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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 153, de 31/10/2013
cve: DSCD-10-PL-153
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 153
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 144
celebrada el jueves,
31 de octubre de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley del sector eléctrico. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 65-1, de 4 de octubre de 2013. (Número de expediente 121/000064) ... (Página7)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:

- Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, hecho en Tegucigalpa el 29 de junio de 2012. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 180, de 7 de junio de 2013. (Número de expediente 110/000096) ... (Página33)

- Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura relativo al establecimiento de la oficina de esta organización en España, hecho en Madrid el 4 de abril de 2013. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 188, de 16 de julio de 2013. (Número de expediente 110/000097) ... (Página33)

- Convenio entre el Reino de España y la República Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Buenos Aires el 11 de marzo de 2013. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 192, de 29 de julio de 2013. (Número de expediente 110/000098) ... (Página33)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa para el establecimiento del bloque funcional de espacio aéreo del suroeste (SW FAB), hecho en Lisboa el 17 de mayo de 2013. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 193, de 29 de julio de 2013. (Número de expediente 110/000099) ... (Página33)


Página 2




- Protocolo entre el Reino de España y la República de la India, que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993, hecho en Nueva Delhi el 26 de octubre de 2012. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 201, de 6 de septiembre de 2013. (Número de expediente 110/000101) ... (Página33)

- Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras, hecho en Madrid el 14 de mayo de 2013. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 202, de 6 de septiembre de 2013. (Número de expediente 110/000102) ... (Página33)

- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino Hachemita de Jordania sobre la exención recíproca de los visados para los titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Ammán el 20 de abril de 2013. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 203, de 6 de septiembre de 2013. (Número de expediente 110/000103) ... (Página33)

- Convenio entre el Reino de España y la República de Chipre para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Nicosia el 14 de febrero de 2013. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 204, de 6 de septiembre de 2013. (Número de expediente 110/000104) ... (Página33)

- Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda de la Unión Europea concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-UE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, hecho en Luxemburgo y Bruselas el 24 y 26 de junio de 2013 respectivamente. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 211, de 4 de octubre de 2013. (Número de expediente 110/000105) ... (Página33)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 56-1, de 16 de julio de 2013. (Número de expediente 121/000056) ... (Página38)

- Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 112-1, de 1 de marzo de 2013. (Número de expediente 127/000002) ... (Página52)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social (procedente del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 60-1, de 20 de septiembre de 2013. (Número de expediente 121/000060) ... (Página56)

- Proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 64-1, de 4 de octubre de 2013. (Número de expediente 121/000063) ... (Página68)


Página 3




- Proyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 69-1, de 4 de octubre de 2013. (Número de expediente 121/000068) ... (Página81)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Votación) ... (Página109)

Avocación por el Pleno ... (Página109)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales (Votación) ... (Página110)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Votación) ... (Página111)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Votación) ... (Página115)

Avocación por el Pleno ... (Página115)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas... (Página7)

Proyecto de ley del Sector Eléctrico... (Página7)

El señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución y de texto alternativo, así como para fijación de posición, intervienen el señor Baldoví Roda, las señoras Pérez Fernández y Jordà i Roura, los señores Salvador Armendáriz y Quevedo Iturbe, y la señora Ariztegui Larragaña, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; y los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales... (Página33)

Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, hecho en Tegucigalpa el 29 de junio de 2012... (Página33)

Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura relativo al establecimiento de la oficina de esta Organización en España, hecho en Madrid el 4 de abril de 2013... (Página33)


Página 4




Convenio entre el Reino de España y la República Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Buenos Aires el 11 de marzo de 2013... (Página33)

Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa para el establecimiento del bloque funcional de espacio aéreo del suroeste (SW FAB), hecho en Lisboa el 17 de mayo de 2013... (Página33)

Protocolo entre el Reino de España y la República de la India, que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993, hecho en Nueva Delhi el 26 de octubre de 2012... (Página33)

Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras, hecho en Madrid el 14 de mayo de 2013... (Página33)

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino Hachemita de Jordania sobre la exención recíproca de los visados para los titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Ammán el 20 de abril de 2013... (Página33)

Convenio entre el Reino de España y la República de Chipre para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Nicosia el 14 de febrero de 2013... (Página33)

Acuerdo Interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda de la Unión Europea concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-UE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, hecho en Luxemburgo y Bruselas el 24 y 26 de junio de 2013 respectivamente... (Página33)

Para fijar su posición sobre determinados convenios intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Nuet Pujals, Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista, y Beneyto Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas... (Página38)


Página 5




Proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado... (Página38)

En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas para su defensa en el Pleno intervienen las señoras Oramas González-Moro, Fernández Davila y Jordà i Roura, y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Mixto; Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); así como los señores Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Vuelven a hacer uso de la palabra los señores Esteban Bravo y Martínez-Pujalte López, así como el señor Coscubiela Conesa y nuevamente el señor Martínez-Pujalte López.

Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia... (Página52)

Hacen uso de la palabra los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); así como las señoras González Veracruz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barreiro Álvarez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Vuelven a intervenir el señor Martínez Gorriarán y la señora Barreiro Álvarez.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas... (Página56)

Proyecto de ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social (procedente del Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 de agosto.) ... (Página56)

En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras Gutiérrez del Castillo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público ... (Página68)

El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.


Página 6




En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, así como la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyecto de ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social... (Página81)

La señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución y fijación de posición intervienen la señora Fernández Davila, los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, la señora Barkos Berruezo, los señores Salvador Armendáriz, Álvarez Sostres, Baldoví Roda y Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como las señoras Valerio Cordero, del Grupo Parlamentario Socialista, y España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Página

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página109)

Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley del sector eléctrico, son rechazadas por 132 votos a favor, más 5 votos telemáticos, 137; y 177 en contra, más 1 voto telemático, 178.

Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada al proyecto de ley del sector eléctrico, es rechazada por 15 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 17; 177 en contra, más 1 voto telemático, 178, más 118 más 3 votos telemáticos, 121.

Avocación por el Pleno... (Página109)

Sometidas a votación las solicitudes de avocación por el Pleno del proyecto de ley del sector eléctrico, presentadas por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y el Grupo Parlamentario Socialista, son rechazadas por 133 votos a favor, más 5 votos telemáticos, 138; 173 en contra, más 1 voto telemático, 174, y 2 abstenciones.

Página

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votación.) ... (Página110)

Sometidos a votación separada los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que figuran en el orden del día, son aprobados.

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página111)

Sometidas a votación las enmiendas al proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado, son rechazadas.

Sometido a votación el dictamen del citado proyecto, es aprobado por 176 votos a favor y 130 en contra.


Página 7




Sometido a votación el dictamen de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, es aprobado por 299 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.

Sometida a votación de conjunto la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, por tener carácter orgánico, es aprobada por 300 votos a favor, más 5 votos telemáticos, 305; y 5 en contra.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página115)

Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada al proyecto de ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social (procedente del Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 de agosto), se rechaza por 14 votos a favor; 175, más 1 voto telemático, 176; y 117 abstenciones, más 5 votos telemáticos, 122.

Avocación por el Pleno... (Página115)

Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social (procedente del Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 de agosto), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, es aprobada por 302 votos a favor, más 5 voto telemático, 307; 2 en contra, más 1 voto telemático, 3; y 2 abstenciones.

Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, son rechazadas por 121 votos a favor, más 5 votos telemáticos, 126; en contra, 182, más 1 voto telemático, 183; y 2 abstenciones.

Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, son rechazadas por 130 votos a favor, más 5 votos telemáticos, 135; 175 en contra, más 1 voto telemático, 176; y 1 abstención.

Avocación por el Pleno... (Página116)

Sometidas a votación las solicitudes de avocación por el Pleno del proyecto de ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, son rechazadas por 128 votos a favor, más 5 votos telemáticos, 133; 172 en contra, más 1 voto telemático, 173; y 1 abstención.

Se levanta la sesión a las siete y veinte minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO. (Número de expediente 121/000064).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Debate de totalidad del proyecto de ley del sector eléctrico. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el ministro de Industria, Energía y Turismo.


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El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señor presidente, señorías, quisiera que mis primeras palabras fueran para reiterar ante el Pleno de esta Cámara el pesar y la condolencia del Gobierno hacia las familias de los seis mineros que fallecieron el pasado lunes en el pozo Emilio del Valle, en Pola de Gordón, provincia de León, y para expresar también todo nuestro ánimo para la pronta y definitiva recuperación de las cinco personas que todavía están heridas.

Comparezco en el día de hoy en nombre del Gobierno, señorías, para llevar a cabo la defensa del proyecto de ley del sector eléctrico en relación con las enmiendas a la totalidad que se han planteado. Quiero decir, en primer lugar, que este proyecto de ley gira fundamentalmente en torno a la necesidad de establecer determinado tipo de medidas para proceder a disponer de un sistema eléctrico que pueda cumplir con los objetivos que se esperan del mismo en nuestro país y en nuestra economía. El sistema eléctrico en España presenta importantes fortalezas que creo que no debemos obviar: en primer lugar, un mix diversificado y equilibrado de tecnologías de generación; en segundo lugar, un alto nivel de penetración de las energías renovables cercano al 50 %, si consideramos el periodo de tiempo correspondiente al primer semestre de este año; en tercer lugar, un elevado nivel de desarrollo de infraestructuras y también calidad de suministro. Sin embargo, a pesar de esas fortalezas que son evidentes, también tenemos debilidades. En primer lugar, el precio de la electricidad en España está muy por encima del precio medio de la electricidad en la media europea, y lo está tanto en precios del consumo doméstico como también en términos de precios del consumo industrial. Otra debilidad de nuestro sistema consiste en que los costes regulares del sistema han crecido muy por encima de los ingresos. A comienzos del año 2013 las previsiones de coste del sistema eléctrico eran de alrededor de 22.500 millones de euros, con unos ingresos de tan solo 18.000 millones de euros. Las causas de este desequilibrio son varias, pero fundamentalmente hay que encontrarlas en un crecimiento excesivo de determinadas partidas de costes por decisiones de política energética que, sin entrar en detalles, no garantizaban el correlativo ingreso por parte del sistema.

Desde el año 2005 los costes de las actividades reguladas del sistema eléctrico se han incrementado en más de un 300 %. Particularmente, las partidas correspondientes a las primas por energías del régimen especial han tenido un incremento del 700 %. Todo ello se ha visto agravado además por el descenso de la actividad económica y de la demanda eléctrica que, con relación a las previsiones, han caído respectivamente de un 25 % y un 24 % hasta un 1 % y un 2 %.

¿Cuál habría sido la situación del sistema eléctrico de no haberse tomado las medidas que el Gobierno ha ido adoptando a lo largo de los años 2012 y 2013? De no haberse tomado esas medidas, en el presente ejercicio 2013 el déficit de tarifa habría estado en 10.500 millones de euros. Es verdad que había una alternativa en caso de no haber adoptado dichas medidas, y era incrementar el precio de la luz adicionalmente en un 42 %. A pesar de ese problema, de esa debilidad que habíamos expresado en cuanto al déficit de tarifa, del elevado precio y de las medidas que ya se han tomado, ese déficit de tarifa persiste este año y lo hace en una cuantía de 4.500 millones de euros, que viene dado por la diferencia entre unos costes del sistema de 22.500 y unos ingresos del sistema de 18.000 millones.

¿Cuándo empieza el problema del déficit de tarifa? La deuda tarifaria empieza a acumularse a partir del año 2005 hasta superar hoy, a mes de junio de este año, los 26.000 millones de euros. Señorías, ¿cuáles son, a la luz de esa exposición y de esa situación, las líneas básicas de la reforma eléctrica que incluye este proyecto de ley? En primer lugar, se pretende eliminar el déficit de tarifa con una reducción significativa de los costes del sistema; en segundo lugar, establecer en un marco normativo la estabilidad financiera del sistema; en tercer lugar, conseguir una reducción significativa de costes; y en cuarto lugar, garantizar el menor coste posible para el consumidor.

¿Cuáles son los principios sobre los cuales se articula esta reforma? Los principios son varios: en primer lugar, el principio de estabilidad económica y financiera del sistema eléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir varias cosas. En primer lugar, los ingresos del sistema eléctrico deberían ser suficientes para satisfacer la totalidad de los costes de las actividades reguladas del sector. En segundo lugar, se establece también una regla de estabilidad económica y financiera mediante un sistema automático de revisión de los peajes del sistema, si se superan determinados niveles, para evitar la aparición de nuevos desequilibrios. En tercer lugar, se limita la introducción de nuevos costes en el sistema sin que vengan acompañados por un aumento equivalente de ingresos. En cuarto lugar, aquellos sobrecostes generados por normas autonómicas o locales y que no afecten a la generalidad del sistema tendrán que ser obviamente sufragados y en exclusiva por parte de las instituciones y administraciones públicas que las patrocinan. En quinto lugar, la factura eléctrica no podrá asumir el coste de actividades que no estén directamente relacionadas con el suministro eléctrico.


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¿Qué se establece para corregir los desajustes temporales del sistema eléctrico? En el caso de que en un año se produzca un desajuste entre los ingresos y costes del sistema, este no podrá superar el 2 % de los costes estimados del sistema para ese año, o bien el 5 % del total de la deuda acumulada en ese momento. Y en el caso de que en un ejercicio concreto se exceda de esos límites previamente establecidos, los peajes se revisarán en una cantidad equivalente al montante que exceda del límite establecido. Mientras el sistema eléctrico acumule deuda no se podrán reducir los peajes. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión delegada para Asuntos Económicos, aprobará una previsión de la evolución de las diferentes partidas de ingresos y costes del sistema eléctrico para los cinco años siguientes.

En lo que respecta al nuevo régimen retributivo de las actividades del transporte y distribución, se fija una retribución homogénea que viene dada por el rendimiento de las obligaciones del Tesoro a diez años más 200 puntos básicos, que en la situación actual del mercado comporta aproximadamente una retribución del 6,5 %.

En relación con el régimen retributivo de las energías renovables, de la cogeneración y de los residuos, se establece también un marco regulatorio homogéneo, transparente, estable, que introduce certidumbre en el sector y proporciona confianza a los inversores. Se garantiza una rentabilidad siguiendo una norma muy similar a la que se establece para las actividades de transporte y distribución consistente en fijar un 7,5 % de rentabilidad razonable, que viene de considerar como referencia la emisión del bono del Tesoro a diez años más 300 puntos básicos.

En relación con el nuevo régimen retributivo de todas aquellas actividades eléctricas que se desarrollen en los sistemas insulares y extrapeninsulares, por tanto, en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, se mantiene una reglamentación singular para poder atender las especificidades derivadas de su ubicación territorial y también de su carácter aislado. Dicha reglamentación desarrollará, entre otros, los mecanismos siguientes: en primer lugar, establecimiento de un régimen retributivo a la actividad de producción; en segundo lugar, el fomento de energías renovables cuando sean técnicamente asumibles y supongan una reducción de los costes del sistema; en tercer lugar, el establecimiento de incentivos económicos al operador del sistema para que, manteniendo la seguridad, pueda reducirse progresivamente el coste de generación de estos sistemas no peninsulares.

En relación con el autoconsumo de electricidad, señorías, se regula el autoconsumo por primera vez en nuestro país. Se definen las modalidades de autoconsumo y el régimen jurídico aplicable a los autoconsumidores que, en todo caso, deberán pagar los mismos peajes de acceso a las redes y los cargos asociados a los costes del sistema y costes para la provisión de servicios de respaldo del sistema que correspondan a un consumidor no sujeto a ninguna de las modalidades de autoconsumo. Se trata, en definitiva, de impulsar el autoconsumo pero, al propio tiempo, evitar que aquellas personas que opten por el autoconsumo puedan consumir con cargo al pago de las infraestructuras generales por parte del resto de los consumidores. Los autoconsumidores evidentemente no pagan por la energía que autoconsumen, pero sí tienen una ventaja fiscal al no tener que pagar los impuestos asociados a la energía autoconsumida.

Con respecto al precio voluntario para el pequeño consumidor, se establece en la ley de reforma del sector eléctrico el denominado precio voluntario para el pequeño consumidor como el precio máximo de referencia al que podrán contratar los consumidores de menos de 10 kilovatios. Se mantiene la tarifa de último recurso, TUR, pero se mantiene solamente para el consumidor vulnerable, incluyendo un descuento sobre el precio voluntario, el denominado bono social, para el pequeño consumidor, que será de aplicación a todos los consumidores vulnerables.

En relación con los planes de ahorro y eficiencia energética, se establece en el proyecto de ley la posibilidad de que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla asuman, en el ámbito de sus respectivas competencias, y puedan llevar a cabo mediante planes de ahorro y de eficiencia energética determinadas normas y principios para potenciar, entre otros, los siguientes objetivos: en primer lugar, mejorar la eficiencia energética de las medianas y grandes empresas de todos los sectores y, en segundo lugar, renovar los sistemas energéticos del parque de edificios residenciales y comerciales.

Con respecto a la hibernación, el proyecto de ley de reforma del sector eléctrico habilita la posibilidad del cierre temporal de instalaciones de producción-hibernación bajo estrictos criterios de garantía de seguridad de suministro mediante un procedimiento de autorización administrativa previa de carácter regulado.


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En relación con el refuerzo de los mecanismos de control del sistema, hay que hacer las siguientes consideraciones: en primer lugar, se refuerzan los mecanismos de control del sistema en materia de inspección, de registro de actividades y de control del fraude; en segundo lugar, se fortalece el régimen sancionador; en tercer lugar, se clarifica dicho procedimiento sancionador y, finalmente, se regula la función inspectora. En definitiva, señorías, esta ley va a permitir resolver el problema del déficit de tarifa, va a permitir el desarrollo de las energías renovables con un mecanismo regulatorio estable, regula el autoconsumo por primera vez en España, tiene en cuenta todos los aspectos medioambientales y directrices de la Unión Europea en esta materia y además impulsa medidas de ahorro y eficiencia energética.

En cuanto a la reforma considerada globalmente, señorías, al principio de esta legislatura teníamos una deuda eléctrica acumulada en los balances de las compañías eléctricas de 22.000 millones de euros. Es verdad que a lo largo de todo el año 2012 se ha ido acumulando adicionalmente por un importe de 4.000 millones de euros, hasta alcanzar a mitad de este año 2013 una cuantía de 26.000 millones de euros. El problema de esta deuda acumulada no solo es que está residenciada en los balances de las empresas eléctricas, aun cuando esté titulizada y por tanto cuente con el aval del Estado, sino que cada año el acumulado de la deuda va generando en concepto de amortización de capital e intereses aproximadamente unos 2.600 millones de euros adicionales, que van directamente a engrosar los costes regulados del sistema y por tanto van directamente a la factura de la electricidad. En consecuencia, creo que todos estaremos de acuerdo si decimos que uno de los objetivos esenciales de la reforma debe ser precisamente reducir el déficit de tarifa, encauzarlo y evitar que en años sucesivos vuelva a suponer la carga que supone, en primer lugar, para los consumidores, pero también para las compañías eléctricas. Esa es la razón por la cual se han ido adoptando un conjunto de medidas a lo largo del año 2012 y también del año 2013. Es verdad que son medidas que suponen costes para todos los que conforman el sistema eléctrico. Supone un coste para las empresas convencionales que producen electricidad, supone un coste para las empresas de energías renovables, supone un coste para los consumidores en términos de mayores precios, supone un coste también para el Estado en términos de aportación directamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pero, señorías, debemos tener en cuenta que la alternativa al conjunto de medidas que se han ido adoptando a lo largo de los años 2012 y 2013, incluyendo este proyecto de ley, habría sido producir o impulsar un incremento en los precios de la electricidad en España superior al 40 %. Evidentemente no lo podíamos asumir por muchas razones. En primer lugar, porque ya en España en el periodo 2005 a 2011 el precio de la electricidad se ha incrementado nada más y nada menos que en un 67 %. Desde principios del año 2012 hasta la actualidad es verdad que el precio de la electricidad ha aumentado, pero lo ha hecho en un 4,9 %. No es un consuelo, porque si una razón de ser tiene un sistema energético en cualquier economía del mundo, en cualquier país del mundo, también en España, es que el factor de la electricidad, el factor de la energía no sea una restricción a la competitividad vía costes de los procesos productivos en esa economía. Por tanto, en última instancia este conjunto de medidas tiene como finalidad controlar el déficit, controlar los incrementos de precios en términos al consumo y también lograr un modelo energético que dé una energía competitiva para el conjunto de la actividad económica. Esa es la razón por la cual solicito a todos los grupos parlamentarios que retiren las respectivas enmiendas a la totalidad que han planteado a este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Este proyecto de ley tiene presentadas siete enmiendas a la totalidad, seis de devolución y una de texto alternativo. Para la defensa de las enmiendas vamos a comenzar por el Grupo Mixto, en cuyo nombre intervendrán varios portavoces, en un caso para presentar enmiendas y en otros para la fijación de posiciones.

En primer lugar, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

¡Manos arriba, esto es un atraco! (Continúa su intervención con las manos en alto). Sí, señor ministro, ¡manos arriba, esta ley es un atraco! Los matones del barrio no quieren que nadie juegue en el patio de la energía; quieren jugar solos y por eso nos quitan el balón a los pequeños. Esos grandullones condiciosos tienen nombre. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Olé!-Otro señor diputado: ¡Ya puedes bajarlas!) Si les molesta, se van. (Risas y aplausos). Esos grandullones codiciosos tienen nombre: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, y son...


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El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví, ha hecho usted un gesto que no me parece mal, pero ahora siga de una forma normal. (Risas).

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias. Si me lo pide así, no tengo ningún inconveniente. Muchas gracias, señor presidente.

Son los que han dictado esta ley del sector eléctrico para impedir que haya una verdadera democracia energética, para repartirse y controlar ellos solos el negocio de la energía eléctrica, porque esta ley tiene un solo objetivo: consagrar los beneficios de la patronal aunque perjudiquen a los consumidores, aunque hundan las renovables y con ellas a los 30.000 pequeños inversores que confiaron en el Boletín Oficial del Estado, aunque estrangulen el autoconsumo, aunque asfixien a las pequeñas cooperativas eléctricas. Nos quieren robar el sol y usted, señor ministro, lo quiere permitir. Este atraco ha llegado incluso a las páginas del Wall Street Journal. Titular del Wall Street Journal: España impone las mismas multas al autoconsumo que a las fugas radiactivas muy graves: 60 millones de euros. ¡60 millones de euros! O sea, ciudadano, mucho cuidadito con ponerte una placa solar para tu propio consumo y no declararla. Con esta ley pagarás lo mismo que si hubieras provocado una fuga radiactiva muy grave. ¿Normal, señor ministro, lógico? Como también es lógico que en un país con una dependencia energética exterior del 75 % -en 2012 gastamos 45.000 millones de euros, el 4,5 % del producto interior bruto, en importaciones de hidrocarburos- se siga apostando por quemar combustible fósil mientras desperdiciamos la energía más abundante y barata que tenemos, el sol. Insisto, señor ministro, esta ley es un robo. Con el pretexto de acabar con el déficit de tarifa, santifican un sistema de cálculo de costes del sector absolutamente arbitrario, oscuro. Señor Soria, ¿para cuándo una auditoría que calcule los verdaderos costes del sector eléctrico? ¿Para cuándo esta auditoría?

Por último, ustedes mantienen un sistema de formación de precios parcial, irrazonable y abusivo que otorga una clara ventaja a algunas centrales convencionales y perjudica claramente a las renovables, que podrían generar muchos puestos de trabajo, que podrían democratizar la energía y hacerla un poquito más de todos y no solo de unos pocos vampiros avariciosos, generosos solo con algunos políticos cumplidores y serviciales, que luego entraron por una puerta giratoria en los consejos de administración. Unos ejemplos solo. Consejo de administración de Gas Natural Fenosa: Felipe González y Narcís Serra. Consejo de administración de Endesa: José María Aznar, Luis de Guindos y Elena Salgado. Consejo de administración de Iberdrola: Ángel Acebes e Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal.

Acabo. Hoy nuevamente mi voto será el de los ciudadanos que han decidido participar en la segunda iniciativa del Congreso transparente: democracia directa, que por abrumadora mayoría me han mandado un mensaje muy claro: aunque usted transite por la puerta giratoria, no conseguirán robarnos el sol. Tardaremos, pero venceremos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, el BNG ha presentado enmienda a la totalidad de este proyecto de ley por varias razones. Por una parte, el suministro de energía eléctrica pasa de ser un servicio esencial en la Ley 54/1997 a considerarse una actividad de interés general. Lo que debiera ser un servicio público pasa a enfocarse únicamente desde un punto de vista mercantilista y lo que se pretende es garantizar su sostenibilidad económica y financiera pero sin presentar ninguna medida para garantizar el servicio al menor coste posible, tal y como recomienda la CNC y tal y como nosotros compartimos.

Por otro lado, este proyecto de ley no pone solución a las causas estructurales que vienen provocando el déficit tarifario y el mercado oligopolístico. La causa estructural del déficit tarifario -en la que, desde luego, pueden incidir factores coyunturales- reside en un sistema de generación de precios totalmente opaco e injusto, consagrado precisamente en la Ley del Sector Eléctrico de 1997 y que el BNG ha criticado en numerosas ocasiones. El precio final de la electricidad en el mercado mayorista viene determinado por el precio de la última oferta aceptada. Por lo tanto, los beneficios generados por esta reforma a los propietarios de tecnologías que producen a costes inferiores son exageradamente elevados. El caso de las hidroeléctricas o la energía nuclear, tecnologías prácticamente amortizadas, es precisamente el ejemplo más claro de esos beneficios astronómicos. Este proyecto de ley mantiene este sistema; un


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sistema que produce con costes muy diferenciados dependiendo de las tecnologías. La propia Comisión Nacional de la Competencia lo reconoce y lo hace explícito en sus informes; incluso advierte -leo textualmente- que si no se corrigen dichas carencias de base, existe un riesgo alto de que la competencia en el sector de generación continúe siendo insuficiente. Es una reflexión que desde luego compartimos. Es una competencia suficiente que se mantiene también al no existir medidas para la separación efectiva de las actividades -producción, distribución, transporte y comercialización- y permitirse que grandes grupos empresariales controlen el conjunto de la cadena. No existen en este proyecto de ley medidas efectivas para evitar el oligopolio eléctrico que invalida de facto la competencia real y que provoca que en el Estado español sean tres las grandes empresas que controlan el sector y que pactan los precios. Por cierto, por este pacto ya fueron sancionadas por la CNC. A mayores de todo esto, señor ministro, el proyecto de ley sigue manteniendo como costes fijos del sistema los llamados peajes, una serie de partidas que en rigor deberían formar parte de los Presupuestos Generales del Estado como política industrial, lo que permitiría unas tarifas eléctricas más bajas y socialmente una mayor equidad en el reparto de estas cargas económicas.

Por otra parte, como viene ocurriendo desde la llegada del Partido Popular al Gobierno, este proyecto de ley impide el diseño de políticas energéticas propias por parte de las comunidades autónomas. Elimina de facto el régimen especial y se renuncia expresamente a tomar medidas para transformar el modelo energético en favor de otro sustentable. Además, en comunidades excedentarias como Galiza impide el desarrollo de su propia política energética.

Por último -termino, señor presidente-, de acuerdo con ese enfoque mercantilista que impregna todo el proyecto de ley, consolida el marco que han configurado en los últimos años con las sucesivas normativas que han aprobado, donde el enfoque medioambiental no existe y donde se frenan de forma brutal las energías renovables. La creación del llamado peaje de respaldo al autoconsumo no hace otra cosa sino desincentivar la implantación de este sistema. Se penaliza el autoconsumo y, por lo tanto, penalizan ustedes además a una tecnología concreta, la fotovoltaica, a la que la CNC reconoce ventajas importantes.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Para finalizar, señor ministro, esta reforma no ha sido consensuada con nadie, ni con las comunidades autónomas ni con los agentes sociales. Por todas estas razones el BNG va a mantener su enmienda a la totalidad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señor ministro, señor presidente, señoras y señores diputados, este proyecto de ley va radicalmente en contra del interés general y a favor del oligopolio de las cinco grandes empresas, manteniendo el actual modelo injusto e ineficiente. Esta ley no afronta de ningún modo la necesidad de cambiar el modelo energético y apostar por nuevas fuentes energéticas ante el agotamiento de los combustibles fósiles y su previsible encarecimiento, hecho especialmente preocupante si tenemos presente que en este momento la importación de combustibles supera ya los 45.000 millones de euros, es decir, lejos de resolver el problema lo están agravando de cara al futuro.

Este proyecto no se basa ni en el ahorro, ni en la eficacia, ni en la soberanía y sostenibilidad energética y medioambiental, tampoco soluciona la incoherencia que supone un déficit de tarifa paralelo a los escandalosos beneficios de las grandes eléctricas, no elimina en ningún caso los privilegios de las eléctricas clásicas ni la subvención de los costes asociados a ella, y para colmo se castiga al futuro que suponen las renovables y se castiga la implantación de generación distribuida y el autoconsumo. Ya, señor ministro, el límite del surrealismo es que ustedes obligan a las familias y empresas que optan por el autoabastecimiento a pagar al Estado unos cargos por una energía que ellas mismas producen y que ellas mismas consumen. Esto, señorías, es tan surrealista como si pretendieran cobrar una tasa a quien va caminando por la calle para pagar el Plan PIVE, es así de surrealista.

Yo ya no sé cuántas veces lo hemos denunciado desde esta tribuna, deben ser muchas. La liberalización del sector eléctrico que llevó a cabo el Gobierno de Aznar ha sido, ha sido -repito- la causa de un agujero negro de más de 26.000 millones de euros con las compañías eléctricas, una deuda que


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evidentemente afecta a la situación económica y financiera que atraviesa el Estado. Hemos pasado de no deber nada en 1997 a deber 500 euros por persona en estos momentos, pese a tener, esto es importante, la tercera factura más cara de toda Europa, mientras los beneficios de la mafia eléctrica española son el doble de los beneficios que en el resto de la Unión Europea. No olviden tampoco que el continuo castigo que están sufriendo las energías renovables contradice, entre otros, el informe de la Agencia Internacional de la Energía, que recomienda invertir en renovables y en redes inteligentes.

Acabo. En definitiva, señor ministro, nosotros votamos a favor del futuro, a favor de las energías renovables -como esta placa fotovoltaica que les muestro-, a favor de cualquier energía limpia, y votamos, señor ministro, evidentemente, en contra del oligopolio eléctrico y también en contra de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, tuve la oportunidad de participar durante la pasada legislatura en la subcomisión de análisis y estrategia energética para los próximos veinticinco años. El título de la subcomisión era ambicioso, tan ambicioso como frustrantes fueron sus conclusiones finales y la sensación de que esta cuestión no iba a salir de la agenda de enfrentamiento dialéctico permanente entre los dos grandes partidos. Entonces perdimos una oportunidad única para sentar las bases de un gran acuerdo nacional sobre esta cuestión, que era y sigue siendo un requisito sine qua non para afrontar los desafíos que afectan al mundo de la energía. No lo hicimos, no lo quisimos hacer o no lo supimos hacer. Desde entonces, señor ministro, vivimos instalados en la inseguridad jurídica, en la improvisación y en las dudas.

No soy capaz de resumir la cronología de todos los cambios y reformas de este Gobierno y del anterior que se han aprobado a golpe de real decreto-ley y tampoco seguramente tendría tiempo para hacerlo. Lo que sí sabemos es que las noticias, los impactos mediáticos, las valoraciones que hace el sector sobre toda esta maraña regulatoria no pueden ser valoradas ni tenidas con un sentimiento de orgullo sobre lo que estamos haciendo. Mi partido, Unión del Pueblo Navarro, es plenamente consciente de los antecedentes que ha tenido que asumir su Gobierno, de las dificultades endógenas y exógenas que han tenido que enfrentar, conocemos los intereses en juego, muchos de ellos antagónicos, conocemos los problemas de tener un parque generador tan grande como el que tenemos y el impacto que ello supone habiéndose reducido cada día la demanda. Somos conscientes de la indigestión que supone el déficit y, cómo no, de la dificultad de conciliar todos estos problemas configurando un puzzle dinámico en el que todas las piezas, grandes y pequeñas, puedan esperar de las decisiones del Gobierno un trato proporcional, justo y respetuoso con sus derechos. La preocupación de mi partido sobre la normativa, sobre la reglamentación futura en materia de energía, ha sido una constante. Por eso, hoy reitero la voluntad y el interés de mi partido para que exista un gran acuerdo nacional sobre esta materia -nosotros hemos oído muchas veces hablar de la energía como un motor de progreso y un vector de crecimiento-, porque le haríamos un favor si todos nos pusiéramos de acuerdo en buscarle una solución, desideologizando muchas de las materias que afectan a este sector.

En todo caso, y en especial, nos apena profundamente, señor ministro, que hoy un sector como el de las energías renovables, del que España ha sido y es pionero, así como un referente internacional, se sienta poco menos que perseguido. Navarra, mi comunidad, ha hecho una apuesta estratégica por impulsar estas tecnologías y nos parecería una gran equivocación dejar de aprovechar toda su potencialidad después del esfuerzo en I+D+i, después de todo el coste de la curva de aprendizaje, etcétera. Usted conoce la opinión de mi partido, hemos apoyado el recurso que ha presentado el Parlamento de Navarra al Real Decreto 9/2013, sabe que hemos presentado una proposición de ley en la que pedimos un cambio en materia regulatoria en cuanto a autoconsumo y para que igualmente se permita un hueco eléctrico y no se paralice la I+D+i en este tipo de industria; desde luego, estaremos atentos a cómo avanzan las soluciones que dé la ley en estos campos. Nos gustaría advertir especialmente y poner de manifiesto que la regulación actual del autoconsumo no puede servir precisamente para impedir el autoconsumo. Pero insisto, y termino, la energía no puede servir para ir levantando reproche a reproche nuevas trincheras entre los grupos políticos que nada, señor ministro, ayudan al sector ni a nuestro país.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

Señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente.

Señorías, tenemos hoy la oportunidad de debatir el proyecto de ley eléctrica que presenta el Grupo Popular en esta Cámara. No puedo empezar de otra forma que recordando que el extinto Consejo Nacional de la Energía ha denunciado el procedimiento poco democrático en la tramitación de este proyecto. Además, tenemos que volver a denunciar que un proyecto de esta envergadura tenga que ir por la vía de urgencia, como si no fuese necesario el consenso, esencialmente en una materia de esta complejidad, de esta envergadura y en un asunto claramente de interés general. ¿Qué cabía esperar de esto? Una revisión del modelo actual, un modelo claramente disparatado, oscuro, caro, con un exceso de demanda, con una grave indefinición sobre qué es lo relevante para el futuro. Por tanto, esperábamos que se hablase de cómo alcanzar la máxima soberanía energética en el Estado español; como reducir la dependencia de los combustibles fósiles, del gas y del petróleo; cómo tendríamos que avanzar en la estrategia 20-20-20, ya que no cumpliremos ninguno de los objetivos y, de hecho, la actitud del Gobierno de España en esta materia ya ha merecido las reconvenciones de la Unión Europea por el maltrato esencialmente a las renovables. Además, hubiese sido una oportunidad para enterarnos de qué va de verdad el sistema, cómo se forman los precios, qué es lo que se paga en los peajes, etcétera. Nada de esto; solo una obsesión por el déficit de tarifa. Una obsesión por el déficit tarifario que no conduce a su resolución y oculta lo central, porque el problema del déficit tarifario es que después de haberle dado usted un golpe de muerte a las energías renovables, el déficit de tarifa supone 3.000 millones más de euros en lo que va de año, con una disminución importante del consumo como todos sabíamos; y sin embargo, no actuamos con los llamados beneficios caídos del cielo que, como sabe, sustentan sobre todo las nucleares. Por lo tanto, una pérdida de oportunidad para hacer el desarrollo con lo que de verdad podemos hacerlo, que no incrementa la dependencia en el futuro del exterior, que son las energías renovables. Una auténtica obsesión para acabar con las energías renovables. Además, un castigo al autoconsumo. Lo acaba de explicar mi antecesor en el uso de la palabra con una claridad meridiana. Usted habla del autoconsumo con balance neto, por cierto, que es lo que defendemos, no para promoverlo sino para complicarlo. De forma que es insuficiente que se hable de esto en la ley para luego cargárselo.

Desde la perspectiva canaria, la apuesta por las energías sucias es tan importante que todavía estamos con esta pelea en contra del empeño por hacer perforaciones petrolíferas en el mar canario. Además, esperábamos la oportunidad de que como mínimo se corrigiese el Real Decreto 1/2012, en el que ustedes suspendieron las bonificaciones a las renovables en Canarias, que, como sabe, no se ha producido. Esto significa que en el índice de penetración en la tierra que deberían liderar las energías renovables, sol, viento el que se quiera, como es en Canarias, seguiremos con un 4,5 % cuando el objetivo para 2020 debería ser del 20 %.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.

Señora Ariztegui.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Es curioso, una norma que debería hablar de luz y nos lleva a la oscuridad más profunda. Parece que acorde a estas fechas de Halloween, ánimas y terror, nos recuerda un poco a El Resplandor y al señor Soria dando hachazos a todo lo energéticamente limpio y viable, y vampiros insaciables pululando por ahí. Señorías, también en este tema nos llevan del pesimismo a la desesperación, porque hablamos de un sector estratégico, clave para todo país y que afecta de manera directa a las personas, a las actividades, al medio ambiente, al futuro económico, a todo. Cuando todo el mundo reconoce que el modelo energético vigente es insostenible económica y medioambientalmente, que está hipotecando seriamente el futuro, y cuando en vez de atajar el problema estructural del déficit tarifario llevamos una larga retahíla de normas mareando la perdiz, viene esta reforma y sigue cavando en el mismo agujero más y más, siempre a las órdenes de las grandes empresas y con la misma herramienta: medidas recaudatorias irresponsables que, entre otras barbaridades, además de subirnos el precio de la luz y los impuestos, nos hacen aún más dependientes, casi hasta impedirnos el propio autoconsumo.

La verdad es que no vemos más que oscuridad por todas partes. Primero, en el proceso previo, porque una norma de este calado ¿no se merecía más claridad, transparencia e información, que fuera


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más elaborada, consensuada? De nuevo lo de siempre: deprisa y corriendo y por la puerta de atrás. Otra nueva muestra de déficit democrático y otra oportunidad perdida. Y no solo en cuanto a la forma, la oscuridad se expande por todo el contenido y los vampiros revolotean, porque su objetivo no es energético sino simplemente recaudatorio, porque en nombre de la sacrosanta sostenibilidad presupuestaria y en lugar de entrar al fondo del asunto, es decir, cómo se define el déficit de tarifa -al parecer, origen de todos los males-, en lugar de ello, intenta tapar agujeros. Es decir, que los paguemos entre todos los de siempre, haciendo caso omiso de lo que ha dicho Europa o la propia CNE. Que tecnologías como la nuclear y las hidroeléctricas están pagadas y requetepagadas, o sea, que nunca se acercarán los ingresos a los costes si mantenemos esos costes falsos por las nubes. Pero en vez de acabar definitivamente con esos beneficios millonarios caídos del cielo de Iberdrola, Endesa, Fenosa, hablemos claro, que son causa del 90 % del déficit tarifario, en lugar de cambiar de una vez la organización y los modos de formación de precios, cómo no, optan por seguir manteniendo sus beneficios, siempre jugando a esa política de amiguismo y puertas giratorias, donde siempre quedan ustedes a cubierto. Y habrá prebendas, solo falta saber si formará usted parte del consejo de administración de Endesa, Iberdrola o Gas Natural, como sus antecesores, Aznar, Felipe González, Josu Jon Imaz. Eso sí, la gran mayoría de la ciudadanía queda fuera, muchos a oscuras y pasando frío porque no tienen dinero para pagar la calefacción. No contentos con ello y contra toda lógica, salvo la meramente mercantilista, la toma nuevamente contra las energías limpias, contra las renovables, chivo expiatorio al que ya no se le puede hacer más daño, cuando está comprobado claramente que, a pesar de todos los hachazos que ha recibido, eso no ha repercutido para nada en el déficit de tarifa; cuando los más prestigiosos estudios, las directrices comunitarias y lo que demanda a gritos la sociedad va en dirección totalmente contraria, y clama que un sistema eléctrico basado en las renovables no es utopía, señorías, que es posible, siempre que hubiera voluntad política para lograr un sistema más sostenible; que implementando medidas de ahorro y eficiencia energética, sin cambiar tanto nuestro modo de vida, para el 2020 es posible eliminar la energía nuclear, el carbón y el fuel de nuestro sistema eléctrico. Naturalmente, esto exige un control democrático de los recursos. Ahí está la madre del cordero, porque el fomento de las renovables es inversamente proporcional a los objetivos de las grandes empresas, en tanto en cuanto posibilita que los pequeños inversores puedan entrar en el mercado energético. De ahí ese ataque furibundo a las renovables, medidas arbitrarias, trabas económicas desproporcionadas. Encima, son los malos de la película, hasta el punto de querer aplicar aquí también la retroactividad de la ley, generando una enorme inseguridad jurídica, y eso es jugar con trampa. Irretroactividad, señor Soria, no querrán que Europa vuelva a tirarles de las orejas.

Por otro lado, qué decir de otro pilar básico para una política energética sostenible, el del ahorro y la eficiencia. Bajo la premisa de a más consumo, más beneficios para esos grandes vampiros, no solo no se fomenta sino que se penaliza, saltándose directivas europeas y lo que haga falta. ¿O qué debemos entender cuando el pago se vincula a la potencia instalada en vez de a la energía generada? ¿Y qué decir del hachazo al autoconsumo del que hoy se ha hablado tanto aquí, discriminado y penalizado con el peaje de respaldo a pagar por los costes y servicios de una energía autoconsumida? Desde luego, se van ustedes superando. ¿Cuánto van a tardar en cobrarnos por los rayos de sol que nos acarician al caminar? Solo con los cambios en facturación, el ahorro y la pobreza que ya clama al cielo, se verán aún más castigadas, con consecuencias realmente dramáticas si este proyecto sigue adelante. Exigimos justicia y equidad para que la luz y el calorcito puedan llegar a todas las casas como servicio público y universal que debiera ser. En Euskal Herria el debate energético está muy candente. Llevamos décadas con manifestaciones multitudinarias, consultas participativas en las que la sociedad muestra claramente cuál es el modelo energético que no queremos, energías perjudiciales que no deseamos, que no queremos más Garoñas, ni nucleares, ni amenazas de fracking que destruyan nuestro suelo y subsuelo, ni autopistas eléctricas que llenen de postes nuestras tierras y afecten seriamente a nuestra salud, ni trenes de alta velocidad que no llevan a ninguna parte pero piden mucha energía, ni incineradoras, ni térmicas, precisamente por lo que todo esto arrasa...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que ir acabando.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Voy acabando, señor presidente.

Menos consumo de petróleo, gas y carbón y más energías limpias junto al ahorro y la eficiencia energética. Esa es la puerta que quiere cerrarnos esta ley, porque avanzando en las tinieblas de la recentralización quieren hacernos aún más dependientes respecto al Estado. Hoy más que nunca no aceptaremos esta ley que nos convierte en siervos de Iberdrola, Endesa y Fenosa, que nos hace aún más


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súbditos de Madrid. Solo desde Euskal Herria y para Euskal Herria podemos diseñar un modelo energético propio que garantice la salud de las personas, de la tierra, del agua, del aire, más limpia y barata mediante la soberanía energética, y para eso necesitamos lo contrario a esta ley: todo el instrumental, las herramientas a mano, la soberanía plena.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ariztegui.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia y para presentar su enmienda a la totalidad, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, la verdad es que nos haría muy felices poder retirar la enmienda a la totalidad como usted nos ha pedido, pero nos hubiera hecho todavía más felices que usted nos hubiera explicado afirmaciones que ha hecho que precisamente están en el quid de por qué presenta nuestro grupo esta enmienda a la totalidad. Entre las cosas que usted ha enumerado está evidentemente el problema del enorme incremento de los costos trasladados a la factura eléctrica en estos años, pero no ha explicado el porqué de ese incremento de los costos; ha hablado de incrementos del 300 al 700 % nada menos en diferentes sectores o capítulos. Exactamente igual que no nos ha explicado por qué persiste el déficit de tarifa, además la cifra que ha dado usted hoy, si lo he anotado bien, ya asciende a 4.500 millones de euros cuando en el mes de agosto ustedes daban por hecho -y quizás este año 2013, de hecho lo anunciaron- que desaparecería el déficit de tarifa. Es una cuestión sobre la que volveré después.

Claro, si realmente nos ponemos en situación de para qué es esta ley, me parece evidente que lo que importa es el punto de vista sobre todo de los consumidores, que son los que realmente están pagando el resultado de una política energética errática que comenzó no solamente en 2005, como usted ha dicho, aludiendo al año en que el déficit de tarifa se convirtió en un enorme problema para el Estado, sino en el año 1997 con aquellos costes de transición a la competencia, etcétera, y todas aquellas medidas que se tomaron por entonces. Lo único que sabe el consumidor, como es bien conocido, y el consumidor me refiero tanto a los domésticos como a las pymes y a las industrias que consumen gran cantidad de energía eléctrica, lo único que saben, como digo, es que la factura de la luz no para de subir y que da igual las políticas de ahorro y de racionalización que uno quiera poner en marcha, esto no cambia, y el porqué ocurre esto y cómo lo va a solucionar debería ser el primer objetivo del Gobierno cuando presenta una ley de este estilo. Yo creo que usted, aunque lo ha intentado dar como solucionado, ha pasado de refilón, de puntillas por esta cuestión porque ustedes también son bastante conscientes de que esta ley del sector eléctrico que presentan no deja de ser una especie de resumen, de síntesis, de condensación de las nueve medidas legislativas anteriores que el Gobierno ha ido presentando sobre todo en forma de reales decretos-leyes que no se podían ni discutir a lo largo de todos estos meses de legislatura, lo cual es realmente un récord, es decir, han conseguido ustedes presentar en menos tiempo que nadie más reformas legislativas que nadie sobre la cuestión, sin que por fin veamos por ninguna esquina el resultado de semejante fertilidad legislativa.

El hecho es que la factura de la luz no para de subir y el hecho es que el déficit tarifario tampoco para de subir y, sin embargo, ustedes han traído una ley del sector eléctrico que lo que hace, como digo, es dar carta de naturaleza con algunos cambios a los que me referiré, cambios en nuestra opinión básicamente lingüísticos, es decir, eufemísticos, a lo que es una política energética que es la que precisamente ha creado el déficit tarifario. El déficit tarifario, que es lo que la gente está pagando con su factura, tanto directamente como de un modo diferido, ha crecido tanto, y usted también ha preferido pasar de puntillas por la cuestión -bueno, es que hoy ha pasado de puntillas por casi todo, ha hecho una intervención muy breve, que desde luego yo le agradezco-, que el déficit tarifario ya acumulado habrá que seguir pagándolo -y asciende ya a 26.000 millones de euros-, pero es que además la factura de la electricidad no ha parado de subir para el consumidor porque lo que ha subido es la parte regulada, es decir, la parte que responde a decisiones políticas sobre los costos del sistema eléctrico, y esta es la cuestión.

Por lo tanto, ¿esta ley que usted nos trae va a resolver estas cuestiones? Nosotros creemos que no, y por eso les hemos traído esta enmienda de devolución, para que ustedes hagan los deberes y nos traigan una ley que consiga sus objetivos, que deberían ser, para que todo el mundo nos entienda, que se interrumpa de una vez, y a ser posible se invierta, esa tendencia de subida disparatada y desmesurada de la factura de electricidad en una situación de recesión económica, cuando además ha bajado la demanda y el consumo de electricidad, y cuando además resulta que la eficiencia del sector, desde el


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punto de vista de la producción, ha subido. Por lo tanto, lo que hay que explicar es cómo se va a hacer para poder quitar de la factura eléctrica todos esos costes regulados que son sobre todo la consecuencia, insisto, de decisiones políticas, y como son la consecuencia de decisiones políticas y no de hechos de la naturaleza ni de aspectos estructurales de la producción de energía eléctrica, eso es lo que hay que resolver mediante decisiones políticas. Pero en realidad, lo que usted nos trae aquí es una ley que consagra un modelo de negocio que está en crisis, y no solo en España, sino, como es conocido, en muchos otros países de la Unión Europea y, en general, del mundo occidental. El negocio eléctrico ya no es lo que era, y ha cambiado por muchas razones, entre otras cosas porque ha habido una revolución tecnológica, que esta ley no solo se empeña en ignorar sino que en muchos aspectos está hecha ex professo casi en contra.

Esta es la cuestión que creemos que deberían traer aquí para resolver, sin embargo no vemos por ninguna parte esa solución. Fíjese, por ejemplo, lo que pasa con el déficit de tarifa: no solo no ha dejado de subir este año, pese a las medidas antidéficit -ustedes no han hecho otra cosa que traer medidas pensadas para combatir el déficit, sin conseguirlo-, sino que, además, nos encontramos en la ley con una especie de reconversión semántica del déficit de tarifa, que se va llamar a partir de ahora concepto de desajuste y que, de todas maneras, acabará repercutiendo básicamente en el consumidor. Me gustaría pararme un momento en esta cuestión, porque creo que es una de las trampas más lamentables de toda esta política energética. Usted ha afirmado que con esa ley se repartirá equitativamente el déficit de tarifa entre todos los afectados, lo cual no deja de ser una manera curiosa de decir que esto lo van a pagar aquellos que no tuvieron ninguna responsabilidad en la puesta en marcha de este fenómeno pernicioso, pero así es. Pero como decía, en lo que se refiere a si es equitativo o no el reparto de los costes, no lo es, porque hablar de tres bloques que van a llevar la carga de la solución de este enorme agujero creado por una decisión política irresponsable -y eso es el déficit de tarifa-, entre consumidores, Estado y empresas, es ignorar que el Estado no es otra cosa, desde el punto de vista de quién va a pagar, que esos consumidores que son contribuyentes y que van a pagar dos veces: van a pagar en la factura, en la parte regulada, y van a pagar en impuestos al Estado. En esta ley se sigue considerando, por cierto, que las aportaciones públicas, sean de los Presupuestos Generales del Estado o de otras administraciones, son ingresos del sistema, lo cual no deja de ser un fracaso total de la liberalización. ¿Por qué se tiene que considerar que las aportaciones públicas son ingresos del sistema, cuando eso, por cierto, es un sobrepago, un segundo pago que hacen los mismos consumidores que ahora están pagando la factura eléctrica? No me digan que ignoramos el hecho de que finalmente la parte que corresponde a las empresas, aunque les pueda causar algunas dificultades en determinados momentos, será trasladada de nuevo a los consumidores en la factura.

El problema del déficit de tarifa está en trasladar a la deuda pública los costes que las empresas no consiguen cubrir, porque pactaron con ustedes -y cuando digo ustedes digo tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, con el apoyo del PNV y de CiU- pasar a la deuda pública el sobrecoste derivado de que no se imputara el coste total real de la producción energética y su distribución a los consumidores. Es decir, es un modelo de negocio que mezcla populismo, no trasladar al consumidor los costes reales, con oligopolio, mantener en condiciones privilegiadas, debido al fenómeno que ya se ha comentado tantas veces de connivencia entre partidos políticos y empresas eléctricas, los costes de esta decisión; es decir, una especie de peronismo eléctrico, para entendernos. Esta es la cuestión. Y en vez de despejar esto de una santa vez con unas medidas de liberalización del mercado que hagan que sea más competitivo y que los consumidores paguen lo que cuesta la electricidad, pero puedan elegir aquella de menor costo y no tener que pagar con un mercado marginal la de mayor costo y aplicarla al conjunto de la producción, en vez de eso han hecho una ley que trata de parar el reloj, trata de parar la evolución de un sistema energético que no para de cambiar y dicen: vamos a cambiar las reglas del juego, pero no las vamos a cambiar tanto; es verdad que las empresas tendrán que fastidiarse en algunas cuestiones, pero por lo menos su modelado de negocio, lo que ellas controlan, va a permanecer no solo incólume sino protegido por el Gobierno, protegido por el Estado.

De hecho, esta ley introduce un concepto realmente extraordinario, el de rentabilidad razonable. Es evidente que la energía no solo es un sector importante, es que es estratégico, es el segundo factor fundamental de formación de precios y de costos en la economía y, sobre todo, en la industria y el transporte. Pero realmente, ¿eso implica que es obligación del Estado garantizar a los agentes del sector energético, concretamente el eléctrico, determinados beneficios mínimos? Creo que no, porque si esta filosofía tan curiosamente antiliberal, puesto que para nada estimula la competitividad, lo que hace es


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garantizar al que ya está y tiene una posición dominante que la va a seguir teniendo porque se le garantiza a él y a sus accionistas que no va haber pérdidas inasumibles, ¿por qué no hacer lo mismo con todos los sectores? Sería maravilloso, saldríamos de la crisis en dos días. Si ustedes hacen con el conjunto de la economía y de las empresas de este país lo que hacen con las del sector eléctrico, la crisis se ha acabado mañana; es más, tendríamos que importar más trabajadores para poder suministrar la mano de obra necesaria a todas las empresas, porque todas tendrían garantizada una rentabilidad razonable. Ya nos explicarán ustedes el porqué de esta curiosa preferencia por un sector económico particular. Además, en su ley ni siquiera hay una fórmula por saber cómo han llegado a esa conclusión sobe la rentabilidad razonable, por qué nos dicen que es la que tiene que ser, basándose en qué algoritmo, con qué fórmula matemática la calculan. No está y en la ley debería estar. Esto no es una cuestión de reglamento, es una cuestión legislativa de primera importancia.

Afirma que el marco será transparente. No lo es y ustedes no son capaces ni siquiera de explicárnoslo para que lo entendamos, no digo ya para que lo entiendan los técnicos. Vamos a dejarnos ya de lenguajes oscurantistas, vamos a dejarnos de fintas semánticas. Expliquen a la gente, que es a la que representamos aquí, por qué la luz en España no para de subir en los últimos años y qué van a hacer para que eso primero se pare y después disminuya y baje y la gente pague los costes reales. Hay una cuestión que ustedes eluden constantemente y en la que la ley vuelve a caer. Al final los costes del sistema no son los reales, los costes son los que el Gobierno aprueba, son los costes reconocidos por el Gobierno. Es una cosa verdaderamente insólita, es algo que va completamente en contra de las reglas de una economía de mercado regulada sobre la base de reglas con seguridad jurídica. Aquí solo tiene seguridad jurídica el que ya estaba, el que tiene una posición dominante.

¿Qué van a hacer ustedes con esta ley para solucionar esos problemas? Nosotros no vemos que haya soluciones por ninguna esquina. Igual es verdad que ustedes tienen suerte y acaban consiguiendo que el déficit de tarifa vaya desapareciendo de las portadas de los periódicos en los próximos años, pero, ¿va a desaparecer de la deuda del Estado? ¿Va a desaparecer de las tasas que pagan los ciudadanos, los consumidores, las pymes? Consideramos que no, que esto no va a funcionar. Eso sí, cambiarle el nombre puede satisfacer a aquellos que creen en el pensamiento mágico y que piensan que cambiando el nombre a las cosas estas desaparecen o son creadas, lo cual es verdaderamente absurdo.

En primer lugar, hace falta conocer los costes reales. De esto se ha hablado aquí muchísimas veces y se lo volvemos a repetir. Hace falta una auditoría externa que nos explique cómo se llega a la formación de los precios reales de la electricidad en España para ponderar exactamente lo que cuesta cada fuente de energía y los peajes y cargos asociados a su distribución y a su consumo. No nos diga que los costes son los que reconoce el Gobierno, esto es un acto de arbitrariedad. En segundo lugar, hace falta liberalizar el mercado precisamente para que se beneficie quien se tiene que beneficiar del mercado, los consumidores, como digo, tanto los domésticos como las pymes, también por supuesto las empresas, pero lo que no puede ser es que primero se garantice un beneficio mínimo a las empresas, lo hagan bien o mal, lo cual desincentiva la innovación y la eficiencia, igual que su factura eléctrica desincentiva el ahorro -que debería ser uno de los objetivos fundamentales de una política energética moderna-, y se trasladen al final a la deuda pública y a las administraciones los costes que no cubre el propio mercado; un mercado que en el fondo está trucado, no trucado porque cometa ilegalidades, sino porque está legalizado de tal forma que no hay manera de que sepamos cuál es la fuente energética más eficiente, la más interesante para el consumidor, la que tiene menor impacto medioambiental y la que tiene menos costos añadidos de otro tipo.

La seguridad jurídica vuelve a estar ausente porque ustedes pretenden que con esta ley ya queda todo resuelto, pero es que esta ley, como he dicho, es el resumen de otras nueve operaciones legislativas anteriores que no han conseguido los objetivos que se proponían. Por lo tanto, cabe pronosticar que esta ley fallará porque la lógica que tiene detrás es la misma. Vamos a ver aquello que decía Einstein tan sensato: ¿Saben lo que es la locura? Repetir los mismos errores siempre y creer que el resultado será diferente. Estamos otra vez en ese caso. Vuelven a repetir los mismos errores que nos han creado el déficit de tarifa, este monstruo que sigue sin explicarse a la ciudadanía qué es exactamente, y sigue dándose la espalda a lo que habría que hacer, que es invertir en innovación, en eficiencia, en ahorro energético.

Ha tenido usted la caradura -perdone que se lo diga con esta crudeza- de afirmar que esta ley es la primera que regula el autoconsumo. Claro que es la primera que lo regula, como que lo penaliza. Hasta ahora han ignorado que existe esta posibilidad de crear sistemas de autoconsumo con balance neto y, una vez que se dan cuenta de que ya no pueden hacerse los locos más tiempo, van a conseguir que esta ley


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lo convierta en un sistema no solo no competitivo, sino dañino y lesivo para quien tenga la imprudencia de meterse en este berenjenal, por lo cual ustedes no tratan por igual a todo el mundo; por eso es justo y real decir que esta es una ley a favor de las empresas que tienen posición dominante en el sistema eléctrico en España.

