate que cuando llega aquí ya está agotado por los últimos acontecimientos de los que hemos tenido conocimiento. El último es que un proyecto de ley que en realidad lo que tenía era una obsesión por acabar con el llamado déficit tarifario se viene hoy a aprobar aquí por parte del Partido Popular, y creo que en exclusiva, precisamente cuando hay 3.600 millones de euros de déficit tarifario, un fracaso en toda regla de las políticas desarrolladas por el ministro Soria y por el Gobierno en esta materia.

Nosotros tenemos que decir que lo único que hay de verdad de fondo sobre esta ley es que es preciso cambiarla en cuanto cambien las mayorías en este Parlamento. No es razonable que un sistema eléctrico


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que tiene unos costes que no son los costes de la energía que realmente necesita consumir la población, sino que son los costes de una sobreoferta clarísima con un conjunto de instalaciones gestionadas por un lobby energético enormemente poderoso que realmente no da respuesta a las necesidades de la población, está por encima. Por tanto, nosotros estamos pagando costes que no es el coste real de la producción de la energía, es el coste que necesitan cobrar aquellos que hegemonizan el sistema desde una perspectiva antidemocrática y contraria a los intereses de la mayoría social. Con esta ley se ha perdido la oportunidad de clarificar un sistema energético incomprensible, un sistema de tarifas incomprensible, es un castigo a la gente más débil, que favorece la pobreza energética y que además incumple con sus propios retos en este año precisamente. ¿Quién va a pagar los 3.600 millones de euros de los que ahora no se va a hacer responsable el Estado? Los va a pagar la ciudadanía. En un momento de una dureza extraordinaria los servicios públicos fundamentales, en vez de ser más baratos o subvencionados por el Estado para evitar situaciones de pobreza como la pobreza energética, lo que hacen es incrementarse. El mundo al revés. Es una ley que solo satisface los intereses de los grandes operadores energéticos, que no son desde luego los de la ciudadanía.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.

Antes de seguir adelante en este punto, por acuerdo unánime de los grupos que me han hecho llegar y de acuerdo con los servicios, voy a adelantar la hora, que habíamos dicho las cinco como hora de votación, a no antes de las cuatro y media. Esperemos que podamos cumplir con ella.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señorías, vuelve al Congreso para su aprobación definitiva un proyecto de ley que ha sido, de verdad, muy controvertido y que no ha dejado satisfecho a nadie. Cuando digo a nadie es a nadie, ni a los productores clásicos ni a los renovables ni a las empresas ni a los consumidores y también diría que ni a los grupos parlamentarios. No ha logrado el consenso suficiente en esta Cámara que habría sido deseable en una materia de esta trascendencia para el conjunto de los ciudadanos y para la competitividad de las empresas, sin olvidarnos de la cuenta de resultados de las propias empresas generadoras de electricidad.

Por si todo ello fuera poco, a última hora en el Senado, y mediante enmiendas del Grupo Popular, se dio marcha atrás a normas que estaban aprobadas ya en esta Cámara y a la que algunos al menos habíamos dado nuestro voto favorable. Entendemos en este sentido que se ha producido no un fraude de ley, pero sí una utilización torticera de la legislación y el derecho de manera caprichosa para alterar las cosas usando estrictamente la mayoría absoluta y un procedimiento más que discutible. Me estoy refiriendo lógicamente al golpe de timón que dio el Ministerio de Hacienda descalificando lo que había hecho y prometido el ministro de Industria. Es todo un espectáculo lamentable, que no solo lo sufren los afectados en los ministerios, sino, y lo que es más grave, el conjunto de los ciudadanos.

Para evitar el déficit público excesivo, se condena a que el déficit del sistema eléctrico se incremente en 3.600 millones de euros. Claramente gana Montoro, pierde Soria, y con Soria pierden los ciudadanos, que van a ver aumentada su factura eléctrica de forma considerable, en un momento especialmente grave en que los salarios bajan, el paro aumenta, las pensiones pierden capacidad adquisitiva, en definitiva, que es más difícil hacer frente a esta factura eléctrica. Señores del Gobierno, esto no es en absoluto serio. Lo saben ustedes, y el espectáculo que se está ofreciendo en materia energética en el exterior, amén de nuestras empresas y familias, es lamentable. Todos, pues, insatisfechos y el déficit eléctrico, principal objetivo de la reforma, sin resolverse. A pesar de lo dicho, nuestro grupo parlamentario, que había alcanzado un acuerdo previo con el Gobierno en esta materia, mantuvo por coherencia la palabra dada. Habíamos alcanzado un compromiso con el Gobierno que considerábamos satisfactorio, tanto en el marco estricto del proyecto de ley como al margen del mismo.

Fuera del proyecto de ley, los acuerdos logrados se refieren a tres temas puntuales pero importantes para el sector industrial vasco. El primero de ellos se refiere al establecimiento de peajes específicos del Real Decreto 1164/2001, para tarifas de acceso de alta para un nivel de tensión mayor o igual a los 30 kilovoltios. La reducción de dichos peajes, que hoy en día está soportando inexplicablemente la industria vasca o muchas de sus empresas, se realizará en dos etapas: en la primera de ellas, a aplicar a partir del año 2014, se reducirán un 30 % y, a partir de 2015, un 20 % adicional, de manera que la penalización actual se reduzca a la mitad en los próximos dos años. Esta es una buena noticia para nuestras empresas y para la competitividad de las mismas, que puede en algunos casos suponer la


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garantía de su propio futuro. Nos alegramos sinceramente por este compromiso y esperamos que el Gobierno lo instrumente lo antes posible. En segundo lugar, se le da una solución técnica también a una conexión a la red de transporte eléctrica de las instalaciones de Tecnalia, que es una plataforma tecnológica de Euskadi muy importante y cuyo papel en la innovación y en la tecnología es fundamental. En tercer lugar, también existe un compromiso de inversión en el almacenamiento subterráneo de Gaviota, para garantizar tanto su seguridad como las inversiones necesarias para garantizar su futuro.

En lo relativo a las enmiendas, quisiera señalar que las enmiendas a los artículos 3, 4, 7, 14.8.c) y 33 fueron acordadas entre el Grupo Popular y el Grupo Vasco, y presentadas conjuntamente en el Senado por ambos grupos. De esta forma, pasamos de manifestarnos y votar en contra del proyecto en el Congreso a hacerlo favorablemente en el Senado. Dichas enmiendas respondían fundamentalmente a tres cuestiones: por un lado, a respetar el marco competencial de las comunidades autónomas en cuestiones energéticas; en segundo lugar, para poner en valor aquellos equipos y tecnologías de alta innovación y contenido tecnológico. Entendemos que de esta forma en los activos que supongan innovaciones de carácter tecnológico, y siempre que su introducción suponga una mayor eficiencia técnica y económica en el sistema, se podrá considerar una vida útil regulatoria diferenciada significativamente menor. Este es el tenor literal de nuestra enmienda al artículo 14.8. En tercer lugar, para añadir un nuevo apartado 9 al artículo 33. Se consigue que el Gobierno, en el plazo máximo de un año, establezca los criterios por los que un sujeto o una empresa puedan solicitar a los titulares y gestores de las redes modificaciones de los permisos de las conexiones y acceso. Esto es positivo, sobre todo para muchas de nuestras empresas, insisto, que hoy pagan un sobrecoste inexplicable por estar conectados a un nivel de tensión y no a otro. Por lo anterior, como es lógico, votaremos a favor de nuestras enmiendas. Lo haremos también a las enmiendas de Convergència i Unió, puesto que en gran parte son complementarias a las enmiendas que ha presentado mi grupo. Votaremos en contra, por supuesto, de la disposición derogatoria única y de la disposición adicional octava -la vuelta atrás en el control del déficit tarifario en defensa del déficit público- y nos abstendremos en el resto de las enmiendas que vienen del Senado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Vaya manera de terminar el año parlamentario, con una ley que tiene un récord: es una ley que ya está muerta antes de que finalice su tramitación, porque todas las previsiones que hizo el señor ministro en su explicación del porqué de esta ley, contestada por los demás grupos, han fracasado antes de que aquí terminemos de aprobar el trámite de las enmiendas que han sido añadidas en el Senado, que como de costumbre no entran para nada en lo esencial. Por lo menos esta vez no nos han hablado del sector eléctrico, de las eléctricas y de cosas de estas como en otras leyes, pero francamente no aportan nada a lo que ya es en sí un fracaso histórico de uno de los problemas más graves que seguimos teniendo como país en la economía española, que es el problema de la energía y la falta de una política energética.

Justamente la cuestión que esta ley no ha querido tocar es la que ha provocado su fracaso, su muerte. Es una ley Frankestein, una ley zombi. No se ha querido hablar ni rectificar ni corregir la decisión política inicial que llevó a la creación del principal monstruo, estando por ahí escapado y cada vez creciendo más, como les pasa a los monstruos en las películas, monstruos reanimados mediante la electricidad, como parece ser el caso. Esa decisión política no fue otra que convencer a las grandes empresas del sector para que aceptaran un sistema que no les sufragaba todos sus gastos, los famosos costes del sistema, para compensar aquellos costes a la transición absolutamente abusivos que recibieron en régimen de riguroso oligopolio, oligopolio que sigue en gran parte sin ser liberalizado, y esta es otra de las características del sistema energético español. Somos un país realmente raro y extraño en algunas cosas. Tenemos algunos hechos diferenciales realmente llamativos, y este es uno de ellos. Somos un país acusado por algunos grupos, con gran indignación, de ultraliberal y ultracapitalista en determinadas cuestiones, pero todavía no ha instaurado el capitalismo en el sistema energético, y sigue siendo un mercado intervenido, un mercado donde el mercado es lo que menos importa porque es el Gobierno, de acuerdo con sus socios históricos en el sector energético, el que dice cuáles son los precios. La consecuencia de todo esto es lo que decíamos, que la ley del sector eléctrico antes de llegar aquí está muerta.

Una de sus medidas estrella era la famosa distribución del coste del déficit entre tres agentes, como decía el señor Soria, que hoy por desgracia no ha tenido la bondad de venir a ilustrarnos con sus ideas


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sobre electricidad, que siempre son realmente chispeantes. Es una pena, porque yo desde luego he aprendido mucho con las cosas que él ha explicado sobre electricidad. Yo soy un diputado que sabe muy poco de estas cuestiones y antes de que me tocara esto en el reparto que hizo mi grupo sabía mucho menos, pero desde que oigo al señor Soria sé que no sé tan poco como para no entender que él de esto no entiende absolutamente nada y que el hecho de que precisamente se entregue la dirección política de cuestiones tan serias como estas a personas realmente incompetentes es uno de los problemas más graves que tenemos a la hora de solucionar los problemas reales, concretos y materiales que nos están triturando como país. Como decía, una de las medidas estrella, el famoso reparto entre Gobierno, ciudadanos -consumidores, usuarios- y empresas, como le dije en su momento al ministro y le dijeron otros grupos, ha resultado ser lo que era evidente para todo el mundo, menos para el Gobierno y para el Grupo Popular, un bluf absoluto, porque no han sido las empresas, como algunos dicen, o determinados agentes o un ministro a otro ministro, Hacienda a Energía, los que han impedido que ese crédito extraordinario más otras medidas adicionales, que ascendían en total a 3.600 millones de euros, hayan sido aprobadas. Han sido, como han publicado los medios de comunicación, nada menos que las instituciones europeas, que tras el rescate bancario están diciendo que el problema económico estructural más grave que tiene España, aparte del laboral, del mercado de trabajo, que es otra cuestión, es precisamente el sector eléctrico y en concreto la política energética en general. Esto es así y por eso han impedido algo que en el fondo no deja de ser una chapuza colosal, como también advertimos, eso de volver a conservar en formol el déficit tarifario con otra denominación mientras se perjudica el cumplimiento de otros objetivos macroeconómicos que nos ha impuesto la troika como precio del rescate bancario y de otros rescates que ustedes aseguran que no existen, pero que ahí están.

Como digo, la consecuencia es que los objetivos estrella de la ley del sector eléctrico que hoy aquí se va a aprobar ya han muerto y ya están fracasados. Esta ley sencillamente no sirve para nada. Es una ley que en realidad lo que hace es demorar los problemas y dejarlos si no para la siguiente generación -cosa que evidentemente es imposible-, sí para el siguiente Gobierno. El déficit tarifario no lo va a resolver esta ley. Como decía antes, lo que hace es cambiarlo de nombre, mantenerlo y buscar una vía distinta para seguir con las mismas reglas del juego. De hecho, la ley prevé la eliminación del FADE y, mientras tanto, hemos sabido que el Gobierno ha pactado ya con las eléctricas afectadas la titulación de la deuda para que las cosas sigan igual. Hacia el mes de agosto el ministro dijo que el déficit tarifario iba incluso a desaparecer este año, pero a día de hoy ni siquiera sabemos a cuánto asciende el déficit tarifario de este año. Sabemos que el global se ha incrementado y que se seguirá incrementando. Sabemos también -o eso creemos, porque el ministro no se ha tomado la molestia de explicarlo- que eso va a significar un cambio en el sistema de financiación del déficit tarifario que se ha pactado con las grandes empresas eléctricas y que va a consistir, al parecer, en aumentar durante quince años en enero la parte regulada de la tarifa. Eso significa ni más ni menos que todos los años la tarifa eléctrica, al margen de otros factores que puedan determinar su subida, va a subir para amortizar este déficit aparentemente inamortizable. Es un déficit que crece, entre otras cosas, por la manera de financiarlo, por los intereses que genera y porque al final recae sobre la caja pública, sobre el Estado, y finalmente, como siempre ocurre, sobre los consumidores y usuarios, que no solo pagamos la factura de la luz sino los impuestos. De manera que dejémonos de cuentos. La ley que han hecho ustedes ni va a resolver el déficit tarifario ni va a repartir entre tres agentes distintos su financiación, sino que deja exclusivamente el coste en su totalidad sobre los consumidores y los contribuyentes. Esta es la cuestión.

Además, esta ley tampoco aporta la menor estabilidad al sistema, como decía el ministro. Lo único que hace es proteger un modelo de negocio en gran parte ya periclitado y fenecido, porque ha habido una revolución tecnológica en la producción de energía que el Gobierno se niega a reconocer. Es una ley proteccionista que protege la colisión de intereses más escandalosa de las muchas que hay en España, la que existe entre el sector eléctrico y los viejos partidos políticos, donde la puerta giratoria no es que sea usual, sino que no hay otra. Al final, ustedes hacen leyes ad hoc para proteger un modelo de negocio y de influencia política que está en la base de todo este desastre y en aquella decisión de un Gobierno -por cierto, también del Partido Popular- que instauró un sistema que luego el Partido Socialista, lejos de corregir, mantuvo y amplió con el sistema de primas disparatadas al régimen de renovables.

En fin, ¿ha mejorado la seguridad jurídica con esta ley? En absoluto. Seguimos exactamente igual. Hay normas retroactivas que probablemente van a ser corregidas después por tribunales con todo lo que eso significa de incremento de riesgo regulatorio, de riesgo para el país y de perjudicar a la famosa marca España, que a ustedes al parecer solo les importa cuando tiene que ver con el fútbol y cosas de ese estilo.


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No hay nada que haga tanto daño a España desde el punto de vista económico como esta idea de que es un país donde no se puede invertir porque el riesgo regulatorio es mucho más elevado que en algunos países africanos; dicho esto con todo el respeto para esos países que se lo merecen más que nosotros.

El abaratamiento de la factura energética iba a ser otra consecuencia. Esto ya es un sarcasmo. El déficit de tarifa y otros factores, como ya se habló aquí -lo dijo el propio ministro, aunque todavía estamos esperando que lo explique-, lo único que han hecho ha sido incrementar los costes el 300 % y el 700 % en diferentes rubros de la factura en los últimos años. Para que nos entienda la gente, que es a la que realmente tenemos que dirigirnos los diputados, esto significa que desde el año 2003 hasta ahora el incremento de las facturas domésticas que paga el consumidor normal ha sido casi del cien por cien, de 360 euros por año en 2003 a aproximadamente 615 en la actualidad de media. Por lo tanto, tenemos aquí una ley que no resuelve ningún problema de fondo, que prolonga la agonía de una situación que no se corrige, que no entra en los temas fundamentales que tenía que entrar, que perjudica a los consumidores y contribuyentes y que, en consecuencia, desencadena perjuicios económicos en cadena -valga la redundancia-. Lo único que consigue son aumentos de costes empresariales -especialmente industriales-, ataques a la innovación e inversión en I+D+i, disminución de la competitividad y la competencia, incentivos negativos para el ahorro y la eficiencia, factura creciente para los consumidores y, por lo tanto, menos consumo, aumento del déficit tarifario, etcétera. Es un círculo vicioso casi perfecto, absolutamente diabólico y perverso.

Para ir acabando, esto no se va solucionar hasta que no se hable en serio de una reestructuración de la deuda del déficit tarifario y se hable en serio de qué manera se vuelve a una situación de mercado real donde los consumidores paguemos los costes reales y no los costes pactados entre el Gobierno y determinadas compañías en situación dominante y que mantienen esa situación dominante gracias a leyes protectoras; en un país donde los pocos, y por otra parte valiosos, progresos que se habían hecho en innovación, en aparición de nuevos agentes que aumentaran la competencia, son corregidos en el sentido de que son impedidos, son dificultados por leyes que aprueba el Gobierno con un grupo parlamentario en soledad.

En fin, lo único que cabría hacer con esta ley tan lamentable que va a ser hoy aprobada es enterrarla con dignidad, hablar con seriedad de esta cuestión y hacer algo para que el año que viene no sea un nuevo año de nuevas alzas y de nuevos problemas energéticos. Porque lo que hay que decirle a la opinión pública es que esta recuperación económica de la que tanto presumen ustedes puede quedar en nada y puede ser echada por tierra precisamente por el problema del sector eléctrico, de la falta de una política energética digna de tal nombre.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo de Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.

Señorías, hoy están ausentes tanto el señor ministro de Energía como el señor ministro de Hacienda -al final, esta ley ya no sabemos de quién es-, y supongo que no están aquí por vergüenza, porque han llegado al límite de la capacidad de hacer el ridículo y hoy no son capaces de estar presentes en el debate de esta ley. Sinceramente, el Gobierno ha batido todos los récords con el trámite de esta ley y en este calvario efectivamente el señor Soria, el ministro Soria se lleva el premio gordo. Han batido todos los récords. En primer lugar, el récord en incumplimientos -y mira que el Gobierno tiene esa disputa reñida en incumplimiento de promesas electorales-. Pero sí, efectivamente, el señor ministro había prometido, se había comprometido ya en la ley desde hace un año cuando decía que el déficit tarifario iba a desaparecer gracias a las leyes que aprobamos hace un año, eso venía a decir aquí el señor ministro. Récord de incumplimientos. Pero también récord de mentiras: no subirá la luz. La capacidad de desmentirse a sí mismo no ha tenido límites. También dijo en septiembre que no habría déficit este año; luego en octubre dijo que sí, luego volvió a decir que no habría déficit, y luego la culpa era de las renovables; finalmente, habrá déficit y no sabemos a cuánto ascenderá. También hay récord en generar rechazo. Ha conseguido la unanimidad de todos, la unanimidad política pero también la unanimidad social y también de las propias empresas, porque ha acabado con la paciencia de todos los actores del sistema. También han batido el récord en generar confusión e inseguridad jurídica, se multiplican las denuncias en tribunales y las denuncias en Europa. Pero también han batido el récord de hacer el ridículo a nivel nacional e internacional, llenando portadas de periódicos no solo aquí, sino también más allá de nuestras


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fronteras. Y nuestro grupo parlamentario ya lo dijo en el debate a la totalidad: este proyecto de ley es un atropello a la seguridad jurídica, a la democracia y a los derechos económicos y sociales de los ciudadanos; una ley que es ciega a la crisis energética y a los enormes retos que tiene este país a este nivel. Por eso es un texto que, como ya les dijimos en el trámite, nace fracasado, tiene los días contados como, después de este trámite, el ministro también debería tener los días contados, porque no puede seguir ni un día más al frente de un ministerio porque no tiene credibilidad, ni liderazgo, ni capacidad para continuar al frente. Es una ley que tiene los días contados como las más de diez leyes energéticas que han hecho en este tiempo de legislatura. Nosotros batallaremos aquí en esta Cámara, pero también lo haremos en los tribunales y lo haremos en Europa, para poner fin a una legislación que es discriminatoria y un mercado oligopolístico que atenta directamente contra los derechos económicos, pero también contra el medio ambiente y los derechos sociales.

Además, el sector eléctrico no es un tema menor, está en la base de la economía, es esencial. Ustedes están jugando con la economía de este país, con la industria, con el empleo, con la soberanía del propio Estado, con la democracia y con los derechos. Parece que juegan realmente al Monopoly y que cada decisión que toman son empleos, es deuda que se acumula, son los rostros de los que no pueden pagar la luz o de los que se endeudan para calentarse o pasan frío; son los rostros precisamente de la pobreza energética o de los que pierden empleo en los sectores que estaban creciendo. Ya está bien de tomar el pelo a la ciudadanía. Ustedes no han escuchado, no han aceptado ni una sola enmienda para abordar los principales problemas, ni la opacidad, ni la falta de transparencia en el sistema, ni las cuestiones de pobreza energética. Hoy, precisamente cuando llegamos al trámite final de esta ley, se está jugando también con la factura eléctrica en las subastas del Cesur; hoy sabremos cuánto acaba subiendo definitivamente esa tarifa. Su reforma eléctrica empeora la situación para consumidores y para renovables, y no resuelve para nada el déficit tarifario, que en teoría era el objetivo.

Haré algunas reflexiones sobre contenidos, sobre el aumento de la tarifa. Lo hemos dicho insistentemente, la tarifa eléctrica asfixia a la ciudadanía; aumenta mucho más en España que en la media de la Unión Europea; pagamos sin parar y, a la vez, aumenta también nuestra deuda con las eléctricas, y ellas, a su vez, aumentan y aumentan los beneficios. Ustedes reforman la ley del sector eléctrico sin analizar el fenómeno, sin entrar a regular el mercado o a ver aquello que no funciona, sin auditar los costes, sin ver aquella deuda que es en parte ilegítima porque estamos sobrepagando costes ya que están muy por debajo de lo que se les ha reconocido. Les decíamos el otro día que estamos pagando, que aumenta nuestra deuda y que el margen de beneficio no para de aumentar, y es algo que a la hora de abordar una ley del sector eléctrico deberíamos empezar a mirar, porque las cifras son alarmantes en comparación con el resto de Europa. En 2010, el margen de beneficio de las eléctricas españolas fue del 10,11 %, mientras que el de las europeas fue del 5,13 %; en 2011, el de las españolas, el 7,44 % y el de las europeas, el 2,98 %; en 2012, el margen de las españolas, el 6,78 %, y el de las europeas, el 2,62 %; y las previsiones para 2013 van en la misma línea. ¿Por qué es eso, porque son más listas? Pues no, señores. Es porque los Gobiernos tienen una regulación al servicio de que se lucren a costa de los consumidores. Así, vemos que al mismo tiempo que coexiste ese déficit tarifario, también tienen unos beneficios caídos del cielo de 24.000 millones de euros, pero ustedes insisten en que la culpa es de las renovables. Esto se debe a un mal funcionamiento estructural del mercado eléctrico, que permite fenómenos contradictorios. Ustedes dicen que funciona bien el mercado, ¿un mercado que cuando baja la demanda nos cuesta más dinero, precisamente la tarifa?, ¿un mercado donde las eléctricas siempre ganan y los ciudadanos siempre pierden?, un mercado que no se atreven ustedes a tocar. Y el Gobierno del Partido Popular, ¿qué hace ante esta injusticia? Hacer una reforma eléctrica sin cambiar el mercado ni tampoco las subastas especulativas del Cesur. Y el resultado, efectivamente, es una nueva subida de la luz. Ustedes decían que no iba a subir, después decían que dependía de las compañías y anteayer que sí, que, efectivamente, subiría, tanto por la parte que depende del Estado como, evidentemente, de lo que han provocado ustedes en el mercado. Su palabra no vale nada. La luz subirá por decisión del Gobierno, pero también por la especulación de las compañías eléctricas.

Otro gran atropello de esta reforma es el peaje al sol, el castigo a la producción de energía por los ciudadanos; es decir, cuando nos queramos desconectar de las compañías eléctricas ustedes lo penalizarán, porque impiden el autoconsumo. Otro récord: El país del mundo que más castigará el autoconsumo. Señor Erias, no me hable usted de Arizona, si va a intervenir -no sé si va a hacerlo-. Me hablaba de Arizona y, sinceramente, no es comparable. Arizona es un país con veinte mil instalaciones domésticas de autoproducción, tiene una ley que obliga a las compañías eléctricas a tener energía


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renovable y distribuida y regula el balance neto a nivel anual. No me compare España con Arizona, porque no tiene nada que ver. España bate el récord en castigar la eficiencia de las energías limpias, un hecho no solo medioambientalmente insostenible sino también ineficiente económicamente, pero es que, además, pone trabas para combatir la pobreza energética, porque este es un instrumento fundamental. La reforma prevista en la ley y en los decretos que acompañan supone trabas administrativas.

Otro despropósito es culpar más a las renovables. En el siglo XXI, en un país que no tiene combustibles fósiles, y que van a aumentar sus precios, lo que vamos es a castigar al sol y al viento, cuando precisamente han sido las renovables quienes han abaratado el mercado. El balance de las renovables entre primas que han recibido entre 2005 y 2012 y lo que nos han ahorrado en términos de balanza comercial, en términos de reducción de emisiones, en términos de bajar el precio del mercado es, sin duda, positivo. Los números están allí y solo hace falta verlos; pero ustedes prefieren el fracking, prefieren el gas, prefieren el petróleo y prefieren el carbón. ¿Quién hace demagogia aquí? La hacen ustedes, porque los números son evidentes. También plantean cambios en la facturación, penalizando precisamente a quien ahorra energía o a cualquiera que tiene más dificultades en pagarla.

Las enmiendas del Senado se llevan la palma, la capacidad de hacer el ridículo. Ustedes han modificado leyes que hace un año que aprobamos o que hace dos meses que se tramitaban en esta Cámara, degradando no solo la seguridad jurídica sino el papel de esta Cámara. Primero, la modificación sobre la recaudación del impuesto sobre hidrocarburos; luego las tres partidas presupuestarias, que lo que han provocado esos 3.600 millones de menos es una especulación en el pool eléctrico, porque las empresas ya están jugando a eso. Veremos cuándo nos sale la factura de estas enmiendas, pero seguramente no habrá una subida de menos del 7 % ó el 9 % de la luz, algo que es inaceptable para los ciudadanos y también para la economía de este país; una tarifa que va a aumentar y una auténtica estafa a la democracia, a los derechos de los ciudadanos, pero también a la capacidad de construir futuro a través de energías renovables y de una industria que era pionera en nuestro país.

Sinceramente, los ciudadanos lo pagaremos caro, pero desde Iniciativa per Catalunya Verds, Izquierda Unida y Cha combatiremos esta ley injusta y este mercado abusivo en los tribunales y en Europa. Esperemos que lo que nos sale caro a los ciudadanos lo paguen ustedes también caro en las urnas y esta ley tenga los días contados.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, presidente.

Señores diputados, como ustedes saben perfectamente, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió presentó una enmienda a la totalidad ante esta ley de reforma del sector eléctrico porque nuestro grupo estaba radicalmente en contra del contenido del mismo por los motivos que ya expusimos en el Congreso y en el debate de Comisión en el Senado, que no voy a repetir porque constan perfectamente en el "Diario de Sesiones". Hay que decir a continuación que, ante este panorama desolador, desde nuestro punto de vista, Convergència i Unió ha optado por pactar con el Grupo Parlamentario Popular que da soporte al Gobierno, juntamente con el Partido Nacionalista Vasco, algunos aspectos relevantes que para Convergència i Unió eran fundamentales para que la ley no saliera tan mal parada y tal como vino al Congreso. Es cierto, señorías, que nos hubiera gustado más profundizar en algunos aspectos muy importantes que no hemos conseguido llegar a un acuerdo, como sería el déficit tarifario, que no se ha resuelto lamentablemente. Esto va a encarecer el recibo de la luz a las economías domésticas y a la industria de una manera considerable. No hemos conseguido resolver todos aquellos aspectos que hacían referencia al autoconsumo, a los consumidores vulnerables. No hemos conseguido resolver un aspecto muy importante y que va a tener consecuencias graves a muy corto plazo desgraciadamente, como es que esta ley va a plantear una quiebra económica importante a muchas familias y a muchas empresas que han invertido en las renovables y que no van a resolver su situación económica. También hemos dejado en el tintero desgraciadamente algunos aspectos que nosotros ya habíamos anunciado en los debates correspondientes.

Señorías, dado que no tenemos mayoría suficiente para condicionar al Gobierno, hemos intentado profundizar en algunos aspectos que para nosotros eran fundamentales. También hay que agradecer que a este respecto el Grupo Parlamentario Popular haya tenido sensibilidad para pactar -repito- no todos los aspectos relevantes que nosotros deseamos, pero sí algunos que voy a detallar y que para nosotros


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son muy importantes. Por este motivo vamos a votar favorablemente estas enmiendas -¡faltaría más!-, dado que son muy importantes. ¿Qué hemos resuelto en el debate del Senado? En primer lugar, hemos conseguido recuperar algunas competencias de las comunidades autónomas que con el proyecto de ley desaparecían. Hemos intentado retroceder hasta el año 1996 en algunos aspectos competenciales y hemos conseguido, a lo largo de este ínterin de tres o cuatro meses que ha durado esta tramitación de la ley, que las comunidades autónomas puedan recuperar algunas competencias como que cualquier modificación en la planificación eléctrica que sea realizada por la Administración General del Estado, se haga siempre contando con la participación de las comunidades autónomas; aspecto muy importante que hemos incorporado en el texto definitivo.

Hemos corregido además el excesivo poder que se concedía el Gobierno central para garantizar el suministro eléctrico y que hacía que pudiera llegar a suspender los derechos de determinados productores de régimen especial a las garantías de acceso a la red a terceros, y hemos logrado que estos derechos se suspendan temporalmente o se limiten, pero que en ningún caso se puedan anular sin más. Asimismo hemos conseguido pactar con el Grupo Parlamentario Popular que las comunidades autónomas participen activamente en el desarrollo reglamentario de la organización, procedimiento, inscripción y comunicación de datos del registro administrativo del autoconsumo eléctrico. También hemos conseguido, con relación a las funciones del operador del sistema, que el operador del sistema colabore no solo con el Ministerio de Industria, sino también con las comunidades autónomas con relación a la evaluación y seguimiento de los planes de inversión del titular de la red de transporte de energía eléctrica. Por otra parte, hemos acordado que la información relativa a las diferentes actividades eléctricas se proporcione también de las comunidades autónomas que afecte en el ámbito de su territorio. Finalmente, desde la óptica competencial, hemos conseguido que se contemple la participación de las comunidades autónomas que tienen atribuidas competencias en materia de transportes secundarios en el proceso de aprobación de los planes de inversión de las empresas transportistas. Por lo tanto, hemos recuperado, no todas aquellas competencias que se nos había sustraído, pero sí alguna de las relevantes que conseguimos llevar en la legislación de la reforma eléctrica del año 1996. Estos son datos relevantes para nuestro grupo parlamentario.

Hay otra cuestión muy importante que ha conseguido Convergència i Unió y que vale la pena explicarlo a la Cámara y que conste en el "Diario de Sesiones". Convergència i Unió ha salvado el sector de la cogeneración industrial, y esto hay que decirlo también con la máxima amplificación. Para sectores industriales tan importantes con un consumo de energía intensivo como son el sector químico, el sector papelero, el sector del automóvil, el sector del cemento, el sector del vidrio, para todos aquellos sectores que deben tener una energía a precios competitivos para que no se tengan que deslocalizar de nuestro país y emigrar a otros países de la Unión Europea, hemos conseguido un compromiso con el Gobierno, con el Grupo Parlamentario Popular, para que en el año 2014 se vuelva a plantear un Plan renove de cogeneración, para que todo este sector industrial que acabo de mencionar pueda disponer de una energía a precios competitivos. Porque hay que recordar, señorías, que a partir del año 2014 los planes de cogeneración, a los que se había acogido el 50 % de la industria española, vencían a los quince años. Por tanto, vamos a plantear y a exigir a través de esta ley al Gobierno, a lo cual se ha comprometido, que a partir del año próximo plantee un Plan renove en el sector industrial, que acabo de mencionar, que va a proporcionar un precio de la energía competitivo para que no tengan que deslocalizarse y para que mantengan sus plantillas de trabajo.

Por tanto, este es un tema relevante, importantísimo, en el que Convergència i Unió ha estado en la negociación hasta el último segundo, y junto al Partido Nacionalista Vasco hemos convencido al Grupo Parlamentario Popular, y no se nos caen los anillos al decirlo aquí públicamente ante el Congreso de los Diputados en el sentido de que es algo muy positivo. Si no hubiera sido por Convergència i Unió este plan de cogeneración industrial no habría existido. ¿Qué hubiera pasado? Que el año próximo habríamos pagado las consecuencias. Este es un acuerdo muy importante al que nosotros damos una amplificación mediática lo más extensa posible, porque el sector ha de saber que si no hubiera sido por Convergència i Unió probablemente en el año 2014 no podríamos disponer de este Plan renove de cogeneración industrial en consumo energético en grandes cantidades. También hemos incorporado medidas que van en la dirección de que las 250 empresas de pequeños comercializadores de menos de 100.000 clientes -existen alrededor de 300- sean más competitivas, y hemos introducido cambios importantes para que estas empresas, pequeñas pero muy eficientes, puedan seguir dando un servicio eficiente en Catalunya, por descontado, y también en el resto de España. Este también ha sido un hito importante por parte de


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Convergència i Unió. Estos son tres aspectos clave que hemos conseguido nosotros y lógicamente vamos a votar favorablemente las enmiendas del Senado para poderlas incorporar al texto de la ley.

Sin embargo, hay un aspecto que ha quedado en el tintero, y en este punto agradecería que sobre la base de la argumentación que voy a plantear el Partido Popular se pronuncie positivamente, tal y como hemos acordado en las negociaciones. Un aspecto que preocupaba bastante a Convergència i Unió era que las modificaciones introducidas en el Senado al proyecto de ley respecto a la Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, y a la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética con relación a la financiación de los costes del sistema eléctrico, no supusieran introducción de obligación alguna a cargo de las comunidades autónomas sino solo del Estado, en cuyos presupuestos generales se refiere específicamente a las modificaciones introducidas. En consecuencia, que todas las modificaciones introducidas en el Senado, diría que a hurtadillas y con una cierta premeditación, alevosía y tradición política -hay que decirlo públicamente, aunque ya lo dijimos en el Senado- no vayan a afectar al sistema de financiación de las comunidades autónomas. En este sentido, agradecería que el Grupo Popular diera su posición afirmativa en la dirección que acabo de mencionar.

Estas son las cuestiones más relevantes para nuestro grupo parlamentario y, a pesar de no estar en absoluto de acuerdo con el texto de la ley, vale la pena remarcar que a través de nuestras enmiendas hemos recuperado competencias de las comunidades autónomas -no solamente de Catalunya- para que puedan intervenir en la planificación y en las inversiones de los operadores. Finalmente, quiero volver a repetir que sin la intervención de Convergència i Unió el Plan renove del sector de la cogeneración, del sector de los residuos y del sector de la biomasa no habría sido posible.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, señoras y señores diputados, es bueno que situemos el debate. Es bueno que a la ciudadanía se le explique con rigor de qué estamos hablando. Es bueno que fijemos lo que han sido estos dos años de Gobierno del Partido Popular y lo que ha sido la acción de Gobierno en materia de política industrial y, consiguientemente, en materia de política energética. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Es bueno que recordemos todos que desde el mes de enero de 2012 hasta el día en el que nos encontramos, 19 de diciembre de 2013, el Gobierno y el Ministerio de Industria no han tenido otro objetivo más que el de la disminución del déficit tarifario. Es bueno, señorías, que relean las intervenciones del ministro de Industria a la hora de defender todas las normas que desde el mes de enero hasta esta fecha ha traído al Pleno del Congreso de los Diputados, concretamente han sido nueve reales decretos-leyes. El primero en enero de 2012; el último, el Real Decreto-ley 9/2013, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Recordarán, señorías, que fue el real decreto-ley que se convalidó en una sesión que celebramos el 17 de julio pasado en el edificio del Senado de las Cortes Generales españolas. Repito, nueve reales decretos-leyes pero en medio una ley monográfica y específica para Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, que -¡Oh!, cosas de la vida- son cuatro comunidades que están suponiendo un coste excesivo a toda la ciudadanía española porque hay que pagar un poco más la producción de energía eléctrica en Baleares, en Canarias, en Ceuta y en Melilla, un poco más que en Albacete, en Valladolid, en Cuenca o en Barcelona. Naturalmente, la pluralidad del Estado español se marca por muchos aspectos y la solidaridad constitucional derivada de esa pluralidad reconoce que hay que coadyuvar a establecer niveles económicos equivalentes en esas cuatro comunidades. Vino un proyecto de ley al que el Grupo Parlamentario Socialista se opuso -como nos hemos opuesto a los nueve reales decretos-leyes- presentando un texto alternativo integrado por doce artículos y en el artículo nueve planteábamos que la integridad de los sobrecostes en esas cuatro comunidades -dos ciudades autónomas y dos comunidades autónomas- corriese a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, como corre a cargo de los Presupuestos Generales del Estado que los ciudadanos españoles coadyuven a mantener el coste de los desplazamientos por vía aérea o marítima a esas comunidades.

Repito, nueve reales decretos-ley, un proyecto de ley para estas cuatro comunidades a las que estoy haciendo referencia, más luego, en el mes de septiembre del año pasado, la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Esa ley introdujo seis o siete nuevos impuestos, como -cargado con el 7 %- el impuesto de generación de energía eléctrica la genere quien la genere. Pero en el año 2013 a esos nueve reales decretos-leyes -sobre todo quiero hacer referencia al que aprobamos en julio pasado,


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como he dicho, el Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico- se le añade la ley del sector eléctrico. Sin embargo, entre el Real Decreto-ley 9/2013 y la Ley del Sector Eléctrico se van a derivar ni más ni menos que ocho reales decretos-ley y esto es muy relevante: el real decreto por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad del transporte de energía eléctrica, el real decreto por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución, el real decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable; el real decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica por autoconsumo, etcétera. Señorías, ocho reales decretos se van a derivar del proyecto de ley que ahora vamos a aprobar, pero además vendrán siete órdenes ministeriales y todo ello con el objetivo de reducir a cero el déficit eléctrico. Quienes siguen estos temas en los medios de comunicación habrán visto que pocas veces un Gobierno ha sido tan vapuleado como el Gobierno actual en esta materia.

¿Qué decisiones toma el Gobierno actual? Pues son las que vamos a analizar. Este proyecto de ley se tramita en el Congreso por vía de urgencia, en primer lugar; no se acepta su posterior culminación en el Pleno del Congreso de los Diputados, en segundo lugar. No quiero en modo alguno herir la sensibilidad de los grupos parlamentarios pero sí quiero reivindicar cada vez más la calidad democrática en el funcionamiento de nuestro país, y no quiero que nadie olvide que la voluntad ciudadana descansa en los 350 escaños que integran esta Cámara, pero lamentablemente el Gobierno, a través de los directores generales correspondientes, los subdirectores, los jefes de servicio y los cargos del ministerio, que han hecho un mal proyecto de ley, elabora una serie de propuestas que remite al grupo parlamentario y el grupo parlamentario con docilidad las tramita como si fueran suyas. Señorías, planteémonos los 350 diputados incrementar la dignidad de las Cortes Generales. Nos encontramos con que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en la fase de tramitación en Comisión, presentó sesenta y pico enmiendas, y en la fase en el Senado presentó cuarenta y dos enmiendas, que son las que merece ahora la pena evaluar.

Déficit tarifario. A día de hoy no hay un diputado en esta Cámara, no hay un miembro del Gobierno que pueda asegurar que el déficit tarifario va a ser de 3.600 millones de euros. El Gobierno cifra de momento en 3.600 millones de euros la cantidad del déficit que podría ser titulizable, pero la realidad, señorías -hay que explicarlo a los ciudadanos-, es que la cifra total del déficit tarifario del año 2013 no se va a conocer hasta diciembre de 2014. Este mensaje tiene que quedar muy claro, señorías, y naturalmente, no serán 3.600 millones de euros. ¿Por qué hago esta afirmación? La hago porque en el proyecto de ley se establece una liquidación adicional para que se liquide en diciembre del año posterior; la provisional en diciembre del año que estamos tratando y la posterior en diciembre del año siguiente. Normalmente, las cantidades de déficit se conocen en el mes de abril; es decir, una aproximación bastante aceptable sobre lo que es el déficit de 2013 la obtendremos en abril de 2014, una vez que haya concluido la llamada liquidación número catorce del sistema. Esto genera incertidumbre adicional porque supone que la cantidad total no se va a conocer nada más que con un año de retraso. -Este es el primer mensaje que debemos transmitir a los ciudadanos-. En primer término, la existencia de este déficit de este año es fruto de la decisión del Gobierno de no cumplir con los compromisos adquiridos, porque, señorías, el Gobierno aprobó un proyecto de ley de crédito extraordinario de 2.200 millones, lo mandó a las Cortes Generales y las Cortes Generales lo han aprobado después de una tramitación rigurosa; en segundo, en el nuevo proyecto de ley del sector eléctrico viene una financiación a cargo de los presupuestos generales para las extrapeninsulares de 900 millones y, en tercer lugar, el céntimo verde, que será alrededor de 500 millones y cuyos rendimientos financieros corresponden a las comunidades autónomas, se le va a hurtar a las mismas, es decir, 2.200 más 900 más esos 500 suman la cifra que establece el Gobierno.

