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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 157, de 19/11/2013
cve: DSCD-10-PL-157
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 157
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 148
celebrada el martes,
19 de noviembre de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Modificación del orden del día ... (Página4)

Exclusión en el orden del día ... (Página4)

Elección de miembros del Observatorio de la Vida Militar:

- Elección de cinco miembros del Observatorio de la Vida Militar. (Número de expediente 276/000014) ... (Página4)

Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía:

- De las Cortes de Castilla-La Mancha, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 130-1, de 6 de septiembre de 2013. (Número de expediente 127/000003) ... (Página5)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y de otras leyes, en materia de reducción de plazos y obligaciones de colaboración con dicho tribunal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 136-1, de 13 de septiembre de 2013. (Número de expediente 122/000115) ... (Página23)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a acelerar la implantación de la factura electrónica en todos los pagos de proveedores de las Administraciones Públicas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 326, de 20 de septiembre de 2013. (Número de expediente 162/000721) ... (Página31)

Modificación del orden del día ... (Página36)


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Proposiciones no de ley. (Continuación):

- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a un suelo social para los gastos en educación, sanidad y servicios sociales. (Número de expediente 162/000010) ... (Página36)

Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía. (Votación) ... (Página46)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página46)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página46)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

Modificación del orden del día ... (Página4)

La Presidencia somete a la consideración del Pleno la modificación del orden del día en el sentido de que el proyecto de ley general de telecomunicaciones se debata antes que el proyecto de ley básica de las cámaras oficiales de Comercio, en la sesión que se celebrará el próximo jueves, lo que se aprueba por asentimiento.

Exclusión del orden del día ... (Página4)

Elección de miembros del Observatorio de la Vida Militar ... (Página4)

Elección de cinco miembros del Observatorio de la Vida Militar ... (Página4)

La Presidencia somete a la consideración del Pleno la exclusión del orden del día del punto relativo a la elección de cinco miembros del Observatorio de la vida militar, posponiéndolo para el próximo Pleno, lo que se aprueba por asentimiento.

Debate de totalidad de Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía ... (Página5)

De las Cortes de Castilla-La Mancha, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha .... (Página5)

El señor representante de las Cortes de Castilla-La Mancha (Cañizares Jiménez), defiende la reforma del Estatuto de Autonomía.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Conde Bajén, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página23)

Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y de otras leyes, en materia de reducción de plazos y obligaciones de colaboración con dicho Tribunal ... (Página23)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Císcar Casabán, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; así como los señores Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Pàramo i Ponsetí, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de Ley ... (Página31)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a acelerar la implantación de la factura electrónica en todos los pagos de proveedores de las Administraciones Públicas ... (Página31)

Defiende la proposición no de ley la señora Sánchez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmienda presentada tiene interviene la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones interviene los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; así como las señoras García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene la señora Sánchez García.

Modificación del orden del día ... (Página36)

La Presidencia informa a la Cámara de la modificación del orden del día en el sentido de que las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes se debatirán en la sesión de mañana.

Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a un suelo social para los gastos en educación, sanidad y servicios sociales ... (Página36)

Defiende la proposición no de ley la señora Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);


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los señores Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Bolarín Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La señora Carcedo Roces comunica a la Presidencia la presentación de una enmienda transaccional.

Debate de totalidad de Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía. (Votación) ... (Página46)

Sometida a votación la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Cortes de Castilla-La Mancha, se aprueba por 168 votos a favor, más 3 votos telemáticos, 171; 121 en contra, más 3 votos telemáticos, 124, y 21 abstenciones.

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación) ... (Página46)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y de otras leyes, en materia de reducción de plazos y obligaciones de colaboración con dicho Tribunal, se rechaza por 141 votos a favor más 3 votos telemáticos, 144; 166 en contra, más 3 votos telemáticos, 169, y 4 abstenciones.

Proposiciones no de Ley. (Votación) ... (Página46)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a acelerar la implantación de la factura electrónica en todos los pagos de proveedores de las Administraciones Públicas, se aprueba por 187 votos a favor, 15 en contra y 110 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a un suelo social para los gastos en educación, sanidad y servicios sociales, se rechaza por 127 votos a favor, 173 en contra y 17 abstenciones.

Se suspende la sesión a las ocho y veinte minutos de la tarde.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

De acuerdo con el artículo 78.1 del Reglamento y con lo acordado en la Junta de Portavoces, someto al Pleno dos variaciones del orden del día. En primer lugar, los puntos que figuran como 32 y 33 pasarían a ser 33 y 32, debatiéndose el proyecto de ley general de telecomunicaciones antes que el proyecto de ley básica de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación. ¿Lo acuerdan así sus señorías? (Asentimiento). Queda aprobada la modificación.

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR:

- ELECCIÓN DE CINCO MIEMBROS DEL OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR. (Número de expediente 276/000014).

El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, propongo la exclusión del último punto del orden del día, relativo a la elección de los cinco miembros del Observatorio de la vida militar, elección que quedaría pospuesta para la próxima semana. ¿Lo acuerdan así sus señorías? (Asentimiento). Queda aprobada la exclusión.


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DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA:

- DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA-LA MANCHA. (Número de expediente 127/000003).

El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día, relativo al debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía. Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Nos acompaña un representante de las Cortes de Castilla-La Mancha, que integra la delegación, que defenderá la propuesta y a quien doy la bienvenida en nombre del Congreso de los Diputados. Para la presentación de esta iniciativa, tiene la palabra don Francisco Cañizares Jiménez.

El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA (Cañizares Jiménez): Gracias, señor presidente.

Señorías, me van a permitir que en primer lugar salude a la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, doña María Dolores de Cospedal, que hoy nos acompaña, así como al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, don Vicente Tirado, y al resto de la delegación de diputados, miembros de la Mesa y otras personalidades y autoridades de mi región, Castilla-La Mancha.

Me corresponde defender ante este Congreso de los Diputados una proposición de las Cortes de Castilla-La Mancha destinada a la reducción del número de diputados de las propias Cortes de Castilla-La Mancha. Se trata de una propuesta en la que se reduce la horquilla establecida en el Estatuto de Autonomía, pasando de la horquilla actual de 47 a 59 diputados a una horquilla de 25 a 35 diputados, dejándose -igual que aparece reflejado en el actual Estatuto de Autonomía- a la Ley Electoral el reparto para las distintas circunscripciones electorales. Por tanto, la propuesta que traemos a este Congreso de los Diputados no es una propuesta de reforma del estatuto al uso. No traemos hoy a este Congreso de los Diputados una reforma que implique una modificación sustancial de la relación de Castilla-La Mancha con el Estado. No implica, por supuesto, ninguna competencia nueva ni distinta a las existentes. No abre ninguna controversia ni territorial ni competencial con nadie. Es única y exclusivamente la reducción del número de diputados de la Cámara autonómica.

Es importante recordar esto porque en este Congreso de los Diputados se han tramitado infinidad de reformas y modificaciones y, por supuesto, los estatutos de autonomía desde su inicio. Sin duda, se han traído a este Parlamento y han sido acogidos favorablemente y votados por amplísimas mayorías para su consiguiente tramitación estatutos de autonomía y reformas de estatutos que traían en muchos casos -conocidos son de sus señorías- aspectos que claramente atacaban y vulneraban principios constitucionales y que suponían problemas graves de interpretación de nuestra Carta Magna. No es este el caso de este Estatuto de Autonomía. Se trata única y exclusivamente de buscar fórmulas para racionalizar un sistema autonómico que, después de los años de crisis que ha padecido nuestro país y especialmente nuestra región, debemos afrontar con decisión.

La difícil situación que hemos vivido y que aún seguimos padeciendo ha llevado a que reflexionemos sobre el actual Estado de las autonomías y lo hemos hecho desde Castilla-La Mancha desde un ejercicio de responsabilidad, de austeridad y de compromiso con los servicios sociales básicos, cuya prestación a sus ciudadanos es el fin último de las autonomías. Vengo de una comunidad autónoma que ha batido absolutamente todos los récords de déficit y endeudamiento en los últimos años en nuestro país. Quiero recordarles a todos ustedes que el pasado año 2011 Castilla-La Mancha arrojó un déficit del 7,3 %. Ya en el mes de junio el déficit que arrojaban las cuentas públicas de Castilla-La Mancha era de un 6 %. Sin la llegada de un Gobierno como el de la presidenta Cospedal, ese déficit hubiera arrojado al final del año 2011 una cantidad próxima al 12 %. Eso indica una administración absolutamente quebrada e imposible de financiarse, como todos ustedes recordarán, pues fue el propio Ministerio de Hacienda el que prohibió a Castilla-La Mancha realizar nuevas operaciones de financiación debido a la situación absolutamente descontrolada de las cuentas públicas. Esa situación de déficit y el consiguiente endeudamiento colocaron a mi región, Castilla-La Mancha, en un brete hace dos años y medio realmente complicado. Si en España el tema del déficit y la deuda arrastra un problema gravísimo, en Castilla-La Mancha fueron momentos trágicos y complicadísimos los que tuvo que afrontar un Gobierno como el de la presidenta Cospedal a la hora de hacerse cargo de la responsabilidad del Gobierno después de un cambio histórico en Castilla-La Mancha, después de veintiocho años de Gobierno de un mismo partido, el Partido Socialista, en Castilla-La Mancha. (Rumores).


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Para que se hagan ustedes una idea, en el primer mecanismo de pago a proveedores que articuló el Gobierno del presidente Rajoy, mi región, Castilla-La Mancha, solicitó 2.918 millones de euros, casi 3.000 millones de euros en ese momento inicial de pago a proveedores. Estos casi 3.000 millones correspondían a más de 600.000 facturas impagadas, más de 160.000 correspondientes al ámbito sanitario, y que se acumulaban desde hace años, en los que la Junta de Comunidades había dejado de pagar a sus proveedores. Para que se hagan una idea de la complejidad de la situación, hay que recordarles que en ese momento una comunidad autónoma como Cataluña pidió 2.000 millones de euros, 1.000 millones menos que Castilla-La Mancha, que tiene 2 millones de habitantes. También cabe destacar que pedimos 200 millones de euros más que una comunidad autónoma como Andalucía, con cuatro veces más población que Castilla-La Mancha. Eso les hace ver claramente la diferencia sustancial que ha supuesto tener la comunidad autónoma con mayor déficit, la segunda en ese año 2011 fue Extremadura, con un 4,59 %, cuando el Gobierno anterior se había comprometido en mantenerlo en el 1,3 %.

Para que comprendan el desastre organizativo y de gestión pública que se venía desarrollando en Castilla-La Mancha y que arrojó esos nefastos datos, les voy a poner un pequeño y breve ejemplo. Vengo de las Cortes de la ciudad de Toledo, que todos ustedes conocen, una ciudad, capital de la región, con 85.000 habitantes. Esa ciudad tenía anunciado por el anterior Gobierno un hospital desde hace más de diez años. Cuando la presidenta Cospedal llegó al Gobierno de nuestra región se encontró un hospital ejecutado en un 30 % y, sin embargo, con casi el 80 % del presupuesto de ese hospital gastado. Esa era la situación de la gestión de los recursos públicos de una comunidad autónoma que ha tenido que enfrentarse a esa difícil situación arrastrada por la mala gestión y por la mala interpretación de lo que era un sistema autonómico, un sistema de desarrollo autonómico que lo que no pretendía ni pretendió nunca -tenemos que reflexionar sobre ello- es crear diecisiete mini Estados al antojo de quien gobierna y para conseguir el mayor número de instrumentos de poder al amparo de esto.

Desde el primer momento la presidenta Cospedal afrontó esta situación desde la responsabilidad y desde la racionalización de un sector público absolutamente desproporcionado para nuestra comunidad autónoma. Les voy a enumerar algunos datos que creo que son relevantes y que vienen perfectamente relacionados con el motivo de la reforma, de la reducción de diputados que hoy proponemos y que hoy sometemos a su aprobación para su tramitación ante estas Cortes Generales. En ese año 2011 Castilla-La Mancha eliminó una vicepresidencia del Gobierno, 30 delegados provinciales que había por cada una de las consejerías existentes y 18 directores generales; despareció un 40 % de altos cargos, pasaron de 125 a 75, se redujo en un 50 % el personal eventual de confianza, un 50 % las plazas de conductores y de secretarias de altos cargos, un 20 % el sueldo de los altos cargos de la Junta de Comunidades; se suprimieron entidades e instituciones duplicadas o que no prestaban servicios esenciales a los ciudadanos, se eliminó el Defensor del Pueblo, el Consejo Económico y Social, el organismo en defensa de la competencia y, más recientemente, el síndico de cuentas. Presentamos en las Cortes medidas para acabar con privilegios de los miembros de los Gobiernos anteriores. Presentamos sin el apoyo del Partido Socialista la eliminación de privilegios de los expresidentes. Hay que recordar que todas y cada una de estas medidas adoptadas por el Gobierno de la presidenta Cospedal contaron siempre con el voto en contra del Partido Socialista de Castilla-La Mancha. (Aplausos).

Este esfuerzo, este sacrificio destinado a los ciudadanos es reflejo de lo que ha tenido que hacer la sociedad de Castilla-La Mancha en estos dos años y medio, un importante sacrificio para conseguir los datos que hoy empiezan a conocerse en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, en el año 2012, cumplió el 1,5 de objetivo de déficit. Castilla La Mancha, por segundo mes consecutivo, tiene hoy menos personas apuntadas al desempleo que hace un año. Castilla-La Mancha hoy lidera las exportaciones a nivel nacional y está generándose un tejido competitivo en nuestra región desconocido. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdone un momento.

Ruego silencio para que se pueda oír al orador, que además es de las Cortes de Castilla-La Mancha. Actuemos con decoro.

Continúe.

El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA (Cañizares Jiménez): Este sacrificio que ha tenido que hacer la sociedad de Castilla-La Mancha no podía ser desoído por el Gobierno de Castilla-La Mancha. No podía mirarse para otro lado y se han ido tomando todas esas medidas que les he enunciado y muchas otras más.


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En las mismas Cortes de Castilla-La Mancha se ha hecho también un trabajo de austeridad realmente encomiable. En el año 2011, cuando llegó don Vicente Tirado a la presidencia de las mismas, teníamos un presupuesto próximo a los 12 millones de euros. Hoy, año 2013, el presupuesto de las Cortes de Castilla-La Mancha es de 8 millones de euros. Para que se hagan una idea de la austeridad de las Cortes de Castilla-La Mancha, hay que decir que somos una región de aproximadamente 2 millones de habitantes y que hay parlamentos, por ejemplo como el del País Vasco, que con pocos más habitantes tiene un presupuesto de 30 millones, frente a los 8 de las Cortes de Castilla-La Mancha. Se tomaron importantes iniciativas para demostrar que no solo la austeridad sino el compromiso de los políticos de Castilla-La Mancha en un momento de dificultad querían servir de ejemplo a la sociedad de Castilla-La Mancha, cambiándose una situación que se había producido en Castilla-La Mancha y eliminándose las dedicaciones exclusivas de los diputados regionales en las Cortes de Castilla-La Mancha, pasando desde principios de este año 2013 a cobrar únicamente por dietas, asistencias y kilometrajes, situación que no es novedosa, que tienen otros parlamentos, como el Parlamento de Castilla y León o el de La Rioja o que tuvo el propio Parlamento de Castilla-La Mancha al principio de su funcionamiento democrático y en su primer Estatuto de Autonomía. En ese primer estatuto de autonomía se recogía la prohibición expresa de que los diputados de Castilla-La Mancha cobrasen de las Cortes de Castilla-La Mancha. Esa ejemplaridad de los momentos iniciales de nuestro país en el desarrollo autonómico hay que recobrarla, y los ciudadanos así nos lo están demandando a todos.

Esta medida que hoy traemos a la consideración de esta Cámara cuenta con un amplísimo apoyo de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. (Un señor diputado: ¡Mentira!). Según encuestas publicadas por medios regionales, se daban datos del 94 % de apoyo popular a la medida de reducción del número de diputados. Un 94 % supone la inmensa mayoría de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, de todo color político y de toda significación ideológica, porque todos ellos saben el esfuerzo y el sacrificio que se ha tenido que hacer y lo necesario que es que los políticos asumamos la responsabilidad de dar ejemplo también en ese momento. Ese 94 % de ciudadanos de Castilla-La Mancha se merecen ser escuchados. Una postura como la del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, negándose a escuchar a una mayoría como la del 94 %, que en el caso de los votantes del Partido Socialista en Castilla-La Mancha es del 93 %, les aleja nuevamente de la realidad de su región y de la realidad de lo que les demandan los ciudadanos de Castilla-La Mancha. (Aplausos). ¿O es que acaso ustedes no escuchan a los ciudadanos de Castilla-La Mancha? Quizá por ese apoyo unánime, hoy se anunciaba que ningún diputado castellanomanchego en esta Cámara iba a intervenir en este tema, quizá porque sea difícil justificar que el 94 % de los ciudadanos de Castilla-La Mancha están a favor de esta medida que hoy traemos a la consideración de estas Cortes Generales. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Aplausos).

Me van a permitir que recuerde a los grupos políticos de esta Cámara, de este Congreso de los Diputados, algunos de los cuales han anunciado sus posturas contrarias a la tramitación, que aquí hay grupos parlamentarios que han apoyado, como decía, reformas que eran inconstitucionales a vista de cualquier persona mínimamente versada en la Constitución o en las leyes de nuestro país, que se han apoyado en muchos de los casos con la intención de que todo se podía debatir, de que de todo se podía hablar. Creo que no sería entendible por los ciudadanos de Castilla-La Mancha que una medida que es apoyada por la inmensa mayoría de los ciudadanos no sea aprobada en su tramitación en este Congreso de los Diputados. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que se trajo a estas Cortes en el año 1982, no vino a estas Cortes Generales con el consenso de todas las fuerzas políticas, hay que recordarlo, porque algunos dicen que este es el primer estatuto que viene aquí sin el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas. Es algo absolutamente falso. El propio Estatuto de Autonomía llegó aquí con la enmienda a la totalidad del Partido Comunista de España y del Partido Socialista Obrero Español en el año 1982. Se trató, se debatió y se consiguió aprobar con un voto casi unánime por parte de este Congreso de los Diputados. Nosotros venimos con la misma intención. Y no solamente es este caso. Podemos recordar qué pasó con el Estatuto de Cataluña o qué pasó también con el Estatuto de Andalucía, que vino sin el apoyo unánime del Parlamento andaluz y cuya tramitación y toma en consideración fueron rechazadas por parte del Partido Popular en estas Cortes cuando se trajo en el año 2007. Por tanto, no es cierto que este estatuto venga de manera distinta a la que han venido otros. Lo que sí es distinto es que este estatuto habla única y exclusivamente de un tema que preocupa, y mucho, a los ciudadanos de nuestro país y a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que es el esfuerzo que debemos hacer desde la política, desde las administraciones en la racionalización y optimización de los recursos públicos. Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha lo hemos tenido claro. Tenemos que dar ejemplo de esa


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austeridad, ejemplo de que a la política se viene con vocación de servicio público, con vocación de entregar a los ciudadanos lo mejor de cada uno de nosotros y eso se puede hacer de la misma manera que estamos pidiendo a los ciudadanos que lo hagan: más con menos, haciendo un esfuerzo mayor debido a la situación económica. Pero este no es un tema únicamente económico, que lo es. Supondrá un ahorro aproximado de entre 4 y 5 millones de euros en cada legislatura, cantidad suficiente para abrir un centro de salud o un par de colegios en nuestra región. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). No es una cantidad nada desdeñable. Les puedo decir que es un cambio de filosofía. Sí, señores diputados, un cambio de filosofía que no es solo ni exclusivamente de Castilla-La Mancha ni del Partido Popular, un cambio de filosofía que los ciudadanos nos están exigiendo, que nos están exigiendo a todos nosotros. Hay otras comunidades autónomas que ya han anunciado medidas.

El señor PRESIDENTE: Debe usted ir acabando.

El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA (Cañizares Jiménez): Termino, señor presidente.

Otras comunidades autónomas están debatiendo sobre este aspecto. Madrid, Valencia, Baleares están debatiendo sobre la necesidad de que sus parlamentos se adapten a la nueva situación y de que desde la política se debe dar ejemplo a los ciudadanos en estos momentos de dificultad. Esta tramitación, como pasó en las Cortes de Castilla-La Mancha, está abierta al consenso, está abierta a que desde los grupos parlamentarios se aporten ideas y soluciones para conseguir lo que se pretende, dar ejemplo desde la clase política de que se puede hacer más con menos. Desde aquí tengo que decir que la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, esa ley que le permitió a la presidenta Cospedal, aunque estaba diseñada para que perdiese las elecciones, ganar hace dos años y medio -y hemos conocido ayer, en las encuestas publicadas por un diario nacional, que las volvería a ganar con mayoría absoluta-, no es el objetivo de esta reforma electoral. (Varios señores diputados: No, no.-Rumores). El objetivo de esta reforma electoral es dar ejemplo a los ciudadanos de una manera nueva y distinta de hacer política. Con la mano tendida, desde el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, diseñaremos una ley que sirva para que gane quien quieran los ciudadanos, para que gobierne quien voten los ciudadanos, para que en Castilla-La Mancha se haga realidad un hecho que hoy es imposible de soslayar, que los ciudadanos exigen a la política un cambio de actitud, que en Castilla-La Mancha lo está personificando la presidenta Cospedal.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cañizares.

Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Cañizares, con todo respeto, le confieso que después de su intervención no salgo de mi asombro, estoy absolutamente estupefacto de oír tanta desfachatez junta en una sola intervención (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Pero bueno!) y lo dice un valenciano aquí, porque yo salgo aquí para denunciar un escándalo, un secuestro. El Partido Popular quiere secuestrar la democracia. (Aplausos). Lo quieren hacer en Galicia, lo quieren hacer en Castilla-La Mancha y lo quieren hacer en mi tierra, en el País Valencià. Esto es tramposo. Esto no es una reforma. Esto es pura artesanía trilera. Lo que ustedes pretenden hacer es de trileros. Ustedes no pretenden ahorrar ni nada. Ustedes tienen un único objetivo: perpetuarse en el poder (Un señor diputado: Exacto.-Aplausos), perpetuarse en el poder, es lo único que quieren. Y si tienen que cambiar las reglas del juego, las cambian, y si tienen que hacer trampas, las hacen, para impedir la pluralidad, para impedir que puedan entrar otras opciones más pequeñas. Ustedes quieren blindar el bipartidismo, quieren blindarse, es lo único que pretenden. Es lo mismo que hicieron con el Estatuto de Autonomía valenciano con una barrera del 5 % que impidió a gente como yo acceder durante muchos años al Parlamento.

