DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 159, de 21/11/2013
cve:
DSCD-10-PL-159
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 159
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 150
celebrada el jueves,
21 de noviembre de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de
prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 61-1, de 20 de septiembre de
2013. (Número de expediente 121/000061) ... (Página6)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 12/2013, de 18 de octubre, por el que se conceden
suplementos de crédito por importe de 70.000.000 de euros en el
presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad, para atender
necesidades de financiación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. "BOE" núm. 251, de 19 de octubre de 2013.
(Número de expediente 130/000042) ... (Página22)
- Real Decreto-ley 13/2013, de 25 de octubre, por el que se conceden
créditos extraordinarios por importe total de 17.421.238.125 euros, para
la concesión de un préstamo al Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores, para financiar al Servicio Público de Empleo Estatal la
aportación al IV Plan Integral de Empleo en Canarias, para dotar la
participación de España en la Facilidad Financiera Internacional para la
Inmunización y para la cuarta convocatoria de ayudas al Programa de
Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE 4). "BOE" núm. 257, de 26 de
octubre de 2013. (Número de expediente 130/000043) ... (Página34)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector
público. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 64-1, de 4 de
octubre de 2013. (Número de expediente 121/000063) ... (Página46)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página56)
Retirada del orden del día:
- Proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A,
número 57-1, de 5 de septiembre de 2013. (Número de expediente
121/000057) ... (Página56)
- Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie A, número 62-1, de 27 de septiembre de 2013. (Número de
expediente 121/000062) ... (Página56)
- Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de
la internacionalización de la economía española. "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie A, número 68-1, de 4 de octubre de 2013. (Número de
expediente 121/000067) ... (Página73)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página85)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página86)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página87)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página88)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página91)
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página6)
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de
prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar ... (Página6)
El señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (García-Margallo
Marfil) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo y en turno
de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma y Baldoví
Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; así como los señores Nuet
Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Uriarte
Ayala, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Vuelve a hacer uso de la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes ... (Página22)
Real Decreto-ley 12/2013, de 18 de octubre, por el que se conceden
suplementos de crédito por importe de 70.000.000 de euros en el
presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad, para atender
necesidades de financiación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas ... (Página22)
El señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado) expone
a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del
real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la
señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores
Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez
Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y
Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural, y la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), así como los señores Cortizo Nieto, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Álvarez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 13/2013, de 25 de octubre, por el que se conceden
créditos extraordinarios por importe total de 17.421.238.125 euros, para
la concesión de un préstamo al Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores, para financiar al Servicio Público de Empleo Estatal la
aportación al IV Plan Integral de Empleo en Canarias, para dotar la
participación de España en la Facilidad Financiera Internacional para la
Inmunización y para la cuarta convocatoria de ayudas al Programa de
Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE 4) ... (Página34)
El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero)
expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la
promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Quevedo Iturbe
y Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto, y Anchuelo Crego, del
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora De las
Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural; los señores Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Asian González, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página46)
Proyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector
público ... (Página46)
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas para su defensa en el
Pleno intervienen los señores Salvador Armendáriz y Bosch i Pascual, del
Grupo Parlamentario Mixto; Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Picó i Azanza, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Saura García, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Madrazo Díaz, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página56)
Proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación ... (Página56)
La Presidencia comunica a la Cámara la retirada de la enmienda a la
totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (señora Jordà i
Roura), por lo que decae la iniciativa.
Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones ... (Página56)
El señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López) presenta a
la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen las
señoras Oramas González-Moro y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario
Mixto; el señor Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural, y las señoras Riera i Reñé, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y González Veracruz, del
Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Puente Redondo, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la
internacionalización de la economía española ... (Página73)
El señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado)
presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución interviene el señor
Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo y
el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores
Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y
Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y el señor González Vázquez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página85)
Sometida a votación en sus propios términos la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación a la percepción
del subsidio de desempleo por parte de terroristas excarcelados que no
han mostrado arrepentimiento ni colaborado con la Justicia, al no estar
de acuerdo todos los grupos con la enmienda transaccional propuesta, se
rechaza el punto número 1 por 17 votos a favor, 285 en contra y 1
abstención, y se aprueba el punto 2 por 267 votos a favor, 24 en contra y
14 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Mixto (señora Enbeita), sobre posición del Gobierno
en relación a los malos tratos infligidos por los miembros de los
organismos encargados de hacer cumplir la ley y la impunidad de la que
dichos
miembros gozan, por ser una cuestión de Derechos Humanos sumamente
inquietante y de larga data en España, se rechaza por 37 votos a favor,
267 en contra y 1 abstención.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de inmigración del
Gobierno, se rechaza por 128 votos a favor y 176 en contra.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página86)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada al
proyecto de ley de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de
prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar, se
rechaza por 6 votos a favor; 268 en contra, más 7 votos telemáticos, 275,
y 31 abstenciones.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación) ... (Página87)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-Ley 12/2013, de 18
de octubre, por el que se conceden suplementos de crédito por importe de
70.000000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Economía y
Competitividad, para atender necesidades de financiación de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se aprueba por
300 votos a favor, más 7 votos telemáticos, 307, y 1 abstención.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se rechaza por
131 votos a favor, más 4 votos telemáticos, 135, y 174 en contra, más 3
votos telemáticos, 177.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-Ley 13/2013, de 25
de octubre, por el que se conceden créditos extraordinarios por importe
total de 17.421.238.125 euros, para la concesión de un préstamo al Fondo
para la Financiación de los Pagos a Proveedores, para financiar al
Servicio Público de Empleo Estatal la aportación al IV Plan Integral de
Empleo en Canarias, para dotar la participación de España en la Facilidad
Financiera Internacional para la Inmunización y para la cuarta
convocatoria de ayudas al Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente
(PIVE 4), se aprueba por 287 votos a favor, más 7 votos telemáticos, 294;
en contra, 1 y 12 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se rechaza por
131 votos a favor, más 3 votos telemáticos, 134, y 173 en contra, más 4
votos telemáticos, 177.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página88)
Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica de control
de la deuda comercial en el sector público.
Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley
orgánica, se aprueba por 185 votos a favor, más 5 votos telemáticos, 190;
117 en contra, más 2 votos telemáticos, 119, y 3 abstenciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página91)
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución
al proyecto de ley general de telecomunicaciones, se rechazan por 118
votos a favor, más 3 votos telemáticos, 121; 175 en contra, más 4 votos
telemáticos, 179, y 11 abstenciones.
Sometida a votación la avocación por el Pleno de este proyecto de ley, se
rechaza por 129 votos a favor, más 3 votos telemáticos, 132, y 174 en
contra, más 4 votos telemáticos, 178.
Sometida a votación conjunta la enmienda a la totalidad de devolución
presentada al proyecto de ley sobre cobertura por cuenta del Estado de
los riesgos de la internacionalización de la economía española, se
rechaza por 110 votos a favor, más 3 votos telemáticos, 113; 194 en
contra, más 4 votos telemáticos, 198, y 1 abstención.
Sometida a votación la avocación por el Pleno de este proyecto de ley, se
rechaza por 125 votos a favor, más 3 votos telemáticos, 128; 175 en
contra, más 4 votos telemáticos, 179, y 1 abstención.
Se levanta la sesión a las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 33/1998, DE 5 DE OCTUBRE, DE
PROHIBICIÓN TOTAL DE MINAS ANTIPERSONAL Y ARMAS DE EFECTO SIMILAR.
(Número de expediente 121/000061).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Vamos a comenzar con el debate de totalidad de iniciativas legislativas.
Proyecto de ley de modificación de la Ley 33/1998, de 5 octubre, de
prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar. Para
la presentación del proyecto, tiene la palabra el señor ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo
Marfil): Señor presidente, señorías, vamos a debatir hoy un proyecto de
ley que pretende modificar la Ley 33/1998, de 5 octubre, de prohibición
total de minas antipersonal y armas de efecto similar. Lo que pretende el
proyecto que hoy discutimos es actualizar el llamado derecho humanitario
internacional, el ius in bello o derecho en tiempos de guerra, y en
segundo lugar, adecuar el régimen que afecta a las minas antipersonal a
las municiones de racimo. Nada menos y nada más. Nada menos porque es un
paso importante en la regulación de este derecho que constituye uno de
los instrumentos internacionales más importantes, precisamente porque se
utiliza en tiempos bélicos. Nada más porque, como tendré ocasión de
señalar posteriormente, la enmienda a la totalidad que presenta Esquerra
Republicana de Cataluña excede con mucho el ámbito objetivo del proyecto
que intentamos modificar, pero a eso me referiré luego. He dicho nada
menos para subrayar la importancia del tema que estamos tratando;
importancia que viene derivada porque seguimos incorporando a nuestro
derecho interno los dos principios que rigen el derecho humanitario
internacional. El primero, la protección de la población civil en tiempos
de guerra y, el segundo, la limitación de las armas que se pueden
utilizar en esos tiempos.
El primer principio, la protección de la población civil, empieza a cobrar
su importancia en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, cuando se empieza
a utilizar la aviación como arma de combate -arma que afecta no solo a
los hombres en el frente, como había sido la norma en las guerras que se
habían tenido hasta entonces-, pero que se acentúa a partir de la Segunda
Guerra Mundial, en que la aviación se utiliza de forma masiva causando
auténticos estragos en la población civil. El segundo principio es la
limitación de los medios de guerra. Este principio es probablemente más
antiguo porque en la Guerra Mundial de 1914-1918 se hace una utilización
masiva de gases tóxicos, cuya utilización se generaliza después. Por
tanto, lo que aquí pretendemos es -repito- actualizar los dos principios,
los dos pilares clásicos en que se basa el derecho humanitario
internacional.
Para intentar entender la importancia de la aplicación de estos principios
me van a permitir sus señorías que haga una breve excursión histórica.
Insisto, breve porque no citaré todas las declaraciones, convenios,
convenciones o protocolos que se refieren al derecho humanitario
internacional, sino exclusivamente a aquellos que tienen relación con el
objeto de este proyecto de ley. La primera vez en que estos principios se
plasman de forma generalizada es la Declaración de San Petersburgo de
1868, que prohíbe, que condena, la utilización de armas que agraven
inútilmente el sufrimiento de los hombres que no participan en los
frentes de combate. El segundo instrumento internacional de enorme
importancia es el Protocolo de Ginebra de 1925, que condena, que prohíbe,
la utilización de gases tóxicos; protocolo al que nos hemos referido muy
recientemente con ocasión de la prohibición de armas químicas en Siria,
porque este protocolo fue ratificado, aprobado e implementado por Siria.
El tercero es la Convención de Ginebra de 1980, que condena las armas que
sean -abro comillas- excesivamente -cierro comillas- nocivas o que
produzcan efectos indiscriminados. Esta Convención de Ginebra de 1980 se
desarrolla a través de varios protocolos, solo me interesa aquí, porque
es el que se refiere a la materia que aquí nos ocupa, el Protocolo II de
1996, que condena la utilización de las minas antipersonal. Pronto, la
opinión pública y los juristas se dieron cuenta de que el protocolo, tal
y como estaba redactado en 1996, era insuficiente, era incapaz de
conseguir los objetivos para los que se había aprobado y se discute y
aprueban protocolos posteriores. Permítanme subrayar aquí la Convención
de prohibición de armas químicas de 1993, que viene a completar el
Protocolo de Ginebra de 1925 al que me he referido anteriormente, y que
también hemos discutido muy recientemente, porque, como ustedes saben,
después de los últimos acontecimientos y del acuerdo entre Estados Unidos
y Rusia, Sirira decidió incorporarse a este protocolo. El siguiente -el
penúltimo al que me voy a referir-, la Convención de Otawa de 1997,
refuerza la prohibición de minas antipersonales que, como he dicho
anteriormente, había sido implementada y consagrada, aunque de forma
insuficiente, por el Protocolo II a la Convención de Ginebra de 1980. El
último de los instrumentos al que quiero referirme es la Convención de
Oslo de 2007, que habla de las municiones de racimo, que es uno de los
elementos esenciales del proyecto de ley que hoy estamos discutiendo.
Siendo esta la situación del derecho internacional, me van a permitir que
haga unas brevísimas referencias a la legislación española y a la
Administración española.
En este tema, la España democrática ha practicado siempre el principio de
anticipación, el principio de implementar los principios en que se basa
el derecho humanitario internacional, incluso antes de que estos hubiesen
sido incorporados a los instrumentos internacionales a los que me he
referido anteriormente. En este contexto, permítanme citar la Ley
33/1998, que es exactamente la que este proyecto pretende modificar, que
fue aprobada antes de la Convención de Otawa y que se refiere a la
prohibición de minas antipersonales, como figura en el título de la ley
al que me he referido al principio de mi intervención. El Consejo de
Ministros aprobó, el 11 de julio de 2008, un acuerdo -también antes de
que fuese obligatoria la Convención de Oslo-, por el que se prohíben las
minas de racimo, el segundo gran elemento de este protocolo. Me refiero
posteriormente a una proposición no de ley que fue aprobada por este
Congreso de los Diputados que insta al Gobierno a agilizar la aplicación
e implementación de la Convención de Oslo. Finalmente, me refiero a la
Ley Orgánica 5/2010, que modifica el Código Penal para incrementar y
acentuar las sanciones de aquellas personas que utilizasen las mimas de
racimo. Si la anticipación ha sido la norma, la regla que ha seguido la
legislación española, esa ha sido también la regla que se ha seguido en
nuestra práctica administrativa. Baste apuntar aquí que el Ministerio de
Defensa ha destruido ya el arsenal de todas las armas que son objeto de
la prohibición contenida en los instrumentos internacionales a los que me
he referido con cierto detalle. En segundo lugar, se insta, se obliga a
la industria a hacer lo mismo antes del 1 de agosto de 2018.
Permítanme ahora unas palabras sobre la enmienda a la totalidad que ha
formulado el diputado de Esquerra Republicana. El diputado pretende en
estos momentos una conversión, una modificación total del ordenamiento
español que se refiere a los aspectos militares de la política interior y
exterior. Pide nada más y nada menos que, antes de 2016, se reduzcan los
efectivos militares con que cuenta la nación a 50.000 hombres; pide que,
antes de esa misma fecha, los gastos militares se reduzcan nada más y
nada menos que a la mitad; y pide también que, en ningún caso, se
subvencione o se financie a las industrias militares que tengan
incidencia y se dediquen a la producción, comercialización o exportación
de armas. Estos tres aspectos, que son aspectos esenciales, a los que se
refiere la enmienda pretenden modificar la Ley 53/2007, que habla del
comercio exterior de armas, la Ley 33/1998, que es la que estamos
modificando aquí, aunque modificándola en términos mucho más amplios, que
exceden ampliamente el objeto de este proyecto de ley, y la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
Permítanme que les diga, señoras y señores diputados, como he señalado
anteriormente, que esta ley es de una extraordinaria importancia. Ha
habido a lo largo de la historia de los hombres quien ha hecho de la paz
su ideal de vida. Ese fue el ideal de nuestros renacentistas, de Moro, de
Erasmus, de Vives; fue el ideal después de Westfalia de 1698, cuando el
nacionalismo excluyente irrumpe con fuerza en la historia y se produce la
fragmentación de Europa; fue el sueño de Croce, de Penn y fue el sueño de
Kant y de Wilson. España da un paso más en este anhelo hacia la paz al
modificar la Ley 33/1998 para incorporar, como he señalado al principio
de mi intervención, la prohibición de las armas de racimo a la
prohibición de minas antipersonales y armas de efecto similar, que era el
objeto de la Ley 33/1998.
Por ser esta ley importante, pediría a sus señorías el voto unánime de la
misma. No quisiera terminar, señor presidente, sin agradecer al Grupo
Socialista y al Grupo de Convergència i Unió su actitud constructiva en
la ley de acción y del servicio exterior ayer en la Comisión de Asuntos
Exteriores. Dije desde el principio que era una ley de Estado, así lo han
entendido los grupos que han pasado de una votación negativa a una
abstención constructiva -lo de constructiva es una interpretación
personal a que nada les obliga-. En este tema, como en todo lo que se
refiere a la política exterior, el Partido Popular y el Gobierno quieren
llegar a los acuerdos más amplios posibles porque la política exterior,
si bien es dirigida por el Gobierno de acuerdo con nuestra Constitución y
si bien es competencia exclusiva del Estado, debe contar con la
aprobación y el consenso de las fuerzas que tienen vocación de gobierno,
porque solo así la política exterior española será una política conocida,
reconocible, pero visible y aceptada por nuestros socios y aliados. Por
tanto, reitero mi agradecimiento y reitero mi compromiso para intentar en
el Senado limar las posibles diferencias, que en mi opinión son bastante
menores, teniendo en cuenta la ambición del propósito que esa ley
propone; ley que, como saben sus señorías, será completada por la ley de
tratados, que ha entrado ya en esta Cámara, y por la ley de inmunidades,
lo que permitirá cerrar un marco referencial de toda la política
exterior. Este marco referencial, completado con la ley de cooperación,
será desarrollado por la estrategia de acción exterior, que también
vendrá a estas Cortes; por los planes directores en materia de
cooperación; por los informes de la marca España, y por los informes
anuales de acción exterior. Haremos explícita por primera vez en la
historia de la democracia la concepción de la política exterior para que
pueda ser conocida y compartida por la ciudadanía, que es a quien debemos
todos nuestros desvelos.
Termino pidiendo el voto favorable para esta ley, que completa el marco
referencial al que me he referido y agradeciendo a las fuerzas políticas
que ayer manifestaron una actitud tan constructiva su espíritu de
conciliación, de desarrollo de un marco explícito y de ambición de país,
si me permiten expresarlo así.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad por el
Grupo Mixto. Van a intervenir, en primer lugar, para defender la enmienda
el señor Tardà y, posteriormente, en fijación de grupo intervendrá el
señor Baldoví. Ahora tiene la palabra para la defensa de la enmienda el
señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, le veo un tanto expansivo en su autoestima. Yo le
reconozco que plantear un proyecto de ley para la eliminación de las
minas antipersonas puede ser una buena propuesta, no voy a negarlo, pero
también puede ser incoherente y un tanto engañosa -de ahí nuestra
enmienda a la totalidad con texto alternativo- si mientras tanto se
destinan tantos y tantos recursos a grandes proyectos armamentísticos que
hipotecan los recursos sociales y científicos, que generan un gran gasto
y producen un enorme endeudamiento; como también es o puede ser hipócrita
-se lo repito, hipócrita- si mientras tanto se venden armas con las que
se violan los derechos humanos, se tortura y se matan civiles tan
inocentes como aquellos que pisan una mina. Señorías, la eliminación de
las minas antipersonas o las bombas de racimo es un avance, cierto, pero
desde nuestro punto de vista muy insuficiente.
Cada vez son más los tratados respecto a la limitación de armamento, pero
el gasto militar armamentístico español no ha parado de aumentar, y todo
ello siguiendo la lógica perversa de que cuanto más y mejor se rearman
los otros Estados, más y mejor se debe armar el propio para combatir esa
amenaza. Se trata, pues, de una perversa espiral de potencial de
destrucción que sólo puede superarse poniendo fin a esta carrera
armamentística. El problema no son solo las bombas de racimo o las minas
antipersona, el verdadero problema radica en la capacidad armamentística
y destructiva global, especialmente desde las aplicaciones nucleares y
químicas. Por ello, Esquerra Republicana presenta una
enmienda a la totalidad -repito, con texto alternativo- para una
progresiva desmilitarización y desarme del Estado español en el contexto
de la seguridad y la defensa internacional.
Proponemos reducir a la mitad el gasto militar español en tres años tanto
en efectivos como en capacidad armamentística. Si el Partido Popular y
anteriormente el Partido Socialista fueron capaces de doblar el gasto
militar en la última década, podrán recortarlo -digo yo- a la misma
velocidad con la que recortan las políticas sociales. Proponemos la
anulación de programas -repito, de programas- especiales de armamento,
que generan una deuda creciente de miles de millones de euros, y también
proponemos la desmilitarización de las políticas públicas, de manera que
el Gobierno no pueda subvencionar u otorgar ayudas o créditos a empresas
con finalidad militar y, por supuesto, exigimos el retorno de los
créditos efectuados. Proponemos la desmilitarización de la vida social,
no pudiéndose realizar desfiles ni exhibiciones militares o maniobras
fuera de los terrenos militares. Proponemos la modificación de la Ley de
Armas para que haya un exhaustivo y eficiente control y limitación de su
exportación, que no se continúen vendiendo armas a países que cometen
crímenes de guerra u otras violaciones de los derechos humanos.
Proponemos que las entidades bancarias -a ver si se atreven, señor
Margallo- deban ser transparentes en sus inversiones en armamento, como
lo son ya en Italia. Y proponemos que no se puede utilizar, como se ha
hecho hasta ahora de forma vergonzante, el Fondo de contingencia para
enmascarar el incremento del gasto militar.
En definitiva, los republicanos les proponemos la promoción de la cultura
de la paz, reconociendo como instrumentos de resolución de conflictos la
diplomacia y las instancias internacionales, cosa muy distinta -repito,
cosa muy distinta- de la cultura del Estado español, a pesar de lo que
diga usted, señor Margallo. Alejados de esta cultura de la paz, se ha
doblado en la última década el gasto militar, que vive muy por encima de
sus posibilidades, tanto es así que la deuda militar alcanza ya 30.000
millones, cifra reconocida por el propio ministro que además tenderá a
crecer. No tiene sentido que sin tener en cuenta esta deuda el Estado
español tenga -y esto lo cuantifica perfectamente el Centre Delàs- un
gasto militar de 45 millones de euros al día, lo cual supone un gasto
medio anual por persona de 350 euros. Y lo peor, señorías, es que el gran
crecimiento del gasto militar y de la deuda se ha producido a raíz de los
grandes superproyectos armamentísticos, totalmente cuestionables, y pongo
como ejemplo aquello que dijo el exsecretario de Estado de Defensa,
Constantino Méndez, antes de abandonar el Gobierno -por cierto, podía
haberlo dicho antes, no a las puertas de salir del Gobierno socialista-.
Dijo -cito textualmente-: No deberíamos haber adquirido sistemas que no
vamos a usar para escenarios de confrontación que no existen y con un
dinero que no teníamos entonces ni ahora. Es decir, nos han endeudado
para comprar un armamento que no van utilizar más que en maniobras.
Asimismo, si tenemos en cuenta las amenazas reales del Estado, así como su
inserción en las estructuras de defensa y seguridad internacional,
tenemos que convenir que el Ejército español está sobredimensionado y
sobrearmado, y por ello consideramos que es oportuna una reflexión y una
redimensión de los efectivos militares. Hay que adaptarlos a los
compromisos internacionales y a un contexto de seguridad europea en el
marco de la defensa común de la OTAN. De hecho sorprende que la Unión
Europea tenga más efectivos militares que los propios Estados Unidos,
pese a tener una menor potencia militar. La Unión Europea, en
consecuencia, debería caminar hacia un proceso de integración militar en
el que cada Estado aportase de manera racional su cuota alícuota a la
defensa y a la seguridad común. En ese sentido, creo que no miento cuando
digo que otros Estados europeos están haciendo los deberes: Alemania ha
reducido en 40.000 efectivos su ejército; Francia, 54.000; Italia,
33.000; Reino Unido, 20.000. Por ello, creo que nuestra iniciativa es
racional, proponemos que se limite a 50.000 los militares que conforman
el Ejército español.
Señorías, en el contexto de crisis nos parece absolutamente inmoral que se
recorte en sanidad, en educación o en pensiones mientras se mantiene el
gasto militar en grandes proyectos armamentísticos. Nos decía hace poco
un portavoz del Partido Popular -creo que con excesiva sorna- desde esta
tribuna que no se podía recortar más el número de efectivos del Ejército
español. Y nosotros le respondemos: Si han recortado en médicos y
hospitales, si han recortado en profesorado y educación, si han recortado
en pensiones y derechos, ¿por qué razón no se puede recortar en soldados
y armas? A ver, señor Margallo, díganos por qué razón, por qué pensiones
sí, por qué educación también, por qué sanidad también, y armas no. Suba
aquí y díganoslo.
El Gobierno del Partido Popular y también el Gobierno del Partido
Socialista siempre nos mintieron en la presentación de los Presupuestos
Generales del Estado, porque los Presupuestos Generales del Estado -y
este último presentado también- son presupuestos no realistas, que
pretenden enmascarar
el verdadero gasto militar. Por un lado, a lo largo del año, y año tras
año, han incrementado el gasto militar de manera tan exagerada como
descarada. En los últimos diez años el presupuesto ejecutado por el
Ministerio de Defensa ha crecido una media anual -atención- de 1.500
millones respecto a su asignación inicial, y esto se ha hecho, tanto
mediante el Fondo de contingencia, cuyo destino militar copa más de dos
terceras partes, como mediante deuda pública, por cierto deuda pública
directa e indirecta; directamente cuando ya se había agotado el Fondo de
contingencia e indirectamente cuando los gastos que deberían ir con cargo
a Fondo de contingencia no pueden ser atendidos por el mismo fondo,
porque ya ha sido agotado por el gasto militar. Perverso, absolutamente
perverso.
Además -voy terminando, señor presidente- los distintos Gobiernos han
tenido el cinismo de no contemplar en el Ministerio de Defensa todo el
gasto militar. Según el estudio de un profesor llamado José Toribio -creo
que es reconocido, al menos son reconocidas sus obras-, ha sido repartido
hasta en doce ministerios distintos, camuflando el gasto militar, porque
incluso les avergüenza a ustedes. Especialmente gravoso es el gasto
militar en I+D a costa del I+D civil, que ha situado a este último en los
últimos años en escenarios agónicos. Y en relación con este aspecto hemos
de subrayar y denunciar las ayudas al I+D militar en forma de créditos
blandos, que no sabemos si van a devolverse, y que en los últimos quince
años han ascendido hasta la cifra de 16.000 millones.
Por todo lo explicado, señorías, presentamos a votación esta iniciativa.
No podemos obviar que el gran problema es el gasto armamentístico global
y la capacidad destructiva. Sin duda, señor ministro -se lo acepto-,
nuestra propuesta es mejorable, incluso puede resultar petulante que yo
le diga que estamos dispuestos a dialogar -sé que puede ser un pecado de
petulancia; en todo caso usted sabrá entenderlo-. Estamos dispuestos a
llegar a acuerdos porque de lo que se trata es de avanzar en el desarme.
Lo que no vale es lavarse hipócritamente la cara viniendo a este
Parlamento a decir que como demócratas, que como Estado democrático con
esta ley -que repito que no digo que no sea progresista- ya podemos
encarar el siglo XXI. Entendemos que por este cariz marginal, tangencial
del problema, y por ser un tanto hipócrita, creo que deberían contemplar
la posibilidad de votar afirmativamente la enmienda a la totalidad
presentada por los republicanos catalanes con texto alternativo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Para fijación de posiciones, dentro del Grupo Mixto, tiene la palabra el
señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Entendemos, señor ministro, que esta era una ley necesaria, conveniente,
pero también entendemos que insuficiente para conseguir los objetivos
pretendidos. Intentaremos argumentarlo. Es llamativo que, bajo la
prerrogativa de avanzar en la legislación sobre la prohibición de este
tipo de armas, nos encontremos -con la inclusión en el artículo 2 que
regula las prohibiciones- con un serio paso atrás, como es la posibilidad
de cooperar en operaciones militares en las que se haga uso de este
armamento. El compromiso de no uso y destrucción debe incorporar las
acciones necesarias para constreñir al resto de países a incorporarse a
la convención y a dejar de usar este armamento. Lo contrario significaría
apartarse del espíritu del Tratado de Oslo. Colaborar con Estados que lo
usan en acciones militares equivale a usarlo, equivale a no avanzar.
Lo mismo ocurre con la financiación. Entendemos que debería prohibirse
expresamente, tal y como han reclamado desde Stop Inversiones Explosivas.
Es necesaria una prohibición de la financiación más contundente para
evitar la vinculación hoy existente entre las entidades financieras
españolas o que operan en España y estas armas, estos bancos que destinan
el dinero de los depósitos de todos a la compraventa de armas. De otra
parte, ni siquiera se impone un plazo propio para informar del número de
armas y para su destrucción. Se es tan laxo que las empresas tienen
perfecto tiempo para vender todo su armamento: el plazo más breve
posible. Estaremos de acuerdo en que no es demasiado útil para avanzar.
Nos hacemos algunas preguntas. ¿Se ha sancionado a alguna empresa por
incumplir la ley vigente de 1998? ¿Se ha perseguido el incumplimiento de
la ley? ¿Por qué se vuelve a dejar en manos de las empresas de
fabricación de armamento el cumplimiento de una ley que obliga a destruir
lo que ya han fabricado? ¿De dónde les viene la confianza en estas
empresas, que trabajan con total opacidad? Imagino que su confianza en el
sector viene de conocerlo desde dentro. No es ningún secreto que el mismo
ministro de Defensa fue consejero de una de las empresas que fabricaba
bombas de racimo, una compañía que -recordemos- cuando el Gobierno
decidió la destrucción del arsenal de las Fuerzas Armadas solicitó una
compensación de 40 millones de euros en conceptos de daño emergente y
lucro cesante, una
empresa que hay que tener en cuenta que facturó 6 millones en el año 2009,
que tenía unas existencias de este armamento de racimo -el MAT-120- de
solo 3,9 millones, y exigía al Gobierno 40 millones en concepto de daño y
lucro cesante. El señor ministro dejó esta empresa solo un mes antes de
las elecciones generales, y puede que el nombramiento fuera legal, no lo
dudamos, pero diríamos que no sería muy ético ni muy estético. La
realidad es que esta empresa sigue incluyendo en su catálogo el MAT-120
-si entran ustedes a su página web lo podrán ver-, aunque explican que se
trata de munición de racimo prohibida por el Consejo de Ministros.
Acabo. ¿Va a cambiar algo con esta ley o seguirán publicitando estas
empresas su venta? Eso sí, haciendo constar que es legal. Desde
Comprimís-Equo queremos no solamente que se exprese claramente la
voluntad del Estado español, incluidas empresas y bancos, de no tener
nada que ver con estas armas que provocan daños irreparables sobre la
sociedad civil, sino que queremos realidades, y es precisamente para ello
para lo que valen estas leyes: para cambiar las cosas. Anunciamos nuestro
voto favorable a la enmienda que presenta Esquerra Republicana.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco
(PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señoras y señores diputados, tenemos un pequeño problema.
Yo no voy a entrar a valorar la oportunidad e incluso la necesidad de la
enmienda a la totalidad que ha presentado Esquerra Republicana de
Catalunya, porque para mi grupo el problema, si es que lo hubiere, no es
si este texto es bueno o malo, si es correcto o incorrecto, si
jurídicamente está enraizado o atado o es desatinado, o incluso si
estamos a favor o en contra del mismo. El asunto que crea confusión es
que la propuesta de Esquerra Republicana, en vez de ser una enmienda a la
totalidad a este proyecto de ley, una enmienda a la totalidad de la
modificación de la Ley 33/1998, debería ser en sí un proyecto de ley,
porque de esta manera podríamos analizar exactamente lo que dice ese
proyecto de ley para poderlo enmendar, poderlo mejorar o poderlo
cuestionar. Lo que ocurre es que de esta manera lo que se hace es
desvirtuar la intencionalidad y los objetivos del verdadero proyecto de
ley que se pretende modificar: la Ley 33/1998, y su propuesta de
modificación a nuestro entender tiene suficiente entidad como para ser
tratada y tramitada en su integridad, haciendo de esa manera las
sugerencias necesarias, las modificaciones necesarias y todas las
críticas que estimamos oportunas a este proyecto de ley. Por lo tanto mi
invitación a Esquerra Republicana a que pudiera presentar este proyecto
de ley y lo debatiéramos, porque mi grupo no tiene ningún miedo ni ningún
terror, como algunos parece que lo tienen, a tratar temas de armamento,
de ejército, de función de fuerzas armadas, de compraventa, de industria,
etcétera, porque todas son cuestiones que debemos debatir. Por eso no
vamos a entrar a tratar el asunto que propone Esquerra Republicana ya que
verdaderamente consideramos que lo que se debe tratar es lo que dice la
propuesta de modificación de este proyecto de ley.
Tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo, como el ministro ha
indicado, lo que se propone es una modificación de una ley que en su día
decidió la prohibición total y absoluta de la barbaridad de las minas
antipersonas para incluir otra barbaridad que estaba quedando fuera, la
capacidad de arrasar que tenían las famosas bombas de racimo, bombas que
como bien sabemos dejan unas consecuencias nefastas, sobre todo en la
población civil. Precisamente la guerra siempre es inhumana, siempre es
injusta y siempre deja consecuencias, pero quienes más las pagan suelen
ser aquellas personas y aquellas sociedades que menos implicación han
tenido y menos defensa tienen para combatir contra aquello que le dejan.
Decía un ilustre pensador que hemos dejado la tierra sembrada de minas en
lugar de trigo. Creo que precisamente los sitios que más han padecido la
barbarie de las bombas de racimo, de las minas antipersonas están hoy en
día tan sembrados de ellas que no pueden ni arar ni sembrar su tierra,
porque no saben que si pisan un lugar para hacer un hoyo igual pueden
salir volando. La capacidad destructora, tanto de las minas antipersonas
como de las bombas de racimo precisamente era perversa en su origen,
porque lo que pretendía era mutilar y herir, inutilizar a ejércitos y a
personas, porque es mucho más complicado mantener un herido que un
muerto. Esa es precisamente la perversión que desde una perspectiva
seguramente de lo más inhumano que puede haber en la guerra ha existido
cuando se ha tratado este tipo de armamento, este tipo de munición.
Según el representante de Unicef en Irak, Carel de Rooy, la curiosidad
natural de la infancia convierte a los niños y niñas en víctimas
frecuentes de las municiones que no han explotado, por su colorido, por
su vistosidad, porque juegan con ellas incluso. Unicef informa de que los
jardines y los tejados de algunos vecindarios están cubiertos de bombas
de racimo de pequeño tamaño, algunas en forma de minúsculas botellas, con
cintas cortas, y otras amarillas con paracaídas de papel de seda; bombas
más pesadas que no han explotado se encuentran a veces enterradas por el
impacto en el suelo de casas ocupadas por familias que no tienen ningún
otro lugar donde vivir, y duermen encima de minas sin explotar o de
bombas de racimo. La Cruz Roja dice que evidentemente al trabajar en
zonas de conflicto es testigo directo de las consecuencias que tienen
estas bombas de racimo; en el plano humanitario las bombas de racimo y
otras municiones tienen un impacto directo; estas armas siguen matando e
hiriendo a personas civiles mucho tiempo después de terminado el
conflicto. Podríamos hablar de muchos más testimonios. Por lo tanto creo
que este es un debate en el que constantemente tenemos que estar mirando
a lo que se ha hecho y a lo que se pretende hacer. Pero creo que hay dos
puntos fundamentales al tratar este tema: participamos -como no podía ser
de otra manera- en todas las convenciones, en todos los convenios
internacionales, en todos los protocolos que prohíban definitivamente el
uso, el almacenamiento, y por supuesto la fabricación, y la
obligatoriedad de la destrucción de las mismas de los arsenales
existentes. Pero hay un elemento que es fundamental, ¿qué hacemos con ese
mundo sembrado que existe hoy en día? ¿Qué hacemos con las consecuencias
de aquello que ya se hizo en su día, de todas aquellas minas y bombas de
racimo que siguen todavía campando a sus anchas en prados, ciudades y
tierras, sobre todo en países que poca posibilidad tienen por sus propios
medios de poder desminar? A ello se dirige el artículo 6, señor ministro.
Mi grupo, si es que enmienda, va a ser muy beligerante, en el buen
sentido de la palabra, para que el artículo 6 sea de obligado
cumplimiento, porque compromete al Estado a participar económica y
técnicamente en todas las labores de desminado, en todas las labores de
limpieza de estos lugares. Me gustaría saber qué es lo que se ha hecho
hasta ahora, qué es lo que está pasando, porque hoy en día, a pesar del
compromiso adquirido, no lo digo solo por el Estado español, sino por
todos los Estados que han adquirido sus compromisos en los protocolos,
siguen existiendo verdaderas barbaridades. Imágenes que podemos ver en
Camboya, en Irak, en Colombia, incluso en Bosnia en su día, no digamos en
África. Hasta en el Sáhara hay campos minados.
Esta es una ley muy importante. Y vuelvo repetirle al compañero, señor
Tardá, que seguramente su proyecto de ley también, porque algo de esto
hay que hablarlo, porque las armas existen, porque existe una industria
que las fabrica, porque hay alguien que las compra y alguien que las
vende. Pero la ley que hoy pretendemos modificar, y que lo haremos
después en Comisión una vez pasado este trámite, tiene suficiente
enjundia como para que tengamos clara nuestra posición. Entiendo, acepto,
y como no podía ser de otra manera me alegro de que se haya incorporado
en la legislación española el tema de las bombas de racimo, y que haya ya
un elemento que jurídicamente lo sustente, independientemente de las
declaraciones y de las proposiciones no de ley que existan, porque creo
que es un tema importante. No vamos a huir del debate. Participaremos en
él todas las veces que haga falta. Es importante que la visión
humanitaria y de derecho internacional sean las que rijan todas estas
cuestiones. Como he dicho, algunas imágenes producidas por el uso de este
armamento dejan herido sensiblemente a cualquiera que haya podido
participar en alguna legislación que permita que eso pueda ser usado. En
nombre de mi grupo manifiesto que no vamos a apoyar la enmienda por el
sentido que decía, porque nos parece que tiene suficiente enjundia como
para poder tratarse en su momento, pero no como una enmienda a la
totalidad a este proyecto de ley que pretende una modificación que
creemos que es importante.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra
la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.
Señor ministro, señorías, hay dos asuntos que voy a tratar en esta
intervención. Uno es el proyecto de ley que modifica la Ley de
prohibición total de minas antipersonal y otro es la enmienda que plantea
Esquerra Republicana. Hay un tercer asunto que ha sacado a colación el
ministro, que yo hubiera pensado que era mejor no abordar, que es lo que
ocurrió ayer en la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con la ley
de acción y servicio exterior. Aquello fue tan delirante que yo hubiera
pensado que era mejor no mencionarlo nunca más en la vida parlamentaria
española. Pero ya que se ha mencionado sí subrayo el razonamiento
perverso que hay tras esa afirmación de que grupos como el mío, a los que
se les ha
excluido prácticamente de la negociación, después engrosen la categoría de
grupos ineptos para negociar o ineptos para gobernar, como ha sugerido el
señor ministro, que sin duda ha dejado claro que entre esos aliados
figura el posible Estado de una Cataluña independiente, ya que ha
negociado esa ley en su mayor parte con el mismo partido que desde
Cataluña pide la independencia para ese territorio.
Entrando en el proyecto de ley de modificación de la Ley de prohibición
total de minas antipersonas es una actualización normativa mediante la
cual aplicamos los compromisos adquiridos por nuestro país en la
Convención diplomática de Dublín, y que mi grupo considera un avance.
Creo que es importante dejar claro que apoyamos esta firma, apoyamos este
proyecto de ley, y estamos satisfechos de esa posición de vanguardia que
suele tener nuestro país en este tipo de convenciones y de instrumentos
normativos internacionales para contribuir al desarme, para contribuir
particularmente a la erradicación del armamento que resulta más dañino y
más cruel contra la población civil, y para de alguna manera poner
límites a eso que parece que es ilimitadamente irracional como es la
guerra. Nosotros la aplaudimos y desde luego apoyaremos este proyecto de
ley.
Hay un aspecto no obstante que sí nos gustaría matizar, ya que en el
artículo 2.3 del proyecto de ley o bien quedan dudas sobre lo que se
pretende o bien desde nuestro punto de vista nos hemos quedado cortos.
Dice este artículo que no se interpretarán como actividades prohibidas en
esta ley la cooperación militar y participación en operaciones militares
por el Estado, su personal militar o sus nacionales con otros Estados que
no sean parte de la convención. Y sucede que uno de los países que no
forma parte de esta convención es Estados Unidos; tampoco China, India,
Rusia, Pakistán, pero es Estados Unidos uno de nuestros principales
aliados, y ha supuesto un apoyo fundamental en las últimas décadas en
muchos de los teatros de operaciones en los que ha participado España.
Por lo tanto a la hora de regular este armamento desde nuestro punto de
vista debería prohibirse en todos los ámbitos, incluidos los de
cooperación militar y participación en operaciones militares por el
Estado, independientemente de que los países que formen parte de esas
coaliciones sean o no firmantes de esta convención.
Dicho esto, respecto al proyecto de ley en sí, paso a hablar de la
enmienda de Esquerra. En primer lugar, nos produce una enorme perplejidad
-ya ha sido señalado por otros grupos- esta enmienda que desde nuestro
punto de vista vulnera claramente el Reglamento del Congreso. Su artículo
110.3 dice literalmente: "Serán enmiendas a la totalidad las que versen
sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto de
ley...". Y nos parece que es muy claro que esta enmienda no se ciñe a
estos requerimientos. No habla de los principios y del espíritu del
proyecto de ley, sino que como ya se ha señalado prácticamente es un
proyecto de ley alternativo. Presenta una política de defensa
alternativa, una política de defensa completa, alude a modificar o
sugiere la necesidad de modificar otras leyes que no guardan relación con
este proyecto de ley, y desde luego supera los límites que establece el
Reglamento. Del mismo modo este Reglamento establece en su artículo 31
que corresponde a la Mesa la función de calificar los escritos y
documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o
inadmisibilidad de los mismos. Desde nuestro punto de vista esta enmienda
no reúne los requisitos para ser admitida por la Mesa como discusión de
enmienda a este proyecto de ley relacionado con la Convención de Dublín y
con la munición de racimo.
Por entrar un poco en el fondo del asunto que plantea la enmienda se trata
prácticamente de desmantelar las Fuerzas Armadas españolas, lo cual tiene
coherencia con el proyecto político que representa Esquerra Republicana-.
Supondría dar un vuelco generalizado a la regulación de defensa, y aborda
incluso cuestiones de reducción de personal que desde luego no es el
lugar para tratarlas esta iniciativa. Desde nuestro punto de vista
tenemos unas Fuerzas Armadas cada vez más mermadas de efectivos y no por
la austeridad económica, sino por una pésima planificación de gasto en
torno a los programas especiales de armamento, que son la verdadera causa
de la ruina del ministerio, y que están poniendo en riesgo la
operatividad y la eficiencia de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo el
cumplimiento de la misión que tienen encomendada, de acuerdo con la
Constitución.
En lo que concierne al gasto militar podemos estar de acuerdo con el señor
Tardà en que existen ciertos gastos desmesurados, pero desde luego no en
la parte de mantenimiento de estructuras y personal militar -se podría
optimizar algunos recursos-. El gran problema son los compromisos
adquiridos con las industrias armamentísticas con intereses corporativos
de por medio, y en la pésima planificación presupuestaria que se ha hecho
de estos compromisos. Como hemos dicho en alguna otra ocasión aún no se
ha pinchado, aún no ha explotado la burbuja armamentística, y nuestro
país ha empeñado presupuestos, tanto del Ministerio de Defensa como de
otras partidas, en una teórica modernización de armamento que no es
perversa en sí misma -y en algunos aspectos es necesaria-,
sino que está desenfocada respecto a las nuevas misiones, las estrategias
y las amenazas a las que se enfrenta nuestro país hoy, y que están
definidas en la Directiva de Defensa Nacional y en la estrategia de
seguridad nacional. Y además esto se ha hecho en condiciones de
secretismo y opacidad que consideramos inaceptables en un país moderno.
Pero todo ello no justifica escribir una iniciativa -que, como decimos,
nos parece incluso inadmisible desde el punto de vista reglamentario-
como esta con una brocha tan gorda como para afirmar que algunos de los
programas especiales de armamento, como el helicóptero tigre, no han sido
empleados más que en maniobras; precisamente los tigre, señor Tardà, han
intervenido en zona de operaciones y han sido de inestimable ayuda para
la operación de repliegue de nuestras tropas de Afganistán, operación de
repliegue que como sabe es una de las más peligrosas para cualquier
ejercito.
Sobre las exportaciones de armas a países llamados conflictivos
coincidimos en que es necesario un mecanismo regulador mucho más
estricto, ya que observando las partidas que se destinan a los diferentes
países se demuestra que se sigue exportando material bélico a países de
dudosa estabilidad democrática.
Y por último, el artículo ocho, en el que Esquerra añade una disposición
transitoria, relativo al armamento y material nuclear, nos parece que
queda directamente fuera del marco legal que debe amparar esta ley, por
tratarse de una regulación que se aborda en ámbitos nacionales e
internacionales. Consideramos que su enmienda defiende una cultura de paz
mal entendida, y para trasladarle lo que entendemos nosotros por cultura
de paz nos remitimos a la Resolución 53/243 de Naciones Unidas, la que
aprobó la Declaración y programa de acción sobre una cultura de paz, que
decía -y cito literalmente-: Una cultura de paz es un conjunto de
valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida. El
desarrollo pleno de esta cultura de paz está ligado a cuestiones como la
promoción del arreglo pacífico de los conflictos, el respeto y el
entendimiento mutuo, y la cooperación internacional, el cumplimiento de
las obligaciones internacionales contraídas en virtud de la Carta de
Naciones Unidas, y el derecho internacional, la promoción de la
democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Reducir
todo esto a una disminución del gasto militar, del personal militar y a
un desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, en lo que sería un desarme
unilateral de nuestro país, que no contribuiría en nada a la paz mundial,
a pesar del discurso en contra del Grupo de Esquerra, reducir todo a una
iniciativa que como he dicho además está fuera de lugar desde el punto de
vista parlamentario, en nuestra opinión sería una utilización pésima de
este instrumento de acción multilateral, que es el que estamos incluyendo
y trasponiendo a la legislación española mediante este proyecto de ley,
que es fundamental -ese sí- para el desarme y para construir la sociedad
del futuro. Por todo ello no votaremos a favor de la enmienda de
Esquerra.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural,
tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.
Señor ministro, la enmienda a la totalidad que presenta el señor Tardà, en
nombre de Esquerra Republicana de Catalunya, es una buena propuesta, pero
es cierto que es una buena propuesta en la cual nuestro grupo estaría
dispuesto a trabajar si tuviésemos que tramitar, por ejemplo, una ley de
fomento de la paz, el desarme, la cooperación y la seguridad, y por tanto
creo que esta iniciativa no debe olvidarse y debe ser un texto importante
de referencia en el marco de una tramitación legislativa que pudiese
positivizar este conjunto de aspectos. Ahora bien, a nuestro grupo
parlamentario le interesa que hoy se apruebe esta propuesta que estamos
discutiendo, porque el debate que estamos teniendo es si la legislación
internacional y por tanto nuestro ordenamiento jurídico avanza o no en un
tema tan importante como la prohibición de las minas antipersonas,
básicamente porque el derecho internacional en su globalidad debe avanzar
también en la prohibición y eliminación de armas de las que, por sus
efectos devastadores, su fabricación debería ser un delito criminal, así
como su venta y comercialización, y por supuesto su uso. Por tanto, hoy,
armas nucleares, armas químicas o biológicas, las llamadas armas de
destrucción masiva, pero también las minas antipersonas o las bombas de
racimo son elementos en los que en general el derecho internacional debe
ir avanzando de forma decidida hacia su prohibición y eliminación. El
proyecto de ley que estamos discutiendo hoy va en esa línea. Ahora
criticaré algunos aspectos en los cuales podemos y debemos mejorar, pero
sin duda debemos avanzar. Aún recuerdo las terribles imágenes en el año
2009 del Ejército de Israel lanzando bombas de fósforo sobre la población
civil de la Franja de Gaza. Si se acuerdan de aquellas imágenes, la bomba
se abría en el cielo y un conjunto de hilitos aterrizaban sobre
escuelas, sobre barrios y sobre casas. Es una de las fotografías más
terribles de los últimos años que nos demuestra que este tipo de
armamento es terrible y que su utilización por cualquier tipo de ejército
de cualquier país debe ser radicalmente prohibida y perseguida. Creo que
ese es un objetivo importante.