No obstante, señorías, es importante que tengamos claros una serie de preceptos. He escuchado aquí algo, y señor Sánchez i Llibre le ruego que me preste atención dentro de la cordialidad que nos une. Me he quedado impactado con su intervención. Se le debe a CiU, según su afirmación para justificar que van a apoyar este bodrio legislativo, el Plan renove para la cogeneración del año próximo. (Palabras retiradas de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara). ¿Se ha creído lo del Plan renove, se lo ha creído? No crea que nosotros tenemos tal grado de ingenuidad. ¿No existe un Plan Energético Nacional? ¿No existe un Plan Industrial Nacional? ¿Con qué cuantía? ¿Qué aportaciones


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tiene que hacer cada una de las comunidades? Ustedes aceptan una enmienda de estas para vestir con cierta dignidad una actitud que personalmente no logro entender después de lo que ha sido esta tramitación.

Señora presidenta, hay dos temas muy claros que tienen que llegar a la ciudadanía y de los que este grupo parlamentario quiere hablar. Vamos a hablar del bono social. Este proyecto de ley, integrado por más de ochenta artículos, diez títulos, decenas de disposiciones adicionales, finales y transitorias, que transforman toda la estructura de la Ley del Sector Eléctrico del año 1997, tiene un artículo fundamental y a él precisamente me quiero referir: el artículo 95 y el destrozo que se va a producir. Hoy en día hay unos 2,7 millones de hogares que están acogidos al bono social. ¿Qué significa el bono social? Lo disfrutan aquellos que se han acogido a una norma, que viene del año 2009, que ha paralizado el coste de la luz. ¿Cuánto ha supuesto esto? Ha supuesto 200 millones de euros anuales. ¿Quiénes han estado pagando los 200 millones de euros anuales, el bono social, para beneficiar a dos millones setecientas mil familias? ¿Quiénes lo han pagado? ¿Nosotros, los consumidores? No. ¿Nosotros, los impositores? No. Lo han pagado Iberdrola, Endesa, Hidroeléctrica del Cantábrico, Gas Natural, etcétera, las grandes.

¿Qué ha venido ocurriendo? Pues que el Real Decreto-ley 9, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico -lo repito de nuevo-, convalidado por las Cortes, por este Congreso de los Diputados en el mes de julio pasado, que entró en vigor el día 13 de julio, sábado, estableció que el bono social lo pagarían no cinco grandes empresas, sino once, lo extendió a once. Pues seamos conscientes de lo que vamos a hacer porque ahora curiosamente ese bono social, primero, se modifica en lo que se refiere a los requisitos exigibles a cada uno de los colectivos, personas o familias que disfrutan del bono social. ¿Qué va a ocurrir? que el bono social, según una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, ya no va a ir a las espaldas de once grandes empresas, como se recogió en el Real Decreto-Ley 9 del mes de julio, como trae el proyecto de ley y como se vio aquí en el Congreso, sino que ha pasado al Senado y allí el Grupo Parlamentario Popular dice: no, el coste del bono social vamos a quitárselo de la mochila a las once grandes empresas y vamos a cargárselo al sistema eléctrico. Esa es una de las enmiendas que saldrá aquí porque la mayoría, apoyada por los grupos que le sustentan, así lo ha decidido en el Senado. Primer mensaje que yo creo que es preceptivo que quede muy claro.

Señorías, mientras que precisamente los requisitos que se exigían se han modificado, a partir de julio de este año con los nuevos requisitos, ¿quiénes tienen derecho al bono social? Los clientes con tarifas de último recurso que tienen contratada un potencia inferior a 3 kilovatios; los mayores de sesenta años -yo si me quisiera acoger, pero no cumplo los requisitos- con pensión mínima; las familias numerosas y los hogares con todos los miembros en paro. Esos son los que se pueden acoger ahora al bono social. Pero con esta nueva regulación se les exigen nuevos requisitos y además se reparte la carga entre todos los usuarios.

Me gustaría también, señorías, poner de manifiesto lo siguiente. Son las once y media de la mañana de hoy jueves 19 de diciembre de 2013. Hoy en este momento -luego no tengo la información adecuada del momento- se está produciendo la vigésima quinta subasta entre comercializadoras de último recurso para la revisión de la tarifa eléctrica que entrará en vigor en el próximo mes de enero. Es decir, se está celebrando una subasta. Creo que es bueno, señorías, que desde luego con rigor analicemos qué puede pasar al socaire de las medidas que trae el proyecto de ley, y de las enmiendas que desde el Senado nos están enviando. Como digo se está celebrando la subasta en un contexto en el que los precios a futuro, según se vio ayer, en el mercado eléctrico para el primer trimestre del año próximo presionan un 8 % al alza el recibo final de la luz. Y es bueno contar a los ciudadanos -en efecto es cierto- que en modo alguno es el Gobierno el único responsable de la subida de la luz, y cómo se establecen los precios.

Señorías, la cotización a plazo se fija en la actualidad, repito, en 57,05 euros por megavatio/hora para las horas base y se fija en 69,04 euros para las horas punta, lo que supone un incremento del 20 y del 21 % respectivamente con respecto a los precios marcados para los productores base y punta en la anterior subasta, que se celebró el 24 de septiembre pasado. Se celebran cuatro subastas al año, cuatro subastas trimestrales. Señorías, vamos a ver qué ocurre entre las doce y la una. Esta tarde lo comentaremos en conversaciones coloquiales en los pasillos, y compararemos a ver si esta predicción desde luego se va a producir, y ojalá no se produzca. De cerrarse -afirma este diputado- la puja de hoy con estos niveles la tarifa eléctrica de último recurso, que quiero que quede claro que ha desaparecido en la ley la TUR, la tarifa de último recurso, se modifica el bono social, y ahora eufemísticamente se va a llamar, según dice la ley, precio voluntario al pequeño consumidor -memorícenlo-, con el acrónimo PVPC. A partir del próximo mes de enero tendremos el precio voluntario al pequeño consumidor con una subida del 8 %. El precio voluntario al pequeño consumidor puede subir a partir de enero un 8 %. La subasta fija el coste


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de la energía dentro de la tarifa, cuyo peso -¿cuál es el peso de la subasta?- es el 40 % aproximadamente en el resultado final de la conjunción de tres elementos, que son: el precio de la energía, los peajes de acceso, y los impuestos. ¿Qué es achacable al Gobierno? ¿El precio de la energía, los peajes de acceso o los impuestos? Diría que estos dos últimos, y en esta subasta que se está celebrando los generadores venden energía y los comercializadores de último recurso -los denominados CUR- compran la electricidad para el suministro a tarifas del próximo trimestre. Los peajes de acceso los fija el Gobierno mediante una orden ministerial que saldrá dentro de unos días para retribuir, ¿qué? Sencillamente las actividades reguladas del sistema eléctrico, que son el transporte,...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura, vaya finalizando.

El señor SEGURA CLAVELL: ... la distribución, las primas a las renovables, el extracoste peninsular o el coste de la deuda eléctrica, entre otras. Ya el ministro Soria, incluso hoy en televisión -en un programa a las nueve de la mañana de Televisión Española, donde le he escuchado con mucho interés, por lo que me gustaría que estuviese aquí a efectos de que tuviésemos un debate al respecto-, ha manifestado que la parte regulada del recibo subirá no más allá del 2 %, que trasladado al recibo final supondrá un encarecimiento del orden del 1,2 % de tarifa. Señoras y señores, la realidad es que el precio del pool eléctrico se encuentra actualmente en niveles medios excepcionalmente altos. ¿Por qué? Por la anarquía normativa a la que nos ha llevado este Gobierno. Ayer, miércoles 18 de diciembre, y son datos que van a quedar en el "Diario de Sesiones" -les agradezco a sus señorías que estén prestando atención a este dato y les reitero mi reconocimiento-...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: Termino en un minuto, si es tan amable, señora presidenta.

Ayer, miércoles 18 de diciembre, la cotización se cerró en 91,89 euros por megavatio/hora, con lo que se han vuelto a superar los 90 euros, una circunstancia que solo se había dado en el año 2006, en pleno encarecimiento de precios energéticos, y en 2002, cuando el sistema eléctrico español tenía dificultad para cubrir la creciente demanda. Estamos en una época excepcionalmente grave en lo que a precios se refiere. En lo que va del mes de diciembre -llevamos diecinueve días- el pool ha superado en varias ocasiones los 90 euros, y en una de ellas, el domingo 8 de diciembre -he querido anotar estos datos, porque es la secuencia económica de este mes-, llegó a alcanzar los 93,11 euros, la cota más alta alcanzada hasta la fecha por este sistema de formación de precios, solo superada por los 103,75 euros que se alcanzaron el día 11 de enero de 2002. Señorías, esto no es casual, esto tiene su origen en todo un caos normativo, al que hemos querido referirnos en esta intervención del Grupo Parlamentario Socialista, y con lo que hemos querido justificar nuestro rechazo a la mayoría de las iniciativas que el Senado nos manda, como consecuencia de una mayoría absoluta.

Señorías, tampoco podemos aceptar el milagro del respeto a las competencias de las comunidades autónomas que se ha conseguido gracias al pacto de algún grupo parlamentario con el Grupo Parlamentario Popular. Me quedo estupefacto. Si eso está recogido en leyes orgánicas, en los estatutos de autonomía de todas las comunidades autónomas, ¿o es que hay que recoger en una enmienda que se consulte a las comunidades autónomas? ¡Si el Gobierno tiene que consultar a las comunidades! No juguemos a las casitas en la vida parlamentaria.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Segura.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Erias.

El señor ERIAS REY: Señora presidenta, señoras y señores diputados, ya llevamos aquí un tiempo prolongado de esta mañana y hemos escuchado el debate de enmiendas que han venido del Senado a dos proyectos de ley, y estamos terminando con el tercer proyecto. Desde luego he de decir que, después de escuchar desde las nueve de la mañana lo que han ido comentando los distintos grupos, en este proyecto de ley no salgo de mi asombro. No salgo de mi asombro porque los que reclaman rigor desarrollan la mistificación más elevada que se pueda uno imaginar en cualquier foro; ya no en el Parlamento de España, en cualquier foro. En otro foro seguro que tendría otro tipo de exclamaciones su intervención, especialmente la de algunos.


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Reclaman al mismo tiempo ortodoxia y se olvidan de toda la heterodoxia que nos ha llevado a que en estos momentos haya que poner orden dentro de un edificio que no disponía ni siquiera de cimientos, un edificio, en un escenario de crisis económica nacional e internacional, con más de 5 millones de parados, con una cifra de déficit público rondando el 10 %, reconocido, y con una situación de desajuste estructural en todos y cada uno de los sectores productivos, en todos y cada uno, pero particularmente en la energía, que es un input básico para el desarrollo y la mejora del bienestar de los ciudadanos, pero para promover la competitividad y ayudar a que nuestras empresas puedan desarrollar los procesos productivos con eficiencia y eficacia era el mayor de los desastres. La luz, en términos coloquiales, había subido el 67 % en los últimos años de este siglo que estamos viviendo. Entre el año 2005 y el año 2012 había subido un 67 %. En esta etapa de Gobierno del Partido Popular, teniendo ese punto de partida complicado que todos conocemos y padecemos, porque padecemos ese punto de partida como resultado de unas políticas implementadas, no solo la política energética, no solo la política, que no tenemos, monetaria, pero en todo caso lo que ha sido y representado todo el escenario financiero, tal y como se desarrolló por parte de la autoridad competente, no solo eso, sino que en el ámbito energético nos encontrábamos con un déficit de tarifa acumulado creo que de 27.530 millones de euros. Y digo creo porque hay una parte del mismo que se va amortizando, y por tanto hablar con precisión de la cantidad exige, como bien decía el señor Segura, disponer de las liquidaciones. No estoy hablando de valores liquidados; hablo de valores corrientes a finales de ese año. Así pues 27.000 millones de euros de deuda, pero ¿fruto de qué? Pues fruto de esa política que aquellos que ahora reclaman que seamos ortodoxos implementaron, y fruto de esa política he de decir que el movimiento antinuclear, que formaba parte de la explicitación y de la puesta en práctica de determinado tipo de planteamiento político, lleva a situaciones que luego se critican como desastres. Simplemente tomando el hilo conductor de algunas sugerencias que han hecho algunos de los intervinientes que me han antecedido, dicen que en estos momentos el pool está a 90 o 91 euros, y que eso tiene que ver con la política energética desarrollada por el Gobierno del Partido Popular. Lógicamente el pool es un mercado donde los oferentes tratan de tener una rentabilidad razonable a largo plazo, y los demandantes tratan de que cuando compran eso les proporcione la competitividad adecuada y sirva para satisfacer la necesidad que tienen de esa energía. Pues me he tomado la molestia de leer, porque es muy importante leer (Aplausos), leer y entender lo que se lee, porque si no se lee o no se entiende lo que se lee es más grave todavía, porque se está confundido; y no es que se quiera confundir a los demás, es que se está confundido porque algo no se entiende. Yo procuraré explicarlo para que se entienda.

La demanda de energía en las dos últimas semanas del año 2013 comparada con la demanda de energía de esas dos idénticas semanas del año 2012 ha sido muy parecida: la punta 36.000 megavatios, y la mínima 22.000 megavatios aproximadamente. Para satisfacer la demanda punta que se da a las ocho de la tarde y la demanda mínima que se da a las cuatro de la mañana disponemos de una potencia instalada aproximadamente de 106.000 megavatios. Eso es potencia instalada, no es potencia firme; hay unos 88.000 megavatios de potencia firme. En estos momentos tenemos tres reactores nucleares que no están aportando energía al sistema. Uno es Garoña, que no está funcionando por decisión empresarial. Otro está en recarga, y desde hace dos años se sabía que iba a estar en recarga ahora; no es un capricho de las empresas que ustedes demonizan, sino que se sabía desde hace dos años que iba a estar en recarga. Y otro está en parada técnica. Como el viento no ha soplado, como la hidráulica fluyente no ha tenido tanta presencia como cabía esperar, y disponiendo de 25.000 megavatios en ciclos combinados hemos utilizado únicamente 2.500, nos encontramos con esa situación absolutamente paradójica que ustedes anunciaban. Por tanto el problema no es de demanda, como anunciaba una portavoz que habló antes; el problema es de oferta. Si hiciéramos con la oferta lo que ustedes proponen, que las centrales nucleares no existieran y se tuviera que satisfacer la demanda con energías renovables, en estos momentos no estaría a 102, sino a 400. (Aplausos). ¿Qué es lo que quieren ustedes? No se puede entender. Aquí hay que ser coherentes con el discurso y analizarlo sobre la base de cifras, antecedentes, evaluaciones, experiencia empírica y debe haber modelización. No se puede llegar aquí y decir lo que a cada uno se le ocurre sobre la base de lo que cree que es conveniente para lo que intenta representar, y con ese tipo de discurso no representa nada. (Aplausos). Lo lamento, pero no es este el papel del parlamentario.

Como ha habido tantas alusiones, y algunas personales, estoy desarrollando esta intervención sobre la base de haber escuchado a los dos últimos ponentes, lo que ciertamente me ha ilustrado mucho. Me hablaban de Arizona. En Arizona el 14 de noviembre se ha tomado la decisión, y entra en vigor el 14 de enero del año 2014. Por tanto ahí tiene una buena experiencia. Y sería muy adecuado leerse el informe


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sobre la energía en el mundo del año 2013. Es un informe que marca un poco no solo lo que le sucede a la energía en el mundo, sino también cómo llevar mejor la política energética. Resulta -fíjese qué casualidad- que lo que se hace desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España se está copiando; se están haciendo las mismas cosas en otras partes del mundo. Y se explica por qué no es conveniente introducir el llamado peaje de respaldo al autoconsumo -que ustedes critican tanto- de la manera que ustedes formulan. Se puede discrepar, claro que sí. Se puede pensar que la paridad de red es el mejor criterio o que la paridad de costes es más adecuada que la paridad de red. Este es un debate intelectual que no viene a cuento, pero que tiene mucho que ver con el fundamento sobre el cual está asentada nuestra política energética. Nuestra política energética no es un capricho, no es una arbitrariedad, es el resultado de un desastre heredado, desastre al que tenemos que darle un buen resultado, porque si no, no tiene éxito, pero tampoco ninguna de las otras políticas. No tiene éxito mejorar la calidad de vida que ustedes defienden. Pero, Dios mío, cuando nos hablan ustedes de pobreza energética se olvidan de que la Directiva 79, del año 2009, del mercado interior de la energía ya preveía esto, y, ¿quién gobernaba en el año 2009? ¿Quién gobernaba? ¿Saben cuándo se traspuso esa directiva? En 2012; en 2012. ¿Se ha incorporado a la famosa Ley de Economía Sostenible? A ver, a ver, ¿se ha incorporado? No se ha incorporado. No quiero seguir debatiendo de manera bilateral porque yo creo más en lo que es un Parlamento para representar lo que estamos haciendo aquí.

Quiero decir -y voy terminando con esto- que agradezco especialmente todas las aportaciones realizadas por todos los grupos, por todos y cada uno de los grupos. Cada uno tiene su planteamiento, podemos discrepar y, claro, si ustedes enuncian una cosa en la que no solo no creo, sino que al mismo tiempo es falso, pues creo que hay que decir por qué es falso, y hay que decir por qué algunos ideologizan con esto, y por qué algunos están tan preocupados con que el 10 % de la población tenga dificultades con la llamada pobreza energética. No es un concepto energético la pobreza energética, es un problema que tiene que ver con la calidad de vida, con la calidad de vida, y ¿saben de qué depende la calidad de vida? En primer lugar, de la renta disponible, ¡claro! Pero es que para que haya renta tiene que haber empleo, y para que haya empleo tiene que haber actividad económica, y para que haya actividad económica hay que disponer de energía que sea competitiva, abundante y segura, y si eso no existe, no existe nada (Aplausos). Entonces claramente creo que debemos reflexionar todos e interiorizar.

Estaba diciendo que agradezco a todos y cada uno de los que han intervenido sus propuestas; con algunas discrepo, con otras me enriquezco escuchándolas, y con otras intentamos -porque este Gobierno y este grupo parlamentario están por llegar a acuerdos- incorporarlas a nuestro texto, y hemos incorporado lo que el Partido Nacionalista Vasco, a través del señor Azpiazu, y lo que desde Convergència i Unió, a través del señor Sánchez i Llibre, nos han propuesto. Es más, lo que hoy nos han recalcado y reiterado claro que lo tenemos en cuenta, y claro que estamos de acuerdo en incorporarlo tal y como ustedes formulan, a pesar de otras descalificaciones que también he oído a ese proceso de negociación. No se ha negociado con los demás porque no querían ni estar presentes ni negociar, entonces con aquel que no quiere estar presente y no quiere negociar es difícil llegar a acuerdos. En todo caso a los que han negociado, a los que han apoyado, y a los que nos van a dar el apoyo, porque la ley saldrá con un amplio respaldo, muchísimas gracias.

No se puede hablar de los técnicos con calificativos genéricos que puedan sonar a que son un conjunto de ciudadanos que reproducen lo que otros les dicen. Los técnicos son profesionales muy respetados en este país, que acceden a su puesto y desarrollan su responsabilidad con la máxima dedicación y reputación. Por lo tanto yo reclamo para ellos ese respeto, igual que lo reclamo para todos y cada uno de mis compañeros, por eso les pido a todos que en esta fecha de Navidad disfruten de la misma y que 2014 nos sea propicio a todos.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señor Erias. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra). ¿Sí, señor Sánchez i Llibre?

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señora presidenta, si me lo permite, haciendo referencia al artículo 72, querría intervenir por alusiones personales que ha hecho el diputado señor Segura.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Tiene dos minutos.


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El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, nuestro grupo parlamentario exige, con la máxima contundencia, que el señor Segura retire algunas alusiones desgraciadas que ha hecho. (Palabras retiradas de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sánchez i Llibre.

Señor Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señor Sánchez i Llibre, en un debate parlamentario se utiliza terminología que en ocasiones es terminología coloquial. Desde luego mi intervención tiene origen en la suya. En la suya hipervaloró el pacto con el Grupo Parlamentario Popular y con el Gobierno. Lea de nuevo el "Diario de Sesiones" cuando salga y verá que no ha hecho nada más que repetir que gracias a ustedes se salva el sector industrial español, y menciona los diferentes sectores industriales. Usted bien sabe mi origen catalán, mi nacimiento catalán, mis simpatías catalanas y mi segundo apellido, con lo cual no existe animadversión de ninguna índole. No lo saque de contexto. No lo configure. Ni insulto al grupo parlamentario ni naturalmente a los catalanes. Está hablando un catalán de nacimiento, y no me diga usted eso en modo alguno (Aplausos), y además con madre catalana, y bien saben los que me conocen desde hace muchos años que presumo de mi pasado y de mi origen. Es un debate parlamentario. Ni he herido la sensibilidad de un pueblo ni la sensibilidad de un grupo parlamentario en absoluto.

Ahora bien, una vez dicho eso, ¿qué es lo que pretendía yo decirle? Que es muy exagerado decir que gracias a un grupo parlamentario se salva un sector industrial español, y he usado un término coloquial, y he dicho: no se vayan. Si quiere, eso sí que no tengo inconveniente en retirarlo, pero desde luego ni pretendía herir, ni molestar, ni maltratar a ningún colectivo, a ningún diputado. Me tomo la libertad de decirle que tenga un poquito más de deportividad, porque en un debate parlamentario se producen, se originan expresiones de esa índole.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias.

El señor SEGURA CLAVELL: Perdón, señora presidenta. No tengo inconveniente en que aquella terminología que el señor Sánchez i Llibre estime que le pueda haber herido, una vez escuchada esta explicación, se elimine del "Diario de Sesiones", porque no era mi intención; era un debate parlamentario vinculado al tratamiento de un proyecto de ley de unas enmiendas procedentes del Senado.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Segura.

Creo que el tema queda suficientemente aclarado.

- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD Y DEL ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000068).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto siguiente del orden del día, a las enmiendas aprobadas en el Senado al proyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Vamos a empezar el turno de fijación de posiciones sobre estas enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Mixto, dada la importancia del proyecto de ley, van a intervenir todos sus miembros. En primer lugar, señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Me pregunto qué cara tendrá Pura, una jubilada de Sueca, cuando vea dentro de pocos días su euro y medio de aumento de la pensión y cuando lo compare con el recibo de la luz; cuando compare la subida exigua de su pensión con la subida de la luz que amenaza con venir en enero.

Según la memoria del impacto económico de su anteproyecto de ley, esta ley supondrá quitarles a los pensionistas 32.939 millones entre 2014 y 2022, sobre la cantidad que ya hubieran cobrado de haberse mantenido el actual modelo, y eso con unas perspectivas de crecimiento económico que se empeña en vender su Gobierno; así que la cosa puede ser aún peor, 70.000 millones según estimaciones más realistas. Incoherencia. El señor Montoro anuncia que sus medidas nos sacan del túnel para, acto seguido, intentar vender que la crisis y el déficit exigen incumplir la promesa electoral de no tocar las pensiones y bajarlas para siempre. ¿Es o no es una contradicción? Y todo ello vulnerando una Constitución que sirve para ser enarbolada como norma fundamental que ha de frenar las aspiraciones de preguntar a los


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ciudadanos o, si se trata de un precepto social como la obligación de actualizar las pensiones, la dignidad de las personas o prohibir la cadena perpetua, sirve simple y llanamente para ser incumplida. La realidad es que España se gasta mucho menos en pensiones de vejez -el 6,9 del PIB- que el promedio de la Unión Europea a quince -el 9,7-, casi 3 puntos por debajo, menos de lo que se tendría que gastar por el nivel de desarrollo que tiene. Todo ello revela que el problema es que su Gobierno no desea gastar en políticas públicas, no desea gastar en bienestar, no desea gastar dinero en la gente. El Partido Popular está construyendo otro tipo de sociedad bajo la coartada de la crisis, construyendo a golpe de real decreto un Estado en contra de la gente y con medidas tan impopulares que ustedes mismos tienen que disfrazarlas para que la gente se las pueda comprar. Luego saldrá aquí alguien del Grupo Popular para decir que las pensiones van a subir siempre, aunque sea muy por debajo de la inflación. Eso se obviará, claro, porque sí subirán, pero con pérdidas de poder adquisitivo año tras año.

Acabo. Su reforma va a hacer más pobres a nuestros mayores. Su reforma es antisocial, es injusta y nadie la quiere. Les invito a acercarse a la democracia, les invito a preguntar a la gente. ¿Se atreven? ¿Se atreven a preguntar a la gente? Si le preguntan a Pura, la jubilada de Sueca, lo tendría claro, un no como una casa.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo, señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, hay asuntos y políticas que ejemplifican mejor que otras las cosas o el fondo de las cosas y un asunto de los que ejemplifican el fondo es esta política, que es una agresión ultraliberal, salvaje, a lo que podríamos denominar las conquistas de la reciente historia democrática española en relación con el denominado Estado del bienestar y sus políticas.

Dentro de esta catarata de incumplimientos, de regresión antidemocrática que sufren los derechos de la gente, sobre todo de los más débiles, hay uno que atraviesa, como dije en su día, las líneas rojas -todas las líneas rojas- que incluso ustedes, el Partido Popular, se habían puesto, que es atacar y agredir los intereses de las personas más vulnerables de esta sociedad; es decir, los y las pensionistas. Lo hacen a través de una ley que, como casi todas las que tenemos oportunidad de conocer en esta etapa de destrucción de lo conseguido en estos últimos treinta y pocos años, tiene un título que es lo opuesto de lo que se pretende. Se supone que se trata de regular el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones. Ni sostenibilidad, ni revalorización. Si se le llama revalorización a crecer el 0,25 % para que en diez años se pierda el 20 % o el 10 %, dependiendo de los datos, del poder adquisitivo de los pensionistas, sinceramente, para eso no hacía falta que revalorizasen ustedes nada. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad hay dos ideas centrales absolutamente preocupantes. Una primera es que se trata de ahorrar 30.000 millones. Pero eso no es un ahorro, eso es una expropiación de los intereses de los pensionistas, porque no se ahorra en excesos, lo que se hace es quitarles derechos a las personas más vulnerables de esta sociedad y que menos se lo merecen, quitarles algo que es de ellos y que garantiza la dignidad y el futuro.

El otro argumento utilizado es que se hace para garantizar que los jóvenes en su día puedan cobrar las pensiones. Ese argumento es falso de toda falsedad, una carga de profundidad para estimular la lucha intergeneracional, parece ser, entre hijos y padres o abuelos. En realidad, lo que se está ocultando es que el problema de los jóvenes no es que sus padres y sus abuelos cobren las pensiones que les corresponden, el problema de los jóvenes es que no tienen empleo y el que tienen lo tienen en las condiciones que todos conocemos, con sueldos bajos, jornadas inaceptables y derechos liquidados. Claro, de esta manera es imposible que el sistema de Seguridad Social funcione y por lo tanto las pensiones tienen riesgo. Es decir, la consecuencia, el drama y la agresión vienen de sus políticas y no de la realidad. Nosotros les pedimos una vez más que reflexionen sobre esto. No es posible en momentos de crisis dañar más aún a quienes tienen más dificultades. Por último, les tengo que recordar que deberíamos saber que un 50 % de las pensiones en el Estado español está por debajo de lo que se considera para entendernos el salario mínimo interprofesional.

Les pedimos una vez más que retiren este texto. Además les anunciamos que apoyaremos -no tenemos fuerza para más- cualquier recurso de inconstitucionalidad que -estamos seguros- se vaya a formular por atentar claramente contra los artículos 41 y 50 de la Constitución española.

Muchas gracias, señora presidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.

Por el mismo grupo, señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hoy culmina con esta votación de las enmiendas del Senado el proceso de reforma del sistema de pensiones públicas, que el Gobierno dio el titular la reforma por la sostenibilidad del sistema. Señorías, si en este tiempo alguien no tenía claro cuáles eran las razones para que se haga esta reforma, las noticias que han ido saliendo durante el tiempo que ha durado este proceso en relación con la previsión que tiene el Gobierno de presentar en estas Cortes Generales un proyecto de ley para el impulso de las pensiones privadas se lo habrán aclarado. Si alguien tenía dudas en relación a cuál era la razón de fondo de la reforma de esta ley, creo que habrán quedado despejadas. Hay una sencilla razón, señorías -yo me reafirmo en algo que ya hemos dicho en otras ocasiones-, la razón fundamental de esta reforma no es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, sino garantizar o procurar garantizar las pensiones privadas. De hecho, por informes que se han hecho públicos, el déficit en el Estado español en relación con el ahorro en pensiones privadas está en una diferencia de 300.000 o 400.000 millones de euros respecto a los países del entorno. Por eso, señorías, y dado que el Gobierno tiene previsto presentar en los próximos meses el proyecto de ley para el impulso de las pensiones privadas, si había alguna duda, desde luego para esta diputada y para el Bloque Nacionalista Galego ha quedado despejada.

Y, señorías, las prisas también indican que era por eso. El Gobierno quería tener resuelto este problema antes de presentar el otro proyecto de ley. Realmente el texto que hoy aprobamos significa que las pensiones medias del Estado español se devaluarán en aproximadamente 1.500 euros y que los pensionistas van a perder cerca de un 10 % de poder adquisitivo. Eso es lo que hoy vamos a aprobar, al margen de las dos enmiendas que vienen del Senado que, por supuesto, no aportan ninguna mejora al proyecto de ley, sino todo lo contrario. Lo que nos vienen a decir las enmiendas del Senado es que lo del Pacto de Toledo es historia, que este Gobierno no tiene previsto en absoluto contar con los informes que se puedan hacer en esa Comisión que tiene el Parlamento y, por tanto, que lo fundamental va a ser lo que se va a decidir en el Ministerio de Hacienda, que es de quien depende esa autoridad fiscal independiente.

Señorías, lo que hoy está haciendo el Gobierno es simple y sencillamente un recorte de las pensiones y tratar de resolver déficit que tienen las entidades financieras. Nos preguntamos, señorías, si el Gobierno no cree que lo que estamos haciendo los trabajadores y las trabajadoras cotizando todos los meses es un ahorro. No es solamente una figura fiscal, sino que también es un ahorro. ¿Cómo van a ahorrar muchos trabajadores que están cobrando el salario mínimo o que no llegan a ser mileuristas? Nos preguntamos hoy -y con esto finalizo, señora presidenta- si el Gobierno va a volver a decir algo que ya dijo la ministra de Trabajo, que recomienda a los trabajadores y a las trabajadoras hacerse un plan de pensiones, sobre todo a aquellos que menos base de cotización tienen. La pregunta es: ¿con qué dinero se van a hacer ese plan de pensiones, señorías, con qué dinero? Si esto no es cinismo político, es algo peor: es tiranía, señoras y señores diputados.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.

Por el mismo grupo, señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Vuelve del Senado el proyecto del Gobierno, un proyecto que significa dar el último o el penúltimo gran hachazo al sistema público de pensiones y nosotros solamente podemos ser sinceros aquí y evidenciar nuestra indignación y también -por qué no decirlo- una cierta frustración porque no hay quien pueda parar a esta gente. De hecho, se trata de un ejercicio de expropiación; es más, se trata de un ejercicio de robo. Nos están robando todo aquello que hemos ido construyendo a lo largo de decenios y decenios de trabajo, es decir, un sistema público de pensiones, de reparto, que no solamente constituía una de las pocas joyas de la corona de la clase trabajadora sino también el mascarón de proa del Estado social.

Los pensionistas van a perder poder adquisitivo y creo que no hemos conseguido, y hay que reconocerlo, que la ciudadanía sea consciente de la magnitud de la tragedia, pero vemos cómo día a día se va fundamentando ya aquello que se ha ido diseñando en los últimos meses: ir programando cómo debe ser el sistema de pensiones para la sociedad postcrisis. Esto significa aceptar, salvo que seamos capaces de hacer un frente para incorporar cláusulas de salvaguarda automática para que revierta esta situación, algo que nos debería llamar a todos a somatén, al Partido Socialista y a todos los grupos de la izquierda de este hemiciclo, para poder plantar cara, construir un terraplén ante esta ofensiva, que no será


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nada comparada con la que se avecina: una reforma laboral que va a permitir no solamente consolidar y blindar el despido libre sino también gratuito. Es decir, estamos ante una ofensiva que no tiene freno, de manera que, repito, inmerso en una cierta frustración pero también con mucha rabia social e incluso con un tanto de odio social, digo que las izquierdas de este Parlamento deberíamos en los próximos meses de enero y febrero intentar articular algún tipo de frente -creo que ha dado éxito en cuanto al proyecto de ley de Educación del señor Wert- ante lo que se avecina. Por tanto, aprendamos, y que la ciudadanía también sepa que hoy vamos a vivir una gran derrota, lo cual significa que los ciudadanos y las ciudadanas deben ser muy conscientes de a quién no deberían votar nunca.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Por el mismo grupo, señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señora presidenta, señoras, señores, hace menos de un mes recibí en mi despacho un folleto de propaganda de Aviva, que se afirma como líder en seguros y pensiones en Europa. El folleto, que es este (Muestra un folleto), se titula Mi dinero y yo. Finanzas para todos. Aprende con Daniel y Lucía cómo ahorrar y usar bien tu dinero. Enternecedor realmente. Se trata de un cuento que está destinado a un público infantil y trata de fomentar el ahorro entre los pequeños y las pequeñas. En él se dice textualmente: Ahorrar es importante para el futuro y permite disfrutar de los amigos y la familia al llegar tu jubilación. Colaboran en la edición -qué casualidad-, una edición de una entidad privada que se supone tiene ánimo de lucro, mucho ánimo de lucro, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros. Y me pregunto: ¿Pero no habíamos quedado en que hacer pornografía infantil en las escuelas era delito? ¿A santo de qué viene esta colaboración? Y no es el único caso, últimamente en la prensa y en los medios de comunicación se ha multiplicado la propaganda en relación con los fondos de pensiones, con los planes privados. Bankia, por ejemplo, ha sacado este anuncio (Muestra un folleto) en el cual dice textualmente: Imagina el plan perfecto. Esta entidad, que se ha llevado 20.000 millones de euros de las arcas públicas, nos habla ahora de planes perfectos. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Realmente esto puede parecer el anuncio de una película de gánsteres, creo que se aproxima un poquito a ello. En otro de esta misma entidad aparece Marco -aquel que se pegó la mitad de la vida buscando a su mamá- con otro anuncio en el que se señala: Si te emocionaste cuando encontró a su madre, necesitas un plan. Porque el tiempo pasa sin que se dé cuenta. Y termino con este tercero del Banco del Espíritu Santo, que digo yo, ¡qué pintará el Espíritu Santo en todo esto de los planes de pensiones! Y este por lo menos habla claro, dice: Para nosotros lo importante es ganar, ¿y para usted? Sí señor, las cosas claras y el chocolate espeso. Hoy en día todo el buitrerío bancario y de seguros está revoloteando sobre este Congreso esperando que el 1 de enero entre en vigor definitivamente esta ley, están afilando navajas. Desde que el Gobierno nombró además aquella comisión de expertos -expertos de la banca y de las compañías de seguros porque aquello fue como nombrar una cuadrilla de zorros a redactar el reglamento de régimen interior de un gallinero ¡pobres gallinas!-, lo que salió de allí venía claramente enfilado hacia lo que hoy tenemos aquí, entre nosotros. La señora ministra dijo expresamente que en los próximos nueve años iban a desaparecer de los fondos de la Seguridad Social 33.000 millones de euros. Estos son los recortes que se van a tener, con lo cual el sistema público va a quedar reducido a algo muy parecido a un sistema de mera asistencia social, de mera beneficencia, y la gente que quiera tener unas pensiones mínimas lo que tendrá que hacer será recurrir a los planes privados de pensiones. Este era el objetivo de esa comisión de expertos y es el objetivo del Gobierno; en definitiva, se trabaja para la banca y para las compañías de seguros. Y va a venir más, ya lo han anunciado en buena medida. Se anuncian planes privados de pensiones en el marco de la empresa para seguir vaciando la Seguridad Social de fondos públicos y entregarlos a las manos de todo este buitrerío que hoy tenemos encima de nuestras cabezas. Y se prepara también una reforma del sistema fiscal y tributario, en el que nuevamente veremos cómo las desgravaciones fiscales para estos fondos de pensiones, para estos planes privados, ocupan un papel importante.

Termino con un punto, aunque se pueden comentar muchas cosas en relación con esta ley, el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca, el de Gasteiz, ha adoptado un acuerdo en contra de esta ley señalando todas sus deficiencias y recortes, y también lo ha hecho el Parlamento de Navarra. Entonces yo me pregunto por qué por encima de la voluntad de nuestro pueblo alguien que no nos representa en modo alguno, que no tiene ni siquiera el 23 % del voto, nos impone esta ley en contra de la cual está la mayoría de nuestro pueblo y unánimemente todas nuestras centrales sindicales y las asociaciones de pensionistas existentes en nuestro pueblo. Desde este punto de vista creo que se puede afirmar que este


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Gobierno, en relación con este tema, en Euskal Herria es un Gobierno ilegítimo porque nos impone sus leyes. ¿Por qué nos impone estas leyes? Porque no tenemos soberanía, que es lo que nosotros reclamamos. Por eso reclamamos soberanía en materia de pensiones y de Seguridad Social, para que la realidad de nuestro sistema de pensiones se ajuste a lo que dicen nuestros parlamentos y no a poderes extraños a nuestro pueblo. Para esto queremos soberanía en materia de pensiones y de Seguridad Social.

Termino ya. Amaiur y Bildu, está claro, vamos a poner todas nuestras fuerzas en el asador, vamos a poner todo nuestro empeño por que esta ley no se lleve a la práctica en nuestro pueblo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuadra.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, el señor Baldoví, que está esta mañana particularmente vigoréxico, ha hecho una alusión a los incrementos -importantísimos cuantitativa y cualitativamente- que van a producir estas fórmulas algorítmicas previstas en este proyecto de ley: 1,6 euros en Sueca y en Valdegovía, señor Baldoví; en cualquier lugar. De 1,6 a 16, pienso, porque este proyecto de ley se condensa en una fórmula de cálculo cuya denominación o formulación es la siguiente. Si la portavoz del Grupo Popular es capaz de descifrarme esto -con toda probabilidad habría que invocar al Espíritu Santo para comprenderlo, tal y como decía el señor Cuadra-, estaría dispuesto incluso a reflexionar sobre el sentido de mi voto. La fórmula consiste en lo siguiente: FSt= FSt-1. El -1 es al sub t, con una estrella -que no es la de Belén precisamente la que hay aquí-, una letra en cirílico o en griego quizás, mal escrita, y sub 67. Eso siempre que la fórmula de cálculo -clarísimo- no se utilice para los periodos comprendidos entre los años 2019 a 2023, donde tendríamos que aprobar, a esta fórmula algorítmica, una complementaria consiguiente en dos corchetes que encubren una fracción en la que el numerador es otra fracción y el denominador es otra fracción a su vez, y esas fracciones son la letra en cirílico a la que antes nos referíamos -o la letra alfa- en el denominador elevado a la 2012 entre 67; y todo eso, fuera del corchete, elevado al 1,5. Con esta fórmula matemática uno no sabe si estamos ante una ley buena, una ley mala o una ley regular. Sí sabemos las consecuencias que se van a derivar de la aplicación de estas fórmulas matemáticas, y seguramente la señora España lo sabrá concretar con la lucidez con la que ella suele comportarse, suele desenvolverse en esta tribuna. Lo que sí sabemos es que va a producir un efecto de recorte de las pensiones tanto de las presentes como de las futuras. Tampoco hace falta recurrir a algoritmos tan complejos para hacer algo tan simple como lo que se pretende.

En cuanto a las actuales, el recorte de las pensiones dimana de la desindexación del IPC en cuanto a la revalorización de las pensiones. Yo creo que ustedes se están arrepintiendo de forma sobrevenida porque el IPC está muy bajo ahora. Podían haberlo mantenido igual. Nos encontramos con la paradoja de que el 0,25 de incremento de las pensiones va a ser incluso superior al IPC acumulado a fin de año, pero lo podrían haber pensado. Me imagino que el señor Montoro tendrá expertos en prospectiva y matemáticos. Ya se ve que tienen matemáticos, y buenísimos, porque para hacer una fórmula aritmética de estas características hay que tener a una persona de la categoría de Einstein o del Espíritu Santo, o de estos chicos, Daniel y Lucía, a los que se refería ahora el señor Cuadra, porque los jóvenes saben muchas matemáticas.