Nuestro grupo no es como otros, nosotros no queremos que las eléctricas se arruinen. Nos parece estupendo que las eléctricas ganen mucho dinero y paguen muchos impuestos para poder luego redistribuirlos con las políticas que el Estado tiene que asumir, pero ni es una política de Estado garantizar los beneficios a esas eléctricas, ni es competitivo ni es innovador favorecer a aquellos que tienen una posición dominante tradicional y perjudicar a aquellos que han hecho un esfuerzo por innovar, por mejorar la eficiencia y por ofrecer a la ciudadanía, a los consumidores y a la industria sistemas alternativos más baratos de producción eléctrica y de consumo. Uno de ellos es el autoconsumo con balance neto; ni mucho menos es el mismo, pero que hagan ustedes una ley que evidentemente discrimina y perjudica a las renovables, que es un hecho objetivo -lo podrán ver en las enmiendas parciales que hemos presentado a este proyecto de ley-, y que además penaliza el autoconsumo con balance neto es una imagen suficiente de que es una ley inmovilista, que es una ley no diré ya por las energías fósiles pero sí por la fosilización de la energía.

Les diré otro par de cosas para ir acabando con esta intervención. Ustedes siguen ignorando problemas básicos de la política energética, por ejemplo, que no se puede regular el sector eléctrico de un modo aislado. Tendría que formar parte de una política energética holística, global, que se ocupe de todo. No se puede hablar del mix energético como hacen ustedes sin que hablemos de la energía en su totalidad, en su conjunto, y no solamente de la producción, distribución y consumo de electricidad. No se habla del problema de la isla energética que es España en su relación con Europa, que es uno de los problemas más serios que tenemos y que convierte en un problema lo que podría ser una ventaja, que es la sobrecapacidad instalada de producción de energía, etcétera.

¿Qué nos han traído ustedes? El parche de los parches. Han cogido los nueve parches anteriores y nos han traído el megaparche; es un parche muy grande, pero no tapa el problema, lo siento, ahí sigue, ahí está. Pensamos por tanto que esta va a ser una ley fallida como otras que ya ha traído el Gobierno aquí, como la Lomce, que ahora resulta que ha habido que pactar el retraso de su entrada en vigor, y otras leyes parecidas que se han hecho con un gran entusiasmo político de rodillo, de arrollar a todo el mundo y de decir aquí está el Gobierno que resuelve los problemas, pero ustedes, disculpen, no resuelven los problemas, lo que hacen es inmortalizarlos, convertirlos en problemas crónicos y estructurales, y este es otro caso que tenemos al respecto. Por eso para mi grupo -lo siento mucho, señor ministro- esta ley no tiene un pase y el Gobierno tiene que hacer una ley diferente que solucione los problemas y que no los oculte debajo de la alfombra.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Para la presentación de su enmienda, que es de texto alternativo, y por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Señorías, señor ministro, subo a esta tribuna para defender una enmienda a la totalidad a esta ley del sector eléctrico, pero que en realidad es también una enmienda a la totalidad al conjunto del caos normativo que le acompaña: sus órdenes, sus decretos, muchos todavía por conocer, y subo con indignación ante la actitud del Gobierno, absolutista, temerario, irresponsable y, lo que es peor, un Gobierno profundamente equivocado, que se equivoca una y otra vez en el diagnóstico y en las medidas y que continúa cavando en el pozo con las mismas medidas, además, como hemos visto, presumiendo incluso -como ha hecho usted hoy- del fracaso. Es indignación porque sus errores, señor ministro, tienen consecuencias, sus errores significan el expolio a la ciudadanía, un expolio en términos económicos, en términos de empleo, en términos de seguridad, en términos de medio ambiente, de salud y también de libertad. Es de extrema gravedad que un Gobierno se equivoque de forma insistente y reiterada.

Esta indignación no solo la acompañamos de argumentos, como voy a exponer, sino también de alternativas. Planteamos un texto alternativo para orientar hacia dónde deberíamos ir, alternativas a su contrarreforma eléctrica, que supone una clara involución, alternativas porque, ante el absolutismo y el secuestro del interés público, muchísima gente está trabajando y creando alternativas reales a pie de calle. En las cooperativas de consumo y en las cooperativas de distribución, en organizaciones de


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consumidores, en ONG, en las pequeñas empresas, etcétera, la gente se está plantando ante sus despropósitos, se está rebelando y construyendo resistencias ciudadanas, como lo hace la plataforma Por un Nuevo Modelo Energético o la Xarxa per la Sobirania Energètica en Cataluña.

Desde Iniciativa per Catalunya Verds-Izquierda Unida y CHA planteamos no solo un no rotundo a lo que nos proponen, sino un texto que define hacia dónde debe cambiar nuestro modelo energético para salir de la crisis y prepararnos para el mayor reto de la humanidad en los próximos cincuenta años, que es la crisis energética y el cambio climático. Es un texto alternativo que tiene que ver con lo que le interesa al país, a su gente y al 99 %. Se trata de garantizar el derecho a la energía y el derecho a la energía limpia, a avanzar hacia la soberanía energética y la eficiencia y a ser menos dependientes tanto del oligopolio como del exterior. Es decir, tiene que ver con ser más libres, libres frente a la estafa y el secuestro de intereses que los Gobiernos han diseñado en el sistema eléctrico. Planteamos transparencia, auditoría y participación. Luego entraré a explicar concretamente la alternativa.

Paso a referirme a los contenidos de esta reforma. Ustedes nos traen una reforma eléctrica, que no energética como van presumiendo, que supone una involución absoluta en todos los ámbitos, que supone la consolidación de un sistema obsoleto que nos hará más vulnerables, que es insostenible económicamente, señor ministro, económica y medioambientalmente, y que es injusta y discriminatoria. Nos presentan una reforma eléctrica desvinculándola completamente de un diagnóstico de la situación energética del país, porque usted viene aquí a plantearla sin explicar ninguno de los retos energéticos a los que se enfrenta este país. Por lo tanto, lo tenemos que hacer el resto de grupos parlamentarios, lo tenemos que hacer desde la oposición, porque ¿cómo está España, señor ministro? En 2012 el nivel de dependencia energética de España respecto al exterior superaba el 84 % y si incluimos la dependencia del uranio importado para sostener nuestras nucleares, aumenta hasta el 90 %. Esta dependencia exterior no solo nos hace vulnerables a nivel geoestratégico, sino que además implica un coste económico en nuestra balanza comercial, más de 55.000 millones de euros.

Otra cuestión, dependemos de combustibles fósiles, señor ministro, que no tenemos, pero que además se están agotando y encareciendo. En 2004 el barril Brent se situaba en torno a los 30 dólares, en septiembre de 2013 este barril estaba a más de 100 dólares y en diez años estará a 250 dólares, como indican todos los informes. Este encarecimiento hace que sus cálculos, señor ministro, sean siempre erróneos, porque usted obvia completamente el encarecimiento de los combustibles fósiles. Además, somos de los países más ineficientes energéticamente, consumimos mucha más energía por unidad producida que la media europea, una losa para nuestra economía. Pero ¿qué hacen ustedes? Pues subvencionar a las empresas que más consumen, estupendo, todo lo contrario a avanzar hacia la competitividad y hacia la eficiencia. También tenemos un sistema eléctrico insostenible que contribuye al cambio climático. Señor ministro, piense que en 2012, en producción de electricidad, se han emitido 80 millones de toneladas de CO2, un 10 % más que el año anterior y en plena crisis económica. Eso es obviar completamente lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, que plantea un verdadero reto, precisamente para no ir hacia el desastre. España es un país muy vulnerable ante el cambio climático. Lo que dice la Agencia Internacional de la Energía es que el 80 % de las reservas de combustibles fósiles que todavía quedan se deben quedar en el subsuelo, pero ¿usted qué hace? Ser un entusiasta de las perforaciones petrolíferas o del fracking, completamente lo contrario de lo que dicen todos los expertos.

Una tercera cuestión es que un tercio de los españoles respiran aire sucio por encima del límite legal. ¿Sabe usted, señor ministro, que la contaminación provoca diez veces más muertes que los accidentes de tráfico? Esto tampoco le importa a usted cuando habla de energía y del sector eléctrico. Ante este panorama, el Gobierno plantea cerrar los ojos, apretar los dientes e ir en dirección contraria a las necesidades energéticas. Su solución, a partir de su diagnóstico, es apostar por cerrar las renovables, discriminarlas, impedir nuevas inversiones, apostar por el gas, la nuclear y el fracking o el carbón y anular las políticas de ahorro y eficiencia para fomentar el aumento de la demanda eléctrica.

¿Por qué atentan, señor ministro, contra el sentido común? Esto ustedes no lo dicen. Ustedes lo que dicen es que el problema es exclusivamente el déficit tarifario. Efectivamente, la deuda que tiene este país con las eléctricas es un problema, claro que es un problema a atajar, pero ustedes no cuestionan esa deuda, sino que asumen todos los argumentos del cartel de las cinco grandes empresas eléctricas, porque es un verdadero cartel lo que está significando para este país, un déficit que ascenderá ya a 29.000 millones de euros, que es la diferencia entre los ingresos y los costes, no los reales, señor ministro, sino los que ustedes les reconocen, los costes que el Gobierno les reconoce, costes pensados para retribuir y compensar para que las grandes nunca pierdan. Ustedes insisten en que todo es culpa de las renovables


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y de la caída de la demanda. ¿Por qué? Porque ustedes solo escuchan a unos cuantos. Esta reforma, que está hecha de forma precipitada y sin escuchar a todos los agentes, sí ha escuchado a algunos. Su diagnóstico se basa en lo que les dice el señor Galán, o el marido de la secretaria general del Partido Popular, el marido de la señora Cospedal. Se basan en ese diagnóstico, no cuestionan sus números, a pesar de que sus medidas, una tras otra, han fracasado, porque desde 2009 todas las medidas aplicadas van a culpabilizar a las renovables, y ese es el error. Han recortado primas para los molinos, destruyen la fotovoltaica y la termosolar, penalizan con impuestos las energías limpias, y el problema, señor ministro, continúa estando ahí. La Comisión Nacional de Energía ya ha advertido, igual que la Comisión Europea, que el funcionamiento del mercado eléctrico provoca sobrerretribución de algunas tecnologías como la nuclear y la hidroeléctrica, que estos beneficios caídos del cielo pueden suponen 24.000 millones de euros, el equivalente al 80 % del déficit de tarifa.

Esta ley no modifica para nada esa situación y mantiene un sistema que supone beneficios millonarios a las grandes compañías eléctricas o mantiene la estafa de las subastas Cesur, donde, entre ellas, las compañías especulan con nuestro derecho al acceso a la electricidad y con nuestra factura. Por eso sus previsiones no se cumplen, señor ministro. Con sus medidas, desde que está usted en este Gobierno, ha aumentado el déficit y llevan acumulado un aumento del 11 % de la factura eléctrica. Ante el problema de la caída de la demanda, vemos que las eléctricas españolas tienen el doble de beneficios que las empresas eléctricas europeas. Sospechoso, ¿no?, un poco sospechoso que precisamente ante la crisis económica que vive España aquí las empresas tengan el doble de beneficios que la media europea. ¿O por qué, por ejemplo, Red Eléctrica esta misma semana anunciaba que sus beneficios han aumentado un 15 % respecto al año pasado? Esos son costes regulados y ahí tampoco entran. ¿Por qué será? Pues seguramente porque tienen un ministro y un secretario de Estado que trabajan para ellas y porque han tenido en sus nóminas a ministros y exministros garantizando una regulación a su medida o porque han tenido precisamente a dos expresidentes, tanto Felipe González como el señor Aznar, sentados en los consejos de administración, mientras cobran de las empresas pero también del Estado, porque continúan siendo retribuidos gracias a una mayoría que no detecta estas incompatibilidades.

El ejemplo más evidente es esta ley que nos traen hoy aquí, una reforma que sirve para mantener vigente un modelo energético caduco, caro, insostenible y que perpetúa los errores acumulados en una mala regulación. En la exposición de motivos del proyecto se plantea que después de dieciséis años, desde la ley de 1997, se han cumplido los objetivos, pero que ahora es insuficiente. Esto evidencia el claro error de diagnóstico. La Ley del Sector Eléctrico nació con errores y deficiencias, porque ustedes privatizaron sin tener en cuenta los múltiples fallos del mercado, sin pensar que los intereses del beneficio empresarial se contradicen con el interés general de ahorrar energía o sin pensar que privatizan un bien básico que se ordena a partir de un monopolio natural. Además, es una ley que no se adapta a las exigencias del cambio en el mix energético. Por eso no pagamos lo que cuesta realmente, sino lo que cinco empresas deciden que hay que pagar. Es una ley que no ha permitido que los precios reflejen los costes reales. Claro que son necesarios cambios en profundidad y llevar a cabo una reforma integral del mercado eléctrico, que esta ley no aborda. Hay que poner el sector al servicio del interés común y no al revés. Esa es la reforma que necesita este país.

El resultado de la reforma es un conjunto de medidas recaudatorias y la penalización de las energías limpias. Básicamente hay cuatro tipos de medidas en esta ley. La primera, la revisión automática de los peajes, esta fórmula de fijar por ley la prohibición de superar el límite de déficit sin resolver los problemas que lo originan, que supone priorizar por encima de todo -igual que lo hacen con la Ley de Estabilidad Presupuestaria- el pago de la deuda a Endesa o a Iberdrola ante cualquier otra necesidad. La Comisión Nacional de Energía señala la miopía que esto representa para la ley. Nuestro grupo parlamentario cree que es una auténtica insensatez plantear la revisión automática de los peajes sin reformar aquello que no funciona. Es una medida que no cumplirán, señor ministro, o que si cumplen, luego lo van a pagar sobre todo los consumidores o si no los contribuyentes, que al fin y al cabo son los mismos.

En segundo lugar, esta ley está hecha para acabar con la inversión en energías renovables. Quieren expulsar a las energías limpias del mix. Así, en pleno siglo XXI, ustedes tachan a las energías renovables como excepcionales y las someten a un conjunto de cambios regulatorios retroactivos y a un intervencionismo ilimitado que persigue el ahogo financiero y su exclusión. El cambio de reglas del juego a las energías renovables se suma a los cinco que ya han hecho y que no resuelven los problemas. Es gracioso que unos liberales -como se hacen llamar- planteen la economía planificada a las renovables, estableciendo un cálculo unilateral por parte del Gobierno de cómo se deben retribuir mediante la fijación


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de un coste estándar, mientras el resto tiene superbeneficios por esa mala regulación. Realmente es un atropello solo explicable por el secuestro del Gobierno por el oligopolio. Ustedes no son liberales, sino que el Gobierno está al servicio de la oligarquía eléctrica y financiera. Además, la arbitrariedad y la falta de neutralidad son evidentes. El resultado es un sistema ineficiente, un sistema para destruir el sector de las energías renovables y que plantea tal inseguridad que cada tres años prevén cambiarlo. Esta ley y los decretos que se prevén aumentan exponencialmente una cosa que será mérito suyo, señor ministro, la prima de riesgo renovable, todo un mérito. Deberíamos hablar de la prima de riesgo renovable, una prima que será inasumible porque nadie va a querer invertir en nuestro país y eso va a provocar precisamente el incumplimiento de las directivas. Usted hablaba de una gran penetración. El informe de la Comisión Europea dice que si España sigue así, va a incumplir la directiva de renovables y los objetivos y ustedes están haciendo todos los méritos.

El segundo gran cambio de la ley es el planteamiento de unas trabas administrativas y económicas para impedir el autoconsumo. La regulación del autoconsumo en balance neto era una cuestión pendiente y lo que proponen ustedes es una regulación única en todo el mundo, que consiste en discriminar y penalizar el autoconsumo planteando el peaje de respaldo, lo que se llama un impuesto al sol, algo tan absurdo y tan en contra del sentido común que sería, como explicaba un experto, como si a alguien que produjera tomates le hicieran pagar un peaje a la gran superficie de al lado por si algún día se queda sin tomates. Ese es el planteamiento que ustedes hacen sobre el impuesto al sol, un conjunto de medidas sin sentido, solo comprensibles como una barrera a la ciudadanía, a su libertad e independencia del oligopolio, unas medidas para proteger a las grandes empresas eléctricas ante el aumento de la competencia y la democratización del sistema, en lugar de poner en valor los beneficios del autoconsumo, que son muchísimos. Todas las directivas y las recomendaciones europeas los ponen en valor: la reducción de precios del mercado, la mayor eficiencia en las redes de transporte, la descentralización, el cambio de cultura en el consumidor, un sinfín de beneficios que ustedes tiran por la borda. La penalización del autoconsumo, además, es un ataque a la libertad y una temeridad, algo de lo que creo que no son conscientes. ¿Sabe el impacto, señor ministro, que esto puede tener en Canarias? El otro día lo comentábamos con representantes del sector eólico. El autoconsumo eólico se utiliza precisamente en Canarias ¿para qué? Para la desalación de agua. Los canarios tendrán que agradecerle otra cosa a usted, señor ministro: tener la energía más cara, pero también el agua más cara gracias a penalizar el autoconsumo.

Otro cambio que introducen es el sistema de facturación, que afecta muy negativamente a los consumidores domésticos. Ahora el peso del término fijo de la tarifa aumentará y esto tiene importantes implicaciones. En primer lugar, desincentiva el ahorro, pero además aumentará la crisis que supone hoy para mucha gente no poder llegar a final de mes, así como el problema de la pobreza energética, fenómeno que afecta hoy a más de 4 millones de personas. Además, el proyecto de ley también excluye el cooperativismo en sus planteamientos. En definitiva, esta reforma sirve exclusivamente para mantener vigente un modelo energético caduco, oligárquico, tramposo y caro, para mantener el statu quo del sector eléctrico, una reforma que nos llevará también a incumplir las directivas, como le decía, un auténtico despropósito para que ustedes, con Montoro a la cabeza, puedan decir que nos estamos recuperando, porque para ustedes la recuperación es que el Ibex vaya bien, pero la cruda realidad es que se está destruyendo empleo, se destruye conocimiento y se empobrece a la ciudadanía. Esto es lo que nos llena de indignación, señor ministro. Su realidad no es la del 99 % ni la de aquellas empresas que están levantando un sector, pero no nos resignamos. Esta ley nace caducada y tiene los días contados y por eso mi grupo parlamentario ha presentado alternativas, porque sí las hay, y es plantear un modelo alternativo, un modelo que disminuya la tasa de dependencia energética...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, no tiene margen para explicar el modelo alternativo porque se ha pasado de tiempo. Tiene unos segundos.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Planteamos cuatro cuestiones: abordar el ahorro energético, con una auditoría eléctrica independiente que cuestione la deuda con las eléctricas y todos los conceptos que se han acumulado; regular el autoconsumo precisamente para impulsar el ahorro energético y fomentarlo; democratizar el sistema eléctrico y sobre todo medidas para paliar la pobreza energética.

Señores, esta ley tiene los días contados. Las fuerzas políticas que integran La Izquierda Plural trabajaremos para derogarla lo antes posible y para construir alternativas desde la calle, desde los ayuntamientos, desde un cambio en los patrones de consumo, desde el cooperativismo y la solidaridad.


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Estaremos al lado del futuro, de la ciudadanía y del planeta frente a un Gobierno que ha perdido el sentido común y también la vergüenza.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Señores diputados, señor ministro, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado también, como han hecho otras formaciones políticas, una enmienda a la totalidad a la ley de reforma del sector eléctrico entendiendo que se ha perdido una gran oportunidad para establecer un gran pacto de todas las formaciones políticas y de todos los sectores implicados para elaborar una estrategia energética a medio y largo plazo que finalmente pudiera ser competitiva y que al mismo tiempo pudiera aportar valor añadido para que el desarrollo económico y el desarrollo del PIB en nuestro país estuviera a la altura del del resto de los países de la Unión Europea. Entendemos que en este proyecto de ley falta una política energética sólida y estable. El planteamiento de la reforma energética que ha presentado el Gobierno central obedece más a motivos de política económica que a motivos de política energética, dado que tiene como objetivo básico la eliminación del déficit tarifario eléctrico actual y no fija una hoja de ruta precisa de la política energética global española.

Señor ministro, creemos que sería conveniente y urgente clarificar cuál es el modelo del futuro sistema energético español antes de decidir qué medidas se deben adoptar para reducir el déficit tarifario eléctrico. Desde la óptica de Convergència i Unió, la política energética tendría que contemplar como mínimo las líneas básicas de actuación y los principios del futuro energético español necesarios para cumplir todos los compromisos energéticos de España en el marco de los objetivos y el paquete de energía y clima de la Unión Europea en el horizonte del año 2020. Es el conocido 20-20-20, o sea 20 % de energías renovables, 20 % de eficiencia energética y 20 % de reducción de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, señor ministro, se deberían sentar las bases para establecer un mix energético y global y un mix de generación de energía eléctrica de futuro para España teniendo en cuenta la sostenibilidad económica, ambiental y social y la seguridad y la fiabilidad del suministro energético.

Señor ministro, también nos sorprende enormemente que el Gobierno no se haya planteado incluir en esta reforma energética ninguna medida de modificación de la organización y de los mecanismos de formación de precios del mercado de generación de energía eléctrica, a pesar de la gran influencia que tendría sobre la reducción del déficit tarifario eléctrico. En este sentido, debería plantearse una alternativa al actual modelo del mercado de producción, en línea con la propuesta que se ha hecho llegar al señor ministro desde la Generalitat de Cataluña basada mayoritariamente en el pool marginalista.

Otra cuestión que preocupa enormemente a nuestro grupo parlamentario y que ha sido una de las razones que han motivado la presentación de esta enmienda a la totalidad ha sido la invasión de competencias de las comunidades autónomas en el ámbito de la distribución de energía eléctrica. Esta reforma del sector eléctrico propuesta por el Gobierno invade claramente desde nuestro punto de vista todas las competencias en el ámbito energético de las comunidades autónomas manifestándose una clara voluntad recentralizadora. Este hecho es especialmente preocupante en todo lo concerniente a la regulación de la distribución de energía eléctrica, en la que se produce una clara invasión de las competencias autonómicas en esta materia. Esta voluntad de reapropiarse de las competencias de las comunidades autónomas en materia de distribución de energía eléctrica queda claramente plasmada en el proyecto de ley del sector eléctrico y en el Real Decreto sobre la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, en el que desaparece cualquier tipo de competencias de las comunidades autónomas en la planificación técnica de la actividad de distribución de energía eléctrica, incluida la aprobación de planes de pensiones anuales y plurianuales. Las competencias de las comunidades autónomas en el ámbito de la energía eléctrica quedan circunscritas básicamente a las autorizaciones administrativas, a las inspecciones reglamentarias sobre la seguridad en las instalaciones y al control de las condiciones contractuales y de la calidad del suministro. Las comunidades autónomas se quedan sin competencias sobre todos aquellos criterios de planificación técnica e instrumental sin ningún margen de regulación económica, por ejemplo, en las acometidas eléctricas; sin derecho de recibir información técnica y económica sobre las actividades de distribución de energía eléctrica y de la producción de energía eléctrica a partir de las energías renovables, cogeneración y residuos.


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Este proyecto de ley, desde nuestro punto de vista, tampoco resuelve todos aquellos problemas estructurales de la generación de energía eléctrica, no introduce ninguna medida que asegure un nivel de competencia efectiva en las dos actividades liberalizadas en el sector eléctrico -generación y comercialización-, sino más bien lo contrario. Los comercializadores de energía eléctrica y gas natural se ven claramente perjudicados, pues el proyecto de ley profundiza en la obligación ya existente de que estos tengan que contratar y abonar el peaje de acceso a los cargos, independientemente de su cobro o no al consumidor final. También consideramos un gravísimo error, señor ministro, la obligación que establece este proyecto de ley en su artículo 12.4 a los pequeños distribuidores que sobrepasen los 500.000 clientes de retribución de someterse a la separación de actividades a que obliga la Ley 54/1997, supuestamente porque su posición dominante en la formación de precios de generación en el mercado liberalizado provocó la necesidad de la separación contable.

Otro de los motivos de esta enmienda a la totalidad es que la producción de energía eléctrica a partir de las fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos, prácticamente elimina la posibilidad de crecer desde esta perspectiva a las energías renovables. No hay una apuesta clara para favorecer el aprovechamiento de las energías renovables más allá de la obligación impuesta por la Unión Europea en sus directivas. Como ejemplo significativo. en el proyecto de ley se afirma que excepcionalmente el Gobierno podrá establecer un régimen retributivo específico para fomentar la producción a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, cuando exista una obligación de cumplimiento de objetivos energéticos derivados de las directivas europeas o cuando su introducción suponga una reducción del coste energético y de la dependencia energética del exterior. También estimamos que el mecanismo de retribución económica propuesto para este tipo de productores de energía eléctrica basada en instalaciones y tipos de valores estándar de inversión y costes fijados por el Gobierno central tiene sentido exclusivamente para nuevas instalaciones de producción y no tendría que ser aplicable a instalaciones existentes y en funcionamiento. En el caso de nuevas instalaciones los promotores, conociendo ex ante los valores reconocidos de inversión y costes de una determinada instalación del tipo de tecnología que recoge el proyecto de ley, pueden decidir con pleno conocimiento de causa si su proyecto es o no es rentable llevarlo a cabo.

Otro aspecto que también consideramos relevante es el suministro de la energía eléctrica en autoconsumo y producción con autoconsumo. Este era, señor ministro, uno de los temas más esperados de la reforma eléctrica, era también la posibilidad de que se pudiera implementar una normativa que regulara el autoconsumo de energía eléctrica, pero lejos de fomentarlo, señor ministro, la reforma lo penaliza duramente, gravándolo con un peaje de respaldo excesivo y de dudosa validez regulatoria, impidiendo de esta forma el desarrollo de un sector incipiente, que suponía una gran oportunidad de negocio para un sector de las energías renovables ya castigado por la moratoria y la implementación de nuevas instalaciones de generación de energía eléctrica, fijada en el Real Decreto-ley 1/2012 y confirmada sine die en el sistema peninsular por la reforma eléctrica. No son justificables, a nuestro entender, las enormes restricciones técnicas y económicas que el Gobierno central pone al autoconsumo de energía eléctrica, como un nuevo mercado energético productor/cliente bajo la responsabilidad del cliente final como alternativa al mercado convencional.

Así, en vez de impulsar el autoconsumo atendiendo la gran cantidad de aportaciones positivas que pueda tener el sistema eléctrico -aportación de gestión de la demanda, aplanamiento de la curva de la carga, reducción de pérdidas de transporte y distribución, reducción de saturaciones en las redes de distribución, contribución de la energía solar fotovoltaica a la cobertura de la punta de la demanda en verano, reducción de inversiones a la red de distribución, incremento de la aportación de las energías renovables al sistema sin coste económico para este, etcétera-, el regulador limita al máximo sus opciones de desarrollo sobre la base de una visión negativa y, al mismo tiempo, intervencionista. Esta visión coarta, desde nuestro punto de vista, todas las posibilidades de un desarrollo significativo del sector del autoconsumo eléctrico y entra en contradicción con las políticas llevadas a cabo en otros países europeos, como podría ser Holanda, Alemania, etcétera.

Nos preocupa enormemente, y es otro de los motivos de esta enmienda a la totalidad, la posibilidad de las redes cerradas. Nosotros entendemos que sería interesante poder aprovechar este proceso de reforma del sector eléctrico para regular las denominadas redes eléctricas de distribución cerrada; redes que suministran electricidad a una zona industrial, comercial o de servicios compartidos en un territorio reducido desde el punto de vista geográfico y contemplados en el artículo 28 de la Directiva 2009/72 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.


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Aunque dicha directiva no obliga a los Estados miembros a regularla, sino que les deja la puerta abierta para que lo hagan, esta regulación permitiría una importante reducción de costes económicos de la energía eléctrica para la gran y mediana industria concentrada en un territorio reducido, mejorando su competitividad en unos momentos en los que es clave el mantenimiento de la industria existente, en la reindustrialización e implantación de la gran actividad industrial en nuestro país.

Señor ministro, otros aspectos que nos preocupan enormemente son todos aquellos que hacen referencia al bono social. Parece claro que con el desarrollo de este proyecto de ley el Gobierno incide en su obsesión de reducir los costes del sistema eléctrico. Hasta cierto punto ello es necesario y adecuado, pero llevado al extremo, como lo plantea el Gobierno, resulta contraproducente puesto que esta reducción de costes conduce a que el Estado eluda temas en los que es el único responsable. No vale la pena cargar hacia otros agentes temas sobre política social, que es lo que hace el Gobierno con este despliegue normativo. Me refiero, señor ministro, al bono social, que constituye una medida de política social que, desde nuestro punto de vista, debería ser financiado por los Presupuestos Generales del Estado ya que se debería evitar que se distorsionen los precios reales de la electricidad. No tiene sentido que su financiación recaiga sobre determinados agentes, pues resulta claramente injustificado y contrario a derecho, tal y como ha puesto de manifiesto recientemente la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2012. También resulta totalmente incomprensible que el Gobierno no garantice en esta ley una protección más adecuada a los consumidores vulnerables puesto que ello es necesario para poder evitar la pobreza energética. El Gobierno debe prohibir que haya una desconexión de la electricidad a estos clientes en periodos críticos como es el invierno, es una obligación para el Estado y, de no hacerlo, el Gobierno estaría siendo desleal con estos usuarios vulnerables y al mismo tiempo estaría ignorando un mandato de la directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, donde se consideraba necesario añadir esta cuestión.

Estos son los aspectos más relevantes que han motivado, señor ministro, que nuestro grupo parlamentario planteara esta enmienda a la totalidad. De todas maneras, desde Convergència i Unió no tiramos la toalla en el sentido de incrementar una negociación con el ministerio y con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno a fin de acordar, si es posible, algunos aspectos sobre sensibilidades como podría ser el bono social, o también llegar a acuerdos sobre todos aquellos aspectos que afectan a las energías renovables, como puede ser la cogeneración y la biomasa y en todos aquellos aspectos que pudieran posibilitar un gran acuerdo de todas las formaciones políticas para que en un sector estratégico como es el energético pudiéramos llevar a cabo una política más competitiva que consiguiera redundar en beneficios económicos a nuestra actividad económica industrial.

Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado también una enmienda de devolución. Para su defensa, tiene la palabra el señor Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, después de escuchar su intervención, me pregunté: ¿Qué le ha pasado al señor Soria? Y llegué a la conclusión de que usted salió hoy de su despacho aceleradamente, se equivocó de carpeta, cogió la que le han preparado sus asesores para intervenir en los múltiples desayunos informativos en el Ritz y en tantos otros lugares y, sin embargo, la carpeta explicativa del contenido del proyecto de ley se quedó encima de la mesa. Esa es la única explicación razonable del contenido de su corta intervención y de su reducida intelectualmente intervención. (Aplausos).

Señor ministro, los ciudadanos y las ciudadanas de este país tienen la necesidad y el estricto derecho de saber de qué estamos hablando. Estamos hablando, y usted tenía que haber informado, de un proyecto de ley ni más ni menos que con diez títulos, 80 artículos, 14 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales. Ese es el proyecto de ley, que desarrolla lo que ya fue convalidado el 17 de julio en el Pleno del Congreso de los Diputados que celebramos en el edificio del Senado y la convalidación del Real Decreto-ley 9/2013, que es el corazón de lo que ustedes vienen llamando eufemísticamente la reforma eléctrica. Pero es que además se concatena con siete reales decretos leyes a lo largo de estos dos últimos años sobre el sector energético, con la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, desarrollando además -y no van a tener las Cortes Generales españolas acceso a un debate sobre esa materia- cinco reales decretos, siete órdenes ministeriales y dos o tres disposiciones adicionales más. Ni más ni menos. Y esto ha requerido una simple


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explicación del señor ministro, que cuando los expertos y los ciudadanos acudan a la página web del Congreso de los Diputados se quedarán estupefactos, porque no es posible entender nada. Las cuatro canciones sobre el déficit tarifario, el origen, lo malos que fuimos los socialistas gobernando... Esas historias que a nada conducen y que desvían la realidad. El déficit tarifario se inicia en el año 1997 cuando los costes a la transición de la competencia, que sumaron más de 8.000 millones de euros, dieron ya origen a una serie de funciones distorsionadoras de precios.

Nos encontramos, señorías, y esto es bueno que los ciudadanos lo sepan, ante un hecho de tramitación parlamentaria con una mera cobertura formal para dar apoyo precisamente a la mayor parte de las decisiones gubernamentales a las que acabo de hacer referencia, adoptadas todas ellas en materia de política energética desde el mes de enero del año 2012 hasta el momento presente. Dado que el desarrollo reglamentario, curioso, de esas normas -normas derivadas en su mayoría- ya viene aplicándose en los dos últimos años, con este proyecto de ley le vamos a dar una especie de cobertura, de paraguas formal a toda una serie de decisiones que se han venido adoptando y que se vienen ejecutando. Nos encontramos, señorías, ante una mera cobertura formal de todas las decisiones adoptadas e implementadas que ha traído consigo que toda la sociedad española padezca las nefastas consecuencias de este monumental despropósito integrado por las subidas del precio de la luz para las familias, más pobreza energética, mayor pérdida de competitividad de la industria por el encarecimiento de la energía, incremento de las emisiones nocivas a la atmósfera, pérdida acelerada de liderazgo tecnológico en un sector que paradójicamente el Gobierno español pasea por el mundo para vender la marca España. Me refiero, naturalmente, al sector renovables. Desmantelamiento progresivo de la industria de renovables en este país con una masiva destrucción de empleo, unos índices de inseguridad jurídica sin parangón en el resto de los países, que apunta a un serio problema de indemnizaciones futuras. Por eso, en el Ministerio de Justicia se ha creado una unidad de juristas -especializados, desde luego-, para poder atender los miles de recursos que en foros internacionales va a tener que afrontar el Gobierno de España. Hemos manifestado en reiteradas ocasiones precedentes al momento en el que nos encontramos, que nosotros pretendíamos una ley del sector eléctrico que reemplazase a la Ley 54/1997 pero con un nuevo esquema. En la interpelación parlamentaria que hicimos al ministro en el Pleno y en la moción consecuencia de interpelación, ofrecimos colaboración; colaboración que no se nos ha tenido en cuenta.

Señorías, España vive una situación de emergencia social por el aumento del paro, por el aumento de las desigualdades, por el aumento de la pobreza. Sabemos que en la economía familiar primero se atiende a la alimentación, después a los gastos de la vivienda y más adelante, si es posible, se atienden los gastos del agua y de la luz. No nos engañemos, señorías, en España crece el número de personas que cada vez se encuentran con más dificultades para pagar la luz, crece con fuerza la pobreza energética y aumentan las dificultades para cubrir necesidades básicas de energía. Esto no lo atiende ni lo da solución ni por aproximación ninguno de los 80 artículos de este proyecto de ley a los que he hecho referencia. Consideramos que una especial atención a la parte más vulnerable del sistema eléctrico nacional lo constituyen los consumidores. Estamos, señorías, ante una ley que ignora a los ciudadanos, a los que ni siquiera se les ha pedido opinión, ni a estos grupos parlamentarios, y esto hay que decirlo aquí, en la máxima representación ciudadana del Estado español. No se nos ha tenido en cuenta, y son los ciudadanos a los que representamos quienes están soportando sobre sus maltrechas economías en crisis las descabelladas ocurrencias que han venido perpetrándose, mes tras mes, de la mano de los sucesivos responsables a las órdenes del ministro de Industria. Señorías, previsiblemente, este próximo invierno miles de familias pasarán mucho frío, pero no solo por razones climatológicas, sino simplemente porque no van a poder pagar los costes de un servicio esencial que define el nivel de vida de un país desarrollado. Además, el Gobierno ha decidido que ni siquiera el ahorro y la eficiencia se conviertan en alternativa para equilibrar las cuentas familiares, porque el desorbitado crecimiento de la parte fija de la tarifa frente a la parte de consumo va a penalizar precisamente más a aquellas familias en las cuales la componente energía tiene un mayor peso en el gasto mensual. Esto es, cuanto menos ingresos, mayor impacto. Y nada más insolidario que este principio claramente ideológico.

Hablemos de autoconsumo, como se ha hecho aquí por parte de los anteriores intervinientes. Se ha estimado que cada autoconsumidor restaría al sistema eléctrico una cantidad aproximada de 130 euros al año. Me refiero a las familias de autoconsumidores en el supuesto de que no se regularizara, sin este lamentable peaje de respaldo con el que se penaliza en este proyecto de ley al autoconsumo familiar. Y no les digo nada del autoconsumo vinculado al mundo de la industria, de las administraciones públicas, al mundo del comercio. Esto es, por cada hogar que decida acogerse a la modalidad autoconsumo, si no


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existiese esta modalidad que ustedes han implementado en el proyecto de ley, el sistema eléctrico dejaría de ingresar unos 130 euros, como he dicho anteriormente, que se socializarían entre el resto de los consumidores. Con esta modalidad se puede conseguir la autosuficiencia en el consumo eléctrico durante las horas de mayor radiación solar, y por la noche el autoconsumidor se podría abastecer del sistema general. Con este proyecto de ley se introduce este peaje de respaldo para que también financie este coste regulado que trae consigo que, junto al resto de las medidas de la reforma, el autoconsumidor se vea obligado a pagar una media de un 10 % más que lo que ha de pagar el consumidor tradicional. En consecuencia, lo hace desaconsejable, desde el punto de vista económico.

Nos trae el Gobierno un proyecto de ley que se ha demostrado inútil para el único objetivo que persigue, que es la eliminación del déficit. Además, resulta ineficaz para conseguir reducir nuestra dependencia exterior que, bien al contrario, consolida; muy lesiva desde el punto de vista económico, dado que ataca a la competitividad de las empresas, destruyendo empleo; anacrónico de cara al objetivo de acercarnos más al modelo energético europeo puesto que nos aleja sustancialmente del mismo, y como tal, la Comisión se ha encargado de advertir a España; injusto en tanto que hace recaer sobre las familias la mayor parte del coste de una energía que nos coloca a la cabeza de Europa. Se trata de un proyecto de ley suicida en términos tecnológicos, dado que arroja por la borda el liderazgo en renovables que el Reino de España ostentaba no hace mucho en el concierto mundial e insostenible medioambientalmente al dejar en mera retórica, vacía de contenido, la política de ahorro y eficiencia. Además, las repercusiones que estas transformaciones normativas del sector energético están teniendo en la industria son espectaculares, lo repito por segunda vez, teniendo en cuenta que en los últimos años ha caído más de cuatro puntos el nivel de actividad industrial en nuestro país, debido no solamente a la crisis económica, sino de manera importante al crecimiento del costo de la electricidad. Por ello, señorías, resulta espectacular que no se haga la más mínima referencia en este proyecto de ley al sector industrial.

Todo el proceso regulatorio al que he hecho referencia al comienzo de mi intervención se ha caracterizado por el oscurantismo, por la carencia de diálogo. Del análisis de los documentos se desprende este planteamiento. Nosotros tenemos que poner en valor que el proyecto de ley del sector eléctrico, motivo de esta presente enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, constituye un claro ejemplo del característico tipo de política del Gobierno de falta de transparencia, de falta de iniciativa legislativa consensuada, siempre al margen del consenso con los sectores sociales y parlamentarios, configurado esencialmente como un atentado contra el Estado social y democrático de derecho que proclama la Constitución española en su artículo 1, y contra los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e irretroactividad consagrados en el texto constitucional en su artículo 9. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto-ley 9/2013, curiosamente de la misma manera que lo han hecho Gobiernos autonómicos controlados por el Partido Popular; curiosamente, como lo ha hecho Extremadura; curiosamente como lo ha hecho la Comunidad murciana; curiosamente como lo ha hecho Navarra. Es decir, no es solo la posición del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Generales, sino que se percibe también ante las enmiendas de totalidad presentadas por los diferentes grupos. Con estos rasgos podemos definir el proyecto de ley como una normativa no consensuada que ignora las recomendaciones realizadas por entes reguladores independientes, como es la ya casi extinta Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, e incluso el Consejo de Estado, que en una serie de preceptos le da tirones de orejas al Gobierno, le sugiere que en el anteproyecto de ley que el Gobierno les hizo llegar a estos órganos incorpore una serie de preceptos básicos que el Gobierno no ha tenido presentes.

Señorías, desde el punto de vista de la política comunitaria, el proyecto de ley presentado por el Gobierno por la vía de urgencia, apoyándose en una errónea interpretación de la recomendación del Consejo Europeo relativa al Programa nacional de reformas para año 2013 de España, aprobado por el Consejo de la Unión Europea de 9 julio 2013 y por diferentes directivas europeas, pretende ser la solución definitiva a la inestabilidad económica y financiera del sistema eléctrico provocado por el déficit de tarifa, pretendiendo garantizar un marco regulatorio estable, necesario para el correcto desarrollo de una actividad eléctrica. Nada más lejos de la realidad, señorías. El contenido del proyecto de ley nos aleja aún más de la estabilidad económica del sistema eléctrico y su marco regulatorio, agravando los problemas reales del sector y la dependencia energética exterior.

Quisiéramos hacer hincapié en alguno de los contenidos de nuestro recurso de inconstitucionalidad al real decreto-ley, y me permito, dado que se trata ya de un documento público, hacer referencia a la conveniencia de analizar por parte de los portavoces de los diferentes grupos que han presentado


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enmiendas a la totalidad los fundamentos jurídicos en los que nos hemos basado, esencialmente en la denuncia del fenómeno de retroactividad impropia, inaceptable en una política gubernamental. Nosotros queremos poner de manifiesto que este proyecto de ley adolece de multitud de defectos. En lo que se refiere a las tarifas reguladas, debemos poner de manifiesto que la Comisión Europea ha insistido en la necesidad de abstenerse de regular los precios de electricidad sin perjuicio de la protección de los clientes vulnerables hasta que se den las circunstancias que permitan su traspaso al mercado libre. Por ello, respecto al desarrollo reglamentario al que se refiere el artículo 17, un artículo muy singular de este proyecto de ley, en su título III, denominado Precios voluntarios para el pequeño consumidor y tarifa de último recurso, tenemos que poner de manifiesto que la Comisión Nacional de la Competencia ha estimado que debería limitarse el conjunto de consumidores que pueda acogerse al precio voluntario para el pequeño consumidor de tarifas de último recurso, estableciendo una serie de mecanismos solidarios, a los que no hace referencia en modo alguno el proyecto de ley. En consecuencia, señorías, desde el punto de vista social, planteamos que el diseño del precio voluntario para el pequeño consumidor tiene que realizarse con la intencionalidad de incentivar la entrada de nuevos comercializadores para captar clientes, de atender a fondo el apoyo social, el alejamiento de la pobreza energética y la incorporación al uso y disfrute de la energía de aquellos que menos tienen, tal como dije al comienzo de mi intervención.

Señorías, la participación de los comercializadores de referencia en el suministro de la nueva tarifa de último recurso, que hasta ahora se ha venido denominando bono social, no debería en ningún caso desincentivar la participación como comercializadores de referencia para los consumidores que se acojan al precio voluntario para el pequeño consumidor. Esto debe ser objeto de análisis en enmiendas parciales, cuyo plazo de presentación se cierra hoy. El Grupo Parlamentario Socialista se hace eco de esa preocupación social.

El señor PRESIDENTE: Señor Segura, con sentimiento, tengo que decirle que tiene usted que ir acabando.

El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente.

En el artículo 44 del título VIII, de derechos y obligaciones de los consumidores en relación con el suministro -fíjense que título tan bonito: derechos y obligaciones de los consumidores en relación con el suministro-, el proyecto de ley se ha alejado de las recomendaciones de las medidas de protección al consumidor, contenidas en una directiva comunitaria, la Directiva 2009/72, algo que consideramos despreciable y rechazable. Estimamos y demandamos la conveniencia de un tratamiento más sistemático de los derechos de los consumidores, con su inclusión global en dicho artículo 44. Son muchas las consideraciones que al respecto podríamos hacer, pero hemos querido, encontrándonos como nos encontramos en un foro parlamentario de este nivel, en las Cortes Generales españolas, alejarnos de planteamientos triviales y superficiales y poner de manifiesto la gravedad de los contenidos, no solo de este proyecto de ley sino del Real Decreto-ley 9/2013, que es el corazón de la llamada reforma, y de todo el conjunto normativo, al que no estamos teniendo acceso como consecuencia de la actitud oscurantista y altanera del propio Gobierno, que sabe que cuenta con 185 votos en el Pleno y al que le da igual. Le invito, señor ministro, a que salga a esta tribuna, como es su obligación, en el turno correspondiente de réplica, y le invito también a que se eleve...

El señor PRESIDENTE: Señor Segura, tiene usted que acabar ya.

El señor SEGURA CLAVELL: ... no solo a la Comisión sino al Pleno, para que sea este el que debata también las enmiendas. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, seguramente de forma equivocada, nuestro grupo parlamentario no ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de ley del sector eléctrico, por eso intervengo en turno de fijación de posición. No la hemos presentado no porque no hubiera motivos sobrados para ello, que tal como se ha visto esta mañana los hay, sino porque pensábamos que podíamos corregir el proyecto a través de enmiendas parciales, siempre que hubiera voluntad por parte del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular que lo sustenta.


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Pero como viene siendo habitual, desgraciadamente, el Gobierno no sabe o no contesta. La buena voluntad y disposición al diálogo sobre un tema tan importante como el eléctrico se han visto una vez más frustradas en línea con lo que desgraciadamente viene siendo habitual en los proyectos que provienen de su ministerio, señor Soria. Así pues, si no hay una promesa de acercamiento, de voluntad real de acuerdo, que parece que no la va a haber, nuestro grupo votará a favor de las enmiendas a la totalidad presentadas por otros grupos parlamentarios.

Creo que todos coincidimos en que la energía es un pilar esencial para el correcto funcionamiento de nuestra economía. El cambio climático, el incremento de la dependencia energética y los precios más elevados son retos a los que hay que enfrentarse y que necesitan propuestas de solución para dar confianza, seguridad y estabilidad no solo y principalmente a los consumidores, sino también al conjunto del propio sector de la energía, que es estratégico en el sistema productivo. El Grupo Parlamentario Vasco, como siempre, ha trabajado para el desarrollo del sector energético y para que su regulación redunde en un sistema que sea sostenible tanto económica como medioambientalmente y también estamos comprometidos con el entorno en el que se desarrolla su labor. Mi grupo es consciente de que el sector energético tiene que afrontar importantes retos de futuro que requieren una política energética a largo plazo, proponiendo y apoyando medidas que reflejen los objetivos básicos de competitividad, sostenibilidad y seguridad del suministro; básicos y fundamentales en cualquier política energética. Sin embargo, este proyecto de ley presenta más sombras que luces para resolver la difícil situación del sector eléctrico. Es incomprensible que una ley que afecta a un sector tan estratégico se haga a espaldas de los sectores afectados, desde los consumidores a las empresas, y sin ninguna colaboración con los grupos políticos. Nos hemos venido ofreciendo por activa y por pasiva para colaborar en la elaboración de medidas, y no hemos tenido, insisto, ninguna respuesta positiva al respecto.

Señores del Grupo Popular, a hechos consumados es difícil el entendimiento. De la energía depende la competitividad de nuestro tejido industrial, la sostenibilidad del medio ambiente, el bienestar de los ciudadanos y, en definitiva, el desarrollo económico y social. Además de la falta de diálogo que mencionaba, aspecto muy importante para afrontar los muchos retos a los que se enfrenta el sector energético, esta ley no da solución a muchos de ellos, y simplemente por señalar algunos citaré los siguientes. Se manifiesta una clara voluntad recentralizadora en el área energética al producirse una clara invasión competencial tanto en materia de autorizaciones, utilizando el subterfugio del informe preceptivo y vinculante de la Administración central, como de seguridad, siendo el culmen de la regulación respecto de la distribución de la energía eléctrica donde se produce la más flagrante vulneración de competencias, desapareciendo las actuales competencias, entre otras, las relativas a la planificación, aprobación y desarrollo de los planes de inversión. Ello, como bien puede entender, es inaceptable para nuestro grupo parlamentario. Tampoco incorpora ningún mecanismo ni instrumento orientado a mejorar la competitividad en sectores industriales intensivos en consumo de energía ni evita la discriminación económica en el suministro entre territorios. El tejido industrial es una de las claves más claras para intentar salir de la actual situación de crisis económica. Diversos sectores que compiten a nivel internacional están pasando por un mal momento, con una profunda preocupación por su futuro. El incremento de los costes energéticos regulados supone, además, la pérdida de competitividad en sectores cuya actividad se basa en una cartera de pedidos a nivel internacional, en competencia con empresas del resto del mundo. Los altos precios del suministro energético también suponen un agravante adicional que ayuda al cierre y a la deslocalización de la industria intensiva en consumo energético y en el caso, como usted bien conoce, de Euskadi, que es eminentemente industrial, no es posible que aceptemos esta premisa. Se viene a reconocer también implícitamente la posibilidad de la existencia de déficits y su perpetuación en el tiempo en el caso de que no se superen los umbrales previstos cuando los principios inspiradores de la ley persiguen la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico, entendida como el equilibrio entre los ingresos y costes del mismo. Se obliga a los agentes sujetos al sistema de liquidaciones a financiar los déficits que se originen, sin que ello dé lugar al reconocimiento del coste financiero soportado y sin que la cuantía a financiar se halle limitada en modo alguno. Ello puede suponer, señor ministro, un quebranto patrimonial a dichas empresas que incluyen el régimen de las energías renovables. Se da a entender que el tema del déficit tarifario no está resuelto.

La existencia de un desequilibrio económico en el sector eléctrico es una realidad. Conforme a la exposición de motivos del proyecto de ley del sector eléctrico, las causas de ese desequilibrio se encuentran en el crecimiento excesivo de determinadas partidas de costes no directamente relacionadas con el suministro eléctrico por decisiones de políticas públicas que claramente son políticas de Estado que


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exceden el ámbito de las estrictamente energéticas. Los extracostes de la extrapeninsularidad, la interrumpibilidad, las políticas de ayuda al carbón, la gestión de residuos radiactivos, las anualidades del déficit, etcétera, son costes no relacionados directamente con el suministro eléctrico y, por lo tanto, no debieran asumirse en la tarifa eléctrica, con lo cual, si así se hiciera, mejoraría claramente la competitividad y el precio del suministro. Además, si estas políticas públicas se financiaran mediante los Presupuestos Generales del Estado los contribuyentes tendrían que abonar el coste exacto de las mismas. Sin embargo, como se financian mediante la tarifa eléctrica como si fuese un coste del propio producto, los contribuyentes tienen que pagar un 27 % más de su coste real, que corresponde al IVA y al impuesto eléctrico. Lo que parece no ser coherente es que los ciudadanos paguen casi un 27 % más si se financia mediante la tarifa eléctrica que si se financia vía impuestos, ya que al no estar diferenciados estos en la factura parecen costes asociados al producto eléctrico, quedando en consecuencia afectada la recaudación requerida para financiar estas políticas públicas por el IVA y el impuesto eléctrico.

Por otro lado, el nuevo sistema retributivo de las instalaciones de generación a partir de las fuentes renovables establece su remuneración sobre la base del precio que perciba del mercado más un posible complemento, lo cual debiera permitir obtener una rentabilidad razonable, establecida según el tipo de interés del bono a diez años más un diferencial. Dicho régimen no solo sería de aplicación a las instalaciones que entren en funcionamiento tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, sino también a las instalaciones existentes de régimen especial, es decir, aquellas que tenían reconocidos los derechos a la percepción de un régimen económico con base en la normativa vigente con anterioridad al Real Decreto 661/2007. Ahora bien, el propio Consejo de Estado recomienda en su dictamen la adopción de las máximas cautelas a la hora de ordenar la aplicación temporal del régimen retributivo específico que, en su caso, resulte aplicable a las instalaciones existentes, situación que no se ha corregido en este proyecto de ley.

En definitiva, esta reforma plantea incoherencias que no satisfacen a las comunidades autónomas en sus aspectos competenciales, ni a los consumidores, ni a ninguno de los sectores afectados, tanto del régimen especial como del ordinario. No da respuestas a los principales retos que tiene la política energética; no es una reforma que aporte estabilidad regulatoria y seguridad jurídica a la política energética, tan necesarias en estos momentos. Por ello, aunque volvemos a ofrecer nuestra colaboración para el futuro de cara a conseguir una ley que solvente estos problemas, al no existir un compromiso en este sentido, votaremos a favor de las enmiendas a la totalidad presentadas a este proyecto por el resto de los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario Popular, y también en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Erias.

El señor ERIAS REY: Señor presidente, señor ministro, quiero también, en primer lugar, manifestar las condolencias, mi pesar y el de mi grupo por el fallecimiento de los seis mineros de León y desear una pronta recuperación a los heridos.

Señoras y señores diputados, estamos hoy aquí en el debate de totalidad del proyecto de ley del sector eléctrico para continuar con un proceso de reforma valiente, inevitable y necesaria. Esta reforma, que se inició en una situación económica general de recesión y en un escenario particular del sector eléctrico de sobrecapacidad de generación instalada y de demanda reducida, ha conseguido introducir cambios que, a mi juicio, van en la dirección correcta. El objetivo fundamental perseguido no es otro que el de promover un nuevo escenario de estabilidad sobre el que sentar las bases de una nueva política energética que permita a España satisfacer los objetivos de seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad. De no haber actuado como hoy ha recalcado el señor ministro, el déficit de tarifa habría sobrepasado los 10.000 millones de euros en 2012; sin embargo, gracias a las reformas introducidas hasta la fecha se ha evitado un alza de los precios de la luz equivalente a un 42 %. En contrapartida, y creo que es bueno recordarlo y que lo escuchen los afectados, especialmente en el periodo 2005-2012 los precios de la electricidad aumentaron un 67 %, pues los costes regulados se elevaron un 197 %, mientras que las tarifas de acceso lo hicieron un 122 %. La consecuencia es obvia, desde el año 2006 solamente han existido tres ocasiones en las que se hayan producido disminuciones en el precio de la electricidad: octubre de 2012, bajó un 1,9; enero de 2013, bajó un 4,2; abril de 2013, bajó un 6,2. Quienes descalifican la ley diciendo que intenta únicamente solventar el déficit de tarifa, no tienen en cuenta o no comparten la estabilidad proporcionada con este aserto y sobre todo prescinden u olvidan adónde nos han llevado con


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la política energética instrumentada que también, desde mi punto de vista, califico de errónea. Por otro lado, ante la gravedad de la situación a la que el Ejecutivo debía hacer frente en la elaboración de esta ley, no cabía plantearse un proceso participativo y abierto que buscase un consenso entre y con los agentes del sector y el Gobierno, como algunos reclaman. Por ello, el diseño y la ejecución de la reforma se ha llevado a cabo en poco tiempo y se ha asumido la responsabilidad de implementarla por etapas, intentando que la no estabilidad y la no sostenibilidad económica de nuestro sistema eléctrico lastrasen nuestra credibilidad y reputación internacional.

Pasemos ahora a analizar las diferentes enmiendas a la totalidad presentadas por los diferentes grupos. Me ceñiré estrictamente al texto presentado y no a las intervenciones desarrolladas; no voy a hacer aquí ningún esperpento ni tampoco voy a caer en las provocaciones o alusiones directas que algunos han hecho en su intervención. La primera enmienda que voy a analizar es la de Compromís-Equo, en la que se nos anuncia que el sistema de formación de precios resulta inadecuado. A nuestro juicio, el argumento utilizado es falaz, pues el mismo prescinde de que en cualquier mercado en competencia la asignación se hace de este modo. Cuando se nos acusa de estar en contra de las energías renovables, se evidencia en quienes lo formulan claros prejuicios a la hora de plantear esta cuestión, pues resulta evidente que con este proyecto de ley no solo no salen perjudicadas tales tecnologías, como sostienen, sino que a las mismas se les ofrece viabilidad al promover con la nueva norma la finalización del déficit de tarifa. Respecto a la inseguridad jurídica que formula, señor diputado, lo que sí genera inseguridad es la existencia del propio déficit, tanto anual como acumulado.

Respecto a la enmienda de UPyD, estamos de acuerdo con el objetivo planteado; más bien, según se desprende de la lectura del texto presentado, deberían ser varios los objetivos formulados y no uno único, como ustedes en primer término enuncian. A mi juicio, plantean cuestiones genéricas interesantes, que ya están incluidas, las más sustantivas, en el texto que hoy debatimos. Su crítica a la totalidad del marco normativo la realizan encuadrando la misma desde la democracia hasta hoy, cuestión que consideramos poco rigurosa y exagerada, ya que, como bien es conocido, poco tiene que ver lo sucedido entre 1978 y 1997, y lo acontecido hasta nuestros días desde el año 1997, especialmente si nos fijamos en materia energética. No entendemos tampoco que ante tanta objetividad que ustedes proclaman usen en su terminología la denominación de interés parcial, sobre todo cuando no enumeran aquellos intereses parciales. El análisis del déficit de tarifa nos parece también relativamente inexacto, pues cuando formulan que exclusivamente serán los consumidores quienes soporten el propio déficit, a mi juicio no es correcto al estar claramente explicitado y delimitado de manera diferente en todo el ámbito regulatorio desarrollado por este Gobierno, cuya preocupación máxima es el consumidor, tanto en su condición de ciudadano como de empresario. Por último, resulta paradójico que cuando en su enmienda se expone en uno de los epígrafes finales una política energética alternativa, aquella no sea considerada como propuesta de texto alternativo explícitamente, sino que lo único que se reclame como corolario sea la devolución del texto al Gobierno.