Mire, el número de diputados en su comunidad autónoma ya se ha modificado en tres ocasiones, siempre que le ha convenido al partido del Gobierno. Primera reforma en 2007, a favor del PSOE: sumar un escaño a Toledo y Guadalajara para que fueran pares, todos pares menos Ciudad Real, que era propicio al Partido Socialista. Segunda reforma -ya de ustedes- en 2012, a favor del Partido Popular: aumentan 4 escaños, hacen par a Ciudad Real, que era propicio al PSOE, y aumentan Cuenca,


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Guadalajara y Toledo. Hace solo dos años ustedes aumentaron el número de escaños. Entonces no querían ahorrar. ¿Entonces, qué querían? Blindarse, lo mismo que ahora quieren hacer con esta reforma de 2013, que va justamente contra las opciones pequeñas, contra los partidos pequeños, para hacer imposible la irrupción de nuevos partidos y perpetuarse en el poder. Fíjese, antes de este pucherazo en Ciudad Real o en Toledo, para obtener representación hacía falta el 6,5 % de los diputados. Después de este pucherazo hará falta el 11 %. En Albacete o en Guadalajara, hacía falta alrededor de un 7 %. Después hará falta el 16 %. Ustedes quieren una Cámara monocolor. Ustedes no quieren ahorrar, porque encima los diputados ya no cobran. ¿Qué quieren ahorrar ustedes? Y que luego me haga esa invocación a que se podrá construir una escuela, lo mismo que Fabra cuando quiere cerrar la televisión valenciana... No me venga con estas demagogias. Ustedes lo único que quieren es impedir que partidos como el Partido Castellano, que está ahí arriba y al cual saludo, o como la Unión de Ciudadanos Independientes, o como Equo, o como Unidad Castellana, o como Unidad Regional Independiente, o como Por un Mundo más Justo -a los que hoy Compromís Equo quiere dar voz-, así como otras formaciones que ya se están acercando para poder tener representación, como Izquierda Unida o UPyD, puedan tener opciones de representación en las Cortes de Castilla-La Mancha. Todo lo demás, señor Cañizares, son zarandajas, excusas, mentiras. Si quieren servir a la democracia, si quieren que los ciudadanos dejen de alejarse de la política, lo tienen muy fácil. Por ejemplo, creen circunscripción electoral única en Castilla-La Mancha. Así habrá representación realmente de lo que quieren los ciudadanos. Si habla del 94 %, ¿por qué no les pregunta si quieren que se quiten todos? A lo mejor, también sale una sorpresa. En definitiva, ¿por qué no hacen una reforma de la Ley Electoral para hacer posible que otras formaciones puedan tener cabida en ese Parlamento? ¿Por qué no hacen una ley electoral que facilite la participación real de todos los ciudadanos?

Acabo, porque no tengo más tiempo. Señor Cañizares, háganle un favor a la democracia y retiren esta reforma impúdica y obscena (Rumores) que solo tiene un objetivo: perpetuarse en el poder.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, después de escuchar atentamente al señor Cañizares en representación de las Cortes de Castilla-La Mancha tengo que decir que me ha quedado claro, por si no lo tenía claro con anterioridad, cuáles son las pretensiones no solamente de la mayoría de las Cortes de Castilla-La Mancha sino del Partido Popular en su propuesta de reducción de escaños de los diferentes parlamentos donde en estos momentos está representada como fuerza política mayoritaria, y desde luego, señorías, no tiene nada que ver con la austeridad económica que en un momento de crisis como este podría considerarse incluso oportuna. Después de oír atentamente al señor Cañizares queda clarísimo que la austeridad que pretende el Partido Popular es una austeridad democrática. El Bloque Nacionalista Galego no puede apoyar este acuerdo de las Cortes de Castilla-La Mancha porque el hecho de que haya una crisis económica no debe significar que desde la política haya que trabajar en la dirección del déficit democrático, y esto es lo que pretende el Partido Popular con esta iniciativa. Pero no solo con la iniciativa que se acuerda en las Costes de Castilla-La Mancha, sino también con la propuesta que el Partido Popular hace en Galicia, también con un argumento de austeridad económica y de que se van a ahorrar muchísimos millones de euros.

Señorías, esa no es la razón; la razón es ese claro recorte político, ese claro recorte democrático y una clara voluntad, una clara vocación del Partido Popular de minusvalorar las entidades legislativas de las comunidades autónomas sin hacer además distinción entre aquellas que en la Constitución española se reconocen como nacionalidades históricas, como es el caso de Galicia. Por un lado, cuando gobernaba el señor Aznar se repartieron las mismas competencias para todos para desvirtuarlas en aquel momento y poder en este momento, en el que de nuevo vuelve a gobernar el Partido Popular, decir cosas como las que dijo el señor Cañizares, cosas como que, analizado con seriedad el Estado de las autonomías, da como resultado esas propuestas que su partido hace en Castilla-La Mancha. No podemos estar de acuerdo en absoluto y desde luego nos vamos a oponer frontalmente y vamos a apelar a la ciudadanía para que pare al Partido Popular (Aplausos) para que no pueda seguir con estas políticas de eliminación de criterios democráticos, ya que con estas modificaciones políticas lo que quiere es hacer un cambio político del modelo de Estado. Además, si atendemos a lo que dijo el señor Cañizares, vemos que se


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quiere hacer un cambio de modelo de Estado por la trasera, por decirlo de alguna manera, mientras se dice que no hay disposición a ningún tipo de modificación de la Constitución española.

Señorías, sorprende aún muchísimo más esta propuesta, la primera que se trae aunque no la única que hace el Partido Popular, que, como digo, en Galicia está empeñado también en reducir los escaños del Parlamento galego sin que exista ese déficit que dice el diputado Cañizares que existe en Castilla-La Mancha; es curioso que la primera propuesta que se trata en estas Cortes Generales del Estado sea la de Castilla-La Mancha y que se haga con esa valoración demagógica que se hizo por parte del señor Cañizares cuando dijo que con lo que se ahorraría se podría hacer un centro de salud, etcétera. Digo que es curioso y creo que hay un nivel de cinismo político muy elevado dado que la señora presidenta de Castilla-La Mancha hasta junio de 2012 -cuando menos, así se contempla- estuvo cobrando un sueldo como secretaria general del Partido Popular y otro como senadora. Por lo tanto, austeridad, sí, ¿pero austeridad para quién, señorías, austeridad para quién? (Aplausos). Cuando los miembros del Partido Popular aclaren realmente qué han cobrado en B y qué no han cobrado, díganle al pueblo que tiene que ser austero, mientras tanto no hagan absolutamente nada de esto, que lo único que significa es déficit democrático. Lo que quieren ustedes es eliminar la voz del pueblo, la voz que representa a los diputados y las diputadas en los parlamentos autonómicos.

Por lo tanto, señorías, manifestamos nuestro voto en contra de esta propuesta y vuelvo a decir que apelamos a la ciudadanía para que en las próximas elecciones frenen esta política antidemocrática del Partido Popular.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.

Habitualmente mi grupo parlamentario no tiene problemas en tomar en consideración ni en que se debatan las propuestas de las diferentes comunidades autónomas en cuanto a su propia organización interna, y en esta ocasión tampoco se lo vamos a impedir. Pero permítame el representante de las Cortes de Castilla-La Mancha -ya que es una reforma absolutamente puntual y muy concreta de una materia que además en el ámbito de la autonomía política es absolutamente delicada- que me centre algo en el contenido y que haga que eso tenga que matizar la postura de mi grupo en cuanto a nuestro posicionamiento final.

No voy a criticarle que la mayoría con la que se ha traído esta modificación ante las Cortes es la mayoría legal. Por lo tanto, ante eso no hay nada que decir. Bien es verdad que ha sido exigua, por un voto, pero es la mayoría y es lo que está establecido en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, las Cortes están perfectamente legitimadas para elevar esta cuestión primero al Congreso y después al Senado. Pero llama la atención que una modificación de una materia tan delicada sea apoyada por un único grupo de las Cortes. Es cierto que no es lo habitual, ni siquiera cuando se han traído aquí asuntos que usted ha calificado -todos intuíamos a cuáles se estaba refiriendo- de modificaciones inconstitucionales, calificación con la que yo no puedo estar de acuerdo, pero ni siquiera en ese tipo de casos se ha traído únicamente con el apoyo de un grupo político, sino que ha tenido el soporte de varios.

Con la propuesta que ustedes hacen se da el caso curioso de que va a haber menos representación de la ciudadanía de la comunidad autónoma para controlar sus propias instituciones que la representación que van a tener ustedes en Cortes, porque, si no me equivoco, los representantes en Cortes por parte de Castilla-La Mancha sumados diputados y senadores son 43, y ustedes están planteando un máximo de 35 para el número de parlamentarios dentro de la institución propia del territorio. No me digan que no es llamativo. Y además están planteando que este número tan reducido no se dedique full time a la labor de impulso del Gobierno de creación y propuesta de leyes, de control presupuestario y sobre todo de control político del Gobierno. Por lo tanto, un número más reducido incluso que la representación en Cortes y, por otra parte, no dedicado plenamente a ello. Todo esto me recuerda a una de las posibilidades que se abría -si no recuerdo mal, creo que es el artículo 143 de la Constitución- para aquellas autonomías que quisieran tener un sistema de descentralización pero no un sistema de autonomía política. Usted ha dicho antes que no quieren diecisiete miniestados. Bien, es muy coherente con el discurso que está haciendo y con lo que presenta aquí, pero además se ha enorgullecido de un auténtico desmantelamiento institucional que ha habido en la comunidad. Nos ha dado una retahíla de elementos institucionales -empezando por


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el Síndico de Cuentas y pasando por una serie de instituciones- que o bien han desaparecido o cuyas funciones han quedado auténticamente mutiladas, limitadas.

Decía que un 94 % de la población de Castilla-La Mancha está a favor de esta medida. No lo sé, puede que sí. No sé si han preguntado a los ciudadanos de Castilla-La Mancha si quieren una autonomía política o no, porque quizás los ciudadanos de Castilla-La Mancha, si están de acuerdo con todas estas medidas, lo que no quieren es tener una autonomía política. ¿Por qué se lo digo? Porque, insisto, hay posibilidades si uno quiere desmantelar los sistemas de checks and balances, los sistemas de control e institucionales, de tener una descentralización administrativa pero sin tener una capacidad de legislar, etcétera. Y, claro, con el desmantelamiento de las estructuras, a lo que están abocando en la práctica a la autonomía es a eso, pero lo que no se puede hacer es mezclar churras y merinas, soplar y sorber, es decir, tener autonomía política pero destrozar el sistema institucional político, el sistema institucional parlamentario. Sinceramente, justificar la debilidad del control político del Ejecutivo, porque eso es lo que se produce en la propuesta que nos están haciendo, por la crisis y la mala gestión no tiene mucho sentido. Esperaba escuchar razones de ámbito político-constitucional, no económicas; sí de otro tipo porque, insisto, justificar con razones meramente económicas y por una supuesta mala gestión anterior este desmantelamiento es mezclar churras y merinas.

Hay que cohonestar las dos cosas. Usted ha dicho antes que, a diferencia de otros estatutos de autonomía que venían a romper el orden constitucional, este no suponía nada de eso, no suponía ningún tipo de vulneración constitucional. Yo, a diferencia de la posición de su grupo político -por ejemplo, en la reforma del Estatuto de Autonomía vasco-, desde luego no voy a impedir que su propuesta se vea en estas Cortes. Mi grupo no lo va a impedir y no va a votar en contra porque es una mayoría de la Cámara de Castilla-La Mancha la que la ha traído, pero desde luego mi grupo tiene que tomar la decisión de su voto en coherencia con lo que se está proponiendo, y la base de la propuesta que se hace es el sistema de checks and balances, de los equilibrios institucionales, de los equilibrios de poder, del control del Ejecutivo por el Legislativo. Por lo tanto, no impediremos el debate pero no nos pida que le apoyemos porque ciertamente no vemos ninguna coherencia en esta propuesta. Si hay autonomía política, es necesario un control del Legislativo, y lo que se está proponiendo con esta modificación es auténticamente lo contrario. Si lo que quieren es seguir adelante con esta reforma, yo creo que el replanteamiento que deben hacerse es el de la propia existencia de la comunidad como autonomía política y plantearse -por qué no, es una opción perfectamente válida- una descentralización administrativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

La verdad es que mi grupo parlamentario, señor Cañizares, esperaba con mucho interés que usted nos explicara una reforma electoral que realmente es sorprendente, sorprendente por lo que significa de un ataque en toda regla a los principios de la democracia representativa. Enseguida entraré en esta cuestión. Pero es que además no lo ha hecho, con lo cual nos ha dejado hundidos en una mayor perplejidad, y eso que estamos los cinco para escuchar con total atención qué es lo que quieren hacer ustedes en Castilla-La Mancha.

Nos ha colocado usted un mitin de partido de fin de semana que lo primero que tengo que decir es que nos parece impropio de un Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía nacional. (Aplausos). Venir aquí a halagar a la presidenta de la comunidad y a su propio partido y a criticar a la oposición no es defender un proyecto de reforma de estatuto. Es, como le digo, un mitin de fin de semana. Ya que están ustedes dominados por ese espíritu de austeridad, se podían haber dedicado a hacer este acto en la casa de la señora Cospedal, que creo que entran todos ustedes, y así habría quedado mucho más austero (Aplausos). y nosotros podríamos habernos dedicado a discutir de política.

No obstante, ya que ustedes han presentado una propuesta de reforma electoral, le voy a explicar por qué estamos en contra y pensamos votar en contra de su toma en consideración. Para empezar, cuando en una democracia se hace una reforma electoral parece lógico que lo que se persiga sea mejorar la ley electoral. ¿Y qué es mejorar la ley electoral? Es mejorar la representatividad y el pluralismo político. Es decir, se trata de que los votos que los ciudadanos emiten se conviertan de la forma más proporcional posible en representación, de tal manera que todos los votos tengan representación a partir de un umbral


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mínimo y de tal manera que el pluralismo político real de la sociedad esté en las instituciones y no que sea excluido de ellas.

Ustedes alegan como razón única -yo no he oído otra- de su propuesta de reforma la austeridad, el ahorro que se consigue. Ustedes podrían haber planteado aquí una reducción del número de diputados y podría haber sido discutida, pero eso les hubiera exigido, para mantener la proporcionalidad y el pluralismo, cambiar los distritos. En Castilla-La Mancha, con un distrito único, se podría reducir el número de diputados y, sin embargo, mantener representatividad y proporcionalidad. ¿Por qué? Porque igual a algún partido político, en vez de tres diputados, le tocaban uno o dos, o cuatro en vez de ocho, pero estaban todos los partidos que los ciudadanos quieren que estén. Pero ¿qué han hecho ustedes? Proponen una reforma electoral -espero que no sea aprobada- que está hecha ad hoc para impedir el acceso a partidos políticos nuevos al Parlamento de Castilla-La Mancha y para que ustedes mantengan una posición dominante más allá de cuál sea la voluntad ciudadana. ¿De qué manera lo consiguen? Manteniendo el reparto provincial, reduciendo drásticamente el número de diputados -por cierto, en modo injustificado que ahora argumentaré-, con ese argumento, como digo, completamente espurio del ahorro.

Ya le digo que el ahorro lo podrían haber conseguido de manera respetuosa con la democracia representativa haciendo una reforma del distrito único o simplemente con una legislación autonómica, que tienen ustedes competencia, para reducir drásticamente el número de asesores, de cargos de libre designación, de empresas y entes públicos superfluos y todo eso. Pero resulta que a ustedes lo que les resulta superfluo son los diputados. Es algo verdaderamente sorprendente. Lo que a ustedes les resulta superfluo es el Parlamento de Castilla-La Mancha. No solemos coincidir muchas veces en materia autonómica con el PNV -tiene su gracia- pero estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho don Aitor Esteban. Ustedes se tendría que plantear en serio si quieren o no autogobierno, si quieren o no autonomía. Igual no la quieren, y eso se podría discutir, pero esto de mantener una institución vacía cada vez con menos competencias en base a un criterio de ahorro que ustedes no demuestran ni arguyen ni va acompañado de una memoria económica, cosa que debieran hacer ya que hablamos de ahorro, es sencillamente la misma filosofía lamentable de la Ley de Régimen Local, en la cual mantienen ayuntamientos con alcaldes y concejales sin competencias, no se sabe para qué. Bueno, sí sabemos para qué, pero es una cosa de difícil aceptación.

Fíjense ustedes que incluso, si se llevara al umbral mínimo que ustedes proponen el número de diputados, 25, tendrían menos diputados que concejales tiene una ciudad mediana de entre 250.000 y 400.000 habitantes que suele tener aproximadamente de 27 a 29. Es un nivel de autoestima bajísimo de lo que ustedes consideran representativo de la sociedad castellanomanchega y del autogobierno que merece. Nosotros, que, como es sabido, proponemos una reforma de la Constitución con un reparto competencial nuevo y un Estado federal, sí creemos que las comunidades autónomas no solo tienen derecho, sino que es conveniente el autogobierno en aquellas cosas que las comunidades autónomas hacen mejor, pero mantener comunidades autónomas que renuncian al autogobierno en nombre del ahorro es una farsa, es contradecir todo el espíritu constitucional. Es un fraude constitucional.

Esto es lo que ocurre cuando ustedes proponen una reforma que, como digo -ya se ha dicho también aquí-, eleva las barreras de acceso a los partidos nada menos que, según la provincia, a más del 11 % y hasta el 17 %. Eso convierte el sistema representativo en un sistema no proporcional, sino mayoritario. Es decir, lo que hace es empeorar los vicios que tiene el sistema. Es verdad que esto es congruente con lo que ustedes han hecho de suprimir las retribuciones a los diputados, a los cargos públicos, quitándoles la dedicación absoluta, lo cual también indica lo que entienden ustedes que es ser diputado. Desde luego una cosa le voy a decir: al menos los que estamos aquí, sin dedicación absoluta no podríamos dedicarnos absolutamente a nada. Una de dos, o ustedes no se dedican a nada, en cuyo caso están todos de más, no los que les sobran de los 25 sino la totalidad, o ustedes realmente consideran que es una cámara de aplauso a lo que haga el Gobierno de Castilla-La Mancha, como usted ha hecho en su intervención con sus constantes elegías a la señora Cospedal. (Aplausos). Para eso no hace falta tener una cámara autonómica, no es necesaria, sobra entera, pero sobra entera porque ni tiene competencias ni hay diputados con dedicación absoluta. Además, ustedes hacen una trampa -permítame que le diga- un tanto vergonzante, resulta que quitan las retribuciones que son públicas y transparentes y mantienen unas dietas que no lo son y además no tienen retribución fiscal. ¡Mira qué bien, qué gran negocio! Aquí también preferiríamos muchos, desde el punto de vista del egoísmo y del interés personal, que en vez de una nómina que la gente escruta con lupa nos dieran unas dietas y ya veríamos cómo quedábamos,


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seguramente mucho mejor en muchos casos. Eso no es ahorro, eso es pervertir los rasgos de la representación pública de lo que es la lógica democrática con excusas economicistas. También le han dicho, y me sumo a esa opinión, que el hecho de que tengan déficit público no significa que eso se tenga que convertir en déficit democrático; que haya crisis económica no significa que tenga que haber menos democracia; tiene que haber más Y si no creemos en las instituciones y nos parece que no sirven para nada, quitémoslas. Desde luego lo de diputado sin retribución pública nos retrotrae nada menos que al parlamentarismo británico del siglo XIX cuando sus señorías eran lores y sires que se dedicaban a cazar zorros por las mañanas, que echaban la tarde en el Parlamento y de noche se iban al club. Eso no es una democracia moderna. Ustedes lo que hacen con esa medida es ni más ni menos que excluir al 95 % de los ciudadanos de la representación pública, porque solo podrían ser diputados o los que tienen una fortuna personal y no necesitan ninguna nómina o los que son pagados por su partido para que estén ahí, por supuesto haciendo lo que su partido diga (Aplausos), empeorando lo que es la ya defectuosa representación pública de la democracia española.

Resumo, ustedes proponen, primero, que haya menos representantes de menos partidos, por lo tanto, para que haya menos pluralismo político en las instituciones representativas, es decir, que sean menos representativas. Segundo, excluir a la mayor parte de los ciudadanos de la posibilidad de acceder a un cargo público, puesto que se lo tienen que pagar ellos de su bolsillo, o si no un partido o una candidatura con posibles. Tercero, que además esto acabe blindando su opción a gobernar eternamente, ustedes o en su caso el partido que los sustituyera, en realidad en un régimen de partidos mayoritarios, es decir, blindar el bipartidismo, para decirlo de una manera fácil y comprensible. Desde luego nosotros no podemos apoyar esto ni creo que lo pueda apoyar nadie. Traigan ustedes un proyecto de reforma electoral que de verdad mejore la representatividad y mejore el pluralismo y no se escuden en el ahorro. La democracia tiene sus gastos, no se apunten ustedes al discurso antipolítico de que la democracia es un despilfarro y un derroche, porque esto es lo que dice esta reforma electoral, que la democracia es un gasto faccioso para los ciudadanos y que es mucho más barato aplaudir al presidente, el que sea. Eso no es un parlamento, eso es evidentemente un consejo de notables o como se le quiera llamar. Desde luego no sirve para labores parlamentarias en absoluto.

Acabo del todo. Nuestro partido, y no me quiero poner como ejemplo, simplemente se lo digo como parte de este relato, ha propuesto reformas electorales en otras comunidades, en Asturias, en el País Vasco. Por ejemplo, la del País Vasco, si se aplicara, a nosotros, con los últimos resultados que obtuvimos, nos hubiera dejado fuera del Parlamento vasco. Es así. Sin embargo, consideramos que es algo tan importante para mejorar las instituciones y el clima político en España, para que los ciudadanos vuelvan a confiar en que la democracia resuelve sus problemas y no los empeora, que estamos dispuestos a aceptar que tiene que haber reformas electorales que perjudiquen a algunos partidos, incluido el nuestro. Lo que no se puede hacer, porque es el colmo de la desfachatez, es tener una reforma electoral que, apoyándose en la crítica de los ciudadanos contra las instituciones por lo mal que funcionan, pretende empeorarlas, y esto es lo que ustedes han traído aquí. No se puede plantear de esta manera, no tiene un paso democrático. Abordemos de una santa vez todos los grupos políticos que estamos en esta Cámara la reforma de las leyes electorales, comenzando por la Loreg, para que realmente respondan a las aspiraciones de los ciudadanos, que, por cierto, están más que acreditadas, no como usted ha dicho, porque usted tiene la impresión de que le apoyan por aclamación. No, están acreditadas, por ejemplo, por las encuestas de opinión del CIS; el 81 % de la ciudadanía consultada en la última encuesta del CIS pedía el cambio de la ley electoral, de la Loreg. Y hagamos luego leyes autonómicas que vayan en la misma dirección, más representativas, más proporcionales, más abiertas, con menos barreras de acceso, es decir, exactamente lo contrario de lo que ustedes han propuesto. Por lo tanto, como se puede imaginar, vamos a tener que votar que no. Ya lo siento.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Lara.

El señor LARA MOYA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a los paisanos y paisanas, aunque no sé si en esta ocasión podemos utilizar esa frase tan socorrida de "cuerpo a tierra que vienen los nuestros". (Aplausos). Bienvenidos, en todo caso, a este Parlamento en el que todavía nadie se ha planteado reducir al 50 % los escaños de los que estamos aquí. Quedaría hasta decorosamente mal este Parlamento. Entre otras


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cosas, aquí pensamos que todavía hay gente que cree en la democracia de todos los grupos políticos, en la democracia representativa y porque muchos y muchas sabemos lo que viene detrás, cuando se recorta tanto la democracia y cuando en nombre de la regeneración lo que se termina finalmente es negando el concepto propio de la democracia.