Pero al margen de esto ya sabemos que a las pensiones la desindexación del IPC, de la revalorización de las pensiones actuales les va a suponer un quebranto de la pérdida de poder adquisitivo, que es un concepto similar al recorte de la pensión, del 10 % según previsiones basadas en las del Banco Central Europeo. Pero no siendo suficiente aparentemente con castigar a los que son pensionistas hoy, se van a recortar las pensiones en términos ideales hasta que sean pensionistas a los trabajadores, a los que todavía no somos pensionistas y tenemos una aspiración respecto a la cual yo tengo una fe muy decreciente de serlo en el futuro. ¿Por qué? Por la aplicación del factor de sostenibilidad, que se calcula con esta fórmula algorítmica que alguien me tendría que explicar, porque igual hasta está bien. Los matemáticos a veces hacen unas cosas que los que somos legos en estas cuestiones no podemos realizar la labor de hermeneusis adecuada, pero yo sí sé que este factor de sostenibilidad consiste en una aplicación ideal cada cinco años vinculada a las expectativas de vida de las pensiones que no provoca ninguna disminución de la retribución ni de las cotizaciones. Estas aplicaciones quinquenales son imaginarias, pero se convierten en reales y dejan de ser imaginarias en el momento en que se adquiere la condición de jubilado y se percibe la primera pensión de jubilación. Entonces, la acumulación de todos estos coeficientes de sostenibilidad quinquenales puede llegar a provocar una pérdida de la pensión que se puede calcular entre el 20 % o el 30 % de la que hubiera correspondido si no existieran estos coeficientes reductores que


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se aplican en términos imaginarios quinquenalmente durante toda la vida laboral, vinculados a unas expectativas de vida crecientes, porque las expectativas de vida son crecientes.

Sobre esta materia no me gusta hacer demagogia, ni con ustedes ni con nadie. El tema de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones requiere un pacto de Estado, un gran consenso político. Cuando se estableció la edad totémica de jubilación a los sesenta y cinco años nos encontrábamos en el año 1919. En aquella época solo sobrevivía a los sesenta y cinco el 10 % de la población. En este momento supera los sesenta y cinco años la práctica totalidad de la población. No solo eso, sino que los hombres vivimos veintiocho años más y las mujeres -una previsión que se deberá a lo que fuera, pero puede no ajustarse al principio de igualdad ante la ley- treinta y un años más.

¿Qué quiere decir esto? Que es muy difícil en este momento, cuando envejece la población, cuando se viven tantos años tras la edad de jubilación, mantener en sus propios términos un sistema de reparto puro, sobre todo cuando además en el sistema de reparto puro los que financian las prestaciones no es la población activa, sino los miembros de la población activa que tienen empleo, que están trabajando, y la tasa de dependencia empieza a ser peligrosa, señora España. Nos encontramos con que las personas trabajando en el Estado español en la actualidad -no sé si esto le produce hilaridad- y que financian las pensiones de todos son 16.500.000. Pero ya solo los pensionistas de jubilación llegan a los nueve millones. Hay nueve millones de pensionistas protegidos por esta contingencia. Y hay seis millones de desempleados, y la prestación por desempleo es una prestación cuya naturaleza jurídica es la de prestación de Seguridad Social, y hay tres millones de personas que están protegidas por otras contingencias. ¿Qué provoca esto? El déficit estructural de la Seguridad Social, del sistema contributivo con el que estamos conviviendo, 11.000 millones de euros, que se dice pronto. Por eso hay que tirar del fondo de reserva, que no es ilimitado, sobre ese fondo están gravitando las necesidades de financiación de las contingencias que el ordenamiento jurídico obliga a proteger, lo que está provocando una reducción que empieza a resultar preocupante.

Yo creo que han focalizado mal la reforma de las pensiones, primero porque no ha habido consensos previos, como ha habido en todas las reformas de las pensiones, ni en el ámbito del Pacto de Toledo, ni con los interlocutores sociales, ni con los demás grupos de la Cámara. Yo no digo que no se haya dialogado, porque es verdad que se ha dialogado, pero una cosa es dialogar y otra cosa es negociar, señora España, señor Merino -veo que la señora España está ocupada-. Negociar es negociar y nosotros les hemos propuesto fórmulas vinculadas a evitar la focalización de la reforma de las pensiones y la garantía futura de su sostenibilidad financiera sobre los ingresos y no sobre el gasto. De hecho, hay una enmienda del Senado, la única que focaliza la sostenibilidad financiera de las pensiones, que preconiza el incremento de las bases de cotización del 0,25 al 0,50. Pero esto tampoco está negociado. En el Senado tampoco se pueden meter a capón cosas de esta naturaleza, que requieren diálogo y consenso con los interlocutores, con las empresas, con los sectores, algunos de ellos con dificultades incluso para soportar las bases de cotización que están soportando en la actualidad. Les recuerdo que las bases de cotización del Estado español son de las más altas de la Unión Europea.

El tema de las bases de cotización habrá que fraccionarlo, habrá que estructurarlo y vincularlo a los sectores que son competitivos y pueden asumir un quebranto oneroso, tan oneroso como este, pero otros sectores no lo pueden hacer. En todo caso, no es el Senado la Cámara, sin consensos de nadie, para introducir con un sistema de fórceps una enmienda de estas características, el sistema de focalizar sobre los ingresos y no sobre los gastos. ¿Y sobre los gastos cómo se focaliza siempre? Para estos procedimientos que han sido glosados por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, mediante fórmulas inconstitucionales, vulnerando el contenido esencial de los artículos 41 y 50 de la Constitución, vulnerando los principios caracterizadores del sistema público de pensiones basado en el carácter público de las mismas. Las reflexiones sobre estos chicos, Daniel y Lucía, a los que se refería el señor Cuadra, no son inocentes. Evidentemente, se están promocionando planes complementarios privados de protección desde las instituciones públicas del Estado, lo cual es una aberración, si me permite la expresión. También me quiero referir al carácter público, universal y, sobre todo, suficiente. No son suficientes las pensiones actuales y si todavía las reducimos más el incumplimiento del requerimiento constitucional de suficiencia se quebranta profundamente.

En relación con las personas de la tercera edad, el contenido del artículo 50 de la Constitución les obliga a la percepción de pensiones periódicamente actualizadas y suficientes también. Atiendan a la Constitución, a los requerimientos constitucionales. Creo que se pueden establecer mecanismos de sostenibilidad de un sistema complejo, de un sistema que está padeciendo daños colaterales vinculados a la crisis económica con los problemas del déficit y otros problemas que caracterizan nuestra cotidianeidad,


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pero no incumplamos la Constitución y, sobre todo, no incumplamos, señora España, la cobardía, si me permite la expresión, de vulnerar los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, primero, porque muchos de ellos son pobres, pero sobre todo estamos hablando de jubilados, que es un sector vulnerable por su falta de integración y por su incapacidad de interlocución. Los jubilados no van a convocar una huelga general, ni siquiera una manifestación; es fácil relativizar o vulnerar sus derechos sin sufrir una gran erosión política. Esto puede acabar algún día. En Israel existe un partido que usted conoce perfectamente que se llama el Partido de los Pensionistas, a quienes les preocupan menos los sucesos con los palestinos y el proceso de paz y más lo que ellos van a defender allí. Son un partido bisagra siempre en todas las legislaturas, por eso el Estado de Israel tiene las pensiones más altas del mundo en estos momentos. No voy a invocar aquí la creación de un partido de los pensionistas en el Estado español porque ya estamos otros para defender legítima y equitativamente, desde una perspectiva de los requerimientos más elementales de justicia social, sus derechos, solo le pido, por favor, que lo hagan ustedes también.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

En una democracia los procedimientos siempre son importantes, pero en un tema como el de las pensiones son especialmente importantes porque existe un acuerdo que se llama el Pacto de Toledo, que se ha creado precisamente con el fin de sacar del debate político la evolución de las pensiones, de lograr acuerdos sobre las pensiones. El espíritu de ese pacto es llevar allí propuestas con un espíritu abierto y constructivo, escuchar lo que dice el otro, cambiar aunque sea parcialmente de opinión y luego traducir eso en textos legales. Pues bien, en esta reforma de las pensiones que nos ocupa el procedimiento ha sido exactamente el contrario. Se han tomado decisiones unilaterales, se ha procedido realmente como si el partido mayoritario fuese una apisonadora; no solo una apisonadora, sino una apisonadora conducida por alguien con los ojos vendados, una apisonadora sin rumbo.

Recordando todo el proceso que hemos seguido durante muchos meses, porque esto empezó antes del verano, me resulta difícil entender lo que el Grupo Popular ha hecho incluso desde su propio punto de vista. Primero crearon una comisión de expertos no consensuada que dio lugar a un informe que, por cierto, no avala necesariamente esta reforma porque allí se hablaba de ingresos. Simplemente se decía que los ingresos tenía que decidirlos la soberanía popular, pero no se decía que no se hiciese nada con los ingresos. Después hubo un parón de meses, y de repente se saca un texto totalmente formulado, que incluye además una decisión en los Presupuestos Generales del Estado con la subida mínima de pensiones, aunque la reforma no estaba aprobada. Luego se tiende la mano para negociar no se sabe qué y hay otro parón de bastante semanas, que se resuelve la misma mañana de la votación en Comisión del texto de las pensiones con una serie de enmiendas transaccionales que, en nuestra opinión, intentaban desviar la atención, que sustituían el número por la calidad, que no cambiaban nada fundamental del proyecto. Y este ha sido el resultado; una reforma de las pensiones unilateral, que no tiene el acuerdo de ningún otro grupo parlamentario ni de los agentes sociales, tanto sindicatos como patronal. Han logrado realmente algo difícil de conseguir, que es poner en contra de la reforma a grupos tan diversos como los que hay en esta Cámara, además de a los sindicatos y a la patronal. Esto respecto a las formas. Respecto al contenido, hemos tenido ocasión de debatirlo minuciosamente, pero ciñéndonos a los grandes rasgos, la clave de la reforma es el llamado índice de revalorización, y la filosofía básica se puede hasta compartir. La filosofía básica es que hace falta una restricción presupuestaria, por muy matemáticamente que esté formulada, y que tiene que haber una relación entre lo que gastamos en pensiones y los ingresos del sistema. Hay grupos que no comparten ni eso, que dicen que las pensiones es un derecho social, y basta. Nuestro grupo sí comparte la necesidad, en los derechos económicos, de explicar de dónde vienen los recursos, porque hay derechos, como la libertad de expresión, que se formulan y ya está, pero hay derechos, como las pensiones o la vivienda, que tienen un contenido económico y, para ser efectivos, requieren que les digamos a los ciudadanos: le reconozco su derecho a la pensión y le digo de dónde voy a lograr esos recursos. Pero ahí acaba nuestro acuerdo, porque efectivamente los gastos y los ingresos se tienen que adecuar, perfecto, pero esto puede dar lugar a escenarios muy distintos, y ustedes han añadido a eso una serie de matices que, dentro de los posibles escenarios, nos llevan a uno muy concreto. Matices como que han puesto unos topes máximos y mínimos en torno al IPC que no son simétricos, lo


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que traducido al lenguaje coloquial quiere decir que en los años malos, que en el futuro previsible van a ser la mayoría, se va a perder mucho poder adquisitivo, y en los buenos se va a recuperar poco de esa pérdida. Eso es ya cargar los dados para que el 6 salga muy raramente y el 1 muy a menudo. En segundo lugar, la entrada es inmediata y se ha planteado esto como un tema de ahorro presupuestario, cuando no tenía por qué ser necesariamente así; es una reforma a medio plazo, para un cambio demográfico paulatino. En tercer lugar, y más importante -realmente la clave de todo lo que estamos hablando-, en su propuesta no hay ni una sola medida para aumentar los ingresos del sistema. Ustedes nos dicen: hay que adecuar gastos e ingresos. Perfecto, estamos de acuerdo, pero ¿qué sabemos de la evolución probable de los gastos y los ingresos? Sabemos que los gastos van a aumentar, porque hay un envejecimiento de la población y va a haber muchos más pensionistas -podemos debatir cuánto van a aumentar, pero es seguro que van a aumentar-, y sabemos que los ingresos no van a aumentar en la misma cuantía por la crisis económica, pero también porque los grupos que vienen detrás para cotizar son mucho más pequeños.

Ustedes no hacen nada respecto a los ingresos y llevan a un escenario muy concreto, que es que los gastos deberían aumentar por el envejecimiento de la población y los ingresos no lo van a hacer en la misma medida. ¿Cómo se va a ajustar, entonces, la restricción presupuestaria? Evitando que los gastos aumenten, recortando las pensiones en el futuro. No hay otra salida, no hace falta ser un gran augur para afirmar esto. ¿Cuál era la alternativa que nosotros proponíamos? Es cierto, hay que adecuar gastos e ingresos, pero en una sociedad que envejece va a haber más gastos en pensiones, luego vamos a empezar a pensar cómo hacer frente a esas necesidades, vamos a empezar a pensar cómo aumentar los ingresos del sistema, que no implica necesariamente aumentar impuestos ni cotizaciones. Se puede lograr en gran medida reasignando recursos, que van a liberarse como consecuencia del envejecimiento de la población. De esto no solo es que no hayan querido hablar nada, es que es un hecho, no hay una sola medida en la reforma de las pensiones que vaya a aumentar los ingresos. En ese sentido, condenan a una pérdida paulatina de poder adquisitivo a los pensionistas. El tiempo dará o quitará razones, pero es una previsión fácil de hacer incluso hoy en día. Esto es especialmente sorprendente y lamentable, porque no estamos haciendo peticiones radicales de grupos demagógicos, no. Hoy en España el gasto en pensiones está tres puntos por debajo de la media de la Unión Europea, o sea que no estamos diciendo que vayamos a hacer algo que no se ha hecho en ningún país del mundo, sino que vamos a hacer lo mismo que han hecho nuestros socios de la Unión Europea, lo mismo que han hecho nuestros vecinos. No parece una petición tan radical, sinceramente; lo que parece radical es lo que ustedes han planteado, que va a tener unas consecuencias de pérdida paulatina de poder adquisitivo sobre un grupo muy numeroso que no tiene ya unas pensiones excesivamente generosas, para qué nos vamos a engañar. Este es el espíritu general de la reforma.

¿Qué llega hoy a la Cámara? Las enmiendas del Senado no son numerosas pero merece la pena comentarlas porque son significativas. Son esencialmente tres. Una dice que en los años de bonanza las pensiones subirán el IPC más el 0,50 y no el IPC más el 0,25, como antes se había planteado. Es curioso, porque en los medios de comunicación esto se anuncia como que las pensiones van a subir el 0,50 en vez del 0,25 y parece que el año próximo va a ser ya así, pero aquí no se dice eso. Aquí se dice que en los años de bonanza, cuando los haya, la subida será del 0,50, pero no en el año próximo, que será del 0,25 y seguramente el siguiente también será del 0,25 y el otro y el otro. No. Algún día, cuando suban por encima del IPC, subirán el 0,50. Esto no es que el año que viene vayan a subir el 0,50, como viene en tantos medios de comunicación, pero si es una forma de distraer la atención de la opinión pública, hay que reconocer que han tenido éxito. Segunda enmienda. No son ustedes totalmente insensibles a la suficiencia de las pensiones; no han hecho nada para que sean suficientes en el futuro, pero sí han hecho que dentro de cinco años se elabore un informe quinquenal para ver qué ha pasado. En fin, que esta sea la única medida sobre la suficiencia y dentro de cinco años ya veremos... Dentro de cinco años a lo mejor es tarde para corregir algunas situaciones de las personas que las hayan sufrido durante ese quinquenio. Tercera enmienda. Otros grupos y nosotros les dijimos que esta fórmula que describía con tanta gracia el señor Olabarría se basa en previsiones a seis años y que eso era importante, porque esas previsiones tenían que ser fiables, tenían que ser independientes. Esto lo recogen en una enmienda que dice que la autoridad independiente de responsabilidad fiscal opinará sobre las previsiones del ministerio. En primer lugar, tenemos dudas sobre la independencia de esa autoridad, como dijimos en su momento. De todas formas, suponiendo que fuese independiente, como su nombre indica, que opine, sin que esa opinión sea vinculante, sobre las proyecciones del ministerio tampoco nos parece un gran cambio. En cualquier caso,


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estas enmiendas han sido útiles para nosotros como grupo parlamentario, porque les confieso que han disipado cualquier mínima duda que nos pudiese quedar de lo acertado que fue oponernos en etapas anteriores a esta reforma de las pensiones (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, con este debate culminamos la tramitación del proyecto de ley de pensiones, un proyecto que junto con otros que estamos discutiendo en esta sesión plenaria resume lo que pueden ser las lacras de la mala forma de hacer política y que explica algunas de las causas del grave deterioro social y democrático que se vive en nuestro país. Señorías, el pensionazo es el ejemplo vivo y candente del secuestro de la soberanía política de las instituciones democráticas por parte de los mercados de capitales. Es una de las evidencias de que nuestro país está intervenido. El señor Rajoy decía estos días que nadie hablaba de la intervención, y nadie lo hacía porque España está intervenida, por mucho que ustedes quieran negarlo, y aquí estamos ante una de sus evidencias. Para empezar, el pensionazo pone en evidencia gravísimos incumplimientos electorales por parte del Partido Popular y confirma la facilidad con la que el presidente Rajoy y su Gobierno faltan a la verdad cuando hablan de su propio programa electoral. Están intentando justificar el pensionazo con el miedo al futuro; miedo al futuro que lleva varias décadas creándose y que luego nunca se confirma. Es, como decía, la consumación de un brutal fraude electoral. Pero esta tramitación también ha puesto en evidencia la nula voluntad del Gobierno para negociar, como también han dicho otros portavoces. En esta tribuna se les llena la boca cuando hablan de diálogo y de negociación, pero a la hora de la verdad practican el rodillo y el uso de la mayoría absoluta parlamentaria.

Ustedes han dejado en coma el espacio de diálogo social y político que significaba el Pacto de Toledo, que había acumulado un capital importante tras dos décadas de diálogo y de acuerdos. Este pensionazo también viene a demostrar que esa mayoría electoral que ustedes obtuvieron no por voluntad popular sino por la Ley electoral -es la que a ustedes les da mayoría absoluta y no los votos de los ciudadanos; no lo olviden nunca-, les da legalidad para usar la mayoría absoluta en el Parlamento, pero no les da legitimidad. Sí, señorías, les vamos a repetir día tras día que tienen una Ley electoral tramposa que les da mayoría absoluta, pero no se la dan los ciudadanos. No obtuvieron mayoría absoluta en las elecciones, por mucho que a ustedes les pese. Pero la legalidad que tienen ustedes para ejercer la mayoría absoluta no les da legitimidad a la hora de aprobar cualquier tipo de ley. Las cosas se podrían y se deberían haber hecho de otra manera, pero es evidente que estamos intervenidos y, por tanto, había que hacerlas en función de esa intervención. Estamos supeditados y había que hacerlas en función de quienes realmente deciden la política. Ustedes son aquí meros delegados y meros ejecutores de la política de la troika. Eso sí, son ejecutores alegres y convencidos de esa política, pero repito que ustedes no tienen soberanía para decidir por sí mismos. No hay nada que justifique lo que ustedes están haciendo. Ni siquiera se conoce la incidencia en derechos y en gastos de la Ley 27/2011. Ustedes han impuesto esta reforma sin saber siquiera los resultados de la anterior, reforma en contra de la cual también estuvo nuestro grupo. No solo confrontamos con su actual reforma, sino que también confrontamos con la reforma anterior; lo digo para evitar que luego entremos en ese debate. Entendemos que ustedes se han precipitado porque tienen un objetivo, que es aprovechar esta legislatura en la que tienen mayoría absoluta gracias a la Ley electoral para culminar un golpe institucional con reformas y recortes que creen que se consolidarán y un entramado institucional que en nada se parezca al que ha habido en este país en los últimos cuarenta años. Ustedes también están siendo desleales y traidores con la Constitución que hace pocos días celebraban y que están vaciando de contenido. Ustedes tratan de aprovechar -han dicho ahora o nunca- para implantar un modelo ideológico en el que priman los intereses de una minoría por encima de los intereses de la mayoría y que pone esa economía entre comillas de la que siempre les hablo por delante de la vida real de las personas.

Durante toda la tramitación y en ciertos actos que estamos haciendo por todo el Estado estamos desmontando sus mentiras. Es falso que España se gaste mucho en pensiones. Ustedes saben -son gente muy leída, muy ilustrada y de muchas cifras- que nuestro gasto es el 10,7 % del PIB, muy por debajo de la media europea del 13,5 %. Este diferencial nos lleva a 30.000 millones de euros. Por tanto, es falso que el problema sea de exceso de gasto. No es verdad que nos gastamos mucho. No se les puede decir a los pensionistas y a la gente sencilla que se gasta demasiado. Eso es mentira y es hacer recaer sobre ellos una responsabilidad que no tienen. Nuestro problema, al contrario, son los ingresos;


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nuestro problema es una caída de ingresos en la que ustedes tienen alguna responsabilidad. Su reforma laboral, esa reforma laboral de la que tanto alardean, no solamente está provocando más paro, también está provocando menos ingresos, porque está dando lugar a una caída de las cotizaciones; ustedes lo saben y no entran en el debate porque son datos reales, datos objetivos. Lo que tienen que hacer ustedes es mirar a los ingresos, pero ustedes nunca lo hacen porque su posición ideológica les lleva a fijarse solamente en los gastos para justificar recortes. Ustedes utilizan los gastos como una coartada ideológica para justificar ese golpe institucional, para cambiar realmente las relaciones laborales, sociales, incluso la vida de mucha gente en este país. Por ello nuestra propuesta y la de otros muchos grupos ha ido en el sentido de aumentar los ingresos; les hemos planteado hasta diez propuestas distintas para aumentar los ingresos, incluyendo abordar la base fiscal de ingresos de una forma consensuada. Ese es el camino: aumentar los ingresos y no decirle a la población que está gastando más de lo que debe y de lo que puede. Ni una sola propuesta ha sido aceptada, ni siquiera ha sido transaccionada. El Partido Popular siempre con el no y siempre aparentando un diálogo que es más falso que las pesetas de dos reales, como se dice por nuestra tierra, como usted sabe. Su propuesta también es hipócrita porque no se puede engañar a los pensionistas y no se les puede decir que tienen asegurada su pensión o una subida que ustedes saben tan bien como yo que no es verdad.

Ustedes han presentado autoenmiendas en el Senado, pero solamente hay una a la que nos queremos referir, que es una enmienda trampa -ya se ha hecho referencia a ello esta mañana- que plantea que sube el 0,5 % el techo por encima del IPC. No suben el suelo, suben el techo, y además se remiten a la época de bonanza. Alguien cree que ustedes han hecho un gran esfuerzo y lo que han hecho ha sido una gran trampa. Les voy a poner un ejemplo sencillo de un persona mayor de 65 años que percibe una pensión mínima de 635 euros al mes y que va a tener una revalorización de 1,53 euros. Cuando vaya a cobrar la pensión le habrán subido en ese mismo momento la comisión del banco, esa que ustedes han aprobado, una comisión que va a pasar de 2,9 a 4 euros; es decir, el aumento de la pensión ya se lo va a comer el banco. Pero es que además ustedes hoy aprueban la subida del precio de la luz entre el 2 y el 5 %. Es decir, ustedes no van a subir las pensiones, ustedes van a bajar el poder adquisitivo de la gente sencilla, de la gente real. Además, ustedes han ahogado a los ayuntamientos -también lo vamos a discutir hoy-, a los que esas personas no podrán ir a pedir ayuda porque el martes ustedes negaron la posibilidad de ayudar a la gente que no puede pagar la luz, que no puede pagar la calefacción. Es decir, ustedes son tremendamente duros con los débiles y, eso sí, muy blanditos, muy blanditos con los poderosos.

¿Qué les quedará a nuestros pensionistas? Les quedará simplemente lo que está ocurriendo, ser cada vez más pobres, tener cada vez menos posibilidades para seguir adelante. Y usted sabe además que en este momento estamos hablando de pensiones que están sirviendo como única fuente de ingresos de muchas familias; usted sabe que estamos hablando de que en estos momentos muchas pensiones que ustedes hoy recortan son el sustento de toda una unidad familiar. Por tanto, ustedes están cometiendo hoy una verdadera tropelía. Ustedes siguen pensando en esa economía con comillas en la que la gente está al servicio de la misma; nosotros, al contrario, les decimos que hay que poner la economía al servicio de la gente, no la gente al servicio de la economía. Si estuviese aquí un compañero suyo, el señor Ferrer, diría que mi discurso le recueda al de los años setenta u ochenta. Yo le diría que su discurso de hoy, el de todos los días, nos está recordando al discurso de los años cuarenta o cincuenta, ese discurso que era una losa para millones de personas en este país. Ustedes, en este proyecto de ley, como en otros muchos que están aprobando aquí, están demostrando tres cosas; primero, que estamos intervenidos, que nos han engañado y han firmado una intervención claudicante y vergonzosa; segundo, que a ustedes solamente les preocupa la economía de los poderosos, que esa salida de la crisis es para algunos, para los poderosos, y nunca para la gente sencilla; y tercero, que a ustedes, como dije a su presidente, el programa electoral solo les dura los quince días de campaña porque al día siguiente gobiernan como les da la gana.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Terminamos hoy esta tramitación parlamentaria. Los argumentos de los grupos se han expresado y tenemos el riesgo de ser reiterativos sobre las razones que nos han llevado, en este caso a Convergència i Unió, a rechazar esta reforma. A la bancada del Grupo Popular hemos de empezar recordándoles que comenzaron esta reforma solos y la van a terminar solos. Su mayoría absoluta les va a garantizar que la


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reforma se apruebe en esta legislatura, pero aquello por lo que ustedes justifican esta reforma es falso, entre otras cosas porque la sostenibilidad de las pensiones está íntimamente ligada a la estabilidad legislativa. Cuando en esta Cámara, y va a ser pronto, la correlación de fuerzas cambie, esta reforma va a ser revisada, esta reforma va a ser echada para atrás, por tanto, esa pretensión de sostenibilidad vinculada a la reforma en marcha no se va a producir. Lo que es más curioso es que ustedes no han entendido -quizá no lo han entendido desde la arrogancia política a la que les lleva su mayoría absoluta- que la experiencia exitosa del Pacto de Toledo durante estos veinte años ha sido precisamente que la sostenibilidad estaba políticamente vinculada a la estabilidad legislativa que garantizaba el acuerdo con los interlocutores sociales y con los grupos parlamentarios. Su arrogancia política no va a permitir que esta reforma cumpla el objetivo que ustedes proclaman. Además, va a tener un efecto práctico en los próximos años, que es el empobrecimiento de los pensionistas por la vía de la pérdida del poder adquisitivo. El núcleo duro de la oposición a esta reforma no es tan solo, que también, en relación con el factor de sostenibilidad que se define en la misma, sino principalmente por el nuevo factor de actualización de las pensiones, que deja de tener como objetivo garantizar que a lo largo de su vida un pensionista mantenga unos ingresos que le permitan tener una vida con una capacidad de gasto más o menos parecida y protegerle ante el riesgo de la inflación. Esa deja de ser la mirada de la actualización anual de las pensiones para pasar a ser estrictamente el equilibrio financiero del sistema. El equilibrio financiero del sistema debe ser también un elemento a tener en cuenta en cualquier decisión de política legislativa en esta materia, pero el mecanismo de actualización anual de las pensiones, si quiere evitar que los pensionistas se vayan empobreciendo, tan solo puede ser el mantenimiento del poder adquisitivo. Su mirada va a conllevar el empobrecimiento de los pensionistas.

Han hecho afirmaciones en el sentido de que en un escenario de inflación baja las consecuencias prácticas de la nueva fórmula van a ser menores porque las pérdidas de poder adquisitivo de los pensionistas van a ser pocas, van a ser unas pocas décimas, pero para los millones de pensionistas con pensiones bajas y medias, que son la inmensa mayoría de los pensionistas que existen en el Estado español, unas décimas marcan la diferencia entre poder comprar proteína animal en el mercado o no poder comprarla. Les recomiendo a los diputados del Grupo Popular -quizás algunos de ellos lo hacen- que se acerquen a un comedor social, por ejemplo al comedor social de Emaús, en Barcelona, y que les pregunten a los mayores que están en ese comedor social si las pensiones actuales hoy, no las de los próximos años, les garantizan poder comer. Pregúntenselo, háganlo. Y pregúntenles si unas décimas de diferencia en su poder adquisitivo son decisivas en su vida. Y lean algún informe de la OCDE, que analizando precisamente las reformas acaecidas en Europa en los últimos años en los sistemas públicos de pensiones advierten de que para los pensionistas más modestos unas décimas de diferencia marcan estar o no estar por encima del umbral de la pobreza. Además, hemos de volver a recordar que en esta crisis el colectivo de los pensionistas ha estado más protegido que el conjunto de la población frente al derrumbe de nuestro mercado de trabajo, entre otras cosas por la existencia de un sistema de pensiones que garantizaba ingresos estables. La existencia de un sistema público de pensiones en esta crisis ha conllevado que el índice de pobreza relativa de los mayores de 65 años haya disminuido, y no tanto porque ellos hayan tenido mayores ingresos, sino porque el conjunto de la sociedad se ha empobrecido, pero ellos han estado más protegidos. Con su nueva fórmula de cargan este sistema que ha funcionado de manera diría que razonable. Además, fíjense ustedes, en esta senda de empobrecimiento van a castigar a esa generación de los nacidos entre los años treinta y cuarenta, que es la generación de la Guerra Civil. Me parece un acto de una tremenda insolidaridad por parte de los hijos de esa generación.

Claro que existían alternativas. Por ejemplo, si tenían que pedirle a los pensionistas que asumiesen más sacrificios en esta crisis, que asumiesen su parte de compromiso en la sostenibilidad de las cuentas públicas, en la contención del déficit público y si era necesario que en estos tiempos de crisis las actualizaciones de las pensiones no estuviesen vinculadas a la evolución de los precios al consumo, podían haber ofrecido un pacto de rentas a los interlocutores sociales basado, por ejemplo, en que aquellas pensiones más bajas continuarían evolucionando según el IPC, las pensiones altas, menos, y adquiriendo un compromiso de que cuando la situación económica revirtiese se recuperarían las pérdidas de poder adquisitivo, en la misma línea del acuerdo interconfederal de principios de 2012 que se mueve en esa línea. ¡Claro que existían alternativas en la lógica de diálogo social y en la lógica del acuerdo político! O, por ejemplo, la alternativa de que el factor de sostenibilidad fuese fruto de un pacto con los agentes sociales.


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Y claro también que las reformas son necesarias. ¡Qué nos van a contar! Desde 1995 hemos protagonizado todas las reformas de pensiones que se han producido en el Estado español, porque el Pacto de Toledo fue la propuesta del portavoz Miquel Roca Junyent en su momento. Y claro que estamos convencidos de que tenemos un reto demográfico de dimensiones considerables, como el resto de Europa, que exigen reformas como la que aprobamos en 2011 y en las que ustedes no quisieron acompañarnos por cálculo político. ¡Claro que sí! Y claro que sobre el sistema de pensiones habrá que continuar haciendo reformas para ir adaptándolo al nuevo escenario económico y social y que las reformas no solo van a tener que afectar a los parámetros de sistemas sino que deben afectar también a variables más de fondo, a las políticas de apoyo a la familia, a la gestión de la emigración, al crecimiento de la economía. Pero la necesidad de las reformas no justifica el alarmismo con el que ustedes han construido el discurso político en relación con esta cuestión, porque básicamente hoy España gasta sustancialmente menos que la media en pensiones. Estamos alrededor del 10 % del gasto en PIB; en la Unión Europea de media se mueve el 13 %. No tenemos un problema en el corto plazo de gasto en pensiones. Tenemos un gravísimo problema en el mercado de trabajo que ha hundido el nivel de cotizaciones a nuestro sistema de Seguridad Social.

Señorías, es evidente que las enmiendas del Senado no resuelven ninguna de estas cuestiones; es más, alguna de ellas intenta disimular el recorte que en la práctica produce la reforma de las pensiones y algunas de ellas profundizan en una visión tecnocrática y economicista del sistema de pensiones, que nos parece que forma parte de los problemas de fondo de la cuestión.

La señora ministra habló en su primera intervención en el Pleno de que esta era una reforma vinculada a la competitividad de nuestra economía. A los diputados de la mayoría quiero decirles que la competitividad tan solo puede ser inteligente si está vinculada a la sostenibilidad social, por tanto, no existe un modelo que pueda ser competitivo si socialmente no es sostenible, y la fórmula que ustedes plantean socialmente no es sostenible. El compromiso de Convergència i Unió es muy claro: retornar en una próxima legislatura en esta Cámara al Pacto de Toledo, retornar estas cuestiones a los interlocutores sociales y trabajar para alcanzar un nuevo acuerdo político para garantizar efectivamente la sostenibilidad futura del sistema de pensiones y, sobre todo, para evitar que nuestros mayores, nuestros padres y abuelos, sean más pobres. Su reforma les condena a la pobreza. Por suerte, su capacidad de gobernar es limitada en el tiempo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Socialista. Me toca rematar la magnífica faena que en esta ley ha hecho mi compañera Magdalena Valerio, a la que todos los compañeros le agradecemos el magnífico trabajo que ha hecho, lo que demuestra que en este grupo parlamentario sabemos trabajar en equipo y que no se nota la falta de uno o de otro. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Señorías, el año pasado hurtaron el derecho a la revalorización de las pensiones y además lo hicieron con un decreto-ley con retroactividad, lo que supuso que todos los grupos del arco parlamentario que estamos aquí, excepto ustedes, interpusiéramos un recurso ante el Tribunal Constitucional. De nada nos sirve lo que me va a decir hoy aquí la señora España de que el IPC noviembre/noviembre ha quedado en el 0,2 % y que este año hubo un aumento de pensiones de un 1 % y de un 2 %. Señorías, no sirve de nada porque ni siquiera recuperan lo que perdieron el año pasado los pensionistas. No lo recuperan, sin tener en cuenta la revalorización. Hoy, con esta ley, condenan a los pensionistas a una pérdida generalizada del poder adquisitivo, a la vez que rompen absolutamente todos los consensos y todas las fórmulas que han funcionado en los últimos años; los consensos que han funcionado desde el año 1995 en el Pacto de Toledo. Hemos hecho un montón de reformas, a veces con un consenso del 80 %, otras del 75 %, etcétera. Fíjense, va a ser la primera vez que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no va a estar en un consenso de reforma de la Seguridad Social, y eso les tendría que dar algo que pensar. Además, está el rechazo unánime. No revalorizar las pensiones es bajarlas, y bajar las pensiones es generar pobreza, en un momento en que las pensiones están siendo el sustento de la familia. Son los pensionistas los que están aguantando a la familia, a los hijos y a los nietos a llegar a final de mes, e incluso son los que con su pensión ayudan a que sus nietos puedan pagar la matrícula de la universidad por la retirada de las becas que han aprobado ustedes. Por tanto, señorías, esta fórmula matemática que le meten ustedes a esta reforma estaría muy bien si el presidente fuera el señor Trillo. Sería un buen momento para recuperar


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aquella frase legendaria que dijo cuando leía aquel punto del orden del día sobre el apartado 2 del artículo tal que reformaba el artículo cual de: manda... Pues esta fórmula, señoría, manda también aquello que dijo el señor Trillo, se lo puedo asegurar. (Aplausos). Ustedes saben igual que nosotros que nuestra Seguridad Social no tienen ningún problema de gasto, que hemos hecho reformas en el gasto desde el año 1995, que tenemos un gasto 3 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, que el problema de nuestra Seguridad Social en este momento es de ingresos, que es un problema coyuntural porque tenemos 6 millones de parados, un problema que se ha agravado con su reforma laboral.

Cuando nos fuimos los socialistas en el año 2011, a ustedes que les gusta tanto hablar de herencia, el déficit de la Seguridad Social era de 700 millones, y ustedes con su reforma laboral lo han convertido en más de 12.000 millones de euros en el año 2013. (Aplausos). Esta es una reforma laboral que no solo despide -se ha despedido a 900.000 personas más-, sino que rebaja salarios, reduce horas de trabajo y los ingresos de la Seguridad Social, y ustedes saben igual que yo que un millón de parados significan 5.943 millones de euros que no entran en la Seguridad Social. Si en vez de tener 6 millones de parados tuviéramos la cifra bárbara de 4 millones, no estaríamos hablando de este problema. Por tanto, cambien la política con respecto a la Seguridad Social porque lo que están haciendo es crear alarma social, mandar un mensaje a los trabajadores de que no van a tener una pensión suficiente y que contraten un plan de pensiones privado. Solo falta ver las noticias en la tele, todo son anuncios que dicen: plan privado; menos comisiones, etcétera, y hay algunas entidades que, como bien decía aquí un portavoz, es vergonzoso que ofrezcan lo que están ofreciendo en los planes privados. Yo les pregunto: ¿cómo es posible que alguien con sentido común y vergüenza pueda decirle a un trabajador que gana 600 euros, cuya mujer o compañera a lo mejor gana otros 600 euros, además de todo lo que están pagando, IVA, copagos y demás, que ahora tiene que hacerse un plan privado de pensiones porque no va a tener una pensión digna al final de su vida laboral? Señorías, el Gobierno del señor Rajoy solo sabe hacer recortes; es la termita de nuestro Estado de bienestar social. (Aplausos). Va a ser como el caballo de Atila: cuando se vaya, no habrá hierba que haya crecido bajo sus patas.

Yo les pediría que vuelvan al Pacto de Toledo. Vuelvan al consenso, hablen con los grupos, negocien con ellos, negocien con los agentes sociales, y entre todos hagamos reformas. Unas veces coincidiremos más y otras menos, como en el pasado, pero por lo menos que no sea un solo grupo el que haga las reformas, porque están condenadas -como le decía el señor Campuzano- al cambio. Esta ley tiene fecha de caducidad, que será el día que ustedes pierdan la mayoría absoluta. (Aplausos). ¿Por qué? Porque todas las fuerzas del arco parlamentario tenemos el compromiso de que volveremos a la revalorización de las pensiones tomando como referencia el IPC.

Ustedes introdujeron el copago en las medicinas para los pensionistas, introdujeron el copago en el transporte sanitario, les subieron el IVA, el agua y la luz. Decía un compañero suyo que no iban a subir, pero ha salido una noticia según la cual después de la subasta el coste del recibo de la luz va a subir para los ciudadanos un 10,5. Señoría, en este momento ya no pueden poner la calefacción la mayoría de los pensionistas, van a tener que volver otra vez a la mesa camilla y al brasero de picón, que tantos disgustos nos dio. (Aplausos). Les pido que vuelvan al Pacto de Toledo y a la negociación. ¿No les da vergüenza haber vendido ayer la Caja de Galicia por 1.000 millones cuando habíamos invertido 9.000 millones? Simplemente por la urgencia con que lo han hecho, para que las diferencias entre el ministro de Economía y el presidente gallego no salieran, han regalado ustedes 8.000 millones de todos nosotros, incluidos los millones de estos pensionistas, porque lo que le han regalado a ese banco venezolano ahora se lo quita usted a los pensionistas. Eso es una vergüenza pura.

Rechazamos frontalmente esta reforma. Vuelvan al pacto. Nosotros estamos dispuestos a hablar de ingresos y a negociar dentro del Pacto de Toledo con los agentes sociales. Señorías, espero y deseo que 2014 nos traiga trabajo, salud y felicidad a todos, especialmente a los que peor lo están pasando, a los pensionistas y a la gente que no tiene nada, pero también me da pánico el año que viene porque temo los recortes que están planteando, nos tememos lo peor, el año que viene le tocarán los recortes salvajes a las libertades públicas. Creo que el año que viene van a recuperar el lema del señor Fraga Iribarne: la calle es mía. (Aplausos).

Termino como empecé, con un buen deseo para 2014, pero vuelvan al Pacto de Toledo, negocien, retiren este proyecto de ley y hagamos uno juntos, con consenso y con los agentes sociales. Mi grupo está dispuesto, ha aguantado lo que ha aguantado en esta ley porque creemos que el Pacto de Toledo es el remedio, y cuando ustedes se vayan del Gobierno, porque se irán, otra vez todos los grupos recuperaremos el consenso y los pensionistas volverán a tener su revalorización de acuerdo con el IPC. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora López i Chamosa.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señora España.

La señora ESPAÑA REINA: Señora presidenta, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a la diputada socialista que me ha precedido en el uso de la palabra, la señora López i Chamosa, por su satisfactoria recuperación, de la cual nos alegramos todos, aunque creo que ha vuelto con mayor demagogia de la que tenía cuando se marchó. (Aplausos).

Centrándonos ya en el debate, de las enmiendas que ha presentado el Senado a este proyecto de ley me voy a centrar fundamentalmente en una, aquella que eleva el techo de revalorización de las pensiones hasta el IPC más el 0,50. Señorías, recuerden ustedes que este proyecto de ley hablaba de un techo máximo de revalorización, el IPC más 0,25, pues con esta enmienda del IPC más 0,50 se garantiza la mejora del poder adquisitivo en épocas de bonanza económica, es decir, que cuando haya prosperidad económica en este país se va a repartir también entre los pensionistas, de tal forma que sus pensiones podrán revalorizarse no al IPC sino más allá del IPC, el IPC más el 0,50. De esta forma se recupera con una mayor celeridad la hipotética pérdida de poder adquisitivo que se hubiese podido producir en momentos de crisis, porque tienen que tener ustedes en cuenta que los expertos dicen que el umbral para recuperar el poder adquisitivo sería el IPC más el 0,38, y estamos hablando del IPC más el 0,50. Curiosamente, la mayoría de la oposición tampoco ha aprobado en el Senado esta enmienda del IPC más el 0,50. Señorías, ustedes hoy están votando que no a que más de 8 millones de pensionistas puedan tener una mayor revalorización y puedan mejorar sus pensiones.

