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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 162, de 28/11/2013
cve: DSCD-10-PL-162
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 162
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 153
celebrada el jueves,
28 de noviembre de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 19-1, de 7 de septiembre de 2012. (Número de expediente 121/000019) ... (Página5)

- Proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 48-1, de 24 de mayo de 2013. (Número de expediente 121/000048) ... (Página21)

- Proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 56-1, de 16 de julio de 2013. (Número de expediente 121/000056) ... (Página39)

- Proyecto de ley de evaluación ambiental. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 59-1, de 13 de septiembre de 2013. (Número de expediente 121/000059) ... (Página51)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:

- Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, así como Declaración y Reserva que España formulará al mismo. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 200, de 6 de septiembre de 2013. (Número de expediente 110/000100) ... (Página60)

- Convenio entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Londres el 14 de marzo de 2013. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 212, de 4 de octubre de 2013. (Número de expediente 110/000106) ... (Página60)


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- Retirada de la Declaración formulada por España el 22 de junio de 2006 al Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de 1980. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 217, de 25 de octubre de 2013. (Número de expediente 110/000107) ... (Página60)

- Canje de Notas por el que se prorroga por un año el Acuerdo de cooperación científica entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre la estación de seguimiento de la NASA, hecho en Madrid el 28 de enero de 2003. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 218, de 25 de octubre de 2013. (Número de expediente 110/000108) ... (Página60)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 70-1, de 18 de octubre de 2013. (Número de expediente 121/000070) ... (Página65)

Declaración institucional ... (Página84)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página84)

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página85)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página88)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página89)

Avocación por el Pleno ... (Página89)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Enmiendas del Senado ... (Página5)

Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ... (Página5)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, Bosch i Pascual y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Serrano Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Gómez de la Serna y Villacieros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Vuelven a hacer uso de la palabra los señores Nuet Pujals y Serrano Martínez.

Cierra el debate la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia (Sáenz de Santamaría Antón).


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Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa ... (Página21)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, los señores Salvador Armendáriz, Álvarez Sostres, Baldoví Roda y Quevedo Iturbe, la señora Pérez Fernández, el señor Tardà i Coma y la señora Ariztegui Larragaña, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; los señores Barberà i Montserrat y Bedera Bravo, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Cierra el debate el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega).

Proyecto de Ley de garantía de la unidad de mercado ... (Página39)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Jordà i Roura y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Juste Picón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental ... (Página51)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Jordà i Roura y el señor Errekondo Saltasamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; así como los señores Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ábalos Meco, del Grupo Parlamentario Socialista, y Torres Herrera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales ... (Página60)

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, así como Declaración y Reserva que España formulará al mismo ... (Página60)

Convenio entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Londres el 14 de marzo de 2013 ... (Página60)

Retirada de la Declaración formulada por España el 22 de junio de 2006 al Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de 1980 ... (Página60)


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Canje de Notas por el que se prorroga por un año el Acuerdo de Cooperación Científica entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre la estación de seguimiento de la NASA, hecho en Madrid el 28 de enero de 2003 ... (Página60)

Para fijar su posición sobre determinados convenios intervienen la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Navarro Cruz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La Presidencia hace suyas las palabras de elogio de la Cámara hacia la señora Pigem i Palmés, que dejará de ser diputada al haber sido elegida miembro del Consejo General del Poder Judicial.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página65)

Proyecto de Ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo ... (Página65)

El señor ministro del Interior (Fernández Díaz) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución interviene el señor Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Vuelven a hacer uso de la palabra el señor ministro del Interior y el señor Sixto Iglesias.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Corchera Plaza, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Bravo Ibáñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Declaración institucional ... (Página84)

El señor secretario (Gil Lázaro) da lectura a la declaración institucional con motivo del día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página84)

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre la política general de su Departamento y las responsabilidades políticas que piensa asumir como consecuencia de las actuaciones que ha desarrollado durante el tiempo de su mandato, se rechaza por 136 votos a favor, 179 en contra y 6 abstenciones.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las implicaciones de los cambios regulatorios energéticos en la competitividad de las empresas industriales y de la economía, se rechaza por 141 votos a favor y 180 en contra.


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Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto impulsar el Gobierno para paliar la pobreza infantil, se rechaza por 141 votos a favor y 180 en contra.

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página85)

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, quedan aprobadas.

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa quedan aprobadas.

Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 179 votos a favor, más 3 votos telemáticos, 182; 140 en contra, más 3 votos telemáticos, 143, y 2 abstenciones.

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado, quedan aprobadas.

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Evaluación Ambiental, quedan aprobadas.

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votación) ... (Página88)

Sometidos a votación conjunta los dictámenes de la comisión de Asuntos Exteriores que figuran en el orden del día son aprobados por asentimiento.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página89)

Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada al proyecto de ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se rechaza por 15 votos a favor; 195 en contra, más 3 votos telemáticos, 198, y 111 abstenciones, más 3 votos telemáticos, 114.

Avocación por el Pleno ... (Página89)

Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley de referencia, se rechaza por 142 votos a favor, más 3 votos telemáticos, 145; 179 en contra, más 3 votos telemáticos, 182.

Se levanta la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

ENMIENDAS DEL SENADO.

- PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. (Número de expediente 121/000019).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

En la sesión de hoy hay un debate y aprobación de enmiendas del Senado respecto al proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, por ello, y aunque en todo caso lo hubiera hecho, para


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que sus señorías tengan una idea de cuál va a ser la hora de votación, quiero que sepan que la misma no será antes de las dos, si bien creo que esa hora es demasiado pronto. Es decir, para que hagan sus planes, es probable que sea algo o bastante más tarde, pero en ningún caso antes de las dos.

El primer punto del orden del día corresponde a enmiendas del Senado. En primer lugar, debate de las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Señora vicepresidenta, esta ley ocuparía el lugar 72 en el ranquin de 96 leyes de acceso a la información, de acuerdo con los datos facilitados por la prestigiosa organización Access Info Europe. De 150 puntos posibles obtendría unos escasos 68 puntos, y aunque tiene a su favor a seis partidos, tiene en contra a diez. Representan ustedes el 54 % de la Cámara, 12.400.000 votos frente a 10.735.000, es decir, el 46 %. Esta ley, que había de tener un consenso amplio -sé que se han hecho esfuerzos para ello-, tiene en contra a casi la mitad de la Cámara e incluso algunos partidos que la apoyan la han calificado de francamente mejorable. De manifiestamente mejorable la calificaríamos nosotros, por eso mantendremos el no rotundo que nos mandataron los ciudadanos cuando votaron en la primera experiencia de Congreso Transparente; un no que volveremos a argumentar brevemente porque no recoge la transparencia como un derecho fundamental cuando todos los convenios internacionales sí lo hacen, y ustedes lo siguen considerando un mero derecho administrativo. Mantienen el silencio administrativo negativo, y nosotros les decimos que para qué queremos una ley de transparencia si ustedes pueden denegar una información sin dar explicación. Porque no trabaja en abierto. Los ciudadanos ya no se conforman solo con votar cada cuatro años para que aquí se haga lo que ustedes quieran; los ciudadanos quieren tomar decisiones cada día y la tecnología lo permite, como hemos hecho en la experiencia de Congreso transparente, donde se recibieron en relación con esta ley más de 30.000 visitas y 2.380 personas votaron y decidieron que le diéramos un no a esta ley. Votaremos no porque no regula la influencia de los lobbies y los grupos de presión; el caso Bárcenas es un caso paradigmático del dinero que reciben algunos partidos por conseguir determinados contratos. Si quieren hablar en serio de transparencia tendrían que regular los lobbies y establecer estrictas incompatibilidades, tendrían que publicar sus agendas. Y por último votaremos no porque no incluye a la Iglesia católica ni a otras confesiones. ¿Por qué no tiene que dar cuenta una institución que recibe más de 11.000 millones del Estado en subvenciones directas o en exenciones fiscales? ¿Por qué no tienen que dar cuenta tampoco el órgano de gobierno de los jueces, el FROB y el ICO? En definitiva, una ley tardía, corta e insuficiente.

Acabo ya. Decía Santo Tomás: Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Juan 20, 24. Si no veo que el presidente Rajoy y la señora Cospedal admiten que sabían que a Bárcenas no le llegaba el dinero por gracia del Espíritu Santo y que durante años han mantenido una contabilidad B, como lo atestigua el juez Ruz o la misma UDEF, no creeré en esta ley ni en su voluntad de ser transparentes. Lo siento, señorías del Grupo Popular, no soy un bienaventurado que creyó sin ver.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, creo que en 2013 el premio a las mejores iniciativas sobre transparencia no irá a esta ley que debatimos hoy. Puede ir -creo que tenemos candidatos-, por ejemplo, al juez José Castro, instructor del caso Nóos, también llamado caso Urdangarín; o al juez Pablo Ruz, instructor del caso Bárcenas; gente valiente que nos demuestran que al éxito normalmente se llega por la práctica. En cuanto a la ley, es algo que no existía y que ahora existe, pero, a nuestro entender, no es la mejor y sí es mejorable. ¿Cómo? Algunas cosas ya las hemos repetido muchas veces, las hemos anunciado aquí, tenemos propuestas como, por ejemplo, que habría que sancionar más y ejemplarmente el fraude y/o la mentira política.

Yendo al caso Bárcenas, por ejemplo, ustedes pasaron de decir que el tesorero del PP era una persona y un ciudadano ejemplar a decir que era un vulgar chorizo. Pasaron de decir que no había dinero negro y que este no había circulado por el PP a reconocer que sí, pero que Luis Bárcenas se lo había


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quedado todo, y ahora sabemos que Luis Bárcenas no se lo había quedado todo sino que incluso con dinero negro ustedes se pagaron la barraca, es decir, el edificio de la calle Génova, que creo que acabará convirtiéndose en un mausoleo político para el Partido Popular. Ya lo veremos, pero pinta mal la cosa; pinta negro, negrísimo para ustedes. Negar la verdad debe tener un precio, por supuesto en los tribunales, pero también políticamente, y esta ley eso no lo contempla o no lo contempla suficientemente, a nuestro entender. Al final tendrá un precio, porque lo que ustedes expulsan por la puerta negando la realidad y negando la verdad, acaba entrando de nuevo por la ventana, por tanto, tendrá un precio, pero estaría bien que se admitiese o reconociese en la ley, y eso no se hace. Otra mejora -lo hemos dicho desde el principio- sería tratar a la Corona española igual que a otras instituciones. ¿Que habría que cambiar la Constitución? Pues se cambia; se ponen de acuerdo los partidos dinásticos y ya está. ¿O es que necesitan recibir una llamada de Berlín para cambiar la Constitución? Pueden ponerse de acuerdo, ¿no?, para cambiar la consideración que se tiene de la Monarquía, de la familia real o de la Casa Real española. Eso lo podrían haber hecho; es una oportunidad perdida. La pregunta que nos hacemos hoy, año 2013, viendo los dos grandes casos de escándalos políticos derivados de la opacidad y también de la falta de transparencia que afectan al Reino de España, caso Urdangarín y caso Bárcenas, los dos grandes casos que afectan a las dos más altas instituciones del Estado, la Jefatura del Estado y la Jefatura del Gobierno, es si con esta ley se impiden tales escándalos. ¿Con esta ley se podría haber impedido, se podría haber combatido, se podría haber evitado un caso Urdangarín o un caso Bárcenas? Creo que la respuesta es obvia. Entonces, ¿para qué sirve esta ley? Si los grandes problemas que aparecen en el Estado español de falta de transparencia política no los podría resolver esta ley, ¿para qué sirve? No sé, igual ustedes suben aquí después y me convencen de que sí, de que estos casos se habrían evitado, se habrían impedido, se habría podido luchar contra ellos con esta ley que está pasando en estos momentos por esta Cámara. Intenten convencerme, pero creo que aquí también lo tienen negro, negrísimo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.

Señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, cuando se inició en esta Cámara el trámite de la ley de transparencia señalé que estábamos ante un cartel muy bonito, atractivo, que decía transparencia, pero que la ley realmente no aportaba nada para hacer real ese cartel, para que fuese algo práctico. Reconozco que a lo largo del proceso han hecho esfuerzos por cambiar la ley; de hecho, es sustancialmente diferente a la que entró en esta Cámara, eso lo reconozco, reconozco el esfuerzo, pero al final no han atajado los problemas fundamentales que tenía esta ley, sus limitaciones. Ustedes han abordado este debate, como otros muchos que abordan en esta Cámara, refugiados en su mayoría absoluta pero con el freno de mano echado. Han intentando ir avanzando, pero tenían el freno de mano echado y el coche no avanza, y al final la ley no ha alcanzado los objetivos que tenía que haber alcanzado. Creo que en su subconsciente está una concepción de la gente como siervos no como ciudadanos; ciudadanos que tienen derechos y que tienen derecho a saber. En la práctica, ustedes les niegan ese derecho a saber porque les ponen todo tipo de limitaciones, y esta ley tiene limitaciones claras, limitaciones de ámbito.

A lo largo del proceso se ha introducido a medias a la Casa Real y a otro tipo de instituciones, pero no se ha ido al fondo, y hay que ir al fondo, hay que ir a la claridad total, hay que ir a que no haya ámbitos resguardados. La ley sigue manteniendo una serie de limitaciones, demasiadas excepciones bajo ese ámbito genérico que se suele utilizar en estos casos de la seguridad nacional y otro tipo de cuestiones. En el ámbito de la Unión Europea ustedes tienen ejemplos muy claros de que ese no es el camino. Recientemente, en el escándalo que ha habido en toda Europa, y también en el Estado español, sobre la actuación de lo servicios secretos de Estados Unidos, ustedes también han ido no por la transparencia sino por la oscuridad, y tienen el ejemplo del Reino Unido. En el Reino Unido los servicios de inteligencia han comparecido en el Parlamento con luz y taquígrafos a decir lo que pasaba; aquí se refugian en la Comisión de Secretos de esta Cámara cuando es algo que está en la opinión pública, cuando es algo que se está debatiendo en todos los medios de comunicación; pero ustedes, en vez de dar respuestas a la gente, se refugian en el secreto, en la opacidad. Eso es fruto, como decía antes, de esa mentalidad que concibe a la gente como menores de edad que no tienen derecho a saber, porque vaya usted a saber si van a caer en la irresponsabilidad. Creo que ese es el elemento fundamental.


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También hay otra limitación importante, que es el silencio administrativo negativo, que al final es la clave de bóveda de la transparencia, porque si ustedes se reservan la posibilidad de no responder y además de no explicar por qué no responden, la transparencia se queda en el cartel. Tampoco han avanzado en otro ámbito que era importante y que la sociedad exige, sobre todo en estos momentos que hay una gran desconfianza hacia el ámbito político, hacia el ámbito institucional; el control de la transparencia y del buen gobierno no es independiente, sigue siendo un control que depende demasiado del propio Gobierno. Eso también limita el concepto de transparencia y hace que se avance en esa desconfianza de la ciudadanía ante la ley. Nosotros tenemos que lamentar que esta ley no vaya a ser eficaz para fomentar la transparencia; no vaya a responder a las exigencias de la ciudadanía a comienzos del siglo XXI; no vaya a responder a las exigencias de la ciudadanía, que está muy escaldada de todos los escándalos que se están produciendo. Se habla de corrupción, etcétera, pero hay que combatir la cultura de la corrupción, porque vemos que está en todos los ámbitos; en el ámbito político, en el ámbito sindical, en el ámbito de la patronal -que sale muy poco pero también está ahí financiándose a través de los fondos de formación-, en el ámbito del deporte. Está en todos los ámbitos de la sociedad. Y cuando está en todos los ámbitos, lo que hay que hacer es ir a la raíz, a fomentar la cultura de la no corrupción, y eso solo se hace con más transparencia. Limitando la transparencia, al final, estaremos prolongando esa situación de desconfianza general de la ciudadanía hacia la política y de desconfianza general a que pueda haber soluciones y se pueda hacer política de otra forma. Creo que hay que reconocer la mayoría de edad de la ciudadanía, hay que reconocer que tiene que tener derecho a decidir, no solo en nuestro caso, cuando lo planteamos en nuestro país, sino en todos los ámbitos y en todos los países. Por eso tengo que lamentar que esta ley, al final, no haya cumplido sus objetivos y, aun reconociendo sus esfuerzos, lamento que no hayan sido capaces de quitar el freno de mano para avanzar hacia la transparencia que exige la sociedad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señora vicepresidenta, comentaba usted con pertinencia en debates anteriores en relación con esta ley que iniciábamos un proceso de regeneración democrática en la ley que vamos a aprobar a continuación, treinta y cinco años después de la aprobación de la Constitución. Es razonable darse un plazo de tiempo de reflexión, podríamos pensar que treinta y cinco años es un tiempo razonable para iniciar la regeneración democrática del Estado, pero a mí se me antoja un poco largo, con toda honestidad.

Señora vicepresidenta, estamos debatiendo una ley tan relevante que no voy a relativizar su contenido refiriéndome a episodios de la coyuntura política que invaden y caracterizan esta legislatura tan atribulada que estamos viviendo porque existen otros mecanismos, como sesiones de control del Gobierno los miércoles, interpelaciones, etcétera. Creo que es el contenido material de la ley lo que debemos analizar. La señora vicepresidenta y sus señorías conocen perfectamente la famosa obra de Orwell, La granja de los animales, en donde solo había un animal honesto -es una especie de alegoría de todos los perfiles políticos que existen en este Congreso y en todos los ámbitos de las instituciones públicas del Estado y de todos los Estados-, solo había un animal trabajador y noble, que era el caballo. Todos los demás eran animales acomodaticios, narcotizados, ambiciosos, tramposos, de todo tipo. El caballo era noble y además era honesto, y a esto hay que referirse cuando hablamos de una ley de estas características, a la honestidad, a la probidad en el ámbito de la política. Yo no sé si usted tiene mejor vista que yo, pero yo cada vez veo menos caballos en el ámbito de la política. Veo, sin embargo, animales y perfiles políticos de otras características contradictorias con el perfil del caballo, que con su brutalidad a veces y con su nobleza era honesto y noble.

Por hacer solo una referencia meramente coyuntural, he de decir que se avanza con esta ley. Yo sí tengo fe en las virtualidades de esta ley para evitar preventivamente algunos de los sucesos que nos están alejando de la ciudadanía y están creando un cierto punto de deslegitimación de sus representantes políticos ante los ojos de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se ha mejorado mucho. Yo se lo recomendé y usted me lo ha citado alguna vez indicando esa invocación que yo hago respecto al parlamentarismo. Sí que lo ha habido. Tengo que reconocer a las personas de su partido y a usted misma que ha sido receptiva a la ampliación del ámbito subjetivo de la ley desde la perspectiva de la incorporación de la publicidad activa, utilizando una percha constitucional o una legitimación constitucional muy escasa, la prevista en el


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artículo 105 de la Constitución, que se refiere al acceso a archivos y actos administrativos públicos. Hemos logrado amplificar, mediante una extensión del precepto manifiestamente espectacular -no sé hasta qué punto se pueden hacer razonablemente, desde una perspectiva de pulcritud jurídica, estas cosas-, el acceso a los archivos que se reconoce en ese precepto a los ciudadanos para convertir en transparentes instituciones que eran manifiestamente opacas hasta ese momento, no tanto las administraciones públicas, que también, y las administraciones autonómicas, sino la Casa Real, la Jefatura del Estado, que debe ser, desde la perspectiva de la publicidad activa, la que esté al frente, la más pura y la más transparente, la más cristalina, por la ostentación y por las circunstancias de coyuntura que no es menester glosar. También los partidos políticos y las organizaciones sindicales. Nos encontramos con casos de corrupción en el ámbito de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales que meritan estar ubicados en el ámbito subjetivo de la parte de transparencia de esta ley, porque la parte de buen gobierno se refiere a otras materias, a otras cuestiones.

En el ámbito de los partidos políticos no ayudan -se lo recomiendo para que se lo transmita al señor González Pons- algunas reflexiones, no sé si crípticas o demasiado claras, como las realizadas el pasado fin de semana indicando que el partido que ustedes representan es tan honesto como todos los demás. Es una reflexión anfibológica un poco difícil de interpretar. No sé si quiere decir que todos los partidos son muy honestos y el suyo también, tanto como los demás; que todos los partidos somos tan deshonestos como ustedes; si ha inventado alguna especie, alguna suerte de máquina que mesura la honestidad de los partidos el señor González Pons, o si es una sutileza mediterránea que para un vasco es muy difícil de comprender. De todas formas, no ayuda a la consolidación de los consensos políticos subyacentes en esta ley reflexiones de esa naturaleza, porque además son incomprensibles e incorporan elementos de duda sobre los ciudadanos, más allá de los que ya existen por mor de otras circunstancias y acontecimientos, la mayoría de ellos en sede judicial. Dicho esto, señora vicepresidenta, he de indicarle que hemos logrado amplificar notablemente el ámbito subjetivo de la ley incorporando muchas entidades opacas, como el Banco de España; las entidades gestoras de la Seguridad Social; tengo dudas sobre la incorporación de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional en tanto en cuanto son asociaciones de empresarios de naturaleza jurídico-privada pero que gestionan contingencias de la Seguridad Social; la Casa Real... En fin, una serie de entidades que forman parte del contenido que, sin embargo -quedan pocos caballos, como le decía-, puede quedar muy desvirtuado en esta incorporación amplia en el ámbito de acceso a la publicidad activa de todas estas entidades de naturaleza pública y privada. Se ha dicho que la Iglesia católica no está; sí está la Iglesia católica como perceptora de recursos públicos; también entidades de naturaleza jurídico-privada receptoras de recursos y subvenciones públicas en un porcentaje que se ha elevado en el Senado pertinentemente a un mínimo de 5.000 euros, parecían muy pocos los 3.000. Todo esto está muy, señora vicepresidenta, pero está muy bien si se aplica, si no queda devaluado por el ingente número de excepciones que se consignan en el originariamente artículo 11 de la ley, que establece nada menos que trece excepciones al acceso a la transparencia, trece excepciones que pueden potencialmente convertir esta ley en letra muerta. Desde esa perspectiva, señora vicepresidenta, no sé si esas excepciones se van a aplicar con criterios rigoristas, con criterios expansivos, con criterios menos expansivos, pero son trece excepciones que pueden amortizar esta ley y dejarla con un contenido meramente testimonial. Estamos hablando de excepciones para el acceso a la transparencia desde la perspectiva de la publicidad activa. Le agradezco mucho que comparta con el Grupo de Convergència i Unió estas reflexiones porque el señor Jané y yo pensamos exactamente lo mismo; luego, mientras hable el señor Jané, yo también le realizaré las correspondientes reflexiones interactivas por parte del Grupo de Convergència i Unió y el mío. Al margen de esto, señora vicepresidenta, cuidado con el mecanismo de interpretación de las excepciones. Nada menos que excepciones que hacen referencia todas ellas a conceptos metajurídicos, con lo cual aquí se incorpora un ámbito de inseguridad jurídica en las virtualidades y potencialidades de la ley que a nosotros nos preocupa. Hablar de la política de defensa parece razonable como excepción al criterio de incorporación a la publicidad activa; hablar de los intereses de la economía es un concepto deletéreo absolutamente metajurídico que convendría precisar mejor; hablar de los intereses o de la política económica y monetaria parece razonable; hablar de la política medioambiental, qué quiere que le diga, nos parece que se está yendo muy lejos en el ámbito de las excepciones y que las excepciones pueden anular o pueden terminar devaluando el contenido de esta importante ley, cuyo ámbito subjetivo ha sido mediante los consensos que se han podido establecer en esta Cámara, bien articulados.


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Hay una segunda parte de este proyecto de ley tan relevante, que es el relativo al buen gobierno. No es lo mismo transparencia que buen gobierno; estamos hablando de conceptos jurídicos, de conceptos normativos e incluso políticos diferentes. El buen gobierno es un concepto absolutamente metajurídico, no definido por nuestras leyes, es una especie de mandato que debía caracterizar la actuación de cualquier administración y de cualquier institución de naturaleza pública, pero se ha concretado desde la perspectiva de la probidad, de la honestidad y del buen hacer y esto también es transparencia, y esto también es regeneración de la vida política, que es lo que todos pretendemos mediante una ley muy consensuada por todos, como he dicho. Por tanto, parafraseando a Fernando VII, vayamos todos por la senda de la regeneración política, y ustedes los primeros. Cuando digo ustedes los primeros, lo digo en la doble acepción etimológica de primeros; ustedes los primeros porque tienen muchas cosas que explicar, y ustedes los primeros porque son también los autores de esta ley. Pero en materia de buen gobierno nos topamos ya con problemas de naturaleza competencial que hemos discutido ad nauseam, señora vicepresidenta. Al final, hemos llegado a un acuerdo de que puede haber leyes autonómicas de transparencia que coincidan con las leyes de transparencia y buen gobierno estatal mediante puntos de conexión razonables, en mi opinión, aunque algunos de ellos todavía chirrían, sobre todo tras la aprobación de algunas enmiendas del Senado en relación con la potestad disciplinaria, en relación con la posibilidad de ubicar el consejo nacional de la transparencia y del buen gobierno en un ámbito aparentemente superior jerárquicamente a los homónimos que puedan existir en las comunidades autónomas. Cuando se reconoce, por ejemplo, la potestad al consejo nacional de la transparencia y buen gobierno de poder convocar a los presidentes de los consejos autonómicos existentes una vez al año cuando menos, eso acredita cierta jerarquía que nosotros no aceptamos. Estas son las renuencias basadas en los títulos competenciales que sirven -y acabo, señor presidente- para legitimar este importante proyecto de ley.

El 105 de la Constitución, de acuerdo. Y no es derecho fundamental porque es el 115. No hay ninguno entre los artículos 14 a 29 de la Constitución que posibiliten la generación de un derecho fundamental para la transparencia y el buen gobierno. Por eso compartimos la opinión de que sea un derecho de naturaleza ordinaria y no un derecho fundamental. Compartimos también la opinión de que el silencio administrativo se haga negativo porque eso no es malo y no priva a los ciudadanos de obtener la tutela de los tribunales en la jurisdicción contencioso-administrativa cuando el silencio opere y cruce sus efectos. Desde esa perspectiva, aquí se produce un problema competencial específico que es el de la ley de transparencia. Tras la reforma del artículo 135 de la Constitución y la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria han encontrado ustedes un nuevo modo de penetrar en las competencias autonómicas mediante la exigencia de los estrictos requerimientos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Junto a los ya existentes tradicionalmente como la desmesura en la interpretación de la legislación básica del Estado, de la legislación marco, de la alta inspección del Estado, de los intereses generales del Estado, nos encontramos ahora con los requerimientos del 135 y los requerimientos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley 2/2012, que les permiten penetrar sistemáticamente, y es que además lo hacen en cada ley y en cada real decreto-ley, en los ámbitos competenciales estrictos autonómicos. Este es el elemento de naturaleza competencial que falta por corregir. Vamos a ver si esto lo podemos articular a través de los órganos que lo deben articular. Para las comunidades autónomas de régimen local, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Para las comunidades autónomas de régimen foral, señora vicepresidenta, a través de la Comisión mixta del Concierto. Eso es lo que falta en esta ley.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debe terminar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Termino diciéndole, señora vicepresidenta, que lo que no vamos a votar, y no lo podemos hacer por razones estéticas y por razones preventivas en relación con la posible declaración de inconstitucionalidad de la norma en su conjunto, es esa nueva disposición adicional sexta que con formato de enmienda del Senado nos han proporcionado, en donde se incorpora, a través de nueve folios por las dos caras, una exhaustiva regulación de la legislación sobre el blanqueo de capitales, de la legislación sobre la financiación del terrorismo y de la legislación sobre la emisión de los gases con efecto invernadero. Estas cosas no se hacen así. Ya les ha reprochado el Tribunal Constitucional que la desconexión de materias de las leyes que regulan materias troncales puede ser un elemento de inconstitucionalidad. Pero usted no nos puede meter bajo el formato de una pretendida enmienda del Senado -me estoy refiriendo a la nueva disposición final sexta- una legislación entera que regule esta materia. No lo pueden hacer porque corren el severo riesgo de que el Tribunal Constitucional ya no solo


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les reproche la conducta sino que declare la inconstitucionalidad no solo de esta disposición sino de la norma entera.

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene que acabar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Piénseselo, señora vicepresidenta. Yo sé que tiene requerimientos europeos, pero que no le lleven a poner en solfa o en peligro la constitucionalidad de una ley tan importante como esta.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo se opuso en la tramitación en el Congreso a la redacción final de esta ley y, después de su paso por el Senado, no encontramos ni una sola razón para cambiar de opinión; al revés, creo que el paso por el Senado de esta ley ha apretado más algunas tuercas, como elevar el umbral de las subvenciones a las entidades que las obtengan para conseguir información sobre qué hacen con ellas y cosas así, que no han mejorado en nada la ley sino que, parcialmente al menos, la han empeorado. Como ya se me ha adelantado el señor Olabarría, no quiero dejar pasar por alto que, además, han aprovechado la oportunidad para meternos nada menos que nueve páginas de enmiendas a una ley que se vio en esta Cámara, según tengo entendido, en el año 2010, una ley que no es banal, que no es una ley menor: la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. No solamente es una cuestión -que, por supuesto, también- de técnica jurídica, sino de algo que desde el punto de vista constitucional y de lo que es la democracia parlamentaria representativa es de nulo pase. Parece mentira que aprovechen ustedes una ley como esta de transparencia, que es muy importante, para de paso enmendar otra ley que también es importante sin un debate previo sobre el sentido de esas enmiendas.

Dicho esto, hay una tendencia constante del Gobierno a aprovechar las oportunidades que se le presentan para colarnos mediante decretos-leyes o mediante esta técnica legislativa tan discutible reformas que al final no reforman nada o que son contrarreformas, como muchas veces se ha comentado aquí. Esta ley de transparencia era una de las leyes más importantes de esta legislatura por dos razones: primero, porque España era uno de los pocos países que no tenía una ley de transparencia; y, segundo, porque precisamente era una ley fundamental para hacer que los ciudadanos recuperaran la confianza en las instituciones, que recuperaran la confianza en que realmente hay una voluntad política desde el Gobierno y desde todos los grupos de esta Cámara para luchar contra la corrupción, para limpiar las instituciones, para hacerlas más eficaces y eficientes. Y se ha vuelto a perder esa oportunidad, se ha vuelto a perder porque es una ley menor. Enseguida voy a dar un ejemplo de por qué es una ley menor, un ejemplo práctico, un caso empírico de cómo y por qué la aprobación de esta ley al final no consigue los objetivos que proclama en su exposición de motivos.

Resumiré muy brevemente las razones que nos llevaron a rechazar esta ley y que siguen vivas. Primero, es una cuestión de concepto de tipo constitucional. Nosotros hemos defendido -no hemos sido los únicos, varios grupos lo hemos hecho- que se basara en un concepto de derecho constitucional de acceso a la información. Ustedes se refugiaron en la literalidad de lo que dice la Constitución. En este caso no encontraban -qué curioso- ninguna manera de interpretarla de otra forma para decir que eso sería anticonstitucional. No estamos de acuerdo y seguimos sin estarlo. Evidentemente, una ley de transparencia y de acceso a la información y de buen gobierno -como han añadido ustedes- que no se base en que el derecho de acceso a la información es un derecho básico de los ciudadanos es una ley que nace coja, como ha nacido esta. En segundo lugar, es una ley que tampoco obliga a todas las instituciones públicas del Estado a ser accesibles a los ciudadanos. En tercer lugar, es una ley que se limita básicamente a hechos administrativos, es decir, que pone a disposición de los ciudadanos la posibilidad de acceder a determinados actos administrativos de las administraciones, pero con tal cantidad -también se ha dicho a lo largo de todo este debate- de excepciones, de limitaciones, etcétera, que la convierten más que en una ley de desarrollo de un derecho de concesión a los ciudadanos, en un papel mucho mas vasallático que cívico, en una ley de acceso a determinados papeles de la Administración, o


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no. En cuarto lugar, es una ley que incluye, en contra de todas las recomendaciones de todas las instituciones internacionales, el silencio negativo, etcétera.

Esta ley tiene más defectos. Otro de los que nosotros comentamos, y que nos pareció una grave equivocación de concepto, era que ligara como dos cosas relacionadas una ley de transparencia y otra ley adherida, digamos, como si fueran dos adosados, una ley de buen gobierno que hacía recomendaciones morales pero que después ha tenido un desarrollo que nos parece muy insuficiente y que tendría mucho más que ver con una serie de medidas legislativas que no vemos en esta ley, que las veríamos en otras leyes más exigentes con el funcionamiento de las administraciones enfocadas a la lucha contra la corrupción, la buena gestión, la obligación de la dación de cuentas a los ciudadanos, todo eso que es básico, que es elemental para conseguir un objetivo prioritario y estratégico en España hoy, que es que los ciudadanos vuelvan a confiar en la política, vuelvan a confiar en las instituciones, que realmente se crean que es posible una democracia de calidad. Bien, pues no se ha hecho nada de esto porque, francamente, creemos que no era ese el objetivo. Una vez más el objetivo ha sido pasar de puntillas por un tema espinoso y cumplir administrativamente con lo que es una cuestión constitucional y política de primera magnitud.

Decía antes que iba a poner un ejemplo de por qué pensábamos que esta ley iba a servir para muy poco, como efectivamente ha quedado demostrado. Presentamos una pregunta al Gobierno el 22 de mayo 2013 que fue respondida en octubre de 2013, es decir después de que ya se había aprobado en el Congreso la ley de transparencia y de buen gobierno, y era una pregunta muy sencilla. Le preguntábamos al Gobierno que por qué y a quién el Consejo Nacional de la Energía -ya difunto- había acordado abrir un expediente informativo a dos empresas eléctricas, básicamente -para abreviar-, por manipular los precios de la electricidad, cuestión que sin duda interesa muchísimo los ciudadanos. Y nos contestaron ustedes con un grado de detalle raro -la verdad es que esto era de agradecer-, nada menos que con tres folios de respuesta, sobre por qué no nos podían dar esa información, por qué el Gobierno no quería informar a un grupo parlamentario, a un diputado, en este caso era yo, de una cuestión tan sencilla como que nos dijeran a qué dos empresas había abierto un expediente la Comisión Nacional de la Energía nada menos que por manipular los precios tres meses, en tres ocasiones distintas, y la respuesta era que no podían porque -decían- no se pueden identificar estas empresas en cumplimiento del deber de respetar las obligaciones legales de confidencialidad de los datos y de la información que obra en poder de las administraciones. ¡Acabáramos! Es decir, con esta ley de transparencia sencillamente ustedes se siguen reservando la discrecionalidad de contestar lo que les dé la gana, no ya a un ciudadano corriente, sino incluso a los propios diputados, a los propios grupos parlamentarios. Y la respuesta acababa diciendo algo tan paternalista y tan conmovedor como que esta información no era conveniente que se supiera por, entre otras consideraciones, el impacto en los ciudadanos, todos ellos consumidores de los mercados energéticos. Es decir, pobres ciudadanos, que no se sepa quiénes les están estafando. Esto es verdaderamente inverosímil e increíble, pero muestra las limitaciones de esta ley: es una ley que no solamente no va a servir para saber qué es lo que ocurre, por ejemplo, en los tejemanejes del Consejo General del Poder Judicial, que ustedes consumaron esta semana, que además es una de las instituciones importantísimas excluidas del ámbito subjetivo de aplicación de la ley, sino que ni siquiera podemos aspirar a saber algo tan elemental como qué empresas privadas están engañando a los consumidores porque ustedes se reservan la información. Luego dicen que son liberales. En fin, ¡vaya liberalismo!

La ley es también una ley de buen gobierno y hace también muy poco les preguntamos algo que nos interesaba sobremanera y que en este caso sí que entraría en el ámbito subjetivo de aplicación de la ley, que era cuánto había costado la promoción de la candidatura olímpica de Madrid, el organismo Madrid 2020, y nos han contestado que eso a ustedes -más o menos, no me he traído la respuesta- les da igual, que no es una cosa que a ustedes les competa, que no saben. Lo que todo el mundo sabe es que ha sido una operación altamente costosa y onerosa para las arcas públicas, y el Gobierno, que hace una ley de buen gobierno, que según esa ley, en su literalidad, obliga a los alcaldes y a los concejales, bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda -como siempre, es su obsesión-, que es en realidad hoy en día el verdadero superministerio de este Gobierno, les obliga a todo tipo de actos administrativos y a justificar teóricamente adónde va a parar hasta el último euro, lo cual en sí no está nada mal, pero resulta que ustedes no son capaces de explicar qué se ha hecho o, mejor dicho, cuánto ha costado aquella desdichada promoción de Madrid para las Olimpiadas 2020, que sabemos que desde luego es una operación muchísimo mayor de lo que puede ser el presupuesto de un pequeño ayuntamiento. Miren ustedes la eficacia de esta ley: ni sirve para que los ciudadanos sepamos qué empresas han abusado de la confianza de los ciudadanos y


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les han estafado literalmente para que, por ejemplo, los ciudadanos puedan reclamar, como es su derecho, ni sirve tampoco para que nos enteremos aquí de cuánto ha costado una inversión pública en una promoción de una candidatura olímpica de la capital de España. Francamente, para este viaje no hacían falta tantas alforjas ni que ustedes nos hicieran dedicar tantas horas a unas leyes que al final sirven para decir: hemos cumplido, ya está, ya tenemos ley. ¿Para qué sirve esta ley? Para decir que tenemos ley, pero una vez más, como ocurre tantas veces en esta democracia de baja calidad, no para que se aplique ni para desarrollar los derechos de los ciudadanos ni tampoco para desarrollar la transparencia del funcionamiento del Estado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.

Señorías, señora vicepresidenta, no tenemos ninguna duda de que la ley de transparencia del Partido Popular va a ser recordada, pero creemos que va a ser recordada como una gran operación de distracción que organizó el partido del Gobierno y el propio Gobierno en medio de uno de los casos de corrupción y de opacidad más importantes de la historia de España; de hecho, cuando se hable del caso Bárcenas y se recuerde habrá en los libros de Historia un pequeño apunte en el que se dirá: en aquel periodo el Partido Popular tuvo la osadía de tramitar una ley de transparencia. Esa es la realidad, señoras y señores diputados. La ley de transparencia, lo hemos dicho y lo repetimos, ha sido la gran coartada del Partido Popular para no practicar la transparencia pero hablar repetidamente de ella. De eso se trata, de repetir mil veces un concepto, de aparentar que ese concepto se ha asumido democráticamente y operar en el día a día precisamente con un quehacer contrario a ese concepto.

Sabíamos que era imposible que el Senado mejorara esta ley. No hay allí una mayoría parlamentaria alternativa que le pueda dar la vuelta como a un calcetín a esta mala ley de transparencia que el Partido Popular ha tramitado en el Congreso. Por tanto, nosotros seguimos en las mismas, repitiendo los siete grandes conceptos que hacen que esta ley sea una ley anticuada, pasada e insuficiente. La hemos calificado como una buena ley tal vez del siglo XX, pero indudablemente no es una ley del siglo XXI. En primer lugar, seguimos sin concebir la transparencia como un elemento esencial, como un derecho fundamental si leemos con un criterio amplio nuestro texto constitucional, por tanto, en nuestro ordenamiento jurídico seguimos enfrentando la transparencia con la protección. Hemos hecho una ley de protección de datos como ley orgánica reconociendo ese derecho como fundamental, pero no lo hemos hecho con la transparencia, no lo hemos hecho a través de una ley orgánica, y cuando venga el choque de intereses en la legislación española la protección se impondrá a la transparencia, o sea, la transparencia será sometida a la protección.

En segundo lugar, hay un nuevo doble rasero que parece imponerse. Hablamos, por un lado, de administraciones públicas y de unos conceptos de transparencia que se aplican al conjunto de las administraciones públicas. Correcto. Pero hablamos luego de instituciones del Estado y decimos textualmente en la ley que esas instituciones del Estado no son asimilables a las administraciones públicas. Es como las clases sociales, los de arriba y los de abajo; las administraciones públicas y las altas instituciones del Estado, empezando por la Monarquía pero incluyendo también a este Congreso los Diputados. Se aplica una ley a las administraciones públicas y se aplican unas excepciones a las altas instituciones del Estado. ¿Por qué esa diferencia, señoras y señores del Partido Popular? ¿No son todos los ciudadanos iguales ante la ley? ¿No son todas las administraciones y todos los servidores públicos, empezando por el rey de España, iguales ante la ley de transparencia? Pues no, no son iguales ante la ley. (Aplausos). Esta ley certifica esa diferencia diría yo que casi de clases. Eso queda entronizado en el actual texto.

En tercer lugar, la exclusión de los ámbitos, de esos doce ámbitos que, como muy bien decía señor Olabarría desde la tribuna, bien interpretados prácticamente pueden abarcarlo todo. Por tanto, el Gobierno tiene la potestad de decir que, en función de la interpretación del ámbito, cabe una no respuesta ante una pregunta. Hay ámbitos tan grotescos como el concepto de proceso de toma de decisiones. ¿Qué significa? Que como estamos tomando una decisión, no aplicamos la ley de transparencia. Pero es que siempre estamos, señoras y señores diputados, tomando una decisión, continuamente estamos tomando decisiones; por tanto, siempre que se quiera no habrá una respuesta a una demanda. En consecuencia,


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los doce ámbitos son absolutamente excesivos. Podemos estar de acuerdo con algunos de ellos, con aspectos especialmente sensibles, pero no con un uso generalista como el que se hace de los ámbitos.

No voy a profundizar en la nueva vuelta de tuerca que se da con los conceptos de austeridad que se colocan en esta ley, con una aplicación vertical del artículo 135 de la Constitución que de forma antidemocrática se incluyó en su momento. Se aprovecha la ley para repetir de nuevo los conceptos de austeridad.

Quinto aspecto, muy importante. Los ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando son los que preguntan, los hombres y mujeres de este país son los que hacen demandas a la Administración, los que envían cartas, hacen peticiones y preguntas. Ustedes saben que en el 50 % de esos casos esas preguntas no tienen respuesta por parte de la Administración. Por tanto, los ciudadanos nos preguntan: ¿esta ley va a modificar ese aspecto? Y les tenemos que decir con profunda pena: no, esta ley va a dar viabilidad precisamente a la no respuesta por parte de las administraciones públicas. Por tanto, que sepan que cuando le preguntan a la Administración y la Administración se permite no decir nada, no contestar absolutamente nada, este texto eleva a nivel de rango de ley esa actitud, una actitud absolutamente condenable. La ley introduce doblemente el concepto de silencio negativo, en primer lugar, de cara a los ciudadanos en general y, en segundo lugar, porque si un ciudadano no ha recibido respuesta o la respuesta que ha recibido cree que no es positiva, se puede dirigir al consejo de transparencia y este consejo se puede permitir ignorar de nuevo la pregunta de ese ciudadano. Entonces la gente nos dice: ¿para qué han hecho esta ley? ¿Para qué han hecho es esta ley, nos pregunta la gente si la demanda del ciudadano no tiene respuesta? Esa pregunta difícilmente la puede contestar nuestro grupo parlamentario. El Gobierno, señora vicepresidenta, y el Partido Popular tienen que dar una respuesta pública. Por qué han hecho una ley que no sirve a los ciudadanos. Ese, precisamente, es uno de los aspectos que aleja a la gente de la política, una ley que no sirve para resolver uno de los principales problemas de participación y de transparencia que tenemos en nuestro país.

El consejo de transparencia, un consejo hecho a su medida. El consejo de transparencia es una buena fotografía de cómo ven ustedes el país, de la España que tienen en sus cabezas. Cinco funcionarios, un senador y, tranquilos, un diputado o diputada. ¿Dónde está la pluralidad política? ¿Creen que un senador y un diputado pueden reflejar en este país la pluralidad política de España? ¿Esa es la visión del PP? Pues sí, esa es la visión del PP. ¿Dónde están los ciudadanos, dónde está la sociedad civil, dónde están las importantísimas organizaciones no gubernamentales que de forma muy profesional trabajan en nuestro país en el marco de la participación y la transparencia? Ya le digo yo dónde están, ignoradas, menospreciadas, porque esto no es un consejo. Ustedes lo llaman consejo pero es un grupito del PP para hacerse ustedes con el control de la transparencia, eso es lo que es este mal llamado consejo. (Aplausos).

Por supuesto, a la Casa Real, otro filtro. Ya no somos de esos a los que nos gustaría poner reina donde pone rey y poner princesa donde pone príncipe, pero la Casa Real se merece transparencia real, no con el filtro de la Secretaría General de la Presidencia, sino con el acceso libre por parte de los diputados y los ciudadanos para saber cómo gasta el dinero la Casa Real, cómo se organiza y cuáles son los negocios de los miembros de la Casa Real. Eso es lo que queremos saber y esta ley de transparencia no sirve para ello. De nuevo habrá más opacidad en la Casa Real.

Acabo. Estos días hemos conocido a través de un libro de memorias de un expresidente del Gobierno la famosa carta del señor Trichet, una carta que, debo recordar, fue negada en esta sede parlamentaria cuando los grupos parlamentarios y los diputados exigieron conocerla. Le pido, señora vicepresidenta, que cuando el señor Rajoy escriba sus memorias -y es posible que lo haga pronto-, no nos tengamos que enterar por ellas de importantes secretos, que sea esta ley de transparencia el instrumento y no las memorias particulares de una importante persona.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, es la tercera ocasión en que el Pleno de esta Cámara va a debatir un proyecto de ley que es necesario, el proyecto de ley de transparencia y buen gobierno. Hicimos un debate de totalidad, llegó a esta Cámara el dictamen de la Comisión Constitucional, que también fue debatido y votado, y hoy finalmente llegan las enmiendas del Senado, sobre las que Convergència i Unió se va a pronunciar.