¿De qué habla la propuesta que estamos discutiendo? Define de qué estamos
hablando, prohíbe evidentemente, habla de la destrucción de los
arsenales, exceptúa aquellos casos que no son competencia de esta ley,
habla de la cooperación internacional como un elemento complementario de
estos objetivos y habla también de la financiación. Precisamente el tema
de la financiación es uno de los aspectos en el cual aún tenemos que
avanzar. Todos los grupos que hemos intervenido hasta ahora hemos
repetido algunas faltas de este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque todos
nos hemos sentado con organizaciones no gubernamentales especializadas en
el avance en la prohibición de armas de destrucción masiva en el marco
del derecho internacional. Por tanto, tendríamos que poder hablar de la
prohibición de la financiación aplicada especialmente a empresas que son
beneficiarias de ayudas. Estamos hablando del complejo financiero
militar, que recibe importantísimas ayudas públicas y que es un lobby de
presión muy relevante a nivel internacional que determina políticas de
Estados y también parte del derecho internacional precisamente. Este es
un problema. Las minas antipersonas son un negocio y por eso son un
problema, porque son un negocio. Hay empresas que las fabrican y hay
personas que las venden, y con esa fabricación y con esa venta se gana
dinero, pero sabemos que los efectos de este tipo de armamento son de
alta destrucción. Hay que entrar de forma directa en los canales de
financiación y en el complejo financiero militar, que debe tener topes;
no puede hacer cualquier cosa porque con ello gane dinero. Este es un
aspecto importantísimo que también debe ser tenido en cuenta. Y en
segundo lugar, por supuesto, la participación de España en misiones
militares o en colaboración militar con países que no han firmado estos
tratados también debe ser limitada. Cuando España se relaciona con Israel
debe tener en cuenta este tratado y esta ley que hoy estamos discutiendo
aquí. No puede ser que el Congreso de los Diputados vaya por un lado y
las relaciones diplomáticas españolas con países como, por ejemplo,
Israel vayan por otro. Tienen que ir en el mismo sentido, por el mismo
camino. Si hay un país, el que sea, que usa este tipo de armas y las
almacena, es un país al que debemos señalar con el dedo. No puede ser que
nuestra diplomacia haga oídos sordos ante este tema.
Acabo. Hoy damos un paso adelante importante. Las minas antipersonas, las
armas de efecto similar son una cuestión que horroriza a nuestra
humanidad. La legislación, la comunidad internacional y este Parlamento
tienen la obligación de dar un paso hacia la civilización, hacia la paz y
hacia el desarme. Por tanto, repito, este tratado cuenta con nuestro
apoyo, pero la enmienda a la totalidad no la vamos a poder votar
afirmativamente, lo que no significa ni mucho menos un desprecio, sino
que es un debate vivo que seguiremos haciendo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor
Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, esta
mañana afrontamos, por una parte, la votación de un instrumento legal
importante para adaptar un compromiso internacional, la Convención de
Dublín, a la legislación española a través de esta ley de adaptación.
Afrontamos también una enmienda a la totalidad con texto alternativo
presentada por Esquerra Republicana. Permítanme que me refiera a estos
dos puntos, subrayando y poniendo especialmente el acento en la
importancia de lo alcanzado, en la importancia de este compromiso de la
comunidad internacional del cual el Estado español participa y participó
desde el primer momento, quizá no con tanta convicción como al final se
acordó en Dublín: el compromiso sobre la prohibición total de las minas
antipersonas, un compromiso que el Estado español ya tenía desde hace
tres legislaturas y al que se suma también la prohibición total de uso de
las bombas de racimo por parte el Ejército español, por parte del Estado
español, así como el compromiso de fomentar también esta prohibición por
parte de los Estados que aun no han firmado, que evidentemente es uno de
los grandes retos diplomáticos pendientes.
Señorías, alguien ha irrumpido hoy aquí, legítimamente, planteando algunos
debates sobre defensa a los que haré referencia a continuación, pero
algunos llevamos tiempo siguiendo esta causa de la prohibición total de
las minas antipersonas y de las bombas de racimo. Quiero recordar que el
anterior Gobierno español fue a la negociación en Dublín con una posición
más débil que el resultado final de los acuerdos de Dublín, en concreto
por la existencia de una empresa española de fabricación de bombas de
racimo
ubicada en una comunidad autónoma del norte del Estado; el anterior
Ejecutivo presentaba incluso reservas mayores respecto de lo que
finalmente se acordó en Dublín. En su momento, en el debate en la
Comisión de Defensa sobre el informe anual de comercio de armas,
preguntamos al secretario de Estado de Comercio si el Gobierno
consideraba que era necesaria una ley de adaptación de la legislación del
Estado al convenio internacional. El secretario de Estado de Comerció nos
dijo que esta ley no era necesaria, pero, señorías, estamos tramitando
esta ley que sin duda era necesaria para la adaptación. El Gobierno ha
adquirido un compromiso, la destrucción absoluta del armamento que
depende del Ministerio de Defensa, y hay un horizonte, que es el 1 de
agosto del año 2018, para la destrucción por parte de las empresas
privadas, si bien tiene que haber un trabajo de fomento, de empuje para
intentar que se culmine antes de este horizonte aún lejano.
Señorías, hay otro reto al que ya he hecho referencia hace un momento, que
es incorporar en las relaciones internacionales, en el diálogo
internacional con Estados miembros que aun no han adquirido el compromiso
de la destrucción absoluta de minas antipersonas y bombas de racimo, un
diálogo crítico para empujar a la ratificación de los instrumentos
internacionales, y lo que vale para la destrucción de las bombas de
racimo vale también para la destrucción del armamento químico.
Desgraciadamente, algunos países -y países muy importantes, como ustedes
saben- no han firmado los instrumentos internacionales.
Señorías, a esta ley que hoy discutimos y que vamos a tramitar se ha
presentado una enmienda a la totalidad por parte del Grupo de Esquerra
Republicana sobre el gasto en defensa y especialmente sobre el gasto
desmesurado en los programas especiales de armamento, los PEA, los 31.000
millones a los que se llegó, que es un tema, señor Tardà, al que el Grupo
Catalán y quien les habla han dedicado horas de trabajo, de estudio y de
interpelación al actual Gobierno a través de alguna interpelación al
ministro de Defensa -porque seguramente esto es más materia de Defensa- y
también a la anterior ministra de Defensa, y sin duda sí, los programas
de armamento son un gran despropósito y una gran desmesura, que empezaron
con el ministro Trillo, continuaron con la ministra Chacón, y que el
actual Ejecutivo nos tendría que haber presentado, y no lo ha hecho
después de dos años de legislatura, un programa de reprogramación en la
financiación de estos programas especiales. Recuerdo que el ministro de
Defensa, en su primera comparecencia al inicio de la legislatura, anunció
en Comisión su compromiso de presentar un programa de reducción de estos
31.000 millones, de los cuales tienen mucha responsabilidad el actual
Gobierno y los anteriores, pero especialmente hay un día en el cual se
deberían haber tomado medidas. El 12 mayo del año 2010, en esta tribuna,
en una intervención de veintiocho minutos el presidente del Gobierno
anunció que España estaba a las puertas de la intervención y que se tenía
que afrontar una reducción drástica en los distintos ministerios. En los
siguientes días los diferentes ministros comparecieron en sus
correspondientes comisiones para mostrar las reducciones presupuestarias
en cada uno de sus ministerios, excepto la ministra de Defensa del
momento, que seguramente en un cálculo de lo que era alguna aspiración de
cara a la lógica interna de su partido evitó afrontar este recorte
presupuestario. Tuvimos que enterarnos el día 26 septiembre del año 2011,
a cuatro días para la disolución de las Cortes y la convocatoria de las
elecciones, a través de una comparecencia del secretario de Estado
Constantino Méndez, de este gran desbarajuste y desmesura en los
programas de armamento. En todo caso, señor Tardà, hay algunos extremos
en los cuales discrepo. Usted impugna frontalmente el I+D+i militar, que
también en la historia del siglo XX ha terminado teniendo consecuencias
positivas para el uso civil. En todo caso, señor Tardà, este es un debate
que nos trae a colación y que en su momento seguramente podremos
afrontar, no a través de una enmienda de sustitución que dejaría sin vida
una ley que se tiene que tramitar sin duda.
Señor ministro, ya que usted ha hecho referencia a la Comisión de Asuntos
Exteriores de ayer, voy hacer un muy breve comentario. Le agradezco sus
palabras; ayer mantuvimos nuestro espíritu constructivo. Le tengo que
explicar -no confesar, porque en una tribuna, en público, no se confiesa
nada- que ayer fue un infierno, que ayer costó mucho honrar los
compromisos adquiridos; que en mis años de actividad parlamentaria no
había vivido nada como lo que viví ayer; y que ayer nació una estrella de
la ductilidad parlamentaria, porque estuvimos a un tris de que se
dinamitara un trabajo hecho durante meses para intentar encajar -a partir
de un pacto político, al cual honramos- todas las aspiraciones. Y, señor
ministro, algunas cosas se quedaron por el camino. Sin entrar en
detalles, porque no es el momento, algunos de estos extremos se tendrán
que afrontar en el Senado. Nos quedamos encallados en un registro
público, constante y abierto de los viajes de los cargos de las
comunidades autónomas; evidentemente harían ineficaz su trabajo si usted
tuviera que hacer públicos todos sus viajes y todas sus reuniones. La
eficacia de su acción diplomática se basa precisamente en que no todo
tiene que ser colgado en una página web; pues lo mismo sirve para los
consejeros y para los presidentes de las comunidades autónomas. Tendremos
que retomar el trabajo en el Senado porque francamente es muy singular
que después de dos ponencias no se introdujera ni una sola enmienda
transaccional y que en una Comisión, media hora después de haberse
iniciado, los grupos parlamentarios aún no tuvieran las enmiendas
transaccionales y tuviéramos que suspender durante media hora la Comisión
para estudiarlas. Nosotros mantuvimos, pactamos, incorporamos -a pesar de
que esto irrite a algún grupo parlamentario con un ego un poquito
irritado y vanidoso-, nosotros mantenemos los compromisos pero, señor
ministro, el Senado existe, el Senado es útil, y en todo caso esta ley
demostrará que el Senado es indispensable para mejorar los acuerdos
políticos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La mina terrestre está eternamente preparada para causar víctimas. En el
lenguaje común es el soldado perfecto, el centinela eterno. La guerra
termina mientras las minas terrestres siguen matando. Son palabras de
Jody Williams, una de las principales activistas que propició la
Convención para la Prohibición de las Minas Antipersonal en 1997;
palabras que pronunció en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la
Paz y que recogen con precisión los efectos indiscriminados y prolongados
que tienen en el tiempo para las poblaciones civiles y los países que son
atacados por minas. Estos mismos efectos son los que producen lo que
conocemos como bombas de racimo o de dispersión. De hecho, se calcula que
hasta un 30 % de las municiones, una vez lanzadas, no explotan, lo que en
la práctica convierte los campos de las zonas donde son lanzadas en
auténticos campos de minas. A esto, señorías, hay que añadir otro rasgo
especialmente dañino, como son los colores llamativos, el aspecto en
forma de pelota o lata que tienen estas municiones, una característica
que las hace especialmente peligrosas para los niños. De hecho, se
calcula que un tercio de las más de 100.000 víctimas que ha causado este
tipo de armamento desde 1965 son niños y niñas. Por todas estas razones
en el año 2007, bajo el impulso de Noruega, se inició el llamado proceso
de Oslo, que tenía como objetivo la prohibición de las bombas de racimo y
la puesta en marcha de mecanismos de ayuda a los países que hubieran
sufrido el uso de este tipo de armamento, un proceso que guarda muchas
similitudes con el proceso que se inició en Otawa y que permitió el
Tratado para la Prohibición de las Minas Antipersonal.
Aunque no pueda extenderme, sí me gustaría remarcar un elemento común a
ambos procesos, la intensa labor desarrollada por las organizaciones no
gubernamentales, tanto en el ámbito de los derechos humanos como de la
promoción de la paz, en la sensibilización y en la presión internacional
para suprimir este tipo de armas especialmente inhumanas. Por eso creo,
señorías, que es justo que en un día como hoy esta Cámara reconozca la
aportación de todas esas organizaciones a favor del desarme y para acabar
con este tipo de municiones especialmente dañinas.
Como les decía, el proceso de Oslo empezó en 2007. No tuvo un camino
fácil, aunque es cierto que el proceso fue sumando apoyos entre la
comunidad internacional a medida que se fueron sucediendo las diversas
conferencias en Oslo, en Lima y en Viena. Todo este trabajo desembocó en
la Convención de Dublín, en la que participaron un total de 111 Estados,
diversas agencias de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y
más de 200 ONG; una conferencia que aprobó el texto de la Convención
sobre Municiones de Racimo, que finalmente fue suscrita en Oslo por 96
países el 3 diciembre 2008. Este es a grandes rasgos el proceso que
culminó con la aprobación de la Convención para la Erradicación de las
Bombas de Racimo y de otro elemento fundamental, la prevención y la
erradicación de sus efectos en el tiempo en aquellos países que han sido
víctimas de ataques con el uso de estas municiones. Este acuerdo obliga a
las partes firmantes, y en eso es en lo que estamos, a efectuar los
cambios legales que permitan el cumplimiento de los acuerdos suscritos,
incluyendo sanciones penales a las personas o empresas que vulneren esas
prohibiciones. Y en eso estamos, en la última fase del proceso iniciado
en 2008. Porque quiero recordar que el Gobierno anterior ya aplicó y puso
en marcha todas las obligaciones de la Convención de Dublín, incluso
antes de su ratificación en diciembre de 2009 y mucho antes de su entrada
en vigor. Todos sabemos que al grupo mayoritario le gusta hablar en esta
Cámara de herencias recibidas. Pues bien, en este caso reconocerán
conmigo que la herencia que ustedes se han encontrado ha sido sumamente
positiva, que se han encontrado la mayor parte del trabajo hecho. Yo
esperaba, señor ministro, una actitud algo más generosa, como creo que
fue la que mantuvo nuestro grupo, en el Gobierno y en la
oposición, al reconocer el trabajo que ustedes hicieron en el año 1997
para la aplicación del Convenio para la Prohibición de las Minas
Antipersonal. De hecho, el 11 junio 2011 -se refería a ello el ministro
brevemente-, cuando no había transcurrido ni un mes y medio desde la
aprobación de la Convención de Dublín, el Gobierno ya aprobó la moratoria
unilateral que prohibía el empleo, el desarrollo, la producción, la
adquisición, el almacenamiento o conservación, o la transferencia de
bombas de racimo. Estamos hablando, por tanto, de una decisión adoptada
hace cinco años, concretamente cinco años y cuatro meses. Por tanto,
nuestro país se convirtió no solo en uno de los primeros en aplicar la
convención, sino en erradicar su arsenal de municiones de racimo. En
diciembre de ese mismo año 2008 se adjudicó a la empresa Expal la
destrucción de un total de 5.589 municiones de racimo, proceso de
destrucción que culminó el 19 de marzo 2009; nos adelantamos con mucho al
plazo previsto en la convención, que era de ocho años a partir de la
entrada en vigor, prorrogables a doce en algunos casos.
Pero, señorías, quiero remarcar un elemento que me parece importante, y es
que esta no es la única herencia que dejaron los Gobiernos socialistas en
materia de seguridad y defensa ni en el ámbito de la protección del
derecho internacional humanitario, hubo más medidas, que contaron con
aportaciones de los grupos de esta Cámara y que hoy siguen vigentes. Y
hablando de herencias, quiero referirme nuevamente al legado que hemos
dejado en la parlamentarización de la política de defensa, en el respeto
a la legalidad internacional, el compromiso de España en la resolución
pacífica de conflictos o el control y exportaciones de material de
defensa. Son cambios, señorías, que introdujimos en las pasadas
legislaturas y que no tienen precedentes en la etapa democrática, lo cual
no implica que no debamos seguir avanzando en todos estos ámbitos; todo
lo contrario. Daría para varias sesiones, pero si hablamos de la Ley de
la Defensa Nacional de 2006, de la Ley de Comercio Exterior de 2007, de
las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, de la Ley de derechos y
deberes de las Fuerzas Armadas, en todas y cada una de ellas
encontraríamos un compromiso firme, decidido, con la legalidad
internacional, la estabilidad y la protección de los ciudadanos en zonas
de conflicto.
Al hablar de todo ello, quiero referirme también al trabajo que realizan
nuestras Fuerzas Armadas en cumplimiento de todos estos principios. No
podemos pasar por alto su labor, un trabajo que va desde el desarrollo de
técnicas de desactivación de minas y la formación que se realiza en el
Centro Internacional de Desminado del Ejército de Tierra en Hoyo
Manzanares hasta las misiones internacionales, misiones como las de
Bosnia Herzegovina, Kosovo, Líbano o Afganistán, por referirme a
escenarios más recientes. Y pondré solo un ejemplo. En el caso del
Líbano, desde el año 2006 se han limpiado 400.000 metros cuadrados de
submuniciones y proyectiles, además de impartirse varios cursos a
oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas libanesas.
Volviendo al texto que hoy nos ocupa, como les decía, nos encontramos en
la última fase para el cumplimiento de la Convención de Dublín y el
Gobierno nos propone la modificación de la Ley 33/1998, de prohibición
total de minas antipersonal y armas de efecto similar, para unificar el
tratamiento que reciben estas municiones y las bombas de racimo. En el
Grupo Socialista compartimos el objetivo del Gobierno y nos parece que el
texto que nos plantea atiende las cuestiones fundamentales una vez que ha
incorporado algunas recomendaciones del Consejo de Estado y es una buena
base sobre la que trabajar. Ya les avanzo que haremos aportaciones para
mejorar el texto y para profundizar en el objetivo, que no es otro que la
erradicación de las municiones de racimo y la atención a las víctimas y a
los países que están sufriendo sus efectos. Por el contrario, no vamos a
apoyar la enmienda con contexto alternativo que nos presenta el señor
Tardà, principalmente porque creemos que aborda cuestiones que no tienen
que ver con el objeto de la ley, cuestiones muy diversas que van desde la
dimensión de las Fuerzas Armadas hasta los programas de armamento, la
legislación sobre exportación de material de defensa, los desfiles o el
uso del Fondo de contingencia. Hay cuestiones en las que podemos
coincidir, como es el tratamiento que debe tener el gasto de las misiones
internacionales, pero la mayoría no las compartimos. Por cierto, ya que
hablamos de programas especiales de armamento quiero decirle al señor
Xuclà que durante la etapa de la ministra Chacón no se adquirió ninguna
capacidad militar con cargo a los programas especiales de armamento, se
lo digo para que lo tenga claro. No hubo ninguna. Y quiero recordarle que
el 85 % del gasto comprometido a través de los programas especiales de
armamento fue suscrito por el Gobierno del señor Aznar. Por cierto, una
importante cantidad cuando los Gobiernos estaban en funciones, dato que
también le aportó.
En definitiva, no vamos a apoyar la enmienda del señor Tardà porque nos
parece que no es el objeto de la ley, porque no compartimos muchas de las
cosas que ustedes proponen y también por una razón de coherencia, señor
Tardà. Ustedes y nosotros hicimos un trabajo durante las pasadas
legislaturas. Fruto de
aquel trabajo aprobamos en esta Cámara la Ley Orgánica de la Defensa
Nacional, que ustedes apoyaron. Parece mentira, visto cómo está la cosa y
oyendo las cosas que dice el señor Junqueras, pero en aquel caso ustedes
apoyaron la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Mi grupo valora y valoró
en aquel momento su aportación para que esa ley viera la luz, para que
este Parlamento tuviera que ser escuchado para la autorización de las
operaciones militares, para que el Gobierno rindiera cuentas del
desarrollo de esas misiones una vez al año por lo menos; otros grupos se
abstuvieron y solo un grupo votó en contra, el Grupo Popular. En fin,
resulta un tanto contradictorio que si nos hemos dotado de ese marco para
la dirección de la política de defensa, que asigna las atribuciones de la
dirección de la política y los objetivos de la defensa al presidente del
Gobierno; al ministro, la ejecución, y al jefe del Estado Mayor de la
Defensa, garantizar la capacidad operativa y las capacidades militares
que necesitamos, que ustedes nos propongan ahora, así a ojo de buen
cubero, una reducción de efectivos, una reducción de las capacidades
armamentísticas a la mitad, etcétera. Nos parece que no es partir de un
análisis serio y riguroso ni tampoco del marco del que todos nos hemos
dotado. Pero eso no significa que no discrepemos de la política de
defensa del Gobierno, claro que tenemos discrepancias, fundamentalmente
porque consideramos que el Gobierno no tiene un modelo de Fuerzas Armadas
ni está liderando adecuadamente el proceso de transformación que hoy
necesitan nuestros ejércitos, y por eso hemos presentado enmiendas en
otros ámbitos, en este caso el del presupuesto, para que el Gobierno
defina claramente cuáles son esas necesidades de la defensa, para que
defina las capacidades y el modelo de Fuerzas Armadas que necesitamos en
el marco europeo y en el de las organizaciones internacionales de
seguridad y defensa de las que formamos parte. Tampoco compartimos el
modelo de adquisición que instauró el señor Aznar, claro que no lo
compartimos, fundamentalmente porque adquirimos unos equipos y unas
capacidades que no son los que hoy necesitan nuestras Fuerzas Armadas,
equipos que tienen un coste de mantenimiento muy alto, que están
hipotecando el presupuesto de defensa y que se compraron con poca
planificación y a través de una fórmula absolutamente insostenible. Y por
supuesto no estamos de acuerdo en que se hurte a este Parlamento el
debate parlamentario sobre cómo se financian esos programas especiales de
armamento. Pero una cosa son las discrepancias legítimas y otra que
queramos alterar el marco de dirección de la política de defensa.
Señor Tardà, también quiero decirle con toda cordialidad que no
compartimos su visión negativa sobre la ley que aprobamos para el
comercio de armas, para la venta...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, conviene que vaya terminando.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: ... de material de defensa. Creemos que fue un
hito en la transparencia y el control de las exportaciones de material de
defensa.
En conclusión -termino, señor presidente-, nuestro grupo valora
positivamente los cambios que vamos a incorporar a la legislación para
prohibir todas aquellas actividades relacionadas con la producción, el
uso y el comercio de municiones de racimo por muchas razones: porque
creemos que estos cambios responden a la voluntad mayoritaria de la
sociedad española y al compromiso de nuestro país con la estabilidad, la
paz internacional y la protección de los derechos humanos; porque lo que
estamos haciendo hoy es continuar la labor que llevó a cabo el anterior
Gobierno socialista a través de la firma de la Convención de Oslo y de la
moratoria unilateral que situó a nuestro país a la vanguardia en la
erradicación de las municiones de racimo, y finalmente porque todo este
proceso es coherente con la labor que han venido desarrollando nuestras
Fuerzas Armadas para contribuir a la paz internacional y la protección de
los ciudadanos en zonas de conflicto desde hace varias décadas. Por
tanto, señorías, vamos a rechazar esta enmienda y nuestra voluntad es
seguir colaborando para que nuestro país siga avanzando en la
erradicación de este tipo de armas especialmente inhumanas y en la
limitación de sus efectos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Sánchez.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Uriarte.
El señor URIARTE AYALA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, el proyecto de ley de modificación que hoy
debatimos supone un paso más para dar cumplimiento a una reivindicación
histórica de los defensores de derechos humanos, asumida y liderada por
Naciones Unidas, apoyada desde un primer momento por el Gobierno de
España y que tiene como principales protagonistas a los miles de víctimas
mortales y heridos de la población civil en decenas de conflictos armados
alrededor del mundo.
La guerra está permitida, la Carta de Naciones Unidas recoge las
excepciones a la prohibición del uso de la fuerza porque, tras la
barbarie de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad entendió que la
propia guerra debía ser legislada, que no se podían permitir ciertas
prácticas militares, pero ante todo que la población civil e inocente
debía ser protegida. El derecho internacional humanitario se hace vigente
en el derecho internacional en 1864 con la firma del primer Convenio de
Ginebra, pero es realmente en 1949 cuando se fortalece y se consolida
normativamente con la publicación de los cuatro Convenios de Ginebra, su
complemento de 1977, los dos protocolos adicionales a dichos convenios y
el tercer protocolo adicional de 2005. Derecho internacional humanitario,
señorías, que, como expresa la doctora Araceli Mangas, catedrática de
Derecho Internacional Público y académica de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, son normas inspiradas en un sentimiento de
humanidad, y centradas no en abstracciones jurídicas sobre la
subjetividad internacional o la igualdad de las partes en un conflicto
sino en la protección de la persona humana, en la protección de la vida y
la libertad de miles de seres humanos. De esta manera podemos afirmar,
como señalaba también el señor ministro, que el derecho internacional
humanitario sostiene y ampara tres principios fundamentales en un
escenario de guerra: el principio de asistencia humanitaria para la
protección de los derechos humanos; el principio de limitación del uso de
la fuerza y, con él, el de limitación de ciertas armas, como armas
químicas, armas bacteriológicas o armas trampa, como en animales, en
juguetes o paquetes bomba; y el principio, que en este caso también es
relevante para el objeto de esta iniciativa, de distinción entre
combatiente y no combatiente. Toda esta estructura normativa, que
comprende el derecho internacional humanitario y el derecho de los
derechos humanos, es la imagen que mostraremos a la historia sobre
nuestra humanidad entre los semejantes. Es por eso que este derecho se ha
ido mejorando y ampliando con el paso del tiempo, y hoy aquí, señorías,
hacemos historia dando un paso más. Como ha explicado el señor ministro,
al derecho internacional humanitario se le ha ido añadiendo el resultado
de convenciones temáticas con sus consiguientes protocolos a modo de
anexos complementarios.
La guerra, señorías, ha ido cambiando. Hoy existen menos conflictos
armados en el mundo, pero han aumentado en su complejidad de causas y de
posibles soluciones y, por tanto, los mecanismos para defender a los
seres humanos también deben ser revisados y mejorados. Por eso, en 2007
Noruega comienza, como se ha recordado aquí, el proceso de Oslo para
pedir a la comunidad internacional que revise la prohibición de las tan
usadas bombas de racimo, que están causando sufrimientos inaceptables a
la población civil, especialmente en la etapa de un posconflicto. Las
bombas de racimo, señorías, son bombas cuyo objetivo es la neutralización
por saturación de área y su finalidad es destruir un objetivo militar,
obstaculizar el paso o el estacionamiento de tropas y evitar las
concentraciones de vehículos blindados. Estas armas están formadas por un
contenedor y un número variable de submuniciones. Estos contenedores son
lanzados desde aviones o artillería terrestre, se abren en el aire y
dispersan las submuniciones, que deberían explotar cuando alcanzan el
blanco, y aquí comienza, señorías, el drama humano. Se calcula que entre
el 10 % y el 40 % de estas submuniciones no estalla y quedan dispersas en
radios inmensos de terreno hasta largo tiempo después del conflicto,
convirtiéndose en trampas mortales para la población civil, especialmente
para los niños, que se ven atraídos por sus llamativas formas, y mujeres
y ancianos, que se dedican a la agricultura de subsistencia en estas
zonas de conflicto. El cálculo que hacen asociaciones humanitarias como
Human Right Watch es de más de 100.000 víctimas anuales de población
civil entre muertos y heridos graves.
Las grandes guerras de los años ochenta y noventa como la de Bosnia
Herzegovina, Ruanda o Somalia, obligaron a la comunidad internacional a
ir incorporando distintas convenciones de prohibición o limitación de
determinado uso de armamento y, en concreto, de uso, fabricación o
comercio de bombas de racimo que inicia Noruega en 2007 y que concluye,
como se ha dicho, con la Convención sobre Municiones en Racimo de Dublín
en mayo de 2008 y que España ratifica en junio de 2009. España incluso,
como ha recordado el portavoz socialista, se adelantó al obligado
cumplimiento con la entrada en vigor de esta norma, y nuestro país ya ha
destruido a día de hoy todo su arsenal y se afianza legislativamente en
este compromiso de Estado.
La enmienda del señor Tardà, la enmienda a la totalidad de Esquerra
Republicana de Catalunya, propone ni más ni menos una reforma integral de
la política de defensa de España, y ni más ni menos que una reforma de la
política de defensa europea, lo que desvía la intencionalidad de esta
iniciativa de prohibir las bombas de racimo en esta modificación, y la
desvía hacia otros intereses lejanos de los intereses de España y de los
intereses de Europa. Por eso, señor Tardà, no les quepa duda a usted y a
su grupo de que siempre estaremos en contra y votaremos en contra de
quien va siempre en contra de los intereses de España, y hoy su grupo lo
ha vuelto a demostrar con su iniciativa.
Con esta modificación que planteamos quedará totalmente prohibido el
empleo, mantenimiento, almacenamiento, producción, adquisición o
transferencia de bombas de racimo y la infracción será sancionada de
conformidad con el Código Penal. Importante es señalar el compromiso del
Gobierno español en mantener el apoyo a los programas y proyectos de
detección, desactivación y desmantelamiento de bombas de racimo y restos
de explosivos de guerra existentes en otros Estados y la disposición
adicional primera, que hace referencia a los mecanismos de financiación,
que serán con cargo a las partidas del Ministerio de Defensa.
Prohibir definitivamente en nuestra legislación las bombas de racimo, como
queremos hacer, es un paso más en la estricta normativa española respecto
al comercio de armas, de la que, a pesar de lo que han insinuado el señor
Tardà y la señora Lozano, nos debemos sentir orgullosos. España tiene uno
de los más avanzados sistemas de control y seguimiento del comercio de
armas y materiales de doble uso, tanto que incluso ha inspirado al
recientemente aprobado Tratado Internacional de Comercio de Armas que se
aprobó en Nueva York en la sede de Naciones Unidas el 2 de abril de este
año. Nuestra normativa vigente en España supone una referencia en este
objetivo de superponer la defensa de los derechos humanos al libre
comercio armamentístico.
Como les decía, los conflictos armados han disminuido en el mundo, pero ha
aumentado su complejidad en su tipología, en las causas que lo provocan y
en las soluciones que se deben adoptar para lograr construir escenarios
de paz. Estoy convencido de la premisa de que la humanidad se evalúa en
cada etapa de la historia en función de cómo se trata a sí misma y cómo
respeta a los derechos humanos. El paso que damos hoy en esta Cámara nos
hace más humanos con nuestros semejantes, nos sitúa en un compromiso
internacional que nos explica como país que cree en el futuro del
planeta, y desde luego hará que nuestros descendientes se puedan sentir
orgullosos por haber dado pasos firmes en lograr el cumplimiento efectivo
de los derechos humanos en los lugares que más lo necesitan.
Quiero terminar agradeciendo el trabajo de asociaciones y ONG que
históricamente han defendido esta prohibición y que sé que trabajarán
también en el trámite parlamentario, como Oxfam, Greenpeace, Amnistía
Internacional o el Comité Internacional de la Cruz Roja; a Noruega como
Estado que inició el compromiso internacional, al que ya se suman ciento
once Estados; a todos los grupos parlamentarios que van a apoyar hoy la
modificación de la ley y que sé que van a trabajar profundamente en el
debate de la tramitación en Comisión y, por supuesto, al señor ministro
García-Margallo por impulsar el debate con convicción y seguridad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Uriarte.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo
Marfil): Gracias, señor presidente.
Sin ánimo ninguno de reabrir el debate, agradezco a los portavoces el
apoyo a un proyecto de ley que considero importante en el camino de
defensa de la paz que durante mucho tiempo han impulsado las Cortes
democráticas españolas.
Quiero hacer alguna referencia puntual a ciertas manifestaciones que ha
hecho el señor Xuclà. Señor Xuclà, sabe que yo solo soy radical en dos
cosas, en la defensa de la soberanía nacional y en la defensa de la
unidad española, en la que nadie me tiene que dar lecciones, porque la
enmienda al artículo 2 que incorpora la palabra indivisibilidad es una
enmienda personal mía, ni siquiera de Unión de Centro Democrático,
personal mía. Fuera de esa defensa radical de esos dos principios estoy
dispuesto a debatir lealmente -lealtad viene etimológicamente de respeto
a la ley, es decir, dentro de la ley- todas las cuestiones que sean
opinables. Entiendo las sensaciones personales que tuvo el señor Xuclà en
la Comisión de ayer, me las explico. La ley de acción exterior se intentó
aprobar en tres proyectos de ley y en una Comisión Interministerial que
no salió. Ha habido que hacer equilibrios internos dentro del Gobierno y
ha habido que hacer equilibrios externos, que fueron precisamente los que
frustraron esos intentos anteriores. Pero dice el castellano que nunca es
tarde si la dicha es buena, y dicha viene en este caso no de felicidad,
sino de decir. Lo que ha dicho el representante del Grupo Catalán es que
está dispuesto a recorrer el camino para llegar a un consenso, insisto,
dentro de la legalidad, y la legalidad la forman el bloque constitucional
y las leyes ordinarias.
Nunca, señor Rodríguez, he hurtado los elogios que merecen todos los
Gobiernos que se han sucedido desde el restablecimiento de las
libertades. Expresamente he reconocido lo que se hizo en la Ley de 1998,
un Gobierno del Partido Popular; el Consejo de Ministros del año 2008; la
proposición no de ley del año 2009 y la Ley Orgánica de 2010 que modifica
el régimen sancionador, que son frutos del anterior Gobierno. Nunca
encontrará en mí la menor cicatería en reconocer los éxitos de los
Gobiernos de la nación, sea cual sea su color político. Lo he dicho
expresamente; si usted ha entendido que no he sido suficientemente
explícito en mis palabras subrayo el reconocimiento a la labor hecha por
los Gobiernos anteriores en ese tema. Subrayo también, como he dicho
respecto al señor Xuclà, que el Gobierno está abierto a alcanzar
consensos en una política exterior que pueda servirnos a todos los
Gobiernos que nos vayamos a suceder. Su partido es un partido de
gobierno, es un partido que ha gobernado, es un partido con vocación de
gobierno; por tanto, su colaboración en la definición de esta política
exterior es importante. Lo que este Gobierno ha hecho es intentar
establecer un marco explícito de referencia que pueda ser discutido y que
deba ser discutido en estas Cortes, porque el apoyo de las Cortes a la
políticas exterior es la condición inexcusable para que la población
española, españolas y españoles, se identifiquen con una política
exterior que no es una política de gobierno, es una política de nación
con ambición de país.
Como ha señalado el señor Uriarte en un magnífico discurso, la enmienda
que se ha presentado a la totalidad violaría no solo el propósito, el
objeto de este proyecto de ley, sino también el marco de referencia
europeo y atlántico en el que España está venturosamente inmersa desde de
que en 1977 aprobamos esta Constitución, que con razón se llama la
Constitución de la concordia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Aunque el señor ministro no pretendía abrir el
debate, si alguno de los aludidos me pide la palabra se la daré.
(Denegación).
Muchas gracias.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 12/2013, DE 18 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 70.000.000 DE EUROS EN EL
PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, PARA ATENDER
NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. (Número de expediente 130/000042).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto. Convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 12/2013, de 18 de octubre, por el que se
conceden suplementos de crédito por importe de 70 millones de euros en el
presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad, para atender
necesidades de financiación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
Para la presentación de este real decreto-ley, tiene la palabra el señor
ministro de Economía y Competitividad.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas
gracias, señor presidente.
Señorías, tengo el honor de comparecer para solicitar su apoyo a la
convalidación del real decreto-ley por el que se conceden suplementos de
crédito de 70 millones de euros al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Con esta norma garantizamos la viabilidad y la estabilidad
financiera de la principal institución de investigación de España. Este
crédito permitirá que los institutos del CSIC puedan ejecutar sus
proyectos y mantener sus contratos de investigación, así como el
desarrollo de su actividad científica ordinaria. Del mismo modo, con esta
ley lograremos alcanzar un nivel de ejecución análogo al del año anterior
y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por las instituciones
financiadoras. Además, el CSIC podrá hacer frente a las obligaciones con
sus proveedores y recuperar el nivel de remanente de tesorería que
existía a principios de año. Esto permitirá un mayor nivel de seguridad
financiera y dará cumplimiento al mandato de la Intervención General de
la Administración del Estado y de la Inspección General. En definitiva,
con la aprobación de esta norma el Gobierno ha dado una respuesta rápida
y efectiva ante la situación de urgencia que atravesaba el CSIC.
Señorías, el real decreto-ley que convalidamos hoy es una muestra más del
compromiso del Gobierno con esta agencia en particular y con el conjunto
del sistema de I+D+i, un compromiso que he expresado en numerosas
ocasiones en esta Cámara. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero,
ocupa la Presidencia).
Paso ahora a detallarles los motivos que nos han llevado a aprobar este
real decreto-ley. Cuando llegamos al Gobierno, el CSIC atravesaba una
situación delicada, presentaba un déficit total de 314
millones de euros desde el año 2009 hasta el año 2012, debido a un
desequilibrio acumulado entre gastos e ingresos. Los ajustes
presupuestarios iniciados en el año 2009 no se tradujeron en actuaciones
análogas en las partidas de gasto, y esto es lo que ha llevado al CSIC a
un desequilibrio en sus cuentas. El Gobierno, tal y como he informado en
todo momento, realizó un análisis detallado de las necesidades del CSIC.
A partir de ahí, establecimos un plan de actuación que, por un lado, daba
respuesta a los problemas más urgentes y, por otro, garantizaba su
futuro. En 2013 aplicamos varias medidas urgentes para facilitar al
consejo el desarrollo de sus actividades ordinarias de investigación. En
primer lugar, aprobamos la concesión al CSIC de anticipos con cargo a
transferencias previstas en los presupuestos del año 2013, una medida que
le permitió afrontar regularmente los pagos hasta el pasado mes de
octubre. En segundo lugar, el pasado 28 de junio, aprobamos un suplemento
de crédito de 25 millones a través de un real decreto-ley para el fomento
de la I+D+i. En tercer lugar, hemos aprobado este real decreto-ley que
permite al CSIC hacer frente a sus pagos con normalidad y ejecutar los
proyectos, de acuerdo a la planificación comprometida con los
financiadores. En definitiva, el Gobierno ha actuado con responsabilidad
y ha solventado la situación financiera de una agencia tan relevante como
el CSIC que estaba generando inquietud para sus trabajadores, para las
entidades financiadoras, para los socios externos y para toda la
comunidad científica.
Señorías, coincidirán conmigo en que el Gobierno no solo debe estabilizar
la situación presente del CSIC, sino que también tiene que asegurar su
sostenibilidad financiera a largo plazo. No podemos conformarnos con una
solución temporal. Necesitamos cambiar el modelo de gestión del CSIC para
que situaciones como la que nos ha llevado a aprobar este real
decreto-ley no vuelvan a repetirse en el futuro. Por eso, en estos dos
últimos años, se ha modificado radicalmente el modelo de gasto.
Concretamente, solo en el año 2012, con las medidas de racionalización
del gasto aplicadas, hemos conseguido reducir el déficit en 73 millones
de euros. Con este mismo objetivo, el 30 de enero de este año, el consejo
rector aprobó el plan de compromisos de viabilidad de la agencia para el
período 2013-2015. Este programa ha sido elaborado por el propio consejo
con el fin de racionalizar su estructura, sus gastos operativos y
llevarlos a un equilibrio sostenible. La aplicación de estas políticas de
eficiencia en la gestión y uso de los recursos son un ejercicio de
responsabilidad que persigue ajustar escrupulosamente los gastos a la
disponibilidad presupuestaria. De esta manera, la agencia se ha
comprometido a conseguir este año un ahorro de 50 millones de euros y en
los dos próximos años, 2014 y 2015, una reducción de sus gastos de
funcionamiento de cerca de 75 millones de euros. Por otro lado, hemos
incrementado y consolidado el presupuesto del consejo para el año 2014,
con 50 millones de euros adicionales. En definitiva, con el ahorro
previsto y este incremento presupuestario conseguiremos solventar
definitivamente, a partir de 2014, la situación de desequilibrio de 100
millones anuales que se ha venido generando durante los ejercicios
anteriores.
Señorías, el Gobierno ha preservado y garantizado en todo momento la
estabilidad de la ciencia española durante estos años de dificultades
presupuestarias. Es más, tan pronto como nos ha sido posible, hemos
incrementado el presupuesto para el ejercicio próximo. La inversión en
I+D+i es una apuesta de futuro porque sus beneficios no serán visibles en
el corto plazo, pero es imprescindible si queremos situar a la economía
española en la senda del crecimiento económico sostenible y la creación
de empleo. En los presupuestos del año próximo, y por primera vez desde
el año 2009, la política de gasto que engloba toda la I+D+i estatal ha
aumentado un 3,6 % con respecto al año 2013, es decir, 214 millones de
euros. Concretamente el presupuesto de la secretaría de Estado de I+D+i
aumenta un 2,8 %, destacando especialmente el gasto no financiero que
crece por encima del 10 %. Sin embargo, señorías, conseguir un modelo de
I+D+i competitivo a nivel global, que esté en línea con los modelos
europeos, no es solo cuestión de esfuerzo presupuestario, sino que exige
acometer cambios estructurales. Las actuaciones en el CSIC son una buena
prueba de ello; necesitamos actuar sobre el conjunto del sistema de
I+D+i, y por eso entre nuestros principales objetivos se encuentran los
siguientes: mejorar el retorno de la inversión pública en I+D+i,
perseguir la excelencia científica y el mérito, reforzar los mecanismos
de medición de resultados, apoyar a los sectores con mayor potencial de
crecimiento, impulsar que el talento fluya entre empresas y centros
públicos, primar a su vez la investigación y la innovación con mayor
capacidad de resolver los retos de la sociedad y, por último,
internacionalizar la ciencia. En este sentido, les puedo avanzar que esta
misma semana solicitaré formalmente a la Comisión Europea la realización
de un denominado peer review, es decir, un análisis comparado de nuestro
sistema de I+D+i con los mejores estándares europeos. El trabajo
comenzará a principios del próximo año, aunque sus actuaciones
preliminares, como la selección de expertos, las áreas de trabajo y la
definición del calendario se empezarán a acometer en las próximas
semanas; dispondremos del informe definitivo, con las recomendaciones de
actuación y mejora, a mediados del año próximo. Creo que puede ser un
buen punto de partida para mejorar la eficiencia del gasto público y
garantizar su rentabilidad social del sistema de ciencia.
Señorías, concluyo ya. El real decreto-ley que convalidamos hoy quiere
garantizar la viabilidad del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, el gran referente de la ciencia española y parte fundamental
de nuestro tejido científico; la ciencia y la innovación deben jugar un
papel principal, lo he repetido en numerosas ocasiones. El Gobierno
trabaja para establecer las bases de un modelo económico que impulse la
competitividad, la eficiencia y la productividad como principal garantía
del Estado del bienestar. En este contexto, la política de I+D+i es una
herramienta clara para aumentar el potencial de la economía española,
para generar crecimiento sostenible, empleo de calidad y mejorar la renta
de los españoles. Por eso es muy importante garantizar la viabilidad de
centros como el CSIC, pero al mismo tiempo tenemos que seguir trabajando
para establecer un sistema de ciencia e innovación basado en la
excelencia, en el uso eficiente de los recursos y en el retorno social de
los resultados científicos. Eso es precisamente lo que está haciendo este
Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Ningún grupo parlamentario ha solicitado el turno en contra y, por lo
tanto, pasamos al de fijación de posiciones. En primer lugar, por el
Grupo Mixto, señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
Durante dos años he estado asistiendo a un espectáculo a veces muy
deplorable, el presidente Rajoy, los ministros y cualquier señoría que
subía al estrado repetía indefectiblemente un mantra, viniera o no a
cuento, fuera el que fuera el motivo, ese mantra que ustedes han repetido
hasta la saciedad, hasta el hastío, no es otro que la herencia, la
herencia; por tanto, hoy me referiré a ustedes, a los del PP, como los
herederos. Empezaré por una pregunta inocente: señoras y señores
herederos, ¿piensan seguir machacándonos con la letanía de la herencia
los dos años que les quedan de mayoría absoluta? Y ahora me centro en el
tema: señores herederos, ¿quieren hacer bueno aquello de que inventen
ellos? Lo digo por el estado en que están dejando la ciencia, la están
matando de inanición, sí, de inanición; matar de inanición es morir como
consecuencia de la insuficiencia prolongada de alimentación, se
caracteriza por pérdida extrema de peso, disminución de la tasa
metabólica y debilidad extrema, se puede llegar hasta la muerte. Pues
bien, ustedes, los herederos, están condenando a la ciencia a una
insuficiencia prolongada de recursos, y eso está teniendo consecuencias
graves: pérdida extrema del peso de la ciencia en la recuperación de
nuestro país; disminución de la tasa metabólica de múltiples proyectos
que tienen que ivernar o abandonarse directamente; debilidad extrema de
muchos organismos, como el mismo CSIC, que tiene que pedir socorro,
auxilio, para no morir. Pero para algunos centros, para algunos
investigadores, para algunos científicos la anorexia obligada y
prolongada a la que les han sometido en estos dos años en los que
gobernaban ustedes, los herederos, ha supuesto la muerte de múltiples
proyectos, proyectos que hubieran podido salvar vidas, que hubieran
podido impulsar y hacer más competitivas nuestras empresas. Frente a esto
sus políticas han abandonado en la cuneta a los investigadores y a los
científicos que podrían contribuir decisivamente a cambiar el zafio
modelo productivo español, ese que ustedes quieren perpetuar con la
instalación de Eurovegas alentándolo de manera servil y rastrera. Esa
sigue siendo su apuesta: el tocho, que sigamos siendo los albañiles y los
camareros de Adelson.
Hoy nos presentan un real decreto que no deja de ser un parche, un parche
que tape un agujero. Su presupuesto de 2013 para el CSIC era claramente
insuficiente cuando se aprobó, como también lo es el de 2014 y por eso
tienen que tapar el agujero con este real decreto; 70 millones para que
el CSIC no baje la persiana. Contrasta este aumento de 70 millones para
la ciencia con otras modificaciones que el PP ha aprobado en esta
legislatura. En concreto, en 2013, para el Ministerio de Defensa, Real
Decreto 10/2013, 877 millones; 70 millones para la ciencia, 877 para
tanques y aviones. Sí, ya sé que esa factura la heredaron pero hay que
ver qué poco se quejan ustedes de esa herencia. Es más, hay que ver con
qué entusiasmo la gestionan, la abonan. Ese es su modelo; en unas
partidas tanto y en ciencia la escasez, la penuria, con unos presupuestos
que nos remontan a una década atrás; caída de 1.900 millones desde 2009,
un 31 % de menos en los dos años de legislatura de ustedes y además sigue
sin modificarse el límite del 10 % a la tasa de reposición. Es decir, que
mientras nos gastamos de 300 a 400.000 euros en formar a un investigador
-en palabras del rector de la Complutense, señor Carrillo- cuando acaba
su
formación le impedimos acceder a un puesto porque no se reponen las
jubilaciones y los condenamos al exilio, a Estados Unidos, a Alemania, a
Francia, al Reino Unido, donde los reciben con los brazos abiertos.
Señor ministro heredero, quiero traer aquí para acabar el monólogo final
de la película Blade Runner. Cuando Roy Batty dice con solemnidad: Yo he
visto cosas que vosotros no creeríais; naves de ataque en llamas más allá
de Orión; he visto rayos C brillar en la oscuridad, cerca de la puerta de
Tannhäuser; todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en
la lluvia; es hora de morir. Pues bien, señor ministro, estamos viendo
cosas que no creeríamos. Hemos visto a científicos haciendo rifas para
seguir investigando la diabetes; a doctores del CSIC concursando en
Atrapa un millón para seguir financiando un proyecto; a una científica
despedida en un ERE del Príncipe Felipe de Valencia que ha participado en
la clonación de células madre en la Universidad de Oregón.
Acabo. Señores herederos, señoras herederas, pueden hacer dos cosas:
seguir invocando la herencia recibida y seguir dejando tirada a la
ciencia o actuar de manera decidida para impedir que todos esos
científicos se pierdan para nuestro país en el tiempo como lágrimas en la
lluvia. Porque si se pierden para tantos y tantos proyectos, como dijo
Roy Batty en Blade Runner, será la hora de morir.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Por el mismo grupo, señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, de nuevo volvemos a tener que debatir un real
decreto para incrementar fondos para el CSIC. Usted ya hizo referencia al
de julio igual que hace en la exposición de motivos. En este caso son 70
millones para gastos concretos, y si no se hace este esfuerzo de
aplicación de estos 70 millones, como han informado públicamente
diferentes directores de centros del CSIC, tendrían que cerrar sus
puertas y dejar absolutamente de hacer su actividad científica. El hecho
de que estemos aquí hoy convalidando este real decreto es la demostración
de la mala política del Gobierno en relación con I+D+i.
La palabra excesiva es una palabra muy corta para calificar la reducción,
los recortes presupuestarios en materia de investigación, innovación y
desarrollo. Señorías, los datos recientes del INE indican que en el año
2012, en relación con 2011, hay un descenso total de un 5,6 % pero se le
aplica al sector público el 7,40 % de reducción. Si hacemos un balance y
valoramos esta reducción en relación con 2008 nos encontramos con que hay
una reducción de inversión en I+D+i de un 15 %. Por lo tanto es muy
difícil, señor ministro, que se pueda garantizar la eficiencia del sector
de investigación con esta política que tiene el Gobierno de reducir a
estos niveles tan drásticos la investigación y la innovación.