Con respecto a los datos demográficos y al proyecto de ley, son muy contundentes, pero le voy a dar solo uno de ellos. Tenemos 9 millones de pensiones y vamos a pasar a 15 millones en el año 2050. Gastamos en pensiones más que nunca, un 10,7 % del producto interior bruto, y lo importante, la clave de este proyecto de ley es garantizar la sostenibilidad del sistema. La teoría del Partido Socialista no me sirve: quedarse cruzados de brazos, dotar el Fondo de reserva para que luego nos pase como en el año 1996, que tuvimos que pedir un crédito de 3.000 millones de las antiguas pesetas para poder pagar las pensiones, esperar a que la Ley 27 dé sus frutos en 2027 o en 2032 y, si no, en el peor de los casos, si vienen mal dadas y la situación económica no mejora, volver a congelar las pensiones. No, señorías. En este país, con este proyecto de ley, no se van a volver a congelar las pensiones nunca más. (Aplausos). Ni el Partido Socialista ni ningún partido en este país podrá volver a congelar las pensiones. Con este proyecto de ley, señorías, las pensiones subirán siempre; en el peor de los casos, como mínimo, un 0,25 %; en situaciones de normalidad, el IPC; y cuando haya bonanza económica, llegaremos al IPC más el 0,50. Por lo tanto, estamos blindando las pensiones de las futuras o posibles congelaciones socialistas. Esa es la tranquilidad que tienen que tener nuestros pensionistas.

Se ha hablado también de la Ley 27, la ley del Gobierno socialista por la que se eleva la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, ley que, por cierto, solo apoyó CiU; una ley de la que los expertos dicen que solo corrige un tercio de los desequilibrios económicos, algo que además ha reconocido hasta el propio Solbes, vicepresidente económico de un Gobierno socialista, porque ha dicho que su reforma de pensiones era mucho más ambiciosa que la que finalmente se pactó, pero, claro, desde Moncloa el señor Zapatero no le aceptó que dijera la verdad. (Rumores). Señorías, ya mintieron mucho a este país. Ahora arrimen el hombro.

A Convergència i Unió le diría lo siguiente. Yo no entiendo que ustedes votaran a favor de una congelación de las pensiones y que hoy voten en contra de una subida de pensiones. Usted ha dicho en su intervención que unas décimas del IPC son decisivas. Si unas décimas son decisivas, imagínese lo que supusieron 3 puntos, que fue la congelación socialista que ustedes aprobaron con su voto. (Rumores).

A UPyD, que dice que no hemos hablado de los ingresos, le puedo decir que se han presentado por este grupo diez enmiendas transaccionales, y alguna de ellas hacía referencia a los ingresos, como que las pensiones de viudedad y de orfandad sean financiadas paulatinamente por el Estado, pero ustedes han dicho que no. Precisamente estamos haciendo lo mismo que la Unión Europea, que es aplicar el factor de sostenibilidad que venía contemplado en la Ley 27 y un nuevo índice de revaloración, como dice la recomendación segunda del Pacto de Toledo.

Señorías, hace un año ustedes generaron mucho miedo e incertidumbre, pero la mentira tiene las patas muy cortas. Hoy se demuestra, con un IPC de noviembre del 0,2, que los pensionistas han ganado en este año poder adquisitivo. Les recuerdo que para este año se subieron las pensiones un 2 % a la mayoría, al 75 % de los pensionistas, y un 1 % al resto. Con un 0,2 % de IPC en noviembre todos los


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pensionistas de este país van ganar poder adquisitivo en este año, todos; la mayoría, un 1,8 %. ¿Esto qué quiere decir? Que los pensionistas han ganado casi 1.400 millones de euros de poder adquisitivo en el año 2013, además del IPC. Esa es la realidad. La mejora en la economía como consecuencia de la reforma del Gobierno se está empezando a trasladar a los ciudadanos. Con el Partido Popular, aumento del poder adquisitivo, 1.400 millones de euros de ganancia de poder adquisitivo además del IPC. Con el Partido Socialista, congelación de pensiones, casi 3 puntos de pérdida de poder adquisitivo, 1.500 millones de euros de pérdida para los pensionistas. Este año 2013 los pensionistas van a recibir el IPC más lo que perdieron con la congelación socialista. El año que viene, 2014, una subida del 0,25 %. Si se mantiene el control sobre la inflación, que está en el 0,2 %, ¿dónde está la pérdida de poder adquisitivo?

Hablan ustedes también del programa electoral. El compromiso del Partido Popular, del Gobierno y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es el mantenimiento del poder adquisitivo a medio y largo plazo. Lo estamos cumpliendo y lo vamos a cumplir. Yo no sé si el Partido Socialista llevaba en su programa electoral que iba a congelar las pensiones, que iba a dejar en déficit a la Seguridad Social y que iba a dejar la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea. Yo no sé si ustedes lo llevaban en su programa electoral, pero lo hicieron, dejaron a este país en la UVI.

Han hablado también ustedes del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo somos todos los grupos que estamos allí representados y lo formamos, pero el pacto está vivo, no está en coma, señor Centella. Lo que pasa es que ustedes tienen que dejar de lado los intereses partidistas y tienen que dejar de buscar réditos electorales. Eso es absolutamente incompatible con buscar la verdad en el Pacto de Toledo.

Hablan del diálogo. Ha habido diálogo desde el mes de abril, cuando se les encargó a los expertos un informe sobre el factor de sostenibilidad. Hemos dialogado con los agentes sociales, con los grupos políticos. Pero para que haya acuerdo tiene que haber voluntad política y en ningún momento se ha visto voluntad política para llegar a acuerdos, como demuestra que la mayoría de la oposición no va a aprobar ni la enmienda que eleva el techo de revalorización hasta el IPC más el 0,50. Algún día tendrán que explicar a los pensionistas por qué votaron que no a esa enmienda.

Hablan ustedes de la reforma laboral. Les voy a dar solo unos cuantos datos. Por primera vez desde que empezó la crisis hay menos parados en España que hace un año, casi 100.000 parados menos, la primera vez que en un mes de noviembre baja el paro desde que tenemos datos registrados. Hay que recordar de dónde venimos, porque hemos heredado más de 5 millones de parados, 2.300.000 cotizantes menos a la Seguridad Social y más de 3 millones de despidos -se ha hablado hoy aquí mucho de despidos- con los Gobiernos socialistas.

Han hablado también del recorte de 33.000 millones de euros según la memoria económica de esta ley. Ahorro de 33.000 millones de euros en nueve años. La Ley 27 hablaba de 35.000 millones de euros en un solo año. Sumen ustedes a ver cuánto supone. Lo que pasa es que antes con ustedes eran ahorros y ahora son recortes. Si ustedes hubiesen hecho la separación de las fuentes de financiación como hubiese correspondido, acompasadas año a año, habrían ahorrado el sistema 33.800 millones de euros de déficit. Me hablan de sentido común y de vergüenza con respecto a los planes privados de pensiones. Yo creo que algunos de ustedes tienen mala memoria. Quienes en este país recomendaron a los ciudadanos españoles que se hicieran planes privados de pensiones fueron el ministro socialista Solbes y el ministro socialista Corbacho. Quedarse cruzado de brazos, como ustedes quieren que hagamos, es condenar al sistema a la insostenibilidad, decirles a nuestros jóvenes que tienen que hacerse planes privados de pensiones. El Partido Popular quiere un sistema público de pensiones, público pero sostenible, para que nuestros jóvenes no tengan que hacer caso a las recomendaciones de los Gobiernos socialistas. Seguramente recomendaron planes privados de pensiones porque ya sabían cómo iban a dejar a la Seguridad Social y cómo iban a dejar a este país. Por tanto, dejen de asustar a los pensionistas, dejen de hablar de atracos, dejen de hablar de hachazos, porque si hay algún enemigo público número uno de la Seguridad Social, como he escuchado de algún miembro del Partido Socialista, es el Partido Socialista, que cada vez que gobierna deja la Seguridad Social en déficit. Si alguien miente es el Partido Socialista, que cuando se fue dijo que el déficit de este país iba a ser un 6 % y lo llevó a un 9 %. El mayor hachazo o el mayor atraco que se ha producido en materia de pensiones fue la congelación socialista, con casi 70.000 millones de euros en el Fondo de reserva, congelación socialista que les persigue y forma ya parte de su ADN. Si alguien ha metido la mano en el bolsillo, ha sido el partido que hurtó casi 15.000 millones de euros del Fondo de reserva y que todavía no sabemos en qué se lo han gastado. Señorías, nosotros estamos usando el Fondo de reserva. ¡Claro que sí estamos usando el Fondo de reserva! Para devolvérselo


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a los pensionistas cuando más lo necesitan, porque el Fondo de reserva no es del ni del Partido Popular ni del Partido Socialista. Es de los pensionistas que han ido nutriéndolo año a año. (Aplausos).

Ustedes dicen, señorías, que si vuelven a gobernar derogarán esta ley y otras cuantas. No sé si ustedes la derogarán o no, pero lo que sí sé es que, si ustedes vuelven, volverá a este país la ruina, el déficit, el paro, la congelación y el rescate. Eso lo sé yo y lo saben todos los españoles. Sean un poco más humildes y aprendan del señor Solbes. Ha dicho que se siente mal, porque por los errores cometidos en el Gobierno socialista este país está peor. Por tanto, señorías, han hecho mucho daño a este país. No miren al pasado, vamos a mirar al futuro. Arrimen el hombro, que es lo que están esperando todos los ciudadanos españoles.

Termino, señora presidenta. Los pensionistas están más seguros con Gobiernos del Partido Popular, porque después de haber estado trabajando durante muchos años y con mucho esfuerzo para levantar este país, tienen derecho a la tranquilidad y esa tranquilidad y esa seguridad se la da el Partido Popular, con la verdad por delante, sin congelaciones, con revalorizaciones por encima del IPC y con sostenibilidad en las cuentas de la Seguridad Social. Arrimen el hombro, señorías, los pensionistas lo merecen.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora España. (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra).

Sí, señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: La portavoz del Grupo Popular ha hecho una afirmación sobre un sentido de nuestro voto que no es cierta y me gustaría poder explicarlo.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por alusiones personales no, porque no ha habido ninguna.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: No, por una afirmación que no es cierta. Ha dicho una cosa que no es verdad con relación a una posición de voto nuestra, que no es cierta, y me gustaría poder explicarlo, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): ¿Qué posición de voto? Aquí no hay réplica, señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: No, si no es réplica. La afirmación no es cierta y pido por tanto...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): ¿Qué afirmación no es cierta, señor Campuzano? Tiene usted treinta segundos.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

La afirmación que no es cierta es que Convergència i Unió votase favorablemente a la congelación de pensiones de mayo de 2010. Como sus colegas deberían recordar, Convergència i Unió se abstuvo en esa votación y además, junto con el señor Burgos, creo que catorce, quince o veinte veces, defendimos la reversión de esa congelación con mociones, proposiciones no de ley y discusiones en el Pacto de Toledo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

Señora España, ¿quiere usted añadir algo?

La señora ESPAÑA REINA: Señor Campuzano, no sé si fue peor votar a favor o abstenerse. (Rumores). Ustedes no se opusieron a esa congelación de pensiones que supuso 1.500 millones de pérdidas para todos los pensionistas de este país. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora España.

- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2014. (Número de expediente 121/000069).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Continuamos con las enmiendas aprobadas en el Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. De nuevo, siendo una


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ley de una importancia básica, todos los componentes del Grupo Parlamentario Mixto podrán formar parte de este debate. En primer lugar, señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta, gracias, señor ministro, señorías.

Terminamos hoy una tramitación que no difiere mucho de cómo se produjo la de los anteriores presupuestos. Se presentaron entonces alrededor de tres mil setecientas enmiendas y para este ejercicio han sido unas cuatro mil trescientas y la respuesta ha sido similar. Vamos a aprobar un proyecto de ley que se asienta en unas bases y en unas previsiones similares a las de este año, con las que se intenta afrontar una situación económica que viene de lejos y que mucho nos tememos que mantendrá toda su crudeza el año que viene. Dicen los expertos y todos los indicadores que las cifras macro mejoran y aparentemente puede que sea así. Digamos que lo confirma el hecho de que no haya sido objeto de debate y de discusión en esta tramitación. Nosotros esperamos que estas previsiones, las de estos presupuestos, sirvan y ayuden para afrontar el año 2014 con otra perspectiva más positiva. Por tanto, calificar hoy de continuista este de proyecto de presupuestos es lo mejor que podemos decir de los mismos, es el adjetivo más acertado. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Mi partido votó en contra de las enmiendas de totalidad en el Congreso y de los vetos en el Senado, votó a favor de los distintos dictámenes de las distintas secciones y además, consta expresamente, nuestro voto obviamente debe ser afirmativo, porque votar a favor del proyecto de ley de presupuestos forma parte de los acuerdos que mi partido, Unión del Pueblo Navarro, tiene firmados con el Partido Popular. Confiamos en que las previsiones de ingresos y gastos se cumplan, que se ajusten a la realidad de 2014 y, si es el caso, ojalá los ingresos sean mayores que los presupuestados. Para 2014, en este final del trámite, querríamos pedir al grupo de la mayoría un renovado esfuerzo para lograr espacios de encuentro y de colaboración con otros grupos de esta Cámara con los que poder sacar los distintos proyectos y reformas que vendrán con un grado mayor de apoyo, lo cual les daría una mayor consistencia.

Brevemente, solo citaré en este trámite dos enmiendas -porque estamos hablando de las enmiendas que se han introducido en el Senado-, una de ellas en la que pedíamos que el Estado coparticipara en la redacción de una obra magna sobre la recopilación del historial criminal de ETA, cuyo primer título ya ha sido presentado en Pamplona el día 13 de diciembre, que se titula Relatos de plomo, que consideramos una lectura obligatoria para quien quiera conocer el alcance de la actividad criminal de ETA en nuestra comunidad, y que tendrá su continuación en un segundo tomo que presentaremos en Madrid dentro de unos meses.

También quisiera poner en valor una segunda enmienda introducida en el Senado, que da cumplimiento a un compromiso del Estado con la financiación en la modernización de la red ferroviaria en Navarra y que da cumplimiento a la palabra dada, a lo pactado, y en este sentido no tenemos ninguna reserva para poner en valor su inclusión en el Senado. Me refiero a que es verdad que se trata de una enmienda del Grupo Popular introducida en ponencia, pero que tiene su origen en una enmienda de Unión del Pueblo Navarro que presentamos en el Congreso, con la que, como les digo, se corrige el déficit de financiación de los presupuestos, puesto que a los 13,5 millones de euros que figuraban se añaden otros 20 aproximadamente para dar cumplimiento al compromiso del Estado de establecer una consignación de 36,5 millones.

Termino. Mi partido espera sinceramente que estos presupuestos sirvan para afrontar 2014 con otra ilusión, con otra disposición menos reactiva, menos defensiva, de forma más proactiva y más propositiva. Por último, insisto en la reflexión que hacía sobre el futuro, porque si queremos seguir siendo el país que hoy somos, tendremos que hacer mucho acopio entre todos de imaginación y de grandes dosis de prudencia política para no buscar más diferencias de las estrictamente necesarias y empezar a pensar todos en cómo podemos ayudar para integrar todas estas diferencias de forma armónica y natural en un proyecto común.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

Señor Álvarez Sostres.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, la justificación para subir a esta tribuna es cumplir con el trámite último de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. A lo largo del trámite de los mismos se han sucedido varios plenos en este Congreso y en el Senado y en el ámbito de las comisiones, y de todas esas reuniones, de más de cuatro mil enmiendas solo se han aceptado doce, señorías,


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incluyendo nuestras treinta y cuatro enmiendas, que por supuesto no han sido incluidas. Es como si pasásemos por el túnel del tiempo y nos encontrásemos en el escenario galogermano del Vae victis! de Breno.

Me hago la siguiente reflexión. En realidad ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hacemos los diputados de esta Cámara, de todos los grupos de la oposición, representando un papel de figurantes con frase en una gigantesca sesión de role playing, donde todo está acotado, todo esta prediseñado, año tras año y de manera absolutamente específica? Señores diputados, yo les digo, ¿no perciben que este talante deriva hacia el deterioro de los principios que sostienen esta Cámara? ¿Cómo es posible que no se puedan aceptar algunas de las enmiendas de los grupos parlamentarios? ¿No caen en que una cosa es mayoría absoluta en el poder y otra absolutismo en el ejercicio del mismo? ¿Qué debemos responder a los ciudadanos cuando nos preguntan: para lo que ustedes están ahí, ¿no podrían efectuar un voto telemático de manera general, con lo cual nos evitaríamos los gastos correspondientes?

Esta sensación llega a la exasperación y a la impotencia cuando pienso en el trato recibido por Asturias, mi circunscripción electoral. Opinaba el gran maestro de periodistas y gran asturiano Faustino Álvarez, refiriéndose en un brillantísimo artículo a estos presupuestos, que hay días que uno no está para nada. Hoy es uno de esos días. Sale a la luz brutalmente que Asturias tiene un cuaderno negro con la crónica más oscura de nuestra sociedad, con el relato de un genocidio moral contra tantos esfuerzos y esperanzas. La pasada semana decía la vicepresidenta en esta Cámara que el Gobierno tenía un gran objetivo, que era que la prosperidad llegase a los ciudadanos. Pues yo anuncio que a Asturias, inequívocamente, no va a llegar, por ser la primera comunidad en la que ha descendido la inversión hasta un 35 %, y ese descenso de la inversión el señor Montoro lo dulcifica diciendo que gracias a eso las pensiones de los asturianos se van a poder cobrar.

¿A nadie se le cae la cara de vergüenza con el cachondeo y retrasos de la variante de Pajares después de una inversión de 3.000 millones de euros, donde se ha transformado la alta velocidad en lenta velocidad, con parada y fondo de saco en León, que es donde termina la alta velocidad? ¿No creen que es bochornoso que el Gobierno de Asturias no reclame ante la Unión Europea y tenga que hacerlo Foro en su lugar por la desviación de fondos a otros sitios y lugares en los temas correspondientes a la financiación de la Unión Europea? ¿A nadie se le pone la cara colorada cuando se recurre la sentencia que considera ilegal la eliminación de los fondos mineros?

No es fácil soportar como testigo la política indigna y despreciativa que está teniendo el Gobierno con Asturias. Uno quizá podría pensar que el PP defiende siempre lo mismo en todos los sitios. No es así en Asturias, donde hoy funciona un sistema de administración colonial, en el que existen intereses trabados entre el intendente tribal y el gobernador colonial con la representante expectante que pueda pasar por los circuitos políticos. Estamos ante las distintas almas del pantocrátor gallego, pantocrátor que todo lo puede, como es obvio, capaz de olvidar cualquier compromiso electoral en beneficio político propio.

Finalizo diciéndoles que, al votar en contra, no me he privado de trasladarles qué sentimos en Asturias. Decimos que se están poniendo claramente las bases de una profunda crisis económica y social en nuestra comunidad autónoma que nos retrotrae a paisajes negros descritos perfectamente por Armando Palacio Valdés y pintados por Darío de Regoyos en unos cuadros con fondos industriales y del carbón.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Charles Dickens, en Historia de dos ciudades, decía: Era la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. Son palabras que me recuerdan esta situación, sobre todo cuando oigo al presidente Rajoy o a sus ministros y lo comparo con la realidad que vemos todos los días en la calle. Para ellos estos presupuestos eran los presupuestos de la salida de la crisis, pero mientras en la calle hay 3 millones de personas en estado de pobreza severa, el 6,4 % de la población, que vive con menos de 307 euros al mes. Aumentan las exportaciones, sí, pero aumentan las exportaciones de jóvenes con estudios que se van buscando un futuro que aquí no tienen. Efectivamente, estamos aumentando las exportaciones de capital humano que no dará aquí su fruto. Estamos en la senda de la creación de empleo, empleo precario, peor pagado y sin derechos.


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Estamos pagando nuestras deudas, sí, sobre todo las de los bancos, mientras ellos, según palabras del propio presidente Rajoy, no están cumpliendo su función. El crédito no llega a familias o pymes y, si lo hace, lo hace a precios de usura. Por cierto, hay que ver cómo toman el nombre de la Constitución en vano. Mientras en estos momentos es la intocable, bien que la manosearon hace poco más de dos años para garantizar, cambiando el artículo 135, que los bancos fueran los primeros: 36.000 millones en estos presupuestos.

Señorías, dos años y tres presupuestos después, ustedes nos quieren vender la primavera de la esperanza con la labia de un mantero de feria, pero los ciudadanos solo perciben el invierno de la desesperación. Solo hay primavera para algunos, para ese 13 % de nuevos ricos, para las Sicav, para las grandes empresas, para el señor Botín y sus colegas, para los fondos buitre. En cambio, con estos presupuestos, para los parados, los pensionistas, los dependientes y para la inmensa mayoría de los ciudadanos persiste el duro invierno de los recortes y de los repagos. También para los valencianos, atropellados, insultados y menospreciados por estos presupuestos insolidarios. El PP se ha convertido en una plaga para los valencianos. Nos castiga con unos presupuestos infames y encima nos da una fama de corruptos que no nos merecemos de ninguna manera.

No, señor ministro, estos no son los presupuestos primaverales del crecimiento, de la creación de empleo o de la solidaridad. Estos presupuestos son un hito más de su agenda oculta, una agenda oculta que consiste en consagrar los recortes de salarios, de derechos y de prestaciones; una agenda oculta que quiere destruir el Estado social, hacerlo naufragar y proveer barcas para que se salven solo los de siempre. Por tanto, insistimos, volveremos a votar un no rotundo a estos presupuestos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Señorías, ¿para qué ha servido que pase el presupuesto por el Congreso y el Senado? Ha servido para desmontar los argumentos del Partido Popular, argumentos que eran: no hay más remedio que hacer ajustes, no hay margen de maniobra y esto es para recuperar empleo. Ha servido sobre todo para desenmascarar a los diputados y senadores del Partido Popular, porque ellos se comprometieron y dijeron en Canarias -de verdad, ¿eh?- que estaban en negociaciones secretas con el Gobierno en Madrid para mejorar los presupuestos de Canarias en el Congreso y en el Senado.

¿Y qué ha pasado para que yo haga esta afirmación? Les voy a poner los ejemplos. Ha pasado que se suprimió el convenio de infraestructuras turísticas con Canarias porque no había margen y había que hacer ajustes, pero se crea un plan de rehabilitación de las zonas turísticas de la Costa del Sol que no existía. Se suprimen 200 millones de un convenio de carreteras que estaba firmado y con las obras adjudicadas en Canarias y se ponen 90 millones a Baleares -qué casualidad, del Partido Popular- para un nuevo convenio de carreteras. Se suprime, prácticamente desaparece el convenio de obras hidráulicas en Canarias porque no hay margen, a pesar de los problemas con las desaladoras y la depuración de agua en Canarias. Bueno, pues te lo tienes que tragar. Vale, te lo dejan en 5 millones para Canarias cuando era de 25, pero es que hacen uno con Baleares de 70 millones de euros mediante una enmienda. Resulta que no hay margen para el agua desalada tampoco, 2 millones de canarios, donde el 85 % es desalada, y se ponen 4 millones de euros. ¡Ah!, pero Ceuta y Melilla, 100.000 personas, 8 millones de euros. ¿Quién gobierna en Ceuta y Melilla? No son ajustes, son decisiones políticas.

Se dice que en el Ministerio de Cultura no hay margen y se nos advierte que no se va a financiar el Festival de música de Canarias ni la ópera. ¡Ah!, pero resulta que se financian festivales de ópera y de danza por toda España, 30.000 para esos, 5.000 para el de Gran Canaria. ¿Por qué se ponen al de Gran Canaria, que depende del Cabildo de Gran Canaria, al de Tenerife no, ni al Festival de música de Canarias? ¿Cuál es el criterio? Hay decisión política; no son los ajustes.

Resulta que aquí lo que se pretende es crear empleo.Y ¿qué es lo que pasa? Canarias, 34 % de paro, Plan integral de empleo de Canarias, y resulta que desaparece el Plan de empleo de Canarias, cuando el objetivo de estos presupuestos es crear empleo, en una comunidad con el mayor paro de toda la Unión Europea, y con los diputados y senadores del Partido Popular prometiendo que se iban a poner 10 millones como mínimo en el Senado para el Plan de empleo de Canarias. Esto es lo que ha pasado. Los canarios somos solidarios, somos respetuosos, pero aquí se acaba. Ustedes no están haciendo ajustes, ustedes han tomado decisiones políticas y han sido desenmascarados en el paso por el Senado y por el Congreso.


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Por último, quiero darles las gracias en nombre de los 2 millones de canarios por haber aprobado una enmienda de Coalición Canaria de 20.000 euros para que los alumnos de náutica hagan prácticas en los barcos mercantes, porque se habían olvidado de esa partida y nosotros la pusimos y estamos muy satisfechos de que hayan aprobado esa pequeña enmienda de 20.000 euros para los pobres alumnos de enseñanzas náuticas y estamos muy contentos en Coalición Canaria. Hubo un diputado del PP que me dijo: oye, que te hemos aprobado una enmienda. ¡Ah! Señores, esto no es serio. Ni Canarias ni España se merecen estos presupuestos donde hay decisiones políticas, no problemas de ajuste ni el objetivo de crear empleo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.

Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, tomamos la palabra para posicionar a nuestro grupo, el BNG, en relación con estos presupuestos que vienen del Senado en el día de hoy. Hemos de decir en primer lugar que vamos a votar en contra de todas las enmiendas que vienen porque no han mejorado en absoluto ni social ni económicamente los presupuestos; incluso desde el punto de vista social, señorías, los han empeorado, y quiero hacer mención al aprovechamiento por parte del Gobierno del trámite de enmiendas del Senado sobre estos presupuestos para eliminar la prestación sanitaria a aquellas personas que pasen más de tres meses en el extranjero.

Señorías, desde luego, el Grupo Popular con sus enmiendas no ha hecho absolutamente nada que pueda modificar la postura del BNG en contra de estos presupuestos, que ya hemos dicho que son unos presupuestos que está hechos incluso para incumplirse, porque detrás de los mismos están las noticias de que este Gobierno va a hacer más recortes, que va a hacer reformas que van a significar el recorte de servicios sociales, el recorte sanitario, incluso la reforma laboral, que va a representar un recorte de salarios. Por eso, señoras y señores diputados, desde luego el Bloque Nacionalista Galego va a mantener su posición contraria a estos presupuestos y a estas enmiendas del Senado.

Queremos recordar una cosa, señorías. Estos últimos días, concretamente el día anterior a aprobarse las enmiendas en la Senado, en Galicia se hizo correr la voz por parte de los alcaldes del Partido Popular de la zona de Ferrolterra de que el Grupo Popular iba a incorporar a través de una enmienda una partida presupuestaria para el dique flotante del astillero Navantia. Por cierto, fue una enmienda que el Bloque Nacionalista Galego sí había presentado a los presupuestos y que explícitamente el Grupo Popular dijo que no se podía apoyar porque era una propuesta inviable. Esta propuesta inviable fue aprovechada por el Partido Popular en Galicia y concretamente por sus alcaldes para decir que sí, que el Partido Popular iba a aprobar esto. Evidentemente no lo aprobaron y evidentemente Ferrol sigue en una situación de gran preocupación y, sobre todo, de un inmenso drama, porque, al paro ya registrado en este momento, que supera el 35 %, hay que añadir la situación de la falta de trabajo en Navantia Fene y en Navantia definitivamente. Por lo tanto, señorías, cinismo por parte del Partido Popular, que engaña a los ciudadanos, y falta de responsabilidad política del Partido Popular, que no quiere afrontar unos presupuestos que doten suficientemente políticas que permitan la creación de empleo no solamente en el caso de Navantia del que estamos hablando y del Ayuntamiento de la comarca de Ferrolterra, sino también de otras zonas del Estado y de Galicia en particular. Por tanto, señorías, vamos a votar en contra de estas enmiendas y por supuesto ya hemos votado en contra de los presupuestos generales.

Voy a hacer un apunte final, porque acabamos de ser partícipes de un encuentro con la ciencia, donde muchas y muchos científicos se han unido para defender y reclamar a este Gobierno un compromiso con dicho sector, que es fundamental también para mejorar nuestra productividad. Por eso, queremos manifestar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a este colectivo de científicos, porque es necesario no seguir reduciendo la financiación a la ciencia, sino que es necesario incrementarla y, sobre todo, recuperar ese punto en la inversión que se ha reducido en estos últimos cuatro años. Señorías, también queremos decir que es lamentable que en una casa como esta, que en muchas ocasiones se dice que es la casa de todos, no se haya dado la posibilidad a estos científicos de contar con una sala suficientemente adecuada para presentar sus reivindicaciones.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Señor Bosch.


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El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, estamos en el tramo final de esta tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y aprovecho para desearles unas felices Navidades y un próspero Año Nuevo, que además estamos seguros de que en Cataluña será el gran año de la libertad, libertad que también deseo para todos los otros pueblos del mundo, España incluida por supuesto.

Nos piden en este tramo final que firmemos a favor de una pequeña corrección sobre un detalle de los presupuestos, las bonificaciones aeroportuarias en concreto. Tengo que decirles que nos lo ponen difícil, porque el historial que hemos visto en esta Cámara no conduce precisamente a hacernos favores mutuos, considerando que cuando han podido siempre han vetado. Han vetado nuestra presencia en la Comisión de Secretos Oficiales, han vetado que Amaiur tuviera un grupo propio -y que tuviéramos un Grupo Mixto de 18 diputados, muy plural y difícil de gestionar-. Incluso están diciendo ahora que vetarán la posibilidad de que los catalanes y las catalanas votemos sobre nuestro futuro.

Además, en Cataluña nos encontramos con que la dirigente del PP está saboteando los presupuestos generales de la Administración catalana, cosa que provocará, por lo bajo, al menos un mes de retraso y, por tanto, unas pérdidas calculadas entre 10 y 13 millones de euros, el déficit consiguiente, etcétera. En ese contexto, es complicado que sintamos comprensión los unos por los otros. Nosotros votaremos en contra de los Presupuestos Generales del Estado, no por ese tema, sino porque -ya se lo dijimos en su momento- creemos que tienen un contenido eminentemente antisocial, que van en contra de grandes conquistas sociales que se han producido a lo largo de los últimos años y por tanto nos resulta muy difícil abonar esa política; también porque creemos que van en contra de los principios del autogobierno e invaden competencias y otras cuestiones que también comentamos en su momento en las que ahora no es el momento de entrar en detalle. Votaremos en contra.

Quisiera decirles que esperamos que podamos mejorar nuestras relaciones, que se acaben los vetos mutuos, que podamos colaborar los unos con los otros, sin renunciar a lo que para unos y otros son principios innegociables, porque se remiten a la democracia, a libertades y a derechos básicos.

Muchas gracias por su atención e, insisto, feliz Año Nuevo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, estamos ante un trámite -yo diría que se puede calificar especialmente a este punto del orden del día como de trámite- en el que se va a dar el visto bueno a unos Presupuestos Generales del Estado que creo que no son positivos. En primer lugar, no han sido mejorados de cómo salieron de esta Cámara hacia el Senado; incluso, el paso por el Senado los ha empeorado en muchos aspectos. Ahora mismo, estos presupuestos siguen sin dar respuesta a los temas fundamentales que nosotros habíamos planteado en nuestra enmienda a la totalidad, no solo desde nuestra perspectiva soberanista, de los que reclamamos la soberanía para nuestro país y que subrayábamos que estos presupuestos no responden a la realidad política, económica y social de Euskal Herría, sino también en su propia concepción y estructura interna. Son unos presupuestos que no dan respuesta al principal problema que tiene el Estado español, que es el problema del fraude fiscal. Son unos presupuestos que no dan respuesta a otra de las tragedias que sufre ahora mismo la sociedad del Estado español, que es ese desmantelamiento constante y progresivo del Estado del bienestar. Son unos presupuestos que siguen impulsando la precariedad laboral, el recorte de derechos de los trabajadores y trabajadoras; y estos presupuestos siguen abundando en esa línea. Son unos presupuestos que no impulsan la competitividad del sistema económico del Estado español. Son unos presupuestos, en definitiva, que dan la espalda a la solidaridad interna y externa del Estado español.

Finalmente, tiene otro elemento muy negativo, al que me referiré también después con más detalle. Son unos presupuestos en los que, en su paso por el Senado, de tapadillo, por la puerta falsa, han modificado un total de veintiuna leyes a través de enmiendas del Grupo Popular que, lógicamente, al ser enmiendas metidas en el último minuto no permiten ni el debate ni la enmienda por parte del resto de grupos de esta Cámara. Al final, unos presupuestos que entraron en el Congreso de los Diputados van a salir modificando veintiuna leyes que no se han debatido ni se han planteado en esta Cámara con detenimiento. Algunas de ellas, a las que luego me referiré, son especialmente importantes. No combaten el fraude fiscal, que es la principal lacra, el principal freno, que impide al Estado español avanzar en la senda de la recuperación económica. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la


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Presidencia). Son, al mismo tiempo, la gran coartada que tiene el Partido Popular para recortar el Estado del bienestar, aduciendo que la situación económica no permite tener los fondos necesarios para dar respuesta a las necesidades del Estado del bienestar, a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales, a la creación de empleo.

Como repetidas veces hemos subrayado desde esta tribuna por parte de Amaiur, el problema está en el fraude fiscal, en el ingreso. El Estado español sigue siendo un auténtico paraíso fiscal para las grandes fortunas y para las grandes empresas. Mientras no se acabe con ese paraíso fiscal español, no habrá forma de reencaminar la salida de la crisis, sobre todo una salida de la crisis socialmente sostenible. No habrá forma de reforzar el Estado del bienestar, ni siquiera de mantenerlo. Estos presupuestos siguen abundando en esa misma línea; no dan respuesta al problema del fraude fiscal.

Al mismo tiempo, están desmantelando continuamente el Estado del bienestar. Como decía antes, siguen impulsando la precariedad laboral, los recortes de los derechos de los trabajadores, y hay otro elemento también fundamental, a través de ese recorte de los derechos de los trabajadores, buscando la competitividad por las rebajas salariales y recortando los salarios, precisamente lo que están haciendo es limitando la competitividad. La competitividad solo se puede impulsar desde el apoyo a un mayor valor añadido del sistema productivo del Estado español. Eso no lo están haciendo. Ahora mismo hemos participado -como ha señalado la anterior portavoz del BNG- en un acto con representantes del mundo de la ciencia y de la investigación, precisamente para reivindicar la necesidad de un mayor apoyo a la ciencia, a la investigación, a la I+D+i, a la sociedad del conocimiento; en definitiva, el apoyo a una competitividad socialmente sostenible y eficaz. Eso, en estos presupuestos, no figura. Las aportaciones a la investigación, a la I+D+i, a la renovación tecnológica del sistema productivo del Estado español brillan por su ausencia. Este es uno de los elementos fundamentales, como también es fundamental otro de los elementos básicos en la competitividad del sistema productivo español y especialmente del sistema productivo de mi país, de Euskal Herria, el coste de la energía. También en estos presupuestos lo que se ha hecho es aumentar el coste de la energía y aumentar un elemento básico de diferencia negativa a la hora de impulsar la competitividad dentro de la propia Unión Europea.

Como decía, también son unos presupuestos que dan la espalda a la solidaridad interna y a la externa. Sigue aumentando el número de millonarios, como dice Cáritas y sigue aumentado la tasa de pobreza. Pero es que, además, a través de alguna de estas veintiuna leyes que han modificado, están también abordando un recorte y una mercantilización de la ayuda al desarrollo. La están modificando -insisto- por la puerta falsa, a través de alguna de las veintiuna leyes modificadas. Ayer en otra ley también, en la Ley del apoyo al seguro a la exportación, volvieron a modificar una ley que se refiere al Fondo de apoyo al desarrollo. Estos presupuestos van en contra de la solidaridad interna, dentro del propio Estado español, y la solidaridad externa.

Finalmente, quiero refirme a una de estas leyes -y con esto acabo, señora presidenta- que se ha modificado por la puerta falsa, que es la modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Con esto lo que están consiguiendo es atacar a la pequeña y mediana empresa, que es la que está soportando con grandes esfuerzos el empleo en el Estado español. Se va a producir, se está produciendo ya, una oleada de despidos en las pymes, pero al mismo tiempo se está dando la espalda al propio consejo regulador del Fogasa, se está dando la espalda a los agentes sociales, sindicatos y organizaciones empresariales. Es una modificación ilegítima y es una modificación además que va en contra de las pequeñas y medianas empresas, del tejido productivo; es una modificación que está hecha desde la concepción que tiene habitualmente este Gobierno de la gran empresa. Está privando a las pequeñas empresas de poderse apoyar en el Fogasa con unas cuotas que han pagado en el pasado y al mismo tiempo esto va a generar una mayor litigiosidad en los tribunales por parte de los trabajadores, con lo cual se van a incrementar los costes, se va incrementar la saturación de los juzgados; en definitiva, es una modificación de una ley de gran trascendencia, que perjudica gravemente a los trabajadores, a los pequeños y medianos empresarios y a la ciudadanía en general.

En definitiva, estos presupuestos no responden a la realidad económica, política y social de Euskal Herria, que cuentan con el rechazo del 80 % de la sociedad, con la mayoría absoluta de las organizaciones sociales y sindicales de mi país, y al mismo tiempo, son unos presupuestos que dan la espalda a la propia sociedad del Estado español y son unos presupuestos que no van a contribuir a una salida socialmente sostenible de la crisis económica.

Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Larreina.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Las enmiendas que llegan del Senado a los presupuestos son muy numerosas y, en cualquier caso, nos vamos a manifestar sobre ellas al votarlas más adelante en el Pleno. Por eso creemos más pertinente en este último paso de los presupuestos por la Cámara recordar sus líneas generales, de forma que evitemos que el detalle haga perder la visión general; evitemos que los árboles no nos dejen ver el bosque.

Esto nos parece importante porque la ley que hoy estamos discutiendo es fundamental, es la más importante habitualmente en cada periodo de sesiones en un país como el nuestro que no tiene política monetaria propia, su principal instrumento de política económica son los presupuestos y aquí el Gobierno asigna prioridades, asigna recursos a sus políticas, muestra su verdadera cara. El problema es que, como les dijimos en Pleno y en Comisión, nosotros no compartimos esas políticas, no compartimos sus prioridades y creemos que nos han elaborado unos presupuestos continuistas, pero continuistas en la mala dirección, continuistas en la dirección equivocada.

Hay dos cifras muy significativas que nos ayudan a entender el contexto en el que se enmarcan estos presupuestos. Una es que la deuda pública va camino del cien por cien del PIB, la deuda pública va camino de ser tan grande como lo que producimos cada año. Se nos habla de austeridad, pero esta cifra no deja de aumentar, y esto tiene que ver con la crisis pero también con decisiones políticas, con el rescate generalizado de las cajas de ahorros y de las administraciones territoriales que este Gobierno ha realizado; un rescate generalizado de cajas de ahorros y administraciones territoriales que ha supuesto un aumento de la deuda de decenas de miles de millones de euros con muy escasa condicionalidad. Austeridad, se dice, pero deuda camino del cien por cien del PIB. La otra cifra -que somos el único grupo que recordamos habitualmente- es que el gasto de los ministerios cuando se eliminan las partidas previamente comprometidas equivale a solo 3 puntos del PIB, es decir, que nuestro Estado, nuestra Administración central, nuestra Administración común cada vez es más residual. Tiene que rescatar a administraciones territoriales, cajas, pero el propio Estado, la propia Administración común tiene en España un carácter cada vez más residual.

Entrando en las partidas del presupuesto, en los grandes bloques de gastos e ingresos, en el tema de los gastos una vez más se opta por mantener lo accesorio -siguen funcionando todo tipo de entes innecesarios en las administraciones territoriales- y recortar lo fundamental. El ministerio actúa como un mal jardinero que mantuviese las ramas superfluas del árbol y se dedicase a podar el tronco, a podar las raíces. Se recortan gastos que afectan al crecimiento como gastos en investigación y desarrollo, fomento del turismo y de las exportaciones, gastos en infraestructuras. Eso sí, en infraestructuras se encuentran recursos para seguir haciendo líneas de AVE sin ninguna rentabilidad, y eso condiciona nuestro crecimiento a largo plazo. Cómo crecer a largo plazo cuando se están recortando partidas fundamentales, especialmente en investigación y desarrollo. Lo mismo sucede con los gastos en cohesión social. Se nos dice que estos presupuestos por primera vez desde el inicio de la crisis no incorporan recortes. ¿Cómo que no incorporan recortes, si hay grupos como los funcionarios, que son 3 millones de personas, a los que se les congela su salario -se les redujo el salario en el año 2010 y desde entonces llevan cuatro años de congelación con pérdidas de poder adquisitivo-; si hay grupos como los pensionistas a los que se les aplica una subida mínima del 0,25, 2 euros en una pensión de 800 euros mensuales? Estamos hablando de 12 millones de personas y sus familias -funcionarios y pensionistas-, y lo mismo sucede con los parados. No hay ningún recorte específico, pero el mero paso del tiempo hace que la tasa de cobertura de estos parados vaya disminuyendo y haya ya 3 millones de parados sin ninguna cobertura. Estamos hablando de un colectivo de 6 millones de personas. ¿Cómo que no hay recortes?

Lo mismo sucede por el lado de los ingresos. Se nos dice que esta vez no hay subidas de impuestos. No hay subidas de impuestos porque en reales decretos previos a los presupuestos se anticiparon esas subidas y porque subidas que se presentaron como temporales se han convertido en permanentes, pero en estos momentos tenemos los impuestos más altos de la historia de España. Tenemos unos tipos en el IRPF nórdicos, solo que esos tipos nórdicos no sostienen un Estado del bienestar nórdico, sostienen esas administraciones en parte superfluas, el rescate de las mismas y el rescate de las cajas de ahorros. Además, estos altos tipos se concentran siempre en las rentas del trabajo y en el consumo, pero hay un alto nivel de fraude en España -sigue siendo tan alto como cuando empezó la crisis; según algunas


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estimaciones incluso más- y para qué recordar el recorte de recursos de la Agencia Tributaria, un año más con una tasa de reposición del menos 90 % o los últimos acontecimientos en la Agencia Tributaria que hemos tenido ocasión de debatir en iniciativas anteriores. Altos impuestos para las rentas del trabajo, evasión o elusión para las rentas del capital o para los grandes patrimonios.