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El Senado ha introducido diversas enmiendas, tres de las cuales van en la línea que proponía Convergència i Unió. Una primera enmienda importante es la que proponía subir un límite que quedaba en 3.000 euros para pequeñas entidades que reciben fondos públicos, es cierto, y que tienen un presupuesto que procede básicamente de esos fondos públicos. Pero estamos hablando de entidades sin ánimo de lucro, con finalidades culturales, de la coral que pueda haber en el municipio de Picamoixons. Estamos hablando de pequeñas entidades que quizá reciben entre la diputación y el ayuntamiento más de 3.000 euros pero que no tienen los medios electrónicos que esta ley les requeriría si necesariamente tuviesen una página web y realizasen una información, porque la mayoría de sus presupuestos procede de fondos públicos pero es un presupuesto inferior. Decíamos 3.000 euros y lo hemos pasado a 5.000, por tanto, hemos hecho una buena enmienda. Quiero agradecer al señor Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, el que haya intervenido de manera decisiva para que se haya hecho realidad la aprobación de esta enmienda en el Senado. Hemos resuelto parte de la pequeña burocracia que estas entidades deberían haber soportado y por la que quizá se les iría parte de esos fondos públicos que reciben. Por tanto, un límite de 5.000 euros es más adecuado que el de 3.000 euros para esas pequeñas entidades. Además hemos añadido -y lo celebramos desde Convergència i Unió- el hecho de que entidades sin ánimo de lucro y de interés social y cultural, cuando tengan un presupuesto de menos de 50.000 euros, puedan publicar todas sus obligaciones de transparencia, que las tienen, en la página web de la Administración que les aporte más fondos públicos. Quizá la web del ayuntamiento correspondiente pueda publicar la información de esas entidades menores ahorrando también un gasto para las mismas pero sin soslayar la necesaria obligación de transparencia. Por tanto, nos parece una buena solución y lo celebramos.

Asimismo, aplaudimos la introducción de una tercera enmienda propuesta también por Convergència i Unió. Hemos suprimido finalmente un artículo confuso de este proyecto de ley. El apartado 1 del artículo 15, tal y como entró en el Senado, podría dar lugar a confusiones de interpretación, a una cierta colisión entre esta ley y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por tanto, señorías, creemos que la decisión de suprimir ese apartado primero ha sido también una buena solución.

En definitiva, muchas de las enmiendas introducidas son positivas y tendrán el apoyo de Convergència i Unió, si bien votaremos en contra de cuatro de estas enmiendas introducidas por el Senado. ¿A qué enmiendas nos referimos? En primer lugar, a la enmienda al artículo 12. Podría parecer una cuestión menor y podría parecer que no nos hemos dado cuenta, pero sí nos hemos dado cuenta de su intención. Si bien me decía antes la vicepresidenta que en absoluto esa era la intención de la modificación introducida en el Senado en el artículo 12, parece como si el artículo 105 de la Constitución, que otorga un derecho de acceso a los ciudadanos a la información pública, únicamente lo desarrollara esta ley, pero lo cierto es que también lo desarrollan las leyes autonómicas de transparencia, las ya aprobadas, como las de Navarra o Galicia, o las que se van a aprobar próximamente. En el caso de Cataluña, será una ley muy innovadora, muy importante, que está haciendo con ponencia conjunta el Parlament de Catalunya. Por tanto, hemos salvaguardado las competencias autonómicas con muchas enmiendas introducidas en el Senado, que ya pusimos en valor en anteriores debates en este Pleno, pero a la hora de poner en valor la normativa autonómica que debe estar plenamente vigente en su ámbito respectivo hemos de decir que esa normativa también es desarrollo de ese artículo 105 de la Constitución. Tampoco vamos a votar a favor de las enmiendas relativas al artículo 38.1.e) o 38.2.a), porque parece ser que el nuevo consejo de transparencia, o su presidente, tiene que tener alguna función uniformadora o de fijar directrices. Era mejor la redacción que salió del Congreso: podía fijar criterios pero no tenía que tener carácter uniforme y podía promover reformas normativas, no necesariamente directrices tal y como ha introducido el Senado. Lamentamos profundamente que esto haya sido así.

Por último, votaremos también en contra -lo decían muy bien el señor Olabarría y otros portavoces- de la nueva disposición final sexta. Qué mala noticia, señora vicepresidenta, que una ley en la que hemos trabajado con profundidad desde una voluntad de consenso, una ley innovadora como la ley de transparencia, venga del trámite del Senado con la introducción de una modificación de calado de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. ¿Teníamos que introducir en esta ley esa modificación? Ustedes dicen que viene exigida por directivas europeas, pero es una modificación no menor, que además estigmatiza a las personas con responsabilidad pública. Entendemos que haber introducido en el Senado esa modificación en nada beneficia esta nueva ley, porque podía haberse abordado desde el consenso en otros ámbitos normativos y no precisamente en la primera ley de transparencia aprueban que las Cortes Generales; una ley que ha querido trasladarse


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como emblemática. Poco va a serlo si empezamos ya a modificar otras leyes con las disposiciones adicionales de esta nueva ley de transparencia. Poco emblemático y un poco chapuza es igualmente lo que se está haciendo en la tramitación del proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial, en el que ya se vienen a modificar otros artículos - el artículo 28, letras f) y n)~_. ley. Antes de que se apruebe definitivamente por este Pleno el proyecto de ley de transparencia, ya tenemos otro en esta Cámara que modifica aspectos de una ley aún no publicada en el BOE: contra la seguridad jurídica, contra el artículo 9.3 de la Constitución... No es forma de legislar; es un ejemplo más que lamentablemente daremos a los estudiantes de Derecho cuando expliquemos el proceso parlamentario. Les diremos que en el mismo mes que se aprueba una ley, otro proyecto de ley ya la está modificando incluso antes de que esa ley nueva se publique en el BOE. No son formas de legislar, y lo lamentamos profundamente.

Termino ya, señorías. Hemos avanzado en la negociación parlamentaria. Hemos mejorado el proyecto de ley en el trámite parlamentario. La ley que sale hoy es muy distinta de la ley que entró. Las Cortes Generales han trabajado; nos hemos implicado aprobando enmiendas, aunque han quedado aspectos pendientes. No es la ley que gusta a Convergència i Unió al cien por cien, ni mucho menos. No nos gusta para nada que en esta ley se haya introducido el capítulo de buen gobierno, y votamos en su día en contra de todas las disposiciones -hoy el artículo 28- que regulan aspectos de estabilidad presupuestaria, infracciones y sanciones. Muchos de estos aspectos los hemos corregido, pero entendemos que para nada deberían haberse incluido en una ley de transparencia, porque tenían un objeto distinto, y la regulación en materia de estabilidad presupuestaria, a la cual nos oponemos, creemos que no encaja bien. Asimismo, a pesar de los muchísimos avances competenciales, las disposiciones básicas de este proyecto de ley se extralimitan; hay demasiadas. Nos hubiera gustado también que los límites al derecho de acceso no fueran tan amplios; nos hubiera gustando también que la regulación del silencio no fuera un silencio negativo indiscriminado, sino que fuera un silencio positivo matizado, que se diera cuando realmente afecta a datos personales de un ámbito orgánico que está protegido por la Ley Orgánica de Protección de Datos, o datos protegidos por ley. Hubiera encajado mejor un silencio positivo; por tanto, un silencio positivo matizado, no un silencio negativo generalizado.

Asignaturas pendientes, señora vicepresidenta. ¿Dónde está la regulación de los lobbies, esa regulación que hubiera tenido encaje en este proyecto de ley de transparencia? ¿Dónde está, ya que hablamos de transparencia, la obligación de que se publiquen las balanzas fiscales, tan necesarias para hacer pedagogía cuando en ocasiones se discute lo que contribuye o no cada una de las comunidades autónomas, para conocer con luz y taquígrafos, vía obligatoriedad de la ley de transparencia, la publicación de las balanzas fiscales? Eso sí que encajaba en la ley de transparencia, no la regulación de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Por tanto, ley necesaria pero mejorable. En cualquier caso, una buena noticia hoy para la ciudadanía es que por primera vez estas Cortes Generales aprueben un proyecto de ley de transparencia, con luces y sombras, con aspectos que se han mejorado. Está aquí el señor Macias, portavoz adjunto del Grupo de Convergència i Unió, que en el debate de política general introdujo una resolución que dio pie a que la Casa del Rey entrara en el proyecto de ley de transparencia. El señor Macias también me insistía a lo largo de la tramitación y me decia: No puede ser que una sanción suponga la expulsión de un concejal electo de su cargo, porque en democracia quienes ponen y quitan a los concejales son las urnas; no puede ser una sanción de la ley de transparencia. Por tanto, se han producido avances, de algunos de los que en Convergència i Unió nos sentimos parte activa, especialmente de los relativos al ámbito competencial.

Termino ya, señor presidente. Esperemos que hoy algunos presagios negativos sobre la aplicación de este proyecto de ley no se hagan realidad y que realmente permita a los ciudadanos un acceso a la información pública que es suya. Esta es la obligación de transparencia. Esperemos que con este proyecto de ley se contribuya con una actitud preventiva y que, quizá, sabiendo que se van a publicar ciertos datos, por esa obligación de transparencia, no lleguen a producirse determinadas actitudes que son censurables y negativas.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que acabar.

El señor JANÉ I GUASCH: Termino ya, señor presidente.

Por tanto, esperemos que este proyecto de ley, con el control jurisdiccional que incorpora, dé sus frutos y que la sociedad tenga mayores herramientas, mayores instrumentos para acceder a los datos públicos, para realizar ese acceso a la transparencia al que tienen derecho los ciudadanos y que sea un


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avance en esa regeneración democrática a la que entre todos queremos contribuir y que en el actual momento nos hace más falta que nunca.

Señor presidente, señorías, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don José Enrique Serrano.

El señor SERRANO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Me hubiese gustado iniciar mi intervención hoy recordando una frase que, a los que estudiamos Derecho hace muchos años -algunos de aquí casi lo hicieron conmigo-, nos sorprendíó al leer el libro del profesor Sánchez Agesta, quien cuando hablaba de la Ley Fundamental de Bonn utilizaba una expresión que por lo anómala en un texto jurídico se me quedó grabada. Explicaba que después de tan larga gestación se llegó a un feliz alumbramiento, explicando las dificultades que habían tenido quienes la negociaron por la situación de Alemania en aquel momento. Me hubiese gustado empezar así y además haber resaltado nuestro papel por lo menos de comadronas en relación con el proyecto del Gobierno. Lamentablemente, por lo que diré después, no puedo hacerlo, como tampoco podré ser muy original después de haber oído a buena parte de los que han intervenido antes que yo y que han recogido ya algunos de los argumentos que pensaba mencionar en estos minutos.

El texto que hoy nos llega del Senado incorpora formalmente modificaciones resultantes de la aceptación de 41 enmiendas de las 269 presentadas por distintos grupos parlamentarios. En la medida en que la mayor parte de ellas son del propio Grupo Parlamentario Popular y el resto han sido aceptadas por él, lo que hoy hacemos al debatir sobre ellas es pronunciarnos también sobre el texto definitivo de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que en los próximos días recogerá el Boletín Oficial del Estado. Llegado este momento, lo pertinente a nuestro juicio es hacer lo que ya han dicho algunos portavoces, formularnos la pregunta de en qué ha cambiado el proyecto en su tramitación en el Senado o, dicho de una forma algo más incisiva, ¿justifica lo allí ocurrido un cambio de opinión por nuestra parte respecto del proyecto de ley de transparencia y, por tanto, si reglamentariamente fuese posible, un voto distinto del que realizamos en la sesión del 12 de septiembre pasado? En estos términos tengo que decir que no, primero, porque el Senado no ha cambiado el contenido de fondo de la ley, que era la primera objeción que pusimos entonces para mostrar nuestro apoyo al proyecto del Gobierno. Como ha seguido excluyendo la aceptación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, pese a que compartimos en su día muchas de ellas, la ley no tendrá algunas cosas que nosotros consideramos imprescindibles para asegurar su pretensión de constituirse de verdad en un elemento de regeneración democrática y en un instrumento eficaz para combatir preventivamente la corrupción. Son muchas las cosas que nosotros queríamos haber incorporado, y no se ha hecho así. En segundo lugar, por razones de contexto fue el otro argumento por el que en septiembre anunciamos nuestro voto en contra y así lo formulamos; un contexto que nos sigue persiguiendo y que todos, al menos desde mi grupo, aspiramos a que sea cuanto antes cosa del pasado y nos permita trabajar en paz y sin condiciones externas al objeto que aquí debatimos. En tercer lugar, porque lo más relevante que ha incorporado el Senado ha sido una larga -diría que larguísima- modificación de la ley del blanqueo de capitales, que de verdad -ustedes lo saben- no debería figurar en este texto. Por más que en la motivación de la enmienda se hacen denodados esfuerzos para justificar su vinculación con la transparencia, en la propia motivación aparece al final el argumento, que hay que cumplir con la adaptación de nuestra legislación antes de fin de año para que podamos superar con dignidad y con éxito el examen que se celebrará sobre la misma en el primer trimestre del año 2014.

Es entendible, el único problema es que en democracia hay algunas cosas que aunque sean entendibles no se pueden hacer porque significan burlar, escamotear -no quiero utilizar palabras fuertes- los procedimientos establecidos, y la democracia es fundamentalmente observación de reglas y de procedimientos preestablecidos. El Tribunal Constitucional -además en una forma solemne porque lo hizo corrigiendo la doctrina que hasta entonces había sostenido, avocando una decisión al Pleno y no en una de sus salas- en la Sentencia 119/2011, de 5 de julio de 2011, ha exigido que para este tipo de incorporaciones debe darse una conexión u homogeneidad entre las enmiendas y los textos a enmendar pues, como también dice una enmienda del Senado, no puede servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva. Recuerda además -para colmo- que, aun asumiendo que en determinadas circunstancias pueden existir razones de urgencia que propicien acelerar la aprobación de una concreta iniciativa legislativa, existe la posibilidad de acudir a otros mecanismos como el decreto-ley, cuando resulte


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jurídicamente viable. Que no hayan acudido al decreto-ley para cumplir el plazo, cuando el Gobierno tiene acreditada una marcada afición a este instrumento jurídico -son, si no me equivoco, 43 exactamente en dos años- es un atajo que no debería haberse producido.

Por último hay un tema que nos inquieta -además con quienes he trabajado, del Grupo Popular, en relación con esta ley lo saben-, y siento de verdad no haber tenido tiempo de hacer una consulta o un comentario, la nueva redacción que se ha dado a la disposición final novena -la que se refiere a la entrada en vigor de la ley-, porque permite una lectura que a nuestro juicio no es razonable, que es demorar por dos años la aplicación de la ley a las administraciones autonómicas y locales. Digo que permite una lectura; no digo que sea eso lo que dice, pero lo permite. El tema es tan relevante como para que nuestra posición sobre esa modificación, sobre esa enmienda, varíe en función de -espero- las aclaraciones que se me den desde esta tribuna cuando el representante del Grupo Popular tome la palabra en unos minutos. Así como nos parecía razonable, por el hecho de que de los 8.116 u 8.117 ayuntamientos que hay en España 7.000 tienen menos de 1.000 habitantes, dar un plazo dilatado de tiempo para su aplicación en las administraciones autonómicas, nos parece imposible de asumir, sobre todo cuando gestionan los grandes servicios públicos que además afectan directamente a los ciudadanos, y estos con toda seguridad van a centrar la petición de información o esperan recibir la publicidad activa por parte de las administraciones públicas.

Decía al principio que querría haber sido original. He manifestado los mismos argumentos que manejé en el debate en esta Cámara el pasado 12 de septiembre, y añado algo que también dije entonces, y lo quiero repetir: El texto que en unos días estará en el Boletín Oficial del Estado será mejor, mucho mejor que si no lo hubiese, sencillamente. Añado: Será mejor, mucho mejor que el texto que en septiembre de 2012 el Gobierno remitió a la Cámara. Y completaré la afirmación: Será mejor, mucho mejor que el texto que el Gobierno socialista en julio de 2011 aprobó en sus últimos momentos de actividad normativa. De esa mejoría -lo dije entonces y lo reitero hoy- nosotros nos sentimos partícipes, pero, como entonces señalé, no es nuestra ley, no es la ley que nosotros habríamos querido; sobre todo no es la ley que podía haber sido, y las circunstancias del momento provocaron una no aceptación por el grupo mayoritario de las enmiendas que nosotros habíamos presentado, y el resultado es el que hay. Es verdad que la de hoy -este es uno de esos anuncios que se hacen aquí y que el futuro demostrará si son verdad o no- no será la última aparición de la ley de transparencia en esta Cámara; de entrada, porque, como ya se ha recordado, la semana pasada aprobamos un proyecto que ya hemos remitido al Senado, el proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, que ya modifica la ley equis equis/equis equis equis, la que hoy estamos a punto de aprobar. Yo creo que va a ser modificada en el futuro -no estoy hablando solo, que también, de lo que un Gobierno de otro color podría hacer con ella, sino también de que tendremos ocasión de modificarla- como consecuencia de una de las iniciativas en las que nos tendremos que enfrascar en los próximos meses.

En relación con ello -casi acabo, presidente-, lo importante de la ley de transparencia a partir de este momento, a mi juicio, no es ya su contenido -es el que es; unos nos sentiremos más satisfechos, otros menos, algunos nada-, sino dos cosas: una, cómo, con qué voluntad se va aplicar -de ahí que le demos mucha importancia al tema de la disposición final novena-; y, dos, con qué actitud vamos a actuar a partir de ahora, qué actitud mental, qué actitud política. Lo importante de la ley de transparencia a mi juicio es que suponga un compromiso no solo para que las administraciones públicas cumplan las obligaciones que la ley les impone, sino para que colectiva y también individualmente asumamos una forma distinta de hacer política. Tendremos dos ocasiones inmediatas: el plan de medidas de regeneración que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros de septiembre pasado y que cuando sea tocará verlo y también -le doy tanta importancia como al anterior- el propio Reglamento de esta Cámara, según el que tendremos que comprobar las actitudes con las que los grupos afrontamos nuestro compromiso con la trasparencia.

Lo siento, vicepresidenta, pero a partir de ahora no me voy a referir al proyecto de ley ni, por tanto, al Gobierno ni al Grupo Popular. Tengo que utilizar un minuto final de mi tiempo no para contestar -no es lo que tengo que hacer- sino para hacer un comentario sobre una afirmación del señor Nuet, por razones que no tengo que hacer explícitas, en relación con lo que ha afirmado respecto de una carta dirigida al anterior presidente del Gobierno por el presidente del Banco Central Europeo y del gobernador entonces del Banco de España. Le tengo que decir dos cosas: una, que el presidente Zapatero no ha mentido nunca en el Parlamento (Aplausos), primero; y, segundo, y por ello mismo, que el presidente Zapatero se cuidó muy mucho ni de afirmar ni de negar la existencia de esa carta. Nunca la negó, cosa que se ha dicho en


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la tribuna. No la negó nunca, y basta con leer el "Diario de Sesiones" para comprobar que lo que estoy diciendo es también, como entonces, verdad.

Gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: Muy bien).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Serrano.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gómez de la Serna.

El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Con la venia, señor presidente.

Señorías, hoy es un buen día, a pesar de muchas de las cosas que se han dicho aquí, para los ciudadanos españoles; es un buen día para el sistema democrático, es un buen día para este Parlamento y es un buen día también para el Gobierno de España. Es verdad que no es un buen día para la izquierda y un mal día para el socialismo español; es un mal día para elsocialismo español porque asistimos a la culminación de una incapacidad para pactar nada con el Partido Popular y asistimos al hecho insólito de ver al principal partido de la oposición prácticamente votando contra sí mismo. Ustedes no podían cambiar de opinión en el Senado, señor Serrano, porque no abandonaron la ponencia y la ley en razón del contenido de la ley, y usted lo sabe perfectamente. Ustedes abandonaron la ley por una pura táctica de erosión del Gobierno de la nación. Ustedes y nosotros pactamos juntos esta ley porque entendimos que era esencial para la democracia española. Por eso acordamos partir de un texto que ustedes dejaron en el Ministerio de la Presidencia. Es verdad que ese texto luego lo hemos superado ampliamente, con creces; hemos sido mucho más ambiciosos, más exigentes, más democráticos. Alguien podría pensar que quizá por eso ustedes al final también abandonan la ley. Hemos trabajado más de un año para ir juntos en la materia; pero una manera de entender la oposición política, que tiene más que ver con la técnica del plantón y del regate en corto que con el sentido del Estado, hace que hoy ustedes, además de escenificar esa incapacidad, vayan a votar contra sí mismos en una actitud que es insólita e impropia de un partido que tenía vocación de Gobierno. Claro que al menos ustedes no han anunciado que van a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional o que van a derogarla en cuanto alcancen nuevamente el Gobierno.

Esta es una de las leyes más importantes para el funcionamiento de los poderes públicos, y ustedes lo saben. Esta es una ley para la calidad democrática. Es una ley llamada a transformar muchas cosas: la manera de concebir el poder, el ejercicio de la Función pública, el ejercicio de la actividad política, la gestión de los dineros públicos y también la manera de concebir el lugar del ciudadano en un Estado democrático. Es una ley que además es una respuesta global del sistema democrático español en un momento en que la regeneración política se hacía especialmente necesaria. Yo no sé si es que a la izquierda que hoy va a votar en contra de la transparencia en España le chirría el acceso a la información o el buen gobierno o la transparencia; yo no sé si es que en el fondo les molesta que los ciudadanos tengan y ejerzan el derecho a saber. A lo mejor por eso no cuelgan algunos de ustedes las cuentas de sus partidos de su página web; no lo sé. Quizá el control del poder tenga más que ver con mentes liberales que con mentes progresistas; no lo sé. Lo que sé es que curiosamente la izquierda hoy, incluyendo a UPyD, va a votar en contra de la transparencia en España. (Aplausos). Pero este país necesita esta ley y va a tener ley de transparencia. La semana pasada volvieron a plantar al Gobierno cuando se les convocó para acordar un ambicioso plan de regeneración democrática. Hoy votan en contra. Ustedes no quieren inaugurar una nueva forma de hacer política, ustedes están anclados en el pasado. En el Senado terminaba el portavoz del Grupo Socialista repitiendo una frase del señor Serrano. Decía: el futuro no está escrito. Daban a entender que podrían llegar a algún acuerdo de futuro. El futuro no está escrito, señorías, pero se escribe día a día; se escribe en el presente, y ustedes lo que están escribiendo en materia de regeneración y de transparencia hace que pierdan el tren, y con él estén perdiendo también el porvenir.

Con lo que hoy aprobamos aquí se trata de que los ciudadanos sepan qué se hace con su dinero, qué se hace con su poder, qué se hace, cómo se hace, quién lo hace y con qué consecuencias lo hace. Se trata también de que el poder no tenga la tentación de hacer aquello que no se deba saber, salvo, claro está, las lógicas limitaciones o las lógicas excepciones que son absolutamente homologables en la legislación comparada, que están en el Convenio del Consejo de Europa, y ustedes lo saben, como son la seguridad, la defensa, la persecución de delitos, etcétera. En un momento además en que algunos cuestionaban el sistema representativo, en que la demagogia, el facilismo político o el fatalismo político pedía tirar por la borda todo lo que los españoles hemos hecho en los últimos casi cuarenta años, la transparencia es un elemento sustancial de relegitimación que ustedes, la izquierda española, hoy vuelve a despreciar. Siempre dijeron ustedes que los problemas de democracia se resolvían con más democracia


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y que los problemas de libertad se resolvían con más libertad. ¿Los problemas de transparencia no se resolverán también con una ley de transparencia? Con esta ley además España se situará a la vanguardia de la legislación europea y los españoles van a dotarse de una de las leyes más avanzadas de nuestro entorno. Esta ley ha atravesado un proceso de tramitación que es absolutamente ejemplar, como ninguna otra ley lo había atravesado antes: más de 8.000 visitas en Internet, más de 3.700 observaciones. Hemos atravesado un periodo de comparecencias con expertos de primerísimo nivel, a los que aprovecho para dar las gracias hoy desde esta tribuna por sus aportaciones. Nunca una ley fue afectada por tantas sugerencias en sede parlamentaria ni cambió tanto en sede parlamentaria; nunca desde la Transición un gobierno había planteado con tanta vocación de consenso y de llegar a acuerdos la tramitación de una ley de esta profundidad y de este calado democrático.

Cuando la ley llegó a la Cámara la transparencia no se iba aplicar ni a los partidos, ni a los sindicatos, ni a las organizaciones empresariales, ni a las entidades públicas o privadas que se financiaran sustancialmente con fondos públicos -está la Iglesia católica, naturalmente no de manera explícita sino en cuanto se financia con fondos públicos-, ni al Banco de España, ni a la Casa Real que, por cierto, es la única casa real del mundo que se somete a una ley de transparencia de estas características. Cuando el texto llegó al Congreso el órgano de control de la transparencia efectivamente no era un órgano independiente del Ejecutivo; ahora ya lo es.

No se puede decir que es un grupito del PP, como ha dicho el señor Nuet, o que es un grupito de cinco funcionarios. ¿Cómo se puede decir esto? Un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Señor Nuet, si todas sus observaciones son del rigor de esta, acabemos, porque no se sostienen en pie. Cuando esta ley llegó al Parlamento, en materia de publicidad actividad, no se hacían referencias, por ejemplo, a las competencias autonómicas, y es verdad. Ahí tenemos que agradecer al PNV y a Convergència y Unió sus aportaciones. Se han definido principios técnicos que no estaban en la ley. Se han introducido mecanismos de control y de sanción. Cuando esta ley llegó al Congreso el derecho de acceso ni incluía todos los formatos posibles, ni la norma incorporaba lo que se ha llamado la transparencia de la transparencia. Tampoco se contemplaba el hecho de que no fuera necesario motivar las solicitudes de acceso. Cuando esta ley llegó a la Cámara el régimen disciplinario y sancionador en materia de buen gobierno era muy distinto, y se ha hecho un enorme esfuerzo tanto desde el punto de vista sustantivo como desde el punto de vista técnico. Hoy ya se sabe que el que la hace la va a pagar, incluso con la destitución del cargo, incluso con la imposibilidad de ser nombrado para un cargo similar durante el período de cinco a diez años. En el Senado, efectivamente, hemos mejorado más la ley, hemos abierto la transparencia a las lenguas cooficiales, hemos escalonado la entrada en vigor, dando la posibilidad de que entidades locales puedan adaptarse y, naturalmente que hemos puesto en conexión asuntos que están conectados como la regulación del blanqueo de capitales y la transparencia.

Señor Martínez Gorriarán, ¿les molestan normas de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo? ¿Les parece mal que España cumpla con sus obligaciones internacionales? ¡Claro que puede haber conexión entre el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y los responsables políticos! ¡Pero si en España lo sabemos mejor que en ningún sitio! ¡Si hemos tenido concejales de ayuntamientos condenados por terrorismo que tenían acceso a financiación pública! ¿Cómo no van a estar conectados? Naturalmente que lo están. ¿Cómo se puede criticar la obligación de entidades financieras de facilitar datos de responsables públicos a efectos de prevención del blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo?

Termino, señorías. Estamos ante una gran ley. Esta es la respuesta del sistema democrático español en un momento en que hacía falta una puesta al día en materia de regeneración. Por todo ello, termino como empezaba. Hoy es un buen día para los ciudadanos, es un buen día para el sistema democrático y es un mal día para la izquierda española. Es peor que una incapacidad y es peor que una deslealtad. Es un error, señores del Partido Socialista. Se arrepentirán tanto de no estar en la ley como nosotros nos alegramos de haber tenido el empeño de sacar esta ley adelante.

Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Nuet Pujals pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez de la Serna.

Señor Nuet.


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El señor NUET PUJALS: Por alusiones, si me permite.

El señor PRESIDENTE: En efecto, ha habido una alusión sobre unas palabras suyas. Si es para ese tema, tiene tres minutos.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.

Con toda cordialidad al portavoz del Grupo Socialista y para que conste en el "Diario de Sesiones", me gustaría decir que en ningún momento he afirmado que el expresidente del Gobierno haya mentido a esta Cámara. Lo que sí he dicho es que pedimos en sede parlamentaria un documento y no se nos facilitó, y ese documento, a posteriori, ha sido publicado en unas memorias. He llamado la atención sobre este tipo de comportamiento.

Muchas gracias. (El señor Serrano Martínez pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Serrano.

El señor SERRANO MARTÍNEZ: Gracias, presidente.

Con la misma cordialidad. Por supuesto que no ha dicho que el presidente Rodríguez Zapatero hubiese mentido. Absolutamente de acuerdo. Creo haberle oído que el presidente Zapatero negó la existencia de la carta. Y esto es lo que digo que el Presidente Zapatero nunca hizo. Nunca la dio, pero nunca negó su existencia, pese a que el hoy presidente del Gobierno, entonces principal líder de la oposición, lo pidió reiteradamente en un debate que se produjo en el mes de septiembre del año 2011. Nunca le respondió ni en sentido positivo ni en sentido negativo.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Agradezco las dos intervenciones, porque creo que es muy importante que un tema trascendente para la historia reciente de España haya quedado configurado en este incidente.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señor presidente, simplemente quiero dar las gracias a todos los grupos parlamentarios por su esfuerzo en la tramitación de esta ley, a los que la van a votar; a los que no, creo que eso no es lo importante. Lo importante es que en este Pleno del Congreso de los Diputados se discuta de temas que afectan a la democracia y a la soberanía de todos los ciudadanos, como es el derecho a tener una Administración y otras instituciones transparentes y a que todos juntos trabajemos para que así lo sean.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. (Número de expediente 121/000048).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, que son las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. La importancia de este proyecto y el que sea ley orgánica me inducen a señalarles a sus señorías que, por el Grupo Mixto, habrá unas intervenciones de carácter excepcional cuando se producen este tipo de debates de proyectos importantes.

En primer lugar, tiene la palabra la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.

Señor ministro, ya dimos nuestro no rotundo y convencido, por supuesto, a la reforma que nos propone. A la vuelta del Senado, lo cierto es que las cosas han variado poco. Yo diría, incluso, que no solo no han cambiado sino que, a nuestro entender, en algunos aspectos han empeorado. Por lo tanto, nos reafirmamos hoy en la posición. Ha empeorado, por ejemplo, en lo relativo a la elección de directores de centro, o ha empeorado cuando desoye -y esto nos parece importante- la ley y, por lo tanto, la posición del grupo y del ministerio al Consejo de Estado en lo relativo, por ejemplo, a que los centros que imparten educación diferenciada deben justificar de forma objetiva y razonada ese modelo educativo para optar al concierto. Con esta enmienda se desoye una recomendación importante y de calado al Consejo de Estado, y lo sabe, ministro. Pero diría que no es esta sordera ministerial -si me permite la expresión- la que más nos preocupa.


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Hoy se da aprobación definitiva a una ley llamada para la mejora de la calidad educativa, cuando a la educación del Estado español lo que en estos cuarenta últimos años le asola es un problema fundamental, y no es otro que el uso partidario que de la legislación, en materia de educación, se ha venido haciendo a cada cambio de partido en el Gobierno central. El gran problema es el uso lamentable del sistema educativo como ariete partidario y electoral. Ante eso, ministro, por parte de su departamento, lo único que ha habido es sordera. Sordera ante casos clamorosos, como el que estos mismos días asola la red pública de enseñanza en Navarra, que ha tenido que ver cómo se cuestiona el trabajo general, que además siembra la sombra de sospecha sobre la generalidad de los docentes, bajo los auspicios de informes, al parecer policiales, al parecer reservados, pero desde luego conveniente e interesadamente filtrados. Sordera, ministro, y quiero además dejar constancia de ello en esta sala, ante casos inaceptables como el que hace bien pocos días se producía a las puertas de un instituto de secundaria en Pamplona, donde los alumnos menores de edad -menores, señorías- eran grabados sin su conocimiento, por supuesto sin su consentimiento, y emitidas sus declaraciones bajo el rótulo -y esto es textual, ministro- en medios de comunicación de: Entramos en las aulas navarras de ETA. Es absolutamente escandaloso, absolutamente escandaloso e inaceptable, pero lo es tanto, permítame ministro, como el silencio institucional, en definitiva, como su silencio, ministro. La Lomce, nos dice -y podemos compartir el objeto declarado-, pretende dar un impulso a la labor de los docentes. Francamente, difícilmente se puede dar impulso, cuando ante situaciones grotescas, como la que la red pública de Navarra está viviendo en estos momentos con ataques absolutamente interesados, más allá de supuestos delitos que corresponde a otro departamento estimar, grotescas, como digo, las acusaciones y grotescos los ataques que está recibiendo la red pública de Navarra, de parte de las instituciones, de las instituciones concernidas y responsables, solo reciben el silencio.

Voy terminando ya, presidente, me he comprometido a esos tres minutos y en esos tres minutos quiero terminar. Señor Wert, francamente, no se me ocurre, y creo además incluso que lo compartiremos, un peor preludio a la ley que nos propone, en definitiva, a una reforma que hace oídos sordos a los problemas más hondos, que los tiene, de la educación.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.

Señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, señorías, señor ministro, este Gobierno, cualquier Gobierno, tiene derecho a intentar mejorar la educación, no porque lo diga un programa electoral, que también, sino porque la educación, una buena educación es la mayor garantía que tenemos para construir una sociedad mejor. No creo que nadie pueda negar, a la vista de los resultados muy deficientes de las evaluaciones sobre nuestro sistema educativo, que podemos mejorar muchísimo, y si podemos mejorar, señorías, lo debemos de intentar; por tanto, no solo es un derecho sino que constituye una obligación. El anterior Gobierno intentó un amplio acuerdo en materia de educación, estuvimos cerca o eso parecía. Hoy la sartén ha dado la vuelta y ha colocado a los dos partidos que debieran llegar a un gran acuerdo nacional en el lugar que ocupaba el anterior; da la sensación de que hoy el PSOE se quisiera poner en la misma situación y disposición que tuvo el Partido Popular entonces. Nosotros antes y ahora abogamos y pedimos un gran acuerdo nacional en materia de educación.

Mi partido, Unión del Pueblo Navarro, siempre ha afrontado el reto de mejorar la educación de cara allí donde tiene responsabilidad. Y por eso, gracias al esfuerzo imprescindible de muchos profesionales, con la colaboración de distintas redes de centros, el compromiso de asociaciones de padres y el interés de los alumnos, los ratios de la enseñanza educativa en Navarra están entre los mejores de España. Precisamente por ello, no podíamos quedar al margen de este debate, en el que no compartimos el inmovilismo de los que dicen que porque las leyes educativas son suyas no se pueden modificar; los prejuicios ideológicos de quienes creen que hay una buena educación y una mala; el sectarismo de los que se creen en posesión del derecho a educar y dictan a los padres cómo deben ser educados sus hijos; la perversión de quienes pretenden instrumentalizar modelos educativos concretos para fines espurios, o peor aún, como en mi tierra, para legitimar una historia criminal. Como tampoco podemos dejar de denunciar la hipocresía de quienes apelan a un genérico derecho a decidir para una comunidad, pero la niegan sistemáticamente al individuo, a los padres; ni tampoco, por último, dejar de reconocer que toda la trompetería de oposición a esta ley es incapaz, incapaz de ocultar el ocaso de los dogmas de la izquierda en materia de educación.


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En UPN hemos trabajado mucho la ley, en fase de borrador, anteproyecto, hemos presentado una amplia batería de enmiendas que han tenido desigual acogida, es verdad, pedimos que reflejara en las evaluaciones finales los contenidos del currículum navarro, una mayor consideración a la asignatura de Teología, la dignificación de la FP, una apuesta creíble por la educación plurilingüe; en fin, no conseguimos convencerles de la utilidad de todas ellas, aunque todas ellas tenían un carácter docente, nada ideológico. Pero es verdad que también se aprobaron otras, otras, se aceptaron aquellas que defendían la libertad de los padres para elegir el modelo educativo que ellos desearan, que obviamente no es un tema menor, aunque es verdad que hubiéramos necesitado más disponibilidad y apertura de miras para decantar nuestro voto finalmente hacia el sí.

Termino, señor presidente, tres de cada diez chavales en España no llegan a terminar sus estudios, lo peor que podríamos hacer hoy es creer que con menos libertad, esfuerzo, sana competencia, evaluación continua, autonomía de los centros y rendición de cuentas sacaremos mejores resultados en el futuro. Eso, todos lo sabemos, no puede ser, y lo que no puede ser es imposible y creer en un imposible nos lleva a la frustración. Señorías, mejorar la educación en nuestro país no puede, no debe ser la madre de todas las batallas. Por ello, hoy, señor presidente, dejaremos que sea la historia la que juzgue el esfuerzo de cada uno por construir un futuro mejor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

Señor Álvarez Sostres.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, créame que no se me hace nada agradable trasladarle lo que pienso sobre el fondo de este debate, porque creo que usted mismo no es consciente de lo que aquí se va a aprobar o al menos de las consecuencias de lo que se va a aprobar. Este Pleno va a resultar inédito e histórico por varias razones. La primera, que una ley general del sistema educativo, del sistema escolar, va a resultar aprobada en exclusividad por el Partido Popular, por mucha mayoría absoluta que tenga. La segunda, y esto sí creo que es único en la historia, porque esta aprobación del Partido Popular se hace a un proyecto que no es del Partido Popular. Nos preguntamos entonces a quién corresponde la paternidad intelectual del proyecto que se va a aprobar aquí. Le voy a enumerar, señor ministro, a quién no corresponde. No es una ley del Partido Popular porque si lo fuese estarían contemplados en ellas los elementos nucleares de su programa político y del programa de investidura del presidente. No es de la izquierda política porque jamás traicionarían su credo educativo, plasmado en las actuales leyes vigentes, que cumplen con la misión casi de línea roja, casi con exclusividad, a pesar del amplio catálogo de normas que anuncian que van a derogar cuando sean mayores. No es una ley filonacionalista, porque tiene quizás la única aportación contraria a una concepción unitaria y con cierta homogeneidad del sistema escolar, con las pruebas nacionales y la dogmática clasificación curricular. No es de los titulares de los centros concertados y de los centros privados porque no se acomoda a muchas de sus peticiones de equivalencia. No es de los sindicatos o de los profesores porque no se ocupa de ellos; claro, que tampoco al parecer tienen gran importancia para el sistema. Ni siquiera, señor Wert, creo que es realmente del Gobierno porque no contempla, arbitrariamente en mi opinión, cuestiones sustanciales como la ampliación del bachillerato, si lo vemos a la luz del discurso de investidura del señor Rajoy. El señor Rajoy una vez más ha puesto en circulación su estilo político ya clásico de paciencia, barajar y donde va el asa que vaya el caldero; ya habrá otros que lo quiten; en todo caso, como en el juego del tute, yo si lo veo mal arrastro y me voy al palo largo.

En definitiva, ¿de quién es esta ley que nace con el germen de la derogación inmediata con un calendario ad calendas graecas? Desde luego de usted, de su cercano equipo ministerial y de un grupo de tecnócratas innominado. No tengo dudas, señor Wert, de que el sistema escolar debe ser revisado, pero no es esto; no es esto. Esta ley no va a solucionar los problemas existentes en nuestro país porque no los ataca con profundidad conceptual sino a través de un collage educativo, sin los cambios estructurales que demanda el sistema, sin el diseño adecuado entre objetivos y el articulado conductor, sin vocación de aplicabilidad, sin el diseño curricular acorde con los mismos y, sobre todo, sin la complicidad social necesaria. Señor Wert, créame de todas formas si le digo que yo también me considero de alguna forma responsable parcialmente con usted de su fracaso, porque desde mi humildad política no le he convencido de la negatividad y de la esterilidad de esta reforma escolar, a la que asisto con sensación de impotencia.


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El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Termino.

Esto explica mi no a una ley que no responde a las necesidades de España, del proyecto educativo de Foro y a lo que han dicho los españoles mayoritariamente en las urnas; es decir, es una ocasión histórica desaprovechada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Conforta saber, señor ministro, que existen islas de dignidad, personas que caminan con la cabeza alta y personas que no se arrodillan en su presencia, como el compositor Josep Soler, que ayer mismo se negó a recibir la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes que otorga su ministerio. Dijo Josep Soler: Aceptar el reconocimiento sería aceptar la autoridad del Gobierno, y yo no quiero saber nada del ministro Wert ni del Gobierno de Rajoy, porque a ellos no les interesa en absoluto ni la cultura ni la educación. Cada vez son más personas, señor ministro, concita usted extrañas unanimidades, como el escritor Javier Marías, que rechazó los 20.000 euros del Premio Nacional de Narrativa por coherencia y porque le parecía una sinvergonzonería aceptarlos de usted. Personas como esa docena de estudiantes que le negaron el saludo al recoger los premios nacionales de fin de carrera, o como Juan Antonio Bayona, Premio Nacional de Cinematografía, que le recordó algo que usted y este Gobierno parecen haber olvidado: Mis padres no tuvieron la oportunidad de tener el derecho fundamental de estudiar, pero se gastaron el poco dinero que tenían en que sus hijos estudiasen porque entendieron que la educación no es un gasto, sino una inversión. Algo que usted parece no entender a la vista de todas sus decisiones. Parafraseando a Charles Dickens: Hay hombres que parecen tener solo una idea, y es una lástima que sea equivocada. Señor Wert, usted y su partido son como esos conductores temerarios que circulan en dirección contraria a todos, llevándose por delante todo lo que encuentran, porque esta ley que debía de nacer con un amplio consenso, con vocación de perdurar, de mejorar y de excelencia, nace con un defecto congénito. Señor Wert, esta ley no es el patito feo, esta ley lleva en sus entrañas la maldición de Frankenstein. Usted ha creado una ley monstruosa, abominable, una criatura que no gusta a nadie, ni a la comunidad educativa ni a los obispos, que querían mucho más. Yo diría que incluso, viendo a veces las caras que pone, no le gusta ya ni a usted.

Esta ley es un monstruo deforme que ha recibido once enmiendas a la totalidad en el Congreso y ocho en el Senado, setecientas setenta enmiendas parciales en el Congreso y cerca de novecientas en el Senado, de las cuales solo se ha aceptado un número testimonial en ambas Cámaras. Sea sincero, señor ministro, y contésteme: ¿Cómo va a acabar con el fracaso escolar con una ley que no gusta a nadie, que no consensúa con nadie, que no convence a nadie, con una ley sin alma? Por eso, Compromís-Equo se sitúa en el lado de los maestros y profesores, del lado de los padres y estudiantes, de las escuelas de músicas -tantas que tenemos en Valencia-, de la gente digna de la cultura. Esta es su ley. Por tanto, concluida la tramitación de su ley, Compromís-Equo ratifica su intención de proceder a su derogación en cuanto cambie la actual mayoría parlamentaria.

Acabo. Señor Wert, cada vez lo identifico más con esa cita de Groucho Marx: La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Usted, señor Wert, se ajusta a la perfección a las cuatro aseveraciones de Groucho Marx.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, como nos temíamos los nacionalistas canarios, el trámite de enmiendas en el Senado estaba condenado a la melancolía, a la melancolía que sienten hoy amplias capas de la población, del sistema educativo y de esta Cámara, que mucho nos temíamos que nada podía parar un proceso que es el ejemplo perfecto de la ofensiva del ultraliberalismo más salvaje contra el sistema educativo público español; pura ideología en movimiento. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). La Lomce representa con absoluta precisión una realidad impensable antes del comienzo de esta crisis, que es que precisamente aprovechando la crisis, se desarrolle un programa


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durísimo, de claro contenido ideológico y contrario al interés general, que consista en incrementar la desigualdad, aumentar los impuestos a los más débiles y desmantelar derechos y servicios públicos, como es el caso del sistema educativo. La Lomce ha sido tramitada y será aprobada desde la más absoluta soledad social, del sistema educativo y político; justamente lo opuesto de lo que hay que pedir de una ley orgánica que, como su propio nombre indica, requeriría algo más de seriedad, un esfuerzo por el consenso, que es lo que no ha ocurrido en este caso.

Presentamos en su día una enmienda a la totalidad en la que nos tenemos que reafirmar punto por punto. Le voy a decir una cosa, aunque la inestabilidad legislativa es un obstáculo al desarrollo de un sistema educativo público de calidad -y en el Estado español son ya siete leyes orgánicas en la reciente historia democrática-, esta en concreto merecerá lo que hemos comprometido muchos grupos de la Cámara y que nosotros queremos reafirmar hoy aquí, y es que, concluida la tramitación de esta ley, los nacionalistas canarios nos volvemos a ratificar en nuestra intención de proceder a su derogación en cuanto finalice la actual mayoría parlamentaria. Tengo que concluir diciéndole que la esperanza que nos queda a los nacionalistas canarios y a otros muchos es que en realidad esta ley, profundamente regresiva respecto de los derechos que tanto ha costado conseguir, no tenga tiempo de ser aplicada en su totalidad.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.

Por el mismo grupo, señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.

Señor Wert, más de un año después y también más de mil seiscientas enmiendas después, aquí estamos. Son más de mil seiscientas las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición que no son sino el reflejo del rotundo rechazo social que ha supuesto esta reforma educativa desde el primer momento. Cuando ya todos y todas creíamos que era imposible empeorarla, la ley ha vuelto del Senado con el objetivo, ahora todavía más claro, de atacar a una educación pública y de calidad, de reducir y lesionar el derecho fundamental del acceso a una educación gratuita y universal. Estamos, por lo tanto, no como al principio, sino mucho peor que al principio y mucho peor de lo que padres, profesorado, alumnado, organizaciones sindicales, sociales y políticas podríamos esperar.