Esquerra Republicana de Catalunya presenta una enmienda poco cuidada, tanto en presentación como en contenido, pues cuando la estaba leyendo me daba la sensación de que faltaban páginas, ya que comienza titulando por la exposición de motivos y veinte líneas más adelante da por finalizada la enmienda a la totalidad, no avanzando en el análisis de ningún otro epígrafe del texto legal que hoy estamos debatiendo. En cualquier caso, quiero señalar que el lenguaje aparentemente farragoso resulta, a mi juicio, impropio y poco objetivo, ya que abundan en la página diferentes calificativos que no se corresponden con la realidad. Asimismo, contiene y formula una corta propuesta que tiene algunos errores que podrían ser de matiz, pero que es conveniente recalcar cuando especialmente se refieren al bipartidismo español, cuestión que sin duda podría estar influenciada por su idea y resultados del tripartito, y que no deja de constituir una forma surrealista e impropia para denominar la alternancia que los españoles consideran adecuada para gobernar España.

Con respecto al BNG también nos encontramos con algo semejante, un texto poco cuidado, especialmente cuando al abrir la iniciativa se refieren al subministro (Risas), asunto que afortunadamente luego corrigen, pero que en todo caso es como aparece en el texto presentado. Discrepo cuando plantean que existe una falsa competencia y no formulan evidencia alguna en tal sentido. Discrepo también en que el mejor reparto consistiría en pagar todos, lo que solamente algunos utilizan cuando su señoría formula llevar a presupuestos determinados asuntos. En otro orden de cosas, el comentario con respecto a que la auditoría debería ser uno de los pilares de la reforma, he de decirle que generalmente es aceptado por la comunidad académica que la auditoría constituye un útil instrumento para el conocimiento de cualquier


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sector, pero de ahí a que la misma se erija en uno de los pilares básicos de la reforma va mucho trecho. Señorías, este proyecto de ley defiende el interés general, la competitividad, la estabilidad y la sostenibilidad financiera de nuestra política energética, y nada más, pero tampoco nada menos, y no estamos de acuerdo con las propuestas realizadas por su grupo que le llevan a formular esa enmienda a la totalidad.

Con relación al Grupo Parlamentario Socialista, quiero pensar que el arranque de la valoración realizada en la enmienda a la totalidad constituye una autocrítica redentora de todos los males que nos han conducido hasta aquí, pues solo de esta forma se puede entender que se hable de subsanar los errores iniciados -y lo dice textualmente- en esta legislatura y que se olviden de todo los que hemos soportado a lo largo de los últimos siete años. (Aplausos). También resulta paradójico que ahora nos anuncien que van a presentar o han presentado un recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto 9/2013. Deberían haberlo presentado también al Real Decreto 14/2010, que ustedes generaron, que iba en la misma línea y que no consiguió ningún objetivo. Cuando se habla de recentralizar las críticas al sistema marginalista, normalmente quienes la plantean prescinden de que en todas las actividades económicas en régimen de competencia los precios se firman de forma marginal, a no ser que quienes las formulen lo que pretendan es que sea el Estado quien decida y que las empresas se conviertan en meras concesionarias y proveedoras de servicios públicos. Señorías, resultan poco originales las valoraciones que hemos escuchado en el día de hoy y por tal motivo les invito a que para el diagnóstico del problema que la ley intenta resolver, se basen en realidades, en datos y no en apriorismos. Por todo ello, creo que la enmienda a la totalidad no tiene demasiado sentido. Diría adicionalmente que no hay texto alternativo y que lo único que constatamos con la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista, desafortunadamente, es un corta y pega poco cuidado de una fuente no identificada o sí (Aplausos), que no intenta otra cosa que dar solución a una multitud de regulaciones previas no siempre coherentes, a las que ustedes nos han llevado con tanto show regulatorio los últimos siete años.

Con respecto a La Izquierda Plural -voy terminando, señor presidente-, si bien cabe destacar el trabajo que este grupo ha llevado a cabo aportando un texto alternativo, el mismo, a mi juicio, está lleno de prejuicios que restan total operatividad a su análisis. Plantean ustedes que el proyecto de ley acaba con las renovables, que impide el autoconsumo y que facilita la llamada pobreza energética. Pues bien, señorías, sobre las energías renovables el PP no solo no está en contra, sino que, gracias a las medidas tomadas hasta hoy, se está recuperando la solvencia, la sostenibilidad y la viabilidad de las mismas. Si siguiésemos al pie de la letra las formulaciones de La Izquierda Plural en el ámbito renovable, aquellas podrían llevar a que nuestro sistema eléctrico careciese de respaldo necesario de generación en determinados momentos, por la no gestionabilidad, la intermitencia y el no almacenamiento de aquellas, poniendo en riesgo la seguridad de suministro. Asimismo, si se tradujeran en hechos las propuestas formuladas en su texto alternativo, el recibo de la luz tendría que subir un 80 % y en ese caso sí que tendríamos pobreza energética, y eso sí que sería una triste realidad. Señorías, por otro lado cabe decir que generalmente sus planteamientos en un asunto tan complejo se simplifican y exageran, exponiendo normalmente medias verdades, resultando así que conforman todo su discurso con un alto grado de incoherencia. Lo lamento, pero este es el resultado que percibo. Como ya ha recalcado el señor ministro, la inseguridad jurídica es fruto de la existencia del déficit de tarifa y es lo que fundamentalmente tenemos que erradicar.

En cuanto al tema del alto consumo, la creación de proyectos que promuevan ahorros de costes del sistema para unos, implicaría que dichos costes deban ser sufragados por el resto de los consumidores, es decir, todos aquellos que no cuenten con capacidad económica suficiente para salirse del sistema. Por tanto, es evidente la discriminación, la negatividad y la degresividad oculta de los supuestos beneficios que ustedes defienden con tanta vehemencia en este asunto. Reflexionen y verán ustedes cómo tenemos razón los que les estamos diciendo que el peaje de respaldo tiene sentido porque si no, esto estaría discriminando a unos frente a otros. En definitiva, no nos engañemos. Lo que proponen ustedes es la intervención económica, eliminando cualquier señal que los mercados generen con tal de lograr sus objetivos. Por último, señorías de La Izquierda Plural, en un mercado liberalizado carece de sentido controlar los supuestos beneficios de las compañías energéticas que ustedes están denostando permanentemente. Parece realmente que ustedes viven en otro mundo y que no se acaban de situar en la realidad en la cual estamos.

En definitiva, señores diputados enmendantes a la totalidad, les reiteramos que rechazamos todas las enmiendas presentadas y les reclamamos que se sumen a la necesidad que tenemos los españoles de


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que entre todos consigamos superar la crisis actual -estoy seguro que ustedes tampoco desean que continúe- y que por tanto retiren las enmiendas que han presentado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erias.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

- ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UN LADO, Y CENTROAMÉRICA, POR OTRO, HECHO EN TEGUCIGALPA EL 29 DE JUNIO DE 2012. (Número de expediente 110/000096).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA DE ESTA ORGANIZACIÓN EN ESPAÑA, HECHO EN MADRID EL 4 DE ABRIL DE 2013. (Número de expediente 110/000097).

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN BUENOS AIRES EL 11 DE MARZO DE 2013. (Número de expediente 110/000098).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL BLOQUE FUNCIONAL DE ESPACIO AÉREO DEL SUROESTE (SW FAB), HECHO EN LISBOA EL 17 DE MAYO DE 2013. (Número de expediente 110/000099).

- PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA, QUE MODIFICA EL CONVENIO Y EL PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, FIRMADOS EN NUEVA DELHI EL 8 DE FEBRERO DE 1993, HECHO EN NUEVA DELHI EL 26 DE OCTUBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000101).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA LA MEJORA DEL CUMPLIMIENTO FISCAL INTERNACIONAL Y LA APLICACIÓN DE LA LEY ESTADOUNIDENSE DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE CUENTAS EXTRANJERAS, HECHO EN MADRID EL 14 DE MAYO DE 2013. (Número de expediente 110/000102).

- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL REINO HACHEMITA DE JORDANIA SOBRE LA EXENCIÓN RECÍPROCA DE LOS VISADOS PARA LOS TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN AMMÁN EL 20 DE ABRIL DE 2013. (Número de expediente 110/000103).

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHIPRE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN NICOSIA EL 14 DE FEBRERO DE 2013. (Número de expediente 110/000104).

- ACUERDO INTERNO ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO, RELATIVO A LA FINANCIACIÓN DE LA AYUDA DE LA UNIÓN EUROPEA CONCEDIDA CON CARGO AL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL PARA EL PERÍODO 2014-2020 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ACP-UE Y A LA ASIGNACIÓN DE AYUDA FINANCIERA A LOS PAÍSES Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR A LOS QUE SE APLICA LA PARTE CUARTA DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN LUXEMBURGO Y BRUSELAS EL 24 Y 26 DE JUNIO DE 2013 RESPECTIVAMENTE. (Número de expediente 110/000105).


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El señor PRESIDENTE: En el punto VIII del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, parece ser que hay algunos grupos que han pedido intervenir. Les recuerdo a los grupos que intervengan que lo harán por cinco minutos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, quisiera llamar su atención respecto a uno de los convenios internacionales, aun cuando la reflexión que invito a hacer es extensible a todos los convenios y tratados que se debaten en esta Cámara. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia.) En concreto, quería llamar su atención respecto a uno de ellos, el que se establece entre el Reino de España y la República Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, que se estableció en marzo de 2013. ¿Por qué he elegido este y no otro, teniendo en cuenta que sobre lo que les invito a reflexionar es extensible a todos? Porque esta Cámara debe poner en valor todos los convenios y tratados que se debaten y la única manera de hacerlo es velando para que el Reino de España y el Gobierno de turno sean respetuosos para con ellos. Esto lo digo porque ustedes sabrán que la justicia argentina, apelando al Tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal, firmado en Buenos Aires en el año 1987 entre la República Argentina y el Reino de España, ha pedido la extradición de unos acusados por torturas durante el franquismo, en concreto, de dos exfuncionarios. Uno de ellos, José González Pacheco, conocido tristemente como Billy el Niño, hoy día ha sido inculpado por la justicia argentina por los delitos de lesa humanidad. Por tanto, les pido a ustedes que hoy reflexionemos sobre la necesidad de velar por que los convenios y los tratados sean cumplidos e instamos al Gobierno español -y les pido que todos ustedes insten a ello porque es democrático y es nuestra responsabilidad- a no poner ningún palo a la rueda para que estos torturadores sean extraditados a la República Argentina y para que, en nombre de la justicia universal, sean juzgados por sus crímenes de lesa humanidad. Esto es lo que les pedimos a todos ustedes. Si no, lo que hacemos aquí no tiene ningún sentido; menos aún si de lo que se trata es de salvaguardar los derechos humanos, combatir los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidenta.

Nuestro grupo va a votar en contra de uno de los tratados y se va a abstener en dos de ellos. Vamos a votar en contra del Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Los acuerdos de asociación de la Unión Europea responden normalmente a las filosofías que ya hemos denunciado en diversos debates en esta Cámara, que afectan también a los tratados de libre comercio que la Unión Europea suscribe con otras partes del mundo. Tres aspectos están presentes: primero, obedecen a objetivos básicamente económicos y comerciales entre economías bien dispares, no buscando la complementariedad sino la libre competencia desregulada, sobre la base normalmente de principios neoliberales que hoy rigen la actual Unión; en segundo lugar, aparecen los principios de cooperación al desarrollo o estos están supeditados a los intereses empresariales generalmente de las economías más fuertes; y, en tercer lugar, los derechos humanos aparecen como mero concepto declarativo y no se implementa ningún tipo de mecanismos reales para su garantía efectiva. Cabe recordar en este momento, por ejemplo, que uno de los países centroamericanos, Honduras, que va a celebrar elecciones en el próximo mes, ha sufrido recientemente un golpe de Estado que ha defenestrado a su presidente electo democráticamente, José Manuel Zelaya, y que la oposición política en ese país vive situaciones de acoso y de persecución policial. O también la grave situación de conculcación de los derechos humanos que vive otro de los países centroamericanos, Guatemala, en este momento presidido por un exmilitar que participó en los procesos de genocidio que se dieron en ese país centroamericano. Por tanto, por esas razones vamos a votar en contra de ese tratado.

Vamos a abstenernos en el Acuerdo interno de la Unión Europea de financiación de la ayuda a países de África, Caribe y el Pacífico. ¿Por qué? En primer lugar, porque tenemos dudas razonables con respecto al documento que marca la línea de las políticas de cooperación, el consenso europeo sobre desarrollo y, sobre todo, a los aspectos que fundamentan el Fondo europeo de desarrollo, que son tres y que el documento analiza: uno, pobreza y, otro, desarrollo sostenible; nada que decir respecto a esos objetivos,


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pero sí con respecto al tercero, la integración gradual de los Estados de África, Caribe y Pacífico en la economía mundial mediante mecanismos de cooperación y de estabilización pactados con el Fondo Monetario Internacional. Generalmente esos programas obedecen a filosofías neoliberales y que en muchas ocasiones no son de apoyo económico sino que realmente son acuerdos comerciales y apoyos de financiación en condiciones muy ventajosas con los países de la Unión Europea o de los países más ricos del Fondo Monetario Internacional.

En tercer lugar, nos abstendremos en el acuerdo fiscal entre España y Estados Unidos, al Acuerdo de mejora del cumplimiento fiscal internacional, que básicamente es una modificación del convenio entre España y Estados Unidos de información fiscal del año 1990, que ahora se modifica como consecuencia de una ley estadounidense y, por tanto, de una adaptación a la Ley Fatca, de cumplimiento tributario de los Estados Unidos. Pensamos que tendríamos que suspender en este momento la firma de ese tratado porque tenemos que aclarar si la información fiscal entre España y Estados Unidos se realiza mediante acuerdos y tratados, que nosotros respaldamos, o se realiza mediante el espionaje masivo de los datos fiscales y bancarios a nuestro país realizado por los servicios de inteligencia norteamericanos y, según toda la prensa de hoy, con la plena colaboración del servicio de inteligencia español. Por tanto, no podemos, por un lado, actuar con la hipocresia de firmar un tratado y, por otro, no solo no cumplir el tratado sino que además los servicios de espionaje superan la diplomacia y lo que están haciendo de facto es controlar esas comunicaciones. No sé si hoy han leído la prensa, pero se dice que la Red internacional de transacciones financieras, cuyo organismo tiene sede en Bruselas, traspasa de forma bruta a Estados Unidos toda la información que se retiene en Europa para que en Estados Unidos sea procesada. Por tanto, una de dos, o seguimos la diplomacia, acordamos tratados y los cumplimos, o simplemente dejamos que los servicios de espionaje sean los que verdaderamente gobiernen tanto en Estados Unidos como también, según parece, en España.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán y anunciar nuestro voto a favor al conjunto de los tratados y acuerdos internacionales, así como para intentar también fijar el debate no solo en aquellos acuerdos que han sido objeto de petición de votación separada por parte de otros grupos y que al final terminan centrando el debate de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores, sino para destacar también algunos otros acuerdos y convenios que creo que debemos valorar positivamente. Por ejemplo, el punto 35 del orden del día referido concretamente al Convenio entre el Reino de España y la República de Chipre para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. Visto lo visto durante los últimos meses con respecto al panorama de la seguridad jurídica y fiscal dentro de la Unión Europea, y concretamente con respecto a Chipre, creo que este convenio, el número 35 del orden del día, se debería valorar positivamente. Pero, señorías, también quiero hacer referencia y defender nuestra votación favorable a dos acuerdos de la Unión Europea, uno con Centroamérica y otro con África, Caribe y Pacífico. Nosotros apoyamos estos acuerdos porque estimulan el libre comercio y la globalización de las relaciones internacionales, pero no de una forma desregulada, porque si fuera así hoy no estaríamos discutiendo unos convenios de un articulado denso, que prevén cláusulas concretas de salvaguarda de la relación y del equilibrio entre economías desarrolladas y economías en vías de desarrollo. También me referiré especialmente al instrumento referido a África, Caribe y el Pacífico que estimula la cooperación al desarrollo. Señorías, la cooperación al desarrollo -y creo que podemos y debemos decirlo sin enrojecer y sin parecer que esto es políticamente incorrecto- tiene la vocación de acompañar al desarrollo económico y a la estabilización regional. Sin ir más lejos, el anterior Gobierno, el Gobierno del Partido Socialista, a través de una política de cooperación al desarrollo consiguió la estabilización de las relaciones entre España, el conjunto del sur del Mediterráneo y el Magreb en lo que a flujos migratorios se refiere. Esta estabilización ha permitido también que algunas de las personas que de forma desesperada y poniendo en riesgo su vida -como hemos visto recientemente en Lampedusa- llegaban a las costas españolas, en este momento puedan desarrollar su vida y su crecimiento desde un punto de vista económico también en los países donde han nacido.

Finalmente me referiré al Acuerdo sobre África, Caribe y Pacífico y la Unión Europea. Ustedes saben perfectamente que en el año 2000 se firmó un acuerdo muy importante, el Acuerdo de Cotonú, que prevé


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revisiones cada cinco años, y estamos ahora ante la cuarta renovación. La decisión de asociación de ultramar de la Unión Europea caduca el 31 de diciembre de 2013 y debe darse una respuesta con la ratificación de este instrumento que nosotros apoyamos y que también viene apoyado por la política de la Unión Europea de cumplimiento de los objetivos del milenio.

Quiero hacer una pequeña reflexión, señorías. Nosotros proponemos que las contribuciones de España a los organismos internacionales y al cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales no figuren dentro de los presupuestos del Ministerio de Asuntos Exteriores. En este acuerdo concreto estamos hablando de una contribución de 2,4 millones de euros, aspecto que podríamos discutir en las próximas semanas en la tramitación de la ley del servicio exterior. Hasta el año 1995 las partidas a organismos internacionales dependían del Ministerio de Presidencia y no del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo cual sin duda difumina exactamente las cantidades destinadas a la política exterior.

Nosotros somos partidarios de ratificar el Acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos. La paralización que proponía el señor Nuet sería la paralización de la actividad comercial de miles y miles de empresas en este momento. Dicho esto, señor Nuet, señorías, también es el momento de hacer una reflexión sobre la confianza entre socios. No puedo nada más que seguir las palabras del propio ministro de Asuntos Exteriores cuando decía: Si se confirma esta clase de espionaje, es una muestra de pérdida de confianza. Señorías, la respuesta del Consejo Europeo de la semana pasada fue una respuesta tímida y lo fue porque con el paso de los días hemos visto que no solo se estaba produciendo eventualmente espionaje de Estados Unidos hacia países europeos, sino que los propios países europeos habían -para decirlo de una forma informal- subcontratado los servicios norteamericanos para el rastreo de los datos, de la información sobre llamadas, tráfico de información a través de Internet y también, según información de esta mañana, parece ser que sobre flujos comerciales. Señorías, estamos ante una situación muy grave sobre la cual en los próximos días y semanas la comunidad internacional y este Parlamento deberán reflexionar. Termino anunciando nuestro voto afirmativo al conjunto de los convenios de la Comisión de Asuntos Exteriores.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Moscoso del Prado.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Voy a aprovechar para hacer una pequeña reflexión inicial, como ha hecho el señor Xuclà, sobre la importancia de los tratados y también en la senda de la interesante reflexión, que comparto, del señor Tardà, en el sentido de que es muy importante respetar los tratados internacionales y su contenido, lo que implican en un momento en el que creo que es necesario reivindicar el Estado de derecho que tantos siglos de esfuerzo nos costó alcanzar en nuestro país. Estado de derecho que lo es todo, es la Constitución española y también todos los tratados, todos los convenios y, por supuesto, también el Convenio de Roma que rige el célebre Tribunal de Estrasburgo. Permítanme a continuación que hable sobre los principales tratados.

El primero de ellos y que ya ha sido mencionado es el Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Es un tratado que complementa los ya firmados y que hemos tenido ocasión de debatir; recuerdo el debate sobre el Acuerdo con Colombia y Perú. De nuevo en este caso es un Acuerdo con Centroamérica, en un territorio complicado, difícil y con un pasado muy duro, que incluye unos pilares que creemos necesarios y que contribuyen a dar un paso adelante en la relación bilateral entre la Unión Europea y esa parte del mundo, con un componente de garantía de derechos humanos y un componente también de garantía de respeto del medio ambiente, un territorio fragmentado, con mucha pobreza, con profundas desigualdades y donde la violencia y la tiranía han sido la constante hasta hace bien poco. Asimismo quiero recordar que se han firmado acuerdos con México y con Chile y que sigue pendiente el gran acuerdo con Mercosur, del que ya forman parte Bolivia y Ecuador y, antes de ellos, Venezuela.

Con Argentina se firmó otro acuerdo importante -estamos hablando ahora de los tratados de doble imposición- porque hay que recordar que Argentina denunció el acuerdo bilateral de doble imposición. Un acuerdo que busca evitar la doble imposición en materia de renta y patrimonio pero también de evitar la evasión fiscal, que es una lacra importante en ambos países y que constituye un objetivo compartido por todos. Y se trata de garantizar una cuestión crítica incluso ahora, cuando gobierna el Partido Popular, que en estas cuestiones sentó siempre cátedra, como es la seguridad jurídica de las inversiones.


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Me voy a referir al Tratado de doble imposición con Estados Unidos, que creo que es el que hoy tiene mayor relevancia; un tratado que comenzó a negociar en 2009 el anterior Gobierno, al que sostenía la mayoría parlamentaria de mi partido, que se firmó en mayo de 2013 y que comenzó también a gestarse en 2006 a instancias de la evidencia promovida por muchos inversores, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, y sobre todo porque el Protocolo del año 1990 quedó obsoleto. Estados Unidos es el primer inversor y receptor mundial en inversiones y es el tercero en España. Este tratado actualiza la fiscalidad en una serie de cuestiones, garantiza la seguridad y la adapta al marco de la Unión Europea, y además mejora el intercambio de información tributaria entre ambos países, tema muy importante y en esto estoy de acuerdo con lo que han dicho algunos de los intervinientes. Pero, como decía ayer en el debate del Consejo Europeo el secretario general de mi partido y presidente del grupo, la relación entre dos socios y dos países aliados como España y Estados Unidos debe basarse en la confianza, en primer lugar, en la lealtad, en segundo lugar, y, por supuesto, en la reciprocidad. Y en este acuerdo no parece que el componente de reciprocidad vaya a ser una realidad. Hay que recordar que el Senado norteamericano lo tiene bloqueado porque el senador republicano Rand Paul, miembro del Tea Party, se niega a que se pueda utilizar ningún tipo de información tributaria de ciudadanos estadounidenses en intercambios recíprocos basados en la lealtad y en la confianza, una actitud muy típica de la derecha más desconfiada, que sabemos que siempre ha optado por encerrarse dentro de sus países y sus comunidades. De manera que ahí queda esa preocupación que puede poner en entredicho este acuerdo y otros muchos más en un momento en el que la relación entre ambos países y entre Estados Unidos y Europa necesita un impulso y una validación o reválida de esa confianza, que es fundamental para la lealtad y la reciprocidad.

Finalmente, otro acuerdo citado, el Acuerdo de la Unión Europea-ACP, que ya dijimos en su día en el debate del marco financiero que nos parece que es insuficiente para el reto en materia de ayuda humanitaria, en materia de cooperación al desarrollo y en cuanto al papel que Europa puede desempeñar en el mundo, la Europa que queremos que sea un actor global importante. Hemos visto cómo, después de la reciente tragedia de Lampedusa, la crisis humanitaria en Siria, la crisis humanitaria en el Sahel, no estamos a la altura de las circunstancias. En definitiva, tratados importantes, pasos adelante que exigirán ser revisados para perfeccionarlos, pero creemos que mejoran lo que hay y van en la correcta dirección.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Moscoso.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Beneyto.

El señor BENEYTO PÉREZ: Gracias, señora presidenta.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición favorable a los diversos convenios que deben ser ratificados por esta Cámara en el día de hoy. Los tres acuerdos a los que se ha hecho mención tienen su relevancia, en particular el primero, el Acuerdo de asociación de la Unión Europea y sus Estados miembros, por tratarse de un acuerdo de naturaleza mixta con los países de Centroamérica, firmado en Tegucigalpa, el 29 de junio de 2012. Se trata del culmen y la consolidación de un proceso que se inició con el diálogo político y la cooperación económica instaurada en el marco del diálogo de San José, en 1982, pero que supone una nueva dimensión. Es la primera asociación birregional que se establece entre la Unión Europea y una región del mundo, Centroamérica, un territorio de habla española con la cual tenemos tantas relaciones históricas, económicas y culturales. Es un dato positivo y además España ha tenido una participación importante, tanto el anterior Gobierno como el actual. Se trata de un acuerdo de asociación muy amplio que incluye diálogo político, cooperación muy amplia, comercio con la instauración de una zona de libre comercio, con un esquema comercial preferencial, específico y bilateral que sustituye al sistema unilateral ofrecido hasta ahora por la Unión Europea, con un protocolo sobre cooperación cultural en respuesta a una serie de principios como son la responsabilidad compartida, la erradicación de la pobreza, la creación de empleo, el desarrollo equitativo y sostenible y con unas instituciones permanentes: consejo y comité de asociación y las subcomisiones. ¿Qué significa este acuerdo? En términos económicos, hoy por hoy, el comercio de la Unión Europea con Centroamérica respecto al comercio con el resto del mundo solo significa el 0,6 %. A través de este acuerdo se espera que pueda extenderse la relación en servicios y en colaboración mutua pero, sin ninguna duda, es ante todo un tratamiento preferencial para estos países en lo que hace referencia a sus productos sensibles, sobre todo en los temas agrícolas y en el plátano. Se establecen en el acuerdo las cláusulas comunitarias en derechos humanos, en medio ambiente, un fondo común de crédito económico y financiero, que sin


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duda tendrá consecuencias positivas para el libre comercio mundial con esta protección específica para productos particularmente sensibles. En consecuencia, es un avance indudable en la relación entre la Unión Europea y sus Estados miembros y esta zona de los países centroamericanos.

En cuanto al Acuerdo para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras entre España y Estados Unidos, hay un aspecto fundamental que no se ha señalado: este acuerdo exonerará automáticamente a las instituciones financieras españolas de la retención del 30 % en los pagos que perciban de fuente estadounidense y que aquellas instituciones financieras y países que no se sometan al programa de esta ley norteamericana deberán cumplir. Por tanto, significa una mejora, una facilitación de las relaciones financieras y bancarias entre Estados Unidos y España. Es básicamente un intercambio de comunicación sobre cuentas de residentes españoles en Estados Unidos y viceversa y, con ello, una mejor implementación de la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras y sobre todo de acuerdo con el Convenio de doble imposición. Por tanto, supone una mejora sobre lo que podría ser un escenario alternativo y, en definitiva, es mejor establecer relaciones a través de acuerdos que de otra manera.

Por último, el Protocolo financiero del 11º. Fondo europeo de desarrollo, en implementación del Acuerdo de asociación ACP-UE y países de ultramar, hecho en Uagadugu en 2010, significa de nuevo la muestra del compromiso de la Unión Europea con los países menos desarrollados. Estamos hablando de que en momentos de crisis económica se van a poner a disposición de estos países en el periodo 2014-2020 30.000 millones de euros, en donde España es el quinto contribuyente con 2.500 millones, el 7,93 %. Es una contribución muy significativa que en definitiva debe ayudar a conseguir a los objetivos de este protocolo: erradicación de la pobreza, desarrollo sostenible, integración gradual de los Estados ACP en la economía mundial, con un trato especial a los países menos desarrollados y el favorecimiento de la cooperación socioeconómica. Únicamente quiero señalar dos críticas: por un lado, el exceso de gestión administrativa de la Comisión, ya que se elevan los gastos administrativos del 1,9 % al 3,48 %, y quizá el exceso también en la financiación de los países en territorios de ultramar, dos aspectos que fueron objeto de debate exhaustivo en las diferentes instituciones comunitarias en donde España pudo hacer valer su política estratégica para que se aplique el principio de diferenciación a los países con rentas más altas, Perú, Colombia y Ecuador, de una manera gradual y no de forma automática.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Beneyto.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO. (Número de expediente 121/000056).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto IX del orden del día, relativo a los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado. Para defender las enmiendas que han llegado hasta el Pleno, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, esta ley va a ocasionar una distorsión porque permite que leyes de unas comunidades autónomas se impongan en el territorio de otras, desplazando la normativa que estas, en el uso de su autonomía política, han aprobado, creando además un caos jurídico imprevisible que incide en la seguridad jurídica, pues puede llegar el caso de que en una misma comunidad autónoma se apliquen al mismo tiempo las normativas de las dieciséis restantes. Esa coexistencia en un mismo territorio de distintas normativas producirá una distorsión del mercado que afecta tanto a los derechos de consumidores y usuarios como a la competencia de los operadores, pues no todos partirán de las más condiciones ni tendrán que cumplir las mismas exigencias ni se les aplicará, por los mismos hechos, un mismo régimen sancionador. En definitiva, es un disparate jurídico y político de dimensiones colosales.

El Gobierno español, desde el principio de la legislatura, viene sistemáticamente ignorando, incomprensiblemente, las especificidades canarias derivadas tanto del modelo autonómico como de la Unión Europea. En este caso, dada su consideración de región ultraperiférica, que como todos deberíamos saber, en particular el Gobierno, permite la modulación de las políticas relacionadas, entre otras muchas, con el mercado interior. Es obvio que en Canarias esa pretendida unidad de mercado, en el caso de que


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pudiera existir para el resto del Estado, se vería enervada por una realidad insoslayable, su lejanía e insularidad, circunstancias ignoradas en la normativa que se pretende aprobar. Esta ley distorsiona todo el modelo autonómico al imponer una extraterritorialidad normativa con consecuencias catastróficas para la seguridad jurídica, ya que, por un lado, se permite a la vez la coexistencia en un mismo territorio de las diecisiete normativas autonómicas existentes y, por otro, porque en el caso de Canarias choca frontalmente con la realidad archipielágica, circunstancia, junto a la lejanía, que nos ha permitido gozar del estatus de región ultraperiférica y cuya consecuencia, como no podía ser de otra manera, es la inexistencia de un mercado único con el territorio continental europeo. Así, la situación estructural, social y económica de Canarias, caracterizada por su gran lejanía e insularidad, reducida superficie, relieve adverso y dependencia económica de un reducido número de productos, le permite tener un estatus especial en el seno de la Unión Europea, en virtud de la cual se han de modular por parte de los poderes públicos sus medidas específicas, orientadas, entre otras, a las políticas aduanera y comercial, la política social, la zona franca, la política agrícola y pesquera y las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo.

Termino. En el caso que nos ocupa, esa modulación, de persistir en la aprobación de esta ley, se concretaría en su no aplicación en Canarias por las razones aludidas.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Oramas.

Por el mismo grupo, señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta. Voy a intervenir desde el escaño para defender las enmiendas presentadas por nuestro grupo.

Tal como hemos mencionado en la enmienda a la totalidad, el BNG se opone a este proyecto de ley puesto que tiene un marcado carácter uniformizador y centralizador y supone una clara invasión al marco competencial autonómico, lo que impedirá a las comunidades autónomas desarrollar políticas propias en multitud de ámbitos. El carácter de la ley queda perfectamente expresado en el artículo 1, que define el objeto de la misma, y la mención a que ninguna autoridad pueda obstaculizar la libre circulación o establecimiento de los operadores económicos y la libre circulación de bienes y servicios apela directamente, aunque sin mencionarlas, a las comunidades autónomas, recortando de esa manera competencias. En los artículos que desarrollan el principio -esto es en el capítulo V- de eficacia en todo el territorio nacional, contemplado en el artículo 6, este desarrollo es especialmente lesivo e invasivo de las competencias autonómicas, ya que al contemplarse en el proyecto el principio del territorio de origen consagra que si una empresa se instala en una comunidad, aunque esta no exija ningún requisito, control o garantía alguna, las demás comunidades tendrán que aceptarlo sin poder exigirle ninguna garantía, impidiendo, por tanto, a las administraciones públicas de los territorios donde las empresas desarrollen su actividad imponer requisitos o condiciones diferentes.

Para finalizar, en el capítulo VI, bajo la fórmula de establecer garantías al libre establecimiento y circulación, se limita, concretamente en los artículos 16 y 18, el nuevo marco competencial autonómico, que define las actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulación, considerando como discriminatorios determinados requisitos para el acceso a la actividad económica, lo que, como ya dijimos, limita sobremanera la capacidad de las comunidades autónomas para desarrollar políticas económicas propias. De ahí que defendamos nuestras enmiendas y vayamos a votar en contra del proyecto de ley.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández. Por el mismo grupo, señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señoras y señores diputados, solo con esta ley recortan tanto el Estatut de Catalunya como lo hizo este Parlamento con el famoso cepillado, en palabras del señor Guerra. Pero además dan el pistoletazo de salida a una competición en espiral entre comunidades autónomas en la que se supone que gana quien más desregule en derechos; en derechos de todo tipo: derechos de consumidores, de seguridad, de salud, medioambientales, etcétera; una perversa subasta en la que todos pierden menos, claro está, los de siempre.


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Dicen que con este proyecto de ley pretende poner orden a lo que consideran una maraña legislativa que dificulta la libre circulación de bienes y servicios entre comunidades. Pero escuchen bien, señorías, lo que ustedes llaman maraña legislativa es justamente el Estado autonómico, y lo que llaman obstáculos a la libertad de circulación de bienes y servicios son los derechos sociales. Su intención no es otra que la de reducir las comunidades autónomas a meras y simples delegaciones de la Administración General del Estado, dedicadas únicamente a la ejecución de las políticas elaboradas por el Gobierno español. Están ustedes empeñados en imponer su visión nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado, y pretenden laminar todas las competencias de las comunidades autónomas, sustrayéndoles cualquier ámbito de decisión y subordinándolas a los dictados del Gobierno del Estado. Ustedes sigan, señorías, con su hoja de ruta que está muy clara, una hoja de ruta para desmantelar nuestra autonomía, que nosotros -señorías, también se lo digo así- vamos a continuar con nuestra hoja de ruta hacia la independencia.

Sus políticas no tienen correlación con los discursos de catalanizar España o de entender a los catalanes. Siguen siendo unos nacionalistas centralistas; no lo pueden evitar, y esta ley es un paradigma absoluto de lo que les acabo de decir. Siguen intentando imponer un marco homogéneo a una realidad autonómica que es, aunque ustedes se empeñen en no verlo, heterogénea. No obstante la existencia de una regulación europea tras la cual se escudan no modifica en absoluto el orden de distribución de competencias que se establece en las normas del denominado bloque de constitucionalidad, especialmente en su propia sacromagna Constitución, pero también en los diferentes estatutos de autonomía. Acabo. En definitiva esta ley, corto y raso, es, señorías del Grupo Popular, únicamente su programa electoral.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà. Por el mismo grupo, señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, estamos en el trámite final de la aprobación de una ley titulada garantía de la unidad de mercado, que después del trámite parlamentario yo diría que todavía ha empeorado más respecto a la ley original. Nosotros nos oponemos a esta ley en primer lugar porque hace una abstracción y una mala interpretación de lo que es la unidad de mercado. El mercado único es el de la Unión Europea, y al final esta ley lo que hace, al menos desde el punto de vista de Amaiur, es crear un nuevo mercado dentro de la Unión Europea, crear mayores barreras. Por eso nosotros pensamos que esta ley va en contra de lo que ayer el propio presidente del Gobierno señalaba, al dar cuenta de los acuerdos de la última cumbre europea. Esa cumbre europea decía explícitamente en uno de sus acuerdos que la aplicación de toda normativa tiene que estar basada en los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Y esta ley no respeta el principio de subsidiariedad porque al final lo que impulsa es una nueva recentralización, es decir, anula la capacidad de decisión de cualquier comunidad autónoma, de cualquier estatuto. Tampoco aplica el criterio de proporcionalidad, porque desde luego no va a conseguir los bienes que pretende, sino que va a originar mayores dificultades, mayores problemas. Desde luego es una medida totalmente desproporcionada, con lo cual va en contra de los propios acuerdos de la cumbre europea e impulsa una nueva recentralización del Estado. Es una nueva vuelta de tuerca a la hora de recortar la capacidad de decisión y la soberanía limitada que pueda haber en distintos ámbitos del Estado, como es el caso de mi país, Euskal Herria.

Por otro lado origina algo que es todavía más importante, y es el desamparo de los consumidores. Al final con esta norma -de acuerdo además con la Unión Europea y con la propia Cumbre de la Unión Europea, que dice que uno de los objetivos fundamentales de la actuación de cualquier Estado debe ser la protección de los consumidores-, que impone una desregulación total, se va a ir en contra de la protección de los consumidores. Cuando una comunidad autónoma tenga una normativa de protección de los consumidores en ámbitos de sanidad, en ámbitos de seguridad alimentaria, etcétera, esa protección no va a servir de nada, porque con que haya otra comunidad autónoma u otro ámbito del Estado en el que haya una desregulación total, y no haya ningún tipo de protección, se va a imponer esa no protección en esa comunidad autónoma. Por tanto es una norma que genera recentralización y que genera el desamparo de los consumidores; por lo tanto es algo totalmente negativo. Insisto en que se impone al conjunto del Estado una desregulación, y se anula por esa vía la posibilidad de legislación y la capacidad legislativa que existe, por ejemplo, en mi país, en Euskal Herria. Por eso nosotros reivindicamos la necesidad de respetar la soberanía vasca. Lo que precisamente pretendemos cuando hablamos de soberanía y de


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soberanía vasca es garantizar que la unidad de mercado de la Unión Europea, el mercado único europeo, sea una realidad también en nuestro país, una realidad basada en esos principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, así como en la protección de los consumidores, en definitiva en la protección de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Por eso esta nueva vuelta de tuerca del Gobierno del Partido Popular en la recentralización, en la negación de la realidad evidente de que en el Estado hay sociedades diferenciadas, nos reafirma en la necesidad de seguir trabajando, de seguir luchando por conseguir la soberanía en nuestro país, conseguir que nuestro país pueda decidir sobre su propio futuro dentro de la Unión Europea.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, lo único bueno que se puede decir de esta ley es que es importante, no se me ocurre ningún otro calificativo ponderativo. Por lo demás es una ley que no tiene pies ni cabeza, ni seguramente tronco. Parafraseando a mi buen amigo, el señor Coscubiela, intentar entender, solo entender, qué quieren, qué se pretende con esta ley, cuál es la finalidad del legislador a la hora de regular esta materia sería algo así como pretender explicar una encíclica papal a un ateo; bueno, el Papa actual es jesuita y seguramente las encíclicas serán menos herméticas que las de los anteriores. Es buena la frase, pero creo que incluso se queda corta; es como intentar explicar una encíclica papal a un cristiano e incluso a un católico, que tiene más dimensión todavía. Es incomprensible lo que se pretende y las contradicciones que aquí se hacen de toda suerte y condición. Usted lo sabe perfectamente, señor Martínez-Pujalte, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice el Consejo de Estado en su informe, un informe crítico, lacerantemente crítico, cuando menos con sus votos particulares, y sobre todo lo dice el Consejo General del Poder Judicial, que es una opinión autorizada.

Una ley que se incardina en algo a lo que ya estamos habituados, que es la recentralización de competencias en la Administración General del Estado, forma parte de la naturaleza de las cosas -parafraseando a Lucrecio- de esta legislatura. Están recentralizando todo, y esta es una ley más de recentralización; pero una ley que ya desestructura e incompatibiliza la estructura dimanante del mercado de los operadores, del mercado español con relación al mercado europeo, tal y como está configurado por el Tratado de Funcionamiento de la Unión, nada menos que al desencajarla amplificando sus contenidos y contradiciéndoles de la aplicación de la Directiva de Servicios, la famosa Directiva del año 2006, traspuesta por la Ley 17/2009 al Estado español. Que desencaja también el contenido material de esta ley el contenido de la aplicación de esa directiva en cuanto a los mecanismos de regulación y las autorizaciones previstas en la misma. Que desencaja con leyes estatales, como afirma el Consejo General del Poder Judicial, la estructura del mercado español, todas aquellas leyes que hacen referencia a la eficacia general de las leyes en el territorio nacional, a la uniformidad de las leyes en el mercado nacional, pero la libertad de establecimiento y libertad de circulación, artículos 18, 19 y 20 de la Constitución. Que desencaja con la normativa autonómica la estructura del mercado, y también con la normativa de las corporaciones locales dimanante del principio de autonomía municipal que prevé el artículo 140 de la Constitución. Es una ley sencillamente impresentable, en nuestra opinión. Le comento que no lo decimos nosotros, lo empieza diciendo el Consejo de Estado, cuando dice que se ignoran las competencias, bajo la invocación de la uniformidad, uniformidad que está llamada, dice el Consejo de Estado -y leo textualmente uno de sus votos particulares-, a evitar resultados disfuncionales y desintegradores en materia económica que puedan obstaculizar la libertad de circulación de bienes, de capitales, de servicios, y de mano de obra, así como la igualdad básica en el ejercicio de la actividad económica, no es incompatible, sino todo lo contrario, con el respeto a las competencias autonómicas, con el respeto a las competencias forales, y con el respeto a las competencias municipales que esta ley palmariamente ignora y palmariamente centraliza. Lo advierte el Consejo de Estado.

El informe del Consejo General del Poder Judicial es mucho más crítico, es lacerantemente crítico con el contenido de esta ley, y dice que el principio de eficacia general y el principio de libertad de establecimiento y libertad de circulación se contradicen absolutamente mediante la prevalencia o hegemonía de la normativa del lugar de origen, de constitución de los operadores que van a ser objeto de regulación y de control por los mecanismos de esta ley, sobre el lugar de desenvolvimiento o realización de las actividades (El señor presidente ocupa la Presidencia), creando disfunciones que incluso se le antoja al Consejo


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General del Poder Judicial que pueden incurrir en una manifiesta inconstitucionalidad, y creando penetraciones de la normativa prevista en esta ley, muy desreguladora por cierto, aunque parezca una paradoja, muy poco reguladora, muy poco controladora, excesivamente desreguladora. Incluso para un partido como el mío que puede comprender ciertos instrumentos de regulación y de control del mercado, puede provocar la prevalencia de la normativa del lugar de origen sobre el lugar de desenvolvimiento de las actividades, desenvolvimiento de las actividades que puede ser mucho más relevante que la normativa del lugar de origen, penetraciones de las normas de una comunidad autónoma en relación a otra comunidad autónoma, de las normas de estas comunidades autónomas con las normas estatales, de las normas estatales con las normas de ambas comunidades autónomas o las diversas comunidades autónomas en donde se desenvuelven las actividades de las empresas constituidas a tenor de los mecanismos previstos en esta ley.

Sigue diciendo el Consejo General del Poder Judicial que esta ley es contradictoria también con otro mercado, el mercado europeo, y ya estamos hablando de palabras mayores. Si la contradicción es también con el mercado europeo y se crean dos mercados: un mercado pretendidamente español y un mercado europeo, el mercado español atendiendo pretendidamente los requerimientos de los artículos 138 y 139 de la Constitución, y el mercado europeo atendiendo a los requerimientos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, estamos provocando una disfuncionalidad entre dos estructuras de mercado, una el europeo y otra el español, que debería ser grave y a ustedes les debería preocupar. Por tanto debería intentar buscarse el ajuste de esta disfunción a los requerimientos del mercado europeo, que es el mercado prevalente, el mercado al que debemos atender.

Me gustaría decirle al portavoz del Grupo Popular que me va a responder -no sé si va a ser usted, señor Martínez-Pujalte, lo cual es una honra, porque siempre es un placer debatir con usted sobre estas materias en las cuales es un experto de reconocida competencia- que el artículo 17 particularmente es el paradigma de las disfunciones que estamos denunciando, y nos gustaría saber -y con todos los respetos lo digo, señor presidente- si está redactado por una persona que está en su sano juicio y no está redactado este precepto, el 17.1 en concreto, por un trastornado. Establecer que solo se pueden someter a autorización, dice el artículo 17.1, aquellas materias o aquellas medidas que refinen o limiten el mercado si su objetivo es el orden público, la seguridad pública, la salud pública o la protección del medio ambiente, que son los únicos mecanismos de autorización que se consignan expresamente en la ley, mediante una desregulación absoluta de las demás materias, sin considerar que las demás materias seguramente estarán ya reguladas o por legislación estatal o por legislación autonómica o por legislación foral o por legislación municipal, es una verdadera atrofia manifiestamente inconstitucional -como afirma el informe del Consejo General del Poder Judicial-, sobre todo cuando utilizamos la relación de ejemplos en relación con los cuales no procede ninguna suerte de autorización de ninguna autoridad. La relación es particularmente llamativa; por ejemplo, no hace falta -lo establece el artículo 17.1 de este proyecto de ley- autorización alguna si la medida va orientada a fortalecer la protección de la salud y la vida de los animales. No sé, señor Martínez-Pujalte, si estaría en condiciones de glosarme qué significa que no hace falta autorización alguna para aquellas normas dirigidas a la protección de la salud y la vida de los animales, y a qué animales nos estamos refiriendo, porque en materia de protección del mundo animal hay abundante regulación, hasta en el Código Penal, señor Martinez-Pujalte. No hace falta autorización alguna en la protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional. Cómo que no, si hay una ley que regula el patrimonio histórico español, y hay leyes autonómicas reguladoras de su propio patrimonio histórico. No hace falta autorización alguna para la protección del consumidor. ¿Qué ocurre con la Ley de protección de los consumidores y usuarios, señor Martínez-Pujalte? En materia de protección de los consumidores y usuarios, donde son muy prolijos los mecanismos de regulación y control de la actividad protectora de los consumidores y usuarios, ¿por qué ahora no hace falta ningún tipo de autorización para el ejercicio, el control o la regulación de esta actividad? Incluso no hace falta autorización alguna con relación a las mejoras de las condiciones de trabajo, en ausencia de consideraciones relativas a la salud. ¿Qué ocurre con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, señor Martínez-Pujalte? ¿Cómo podemos desregular materias que forman parte de lo que se puede denominar orden público laboral, derecho necesario y absoluto, indisponible incluso para el legislador, salvo que se reforme la Constitución o se acometa mediante una ley orgánica una previsión de estas características? El equilibrio financiero, la seguridad vial, la lucha contra la delincuencia; pero es que están derogando parcialmente hasta el Código Penal.


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Mire, el Consejo General del Poder Judicial termina diciendo -y me gustaría que responda a ello, señor Martínez-Pujalte- que una norma tan general y abstracta, tan desreguladora que priva de regulaciones a materias que forman parte del orden público, a materias que regulan cuestiones de derecho necesario absoluto, y que deben ser objeto de regulación por su propia naturaleza jurídica, son objeto en este momento de eliminación de toda suerte de autorización. Además no solo se elimina una desregulación peligrosa por la naturaleza de estas actividades que ahora no necesitan autorización, sino que estas autorizaciones no corresponde concederlas en la generalidad de los casos a la Administración General del Estado ni a estas Cortes Generales. En la generalidad de los casos estamos hablando de autorizaciones que corresponden a las comunidades autónomas, a las instituciones forales y municipales. El Consejo General del Poder Judicial termina diciéndole en su lacerantemente crítico informe que una norma general y abstracta -como hace el artículo 17 de este anteproyecto- diga que queda prohibido someter a autorización actividades que atentan contra cualquiera de estos doce principios -algunos de los cuales ya le he comentado-, tiene una carencia total de sentido común. Esta es una invocación que es muy rara que la haga el Consejo General del Poder Judicial, invocar falta de sentido común al legislador, al autor de la norma. Por eso le preguntaba, con toda la honestidad y el respeto hacia el redactor, si es una persona que está trastornada o está en su sano juicio, porque es lisa y llanamente inconstitucional.

Además, por si fuera poco todo lo anterior, es que hay problemas de tutela judicial efectiva -que como sabe, señor Martínez-Pujalte, proclama el artículo 24 de la Constitución- con respecto a este establecimiento de un procedimiento especial contencioso-administrativo, atribuyendo la competencia a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, pero en virtud del cual se crea la más absoluta inseguridad jurídica, porque se tiene que realizar este procedimiento o posee legitimación para la interposición de recurso contencioso-administrativo la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Cuando un particular o un afectado lo quiere hacer tiene que realizar la solicitud al Consejo Nacional de los Mercados y de la Competencia para que este órgano sea el que interponga en su representación procesal -peculiar representación procesal- un recurso contencioso-administrativo, y con respecto al cual no se establece plazo alguno para su interposición. Esta es otra crítica también dura del Consejo General del Poder Judicial, cuando afirma que ustedes establecen un procedimiento contencioso-administrativo en el que no queda precisado lo que se denomina en derecho procesal el dies a quo, el momento o hasta qué momento se puede interponer ese recurso, con los problemas de inseguridad jurídica que esto provoca, amén de otros problemas de inseguridad,...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo, señor presidente.

... como es la remoción que la Audiencia Nacional o la Comisión nacional puede establecer en materia de las medidas cautelares establecidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por tanto hay disfunciones de todo tipo en esta ley. Hay incongruencias con la estructura del mercado europeo, incongruencias con la propia estructura del mercado español, incongruencias con la Directiva de Servicios ya incorporada por esta cámara, que forma parte por la Ley de 2009 de la legislación ordinaria que tenemos que aplicar, incongruencias con la normativa autonómica, incongruencias con la normativa foral, incongruencias con la normativa municipal, y por si todo esto fuera poco, hay una privación de tutela judicial efectiva que hace que este proyecto sea, como dice el Consejo General del Poder Judicial, sencillamente inconstitucional, pero además de inconstitucional es disfuncional, porque desestructura el mercado. Lo desestructura absolutamente, y salvo que usted me convenza de lo contrario, nosotros vamos a mantener con énfasis la enmienda a la totalidad que hemos presentado, pero nos tendría que convencer con la misma capacidad didáctica que el Papa Francisco o cualquier otro anterior pueda convencer a un ateo, parafraseando de nuevo al señor Coscubiela. No será fácil, aunque el Papa Francisco es capaz de muchas cosas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Querría empezar manifestando que mi grupo, a diferencia de otros, por lo que se ve, sí que es plenamente consciente de la importancia del problema que este proyecto de ley pretende resolver. A lo


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largo del debate han surgido datos que ilustran muy claramente la importancia del problema que se quiere resolver, datos como que cada año en nuestro país se promulgan 13.000 normas legales a nivel estatal, autonómico, que tienen efectos económicos sobre las empresas, datos como que las asociaciones empresariales identifican 124 tipos de barreras diferentes que fragmentan la unidad del mercado español, o datos anecdóticos como que esta fragmentación llega incluso a los carteles de prohibido fumar que las empresas pueden utilizar en diferentes comunidades autónomas. No tiene sentido fragmentar un pequeño mercado interno como el español cuando el mercado alemán o el francés se han visto sobrepasados por la globalización, y han tenido que unirse en una unión europea. Esto, también a diferencia de lo que opinan otros grupos, no es solo algo que perjudica a las empresas, sino que también perjudica a los ciudadanos. Si las empresas no invierten, si las empresas no crecen, se ve afectado el empleo y el crecimiento de nuestra economía. Precisamente hace un par de días ha salido un nuevo dato que viene a ratificar la importancia de lo que estamos aquí debatiendo. Salían los datos del Banco Mundial, que nos informaban de que, de 189 países que incorporan en su estudio, España ha caído del puesto 136 al 142 en lo que se refiere a dificultades para crear una empresa. Estamos a la cola mundial en facilidades para crear una empresa, y eso tiene mucho que ver con lo que hoy debatimos aquí.

De hecho, tan consciente es mi grupo de esta problemática que creemos haber tenido un protagonismo importante en poner este tema en la agenda política. En Unión Progreso y Democracia este tema está entre nuestras ideas fundacionales, pero cuando empezamos a señalar este problema se nos decía que no existía, que no era tal. Por eso tenemos un sentimiento ambivalente. Por un lado, nos alegra que por fin se aborde esta cuestión, y por otro lamentamos que, cuando por fin se aborda, no se haga de la mejor manera posible, y esto es lo que voy a intentar explicar a continuación. Nuestra principal objeción a esta ley tiene que ver con el enfoque que utiliza. El enfoque básicamente consiste en que si una empresa actúa en una comunidad autónoma sin requisitos adicionales puede actuar en todas las demás. Y esto que a primera vista suena bien tiene importantes inconvenientes. Va a crear incentivos a las empresas para localizarse en la comunidad autónoma con menos requisitos en su sector -deslocalización de empresas-, y va a crear incentivos también a las comunidades en una puja a la baja para atraer a las empresas. Va a forzar desregulación, y algunos pueden decir: si fuerza la desregulación, bienvenido sea. Nosotros podemos compartir que hay exceso de regulación en España, pero deberíamos tener cuidado porque hay temas que sí requieren regulación. Hay temas esenciales como la salud, la seguridad, el medio ambiente, los derechos de los consumidores, y los derechos de los trabajadores que sí requieren regulación y que se pueden ver amenazados por este enfoque en que las competencias de las dieciséis comunidades con más requisitos se van a ver invadidas por la comunidad con menos requisitos.

Nos da pena este error en el enfoque, porque hay una alternativa muy clara que se encuadra claramente que nuestro marco constitucional. El Estado tiene competencias -artículos 139, 149 y 150- para promulgar legislación básica, y debería utilizar esas competencias para exigir unos mínimos indispensables en cada sector que se cumpliesen en todas las comunidades. Sería tan sencillo como eso, pero el Estado abdica de su papel. Tiene miedo a que le digan que invade competencias autonómicas -no sé por qué, porque se lo van a decir de todas maneras-, y prefiere quitarse de en medio, por decirlo coloquialmente. El Estado debería aclarar los mínimos requisitos regulatorios en cada sector, y también debería simplificar la legislación con ayuda de las conferencias sectoriales; no simplemente circunvalar la maraña legislativa, sino simplificar la legislación. Esta es nuestra objeción principal.

Subsanado esto, diferimos de otros grupos, porque insisto en que nosotros sí reconocemos la importancia del problema y no tenemos preocupaciones competenciales. Consideramos que el problema es importante y que se puede abordar perfectamente dentro de nuestro marco constitucional. Incluso en otras cuestiones de la ley habríamos querido ir más allá, porque hay campos importantes que no se abordan; por ejemplo, aquellos que tienen que ver con la fiscalidad. A veces la fragmentación de la unidad de mercado tiene que ver con el tratamiento desigual en el terreno tributario, en las tasas y en las subvenciones. Se pueden poner tasas disuasorias de una actividad, se pueden poner impuestos que se centran en grandes empresas con la idea de que esas grandes empresas van a venir de otra comunidad, o se pueden dar subvenciones intentando favorecer a las empresas cercanas. Todas esas fragmentaciones que en el ámbito europeo han sido importantes, y se han combatido para crear un mercado único europeo, quedan totalmente al margen de la ley. Hay enmiendas nuestras intentando incorporar este ámbito -tributos, tasas, subvenciones- en la unidad de mercado.

Hay un segundo ámbito importante que queda fuera de la ley y que hemos intentado incorporar: las normas con rango de ley. Proponemos un procedimiento por el que la CNMC pueda elevar un informe al


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presidente del Gobierno cuando detecte normas con rango de ley que amenazan la unidad de mercado, dándole al presidente del Gobierno la facultad de interponer un recurso de inconstitucionalidad, porque impuestos y normas con rango de ley quedan fuera del ámbito de esta ley, y son ausencias importantes. Nuestras enmiendas intentan corregirlo.

Hay otras enmiendas que tienen más que ver con el funcionamiento cotidiano de la norma. Proponemos mejorar los procedimientos de reclamación. Solo se da un mes a los afectados para reclamar, y puede ser un plazo corto hasta que uno se informa de estas leyes y calibra su efecto. Habría que ampliar ese plazo de reclamación en nuestra opinión. Intentamos también flexibilizar el procedimiento de reclamación, de forma que el que quiera reclamar tenga la opción que ir directamente a la CNMC sin pasar necesariamente antes por la secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado. Por tanto son enmiendas para mejorar el procedimiento de reclamación, para que haya más tiempo para reclamar y se pueda ir directamente a la CNMC sin pasos intermedios.

Otro bloque de enmiendas tiene que ver con los requerimientos de información. Queremos menos requerimientos de información para los ciudadanos y para las empresas, de forma que si una Administración tiene datos no los pida una segunda Administración a la empresa, sino que intercambien información entre ellas. Por tanto menos requisitos de información para las empresas, que continuamente tienen que proporcionar información a su ayuntamiento, a su comunidad, a otras comunidades o al Estado. Si son datos públicos que se intercambien entre las administraciones, y al revés, más requisitos de información para las administraciones, para que todas tengan en su página web por sectores la normativa que afecta a cada actividad -incluso en aquellas leyes que están en fase de alegaciones-, de forma que los afectados puedan ser conscientes de que hay una norma que les va a afectar. Menos requisitos de información para las empresas -que a veces la proporcionan por quintuplicado- y más para las administraciones, que han generado esta materia legislativa que hace que para el empresario sea difícil saber qué normas tiene que cumplir; no ya cumplirlas, sino saber qué normas tiene que cumplir. Junto a esto había otras enmiendas que sí han sido incorporadas por el grupo mayoritario en Comisión y valoramos muy positivamente esa receptividad. Unas tenían que ver con el papel de las asociaciones empresariales; propusimos, y se ha aceptado, que las asociaciones empresariales tengan un papel más activo en esta ley, que no sea una empresa a título individual quien tenga que reclamar, que las asociaciones puedan detectar los problemas, puedan colaborar en las conferencias sectoriales, puedan reclamar en nombre de sus asociados. Esa es una mejora que valoramos en la ley, que se introdujo en Comisión en enmiendas transaccionales entre UPyD y el Partido Popular. También propusimos, y se incorporó en Comisión, especificar plazos concretos para una serie de actuaciones; las administraciones van a tener que hacer que sus sistemas informáticos sean compatibles y no se daba un plazo para ello, y ahora se ha propuesto un plazo concreto y valoramos esa mejora. Y, por último, queríamos incorporar a este Congreso de los Diputados en los procedimientos futuros de evaluación de la ley, porque la evaluación iba a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos pero no venía a las Cortes. Esta es otra mejora que se ha incorporado.