No compartimos, por tanto, su política impositiva; no compartimos la composición del recorte del gasto, y nos tememos que los resultados serán decepcionantes. Cunde un gran triunfalismo en las filas del Partido Popular, pero los datos objetivos no avalan ese triunfalismo. ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo fundamental al que se subordina todo lo demás es el recorte del déficit, pero el déficit se mantiene en unos niveles altos, en torno al 7 % del PIB, del que no parece fácil bajar y los organismos internacionales señalan dificultades para cumplir esos objetivos de déficit, y el otro objetivo es el crecimiento. La economía está en una situación de estancamiento, no en una situación de crecimiento, por tanto, todos estos sacrificios se justifican con un único gran fin que veremos en qué acaba, pero desde luego no hay datos para ser tan optimista como lo es el Gobierno.

¿Cuáles son sus alternativas? A lo largo del discurso hay comentarios que las indican, pero, si quieren verlas, les diré que hemos presentado 412 enmiendas de todo tipo a los presupuestos. ¿Cuántas de estas enmiendas han sido aceptadas? Igual que en los presupuestos anteriores, ninguna, cero. Lamentamos que el grupo mayoritario entre tantas ideas no encuentre ninguna de su agrado, pero también nos exime de responsabilidad en el sentido de que nosotros ya hemos indicado las diferencias en estrategia y cuáles habrían sido nuestras alternativas.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.

Trataré de ser breve dado que este debate está, en términos coloquiales, bastante trillado y desgraciadamente la composición aritmética de esta Cámara no permite albergar mayores ilusiones para el resto de los grupos que no son el Popular. No obstante, es importante que aprovechemos la ocasión, aunque sean unos minutos, para dejar constancia de lo que nosotros entendemos que son estos presupuestos y particularmente las enmiendas que nos llegan del Senado para cerrar el ciclo de elaboración de esta ley, que es la más importante y la que refleja la política general del Partido Popular, del Gobierno de España, en este año 2014 que se nos viene encima. Y se nos viene encima directamente, sobre todo para la mayoría de los españoles y de las españolas, dado que aunque se han vendido como los presupuestos de la recuperación más bien parecen los presupuestos del hambre y desde luego no reflejan que haya ninguna luz al final del túnel, fundamentalmente porque ya -y a las noticias de hoy nos remitimos- hay miles de familias en España que no pueden pagar ni siquiera la luz y que van a tener que vivir con ella apagada, eso si tienen la suerte todavía de tener casas. Esa es la verdadera realidad de este país, desgraciadamente, como consecuencia de las políticas económicas del Gobierno y de los Gobiernos anteriores, que también se han implicado en algunos rasgos de la política económica que han compartido, especialmente en lo referente a la materia tributaria y de mantenimiento de un modelo de crecimiento económico que a todas luces era frágil, irracional y estaba condenado a estallar, a desaparecer y a agotarse.

Podríamos hablar de muchos elementos de estos presupuestos. Nos damos cuenta de que están orientados a los mercados y esto es algo que el propio Gobierno indica continuamente. Se refiere a indicadores como la prima de riesgo para manifestar que estamos saliendo de la crisis, pero lo cierto es que esos indicadores no están reflejando nada más allá que la confianza que efectivamente las grandes fortunas y las grandes empresas tienen depositada en la política del Gobierno, pero no tienen nada que decir respecto de servicios esenciales como la sanidad, la vivienda, la educación, el agua o la luz, que fundamentalmente están atacando desde las políticas económicas del Gobierno. Por cierto, son servicios que están garantizados en la Constitución -o al menos lo pretendían sobre el papel-, pero parece ser que a este Gobierno la Constitución solo le interesa para determinadas cuestiones, pero todo lo que tiene que ver con las cuestiones sociales es ignorado. Parece que el Gobierno ha olvidado para quién gobierna, porque no gobierna para esas grandes empresas que forman parte de las subastas -o bien eléctricas o bien de la deuda pública- y que al final son las que repercuten en la prima de riesgo; el Gobierno gobierna para los ciudadanos y ciudadanas de España, para el pueblo español y el Estado en su conjunto,


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lo que quiere decir que tiene que atender sus requerimientos más básicos porque son los que están escritos en la Constitución, que es la máxima norma jurídica de nuestro sistema político. Sin embargo, casi todos incumplen los artículos que tienen que ver con las cuestiones sociales, de equidad, de justicia, empezando por el capítulo de ingresos y de gastos. El de ingresos -lo hemos denunciado continuamente- deja pasar el fraude fiscal, cuando no directamente, como ocurriera el año pasado, se legitima con la amnistía fiscal; se permiten agujeros como los paraísos fiscales, se permite que los instrumentos del Estado sean utilizados de forma partidista para discriminar positiva o negativamente en función de quién es el sujeto al que se analiza fiscalmente, y es muy diferente el tratamiento que se hace si uno es miembro de la Casa Real o de una gran empresa, o si es un fontanero, un albañil o si sencillamente es un trabajador de cualquier categoría social, esa discriminación va también en contra de la Constitución y en estos presupuestos lo único que se hace es consolidarla.

También encontramos ataques sistemáticos al Estado del bienestar, por eso resulta casi insultante que algunos de los diputados del Partido Popular suban a esta tribuna a decir que sus políticas son las que consolidan el Estado del bienestar. Parece que no están viendo la realidad en muchos aspectos, y es preocupante porque esta ceguera no va a dejar ver los años sucesivos. Al fin y al cabo, nuestro Gobierno tiene, a través de Sareb, en cierta medida una cantidad ingente de viviendas públicas que podrían destinarse a satisfacer las necesidades más urgentes de miles de familias españolas. Sin embargo, el Gobierno opta políticamente -es decir, es una cuestión de voluntad política y no de técnica- por vender estas viviendas a los fondos de inversión especuladores, que lo único que están buscando es hacer un beneficio, fundamentalmente a corto plazo, con la vivienda entendida como mercancía en vez de la vivienda entendida como derecho. Mientras eso ocurre, siguen materializándose desahucios a familias enteras, a bloques de familias enteras y a personas más desfavorecidas ante las que el Gobierno no hace absolutamente nada.

Qué decir del trabajo, del derecho al trabajo, del derecho al empleo. No son presupuestos para generar empleo; son presupuestos para consolidar la reforma laboral, porque lo que hacen es bajar los salarios, incrementar la competitividad por esa vía y aspirar algún día a tener ínfimos datos de crecimiento económico que pudieran reflejar un mínimo crecimiento del empleo, pero en condiciones absolutamente precarias de desigualdad y de un malestar evidentemente social, lo que significa estar siempre subordinado a los caprichos, delirantes en muchos casos, del mercado. Es esa visión del trabajador que tiene que estar siempre dispuesto a ir allá donde el mercado le llame y a ser una mercancía flexible que siempre esté supeditada a esos intereses.

Podríamos hablar también de la sanidad y de algunas enmiendas que aparecen reflejadas ahí, o del presupuesto en su conjunto, con disposiciones como aquellas que pretenden que una persona de España que se vaya tres meses, noventa días, fuera del país, ya pierda la tarjeta sanitaria, lo que no es sino la exclusión del sistema público de sanidad por motivos que obedecen más bien a un criterio político que a lo supuestamente designado por la Constitución. Es decir, ataque tras ataque a los pilares fundamentales de la Constitución y de los servicios fundamentales del Estado. En este sentido, también hay ataques a los servicios públicos en su conjunto, dado que la aplicación sistemática del artículo 135 de la Constitución y la aplicación de la Ley de estabilidad presupuestaria y financiera, que es la que aparece dirigiendo estos Presupuestos Generales del Estado, no hacen sino obligar directamente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a proceder a determinadas reformas y planes de ajuste que, teniendo alternativa, tienen que acometerse porque el Gobierno lo ha decidido así. Evidentemente, eso recae sobre la cantidad y la calidad de servicios públicos ofrecidos por la Administración pública. Así, insisto, el Gobierno se ha olvidado de para quién gobierna.

Es importante decir que tener unos ínfimos datos de crecimiento económico, como puede ser un 0,1 o un 0,6 -da igual-, no nos van a decir absolutamente nada si no se resuelven los problemas más urgentes de la ciudadanía, que son el empleo, la falta de vivienda o la falta de capacidad para acceder a los servicios como la alimentación, el agua o la luz. Y estos presupuestos no hacen nada al respecto. Estos presupuestos y por supuesto sus enmiendas, fundamentalmente del Partido Popular, no van a resolver estos problemas que nosotros señalamos. Hace falta un cambio de política, hace falta un cambio porque hay alternativas. No es una cuestión técnica -es importante seguir incidiendo en esta idea-, es una cuestión meramente política de un Gobierno que ha preferido elegir como sus gobernados o, mejor dicho, como sus amos -siendo fieles a la realidad-, a las grandes empresas, a las grandes fortunas, las que dirigen en última instancia la política económica en vez de a la mayoría de la sociedad, que permanece


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incrédula ante todo lo que pueda venir de este Congreso, al menos desde que el Partido Popular tiene la mayoría absoluta, el cual ignora asimismo al resto de grupos parlamentarios que conforman la Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Garzón.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta. Bon Nadal. Felices Navidades a todos los diputados y diputadas presentes en el hemiciclo y a los ausentes, y a todo el personal presente y ausente en el hemiciclo.

No es ninguna novedad que nuestro voto con relación a este presupuesto sea un voto en contra y que nuestra posición a los Presupuestos Generales del Estado para 2014 sea una oposición rotunda y radical, pero que está absolutamente alejada de la aplicación de cualquier tipo de filibusterismo parlamentario, como el que por cierto han sufrido los presupuestos de Cataluña en estos momentos. Por eso nosotros manifestamos -no lo hemos dudado ni un momento- nuestro apoyo a una corrección técnica, lo que yo llamo la enmienda Barajas, que supone mejorar las condiciones de competitividad del aeropuerto de Barajas. Nos parece una enmienda oportuna. El hecho de que Barajas recupere sus tráficos nos parece absolutamente positivo. Ya sé que beneficia a todos, no podía ser de otra manera, pero está hecha básicamente porque quien ha caído es Barajas y es lógico que todos nos preocupemos por que Barajas recupere los tráficos. Por tanto, para nosotros no había ninguna duda: todo nuestro apoyo y nuestra voluntad de que Barajas funcione lo mejor posible, aunque modestamente nos gustaría que cuando planteáramos lo mismo, por ejemplo, para el aeropuerto de Girona también tuviéramos el apoyo de los diputados de la mayoría.

Dejemos esta pequeña excursión y volvamos a justificar nuestro voto en contra de los presupuestos. Nosotros votamos en contra de los presupuestos porque creemos que son antisociales. El propio señor ministro los presentó como los más sociales de la historia. El señor ministro es un hombre con agudo sentido del humor, pero yo creo que a veces sobrepasa ciertos límites y la sonrisa de nuestra faz recoge una cierta incredulidad ante sus pronunciamientos. Yo creo que no son los presupuestos más sociales de la historia, ya me gustaría a mí que lo fueran. Para nosotros son presupuestos antisociales, ineficientes para ayudar a la economía productiva, a quienes sufren, sobre todo a los parados, e incumplen las leyes con relación a Cataluña o, además de eso, tienen una voluntad clara de perjudicar a Cataluña. Voy a intentar justificar algunas de estas afirmaciones, como es lógico.

¿Por qué decimos que estos presupuestos son antisociales? Porque su principal objetivo no confesado es la centralización de las competencias, de los recursos, una política continua de ahogo financiero de las comunidades autónomas y, en menor medida pero también, de los ayuntamientos. Siendo conscientes como somos de que quienes prestan la mayoría de políticas sociales, no todas, son las comunidades autónomas, y en menor medida los ayuntamientos, es lógico que si uno presiona a las comunidades autónomas, en la mayoría -Extremadura, Madrid o Cataluña, tres como ejemplo- el 80 % de sus recursos van directamente a políticas sociales básicas: sanidad, enseñanza, dependencia y servicios sociales. Es evidente que si alguien da menos recursos a las comunidades autónomas, a quienes tienen que hacer políticas sociales, uno no puede decir que estos son unos presupuestos sociales. Uno no puede pretender que las comunidades autónomas, con el 20 % que no se destina a políticas sociales, que de hecho son políticas económicas al final también sociales, puedan continuar ejerciendo políticas sociales. Por tanto, son unos presupuestos profundamente antisociales, yo diría que además intentando disimularlo.

Son también, a nuestro juicio, unos presupuestos muy ineficientes desde el punto de vista de la reactivación de la economía. Para nosotros en estos momentos la reactivación de la economía pasa por crear empleo. ¿Quiénes crean empleo? El sector público no. Las medidas de ajuste del sector público impiden que todos los niveles de la Administración creen puestos de trabajo, es evidente y nosotros compartimos las políticas de ajuste que hay que hacer y compartimos los criterios básicos de las leyes de estabilidad presupuestaria, pero si no creamos empleo en el sector público habrá que crearlo en el sector privado. También sabemos, y lo sabe perfectamente el señor ministro, señoras y señores diputados, que sobre todo el empleo lo crean las pequeñas y medianas empresas. Las grandes corporaciones en este momento por lo que sea no son quienes están creando empleo ni quienes en el año 2014 los pueden crear. Por tanto, ¿qué es lo que parecería lógico plantear? Un escenario presupuestario donde aquellos que crean empleo tuvieran facilidades. A nosotros nos parece que por múltiples razones esto no es lo


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previsto en estos presupuestos y, por este motivo, nosotros creemos que son unos presupuestos también ineficientes desde el punto de vista del principal objetivo que es la reactivación económica.

Son unos presupuestos que incumplen la ley con Catalunya y se nos dirá que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la disposición adicional segunda del Estatut de Catalunya que es la que preveía, etcétera, pero al igual que esto es cierto, y no voy a enmendar la plana a una sentencia de tan trágicas consecuencias como la del Tribunal Constitucional, lo que sí que es cierto es que la Comisión Mixta aprobó el traspaso a la Comunidad Autónoma de Catalunya de 750 millones. Ya hace años y fueron incluso consignados por el último Gobierno de Zapatero, pero esto que es ley, esto que debería ser pagado, no ha sido pagado hasta el momento y, por tanto, esto es un incumplimiento flagrante de la ley que hay que denunciar y hay que exigir que se ponga fin por parte de un Gobierno que suele ser muy dado a dar lecciones en relación con el cumplimiento de las leyes.

Vayamos a lo que objetivamente hoy tenemos nosotros que sustanciar aquí que es la aprobación o no de las enmiendas del Senado. A nuestro juicio se han introducido una cantidad de enmiendas, muchas de ellas de escasa relevancia por lo que hace a la valoración global de los presupuestos. Nosotros quisiéramos en cualquier caso manifestar nuestra satisfacción por un tema que sí que ha sido recogido y que es positivo. No me duelen prendas manifestarlo cuando hay algo positivo, y es la aprobación de la prórroga en el pago de deudas por parte de entidades prestadoras de servicios sociosanitarios de las deudas a la Seguridad Social, ya que la exigencia de estas deudas haría absolutamente inviables la mayoría de estas entidades y del sector sociosanitario en muchas comunidades autónomas y entre ellas, lógicamente, Catalunya. Luego, satisfacción por la aprobación de estas enmiendas y también satisfacción porque ha sido por unas cuantas enmiendas que mejoran ciertas dotaciones puntuales en ciertos casos. En cualquier caso, nosotros vamos a apoyar la toma en consideración de estas enmiendas por parte del Senado. Sin embargo, como sabe bien el señor ministro, a quien hay que agradecerle que nos venga a hacer compañía a estas horas -es siempre de agradecer la presencia del Gobierno, especialmente del señor ministro-, no se ha resuelto la compensación a Catalunya y tampoco a Asturias de la tasa bancaria. El Gobierno puede interpretar la ley y, señor ministro, uno no acierta a entender por qué algunas comunidades sí y otras no. Esto cuesta explicarlo. Usted debería poner especial cuidado en estos momentos delicados en que ciertos temas se pudieran resolver, porque este es un tema importante. Nosotros creíamos que se resolvería porque así se lo dio a entender el presidente del Gobierno a nuestro portavoz en respuesta parlamentaria. Esto no va a ser a sí y lo lamentamos.

Quisiera acabar como he empezado, felices navidades a todos. Me gustaría que algún año pudiéramos decir también Bon Nadal, amigo Gallego, a los de Vallirana, a los de Viladecavalls, a los de la N-II, en Girona, a los del eje pirenaico, en Girona, en Lleida y en Huesca, a los de la A-27, en Tarragona, a los de la N-340, en Lleida, y sobre todo a los sufridísimos usuarios de cercanías de Barcelona. En cualquier caso, al resto de españoles y a todos los catalanes mi Bon Nadal.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Macias.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Rangel.

El señor RANGEL TARRÉS: Muchas gracias, señora presidenta.

Veo que los diversos portavoces han felicitado las fiestas y yo no voy a ser menos en nombre del Grupo Socialista. Desearía que el año próximo fuera mucho mejor que este, pero me temo que con estos presupuestos la felicitación a la mayoría de la población, que lo está pasando mal, no es precisamente la más adecuada y lo lamento. En cualquier caso, si se trata de deseos, felices fiestas a todos y mejor año próximo.

Señorías, el paso por el Senado de estos presupuestos no ha hecho otra cosa que confirmar la política económica y presupuestaria de este Gobierno, que ya puede tener un balance de mitad de legislatura, y es fácil de traducirlo. Se traduce en más parados, más impuestos al consumo y a las rentas del trabajo y más desigualdad. Básicamente, este es el balance que podemos hacer de estos dos años de legislatura. Lejos de ser los presupuestos de la recuperación económica, como se dijo en su momento en la presentación, parece que, desgraciadamente, van a ser los presupuestos que confirman el estancamiento de nuestra economía, estancamiento derivado de la estrategia que está siguiendo este Gobierno, que pone el foco básicamente en la devaluación salarial como fórmula para ganar competitividad por parte de nuestra economía. Ya sabemos en qué se está traduciendo, en baja de salario real, que se ha ido confirmando en los últimos trimestres, en menor poder adquisitivo que se suma al padecimiento que pasa la mayoría de la población con los recortes de los servicios públicos esenciales y con el repago. Su política


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de austeridad -eso ya lo avalan diversos estudios independientes en la Unión Europea- no es la única posible, no es la ineludible y, de ser cierto eso, lo que estarían haciendo es negar la política, señorías. Hay alternativas, que no pasa necesariamente por esa política de austeridad dura que recorta derechos, que recorta servicios públicos esenciales, que devalúa salarios y que hace que aumenten, debido a la reforma laboral, las personas que están en el paro y además sin cobertura de ningún tipo. Igualmente estamos convencidos de que eso no es casualidad, de que sus políticas no responden a la mera casualidad, sino a un patrón ideológico que justifica precisamente el cambio del modelo social. Muchos se llenan la boca hablando de la Constitución y poco a poco lo que están haciendo es modificarla por la puerta de atrás y dejando sin contenido material muchos de sus artículos, especialmente los de los primeros títulos. ¿Eso sirve para que sus grandes objetivos, los que fijan como absoluta prioridad en los presupuestos, se cumplan? Pues no parece. El déficit, según el Banco de España, parece que tampoco lo van a cumplir este año -no es la primera vez que ocurre eso con ustedes- y además la deuda está desbocada, que ya se lo han dicho mis compañeros en más de una ocasión y yo lo reitero aquí, la deuda, señorías, está desbocada. No cumplen el objetivo de déficit y tampoco lo van a cumplir, y por descontado parece que la deuda no tiene demasiada importancia porque las diversas previsiones que han ido haciendo las han ido incumpliendo y -repito- en este momento tienen la deuda desbocada.

En las enmiendas que se han introducido en el Senado hay algunas que agravan notablemente la situación de algunos colectivos y a ellas me quisiera referir. El ejemplo más claro es la 2997 que suprime la indemnización que abona el Fogasa a los trabajadores despedidos como consecuencia de un expediente de regulación de empleo o por causas objetivas por empresas de menos de veinticinco trabajadores. Por tanto, lejos de solucionar los graves retrasos que tiene este organismo por el grave deterioro de nuestro mercado laboral, lo que hacen es eliminar de un plumazo el derecho de esos trabajadores desempleados a una indemnización ya de por sí reducida como consecuencia de la referida reforma. Se trata de recortes que se suman a los que sistemáticamente vienen acometiendo desde este Gobierno contra los trabajadores en paro. Desde que llegaron al Gobierno han llevado a cabo ocho reformas: les quitaron el subsidio por desempleo a los mayores de cuarenta y cinco y cincuenta y dos años; restringieron el acceso al subsidio a los mayores de cincuenta y cinco; restringieron el acceso a la renta activa de inserción; excluyeron a la mayoría de los beneficiarios del Prepara; redujeron cuantías en las prestaciones; recortaron las cotizaciones sociales con grave perjuicio para sus pensiones futuras; y ahora les quitan este derecho de indemnización. ¿Hay un ejemplo más claro de cuáles son sus intenciones? Señorías, el trámite del Senado también ha servido para corregir algunas de las cuestiones que criticamos duramente y que han tenido eco social; por ejemplo, la mejora de las becas Erasmus. Eso sí, a partir de una transacción de los diversos grupos porque el Grupo Parlamentario Popular llegó tarde a la hora de registrar la enmienda. También se han aprobado una serie de enmiendas transaccionales que mejoran otros aspectos a los que no voy a referirme porque ya lo han hecho los portavoces que me han precedido. Eso sí, la mayoría son la versión disminuida de muchas de las enmiendas que les hemos presentado y que ustedes han rechazado. Por tanto, por coherencia las vamos a apoyar sin que eso signifique en absoluto que estamos avalando las políticas que se contienen en sus presupuestos. Pero, señorías, mientras ponen el foco sistemáticamente en los gastos y en los recortes, a los ingresos y a la política de gestión de esos ingresos los han dejado completamente a oscuras. Ni un triste farol. Han provocado un apagón paralelo a su interferencia política en la Agencia Tributaria. Hablan de transparencia y se niegan a crear una comisión de investigación que arroje luz a tanta actuación que requiere ser clarificada. Una vez más proclaman una cosa y acaban haciendo justamente la contraria. Ya les dije que son maestros de llenarse la boca de grandes palabras que suenan bien, pero que en su boca ya no tienen demasiado sentido. Es su poesía, su falsa poesía que termina envileciendo la política, pero cuando escriben la prosa, cuando concretan sus políticas como lo hacen con normas como las de estos presupuestos muestran su verdadero rostro: el de la derecha más dura, la que está desmantelando el Estado social y hace crecer la desigualdad y desgraciadamente el desapego a la política; desapego político y social que se une al conflicto territorial que ustedes con sus campañas de separadores han ido provocando.

Resulta un sarcasmo afirmar, como acaba de hacer el presidente del Gobierno, que no va a hacer nada para dividir a los españoles, cuando lo que debería hacer es hacer todo lo contrario a lo que ha hecho hasta ahora y trabajar para reparar el daño causado. Ustedes, señorías, del Partido Popular, se llenan la boca de herencia y en realidad son los hijos pródigos del Estado del bienestar que están dilapidando, y de un Estado diverso al que están ayudando a fracturar. Pero no les quepa ninguna duda: volveremos desde el Partido Socialista a trabajar para que se edifique un espacio público compartido que


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garantice la igualdad de oportunidades, que garantice la cohesión social y que garantice la unión y la diversidad. Y en eso, señorías, vamos a continuar trabajando.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Rangel.

Por el Grupo Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Gallego.

El señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, hoy finalizamos el trámite para la aprobación definitiva del proyecto de ley de presupuestos para el año 2014. Algunos hemos afrontado este debate teniendo muy en cuenta la situación económica española y otros solo han tratado de erosionar al Gobierno. He de decirles que no lo han conseguido. Unos tratamos de crear nuevas condiciones económicas para sacar a nuestro país adelante, otros solo utilizan estos debates para sembrar zozobra, desesperanza y tratar de pescar en río revuelto. Esa es la gran diferencia entre unos y otros: unos tratamos de cimentar y otros solo se preocupan de derribar. Estos presupuestos van a contribuir a que España consolide la vuelta al crecimiento económico, condición necesaria para crear puestos de trabajo que la sociedad española anhela y necesita. La política económica y presupuestaria que está desarrollando el Gobierno de Mariano Rajoy y el ministro Montoro han permitido que hoy España esté mejor que el año pasado. Hoy nadie habla de rescatar a España; la prima de riesgo ya no es tema de conversación recurrente entre españoles, y las amenazas de corralito solo han quedado en predicciones interesadas y tenebrosas del pasado. El Gobierno de España ha sabido relajar las graves tensiones financieras, las principales agencias de calificación crediticia internacionales han mejorado las perspectivas sobre la economía española, y solo los partidos políticos de la oposición en España siguen manteniendo esas posiciones alarmistas. Nadie en el mundo habla mal de la evolución de la economía española, nadie; solo oímos malas palabras y predicciones catastrofistas en los grupos políticos de la oposición en este Congreso de los Diputados. Reflexionen sobre esa situación que es paradigmática.

Decía el portavoz del PSOE: el Partido Popular solo hace poesía. Voy a hacer un poquito más de poesía; estamos en fechas navideñas como recordaba el señor Macias y vamos a hacer un poquito de poesía. En 2013 los pensionistas en España han visto cómo su pensión se revalorizó por encima del IPC, 1,8 puntos de incremento de poder adquisitivo; puede que eso también sea considerado como poesía. La inflación está en mínimos: más 0,2; también supongo que ustedes considerarán que eso es poesía. La competitividad/país mejora según todos lo sindicadores. La balanza de pagos empieza a corregir sus desequilibrios históricos. Estamos en récord histórico de exportaciones. Supongo que eso también considerarán ustedes que es poesía -son poesías del Partido Popular-. El sector financiero se sanea a buen ritmo. El déficit estructural primario de las administraciones se está reduciendo de manera histórica; nunca hubo un periodo en este país en el que se redujera tanto el déficit en tan poco tiempo. La Bolsa marcha razonablemente bien. La prima de riesgo está en mínimos prácticamente desde que se inició esta crisis. El año pasado estaban ustedes todo el día hablando de la prima de riesgo porque estaba en seiscientos y pico puntos, ahora que está a 200 ustedes ya no dicen nada. Todavía recuerdo aquellas palabras del señor Zapatero que decía: el mejor termómetro para medir cómo va la economía española es la prima de riesgo, pues ha bajado 450 puntos. Todo el mundo dice, todas las agencias de calificación están diciendo que hay una mejora sustancial en la economía española. Ayer la señora Merkel en Alemania lo dijo después de cerrar el acuerdo con los socialistas. Los únicos que niegan esta situación son ustedes, y se van a quedar muy solos.

En otras palabras, señorías, España está avanzando en la dirección justamente contraria a la que iba cuando gobernaban ustedes. Sé que a ustedes les molesta que les recuerde esto, pero tenemos que poner esto en valor para hablar de las cosas que están pasando con la economía española. No podemos hablar de este presupuesto sin tener en cuenta estos datos, que son y avanzan positivamente. Estamos en la buena dirección, de eso no hay ninguna duda. Eso no implica que el Partido Popular, que este grupo parlamentario, que el Gobierno vayan a caer en la autocomplacencia. Todavía hay mucho desempleo, y se tiene que resolver; esa es la principal preocupación del Gobierno del Partido Popular, esa es la principal prioridad y preocupación del Partido Popular, sin embargo, no podremos resolver eso si previamente no resolvemos algunos de los grandes desequilibrios de la economía española. Señor Garzón, no podremos crear empleo si primero no ajustamos algunos de los marcadores de la economía; es decir, no podremos crear empleo si no arreglamos nuestra balanza de pagos, no podremos crear empleo si todavía tenemos déficit público, no podremos crear empleo con una inflación desbocada. Esa es la condición necesaria. El empleo llegará, y espero que cuando llegue, que estoy seguro que será más pronto que tarde, ustedes suban aquí a esta tribuna y lo reconozcan elegantemente. Hay que recordar que estamos en cifras de crecimiento


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positivo. Por primera vez en nueve trimestres España crece, la economía ya no cae, la economía sube, los datos de crecimiento están precedidos por un signo positivo y no negativo. Quiero pensar que eso es un dato que alegra al Grupo Socialista y al resto de partidos de esta oposición. Y, en paralelo, se está reduciendo el déficit público, prueba de que el crecimiento y el control del déficit no son conceptos antagónicos, sino que son absolutamente complementarios. Estamos cuadrando el círculo, y poco a poco la economía española entrará en una senda de mejora económica que acabarán notando miles de familias y empresas de nuestro país. El portavoz de Convergència i Unió decía que el presupuesto era antisocial; pues el 52 % de sus partidas se dedican a políticas sociales. El presupuesto garantiza las pensiones en estos momentos complicados y después de estos años complicados que ha vivido la economía española; garantiza las prestaciones por desempleo, garantiza la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas, que son las que llevan a cabo y prestan los servicios sociales fundamentales, de aquellas comunidades autónomas que no tienen capacidad de poderse financiar. Es falso absolutamente que este presupuesto o la política del Gobierno del Partido Popular haya maltratado a algunas comunidades autónomas, como decía el portavoz de Convergència i Unió. Concretamente, en Cataluña se han inyectado 29.000 millones de euros en estos últimos dos años para eso, para pagar las nóminas de los profesores, de los médicos, para pagar las guarderías. No se puede decir que el Gobierno de España le está dando la espalda a las comunidades autónomas, eso es totalmente falso, y no solamente lo hace con Cataluña, lo hace con Andalucía, lo hace con la Comunidad Valenciana y con otras comunidades autónomas. Además, aumentan espectacularmente las becas, una de las enmiendas importantes que se han incluido en el Senado; aumentan las partidas educativas, el I+D+i y, además vamos a devolver todo aquello que nos han prestado los mercados. Hay algunos que dicen: ustedes no devuelvan la deuda -es la posición fundamental entre Izquierda Unida-, ustedes pidan dinero y, cuando les toque devolverlo no lo devuelvan. Nosotros no estamos en eso. Como lógicamente pensamos que España es un país serio, si pide dinero lo tiene que devolver si quiere seguir siendo serio; ahora ya sabemos a dónde nos llevaría un Gobierno de Izquierda Unida: a la no devolución de las deudas y a ser considerado un país de chirigota.

Acabo, señorías. El Gobierno del Partido Popular asumió las riendas de un Estado desbocado, infinitas deudas, incontables facturas pendientes, saldos plagados de números rojos que estamos poniendo en orden. Los Gobiernos del PSOE no reaccionaron a tiempo contra la crisis económica -ahora lo están reconociendo el señor Solbes y el señor Zapatero- y quiero decirles que la opinión del Grupo Popular es que sus pócimas, propias de curanderos extraños, no son muy ortodoxas desde el punto de vista de política económica. No hay soluciones fáciles a problemas difíciles. Esto de que ustedes arreglarían la economía española, de que lo arreglarían absolutamente todo de un plumazo no parece muy razonable. España sabrá en muy poco tiempo que la recuperación económica se va a producir a pesar de ustedes. Ustedes formaron parte del problema y no están formando parte de la solución: no están apoyando ninguna media del Gobierno del Partido Popular, ninguna. La recuperación va llegar y los españoles van a saber que son ustedes los que están poniendo palos en las ruedas a esa recuperación económica que es inminente. Se ha mejorado el texto en el Senado, y nosotros votaremos favorablemente a este trámite en el que debatimos las enmiendas del Senado. Nos parece que las enmiendas del Senado han enriquecido fundamentalmente el texto. Espero y deseo que los agoreros vayan reflexionando sobre la situación de la economía española, que no estén eternamente lamentando la marcha de una economía que empieza a dar muchos signos de mejora. Les quiero recordar una frase que me parece muy adecuada que dijo Martin Luther King, que les puede ayudar a reflexionar sobre lo que estoy diciendo. Dijo Martin Luther King: Si ayudo a una sola persona a tener esperanza no habré vivido en vano. Pues en eso está el Grupo Popular. Los diputados del Grupo Popular preferimos proyectar la esperanza que sembrar el miedo, la zozobra y la desesperanza que están haciendo ustedes con discursos absolutamente irresponsables y alejados de la realidad.

Quiero acabar esta intervención también como han hecho otros portavoces, deseando feliz Navidad. Bon Nadal, señor Macias; le mandaré una tradicional postal navideña, tradicional; no voy a enviar esa que ha enviado el señor Artur Mas, que no me ha gustado nada, ya que venía a ser una estampa de la guerra de Secesión -que no de Sucesión- de 1714; esa ha sido la estampa navideña del señor Mas. Nosotros le deseamos esa feliz Navidad. Espero que el año que viene podamos seguir trabajando para salir de la crisis unidos y trabajando por lo importante, que es crear empleo y permitir que muchas familias en España puedan vivir con más bienestar.

Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señor Gallego.


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- PROYECTO DE LEY DE CAJAS DE AHORROS Y FUNDACIONES BANCARIAS. (Número de expediente 121/000049).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Continuamos con las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Mixto tienen turno compartido y lo inicia la señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Este es el último trámite, también último tramo, del proyecto de ley de cajas de ahorros, que es consecuencia de la reforma financiera del Gobierno, y queremos aprovechar para decir varias cosas. Una, esta ley que deja a las cajas de ahorros a la mínima expresión es una evidencia de que el Gobierno está empeñado en caminar cara al oligopolio bancario. Pero, sobre todo, señorías, me permitirán que en el día de hoy, que es noticia la venta de Novagalicia Banco, haga referencia a este asunto porque para los gallegos y gallegas es de vital importancia. Señorías, el Gobierno está empeñado en impedir que Novagalicia Banco, que hoy es propiedad del Estado después de que se le inyectaron 9.000 millones de euros de fondos públicos, de que se convirtiera en banca pública lo sea, y no solamente lo reivindica el Bloque Nacionalista Galego, sino que es una reivindicación de amplios sectores sociales de Galicia. Señorías, nunca hemos entendido este proceso de venta, este proceso de subasta con tantas prisas, como no hemos entendido que mientras a Bankia se la ha considerado una entidad sistémica, y por lo tanto no se va a hacer su venta inmediatamente, no se haya considerado a Novagalicia Banco exactamente igualmente de sistémica, porque lo es para Galicia, para la economía de nuestro país. No hemos podido entender todo el oscurantismo que durante este proceso de subasta se ha evidenciado, porque día sí y día no en los medios de comunicación aparecen cuestiones que no solamente nos preocupan a nosotros, sino que les están preocupando a toda la sociedad gallega. Directivos del FROB que contradicen al presidente del FROB, declaraciones del presidente del FROB que contradicen al ministro de Economía, son razones por las que el BNG pidió en dos ocasiones la comparecencia del ministro, más la del presidente del FROB, que a día de hoy no se han efectuado. Por tanto no nos han explicado absolutamente nada con relación a si las cosas que se dicen de ese oscurantismo con el que fue tratado este proceso de subasta son o no son ciertas, o qué es lo que es verdad y qué no lo es.

Lo que sí se ha extendido por Galicia es que el ministro había hecho un traje a la medida para quien iba a ser asignada la venta de Novagalicia Banco. No sabemos si ha sido a Banesco -que es quien parece que finalmente compra- a quien se hizo el traje a la medida o no. Eso es lo de menos; la cuestión es que Banesco por una entidad que les costó a los ciudadanos de todo el Estado español 9.000 millones de euros ha pagado 1.000 millones, con lo cual perdemos 8.000 millones. Este proceso se está vendiendo como una maravilla, la gran felicidad para algunos en este momento, algunos como son el Gobierno del Estado, el Gobierno de la Xunta de Galicia, y en definitiva el Partido Popular. No lo podemos entender, señorías, porque hoy se ha vendido una entidad bancaria que debería ser gallega a una entidad extranjera. Por tanto hoy se ha perdido la oportunidad de que Galicia tenga un sistema financiero propio y un sistema financiero público. Aunque el Gobierno no estaría por la labor de hacerla pública, por lo menos no debería venderla en esas condiciones. Debería esperar al plazo marcado por Bruselas, que por cierto es 2017, porque la venta podría hacerse en mejores condiciones, y además, como el presiente de Novagalicia Banco ha dicho en más de una ocasión, ese tiempo podría ser el suficiente para que esta entidad financiera pudiera acreditar la posibilidad de continuar su futuro como una entidad propia en Galicia de manera independiente, sin tener que ser vendida y manejarse con autonomía. Por lo tanto, señorías, mal negocio ha hecho el Gobierno perdiendo 8.000 millones de euros -claro, que somos los ciudadanos quienes lo hemos perdido-, y desde luego nefasta operación financiera y política es la que ha hecho el Gobierno en relación con Galicia, que espero que la ciudadanía se lo tenga en cuenta.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Fernández.

Continuamos con el Grupo Mixto, y tiene la palabra la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, desde Esquerra Republicana de Catalunya planteábamos en este proyecto de ley de cajas de ahorros la nacionalización de las entidades bancarias rescatadas con dinero público, y su transferencia a las comunidades autónomas que lo desearan para la creación de una banca pública propia, una banca adaptada a la realidad territorial


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y a sus necesidades de crédito y de desarrollo. Asimismo planteábamos que su stock inmobiliario fuera transferido a las comunidades autónomas para la creación de un parque público de vivienda que pudiera erradicar el drama del acceso a la vivienda y de los desahucios. Lamentablemente nuestras enmiendas fueron rechazadas por la mayoría absoluta del Partido Popular; es decir, el PP niega el derecho a que la población que ha aportado el capital necesario para salvar las entidades bancarias, mediante los generalizados recortes de salarios y derechos, pueda beneficiarse de una gestión pública de este capital a favor del interés general y de las personas desahuciadas por el neoliberalismo. Contrariamente los dirigentes de las entidades bancarias que nos metieron en la crisis lejos de estar en la cárcel siguen impunes y cobrando sus inmorales salarios, dietas y dividendos, o colocados en alguna empresa amiga especialmente en aquellas que un día fueron públicas.

El caso paradigmático de este proceso es Rodrigo Rato, que ha sido el verdadero genocida de las cajas de ahorros al aprobar y estimular una liberalización que se ha demostrado absolutamente necesaria para su quiebra generalizada. No se hubiera producido el estallido financiero si las cajas de ahorros se hubieran mantenido fieles a su esencia de enraizamiento territorial e inversión productiva y de proximidad, complementadas por una verdadera obra social. Pero no contento con ello el gurú neoliberal, señor Rato, después de una nefasta gestión del Fondo Monetario Internacional, a las puertas de la crisis se hace cargo del saneamiento de Caja Madrid. El saneamiento lo realiza mediante una escandalosa estafa que pretende esconder, entre otros, el vergonzoso desfase patrimonial de la entidad, que a los catalanes y a las catalanas nos va a costar 600 euros por cabeza. Como premio a su brillante gestión Rato es hoy consejero de Telefónica, empresa pública privatizada a modo de regalo de Aznar a sus amigos. Recuerdo todo esto no solo para denunciar la gestión de un dogmático incompetente neoliberal, y subrayar que debería pagar judicialmente por los perjuicios generados, sino porque la ley de cajas de ahorros que hoy aprueba el Congreso legitima y consolida la política de este señor, del señor Rato, lejos de un buen análisis, una asunción de errores, una corrección y un retorno a la esencia de las cajas como método más fiable para garantizar su estabilidad económica y su responsabilidad social.

Acabo. En todo caso, y más allá de puntuales mejoras en la gestión de las cajas clásicas, tampoco podemos obviar la responsabilidad de las administraciones públicas en ello, y en particular debemos señalar la negligencia del Banco de España básicamente en su labor de fiscalización y de control, la pasividad de sus consejeros o de los consejeros de representación pública, o la connivencia de las cajas con las administraciones para subvencionar faraónicas y ruinosas obras de corte electoral, de las cuales Madrid y Valencia, por poner dos ejemplos, son paradigmáticos de ello. En definitiva esta ley es una nueva legitimación de la gran estafa neoliberal y de la gran estafa bancaria.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señora Jordà.

Por el mismo Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, estamos en el último trámite de aprobación de una ley que, como repetidas veces hemos señalado desde esta tribuna por parte del Grupo de Amaiur, viene a poner punto final a la existencia de las cajas de ahorros como entidades financieras de servicio y control social. Nos parece que es un grave momento, un triste momento, porque se está privando a la sociedad y a sus instituciones representativas de un instrumento fundamental para dar respuesta a los problemas diarios, tanto de las personas, de las familias, como de las pequeñas y medianas empresas y de las propias instituciones.

Creo que el grave error de entrada es el que desde el principio impulsó no solo el Partido Popular, porque el tema viene de atrás, sino el anterior Banco de España y el anterior Gobierno, la idea de que las cajas de ahorros debían desaparecer. Al final detrás de esa idea lo que se ha hecho ha sido poner en manos de la gran banca un mercado muy goloso para que al final se constituya un oligopolio financiero importante. Un estudio reciente dice que, por ejemplo, el Banco Bilbao Vizcaya ha aumentado su cuota de mercado en cerca de un 25 % gracias precisamente a las cajas desaparecidas, y creo que ese es un grave error que no solo achaco a las entidades bancarias, que van a lo suyo y están en su derecho; la responsabilidad se la achaco precisamente a las instituciones que han permitido este desastre económico y social. Con esta ley se pone fin, insisto, a las cajas como entidades financieras de servicio público de control social, se pone también fin a la obra social que las cajas han desarrollado a lo ancho, alto y largo de todo el Estado, precisamente para dar respuesta a necesidades sociales importantes. Ha sido una


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labor muy eficaz, pero las obras sociales de las cajas van a desaparecer e insisto en que el perjudicado va a ser el conjunto de la sociedad.