Nos enfrentamos ahora a la aplicación de una ley que desde el principio no ha tenido diálogo, participación de los actores implicados, que no ha tenido desde luego ni la más mínima intención de acercamiento de posturas ni tampoco el más mínimo atisbo de consenso. Nos enfrentamos ahora a la aplicación de una ley que ha tenido como argumento principal el alto porcentaje de abandono escolar y como base las estadísticas y los datos de informes internacionales que, sin embargo, también reconocen que la educación en el Estado español es de las que más favorecen y cuidan la equidad y la igualdad en comparación con otros países europeos teóricamente más desarrollados y avanzados. Por cierto, informes internacionales que ustedes se apuran a asumir y a poner en práctica sus recomendaciones, en este caso en el ámbito educativo, y que descartan inmediatamente cuando en otros ámbitos, como el sanitario y de servicios sociales, nos dicen que hay que tomar medidas para que la austeridad y los recortes no sigan atentando contra los derechos humanos de nuestros ciudadanos. Nos enfrentamos a la aplicación de una ley, señor Wert, que no concibe la educación como un servicio público esencial, y privilegia escandalosamente a la enseñanza privada. Las enmiendas que ustedes aceptaron en el Senado inciden todavía más en este aspecto. Un ley que se aparta definitivamente de la laicidad que propugna la sacrosanta e intocable Constitución española. Una ley que se entromete intolerablemente en las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, que recentraliza y atrae para sí todos aquellos instrumentos que considera le pueden servir para lo que el ministro descubrió al inicio como su principal objetivo: españolizar al alumnado. Una ley que tiene en contra a toda la comunidad educativa y a todo el arco parlamentario, y que varias comunidades autónomas han anunciado ya que recurrirían. Una ley que todavía no se sabe cómo va a financiarse, empeñada en poner la educación pública al servicio de intereses económicos, y sobre todo ideológicos, que nada tienen que ver con el interés de las mayorías sociales.

Termino, señora presidenta. Nos enfrentamos a una ley que aun sin haberse aprobado definitivamente es ya una rémora para avanzar en la construcción pública de calidad, al servicio del conjunto de la sociedad.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez.


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La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino, señora presidenta, me quedan dos frases.

Una rémora que el PP intencionadamente no ha querido adaptar a las distintas realidades lingüísticas, culturales y socioeconómicas que conviven dentro del territorio español. Señor ministro, ayer se pidió aquí -con su ausencia- su reprobación.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino, señora presidenta.

Una reprobación que desde luego usted y su ley se merecen, pero que todavía quedan aún muy lejos de lo que se merecería, si asumiese verdaderamente sus responsabilidades... (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez, ha terminado su tiempo.

Por el mismo grupo, señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Señorías, señora presidenta, ¿alguien recuerda a una ministra de Educación, exmaoísta, reconvertida a pepera, doña Pilar del Castillo? ¿Alguien la recuerda? Nadie. Ella quiso promover una ley, quizá incluso menos reaccionaria que esta, y quedó absolutamente enterrada. Enterramos la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, como enterramos políticamente al señor Aznar. Y con usted, señor Wert, va a ocurrir lo mismo. Dentro de un tiempo nadie se acordará de usted. Bueno, sí, nos acordaremos de usted como amenaza a la calidad de la educación y a los derechos civiles. Los catalanes le recordaremos como aquel que después de muchos años vino con una ley, como otros entraron anteriormente por la Diagonal con unas tanquetas haciendo bum, bum, bum. Usted pasará al imaginario de los catalanes como una persona que quiso fracturar nuestra sociedad, y esto no lo vamos a permitir.

Ya se lo dije más de una vez. Nuestra legitimidad nace de la democracia y nuestra legalidad está instalada en el Parlamento de Cataluña, y con nuestra legitimidad y nuestra legalidad hicimos una Ley de Educación de Cataluña, que es hija de un pacto nacional. Pues bien, ustedes no van a aplicar la ley. De hecho en Cataluña no la vamos a aplicar. Se lo digo otra vez: no la vamos a aplicar. Es más, un Gobierno de centroderecha -digo de centro, porque no quisiera ofender a los compañeros de Convergència i Unió- o de centro ya ha dicho, por boca de su consellera, que no se iba a aplicar la ley. ¡Pues fíjese usted si gobernamos los republicanos! Ustedes no van a aplicar la ley; de hecho nosotros no la vamos a aplicar. Se lo digo hoy, porque además el tiempo lo demostrará.

Su ley es nacionalcatolicista, su ley es españolizadora, reaccionaria, clasista, segregacionista; es más, han aprovechado el Senado para incluso darle otra vuelta más al tornillo de esta voluntad segregacionista. Y debo decirles que nosotros ratificamos el compromiso de aquello que hemos firmado con los distintos grupos parlamentarios, porque de la misma manera que enterramos a Aznar, enterraremos su ley cuando cambie la correlación de fuerzas en este Parlamento.

Usted es tan antiguo que yo como enseñante incluso haría un ejercicio que nunca he hecho. Le diría que escribiera mil veces: no evangelizaré a los alumnos; otras mil veces: no castigaré al profesorado, etcétera. Ese ejercicio es muy retrógrado ciertamente, pero funciona perfectamente con su visión del sistema educativo y de la educación. Se lo recuerdo: en Cataluña no vamos a aplicar esta ley, y no creo que usted venga por la Diagonal.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Señora Ariztegui.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Gracias, señora presidenta.

Unos puñados de sal gruesa en el Senado, que lo hacen aún más intragable, y aquí tenemos ya el guiso definitivo: un plato que huele a quemado desde lejos, desde el principio, desde que conocimos sus ingredientes, y que desde luego nuestro país no está dispuesto a catar. Señor Wert, se lo hemos dicho por activa, por pasiva, por perifrástica, y se lo volvemos a decir hoy más fuerte que nunca: esta ley no nos vale, nos es extraña, ajena, no nos sirve en absoluto para responder a nuestras necesidades y retos. No es que no mejore en absoluto la calidad y la equidad, sino que supone un volver cuarenta años atrás inasumible. En definitiva es una ley que va contra nuestra soberanía, nuestra identidad y nuestra lengua, a la que le decimos: ¡alto! ¡Geldi or! Eso sí, sigue dando un servicio a la carta de ciertos intereses ideológicos y económicos, porque desvirtuando la nobilísima función de la educación, se olvidan de su principal acepción, la de desarrollar las facultades intelectuales y morales de la persona, y se acogen solo


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a la segunda, la de adoctrinar, dirigir, encaminar. Digo esto porque si, como bien dijo Turgot, el principio de la educación es predicar con el ejemplo, mal ejemplo nos acaban de dar con la escandalosa investigación ilegal de los 1.700 profesores en Nafarroa, puestos en el punto de mira, ¿por qué? Por enseñar en euskera, su lengua, nuestra lengua. Es vergonzoso, un auténtico atropello, un desprecio total a la realidad sociolingüística de Nafarroa, a las libertades básicas de la comunidad educativa navarra. Desde aquí nuestra solidaridad también con el instituto Iturrama. Mal ejemplo, sí, señorías, del PP, al votar en contra de la declaración institucional del Parlamento navarro, que además de mostrar su respaldo y reconocimiento al profesorado del modelo D, rechaza todo intento de criminalización del mismo.

¿Qué debemos entender con esta caza de brujas, con este espionaje inquisitorial? ¿Esto no es un aperitivo de la Lomce? Conociéndoles... Señorías, si algo precisa del esfuerzo de toda la comunidad, desde casa, pasando por la escuela, hasta la calle, eso es la educación. Dice un proverbio africano que para educar a un niño o a una niña hace falta toda la tribu. Pues precisamente aquí toda la tribu, toda la comunidad ha dicho rotundamente no a la Lomce. Primero, los principales protagonistas, toda la comunidad educativa en su conjunto lo está diciendo hoy mismo con concentraciones y manifestaciones. Segundo, nuestras máximas instituciones, el Parlamento vasco y el navarro lo han vuelto a decir esta semana con Plenos monográficos. Tercero, la sociedad vasca en general. Los datos del sociómetro vasco conocido esta semana son apabullantes: solo el 5 % apoya la Lomce. Ni sus propios votantes, señor Wert. El rechazo es absoluto, total, por centralizadora, por uniformizante, por ir contra la equidad, pluralidad, calidad, por ser una bomba en el corazón de Euskal Herria. ¿Y para qué quieren lo que nadie quiere?

Nuestras razones para no aplicar la Lomce son muy poderosas, y aunque los objetivos marcados por la Lomce para 2020 los tengamos superados, sabemos que tenemos mucho que hacer. Esperamos olvidar pronto la pesadilla de la Lomce, y vamos a ir dando los pasos necesarios para que no se aplique. En ese sentido ratificamos también nuestra intención de proceder a su derogación en cuanto cambie la actual mayoría parlamentaria, y estamos poniendo ya las bases para nuestro sistema educativo propio, que deberá venir de un nuevo marco educativo que incluya un currículum propio, qué queremos que estudien nuestros hijos e hijas, y un único modelo lingüístico para formar a un alumnado euskaldun y plurilingüe. Euskal Herria ha hablado alto y claro: no a la Lomce y sí a un sistema educativo propio. Saquen pues sus manos de nuestras escuelas, saquen sus cámaras violadoras, conculcadoras de los derechos de nuestros hijos e hijas. Se lo hemos dicho de mil maneras, y aprovechando estos segundos que me quedan, se lo voy a decir en verso: (Entona una canción en euskera).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ariztegui. (Continúa entonando la canción en euskera). Señora Ariztegui, ¿lo traduce? (Aplausos.-Rumores). Gracias, señora Ariztegui. (Rumores). Por favor, guarden silencio.

Por el Grupo Vasco, señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Presidenta, señorías, la Lomce enfila ya el último trámite de su tortuoso tránsito por esa Cámara, sin más apoyos políticos que los que tenía al inicio de su viaje, y sin duda con un rechazo social muy superior al inicial. De hecho hemos tenido ocasión de disertar, que no de debatir y consensuar, en numerosas ocasiones sobre el contenido del proyecto de ley, sobre la filosofía que le inspira, sobre aspectos jurídicos, competenciales, arquitectónicos, curriculares, desde las múltiples y diversas ópticas y sensibilidades de los distintos grupos parlamentarios que integramos esta Cámara, y el Grupo Vasco lo ha hecho desde una postura firme, sí, pero a su vez responsable, tendiéndole, señor ministro, la mano a la negociación y al acuerdo, aunque usted, a veces faltando -casi siempre en este caso- a la verdad, incomprensiblemente lo niegue, y lo niegue siempre que tiene ocasión y permanezca además obstinadamente aislado tras ese enorme muro que le separa de la realidad educativa, social y política de su país.

Los argumentos y posicionamientos han sido repetidos hasta la saciedad, y en la memoria ciudadana la gestión del proyecto de la ley Wert llevada a cabo por el Gobierno de España quedará grabada como el paradigma de la contrapolítica. ¡Qué contrasentido, señor ministro, de verdad, qué curiosa manera de entender el liderazgo político! Estoy convencida de que el inusitado consenso político y social que ha conseguido aglutinar en contra de esta norma se convertirá en caso de análisis para investigadores y estudiosos del funcionamiento de los sistemas democráticos modernos. En este sentido he de reconocerle un éxito: psicólogos, sociólogos y politólogos disfrutarán de lo lindo tratando de diseccionar las causas y fundamentos de este novedoso axioma. Ciertamente meritorio, señor ministro.


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Hecho este apunte le avanzo que tengo la voluntad de no repetirme. Ahora lo pertinente es mirar al futuro y seguir trabajando para evitar y mitigar los efectos transitorios de la posible, pero poco probable, aplicación de esta incomprensible, innecesaria y perversa norma, transitorios pero extraordinariamente perniciosos. Así pues, señor ministro, agotado el margen para la negociación y a las puertas de que el texto definitivo de la ley sea refrendado a golpe de mayoría absoluta Popular, le avanzo que el Gobierno vasco procederá a presentar recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, tal y como ayer anunció la consejera de Educación, Cristina Uriarte, en el Pleno monográfico sobre la Lomce celebrado en el Parlamento vasco, que por cierto dio para mucho, señor ministro; le recomiendo la lectura del acta de la sesión. Le anticipo además que recibirá usted una atenta notificación de las 49 propuestas de resolución aprobadas por la Cámara vasca, aunque me temo mucho que no vayan a ser de su agrado, porque todas y cada una de ellas rechazan de forma clara y contundente este proyecto de ley, y proponen además medidas para tratar de evitar el daño que pueda causar. Así lo decidieron ayer la totalidad de los grupos parlamentarios vascos -excepto el Grupo Parlamentario Popular- ante la atenta y esperanzada mirada de toda la comunidad educativa vasca. Pero retomemos la cuestión de la inconstitucionalidad. Decía que el Gobierno vasco formulará recurso ante el Tribunal Constitucional, y lo hará desde una perspectiva multicausal, porque esta ley, señor ministro, ha devenido en un dislate jurídico multidimensional también, puesto que se han identificado numerosos preceptos que presentan objeciones de inconstitucionalidad, bien por suponer una injerencia en el ámbito competencial propio de la Comunidad Autónoma de Eukadi, bien por materializar un menoscabo efectivo del derecho fundamental a la educación, o por violentar principios constitucionales de singular protagonismo en el desarrollo del contenido prestacional de este derecho fundamental. Sí, señor ministro, ni uno, ni dos, ni tres, son numerosos lo artículos que incurren en múltiple causa de inconstitucionalidad. Somos conscientes de que el recurso tendrá su recorrido en el tiempo, y de que su presentación no resuelve el problema de forma inmediata -usted también lo sabe-, aunque estamos seguros de que, de permanecer en el cargo, deberá cumplir con el compromiso que públicamente ha contraído, y que hemos podido leer en un hermoso titular de un periódico de gran tirada. Cito literalmente: Dimitiré si se aprecia inconstitucionalidad en la ley de educación. Rotundo, señor ministro. Ante tan meridiana contundencia, yo personalmente y con todo el cariño, después de analizar los fundamentos de derecho sobre los que se sustentará la misma, y al objeto de evitarle nuevos malos ratos, le daré un consejo: vaya redactando su carta de dimisión y no espere innecesariamente a que el venerable tribunal evacue sentencia.

Retomando la cuestión principal, señor ministro, a nadie se le ocultan -y supongo que a usted tampoco- las dificultades que las distintas administraciones educativas van a tener que superar para la puesta en marcha de este proyecto: establecer, aprobar y publicar sus reales decretos básicos de desarrollo de la ley, aprobar por parte de las comunidades autónomas sus disposiciones propias en el ejercicio de sus competencias, la adecuación de los centros a los nuevos requerimientos, sus plantillas, espacios y equipamientos a las nuevas especialidades, la formación del profesorado, la regulación de los nuevos procesos de matriculación, la adaptación de los materiales curriculares y libros de texto, y un sinfín de cosas más que afortunadamente en este caso llevan su tiempo, desde luego bastante más que los nueve meses que la ley establece para su implantación, y todo ello además sin mencionar razones de índole presupuestaria. Así pues, aplicando un principio simple, pero también contundente, el principio de racionalidad, estimamos que va a ser imposible la implantación plena de la norma en el plazo previsto, que es probable que no se concluya en su totalidad a lo largo de su mandato, y que además la soberanía ciudadana le retire su confianza y además la mayoría absoluta que posibilitará a estas Cortes Generales reconducir semejante despropósito. En ese sentido vuelvo a reiterar que, concluida la tramitación de la Ley Wert, el Grupo Parlamentario Vasco ratifica su intención de proceder a su derogación, como le decía, en cuanto cambie la actual mayoría parlamentaria.

Dicho esto, le avanzo una nueva cuestión: Euskadi no tiene previsto renunciar a su sistema educativo de éxito. El Gobierno vasco seguirá por tanto desarrollando su política educativa con la Lomce o a pesar de la Lomce, eludiendo cualquier efecto negativo de la misma. No tenga la menor duda de que -se lo he dicho en otras ocasiones- seremos creativos, lucharemos por la defensa de los derechos educativos de los vascos y vascas, y por los derechos educativos de todos los pueblos y naciones del Estado; la causa realmente lo merece. En todo caso nunca olvide que con la Lomce y/o a pesar de la Lomce (Pronuncia palabras en euskera): porque fueron, somos, y porque fueron, seremos -padre Joxe Miel de Barandiarán-. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.

Nuestro grupo, como las demás veces que esta ley, la Lomce, ha pasado por su tramitación, va a votar en contra de esta ley, pero me gustaría dejar claro que es por razones educativas, porque pensamos que es una ley que francamente no está a la altura de los cambios que necesitan hacerse en la educación en España.

Dicho esto, de entrada, me gustaría hacer una serie de comentarios sobre lo ocurrido durante su tramitación en el Senado y el debate público que hay en torno a esta ley, que precisamente es un debate que por desgracia está alejado de lo que debería ser el centro, que es en qué medida esta ley, la Lomce, contribuye o no a hacer esas mejoras en el sistema educativo que tenemos, que es un sistema educativo que ha conseguido sin duda alguna grandes logros históricos, pero es evidente que tiene deficiencias que hay que mejorar. En ese sentido el empeño de buena parte de la oposición en confundir la Lomce con el señor Wert, aquí presente, me parece uno de los errores de bulto que justamente llevan a que al final la sociedad sepa muy poco qué tiene la Lomce, qué contenidos tiene, en qué cosas puede mejorar la educación, y en qué cosas es insuficiente.

Me he reunido con el señor Wert muchas veces y puedo testificar que ni quiere despedir a todos los profesores ni se quiere comer a los niños crudos, simplemente tiene una idea de la educación que es bastante minoritaria, y nosotros creemos que en algunas cosas profundamente equivocada. Pero me gustaría llamar la atención sobre un hecho sobre el que suele pasarse de puntillas, y que sin embargo tiene una gran importancia. Para nosotros una de las insuficiencias de la LOE es casualmente el excesivo continuismo que tiene con las leyes anteriores. La LOE está presente en la Lomce, no ha sido derogada ni cambiada radicalmente por la Lomce. En realidad, si alguien me pidiera un resumen muy rápido de qué es la Lomce, yo diría que es la LOE más catecismo más un trato mucho más favorable, y que nos parece abusivo, a favor de los concertados, más una serie de cambios concretos que en algunos casos sí han mejorado deficiencias bastante obvias que había, y sobre las que todos los que conocen la educación estaban de acuerdo. Por ejemplo, pensamos que está bien lo que ha hecho la Lomce para favorecer o mejorar la formación profesional, aunque nos sigue pareciendo insuficiente. Nos parece que es buena idea introducir evaluaciones de trabajo de los centros y evaluaciones de trabajo de los alumnos, y un par de cosas más.

El problema es todo aquello en lo cual la Lomce no ha querido entrar. Una de las cosas que más perplejo me deja es que ustedes resistan con tanta imperturbabilidad la acusación de que es una ley recentralizadora cuando no es así, porque la Lomce da más poder a las comunidades autónomas en materia educativa, y después de su paso por el Senado aún más, porque alguna de las pocas enmiendas -luego entraré en esto- que se han aprobado en el Senado lo que ha hecho ha sido eliminar o cambiar radicalmente la posibilidad que había de obligar a que algunas asignaturas se tuvieran que ofrecer en castellano en todos los sistemas educativos. Pues esto también ha decaído, ¡qué casualidad!

En fin, el Senado ha arreglado algunas cosas que estaban pendientes debido a la mala tramitación de esta ley, porque ha tenido una historia de una tramitación disparatada, yo supongo que como consecuencia de cómo el debate se torció desde el principio, y dejó de ser un debate sobre educación para convertirse en un debate sobre el señor Wert, sobre el ministerio y sobre el Gobierno y sus planes, con lo cual se ha dejado pasar una oportunidad de oro para que habláramos de una vez de educación. Por eso la tramitación fue tan mala, porque acabó siendo un ejercicio de sectarismo por ambas partes, y al final han tenido que arreglar, por ejemplo, el disparate -que todavía no comprendo cómo ustedes se negaban a entender cuando lo hablábamos en el Congreso, en Comisión y en Pleno- de las matemáticas en el bachillerato de Ciencias Sociales, o el problema de la entrada en vigor de una ley que, como todas las leyes educativas, es compleja y tiene que ser escalonada, ese empeño en que entrara inmediatamente en vigor, etcétera. Pero no se han reparado otras cosas que me siguen pareciendo atropellos, desde el punto de vista educativo, injustificables. Por ejemplo, el sacrificio de la filosofía en el bachillerato al dejar de ser troncal en segundo de bachillerato, el mal trato que se ha dado en general a las enseñanzas artísticas, que prácticamente han desaparecido de la parte normativa de la Lomce, etcétera. ¿Por qué? ¿En qué se ha justificado este sacrificio? En el hecho de que la Lomce ha hecho un esfuerzo considerable por mantener el reparto de las cuotas entre lo que dice la ley General de Educación y las competencias que reconoce a las comunidades autónomas en materia educativa. Esto nos parece un verdadero disparate. No hay


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ninguna justificación para que una comunidad autónoma tenga la capacidad de decidir entre el 35 % y el 40 % -esta diferencia que además es incomprensible-, o el 45 % para los que tienen una lengua cooficial, como si eso modificara el contenido educativo de las asignaturas del currículum. Nos parece un abuso y una exageración. Lo hemos explicado muchas veces. Ustedes no han querido entrar y yo entiendo por qué, porque no quieren entrar en el fondo de la cuestión, que es que el sistema educativo español se ha dispersado de una manera abusiva en las comunidades autónomas, y además porque no tiene nada que ver el ejercicio de la competencia de educación que los estatutos de autonomía conceden a las comunidades autónomas con el ejercicio de algo completamente diferente, que es el cambio del proyecto educativo de un país, que además está en un proceso de convergencia educativa con los demás países de la Unión Europea.

Por mucho que algunos en esta Cámara, y fuera de ella muchos más, se empeñen no tiene nada que ver cuál es la lengua vehicular para el contenido de las asignaturas. Dan exactamente igual las matemáticas en euskera, catalán, gallego o en castellano, tienen que ser idénticas, y si hay una diferencia es porque alguien las está pervirtiendo. Esta es la cuestión. Exactamente lo mismo con todas las demás materias y contenidos educativos de un proyecto curricular, salvo la diferencia de que en un caso habrá que aprender, si no hay un conocimiento nativo o innato, la lengua cooficial y en otros no. Esta es la única diferencia. Por tanto estirar esa pequeña cuestión de que es aprender una lengua o usarla si ya se conoce para hacer que una parte, que puede llegar a ser casi la mitad del currículum, se decida en las comunidades autónomas explica muchos de los problemas de la educación en España. Esta es una cuestión que nos parece menos importante.

La cuestión verdaderamente importante, en nuestra opinión, es una cuestión política, y es que el principal error de la Lomce es que vuelve a ser una ley de partido. Es verdad que ustedes han hecho un gran esfuerzo para disimular esto precisamente manteniendo un continuismo con respecto a la LOE, que a su vez lo tenía con respecto a los Logse, que no les han agradecido, pero esto les pasa -se lo tienen bien merecido- justamente por no entrar en el fondo de las cuestiones. El problema que tiene la Lomce una vez más es que no se centra en las cuestiones educativas, sino en la capacidad omnímoda y todopoderosa que se han dado aquí los grandes partidos, o los partidos grandes mejor dicho, para legislar sobre educación. Consecuencia de eso es que somos el partido, perdón, el país -pero partido confundido con país efectivamente- con mayor inestabilidad legislativa en materia de educación, y es consecuencia de la manía de cada nueva mayoría parlamentaria de cambiar la ley anterior, incluso cuando no hace falta. Además encima pretender que ese cambio se lo más duradero posible con una técnica legislativa y con una visión política completamente equivocada, que en el caso de la Lomee ha sido hacer una ley ultradetallista.

¿Se dan ustedes cuenta de que cuando esta ley entre en vigor, el día en que se evalúe, si se ve que tiene errores, por ejemplo en determinadas materias que habría que darles mayor o menor importancia, eso va a exigir cambiar la ley otra vez, porque es una ley que no tiene un mecanismo de cambio desde el reglamento, sino que exige el retoque completo de la ley en su totalidad, porque es una ley orgánica? Es decir, que han vuelto a hacer una ley, que aunque fuera maravillosa, que no lo es, necesitaría ser evaluada, como todas las leyes educativas, y resulta que es una ley inestable por su propia naturaleza, porque habrá que volver a cambiarla entera. Por lo tanto el debate educativo brilla por su ausencia, lo que ha brillado en cambio con mucha fuerza es la voluntad de imponer que, puesto que yo tengo mayoría parlamentaria, se va a hacer aquí la ley educativa que a mi me da la gana, incluso si no es la ley que yo quería hacer en mi programa electoral.

Francamente ha sido una historia verdaderamente lamentable y así es como la califica mi grupo; ha sido lamentable y penoso que se haya perdido la oportunidad de hacer una ley de educación pensada por lo menos para veinticinco años, que es lo que realmente tendríamos que intentar sacar de esta Cámara. Lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir: nuestra obligación aquí no es otra que crear una ley educativa que dé un marco normativo que permita trabajar a los docentes, esto es lo que hay que hacer y ustedes no lo han hecho, incluso con contradicciones tan patentes como por un parte decir que se da más autonomía a los centros, pero luego resulta que la labor decisoria a la hora de nombrar al director, cosa fundamental, la tiene al final la consejería de educación de la comunidad autónoma respectiva, porque esto es lo que han hecho. Al final las comunidades autónomas van a tener un poder que antes no tenían para decir quién manda en cada centro educativo. ¡Estupendo! Un gran progreso de la autonomía de los centros y de los docentes, peor que antes, por lo tanto.


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Para acabar no quería dejar de referirme a lo que ha ocurrido con el trámite en el Senado, porque nos lleva a otro debate al que, como no es el tema de esta discusión, no quiero dedicarle más tiempo, pero sí al menos una mención. Francamente, que una ley tan importante como la Lomee pase por el Senado, y solamente se consiga arreglar un par de despropósitos consecuencia de una mala tramitación, como el de las matemáticas al que me refería antes o los plazos de entrada en vigor, y el resto de las enmiendas sean en un noventa y tantos por ciento cambiar alumnos por alumnos y alumnas, dice para qué sirve el Senado actual: para nada. El Senado actual es una Cámara que goza cada vez de mayor, no ya indiferencia por los ciudadanos, sino animadversión. Cuando se ve este tipo de trabajos se entiende por qué, porque esto ni siquiera es enmendar la Lomee, esto es enmendar el castellano, donde resulta que en castellano las reglas gramaticales de formación de plurales de género son así, se dice los alumnos y se dice las asignaturas. No se dice las asignaturas y los asignaturos, sino que se dice las asignaturas y los alumnos. Al final, ¿qué han hecho? Una de estas enmiendas que lo único que hacen es hacer una genuflexión al lenguaje políticamente correcto de determinados sectores que no tienen nada que ver con la lengua que habla la población, la sociedad, la comunidad lingüística, que es la única dueña de la lengua y de sus reglas. La verdad, patético. Para finalizar, reitero que vamos a votar que no; nos hubiera encantado poder votar que sí, pero nos lo han hecho totalmente imposible.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, presidenta.

Señorías, permítanme primero felicitar a la diputada que nos ha cantado aquí, tiene una bonita voz y además intentaba cantar una bonita canción, un bonito poema.

Señorías, que todo es susceptible de empeorar es una evidencia, al menos en este caso. La Lomee no ha mejorado en su paso por el Senado, y no lo ha hecho a pesar de las enmiendas que ha admitido, incluida la número 66 presentada por los senadores de Izquierda Unida. La mayoría de las enmiendas incorporadas de la oposición son de mejora técnica, y no modifican los contenidos profundamente antipedagógicos, segregadores y economicistas de la ley. En cualquier caso resulta curioso que enmiendas relacionadas con el lenguaje -lo ha mencionado antes otro diputado-utilizado a lo largo del redactado de la norma fueran rechazadas en los debates de la Comisión de Educación, aquí en esta Cámara, además no sin cierta sorna por parte de alguna diputada y algún diputado del Grupo Popular, y sin embargo hoy vuelven a esta Cámara al ser consideradas positivamente por los senadores y las senadoras del Grupo Popular. Es como si la Comisión de Igualdad tuviera más fuerza en el Senado que en esta Cámara que es donde ejerce su comisionado.

Como les decía, estas enmiendas son, permítame la expresión, señor ministro, el chocolate del loro. No hacen mejor una norma que es mala desde sus inicios, que no cuenta con el respaldo de la comunidad escolar, que solo la apoyan los sectores más retrógrados del ámbito educativo, sectores que se sentirán profundamente agradecidos de que ustedes hayan recogido una enmienda de un grupo parlamentario sobre la educación diferenciada. No puedo entender, no creo que nadie pueda entenderlo, que terminen por recoger en el texto final de la ley una enmienda que elimina la salvedad de cumplir con las recomendaciones de la Unesco a la hora de considerar la educación diferenciada, lo que en román paladino llamamos todo el mundo segregación de sexos. A usted, señor ministro, las sentencias de los tribunales al respecto le importan más bien poco. Lo correcto sería decir más bien nada. Y, lo que es peor, las consecuencias de la desigualdad en las mujeres, los roles diferenciados, aún les preocupa menos con lo que esto -reitero- tiene de consecuencia para el desarrollo de la igualdad de las mujeres.

No nos vale que su presidenta ponga, como ayer, voz triste ante la violencia de género. No nos vale que tengamos una Comisión de Igualdad donde todas las que formamos parte de la misma luchemos por la erradicación de ella. Si ustedes admiten esa enmienda no creen en la igualdad, lo siento por la señora Quintanilla, pero el Partido Popular ha dejado de creer con esa enmienda en la igualdad y en los derechos de las mujeres. (Aplausos). Si como supongo, y quiero seguir suponiendo, que las mujeres que por parte del Grupo Popular están en la Comisión de Igualdad no están de acuerdo con esta enmienda, deberían votar en contra, deberían decirle al Grupo Popular que la retire de manera inmediata. Le hemos dicho mil veces, y lo seguiremos diciendo las miles de veces que sean necesarias, que estamos ante una norma que nace sin base científica pedagógica alguna. Ustedes, en su afán por adaptar investigaciones internacionales que ajustan a sus principios ideológicos como pueden, luego si las investigaciones


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internacionales dicen otra cosa ni las ven ni las oyen ni las escuchan. Tienen ministerios absolutamente ciegos a según qué cuestiones. Solo recogen aquellas que tengan un sentido negativo hacia la educación pública, insisto, hacia la educación pública. No analizan ni realizan ningún estudio para saber qué provocan aquellas situaciones en las que se encuentran o las necesidades que tiene la propia educación. Eso tampoco les interesa. Simplemente recogen lo que les apetece.

Es verdad que el señor ministro señala a las clases más desfavorecidas para mostrar dónde se produce el abandono escolar. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Lo curioso viene cuando en los presupuestos se reducen o eliminan aquellas partidas que pueden o deberían ayudar a este alumnado a superar ese desfase. Lo dije ayer y lo repito hoy. Ayer estaba usted ausente. Es usted un ministro valiente, según Rajoy, pero se ausenta cuando se le quiere reprobar en esta Cámara y no quiere escuchar lo que los grupos parlamentarios tenemos que decirle. Ayer decíamos desde esta tribuna que ustedes no necesitan machete alguno, por mucho que algún empresario se lo regale. Cuentan ya con la segadora que, sustentada en el artículo 135 de la Constitución, está segando la educación pública de este país. Usted, señor ministro, ustedes, con esta ley no quieren mejorar la calidad de la educación. Ustedes quieren que los hijos e hijas de los que menos tienen tengan que soslayar obstáculos para continuar en su formación académica. Para ello imponen las evaluaciones externas, aumentan las ratio, reducen el número de educadores, recortan las ayudas a los libros de texto, callan ante los recortes de muchas comunidades en becas de comedor y transporte, eliminan los programas compensatorios, suben las tasas y las matrículas e imponen determinada calificación para poder acceder a una beca de carácter general. ¿A quién, a quiénes? A los que menos tienen, señoría. Siempre a los que menos tienen.

Han eliminado las becas Seneca; quieren acabar con la parte que les toca respecto a las Erasmus; solo tienen en cuenta la movilidad exterior, tal y como lo entiende la señora ministra Báñez, la emigración de los jóvenes, solamente la entienden así. No sé si será por las veces que se lo he repetido, pero usted ha cambiado algo, señor ministro, empieza a asimilar que es una ley mercantilista, porque casi ya lo dice, casi ya lo manifiesta. Usted ha debido dar un nuevo repaso a la ley y se ha dado cuenta de cuáles son los términos que utiliza; competitividad, empleabilidad, rendición de cuentas, etcétera; todos ellos valores de mercado. No quieren, por tanto, ciudadanos solidarios, críticos y bien formados; muy al contrario buscan ciudadanos dóciles, adaptables a cualquier circunstancia. Eso, señor ministro, eso, señorías del Partido Popular, son los talentos que ustedes buscan. Lo vimos en los premios a los excelentes, cuando algunas y algunos de los premiados les negaron el saludo o salieron con las camisetas verdes. Al día siguiente eran acusados de ingratos, maleducados, etcétera. Pues a nosotros, a este grupo, acúsenos de ingratos si quiere y también de maleducados, pero cada vez que hablemos de educación llevaremos la camiseta verde de la marea verde, que reclama un modelo educativo que nos es el suyo, señor ministro. (Aplausos).

Señorías, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas quieren una ley donde se establezca el derecho a la educación en condiciones de igualdad. Una educación pública, de titularidad y gestión pública, y lo quieren así porque saben que es la única forma de garantizar la cohesión social y el éxito de verdad, con las mejoras que haya que ir introduciendo, de todo el alumnado. Hay una frase para eliminar si no les gusta alumnos y alumnas; porque hay alumnos y hay alumnas, porque hay hombres y hay mujeres; pero hay una palabra que es el alumnado. Insistimos en que la mejor forma de respetar la libertad de conciencia de la ciudadanía es eliminando toda forma de adoctrinamiento del currículum escolar. La Constitución se lo recuerda, por si se les ha olvidado, y dice que España es un Estado aconfesional. Por lo tanto, ya va siendo hora de que cumplamos con ello y deroguemos los acuerdos con el Vaticano y otras religiones y optemos por una educación laica, que es la que se merece este país. (Aplausos). Señor ministro, todavía está a tiempo, retire esta ley, hable con la comunidad escolar, dialogue, consensúe, apueste por la educación de verdad de calidad, democrática, de igualdad, pública, participativa y respetuosa con las competencias de las comunidades y motivadora para el alumnado y el profesorado. Si no lo hace, si no tiene el valor suficiente para aceptar que se ha equivocado, desde mi grupo ya le anunciamos que nos vamos a declarar también nosotros, como grupo, insumisos a esta ley, que es la suya, no del Estado, no de este país, porque no la quiere nadie ni dentro ni fuera de aquí. Señor ministro, señor Wert, nunca me he acordado de ningún ministro -lo comentaba antes el señor Tardà-, nunca se acuerda uno de un ministro, pero desgraciadamente con usted tengo que hacer una excepción.

Señorías, concluye la tramitación de la ley, pero el Grupo de La Izquierda Plural se ratifica en la intención de proceder a su derogación en cuanto cambie la mayoría parlamentaria. A mi grupo le gustaría -nos quedarán años o no; ese es un problema de ustedes que, seguramente, tendrán que pagar ante la ciudadanía-, señor Wert, que usted fuera valiente, de verdad, que fuera consecuente con su norma, con


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la que usted pretende aprobar hoy, y al no haber superado las pruebas externas tenga la valentía de dimitir. En todo caso, si no lo hace, nosotros le seguiremos diciendo que con este lema que tenemos en las camisetas, de una escuela pública para todos y para todas, seguiremos viniendo a este Parlamento a decirle: usted se ha equivocado; usted debe irse. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora García Álvarez.

Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hoy terminamos esta tramitación habiendo perdido una nueva oportunidad. La tramitación en el Senado no ha servido para expresar la voluntad de conseguir un pacto de Estado por la educación. Otra oportunidad perdida. Y así, concluida la tramitación de la ley Wert, de la Lomce, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ratifica su intención de proceder a su derogación en cuanto cambie la actual mayoría parlamentaria. No podemos hacer otra cosa, no podemos hacer otra cosa ni anunciar otra cosa, porque hoy ustedes con un 52 % de los diputados de esta Cámara van a desautorizar, van a despreciar un pacto de Estado por la educación que hicimos en Catalunya, que cuenta en cada capítulo como mínimo con el 85 % del soporte de los diputados del Parlament de Catalunya. ¿Cómo no vamos a aprovechar cuando cambie la mayoría para derogar esta ley? Buscan mejorar la educación, lo han repetido en todas partes, y nosotros también, y el resto de grupos parlamentarios también, no pueden ustedes quedarse con la única voluntad de mejorar la educación; están engañando, están mintiendo, todos queremos mejorar la educación y todos coincidimos en que es necesario mejorar la calidad de la educación, aumentar los índices de excelencia, reducir el abandono escolar temprano, reducir los índices de idoneidad, de repetición; eso sí, también todos estamos de acuerdo, sin sacrificar la equidad conseguida y sin sacrificar los logros sociales consolidados. En ese marco no han sido capaces de crear el diálogo para llegar a un pacto de Estado por la educación. Es un fracaso, hoy aprobarán esta ley, pero fracasarán, porque no han conseguido, en un momento en que la mayoría de partidos queríamos llegar a ese pacto de Estado, crear el ambiente y el diálogo necesario para realizarlo.

Ustedes, usted, el Partido Popular tienen que explicar la verdad, tienen que explicar que los indicadores que usted tanto usa para justificar esta modificación de la ley se están mejorando en Catalunya, en el resto de comunidades autónomas; queda mucho, sin duda, pero la dirección es la correcta. Hoy podemos afirmarlo con objetividad. El Anuario 2013, que ha publicado recientemente la Fundación Bofill, en el apartado Indicadores sobre el éxito educativo en Catalunya -solo ha trabajado el ámbito de Catalunya, ha estudiado la evolución de estos últimos cinco años, analizando el rendimiento académico, la equidad educativa, la adhesión educativa, la transición educativa y el impacto de retorno de la inversión en educación -un estudio muy completo-, y constata poniendo negro sobre blanco la mejora de los indicadores: en primaria, más calidad, mejores resultados. En cuanto a las pruebas de competencias de 4.º de ESO -sí, señor ministro, pruebas de competencias, no las trae usted aquí las pruebas de competencias en 4.º de ESO-, ya existían antes de ser usted ministro, desde hace más de cinco, seis y siete años se están haciendo esas pruebas, y esas pruebas demuestran que se reduce el número de alumnos que están en el nivel bajo, y están aumentado los niveles de calidad, unas pruebas que ya existían y que usted alardea de que son la gran novedad de esta Lomce. Por lo que se refiere a las enseñanzas postobligatorias, se han incrementado en 5,5 puntos los jóvenes de veinte a veinticuatro años que han conseguido titulaciones postobligatorias. ¿Eso son buenos indicadores? Sí. ¿Que hay que mejorar? Sin duda, sin duda. Conclusión: en el actual marco legal, que es mejorable, las administraciones educativas están mejorando los indicadores; en Catalunya con la Lley de Educació de Catalunya y con las mejoras pedagógicas que se están aplicando, se están orientando las políticas educativas para mejorar la educación en todo momento y con exigencia; y se está consiguiendo, y usted lo está escondiendo y lo está negando.

Respecto a la disposición adicional trigésimo octava, ataca, sí, ataca única y exclusivamente, aunque el ministro diga que el catalán no está en el texto, está hecha para Catalunya, señor ministro, para Catalunya; su deseo sería que nosotros tuviésemos el sistema del País Vasco pero somos Catalunya, no somos el País Vasco. Ataca el modelo de inmersión lingüística y el modelo de escola catalana, y así lo podemos afirmar también hoy, porque tenemos el Informe de política lingüística de Catalunya de 2012 - supongo que no dudará de los informes que hacemos en Catalunya, ¿no?, supongo- donde se dice que el catalán es cada vez más usado, más de 500.000 personas en los últimos cinco años lo usan, hemos aumentado en 500.000 personas. Demuestra que el catalán es una gran herramienta -lo hemos


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dicho siempre- de cohesión e integración social. Sabe que tenemos un índice muy alto de inmigración y sabe que tenemos una sociedad con múltiples lenguas extranjeras, pero el catalán está siendo la herramienta de cohesión y de integración social. Desde 1986 hasta 2012 la población que sabe escribir en catalán ha aumentado 24 puntos. ¿Se acuerdan del ejemplo de mis padres, de mí y de mis amigos, de mis alumnos y que mis hijos? Ahora está escrito en números y en porcentajes, señor ministro. La población mayor de 14 años que entiende el catalán es el 97,1 %; la que lo sabe hablar, 84,3 %; y la que lo sabe escribir, 70,1 %. ¿Les parecen buenos los resultados? No pongan esas caras, tranquilos, voy a hablar del castellano en Catalunya. El castellano es el idioma que predomina en Catalunya. -explíquenlo en Valladolid, explíquenlo en Andalucía-. El castellano predomina en Catalunya; tiene una clara posición de dominio, incluso han conseguido mejorar el número de sentencias que se hacen en castellano porque antes en catalán se hacían un 20,1 % en el ámbito judicial y ahora un 12,7 %. Comparemos ahora. El 97,1 % entiende el catalán y el cien por cien el castellano; el 84,3 % sabe hablar el catalán y el 99,8 % sabe hablar el castellano; el 70,01 % sabe escribir el catalán y el 99,3 % sabe escribir el castellano.

Señor Wert, no solo demostrando sus capacidades en el dominio del catalán defiende el catalán; debe explicar claramente que usted busca una solución a un problema que no existe; por tanto, no hay solución; solo hay ataque ideológico a la lengua catalana, al pilar básico de nuestra identidad y de nuestra nación. Sería de justicia ser claro y nítido, quiere recentralizar competencias; homogenizar pasando de un 65 % del dominio de las asignaturas a un cien por cien; controlar ideológicamente la educación; despreciar la diversidad; imponer su ideología por todos los medios a su alcance. No era necesario este concreto cambio legal. Tal vez algún cambio legal era necesario pero no el que hace la Lomce. Señor ministro, con frases suyas como: esto es una jungla y yo sin machete; soy como un toro bravo, me crezco con el castigo; queremos españolizar a los alumnos catalanes; las protestas contra la Lomce son una fiesta de cumpleaños. Con estas frases ha conseguido que la ley y su tramitación hayan proyectado una imagen de España de charanga y pandereta, y no es justo ni para España ni para Catalunya ni para Convergència i Unió. Y si no, defíname usted de otra manera el serial que ha tenido con las becas Erasmus. Esa ha sido su gran aportación, además de desestabilizar la educación enfrentando a todos los actores de la comunidad educativa y, aún peor, intentando borrar aquellos pactos y consensos basados como en Catalunya en la generosidad política y la voluntad de mejorar la educación.

Será la dura realidad la que podrá con la Lomce; lo han dicho algunos compañeros; será la realidad la que impedirá su aplicación. ¿Qué realidad? La realidad económica. Las comunidades autónomas no tienen recursos para aplicarla, usted no tiene recursos para aplicarla. Los presupuestos que están haciendo las comunidades autónomas los está haciendo en el marco legal actual en Catalunya, con la Lley d'educació de Catalunya, y sus famosos fondos de Garantía juvenil no se van a poder aplicar en esta ley. En cuanto a la realidad administrativa, para el curso 2014-2015 no estarán aprobados los decretos de desarrollo, y usted lo sabe. Quiere mantener que lo va a hacer, pero usted sabe que no podrá. Al final las prisas y las formas van a imposibilitar la correcta aplicación de este fiasco de ley.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Barberà, tiene que terminar.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Por eso, les decimos, señorías, que Convergència i Unió defenserá y aplicará l'Estatut d'Autonomía de Catalunya y la Lley d'educació de Catalunya. Convergència i Unió defenderá y aplicará el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley de Educación de Cataluña. (Aplausos).

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Barberà.

Por el Grupo Socialista señor Bedera.

El señor BEDERA BRAVO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, concluida la tramitación de la ley Wert, el Grupo Parlamentario Socialista ratifica su intención de proceder a su derogación en cuanto cambie la actual mayoría parlamentaria. (Aplausos).