Quienes nos hemos pasado quince años de nuestra vida reclamando una reforma electoral en Castilla-La Mancha (porque a mí me parió mi madre en Castilla-La Mancha, por tanto, hoy sí interviene un diputado de Castilla-La Mancha) que equiparara los escaños con las demás comunidades autónomas de nuestro nivel, no pensábamos ni en la peor de nuestras pesadillas que hoy nos íbamos a encontrar con una propuesta de reducir a la mitad el número de diputados aprovechando el clima de antipolítica que se ha creado precisamente por determinados empresarios sin escrúpulos y políticos corruptos en este país. (Aplausos). Reducir los 53 escaños actuales a una horquilla entre 25 y 35 significa dejar las Cortes manchegas como una mala diputación. Además, esta propuesta no figuraba en el programa electoral del Partido Popular. Esta propuesta supone un atentado sin precedentes contra la democracia representativa. ¿Considera alguien con sentido común que es razonable que una comunidad con más de 2.000.000 de habitantes, casi 80.000 kilómetros cuadrados, cinco provincias, más 900 ayuntamientos se pueda quedar con menos escaños que ninguna otra comunidad autónoma de este país, incluidas las uniprovinciales? Quieren sustituir ustedes la democracia representativa por la dedocracia partidista. La propuesta pretende tener menos políticos elegidos democráticamente y más políticos fieles elegidos a dedo. (Aplausos). La excusa del ahorro no es creíble. Y no la utilicen más, por favor. Han incrementado la partida de altos cargos y de los elegidos a dedo en un 60 % desde 2011, pasando de 36 a 57 millones en 2013, mientras que a las Cortes, usted lo ha dicho, le dedican solo 8,7 millones de euros. La excusa del ahorro no es creíble. ¿Quién puede entender que se hayan mantenido los diputados aproximados de ahora en otros tiempos con menor riqueza y que hoy, con más recursos, se nos diga que no se pueden mantener? ¿Cómo pueden hablar de ahorro cuando ya han suprimido el sueldo a los diputados desde el principio del año? Quitar el sueldo a los diputados es miserable, sobre todo porque se hace para subirse a la ola de la antipolítica que han sembrado, repito, empresarios sin escrúpulos, donantes y políticos corruptos. Estos son los que han sembrado la ola de antipolítica en este país. (Aplausos). Pero no es el ahorro el fondo de la medida, va más allá. Lo que se pretende es impedir de facto que los asalariados y los autónomos puedan acceder a las cortes regionales. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que permanecerá en su trabajo por cuenta ajena alguien que tenga que dedicar al menos dos días por semana para atender sus deberes como diputado o diputada, ver expedientes, reunirse con ciudadanos, agentes sociales, acudir a comisiones de trabajo y estudio y sesiones plenarias? ¿Creen ustedes sinceramente que un autónomo de Castilla-La Mancha va a cerrar su negocio para acudir a reuniones parlamentarias? Ustedes pretenden volver al sistema censitario, esa es la verdad, que gobiernen solo los que tengan recursos, los poderosos y sus peones, y que lo hagan para velar por sus intereses que no tienen necesariamente por qué coincidir con los intereses de la mayoría ni con los intereses generales de la región. La reforma que proponen acentúa más el uso partidista que se ha hecho a lo largo de la historia del sistema electoral en Castilla-La Mancha. Eso es cierto. Tres presidencias han cambiado cinco veces el sistema electoral con el único objetivo de blindar el bipartidismo en Castilla-La Mancha, cuando no de garantizar resultados favorables al Gobierno de turno. Uno de los casos más escandalosos fue la supresión que hizo Bono del sistema de asignación de escaños en 1998, único en toda España, para mantener el bipartidismo en las Cortes. Ese lo hemos sufrido directamente en la región. Hoy la propuesta también pretende blindar el bipartidismo, ese mismo bipartidismo responsable de hundir la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, que ha impedido crear la comisión de investigación anunciada por la propia presidenta, con cargos, que algunos están hoy aquí, sancionados por el consejo, del consejo de la caja, del PP y del PSOE, una caja que debería haber servido de instrumento financiero para el desarrollo de la región y no para los pelotazos especulativos de unos cuantos que terminaron arruinándola. Eso lo sabe este país. La propuesta también tiene otro objetivo que se oculta, y es encajar los raquíticos escaños entre las provincias, favoreciendo a las más proclives al Partido Popular. Eso es lo que hay el día después, hasta el punto de que probablemente sin mayoría absoluta se pueda llegar a conseguir la mayoría absoluta de parlamentarios en las Cortes regionales. Eso, técnicamente, es posible, porque no se entiende ni se justifica que en el mes de mayo de 2012 la señora De Cospedal -ya se ha dicho aquí- aplicara una reforma que aumentó el número de escaños a cincuenta y tres, con un lema: más diputados, más democracia, para ahora reducirlos a la mitad. Naturalmente, ahora la ecuación es obvia: menos diputados es menos democracia. (Aplausos). Esa es la auténtica cuestión.


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Pretenden consolidar un bipartidismo excluyente, quebrando los principios de igualdad, pluralismo político, proporcionalidad y representatividad recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía. Para obtener un escaño en las Cortes de Castilla-La Mancha con esta reforma, si se aprueba, hará falta tener en torno a un 12 % de los votos en la provincia en la que decidan asignar el mayor número de escaños -lo sabe perfectamente quien ha hecho esta propuesta-, algo que no ocurre en ninguna otra comunidad de España, en ningún otro ayuntamiento de España ni en este Parlamento. No hay un déficit democrático tan potente como el que se plantea aquí en ninguna de las instituciones de nuestro país. Señorías, con el exiguo número de diputados que proponen están vaciando de contenido el Estatuto de Autonomía, porque con tan pocos diputados no se puede legislar ni desarrollar las competencias transferidas o por transferir en Castilla-La Mancha y ustedes lo tienen que saber. Con esta reforma se pretende limitar aún más el control de las Cortes al Gobierno autonómico para que el absolutismo y la opacidad sean las únicas reglas que imperen. Aquí no se nos presenta una reforma para mejorar la vida de la gente en Castilla-La Mancha, sino un pucherazo revestido de aparente legalidad, pero este pucherazo, que viene impulsado por la presidenta de Castilla-La Mancha, que es la secretaria general del Partido Popular, no va a poder ocultar detrás de la supuesta austeridad que se pretende, sus plurisueldos anteriores (Aplausos), lo de Bárcenas, lo de la Gürtel, lo de la custodia de las pruebas que se han destruido para que no se haga justicia; es la que atesoró sobresueldos y ahora se los quita a los representantes de los ciudadanos. Pésimas credenciales trae hoy aquí la presidenta de Castilla-La Mancha. (Aplausos).

Señorías, si esta reforma es la punta de lanza para reducir la democracia en todos los parlamentos de España, se está traspasando una línea roja muy peligrosa -y ustedes lo saben-, la línea roja de la democracia representativa recogida en la propia Constitución española. Esta reforma no resuelve ninguno de los problemas económicos ni sociales ni de regeneración política y democrática de Castilla-La Mancha. Es una reforma excluyente y antidemocrática. Mi grupo parlamentario va a rechazar la toma en consideración de la reforma de este Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha por esas razones, pero también por unas cuantas más. Viene sin consenso de las principales fuerzas políticas de la región, viene sin consenso del tejido social y ciudadano, incumple las propias recomendaciones del Consejo de Estado, de este Consejo de Estado sobre la proporcionalidad general que tienen que tener las leyes electorales en nuestro país. Encierra, sobre todo, un peligroso discurso populista y autoritario, y no están los tiempos para discursos populistas y autoritarios. (Rumores).

Señorías, la democracia no es cara; al contrario, la democracia no tiene precio, aunque con reformas como la que hoy se presenta aquí la democracia parece que está de saldo en unas rebajas vergonzosas. Si aprueban hoy esta propuesta -y tienen ustedes la responsabilidad de hacerlo-, no apostarán por unas Cortes en Castilla-La Mancha dignas de los hombres y mujeres de nuestra tierra, sino por tener un chiringuito en Castilla-La Mancha en lugar de unas Cortes regionales. En esta España, señorías, no sobra democracia, no sobran políticos que se dedican a la política con mayúsculas. En esta España lo que sobran -y ustedes lo saben bien y lo sabemos todos- son chorizos, puertas giratorias, empresarios sin escrúpulos, políticos corruptos y tránsfugas. (Aplausos). Así que lógicamente no vamos a votar a favor de esta iniciativa. Le pedimos al grupo parlamentario mayoritario que la devuelva y que vengan con una propuesta de regeneración democrática de verdad en Castilla-La Mancha para que todo el pluralismo de ese 94 % de la gente del que se habla en esa encuesta esté representado porque puede estarlo en las Cortes de Castilla-La Mancha para tener dignidad como manchegos, dignidad como pueblo y dignidad democrática para presumir de unas Cortes democráticas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lara.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor representante de las Cortes de Castilla-La Mancha, autoridades de Castilla-La Mancha, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición sobre esta reforma del Estatuto de Autonomía. Señorías, la semana pasada se cumplieron diez años de aquel memorable discurso -y digo memorable porque cuando después de diez años un discurso aún queda registrado en la memoria es memorable- del presidente Zapatero pronunciado en el Palau Sant Jordi en el que afirmó: Respetaré el Estatuto de Autonomía que salga del Parlamento de Cataluña. Esto era en otoño del año 2003. La experiencia viva nos demostró que un estatuto que salió con el apoyo del 90 % del


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Parlamento no fue respetado ni de facto ni de iure en la tramitación por parte de las Cortes Generales. Nos lo creímos, pero constatamos claramente que incluso con el apoyo del 90 % y con un pacto entre el Parlamento autonómico y las Cortes Generales aquella propuesta de estatuto sufriría -permítame la expresión, pero es una expresión clásica y de un clásico- un cepillado de carácter político y también un cepillado por parte del Tribunal Constitucional. Fue la primera vez en treinta y cinco años de democracia que una ley pactada entre el Parlament y las Cortes Generales y refrendada por el pueblo de Cataluña posteriormente fue revisada a la baja por parte de un Tribunal Constitucional con magistrados caducados.

Pero, señorías, señor representante de las Cortes de Castilla-La Mancha, hoy toca hablar de su propuesta. Su propuesta básicamente es una propuesta de modificación del sistema electoral. Ya que estas Cortes entran en el fondo de las propuestas de reforma de estatutos de autonomía, me permitirán que mi grupo parlamentario también entre a algunas consideraciones sobre el fondo de su propuesta de reforma del sistema electoral. Analizando países y democracias, yendo por el mundo y analizando la calidad democrática de un país, de un Parlamento o de una región, muchas veces la primera pregunta que nos debemos hacer es cuál es el sistema electoral que es piedra de toque de la calidad democrática de esa región o de ese Parlamento. Ustedes básicamente nos proponen una reforma del sistema electoral a la cual me referiré posteriormente. Primero le quiero transmitir que le he escuchado con atención y creo que puedo coincidir con usted en que el Estado autonómico está en crisis. El Estado autonómico está en crisis porque algunas opciones políticas son partidarias de la revisión, de la relectura y de la deconstrucción del Estado autonómico. Con un registro que -permítame que le diga- tiene más de acto de partido político que de exposición de una proposición de ley en las Cortes Generales, usted ha desgranado un discurso del elogio de la antipolítica. Porque la política democrática, los frenos y contrapesos de la fundación de la democracia hace más de doscientos años, en el primer Parlamento democrático, requiere de una condición indispensable. Esta condición indispensable es un Parlamento eficiente, representativo y que pueda desarrollar sus competencias, y un Parlamento que pueda desarrollar sus competencias es un Parlamento que pueda legislar con calidad, con dedicación por parte de sus miembros, un Parlamento que pueda tener iniciativa de impulso político y un Parlamento que pueda controlar al Ejecutivo. Hay un umbral mínimo de calidad democrática para que esto pueda ser posible. Señorías, la Constitución española contempla la posibilidad de acceder a la autonomía a través del artículo 143 ya citado esta tarde, contempla la posibilidad de constituir comunidades autónomas sin asambleas legislativas en dichas comunidades autónomas. Esta es una opción política que quizás algún grupo parlamentario, alguna comunidad autónoma o algún Parlamento autonómico quiere plantear. Pero si por el camino estamos planteando la vigencia de los parlamentos en las comunidades autónomas, debemos valorar la calidad democrática de las propuestas y la calidad democrática de los sistemas electorales. Hay un umbral mínimo de calidad democrática para poder aceptar tomar en consideración y valorar positivamente una propuesta de un Parlamento autonómico, y si no existe está calidad mínima, señorías, se disparan las alarmas. Creo que de la lectura de su propuesta, de la legítima propuesta del Parlamento de Castilla-La Mancha, se deben disparar las alarmas de unas cuantas reflexiones.

Señorías, estamos hablando de un Estatuto de Autonomía que en su redactado inicial, en la primera propuesta de Estatuto de Autonomía, el primer Estatuto de Autonomía vigente, el de 1982, como muy bien se recuerda en la exposición de motivos de la proposición de reforma que hoy discutimos, apostaba por un sistema mayoritario con circunscripción electoral única. Señorías, la representación de 2 millones de habitantes con entre veinticinco y treinta y cinco diputados con circunscripción electoral única, yo creo que sí pasa el umbral mínimo de calidad democrática. Si ustedes me preguntan si pasa el umbral mínimo de calidad democrática la representación de más de 2 millones de ciudadanos en cinco circunscripciones electorales con un umbral mínimo de facto de alrededor del 12 % para acceder al Parlamento, este no es un sistema proporcional, este es un sistema mayoritario de facto, este es un sistema mayoritario en el que, como en las provincias con representación de tres o cuatro diputados en estas Cortes Generales, será siempre el juego del dos-tres y tres-dos.

Señorías, nosotros respetamos su propuesta de toma en consideración, pero ustedes nos plantean un Parlamento con menos parlamentarios que cualquier otra comunidad autónoma uniprovincial en España; con menos representantes que los representantes que tiene Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, con menos representantes de los que tiene Castilla-La Mancha en el Senado y evidentemente en la suma del Congreso y el Senado. Ustedes nos proponen una reforma electoral -puestos a hablar de reformas electorales los primeros que tienen que cumplir los deberes de la reforma electoral, sea dicho de paso, es el Parlamento de Cataluña- y hablando de sistemas electorales y de reformas de sistemas


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electorales, en la Asamblea legislativa de Madrid se está planteando una reforma electoral interesante combinando unos representantes con sistema mayoritario y unos representantes con sistema proporcional; no podemos decir que sea exactamente el modelo alemán, porque el modelo alemán tiene elementos de corrección y de una complejidad mayor.

Señorías, nuestra doctrina clásica es la doctrina de hace diez años, respetaremos el Estatuto de Autonomía que venga del Parlamento de Cataluña; nuestra doctrina clásica es la doctrina de respetaremos la voluntad autonomista de cada comunidad autónoma. Pero, señorías, nuestra responsabilidad también es entrar en el fondo de la cuestión, y por esto he querido utilizar mi tiempo, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, para hacerles algunas reflexiones sobre la calidad democrática de un sistema electoral de reducción drástica de diputados, no para elegir veinticinco o treinta y cinco diputados con una circunscripción electoral única. Israel: 8 millones de habitantes; circunscripción electoral única. Castilla-La Mancha: 2 millones de habitantes; cinco circunscripciones electorales para la elección de entre veinticinco y treinta y cinco diputados. Esta es su propuesta. Tendremos tiempo de discutirla en el trámite en ponencia, en Comisión, en votación final en el Congreso y en el Senado. Señorías, las elecciones -esta es una elección y un compromiso que creo que debemos tener todos los demócratas- se ganan el día de las elecciones. La composición del Parlamento se gana el día de las elecciones. Los resultados electorales se conocen la noche electoral. Pero a veces algún tipo de reforma electoral hace que el resultado electoral se conozca con cierta antelación.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez Ramos.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señorías, presidente, quiero en primer lugar, agradecer la presencia del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, el señor Cañizares, que ha subido a esta tribuna a defender la iniciativa, y quiero saludar a todos los parlamentarios de Castilla-La Mancha que nos acompañan hoy, especialmente a los parlamentarios socialistas de Castilla-La Mancha que han venido invitados por este grupo, ya que no han tenido la oportunidad de participar con nosotros en este debate. Y no tengo más que agradecer, señor Cañizares, de su intervención. Permítame que le diga, con el debido respeto, que usted ha hecho una intervención impropia del debate que hoy nos trae aquí, al Congreso de los Diputados. Usted se ha hecho una pregunta, y creo que se ha equivocado en esa pregunta. Usted ha preguntado por qué no había ningún diputado de Castilla La-Mancha que ocupara esta tribuna. Por el Grupo Socialista sale la portavoz del Grupo Socialista. Creo que usted debería preguntarse, debería preguntar por qué no es por parte del Grupo Popular el portavoz del grupo el que sale a defender su posición en esta tribuna. (Aplausos). Señor Cañizares, usted está muy solo. El comisionado de las Cortes de Castilla-La Mancha que ha venido hoy al Congreso está muy solo, no le acompaña nadie (Rumores), pero sobre todo, señor Cañizares, no le acompaña el Gobierno de Castilla-La Mancha. Permítame que le diga con todo el respeto que hoy el lugar de una presidenta de una comunidad autónoma cuya reforma estatutaria se debate no está en la tribuna de invitados, está en la tribuna de oradores, pero lamentablemente, lo lamento sinceramente, no se ha atrevido a subir hoy a esta tribuna. (Aplausos). Espero haber contestado a algunas de sus preguntas.

Señorías, hemos visto y hemos escuchado ya muchas intervenciones que se centran en el objetivo que pretende esta reforma instrumental del Estatuto de Castilla-La Mancha, pero permítanme también hoy aquí que centre una primera parte de mi intervención en lo que motiva el debate de esta sesión del Congreso de los Diputados. Ustedes nos traen a consideración la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. Señorías, nos la traen solamente con la aprobación, el apoyo de veinticinco diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha. Ustedes han impulsado esta reforma, ustedes han aprobado solos esta reforma y ustedes solos se han puesto de acuerdo con ustedes mismos a la hora de traer al Congreso de los Diputados esta reforma. ¿Saben lo que es esto? Veinticinco diputados a favor de la reforma estatutaria enfrente de veinticuatro diputados en contra de esta reforma. No se puede traer sin consenso, con el apoyo de un solo partido, la reforma de normas básicas, de normas que regulan nuestra convivencia, nuestra democracia, pero, señorías del Partido Popular, mucho menos cuando se trata de una norma como es el Estatuto de Autonomía que forma parte del bloque de constitucionalidad democrática. Señorías, el Tribunal Constitucional nos ha dicho que los estatutos de autonomía integran el bloque de constitucionalidad, lo que constituye el núcleo esencial de la Constitución del Estado español como Estado compuesto. Se trata de normas constitucionales secundarias y por eso siempre en el Congreso de los


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Diputados, cuando se han traído reformas del bloque constitucional, se les ha exigido dos requisitos fundamentales: primero, que vinieran acompañadas y sustentadas en un consenso suficiente en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas que impulsaban esa reforma constitucional, esa reforma del Estatuto de Autonomía. Y, en segundo lugar, que indudablemente el contenido de la reforma fuera acorde, fuera respetuoso con la Constitución, tanto desde un punto de vista formal, procedimental como material.

Señorías, eso ha pasado siempre. Solamente una vez en la historia democrática de este Congreso, de nuestra democracia reciente, se ha traído una reforma de un estatuto con un 52 % de aprobación en la Asamblea autonómica. ¿Saben lo que se dijo en el debate de esa iniciativa por un interviniente del Grupo Popular? Se dijo lo siguiente: Nos han traído el presunto proyecto de reforma sin consenso, con el apoyo de solo el 52 % de los parlamentarios, es decir, con una mayoría cogida por los pelos. Esto en términos de censo electoral no pasa del 41 %. Fin de la cita; fin de la cita porque lo dijo Mariano Rajoy, el diputado entonces Mariano Rajoy. (Aplausos). Señorías, lo que ustedes traen hoy no llega al 52 %. En términos electorales supone menos del 41 % y además, señoría, hay una diferencia sustancial: aquel 52 % al menos representaba a varias fuerzas políticas y este 51 % representa solo y únicamente a un partido político, a una fuerza política que quiere utilizar de forma burda el resultado de esta reforma para sus intereses electorales. Por lo tanto, en palabras o utilizando los términos de Mariano Rajoy, señorías, esta reforma que nos traen ustedes al Congreso no está cogida ni por los pelos.

Señorías, el Estatuto de Castilla-La Mancha se ha reformado en varias ocasiones. En 1990 con consenso, cien por cien; se ha reformado en 1993, con un consenso cualificado, solo con una abstención; se intentó su reforma en 2006. El entonces presidente de la comunidad autónoma que, por cierto, subió a esta tribuna a defender la reforma que él había impulsado, consiguió en un acuerdo con la oposición un acuerdo mayoritario del cien por cien para traer esa reforma. Y se respetó tanto ese consenso, señorías, que cuando aquí se rompió el consenso porque ustedes, el Partido Popular, votaron en contra en Comisión, el presidente entonces, José María Barreda, pidió a las Cortes de Castilla-La Mancha que retiraran la reforma del estatuto. (Aplausos). El consenso entonces tenía un gran valor y lo sigue teniendo. Miren si tenía valor, el señor García-Tizón, hoy presidente precisamente de la Comisión Constitucional que tendrá desgraciadamente que tramitar esta reforma si ustedes no lo evitan -y espero que lo hagan porque espero que rectifiquen- (Rumores), decía en aquel momento del consenso que su comunidad autónoma no encontraba su origen en razones históricas sino en la convicción, decía usted, de todos los que intervinimos en las distintas fases del proceso en que la promulgación de su Estatuto de Autonomía, que es una norma fundamental, de Castilla-La Mancha debía nacer del más absoluto consenso. Y continuaba usted en su intervención diciendo que este consenso era lo que daba legitimidad a la reforma del estatuto. Nos decía -cita textual-: el valor que el consenso tiene entre las fuerzas políticas y que tiene para el éxito pacífico y democrático de la articulación territorial del Estado. ¿Dónde quedan después de cinco años, señorías del Partido Popular, el valor de esas palabras? ¿Ya no es necesario el consenso para el éxito de la articulación territorial del Estado? ¿Ya no es necesario el consenso para la modificación de una norma fundamental como es el Estatuto de Castilla-La Mancha, cuando ustedes tienen mayoría absoluta y tienen un interés fraudulento y partidista en utilizar de forma instrumental la reforma de una norma fundamental para modificar la Ley Electoral? ¿Ya no tiene valor el consenso? Señorías, les pido ahora a ustedes, a los diputados y diputadas del Congreso de los Diputados, que reflexionen, porque de aprobar con su voto esta reforma están traspasando una línea roja de la democracia. Señorías, ¿cuál es el fin de esta reforma estatutaria que hoy nos presentan? La reforma del estatuto es lo de menos, ¿verdad? Ustedes necesitan modificar una Ley Electoral, que esta vez sí afecta al artículo 10 del Estatuto de Autonomía.

La señora De Cospedal, presidenta de la comunidad autónoma, prometió solemnemente en el debate de investidura que reformaría la Ley Electoral por consenso. Mintió, como tantas otras veces. La reformó en 2012 y lo hizo para ampliar el número de diputados. Amplió el número de diputados en cuatro, no necesitaba reforma estatutaria. ¿Sabe lo que dijeron sus compañeros entonces en Castilla-La Mancha? Que lo hacían porque era saludable democráticamente y porque no tenía ningún coste desde el punto de vista presupuestario. Ahora quieren modificar a la mitad el número de diputados, para ello sí necesitan reforma del texto fundamental, del Estatuto de Autonomía. No pasa nada; unos días nos envolvemos en la Constitución, como hacen muchas veces para arrojarla como arma arrojadiza frente a otros, y otros días la burlamos, como quieren hacer hoy trayendo esta reforma si solamente nos beneficia a nuestros intereses partidistas. Eso es juego sucio, señorías. (Rumores.-Aplausos). Ahora ustedes reducen a la


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mitad, pues no será saludable democráticamente. Si ampliarlo lo era, no será saludable democráticamente reducirlo. Pero además, si no tenía coste ampliarlo, ¿cómo van a ahorrar ustedes ahora disminuyendo el número? Tampoco tendrá coste desde el punto de vista presupuestario. Si no aumenta, no diminuimos, y mucho más ahora -ya se ha dicho en esta tribuna- que ustedes con una norma, que por cierto está recurrida ante el Tribunal Constitucional, han quitado las retribuciones a los parlamentarios. Yo les digo una cosa: no es un tema de control presupuestario, no es un tema de control de cuentas, no es un problema de la crisis económica, es un tema de control democrático, del control democrático legítimo que las Cortes, que la Asamblea legislativa de Castilla-La Mancha, ejerce sobre el Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Ustedes no quieren controles democráticos. Usted ha subido a esta tribuna y ha dicho como algo bueno de lo que se enorgullece que han eliminado al síndico de Cuentas en Castilla-La Mancha; al síndico de Cuentas en Castilla-La Mancha, la presidenta de Castilla-La Mancha, la que anda todavía enredada con 200.000 euros de donaciones ilegales (Aplausos), de financiación ilegal de campañas electorales; donde primero sí había un recibí para una campaña electoral, cuando no aparecía en la campaña electoral era precampaña y ahora finalmente les dicen a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, a los españoles, que vale, que había un recibí, pero no recibí nada. Por favor... Les pido por tanto que reflexionen sobre esto.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que ir acabando.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Sí, voy finalizando.