Desde el punto de vista de Euskal Herria en el Senado se han aprobado un par de enmiendas que corrigen en parte el déficit, en cuanto al ámbito de competencias relacionado con el Concierto Económico, etcétera, pero siguen siendo unas enmiendas que no van a la raíz. Ya vimos que una entidad de Euskal Herria ha desaparecido -la Caja de Ahorros de Navarra- por una irresponsabilidad tremenda del Partido Popular, de Unión del Pueblo Navarro y del Gobierno de Navarra, que han dejado hundir y han abandonado un patrimonio de todos los navarros. Y en el caso de la Comunidad Autónoma vasca con Kutxabank también tenemos el temor de que acabe privatizada, que sea sacada de ese control social y del cumplimiento de esa misión del servicio a la sociedad vasca, a las pequeñas y medianas empresas, a las familias, a los autónomos y a las propias instituciones del país. Creo que ese es un grave error, que es un día triste, y nosotros nos vamos a oponer a esta ley, y mantenemos con total claridad que, desde nuestro compromiso por impulsar el ejercicio de la soberanía plena en Euskal Herria, vamos a seguir trabajando para que Kutxabank siga siendo una entidad sometida a control social y comprometida con el servicio a la sociedad vasca, y al mismo tiempo también trabajaremos para que en la propia legislación vasca haya un hueco para estas entidades financieras de control social y de servicio público.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Larreina.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, intervendré muy brevemente porque de este tema ya hemos hablado largo y tendido. Otro proyecto más al que se le va a dar carpetazo en este último Pleno del año, y aprovecho para felicitarles las fiestas a todos ustedes, deseando que el próximo nos traiga más debate, más colaboración, más acuerdos y mejores resultados económicos, aunque después de mi intervención de esta mañana con el tema de la energía me he enterado de que posiblemente la luz en enero suba un 11,2 % y creo que esta es una muy mala noticia para mucha gente que, como hemos debatido a lo largo de esta semana, tiene problemas reales para hacer frente a la factura energética. Esperemos que aparte del acuerdo entre nosotros haya un acuerdo entre algunos ministros -por ejemplo Soria y Montoro- precisamente para que este tipo de cosas puedan corregirse y no tengan efectos tan crudos.

Este proyecto de las fundaciones bancarias ha coleado a lo largo de todo el año por la Cámara, y el Gobierno, bajo la supervisión de la troika y como respuesta al memorándum de entendimiento, tuvo que aceptarlo tras recibir los recursos europeos precisos para rescatar y sanear el sistema financiero. Precisamente también me he enterado esta mañana de que Novacaixagalicia ha sido comprada por 1.000 millones de euros, donde se habían invertido ya 9.000 millones de euros del conjunto de los ciudadanos, con lo cual ya partimos de menos 8.000 en este invento del saneamiento financiero. La última etapa de este largo proceso ha dejado ya en la cuneta a las cajas de ahorros definitivamente, cuya actividad y cuyo compromiso con lo local y lo social ha sido -al menos lo que yo conozco en Euskadi- encomiable. No nos queda más que desear y esperar que de todos modos este compromiso con lo local y lo social se pueda mantener con los beneficios o con los recursos que se obtengan de la actividad bancaria precisamente por parte de estas fundaciones bancarias.

He reconocido en más de una ocasión la voluntad de acuerdo del Gobierno y del Partido Popular para cerrar un proyecto satisfactorio. No voy a repetir aquí ahora los argumentos con los que defendí en Comisión en nombre del Grupo Vasco las enmiendas. Francamente, después de hablar con el Gobierno, podían haber sido un pelín más generosas porque hubo unas cuestiones que no eran cruciales, eran menores, que yo pensaba que se iban a incorporar, porque era lo que habíamos comentado. De todas formas consideramos que los cambios como resultado de las enmiendas y de las conversaciones iban en la buena dirección y salvaban básicamente y de forma razonable la obligada dotación del proyecto inicial al fondo de reserva a realizar en la fundación bancaria. Salvamos de alguna forma los muebles de algo que, insistimos, nos hubiera gustado que no hubieran desaparecido -al menos en Euskadi- como son las cajas de ahorros. Pero poco más que lamentarnos nos queda.

Por otro lado las cuestiones competenciales en nuestra opinión quedaron también suficientemente clarificadas. Lo que no pudimos aprobar en Comisión fue la famosa cláusula foral, porque era necesaria la autorización del Ministerio de Hacienda -en este caso el ministerio censor, que parece que está en todos los proyectos, sean de naturaleza económica o no-; siempre que haya algo que huela a euro tiene


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que pasar por la censura del ministerio. Esa autorización del Gobierno de alguna manera llegó después de la votación, y la famosa cláusula foral ha sido incorporada en el trámite del Senado, en concreto en la disposición adicional decimosexta, y con ello se satisface el mínimo que nuestro grupo exigía para el acuerdo.

Para concluir quisiera referirme, aunque sea brevemente, a la disposición transitoria segunda, que prevé el régimen transitorio para la incompatibilidad prevista en el párrafo segundo del artículo 40.3, una incompatibilidad introducida a través de una enmienda del Grupo Vasco y cuyo fin era precisamente evitar que los altos cargos ejecutivos de la fundación lo pudieran ser también de la entidad bancaria. Con esta disposición transitoria, que votaremos lógicamente en contra, se establece un periodo no superior a junio de 2006 para solucionar dicha incompatibilidad. (Un señor diputado: 2016). De 2016. Gracias. En nuestra opinión la incompatibilidad nos parece imprescindible, y creemos que era también el espíritu de la troika en este proceso. Pero, como les decía, al Grupo Popular en el Senado podía haber votado alguna enmienda más del Grupo Vasco y no lo ha hecho. Es lo que hay y desde el Grupo Vasco votaremos favorablemente las enmiendas incorporadas en el Senado, con la excepción de la disposición a la que me he referido.

Esperemos que dicho proyecto contribuya al menos a superar las pruebas de solvencia que se van a llevar a cabo el próximo año por parte del Banco Central Europeo, y que se mantengan al máximo nivel posible las políticas sociales a las que me refería en el futuro por parte de las fundaciones bancarias.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Al debatir esta ley en Comisión previamente al Pleno tuvimos ocasión de explicar en detalle nuestra propuesta alternativa, que nos llevaba a rechazar esta ley. Voy a recordar brevemente algunas de estas propuestas antes de entrar en las enmiendas del Senado que hoy nos ocupan.

En lo que se refiere a las cajas es cierto que quedan pocas cajas hoy, pero también es cierto que pueden surgir otras nuevas, y por tanto cómo legislemos sobre ellas puede tener importancia en el futuro. El modelo que se nos plantea retoca el modelo anterior, pero no lo cambia sustancialmente. Las comunidades autónomas van a seguir teniendo un importante poder de control sobre las cajas. Van a decidir si se fusionan, van a decidir si se trasladan, van a tener una importante representación en la asamblea, van a seguir básicamente bajo el control de las comunidades, y esa fue una de las raíces de la crisis de las cajas. Otro de los problemas era que estaban politizadas. ¿Se han despolitizado? No radicalmente, no lo suficiente. Los cargos públicos van a tener una incompatibilidad con los cargos en las cajas, pero solo una incompatibilidad simultánea. No hay ningún periodo desde que uno sale del cargo público hasta que puede tener un cargo en la caja. Van a ser entidades en que la despolitización no se ha abordado. Entidades politizadas y bajo el control de las comunidades: dos de las raíces, insisto, de la crisis de las cajas.

Algunos de los excesos del pasado tuvieron que ver con enormes retribuciones, con créditos y avales que la entidad daba a vocales y consejeros. ¿Se va a corregir esto? Nosotros propusimos que las retribuciones se decidiesen en la asamblea por mayoría de dos tercios. No va a ser así. Nosotros propusimos que esos avales, garantías y créditos de la entidad a sus propios vocales y consejeros se prohibieran. No va a ser así. ¿Está garantizado que en el futuro no se reproduzcan estos abusos? En nuestra opinión no con la suficiente contundencia.

En lo que se refiere a las fundaciones, que van a tener más importancia en el futuro inmediato, nuestra propuesta era desvincular mucho más claramente estas fundaciones de las entidades bancarias en las que participan, de forma que quedasen solo como unos inversores institucionales que cobrasen dividendos para su obra social, pero sin ninguna capacidad de influir en la gestión de estas entidades bancarias. Esto no se ha logrado y tampoco son lo suficientemente estrictas las incompatibilidades, que para nosotros deberían ser totales, entre fundación y entidad bancaria, y luego volveré sobre esto al hablar de las enmiendas del Senado.

Propusimos también que estuviesen bajo el protectorado del Ministerio de Economía, siempre que su actividad desbordase el marco de una comunidad autónoma. No va a ser así. Normalmente va a ser la comunidad autónoma quien tenga el protectorado. Y en la composición del patronato nos preocupaba el excesivo peso de las administraciones públicas.


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Como ven, son muchas las discrepancias sobre el diseño institucional de cajas y fundaciones las que nos llevan a estar en contra de esta propuesta legislativa. Pero, como también les dijimos, más que lo que está nos preocupa lo que falta; más que lo que está nos preocupa lo que no está. Si uno lee el periódico estos días creo que la realidad nos da la razón. Les preguntamos en Pleno y en Comisión cómo los ciudadanos podían entender que trajésemos aquí una ley de cajas sin abordar cuestiones como las indemnizaciones que cobraron las personas que han hundido las cajas, y han llevado al rescate europeo, y la exigencia de responsabilidades. Nada de eso hay aquí. Sin embargo lean los periódicos, lean los correos del señor Blesa, y dígannos si las críticas que hicieron cuando UPyD demandó a Bankia siguen siendo algo que ustedes mantienen.

Les dijimos también que era imposible hablar de las cajas sin hablar del coste público y la recuperación del dinero público. Se nos viene a decir que el coste va a ser cero y todo se va a recuperar. Lean los periódicos, la subasta de Novacaixagalicia, donde se han inyectado 9.000 millones de euros y se ha vendido por 1.000 millones. Díganme si esos 8.000 millones se van a recuperar. Les dijimos que era imposible hablar de esta cuestión sin abordar el tema de las estafas de las preferentes. Sigue siendo un tema pendiente de solución. Ha sido posible en las últimas semanas ver en los periódicos casos sangrantes, como estafados por las preferentes que han pedido el acceso a la justicia gratuita y se les ha denegado porque son dueños de preferentes.

¿Pueden los ciudadanos entender que hablemos de las cajas sin hablar de todo esto? Nosotros creemos que no, y esto nos indigna todavía más cuando vemos que no hay sensibilidad para las cuestiones que acabo de plantear, pero sí la hay para otras cuestiones. La ley ha estado parada durante un tiempo porque hay una serie de señores que están compatibilizando la presidencia de fundaciones y entidades bancarias, y querían mantener esa compatibilidad. El MOU estaba en contra, las instituciones europeas también, y sin embargo se ha estado alargando el tema hasta que se ha buscado una solución transitoria que les va a permitir durante un año, hasta 2016, mantener esa compatibilidad. No tenemos mucha sensibilidad para los estafados por las preferentes, pero sí para un señor que por lo visto quería jubilarse a los setenta y cinco años y, pobrecito, solo va a poder jubilarse a los setenta y cuatro años menos diez días. Parece que la sensibilidad está bastante mal repartida.

Esto nos reafirma en la convicción de que esta reforma se ha aplicado por presión europea, y que solo se ha reformado lo que no se ha podido evitar reformar. Nos tememos que de aquí a 2016, si esa tutela europea no se mantiene, incluso la incompatibilidad que ahora se aborda se replantee. En cualquier caso estábamos en contra de la ley de cajas antes de que pasara por el Senado, y tras pasar por el Senado mantenemos esa posición. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo de Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.

La verdad es que es un día inmejorable para hablar de las cajas de ahorros, un día en el que se consuma otro saqueo más a la población española, un saqueo concretamente de 8.000 millones de euros. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Se nos dice habitualmente que el Partido Popular es el partido que representa a la derecha en España, que representa el buen hacer en la economía, el buen hacer en la gestión. Durante toda esta legislatura el Partido Popular ha subido a la tribuna a decir que ellos sacarán España de la crisis, que ellos saben gestionar, que lo que se ha hecho antes de ellos era todo absolutamente erróneo. Hasta cierto punto podríamos compartir una parte, pero lo que nos intentan decir es que hay una buena gestión. Pues díganme ustedes, señores diputados del Partido Popular que apoyan al Gobierno, cómo es posible considerar como buena gestión comprar algo por 9.000 millones y venderlo por 1.000 millones. (Aplausos). Son 8.000 millones de euros nada más y nada menos, una cantidad absolutamente desproporcionada con respecto a cualquier otra cantidad en las partidas presupuestarias.

Les voy a contar una cosa, señores diputados del Partido Popular. En junio de este año coincidí en un avión con el señor De Guindos. Nos dirigíamos a unos cursos universitarios en Santander donde se iba a hablar de economía y de política, y donde el señor De Guindos dijo lo siguiente literalmente: No se puede vender malvender Novacaixagalicia. ¡Vaya que se puede! Se puede y se ha hecho, corriendo absolutamente las palabras del señor De Guindos. Pero es que también dijo literalmente: La obligación de los gestores es intentar recuperar lo máximo, incluso por encima de lo que se ha puesto. Parece que 1.000 no es más que 9.000. Por tanto el señor De Guindos ha rebajado su credibilidad al mismo


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nivel que la vergüenza de un Gobierno que está saqueando las cuentas públicas. (Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López: Eso es muy fuerte). Es un poco fuerte, sí, señor Pujalte; mejor dicho: ¡es muy fuerte! (El señor Martínez-Pujalte López: Sobre todo para los que no pagáis impuestos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor Martínez-Pujalte.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Señor Martínez-Pujalte, si usted tiene algún tipo de acusación sobre algún grupo parlamentario o se quiere sumar a la política del señor Montoro de acusar al resto, hágalo donde procede, en los tribunales. No tengo ningún problema al respecto. (El señor Sixto Iglesias: ¿Cómo puede hacer esas acusaciones? ¡Y tú repartes los sobres!). Lo que sí me parece muy fuerte es el saqueo literal del dinero público, de las finanzas públicas, y eso es parte del Gobierno, señor Martínez-Pujalte, eso es parte de la política de este Gobierno en torno a la gestión de las cajas de ahorros.

Podemos ir a los debates de fondo, concretamente para qué sirven las cajas, cómo son instrumentos, porque ya lo hemos hecho en innumerables ocasiones. Son más de diez reformas financieras las que lleva acometidas este Gobierno y el anterior al respecto. Hemos tenido oportunidad de plantear nuestras posiciones y nuestras alternativas, pero lo que tenemos que decir hoy es que estamos hartos de este liberalismo ibérico, de este liberalismo particular de España, de este liberalismo que consiste en que cuando una entidad privada tiene pérdidas se nacionaliza y que cuando hay una entidad pública que es rentable se privatiza. Ayer mismo se terminaba de privatizar Cesce, una empresa rentable que se privatiza. Sin embargo cuando tenemos una empresa privada con pérdidas evidentemente aparece el Estado a socializar las pérdidas, y esto es lo que ha pasado con las cajas de ahorros, pero, es más, como tienen una importante vinculación con el poder político, al final el Partido Popular tampoco ha aceptado las diferentes comisiones de investigación para depurar responsabilidades políticas. Las judiciales ya están en camino en algunos de los fenómenos como, por ejemplo, Caja Madrid o Bankia y que paguen los que tengan que pagar, pero es que al margen de lo judicial hay responsabilidades políticas, y estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de diferentes estafas no solo el malvender una entidad, que a lo mejor eso no tiene criterio jurídico ninguno, pero lo que sí está claro es que las estafas de las preferentes tienen responsables políticos en todas las entidades de las cajas de ahorros, y en este caso asistimos a esa concreción. Y se suma a las mentiras del Gobierno. ¡Si es que el señor De Guindos ha dicho sistemáticamente en la Comisión de Economía que todo el dinero se recuperaría! ¿Cómo es posible que se diga tantas veces algo que después se incumple y todavía se siga diciendo algo? El concepto de credibilidad es muy útil para valorarlo. Lo mismo que hoy asistíamos a la cuestión de la luz, el ministro Soria dijo que no se subía la luz, luego un 0,9 %, luego un 2,8 %, y finalmente más de un 11 %. Si esa es la política del Gobierno en términos de comunicación a la sociedad, que es a quien gobierna, tenemos un importante problema.

Al final, ¿cuál es el paisaje que nos queda? Un paisaje desolador porque significa que el Estado se desprende de los instrumentos que eran las cajas de ahorros. No se trata solo de que sean empresas, que pueden servir para el desarrollo económico, son también instrumentos al servicio del Gobierno, del Estado para que puedan promover un nuevo modelo de crecimiento o diferentes políticas económicas. Son instrumentos democráticos en tanto que son públicos y se pueden gestionar con esos principios. Cuando el Estado se desprende de ellos está regalando poder a las entidades privadas. En este caso es un banco venezolano, pero da igual, la cuestión es que pasa poder desde el espacio público al espacio privado, y nos preocupa sobremanera no solo en términos económicos, sino también en términos democráticos. ¿Cómo se puede pretender que ahora haya que dar dinero a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, y sin embargo nos desprendemos de los instrumentos que pudieran servir para eso de una forma mucho más directa? Porque si al final vamos a tener que recurrir a pedirle por favor al Banco Central Europeo que nos ayude ligeramente, y dentro del propio margen de acción limitadísimo que tiene, o pedirle por favor a Alemania, al Gobierno de coalición entre socialdemócratas y conservadores, la verdad es que no sé qué hacemos en este Congreso, porque la cuestión es que a ustedes les han elegido los ciudadanos, ustedes están legitimados en torno a una ley electoral injusta, pero en cualquier caso a través de unas elecciones para gobernar, y no puede ser que cada política que quieran ustedes hacer vaya a tener que depender de pedirle algo a la señora Merkel o a las grandes empresas que quieran comprarle a precio de ganga los elementos que van ustedes malvendiendo por ahí. Por tanto, la ley de cajas, ahora que se aprueba, se suma a todos estos despropósitos que estábamos considerando. Se pierde una oportunidad fundamental para tener una banca pública, no al servicio de intereses partidistas y de oscuras redes clientelares, como desgraciadamente hemos tenido oportunidad de ver en la perversión que ha


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significado la transformación paulatina de las cajas de ahorro, cuyo origen era ayudar a los más desfavorecidos y cuyo final ha sido ayudar a las cúpulas de los partidos políticos que estaban dentro (Aplausos), con intereses clientelares, caciquistas y corruptos. Estamos viendo los correos del señor Blesa, estamos viendo las relaciones con el Partido Popular, pero no solo nosotros, señorías, lo está viendo toda la ciudadanía, y eso no se puede repetir, hay que depurar responsabilidades, pero no significa que tengamos que renunciar a todo lo público, al contrario, una banca pública bien gestionada es la única forma que puede garantizar que las empresas pequeñas y medianas, desoladas por la política del Gobierno del Partido Popular, puedan recibir una financiación, que se las pueda estimular, que puedan realizar su inversión, al igual que a las familias, que también han perdido el acceso al crédito. Son medidas que requieren de instrumentos, y si ustedes privatizan los instrumentos, ¿para qué están los Gobiernos? ¿Para tener que reunirse bilateralmente con diferentes banqueros y tener que concertar en el espacio privado lo que ha dejado de hacerse en el espacio público? Eso no es democracia, la democracia consiste en que un Gobierno, como ustedes, tenga instrumentos para poder ponerlos en marcha. Si se desprenden de todos, como ocurrió ayer en la Comisión de Economía o como ocurre con las cajas de ahorro, están estrechando el Estado, pero siempre, como decía, a su manera, socializando las pérdidas y privatizando las ganancias, una política absolutamente antisocial, que desde luego no podemos compartir. Por eso las enmiendas y el proyecto de cajas ha tenido la votación que ha tenido por parte de nuestro grupo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Garzón.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Señores diputados, las enmiendas que vienen del Senado correspondientes a la reestructuración del sistema financiero, que están basadas únicamente en todos aquellos aspectos que se refieren a las cajas y a las nuevas fundaciones de régimen especial que se van a poder materializar a partir de este último paso de reestructuración, las vamos a votar favorablemente, como más adelante me referiré. Antes quisiera plantear que este proceso de reestructuración del sistema financiero español, y concretamente de las cajas, obedece prácticamente a una reestructuración salvaje y sin precedentes que se ha producido en nuestro sistema financiero, en la cual, si analizamos las entidades financieras y las cajas que existían en el año 2009 y las que existen en el año 2013, veremos que se ha pasado de un total de cuarenta y cinco instituciones financieras en el año 2009 a unas instituciones financieras supervivientes hasta la fecha de hoy que podemos contabilizar en doce o trece entidades, es decir, que es muy posible que en los próximos meses o años todavía este núcleo de cajas existentes disminuya cualitativamente.

También queríamos hacer una mención especial a la aportación de las cajas que han sobrevivido a este proceso de reestructuración española y a nivel internacional, a su contribución al proceso de reestructuración del sistema financiero español en general. Aunque es cierto que muchas cajas han desaparecido, que muchas han quebrado y que muchas entidades financieras han ido a parar a manos del FROB y ahora están un proceso de privatización, es necesario resaltar que ha habido cuatro grupo importantes de cajas que han contribuido sustancialmente a esta reestructuración para que finalmente haya podido ser un éxito, como son Caixabank, Kutxabank, Ibercaja y Unicaja. Nosotros planteamos que tampoco era justo que en el proceso que queda de reestructuración de pasar las fundaciones a bancos y que puedan existir unas fundaciones de régimen especial se pudiera penalizar o castigar a estos gestores que han ostentado la presidencia de dichas entidades financieras y han contribuido favorablemente a la reestructuración del sistema financiero, cuando han sido ellos básicamente a través de su gestión los que han logrado mantener a flote dichas entidades financieras. Nosotros pedíamos un periodo transitorio en el Congreso y en el Senado, que finalmente ha sido aceptado por el Grupo Popular. Se trata de un periodo de veinticuatro meses, hasta el año 2016, para que dichos gestores puedan continuar implementando, complementando o simultaneando la presidencia de las fundaciones y de las cajas o de los futuros bancos. Por tanto, me parece correcta esta enmienda que se ha aprobado en el Senado y vamos a darle nuestro voto favorable.

Hay otros aspectos desde el punto de vista de la perspectiva financiera que son interesantes, pues se han podido incorporar enmiendas de diferentes grupos parlamentarios, del Partido Nacionalista Vasco, del Grupo Popular, de Convergència i Unió, en el sentido de dotar a las futuras entidades financieras y a las que se van a transformar por ley en fundaciones de régimen especial de herramientas o mecanismos financieros para que puedan ser solventes en el futuro y para poder mantener e incrementar la vocación


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social a través de las fundaciones de dichas entidades financieras para que las cajas futuras o las cajas que se transformen en bancos puedan ser un instrumento útil de financiación para las familias, para las pequeñas y medianas empresas y para los empresarios autónomos.

Finalmente, quiero pensar que el fruto de estas consideraciones, de esta futura legislación nos va a dar la razón y por eso hemos votado favorablemente las enmiendas, deseando que las futuras cajas que se transformen en bancos vuelvan a ser líderes en el futuro, que en sus ámbitos territoriales correspondientes puedan ser líderes en el mecenazgo social, científico y cultural y al mismo tiempo puedan hacer grandes aportaciones, grandes incorporaciones a todos aquellos aspectos que hacen referencia al ámbito asistencial. Por este motivo vamos a votar favorablemente estas enmiendas.

Desde la perspectiva de las competencias autonómicas, las futuras fundaciones de régimen especial y las futuras entidades de crédito, que ya no van a depender desde esta óptica de la competencia de la Generalitat de Catalunya o del resto de comunidades autónomas, me gustaría resaltar que en la negociación hemos quedado satisfechos en un 50 % única y exclusivamente. Pretendíamos que en las futuras fundaciones de régimen especial tuvieran un papel importante en la composición de los futuros patronatos todas aquellas entidades que habían mantenido raíces históricas. Desde esta perspectiva, tratábamos de que las entidades fundadoras de dichas cajas pudieran tener un papel relevante en el futuro patronato, entendíamos que debían estar presentes como mínimo en un tercio de la composición del futuro patronato. Concretamente, siempre explicamos el papel preponderante, el papel fundamental que han tenido las entidades fundadoras de la actual CaixaBank, que son el Ateneo Barcelonés, el Institut Agrícola Català de Sant Isidre, la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, la Cambra de Comerç, Indústria y Navegació de Barcelona y el Foment del Treball Nacional. Han sido estas entidades fundadoras las que a través de su gestión, de su historia y de su aportación a esta gran entidad financiera que es la Caixa han evitado que se pudieran politizar dichas entidades y han logrado un éxito espectacular en los resultados. Pensamos que dentro de diez o quince años probablemente las entidades que se transformen en fundaciones especiales poco tendrán que ver con las entidades financieras que nacen fruto de la ley que hoy estamos aprobando. En estas futuras fundaciones de régimen especial van a estar representantes especializados en temas financieros o de otros sectores financieros de la sociedad española, pero querríamos que como mínimo un tercio de estos quince miembros pudieran ser de estas cinco entidades fundadoras. En el proyecto de ley que salió del Congreso el Grupo Parlamentario Popular hizo una enmienda en la dirección de que no fuera obligatorio que existiera una representación de dichas entidades fundadoras, pero en el Senado hemos conseguido una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Popular por la cual va a ser posible que dichas entidades fundadoras tengan una representación obligatoria en la futura vida de las nuevas fundaciones de régimen especial que se van a consolidar a partir de la aprobación de esta ley. Por tanto, no habiendo conseguido el cien por cien de nuestros objetivos -por eso nos abstuvimos en la tramitación de la ley en el Congreso y en el Senado-, hemos de reconocer que estamos satisfechos en cierta medida porque hemos evitado que se produjera la desaparición de las entidades fundadoras en las futuras fundaciones de régimen especial.

Desde esta perspectiva, como he dicho al inicio de mi intervención, solo me queda ratificar que vamos a apoyar todas las enmiendas que vienen del Senado. Vamos a ver si en el futuro todas las previsiones optimistas que van a configurar el final de la reestructuración financiera del sector económico español pueden revertir a través de las obras sociales y de los mecanismos de crédito hacia las familias y las empresas -básicamente las pequeñas y medianas empresas y los empresarios autónomos- para que puedan gozar de la financiación que les corresponde de acuerdo con su papel en la sociedad.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Gómez Sánchez.

El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, iba a tomar la palabra para explicar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en este debate que da fin a la tramitación del proyecto de ley de cajas. Sin embargo, en el proyecto de ley anterior he tenido ocasión de contemplar un debate típico en la Cámara, el debate de que los socialistas nos dedicamos siempre a poner palos en la rueda dificultando las cosas y dando una imagen de la economía y del proyecto de sociedad mucha más negativa que la que hay en realidad. Pero, como decía brillantemente el señor Gallego, mientras este debate se producía estaba presente el ministro de Hacienda, que fue aquel que dijo: que se hunda España, que después nosotros la levantaremos. Al escuchar este debate


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pensaba en eso y pensaba también en el tipo de oposición que el Gobierno anterior sufrió en lo peor de la crisis por parte del Partido Popular.

Ahora tomo la palabra para insistir en dos ideas fundamentales en esta tramitación. Son las objeciones que nos llevaron a votar finalmente en contra del dictamen del Congreso y que en nuestra opinión siguen plenamente vigentes. El texto final continúa rezumando desconfianza, resquemor incluso, frente al modelo de cajas de ahorros, un modelo que en nuestra opinión -y lo dijimos entonces- no debía ser arrumbado. La palabra que mejor lo define en nuestra opinión es que no debía ser desamortizado, que es lo que se pretende con este proyecto de ley y también con los dictados que a este respecto formularon la Comisión y la troika tras el rescate financiero. No debe olvidarse que este espíritu, más allá del pasado, nace y obtiene letra finalmente con el memorándum de entendimiento.

Volvemos a insistir en el argumento clave de este debate desde el punto de vista legal, lo diré otra vez llanamente: nosotros no creemos que el hecho de que la crisis haya golpeado con especial intensidad a una parte de nuestro sector de cajas de ahorro tenga que ver con el modelo de cajas en sí mismo, no lo creemos y seguimos sin creerlo. En primer lugar porque de las dos crisis inmediatamente anteriores, las que más afectaron a la economía española antes que esta, las cajas no solo no las sufrieron en ninguna medida, sino que salieron fortalecidas, mientras que una buena parte de nuestro sistema financiero, en este caso la banca privada, sufrió profundas reestructuraciones: por cierto, también -como siempre- con importantísimos apoyos públicos. Prácticamente ninguna caja de ahorros resultó afectada por las últimas dos grandes crisis y, en cambio, más de 60 bancos privados tuvieron que ser cerrados, absorbidos o reestructurados, más de 60 bancos privados. Cuando uno repasa la historia de nuestros bancos actuales encuentra dentro de ellos a casi todas aquellas entidades, solo dos de los entonces llamados grandes de la banca privada permanecen hoy vivos, todos los demás han sido engullidos -o directamente han desaparecido- por algunos de los actuales grandes bancos. A nadie se le ocurrió entonces responder diciendo que era el modelo de banca privada el que fracasaba ante el embate de aquella crisis, nadie lo dijo; hoy se dice que es el modelo de cajas de ahorro el que fracasaba ante el embate de estas crisis. Entonces y ahora ha fallado la gestión, ha fallado el modelo de negocio, ha fallado la gobernanza de las entidades afectadas y por supuesto en esta crisis ha fallado un modelo volcado hacia una expansión del balance absolutamente loca, un modelo de negocio que se había financiado con crédito externo procedente de Europa, que ha financiado nuestra mayor burbuja inmobiliaria -no nuestra en España, en el conjunto de Europa- y unas entidades que habían multiplicado en muy poco espacio de tiempo prácticamente por diez su apelación a la financiación bancaria externa al conjunto de España. Y digo financiación bancaria externa europea aunque hoy sabemos bien que ni siquiera buena parte de ella era europea, sino que era intermediada por la banca alemana, entre otros con fondos procedentes de las principales economías asiáticas. Ni los bancos alemanes, ni los chinos, ni el resto de los que financiaron nuestra burbuja desconocían en qué se empleaban esos fondos, pero sabían -eso sí que lo sabían bien- que si las entidades financieras españolas quebraban, el Estado estaría detrás; que no lo estaría si financiaban directamente a uno de tantos promotores inmobiliarios que se han enriquecido en esta crisis, pero que si lo hacían con bancos era el Estado el que estaba detrás.

Señorías, el texto que sale del Senado ha mejorado en un tema sin duda importante, fruto del consenso de prácticamente todas las fuerzas políticas. En nuestra opinión se ha clarificado, se ha mejorado -no del todo, pero se ha mejorado- la compatibilidad de funciones entre la fundación bancaria y el banco correspondiente y se ha puesto también un plazo concreto para el final de la compatibilidad de los actuales responsables. Votaremos también a favor de algunas mejoras técnicas, en su mayoría introducidas a través de enmiendas transaccionales y de otros grupos políticos, incluyendo también por supuesto algunas enmiendas del Grupo Popular. En otras nos abstendremos. Nuestra posición, como saben sus señorías, es que el régimen de incompatibilidades entre fundación y entidad bancaria no puede ser tal que se separe la propiedad de la gestión, en esto no estamos de acuerdo con otros grupos políticos. Creemos que propiedad y gestión tienen que estar cerca, con las incompatibilidades que sean necesarias, y tienen que estar cerca porque ha sido su lejanía la que ha permitido los enormes defectos que ha tenido el modelo de cajas en plena crisis.

Hay otra preocupación que sigue invadiéndonos y que sinceramente no entendemos, y sobre el que nos gustaría escuchar un pronunciamiento concreto del Grupo Popular al respecto, es esa redacción a nuestro juicio todavía demasiado oscura que se da en el papel del protectorado de las propias fundaciones respecto a la actividad cuando es regional. Sigue siendo una redacción en nuestra opinión oscura que puede dar lugar a no pocos malentendidos, a no pocas controversias entre las comunidades autónomas


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y la Administración General del Estado. Aquí, en nuestra opinión, no hay una justificación para lo que se ha hecho en forma de no clarificación suficiente del redactado a ese respecto. Siempre hemos defendido que uno de los problemas de las cajas, señorías, era su falta de capitalización, que detrás de esa falta de capitalización están espectáculos, fenómenos tan negativos, tan preocupantes como el que hemos contemplado y seguimos contemplando alrededor de las preferentes. Ha sido esa falta de capital la que ha propiciado esa carrera loca hacia la suscripción de preferentes, también por parte de las entidades minoristas. Hace unos días también hemos la ocasión de ver cómo se contemplaba esa carrera loca por parte de los responsables de una entidad financiera. Las cajas en general -es nuestra opinión- en unas ocasiones se han comportado como entidades sin dueño y en manos de gestores irresponsables, que las llevado en muchas ocasiones a la quiebra, y en otros casos se han comportado siguiendo directrices insensatas de sus principales instituciones fundadoras, sean públicas o sean privadas, y de sus dirigentes también y de los responsables de los principales partidos políticos gobernantes, claro que sí, actuaciones y desarrollo que siempre suelen ser incompatibles con la gestión profesional de una entidad financiera que es básica en un mundo como el nuestro. Toda la información, señorías, que en estos días y a lo largo de los últimos dos años hemos conocido en muchas de las antiguas cajas, hoy quebradas, hoy absorbidas, y en otras ocasiones nacionalizadas, abona también este diagnóstico. El señor Blesa, el anterior presidente de la Caja de Ahorros de Madrid, según hemos sabido estos días, recordaba que Caja Madrid no era su cortijo, pero en demasiadas ocasiones lo ha parecido y, además, y esto es todavía lo más grave, había algunos que no eran el señor Blesa que sí creían que Caja Madrid era su cortijo. Señorías, hoy sabemos el resultado: en apenas doce años una de las entidades más solventes del sector ha terminado produciendo la mayor quiebra de la historia financiera de Europa. Por ahora, nos ha costado a todos los españoles 25.000 millones de euros y, señorías, todavía nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidad. Por eso hemos solicitado la creación de una Comisión de investigación sobre Caja Madrid, para que todos sepamos lo que hay detrás de estos hechos que, en nuestra opinión, son gravísimos.

Señorías, termino ya. Nos preocupa más, a mí personalmente y al Grupo Socialista, la vergüenza que uno siente al conocer estas acciones injustificables que la que puedan sentir sus autores ahora que saben que también todos los ciudadanos de este país lo sabemos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Gómez Sánchez.

Grupo Parlamentario Popular, señora Garrido.

La señora GARRIDO VALENZUELA: Gracias, presidente.

Señorías, en el último trámite del proyecto de ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias tras su paso por el Senado, en el que se han incorporado enmiendas que a nuestro juicio enriquecen el texto que salió de esta Cámara el pasado 30 de octubre, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular.

Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a todos los ponentes el trabajo, el esfuerzo realizado a lo largo de su tramitación que nos ha permitido llegar a acuerdos importantes sobre esta disposición. Se trata, señorías, de un proyecto de enorme relevancia, muy esperado por el sector. Regula cómo van a regirse, a establecerse, a actuar las cajas de ahorros y las fundaciones bancarias que salgan de esta disposición y aborda globalmente un problema intrínseco de las cajas de ahorros, que es el de su gobierno corporativo. Para ello define un nuevo marco al que deben ajustar sus actuaciones las cajas de ahorros, volviendo al modelo tradicional: principales clientes, minoristas, pymes, no trabajar con productos financieros complejos, ámbito de actuación restringido a comunidad autónoma con excepciones de hasta diez provincias limítrofes, y en ningún caso sus activos podrán superar los 10.000 millones de euros o el 35 % de la cuota de depósitos totales existentes en la región.

Señorías, estas entidades -lo ha mencionado alguno de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra- han jugado un papel muy importante en la economía española; pero, como dijo el señor Sánchez i Llibre, no todas se comportaron de la misma manera. Ha habido algunas que no se comportaron adecuadamente, pero esas están controladas por el FROB, esas han sido nacionalizadas. No son el objeto, señora portavoz del Bloque Nacionalista Galego, de este proyecto de ley las entidades nacionalizadas, precisamente este proyecto de ley lo que regula son las cajas de ahorros que se han comportado correctamente, que sobre la base de este proyecto se van a convertir en fundaciones bancarias de ejercicio indirecto, sin olvidar que ha habido cajas de ahorros ahora mismo vigentes, Pollensa y Ontivent, que siguen actuando como tales, y también las que puedan surgir a partir de esta disposición.


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Este proyecto desarrolla el régimen general aplicable a las fundaciones bancarias, señalando que se entenderá como tal aquella que mantenga una participación en una entidad de crédito que alcance de forma directa o indirecta al menos un 10 % del capital o del derecho al voto o que tenga posibilidad de nombrar o destituir a algún miembro de su órgano de administración.

Señor Gómez, esta ley no nos preocupa porque no recentraliza en el aspecto que usted ha indicado de comunidades autónomas; no recentraliza absolutamente nada, aplica la normativa de las fundaciones de acuerdo con un criterio institucional: toda aquella entidad, toda aquella fundación que trabaje fuera de lo que es el entorno autonómico será el Estado el que responda de la misma. Por otro lado, son fundaciones bancarias. Sus principales ingresos van a ser los dividendos que le aporte el banco en el cual están participando, de ahí que el Banco de España va a tener que controlar tanto a esa entidad financiera como la relación que exista entre la entidad financiera y la fundación bancaria. Tampoco pretende ningún tipo de ingerencia en la obra social, como se ha dicho también en alguna ocasión. Lo que busca es que estas interrelaciones a las que me acabo de referir entre fundación bancaria y banco permitan una estabilidad financiera coherente con los principios de supervisión prudencial.

Se ha hablado también de la trasparencia, del buen gobierno, y desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que las medidas contenidas en este proyecto de ley van en el camino correcto porque, efectivamente, limita la presencia de los poderes públicos, exige más profesionalidad, limita las remuneraciones de los ejecutivos, regula la composición y las funciones del consejo de administración y vela por la transparencia limitando todo lo que suponga discrecionalidad y todo lo que suponga opacidad. Sobre la base de estas premisas, y tal y como han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, se han incorporado enmiendas en el Senado que afectan a cuatro artículos, 29, 39, 43 y 49; se han añadido tres disposiciones adicionales; una disposición transitoria a la que, por ser la que mayor consenso atrajo, me voy a referir ahora, y se han modificado una disposición transitoria y una disposición final. Se modifica el preámbulo, obviamente, fruto de una transacción por los cambios que se han introducido en la disposición. Esta disposición adicional segunda es el fruto de una transacción entre prácticamente todos los grupos que componen el arco parlamentario de la Cámara Alta y se refiere al desempeño de las funciones de los miembros de los consejos de administración de bancos y fundaciones bancarias. Esta transacción permite una compatibilidad, pero sometida a fuertes limitaciones. Por ejemplo, no podrán solicitar esa compatibilidad más del 25 % de los miembros del consejo de administración; no podrán realizar al mismo tiempo en los dos consejos funciones ejecutivas, y el periodo transitorio será -como dijo el portavoz de CiU hace un momento- hasta junio de 2016.

Voy finalizando, señorías. Hoy, con la aprobación de estas enmiendas que vienen del Senado en torno a este proyecto de ley, seguimos completando un paquete de medidas que nos permite tener un sector financiero más transparente, más solvente, que ha contribuido con otras reformas estructurales a poder iniciar de nuevo la senda del crecimiento, la senda de la recuperación. En efecto, los indicadores financieros señalan esto. El crédito empieza a mostrar signos débiles aún de recuperación; la economía se ha ganado, a pesar de lo que ha dicho el señor Gómez, la credibilidad y la confianza de los inversores e instituciones. La mejor muestra la tenemos hoy en la subasta del Tesoro: se han financiado los bonos a cinco años a un tipo de interés que no se había conseguido desde hacía diez años. Todo esto es lo que va a permitir garantizar la financiación del conjunto de los servicios públicos españoles.

Señorías, las dudas sobre el sistema financiero eran insostenibles porque afectaban a la solvencia de España e imposibilitaban nuestra financiación, tanto pública como privada, a costes razonables. Por supuesto -me quiero detener en este punto porque quiero darle especial relevancia a este último párrafo-, es necesario que esta mejoría en la economía financiera -es el discurso que tienen todos los grupos parlamentarios y que por supuesto compartimos en el Grupo Parlamentario Popular- se traslade a la economía real; es necesario que lo palpen los ciudadanos, pero si este discurso se emplea para deslegitimar las reformas que permiten esa mejoría no es sostenible, si me lo permiten, salvo que sea desde el punto de vista de la ignorancia o de la mala fe. Sin un sistema financiero saneado no es posible que mejore la situación de los ciudadanos. Sin un sistema financiero creíble no se puede invertir, no se puede crecer, no se puede generar riqueza, que es el único medio, señoría, de sostener el Estado del bienestar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Garrido.