Permítanme, en primer lugar, saludar y agradecer la presencia en la tribuna de invitados a los miembros de la comunidad educativa, las AMPA, los estudiantes, sindicatos y profesores que nos acompañan esta mañana en el último acto de un drama que, como las tragedias griegas, todo hacía indicar que acabaría mal y así ha sido. Asistimos al acto final de una ley que desde sus primeras trazas en julio de 2012 hacia sospechar un contenido excluyente, cuando se apuntaba que los programas de cualificación estaban


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dirigidos a los alumnos en situación económica desfavorable. Una ley que, según el ministro, era necesaria porque había un elevado índice de abandono escolar, porque nuestro sistema suspendía en PISA y porque había que reducir las elevadas cifras de paro juvenil. La música del primer borrador, septiembre de 2012, sonaba desafinada ya desde el preámbulo, que decía: la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía. La letra del articulado dejaba al descubierto un canto al ultraliberalismo más exacerbado, reválida, ránquines, itinerarios, cambios de selectividad, FP básica, consejos escolares convertidos en meros órganos consultivos, respaldo a la concertación de centros que segregan por sexo, conciertos a la demanda, etcétera. El texto que llegó al Consejo de Estado en febrero de 2013 sufrió una nueva dosis de la misma medicina, que pretendía, según el ministro, rebajar el elevado índice de abandono de nuestro sistema educativo. Entre estas medidas correctoras del fracaso escolar estaban -fíjense- la ampliación de los conciertos a un mínimo de seis años, la elección de los directores de centro por las comunidades autónomas, la concepción de la religión y su alternativa como materias evaluables o la desaparición de Educación para la Ciudadanía. Atención, seis meses después de que el ministerio modificara sus contenidos mínimos en un real decreto que empezaba así: según las recomendaciones de los organismos internacionales la incorporación de esta área como materia independiente en el currículo atiende a la necesidad de formar una ciudadanía responsable en una sociedad democrática. Señorías, curioso preámbulo a todas luces anterior a la supresión y, por tanto, al primer acto de obediencia del ministro a la Conferencia Episcopal. (Aplausos).

Por cierto, señorías, esta mañana hemos desayunado con la noticia de que la ministra Mato quiere incorporar a la ley Wert la lucha contra la violencia de género. Señor ministro, pónganse de acuerdo, si ustedes fueron los que la eliminaron. -A buenas horas mangas verdes, que se dice en mi tierra-. A pesar del posterior varapalo del Consejo de Estado -180 folios de observaciones- y lejos de enderezarse el rumbo, se apretaron las filas e impasible el ademán se exigió mejorando la ley destinada a reducir las elevadas cifras de paro juvenil. Para conseguirlo, se incluyen en el Congreso enmiendas de claro matiz laboral como el reconocimiento al profesor de la autoridad, la desaparición del concepto de educación como servicio público, la posibilidad de que profesores de la privada puedan corregir las reválidas o que se permita la cesión de suelo público dotacional para construir centros concertados. En el Senado el portavoz popular, que aquí nos acompaña, preocupado por hacer de la religión materia de oferta obligatoria en el bachillerato -y así ganar, me imagino, la indulgencia de la Conferencia Episcopal- da un espectáculo absolutamente lamentable al admitir diez enmiendas del Grupo Socialista y de la Entesa para luego dar marcha atrás en el dictamen, demostrando así no habérselas leído. Pero el trabajo de demolición continúa y se suman al texto de la ley nuevas aportaciones de altísimo contenido pedagógico, como eliminar la obligación que impuso el Consejo de Estado a los centros que segregan por sexo, de justificar de forma objetiva dicha excepción para poder aspirar al concierto, o permitir que los centros en los que por sentencia del Tribunal Supremo se eliminó el concierto por segregar niños y niñas puedan volver a acogerse a él sin esperar hasta la revisión en el año 2017. (Aplausos).

Son medidas todas ellas que, como sabe todo el mundo, mejoran ampliamente nuestra clasificación en PISA. Mientras tanto, se les olvidó arreglar el problema de los alumnos que, por ejemplo, iban a hacer económicas y no cursaban matemáticas en todo el bachillerato, teniendo que ser los grupos de la oposición, señor ministro, quienes por unanimidad, porque así lo exige el Reglamento del Senado, salvaran la situación admitiendo una nueva enmienda para arreglar este desaguisado para el que ustedes no habían previsto ninguna solución. Chapuza tras chapuza, señor ministro, de quienes tienen como guía única la ideología, a la que sacrifican todo lo demás, incluido el rigor y el sentido común. Este ha sido el recorrido de su ley, señor Wert; una ley que no era necesaria porque con la misma ley hay comunidades autónomas que tienen un abandono escolar similar a Finlandia y otras que lo triplican. Por mucho que se empeñe, los resultados de PISA para España están en una media razonable y muy lejos de la mediocridad, que usted tanto predica, y porque atribuir a la futura ley poderes terapéuticos para curar el paro juvenil es o desconocer nuestro sistema productivo o intentar confundir maliciosamente.

No era necesaria una nueva ley pero, fíjese, sí muy conveniente que se hubiera sentado con talante constructivo, como se le ha dicho aquí por otros grupos, con las organizaciones sociales y con los grupos políticos para alcanzar un gran pacto por la educación aunque rechazaran en su momento el que les ofreció el ministro Gabilondo. Es una ley además gestionada desde el más puro autismo político, sin la mínima voluntad de acuerdo, con una falta de tacto insufrible y un exceso de intransigencia insoportable. Parece que disfruta con el enfrentamiento, señor ministro, ya sabemos que usted se crece con el castigo. Puede que no le importe que le abucheen, que le dejen de saludar cuando va a entregar premios o que le


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devuelvan las medallas al mérito en Bellas Artes, como le ocurrió exactamente ayer. Por favor, no nos avergüence más, dimita y llévese debajo del brazo su ley para que todos pensemos que esto ha sido un mal sueño. (Aplausos).

Es una mala ley que, además, no se va a poder aplicar. Fíjense, la experiencia ha demostrado cuán poco eficaces son las reformas dirigidas a un personal docente que no está identificado con el pensamiento del legislador. Es una cita extraída del preámbulo de la Ley de Villar Palasí de 1970 que, por cierto, tomó prestada de la creación en el año 1918 del Instituto Escuela, y casi cien años después la cita sigue siendo perfectamente válida: es imposible, es ineficaz imponer una ley a la comunidad educativa. Su ley es un acto legislativo fallido del que solo usted y quien le mantiene como ministro son responsables. Es una ley que en esta misma legislatura, ya lo verán, intentarán modificar -la ministra Mato está ya apuntando a ello- porque es inaplicable, porque tiene errores de bulto importantes como dejar fuera del currículo la música, la plástica, la tecnología o la filosofía. Pero hay otras razones por las que no se va a aplicar, por razones económicas, se lo han dicho ahora mismo, porque no dispone usted de los créditos para hacerlo y porque las comunidades autónomas tampoco tienen dinero. También por razones técnicas porque va a necesitar más de veinte reales-decretos y después otros decretos de las comunidades autónomas y más tarde habría que empezar a hacer los libros de texto, por no hablar del problema organizativo que crean en los centros y en las propias consejerías autonómicas. Asimismo por razones políticas porque los grupos de esta Cámara nos hemos opuesto y hemos firmado un acuerdo de derogación. No se lo tome a broma, señor ministro, no es una mera declaración de voluntad, es un serio compromiso que llevaremos a cabo. (Aplausos). Por eso, señorías, mi grupo quiere advertir muy seriamente aquí tanto a las comunidades autónomas como a los centros docentes o a los propios libreros para que no desperdicien tiempo ni recursos en poner en marcha una ley que está muerta antes de llegar al Boletín Oficial del Estado. Además, le anuncio que con el texto actual el Partido Socialista acudirá al Tribunal Constitucional para corregir lo que entendemos que son graves afectaciones al orden constitucional de algunas de las disposiciones de la ley. (Rumores).

Señor ministro, su ley ataca a la esencia de nuestro sistema educativo, ataca a la equidad, pero va más allá porque su ley pretende hacer inútil el esfuerzo de esa generación, la de nuestros padres, una generación fracasada pero que supo trasladar a la siguiente el éxito que ellos no lograron. Por eso no le vamos a perdonar que hunda ese logro colectivo con su ley y haremos todo lo posible para impedírselo.

Termino ya, señor ministro. Mi grupo ha puesto encima de la mesa 148 propuestas para la mejora de nuestra educación, que ya ofrecimos cuando gobernábamos y que ni siquiera se han dignado a leer. Volverán a tropezar en la misma piedra de la intransigencia y de la imposición y volverán a demostrar que solo saben hacer leyes educativas cuando tienen mayoría absoluta, porque sus leyes son leyes de partido y no leyes de país. Aprobarán la ley por pura aritmética parlamentaria, como hicieron con la LOCE, pero nadie les acompañará. Como ministro, entiendo que tiene que sentir una gran frustración al haber dilapidado todo su crédito político en tan poco tiempo y con tan magro resultado. Acabar apelando, como hizo la pasada semana, al patriotismo como argumento de autoridad para apoyar la ley nos da una idea bastante certera de lo perdido que está.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bedera.

El señor BEDERA BRAVO: Quizás hubiera que recordar el lamento de los esclavos en el Nabucco, aquel ¡Oh, patria mía, tan bella y tan perdida!, y aplicársela a la educación, o quizás lo verdaderamente patriótico es que dimita y retire la ley.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bedera.

Por el Grupo Popular, señora Moro.

La señora MORO ALMARAZ: Gracias, presidenta.

Señorías, señor ministro, quiero comenzar mi intervención en el día de hoy como iniciara nuestra portavoz de Educación la suya en el Pleno de totalidad sobre la Lomce: El Grupo Parlamentario Popular ha defendido, defiende y defenderá la necesaria mejora del sistema educativo español. Y yo añado: sin ninguna duda, con total legitimidad; casi 11 millones de votantes nos avalan. (Aplausos).


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La oposición puede empeñarse con todas sus fuerzas en discursos apocalípticos -y hoy se ha hecho por muchos un nuevo y poderoso ejercicio de ello- y así intentar que se disimule su discurso al margen del debate sobre la realidad de la reforma educativa, ignorando los temas centrales de la educación. En eso estamos muy de acuerdo con usted, señor Gorriarán. Todo ello no es sino deformar la realidad para lo que no pueden argumentar desde la racionalidad y el rigor, conseguirlo arengando a la protesta por la protesta, al margen de lo que dijera en su inicio el proyecto de ley y lo que dice hoy tras su paso por las dos Cámaras. Su forma de entender el tan reclamado consenso, señores socialistas, para trabajar sobre temas en lo que el diagnóstico coincide -hemos visto que coincide- no es sino una pose que consiste en lo siguiente: mirar siempre al pasado, defender que el inmovilismo es lo mejor en educación, dedicar esfuerzos a un pacto con el único objetivo de volver atrás, promesa de futura derogación y enzarzarse en lo secundario frente a lo principal. Es más, desde el Grupo Socialista hablan sobre temas que sin embargo no tienen reflejo en sus enmiendas. Ni siquiera se han dado cuenta de que el Gobierno, el Grupo Popular por su iniciativa o por la de otros grupos, ya ha superado esa sintonía sin aspavientos y hoy el señor Bedera sigue insistiendo en la misma. Este Gobierno, con el impulso decidido del Ministerio de Educación, se ha ocupado de lo fundamental, con la conciencia clara de que la educación es un motor de cambio, un claro factor de futuro para nuestros jóvenes. El cambio en educación es una empresa necesaria y no acaba con la aprobación de la ley, no se encierra en los renglones de la norma, esta abre caminos, posibilita el trabajo que ha de ser de todos. La educación, por definición, se defiende con la mirada puesta en el entusiasmo, en la innovación, en la evolución, en objetivos ambiciosos, en el progreso, en el futuro; nunca en el inmovilismo, en la autocomplacencia, en el anquilosamiento, en el premio al café para todos y en la ley del mínimo esfuerzo. (Aplausos).

Nosotros dijimos insistentemente -lo anunció el ministro y también los portavoces parlamentarios- que agotaríamos hasta el último momento para alcanzar el máximo grado de consenso posible. Ahora bien, como saben, no es viable llegar a consensos si nadie cede algo en su posición, tampoco a costa de apartarse de lo fundamental o de que solo haya consenso para volver al punto de partida. No es posible construir un consenso sobre el inmovilismo; les recuerdo que con esta ley el Gobierno construye, no teje y desteje cual Penélope un sistema educativo, a diferencia de los Gobiernos socialistas, sino que lo adapta respetando de forma relevante la LOE, lo actualiza y proporciona instrumentos para el impulso de estrategias de mejora. Pero ustedes siguen con su discurso y todo por no arriesgarse a superar las deficiencias del sistema. ¿Se imaginan a un padre que buscara para sus hijos asegurarles en su futuro la peor de las situaciones que hubiera vivido alguno de sus antepasados? Nadie lo comprendería. Pues esa es su posición, esa es la oposición en general y en particular del Grupo Socialista.

Sus recetas parecen ser -o lo disimulan muy bien- las siguientes: ¿Hay fracaso escolar? No hagamos nada. ¿La formación profesional no se adapta a los nuevos retos, todavía se mira con desconfianza, sigue ofreciendo rigidez para intercomunicar vías y no hacer definitivas las decisiones? No vamos a dejar que nos la toquen. ¿Muchos alumnos no encuentran su sitio en el sistema educativo y lastran su futuro? Ya lo arreglará el devenir. ¿Cada vez estos alumnos tienen más dificultades para comprender un texto sencillo, para expresar un argumento, para mantener la atención? La vida les enseñará. Qué desperdicio, señorías. Eso sí, ustedes, que saben perfectamente -creo- cuál es la estructura y el contenido de su LOE, cuando abordan algunos artículos, cuando se abordan en la reforma para modificar cuestiones puntuales que afectan, por ejemplo, a todos los centros sostenidos con fondos públicos en ese sistema que ustedes crearon, les dicen a los ciudadanos que vamos contra la escuela pública. Señorías, que ustedes incorporaron el sistema dual de centros públicos y concertados, lo mantuvieron, lo alimentaron (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!), pero además, mucho ha tenido que ver este sistema en los logros de la universalización de la educación en España. ¿Hoy descubren que no les gusta? ¿No le reconocen ninguna ventaja? Digan la verdad. Apenas en la reforma han sido unas cuantas líneas para modificar sus artículos 116 y 120 para que no exista trato desfavorable en la elección de centros o que cuando son sostenidos con fondos públicos deban rendir cuentas de los resultados alcanzados. ¿Esta es la privatización? ¿Esta es la dedicación por nuestra parte que parece casi única a los centros concertados? Señorías, todos apoyamos la educación pública, que es el pilar de nuestro sistema educativo, y la mejor manera de apoyarlo es mejorar su calidad. (Un señor diputado. ¡Muy bien!-Aplausos). Quieren darnos lecciones de democracia, de tolerancia, de libertad de conciencia, pero en realidad solo lo identifican con quienes siguen su unidad de pensamiento. Hoy la mediocridad la consideran un éxito y trabajar por el mejor rendimiento y por el éxito escolar, elitismo, y esto solo puede mirarse desde los foros educativos nacionales e internacionales rigurosos con estupor.


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No es este Gobierno el que tiene la culpa; reflexionen sobre sí mismos y se sorprenderán. Han adoptado la postura fácil; aquella de la culpa la tiene el otro: si sale mal, ya lo dijimos; si sale bien -aunque pretenden impedirlo-, ha salido bien a pesar del Partido Popular. Ayer dijeron que no nos preocupan los derechos y es absolutamente falso. Ustedes no son guardianes de las esencias. Ya les dije alguna vez que sobre esto, al Partido Popular, lecciones las justas. (Una señora diputada: ¡Muy bien!- Aplausos). Nosotros, eso sí, nos negamos a defender unos derechos de mero diseño sin contenido y, una vez más, estoy de acuerdo con el señor Gorriarán cuando decía ayer que han cambiado el debate educativo en rigor por envenenar el debate de la educación. Eso sí, no podemos compartir que también en este punto UPyD sea responsable a medias en una especie de nadar y guardar la ropa: acuerdan aspectos concretos y relevantes pero no tienen el valor de apoyar la ley que contiene una contribución suya, porque no incorpora todo lo que querían. La tramitación parlamentaria, a pesar de todo, ha servido para mejorar el texto, para afinar aspectos, para completar, acomodar y coordinar las modificaciones de la Ley Orgánica de Educación, y en lo que nos ocupa en el Senado se han incorporado nuevas referencias que inciden en clarificar y desarrollar preceptos sobre la enseñanza de adultos, la actuación educativa en personas con atenciones especiales, el valor del deporte en el día a día en la escuela, el tratamiento de la educación a distancia en las escuelas de alto rendimiento deportivo. Se han garantizado disciplinas básicas en dos itinerarios coherentes con la unificación del bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, que se pidió por varios grupos, además de otras mejoras técnicas y la flexibilidad del calendario. En definitiva, se han incorporado treinta y cuatro enmiendas, que sumadas a las aprobadas en el Congreso, son ciento nueve aportaciones del Bloque Nacionalista Galego, de UPN, de Foro, de UPyD, de Izquierda Plural, de Entesa, de PNV, de Esquerra Republicana de Catalunya, de Coalición Canaria, del Grupo Parlamentario Popular e incluso del Grupo Parlamentario Socialista, sumándose a facilitar las dos últimas transacciones. Hemos hecho en las Cortes Generales un ejercicio de consenso y colaboración para la mejora.

Creo que me permitirán ustedes que, en un repaso final muy somero y rápido, indique el hilo conductor de las verdades de la reforma porque, como en las novelas de ficción, todo parecido con el discurso que vienen manteniendo es pura coincidencia; han confundido discrepar con disfrazar la realidad. Fíjense, en la Lomce, en los principios resaltamos: la equidad que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad; el reconocimiento del papel de los padres como primeros responsables en la educación de los hijos; prever el acoso escolar y desarrollar en la escuela los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género; la libertad de enseñanza y la elección del tipo de educación y centro; además se define, precisa, clarifica y unifica la regulación básica del currículum y la distribución de competencias bajo el principio constitucional de garantizar a los españoles igualdad de trato en un sistema descentralizado y su coordinación; se tiene en cuenta la dispersión geográfica, la despoblación, la insularidad, las necesidades específicas de las zonas rurales; se marcan las pautas de cambio de aprendizaje de las lenguas extranjeras; se refuerza la atención personalizada y la orientación; se impulsa el diagnóstico precoz y los mecanismos de refuerzo; se define mejor la evaluación de diagnóstico para primaria, y sí, se incorporan evaluaciones al final de ESO y bachillerato, pero estas se centran en la valoración de la consecución de objetivos y adquisición de competencias; los programas de diversificación no desaparecen, se denominan de mejora del rendimiento; la lengua cooficial tiene la misma consideración que la lengua castellana; se potencia y moderniza la formación profesional con tres ciclos -básico, medio y superior- y la modalidad dual; se refuerzan las disciplinas instrumentales; se acomoda el sistema de acceso a la universidad al modelo implantado en la convergencia europea y al nuevo sistema de pruebas; se potencia la figura del director, la autonomía de los centros y la especialización curricular. En definitiva, algo muy distante de lo que difunden.

No puedo concluir sin expresar el reconocimiento al trabajo desarrollado por el ministerio y sus equipos, al de todos los ponentes, al de todos los diputados del Grupo Parlamentario Popular de las dos Cámaras que ha intervenido de forma activa en toda la tramitación, al personal asesor y técnico del grupo y al de las Cámaras, a la dirección del Partido Popular por el gran respaldo en todo momento, pero todos ellos seguro que entenderán hoy que concluya esta intervención resumiendo ese reconocimiento con la cita nominal a una sola persona, la portavoz de Educación, Sandra Moneo (Aplausos), por su dedicación, su compromiso y entrega, que son un ejemplo para todos nosotros. Hoy he tratado de transmitir aquí, quizá sin conseguirlo, todo su entusiasmo.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie).


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Moro.

Continuamos con las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Mixto, en primer lugar, la señora Jordà. (El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert Ortega, pide la palabra). Perdón, señora Jordà, el señor ministro quiere decir algo. Adelante, señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señora presidenta.

En realidad, lo único que quiero hacer -aunque es la tercera vez que este Pleno conoce de esta ley, es el tercer paso por el Pleno de esta Cámara, no por el edificio físico, puesto que el primero tuvo lugar en el Senado- es limitar mi intervención a agradecer muy sinceramente la intervención de la portavoz del Grupo Popular (Rumores) que, además de todos sus méritos intrínsecos, me dispensa a mí de repetir por tercera vez los argumentos que aquí he venido exponiendo en defensa de esta ley. Quiero agradecer también al conjunto de los grupos todo el trabajo y todas las aportaciones que han realizado en el conjunto de la tramitación parlamentaria de esta norma; todas ellas enriquecen y mejoran el texto que entró hace unos meses en esta Cámara. Y quiero decir -espero que no se malinterprete que haga una cita bíblica-, siguiendo las palabras del Eclesiastés, que hay un tiempo de destruir y un tiempo de construir. Yo espero muy sinceramente que hoy haya terminado, en torno a la reforma educativa, el tiempo de destruir y que todos empecemos el tiempo de construir.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

- PROYECTO DE LEY DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO. (Número de expediente 121/000056).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Continuamos, pues, con las enmiendas al proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado. Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señoras y señores diputados, vuelve del Senado el proyecto de ley de la unidad de mercado, un proyecto de ley que recorta más el Estatuto de Cataluña... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un segundo, señora Jordà. Por favor, continúa el Pleno. Los diputados que vayan a abandonar el plenario, que lo hagan en silencio, por favor. Hay una portavoz hablando en este momento, respetémosla. Adelante, señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, presidenta.

Decía que volvía del Senado el proyecto de ley de la unidad de mercado, un proyecto de ley que recorta más el Estatut de Catalunya de lo que lo recortó en su día el Tribunal Constitucional.

Se lo voy a decir telegráficamente. Esta ley no supone ninguna simplificación normativa. Esta ley busca una recentralización competencial del nacionalismo centralista español; esta ley pretende hacer también un control normativo previo de la legislación autonómica; también crea facultades para suspender la autonomía; esta ley, a la vez, inventa una desregularización social y una competencia desleal a las empresas catalanas. Esta, señorías, es su gran ley de la unidad de mercado. Con esta ley dan el pistoletazo de salida a una competición en espiral entre comunidades autónomas en que se supone que gana quien más desregule en derechos, en derechos de todo tipo: de consumidores, de seguridad, de salud, medioambientales, etcétera; una perversa, si se me permite, subasta en que todos pierden menos, claro está, los de siempre, señorías, los suyos.

Pretenden poner orden a lo que también consideran una maraña legislativa que dificulta la libre circulación de bienes y servicios entre las comunidades. Pero lo que ustedes llaman maraña legislativa es nada más y nada menos que el Estado autonómico, y lo que llaman obstáculos a la libertad de circulación de bienes y servicios son los derechos sociales. Su intención no es otra que la de reducir a las comunidades autónomas a meras y simples delegaciones de la Administración General del Estado, dedicadas únicamente a la ejecución de las políticas elaboradas por el Gobierno español. Están ustedes, pues, empeñados en imponer su visión nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado y pretenden laminar todas -repito, todas- las competencias de las comunidades autónomas, sustrayéndoles


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cualquier ámbito de decisión y subordinándolo a los dictados del Gobierno del Estado. Esta es, en definitiva, señorías, su hoja de ruta, su modelo a seguir, su gran mantra; esta es su pervertida ideología, la de desmantelar nuestra autonomía, y encima tienen la desfachatez de hacerlo descaradamente y sin ningún tipo de consideración. Sus políticas no tienen ninguna correlación con sus discursos de catalanizar España o de lo que ustedes llaman entender a los catalanes. Siguen siendo, repito otra vez, unos nacionalistas centralistas, no lo pueden evitar, y esta ley es un paradigma. Siguen intentando imponer un marco homogéneo a una realidad autonómica que es absolutamente heterogénea.

Acabo. Es cierto también que intentan escudarse tras la existencia de una regulación europea, pero sepan que esta regulación europea tras la que pretenden de alguna manera escudarse no modifica en ningún caso el orden de distribución de competencias que se establece en las normas del denominado bloque de constitucionalidad, especialmente en su propia sacromagna Constitución, pero también en los estatutos de autonomía. En definitiva, esta ley es única y exclusivamente su programa electoral.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.

Por el mismo grupo, el señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.

Estamos ante el trámite final de otra ley que, después de haber pasado por el Senado, no ha mejorado, incluso ha empeorado, pero es que era difícilmente mejorable. La posición de Amaiur sobre esta ley es que no debe existir, no tiene razón de ser. Por tanto, por mucho que se hubiese tratado en el Senado, era inmejorarable. No debe existir porque se está hablando de garantía de la unidad de mercado y la única unidad de mercado que debe existir es la unidad de mercado de la Unión Europea, que es precisamente la esencia hoy por hoy -muy limitada, desde nuestro punto de vista- de la Unión Europea, porque la Unión Europea tendría que ser algo mucho más amplio que la unidad de mercado, tendría que ser una unidad de ciudadanos, de derechos, de posiciones, de respeto a todas las realidades nacionales que existen dentro de la Unión Europea. Pero precisamente por eso no tiene razón de ser una ley estatal de unidad de mercado, porque la unidad de mercado es esa y está ya suficientemente garantizada. A partir de ahí, las leyes que se puedan poner en marcha lo que hacen es precisamente limitar esa unidad de mercado. Esa es la principal pega que desde Amaiur planteamos a esta ley.

Al final, esta ley forma parte del proceso de recentralización del Estado español que está promoviendo el Partido Popular, una recentralización que no aporta nada positivo a ningún ciudadano del Estado español, no solo a la ciudadanía vasca, catalana o gallega. No aporta nada a ningún ciudadano del Estado español, entre otras cosas, porque ese proceso de recentralización, aparte de que va en contra de un principio fundamental de la Unión Europea, que es el principio de subsidiariedad -esta ley se carga totalmente el principio de subsidiariedad y el de proporcionalidad, que es lo que establece la Unión Europea a la hora de aplicar sus políticas-, además va en contra de la defensa de los consumidores. Esta ley va en detrimento de la seguridad de los consumidores del conjunto del Estado español, porque no impone una política concreta, pero anula cualquier normativa de protección de los consumidores, que es uno de los principios que subraya la Unión Europea. Las actuaciones de las instituciones públicas deben ir en la línea de proteger los derechos de los consumidores. Con esta ley lo que se hace es desproteger a los consumidores, con lo cual no tiene ningún sentido.

Al mismo tiempo, esta ley va en contra de algo fundamental, que es el entramado de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos. Va en contra del entramado de la economía social y va a favorecer, en ámbitos, por ejemplo, como el del comercio, a las grandes empresas distribuidoras, en contra del comercio local. Por tanto, va a ir en contra también de una concepción de la sociedad que para nosotros es fundamental, que es la concepción social de los ámbitos más cercanos, de generar cohesión social en cada municipio, en cada barrio. En esa función de generar cohesión social juegan un papel muy importante las pequeñas y medianas empresas, los comercios, los autónomos, y esta ley va a ir en contra de eso y va a potenciar a las grandes empresas, que son las que se mueven por todo el ámbito y que van a imponer sus condiciones en contra de los derechos de los consumidores. Por eso nosotros estamos en contra de esta ley, vamos a votar en contra. Es una ley que no debe existir y es una ley que va además en contra de la soberanía que nosotros reclamamos para nuestro país, para Euskal Herria; una soberanía que -como hemos dicho muchas veces- no va en contra de nadie, va precisamente a favor de los ciudadanos y las ciudadanas; una soberanía que pretende precisamente dar voz a la gente, que no decidan otros por nosotros; una soberanía que pretende que todos podamos


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construir Europa, pero precisamente cada uno desde su propia realidad nacional, desde su propia realidad cultural, desde su propia realidad social; una soberanía que propugnamos precisamente para defender los derechos de ciudadanía de nuestras gentes y no solo de las gentes de Euskal Herria, también de las gentes del conjunto del Estado español. Por eso vamos a votar en contra de esta ley, una ley que no debe existir, una ley que va en contra de los principios de la Unión Europea de unidad de mercado, de respeto a la ciudadanía, de respeto a los consumidores y que va en contra también de los ámbitos de soberanía vasca que nosotros reclamamos para nuestro país, para nuestra Euskal Herria.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.

Por el Grupo Vasco, PNV, señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta.

Señorías, la verdad es que esta ley no tiene la dimensión mediática que ha tenido la que se acaba de debatir en este momento, pero admite calificativos parecidos. Una ley que, por ser suaves -y eso que no faltan en la lengua castellana calificativos degradantes-, podríamos calificarla como una ley manifiestamente extravagante, sin ninguna utilidad e incluso contraproducente para las estructuras económicas y el funcionamiento regular de la economía en el Estado español en el ámbito autonómico, en el ámbito estatal y en el ámbito foral y local. Resulta tautológica la propia denominación, el propio rótulo de la ley: ley para la garantía de la unidad de mercado. Pero ¿quién ha roto la unidad de mercado que está consagrada por tres preceptos de la Constitución, los artículos 18, 19 y 20? ¿Piensan los miembros del Partido Popular que corre peligro, que existen peligros sobre la unidad de mercado o que no está bien estructurada la unidad de mercado en el seno del Estado español? Lo que pasa es que el mercado en el Estado español está regulado por legislación estatal, está regulado por legislación autonómica; en el caso de las comunidades forales está regulado por legislación foral y en el caso de las competencias de las corporaciones locales está regulado por su propia legislación, mediante puntos de conexión que son armónicos y si no son armónicos, se han armonizado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo o del Contencioso-Administrativo del Tribunal Constitucional y no hay nada disfuncional, no hay nada que mejorar. Yo no sé cuál es el sentido, ya me costó mucho comprender la incorporación de la Directiva de Servicios el año 2006, la famosa Directiva Bolkestein, pero es que esto es manifiestamente incomprensible; pero no solo es manifiestamente incomprensible, estamos hablando de la configuración de una ley contraproducente por las disfuncionalidades que provoca este proyecto de ley. Las disfuncionalidades yo no las voy a glosar, sino que me voy a referir a los dos informes preceptivos importantes: el del Consejo General del Poder Judicial y el del Consejo de Estado. Empieza diciendo el Consejo de Estado que ya se producen distorsiones dentro de la estructura del mercado, en tanto en cuanto se hace prevalecer la normativa del lugar de constitución de las entidades, de las sociedades, sobre la normativa del lugar de desarrollo de las actividades mediante una pretensión que a nadie se le escapa: buscar lugares de configuración, de creación, que tengan exigencias menos onerosas para desarrollar las actividades en otros lugares con las disfunciones y los eventuales conflictos de esta situación. Les tengo que reconocer -no sé quién me va a responder del Grupo Popular- que algo se ha aproximado en el Senado para evitar esta disfunción, ha habido alguna aproximación, pero es mejor que con las tres leyes que estamos debatiendo hoy no califiquemos la necesidad o no necesidad del Senado porque el Senado no ha hecho nada por mejorar -afortunadamente, tampoco por empeorar-; sencillamente han traspasado virginalmente el trámite del Senado todas las leyes que estamos analizando esta mañana. Lo cual, tratándose del Senado, no es poca aportación.

Hay una primera disfunción que el propio Consejo de Estado les advierte. Esta disfunción se va a producir en tanto en cuanto la prevalencia de la normativa del lugar de creación es una prevalencia que va a provocar conflictos con el lugar de desarrollo de las actividades y mecanismos cuasifraudulentos -utiliza la expresión- buscando aquellos lugares para la constitución de las entidades o de las sociedades donde menos requerimientos o menos onerosos sean a efectos de constitución. Luego ya desarrollará las actividades allá donde considere oportuno desarrollarlas.

El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado nos advierten también de que hay otra disfunción y desestructuración con el mercado europeo, hasta el punto de que los requerimientos de esta ley son manifiestamente incompatibles y disfuncionales, a efectos del funcionamiento de las empresas, con el funcionamiento del Tratado de la Unión Europea, del funcionamiento de la Unión Europea. Es una


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advertencia que les hace el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial con toda pertinencia y con todo fundamento. Otra distorsión desarmónica o inarmónica para la actuación de nuestras empresas y para la configuración de las relaciones armónicas que deben caracterizar las actuaciones económicas de nuestras empresas, que ustedes deberían reparar. Una primera contradicción: la prevalencia del lugar de constitución sobre el lugar de desarrollo de las actividades. Una siguiente disfunción: la prevalencia, ora la desarmonía del mercado europeo con el mercado estatal, a pesar de la incorporación de la Directiva de Servicios, que pretendía lo contrario. La directiva de 2006 se incorporó al Estado español por ley del año 2009. Tengan cuidado con estas disfunciones, no elaboren, si lo pueden evitar, leyes que contribuyan a un peor ajuste y a una disfuncionalidad mayor en el funcionamiento de nuestras estructuras económicas, que es lo que están haciendo.

En tercer lugar les advierte el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado que hay una desarmonía y una disfuncionalidad en el funcionamiento del ámbito del mercado español con los mercados o con los submercados, llámenlo como quieran, con los ámbitos territoriales, en donde el mercado funciona en virtud de requerimientos de la legislación autonómica o de la legislación foral, en el caso de las comunidades forales, o de la legislación local, en el caso de las corporaciones locales. Otra disfuncionalidad de carácter interno. Desde esa perspectiva, tengan cuidado. Más disfuncionalidades no se le ocurren a nadie. No sé si, por usar la expresión que utiliza el Consejo General del Poder Judicial, alguien trastornado ha configurado una ley que incorpora elementos de disfuncionalidad económica. Cuando digo trastornado lo hago reproduciendo la glosa que hace del artículo 17 el Consejo General del Poder Judicial, que viene a decir algo parecido a esto. Viene a decir el Consejo General del Poder Judicial, el saliente, que algo tan fuera del sentido común no puede haber sido redactado por una persona normal. Lo de persona normal es una incorporación personalísima que yo hago. Es tan anormal lo que se regula, afirma el Consejo General del Poder Judicial, y tan manifiestamente inconstitucional que me gustaría conocer al autor de la redacción de la norma para expresarle personalmente mi agradecimiento por tanta disfuncionalidad creada. En el artículo 17.1 ya nos encontramos con el paroxismo de las difuncionalidades. Esto es lo que manifiesta expresamente el Consejo General del Poder Judicial, que es inconstitucional. Se desregulariza todo, perdón, casi todo; todo menos las siguientes materias. En este paroxismo de desregulaciones nos encontramos que, salvo el orden público, la seguridad ciudadana y las políticas medioambientales, todo puede ser objeto de una eventual desregulación; De la omisión de autorizaciones administrativas, de la omisión de controles administrativos al funcionamiento de materias que forman parte de lo que en derecho se denomina derecho necesario absoluto u orden público, desde esa perspectiva, tienen que ser particularmente cuidadoso con esta materia. Lo que no se puede desregular es la protección de los trabajadores, dimanante de la Ley de prevención de riesgos laborales. No se puede desregular la protección de los consumidores y usuarios, dimanante de la Ley de protección de consumidores y usuarios. No se pueden desregular materias que están reguladas en el Código Penal, que es una norma no disponible, que es la Constitución en negativo, que es la que establece el reproche penal a las conductas vulneradoras de los principios constitucionales fundamentales que regulan nuestra convivencia. Pero aquí todo se puede desregular mediante un afán -no sé si forma parte del perfil liberal de algún partido político- desregulador de todas las materias, salvo tres que manifiestamente arbitrarias se declara que deben ser objeto de regulación. Desde esa perspectiva, no sé lo que se pretende tampoco con la reincorporación de un precepto, el artículo 17 en concreto, respecto al cual ya les han realizado las admoniciones correspondientes los órganos que tienen mayor legitimidad para hacerlo, los órganos consultivos, tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial.

Por último, por si fuera poco todo lo anterior -esta ley no tiene la dimensión mediática de la anterior, aunque se pueden hacer reflexiones tan reprochables, tan enfáticas y tan duras como con la anterior-, se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Estamos hablando de un derecho fundamental previsto por el artículo 24 de la Constitución, en tanto en cuanto se convierte en competente a la jurisdicción contencioso-administrativa, en concreto a la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de los recursos que se quieran interponer por la búsqueda de la tutela de los derechos preteridos o vulnerados en aplicación de los preceptos consignados en esta ley, pero mediante un procedimiento sin el dies a quo, con un procedimiento intemporal, como todos los procedimientos, particularmente los contencioso-administrativo. Ya les advierten que como quien está legitimado para la interposición del recurso contencioso-administrativo mediante petición o solicitud por parte de un ciudadano es el consejo, y al consejo en cualquier momento, sine die, sin el dies a quo, sin plazo determinado, se le puede instar a que litigue ante la jurisdicción contencioso-administrativo, nos encontramos con una ausencia de plazo


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que vulnera -esto ya lo dice la prolija jurisprudencia constitucional- el contenido esencial del artículo 24, la tutela judicial efectiva, sin perjuicio de que a esto hay que añadir también la amplísima disponibilidad que la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional tiene para remover...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señora presidenta.

... las medidas cautelares de naturaleza económica que podrían haberse impuesto cuando se inicia un procedimiento con carácter previo. En el ámbito de una ley que pretende la paradoja tautológica de consolidar la unidad de mercado, que está más que consolidada en el Estado español, desconsolidándola precisamente...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... si además tutelamos el contenido de derechos fundamentales, explíqueme, por favor, qué es lo que se pretende...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, se lo explicará en otro momento. Gracias.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

En este cuarto y último paso por la Cámara de la ley de la unidad de mercado, quiero reiterar que para mi grupo es una de las leyes importantes de la legislatura porque se ocupa de uno de los problemas fundamentales de la economía española, que es la fragmentación de nuestro pequeño mercado interno. Cuando nos hemos unido en la integración europea porque el mercado alemán, el español, el francés, eran demasiado pequeños, nosotros nos hemos dedicado durante décadas, con gran entusiasmo, a parcelar nuestro pequeño mercado. Cada año se promulgan trece mil medidas legislativas con efectos económicos en nuestro país por el Estado, comunidades, ayuntamientos. Las organizaciones empresariales, en consecuencia, detectan hasta ciento veinticuatro tipos de barreras diferentes a esa actuación cuando trascienden las fronteras de una comunidad autónoma y se regula en temas tan estrambóticos -como hemos citado otras veces- como los carteles de prohibido fumar, que no se pueden utilizar los mismos porque tienen que tener diferentes dimensiones o especificidades. Esto no solo es malo para las empresas, que parece evidente que lo es, también es malo para los ciudadanos, que reciben unos peores servicios a precios más altos o que ven que se crea menos empleo en la economía o que hay menos inversión extranjera por este tipo de barreras. Por tanto, nos parece un problema fundamental. Tan fundamental nos parece que quiero recalcar una vez más que creemos haber contribuido modestamente a que esté en la agenda política. Este era un problema que se negaba reiteradamente y que está en el ideario de Unión Progreso y Democracia desde que existimos como partido. Es uno de los ejemplos que siempre hemos puesto de problemas en el diseño de la descentralización en España, de rasgos que había que mejorar para perfeccionar esa descentralización. Por fin se pone en marcha con años de retraso, y lo único que lamentamos es que cuando por fin se hace no se haga de la mejor manera posible; esa es nuestra objeción; no que se aborde el tema, no que no se esté tratando una cuestión fundamental, sino que no se aborda de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que hace el Gobierno? Lo hemos dicho más de una vez, básicamente, que cuando una empresa opere en una comunidad pueda operar con los mismos requisitos en cualquier otra, que a primera vista parece sensato, pero no lo es, porque eso va a incentivar a las empresas a localizar su actividad, a ser reguladas en aquella comunidad en que se exijan menos requisitos y va a incentivar a las comunidades, a su vez, a bajar los requisitos para atraer empresas. Me pueden decir que si hay menos requisitos, mejor; si hay desregulación, mejor, porque nuestra economía está muy regulada.

Podemos estar de acuerdo en que hay un exceso de regulación, pero el riesgo es que aquí se van a tocar unos núcleos esenciales de la regulación que tienen que ver con la salud, con la seguridad, con el medio ambiente, con los derechos de los consumidores y trabajadores, que sí hay que mantener, y ese núcleo esencial también se puede ver amenazado. Por eso nuestra alternativa es otra que les hemos explicado mediante enmiendas rechazadas en trámites anteriores. El Estado debería asumir su función, no abdicar y decir que las comunidades se peleen entre ellas, debería haber asumido su función y regular esos mínimos, establecer esos mínimos, disminuyendo también la dispersión posible respecto de esos


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mínimos en las comunidades; también debería, con la ayuda de las conferencias sectoriales, eliminar normas innecesarias, no simplemente proceder a una circunvalación de ellas, sino eliminar normas innecesarias. No es eso lo que se ha hecho, y esa es nuestra principal objeción y la que nos impide apoyar esta ley, pero en lo demás no solo estamos de acuerdo sino que en algunas cuestiones habríamos ido más lejos. Por ejemplo, hay unas barreras importantes a la unidad de mercado que tienen que ver con temas tributarios, y la ley los ignora por completo: hay ejemplos de imposición de tasas disuasorias para impedir que se localice en una zona una empresa que no se quiere localizar; hay ejemplos de impuestos diseñados a medida, de forma que afecten más a empresas grandes que pueden venir de fuera; hay ejemplos de subsidios que se dan favoreciendo a las empresas locales, y no es sorprendente que eso suceda en España, porque era algo que sucedía en la Unión Europea antes de la creación del mercado único. Ese tipo de barreras son importantes, las que tienen que ver con diferencias de tratamiento tributario, diferencias de tratamiento en la concesión de subsidios, en tasas; todo ese ámbito queda al margen de la ley, no se aborda, y es importante en nuestro país. Y también, aunque parezca sorprendente, quedan fuera del ámbito de la ley las normas con rango de ley. Es una omisión muy importante. Nosotros les ofrecemos un posible mecanismo para evitar esto, que la CNMC informase al presidente del Gobierno cuando hay normas con rango de ley que atentan contra la unidad de mercado para que este pudiese interponer recurso de inconstitucionalidad; era una posible vía para abordar esta omisión que tampoco se ha incorporado. Por tanto, lo que tiene que ver con tributos no se aborda, lo que tiene que ver con normas con rango de ley, tampoco. Querríamos también haber mejorado los procedimientos de reclamación, haberlos hecho más flexibles, más amplios en el tiempo -solo se da un mes para reclamar-, facilitando que se pudiese reclamar directamente a la CNMC sin pasar por la secretaría del consejo de la unidad de mercado, facilitar las reclamaciones con plazos más amplios y una mayor flexibilidad en el procedimiento.

Otras propuestas que hemos hecho han sido aceptadas por el grupo mayoritario en forma de enmiendas transaccionales, queremos agradecer esa buena disposición, y creemos que han mejorado el texto, pero es cierto que en temas relativamente secundarios. Por ejemplo, propusimos que las asociaciones empresariales tuviesen un mayor papel para detectar los problemas o denunciarlos, porque inicialmente eran las empresas a título individual quienes tenían que hacerlo, y eso se ha incorporado en la ley; propusimos también que se fijasen los plazos en que las administraciones tenían que enviar información al ministerio de sus archivos sectoriales y se especificase el plazo en que el mecanismo de intercambio de información estuviese operativo, se fijó el plazo de un año en Comisión; y propusimos también que las Cortes Generales tuviesen un papel en todo este procedimiento, porque hay un informe de evaluación anual que iba a ir a la Comisión delegada de Asuntos Económicos y no pasaba por esta Cámara, eso también se incorporó.

Las enmiendas del Senado van en la línea que proponíamos. Creemos que suponen una ligera mejora adicional del texto; de nuevo los plazos de remisión de información y de intercambio de información se retocan a la baja, ya no va a ser un máximo de un año sino solo de seis meses, lo que nos parece una decisión positiva. El papel de las Cortes Generales, que nosotros incorporamos, se amplía al Senado; esperamos que no sea, como citaba mi compañero Carlos Martínez Gorriarán, para hacer cambios gramaticales en el texto, pero es bueno, dado que el Senado existe, que participe también en estos procedimientos. Se mejoran también los procedimientos de reclamación, incorporando el derecho de petición junto a la acción popular. Son pequeñas modificaciones que van en la línea que defendemos. Sin embargo, hay otra enmienda del Senado más relevante que nos reafirma en nuestros temores. Las anteriores nos reafirman en que se podría mejorar la ley en esa dirección, pero hay una muy importante que nos reafirma en nuestros temores, y es la que especifica que cuando una empresa opera en varias comunidades puede elegir cuál es la autoridad de origen, es decir, una empresa que tenga veinte locales en la comunidad A y uno en la comunidad B puede decidir que su comunidad de origen sea la B, donde solo tiene un local. Esto va a facilitar lo que antes denunciábamos, que las empresas vayan a una regulación a la baja, localizándose artificialmente donde hay menos requisitos y, a su vez, que las comunidades se vean incentivadas a rebajar requisitos para atraerlas. Esta enmienda nos reafirma en nuestros temores. Por tanto, entenderán que no podemos votar a favor de esta ley. No vamos a votar en contra porque creemos que la situación actual es muy mala y esto puede ser un mal menor, una mejora sobre lo que hay hoy en día, pero no es la mejora que habríamos querido. Va a ocasionar -recuerden lo que les decimos- problemas importantes en el futuro debido a estos riesgos que estamos denunciando. Por eso nuestro voto, igual que en ocasiones anteriores, va a ser la abstención. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.

Señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, nos llega por cuarta vez, en segunda lectura, el proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado y de nuevo comprobamos que el Senado ha incorporado enmiendas que, a nuestro entender, son inocuas en relación con los objetivos del debate y lo que le planteó nuestro grupo. Además, vuelvo a reiterar que, desgraciadamente, como se vio desde el principio, el texto inicial era inenmendable porque está basado en un acto de fe, en una afirmación teológica, que es que los problemas de las empresas vienen motivados por una diversidad regulatoria en las diferentes comunidades autónomas y que unificando o armonizando esa legislación desaparece el problema. Con las verdades de fe, con las afirmaciones teológicas es difícil discutir; se intenta pero es francamente difícil. Nuestro grupo no solamente mantiene su posición contraria, sino que la reafirma.