Resumiendo, y para finalizar, valoramos positivamente la incorporación de estas mejoras en Comisión, creemos que el resto de enmiendas mejorarían la ley y pedimos por eso el voto para ellas, y en cualquier caso, por la aceptación de las enmiendas también pero sobre todo porque la situación actual es tan mala que no hacer nada no es una opción, vemos esta ley como algo mejor que lo que hay, tal vez como un mal necesario y, por tanto, no nos vamos a oponer en conjunto a ella sino que nos abstendremos.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro grupo, La Izquierda Plural, reitera las razones que nos llevaron a presentar la enmienda a la totalidad y después las enmiendas parciales al proyecto de ley de unidad de mercado. Bajo el loable objetivo de facilitar un entorno amable a las empresas y a los agentes económicos, se emprende, a partir de un problema cierto y un diagnóstico interesado, una reforma legislativa que va a provocar, a nuestro entender, los efectos contrarios a los que dice perseguir, va a provocar -y lo voy a intentar explicar- una profunda inseguridad jurídica precisamente en las empresas y en los agentes económicos. Es cierto, y lo hemos reconocido así, que en nuestro país existe una sobreabundancia normativa y, sobre todo, una escasa cultura de cooperación institucional y escasos mecanismos para propiciarlo; pero,


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déjenme que les diga, especialmente al Partido Popular, que esa hiperactividad normativa de los poderes públicos no es imputable en exclusiva a las comunidades autónomas y a las administraciones locales, y mucho menos en el ámbito de la regulación de las relaciones económicas. La mayor prueba de ello la tenemos en este propio Gobierno y en esta propia sesión, en este propio Pleno: el primer punto que hemos tratado hoy ha sido el de la ley llamada del sector eléctrico, que ha sido objeto de tratamiento en una infinidad de normas que convierten la regulación de ese sector, como el de muchos otros, en una verdadera jungla.

La hiperinflación normativa es, sin duda, una responsabilidad en primer lugar del Gobierno de la nación, de la Administración del Estado y en ningún caso puede aprovecharla para abordar una clara marcha atrás hacia el proceso de construcción de un Estado de las autonomías. Es sorprendente ver cómo de manera reiterada se regulan desde subvenciones a la contratación en las empresas hasta cambios permanentes en el estatus fiscal. Precisamente, si alguna dificultad tienen en estos momentos las empresas para funcionar y alguna dificultad tienen para sobrevivir, no tiene tanto que ver con la diversidad regulatoria de las comunidades autónomas como con aquello que es responsabilidad de la Administración del Estado, concretamente en materia laboral, de empleo o de fiscalidad, que en su vertiente normativa es responsabilidad fundamentalmente, por no decir exclusivamente, de la Administración central. Además, si se me permite, el Gobierno pretende con este proyecto de ley la cuadratura del círculo o, lo que es peor, que exista una realidad jurídica que no tenga efectos; pretende que exista autogobierno, autonomía política, sin diversidad regulatoria y eso sin duda es un oxímoron, es un imposible, es el agua seca. Ustedes pretenden mantener la estructura de poder de las administraciones autonómicas y locales, pero que eso no comporte diversidad regulatoria. En definitiva, ustedes que dicen defender el actual Estado autonómico, lo defienden a condición de que no ejerza de tal, de que ni tan siquiera pueda tener las competencias que hoy tiene otorgadas. El autogobierno comporta inexorablemente la diversidad regulatoria, si no, no existe autonomía política. ¿Cómo puede haber autogobierno en las materias que son propias sin que pueda haber esa diversidad regulatoria? Otra cosa es que todos deberíamos estar de acuerdo en que tiene que haber elementos de cooperación institucional, normas, si se quiere, de base que faciliten que esa diversidad regulatoria no suponga un obstáculo al funcionamiento de las empresas. Pero de eso a lo que ustedes nos han planteado, sin duda hay un trecho y pone de manifiesto que otra vez estamos ante una norma profundamente oportunista.

Algunos de ustedes que se sorprenden sobre la diversidad regulatoria de este país, supongo que sentirían verdadero vértigo si tuvieran que soportar, por ejemplo, realidades como la de Alemania, donde los Länder son capaces de establecer ámbitos distintos, periodos distintos de vacaciones escolares, en algunos casos irrumpiendo claramente en el ámbito de funcionamiento de la propia actividad económica por la necesidad de compatibilizar vida laboral y vida personal. En España pasan cosas que se dice que son terribles, pero resulta que suceden en otros países y algunos de ellos, como Alemania, son tremendamente competitivos y no parece que eso sea un obstáculo.

Este proyecto apunta claramente a una centralización regulatoria, pero ahí discrepo con algunas de las intervenciones anteriores a la mía porque en este caso la centralización regulatoria no va a ser en beneficio del Estado, va a ser en beneficio del mercado. Lo que se está incentivando claramente con esta norma es un proceso de uniformización en la desregulación; esta norma va a ser el principal instrumento de dumpin desregulador de las comunidades autónomas. Si se aprueba, vamos a ver la proliferación de los pillos de turno locales o autonómicos, vamos a ver a los señores Ignacio González de turno estableciendo que no solo aborda elementos de dumpin fiscal entre comunidades autónomas, sino de dumping regulatorio entre comunidades autónomas para ver quien regula menos bajo la apariencia de facilitar la actuación de esas empresas.

Nuestro voto contrario a este proyecto de ley se mantiene porque en el debate en Comisión el Grupo Popular no solo no ha aceptado las enmiendas que impugnaban el fondo del proyecto, sino que tampoco lo ha hecho en relación con aquellas que pretenden mejorar el redactado y sobre todo minimizar su impacto negativo. El Grupo Popular ha sido, como viene siendo costumbre, muy cicatero en su capacidad de asumir enmiendas; cuánto más habla de diálogo, menos lo practica. Les puedo asegurar que algunos hemos hecho verdaderos esfuerzos para presentar enmiendas parciales porque, como recordaba hace un momento el señor Olabarría, a algunos presentar enmiendas parciales a este proyecto de ley nos ha obligado a ponernos en la mente del ateo que pretende enmendar una encíclica papal sobre la Santísima Trinidad. Discrepamos tanto del tema de fondo y del enfoque que presentar enmiendas parciales es francamente difícil; nos hemos esforzado para hacerlo y, en cambio, la receptividad ha sido escasa.


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Quiero citar algunas que me parece que aún están a tiempo de ser aceptadas por ustedes sin que se les rompa su ideología y su programa político. Primero, la necesidad de incorporar a los nueve principios que hay uno más, que es el principio de la prevención o de la precaución. Es un principio exigido por la normativa de la Unión Europea y que ustedes no han incorporado en esta normativa y es básico. También, la enmienda que les hemos presentado orientada a que reconozcan como condicionamientos los temas vinculados a la salud laboral, que no es exactamente lo mismo que la salud pública. Que la salud laboral no sea un término a tener presente en el momento de autorizar determinado tipo de actividades que puedan afectar a materia de prevención sin duda es tener muy poco en cuenta la salud de los trabajadores. Y en tercer lugar -escogiendo solo tres de las enmiendas que creemos que se pueden salvar de las que hemos planteado por parte de nuestro grupo-, todo aquello que hace referencia a los derechos de los consumidores, que son unos de los grandes damnificados de este proyecto de ley; unos de los grandes citados en la exposición de motivos, pero unos de los grandes ninguneados por la regulación en este proyecto de ley. Todas estas razones son las que llevan a nuestro grupo a mantener las enmiendas parciales y la votación de las mismas en el Pleno de hoy.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Gracias, presidente.

Señorías, quiero hacer, antes de entrar en la defensa de las enmiendas, unas breves consideraciones más generales a este proyecto de ley, un proyecto de ley que pretende identificar la unidad de mercado con la uniformidad legislativa cuando, a nuestro entender, la unidad de mercado consiste en la libertad de circulación de bienes, mercaderías, servicios, y no en otra cosa. Hoy en Europa elaborar una ley de unidad de mercado significa sencillamente aplicar las normas de defensa de la competencia, y en cambio este proyecto de ley pasa, a nuestro entender, de la defensa de la competencia al intervencionismo y a la burocratización. El proyecto de ley, según su exposición de motivos, pretende garantizarla unidad de mercado para crear un entorno más favorable a la competencia y a la inversión; sin embargo, cuando analizamos su contenido no hemos encontrado estas mejoras a las que hace referencia, lo único que sí hemos encontrado -lo único real- es una clara recentralización de competencias añadiendo nuevos obstáculos para el buen funcionamiento del mercado y sus operantes. La lectura de su exposición de motivos es opuesta por tanto a lo que contiene la ley. Aun cuando la exposición de motivos apunta al pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas y de las entidades locales, lo que intenta a nuestro entender es eliminarlas del ámbito normativo con el fin de uniformizar la normativa y afectando al ejercicio de las competencias propias de cada comunidad autónoma.

El proyecto de ley, presidente, señorías, también configura una nueva estructura normativa sobre la regulación de la actividad económica que conlleva a nuestro entender graves alteraciones del orden constitucional y además no simplifica el organigrama administrativo. La primera consecuencia de este planteamiento es que se van a frenar los motores territoriales de la actividad económica que tanto han contribuido al crecimiento y a la mejora de nuestro bienestar en los últimos treinta años. Presidente, señorías, si hay problemas de encaje de determinadas normativas autonómicas entre ellas y ello afecta realmente a la actividad económica, siempre es posible dialogar y acordar normas comunes, y lamentamos que ello no haya sucedido y se haya preferido la vía directa de la recentralización y la uniformización. Quiero también señalar que, como ya manifestamos en su momento tanto en Pleno como en Comisión, partimos de la base de que la aproximación normativa puede constituir un objetivo hasta cierto punto loable y positivo, pero el fin no justifica los medios y el protagonismo de esta aproximación entendemos, señorías, que lo han de asumir las comunidades autónomas, no el Estado.

Hechas estas consideraciones generales y antes de entrar en el detalle de las enmiendas presentadas por nuestro grupo, sí haré referencia a los efectos negativos que se derivan de este proyecto de ley y a los que responden también las enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario. Destacaré cinco. El primer efecto negativo es a nuestro entender la laminación del ejercicio de las competencias propias de cada comunidad autónoma mediante la cuestionable vía de la regulación de mínimos. En este sentido, para garantizar que una empresa pueda operar en todo el Estado con una licencia única, el proyecto de ley limita las autorizaciones que exigen las administraciones públicas para iniciar una actividad y prohíbe los requisitos que de forma directa o indirecta puedan exigir. Para lograrlo el proyecto de ley hace que prevalezca la legislación de la comunidad autónoma de origen del productor por encima de la legislación


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del territorio de destino. Desde el grupo parlamentario que represento consideramos una equivocación que el objetivo de la futura norma conduzca a la desregularización por la desregularización y a una minoración de los derechos de los usuarios o consumidores finales o bien de la calidad de los productos ofrecidos por las empresas. El futuro de una economía sostenible se alcanzará, desde nuestro punto de vista, por la vía de la regulación responsable por parte de cada territorio y de la difusión de las buenas prácticas entre aquellas que sean más efectivas y más eficientes. Resulta contraproducente que la homogeneización se fundamente en una normativa de mínimos o ausencia de norma. El segundo efecto negativo del proyecto de ley lo encontramos en la falta de encaje dentro del marco legal europeo, y fundamentalmente por dos motivos: por una parte, esta adulteración de los principios de la directiva de servicios en el mercado interior conlleva rebajar los estándares normativos en ámbitos muy distintos y, por otra, se abre una discriminación negativa con los operadores económicos establecidos en otros Estados miembros. El tercer efecto negativo, desde nuestra perspectiva, esta en el aumento de la burocratización y de la complejidad en la elaboración de las disposiciones de carácter autonómico, hasta el punto de poder bloquear el ejercicio de las competencias que corresponden a los Gobiernos y a los Parlamentos autonómicos. La creación de organismos de carácter estatal como el Consejo para la Unidad de Mercado y la misma Comisión Nacional de Mercados y de Competencia, a los que se confiere atribuciones de supervisión previa y posterior, supone trabas innecesarias al funcionamiento de la actividad económica y duplica también funciones. En cuarto lugar, situamos el autogobierno de las comunidades autónomas en una situación de subordinación y tutela incompatible con los principios de autonomía, competencia y coordinación y el diseño del reparto competencial previsto en la Constitución y en los respectivos estatutos de autonomía, situación que facilita el intervencionismo puro y duro por parte del Estado. La propuesta legislativa comporta, señorías, que las comunidades autónomas vean comprometida su capacidad normativa y su actuación administrativa, la cual queda sujeta a procedimientos de evaluación y control no previstos constitucionalmente. Ello significa que limitan la autonomía de las comunidades autónomas y bloquean su capacidad de impulso económico y de mejora de la competitividad. Por tanto, ello se traduce en más burocracia y menos dinamismo y no faltan ejemplos sobre ello. Por último, señorías, el proyecto de ley desvirtúa los preceptos establecidos en la Directiva de Servicios en el mercado interior y por la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los criterios para establecer niveles de intervención administrativa previos al acceso y ejercicio de las actividades económicas. Este proyecto de ley no se limita a regular lo que nos exige Europa en los términos que plantea Europa. El contenido de lo que la Directiva de Servicios y el Tribunal Europeo de Justicia entienden como razón imperiosa de interés general se modifica para incorporarle otras cuestiones que nada tienen que ver con el interés general y la actividad económica.

En definitiva, señorías, la recentralización que plantea el proyecto de ley es clara y no halla amparo ni en la Constitución ni en el marco legal comunitario de defensa de la competencia; no hay encaje desde la perspectiva de la eficiencia económica, y a nuestro entender se aleja también de Europa. En este marco, nuestro grupo ha presentado cuarenta y una enmiendas, defendidas en Comisión, y que lamentablemente no han sido aceptadas, la mayoría de ellas destinadas a la supresión de casi todos los artículos de este proyecto de ley al que en su momento nuestro grupo planteó una enmienda a la totalidad. Las enmiendas presentadas pretenden cinco objetivos básicos que responden a los cinco puntos a los que he hecho referencia. Van en la dirección, primero, de evitar la eliminación del ejercicio de las competencias propias de cada comunidad autónoma mediante la cuestionable vía de la regulación de mínimos, tal como plantea la ley. Nuestras enmiendas también intentan que la ley vuelva al encaje dentro del marco legal europeo. Intentan evitar y eliminar la burocratización y la complejidad que se deriva de esta ley, especialmente en la elaboración de las disposiciones de carácter autonómico hasta el punto de poder bloquear el ejercicio de las competencias que corresponden a Gobiernos y Parlamentos autonómicos, en línea con lo que ha afirmado el Consejo Económico y Social. Pretenden también evitar la situación de subordinación y tutela a la que se ven sujetas las comunidades autónomas, incompatible con los principios de autonomía, competencia y coordinación previstos en la Constitución y en los respectivos estatutos. Y por último, nuestras enmiendas también intentan evitar la desvirtualización que se produce de los preceptos europeos plasmados en la Directiva de Servicios y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Señor presidente, señorías, voy terminando. Quiero señalar de manera más específica nuestra enmienda número 168, que va en la dirección de suprimir los artículos 26, 27 y 28 al entender que en estos artículos se regulan los mecanismos de defensa de los intereses de los operadores económicos por las autoridades competentes y desde nuestro punto de vista estos mecanismos merecen un rotundo


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rechazo por cuanto suponen en la práctica la inoperancia del sistema de recursos administrativos y jurisdiccionales actualmente establecidos. Por todo ello creemos que hay argumentos suficientemente sólidos desde la perspectiva de defensa competencial, de eficiencia económica y del marco europeo que defienden y apoyan nuestro posicionamiento, nuestra enmienda a la totalidad y nuestro voto en contra a esta ley, y hacen muy cuestionable la necesidad de esta propuesta de ley de garantía de la unidad de mercado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Rangel.

El señor RANGEL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, en este momento del trámite parlamentario de la ley de garantía de unidad de mercado no podemos hacer otra cosa que reiterar los mismos argumentos que ya planteamos en el debate de enmienda a la totalidad, así como en el debate que hemos tenido en la Comisión. De hecho, el Grupo Popular ha mantenido prácticamente intacto un proyecto de ley que pretende dar solución a las supuestas trabas que existen en el mercado español, en los mercados, a partir de unos planteamientos que no compartimos. Voy reiterar y a afirmar cuál es nuestro posicionamiento, lo dije claramente en mi primera intervención y lo repito hoy. No estamos a favor de la hiperregulación pero tampoco a favor de la desregulación, como se plantea en este proyecto de ley. Entendemos que se debe optar por la regulación eficiente de los mercados y además teniendo en cuenta cuál es nuestro modelo territorial, cuáles son los principios que deben informar las normas que se dicten de relación entre los diversos poderes políticos. Y aquí, señorías, el Grupo Popular y el Gobierno han planteado una norma a partir de dos premisas: en primer lugar, defienden las bondades de la desregulación y además van claramente hacia una recentralización del poder político, lo han dicho la mayoría de grupos y yo lo reitero. ¿Y qué ocurre con una situación de crisis como la que estamos padeciendo cuando se va a la desregulación? Les voy a poner un ejemplo claro; son datos, no solo mi opinión subjetiva. En Madrid se impulsó la liberalización de los horarios comerciales. Se decía, y lo decía el propio ministerio, que eso iba a generar mucha más actividad económica, que de hecho iba a incrementar el producto interior bruto nacional el 0,78 % y que iba a crear más de 162.000 puestos de trabajo, que iba a reducir el paro en un 2 %. Pues hace poco, la publicación del índice del comercio al por menor que hace el INE en el mes de agosto ha confirmado que ha ocurrido justamente lo contrario: se ha destruido el 5,8 % de ocupación y han disminuido las ventas en el 7,1 %, cuando la media nacional está en el menos 4,2. Si lo comparamos con comunidades donde sí hay una regulación de esos horarios comerciales, se ve que se ha ido francamente a peor; en Cataluña se ha aguantado bastante bien, incluso en Baleares, con Gobierno del Partido Popular, pero en Madrid han caído. Es decir, se ha conseguido justamente el objetivo contrario del que se pretendía. A eso lleva la desregulación que ustedes propugnan con esta norma, una desregulación además con una competencia entre comunidades autónomas que ya se ha glosado -lo dijimos en nuestra intervención tanto en Comisión como en el debate de totalidad-, que significa competencia a la baja entre comunidades autónomas, significa coexistencia de diversas normas normativas en un mismo espacio autonómico, significa inseguridad, significa caos y significa desprotección de los usuarios y consumidores y de los trabajadores. A eso es a lo que nos puede llevar su planteamiento.

Que también optan por la recentralización es evidente, pero no solo en esta norma. Ayer mismo tuvimos el debate en Comisión con competencia legislativa plena de la reforma local, que es otra muestra evidente de la recentralización, de que los principios que informan nuestra Constitución en las relaciones entre poderes públicos no se respetan, sino que se va a la jerarquía y a la desmotivación de capacidad de legislar y de gobernar, tanto de los ayuntamientos, de las corporaciones locales, de los Gobiernos locales, como de las comunidades autónomas.

Por tanto, nos planteamos cuál es la finalidad de traer esta norma en trámite de urgencia al Congreso de los Diputados. Francamente, solo encontramos una finalidad. En lugar de resolver una necesidad evidente que ya hemos puesto de manifiesto y ver cuáles son los mecanismos que se deberían encontrar como cauce de solución de conflictos al fraccionamiento que puede existir de nuestro mercado interior, solo responde a cumplir con un compromiso con los socios europeos y además a quedar bien con las grandes corporaciones. No puede ser otra cosa, porque, señorías, si atendemos a lo que hay que tener en cuenta para resolver un problema de verdad, que es analizar a fondo ese problema y dar la solución más adecuada, ustedes no lo han hecho. No lo han hecho porque -lo dijimos en su momento y lo


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reitero-, de todas las disfunciones que se han encontrado -las posibles barreras que se han detectado en el mercado interior-, el 85 % nada tienen que ver con la normativa autonómica ni local, solo el 15 %. El 85 % restante tiene que ver con temas fiscales ciertamente, pero sobre todo con interpretación de la norma, y en cambio ustedes intentan buscar una solución a base de unificar la normativa con esa competencia a la baja, olvidando, repito, el 85 % de problemas, tal como se ha denunciado desde esta tribuna. Por tanto, estando dando una solución ficticia a un problema real. Se han equivocado, señorías. No quieren rectificar, no quieren escuchar, saben que tienen garantizada la aprobación de la norma con esa mayoría absoluta, ese rodillo parlamentario que están aplicando sistemáticamente, y desoyen lo que les están diciendo los demás grupos parlamentarios, pero también colectivos empresariales, que ven en esa norma que primero se les pintó como una gran solución, una solución mágica, fácil a los problemas que tenían, pero que cuando han escarbado un poquito, cuando han visto qué hay detrás, están empezándose a preocupar, y muchísimo. Estamos convencidos de que, como se ha afirmado, no se va a solucionar nada y se van a generar muchísimos más problemas de los que en estos momentos existen. Lo lamentamos profundamente porque, de verdad, la ciudadanía y las empresas quieren que ese Parlamento les dé soluciones y no soluciones fáciles, sino a veces soluciones complejas pero soluciones de verdad. No se queden con la satisfacción de publicar una norma en el Boletín Oficial del Estado pensando que con eso ya ha terminado el trabajo, señorías; el trabajo empieza a partir de que una norma se publica en el Boletín Oficial del Estado, es cuando hay que gestionarla y hay que ver si esa norma de verdad sirve para algo y sirve para solucionar problemas. Mucho me temo que el balance que podamos hacer dentro de un tiempo será muy parecido al resultante de las proclamas de mejora tanto de actividad económica como de ocupación que se hacían cuando se predicaba la bondad de la liberalización de los horarios comerciales en la Comunidad de Madrid, mucho me temo que al cabo de un tiempo hagamos el mismo balance negativo y ni se haya solucionado ningún problema, ni se haya creado ocupación, ni se haya generado más actividad económica, sino todo lo contrario. Señorías, de ustedes es la responsabilidad -tienen mayoría absoluta para ello-; espero que rectifiquen y que dentro de un año no hagamos el balance negativo que muchos nos tememos que vamos a hacer.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rangel.

Por el Grupo Popular, en turno de fijación de posiciones tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, empiezo por donde finalizaba el señor Rangel. Hay un problema en España que han detectado familias, empresas y profesionales y con esta norma que hoy se aprueba definitivamente en esta Cámara se busca dar una solución. El señor Rangel decía que no era la solución adecuada. Lo que es evidente es que hay un problema -lo ponía de manifiesto también el señor Anchuelo- y nosotros estamos intentando dar una solución. Hasta ahora no se había intentado. Ha habido Gobiernos socialistas durante ocho años que no han intentado dar una solución. Nosotros procuramos dar una solución a un problema real que casi todos los portavoces que han intervenido en esta tribuna ponen de manifiesto. Efectivamente, señor Rangel, el tiempo dará o quitará la razón. Desde luego, no puede dar la razón a quien no plantea ninguna solución, porque quien no plantea ninguna solución, ningún balance puede hacer más que la pereza de no haber ofrecido ninguna solución. Nosotros podemos equivocarnos, pero proponemos una solución. (Aplausos). Con mayor o menor certeza, pero planteamos una solución.

Quiero hacer matizaciones previas porque no me resisto, señor presidente, a matizar tres afirmaciones que se han hecho en esta tribuna. La primera es del señor Olabarría, que me pedía, con su brillantez habitual, que le intentará convencer. Hay que decirle que es imposible convencer a alguien que no oye, porque si se ausenta del debate, hablará con mucha brillantez pero escucha con poquísima profundidad. Por tanto, no voy a gastar un minuto en convencerle. (Aplausos). Sí le voy a decir una cuestión para que conste en el "Diario de Sesiones". Ha dicho el señor Olabarría: El Consejo de Estado dijo -dos puntos, comillas-. Pues no, señor Olabarría, el Consejo de Estado no lo dijo, lo dijo un voto particular. El Consejo de Estado dio la aprobación a esta norma. Es el Consejo de Estado por mayoría -ya le he saludado- el que dio la aprobación a esta norma. (Aplausos).

Señor Olabarría, con su brillantez ha calificado el artículo 17.1 como redactado por alguien que no está en su sano juicio. Como mi grupo parlamentario va a apoyar ese artículo, quiero decir que lo que ha dicho usted es un despropósito. Lo que está bien es el artículo 17.1, es correcto y lo vamos a votar favorablemente, porque lo único que hace es delimitar aquellos casos para los que se necesita autorización


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y evitar que se exijan autorizaciones desmesuradas por todas las administraciones. Por tanto, lo vamos a votar, y lo vamos a votar bien, porque creemos que es mejor para los ciudadanos, para las empresas y para los profesionales. (Aplausos).

Quiero hacer otra matización, porque el señor Coscubiela, con la brillantez que él mismo reconoce que tiene -que yo también se la reconozco-, refiriéndose a los presidentes de comunidades autónomas los ha llamado pillos locales. Señor Coscubiela, nadie que ha sido votado por los ciudadanos puede recibir un calificativo como el que usted ha dado a los presidentes de comunidades autónomas (Aplausos), desde luego mi grupo no llamaría así a nadie, porque somos mucho más respetuosos con las personas que eligen los ciudadanos que ustedes, que cuando no les gustan les insultan; mi grupo no insulta a nadie. Señor Coscubiela, esta ley está hecha buscando el respeto de todo el mundo. Tanto es así, es tan poco recentralizadora, que lo que concede a las comunidades autónomas es capacidad para regular y que esa regulación sea trasladable a otras comunidades autónomas. Me da pena que algunos que defienden mucho el marco autonómico, sin embargo, se suban a esta tribuna a decir que les da miedo que las comunidades autónomas regulen, y que cuando regulan las comunidades autónomas les insulten y digan que van en una carrera desenfrenada no se sabe adónde. Este grupo quiere respetar el marco autonómico, y respetando el marco autonómico quiere arreglar un problema, pero no un problema de los políticos ni un problema de las administraciones. Señorías, esta ley no está hecha para políticos, no está hecha para las administraciones, esta ley está hecha para los ciudadanos, para las familias, para las empresas, sobre todo para las pymes y para los profesionales. Es verdad que esta ley va a complicar y va a exigir más trabajo a las administraciones, es verdad, somos conscientes de que vamos a pedir un mayor esfuerzo a las administraciones y a los funcionarios, pero ¿para qué? Para simplificar la vida a los ciudadanos, a las familias y a las empresas y para que haya más actividad económica, para que haya más crecimiento y para que haya más empleo. (Aplausos). Por supuesto que es una ley buena, es una ley que va a facilitar la competencia, la eficacia y la eficiencia.

Señor Anchuelo, es verdad que esta ley planteaba una disyuntiva, nosotros teníamos por delante una disyuntiva. Podríamos haber hecho dos cosas para dar solución al problema de la disfunción para empresas y profesionales de diecisiete legislaciones: traer una ley armonizadora que se aprobara aquí, que unificara todas las legislaciones y le diera el carácter de básico, por supuesto que se podría haber hecho eso, pero hemos optado por otro camino, y es que las empresas y los profesionales cumplan con la regulación de aquella comunidad autónoma en la que están, pero que con esa regulación se puedan trasladar a otra. No estamos hablando de que no se cumplan las regulaciones, estamos hablando de que las empresas desde luego no se van a trasladar porque en una haya mejor regulación que en otra o menor o mayor, eso no es verdad. Estamos hablando de que una empresa que desarrolla un proyecto, que un emprendedor que tiene un proyecto, que un profesional que está ejerciendo un trabajo y está en una comunidad autónoma, para irse a otras comunidades autónomas no tenga que aprenderse diecisiete leyes, diecisiete normas de funcionamiento, diecisiete modelos burocráticos. Estamos hablando de facilitar la vida a esas empresas para que creen más actividad, más empleo y más trabajo. Estamos hablando de eficiencia. Además, estamos hablando sobre todo de pymes, porque las grandes empresas -estoy pensando en alguna de mi comunidad autónoma anterior que está en toda España- tienen departamentos que le hacen ese trabajo, pero una pequeña empresa de una comunidad autónoma que quiere irse a otra o un profesional que quiere irse a otra tiene muchas dificultades, muchas barreras, muchas fronteras que atravesar, legislaciones distintas, trámites distintos, modelos distintos. En esta ley lo que decimos es: vamos a eliminar barreras, vamos a dar más libertad, vamos a dejar funcionar a las empresas y que las administraciones se esfuercen por que se cumpla la legislación de origen de la empresa o del profesional. Eso es lo que hacemos en esta ley, señorías.

Ustedes me pueden preguntar, por la efusividad con la que hablo: ¿usted cree que esta ley arregla los problemas del mundo? No, pero sí les digo una cosa: esta ley es un paso adelante en un modelo para que en España las empresas y los profesionales tengan mayor capacidad de competir y lo hagan con mayor eficacia, y eso es empleo y porvenir para las familias. Ustedes voten que no; nosotros votaremos que sí. El tiempo, señor Rangel, siempre nos ha dado la razón a nosotros y a ustedes siempre les ha puesto en su sitio. Han dejado a España en quiebra.

Gracias. (Aplausos.-El señor Esteban Bravo pide la palabra).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.

Señor Esteban, me sorprende que me pida usted la palabra, creía que me la iba a pedir el señor Olabarría, si acaso.

El señor ESTEBAN BRAVO: Permítame que lo haga yo en nombre de mi grupo. Simplemente para que a través de mis palabras conste en el "Diario de Sesiones", porque si no de la intervención del señor Martínez-Pujalte se podría pensar que el señor Olabarría no había estado presente durante su disertación, que precisamente cuando estaba afirmando esto el señor Olabarría estaba entrando en el salón del Pleno. Solamente era para eso, señor presidente.

Gracias. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Por supuesto que constará así en el "Diario de Sesiones", porque es de justicia.

Señor Martínez-Pujalte.

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Simplemente, señor presidente, quiero decir que en mi intervención había reconocido que el señor Olabarría estaba entrando y por eso me he dirigido a él, con todo el respeto que le tengo y con la brillantez que le reconozco, pero que evidentemente no le podía convencer si no estaba. (El señor Coscubiela Conesa pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, ha sido usted aludido directamente; para un tema personal, para ese tema le doy la palabra, no para otra cuestión.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Para defender la posición de un grupo no hace falta imputarle a otro cosas que no ha dicho. Imputarme a mí que he insultado a las comunidades autónomas es falso. (Varios señores diputados: Sí). Escuchen ustedes bien, he dicho claramente que esta normativa va a propiciar un dumping desregulatorio y se corre el riesgo de que incentive comportamientos de gente que en el ámbito de las administraciones locales o en las comunidades autónomas actúe como pillo. Les sugiero que vean la definición en el diccionario de pillo, ya verán cómo entra perfectamente en el comportamiento que he definido. Pero sobre todo me preocupa una cosa, señor Martínez-Pujalte y señores del Partido Popular, que ustedes hayan contrapuesto legitimidad democrática con inexistencia de límites en el comportamiento. (Rumores). La legitimidad democrática de los ciudadanos legitima para gobernar, no da cobertura a cualquier comportamiento aunque, claro, viniendo del Partido Popular y viniendo de la Comunidad Valenciana... (Rumores y protestas).

El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, le he dado el tiempo que ha necesitado para precisar el punto concreto, no el general. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra).

Señor Martínez-Pujalte.

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Solo es medio segundo, señor presidente.

Señor Coscubiela, si no ha dicho eso, le pido que lo rectifique y ya está, no pasa nada, pero le digo... (El señor Coscubiela Conesa: Si no lo he dicho, no lo rectifico).

Señor Coscubiela, usted que se oye mucho a sí mismo, tenga en cuenta que cuando se oye, a veces no se oye con precisión. (Risas y aplausos).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Liquidados todos los turnos de los distintos portavoces, no voy a conceder más uso de palabra.

- PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/1982, DE 9 DE JUNIO, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA. (Número de expediente 127/000002).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, que es el debate del dictamen de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Al ser una ley orgánica, como presidente tengo que establecer una hora antes de la cual no se votará. Esa hora serán las cinco y media de la tarde. Por tanto, antes de las cinco y media no votaremos, pero eso no


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quiere decir -lo digo para que no haya confusiones- que se vaya a votar inmediatamente después de las cinco y media, probablemente no, será un poco más tarde, pero no antes de las cinco y media.

Vamos a comenzar con el turno de fijación de posiciones por parte de los grupos que lo han pedido. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Intervengo desde el escaño porque la reforma es muy concisa, precisa y no tenemos en absoluto razones para oponernos, porque además pertenece al ámbito autoorganizativo de la propia Región de Murcia. La comunidad autónoma ha decidido que es necesario el instrumento del decreto-ley y nos parece correcto. Nosotros siempre vamos a votar positivamente las propuestas de reforma de las comunidades autónomas que se presenten en esta Cámara y esperamos que recíprocamente, cuando ocurra con respecto a la comunidad autónoma que representa mi grupo, ocurra lo mismo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo ya ha mostrado su oposición en Comisión a esta reforma del Estatuto de Murcia y no porque sea Murcia, ya lo hemos dicho, porque consideramos -y lo reitero- que Murcia tiene el mismo derecho al autogobierno que cualquier otra comunidad autónoma y ahí contará siempre con nuestro apoyo. Lo que ocurre es que esta es una reforma para deteriorar la democracia. El uso y abuso del decreto-ley es una de las peores lacras de la democracia, porque impide el control del Poder Ejecutivo por el Legislativo. Voy a aprovechar la ocasión para darles el pésame a los ciudadanos de Murcia, porque gracias a los partidos que tienen en la Asamblea de Murcia a partir de ahora serán gobernados por decreto, esa decir, sin explicaciones, sin deliberación y sin debate, o sea, con una democracia de peor calidad, donde la ineptitud y la irresponsabilidad es mucho más fácil de ocultar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño para señalar que esta reforma viene avalada por la voluntad unánime de la Asamblea de la Región de Murcia, primera cuestión que desde este grupo parlamentario queremos señalar, una unanimidad en la cual Izquierda Unida ha participado en la Asamblea. No iniciamos ese camino con unanimidad, puesto que nos abstuvimos la primera vez que salió este tema, pero posteriormente llegamos a un acuerdo, gracias a que se incorpora en este paquete de reforma un compromiso por parte del grupo mayoritario de la Asamblea, del Partido Popular, de modificar otra normativa, el Estatuto de Autonomía, la Ley Electoral, el Reglamento de la propia Asamblea y hacer causa común de todos reivindicar la deuda histórica con la Región de Murcia. En este sentido, es una propuesta unánime, y para este grupo parlamentario que una propuesta sea unánime por parte de una Asamblea legislativa de una comunidad autónoma es una cuestión capital que va a marcar también nuestra posición en otras propuestas de reforma que tienen que llegar a esta Cámara. En este sentido, quiero lamentar la diferencia con otras reformas de estatutos de autonomía, como por ejemplo el de mi comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana, reformas de estatutos que no se han podido ver aquí por los problemas que ha puesto la propia Cámara valenciana, el Partido Popular en concreto, y saludar que cuando lleguen otras propuestas de reforma de estatutos de autonomía -me refiero concretamente al Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que no vendrá con unanimidad de esa Cámara a esta- para mi grupo parlamentario será capital también esa falta de unanimidad para fijar nuestra posición de voto, máxime cuando lo que se pretende con aquella reforma que tiene que venir no es incrementar la democracia y la capacidad de actuación que tendrá en este caso el Gobierno de la Región de Murcia, porque lo que aquí se pide es ni más ni menos que dicho Gobierno tenga exactamente los mismos derechos o las mismas prerrogativas legales que tienen otros Gobiernos autonómicos. En ese sentido, no nos podemos oponer de ninguna de las maneras; al revés, nos tenemos que sumar.

En cuanto al uso que se hace de los decretos-leyes, ya sabemos lo que está pasando en esta Cámara con el Gobierno del Partido Popular, que nos ha traído ya más de una cuarentena de decretos-leyes en lo que llevamos de legislatura y, sin embargo, en la Región de Murcia ocurre como en el País Valenciano,


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que la pluja no sap ploure, la lluvia no sabe llover, y hay episodios de inundaciones, terremotos y hay motivos de sobra para que el Gobierno autonómico tenga la capacidad de legislar con celeridad ayuda en determinados momentos. Del uso o no uso que se haga de ese instrumento el tiempo será testigo. De momento, nosotros continuamos en este paso de unanimidad y vamos a dar nuestro voto favorable a esta modificación de la Ley 4/1982.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.

Convergència i Unió va a votar favorablemente esta reforma estatutaria, procedente de un consenso inicial en la Región de Murcia. Su Asamblea legislativa la ha traído desde el consenso a este Congreso de los Diputados y posteriormente irá al Senado para que dicha reforma finalmente pueda ser aprobada. Nosotros siempre hemos votado a favor de las reformas estatutarias que proponen las distintas asambleas legislativas de las comunidades autónomas; es un principio de reconocimiento por estas Cortes Generales de la potestad que tiene cada comunidad autónoma de introducir o no nuevos elementos en su nivel de autogobierno. Más allá, señor presidente, de que podamos hoy discutir si nos agrada o no el uso o más bien el abuso que en ocasiones se hace de la figura del decreto-ley, no haríamos un buen servicio si desde el Congreso de los Diputados no diéramos apoyo a aquello que legítimamente la Asamblea de la Región de Murcia y la Comunidad Autónoma de Murcia han decidido impulsar. Esperemos que hagan un buen uso del mismo, pero no somos nosotros los que ahora deberíamos discutirles aquello que han considerado que es bueno para su autogobierno, para su sistema institucional, para sus fuentes jurídicas, a las que hoy van a incorporar el nuevo decreto-ley, autonómico en este caso, de la Región de Murcia. Por tanto, vaya por delante ese apoyo de Convergència i Unió y también, señor presidente, la reclamación que hacemos hoy aquí de ser respetuosos siempre con aquello que tiene en los parlamentos autonómicos una voluntad mayoritaria, clara y que se defiende en el marco de la legalidad. Eso siempre debería tener una respuesta positiva de las Cortes Generales en el momento de afrontar las correspondientes reformas estatutarias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora González Veracruz.

La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, la posición del Grupo Parlamentario Socialista en el apoyo a la reforma va a ser positiva, como ya anunciamos en el Pleno y en la Comisión, pero merece una explicación. El contexto en que sucede la reforma del estatuto es importante y la motivación del Grupo Parlamentario Socialista para apoyarla, también. En condiciones normales hoy en este punto en el Pleno hablaríamos casi del final de la tramitación de una reforma puntual muy específica y limitada del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Por eso, me parece tan importante explicar el contexto, de dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir. Hoy este punto semifinal no lo es, sino que es el principio de una reforma sustancial y más de fondo, porque así consta en los acuerdos de la Asamblea Regional de Murcia, y por eso lo apoyamos tanto el Grupo de Izquierda Unida como el Grupo Socialista en la Asamblea Regional. No sé si recuerdan que ya explicamos aquí en el anterior Pleno que esta reforma de salida en la Asamblea Regional no tuvo el consenso de todos los grupos políticos. Eso nos entristeció, porque el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia que se aprobó el 9 de junio de 1982 en sus tres reformas ha venido aquí con el consenso de todos los grupos políticos. Mi grupo ante todo piensa que la reforma de estas normas tan importantes para las comunidades autónomas tiene que venir aquí con ese consenso y con ese esfuerzo político por medio de la palabra. Por eso, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, no estamos de acuerdo con que otras comunidades autónomas -especialmente desde los Gobiernos del Partido Popular- no hagan ese esfuerzo por traerlo, y por eso lo hemos hecho nosotros. Por eso y porque nos parece fundamental para la Región de Murcia abordar una reforma más profunda y sustancial en la que ya se está trabajando ahora mismo en la Comisión de la Asamblea Regional.

Como dije, es cierto que al principio no estuvimos de acuerdo ni en la forma ni en el fondo, pero lo importante no es cómo empiezan las cosas, sino cómo terminan. Rectificar es de sabios y ahí hemos estado todos por hacer ese gran esfuerzo por el consenso. Hoy apoyamos que la Comunidad Autónoma


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de la Región de Murcia pueda tener la herramienta y la posibilidad de hacer decretos-leyes, porque con su buen uso pueden hacer un muy buen papel; como lo hizo el Gobierno de España la misma semana en que sucedieron los terremotos de Lorca, porque fue gracias a un decreto-ley del Gobierno central que se pudieron aprobar medidas de urgencia. Además, hay que asegurar que no se haga un abuso y que se actúe de forma extraordinaria. Es decir, como decía el señor Gorriarán, no hace falta disponer o no de normas para garantizar el oxígeno democrático en las Cámaras, sino que depende de cómo se ejerza; y lo estamos viviendo aquí. En la Asamblea Regional gracias al acuerdo -que, como digo, es un punto de inicio- hemos conseguido tener sesiones de control una vez al mes, cosa que antes no teníamos. Por tanto, como es importante para los ciudadanos de la Región de Murcia lo que estamos consiguiendo con este acuerdo -y, por cierto, espero que se apruebe antes de final de año la reforma total del estatuto como dice el acuerdo-, estamos los socialistas ahí.

Quiero terminar diciendo que ese acuerdo suscrito por todos los grupos políticos en la Asamblea Regional habla de que la reforma de nuestro estatuto recoja los problemas que realmente tenemos los murcianos de déficits históricos -como es el déficit de financiación, el déficit de infraestructuras y el déficit hídrico- y, además, podamos imaginar en ese nuevo estatuto hacia dónde va el futuro de los derechos sociales de la reforma de la Ley Electoral que supuestamente todos compartimos y en la que ahora afortunadamente se está trabajando en esa Comisión. Ha sido un ejercicio de responsabilidad por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Todos deseamos que fructifiquen los trabajos de la Comisión y que en breve podamos estar hablando aquí de lo que realmente les importa a los murcianos y de una garantía de un mejor futuro para mi región, que está sufriendo mucho por la crisis económica y por los déficits históricos. Como dije el otro día en la Comisión, muchas veces no se ven desde la capital madrileña y por eso tenemos que venir fuertes y unidos los políticos de la Región de Murcia para defender los intereses de nuestra comunidad. Ahí vamos a estar siempre los socialistas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González Veracruz.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Barreiro.

La señora BARREIRO ÁLVAREZ: Señor presidente, señorías, ¡hay que ver esta reforma estatutaria las sorpresas que da! Yo todavía no dejo de sorprenderme, lo cual está muy bien. Quisiera empezar primero por dar las gracias a los grupos que van a apoyar esta reforma, tanto a aquellos que tienen representación en la Asamblea Regional de Murcia como a aquellos que no la tienen y que se han mostrado favorables a que la misma se produzca.

En segundo lugar, quisiera remarcar algo que se ha dicho pero que me parece importantísimo volver a hacerlo. Esta es una reforma de estatuto que viene con la unanimidad de una Cámara en la que reside la soberanía popular de la Región de Murcia y del pueblo de Murcia, viene con la unanimidad. Pero además de esa unanimidad tiene otro requisito que nosotros consideramos fundamental: entra dentro de los principios de la Constitución española. Por lo tanto, cubre dos requisitos fundamentales: el acuerdo unánime para reformar el estatuto y estar dentro de la Constitución. A lo mejor decir esto parece una obviedad, pero en ciertos momentos y en ciertos tiempos hay que hablar de ello, hay que hablar de reformas legales que entran dentro del espíritu constitucional, y esta es una reforma que entra dentro de ese espíritu.

Lo que a mí me molesta es ese: a ver qué van a hacer ustedes con esta reforma, a ver qué van a hacer ustedes con los decretos-leyes. Seguramente, algunas de sus señorías no se han leído en qué consiste la reforma. Yo me voy a permitir leérsela. Añade un nuevo punto al artículo 30 del Estatuto de Autonomía, que dice así: En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decreto-ley (provisionales y en caso de extraordinaria y urgente necesidad). Esta fórmula no podrá emplearse en la regulación de los derechos previstos en el estatuto, el régimen electoral, las instituciones de la Región de Murcia ni en el presupuesto de la comunidad autónoma.

Fíjense lo que estamos pidiendo, porque en la Región de Murcia han ocurrido algunas desgracias y no tan lejanas, y el Gobierno se ha visto atado de pies y manos para tomar medidas cuando un pueblo como el de Lorca vio asolada su población por un terremoto, nada más que eso, pero sobre todo cuando a los pocos días hubo unas inundaciones atroces, terribles. A lo mejor resulta que los políticos de la Región de Murcia, como estábamos allí, vimos lo duro que fue aquello, cómo salir y cómo todavía se está saliendo, y el Gobierno no pudo tomar medidas. Eso es lo que está pidiendo ahora mismo esta reforma y


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los señores de UPyD se permiten el lujo de decir: no les vamos a dejar porque no sabemos el uso que van a hacer de ello. Pues estos decretos-leyes está previsto también en la reforma que sean derogados o aprobados posteriormente por la Asamblea Regional de Murcia, que, insisto, es la sede de la soberanía del pueblo de la Región de Murcia. (Aplausos).

Quizá no hablar de otras cosas impide que este debate traspase los muros de este hemiciclo, pero los ciudadanos de la Región de Murcia son tan ciudadanos como cualesquiera otros del territorio nacional, y ustedes que se vanaglorian de que todos somos iguales, con este voto están diciendo que los habitantes de la Región de Murcia son de segunda categoría. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!). Y esto lo sabrán todos ellos, porque no vale poner una cara en este hemiciclo para hacer un gran discurso de Estado y otra cara ponerla en la Región de Murcia.

Muchísimas gracias a todos los grupos por apoyar esta reforma. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Aplausos.-El señor Martínez Gorriarán pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Gorriarán, parece que era usted el aludido respecto de los que no apoyan la reforma. Tiene usted un minuto para decir lo que quiera.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Señora Barreiro, no le voy a decir lo que usted no ha dicho, sí le voy a decir algo sobre lo que usted sí ha dicho. Anteayer se votó aquí una moción nuestra, que ustedes votaron unánimemente, donde se decía una cosa muy clara: ninguna comunidad autónoma tiene soberanía, ¿sabe usted? Es decir, ni Murcia ni ninguna otra. La soberanía nacional, tal y como la define la Constitución, justamente el otro día dijimos que está vigente. Usted acaba de decir que ahora están derogados esos artículos de la Constitución. ¡Qué lamentable! La verdad es que antes de decir ciertas cosas, deberían ustedes pensar un poco.

Gracias. (La señora Barreiro Álvarez pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Gorriarán.

Señora Barreiro, es posible que haya sufrido algún error al hablar antes. (Risas). Tiene la palabra.

La señora BARREIRO ÁLVAREZ: Muchísimas gracias, señor presidente.

Creo que no he sufrido ningún error. He dicho que es una reforma que está dentro de la Constitución, no he hablado en absoluto de derogar. He dicho que se acordaba por unanimidad y que estaba dentro de la Constitución. He dicho que esto que pide la Región de Murcia es lo mismo que tienen los demás y que lo que tienen los demás puede aplicárseles a los de la Región de Murcia. Creo que no he sufrido ningún lapsus sobre el aspecto constitucional en este debate y, si lo he tenido, ruego me disculpen. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barreiro.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 11/2013, DE 2 DE AGOSTO). (Número de expediente 121/000060).

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al debate de totalidad de iniciativas legislativas y en concreto del proyecto de ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Este proyecto de ley procede del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto. A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo. La ha presentado el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y para su defensa tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Señorías, ustedes se preguntarán qué lleva a un grupo parlamentario de once diputados a complicarse la vida presentando una enmienda a la totalidad con texto alternativo que sin duda tiene escasas posibilidades de ser aprobado. Intentaré contestarles. En primer lugar, el convencimiento profundo de nuestro grupo de que es nuestra responsabilidad intentar mejorar tanto la calidad de las leyes como la de los debates parlamentarios. En segundo lugar, también desmentir radicalmente a quienes desde las filas del Gobierno y del Partido Popular insisten y acusan a Izquierda Plural de estar solo a la contra y de no


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ser capaz de presentar alternativas. Este texto que presentamos es la prueba de que sí tenemos alternativas; otra cosa es que no gusten al Partido Popular. Por cierto, permítanme que se lo dedique especialmente al señor Pujalte para que así nunca más pueda decir que nuestro grupo, Izquierda Plural, no es capaz de presentar alternativas. Aquí las tienen ustedes, tienen la oportunidad de discutirlas, de estar en contra, pero jamás van a poder continuar diciendo que no somos capaces de hacerlo.

Nuestra enmienda parte de una premisa básica. Creemos que el rigor y la seguridad jurídica no soportan más leyes portaviones como la presentada por el Gobierno, desde la que despegan innumerables cambios normativos que provocan indefensión por hiperactividad normativa y desconocimiento de la ciudadanía. Por eso, el texto que presentamos se refiere exclusivamente al ámbito de las normas laborales de empleo y Seguridad Social, con la única excepción, por razones obvias y que ustedes entenderán, de los apartados referidos al accidente ferroviario de Santiago, que mantenemos en los propios términos del proyecto de ley del Gobierno.

En relación con el capítulo II, referido a la protección social de los contratos a tiempo parcial, mantenemos el texto del proyecto de ley. Lo hacemos por coherencia, porque se trata de una norma que es fruto del diálogo social y del acuerdo político y que mejora la situación actual de la protección de los trabajadores a tiempo parcial, fundamentalmente mujeres, en cumplimiento de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional; un acuerdo alcanzado entre sindicatos y patronales, también en sede parlamentaria por la mayoría de partidos, y que incomprensiblemente el Gobierno ha camuflado y diluido en esta ley portaviones. En ocasiones parece que al Gobierno y al Partido Popular le producen alergia los acuerdos; de otra manera no puede explicarse que con lo caros que van en esta Cámara, habiendo alcanzado un acuerdo en materia de protección social de los trabajadores a tiempo parcial, no le hayan dedicado una norma específica con la cual poner de manifiesto que también somos capaces de llegar a acuerdos.

En este capítulo solo nos permitimos incorporar una disposición adicional segunda para abordar un tema que en este momento y a nuestro grupo nos parece de especial preocupación. Creemos que ha llegado el momento, y planteamos la necesidad de que se haga en el plazo máximo de un año, de que se analice el desequilibrio que existe actualmente en la equidad dentro del sistema y es un desequilibrio en la equidad que aumenta a partir de la mejora de la protección de los trabajadores a tiempo parcial. Continuar exigiendo en la legislación de Seguridad Social el requisito de carencia mínima de quince años cotizados para acceder a la pensión ordinaria de jubilación, o sea que aquellos que hayan cotizado un día menos de esos quince años no puedan tener acceso a ningún tipo de pensión, creemos que es un requisito que debe repensarse en profundidad. En un sistema en el que cada vez más reformas incorporan factores de contributividad, no se justifica que quienes han cotizado menos de quince años no reciban pensión alguna. Lo dejamos aquí y planteamos que el Gobierno se comprometa, que esta Cámara mandate al Gobierno para que en el plazo de un año se presente un informe.

En el capítulo IV, y ligado al elemento del contrato a tiempo parcial, proponemos modificaciones en relación con la regulación laboral de los contratos a tiempo parcial en nuestra legislación. Señorías del Grupo Popular, señorías en este caso también de Convergència i Unió, estos diecinueve meses de reforma laboral han confirmado los peores presagios. Me refiero en concreto solo al contrato a tiempo parcial. Se han provocado los efectos más perversos: conversión obligada y abusiva de contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial. Ello explica a nuestro entender que el tiempo parcial haya pasado de representar el 18 % del conjunto de los contratos a representar el 22 %, mientras en paralelo caen los contratos a tiempo completo. Ha provocado la utilización fraudulenta del tiempo parcial aprovechándose de la facilidad legal que se introdujo en la reforma laboral para prorrogar la jornada ordinaria con horas extraordinarias. La EPA confirma ese efecto perverso, porque desde la entrada en vigor de la reforma laboral el número de horas extraordinarias no abonadas -insisto, no abonadas- ha crecido en los mismos términos en que lo han hecho los contratos a tiempo parcial. Por último, el contrato a tiempo parcial se ha convertido -y lo reconocen y lo han dicho en diferentes foros los inspectores de Trabajo- en una de las principales vías de fraude empresarial a través de una fórmula que pudiéramos llamar el flexifraude. El resultado es no solo que se han degradado las condiciones de trabajo, un incremento de los salarios no declarados y un impacto negativo en las cotizaciones sociales, sino que además eso está teniendo repercusiones muy negativas en las cuentas de la Seguridad Social, porque cada contrato a tiempo completo que se convierte en contrato a tiempo parcial es una reducción de los ingresos. No puede ser que el Gobierno, que se nos va a quejar de aquí a unas horas de que han caído los ingresos, incentive estas prácticas haciendo normas como las de la reforma laboral. Es por eso por lo que el Grupo de


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Izquierda Plural propone una modificación de ese apartado limitando la prolongación de las jornadas ordinarias a las jornadas complementarias, como existía antes de la reforma laboral del año pasado, prohibiendo además las horas extraordinarias; también exigiendo la obligatoriedad de hacer constar en el contrato el horario y la duración de la jornada a tiempo parcial. Se trata de dificultar el fraude empresarial, de quienes lo cometen, y contribuir al funcionamiento de la Inspección de Trabajo, que ve en sus visitas a las empresas cómo se juega con ellos al gato y al ratón. Cuando llegan a la una del mediodía, esa es la jornada que tiene ese trabajador a tiempo parcial ese día; cuando llegan a las cuatro de la tarde, esa es la jornada que tiene ese trabajador a tiempo parcial a las cuatro de la tarde, y si llegan a las ocho, se da la casualidad de que también esa es la jornada que tiene ese trabajador a las ocho de la tarde, porque cuando no se hace constar el horario ni la duración de la jornada se incentiva el fraude.

Después de la mejora de la protección social del contrato a tiempo parcial es aún más imprescindible la reforma que planteamos. Escúchenme ustedes bien, si no nos estaremos quejando dentro de nada. Se ha mejorado la protección social del contrato a tiempo parcial. Quiere decir que con la misma cotización se tienen más derechos. Pero si se incentiva el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial, se está incentivando convertir ese contrato en un agujero negro de las cuentas de la Seguridad Social y vamos a tener consecuencias negativas. Les pido que antes de rechazarlo se lo piensen dos veces.

Proponemos también en este mismo apartado de reformas legislativas en el ámbito laboral cambios en los artículos 40, sobre movilidad geográfica; en el artículo 41, sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo, y en los artículos 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, sobre suspensión y rescisión de los contratos. El objetivo es, aprendiendo también de estos casi dos años de reforma laboral, recuperar el equilibrio perdido, el equilibrio que debe tener entre las partes una relación laboral que se llame civilizada, para acabar con ese unilateralismo empresarial que la reforma laboral ha provocado en estos cuatro apartados en concreto. Porque, en contra de lo que se dijo, no han servido para sustituir despido por flexibilidad interna, sino que han servido para incrementar la desregulación de las condiciones de trabajo y, al mismo tiempo, para incentivar el uso unilateral y sin control previo de esos despidos, despidos colectivos que están siendo utilizados en algunos casos de manera chantajista por algunas empresas, por cierto, algunas públicas, como sucede en estos momentos con Transformación Agraria, Sociedad Anónima, Tragsa, propiedad pública de la SEPI, tutelada por el Ministerio de Agricultura, que plantea 1.639 despidos y que se niega a negociar, y si no lo impedimos, el día 14 de noviembre van a ser 1.639 personas las que se encuentren en la calle sin posibilidad de evitarlo y solo sometido al control posterior de los tribunales, que ustedes, el Partido Popular, ya se encargan que sea el menor posible. Barbaridades como la de Tragsa se están planteando en muchos sitios y pretendemos con nuestras propuestas como mínimo limitarlas y recuperar ese equilibrio en la relación laboral.

En esta misma dirección y en el capítulo V, proponemos mecanismos para resolver los problemas de representación en los procesos de consulta en los expedientes de regulación de empleo cuando el expediente afecta a muchos centros de trabajo. Lo que ha planteado el Gobierno no es un elemento de racionalización. Lo que ha planteado el Gobierno es una penalización de la representación de los representantes sindicalizados de los trabajadores. En ese sentido, esperemos que el Grupo Popular atienda nuestras enmiendas, porque de lo contrario mucho me temo que van a volver a ser los tribunales europeos o la propia OIT los que les saquen los colores por haber atacado con esta norma a la libertad sindical.

En el capítulo III, referido al empleo y a la protección por desempleo, planteamos una nueva redacción de algunos artículos porque creemos que hay que conseguir un equilibrio entre garantizar la persecución del fraude cuando se produce y también dar garantías y seguridad jurídica a los ciudadanos. Los ciudadanos desempleados de este país no son supuestos defraudadores, no son los únicos ciudadanos que no tienen presunción de inocencia, tal como intentó hacer ver la vicepresidenta del Gobierno con acusaciones tan falsas como indecorosas, que aún no ha rectificado. Dio una imagen de fraude generalizado de los desempleados posiblemente porque intentaba justificar las medidas que hay en este proyecto de ley, que, insisto, son profundamente desequilibradas.

Entre las medidas alternativas recogidas en las enmiendas que proponemos están las siguientes, las más significativas. Que la pérdida de la prestación por desempleo venga precedida siempre de un expediente sancionador. Es una exigencia básica de la Ley de Procedimiento Administrativo. No puede someterse a un parado a esa inseguridad, un parado no es una persona sin derechos.

Segunda cuestión, que desaparezca como sanción la pérdida del derecho a recibir la formación. ¿Se lo han pensado ustedes, señores del Partido Popular? La formación es un derecho y su impartición no


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puede ser considerada un castigo. Establezcan ustedes en la Lisos las sanciones que consideren oportuno, pero sancionar con dejar de tener formación a un parado es una barbaridad que desautoriza todos sus argumentos y todas sus prédicas en favor de la educación y la formación continua a lo largo de la vida laboral. Es una aberración que no se corresponde con un Estado civilizado.

Tercera propuesta, que la presentación fuera de plazo de documentos no comporte la pérdida de la prestación. Entiendo que si no se presentan documentos se suspenda el pago, pero, después, cuando por alguna razón justificada, por ejemplo enfermedad, se entreguen esos documentos, lo que no puede ser es que la consecuencia sea la pérdida de la prestación durante los días en los que no se han presentado esos documentos. Es un castigo, es una sanción exagerada, además sin control, puramente para un problema administrativo. Por cierto, debían ser algunos de esos problemas administrativos los que estaban entre los 500.000 parados fraudulentos que decía la vicepresidenta del Gobierno de manera escasamente ética.