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- PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. (Número de expediente 121/000058).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Último punto del orden del día: enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Turno de fijación de posiciones. Señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, reconozco que no arriesgo mucho si afirmo que este proyecto de ley es el más importante de los que vamos a aprobar esta semana. Quizás es el más importante de todo este periodo de sesiones, primero, porque se adscribe en el mismo grupo normativo de otros proyectos que hemos ido tramitando y que traen consecuencia de la modificación del artículo 135 de la Constitución, de la Ley 2/2012, de creación de la autoridad independiente fiscal, etcétera; y, segundo, porque modifica tanto la Ley reguladora de bases de régimen local como el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que no son normas menores sino leyes troncales. Por tanto, modificar como esta norma hace, en un Estado descentralizado en el que ejerce cada Administración sus funciones a todos los niveles bajo el sano principio de la subsidiariedad, ese régimen jurídico de nuestras entidades locales no es un tema menor. Es obvio además que la Administración local no podía abstraerse a los nuevos parámetros, los nuevos principios y las nuevas obligaciones que constitucionaliza la reforma del 135. Por ello, como he pedido en el anterior debate en el que participé también, creo que hubiera sido necesario, conveniente, muy oportuno, un gran acuerdo entre los grandes partidos de nuestro país.

Señorías, los impulsores de este proyecto -el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y también el Grupo Parlamentario Popular- saben de nuestro interés, del interés de UPN por esta norma y conocen perfectamente las vicisitudes que ha tenido este proyecto hasta hoy. Lo cierto y verdad -debemos reconocerlo así- es que entre el texto -en su fase de borrador, anteproyecto, proyecto- y el que resultará aprobado hoy en esta tarde media un auténtico abismo. También es cierto que las apreciaciones, recomendaciones, sugerencias, propuestas, enmiendas que por parte de mi partido se han presentado han tenido una acogida alta. Podría hacer un listado amplio de los cambios, las mejoras que en cada una de las fases han sido introducidas por mi partido pero, obviamente, no tengo tiempo. Diré exclusivamente que la norma, finalmente, contará con nuestro apoyo porque garantiza y respeta la singularidad de la comunidad foral en materia local, que es única y diferenciada. Es una petición expresa que hemos trasladado al grupo de la mayoría y que ha sido así incluida expresamente en la norma, con una regulación que refleja confianza mutua en un modelo que por supuesto es constitucional, pero que también hoy, en 2013, demuestra que es útil y se adecua de forma pacífica al nuevo paradigma de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera que consagra el 135, y que es un compromiso que todas las administraciones deben asumir, y desde luego lo es para la Administración Foral de Navarra y para las entidades locales.

En todo caso, quiero agradecérselo a todos los que han participado en la elaboración de la norma (a los técnicos del Gobierno de Navarra, también a los del Ministerio de Hacienda, a los ponentes, a los asesores, tanto del Congreso como del Senado) porque han sabido mejorar la ley paso a paso y han pactado soluciones que no suponen en ningún caso elusión de obligaciones ni excepciones de deber alguno y que reflejan el respeto y la lealtad institucional con la que siempre hemos actuado.

Termino, señor presidente, deseándoles a todos en este último proyecto de ley, en esta última intervención, una Feliz Navidad a todos y un Año Nuevo en el que no a todos se les cumplan todos los deseos políticos pero puedan gozar de salud para aceptarlos con deportividad, si no los consiguen.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Salvador.

Señor Álvarez.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.

Señorías, se pone hoy el punto final a la tramitación del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, y nos encontramos -igual que en otros proyectos, como la reforma educativa o como otras grandes leyes que aquí se han solventado- con otra oportunidad perdida. Foro ha defendido la necesidad de una reforma sustancial de la Administración local, de modo que se garantizase la prestación de los servicios esenciales y su sostenimiento financiero. Recibimos con


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expectación este proyecto de ley y expresamos nuestro acuerdo con algunos de sus objetivos, pero también consideramos el proyecto de ley mejorable, por eso presentamos treinta y cuatro enmiendas, realmente trabajadas; en ellas poníamos el acento principal en la financiación de la Administración pública, incluyéndola en el ámbito de la responsabilidad del Estado y de las comunidades autónomas. El grupo minoritario incorpora al texto, a su paso por esta Cámara, cuatro enmiendas de Foro transaccionadas relacionadas con la participación ciudadana, de carácter competencial y de mejora técnica. Los cambios introducidos en la ley a lo largo de su tramitación, tanto en el Congreso como en el Senado, no han sido suficientes para que podamos apoyarla. Ya anticipábamos que no se planteaba de manera suficiente la regeneración de la vida municipal, cuya exigencia debe tener en cuenta la proximidad de los elegidos con los electores y su dignificación desde su responsabilidad y dedicación. El proyecto, tras el paso por el Senado, sigue siendo muy excluyente, especialmente en pequeños ayuntamientos, sobre todo en aquellos que son menores de 1.500 habitantes, donde -si ustedes me lo permiten- para encontrar alcalde vamos a tener o van a tener que recurrir a una ONG. Así, esta ley es un duro golpe al principio esencial de la proximidad de los ciudadanos con los elegidos, aunque se haya minorado a última hora el golpe de la desaparición de casi cuatro mil entidades menores muy importantes en territorios con población dispersa, como Asturias, y que mantienen su personalidad jurídica que les permite tener la base para sus actuaciones. Estas entidades, sobre todo en el ámbito territorial del Principado de Asturias, cuentan con un fuerte arraigo social, además de la representación más directa y más en contacto, como digo, con los ciudadanos. En todo caso, ya habíamos comentado que al grito de la racionalización no parecía tener sentido que se contestase: con la parroquia rural ni agua. En todo caso, no apoyaremos esta ley, corta en eficacia, corta en financiación suficiente y corta en impulso a la vida municipal.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Álvarez.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Empiezo como acabé el otro día, citando a Montesquieu: Las leyes inútiles debilitan las necesarias. Esta es, sin lugar a dudas, una ley inútil, que no era la que los ayuntamientos estaban esperando, porque con esta ley no se abordan los verdaderos problemas que tienen los ayuntamientos, que es profundizar en la democracia, abordar de una vez por todas, una auténtica financiación local y una delimitación realista de las competencias. Esta ley aleja la democracia de los ciudadanos, la entrega a unas diputaciones que son una administración absolutamente anacrónica y a veces muy parcial que no eligen directamente los ciudadanos. Los ayuntamientos que son las administraciones más valoradas por los ciudadanos y que menos déficit tienen, un 4 % de las administraciones públicas, no merecen esta reforma que quiere empequeñecerlos, alejarlos de los ciudadanos y en muchos casos anularlos. Esta ley no calibra las consecuencias que va a tener su aplicación en muchos municipios. El otro día estaba con el alcalde de Agullent, Jesús Pla, de un pueblo de 2.400 habitantes, y me hablaba del problema que tendría si desaparece la guardería de su pueblo, porque las madres no podrán conciliar el trabajo y el derecho a tener a sus hijos en la guardería. Las madres tendrán que llevar a sus hijos a pueblos más grandes, lo cual repercutirá en la escuela, y cuando desaparecen las escuelas por agrupación desaparece gran parte de la vida de un pueblo; o no entiende cómo se podrán prestar diferentes servicios sociales porque se perderá esa eficacia de la respuesta rápida que dan los ayuntamientos. En definitiva, esta ley no es la que necesitaban los ayuntamientos. Necesitaban una ley consensuada, acordada y no una nueva ley, como todas las que hemos discutido esta mañana, hija del rodillo, hija de la mayoría absoluta. Esperemos que ahora que estamos en Navidad, la próxima nos presenten leyes que se acerquen mucho más a los ciudadanos en vez de ser al contrario. Bon Nadal a totes y a tots.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Al grito de que vamos a ahorrar 8.000 millones porque los ayuntamientos hacen cosas que no les corresponde, el Gobierno del Partido Popular está, sobre todo por un problema del Ayuntamiento de Madrid (Aplausos), metiendo mano en la única institución de este país que funciona, que quieren los


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ciudadanos, cuando hay descrédito de las instituciones y de los políticos, y sobre todo cuando los ayuntamientos son los que están cercanos a los ciudadanos en plena crisis económica. ¿Qué han hecho ustedes? Han hecho y han dicho que van a ahorrar 8.000 millones. Claro que los van a ahorrar porque eso no lo va a hacer nadie. No es que alguien lo esté haciendo. Cuando en un ayuntamiento se toma la decisión de pagar la atención domiciliaria a lo mejor es porque en un pueblo eso es mucho más importante que hacer una calle o recoger la basura dos o tres días a la semana porque ese pueblo prefiere atender a sus mayores. Cuando ustedes deciden que no se tiene que entrar en temas de educación, como la educación infantil, a lo mejor en un barrio social es mucho más importante la guardería que todas las obligaciones que los ayuntamientos tienen que hacer por ley con mayor o menor eficiencia. Cuando ustedes calculan ese coste estándar se olvidan del hecho insular; con ese hecho insular y con el coste estándar, que fijan desde Madrid, no tienen en cuenta cuál es el coste de la prestación normal de los servicios.

Les quiero decir desde aquí, desde los nacionalistas canarios, que lo único que tenían que haber hecho era resolver el problema financiero de Madrid. Los ayuntamientos no son el problema económico de este país. Resuelvan el de Madrid y dejen al resto de los ayuntamientos de España tranquilos (Aplausos), prestando los servicios básicos a los ciudadanos, los servicios de proximidad a los ciudadanos -que son los más competentes-. Si había que racionalizar, a lo mejor habría que quitar las competencias y servicios sociales a otras administraciones y dárselas a los ayuntamientos, eso sí con ficha financiera.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Oramas.

Guarden silencio, por favor.

Señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, si el Gobierno y el Grupo Popular hoy sienten alguna satisfacción por que se vaya a aprobar esta ley, es porque se la provoca que el Gobierno y el Grupo Popular hayan hecho los deberes impuestos por la troika, porque desde luego la ley que hoy se va a aprobar afortunadamente no se va a poder implantar; afortunadamente los ayuntamientos y las comunidades autónomas no van a hacer caso de ella, porque si lo hacen, señorías, ocurrirá lo que acaba de decir la señora Oramas, los ciudadanos se van a quedar sin los servicios que en este momento están ofertando los ayuntamientos.

Ustedes han dicho que en este proceso de reforma local han modificado muchas de las propuestas que inicialmente tenía el Gobierno, como la eliminación de ayuntamientos. Efectivamente, en el proyecto de ley o en la ley que hoy se aprueba no hay eliminación de ayuntamientos, pero con el contenido de la ley la pregunta que hacemos al Gobierno y al Grupo Popular es: ¿qué papel se le asigna a los ayuntamientos de menos de 20.000? ¿Qué papel tienen los ayuntamientos, si realmente lo que hace esta ley es concentrar los servicios en las diputaciones? Por cierto, la obsesión del Partido Popular y de este Gobierno es recentralizar competencias; no solamente lo hacen adjudicando a las diputaciones servicios que en este momento son municipales, sino que se inmiscuyen en las propias competencias autonómicas y dotan además al Ministerio de Hacienda de esa facultad absoluta de control de las entidades locales. Por eso, señorías, es por lo que decimos que esta ley es imposible que se pueda aplicar. Es imposible porque no solamente organizaciones políticas como el BNG están en contra de ella sino porque sus ayuntamientos, es decir los alcaldes del Partido Popular, sus autonomías, las gobernadas por el Partido Popular, ya han dicho que no es posible aplicarla. Además de esa centralización, recentralización y eliminación de competencias que las comunidades autónomas tienen en materia municipal, nos preguntamos cómo va a resolver el Gobierno la cuestión de la financiación, cómo va a resolver el Gobierno que aquellos servicios que hoy están dando las entidades municipales (sociales, de educación o de sanidad) se transfieran a las comunidades autónomas y cómo desde la Administración central se va a articular la financiación municipal y la financiación autonómica para poder garantizar que esos servicios se puedan seguir dando.

Señorías, no era esto lo que necesitaban nuestros ayuntamientos. Lo que necesitan es una financiación municipal acorde con las necesidades. No se puede argumentar para justificar esta ley el déficit económico de las entidades locales, porque no es verdad; no son las entidades locales las que están realmente en déficit presupuestario. Señorías, no pueden endosar a todos los municipios del Estado español la grandísima deuda que tiene el municipio de Madrid, y eso es lo que están diciendo cuando argumentan que las entidades municipales, los ayuntamientos, tienen un déficit tan alto. Esperemos que dentro de


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muy poco tiempo podamos estar modificando esta ley que hoy se aprueba porque no puede ser más nefasta para los vecinos y las vecinas, para la ciudadanía en general.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Fernández.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Muchas gracias, presidente.

Con la aprobación de esta ley ustedes dan un nuevo paso hacia la consecución de su ideal de Estado unitario, y no sé si son conscientes, señorías, de que Cataluña da también un paso más, en este caso hacia la proclamación de la república catalana; un Estado unitario en el que la Administración local no es más que un apéndice del Estado centralista. Por eso la reforma de la Administración local no tiene ningún reparo en suprimir entes locales o en arrebatarles competencias. La reforma que nos plantean supone un duro ataque a la autonomía local, recortando en democracia y alejando el poder de la ciudadanía. Se disminuye la capacidad de decisión de las entidades locales y se establecen nuevos y más complejos mecanismos de control y rendición de cuentas. Nos encontramos, pues, ante una ley que nace de la más absoluta desconfianza hacia los gobiernos locales. Con esta reforma el Estado se sitúa en una posición de tutela de la Administración local. Este es, señorías, su modelo de Estado, pero este no es nuestro modelo. Obvian la singularidad catalana. La Generalitat de Catalunya tiene competencias exclusivas en materia de organización territorial y régimen local; sin embargo, ustedes siguen con su política profundamente homogeneizadora, imponiendo una regulación homogénea a una realidad territorial que es heterogénea. Hemos presentado más de 40 enmiendas destinadas a evitar las reiteradas invasiones competenciales que presentaba el proyecto de ley. Ninguna de ellas, ninguna, repito, ha sido aceptada. No solo eso, el Estatuto de Autonomía de Cataluña requiere la necesidad de reconocer un régimen especial a Cataluña. Esta ley ni tan siquiera contempla la implantación de las veguerías, las administraciones territoriales que organizan el territorio catalán de manera racional y adaptada a la realidad y a las necesidades territoriales, superando su esquema, el esquema jacobino, rígido e ineficiente, de las diputaciones.

Esquerra Republicana se opone a la aprobación de una ley que ataca a la autonomía local; no solo se opone a eso, sino también a una ley que no resuelve el problema de financiación de las entidades locales, recorta en democracia y aleja el poder de la ciudadanía, favoreciendo que las competencias sean asumidas por unas entidades, las diputaciones provinciales, que ya hace mucho que deberían haber desaparecido. Supondrá la privatización de los servicios que prestan los entes locales, vulnerando las legítimas competencias exclusivas de la Generalitat de Catalunya en materia de régimen local y sin tener en cuenta las singularidades de Cataluña respecto al mundo local.

Acabo. Señorías, el mundo local dice basta. Ustedes hoy aprobarán una reforma que -ya se lo avanzo- no vamos a aplicar; no aplicaremos esta ley en Cataluña. El Parlament de Catalunya está tramitando una ley de gobiernos locales, una ley que, a diferencia de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, sí está consensuada con el mundo local. Esa y no está será la que regirá el futuro en Cataluña. La Generalitat de Catalunya tiene competencias exclusivas en organización territorial y en régimen local y no pensamos renunciar a ello.

Muchas gracias, señor presidente. Deseo que los Reyes Magos repartan bien a sus señorías el carbón y, evidentemente, les deseo unas felices fiestas.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Jordà.

Señora Enbeita.

La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señor presidente.

Señorías, reconozco que estos meses por momentos he creído que el Gobierno acabaría por entrar en razón y retiraría esta reforma, pero he pecado de buena fe. Hoy es un día triste para la democracia, un día muy malo; hoy, los diputados y diputadas del Grupo Popular pulsarán el sí y cientos de ayuntamientos se quedarán sin competencias, sin capacidad de decisión, sin poder responder a las necesidades de sus vecinos y con los servicios privatizados o en vía de privatización. No me digan que no nos afectará porque todavía no tenemos muy claro en qué quedó al final el acuerdo entre el Grupo Popular y el Partido Nacionalista Vasco; ciertas dudas quedaron en el aire y en el Senado esas dudas no se han aclarado ya que el Grupo Popular no respondió si se aplicaría o no y el PNV dijo en su discurso que había algunas


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cosas que recordar al Grupo Popular, pero no sabemos qué aspectos se han quedado por el camino. Por tanto, no sabemos en qué va a quedar todo esto al final.

Respecto de la reforma local casi todo está dicho, llevamos tiempo hablando de esto. Alcaldes, concejales, concejos, mancomunidades y demás se han echado encima del Gobierno y han pedido una y otra vez que pare esta reforma, que no se aplique, pero este Gobierno va a lo suyo y es una pena; es una pena porque vaciar de contenido los ayuntamientos mermará la democracia participativa. Si inutilizamos la Administración que se encuentra más cerca de la ciudadanía, esta se sentirá cada vez más lejos de los políticos, y así, con desconfianza, no se puede construir ningún país, ni el suyo ni el nuestro. El Gobierno tiene hoy la oportunidad de demostrar que han escuchado a la ciudadanía, a los alcaldes, a los concejales, a los ayuntamientos y que realmente están para arreglar los problemas y no para aumentarlos. Deberían retirar esta ley, dejar que los ayuntamientos gobiernen en paz. Si la mayoría de ellos lo hace bien: tienen las cuentas saneadas y conocen de primera mano las necesidades de sus vecinos. No es lícito que un alcalde solo pueda decidir sobre el alumbrado público mientras que un funcionario elegido al azar decida dónde hay que invertir y, lo que es peor, dónde no hay que invertir. No queremos esta ley para nadie, pero sobre todo no la queremos en Euskal Herria, donde los ayuntamientos tienen un peso histórico muy importante. Queremos construir nuestra Euskal Herria, y para eso queremos gestionar nuestras administraciones desde allí, desde Euskal Herria. Por eso volvemos a pedir la retirada de esta ley. Los ayuntamientos ya son mayores de edad y no necesitan que el Gobierno les dé la mano para seguir caminando. (Termina su intervención en euskera).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Enbeita.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Señor vicepresidente, señorías, es difícil en el marco del Estado español abordar la redacción de una ley de Administración local; lo es precisamente por la gran variedad de entidades locales, por la gran variedad de su tamaño, por la dispersión o mayor concentración de las mismas e incluso por los recursos de unas y otras. Una norma que no atienda a las diferencias y a las peculiaridades indubitablemente va a encontrar dificultades en su recorrido, y quizás en algunos y sobre algunos extremos esta ley no va a ser una excepción. Está claro que el principio que anima a la ley es la financiación, que aquellas competencias que desarrolla una institución tienen que estar lo suficientemente dotadas, lo que como principio es algo que supongo puede ser aceptado por todos los grupos de esta Cámara. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Ahora bien, también es cierto que hay un límite importante, que es el de la autonomía municipal y el marco en el que esta pueda y deba desarrollar unos servicios que, no lo olvidemos, son los más cercanos a la ciudadanía. Desde luego, la razón para hacer esta ley no puede ser el déficit público del Estado, porque los ayuntamientos, como bien quedó demostrado en los diferentes números, informes que han sido presentados ante esta Cámara y en sus comisiones correspondientes, no son en modo alguno un porcentaje ni siquiera importante de esta tarta del déficit. Es más, en los últimos años ese déficit estaba controlado.

El Gobierno ha impulsado esta norma con sus motivos, pero desde el primer momento nuestro grupo -eso queda claro en las enmiendas que hemos presentado- ha intentado que se respetara el marco normativo de la Comunidad Autónoma vasca y de Navarra por sus especificidades y por el derecho foral que queda amparado por la propia disposición adicional primera. No nos hemos conformado con una mención genérica que diera lugar después a muy diferentes interpretaciones y tuviéramos que estar constantemente ante los tribunales sabiendo cuáles eran esos significados, sino que nos hemos propuesto que sea mucho más específica y que desde luego configure, como creo que configura, un sistema diferenciado a partir de ahora dependiendo del acuerdo al que se llegue entre los grupos políticos en Euskadi, en la Comunidad Autónoma vasca y en Navarra y en los respectivos parlamentos.

Antes se ha hecho una referencia a mi grupo parlamentario por parte de la diputada de Amaiur. Yo no sé lo que ha leído de la ley ni lo que ha trabajado más o menos en la ley. Sé que nada más hubo dos enmiendas en el Congreso para toda la ley, una ley muy complicada. Decir no es muy fácil, intentar buscar una solución cuando se sabe que una norma se va a aprobar es lo difícil y lo complicado. Tengo que manifestar mi satisfacción, porque creo que hemos conseguido preservar esa reserva foral y creo que hemos conseguido, entre otras cosas, poder tener en el ámbito local un sistema diferenciado del resto del Estado. Hablando de que los ayuntamientos van a perder competencias, en el caso de la Comunidad Autónoma vasca y de Navarra los ayuntamientos van a poder recibir competencias propias que les pasen el resto de las instituciones. Dependerá del acuerdo al que podamos llegar entre los grupos políticos


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vascos y los acuerdos que se adopten en nuestras instituciones, el que se haga de una u otra manera, pero a eso es precisamente a lo que le doy más valor, no que se ponga incluso desde aquí que sea diferente, sino que esa diferencia la podamos después marcar entre nosotros. Por lo tanto, hay que leerse la ley y hay que saber en qué ha quedado. También ocurre que el papel estelar que en la ley tiene el Ministerio de Hacienda queda sustituido en el caso de la Comunidad Autónoma vasca por la Diputación Foral y en el caso de Navarra por el Gobierno de Navarra. Es el contacto directo con las entidades locales, pero también esa apreciación de la suficiencia económica y del equilibrio financiero, evidentemente atendiendo a los principios, a las directrices que marca la propia ley, el Ministerio de Hacienda, pero el desarrollo y la aplicación a las circunstancias específicas del País Vasco y Navarra van a ser hechas por las propias instituciones forales vascas. Las entidades locales de ámbito inferior al municipio, que, por ejemplo, en el caso de Navarra y del territorio histórico de Álava tienen una importancia singular, quedan fuera de la normativa general que se aplica en la ley. La tutela financiera, que es una pieza clave del sistema de concierto económico, se reconoce en la ley en los términos del concierto económico. Como he dicho, serán también las diputaciones forales las que desarrollarán los criterios de cálculo de conformidad con lo establecido en el artículo 116 ter de la ley que se va a aprobar, recibiendo la comunicación de los costes efectivos, y estas serán las que los midan y los controlen. En cuanto a la designación de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional prevista en la ley, van a ser también -quienes hagan las convocatorias- quienes pongan parte de los condicionantes, de los méritos, etcétera, las instituciones del País Vasco, aparte de otra serie de precisiones, muchas en una serie de disposiciones adicionales que se han ido reuniendo y en las que no puedo alargarme.

Me hubiera gustado que algunos aspectos que hablan de la fusión de municipios también hubieran sido recogidos, porque son parte del acervo foral y son parte de lo regulado por las normas forales de los territorios históricos, pero tengo que decir clarísimamente que mucha de la normativa que aparece en esta ley, por ejemplo a la hora de la incentivación de las fusiones fiscales, no es de aplicación al País Vasco, entre otras cosas porque los incentivos son financieros y nuestro sistema de financiación de las entidades locales es radicalmente diferente, por lo tanto no aplicable. Tampoco nos gusta, porque creemos que debería haber quedado más en el ámbito de lo local, todo lo referente a los límites en cuanto al número de concejales liberados o de personal eventual liberado y algunos otros aspectos. Pero en conjunto, si tengo que hacer una valoración de la ley, tengo que decir que mi grupo era muy pesimista en un inicio a poder dar una aceptación genérica a la ley. Tengo que confesar que nosotros per se no la hubiéramos modificado. Pero la verdad es que aunque ha costado mucho y algunos de los acuerdos han tenido que ser en el último segundo, tengo que reconocer que en su globalidad el régimen foral se respeta, que permite unas peculiaridades y unas especificidades que para nosotros eran condición sine qua non y que permite una situación armónica en la que espero que las relaciones entre el Gobierno y las instituciones vascas sean lo suficientemente fluidas como para que cada uno caminando con su independencia podamos mantener una buena relación. Ahora depende de las instituciones vascas y de los partidos representativos del País Vasco el definir cómo va a ser ese modelo local dentro de la comunidad autónoma y en el caso también la Comunidad de Navarra, que nos felicitamos de que al final las enmiendas en el Senado fueran tramitadas y aceptadas también respecto a esta comunidad.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Vivimos hoy el último trámite de una ley bien importante desde el punto de vista de la reforma del Estado, de la reforma de la estructura del Estado, que salió de esta Cámara con prácticamente la oposición de toda la Cámara salvo el grupo mayoritario que apoya al Gobierno y el Grupo Parlamentario Vasco, y que vuelve a la Cámara no me atrevería a decir peor que como salió, pero en todo caso en el mismo grado de definición que tenía desde nuestra perspectiva cuando salió.

Es una ley que no está a la altura de las necesidades del país; una ley hecha claramente para mantener los chiringuitos, una ley que no resuelve ninguno de los problemas que tiene -y son muchos- la Administración local española, ni resuelve la profesionalización de la Administración local, ni la financiación, ni la transparencia y el control, ni la estructura y el tamaño del conjunto de las administraciones locales, ni el reparto competencial. Por tanto, puesto que no resuelve ninguno de los problemas que teníamos y que tenemos, se puede concluir, porque es la verdad como trataré de explicar a continuación, que agrava los


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problemas que ya existían y dibuja una Administración que es más opaca, menos democrática, menos sostenible y más alejada del control político. Justo lo contrario de lo que necesitamos. Digo que es más opaca y menos democrática y menos sostenible porque presenta como un avance, por ejemplo, solo como un ejemplo, eliminar los sueldos a quien no los percibía. Lo dijo textualmente el ministro cuando presentó la ley y la vicepresidenta en varias ocasiones. Ciertamente, esto tampoco es cierto, porque en el trámite en el Senado algunas de esas cosas las han recuperado. O sea, han mantenido la idea y el texto de quitar las competencias a los ayuntamientos, pero les han puesto un sueldo; o sea, que no les han devuelto las competencias, que era un elemento fundamental, pero ciertamente lo que les han devuelto ha sido una retribución. Por tanto, eliminan sueldos a quienes no los tenían, se los dan en este trámite a algunos a los que les quitan las competencias; quitan competencias políticas a las instituciones elegidas por los ciudadanos y les dan competencias a aquellas de segundo nivel, diputaciones que no han sido elegidas directamente por los ciudadanos; refuerzan, por tanto, órganos no elegidos directamente, favoreciendo de esa manera, como ya hemos explicado muchas veces, la opacidad y la corrupción, como luego trataré de demostrar.

Además, es una ley que no pone las bases para modernizar la Administración, todo lo contrario, ya que lo que define y diseña esta ley es el mantenimiento de una estructura institucional desmesurada. Además, no avanza, como decía al principio, en la profesionalización de la Administración local, porque, aunque establece alguna cautela ya prevista, por cierto, en el Estatuto básico del empleado público, ello no ha impedido la multiplicidad de abusos. Piensen, por ejemplo, en los habilitados nacionales que en las ciudades grandes se terminan cubriendo -lo hacían hasta ahora y será así de ahora en adelante- por libre designación. Conseguir una gestión profesionalizada va íntimamente ligado a una mejor gestión y de más calidad, con más control público, por tanto con una democracia de más calidad, que debiera ser uno de los objetivos de todas las leyes que estamos debatiendo en este momento y durante toda esta legislatura. Define además esta ley una incorrecta regulación de competencias, porque para evitar duplicidades y gastos superfluos lo que hace es limitarse a diferenciar entre competencias propias y delegadas, pero, además, le quita, por ejemplo, a la Administración local, a los ayuntamientos, que han demostrado su capacidad para gestionar correcta y eficazmente los servicios sociales, les quita la competencia en materia de servicios sociales, insisto, en la que han demostrado los ayuntamientos, (Rumores)...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, un segundo. Por favor, guarden silencio, es imposible escuchar a la portavoz y el resto de los grupos quieren escuchar porque, además, entre otras cosas, alguno tendrá que contestar. Por favor, el que quiera hablar que abandone el Pleno.

Adelante, señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Se lo agradezco, presidenta.

Además de quitar competencias en algo que está demostrado que gestionaban bien los ayuntamientos, los servicios sociales, la ley mantiene las competencias de urbanismo en manos municipales, ignorando la extendida corrupción urbanística generada en los municipios españoles, especialmente los ubicados en zonas turísticas. Les daré algún ejemplo: hay 676 municipios con grandes delitos de urbanismo que están siendo juzgados o que han sido sancionados ya; 676 municipios entre el año 2000 y el año 2010, que abarcan el 56,1 % de la población, se vieron afectados por procesos de corrupción ligados al urbanismo. Es un error, señoría, mantener esta competencia en manos de una Administración fácilmente presionable, quiero destacar esta cuestión, una Administración fácilmente presionable entre otras cosas porque la mayor parte de la financiación local procede de las actividades ligadas al suelo. La ley no contiene ni una sola disposición para atajar estas malas prácticas, ni una sola disposición tampoco para dotar de recursos públicos a todos estos municipios y para garantizar así también, además de una menor dependencia, una mayor transparencia y un menor riesgo de corrupción. Es además una ley que deja a los municipios con menores servicios, con menos transparencia -insisto- y con más riesgo de corrupción política, no mejora en esta materia los controles internos y externos de las administraciones locales. Tampoco regula el estatuto de los concejales; mientras se mantiene esa competencia de urbanismo, como decía, se quitan competencias en servicios sociales primarios. Hoy mismo hemos podido recibir a representantes de colectivos sociales que venían precisamente a llamarnos la atención a todo el Congreso de los Diputados sobre lo que va a suponer de catástrofe a la hora de abordar la prestación de estos servicios públicos la consecuencia de esta ley. Hay que estar ciegos para no darse cuenta de que no resuelven los problemas que existen y son capaces de generar problemas allá donde no existían y donde había ciudadanos


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satisfechos por la prestación de los servicios que recibían de sus ayuntamientos. ¿Qué problema tenían los ayuntamientos para abordar en mejores condiciones aun la prestación de este servicio? Un problema de financiación. Abordemos, pues, la financiación y no quitemos la competencia a quien sabe ejercerla en buenas condiciones. Pues no, no hay más financiación, hay menos competencias, pero se mantienen, insisto, competencias en aquellas cuestiones que debieran de haberse revisado.

Además, mantiene una estructura municipal desmesurada, lo hemos explicado en muchísimas ocasiones. En España hay más de 8.000 municipios; casi 5.000 de menos de 1.000 habitantes; 1.000 de menos de 100 habitantes; solo 854 tienen más de 10.000 habitantes, el número mínimo que el Consejo de Europa considera necesario para prestar servicios adecuados a los ciudadanos. No lo dice Unión Progreso y Democracia, lo dice el Consejo de Europa, que es el número mínimo de habitantes para prestar servicios a los ciudadanos en condiciones de equidad, de calidad y de sostenibilidad. Pues no, no solamente no se camina hacia la fusión de municipios, sino que, además de mantener todos los municipios, lo que se hace es dotar de más competencias a las diputaciones. Esta es otra de las cuestiones en las que, en nuestro afán de pensar eso de que España es diferente, sobre todo en lo que es negativo, no se nos ocurre mirar lo que pasa en los países de nuestro entorno. Hemos hecho justo lo contrario de lo que han hecho todos los países de nuestro entorno después de la Segunda Guerra Mundial, que todos han ido a un procedimiento de fusionar municipios, pensando en algo que es elemental en cualquier país democrático y en la cabeza de cualquier persona que lo piense con un cierto rigor y con una capacidad de hacer autocrítica. El modelo territorial del Estado -el local también-, la parte de lo que es la estructura territorial, no es un fin en sí mismo, no es más que un instrumento al servicio de los ciudadanos. Si está demostrado que hay que revisar el instrumento, el tamaño, la categoría y las competencias, revisémoslas, porque el objetivo es prestar servicios a los ciudadanos y no mantener o crear chiringuitos nuevos. Esta revisión que han hecho en toda Europa, absolutamente en toda Europa, incluso en un país tan centralizado como Francia, que tenía la estructura determinada por ley después de la Revolución francesa, en España no se ha hecho, en España hemos preferido mantener ayuntamientos sin competencias y sin recursos y, a la vez, reforzar las diputaciones, reforzar la capacidad competencial y política de las diputaciones, que asumen servicios, por cierto con gran lío, porque no se sabe exactamente cuándo, en qué plazo y de qué manera van a asumir determinados servicios de los ayuntamientos. No lo sabe nadie, ni siquiera los alcaldes del partido que nos ha traído esta iniciativa, con gran lío -insisto-, con gran incertidumbre desde el punto de vista también de la organización y de la seguridad jurídica, pero a pesar de todo, la voluntad es reforzar las diputaciones, reforzarlas desde todo punto de vista, sin respetar los valores democráticos básicos, que es dar capacidad y competencia para que respondan ante los ciudadanos aquellos que han sido votados por los ciudadanos, porque los ciudadanos se van a encontrar votando concejales y alcaldes que luego no van a rendir cuentas ante ellos, porque las competencias sobre las que les podrían pedir cuentas resulta que las tienen las diputaciones, que no las han elegido directamente ninguno de esos ciudadanos. Por tanto, también en esta materia es una democracia de más baja calidad.

Cuando hablamos de las diputaciones no estamos hablando de un tema menor y que tenga que ver solamente con una estructura vieja, parroquial -lo he definido aquí en otras ocasiones-, que tiene que ver con lo definido en la Constitución de las Cortes de Cádiz, cuando en España no había autonomía política, no había diecisiete comunidades autónomas con autonomía política, y estaban única y exclusivamente la provincia, el municipio y el Gobierno de la nación. No, no solamente no lo hemos retocado, manteniendo ese modelo obsoleto, ancestral -que le gusta decir al ministro Montoro cuando se refiere a cosas de esta categoría-, sino que además esto nos cuesta mucho dinero. Estamos hablando de recursos públicos que son cuantiosos. Puesto que gobernar es decidir, y es decidir también cómo se distribuyen los recursos públicos, en una situación de gran necesidad política y económica como la que tiene España -política en el sentido de construir una democracia de mayor calidad, más transparente y más accesible, de ahí la necesidad de no perpetuar las diputaciones-, desde la otra perspectiva hay que tener en cuenta que nos cuesta un dinero que se lo estamos quitando a los ciudadanos por la vía de quitarles la prestación de los servicios básicos fundamentales. No es que hayamos bajado el presupuesto, es que lo hemos incrementado en los dos años de Gobierno de Rajoy, y en mucho, en tanto que con ese dinero podríamos poner, por ejemplo, 515 millones más para dependencia, para equipar con las dotaciones básicas que había en el Gobierno de España cuando llegó el Gobierno de Rajoy. Fíjense que no les digo más; las anteriores, que también son necesarias, no, simplemente para que desde el punto de vista de la dotación presupuestaria nos quedáramos como estábamos en el año 2011, o 100 millones para sanidad, para paliar una parte de los recortes que también hemos vivido desde 2011, o 3.900 millones para empleo,


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señora ministra, para paliar recortes de parados sin prestación, de fondos de garantía salarial, de políticas activas de empleo...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, tiene que finalizar.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Acabo.

O 447 millones, por ejemplo, para la ciencia. Hoy mismo, la mayor parte de los grupos parlamentarios nos hemos juntado con las personas que promueven la Carta por la Ciencia precisamente para hacer una apuesta por el futuro del país, porque sin educación y sin inversión en ciencia y en nuevas tecnologías, no hay futuro para nuestros jóvenes y para nuestro país.

En fin, señorías, se pueden hacer las cosas de otra manera, se pueden hacer las cosas mucho mejor. La ley que nos han traído no resuelve ninguno de los problemas y además crea problemas complementarios. Como se suele decir coloquialmente, han hecho un pan como unas tortas; han hecho muchísima propaganda y muy mala gestión política en esta materia. A nadie le sorprenderá que a estas alturas, finalizando mi intervención, diga que la posición de mi grupo parlamentario, como lo fue cuando salió de aquí la ley hacia el Senado, es radicalmente contraria y nuestro voto por tanto va a ser en contra.

Antes de bajarme del estrado, si la señora presidenta me lo permite, déjenme que les diga Zorionak eta Urte Berri On para todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras. (Rumores). Por favor, señoras y señores diputados, les ruego un poco de silencio. Es imposible escuchar a la ponente.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, hoy el Gobierno con el apoyo del Grupo Popular va a aprobar una ley con la que consuman la destrucción desde la estructura institucional democrática conseguida durante las últimas décadas. Con esta ley se eliminará la posibilidad de que la Administración local ejerza competencias en sanidad, educación y servicios sociales y, al acabar con la posibilidad de que desde los ayuntamientos se presten los servicios sociales, acabará con el valor de la proximidad que permitía la prevención, la detención y la actuación en políticas absolutamente necesarias para garantizar unos mínimos de cohesión y convivencia en el conjunto del Estado y traerá, sin duda -ustedes, señoras y señores del Grupo Popular lo saben-, un mayor sufrimiento para los de siempre, para los que están pagando esta farsa que es la crisis. La imposición de este duro ajuste institucional nos situará ante un nuevo modelo de Estado más centralizado y de escasas garantías democráticas, mientras que el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera que se pretende conseguir se harán a costa de menos servicios públicos, más caros y de peor calidad, con consecuencias nefastas para los intereses y los derechos de la ciudadanía. Eso sí, garantiza de manera clara un nuevo nicho amplificado de negocio para las grandes empresas prestadoras de servicios, que son en definitiva para quienes ustedes legislan, asunto este que queda negro sobre blanco en la propia exposición de motivos de esta ley, que dice que, entre sus objetivos básicos, está favorecer la iniciativa privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Ante esta evidencia, no me puedo resistir a resaltar el ejercicio de cinismo del que el señor Montoro hizo gala en el Senado cuando en su presentación dijo que este es un proyecto de ley que potencia los servicios públicos y, por tanto, no promueve en modo alguno su privatización. Desde luego, hay que tener cara. Y es que en el Senado el señor Montoro ha dejado algunas perlas que ponen de manifiesto el despropósito y las contradicciones en las que se cae inevitablemente cuando se buscan razones que ni la razón entiende. Así, reconocía en su intervención sin ningún tipo de pudor que esta ley limita el crecimiento del sector público local, así como sus organismos dependientes, estableciendo un periodo para que se corrijan las situaciones de déficit de estas entidades, debiendo ser suprimidas en caso contrario; para decir automáticamente después que este proyecto no elimina ayuntamientos, sino que fomenta la fusión de las corporaciones locales en la búsqueda de su eficacia. ¿En qué quedamos entonces, señores y señoras del Grupo Parlamentario Popular? Señor Montoro, ¿se eliminarán o no se eliminarán entes locales? Nosotros estamos convencidos y en condiciones de afirmar que las entidades locales menores están gravemente afectadas y en peligro con esta ley. Lo confirmamos nosotros y la propia Federación Española de Entidades Menores, que hasta el último minuto ha intentado frenar este desastre con


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enmiendas que no han sido escuchadas ni se han tenido en cuenta. Y aprovecho para saludar a sus representantes que están en la tribuna de invitados.

Esta ley limita y estrecha la capacidad de gobierno democrático en las administraciones locales, dejando en manos de la junta de gobierno local o del alcalde asuntos de primer orden como son la aprobación de los presupuestos o de los planes de ajuste, que ahora quedarán fuera del control democrático del pleno municipal, a la vez que refuerza e impulsa las diputaciones provinciales, instituciones de representación democrática indirecta que deberían haber sido eliminadas. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

En el Senado se han incorporado una serie de enmiendas que no solo no consiguen mejorarla, sino que, por el contrario, corroboran la incapacidad del Gobierno tras treinta y ocho borradores y múltiples modificaciones en el trámite parlamentario para abordar, con el apoyo y el consenso necesarios, una reforma de este calado. Ustedes aprueban así esta ley, pero ya les vaticinamos desde La Izquierda Plural que será muy difícil llevarla a cabo, no solo por su complejidad -que también-, sino porque ya saben que una vez aprobada será recurrida en el Tribunal Constitucional y seguirá contando con la firme oposición de la mayoría de alcaldes, alcaldesas y ediles de las comunidades autónomas y, sobre todo, con la oposición de la mayoría social de este país. Ustedes lo saben. Por eso, ahora han alargado los plazos para su puesta en marcha supeditándolos a nuevas leyes de financiación local y autonómica y a que pasen las elecciones. Pero estamos seguros de que ni con estas medidas preventivas podrán evitar el rechazo frontal de las mayorías del conjunto del Estado.

Señoras y señores del Grupo Popular, ustedes tienen la mayoría absoluta en esta Cámara, pero saben -y se lo repito- que no cuentan con la mayoría social para llevar a cabo el paquete de reformas con las que pretenden acabar el año dinamitando el conjunto de derechos sociales conseguidos con tantos esfuerzos. Estamos convencidos desde La Izquierda Plural de que tal y como se apruebe esta ley pasará como con otras, que no será posible cumplirla.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De las Heras.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Pàramo.

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Gracias, señor presidente.