Ustedes, con esta ley, repiten el mismo guión. Parten de una realidad existente, en este caso una sobreproducción normativa, hacen un diagnóstico interesado, le adjudican el problema a una supuesta causa que nosotros no compartimos -en este caso la diversidad regulatoria de las comunidades autónomas- y se ofrecen como salvadores de ese problema empeorando la situación. Eso sí, escondiendo el verdadero objetivo de su reforma. Mucho me temo que esta ley va a provocar más inseguridad jurídica para las empresas que la que dice querer evitar; mucho me temo que esta ley va a provocar una profunda desprotección de los consumidores. Se lo hemos dicho todos los grupos y ni una sola de nuestras enmiendas ha sido aceptada en ese sentido. Si se me permite la expresión, están empezando ustedes a poner en marcha un modelo de competitividad, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, que ni Kafka hubiera podido imaginar. Fíjense ustedes bien lo que están haciendo. Ustedes nos dicen que para evitar que haya empresas que, actuando en diferentes comunidades autónomas, se vean obligadas a regirse por legislaciones distintas, la solución es esta ley; lo que no nos dicen es que esta abre el camino perfectamente a Kafka, porque con esta ley nos vamos a encontrar que en un mismo municipio empresas de un mismo sector, competidoras entre sí, se van a ver obligadas a actuar con legislaciones distintas solo porque alguna de ellas o ha iniciado su actividad en otra comunidad autónoma o sencillamente porque, después de las enmiendas introducidas en el Senado, deciden que la legislación que más le gusta -por supuesto la más desreguladora en términos de derechos- es la de otra comunidad autónoma. ¿No se dan cuenta de que van a provocar una situación imposible de entender por la gente? Mejor dicho sí que lo entienden, porque en el fondo el objetivo no es la garantía de la unidad de mercado, sino la uniformización regulatoria en la desregulación de las condiciones. Además lo hacen, insisto, con el cinismo político de intentar imputar a las comunidades autónomas la inseguridad jurídica para las empresas, supuestamente por la existencia de una hiperactividad normativa. Si, desgraciadamente, es este Gobierno el que más ha puesto en práctica esa hiperactividad normativa. Hoy mismo hemos tenido oportunidad de comprobarlo en esta Cámara, se lo han dicho en el primer debate, en el debate de la llamada ley de transparencia. Una ley de transparencia que, antes de ser aprobada, ya es objeto de modificación por otro proyecto de ley; una ley de transparencia que, por si fuera poco, incorpora en el trámite del Senado una enmienda que regula algo tan determinante como el blanqueo de capitales, que debería ser objeto de una ley específica. Eso es lo que genera inseguridad jurídica, eso es lo que no aguanta el mínimo examen de calidad democrática y de seguridad jurídica del artículo 9 de la Constitución española. Además, esta ley está basada en algo así como en el oxímoron del agua seca. Nos vuelven ustedes a plantear de nuevo que es posible tener un Estado de poder compuesto, es decir, un Estado de las autonomías, con capacidad política para intervenir de manera regulatoria en algunos aspectos de forma diferenciada en función de las capacidades de cada una de las comunidades autónomas, pero que esa autonomía política no puede conducir a la diversidad regulatoria, sino que solo puede conducir a la uniformidad regulatoria. Mejor sería que disolvieran ustedes el sistema de comunidades autónomas, porque autonomía sí, pero para hacer todos lo mismo. Sinceramente, es un concepto de la autonomía política un tanto extraño.

Lamento no coincidir en este caso con mis compañeros y amigos de Esquerra Republicana de Cataluña, pero no creo que esta sea una ley centralizadora, lo sería si hubiera unificado las competencias en el ámbito estatal. Esta es una ley que persigue otro objetivo tan perverso como el de la centralización, la uniformización en la desregulación. Además, lo hace afectando a aspectos básicos como las condiciones de trabajo. No entiendo por qué no han querido aceptar enmiendas tan razonables como la de incorporar la exclusión de los temas de salud laboral. ¿Qué pasa, que los temas de salud laboral no son un bien a


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proteger, que la prevención de los trabajadores no es un bien a proteger, que van a poder establecerse condiciones mejores en función de la comunidad autónoma que se quiera, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores solo para garantizar una supuesta unidad de mercado? Insisto en este concepto porque me temo que ustedes van a incentivar el comportamiento de dumping entre comunidades autónomas. Al señor Martínez-Pujalte no le gustó un comentario que le hice y que vuelvo a reiterar. Esta ley va a propiciar el comportamiento de dumping y la pillería de algunos dirigentes de comunidades autónomas. Pillería en el sentido de querer atraer hacia su comunidad autónoma determinados impuestos por la vía de establecer aspectos regulatorios diferenciados no más favorables a las empresas, sino que desprotegen más a los consumidores.

Ustedes hablan de diálogo, diálogo y diálogo, y se permiten el lujo de decir a nuestro grupo que siempre criticamos y no aportamos alternativas. Hemos llegado a presentar aquí textos alternativos articulados, cosa que pocos grupos hacen. Ustedes los rechazaron y después se permiten el lujo de decir que no les presentamos alternativas. No han aceptado ninguna de las enmiendas significativas que les hemos planteado, algunas de ellas tan claras como incorporar un principio de la Unión Europea como es el principio de prevención o precaución entre los principios que deben establecer un equilibrio en eso que ustedes llaman la garantía de la unidad de mercado. La próxima vez que ustedes me hablen de diálogo no me voy a partir de risa, pero sí les voy a situar a ustedes como candidatos al récord Guinness del cinismo dialogante.

Termino, señorías. Es muy difícil abordar los debates en esos términos, insisto, porque cuando uno afirma una verdad teológica los argumentos no sirven para mucho. Sorprende también que, excepto algunas modificaciones que se han destacado ya, en el tronco básico, los consumidores salen damnificados de este proyecto de ley. Por todas estas razones nuestro grupo va a votar en contra de esta ley y lo va a hacer además insistiendo en una idea. Desde el inicio de esta legislatura se han presentado ustedes como los grandes salvadores de los problemas ancestrales que tiene este país. Como hay un modelo económico que provoca precariedad, ustedes nos plantean una reforma laboral que la incrementa; como hay un modelo educativo que provoca desigualdad y no está en el origen del mal llamado fracaso escolar, ustedes se presentan como salvadores provocando más desigualdad y más falta de equidad; y en esta ley hacen exactamente lo mismo. Déjenme que les diga que mucho peor que una ley inexistente es una ley que no contribuye a resolver los problemas sino a incrementarlos, y además lo hacen con un gran oportunismo. Ustedes, con esta ley, solo quieren conseguir su gran objetivo de esta legislatura, que es la contrarreforma de desregular las relaciones económicas y laborales en nuestro país. Ustedes solo pretenden la uniformización en la desregulación. Se llaman liberales y son intervencionistas de clase y, en ocasiones, intervencionistas de casta.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.

Señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió a lo largo de la tramitación de la ley de la unidad de mercado en el Congreso y en el Senado es la de profunda decepción, básicamente porque entendemos que esta ley finalmente va a consolidar la radicalización del Gobierno del Partido Popular en aras de una centralización de competencias y de regulaciones que hoy están en manos de las comunidades autónomas. También en este trámite parlamentario lamentamos profundamente la falta de diálogo, falta de consenso, falta de negociación en una ley de esta envergadura, impropia del Partido Popular en el Ministerio de Economía y Competitividad. Todas las leyes que han entrado en este Parlamento procedentes del Ministerio de Economía y Competitividad las hemos negociado, consensuado y pactado en mayor o menor grado, pero ha existido diálogo, cuestión relevante que en este proceso parlamentario ha resultado totalmente inexistente. Por tanto, volvemos a ratificar o a certificar todas aquellas previsiones que hacíamos en el inicio de este trámite parlamentario y es que esta ley básicamente va a ser el resultado de una gran cruzada del Estado contra las comunidades autónomas, algo que lamentamos profundamente. Se va a transformar en una ley totalmente intervencionista, en una ley totalmente burocratizadora, en una ley que, como he dicho al inicio de mi intervención, vulnera completamente las competencias de las comunidades autónomas, y en una ley uniformizadora y centralizadora que pretende asumir las competencias de las comunidades autónomas en muchísimos aspectos normativos para borrarlas del mapa o intentar eliminarlas. Finalmente, como más adelante


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señalaré, consideramos que es una ley que vulnera preceptos constitucionales, por lo que nos atrevemos a decir que es una ley inconstitucional. Desde nuestro punto de vista, señorías, esta ley es un trabajo lamentable, con un número importante de graves errores. Desde el punto de vista de Convergència i Unió, el primer gran error es el de identificar la unidad de mercado con la uniformidad del mercado, cuando la unidad de mercado consiste en la libertad de la circulación de bienes, mercaderías y servicios, y no en otra cosa. Está claro que a ustedes les gusta más la uniformidad que la libertad. Un Estado, una nación, un mercado y un ordenamiento jurídico uniforme es lo que pretenden con esta ley. Parece que pretenden pasar de un mercado convenientemente regulado para satisfacer el interés general, en definitiva, a satisfacer los intereses de un mercadillo, lisa y llanamente.

Desde nuestro punto de vista, hay un segundo gran error, como es que ustedes ignoran que el régimen de autorización, licencias, declaraciones responsables, etcétera, están para garantizar el cumplimiento de las competencias que las comunidades autónomas tienen atribuidas en sus estatutos de autonomía en el marco de la Constitución. Con esta ley, señores diputados del Grupo Popular, han de tener claro que se les expropia a las comunidades autónomas esa competencia normativa para atribuirla a la comunidad autónoma que menos regule y menos requisitos exija. Con ello se favorecerá no solo la conversión de algunas comunidades autónomas en paraísos administrativos sino también en auténticos parásitos económicos que atraerán la riqueza ajena y sus consecuencias fiscales por su laxa regulación. Este también es un aspecto sobre el que se han pronunciado bastantes portavoces parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra. Lamentablemente durante la negociación no hemos podido convencer al Partido Popular de que esta es una legislación única en los países desarrollados, en los países de la OCDE. Nosotros siempre hemos puesto como ejemplo la normativa que tiene Estados Unidos en los cincuenta y dos Estados que ustedes pueden analizar. También dimos ejemplos concretos y recordamos que cada Estado tenía una serie de normativas económico-administrativas que diferían de las de otros Estados miembros de la Confederación y que este sí era un buen ejemplo para que ustedes hubieran intentado trasponer algunos de sus aspectos relevantes. Sin ir más lejos, ustedes tendrían que haber estudiado en profundidad la legislación alemana, cuál es la legislación de los dieciséis Länder alemanes, y hubieran podido observar cuáles son las diferencias notables que existen en cuanto a regulación económico-administrativa o político-administrativa en los Estados de Baviera, de Sajonia o de Renania-Westfalia. Por tanto, se trataba única y exclusivamente de extrapolar aquellos datos relevantes para que ustedes los pudieran aplicar en España o en una ley de unidad de mercado que ustedes hubieran podido implementar.

Finalmente, desde nuestro punto de vista existe un tercer error gravísimo. Entenderíamos que la aproximación normativa pudiera constituir un objetivo hasta cierto punto loable, pero el fin no justifica los medios. El protagonismo de esta aproximación lo han de asumir las comunidades autónomas, no el Estado. Los ministros que tanto hablan en muchísimas manifestaciones de la cooperación horizontal tendrían que respetar su ámbito propio. No se han atrevido a hacer una ley de armonización para que no les pasase lo mismo que la Loapa y lo que han hecho es poner la regulación en almoneda, en una temeraria subasta a la baja. Eso es lo que se va a plantear en España en los próximos meses, porque los grandes operadores europeos se van a instalar en la comunidad autónoma que mejores condiciones les pueda ofrecer en lo que a la máxima desregulación administrativa se refiere o en el tema del medio ambiente, además de que habría de tenerse en cuenta a la hora de plantear una ley de esta envergadura un mínimo respeto hacia los consumidores. Aquí lo que se pretende es que los grandes operadores europeos que se puedan localizar en España o que las grandes compañías españolas que quieran plantear diferentes líneas de producción para poder vender sus productos dentro del Estado no tengan que fijarse única y exclusivamente en cuál es la comunidad autónoma que les ofrezca más facilidades administrativas, menos garantías medioambientales o menos garantías para los consumidores para poder instalarse en la que más le facilite estas cuestiones respecto de otras comunidades autónomas. Si hoy tuviéramos que hacer un análisis de cuál es el comportamiento de todas las comunidades autónomas con respecto al medio ambiente y a los consumidores, seguramente todos iríamos en la misma dirección, porque todas las comunidades autónomas sin excepción tienen en cuenta estas características esenciales como son el respeto, por descontado, a las demás comunidades autónomas y el respeto a los consumidores, a los trabajadores y al medio ambiente.

Por tanto, señorías, lamentamos profundamente esta falta de diálogo, esta falta de consenso, esta manera de tramitar una ley en la cual la mayoría -salvo raras excepciones- ve que las enmiendas que hemos planteado los diferentes grupos parlamentarios no han sido tenidas en cuenta, así como que una


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ley de unidad de mercado, que tendría que ir en la buena dirección de respeto a las comunidades autónomas, a los consumidores y al medio ambiente, básicamente se transforma en una ley en la que pretenden unificar un Estado, una nación y un mercado y hacer un ordenamiento jurídico uniforme.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, Sánchez i Llibre.

Por el Grupo Socialista, señor Rangel.

El señor RANGEL TARRÉS: Gracias, presidenta.

Señorías, las enmiendas introducidas por el Senado en el proyecto de ley de garantía de unidad de mercado confirman plenamente un modelo que rechazamos de plano -lo hemos dicho siempre que hemos tenido ocasión de manifestar nuestra posición- porque confunde unidad con uniformidad, porque fomenta la desregulación y actúa claramente con una visión recentralizadora al laminar competencias de comunidades autónomas y de ayuntamientos. Reiteramos nuestro posicionamiento en positivo a favor de una regulación de calidad de las actividades económicas que se fundamente en la defensa del interés general y en el incremento de las garantías de los ciudadanos en aspectos como la protección de los trabajadores, de los consumidores o del medio ambiente. Para conseguirlo necesitamos una regulación, repito, eficiente y de calidad, no una desregulación a la baja, como la que se diseña con esta norma, y que se fundamente en los principios que deben regir las relaciones entre poderes públicos en un Estado descentralizado como el nuestro, que son la cooperación y la lealtad institucional, bien alejados de la jerarquía que rige dichas relaciones en un Estado centralista. Es decir, deberíamos transitar justamente el camino contrario al que día a día nos arrastra este Gobierno mediante todas las reformas que impulsa con el imprescindible apoyo de su rodillo parlamentario, y es curioso que siempre nos hablen de ahorro en el gasto público como coartada de sus iniciativas. Desde una perspectiva pública de un Estado social y democrático de derecho, desmantelar no es sinónimo de ahorrar, señorías; cambiar una burocracia por otra burocracia más farragosa incluso tampoco es ahorrar. En realidad es un argumento falaz que desconoce el impacto negativo que tiene la economía, la desregulación o el caos regulatorio al que nos abocan sus reformas. Por cierto, parece que no es precisamente el éxito lo que distingue los primeros pasos de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a pesar de que también nos la vendieron como un gran ahorro. Por lo que conocemos, señorías, tiene mucha más dependencia del Gobierno y por lo tanto menos independencia para llevar a cabo su función, y todos los departamentos ministeriales pretenden meter la cuchara en defensa de sus intereses. Menuda manera de reformar instituciones tienen ustedes.

Cada vez tenemos más claro que con la entrada en vigor de esta ley va a ocurrir exactamente lo mismo. Ya se lo dije en mi anterior intervención, y al tiempo, señorías del PP, al tiempo. De hecho, algunas enmiendas aprobadas en el Senado nos permiten ratificar el diagnóstico. En concreto -ya se han referido a ello algunos de los portavoces que han intervenido-, han introducido una disposición adicional nueva, la décima, que dice textualmente: Cuando en aplicación de la definición prevista en la letra d) del anexo de esta ley haya conflicto para determinar cuál es la autoridad de origen o el operador se haya establecido en más de un lugar, elegirá como autoridad de origen la de cualquiera de los lugares en los que se haya establecido y comunicará su elección a las autoridades afectadas. Es decir, máximas facilidades para el operador económico que tenga establecimientos en varias comunidades autónomas para escoger la legislación que más le convenga. Barra libre para dicha elección, al margen de donde se ejerza la dirección efectiva de la actividad económica, se centralice la gestión administrativa o se dirijan los negocios. Barra libre para posicionarse mejor en un mercado autonómico no sobre la base de la mejora de la competitividad por la mejora de sus factores de producción, sino gracias a la regulación de origen más beneficiosa, más laxa que la de sus competidores en dicho mercado. ¿Quieren que creamos de verdad que eso no va a impulsar la competencia a la baja de la regulación? ¿Que no va a desembocar en una desregulación caótica? ¿En beneficio de qué y de quién? Esa es la pregunta a la que deberían dar una clara respuesta, pero, como siempre, apelarán a frases vacías de contenido que escondan sus intenciones reales, como hicieron con su programa electoral, señorías del PP. En fin, ustedes deciden pero no pretendan hacernos comulgar con ruedas de molino ni que hagamos de mera comparsa en esta obra. Consagran un modelo que confirma plenamente los riesgos que ya apuntaba el Consejo General del Poder Judicial en su informe, que podía dar lugar a situaciones de desigualdad material entre operadores que realicen una determinada actividad en un mismo territorio. Y nosotros afirmamos que no es que pueda, es que va a dar lugar, sin duda, y con servicio a la carta para facilitarlo. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


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Voy terminando, señora presidenta. Como les he dicho, señorías del PP, en más de una ocasión predican una cosa y hacen otra bien distinta. En eso he de reconocer que son unos maestros. Afirman que reforman para ahorrar, que eliminan burocracia, pero crean nuevas estructuras que no ahorran nada y además generan costes al conjunto de la economía. Sustituyen, como les he dicho, una burocracia por otra pero a su medida. En lugar de potenciar la actividad del comité para la mejora de regulación, que, como ya les dije, responde a una lógica de un Estado como el nuestro y que ha dado magníficos resultados, lo que impulsan es un consejo para la unidad de mercado y su secretaría dependiente del Gobierno, cuyo papel está por ver, especialmente si se dispara la litigiosidad constitucional, como mucho nos tememos. Es decir, en lugar de profundizar en la gobernanza para modernizar la actuación de los poderes públicos, fijando objetivos, trabajando en red e interactuando con el entorno, su receta recurrente es la misma: más burocracia y, a ser posible, más centralista. No transforman para mejorar el instrumento de Gobierno para llevar a cabo sus políticas que es la Administración pública, haciéndola más ágil, más eficaz, más próxima, más moderna, en definitiva, sino que la ponen más a su servicio, como les he comentado, con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia o también como están haciendo con la Agencia Tributaria, como estamos viendo. Lo único que les interesa es ocupar el poder para controlar. Señorías, se autodefinen como liberales. Bien lejos de la realidad. Se llenan la boca de que son liberales, pero en realidad lo único que les interesa es el poder y su control, sea cual sea su forma de expresión, para consolidar una sociedad dual en la que la igualdad de oportunidades sea una mera quimera para la inmensa mayoría y las riendas estén, por descontado, en sus manos. Esta norma no deja de ser un movimiento más en el marco de una sinfonía de la que no nos gusta ni la letra ni la música.

Por todo ello, nos reafirmamos en nuestro rechazo al planteamiento que formula el proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado, de la que hoy se someten a votación las enmiendas introducidas en el Senado, de las que votaremos en contra por coherencia con nuestra posición. Ya que no podemos hacer una votación del conjunto de la ley y porque creemos irrelevante lo que se introduce o incluso es más dañino todavía, nuestra posición será votar en contra y ratificar nuestro rechazo a este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rangel.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Juste.

La señora JUSTE PICÓN: Gracias, presidente.

Señorías, quisiera comenzar mi intervención agradeciendo a todos mis compañeros de los distintos grupos políticos el esfuerzo y el trabajo realizado a lo largo de este proyecto de ley, lo que nos ha permitido alcanzar no muchos pero sí algunos acuerdos, a pesar de partir de posiciones muy diferentes.

Como ustedes saben, y no me extenderé en este punto, mi grupo considera que esta normativa es vital, es una reforma eficaz que tiene una clara mentalidad aperturista y liberalizadora que viene a sumarse a la larga lista de iniciativas puestas en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy. Una regulación que tiene que ir dirigida fundamentalmente a establecer un marco que favorezca la capacidad de emprender, así como el fomento del crecimiento económico sostenido en el tiempo, dando lugar a una España más competitiva. Se trata de una legislación inspirada en el principio de licencia única y legislación de origen que ya funciona en la Unión Europea, y está dirigida a asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional, dotando de eficacia las decisiones tomadas por la autoridad competente de origen basadas en un criterio de confianza mutua y aplicando este principio en la libre iniciativa económica. Es una ley que no solo ayuda a los operadores económicos, sino que ayuda a todos; nos favorece como país, puesto que crea las condiciones necesarias para favorecer la construcción de nuestro mercado interior a nivel europeo, aspecto que, convendrán todos ustedes conmigo, es absolutamente clave en este momento.

Señorías, en los últimos años han sido muchas y muy numerosas las voces de los expertos que estaban alertando de la situación que se venía produciendo -diecisiete comunidades autónomas con sus diecisiete regulaciones diferentes estaban coartando la capacidad de generar riqueza de nuestros agentes económicos-, que no se cansaban de explicar en más ocasiones de las deseadas cómo se retrasaban las inversiones o cómo no se hacían por culpa de la maraña legislativa. Para algunos de los grupos parlamentarios esta ley no es la solución y menos la más adecuada, pero sí reconocen que hay y que tenemos un problema. Lo que el Gobierno Popular ha hecho es dar una solución. Podremos equivocarnos, pero nosotros planteamos y buscamos soluciones a los problemas. Es una solución basada conceptual y principalmente en la idea de cooperación, lealtad y confianza mutuas entre comunidades autónomas.


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Lógicamente, no nos extraña que quienes más desleales se están mostrando hacia esa confianza entre comunidades se opongan frontalmente a esta ley.

Señor Olabarría, señor Rangel, si en el Consejo General del Poder Judicial alegaran tanta disfuncionalidad, no creo que justificaran esta ley con los buenos calificativos que no voy a entrar a leerles textualmente, pero los tienen en STC 64/1990. Esta es una norma para la sociedad, para las empresas y para los profesionales, para los consumidores, para España. No tiene objetivos ocultos ni tampoco ejes ideológicos. Este proyecto se fundamenta en la sólida defensa del interés general. Por eso la hemos sometido a un amplio proceso de instrucción pública y a un intenso debate con todas las fuerzas políticas y con todos y cada uno de los actores implicados. No nos hemos dejado a nadie por escuchar, todos han podido aportar y hemos incorporado todo tipo de sugerencias enriqueciendo así su articulado. No ha sido para nada una tarea fácil de abordar, pero evitarla no habría contribuido a reforzar la credibilidad de España.

En el Senado hemos incorporado nueve enmiendas, siete de modificación y dos de adición, que nos van a permitir introducir mejoras en los plazos máximos de remisión de información, que pasarán de un año a seis meses, lo que obligará a los ministerios a trabajar con mayor eficacia y diligencia, si cabe, y modificar la posibilidad de determinar cuál es la autoridad de origen cuando existan varios lugares en los que el operador se hubiera establecido. Ambas obligan a realizar cambios en el articulado, pero en aspectos puramente formales. Este exhaustivo trabajo nos ha permitido traer hoy aquí la mejor ley posible para que nuestro mercado interior funcione, para que las empresas y profesionales se desarrollen con libertad y las comunidades autónomas lleven a cabo sus políticas propias de acuerdo con nuestra realidad económica, social y ambiental. No tratarnos de imponer un marco homogéneo a una realidad heterogénea, porque eso no es lo que buscamos, como se ha querido malinterpretar por algunos grupos que acaban de intervenir. Se trata de no limitar con nuestra propia normativa nuestra capacidad de crecimiento.

Se ha tachado esta iniciativa de recentralizadora y restrictiva con las competencias autonómicas. No nos equivoquemos. Esta ley va de eliminar barreras, duplicidades o incoherencias, va de abrir un mercado para que la economía funcione eficientemente y va de facilitar la competitividad a empresas y profesionales. Este proyecto respeta las competencias y la capacidad normativa de las comunidades autónomas, al tiempo que dota de eficacia en todo el territorio nacional a las autorizaciones concedidas por legisladores autonómicos, lo que refuerza sus competencias y les concede la máxima confianza. Tampoco hemos rebajado, como se nos ha dicho, el nivel de protección de los intereses de los consumidores. Les aseguro que sus derechos quedan firmemente salvaguardados, ya que las materias más delicadas quedan fuera del alcance de esta normativa.

Quisiera destacar que se trata de un proyecto recogido en nuestro programa electoral. Por tanto, se cumple un nuevo punto del compromiso adquirido con los ciudadanos en un tema tan esencial. Hoy, más de 180 diputados que obtuvimos el apoyo mayoritario de la sociedad española y que nos comprometidos a cumplir el programa electoral estamos satisfechos. Estamos, en definitiva, ante una ley fundamental para la recuperación económica de España. Llega en un momento clave, en el que nos encontramos, como saben ustedes, ante una incipiente recuperación económica. Hasta ahora las medidas tomadas por el Gobierno han evitado el colapso de la economía española, pero lo más importante está pasando ahora, da sus primeros frutos. Está cambiando la percepción que existe sobre nuestro país, devolviendo la confianza y la credibilidad a nuestra economía. Señorías, permítanme que, estando en estas fechas, haga referencia a unas palabras mencionadas hace casi dos años: tenemos que mirar más lejos y más alto, pensar en lo que España necesitará, no el año que viene, sino en los próximos veinte años. La España que hemos dejado atrás no la vamos a recuperar, y esta vieja nación tendrá que recuperar flexibilidad y fortalecer sus estructuras para competir por un puesto de primera fila. Estas fueron las palabras del presidente en su debate de investidura en esta Cámara, y a ellas me refiero para recalcar el objetivo de este Gobierno: que nuestro país recupere el puesto que se merece y que este sea sostenible en el tiempo. Para recuperar ese sitio, en España ha habido que esforzarse, ha habido que trabajar, ha habido que contar con la colaboración y el esfuerzo de todos los españoles; para que en España no se hable de desconfianza y se hable de recuperar inversión, ha habido que remodelar el sistema financiero; para que en España se hable de cambio de tendencia y no de país rescatado ha habido que recortar gastos innecesarios; para que Europa vuelva a confiar en nosotros ha habido que pagar deudas; para que en España se mantenga el Estado de bienestar ha habido que optar por pagar pensiones y cubrir los gastos sociales antes que derrochar. En esta línea es donde se encuadra esta ley de garantía de unidad de mercado, en fortalecer las bases, en sentar los pilares, en quitar trabas, en crear sinergias, en ser


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competitivos, en confiar en los ciudadanos dejándoles actuar libremente, y todo con el fin de establecer una base sólida para un crecimiento económico sostenido en el tiempo. Nuestra responsabilidad, señorías, no consiste en mirar de hoy para mañana, la responsabilidad de un político no es mirar solo para unos, sino que la responsabilidad de un político es mirar lejos y mirar para todos. Por este motivo, les pido por favor que no le demos la espalda a la oportunidad que tiene nuestro país. Apoyemos este proyecto de ley y estaremos concediéndonos una nueva oportunidad para crecer.

Gracias, presidente. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Juste.

- PROYECTO DE LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. (Número de expediente 121/000059).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate de enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de evaluación ambiental. Quiero decirles que, en efecto, lo que yo anuncié se va a cumplir inexorablemente, es decir, vamos a votar la ley orgánica después de las 14:00. Ahora bien, me temo que va a ser notablemente después de las 14:00. Se lo digo a todos para que hagan sus planes de acuerdo con esta previsión.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, si la ley ya era mala, a nuestro entender, lo que han hecho con las enmiendas del Senado no tiene nombre. Si pudieran, venderían el aire que respiramos y de momento han empezado con esto, con el agua, porque de esto van las enmiendas y las modificaciones que han introducido en el Senado. Van a vender al agua de todos a los lobbies trasvasistas; van a convertir un bien público, el agua, en una propiedad privada, porque con sus enmiendas a la ley de evaluación ambiental están abriendo una puerta trasera para colar los trasvases. Están cambiando las reglas de juego en materia de agua a traición, sin debate ni participación pública, están modificando el Plan hidrológico nacional en el trámite de enmiendas de otra ley con una técnica legislativa perversa, chapucera, pero absolutamente mal intencionada. Los cambios realizados permitirían, por ejemplo, autorizar un trasvase desde el Júcar o el Ebro sin ningún acto legislativo adicional. Un grupo de expertos conocidos por su férrea defensa de los trasvases ha elaborado en secreto y con total opacidad y ha conseguido colar con alevosía estas enmiendas que implican de facto la modificación de la Ley de Aguas y del Plan hidrológico nacional, todo ello sin absolutamente ningún debate ni información pública, eludiendo cualquier participación de importantes comunidades autónomas que podrán verse afectadas. Todo esto supondrá, como han denunciado en un manifiesto más de cien organizaciones, una agencia nacional o Adif del agua que centralice las decisiones de la planificación y asignación del agua por encima de las confederaciones hidrográficas y de las comunidades autónomas; un banco nacional del agua en el que los usuarios, principalmente los regantes, puedan venderse los derechos entre diferentes cuencas posibilitando trasvases privados de agua; una red de autopistas del agua con capital preferentemente privado que eufemísticamente sustituiría el polémico término trasvase; y por último, una privatización de la gestión del agua y de los trasvases. ¿Quién se beneficiará? Los de siempre, los amiguitos del alma, los constructores de estas nuevas y flamantes autopistas del agua, los concesionarios de estas autopistas acuáticas. Nada nuevo bajo el sol: PP, partido que trabaja para los poderosos. Por eso, desde Compromìs-Equo les decimos un no rotundo, categórico, claro como esta agua (Muestra el vaso), porque el agua no les pertenece, señor ministro; el agua es de todos y de todas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Jordà

La señora JORDÀ I ROURA: Señor ministro, señorías, el proyecto de ley que hoy se aprueba aquí, más que de evaluación ambiental, deberíamos llamarlo de eliminación de la evaluación ambiental. Con la aprobación de este proyecto de ley hoy consuman un atentado medioambiental. No es el primero; les recuerdo, por ejemplo, el de la Ley de Costas. Por un lado, eliminan lo que ustedes llaman burocracia y obstáculos a la libertad de mercado y el desarrollo económico; eufemismo tras el cual esconden que en realidad eliminan los derechos ambientales, la transparencia y la capacidad de participación de la población


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y de las organizaciones a interponer objeciones a los proyectos que destruyen el medio ambiente. Por otro lado, con el establecimiento de bancos de conservación permiten los atentados medioambientales, siempre que se pague por ellos. Con esta ley ponen precio a la contaminación y a la depredación, es decir, a la muerte de otras formas de vida y al propio entorno. Modifican el artículo 45 de la Constitución cuando dice: Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Ustedes lo que hacen es enmendar, de facto, este artículo para añadir: salvo que se pague por destruirlo. Me explico. Tristemente -creo que hemos de reconocerlo-, el panorama no cambia mucho. En lugar de pagar multas o sobornos ahora se compra el derecho a contaminar o a destruir; eso sí, en un alarde y con una lección de ecologismo neoliberal. El dinero pagado por destrozar una parte del medio ambiente irá destinado a proyectos de reparación medioambiental.

En la cuadratura de su círculo, a la vez que se cargan los derechos medioambientales y recortan los servicios públicos de protección civil y ambiental, crean un nicho de mercado para la protección del medio ambiente, paradójicamente financiado por la destrucción del medio ambiente. ¿Cómo se valora la destrucción del ecosistema? ¿Cómo se pone precio a los árboles centenarios, a la biodiversidad, a las especies del entorno o al entorno que necesitan estas especies? ¿Cómo actúan las leyes del mercado cuando se vende la naturaleza, el entorno o la vida? El neoliberalismo no entiende de fronteras éticas, es así de claro, y menos en las manos de incompetentes que no son capaces de afrontar un cambio de modelo productivo basado en la innovación, sino solo de encontrar parches que venden como recetas en la desregularización laboral y medioambiental, así como en la venta de los recursos naturales. Acabo. Esta ley supone un impulso a la autorización y a la normalización del fracking. Para garantizar el triunfo neoliberal centralizan las competencias, no vaya a ser que la comunidad autónoma descarriada se oponga al fracking u otros atentados medioambientales, o que haya un pueblo que se oponga a ser destruido en nombre del progreso económico, esto sí, neoliberal.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Tiene la palabra el señor Errekondo.

El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Gracias, señor presidente.

Ley de reforma de evaluación ambiental. ¿Una reforma más? Creo que no, porque esta no es una reforma cualquiera, puesto que el medio ambiente y la biodiversidad son la base sobre la que se sustentan todos los sectores de esta sociedad. Si no cuidamos la salud de la madre naturaleza, las personas, la tierra y la humanidad se pondrán en un avance irremediable hacia su desaparición. Vivimos bajo un sistema capitalista, es evidente, que lleva incrustado dentro de sí un cáncer, que no es otro que la ansiedad especulativa sobre todo aquello que pueda ser explotado por la empresa privada. Precisamente, esa es la razón por la cual pensamos que son los poderes públicos los que tienen que garantizar la defensa del interés general, del interés público. Pues bien, en este terreno la política de los diferentes gobiernos ha ido en una dirección determinada, que no ha sido otra que entregar al interés privado hasta lo inentregable, especialmente en materia de medio ambiente, como el agua, el aire, la energía y el primer sector alimentario. Así, los incidentes de las centrales nucleares, como la de Garoña, el impulso a la expansión del fracking, el avance de la desertización, los incendios forestales y el último caso, el proyecto Castor, han encendido todas las alarmas. El riesgo soportado en estos proyectos no es casualidad sino fruto de la misma causalidad sospechosamente repetida, consecuencia, todas ellas, de la negligencia gubernamental o, lo que sería aún peor, de la connivencia y complicidad del Gobierno, especialmente de los ministros tanto de Industria como de Medio Ambiente.

Los gobernantes -y los ministros- deberían darse cuenta de que en seguridad, salud y medio ambiente mirar hacia otro lado, además de proporcionar cuantiosos beneficios y prebendas recogidas a través de la ya conocida puerta giratoria, también provoca impredecibles, incalculables e irreparables daños a la sociedad. Esto sucede entre otras cosas, precisamente, como consecuencia de una cultura política demasiado extendida de poner el principio de prevención en manos de los intereses privados. De repente aparece el agua en esta reforma. ¿A qué viene la incursión, esta reforma de la política de aguas? Una vez más, esta reforma es una viva muestra de la falta de escrúpulos con la que actúa este Gobierno que, sin pudor alguno, nos la mete por la puerta de atrás, incluyendo la reforma del Plan hidrológico y de la Ley de Aguas. Si son graves las formas, aún más lo son los contenidos, que con ello provocan un radical giro en la política de aguas, y además sin ningún tipo de debate público.


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Lo que este despótico Gobierno llama poner en orden la asignación y la red de distribución del agua, en realidad supone su centralización y privatización. Centralización en la gestión del agua es que el Estado se erige en competente por encima de las comunidades autónomas y de las confederaciones hidrográficas. Además, la privatización se da en el agua y en los trasvases cuando se abre el mercadeo del agua, generando derechos de abastecimiento -incluso en contra de la jurisprudencia del tribunal superior-, que se controla por manos privadas, que además supone riesgo para el interés general, puesto que el agua es precisamente el elemento básico para la supervivencia de la humanidad, de las personas y del planeta. Por lo tanto, con esta reforma convertirán el agua en elemento de compraventa para el mejor postor.

Como conclusión, no vemos ninguna razón objetiva para que de repente se evite, por un lado, el estudio de los riesgos ambientales para la seguridad y la salud de las personas, así como la consulta a las administraciones y a cualquier otro interesado. Por lo tanto, esta reforma lejos de incrementar la protección de los recursos naturales, que es lo que le debiera corresponder, los desprotege en beneficio mayoritariamente de intereses privados. Esta reforma supone un nuevo paso atrás respecto a la obligación del Gobierno de garantizar la salud de la madre naturaleza y de las personas. Entendemos que deberían retirar realmente hoy mismo este proyecto de ley, tal y como lo piden más de cien organismos en todo el Estado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Errekondo.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Intervendré desde el escaño, entre otras cosas, porque creo que no hay nada que decir que no se haya señalado ya en la tramitación de este proyecto de ley en esta Cámara. Vuelve del Senado sin ninguna modificación positiva. Las críticas que hacíamos a este proyecto de ley en esta Cámara siguen siendo las mismas y vemos que en el Senado no le han aportado nada que no tuviéramos el temor de que quedara así. Creemos que en este caso sigue habiendo un problema, porque este proyecto de ley sigue sin respetar todas las competencias que le son atribuidas, en este caso, por ejemplo, a la Comunidad Autónoma de Euskadi. Están en cuestión algunas materias que son preocupantes, como la de los bancos, la de los informes vinculantes, etcétera. Hay algo que nosotros demandábamos, cuando lo criticábamos en esta Cámara, que evidentemente, cuando las obras las realiza el Estado y son de su competencia, el informe le corresponderá al Estado, pero qué menos que contar con el informe vinculante que la comunidad autónoma pueda hacer de ese tema. Por lo tanto, viendo que las enmiendas que han llegado del Senado no satisfacen en absoluto las críticas que nosotros hacíamos a este proyecto de ley, votaremos en contra de las enmiendas del Senado.

Seguimos pensando que el tema medioambiental es un tema de amplísimo debate. Hoy aquí hemos visto que se ha hablado de muchas cosas que poco o nada tienen que ver con el proyecto que estamos tratando. Podríamos realizar muchos debates en torno al modelo medioambiental, lo que entendemos, lo que no entendemos y, sobre todo, del valor. Mi grupo se ha centrado en lo que es este proyecto y en sus enmiendas. Por lo tanto, reitero, señor presidente, que votaremos en contra de estas enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.

Muy brevemente, quiero volver a señalar, porque ya lo hemos tratado en Comisión y en Pleno, nuestra negativa a apoyar el proyecto que se nos trae aquí. Lamentablemente, el Senado vuelve a hacer lo de siempre: o resulta ser irrelevante -hoy lo comentábamos acerca de lo que había traído en cuanto a la Lomce, enmendaba la lengua y no la ley, metiéndose de paso, y además mal, en lo que no le importa-, o en muchas ocasiones, como esta, me temo que empeora el trabajo que se ha hecho aquí, en el Congreso. El titular de esta ley para nosotros era obvio. Al contrario de lo que debería ser, el titular que deberíamos poner en esta ley que nos presenta el Grupo Popular es que el que paga contamina; es al revés absolutamente, según nosotros, de cuál debería ser la filosofía de la ley. Además -nos tememos, en algo que para nosotros también es importante-, esta es una competencia -obviamente el medio ambiente


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no entiende de fronteras y la contaminación tampoco- que según nosotros debería volver al Estado, y el Senado empeora un poquito más la ley cediendo todavía más en algunos aspectos competenciales que nos parecen graves. De modo que votaremos en contra de ese empeoramiento que nos trae aquí, una vez más, el Senado.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.

Llegamos a la aprobación final de la ley de impacto ambiental, un proyecto que empezó mal y que termina bastante peor. Es una ley de impacto ambiental que se tramita a destiempo -ya lo dijimos en su momento-; mientras se está tramitando una directiva europea, que seguramente nos va a cambiar el marco, aquí se busca modificar una ley cuando no sabemos cuál va a ser el marco comunitario que tendremos, debido a unos intereses muy concretos. Además se hace por el trámite de urgencia, sin poder escuchar a la ciudadanía, a todos los interesados, y de forma precipitada. No solo se hace de forma precipitada; no nos dejan hacer comparecencias, no permiten un debate sosegado, sino que encima por la puerta de atrás nos modifican el propio objeto de la ley. Por la puerta de atrás y con las enmiendas del Grupo Popular una ley que era de impacto ambiental va a acabar siendo la ley de los trasvases; una ley que empezó siendo ley de impacto ambiental, o ley del fracking, o ley de mercado de la biodiversidad, ahora es de estas tres cuestiones. No está nada mal para una ley que se llama de impacto ambiental.

Nuestro grupo ya planteó en su momento una enmienda a la totalidad y 56 enmiendas parciales. Nuestros argumentos -no me extenderé en ellos porque ya hemos tenido ese debate- se basaban fundamentalmente en una cuestión, que para empezar no sirve para mejorar la protección del medio ambiente sino todo lo contrario; deja muchísimas lagunas para esa protección: desde poder aprobar por ley modificaciones sin hacer evaluación ambiental a muchísimas otras medidas que desprotegen el medio ambiente precisamente ante muchos proyectos. Por otro lado, es una ley de evaluación ambiental que recorta la capacidad de incidir de la ciudadanía. Todas las garantías son para el promotor, eso sí, aunque a costa de la indefensión de muchas administraciones, de municipios, pero también de las organizaciones de la sociedad civil que tienen todo el derecho a participar y a conocer desde el primer momento cuál es el estado de los proyectos. Esta ley está llena de lagunas y va a continuar destruyendo un territorio que ya está muy degradado. Es una ley que tampoco recoge las lecciones aprendidas. Mientras se tramitaba esta ley tuvimos -lo tenemos todavía- el capítulo del proyecto Castor, que es un ejemplo de mal proceder, un ejemplo de mala participación, un ejemplo de que no se ha escuchado a todo el mundo en el trámite de la ley. Es un proyecto del que estamos pagando las consecuencias. Cuando en la agenda pública ni siquiera están las consecuencias de abordar mal esta cuestión, tampoco se han modificado sustancialmente para proteger de seísmos y de impactos sísmicos de forma exigente. Es una ley que en el fondo tiene el ADN que va repitiendo el ministro: que el medio ambiente no puede ser un lastre. Esta es la concepción que tiene el Partido Popular del medio ambiente, un lastre para la economía, porque ustedes siguen instalados en el siglo pasado, cuando hoy el medio ambiente es una oportunidad para la economía, para crear puestos de trabajo y evidentemente una condición necesaria si queremos tener economía en unos años. Ustedes insisten en plantearlo como un lastre, y ese es el gran problema. Lo hemos visto en todas las leyes medioambientales que hemos tenido en esta legislatura (la Ley de Costas, la Ley de regulación energética y ahora también la ley de evaluación ambiental). Esta es una ley en la que también, para más cinismo, legalizan el fracking. Ustedes dicen que lo protegen pero lo que hacen precisamente es legalizarlo.

Mientras podríamos haber aprendido la lección de otros países como Francia, Alemania, el Reino Unido, Irlanda o Austria que lo han prohibido porque es una actividad altamente tóxica que despilfarra recursos y agua -de la que luego también hablaremos- y además es una técnica muy agresiva en el territorio, ustedes aquí utilizan una ley de evaluación ambiental precisamente para regular. Con esta ley están perpetrando un auténtico atentado ecológico. Además, esta ley está al servicio de la opacidad; lo único que hace es poner trabas a la sociedad civil para tener acceso a la información. Asimismo, es una ley al servicio de la recentralización, como han dicho también anteriores ponentes; una ley que vuelve a recentralizar y no respetuosa con los competencias de las comunidades autónomas en la preservación, en la participación, pero también en el ámbito de su gestión.


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Introducen otra aberración en una ley de evaluación ambiental, los bancos de conservación. Ese es el concepto que tienen del medio ambiente: de lo que no se puede sacar dinero no vale la pena protegerlo. Usted establecen aquí una auténtica mercantilización del derecho a contaminar; es decir, quien puede pagárselo tiene derecho a contaminar. Bajo ese principio es imposible proteger la riqueza y la biodiversidad que tiene nuestro territorio. Es un modelo que no compartimos en absoluto y, además, no va a funcionar como ustedes dicen. Solo va a servir para que algunos también saquen tajada, dinero de la degradación del territorio. No solo es una ley de evaluación ambiental que se ha convertido en todo eso cuando entró en el Congreso, sino que lo han acabado de rematar con sus enmiendas cuando por la puerta de atrás modifican la Ley del plan hidrológico nacional y la Ley de Aguas, generalizando los mercados del agua. Es un atropello democrático y a la cohesión territorial plantear una modificación sin la participación, sin un debate serio y cambiando los objetivos de esta ley. Fíjense, el ministro Cañete comenzó la legislatura diciendo que iba a buscar un pacto del agua basado en la unidad de cuencas, en la sostenibilidad medioambiental, poniendo como prioridad la propia cuenca y también respetando la directiva marco de agua; un gran pacto del agua que ha terminado por la puerta de atrás con las enmiendas del Grupo Popular en una ley de evaluación ambiental. Es propio del ministro Cañete, que ya hace más de una década decía que el Plan hidrológico nacional iba a ser un paseo militar. Efectivamente, ese pacto del agua que habían anunciado lo han cambiado por torpedear el diálogo y el consenso por la puerta de atrás, señor ministro.