Recientemente se publicaban unos informes relacionados con la valoración
de los consumidores europeos de los productos que el Estado español está
exportando y se valoraban bien en el precio, en cambio tecnológicamente
la valoración era tremendamente negativa. Señor ministro, que hoy se
valore positivamente un producto que vendemos y que en precio está bien,
mañana, cuando se valore suficientemente la calidad-precio, parecerá un
producto muy caro, porque el Gobierno se empeña en no invertir en I+D+i.
Junto a esos datos que yo daba anteriormente hay que manejar también
otros como que se reduce en las universidades, que también es sector
público, un 7,4 %; Es decir, se está reduciendo en I+D a todos los
niveles posibles. Todos los científicos de todos los estamentos que en
estos momentos tienen dificultades por falta de inversión pública están
unidos. Usted conoce sus reivindicaciones, porque en el debate de los
Presupuestos Generales del Estado todos los grupos nos hemos hecho eco de
sus propuestas y las hemos presentado, con la mala suerte de que el
Gobierno se ha negado a hablar sobre ello. No nos referimos ya a que
acepten las enmiendas que presentamos, sino simplemente a que mejoren en
los presupuestos lo que en este momento se reconoce. Ustedes no las han
aceptado, y todos los científicos siguen empeñados en pedir que el
Gobierno asuma una responsabilidad con la ciencia, a lo que parece que no
está decidido. Le recuerdo, señor ministro, que es usted quien tendría la
responsabilidad de mejorar estos presupuestos en relación con la ciencia,
aparte de los que correspondan también al Ministerio de Educación.
En diferentes ocasiones este Gobierno ha sido capaz de concitar los
máximos esfuerzos de unidad de distintos sectores, que se unen además a
pesar incluso de las diferencias ideológicas que tiene el grupo. Esta
unidad de los sectores reivindicando frente a las políticas del Gobierno
solamente se puede entender por la nefasta política que el Gobierno está
realizando. En este sentido, señor ministro, le pedimos que escuche a la
ciencia; escuche y haga suyas las reivindicaciones que el grupo está
haciendo porque esto va a ser bueno para el Estado, para la recuperación
económica, para los productos y para el bienestar. Si
se sigue con esta política de reducir la inversión en la ciencia desde
luego será muy difícil que la recuperación exista, como ustedes dicen, y
que nos puedan transmitir a la sociedad, a toda, incluida la parte
científica, ese optimismo que parece que ustedes tienen.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente desde el escaño para fijar la posición en
relación con el real decreto-ley que nos viene a esta Cámara para su
convalidación. Desde luego no será el Grupo Vasco quien impida esta
convalidación; por lo tanto, adelanto que la vamos a votar
favorablemente. No quisiera explayarme en exceso en cuanto a la
importancia de la investigación desde el punto de vista de la generación
de crecimiento económico y del futuro. Lo hemos dicho en multitud de
ocasiones; creemos firmemente que, si la economía española debe apostar
por algo, hay que apostar por una economía intensiva en innovación y en
investigación, sin tener que acudir en un futuro a devaluaciones
salariales para ganar competitividad sino que esta venga de unos niveles
tecnológicos que se hayan derivado lógicamente de las inversiones,
también desde el sector público, que se hayan realizado en esta materia.
Hemos dicho en multitud de ocasiones que recortar en innovación, recortar
en investigación en un año parece que no es importante, pero lo es; y si
lo que ocurre es, como ha pasado estos años, que los recortes vienen
sucediéndose año tras año esto sin duda tendrá efectos negativos. Desde
luego ya se ha visto que hay una insuficiencia, tal y como reconoce el
decreto. Ahora se trata de paliarla con una dotación para que al menos no
se genere un problema grave en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Se dice en el propio real decreto que es una necesidad
estructural; bien, cubramos coyunturalmente para este año esta necesidad,
pero si es una necesidad estructural dotémosla lo suficiente cara al
futuro, aunque me temo que los presupuestos del año 2014 seguirán
poniendo en evidencia estas necesidades que se llaman estructurales.
Posiblemente el año que viene el señor ministro tendrá que volver aquí a
pedirnos autorización para un crédito adicional, no solo para el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas sino para otros proyectos de
innovación que van a requerir de una suficiente financiación. Señor
ministro, yo sé que usted es consciente de que la innovación es una
cuestión realmente importante para el crecimiento económico, pero, si es
así, que se note en lo presupuestos, que se note en la actuación de su
ministerio porque de ahí surgirán en gran parte las posibilidades y el
potencial de crecimiento económico futuro.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, presidenta.
Señor ministro, realmente me parece insólito e inaudito que venga usted
aquí en nombre del Gobierno para pedirnos la conformidad a un crédito
extraordinario para el CSIC -al que por supuesto ya le digo por
adelantado que nuestro grupo votará a favor, como supongo que el resto- y
lo presente como un ejemplo de la magnífica política fiscal y económica
del Gobierno respecto de la I+D+i en España, en concreto respecto de
instituciones científicas punteras y fundamentales como el CSIC, cuando
es exactamente lo contrario. Aquí hay dos cosas que creo que conviene
distinguir. Por una parte está la política general en materia pública, en
materia de ciencia, investigación e innovación, y por otra algo con lo
que está muy relacionado, que es la política fiscal. Como todo el mundo
está de acuerdo, incluso ustedes mismos, en que la política en general,
la inversión pública en ciencia, innovación, etcétera, es muy deficiente
-en gran parte, sin duda alguna, debido a la crisis-, no quiero insistir
en esto. De hecho, ayer mismo, en la Comisión de Economía estuvimos
debatiendo sobre esta cuestión porque presentamos una PNL para pedir al
Gobierno que adoptara una serie de medidas legislativas para obtener lo
que usted ha dicho que este crédito consigue, que es la estabilidad del
sistema de ciencia en España; y ya le digo que es una afirmación
rotundamente falsa, como demostraré inmediatamente.
La representante de su grupo hizo una intervención muy entusiasta a favor
de la proposición no de ley, pero luego votó en contra; en fin, son cosas
que pasan. ¿Por qué? Evidentemente porque va en contra de las
indicaciones del único ministro que parece que decide en el Gobierno, que
es el de Hacienda. Aquí todo pasa por la lucha contra el déficit público,
la perspectiva futura o futurible de que se creen empleos,
etcétera, pero el día a día está siendo sacrificado; por lo tanto, está
aumentando el paro y el problema de competitividad, concretamente en esta
materia fundamental y estratégica, como consecuencia de la política
fiscal. De hecho, si ustedes han tenido que traer la solicitud de este
crédito extraordinario no es ni más ni menos que porque el presupuesto
que se aprobó el año pasado -en el que su Gobierno rechazó todas las
enmiendas que se presentaron relativas a la inversión pública en ciencia,
concretamente para organismos como el CSIC- condujo a que ustedes crearan
artificialmente -lo sabían, porque si no es así ya me parece
inimaginable- un déficit en el CSIC que el propio presidente Emilio Lora
Tamayo ha reflejado en sus explicaciones a la prensa que este año iba a
ser de más de 100 millones de euros. De manera que ustedes no pueden
hacerse ahora los sorprendidos por una parte de que este déficit exista
cuando lo creó el Gobierno -porque lo crearon ustedes en unos
presupuestos completamente incompetentes en esta materia en particular- y
decir ahora que es un crédito que se va a solicitar solo para abrir las
puertas
Este crédito no es para cumplir con un programa científico -creo que es
importante que esto lo sepan los ciudadanos- sino que va a servir para
poder pagar la luz, para poder pagar al personal del CSIC y para poder
hacer frente a sus compromisos con los proveedores, es decir, para abrir
las puertas y no bajar la persiana mañana y marcharse todos a casa. Esta
es la cuestión. Usted nos trae aquí un crédito que ni siquiera cubre
todos los problemas del déficit que ustedes han provocado al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas; un déficit creado porque en los
últimos años las transferencias ministeriales al CSIC han bajado en 180
millones de euros. Por lo tanto, ustedes sabían cuál era el presupuesto,
qué capacidad de ingresos propios tiene el CSIC y que, si le bajaban las
aportaciones gubernamentales, iba a acabar en lo que ha acabado, en una
crisis brutal creada deliberadamente -digo- por la política fiscal. Si no
hubiera sido creada deliberadamente por la política fiscal hay que
concluir algo mucho peor, que la política del Gobierno respecto al CSIC y
la ciencia en general, en lo que se refiere a la inversión pública, es
una política in (inepta, incompetente e indolente). Esta es la cuestión.
Ustedes sabían perfectamente que este déficit lo habían creado los
Presupuestos Generales Generales del Estado de 2012. Es más, Emilio Lora
Tamayo estimó que el déficit era de 125 millones de euros y explicó que
si para septiembre de este año no se recibían 125 millones de euros más
-75 dijo literalmente, para ser rigurosos-, la situación iba a ser
sencillamente insostenible. Ahora viene usted, dos meses más tarde, con
70 millones; siguen faltando 5. En fin, no sé qué es lo que tendrán que
hacer en el CSIC para cubrir este agujero que se ha creado; quizá
trabajar sin encender la luz, trabajar a oscuras, o cualquier otro tipo
de medida de austeridad imaginativa.
Una cosa es que ustedes nos propongan que votemos un crédito
extraordinario para solucionar ese déficit y otra que encima presuman de
que esto es la muestra y la expresión del compromiso del Gobierno con la
ciencia y con la innovación en España. Si es así, vamos buenos; estamos
absolutamente hundidos. Por otra parte, uno podría preguntarse, ¿qué
previsiones han tomado ustedes para que esto no se repita? Pues
absolutamente ninguna, porque el incremento del presupuesto del CSIC para
el año que viene en estos presupuestos, donde han vuelto otra vez a
rechazar todas y cada una de las enmiendas que han presentado los grupos
de la oposición, las que hemos presentado cada grupo y las conjuntas que
hemos presentado representando las peticiones de la Carta por la ciencia,
lo han subido un 0,1 %. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Si el
presupuesto de este año ya era insuficiente y, por lo tanto, exige un
crédito extraordinario, el año que viene con un 0,1 % más ese presupuesto
va a volver a ser totalmente insuficiente, y ustedes van a volver a
traernos otro crédito extraordinario para pagar la electricidad, encender
la calefacción siempre que no abusen y el aire acondicionado siempre que
no se lo tomen de una manera excesivamente lujuriosa. Volverán a traernos
otro crédito y nos dirán que es una magnífica expresión y demostración
del compromiso práctico y político del Gobierno con la innovación y con
la ciencia, cuando esto no es así en absoluto.
Además, podrían alegar: no hay alternativas, no podemos hacer otra cosa,
el país está arruinado. Por una parte, ustedes dicen que ya no estamos en
la ruina, que estamos saliendo de la crisis y que el dinero entra a
espuertas en el país -es una declaración que han hecho reiteradamente
diversos ministros, incluido el presidente, señor Rajoy-, pero, en la
práctica, el hecho real es que ustedes están estrangulando instituciones
fundamentales como el CSIC. Además hay alternativas; no es verdad, es
falso que al CSIC o a los OPI y demás instituciones científicas en España
se les está asfixiando económicamente porque no hay otra alternativa ni
se puede hacer otra cosa. Ustedes han puesto 5.500 millones en los
Presupuestos Generales del Estado para las diputaciones que no sirven
para nada. Ustedes han seguido haciendo inversión pública en obras
faraónicas, como tramos del AVE, que no tienen ninguna demanda -usted lo
sabe muy bien-, que ni siquiera han hecho una memoria económica, para
probarnos que son infraestructuras necesarias para el desarrollo del país
y que responden a una demanda social; no hay ninguno de ambos requisitos.
De manera que el dinero que le quitan a la ciencia y a la innovación lo
dedican a poner trenes de lujo en las ciudades donde ustedes aspiran a
gobernar y a mantener diputaciones donde colocan a la gente de su partido
y de otros que andan faltos de colocación. Debe ser esto lo de crear
empleo. Entretanto, tenemos un Consejo Superior de Investigaciones
Científicas con una media de edad de cincuenta y ocho años. ¿Sabe lo que
significa eso, con una tasa de reposición del 10 %? Que no solamente se
está expulsando de España a científicos jóvenes, sino que se está
impidiendo la renovación generacional de la ciencia en España; que dentro
de unos pocos años gran parte de esa plantilla se va a jubilar y no va a
haber nadie para sustituirles. Esto va a pasar también en las
universidades pero, en fin, esta es otra cuestión.
Voy acabando. Como le digo, por supuesto que vamos a votar a favor de esta
iniciativa, pero como le he dicho también el principio es intolerable que
vengan ustedes aquí a decirnos que este crédito, que es la consecuencia
de una política fiscal hostil, inepta, que no tiene en cuenta las
necesidades reales de financiación de organismos públicos, es en cambio
una prueba de la expansión y del cuidado con que el Gobierno va a tratar
en lo sucesivo, a partir de hoy, a instituciones que han estado y están a
punto de cerrar y en una situación de estrangulamiento financiero
-repito-, como consecuencia de la política fiscal, no como consecuencia
de catástrofes naturales ni que hayan pasado cosas desagradables e
imprevistas. Esto no solamente era previsible; ¡estaba previsto! Además,
ustedes han vuelto a repetir esto -como digo- para el año que viene. El
año próximo volverán con otro crédito para que puedan encender la luz
-repito- para que puedan comprar no digo ya grandes equipamientos
científicos, sino sencillamente para que haya en los cuartos de baños las
cosas que tiene que haber. De verdad, francamente, esa es la explicación
más absolutamente inverosímil, insólita e inaudita, que podíamos esperar
de un gobierno sobre cuál es su política de apoyo a la ciencia: impedir
que cierren. Ya veremos, porque siguen acumulando déficit y ni siquiera
con este crédito se va a cubrir al cien por cien.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez
Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.
Siempre que debatimos en esta Cámara un crédito extraordinario tenemos que
ponernos en alerta, y podría ser por dos motivos; por ejemplo, porque el
Gobierno nos estuviera engañando, intentando hacer trampas, como ocurrió
con el crédito extraordinario al gasto militar, ya que llevamos tres años
con créditos extraordinarios a mitad de año. Esto es simplemente un
intento por no presentarlos de forma abultada dentro del presupuesto, que
es al final lo que tiene más trascendencia mediática. Así poniéndolo en
junio nos encontramos siempre con un incremento muy importante de esa
partida, pero de esa forma se disimula cara a la opinión pública. No
parece que sea el caso, sino el de la incompetencia en la gestión, porque
lo que tenemos es un crédito extraordinario que viene a corregir lo que
fue un presupuesto mal elaborado, simplemente para mantener el CSIC, que
es centro referente de la ciencia en España. Por tanto, en este caso
estamos ante la manifestación de una incompetencia a la hora de elaborar
el presupuesto por este Gobierno, especialmente en una partida tan
importante como es la de la ciencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de
lo que debería ser el principal motor económico para salir de la crisis.
No solo eso, sino que sería precisamente el sector que nos permitiría
tener una característica fundamental dentro de los países desarrollados,
aprovechando una serie de inversiones pasadas muy importantes;
inversiones no solo de carácter económico sino cualitativo. Se trataría
de todo lo que tiene que ver con la formación de los científicos,
especialmente también de los más jóvenes, de aquellos a los que se ha
educado con los impuestos públicos de la ciudadanía y que finalmente se
ven abocados a ese cuello de botella, en el que hemos insistido muchas
veces, que les obliga prácticamente -no tan prácticamente sino
literalmente- a exiliarse del país. Por tanto, nos encontramos ante una
manifestación política de dejar a la ciencia en un segundo plano porque,
más allá de la retórica expresada por el señor ministro y por la
secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, los datos
cantan.
El propio presidente del CSIC tuvo que salir a la palestra para decir que
la situación de su centro era alarmante y catastrófica y pidió una
cantidad de 100 millones de euros. Claro, se nos antoja ridícula esa
cantidad cuando en esta Cámara hemos debatido créditos extraordinarios
muy superiores, tanto para el gasto militar como, sobre todo, para los
rescates financieros. Cuando se trataba de esas otras partidas, el
Gobierno no tenía ningún impedimento en sacar la cartera -que es la
nuestra, la cartera de todos, la cartera de la deuda pública que se
dispara como consecuencia de estas medidas- para salvar a los bancos o
para contratar tanques, obuses y misiles; sin embargo, para una cantidad
de 100 millones que simplemente era para salir del atolladero, para
evitar el cierre del CSIC, el Gobierno fue mucho más lento, tuvo muchas
más dudas para salir al rescate. Eso es una cuestión de voluntad
política, no es una cuestión técnica. Decidir dedicar unos recursos a una
partida y no a otra, decidir dedicar recursos a salvar el sistema
financiero y no dedicarlos a la ciencia o alternativamente a cualquier
otra partida, esa es una opción política. No es una opción técnica de que
no falte dinero. Estamos hablando de distribuir el dinero, haya mucho o
haya poco. Por lo tanto, en este sentido queda claro que la voluntad
política del Gobierno, visto en los presupuestos y visto en los datos,
manifiesta que la ciencia ocupa un lugar secundario, más allá de las
retóricas y de las buenas intenciones. De hecho, señor ministro, la
primera pregunta que uno puede hacerse es: ¿por qué no se ha hecho antes?
¿Por qué hemos tenido que esperar a esta situación de alarma, cuando
sabemos que su ministerio conoce perfectamente la situación en la que se
encuentra no solo el CSIC sino todos los centros de investigación en
general, todas las OPI; sin embargo, parece ser que ha sido la presión
social y la presión mediática las que le han obligado a tomar estas
medidas tan tarde, lo que acaba manifestando una cierta desidia de este
Gobierno. Si atendemos, por otra parte, a los presupuestos de 2014 para
el CSIC, vemos un incremento de apenas 600.000 euros, es decir, de un 0,1
%, una cantidad que está claro que no puede servir para avanzar en las
investigaciones, para abrir nuevas líneas de investigación sino que más
bien lo único que va a hacer es consolidar ese estado de temblor
permanente de toda la ciencia en este país, porque no solo hablamos del
CSIC.
El principal problema, señor ministro -usted lo conocerá y además otros
intervinientes anteriores también lo han dicho-, es el laboral. Desde
2010, en apenas cuatro años si tenemos en cuenta el presupuesto de 2014,
ha habido una reducción del 18 % de los trabajadores solo en el capítulo
1; un 18 % menos de trabajadores, es decir, 18 % de reducción de
personal, especialmente de personal funcionario y de personal fijo. Se ha
incrementado, eso sí, el personal laboral, el personal precario, el
personal en condiciones de inestabilidad laboral. Si tenemos en cuenta no
solo ya el capítulo 1 sino los proyectos por obra, las becas (Ramón y
Cajal, Juan de la Cierva) y otro tipo de relaciones laborales, llegamos a
la conclusión de que el CSIC pierde aproximadamente mil trabajadores por
año. No se puede venir y decir que están apoyando la ciencia, cuando el
principal centro de investigación de este país pierde mil trabajadores
por año, porque ya no nos va a valer ningún tipo de retórica ni ningún
tipo de exageración cuando vemos que los centros se encuentran con
laboratorios vacíos, con incapacidad para contratar personas debido a una
tasa de reposición aprobada por el Gobierno del 10 %, lo que significa
que de cada diez científicos que se jubilen solo se contratará a uno. La
verdad es que la ciencia avanza mucho, pero de momento no hace milagros,
y no puede sobrevivir ni mejorar su capacidad teniendo cada vez menos
trabajadores y menos recursos. Encima nos encontramos con la situación de
los ERE que afrontan determinados espectros y sectores de la ciencia, por
ejemplo, el CNIO. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
actualmente está bajo un ERE. Cuando acudimos al Gobierno a preguntarle
cuáles son las circunstancias, señor ministro, nos engaña, nos miente,
porque la secretaria de Estado de Innovación y Desarrollo Carmen Vela nos
mintió cuando nos manifestó que no había incompatibilidad entre la
directora del CNIO y sus funciones ajenas a esa dirección. Después se
descubrió por la prensa que Hacienda -su propio Gobierno pero en otro
ministerio- ya le había advertido un mes antes de que efectivamente había
una incompatibilidad y que había que actuar. No se puede permitir que una
secretaria de Estado de tan alto rango nos mienta de forma tan descarada
en una Comisión. Por tanto, eso se suma al descrédito generalizado de
este Gobierno, porque en la tarea de la ciencia estamos hablando ni más
ni menos que de la secretaria de Estado de Innovación y Desarrollo.
Nos encontramos con laboratorios vacíos, con personal que no hace sino
mostrar una situación de incertidumbre, porque no solo hablamos de un
tema económico. Cualquiera que haya podido ir a algún centro de
investigación y hablar con los científicos, los directores de proyectos o
los becarios se da cuenta de que los retrasos en las convocatorias, los
retrasos en todos los términos de acceso a recursos provocan experiencias
vitales desoladoras de gente con cuarenta años que no sabe si va a poder
seguir trabajando en su proyecto de investigación y que finalmente tira
la toalla, se va del país después de estar cuarenta años investigando con
el dinero público, que están pagando todos los ciudadanos. Finalmente se
tienen que marchar porque no hay voluntad política de este Gobierno de
garantizar un mínimo suficiente.
Al final, nos encontramos con este tipo de medidas de alivio. Nosotros
vamos a votar favorablemente esta convalidación, porque preferimos el
alivio a la situación catastrófica que decía el presidente del CSIC;
sin embargo, sabemos que esa no es la solución. La solución pasa por una
determinación política mayor de poner la ciencia en el lugar que se
merece por términos de avance social y en términos económicos, porque
debe ser el motor de salida de la crisis. No creemos que lo tenga tan
claro el Gobierno; además se pega un tiro en el pie cuando habla de esa
forma en la que parecería que ya la ciencia no tiene ningún problema,
porque por las palabras del ministro hubiéramos alcanzado ya una
situación paradisíaca. No hay más que ir a los centros, a los edificios
vacíos, a los laboratorios vacíos y ver a los directores de proyectos
totalmente desesperados para comprobar que el Gobierno debe estar mirando
un mundo paralelo que no es el mundo real.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Garzón.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, señor ministro, el debate de
este real decreto creemos que va más allá del problema puntual del CSIC
que con él se intenta paliar. Este debate es una oportunidad más para
analizar, defender y evidenciar la importancia y la necesaria apuesta por
la ciencia, por la investigación, por el desarrollo y por la innovación.
La situación actual por la que atraviesa el CSIC es un ejemplo de la
delicada situación en la que se encuentra en general la ciencia y la
investigación en España, necesitada de más recursos, de más financiación
y de asumir un papel más determinante en términos de crecimiento, de
nuevo modelo productivo y de competitividad. La competitividad, señorías,
señor ministro, a nuestro entender se inicia con el conocimiento, con la
investigación, continúa con la transferencia y se materializa con la
innovación. A ello no podemos renunciar; no renunciar requiere
convicción, apuesta y recursos. Requiere de una sólida convicción por el
papel de la ciencia, de una firme apuesta por las políticas de impulso a
la I+D+i y por una seria defensa de la diversidad en los modelos de
gobernanza y el valor de los modelos de gobernanza flexibles.
Ya desde ahora manifiesto que el Grupo Parlamentario Convergència i Unió
apoyará claramente la convalidación de este real decreto-ley por
convicción, por responsabilidad hacia la ciencia, hacia sus organismos y
hacia los científicos que forman parte del sistema de investigación y
porque entendemos también que es una responsabilidad de todos apoyar y
ayudar al CSIC a resolver sus problemas de liquidez.
El objeto del presente real decreto-ley es proceder a la concesión de un
suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Economía y
Competitividad con la finalidad de atender las necesidades de
financiación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Este suplemento es el segundo que el Gobierno otorga este
año al consejo. Recordemos que en junio se le concedieron 25 millones de
euros, por lo que en lo que llevamos de año la inyección total al CSIC
asciende a 95 millones de euros. Con la aprobación de este real decreto,
señorías, señor ministro, resolvemos un problema coyuntural, resolvemos
lo inmediato pero hemos de mirar al medio y largo plazo. Esta medida solo
intenta paliar unos problemas puntuales que hemos de resolver, y estamos
en ello, pero no elimina un problema real que no es otro que el conjunto
del sistema de I+D necesita, a nuestro entender, un incremento de
inversión pública, con un horizonte de medio y largo plazo, con un
horizonte de estabilidad porque, si no, en caso contrario, resolviendo
únicamente situaciones más inmediatas y coyunturales, los problemas
actuales se volverán a presentar en un futuro. Es imprescindible, por
tanto, actuar hoy en paralelo tanto en el corto como en el medio y largo
plazo. Ahora y hoy en este real decreto hablamos del CSIC, pero el
debate, como digo, va más allá y es necesario una vez más referirnos a la
situación delicada de la ciencia y la investigación en España y a la
situación más vulnerable en la que se encuentra, a la inestabilidad que
respira; por tanto es necesario insistir en la necesidad de más políticas
de I+D+i, políticas más decididas, que cuenten con más recursos y que den
estabilidad, seguridad y proyección al sistema de ciencia e investigación
y pongan en valor las innegables capacidades de nuestro sistema. En este
sentido, quiero evidenciar dos ejes sobre los que a mi entender se ha de
insistir y se ha de trabajar y que han de permitir reconducir la
situación de mayor debilidad en la que se encuentra el sistema de
investigación y desarrollo: un eje que es más tangible y otro eje que es
intangible. El eje más tangible tiene nombre de recursos, tiene nombre de
fiscalidad y tiene nombre de financiación. Desde mi grupo parlamentario
reconocemos los esfuerzos en los últimos Presupuestos Generales del
Estado en la I+D+i, pero no son suficientes, y reconocemos -y así lo
hemos manifestado no solo en estos últimos meses sino en los últimos
años- que la crisis, si bien nos ha obligado a hacer importantes y serios
ajustes, obliga también a priorizar. También hemos manifestado y
defendido que, en la prioridad de las políticas, la I+D+i ha de tener un
papel muy relevante y, por tanto, en la prioridad en la asignación de
recursos. Como decía antes, en ella, en la I+D+i, están las bases del
crecimiento, las bases del cambio de modelo productivo y las bases de la
competitividad, y aún más. Si bien hemos conseguido en investigación
alcanzar una posición y un reconocimiento muy importante a nivel
internacional y hemos conseguido situar nuestra ciencia y a nuestros
científicos en un lugar relevante en el mapa internacional, esto no
podemos perderlo. No nos podemos permitir de ninguna manera perder este
capital científico y humano; perdiéndolo, perdemos todos, en lo social y
en lo económico, y no perderlo requiere de convicción, requiere de
apuesta y requiere de recursos, desde la eficiencia y responsabilidad en
su gestión a la que usted, ministro, también ha hecho referencia en su
intervención.
El eje intangible -ya lo he dicho ahora- lo representa esta apuesta, la
apuesta por el cambio de modelo productivo, y la convicción de la
importancia de la investigación, el desarrollo y la innovación para
alcanzar los objetivos de crecimiento y de competitividad acordes con el
nuevo modelo de crecimiento por el que estamos apostando, un crecimiento
basado en el conocimiento y que persigue la excelencia y la
internacionalización y que requiere de formación y sobre todo de talento.
Es un cambio cultural que estamos afrontando tanto desde la vertiente
económica como desde la vertiente social, y también es abordar los
cambios estructurales tan necesarios que nos permitan este cambio de
modelo productivo. Es aquí donde también reclamamos más contundencia en
las políticas de investigación, más determinación en la priorización de
los recursos hacia la investigación y más reconocimiento del valor de la
investigación, el desarrollo y la innovación, y más coraje también para
afrontar la diversidad del sistema de I+D, y el reconocimiento y apoyo,
como he dicho antes, a modelos de investigación con bases de gobernanza
más flexibles que han apostado por la excelencia y que apuestan por el
talento como bases de creación, de crecimiento y de progreso.
Termino ya, señora presidenta, señor ministro. Tiene nuestro apoyo a esta
medida que permita resolver la situación delicada, crítica que atraviesa
el CSIC, pero desde mi grupo parlamentario también pedimos la misma
contundencia en reclamar una vez más la necesidad de incrementar la
inversión pública en el sistema de I+D+i, ya que, en caso contrario, no
solo los problemas del CSIC volverán a repetirse en un futuro próximo,
sino que no conseguiremos los objetivos de una sociedad y una economía
más sólida, más formada y más competitiva. Y como también decía el
portavoz del Partido Nacionalista Vasco que usted, señor ministro, es
consciente de la importancia de la I+D+i y comparte muchos de los
argumentos que nosotros defendemos, espero y deseo que esta convicción se
traduzca en hechos, y estoy convencida de que así será. En estas
políticas nos tendrá a su lado y contará con todo el apoyo de mi grupo
parlamentario.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Riera.
Por el Grupo Socialista, señor Cortizo.
El señor CORTIZO NIETO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, bienvenido una vez más. Usted me recordaba a un personaje
de la obra de Pirandello de Seis personajes en busca de autor. Más que a
uno de los personajes me recordaba una de las cuestiones que se plantea
en la obra, la pregunta que subyace: ¿cuál es la realidad? ¿La que
representan o la paralela de la locura? La realidad es que el consejo en
2008 tenía un presupuesto de 879 millones de euros y en 2013 tuvo 598.
Esa es la realidad. La realidad es que el plan nacional del que se nutren
muchos proyectos y muchos trabajos y con el que se financian muchas
líneas de investigación y muchos contratos era en 2011 de 537 millones y
en 2013 de 260 millones. Así podría seguir con cifras que usted conoce
perfectamente.
Usted hizo una presentación del real decreto-ley a la que cabría aplicarle
aquello de Erasmo de Rotterdam de: hace bien uno en alabarse a sí mismo
cuando no tiene otro apologista. No tiene usted un solo apologista entre
los grupos parlamentarios en cuanto a su labor en el ámbito de la I+D. No
tiene usted un solo apologista entre los miembros de la comunidad
científica, en las universidades, en los institutos, en las OPI, en los
centros tecnológicos, porque todos están sumidos en la I de indigencia,
en la D de desesperación y en la I de impotencia. (Muy bien.-Aplausos).
Indigencia porque no tienen los recursos mínimos para funcionar. Este
suplemento de crédito que hoy nos presenta -lo dijo el señor Martínez
Gorriarán muy bien y yo no voy a insistir- es para que se puedan abrir
los grifos y salga agua, es para que se le dé al interruptor de la luz y
haya luz. Es para eso. El problema -también se lo dijo el señor Martínez
Gorriarán- es que los presupuestos de 2014 del consejo son los mismos que
los de 2013,
nacen con el mismo problema, nacen con la misma necesidad futura de un
crédito extraordinario para que el consejo pueda abrir sus puertas
también en 2014.
Detrás de todo esto, ¿cuál es la realidad -le decía citando a Pirandello-?
La realidad es que en el consejo en 2012 se despidieron 1.200 personas
entre científicos y técnicos, que en 2013 la cantidad será
aproximadamente la misma, que en el CNIO van a despedir o ya despidieron
a una parte importante de la plantilla, que el Príncipe Felipe en
Valencia ha cerrado, etcétera. Eso significa líneas de investigación
cerradas, eso significa proyectos que no se pueden terminar, eso
significa conocimiento que nunca va a tomar forma. Está matando el
conocimiento y, si mata el conocimiento, ¿sabe qué? Hay incoherencia en
sus frases acerca de que el conocimiento es el motor del cambio del
modelo productivo. Ustedes tienen el motor muy claro, pero no le quieren
poner gasolina. Sin gasolina no hay motor que funcione. Incluso más,
usted sabe que en el imaginario popular se habla de Abundio. Abundio fue
el que vendió el motor para comprar gasolina. Pues en esas estamos. Así
es imposible. Por tanto, hace bien usted en elogiarse, porque no tiene
otros apologistas, pero no los tiene porque usted no es coherente con su
discurso, usted no prioriza la ciencia en este país, usted
conscientemente está condenando a este país a no tener el instrumento
fundamental para salir de la crisis, porque no estamos, como dicen
algunos, saliendo de la crisis, nos estamos aposentando en la crisis; nos
estamos aclimatando a vivir en la crisis, porque la gente va a vivir, por
supuesto, pero con menos de todo, porque menos conocimiento al final es
menos de todo lo que afecta a los ciudadanos. Usted no se preocupa de la
descapitalización de la ciencia. Ya me gustaría a mí que se preocupara
tanto de la descapitalización de la ciencia como se preocupó de la
descapitalización de los bancos. Se lo han dicho aquí. Además de los
despidos, la tasa de reposición del 10 %, que ni siquiera se cumple, no
solo significa una disminución en el número de investigadores o de
técnicos en el sistema de ciencia y tecnología, significa que no hay
recambio, y no es como otra estructura laboral donde en un momento dado,
pasados unos años, se recambia el personal y ya está. No, no hay personal
formado que asuma las funciones de dirección que se exigen en un sistema
de ciencia y tecnología. Aunque dentro de equis años ustedes suplieran
con contrataciones las fugas que se están produciendo, las expulsiones
que ustedes están provocando de científicos, el sistema no volverá a ser
el mismo. Por eso, los rectores de este país le han dicho que hagan algo
para evitar el derrumbe de la ciencia. Es inimaginable que los rectores
de cualquier país europeo tengan que hacer un llamamiento al Gobierno
para que evite el derrumbe de la ciencia.
Ayer discutíamos en Comisión una proposición no de ley en la que UPyD
proponía una serie de medidas en torno a la I+D+i. Mi grupo la apoyó
porque era una iniciativa necesaria. Además, aportamos una enmienda que
UPyD aceptó. La enmienda consistía en que los bancos que han recibido
ayudas públicas para salir del estrés, ahora que ya el rescate bancario
está finalizado, ahora que ya dan beneficios, fuesen impulsados a aportar
parte de sus beneficios en inversiones, en proyectos y en iniciativas de
I+D+i, es decir, que los bancos que han recibido ayudas públicas para
superar sus problemas devuelvan parte del dinero público recibido para
salvar un sector fundamental de este país, también fundamental para los
propios bancos. No se trata solo de que aquí vengamos a criticar. ¿No
sería posible acaso que los bancos nacionalizados, que los bancos que han
recibido ayudas públicas fuesen de alguna manera orientados a invertir en
I+D+i, a financiar proyectos? Que devolviesen, por tanto, a los
ciudadanos, al país, algo, una ínfima parte de lo que han recibido para
resolver sus problemas. Por tanto, no habría que recurrir a la deuda
pública para financiar la I+D+i. Claro que hay fórmulas, pero para eso
hay que tener muy claro que de lo que se trata es de tener unos bancos al
servicio del país y no de construir un país al servicio de los bancos.
(Aplausos).
Le citaba a Erasmo de Rotterdam con aquello de hace bien en alabarse uno a
sí mismo cuando no tiene otro apologista. Me venía a la cabeza, estamos
locos o qué. ¿Estamos locos quienes decimos que esto está tan mal o está
loco usted como personaje de Pirandello en la obra cuando nos dice que
todo está maravillosamente bien y que con este suplemento de crédito
resuelven los problemas? Me venía a la cabeza que el título de la obra de
Erasmo, Elogio de la locura, es incompleto, como usted sabe muy bien. El
título completo es Elogio de la locura o encomio de la estulticia.
Vulgarmente nos quedamos en el Elogio de la locura, pero a veces no se
trata de locura sino de estulticia. Yo creo que ni somos locos ni somos
estúpidos en general, ni nosotros desde la oposición ni usted desde el
Gobierno. Usted es una persona inteligente, no me cabe ninguna duda.
Créame que le he dado vueltas, he reflexionado, he cavilado sobre por qué
una persona inteligente no entiende, no acepta, no es consciente o no
actúa coherentemente con esa consciencia en relación con el problema que
este país tiene con el lastimoso estado de la I+D+i. He buscado
explicaciones de todo tipo para mí mismo. No las he encontrado. Permítame
una broma y no la tome a mal. Usted, que no tiene un pelo de tonto, por
ahí va la broma, ¿no será usted de la doctrina Montoro que alguna
película no le debió gustar y arremetió contra los cineastas? ¿No tendrá
usted algún trauma con los científicos que no han resuelto el problema de
la alopecia y, por tanto, no han resuelto su problema ni el mío?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cortizo, tiene que
finalizar.
El señor CORTIZO NIETO: Acabo, señora presidenta.
Es absurdo, pero es que no encuentro una explicación razonable a que ante
un problema tan esencial, tan fundamental y con soluciones plausibles
usted venga y nos cuente que con este real decreto soluciona los
problemas del consejo, de una pequeña parte de la I+D de este país. Señor
ministro, alguien dijo, no sé quién, no me acuerdo: El futuro ya no es lo
que era. Y yo añado, esto es mío: El futuro en general para la gente
suele ser un sueño, para la mayoría...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cortizo.
El señor CORTIZO NIETO: Ustedes están convirtiendo el futuro en una
pesadilla. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cortizo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández
Álvarez.
El señor FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Muchas gracias, presidenta.
Señor ministro, señorías, quisiera iniciar esta intervención poniendo
encima de la mesa dos consideraciones que entendemos prioritarias y
fundamentales. La primera es agradecer a los grupos parlamentarios que ya
han manifestado públicamente que van a apoyar este real decreto, a pesar
de algunos discursos incendiarios. Menos mal que votan a favor porque si
llegan a votar en contra nos sacan a gorrazos. Pero, aun así, se agradece
y hay que decirlo públicamente.
La segunda es una consideración más genérica. El Consejo Superior de
Investigaciones Científicas acumula una trayectoria absolutamente
ejemplar como uno de los instrumentos básicos de nuestro sistema nacional
de I+D+i de más de un siglo, desde ya aquella lejana Junta para la
Ampliación de Estudio e Investigaciones Científicas, que presidiera nada
más y nada menos que Ramón y Cajal. Es la mayor institución pública de
investigación de España, la tercera de Europa, la octava del mundo. Como
todo en la vida, es susceptible de mejorar, es susceptible de introducir
racionalización en el gasto, optimización en sus procesos productivos. Lo
ha explicado muy bien el ministro, y lo está haciendo. Pero lo que ni
siquiera una institución tan sólida, tan fuerte y con una trayectoria tan
destacable podía soportar era un recorte del 30 % en su presupuesto que
se aplicó en la etapa crepuscular del Gobierno Zapatero y que es la raíz
de los problemas de financiación tan severos que tiene ahora mismo.
(Aplausos). Porque, efectivamente, el actual Gobierno de España ha
recortado, pero en ningún caso lo ha hecho aplicando un recorte, un
hachazo tan salvaje a un instrumento en concreto que pareció en su
momento un auténtico ensañamiento. Porque lo que hicieron ustedes fue
dejar una bomba de relojería en el CSIC y ahora nos toca a nosotros
desactivarla; una bomba de relojería que, insisto, es la raíz de los
problemas de financiación de los últimos dos años. Y ahora sorprenden
algunos discursos que se lanzan desde esta tribuna cuando ustedes han
sido bomberos pirómanos en este caso. Han dejado ustedes el incendio y
quieren presentarse como la solución de futuro para apagarlo y nadie les
cree.
El Gobierno de España reconoce -y se ha transmitido claramente- la
trayectoria del CSIC y está absolutamente comprometido con el CSIC. En
junio fueron 25 millones de euros, ahora son 70, y no son medidas
aisladas en nuestro sistema nacional de I+D+i. Llevamos ya un tiempo, una
serie de meses, en los que los mensajes sobre estas cuestiones empiezan a
ser positivos y hay algunos que no son capaces de aceptarlo. Estamos
asistiendo en estos días a una curiosa representación de aquel personaje
que de manera tan entrañable interpretaba Paco Martínez Soria en Don Erre
que erre, porque usted ha hablado de Erasmo, el señor Baldoví ha hablado
de Ridley Scott, pero la cosa tiene muchas menos ínfulas intelectuales,
ustedes aquí están haciendo de Don Erre que erre (Aplausos), que es la
persona que aunque tenga la verdad y se le manifieste de forma cristalina
ante sus ojos, es incapaz de aceptarla y reconocer públicamente que a lo
mejor tiene que cambiar de discurso. Porque ustedes no se esperaban que
las cosas empezaran a mejorar. Ustedes no se esperaban que, por ejemplo,
en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 no solo se hayan
frenado los recortes sino que se hayan incluido 145 millones más de gasto
no financiero. Ustedes no se esperaban que Hacienda desbloqueara la
posibilidad de la creación de la Agencia Estatal de
Investigación cuando llevaban meses diciendo que no habría manera de
desbloquearla. Ustedes no se esperaban que por primera vez el Plan de
proveedores del Gobierno de España incluya a centros tecnológicos y
universidades en sus medidas. Ustedes, en definitiva, no se esperaban que
la Ley de Emprendedores incluya por primera vez medidas concretas de
apoyo a la I+D+i.
Hemos pasado dos años muy duros, muy difíciles -lo ha explicado muy bien
el ministro- y evidentemente en estos dos años se han tenido que aplicar
una serie de medidas, pero las cosas están cambiando. A lo largo de estos
dos años el compromiso del Gobierno de España con el sistema nacional de
I+D+i ha sido fuerte, claro y sin fisuras. Lo que ocurre es que en estos
dos primeros años la manera concreta de comprometerse con la I+D+i en
España era evitar la intervención. Porque si nos hubieran intervenido ni
sistema nacional de I+D+i ni pensiones ni absolutamente nada de nada.
Pero esa etapa ya ha quedado atrás y ahora iniciamos una nueva, con
medidas positivas como las que acabo de enumerar, por supuesto
complementarias a las que ha anunciado el ministro, entre las cuales está
este real decreto que, por supuesto, desde el Grupo Popular compartimos,
aplaudimos y apoyaremos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Fernández
Álvarez.
- REAL DECRETO-LEY 13/2013, DE 25 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE TOTAL DE 17.421.238.125 EUROS, PARA
LA CONCESIÓN DE UN PRÉSTAMO AL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A
PROVEEDORES, PARA FINANCIAR AL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL LA
APORTACIÓN AL IV PLAN INTEGRAL DE EMPLEO EN CANARIAS, PARA DOTAR LA
PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LA FACILIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL PARA LA
INMUNIZACIÓN Y PARA LA CUARTA CONVOCATORIA DE AYUDAS AL PROGRAMA DE
INCENTIVOS AL VEHÍCULO EFICIENTE (PIVE 4). (Número de expediente
130/000043).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la convalidación o
no del Real Decreto-Ley 13/2013, de 25 de octubre, por el que se conceden
créditos extraordinarios por importe total de 17.421.238.125 euros, para
la concesión de un préstamo al Fondo para la financiación de los pagos a
proveedores, para financiar al Servicio Público de Empleo Estatal la
aportación al IV Plan integral de empleo en Canarias, para dotar la
participación de España en la Facilidad financiera internacional para la
inmunización y para la cuarta convocatoria de ayudas al programa de
incentivos al vehículo eficiente.
Para su presentación, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Señora presidenta, señorías, ocupo la tribuna para presentar
ante la Cámara el Real Decreto-ley 13/2013, aprobado por el Consejo de
Ministros el pasado 25 de octubre, en el que se autorizan créditos
extraordinarios en los presupuestos de los ministerios de Economía y
Competitividad, de Empleo y Seguridad Social, de Asuntos Exteriores y de
Cooperación y de Industria, Energía y Turismo, y como corresponde,
solicito el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios para alcanzar
su convalidación.
Se trata de un instrumento, de una norma instrumental para habilitar
créditos por un importe global cercano a 17.500 millones de euros, en
concreto 17.421.238.125 euros, con las siguientes finalidades: en primer
lugar, para la concesión de un préstamo al Fondo para la financiación de
los pagos a proveedores; en segundo lugar, para financiar al Servicio
Público de Empleo Estatal la aportación al IV Plan integral de empleo en
Canarias; en tercer lugar, para dotar la participación de España en la
Facilidad financiera internacional para la inmunización; y, en cuarto
lugar, para financiar la cuarta convocatoria de ayudas del programa de
incentivos al vehículo eficiente, programa conocido como PIVE, y en este
caso sería el PIVE 4.
El primero de los créditos extraordinarios, el que afecta al presupuesto
del Ministerio de Economía y Competitividad, de 17.300 millones de euros,
tiene una doble finalidad: la amortización del saldo vivo total del
préstamo suscrito el 6 de mayo de 2012 entre el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores y un conjunto de entidades
financieras; y, en segundo lugar, la financiación de la nueva fase del
mecanismo de pagos a proveedores de entidades locales y comunidades
autónomas. Respecto a la amortización del saldo vivo total del préstamo
entre el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y un
conjunto de entidades financieras, como es conocido, el 9 de marzo del
año pasado, del año 2012, el Gobierno aprobó la creación del Fondo para
la financiación de los pagos a proveedores, que le permitió empezar a
cobrar las deudas pendientes. Así se dio el primer paso para saldar las
deudas comerciales de las corporaciones locales
y comunidades autónomas, aportando una inyección importante de liquidez a
la economía productiva. El Gobierno, a continuación, aprobó una ley
orgánica para garantizar que la puesta en marcha y, por tanto, la
efectividad y la eficacia de este mecanismo financiero, que cubría las
obligaciones pendientes de pago de entidades locales y comunidades
autónomas, contará con las suficientes garantías que permitieran asegurar
el cumplimiento por parte de estas administraciones de sus compromisos
financieros y de las demás exigencias necesarias para la implantación y
funcionamiento del mecanismo. La Administración General del Estado debía
reservarse la potestad de garantizar estas operaciones de endeudamiento
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas y facilitar la
financiación de las operaciones.
En mayo de 2012 se suscribió un contrato de préstamo sindicado entre el
Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y un conjunto de
entidades financieras, cuyo objeto es la concesión de un préstamo
mercantil por importe de, aproximadamente, 27.300 millones de euros, con
un plazo de amortización de cinco años, con dieciocho meses de carencia y
amortizaciones lineales semestrales. Asimismo, se estableció que las
entidades financieras tenían la opción de convertir en bonos su
participación en el préstamo en cada pago de intereses, lo que supone que
una vez se proceda a la conversión la posición de la entidad queda
blindada, ya que no es posible amortizar anticipadamente los bonos. Las
condiciones financieras fueron fijadas en un momento, como todos
recordamos, año 2012, de muy elevada tensión en los mercados.
Actualmente, la situación de los mercados ha mejorado substancialmente,
como lo prueba la propia subasta del Tesoro celebrada en el día de hoy
como también la celebrada el martes pasado, a pesar de ello las entidades
bancarias sindicadas consideran procedente efectuar el recálculo a la
baja de los costes financieros del préstamo, con la lógica actitud de
defender sus intereses. Esa circunstancia ha llevado al consejo rector
del Fondo para la financiación de los pagos a proveedores a acordar la
amortización anticipada del saldo vivo total del préstamo concertado con
las entidades financieras, de acuerdo con lo estipulado en el contrato
para este caso concreto. En la actualidad, el saldo vivo pendiente de
amortizar en el conjunto de las entidades financieras se eleva a cerca de
11.900 millones de euros como consecuencia de deducir del importe inicial
del préstamo las cantidades que las entidades financieras han convertido
en bonos. En su conjunto, la operación permitirá al Fondo de proveedores
obtener unos ahorros en términos de intereses que se estiman entre los
800 y los 1.000 millones de euros, al resultar la nueva financiación
mucho más barata que la obtenida mediante el préstamo que preamortiza.
Esta mejora de la financiación permitirá reducir el coste de los
préstamos del Fondo de proveedores a comunidades autónomas y entidades
locales. Además, la citada operación permitirá conseguir un mejor perfil
de los vencimientos de los pasivos del fondo -los nuevos préstamos
tendrán vencimientos más largos que el préstamo original- y reducir el
desfase actual entre sus pasivos y sus activos.