Otra propuesta que hacemos es que los parados que buscan empleo puedan hacerlo fuera de España, limitándolo, y lo hacemos por un periodo máximo de seis meses, que estamos dispuestos a discutir, sin perder por ello el derecho a la prestación, por supuesto con controles. No pueden estar ustedes incentivando, como hace la señora Báñez, la movilidad exterior al extranjero porque resulta que eso es una cosa maravillosa y después decir que las personas que lo hacen tengan que perder en aquel momento la prestación que tienen. No se han pensado ustedes mucho esa regulación que hacen.

Otra propuesta que les planteamos es que las personas paradas pueden estar fuera del país hasta treinta días. ¿Por qué quince? Treinta son los que corresponden al periodo vacacional, sin que ello suponga la suspensión del derecho. También creemos que es racional.

Otra propuesta es que la comunicación y autorización de los Servicios Públicos de Empleo para poder estar fuera de España durante un periodo largo deba ser solo comunicación cuando se trate de razones de urgencia. ¿Han pensado ustedes en el caso de que una persona tenga un familiar gravemente enfermo y tenga que escoger entre si atender a su familia fuera de España y perder el desempleo o mantener la prestación y abandonar a la familia? No pueden, de verdad. Lucha contra el fraude, sí; insensibilidad humana y social cuando se legisla, no. Las leyes se aplican a personas de carne y hueso, personas que sufren. No se pueden redactar con esa superficialidad con la que se ha hecho en este apartado concreto.

En último lugar pero no menos importante, hemos planteado reformas de profundidad a los artículos 124 y 247 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Espero que no se moleste el señor Pujalte y piense que es un exceso de soberbia por nuestra parte, pero creo que cualquiera que conozca de esta materia tendrá que reconocer que son enmiendas muy trabajadas y técnicamente muy potentes. Les estamos proponiendo mejorar el tratamiento procesal de las situaciones de despido cuando intervienen los tribunales de lo social y lo hacemos con los siguientes criterios. En primer lugar, dar más seguridad a los trabajadores que pretenden como última ratio acudir a los tribunales frente a despidos por causas económicas, organizativas, técnicas, productivas y de fuerza mayor. En segundo lugar, pretendemos proteger a los trabajadores en casos en los que se haya producido fraude, dolo, coacción o abuso de derecho o en aquellos en los que la persona del empresario formal sea solo una tapadera que esconda al empresario real. También proteger a los trabajadores que tengan establecida prioridad de permanencia en el puesto de trabajo por circunstancias personales como discapacidad o cargas familiares, que está previsto en el Estatuto de los Trabajadores que pueda hacer la negociación colectiva. También en ese sentido cuando haya discrepancias sobre circunstancias personales como antigüedad o salario que afecten al cálculo de la indemnización.

Un segundo objetivo en este apartado de reformas procesales es garantizar la coherencia de las resoluciones, ahora en grave riesgo de dispersión. Señorías del Grupo Popular, en estos momentos se corre el riesgo de que en un expediente de regulación de empleo en fase de ejecución o de reclamación individual eso corresponda a diferentes tribunales y que esos tribunales actúen y resuelvan sin ningún tipo de coherencia entre sí, generando inseguridad y una profunda falta de equidad en su resolución. Por eso les hemos planteado un proceso de racionalización para canalizar hacia el tribunal que conoce las demandas colectivas los procesos de reclamación individual y de ejecución también en esos casos. Me permito añadir que eso redundaría en una racionalización del trabajo de los juzgados, en una reducción de la carga de trabajo y por lo tanto también en un ahorro, ahorro positivo en este caso que espero que ustedes tengan en cuenta.

Creo sinceramente que nuestra enmienda a la totalidad, y con esto termino, tiene razones de peso para ser admitida. En contra solo tiene una razón, reconozco que importante, es la razón de la mayoría


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absoluta del Partido Popular, pero ser muchos nunca es tener más razón. Espero que en este caso el Partido Popular entienda que esta enmienda a la totalidad mejora el objetivo de su proyecto de ley, mejora su regulación y, si no es así, si el milagro no se produce, que al menos en el trámite de enmiendas el Grupo Popular sea capaz de tener la misma responsabilidad parlamentaria que hemos tenido nosotros. Muchas de las enmiendas presentadas mejoran los textos legales sin que ustedes puedan decir que van contra sus políticas. No las rechacen solo porque vienen de la izquierda clásica, porque la izquierda clásica puede hacer aportaciones de interés también para este país. En todo caso, ya les anuncio que este trabajo seguro que no será en balde, sea cual sea su comportamiento, porque si ustedes menosprecian otra vez el esfuerzo realizado por Izquierda Plural, les aseguro que, tan pronto como cambie la composición de esta Cámara y en la medida en que dependa de nuestros votos y seamos decisivos, este texto va a volver a ser discutido -espero- para que pueda ser aprobado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, queremos hacer un reconocimiento al esfuerzo del señor Coscubiela por presentar una propuesta alternativa a este debate del proyecto de ley de protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Es necesario hacer este reconocimiento porque el éxito que se le presume a esta propuesta alternativa a este proyecto de ley es el que el señor Coscubiela ya ha comentado. Seguramente hay muchas razones para presumir el éxito de este debate, pero lo fundamental es el conocimiento de que el Gobierno sigue empeñado en hacer reformas laborales no destinadas a mejorar la situación de los trabajadores y las trabajadoras, sino a ese abaratamiento de los costes laborales, que parece que es lo único que está dispuesto a hacer para mejorar la competitividad del Estado y de nuestros productos con el fin de incrementar las ventas en el exterior. Estoy hablando de algo que en otros momentos han dicho representantes del Gobierno desde esta misma tribuna al hablar de que han mejorado nuestras exportaciones, fundamentalmente por el abaratamiento de los costes laborales. Es decir, han mejorado las exportaciones en el Estado español gracias al grandísimo sacrificio de trabajadores y trabajadoras que ven reducido su salario, además de verse abocados muchos de ellos al desempleo.

Hay que reconocer y agradecer pues el esfuerzo por presentar una propuesta como esta, que además de mejorar muchas cuestiones que en este momento están deterioradas en relación con los derechos de los trabajadores como consecuencia de la última reforma laboral, también trata de impedir aquellas modificaciones que contiene este proyecto de ley, que viene del Real Decreto-ley 11/2013, y que empeoran distintas cuestiones de esa reforma laboral. Lo decimos, señorías, por aspectos que se recogen en el capítulo III y en el capítulo IV de este proyecto de ley que, como digo, procede del Real Decreto-ley 11/2013. Lo que ha hecho el Gobierno en estos capítulos es aprovecharse de que se establecían una serie de medidas -aquellas relacionadas con las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial, que contaban no solamente con el apoyo de unas sentencias judiciales y del Tribunal Constitucional, sino también con un apoyo social para resolver el problema, e incluso podían contar con un acuerdo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara- para incorporar otras cosas, como si efectivamente fuéramos a no darnos cuenta de lo que ahí se decía.Señorías, el hecho de que el Gobierno aproveche este real decreto que hoy estamos debatiendo con esta enmienda de texto alternativo de La Izquierda Plural evidencia mala fe, desde nuestro punto de vista, cuando se modifican cuestiones tales como negar o retirar la prestación por desempleo a personas que se vayan al extranjero durante quince días. El señor Coscubiela habló incluso de posibles razones que pueden hacer que una persona vaya al extranjero estando en paro. ¿Podríamos valorar como positivo lo que se recoge en relación con garantizar la prestación por desempleo a aquellos que se vayan por ejemplo más de noventa días o hasta doce meses? Podría ser valorado como positivo si no nos diéramos cuenta de que lo que está haciendo el Gobierno es animar a los parados a ir a trabajar al exterior. Desde el Gobierno se está animando a la emigración, y nosotros no podemos apoyar esto.

Lo que se dice en los capítulos IX, X y XI nos parece muy negativo. Me refiero a la constitución de una sola mesa negociadora cuando se trate de una empresa con más de un centro de trabajo en caso de ERE, medidas de movilidad geográfica o modificaciones sustanciales, porque, desde nuestro punto de vista, significa forzar una negociación centralizándola, de manera que incluso no solamente se limita sino que se


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puede llegar a eliminar el derecho a discrepar de algunos de los centros, no solo porque discrepen de los acuerdos tomados sino porque las propias circunstancias del centro sean diferentes a las de otro que esté siendo afectado por el ERE al que se refieren estos artículos. Hay muchas más cosas en el real decreto que la enmienda alternativa presentada por La Izquierda Plural mejoraría y por eso desde el Bloque Nacionalista Galego queremos manifestar nuestro voto favorable a la propuesta presentada por La Izquierda Plural en la mañana de hoy y recordar que mi grupo votó en contra del Real Decreto-ley 11/2013. Lo digo porque en aquella ocasión no pudimos intervenir, dadas las características del Grupo Mixto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías.

Señor Coscubiela, ha utilizado usted un concepto novedoso por lo menos para el diputado que les habla, que es el de izquierda clásica. Los presupuestos filosóficos de la enmienda que usted ha planteado deben de dimanar de este segmento de la izquierda que yo desconocía. No sabía que la izquierda ya estaba fragmentada en una izquierda clásica, una izquierda moderna y seguramente hasta una izquierda posmoderna. Esto es tan complejo como intentar aprender el concepto de soberanía tal como se usa en esta Cámara; unas veces en un sentido, otras en otro; otras veces en un sentido intermedio, ecléctico... Son cosas que forman parte del debate parlamentario; más que del debate parlamentario, de las filias, fobias y miedos de los grupos parlamentarios aquí representados.

Al margen de estas circunstancias y de estas cuestiones obiter dicta o preambulares, quiero agradecer el esfuerzo propio de la izquierda clásica, estajanovista por ello, para poder enmendar un proyecto de ley que acomete reformas, en primer lugar, de la Ley 21/2003, sobre seguridad aérea, cuestión seguramente de gran importancia y de urgente necesidad. Hay cuestiones que se modifican, como el cálculo del déficit previsto en materia de seguridad aérea y otros asuntos concomitantes con esto. En la ley que estamos glosando en este momento se modifica también la Ley 39/2003, relativa al sector ferroviario, a efectos de establecer el procedimiento para la modificación y actualización de las cuantías de los cánones ferroviarios. En tercer lugar, se hace referencia al brutal y lamentable accidente de Santiago de Compostela, y también se modifica la posibilidad de establecer un incremento a través de la aplicación del Reglamento europeo 1371/2007, de derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril, que servirá de base para todos los sistemas de protección y aseguramiento de viajeros. También se modifica la naturaleza de la entidad pública Renfe-Operadora para abonar en los términos y casos que legalmente proceda las cantidades por encima de las que sean pagadas por el seguro obligatorio. Se modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2013 para incrementar el importe autorizado a ADIF para concertar operaciones de crédito. Se entra ya en lo que parece ser -es la humilde intuición de este grupo parlamentario- el nudo o núcleo de este proyecto de ley, la nueva regulación de la jubilación parcial, a tenor de la declaración de inconstitucionalidad de la sentencia del Tribunal Constitucional 61/2003, donde se establecen dos criterios muy pertinentes por parte del Tribunal Constitucional, que es el sistema de cómputo injusto para los trabajadores a tiempo parcial si lo comparamos con el sistema de cómputo, el sistema de cálculo de las pensiones para los trabajadores a tiempo completo. Hay también una cuestión de género pertinente, aunque quizá estadísticamente sería discutible, y es que siendo la mayoría de las personas que trabajan a tiempo parcial mujeres, se está produciendo una discriminación por razones de género que el Tribunal Constitucional ha venido en declarar inconstitucional, legítimamente inconstitucional.

Esta parte de la reforma que contiene el proyecto de ley, en primer lugar real decreto-ley, se ha hecho de tal manera que yo entendí siempre consensuada, señor Coscubiela, incluso consensuada con ustedes, mediante el sistema de cómputo nuevo en relación con los trabajadores a tiempo parcial y el sistema de cómputo de suspensiones aplicando el denominado coeficiente de parcialidad sobre el trabajo, considerando que puede haber alternancia entre trabajos a tiempo parcial con jornadas de trabajo a tiempo completo que obligan a una configuración del elemento sobre el que aplicar estos coeficientes de parcialidad que, en las reuniones que tuvimos con la ministra y otros responsables del ministerio, nos pareció técnicamente correcto y ajustado a los requerimientos de la sentencia. Desde esa perspectiva, me voy a abstener en relación con la enmienda que usted ha presentado, no sin decirle que participo de buena parte de su argumentario, de prácticamente la totalidad, pero no en este ámbito, que sería el núcleo troncal, luego se han adherido. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). En los reales decretos-leyes que luego se convierten en proyecto de ley las adherencias son


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inconmesurables, infinitas, ahí se puede regular cualquier cosa. Incluso se nova la naturaleza jurídica de la Sareb; por si fueran pocos los requerimientos que desde la perspectiva de la coherencia sistemática impone la jurisprudencia constitucional, también la Sareb es objeto de modificación, convirtiéndola en entidad gestora de las políticas de adjudicación de viviendas de promoción. Al margen de esta circunstancia, que ya lleva la melancolía y el desaliento directamente porque no parece que en esta legislatura sea posible modificar esta forma tan perversa de legislar, a pesar de las admoniciones del Tribunal Constitucional y su jurisprudencia, vamos a seguir legislando así, qué le vamos a hacer. Lo que originariamente parecía ser el tronco de este proyecto de ley, del original real decreto-ley, el sistema de cómputo de la jubilación a tiempo parcial nos parece que está bien configurado con los coeficientes de parcialidad que todos los presentes aquí y que vamos a intervenir convenimos. Yo no escuché ni siquiera por su parte particulares reservas mentales respecto a este sistema. Todos los demás están muy vinculados a la reforma laboral y a los déficits de la reforma laboral en relación con los principios ontológicos del derecho del trabajo, tal y como lo hemos conocido tradicionalmente, particularmente a lo que usted se ha referido, la descausalización de los despidos objetivos y de los mecanismos de representación sindical o de representación de los trabajadores a la hora de negociar no solo los despidos colectivos, sino las modificaciones colectivas de condiciones de trabajo y otras cuestiones a las que usted ha hecho mención -el señor Martínez-Pujalte le calificó de diputado brillante; no sé si lo hacía con sinceridad o con ironía, pero yo lo hago con sinceridad, a mí si me parece de verdad un diputado brillante- con la brillantez que suele caracterizar sus intervenciones. Mediante el sistema de representación incompleto en la reforma laboral, a pesar de su descausalización brutal por agrupación de centros de trabajo y por representación de los sindicatos más representativos, en aquellas empresas o centros de trabajo donde no exista representación sindical, o por el nombramiento o la designación directa -que a mí no me parece antidemocrática ni contraria a los principios ontológicos del derecho laboral- de tres trabajadores que puedan representar en un centro de trabajo por elección democrática de todos los demás, y configurar por lo menos una representación sindical que pueda participar en un trámite de entidad menor, que es el periodo de consultas. Ya acabó o se liquidó en la reforma laboral el trámite de entidad mayor, que es la intervención de la autoridad laboral, de la Inspección de Trabajo. La intervención de la autoridad laboral mediante resolución administrativa que servía de referencia, primero a la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando fue competente, y luego a la legislación laboral, cuando ha devenido de forma sobrevenida competente también. Son algunas cuestiones relevantes que yo podría compartir en sus propios términos, como todo lo relativo a la prestación por desempleo y los principios o elementos que se configuran en relación con la protección de esta contingencia, que hay que recordar que es una contingencia de Seguridad Social, de las suspensiones por ausencia; por ausencia de quince días, que se considera irrelevante, no se considera ausencia; de un año para actividades formativas, que la señora Fernández Davila comentaba que era una especie de incentivo a la exclusión o a la emigración, a la marcha de los trabajadores fuera del Estado español a buscar trabajo. Esto está vinculado no tanto a los requerimientos del ordenamiento laboral sino a los requerimientos de la economía con carácter general y es un elemento de suspensión que nosotros consideramos razonable, el de un año y el de noventa días con autorización.

Hay un tema delicado que yo comparto con usted, que es la necesidad de que cuando los servicios públicos de empleo ofertan un empleo a un trabajador que está acreditado como desempleado, tenga que aceptar prácticamente cualquier puesto de trabajo que se le oferte; desvinculada esta aceptación de su categoría profesional, de su cualificación, de sus destrezas, parece que es extender demasiado la necesidad de mantener indebidamente más prolongada, más allá de lo necesario o de lo jurídicamente hábil o jurídicamente equilibrado, la prestación por desempleo. No ha sido nunca así el derecho del trabajo, mediante requerimientos tan imperativos en relación con la aceptación de ofertas de empleo de los servicios públicos de empleo tan desconectados de las destrezas de la categoría profesional y de las posibilidades de desempeñar ese empleo por cualquier trabajador desempleado. Esto se ha universalizado en este momento. Cualquier oferta de empleo tiene que ser aceptada, cualquiera que sea la condición, las destrezas y las capacidades de los trabajadores desempleados.

Hay cuestiones discutibles y otras menos discutibles. Yo no voy a entrar a debatir ahora cuál debe ser la naturaleza de la Sareb, si tiene que ser una entidad gestora o no tiene que ser una entidad gestora en materia de políticas de promoción de la vivienda, ni voy a entrar en la regulación de la estructura ferroviaria, de la estructura aeroportuaria y de la debida consideración de las víctimas de accidentes ferroviarios que se podía extender también a la atención a otras víctimas de otro tipo de catástrofes naturales o no naturales. Se ha optado en esta legislatura por legislar de esta forma. El Tribunal Constitucional ha


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reprochado al Gobierno que no se puede legislar de esta forma y los que pertenecemos, como usted y como yo, a la que podríamos denominar honrosa oposición, poco podemos hacer más que levantar nuestra voz testimonial contra este tipo de prácticas. En todo caso, nos abstendremos en esta enmienda a la totalidad.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

En el debate del Real Decreto-ley 11/2013 tuvimos ocasión de manifestar la posición de nuestro grupo sobre el contenido de esa norma. Allí se incorporaba un tratamiento de los trabajadores a tiempo parcial para permitirles acceder a la prestación que cumplía sentencias europeas y del Tribunal Constitucional y que nosotros, como los demás grupos y los agentes sociales, apoyamos. Lamentamos en su momento no haber separado esto de cualquier otro tema y haber escenificado el importante acuerdo que hubo sobre esta cuestión, apoyado, insisto, por todos los grupos y los agentes sociales. Pero se decidió incorporar otra serie de cuestiones en ese texto, que tenían que ver con materia laboral; un agravamiento encubierto de la reforma laboral en las cuestiones relacionadas con el despido que mi grupo rechaza frontalmente. Se remató la faena incluyendo una mezcla inconexa de cuestiones, de temas ferroviarios, de temas aeroportuarios, que desvirtuaban totalmente el proceso legislativo. Por eso nosotros votamos no a ese real decreto y si el grupo proponente nos hubiese traído una enmienda de devolución la apoyaríamos, pero el señor Coscubiela, con esa capacidad de trabajo que yo también le reconozco y admiro, nos ha traído un texto alternativo muy detallado, que lógicamente no podemos compartir al cien por cien, por eso la postura de mi grupo va a ser de abstención.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Mi grupo también quiere agradecer al señor Coscubiela el esfuerzo realizado en la presentación de esta enmienda a la totalidad con texto alternativo, no tan solo por el esfuerzo intelectual que supone trabajar en la elaboración de estas enmiendas, sino sobre todo por el esfuerzo político de presentar una alternativa. Ojalá más a menudo todos los grupos -soy el primero en autoenmendarme- tuviésemos esa vocación alternativa que el señor Coscubiela expresa en el texto que trae a debate. Sobre aquello a lo que hacía referencia el señor Olabarría, que es ese método de legislación que el Gobierno está imponiendo en esta legislatura, vía reales decretos que abordan multitud de cuestiones, he de decir que ha sido objeto de denuncia por nuestro grupo en distintas ocasiones. Es la peor manera de legislar y de dar capacidad al Congreso Diputados para discutir a fondo las cuestiones que se pretenden resolver a través de esa legislación. De nuevo el debate en Comisión y en ponencia de este proyecto de ley va a ser confuso y no va a permitir que el Parlamento pueda profundizar en la discusión legislativa de las propuestas que el Gobierno formula.

Sobre el contenido concreto de su iniciativa, he de decirle que usted, como no puede ser de otra manera, debe reconocer -creo que en la toma en consideración del real decreto así lo hicimos todos los grupos- el esfuerzo que se ha hecho por parte del Gobierno y de los agentes sociales en trasladar los mandatos que se derivaban de las sentencias españolas y europeas sobre la regulación de la cotización a tiempo parcial. No es ese un tema menor. Hoy de nuevo, justo una hora antes del debate de las enmiendas a la totalidad de la reforma de las pensiones, debemos recordar al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular que en ese real decreto que ahora discutimos gracias al señor Coscubiela se encuentra la manera habitual en que las cuestiones de pensiones se han resuelto en el marco del Pacto de Toledo: acuerdo con los agentes sociales que se traslada a un proyecto de ley y que la Cámara durante la tramitación parlamentaria puede mejorar. Esa es la fórmula, y el señor Coscubiela en su enmienda reconoce ese elemento, cosa que quiero poner en evidencia.

El señor Coscubiela, al formular la otra parte de su enmienda, aprovecha también para exponer su filosofía y su visión sobre lo que supone en estos momento el desarrollo, la aplicación de la normativa laboral, especialmente todo lo que se deriva de las reformas laborales que se han aprobado en los últimos años. Ahí he de decirle al señor Coscubiela, y lo sabe, que en algunas cuestiones podríamos coincidir y


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en muchas otras no. Esta es la razón fundamental por la que no podemos votar a favor de su enmienda y, al igual que han anunciado los señores Olabarría y Anchuelo, nos abstendremos, pero estaremos muy atentos a las enmiendas parciales que usted nos vaya a plantear en el trámite de la Comisión. Estoy seguro que algunas enmiendas que usted va a formular van a encontrar nuestro apoyo, aunque en otras discrepemos.

Me quiero referir a una cuestión que no es pacífica ni política ni legislativamente, que es la regulación de la contratación a tiempo parcial. Desde la época en que usted estaba de secretario general de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, en 2002, la regulación en materia de tiempo parcial ha tenido diversas idas y vueltas, siempre buscando dos equilibrios; el equilibrio de la flexibilidad que exigen las empresas, singularmente las empresas del ámbito del sector de servicios, del uso del tiempo parcial y al mismo tiempo las seguridades que reclaman los trabajadores que optan por esa modalidad de contratación. Encontrar esos equilibrios no es fácil. Convergència i Unió apoyó la reforma laboral entre otras cosas porque esas flexibilidades que usted denuncia en su intervención podían ayudar a que el tiempo parcial en España tuviese más espacio, en la línea del peso que el tiempo parcial tiene en la contratación de otros países de nuestro entorno. Estoy convencido de que para muchas personas la opción de trabajar a tiempo parcial es la opción deseable en términos de conciliación de la vida familiar y laboral o en términos de la propia gestión del uso del tiempo personal, más allá de los elementos de conciliación. Es cierto que una regulación más flexible puede estar sometida a abusos por parte de empresas que aprovechen esa regulación para ir más allá de lo que se preveía, pero ahí está la responsabilidad de la Inspección de Trabajo para garantizar que esos abusos no se produzcan. De lo que sí estamos convencidos es de que nuestra economía necesita crecer en contratación a tiempo parcial, especialmente para aquellos que lo deseen, y seguramente en un contexto de crisis económica como el que estamos viviendo puede haber personas que no tengan más remedio que ir a esa contratación a tiempo parcial. En algún momento se llegó a discutir sobre si deberíamos configurar un tiempo parcial para quienes optan a esa modalidad desde la necesidad de la conciliación de la vida familiar y laboral y para quienes se acogen a esa modalidad porque no tienen otra alternativa. No supimos resolver esa distinción. En cualquier caso, demos recorrido a la reforma que está en marcha y démosle coherencia en relación con la mejora de la protección social que hemos introducido en el real decreto en cuestión. Hoy hay mayor seguridad en la generación del derecho de pensiones en el tiempo parcial que existía antes de la aprobación del real decreto y que la Administración laboral competente y la Inspección de Trabajo eviten el abuso en esta materia.

Finalmente, en su enmienda a la totalidad no figura -no sé si usted lo conoce, pero en cualquier caso le invito a que lo eche un vistazo porque ahí va a ver enmiendas de Convergència i Unió-, pero el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ha elaborado recientemente un dictamen en el que apunta que los artículos 7 y 8 de este hoy ya proyecto de ley en materia de control de prestaciones por desempleo vulneran las competencias en esta materia, al menos de la Generalitat de Catalunya, y previsiblemente el Parlament y el Govern van a presentar recurso de inconstitucionalidad frente a este real decreto. De ahí mi invitación al grupo de la mayoría de que el trámite parlamentario sirva para corregir esa invasión competencial que ese real decreto, hoy proyecto de ley, contiene en esta materia, atribuyendo al servicio público de empleo estatal funciones que deberían asumir los servicios públicos de empleo autonómicos; servicios públicos de empleo autonómicos porque precisamente hace muy pocas semanas han visto reconocidas sus funciones en este ámbito en sentencias del Tribunal Supremo que el real decreto contradice o que el real decreto pretendía incorporar de manera absolutamente errónea. Sobre esa cuestión el Grupo de Convergència i Unió va a presentar enmiendas y estoy convencido, señor Coscubiela, de que ahí vamos a encontrar su apoyo en defensa del autogobierno de Cataluña.

Por mi parte nada más. Simplemente quiero reiterar el agradecimiento por el esfuerzo político e intelectual que supone siempre la presentación de una enmienda con texto alternativo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Gutiérrez del Castillo.

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señora presidenta, señorías, debatimos la enmienda de totalidad presentada por La Izquierda Plural al proyecto de ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Este proyecto de ley tiene su origen en el Real Decreto-ley aprobado el 2 de agosto por el Gobierno, que fue convalidado recientemente con los votos del Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara. El Gobierno, con este proyecto de ley,


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falsea de nuevo su propia iniciativa legislativa. Nos presentan en el título la cara amable de protección de los trabajadores a tiempo parcial, pero en las otras medidas urgentes en el orden social el Gobierno vuelve a las andadas y a la dureza de sus medidas contra los trabajadores y contra los desempleados. Lo que hace el proyecto de ley, que resalta la enmienda a la totalidad que presenta La Izquierda Plural, es dar una nueva vuelta de tuerca a su reforma laboral contra los derechos de los trabajadores. Cierra aún más el margen interpretativo de los tribunales debilitando la tutela judicial efectiva en el orden social y además incorpora una batería de medidas contra los desempleados. El Gobierno debería haber preservado el acuerdo que sobre la protección de los trabajadores a tiempo parcial se había alcanzado; debería haberlo preservado en un texto normativo específico que incluyera exclusivamente este acuerdo. Señorías, es el primer acuerdo político y social -que, por supuesto, apoyó mi grupo- alcanzado por el Gobierno en materia de pensiones. Quizá este acuerdo se consiguió porque estaba obligado el Gobierno como consecuencia de la sentencia que sobre esta materia había dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el propio Tribunal Constitucional, pero existía ese acuerdo político y social. Si el Gobierno pensaba incorporar otras medidas en el orden social, como realmente ha hecho, la cuestión es por qué no las ha llevado a la mesa del diálogo social. ¿Tan poca confianza tiene el Gobierno en sus propuestas que las introduce por la puerta de atrás y a hurtadillas? Sus señorías saben que el Gobierno con este proyecto de ley incorpora temas reservados al diálogo social. Pues bien, ni acuerdo ni diálogo y ni siquiera información, señorías. Un decreto-ley y de nuevo el ordeno y mando. El proyecto de ley del Gobierno modifica la negociación colectiva. El Gobierno sigue erre que erre contra los sindicatos. Pretende dejar sin defensa a los trabajadores. No contento con haber pulverizado con la reforma laboral el acuerdo de 25 de enero de 2012, por el que empresarios y sindicatos articulaban la negociación colectiva, la flexibilidad interna en las empresas y el mantenimiento del empleo, ahora vuelve a debilitar la representación de los trabajadores en el proceso de negociación sin haberse dignado siquiera a informar a sindicatos y empresarios sobre sus pretensiones.

Señorías, el pasado 16 de mayo el presidente del Gobierno se comprometía con los sindicatos a efectuar una evaluación conjunta de la reforma laboral. En lugar de cumplir este compromiso, en lugar de abrir un proceso de análisis y debate con los sindicatos y los empresarios para corregir los efectos más dañinos de la reforma laboral, el Gobierno en el mes de agosto hizo su autoevaluación de reforma laboral y aprobó una nueva reforma de su propia reforma precisamente con el real decreto-ley que tiene su origen en este proyecto de ley. En su reforma laboral quisieron limitar al máximo la capacidad interpretativa de los tribunales. Hoy, con multitud de sentencias, los jueces, decididos a proteger la tutela judicial efectiva, indican los límites que no deben sobrepasarse. El Gobierno, con esta nueva reforma, trata de callar a los jueces con nuevas modificaciones al Estatuto de los Trabajadores y a la Ley reguladora de la Jurisdicción Laboral.

Pero hay aún más. El proyecto de ley dedica un capítulo entero a las modificaciones en materia de empleo y protección por desempleo. Pues bien, en este proyecto de ley no hay ni una sola medida, y digo bien, ni una sola medida que se refiera a la promoción del empleo, a las políticas activas de empleo o a una estrategia a favor del empleo. Aquí existe una petición de todos los grupos de la oposición, que además es una petición unánime: queremos políticas activas que abran puertas al empleo a los 6 millones de personas en paro en nuestro país. En lugar de políticas activas, de luchar contra el paro, como prometieron, la obsesión del Gobierno es la persecución de parados y criminalizar al desempleado. Ahora, por ley, los requisitos de gestión son constitutivos de la prestación y un fallo en un trámite burocrático quieren transformarlo en fraude. En lugar de perseguir el auténtico fraude, que siempre viene de la mano de una empresa que contrata trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, su prioridad es quitar prestaciones a los desempleados. Son ya siete las modificaciones que en año y medio han hecho a las prestaciones por desempleo, y eso que Rajoy prometió a todos los españoles que nunca jamás reduciría la protección por desempleo. Pues bien, cada reforma un nuevo palo a los parados, en cada reforma han añadido nuevos requisitos con un objetivo perverso: reducir los beneficiarios de la protección por desempleo precisamente en los peores momentos de nuestra historia, en los que los datos de despidos y destrucción de empleo se desbordan.

En este proyecto de ley, además de dificultar un poco más el acceso a las prestaciones por desempleo a todos los desempleados, no dudan en centrar su maldad en los españoles que emigran y abandonan nuestro país en búsqueda de empleo y de formación. Son muchos los jóvenes a los que el Gobierno les deja como única salida la emigración. A la ministra le gusta llamar movilidad a la emigración; ahora parece


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que los considera además privilegiados turistas, por eso se ha dado mucha prisa en privarles de protección durante el tiempo de búsqueda de empleo o cuando están formándose fuera de nuestras fronteras.

Señora presidenta, sobre todos estos temas vamos a plantear una batería de enmiendas al proyecto de ley. Por eso nuestra posición respecto al texto alternativo que hoy nos presenta La Izquierda Plural será de abstención, pues si bien coincidimos con gran parte de sus contenidos, tendremos tiempo de acercar posiciones en las enmiendas concretas en el trámite que vamos a iniciar.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Gutiérrez del Castillo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Álvarez-Arenas.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, el contenido de la enmienda que estamos debatiendo hoy es más propio de enmiendas parciales -hablo del contenido- que de una enmienda a la totalidad, ya que, salvo la supresión completa del capítulo 1 con dos excepciones pequeñas en lo relativo al déficit de ADIF y a las ayudas para los afectados del accidente ferroviario -eso sí, el capítulo 1 desaparece-, el resto del articulado realmente hace suyo en gran parte el contenido del Real Decreto 11/2013. En la exposición de motivos de su enmienda dicen que el real decreto es una vuelta de tuerca a la reforma laboral de la Ley 3/2012. Señorías, no se pueden tergiversar las cosas con eslóganes que pueden quedar muy bien de cara a la galería, porque de la lectura objetiva del Real Decreto de 2 de agosto en ningún caso puede hablarse de una vuelta de tuerca a la reforma laboral.

La Izquierda Plural, señorías, habla de vuelta de tuerca de esta reforma laboral para introducir la misma en este debate. Quieren aprovechar esta ocasión nuevamente para introducir aspectos que puedan permitir o favorecer la reforma laboral con la que no estuvieron de acuerdo. Señorías, para nosotros estos temas están más que superados y aceptados por los trabajadores y empresarios, que están consiguiendo en muchas ocasiones mantener los puestos de trabajo, y a los datos de la última EPA me remito. Tal y como expondré a continuación, esta supuesta enmienda a la totalidad incorpora gran parte del contenido del Real Decreto de 2 de agosto. La enmienda transcribe literalmente todo el capítulo 2 del real decreto, lógicamente el dedicado al acuerdo alcanzado con los agentes sociales para la modificación de las cotizaciones a tiempo parcial a efectos de jubilación y que, además, trae objeto de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional. Señorías, al Grupo Popular le sorprende que se presente una enmienda a la totalidad que contiene este acuerdo firmado por los interlocutores sociales en el seno del Pacto de Toledo y que supone -no lo voy a repetir desde luego- reconocer más pensiones con un menor requisito de cotización, algo que especialmente va a beneficiar a mujeres y a trabajadores con un trabajo más en precario. Por lo tanto, señorías, se va a conseguir que con el equivalente a quince años trabajados a jornada completa puedan conseguir los mismos beneficios no habiendo cotizado el doble de años ni a jornada completa. Introduciendo este factor, que ha establecido también el señor Olabarría, vamos a conseguir, por acuerdo de todos, unas pensiones mucho más justas que afectan a un número muy importante de ciudadanos.

El capítulo 3 del proyecto de ley, relativo a las modificaciones en materia de empleo y protección social, contiene una serie de modificaciones que pretenden otorgar una mayor seguridad jurídica a los perceptores de las prestaciones y subsidios por desempleo. Ya hemos debatido mucho aquí sobre la tutela judicial efectiva para que después siempre vengan ustedes a reconocer que los tribunales han dicho que ha habido sentencias, lo cual demuestra que efectivamente hay una tutela judicial efectiva, porque lo contrario sería verdaderamente aberrante. Pues bien, en términos muy parecidos, la enmienda a la totalidad sostiene que lo que se pretende es mejorar la protección de las personas desempleadas. Pues estamos de acuerdo, señorías. Tras la lectura comparada del capítulo 3 de su enmienda con el texto del proyecto de ley, vemos que su enmienda suscribe casi por completo las modificaciones introducidas por el Gobierno en este capítulo. La enmienda compra, con matices, la nueva posibilidad que incorpora el proyecto de ley para los beneficiarios de las prestaciones por desempleo de suspender la prestación por desempleo por salida al extranjero sin causa, por un periodo de hasta noventa días. Señorías, es verdad que lo que ustedes cambian es que en vez de ser obligatoria la comunicación y autorización previa, quieren que esa información se haga a posteriori. Respecto de este capítulo, simplemente tengo que decirles que hay que tener en cuenta también toda la normativa de la Unión Europea. Así, el Reglamento 883/2004 de la Unión Europea, relativo a materia de Seguridad Social, habla de todas estas posibilidades de desplazamientos al extranjero, complementándose todo lo anterior -siempre se dice- mediando


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información al servicio publico de empleo competente antes de la partida. Lo dice el artículo 55 del Reglamento 987/2009 de la Unión Europea. Por lo tanto, señorías, esa matización que ustedes introducen, esas diferencias y la ampliación de la enmienda a treinta días naturales -la salida del país que no tiene consideración de estancia en el extranjero-, es evidente que podrían haberse introducido vía enmiendas parciales y ustedes lo quieren elevar a la categoría de enmienda a la totalidad.

Su enmienda igualmente compra el requisito que el proyecto de ley añade a los perceptores de las prestaciones de subsidio por desempleo de que para poder percibir y conservar la prestación o el subsidio los beneficiarios deben estar inscritos y mantener dicha inscripción a través de la renovación de la demanda de empleo. Señorías, tal y como dijo el Grupo Parlamentario Popular en el debate de la convalidación del real-decreto, no se modifica la norma, simplemente se aclara que, cualquiera que esté cobrando la prestación o el subsidio por desempleo, tiene que estar inscrito como demandante de empleo y cumplir el compromiso de actividad. No se modifica nada, ya existía el requisito de renovar la demanda de empleo; ahora la norma habla de la obligación de mantenerse inscrito como demandante de empleo. Lógicamente si el desempleado no se mantiene como inscrito, se suspenderá la prestación. Pero, por favor, no falseen las situaciones, no hagan trampas en el solitario; para el desempleado no cambia nada.

La enmienda también compra la novedad introducida por el real-decreto de reforzar la importancia de la comunicación electrónica entre la Administración y los interesados, siempre y cuando estos acepten o hayan expresado previamente su consentimiento. Y la enmienda a la totalidad también compra, señorías, la modificación introducida por el proyecto de ley, consistente en que el servicio público de empleo competente, es decir los autonómicos, puedan imponer sanciones en supuestos de infracciones leves y graves, comunicando después dicha imposición a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo para que esta última ejecute. Es decir, dando cumplimiento a una sentencia, la 104/2013 del Tribunal Constitucional, a un recurso planteado por Convergència i Unió, en la cual se aclara perfectamente el marco competencial de la imposición y de la ejecución y por lo tanto está introducido y así lo aceptan en la enmienda a la totalidad.

En relación al capítulo 4, de modificaciones en materia laboral, la enmienda trae a colación una modificación del régimen jurídico del contrato a tiempo parcial. Señorías, este real-decreto no está modificando estas cuestiones, simplemente modificaba la regulación de los periodos de cotización a los efectos de adaptación a la sentencia y del cobro de la prestación de jubilación. Por lo tanto, señorías, ustedes sí que dan una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral a través de esta enmienda a la totalidad. En materia de movilidad geográfica, modificaciones sustanciales, etcétera, la enmienda a la totalidad quiere dar, insisto, una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral y se ampara para ello en decir que es el real-decreto el que lo hace. Pues no, señorías, ustedes hacen justamente aquello de lo que nos están acusando a nosotros. Su enmienda a la totalidad es la que pretende dar una vuelta de tuerca a la reforma laboral, no solo a la del 2012, sino también a la del 2010, a la que parece que la señora Gutiérrez renuncia por completo pero que ustedes también pretenden aquí anular. En materia de despidos colectivos, su enmienda a la totalidad propone volver a la autorización administrativa. ¡Otra vez vuelta a la tuerca de la reforma laboral! Señorías, ¿pero no les ha bastado, de verdad, con el escándalo de los ERE en Andalucía? (Protestas.-Rumores). Desde el Grupo Parlamentario Popular no conseguimos entender por qué siguen ustedes suspirando por la autorización administrativa en los despidos colectivos cuando lo más garantista para los trabajadores despedidos, señoría, y para la sociedad en su conjunto, es la tutela judicial que ofrece el nuevo control judicial de los despidos colectivos impuesto por la reforma laboral. Y, miren, les voy a decir algo más, que parece que alguna de sus señorías se altera mucho. (Protestas.- Rumores). Si el nuevo régimen del despido colectivo se hubiera implantado unos años antes, nos hubiéramos evitado el dantesco espectáculo de los ERE de Andalucía, pues eso sí que es una obscenidad, señor Coscubiela -y no de la que usted ha acusado a la señora vicepresidenta- y eso sí que son límites de actuación de los políticos que usted ha debatido con el señor Pujalte. Eso sí. Y ustedes están en un Gobierno en donde se está produciendo ese dantesco espectáculo de los ERE. (Aplausos). Y, desde luego, señora Gutiérrez, parece que usted tampoco se entera, aunque ha sido en su tierra donde se está produciendo todo este espectáculo (Rumores) y usted viene aquí a insultar al Partido Popular con las lindezas que nos ha estado brindando esta tarde o este mediodía en esta Cámara.

En materia de despidos colectivos, la exposición de motivos de la enmienda a la totalidad dice que se reforme íntegramente la modalidad procesal. Pues no es así, señorías. Yo simplemente les invito a que hagan una lectura comparada de los textos y se darán cuenta de que no es cierta esa reforma global de la modalidad procesal. Y en el ámbito del empleo, señorías, el proyecto de ley establece un conjunto de


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mejoras técnicas en la normativa laboral que persiguen otorgar mayor seguridad jurídica al operador jurídico, por tanto a los tribunales, y vuelvo a repetir lo mismo sobre la tutela judicial efectiva. Y, señorías, reforzar la vinculación entre la protección por desempleo y la inserción laboral de las personas desempleadas y, por otro lado, otorgar mayor seguridad jurídica y certidumbre a trabajadores, empresarios y a sus representantes para facilitar que los acuerdos, las medidas que se apliquen sean acordadas como lo están siendo ya en más de un 90 %.

Señorías, termino ya. No debemos estar haciendo tan mal las cosas cuando ustedes, en tiempo y forma, por supuesto, presentan una enmienda a la totalidad, pero en la que subyace un conjunto de enmiendas parciales trufadas en el proyecto del Gobierno y enmascaradas bajo el supuesto de enmienda a la totalidad con texto alternativo. Más bien es un texto alternativo a la reforma laboral que a este proyecto de ley. Pero, señorías, el Grupo Popular votó a favor del trámite de convalidación de este real decreto para que se tramitara como proyecto de ley y a eso nos vamos a atener en la tramitación en Comisión del mismo, pero, por supuesto, no vamos a votar favorablemente esta enmienda a la totalidad.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Álvarez-Arenas.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL EN EL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 121/000063).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al debate de totalidad de la ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público. Para su defensa y presentación, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, la reforma del artículo 135 de la Constitución española y su posterior desarrollo en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, han elevado los principios de estabilidad presupuestaria al máximo rango de nuestra normativa. Es la respuesta de la iniciativa política aprobada por esta Cámara para el descontrol del déficit público y el descontrol de la deuda: evitar esos descontroles. Un aumento desmedido de la deuda del sector público, tanto en lo referido a la deuda financiera como a la deuda comercial, entendiendo por esta el volumen de deuda pendiente de pago a los proveedores de las administraciones públicas, pone en riesgo el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera o, lo que es lo mismo, la capacidad de asumir compromisos de gastos presentes y futuros. No hay peor déficit, no hay peor deuda que la que no está pagada, la que no está liquidada. En este sentido, la reducción de la morosidad de las administraciones públicas constituye un elemento imprescindible para mejorar la competitividad de la economía española, pues conlleva reducir las necesidades de financiación de las empresas, lo que les permite aprovechar mejor sus oportunidades de acción, de negocio, y facilitar el crecimiento económico.

El Gobierno ha puesto en marcha un conjunto de reformas para erradicar la morosidad en el sector público que son complementarias entre sí y van dirigidas tanto a las comunidades autónomas como a las entidades locales, siendo de dos tipos. Una clase de reformas se refieren al ámbito coyuntural, como son el Plan de pago a proveedores, el Fondo de liquidez autonómica y las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez de las entidades locales, y otras son de carácter estructural, como el proyecto de ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, actualmente en la fase de tramitación parlamentaria del Senado. El proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial que hoy presento en esta Cámara se inscribe en el ámbito de las reformas estructurales que estamos acometiendo, insisto, para superar esta situación, no ya solo de déficit público sino de deudas impagadas. El objetivo general que pretende alcanzar el Gobierno con estas medidas es reducir la morosidad del sector público porque, como he dicho, eso significa apostar por la mejora rápida de la competitividad de la economía española y, sobre todo, significa y aporta confianza en el conjunto de nuestras administraciones públicas para todos, pero especialmente confianza para los proveedores de esas administraciones públicas que no deben asumir mayores riesgos que los normales, los pertinentes en la actividad mercantil. Nunca sufrir las demoras sucesivas en los pagos a los que tienen derecho. Como objetivos particulares que se pretenden alcanzar con las medidas ya adoptadas y con las que se están tramitando, podemos destacar los siguientes: en primer lugar, financiar de forma condicionada y controlada el stock de facturas pendientes de pago de comunidades autónomas y de entidades locales;


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en segundo lugar, evitar el gasto no contabilizado y no registrado y garantizar el cumplimiento de los plazos normativos de pago a proveedores. Cuando se han convalidado los reales decretos-leyes correspondientes, he tenido ocasión de defender el contenido de las siguientes medidas: el Plan de pago a proveedores, que facilita a comunidades autónomas y entidades locales la formalización de préstamos a largo plazo para el pago y cancelación de las deudas contraídas con los proveedores, a cambio -eso siempre- de una exigente condicionalidad fiscal y financiera que se concreta, entre otros elementos, en los planes de ajuste de esas entidades públicas; el Fondo de liquidez autonómica, que aporta liquidez a las comunidades autónomas tanto para la financiación del déficit autorizado como de determinados vencimientos, y medidas de apoyo a entidades locales con problemas financieros, como son anticipos reintegrables, reducción de la retención aplicable en la participación de tributos del Estado o refinanciación de su deuda.

Sin embargo, una de estas medidas de carácter estructural en concreto, el proyecto de ley de factura electrónica, como he dicho ya, está tramitándose actualmente en el Senado y no tuve ocasión de exponer ante el Pleno del Congreso de los Diputados su contenido y su objetivo porque no se presentaron enmiendas a la totalidad del mismo, lo cual sin duda está bien, es positivo que no se presenten enmiendas a la totalidad, pero quiero también destacar lo que significa ese proyecto de ley dedicándole uno o dos minutos de mi intervención esta tarde. Ese proyecto de ley de factura electrónica, que entronca completamente con esta nueva ley de deuda comercial, establece la obligación de presentación en un registro administrativo de las facturas expedidas por los proveedores a cualquier administración pública; impulsa el uso de la factura electrónica en el sector público, que culminará con su obligatoriedad de uso a partir del 15 de enero de 2015; pronto tendremos, por tanto, la obligación de que todas las administraciones públicas utilicen la factura electrónica en España. Todas las administraciones públicas contarán también con un punto general de entrada de facturas electrónicas para que los proveedores pueden presentarlas. Todas las administraciones tendrán registro contable de factura integrada con el sistema contable y la información del punto general de entrada de facturas electrónicas, pero hay que seguir avanzando. En este marco de reformas estructurales, con el objetivo de erradicar la morosidad de las administraciones públicas, la Ley orgánica 2/2012, de 27 abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera aborda el control del endeudamiento, limitando únicamente el volumen de la deuda pública. No obstante, es necesario completar dicho control incluyendo la limitación de la deuda comercial, ya que de lo contrario se está obviando una de las expresiones más relevantes del endeudamiento. La sostenibilidad financiera no consiste solo en el control de la deuda pública, también es el control de la deuda comercial. De acuerdo con la normativa sobre morosidad, las administraciones públicas están obligadas a pagar en treinta días a sus proveedores. Sin embargo, la deuda comercial refleja un retraso respecto al citado plazo, lo que conlleva efectos negativos tanto para el sector privado como para las administraciones públicas. De este modo la morosidad de las administraciones públicas supone en el sector privado nuevos costes añadidos. En el caso del sector público, el daño se manifiesta en la afectación de la sostenibilidad financiera, pues además de lo que supone pagar tarde, nos encontramos con un mayor compromiso de pagos a futuro, con el consiguiente desplazamiento temporal que impide disponer de recursos futuros, dificultando de este modo el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria en el medio plazo. Una mayor morosidad da lugar a un incremento de la deuda comercial, lo que a su vez se traduce en una menor sostenibilidad financiera y, por tanto, en una mayor inestabilidad presupuestaria.

Por lo que respecta a las comunidades autónomas, el control de la deuda comercial se ha llevado a cabo mediante los planes de ajuste. Así, las comunidades autónomas deben remitir información del periodo medio de pago del último mes y del acumulado del ejercicio, así como el periodo medio del pendiente de pago. Para cada uno de estos datos debe indicarse el número de operaciones y el importe de las mismas si cumplen o, en su caso, incumplen el plazo máximo que señala la normativa sobre morosidad. Posteriormente, la información se desagrega en términos subjetivos entre el sector público administrativo, el sector público empresarial y fundacional, y el conjunto del sector administraciones públicas. Finalmente, con carácter sectorial, se diferencian sanidad, educación, servicios sociales y resto de pagos, y, a su vez, por gastos corrientes y por gastos de capital. En el ámbito de las entidades locales, se dispone del informe anual de seguimiento de los planes de ajuste, que las entidades locales deben remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Pero el objetivo de controlar la deuda comercial exige crear un instrumento de seguimiento de fácil aplicación, que permita un control público generalizado y comprensible, tanto para las administraciones públicas como para los ciudadanos. Con este fin, se modifica la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril,


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introduciendo el concepto de periodo medio de pagos como expresión del volumen de deuda comercial y estableciendo la obligación de que todas las administraciones públicas hagan público su periodo medio de pagos para el conocimiento de los proveedores, pero también para el conocimiento de la ciudadanía en general, que verá dónde está el político eficiente, gestionando los recursos públicos y comprometido con la aplicación de los mismos, y quiénes están demorando y, por tanto, provocando un problema de financiación de tesorería a sus proveedores, y los ciudadanos también podrán valorar la gestión económica de aquellos políticos.

En concreto, el proyecto de ley orgánica de deuda comercial, en su artículo 1.º, varía diversos artículos de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, destacando los siguientes aspectos. Se establece la vinculación directa entre el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera y la sostenibilidad de la deuda comercial. De este modo, se determina que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. Se completa la instrumentación del principio de sostenibilidad financiera, estableciendo la obligación de todas las administraciones públicas de incluir en su plan de tesorería información relativa a la previsión de los pagos a proveedores. Se establece que cuando el plazo medio de pago de las administraciones públicas sea superior a treinta días las administraciones públicas deberán incorporar a su plan de tesorería -reitero, plan de tesorería- el importe que destinarán mensualmente al pago de proveedores y las medidas cuantificadas a adoptar por la reducción de su plazo medio de proveedores. Se establecen nuevas medidas semiautomáticas de prevención, orientadas al cumplimiento del plazo medio de pago. En el caso de las comunidades autónomas, el incumplimiento del plazo medio de pago en los términos señalados dará lugar a que el Minhap formule una comunicación de alerta, indicándose el importe de sus recursos que debe destinar al pago de proveedores, así como las medidas cuantificadas que deberá adoptar para la reducción de su plazo medio de pago. Asimismo, cuando se produzca ese incumplimiento del periodo medio de pago de la comunidad autónoma, deberá adoptar un acuerdo de no disponibilidad en determinadas modificaciones presupuestarias, necesitará la autorización previa del Estado para sus operaciones de endeudamiento a largo plazo y deberá proceder a incluir nuevas medidas en su plan de tesorería. Aplicadas las medidas anteriores, se iniciaría el procedimiento de retención de importes para el pago directo por la Administración General del Estado a sus proveedores, una auténtica novedad que faculta al Estado a pagar directamente a los proveedores del resto de las administraciones públicas en el caso de incumplimiento de los plazos. Se establece la obligación de las administraciones públicas y todas sus entidades y organismos vinculados o dependientes de hacer público su plazo medio de pago. Se establecen los criterios en los que se basará el Minhap para la elaboración del informe necesario para la concesión de subvenciones o suscripciones de convenios de la Administración General del Estado con las comunidades incumplidoras. Pero este proyecto de ley orgánica de deuda comercial también modifica en su artículo 2 la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas fijando un nuevo límite a las reducciones o deducciones mensuales que puede realizar el Estado de los recursos a los regímenes de financiación en el caso de incumplimiento del plazo medio de pago, vinculándolo directamente a la acumulación de la deuda comercial de cada comunidad autónoma. Y el Gobierno también se ocupa y se preocupa por los que hoy cumplen la normativa en términos de morosidad. Así, en este proyecto legislativo se modifica el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria con el fin de aclarar los conceptos de superávit y endeudamiento, así como los términos en los que el superávit puede destinarse a la reducción del endeudamiento.

No quiero dejar pasar la oportunidad para señalar que esta reforma está directamente relacionada con las diferentes fases del mecanismo extraordinario de pago a proveedores puesto en marcha hasta la fecha, destacando los claros efectos positivos que ha tenido. No existe duda de lo que ha supuesto como medida coyuntural para reducir el stock de deuda comercial acumulada. A través de las tres fases del mecanismo de pago a proveedores se ha ayudado a las administraciones públicas a solucionar el stock de facturas pendientes.

Debo finalizar destacando que la presente reforma, junto al proyecto de ley de impulso de la factura electrónica y creación de registro contable de facturas en el sector público, impedirá la acumulación a futuro de la nueva deuda comercial. Sin embargo también es cierto -ese es el motivo por el que defiendo este proyecto de ley orgánica- que se han presentado tres enmiendas a la totalidad. Parece que hay algunos grupos políticos que no están de acuerdo con el fin, con el espíritu de esta norma, que no es otro que pagar en tiempo y plazo; por ello insisto en que consideren el hecho de presentar enmiendas a la totalidad, a no ser que sean enmiendas que pretendan reducir los plazos de pago, otro


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sentido no pueden tener esas enmiendas. Este proyecto de ley pretende erradicar la morosidad de las administraciones y sentar así las bases de un cambio estructural en su funcionamiento; pretende controlar y reducir la deuda comercial de las administraciones, situándonos como pioneros en los países desarrollados a la hora de tener una normativa a este respecto; pretende suministrar liquidez a las empresas mediante una reducción de los periodos medios de pago, y pretende incrementar la transparencia en el cumplimiento por parte de las administraciones públicas del plazo legal establecido para el pago de proveedores y reforzar el cumplimiento de la normativa europea aumentando la eficiencia en la gestión. Por tanto, señorías, franca y sinceramente tengo que invitar a los grupos parlamentarios a retirar las enmiendas a la totalidad que han presentado para apoyar un desarrollo en términos parlamentarios. Por supuesto, quiero mostrar desde el Gobierno la mejor disposición con el Grupo Parlamentario Popular para poder dar acomodo a la posición de los diferentes grupos políticos, ya que estoy seguro de que todos coinciden en los objetivos que acabo de resumir.

Voy a informar también a la Cámara de las cifras, puesto que ya tenemos avanzado el plan de pago, el plan de reducción de la morosidad de aquí a final de año. Puedo decirles que las cifras son elevadas pero asumibles. Hoy tenemos ya cargadas todas las facturas de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales pendientes a 31 de mayo de este año, y ese total asciende a 13.300 millones de euros, descomponiéndose en 8.004 millones de euros de comunidades autónomas y 3.624 millones de euros de corporaciones locales. Esta cifra está muy alejada de lo que fue el plan de pago a proveedores, lo que permite decir que con el nuevo plan de aquí a final de año podemos ofrecer unas condiciones financieras en ese programa de pago a proveedores muy semejantes a las condiciones financieras del FLA. Por tanto, lo que tenemos que hacer todos es colaborar para que acortemos el periodo medio de pago a proveedores en cifras que hoy son asumibles, pero que no son asumibles para las empresas pequeñas y medianas, para los autónomos y para las empresas que, siendo grandes y siendo multinacionales, son proveedoras de nuestras administraciones públicas. Debemos demostrar que esta España que hoy está mereciendo la credibilidad y la confianza de todos y también, por supuesto, de los mercados financieros, que nos permiten acometer estos planes de financiación, puede y debe responder con una normativa seria, estricta, como la que está proponiendo el Gobierno a esta Cámara.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

El Grupo Mixto ha presentado dos enmiendas. Señor Tardà, ¿va usted a defenderlas? (Asentimiento). ¿Las dos, la de la señora Jordà y la del señor Larreina? (El señor Tardà i Coma pronuncia palabras que no se perciben). De acuerdo.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, este proyecto supone continuar con el proceso iniciado con la última reforma constitucional, la que dio lugar a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esto conviene no olvidarlo, como tampoco conviene olvidar el procedimiento de lectura única y de urgencia en quince días. A nuestro entender, ya lo dijimos entonces, se trató de una absoluta burla a la democracia y a la ciudadanía que solo pretendía contentar a los mercados y a la señora Merkel, y ya puestos, ¿por qué no?, eliminar cualquier rastro de autonomía financiera de las comunidades autónomas y un tanto de los ayuntamientos. Esto es lo que a nuestro entender propone nuestro ministro Montoro. Ya sé que hablar en términos morales es un tanto atrevido, pero creo que esto es motivo de vergüenza; ustedes no solo no se van a avergonzar sino que se van a vanagloriar de todo ello. Por eso nos presentan esta ley, porque forma parte de su guión: aprovechar la crisis para ir finiquitando el Estado compuesto. Esta es la verdad o al menos es nuestra visión de la verdad. Siguen empeñados en desarrollar el control y la disciplina presupuestaria sobre la base de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera; en otras palabras, afectando gravemente las políticas sociales. La disciplina presupuestaria está repercutiendo en la atención a las personas y especialmente a las más necesitadas. Este es un debate recurrente que se viene produciendo día sí y día también en este Parlamento después de ver cuál ha sido la actuación de este Gobierno. Además, la falta de recursos públicos que supone dicha disciplina presupuestaria sirve como coartada para la privatización de los servicios sociales, afectando a su calidad y a su universalidad. Poner límites al déficit público, más cuando dichos límites están vinculados a decisiones europeas, supone el certificado de defunción de la política económica keynesiana y la aniquilación de la posibilidad de salir de la crisis salvando la cohesión social.