Ustedes han incorporado en esta ley el memorándum Tajo-Segura, que no es un acuerdo amplio, sino entre los interesados en los trasvases. Ahí es donde han llegado a un acuerdo. Han quedado fuera todas las entidades y redes que están trabajando en la defensa de los ríos (del río Tajo) y de los caudales ecológicos. Pactaron con un grupo de interesados que llevó al ministro a decir, cuando llegaron al primer acuerdo: hemos pactado con los regantes que la agricultura más competitiva va a tener siempre agua. Son palabras del ministro cuando se llegó a ese acuerdo. Eso atenta directamente contra la directiva marco del agua, contra preservar la situación ecológica y los ecosistemas y contra un principio básico que debería respetar el ministro llamado de Medio Ambiente, que el agua es un recurso limitado, y como tal no puede estar a disposición ilimitada y menos de una actividad económica, porque lo primero es garantizar el agua para hoy y para mañana como recurso básico de los ciudadanos. Ustedes han regulado el derecho al trasvase por ley, y con ello generalizan el mercadeo del agua, privatizando la rentabilidad de ese recurso. Ya cuestionamos en Comisión lo que supone garantizar una retribución por no percibir el agua prometida, porque eso también es arriesgar recursos públicos. Más allá del memorándum, se pone en riesgo la vida del río Tajo y de muchísimas cuencas -lo estamos denunciando desde el principio-, como la del Ebro, para el que hay una propuesta de plan de cuenca que no cumple las mínimas garantías medioambientales. No solo cambian el trasvase Tajo-Segura, sino que hay dos enmiendas que abren la puerta y ponen en peligro al resto de cuencas. Hay una generalización de los trasvases y del mercadeo, tanto en la enmienda 306 como en la enmienda 307.

En primer lugar, la enmienda 306 suprime la autorización de las Cortes para el trasvase de cesiones o venta de aguas intercuencas y pasa a ser una autorización de la Dirección General de Aguas. Es para echarse a temblar. Un Gobierno que no da ninguna garantía además ahora suprime el trámite por el Congreso. Ustedes rompen así el principio territorial, vulneran el principio de unidad de cuenca y atentan contra la propia planificación hidrológica. Por eso se reserva al Congreso plantear las excepciones cuando hay trasvases. La enmienda 307 exime de la obligación al Gobierno de dar cuenta de esos trasvases. Esta modificación se suma a los despropósitos del agua en otros planes, como en el Ebro, como comentaba antes. Es una auténtica temeridad que va a tener respuesta en los territorios. El agua es un recurso limitado y hoy hay que garantizarla para todos. Agua para todos significa garantizar la vida también de nuestros ríos; por eso, agua para todos significa no venderla y quiere decir garantizar unas cuencas sostenibles. Eso es lo que no ha hecho desde el principio de su legislatura y en lo que está malmetiendo con esta ley. Ustedes no tienen derecho a este expolio porque hoy el río es vida.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.

Señorías, como ya dijimos en Comisión, estamos de acuerdo con los principios objetivos y finalidad de esta ley. Tenemos claro que la sostenibilidad y los ámbitos que la sustentan en lo económico, social,


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ambiental y territorial tienen que equilibrarse. La variable ambiental tiene que formar parte importante de la toma de decisiones, siendo necesarios mecanismos de corrección y de compensación, aspectos a los que aludiré posteriormente. El trámite ha sido muy rápido, demasiado rápido, pero en él, al igual que nuestro grupo en el Senado, conseguimos que se aprobaran una serie de enmiendas transaccionales -una aquí, en el Congreso, y dos en el Senado- que creemos que han servido para reflejar mejor los marcos competenciales, si bien nos quedan algunas dudas que seguramente podremos reflejar y aclarar en el reglamento que se va a elaborar.

En el tema del agua tenemos que ser críticos porque consideramos que el texto del proyecto, con su incorporación a través de enmiendas, otorga a la Dirección General del Agua una competencia que no le corresponde, la de autorizar la cesión de derechos que impliquen el uso de infraestructuras que interconecten territorios de distintos planes hidrológicos de cuenca, conllevando la citada autorización el uso de infraestructuras de interconexión. Señor ministro, señorías del Partido Popular, ustedes saben que este es un tema singular, que tiene mucha sensibilidad en nuestro territorio, principalmente en las tierras del Ebro. En ese sentido, y dado que el día 10 comparecerá el secretario de Estado de Medio Ambiente para hablar del agua, esperamos poder aclarar en el debate las intenciones de esta normativa.

En cuanto a la solución o al tratamiento del riesgo sísmico, como apartado a incorporar en las tramitaciones, se ha mejorado; aunque no tal vez con la exigencia que nosotros pedíamos, se ha mejorado. Por tanto, reconocemos que el trámite parlamentario ha servido para incorporar el apartado de riesgo sísmico en las tramitaciones correspondientes. Quiero remarcar que durante este trámite rápido, relámpago, no hemos podido llegar a un acuerdo para territorializar los recursos provenientes de los bancos de conservación de la naturaleza y tampoco para territorializar las medidas preventivas, correctoras y compensatorias. Aun conociendo el interés del propio ministro en ese aspecto, la rapidez ha impedido llegar a un acuerdo. Por eso querría pedir hoy al ministro, al Grupo Popular y a su portavoz dos precisiones en torno al proyecto de ley de evaluación ambiental que hoy se somete a la aprobación de esta Cámara; precisiones que para Convergència i Unió son muy importantes, señor ministro. La primera es que en relación con los bancos de conservación, su ministerio debería convocar un grupo de trabajo abierto a todas las comunidades autónomas y a los sectores implicados para que estudien y formulen propuestas sobre el desarrollo reglamentario de los citados bancos de conservación. A su vez, y muy importante, creemos que el reglamento que desarrolle la institución de los bancos de conservación deberá promover que las medidas compensatorias se vinculen con prioridad al territorio en el que se ejecuta el proyecto. La segunda precisión que traslado a la Cámara, señor ministro, señorías y portavoz del Grupo Popular, es que las declaraciones de impacto ambiental deberán poder contemplar medidas preventivas, correctoras y compensatorias que actúen sobre el factor ambiental impactado, procurando que se pueda beneficiar, en primer término, el territorio donde se ejecuta ese proyecto, siendo ambas consideraciones muy importantes para nosotros. No hemos tenido tiempo para reflejarlas en el trámite de la ley, pero creemos que se puede solucionar en el trámite parlamentario contando con su buena voluntad. Por eso, desde Convergència i Unió esperamos que el portavoz del Grupo Popular, reflejando la voluntad del señor ministro, pueda aceptar estas dos consideraciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Ábalos.

El señor ÁBALOS MECO: Gracias, señor presidente.

Señorías, no se puede entender este proyecto de ley de evaluación ambiental, otro paso en el retroceso y desmantelamiento del nivel de protección medioambiental, sino es insertándolo en esa misma filosofía que este Gobierno se ha propuesto aplicar y que está extendiendo a cada uno de los ámbitos que afectan a la materia ambiental o al desarrollo sostenible de este país. Una serie de iniciativas que empezó con la Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, la Ley de protección y uso sostenible del litoral y la siguiente Ley -que modificaba otras- de prevención y control integrado de la contaminación, así como la Ley de residuos y suelo contaminados. Esta iniciativa se inserta en esta senda de desmantelamiento de la legislación de protección medioambiental en este país. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Los principios que viene declarando el Gobierno y que inspiran sus contrarreformas son básicamente siempre dos: de una parte, el logro de un equilibrio entre la actividad económica y la protección medioambiental, y de otra, la seguridad jurídica. En el primer caso se trata de un falso equilibrio porque,


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evidentemente, no están en el mismo plano de igualdad la actividad económica o los negocios y la protección medioambiental. De hecho, la apreciación que tiene este Gobierno se refleja con claridad en el anteproyecto de esta ley, donde decía que la evaluación ambiental de proyectos es un obstáculo a la mejora de la productividad que sitúa a España en un puesto inadecuado para hacer negocios; es decir, la visión es clara. El problema de todas formas de este conflicto es porque el Gobierno tiene otro modelo de actividad económica, porque bien podría pensarse que la protección del medio ambiente también genera una actividad económica, también son nichos o yacimientos de oportunidad económica. Pero esto se descarta y se apuesta por un modelo absolutamente depredador de los recursos naturales y también de los recursos humanos. El segundo propósito, el de la seguridad jurídica, ya nos vamos dando cuenta de que tiene que ver básicamente con la certeza de negocio. Por tanto, estamos ante un dilema falso, y este Gobierno para ser competitivos ha pensado que como no podíamos ser paraíso fiscal, nos vamos a convertir en un paraíso de la precariedad; precariedad con costes de producción que deben reducirse con salarios bajos, más horas de trabajo -quienes tengan empleo-, ahorrar costes sociales y evitarse los costes ambientales.

Viendo el contenido de esta iniciativa quiero centrarme en alguno de los engaños que se plantean. En principio, la perversión de la evaluación ambiental, por la relajación de las exigencias. Es una ley que trata de regular la evaluación, pero empieza denostando, desmereciendo la evaluación. Por lo tanto, de lo que se trata es de dejar en mínimos a la evaluación, es decir, se reducen los plazos, se reducen los requisitos, se facilita todo. Es como si tuviéramos que pasar la ITV del coche en dos minutos. ¿Que echa mucho humo? Da igual. ¿Que no frena bien? No importa. ¿Que las luces no funcionan? Nos da lo mismo. Lo importante es que el auto ande, que camine, ya veremos después lo que ocurre, y si a alguno le molesta no es problema del conductor. ¿Qué es lo ha ocurrido en el proyecto Castor? Pues justamente que los tiempos necesarios no se dieron para medir determinados riesgos.

Es una ley inoportuna e insegura, ya lo calificó el Consejo de Estado como inoportuna, porque ahora mismo está en trámite una directiva de la Unión Europea sobre esta cuestión, lo cual quiere decir que el tema de la seguridad jurídica nuevamente queda en suspenso, porque no sabemos finalmente las empresas a qué normativa tendrán que acogerse. Tendremos que trasponer la directiva y, por tanto, aquí quedamos en una especie de limbo jurídico normativo, que a mí me da la impresión de que lo que ustedes quieren, el Gobierno, tal y como se ha planteado con urgencia y simultáneamente a una directiva, es desatascar esos diez mil expedientes. Esos diez mil expedientes que denuncian que están paralizados. Yo no creo que sean los diez mil expedientes, yo creo que son algunos expedientes para los que quieren decretar una cierta amnistía medioambiental.

Otro de los engaños que han celebrado es que con esta ley van a someter el fracking a evaluación ambiental, cuando lo cierto es que lo que hacen es legalizar el fracking, porque al integrarlo en la norma lo que hacen es legalizarlo impidiendo que parlamentos autonómicos no lo quieran en su territorio. Hay muchos informes que ponen en duda la viabilidad del fracking, que alertan de los efectos nocivos de esta técnica. Se ha prohibido en Francia, en Europa están por regularlo y aquí, sin que haya estudio alguno objetivo asumido por el Gobierno, incorporamos esta técnica como legal. Nosotros hemos planteado una enmienda que pedía que mientras no se dispusiera de ese informe se suspendieran las autorizaciones y se impidiera el fracking, hasta tanto tuviéramos la certeza de que el fracking no iba a suponer elementos negativos. Más adelante hablaré de agua, pero en este tema del fracking también tenemos que hablar del agua, porque según la plataforma Shale Gas España y según informes del Departamento de Energía de Estados Unidos, la cantidad de agua requerida para perforar y fracturar un pozo de gas de pizarra supone tales cantidades que no sabemos de dónde van a salir, y nadie dice de dónde van a salir, si del Ebro, del Tajo o del Júcar, cómo se van a prever estos usos en los planes hidrológicos. Pero también hay problemas de contaminación. En España la mayoría de los permisos de investigación pedidos o concedidos, el 80 %, están situados sobre acuíferos calcáreos, mucho más sensibles a esta técnica debido a la capacidad de esta roca para que el agua circule.

Otro riesgo es el de los terremotos. Si la actividad en la plataforma Castor ya ha creado problemas, nos vamos a lanzar a más. Cervantes decía en El Quijote: Que no les hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Eso es lo que va a venir, pero a ustedes ya les da igual. Lo que venga, que venga; si ocurre algo, ya lo veremos. Ustedes se han arrojado nuevamente en brazos de empresas del lobby gasístico, que promete una nueva fiebre del oro transformada en la fiebre del gas. Responden a esos intereses nuevamente.


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Hay otra idea fantástica que tampoco desarrollan: los bancos de conservación de la naturaleza. Con esta ocurrencia no se sabe si quieren convertir la legislación ambiental en un laboratorio de experimentación o si directamente quieren convertir el medio ambiente en un mercado de valores. Los llaman bancos de conservación de la naturaleza, pero también los podríamos llamar bancos de destrucción del medio ambiente porque, en definitiva, cuando hay problemas medioambientales, se paga y listo. Es decir, el que contamina, paga, pero si pagas puedes contaminar. También se podrían llamar, por tanto, licencias para contaminar o, si prefieren la versión más canónica -al gusto de algunos de ustedes-, serían bulas de contaminación: se paga, se contamina.

Por tanto, no nos parece que esté suficientemente claro este proyecto. Curiosamente, esta es una ley muy reglamentista, y lo es porque lo que trata es de impedir que las comunidades autónomas desarrollen la legislación básica, pero en este caso concreto no hay ninguna referencia a nada, no hay ninguna regulación, no hay desarrollo. De manera que, una ley que regula la evaluación de los campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas con capacidad para quinientos huéspedes, en cambio para este tema no sabemos nada, no tenemos ni idea de si se puede compensar la modificación del cauce de un río, la desaparición del hábitat de una especie protegida o la ocupación de un terreno de miles de hectáreas. No hay ninguna mínima guía de valoración, ni una garantía, ni nada; no existe ni una mención a la transparencia, ni a la metodología de la valoración. Por tanto, gran sorpresa: todo se fía a una resolución del ministerio. Una resolución, ni siquiera un reglamento ni una orden ministerial. No hay por dónde coger esta iniciativa, que más bien parece proponer un cheque en blanco, un modelo inconcreto que corre el grave riesgo de convertirse en un instrumento perverso para la protección medioambiental.

Finalmente, ustedes han incluido en esta ley -como no les importa y la denostan, no pasa nada, la pueden desvirtuar- los trasvases, en este caso el trasvase Tajo-Segura. Una foto que llevan a rango de ley, un consenso no de comunidades ni de parlamentos, un consenso entre compañeros del partido donde ha primado la disciplina del partido, atendiendo a ninguna directiva europea, a ninguna legislación, y en un momento en que están los planes en fase de información pública, de participación. En definitiva, señor ministro, como usted aspira a ser comisario, imagino que ya se encargará de intentar resolver esta chapuza, pero esto lo contraviene todo.

El tiempo se me agota y no les quiero cansar más. El Senado no nos ha aportado nada relevante en este tema, así que nuestra posición es la misma, vamos a decir no a este contrasentido, que parece que de lo que trata es de regular la evaluación, pero lo que quiere es cargarse la evaluación medioambiental.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Ábalos.

Por el Grupo Popular, señor Torres Herrera.

El señor TORRES HERRERA: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, comparezco en esta Cámara para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con el proyecto de ley de evolución ambiental. Como ustedes ya saben, la economía española está superando una de las mayores crisis de la democracia, debido a la actuación irresponsable del anterior Gobierno socialista. Lo sabemos y nos lo han recordado permanentemente desde diferentes organismos internacionales. Aunque la situación en España ha sido difícil, ahora los datos y la propia opinión de las entidades económicas internacionales no son las mismas que hace dos años. Es mucho lo que nos queda por hacer para que los buenos datos macroeconómicos se traduzcan en bienestar para todos, pero nos encontramos en la senda correcta. La inversión internacional está regresando en algunos sectores, pero todavía hay obstáculos. Una de las razones la encontramos en la significativa inseguridad jurídica, a la que tienen que hacer frente los inversores cuando deciden plantearse una instalación, obra o actividad en nuestro país en el trámite de la evaluación ambiental vigente, y esa inseguridad jurídica deviene principalmente, señorías, de los largos plazos para la ejecución y puesta en marcha de sus iniciativas, cuestión clave para la decisión de las inversiones temerosas de retrasos que suelen dar al traste con las garantías para dichas inversiones.

Como ya comentó el ministro en su intervención en el debate de enmienda a la totalidad de este proyecto de ley, existen en España más de diez mil actuaciones pendientes de autorización ambiental, centenares de millones de euros que no pueden entrar en escena para la dinamización de la economía debido a procedimientos excesivamente largos que no protegen el medio ambiente, sino que suponen un freno para el desarrollo sostenible, desarrollo, que como conocen sus señorías, tiene tres ámbitos: económico, social y ambiental. Quizás las cantidades referidas se tripliquen si consideramos aquellas


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iniciativas que ni siquiera se atrevieron a iniciar el procedimiento de consultas en el marco de la autorización sustantiva conocedoras del periplo administrativo al que estaban abocadas. Y este nuevo proyecto de ley de evaluación ambiental, sin salirse un ápice de su marco preventivo, viene a decir basta, señorías, y lo hace, primero, garantizando la máxima protección ambiental y dando un nuevo impulso al desarrollo sostenible. Segundo, simplificando y agilizando la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos. La injustificada duración de la tramitación de este procedimiento no protege más el medio ambiente, más bien genera una mala imagen de la normativa ambiental. Tercero, creando un marco para que la legislación en materia de evaluación ambiental sea homogénea en todo el territorio nacional. Cuarto, garantizando la participación ciudadana en estos procedimientos en los que se analiza el impacto medioambiental en los planes, programas y proyectos. Quinto, exigiendo por primera vez que los proyectos de fracking se sometan a evaluación de impacto ambiental y se tome en consideración el cambio climático en las evaluaciones ambiéntales. Sexto, modificando la Ley de patrimonio natural y de biodiversidad para sancionar el bunkering mediante fondeo permanente de buques tanque y los rellenos no permitidos. Séptimo, reforzando la regulación para asegurar que se analicen y cuantifiquen los efectos de algunos proyectos que pueden afectar al subsuelo, como es el caso de los estudios sísmicos.

Señorías, hoy debatimos las enmiendas incorporadas en el Senado, unas enmiendas de carácter técnico que pretenden dar garantía de claridad al texto, así como una serie de correcciones técnicas cuyo fin ha sido subsanar errores terminológicos y gramaticales que no alteran el sentido del texto. Por ejemplo, se incorpora un artículo sobre la publicidad de la autorización del proyecto, por la que se permite una máxima difusión de su contenido y posibilita la presentación de recursos en vía administrativa o judicial frente a este acto de aprobación del proyecto y también frente al contenido del informe de impacto ambiental. También se modifica la denostada disposición adicional octava, la que versa sobre los bancos de conservación de la naturaleza, para introducir la participación de las administraciones autonómicas, al igual que se aclara el artículo 8 del proyecto de ley.

En definitiva, es una ley que no pierde en ningún momento su objetivo central: prevenir el daño ambiental en la fase de planificación, antes de que se produzca. Por fin se aclaran, a afectos de las disputas ambientales entre administraciones, las relaciones y principios que deben primar y que nunca debieron salir del marco definido por la lealtad institucional, la coordinación, la información mutua, la cooperación, la colaboración y la coherencia. De aquellos diez mil proyectos pendientes de autorización, muchos quedaron atrapados en el silencio debido a estas absurdas e infantiles diferencias. Proyectos de interés nacional o autonómico capaces de solventar problemas de tremendo calado para los ciudadanos y que además suelen suponer relevantes inversiones con creación de empleo y riqueza y, por ello, no pueden quedar postrados por caprichos localistas, máxime cuando quedan demostradas las garantías ambientales con la aplicación incluso de las mejores tecnologías medioambientales disponibles. Señorías, no nos han tocado tiempos de capricho, y es caprichosa, por ejemplo, la actitud obstruccionista del Gobierno de mi comunidad autónoma, de Canarias, a las prospecciones petrolíferas en nuestras aguas con la posibilidad de obtener recursos naturales de un valor incuestionable; una explotación que se realizaría con las máximas garantías de protección ambiental, que son las que se persiguen con la aplicación de esta ley.

Ustedes, señorías de la izquierda, se empeñan en enfrentar desarrollo frente a conservación. No cuenten con nosotros para ello. Esta ley apuesta claramente por el desarrollo, atendiendo en todas las fases a la conservación del medio como legislación básica. Debemos felicitarnos por la apertura formal de una vía para el entendimiento y la coordinación con y entre las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Ojalá que todos sepamos aprovechar esta oportunidad. Sepan ustedes, señorías, que la evaluación ambiental se realiza desde la Administración competente, mayoritariamente de las comunidades autónomas, por un funcionario que debe optimizar su visión holística del territorio y del medio en el que se pretende realizar la actuación, sin dejar de atender al conjunto de elementos del medio físico, biótico, social, económico, cultural y paisajístico.

El carácter básico de esta ley puede permitir abordar estas inquietudes por la claridad con la que quedan definidas las evaluaciones ambientales ordinarias o simplificadas, estratégicas o de impacto ambiental, por la correcta designación de roles entre promotores, consultores, órganos sustantivos, ambientales y otras administraciones. Se acaba ya con esta ley con el problema de la falta de respuesta de algunas administraciones, conocedoras de que con su silencio están paralizando los procedimientos obligatorios para las autorizaciones. Queda reglamentada su falta de respuesta y los plazos en los que pueden intervenir todos cuantos se entiendan afectados por la planificación o por el proyecto. Debemos referir igualmente la regulación que nace con esta ley para los proyectos sujetos a declaración responsable


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o comunicación previa, dejando en el lógico marco del órgano ambiental competente la decisión sobre el potencial impacto de estas actividades. También se regula por fin, señorías, la necesaria consideración de los espacios de la Red Natura 2000, que pueden verse afectados por planes, programas o proyectos. En este mismo cuerpo quedan definidas las cautelas, los niveles y alcances de los estudios e incluso los procedimientos para el debido análisis.

Voy finalizando, señorías. Algunos han entendido la creación de los bancos de conservación de la naturaleza como una amenaza. Nada más lejos de la realidad. Recuerden, señorías socialistas, que lo que ahora critican se encuentra recogido en su programa electoral. Señoras y señores diputados, estamos ante una magnífica oportunidad para establecer cauces de extraordinaria participación, para la restauración y mejora ambiental en nuestro país, permitiendo la colaboración público-privada e interviniendo allí donde más necesario sea en cada caso. El valor ambiental ponderado de un área geográfica podrá verse mejorado con independencia de los impactos negativos que acoja.

En cuanto a lo señalado por el portavoz de Convergència i Unió, señor Barberà, compartimos la idea de que el ministerio debería convocar un grupo de trabajo abierto a las comunidades autónomas y a los sectores implicados para que se estudien y formulen propuestas sobre el desarrollo reglamentario. En dicho reglamento es lógico que se promueva que las medidas compensatorias que se adopten se vinculen con prioridad al territorio en el que se desarrolle el proyecto. Asimismo, compartimos la idea de que las declaraciones de impacto ambiental deberán contemplar medidas preventivas, correctoras y compensatorias, procurando que se beneficie en primer lugar el territorio en el que se localiza el proyecto.

Finalizo, señorías, no sin antes destacar que el proyecto de ley aporta finalmente estabilidad al trasvase Tajo-Segura, que tendrá rango de ley al incorporarse en este proyecto de ley, donde se plasman los contenidos esenciales del acuerdo en lo que se refiere a las garantías de las cuencas cedentes, a la eliminación de las discrecionalidades y arbitrariedades en las actuaciones en las cuencas receptoras. Plasma una política seria y responsable del actual Gobierno en materia de aguas con medidas que pueden garantizar la sostenibilidad del sistema, con el acuerdo entre las partes y apostando por la complementariedad de la fuente de abastecimiento en lugar de la exclusión. Este proyecto de ley regulará, después de cuarenta años, este trasvase con el acuerdo de las cinco comunidades autónomas. Señorías, con este pacto entre las comunidades autónomas de las cuencas del Tajo, Júcar y Segura el ministro de Medio Ambiente nos ha demostrado que con buena voluntad entre todas las partes los acuerdos son posibles.

Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Torres.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

- CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA, HECHO EN ESTAMBUL EL 11 DE MAYO DE 2011, ASÍ COMO DECLARACIÓN Y RESERVA QUE ESPAÑA FORMULARÁ AL MISMO. (Número de expediente 110/000100).

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHO EN LONDRES EL 14 DE MARZO DE 2013. (Número de expediente 110/000106).

- RETIRADA DE LA DECLARACIÓN FORMULADA POR ESPAÑA EL 22 DE JUNIO DE 2006 AL CONVENIO RELATIVO A LOS TRANSPORTES INTERNACIONALES POR FERROCARRIL (COTIF), HECHO EN BERNA EL 9 DE MAYO DE 1980. (Número de expediente 110/000107).

- CANJE DE NOTAS POR EL QUE SE PRORROGA POR UN AÑO EL ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE LA ESTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA NASA, HECHO EN MADRID EL 28 DE ENERO DE 2003. (Número de expediente 110/000108).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a examinar el siguiente punto del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales con los números de expediente 110/000100 y 110/000106 a 110/000108.


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Algunos grupos parlamentarios han solicitado su intervención. Por tanto, como siempre, por tiempo de cinco minutos, en primer lugar, tiene la palabra, por Unión Progreso y Democracia, la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, hoy deberíamos estar celebrando la firma de este convenio del Consejo de Europa, esta iniciativa para perseguir la violencia de género, que han firmado cuarenta y siete países que se comprometieron, mediante este convenio, en el año 2011 a desarrollar legislación para prevenir y para perseguir la violencia de género en todas sus formas, desde la violencia sexual hasta los matrimonios forzados. Digo que deberíamos estar celebrando la ratificación por parte de nuestro país... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un segundo, señora Lozano.

Por favor, guardan silencio. Hay una diputada hablando y tenemos la obligación de escucharla. El que no la quiera escuchar, que abandone el Pleno, pero, por favor, respeten a la oradora.

Adelante, señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidenta.

Decía que deberíamos estar celebrando este instrumento internacional que dota a casi medio centenar de países de nuevas herramientas para luchar contra la violencia de género y, en su lugar o además de subrayar esto, que creo que es importante subrayarlo, celebramos algo distinto. Celebramos una rectificación del Gobierno -desde luego, por parte de mi grupo la celebramos-, pero no podemos dejar de señalar que es una nueva muestra de incompetencia. El Gobierno había hecho reserva a un artículo de este convenio, el artículo 44, que permitía, por citar un caso que permita entender la aberración en que consistía esta reserva, que, por ejemplo, aquellos que practicaran matrimonios forzosos en países de origen -residentes en España pero que fueran a su país de origen a celebrar matrimonios forzosos de mujeres-, cuando volvieran a España, no pudieran ser perseguidos en España. No podrían ser perseguidos ellos, residentes, pero sí podrían serlo los españoles, cosa que además introduce una discriminación aberrante.

No se nos ocurre ninguna explicación a esta reserva, más que, como he señalado, la pura incompetencia. Por lo tanto, varios grupos presentamos en su momento una enmienda para que España rectificara esta reserva que había formulado. Creo que es el día en que los grupos que hicimos aquella enmienda debemos felicitarnos, debemos felicitar también a la sociedad civil y a las organizaciones independientes que nos alertaron de la barbaridad que entrañaba hacer reserva de este artículo. Por último, quiero insistir en ello, celebramos que el Gobierno haya rectificado y que por lo tanto nuestro país ratifique plenamente y en todos sus extremos este convenio, que será un gran instrumento para la lucha internacional contra la violencia de género.

Muchas gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.

Aunque ha pasado su turno, me ha pedido la palabra el señor Esteban. Por tanto, por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Simplemente medio minuto, señora presidenta. Nada más para felicitarnos como grupo, tal y como mantuvimos la posición en Comisión, y para que constara en el "Diario de Sesiones", felicitarnos de haber podido retirar finalmente, con la aquiescencia de todos los grupos, la reserva que proponía el Gobierno en la aplicación del artículo 44.1.e). Parece que en los tiempos que corren era absolutamente innecesario hacer esta reserva, que podría dar lugar a mal entendidos. Por lo tanto, ratificamos la aprobación del texto del convenio en su integridad y el compromiso que tiene que adoptar el Estado a partir de ahora para llevar a cabo las modificaciones necesarias en el ordenamiento para que se convierta en su integridad en una realidad en el ordenamiento jurídico español.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidenta.

Señorías, tenemos que destacar la importancia que el presente convenio tiene cuando por primera vez en el Consejo de Europa celebrado en Estambul el 11 de mayo de 2011 los cuarenta y siete países


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que lo conforman se dotaron de un instrumento jurídicamente vinculante para luchar contra la violencia de género. Pero a la vez tenemos que lamentar que tan solo veinte de esos cuarenta y siete países lo hayan firmado, lo que pone de manifiesto el largo camino que todavía nos queda por recorrer, tanto en nuestro país como en el conjunto europeo. En cualquier caso, valoramos positivamente lo que significa unificar las leyes de manera general en toda Europa como herramienta que ayudará a combatir la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica, los matrimonios forzosos, la mutilación genital o los crímenes de honor, contemplando también medidas de protección y asistencia a las víctimas que permitirán actuar en un marco global, esto es importantísimo, en tiempo de paz y también en situación de conflicto armado, comprometiendo a los Estados que firman y ratifican, como vamos a hacer hoy, este convenio, a tomar las medidas políticas y judiciales necesarias para combatir esta lacra con los recursos financieros necesarios.

Hoy, señorías, el 45 % de las mujeres de la Unión Europea declara haber sufrido alguna vez violencia de género; entre el 40 y el 45 % señala haber sufrido acoso sexual en el trabajo. En la Europa del siglo XXI siete mujeres son asesinadas cada día a manos de sus maltratadores. Estos datos denotan una situación de ausencia de derechos humanos y de democracia insoportable, sin que ni siquiera puedan reflejar con precisión la magnitud del problema, por la dificultad que conlleva obtener estos datos. Además, debemos tener en cuenta la crisis que las políticas neoliberales han provocado, afectando de manera sangrante a las mayorías sociales de toda Europa y de manera más cruel y directa a las mujeres. Valga como dato el dictamen realizado por el Comité económico y social para erradicar la violencia contra la mujer de 18 de septiembre de 2012, que dice textualmente: Es importante destacar que la crisis económica está afectando gravemente a las políticas sociales de muchos países de la Unión Europea; se están reduciendo servicios públicos básicos tales como la sanidad, la educación y los servicios sociales en el momento en que las familias, y en especial las mujeres, más lo necesitan. Se están cerrando servicios de atención especial para las mujeres y centros de acogida para mujeres maltratadas; se están reduciendo los presupuestos de los servicios nacionales para la igualdad de género; se están suprimiendo proyectos de prevención y campañas en los medios de comunicación, etcétera. Por eso, señorías, la ratificación de este convenio por parte de España nos parece muy importante, y creemos que debe ir más allá de la mera declaración de intenciones y la ratificación de esta Cámara, a la vez que nos seguirá costando creer que al Gobierno le importa de verdad la igualdad y la lucha contra la violencia de género, cuando hechos son amores y no buenas razones, señorías. Estamos viendo cómo son precisamente sus políticas las que están profundizando en la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, y se están recortando presupuestos dedicados a la lucha contra la violencia de género en nuestro país.

La ratificación de este convenio debe servirnos precisamente como un instrumento útil para luchar contra la violencia de género de forma firme y decidida, fortaleciendo y dando músculo a nuestra legislación y a nuestro compromiso como Estado ante esta barbarie. No podemos aceptar la flacidez que por parte del Gobierno se mostró ante este compromiso presentando una reserva, que en principio pretendía eximir del cumplimiento del mismo a los extranjeros residentes en nuestro país. Los intereses económicos y de otro tipo no pueden estar nunca por encima de los derechos humanos y la integridad y la vida de las mujeres. El Partido Popular no parece que en principio tuviera muy claro este extremo cuando, con su reserva, pretendía abrir la puerta para que delitos tan abominables como los matrimonios forzados o la mutilación genital se pudieran dar con impunidad en nuestro país.

Afortunadamente en Comisión -ya se ha dicho- han sido atendidas las enmiendas presentadas por La Izquierda Plural y por otros grupos y esta reserva ha sido retirada. Nos alegramos de que finalmente hayan tomado esta decisión y votaremos, una vez retirada esta reserva, por supuesto a favor.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las Heras.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, hoy ratificamos este convenio del Consejo de Europa de violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Ratificar un convenio internacional es adquirir siempre compromisos de estándares de calidad, en el caso de los estándares del Consejo de Europa de calidad democrática y también de calidad en las políticas de lucha contra la violencia de la mujer y la violencia doméstica. Quiero poner de relieve que, después de estudiar detalladamente este convenio que vamos a ratificar, de hecho el Reino de España cumple ampliamente los estándares que hoy adoptamos a través de la ratificación de este convenio, la virtud, el valor, el valor político, el valor de defensa de los derechos humanos que tiene el


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Consejo de Europa es que estos referentes de carácter legal no son válidos solo para España, son válidos para todos los estados miembros del Consejo de Europa. Y el Consejo de Europa no es la Europa de los veintiocho, el Consejo de Europa es la Europa grande, la Europa de los cuarenta y ocho Estados miembros más, que también se comprometen a respetar lo que creo que se puede resumir claramente en los considerandos. Permítanme que lea muy brevemente un considerando: Reconociendo con profunda preocupación que las mujeres y niñas se exponen a menudo a formas graves de violencia como la violencia doméstica, el acoso sexual, la violación, el matrimonio forzoso, los crímenes cometidos supuestamente en nombre del honor, muy propios en la zona del Cáucaso, y las mutilaciones genitales, que constituyen una violación grave de los derechos humanos y de las mujeres y las niñas y un obstáculo fundamental para la realización de la igualdad entre mujeres y hombres. Pues bien, señorías, hoy nos comprometemos a honorar este compromiso como parte del Consejo de Europa y del trabajo que se realiza en el Consejo de Europa, en su Asamblea Parlamentaria, en la Comisión de Igualdad, donde la diputada Quintanilla tiene una papel relevante, y en el conjunto de los Estados miembros.

A este grupo parlamentario le parece absolutamente inconcebible e inaceptable la reserva que se había presentado a su artículo 44.1. e). Ahora van a intervenir el Partido Popular y el Partido Socialista y nos van a clarificar por qué esta reserva, porque el Partido Popular en Comisión nos recordó que esta reserva la había planteado aún el Gobierno del presidente Zapatero. En todo caso hay un grave error de no diligencia por parte del actual grupo de la mayoría y del actual Gobierno al no levantar esta reserva, que ya se ha explicado en su momento que suponía la impunidad de ciudadanos de países terceros que residiendo en España no se les podía aplicar el Convenio de Estambul.

Señorías, permítanme que dedique estos últimos minutos de mi intervención a hacer un reconocimiento a una compañera diputada, porque hoy es su último Pleno, hoy es su último día de vida parlamentaria después de catorce años. Una persona, mi compañera y amiga Mercè Pigem, que precisamente se ha caracterizado por el rigor en la defensa de los derechos humanos y de la igualdad entre hombre y mujer. (Aplausos). Ayer Mercè Pigem fue elegida miembro del Consejo General del Poder Judicial, y ella discretamente, expresamente por respeto institucional, no ha querido despedirse de esta Cámara ni sabe que yo hoy estoy haciendo referencia a su persona; pero quiero en nombre del Grupo Parlamentario Catalán y del conjunto de compañeros que continuamos en el grupo parlamentario manifestarle nuestro afecto, nuestra estima, y nuestro compromiso de continuar trabajando guiados por los principios del rigor, del compromiso con los valores de la democracia y los derechos humanos, de la libertad, de la igualdad, e intentando continuar honorando su buen trabajo parlamentario.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Socialista, señora Montón. (Pausa). Me piden algunas diputadas que felicite a la señora Pigem, pero por respeto al resto de las portavoces que quedaban, la señora Montón, y la señora Navarro del Grupo Popular, lo pensaba hacer al final si les parece.

Adelante, señora Montón.

La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias. Yo también me sumo a esa felicitación.

Señora presidenta, señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista estábamos esperando con impaciencia la ratificación del Convenio de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia de género. En 2011, en el mismo mes que fue realizado en Estambul, el primer día que se abrió a firma el Gobierno socialista lo firmó con entusiasmo, con la letra de Trinidad Jiménez como ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, sin modificación, sin objeción, sin reserva alguna, porque tengo que decir que parte del convenio está inspirado en la legislación española, algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos y satisfechos. No es de recibo que un país como España, pionero en la Unión Europea con la aprobación de la Ley integral contra la violencia de género, haya tardado tanto en traer a ratificar el convenio, dos años más tarde, y haya querido colar una reserva, reserva para la que se pueden buscar muchas excusas, pero la de que es por la herencia recibida sinceramente aquí no cuela; reserva que sensatamente ya ha desaparecido en la Comisión, ante la alarma de los grupos, que hemos presentado una enmienda que ha sido aceptada. Y en este punto debo agradecer el trabajo a la diputada Delia Blanco y también a Carmen Quintanilla, a la que esperaba en esta tribuna, como miembros del Consejo de Europa, y además por su trabajo como digo en esa Comisión y en este Convenio de Estambul. Quiero decir que esa reserva carecía de sentido por no perseguir el delito cuando el autor fuera no nacional, aun teniendo la residencia habitual


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en España. Aquí también se nota la pérdida de liderazgo y de impulso que el Gobierno del PP ha hecho perder a nuestro país en igualdad y prevención en violencia de género.

Con todo el inventario de recortes y retrocesos que el Gobierno del Partido Popular está infligiendo a la lucha contra la violencia de género la ratificación hoy del Convenio de Estambul, por decirlo cordialmente, va a significar un acicate para la acción ejecutiva, porque este convenio habla de actuar en muchos ámbitos en los que el Gobierno del Partido Popular está haciendo retroceder a nuestro país en esta materia. El convenio compromete a los países a incluir contenidos educativos sobre igualdad y prevención de la violencia de género, y hoy mismo, a pesar de los intentos tardíos de la ministra Mato, el Partido Popular aprobará en solitario la Ley Wert que elimina precisamente estos contenidos. El convenio también compromete a incorporar el delito de violencia de género en los códigos penales de los países, y Gallardón en su reforma del Código Penal elimina del texto el término, y no deja bien resuelta la posibilidad de mediación, expresamente prohibida en este convenio. Además el convenio establece que las actividades y acciones dirigidas a eliminar la violencia de género deberán recibir fondos, como también se apoyará económicamente a las asociaciones que decidan luchar contra esta lacra, y aquí debemos denunciar que Rajoy ha ejecutado unos recortes presupuestarios brutales y sin precedentes que rompen con esta filosofía, y que ponen en riesgo la prevención y la protección de las mujeres. Este convenio además subraya negativamente todas las políticas de recortes y retrocesos en la lucha contra la violencia de género, y a los mencionados podemos sumar otros, como la reforma local, que califica como competencia impropia todo lo relacionado con la igualdad y la violencia de género. El Gobierno tendrá que reconocer que todos estos recortes y retrocesos son un grave error, como se ha reconocido hoy mismo por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en cuanto a eliminar la prevención de la violencia de género de los contenidos educativos del sistema educativo.

Les aseguro que mi grupo estará vigilante y trabajando constantemente para dar cumplimiento a este convenio que hoy se vota. Por último pedimos que España impulse, en el ámbito de las relaciones bilaterales y ante las instancias correspondientes de la Unión Europea, las acciones oportunas para promover su debida ratificación con el resto de países miembros del Consejo de Europa, porque este convenio supone un instrumento jurídico enormemente avanzado para la lucha contra la violencia de género. Señorías, también debo decir, en la semana en la que se ha conmemorado el Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, que la violencia de género afecta a una de cada cinco ciudadanas de la Unión Europea, y esta tiene un repunte en los más jóvenes, en lo que es una grave violación de los derechos humanos y que las sociedades democráticas no deben consentir, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista reitera su apoyo y empeño en la lucha contra la violencia de género, y votaremos a favor del Convenio de Estambul.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Montón.

Señora Navarro, por el Grupo Popular.

La señora NAVARRO CRUZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Es curioso que después de tanto tiempo algunos diputados sigan empeñados en alimentar la leyenda urbana de que al Partido Popular no le importan los derechos de las mujeres, no le importa el maltrato femenino, y que el Partido Popular pasa de todos los asuntos sociales; verdaderamente es una pena que esto siga ocurriendo así. Son muchos los ayuntamientos dirigidos por alcaldes del Partido Popular que hacen todos los días iniciativas pioneras en ayudar a mujeres que son víctimas de violencia, no solo a las mujeres, sino también a su familia y a sus hijos. (Aplausos). Son muchas las propuestas que día a día desde el Partido Popular se hacen en cámaras autonómicas, y también en esta misma Cámara, en defensa de las mujeres y de sus familias. También es muy seria la tarea que llevamos desde el Partido Popular en organizaciones internacionales, tratando como es lógico y como es normal de erradicar una lacra tan importante como es la violencia de género y la violencia doméstica. Y estos son hechos, esto no es sencillamente predicar, estos son realmente hechos. Por todo eso nosotros lógicamente pensamos que la autorización de este convenio es un paso más en la defensa de los derechos humanos y también de las libertades fundamentales.

Al Partido Popular no se le puede cuestionar la sensibilidad, pero tampoco se le puede cuestionar el rigor. Señorías, las leyes son para cumplirlas y es nuestro deber en esta Cámara como legisladores que si las leyes no funcionan o han quedado obsoletas o no sirven para lo que fueron concebidas que se modifiquen. Esa es nuestra obligación, modificarlas. (Aplausos). Pero debo decir en relación con este


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convenio al que hacemos referencia de 11 de mayo de 2011, firmado en Estambul, al que se ha referido todo el mundo antes que yo en esta tribuna, un mes antes de ese convenio, el 26 abril del mismo año se recibió un informe firmado por la directora general de Cooperación Jurídica Internacional y de Relaciones con las Confesiones, que está aquí, y en ese informe se decía concretamente -no voy a leer el informe completo, pero sí una frase que me parece importante- que España debería modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial o bien hacer uso de la reserva; y así se hizo. Como todos recordarán en esta Cámara, tanto en abril como en mayo de 2011, en el Gobierno estaba el Partido Socialista. Quiero que quede muy claro que era el Partido Socialista el que estaba en ese momento, y que precisamente la directora general de Cooperación Jurídica Internacional no era una persona que nosotros hubiéramos puesto en ese cargo. Esa es la realidad. No vengan ahora echándonos arena donde no la tenemos. Esa es la realidad. Así que no vengan a darnos lecciones ni a mí ni a mi partido ni de incompetencia ni de ninguna otra cosa. (Aplausos). Mientras sigan empeñados en generar polémicas absurdas para ver quién es el más proactivo en la defensa contra la violencia, quien es el más proactivo en la defensa de las mujeres, hay mujeres ahí fuera que están siendo maltratadas, y que lo que esperan es la unidad de los políticos, la unidad de sus representantes, la unidad de los partidos y de la Cámara, y que lo que realmente quieren es que se les ayude y que se persiga a sus agresores, y no solamente que se les persiga, sino que también se les condene. Eso es lo que está esperando la gente que está fuera de esta Cámara y que está siendo maltratada. (Aplausos).

Desde el Grupo Popular quiero decir que bienvenido sea este convenio, y por supuesto con el convenio la defensa absoluta y sin fisuras de ningún tipo de los derechos humanos, y de un derecho muy importante, que es el derecho de la mujer y de sus familias a su dignidad, a su vida y a su seguridad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Navarro.

Antes de pasar al último punto me gustaría hacer mías, en nombre de la Cámara, las palabras sobre doña Mercè Pigem, diputada con la que hemos compartido muchos años, una mujer vigorosa, trabajadora, y con un talante absolutamente dialogante, a la que deseamos muchísimo éxito en el resto de su trayectoria personal y política.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO. (Número de expediente 121/000070).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Ahora ya sí, pasamos al último punto del orden del día, que es el debate de totalidad del proyecto de ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Para la presentación de este proyecto tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, subo a esta tribuna para presentar el proyecto de ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que como saben sus señorías fue aprobado por Real Decreto Legislativo 339, de 2 de marzo de 1990. Señorías, quiero recordarles que ya con ocasión de la primera comparecencia que, como todos los miembros del Gobierno -y como habitualmente se hace-, realicé ante la Comisión de Interior el pasado 31 de enero de 2012, al exponer las líneas estratégicas de actuación del Ministerio del Interior para esta legislatura subrayé como uno de los objetivos prioritarios del ministerio, como no podía ser de otra manera, reducir la siniestralidad vial y mejorar la seguridad vial en todas sus facetas, partiendo de la base del buen trabajo desarrollado en los años anteriores, tal y como dije entonces y no tengo ningún obstáculo ni óbice en reconocer ahora. La siniestralidad vial era uno de los grandes problemas que tenía nuestro país, con cifras de miles de muertos al año en las carreteras españolas, que alcanza su culmen como saben sus señorías en los años 1989 y 1990, habiendo ascendido progresivamente y sin discontinuidad desde el año 1960, año basal a efectos de la serie histórica estadística, y desde entonces, gracias a diversas medidas que se han ido implementando a lo largo del tiempo, hemos conseguido reducir sensiblemente la siniestralidad en nuestras carreteras.