Señorías, de entrada el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió quiere mostrar su extrañeza ante el hecho de que una enmienda a esta ley presentada por nuestro grupo y aprobada en el trámite del Congreso, la número 374 referida al artículo 57, haya sido contraenmendada en el Senado por el Grupo Popular, desautorizando así a los diputados y diputadas compañeros en esta Cámara. Señorías, esto no es un juego de niños. El hecho que acabo de narrar no tiene demasiada importancia en sí mismo pero demuestra la falta de criterio o el divorcio existente entre el Gobierno y el grupo en el que se apoya. Un Gobierno que más que proponer leyes lo que hace es dictarlas, obviando que los electos están aquí y no allí, en los ministerios. Se dijo en su día que esta ley ni sirve para racionalizar ni mucho menos para dar sostenibilidad a la Administración local y así es. Desde su inicio, la Lrsal, como se la conoce, ha ido dando tumbos de forma ridícula con mil y una versiones, alguna casi apócrifa, para acabar en una propuesta y, a pesar de haber reducido un número de despropósitos, continúa siendo una mala ley convertida a la vez en nuevo atentado contra las competencias del Estatut de Autonomía de Cataluña. Viendo el contenido y los apoyos, constatamos que se ha consensuado casi con criterios mercantiles en lo que respecta a las competencias establecidas en determinados estatutos de autonomía. Al contrario que con Cataluña, se respetaron de buen inicio los estatutos del País Vasco y de Navarra, y en el Senado se han incorporado pequeños reconocimientos a Canarias, Aragón e Illes Balears. No nos quejamos, los felicitamos, pero nos preguntamos: ¿tanta generosidad no será para castigar ejemplarmente a los díscolos catalanes? Con rigor, pero con cierto sentido del humor, por analogía y en el marco de los populares cómics de Astérix y Obélix, ¿no será que el Gobierno exhibe tales actitudes para castigar a aquel pueblo irreductible del noroeste del imperio? Señorías, no duden de que el pueblo catalán no necesita de ningún druida llamado Panoramix que les prepare una poción mágica de la resistencia. No, son ustedes los que aportan los ingredientes y uno de los componentes que más contribuyen a mejorar los efectos de la poción mágica del independentismo no es otro que el cúmulo de leyes que se van aprobando, ricas en prepotencia y faltas de sentido común. ¿A qué leyes me refiero? Sencillamente a las que aprueban contra todos, con el voto solitario del PP, aunque sea en algunos casos con algún pequeño apoyo más interesado que objetivo.


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Señorías, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local no es buena para Cataluña ni lo es para el resto del Estado. No se ha negociado, se ha impuesto y, si bien en su preámbulo se dice que modifica la Ley reguladora de bases del régimen local, podemos comprobar que tal afirmación es falsa. La Lrsal desnaturaliza la Ley de Bases, la que se aprobó en 1985, en plena Transición; una época en la que predominaba el espíritu de consenso y de participación. ¿Había que actualizar las leyes de bases y de las haciendas locales? Claro que sí, pero sin traicionarlas ni en su espíritu ni en su racionalidad. En el preámbulo de la Ley de Bases podemos leer: La organización democrática de nuestra convivencia representada por la Constitución es un hecho singular de nuestra convulsa historia de los últimos siglos; singular por la importancia de los asuntos y viejas querellas que abordó. Así, en lo tocante a libertades -se refiere a la Constitución- y organización territorial del Estado, en torno a los cuales tal historia es pródiga en mostrarnos las notables y graves diferencias que dividían el sentimiento de los ciudadanos y eran causa de profundas alteraciones en la cosa pública. Fíjense, señorías, libertades y organización territorial del Estado, año 1985. Y continúa: Uno de los ámbitos en que mayores efectos produce la aprobación de nuestra querida Constitución es el relativo a la Administración local, tan necesitada de adaptación a la nueva realidad. En el día son numerosas las pruebas de urgencia de definir desde el Estado el alcance de la autonomía que se reconoce a estas entidades tan ricas en historia y en muestras de su importante contribución a la defensa y engrandecimiento de España -textual-, pero tan expuestas a sufrir los males que puedan derivarse de una abusiva limitación de su capacidad de actuación en los asuntos que son del procomún de las villas, pueblos, parroquias, alfoces, comunidades y otros lugares que con distintos nombres son conocidos en las diferentes comunidades de nuestra patria. Atención a lo que dice: Definir desde el Estado el alcance de la autonomía que se reconoce a estas entidades tan ricas en historia y en muestras de su importante contribución a la defensa y engrandecimiento de España. La Lrsal limita de forma lacerante la autonomía municipal y se carga las entidades menores, órganos importantes de democracia participativa.

También deberían haberse tenido en cuenta los siguientes párrafos: La gravedad del asunto no admite demora y mucho menos cuando por mor de la nueva configuración territorial del Estado, las nuevas comunidades autónomas -estamos en el año 1985- esperan, algunas con impaciencia, a que el Estado trace las líneas maestras definitorias de estas entidades para, inmediatamente, proceder al ejercicio de las facultades que sus novísimos estatutos les confían. La Lrsal, señorías, no respeta el Estatuto de Cataluña; abunda en el agravio y la ofensa que significó la devaluación y descrédito adquiridos tras el vodevil representado en el Tribunal Constitucional. Este es uno de los principales ingredientes que dan valor a aquella poción mágica, a la que me he referido, en alusión a los díscolos catalanes.

Continuando con la Ley de Bases de 1985, dice así: Se comprenderá fácilmente que, al elaborar las presentes normas reguladoras de régimen local, el legislador sienta la carga de una especial responsabilidad que le incita a extender sus reflexiones a todos aquellos ámbitos relacionados con el asunto. Y es que las instituciones que conforman el régimen local, además de su importancia intrínseca, además de su inmediata proximidad, no ya a colectivos más o menos nutridos sino a la práctica totalidad de los ciudadanos, poseen una extraordinaria densidad histórica, cuentan con un pasado multisecular, susceptible por sí solo de proporcionar valiosas enseñanzas y de orientar el curso del legislador. Señorías, el Congreso poco ha podido aportar al buen fin de la presente ley y queda claro que sus redactores en absoluto han bebido de las fuentes que inspiraron la Ley de Bases. Con tristeza, vemos cómo se está dilapidando el capital que representa o que representaba la voluntad de consenso legado por la generación que hizo posible la Transición. Sin consenso se pierde toda esperanza de convivencia en libertad.

Señorías, resumiendo los efectos de la Lrsal: a la ley le falta la concurrencia efectiva de los grupos parlamentarios; también las aportaciones objetivas de la representación genuina del municipalismo, la Federación Española de Municipios y Provincias, en Cataluña la ACM y la Federació de Municipis de Catalunya. Por lo que se refiere otra vez a Cataluña, adolece de un diálogo sincero y efectivo con su Gobierno, metido, como está, en la redacción de la propia ley de la Administración local, formulada en virtud de las competencias reconocidas en su Estatuto de Autonomía; una nueva provocación. De la Lrsal tampoco se salva la exposición de motivos redactada a título de justificación. Es un compendio de falacias sobre un supuesto desbarajuste municipal sin tapar el verdadero objetivo, una nueva vuelta de tuerca en la escalada recentralizadora del Partido Popular. Es así, irracional e insostenible. Si lo que pretendían era reducir el déficit de la Administración, los buenos resultados generalizados en las administraciones locales de 2012 y de 2013 es un contraste con los malos resultados de la Administración General del Estado, y esto no sirve de justificación. Incluso podemos afirmar que la Lrsal, además de contravenir los principios


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de la Ley de Bases de Régimen Local, también ensombrece los principios que rigieron la Ley de Estabilidad Presupuestaria. No podemos olvidar que estas y otras razones motivaron que decenas de miles de concejales y alcaldes, encabezando a multitud de ciudadanos, sindicatos y funcionarios, se manifestaran en contra de la ley el pasado día 12, a las doce, en miles de municipios de todo el Estado.

Voy acabando, señor presidente. En definitiva, señorías, otro día triste en la historia del municipalismo. El Estado español siempre ha ido avanzando así, dos pasos adelante y uno para atrás, como si tuviera miedo a ceder responsabilidades y libertad a sus ciudadanos. Con esta ley volvemos a la vida en blanco y negro, la de los programas televisivos de Cine de barrio. Repetiré algo que ya expresé en el anterior debate. Para quienes somos municipalistas convencidos, esta ley es una traición a los municipios. Para quienes nos sentimos herederos de la Transición española, de su capacidad de generar consenso y respeto a la diversidad del Estado plurinacional, esta ley es una nueva traición a Cataluña. Para quienes somos entusiastas defensores de la eficacia y del valor del dinero público, esta ley es un insulto a la inteligencia. Lo que no gustaba a nadie se ha convertido en ley y ha conseguido concertar una única unanimidad: ni sirve para racionalizar ni mucho menos para dar sostenibilidad a la Administración local. Y añado: ¿Se han preguntado por qué hoy y siempre nos vamos a referir a esta ley con el nombre de Arsal, con una A al principio, la A de anteproyecto? Muy sencillo, señorías, porque nadie del mundo municipalista la va a suscribir como propia. Tampoco los miles de concejales y alcaldes alineados en el Partido Popular.

Muchas gracias, señor presidente. A todos, Bon Nadal. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pàramo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Zarrías.

El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Señor presidente, señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista, lamentablemente, hoy tenemos que ratificar el sentimiento del municipalismo español de rechazo total y frontal a lo que entendemos el mayor intento de destrucción de los ayuntamientos y entidades locales, base de la democracia y de nuestro Estado del bienestar. Avisamos desde el principio de la tramitación -por cierto, fugaz, sin comparecencias, a uña de caballo- que este proyecto era un error garrafal. No es la reforma que necesitan nuestras entidades locales. Pero, además, hoy tenemos que decirle que el proyecto ha resultado un Frankenstein inaplicable, eliminando unos trozos y cosiendo otros que ni son coherentes ni responden a los objetivos que tenía el preámbulo de la ley.

Señorías, si el propósito de las tramitaciones parlamentarias es mejorar, perfeccionar los textos, en este caso la tramitación solamente ha sido útil para obtener uno que viene a descafeinar el papel de las entidades locales y de los servicios que se prestan por parte de estas. La incorporación de enmiendas del Partido Popular ha supuesto nuevos preceptos que simple y llanamente vienen a privatizar y a desmantelar los servicios que son patrimonio común de todos los vecinos. Tras haber intentado explicarles las consecuencias que acarrearía esta ley, dándoles el aviso del efecto demoledor que tendrá y va a traer en la tramitación exprés que estamos llevando en estos momentos, les anuncio que pese a la aprobación hoy definitiva de la ley, los socialistas no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Nuestra determinación viene motivada por el rechazo de la ley. Estamos todos de acuerdo, salvo alguno de ustedes. Y digo salvo alguno de ustedes porque habrán escuchado a algunos alcaldes o al presidente de la Junta de Galicia decir que esta ley es una barbaridad, que en Galicia no se va a aplicar. Ustedes volverán hoy aquí a decirnos, de nuevo, que no nos hemos leído el proyecto, que no tenemos ni idea, que no sabemos de qué hablamos. Como siempre, nos equivocamos todos menos ustedes. Pero la verdad es que, tras la lectura detallada de este texto, estamos aún más aterrados. Puede que ninguno de los que la hemos leído tengamos el coeficiente intelectual del señor ministro de Hacienda, aunque últimamente no va muy fino. Esta, señorías, es otra broma de mal gusto del ministro de Hacienda, como cuando habla de que no hay amnistía fiscal, de nuestros Depardieu de turno, de la caída de nuestro cine, de que los salarios no han bajado o de que la Agencia Tributaria está llena de socialistas. ¿Cree usted, señor ministro, que a estas alturas alguien le cree? Le puedo asegurar que los socialistas, no.

Como le decía, ante su decisión de demoler el orden municipal, los servicios públicos, el bienestar que estos representan, el Partido Socialista no va a cruzarse de brazos. En cuanto cambie la mayoría parlamentaria de esta Cámara, derogaremos la ley. Mientras, vamos a trabajar para que el Tribunal Constitucional acabe con este despropósito. Y lo vamos a hacer en tres días. En primer lugar, presentando un recurso suscrito por 50 diputados o 50 senadores por el ataque a la garantía constitucional de la autonomía local. Quiero desde aquí formalmente dirigirme al resto de grupos parlamentarios de la Cámara que han compartido con el Grupo Socialista la oposición a esta ley para colaborar en la redacción del


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recurso. La cuestión es clara y meridianamente transparente, la doctrina del Tribunal Constitucional obliga a la preservación de la institución local en términos reconocibles para la imagen que la misma tenga desde el punto de vista social, en cada tiempo y en cada lugar; dicha garantía es desconocida cuando la institución está limitada de tal modo que se le priva prácticamente de sus posibilidades de existencia real como institución. Cualquier decisión de los poderes públicos que desvirtúe el estatus esencial de los entes locales entendemos que es inconstitucional. En segundo lugar, se presentarán recursos por parte de los Gobiernos de las comunidades autónomas -lo han anunciado ya Andalucía, Asturias, Cataluña, Canarias, esperamos que lo hagan por coherencia, por sus declaraciones, Galicia y Castilla y León-, y le adelanto que los socialistas lo presentaremos en todos los parlamentos y asambleas autonómicas. Pero también queremos, en tercer lugar, utilizar la vía de autodefensa de la autonomía local por parte de las entidades locales que quieren protegerse de esta agresión. Esa actuación está claramente determinada en el artículo 75 ter de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permite presentar recursos a un séptimo de los ayuntamientos que supongan un sexto de la población. No le quepa duda, señor ministro, señorías, que serán más de 1.160 ayuntamientos, que representarán a más de 7,5 millones de españoles, los que se sumen a este recurso para defender sus derechos.

Hoy terminamos la tramitación exprés, una tramitación que ha incorporado algunos cambios al texto, unos impulsados por el Grupo Parlamentario Socialista, como es el respeto, no todo lo necesario, a la singularidad insular tanto de Canarias como de Baleares, y también el reconocimiento de las entidades locales menores. No obstante, en este sentido, no lo han recogido en el articulado sino en una transitoria. Esperemos que no se trate de una trampa amparada en la buena voluntad que han demostrado los representantes de las entidades locales durante todo este proceso. Pero los cambios introducidos, en conjunto, no han mejorado un proyecto que sigue sin cumplir con los objetivos señalados. Se hablaba de clarificación competencial, de racionalización de la estructura organizativa local. Nada más lejos, todo lo contrario, a este desbarajuste y desorden competencial suman ustedes un traspaso universal de las competencias de los ayuntamientos a las diputaciones provinciales, ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Es evidente que lo que persiguen es usarlas como canal para traspasar los servicios locales a manos privadas, de forma que se ajusten tasas y precios públicos para asegurar el lucro de empresas y subidas tributarias a las familias. Pero no solamente queda ahí, también todos los ayuntamientos, pequeños y grandes, tendrán que pasar las competencias en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales, luego irán a las diputaciones provinciales para de nuevo plantearse su ida a los municipios. Bien, posiblemente se trate de una prestación de servicios que estará llena de socialistas, como le ocurre a la Agencia Tributaria.

Estamos hablando de una red de servicios sociales muy importantes que todos conocemos y si faltaba alguna duda de cuáles eran sus intereses, simplemente les pido que lean la enmienda que hoy hemos aprobado a la ley de factura electrónica, concretamente al artículo 65, que modifica el artículo 75 de la Ley de Contratos del Sector Público, que elimina el requisito de la clasificación de las empresas, necesaria para poder participar en licitaciones públicas en los contratos que no sean de obras, verde y con asas, es decir, los contratos de servicio, una trampa más a la que nos tienen acostumbrados. En los últimos días, señorías, el Tribunal de Cuentas ha dejado claro que los servicios prestados por manos privados son más caros que los que se prestan desde el sector público en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes; es decir, el Tribunal de Cuentas, que creo que no está lleno de socialistas, dice claramente que los servicios que se prestan desde el ámbito privado en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes son más caros, menos eficaces y menos eficientes.

Antes de terminar, déjenme añadir algo que me parece importante. Como yo sí he leído la ley, he visto algo que ponen ustedes en la disposición final cuarta; disposición final cuarta que viene a cambiar buena parte de lo que ha sido el origen del problema económico de este país, cuando ustedes en 1998 decidieron que toda España era urbanizable y, por lo tanto, especulable, y vuelven a posibilitar la especulación con el suelo de los ayuntamientos para pagar gastos corrientes. Señorías, si esto es el bálsamo de Fierabrás, si esto que estamos haciendo va a acabar con los problemas que tiene nuestro país y nuestros ayuntamientos, ¿por qué no entra en vigor al día siguiente de su publicación? ¿Por qué dilatan hasta diciembre de 2015 las medidas que ustedes denominan más importantes? ¡Ah!, es que en mayo hay elecciones municipales y no tienen el valor de decirle a la gente lo que va a pasar con los servicios antes de que los ciudadanos elijan a sus alcaldes y alcaldesas. (Aplausos). El Grupo Socialista va a seguir combatiendo esta ley con lo que antes le comentaba, esos recursos ante el Tribunal Constitucional y, por supuesto, la derogación dentro de dos años, cuando el Gobierno cambie de color. Mientras, nos van a


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seguir teniendo enfrente, vamos a seguir defendiendo a los ayuntamientos y, por tanto, a los ciudadanos, que son los verdaderos paganos de este despropósito.

Señor Montoro, señores del Gobierno, señorías, dentro de unos minutos con su mayoría absoluta, como ocurrió el martes en el Senado, van a ganar esta batalla, pero les aseguro que más temprano que tarde -y sin un ánimo belicista- van a perder la guerra de este nuevo hachazo al Estado del bienestar, en este caso en el tronco de los ayuntamientos. Señorías, no les quepa la menor duda de que van a ir de victoria en victoria hasta la derrota final.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zarrías.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Merino.

El señor MERINO LÓPEZ: Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, le agradezco su presencia en este debate; aunque no lo ha hecho ninguno de los otros portavoces que se han dedicado a criticarle, quiero agradecerle su presencia y el esfuerzo por todo lo que está haciendo por el municipalismo en estos dos años de Gobierno. (Aplausos).

Señorías, abordamos hoy el último trámite parlamentario del proyecto de ley conocido vulgarmente como de reforma local, que se ha ido mejorando durante toda la tramitación parlamentaria -incluyendo la tramitación en el Senado- y en todos los informes previos. Esta reforma afecta a una de las partes sobre la que se sustenta la arquitectura institucional que nos dimos los españoles con la Constitución de 1978. Señorías, ustedes dicen y repiten que hay unanimidad en contra de este texto pero nada más lejos de la realidad y de la verdad. La mayoría de las comunidades autónomas dieron apoyo al texto en la reciente Comisión General de Comunidades Autónomas el pasado 26 de noviembre, además de los miles de ayuntamientos que han manifestado públicamente su apoyo a esta reforma. Porque era y es necesaria y urgente, porque el Partido Socialista y el señor Zarrías -que fue secretario de Estado del Ministerio de Administraciones Públicas- en ocho años no hicieron nada por los ayuntamientos, sino engañarles en los Presupuestos Generales del Estado (Aplausos), engañarles en las liquidaciones, hacer unos PlanE que fueron un auténtico derroche económico reconocido por todas las instituciones. ¿Y usted, señor Zarrías, viene aquí a darnos lecciones a nosotros? ¿Hoy viene a darle lecciones al señor Montoro de cómo se gestionan los ayuntamientos? Tuvieron ocho años -usted y el señor Chaves- para hacerlo y no hicieron absolutamente nada, salvo llevar a los ayuntamientos a la ruina. (Aplausos). Para nosotros es el apoyo de las comunidades autónomas, de los miles de ayuntamientos, de la Federación Española de Municipios y Provincias, del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario Vasco -al que agradezco su apoyo-, del diputado de Unión del Pueblo Navarro, y de la ciudadanía, señor Zarrías, porque la ciudadanía apoya esta ley (Rumores.-Aplausos). Sí, sí...

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor diputado.

Ruego silencio. Está hablando un orador, escuchen con respeto. Continúe.

El señor MERINO LÓPEZ: Ustedes han formulado aquí reiteradamente la crítica de que esta ley pretende favorecer la privatización de los servicios y, como ha dicho el señor Zarrías, hacer ricos a algunos amiguetes. (Rumores). Yo, si las señorías del Grupo Socialista -que veo que tienen poco interés en este debate- y la portavoz de Izquierda Unida, a la que ahora me quiero dirigir, lo permiten, pretendía decir, señorías, con su permiso... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, pido silencio. Si no hay silencio, suspenderé el Pleno un rato hasta que se tranquilicen sus señorías. (Protestas). Si no quieren eso, mantengan silencio. Hable usted, señor Merino. (Rumores). Señora Álvarez...

El señor MERINO LÓPEZ: Ustedes han criticado de forma reiterada que esta ley pretende favorecer las privatizaciones y yo les hago la siguiente reflexión, señor Zarrías, señora portavoz de Izquierda Unida: ¿Para qué hace falta una ley que favorezca las privatizaciones si ustedes donde gobiernan lo privatizan todo? ¿Para qué es precisa una ley que privatice cuando el señor Caballero, alcalde de Vigo, tiene 1 de cada 3 euros de su presupuesto privatizado? ¿Para qué hace falta esta ley? (Rumores y protestas.-Aplausos). Sí, sí. Señora portavoz de Izquierda Unida, usted, que ha criticado que esta ley se carga los servicios sociales, ¿quiere explicar a los 350 diputados de esta Cámara cómo es posible que la ayuda a domicilio, que está privatizada en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, gobernado por Izquierda Unida


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desde el año 1983, no sea cargarse las políticas sociales y sí es cargarse las políticas sociales cuando no lo hace Izquierda Unida? (Aplausos). ¿Quiere usted explicárselo a los 350 diputados? Señoría, cuando el Partido Popular... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, vuelvo a pedir silencio. Es que ustedes mismos están creando una mala imagen de este Congreso cuando un orador no puede expresar su razonamiento. Escúchenlo, y al final pueden aplaudir o disentir.

Señor Merino.

El señor MERINO LÓPEZ: Señorías, ustedes insulten, ustedes mientan; nosotros seguiremos reformando y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. (Aplausos).

Señorías, esta ley es una de las de mayor garantía para el municipalismo español. (Un señor diputado: ¡Sí señor!). Para hacer política social hay que tener dinero y esta ley va a conseguir lo que ustedes no han conseguido en los ocho años que gobernaron, y es que cuando las comunidades autónomas deleguen en los ayuntamientos van a pagar. ¿Por qué? Para que no pase lo que hacen el Gobierno socialista e Izquierda Unida en la Junta de Andalucía... (Rumores y protestas.-El señor Sixto Iglesias pronuncia palabras que no se perciben). Claro, señorías, es que en este país...

El señor PRESIDENTE: Señor Sixto, le llamo al orden por primera vez.

Señor Merino.

El señor MERINO LÓPEZ: Señorías, yo comprendo que les duelan las verdades, claro que duelen las verdades (Protestas.-Aplausos), como nosotros estamos cansados de escuchar sus mentiras. Lo que no se puede hacer es subir todos los días a esta tribuna a decir que el Partido Popular se carga las políticas sociales y donde ustedes gobiernan, en la Junta de Andalucía, Partido Socialista e Izquierda Unida, le deben a los ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular 121 millones de euros de políticas sociales. (Aplausos.-Protestas.-El señor Heredia Díaz: ¡Mentira!), 121 millones de euros de políticas sociales, señorías. Si, si, señor Heredia, preocúpese de los ayuntamientos y lo comprenderá.

A pesar de todo lo que ustedes digan, a pesar de sus críticas, esta es una ley que garantiza los servicios públicos esenciales. (Protestas.-Varios señores diputados: ¡No!). Sí, señorías, sí. Por fin, ha habido un Gobierno, ha habido un ministro capaz de hacer todo lo que los municipalistas llevábamos años y años diciendo que queríamos, que era aclarar las competencias municipales; el ministro Montoro, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno del presidente Rajoy ha sido el primero que ha conseguido llevarlo a la práctica. Por lo tanto, en vez de tanta crítica, yo creo que hay que reconocer las cosas que se hacen bien.

Me parece muy bien que ustedes lleven todo al Tribunal Constitucional, están en su pleno derecho (Rumores), y nosotros lo respetamos absolutamente, pero qué triste es, señor Zarrías y señor Rubalcaba -creo que usted debería tomar carta en este asunto- que el Grupo Parlamentario Socialista no haya presentado en el trámite en el Congreso ni una sola enmienda con una idea. (Protestas.-La señora Pérez Domínguez pronuncia palabras que no se perciben). No, no, perdón, señorías, léanse su...

El señor PRESIDENTE: Señora Pérez Domínguez, por favor, que no está usted en el uso de la palabra.

El señor MERINO LÓPEZ: De verdad se lo digo, es muy triste que en la única enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista pusiera supresión. Ni una sola idea, es el único grupo parlamentario que no ha sido capaz de aportar una sola idea a este proyecto de ley, porque todos los demás grupos han criticado con dureza, pero han sido capaces de aportar ideas. De verdad, yo creo que ustedes tienen que hacer una reflexión muy seria (Una señora diputada: ¡No!) sobre dónde están, si han vuelto, si se han ido o hacia dónde pretenden llegar hoy. (Aplausos).

Señorías, aunque se diga que esta ley quita competencias a los ayuntamientos, es absolutamente falso. (Rumores). Los que se han leído la ley -y el señor Zarrías se la ha leído y la ha entendido- saben que ahora mismo con esta ley será el ayuntamiento el que solicite la colaboración de la diputación, no la diputación la que le quite al ayuntamiento la competencia. Por lo tanto, no hay nada de quitar competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. En el trámite de enmiendas en el Senado se han resuelto problemas de las entidades locales, se ha llevado a cabo una mejora que era necesaria. Hay aquí algún parlamentario que no se había enterado de que el coste estándar se había quitado de en medio.


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Como el señor Zarrías bien sabe, ya no existe el coste estándar en la ley, existe el coste efectivo, pero ha habido alguna parlamentaria, portavoz de algún grupo, que todavía no se había enterado de que eso ya no existe. Se respetan los regímenes forales del País Vasco y de Navarra y se han resuelto situaciones de otras comunidades autónomas que era necesario llevar a cabo. Se ha mejorado en la tramitación aspectos de los cabildos y de los consejos insulares y todas las cuestiones que afectaban a las Eatim.

Señorías, los ayuntamientos han realizado un esfuerzo enorme, y este grupo parlamentario quiere reconocer públicamente el esfuerzo que los más de 8.000 alcaldes y miles y miles de concejales en toda España, de todos los colores y signos políticos, han llevado a cabo en estos dos años. Ese esfuerzo de los alcaldes y concejales, junto con las medidas adoptadas por el Gobierno de España y por el ministro Montoro, han permitido que los ayuntamientos que estaban en déficit hoy estén en superávit, y nosotros queremos agradecer al conjunto de la sociedad española, a los alcaldes y concejales y a las medidas del Gobierno que esa situación nos esté ayudando a salir de la crisis.

Nosotros, señorías, vamos a seguir reformando. Lo haremos solos o acompañados de ustedes, pero lo evidente es que España está empezando a salir de la crisis, que esta ley pone el principio de la sostenibilidad como norma de pauta de los ayuntamientos (Rumores y protestas) y pone a los ayuntamientos de España en el siglo XXI. Ustedes se han quedado en el siglo XIX, y lo lamentamos profundamente.

Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores y protestas.-El señor Zarrías Arévalo pide la palabra.-La señora De las Heras Ladera pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Merino. (Continúan los rumores). Señorías, les ruego silencio. Señor Canongía, le ruego silencio.

Señor Zarrías.

El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Sí, señor presidente, por alusiones. (Protestas.-Rumores.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Ha sido usted nombrado, en efecto. Tiene usted dos minutos.

El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Me han nombrado treinta veces por lo menos. (Risas.-Una señora diputada: Necesita 30 minutos). ¿Puedo?

El señor PRESIDENTE: Dos minutos.

El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Quería decirle al señor Merino que efectivamente fui secretario de Estado, de lo que me siento muy orgulloso, que mi Gobierno, del que yo formaba parte, presentó un proyecto de ley que tuvo el visto bueno de la FEMP y de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios, incluido el suyo. No está aquí la persona que a los pocos días me dijo: Perdona, no es tiempo de acuerdos. (Rumores.-Protestas). Eran los tiempos en los que el señor Montoro decía: Cáigase España, que el PP vendrá a levantarla.

Gracias. (Aplausos.-Rumores).

El señor PRESIDENTE: Ha sido también aludida la señora De las Heras. Tiene dos minutos. (Rumores). Luego contestará el señor Merino.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.

Muy brevemente, quería decirle al señor Floriano que cuando acuse... (Protestas.-Varios señores diputados: No, no). Perdón, Merino, perdón, disculpen sus señorías, el señor Merino. Disculpe, señor Floriano.

El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, por favor, vamos a escuchar a la señora De las Heras. (Rumores).

La señora DE LAS HERAS LADERA: A ustedes les molesta que se cambie un nombre y, sin embargo, no les molesta en absoluto hacer este tipo de leyes en contra de toda la ciudadanía (Rumores y protestas) utilizando la demagogia y el folclore, que es lo que le gusta de verdad al señor Merino, para tapar la vergüenza de lo que hoy se está aprobando en esta Cámara Baja. (Protestas.-Rumores). Y, señor Merino, también le digo que se lea, en un ejercicio de expresión lectora, la ley porque lo dice claramente


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en su exposición de motivos: que pretende potenciar la privatización de los servicios públicos. (Protestas). Y allí donde gobierna Izquierda Unida, tendrá que venir con los datos objetivos que puedan demostrar que nosotros allí donde gobernamos no defendemos a los vecinos, a las vecinas, a la ciudadanía y los servicios públicos. (Rumores y protestas).

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De las Heras.

Señor Merino.

El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Señor Zarrías... (Protestas.-Rumores).

El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, por favor. A ver si terminamos ya el incidente.

El señor MERINO LÓPEZ: En nombre de un buen amigo y compañero al que usted ha tenido el detalle de no citar pero que yo voy a hacerlo, que se llama Juanma Moreno, lo que usted ha dicho no es cierto (Rumores). Lo que usted ha dicho es absolutamente falso, porque ustedes dijeron que no había financiación y que, por lo tanto, no iba a haber nueva norma municipalista.

Y, señora de Izquierda Unida, en nombre del señor Floriano y en el mío propio, en nombre de los dos (Risas) y de todo el grupo parlamentario, señoría, de verdad se lo digo, de todo corazón, el día que ustedes practiquen en Rivas Vaciamadrid lo mismo que están diciendo aquí, me creeré algo de lo que usted dice. (Aplausos.-Rumores.-Protestas).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Merino.

Cuando se discutía el punto 33, el señor Campuzano ha pedido que se lea un texto, que el secretario primero de la Cámara va a proceder a leer.

El señor SECRETARIO (Gil Lázaro): Con la venia, señor presidente.

"Diario de Sesiones" número 169, de 27 de mayo de 2010. El señor Duran i Lleida, en el párrafo señalado por el señor Campuzano, dice: "No podemos compartir este decreto porque no estamos para nada de acuerdo -vamos a defender lo que diré después- con la posición que mantienen respecto a la congelación de las pensiones por injusta, y porque al mismo tiempo contradice algo que es básico. Usted, señor presidente, es el primer presidente del Gobierno desde que Convergència i Unió propuso en su día el Pacto de Toledo que contraviene las indicaciones del mismo, porque la decisión que adoptan en este real decreto-ley de congelar las pensiones contraviene el acuerdo del Pacto de Toledo de que en cualquier caso van a incrementarse conforme al nivel del coste de la vida.

Por todas estas razones, señor presidente, no podemos apoyar su decreto-ley".

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario.

En dos minutos pasaremos a votar. (Pausa).

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LOS NUEVOS RECORTES Y EL CAMBIO UNILATERAL DE MODELO SANITARIO Y EL CONSIGUIENTE RECHAZO DE LOS CIUDADANOS. (Número de expediente 173/000126).

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación. Quiero decirles que se ha reducido el tiempo de voto a la mitad y que el tiempo previsto de votación será del orden de los cuarenta y cinco minutos.

Comenzamos con la moción del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural sobre los nuevos recortes y el cambio unilateral de modelo sanitario y el consiguiente rechazo de los ciudadanos. Se va a votar en sus términos, pero separada por puntos.

Punto 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 143; en contra, 182.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


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Punto 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 141; en contra, 180; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 144; en contra, 182.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 120; en contra, 196; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 118; en contra, 196; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 118; en contra, 197; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 129; en contra, 195; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 139; en contra, 180; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

DEBATE RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN POR LA CÁMARA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17.1 DE LA LEY ORGÁNICA 5/2005, DE 17 DE NOVIEMBRE DE LA DEFENSA NACIONAL. (VOTACIÓN):

- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 13 DE DICIEMBRE DE 2013 POR EL QUE SE AUTORIZA EL DESPLIEGUE Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS EN LOS APOYOS A LA MISIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA. (Número de expediente 095/000003).

El señor PRESIDENTE: Votación del nuevo punto que introdujimos, que es el relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005. Solicitud de autorización por el


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Congreso de los Diputados del acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013 por el que se autoriza el despliegue y la participación de las Fuerzas Armadas españolas en los apoyos a la misión de Naciones Unidas para la estabilización de la República Centroafricana. Hay tres votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325, más 3 votos telemáticos, 328; a favor, 306, más 3 votos telemáticos, 309; en contra, 2; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DE IMPULSO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y CREACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS EN EL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 121/000055).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado.

En primer lugar, proyecto de ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público.

Comenzamos con la enmienda al preámbulo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 205; en contra, 100; abstenciones, 17

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 2, apartado 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 308; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional primera (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 193; en contra, 2; abstenciones, 129.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la disposición final tercera.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 181; en contra, 119; abstenciones, 26.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL EN EL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 121/000063).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.

Comenzamos con la enmienda al artículo primero. Quince.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 301; abstenciones, 29.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional cuarta (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 296; en contra, 1; abstenciones, 35.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final quinta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 296; en contra, 20; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de enmiendas del Senado a este proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 182; en contra, 131; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

VOTACIÓN DE CONJUNTO.

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto por ser ley orgánica. Se han emitido tres votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332, más 3 votos telemáticos, 335; a favor, 185, más 2 votos telemáticos, 187; en contra, 143, más 1 voto telemático, 144; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO. (Número de expediente 121/000064).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley del sector eléctrico.

Comenzamos con las enmiendas al preámbulo, artículo 14.4 y 14.9, disposición adicional decimoquinta (nueva), disposición transitoria décima, disposición transitoria decimoquinta (nueva), disposición transitoria decimosexta (nueva), disposición final primera, disposición final quinta (nueva) y disposición final sexta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 182; en contra, 123; abstenciones, 26.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a los artículos 3, 7, 9 y 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 198; en contra, 119; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a los artículos 4 y 14.8 c).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 203; en contra, 125; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a los artículos 30 y 53.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 197; en contra, 117; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a los artículos 34, 38, 40, 44, 46, 47, 48 y disposición adicional decimonovena (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 203; en contra, 114; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo 64.15.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 194; en contra, 125; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo 65.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 206; en contra, 113; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo 73.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 194; en contra, 127; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la disposición transitoria tercera.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 180; en contra, 126; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición adicional decimosexta (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 181; en contra, 126; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición adicional decimoséptima (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 180; en contra, 126; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición adicional decimoctava (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 180; en contra, 145; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


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Enmiendas a la disposición adicional vigésima (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 194; en contra, 31; abstenciones, 105.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición derogatoria única.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 179; en contra, 144; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de enmiendas del Senado a este proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 198; en contra, 127; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD Y DEL ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000068).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social.

En primer lugar, enmienda al preámbulo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 181; en contra, 141; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 180; en contra, 125; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional tercera (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 180; en contra, 139; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional cuarta (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 180; en contra, 145; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2014. (Número de expediente 121/000069).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Comenzamos con las enmiendas al preámbulo; a los artículos 10, 29 y 40; y a la disposición adicional décima segunda bis (nueva), disposición adicional vigésima sexta, disposición adicional sexagésima quinta bis (nueva) y disposición adicional septuagésima sexta (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 180; en contra, 116; abstenciones, 35.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 179; en contra, 129; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 18.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 286; en contra, 24; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al segundo párrafo de la letra M en la enmienda por la que se modifica el artículo 21 apartado uno número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 133; en contra, 190; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas al artículo 21.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 316; en contra, 1; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo 58.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 185; en contra, 7; abstenciones, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 79.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 179; en contra, 6; abstenciones, 144.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas al artículo 86, disposición derogatoria tercera (nueva), disposición final quinta bis (nueva), disposición final décima novena (nueva) y disposición final vigésima (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 288; en contra, 1; abstenciones, 42.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición adicional tercera y a la disposición transitoria quinta (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 185; en contra, 139; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la disposición adicional trigésimo octava bis (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 300; en contra, 9; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional cuadragésima segunda.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 303; en contra, 8; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la disposición adicional cuadragésima segunda bis (nueva), disposición final sexta bis (nueva), disposición final décima segunda, disposición final décima segunda bis (nueva) y disposición final décima cuarta quater (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 201; en contra, 111; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la disposición adicional cuadragésima sexta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 307; en contra, 19; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional quincuagésima séptima bis (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 306; en contra, 8; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional quincuagésima séptima quater.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 295; en contra, 6; abstenciones, 28.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional quincuagésima séptima quinquiés.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 281; en contra, 7; abstenciones, 40.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional sexagésima.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 191; en contra, 122; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la disposición adicional septuagésima y a la disposición final cuarta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 320; en contra, 6; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la disposición transitoria sexta y a la disposición final vigésimo primera (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 185; en contra, 137; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la disposición final cuarta bis (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 192; en contra, 137; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final décima primera bis (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 6; en contra, 283; abstenciones, 40.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda a la disposición final vigésima segunda (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 318; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a los artículos 2 y 4 y al anexo I como consecuencia de la aprobación de otras modificaciones en el estado de gastos del presupuesto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 181; en contra, 5; abstenciones, 144.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votaciones de las enmiendas a las secciones.

En primer lugar, enmienda por la que se modifica la sección 12 relativa a Aecid para atender gastos derivados de proyectos de ayuda oficial al desarrollo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 213; en contra, 108; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Página 97




Enmienda a la sección 15 relativa a la tasa de supervisión de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 184; en contra, 127; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la sección 15 relativa a la cooperación económica local del Estado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 315; en contra, 8; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la sección 16 relativa a la reforma de diversas comisarías de la policía en Málaga y a la sección 20 relativa al Plan de Adecuación Turística de la Costa del Sol Occidental.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 310; en contra, 6; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la sección 17 relativas a la subvención al tráfico aéreo regular con el territorio no peninsular; a la sección 17 relativa a la nueva conexión ferroviaria del puerto de Tarragona; a la sección 18 relativa a la conservación y restauración de bienes culturales en el municipio de Calella; a la sección 23 relativa al Instituto Catalán del Suelo para proyecto LIFE; a la sección 26 relativa a la Fundación Miquel Valls; y al anexo de Inversiones Reales.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 298; en contra, 11; abstenciones 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la sección 17 relativa a la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 297; en contra, 23; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la sección 17 relativa a la redacción del proyecto de línea ferroviaria en Basauri-Bizkaia; a la sección 18 relativa a Donostia-San Sebastián 2016 y a la sección 23 relativa a obras en Guetaria para la estabilización del acantilado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 328; a favor, 301; abstenciones, 27.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la sección 18 relativa a las ayudas para la movilidad de estudiantes Erasmus.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 317; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a la sección 18 relativas a la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa.

Comienza la votación. (Pausa).


Página 98




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 298; en contra, 6; abstenciones, 26.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la sección 23 relativa a gastos en inversiones de carácter inmaterial y a la contribución voluntaria a programas de la FAO.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 206; en contra, 104; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la sección 26 relativa al Convenio con el Ayuntamiento de Breña Baja, isla de La Palma.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 198; en contra, 2; abstenciones, 127.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de enmiendas al proyecto de ley de presupuestos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 201; en contra, 113; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (Aplausos).

- PROYECTO DE LEY DE CAJAS DE AHORROS Y FUNDACIONES BANCARIAS. (Número de expediente 121/000049).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Enmiendas al artículo 43, a la disposición transitoria primera y a la disposición final novena.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 198; en contra, 12; abstenciones, 119.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la disposición adicional decimosexta (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 321; en contra, 5; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición transitoria segunda (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 306; en contra, 13; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de enmiendas del Senado a este proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 301; en contra, 8; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Página 99




- PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. (Número de expediente 121/000058).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. En primer lugar, enmienda a la exposición de motivos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 191; en contra, 29; abstenciones, 111.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas al artículo primero apartados nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veinticinco y a las disposiciones transitorias primera, segunda y séptima.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 181; en contra, 130; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo primero doce, al artículo segundo y a la disposición transitoria décima (antes undécima).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 200; en contra, 21; abstenciones, 108.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo primero dieciocho y treinta y seis (antes treinta y cinco).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329, a favor, 191; en contra, 11; abstenciones, 127.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo primero diecinueve.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 188; en contra, 112; abstenciones, 31.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas al artículo primero veintiocho y a la disposición adicional primera.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 201; en contra, 13; abstenciones, 117.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo primero treinta y dos (nuevo).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 185; en contra, 121; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas al artículo primero treinta y cinco (antes treinta y cuatro), a la disposición adicional decimoséptima (nueva) y a la disposición final cuarta (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).


Página 100




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 184; en contra, 113; abstenciones, 33.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la disposición adicional segunda (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 202; en contra, 10; abstenciones, 119.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional tercera (antes segunda).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 201; en contra, 18; abstenciones, 110.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional decimosexta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 200; en contra, 14; abstenciones, 116.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición adicional decimosexta (nueva) y a las disposiciones transitorias cuarta y quinta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 308; en contra, 9; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de enmiendas a este proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 184; en contra, 129; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Se levanta la sesión. (Aplausos).

Eran las seis y treinta minutos de la tarde.

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