Pero ustedes con este proyecto de ley todavía van un poco más allá, pretenden introducir distintas medidas correctivas y coercitivas, todas ellas con el fin de aniquilar la autonomía de las comunidades


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autónomas y ayuntamientos, comunidades autónomas y ayuntamientos, pero sobre todo ayuntamientos, que ustedes saben perfectamente que, al margen de su ideología, del cariz político de su alcalde, han asumido históricamente servicios y competencias que de entrada no deberían haber tenido que asumir, pero que en este contexto de crisis económica han servido como red a fin y efecto de que muchos ciudadanos no cayeran en la exclusión social. De manera que nos preguntamos: ¿acaso es por la falta de controles por lo que estas instituciones no pueden realizar el pago a sus proveedores? ¿Acaso es porque han sido manirrotos? ¿Acaso es que no han tenido la responsabilidad institucional, política y social para encarar los retos que tiene la sociedad? Ustedes están llevando a cabo una política de centrifugación del déficit, expolian a las comunidades autónomas y actúan con la más absoluta deslealtad institucional, porque aprovechar momentos de debilidad de aquellas instituciones que tienen a su cargo y bajo su responsabilidad buena parte del gasto social, actuar sobre ellas en un momento de dificultad desde la omnipresencia de la Administración General del Estado y de su capacidad económica es una deslealtad. No entendemos por qué no abordan los problemas básicos, los que causa la falta de recursos para hacer lo que debe hacer una institución, que es pagar a los proveedores. Es evidente que aquí existe una buena intención -dicho entre comillas-; ¿cómo puede alguien defender que no se pague a los proveedores? No creo que exista ningún alcalde que no sienta un profundo dolor cuando no puede hacer frente al pago de los servicios, al pago de las facturas que se deben a sus proveedores. La pregunta es por qué no se afronta el problema que origina esta falta de recursos económicos de las instituciones. La respuesta, quizá un tanto malévola, la encontramos en la oportunidad política, en el oportunismo político. A ustedes les va muy bien esta situación para ahogar económicamente a quien les interesa. Se equivocan, porque no tiene nada que ver la ideología política de los gobiernos municipales o autonómicos con la necesidad de que las instituciones sean funcionales, diligentes y atiendan a sus responsabilidades. De manera que la invitación que nos ha hecho el ministro Montoro para la negociación es de agradecer, pero es un brindis al sol. No estamos acostumbrados, ni mucho menos, a que se nos consulte nada, ni tampoco estamos acostumbrados a que se aprueben o se discutan enmiendas a los proyectos de ley que presenta el Gobierno. Lo volveremos a intentar, por supuesto no vamos a retirar esta enmienda a la totalidad y vamos a ver si es verdad que el ministro Montoro atiende a razones y negocia enmiendas parciales. Tengo la impresión de que no va a ser así; igual me equivoco, pero me temo, señor Montoro, que usted aquí no ha sido sincero, aunque en este mundo pueden pasar muchas cosas, incluso que el señor Montoro dialogue con la oposición.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà, entiendo que aparte de su enmienda se mantiene viva la enmienda del señor Larreina.

El señor TARDÀ I COMA: Sí, señora presidenta. Le agradezco mucho que me lo recuerde, porque me he olvidado de decir que damos por defendida la enmienda a la totalidad que ha presentado el diputado Larreina.

Muchas gracias y gracias por recordármelo.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público para su devolución al Gobierno y lo ha hecho por una única razón, porque cree que el procedimiento y las consecuencias previsibles no son oportunas. Mi grupo parlamentario comparte el compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera y comparte todos los análisis de cómo afecta a los proveedores la morosidad de las administraciones públicas al ocasionar retrasos en los pagos de facturas, que se van extendiendo por la cadena de producción y en el tejido económico, causando sobrecostes y problemas de financiación para este sector productivo sin lugar a dudas. Lo compartimos porque la articulación de un mecanismo de liquidez que permita a las comunidades autónomas cumplir con la Directiva comunitaria de 2011 de lucha contra la morosidad, que fija en treinta días el plazo máximo para hacer frente a la factura con un proveedor, debiera ser y es positivo y necesario.


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Quiero recordarles en este punto la posición y el papel de mi grupo parlamentario en la modificación en la anterior legislatura de la Ley de medidas de lucha contra la morosidad, reforzando los instrumentos previstos y avanzando en las obligaciones tanto del sector privado como del sector público en el cumplimiento de los plazos de pago con sus proveedores, en línea con la normativa europea, Directiva 2011/7/UE, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en línea con la realidad de la mayoría de países de nuestro más directo entorno. En ese sentido, la modificación de la Ley de Morosidad, de julio de 2010, reducía a un máximo de treinta días el plazo de pago de las obligaciones del sector público con sus proveedores, aplicándose a partir del 1 de enero de 2013. Asimismo, se establecía un procedimiento ágil para hacer efectivas las deudas de los poderes públicos y mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago a través de los informes periódicos a todos los niveles de la Administración y del establecimiento de un nuevo registro de facturas en el caso de las administraciones locales. Por tanto, obligación de pago, obligación de transparencia y obligación de información.

En estas medidas, en la configuración de esos instrumentos en el año 2010, todas las fuerzas parlamentarias alcanzamos un consenso, consenso que pretendía equipararnos en los plazos de pago con Europa y luchar contra las consecuencias económicas, pero también sociales del incumplimiento de pago por no cumplir en el tiempo. Ahora, con el proyecto de ley presentado por el Gobierno se incrementa la burocratización de las administraciones territoriales y se reduce la autonomía de corporaciones locales y comunidades autónomas. Se introduce el concepto, como decía el ministro, periodo medio de pago, se obliga a todas las administraciones territoriales a hacer público su periodo medio de pago, vinculado a un sistema automático de corrección y medidas coercitivas, y se fija un nuevo límite a las reducciones o deducciones mensuales que el Estado pueda realizar en las transferencias a las comunidades autónomas en caso de incumplimiento de ese llamado periodo medio de pago. Para los incumplimientos por parte de las corporaciones locales, en cambio, el Gobierno plantea un procedimiento de control en manos del órgano interventor, que conlleva la tutela financiera para poder establecer medidas también cuantificadas de reducción de gastos o incremento de ingresos para hacer frente a un exceso de plazo de pago, dejando abierta la puerta a llegar al extremo de retener recursos derivados del sistema de financiación propio de los ayuntamientos. Es decir, desde nuestra perspectiva, los mecanismos propuestos por el Gobierno supondrán un incremento de las medidas burocráticas y la consiguiente reducción de la autonomía de las corporaciones locales y comunidades autónomas. Un mecanismo que deberá ser positivo para el cumplimiento de las obligaciones de pago de las administraciones públicas, positivo para el funcionamiento de la economía y de las administraciones, se articula en este proyecto de ley generando más burocracia e ignorando el principio de eficacia, de eficiencia y de simplificación administrativa. Quiero recordar en este sentido que la Comisión para la reforma de las administraciones públicas recoge en su informe que el desafío de controlar la deuda comercial y erradicar la morosidad de las administraciones públicas exige crear un instrumento automático de fácil aplicación para que su seguimiento permita un control generalizado y eficaz que sea comprensible tanto para las administraciones públicas como para los ciudadanos. Pues este instrumento ni es de fácil aplicación ni es comprensible, ni para las administraciones públicas ni para los ciudadanos.

Repito que, compartiendo la necesidad de asegurar el objetivo de dar apoyo al cumplimiento de las obligaciones por parte de las administraciones públicas con sus proveedores, no podemos compartir el modelo propuesto por el proyecto de ley por lo que supone de más burocracia para las administraciones públicas sin generar simplificación ni mejoras de eficiencia para la economía en general. Y además de la burocratización, puede tener consecuencias muy graves. Les voy a poner un ejemplo en este sentido. El automatismo en la aplicación de las medidas coercitivas contempladas en el proyecto de ley impide tomar en consideración las diversas variables que pueden incidir en la regla de pago de la deuda comercial de las administraciones públicas. La aplicación automática de estas medidas coercitivas es una medida con verdaderos efectos sancionadores para la comunidad autónoma afectada, de escasa eficacia y que puede alcanzar a las competencias normativas de las comunidades autónomas en relación con los tributos cedidos con la suspensión automática de dichas competencias. Eso creemos que es grave. Mi grupo cree que la deuda comercial debe afrontarse con medidas racionales de apoyo a la comunidad autónoma en su plan de tesorería, puesto que esta es una cuestión importante para el crecimiento económico del país, pero no se solventa a base de automatismos, en algunos casos creemos que de imposible cumplimiento. El instrumento debería articularse en positivo adoptando medidas que faciliten el cumplimiento de los objetivos para evitar la morosidad de las administraciones públicas, como ayer, señor ministro, cuando en respuesta a la pregunta formulada por el señor Sánchez i Llibre despejó cualquier duda sobre la garantía


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de liquidez a las comunidades autónomas para facilitar el pago de sus obligaciones. Eso es positivo. En este sentido positivo es necesario introducir medidas correctivas de dicho automatismo para conseguir precisamente lo que se pretende, es decir, una mayor garantía de cumplimiento de las obligaciones y de adaptación a la realidad de cada comunidad autónoma.

Les podría poner muchos más ejemplos que observamos en este proyecto de ley, pero también me quiero referir a la importancia de que las reglas se basen en análisis fiables e independientes. En este sentido, la Directiva 2011/85/UE del Consejo sobre requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, a la que se refiere precisamente la exposición de motivos del proyecto de ley orgánica, refuerza la importancia de que las reglas se basen en análisis fiables e independientes realizados por órganos independientes y de autonomía funcional respecto a las autoridades presupuestarias de los Estados miembros. Esto no lo vemos reflejado en el texto y creemos que debería estar, no solo porque lo exige la normativa europea, sino también porque es la garantía del éxito del fin que persigue la norma.

Señorías, señor ministro, la regulación que propone su proyecto de ley no configura instrumentos que faciliten el objetivo que persigue: el cumplimiento por parte de las administraciones públicas del plazo de pago y del pago a los proveedores. No son instrumentos eficaces para alcanzar estos objetivos; pueden serlo para facilitar otros, pero no para estos. La configuración que se da a los instrumentos previstos en el proyecto de ley entorpecerá y no facilitará. Generará más burocracia a las administraciones territoriales y la aplicación de las medidas coercitivas -repito que en contra de la autonomía financiera de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales- creemos que será contraproducente. Si se cree en la bondad del sistema, en la eficacia del modelo que se prevé en el proyecto de ley y en la transparencia informativa, no entendemos por qué no debe ser aplicable a todas las administraciones públicas.

Para finalizar, mi grupo cree que el proyecto de ley orgánica debe ser devuelto al Gobierno y por eso hemos presentado la enmienda a la totalidad. Más allá de compartir el objetivo de que las administraciones públicas deben pagar sus facturas, cumplir sus obligaciones con los proveedores en tiempo y forma y pagar en el plazo que la Ley de Morosidad prevé para atajar las consecuencias que tiene en el tejido económico e industrial la morosidad de las administraciones públicas, no compartimos el incremento de la burocracia que supondrá para las administraciones públicas la reducción de la autonomía de corporaciones locales y comunidades autónomas y las consecuencias que de todo ello se pueden derivar si se mantiene en sus términos el proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Picó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, ¿es necesaria la estabilidad presupuestaria? Sí, sin ninguna duda. ¿Es necesario que las administraciones paguen a sus proveedores? Sí, claramente. ¿Es necesario que todas las administraciones, la local, la autonómica y la estatal, paguen a sus proveedores? Sí, por supuesto que sí. ¿Es necesario que todas las administraciones paguen a los proveedores, pero no solo a los proveedores también a los ciudadanos, que tienen derechos adquiridos y que no reciben el dinero que les corresponde o, si lo reciben, lo reciben con muchísimo retraso? Sí. Por tanto, estamos de acuerdo en los principios generales: sí a la estabilidad presupuestaria, sí a pagar las deudas, sí a que paguen las deudas todas las administraciones, y no solo a los proveedores sino también a los ciudadanos.

¿Qué dice este proyecto de ley? Este proyecto de ley dice que efectivamente tienen que pagar los ayuntamientos y tienen que pagar las comunidades autónomas, pero no habla en ningún momento de los compromisos de la Administración central, es decir, no hay medidas de corrección y coercitivas para la Administración central. Además, ¿quién controla a la Administración central? Ustedes me podrían decir: Europa, la Unión Europea en el marco de los objetivos de déficit de deuda, de procedimiento de déficit excesivo. Sí, señorías, pero en el procedimiento de déficit excesivo la deuda comercial no entra dentro de la deuda pública, luego Europa no va a controlar al controlador. O también me podrían decir que la autoridad fiscal independiente, pero ya sabemos que es una autoridad fiscal medio dependiente, porque no es verdaderamente independiente. ¿Por qué no está eso en este proyecto de ley de reforma de la estabilidad presupuestaria? Y en este proyecto de ley se habla de la deuda comercial, pero no se habla de la deuda con los ciudadanos, ¿por qué no? Hay muchos ciudadanos en muchas comunidades autónomas que no están cobrando ni en un año, ni en dos años, ni en tres años, y nadie se acuerda de los ciudadanos y sus derechos adquiridos. ¿Por qué no está en el proyecto de ley la cuestión de los ciudadanos?


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En definitiva, esta ley les define, les retrata, no por lo que está incluido en la ley, sino por lo que no está incluido en la ley. Para hablar de una manera clara, para ustedes los malos de la película son el sector público, el Estado del bienestar y las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Estos son los malos de la película, porque en el fondo lo que piensan ustedes de verdad en público y privado es que el Estado del bienestar no es sostenible. Esto es lo que cuentan y esto es lo que terminan haciendo en las leyes, esta es la verdad del barquero. Y tengo que recordarles que la deuda de España con el resto del mundo en un 70 % es deuda privada, del sector privado, y el 30 % del sector público, y hay una parte de la deuda privada que se va convirtiendo en deuda pública. Esta es la verdad. ¿Y eso tiene que ver con la herencia recibida? Sí, la herencia de Aznar, de Rato y Rajoy en relación con la burbuja inmobiliaria y de algunos presidentes de comunidad autónoma y algunas comunidades autónomas. Esta es la verdad del barquero. Por supuesto, no voy a ser yo quien diga que no hay que reformar el sector público; por supuesto que sí, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, soy el primero que creo que hay que reformar la Administración, pero el enemigo público de este país no es la Administración, no es el Estado del bienestar y no son las comunidades autónomas. Esta es la verdad, y en realidad ustedes se están definiendo con este proyecto de ley, esta es la verdad.

Podríamos hablar de lo que va a pasar en 2014, señorías, con relación a las comunidades autónomas, de acuerdo con lo que dice el presupuesto y lo que dicen los objetivos de estabilidad presupuestaria. Los presupuestos y los objetivos de estabilidad presupuestaria dicen que las comunidades autónomas recibirán en financiación 2.000 millones de euros menos en concepto de entregas a cuenta el año que viene. Y el año que viene, por ejemplo, Fedea dice que el déficit de las comunidades autónomas va a estar más cerca del 1,8 que del 1,3 y sin embargo el objetivo es el 1. Por tanto ahí tenemos ya como mínimo 8.000 millones de euros que tienen que ajustar, que sumados a los 2.000 de menos financiación, suponen 10.000 millones de euros que tienen que ajustar el año que viene, exigiéndoseles además que paguen a los proveedores. Por supuesto que sí, pero por qué no también al Estado. Esa es la cuestión.

Lo difícil es reformar, lo fácil es recortar. El Gobierno ha optado por recortar, tabla rasa, y por tanto que se apañen con los ciudadanos y con el Estado del bienestar. Lo difícil como digo es reformar y lo fácil es recortar. Por el contrario la Administración central tiene como objetivo de déficit ella sola, sin la Seguridad Social, casi un 4 %. Es decir, 4 % de déficit en relación al PIB para el año que viene, 1 % las comunidades autónomas; 4 es mucho más que 1, fácil de entender. Pero además, insisto, el Estado no tiene ningún compromiso en relación con la ayuda comercial y las comunidades autónomas sí. Al final, conclusión, corregir a la baja el Estado del bienestar.

Por último, con las grandes empresas, con los bancos, no hay altura, ahí no hay regla de deuda que valga. ¿Hay que dar un aval para reforzar el capital de los bancos? Pues 30.000 millones de euros de aval. Oiga, pero el aval no es deuda pública; sí, pero si no cumplen los bancos al final quienes pagan eso son los ciudadanos, y por supuesto en los mercados ese aval se cuenta, ese aval se descuenta. No se engañen, los mercados no son tontos. Es decir, la deuda que cuenta, la deuda que no cuenta, y los avales también cuentan para los mercados. En definitiva, esto es lo que hay detrás. Al final este proyecto de ley nuevamente les define, les retrata, no les gusta el Estado del bienestar, en el fondo piensan que no es financiable. El Estado del bienestar hay que reformarlo, por supuesto que sí, y también hay que reformar la Administración, pero no se puede hacer de la manera en que se está planteando. Como no soy capaz de reformar y de abordar los instrumentos de fondo lo que hago finalmente es ahorcar el Estado del bienestar, asfixiar a las administraciones que tienen que prestar el Estado del bienestar.

Hay tres cuestiones capitales desde el punto de vista de la buena estabilidad presupuestaria. Son tres cuestiones que además no son reglas que genera el Grupo Socialista, sino que recoge el Fondo Monetario Internacional. En primer lugar, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del sector público debe ser un objetivo compartido por todas las administraciones; todas tienen que contribuir de manera equilibrada con sus obligaciones y también con sus derechos al sostenimiento del Estado del bienestar, porque es un bien común. El Estado del bienestar no es exclusivamente de interés de las comunidades autónomas, es de todas las administraciones; es importante un trabajo conjunto y equilibrado de todas administraciones. Por cierto, señorías, este proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público introduce un cambio muy relevante en la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, al incluir en el límite de endeudamiento público no solo la deuda financiera, sino también la deuda comercial. Dice el proyecto de ley que eso se deriva del artículo 135 de la Constitución española, y no es así. Que quede constancia porque el Consejo de Estado dice claramente que no es así. Viene a decir el Consejo de Estado, y leo: no significa que sea un desarrollo que derive necesariamente


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del artículo 135 de la Constitución ni del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Continúa el Consejo de Estado: Advirtiendo que no cabe duda de que no resultan aplicables a la deuda comercial las previsiones del artículo 135.3 de la Constitución, en su segundo párrafo, cuando habla de la prioridad absoluta del pago de la deuda en sentido estricto. Por tanto esta modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria tampoco responde al acuerdo político PSOE-PP/ PP-PSOE sobre la reforma de la Constitución, porque la deuda comercial -no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, lo dice también el Consejo de Estado- no deriva de esa reforma de la Constitución, no deriva del artículo 135 de la Constitución. Para que quede claro.

Pero les hablaba de esos tres principios, de esas tres reglas importantes, de calado, para que funcione la estabilidad presupuestaria. En primer lugar, el acuerdo de todas las administraciones: que todas trabajen coordinadamente, de manera equilibrada para financiar el Estado del Bienestar. En segundo lugar, señorías, el verdadero problema que tiene la estabilidad presupuestaria en nuestro país es que es incompatible la estabilidad presupuestaria con la vía elegida por el Gobierno para salir de la crisis. Dicho de otra manera: la reforma financiera, la reforma laboral, la reforma de las pensiones que vamos a discutir a continuación es incompatible con la estabilidad presupuestaria, porque significa más gastos y menos ingresos para el conjunto de las administraciones. Esto es un problema, y lo hemos visto en el año 2012. Es que el déficit de 2012 va por el 10,6. Digo que va porque a estas alturas, señor ministro, no sabemos cuál va a ser el déficit de 2012. No el del 2013, el de 2012, porque como estamos jugando con las devoluciones, como en 2012 no cuadraban los números del déficit, nos llevamos devoluciones al año 2013 -0,6/0,7 décimas del PIB-; pero como ahora no viene bien para el 2013, nos llevamos de nuevo las décimas al 2012. Luego el déficit en 2012 puede acabar en el 11,2 u 11,3: por supuesto el más grande de toda la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es incompatible, insisto. Lo dice el FMI. (El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero, hace signos negativos). Sí, señor ministro, sí; usted se puede reír, pero en este momento usted no sabe cómo va a acabar 2012, porque hay décimas, hay devoluciones que ahora vuelven de nuevo al 2012. El FMI lo que dice es que es incompatible estabilidad presupuestaria con algunas reformas del Gobierno, insisto, porque son menos ingresos o más gastos, y este es el problema de la estabilidad presupuestaria en nuestro país; de la estabilidad presupuestaria y del Gobierno, señorías, porque nunca hemos tenido un déficit -en el año cerrado de 2012- que va camino del 11,5 en 2012. Oiga, y en tres años, 2012, 2013 y 2014, ¡300.000 millones de euros más de deuda pública! ¡300.000! Me dirá: no, esto es herencia recibida. ¡300.000 en tres años: nunca, nunca! Ningún Gobierno le ha metido a la deuda pública 30 puntos del PIB, señor ministro, ¡nunca, nunca! ¡Vaya estabilidad presupuestaria! Por cierto, el Estado no cumple tampoco con relación a la deuda de los proveedores; a año cerrado prácticamente se ha doblado lo que el Estado tarda en pagar a los proveedores, ha pasado de 39 días, 40 días a prácticamente 60 días. Año cerrado, 2012 con relación a 2011. Tampoco. ¿Esa es la estabilidad presupuestaria que funciona?

Y la tercera regla, que también lo dice el FMI, es que tiene que haber una autoridad fiscal independiente. Oportunidad perdida porque a este Gobierno no le gustan las instituciones independientes que regulan, que controlan al controlador, al Gobierno. Tampoco le gustan. Y este es finalmente el problema de nuestra estabilidad presupuestaria. Por supuesto que las leyes de estabilidad presupuestaria son necesarias, por supuesto que sí; son muy necesarias, pero tienen que ser compatibles con un marco de estabilidad presupuestaria que permita que las leyes puedan funcionar, que den resultados. Y el resultado, insisto, no puede ser más penoso en el caso de los objetivos de déficit y de deuda. Cómo se están amañando, cómo se están manipulando permanentemente los datos de déficit de cada año para ocultar la verdad del barquero, y es que no está dando resultados la estabilidad presupuestaria. Insisto, ni en déficit ni en deuda: 300.000 millones de euros más de deuda. Para la deuda de los bancos y para deudas de las eléctricas ahí no hay altura, ahí no hay regla que valga. Para pagar, digamos, lo que tiene que ver con el Estado del bienestar ahí si que hay reglas, ahí si tienen que imponer una regla. Al final para todo el mundo tiene que haber una regla, por supuesto que sí: una regla compatible con la realidad, y una regla compatible con una política económica que efectivamente nos saque de la crisis.

Señorías, vuelvo al principio de mi intervención. ¿Por qué no está el Estado aquí, en esta ley? Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, sí, y lo veo bien, tienen que pagar a sus proveedores. ¿Y el Estado por qué no está? Hay que pagar a los proveedores, sí; pero a los ciudadanos a los que también las administraciones les deben, ¿por qué a ellos no? Señorías, porque en el fondo, en el fondo, no les gusta el Estado del bienestar.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Saura.

Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo de la Izquierda Plural tiene la palabra el señor Sixto. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia).

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.

Señor Montoro, ha venido a traer la reforma de una ley orgánica, tema que no es nuevo en la Cámara, tema recurrente, y lo trae como si nadie tuviese que ver nada en la cuestión, es decir, como si unos gobernantes de no sabemos qué planeta hubiesen llegado a las administraciones locales y a las administraciones autonómicas y las hubiesen conducido a un caos absoluto, del cual ahora el Gobierno del Partido Popular pretende sacarlas. Como si el responsable del ayuntamiento que asume un 20 % de la deuda de todas las administraciones locales de España no se sentase en el sillón del ministro de Justicia. O como si una de las comunidades autónomas punteras en el desastre que hemos vivido y que estamos viviendo en los impagos, en los retrasos de pagos, en el aumento de la deuda y demás, no fuese la Comunidad Valenciana, comunidad que está gobernando su partido desde el año 1995 y que ha llevado al absoluto desastre a buena parte del sector productivo valenciano, y a muchas familias del País Valenciano. Para el propósito de enmienda, señor ministro, es necesario pasar como primera fase por el reconocimiento de la culpa, y una de las formas que ustedes tendrían más fácil de atajar este problema sería investigar y mirar en el seno de su propio partido todos aquellos que han gestionado mal las administraciones locales y autonómicas, que ustedes han estado gestionando en este país de forma importantísima durante los últimos años.

Este proyecto de ley que hoy nos trae el Gobierno cierra un ciclo legislativo que coloca la consolidación fiscal como el objetivo esencial de la política económica. Craso error, a nuestro juicio, tal orientación. Hasta el momento los datos tristemente nos dan la razón. El dogma de fe puesto en la consolidación fiscal no ha servido para crear empleo ni para evitar que cada mes miles de personas caigan en la pobreza. El débil crecimiento que indican algunas estadísticas como las del Instituto Nacional de Estadística son tan frágiles e inestables como ridículas, en un país que necesita una transformación radical del sistema productivo para poder crear empleo. Dicho lo cual este proyecto de ley amplía la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que como sabemos fue el paso siguiente a la reforma de la Constitución, una reforma pactada en un mes de agosto entre los dos principales partidos de la Cámara, que para nosotros fue tramposa y traicionó el espíritu constitucional del 78. Ahora se amplía el concepto de deuda pública para albergar también el de la deuda comercial, ya lo han dicho otros portavoces desde esta misma tribuna, esto es, la que la Administración pública tiene con proveedores y a quienes se les está pagando con enormes retrasos, si es que algunos tienen la suerte de llegar a hacerlo. Nadie oculta el peligro que supone mantener ritmos tan lentos de pago, tanto para la economía local o regional como sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que pueden verse abocadas al cierre si no cobran la cantidad estipulada y en el tiempo estipulado. En todo caso vale la pena hacer notar que el principal problema de las pequeñas y medianas empresas es que no hay demanda interna con la que podrían sobrellevar mejor la coyuntura tan desastrosa que vivimos. Por lo tanto es urgente encontrar una solución a tal problema, pero no todo vale. No nos valió el Plan a proveedores que ahogó a los ayuntamientos en tanto que vieron cómo se disparaba una deuda financiera con los bancos, siempre los más beneficiados de la política del Gobierno. Y no nos vale ahora porque entendemos que no todo es de menor entidad que el pago a los proveedores. A nuestro juicio lo prioritario en la gestión de los ayuntamientos es el mantenimiento de los servicios públicos, y eso debe ser una línea roja que no se cruce nunca. Para resolver el problema de la deuda comercial el Gobierno no puede poner en peligro el mantenimiento de tales servicios, salvo que ese precisamente sea su propósito. Y desgraciadamente, sea o no, y nosotros estamos tentados a pensar que sí, este proyecto de ley contribuye a crear una palanca de desmantelamiento de tales servicios. La alternativa es clara: para que los ayuntamientos y comunidades puedan pagar a los proveedores es necesario que existan más ingresos, y estos no van a poder llegar si el Gobierno prosigue sus políticas económicas de austeridad y recortes, que deprimen la demanda interna y que ahogan la capacidad fiscal de las administraciones públicas. El Gobierno está creando desde arriba una espiral que es en realidad un círculo vicioso que amenaza con desmantelar los servicios poco a poco. Con un cambio de políticas, cambio radical en cualquier caso, fluiría el dinero de nuevo y la Administración pública podría hacer frente a la deuda comercial.

No nos parece mal que se realicen seguimientos de la deuda comercial, puesto que cuanta más transparencia revele una administración pública mejor será, pero no creemos que este proyecto de ley en


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su conjunto y en su marco pueda ser de utilidad más que para consolidar una lógica perversa que está inserta ya en la economía española. Por estas razones, que ya hemos tenido la oportunidad de manifestar en otros debates, vamos a votar que no a este proyecto de ley y que sí a las enmiendas de totalidad que se han presentado por varios grupos.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Sixto.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Son dos grandes principios los que subyacen en este proyecto de ley orgánica: la estabilidad presupuestaria y la lucha contra la morosidad pública, y Unión Progreso y Democracia está comprometido con ambos principios sin fisuras, sin paliativos. En lo que se refiere a la estabilidad presupuestaria nuestras propuestas pueden gustar más o menos a los demás grupos, en general menos que más, pero nuestras propuestas de gasto muchas de ellas tienen que ver con el control del gasto público, y serían además recortes de gasto permanentes y estructurales; nuestras propuestas de fusión de ayuntamientos, supresión de diputaciones, eliminación de entes autonómicos superfluos, son propuestas que van en línea con la estabilidad presupuestaria. Lo mismo sucede por el lado de los ingresos, nuestras propuestas de lucha contra el fraude o de reforma fiscal integral. Por tanto somos un grupo comprometido con la estabilidad presupuestaria, y por eso quiero recordar que nosotros apoyamos la Ley orgánica de estabilidad y no solo la apoyamos, sino que incorporamos enmiendas importantes que la matizaban. No apoyamos sin embargo el artículo 135 de la Constitución, pero no por temas que tengan que ver con la estabilidad presupuestaria, sino por la forma en que se tramitó y porque no compartimos el principio de prioridad absoluta en el pago de la deuda.

Lo mismo sucede con el tema de la morosidad. Ya en la legislatura pasada nosotros propusimos que el PlanE se utilizase precisamente para pagar las facturas pendientes, lo que habría permitido que muchos miles de pequeñas empresas hubiesen subsistido. En esta legislatura ha habido propuestas nuestras en el tema de la morosidad importantes, como una enmienda transaccional con el Partido Popular para impedir en el caso de la morosidad privada que las grandes empresas puedan obligar a firmar voluntariamente aplazamientos de pago, utilizando su tamaño y su poder de mercado, e introdujimos también el tema de que en el Plan de proveedores los subcontratistas estuviesen informados del pago al contratista principal para que pudiesen recibir su dinero, algo que se rechazó, pero se acabó incorporando más adelante en la norma. Por tanto sí a la estabilidad presupuestaria, sí a la lucha contra la morosidad y especialmente la pública de unas administraciones que a la vez exigen el cumplimiento fiscal a empresas a las que ellos no están abonando sus facturas.

Con estos antecedentes no les sorprenderá que les digamos que rechazamos la devolución de este proyecto de ley orgánica porque supone un avance en el cumplimiento de estos objetivos que nosotros respaldamos. Incluye en el principio de sostenibilidad la morosidad pública, e introduce como ha explicado el ministro una serie de mecanismos preventivos, correctivos, coercitivos, para avanzar en esa dirección.

Hay una serie de aspectos que nosotros valoramos positivamente en esta norma. En primer lugar, se mejora la transparencia. Todas y cada una de las administraciones van a tener que publicar pronto, en el plazo de un mes, en sus páginas web el periodo medio de pago a sus proveedores. Esa es una información importante que va a servir como método de presión indirecta para que vayan rebajando ese período, aunque querríamos señalar la importancia de la metodología, cómo se calcula ese periodo medio, y que detrás de las medias hay situaciones muy dispares. Cuando una persona se come dos panes y otra cero, la media da uno, pero son situaciones muy dispares las que puede haber detrás de esas medias.

Los mecanismos que introducen van a dar mayor margen de actuación en la lucha contra la morosidad pública. Valoramos positivamente que el comunicado de alerta que el ministerio va a enviar a las administraciones incluya medidas de obligado cumplimiento por esas administraciones -es un avance interesante-, así como que se contemple la posibilidad de retener recursos del sistema de financiación de las administraciones territoriales, que se contemple la posibilidad en casos más extremos de quitar competencia normativa a esas administraciones sobre los impuestos cedidos, o que en último término el Estado se encargue directamente del pago a los proveedores. Querría recordar por cierto que estas iniciativas van en la línea de lo que lleva años proponiendo Unión Progreso y Democracia: retener recursos del sistema de financiación a los morosos, o el pago por parte del Estado en último término, y tenemos


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que lamentar los años perdidos, tenemos que lamentar las veces que se nos dijo que era inconstitucional, que éramos demagogos, populistas. En cualquier caso, por coherencia, seguimos valorando positivamente estas iniciativas. Solo lamentamos los años perdidos, y estamos a la espera de la voluntad de utilizarlos, porque no solo hace falta tener mecanismos legales, también hay que tener voluntad de utilizarlos.

Sin embargo nuestra obligación como grupo de la oposición no solo es valorar lo que consideramos positivo en una norma, como acabo de hacer, sino también ofrecer alternativas, señalar carencias, y en ese caso cumpliremos también con esa tarea en la medida de nuestras posibilidades. Tenemos una alternativa a este modelo, que presentamos como una proposición no de ley en la Comisión de Hacienda, donde se rechazó, y volveremos a presentar en la enmienda a este texto legal. Es un mecanismo más sencillo que el que proponen. Simplemente que haya una ventanilla de la Administración central, de forma que cualquier proveedor al que no se le pague en el plazo legal pueda cobrar esa factura en la ventanilla de la Administración central, que posteriormente detraería esos recursos de la Administración morosa. Es un mecanismo claro y sencillo: hay un plazo legal de pago; si se supera ese plazo legal de pago hay una ventanilla donde cobrar; el Estado paga y luego detrae los recursos de la Administración morosa. Este mecanismo sencillo, ¿qué ventajas tendría? Primero, aflorar todas las facturas; a cualquiera que le pasen el plazo de pago sabría dónde acudir y aflorarían todas las facturas. En segundo lugar, como he dicho antes, detrás de la media hay situaciones muy diversas; se puede cumplir la media, pero que haya casos individuales en que no se está cumpliendo. Estos casos individuales acudirían a la ventanilla. Y, en tercer lugar, que el plazo máximo legal sea de verdad el plazo máximo legal, treinta días, y con esto paso a la segunda crítica de esta ley. Ustedes establecen ahora una especie de nuevo máximo legal, que es de treinta días, pero aquí las actuaciones no se producen al incumplir el pago en treinta días, sino al superar ese plazo en treinta días, al superar en el cien por cien el máximo legal, con lo que el máximo legal va a quedar en agua de borrajas. Al final, si logramos los sesenta días, nos podremos dar por contentos. Si de verdad queremos que el plazo máximo sea de treinta días las medidas preventivas, coercitivas, deberían empezar a actuar cuando se sobrepasa ese plazo de treinta días, no cuando se sobrepasa en un cien por cien ese plazo de treinta días.

Una última cuestión, pero nuclear, de fondo. Muy a menudo este Gobierno confunde problemas de liquidez y problemas de solvencia. En temas bancarios ha sucedido en el pasado y en el tema de las administraciones públicas también. Podemos poner las leyes más ambiciosos del mundo, podemos rebajar el plazo de pago legal de treinta días a cinco días, si queremos, pero si las administraciones no tienen recursos para hacer frente a sus obligaciones ordinarias al final esto acabará quedándose en agua de borrajas, y nos encontraremos con casos como los que reflejan hoy los medios de comunicación de las farmacias catalanas, mientras estamos discutido esto mismo, o prácticas como forzar, más o menos voluntariamente, a que se tarde en emitir la factura, con lo que sobre el papel se cumplirá esto, pero en la práctica seguirá existiendo el problema. Para que no haya morosidad hay que tener estos mecanismos, pero hay que tener unas administraciones públicas solventes, hay que adecuar los gastos estructurales a los recursos ordinarios de las administraciones, y para ello, insisto, es necesaria una reforma de las administraciones, pero no como la que ustedes aprobaron ayer, sino una reforma mucho más profunda que elimine diputaciones, fusione ayuntamientos, acabe con entes autonómicos innecesarios; es necesaria una reforma fiscal que acerque nuestros ingresos en términos del PIB a la media de la Unión, y es necesario luchar contra el fraude. Todo esto se podría haber promovido con los mecanismos extraordinarios de liquidez o con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, hay mecanismos para ello de condicionalidad, lo que pasa es que no se ha querido utilizarlos, no ha habido voluntad política de utilizarlos, y veremos si no sucede exactamente lo mismo con los nuevos mecanismos que aquí se incorporan. Porque, insisto, podemos poner sobre el papel las normas que más nos gusten, pero una gran amenaza para el pago de las facturas es que la deuda pública del conjunto de las administraciones se está aproximando al cien por cien del PIB, ha subido 30 puntos del PIB, 300.000 millones en los dos años de mandato de este Gobierno, y si no hay recursos para pagar las facturas todos estos mecanismos quedarán muy bien sobre el papel, pero no funcionarán en la práctica. Por lo tanto, señor Montoro, controle la deuda pública si de verdad quiere pagara las facturas. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Anchuelo.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la diputada doña Ana Madrazo.


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La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público constituye a nuestro juicio una reforma estructural de primera magnitud. Claro que desde el Grupo Parlamentario Popular no nos avergonzamos, señor Tardà, en absoluto, de apoyar la labor de un Gobierno que en poco tiempo, gracias a las reformas emprendidas y al esfuerzo de los ciudadanos, ha conseguido pasar de una España quebrada, absolutamente quebrada, a una España esperanzada en la que al fin podemos leer en el periódico noticias positivas, noticias que invitan a la esperanza; desde luego eso no nos produce vergüenza, sino todo lo contrario: orgullo (Aplausos.-Protestas por parte de la señora De las Heras Ladera). Ha hablado también de lealtad, y para nosotros la lealtad más importante es la lealtad con los ciudadanos, esa es la lealtad con la que nos hemos comprometido y a la que nos debemos. Por eso queremos hacer unas administraciones públicas serias, rigurosas, solventes que paguen sus facturas, y terminar con la cultura de las facturas en los cajones, y eso es este proyecto de ley.

Este proyecto de ley contiene tres aspectos fundamentales, como ya han dicho muchos de los portavoces: va a traer una mayor transparencia, porque todos los ciudadanos van a poder conocer cuál es el periodo medio de pago de sus facturas por parte de todas las administraciones, va a suponer el fin de la morosidad, porque todas las administraciones públicas estarán obligadas a cumplir la normativa sobre morosidad, pagando en treinta días, y va a traer también un mayor control porque se establecen mecanismos automáticos para el cumplimiento de estos plazos.

Señor Saura, ya sé que al Partido Socialista no le gusta que hablemos de la herencia recibida, pero que nos dé usted lecciones de cumplimientos de objetivos de déficit es realmente una ironía, porque cuando este Gobierno llegó al poder se encontró con un déficit público de casi el 9 %, que había sido ocultado por el Gobierno socialista hasta el último día, más de 30.000 millones de agujero en nuestras cuentas públicas. Por tanto no venga dando lecciones de déficit público porque sinceramente creemos que no está capacitado para darlas. Pero además de esa deuda financiera en las administraciones públicas existía también un problema muy importante de impago a los proveedores, que estaba contribuyendo -no lo olvidemos- a la destrucción de miles de puestos de trabajo, porque las pequeñas empresas y los proveedores no eran capaces de cobrar sus facturas de las administraciones públicas. Los impagos hacían que en una imagen gráfica los cobradores del frac hicieran cola en las ventanillas de las administraciones para poder cobrar sus facturas. Eso proviene de una época en que las administraciones derrochaban el dinero público, gastando más de lo que podíamos pagar, porque según la filosofía socialista, como todos sabemos, el dinero público no es de nadie. Sin embargo, señor Saura, a los socialistas -a usted también- se les llena mucho la boca hablando del Estado de bienestar; Estado de bienestar que dicen defender a ultranza. Pero luego les gusta que las facturas de ese Estado de bienestar las paguen los que vengan detrás, en este caso el Partido Popular cuando llegó al Gobierno. El Gobierno del Partido Popular cogió el toro por los cuernos de las miles y miles de facturas que había sin pagar y puso en marcha en 2012 y 2013 mecanismos de financiación y de apoyo a las administraciones públicas, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos por más de 70.000 millones de euros, precisamente para garantizar el pago de esos servicios públicos esenciales que ustedes dicen defender pero de los que luego no pagan las facturas. Porque si no se pagan las facturas llega un momento, señorías, que hay que cerrar los colegios, que hay que cerrar los hospitales, hay incluso que apagar el alumbrado público porque no se pueden pagar las facturas. A eso es a lo que nos estaban llevando los Gobiernos socialistas.

La situación que se encontró el Partido Popular a su llegada al Gobierno no puede volver a repetirse, y por eso se establecen unas medidas como este proyecto de ley de control de la deuda comercial en el sector público que van encaminadas, precisamente, a que estas situaciones no puedan volver a repetirse. Una vez quitados los escombros es necesario que pongamos los cimientos y a partir de esos cimientos poder construir el edificio. Por ello se presenta este proyecto de ley, porque se enmarca dentro de un ambicioso plan que pretende erradicar de una vez para siempre la morosidad de nuestras administraciones públicas para que nuestras deudas de hoy no las tengan que pagar nuestros hijos mañana, que es lo que ocurría con el Gobierno socialista, que las facturas de hoy se iban trasladando a los ejercicios futuros, y el que llegue el último que pague las facturas.

Este proyecto de ley reforma la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria incorporando el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera, incorporando también la sostenibilidad de la deuda comercial. Porque, como muy bien ha dicho el ministro, el proyecto de ley establece que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el periodo medio de pago no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, fijado en treinta días también por la legislación comunitaria. -Los treinta días no es una


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normativa de morosidad propia de España, sino que está establecida en nuestra legislación comunitaria-. Ello obligará a todas las administraciones públicas a publicar su periodo medio de pago y, por su parte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hará un seguimiento del cumplimiento de esos periodos medios de pago, y si se produce un incumplimiento pondrá en marcha un sistema automático y progresivo de medidas de control preventivas y coercitivas. Como les decía antes, esta ley forma parte de un plan integral de erradicación de la morosidad en el sector público que se completa con la importante implantación de la factura electrónica y la creación de un registro contable en el sector público, como ha explicado ya el ministro.

Finalmente, en cuanto a las enmiendas de totalidad presentadas por Esquerra Republicana, CiU y el Partido Socialista, no compartimos en absoluto sus argumentos y por ello vamos a votar en contra. Los tres grupos que la han presentado parten del mismo error en el planteamiento inicial, y es deducir que la reducción del déficit público y el compromiso con la reducción de ese déficit es incompatible con el Estado de bienestar. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, pensamos que es todo lo contrario. Para que nuestro Estado de bienestar sea sostenible y para que las facturas para prestar esos servicios públicos a los ciudadanos se puedan pagar es absolutamente irrenunciable el compromiso con la consolidación fiscal. Y ese compromiso no es solo de la Administración Central -eso lo ha dicho alguno de los intervinientes-, sino que tiene que ser de todas las administraciones públicas porque es un objetivo común y compartido.

Ese compromiso que ha demostrado este Gobierno desde el principio está dando resultados. Ahí están los resultados. Ya nadie puede negar que estamos en el camino de la recuperación, que hemos recuperado la credibilidad perdida durante los años de Gobierno socialista; ahí está la prima de riesgo; ahí está la bolsa; ahí está la inversión extranjera; están nuestras exportaciones. Hemos abandonado oficialmente la recesión económica. Como decía antes, hemos pasado ya de la España quebrada que dejó el Gobierno socialista a la España esperanzada. Pero eso no es suficiente, tenemos que seguir por ese camino. Por eso, no entendemos, sinceramente, cuál es la postura del Partido Socialista, porque después de haber llegado -cuando estaban en el Gobierno- a un acuerdo para reformar la Constitución e introducir el concepto de estabilidad presupuestaria en nuestra norma fundamental, de obligado cumplimiento para todas las administraciones y para todos los españoles, vinieron aquí votando en contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Hoy dan un paso más y presentan una enmienda de totalidad a este proyecto de ley orgánica que reforma esa Ley de Estabilidad Presupuestaria y que pretende terminar con la morosidad de las administraciones públicas.

Señorías, los ciudadanos nos piden altura de miras porque la construcción de un nuevo futuro es tarea de todos. Por estas razones, señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de las tres enmiendas de totalidad presentadas, y les pedimos al resto de grupos que retiren sus enmiendas de totalidad y que apoyen este proyecto de ley porque es bueno para España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Madrazo.

- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD Y DEL ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000068).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Pasamos al último punto del orden del día con el debate de totalidad del proyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el sistema de Seguridad Social dedica hoy más recursos que nunca al pago de las pensiones y prestaciones de Seguridad Social. En 2014 serán 131.820 millones de euros. La Seguridad Social dedica el mayor porcentaje del presupuesto público que nunca a pensiones; en 2014, 37 de cada 100 euros del presupuesto será gasto de Seguridad Social. Una parte importante de la riqueza nacional se dedicará, por tanto, a la Seguridad Social. El año próximo representará el 10,7 % del producto interior bruto, 6 décimas más que este año. Mientras, el Estado realiza aportaciones al sistema que financian hoy,


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por primera vez, todo el gasto no contributivo; en 2013 más de 15.500 millones de euros para financiar el gasto anual y, como saben muy bien sus señorías, el gasto de ejercicios anteriores que estaba pendiente. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

Pese a este indudable esfuerzo que acredita el compromiso de la sociedad española con un sistema de pensiones y, en particular, la apuesta inequívoca de este Gobierno por el modelo público de pensiones que nos hemos dado entre todos, los ciudadanos saben que sostener este esfuerzo no es tarea fácil; que atender el número creciente de pensiones, su cuantía, su duración, exige tomar decisiones y adoptar reformas, porque la dimensión del desafío es muy importante. Debería preocuparnos que, tal y como acreditan algunas encuestas recientes y estudios sobre la percepción de los ciudadanos, cuatro de cada diez españoles, señorías, cuatro de cada diez españoles, considera que cuando se jubile no funcionará el sistema público de pensiones. Pues bien, hoy estamos aquí para debatir este proyecto de ley que pretende garantizar que ese temor nunca se va a materializar. En este contexto, el proyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y de índice de revalorización es la apuesta y la respuesta a esos importantes retos que tenemos por delante, que afectan al modelo y que generan inquietud en una base importante de ciudadanos. El proyecto que ha presentado el Gobierno, por lo tanto, es la garantía de la sostenibilidad del sistema público de pensiones en el largo plazo. Insisto en que no es suficiente con pagar las pensiones hoy, de lo que estamos hablando, de lo queremos hablar, es de cómo pagarlas mañana y pasado mañana. Ahí están las grandes diferencias. A algunos ese mañana se les antoja un escenario excesivamente lejano o difuso. A este Gobierno no nos parece así; nosotros sí tenemos claro que tenemos que pensar en el futuro y actuamos hoy porque ese futuro nos preocupa. En materia de pensiones la responsabilidad no acaba con el pago puntual cada mes de la nómina de las pensiones, de más de 9.100.000 pensiones de muy diverso tipo. Tenemos que lograr que quienes son hoy jóvenes -sí, señoría, los jóvenes de este país- tengan la seguridad de que el sistema llegará a ellos también, porque son esas personas además las que hoy soportan el sistema con sus contribuciones y con su trabajo. La solución no es pedirles hoy a ellos más esfuerzos o más aportaciones, sino ofrecerles más seguridad y garantías para el día de mañana. Eso es lo que ofrece el proyecto de ley que debatimos esta tarde. Con esta reforma el sistema garantiza su sostenibilidad. El barco, señorías, no se hundirá, permanecerá siempre a flote. Discutamos si se quiere que en el futuro viajemos a una o a otra velocidad, pero acordemos ahora un sistema que garantice que el barco permanece a flote.

En definitiva, señorías, todos y cada uno de nosotros queremos garantizar que el sistema público de reparto sea capaz de configurarse como una política pública redistributiva, sostenible y solvente. En ese sentido, la finalidad del Gobierno con esta reforma es dar respuesta a un problema real de índole básicamente demográfica, pero también de base económica que conoce cualquier persona que mínimamente entienda los fundamentos del sistema de Seguridad Social. Desde 2008 el sistema ha perdido 3 millones de cotizantes por la crisis y al mismo tiempo se han incorporado medio millón de pensionistas, hasta superar ampliamente como he dicho los 8 millones. Hoy también casi 900.000 pensionistas reciben dos pensiones del sistema. La relación entre afiliados y pensionistas ha pasado del 2,66 en el año 2008 al 2,29 en la actualidad. El número de pensionistas, como saben, se va a duplicar entre 2008 y 2050 hasta los 15 millones de personas. El importe medio de la pensión de las nuevas altas de jubilación, señorías, superan ampliamente los 1.300 euros al mes, eso significa un 30 % más que en el año 2008, mientras que en ese periodo los salarios en este país han crecido un 5 %. El gasto en pensiones contributivas ha crecido un 76 % en los últimos 10 años, desde los 62.000 millones de euros del año 2003 a los más de 108.000 millones de la actualidad. En 2014 -lo he dicho ya- superará los 112.000 millones de euros. Todo lo anterior, señorías, está provocando un insostenible desequilibrio de las cuentas de Seguridad Social ante el que no podemos permanecer impasibles. Señorías, solo entre el año 2012 y el 2016 el conjunto de las administraciones de Seguridad Social habrá incurrido en un déficit de casi 47.000 millones de euros, de acuerdo con el programa de estabilidad del Reino de España. Estamos pues ante unas necesidades de financiación muy importantes para el sistema, un desequilibrio que irremediablemente tenemos que financiar, haciendo disposiciones del Fondo de reserva de la Seguridad Social; un fondo que a día de hoy, como conocen, dispone de 58.665 millones de euros, del que antes de que finalice el año en curso tendremos que disponer de nuevo de 5.000 millones de euros adicionales.

Señorías, esta que les he descrito -y no otra- es la realidad que afronta el sistema de pensiones. En este contexto, el proyecto de ley que hoy debatimos pretende devolver a la sociedad la confianza en el futuro de nuestro sistema público de pensiones, y dotarlo de unas reglas de juego que definan su evolución a partir de parámetros objetivos y las blinde de tentaciones o discusiones políticas. Para ello no


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podemos dejar pasar el tiempo mientras hacemos declaraciones más o menos grandilocuentes. Hay que garantizar el futuro del sistema con medidas concretas y hacerlo, además, sin dilación. Podemos debatir sobre lo que ustedes quieran, sobre muchas cosas, pero no sobre los hechos, sobre los datos oficiales y que les acabo de relatar, no sea que volvamos a caer en el mismo error.

La situación que afrontamos es la que les he descrito. La reforma de 2011 partía de un diagnóstico, si me lo permiten, certero en las causas, pero también y con esa misma sinceridad les diré que poco realista en las magnitudes. Poco realista, señorías, sí, porque, en primer lugar, se decía que el déficit del sistema no llegaría hasta el año 2018, y cuando se anunciaba en ese año ya estaba latente el déficit de 2010. Es decir, las cuotas ya no alcanzaban para abonar las pensiones contributivas y apareció con claridad en el año 2011 la consignación del déficit presupuestario y, en segundo lugar, porque el recurso al Fondo de reserva se dijo entonces que no se alcanzaría hasta el año 2020. Eso no fue lo que ocurrió después, porque hemos tenido que acudir al Fondo de reserva en el año 2012. Por tanto, la realidad se ha impuesto con rotundidad y ha llegado el momento de ser honestos con la magnitud de los retos a los que nos enfrentamos en los próximos años.

He mencionado algunos de los desequilibrios más importantes del sistema. Señorías, nos hemos quedado sin el combustible esencial y es de esperar que esta situación vaya a mantenerse previsiblemente hasta el año 2016. No hablamos, por tanto, de cosas que podrían ocurrir en el futuro sino que hablamos de cosas que están ocurriendo ya, que llevan ocurriendo desde hace tiempo sin que hayamos actuado con la necesaria determinación. No pretendo alarmar injustificadamente a la sociedad española, no; lo que pretendemos es poner remedio a una situación que reclama nuestra atención y nos exige seguir tomando decisiones. Sigue habiendo quien considera que no hay prisa por actuar, pero no hay que confundir la prisa con la determinación, con la convicción y con la responsabilidad de actuar lo antes posible. Cada minuto de retraso en la adopción de medidas supone un coste en términos de estabilidad para el sistema en el futuro. Sin duda, señorías, la recesión pasará; de hecho, ya podemos hablar hoy de un ligero crecimiento positivo de la economía, y esto irá paulatinamente haciendo crecer también el número de cotizantes e ingresos del sistema. Pero, con independencia de eso, seguiremos pagando más pensiones a cohortes de edad más amplias, en cuantía media más alta y también durante mucho más tiempo; y lo haremos -esto es lo importante y hay que recordarlo- sobre la base de las cotizaciones de los jóvenes de hoy, por ende, sustentando el sistema en cohortes mucho más reducidas en el futuro y con la perspectiva de unas tasas de natalidad de las más bajas del mundo.

Señorías, esto nos obliga a reflexionar sobre cuánto ha cambiado la sociedad española de las últimas décadas y cómo vamos a preparar el sistema para afrontar esos cambios. Pensemos que nuestro sistema de reparto ha evolucionado desde una situación en que la esperanza de vida a los sesenta y cinco años era de diez años y en la actualidad es de veinte años, y saben ustedes que por cada diez años que pasen esa esperanza de vida será afortunadamente mucho mayor. Siempre lo decimos: esta es una gran noticia, pero significa también que la población es más longeva y que los grupos de mayor edad representarán porcentajes cada vez más importantes sobre el conjunto de la población española. Esto significa que es probable que cada persona viva más años y que la sociedad en su conjunto también va a envejecer. Señorías, frente a esta realidad, hay quienes siguen sosteniendo que tenemos que esperar quince o veinte años para actuar; es más, hay quienes sostienen que esperemos para tomar decisiones al momento más crucial de la historia de sistema: la incorporación al sistema de la generación llamada del baby boom, una generación muy numerosa, que trabaja hoy muy duro para sostener con sus cotizaciones las actuales obligaciones del sistema de pensiones.

Lo cierto, señoras y señores diputados, es que las proyecciones dicen que en el año 2040 por cada persona en edad de trabajar habrá otra en edad de no hacerlo. Encaramos, por tanto, una reforma esencial para el futuro de sistema, mirando de frente la realidad y sus consecuencias. Se lo debemos en primer lugar a los que hoy cotizan, que tienen derecho a confiar con absoluta certeza en el sistema de pensiones en el futuro. Hay que asegurar que en esta carrera de larga distancia de las pensiones todos lleguemos a la meta, hay que hacer todo lo posible para que todos lleguemos en condiciones similares y que nadie se quede atrás. Pues bien, para lograrlo es imprescindible que sepamos medir nuestras fuerzas, que seamos conscientes de que este modelo público de pensiones supone el elemento de protección más importante para la vida de las personas en nuestro país, en buena medida es la columna vertebral del sistema de bienestar. La solidaridad se convierte así en la fuerza que hace bombear el corazón del sistema público de pensiones en España, y sin esa solidaridad sencillamente el corazón de las pensiones dejaría de latir. En este sentido, perseguir la sostenibilidad del sistema, supone reforzar ese pacto implícito entre los trabajadores


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de hoy y los pensionistas de mañana, entre los pensionistas de hoy y sus hijos y sus nietos, un pacto que garantiza que cuidaremos unas generaciones de las otras, de forma equitativa y también continuada.

La viabilidad de un modelo de reparto radica en que una generación no agote, señorías, los recursos presentes y futuros que una sociedad puede ir desarrollando. La equidad en que se basa exige que los esfuerzos que se piden a una generación de cotizantes puedan ser correspondidos cuando estos lleguen a pensionistas. España se enfrenta -ustedes lo saben muy bien- a un escalón demográfico: más pensionistas que nunca antes en la historia para un número limitado de potenciales activos, y no podemos desatender esta realidad. En nombre de esa solidaridad fundamental estamos planteando este proyecto de ley que debatimos. Entendemos que es lo sensato, esto es lo que nos dice la reflexión reposada de la realidad, lo que nos ha enseñado el debate público en materia de pensiones a lo largo de estos años, la evidencia de que el deterioro en la relación entre cotizantes y pensionistas y el incremento de la esperanza de vida nos obligan a tomar medidas de manera inmediata si queremos asegurar la viabilidad del sistema. Llevamos años -es posible que más de una década- debatiendo sobre los riesgos económicos y demográficos a los que nos enfrentamos, y la novedad es que, hace ya más de siete meses, lo que debatimos es qué vamos a hacer ahora en España para salvar el sistema público de reparto de todas las amenazas, qué vamos a hacer hoy abandonando definitivamente el ámbito de los debates puramente teóricos.

Hoy debatimos una propuesta concreta para la sostenibilidad del sistema público de reparto, y esto ha transformado los fundamentos del debate de los últimos siete meses. Como conocen muy bien, el 12 de abril de este año el Gobierno pidió a un grupo de expertos independientes una propuesta concreta para la sostenibilidad del sistema público. De este modo el debate se abría a la sociedad civil a través de profesionales de reconocido prestigio, con perfiles técnicos e ideológicos muy distintos, con una única misión común, hacer una propuesta concreta para abordar con realismo los retos del futuro del modelo. El 7 de junio los expertos emitieron su informe, un documento riguroso y solvente que ha sido analizado, debatido e incluso matizado desde entonces por los interlocutores sociales y también por todos los diputados de esta Cámara, en el seno de la Comisión para el Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo. Los propios expertos comparecieron en ella para dar explicaciones de su trabajo y de sus conclusiones. Poco después, el 2 de septiembre, presenté a los interlocutores sociales la propuesta del Gobierno para regular el factor de sostenibilidad y el nuevo índice de revalorización de las pensiones. Tras un periodo de consultas que modificó la propuesta inicial en algunos aspectos relevantes -por ejemplo, el parámetro alfa que establece la velocidad de corrección de los déficits acumulados-, el 13 de septiembre se presentó por el Consejo de Ministros el proyecto y se remitió al Consejo Económico y Social. El 27 del mismo mes de septiembre el Consejo de Ministros remitió a esta Cámara el proyecto de ley que debatimos esta tarde. Desde entonces, señorías, se han seguido manteniendo reuniones de trabajo con los interlocutores sociales y también con representantes de los grupos parlamentarios, porque entendemos que este es un debate que necesita ante todo un enfoque plural y leal, que huya de la autocomplacencia y del interés propiamente partidista; un debate capaz de poner frente a los intereses de cada formación política el interés general de España; y diría más, estamos también ante un debate aún mucho más trascendente que el sistema público de pensiones en sí, un debate que afecta, señorías, a la manera de ver el conjunto de las políticas públicas del Estado para garantizar que el sistema de pensiones sea sostenible y autofinanciable. Estamos diciendo que con esa sostenibilidad y autofinanciación del sistema podremos seguir invirtiendo mayores recursos en otras políticas públicas muy importantes para la vida de las personas de nuestro país; políticas que tienen que ver con otras materias fundamentales, con otros servicios públicos fundamentales, como la educación, la investigación y el desarrollo, la formación, la sanidad o las políticas de apoyo a las familias, por poner algunos ejemplos relevantes. Todo lo anterior configura un debate de primer orden con una dimensión política evidente y, por ello, con una clara orientación a la acción.