La financiación de la tercera fase del Mecanismo de pago a proveedores de
entidades locales y comunidades autónomas también es objeto del actual
decreto-ley. Para dar cumplimiento al mandato contenido en el Real
Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la
morosidad de las administraciones públicas, se ha procedido a la
cuantificación de las facturas que son susceptibles de abono para cumplir
los requisitos previstos en la ley, tanto en el ámbito económico como en
el local, lo que implica que para atender esta necesidad debe aportarse
al Fondo para la financiación de los pagos a los proveedores un importe
de 5.400 millones de euros, vía préstamo desde el presupuesto del
Ministerio de Economía y Competitividad. Esta cifra es el resultado del
primer tramo de la tercera fase del Mecanismo de pago a proveedores, de
conformidad con el siguiente desglose: para comunidades autónomas, cerca
de 3.600 millones de euros; para entidades locales, cerca de 1.800
millones de euros. Este importe incluye la totalidad de las deudas
pendientes susceptibles de pago por el Mecanismo de las entidades locales
y de las universidades públicas, así como las procedentes del resto de
las entidades de las comunidades autónomas distintas de las universidades
públicas relativas a conciertos en materia sanitaria, educativa y de
servicios sociales, convenios de colaboración, determinadas
transferencias a instituciones sin fines de lucro y con fines sociales, y
subvenciones a entidades inscritas en el Registro de centros tecnológicos
y centros de apoyo a la innovación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Con estos mecanismos de pago a proveedores, junto con la
aprobación en breve de los proyectos de ley de deuda comercial y de
factura electrónica, el Gobierno va a conseguir su objetivo de limpiar
definitivamente el stock de facturas pendientes de pago tanto de
comunidades autónomas como de entidades locales, sanear el pendiente de
pago del sector público y que las administraciones públicas paguen las
facturas cumpliendo el periodo de pago legal.
La concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social por importe de 42 millones de euros es otra
de las novedades incluidas en el decreto-ley. Se trata de desarrollar con
plenitud el objetivo del IV Plan integral de empleo de Canarias; una
comunidad autónoma
que está sufriendo también las consecuencias de la crisis económica en
términos de una elevada tasa de paro. Para el desarrollo de dicho plan se
suscribió, con fecha de 1 de agosto de 2011, un convenio de colaboración
entre el Servicio Público de Empleo y la Comunidad Autónoma de Canarias.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta de
la Ley de Empleo del año 2003, el convenio de colaboración establece, en
su cláusula tercera, que la financiación del Plan integral de empleo de
Canarias en ejercicios futuros -años 2012, 2013 y 2014- quedará
condicionada a la correspondiente habilitación presupuestaria a través de
la oportuna ley anual de Presupuestos Generales del Estado. Por tanto,
ese es el objetivo del desarrollo de este decreto-ley en este ámbito, la
concesión del actual crédito extraordinario y el paralelo suplemento de
crédito en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal,
respondiendo a la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en la
disposición adicional trigésimo primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, donde se
establecía la aportación por parte del Servicio Público de Empleo de 42
millones de euros, que es lo que ahora se habilita.
La concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación por un importe de 9,2 millones de
euros obedece al cumplimiento que se deriva de la adhesión de España en
el año 2006 a la Facilidad financiera internacional para la inmunización;
una iniciativa cuyo fin es suministrar fondos a la Alianza global para
las vacunas para la realización de campañas masivas de inmunización, con
el compromiso vinculante y obligatorio de abonar anualmente, antes del 31
de octubre de cada año hasta 2025, la cantidad de 9,4 millones de euros.
Dicha cantidad puede ser minorada por los descuentos que se deducen de
las cantidades a aportar a los países que no cumplen con los requisitos
del Fondo Monetario Internacional. En el ejercicio de 2013 esta cantidad
asciende, como decía, a 9,2 millones de euros. La naturaleza y forma
jurídica del compromiso al que está sometido el Reino de España no
permiten su desatención sin graves consecuencias para el propio programa,
pero también de carácter económico.
Por último, el decreto-ley se refiere al crédito extraordinario en el
presupuesto del Ministerio de Industria, Turismo y Energía por importe de
70 millones de euros. Es la prolongación del programa de incentivos al
vehículo eficiente a partir de las experiencias acumuladas desde el año
2012, cuando el Gobierno puso en marcha este programa con el objetivo de
sustituir al menos un total de 300.000 vehículos antiguos, reconociendo
ya que esa cifra se está viendo superada por la realidad. Hoy podemos
decir que este programa ha atendido la sustitución del orden de 365.000
vehículos. El último ejemplo es el Plan PIVE 3, cuyo crédito
extraordinario fue autorizado el pasado mes de julio por estas Cortes
Generales, por el Congreso de los Diputados, con una duración prevista
para doce meses, pero el ritmo de reservas ha superado mucho las
previsiones iniciales, hasta el punto de que el presupuesto previsto en
aquel decreto-ley se agotó en dos meses y medio, razón por la que, para
garantizar la continuidad del Plan PIVE, damos lugar a este nuevo
crédito, a esta nueva habilitación. Tengo que recordar que esta
habilitación tiene el consiguiente retorno para la Hacienda pública a
través de los impuestos que genera la venta de estos vehículos, pero
también tiene efectos positivos para el propio sector del automóvil, para
nuestra balanza comercial, para la industria auxiliar del automóvil y
para tantas otras ligadas a la comercialización, los seguros o la
dotación y financiación de bienes de equipo y, por ende, en términos de
creación o mantenimiento de los niveles de empleo. También a estos
objetivos hay que añadir siempre el de la seguridad vial inherente a la
renovación de la flota. Asimismo hay que destacar que estos planes se han
aprobado en el marco de las políticas marcadas por la normativa de las
instituciones europeas que obligan a los Estados miembros a asumir
objetivos de mejora de la eficiencia energética en el horizonte del año
2020. Sin duda alguna, con los planes PIVE se ponen los medios para
intensificar la renovación de la flota nacional, reduciendo la edad media
de la misma con vehículos de alta eficiencia energética y favoreciendo el
ahorro energético del sector transportes, así como mitigando sus efectos
negativos sobre el medio ambiente.
Señorías, solicito el apoyo de los grupos parlamentarios para la
convalidación de esta norma de carácter instrumental por la que se
conceden los créditos extraordinarios que he descrito en mi exposición.
La financiación de estos créditos se realizará con deuda pública, lo que
lleva al Gobierno, en aras del respeto al principio de sostenibilidad
financiera -principio rector de la actuación económico-financiera de
todas las administraciones públicas- a aprobarlos mediante una
disposición con rango de ley, tal y como obliga el artículo 13.4 de la
Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
de 27 de abril de 2012. Al concurrir las circunstancias de extraordinaria
y urgente necesidad exigidas en el artículo 86 de la Constitución, el
Gobierno hace uso de la facultad contenida en dicho artículo y propone
ahora a la Cámara la aprobación del consiguiente real decreto-ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor
ministro de Hacienda.
A este real decreto ningún grupo ha pedido turno en contra. Por lo tanto,
pasamos directamente a los turnos de fijación de posiciones. En primer
lugar, por el Grupo Mixto, el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, acaba de presentar para su convalidación un real decreto
en el que se incluye un conjunto de créditos extraordinarios y, entre
ellos, uno de 42 millones de euros para financiar el IV Plan Integral de
Empleo de Canarias. Voy a hacer referencia, con el tiempo que tengo, solo
a este asunto concreto. Lo primero que tengo que decirle es que, en
efecto, el crédito es extraordinario. Lo que es extraordinario es que
estemos hoy aquí convalidando 42 millones de euros para el Plan integral
empleo de Canarias del año 2012. He escuchado con atención al señor
ministro y ya me hubiese gustado que también antes hubiera dado esa
importancia que le ha atribuido a luchar contra la grave situación de
desempleo que padece Canarias -ya sabe que en este momento nuestra tasa
es del 35,12-, porque realmente esta cantidad es muy importante para
luchar contra esta cuestión. Por eso es absolutamente extraordinario que
hoy se traiga aquí a convalidar 42 millones de euros del año 2012. Le
tengo que señalar que en el año 2013, en los presupuestos que usted
elaboró, redujo esa cantidad a 10 millones de euros y en el reciente
proyecto de presupuestos -en el presupuesto ya aprobado para el año 2014-
la cantidad es cero. Por lo tanto, lo que es completamente extraordinario
es que un asunto de esta gravedad se trate -y discúlpeme que le diga esta
expresión- con esa extraordinaria frivolidad. Si es importante luchar
contra el desempleo en Canarias, lo será pagando lo que hay que pagar
cuando toca y no reduciendo la cantidad de 42 millones de euros
-recibiremos ahora, en noviembre de 2013, la cantidad que correspondía a
2012- y que para el año 2014 es cero euros.
Tengo que hacer aquí una referencia a la pregunta que en su día le formulé
a la ministra de Empleo -creo que hace dos meses de esto- y a la
respuesta que perpetró en esta Cámara, porque le decíamos estas cosas. En
conjunto, en políticas de empleo, el Gobierno de España le debe a
Canarias 128 millones de euros del año 2012, entre los cuales están
incluidos estos 42. Como probablemente no sabrá, pero yo se lo digo, la
ministra de Empleo nos vino a decir aquí que ya estaba bien de estarse
todo el día quejando, cuando el Gobierno de España había enviado 1.200
millones de euros a Canarias. Se lo he preguntado por escrito y no he
conseguido entender lo que me contesta; a ver dónde está ese dinero. Y
resulta que hoy se viene aquí a reconocer, señor ministro, que 42
millones de euros del año 2012 no fueron pagados ni en 2012 ni en 2013,
porque estamos en noviembre, tengo que recordárselo. Este es un asunto
absolutamente dramático. No sé si esta es una buena oportunidad para
pedirle a usted que considere la posibilidad, hablando de créditos
extraordinarios, como mínimo, de reponer los 42 millones de euros para
2013 y hacer algo para que este dinero esté también en 2014. En el año
2012, en el que usted consideró necesario apoyar el IV Plan de empleo de
Canarias, la tasa de paro era inferior a la que es ahora, y esto crece:
crece la pobreza, crece la desigualdad y crece el paro. Le diré que esto
sí que es bastante excepcional. Nosotros vamos a apoyar naturalmente está
convalidación, porque uno no está en situación de no apoyar que lleguen
42 millones de euros para luchar contra el desempleo en Canarias, aunque
sea un año largo más tarde. Pero sí le diré algo: este es un apoyo que no
está formulado desde la satisfacción; está formulado desde la más
absoluta indignación con el maltrato que su Gobierno inflige a la
Comunidad canaria, entre otras cuestiones, en materia de empleo. Esto es
lo que produce esta situación, esto que está pasando hoy aquí contradice
la contestación que realizó la ministra de Empleo y también contradice
las afirmaciones que usted hizo en el debate que tuvimos oportunidad de
tener hace bien poco respecto a la moción que le formulé en relación con
los asuntos canarios. Por tanto, sepa que vamos a apoyar esta propuesta,
pero entiéndase que la apoyamos -insisto- desde la indignación que nos
produce el maltrato que su Gobierno tiene con nuestra comunidad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.
Por el mismo grupo, señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, nosotros no nos posicionaremos en contra de este
real decreto -es evidente- porque los pagos son necesarios y seguramente
la amortización que ustedes proponen aquí también es conveniente. Sin
embargo, entiendan que no podemos posicionarnos a favor porque
discrepamos del sistema en sí y del fondo de la cuestión. Discrepamos del
fondo de la cuestión,
especialmente del grueso de estos 17.000 millones de euros que se refieren
al Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. No podemos
estar de acuerdo con el fondo de la cuestión porque están transmitiendo
una imagen de morosidad de las administraciones, y concretamente del
Gobierno de Cataluña, que a nosotros nos parece totalmente injusta.
Primero, porque la morosidad es un fraude y por tanto esa imagen
fraudulenta no la podemos compartir y, segundo, porque la morosidad no se
puede atribuir a quien no recauda, como es el caso de la Administración
catalana, que prácticamente no recauda impuestos, y a quien no puede
endeudarse, como es el caso de la Administración catalana que no puede
endeudarse porque por ley ustedes así lo impusieron. Es decir, la
Administración que no ingresa no puede ser responsable ni culpable de un
fenómeno de morosidad. ¿Quién puede ser responsable? Pues aquel que
dispone del grifo, del líquido por decirlo en términos muy gráficos y por
tanto puede resolver los problemas de morosidad y tiene la
responsabilidad sobre cualquier problema en ese sentido. Quien recauda es
quien tiene la llave. En este sentido, en todo el Reino de España quien
recauda es el Gobierno español, excepto en el caso, como usted sabe muy
bien, del País Vasco y Navarra.
Piden un crédito extraordinario para amortizar otro crédito, pero en el
fondo de la cuestión estamos discutiendo por qué hay que pedir un crédito
para solucionar una situación de morosidad, de impago temporal a los
proveedores. Nosotros entendemos que la responsabilidad final es de aquel
que recauda, de aquel que tiene el líquido y que, como tiene la
responsabilidad, debería resolver estas situaciones. Lo que no puede ser
y lo que no les admitimos es que desde el Gobierno español se diga que la
culpa y la responsabilidad de la morosidad la tienen las administraciones
que no recaudan y que no se pueden endeudar; eso no lo podemos admitir.
Porque además lo que hacen es irrumpir, poniéndose la capa de Superman, y
salvan a esas administraciones morosas con su dinero, con el agravante
además de que el dinero no es del Gobierno español, como tampoco lo es de
las otras administraciones. El dinero es de la gente, de los
contribuyentes que lo ceden temporalmente -a eso lo llamamos un contrato
social- a la Administración que sea, en este caso a la Administración del
Estado que es la que recauda, para que solucione problemas de este tipo.
Ustedes ya saben cuál es nuestra solución, que pasa por alcanzar la
mayoría de edad del Gobierno de la Administración catalana con la
independencia económica y, ya puestos, también con la política. Les
prometo y les aseguro que cuando alcancemos ese feliz estadio no
subiremos más aquí a quejarnos y a lamentarnos; se lo prometo
solemnemente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bosch.
No está el portavoz del Grupo Vasco. Por tanto, pasamos al Grupo de Unión
Progreso y Democracia. Señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
Lo primero que llama la atención de este real decreto es el contraste
entre los autoelogios que suele hacer en la tribuna el ministro de
Hacienda sobre su gestión o la del Gobierno y lo que aquí nos trae,
porque una y otra vez nos viene a decir que es infalible en la
presupuestación y una y otra vez, del verano para acá, nos trae reales
decretos con importantes créditos extraordinarios. El de hoy tiene una
cuantía muy significativa, ni más ni menos que 17.400 millones de euros.
No parece compatible ser tan infalible en la presupuestación y tener que
pedir créditos extraordinarios continuadamente de esta cuantía. Esta
cuantía se quiere asignar a cuatro asuntos, y me iré refiriendo
ordenadamente a cada uno de ellos. El primero y más importante por la
cantidad asignada es el Plan de pago a proveedores ya en su tercera fase.
En la primera fase iba a terminar con las facturas en los cajones, con la
morosidad. Vamos por el primer tramo de la tercera fase. De ellos, 11.900
millones se dedican a amortizar deuda en mejores condiciones financieras,
lo que nos parece una buena idea, y el resto, 5.400, a adoptar este
primer tramo de la tercera fase. Nos hemos manifestado ya reiteradamente
sobre estos planes; ha habido diferentes reales decretos y voy a reiterar
lo esencial de nuestra postura. Nosotros somos, como no podía ser de otra
manera, favorables -cómo no- a pagar a los proveedores, pero no ahora,
sino que ya en la IX legislatura, cuando el problema se estaba gestando,
señalamos lo que estaba sucediendo y señalamos que sería mucho mejor
dedicar planes, como el PlanE, a pagar facturas pendientes y a mantener
vivas empresas existentes que a levantar aceras que no necesitaban ser
levantadas.
Conviene recordar también a la vista de intervenciones anteriores, porque
es una perogrullada, que los responsables principales del problema son
las administraciones morosas, el ayuntamiento que no ha pagado sus
facturas, la comunidad que no ha pagado las suyas. Resulta sorprendente
que estas administraciones morosas culpen al Estado de que no les rescate
en la cantidad, el plazo o las condiciones
que ellos desean. No, los responsables primeros evidentemente son los que
no han pagado, los que no reaccionaron frente a la crisis. Hay que
recordar aquí, sin embargo, cuando el ministro se nos manifiesta como
salvador, que muchas de estas administraciones son y han sido del Partido
Popular, en casos como la Comunidad Valenciana o el Ayuntamiento de
Madrid. Por tanto, cuando nos salva, nos salva en gran medida de su
propio partido. Resulta espeluznante ver el listado de cosas que se han
dejado de pagar: pagos que han tenido que ver con la sanidad, con la
educación, los servicios sociales, centros tecnológicos, proveedores de
las universidades, instituciones sin ánimo de lucro. Los responsables de
esas administraciones las han llevado al borde del abismo, y a muchas
empresas, unos pasos más allá del borde del abismo, lo cual ha dado lugar
a un rescate de doble cuantía que el rescate europeo a la banca. Ha
pasado más desapercibido, pero estos planes de pago a proveedores
acumulan ya 41.000 millones de euros y el Fondo de liquidez autónomica,
otros 40.000. Estamos hablando de 80.000 millones de euros, un rescate de
doble cuantía que el rescate europeo a la banca.
Lo que nos sorprende, por tanto, y no acabamos de entender es que con un
rescate de esta magnitud, en primer lugar, no haya habido ningún tipo de
responsables. Ninguno de estos gestores que han llevado sus
administraciones al borde del abismo y a muchas empresas al abismo ha
tenido una responsabilidad por lo sucedido. Todo lo contrario, como antes
decía, están indignados; están en sus puestos pero indignados porque no
les llega el dinero pronto o en la cuantía necesaria. También nos
sorprende la falta de condicionalidad que ha acompañado a estos rescates,
porque el rescate europeo a España ha estado fuertemente condicionado, y
este, que es un rescate interior y de doble cuantía, no ha tenido las
condiciones que deberían haberlo acompañado. Siguen funcionando las
embajadas autonómicas y, eso sí, los que han visto deteriorados sus
servicios han sido hospitales y escuelas. Sin embargo, los instrumentos
existían en la propia legislación que acompañaba al rescate o en la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Lo que ha faltado ha sido la
voluntad de utilizarlos, pero si no ha habido voluntad en esta situación,
no entendemos en qué circunstancias se verá necesario utilizar esos
instrumentos porque más justificado que esta vez es difícil que vuelva a
estar.
De cara al futuro nos preocupan algunas cuestiones, como el conjunto de
incentivos perversos que se ha generado para las administraciones
públicas. En términos efectivos se ha abolido la cláusula de no rescate,
que es un elemento esencial que cualquier sistema descentralizado por el
que una administración no se responsabiliza de las deudas de otra. Se
intenta prever que no vuelva a suceder esto en el futuro, pero hay un
precedente importante, que es nocivo, de que una administración -el
Estado- asume deudas de otras administraciones. Nos preocupa también que
el problema rebrote o que se camufle, por ejemplo, con procedimientos
como la emisión tardía de la factura, que es difícil de detectar, y nos
preocupa la tardanza pese a todo del proceso. Estamos desembolsando ahora
5.400 millones que se van a dedicar a facturas vencidas -no emitidas,
vencidas- en mayo de 2013 -vamos con medio año de retraso- y queda
pendiente un segundo tramo de 8.000 millones de la tercera fase. Por
tanto, conviene agilizar al máximo los procedimientos.
Esta es la principal cuestión, el Plan de pago a proveedores pero, como
decía, hay otras tres. Hay un segundo crédito extraordinario para el IV
Plan Integral de Empleo en Canarias. Mi grupo ha recordado a menudo la
situación de los ciudadanos que viven en esta comunidad porque nos
preocupa extraordinariamente y creemos que a veces queda olvidada bajo
los problemas mayores de otras comunidades, pero Canarias tiene la
segunda tasa de paro de España, un 35 %, solo superada por Andalucía.
Habrán notado que nuestro grupo no es muy partidario de los hechos
diferenciales, históricos o étnicos, pero Canarias tiene un hecho
diferencial objetivo, la distancia, la insularidad; la propia Unión
Europea la considera una región ultraperiférica. Por eso tengo que estar
en esta ocasión de acuerdo con el señor Quevedo. Nos resulta
incomprensible que ahora se estén dotando unas cuantías para un plan de
empleo del año 2012 en una comunidad con un 36 % de paro y unas
circunstancias objetivas de insularidad. Eso sí, querríamos que estos
fondos se utilizasen bien, desearíamos una mayor evaluación de su uso y
que sirvan realmente para la formación de los parados, para ayudarles en
la búsqueda de empleo y para aumentar la movilidad no solo entre islas
sino también entre las islas y el resto del territorio español.
El tercer crédito extraordinario es al Ministerio de Asuntos Exteriores
para pagar una cuota internacional de España referida a las campañas
internacionales de vacunación. Esto hay que enmarcarlo en el recorte
generalizado de fondos de ayuda al desarrollo que ha habido en nuestro
país, porque esta cuota la solía pagar el Fonprode y esta vez se está
pagando con un crédito extraordinario y en el límite del plazo, cuando
está a punto de agotarse. La ayuda al desarrollo tuvo un objetivo del 0,7
% del PIB y ha quedado en el 0,17 %, se ha recortado fuertemente; en el
año 2012 los presupuestos recortaron esa ayuda en
cooperación a la mitad, en el año 2013, otro 23 %. Y lo que hoy trae el
Gobierno aquí es un buen ejemplo de la cortedad de miras de esta
política: primero, por razones humanitarias -en España hay problemas,
pero hay muchos países con problemas más graves-; y segundo, por egoísmo,
porque las campañas de vacunación también nos benefician indirectamente.
Nosotros viajamos a esos países y hay personas de esos países que emigran
y pueden venir a España, por tanto no es un dinero tirado -como a veces
parece en los presupuestos- el dinero que dedicamos a la ayuda al
desarrollo.
Y la cuarta y última cuestión tiene que ver con la cuarta convocatoria del
programa de incentivos al vehículo eficiente, por el que se dan
descuentos en determinadas circunstancias de 2.000 euros, 1.000 con una
subvención del Estado y otros 1.000 del concesionario. Creemos que el
programa no ha funcionado mal en su conjunto pero no está exento de
problemas y queremos aprovechar la ocasión para recordarlos. El primer
problema -típico de cualquier subvención- es que se crea como temporal
pero se va eternizando, nunca se encuentra el momento adecuado para
cesarlo, y vamos por el cuarto programa. Esto choca, por cierto, con la
supuesta ideología liberal del Partido Popular, pero choca con tantas
otras cosas -con los rescates a las autopistas, a las cajas- que tampoco
resulta sorprendente. Un segundo problema habitual es si esto se traslada
a los consumidores en forma de menores precios realmente o se aumenta el
margen de los concesionarios. Es un tema digno de estudio. La tercera y
última cuestión, que ha habido en convocatorias anteriores y no vemos que
vaya a desaparecer en esta, es la picaresca que se ha generado. Hay que
dar un vehículo antiguo para achatarrarlo y hay un mercado de coches
inservibles que se compran solo para poder acceder a la ayuda del Plan
PIVE. No entendemos que este problema se haya dado porque sería tan fácil
como exigir un plazo de titularidad del vehículo.
Dicho todo esto, en este real decreto-ley lo que se está haciendo es dotar
fondos para estos fines que compartimos. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). Nosotros objetamos sobre los mecanismos, no sobre los fines
y, por tanto, votaremos que sí, pero querríamos que se tramitase como
proyecto de ley para poder enmendar los mecanismos que están detrás de
los fondos que se dotan. Nuestro voto será sí al real decreto.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural,
tiene la palabra la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.
Señorías, señor ministro, el Gobierno vuelve a traer a la Cámara un real
decreto para conceder créditos extraordinarios con el fin de atender
cuestiones tan variopintas como la financiación de los pagos a
proveedores, la financiación del Servicio Público de Empleo Estatal, la
participación de España en la Facilidad financiera internacional para la
inmunización y las ayudas al programa de incentivos al vehículo
eficiente. Nos encontramos con cuatro políticas totalmente diferentes
para ser financiadas de forma extraordinaria con deuda pública porque
carecen de dotación presupuestaria o la que existe no es suficiente y
porque se supone que tienen carácter urgente. A estas cuatro políticas,
que hacen referencia a cuestiones absolutamente distintas unas de otras,
nos obligan a votarlas de manera conjunta. Esto deja mucho que desear
desde el punto de vista democrático, señor Montoro, y además se está
convirtiendo en un procedimiento parlamentario ciertamente aberrante que
no ayuda para la democracia en esta Cámara.
En primer lugar, habilitan un crédito extraordinario por importe de 17.300
millones de euros para conceder un préstamo al Fondo para la financiación
del pago a proveedores con la finalidad de amortizar anticipadamente el
saldo vivo del préstamo sindicado con las entidades financieras que
suscribió el fondo -11.900 millones de euros-, y atender al pago de las
obligaciones que se desprenden de la nueva fase del Mecanismo de
financiación para el pago a proveedores de entidades locales y
comunidades autónomas por un importe de 5.400 millones de euros.
Seguramente es oportuno amortizar el saldo vivo del préstamo sindicado si
el coste financiero del endeudamiento del Estado es menor que el del
préstamo, pero la cuestión es, una vez más, la discusión sobre el propio
mecanismo de pago a proveedores, su condicionalidad y la situación en
particular de nuestras entidades locales.
Señor ministro, en mi grupo sabemos el peligro -se lo hemos dicho muchas
veces- que puede suponer la morosidad en las administraciones para las
economías locales y regionales, pero no todo vale para solucionar este
problema; ni vale desde nuestro punto de vista el Plan de pago a
proveedores, que asfixia a los ayuntamientos mientras ven cómo se dispara
la deuda financiera con los bancos, ni vale la vuelta de tuerca que
pretende el Gobierno con el supuesto control de la deuda comercial en el
marco de la estabilidad presupuestaria. Porque, a nuestro juicio, lo
prioritario en la gestión de las administraciones
es el mantenimiento de los servicios públicos y esta ha de ser una línea
roja que nunca ha de traspasarse y, por lo tanto, para resolver el
problema de la deuda comercial no se puede poner en peligro el
mantenimiento de estos servicios.
Nuestra alternativa es clara: para que las administraciones atiendan sus
pagos a proveedores es preciso que existan más ingresos, y estos no van a
aparecer -no aparecerán- si el Gobierno continúa con sus políticas de
austeridad y recortes que deprimen la demanda interna y agotan la
capacidad fiscal de las administraciones. Los ajustes a las entidades
locales que todos estos procesos conllevan asestan un duro golpe a la
democracia y a la autonomía local, porque la obsesión que tienen por la
estabilidad presupuestaria como principio rector de todas las
administraciones acaba por tener consecuencias sociales nefastas en forma
de pobreza y deterioro de servicios que sufren de manera insoportable ya
las mayorías sociales. Esto es además precisamente lo que ustedes
pretenden ahora blindar con la contrarreforma local. Nosotros creemos que
se debe articular un marco legal de financiación local que aumente la
participación en los tributos del Estado de las haciendas locales hasta
porcentajes equiparables a los municipios de la mayoría de nuestros
vecinos europeos -no pedimos tanto, no es tan difícil, estamos en la
Unión Europea- y que permita el avance en la autonomía local y en su
capacidad para prestar servicios, y todo dentro de un marco democrático y
participativo. Pero esto es precisamente lo que el Gobierno pretende
combatir y eliminar.
En segundo lugar, en este real decreto nos encontramos con un crédito
extraordinario para atender la aportación al IV Plan integral de empleo
en Canarias por importe de 42 millones de euros. A este respecto, señor
Montoro, nada que objetar. Basta con comprobar la situación del empleo en
la Comunidad Autónoma de Canarias para apoyar la prioridad y la urgencia.
En tercer lugar, tenemos un crédito extraordinario por valor de más de 9,2
millones de euros para el abono de la cuota relativa a la participación
de España en la Facilidad financiera internacional para la inmunización
correspondiente el ejercicio 2013. Esta iniciativa suministra recursos a
la alianza global para las vacunaciones realizando campañas masivas de
inmunización y España debe cumplir su compromiso en forma de cuota. Hasta
este ejercicio 2013 la cuota se financiaba con cargo al Fondo para la
promoción del desarrollo, pero ahora esta posibilidad no existe porque la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 dispuso que el
Fonprode no pudiera gestionar operaciones no reembolsables. En su diseño
este fondo se estructuró para ofrecer una parte de ayuda reembolsable y
otra tipo donación, no reembolsable. La ayuda no reembolsable en forma de
donación se ha ido reduciendo hasta llegar a esta situación, en la que
toda la dotación se canaliza por la vía de los créditos. Aquí tenemos que
decirles que ya lo dijimos, le dijimos al Gobierno que era un error
establecer un Fonprode cien por cien reembolsable. Lo cierto es que esta
gestión financiera choca frontalmente y acaba con el espíritu con el que
nació el propio fondo, que era el de la erradicación de la pobreza, la
reducción de las desigualdades e inequidades sociales entre personas y
comunidades, la igualdad de género, la defensa de los derechos humanos y
la promoción del desarrollo humano y sostenible en los países
empobrecidos.
Por último, el real decreto-ley habilita un crédito extraordinario por
valor de 70 millones de euros para financiar las ayudas del programa de
incentivos al vehículo eficiente, conocido por todos como PIVE 4. El
Gobierno afirma que valora muy positivamente los efectos del programa de
incentivos al vehículo eficiente, nos dice que el programa ya ha
producido unos impactos muy favorables en términos de creación y
mantenimiento del empleo en el sector y también en términos
medioambientales y de mejora de la eficiencia energética. Pues bien,
desde La Izquierda Plural no tenemos muy claro que en términos de empleo
los recursos que se están destinando al programa PIVE no fuesen más
productivos en otros sectores económicos, pero lo que sí tenemos
clarísimo, señor Montoro, es que no deja de ser como poco irónico que el
Gobierno hable de política medioambiental y de eficiencia energética
aquí. Ha sido este Gobierno el que ha abandonado el impulso de las
energías renovables, que son la única garantía de abastecimiento de
energía en el futuro, del que España puede ser pionera por contar con un
entorno favorable y con la tecnología adecuada. Ustedes hablan aquí de
eficiencia energética mientras penalizan al sector de las renovables e
hipotecan el futuro energético incumpliendo directivas europeas y además
destruyendo miles de puestos de trabajo creados en los últimos años en la
economía verde. Nos parece impresentable que utilicen este argumento de
la eficiencia energética para favorecer este crédito extraordinario en
este aspecto.
Por todos estos motivos, desde La Izquierda Plural ya le decimos que
tendremos que abstenernos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.
Señorías, este es el segundo real decreto-ley que debatimos hoy en la
Cámara para la concesión de créditos extraordinarios, el primero
defendido por el ministro de Economía, el segundo defendido por el
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en este caso para hacer
frente a compromisos en relación con la amortización del saldo vivo del
préstamo suscrito el año pasado y la financiación de la nueva fase, ambos
del Fondo para la financiación de pagos a proveedores; la aportación al
Plan integral de empleo en Canarias -al que se ha referido el señor
Quevedo-; la aportación a la facilidad financiera internacional para la
inmunización y, para finalizar, para dotar económicamente la cuarta
convocatoria del programa de incentivos al vehículo eficiente, llamado
Plan PIVE. Mi grupo va a apoyar la convalidación de este real decreto-ley
por entender la oportunidad y la necesidad de su aprobación; por el
contenido, muy especialmente en relación con el Fondo para la
financiación de pagos a proveedores, superando los malentendidos que
surgieron en relación con este instrumento y el Fondo de liquidez
autonómica y que ya se han superado y en relación con la nueva
convocatoria del llamado Plan PIVE. El primero es para dar liquidez a
comunidades autónomas y entidades locales ante la imposibilidad de
conseguirla en los mercados internacionales y el segundo como instrumento
para el fomento de un sector económico e industrial de gran peso en
nuestra economía y en el empleo y sector tractor de otros sectores e
industrias económicas. Únicamente quería hacer una breve referencia a la
necesidad de incluir el crédito extraordinario del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación por importe de más de 9.000.000 de euros para
proceder al abono de la cuota de participación de España en la Facilidad
financiera internacional para la inmunización correspondiente al presente
ejercicio 2013.
La memoria abreviada que acompaña al real decreto-ley nos ilumina para
entender la necesidad de incorporar este crédito extraordinario en este
real decreto-ley. Leo literalmente: En ejercicios anteriores la
financiación de esta cuota se ha efectuado con cargo al Fondo de ayuda al
desarrollo, FAD, y posteriormente con cargo al Fondo para la promoción
del desarrollo, Fonprode. Sin embargo, el artículo 58.2 de la Ley
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2013, establece que durante el año 2013 solo se podrán autorizar con
cargo al Fonprode operaciones de carácter reembolsable, así como aquellas
operaciones necesarias para hacer frente a los gastos derivados de la
gestión del fondo y de otros gastos asociados a las operaciones
formalizadas por el fondo. En resumen, como no es posible abonar la
contribución con cargo al Fonprode, debe realizarse a través de la
dotación de un crédito extraordinario.
Señorías, a través de los Presupuestos Generales del Estado el Gobierno
decide no prever el carácter no reembolsable del Fonprode y para hacer
frente a operaciones perentorias debemos hacerlo a través de un real
decreto-ley, aprobando un crédito extraordinario con cargo a deuda. No es
solamente lo que podríamos llamar un fraude a la voluntad de legislador
manifiesta en la ley de Fonprode -como luego explicaré-, sino que por
economía legislativa, por el buen hacer, creemos que sería más lógico
prever una parte no reembolsable del Fonprode. Sus señorías podrían
pensar que es un argumento muy débil para defender la necesidad de que
una parte del Fonprode debería ser no financiero, pero es que la Ley
36/2010, del Fondo para la promoción del desarrollo en su artículo 13.3
prevé que durante la vigencia del III Plan director de la cooperación,
las operaciones reembolsables no podían superar el 5 % de la ayuda
oficial al desarrollo bruta y que, posteriormente, cada plan director
establecería el límite porcentual sobre la ayuda oficial al desarrollo,
que debería alcanzar el total de estos créditos, préstamos y líneas de
financiación reembolsables. En estos momentos -y no habrá sido por
insistencia de mi grupo parlamentario- el vigente plan director no
establece el límite al Fonprode reembolsable y los Presupuestos Generales
del Estado prevén que no exista dotación no reembolsable del Fonprode, es
decir, lo que en principio se previó que el Fonprode reembolsable fuera
mínimo ha acabado siendo la norma general, y ello porque no se halla en
vigor la anterior previsión, pero también incumpliendo la ley del
Fonprode porque el plan director vigente no prevé ningún límite al
respecto. Todo ello nos lleva a tener que aprobar un crédito
extraordinario para atender los compromisos adquiridos y esta situación
podría ser extensible a muchas otras contribuciones para organismos
internacionales comprometidas por el Gobierno español, pero no
realizadas. Por ello, nos alegramos de que se proceda al abono de la
cuota en la Facilidad financiera internacional para la inmunización, pero
debemos manifestar la inusual situación de facto que supone tener que
realizarlo a través de un crédito extraordinario. A pesar de todo ello,
mi grupo parlamentario dará apoyo a este real decreto-ley.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Rangel.
El señor RANGEL TARRÉS: Gracias, presidente.
Subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Socialista en relación
con la convalidación del Real Decreto-ley 13/2013, de 25 de octubre, que
dota créditos extraordinarios para la financiación de diversas
actuaciones que no tienen consignación o insuficiente en los Presupuestos
Generales del Estado. Para empezar, hay una cosa que unifica lo que se
nos plantea en el real decreto. Son cuatro créditos extraordinarios y los
cuatro se financian con deuda pública, pero responden a una miscelánea de
políticas bien distintas, como se han ido glosando por parte de los demás
intervinientes. Nosotros vamos a dar apoyo a este real decreto, pero que
quede bien claro antes de iniciar mi intervención que el apoyo no es un
aval a las políticas que se contienen en los diversos créditos
extraordinarios, sino que en algunos casos nuestro apoyo responde a la
necesidad de hacer frente a pagos para personas que pueden ser víctimas
de determinadas políticas y no tienen por qué pagar las consecuencias.
Para empezar, quisiera hablarles de algo con lo que sí estamos de acuerdo
porque responde a una estrategia que se enmarca en el plan de acción de
eficiencia energética de 2011, que fue aprobado por acuerdo del Consejo
de Ministros de 29 de julio de 2011. Me estoy refiriendo al Plan PIVE 4.
Se ha hablado aquí antes, y reitero que es importante, de que se dé apoyo
a un sector que tiene un peso, creemos que importante, en la industria,
como es el sector de la automoción. Además de las finalidades de la
eficiencia energética, seguramente es una de las pocas políticas de apoyo
a sectores industriales que brillan por su ausencia en las políticas de
este Gobierno. No se trata precisamente de un Gobierno que impulse un
cambio de modelo productivo donde el peso de la industria llega a crecer
mucho más, como hemos dicho en anteriores ocasiones, en el conjunto del
producto interior bruto. Por lo tanto, si ha tenido éxito en las fases
anteriores y había la necesidad de no cortar en seco la actuación que se
inició con los anteriores planes, entendemos que se deba dotar un crédito
extraordinario con el objetivo de continuar con la política hasta finales
del ejercicio.
Se ha comentado que otro de los aspectos que se contemplan en los créditos
extraordinarios es el apoyo al abono de la cuota por la participación de
España en la Facilidad financiera internacional para la inmunización,
correspondiente al ejercicio 2013. Nos parece incomprensible que no se
hubiese consignado en su momento esta partida en los Presupuestos
Generales del Estado, máxime cuando fue el propio Gobierno el que en
virtud de su actuación de rodillo parlamentario en el debate de
presupuestos impidió que se pudiera financiar como hasta ahora se hacía y
que pueda incurrir en mora con las consecuencias que eso implica. El
ministro lo ha apuntado, pero no ha dicho que puede ser precisamente que
se dé cuenta a las instituciones de rating y pueda perjudicar a la
calificación negativa de nuestra deuda. Me parecería un desliz
importantísimo incurrir en esa situación, incumplir los compromisos que
tiene el Gobierno de España y el Reino de España a nivel internacional y,
por lo tanto, terminar perjudicando lo que nos ha estado arreglando el
Banco Central Europeo con sus políticas.
Respecto de la aportación al cuarto Plan integral de empleo de Canarias,
aparte de lo que ha manifestado el señor Quevedo -estoy de acuerdo con su
intervención-, quiero decir que las enmiendas que el Grupo Socialista
presentó fueron rechazadas por el Grupo Popular. Por lo tanto, se desoyó
la petición de incorporar los créditos necesarios para hacer frente al
cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Gobierno de Canarias,
eso sabiendo la situación de paro que hay -y que se ha citado- de más del
35 % en las islas Canarias. Me parece que ahora intentar solventar un
problema de los presupuestos de 2012, por desoír las peticiones y las
enmiendas que se presentaron por parte de la oposición y por parte de
este Grupo Socialista, es corregir tarde una política que no ha tenido
continuidad en los presupuestos para este año ni para el año que viene
porque también ha ido disminuyendo, tal como se ha comentado.
Finalmente, el tema que tiene que ver con el Plan de pago a proveedores me
parece un poco más grave. El ministro nos ha contado que se debe a que
hay una refinanciación por amortización del saldo vivo del crédito
sindicado que se contrajo en su momento por 11.900 millones de euros. Eso
nos parece normal; al fin y al cabo una buena gestión no hace falta que
implique autobombo, faltaría más; faltaría más que se hiciese con la
gestión correcta de los recursos públicos, y en este caso si hay una
posibilidad de mejora de la financiación, refinanciando este saldo vivo
que no se haga. A nosotros lo que nos preocupa son los 5.400 millones de
la tercera fase que se incorporan en este real decreto. Y nos preocupan
porque, a diferencia de lo que se ha comentado aquí por parte de algún
otro interviniente, no creemos que con
carácter general respondan a la mala gestión de las administraciones
territoriales, de comunidades autónomas y de ayuntamientos. Por
descontado que a cada uno se le tiene que juzgar por sus hechos; el mundo
local es muy heterogéneo, y hay gente que gestiona muy bien, gente que no
gestiona tan bien y otros que seguramente gestionan muy mal, y lo mismo
sucede con las comunidades autónomas. Pero cuando el problema es
generalizado responde a otras razones y no al análisis individual de cada
uno de ellos. Y lo que está ocurriendo, señor ministro, es que hay una
política del Gobierno que traslada básicamente a las comunidades
autónomas el esfuerzo en el ajuste. Lo hemos dicho en más de una ocasión
cuando se hablaba del reparto del objetivo de déficit a los diversos
subsistemas de la Administración pública. Y hemos dicho que cuando se
traslada ese objetivo a administraciones que tienen unos gastos muy
rígidos y unos ingresos que están en función del ciclo económico lo que
se perjudicaba eran los servicios públicos esenciales. No en vano ahora
se incluyen en el pago a proveedores no solamente facturas que estaban en
el cajón, como se dijo en tantas ocasiones, y lo ha dicho el ministro,
también se incluyen conciertos en materia sanitaria, educativa, de
servicios sociales, convenios de colaboración, transferencias a
instituciones sin fines de lucro y con fines sociales, subvenciones a
entidades inscritas en el registro de centros tecnológicos y centros de
apoyo a la innovación, a proveedores de universidad; es decir, a todo un
conjunto de entidades que están saliendo perjudicadas por las políticas
que se están impulsando por parte del Gobierno y que no tienen más
remedio que sufrir las consecuencias.
Señorías, vamos a apoyar este real decreto por responsabilidad y, sobre
todo, porque aquellos que son los que han tenido que sufrir como
damnificados políticas negativas no se vean perjudicados y puedan cobrar,
al fin, lo que se les debe.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rangel.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Asian.
La señora ASIAN GONZÁLEZ. Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, me corresponde intervenir, en nombre del Grupo Popular, para
fijar posición respecto a la convalidación de un importante real
decreto-ley, por el cual aprobamos partidas para continuar con
iniciativas que contribuyen a dinamizar nuestra economía y ampliamos
determinados planes y programas que han dado buen resultado y atienden
tanto a pymes y autónomos como a sectores pujantes de nuestra economía.
Hay un crédito extraordinario por 17.300 millones para la concesión de un
préstamo al Fondo de financiación de pago a proveedores; 70 millones para
la aportación a la cuarta convocatoria del programa de incentivos al
vehículo eficiente; 42 millones de crédito extraordinario al Plan
integral de empleo de Canarias; y, por último, 9,42 millones para la
contribución anual a la alianza global de vacunación.
En cuanto al crédito del pago a proveedores, el crédito extraordinario que
hoy convalidamos de mayor cuantía, es necesario reflexionar que los
impagos a proveedores estaban contribuyendo, hasta la instauración de
estos planes, de manera muy directa a la destrucción de empresas y de
empleo. Además, los impagos a proveedores se transmiten a través de la
cadena de pagos con un efecto multiplicador, que ocasiona que el impago a
los proveedores se constituya en un mecanismo de propagación de la crisis
económica y financiera. Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy llega al
poder se encuentra con que la deuda pública total -la comercial, la
financiera, la del sector eléctrico y la de las empresas públicas- se
había duplicado en cuatro años, se había incrementado en 420.000
millones, de manera tal que en 2007 estaba cifrada en 477.000 millones,
algo más de esta cifra, y pasa en 2011 a cifrarse en 897.000 millones.
Ante esta situación, en este contexto, era necesario establecer medidas
para erradicar la morosidad del sector público, como un elemento
imprescindible para incrementar la competitividad de nuestra economía,
puesto que reduce la necesidad de financiación de las empresas. Y eso ha
hecho el Gobierno de España con determinación, ha introducido medidas
estructurales y medidas coyunturales; medidas coyunturales, como la que
hoy comentamos, planes de pago a proveedores, Fondo de liquidez
autonómico, anticipos en liquidaciones, etcétera; y medidas
estructurales, para erradicar definitivamente la morosidad del sector
público español. Buena prueba de ello, una primera reforma estructural,
es el proyecto de ley de impulso de la factura electrónica y registro
contable, que modifica el procedimiento de facturación en el sector
público, primero la factura pasa al órgano contable y luego al órgano
gestor, de manera que ya no se podrán guardar más las facturas en los
cajones, y la ley orgánica de control de la deuda comercial, que
debatiremos a continuación, porque, para atender el desafío de la deuda
comercial, era necesario introducir un mecanismo que fuera fácil de
controlar, fácil de aplicar y que permitiera un control generalizado por
parte de las administraciones públicas y de los ciudadanos y, sobre todo,
que fuese público. De esta
manera la ley orgánica de control de la deuda comercial determina el plazo
medio de pago a proveedores como expresión de la deuda comercial, de
forma tal que cualquier administración que se desvíe del periodo legal de
treinta días tendrá que establecer medidas preventivas, correctivas y
coercitivas, que van desde el planteamiento de un plan de tesorería para
corregir las desviaciones hasta la posibilidad de que le sean retenidos
los fondos a la Administración deudora, y pagar directamente a los
proveedores. Pero antes de enero de 2014, fecha en la que entran en vigor
estas reformas estructurales, es conveniente poner el marcador a cero en
la deuda comercial, y para ello se ha establecido la tercera fase del
Plan de proveedores, con dos tramos, cuyo primer tramo se acaba de
repartir por importe de 3.881 millones de euros en el Consejo de
Ministros del viernes pasado.
De todo lo expuesto hasta aquí quiero hacer una reflexión que considero
muy importante, y lo es porque habitualmente se comenta que la
recuperación de la economía española se ciñe exclusivamente a datos
macroeconómicos, y que no ha llegado a las empresas ni a las familias
porque es necesario que fluya el crédito para que haya liquidez. Yo a
esto le tengo que decir, ¿conoce alguien una medida más eficaz y más
justa de hacer llegar la liquidez a las familias y las empresas que pagar
las deudas pendientes? ¿De qué nos serviría conceder nuevos créditos si
toda la liquidez aportada se diluyera a través de una morosidad
incontrolada? ¿Cuál es el balance provisional de los planes de pago a
proveedores en sus tres fases? Se han pagado más de ocho millones de
facturas, aproximadamente a 230.000 proveedores, y por importe superior a
41.000 millones de euros, que sumados a los 35.000 millones del Fondo de
liquidez, suponen una inyección de liquidez que el Gobierno de España
suministra a nuestra economía por importe superior a 76.000 millones de
euros.
Algunos parlamentarios que han intervenido incluso han puesto en cuestión
la razonabilidad económica de estos planes. Creo que en primer lugar hay
que hacer una reflexión. Evidentemente adherirse a estos mecanismos de
liquidez es totalmente voluntario, y le podría dar muchas explicaciones,
pero es difícil en estos momentos, y se lo voy a expresar en términos de
ahorro de costes. El establecimiento de estos mecanismos de liquidez ha
supuesto para todos los españoles -para los catalanes, para los
andaluces- un ahorro de más de 5.000 millones de euros, es decir, hemos
ahorrado 5.000 millones de euros con la implantación de estos sistemas de
liquidez que hubiéramos tenido que gastar si cada comunidad autónoma, si
cada ayuntamiento, hubiera acudido de manera individual, y en el caso de
tener los mercados abiertos, en busca de financiación.
En cuanto al crédito extraordinario para el Plan de empleo integral de
Canarias, en primer lugar, para comprender la importancia de este crédito
hay que referirse a la situación del desempleo en Canarias, que supera el
35 %, concretamente el 35,12 %, cifra además incomprensible si la ponemos
en relación con que el principal sector económico de Canarias, el
turismo, está batiendo récords en niveles de ocupación. Pero hoy tenemos
una noticia para la esperanza, una expectativa positiva para todos los
canarios, puesto que hay que poner en conexión este crédito
extraordinario con un cambio en la estrategia de las políticas activas de
empleo. En agosto se ha aprobado un nuevo Plan de políticas activas de
empleo en estrecha colaboración con todas las comunidades autónomas, que
contiene más de 350 medidas que tendrán que aplicar todos los servicios
públicos de empleo, y que consolida un cambio hacia un nuevo modelo. Creo
que con las cifras de desempleo que tenemos en España el cambio hacia un
nuevo modelo está más que justificado. Además recientemente, el 8 de
noviembre pasado, el Consejo de Ministros ha realizado la distribución
territorial de los fondos de ejecución de políticas activas de empleo, y
a Canarias le corresponden 76 millones de euros; 76 millones más 42
millones del crédito extraordinario hacen un montante total de 118
millones. Dos son los elementos básicos que han de contar para que una
política activa de empleo sea efectiva. El primero, que haya fondos
suficientes, y los hay, 118 millones, cantidad creo que importante para
iniciar políticas activas de empleo. El segundo, y no menos importante,
una gestión eficaz de estos fondos. Estamos pues en el momento de la
gestión. Animo al Grupo Socialista y a Coalición Canaria a que
contribuyan a esta gestión eficaz, porque indudablemente esta gestión
será el mejor incentivo para continuar con el apoyo europeo, precisamente
en unos momentos en que España está esperando una importante suma, una
cantidad sustancial en apoyo a las políticas activas de empleo.