Les pido por tanto que reflexionen sobre esto. No estamos hablando solamente de un problema electoral; es un problema democrático. Yo les digo a ustedes que no pueden votar esto hoy. Señor Alonso, no pueden votar esto hoy y que mañana la vicepresidenta del Gobierno ofrezca a esta Cámara un pacto sobre la regeneración democrática. (Aplausos). No pueden utilizar la democracia, la mayoría que les da la democracia en las urnas, para empobrecer, para debilitar la democracia; no pueden hacerlo. Nos tienen que decir claramente si su modelo de parlamentarismo democrático es el de unos parlamentos con diputados sin sueldo, sin incompatibilidades y sin conflictos de intereses. Les digo de forma clara: diputados que no cobren aquí pero que tengan despachos abiertos fuera; que aprueben aquí, por ejemplo, amnistías fiscales y asesoren en sus despachos de fuera a aquellos que se acogen a la amnistía (Aplausos); sin incompatibilidades, sin conflictos de intereses. No es nuestro modelo. Nuestro modelo es un parlamentarismo democrático con diputados con retribuciones justas, con dedicación exclusiva a su función y con incompatibilidad absoluta para recibir cualquier fondo público o privado.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: A veces pienso, señorías -voy terminando-...

El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar ya.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: ... que la principal impulsora de esta reforma preferiría no cobrar ningún sueldo en ningún sitio para poder cobrar sobresueldos sin tener que dar explicaciones. (Aplausos).

Señorías, concluyo. Señor Alonso, le pido expresamente en aras de las responsabilidades que ambos tenemos como grupos mayoritarios que pida a sus compañeros de Castilla-La Mancha que retiren esta propuesta de reforma del estatuto. Le pido que hagamos como hicimos con la propuesta de reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Murcia, que venía solamente con el apoyo del Partido Popular y respecto de la que el diálogo y el consenso hicieron que llegaran a un acuerdo allí, en la asamblea legislativa de origen, y después tramitamos por acuerdo esa reforma del estatuto.

Esto es fundamental...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar inexorablemente. (Risas.-Rumores).

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Sé, señor Alonso, que ustedes tienen un problema, y fundamentalmente el problema se llama señora De Cospedal, una secretaria general agotada y debilitada en su partido (Protestas.-Una señora diputada: ¡Eso no se puede decir!-Aplausos); a los que ustedes quieren garantizar la permanencia, a los que ustedes quieren garantizar... (Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).


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El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, ha terminado usted de hablar. (Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-El señor Martín-Toledano Suárez: ¿Así respetas al presidente? ¡Menudo respeto!). Tiene una frase.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Es un problema interno; nada tiene que ver con los ciudadanos de Castilla-La Mancha, ni con la democracia, con el sistema democrático que tenemos obligación de reformar y fortalecer.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Conde. (Rumores).

El señor CONDE BAJÉN: Con la venia, señor presidente.

Permítanme, que mis primeras palabras sean para saludar a la presidenta de Castilla-La Mancha, doña María Dolores de Cospedal (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Uuuh!), al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y al resto de autoridades de mi región que hoy han querido venir a esta Cámara a presenciar el debate sobre la propuesta que ellos someten a nuestra votación y que hoy debatimos. Es para mí un placer tomar la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que ha salido de las Cortes de nuestra región.

Señorías, cuando el Partido Popular ganó las elecciones en Castilla-La Mancha hace dos años -lo ha señalado en un magnífico discurso, en una gran intervención el señor Cañizares (Rumores)-, nos encontramos en una situación de absoluta quiebra: un 11 % de déficit que hubo que reducir a un 1,5 en tiempo record. (Un señor diputado: ¡Oooh!). Tuvimos que pedir muchos esfuerzos a los ciudadanos de Castilla-La Mancha (Un señor diputado: ¡Oooh!); hubo que pedir mucho sacrificio para intentar evitar la absoluta quiebra del sistema en nuestra región, pero quisimos hacerlo predicando con el ejemplo. (Rumores.-Una señora diputada: ¡Qué pena!).

Como aquí se ha dicho ya y yo voy a repetir, María Dolores de Cospedal propuso desde el primer día medidas ejemplarizantes. (Rumores). Si se pedía sacrificio a la población de Castilla-La Mancha, teníamos que predicar con el ejemplo, y se suprimieron muchos de los fastos a los cuales el Partido Socialista nos había acostumbrado durante demasiados años. (Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien!-Aplausos). Se suprimió la vicepresidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, se suprimieron 30 delegados provinciales, 18 directores generales, se bajó un 20 % el sueldo de los altos cargos, se redujo un 40 % el número de altos cargos, un 50 % el número de asesores, un 50 % el número de secretarias y chóferes. Porque si se pide austeridad a la gente, hay que predicar con el ejemplo (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben); ese fue el mensaje que nos dio la presidenta y así lo aplicamos. (Aplausos.-Rumores). Se suprimieron...

El señor PRESIDENTE: Señor Sahuquillo, silencio.

Continúe, señor Conde.

El señor CONDE BAJÉN: Se suprimió el Defensor del Pueblo, se suprimió la Sindicatura de Cuentas, se suprimió el Consejo Económico y Social, el Organismo de Defensa de la Competencia; todo ello se hizo por esa razón ejemplarizante pero se hizo también porque nosotros creemos en un determinado modelo de lo público, porque creemos que el Estado tiene que tener un tamaño sostenible (La señora Montón Giménez: Ya, ya), porque creemos que las instituciones están para servir a los ciudadanos y en ningún caso puede pedírseles que se sacrifiquen hasta el extremo de tener que renunciar a lo básico para seguir nutriendo el alpiste con el que se nutren las instituciones. (Aplausos.-Rumores). Nosotros preferimos ahorrar para poder seguir construyendo nueve nuevos centros educativos en la región (Un señor diputado: ¡Ah!-El señor Sixto Iglesias pronuncia palabras que no perciben.-Protestas), 121 secciones bilingües o incrementar en un 437 % la dotación de la Ley de Dependencia antes que seguir pagando la factura que los socialistas nos dejaron en las instituciones públicas de la región. (Un señor diputado: ¡Eso es mentira!-Aplausos). Ese es nuestro modelo, y si alguien pretende que nosotros nos avergoncemos por intentar adelgazar lo público, por intentar tener unas instituciones públicas más magras, se equivoca, porque no nos avergonzamos; muy al contrario, estamos muy orgullosos (Rumores) de impulsar este nuevo modelo, desde aquí y desde las comunidades autónomas. Hoy le toca el turno al Parlamento de la región, en ese esfuerzo colectivo extraordinario que se ha hecho en Castilla-La Mancha


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le toca también el turno a Las Cortes de Castilla-La Mancha. Por eso traemos esta reforma, que consiste pura y simplemente en reducir a la mitad el número de diputados (Rumores), en pasar de una horquilla de entre 47 y 59 a una de entre 25 y 35 diputados. Señorías, no traemos una reforma con un estatuto nuevo, no hablamos de una nueva relación de Castilla-La Mancha con el resto de España, no pedimos más, ni distintas competencias, ni traemos distintos instrumentos de ejercer el Gobierno, ni ponemos en discusión dónde reside la soberanía, ni en qué consiste, ni quién decide o deja de decidir; lo que pedimos es estrictamente que una institución que ya existe y que tiene sus funciones tenga la mitad de componentes, ni más ni menos. Eso es lo que hace perfectamente distinguible esta propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía de otras que han pasado por esta Cámara.

Quiero agradecer en este turno la posición manifestada por los portavoces de Convergència i Unió y del Partido Nacionalista Vasco de no oponerse a la tramitación de este Estatuto de Autonomía, y quiero contestar a dos grandes bloques de objeciones que se han puesto a nuestra propuesta, que son la falta de consenso y su relación con el régimen electoral en Castilla-La Mancha. Empiezo por una afirmación que ha hecho el portavoz del Grupo Vasco, que se lamentaba de que esta reforma tuviese el consenso de un solo partido. Probablemente usted no sepa que en mi tierra, en Castilla-La Mancha, el Parlamento solo está compuesto por dos fuerzas políticas, por dos (El señor Esteban Bravo: Lo sé, lo sé.-Rumores), por lo tanto la propuesta viene con la mayoría de las Cortes de Castilla-La Mancha. (Rumores). En todo caso, permítanme que les recuerde también que cuando ustedes reformaron el sistema electoral del País Vasco y bajaron el mínimo electoral del 5 % al 3 % lo hicieron solo con el acuerdo de Izquierda Unida, sin contar con el consenso del resto de los grupos parlamentarios que componen la Casa de Juntas de Gernika. (Aplausos.-Protestas).

En fin, entremos en ese déficit del consenso. (Un señor diputado: ¡Abrid las puertas!). Señorías, este partido, el Partido Popular, ha sostenido y sigue sosteniendo que cualquier reforma de un estatuto de autonomía que tenga que ver con la esencia fundamental del bloque de constitucionalidad requiere un consenso amplio que al menos implique a los dos grandes partidos de esta Cámara. Nosotros dijimos y seguimos diciendo que cuando un estatuto de autonomía pretende efectivamente un nuevo modelo territorial, una división distinta del poder en España, conviene, es desde luego muy conveniente el consenso entre el PSOE y el Partido Popular. (Un señor diputado: En este caso no). Señorías, aquí no estamos hablando de eso; aquí hablamos estrictamente de dividir por dos el número de diputados. (Rumores.-El señor Sixto Iglesias pronuncia palabras que no se perciben). Aquí no estamos hablando de suprimir competencias de un parlamento autonómico, aquí no estamos hablando de que no exista control del Gobierno, aquí no estamos hablando de suprimir la capacidad legislativa...

El señor PRESIDENTE: Señor Sixto, le ruego silencio.

El señor CONDE BAJÉN: Aquí hablamos de lo que hablamos.

Señorías, ¿cuál es el concepto que ha tenido la izquierda en relación con el consenso y la reforma de los estatutos de autonomía? Porque aquí se han pasado estatutos de autonomía que tocaban ese bloque esencial de constitucionalidad. ¿Qué decía entonces la izquierda cuando por aquí pasaron los Estatutos de Cataluña o de Andalucía, por ejemplo? Pues mire, señor Lara, me va a permitir que cite -y le pido perdón- al señor Llamazares. Sé que no se ofenderá. (Risas.-Un señor diputado: Se ha ido). Decía el señor Llamazares en el año 2005: Hoy hay una nueva mayoría en el Estado y hay una nueva mayoría en Cataluña que quiere de alguna manera interpretar legítimamente a su modo el sistema, es decir, hacer políticas de izquierda dentro de la Constitución. Porque la propuesta de Estatuto de Cataluña es una propuesta democrática y legitima; se ha seguido el procedimiento contemplado en la Constitución y hoy tenemos aquí el fruto de debate de dicha Cámara. ¿Qué más quieren ustedes para que esta iniciativa tenga el pedigrí democrático? Es verdad que no se ha logrado la unanimidad, pero por mucho que fuercen los argumentos no conseguirán que les reconozcamos el derecho de veto ni en el Parlamento de Cataluña ni en el Parlamento español. (Una señora diputada: ¡Anda!). Decía también Llamazares cuando se debatía el Estatuto de Cataluña: El consenso es muy curioso porque en boca del Partido Popular no es la búsqueda del acuerdo respetando las mayorías sino el derecho de veto. No sería posible, pues, ninguna de las reformas que están pendientes en nuestro país, ni reformas institucionales ni sociales; ningún tipo de reformas, porque el Partido Popular no lo quiere y, según él, el consenso es el derecho de veto. Pues bien, señorías -decía Llamazares-, nosotros no aceptamos ese significado del consenso. ¿Qué decía el Partido Socialista al respecto del consenso? Decía el señor López Garrido: Es muy triste que haya diputados que nieguen a su Parlamento, al Parlamento de Andalucía, el derecho a que sea tramitada la


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reforma de su estatuto en estas Cámaras. ¿Por qué tienen tanto miedo a que se debata este texto del Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados? ¿Les parece buena forma de ayudar al consenso votar no a la toma en consideración y yugular desde aquí el debate? (Risas). ¿Qué decía, señorías, el todavía secretario general del Partido Socialista, señor Rubalcaba cuando aquí se debatía el Estatuto de Cataluña y tenía que contestar precisamente a la objeción de falta de consenso? Decía: Desde el punto de vista formal estamos ante una norma que reúne todos los requisitos para ser tramitada en esta Cámara. Estamos iniciando un trámite escrupulosamente constitucional, un trámite que está amparado por la legitimidad de nuestra Constitución.

Es decir, señorías, que lo que para ellos vale no vale para nosotros. (Un señor diputado: ¡Claro!- Aplausos). ¿Por qué es así? Por lo que ya Hayek denominó la fatal arrogancia de la izquierda (Varios señores diputados: ¡Ooooh!), que se cree siempre en posesión de una serie de valores superiores que los hacen distintos y mejores a los demás, que les hacen que, cuando ganan, se amparen en el principio democrático mayoritario y, cuando pierden, reclamen la necesidad de su consenso para introducir cualquier modificación. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos). Pues yo les digo: ¡No se lo aceptamos! No les aceptamos ni una sola lección de democracia, ni les aceptamos que lo que no valía ayer tenga que valer hoy ni viceversa. Nosotros tenemos un concepto de las cosas, un concepto de la política, que pasa esencialmente por poder reducir el peso del Estado, por hacer más ligera a los ciudadanos la carga de las instituciones públicas, por permitir que las iniciativas individuales, los esfuerzos de cada uno puedan ser desarrollados sin que el Estado sea ninguna carga ni ninguna opresión para esos ciudadanos. Estamos muy orgullosos de que eso sea así, y nuestro Parlamento con menos diputados podrá seguir cumpliendo exactamente las mismas funciones que tiene encomendadas.

Permítanme que conteste a ese apartado sobre el déficit democrático. Decía el portavoz de UPyD que tenemos muy poca autoestima cuando queremos diseñar un parlamento que tenga solo veintisiete diputados. Señorías, en este Congreso de los Diputados nos sentamos veintiún diputados elegidos por nuestros conciudadanos para representar a 2.100.000 castellano-manchegos. ¿Acaso esos mismos 2.100.000 habitantes no van a tener autoestima por elegir veintisiete diputados que puedan componer el Parlamento regional? (Aplausos). Señorías, por lo visto nosotros tenemos un concepto distinto de lo que es la autoestima. Autoestima propia, ninguna; nosotros como miembros del Partido Popular no nos tenemos una especial estima, no nos consideramos distintos ni superiores (Rumores.-Un señor diputado: ¡Qué va!), pero tenemos una enorme estima por nuestros ciudadanos.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debe usted ir terminando.

El señor CONDE BAJÉN: Voy concluyendo, señor presidente.

Tenemos una enorme estima por la carga que para nuestros ciudadanos en Castilla-La Mancha suponen las instituciones públicas y queremos ponernos a su servicio en vez de poner las instituciones a nuestro servicio. Castilla-La Mancha puede funcionar perfectamente con un Parlamento del entorno de treinta diputados (Rumores.-El señor Madina Muñoz pronuncia palabras que no se perciben). Las Cortes de Castilla-La Mancha pueden cumplir con su función legislativa, con su función de control del Gobierno y con su función presupuestaria, que son las tres funciones básicas tradicionalmente reconocidas a los parlamentos en todo sistema constitucional. No hay menos democracia porque haya menos diputados.

Decía el portavoz de Izquierda Unida que hay una relación directa entre número y proporción de diputados y democracia. Debe ser que está pensando en Cuba, donde hay seiscientos catorce miembros de la Asamblea Nacional cubana para 14 millones de habitantes. (Aplausos). Ese no es nuestro modelo. Nuestro modelo es más democracia con menos diputados, más sociedad y menos Estado. Estamos muy orgullosos de poder apoyar esta propuesta.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Conde.

Damos las gracias al señor Cañizares por su presencia y le despedimos. (El señor Esteban Bravo pide la palabra).

¿Me pide usted la palabra, señor Esteban?

El señor ESTEBAN BRAVO: Sí, solo diez segundos.

El señor PRESIDENTE: Voy a decir una cosa. No hay réplica. Por tanto, no se reabre el debate. Si alguien se ha sentido aludido personalmente, para eso le doy dos minutos.


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El señor ESTEBAN BRAVO: Simplemente para que en el "Diario de Sesiones" consten las cosas como son y objetivamente. La modificación de la Ley Electoral en el año 2000 en el Parlamento vasco fue apoyada por cuatro formaciones políticas; no por dos, por cuatro.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y DE OTRAS LEYES, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE PLAZOS Y OBLIGACIONES DE COLABORACIÓN CON DICHO TRIBUNAL. (Número de expediente 122/000115).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la toma en consideración de la proposición del Grupo Socialista, orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y de otras leyes, en materia de reducción de plazos y obligaciones de colaboración con dicho tribunal. (Rumores). Para la presentación de esta iniciativa tiene la palabra el señor Císcar. Por favor, si hay algún parlamentario de cualquier cámara que no vaya a asistir a este debate, le ruego que abandone el Pleno con la mayor rapidez.

El señor CÍSCAR CASABÁN: Señor presidente, Señoras y señores diputados, intervengo en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, en defensa de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y de otras leyes, en materia de reducción de plazos y obligaciones de colaboración con dicho tribunal. La proposición de ley orgánica presentada pretende perfeccionar la regulación legal del deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas, con el fin de dotar a este órgano constitucional de los instrumentos necesarios para ejercer con las mayores garantías posibles su función fiscalizadora y jurisdiccional. Las medidas concretas que se proponen tienen como objetivo reforzar el deber de colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia), así como de la Administración de la Seguridad Social, haciéndolo extensivo al suministro de cuantos datos, estados, documentos, antecedentes o informes precise el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de la totalidad de su función fiscalizadora, y no se limiten exclusivamente a los supuestos en los que la Agencia Tributaria o la Administración de la Seguridad Social sean las entidades fiscalizadas, que es lo que sucede en la actualidad. Asimismo, resulta necesario dotar de mayor inmediatez a los informes de fiscalización sobre la regularidad y adecuación de la contabilidad de los partidos políticos a su legislación reguladora, que en el ejercicio de su competencia exclusiva realiza el propio Tribunal de Cuentas.

La consecución de los objetivos planteados requiere la modificación de diversas disposiciones de rango legal: en primer lugar, la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas en un doble sentido, ampliando la obligación de colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la Administración de la Seguridad Social y de la Oficina de Conflicto de Intereses, así como de cualquier órgano administrativo, agencia, organismo autónomo o entidad pública empresarial de cualquiera de las administraciones públicas, recortando a tres meses el plazo legal previsto para la emisión de sus informes sobre la regularidad y adecuación de la contabilidad de los partidos políticos a la normativa reguladora de su financiación. En segundo término está la modificación de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas para habilitar los mecanismos e instrumentos de colaboración necesarios entre la Administración tributaria y la Seguridad Social y el Tribunal de Cuentas, al objeto de que este pueda disponer de la información suficiente para el pleno ejercicio de su función fiscalizadora. Por último, en coherencia con las dos modificaciones señaladas, el reforzamiento del deber de colaboración hace preciso modificar la Ley General Tributaria y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. La propuesta ahora formulada tiene su origen en la moción sobre el perfeccionamiento de la regulación legal del deber de colaboración de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora, con la finalidad de mejorar la eficacia del control de la gestión económico-financiera del sector público por parte del tribunal. Esta moción fue aprobada por el pleno de la institución en el año 2011 y, por tanto, fue presentada ya hace dos años al presidente del Congreso, al presidente del Senado y también comunicada al presidente de la Comisión mixta, la modificación de la Ley Tributaria y del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en el sentido materializado en la proposición de ley que aquí se realiza. Fue una modificación de la legislación reguladora del Tribunal de Cuentas, en particular el artículo 30.2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de


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Cuentas, con el fin de actualizar y perfeccionar el deber de colaboración. Igualmente, hay que señalar que el perfeccionamiento de la regulación legal del deber de colaboración se ha solicitado por el Tribunal de Cuentas en las recomendaciones de otros informes, por ejemplo, el informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente en el ejercicio 2008; solicitud que se reitera en similares términos en los informes de los ejercicios de 2010, 2011 y 2012 ya en disposición de la Comisión mixta.

Con independencia de lo anterior y como justificación complementaria a la propuesta de reducir el plazo de emisión de los informes relativos a partidos políticos, el propio Tribunal de Cuentas viene recomendando reducir los plazos de rendición de cuentas establecidos en las disposiciones legales en vigor con carácter general, con el objetivo de potenciar la oportunidad de sus informes de fiscalización, es decir, acercamiento en el tiempo de la opinión emitida a los hechos económicamente analizados. En concreto, se puede citar la última propuesta realizada a las Cortes Generales en la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2011, ya en disposición de esta Cámara, sobre la conveniencia de que se fomenten las medidas legislativas tendentes a la reducción con carácter general de los plazos establecidos en la actualidad para todos los trámites referentes a la cuenta general del Estado, con objeto de que la emisión por el Tribunal de Cuentas de la declaración sobre la misma pueda anticiparse en relación con las previsiones establecidas en la actual legislación y se dote a las Cortes Generales del correspondiente pronunciamiento en un plazo más breve y no alejado en el tiempo del ejercicio económico al que se refiera.

En idéntica dirección se ha manifestado reiteradamente la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en diversas resoluciones, como en las referidas al informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente en el ejercicio 2007, o al informe de fiscalización de la contabilidad de las elecciones a Cortes Generales, de 20 de noviembre de 2011, en el que se instaba al Tribunal de Cuentas a continuar potenciando los recursos humanos de la unidad de fiscalización de los partidos políticos, con el objetivo de que los informes correspondientes a la contabilidad ordinaria de las formaciones políticas se aprueben en el ejercicio siguiente al de su rendición al tribunal. El reforzamiento del deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas, la potenciación de sus competencias fiscalizadoras y la exigencia de la sociedad de un incremento significativo de la oportunidad temporal de los informes que emite parecían justificar una adecuación de sus recursos de personal, acometiéndose un incremento gradual en el tiempo para permitir el acceso al tribunal de personal con experiencia acreditada y alta cualificación profesional, todo ello dentro de los límites de sus dotaciones presupuestarias para no provocar incremento alguno en los presupuestos asignados a la institución.