Por eso estamos aquí para posicionarnos y para defender propuestas concretas que respondan a los retos que todos conocemos sobradamente. Porque podríamos conversar eternamente sobre los retos del sistema, pero algunos tendríamos ya que empezar a tomar decisiones, y da la impresión de que para algunos la hora de actuar no llega nunca. Sin embargo, destacados organismos, como la Comisión Europea, el Banco de España o la OCDE, comparten con el Gobierno la convicción de que debemos reformar con decisión nuestro sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad en el medio plazo, tal como lo hicieron antes otros países de nuestro entorno. Por eso, esta es mucho más que la reforma de un Gobierno, es la reforma para la sostenibilidad y la transparencia presente y futura del sistema de pensiones en España gobierne quien gobierne.


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Se trata de una reforma fundamental, como lo fueron también otras que se pusieron en marcha en el pasado, y señalaré dos por su importancia: el Fondo de Reserva o la separación de fuentes de la Seguridad Social. Señorías, recordemos que, de no haber sido por una visión responsable de los que nos antecedieron en el Gobierno y en las responsabilidades públicas allá por 1997 creando el Fondo de reserva, hoy tendríamos que estar pidiendo préstamos a las entidades financieras para atender el pago puntual de las pensiones cada mes. Por lo que hicimos entonces deberíamos pensar en actuar hoy, porque lo que hicimos hace muchos años, hace dieciséis años, fue precisamente decidir que los excedentes entonces del sistema los ahorraríamos para cuando vinieran mal dadas en la economía española. Podríamos haber optado en ese año, en el año 1997, por gastar todos los recursos, por incrementar, por ejemplo, las pensiones en aquellos años de bonanza, pero tomamos una decisión muy responsable, que es la de anteponer el pacto entre generaciones y la solidaridad a la situación concreta de ese año 1997 y, por eso, se hizo con responsabilidad aquella gran reforma. Yo pido esa misma lealtad y responsabilidad para actuar hoy pensando en el futuro, pensando en los jóvenes y teniendo esa misma visión de Estado.

Lo mismo quiere hacer hoy el Gobierno con un proyecto de ley que da un paso al frente y que no deja para mañana lo que sin duda debe hacer hoy, como hicimos, vuelvo a repetir, en el año 1997. Es una reforma para la tranquilidad y la confianza, que propone parámetros objetivos para acompasar los ingresos y los gastos del sistema y para asegurar una evolución responsable de las pensiones en las buenas coyunturas y en las malas, asegurando la equidad de derechos de las generaciones de pensionistas presentes y futuras. Es una reforma para la tranquilidad de todos, porque nos asegurará que el sistema responderá y será más sólido. Señorías, el sistema necesita de estos instrumentos para asegurar la viabilidad. No se mantendrá si nos cruzamos de brazos y seguimos hablando sin tomar decisiones concretas.

No compartimos el negacionismo de algunos. No compartimos que se minimice o se desatiendan los desafíos del sistema. No compartimos que se pueda afrontar el debate desde la irresponsabilidad o la superficialidad o la ausencia de compromiso. El sistema de pensiones es demasiado importante como para no estar a la altura de las circunstancias en estos momentos.

Les recuerdo, además, que tenemos también compromisos que cumplir, compromisos que derivan primero de la normativa legal vigente, la propia Ley 27/2011, que nos insta a garantizar la sostenibilidad del sistema mediante la revisión de los parámetros del mismo para ajustarlos a la evolución de la esperanza de vida. Pero me refiero también a compromisos relativos a la estabilidad presupuestaria, que derivan de la Constitución española, que por cierto, señorías del Grupo Socialista, reformamos juntos en agosto del año 2011. Quiero recordar que el artículo 135 de la Constitución no permite a la Seguridad Social tener déficit estructural. Y, finalmente, tenemos compromisos que derivan también de las recomendaciones del Consejo Europeo, unos compromisos que debemos cumplir para poder acceder a la financiación que necesitamos, que es elemental para esta salida de la crisis, pero sobre todo para mantener también nuestro propio prestigio como país. En el hipotético caso de que ninguno de estos compromisos existiese, que existen, ¿qué credibilidad tiene un país que paga sus pensiones pidiendo un crédito? ¿Queremos eso los trabajadores y los pensionistas? Lo que queremos es un sistema solvente y autofinanciable, hoy y mañana.

Para ello el Gobierno ha aprobado este proyecto de ley: el factor de sostenibilidad, que, como saben su señorías, se aplicará a las nuevas pensiones de jubilación a partir del año 2019 y que garantizará que generaciones diferentes con distintas esperanzas de vida tengan prestaciones equivalentes a lo largo de toda su vida y, por otro lado, el nuevo índice de revalorización de las pensiones. A partir de ahora, la evolución de la cuantía de la pensión no estará ligada exclusivamente al IPC, sino a otras variables basadas en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía y el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social, tal y como se estableció también en la recomendación segunda del Pacto de Toledo en el año 2010 y también como hacen en este mismo sentido la mayoría de los países de la Unión Europea. Es decir, en cada momento el sistema ofrecerá lo que pueda ofrecer a los pensionistas, garantizando siempre -lo quiero decir con toda claridad- que las pensiones cada año subirán en España. Sí, señorías, las pensiones subirán siempre en España, no se congelarán, y las pensiones mantendrán además su poder adquisitivo en el medio y en el largo plazo. (Un señor diputado: Mentira).

Señoras y señores diputados, estamos debatiendo un cambio estructural del sistema que mira a medio y a largo plazo porque aborda los problemas estructurales que tiene, y los problemas estructurales requieren que nos pongamos las gafas de ver lejos. La fórmula de revalorización contará con unos límites mínimos y máximos para dar tranquilidad y también transparencia y previsibilidad. Las pensiones siempre subirán, al menos un 0,25 %, cuando la actividad económica lo requiera, y cuando la actividad económica


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entre en un comportamiento normal, es decir, de crecimiento económico y de empleo, las pensiones incluso van a subir más allá del IPC. Señorías, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo algo tan importante como que por ley -repito, por ley- la prosperidad de nuestro país se repartirá en primer lugar en retribuir a los pensionistas, gobierne quien gobierne. Por tanto, no cabe duda de que este proyecto de ley supone un hito histórico en la garantía de la sostenibilidad del sistema, un hito que le encomendaba la Ley 27/2011.

Señorías, lo quiero volver a repetir, con esta reforma, con esta ley el barco permanecerá siempre a flote. El sistema va a sostenerse a sí mismo de una sola vez hoy, mañana y pasado mañana. Una vez garantizado que no se hunde, evaluemos a la velocidad que queremos ir, lo que podamos mejorar, podemos hablar de suficiencia de las prestaciones, pero hagámoslo con transparencia y con normalidad. Seamos capaces de ver la fotografía completa de nuestro sistema, de un país que resuelve sus desequilibrios y cambia el signo económico y social de su destino. Pensemos en que el proyecto de ley se desarrollará en un contexto en el que habremos sido capaces, señoras y señores diputados, con un conjunto amplio de reformas, con el esfuerzo de toda la sociedad española, de salir de la crisis y volver cuanto antes a un crecimiento económico creador de empleo. Veamos en ese contexto este proyecto de ley, junto a otros cambios y reformas importantes en nuestro país. La propia sostenibilidad del sistema de pensiones mejorará en la medida en que se acompase con ese otro conjunto de reformas que van a permitir, que están empezando a vislumbrar un cambio en nuestra economía, una salida de la crisis y el anuncio de un crecimiento económico el año que viene creador de empleo neto.

Señorías, el modelo de pensiones en España es una política pública redistributiva de primer orden, valorada y defendida por todos las fuerzas políticas de esta Cámara, pero también por el conjunto de la sociedad española. Convendrán conmigo que la orientación a la prosperidad y el crecimiento de las políticas en nuestro país es la condición necesaria para que en el medio y en el largo plazo tengamos mejores pensiones, pensiones suficientes, dignas y adecuadas para toda la población española. No olvidemos nunca que el propio sistema de reparto es una transferencia de renta entre generaciones, que estamos obligados a corresponder hoy y siempre y como tal compete a toda la sociedad porque afecta a toda la sociedad. Por tanto, creo que no podemos simplificar el debate o conformarnos, tenemos que mirar a corto plazo, pero, por supuesto, mirar a medio y a largo plazo.

Señoras y señores diputados, no les quepa la menor duda de que buscaré el acuerdo y el consenso hasta el final con quienes de veras quieran contribuir a la mejora y a la tranquilidad de nuestro sistema. Eso ha ocurrido también en una materia de Seguridad Social que hemos trabajado juntos y bien, como es la nueva fórmula de cómputo del tiempo parcial en España, que, por cierto, votaremos en esta sesión en uno de sus trámites en esta Cámara. Les pido, por tanto, que miremos juntos la realidad sin dilaciones, por responsabilidad y por compromiso con el futuro de las pensiones en España; un futuro, señoras y señores diputados, que no se construye solo con palabras que, por el contrario, necesita mecanismos concretos que nos den capacidad de respuesta financiera hoy y también mañana.

Como les decía, señorías, estamos hablando de solidaridad, de contribuciones y prestaciones que son muy reales, que se miden en euros, que cotizan y que se cobran en forma de pensión. Hablamos de seguir contribuyendo al crecimiento y a la recuperación económica pensando también en el empleo, en la buena salud de las cuentas de la Seguridad Social. Pero también hablamos de la credibilidad de España ante el mundo y, sobre todo, hablamos de la salud financiera de un sistema de protección esencial para los españoles de hoy y de mañana. Les animo a que seamos sensatos, seamos responsables, seamos capaces de seguir dialogando y haciendo todos aportaciones, buscando lo mejor para los ciudadanos, que es mantener la sostenibilidad del corazón de la protección de nuestro sistema de bienestar, que es el sistema público de reparto de la Seguridad Social.

Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora ministra.

A este proyecto de ley se han presentado ocho enmiendas a la totalidad de devolución. Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, el proyecto de ley que nos presenta hoy sigue la senda de ajustes y recortes fijada en las últimas reformas realizadas en materia de pensiones que responden a una concepción ideológica nada favorable al sistema público de pensiones y que pretende insertar un sistema mixto público privado.


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De ese modo, las pensiones de nuestros mayores se convertirían en otra materia con la que comerciar, como lo están haciendo con la sanidad, educación y servicios sociales. Hace años que las entidades financieras han mostrado un desmesurado interés por exhibir estudios e informes relacionados con el futuro de las pensiones y cuyas conclusiones siempre finalizan con las consabidas insuficiencias financieras del sistema público y las recomendaciones de contratar sistemas complementarios. Sin embargo, señorías, las predicciones catastrofistas de épocas anteriores fallaron todas. La sostenibilidad del sistema de Seguridad Social fue también la razón principal para justificar las regresivas reformas emprendidas en el año 2011. Este Gobierno, no contento con el tijeretazo realizado, insiste en continuar recortando, mientras impulsa el sistema privado, que es el gran negocio de la banca, por mucho que la ministra lo niegue. Nadie niega la repercusión de la crisis en las arcas de la Seguridad Social, así como las nefastas consecuencias de la reforma laboral del actual Gobierno. Además de la pérdida de casi un millón de cotizantes, se han rebajado considerablemente las bases de cotizaciones de trabajadores y trabajadoras con la consiguiente repercusión en la caja de la Seguridad Social. Menos cotizantes y menores bases de cotización dan como resultado una reducción de los fondos económicos de un sistema que, además de solidario, es contributivo. La solución no está en recortar las pensiones, sino en impulsar políticas destinadas a la creación de empleo de calidad y con niveles salariales dignos que mejoren las cotizaciones al sistema público de pensiones. Les daré un dato importante, señorías. El gasto público en pensiones, el último que tenemos es del año 2010, dice que España invierte en pensiones públicas el 10,7 %, mientras que la media de la Unión Europea es un 13 %, Alemania, un 12,8 %, Francia, un 14,4 % e Italia el 16 %. Vean ustedes la diferencia.

El Gobierno, que hace suyas las recomendaciones del comité de expertos, redunda en el denominado factor de sostenibilidad que se ha convertido en un tótem, en un instrumento de ajuste permanente de las pensiones que afectará tanto a las nuevas pensiones como a las ya existentes, sin olvidar que se establece un nuevo índice de revalorización de las pensiones que se desliga del IPC, lo que conllevará rebajas en las cuantías a percibir. Socavar el camino para que los pensionistas pierdan poder adquisitivo a partir de 2014 es una auténtica estrategia de empobrecimiento de una parte muy importante de la población. Hay que tener en cuenta, señorías, que en torno al 50 % de las pensiones contributivas del Estado se sitúa por debajo de los 650 euros mensuales y que el 27,7 % tiene complementos a mínimos por no alcanzar la cuantía mínima del sistema, una situación que se vive con especial dramatismo en territorios que, como el gallego, cuentan con las pensiones más bajas. Señorías, somos conscientes desde el BNG de que hay un flanco que se debe abordar con urgencia.

Finalizo, señor presidente. Ante una situación de deficiencia en la financiación de la Seguridad Social, lo primero que debería hacer el Gobierno es actuar sobre los ingresos, reformando un sistema fiscal injusto, estableciendo un sistema fiscal progresivo que, entre otras, eleve la presión fiscal sobre las rentas más elevadas y sobre las rentas de capital.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Fernández.

Señor Tardà, por favor.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, somos conscientes de que van a rechazar nuestra enmienda a la totalidad, es más, somos conscientes de que en el trámite parlamentario no van a aceptar nuestras enmiendas parciales. De hecho, es lógico, no han pactado el proyecto con los agentes sociales, ¿por qué deberían pactarlo con nosotros? Esto nunca había ocurrido, es cierto, lo cual nos lleva a acusarles de un cierto cinismo, porque ustedes conocen las consecuencias de su proyecto y además también conocen perfectamente a qué obedece.

Hemos sido críticos nosotros con otras reformas anteriores, fuimos críticos con la reforma del Partido Socialista en el año 2011, criticamos que congelaran las prestaciones, pero lo que ustedes pretenden tiene otro calado, es un cambio copernicano: que los pensionistas pierdan poder adquisitivo mientras vivan, posiblemente un 20 % en los próximos diez años, deberíamos volver a nacer para creerlo. Cautivos del presupuesto público y desarmados por la imposibilidad de compaginar prestación y trabajo, entenderán que los pensionistas estén condenados en los próximos años a una pobreza absoluta, a acelerar el proceso de dualización de nuestra sociedad. Ustedes han asumido atentar y quien atenta ya saben qué nombre recibe, ustedes van a atentar contra el bienestar, van a atentar contra la cohesión social y además van a atentar contra la joya de la corona de la clase trabajadora, que es el sistema público de pensiones,


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y todo al servicio de los tiburones, al servicio de los tiburones financieros agazapados en la troika. ¿Qué desean? Desean asaltar el sistema público de pensiones, porque están diseñando cómo tiene que ser el sistema público de pensiones en el escenario poscrisis, un sistema jibarizado para abrir la puerta a la privatización de todos aquellos recursos que una parte de la sociedad, y solamente una parte de la sociedad, porque la otra estará en la exclusión social, puede dirigir hacia -repito- estos capitales privados. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Es un diseño que se está haciendo y ustedes facultan a acelerar el proceso. Por eso ustedes no atienden a razones, no atienden a razones porque tienen un guion escrito y lo que están haciendo ahora es crear esta superestructura ideológica para que, además, la sociedad lo vea como algo necesario, por esto han difundido este mantra del determinismo demográfico sobre la sostenibilidad.

Sin embargo, los números cantan, el gasto en pensiones se sitúa en el Estado español en el 10,2 % del producto interior bruto, cuando la media europea es del 13,5 %. Las preguntas serían las siguientes: ¿Están dispuestos a corregir, a derogar, la reforma laboral, a estimular el empleo y la productividad? ¿Están dispuestos a descongelar el salario mínimo, a incrementar los salarios y las cotizaciones, a revisar fiscalidades relacionadas con el capital y el patrimonio, a combatir el fraude fiscal? ¿Están dispuestos a utilizar el Fondo de reserva?

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: La respuesta es no. Ustedes han optado por ejecutar y quien ejecuta tiene un nombre: verdugo. Ustedes son los verdugos del sistema público de pensiones, la joya de la corona, la única joya que tenía todavía la clase trabajadora.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el mismo grupo, señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, señora ministra. Me imagino que usted ya lo sabe, la banca está que se sale, la banca se está forrando. En los nueve primeros meses de este año, el Banco de Santander ha incrementado sus beneficios en un 75 %; el Banco Bilbao Vizcaya lo ha hecho en un 86 %; el Banco de Sabadell, en un 105 % -y seguimos, nos vamos animando-; Bankinter, en un 115 %, y el Guinness lo tiene Caixabank, que ha incrementado sus beneficios en un 165 %. El capo dei capi de la casa, Emilio Botín, acaba de afirmar que vivimos en un momento fantástico, que llega dinero por todas partes. Pero 17 millones de trabajadores, 9 millones de pensionistas y 6 millones de personas en paro no comparten su opinión. Será a él, dicen todos ellos, porque lo que es en su caso el dinero se les va por todos los sitios, se lo quitan por todos los lados, las medidas del Gobierno están vaciando sus bolsillos. Mientras tanto, el buitrerío financiero internacional planea sobre la economía española para hacerse con los bocados tan apetitosos que están saliendo de las privatizaciones de la sanidad y ahora de las pensiones; planea sobre la economía también para abalanzarse sobre los despojos que han salido de esta reforma laboral y se están poniendo las botas.

Es la primera ley de la economía, es una economía casera, me la he inventado yo: sube la carne, baja el pescado. Me explico. Usted hace pocas semanas afirmó que con la reforma de las pensiones en los próximos nueve años iba a conseguir ahorrar -utilizó usted esa palabra-, es decir, quitar de los bolsillos de los pensionistas, 33.000 millones de euros. En esos mismos días, el FROB, el Fondo de reestructuración ordenada bancaria, afirmó textualmente que de los 52.000 millones que se habían dedicado a reflotar, a sanear, a rescatar las cajas de ahorros nacionalizadas -Bankia, etcétera-, 37.000 eran irrecuperables. Es decir, las cuentas cuadran, sube la carne, baja el pescado, señora ministra. Los 33.000 millones que se van a quitar de los bolsillos de los pensionistas se van a dedicar a rescatar esa banca, a meterlo en los bolsillos de unos pocos cientos de banqueros.

En el otro extremo, lo que queda es ese 50 % de pensionistas que ven que sus pensiones son inferiores a los 700 euros, son casi 5 millones de pensionistas que viven por debajo del umbral de pobreza, de pobreza, señora ministra; asímismo, la mayor parte de las mujeres tienen todavía unas prestaciones bastante inferiores. La pobreza muerde hoy en día en muchas casas. Seguro que usted sabe lo que es esto, no llegar a final de mes, no tener dinero y pedírselo a la familia, pedírselo a los amigos, vender lo poco que se tiene, hacer cola en los comedores sociales... Esto es lo que hay, señora ministra, y usted seguro que lo sabe muy bien.


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Por otro lado, después de una vida de intenso trabajo y desvelos inconmensurables, se encuentran ellos, los ejecutivos bancarios. Se han jubilado el señor Goirigolzarri con 52,4 millones de indemnización, el señor Alfredo Sáez hace muy poco, con ochenta y tantos millones, Ángel Corcóstegui, también del Santander -¡bingo!, señora ministra-, se pilló 108 millones. ¡Pobrecitos ellos! Y frente a esto, 5 millones de pensionistas por debajo del umbral de la pobreza. Y es que a las pensiones de todos estos ejecutivos bancarios no se les aplica factor de sostenibilidad alguno, ellos se sostienen solos, ellos son como el aceite, flotan por encima de todo, de gobiernos del PSOE, de gobiernos del PP, porque ellos son el capo dei capi de este sistema, los que mandan, los que les mandan a ustedes.

Después de que el sistema de pensiones ha sufrido en los dos últimos años unos recortes globales que se pueden valorar entre un 20 % y un 25 % -la reforma de 2011, la congelación, la no actualización, las reformas que se hicieron y las jubilaciones parciales y anticipadas, en el régimen de viudedad, en los trabajadores de hogar-, estas pensiones se han visto reducidas fuertemente. Todavía son más pobres los que antes eran pobres y a esto, señora ministra, ustedes le quieren meter otro hachazo que oscila entre un 15 % y un 30 % más de recortes. Se quiere convertir así el sistema de la Seguridad Social en algo parecido a un sistema de beneficencia, a un sistema de beneficencia en el que los derechos sociales pasarán a ser limosnas públicas, volveremos a ver nuevamente en nuestras calles, en nuestras plazas y en nuestras ciudades florecer las casas de misericordia, los Montes de Piedad. Las Hermanitas de los Pobres van a sustituir a nuestras asistentas sociales. A esto es a lo que ustedes nos están empujando, y todo esto para que la banca se siga forrando; para que las compañías de seguros muerdan, muerdan en los recortes que ustedes van a meter en el sistema de pensiones. Y para que, poniendo la guinda a todo ello, cuatro señoronas con mantillas, collares y broches salgan de nuevo a la calle con sus mesas petitorias a pedir limosna para los huérfanos y los pobres.

Termino, señora ministra. Ya lo sabe usted, con sus raquíticos porcentajes de voto en nuestro país nos están imponiendo esta reforma y otras por encima de nuestras enormes mayorías sociales, sindicales y políticas. Ustedes están imponiendo, metiendo esto contra la voluntad absoluta de nuestro pueblo.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cuadra, tiene que finalizar.

El señor CUADRA LASARTE: Sí.

Y es por esto, ya lo sabe usted, por lo que está creciendo en nuestro pueblo la necesidad, el convencimiento de que sin escaparnos, sin marcharnos de este régimen que ustedes nos están imponiendo, poco vamos a poder hacer para favorecer que el sistema de pensiones que necesitan nuestros abuelos y nuestras abuelitas esté asentado en parámetros de justicia social y de solidaridad.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cuadra.

Por el mismo grupo, señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Sí, presidenta, gracias.

Lo haré desde el escaño para fijar posición con respecto a este proyecto de ley que nos ha presentado hoy, y además con extensión, el Gobierno. Es un proyecto de ley bajo el epígrafe de reforma del sistema de pensiones que en realidad, y quiero empezar por aquí, es a nuestro entender simple y llanamente una rebaja del sistema de pensiones.

Hace el Gobierno la presentación de este proyecto que nos trae a la Cámara explicando que es necesario asegurar la viabilidad del sistema. Pero lo cierto es que basa todo ello en argumentos como los que hemos escuchado en la tribuna por boca de la ministra, la señora Báñez, recordando que las pensiones se llevarán en este próximo año 2014 el 37 % del presupuesto. Sí, pero es un porcentaje que deviene fundamentalmente de la caída de los ingresos en los presupuestos de este año. Por lo tanto, ministra, afirmaciones como estas difícilmente sostienen la conclusión final, la necesidad de asegurar la viabilidad de los presupuestos. Lo hace además el Gobierno, que nos presenta este proyecto de ley, cuando ya en el arranque de legislatura, en su discurso de investidura el presidente Rajoy aseguró que preservaría y defendería el sistema tal cual está. Hoy lo incumplen con este proyecto de ley. Es desde Geroa Bai la impresión que tenemos y desde luego la afirmación que hacemos en esta Cámara. Presenta este Gobierno este proyecto de ley cuando, antes de que el texto se empezara incluso a tramitar hoy en este salón de Plenos, tiene ya acomodo contable en los presupuestos de 2014. En definitiva, su propuesta de reforma, la propuesta de reforma del sistema de pensiones, no se comprende ni en el qué ni en el cómo ni francamente en el porqué.


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Ministra, un sistema de pensiones desligado de las fluctuaciones del IPC solo se comprende racionalmente -razonablemente no hay manera- si lo que se busca es liberalizar y abrir al sector privado un nuevo nicho del mercado, en este caso el de las pensiones. Me dice que no, pero solo se comprende desde ese punto de vista. Por todo ello votaremos la devolución de este texto y por lo tanto el conjunto de las enmiendas de totalidad presentadas al mismo.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Barkos.

Por el mismo grupo, señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señora ministra, esta mañana en el primer debate del día sobre la reforma del sector eléctrico hablé de las expectativas que generó en la pasada legislatura la creación en esta casa de una subcomisión para estudiar el futuro de la energía en los próximos veinticinco años y la frustración con la que terminamos los trabajos de esa subcomisión. Sé que no le sorprenderá que reproduzca la misma sensación de profunda frustración cuando afrontamos un debate sobre la garantía, la sostenibilidad y el futuro del sistema público de pensiones en España, que no es, obviamente, un tema menor. Un debate -me temo- que nos dejará un sabor amargo en el que yo creo que se va a repetir la misma dialéctica endemoniada de unos contra otros, el mismo mecanismo perverso por el cual la oposición le asigna al Gobierno un especial interés por querer hacer la vida peor a los ciudadanos, como si fuera un deseo inconfesable siempre de quien gobierna, sea el PSOE o ahora el PP; veremos a algunos partidos decir unas cosas ahora que están en la oposición después de hacer justamente lo contrario cuando estaban en el Gobierno, y lo digo en este caso además por experiencia propia; certificaremos la misma incapacidad para ponernos de acuerdo en un tema que no es que sea importante, es que es un pilar fundamental de nuestro Estado de bienestar, y una vez más comprobaremos con qué facilidad -yo diría casi fruición- la oposición se une para criticar al Gobierno, pero siendo incapaz de plantear una sola solución realista a este grave problema. Por cierto, señora ministra, que los mismos que nos pidieron a algunos en 2010 nuestro apoyo para aprobar una norma que incluía la congelación de las pensiones no pueden ahora decir que son los únicos garantes del sistema público de pensiones. Yo, señora ministra, estoy convencido -todos lo sabemos- de que si fuera otro el Gobierno, aunque fuera de otro color, no tendría más remedio que plantar cara a esta cuestión. Señorías, España no es el primero ni el único país de Europa que abre el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y encontrar una fórmula estable, solidaria y permanente que asegure el futuro de este sistema es una obligación que debemos asumir por encima de cualquier otro interés particular o partidista. Por eso nos confundiríamos, señorías, una vez más si planteáramos un debate sobre si hay o no que hacer una reforma -que estoy seguro que todos sabemos y entendemos que hay que hacerla- y no concentráramos nuestro interés y voluntad en el cómo debemos hacerla entre todos. El Gobierno ha convocado a los mejores expertos del país que no se han puesto mínimamente de acuerdo. Conocemos posicionamientos de algunos organismos autorizados y que de forma reglada tienen que emitir informes (El señor presidente ocupa la Presidencia) y están plagados de votos particulares. Nadie parece atreverse a ponerle el cascabel al gato. No es un tema sencillo, ni mucho menos.

Además, señora ministra, la demagogia y los argumentos populistas que solo pretenden meter miedo a los ciudadanos hoy triunfan y silencian cualquier posibilidad de tener un debate sosegado y pragmático, realista que debemos acometer con urgencia. En todo caso, mi partido, Unión del Pueblo Navarro, quiere situarse en un espacio político de razonabilidad y pragmatismo. Primero, asumiendo que debemos acometer con urgencia este debate, que es inexcusable, que no podemos demorarlo más porque si no tomamos medidas de largo alcance ahora las pensiones no van a ser sostenibles ni viables en el futuro. Segundo, entendiendo que este debate sería obligatorio, como he dicho, con otro Gobierno de cualquier otro color. Por eso creemos que hoy no podemos apostar por cerrar la puerta a este debate. Y tercero, reafirmando que la solución que ofrece el proyecto ni es la mejor ni es la única, pero desde luego debería tener mucho más apoyo del que hoy tiene y para ello estamos todos convocados, para buscar esa solución no solo diciendo aquello que no nos gusta sino planteando aquellas soluciones que cada uno de nosotros podamos dar a esto, yo creo que sería la mejor noticia que podrían recibir los ciudadanos españoles.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

Señor Álvarez Sostres.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, señorías, hace unas semanas se convalidó en esta Cámara el Real Decreto 5/2013, de 15 de marzo. En aquella ocasión el Gobierno puso sobre la mesa la necesidad de acometer en el próximo futuro una reforma del sistema de pensiones que permitiese la viabilidad del modelo, como hacían por otra parte otros países de Europa. Foro en aquella ocasión quiso abstenerse hasta tener constancia clara no solo de la posición del Gobierno sino de organismos como el CES, la CEOE, los sindicatos y los diferentes grupos de la oposición. También quiso valorar la predisposición del Gobierno para pactar y consensuar algo trascendente. Hoy tenemos la certeza de que el proyecto presentado no muestra todas las cartas sobre la mesa. Seguimos sin conocer con transparencia y claridad la entidad de los ajustes. Lo cierto es que de todos los sectores afectados por la revalorización y la sostenibilidad el que gana seguro es el propio Estado y la Seguridad Social, al menos hasta 2018, y me temo que las medidas complementarias posteriores a la aplicación de esta norma giren e impulsen los planes privados de pensiones mejorando sus condiciones fiscales y de rescate, lo que podría estar en el currículum oculto, sin juzgar por otra parte su bondad, de esta reforma. Hoy por hoy, el proyecto acaba con el derecho a la revalorización de las pensiones, señora ministra, en relación al IPC, entrando en una sistemática erosión que de facto no sé si incluso podría vulnerar la propia Constitución. No veo que se contemplen medidas complementarias de ayudas a la familia o estímulos de creación de empleo -como usted lo llama, el combustible del sistema-, sino que más bien parece que el principio que rige es el del ahorro, al menos hasta 2018, con subidas mínimas por la crisis e incrementos a partir de 2020, pero que no recuperarán los descensos habidos en estos tiempos.

El asunto es muy serio y el debate tiene que ser pactado inevitablemente en el ámbito del Pacto de Toledo, aunque les apuren en Bruselas, les apuren la troika y las autoridades europeas para terminarlo todo antes de fin de año. Les ruego que no traten de aprobar esto en solitario, por su trascendencia social y por la entidad económica que usted mismo ha citado, el 10,7 del PIB. Foro va a votar favorablemente las enmiendas a la totalidad presentadas por encontrar el texto erosionante y negativo para los pensionistas hoy por hoy. Establezcan un método de convergencia y acuerdo real y no retórico con las fuerzas políticas y sindicales, y alcancen el objetivo de reformar el marco legal de las pensiones. No den una vuelta de tuerca drástica a la sociedad española, señora ministra, a pesar de las indicaciones de los missi dominici que vienen a este país a decir lo que no se atreven a decir en el suyo porque les faltan precisamente esos bemoles. Este es un tema que tiene que consensuar, tienen que tratar -como usted dice- de que el barco no se hunda, pero permítame que le diga que es importante que haya alguna tripulación y que esa tripulación sea conjunta de todo el país y de todas las fuerzas sociales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, suma y sigue. Son ustedes como las termitas, no paran de roer y roer el Estado del bienestar, no descansan, y además como el llanero solitario, en solitario. Por lo que he visto, esta proposición no va a tener ningún voto a favor. El llamado eufemísticamente factor de sostenibilidad esconde simple y llanamente un factor de empobrecimiento y de reducción de las pensiones que el Gobierno no se atreve a explicar con honestidad a los ciudadanos. Una vez calculada la pensión que te corresponde te imponen un recálculo para bajártela, a pesar de que el cálculo de la pensión ya tenía incorporado el parámetro de la esperanza de vida desde la reforma de 2011. Así, mientras la esperanza de vida siga aumentando, ustedes quieren ir bajando las pensiones, independientemente de otros parámetros como pueden ser la mejora de los ingresos. ¿Es que la economía no va a mejorar nunca? ¿No estábamos ya en ello, en que estábamos saliendo de la crisis? ¿Es que la relación entre cotizantes y pensionistas no va a evolucionar mejorando la financiación del sistema? Estos factores no están en este proyecto de ley. Este hecho demuestra que ustedes están en otra cosa; ustedes están privatizando las pensiones simple y llanamente, invitando a los pensionistas a ser previsores, a que se hagan seguros privados. Ese es ni más ni menos su verdadero objetivo inconfesable, la verdad incómoda que el PP quiere ocultar o enmascarar.


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Pero por si esto no fuera suficiente, el Gobierno se inventa una fórmula de congelación de las pensiones aplicable desde 2014 que le otorga un amplio margen de discrecionalidad al quedar algunas de sus variables dependientes de sus decisiones. El sindicato Comisiones Obreras calcula que la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones será de entre un 14 % y un 28 % durante los próximos quince años, incluso un informe de los expertos admite que con su fórmula en 2020, 2030 y especialmente en 2050 las pensiones representarán una proporción sustancialmente inferior a la actual. Estamos ante un mecanismo de bajar las pensiones oculto tras una fórmula matemática. Esa es la verdad incómoda, la pura realidad: que el PP está aprovechando la actual coyuntura económica negativa para plantear una reforma del sistema de pensiones duradera. La respuesta a la sostenibilidad de las pensiones depende de la pregunta y la pregunta es distinta si se llama a unos expertos o economistas neoliberales afines para preguntarles cómo bajar las pensiones, que si se llama a expertos en Seguridad Social para preguntarles cómo garantizar unas pensiones dignas a nuestros mayores. Esa es la gran diferencia. Con ustedes no compartimos ni la pregunta ni la respuesta y, por cierto, la Constitución española tampoco cuando exige que las prestaciones sociales públicas sean suficientes y que las pensiones se actualicen. El verdadero motivo por el que las pensiones van a empeorar año a año empobreciendo más a la gente tiene un nombre y se llama PP, Partido Popular. A partir de aquí los ciudadanos tienen la palabra. Nosotros, Compromís-Equo, lo tenemos claro, votamos un no muy grande a su proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví.

Señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, es una pena que se haya ido el señor Montoro porque hemos escuchado que ahora la cosa va a estar mal hasta 2016. ¡Hombre, anteayer era hasta 2014! Es muy importante ponerse de acuerdo con estas cosas.

¡Dinero como nunca! Así fue como empezó la señora ministra a defender su argumentación. Yo le añadiré que igual que el paro; el último dato de la EPA en Canarias -es un dato que siempre me gusta comentar- es un 35,12 %, cifra histórica y dramática donde las haya. Pero no es dinero como nunca por su mérito, a no ser que usted tenga algo en contra del incremento de la esperanza de vida la población, como ya anunció la señora Lagarde cuando pensó que nadie la escuchaba. Mire, lo que es como nunca es haber tocado un pilar esencial del Estado de derecho, el elemento fundamental que justifica la política redistributiva del Estado. Eso sí es como nunca. Por cierto, ante su soledad manifiesta frente a todos los grupos de esta Cámara, la lectura del dictamen del CES -el Consejo Económico y Social, órgano nada sospechoso de ser de aquí o de allá- es absolutamente recomendable para entender la falta de consenso, la irregularidad del proceso que ustedes están poniendo en marcha. Ya ha demostrado que sus palabras suelen ser contrarias a sus políticas, ya nos ha perpetrado aquí alguna respuesta que explica bien esto. Si la culpa es solo de la crisis, que es lo que parecen decir ahora, y ustedes no saben qué hacer, habrá que llegar a la conclusión de que un día decidirán no presentarse a las elecciones cuando las cosas vayan mal, porque lo que ustedes comprometen...

Perdón, la veo hablando y no sé si estoy molestando a la señora ministra, señor presidente. ¿Sí? Es que me preocupa.

El señor PRESIDENTE: Concéntrese usted en su intervención.

El señor QUEVEDO ITURBE: Entonces hablamos para el resto de la Cámara.

El señor PRESIDENTE: Efectivamente, tiene usted un auditorio muy amplio, que es el resto de la Cámara, diríjase a él.

El señor QUEVEDO ITURBE: Bien. Decía que lo que está ocurriendo no es que ustedes no sepan qué hacer. ¿Sabe lo que están haciendo? Aprovechar la crisis para hacer justamente lo que ustedes piensan y no se atrevían a decir, ese lema de fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Así, después de la increíble suma de incumplimientos han llegado ustedes al incumplimiento último, a la última frontera: maltratar a los pensionistas del Estado español. Es un sarcasmo inaceptable decir que se produce una revalorización de las pensiones cuando lo que se está produciendo es una gravísima pérdida de poder adquisitivo, es decir, un empobrecimiento real de los pensionistas. Habla usted de que es necesario que


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haya un esfuerzo por parte de los cotizantes. Pues retire la reforma del mercado laboral, que ha producido menos personas cotizando, más paro, y además cobrando menos. Y como cobran mucho menos, aportan menos también. De paso, también estaría bien conseguir que los que de verdad más ganan paguen algo para colaborar con la causa; vería usted cómo las cosas irían mejor. Este ataque frontal a un pilar esencial del Estado de derecho español merece el máximo rechazo y creemos que también el de la inmensa mayoría de la sociedad, como se comprobará cuando toque. Por tanto, todas las enmiendas a la totalidad formuladas a su proyecto de ley merecen nuestro apoyo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.

Por el Grupo Vasco, PNV, para defender su enmienda a la totalidad tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señora ministra, vamos a intentar realizar un debate riguroso sobre una cuestión que nos afecta a todos -no se interprete, a contrario sensu, que no han practicado el suficiente rigor los que me han precedido en el uso de la palabra-, porque este tema nos interesa y nos interesa negociarlo y continuar negociaciones que puedan resolver los graves problemas que afectan al sistema público de pensiones y para los cuales este proyecto de ley es manifiestamente insuficiente. Por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad, por su insuficiencia. Sería algo así -se ha cita a Einstein esta mañana- como intentar introducir el mar en una probeta, algo metafísicamente imposible. Con este factor de sostenibilidad y este índice de revalorización usted no va a resolver los problemas estructurales, profundos que afectan al sistema público de pensiones tal y como está configurado normativamente en la actualidad, por muchas razones que usted conoce perfectamente y que tenemos que afrontar consensuadamente, en el Pacto de Toledo, y no a través de normas unilaterales como las que caracterizan este proyecto de ley.

En primer lugar, usted sabe que la edad de jubilación a los sesenta y cinco años se implantó en el año 1919. En el año 1919 superaban los sesenta y cinco años el 10 % de los ciudadanos; en este momento superan los sesenta y cinco años la práctica totalidad de los ciudadanos y los hombres vivimos tras los sesenta y cinco años, jubilados -dentro de poco tras los sesenta y siete y seguramente dentro de poco también tras los setenta-, veintiocho años más, y las mujeres tienen la fortuna de vivir treinta y uno más. Nos ganan por tres años, aunque estas cifras ya están convergiendo por razones que no es menester glosar en este momento. Es un problema serio, porque hay más pensionistas a los que atender y que generan mayor volumen de gasto sobre las finanzas del sistema de la Seguridad Social, del sistema público de pensiones. Nos encontramos con que este año, contra las previsiones de su Gobierno, el déficit estructural del sistema contributivo llega ya a los 16.000 millones de euros, una cifra que la obliga a recurrir al Fondo de reserva obligatorio, y no solo a este sino también al Fondo de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Es un problema que de alguna manera estamos afrontando mediante mecanismos que no son los propios de un problema estructural del sistema de pensiones, salvo que usted me diga lo contrario. Yo no estimo que sea tan estructural como para tener que recurrir de forma tan voluminosa a los ingresos del Fondo de reserva obligatorio y del Fondo de las mutuas.

Pero aquí no acaban los problemas, usted sabe que cada trimestre perdemos 411.000 afiliados a la Seguridad Social. ¿Quiénes son estos que perdemos? Aquellos desempleados que agotan su prestación contributiva, dejan de cotizar por contingencias comunes e inician la prestación asistencial en el ámbito de la protección por desempleo y no cotizan por nada, y se van convirtiendo progresivamente en desafiliados. Este incremento de la desafiliación provoca tensiones importantes en la tasa de dependencia en relación con el número de perceptores de pensiones y el volumen de recursos del sistema público de pensiones. La tasa de natalidad del Estado español es bajísima, la más baja de Europa, de la Europa de los veintisiete y de la Europa de los veintiocho, aunque el veintiocho no esté contabilizado todavía, 1,36 hijos por unidad familiar, la más baja de Europa. Por razones diversas, seguramente razones vinculadas a las dificultades de emancipación de una pareja joven en lo atinente a la incorporación al mercado de trabajo, siempre precario -si es posible, porque el 56 % de los jóvenes no ingresan en el mercado de trabajo-, a las dificultades de obtener una vivienda y a otros problemas que, como digo, provocan una tasa de natalidad y de fecundidad en el Estado español que es la más baja de Europa. Y todos estos problemas se afrontan mediante una ley manifiestamente escasa en su contenido material y en su contenido subjetivo, magra en sus contenidos y en sus fórmulas o propuestas de resolución: mediante la incorporación de un factor de sostenibilidad y de un índice de revalorización de las pensiones, que sirven para muy poco. Es -parafraseando de nuevo a Einstein- incorporar el mar en una probeta, resulta físicamente imposible.


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Y esto -y por eso hablaba yo de la necesidad de afrontar de forma rigurosa este debate- va a provocar las siguientes consecuencias. Nosotros hemos realizado complejas -siempre son complejas las aproximaciones empíricas- aproximaciones de lo que supone un factor denominado de equidad intergeneracional, que se va aplicando idealmente cada cinco años pero que se aplica fácticamente cuando una persona adquiere la condición de jubilado, y los cálculos que nosotros hemos obtenido mediante aproximaciones matemáticas y empíricas a las fórmulas que ustedes nos proponen son que si cada cinco años se reducen las pensiones idealmente -materialmente, cuando una persona sea jubilada, en la primera pensión de jubilación-, esto supone que cada década la reducción de la expectativa de pensión va a ser del 5 %. De esta forma en el año 2050 estas personas, a las que se les ha estado aplicando desde el año 2019 este factor de equidad intergeneracional, van a perder el 20 % de la pensión que les hubiera correspondido. Sí, el 20 % o probablemente más, señora ministra, de lo que les hubiera correspondido si no se aplicara ese factor de sostenibilidad. Por tanto -primera propuesta-, una propuesta focalizada solo sobre el gasto. Hay que focalizar las reformas estructurales del sistema de pensiones sobre los ingresos, no sobre el gasto, pero es una focalización sobre el gasto que supone el recorte de las pensiones. Y el recorte de las pensiones provoca quebrantos que son injustos y probablemente también inconstitucionales, señora ministra. Luego le aclararé esta cuestión.

En segundo lugar, el índice de revalorización desvinculado del IPC. Primero, resulta una temeridad afrontar una revalorización desvinculada del IPC, señora ministra, cuando sobre esta cuestión pende un recurso de inconstitucionalidad presentado...

Me agrada que esté tan solicitada esta tarde, señora ministra, pero aún así voy a intentar dirigirme a usted y que me escuche toda la intervención.

Decía que es una cuestión sobre la que pende un recurso de inconstitucionalidad porque ya se utilizaron mecanismos desvinculados del IPC para el año presente, para el ejercicio presupuestario de 2013. Sobre esta cuestión pende un recurso de inconstitucionalidad y veremos lo que resuelve el Tribunal Constitucional. Puede usted ser afectada de forma sobrevenida por una declaración de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional en relación con esta materia.

También hemos hecho aproximaciones empíricas y matemáticas sobre lo que esto supone para una persona de sesenta y cinco años en la actualidad y, según los promedios del Instituto Nacional de Estadística, si no se incrementan las pensiones más del 0,25, esta persona de sesenta y cinco años cuando se jubile va a ver mermada su pensión aproximadamente en un 30 %, utilizando datos del Banco Central Europeo, un 30 % de merma o de recorte de las pensiones mediante la utilización de un índice de revalorización desvinculado del IPC. Estas dos fórmulas no solo son manifiestamente insuficientes e inadecuadas para reformar problemas estructurales profundos, problemas paramétricos que hemos comentado usted y yo en numerosas ocasiones y que hemos comentado con su secretario de Estado, sino que además son injustas, por dos razones, señora ministra: primero, porque afectan a colectivos particularmente vulnerables de la sociedad. Son los pensionistas los que van a ver mermadas sus pensiones; posiblemente en un periodo de tiempo corto en un 30 % los que ya son pensionistas hoy, y más los que aspiramos a esa condición cada vez también más utópica y evanescente de ser pensionistas en el futuro. Esto nos afecta a usted y a mí. Veremos si podemos adquirir algún día la condición jurídico-normativa de pensionistas con pensión. Pensionista sin pensión se puede ser; vamos a ver si podemos ser pensionistas con pensión. Estos recortes evidentemente tienen problemas graves. En primer lugar, son injustos por la vulnerabilidad del colectivo al que afectan. En segundo lugar, porque es un colectivo cautivo del presupuesto público. Un pensionista puede hacer muy pocas cosas al margen de percibir la pensión que la Tesorería de la Seguridad Social, que las instancias y entidades gestoras de la Seguridad Social gestionan; puede hacer muy pocas cosas diferentes a la mera percepción de la pensión salvo que realmente empecemos a comprender que el envejecimiento activo consiste de facto en la monetarización de estas actividades que nuestros padres y nuestros abuelos están realizando y que no están monetarizadas: el cuidado de los hijos, la asistencia a los hijos, el cuidado de los dependientes, etcétera. Ese es el verdadero concepto, el esencial concepto de envejecimiento activo, pero por lo pronto es cautivo, los pensionistas son cautivos del presupuesto y no pueden hacer más que percibir las pensiones que ustedes, en este caso arbitrariamente, decidan que van a percibir. Y en tercer lugar, es un colectivo invertebrado, y con esto le quiero decir lo siguiente, señora ministra. Nos parece que tiene un punto de cobardía esta reforma, porque este colectivo, por su invertebración y su falta de capacidad de interlocución, a usted no le va a plantear una manifestación, no le va a plantear una huelga general, ni siquiera le va a lesionar políticamente dada la dispersión de las sensibilidades ideológicas de un colectivo que carece de


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vertebración y que tampoco es defendido por las organizaciones sindicales, menos por las organizaciones empresariales y menos por el Gobierno. Tenemos que subrogarnos los grupos parlamentarios que creemos en la justicia, en la equidad, en la razonabilidad y en la contributividad del sistema de pensiones en la defensa de estas personas que no tienen más defensa que la que nosotros les podemos proporcionar. En este caso así se lo digo, contra sus opiniones y en favor de la de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, que hemos presentado una enmienda de totalidad. Está sola, señora ministra, y no sé si usted aspira a reformar en solitario, en la más absoluta soledad el sistema de pensiones. Está sola porque ningún agente social, ninguna organización sindical avala esta reforma, pero tampoco la avalan las organizaciones empresariales, paradójicamente. Ha sido criticada acerbamente por el Consejo Económico y Social. Todos los grupos parlamentarios con presencia en esta Cámara hemos presentado una enmienda de totalidad. Solo tienen sus votos; sé que son suficientes materialmente, pero no sé si son suficientes para proveer de la legitimidad que necesita una reforma de estas características. También las organizaciones de pensionistas, a pesar de su invertebración, han manifestado su opinión contraria a esta reforma. Tantas personas no se pueden equivocar, y ustedes, por muchos votos que tengan -los suficientes matemáticamente para aprobar la reforma-, no necesariamente pueden adquirir una razón o una legitimidad sobrevenida, conceptual. Ustedes tienen la mayoría, pero tienen la soledad, y esa soledad es un déficit de legitimidad a la hora de afrontar una reforma de estas características.

Pero además está vulnerando, señora ministra, el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo establece como obligación la seguridad económica para toda la sociedad cuando no se puede realizar una actividad laboral por razón de edad -razón de edad, señora ministra; estamos hablando de pensionistas-, incapacidad o muerte. No se puede. Pero además, por si fuera poco, están incumpliendo la Constitución. Le advierto sobre la inconstitucionalidad de la propuesta de reforma que usted nos presenta. Se está vulnerado el contenido esencial de dos preceptos de la Constitución, el artículo 41 y el artículo 50. El artículo 41 mandata a los poderes públicos del Estado a establecer pensiones de naturaleza pública, y esto no es algo tautológico. De naturaleza pública quiere decir que no sean de naturaleza privada o de naturaleza mixta, en parte públicas y en parte privadas. Tienen que ser además pensiones suficientes y, utilizando la expresión tan barroca del Tribunal Constitucional, suficientes para subvenir a las necesidades de la vida y vinculando esta suficiencia para subvenir a las necesidades de la vida adaptándolas al incremento del IPC. Esto es jurisprudencia constitucional en desarrollo o en interpretación del contenido esencial del artículo 41 de la Constitución. Y tienen que ser universales, para todos los pensionistas. Tampoco en materia de universalidad esta reforma se acerca a los requerimientos de la Constitución.

En relación con las personas de la tercera edad, el artículo 50 consagra el principio de que los poderes públicos tienen que garantizar a las personas de la tercera edad -dada la estructura sociológica con la que convivimos, podemos hablar de tercera, cuarta y hasta de quinta edad- pensiones suficientes y periódicamente actualizadas para subvenir también a las necesidades de la vida. Yo no sé hasta qué punto usted piensa que con una reforma que reduce a los pensionistas actuales, mediante la desindexación del IPC, el 20 % de la pensión resultante y para los futuros el 30 % de la pensión resultante está cumpliendo con estos requerimientos constitucionales.

Hay una palmaria y lamentable omisión de todos los aspectos no vinculados al gasto -y no deja de ser incluso una manipulación lingüística, una manipulación semántica, a las que estamos tan acostumbrados en esta legislatura-, al gasto no, el gasto se llama recorte, que ustedes han tabulado en su memoria económica, un recorte de 33.000 millones de euros, que va a afectar al volumen de las pensiones que van a percibir los futuros pensionistas.

No se focaliza nada sobre el ingreso y nosotros estamos en la tesitura -en los términos en que usted permita la negociación, porque, aunque se ha hablado mucho con usted, no se ha negociado formalmente; son conceptos diferentes- de iniciar negociaciones focalizando sobre los ingresos en el ámbito de las bases de cotización, de la lucha contra la economía sumergida, de la desvinculación o desplazamiento de determinadas contingencias a los presupuestos ordinarios manteniendo solo la pensión de jubilación en el ámbito del sistema público de pensiones y en otros ámbitos.

Aquí usted ha hecho todo lo contrario de lo que se ha hecho por ejemplo con los contratos Riester en Alemania o con los contratos Next en Gran Bretaña, pactar con los interlocutores sociales. Usted no ha pactado con los interlocutores sociales, seguramente porque no ha podido, porque con esta reforma usted sabe que el acuerdo era metafísicamente imposible, como era metafísicamente imposible con los grupos parlamentarios y como era metafísicamente imposible que el CES avalara una reforma de estas características.


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El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que ir acabando.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy acabando, señor presidente, de inmediato.

Nosotros estamos dispuestos, por entender que estamos afrontando un problema de Estado de dimensión universal -esto afecta a todas las personas, no solo a los jubilados, sino a los que aspiramos a serlo algún día con pensión, como le decía-, a negociar, a partir de este momento y en virtud de la tramitación de las enmiendas parciales que los grupos presentemos, todo lo que se pueda negociar. No estamos hablando de una cuestión baladí. Estamos hablando de un paradigma del Estado del bienestar. El Estado del bienestar tiene dos paradigmas -acabo, señor presidente-, los dos configurados por la Constitución de Weimar en el periodo de entreguerras en la República Federal de Alemania: en primer lugar, políticas orientadas al pleno empleo -no le voy a hacer una glosa sobre lo que está ocurriendo con las políticas orientadas al pleno empleo- y, en segundo lugar, una protección suficiente, universal y pública ante cualquier situación de necesidad. Exactamente con este proyecto de ley...

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene usted que terminar. No le queda más remedio.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... estamos haciendo, señora ministra, si me permite la expresión, lo contrario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Para la presentación de su enmienda a la totalidad tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Como saben todas sus señorías, la sociedad española se dotó de un instrumento para sacar las pensiones del debate político, que es el Pacto de Toledo. El procedimiento normal en el Pacto de Toledo sería que los grupos nos reuniésemos, presentásemos propuestas alternativas, llegásemos a un acuerdo, buscásemos el consenso de los agentes sociales, sindicatos y patronal, y luego todo eso se plasmase en un texto legislativo. Esto es muy sorprendente porque el procedimiento que se ha seguido es exactamente el contrario. Sin el acuerdo de nadie, sin el acuerdo de ninguno de los grupos de la oposición de esta Cámara, ni de los sindicatos, ni siquiera de las organizaciones empresariales, el Gobierno nos ha traído ya un texto articulado a la Cámara y ahora nos tiende la mano para negociar. Lo que no hemos conseguido entender todavía pese a sucesivas reuniones es exactamente qué es lo que podemos negociar, porque ya hay muchas cuestiones esenciales prefijadas y no para dentro de un tiempo, para ya. En los presupuestos generales del año 2014 se plantea una subida mínima de las pensiones del 0,25 %, una hibernación de las pensiones, con lo que lo que debería ser una reforma a largo plazo para un problema demográfico a décadas vista se convierte, como todo lo que hace este Gobierno, en un problema de recorte presupuestario, de ahorro presupuestario inmediato, deslegitimando esa reforma, convirtiéndola en algo a corto plazo y confundiendo recortes y reformas.

No solo nos preocupa el poder adquisitivo para el año 2014; es que en el proyecto de ley hay unas fórmulas y un diseño determinado -que luego explicaré- que van a condicionar el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro inmediato previsible, en forma de recorte por supuesto. Si nada lo impide, tal como está -y tal como está es la voluntad del Gobierno, porque si quisiese otra cosa ya la habría añadido; no creemos que haya dejado de añadir cosas para que nos luzcamos los demás-, esto va a provocar una pérdida continuada de poder adquisitivo de los pensionistas. Esto nos parece grave y creemos que una de las cosas que condiciona el debate es la falta de sinceridad del Gobierno. Habría que decir la verdad a la sociedad española de lo que se está haciendo. Las pruebas son abrumadoras y, sin embargo, se niegan una y otra vez.

La memoria de impacto normativo que acompañaba a este texto legal cuando se remitió al CES hablaba con supuestos muy conservadores de un ahorro de 33.000 millones. ¿De dónde salen esos ahorros si no es de las pensiones futuras de los pensionistas? Todavía esperamos una explicación. Se nos dice que ahora la inflación es coyunturalmente baja; sí, como consecuencia de la debilidad de la demanda, ahora es coyunturalmente baja, pero las propias previsiones oficiales incorporadas en el programa de estabilidad nos dan unas previsiones de inflación de entre el 1,5 y el 1,8 % y el objetivo del Banco Central Europeo es el 2 %. Si las subidas van a ser en los próximos seis o siete años como mínimo del 0,25, ¿no es eso una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones? No tiene sentido engañar a los


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ciudadanos, sobre todo porque ellos saben perfectamente lo que entra y lo que sale cada mes y cada año en su casa. A nosotros nos preocupa asentar el debate sobre bases falsas, sobre la desinformación a los ciudadanos.

¿Cuál es nuestra postura? Por supuesto la vamos a manifestar, aunque tenemos muy serias dudas de que a estas alturas nuestra postura importe absolutamente para nada. ¿Cuál es nuestra postura? Ustedes incorporan piezas de un diseño que podemos compartir. El problema es que solo han incorporado las piezas que han querido y han dejado al margen piezas muy importantes del diseño. Del informe de los expertos han cogido las partes que han querido y han olvidado las que no les han interesado.

¿Qué piezas compartimos? Nosotros estamos de acuerdo en que hay un problema demográfico estructural. Negar eso es negar la evidencia. Las cifras cantan por sí solas. Se sabe ya cuántas personas han nacido, cuántas se van a jubilar, más o menos. Hay un reto demográfico importante. Es cierto que ese reto se ha acelerado por medidas como su reforma fiscal, que ha destruido el número de cotizantes, ha rebajado las bases de cotización y ha hecho que problemas que iban a surgir dentro de un tiempo nos los encontremos antes. Pero no solo es un problema coyuntural, en efecto, es un problema de cambio demográfico, es un reto demográfico al que nos enfrentamos. Eso lo compartimos, lo comparte la mayor parte de las persona sensatas que miren la realidad de los datos de nuestra población.

En sus propuestas hay dos componentes. El primero es un factor de sostenibilidad que pide tener en cuenta la esperanza de vida cuando calculamos la cuantía inicial de una pensión. Esto es algo que nosotros defendimos cuando se debatió la Ley 27/2011, es algo que esa propia ley incorporaba entre sus previsiones y es algo que el Pacto de Toledo incorpora entre sus recomendaciones. Esta sería una cuestión, en nuestra opinión, negociable, tener en cuenta la esperanza de vida en el cálculo inicial de la pensión. Es algo que otros partidos también han defendido en su momento. Sin embargo, creemos que no es algo exento de problemas. Detrás de la media de esperanza de vida hay situaciones muy dispares. ¿Qué pasa por ejemplo con las personas con discapacidad? Esa media mayor a lo mejor a ellos no les afecta. ¿Por qué se tiene que reducir su pensión inicial? ¿No hay diferencias de esperanza de vida por oficios, por niveles de renta? Creemos que habría que estudiar estas cuestiones. Esto va a entrar en vigor en el año 2019, lo que ya sería una concesión, porque inicialmente iba a empezar en 2027. Hay tiempo, desgajen este pilar del otro, negociémoslo, veamos estas correcciones y puede haber alguna oportunidad de llegar a un acuerdo en esto.

Hay un segundo pilar, el índice de revalorización, totalmente diferente. En ese segundo pilar ustedes incorporan una fórmula que en sí puede ser inocua, porque la fórmula es más o menos una restricción presupuestaria: vamos a gastar en función de los ingresos. Pero a partir de aquí acaban las coincidencias, porque esa fórmula inocua, esa restricción presupuestaria ustedes la rodean de una serie de condicionantes e ignoran cosas que deberían ir acompañándola que la convierten en una especie de mecanismo infernal, en unos dados trucados. Los dados en sí no están mal. Se tiran y a veces salen en una dirección y a veces en otra. A veces sale 6 y a veces sale 1, pero tal como ustedes han diseñado esto, los dados están trucados y la fórmula inocua se convierte en peligrosa.