No voy a referirme, porque además no tengo tiempo, al Plan PIVE, pero sí
quiero mencionar la importancia que este plan tiene como herramienta de
mejora energética. Pero tampoco quiero terminar mi intervención sin decir
que evidentemente en el Grupo Popular estamos orgullosos de la
legislación que estamos tramitando para poner fin a la morosidad, y
orgullosos también de apoyar a un Gobierno que dota presupuestariamente a
esta legislación -porque una cosa es legislar y otra dotar
presupuestariamente- y que además ejecuta. También quisiera decir a
aquellos grupos que han intervenido, en especial al Grupo
Socialista, que en su intervención hacen una denuncia simultánea de la
política de austeridad y además de la deuda pública, que es una
incoherencia que les descalifica como partido con alternativa de
Gobierno, porque si cuando venimos aquí con propuestas que suponen
incremento de gasto y por tanto de deuda pública no están conformes, y
cuando venimos también con medidas de políticas de austeridad, de
disciplina presupuestaria tampoco lo están, porque dicen que se puede
gastar y gastar sin pagar nunca jamás, no es entendible.
Para finalizar sí quisiera dejar claro de una manera muy evidente que los
créditos extraordinarios que ahora aprobamos y que se financian con un
incremento de la deuda pública se destinan fundamentalmente a financiar
los servicios esenciales del Estado del bienestar. Buena prueba de ello
es que en la tercera fase del Plan de pago a proveedores, en su primer
tramo, más del 60 % de su importe se ha destinado al pago de los
proveedores de Sanidad.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Asian.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL EN EL SECTOR
PÚBLICO. (Número de expediente 121/000063).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el dictamen de la Comisión sobre el
proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector
público. Este proyecto debe ser sometido a una votación final por ser ley
orgánica. La votación no será antes de las cinco, quizá sea bastante
después, aunque espero que no.
Para defender las enmiendas formuladas, en primer lugar, por el Grupo
Mixto tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Debatimos, señorías, un proyecto de ley importante, una norma que es un
corolario, un complemento de ese grupo normativo formado por la reforma
del artículo 135 de la Constitución, la Ley Orgánica 2/2012, de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y la que vimos
hace dos semanas, de creación de la autoridad independiente de
responsabilidad fiscal. UPN ha presentado y defendemos en este trámite
cuatro enmiendas, las números 4, 41, 42 y 43, que en todos los casos
creemos que responden a distintos problemas y situaciones que a nuestro
juicio debieran tener otro tratamiento, y por tanto otra solución.
En la enmienda número 4 planteamos incorporar un nuevo apartado 4 al
artículo 32 de la Ley 2/2012, que es el que recoge el destino del
superávit presupuestario de las entidades locales, para posibilitar un
trato equitativo para todas esas entidades locales, evitando la
discriminación que se producen en estas, cuyos ratios de deuda están
cercanos al límite legal, y también para facilitar una mayor racionalidad
en el uso de la deuda, impidiendo que deba amortizarse deuda en
condiciones económicas muy ventajosas y fomentando las inversiones,
financieramente sostenibles, de las entidades locales a efectos de
mejorar el empleo. Por tanto solicitamos flexibilidad en el destino del
superávit.
En la número 41 proponemos volver a la redacción anterior del artículo
21.1 de la Ley Orgánica 2/2012. Con frecuencia, señorías, a las entidades
locales les resulta imposible alcanzar el cumplimiento de los objetivos
de estabilidad presupuestaria, el objetivo de deuda pública, regla de
gasto, en la misma anualidad en la que se ha producido su incumplimiento.
Por eso pedimos que, en caso de incumplimiento de esos objetivos, la
Administración incumplidora formule el plan económico y financiero que
permita, en un año, el cumplimiento de los objetivos o de la regla de
gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo 21. Por
tanto en este caso pedimos tiempo.
En la número 42 proponemos modificar la disposición adicional sexta para
recuperar la referencia al año 2013 que hacía el artículo 32 de la Ley
2/2012. Pretendemos evitar que las entidades locales que dieran al
superávit un destino diferente al de reducir el endeudamiento neto queden
desprotegidas jurídicamente. En todo caso lo que proponemos, en
definitiva, es que se mantenga la redacción del anteproyecto de ley
acordada en la Federación Española de Municipios y Provincias.
Por último, en la enmienda 43 proponemos modificar el artículo 35 de la
Ley 14/2013, del 27 diciembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, para corregir una situación que va a afectar
negativamente a algunas sociedades de garantía recíproca en nuestro país,
al haberse elevado las cifras mínimas del capital social de estas
sociedades en unas cantidades que las hacen injustamente inviables,
cuando obviamente no lo son. Hasta el momento no hemos recibido respuesta
positiva a ninguna de nuestras enmiendas. Nos plantean que puede que en
el Senado cambie la disposición del grupo mayoritario. Nosotros hoy no
podemos votar a favor de esta norma en estas condiciones y con estos
rechazos, pero tampoco nos oponemos a cambiar nuestra posición si cambia
la disponibilidad del grupo mayoritario.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, presentamos una enmienda de devolución al
presente proyecto de ley, en primer lugar, porque ahora vamos a expresar
lo que para muchos será el ritornello de siempre: que invade competencias
esta iniciativa, que es recentralizadora. Igual se les hace pesado oír
esto una y otra vez, pero sepan que todavía es más pesado que se haga,
que lo hagan, teniéndolo que soportar e intentar acomodar esta marcha
atrás constante a cosas que parecían obvias y elementales hace escasos
meses o años. Este proyecto de ley da un paso más en lo que para nosotros
es la defunción de la autonomía financiera, que equivaldría casi a la
autonomía a secas, porque si no hay autonomía financiera ya me dirán qué
valor, qué margen real hay de desarrollar políticas autónomas dentro del
autogobierno.
Esta deriva ya empezó con el control estricto, rigurosísimo, de la deuda
pública que ha llevado a una imposibilidad de contratar deuda por parte
de la Administración catalana, por ejemplo, y de muchos ayuntamientos, y
ahora lo extienden a lo que sería la deuda comercial y la relación con
los proveedores. ¿Es posible que con este aumento del control mejore el
sistema de financiación de los proveedores? Pues no. Lo más probable es
que no mejore, porque el problema está en el origen, ahí donde hay
liquidez. Y si un Gobierno, como el Gobierno catalán, no recauda
-prácticamente no recauda- es muy difícil que asegure la liquidez en los
pagos. Si no tiene líquido, ¿cómo va a asegurarlos? Por mucho control,
por muchos castigos o por muchas medidas rigurosísimas que ustedes
decreten o contemplen en cualquier ley es muy difícil que lo haga, porque
el mismo sistema no lo permite, es de lógica estricta. A quien hay que
controlar es a quien tiene esa posibilidad, esa liquidad. ¿Y quién es?
Pues quien recauda. ¿Y quién recauda? El Gobierno del Estado. El control
de las leyes, como por ejemplo esta, debe centrarse en impedir la
morosidad y los impagos por parte del Estado, pero no de aquellos que no
recaudan, sino de aquellos que recaudan y que tienen los recursos. Estos
recursos -insistimos en ello y ya lo hemos dicho antes- no son del
Gobierno del Estado, como tampoco lo serían de los Gobiernos autónomos o
de los municipios, porque el dinero es de la gente, el dinero es de los
contribuyentes que son quienes se lo confían a una Administración para
que lo devuelva en bienes, servicios e inversiones. ¿Por qué el Gobierno
no asegura esa liquidez en los pagos a los proveedores? Es una respuesta,
señor ministro, que si acaso deberá darla usted. Seguramente tendrán sus
prioridades, preferirán pagar otras cosas antes, posiblemente tendrán un
déficit elevado que les impide tener la liquidez que deberían tener,
etcétera, pero lo que nos parece injusto e inexacto es hacer recaer la
responsabilidad y la culpa en aquellos que no tienen la liquidez, porque
no recaudan. Por principio nos parece que eso es contradictorio. Por
tanto nosotros tenemos un problema con el modo de plantear este asunto,
con el mismo sistema.
En el caso de Cataluña ya se lo he comentado y se lo vuelvo a repetir.
Nosotros creemos que la buena solución, lo que sería mejor para nosotros,
para la gente de Cataluña sería ir a la emancipación económica y también
política por supuesto. Ese es nuestro ideario y por eso creemos -y
cualquier paso que se acerque en esa dirección nos parecería positivo en
ese sentido- que con la emancipación iría también la asunción de la
responsabilidad financiera. Eso es lo que queremos, queremos ser más
responsables, queremos ser mayores de edad, y no queremos ser menores de
edad tutelados, además de castigados por no pagar con un dinero que no
tenemos porque no recaudamos. Esa sería nuestra filosofía. Estamos
seguros de que la entienden, aunque también estamos seguros de que no la
comparten y este proyecto de ley es una prueba de eso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la
palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Son dos grandes principios los que subyacen en este proyecto de ley
orgánica de control de la deuda comercial. Esos dos grandes principios
son: la estabilidad presupuestaria y la lucha contra la morosidad. Mi
grupo comparte plenamente ambos principios.
En lo que se refiere a la estabilidad presupuestaria nosotros hemos
criticado al Gobierno la composición del ajuste, qué gastos ha recortado,
cómo ha aumentado los ingresos, pero no la necesidad de reducir el
déficit público; eso nunca lo hemos puesto en duda. De hecho hemos
ofrecido alternativas de recortes de gasto que no se han tenido en cuenta
o de mejoras de ingresos. Por eso apoyamos la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria -quiero recordarlo-, y si no apoyamos la reforma del
artículo 135 de la Constitución fue por el procedimiento y por el
principio de prioridad absoluta de la deuda pública, que no compartimos,
pero sí el espíritu de control del déficit público. (El señor
vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Lo mismo sucede con
la lucha contra la morosidad. No me voy a extender mucho porque hemos
tenido ocasión en el real decreto anterior de hablar de este mismo
asunto, pero ya en la legislatura anterior insistimos en los tiempos del
PlanE en la necesidad de luchar contra la morosidad, y muy especialmente
la morosidad de las administraciones públicas.
Con estos antecedentes, compartiendo la necesidad de la estabilidad
presupuestaria, compartiendo la necesidad de la lucha contra la
morosidad, sobre todo la pública, le sorprenderá que les digamos que
veamos con buenos ojos la ley que hoy traen a la Cámara. Nos parece bien
incluir en el principio de sostenibilidad financiera la morosidad de la
deuda comercial de las administraciones, y por tanto nos parece bien
también fijar una serie de mecanismos preventivos, correctivos,
coercitivos para que este principio se haga efectivo.
Hay algunos aspectos que valoramos de manera positiva, por ejemplo, que se
calculen y se hagan públicos los periodos medios de pago de las
diferentes administraciones, algo que va a aumentar la transparencia y
que servirá también como medio de presión de la opinión pública sobre
aquellas administraciones que tengan periodos medios de pago más altos.
Respecto a los mecanismos que se introducen, como que la comunicación de
alerta del ministerio sea de obligado cumplimiento, que se puedan retener
recursos del sistema de financiación, que en casos extremos se pueda
quitar la capacidad normativa de los tributos cedidos, que el Estado se
haga cargo en último término del pago de las facturas a los proveedores,
son medidas que mi grupo ha propuesto en el pasado -por cierto, a menudo
se nos ha dicho que eran inconstitucionales, demagógicas-; en cualquier
caso, en coherencia con nuestras propuestas, nos parece bien que se
introduzcan. Solo lamentamos el tiempo perdido y dudamos de la voluntad
política de utilizar estos instrumentos, pero los instrumentos en sí nos
parecen adecuados, porque van en la dirección que nosotros defendemos,
que es una descentralización en España bien diseñada, una
descentralización en la que las diferentes administraciones funcionen
como piezas de un todo, y no como mecanismos independientes; como piezas
de una maquinaria coordinada.
Esto no quiere decir que el modelo que aquí se nos trae sea exactamente el
nuestro, de ahí que hayamos presentado enmiendas y que las hayamos
mantenido vivas de la Comisión al Pleno. Nos preocupa, por ejemplo, el
plazo en que se diseñe esta metodología de cálculo del periodo medio de
pago a proveedores. Querríamos que fuese lo más rápido posible o al menos
que se fijase una fecha máxima en la que esta metodología existirá, y a
eso se dedica nuestra enmienda número 40. En otro bloque de enmiendas,
36, 37 y 38, ofrecemos nuestro modelo alternativo, que también
presentamos como proposición no de ley en la Comisión de Hacienda, y que
consiste en crear una ventanilla en la Administración central, de forma
que siempre que se sobrepase el plazo de pago legal de treinta días en
cualquier Administración -ayuntamiento o comunidad- la empresa pueda ir a
esa ventanilla de la Administración central, cobrar, y luego el Estado
descontaría a la Administración morosa esa cantidad. ¿Qué ventajas vemos
a esta propuesta alternativa? Primero, se cumpliría estrictamente el
plazo legal de treinta días -luego volveré sobre esto-, segundo,
aflorarían todas las facturas, y tercero, en la ley que nos trae el
Gobierno se habla de un periodo medio de pago, pero detrás de esa media
hay una varianza, hay una dispersión. Una Administración puede tener un
periodo medio de pago de treinta días y haber una empresa a la que se le
esté pagando a doscientos días. Los casos individuales se atenderían
mejor con este procedimiento de ventanilla única.
Respecto al periodo de pago es un tema en el que insistimos en las
enmiendas 36 y 37, porque el periodo legal de pago son treinta días, sin
embargo aquí se empieza a actuar no cuando se sobrepasa ese periodo de
treinta días, sino cuando se sobrepasa ese periodo en un cien por cien,
es decir, cuando se sobrepasa el periodo de treinta días en otros
treinta. Esto nos preocupa, porque va a hacer que el periodo legal de
treinta días al final no tenga efecto; se está estableciendo una especie
de nuevo periodo de pago que duplica el anterior.
Por último, algunas de nuestras enmiendas tienen que ver con la necesidad
de garantizar no solo la liquidez de las administraciones, como aquí se
intenta hacer, sino la solvencia de las mismas. En un país en el que la
deuda pública está creciendo a pasos agigantados y va camino del cien por
cien del PIB, por muchas leyes que pongamos puede haber problemas para
pagar las facturas y las deudas en general si no se controla la deuda
pública. Por eso en nuestra enmienda 39 recordamos nuestro modelo
alternativo de reforma de las administraciones públicas: supresión de
diputaciones, fusión de ayuntamientos, disminución de entes innecesarios
de las comunidades autónomas.
Como ven sus señorías no es nuestro modelo el que aquí se trae a la
Cámara, sin embargo es una ley que creemos que mejora la situación
existente, que va en la dirección adecuada, y proporciona mecanismos de
coordinación importantes entre las administraciones públicas, por eso
votaremos a favor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra
el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor vicepresidente.
Culmina hoy el debate de esta ley en el Congreso de los Diputados y pasará
al Senado, una ley que el Partido Popular ha acabado convirtiendo en una
ley escoba, han aprovechado para introducir vía ponencia unas cuantas
modificaciones más: se reforma la Ley de Puertos, se contempla el apoyo
al acontecimiento de excepcional interés público del Campeonato del Mundo
de Vela Olímpica, se reforma hasta un artículo de la Ley de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, e incluso la ley de transparencia, con
la numeración xxx porque la está terminando esta semana de tramitar el
Pleno del Senado, todavía no está publicada por el Boletín Oficial del
Estado, no es ni siquiera una ley promulgada. Como digo, la han acabado
convirtiendo en una ley escoba en el Congreso y mucho nos tememos que en
el Senado puede acabar convirtiéndose en algo con muchas más
modificaciones. Sin embargo, a pesar de todo eso, para nosotros sigue
siendo una ley intrínsecamente perversa porque, señor Montoro, es su
política, que no compartimos -como ya conoce sobradamente-, es la
culminación de lo que se inicia con la reforma del artículo 135 de la
Constitución, la prelación del pago de la deuda financiera por encima de
cualquier otro pago, y se eleva al mismo nivel la deuda comercial con las
administraciones públicas, deuda de todo tipo. Además que un partido como
el suyo -que tiene una tendencia y una querencia consolidada a lo que
ustedes denominan externalizar servicios y nosotros llamamos directamente
privatizar- convierta el pago de esas operaciones en prioritario
comprenderá que no lo podamos compartir. Nos parece especialmente
perversa por una cuestión que es de justicia, y es que cuando las
administraciones públicas, sobre todo las administraciones locales que
están haciendo un esfuerzo importantísimo -y a usted le consta, porque
tiene los datos- por mejorar su gestión, por equilibrar su gestión y por
no ser una carga superior -y muchos ayuntamientos han hecho un esfuerzo
importante-, cuando algunos ayuntamientos son capaces incluso de generar
superávit se les vuelve a condenar mediante esta ley. Ya ocurría con
normativa anterior, pero con esta ley se refuerza, se remacha que ese
superávit solo puedan dedicarlo a pagar la deuda contraída, no a la
creación de empleo -que para nosotros sería algo básico-, no a las
inversiones, sino que se le ponen unas condiciones draconianas para poder
dedicar ese dinero -que recuperan por su buena gestión, un superávit que
puedan obtener- a la creación de empleo. Esas administraciones, las
administraciones locales, que son las más próximas a la gente y a la
tragedia que están viviendo miles y miles de familias, son las que si
hacen una buena gestión podrían estar dedicando ese dinero a invertir en
cada municipio, dedicarlo para sacar a gente de la desesperación y del
desempleo. Sin embargo esta ley no sirve para ello, sino que sirve sobre
todo para contentar a los bancos y a la gente que invierte prestando
dinero a las administraciones públicas. Comprenderá usted que no podemos
compartir esta legislación.
Estamos de acuerdo en la transparencia, en la obligación de atender a los
pagos, como no puede ser de otra forma; cuando las administraciones
públicas gastan tienen que pagar. Eso lo compartimos, pero lo que no
compartimos es qué se paga primero y qué se paga después, y no entendemos
y no compartiremos por qué se tiene que pagar antes a los especuladores
que llevar ese dinero a los servicios públicos. Por eso hemos mantenido
nuestras enmiendas a este proyecto de ley, señor Montoro. Hemos mantenido
que es necesaria una reforma del artículo 135 de la Constitución para
cambiar el paradigma de los privilegios y las prioridades de pago,
cambiar el paradigma de la inflexibilidad de los presupuestos generales
de las administraciones públicas. Para nosotros es prioritario poner por
encima del pago a los proveedores y a los deudores el mantenimiento del
carácter universal de los servicios públicos, esa para nosotros es la
prioridad básica, y por eso hemos mantenido nuestras enmiendas, señor
Montoro. Enmiendas de las
cuales ninguna ha sido aceptada por el Partido Popular -lamentablemente,
ya nos tiene acostumbrados a ello-, pero entendemos que es necesario
crear un principio de suficiencia de los ingresos, atacar solamente desde
el recorte de los gastos no es la mejor política, no la compartimos con
ustedes, es necesario entrar en el tema de los ingresos igual que es
necesario hacer un esfuerzo mucho más grande en la lucha contra el fraude
fiscal. Pedimos que se flexibilice el límite de gasto en función del
desempleo, y para eso establecemos una serie de medidas específicas.
Creemos que es necesario evitar los abusos del Gobierno central y el fin
de la autonomía constitucional para administraciones locales y
administraciones autonómicas que se establece en este proyecto de ley.
Por eso mantenemos específicamente -y quiero destacarlo- tres enmiendas
muy concretas: la 13, la 14 y la 17, porque esta ley es además -se ha
dicho por portavoces anteriores- intervencionista respecto a las
administraciones locales y a las administraciones autonómicas, a las que
se les deja muy poco margen, y nosotros creemos que es necesario como
mínimo, señor Montoro, asegurar la audiencia previa a las
administraciones locales antes de fijarles las medidas que se les aplica
en esta ley cuando incurren en esa demora extraordinaria; no solamente
informarles sino concederles audiencia pública para que puedan ser
capaces de explicar ante su ministerio qué otras soluciones y medidas
pueden implementar para evitar ser al final intervenidas, que es lo que
asegura esta normativa. Exactamente lo mismo pasa con las comunidades
autónomas, que es necesario que tengan la libertad de decidir si al final
acceden a las medidas de financiación que propone el ministerio o no,
como ha pasado hasta ahora, y no se vean obligadas en última instancia a
acudir a ello.
En definitiva, no compartimos la estricta limitación del déficit, del
gasto y de la deuda, y la prioridad del pago de la deuda financiera y
comercial por encima de cualquier cosa, porque eso es incompatible con lo
que es básico para salir de esta crisis. Son filosofías económicas
diferentes. Para nosotros es necesario impulsar medidas anticíclicas y
las medidas que impulsa esta ley desgraciadamente son procíclicas: no
ayudan a salir de la crisis, sino que profundizan todavía más en la
crisis. Vuelvo a insistir, para nosotros la prioridad es el gasto social,
el mantenimiento de los servicios públicos por encima de otras cosas, y
por ello, señor ministro, señores del Partido Popular, vamos a mantener
nuestras enmiendas y vamos a votar en contra de este proyecto de ley.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, el señor Picó
tiene la palabra.
El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo comparte todos los análisis sobre cómo afecta a los proveedores
la morosidad de las administraciones públicas al ocasionar retrasos en
los pagos de facturas, que se van extendiendo por la cadena de producción
causando sobrecostes y problemas de financiación para el sector
productivo privado. Ciertamente, en los últimos años se ha agravado el
problema de impagos de las administraciones públicas con sus proveedores
y este es un problema que adquiere mayor dimensión en una coyuntura de
restricción del crédito como la que vivimos actualmente, puesto que
dichos impagos llevan a que autónomos, pymes y microempresas atraviesen
una situación de creciente caída de liquidez que obstaculiza el flujo de
su circulante, asfixiándolas al final. Ante este contexto creemos que es
importante formularles una pregunta: ¿Por qué tardan en pagar las
administraciones públicas sus facturas con los proveedores? Resulta fácil
deducir que si las administraciones territoriales, primeras interesadas
en aliviar las tensiones de su tejido productivo más cercano, no pagan
las facturas no es porque no quieran, sino porque no pueden.
Las comunidades autónomas están sometidas a una estricta intervención
financiera por parte del Gobierno central; en primer lugar, su nivel de
gasto está estrictamente condicionado a los objetivos de déficit que el
Gobierno fija para todos los niveles administrativos, sin tener en cuenta
que no es proporcional con el gasto que estas deben asumir por los
servicios que prestan al conjunto de sus ciudadanos. Porque lo que viene
a hacer el proyecto de ley es mezclar conceptos totalmente diferentes:
tensiones de tesorería de las administraciones con déficits
presupuestarios, con las consecuencias coercitivas que prevé el mismo
proyecto por el incumplimiento de pago a proveedores de comunidades
autónomas y entidades locales. El proyecto de ley vincula el
incumplimiento a un sistema automático de corrección y de medidas
coercitivas y fija un nuevo límite a las reducciones o deducciones
mensuales que el Estado puede realizar en las transferencias a las
comunidades autónomas en caso de incumplimiento del llamado periodo medio
de pago que prevé el proyecto de ley, además de la retención de los
recursos destinados a convenios o subvenciones. Para los incumplimientos,
en este caso por parte de las corporaciones locales, el Gobierno
plantea un procedimiento de control en manos del órgano interventor que
conlleve la tutela financiera para poder establecer medidas cuantificadas
de reducción de gastos o incrementos de ingresos para hacer frente a un
exceso de plazo de pago, dejando abierta la puerta a llegar al extremo de
retener recursos derivados del sistema de financiación. Son medidas
coercitivas, como decía, de calado, que además ignoran un aspecto a tener
en cuenta: la modificación en la anterior legislatura de la Ley de
medidas de lucha contra la morosidad, como he venido diciendo en todas
las intervenciones que he hecho con relación a este proyecto de ley.
Aquella modificación reforzaba los instrumentos y avanzaba en las
obligaciones tanto del sector privado como del sector público en el
cumplimiento de los plazos de pago con sus proveedores, en línea con la
normativa europea -recuerden, la Directiva 2011/7UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales- y en
línea con la realidad de la mayoría de países de nuestro más directo
entorno. La modificación de la Ley de Morosidad de julio de 2010
establecía un procedimiento efectivo y ágil para hacer efectivas las
deudas de los poderes públicos y mecanismos de transparencia en materia
de cumplimiento de las obligaciones de pago a través de informes
periódicos a todos los niveles de la Administración y del establecimiento
de un nuevo registro de facturas en las administraciones locales. El
proyecto de ley que debatimos no tiene en cuenta esta legislación. No se
establece la mínima conexión entre una legislación ya vigente, la de
medidas contra la morosidad, y la que propone ahora el Gobierno.
Por otro lado, y más importante aún, la regulación que propone su proyecto
de ley no configura instrumentos que faciliten el objetivo que persigue,
que es el cumplimiento por parte de las administraciones públicas del
plazo de pago a los proveedores. No hay instrumentos eficaces para
alcanzar estos objetivos. Pueden serlo para facilitar otros objetivos,
pero no para que las administraciones públicas paguen a sus proveedores
en tiempo y forma. Mi grupo parlamentario formuló veintiuna enmiendas al
articulado de este proyecto de ley, una de ellas, transaccionada en el
trámite de Comisión, contemplando que en el desarrollo de la metodología
del cálculo del periodo medio de pago -al que me refería antes- a
proveedores se cuente con un informe previo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Por tanto, defendemos en este trámite las restantes
veinte enmiendas formuladas por mi grupo parlamentario, con objetivos muy
diferentes, como expondré ahora.
Primero. Con relación al procedimiento previsto en el proyecto de ley
creemos que sería necesario permitir la formulación de alegaciones y
recursos administrativos por parte de comunidades autónomas y entidades
locales también en el proceso de resolución de conflictos de
interpretaciones y aplicación de las medidas coercitivas previstas en el
proyecto de ley. El proyecto de ley contiene una modificación importante
para mi grupo parlamentario cual es permitir que las entidades locales
con superávit puedan destinar sus remanentes positivos a inversión, un
aspecto que mi grupo parlamentario venía reclamando desde hace tiempo,
desde el inicio de la legislatura, y que fue objeto de un mandato
aprobado por el Pleno de la Cámara a raíz de una proposición no de ley
que formuló mi grupo. En la actual situación creemos que, además de
prever que con superávit las entidades locales puedan destinar sus
remanentes positivos a inversión, también deberían poder destinarse a
financiar programas de promoción económica, programas y planes de empleo
local, y programas de ayudas sociales.
Además -esta es una enmienda muy importante- creemos que el proyecto de
ley únicamente prevé la aplicación de la modificación a que me refería en
su disposición adicional sexta para el año 2014 y no para el año 2013.
Esto dejará desprotegidas a muchas entidades locales que este año 2013
han dado al superávit un destino diferente a reducir el endeudamiento, de
acuerdo con lo previsto en la nota informativa del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas de 4 de julio de 2013. Esta posibilidad debe
extenderse no solamente a 2014, como prevé el proyecto de ley, sino
también al periodo actual.
Formulamos también enmiendas ante las medidas que adopta el proyecto de
ley -instrumentos coercitivos directos-, que además creemos, como decía,
que no facilitarán alcanzar el objetivo perseguido por la norma: el pago
efectivo en tiempo y forma de las obligaciones de las administraciones
públicas con sus proveedores; al contrario. Por ello algunas de las
enmiendas que hemos formulado prevén que el procedimiento de retención de
recursos de la financiación autonómica para satisfacer deuda comercial en
ningún caso puede poner en peligro el cumplimiento de los objetivos de
deuda, (Concluye el señor Picó). Además creemos que no debe ser un
procedimiento automático. Ello además por el convencimiento de que las
medidas coercitivas previstas en caso de morosidad de deuda comercial
como son, por ejemplo, la retirada de las competencias normativas en
tributos cedidos o el depósito obligatorio de un 0,2 % del PIB
dificultarán el cumplimiento de los objetivos de la norma y penalizarán
doblemente a administraciones como las comunidades autónomas y las
entidades locales. En el fondo, mi grupo está convencido de que
la deuda comercial debe afrontarse con medidas racionales y positivas de
apoyo a las comunidades autónomas y a las entidades locales en sus planes
de tesorería, puesto que esta es una cuestión importante para el
crecimiento económico del país. No se puede solventar además mediante
automatismos, en algunos casos de imposible cumplimiento. En este
sentido, dos enmiendas formuladas por mi grupo parlamentario prevén
posponer la entrada en vigor de las medidas previstas por el proyecto de
ley en tanto que no se garantice la liquidez suficiente a las comunidades
autónomas y entidades locales para facilitar el efectivo cumplimiento del
periodo medio de pago. Asimismo, también prevén la diferenciación y
compatibilización de los mecanismos de financiación del déficit
financiero y de la deuda comercial. Veinte enmiendas que abordan
dificultades que plantean medidas previstas por el proyecto de ley y que
creemos que no ayudarán, como decía, al objetivo que persigue el
proyecto: que las administraciones públicas cumplan sus compromisos de
pago con los proveedores. Por ello, si no se modifican estos aspectos mi
grupo parlamentario mantendrá la posición adoptada desde el inicio del
proceso legislativo cuando, recuerden, presentamos una enmienda a la
totalidad para la devolución al Gobierno del proyecto de ley; es decir,
votaríamos en contra de la norma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Picó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la pregunta de partida es: ¿estamos de acuerdo con el objetivo
de que el sector público en general pague las facturas a los proveedores?
Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, hay reformas legislativas
anteriores como la Ley 3/2004 o la Ley 15/2010. Por tanto, señorías, ¿por
qué no estamos de acuerdo con esta ley? Fundamentalmente son tres razones
las que explican estar en contra de esta ley. La primera, señorías,
porque efectivamente hay que pagar a las empresas, pero también hay que
pagar a los ciudadanos y hay que pagar a los ciudadanos que tienen unos
derechos adquiridos. Los ciudadanos tienen que cargar con alrededor de
300.000 millones de euros de deuda privada que termina siendo pública.
Por tanto, si los ciudadanos con recortes y con impuestos tienen que
pagar esa deuda privada, ¿por qué a los ciudadanos no les tenemos que
pagar igual que hay que pagar a las empresas? Esa es la primera razón,
que es fácil de entender: a las empresas sí, pero a los ciudadanos
también.
Segunda razón. ¿Por qué tienen que cumplir las comunidades autónomas y los
ayuntamientos y la Administración central no tiene que cumplir esta ley?
Tienen que cumplir todas las administraciones. Hay departamentos
ministeriales, como Agricultura, Fomento o Cultura, que tienen facturas
en los cajones quinientos días. O sea, la Administración local y la
autonómica es verdad que tienen que pagar, pero la Administración central
no tiene que cumplir. Por tanto, de entrada ya no está cumpliendo la
actual Ley de Morosidad que, como digo, está en vigor. Es fácil de
entender: todas las administraciones, no solo la local y la autonómica.
Tercera razón, también fácil de entender. Esta ley, como otras, no la van
a poder cumplir. Voy a explicar esta razón. La Comisión ha revisado y se
ha pronunciado sobre el presupuesto para el año 2014 y se ha pronunciado
en relación con el programa nacional de reformas. En realidad hace una
enmienda a la totalidad de la gestión de las finanzas públicas por parte
de este Gobierno. ¿Qué viene a decir la Comisión? Que el Gobierno aprueba
leyes relacionadas con el rigor presupuestario, pero luego no se cumplen.
Voy a tratar de explicarme. Para acompañar mi explicación voy a citar a
un periodista de referencia del diario El Mundo que ustedes conocen, John
Müller, que tituló no hace mucho: Montoro vuelve inútil la ley. Y viene a
argumentar exactamente lo que yo he argumentado y voy a continuar
haciéndolo. En concreto, ¿qué dice la Comisión? Que aprueban una ley de
estabilidad presupuestaria pero luego no la cumplen. ¿Qué dice la
Comisión? Que aprueban unos objetivos de déficit para las comunidades
autónomas, pero como son muy difíciles de cumplir tienen que aprobar
planes a proveedores. En dos años, tres planes a proveedores. Tiene mucho
que ver con unos objetivos de déficit que las comunidades autónomas no
pueden cumplir. Dice la Comisión: Está muy bien, aprueban ustedes una ley
de lucha contra el fraude, pero luego no la cumplen. Dice la Comisión:
Han aprobado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, pero
no es suficientemente independiente. Dice la Comisión: Aprueban un FLA,
una forma de financiar a las administraciones territorial y local, pero
se les ponen unas condiciones y esas condiciones luego no se cumplen. Y
podría seguir hablando de lo que viene a decir la Comisión en relación a
las cuentas públicas. Por tanto, esta ley también va a ser inviable, no
la van a cumplir. ¿Cuál es la lógica de la gestión de las cuentas
públicas de este Gobierno? Recortamos, no
reformamos, el Estado del bienestar y, como ello reprime la economía, se
incrementa la deuda pública a razón de 300 millones de euros al día
¿Quién paga ese incremento de la deuda pública? Los ciudadanos con más
impuestos y con más recortes y las generaciones venideras. Esta es la
lógica: recorto, no reformo, deprimo la economía, no cumplo los objetivos
de déficit y de deuda y tengo que pagar la deuda con más recortes y
subiendo los impuestos, volviendo a deprimir la economía. Esta es la
lógica del Gobierno y su lógica de política hacendística de gestión de
las cuentas públicas.
Los hombres de negro han venido a España, han visitado al Gobierno de
España, pero también visitan las comunidades autónomas. ¿Por dónde han
comenzado? Por la Comunidad de Madrid y por la Comunidad Valenciana. ¿Por
qué? Por dos razones. En primer lugar, porque no se fían de cómo han
gestionado el déficit de 2011, se temen que han incrementado el déficit
de 2011 para así tener una situación más holgada en 2012, y se temen que
tengan muchas facturas en los cajones. Estamos hablando de la Comunidad
de Madrid y de la Comunidad Valenciana. Por tanto, señorías, estamos
hablando de facturas en los cajones de las comunidades gobernadas por el
Partido Popular, punto número uno, y, punto número dos, en dos años con
tres planes de proveedores estamos hablando de sus facturas en los
cajones, de su gestión de la Hacienda pública, no de otros, estamos
hablando de las facturas en los cajones del Gobierno del Partido Popular.
Insisto, en dos años tres planes a proveedores. ¿Por qué? Porque les han
puesto unos objetivos a las comunidades autónomas que no pueden cumplir y
tienen la válvula de escape de las facturas en los cajones. Por tanto,
cuando hablan de rigor y de seriedad a las comunidades autónomas, ¿con
qué autoridad les piden ese rigor y esa seriedad y que legislen bien si
estamos modificando la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y la
convierten en una ley de acompañamiento de los presupuestos introduciendo
aspectos como los que se han comentado anteriormente? ¿Qué tendrá que ver
con la estabilidad presupuestaria la modificación de la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿Qué tendrá que ver con la
estabilidad presupuestaria la modificación de la Ley de Transparencia?
¿Qué tendrá que ver con la estabilidad presupuestaria el Campeonato del
Mundo de Vela Olímpica, en Santander? ¿Qué tendrá que ver con la
estabilidad presupuestaria la modificación del texto refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante? Y luego piden rigor y
seriedad a las comunidades autónomas para que cumplan, para que legislen
bien. ¿Para esto sirve ser abogado del Estado en el Gobierno? ¿Para hacer
una ley como esta para modificar nada más y nada menos que la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria?
Por tanto, señorías, podemos concluir dos cosas en relación con esta ley.
En primer lugar que, como siempre, aquí se está gobernando de tal manera
que para los amigos hay regalos y para los ciudadanos recortes sin
límite. Y en segundo lugar, también fácil de entender, que se acabó la
milonga de que el PP gestiona bien la economía y gestiona bien las
cuentas públicas. No es verdad, primero, porque no controlan el déficit
público y la estabilidad presupuestaria, producto de su política que no
ayuda a controlar el déficit y la estabilidad presupuestaria, y, segundo,
porque aprueban leyes que sobre el papel pueden estar bien pero luego no
se cumplen, no las cumplen. Ya no lo dice el Grupo Socialista o
periódicos de referencia en este país de tirada nacional, lo dice la
propia Comisión Europea; la Comisión Europea ha hecho una enmienda a la
totalidad del presupuesto para el año 2014 y ha hecho una enmienda a la
totalidad a todas las reformas, pero particularmente a las reformas que
tienen que ver con la gestión de las cuentas públicas. Ahí está para
leerlo.
En definitiva, señorías, nosotros estamos de acuerdo con la estabilidad
presupuestaria; estamos de acuerdo con el rigor en la estabilidad
presupuestaria; estamos de acuerdo, por supuesto, con pagar las facturas
a las empresas, pero estamos de acuerdo con que todas las
administraciones tienen que cumplir y con que también los ciudadanos
tienen que recibir lo que se les debe, porque ellos sí que están pagando
la deuda privada de grandes empresas constructoras, de grandes empresas
eléctricas y también de los bancos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Saura.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Popular,
señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, votamos hoy el dictamen que aprobamos en la Comisión de Hacienda
referente al proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial
del sector público. Quisiera que me permitieran comenzar mi intervención
agradeciendo el trabajo y la ayuda de mis compañeras Blanca Puyuelo y
Encarnación Jiménez que han hecho un trabajo magnífico en la Comisión de
Hacienda en la defensa y en el análisis de las enmiendas presentadas por
los diferentes grupos.
Señorías, es curioso que los portavoces de prácticamente todos los grupos
parlamentarios manifiesten aquí que están a favor de pagar las facturas a
los proveedores por parte de las administraciones públicas y sin embargo
hayan presentado a este proyecto de ley tres enmiendas de totalidad y
ochenta y tres enmiendas parciales, y finalmente solo haya manifestado un
grupo, que es UPyD, su voto favorable a este proyecto de ley. Señorías,
este Gobierno es muy importante porque está promoviendo un cambio radical
en el funcionamiento de nuestras administraciones públicas para hacerlas
menos costosas y ponerlas al servicio de los ciudadanos. Tenemos que
hacer nuestras administraciones públicas mucho más transparentes, más
abiertas a la información por parte de los ciudadanos, más dispuestas a
rendir cuentas a aquellos ciudadanos a los que piden su apoyo y más
rigurosas a la hora de que estos ciudadanos exijan también cuentas a los
gestores que están al frente de esas administraciones públicas. Por ello,
consideramos que este proyecto de ley constituye una reforma estructural
de gran calado que, junto a la ley de factura electrónica y registro
contable, permitirá acabar para siempre con las facturas escondidas y no
ya solo no pagadas, sino tampoco contabilizadas, que es el colmo del poco
rigor en la gestión del dinero público, no contabilizar las facturas
recibidas. Esta ley introduce, como saben, la obligación de todas las
administraciones, señores socialistas, también de la Administración
central, de pagar sus facturas en el plazo de treinta días. Porque las
administraciones públicas creemos en el Partido Popular que están para
ayudar a los ciudadanos, a todos, porque le recuerdo, señor Saura, que
los empresarios también son ciudadanos. Usted parece que distingue:
paguen sus facturas a los proveedores, pero paguen también las facturas a
los ciudadanos. Detrás de cada empresa hay ciudadanos que trabajan mucho
para sacar sus empresas adelante. Por ello, no entendemos que cuando el
objetivo de este proyecto de ley es precisamente pagar a esos ciudadanos,
ustedes finalmente vayan a votar en contra.
Señorías, no me voy a detener demasiado en el contenido de este proyecto
de ley, pero sí me gustaría resaltar que avanza en un objetivo
irrenunciable para el Gobierno del Partido Popular, que es la estabilidad
presupuestaria y la sostenibilidad financiera de nuestras
administraciones públicas, porque creemos que son pilares fundamentales
para alcanzar el crecimiento económico y la creación de empleo. Por ello
este proyecto de ley modifica la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria para que seamos capaces de controlar no solo la deuda
financiera que acumulan nuestras administraciones, sino también la deuda
comercial. Y para asegurar que eso se cumpla, esta ley se dota de los
mecanismos de control adecuados para que no se convierta en papel mojado,
establece medidas automáticas para ir aplicando sucesivamente los
controles adecuados para que esos plazos de pago a proveedores se
cumplan. El señor Saura ya manifestaba de antemano -actuaba de agorero-
que esta ley no se iba a cumplir, pero nosotros creemos que la ley se
dota de los mecanismos necesarios para que eso no sea así. Las
administraciones públicas, señorías, no pueden vivir permanentemente a
crédito, y esto que parecen entenderlo todas las familias españolas, que
se ajustan con mucho esfuerzo -todos los meses ajustan sus gastos a los
ingresos-, hay muchos grupos en esta Cámara que parece que todavía no lo
han entendido y son lecciones de economía básica doméstica.
Este Gobierno, señorías, no solo se encontró con un déficit público
desbocado y más de 5 millones de parados, se encontró también con miles
de facturas sin pagar y que ni siquiera estaban contabilizadas, ni
siquiera estaban dadas de alta como gasto de esas administraciones.
Nuestra compañera Matilde Asian lo ha especificado en el anterior punto,
más de 890.000 millones de euros de deuda fueron el legado -ya que no les
gusta hablar de herencia, vamos a hablar de legado- que recibió el
Partido Popular, y no es coherente venir aquí a hablar de garantizar el
Estado del bienestar para luego no pagar esos servicios, que es lo que
hacían los Gobiernos socialistas. ¿Y qué hizo el Gobierno del Partido
Popular? Pues lo hemos podido comprobar esta mañana con la aprobación o
convalidación de ese real decreto para esa tercera fase de pago a los
proveedores, cogió el toro por los cuernos evitando la quiebra de
nuestros servicios públicos fundamentales, que estaban a punto de quebrar
y estaban contribuyendo además a destruir empleo, y puso en marcha esos
mecanismos extraordinarios de liquidez, el Plan de pago a proveedores y
el Fondo de liquidez autonómica, con más de 75.000 millones de euros,
precisamente para poder garantizar que nuestros colegios, nuestros
hospitales, nuestros dependientes, nuestros mayores puedan recibir los
servicios públicos fundamentales.
Por último quiero destacar que este proyecto de ley también introduce una
reivindicación largamente demandada por los ayuntamientos y de la que se
han hecho eco algunos de los portavoces intervinientes, y es que aquellos
ayuntamientos que tienen superávit y remanentes positivos de tesorería
porque han gestionado bien los recursos públicos van a poder destinar el
superávit a financiar inversiones que sean sostenibles, siempre que
cumplan una serie de requisitos. Como varios grupos han presentado
enmiendas en este sentido -también Unión del Pueblo Navarro hizo
referencia a ello-, queremos decirles que esperamos encontrar en el
Senado algún punto de encuentro para modificar la redacción actual de ese
artículo.
Y respecto a las enmiendas al articulado, el Grupo Mixto, a instancias de
Esquerra Republicana, presentó catorce enmiendas a este proyecto de ley,
curiosamente todas ellas de supresión. El señor Tardà pedía en su
intervención en defensa de la enmienda a la totalidad que se pudiera
llegar en la tramitación a algún tipo de acuerdo, pero comprenderán
ustedes que es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo cuando lo que
proponen es la supresión de todo el articulado de la ley. Además, su
portavoz parece que habla un poco de lo de siempre, de invasión de
competencias, de falta de autonomía financiera de las comunidades. Los
ciudadanos no entienden de competencias de las comunidades autónomas; lo
que entienden es de comunidades autónomas bien gestionadas y de recibir
unos servicios públicos bien construidos. Por tanto, les rogaría menos
quejas de pocos ingresos para las comunidades autónomas y más reflexión,
porque ustedes suben y suben los impuestos y al final el resultado parece
que es cada vez menos recaudación.
El grupo La Izquierda Plural también ha presentado un conjunto amplio de
enmiendas, pero vuelvo a decir que parten de un planteamiento
completamente opuesto al del Grupo Parlamentario Popular y completamente
equivocado, porque la izquierda política, señorías, no cree en los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como
instrumento para alcanzar el crecimiento económico y la creación de
empleo. No cree en ello y como no cree en ellos se opone a la aprobación
de cualquier proyecto de ley en ese sentido. Ustedes piensan que esos
principios no garantizan los servicios públicos fundamentales y nosotros
creemos precisamente lo contrario.
Respecto a UPyD, quiero agradecer a su portavoz, señor Anchuelo, su buena
disposición para votar favorablemente este proyecto de ley como también
lo hizo en el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, pero tengo
que decirle que su modelo para alcanzar estos objetivos de consolidación
fiscal no es el nuestro, como ya sabe. Ustedes abogan por suprimir
diputaciones y ayuntamientos, y nosotros apostamos decididamente por el
municipalismo porque los ayuntamientos son los más cercanos a los
ciudadanos y los que mejor resuelven sus problemas.
Pasando a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), quiero resaltar -ya lo ha dicho el portavoz- que
fruto del diálogo se aprobó ya en Comisión una enmienda transaccional
para requerir el informe previo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera al objeto de establecer la metodología del cálculo del periodo
medio de pago. Nos parece un avance, supone una mayor coordinación, ya
que es el órgano de interlocución del Estado central con las comunidades
autónomas, y por tanto nos parece importante. Por otro lado, plantean
muchas enmiendas en las que no comparten los mecanismos de control que se
introducen en esta ley. Nosotros pensamos sinceramente que esos
mecanismos son proporcionados, se van a aplicar de manera sucesiva y con
pleno conocimiento de las administraciones públicas implicadas, con el
consenso con estas administraciones para que apliquen las medidas
correctivas necesarias.
Por último, en cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
qué les voy a decir. Están instalados permanentemente en la incoherencia.
Ya votaron en contra del proyecto de ley de estabilidad presupuestaria,
van a votar en contra de que se pague a los proveedores en plazo. Están
instalados en la demagogia, dicen de antemano que no se va a cumplir y
por tanto van a votar en contra nuevamente de este proyecto de ley.
Voy terminando, señorías. Precisamente ayer se cumplieron dos años de la
llegada del Partido Popular al Gobierno...
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señora Madrazo, tiene que
terminar.
La señora MADRAZO DÍAZ: ...y una gran mayoría de españoles confiaron en el
Partido Popular para que les sacáramos de la crisis, y en eso estamos y
vamos a seguir trabajando para que España sea capaz de crecer y crear
empleo. Somos muy conscientes de que en este momento el principal factor
de desigualdad es el paro y precisamente eso es lo que queremos
solucionar. Por eso nuestra prioridad es que en España vuelva a haber
empleo y crecimiento, y para ello consideramos que es imprescindible que
nuestras administraciones públicas ayuden a las empresas y a los
autónomos a hacerlo, lo primero pagando las facturas que les deben en
plazo. Por ello es difícil entender, señores socialistas, su voto
negativo a este proyecto de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Madrazo.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY BÁSICA DE LAS CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA,
SERVICIOS Y NAVEGACIÓN. (Número de expediente 121/000057).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Vamos a continuar con el punto X
del orden del día, relativo a los debates de totalidad sobre distintas
iniciativas legislativas.
Se ha comunicado a la Mesa, señorías, por parte del portavoz de ERC, señor
Bosch, la retirada de la enmienda de totalidad de este grupo que pendía
sobre el proyecto de ley básica de las cámaras oficiales de comercio,
industria, servicios y navegación, de manera que sobre este punto no
habrá debate.
- PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente
121/000062).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Corresponde, por lo tanto,
iniciar el debate de totalidad del proyecto de ley general de
telecomunicaciones. Para la presentación del proyecto de ley tiene la
palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Industria, Energía y
Turismo.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señor
presidente, señorías, comparezco en nombre del Gobierno para explicar una
de las leyes más importantes del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo durante la presente legislatura, y solicitar de los grupos que
han planteado una enmienda a la totalidad su retirada en base a los
argumentos que a continuación voy a exponer.
El sector de las telecomunicaciones es un sector importante por distintas
razones. Las más importantes son, en primer lugar, que supone un 3,6 %
del producto interior bruto, supone aproximadamente unos 35.000 millones
de euros de facturación, supone 66.000 trabajadores y una inversión de
más de 4.000 millones de euros. Tiene carácter transversal porque tiene
un impacto muy apreciable en la mayor parte de las actividades
económicas; sin las telecomunicaciones y sin las tecnologías de la
información de las comunicaciones sería prácticamente imposible el
desarrollo hoy del conjunto de la actividad económica.