Señorías, la proposición de ley que aquí se presenta tiene, por tanto, razón y origen en mociones que el propio tribunal ha venido realizando, en opiniones y manifestaciones que los portavoces han ofrecido también en la Comisión mixta, en propuestas de resolución que desde la Comisión mixta se han emitido, en propuestas de resolución también que el Pleno de la Cámara ha aprobado en su momento, cuando se ha considerado la cuenta general del Estado aquí mismo. Son resoluciones, por tanto, aprobadas a lo largo del tiempo y que desde hace ya dos años constan por parte del propio tribunal en esta Cámara, pidiendo esas modificaciones que supone el deber de colaboración de agencias u organismos del Estado con un organismo de carácter constitucional que depende y está vinculado a esta Cámara, es decir, a las Cortes Generales, al Congreso y al Senado. Resoluciones que, en la medida en que se lleven a la práctica y por tanto se hagan efectivas, supondrán acortar plazos, una exigencia que también nos plantea la ciudadanía y que hemos reiterado en nuestras propias resoluciones; deber de colaboración que va a permitir que el Tribunal de Cuentas pueda acceder a datos, a informes, en su función fiscalizadora, que ahora le son negados por la propia Agencia Tributaria, en la medida que estiman que solo cuando se inspeccionan las cuentas de la propia agencia o de la Seguridad Social han de ofrecer los datos, pero no aquellos otros que tienen que ver con denuncias, con fiscalizaciones, con investigaciones o con informes que se están haciendo y que afectan o bien a grupos políticos o bien a personas y que, por tanto, teniendo acceso a las posibles declaraciones de renta o a las declaraciones societarias, se podría comprobar su funcionamiento. No cabe la menor duda, señorías, de que la corrección en el funcionamiento de las cuentas de los partidos políticos y de las fundaciones vinculadas tiene dos aspectos fundamentales. Uno, el ajuste, la forma, que, aun cuando se incumpliera, sería el más justificable porque siempre se podría subsanar, pero en cualquier caso hay tiempos y formas. Y dos, el que afecta al fondo, que solamente tiene una solución, que es la veracidad, el cumplimiento de la ley y por tanto el reflejo de la veracidad. Ello supone


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algo tan sencillo como que un euro que entre o salga de las cuentas de un partido tenga reflejo exacto en esas mismas cuentas y que en función de la veracidad no pueda haber más que una cuenta cierta que refleje los movimientos exactos que se produzcan.

Hoy hay dificultades por parte del Tribunal de Cuentas en su fiscalización, las cuales vienen dadas fundamentalmente por la negativa, manteniendo la confidencialidad de algunos de estos datos, pero es que esa misma confidencialidad obliga también al Tribunal de Cuentas y en general a todas las instituciones y organismos, por tanto, han de tener y deben tener acceso para que se produzca una fiscalización correcta, ajustada a ley y además facilitando todos los datos de que se disponga. Por eso, señorías, habiendo transcurrido ya un tiempo, mi grupo ha presentado esta proposición de ley, que tiene que ver con exigencias de la ciudadanía; exigencias en cuanto a mayor rapidez con las garantías necesarias de calidad de la fiscalización, mayor rapidez y por tanto más proximidad entre el tiempo en que se han producido estas cuentas y el momento en que son conocidas o han sido fiscalizadas y son conocidas por esta Cámara. Se trata también de iniciar un trámite en el que, lógicamente, todos los grupos parlamentarios podremos hacer nuestras aportaciones para que ese deber de colaboración en la reducción de los tiempos de los plazos pueda llevarse adelante.

Especialmente quiero dirigirme al grupo mayoritario, al Grupo Popular, en la medida en que en esta ocasión tiene la oportunidad de demostrar que admite el trámite con las aportaciones necesarias y con una determinación que su propia mayoría le permite para el definitivo establecimiento de la ley; aportaciones necesarias para que realmente esa transparencia que se dice que se quiere se pueda demostrar más allá de las palabras con los hechos. Por tanto, esa transparencia y esa actuación que permite hacer frente a ciertos aspectos de la corrupción que se manifiestan en la ocultación de datos, pueda subsanarse con una actuación veraz, más rápida y con una facilidad por parte del Tribunal de Cuentas, contando con la función y colaboración de los entes y organismos que aquí se han indicado.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Císcar.

Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, el señor Císcar, del Grupo Parlamentario Socialista, nos ha presentado una proposición de ley para modificar un par de aspectos relativos al Tribunal de Cuentas y desde el punto de vista de mi grupo da la impresión de que quien ha redactado esta proposición se ha esforzado por amagar y no dar. Parece como si a la proposición le faltara puntería.

En primer lugar, conviene explicar a la gente lo que es el Tribunal de Cuentas, porque es un órgano en sí mismo bastante opaco, lo cual es paradójico tratándose de un órgano que fiscaliza las cuentas de las administraciones públicas; además de esta labor, fiscaliza las cuentas de los partidos por estar incluido en la Ley sobre Financiación de Partidos Políticos, pero, desde nuestro punto de vista, es el típico órgano del bipartidismo. Es la típica institución que si fuera independiente podría desempeñar un papel sustancial en la vigilancia, en los controles democráticos, en la transparencia y en la rendición de cuentas a propósito de las cuentas públicas, pero que no es independiente porque -como en tantas otras instituciones- el bipartidismo entendió que el hecho de que sus consejeros sean nombrados por el Congreso y el Senado equivale a repartirse cuotas entre el Partido Popular y el Partido Socialista, en suma, una patente de corso para patrimonializar la entidad como hacen con otras tantas instituciones, como hoy mismo hemos sabido respecto al Consejo General del Poder Judicial. De esta manera, tenemos un Tribunal de Cuentas compuesto en la actualidad por doce consejeros, siete del Partido Popular, cinco del PSOE y uno del PSOE pero que era el que quería Izquierda Unida, que -lamento decírselo en estos términos- solo critica el bipartidismo cuando no les da alguna migaja; en este caso sí hubo una migaja, una consejera. En los doce consejeros actuales hay distintos perfiles -una exministra, exdiputados, exsenadores, algún hermanísimo incluso- y todos tienen en común el rasgo de que a todos los propuso el bipartidismo mediante cuotas. Vuelvo a recordar aquí -ya lo hemos hecho varias veces- lo que es el consenso; nombrar en este tipo de instituciones a los cargos por consenso equivale a elegir nombres que sean aceptables para todos, no a repartirse las cuotas entre los dos grandes partidos, como suelen hacer. Por tanto, el primer asunto que hay que destacar es que este órgano, que es muy necesario y muy útil, no ha funcionado bien por esta disfunción que tiene de origen en cuanto al sistema de elección y en cuanto a la forma en que lo han explotado el Partido Popular y el Partido Socialista. Así ocurre -voy a poner un ejemplo que es bastante


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ilustrativo para todo el mundo- que el Tribunal de Cuentas hace tareas absolutamente brillantes y absolutamente inútiles. Uno de los casos más recientes que hemos conocido es que ha hecho público un informe sobre la manera de contabilizar en los presupuestos de defensa las misiones internacionales, que al menos desde el año 2009 se lleva haciendo con esta fórmula de asignar 14 millones que luego se convierten en 700 millones con cargo al Fondo de contingencia. Es una práctica habitual que distorsiona los presupuestos de defensa y que causa muchísimo trabajo y confusión a la gente que tiene que elaborar esos presupuestos. El Tribunal de Cuentas en un informe lo ha calificado de formalmente irregular pero, después de hacerse público ese informe, un año más el Ministerio de Defensa ha vuelto a elaborar las cuentas por el mismo procedimiento. Ante una burla tan evidente a los informes que hace el Tribunal de Cuentas la pregunta que se harán los centenares de funcionarios que allí trabajan e incluso los consejeros nombrados por las cúpulas de los dos grandes partidos es que si sus conclusiones van directas a la papelera, para qué hacen ese trabajo, para qué tanta dedicación y tanta diligencia. Otro ejemplo muy parecido es el relativo a la ineficacia de este Tribunal de Cuentas en relación con el control a las comunidades autónomas. Cuando estalló el caso del saqueo del Palau, en Cataluña, que después ha tenido su deriva de financiación ilegal de Convergència -tal y como el juez instructor ha señalado al cerrar su instrucción había indicios de esta financiación ilegal-, casualmente la Sindicatura de Cuentas de Cataluña trabajaba en un informe sobre el Palau que hizo público muy poco después en el que precisamente se hablaba de esta posible malversación de fondos públicos. La sindicatura de cuentas, no sabiendo qué hacer con el informe, lo remitió al Tribunal de Cuentas nacional y este se lo volvió a remitir diciéndole que era cosa suya; uno por otro la casa sin barrer y allí sigue el informe tres años después, en la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, sin que ese informe haya servido para nada, porque quienes han llevado a cabo actuaciones respecto al saqueo del Palau han sido los tribunales de justicia. Por tanto, mientras no cambie el método de elección, mientras no se ordene el asunto de la competencia entre distintos tribunales autonómicos y la escasa facultad de control que tienen los tribunales de cuentas autonómicos precisamente por estar más cerca del poder político, mientras no se aborde la capacidad sancionadora del Tribunal de Cuentas, a nosotros nos parece que no se entra en el meollo del asunto. Por tanto, será poco lo que pueda hacer. Además -con esto entro ya en los dos aspectos concretos de que trata la proposición de ley-, hasta muy recientemente la fiscalización de las cuentas de los partidos llevaba bastantes años de retraso; ahora el Tribunal de Cuentas se está poniendo al día por obligaciones legales, porque precisamente hemos modificado aquí esa ley, y se ha establecido que el plazo sea de seis meses para la presentación de esos informes sobre las cuentas de los partidos. Una de las propuestas que nos hace aquí el Grupo Parlamentario Socialista es reducirlo a tres meses. Nos parece bien, siempre y cuando esto no perjudique la calidad de esa fiscalización, de esa investigación que hace el tribunal.

El segundo aspecto que figura en esta proposición de ley es otro conjunto de modificaciones legales para favorecer la colaboración de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria con el Tribunal de Cuentas. Nos parece bien pero, francamente, también nos sabe a poco. Es algo tan nimio y tan sencillo que de hecho se podría haber resuelto con un simple convenio de colaboración, acogiéndose al amparo de la Ley 30/1992, en su artículo 4, que es el que recoge este tipo de convenios de colaboración para intercambio de datos entre distintas administraciones. Ese sencillo convenio de colaboración no habría tenido tanto relumbre en los medios de comunicación como una proposición de ley, pero habría resultado muy eficaz para el fin que trata de perseguir, que nos parece que es loable y lo compartimos. Pero, claro, al proponer la colaboración solo con estas dos entidades, Seguridad Social y Agencia Tributaria, su proposición deja entrever el problema del deber de colaboración de otras instituciones, de todo tipo de instituciones, con el Tribunal de Cuentas. Efectivamente, esa moción que el señor fiscal ha mencionado hace referencia a muchos otros problemas relativos al deber de colaboración, problemas que han surgido con las entidades financieras, con el propio Banco de España y con ciertos ministerios. En general, todas las instituciones son remisas a dar la información que tienen en su poder, lo que en el fondo es lógico ya que forma parte de un conflicto natural entre el acceso a la información y la protección de datos, pero precisamente como este conflicto es tan frecuente hay que entrar en el fondo del asunto, hay que legislar sobre todo ello y hay que resolverlo de la mejor forma posible para que el Tribunal de Cuentas se convierta en un verdadero órgano de control democrático y de control de las cuentas públicas, con todo lo que ello conlleva.

A nosotros nos da la impresión de que lo sustancial del Tribunal de Cuentas no lo quieren cambiar. Quieren hacer algo respecto a este tribunal porque efectivamente podría desempeñar un papel importante en la transparencia, en el acceso a la información, en la buena administración del dinero público, pero no quieren hacer tanto para que realmente funcione. Nos parece que esta proposición de ley es poco


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ambiciosa. No obstante, vamos a apoyar su toma en consideración porque lo que sí que representa desde nuestro punto de vista es una ocasión idónea para debatir sobre el papel que puede desempeñar este tribunal. Si siguiera adelante, nosotros la enmendaríamos de arriba abajo, cambiaríamos la propia opacidad del tribunal, cambiaríamos el método de elección y muchísimas más cosas que hicieran de ese órgano un órgano de fiscalización verdaderamente independiente. En todo caso, nos parece que merece la pena tener ese debate y merece la pena cambiar ese órgano porque, si funcionara bien y funcionara de forma independiente, podría prestar a los ciudadanos un gran servicios; al fin y al cabo son ellos los que lo pagan con sus impuestos y los que tienen derecho a que ese tribunal funcione.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.

En nombre de mi grupo parlamentario, La Izquierda Plural, anuncio el voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley, no porque la compartamos al cien por cien -creemos que es mejorable, y precisamente las cosas se mejoran en el trámite parlamentario- sino por, como se dice en confianza, abrir el melón. Nos parece importante, bueno y necesario. Mi grupo parlamentario comparte básicamente una de las dos cuestiones que se traen en esta modificación de ley: el tema de la colaboración Agencia Estatal de Hacienda y Seguridad Social. Lo compartimos. Nos parece más complicado el tema de la reducción de plazas, tal y como se plantea en este proyecto de ley, por una sencilla razón. Se plantea respecto a los partidos políticos, y nosotros entendemos que habría que reducir plazos, tal y como dice el Tribunal de Cuentas en la moción que antes se ha aludido, en otros trámites también, no solo en la rendición de cuentas de los partidos políticos sino en la misma Cuenta General del Estado. Creo que la última que se vio aquí, con bastante poca atención, por cierto, por parte de la mayoría de la Cámara, fue la del 2010, y ahora tenemos pendiente ver la de 2011. Estamos terminando prácticamente el año 2013 y llevamos un gran retraso con la rendición de la Cuenta General del Estado. La de los partidos políticos tiene un problema, y es que los partidos políticos tienen la obligación de presentar sus cuentas a 30 de junio; si lo dejamos en tres meses, está en medio julio, que es mes de medio gas; agosto, mes inhábil; y luego ya septiembre. El tribunal tendría que auditar todas las cuentas, dar plazo de audiencia a los partidos... Mi grupo no sabe si reduciéndolo en esa medida exacta de tres meses se produciría una mejora en la rendición de cuentas o una mejora en el trabajo del Tribunal de Cuentas, pero es una cuestión a negociar.

Mi grupo parlamentario estaba trabajando en una propuesta para presentar a la Cámara para que la Comisión Mixta Congreso-Senado crease una subcomisión específica para estudiar la reforma de la legislación ligada al Tribunal de Cuentas, porque todos los grupos, sistemáticamente, en las resoluciones que elevamos en la Comisión Mixta y que se traen después al Pleno de la Cámara, recogemos consideraciones del propio tribunal respecto a cuestiones que se tienen que mejorar del propio funcionamiento y aportaciones de los grupos parlamentarios ya que es necesario introducir modificaciones en la legislación del Tribunal de Cuentas. Estamos trabajando en ello, pero no sabemos cuál va a ser la posición del Grupo Popular. Mucho nos tememos que el Partido Popular no va a compartir la oportunidad de abrir esta modificación legal, no porque tengamos información privilegiada, sino simplemente porque es la tradición de esta Cámara; es decir, el Partido Popular no está dando vía libre a ninguna de las propuestas que vienen de los grupos de la oposición y está demostrando con ello una inmensa capacidad de rechazo de cualquier propuesta que no venga de sus propias filas o del Palacio de la Moncloa. Mucho nos sorprendería que en este caso el Grupo Popular variase esa línea política. En todo caso, si el Partido Popular hoy decide rechazar esta propuesta, que mi grupo parlamentario va a apoyar, ponemos en la mesa la posibilidad, en la cual estábamos trabajando y que ya comento en este Pleno, de constituir esa subcomisión en la que estudiemos las reformas que legalmente son necesarias. Me imagino que todos los grupos parlamentarios seremos conscientes de que son necesarias estas reformas de la legislación aplicables al Tribunal de Cuentas.

Mi grupo parlamentario comparte que hay una problema de origen, y es la redacción final que se le dio el artículo 136 de la Constitución, cuando se dotó de jurisdicción propia al Tribunal de Cuentas. Desde el entonces grupo parlamentario comunista se trató de modificar eso y volver al acuerdo inicial de los padres de la Constitución, pero al final se introdujo ahí un error inicial de diseño que ha dado lugar a estos fallos de funcionamiento que la proposición de ley trata de modificar, trata de ir a solventar, pero que desde


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nuestro punto de vista se queda corta. Remitiéndonos a la moción del propio Tribunal de Cuentas del año 2011, a la que ya se ha aludido, creemos que debería contemplar otras cosas, no solamente Hacienda, no solamente la Seguridad Social, sino también las centrales de riesgos del Banco de España y del Ministerio de Hacienda; también debería obligar a cualquier persona física o jurídica, pública o privada; debería obligar a cualquier documento, dato, informe. Estoy desgranando la moción del propio Tribunal de Cuentas del año 2011. En definitiva, incrementar las labores de colaboración con el tribunal y alguna cosa que no se ha comentado como, por ejemplo, actualizar los importes de las multas coercitivas que es capaz de imponer el tribunal y facilitar la labor de esas multas para disuadir del incumplimiento de la legislación.

Para nosotros, además, sería importante que la legislación sobre el Tribunal de Cuentas incluyese, más allá del control de la legalidad de las cuentas, más allá del control estricto del flujo correcto de los dineros públicos y del gasto correcto, otras cuestiones que en una democracia avanzada son absolutamente necesarias y que otros países de nuestro entorno están desarrollando. Me refiero a la evaluación de los efectos redistributivos de los Presupuestos Generales del Estado, del gasto del dinero público; el control de la eficiencia en el uso de los recursos; el impacto de los programas de ingresos y gastos sobre la vida de la ciudadanía, porque el control de legalidad no es ni suficiente ni es el más apropiado, por eso es necesaria la reforma legal, porque en una democracia avanzada hay que garantizar que el destino del dinero público, el destino de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, del dinero que se gestiona desde los parlamentos y con el control de los mismos - por eso debe ser hecho con luz, taquígrafos y con amplias capacidades por parte de los grupos parlamentarios y de unos parlamentos suficientemente dotados-, esa capacidad que tienen que tener los parlamentos de controlar el uso del dinero público debe ir más allá del control de legalidad; debe ir, como ya he dicho, a contemplar los efectos redistributivos, garantizar la eficiencia en el uso de los recursos y medir el impacto de los programa de ingresos y gastos en la vida de los ciudadanos.

Sobre lo que ha dicho la portavoz de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano, y el ataque continuo a la composición del propio tribunal o el método de elección de los miembros del tribunal, podemos compartir que el método no es el mejor, que carece de la representación suficiente de la pluralidad representada en esta Cámara, que es absolutamente necesario mejorar ese factor que tiene la elección de los miembros del Tribunal de Cuentas, pero nuestro grupo parlamentario piensa que siempre la elección plural, representando la pluralidad de posiciones políticas hecha en el seno de esta Cámara, es la mejor de las posibles. Delegar esa elección en otros procesos que no respeten la voluntad última, soberana del pueblo expresada en elecciones y representada en esta Cámara, al entender de nuestro grupo parlamentario, no sería lo mejor. Es manifiestamente mejorable pero la preeminencia de esta Cámara para elegir a los miembros no es superable ni es subsumible por otros procedimientos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.

Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Pàramo.

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Señora presidenta, señorías, muchas gracias.

Esta proposición de ley propone básicamente modificar la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, la Ley General Tributaria y el Texto refundido de la Ley de Seguridad Social, con unos objetivos encomiables. El primero va encaminado a que el Tribunal de Cuentas pueda mejorar su acción fiscalizadora accediendo a toda la información de la Agencia estatal de administración tributaria y de las entidades gestoras de la Seguridad Social. Ciertamente es necesario aumentar los instrumentos de que el Tribunal de Cuentas dispone para dar cumplimiento con eficacia a la finalidad básica del mismo: poner orden en las cuentas públicas del Estado y de todas sus administraciones y entes dependientes. En este camino, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, como no podría ser de otra manera, se muestra favorable a su aprobación.

El segundo de los objetivos de la proposición de ley que estamos debatiendo se encamina a reducir el plazo en que el Tribunal de Cuentas debe remitir el informe de fiscalización de los partidos políticos a las Cortes Generales. El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió votará a favor de su aprobación, pero quisiéramos dejar claro que la medida nos parece en cierto punto oportunista, aunque mejor que oportunista deberíamos decir a la moda. Es decir, se presenta siguiendo la moda impuesta por determinados medios de comunicación y determinados partidos estatales o con aspiración a serlo, de cuestionar todos los elementos básicos de la democracia. Así hemos visto de qué manera han arrancado


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campañas en contra de ayuntamientos, comunidades autónomas y desde hace tiempo también contra el sistema básico de los partidos.

La propuesta, señor Císcar, se ha quedado corta, porque si bien es necesario controlar a los partidos, ayuntamientos y comunidades autónomas, igual o más lo es controlar a la Administración General del Estado, es decir, a todo el entramado de organismos y sociedades de todo tipo que conforman el grueso del Estado democrático al que todos aspiramos. Comisión tras Comisión vemos los informes del Tribunal de Cuentas con unos plazos de cuatro, cinco o seis años, que en pleno siglo XXI resulta anacrónico. Un trabajo enorme que realiza el Tribunal de Cuentas -algún interviniente anterior lo ha dicho-, al que no se le saca todo el rendimiento que podríamos en la buena Administración del Estado, si fueran vistos a corto plazo y si sus resultados tuvieran consecuencias porque actualmente no hay ninguna consecuencia. Les recuerdo que la entrega de los últimos informes de fiscalización se ha situado en un rango que va de un año y tres meses a cuatro años. Así, si en 2008 el plazo se situó en cuatro años, en 2011, habiendo mejorado mucho, el plazo se situó en un año y cuatro meses; es decir, dieciséis meses, muy alejado de los seis meses preceptivos. Desde el informe de fiscalización de 2007 el propio Tribunal de Cuentas ha reclamado modificar la regulación del deber de colaboración de la Administración Tributaria y de los organismos de la Seguridad Social, de forma que tengan que facilitar toda la información contable necesaria de los partidos políticos y fundaciones y asociaciones vinculadas. Accedemos a ello. Respecto a los plazos de rendición de cuentas y presentación de informe de fiscalización va siendo hora, señorías, de entrar en el siglo XXI.

Señora presidenta, señorías, muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Pàramo.

Por el Grupo Popular, señor Suárez.

El señor SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en relación con esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista me gustaría hacer varias consideraciones. Sobre el fondo del asunto, no es una proposición de ley cualquiera, ya que modifica cuatro leyes: la Ley General Tributaria, la Ley General de la Seguridad Social, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas de 1988. El resumen es que se incremente -nos da la sensación, señor Císcar, que es lo que usted persigue- el deber de suministrar información al Tribunal de Cuentas. Yo tengo que decirle que me sorprende el preámbulo de la ley porque usted se centra constantemente en dos cuestiones que le preocupan y que dan origen a esta proposición de ley; por un lado, las donaciones de determinado partido político; y por otro lado, lo sucedido en algún ayuntamiento que al parecer hace que los informes del tribunal no sean todo lo satisfactorios que hubiera sido deseable. Yo deduzco que ustedes interpretan que el tribunal carece de los medios adecuados en estos momentos para hacer su labor. Yo no digo que no sea mejorable el sistema, pero esta proposición de ley olvida que al final las propuestas, sobre todo legislativas, se incardinan, se enmarcan dentro de todo el ordenamiento jurídico. Por tanto, tengo la sensación de que ustedes no han medido bien el tipo de propuesta que plantean, fundamentalmente por una cuestión, porque nosotros pensamos que colisiona con derechos y capacidades que son la esencia de derechos fundamentales recogidos en nuestro texto constitucional. Tengo la sensación, y se lo digo con toda la amabilidad de la que soy capaz, de que ustedes se han olvidado de analizar en profundidad los medios de que dispone el tribunal, como la utilización que viene haciendo en estos momentos de los que tiene y la no utilización de aquellos que tiene y que, por lo que sea, no se están utilizando. Asimismo, tengo la sensación, señoría, de que ustedes se han olvidado del alto nivel de colaboración que existe entre la Agencia Tributaria del Estado y las entidades de la Seguridad Social. No es cierto que no haya colaboración, colaboración que se produce además en un porcentaje altísimo, y en la moción a la que usted ha hecho referencia así lo reconoce el propio tribunal.