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Dicho de otra manera, hemos conseguido mejorar la seguridad vial en las carreteras españolas. Pero como ya dije entonces y vuelvo a repetir ahora es evidente que un fallecido en las carreteras españolas es una poderosísima e importantísima razón para seguir trabajando en mejorar la seguridad vial. En este contexto y con este objetivo hice aquella declaración de principios en la comparecencia a la que me he referido, y presento ahora este proyecto de reforma de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

En esta reforma como saben sus señorías abordamos diversas medidas, pero singularmente medidas que afectan a la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, entre otras. Todo ello, dentro -y lo quiero subrayar de manera muy especial atendiendo a lo que básicamente motiva mi presencia en la tribuna en estos momentos, que es la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural- del actual concepto de movilidad sostenible y segura, con el mínimo impacto ambiental posible, y de acuerdo por supuesto con las líneas de trabajo en las que están actuando los diferentes organismos internacionales con competencia en esta materia, como son la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, OCDE y la Unión Europea. Señorías, en la actualidad -conviene recordarlo siempre- la movilidad solo puede ser comprendida si se entiende como movilidad sostenible, y al mismo tiempo segura. La sociedad actual es consciente de que toda movilidad debe ser eficiente en términos de consumo energético, económica en función del tiempo requerido, respetuosa con todos los usuarios que coexisten en la red de vías públicas, con independencia de quién sea el titular de la vía pública respectiva, y por supuesto segura. Señorías, esta movilidad, repito, que solo puede ser sostenible y segura, se manifiesta en cinco ejes fundamentales que se integran en la estrategia de seguridad vial que va hasta el año 2020, elaborada por la Dirección General de Tráfico; cinco ejes que son una movilidad más ecológica, más competitiva, más saludable, más universal y más segura. Señora presidenta, señorías, en coherencia con este compromiso someto a la Cámara este proyecto que va a permitir, con posterioridad y tras su eventual -en todo caso por supuesto- aprobación por las Cortes -Congreso de los diputados y Senado-, la consiguiente y subsiguiente modificación del reglamento general de circulación.

Sin duda saben ustedes que desde el Real Decreto Legislativo de 1990 esta es la decimosexta reforma de esta ley, pero esta es una de las más importantes, no digo que sea la más importante, pero sí una de las más importantes reformas de la Ley de Tráfico, y ello porque trata temas de gran trascendencia al abordar los principales factores de riesgo, así como por incentivar el uso de los correspondientes elementos de protección cuya eficacia ha quedado demostrada con el transcurso de los años, y desde la evidencia empírica, desde la experiencia. Como premisa inicial quiero resaltar que las modificaciones en las normativas de tráfico anteriores se han centrado en aspectos generales del comportamiento de los conductores, algunas de tanta trascendencia como fue la implantación del permiso de conducción por puntos, delitos contra la seguridad vial, procedimiento sancionador, etcétera. Pero ahora consideramos que es el momento de abordar otras materias diversas y más concretas, pero necesitadas en todo caso de una actualización para mejorar diversos aspectos vinculados con la seguridad vial. Quisiera también, señorías, resaltar que toda normativa, como muy bien saben por otra parte, referida a la circulación de vehículos requiere siempre de una adaptación al contexto en el que se desenvuelve, ya que los avances técnicos, tanto de los vehículos como de las vías, evolucionan cada vez con más rapidez.

Este proyecto que les presento ha sido sometido con carácter preceptivo al informe del Consejo General de Seguridad Vial, que tuve el honor de presidir anteayer, en el que como sus señorías saben están integrados no solo representantes de instituciones, sino también las entidades más representativas de los diferentes sectores afectados, desde el Real Automóvil Club de España, la Cruz Roja, la Unión de Consumidores de España, la Asociación de Empresas de Auxilio en Carretera, diversos sindicatos, pero además de ese dictamen preceptivo, el anteproyecto también ha contado con la opinión de importantes entidades relacionadas con este sector. No son entidades pertenecientes al consejo, pero sí muy importantes, como, por ejemplo, el Cermi, el Comité español de representantes de personas con discapacidad, y Aesleme, Asociación para el estudio de la lesión medular espinal, estando algunas de sus sugerencias plasmadas en el texto que estoy sometiendo a su consideración en estos momentos, por ejemplo, y de manera muy especial en relación a determinadas sanciones establecidas por exceso de velocidad.

Señorías, quisiera en primer lugar, y entrando ya en lo concreto, referirme a las medidas que tienen como objeto directo una mejora de la seguridad vial, como son la nueva regulación de la utilización de los sistemas de retención infantil, el casco para ciclistas, la prohibición de los detectores de radar, y la prohibición de consumir con presencia de drogas en el organismo. En cuanto al primero de los elementos


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que les he comentado -sistemas de retención infantil- tengo que señalar que esta materia, como saben perfectamente, es muy dinámica. Ya dije anteriormente que todos los temas relacionados con este campo son por su propia naturaleza muy dinámicos, y dentro de los mismos, si cabe, este es uno de los que evoluciona con más rapidez en correspondencia con los avances y estudios científicos y técnicos. Por ello desde el punto de vista de la técnica jurídica parece más prudente recoger en la ley simplemente una referencia genérica, como lo son, por ejemplo, la edad o la talla de los niños que deben disponer de estos sistemas de retención, para dejar las ulteriores concreciones al reglamento general de circulación.

En esta misma línea de mejora de seguridad, junto al ya mencionado sistema de retención infantil, el proyecto modifica también la regulación relativa al casco de protección -estamos hablando por supuesto de los ciclistas y sus acompañantes, que sé que es un tema especialmente polémico, y al que me voy a referir a continuación-, y la novedad que aporta el proyecto respecto de la vigente regulación es la que se refiere a los menores de dieciocho años. Saben sus señorías que la actual legislación establece la obligatoriedad de usar el casco en las vías interurbanas, y la novedad que introduce este proyecto de ley es que los menores de dieciocho años deberán estar siempre protegidos cuando circulen en bicicleta por vías urbanas.

Saben sus señorías que en seno de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de esta Cámara están compareciendo diversos especialistas, diversos expertos para tratar expresamente sobre este tema, que ha abierto un legítimo y también saludable debate en el seno de la sociedad. Quiero anticipar que si se llega a un amplio acuerdo en el seno de esa Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, tanto el ministerio como estoy seguro de que también el grupo parlamentario que apoya al Gobierno, estaríamos abiertos a que en el trámite parlamentario se puedan incorporar esos eventuales acuerdos a los que se pueda llegar como digo en el seno de dicha Comisión, y muy particularmente, puesto que se ha especializado en esta cuestión, en cuanto al uso del casco. Anunciamos que nos parece que es un punto de inflexión muy importante en relación con la seguridad vial, que ya empecemos a concienciar a los jóvenes en el uso del casco, hablando de las vías urbanas, puesto que ya introdujimos un elemento que es fundamental cuando tratamos de estas cuestiones de las políticas de seguridad vial que es la educación y la concienciación social. Cuando hable después del tema del alcohol veremos -lo sabemos todos- cómo esa labor de concienciación social nos ha llevado a una situación como la actual, en donde el total de conductores que conducen bajo los efectos del alcohol no supera el 1,2 %, lo cual es un éxito que hay que reconocer e imputárselo a todos, a los poderes públicos, al trabajo legislativo que se ha hecho y de manera muy especial a los ciudadanos españoles, a los conductores que han tomado conciencia de la absoluta necesidad de que si uno bebe, no debe conducir y que si ha de conducir, pues no debe beber alcohol. Eso se ha concretado ya, se ha conseguido esa concienciación social y estamos en unos límites prácticamente estabilizados en los últimos años. Hemos de pensar que en el ámbito territorial de control del tráfico por parte de la agrupación de la Guardia Civil, es decir, el conjunto de España, salvo el caso de Cataluña, País Vasco y compartiéndolo con la policía foral en Navarra son en torno a los seis millones de controles aleatorios los que se efectúan al año. Por tanto, la muestra es muy representativa y el porcentaje del 1,2 % está muy estabilizado en los últimos años.

Ese es un ejemplo de lo que entre todos, y sobre todo desde el punto de vista de la educación vial, la educación cívica y la concienciación social podemos hacer para avanzar en la línea de mejorar en las políticas de seguridad vial y, en consecuencia, disminuir la siniestralidad vial. Ese es el objetivo que pretendemos, en lo que hace referencia a la introducción del uso del casco para menores en las vías urbanas cuando son ciclistas o acompañantes de los mismos, es decir, usuarios de la bicicleta o ciclos en general como digo en vías urbanas. Reitero que estamos abiertos a llegar a los acuerdos que en el trámite parlamentario, si hay un amplio acuerdo porque para eso se han producido estas comparecencias, faciliten el más amplio consenso en una materia que entiendo que a todos nos convoca y a todos nos agrupa porque todos compartimos el objetivo.

Permítanme, señorías, que me refiera a continuación a otra de las novedades a mi modo de ver muy importantes que presenta este proyecto, cual es la regulación de la presencia de drogas en el organismo del conductor; insisto, en que es muy importante en la medida en que sin duda es uno de los más importantes factores de riesgo en la seguridad vial. Les voy a dar unos datos para saber dónde estamos situados. Según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses el pasado año 2012 del total de fallecidos por accidente en las carreteras españolas que fueron sometidos a autopsia, son aproximadamente el 50 % del total, más del 47 % mostró presencia en sangre de drogas, alcohol o psicofármacos. La Dirección General de Tráfico, señorías, lleva años trabajando sobre la materia y el análisis de las cifras


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indica la existencia de un problema al que debíamos hacer frente. Quiero recordar que la vigente ley determina la prohibición de conducir con la presencia de drogas en el organismo del conductor, en los términos que se establezca reglamentariamente. El problema es que no se ha entrado en la regulación reglamentaria correspondiente, con lo cual estamos en una situación de absoluta alegalidad en la materia.

Ahora lo que pretendemos es dar un paso adelante, entrando de lleno en la ilegalización en el sentido de que esté prohibido conducir con presencia de droga en el organismo del conductor. Quiero ser lo más preciso posible al hacer esta definición porque, como sus señorías saben, no estamos hablando de conducir bajo los efectos del consumo de drogas, lo cual está tipificado en el Código Penal como un eventual delito contra la seguridad vial. Estamos hablando de la presencia de drogas en el organismo, que en su caso sería objeto de una infracción administrativa y sanción administrativa. Si lo que se produjera es lo anterior, estaríamos en presencia de un eventual delito contra la seguridad vial -insisto- ya regulado y tipificado, como saben, en el Código Penal. Por citar otros datos, además de lo que les dije en relación con algo tan evidente y dramático como los datos relativos a las autopsias del 50 % de los fallecidos en carretera el pasado año, de los cuales en más del 47 % se detectaba presencia en sangre de psicofármacos, drogas o alcohol, desde mayo del pasado año la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha realizado cerca de 10.000 controles para la detección de estas sustancias en carretera. Pues bien, en los controles aleatorios y, por tanto, sin indicios previos de consumo, el 16 % de los conductores controlados dio positivo en alguna de las sustancias objeto de control que son: cocaína, opiáceos, anfetaminas, cánnabis, etcétera. Por otra parte, los controles selectivos serían los que, para entendernos, se harían, por ejemplo, un viernes a las dos de la madrugada en la proximidad de una discoteca, estarnos hablando de controles selectivos, por tanto, más dirigidos a encontrar potenciales conductores infractores, la cifra alcanza el 76 %. Es decir, controles aleatorios generales, 16 %, controles selectivos, 76 %.

Señorías, estamos ante una realidad que debemos afrontar, por eso hablé anteriormente del alcohol. Lo conseguimos con el alcohol, hay una conciencia social de tolerancia cero en relación con la conducción bajo los efectos del alcohol por parte de la sociedad, por parte de la ciudadanía, de los conductores, que hay que reconocer y que tiene una directísima relación con el hecho de en el año 1990 se produjera el punto de inflexión en relación con el incremento progresivo año tras año de la siniestralidad vial en España y que a partir de ese momento -acompañado de otras medidas, corno antes señalaba, pero esta ha sido determinante- hayamos ido disminuyendo sucesivamente la cifra de siniestros producidos en nuestras carreteras. Por ejemplo, tengo que decirles que el año pasado obtuvimos una cifra de 1.306 fallecidos en las carreteras españolas, en vías interurbanas, entendiendo por fallecidos los contabilizados en las veinticuatro horas subsiguientes al siniestro, lo cual nos hacía remontarnos al año basal de la serie histórica estadística, es decir, al año 1960; una España absolutamente distinta de la actual. Si hablamos del ámbito de la seguridad vial, no hará falta que les haga una comparación entre el número de vehículos aquel año y el actual, de las licencias de conducción aquel año y el actual así como entre los vehículos y las vías que había en el año 1960 en España., pues bien, en el año 1960 hubo, en condiciones homogéneas de comparación en los términos que antes les referí, 1.300 y el año pasado hubo 1.304. Tengo que decirles que a fecha de ayer estarnos todavía un 14 % por debajo que en la misma fecha del año anterior. Es decir, las políticas que se están desarrollando están dando afortunadamente buenos frutos, pero, como les decía, cada fallecido, cada accidente, cada siniestro, cada lesionado es una importantísima razón para seguir trabajando, y en esa línea estamos. Creemos que, dados los datos que les he comentado, tenemos que acometer decididamente esta reforma en el ámbito al que ahora específicamente me estoy refiriendo, de prohibición legal de conducir con presencia de drogas en el organismo del conductor.

Tengo que decirles que en ese sentido las políticas que implementemos de tipo educativo y formativo y de concienciación social son fundamentales. Tuvieron sus efectos en el caso del alcohol, consolidando una conciencia social relativa a la necesidad de disociar el hecho de beber con el de conducir, y estamos convencidos de que entre todos conseguiremos también que arraigue esa conciencia social de disociar el hecho de consumir drogas y conducir. Poco a poco ha calado el mensaje anterior, hasta el punto de haber modificado en relación con el consumo del alcohol los comportamientos, muy consolidados ya en la sociedad española. El proyecto, por tanto, recoge la idea de tolerancia cero en materia de drogas y, como les he dicho, prohíbe expresamente, sin remisión ya al reglamento, la conducción con su presencia en el organismo, excluyéndose -eso también es importante- de manera explícita de esta prohibición cuando el conductor lleve en su organismo sustancias que hayan sido prescritas por indicación facultativa y siempre que ello obviamente no afecte a la conducción con la diligencia y precaución necesarias. Como pueden suponer, señorías, ha sido necesario esperar a que los sistemas de detección de estas sustancias


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para este tipo de controles hayan evolucionado lo suficiente técnicamente, como para poder ser utilizados de manera generalizada y sistemática con el fin de abordar uno de los problemas, insisto, más graves y emergentes de la seguridad en el tráfico vial en nuestro país. También debo decirles -es una noticia positiva- que por primera vez el texto legal que someto a su consideración determina que sea la saliva la muestra biológica para la detección de estas sustancias en carretera, por tratarse de una forma de detección poco intrusiva para el conductor, jurídicamente segura y totalmente viable desde el punto de vista de la actividad policial de control.

En cuanto a los detectores de radares a los que me refería anteriormente, el artículo 11 del proyecto de ley recoge la prohibición de los sistemas de detección de radares. Sus señorías saben perfectamente, pero quiero reiterarlo aquí desde la tribuna y en la presentación oficial de este proyecto, que la detección de radares es cosa bien distinta que otros sistemas que tienen como finalidad exclusivamente informar de la ubicación de esos radares. Tampoco tienen nada que ver con los inhibidores de radar, que ya están legalmente prohibidos, como sabemos. Resalto por tanto que la prohibición se refiere exclusivamente a aquellos sistemas de detección que no son los sistemas anteriores, que nos anuncian y nos ayudan a conocer dónde están ubicados los radares fijos. Estos sistemas no solo son legales sino que son incluso recomendables, y de hecho hay una aplicación muy reciente de la propia Dirección General de Tráfico que a estos efectos facilita esa localización. Por lo tanto estamos hablando de sistemas de detección de radares, no los de inhibición -que ya están prohibidos en todos los países, como es lógico-, ni tampoco de ese tipo de aplicaciones o sistemas que sirven para informar de la ubicación de los radares fijos. Sé que este asunto de la prohibición de la detección de radares es un tema sobre el que no hay un consenso total, aunque es muy amplio, pero desde nuestra perspectiva la detección de radar es un instrumento que tiene como finalidad eludir la vigilancia del tráfico y los límites de velocidad, y por tanto no debe estar permitido. Repitiendo que soy consciente de que este es un tema que, como tantos otros, está abierto a debate y sobre el que no hay un consenso cerrado, no es menos cierto que en la opinión sobre esta prohibición coincidimos con el ámbito de la Unión Europea que, cuando hablamos de seguridad vial y de circulación, tiene mucho que ver con nosotros por la continuidad de las carreteras y mantienen esta posición -por decir algunos Estados significativos de la Unión- Francia, Alemania, Países Bajos, etcétera. Es decir que hay un consenso no menor y bastante significativo en el ámbito de la Unión Europea en relación con esta opinión de que deben prohibirse los sistemas de detección de radar.

Señorías, este proyecto de ley también afronta la necesidad de impulsar la cooperación institucional en materia de tráfico y seguridad vial, y por ello crea -es una creación ex novo por parte de esta ley- la conferencia sectorial de tráfico y seguridad vial como órgano de cooperación permanente con las comunidades autónomas que hayan asumido competencias para la protección del orden público y seguridad ciudadana, y tengan transferida la ejecución de materias de tráfico y circulación de vehículos de motor. Como saben su señorías, el principio de cooperación no está explícitamente definido en la Constitución pero el Tribunal Constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones que es un principio que se deriva necesariamente de la Constitución, y las conferencias sectoriales -como órganos colegiados de cooperación interinstitucional- son especialmente relevantes en nuestro Estado de las autonomías, que por alguna razón algunos lo definen como un Estado federal cooperativo. La conferencia sectorial de tráfico y seguridad vial se crea por esta ley precisamente porque hay comunidades autónomas que tienen esa competencia, lo cual va a facilitar sin duda implementar con mayor nivel de consenso institucional las políticas de seguridad vial.

A su vez también el actual Consejo Superior de Seguridad Vial ve potenciada su función como órgano consultivo y participativo de sectores y entidades implicadas en el sector, y se incluye en la nueva función de impulso de la concertación de las administraciones y entidades competentes en la materia; recupera su denominación originaria para ser más coherente con sus funciones y misiones, que es Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial, y no solo Consejo Superior de Seguridad Vial. Me parece también relevante comentar la importancia de la labor de los centros colaboradores con la Dirección General de Tráfico; en particular, me refiero a los centros de formación de conductores y a los centros de reconocimiento de las condiciones psicofísicas del conductor. Por ello, en el proyecto de ley se refuerzan las labores de inspección y control de dichos centros a fin de garantizar su perfecto funcionamiento. -Estamos hablando de centros de formación de conductores y centros de reconocimiento de las condiciones psicofísicas de los conductores-. Se producen en no pocas ocasiones labores de obstrucción a las funciones de inspección y control y se establecen aquí medidas que tienden a eliminar esas obstrucciones, facilitando, en


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consecuencia, las labores de inspección y control, y todo ello en favor de la calidad y los derechos de los ciudadanos.

Concluyo, señorías, con uno de los temas que -soy consciente-, junto al tema del uso del casco por parte de los ciclistas, más interés ha suscitado en relación con esta reforma legislativa, y sin duda por la relación que existe entre la velocidad a la que se circula y la siniestralidad. Se trata de los límites de velocidad. Quiero dejar sentado con toda claridad que el proyecto de ley no modifica los límites de velocidad; lo que hace es posibilitar, en su caso, que el reglamento general de circulación lo pueda hacer y, por ello, se modifica el anexo cuarto de la ley vigente, dedicado a sanciones, añadiendo dos columnas para incluir la posibilidad de que se rebajen los límites de velocidad a 20 en algunas situaciones concretas o que se puedan elevar a 130 kilómetros en los tramos y con las condiciones que, en su caso y en el supuesto de que este proyecto de ley pase a ser ley, establezca el reglamento general de circulación. Todo ello para ser respetuoso con el principio de legalidad, en virtud del cual saben sus señorías que no se puede sancionar si no están tipificadas las infracciones en una norma con rango de ley. No tendría sentido que después para elaborar el reglamento general de circulación tuviéramos que hacer una nueva reforma legal. Por tanto, en virtud del principio de legalidad ya modificamos el anexo cuarto para que después, en su caso, el reglamento general de circulación pueda, si así se determina, efectuar esa reforma. Debo ser honesto con sus señorías y manifestarles cuál es -dejado claro, insisto, que este proyecto de ley no modifica los límites de velocidad- la posición del Gobierno, que a efectos del reglamento general de circulación es muy importante, porque el reglamento, sin perjuicio de que por supuesto traerá causa de la ley, lo elabora y lo aprueba el Consejo de Ministros.

La voluntad del Gobierno es mantener el límite de velocidad en autopistas y autovías en la actual situación, es decir, en los 120 kilómetros por hora, y eso con carácter general. Esa es la posición del Gobierno, y la digo formalmente, hablando desde donde estoy hablando, desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Otra cosa es que, excepcionalmente, en determinados tramos y bajo ciertas condiciones pudiera autorizarse temporalmente la circulación hasta 130 kilómetros por hora, pero que quede claro que la posición del Gobierno es que el límite de velocidad máxima sean 120 en todos los casos y, salvo anuncio en contrario y sometido a diversas condiciones espaciales y temporales, podría incrementarse a 130, pero el límite sigue subsistiendo en 120. Además, les enfatizo que los umbrales de sanción y pérdida de puntos se mantendrían para este supuesto. Como verán, en el anexo cuarto, incluido en el proyecto de ley, se mantienen en las mismas condiciones que para el límite actual de 120. De la misma manera que les he manifestado cuál es la posición del Gobierno a efectos del reglamento general de circulación en cuanto al límite máximo, también les anticipo que la voluntad del Gobierno en cuanto a la reducción del límite de velocidad en carreteras convencionales, es clara, y es la reducción del límite de 100 kilómetros/hora -que, con carácter general y máximo, existe en estos momentos-, con carácter general, como mínimo a 90 kilómetros/hora o a 70, según los casos, como en aquellas calzadas en que la anchura no supera, sin contar el arcén, los 6,5 metros. Es decir, reducción generalizada de 100 a 90 y en otros casos a 70, en las vías secundarias, lo cual tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que estas vías secundarias son las que concentran en torno al 75 % de total de la siniestralidad vial.

Termino ya, señora presidenta y señorías. Este es un proyecto que pretende corregir disfunciones existentes en nuestra legislación, actualizar y modernizar la regulación actual sobre el tráfico y la seguridad vial, que ha contado con la participación de los sectores afectados más representativos y que responde en última instancia al objetivo prioritario del Gobierno, del Ministerio del Interior -estoy seguro de que por diferentes vías todos lo compartimos-, que es reducir la siniestralidad vial y que el tránsito por nuestras carreteras sea cada vez más seguro

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución. Para su defensa, en nombre del Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora vicepresidenta.

Subo a esta tribuna a defender esta enmienda a la totalidad en el día de hoy, un día infausto para cualquier valenciano, puesto que entra en vigor la ley que disuelve nuestra radiotelevisión autonómica. Subo a defender esta enmienda a la totalidad por varios motivos. El primero, señor ministro, es porque nuestro grupo parlamentario entiende que han faltado determinados trámites legales y trámites que deben complementar y acompañar a este proyecto de ley cuando viene al Congreso. Hablo del informe del


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Consejo Superior de Tráfico, al que usted ha aludido, pero que nosotros no hemos encontrado en el proyecto; hablo de una memoria sobre el impacto de la medida del casco, que es una de las prohibiciones que trae este proyecto de ley, o hablo de una memoria sobre el impacto económico de la cuestión por la que usted concluía, la variación del límite máximo de velocidad, puesto que sí lo cambia esta ley. Aunque luego reglamentariamente se fijarán las formas y procedimientos, esta ley posibilita que la velocidad máxima en España se eleve de 120 a 130 kilómetros por hora. No hemos encontrado esa memoria y nos parecería básica, máxime cuando el Gobierno anterior redujo la velocidad máxima en España a 110 kilómetros por hora y este Gobierno ahora pretende ampliarla. A nuestro grupo parlamentario le parece que medidas de este tipo, que afectan a tantas personas y a la circulación de tantos vehículos, tienen que ir un poco más argumentadas.

El segundo bloque por el cual pedimos la devolución del proyecto al Gobierno es porque, si no hubiésemos presentado esta enmienda a la totalidad, ahora mismo no estaríamos -cierto que a esta hora un poco intempestiva- hablando de este proyecto de ley. El artículo 148 del Reglamento de la Cámara establece que, si no hay enmienda a la totalidad, el proyecto pasa directamente a la Comisión de Interior, que tiene competencia legislativa plena y no se vería por este pleno. Pero ese no es el problema. El problema está en que este proyecto de ley contempla una delegación al Gobierno para que haga un texto refundido. A partir de ahí, estaría delegando el Pleno para una competencia legislativa en Comisión y la Comisión en el Poder Ejecutivo, en el Gobierno. Nosotros, así como también reputados miembros de la universidad, dudamos de la constitucionalidad de este mecanismo de derivación y de doble delegación por el cual esta ley al final sería revisada por el Gobierno mediante un texto refundido. Para nuestro grupo parlamentario lo lógico sería que el Gobierno hubiese enviado hoy a la Cámara una ley de bases en todo caso y la hubiésemos debatido en el marco de lo que supone un texto legal de ese nivel.

El tercer bloque de motivos por los cuales pedimos la devolución al Gobierno de este proyecto de ley es porque al final nos hemos visto con un trámite acelerado respecto a una de las cuestiones fundamentales; el tema del casco para los ciclistas, que se destapa cuando comparece la directora general de Tráfico al Congreso y expone la voluntad del Gobierno de proceder a esa prohibición mediante la modificación del reglamento de circulación. Después resulta que para modificar el reglamento de circulación había que introducir la prohibición en el texto legal, y a partir de ahí se habla de que se produzcan determinadas comparecencias en la Comisión de Seguridad Vial y que esta eleve un informe al respecto. Nos encontramos con que las comparecencias han terminado en la Comisión de Seguridad Vial, pero ni siquiera ha dado tiempo al memorable servicio de taquigrafía de la Cámara de poder pasar a escrito las dos últimas actas de la Comisión de Seguridad Vial con las comparecencias respectivas, con lo cual parece un poco precipitado proceder a esta aceleración del proceso de tramitación de esta ley. Ese es el tercer bloque de motivos que nos lleva a pedir su devolución al Gobierno.

El Gobierno con este proyecto de ley trata de convertirnos nuevamente en conejillos de indias; lo dijo la subdirectora general que compareció en la última reunión de la Comisión. Resulta que de toda Europa apenas en media docena de países, aparte del nuestro, hay prohibición para el uso del casco y solamente a partir de determinadas edades. En España nos vamos a convertir en otro país prohibicionista sin mucha justificación, y no entendemos por qué nos tenemos que convertir nosotros en un país pionero en esta materia cuando además los estudios y sobre todo las comparecencias que se han producido en la Comisión de Seguridad Vial son muy controvertidos respecto a esta medida. De hecho, nosotros presentamos esta enmienda a la totalidad haciendo mucho hincapié precisamente en esa prohibición en el uso del caso porque lo que ha quedado claro, después de todas las comparencias en la Comisión, es que desincentiva el uso de la bicicleta. Así por lo menos se desprende de lo que ha pasado en países como Australia, Nueva Zelanda o Canadá, donde la obligación de llevar el casco a los ciclistas ha llevado a desincentivar el uso de la bicicleta, algo que podemos compartir todos los grupos de la Cámara. No voy a ser tan osado de decir que en la izquierda queremos que se utilice la bicicleta y la derecha no lo quiere; la derecha también va en bicicleta, pero nos merecemos los legisladores la oportunidad de debatir con mucha mayor calma sobre esta cuestión antes de hacer algo. Porque, como ya digo, después de las comparecencias, si un tema parece que queda claro, es que cuando se introduce la prohibición de utilizar el casco, y así ha pasado en los países donde se ha hecho, se desincentiva el uso de la bicicleta. Si algo queda claro también respecto a la seguridad de circular en bicicleta es que la seguridad es directamente proporcional a la cantidad de gente que usa este medio de transporte. Países en los cuales el uso de la bicicleta está ampliamente extendido, como Holanda, son mucho más seguros para la circulación, no solamente de quienes van en bicicleta sino también de los peatones.


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En cuanto a la enmienda que hemos presentado y las enmiendas que presentaremos en Comisión, la lástima es que no podamos verlas con mayor detenimiento al final en este Pleno, porque me imagino que el Grupo Popular no votará favorablemente la avocación a Pleno de este proyecto de ley; han contado con el trabajo y el apoyo hasta cierto punto de determinas entidades que me gustaría trasladarlas para conocimiento del Pleno de la Cámara. Hablo de la Real Federación Española de Ciclismo; de la Plataforma Empresarial de la Bicicleta, cosa curiosa, señor ministro, en la plataforma empresarial de la bicicleta también están los empresarios fabricantes de cascos y también se posicionan en contra de la obligatoriedad de llevar casco, no de incentivar el uso del casco que eso lo podemos compartir todos los grupos de la Cámara, sin ninguna pega, sino de la obligación del uso del casco; la Asociación de Ciclistas Profesionales, la Asociación de Marcas de Bicicletas de España, ConBici, la Coordinadora en Defensa de la Bici, Red de Ciclojuristas, Red de Ciudades por la Bicicleta, es decir, hay una serie de entidades sobre todo de la gente que se preocupa por extender el uso de la bicicleta que ponen en serias dudas esta medida de obligatoriedad del uso del casco.

Quisiera trasladar al Pleno de la Cámara la consideración de algunos de los comparecientes al respecto que han hablado de que con este proyecto de ley se responsabiliza a la víctima, y si estamos hablando de medidas de seguridad, si estamos hablando de índices de seguridad, si estamos hablando de evitar siniestralidad, señor ministro, se producen muchas más lesiones craneales en los conductores de vehículos a motor porcentualmente que en los conductores de bicicletas, es decir, por esa regla de tres, deberíamos obligar a que cualquier persona que conduzca un vehículo a motor, un coche, tuviese que ir provisto del correspondiente casco. La parte fundamental de la seguridad para circular en bicicleta es incentivar el uso del casco y no su obligatoriedad. Una de las cosas que propone la ley es la edad hasta la cual se debería obligar a utilizar el casco. Los comparecientes en la Comisión nos han hablado de diversas edades, pero lo que no parece adecuado, señor ministro, y lo enmendaremos en el trámite en Comisión, es que se extienda hasta los dieciocho años. Los expertos en la materia hablan de rebajar bastante esa edad. A este respecto, atenderemos a lo que usted acaba de decir en esta tribuna, en el sentido de que el grupo mayoritario de la Cámara, que al fin y al cabo es el que decide qué enmiendas pasan y qué enmiendas no pasan, estará atento para cambiar determinadas disposiciones del proyecto de ley. Por ello, plantearemos que se rebaje sustancialmente la edad a la que se obligue a los menores de edad a llevar el casco.

Queremos hacer hincapié, señor ministro, en que se varíe la posición respecto al uso del casco, porque muchas ciudades han hecho importantes inversiones en movilidad sostenible y en el uso y alquiler de bicicletas. Todas estas inversiones se van a ver dificultadas si se obliga a que en el ámbito urbano se utilice el casco para llevar una bicicleta. Tiene también importantes consecuencias en el cicloturismo o en el uso de remolques en las bicicletas. Algún interviniente decía que es preferible que haya muchos ciclistas sin casco a que haya motoristas con casco. El uso de la bicicleta se debe fomentar exactamente igual que el uso del casco. Nos parece fundamental que esta sea la política a desarrollar en este proyecto de ley que, en última instancia, no contempla la movilidad sostenible como un argumento fundamental. Por eso pedimos su devolución al Gobierno, porque la movilidad sostenible debería ser la que vinculase el proyecto de ley de principio a fin y no lo que, al final, aparece como marca fundamental de este proyecto de ley, que es la elevación del límite máximo de circulación y la obligatoriedad en el uso del casco. Señor ministro, le retaríamos a hacer lo que ha hecho Alemania en su Plan nacional de la bicicleta 2020. Traten de establecer como objetivo -sería un objetivo compartible por todos los grupos de la Cámara- incrementar el uso de la bicicleta de aquí al 2020. Alemania se propone que en el año 2020, el 50 % de la movilidad urbana se pueda realizar en bicicleta. Mi grupo cree que sería un objetivo muy conveniente y sobre todo compartido por todos los grupos de la Cámara. En ese sentido, le instamos a que lo contemplen. No quisiera extenderme mucho más sobre las ventajas respecto a la salud en el uso de la bicicleta y los problemas que conllevaría si obligamos el uso del casco.

Quisiera terminar con una cuestión a la que el señor ministro ha dedicado buena parte de su intervención: la presencia de drogas y psicotrópicos en los conductores. Es una cuestión complicada que, si finalmente queda solo a disposición del texto refundido que tiene que elaborar el Gobierno y del reglamento que después lo desarrolle, puede llevar a casos que esperemos que no se produzcan. En un país en el cual una parte sustancial de la población acaba tomando un somnífero para poder dormir durante la noche, habrá que prever en ese reglamento que no se puedan producir efectos indeseados. Al final, por el uso regular de determinados medicamentos, sin prescripción médica en algún caso, se puede acabar con un problema. Esta ley introduce una modificación respecto a los accidentes de circulación con


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animales que habría que revisar. El Gobierno debería argumentarlo mucho mejor, puesto que no es fácilmente comprensible cómo se eliminan las responsabilidades de quienes son titulares de determinadas reservas de caza o las responsabilidades de los titulares de las vías públicas cuando no han mantenido las vallas en unos plazos en los que el texto difícilmente puede entrar. Reglamentariamente va a ser muy complicado entrar en cuál es el tiempo legal para reparar la valla de una autopista de peaje cuando un animal acaba saltando, entrando en la carretera y provocando un accidente.

En definitiva, son argumentos suficientes por lo que explicaba en un principio, por la tramitación y por la justificación, pero sobre todo porque entendemos que la movilidad sostenible ha de ser el argumento fundamental que guíe esta reforma de principio a fin. Entendemos que un tema que afecta a tantísimas personas -la inmensa mayoría de la población, en un momento u otro, somos transeúntes, ya sea a pie, en bicicleta o en un medio dotado de motor- debe contar con la participación de los diversos grupos de la Cámara en un trámite mucho más adecuado a la participación de los miembros aquí representados y la participación ciudadana, que también se produce a través de los grupos políticos aquí representados, debe tener un recorrido mucho más largo. Por eso, pedimos la devolución al Gobierno para tramitarla con mucha más tranquilidad.

Gracias, señora vicepresidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señora presidenta.

Señoría, no me voy a extender, pero entiendo que el hecho de que yo esté aquí -como muy bien ha recordado el señor Sixto- porque su grupo ha presentado una enmienda de totalidad, siquiera mínimamente, aunque solo fuera -que no lo es- por respeto institucional, merece una mínima intervención, un turno de réplica a lo que ha sido el fundamento de su enmienda de totalidad. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Quisiera aclararle brevemente, en primer lugar, señor Sixto, que se han cubierto -como no podía ser de otra manera- los trámites formales, no solo el preceptivo del Consejo Superior de Seguridad Vial -como ya antes señalé- sino que incluso se ha recogido el informe de otras entidades, que no era preceptivo. Por supuesto, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, tiene una amplísima experiencia. Pero, por ejemplo, Anesdor y ministerios como el de Justicia y el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por razones obvias y de manera muy especial en lo que hace referencia a esa cuestión que legítima y razonablemente le preocupaba a su señoría en relación con la detección de la conducción con drogas en el organismo y los problemas que puedan producirse cuando en el organismo hubiera un medicamento, al margen de los que están por prescripción facultativa, que es una razonable preocupación, tenga la tranquilidad, señoría, de que eso está contemplado y que ese problema que usted planteaba, insisto muy legítima y razonablemente, también está previsto. El Real Automóvil Club de España -como le he dicho-, la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, el Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya, la Unión de Pequeños Autónomos del Transporte, las Comunicaciones y el Mar, Uniatramc, muchas instituciones -al margen de las casi setenta que están representadas en el Consejo Superior de Seguridad Vial- han tenido ocasión de formular observaciones que en no pocas ocasiones, como le digo, han sido reconocidas.

Señoría, me refiero solo ya a dos cuestiones: el casco y los trámites formales. En cuanto a los trámites formales -porque me parece muy importante su cumplimiento, como es obvio-, que los vinculaba a que, de hecho, esta ley modificaba los límites de velocidad y que no iba acompañado del coste de la memoria de impacto ambiental, vuelvo a repetir que esta ley no modifica los límites de velocidad. Lo que hace es posibilitar, en su caso, que si así se dispone y se considera conveniente, el reglamento general de circulación pueda hacerlo sin necesidad de una nueva reforma legal. Por eso, se hace la reforma del anexo IV de la ley vigente. Esto debe quedar muy claro a sus señorías y a la opinión pública en general, porque los temas de tráfico -todos en algún momento somos conductores, somos peatones, etcétera, y sensibiliza a la gran mayoría de la sociedad por una u otra razón- tienen mucho interés. Repito, este proyecto de ley no modifica los límites de velocidad. En su caso, será el reglamento general de circulación y en los términos en los que yo les he señalado a ustedes, como voluntad política del Gobierno en estos momentos. Por tanto, no debe llevar memoria económica ni memoria de impacto ambiental porque, insisto, no se modifican aquí los límites de velocidad. Pero ya le adelanto que desde el punto de vista de la memoria económica no significaría coste alguno. Si el incremento en determinadas circunstancias del


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límite máximo -que se mantiene- de 120 kilómetros/hora en autopistas y autovías se hace, como le he señalado, mediante los sistemas de señalización electrónica existentes y en unas vías y en unas circunstancias -se anunciarían en esos paneles electrónicos-, no significaría ningún coste adicional.

En cuanto al uso del casco y la bicicleta, le anticipo también que es voluntad del Gobierno (para que vea que tenemos una clara conciencia de lo que significa la bicicleta como vehículo no contaminante y saludable, y que no solo no hay ninguna animadversión hacia la bicicleta ni nada parecido en este proyecto de ley, sino que, llegado el caso, todo lo contrario) que en el reglamento general de circulación haya un título específico relativo a la bicicleta para poner en valor precisamente el uso de ese vehículo como especialmente seguro, saludable y no contaminante. Va a haber por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico un título específico relativo a la bicicleta. Por otra parte, yo le quiero decir también en relación con el casco y la bicicleta, porque me parece muy importante, que en las vías urbanas, que es donde estamos introduciendo esta novedad respecto al uso del casco, el reglamento general de circulación es el que determinará las bases de la circulación de las bicicletas y ciclos, en general. Las bases, digo, porque en las vías urbanas creo que es no solo legal sino normal que sean los ayuntamientos, a través de sus correspondientes ordenanzas, los que entren en la precisión y determinación de las circunstancias concretas en las que el uso de la bicicleta en las zonas urbanas se debe producir. Pero debe quedar claro también que en las vías urbanas además de los automóviles, motocicletas, bicicletas, ciclos, en general, están los peatones, que no pueden circulan por la calzada, como es evidente, y que por lo tanto necesariamente han de circular por la acera. Han de coexistir por las aceras los peatones, que es el único lugar por donde pueden y deben habitualmente transitar, con, en su caso, las bicicletas. El reglamento general, insisto, regulará las bases de la circulación de bicicletas y ciclos en las zonas urbanas, que podrán ser desarrolladas por los ayuntamientos, pero teniendo presente, insisto, el principio general de que quien circula por las aceras es el peatón, cuya movilidad tiene que ser asegurada. Y ese es un principio que también debe quedar claro.

Sentado todo eso, señoría, vuelvo a reiterar -y con eso concluyo- lo que le he dicho. Yo le agradezco su intervención, se lo digo sinceramente, señor Sixto, y además el hecho de que haya posibilitado con su enmienda el que podamos explicar mejor el proyecto de ley en este trámite y el tono con el que se ha manifestado. Le reitero, insisto, lo que ya he dicho a su señoría y a todos los grupos parlamentarios, nuestra apertura en el trámite parlamentario en la Comisión de Interior del Congreso para intentar ampliar el consenso sobre esta materia, partiendo de la base de que incrementar la seguridad vial, reducir la siniestralidad vial es un objetivo que a todos nos une y a todos nos agrupa. Por tanto, en aquellos asuntos en los que pueda haber una especial diversidad, como puede ser el relativo al uso del caso, en cuanto a las edades y otras cuestiones, estamos abiertos a ese consenso. Lógicamente, me permitirá que le diga que desde la posición del Gobierno, sin desnaturalizar, por supuesto, el proyecto de ley, estamos abiertos a reformas, a enmiendas que lo enriquezcan en la medida en que consigan un mayor consenso, que en esta materia es especialmente recomendable, tanto a nivel político como muy especialmente a nivel social.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante de La Izquierda Plural, señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, su intervención ratifica lo que decíamos, que este proyecto de ley adolece de una memoria económica que acompañe la modificación de la velocidad. Por mucho que usted quiera llevar el tema al reglamento que desarrolle la ley, lo cierto es que para que ese reglamento desarrolle el aumento de la velocidad a 130 kilómetros/hora lo tiene que contemplar esta ley y, por tanto, es en esta ley donde tiene que haber una memoria económica y una memoria explicativa de las consecuencias de esta medida. Por eso, nos ratificamos en lo que decíamos. Respecto a la otra consideración fundamental, la de que va a haber un título específico en el reglamento de circulación sobre la bicicleta, esto nos preocupa mucho, señor ministro, porque el legislador, esta Cámara, no va a tener control sobre ese nuevo título en el reglamento de circulación. El control que podemos hacer y las consideraciones de todas las personas que ya han comparecido y que podrían comparecer sobre los diferentes asuntos que tienen que ver con la bicicleta y con la circulación en la Comisión de Seguridad Vial no las vamos a poder trasladar porque se desarrollarán en un reglamento sobre el cual no tiene competencia la Cámara; la tiene, como marcan las leyes, el Gobierno de España. Podríamos incidir sobre el propio texto legal, cuya tramitación se ha


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acelerado. Por la falta de estudios previos, por la falta de un debate sosegado, mantenemos esta enmienda de totalidad y así devolver al Gobierno el texto legal.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señoras y señores diputados, hemos tenido la oportunidad de asistir a la presentación de la ley por parte del ministro gracias a que ha tenido una enmienda a la totalidad. Si no hubiera existido, hubiera ido a Comisión y lo habríamos tratado de otra manera. Esta ley, al fin y al cabo es una modificación del Real Decreto Legislativo 339/1990 y la arquitectura jurídica en la que está basado el tráfico en estos momentos es la Ley de 17/2005, la modificación que se hizo en su momento del Código Penal para todos los delitos de tráfico y la Ley 18/2009. Evidentemente, los tiempos, las mejoras y la tecnología hacen que ciertas leyes se tengan que modificar y esta es una de ellas porque el tráfico es algo, nunca mejor dicho, que se mueve y las necesidades que ello conlleva, también. Por lo tanto, creemos que era necesaria y fundamental una modificación de esta ley. La modificación que el Gobierno nos ha traído no nos satisface en su totalidad, pero tampoco consideramos que es como para una enmienda a la totalidad. Por lo tanto -y lo decimos con toda naturalidad-, no creemos que estas modificaciones requieran una enmienda a la totalidad pero sí se necesitaban ciertas modificaciones. Algunas las ha planteado el Gobierno y otras nuestro grupo -y supongo que también lo harán los demás- las planteará en la fase de enmiendas, como no podía ser de otra manera.

El ministro nos ha comentado cuáles son las líneas maestras de su modificación, y con muchas de ellas estamos de acuerdo. Consideramos que el objetivo prioritario es reducir la siniestralidad. Los datos reflejan que así ha sido durante los últimos años pero que se debe seguir hasta alcanzar cotas de otros países y llegar a un momento en el que la gente pueda salir tranquilamente y con seguridad a la carretera. También, como decía, hay cuestiones que no nos han parecido que sean del todo correctas en cuanto a la forma en la que se han llevado a cabo. Por una parte, a nivel de procedimiento estamos de acuerdo con algunas cuestiones que se reflejan en el texto de la enmienda a la totalidad y en la intervención del señor Sixto. Creemos que no ha habido excesivo diálogo porque usted, señor ministro, ha dado la lista de las personas con las que han contado pero la pregunta no es con quiénes han contado, sino a cuántos han hecho caso de todas las colaboraciones que han solicitado, de todos los grupos a los que han atendido y a los que han solicitado que presentaran sus observaciones. Por ejemplo, a las comunidades autónomas, porque sé que a la Comunidad Autónoma de Euskadi se lo han solicitado y ellos voluntariamente le han presentado observaciones, pero también sé que en el texto legislativo que aparece al final no está recogida ninguna de las observaciones presentadas por el Gobierno vasco. Esto es como decir: cuénteme usted lo que quiera que yo voy a hacer lo que me dé la gana. En ese sentido, si no hace caso a comunidades como la de Euskadi, que tienen competencias en materia de tráfico, que le solicitan o presentan algunas alegaciones o cuestiones que consideren importantes, no le digo nada respecto de aquellas que no tienen competencia en la materia. También es verdad que el contraste necesario quizá no se haya recogido en exceso, y no voy a entrar a valorar detalladamente algunas de las cuestiones que ha planteado el señor Sixto respecto de qué tipo de memorias deberían tener, ya que la repercusión que pueda o no tener no me preocupa tanto. A mí lo que me preocupa -entrando ya directamente en esa posibilidad que ustedes citan de poder elevar la velocidad, por ejemplo, a 130 kilómetros/hora- es por qué quieren que pase eso. Es decir, ¿cuál es la necesidad para que legalmente pueda un reglamento después permitirlo? Cuando usted sabe perfectamente que en cualquier texto legislativo se recogen los máximos y después siempre se podrán reducir. Pero eso de que pongamos que está fijado en 120 kilómetros/hora, pero se podrá subir a 130 en unos casos muy concretos, en determinadas situaciones y en unas carreteras... ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se quiere subir hasta 130, aunque sea en esos casos extremos, cuando aquí ya se ha tratado todo lo que supone aumentar una velocidad que no es necesaria?