El sector de las telecomunicaciones, y particularmente este proyecto de
ley general de telecomunicaciones cuyo contenido expongo a la Cámara,
supone un importante impulso a la economía digital. Esta tiene una
importancia creciente, es un objetivo estratégico, añade valor, cualifica
y además supone un incremento de la productividad. Por todo ello, esta es
una ley clave para la economía y respecto de un sector que es una palanca
de crecimiento económico y de recuperación. Es una ley necesaria y
oportuna, una ley reformista y una ley ambiciosa. Es una ley necesaria
porque este es un sector económico importante para el crecimiento y para
la competitividad y porque da solución a problemas estructurales
enquistados, inaplazables, en el sector de las telecomunicaciones;
problemas que lastran el crecimiento del sector, que limitan su
desarrollo, que frenan la innovación, que restringen la prestación de
servicios y problemas que dificultan la prestación de servicios a un
coste menor. Esta es, además, una ley oportuna porque estamos en medio de
un proceso de recuperación económica, en medio de un proceso reformista
de todos los sectores, pero sobre todo conviene que este proceso no esté
al margen de sectores transversales importantes como es el sector de las
telecomunicaciones. Es necesario además establecer las condiciones para
que haya mayores inversiones en nuevas redes, para que se pueda
desarrollar la cuarta generación de la telefonía móvil, para que puedan
desarrollarse las redes fijas y también la fibra óptica. Todo ello
implica una mejora para los ciudadanos en cuanto supone unos mayores y
mejores servicios, avances tecnológicos, una mayor calidad de los
servicios, así como unos servicios más asequibles.
Tal y como recuerdan algunas enmiendas a la totalidad presentadas a este a
proyecto de ley, algunas cuestiones afectan hoy negativamente a la
competitividad de los distintos operadores, penalizando nuevas
inversiones, razón por la que es necesario cambiar estas condiciones para
poder incentivar, impulsar y desarrollar más este tipo de inversiones.
Esta es, señorías, además, una ley ambiciosa y reformista, y lo es porque
la situación económica hoy lo exige; no se limita, como ocurrió en el
pasado, a dar una mera incorporación de las directivas al ordenamiento
jurídico interno, sino que va mucho más allá. Es una reforma estructural
en toda regla que aborda cambios profundos y está orientada a recuperar
la unidad del mercado, a facilitar el despliegue de redes y de servicios,
a obtener un mercado cada vez más libre, a que ese mercado sea cada vez
más competitivo y que haya nuevos mecanismos de coordinación entre las
distintas administraciones públicas en materia de telecomunicaciones.
Este proyecto de ley, señorías,
se inserta dentro del Plan nacional de reformas y se inserta, además, en
la agenda digital para España, que está alineada con la agenda digital
para Europa, con objetivos claros en distintas materias. Se trata de
impulsar la conectividad digital. Se trata de obtener una mayor
proporción de la economía digital dentro de la economía total. Se trata
también de desarrollar el comercio electrónico; de desarrollar la AE
Administración, una administración electrónica. Se trata de aumentar la
confianza digital, la inclusión digital; y se trata también de
internacionalizar más las empresas TIC y que haya una mayor
investigación, desarrollo e innovación en tecnologías de la información y
la comunicación.
Este es un proyecto de ley conectado, a su vez, con la estrategia nacional
de redes ultra rápidas, que fue aprobado recientemente por el Gobierno y
que impulsa el incremento de velocidades. La valoración que hace de este
proyecto de ley el Consejo de Estado es una valoración favorable. Merece,
dice el Consejo de Estado, un juicio en conjunto favorable. La
intervención del Ministerio de Industria, Energía y Turismo es muy
relevante en el corpus normativo de las telecomunicaciones, señala en su
informe al Consejo de Estado. Hay una amplia y constructiva participación
en el proyecto de ley general de telecomunicaciones de los distintos
agentes del sector, tanto de los consumidores, de los empresarios, de las
instituciones, que han propuesto ideas, que han hecho matices y que, por
tanto, han mejorado el proyecto de ley que inicialmente había
confeccionado el Gobierno y que había aprobado en Consejo de Ministros.
Con respecto a los objetivos concretos, quería referirme a que esta es una
de las reformas estructurales importantes que acomete el Gobierno. Como
objetivo, aumenta la facilidad para el despliegue de redes por parte de
los operadores; aumenta la calidad de los servicios; contribuye a hacer
un análisis periódico de los distintos mercados; mejora las condiciones
de la competencia y aumenta también la protección de los usuarios. ¿Qué
reformas, en concreto, acomete este proyecto de ley general de
telecomunicaciones? En primer lugar, recupera la unidad de mercado; un
sector que ya no solo compite a nivel europeo sino que es un sector, el
de las telecomunicaciones, que compite a nivel mundial. En segundo lugar,
el proyecto de ley suprime los trámites para el despliegue de redes por
las operadoras, vía supresión de los distintos trámites por parte de las
distintas administraciones públicas. No se suprimen todos, pero hay una
supresión importante en el número de trámites que hoy se exigen. Además,
a través de este proyecto de ley disminuyen las cargas administrativas
que tienen los operadores. Lo que se hace es eliminar requisitos
innecesarios. ¿Cuáles son las cargas que, en concreto, se reducen? En
primer lugar, se procede a una simplificación de las obligaciones de
información por parte de los operadores. En segundo lugar, se elimina o
se sustituye en otros casos por un régimen de declaración responsable
respecto al actual de licencia o autorización administrativa. Por
principio se establece en esta ley que toda medida, por parte de
cualquier Administración pública, que implica una nueva carga con
respecto a la gestión del tráfico por parte de los operadores, ha de
recibir previamente a establecerse el informe favorable del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.
Para facilitar el despliegue de las redes por parte de los operadores se
establecen nuevos mecanismos de coordinación y colaboración con las
comunidades autónomas y entidades locales; entre ellos cito los
siguientes: Primero, toda normativa sobre el dominio público y propiedad
privada, dictada por cualquier Administración pública, deberá reconocer
el derecho de ocupación del dominio público o de la propiedad privada si
es para el despliegue de redes públicas de comunicación electrónica.
Segundo, será preceptiva la previsión de infraestructuras de comunicación
electrónicas en toda nueva urbanización que se acometa. Tercero, se
garantiza el derecho de acceso por parte de los operadores a
infraestructuras lineales de otros sectores económicos ya instalados y
susceptibles de ser utilizados para el despliegue de redes. Cuarto, se
permite el despliegue real de fibra óptica en los edificios para
garantizar el acceso en cada domicilio. Quinto, toda actuación que
implique una mera actualización tecnológica, sin afectar lógicamente a
elementos de obra civil o mástil de las antenas de telefonía móvil, no
requerirá con este nuevo marco normativo ni concesión ni autorización ni
licencia nueva ni siquiera la declaración responsable a las
administraciones públicas territoriales. Finalmente, la Ley General de
Telecomunicaciones define las redes públicas de comunicación como un
equipamiento básico y tienen carácter de determinaciones estructurales.
Por tanto, su instalación se considerará a partir de la aprobación de
esta ley como una obra de interés general.
Otra medida con el fin de procurar la unidad de mercado consiste en
establecer límites máximos únicos en todo el territorio nacional respecto
a la emisión y exposición a campos electromagnéticos. Ahora bien, como
contrapunto a un marco de mucha más libertad, como es el que expongo
respecto a la actuación de los operadores, lo que hace la propia ley es
reforzar la potestad sancionadora para impedir la comisión de
infracciones en materia de telecomunicaciones. Para ello en concreto se
establece lo
siguiente: en primer lugar, aumenta la cuantía de las sanciones; en
segundo lugar, se establecen nuevas infracciones administrativas; en
tercer lugar, se procede a una mejor delimitación de la responsabilidad
y, en cuarto lugar, se refuerzan los instrumentos y potestades de los
servicios de inspección.
Respecto a la gestión y a la planificación del espectro radioeléctrico, se
eliminan determinados títulos habilitantes para su uso y se limita
también la duración de las concesiones. Se precisan más las condiciones
bajo las cuales las administraciones públicas pueden instalar redes y se
concreta el reparto competencial entre el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo y la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia. Se refuerza la garantía de derechos de los usuarios, sobre
todo respecto a la protección de datos de carácter personal.
Finalmente, señorías, el proyecto de ley general de telecomunicaciones es
plenamente respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas y
las entidades locales. Este proyecto además es totalmente respetuoso con
las competencias, que según la normativa corresponden a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia. El proyecto incorpora nuevas
medidas de protección de la salud frente a las emisiones radioeléctricas.
Señorías, la obligación que esta ley establece a los operadores para que
estos verifiquen el título habilitante de los terceros a cuya disposición
van a poner su red tiene como única finalidad tal exigencia, garantizar
el uso eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico.
Termino. Presento ante la Cámara, como les decía al principio, un proyecto
de ley general de telecomunicaciones que es necesario, oportuno, que es
reformista y también ambicioso. Es un proyecto de ley que, como señala el
Consejo de Estado, en su tramitación ha sido plenamente respetuoso con
las competencias de las comunidades autónomas, de las corporaciones
locales y también de la propia Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Es un proyecto de ley que es una herramienta para el
despliegue de nuevas redes, que ahorra costes, que mejora la calidad del
servicio y que refuerza los derechos del ciudadano y mejora la
competitividad de la economía. Por todo ello les pido a los distintos
grupos que han presentado enmienda a la totalidad que reconsideren tal
presentación, porque el Gobierno entiende que es un proyecto en los
términos planteados -que lógicamente pueden ser mejorados en el trámite
parlamentario- absolutamente necesario e imprescindible como parte del
proceso reformista en el que está la economía española.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro de
Industria.
A este proyecto de ley se han presentado cuatro enmiendas a la totalidad,
todas ellas de devolución. Para la defensa de estas enmiendas en primer
lugar por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
El Gobierno se ha acostumbrado a utilizar siempre el mismo procedimiento
en la redacción de sus proyectos de ley. Los elabora a espaldas de las
comunidades autónomas y en este caso sin convocar previamente a la
Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones ni a la sociedad de la
información, una conferencia que, por cierto, no se ha reunido ni una
sola vez en esta legislatura. Esta actitud retrata un Gobierno que actúa
en solitario y que resta voz a los foros en los que se debe dialogar
previamente sobre iniciativas como la que hoy debatimos.
Durante los últimos años se han introducido muchas novedades en el sector
de las telecomunicaciones que tienen y tendrán una importante repercusión
en la vida de los ciudadanos por la importancia de la sociedad de la
información en nuestros días. Entre ellas, se encuentran la nueva ley
general de telecomunicaciones, la aprobación de la Agenda digital para
España, la liberación del Dividendo digital o la actualización de las
redes de telecomunicaciones para asegurar una cobertura de la televisión
digital que sea al menos igual a la que había con la televisión analógica
terrestre. Pues bien, pese a ello, el ministerio no ha citado ni una sola
vez a las comuniones autónomas para analizar estos importantes asuntos.
Han pasado dos años de legislatura y el ministerio ha puenteado el
diálogo con los representantes autonómicos en la conferencia sectorial,
lo que es peor, no ha expresado el menor interés en hacerlo en un futuro,
y ha habido motivos de sobra para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de la
televisión digital el modelo de extensión de la cobertura a las zonas
rurales o con baja densidad de población ha sido denunciado por un
operador de satélites en los tribunales españoles y ante la Comisión
Europea. La Comisión Europea en una reciente decisión ha denunciado la
existencia de ayudas ilegales en el modelo elaborado por el Ministerio de
Industria y al que todas las comunidades autónomas tuvieron que ajustarse
mediante unos convenios elaborados por el ministerio, y que facilitaban
la extensión de la cobertura de las
televisiones con licencia estatal para que nadie perdiera cobertura en el
cambio tecnológico. Dicho de otra manera, o se aceptaban los convenios
del ministerio o este no cofinanciaba la extensión de la cobertura.
El ministerio ha propuesto para intentar enmendar este entuerto que las
comunidades autónomas aprueben declaraciones de servicios de interés
general para que hasta que se aclare el modelo definitivo puedan
realizarse contratos de extensión de cobertura. Nosotros presentaremos
una enmienda parcial para intentar que el Gobierno corrija este asunto.
En definitiva, los nacionalistas canarios lamentamos la ausencia de
diálogo en el desarrollo de esta iniciativa, así como la invasión de
competencias autonómicas y municipales, y consideramos además que no
garantiza la cohesión social y territorial ni protege como debiera a los
usuarios. Mucho nos tememos que si el Gobierno no corrige la misma,
condenará a las zonas poco pobladas y menos rentables a estar más
aisladas y sin cobertura de acceso a las redes de nueva generación.
Todavía estamos a tiempo de solucionarlo y esperamos que el Gobierno y el
Partido Popular tomen nota.
Anuncio nuestra abstención a la espera de que, según las palabras del
ministro de que esta ley se pueda mejorar en el plazo enmiendas, puedan
acogerse las enmiendas que hemos presentado los nacionalistas canarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Oramas.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señor ministro, señorías, en junio de 2011, con
motivo del Día Internacional de la Contaminación Electromagnética, más de
500 colectivos sociales, desde asociaciones ecologistas a la
Confederación de Asociaciones de Padres y Madres, pasando por
asociaciones de salud, aprobaron un manifiesto contra la contaminación
electromagnética que exigía medidas concretas para proteger la salud
frente a las radiaciones electromagnéticas hasta que se establezca con
certeza que el nivel de radiación electromagnética es inocuo y/o
admisible. La demanda fundamental era la aplicación del principio de
precaución, que se invoca cuando existen dudas razonables sobre un
posible peligro para la salud humana y hasta que no se determine o se
demuestre su inocuidad. Sobre la base de este principio no se trata de
demostrar fehacientemente la peligrosidad, sino que en realidad lo que
hace es cargarse el hecho de obtener la prueba, que recae en que los
interesados demuestren que no es peligroso. Y señorías, todavía hoy esto
no se ha demostrado. Por un lado numerosos estudios independientes
indican la existencia de riesgos graves para la salud e incluso para la
seguridad de las generaciones presentes y futuras, y por otro lado
aquellos estudios que no indican esta peligrosidad básicamente concluyen
que no hay nada claro. Es decir, que existen razones fundadas para dudar
de la inocuidad de las ondas electromagnéticas y, por tanto, se debería
aplicar el principio de precaución.
Obviamente no estamos diciendo en ningún caso que se prohíban estas
emisiones pero sí que se limiten e incluso que se revisen los límites
establecidos cuando eran menores los estudios y las emisiones. De hecho
nuestra posición es coincidente con la resolución de la asamblea del
Consejo de Europa, de 27 de mayo de 2011, en la que se instaba a los
Gobiernos europeos a adoptar inmediatamente las medidas necesarias para
reducir la exposición de los ciudadanos a todo tipo de radiaciones
electromagnéticas. Justamente en esta línea, pocos días después de la
aprobación de esta resolución, la OMS, la Organización Mundial de la
Salud, a través de la Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer, clasificó los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como
posible cancerígeno en humanos, basándose en un mayor riesgo de cáncer de
cerebro. Existe una amplia literatura científica independiente en que se
relacionan daños en los sistemas inmunológico, neurológico y
neurovegetativo, incluso tumores y leucemia; también genera enfermedades
como la electrosensibilidad o la hipersensibilidad electromagnética,
reconocidas como tales en otros países aunque todavía no en el Estado
español.
Asimismo, como recuerda el manifiesto contra la contaminación
electromagnética, numerosas cumbres y convenciones han llamado la
atención sobre este problema, desde la Resolución de Viena hasta la
Resolución de Copenhague, pasando por la Declaración de Alcalá o el
llamamiento médico de Friburgo. Contrariamente al principio de
precaución, con la presente ley se da absoluta vía libre a que se puedan
establecer cuantas antenas deseen las empresas privadas, pese a la
oposición que puedan mostrar los ayuntamientos en su voluntad de limitar
las ondas electromagnéticas y de racionalizar el uso del espacio
radioeléctrico.
En definitiva, en este sentido, señor ministro, nosotros defendemos que se
aplique una racionalización del espacio radioeléctrico, y en todo caso
reivindicamos la legitimidad y competencia de los entes locales,
los ayuntamientos, para decidir qué antenas se pueden instalar en su
territorio y con qué condiciones. Por ejemplo, si se pueden instalar en
un tejado o en un terreno adyacente a una escuela, a un hospital, a una
residencia de ancianos, etcétera. Como decíamos en el fraking -de hecho
no vamos mucho más allá-, nos parece absolutamente inmoral que el
criterio del Gobierno español y de las grandes empresas con intereses
económicos se sitúe siempre -no es la primera vez- por encima de la
voluntad y de la salud de aquellos pueblos que se oponen de manera clara
a la salvaje y desregulada colocación de antenas, en este caso de
radiación.
Asimismo, el proyecto de ley de telecomunicaciones supone una clara, una
descarada y una inasumible invasión competencial, un recorte más de la
autonomía local y de la capacidad de autoorganización, después de los
importantes recortes que ya hemos padecido efectuados con la Ley de la
Reforma Local hace pocos días o con las leyes de estabilidad
presupuestaria. Los ayuntamientos, señorías, deben conservar la capacidad
de ejercer sus propias competencias, no solo porque deben tener el
derecho de decidir la ordenación y las condiciones de las instalaciones
radioeléctricas, como decía hace un momento, sino porque también deben
tener un protagonismo primordial en la configuración y en la extensión de
las telecomunicaciones. Las infraestructuras de telecomunicaciones y, en
especial las redes de nueva generación, revisten de una importancia
estratégica al constituirse como elementos esenciales para la innovación
pero también para la vertebración territorial y la cohesión social. Por
ello, consideramos que las administraciones tienen una especial
responsabilidad ante la ciudadanía y constituyen un agente primordial
para evitar la brecha digital.Precisamente por ello consideramos básico
partir del reconocimiento del papel que en esta materia están llamadas a
desempeñar las administraciones territoriales, así como las comunidades
autónomas y los entes locales en ejercicio de sus legítimas competencias.
Así lo atesora el principio de subsidiariedad europeo en contra del
centralismo nacionalista español al que nos vemos reiteradamente
sometidos.
Acabo. Nos encontramos ante un proyecto de ley que tampoco respeta las
competencias en medios de comunicación social y sobre la regulación y el
control de los servicios de comunicación audiovisual de la Generalitat de
Catalunya, pero además limita considerablemente las posibilidades de
actuación de las administraciones locales en el ámbito de
telecomunicaciones y afecta al ejercicio de las competencias municipales
concurrentes para garantizar el desarrollo ordenado de las
infraestructuras de telecomunicaciones en los respectivos territorios.
Asimismo, limita la instalación y explotación de redes de comunicaciones
electrónicas por la propia Administración, como medio para garantizar la
prestación de unos servicios públicos que nosotros creemos que tienen que
ser eficaces y de calidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural,
tiene la palabra el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Señor presidente, señorías, señor ministro,
cualquiera de nosotros estaría de acuerdo en que para abordar un nuevo
modelo productivo que nos ayude a salir de la crisis necesitamos el
desarrollo de la sociedad de la información, el despliegue de las
infoestructuras de última generación y una nueva legislación en
telecomunicaciones; sin embargo, que nadie espere nada de esto en el
proyecto de ley general de telecomunicaciones que tenemos entre manos;
nada de nada. El señor Soria, como es su costumbre, pone al país al
servicio de las grandes corporaciones, no al revés; no pone a los
operadores al servicio de la ciudadanía. La verdad es que a este Gobierno
no se le ocurre idea buena. Señores del Grupo Popular, ustedes nos son
liberales en absoluto; ustedes son intervencionistas, pero no al servicio
del interés general sino de las grandes empresas privadas. Es un extraño
intervencionismo neoliberal el suyo que se repite en cada ley que
promueven, y en esta rizan el rizo, llegando a expropiar los tejados de
las viviendas de la gente para beneficio de los operadores privados de
telefonía móvil.
Tras la ley de la patada en la puerta del señor Corcuera y la ley de la
patada en la boca del señor Fernández Díaz, ahora le llega el turno a
esta ley de la patada en la azotea. Desde luego La Izquierda Plural
rechaza frontalmente esta disparatada ley general de telecomunicaciones.
Nuestra enmienda a la totalidad, en la que pedimos la retirada del
proyecto de ley, se fundamenta en cinco razones que luego iré ampliando.
Esta ley no solo ignora las directrices de la Unión Europea en materia de
telecomunicaciones y no incluye medidas que garanticen el cumplimiento de
los objetivos de la Agenda digital de conexión a redes de alta velocidad
en el año 2020, sino que además desregula lo público en beneficio de las
grandes operadoras, invadiendo una vez más las competencias tanto locales
como autonómicas, y finalmente se abandonan los más elementales
principios de precaución y prudencia que deberían figurar en cualquier
iniciativa legislativa destinada a regular ámbitos tan sensibles como la
protección de la salud. El Gobierno, imponiendo una vez más su ideología,
aunque sea contraproducente para los objetivos que dice perseguir, opta
por desregular esta materia, renunciando a toda la capacidad pública,
esto es, retirando a los ayuntamientos y comunidades autónomas el poder
regulatorio con el único objetivo de favorecer la actividad de los
grandes grupos privados de telecomunicaciones. Como ejemplo basta con ver
el capítulo 2, que regula el derecho de los operadores de
telecomunicaciones a ocupar el dominio público, siendo beneficiarios del
procedimiento de expropiación forzosa, y con el establecimiento a su
favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad. Las empresas de
telecomunicaciones ya no necesitarán licencia municipal. De hecho, las
competencias municipales en materia de antenas de telefonía móvil, si se
aprueba el texto tal y como está, van a desaparecer totalmente. No solo
se quitan a los ayuntamientos de en medio. También se limita totalmente
cualquier posibilidad que tengan los vecinos de oponerse a la instalación
de una antena. Para poder instalar las antenas basta con que las
operadoras pidan al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la
autorización para colocar antenas en una determinada azotea para que sea
catalogada como servidumbre de paso especial y se declare a las
operadoras como posibles beneficiarias de la expropiación de bienes en
comunidades de propietarios. La indefensión ciudadana va a ser mucho
mayor a partir de ahora. En la infinidad de denuncias que se producen por
toda nuestra geografía cuestionando la ubicación de estas antenas de
telefonía móvil este Gobierno toma partido claramente contra las
personas. Semejante decisión no solo favorece a las grandes corporaciones
en su desigual batalla frente a la ciudadanía indefensa, sino que vulnera
competencias de otras administraciones públicas.
La regulación de las condiciones técnicas y jurídicas relativas a cómo ha
de llevarse a cabo la utilización del dominio público es una clara
competencia local en el marco de la normativa patrimonial básica estatal
y propia de las entidades locales. La remisión a un real decreto, tal y
como pretende esta ley, supone una vulneración de competencias, porque es
competencia autonómica y local determinar qué tipo de autorización o
licencia es necesaria para las obras y edificaciones. No olvidemos la
reciente sentencia 8/2012, de 18 de enero, del Tribunal Constitucional,
que prevé la posible imposición de otras administraciones territoriales
de límites al derecho a la ocupación del dominio público y a la propiedad
privada, siempre que ello sea necesario para preservar los intereses
públicos que tienen encomendados, entre ellos medioambientales,
paisajísticos y urbanísticos, y respetando siempre los criterios de
proporcionalidad y efectividad del servicio.
Más disparatado resulta que la ley obligue al ministerio a mediar ante un
acto dictado en el ejercicio de las potestades locales, como la
disciplina urbanística, por ejemplo, para encontrar una solución
negociada, y sin cuyo informe no se podrá aprobar el acto administrativo;
descarada invasión competencial, y encima renunciando el ministerio a
ejercer como Administración para convertirse en mero intermediario
negociando soluciones en beneficio de las operadoras. Realmente patético.
Señor Soria, veo que sigue haciendo méritos para que le adopten en un
consejo de administración cuando deje la política. Utilizar la excusa de
simplificar y agilizar el despliegue de las infraestructuras de
telecomunicaciones para vaciar de contenido las competencias municipales
y autonómicas concurrentes en esta materia es una barbaridad que no
podemos dejar pasar desde la oposición.
Esta ley también debería servir para que el acceso a Internet en el Estado
español no fuera más caro y más lento que en la media de los Estados de
la OCDE, por no decir que no fuera el más caro y lento de Europa. Sin
embargo, a pesar de citar en la exposición de motivos el cumplimiento de
los objetivos de la Agenda digital para Europa, esto es, que para 2020
todos los europeos tengan la posibilidad de acceder a conexiones de banda
ancha a una velocidad como mínimo de treinta megabits por segundo y que
al menos un 50 % de los hogares europeos estén abonados a conexiones de
banda ancha superiores a cien megabits por segundo, el proyecto de ley no
incluye ninguna medida que garantice esos objetivos. De hecho, esta ley
limita la instalación y explotación de redes por parte de las
administraciones públicas. A nadie se le escapa que esa decisión tendrá
consecuencias graves en cuanto a que acrecentará la brecha digital entre
territorios. Pienso en el caso de Aragón, pero es aplicable a otras
comunidades autónomas, en una gran ciudad donde los operadores
disfrutarán haciendo negocio con redes ultrarrápidas frente a amplias
zonas despobladas, con población dispersa o con dificultades orográficas,
en las que ninguna iniciativa privada estará dispuesta a acudir ante la
falta de rentabilidad.
Además, el proyecto de ley establece que los operadores que explotan redes
o prestan servicios de telecomunicaciones tienen la obligación de
verificar que los terceros, a cuya disposición ponen la red, disponen del
correspondiente título habilitante para la utilización del espectro
radioeléctrico, y para el caso de no poseer tal título los operadores
tendrán que denegar el acceso a su red. Esta nueva obligación que
traslada a los operadores la labor inspectora o de policía que corresponde
a la Administración resulta contraria a las directivas europeas en cuanto
al principio de neutralidad tecnológica. Esta condición que pretende
recogerse en el nuevo proyecto creará un gran riesgo de discriminación
que perjudicará a las pequeñas operadoras y beneficiará por enésima vez
al operador dominante, que apenas se verá afectado por lo dispuesto con
esta medida. Efectivamente, la obligación que se pretende imponer a los
operadores de verificar la situación legal de sus clientes atenta contra
uno de los más firmes principios de la regulación de redes, consistente
en que los titulares de redes de comunicaciones no son responsables de
los contenidos transmitidos, así como el titular de la red postal no es
responsable del contenido de las cartas ni el operador de telefonía del
contenido de las conversaciones transmitidas. Por otra parte, este
proyecto tampoco resuelve el limbo jurídico en el que se encuentran aún
los servicios de comunicación prioritarios sin ánimo de lucro, tanto
radio como televisión, que estuvieran en funcionamiento con anterioridad
al 12 de enero de 2009 porque no se ha desarrollado todavía la
disposición transitoria décimo cuarta de la Ley General de Comunicación
Audiovisual. Mientras estén en ese limbo podrían verse perseguidos por
este proyecto de ley, si no se les excluyera expresamente. Espero que el
Grupo Popular comparta nuestra preocupación, al menos en esta cuestión.
Tampoco podemos olvidar que la apuesta del Gobierno por la desregulación
agrava las posibles implicaciones de convivir con instalaciones de
telefonía móvil, entre otras, en la salud pública de los ciudadanos. El
Grupo Popular ha renunciado a adoptar los más elementales principios de
precaución. Aquí lo que se prioriza es la buena salud de las cuentas de
las operadoras. Esta ley no solo no adopta medidas que permitan proteger
potenciales impactos de las ondas electromagnéticas contra la salud de
los ciudadanos, sino que además anula el derecho a la regulación que se
hace desde los ayuntamientos, que son la institución más cercana al
ciudadano. Visto lo visto, el propio proyecto de ley no vela por las
personas, sino que más bien parece haber sido redactado por las propias
operadoras en defensa de sus intereses particulares. En el Estado español
los riesgos de la exposición a estas ondas electromagnéticas están
reconocidos en el Real Decreto 1066/2001, basándose en la recomendación
europea 1999/519/CE, relativa a la exposición del público en general a
campos electromagnéticos; norma totalmente obsoleta, ya que no ha sido
revisada desde su publicación, incumpliendo su propio artículo 7º, que
regula que se han de realizar evaluaciones sanitarias de los riesgos por
emisiones radioeléctricas. Tras doce años no se conoce ninguna evaluación
ni se tienen en cuenta las resoluciones de otros organismos públicos como
el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa o la Agencia Europea del
Medio Ambiente, que han denunciado en diferentes ocasiones que los
límites actuales están desfasados, pues no se han actualizado con las
distintas investigaciones que se han producido desde entonces. De hecho,
existen diversas resoluciones del Parlamento Europeo donde se insta a los
gobiernos a revisar sus normativas con medidas de protección para la
salud y el medio ambiente. Desde el año 2000 se han publicado diferentes
investigaciones que ponen de manifiesto que los efectos en la salud se
producen a partir de niveles miles de veces por debajo de los que se
plantea la recomendación europea que he citado y el propio Real Decreto
1066/2001. Además, una parte significativa de la comunidad científica en
la mayoría de países occidentales realiza llamamientos periódicos para
advertir sobre los posibles riesgos en la salud de las ondas
electromagnéticas. En el Estado español las administraciones autonómicas
y locales han sido más receptivas que la Administración General del
Estado a las advertencias de la comunidad científica. De hecho, algunas
comunidades autónomas y ayuntamientos han aprobado normas más garantistas
que, entre otras cuestiones, rebajan sustancialmente los límites de
emisión y establecen una mayor protección de los espacios ocupados
habitualmente por personas. Sin embargo, el texto aprobado por el
Gobierno solo pretende introducir reformas estructurales en el régimen
jurídico de las telecomunicaciones, regulando el uso del espectro
radioeléctrico, dando facilidades a las operadoras para el despliegue de
sus redes para una prestación de servicios y negocios; al mismo tiempo,
solo se pretende una mejora en la seguridad jurídica desde la perspectiva
de la competitividad y la productividad, con el único fin de aumentar los
beneficios económicos.
Señores diputados, señoras diputadas, por muy comprensible que pueda ser
nuestra voluntad de desarrollar la tecnología que facilite la
comunicación móvil entre las personas, este objetivo no se puede
priorizar por encima de la protección de la salud ni de derechos como el
de la inviolabilidad del domicilio. De nuevo, este Gobierno pretende
legislar para los intereses privados empresariales, por encima de la
mínima capacidad de respuesta que se deja a los particulares que quedan
afectados por esta normativa. Por todos estos motivos pedimos la retirada
del proyecto de ley general de telecomunicaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Yuste.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÈ: Presidente, señorías, señor ministro, estamos ante
un debate de un proyecto de ley que entendemos muy importante, tanto en
términos económicos como sociales, muy relevante también en términos de
crecimiento y bienestar, y no solo por lo que representa el sector y para
el sector sino por la transversalidad y el impacto de las
telecomunicaciones y de la sociedad de la información en la
competitividad de nuestro tejido productivo y en el progreso de nuestra
sociedad. El impacto económico, social y territorial de las decisiones
que se adopten en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones
es conocido. El propio Gobierno lo destaca en la justificación del
proyecto de ley, y según la Comisión Europea un incremento del 10 % en la
penetración de la banda ancha conllevaría un crecimiento del PIB de entre
el 1 y el 1,5 %, un desarrollo con la consecuente creación de puestos de
trabajo asociados también a la formación, a la calificación y a la
innovación.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la totalidad
después de haber hecho una lectura muy detallada y un análisis muy
profundo del proyecto de ley; una enmienda presentada desde la voluntad
de constructividad y desde la defensa de un modelo más abierto e
integrador y respetuoso con las competencias de las distintas
administraciones públicas que, directa o indirectamente, se ven
afectadas. En nuestro grupo parlamentario tenemos la percepción de estar
ante un proyecto de ley poco ambicioso, a pesar de afectar a un sector
tan importante y transversal como es el de la economía digital. Por una
parte, limita su contenido a las telecomunicaciones, sin regular las
infraestructuras de comunicaciones electrónicas, tal como están definidas
en el marco regulador de la Unión Europea; por otra, excluye la
participación de las administraciones territoriales, las cuales tienen
una relevancia indiscutible en este marco. De este modo, desde la
perspectiva de las comunicaciones electrónicas, se pierde una oportunidad
de hacer una ley que responda a los objetivos de crecimiento y de
competitividad que requiere nuestra economía y acorde con las políticas
públicas de la Unión Europea.
Señor ministro, señor presidente, señorías, desde mi grupo parlamentario
estamos convencidos que la ley ha de apostar por la pluralidad de
administraciones públicas como agentes claves del sector; por un
escrupuloso respeto competencial y el valor de la colaboración entre
todas las administraciones; por la colaboración entre el sector público y
privado en el desarrollo y crecimiento del sector; por un marco de
competencia real y de apertura en un sector de gran trascendencia
económica y social; por garantizar los derechos de los consumidores, el
acceso universal y la neutralidad de la red; por una convergencia hacia
Europa; y, por último, por el valor de la seguridad jurídica y de la
estabilidad que marca su desarrollo y el de nuestra economía.
Compartimos, señor ministro, la necesidad de una nueva ley para el sector
y compartimos aspectos que este proyecto de ley incorpora. A nuestro
entender, con este proyecto de ley, tal y como está redactado y
presentado, creemos sinceramente que perdemos una oportunidad de
establecer un nuevo marco de impulso a las telecomunicaciones entendidas
en un sentido amplio y global; perdemos la oportunidad también de
reforzar la colaboración público-privada, que entendemos que es clave en
el crecimiento y competitividad del sector y de aportación económica y
social; y perdemos, por último, la oportunidad de implicar más y mejor a
las distintas administraciones públicas que intervienen en su desarrollo
y que tienen un papel determinante en lo social y en lo territorial.
Hubiésemos querido que desde el principio esta ley fuese también nuestra
ley, pero hoy no lo es, aun cuando trabajaremos en la dirección de los
cambios para conseguirlo y esperamos llegar a acuerdos en la tramitación
de enmiendas.
Tres son las razones por las que nuestro grupo ha presentado esta enmienda
a la totalidad. La primera es que entendemos que el objeto de regulación
no se adecua a lo establecido por la Unión Europea y sus principales
Estados miembros, que no se limitan al ámbito de las telecomunicaciones
sino que regulan un concepto, a nuestro entender, mucho más amplio que es
el de las comunicaciones electrónicas. Todos los países de la Unión
Europea han adaptado las legislaciones al nuevo objeto de regulación,
fruto de la convergencia tecnológica: las comunicaciones electrónicas. La
Unión Europea en su Directiva 2002/77 de la Comisión, de 16 de septiembre
de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios
de comunicaciones electrónicas consideró necesario adaptar algunas de las
definiciones utilizadas a la evolución tecnológica hablando de servicios
de comunicaciones electrónicas y redes de comunicaciones electrónicas en
vez de servicios de telecomunicaciones y redes de telecomunicaciones, que
eran los términos previamente utilizados.
Han transcurrido once años y el nuevo proyecto de ley sigue refiriéndose
estrictamente a las telecomunicaciones, un concepto que se pretende
mantener vigente -entendemos- más por razones
orientadas a justificar un modelo de Estado que a razones regulatorias de
futuro, lo que nos lleva a un enfoque restringido del sector sobre el que
se legisla, impidiendo así poder presentar una ley adecuada y orientada a
las nuevas y cambiantes necesidades de nuestra economía y de nuestra
sociedad. La referencia, señorías, al concepto telecomunicaciones que
tenemos en la Constitución no debería de ninguna manera ser un obstáculo
en el proceso de adaptación de la ordenación del sector a la normativa
comunitaria y a las exigencias de evolución del sector en el mercado
internacional.
La segunda razón por la que nuestro grupo ha presentado la enmienda a la
totalidad se refiere a la ordenación, a nuestro entender
recentralizadora, de las telecomunicaciones otorgando al Estado
competencias que hoy vienen ejerciendo las administraciones tanto locales
como autonómicas, especialmente las locales, generando un marco de
inseguridad jurídica e incertidumbre, lo cual entendemos que no
contribuye a la mejora de la competitividad y a la dinamización de esta
actividad; una actividad fundamental en términos de crecimiento y de
reactivación. No compartimos el planteamiento del Gobierno que considera
los ayuntamientos y las comunidades autónomas un obstáculo en el
desarrollo de las telecomunicaciones, cuando precisamente son estas las
que han sido las principales impulsoras, junto a la iniciativa privada,
de los mayores avances del sector en las últimas décadas. Además,
entendemos que es imprescindible su colaboración desde la perspectiva
territorial. Como reconoce el Gobierno en la exposición de motivos las
decisiones que se adopten en el ámbito de las comunicaciones electrónicas
tienen un impacto muy relevante en nuestra economía, pero también hemos
de reconocer que son determinantes en términos de cohesión social y
territorial. Ayuntamientos y comunidades autónomas tienen competencias en
estas dos materias cuyo ejercicio es garantía de un desarrollo
territorial en la nueva economía sin fractura digital. En este sentido,
señor ministro, nos inquieta -este es uno de los puntos principales de
preocupación- que el proyecto de ley prevé que cualquier normativa de una
comunidad autónoma o Administración local que pueda afectar al despliegue
de redes de telecomunicaciones deberá ser objeto de informe preceptivo y
vinculante del ministerio, vaciando al mismo tiempo de contenido a la
nueva autoridad de mercados y competencias. Los informes preceptivos y
vinculantes vacían de competencias normativas la Administración local y a
las comunidades autónomas, generando también, a nuestro entender, más
burocracia, distorsiones de mercado y conflictividad jurídica, tal como
reconoce la Comisión Nacional de la Competencia en su valoración de la
ley en términos de afectación a la competencia. En este ámbito también
nos preocupa que la ley prohíba a los operadores públicos desplegar
infraestructuras de telecomunicaciones en sus territorios con fondos
Feder, lo que tendrá, creemos, graves repercusiones en muchos de los
proyectos de desarrollo tecnológico. En el marco de esta segunda razón de
matiz más competencial el mismo Consejo de Estado nos recuerda en su
informe la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el principio
de colaboración entre Estado y comunidades autónomas implícito en el
sistema de las autonomías y el recurso a fórmulas de cooperación. Nos
recuerda que el Tribunal Constitucional considera este principio
especialmente necesario en los supuestos de concurrencia de títulos
competenciales. También los tratados de la Unión Europea establecen una
distribución competencial entre las instituciones comunitarias y los
Estados miembros; aplica, sin embargo, para la Unión Europea los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que no son tenidos en
cuenta en este proyecto de ley. En este proyecto de ley las únicas
referencias a las comunidades autónomas y a la Administración local son
para establecer medidas de supervisión y validación de su actuación,
cuando, en cambio, entendemos y defendemos que una colaboración real,
efectiva, rigurosa no solo es necesaria sino beneficiosa para el sector y
para los ciudadanos.
La tercera razón por la que este grupo parlamentario presenta la enmienda
es por omisión. El proyecto de ley, a nuestro entender, no prevé los
instrumentos necesarios para que las comunicaciones electrónicas
contribuyan a dinamizar nuestra economía para que sea avanzada,
innovadora y competitiva. Las comunicaciones electrónicas son básicas
para ganar competitividad, y para ello lo primero que debe garantizar es
más competencia para el sector, lo cual no queda garantizado en el texto
presentado por el Gobierno, a nuestro entender. Lo establecido en este
proyecto de ley no contempla la colaboración público-privada, es más,
incluso dificulta la participación pública en el desarrollo del sector.
Europa, señorías, señor ministro, va en sentido contrario. Las nuevas
guidelines aprobadas el 21 de diciembre de 2012, en su introducción,
recuerdan los objetivos de la Agenda digital europea que considera que,
aunque las inversiones deben llevarlas a cabo los inversores privados,
solo se lograrán sus objetivos y los que marca el sector público con la
participación de la financiación pública. Así lo han entendido países
como Italia, Alemania, Francia o Reino Unido, que disponen, todos ellos,
de planes para el desarrollo de la banda ancha elaborados a partir de la
colaboración y participación de sus gobiernos locales. Creemos que la
redacción de este
proyecto de ley, señorías, presidente, señor ministro, no responde a las
consideraciones que hace el mismo Gobierno en su memoria, en la que
destaca la necesidad de fomentar la inversión e impulsar la competencia
como elementos esenciales a considerar en la revisión del marco
regulador. Para ello es necesario contar con la colaboración
público-privada y con la complicidad de las administraciones públicas,
que son agentes del sector, desde el respeto competencial y su papel y su
responsabilidad territorial. En este sentido también se ha pronunciado la
Autoridad de Defensa de la Competencia en su informe, señalando cómo la
imposición de obligaciones puede limitar los incentivos a invertir y
generar distorsiones en los mercados, considerando al mismo tiempo no
justificadas las limitaciones a la actuación de los poderes públicos. En
definitiva, presidente, señorías, señor ministro, nos parece que otra ley
de telecomunicaciones es posible; una ley de infraestructuras de
comunicaciones electrónicas más adecuada a nuestro modelo económico y
social, que no es otro que el de los países de la Unión Europea. Tal como
ocurre en el proyecto de ley de unidad de mercado, la actualización
normativa puede constituir un objeto hasta cierto punto loable, pero el
fin no justifica los medios y, evidentemente, no justifica los
contenidos.
Estas son las principales razones que sustentan nuestra enmienda a la
totalidad. Reitero que nuestra voluntad es constructiva, y así lo he
manifestado desde el inicio de mi intervención. Trabajaremos para
incorporar los cambios a la ley que puedan permitir un desarrollo del
sector que garantice la competencia, estimule la colaboración
público-privada y respete las competencias y el papel social y
territorial que tienen las administraciones públicas. Nuestra apuesta es
por una ley que garantice en mayor medida un crecimiento más competitivo,
más diversificado y más innovador. Ello requiere de una ley, a nuestro
entender, más abierta, más flexible, más integradora y sobre todo más
europea; una ley que, por su importancia y trascendencia económica y
social, requiere también de un elemento indiscutible: el consenso.
Al inicio de mi intervención me refería a la oportunidad perdida; ahora,
al final de la misma, me referiré a la oportunidad que tiene el Gobierno,
y que tenemos todos, de reconducir la ley -porque existe margen-, por lo
que confiamos en la responsabilidad y voluntad de todos para llevarlo a
cabo y materializarlo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González
Veracruz.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Señor presidente, señorías, señor ministro,
ojalá que toda esa declaración de intenciones y espacios comunes que nos
relataba, que hemos leído en los medios y que también argumenta la propia
exposición de motivos y la memoria, como decía la señora Riera, fuera lo
que refleja realmente la ley general de telecomunicaciones y su
articulado: competencia real, derechos, empleo, mejora de la economía
digital. Si eso fuera así, este grupo, el Grupo Socialista, no habría
presentado una enmienda a la totalidad de devolución y, le digo más,
sería una buena noticia para nuestro país y para los españoles, pero nada
tienen que ver esas declaraciones de intenciones y espacios comunes con
la realidad que nos plantea la ley.
Están ustedes, señores del Partido Popular y del Gobierno, demasiado
acostumbrados a decir una cosa y a hacer la contraria. Lo hicieron en
campaña electoral y les salió muy bien y lo están haciendo en cada uno de
los temas durante estos dos años de legislatura, desde la educación y la
sanidad a las pensiones, pasando por las telecomunicaciones. Pero yo les
digo que esa actitud en política, como en la vida, tiene las patas muy
cortas y cada día, no sé si son capaces de verlo o no, están más solos,
algo que hoy se evidencia en las cuatro enmiendas a la totalidad que
tiene su proyecto de ley. Algo de razón tendremos con todo lo que estamos
argumentando durante este debate.
Por supuesto que compartimos los espacios comunes, ¡faltaría más! La
economía digital es imprescindible para nuestro país, es economía
tractora del resto de sectores de la economía, desde el automóvil hasta
la energía, pasando por las administraciones públicas y por los servicios
generales. No me imagino un futuro para este país empobrecido, como el
que ustedes están imponiendo, con salarios más bajos, buscando la
competitividad a bajo precio y disminuyendo derechos de las personas. Si
imagino un futuro con mayor competitividad es precisamente con más
innovación y con más economía digital. Desde esa convicción les digo que
la cuestión es que sería muy bueno que ustedes, señores del Gobierno y
señor ministro, se concienciaran de ello, porque más allá de discursos
que todos podemos suscribir, están sus hechos, y los últimos dos años de
políticas de telecomunicaciones y sociedad de la información se parecen
más al fallido INFO XXI de la etapa de Aznar que a la convergencia real,
a las inversiones y a las políticas alcanzadas en los últimos años del
Gobierno socialista con el Plan Avanza.
Hemos meditado mucho nuestra posición por algo que ahora les contaré.
Hemos valorado y analizado todos los informes preceptivos, hemos
escuchado a expertos, a asociaciones de usuarios y de consumidores, y lo
hemos meditado porque nos parecía fundamental para el éxito de esta ley y
de la economía digital española el consenso, la implicación y
colaboración de todas las administraciones, dos de los factores que
fallan desde el principio en este proyecto de ley. Por eso, también
comparto que no nace como debería. Gran parte del éxito alcanzado en los
últimos años con las políticas de convergencia con la Unión Europea
-siendo el máximo ejemplo el Plan Avanza- tienen como garantía el
consenso parlamentario, que además viene del Senado -y tengo aquí al
señor Lavilla, al que quiero agradecer públicamente sus trabajos como
ponente junto a mí en esta ley-, pero sobre todo consiguieron implicar a
todas las administraciones, con un gran acuerdo entre las comunidades
autónomas -que ya se ha evidenciado que no existe en este caso-, con los
ayuntamientos, con las empresas, asociaciones y agentes económicos y
sociales. No es la opinión de esta diputada socialista. La OCDE reconocía
los indicadores -que son ampliamente reconocidos- de España gracias al
Plan Avanza. Pero me gustaría resaltar lo que dice la propia OCDE en su
estudio titulado Buena gobernanza y las políticas digitales: como
maximizar el potencial de las TIC. El caso del Plan Avanza en España.
¿Por qué? Porque precisamente dice que otros países pueden aprender de la
experiencia española en aspectos como el liderazgo, implicación y
coordinación con las administraciones y agentes públicos y privados y
obtención de sinergias con otras políticas. El Plan Avanza ofrece
ejemplos prácticos de buena gobernanza que trascienden fronteras y pueden
ser considerados como casos de éxito para los demás países. Señor
ministro, esto es lo que ha conseguido hacer España desde el consenso y
con todas las administraciones en el mayor caso de éxito de despliegue de
redes, incluido el Plan de extensión de la banda ancha y de sociedad de
la información. Esto es lo que no puede abandonar España ahora mismo, y
es su responsabilidad como Gobierno trabajar ese consenso, trabajar la
implicación de las administraciones y, en ese sentido, creo que este
texto plantea justo lo contrario.
En definitiva, el proyecto de ley creemos que no nace bien y, por eso,
hemos presentado una enmienda a la totalidad. Lo que tenía que ser un
proyecto de ley de futuro es una oportunidad perdida, tal y como se
plantea; es un retroceso que ahora explicaré. El país necesita mucho más
para que la economía digital juegue el papel que le corresponde y nos
parece un proyecto muy poco ambicioso. Pedimos la devolución del texto al
Gobierno por tres factores esencialmente. Primero, porque es una ley
anticuada, que nace caducada, que no atiende a las resoluciones y
recomendaciones más recientes de la Unión Europea, luego no va al ritmo
del diseño del mercado único que compartimos y que necesitamos en Europa.
En aspectos desde la protección de usuarios hasta la ausencia de las
políticas de colaboración público-privada, como en el propio modelo de
competencia -yo diría de no competencia- son un paso atrás. Segundo,
porque es una ley insolidaria, una ley que no garantiza la cohesión entre
los diferentes territorios del Estado español, por lo que el acceso a
redes de alta velocidad creemos que, tal y como está planteado, generará
un aumento de la brecha digital, ocasionando mayor desigualdad social y
económica e impidiendo un verdadero modelo económico alternativo al
existente. Tercero, fundamental para nosotros, olvida los derechos de la
ciudadanía, olvida a las personas, que tienen que ser las máximas
beneficiarias de esta ley. Los ciudadanos necesitan que la política les
proteja de abusos. En definitiva, no podemos apoyar esta ley porque, tal
y como está reflejada, tal y como se presenta, no responde al interés
general. Señor ministro, si la política, si las leyes no protegen a los
ciudadanos, no protegen a los usuarios y a los consumidores, quién les va
a proteger.