La propuesta que nos plantean abunda en la privación y reducción del derecho a la intimidad, algo que a nosotros nos preocupa, y la justificación es una aparente dificultad para el control de las cuentas públicas. La propuesta -y esto es lo que no nos gusta- refuerza indiscriminadamente las facultades y competencias de entidades, Tribunal de Cuentas y los OCE, cuya función es la verificación y censura de las cuentas públicas. Dicho de otra manera, su proposición de ley permite el acceso indiscriminado de quienes desarrollan la función de control externo a la información económica, no de las entidades fiscalizadas, sino de la de todos los ciudadanos, la de todos los españoles, algo que creemos que no puede ser. Da la sensación de que esta acción-reacción a dos problemas puntuales es lo que les motiva a traer, insisto, esta propuesta que en términos coloquiales llamaría matar moscas a cañonazos.


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En resumen, su proposición de ley supone introducir a los órganos de control externo en el seno de la intimidad de terceros no fiscalizados; dar al tribunal funciones casi de persecución de delitos, cuando no es esa su función. Por mucho que se encuentre el delito, la función del tribunal es una y la función de los jueces es otra, y tenemos la sensación de que pretenden eliminar velos que protegen la hasta ahora intimidad fiscal de los ciudadanos sin haber explorado la existencia de otras fórmulas. Esta propuesta de aparente eficacia y sorprendente sencillez, señorías, se nos antoja que quiebra, insisto, derechos fundamentales.

Entrando con brevedad en el análisis del articulado, el artículo 1 que ustedes proponen y que implica la modificación del artículo 7 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas no aporta nada, no recoge nada que no contenga el artículo 7 actual, pero aunque apoyáramos su propuesta, no evitaría la colisión, insisto, con derechos fundamentales que constitucionalmente están recogidos. La incorporación del nuevo artículo 30.bis, que ustedes proponen, a la Ley orgánica de funcionamiento, que al final se trata de que se permita acceder a las bases de información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de las entidades gestoras de servicios comunes de la Seguridad Social con la creación de un canal específico -ahí es nada-, excede de forma clara lo que el legislador entendió en su día por colaboración entre instituciones. Se ha dicho aquí que hubiera servido además con un convenio, artículo 95.1.g) de la Ley General Tributaria. Excede, porque el acceso a los ficheros supone el acceso a datos que tienen la consideración de carácter personal por la Ley de Protección de Datos. El acceso a la base de datos de las entidades gestoras de la Seguridad Social ya se viene haciendo, lo que no puede ser es acceder a las bases de información, que es lo que hay detrás de todo esto, fundamentalmente porque esas bases tienen naturaleza funcional y por tanto no es posible. Finalmente, mi grupo entiende que el canal de comunicación que plantean entraría en colisión con derechos fundamentales.

Por lo que se refiere a la financiación de partidos políticos y a la reducción de plazos, señorías, se ha modificado la Ley de Financiación de Partidos hace muy poco y creo que sería prudente ver qué resultados da esa reforma que se aprobó hace ahora un año. Además de esa reforma, el tribunal ha introducido modificaciones importantes en las técnicas contables que, sin lugar a dudas, van a dar sus frutos. Tampoco deben olvidar que en esta modificación de la Ley de Partidos la prescripción de las infracciones no va a ser a los seis meses sino a los cuatro años. No alcanzamos a ver esa reducción de tres meses en qué va a mejorar, de seis a tres meses no hay gran diferencia; lo que puede suceder, señor Císcar, es que los informes sean de peor calidad.

Respecto al aspecto formal, quiero hacer dos reflexiones. Usted lo ha dicho, esta iniciativa procede de una moción, y ustedes han cogido una parte. No he alcanzado a entender por qué no han cogido el todo. Lo que no ha explicado es que esa moción tiene su dificultad, que tenía dos votos particulares que argumentan en la línea en que yo lo acabo de hacer. No había unanimidad. A pesar de que la portavoz de su grupo ha dicho que cómo podíamos pedir consenso cuando estábamos utilizando el argumento de que un voto a veinticinco era más que veinticuatro. Si me permite la broma, señor Císcar, soy concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, donde gobierna el Partido Socialista con Chunta y con Izquierda Unida, y allí trece votos valen más que quince. Fíjese, si a su portavoz le parece una barbaridad veinticinco más que veinticuatro, se han aprobado unos presupuestos con trece votos frente a los quince del Partido Popular. Lo digo porque esto del consenso está muy bien, están muy bien las defensas y los argumentos, pero fíjese si no es mucho más disparatada esa cuestión. (Aplausos). Y al final de lo que se trata -y recojo el guante del señor Sixto- es de un planteamiento razonable porque es evidente que hay que modificar el Tribunal de Cuentas, y en eso estamos. Creo que en este proceso de regeneración democrática -y aquí se ha argumentado por el presidente del Gobierno y por la vicepresidenta del Gobierno- se ha iniciado un camino: se ha modificado la Ley de Financiación de Partidos, está en tramitación el proyecto de ley de transparencia y de buen gobierno que va a ser aprobado, se están adoptando medidas de racionalización de la Administración en aplicación de las recomendaciones de la CORA, se presentó un programa de regeneración democrática con cuarenta medidas. Aquí el presidente del Gobierno ha hablado siete veces de la reforma del Tribunal de Cuentas; hay una propuesta de resolución aprobada en el debate sobre el estado de la Nación de este año, y creo que lo que procede -y en eso está este Gobierno- es buscar un texto consensuado para traerlo a la Cámara, porque desde el grupo parlamentario que represento estamos convencidos de que al final, aunque sea un espacio pequeño de acuerdo el que permita traer ese texto, se multiplica cuando los ciudadanos ven esos espacios de consenso. No vamos a apoyar esta iniciativa porque el planteamiento que tiene el Gobierno -que usted sabe que se está intentando negociar con otras fuerzas políticas- es mucho más amplio, y además por las cuestiones que les he planteado.


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Quiero acabar refiriéndome a una afirmación de la señora Lozano, que veo que ahora no está presente. Señora Lozano, usted lleva una guerra particular con el tribunal: que si no es independiente, que si deja de serlo. Entiendo que al final las mayorías son las mayorías y cuando se es minoría es un problema, pero por lo que no paso es porque se cuestione la profesionalidad de quienes forman ese tribunal, porque decir que hay una exministra en el tribunal es una afirmación que dialécticamente está muy bien, pero es que la exministra es magistrada y casualmente está en la sección de enjuiciamiento. A lo mejor a la señora Lozano le parece mejor que haya una periodista en la sección de enjuiciamiento. A mí me parece mucho más razonable que haya un magistrado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Suárez.

PROPOSICIONES NO DE LEY.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A ACELERAR LA IMPLANTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN TODOS LOS PAGOS DE PROVEEDORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 162/000721).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al tercer punto del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a acelerar la implantación de la factura electrónica en todos los pagos de proveedores de las administraciones públicas. Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Sánchez García.

La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Popular para presentar esta iniciativa; una iniciativa que tiene un objetivo primordial: instar al Gobierno a impulsar en el plazo más breve posible el uso de la factura electrónica en este sector público en todos los pagos para proveedores, centralizado en un único punto: la recepción de la facturación de las administraciones públicas. Con eso conseguimos una simplificación de procedimientos, una mayor agilidad en su tramitación y un mayor control contable de las facturas. Soy consciente de que este debate coincide con la tramitación del proyecto de ley de impulso a la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, que acaba de ser remitido por esta Cámara al Senado, pero consideramos que se trata de una iniciativa coherente y oportuna para acelerar dicha ley. Es un texto coherente porque constituye el reflejo de un compromiso electoral sobre la transparencia y sobre la situación económica y financiera de todas las administraciones, que tiene una incidencia directa sobre la competitividad de las empresas. Es coherente porque se enmarca en el apoyo de las políticas de este Gobierno que han servido para poner en marcha una reestructuración sin precedentes en el contexto de la reforma de las administraciones públicas. Esta propuesta hace frente a la realidad social de las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos, a estos ciudadanos que prestan sus servicios a la Administración pública, servicios que han de ser respondidos con la lógica pretensión del pago correspondiente en el menor tiempo posible.

Señorías, en estos últimos meses el Gobierno ha emprendido una serie de medidas para cerrar la brecha existente entre las deudas de las administraciones y el apoyo a los empresarios; una brecha con ocho millones de facturas pendientes de pago y que afectan a más de 230.000 empresas. Por ello, el Gobierno puso en marcha el Plan de pago a proveedores, y quiero decirles, como ya saben ustedes, que en las dos primeras fases de este pago de los años 2012 y 2013 se han abonado ya cerca de 30.000 millones. La última fase, aprobada por el Consejo de Ministros el viernes pasado, supondrá el pago de más de 13.000 millones de euros. Por tanto, señorías, estamos hablando de un montante de 45.000 millones de euros que van destinados precisamente a pagar a proveedores de comunidades autónomas y entidades locales. Esto es una inyección directa a la economía de esas administraciones y, por tanto, a sus proveedores que sin estos ingresos -hay que decirlo- obtenidos por esta vía, se habrían visto abocados al cierre del negocio y, por tanto, a la destrucción de empleo.

Cada vez más los grandes motores de la creación de empleo en este país, que son las empresas, tienen motivos para ver en todas las administraciones un elemento que acelere su crecimiento y no un obstáculo como hasta ahora, ya que tardaban en cobrar una media de 145 días. Señorías, esta semana el responsable de un colectivo de autónomos decía en unas declaraciones: Las administraciones son un obstáculo para la actividad empresarial. Es vergonzoso que la morosidad pueda alcanzar, en el caso de


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las administraciones públicas, una media de 145 días. Eso ha llevado -en palabras de este responsable- a que una de cada cuatro empresas haya tenido que cerrar y que esta morosidad sea causa de la pérdida de uno de cada cinco empleos. Por tanto, como todos podemos comprender, esto es inadmisible, es inaceptable y no puede hacerlo precisamente quien es el valedor de cumplir la ley, como son las administraciones públicas.

Todos estamos de acuerdo en que ese tiempo para una empresa puede marcar la diferencia entre la expansión y el cierre. Por ello, la ley orgánica de control de deuda comercial en el sector público, que se encuentra en tramitación, maximiza la exigencia de los pagos para que estos se produzcan en un plazo no superior a treinta días y establece medidas preventivas, correctivas y coercitivas para los casos en los que el periodo medio de pago supere en más de treinta días el pago establecido. A partir de enero de 2014 se abre una nueva etapa de relaciones entre las empresas y las administraciones, en la que se suma a los criterios de contratación pública la seguridad del pronto pago. Puede parecer que la emisión de facturas electrónicas se basa meramente en el ahorro de papel, que está bien y va en la línea del cuidado del medio ambiente y la ecología, pero hay algo más, también es a favor del ahorro económico. Nos referimos a los millones de facturas gestionadas al año por las administraciones y cuyo ahorro económico por factura recogido en el Plan Avanza del Ministerio de Industria, Energía y Turismo alcanza los 3,48 euros. Esto habla por sí mismo teniendo en cuenta el número de facturas antes citado. Estamos hablando de un ahorro en todas las administraciones y organismos públicos de miles de millones de euros anuales.

Por último, esta proposición tiene una clara vocación de transparencia, además de fortalecer el control contable de las facturas recibidas por las administraciones, permitiendo un mejor seguimiento del cumplimiento de los pagos y un mejor control del gasto público y del déficit. En definitiva, este texto constituye un reconocimiento explícito a la labor desarrollada día a día por tantos autónomos, micros y pequeños empresarios que consideran que su esfuerzo ha de verse reconocido con una gestión rápida del pago por su trabajo.

El Partido Popular, cuyo objetivo es el crecimiento económico y la creación de empleo, ha puesto en marcha una serie de iniciativas como la antes citada, la ley de control de la deuda en el sector público, la ley de emprendedores, el pago a proveedores, el aplazamiento del IVA -el IVA de caja hay que pagarlo cuando se cobra y no cuando se emite- y, por último, la ley a la que me refiero y que hoy estoy defendiendo, de tramitación de factura electrónica en las administraciones. Señorías, garantizar la supervivencia financiera de las empresas a través del cobro de facturas es una obligación, es nuestra obligación. Por ello, independientemente de nuestras diferencias ideológicas, les pido su apoyo a esta iniciativa para una gestión más transparente y eficiente de los pagos en el sector público y para que estos pequeños empresarios cobren por su trabajo en tiempo y forma. Señorías, si hay empresa, hay empleo y si hay empleo, hay riqueza social, y creo que en eso todos nosotros, independientemente del color político, estamos de acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Sánchez.

A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda formulada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Para su defensa y presentación, tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Señora presidenta, señorías, el pasado 23 de octubre debatimos y aprobamos en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas la ley de factura electrónica y de creación de un registro contable en el sector público. Nuestro grupo votó favorablemente este proyecto de ley entendiendo que la reforma que se plantea deberá contribuir a erradicar la morosidad de las administraciones públicas y a mejorar, optimizar y modernizar su gestión. En el Pleno de hoy el Grupo Popular nos presenta una proposición no de ley que sinceramente nos sorprende cuando aún está en trámite en el Senado el proyecto de ley al que me refería. Pensamos que podría perfectamente haberse previsto incorporar al texto del proyecto de ley todos aquellos aspectos que hoy se pretenden aprobar con esta proposición. Entendemos que con esta proposición se pretende implantar la factura electrónica en todos los pagos a proveedores de las administraciones públicas, tanto por expedición como por revisión. Es un objetivo que compartimos al entender que supone una clara mejora en términos de gestión y en facilitar el cobro de las facturas por parte de los proveedores, algo también fundamental, especialmente en estos momentos. Los argumentos justificativos de la proposición entendemos que son claramente aceptables desde una perspectiva global. Quiero hacer tres consideraciones: compartimos que el pago vía factura electrónica permite mejoras en términos de eficiencia, productividad y eficacia por parte de las


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administraciones. Entendemos que comporta un ahorro de costes y un mejor control del fraude fiscal y no podemos olvidar que la Unión Europea ha impulsado e impulsa la informatización de procesos entre Estados miembros. Estamos, por tanto, de acuerdo en que debe impulsarse la factura electrónica en la totalidad del sector público. Por ello creemos que debe articularse un sistema que obligue a presentar facturas electrónicas ante las administraciones públicas, tal como manifestamos en su momento en el debate del proyecto de ley de referencia. Asimismo, entendemos que el sector privado debe adaptarse a esta realidad cada vez más cambiante con la presencia e impulso de las nuevas tecnologías y los cambios en la sociedad de la información, mediante la imposición de ciertas obligaciones relativas a la facturación electrónica.

En la tramitación del proyecto de ley de factura electrónica mi grupo parlamentario presentó diversas enmiendas. Entre las que fueron aceptadas por el Grupo Popular estaban aquellas que pretendían reforzar aun más las obligaciones de las empresas del sector privado para que facturen con formato electrónico y, a su vez, se otorgase una plena protección a los usuarios y consumidores. Entre las enmiendas que no fueron aceptadas, insisto en una que entendemos relevante en relación con la aceptación de la diversidad de los formatos aceptados por parte de las administraciones. En este sentido, reiteramos la necesidad de aceptar la diversidad en términos de gestión y eficiencia, insistiendo en que no representa ningún coste adicional. Si bien el formato del Estado es factura-e, uno de los principales formatos de facturación electrónica utilizados por las diferentes administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico, debemos recordar que existen otros formatos muy extendidos por sectores con mucho peso en sus relaciones con las administraciones públicas por su función de proveedores, como es, por ejemplo, el sector de salud. Por ello, entendemos que es necesario que estos otros formatos deban ser reconocidos e incorporados. Un ejemplo muy claro lo tenemos en Cataluña, donde se utiliza la factura electrónica con el formato UN/Edifact en las relaciones con sus proveedores, especialmente en el ámbito de los servicios de salud. A nuestro entender, la implantación de un único formato conllevará un derroche de las inversiones ya realizadas hasta hoy y un significativo coste para los actuales y futuros usuarios de la factura electrónica, especialmente para las empresas que sirven al sector público y que usan actualmente el formato de factura electrónica UN/Edifact, que se verían obligadas a adecuar sus sistemas informáticos a un formato nuevo. Señorías, entendiendo el papel del formato factura-e 3.2 como el formato de referencia, ello no debe ser en detrimento de otros utilizados actualmente en el sector público, que sí siguen los estándares globales y que cumplen no solo con las directrices de la legislación actual española, sino también con las recomendaciones globales de que se han dotado determinados sectores. Por todo ello, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda que incorpora dos propuestas: por un parte, en coherencia con la actual tramitación del proyecto de ley en el Senado, entendemos que el impulso al que se refiere el primer apartado de la proposición no de ley deberá hacerse en los plazos establecidos y previstos en dicho proyecto de ley de factura electrónica y no en el plazo más breve posible, como redacta la proposición. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Y por otra parte, insistimos en la necesidad del uso de la factura electrónica en los diversos formatos, que no se establezca un modelo único y que a su vez se permita que las comunidades lo regulen según su funcionamiento. Esperamos que esta enmienda presentada por mi grupo sea aceptada por el Grupo Popular y, compartiendo los principios y el espíritu de esta proposición no de ley, nosotros en este caso votaremos favorablemente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.

Muy brevemente, desde el escaño, para fijar la posición en relación a esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular que plantea acelerar la implantación de la factura electrónica. Señores del Partido Popular, nos parece una idea buena, es una iniciativa buenista, pero, sinceramente, no sé lo que significa de verdad. No sé lo que es acelerar porque no sabemos a qué velocidad va. No sabemos si en la situación actual es acelerar o frenar. Al margen de esto, es importante que este tipo de cuestiones modernas se implanten tanto en el sector privado como en la Administración pública. Las cifras que aparecen en la iniciativa son sorprendentes cuando se habla del ahorro que puede suponer la factura electrónica al sector privado. Hablar del 1,5 % del PIB -no sé de qué estudio se trata-, sinceramente, desde el punto de vista intuitivo me parece un tanto excesivo. Es lógico que en la Administración se


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implanten estos sistemas que van a permitir, tal y como dice la iniciativa, aparte de controlar todas las cuestiones mucho mejor, una lucha efectiva contra el fraude. Esperemos -y digo esperemos porque no suele ser siempre así- que se apliquen estas iniciativas y estas actuaciones en la lucha contra el fraude, que siempre es una de las medidas importantes, pero especialmente en estos momentos de crisis económica. Nuestro grupo va a votar favorablemente porque creemos que en una cuestión como esta es difícil votar en contra. Pero, insisto, tal y como dice la iniciativa, no entendemos muy bien qué es esto de acelerar la implementación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

También voy a ser breve para mostrar el desconcierto de mi grupo por la proposición no de ley que presentan porque, como ya se ha dicho, se trata de una proposición que le pide al Gobierno algo que ya está haciendo. De hecho ya lo hizo, siguió su trámite y ahora está en el Senado, si no estoy mal informado. No entendemos qué es lo que se le pide al Gobierno. ¿Qué haga otra ley distinta porque la ley que está en tramitación no contempla lo que la proposición no de ley dice? Sería muy extraño porque en ese caso el Grupo Parlamentario Popular debería haber votado en contra en Comisión y votó a favor, igual que nosotros, y creo que en este caso la práctica totalidad de los grupos, porque estamos de acuerdo en que es una buena iniciativa. Ha sido interesante que haya factura electrónica, no porque tenga cualidades mágicas, porque que la factura sea electrónica no va a hacer que se pague antes. Lo que importa es que no haya morosidad, sobre todo pública, que es el principal fenómeno que ha creado esos problemas en España. Me dan ganas de decirle al Grupo Parlamentario Popular, que hoy parece que no es su día, lo que suelen decirnos a los grupos de oposición habitualmente: eso que piden ustedes ya lo está haciendo el Gobierno, por lo tanto, votamos que no. Ya veremos qué votamos pero, siguiendo su lógica, habría que votar que no a una proposición de ley que es retroactiva y que pide que se cambie una ley que está en trámite en el Senado. La verdad es que no entendemos nada.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, presidente.

Señorías, cuando vimos esta iniciativa, en nuestro grupo se plantearon muchas dudas sobre si retirarían finalmente esta iniciativa que han traído hoy. Y si no la retiraban, a qué se debía que no lo hicieran. Está en trámite. Usted y todos los grupos que han intervenido hasta ahora lo han reconocido. Por lo tanto, se deben cumplir los trámites parlamentarios, suponemos en nuestro grupo. No sé ustedes qué opinarán, pero suponemos que habrá que cumplir también con los plazos que se marquen. Si ustedes querían añadir alguna cosa, perfectamente lo podían hacer en el ámbito del Senado, suponemos igualmente, pero lo debemos suponer solamente desde el ámbito de la oposición, porque sabemos que los ciudadanos confían ya poco en el Gobierno, pero que desconfíen ustedes de su propio Gobierno nos parece de juzgado de guardia, sinceramente. Y no confían ustedes en su propio Gobierno cuando traen una iniciativa para instar al mismo a que acelere los trámites. ¿No les parece a ustedes ridículo? ¿De verdad que no se lo parece? Pues si no se lo parece, tienen ustedes un sentido del ridículo digno de encomio, sin lugar a dudas.

Nosotros opinamos que hacen una lamentable utilización del cupo que les corresponde en cuanto a iniciativas. Ustedes limitan las iniciativas de los grupos de la oposición. Es normal que utilicen iniciativas para dorar la píldora al Gobierno, pero que lo hagan porque no tienen confianza en ustedes mismos es serio, duro y grave además. En esta ocasión vamos a votar -no tenemos la duda que manifestaba el portavoz de UPyD- en contra de esta iniciativa y vamos a hacerlo, señorías del Grupo Popular, porque consideramos que es una tomadura de pelo a los ciudadanos y ciudadanas de este país y a los grupos de la oposición. Es una tomadura de pelo absoluta. Ya veremos qué votamos en la ley, pero desde luego


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en este momento vamos a votar en contra, porque ustedes no nos pueden tomar el pelo en este Parlamento. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Señor presidente, señorías, ¿qué sentido tiene que el partido que sustenta al Gobierno nos presente una proposición no de ley para pedirle al Gobierno algo que ya está haciendo? Ninguno. El impulso de la facturación electrónica en el sector público es un desiderátum compartido por una amplia mayoría de los miembros de esta Cámara que viene recogido en un proyecto de ley cuya tramitación en el Congreso ha finalizado y ahora está tramitándose en el Senado. Precisamente hoy termina el plazo de presentación de enmiendas en la Cámara Alta. Es más, el tema no es nuevo. De hecho, el Gobierno no ha partido de cero para legislar sobre este asunto, pues en este proyecto de ley se recogen las conclusiones del grupo de trabajo sobre arquitectura para la facturación electrónica en la Administración General del Estado de 2009, así como las aportaciones del Foro nacional multilateral sobre facturación electrónica, fruto del acuerdo del Consejo de Ministros del 19 de agosto de 2011 del Gobierno socialista, en el que ya se acordó fomentar el uso de la factura electrónica y el punto general de entrada de facturas electrónicas para la Administración General del Estado.

Así, el Gobierno recogió el testigo y ha tramitado un proyecto de ley, pero, en sus ansias centralizadoras, no obliga solo a la Administración en el ámbito estatal, sino que también obliga de manera atropellada a ayuntamientos y comunidades autónomas sin un trabajo previo de coordinación. Las obliga a contar con un punto único de entrada de facturas electrónicas y a la creación de un registro contable, pero no ha solicitado información de la Federación Española de Municipios y Provincias ni informe de la Comisión Nacional del Comité Sectorial de la Administración Electrónica, información que puede no ser preceptiva pero que resulta imprescindible para asegurar la viabilidad de las medidas propuestas con la finalidad de impulsar la facturación electrónica en todas las administraciones y garantizando la interoperabilidad de los sistemas.