Por otra parte, desde una perspectiva de ámbito competencial -y ahí sí que voy a ser riguroso- ustedes plantean la modificación de lo que antes era el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial y ahora es el Consejo Superior de Seguridad Vial, y yo le digo que bien, pero en el ámbito de sus competencias. Es decir, creo que algunas cuestiones están clarificadas y los informes que se puedan emitir deben sustanciarse en el ámbito de las competencias, al igual que la creación de la


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Conferencia sectorial de tráfico y seguridad vial. No es la primera vez que subo a esta tribuna para hablar de la famosa conferencia sectorial que aparece en cualquier tema que esté tratando y con un pequeño riesgo: parece ser que ustedes han descubierto de repente la conferencia sectorial como la panacea para solucionar cualquier problema que tengan con algunas comunidades autónomas. Se unen y de repente deciden, como si tuvieran un carácter asambleario. Creo que, independientemente de lo que se decida en la conferencia sectorial, existen unos estatutos y unas competencias, pero eso nunca puede suplantar las capacidades bilaterales, incluso las que puedan tener algunas comunidades con el Gobierno central. Hay otra serie de cuestiones que no son menores, que son importantes y que mi grupo enmendará, pero no vamos a entrar ahora en detalles porque son enmiendas relativas a seguridad, notificaciones y sanciones, y que posteriormente trataremos en Comisión. Pero hay otro tema, el famoso tema que ha dado tanto qué hablar, que es el del casco. Imagínense la importancia que se le ha dado que hemos creado hasta una especie de subcomisión del casco -subcomisión que no ha sido tal, pero que esas comparecencias especiales se han centrado en detallar este tema-, en la que, permítanme la gracia, creo que deberíamos haber diferenciado lo que estamos abordando en el sentido de modificar la legislación en los conceptos que son necesarios y el tema del casco. Mi grupo va a presentar una enmienda porque considera, como todos nosotros, que el casco es bueno; es más, es mucho más seguro ir con casco que ir sin él, pero esta perogrullada parece ser que va en contra de lo otro, como si ir en contra de su obligatoriedad en vías urbanas pueda a veces beneficiar el uso de la bicicleta. Por lo tanto, creemos -y así lo vamos a plantear en una enmienda, ya que en vías interurbanas no hay duda, es obligatorio, y así debe continuar- que en vías urbanas deberían ser los ayuntamientos los que, en virtud de sus ordenanzas y conociendo cómo son sus calles, cómo son sus vías, si tienen bidegorris o carriles bici, etcétera, establezcan si es obligatorio o no el casco. En caso de que no haya ordenanzas al respecto o los ayuntamientos no lo establezcan, sería obligatorio para menores de quince años. Esa es la propuesta que va a hacer mi grupo. Usted ha dicho que está abierto a cualquier negociación para que se pueda llegar a ese consenso que usted dice que está dispuesto a asumir, y yo creo que todos los grupos plantearemos cosas parecidas.

Para acabar, ya que estoy viendo que se me está terminando el tiempo, hay otra serie de cuestiones que para mi grupo también son importantes. Voy a volver al tema del ámbito competencial. Usted sabe que la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene la transferencia de tráfico. El artículo 17 del Estatuto de Autonomía del País Vasco así lo dice, así como el Real Decreto 3256/1982 y Real Decreto 2903/1982, que recoge las competencias que corresponden a la comunidad autónoma como consecuencia de los dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, cuyo desarrollo se inició a través del Real Decreto 2903/1982, que dice que en el reconocimiento expreso del Estado a unos antecedentes históricos debidamente actualizados, corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones que en este acuerdo se citan: de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico y circulación de vehículos. Por lo tanto, si esto es así, entendemos que la bilateralidad -y así lo vamos a presentar en una enmienda parcial- no debe desaparecer, porque así lo dice la ley. Es decir, las relaciones entre el Estado y la Comunidad del País Vasco deben mantenerse, independientemente de la conferencia sectorial o del Consejo de Seguridad Vial.

Vamos a presentar más enmiendas respecto a otras materias, pero no tenemos tiempo ahora para explayarnos en ellas. Creo que en materia de tráfico, como en cualquier otra cuestión, es necesario hacer todavía más; todas ellas siempre deben tener como objetivo la seguridad y la sostenibilidad. La sostenibilidad podemos entenderla de muchas maneras. Al leer el texto de la enmienda a la totalidad de Izquierda Unidad la verdad es que podía parecerme hasta interesente, pero estamos hablando de la modificación de una ley de tráfico. Deberíamos hacer otros debates sobre qué modelo de movilidad, qué modelo de sostenibilidad de tráfico necesitamos o queremos. Pero no sé si este es el momento o es la ley adecuada para hacer esta enmienda.

Señor ministro, espero que las enmiendas que presente mi grupo aceptadas o por lo menos tomadas en consideración, a diferencia de lo que ha ocurrido con otras leyes, en las cuales se nos ha obviado totalmente. En cuanto a la enmienda a la totalidad, voy a decir que no la vamos a apoyar porque consideramos que aunque tenga elementos oportunos, quizá esta ley no se merezca tanto como una enmienda a la totalidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.


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El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, en la Comisión de Tráfico y Movilidad Sostenible, así como en otras comisiones como las de Sanidad o la del Estudio del Problema de las Drogas, uno siempre tiene la duda de cuál es el ánimo del Gobierno al presentar las leyes, si es un ánimo recaudatorio o si lo que prima realmente en su actuación es el cuidado de la salud pública, el cuidado de la vida de los conductores, de los peatones, etcétera. Yo no le he escuchado hablar ni un solo segundo de infraestructuras y esto me reafirma en uno de nuestros problemas fundamentales a la hora de hablar de lo que nos presentan hoy aquí en este momento, y es que parece que el ánimo es evidentemente recaudatorio. Ese es uno de los principales peros al proyecto que nos presenta hoy usted. ¿Qué es lo que persigue realmente el Gobierno? ¿Recaudar? ¿Realmente el Gobierno persigue protegernos? Usted decía que una sola muerte es suficiente como para hacer una política importante con mayúsculas y presentar un trabajo como el que se presenta aquí hoy. Estoy completamente de acuerdo, pero también lo estoy con las asociaciones, con los expertos que nos dicen que el umbral de posibilidad que tenemos de garantizar que ese número de muertes siga bajando ya es muy estrecho. A partir del carné por puntos conseguimos una disminución muy importante, hay que felicitarse por ello, pero desde entonces ya más o menos estamos estabilizándonos e incluso en algunos momentos y en algunas campañas vamos un poquito a peor. Ahí podemos mejorar muy poquito ya. Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con la mejora de nuestras infraestructuras, y podríamos llegar incluso a un acuerdo de que podríamos garantizar un 50 % de responsabilidad en cada una de las cosas, el umbral que tenemos de mejora es altísimo, pero ustedes no hacen absolutamente nada para mejorarlo.

No me quiero centrar en lo que ustedes dicen, ni siquiera me quiero centrar en lo que ustedes reflejan en los presupuestos, me quiero centrar -porque me parece más importante todavía- en lo que ustedes ejecutan. Me voy a los datos y veo como en el año 2006 -recuerde que hablo de lo ejecutado, no del presupuesto- se dedicaron 307 millones de euros a mejorar nuestras carreteras; en 2007, 349; en 2008, 330; en 2009, 253 -empezamos a bajar-; en 2010, cero euros; en 2011, 29 millones de euros; en 2012, cero euros de nuevo. Esto es lo que nos indica, los hechos y no las palabras, que realmente la prioridad del Gobierno y su ánimo -y no solamente con esto que nos trae aquí, sino con todo lo que tiene que hacer para facilitar eso que usted defendía, que no exista ni una sola muerte más- por encima de todo es recaudatorio. Esto tiene que ver con varias cosas. Hemos hablado ya con usted en la Comisión de Interior de que queríamos llevar a cabo unos cambios que nos parecían importantes y que iban en la misma dirección. Recuerdo que con usted como compareciente hablábamos de la RAI y de la RAU, de esa forma que se tiene de premiar económicamente a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico según hagan diversas actuaciones. Lo denunciábamos porque ellos nos transmitían que se sentían avergonzados de que se midiera así su trabajo y le transmitíamos nuestra queja de que a veces se valora más una multa importante por exceso de velocidad que un auxilio en carretera. Esto sigue sucediendo de la misma forma y nos parece que sigue abundando en la percepción que tenemos de que al final el ánimo es recaudatorio. Nos quejamos -repito- fundamentalmente de eso.

Nos gustaría saber qué van a hacer a partir de ahora para mejorar el firme de las carreteras. ¿Van a acabar de una vez por todas con esos guardarraíles en los que los moteros se dejan la vida y que llevan pidiendo décadas que desaparezcan? Es cierto que en algunas vías importantes se ha hecho un trabajo destacable, pero, señor ministro, coincidirá conmigo -y no se me esconda en el tema competencial- en que cuando vamos a carreteras más pequeñas secundarias y a lugares un poco más alejados nos seguimos encontrando con esas trampas mortales. Eso nos parece especialmente preocupante. ¿Y qué pasa con esas pinturas que son auténticas trampas deslizantes? ¿Qué pasa con esas carreteras secundarias que están lejos de los estándares de mantenimiento que por lo menos antes tenían las autovías, pero ahora ni siquiera eso? Cualquiera que las utilice, se da cuenta de que cada vez están muchísimo peor. ¿Por qué no seguimos avanzando en la señalización? ¿Por qué los radares siguen sin estar en los puntos negros y muchas veces nos los encontramos en unas grandísimas rectas? De nuevo, ánimo recaudatorio. ¿Por qué siguen existiendo esos puntos negros que están tan fácilmente localizados, señor ministro? Creo que la percepción generalizada es que les cuesta mucho más invertir que recaudar, que ponen mucho más ánimo en todo lo que redunda en la recaudación que en aquello en lo que responsablemente deberían poner el acento, que es utilizar el dinero de los presupuestos -y ejecutarlo- para mejorar nuestras infraestructuras. Ahí es donde está el umbral importante para mejorar la calidad de nuestras infraestructuras y para evitar eso que decía usted y con lo que nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo: ni una sola muerte más.


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Yendo al grano, al texto que ustedes nos han presentado y que nosotros hemos enmendado, hay algunas cosas con las que no estamos de acuerdo. Me siguen sorprendiendo los titulares en cosas concretas. Ustedes de nuevo lanzan globos sonda para ver cuál es la respuesta de la sociedad, no solamente con este proyecto de ley, sino con otros proyectos de ley que ustedes han presentado aquí también. Nosotros no tenemos ninguna información, pero parece que todo el mundo conoce ciertas cosas.

Usted hoy ha dicho unas cosas sobre la velocidad máxima que yo no termino de entender; debe ser por mi ignorancia y porque acabo de llegar a estas labores, señor ministro. La posición del Gobierno debe estar aquí, en el proyecto de ley que usted nos trae. No entiendo cuál es la posibilidad que existe o no -como dice usted de una forma completamente ambigua- de superar y de llegar a esos 130 kilómetros/hora. Está bien, señor ministro, 130 kilómetros/hora pero, ¿dónde? Justificación, impacto ambiental. Para un conductor es alucinante que en tres años pasemos de que los señores socialistas bajen la velocidad debido al impacto ambiental y ahora, de repente, la volvamos a subir. Nos parece una diferencia tan grande de políticas, que nos gustaría ver en qué se sustentan ambas. En ninguno de los dos casos existía -me temo- un sentido común y un sustento que nos explicara lo que ocurre. Pero, repito, ¿para qué? ¿En qué condiciones de densidad de tráfico? ¿A qué horas? ¿Bajo qué condiciones meteorológicas o da igual? ¿Vamos a utilizar esas estupendas y modernas instalaciones que tenemos, que podríamos utilizar para variar todas esas condiciones, o no? ¿Es un rescate encubierto a esas autovías que están en crisis y que probablemente el Gobierno rescatará? A lo mejor no es tan mala idea, porque si la opción es o rescatarlos o permitirles cambiar las condiciones, pues uno dice: Que se lo pague quienes quieran circular más rápido. ¿Serán ambas cosas? Ahí tendremos más problemas.

Casco en bici. Ustedes se enfrentan a todo el sector y luego salen con una decisión salomónica y, permítanme, cobardona. Además, me extraña el poco respeto que tienen ustedes a esta institución, al Parlamento. Estamos en la Comisión evaluando los trabajos, escuchando a los expertos, y a ustedes parece que les da absolutamente igual el trabajo que estamos haciendo aquí en el Parlamento, y sacan ya la ley, llevan a cabo sus conclusiones y parece que no importa todo ese trabajo que estamos haciendo, incluido su grupo parlamentario, en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. ¿Dónde está la movilidad sostenible? Yo no la veo en este proyecto de ley.

Detección de drogas. ¿Cumplirán, a pesar de lo que cuestan los dispositivos? ¿Qué tipo de drogas, señor ministro? No es lo mismo -y permítame la expresión común- o sí es lo mismo, y me gustaría que me lo explicara, ¿vale un valium pero no vale un porro? ¿Vale conducir bajo el efecto euforizante del Prozac y, sin embargo, bajo otro tipo de drogas no? Si vamos a ponernos a ello, hagámoslo de una forma un poquito más amplia y más seria. Hay drogas, señor ministro -y usted lo sabe bien porque también se dedica a esto-, que se mantienen en el cuerpo durante bastante tiempo, que pueden ser detectadas, pero que no están produciendo un efecto sobre la conducta del conductor en cuestión. Todo esto creo que deberíamos haberlo hablado antes de que usted lo regule.

Asimismo, le preguntamos por el uso de pinturas para la señalización horizontal que sean peligrosas, como las deslizantes.

Nosotros sí creemos que no se deben prohibir los detectores, que no inhibidores, de radar. Ustedes están obligados a comunicarnos donde están todos los radares. ¿Cuál es el problema? Repito, ¿pondremos los radares realmente en aquellos puntos negros o seguiremos recaudando en las grandes rectas en las que no hay ningún peligro? Hemos enmendado también sobre la prohibición de que los peatones usen los carriles reservados a los ciclistas; sobre el permiso de estacionamiento a las grúas de auxilio en carretera; sobre la forma que tienen estas grúas de acceder o de no acceder al lugar donde se encuentra el vehículo. En fin, son bastantes nuestras enmiendas. No me queda tiempo y voy a acabar. Intentaremos mejorar el texto, pero nos tememos que ustedes seguirán mostrándonos, no con sus palabras, señor ministro, con sus actos, que nos ven más como un instrumento -y hablo como conductor, en este caso, diputado conductor- para obtener recursos que como una especie a proteger a nosotros, los conductores, y a los viandantes. Eso es lo que nos muestran con sus hechos, con la poca inversión en infraestructuras, que, repito, es el ámbito donde podemos mejorar sustancialmente.

Para terminar, decía usted que una muerte es suficiente para no cejar. Es cierto, pero demuéstrenoslo con hechos, señor ministro. Espero que entienda que ahora, cuando la credibilidad de su Gobierno está bajo mínimos, las palabras no bastan.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro del Interior, llega hoy al Pleno de la Cámara, gracias a la enmienda presentada por el Grupo de La Izquierda Plural, un debate sobre seguridad vial. A pesar de que no compartimos el sentido de la enmienda de devolución, bienvenido sea el debate. Los debates de seguridad vial en esta Cámara han contribuido a crear conciencia; han contribuido a que los temas de seguridad vial estén presentes en esta Cámara, pero sobre todo en la sociedad y en los medios y, de alguna manera, se hable de seguridad vial no como una consecuencia inevitable de que va a haber accidentes, sino como un ámbito que podemos trabajar para que se vayan reduciendo los mismos. Por tanto, bienvenido sea el debate si ello contribuye a crear conciencia.

Cierto es, señor ministro, que la evolución en temas de seguridad vial en las dos últimas legislaturas ha sido muy positiva, pero esto no puede llevarnos en ningún caso a caer en el autobombo o en la autocomplacencia. Siguen siendo muchas las víctimas que tenemos en nuestras carreteras y siguen siendo muchas las actuaciones que podemos emprender desde el consenso. Por tanto, la primera premisa de Convergència i Unió en el ámbito de la seguridad vial es petición de consenso, que requiere diálogo por parte del Gobierno. No habría consenso si el Gobierno presenta un proyecto de ley y ese proyecto no sufre modificaciones, y no se recogen las enmiendas que con ánimo constructivo planteen los distintos grupos parlamentarios. Así, pues, Convergència i Unió pide al Gobierno que sea receptivo a las enmiendas al articulado que presentaremos los distintos grupos parlamentarios y que seamos sensibles a todo aquello que nos piden desde las asociaciones de víctimas, que siguen siendo un referente en este ámbito, y a lo que nos piden los profesionales que se dedican a la educación vial. Lamentablemente, hoy aprobamos una ley donde la educación vial no tiene el peso que debería haber tenido en la educación secundaria. Esta nueva ley que hoy se aprueba es una oportunidad perdida. Antes se refería el portavoz de Unión Progreso y Democracia al ámbito de las infraestructuras, y también aquí hay mucho camino por recorrer.

Usted presenta un proyecto, pero no es un proyecto cerrado. Antes se le criticaba porque presenta un proyecto mientras aún estamos debatiendo en la Comisión. Convergència i Unió entiende que no es un proyecto cerrado, sino que está abierto a aportaciones y ahora viene la fase de enmendar aquello que el Gobierno propone. Le voy a anunciar algunas de las enmiendas que Convergència i Unió va a proponer con ánimo constructivo y de consenso. En primer lugar, hay un tema polémico. ¿Deben los ciclistas llevar casco obligatoriamente en las vías urbanas o no? Aquí ha habido una evolución, señor ministro. Se empezó con unas declaraciones muy rígidas, diciendo que a partir de la nueva ley y del reglamento general de circulación iba a ser obligatorio el casco en las vías urbanas para los ciclistas. Hubo una clarísima oposición, porque esa era una propuesta desequilibrada, ya que, por mucho que quieras proteger en aras de la seguridad, si hay esa obligación indiscriminada para todas las edades, el producto final es menos bicicletas en las ciudades. Usted hablaba de una movilidad más saludable. Pues bien, iríamos en contra de esa movilidad más saludable y estaríamos alejando la bicicleta de los núcleos urbanos, cosa que no pretende -espero- su Gobierno ni la mayoría de esta Cámara. Por tanto, hay que buscar el equilibrio y en ese equilibrio el Gobierno hace una primera autoenmienda. Aquello que tenía que ser una obligación siempre pasa a ser una obligación para los menores de dieciocho años. Convergència i Unió cree que esta propuesta, exigir el uso del casco a los menores de dieciocho años, sigue siendo desequilibrada y que deberíamos encontrar un punto de flexibilidad en esa edad y usted hoy ha abierto la posibilidad de buscar un consenso.

En la Comisión hemos estado escuchando a expertos, entre ellos al director del Servei Català de Trànsit, que ha comparecido esta misma semana, y nosotros hacemos nuestra esa propuesta que parecía consensuada, que es la que más aceptación ha generado, porque una propuesta nunca genera la aceptación de todos, siempre tiene que ceder alguien. La propuesta que va a plantear Convergència i Unió, que podría ser una propuesta de consenso, es dieciséis años, señor ministro. Vamos a proponer la edad de dieciséis años. Los menores de dieciséis años van a tener la obligación de llevar casco en los núcleos urbanos, pero esos dieciséis años van a tener, según la propuesta que hará Convergència i Unió, dos excepciones. Una primera excepción será la de algunos entornos urbanos. Usted conoce muy bien la realidad de Barcelona ciudad, la realidad del bicing en esa ciudad y para que una persona entre dieciséis y dieciocho años pueda alquilar un servicio de bicing necesita la autorización de quien tiene su patria potestad. Pues bien, cuando autorice ese alquiler quien tiene la patria potestad para una persona entre


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dieciséis y dieciocho años, en esa autorización deberá precisar también si quiere o no que el casco sea obligatorio para ese menor que está bajo su patria potestad y, por tanto, quien puede decidir si alquila o no ese vehículo de dos ruedas debe decidir también si quiere -su progenitor o quien tenga la patria potestad- que lleve o no casco. Hay otra segunda excepción, señor ministro. Son aquellas personas que utilicen la bicicleta como instrumento de trabajo, no aquellas personas que se desplazan a su lugar de trabajo en bicicleta, sino aquellas que realizan su trabajo en bicicleta. El repartidor que utiliza la bicicleta por razones de seguridad laboral también debe llevar siempre casco en las ciudades al igual que ahora se establece para las vías interurbanas. Por lo tanto, dieciséis años, con esas dos excepciones, creemos desde Convergència i Unió que sería una propuesta de consenso.

Hay otros aspectos, señor ministro, que queremos precisarle. Usted habla de la prohibición de los detectores de radar y aprovechando esa prohibición debemos insistir en un aspecto, los radares son para prevenir accidentes. Por tanto, en nuestras carreteras, cuando se coloca un radar, hay que avisar de que ese radar está allí precisamente donde hay que ubicarlo, en aquellos lugares donde hay más peligro, en aquellos tramos de concentración de accidentes. Allí es donde debemos priorizar y poner los radares anunciándolos antes porque el mejor radar, señor ministro, es aquel que no se dispara nunca, aquel que avisa antes al conductor de que está el radar, el conductor no quiere ser multado, reduce su velocidad y, como es un sitio peligroso, evita un futuro accidente que quizá sin ese radar se hubiese producido. Aquí también le vamos a proponer enmiendas concretas desde Convergència i Unió. Y también lo haremos, señor ministro, en lo relativo a la sanción por los excesos de alcohol. Entendemos que en el actual contexto económico no puede ser indiscriminada esa subida de 500 euros a 1.000 euros para cualquier exceso de alcohol. Hay excesos que por su grado van a merecer esos 1.000 euros que ahora ustedes proponen; pero algunos que quizá por muy poco den una pequeña tasa, que pasen de golpe de 500 euros a 1.000 euros con la situación económica de muchas familias, podrían pensar que se debe a un ánimo recaudatorio, que no debe serlo y estoy convencido de que todos pensamos que cualquier sanción en este ámbito es para disuadir, para prevenir, no tanto para recaudar. De ahí que le pidamos también una cierta gradación en lo que sería esa rigidez inicial.

Asimismo, me referiré al tema de las multas, señor ministro -está aquí también el ministro de Justicia y es un tema que en la pasada legislatura pusimos encima de la mesa-. Ahora, quien paga una multa al instante se le reduce a la mitad el importe de esa multa, pero se le dice: ya no vas a poder recurrir. Si tú pagas al instante, ese pronto pago te genera una reducción del 50 %; pagas la mitad, pero ya no recurres. Eso limita los derechos de ese conductor que quiere ahorrarse la mitad de su sanción, pero evidentemente es un conductor que lo que quiere, si la considera injusta, es poder recurrirla, de ahí que sea un elemento que también vamos a plantearle en el trámite de enmiendas.

Termino ya, señor presidente, porque se agota el tiempo; pero no quiero finalizar esta intervención -si el señor presidente me lo permite, estando aquí el ministro de Justicia y habiéndose referido a ella la vicepresidenta Celia Villalobos- sin referirme a la diputada Mercè Pigem, que ayer fue elegida por el Senado para ocupar una de las plazas de vocal del Consejo General del Poder Judicial. Hoy estamos debatiendo un proyecto de ley del Ministerio del Interior. La diputada Mercè Pigem, ahora portavoz en la Comisión de Justicia, durante la pasada legislatura fue la portavoz de nuestro grupo parlamentario en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados y, tanto ahora en la Comisión de Justicia como anteriormente en la Comisión de Interior, la diputada Mercè Pigem ha sido un ejemplo de rigor jurídico a la hora de plantear cualquier discusión parlamentaria en esta Cámara; rigor jurídico, serenidad y respeto en todos sus planteamientos y seriedad discursiva. Pero, sobre todo, la diputada Mercè Pigem ha sido y es no únicamente una excelente parlamentaria, sino una excelente compañera de todos los miembros de esta Cámara, una persona siempre respetuosa con todos y una persona a quien deseamos suerte en sus futuras responsabilidades en el Consejo General del Poder Judicial.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.

Desde luego, como presidente y diputado antiguo, me sumo totalmente a las palabras dirigidas a la señora Pigem.

Tiene ahora la palabra por el Grupo Socialista el señor Corcuera.

El señor CORCUERA PLAZA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, el pasado mayo la directora general de Tráfico anunciaba ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible la paralización del nuevo reglamento general de circulación y la


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inminente tramitación de la reforma de la Ley sobre tráfico y seguridad vial. La presión de la sociedad civil y de los grupos parlamentarios obligaba a modificar los planes de su ministerio que, en el ejercicio de una transparencia legislativa, planteaba aprobar el reglamento de desarrollo antes de reformar la ley que lo ampara. Ciertamente lo intentaron, intentaron hurtar a este Congreso la posibilidad de debatir aspectos tan importantes como el aumento de los límites de velocidad en autovías y autopistas o la obligatoriedad del uso del casco en las ciudades, pero la presión en contra de estas propuestas, incluso de alcaldes de su partido, del Partido Popular, obligó a la DGT a pisar el freno y para enfriar los ánimos se nos propuso que expertos y afectados comparecieran para dar su opinión sobre esas medidas antes de tomar decisión alguna. Esta misma semana, como se ha dicho, hemos sustanciado las últimas comparecencias en Comisión y, sin tan siquiera darnos tiempo a redactar unas conclusiones, hoy debatimos la idoneidad o no de la tramitación del proyecto de ley. Curiosa forma, señor ministro, de recoger esas reflexiones. La DGT tiene prisa, usted, señor ministro, tiene prisa y las prisas en materia de seguridad vial no son nada buenas.

Señor Sixto, aunque compartimos algunos de sus argumentos, no creemos que la devolución al Gobierno del proyecto de ley sea la mejor alternativa. Cierto es que estamos ante una reforma de la ley incompleta y manifiestamente mejorable, cierto es que algunas de las medidas propuestas suponen modificaciones de gran trascendencia que no compartimos y no han sido acordadas, pero, en aras de recuperar el imprescindible clima de consenso que en los últimos años ha guiado las políticas de seguridad vial y que tan buenos resultados nos ha dado, hemos creído oportuno dar al Gobierno una última oportunidad para evidenciar la voluntad de acuerdo expresada el pasado mayo por la directora general, una última oportunidad para demostrar que la voluntad de negociar no queda solo en meras palabras y no sucumbe a la apisonadora de la mayoría absoluta del Partido Popular.

El Grupo Socialista no ha presentado enmienda a la totalidad; aun así, señor ministro, no interprete el hecho de que no hayamos presentado esa enmienda como una posición favorable al proyecto de ley. Hay argumentos suficientes para que la hubiéramos presentado, pero hemos creído conveniente no hacerlo en aras de ese consenso. El proyecto que ustedes traen hoy aquí no es producto de una voluntad de cambiar aquellas materias que el tiempo ha dejado obsoletas o de la necesidad de avanzar hacia una movilidad más sostenible. Como les decía, este proyecto de ley viene a dar cobertura jurídica a la reforma del reglamento general de circulación que ustedes pretendían aprobar y, aprovechando esa circunstancia, han introducido novedades que rompen una línea de consenso que hasta estos momentos existía. Con el proyecto de ley que hoy debatimos tenían una oportunidad de ponerse al día y redactar un texto legal más moderno que hablara de movilidad en lugar de tráfico, un texto adaptado también a las ciudades del siglo XXI y que fomentara la movilidad sostenible. Una vez más, el Gobierno ha perdido el carro de esa modernización del país.

El fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte en los núcleos urbanos es un claro ejemplo de apuesta por la movilidad sostenible; supone evidentes beneficios de carácter medioambiental, sanitario e incluso económico. Ustedes han dicho reiteradamente que quieren fomentar su uso... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Corcuera. Por favor, ruego silencio.

Siga, señor Corcuera.

El señor CORCUERA PLAZA: Gracias, señor presidente.

Solo se acuerdan de la bicicleta en el proyecto de ley para obligar al uso del casco a quienes la usen en la ciudad, una medida inexistente, como usted sabe, en los países de nuestro entorno, una medida sobre la que todos los expertos en la materia -usuarios, ayuntamientos, los servicios de tráfico- del País Vasco y de Cataluña les han advertido de que puede ser contraproducente, de difícil cumplimiento y que puede provocar una reducción del uso y presencia de las bicicletas en las ciudades. Más bicicletas evidentemente es más seguridad, eso nos lo dicen todos los expertos. El Grupo Parlamentario Socialista defiende y promueve el uso voluntario del casco, pero estamos en contra de una obligación que consideramos desproporcionada. Creemos que son más efectivas otras medidas como circular por el centro de la calzada en lugar de ir arrinconado a la derecha, lo contrario de lo que ustedes promueven.

Señor ministro, los buenos resultados obtenidos en esta materia son producto de un esfuerzo sostenido en el tiempo y de la combinación de políticas que tratan de conseguir que los ciudadanos asuman prácticas más seguras en la conducción y rechacen aquellas que incrementan los riesgos de sufrir accidentes. Conseguir que los ciudadanos asuman que la velocidad puede matar y que es necesario limitar la misma ha exigido muchos esfuerzos y recursos, esfuerzos que pueden verse frustrados en muy corto espacio de


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tiempo si los mensajes que se mandan son contradictorios. No entendemos a qué demanda o interés ajeno a la seguridad vial obedece la introducción del incremento del límite de velocidad a 130 kilómetros/hora, aunque no hay que tener mucha imaginación para intuirlo, y desde luego no creo que sea la seguridad, un incremento que adornan además con unos condicionantes que todos sabemos que es pura literatura. Mucho nos tememos que tienen ya elegidas las vías donde aplicar el incremento: aquellas que ya están dotadas de paneles para introducir los avisos, usted mismo nos lo decía hoy. Nuevos paneles comportaría un incremento considerable del gasto para el que, según sus propias afirmaciones, no hay recursos. Esta ausencia de recursos se convierte en un incentivo claro para aplicar su política de subidas, sea de tributos, sea del importe de las sanciones, buscando para este fin coartadas populistas y facilonas como es incrementar las sanciones por consumo de alcohol, de manera que casi es más gravoso que te sancione la DGT a que te condene un juez; y si no estás conforme con la sanción, paga abogado, tasas judiciales y la propia sanción para poder recurrirla. En unos momentos de crisis como los actuales existen otras formas de incidir en la presencia del alcohol en la conducción más realistas y menos gravosas para los que menos tienen, por ejemplo, bajando las tasas máximas de alcohol permitido.

Cambian también la regulación de la conducción y las drogas, rompiendo el difícil equilibrio mantenido en la actual ley y lo hacen sin respetar los mínimos estándares exigibles desde el punto de vista de legalidad y equidad, separándose de las regulaciones de nuestro entorno sin justificación ni aval científico que apoye esta decisión, colando a la mitad de la población que consume algún tipo de sustancias que puede dar positivo aunque no tenga incidencia en la conducción; estoy hablando de sustancias legales, incluso bajo prescripción facultativa, que quedarían fuera de la excepción que propone el proyecto de ley como puede ser una simple pastilla para dormir.

Por último, se faculta al Gobierno para hacer un texto refundido, algo que nos preocupa seriamente, señor ministro, ya que les faculta para introducir todos aquellos temas que consideren sin debatirlos. No obstante, hoy obtiene de mi grupo parlamentario una última muestra de voluntad de consenso, pero nuestro voto final al proyecto de ley dependerá de cómo hayan sido capaces de aunar el consenso de todos los grupos parlamentarios y también de todos los actores en la seguridad vial, aunque viendo cómo transcurrió la interpelación de ayer sobre la futura ley de seguridad ciudadana, pocas probabilidades veo de pactar algo con usted, ni tan siquiera en materia de seguridad vial.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Corcuera.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Bravo.

La señora BRAVO IBÁÑEZ: Señor presidente, señorías, me cabe el privilegio de fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en este Pleno respecto a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, una enmienda de devolución del proyecto de ley por el que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Antes de fijar nuestra posición querría, primero, agradecer el tono del debate de las personas que me han antecedido y, segundo, apelar al espíritu de diálogo y de consenso habido a lo largo de todas las comparecencias -hemos finalizado, como bien ha señalado el señor Corcuera, este martes pasado- que han tenido lugar en el seno de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Permítanme también que justifique la necesidad de reformar la actual Ley de Seguridad Vial habida cuenta de la evolución que de una manera tozuda viene mostrando el sistema de tráfico español, que ya se ha recordado aquí que cada día es más satisfactorio, más positivo, fruto del trabajo de todos. Esta facultad no se la puede arrogar un grupo u otro, sino que es fruto del apoyo y del trabajo de todos los grupos. Una vez abordados en anteriores reformas los cambios integrales relativos a los comportamientos de los usuarios, entre otros, el permiso por puntos, la definición de los llamados delitos contra la seguridad vial en el Código Penal o la misma reforma del procedimiento sancionador, existe la necesidad de acometer ajustes en determinados preceptos de la citada ley que, a pesar de no encadenar un determinado hilo conductor, son precisos para dar respuesta a las peticiones de esta Cámara. Con respecto a la evolución de nuestro sistema de tráfico, sobre todo en el entorno urbano -ese gran olvidado en las anteriores modificaciones de esta ley-, la necesidad de mejorar las cifras de siniestralidad vial en todas las vías públicas, independientemente de quien ostente su propiedad, así como la manifiesta pérdida de protagonismo que paso a paso exhibe el coche frente a otros modos de transporte mucho más sostenibles y saludables, como por ejemplo la bicicleta, son motivos más que suficientes para abordar una reforma


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sobre la base de no solo adaptarse a las necesidades de los conductores, sino también a las de los vehículos y a las de las vías. En consecuencia, y para comenzar a desgranar mi intervención partiendo de un aserto, puede afirmarse que estamos ante una reforma oportuna porque atiende los desafíos del actual sistema de tráfico y porque supone avanzar, dar un paso más en la hoja de ruta del Gobierno hacia ese modelo de sistema seguro de circulación, un modelo que -es bueno recordarlo una vez más- persigue como objetivo estratégico cero muertos y cero lesionados graves por accidente de tráfico. Ahora mismo algún diputado en esta tribuna ha señalado que no conocía cuál era el objetivo de esta ley. El objetivo de esta ley es muy claro: mejorar la seguridad. Ese es el objetivo de esta ley, junto con ese epígrafe: cero muertos y cero lesionados graves por accidente de tráfico.

Aunque soy consciente de que para algunos de los grupos de interés que forman parte de nuestra realidad vial esta reforma carece de oportunidad, para el Grupo Parlamentario Popular esta reforma es procedente y oportuna. Nadie puede decir que no se han debatido en el marco de esta Comisión de Seguridad Vial todos los aspectos, sobre todo dos muy relevantes, aunque por desgracia creo que el debate se ha centrado demasiado en el tema del casco, pero a nadie se le escapa que este anteproyecto de ley traía un mandato muy claro de obligatoriedad del casco y, fruto de esas comparecencias, fruto del debate, fruto del análisis, fruto del estudio compartido entre todos los miembros de esa Comisión de Seguridad Vial -a los que de nuevo agradezco su colaboración, su impulso y su entusiasmo-, hemos ido modificando entre todos aquello que en un primer momento a la Dirección General de Tráfico le parecía bien, la obligatoriedad del casco en las ciudades, por una idea de seguridad, un concepto estaba muy claro, que a todos nos quedaba muy claro. Así pues, fruto de ese debate hoy estamos en una posición mucho más de diálogo y desde aquí les reitero que el Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo que el Gobierno nos marque y apoye, trabajará en el marco de la ponencia en todas las enmiendas presentadas, algunas de las cuales hoy ya se han desgranado, ya se han apuntado aquí. Reitero que la idea de este Grupo Parlamentario Popular es sacar esta ley con el máximo consenso, con el máximo acuerdo con todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Realmente lo del casco se ha convertido en una obsesión y creo que ha hurtado el debate de otros temas importantes que espero que aparezcan en los debates que restan antes de la aprobación definitiva de esta ley.

Quiero señalar brevemente -alguien decía que no había oído nada sobre el tema de la velocidad- algo que se ha repetido ya en sede en parlamentaria y en diferentes medios: que la velocidad no se aumenta. Lo único que se ha dicho es que hay un posible aumento en tramos determinados de la red de autovías dependiendo tanto de las condiciones de trazado como externas -tiempo atmosférico, hora del día, ancho de la plataforma, etcétera-. Todo esto estará regulado en el reglamento general de circulación y no en la Ley de Seguridad Vial.

Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular considera que la reforma de la Ley de Seguridad Vial que plantea el Gobierno del Grupo Popular llega en el momento adecuado, propone las modificaciones necesarias para mejorar la fluidez de la circulación y, consecuentemente, fomenta el desarrollo de una circulación por carretera más sostenible y segura. Además, en aquellos asuntos que son de su competencia, reconoce el papel y la responsabilidad de las corporaciones locales en materia de tráfico y seguridad vial; de hecho, algunos de los representantes del sector de la bicicleta, cuyo eco ha recogido La Izquierda Plural a través de esta enmienda a la totalidad, se han venido quejando de que la ley no cercena suficientemente el derecho de los ayuntamientos a regular determinados aspectos relacionados con el uso de la bicicleta en el ámbito municipal.

Para terminar quiero señalar que esta ley se debatirá, como hemos dicho, en el marco de la ponencia y desde aquí tendemos la mano al diálogo, al consenso, escucharemos todas las sugerencias que desde los diferentes sectores de la sociedad civil nos han llegado, así como de los diferentes grupos parlamentarios. Estaremos abiertos al consenso y al diálogo para que esta ley, cuyo objetivo final -reitero- es conseguir la mejora de la seguridad vial y evitar los accidentes, evitar todo aquello que las asociaciones de víctimas, parte muy importante de este tejido asociativo, nos han hecho llegar. Ni un solo muerto más; ni un solo accidente más.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En dos minutos comenzaremos las votaciones. (Pausa).


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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. (Número de expediente 140/000018).

El señor PRESIDENTE: Ha sido presentada a esta Presidencia una declaración institucional firmada por todos los grupos que ruego al secretario primero que lea.

El señor SECRETARIO (Gil Lázaro): Con la venia, señor presidente.

Declaración institucional con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

El 25 noviembre se conmemoró en todo el mundo el Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, instaurado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1999 para aunar las voces de la comunidad internacional frente a uno de los más graves y comunes delitos en el mundo, la violencia de género. La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas la definió como todo acto violento basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.

El Congreso de los Diputados, con este motivo, quiere honrar la memoria de las 46 mujeres -la última, ayer mismo- y de los 5 menores asesinados durante este año 2013 y manifestar su solidaridad con las familias. Al mismo tiempo, desea reiterar su compromiso, renovado año tras año, de continuar trabajando sin descanso en la eliminación de este gravísimo problema que socava los cimientos de la sociedad igualitaria y democrática que entre todos estamos estableciendo. Garantizar la libertad y la igualdad de mujeres y hombres en nuestro país es un fin prioritario de todas las instituciones democráticas, y para ello se necesita la unión de todas las fuerzas políticas, sin fisuras, en ese objetivo compartido, así como el compromiso de dedicar los esfuerzos necesarios y los recursos suficientes para establecer medidas de prevención y asistencia a las mujeres, hijos e hijas, víctimas de la violencia de género.

Con esta declaración institucional el Congreso de los Diputados desea reiterar su compromiso con la eliminación de la violencia de género, su repulsa para con los agresores y asesinos y su apoyo total a las víctimas y sus familias, apelando asimismo a la lealtad, compromiso y responsabilidad de todos los poderes públicos, administraciones, organizaciones, entidades, ciudadanos y ciudadanas, para avanzar en la erradicación de la violencia machista y conseguir un modelo social en el que desaparezca la desigualdad. (Aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Comenzamos las votaciones.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA AL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, SOBRE LA POLÍTICA GENERAL DE SU DEPARTAMENTO Y LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS QUE PIENSA ASUMIR COMO CONSECUENCIA DE LAS ACTUACIONES QUE HA DESARROLLADO DURANTE EL TIEMPO DE SU MANDATO. (Número de expediente 173/000119).

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, moción del Grupo Socialista al ministro de Educación, Cultura y Deporte, sobre la política general de su departamento y las responsabilidades políticas que piensa asumir como consecuencia de las actuaciones que ha desarrollado durante el tiempo de su mandato. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 136; en contra, 179; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS IMPLICACIONES DE LOS CAMBIOS REGULATORIOS ENERGÉTICOS EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y DE LA ECONOMÍA. (Número de expediente 173/000120).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre las implicaciones de los cambios regulatorios energéticos en la competitividad de las empresas industriales y de la economía. Se vota en los términos de la enmienda presentada por el Grupo Popular y aceptada por el Grupo Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 206; en contra, 2; abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores).

Ruego silencio, por favor.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO IMPULSAR EL GOBIERNO PARA PALIAR LA POBREZA INFANTIL. (Número de expediente 173/000121).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, sobre las medidas que tiene previsto impulsar el Gobierno para paliar la pobreza infantil. Hay una enmienda transaccional. ¿Algún grupo se opone? (Denegaciones). En esas condiciones la sometemos a votación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 141; en contra, 180.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. (Número de expediente 121/000019).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas del Senado. Proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Votamos las enmiendas al preámbulo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 206; en contra, 114; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al índice, a los artículos 2, 8.1.a) y b), 14.1, 28 g), l), p), h) y n) y 36.3 y 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 194; en contra, 18; abstenciones, 109.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 191; en contra, 130.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas a los artículos 15, 17 y 38.1.d).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 300; en contra, 12; abstenciones, 8.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 201; en contra, 118; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 38.1.e).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 293; en contra, 26; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 38.2.a).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 289; en contra, 32.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final quinta (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 195; en contra, 119; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final sexta (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 186; en contra, 133; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda a la disposición final séptima (renumerada novena).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 193; en contra, 128.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de enmiendas de la ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 196; en contra, 16; abstenciones, 109.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. (Número de expediente 121/000048).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Primero votaremos una enmienda de enunciado a lo largo de todo el texto, que sustituye determinados sustantivos inicialmente expresados solo en género masculino, por otros genéricos, al tiempo que en otras ocasiones se añade al sustantivo la correspondiente denominación en género femenino; y al artículo único.Dieciocho.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 298; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo único.Once, en lo relativo al artículo 20.1 de la LOE.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 315; en contra, 2; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo único.Once, en lo relativo al artículo 20.4 de la LOE.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 200; en contra, 102; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas al artículo único.Veinticuatro y Veinticinco, en lo relativo al grupo de modificaciones aplicable a la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales que confiere a la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, respectivamente, el carácter de asignatura troncal y por las que se permite la organización en bloques de las materias de opción del bloque de asignaturas troncales.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 198; en contra, 1; abstenciones, 122.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo único.Cincuenta y cinco y a la disposición adicional cuarta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 300; en contra, 9; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de enmiendas al proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 182; en contra, 133; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

VOTACIÓN DE CONJUNTO.

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, por tener el mismo carácter orgánico. A esta votación ha habido 6 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321, más 6 votos telemáticos, 327; a favor, 179, más 3 votos telemáticos, 182; en contra, 140, más 3 votos telemáticos, 143; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie).


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- PROYECTO DE LEY DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO. (Número de expediente 121/000056).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado presentadas al proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado. (Rumores).

Ruego un poco de silencio para que podamos saber lo que estamos votando.

Enmiendas al preámbulo y a la disposición adicional sexta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 190; en contra, 130; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda a la disposición adicional décima (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 180; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de enmiendas al proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 186; en contra, 134.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. (Número de expediente 121/000059).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de evaluación ambiental. En primer lugar, enmiendas al artículo 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 201; en contra, 118; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición adicional octava.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 191; en contra, 122; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de enmiendas al proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 180; en contra, 127; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):

- CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA, HECHO EN ESTAMBUL EL 11 DE MAYO DE 2011, ASÍ COMO DECLARACIÓN Y RESERVA QUE ESPAÑA FORMULARÁ AL MISMO. (Número de expediente 110/000100).


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- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHO EN LONDRES EL 14 DE MARZO DE 2013. (Número de expediente 110/000106).

- RETIRADA DE LA DECLARACIÓN FORMULADA POR ESPAÑA EL 22 DE JUNIO DE 2006 AL CONVENIO RELATIVO A LOS TRANSPORTES INTERNACIONALES POR FERROCARRIL (COTIF), HECHO EN BERNA EL 9 DE MAYO DE 1980. (Número de expediente 110/000107).

- CANJE DE NOTAS POR EL QUE SE PRORROGA POR UN AÑO EL ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE LA ESTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA NASA, HECHO EN MADRID EL 28 DE ENERO DE 2003. (Número de expediente 110/000108).

El señor PRESIDENTE: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Por lo que se ha visto, parece que se puede proceder a su votación conjunta por asentimiento. ¿Es así? (Asentimiento).

Quedan aprobados.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO. (Número de expediente 121/00070).

El señor PRESIDENTE: Votación de la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al proyecto de ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Se han emitido 6 votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321 más 6 votos telemáticos, 327; a favor, 15; en contra, 195, más 3 votos telemáticos, 198; abstenciones, 111, más 3 votos telemáticos, 114.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por varios grupos se ha solicitado la avocación al Pleno de este proyecto de ley. Para esta votación que vamos a realizar ahora se han emitido 6 votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321 más 6 votos telemáticos, 327; a favor, 142, más 3 votos telemáticos, 145; en contra, 179, más 3 votos telemáticos, 182.

El señor PRESIDENTE: No se tramitará por el Pleno.

Se levanta la sesión.

Eran las cinco y cinco minutos de la tarde.

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