Señorías, quiero decirlo muy claramente para que no quede ninguna duda. El
Partido Socialista es un firme defensor de las potencialidades de las
redes, de las tecnologías de la información y de la comunicación en el
crecimiento económico y en la necesaria creación de empleo. Es
imprescindible la economía digital. Hablaba antes del Plan Avanza, el
plan de extensión de la banda ancha, que es uno de los planes que más ha
conseguido extenderla en zonas no grises; las leyes de servicios de la
sociedad de la información; el servicio universal que incorporamos en la
Ley de Economía Sostenible. Siempre hemos sido defensores de ello. Pero
comparto, junto con el resto de portavoces, que esto no es lo que refleja
esta ley; más bien todo lo contrario. Su planteamiento, su modelo, va a
generar un gran caos administrativo en el despliegue de redes; va a
generar inseguridad, como ya advierten los expertos y los informes de los
consejos; y, sobre todo, genera trabas para que desde las políticas
públicas se garantice la cohesión territorial y social. Abandonan ustedes
con este proyecto la igualdad de oportunidades que, por cierto, no nombró
en ningún momento durante su discurso. Pensamos que el modelo que imponen
solo va a generar problemas, como se ha dicho desde las comunidades
autónomas
y como ha dicho la propia FEMP, cuando estamos convencidos -y a la
experiencia del Plan Avanza nos remitimos- de que la mejor manera de
avanzar en este país con nuestro Estado es con las administraciones y en
ningún caso frente a ellas. Tan importante es garantizar el despliegue de
redes de nueva generación, como asegurarnos que puede llegar a todos los
sitios y, sobre todo, a todas las personas. Tan importante es el
desarrollo de infraestructuras, como los criterios de cohesión
territorial y social. La realidad es que lo que nos ofrece el Partido
Popular es que el único criterio para el despliegue de redes sea la pura
y dura rentabilidad de las empresas sin ninguna garantía más.
¿Sabe usted, señor ministro, que con la legislación que tenemos el 50 % de
los españoles ya acceden a 30 megas? ¿Sabe usted que con lo que está
planteando en esta ley nos tememos que no solo no se garantizan sino que
se dificultan los objetivos que ustedes mismos marcan en la exposición de
motivos de la Agenda digital europea? Según la Agenda digital europea, en
2020 todos los europeos tendríamos que tener la posibilidad de acceder a
30 megas en banda ancha y como mínimo el 50 % de los hogares tendrían que
tener acceso a conexiones superiores a 100 megas. Pues bien, yo le
aseguro que no solo no concreta sino que dificulta la posibilidad de
llegar a alcanzar estos objetivos, cuando mantienen el servicio universal
en el mega que marcamos en 2011 y cuando están poniendo trabas para que
las políticas públicas desarrollen esa extensión de las redes en aquellos
lugares en los que no sea rentable para la iniciativa privada.
En definitiva, pensamos que su ley está planteando una España a dos
velocidades, que lejos de defender el interés general está defendiendo el
interés privado. Sin embargo, estamos convencidos de que es compatible y
que tenemos que encontrar el equilibrio entre el despliegue de las redes
ultrarrápidas para generar empleo y competitividad, los intereses de las
empresas y, por supuesto, los derechos y libertades de ciudadanos y
ciudadanas, de los usuarios, que son los grandes olvidados de esta ley.
Esta ley es un retroceso, pero no solo en las cuestiones que ya le
planteaba. No podemos en ningún caso compartir su modelo de no
competencia. Lo que está detrás del organismo regulador que hace poco se
debatió en esta Cámara, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, es precisamente una mayor desprotección del ciudadano.
Ustedes están argumentando que esta ley bajará los precios y conseguirá
mayores velocidades para los ciudadanos. A mí me gustaría, señor
ministro, que usted nos convenciera de cómo va a hacer eso cuando hoy el
organismo regulador es menos independiente, menos fuerte, menos
transparente e incluso tiene menos conocimiento que antes y cuando yo
estoy segura de que después de esta ley, que quita independencia a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, va a ser aún peor
para los ciudadanos. El papel de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones era fundamental para garantizar ese grado de
competencia, pero, sobre todo, para que pudieran bajar los precios, para
evitar abusos, para garantizar la portabilidad efectiva, todas esas cosas
que realmente les preocupa a los ciudadanos. En definitiva, no es solo un
retroceso lo que nos plantean sino, desde mi punto de vista, un
liberalismo mal entendido, la regulación sometida exclusivamente a los
intereses del mercado, a los intereses privados. La verdad es que antes
de que se nos olvide, porque todo pasa muy rápido, creo que precisamente
leyes como esta de regulación para el interés privado, abandonando el
interés público, son las que nos han traído a la crisis que estamos
padeciendo y lo que desde luego los socialistas no vamos a permitir que
suceda.
En definitiva, señor ministro, estos son algunos de los planteamientos que
no compartimos. Sin embargo, le queremos tender la mano para que si no
conseguimos que este texto se devuelva, podamos reconstruirlo con todo un
modelo alternativo que presentaremos por medio de las enmiendas. Pero
para hablar de un consenso tendríamos que partir también de una base
fundamental de tres puntos. En primer lugar, definir y respetar las
competencias de cada Administración para ordenar adecuadamente el
despliegue de las redes de forma coordinada y ágil. Realmente, para poder
generar empleo y una fuerte economía digital hay que respetar las
competencias de cada Administración y este proyecto de ley no lo hace. En
segundo lugar, habría que garantizar el fortalecer las competencias de la
CNMC, que asuma todas las que tenía la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones y que así se pueda asegurar que sigan bajando los
precios y que no vayamos a un modelo de barra libre, que es lo que
ustedes están planteando. Y en tercer lugar, el proyecto de ley tiene que
fortalecer la protección de los usuarios, de los consumidores, garantizar
los ciberderechos ciudadanos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Me gustaría terminar mi intervención desarrollando un poquito más este
punto. Su ley -ustedes hablan de derechos- no es que sea un retroceso, es
que es una ley absolutamente de mínimos, que deja fuera derechos que ya
están contemplados en las orientaciones europeas y que, además, ni
siquiera garantiza el acceso de usuarios con discapacidad. Los derechos
no son efectivos si no se garantizan, y
ahora más que nunca hay que ser valientes en los planteamientos desde la
política. Por eso, proponemos todo un paquete de medidas de protección de
usuarios, porque es la realidad que sufren día a día los ciudadanos y las
ciudadanas. Proponemos la mejora de procedimientos, más contundentes, más
novedosos, ambiciosos, procedimientos eficaces para garantizar que los
derechos de cualquier ciudadano frente a las grandes corporaciones se
hagan efectivos, porque en la mayoría de los casos -y usted lo debe
saber- se sienten indefensos. Proponemos medidas contra el acoso
comercial, el acoso telefónico. Proponemos el resarcimiento inmediato
ante la vulneración de derechos, es decir, indemnizaciones automáticas,
como ya sucede en otros sectores, como el aeronáutico en el caso de
retraso de aviones o de overbooking. En definitiva, proponemos que la
tecnología esté al servicio de las personas que, por cierto, le digo que
la propia Administración General del Estado debería dar ejemplo y revisar
cómo tiene sus propios servicios de atención al cliente, ya que lo que
hace dos años eran teléfonos que atendían a las personas, ahora son
contestadores automáticos que por culpa de los recortes solo generan más
problemas a los ciudadanos que tratan de poner denuncias, por ejemplo, o
a los turistas extranjeros que llaman al teléfono que le ofrece la
Policía Nacional. Debe de ser así como entiende el Partido Popular la
tecnología, y también podría hablar de esa ley de represión ciudadana que
pretenden ustedes aprobar mañana y que nos dice a los que estamos en
Internet que por convocar una manifestación por Twitter podríamos tener
sanciones ni más ni menos que de hasta 600.000 euros.
En definitiva, para tener un Internet seguro tenemos que ser capaces de
garantizar los derechos y libertades de las personas. A priori la defensa
de estos derechos tiene que marcarnos como prioridad la protección a la
salud pública, un derecho reconocido en la Constitución. Por lo tanto,
debemos garantizar que sean imprescindibles las políticas y acciones de
prevención, protección y vigilancia de la salud ante los riesgos
ambientales que pueda suponer la exposición de ondas electromagnéticas,
algo en lo que también han retrocedido en este proyecto de ley.
Proponemos reforzar el derecho de acceso universal. Donde fuimos pioneros
en la Ley de Economía Sostenible, garantizando por ley un mega de acceso
universal a todos los ciudadanos, hoy ustedes, casi tres años después, lo
mantienen y nosotros proponemos que ese mínimo de igualdad de
oportunidades vaya hasta 10 megabytes y en el caso de los centros
públicos hasta 30 megabytes. Tenemos que garantizar en este proyecto de
ley, porque los ciudadanos así lo exigen, la neutralidad de la red, la
net neutrality, eso respecto a lo que cuando ustedes estaban en la
oposición bien que hacían ruido, supongo que por interés electoral, y que
sorprendentemente se les ha olvidado garantizar en este proyecto de ley.
Nosotros le proponemos que simplemente recojamos aquel acuerdo que
firmamos todos los grupos políticos en el Senado en la anterior
legislatura. (Muestra un documento). Tenemos que defender la privacidad,
el derecho al secreto en las comunicaciones, y no solo en las
telecomunicaciones sino también en las redes de datos, que es uno de los
peligros que acechan en la sociedad red, en la sociedad del siglo XXI.
Tenemos que garantizar el derecho a la reparación, a la rectificación, el
derecho al olvido, todas esas cuestiones que preocupan al ciudadano.
Termino ya. Señor ministro, creo que le hemos relatado y desarrollado muy
en profundidad por qué su proyecto es un paso atrás en tantos ámbitos: en
el despliegue de redes, en la competencia real, en la coordinación entre
las administraciones para la cohesión social y territorial y para los
derechos de la ciudadanía. Les pido que devuelvan el texto y traigan uno
aquí que nazca bien, que nazca desde el consenso y la implicación, pero,
si no es así, les pido que seamos capaces de reconstruirlo con las
enmiendas alternativas, que es todo un proyecto de ley, que vamos a
presentar. Es suya la decisión -y es lo que me gustaría escuchar- de si
de una vez van a defender también en este ámbito el interés general o van
a seguir en otros intereses que no son los que les preocupan a los
ciudadanos y que no son los que les preocupan a los españoles. Estoy
convencida de que los españoles nos votan para defenderles, para
protegerles, para que desde la política los ciudadanos puedan tener
mejores leyes. Desde luego, esta no lo es, pero los socialistas vamos a
trabajar sin descanso para que al final con consenso y con la implicación
de todos pueda serlo. Esta es la mano que les tendemos; esperamos que el
Gobierno sea capaz de verlo y no se quede solo, como en otros ámbitos,
como en el resto de políticas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González Veracruz.
Pasamos ahora al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el
Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señorías, señor ministro, he
de confesarles que ya me empieza a preocupar el comportamiento no sé ya
si de mi grupo o el mío propio en relación con estos
proyectos de ley, porque ayer le di un margen de confianza, hoy le he
querido dar otro con este proyecto de ley, pero es un margen de confianza
con poco fundamento en el sentido de que no ha habido ningún intento por
parte del Grupo Popular ni del Gobierno por lograr un acercamiento en
relación con las enmiendas con la intención de llegar a algún tipo de
acuerdo. No obstante, a pesar de la ingenuidad seguimos insistiendo,
aunque el hecho de que no hayamos presentado una enmienda a la totalidad
no quiere decir que no nos preocupe el proyecto y que no entendamos que
hay que corregir cosas fundamentales.
El proyecto de ley, señor ministro, opta por una limitación general de la
actividad de las administraciones públicas, tanto en su actuación directa
como a través de las entidades o sociedades que controlen directa o
indirectamente, en relación con la instalación, la explotación de redes
de comunicaciones electrónicas y la prestación a terceros de servicios de
comunicaciones electrónicas. El principio general es que la
Administración o sus entidades integradas en el sector público han de
limitar su actuación a lo que el proyecto de ley denomina autoprestación.
Sin embargo, el citado concepto que marca la línea divisoria del campo de
actuación de los poderes públicos no se define en el proyecto de ley.
Fuera de este ámbito, la Administración pública que pretenda explotar
redes disponibles al público o prestar servicios de comunicaciones
electrónicas a terceros, deberá actuar de conformidad con el principio
del inversor privado en una economía de mercado. Sin embargo, el texto
del proyecto impone a las administraciones públicas una serie de
condiciones más exigentes y restrictivas que las atribuidas a los
operadores privados que intervienen precisamente en el mismo mercado.
El proyecto olvida igualmente que las comunidades autónomas ostentan
competencias en materia de medios de comunicación, que habitualmente son
las encargadas de suplir las carencias del mercado en materia de
comunicaciones electrónicas -como la banda ancha o redes rápidas y
ultrarápidas en zonas rurales-, también en la ordenación del territorio y
del medio ambiente, y que el desarrollo de sus políticas en estas
materias puede resultar conveniente llevarlo a cabo con medios propios
cuya articulación no puede resultar penada o cercenada por una invocación
genérica de la libre competencia. Por tanto, debe reconocerse la
autoprestación en términos que permita el desarrollo de las políticas
públicas, la ejecución de los proyectores interinstitucionales o la
cobertura de carencias del mercado, sin que ello suponga una penalización
a la intervención pública. Cuestión distinta es que dicha intervención
pueda sujetarse a determinadas condiciones caso por caso y en atención a
las circunstancias concurrentes, que vendrán establecidas por la Comisión
de Competencia en el ejercicio de sus facultades de regulación de los
mercados.
El proyecto, a través de la recurrente imposición de informes preceptivos
y vinculantes del Ministerio de Industria, dificulta en nuestra opinión
-cuando no impide- la tramitación de instrumentos de ordenación
territorial y urbana cuya legislación ya prevé la emisión de informes
sobre aspectos supramunicipales. En este aspecto, el texto es francamente
mejorable. Asimismo, debe evitarse que la invocación del título
competencial "telecomunicaciones" desplace sistemáticamente otros ámbitos
competenciales de titularidad autonómica, especialmente en materia -como
le decía- de ordenación territorial y medio ambiente. Por lo tanto, en
nuestra opinión, señor ministro, debería posibilitarse que las
comunidades autónomas pudieran adoptar medidas de protección activa del
espectro radioeléctrico cuando las mismas se refieran al ejercicio de sus
competencias en materia de medios de comunicación social.
Todas estas cuestiones y otras más se plantean, como decía señor ministro,
en nuestras enmiendas, que esperamos todavía - si no me dice usted lo
contrario- acordar con el Gobierno y el resto de grupos parlamentarios.
Por este espíritu de pacto no hemos presentado enmiendas a la totalidad,
porque preferimos corregir que protestar. No obstante, si no es posible
un acuerdo razonable, votaremos sin ninguna duda en contra del proyecto
de ley cuando tenga lugar el debate en Comisión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor
Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo tampoco ha presentado enmienda de totalidad a esta ley, una
ley sin duda sumamente importante, porque también pensamos que es posible
a base de enmiendas parciales discutir en Comisión y tratar de mejorar
los aspectos que no nos gustan y que enseguida relataré, pero creo que es
conveniente insistir en que no estamos hablando de una mera ley que
regula telecomunicaciones en los aspectos más pedestres, sino que estamos
hablando de la regulación de un sector emergente de la economía que
además debería ser uno de los puntales para el famoso, tantas veces
citado y pocas veces concretado, cambio de modelo productivo, porque las
estimaciones hablan de que por cada millón de euros invertido en TIC, en
tecnologías de la información y del conocimiento, se generan treinta y
tres puestos de trabajo.
Ya en España existen 30.000 empresas que tienen que ver con las TIC y
contenidos digitales que facturan 80.000 millones de euros, que emplean a
casi medio millón de personas y representan un 5,7 % del PIB. Por lo
tanto, pensamos, como creemos que piensa todo el mundo, que todo que lo
que se haga en este sector emergente de tecnologías que están provocando
una revolución, también económica, ha de ser estudiado con sumo cuidado y
sobre todo con la vista puesta en favorecer y facilitar ese cambio de
modelo productivo en el país. Además, tiene consecuencias sociales
notables. En la educación las TIC son fundamentales, pero también lo son
en un sector que en España llevamos un atraso relativo que habría que
corregir, como es, por ejemplo, el comercio electrónico, y no solamente
el comercio electrónico para grandes firmas sino para el minorista. ¿Por
qué? Porque, entre otras cosas, en España sigue habiendo demasiada
desconfianza respecto a la vulnerabilidad de los usuarios, de los
consumidores, de sus datos personales, y en todo esto hay que progresar.
Estamos hablando, por lo tanto, como en otras ocasiones, de una ley que
va a tener consecuencias directas sobre los consumidores en general, los
usuarios últimos de los servicios de telecomunicaciones, pero que además
redunda en cambios económicos y sociales generales que van mucho más allá
de lo que es el dominio de las relaciones entre la empresa de
telecomunicaciones, tu operador de móvil, por ejemplo, y los usuarios.
¿Qué ocurre entonces con esta ley? A nosotros, como por otra parte supongo
que no extrañará a nadie, a diferencia de otros grupos, no nos molesta
algo que sí nos parece un mérito de esta ley -y voy a decirlo-, que es
que clarifica la dispersión competencial que había entre las
administraciones, es decir, aunque sin duda alguna hay que abordar que
los beneficios fiscales que pueda generar el sector repercutan o redunden
positivamente en todas las administraciones, no nos parece que ayude a
eso para nada alzar barreras normativas, barreras de acceso, en fin, la
territorialización del espectro radioeléctrico a través de competencias
municipales y autonómicas. Creemos que no; es más, la propia Unión
Europea en este sentido tiene un problema: está acumulando un atraso
significativo respecto a otras áreas del mundo que han avanzado mucho más
que nosotros, cuando Europa fue en su momento, hace diez o doce años,
líder en muchas aplicaciones que tenían que ver con las TIC y con las
telecomunicaciones, precisamente porque Europa no ha avanzado lo
suficiente en la integración de su mercado al respecto, de sus empresas y
de sus normativas. Por lo tanto, que en España repliquemos eso con los
inconvenientes que crea, nos parece algo que debía superarse y, en ese
sentido, nos parece que es una de las aportaciones interesantes que hace
esta ley.
¿Pero qué más ocurre? Esta ley, sin embargo, tiene cosas que no nos
gustan. Para empezar -y en esto se parece bastante a otras leyes que
suele traer el ministro señor Soria-, una vez más nos encontramos con un
trato de favor a los operadores con posición dominante. Una vez más eso
se convierte, por lo tanto, en crear más dificultades de acceso a los
nuevos operadores, a las nuevas empresas que se puedan crear, o significa
crear facilidades a estos antiguos operadores, que en muchos casos son
-como es el caso de Telefónica- antiguas empresas públicas privatizadas
de aquellas manera -es decir, sobre la base del sistema de puerta
giratoria y de favores a los socios políticos-, que van asociadas a estas
malas prácticas que hay que erradicar de una vez. Esta ley, lejos de dar
pasos en ese sentido, nos parece que no hace nada al respecto. Pero,
claro, eso también desincentiva la inversión, porque evidentemente si uno
se va a meter en un mercado donde el acceso, la entrada está ya en gran
parte controlada porque favorece a los operadores dominantes, lo que se
va a conseguir es exactamente lo contrario de lo que habría que
incentivar en un país como el nuestro, y para facilitar ese cambio de
modelo productivo y para facilitar ese desarrollo de la economía digital
y de las TIC, ¿qué hay que hacer? Facilitar al máximo que se creen nuevas
empresas, que el talento existente en el campo, justamente conseguido
gracias al desarrollo de la educación superior, permita -vamos a decirlo
en un tono un poco maoísta- que florezcan 100.000 empresas de ese sector.
Si al final nos preocupa más proteger a los que están que facilitar la
entrada a los que no están, volveremos a encontrarnos con que no se crean
puestos de trabajo, objetivo que el Gobierno siempre invoca -que por
supuesto compartimos todos- como el máximo guía y la estrella polar de su
acción económica y política. Y presentaremos enmiendas a este respecto.
Esta no es la manera de conseguir la creación de nuevos puestos de
trabajo, aunque sí lo sea de conservar puestos en los consejos de
administración de ciertas empresas. Por tanto, no se incentiva la
inversión de una manera suficiente, nos parece que tampoco se garantiza
una competencia efectiva entre operadores, y eso mismo tiene como
consecuencia que no acaba de promover como es debido el sector como motor
de una nueva economía fundada en la economía del conocimiento, de la que
se suele hablar muchas veces. La economía del conocimiento tiene -nadie
puede ignorar esto- una base tecnológica digital y tienen que facilitarse
los avances tecnológicos mediante una regulación adecuada.
Me gustaría señalar que esta ley en algunas cosas recuerda el talante
conservador que dominaba la Ley Sinde, que persiguiendo algo que es
correcto y jurídicamente saludable, como es el derecho de los creadores a
su retribución económica, a sus derechos de autor, al final acababa
poniendo todo tipo de cautelas, barreras y dificultades a un sector
emergente consecuencia de una revolución tecnológica que se podrá frenar
o retrasar, pero es imposible ponerle puertas al campo. Es imposible
impedir su éxito final, como ha ocurrido, por ejemplo, con los libros
electrónicos, con las descargas por Internet y cosas así. Hoy nos
encontramos con esa filosofía que nos parece un tanto atrasada, un tanto
conservadora y un poco timorata. Trataremos de convencer al Grupo Popular
para que acepte enmiendas cuando se debata en Comisión.
Una vez más tenemos una ley que nos parece excesivamente sesgada hacia la
Hacienda pública. Un objetivo fundamental de la ley es que la Hacienda
pública consiga nuevos ingresos en forma de un régimen de multas a
discreción, con bastante pocas garantías jurídicas, y una vez más da más
importancia a la cartera de Hacienda que a la de Economía. Nosotros
creemos que tiene ser exactamente al revés -y aprovecho la presencia del
ministro de Economía para recordarlo-, la Hacienda pública no es la
economía productiva y real de un país, aunque haya que luchar contra el
déficit, de manera que habría que tener más una mentalidad económica
proactiva que una mentalidad hacendística recaudadora.
Para acabar mi intervención -no quiero alargarla mucho más-, creo que esto
también ha sido el origen de que las instituciones europeas, que, como he
dicho antes y reitero, también acumulan un atraso en lo que se refiere a
la regulación digital respecto a Estados Unidos o a países asiáticos, sin
embargo también han mostrado sus reticencias y sus quejas sobre algunos
aspectos de esta ley porque la consideran demasiado alejada de la Agenda
europea digital. Nos parece algo que hay que corregir. No podemos tener
una legislación que, aunque no choque formal y jurídicamente -esto habría
que verlo- con las directivas europeas y con las previsibles que vaya
habiendo, sin embargo acumule un atraso y nos ponga en una situación de
desventaja. La propia Europa -España como miembro de la Unión debería
presionar en este sentido- debería tener una actitud mucho más ambiciosa
para hacer leyes de telecomunicaciones de ámbito europeo mucho más
volcadas en favorecer la innovación y la inversión en el sector y en
desarrollar de verdad una economía de base digital integrada, por
supuesto orientada hacia los usuarios finales y no solamente hacia los
que prestan servicios, que al final siempre acaban siendo el objetivo a
preservar por este tipo de legislación.
Como he dicho, no hemos presentado una enmienda de totalidad, pero vamos a
presentar muchas enmiendas parciales. Esperemos que por una vez, y
rompiendo la costumbre, se haga caso de verdad y no simplemente se
gesticule que se quiere un consenso y luego se evite. Si no es así, como
también han anunciado otros grupos pese a no haber presentado una
enmienda a la totalidad, nos veríamos obligados a votar en contra de esta
ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Puente.
El señor PUENTE REDONDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Popular en relación con el proyecto de ley general de
telecomunicaciones y en relación con las enmiendas presentadas por
algunos de los grupos. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad
que se me da como ingeniero de telecomunicaciones de poder defender este
proyecto de ley en esta Cámara. En segundo lugar, quiero agradecer el
tono de las intervenciones del resto de los grupos parlamentarios, de mis
compañeros. Estoy seguro de que durante la tramitación de las enmiendas,
como ya han comentado varios de ellos, podremos profundizar más en las
propuestas concretas de cada uno de los grupos. Por otro lado, quiero
felicitar al ministro de Industria, Energía y Turismo por traer y
presentar este proyecto de ley a esta Cámara; proyecto de ley con el que
este grupo está totalmente de acuerdo y que creemos que es el momento de
presentar. La felicitación para él y para todo su equipo no es solo por
el fondo o por el contenido del proyecto de ley, sino también por las
formas en que ha sido elaborado y ha sido realizado, contando con todos
los entes implicados, contando con todo el mundo. Recordemos que el
anteproyecto fue aprobado en primera lectura en Consejo de Ministros con
fecha 28 de diciembre de 2012, y en los últimos meses se ha llevado a
cabo el trámite de audiencia pública a través del Consejo Asesor de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información donde,
recordemos, están representados diferentes organismos ministeriales, las
comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias,
las asociaciones empresariales, operadores de telecomunicaciones,
prestadores de servicios para la sociedad de la información; igualmente
están representadas las asociaciones de usuarios, los colegios
profesionales y
los sindicatos. Asimismo, se ha solicitado informe a una serie de
organismos, que paso a detallar: la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo
General del Poder Judicial, la Agencia Española de Protección de Datos, y
el Consejo Económico y Social. Todos estos informes se han tenido en
cuenta de cara a mejorar el texto. Por lo tanto, creo que hay una buena
participación de todos los entes sociales para que esta ley se considere
consensuada por todo el mundo. Finalmente, se ha recibido el dictamen del
Consejo de Estado, que realiza una valoración muy positiva de este
proyecto de ley, como han podido leer los diputados de otros grupos.
¿Por qué es necesaria esta ley? Para ponernos en situación -ha sido
comentado ya por alguno de los grupos en esta tribuna-, sabemos que
Europa se está quedando atrás en el avance de las telecomunicaciones y en
la economía digital. Nuestro continente necesita impulsar y aprovechar
las telecomunicaciones para evitar quedarse atrás en la carrera de la
competitividad empresarial y del bienestar ciudadano. Voy a dar un par de
datos relacionados con la economía digital. Por ejemplo, por cada aumento
del 10 % en la penetración de la banda ancha, el crecimiento del producto
interior bruto es entre el 1 y el 1,5 %. Igualmente, según la OCDE, un
incremento del 10 % de penetración de la banda ancha en cualquier año
implica un incremento del 1,5 % de la productividad de este país durante
los próximos cinco años. Las redes de telecomunicaciones son los
cimientos de la economía digital, y esta ley permitirá forjar esos
cimientos. Esta ley es necesaria principalmente por dos motivos: por un
lado, el sector de las telecomunicaciones en nuestro país se encuentra en
un momento de renovación tecnológica importante de sus infraestructuras.
Solamente tenemos que leer la prensa diaria desde hace unas semanas,
desde hace unos meses, para darnos cuenta de las inversiones importantes
que están realizando los operadores de telecomunicaciones, tanto en el
despliegue de fibra óptica, para llegar a más hogares, como en la
ampliación de la cobertura de las redes de cuarta generación, de las
nuevas redes móviles. Todo ello permitirá el acceso a Internet, tanto
fijo como móvil, con unas velocidades superiores y, en consecuencia,
permitirá incrementar nuestra productividad. Por otro lado, tras quince
años de liberalización del sector, las comparativas internacionales
sitúan a España entre los países desarrollados con recorrido a la hora de
trasladar, tanto a los consumidores como a las empresas usuarias, las
ventajas derivadas de una mayor competencia en el mercado, en particular
en cuanto a los precios de determinados servicios se refiere.
¿Qué va a hacer esta ley? Resaltaré principalmente tres aspectos, que
también han sido enumerados por los diferentes grupos parlamentarios. A
través de esta exposición espero dar respuesta a la mayoría de sus
preocupaciones o a la mayoría de sus inquietudes. El primero de estos
aspectos es que esta ley permitirá la definición y obtención de un marco
regulatorio más estable que fomente la inversión, incremente la seguridad
jurídica y elimine las barreras que dificultan el despliegue de las redes
de telecomunicaciones. Un segundo aspecto a resaltar es que esta ley
avanza en la línea de recuperación de la unidad de mercado. Es cierto,
algunos lo ponían como queja; nosotros creemos que es una ventaja y que
este avance es uno de los aspectos positivos en esta recuperación de la
unidad de mercado. Este avance se realizará a través del diseño de nuevos
mecanismos de coordinación y de colaboración entre entes del Estado, las
comunidades autónomas y los ayuntamientos, de cara a facilitar el
despliegue de las redes de nueva generación. Igualmente, esta
recuperación de la unidad de mercado se garantizará a través del
establecimiento de requisitos técnicos comunes para el despliegue de
redes, así como límites máximos únicos en todo el territorio nacional de
emisión y exposición de campos electromagnéticos. Un tercer aspecto que
han enumerado todos los intervinientes y en el que se centra esta ley es
la puesta en marcha de todo un conjunto de medidas en beneficio de los
ciudadanos, que después de esta ley estarán en condiciones de recibir una
mayor cobertura, una mayor capacidad de elección de operador, con la
consecuente bajada de precios, ya que uno de los objetivos de esta ley es
profundizar en el actual nivel de competencia que consideramos es el
mejor medio para ofrecer mejores y más baratos servicios a los usuarios.
El usuario y las empresas también estarán a disposición de recibir una
mayor cobertura, un mayor ancho de banda, lo cual repercutirá, como hemos
dicho, en la productividad. Mediante esta ley, se refuerzan aún más los
derechos de los usuarios y de los consumidores. No debemos olvidar que
los derechos de los usuarios, nuestros derechos, ya venían reforzados y
modificados por la reforma introducida por este Gobierno en marzo de
2012. Quiero resaltar que tenemos uno de los regímenes más garantistas
para el consumidor, con un mayor grado de información y transparencia, y
con una normativa específica sobre comunicaciones electrónicas que está a
la altura, no lo olvidemos, de las más desarrolladas en Europa.
Finalmente, si bien uno de los objetivos de la ley es facilitar el
despliegue de las redes y eliminar y simplificar las cargas
administrativas de los operadores, en el ámbito de los derechos de los
usuarios también se refuerzan las capacidades de inspección y el régimen
sancionador.
Para ir concluyendo, señor presidente, en cuanto a la fijación de la
posición del Grupo Parlamentario Popular en base a la defensa que ha
hecho del proyecto de ley, está claro que votaremos en contra de la
devolución de este proyecto de ley o, lo que es lo mismo, votaremos a
favor de su tramitación parlamentaria en esta Cámara. En relación con el
Grupo Parlamentario Socialista, es una pena que se haya roto la tradición
de consenso en materia de telecomunicaciones y de la sociedad de la
información, ya que cuando ustedes gobernaban nosotros llegábamos a
acuerdos. Estoy seguro, en base a las conversaciones mantenidas con los
portavoces del Grupo Parlamentario Socialista, de que durante la
tramitación de las enmiendas parciales podremos llegar a esa línea de
consenso con un partido que ya ha gobernado y al que se le exige un plus
de responsabilidad. Entiendo que el trabajo de la oposición no es
oponerse a todo lo que haga este Gobierno, sino que es aportar ideas,
aportar propuestas legislativas y estoy seguro de que alcanzaremos
acuerdos. Aunque partimos de una buena base, toda obra humana es
perfeccionable y así lo ha resaltado el ministro, ya que este proyecto de
ley se puede perfeccionar. Estamos aquí para proponer soluciones a los
problemas y no proponer problemas a las soluciones. Estoy seguro de que
con las aportaciones de los distintos grupos podremos llegar a acuerdos
para hacer que esta ley general de telecomunicaciones sea la ley que
necesita este país de cara a impulsar la economía digital, de cara a
mejorar la productividad y la competitividad de nuestras empresas, y de
cara a crear empleo para nuestros ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puente.
- PROYECTO DE LEY SOBRE COBERTURA POR CUENTA DEL ESTADO DE LOS RIESGOS DE
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. (Número de expediente
121/000067).
El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad del proyecto de ley sobre
cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización
de la economía española. Para la presentación del proyecto, tiene la
palabra el señor ministro de Economía y Competitividad.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado):
Gracias, señor presidente.
Señorías, tengo el honor de comparecer para defender el proyecto de ley de
cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la
internacionalización, actividad encomendada en exclusiva a Cesce, la
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. Se trata de una
norma fundamental para la recuperación, ya que persigue una mayor
eficacia de las políticas de internacionalización, a la vez que
contribuye a la racionalización del sector público. Como saben, señorías,
la demanda externa está jugando un papel fundamental en la recuperación
económica. Según los datos que conocimos ayer sobre comercio exterior, en
los primeros nueve meses de este año la exportación española está
creciendo en términos reales cerca del 7 %, un ritmo mucho más elevado,
mucho más intenso que el del año pasado. De acuerdo con nuestras
estimaciones, la balanza comercial terminará este año muy próxima al
equilibrio y el año próximo, de acuerdo con las estimaciones que tenemos,
tendrá superávit por primera vez en nuestra historia económica reciente.
Este excelente comportamiento de las exportaciones también va a facilitar
que tengamos un superávit en la cuenta corriente de balanza de pagos en
el entorno del 2 %, que contrasta con el déficit del 10 % que teníamos en
el año 2007.
El sector exterior es, por tanto, el motor de la recuperación de la
economía y un elemento de naturaleza estructural clave en un nuevo modelo
que tiene que ser más competitivo, productivo, dinámico, así como
impulsor del crecimiento sostenido y de la creación de empleo. Además,
cada vez son más las compañías españolas que miran al exterior y que
venden en el exterior. Así, en el año 2012 ha aumentado el número de
empresas exportadoras en más de un 10 %, concretamente un 11 %. Este
proyecto de ley mejora el marco legislativo actual, adaptándose al nuevo
contexto económico global al que se enfrentan nuestras empresas, que es
un marco globalizado, competitivo, en el cual las condiciones de
financiación son fundamentales. La cobertura por cuenta del Estado de los
riesgos de internacionalización es un instrumento esencial de esta
política comercial. Tiene la ventaja de complementar la financiación
privada; ha generado desde su creación un flujo de ingresos neto positivo
para el Estado -en 2012 su emisión de póliza superó los 6.000 millones de
euros frente a una emisión media en los años anteriores a la crisis de
unos 4.000 millones, lo cual de alguna forma destaca su naturaleza
anticíclica- y como herramienta de política comercial deber garantizar
que nuestros exportadores e inversores tengan condiciones similares a los
de nuestros competidores. Sin embargo, la cobertura por cuenta del Estado
de los riesgos de la
internacionalización se rige por una ley preconstitucional del año 1970.
Por tanto, es necesario abordar una modernización de nuestro ámbito
normativo en lo que hace referencia a la cobertura de la cuenta del
Estado y del riesgo externo.
El Gobierno dio ya un primer paso en el mes de julio del año 2012 a través
de un real decreto-ley que sentaba las bases para la privatización de
Cesce. Este real decreto-ley establecía la posibilidad de reducir la
participación mayoritaria del Estado en el capital de Cesce, que
actualmente está ligeramente por encima, concretamente el 50,25 % del
capital. La necesidad de esta mayoría se establecía, como todos ustedes
conocen, señorías, en su ley fundacional. De esta manera Cesce tendrá un
estatus similar a otras agencias de crédito a la exportación europeas
constituidas bajo estructuras societarias y jurídicas con una mayor
presencia de capital privado. En países como Alemania, Francia u Holanda
el seguro de crédito por cuenta del Estado recae en compañías
aseguradoras privadas, y han adaptado, o lo están haciendo en la
actualidad, su normativa e instrumentos a las nuevas circunstancias.
Además, la mayor entrada de capital privado en Cesce permitirá más
flexibilidad para ajustar sus medios, permitiendo que la gestión de la
compañía mejore en el medio plazo.
Coincidirán conmigo, señorías, en que para una compañía como Cesce, en la
que su cifra de negocio en más de un 80 % proviene de su actividad
aseguradora privada, no tiene demasiado sentido que el Estado controle la
mayoría del capital. No obstante, señorías, el control de la cuenta
pública, de la cuenta del Estado, está garantizado a través de diversos
mecanismos. En primer lugar, se asegurará la gestión eficiente a través
de un agente gestor que durante un periodo determinado de tiempo será
Cesce; se garantizará así la estabilidad del sistema. En segundo lugar,
se crea la comisión de riesgos por cuenta del Estado que asume los
mecanismos de control que actualmente recaen en la responsabilidad del
consejo de administración de Cesce.
Señorías, paso ya a referirme brevemente al contenido concreto de este
proyecto de ley. Esta norma consolida el principio de subsidiariedad en
la actuación del Estado en la cobertura de riesgos. Según este principio,
el Estado solo debe cubrir los riesgos para los que el mercado no ofrece
cobertura y que son los mismos que se contemplan actualmente. Les
recuerdo que nos referimos a determinados riesgos comerciales en
operaciones de largo plazo, a los riesgos extraordinarios derivados de
desastres naturales y, por último, a los denominados riesgos de tipo
político, como situaciones de expropiación o conflictos armados.
Me referiré, señorías, a tres aspectos fundamentales y novedosos que
introduce esta norma: en primer lugar, la creación del denominado agente
gestor; en segundo lugar, la constitución de la comisión de riesgos por
cuenta del Estado, y por último, el establecimiento del fondo de reserva
de los riesgos de la internacionalización de la economía española. El
agente gestor se constituye como la figura autorizada para operar como
entidad aseguradora en España y su actuación estará definida por el
convenio que suscriba con el Ministerio de Economía y Competitividad. En
su selección se preservarán en todo momento los principios de idoneidad,
transparencia, publicidad, concurrencia, igualdad de trato y no
discriminación. Además, el agente gestor debe separar de manera estricta
las actividades que realice por cuenta propia y por cuenta del Estado. Su
prioridad debe ser trabajar para apoyar exclusivamente a nuestras
empresas, atendiendo siempre a las directrices de la política comercial
española. En este sentido, será el Ministerio de Economía y
Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, quien
deberá acreditar la inexistencia de ningún conflicto de interés por parte
del agente gestor. En un primer momento Cesce actuará como agente gestor
por un periodo máximo de siete años, que se puede prorrogar por otros
tres años, para proporcionar a nuestros exportadores la estabilidad y la
capacidad de adaptación en un momento tan importante como el actual. En
cualquier caso, este plazo está abierto a posibles modificaciones durante
la tramitación parlamentaria. Sin embargo, coincidirán conmigo en que
ninguna empresa debe mantener una concesión por un periodo indefinido,
incluso cuando su gestión haya sido excelente.
En relación con el segundo aspecto, al cual quería referirme, la
constitución de la comisión de riesgos por cuenta del Estado, la misma
estará adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad. El objeto de
esta comisión es reforzar el control público sobre la gestión de la
cuenta del Estado, que en la actualidad, como decía anteriormente,
realiza el consejo de administración de Cesce. La comisión hereda las
funciones de este consejo y se le atribuyen otras adicionales para que
dicho control se realice en condiciones óptimas. Permítanme que les
mencione tres de estas nuevas funciones por su importancia: en primer
lugar, la comisión podrá solicitar al agente gestor toda la información
necesaria para valorar los riesgos que asume el Estado; en segundo lugar,
la comisión debe comprobar que el agente destina los medios adecuados
para maximizar su productividad y eficiencia; y, por último, y en
sintonía con la línea política de transparencia que ha puesto en marcha
este Gobierno, el agente gestor deberá presentar a la comisión un informe
anual de gestión de riesgos con los recursos destinados al cumplimiento
de su actividad.
El tercer elemento novedoso del proyecto de ley es la creación del fondo
de reserva de los riesgos de la internacionalización de la economía
española. Se trata de un fondo de titularidad estatal que facilitará la
gestión de los recursos a disposición del agente gestor, con el objetivo
de mejorar la calidad crediticia del mismo y sin que ello implique coste
adicional alguno para las arcas del Estado. Los recursos del fondo de
reserva estarán constituidos principalmente por los derechos económicos,
primas recaudadas, recobros y comisiones generados. Adicionalmente, en
los Presupuestos Generales del Estado se consignarán con carácter
ampliable los créditos para que el fondo pueda hacer frente a las
desviaciones que la cobertura de riesgos por cuenta del Estado pudiera
producir. Este fondo será gestionado y administrado por el Consorcio de
Compensación de Seguros. Nuestro objetivo a medio plazo es que el fondo
de reserva sea autosostenible y no requiera aportaciones por parte de los
presupuestos del Estado. Por último, me gustaría recordar que será el
Estado quien asuma la responsabilidad última como garante o asegurador de
las coberturas concertadas por su cuenta. Para ello los Presupuestos
Generales del Estado fijarán anualmente el límite de dichas coberturas,
como ya lo hacen actualmente. En definitiva, esta norma dotará a nuestras
empresas de un servicio público que les permitirá seguir compitiendo con
éxito en los mercados internacionales. Asimismo, esta cobertura es
especialmente útil para las pequeñas y medianas empresas, ya que en estos
casos la cobertura de Cesce actúa como catalizador de la financiación, lo
cual permitirá que las pymes se aprovechen especialmente de este servicio
público.
Señorías, concluyo ya. El proyecto de ley que estamos debatiendo hoy es
una norma fundamental para la recuperación porque entre sus principales
objetivos persigue la eficacia en las políticas de internacionalización
de la economía española, defender los intereses de nuestros exportadores
y reforzar el papel del Estado en una política tan importante como la
expansión exterior de las empresas españolas y a su vez contribuye a la
racionalización del sector público. Además, esta norma se enmarca dentro
del conjunto de reformas que ha llevado a cabo el Gobierno desde el
inicio de la legislatura para impulsar la actividad empresarial y el
desarrollo económico. Hoy más que nunca, cuando iniciamos la fase de
recuperación económica, necesitamos impulsar nuestro sector exterior,
dotando a las empresas de instrumentos eficientes que las apoyen y sumen
esfuerzos. Este es el objetivo que buscamos con esta norma. Estamos
abiertos -como no podía ser de otra forma, señorías- al diálogo y durante
la tramitación parlamentaria esperamos poder contar con las aportaciones
de todos los grupos para obtener entre todos la mejor ley posible.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de
devolución. Para la defensa de esa enmienda presentada por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, casi comienzo por el final. Ahora tenemos un servicio
público de financiación y aunque en la ley no está muy claro -muchos
grupos a lo mejor no se han enterado, ya veremos lo que votan al final en
el proyecto de ley-, en lo que usted, el Gobierno y el Partido Popular lo
quieren convertir es en una concesión para prestar ese servicio, es
decir, una privatización de Cesce; hablemos claro, porque en el proyecto
de ley esto no se aclara. Por eso, el Grupo Socialista ha presentado esta
enmienda a la totalidad, que defiendo en su nombre, al proyecto de ley
sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la
internacionalización de la economía española con una apariencia técnica
que lo que esconde es la privatización de Cesce, digámoslo claro.
Lo primero que nos tenemos que preguntar son cinco cuestiones
fundamentales y una conclusión a la que luego llegaremos. ¿Qué es Cesce?
El segundo punto es qué papel juega en nuestra economía y su
funcionamiento hasta la actualidad. En tercer lugar, si privatizando este
instrumento se apoya más o se perjudica a las empresas españolas que
operan en el exterior. En cuarto lugar, por qué nosotros consideramos
desde el Grupo Parlamentario Socialista que Cesce debe seguir siendo
público para apoyar mejor a nuestras empresas. En quinto lugar,
analizaremos de forma transversal el papel del Gobierno en este contexto,
en la manipulación que se realiza de las exportaciones, como luego le
demostraré y a las que usted también ha hecho referencia. Porque, señor
ministro -digámoslo claro-, exportamos más, las empresas exportan más a
pesar del Gobierno. Recuerde lo que le digo: exportamos más a pesar del
Gobierno, porque ahora apoya menos a las empresas.
Contestando a la primera cuestión, qué es Cesce, le diré que Cesce es la
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación que constituye
un instrumento público que ofrece sus servicios con
el fin de proteger contra el riesgo de impago a las empresas españolas en
la actividad exportadora y en la internacionalización. Resumiendo, es el
apoyo del Estado para que nuestras empresas tengan ese aval público,
cubriendo y asegurando sus riesgos, y dando seguridad, señor ministro,
fuera de España. He hablado con varias empresas que exportan y les he
preguntado: ¿Cómo veis esto de privatizar Cesce? Es verdad que yo no
puedo hablar con todas las empresas de este país pero créame, señor
ministro, que he hablado con varias y de varios lugares de España, y
piensan que es mucho mejor que siga siendo pública; se sienten más
seguras, se sienten más protegidas. El Grupo Parlamentario Socialista
coincide con estas empresas y por eso ayer en la Comisión de Economía y
Competitividad el problema del crédito fue el tema monocorde. De hecho,
ustedes tumbaron un montón de iniciativas del Grupo Parlamentario
Socialista en esta dirección. Tras el rescate bancario provocado por el
fiasco de Bankia -hay que recordarlo, Bankia es el que provoca el rescate
financiero-, hemos visto que España regala, en contra de lo dicho por el
presidente del Gobierno, la vicepresidenta del Gobierno, usted y el
ministro de Hacienda, 37.000 millones de euros a la banca pero los
créditos no llegan a las empresas. Entonces nosotros nos preguntamos:
¿Por qué privatizar una herramienta que, como veremos, se ha demostrado
eficaz para apoyar la inversión española en el extranjero y nuestras
exportaciones? Solo hay un motivo: hacer caja. Ya está. Es verdad -y lo
reconocemos en el proyecto de ley- que tiene un plazo para no malvender
-y se lo reconocemos también- pero es hacer caja.
¿Qué papel juega en nuestra economía y en su funcionamiento en la
actualidad? Cesce es una empresa con mayoría pública -usted lo ha dicho-,
rentable al ofrecer beneficios durante casi todos sus años de existencia.
En el año 2011 -lo recuerdo por lo de la eficacia en la gestión, es
verdad que hay muchas variables pero lo tengo que recordar- cerró con 43
millones de beneficios antes de impuestos; en el año 2012 cerró con 20
millones y las previsiones para 2013 y 2014 son optimistas, según declara
el director del área de operaciones por cuenta propia de Cesce. A esto
debemos añadir la inmensa solidez financiera de que dispone Cesce, señor
ministro; exactamente 320,1 millones de euros de fondos propios, según
las cuentas oficiales cerradas en el año 2012. Para quien compre Cesce es
un chollo; sabe que recuperará inmediatamente su inversión al disponer de
rentabilidad garantizada y poder recuperar su inversión con los fondos
propios de la compañía cuando estime oportuno. Pero lo que nos tenemos
que preguntar es si es un chollo para las empresas. La respuesta por
nuestra parte es no. Este apoyo público a las empresas hace que se
sientan cómodas y creemos que no se avanza en la buena dirección. Tenemos
que decir también, señor ministro, que Cesce no le cuesta un euro al
Estado, no le cuesta nada. Los Presupuestos Generales del Estado no
aportan una sola cantidad para el funcionamiento de la compañía. El apoyo
a las empresas españolas asciende en el año 2012 a 165 millones de euros;
es verdad que un 13 % menos que en el año 2011, pero eso también obedece
a una gestión y a una coyuntura internacional que no da tiempo a analizar
en este momento. Ofrece títulos de liquidez, fondo de apoyo a las
empresas.
Tercer punto. ¿Privatizar Cesce es mejor o peor para nuestras empresas y
para el país? Las empresas que hemos podido consultar prefieren al Estado
como aval en sus inversiones antes que a una entidad privada. Además, la
entrada previsible de una aseguradora espantará a las entidades privadas
bancarias, que ahora son accionistas que también están participando,
puesto que no tendrá sentido su presencia. Estamos hablando del Banco de
Santander, con un 21 %; BBVA, con un 16 %; otros bancos donde predomina
La Caixa, con un 8,48 % ; y las aseguradoras, con un 3,9 %. Con las
intenciones del Gobierno estos inversores desaparecerían y solo quedaría
una aseguradora previsiblemente. Por tanto, más fragilidad y más
inseguridad para nuestras empresas, que ahora se sienten cómodas con el
aval del Estado. Cesce no es solo una empresa, es un grupo en
crecimiento, con presencia lógica en España pero también en Portugal y en
ocho países de Latinoamérica. Hablemos claro, no se pierde capital en
esta empresa pública; se está perdiendo un grupo empresarial esencial en
la exportación española, con presencia en el seguro del crédito y en
Latinoamérica; también la información comercial y financiera a las
empresas en varios países; presencia en diez países en Europa y
Latinoamérica; más de 43.000 millones de euros en riesgos concedidos; más
de 130.000 clientes; 1.600 empleados, señor ministro, que no se ha
referido para nada a ellos; empleados cuyos representantes están hoy aquí
en el Congreso de los Diputados y aprovecho para saludarles y decirles
que estamos con ellos.
¿Por qué abandona el Estado un grupo empresarial que no le reporta gasto
alguno, ayuda a nuestra exportación y hace crecer a nuestras empresas,
que lleva obteniendo resultados positivos como le he demostrado año tras
año? El Gobierno del PP deja sin destino ni dirección, a la deriva, a un
grupo empresarial rentable y viable y además perjudica a nuestras
exportaciones. Si queremos mejorar la gestión de Cesce y llevarlo a
niveles superiores a los de 2011, mejoremos la gestión, cambiemos a los
gestores si no gestionan bien, hagamos lo que tengamos que hacer. Se puede
gestionar bien desde lo público. No hay ninguna razón, salvo hacer caja,
para privatizar. Y los riesgos para las empresas son obvios. Estamos
viendo qué les está pasando a las empresas de este país, señor ministro,
que no obtienen financiación. Este país, con sus impuestos y sus
recortes, ha hecho un sacrificio de 37.000 millones y el crédito no fluye
a las empresas. ¿Por qué tocar algo que funciona bien y no le cuesta nada
al Estado? Es una entidad que no le cuesta un euro al Estado, apoya bien
a nuestras empresas en el exterior y encima es rentable. ¿Por qué
privatizarlo?