Es evidente que el Gobierno legisla de espaldas a todos. ¿Quizá también de espaldas al grupo que sustenta al Gobierno? Además, ha establecido la posibilidad de no obligar a la facturación electrónica de las facturas que tengan un importe inferior a 5.000 euros. Por cierto, en los ayuntamientos, el 95 % de sus facturas son inferiores a este importe. Por tanto, ¿qué sentido tiene este límite? ¿Por qué este y no otro o ninguno? ¿Por qué pretenden hoy dar la imagen de que se va a obligar a todas las administraciones a que los pagos a proveedores sean en formato electrónico cuando realmente no lo están legislando así?

También deja la posibilidad de que en el ámbito estatal, autonómico y en los municipios de Madrid y Barcelona no se inscriban en el registro contable las facturas inferiores a 5.000 euros, aspecto que insistimos que no compartimos, pues entendemos que la no anotación es sinónimo de no existencia, con lo que estaríamos permitiendo un control parcial y no íntegro de las deudas contraídas. Asimismo esta limitación podría propiciar fraccionamientos innecesarios de las facturas, que contribuirían de manera negativa a la consecución de los fines de esta ley. Creemos que tiene que registrarse hasta el último céntimo de deuda contraída en todas las administraciones sin excepción. Por tanto, lo que tienen que hacer es modificar el proyecto de ley en este sentido y tener en cuenta a las administraciones implicadas para que se pueda alcanzar el objetivo compartido con éxito.

Por mucho que se empeñen, de ninguna manera se entiende la presentación de esta proposición y menos que nos digan que es coherente. ¿Puede ser que no se hayan enterado de su tramitación legislativa del mismo modo que no se han enterado los ayuntamientos y las comunidades? ¿O bien lo que sucede es que utilizan al Congreso como instrumento propagandístico con la intención de conseguir un titular que no consiguen con la tramitación del proyecto de ley? En cualquier caso, resulta una forma de proceder muy indigna y muy poco respetuosa en los momentos que están viviendo los ciudadanos de nuestro país.

Señorías del Partido Popular, les exigimos menos deleite, menos muestras de satisfacción irreverente y más respuestas a un país con casi 6 millones de parados, un país que con las reformas del Gobierno del Partido Popular cuenta con mucha más precariedad, desigualdad y pobreza. Por cierto, señora Sánchez, muchas de las empresas cerraron por un problema de crédito, porque la reforma que hizo el Gobierno no consiguió que las empresas accedieran al crédito. Con este escenario no pidan al Gobierno lo que ya está haciendo; pídanle lo que no está haciendo, que les aseguro que es mucho. Como mínimo pídanle mayor diálogo, concierto y participación y menos recortes injustos. Exíjanle al Gobierno una salida digna de la crisis para los ciudadanos de este país. No nos hablen, como hacen reiteradamente,


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de facturas en cajones y de herencias de las que ustedes forman parte. En 2011 las desviaciones de déficit fueron provocadas principalmente por comunidades gobernadas por el Partido Popular y, es más, habrán conseguido en tres años incrementar la deuda pública en más de 300.000 millones de euros. Así que dejen ya de repetir una circunstancia de la que ustedes no están ajenos de responsabilidad y que tiene un trasfondo que no han conseguido resolver: el problema de la financiación local y autonómica para atender las necesidades básicas de los ciudadanos y el crédito a las empresas. Resuelvan el verdadero problema que tiene este país, a lo que se comprometieron cuando ganaron las elecciones prometiendo lo que no hacen. No pretendan dar lecciones de rigurosidad y de buen hacer, porque no están en condiciones de ello.

En conclusión, sí al impulso de la facturación electrónica en el sector público, pero no a una proposición de puro márquetin político. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.

Señora Sánchez, ¿acepta la enmienda presentada?

La señora SÁNCHEZ GARCÍA: No, no la aceptamos, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Por tanto, se votará en sus propios términos.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A UN SUELO SOCIAL PARA LOS GASTOS EN EDUCACIÓN, SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES. (Número de expediente 162/000010).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la siguiente proposición no de ley. Debo advertir a sus señorías para que hagan sus cálculos que será el último punto que debatiremos esta tarde. Cuando termine el debate de esta proposición no de ley pasaremos a votar.

Esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista es relativa a un suelo social para los gastos en educación, sanidad y servicios sociales. Para su presentación tiene la palabra la señora Carcedo.

La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, esta es una proposición no de ley mediante la que pretendemos una reafirmación -lo estamos haciendo con mucha frecuencia en este Congreso- del artículo 1.1 de la Constitución española que reza del siguiente modo: "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".

Hace dos años, en plena campaña a las elecciones generales, el hoy presidente del Gobierno dijo literalmente la siguiente frase: Voy a hacer un tijeretazo brutal en todo menos en educación, pensiones y sanidad. Hace también dos años, nuestro grupo parlamentario registró esta iniciativa, porque queríamos evitar que el presidente del Gobierno sustituyera "menos" por "sobre todo". Ciertamente, nada de esto fue verdad. Sí lo fue en cambio algo que no citó. Fue verdad que recortó en los servicios sociales y en la dependencia. El resultado final de todo esto es la situación de desastre social en la que se encuentra la sociedad española de hoy, con 3 millones de personas en riesgo de pobreza extrema, 2 millones de hogares con todos los miembros sin empleo y 6 millones de parados.

Como sus señorías deben conocer, evidentemente el programa electoral del PP no se cumple y esta frase tan contundente del hoy presidente del Gobierno no fue cierta en modo alguno, pero lo que sí fue cierto y hoy nos lo ha ratificado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que ha intervenido en la defensa de la modificación del Estatuto de Castilla-La Mancha es la concepción que tienen de la Administración pública y del papel del Estado. El programa celosamente cuidado y escondido por el Partido Popular decía: vamos a facilitar todo aquello que la sociedad sea capaz de hacer por sí misma. El problema es, señorías, que no todas las personas tienen la misma capacidad para procurarse el bienestar y nosotros pensamos que se deben asegurar las mismas oportunidades a las personas que no tienen esa capacidad basándonos en el principio de igualdad que reza en el artículo mencionado de la Constitución española. Curiosamente, según las encuestas del CIS, con este principio constitucional están de acuerdo más del 80 % de los ciudadanos españoles, en el caso de la educación y en el caso de la sanidad, y más del 50 %, que llega al 70 %, en el caso de la dependencia, cuando se incorporan medidas de copago. Quiero decir con esto que los ciudadanos están de acuerdo con el papel del Estado en la gestión de los


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servicios públicos. Este es precisamente el sentido de esta iniciativa que hoy les presento, porque, tras dos años de Gobierno de la derecha en este país, no solamente se han producido los recortes anunciados por el hoy presidente del Gobierno, sino que también se ha procedido a un conjunto de medidas y cambios estructurales que están debilitando y poco a poco deconstruyendo el Estado del bienestar que tan laboriosamente se construyó en este país durante treinta años y que en tan solo dos se está poniendo en riesgo. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señora Carcedo. Por favor, ruego silencio para que se oiga a la oradora. Continúe.

La señora CARCEDO ROCES: Esta intensa tarea que están llevando a cabo con tanto entusiasmo se basa en tres eslóganes que repiten sistemáticamente en esta Cámara y a quien lo quiera oír en el conjunto del país, en primer lugar la herencia recibida. Tengo que decirles que todos los indicadores económicos han empeorado con su gestión. Muy mal uso hicieron de la herencia que han recibido. También les recomendaría que incorporen de vez en cuando la herencia recibida por los milagros, los dos milagros económicos del señor Rato, especialmente el segundo, que nos llevó al pago por todos los españoles, a causa de un problema del sistema financiero, de 40.000 millones de euros, que es algo más del 60 % del coste de la sanidad en este país.

El segundo argumento es la insostenibilidad del Estado del bienestar, pero es que la insostenibilidad del Estado del bienestar no aparece ahora, aparece sistemáticamente. Aparecía en los años ochenta con la Ley de pensiones no contributivas, aparecía en el año 1996 cuando llegaron al poder la primera vez y aparece ahora. Siempre aparece la supuesta insostenibilidad del Estado del bienestar. Si en los años ochenta se pudo ir construyendo el Estado del bienestar con la mitad del PIB per capita de este país, cómo no va a ser posible sostenerlo en estos momentos. El asunto es que no es un gasto social, sino una inversión social, una inversión que genera cohesión social y que genera conocimiento para el conjunto de la sociedad para el futuro y sobre todo unos sistemas que proporcionan bienestar a los ciudadanos.

El último argumento es que dicen que estamos saliendo de la crisis gracias a la colaboración de los españoles. Perdónenme, señorías, pero esto ya no es ni grosero, es cruel. No sé dónde encontraron ustedes el listado de las personas que se quieren convertir en voluntarios costaleros para sacar a España de la crisis y transformarse en pobres, excluidos, parados, sin futuro para sus hijos. ¿Dónde encontraron ustedes a esos voluntarios costaleros? Honestamente, me parece una crueldad, y los ciudadanos españoles se merecen un respeto.

El conjunto de medidas que pusieron en marcha afecta de modo crucial a la educación. Se produjeron recortes del 5,02 % del PIB en educación y lo bajaron ya al 4,7, pero en el informe que mandan a Bruselas sobre el asunto amenazan con llegar al 3,8 %, a la altura de Azerbaiyán, por ejemplo. Hace veinticinco años que teníamos ese gasto en educación. Pero no son solamente recortes, es la contrarreforma educativa. Con el mantra del abandono y el fracaso escolar, están tomando medidas que suponen una reforma absolutamente elitista, una reforma que sustituye la universalidad y la igualdad de oportunidades por una educación para quien se la pueda pagar, porque están eliminando uno de los asuntos más cruciales que garantiza la igualdad de oportunidades, que son las becas, que suponen, señorías, el 4 % del gasto educativo, y por ese 4 % están poniendo en riesgo la igualdad de oportunidades y culpabilizando a los becarios que no tienen el éxito que tienen otros que tienen otras posibilidades, sobre todo de origen. Con el mantra del abandono escolar, dicen que tienen que introducir reformas, y no se sabe cuál es la razón de esas reformas ni qué medidas conllevan, porque, en primer lugar, recortan un 93 % la formación de profesores, que son una pieza clave para la mejora educativa; desaparecen programas que tienen que ver con nuevas tecnologías, con investigación, con idiomas, todo ello habilidades de futuro. Todos esos programas desaparecieron del Ministerio de Educación y recortan de forma brutal los que tienen que ver con ayuda a situaciones de déficit de aprendizaje. Todo eso supone que la educación, lejos de ser un elemento de inversión en el futuro, va a ser un elemento de selección y dualización de la sociedad. Y la gran solución, la segregación, no solamente segregación por capacidad escolar, sino segregación por sexos, y sustituir la razón por la religión. Esa es su receta y su solución de futuro.

En la sanidad tenemos un panorama parecido: 9.300 millones recortados en tan solo dos años. Un sistema de calidad reconocida -la Organización Nacional de Trasplantes es un emblema, pionero en todo el mundo-, un sistema que era de acceso universal por ciudadanía, lo convierten, no se sabe...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, debe usted ir terminando.


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La señora CARCEDO ROCES: Voy terminando, señor presidente, un segundo.

Sustituyen el acceso de derecho universal por ciudadanía, en un servicio que está financiado al cien por cien en los Presupuestos Generales del Estado por impuestos de carácter universal, por una vinculación con la Seguridad Social, cuando la Seguridad Social no aporta absolutamente nada. No se entiende nada de esta reforma. ¿Y esto qué supone? Barreras en el acceso. En un Sistema Nacional de Salud que era el más accesible del mundo están poniendo barreras, primero, a los emigrantes, que por cierto también pagan el IVA cuando están en España -y el IVA financia la sanidad-, y poniendo copagos que también obstaculizan el acceso a la sanidad.

En la dependencia estamos en una situación bastante parecida. De entrada, ya cortaron el desarrollo de un sector servicios en España y el desarrollo de una profesionalización que era una fuente de empleo muy importante. Al recorte del 34 % del Plan concertado de los servicios sociales se une ahora la incertidumbre en la gestión con la nueva ley de acción local. No la quiero llamar por su verdadero nombre porque me parece un sarcasmo.

Señor presidente, termino. En resumen, todas estas medidas confluyen en un objetivo fundamental: desmontar el Estado del bienestar, pero, sobre todo, lo que está suponiendo en estos momentos de enorme crisis y de paro en el país es un descenso brutal del empleo público. Según la CORA, hay un descenso superior del empleo en el sector público al que se da en el privado. La CORA dice que el empleo público cayó un 11,6 % y el privado un 7,3 %. Eso supone que se está fundiendo literalmente la clase media. Si a este recorte de la redistribución de la riqueza unimos la predistribución con la reforma laboral y con unos impuestos selectivos sobre la clase trabajadora y la clase media, resulta que se está hundiendo a la clase media y convirtiéndola en una clase de pobreza y en riesgo de exclusión social. Esa es la realidad social que se está produciendo con sus medidas, con las medidas del tijeretazo brutal que decía el hoy presidente del Gobierno.

Ya termino de verdad, señor presidente, manifestando que mayoritariamente los ciudadanos españoles son contrarios a los recortes en educación, sanidad y pensiones por encima del 80 % habitualmente, pero en este momento de crisis el porcentaje es superior al 95 %. Son contrarios a los recortes en educación, sanidad y pensiones. La reciente encuesta del CIS nos dice que más del 60 % de los ciudadanos considera insuficientes los recursos a la sanidad, a la educación y a la dependencia.

No me extraña, señorías, que la Comisión Europea les diga que con estos recortes están poniendo a los ciudadanos españoles en riesgo de violación de sus derechos fundamentales. Por tanto, les pido que voten esta iniciativa, que consideremos el desarrollo de la Constitución española como Estado social y de derecho y garanticemos que en épocas de crisis a nadie se le ocurra tomar iniciativas como las que estamos viviendo y que brevísimamente he intentado describir.

Muchas gracias. Gracias por su paciencia, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Carcedo.

Se ha presentado una enmienda por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Para su defensa tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural ha presentado una serie de enmiendas a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para mantener un suelo en materia de gasto social, de gasto educativo, de inversión educativa, sanitaria y de servicios sociales que impida en los periodos de crisis los recortes y que incremente el gasto social en los periodos de crecimiento. Señorías, esta iniciativa tiene como fecha diciembre de 2011 y en ese sentido mi grupo parlamentario cree que tiene algunos elementos, sobre todo en su exposición de motivos, que es necesario modificar. El Grupo Parlamentario Socialista en la exposición de motivos da por hecho que para luchar contra el déficit es necesaria la reforma constitucional del artículo 135, es decir, da por hecho la constitucionalización del déficit cero, la lucha contra la deuda como prioritaria antes que la lucha para salir de la crisis, la política de reactivación o las políticas sociales. Esta difícil exposición de motivos termina intentando compatibilizar agua y aceite: por una parte, la reforma del artículo 135 de la Constitución, es decir la prioridad de sufragar la deuda, y, por otra, mantener un suelo o un mínimo de gasto social que en ningún caso recorte el gasto social en los periodos de crisis.

Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas porque el problema en nuestra opinión no se soluciona mezclando agua y aceite. Las medidas actuales del Gobierno, que tienen que ver con la política de austeridad y con el carácter antisocial de los presupuestos, en nuestra opinión no se sanan únicamente en este caso con agua bendita. Creemos que hay que modificar de forma total la raíz de las políticas


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económicas de la Unión Europea y del Gobierno español, sobre todo cuando a pesar del furor del converso por parte del Gobierno y a pesar también del cambio de modelo al que el Gobierno está sometiendo las políticas sociales, la sanidad, la educación y los servicios sociales, a pesar incluso de los recortes presupuestarios, resulta que a la Comisión Europea no le parecen suficientes y nos falta todavía un recorte de 35.000 millones de euros, lo cual supondría el colapso de nuestro débil Estado de medioestar con toda seguridad. Si ahora está en una situación límite, ese recorte previsto de 35.000 millones de euros adicionales supondría su colapso. Y digo bien, señorías, que el Gobierno está aprovechando la crisis para cambiar el modelo, para cambiar el modelo sanitario de modelo universal a un modelo de seguro competitivo, cambiando el modelo de servicios sociales, un modelo de bienestar muy carencial, por un modelo de beneficencia, y cambiando el modelo educativo por un modelo liberal, por un modelo de los señores Wert y Camino, por un modelo confesional.

Señorías, nosotros presentamos una serie de enmiendas como alternativas a la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista con cuatro puntos fundamentales, con el fin, en primer lugar, de derogar el artículo 135 de la Constitución, que antepone sufragar la deuda a las políticas sociales y al Estado del medioestar; en segundo lugar, para constitucionalizar los derechos sociales, es decir, ponerlos al mismo nivel que los derechos civiles, cosa que se ha hecho ya en derecho internacional, pero no se ha hecho en derecho interno, incluso en algunos estatutos de autonomía; en tercer lugar, para poner en marcha una reconstrucción de los presupuestos, de los impuestos en nuestro país, dejando este queso de Gruyère que tenemos como sistema impositivo y construyendo un sistema de impuestos de acuerdo a los valores y a los preceptos constitucionales de progresividad, de forma que cada uno pueda pagar en función de su patrimonio y de su renta. Por último, planteamos una enmienda de modificación a la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista diciendo que no solamente hay que mantener el gasto social en la crisis. No, no, el gasto social y la reactivación económica en la crisis deben ser anticíclicos, no procíclicos. El problema del artículo 135 es que convierte al Estado en un elemento procíclico y no debe ser así, para nosotros debe ser anticíclico, es decir, en momentos de crisis debe servir para sacarnos de la crisis y para proteger a los más débiles. En ese sentido van nuestras iniciativas, nuestras modificaciones y esperamos una posición sensible por parte del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, los nacionalistas canarios tenemos que lamentar, en primer lugar, no disponer de más tiempo para discutir esta PNL en su forma y en su fondo, una PNL que vamos a apoyar aunque la consideremos insuficiente.

La reforma constitucional era materia prohibida hasta aquella sorpresa de septiembre del año 2011, que en esencia constituyó un acuerdo exprés entre el Partido Socialista y el Partido Popular -sospechoso único acuerdo en una legislatura durísima entre ambas formaciones políticas- que se produjo cincuenta días antes de una convocatoria electoral y treinta y tres años después para abordar algo que se suponía materia prohibida, como era hablar de la reforma constitucional que muchos hemos venido defendiendo para asuntos que deberían ser más generales y de mayor interés que este. Todo con un objetivo, establecer el principio de estabilidad presupuestaria, el techo del déficit público, una subordinación clarísima a los principios ultraliberales que gestionaron y gestionan de forma catastrófica la actual crisis, como comprobamos un día tras otro.

La modificación del artículo 135 de la Constitución española incluso consideró algunas excepciones como las catástrofes naturales o una grave recesión económica -por cierto, yo creo que estamos en eso-, sin embargo, se olvidó de colocar entre las excepciones a esta regla supuestamente de oro -lo es para el ultraliberalismo- los grandes servicios públicos o la garantía de los derechos civiles fundamentales. Es verdad que no es justo atribuirle exclusivamente al nuevo artículo 135 que se hayan practicado determinadas políticas de desmantelamiento de los servicios públicos como las que estamos viviendo todos los días, porque es verdad que esto necesita esencialmente de una concepción ideológica, de la ideología ultraliberal contraria genéticamente al desarrollo de los servicios públicos, pero también es verdad que el famoso techo de déficit ha dado una cobertura inestimable a las políticas de agresión contra el Estado del bienestar que se vienen practicando en estos dos años ya de legislatura.


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Esta proposición no de ley no entra en esto, no entra en el fondo de esta cuestión, sin embargo, nosotros la vamos a apoyar porque nos parece necesario volver a insistir en la necesidad de garantizar un mínimo de decencia en la prestación de los servicios públicos como elemento redistributivo fundamental en momentos en los que el empobrecimiento de amplias capas de la población está conduciendo, entre otras consecuencias, a la práctica desaparición de las clases medias tal y como hasta ahora las conocíamos. Nosotros hemos escuchado con interés la posición que ha manifestado aquí el portavoz de La Izquierda Plural y en la que venía a decir que es necesaria una reforma de la Constitución. Desde luego, es completamente necesario reformar la Constitución para esta y para algunas cuantas cosas más que supuestamente no podrían ser abordadas porque iban a pasar cosas terribles si se abría el melón constitucional, pero una vez hecha la demostración de una apertura antidemocrática de la reforma constitucional, es evidente que habría que entrar en esta y en algunas cuestiones más. Por tanto, apoyaremos esta proposición no de ley con la boca chica, por decirlo de una forma elegante.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.

Señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías del Partido Socialista, comprenderán ustedes que los grupos que, como el BNG, criticamos fuertemente aquella reforma constitucional exprés del año 2011 nos sorprendamos ahora con esta propuesta, máxime cuando nos fijamos en su fecha de diciembre de 2011, apenas tres meses después de haber impulsado aquella reforma constitucional. El portavoz del Bloque Nacionalista Galego en aquel momento decía en su intervención que la reforma constitucional la hacían ustedes -leo textualmente- para elevar a norma constitucional el pensamiento único en lo económico. Decía el BNG que esta reforma aboca, en escenarios de caída de crisis y de caída de ingresos, a tener que privatizar servicios públicos básicos y a tener que desmantelar prestaciones sociales fundamentales para asegurar el mantenimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El secretario general de su partido, el señor Rubalcaba, manifestaba en su reciente conferencia política que habían vuelto; el PSOE ha vuelto, proclamaba. Pues bien, señorías, tenemos que lamentar que la vuelta del Partido Socialista, a la vista de esta iniciativa, se quede en la defensa -y leo también textualmente- de una composición distinta de los ajustes y lamento que se den cuenta ahora, tres años después, de que efectivamente aquella reforma supuso la destrucción sistemática de las prestaciones sociales fundamentales. Ahora, mediante una proposición no de ley, quieren ustedes corregir aquel desaguisado con rango constitucional y establecer un suelo social para garantizar la educación, la sanidad y los servicios sociales. Pensamos que esa corrección no es suficiente, y tal y como ustedes la proponen, todavía menos. En su iniciativa proponen ustedes algo muy parecido a lo que plantea el propio Partido Popular en su reforma de la Administración local, una carta de derechos, prestaciones y servicios sociales básicos para todo el Estado que las comunidades autónomas y el Estado pueden mejorar. No parece que apuesten ustedes -en contra también de lo que dice la Constitución- por el verdadero desarrollo del Estado de las autonomías ni por las competencias presentes y futuras de las comunidades autónomas, que, por cierto, gracias a la reforma constitucional de 2011 han visto cómo el Estado ha entrado a saco una y otra vez en sus competencias, empezando por las exclusivas.

Señorías, nosotros también creemos que la educación, la sanidad y los servicios sociales deben ser garantizados desde lo público. Ya advertíamos en el año 2011 las consecuencias en esos servicios de aquella reforma constitucional exprés propuesta por el Partido Socialista y apoyada entusiásticamente por el Partido Popular. La garantía de esos servicios públicos, hoy ya muy deteriorados, no pasa por que el Gobierno de turno decida en qué recorta en cada momento; la garantía de la igualdad de oportunidades es la que tiene que ser constitucional y no la estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, esa garantía pasa no por una propuesta de corrección o de enmienda de lo que han hecho en 2011, sino por la derogación de aquella reforma y por adoptar medidas que vayan en la dirección de apoyar y defender a las personas y no a los mercados, que fueron precisamente los que impusieron aquella reforma urgente de la Constitución que ahora estamos pagando tan cara. Pasa por defender la soberanía de las autonomías y la propia soberanía del Estado español, frente a las políticas emanadas de una Europa que hasta el momento ha ido en sentido contrario de la mayoría de la sociedad.

Muchas gracias, presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez Fernández.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Es inevitable a la hora de abordar esta iniciativa hacer mención a la crisis económica, a la crisis como una realidad que nos apremia, que nos azota y que está llevando a situaciones de dificultad y de necesidad a una parte muy importante de nuestra sociedad. Es precisamente en este contexto cuando el ánimo que ha de mover a un Gobierno es el de preservar los elementos clave, los pilares básicos del Estado del bienestar, lo esencial: la sanidad, la educación, los servicios sociales y las pensiones, y lo esencial, señorías, también es el empleo para este grupo. La crisis no pude servir de excusa para el desmontaje de la sanidad, para acabar con los principios de universalidad y gratuidad, ni para aprobar leyes educativas elitistas, segregadoras, uniformadoras, recentralizadoras y carísimas, y tampoco para acabar con los servicios sociales y los sistemas de protección social en general. Muy al contrario, es necesario rigor y austeridad en las cuentas públicas y máxima prioridad al sostenimiento de los pilares del bienestar, asentando la acción de gobierno en la defensa de los derechos humanos, la defensa de las personas sea cual sea su condición, la mejora del bienestar y la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos y la promoción de la solidaridad y la justicia social, porque, como ya hemos dicho en otras ocasiones, un país solo avanza a través de la cohesión social y solo avanza si lo hace toda la ciudadanía. Pero no son estos precisamente los valores que impulsan las estrategias del Gobierno del Partido Popular que, con la disculpa de la crisis, ha lanzado un ataque sistemático y deliberado contra los pilares del Estado del bienestar. Hasta aquí, de acuerdo. Obviamente compartimos la necesidad de reaccionar, de arbitrar mecanismos que garanticen la permanencia del Estado del bienestar tal y como ha sido concebido en las modernas democracias europeas en clave de acuerdo y en clave de colaboración, pero no así, señorías, porque el Grupo Socialista nos propone como solución en esta iniciativa instar al Gobierno a establecer un suelo social para los gastos de educación, sanidad y servicios sociales que se concretará en una carta de derechos, prestaciones y servicios sociales básicos con la definición de mínimos para todo el territorio en un pacto de Estado del bienestar con las comunidades autónomas y plenas garantías de tales derechos básicos de educación y servicios sociales para todos los españoles.

Y les digo que no porque esta proposición, que a simple vista puede resultar atractiva e incluso eficaz, contiene gato encerrado. Me explicaré. En primer lugar, les diré que ya de entrada resultó penoso, como ya se ha comentado aquí por otros diputados, que en estrecha colaboración con el Partido Popular promovieran una modificación de la Constitución para fijar un techo de déficit con el fin teórico de poner coto a las tropelías perpetradas por algunos gobernantes y gestores públicos españoles -no concretaré, saben a quiénes me refiero perfectamente-, muchos de ellos, por cierto, permaneciendo en el poder actualmente. En segundo lugar, señora Carcedo, está muy bien citar la Constitución, apelar a ella, pero yo le sugeriría que lo hiciera en todos sus extremos. Y le digo esto porque su propuesta entraña una clara y grave vulneración del bloque de constitucionalidad e invade flagrantemente competencias de las comunidades autónomas en sanidad, en educación y en servicios sociales, pretendiendo establecer un suelo de gasto en materias que les son propias y definir una carta de derechos, prestaciones y servicios sociales básicos con la definición de mínimos -y cito literalmente- para todo el territorio.

Como ven, es profundamente recentralizadora y uniformadora. Es triste, de verdad que me parece triste que venga de ustedes porque ya no solo recentraliza y uniformiza el Partido Popular; por lo visto, también lo hace el Partido Socialista. Por ponerle un ejemplo para que sea más claro, le recuerdo que la competencia en materia de acción social que ostenta Euskadi, según lo previsto en el Estatuto de Gernika, es pura, purísima, exclusiva, del cien por cien. Otra cosa hubiera sido -y es verdad que hubiéramos aceptado- si inicialmente hubieran instado al Gobierno, en primer lugar, a alcanzar un pacto de Estado con las comunidades autónomas. Sí, y nos hubiera parecido estupendo -fíjense en lo que les digo-, aun cuando hubieran sugerido como posibles soluciones las que anteriormente han propuesto, porque dígame qué sentido tiene un pacto cuando las medidas ya han sido adoptadas con carácter previo. ¿Cuál sería el objeto del acuerdo? Yo creo que ninguno cuando ya todo nos lo dan hecho. Y al hilo de lo anterior, cabría decir además que es de todo punto incoherente su iniciativa con el discurso que el Grupo Socialista ha mantenido en recientes iniciativas como, por ejemplo, en la tramitación de la Ley Wert, en las que han criticado duramente y con razón la recentralización que la norma propone, o en relación con su salida de la subcomisión creada para el análisis de los problemas estructurales de la sanidad, en la medida en que el ministerio ha ido promulgando decretos sin encomendarse ni a Dios ni al diablo y, por supuesto, sin tener en cuenta la opinión de estos diputados y diputadas ni de la Comisión ni de la subcomisión ni de las


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propias comunidades autónomas. Así que aquí podría aplicar aquello de consejos vendo y para mí no tengo.

Por todo esto, nuestro voto va a ser no a su iniciativa, aunque de verdad compartimos la necesidad de buscar soluciones al problema creado, pero desde el respeto, desde el acuerdo. Les vuelvo a repetir, debieran haber empezado por el pacto respetando la competencias de las comunidades autónomas. En todo caso, señorías -se lo han dicho también esta tarde-, no se engañen: la estrategia cercenadora de derechos impulsada por el PP no se fundamenta únicamente en un problema de insuficiencia de recursos económicos sino en su modelo de Estado y de sociedad y en el sustrato ideológico de la derecha gobernante aquí y en Europa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.

Comenzaré diciendo que apoyamos la proposición no de ley que nos presenta hoy aquí el Partido Socialista. Me gustaría ir a lo que yo considero que es lo esencial, las dificultades por las que están pasando millones de ciudadanos en nuestro país. No voy a recordarles aquel cambio constitucional, no voy a hablar del techo de deuda y no voy a hablar de otras cosas de las que se podría hablar ahora porque me apetece más ir a lo esencial. A nadie se le escapa que de lo que estamos hablando aquí es simplemente de que se cumpla la ley, lo que dicta nuestra Carta magna, lo que dice la Asamblea de las Naciones Unidas e incluso lo que los países miembros de la Unión Europea firmaron en Estrasburgo. Nos parece especialmente importante porque un suelo social permitiría blindar lo que para nosotros -estoy seguro de que también para muchos de ustedes- son los cuatro pilares básicos del Estado del bienestar: la sanidad, la educación, las pensiones y la cobertura del desempleo y los servicios sociales, garantizando así cierta estabilidad a pesar de los vaivenes políticos y económicos, como está sucediendo ahora.

Es cierto que entre el Partido Socialista y Unión Progreso y Democracia puede haber graves diferencias, como con otros partidos políticos, en cuanto a cómo pretendemos presentar las soluciones. Nos parece que es obvio -todos los estudios lo dicen- que la actual crisis económica está ahondando en las diferencias que existen entre los españoles, está dificultando mucho más la existencia de un número muy importante, de millones de españoles, que ahora ven cómo ni siquiera sus derechos más fundamentales pueden estar cubiertos.

Atiendo a lo que se ha ido diciendo hasta ahora en el debate y veo cómo de nuevo se vuelve a poner mucho el acento en el tema competencial. Yo quisiera pasar por encima de esto también porque -ya lo hemos dicho a menudo- muchas veces nos pasamos más tiempo aquí discutiendo acerca de quién debe hacer las cosas en vez de concentrarnos un poco más en qué es lo que debemos hacer. Eso me parece un síntoma de que no estamos haciendo aquí las cosas bien. Hemos debatido a menudo -desde Unión Progreso y Democracia lo hemos dicho- cómo nos parece preocupante que el Estado se haya quedado sin las herramientas que le permitan garantizar la igualdad de los ciudadanos porque, si bien es cierto que la crisis económica ha agrandado la brecha que existía entre los ciudadanos más ricos y más pobres, también es cierto que el tema competencial ha hecho que a esa brecha económica se añada otra ahora, que es la brecha -llamémosla- territorial.

Nos preocupa -lo hemos dicho a menudo- el estado financiero de nuestros ayuntamientos. Estamos hablando de gasto social, de servicios sociales. Nos parece que por una cuestión de proximidad son esos ayuntamientos los que podrían estar prestando un servicio, y a nadie se le escapa ahora que la situación financiera de la inmensa mayoría de ellos no les permite hacer el trabajo en muchas ocasiones como ellos mismos quisieran. Creo que es importante recordar -todo el mundo, todas las asociaciones, todos los estudios mínimamente coherentes lo dicen- que esa brecha, esa desigualdad, crece, que las dificultades crecen, pero, ahondando un poco en lo que le estaba diciendo a usted, también crecen las diferencias territoriales. Sin ir más lejos, el índice de desarrollo de los servicios sociales de 2012 constataba muy graves diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Para hacernos una idea, basta recordar que en algunas comunidades autónomas se están gastando 773 euros por habitante y año y en otras tan solo 120. Esto nos preocupa. Hay comunidades que dedican a las políticas sociales el 2,74 % de su PIB regional y hay otras que, sin embargo, no llegan siquiera al 0,5 %.

También nos parece interesante recordar que el desarrollo de los servicios sociales no solamente tiene que ver con los recursos, sino con cómo se utilizan. Es interesante -nos gusta recordarlo- cómo


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aquellas comunidades autónomas que gestionan, que implican más a las entidades locales, consiguen también unas mejores políticas sociales cuando las están aplicando. Nos gustaría añadir que hay un problema que nos preocupa en cuanto a la falta de transparencia y de información pública en materia de servicios sociales, y esto es importante arreglarlo también. Nos parece recordar que en este momento la situación real de los servicios sociales de las entidades locales es muy preocupante, porque está en juego la propia sostenibilidad y la pervivencia del propio sistema.

Señores del Partido Popular, me temo qué es lo que van a hacer ustedes con esta proposición no de ley que nos trae aquí el Partido Socialista. Ya sé que en otros temas se ponen rápidamente de acuerdo, lo decíamos con respecto a ese cambio de la Constitución; hoy en algunos periódicos ya se anuncia que se han repartido el pastel del Consejo General del Poder Judicial, pero me temo que en esto no se pondrán de acuerdo. A mí me parece que ustedes deberían reaccionar porque hace muy poquito nosotros se lo hemos pedido en los Presupuestos Generales del Estado. Todavía estoy algo impresionado con la actuación del diputado del Grupo Popular esta tarde respecto a lo de Castilla-La Mancha, que decía de una manera muy rimbombante que el Partido Popular lo que quiere es más sociedad y menos Estado, y este señor se quedó tan ancho. Porque si aquí hablamos de gasto también hay que hablar de prioridades. Es evidente que hay otros lugares de donde podemos recortar para llevar ese dinero a las políticas sociales; es decir, el PP que dice que quiere menos Estado es luego el PP que defiende las diputaciones, que no quiere fusionar ayuntamientos, que no quiere acabar, por ejemplo, con el gasto de los pinganillos en el Senado, al que no le importa que concejales o alcaldes cobren más que el presidente del Gobierno, el PP de los sobres, el PP de los indultos. Nosotros hemos hecho aquí en los Presupuestos Generales del Estado una propuesta para adelgazar todo ese gasto del Estado y destinar ese dinero a servicios sociales; ustedes votaron en contra, sin embargo, luego son capaces de decir lo que han dicho aquí. Señores del PP, se trata de solidaridad, pero solidaridad con todos los ciudadanos españoles, no con los dueños de esos chiringuitos que ustedes defienden, no con los corruptos, como está pasando ahora -y perdonen que saque el tema- en Les Corts, en Valencia, donde 45 de sus 54 diputados piden por carta -tienen la poca vergüenza de firmarlo- que se indulte a un alcalde corrupto, condenado. No, señores del PP, solidaridad con los que más lo necesitan, con todos los ciudadanos españoles.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Conde Bajén pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.

Señor Conde, ¿qué quiere usted decir?

El señor CONDE BAJÉN: Solamente por las alusiones hechas por...

El señor PRESIDENTE: Existen portavoces en su grupo que, si me piden la palabra, yo se la concederé. A usted no puedo dársela porque los demás también pedirían hacer uso de la palabra. No hay palabra. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, la señora Carcedo en su intervención ha aprovechado para formular una causa general a la política del Gobierno en el ámbito de las políticas sociales y del Estado de bienestar. Podríamos compartir buena parte de sus reflexiones, ha dedicado poco tiempo a explicarnos el contenido de la proposición no de ley que todos conocíamos, pero como aquello que sometemos a la consideración de la Cámara no es su discurso sino la proposición no de ley que se va a someter a votación, inevitablemente nuestra posición deberá responder a ese contenido. Por tanto, dedicaré una parte de estos cinco minutos a posicionarme en una reflexión que la portavoz del Grupo Nacionalista Vasco también le trasladaba, como es todo aquello que tiene que ver con el modelo del Estado de las autonomías y su relación con el Estado de bienestar, diciéndole que de su intervención y del contenido de la proposición no de ley, en la medida en que vinculan ese suelo social a la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2011, se deduce una mala conciencia de su grupo en relación con lo que fue esa reforma, no tan solo seguramente por la forma en que se hizo esa reforma exprés pactada con el Grupo Popular en cuestión de horas, sino sobre el contenido de la misma y las consecuencias que ese contenido ha provocado en el desarrollo de las políticas públicas en esta legislatura. El tiempo demuestra que esa reforma fue, sin lugar a dudas, un error.


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Decía que voy a dedicar una parte de mi tiempo a la cuestión de la vinculación del Estado de las autonomías y el Estado del bienestar, y en este tema vamos intercambiando puntos de vista con el portavoz de UPyD a lo largo de esta legislatura. Fíjense, no es casualidad que el constituyente atribuyese a las comunidades autónomas las competencias exclusivas en asistencia social o que atribuyese la posibilidad de las competencias en materia de educación y sanidad. Había una convicción muy extendida entre los constituyentes y muy especialmente por el impulso de Convergència i Unió y del Grupo Nacionalista Vasco, pero también de las diputadas y los diputados del Partido Comunista, del PSUC, incluso del Partido Socialista, de que un Estado de las características del Estado español debía de estar cerca de los ciudadanos, reconociendo la diversidad y liberando energías de la sociedad. El desarrollo del Estado del bienestar en estos treinta y cinco años, con excepción del campo de la Seguridad Social, se ha producido por el impulso de los Gobiernos autonómicos y singularmente por el impulso que se ha producido desde las denominadas nacionalidades históricas. Uno no puede entender buena parte de las políticas sociales más innovadoras sin el impulso del Gobierno de Euskadi y el Gobierno de la Generalitat. Es más, cada vez que se cuestiona el Estado del bienestar, esa política va acompañada de un proceso de recentralización de las políticas públicas. En esta legislatura el Gobierno está produciendo de facto una reforma constitucional con el impulso hoy en trámite de diecisiete proyectos de ley que vulneran las competencias autonómicas, especialmente en el ámbito del Estado del bienestar. A través de la imposición de unos determinados objetivos de reducción del déficit público, lo que se hace es castigar la capacidad de las comunidades autónomas de continuar invirtiendo en educación, sanidad y en servicios sociales. Por tanto, la discusión sobre el suelo social, sobre un suelo de garantías para el desarrollo del Estado del bienestar, con excepción del ámbito del sistema de la Seguridad Social, es fundamentalmente una discusión sobre las capacidades de las comunidades autónomas de poder desarrollar esas políticas. Una discusión a fondo sobre ese suelo social es una discusión sobre recaudación fiscal, capacidad redistributiva de los impuestos y modelo de financiación autonómica. El actual modelo, el de 2006, para países como Cataluña es terriblemente injusto porque no nos permiten garantizar la misma capacidad de inversión... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado. Por favor, ruego silencio para que se escuche al orador.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Un modelo injusto el de 2006 porque no permite garantizar a Cataluña, como tampoco se lo permite al País Valenciano o a las Islas Baleares, la inversión per capita que sí se produce en otros territorios. El suelo social que pretende el Grupo Socialista exige de entrada el respeto pleno a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, una política fiscal orientada a la redistribución del gasto y un sistema de financiación justo, ya que el que hoy tenemos no lo es. No nos permite garantizar a los ciudadanos de Cataluña los servicios públicos por los que pagan sus impuestos. En Cataluña estamos pagando impuestos a la sueca y recibiendo servicios públicos a la americana, y eso tiene que ver fundamentalmente con el modelo de financiación que se aprobó en 2006. Eso nos lleva, señorías, a no poder votar a favor de su moción y a abstenernos en relación con la misma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Bolarín.

La señora BOLARÍN SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, por alusiones a un compañero diré, señor Cantó, que lecciones de austeridad de ustedes, ni una. Tienen en Asturias un diputado con siete asesores. (Aplausos). Ese no es un modelo de austeridad para nosotros.

Comienzo mi intervención dirigiéndome en particular a las señorías del Grupo Parlamentario Socialista. Presentan esta tarde una proposición no de ley para impulsar la igualdad de oportunidades y la protección de los que menos tienen, dando a entender con ello no la necesidad de avanzar en estos objetivos, sino simplemente de fijar un mínimo. Pues bien, quiero dejarles claro desde el principio que el Gobierno y mi grupo parlamentario están trabajando para salvaguardar el bienestar y los derechos fundamentales de los ciudadanos. (Una señora diputada: ¡Ya, ya!). Señorías, la realidad es que, como hemos hecho anteriormente, estamos dedicando todos nuestros esfuerzos a restablecer las políticas sociales, pues habían sido desfiguradas por su mala gestión. Nosotros trabajamos más con menos. Desde el Gobierno


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se tiene claro que la clave del éxito de las políticas sociales se encuentra en analizar y planificar antes de actuar; sin embargo, si hay algo que les caracteriza es su incoherencia a la hora de planear y gestionar. De este modo, ustedes primero actúan y luego planifican. Por eso, siguiendo su máxima de la incoherencia en la política, han elaborado esta iniciativa, porque instan al Gobierno a establecer un suelo social para todos los gastos en educación, sanidad y servicios sociales. De nuevo comprometen un gasto antes de estudiar su financiación. No les importa si se paga o no, ya que, si no lo hacen ustedes, lo harán los que vengan detrás. (Aplausos). Se han especializado en lo que coloquialmente se denomina un yo invito y tú pagas. (Aplausos).

Les voy a poner tres ejemplos de su modelo de gestión de los recursos públicos. En sanidad, hace dos años -no hace mucho-, cuando apenas les quedaba un día para salir del Gobierno, el Sistema Nacional de Salud arrojaba una deuda cercana a los 16.000 millones de euros, 16.000 millones de euros por debajo del suelo social que ahora reclaman. No tienen memoria, señorías. Por eso, lo primero que ha hecho el Gobierno es restablecer el equilibrio para poder sostener esa gestión bien. Eso es gestionar y hacerlo bien. En educación, la inversión alcanzó máximos respecto a la media de la Unión Europea y la OCDE. Sin embargo, en cuanto a resultados nos encontramos en mínimos, porque el gasto no iba acompañado de un buen modelo educativo, así que ahora el suelo social que plantea el Gobierno es implantar un modelo educativo de calidad y con equidad, y eso es buena gestión, no despilfarro. (Aplausos). En políticas sociales ustedes promovieron la Ley de Dependencia. Sí, señorías, fueron ustedes los impulsores, junto a la gran mayoría de las fuerzas políticas, de la creación de un sistema para la atención a la dependencia, pero también fueron los únicos responsables de su ineficiencia y de su falta de viabilidad. ¿Saben cuál es el suelo social que proyecta el Gobierno? La reforma de ley que está haciendo del sistema de dependencia un modelo sostenible, algo que ustedes no hicieron o no supieron hacer, señorías. (Aplausos).

Señorías, a muchos de ustedes, y en particular a muchos socialistas, les cuesta entender qué es la sostenibilidad. Traduciéndoselo en términos domésticos, sería pensar en el Estado como en una familia. En todas las familias es fundamental la buena administración, es decir, saber manejar las cuentas de la casa de tal modo que las necesidades de todos sus miembros estén cubiertas en la medida de lo posible. A esto también se le llama buena gestión. En un país es vital tener una buena gestión que se ocupe de cubrir las necesidades y derechos de todos sus ciudadanos en materia de educación, sanidad y políticas sociales, entre otras. El buen gestor en nuestro país se llama Mariano Rajoy. (Aplausos). También se debe garantizar la igualdad en el acceso a los mismos con calidad y equidad, desde el respeto al marco competencial y la garantía a una financiación suficiente. Este Gobierno ha puesto en marcha muchas iniciativas para lograrlo. Ha dado opciones a las comunidades autónomas para hacer el gasto más racional, igual que instrumentos de liquidez para hacer frente a sus compromisos y pagos pendientes. Este es el resumen de lo que el Gobierno ha hecho hasta ahora: resolver problemas y proponer soluciones. En definitiva, gestionar bien. Un país que gestiona bien es un país que avanza, y avanza porque es un país creíble. ¿Quieren saber sus señorías qué otras cosas está haciendo nuestro Gobierno para corregir la situación heredada y preservar el Estado del bienestar? Por un lado, las políticas, que están enfocadas a crecer y a crear empleo, porque sabemos que es la mejor manera de luchar contra la exclusión social y a favor de la igualdad de oportunidades. Por otro lado, el gasto, que se maneja no pensando en el mínimo común, sino en el máximo posible. ¿Quieren sus señorías saber qué está haciendo mi grupo parlamentario? Está respaldando la acción del Gobierno, una acción difícil pero necesaria. No lo hace por partidismo ni por seguidismo, sino por convicción. A quienes no compartan esa condición les pediría, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, que al menos en la esfera de lo social actúen con la misma responsabilidad, porque nosotros sacaremos a España de donde ustedes la dejaron.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bolarín.

Señora Carcedo, parece que hay una enmienda transaccional.

La señora CARCEDO ROCES: Sí, señor presidente. Hemos elaborado una transaccional con el texto original y dos puntos de Izquierda Unida, el 2 y el 3.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En dos minutos procederemos a votar. (Pausa).


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DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA. (VOTACIÓN):

- DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA-LA MANCHA. (Número de expediente 127/000003).

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones. En primer lugar, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Hay 6 votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310, más 6 votos telemáticos, 316; a favor, 168, más 3 votos telemáticos, 171; en contra, 121, más 3 votos telemáticos, 124; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y DE OTRAS LEYES, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE PLAZOS Y OBLIGACIONES DE COLABORACIÓN CON DICHO TRIBUNAL. (Número de expediente 122/000115).

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y de otras leyes, en materia de reducción de plazos y obligaciones de colaboración con dicho tribunal. Hay 6 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311, más 6 votos telemáticos, 317; a favor, 141, más 3 votos telemáticos, 144; en contra, 166, más 3 votos telemáticos, 169; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIONES).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A ACELERAR LA IMPLANTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN TODOS LOS PAGOS DE PROVEEDORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 162/000721).

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a acelerar la implantación de la factura electrónica en todos los pagos de proveedores de las administraciones públicas. Se va a votar en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 187; en contra, 15; abstenciones, 110.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A UN SUELO SOCIAL PARA LOS GASTOS EN EDUCACIÓN, SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES. (Número de expediente 162/000010).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, relativa a un suelo social para los gastos en educación, sanidad y servicios sociales. Hay una enmienda transaccional con el Grupo de La Izquierda Plural y, si no hay ningún inconveniente, es lo que procederíamos a votar.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 127; en contra, 173; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se suspende la sesión.

Eran las ocho y veinte minutos de la noche.

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