Cuarto punto. ¿Por qué Cesce debe seguir siendo pública y esta ley no debe
salir adelante? El Estado no puede abandonar a una empresa esencial en un
sector de nuestra economía que necesita más que nunca del Estado para
seguir reforzándose. Si es tan importante Cesce -lo ha dicho el propio
secretario de Estado de Comercio- y su valía en ser garantía para
nuestras empresas, ¿por qué lo privatizamos ahora? ¿Qué garantías ofrece
el Gobierno para el futuro de Cesce, para las empresas, para sus
trabajadores, para su propio funcionamiento? Desde el Grupo Parlamentario
Socialista entendemos que la privatización obedece solo a la avaricia del
Gobierno por hacer caja aun a costa de tocar un sector que se ha
demostrado eficaz en este momento.
El quinto punto que quiero exponer, señor ministro, aparece reflejado en
este gráfico (Muestra un gráfico) -como hay una manipulación increíble en
Radiotelevisión Española no sé si lo va a sacar, pero lo quiero dejar
claro en el debate para luego preguntarle a Echenique por qué no saca el
gráfico bien-; las empresas exportan más a pesar del Gobierno pero el
crecimiento en la exportación, señor ministro, es inferior con el Partido
Popular. Las barras rojas indican las exportaciones en la etapa de
Gobierno socialista -no nos conformamos con esto, siempre hay que aspirar
a más- y las barras azules las exportaciones -actualizado el 6,8 último-
con el Gobierno del Partido Popular. Un 6,8 frente a un 16 y un 15 %,
señor ministro. Digámoslo todo y digámoslo claro. Es verdad que
importamos menos y habría que ver si importamos menos porque el mercado
interior se está hundiendo. No está dentro del debate de este proyecto de
ley, pero, ya que usted se ha referido a ello, le digo que no exportamos
al ritmo que se estaba exportando en el año 2010 o en el año 2011, sino
que lo hacemos a un ritmo menor, pero esto no sale en Televisión
Española. En Televisión Española cogen solo el corte de los dos años y
parece que nos disparamos en las exportaciones. Pues no, señor ministro,
este es el gráfico. (Aplausos).
Año 2012. Un 34 % menos a las exportaciones de nuestras empresas en los
Presupuestos Generales del Estado. Datos del presupuesto de 2011: apoyo a
las empresas, 591 millones de euros. Presupuestos Generales del Estado
del año 2014: 462 millones, un 21,8 %. Hay que decirlo claro. Las
empresas exportan a pesar del Gobierno. El Gobierno apoya menos a las
empresas, y si las apoyamos más recaudaremos más y tendremos más ingresos
para poder invertir en otras materias. Las empresas españolas,
evidentemente, necesitan el apoyo del Gobierno, así como que Cesce siga
siendo público. El retroceso, la competitividad, está claro que no se
puede conseguir con una remuneración salarial decreciente, como el menos
3,9 que hemos tenido en el año 2012. Tenemos que apostar por la
competitividad, señor ministro.
En conclusión, el Partido Socialista apuesta por la gestión pública de
Cesce. Si hay algo que ha puesto en valor la crisis financiera
internacional que se inicia con la quiebra de Lehman Brothers, cuarto
banco de inversión en Estados Unidos, tras declararse en quiebra el 15 de
septiembre de 2008, ha sido la necesidad de intervención de los poderes
públicos para regular mejor los mercados. Ante los riesgos de impago que
han tenido las empresas invirtiendo fuera de España e internacionalizando
nuestra economía, Cesce se ha demostrado eficaz y rentable para el
Estado. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos
que la solución pasa por mejorar la gestión pública de la Compañía
Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Cesce, que se ha
demostrado históricamente altamente rentable, dando seguridad a nuestras
empresas, así como recuperar la cuota de mercado que nunca se debió
perder. No hay que huir de esa responsabilidad privatizando -ya vemos
luego lo que pasa en Madrid con las basuras- y justificando hacer caja a
riesgo de una menor cobertura a las empresas españolas que
internacionalizan su actividad.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
rechaza el proyecto de ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los
riesgos de la internacionalización de la economía española, lo que motiva
la presente enmienda a la totalidad de devolución al Gobierno, para la
que pedimos el apoyo de todas sus señorías. Y como tengo la oportunidad,
señor ministro, de pedirle algo desde esta tribuna, le pido que apoye a
las empresas como mínimo al mismo nivel que en el año 2011 y también que
los pocos presupuestos que tiene para apoyar a nuestras empresas los
ejecute. ¿Sabe usted cuánto ejecutó el Gobierno en el año 2012 del
presupuesto previsto de apoyo a las empresas? Solo el 63 %, como si no
necesitasen apoyo nuestras empresas. Por todo lo dicho, señorías, pedimos
el voto en contra de este proyecto de ley y también, señor ministro, como
decía anteriormente, más apoyo para exportar, porque las empresas
exportan a pesar del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lavilla.
Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto,
tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.
Tomaré la palabra desde el escaño para empezar diciendo que el proyecto de
ley que nos trae hoy el ministro entendemos que es como la piedra angular
de la recuperación económica. En definitiva, estamos hablando de la
internacionalización de las empresas y, por lo tanto, del convencimiento
de que, habida cuenta que el mercado interior ha dejado de ser
herramienta fundamental, es este camino el que seguramente puede llevar a
cabo una suerte de espita o de chispazo para mover el motor de la
economía. Precisamente por ello, desde Geroa Bai consideramos que el
mantenimiento del control público sobre la acción de la Cesce es
absolutamente vital. En este punto quiero hacer ver que no cuestionamos
en absoluto ni en esta ocasión ni en ninguna otra la colaboración
público-privada. Precisamente por ello quiero poner en valor la
importancia de la capacidad del sector público para garantizar -así lo
entendemos- la defensa del interés general sobre una actuación
lógicamente más cercana a los intereses de parte. De alguna manera, eso
es lo que nos propone hoy el proyecto de ley que nos trae el Gobierno,
que en la pérdida de ese control mayoritariamente público sobre la acciòn
de la Cesce, los intereses de parte pudieran sobreponerse sobre los
generales en una actuación y en un materia tan sensible, insisto, como es
la del apoyo, herramienta fundamental, en la internacionalizaciòn de las
empresas.
Saludamos, como no puede ser de otra manera, la enmienda a la totalidad
del Grupo Parlamentario Socialista, anunciamos el apoyo a la misma, pero
no queremos obviar en esta ocasión la crítica. Señores del Partido
Socialista, sin aquella errónea, equivocada y absolutamente innecesaria
reforma de la Constitución de agosto de 2011, que lógicamente dio lugar a
la Ley de Estabilidad Presupuestaria, nunca, insisto, nunca hubiéramos
llegado aquí. En cualquier caso, de sabios es rectificar. Estamos
absolutamente de acuerdo con la propuesta que nos hace en este sentido el
Partido Socialista y votaremos a favor de la enmienda de devolución.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señor presidente, señoras, señores, hay un punto
previo que querríamos comentar. No hay que esconder la realidad; el
proyecto de ley habla constantemente de las empresas españolas pero, en
realidad, en lo que es el magro, nos estamos refiriendo a las
multinacionales españolas, las que componen sobre todo el Ibex 35.
Respecto de estas multinacionales se acaba de señalar que en el pasado
año 2012 han obtenido un 60 % de todos sus ingresos en promedio de sus
inversiones en el extranjero. Es el caso del Banco de Santander, un 79,5
%; en el caso de Telefónica, un 63,7; un 77,5 en el caso de Inditex; y en
el caso de Mapfre, un 58 %. Concretamente en la década de los noventa,
todas estas multinacionales españolas entraron a saco en América Latina,
aprovechando todos los procesos de privatizaciones y desnacionalizaciones
que allí se practicaron por parte de distintos gobiernos neoliberales.
Entraron a saco en lo que desde allí se denominó el intento de realizar
una segunda conquista de América. Hoy en día, desde algunos dignos países
como Argentina, Bolivia, etcétera, se está intentando poner freno a todas
estas tropelías, y esta ley, en alguna medida, tiene que ver con todo
esto. En la actualidad, el destino de estas multinacionales sigue siendo
América Latina, pero también otros países donde el bocado es fácil e
importante, como China, Rusia, Bangladesh, Turquía, etcétera.
El proyecto de ley que debatimos dice que tiene por objeto que el Estado
cubra los riesgos derivados de la internacionalización de la economía
española. Pero hay una pregunta previa, ¿qué pasa cuando no hay riesgos y
hay muchísimos beneficios? ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué pasa cuando las
multinacionales a las que me he referido obtienen beneficios escandalosos
derivados de la escasa garantía que tienen los derechos sindicales, los
derechos humanos, los derechos medioambientales en todos estos países?
¿Qué pasa con estos superbeneficios que después son escondidos a través
de los
paraísos fiscales? El Banco Santander tiene más de treinta sociedades
domiciliadas en ellos. Claro está, cuando el rey o el presidente del
Gobierno viajan al extranjero acompañados de esas cohortes de empresarios
y banqueros van a lo que van; evidentemente, no van acompañados de
sindicalistas ni de ONG, lo cual, en gran medida, demuestra que las
relaciones internacionales sobre todo tienen que ver con los intereses de
unos pocos, con los intereses de estas empresas y no con el interés
general de la sociedad de aquí ni de la sociedad de allí ni de los
derechos humanos en general.
Perdone, señor presidente, yo no sé si está incluido en el sueldo de los
ministros hacer un mínimo caso a las exposiciones que aquí hacen los
parlamentarios, pero cuando ellos hablan los demás les hacemos caso.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor diputado. En este Congreso hay
libertad de expresión y libertad de escucha, pero sí pido, por favor, que
ya que está hablando el orador se le escuche un poco atentamente.
El señor CUADRA LASARTE: En Colombia, las inversiones de Telefónica,
Fenosa, Aguas de Barcelona y Banco Bilbao Vizcaya, por ejemplo, son muy
importantes y se están cubriendo. ¿Pero acaso sus beneficios, señor
ministro, no tienen que ver con el hecho de que en los últimos años, por
ejemplo, más de 3.000 sindicalistas hayan sido asesinados en este país y
como consecuencia la situación de la clase trabajadora esté en unas
condiciones de defensa bastante debilitadas? Nosotros creemos que estas
cosas se deben tener en consideración. El Corte Inglés y Mango tenían
subcontratada su producción en algunas empresas cuyas plantas se
hundieron en el edifico que se derrumbó en Bangladesh y que ocasionó más
de 1.000 muertos y más de 2.500 heridos. ¿Han respondido acaso El Corte
Inglés y Mango por algo de esto? A pesar de todo nosotros seguiremos
cubriendo sus riesgos, cuando los tengan, en Bangladesh.
En el proyecto y en su intervención, a la cual he hecho caso, en ningún
momento se han utilizado las palabras derechos humanos o
medioambientales, a pesar de que la normativa europea -leo textualmente-
señala que al acordar créditos y seguros a la exportación -es el caso que
nos ocupa- se debe buscar la consolidación de la democracia, el respeto
de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático, etcétera.
Pues bien, da lo mismo que las empresas inviertan en China, donde no hay
ningún derecho sindical; en Colombia, donde los sindicalistas son
asesinados por miles; o en Guinea, tan generosa para dar mucho dinero a
la selección española y tan criminal y déspota para tratar a la propia
ciudadanía. Desde todos estos países, y también desde las ONG que
trabajan aquí, en el Estado español, se ha denunciado a las
multinacionales españolas por violación de los derechos humanos y
medioambientales en estos países. Pues bien, la pregunta es muy sencilla,
señor ministro, ¿no considera usted que es bastante inmoral cubrir los
riesgos comerciales de todas estas empresas que no dudan en asentar sus
beneficios, sus insultantes beneficios, en ambientes, en países en los
que no existen los derechos humanos o son vulnerados estos derechos en
gran medida?
Nosotros creemos que existe un pecado de fondo en el proyecto de ley que
nos presenta el Gobierno. Hay una última razón -ya termino, señor
presidente- para decir no a este proyecto -ya se ha señalado por mis dos
antecesores-; la privatización, esta constante que tiene el Gobierno en
todas las áreas, en todos los sitios, en todos los ministerios que toca,
es algo que también está presente en este proyecto de ley, y es la última
razón por la cual Amaiur está en contra del mismo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuadra.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la
palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.
En el mundo anglosajón hay un dicho interesante; es el siguiente: Si no
está roto, no lo arregles. El señor ministro lo conocerá bien. El
Gobierno ha decidido arreglar Cesce, la compañía española de seguros de
crédito a la exportación, una compañía, como ya se ha dicho, que cubre
riesgos extraordinarios en las operaciones de exportación y de
internacionalización de las empresas españolas. Ha decidido arreglarlo de
una manera concreta, que es con su privatización. Este proyecto de ley es
un paso más en ese camino ya emprendido, cuyo último destino es la
privatización. Y la pregunta, siendo fieles al dicho anglosajón, es, si
lo está arreglando, ¿está roto? Nosotros vemos cómo funciona hoy Cesce y
no nos da la sensación de que esté roto ni de que haga falta, por tanto,
arreglarlo. Es una compañía con un personal experimentado, con prestigio
en el mundo empresarial, que ha ido ampliando su campo de actuación en
mitad de la crisis.
Esto es importante; el propio ministro ha hablado de su carácter
anticíclico, pero ¿habría tenido este carácter anticíclico si no tuviese
titularidad pública? Es algo altamente dudoso. Tiene también una amplia
red comercial y de presencia internacional, sin suponer ninguna carga
para el presupuesto público; todo lo contrario, en los últimos años ha
tenido beneficios. Si no está roto, no lo arreglemos, y no hay ningún
síntoma de que Cesce esté roto.
En cualquier caso, al margen de la titularidad pública o privada, lo que a
mi grupo le interesaría saber es si con estos cambios se va a dar un
mejor servicio a los exportadores españoles, si van a tener más apoyo que
hasta ahora. Eso tendría que traducirse en cuestiones como las
siguientes. ¿Se van a cubrir nuevos riesgos hasta ahora no cubiertos? En
empresas similares europeas hay algunos riesgos extraordinarios de impago
privado que se cubren y Cesce solo cubre impagos públicos. ¿Se va a
extender la cobertura a algunos riesgos extraordinarios de impago
privado? ¿Se va a extender la cobertura a países que hoy no están
cubiertos? ¿Se va a favorecer el acceso de las pymes, que hasta ahora
permanecen prácticamente ajenas a esta compañía que, sobre todo, cubre a
grandes empresas en proyectos de infraestructuras? ¿Se va a integrar
mejor Cesce con el Icex y las cámaras de comercio? Esas serían las
cuestiones que el proyecto de ley debería responder si quieren el apoyo a
esta iniciativa, pero no se han respondido en absoluto. En el texto hay
alguna exposición de buenos deseos en la parte inicial, en la exposición
de motivos, pero en el articulado no hay nada que nos lleve a ver que
estas mejoras vayan a producirse; más bien al contrario, creemos que hay
un riesgo de que suceda al revés, de que empeore la situación en los
parámetros que he descrito y que nos preocupan. Lo lamentamos, porque,
como han comentado otros oradores y todos somos conscientes, el sector
exterior tiene un papel clave en la recuperación de la economía española.
Es cierto que se está comportando con gran dinamismo, las cifras ahí
están, pero también es cierto que es difícil atribuir ese dinamismo a la
política gubernamental. Los exportadores están logrando con sus méritos
ampliar la cuota de mercado, pero ¿en qué se ha facilitado su tarea con
las políticas públicas? En los Presupuestos Generales del Estado de 2014
veíamos hace unos días cómo el Icex, Fiem o Fonpyme han venido
disminuyendo fuertemente sus recursos desde el año 2012. Por esa vía no
se les está apoyando. ¿Se les está apoyando con la política general? No
con el coste energético, que ha aumentado; no con la política impositiva,
que ha generado una enorme incertidumbre; no con el acceso al crédito,
que sigue contrayéndose. Realmente, solo hay dos cuestiones que han
favorecido las exportaciones; una es la bajada salarial, una forma
bastante lamentable de ganar competitividad, y la segunda es que se ha
deteriorado tanto la demanda interna que las empresas se han visto
forzadas a exportar más. Pero realmente políticas gubernamentales, al
margen de estas dos, por llamarlas de alguna manera, es difícil ver cómo
puede atribuirse la mejora de las exportaciones a las políticas públicas
articuladas desde el inicio de la legislatura; sin embargo, los retos
pendientes son muy importantes.
Es necesario diversificar nuestro comercio exterior, tanto geográfica como
sectorialmente. Nuestras exportaciones siguen demasiado concentradas en
la Unión Europea, en torno a dos terceras partes van allí, y siguen
demasiado concentradas en sectores de escaso valor añadido. Por eso nos
importa extraordinariamente este proyecto de ley, cuyos verdaderos
objetivos no conseguimos entender. El portavoz socialista atribuía como
intención hacer caja. Es una posibilidad. Otra posibilidad es una visión
ideológica equivocada que piensa que siempre lo privado es mejor que lo
público. No necesariamente, sobre todo cuando se están cubriendo riesgos
extraordinarios. Otra posibilidad es favorecer el negocio de las
aseguradoras privadas. Son conjeturas; no vemos claro el propósito de
esta reforma, pero lo que sí vemos claro es que no se vislumbran ventajas
apreciables respecto a algo que está funcionando bien. Por eso termino
con la frase con la que empecé: si no está roto, no lo arreglemos. En
consecuencia, apoyaremos la enmienda de devolución que ha presentado el
Grupo Socialista. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural,
tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.
Señor ministro, el Gobierno ha presentado el proyecto de ley sobre
cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización
de la economía española. El proyecto de ley fue elaborado ante la pérdida
de participación mayoritaria del Estado en el capital de la Compañía
Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Cesce. Propone que la
cobertura por cuenta del Estado de riesgos asociados a la
internacionalización de las empresas españolas se realice a través de un
agente gestor, que será la propia Cesce durante siete años. Desde hace
años, señor ministro, se vienen apuntando los fallos de
Cesce desde un opaco mecanismo generador de mayor endeudamiento para los
países empobrecidos y de impactos sociales y ambientales severos, sobre
todo en países empobrecidos, como decía antes. En lugar de paliar sus
defectos, el proyecto de ley vuelve esta situación aún más preocupante y,
desde nuestro punto de vista, hay que denunciar tres aspectos clave que
realmente son muy negativos. El primero de ellos es la falta de control y
participación democrática. Se le otorga a un ente totalmente privado la
gestión de los seguros por cuenta del Estado, una respuesta más a favor
del reflejo privatizador como falsa respuesta a la crisis. Sin embargo,
pese a que se trata de fondos públicos, no se establecen mecanismos de
información ni menos aún de control por parte de la ciudadanía ni de sus
representantes en el Congreso. No se trata de un mecanismo menor, ya que
los Presupuestos Generales del Estado de 2013 establecían un límite
máximo de cobertura para nueva contratación que puede asegurar Cesce en
9.000 millones de euros y el proyecto de presupuestos para 2014 prevé una
suma idéntica. Tampoco se establece ningún medio de participación ni de
consulta de las poblaciones afectadas por los proyectos asegurados, los
cuales son usualmente proyectos de categoría A y B, es decir, de alto
riesgo socioambiental. Segundo gran problema: generación de mayor
endeudamiento para los países empobrecidos. A 31 de diciembre de 2012, la
deuda comercial generada por este mecanismo a países terceros con el
Estado español asciende a 3.287 millones de euros, el 20,7 % del total.
Esta deuda afecta particularmente a países como Cuba, Egipto, Nicaragua,
Costa de Marfil, Irak, Guinea Ecuatorial y República Democrática del
Congo, entre otros. La importancia del volumen de operaciones fallidas
fuerza a los Estados deudores a dedicar una parte significativa de sus
presupuestos al pago de la deuda externa en detrimento de la utilización
de recursos para resolver dramáticas problemáticas sociales que viven
muchos de estos países. Tercer gran problema: incoherencia con la
legislación europea. El proyecto de ley carece de referencia alguna al
principio de respeto y coherencia con los principios de la acción
exterior de la Unión Europea al cual están sujetos todos los Estados
miembros. La regulación europea sobre las agencias de crédito a la
exportación adoptada en 2011 estipula en el punto 4 del preámbulo -y cito
textualmente, señor ministro- que los Estados miembros deben cumplir con
los principios generales de la Unión en el ámbito de la acción exterior
tales como consolidar la democracia, el respeto de los derechos humanos,
la coherencia de políticas para el desarrollo y la lucha contra el cambio
climático cuando establecen, desarrollan o implementan sus sistemas
nacionales de créditos y seguros a la exportación, así como cuando
realizan una supervisión de las actividades de apoyo público mediante
créditos a la exportación. ¿Por qué, señor ministro, es tan importante
esta coherencia? Pues porque hasta ahora el apoyo con fondos y políticas
públicas a la internacionalización de las empresas españolas ha generado
en muchas ocasiones impactos negativos para las poblaciones de los países
receptores de las inversiones. Existe un número significativo de
denuncias desde la sociedad civil por una violación tan sistemática como
impune de los derechos humanos por parte de las empresas españolas en el
exterior, y por cuestión de tiempo no voy a hacer un listado exhaustivo,
que estoy convencido de que usted perfectamente conoce.
Las líneas directrices en materia de crédito a la exportación con apoyo
oficial a las cuales el proyecto de ley supedita los seguros de Cesce son
totalmente insuficientes, además de no tener un carácter vinculante ni
requerir el cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre
Derechos Humanos ni de la Declaración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas, señor ministro. Por todo ello pedimos que el Congreso de los
Diputados desestime el proyecto de ley y trabaje sobre mecanismos
extraterritoriales vinculantes, de responsabilidad tanto pública como
privada, estableciéndose sistemas de control de las prácticas de las
empresas que son favorecidas por los mecanismos de internacionalización.
El derecho internacional de los derechos humanos debe situarse, señoras y
señores diputados, por encima del derecho corporativo. Por todo ello,
como no podemos votar en contra del proyecto de ley, vamos a votar a
favor de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora
Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, entramos en el debate de un proyecto de ley para
nosotros relevante en cuanto que afecta a la internacionalización de
nuestra economía y de nuestro tejido productivo y en concreto afecta a
uno de los instrumentos al servicio de la internacionalización de
nuestras empresas. Respecto a la enmienda de totalidad presentada por el
Grupo Socialista, si bien podemos compartir algunas de sus
consideraciones más generales sobre el papel que ha desempeñado el Cesce
en los
últimos años o la importancia de los instrumentos de internacionalización,
no compartimos los motivos que sustentan dicha enmienda ni el modelo que
se propone en la misma. Creemos que este proyecto de ley es globalmente
positivo y define un nuevo modelo de gestión que no persigue un objetivo
exclusivo de caja, sino de mejora de la eficiencia y de la gestión del
instrumento. En este sentido quiero resaltar la importancia de los
principios a los que ha de responder este instrumento en sus objetivos y
en su gestión, principios como los de responsabilidad, transparencia y
eficiencia, y también siguiendo las directrices de la política comercial
del Estado y del ministerio, con respeto y en coherencia con los
principios de acción exterior marcados por la Unión Europea a los cuales
están sujetos los Estados miembros. Además también es importante señalar
que este proyecto de ley es un buen ejemplo para evidenciar la necesidad
de avanzar en la coherencia de las políticas de desarrollo desde los
instrumentos públicos de fomento al desarrollo económico y social.
Hechas estas consideraciones, déjenme referirme al entorno en el que se
sitúa este debate. La reciente crisis financiera internacional ha puesto
en evidencia las debilidades intrínsecas de nuestro modelo de
crecimiento, poco diversificado y poco competitivo. La debilidad de la
demanda interna persiste. Sin embargo, esta misma debilidad ha llevado a
que la demanda externa adquiera un papel protagonista como motor del
crecimiento de nuestra economía, un motor que debe seguir estimulándose y
fortaleciéndose. Nuestro crecimiento tiene el importante reto del cambio
de modelo productivo hacia una mayor diversificación en términos de
sectores y de mercados, un cambio basado en más y mejor competitividad,
que dependerá en gran medida de la apuesta que hagamos por la innovación
y por la internacionalización, ejes de esta competitividad. Para ello,
para que este factor externo se convierta en un elemento estructural y
sólido para el crecimiento y la competitividad a largo plazo de nuestra
economía, es necesario que entre los objetivos principales de la política
económica esté el fomento de la expansión internacional de las empresas,
con especial atención a las pequeñas y medianas, y ello debe traducirse
en aumento de las exportaciones, mantenimiento de la regularidad de las
mismas y nuevas inversiones en el exterior. Por lo tanto, señor
presidente, señorías, señor ministro, es primordial que tanto las
políticas de fomento de la internacionalización, como de incremento de
las exportaciones vayan enfocadas, por un lado, a consolidar la posición
de nuestras empresas en los mercados ya abiertos y, por otro, a
incentivar la diversificación facilitando la entrada en nuevos mercados,
algunos de los cuales incorporan nuevos riesgos que deberán ser
afrontados. Para conseguir este objetivo resulta necesario contar con el
apoyo de un sistema de cobertura por cuenta del Estado de los riesgos que
comporta la internacionalización de la economía, y estos riesgos a nivel
estatal han sido cubiertos hasta ahora por el Cesce.
En este marco entendemos que el proyecto de ley que plantea el Ejecutivo
ejemplifica una reforma en el sistema de cobertura de los riesgos
comerciales como resultado de la privatización parcial del Cesce que se
plantea en este proyecto de ley. Se establece un nuevo modelo que desde
Convergència i Unió valoramos positivamente, aun cuando entendemos que
deberán fijarse y definirse de manera muy clara los objetivos, funciones
y parámetros de actuación que permitan y garanticen abordar este proceso
de cambio y que la nueva figura del agente gestor continúe cumpliendo sus
funciones y objetivos de apoyo a la internacionalización de las empresas
españolas conforme a las instrucciones de los órganos responsables de la
política comercial española. El objetivo principal de este instrumento ha
de continuar siendo la prestación de un servicio adecuado a los
exportadores, garantizando que tanto estos como los inversores cuenten
con condiciones tan competitivas como las de sus competidores.
En este proyecto de ley lo que se propone es un cambio en el modelo de
gestión que permita afrontar, impulsar y contribuir de manera clara a los
nuevos retos de la internacionalización, que permita ganar en eficiencia
y en eficacia asegurando la estabilidad del sistema de seguro y
reportando mejoras en la gestión del riesgo que asumen las empresas que
quieren y deben internacionalizarse y exportar. En concreto, entendemos
que el cambio de modelo que plantea el proyecto de ley puede contribuir
también a una clarificación del mercado con relación a la actividad
pública y privada del mismo Cesce. También es importante la posibilidad
de incorporar, además de a entidades financieras, a socios de tipología
diversa, como compañías de seguros, que sin duda pueden aportar
conocimiento técnico y de mercado a la organización y a la gestión. Así
pues, creemos que, en la medida en que estos aspectos permitirán mejorar
la eficiencia del Cesce, contribuirán también a mejorar la gestión de
este organismo no solo en las actividades por cuenta propia, sino también
en las que realizará por cuenta del Estado, al menos en el periodo
transitorio de siete años, tal y como se recoge en ese proyecto de ley.
No obstante lo anterior, señorías, señor ministro, desde mi grupo
parlamentario queremos insistir y manifestar que consideramos fundamental
que se preserve la parte pública, es decir la cobertura de
riesgo por cuenta del Estado que hasta la fecha gestionaba el Cesce. En
este sentido queremos destacar muy brevemente cuatro aspectos
fundamentales que hemos de tener en cuenta con este nuevo esquema que
plantea el proyecto de ley. En primer lugar, a nuestro entender, es
primordial que se garantice que la propiedad de la información que genere
el Cesce en la gestión por cuenta del Estado quede en manos del Estado.
Ello es necesario para evitar que este organismo mantenga una posición
preeminente ante otros posibles competidores en el momento en que haya
pasado el periodo de transición, evitando una situación de posible
monopolio y garantizando que esta información sobre operaciones, clientes
o deudores será de uso futuro por parte del agente gestor que gestione,
en el futuro y a través de un convenio de gestión, la cuenta del Estado.
En segundo lugar, otro aspecto importante por lo que se refiere también al
agente gestor es que creemos que tiene que ser condición necesaria que el
mismo no tenga intereses de forma directa o indirecta en otras entidades
de gestión por cuenta del Estado de otros países, pues ello pensamos que
generaría o podría generar un conflicto de intereses muy perjudicial para
nuestro tejido productivo.
En tercer lugar, se plantea la creación de la comisión de riesgos por
cuenta del Estado para supervisar y dirigir la gestión de la cobertura de
riesgos comerciales. Apoyando la creación de la misma y entendiendo que
se trata de un organismo de supervisión necesario, a nuestro juicio
resulta también importante que las empresas tengan una representación
activa en esta comisión, porque son parte directamente implicada y las
máximas conocedoras de la realidad con la que se enfrentan.
Finalmente, y a pesar de mostrarnos favorables con el planteamiento de
este proyecto de ley tal y como he indicado desde el inicio de mi
intervención, me gustaría dejar claro uno de los aspectos en los que nos
mostramos más críticos en el desarrollo del texto legal, que es la
definición del régimen de transición. A este respecto, señorías, creemos
que hay un déficit importante en la definición de este régimen
transitorio que entendemos deberá ser subsanado.
En definitiva -termino señor presidente-, compartimos el planteamiento
general del proyecto de ley. No obstante, creemos que deberán
garantizarse los aspectos a los que he hecho referencia y será
fundamental también evitar que se cree un monopolio privado que generaría
ineficiencias en el sistema. Por lo tanto, hay que garantizar la libre
competencia en el sector privado para la posible gestión de esta
actividad por cuenta del Estado y hay que hacerlo garantizando la
propiedad de información que genere el Cesce en la gestión por cuenta del
Estado, evitando así conflicto de intereses, asegurando la
representatividad del organismo y garantizando los objetivos y principios
a los que no puede renunciar. Con estas consideraciones, con nuestro
enfoque y posicionamiento favorable a este proyecto de ley, nuestro grupo
no podrá apoyar la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo
Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor González Vázquez.
El señor GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Señor presidente, señorías, señor ministro,
gracias por la presentación que acaba de hacernos de una nueva iniciativa
del Gobierno que con toda seguridad va a contribuir a fomentar la
capacidad competitiva de nuestra economía, va a contribuir al crecimiento
económico, a la salida de la crisis y a la creación de empleo. Con ello
ya adelanto cuál va a ser la posición de mi grupo en relación con el
proyecto de ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de
la internacionalización de la economía, una posición de decidido apoyo y,
por tanto, de rechazo a la enmienda a la totalidad que debatimos.
Señorías, consecuencia de las oportunas reformas estructurales que viene
realizando el Gobierno de Mariano Rajoy, el comercio exterior está
teniendo una evolución positiva, y la internacionalización de nuestra
economía es un hecho cada vez más relevante. Ya lo ha dicho el señor
ministro con detalle y yo no me voy a extender en ello, en los datos que
acaban de aparecer al respecto. Las exportaciones siguen creciendo y
también sigue creciendo el número de empresas que orientan su actividad
hacia el exterior. Decía el señor Lavilla que las exportaciones crecían a
pesar del Gobierno. Yo no estoy de acuerdo, señor Lavilla. Las
exportaciones crecen porque han cambiado las políticas del Gobierno y por
el esfuerzo de las empresas exportadoras. Al inicio de la crisis nuestra
balanza por cuenta corriente registraba un déficit del 10 % del producto
interior bruto y hoy tenemos un superávit en torno al 2 %. En el año 2012
las exportaciones crecieron un 3,8 % y en este año están creciendo muy
por encima de esa cifra. Todo apunta a que el año que viene seremos el
país de mayor crecimiento de la zona euro. Nuestro saldo comercial con la
Unión Europea arroja un superávit de manera ininterrumpida desde el año
2012 y el déficit comercial con los
países fuera de la Unión Europea se reduce. Hoy, señorías, el saldo de
nuestra balanza comercial está cercano al equilibrio. Esto es, señorías,
por las políticas del Gobierno. Estos datos ponen de manifiesto que vamos
por buen camino, que el sector exterior está contribuyendo notablemente a
la recuperación económica y que tenemos que seguir trabajando en este
objetivo, porque todavía quedan muchas cosas que hacer, y desde luego no
nos podemos parar y el Gobierno de España no se va a parar.
Si estamos convencidos, como parece que todos lo estamos, de que la
demanda externa es un elemento clave para el crecimiento de nuestra
economía, debemos preservar en conseguir la mayor eficiencia de las
políticas que fomenten y faciliten la exportación y la
internacionalización de nuestras empresas. Eso es lo que pretende el
proyecto de ley que debatimos, estimular e impulsar aún más la
internacionalización de nuestra economía. Se quiere hacer reforzando una
importante herramienta como es la cobertura por cuenta del Estado del
aseguramiento de los riesgos de créditos extraordinarios a la exportación
actuando en dos ámbitos, por un lado, buscando la mayor eficacia y
eficiencia en la gestión de la cuenta -el Cesce funciona bien, pero puede
ser susceptible de mejora, esa es nuestra posición- y, por otro,
adaptando este instrumento de política comercial a la realidad actual en
la que se desenvuelven nuestras empresas en el exterior, adaptando este
instrumento a un sector exterior cada vez más complejo, más dinámico, con
nuevos y distintos riesgos de los había hace cuarenta años, con nuevas
tecnologías, en un mundo más globalizado. Esto es lo que pretende el
proyecto de ley que debatimos.
Señor ministro, el Grupo Parlamentario Popular considera que esta es una
buena iniciativa y que será una ley útil. Nos parecen adecuados y
oportunos los motivos del proyecto y estamos convencidos de que
conseguirán los objetivos que pretenden. Estos objetivos también se
comparten en la enmienda socialista cuando se reconoce que hay que
mejorar la gestión del Cesce, y ahí nuestra sorpresa. No llegamos a
entender el porqué de la enmienda de devolución a un proyecto de ley
estrictamente técnico, que desarrolla el camino marcado por el Real
Decreto-ley 20/2012, para la reorganización del Cesce, y que pretende
adaptar la Ley 10/1977 a las normas que rigen en los países del consenso
OCDE.
La enmienda del Grupo Socialista se justifica en dos argumentos: en que
hay que mejorar la gestión pública del Cesce y en no plantear por ahora
-repito, por ahora- su privatización. Me gustaría que el Grupo Socialista
nos explicara ese por ahora y cuándo tenían ellos intención de privatizar
este organismo. Nosotros entendemos que hay que mejorar la gestión del
Cesce, cambiando esa gráfica que antes nos enseñaba el portavoz
socialista, una gráfica consecuencia de la crisis económica en la que
ellos nos han metido, dotando de mayor agilidad y flexibilidad, dando
mayor entrada a más capital privado, pero a la vez manteniendo un
riguroso control público, repito, manteniendo un riguroso control
público.
Con relación a ello el Grupo Socialista viene hablando estos días de un
nuevo modelo. Habla de banco público de inversiones, de agencia pública
de financiación, de fusiones, pero no aclara nada. Lo hemos visto en su
reciente conferencia política. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con el banco
público, con la fusión del ICO y el Cesce, con la agencia pública de
financiación, o seguimos igual, como pretende la enmienda? Yo recuerdo
aquí algunas cosas que ya se han dicho y que dice el proyecto de ley que
debatimos, que la cobertura del riesgo a la internacionalización de las
empresas es un servicio económico general; que la gestión de la cuenta
del Estado se va a desarrollar a través de un agente especializado para
ganar en eficiencia, como lo hacen Francia, Alemania, Holanda y Portugal;
que el régimen presupuestario, el control económico y financiero, el
contable, el control de la cuenta seguirán siendo totalmente públicos
-repito, totalmente públicos-; que el Estado va a mantener el absoluto
control de su cuenta, del fondo de reserva que se crea, de la gente que
la gestione a través de una comisión y de un convenio de gestión.
Les recuerdo también que el debate para que el Estado pudiera desprenderse
de la participación del Cesce se produjo ya en la convalidación del Real
Decreto-ley 20/2012. Ustedes allí nada dijeron al respecto. En ese debate
pudieron plantear lo que hoy plantean, pero no lo hicieron. A mi modo de
ver, posiblemente fue coherente y razonable con su pretensión de
privatizar AENA. Ahora, después de su conferencia, han girado a la
izquierda y tienen que cambiar de posición. Están ustedes, señorías, en
una estrategia difícil de entender. Señor Lavilla, me gustaría saber con
quién están ustedes, ¿con Solbes o con Zapatero?
Señorías, en estos momentos es necesario el esfuerzo de todos para salir
de la crisis y para recuperar el empleo. La sociedad española está
colaborando con un esfuerzo extraordinario, con grandes sacrificios, y no
entiende que ustedes no quieran arrimar el hombro. La sociedad española
no entiende que estén instalados en el no permanente, que permanentemente
recurran ante el Tribunal Constitucional todas las reformas del Gobierno
y que pidan la devolución de cada proyecto de ley que se presenta, sin
ningún tipo de alternativa. Se lo están diciendo en las encuestas y se lo
van a decir en las elecciones generales.
Fíjense qué diferencia. Nos pidieron apoyo para dotar de rango
constitucional la estabilidad presupuestaria y se lo dimos. En abril de
2010 nos pidieron el apoyo a las medidas que plantearon en su Real
Decreto-ley 6/2010, para el impulso de la recuperación económica y el
empleo, y se lo dimos. Entre otras medidas, también plantearon reformas
del seguro de crédito a la exportación y les dijimos que eran
insuficientes, pero les dimos nuestro apoyo. Yo también les pido aquí hoy
algo, les invito a que retiren su enmienda, a que hagan las aportaciones
que crean oportunas para mejorar el proyecto, en definitiva, les invito a
que se sumen al trabajo en común para el crecimiento y para crear el
empleo que sus políticas han destruido. Pero si tampoco quieren hacerlo,
al menos les pido que no dificulten el trabajo del Gobierno.
Al resto de los grupos les invito a trabajar juntos en este proyecto y les
ofrezco el mayor interés en sus iniciativas, especialmente a los grupos
que, como Convergència i Unió, han mostrado su rechazo a la enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Vázquez.
En cinco minutos, a las cinco en punto, comenzaremos a votar. (Pausa).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LOS
PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA PERCEPCIÓN DEL SUBSIDIO DE
DESEMPLEO POR PARTE DE TERRORISTAS EXCARCELADOS QUE NO HAN MOSTRADO
ARREPENTIMIENTO NI COLABORADO CON LA JUSTICIA. (Número de expediente
173/000116).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones correspondientes al
debate de ayer y de hoy.
Mociones consecuencia de interpelaciones. (El señor Madina Muñoz pide la
palabra).
Señor Madina.
El señor MADINA MUÑOZ: Era casi mejor que usted terminara porque iba a
decir que si la señora Díez o el Grupo de UPyD estaban de acuerdo,
solicitábamos la votación por separado.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ir por partes. Primero yo explico de qué va
el asunto y luego ya me piden la palabra.
Moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los
propósitos del Gobierno en relación a la percepción del subsidio de
desempleo por parte de terroristas excarcelados que no han mostrado
arrepentimiento ni colaborado con la Justicia. En poder de la Mesa hay
una enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso y por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia. Esta enmienda transaccional se sometería a votación si todos
los grupos estuvieran de acuerdo. (El señor Errekondo Saltsamendi pide la
palabra).
Señor Errekondo, habla usted como portavoz del Grupo Mixto.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señor presidente, entendemos que esta
iniciativa está encaminada en la carrera y en la lucha enconada entre el
Partido Popular y UPyD...
El señor PRESIDENTE: No, señor Errekondo, tiene usted la palabra para
decir si admite o no admite que se someta a votación.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Nos oponemos. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: En ese caso, al oponerse un grupo, no se somete a
votación. Por tanto, pregunto a la señora Díez, como autora de la moción,
en qué condiciones querría que se votara.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: En sus propios términos, presidente. (El señor
Madina Muñoz pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Muchas gracias.
Señor Madina.
El señor MADINA MUÑOZ: Se ha dado por hecho algo que no debería haber sido
dado. Solicitamos, si la proponente está de acuerdo, que se sometan a
votación por separado los dos puntos.
El señor PRESIDENTE: La autora de la moción, la señora Díez, es la que
tiene que decidir cómo se somete a votación.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Accedo sin ningún problema a la petición del
Grupo Socialista de votar por separado los puntos 1 y 2 de la moción.
El señor PRESIDENTE: En ese caso, vamos a proceder a votar en primer lugar
el punto número 1 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a
favor, 17; en contra, 285; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 2 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 267; en contra, 24; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ENBEITA), SOBRE POSICIÓN DEL
GOBIERNO EN RELACIÓN A LOS MALOS TRATOS INFLIGIDOS POR LOS MIEMBROS DE
LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY Y LA IMPUNIDAD DE LA
QUE DICHOS MIEMBROS GOZAN, POR SER UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS
SUMAMENTE INQUIETANTE Y DE LARGA DATA EN ESPAÑA. (Número de expediente
173/000117).
El señor PRESIDENTE: Moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto
(señora Enbeita), sobre posición del Gobierno en relación a los malos
tratos infligidos por los miembros de los organismos encargados de hacer
cumplir la ley y la impunidad de la que dichos miembros gozan, por ser
una cuestión de derechos humanos sumamente inquietante y de larga data en
España. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 37; en contra, 267; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN DEL
GOBIERNO. (Número de expediente 173/000118).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista, sobre la política de
inmigración del Gobierno. Hay una enmienda transaccional presentada por
el Grupo Socialista, el Grupo Catalán de Convergència i Unió, el Grupo de
La Izquierda Plural, el Grupo de Unión Progreso y Democracia, el Grupo
Vasco, PNV, y el Grupo Parlamentario Mixto (señor Tardà). ¿Ningún grupo
se opone? (Pausa).
En estos términos, comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 128; en contra, 176.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 33/1998, DE 5 DE OCTUBRE, DE
PROHIBICIÓN TOTAL DE MINAS ANTIPERSONAL Y ARMAS DE EFECTO SIMILAR.
(Número de expediente 121/000061).
El señor PRESIDENTE: Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
Empezamos con la votación de la enmienda a la totalidad de texto
alternativo presentada al proyecto de ley de modificación de la
Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y
armas de efecto similar por el Grupo Parlamentario Mixto (señor Tardà).
Hay siete votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305,
más 7 votos telemáticos, 312; a favor, 6; en contra, 268, más 7 votos
telemáticos, 275; abstenciones, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN).
- REAL DECRETO-LEY, 12/2013, DE 18 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 70.000.000 DE EUROS EN EL
PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, PARA ATENDER
NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. (Número de expediente 130/000042).
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley
12/2013, de 18 de octubre, por el que se conceden suplementos de crédito
por importe de 70 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de
Economía y Competitividad para atender necesidades de financiación de la
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se han
emitido 7 votos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301,
más 7 votos telemáticos, 308; a favor, 300, más 7 votos telemáticos, 307;
abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
Tramitación como proyecto de ley de este decreto-ley que acabamos de
aprobar. También para esta tramitación se han emitido 7 votos
telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305,
más 7 votos telemáticos, 312; a favor, 131, más 4 votos telemáticos, 135;
en contra, 174, más 3 votos telemáticos, 177.
El señor PRESIDENTE: No será tramitado como proyecto de ley.
- REAL DECRETO-LEY 13/2013, DE 25 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE TOTAL DE 17.421.238.125 EUROS, PARA
LA CONCESIÓN DE UN PRÉSTAMO AL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A
PROVEEDORES, PARA FINANCIAR AL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL LA
APORTACIÓN AL IV PLAN INTEGRAL DE EMPLEO EN CANARIAS, PARA DOTAR LA
PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN LA FACILIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL PARA LA
INMUNIZACIÓN Y PARA LA CUARTA CONVOCATORIA DE AYUDAS AL PROGRAMA DE
INCENTIVOS AL VEHÍCULO EFICIENTE (PIVE 4). (Número de expediente
130/000043).
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley
13/2013, de 25 de octubre, por el que se conceden créditos
extraordinarios por importe total de 17.421.238.125 euros para la
concesión de un préstamo al Fondo para la financiación de los pagos a
proveedores, para financiar al Servicio Público de Empleo Estatal la
aportación al IV Plan integral de empleo en Canarias, para dotar la
participación de España en la Facilidad financiera internacional para la
inmunización y para la cuarta convocatoria de ayudas al programa de
incentivos al vehículo eficiente. Se han emitido 7 votos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300,
más 7 votos telemáticos, 307; a favor, 287, más 7 votos telemáticos, 294;
en contra, 1; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
Tramitación como proyecto de ley de este real decreto-ley que acabamos de
aprobar. Se han emitido 7 votos telemáticamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304,
más 7 votos telemáticos, 311; a favor, 131, más 3 votos telemáticos, 134;
en contra, 173, más 4 votos telemáticos, 177.
El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL EN EL SECTOR
PÚBLICO. (Número de expediente 121/000063).
El señor PRESIDENTE: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas
legislativas. Proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial
en el sector público.
Votamos las enmiendas del señor Salvador. En primer lugar, la enmienda
número 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301, a
favor, 6; en contra, 266; abstenciones, 29.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 41.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 13; en contra, 267; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 42.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 115; en contra, 179; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 43, del señor Salvador.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 90; en contra, 183; abstenciones, 27.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas de la señora Jordà. En primer lugar, enmiendas 25, 26, 28, 29,
32 y 34.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 120; en contra, 178; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 35.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 32; en contra, 267; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de la señora Jordà.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 17; en contra, 179; abstenciones, 105.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 22; en contra, 179; abstenciones, 99.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 63 y 70.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 33; en contra, 267.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 71, 72 y 73.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 32; en contra, 179; abstenciones, 89.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas de CiU.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 121; en contra, 174; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, enmiendas 48 y 50.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a
favor, 101; en contra, 179; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a
favor, 117; en contra, 177; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del dictamen de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 184; en contra, 120; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Ahora vamos a hacer la votación de conjunto del
proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector
público por tener precisamente carácter orgánico. Para esta votación sí
hay 7 votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305,
más 7 votos telemáticos, 312; a favor, 185, más 5 votos telemáticos, 190;
en contra, 117, más 2 votos telemáticos, 119; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Ley orgánica de control de la deuda
comercial en el sector público.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).
- PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente
121/000062).
El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de
devolución presentadas al proyecto de ley general de telecomunicaciones
por los Grupos Parlamentarios Mixto (señora Jordà), La Izquierda Plural,
Catalán de CiU y Socialista. Hay 7 votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304,
más 7 votos telemáticos, 311; a favor, 118, más 3 votos telemáticos, 121;
en contra, 175, más 4 votos telemáticos, 179; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
AVOCACIÓN POR EL PLENO.
El señor PRESIDENTE: Solicitud de avocación a Pleno de este proyecto de
ley general de telecomunicaciones. También han sido emitidos 7 votos
telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303,
más 7 votos telemáticos, 310; a favor, 129, más 3 votos telemáticos, 132;
en contra, 174, más 4 votos telemáticos, 178.
El señor PRESIDENTE: No será avocado a Pleno.
- PROYECTO DE LEY SOBRE COBERTURA POR CUENTA DEL ESTADO DE LOS RIESGOS DE
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. (Número de expediente
121/000067).
El señor PRESIDENTE: Votación de la enmienda a la totalidad de devolución
presentada al proyecto de ley sobre cobertura por cuenta del Estado de
los riesgos de la internacionalización de la economía española por el
Grupo Socialista. Hay 7 votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305,
más 7 votos telemáticos, 312; a favor, 110, más 3 votos telemáticos, 113;
en contra, 194, más 4 votos telemáticos, 198; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
AVOCACIÓN POR EL PLENO.
El señor PRESIDENTE: Solicitud de avocación por el Pleno de este proyecto
de ley. Han sido emitidos 7 votos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301,
más 7 votos telemáticos, 308; a favor, 125, más 3 votos telemáticos, 128;
en contra, 175, más 4 votos telemáticos, 179; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: No será avocado a Pleno.
Se levanta la sesión.
Eran las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde.
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