En primer lugar, incluyen unos topes máximos y mínimos de revalorización que no son simétricos. Nos dicen 0,25 arriba, 0,25 abajo. Sí, arriba o abajo, pero no sobre la misma cifra. Si la cosa va bien, es 0,25 sobre el IPC. Ganan 0,25 de poder adquisitivo. Si la cosa va mal, es 0,25 sobre cero. Por poner un ejemplo, en un año en que la inflación sea el 2 %, objetivo del Banco Central Europeo, y la revalorización 0,25, se pierden 1,75 puntos de poder adquisitivo, en un año, y hacen falta siete consecutivos de bonanza para recuperar lo perdido en uno. No es una fórmula simétrica. Son dados trucados. Condenan a la pérdida de poder adquisitivo, a que se pierda mucho en un año que eventualmente se recuperaría, pero ese escenario no es realista.

Segundo punto, la entrada en vigor. La entrada en vigor es inmediata. No tendría sentido, si es un reto para el año 2050, tener en cuenta que hay 9 millones de pensionistas, muchos sosteniendo a todos los miembros de su familia en paro. ¡Qué prisas! Es una reforma estructural para un reto demográfico que alcanza su culmen en el año 2050. De las posibilidades que daban los expertos, ustedes optan por la entrada inmediata. Eso tendrá efectos sobre el consumo, por supuesto, y efectos sobre ingresos de familias con todos sus miembros en paro que solo dependen de la pensión. Nos preocupa que este mecanismo se base en previsiones del año actual y cinco años futuros, además de cinco pasados conocidos. ¿Quién va a hacer esas previsiones si han conseguido que no haya organismos independientes creíbles? ¿No existe el riesgo, la tentación de que se acaben haciendo las previsiones en función de las


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necesidades presupuestarias de cada año? Como ven, muchas diferencias, muchas discrepancias en lo que nos proponen. Pero llego ahora al punto esencial... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.

Por favor, ruego silencio para que se pueda oír al interviniente.

Continúe.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Decía que llego al punto esencial y es el que tiene que ver con los ingresos. Ustedes nos dicen una perogrullada. Hay que gastar según lo que se ingresa. ¿Quién no va a estar de acuerdo? Nosotros estamos de acuerdo. Pero hay muchos escenarios en los que se puede cumplir esta hipótesis de gastar según lo que se ingresa. Uno es el que ustedes plantean. No hacemos nada con los ingresos, y los gastos, que deberían aumentar porque hay más población envejecida, ya se ajustarán a la baja. Ajustamos gastos a la baja a los ingresos y cumplimos la restricción presupuestaria. Pero hay escenarios alternativos. Hay uno mucho más lógico. Los ingresos no son una variable exógena, los ingresos no están dados, los ingresos dependen de decisiones políticas que toma un Gobierno. Si va a haber más población envejecida ¿por qué no aumentar los ingresos para hacer frente a esas mayores necesidades? También se ajustarían gastos e ingresos, pero en este caso logrando mayores ingresos para hacer frente a esas mayores necesidades. Usted dice que sí con la cabeza, yo me alegro, pero hay un pequeño problema, que en su diseño el escenario al que vamos no es este segundo, es claramente el primero, entre otras cosas porque su propuesta no incluye ni una sola medida que tenga que ver con los ingresos.

Me detengo brevemente en estos dos escenarios. El que propone el Gobierno: no hacemos nada con los ingresos y cumplimos la restricción presupuestaria. Los ingresos se van a mantener según las previsiones más o menos en el 10 % del PIB. Tengan en cuenta que van entrando cohortes más pequeñas a trabajar, no hay un aumento si no se hace nada en esa variable, más o menos 10 % del PIB. Los gastos aumentarían hasta el 14 % del PIB en el año 2050 si las previsiones oficiales son correctas, que puede que no lo sean y el aumento tendría que ser mayor. Si mantenemos los ingresos en el 10 y los gastos deberían aumentar al 14, una simple regla de tres nos dice que, si no hacemos nada, va a haber un recorte de 4 puntos, el 40 %, en lo que deberían aumentar las pensiones. Ese es un escenario, el del proyecto de ley, el de no hacer nada con los ingresos.

¿Cuál es el escenario alternativo? Como les digo, vamos a tener una población más envejecida, mayores necesidades. Vamos a dotar de más recursos a nuestro sistema de pensiones. ¡Demagogo!, ¡populista!, ¿quiere usted subir los impuestos 4 puntos? No. Estamos hablando de subir 4 puntos del PIB en cuatro décadas y partimos de un gasto en términos del PIB, respecto a la media de la Unión Europea, que está 3 puntos por debajo. ¿Por qué lo que es posible para todos los países de nuestro entorno va a ser imposible para nosotros? Es un reto perfectamente asumible si se quiere asumir, pero se debe asumir con el mismo grado de detalle y compromiso que el resto de la propuesta, e, insisto, no hay ninguna medida sobre esto en lo que se nos plantea.

Querría señalar también algo importante, el propio cambio demográfico va a liberar recursos, el propio cambio demográfico va a hacer, por ejemplo, que cuando haya escasez de mano de obra no tengamos las tasas de paro actuales, y hoy estamos dedicando 3 puntos del PIB a pagar prestaciones por desempleo, 3 puntos del PIB. El gasto en educación infantil, en educación primaria no tendrá los mismos requisitos económicos que hoy en día. El propio cambio demográfico liberará recursos. No estamos hablando de una subida de impuestos. Estamos hablando de reasignar recursos para unas mayores necesidades sociales.

Por último, este problema, como algunos señalan, o reto, como señalamos nosotros, es transitorio. La pirámide demográfica no va a estar invertida para siempre. Hay un problema o reto que tiene que ver con la generación del baby boom, porque nuestro sistema es de reparto, y lo que ellos han cotizado se ha gastado en sus mayores y ahora viene detrás una generación más pequeña, pero eso no es eterno, es un periodo transitorio de unas dos décadas y luego la pirámide demográfica volverá a la normalidad, entrarán cohortes más pequeñas a jubilarse y a trabajar. Por tanto, es un reto asumible si se quiere asumir, pero ustedes no lo asumen. Ustedes detallan la parte restrictiva del modelo e ignoran totalmente la parte de los ingresos. Nos pueden decir, lo dejamos para más adelante, pero el proyecto es el que indica la voluntad del Gobierno. Nosotros, por supuesto, si esto sigue adelante -y no creemos que deba seguir adelante-, plantearemos propuestas para el aumento de los ingresos, pero la voluntad del Gobierno, que es lo aquí expresado, no incorpora aumentos de ingresos por ningún lado y condena a una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones continuada. Por eso nuestra enmienda de totalidad propone empezar desde


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el principio y hacer las cosas bien. Vuelvan al Pacto de Toledo, separen los dos pilares; si quieren aumentar los ingresos, detállenlos, porque ustedes solos se han metido en un callejón sin salida, tienen en contra a toda la oposición, sindicatos, agentes sociales, y esta es una reforma que va a afectar a muchos millones de personas durante muchas décadas. No nos podemos permitir confundirla con el ahorro presupuestario. Nuestra propuesta, por tanto, es de devolución del proyecto de ley.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Para presentar su enmienda, por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, todo el proyecto de ley está recorrido por una monumental falacia y su defensa por parte del Gobierno se hace, como es costumbre, con engaños, falsedades y mentiras. Vamos a intentar demostrar estas afirmaciones. Primera falacia. Como vamos a vivir más tiempo, tenemos que cobrar menos pensión. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Dónde está escrita esta verdad revelada, señora ministra? Nadie niega que el aumento de los pensionistas y la mejora de la esperanza de vida comportan más gasto en pensiones, pero el Gobierno no puede obviar que en el futuro de la Seguridad Social intervienen otros factores, factores demográficos como el índice de natalidad, necesitado de políticas de apoyo a la familia, eso de lo que ustedes tanto hablan y tan poco apoyan; la gestión de flujos migratorios, que también depende del volumen de empleo, de la productividad de ese empleo, de la calidad de los puestos de trabajo y, por tanto, de las cotizaciones. Señora ministra, baja tasa de natalidad, baja tasa de actividad, precariedad y bajos salarios no son una maldición bíblica que Dios nos haya enviado a los españoles. Son, entre otras cosas, fruto de un modelo económico y social y de las políticas que ustedes están practicando. Por cierto, señores del PP, que espero que alguna vez se puedan jubilar y se acuerden de este debate, si su falacia fuera cierta, si fuera verdad que vivir más tiempo supone cobrar menos, el sistema de Seguridad Social español y europeo no hubiera existido nunca. En el año 1900, en Europa y en España se trabajaban de media 3.000 horas al año y había una expectativa de vida de diez años, y curiosamente no hubo recursos hasta 1919 para tener pensiones públicas. Hoy, con menos de 1.800 horas de media, con diecinueve años de expectativa de vida después de los 65 años, hay recursos para financiar pensiones de 9 millones. ¿Dónde está el milagro? No hay milagro, señores del PP, señores del Gobierno. La fórmula es la sostenibilidad de la Seguridad Social del siglo XX, solo es más personas trabajando, más reparto solidario del empleo, mejores salarios, más productividad y más reparto de la riqueza, o sea, exactamente lo contrario de lo que ustedes practican, pero recuerden que el milagro del siglo XX es la mejor garantía de la Seguridad Social del siglo XXI.

Segunda falacia. Como se ha producido un déficit en las cuentas de la Seguridad Social, la única solución es recortar el gasto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Dónde está escrita, en qué texto sagrado está escrita esa segunda verdad revelada? ¿Cómo se atreven ustedes a afirmar que el desequilibrio de los presupuestos de pensiones solo se puede superar recortando gastos y no aumentando ingresos? Para desmontar esta falacia, nuestro grupo y el resto de los grupos de la Cámara hemos presentado una batería de propuestas que supondrían más ingresos y que ustedes, de momento, han ninguneado.

Tercera falacia, señora ministra. Como la crisis ha provocado una caída de los ingresos, hay que adelantar las medidas previstas para el año 2027. ¿Ah, sí? ¿Por qué ese silogismo tan absurdo? ¿Acaso la crisis va a provocar que la generación del baby boom envejezca más rápido, crezca más rápido? Usted sabe que no. El déficit de los años 2013 y 2014 no lo provoca un aumento del gasto por más pensiones, por más expectativa de vida, sino una caída brutal de los ingresos, que no es solo consecuencia de la crisis, sino responsabilidad de sus políticas. Usted antes ha citado los 3 millones menos de cotizantes. Se ha olvidado decir que una parte de esos 3 millones menos de cotizantes tiene que ver con el incentivo al despido en su reforma laboral y que 3 millones de cotizantes han pasado de tener un contrato de tiempo completo a un contrato a tiempo parcial con muchas menos cotizaciones. Ustedes son parte de la carcoma de los ingresos de la Seguridad Social. Su austeridad salvaje y su reforma laboral han provocado una caída en picado del empleo, fruto de los incentivos al despido; una caída en picado de los salarios, y por tanto de las cotizaciones, que ha sido buscada y celebrada por este Gobierno. No pueden ustedes incentivar la bajada de salarios y luego quejarse de que la Seguridad Social ingresa menos. Aumento de la precariedad; la sustitución de contratos indefinidos por contratos a tiempo completo ha hecho caer la cotización.


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Señora ministra, qué poco accesible debe ser usted el resto de los días, porque hoy está usted más requerida que Carmen de Mairena. Todo el mundo quiere hablar con usted hoy, justo cuando estamos hablando de pensiones. Podrían escoger otro momento. (Rumores). Gracias.

La sangría del sistema no viene por el aumento de los gastos en pensiones sino por la caída de los ingresos, fruto de una política económica y laboral.

Cuarta falacia, y esa es muy grave, señora ministra. Hay que hacer algo, no podemos no hacer nada, los que no quieren hacer nada nos van a hundir. ¿Usted cree de verdad que el sistema de Seguridad Social de este país no se ha reformado en profundidad? Es posiblemente el más reformado de toda Europa. Por cierto, deje usted de utilizar en beneficio propio cosas que no le corresponden. El Fondo de reserva de la Seguridad Social y la separación de fuentes fueron una propuesta de las organizaciones sindicales para evitar que los empresarios se llevaran una reducción de cotizaciones, de esos mismos sindicatos que usted ningunea en estos momentos en la negociación.

Estas cuatro falacias se explican y defienden por el Gobierno con engaños y mentiras, cinco concretamente. Primera mentira. España gasta mucho en pensiones. ¡Falso! Gastamos el 10,7 % del PIB en pensiones, casi 3 puntos menos que la media europea. Si España gastara hoy la media de la Unión Europea, dispondríamos de 30.000 millones de euros más en pensiones. Ya sé que eso no se puede conseguir de un plumazo, pero ese es el horizonte.

Segunda mentira. El gasto en pensiones crece mucho. ¡Falso! El aumento de gasto ha pasado de ser el 8 % interanual en 2007 a ser -lo prevén ustedes en el presupuesto de este año- el 3,6 % en el año 2014. Se ha desacelerado el incremento del gasto en pensiones.

Tercera mentira. El Gobierno dice que con su reforma las pensiones siempre subirán. ¡Falso! Las pensiones de la ministra Báñez subirán tanto como los salarios del ministro Montoro, es decir, subirán hacia abajo, o sea, decrecerán. Lo dice la propia memoria del proyecto de ley del Gobierno. Parece mentira que usted se desdiga y se desmienta a sí misma. Si se hubiera aplicado su proyecto de ley a los ejercicios 2011 y 2012, los pensionistas hubieran perdido 5,3 puntos de poder adquisitivo; 5,3 puntos que con su fórmula solo se recuperan después de veintiún años de superávit del sistema. No me he equivocado: veintiún años. Y a eso usted le llama una reforma equilibrada. Dios le guarde la vista sobre lo que es el equilibrio.

Cuarta mentira. Con esta ley ningún Gobierno podrá congelar las pensiones. ¡Falso! Igual que los Gobiernos Zapatero y Rajoy decidieron cuando lo creyeron oportuno no cumplir con la regularización acordada en la Ley de Seguridad Social de 1997, esta ley, si se aprueba, podrá ser modificada por otra ley posterior de Presupuestos Generales del Estado. Claro que, a lo mejor, lo que usted quiere decir cuando dice que jamás otro Gobierno va a tener que congelar las pensiones es que con su pensionazo eso ya no hará falta, porque usted ya establece el mecanismo para garantizar que esa congelación es a perpetuidad o al menos a muy largo plazo. Si se cumplen las previsiones del Gobierno, la subida mínima del 0,25 % cuando haya déficit va a tener como resultado en las previsiones de crecimiento económico y de creación de empleo y de equilibrio de la Seguridad Social de los próximos años, en sus propias cuentas, si se cumplen sus previsiones, que la pensión mínima va a subir en los próximos siete años 13 euros en suma acumulada. Esa es la realidad desgraciadamente.

Quinta mentira. Esta reforma es necesaria para mantener las pensiones de los jóvenes. Eso además de ser falso es mezquino, señora ministra, porque quiere confrontar a los jóvenes con sus padres y abuelos. Las pensiones del mañana de los jóvenes de hoy no dependen de que sus padres tengan menos expectativas de pensiones mañana, ni de que sus abuelos no vean revalorizadas las pensiones hoy. Eso es falso y además supone un desconocimiento de cómo funciona nuestro sistema. En un sistema contributivo y de reparto, usted sabe o debería saber que las pensiones de mañana de los jóvenes de hoy dependen de que tengan trabajo digno hoy, el que ustedes les niegan con su política, y de que cuando se jubilen haya mucha gente cotizando y con buenos salarios. Así funciona el sistema mientras ustedes no lo cambien y por lo tanto esa es la única garantía de los jóvenes de hoy. Trabajo decente hoy, pensiones dignas mañana, no machacar a sus padres y a sus abuelos como usted pretende hacerles creer.

En el trasfondo de esas cuatro falacias y cinco mentiras del Gobierno se esconde un monumental fraude y dos grandes razones ocultas. Sus razones ocultas: primera, quieren aprovechar la oportunidad que les brinda la crisis económica y su mayoría absoluta para hacer aquello por lo que los poderes económicos llevan décadas suspirando, avanzar en una contrarreforma para modificar la naturaleza de nuestro sistema de Seguridad Social, que es de reparto, contributivo y solidario. ¡O ahora o nunca!, parecen gritar los lobbies económicos que llevan años suspirando por esta oportunidad. Los sistemas de


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fondos de pensiones no soportan tener una penetración de solo el 8 % del PIB y por lo tanto saben que, como la teoría de los líquidos, para ellos entrar, tienen que salir las pensiones públicas, y les tienen a ustedes para hacerles ese trabajo sucio.

Segunda razón oculta. El Gobierno utiliza el recorte de las pensiones para cubrir un objetivo de reducción del déficit público que no sabe resolver de otra manera. Como las cuentas de contabilidad nacional se presentan en Europa agregadas, ustedes quieren hacerles pagar a los pensionistas su inutilidad política para controlar el déficit público, entre otras cosas porque tenemos un sistema fiscal que tiene un 10 % menos de presión fiscal. Ingresamos 100.000 millones de euros menos en 2012 que los que hubiéramos ingresado teniendo una presión fiscal como la media de la Unión Europea. Señora ministra, el PP quiere que los pensionistas paguen el pato de una política de austeridad salvaje que nace -lo ha dicho usted y es en lo único que estoy de acuerdo- del artículo 135 de la Constitución española que, por cierto, aprobaron ustedes rápido, con nocturnidad; rápido, con alevosía. Para eso no hacía falta el respeto a la soberanía popular; para eso la soberanía popular se la podían ustedes pasar por el forro. Por cierto, pasa también por la Ley de Estabilidad y, por cierto, pasa también por la reforma laboral, que es el detonante último.

El riesgo para la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social no es el gasto en pensiones, ni el aumento de la esperanza de vida, ni el aumento de los pensionistas; el gasto en pensiones existe pero no está desbocado, no es verdad. El riesgo, el peligro, la carcoma para el sistema de Seguridad Social son la teología de la austeridad salvaje y la precariedad extrema que expresa la reforma laboral. Ustedes, con su reforma del 135 de la Constitución pactada con el Gobierno Zapatero, con el Pacto de Estabilidad, con la Ley de Estabilidad, con la reforma laboral; esos son los polvos que nos han llevado a estos lodos. Y ustedes quieren resolverlo con un recorte de las pensiones.

Señora ministra, se lo han dicho otros portavoces ya, pero su reforma además de ser injusta socialmente es inconstitucional; vulnera el artículo 50 de la Constitución, que exige a los poderes públicos garantizar que las pensiones sean periódicamente actualizadas. Pero déjeme pararme un poco más en un argumento un poco más sofisticado: supone un flagrante incumplimiento del principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución española. Los artículos 4 y 7 de este proyecto de ley son ininteligibles para los ciudadanos a los que se les aplica, están faltos de los requisitos de comprensión y seguridad exigibles a las normas jurídicas. Estos artículos del proyecto de ley no van a poder ser interpretados ni aplicados por los tribunales. Estas palabras, que pueden parecer ser dichas por alguien indocumentado, que no sabe leer las leyes, fueron pronunciadas ayer en unas jornadas públicas por un catedrático de Derecho de Trabajo y Seguridad Social y por un magistrado del Tribunal Supremo. Espero que pronto tengan los tribunales oportunidad de decírselo. No pueden ustedes hacer unas leyes que sitúan a los ciudadanos en indefensión. Han cambiado ustedes un sistema de revalorización de las pensiones transparente, con derecho, que los trabajadores y los pensionistas podían saber en qué consistía, por un sistema opaco, arbitrario, sometido a la discrecionalidad de cada momento del gobernante de turno, del cacique de turno.

Esta reforma, señora ministra, está hecha contra trabajadores y pensionistas, es inconstitucional y se ha hecho -como se lo han recordado muchos portavoces- contra todos los agentes sociales y los partidos políticos. Incluso ha conseguido usted el récord Guiness, poner de acuerdo en un tema tan sensible y donde hay intereses tan confrontados a todo el Consejo Económico y Social, que ha hecho un dictamen desfavorable a su proyecto de ley. Eso sí, como nos dijo usted en la Comisión de Empleo, hay muchas voces a favor de su reforma. Se le olvidó decir que esas voces no son voces democráticas; son voces de los poderosos, son las voces del Banco de España, de la OCDE, de la troika y del gran lobby de bancos y seguros. Esos son los que están a su favor; en contra, el resto de la ciudadanía, organizaciones sociales, partidos políticos e instituciones de este país.

Señorías, algo grave ha pasado hoy en esta Cámara. Hemos iniciado la sesión de hoy con el debate de una ley hecha a medida del oligopolio, del cartel eléctrico. Una medida hecha al servicio de un cartel. Y vamos a terminarla con un pensionazo al servicio del lobby bancario y asegurador. Este Gobierno y el Partido Popular tiene una manera una tanto curiosa de ejercer la soberanía nacional y los intereses generales. Tanto que se llenan ustedes la boca de soberanía nacional para negar el derecho de los catalanes y tan poco que la tienen en cuenta para negar el derecho de los pensionistas españoles de este país. Lo siento, pero no va a convencer usted a nadie. Nos va a vencer, pero no nos va a convencer. Y ya sabe usted que esa frase no tiene muy buena historia. Lo siento por usted. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.

Para presentar la enmienda, por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, usted ha defendido su reforma básicamente argumentando que responde a la lógica de la sostenibilidad del sistema de pensiones; que en ningún caso las pensiones se van a congelar y siempre se van a subir y se ha mostrado abierta al diálogo. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Sobre esas tres afirmaciones voy a intentar centrar mi intervención. Le he de decir que he encontrado en su reflexión sobre la sostenibilidad -a la que ha dedicado buena parte del tiempo- un punto de adanismo. Si alguien hubiese aterrizado en esta Cámara hoy tendría la sensación de que en los últimos veinte años nadie, incluso los Gobiernos del Partido Popular, ha dedicado ni un minuto de tiempo a la reforma del sistema de pensiones; y que los señores Arenas, Pimentel, Aparicio, Gerardo Camps, en sus etapas de gobierno, no habían propiciado ninguna de esas reformas. Es más, en su intervención me ha chocado -y tengo ganas de releerme el "Diario de Sesiones"- que no haya hecho ninguna referencia al Pacto de Toledo, que ha sido, precisamente, el instrumento que ha permitido veinte años de reformas, y que algunas de las afirmaciones que ha hecho usted a favor del estado de salud financiero del sistema de pensiones respondiesen a esa realidad.

Es más, no quiero tachar de alarmista su discurso de esta tarde. Pero, claro, cuando usted dice que la relación de afiliados/pensionistas está en el 2,29, quizá estaría bien que nos recordase que en 1996 estaba en el 2. Estábamos mucho peor en esa relación de lo que estamos hoy, y precisamente pusimos en marcha entre todos el Pacto de Toledo para dar respuesta a esa realidad; y precisamente entre todos -y ahí también estuvo Convergència i Unió- pusimos en marcha una política económica orientada a la creación de empleo en el corto plazo que, como usted sabe, es el principal reto del sistema de pensiones. Si me permite, señora ministra -sin que se me ofenda en lo personal, ni usted ni ninguno de sus colaboradores, que seguramente están siguiendo este debate-, en materia de sostenibilidad su equipo, el equipo que dirige el Partido Popular, tiene muy poca autoridad política; porque hace dos años, en un debate tremendo en plena crisis -quizá uno de los peores momentos de la crisis- cuando el Estado español decide abordar una reforma, precisamente pensada para la sostenibilidad de las pensiones, ustedes no estuvieron allí. No les escuché ese discurso de la responsabilidad, no les escuché ese discurso de la sostenibilidad, no les escuché ese discurso reformista que esta mañana nos ha hecho aquí; no se lo escuché. Ustedes prefirieron buscar el desgaste político de la mayoría que entonces gobernaba en esta Cámara. Por lo tanto, hoy se dirigen a los escaños de Convergència i Unió sin ningún tipo de autoridad. Lo lamento, señora ministra, de verdad. Hubiese preferido que hace un par de años hubiesen participado de una reforma consensuada con los agentes sociales. Al menos hoy, cuando mirasen a los escaños de Convergència i Unió nos podrían hablar con la misma autoridad con la que hoy nosotros nos podemos dirigir a usted.

Señora ministra, ustedes están confundiendo -y en su discurso lo ha hecho de manera muy evidente- los problemas a corto plazo del sistema público de pensiones, que se sitúan precisamente en la situación de nuestro mercado de trabajo, con los problemas demográficos que se empiezan a situar a mediados de la próxima década y que nos duran hasta 2050. Además, ustedes lanzan unos planteamientos en materia de sostenibilidad en el que quizá, o no -es discutible-, ponen el valor de la eficiencia económica de su lógica, olvidándose absolutamente de los aspectos de equidad y justicia social que son consustanciales en un sistema público de pensiones que responde a una lógica que no es exactamente la misma lógica a la que responden los esquemas privados de protección a la vejez. En su reflexión, la equidad y la justicia social están absolutamente ausentes. La principal crítica de fondo de la reforma es que es injusta para los trabajadores que se empiecen a jubilar a partir de 2019 y especialmente injusta para la generación de hombres y mujeres nacidos alrededor de la Guerra Civil. Esta reforma va a castigar a nuestros padres y a nuestros abuelos -la gente que nació entre los años veinte y los años cuarenta, la gente que pasó la guerra, la gente que pasó la posguerra, la gente que vivió seguramente las épocas más duras de nuestra sociedad-, porque les condena a un periodo largo de pensiones cada vez más bajas.

Señora ministra, la eficiencia debe poder ser compatible con la equidad. Esas han sido las reformas que desde 1996 ustedes también impulsaron, como impulsaron anteriores Gobiernos. Señora ministra, existe una ruta marcada en la Ley 27/2011 para hacer frente a los retos de la sostenibilidad, una ruta que está en marcha desde el 1 de enero de este año. Desde el 1 de enero de este año la gente tarda más


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tiempo en jubilarse, desde el 1 de enero de este año la gente necesita un periodo de cálculo más largo para poder recibir su pensión y eso provoca ahorros en el sistema de pensiones. Esa misma ruta incluye que cuando las denominadas reformas paramétricas del sistema hayan alcanzado sus objetivos, se articulen nuevas fórmulas de ahorro en pensiones basadas en un denominado factor de sostenibilidad. Señora ministra, si ustedes hoy nos llevasen a discusión una propuesta de factor de sostenibilidad acordada con los agentes sociales -como hicieron el señor Arenas y el señor Aparicio en 1997 con la reforma que llevó a la consolidación de la separación de fuentes de financiación y posteriormente a la creación del Fondo de reserva de la Seguridad Social-, seguramente nos podríamos entender. Nos podríamos entender con una fórmula de factor de sostenibilidad acordada, como habitualmente ha desarrollado el Pacto de Toledo, y sobre este tema luego querré incidir.

Además, señora ministra, en su reflexión sobre la sostenibilidad -que es un mantra que compartimos desde tiempos de Miquel Roca, Francesc Homs y Rafael Hinojosa, y lo hemos expresado en esta Cámara- se olvida -y algún otro portavoz ha hecho referencia a esta cuestión- de que la sostenibilidad no solo tiene que ver con los parámetros que articulan el sistema de pensiones, con las reglas que generan la cuantía de la pensión, que determinan la edad de jubilación, que marcan los años que se necesitan para cobrar el cien por cien de la pensión, etcétera, sino que la sostenibilidad está muy vinculada a la evolución de la economía, a la evolución del empleo, al empleo de los mayores de cincuenta y cinco años, a una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, a la gestión de los flujos migratorios, al incremento de la productividad, al incremento de los niveles de educación de la sociedad. Y que precisamente los sistemas públicos de pensiones más sólidos no son tan solo aquellos que han hecho buenas reformas, sino aquellos que tienen precisamente en esos aspectos mayores fortalezas. A menudo situamos como reforma ideal la reforma sueca y nos olvidamos de decir que en Suecia el 80 % de las mujeres con hijos a cargo trabajan y que el 70 % de los mayores de cincuenta y cinco años están empleados. Esas son también las políticas que se necesitan en esta materia. Efectivamente, hay un debate relevante que es que si nuestro nivel de ingresos por cotizaciones se mantiene entre el 10 % y el 11 % del PIB y el gasto lo situamos, en la perspectiva de 2030 a 2040, entre el 13 % o el 14 % del PIB, dentro de veinte años la pregunta es: Esa diferencia entre ingresos por cotizaciones, ¿cómo la cubrimos? Señora ministra, seguramente la deberemos cubrir entonces vía impuesto si queremos tener el nivel de gasto parecido al que tendrán en esos años el resto de países europeos.

Me ha preocupado de su intervención una afirmación grave y yo no sé si las señorías del grupo de la mayoría han entendido lo mismo que yo. Usted ha dicho: Dejemos de invertir en políticas de apoyo a los mayores para invertir en otras políticas. Lo ha dicho, señora ministra. Reléase su intervención. Me parece preocupante ese discurso que pretende enfrentar generaciones. Señora ministra, den valor al Pacto de Toledo, que tiene la fortaleza -e insisto en que ustedes cuando han gobernado la han practicado- que consiste en el consenso con la sociedad, con los agentes sociales, que da un plus de legitimidad a la reforma; y el consenso político que permite que, gobierne quien gobierne, las reformas duren en el tiempo y produzcan sus efectos. Precisamente ustedes han renunciado a la forma habitual en la que trabaja el Pacto de Toledo, e incluso en esos mismos términos se lo ha dicho el Consejo Económico y Social: la tramitación no ha sido la habitual en las anteriores reformas desde 1997. Las reformas sin acuerdo social y las reformas sin mayorías parlamentarias amplias son reformas condenadas a morir cuando las mayorías sean distintas en esta Cámara, y esa es la principal crítica de fondo en su manera de hacer política.

Ustedes dicen que las pensiones nunca se van a congelar y que además van a subir. Señoría, aparte de que la fórmula para actualizar las pensiones es difícil de entender -y si nos la contase al conjunto de la Cámara creo que a usted le costaría explicarla y a nosotros nos costaría entenderla- y que es una fórmula cargada de arbitrariedad -hay al menos dos parámetros en la ecuación de la fórmula que dependen de la voluntad política del Gobierno-, es una fórmula que no tiene como principal objetivo el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas y evitar que la inflación se termine comiendo su capacidad de gasto y, por tanto, protegerles ante el riesgo de la pobreza. La fórmula que ustedes nos plantean tiene como única visión el equilibrio actuarial del sistema. Según esa fórmula, que haya pensionistas pobres no es relevante; castigar a la generación de la Guerra Civil no es relevante. Usted puede decirme que las décimas de inflación que los pensionistas van a perder no son tan importantes, pero cuando más del 50 % de los pensionistas en España tienen pensiones inferiores a los 630 euros, cuando cerca del 30 % de los pensionistas van a complementos a mínimos, esas pocas décimas de inflación que durante unos cuantos años van a perder esos pensionistas implican llevarlos hacia el rincón de la pobreza.


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Señora ministra, pregúntese por qué en esta crisis la pobreza para mayores de sesenta y cinco años ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido? Porque el conjunto de la sociedad se ha empobrecido y porque el sistema público de pensiones ha garantizado ingresos estables para un colectivo que en tiempos de crisis no tiene otra alternativa que los recursos de las pensiones. La propia Unión Europea nos dice en algunos informes que para las pensiones bajas y las pensiones medianas esas pérdidas de poder adquisitivo, esos recortes de 1, de 2, de 3 o de 4 euros son el principal riesgo de pobreza entre los mayores. Además, señora ministra -y me sorprende que el equipo económico del Gobierno sea tan miope-, rebajar las pensiones como se produce en el presupuesto de este año y para los próximos va a bajar más la demanda interna. Cuando cerca del 26 % de los hogares en España viven de las pensiones y cuando uno de cada diez hogares con un menor de sesenta y cinco años en ese hogar viven de las pensiones, retraer la capacidad de gasto de estas familias es hundir más la demanda interna.

Señora ministra, como el señor Álvarez Sostres, del Foro, ha dicho utilizando una expresión muy adecuada, que su vocación al diálogo es pura retórica. Hasta la fecha no hemos conocido ninguna propuesta concreta que permita articular un diálogo que nos posibilite alcanzar un acuerdo; no la hemos visto absolutamente por ningún lado, y yo le digo, señora ministra, que el acuerdo puede ser posible si todos coincidimos en la idea de que el objetivo del mecanismo anual de actualización de las pensiones es el mantenimiento del poder adquisitivo. Si nos ponemos de acuerdo en eso, quizás podamos discutir la fórmula en cuestión.

Señora ministra, estas enmiendas a la totalidad que hoy le presentamos toda la oposición, pretenden retornar este proyecto de ley y reclamarle al Gobierno que vuelva a la dinámica del Pacto de Toledo, a la dinámica de los acuerdos. Hoy ustedes van a estar muy solos en esta Cámara a pesar de la mayoría absoluta...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: ... porque no están escuchando a nadie de esta Cámara y a nadie del diálogo social. Es la peor manera de hacer política en materia de pensiones, en el pilar de la protección social de nuestros mayores.

Gracias, señora ministra. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Socialista, señora Valerio.

La señora VALERIO CORDERO: Muchas gracias, presidenta.

Subo a esta tribuna para defender la enmienda a la totalidad de devolución del Grupo Socialista en relación con un importantísimo proyecto de ley, denominado por el Gobierno del Partido Popular: de regularización del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Siempre buscando ustedes nombres rimbombantes y eufemísticos para no llamar a las cosas por su nombre. En definitiva, ustedes nos traen una ley que en el fondo pretende modificar nuestro sistema público de pensiones, un sistema de reparto contributivo y basado en la solidaridad intergeneracional. Realmente lo que van a hacer ustedes es condenar a los pensionistas presentes y también a los pensionistas futuros a cobrar pensiones más bajas y además a que no se revaloricen según el IPC de cada año, lo que implica la progresiva pérdida de poder adquisitivo de las mismas. Señora ministra, usted habrá podido observar aquí esta tarde que están solos, su Gobierno y su partido están solos, van en dirección contraria; ustedes son los que van en dirección contraria, pero no contraria a los grupos de la oposición -que es grave-, no contraria a los agentes sociales y económicos -que es grave-, no, ustedes van en dirección contraria a los intereses y a los derechos de los pensionistas de este país, incluidos sus votantes (Aplausos), que están hartos. El otro día me pararon en Guadalajara, yendo por la calle, dos señoras de una cierta edad, desde luego nada sospechosas de ser votantes del Partido Socialista, y me dijeron: Valerio, defiéndenos (Risas), defiéndenos. Nos están pidiendo que les defendamos; no Magdalena Valerio, todos los grupos de la oposición estamos recibiendo las mismas quejas y los mismos requerimientos porque ustedes van en dirección contraria.

Ya tenían las intenciones claras cuando ustedes aprobaron el día 13 de septiembre el anteproyecto de ley; ya se venía barruntando desde aquel Consejo de Ministros de 26 de abril en el que aprobaron el Plan nacional de reformas para el año 2013. Ahí ya dejaron claras sus intenciones de, con el pretexto de regular anticipadamente el factor de sostenibilidad para, supuestamente, hacer sostenibles las pensiones de


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futuro a medio y a largo plazo, suprimir la revalorización de las pensiones según el IPC. Recortar las pensiones lo tenían ustedes muy claro; tenían claro que se querían ahorrar inmediatamente unos cuantos millones de euros y seguir haciendo caso a las exigencias de la señora Merkel y de la derecha europea, lo tenían muy claro y muy meditado. Inmediatamente nombraron ustedes al comité de expertos, una buena manera; tenían el santo, necesitaban que alguien les hiciese el traje y pensaron que qué mejor que unos expertos. Dice usted que independientes. Pues resulta que algunos expertos les salieron a ustedes rana y dijeron que lo que querían hacer chocaba con la Constitución, era injusto e ilegal. Me estoy refiriendo concretamente a algún voto particular, en concreto al de los profesores Santos Ruesga y Tortuero Plaza. En mi grupo no compartimos el fondo ni las formas que ustedes han utilizado para hacer algo tan grave y que afecta a cerca de 9 millones de pensionistas presentes y a todos los pensionistas futuros, si es que siguen ganando elecciones, que espero que el electorado no lo quiera. (Risas). Se pueden reír, si a mí me da igual. (Risas). Los que no se están riendo son los pensionistas. (Aplausos).

Con relación a la falta de respeto de las formas, no es que sea solamente una opinión, como digo, de nuestro grupo, es una opinión generalizada; pero lo han dicho también los sindicatos, los empresarios, lo ha dicho el Consejo Económico y Social en su informe del 26 de septiembre, que les dice que se apartan del procedimiento habitual y que, en su opinión, el procedimiento resulta inadecuado. Han empezado la casa por el tejado y no por los cimientos: han enviado al CES el anteproyecto sin haberlo negociado y sin haber pasado por el Pacto de Toledo. Desgraciadamente, ustedes están ninguneando un día sí y otro también al Pacto de Toledo. Y no me diga, señora ministra, que nos reunimos mucho, aunque es verdad, tiene usted razón: nos reunimos mucho, muchas veces, pero ¿para qué? Para nada. Mucho marear y mucha tomadura de pelo; muchas reuniones y poco productivas. ¿Para qué nos reunimos tanto? ¿Para escuchar mentiras? ¿Para que nos acusen ustedes de vez en cuando de alarmistas y luego nos enteremos de que en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de cada viernes o en el BOE -que a veces nos enteramos de las cosas en el BOE- han aprobado en el Consejo de Ministros algún recorte más que nos han negado en la reunión anterior?

Señora ministra, ha estado desaparecida del Pacto de Toledo exactamente tres meses: julio, agosto y septiembre, y aparece el día 1 de octubre; eso sí, ya a toro pasado: el 27 de septiembre ya habían aprobado ustedes el proyecto de ley en el Consejo de Ministros. Eso sí, cuando llegó, lo hizo cargada de un repertorio de mentiras y palabrería que nos dejó apabullados. Hablaba de tranquilidad, de que había que estudiar este proyecto con tranquilidad, con sosiego, profundidad en el análisis, inteligencia, sensibilidad, rigor, seguridad, confianza, transparencia, y de ahí lo críptico de las famosas fórmulas: determinación y responsabilidad. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Sí, sí, señorías, han oído bien: Responsabilidad. Pide responsabilidad en nombre de un grupo político que votó en contra de la Ley 27/2011. (Aplausos). Ahí es nada. Responsabilidad. Claro que votaron ustedes en contra de la ley porque les parecía muy duro eso de pasar de sesenta y cinco a sesenta y siete años la edad de jubilación; no querían que las pensiones mínimas subiesen nunca por encima del IPC por si las pensiones mínimas iban a ganar poder adquisitivo, que eso no es muy bueno. Resulta que esa ley venía avalada con un acuerdo mayoritario en el Pacto de Toledo, venía avalada por un acuerdo del Gobierno con los agentes sociales: con UGT, con Comisiones Obreras, con la CEOE-Cepyme; venía con un informe favorable del Consejo Económico y Social. Pero, claro, llegó usted el día 1 de octubre pidiendo -dijo también- que hiciéramos un debate público para la sociedad y desde la sociedad, alejado en la medida de lo posible de los intereses partidistas y electorales. Fin de la cita. En fin, sin palabras, señora ministra. A ver si resulta que lo que pasaba en el mes de agosto del año 2011 es que estaban cerca unas elecciones generales y que ustedes, por intereses partidistas y electorales, decidieron votar no a un proyecto que velaba por la sostenibilidad del sistema público de pensiones. (Aplausos). No les interesó decir que sí y dijeron que no. Ustedes no han querido dialogar ni pactar ni con los grupos políticos ni con los agentes sociales. Ustedes están dinamitando el Pacto de Toledo, que lleva funcionando desde hace casi dos décadas y que ha sido un ejemplo dentro del país y fuera del país.

No estamos de acuerdo con las formas pero tampoco estamos de acuerdo con el fondo, ni con el factor de sostenibilidad que ustedes plantean ni cómo lo plantean ni cuándo lo plantean, ni tampoco con el índice de revalorización. Ustedes están confundiendo un problema coyuntural y de bajada de ingresos como consecuencia de los efectos de la crisis en el mercado de trabajo, que se han agravado con su reforma laboral, con los efectos letales que está causando la reforma laboral. Lo he dicho desde esta tribuna y lo repito porque ese día no estaba usted: La reforma laboral ha sido un pedazo de viga en la vía que ha hecho descarrilar el sistema de pensiones. La reforma laboral ha hecho descarrilar los ingresos.


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La Ley 27/2011 ya hacía frente a los problemas estructurales del sistema, pero ustedes no están dejando ningún respiro a la Ley 27/2011, ninguno. Ya desde el primer momento han modificado la regulación de la jubilación parcial, de la anticipada; no están dejando recorrido ni oxígeno a la Ley 27/2011, y eso que acaba de entrar en vigor el día 1 de enero. Nuestro sistema público de pensiones no tiene un problema de gastos, que están muy por debajo de la media de la Unión Europea, un 10,7 %, con una media de la Unión Europea del 13 %. (Rumores). El grave problema que tiene nuestro sistema en estos momentos es de ingresos porque, como digo, a los efectos de la crisis se han sumado los efectos letales de su reforma laboral por la pérdida de más de 1 millón de puestos de trabajo y 900.000 afiliados menos a la Seguridad Social. En el año 2011, que ya llevamos varios años de crisis, 700 millones de déficit del sistema; en el año 2012, ya con la reforma laboral funcionando, 10.000 millones de euros; en 2013 vamos a terminar con cerca de 11.000, si no son más, es decir, 15,7 veces más que en 2011. Lo que es insostenible, señora ministra, y señores del Partido Popular, es su política económica, eso es lo que es insostenible, no el sistema público de pensiones, su política económica de recorte de derechos y de austeridad. Han renunciado ustedes a la adopción de políticas de crecimiento económico y de fomento de la creación de empleo, ni políticas de conciliación de vida laboral, familiar y personal ni educación de cero a tres años, a ver si se anima un poquito la natalidad; no apoyan ustedes ninguna política de crecimiento. No estamos de acuerdo con la regulación del factor de sostenibilidad, porque en vez de esperar a hacerlo en el año 2027 para entrar en vigor en 2032, que era lo que estaba previsto en la Ley 27/2011, lo quieren hacer entrar en vigor ya el día 1 de enero de 2019, sin esperar a la total implantación de las reformas paramétricas que se establecieron en esa ley y que van a concluir su acción en el año 2027. Además, este factor de sostenibilidad incide directamente en la cuantía inicial de la pensión reduciéndola. Por favor, no se burlen ustedes de los jóvenes diciendo que el factor de sostenibilidad lo ponen en vigor para garantizar sus pensiones futuras, si no tienen trabajo; garantíceles usted que van a encontrar un puesto de trabajo. (Aplausos). Mientras tanto, respeten los salarios de sus padres y las pensiones de sus abuelos y de sus abuelas. (Rumores).

En cuanto al factor de revalorización, con ese factor que ustedes se han inventado fulminan el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social y vulneran de manera flagrante tanto el artículo 41 como el artículo 50 de la Constitución española. Lo de la subida del 0,25 es simplemente un engañabobos, señora ministra -no lo digo yo, me ha sugerido algún ciudadano que se lo diga-. Es una pérdida de poder adquisitivo como poco del 20 % en diez años. Hace poco en unas jornadas que se celebraron en esta casa, organizadas por la Asociación de Exparlamentarios y patrocinadas por Unespa, por la patronal de las aseguradoras, don Rafael Barberá de la Torre, director general de Ordenación de la Seguridad Social, un colaborador suyo, calificó de salvajada el coste de la revaloración de las pensiones según el IPC; lo calificó de salvajada, yo estaba presente y casi me caigo, porque estaba sentada, si no me caigo. (Continúan los rumores). Dijo que todos estamos haciendo esfuerzos y que ahora le toca a los pensionistas; esto es un auténtico insulto a los cerca de 9 millones de pensionistas en general y en particular a los que están sacando adelante a sus familias para llegar a final de mes -además sin sobresueldos-. Esto se lo dicen a los pensionistas de nuestro país, con una pensión media de 860 euros al mes; esto se lo dicen a las mujeres pensionistas de este país, cuya cuantía media de pensión de jubilación es, por si ya es alta la pensión media, un 40 % inferior a la cuantía media de pensión de los hombres (Aplausos), y un 30 % inferior a la cuantía media de la pensión del sistema. Esto se lo dijo su colaborador a las viudas de este país, más de 2 millones, que cobran una pensión media de 619 euros. Estos comentarios, señora ministra, son sencillamente una auténtica canallada, es tomar el pelo, insultar a los pensionistas de este país. ¿Cómo es posible tanta insensibilidad? Se lo ha dicho el CES: la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones no se va a recuperar, no se va a llegar a recuperar. (Rumores). En estos momentos están vulnerando ustedes la Constitución española; su reforma es nefasta y más después de la subida de los impuestos, del medicamentazo, del repago, de los recortes en sanidad y en Ley de Dependencia, de las subidas tremendas de la luz y del gas que hacen que cada vez existan más pobres energéticos en nuestro país; es una tremenda injusticia para los pensionistas presentes y futuros.

De todas maneras, les recuerdo, señorías del Partido Popular -voy terminando-, que una ley posterior puede derogar una ley anterior; ese es uno de los principios del derecho. Así que cuando cambie la mayoría política en este país, y estoy convencida de que mi partido volverá a gobernar este país, se va a cambiar esta ley, será de las primeras cosas que hagamos, derogar esta ley. (Rumores.-Aplausos). Retiren ustedes la ley porque nos van a obligar a volver a ir al Tribunal Constitucional, y van 22 recursos de inconstitucionalidad; otro por la Lomce, por la reforma local y por las pensiones. De aquí a nada, 25


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recursos de inconstitucionalidad. Ustedes están abusando de su mayoría absoluta, la están confundiendo con el absolutismo. No pida responsabilidad a mi partido, que lo ha demostrado a lo largo de la historia. Desde el año 1985 para acá, las grandes reformas del sistema han sido lideradas...(Continúan los rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio.

La señora VALERIO CORDERO: Decía que las grandes reformas del sistema han sido lideradas, la de 1985, la del 2007... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio.

La señora VALERIO CORDERO: ... y la del 2011, por decir tres solo, por el Partido Socialista Obrero Español. Lo que vamos a hacer ahora es volver a ser responsables y pedirles que retiren la ley, pedirles que vuelva el diálogo social y pedirles que, por favor, respeten el Pacto de Toledo y a los pensionistas de este país.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Valerio.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora España.

La señora ESPAÑA REINA: Gracias, presidente.

Señorías, este proyecto de ley trata de resolver los problemas económicos y demográficos que afectan a nuestro sistema público de pensiones. Los datos son contundentes, señorías. Tenemos 9 millones de pensiones y vamos a pasar a 15 millones en el año 2050. Tenemos un millón más de pensionistas en la última década. Por cada diez años que pasen, la esperanza de vida subirá en doce meses. En el año 2022, por cada diez personas en edad de trabajar habrá seis potencialmente inactivas. Si a esto le añadimos que el Partido Socialista volvió a dejar la Seguridad Social en el año 2011 en déficit cuando sus propias previsiones eran que el déficit no iba a llegar hasta el año 2018. Si a esto le añadimos que el gasto en pensiones se ha más que duplicado, pasando de 51.000 millones de euros en el año 2000, a 108.000 millones de euros, en el año actual, y que llevamos varios años teniendo que utilizar el Fondo de reserva para pagar puntualmente las pensiones, cuando las previsiones de la Ley 27 y del Gobierno socialista eran que el Fondo de reserva no se iba a utilizar hasta el año 2020 y el 2022, está claro que hay retos y amenazas que hay que afrontar para garantizar la sostenibilidad del sistema. Se trata de un ejercicio de responsabilidad, señorías, no para pagar las pensiones de hoy, sino para pagar y asegurar las pensiones del futuro. No me sirve la teoría del Partido Socialista porque falló en todas la previsiones. La teoría es quedarnos cruzados de brazos y agotar el Fondo de reserva. Me pregunto, una vez que se agote el fondo de reserva, ¿qué hacemos?, ¿cómo en el año 1996 cuando llegamos al Gobierno y dejaron también en déficit la Seguridad Social y hubo que pedir un crédito de 500.000 millones de las antiguas pesetas para pagar las pensiones? (Aplausos). Señorías, ellos también dicen que hay que esperar a que la Ley 27 dé sus frutos. La Ley 27 no es la solución a los problemas. Según los expertos, solo corrige un tercio de los desequilibrios. Por cierto, Ley 27 que no tuvo el consenso en el Pacto de Toledo ni en esta Cámara, solo estuvo apoyada por Convèrgencia i Unió. Ley 27 que supuso un verdadero recorte de un 20 % en las pensiones. Porque ustedes ahora se rasgan las vestiduras cuando ven en la memoria de este proyecto de ley 33.000 millones de euros de ahorro en nueve años. La Ley 27 tuvo 35.000 millones de euros de ahorro en un solo año; hagan ustedes las cuentas, sumen, porque lo que no tiene sentido es que antes con la Ley 27 era ahorro y ahora se trate de recorte de pensiones.

Con respecto a la reforma laboral, señorías, que tanto demonizan ustedes, ahí están los datos de la EPA del tercer trimestre, la mayor caída de paro de un tercer trimestre desde el año 2005; pero en España lamentablemente en mi tierra, en Andalucía, el paro sigue subiendo y tenemos la tasa más alta de paro después de treinta años de Gobierno socialista. Ya hay indicadores de cambio, señorías; ahí está el Banco de España y el INE que lo han dicho alto y claro, hemos salido de la recesión más larga de la etapa democrática. Y claro que vamos a crear empleo, y claro que vamos a recuperar cotizantes a la Seguridad Social, pero hay que recordar de donde venimos, porque a veces ustedes tienen la memoria muy frágil. En el año 2007 la tasa de paro era de un 8 %, y ustedes se fueron del Gobierno en el año 2011 con una


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tasa de paro del 23 %, 15 puntos de incremento (Protestas.-Aplausos), 15 puntos de incremento cuando la media de la Unión Europea fue de solo 3 puntos. Lo han dejado muy difícil, ahí empezaron los problemas que ustedes no quisieron reconocer. Se han perdido cotizantes, ya se ha dicho aquí, más de 3 millones de cotizantes perdidos a la Seguridad Social, de los cuales el 80 % de los cotizantes perdidos tuvieron lugar en los Gobiernos socialistas. Los cotizantes son muy importantes, pero también es importante pagar las cotizaciones sociales, señorías, que nos hemos encontrado más de 1.000 millones de euros sin pagar de las cotizaciones sociales de los cuidadores no profesionales de la edad de dependencia. Y claro, claro que hay que fortalecer los ingresos del sistema; por eso hemos hecho algo absolutamente histórico: culminar la separación de las fuentes de financiación para que la Seguridad Social no pague lo que no le corresponde. Ahora ya el Estado paga el cien por cien de las prestaciones no contributivas, pero cuando gobernaba el Partido Socialista se cargaron gastos impropios al sistema.

Señorías, si ustedes hubieran hecho la separación de forma acompasada, año a año, hubiesen ahorrado 33.800 millones de euros al sistema. Y, al final, esa es la foto fija del Partido Socialista: déficit en la Seguridad Social y congelación de pensiones. Entiendo que les moleste, lo entiendo, porque ha sido el único partido en este país que ha congelado las pensiones (Protestas.- Aplausos), y además de una forma absolutamente injusta, con una pérdida de poder adquisitivo de 2,9 puntos, y una congelación injusta porque había casi 70.000 millones de euros en el Fondo de reserva. La mayor pérdida de poder adquisitivo, es no poder pagar las pensiones o congelarlas, como hizo el Partido Socialista. Sorprende, señorías, sorprende que en el documento que el Grupo Socialista envía al Pacto de Toledo una vez más vuelvan a decir que si viene mal dada la situación se pueden volver a congelar las pensiones. No, señorías, para nada, no habrá más congelación de pensiones en este país con este proyecto de ley; ni el Partido Socialista ni nadie podrá volver a congelar las pensiones (Aplausos), por una sencilla razón, porque en el peor de los casos las pensiones subirán siempre el 0,25 %; en situaciones de normalidad económica subirán el IPC y en situaciones de bonanza económica el IPC más el 0,25, como están haciendo otros países de nuestro entorno. Lo que es curioso es que ustedes, cuando congelaron las pensiones, decían que era un sacrificio compartido y hoy dicen que es una barbaridad la subida de pensiones.

¿Saben ustedes dónde está el IPC? Lo habrán visto hoy, porque tenemos IPC negativo. Por lo tanto, no asusten, no asusten a los pensionistas, no me hablen de pérdida de poder adquisitivo de un 15, un 20 o de un 30 %; son unos cálculos erróneos; ustedes están suponiendo que para siempre solo vamos a subir el 0,25 %, y están suponiendo que el IPC va a ser el 2 o el 2,5 %. Las dos cosas son falsas, señorías. Este año, díganlo -no he escuchado a nadie decirlo-, este año habrá un incremento de poder adquisitivo de casi un punto, porque las pensiones se han revalorizado; la mayoría, el 70 % se han revalorizado un 2 %, y el IPC va a terminar cercano o por debajo del 1 %. Señorías, si ustedes aplican el nuevo índice de revalorización desde el año 1997 comprobarán que en los catorce primeros años, catorce, la revalorización hubiese estado por encima del IPC y solo en los dos últimos se hubiese revalorizado al 0,25 %. El factor de sostenibilidad, ya se ha dicho aquí, previsto en la Ley 27, tiene en cuenta la esperanza de vida y lo están aplicando la mayoría de los países de nuestro entorno.

A La Izquierda Plural, señorías, de falacias, nada, verdades como puños. El Partido Popular, les guste o no, creó por ley el Fondo de reserva y ha culminado la separación de las fuentes de financiación. Por mucho repetir una mentira, no la va a convertir usted en verdad; subir no es lo mismo que congelar, señoría. Al portavoz de Convergència i Unió, con todos mis respetos, no interprete usted a la ministra. Ella ha hablado con mucha claridad, ha dicho lo que ha dicho, y no es lo que usted ha entendido y ha dicho aquí. Lo que no se entiende es que ustedes apoyaran en su momento una congelación de las pensiones y no apoyen ahora una subida de las mismas. Señorías, la teoría de agotar el Fondo de reserva -por cierto, del que ustedes también hurtaron 14.000 millones de euros- y esperar a que la Ley 27 dé sus efectos es condenar el sistema a la insostenibilidad, es decirles a los jóvenes que se tienen que hacer planes privados de pensiones, como ya aconsejó el Partido Socialista en palabras del ministro Solbes o del ministro Corbacho. Nosotros, desde el Partido Popular, queremos un sistema público de pensiones, pero sostenible en el tiempo, señorías, para que nuestros jóvenes no tengan que hacer caso a las recomendaciones socialistas de hacerse planes privados de pensiones.

Se ha hablado aquí también del Estado del bienestar, y tengo que decirles que el Partido Popular se ha encontrado el Estado del bienestar en la UVI, señorías, en la UVI. Con el mismo decreto por el que ustedes congelaron las pensiones, redujeron el sueldo a los funcionarios un 5 %, eliminaron el cheque bebé, eliminaron la retroactividad de la dependencia, subieron el IVA, la tributación del ahorro, subieron el IRPF y, después de todo eso, después de esos recortes, dejaron a este país con 90.000 millones de


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euros de déficit, de los cuales 30.000 millones estaban ocultos a los españoles y a la Unión Europea. (Aplausos). Dejaron la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y la Seguridad Social en déficit. Ese es el estado de ruina en el que ustedes han dejado a este país. Este Gobierno lleva veinte meses tratando de reconstruir el Estado del bienestar con mucho esfuerzo, por cierto, por parte de todos los ciudadanos españoles.

Termino, presidente. Con este proyecto de ley damos tranquilidad a los pensionistas porque garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo en el medio y largo plazo, sostenibilidad para el sistema y mano tendida a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios. Señorías, el diálogo está abierto, aquí y en el Pacto de Toledo. Les pido responsabilidad, les pido que arrimen el hombro, les pido voluntad para llegar a acuerdos políticos. Tenemos margen, tenemos tiempo, tenemos el Pacto de Toledo, tenemos el trámite de enmiendas, el objetivo lo compartimos: la sostenibilidad del sistema y el mantenimiento del poder adquisitivo en el medio y largo plazo. Si hay voluntad, puede haber acuerdo y nosotros esa opción la vamos a agotar hasta el último momento. Ejerzan su responsabilidad.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.

En exactamente dos minutos empezamos a votar. (Pausa).

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).

- PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO. (Número de expediente 121/000064).

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.

En primer lugar, proyecto de ley del sector eléctrico: Enmiendas de devolución. Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por los señores Baldoví, señora Pérez Fernández y señora Jordà; Unión Progreso y Democracia; Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y Grupo Socialista. Hay seis votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309, más 6 votos telemáticos, 315; a favor, 132, más 5 votos telemáticos, 137; en contra, 177, más 1 voto telemático, 178.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada a este proyecto de ley por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Hay seis votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310, más 6 votos telemáticos, 316; a favor, 15, más 2 votos telemáticos, 17; en contra, 177 más 1 voto telemático, 178; abstenciones, 118, más 3 votos telemáticos, 121.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

AVOCACIÓN POR EL PLENO.

El señor PRESIDENTE: Solicitud de avocación a Pleno, presentada por varios grupos, de este proyecto de ley. Hay seis votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308, más 6 votos telemáticos, 314; a favor, 133, más 5 votos telemáticos, 138; en contra, 173, más 1 voto telemático, 174; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Rechazada. No se avoca a Pleno.


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DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN).

- ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UN LADO, Y CENTROAMÉRICA, POR OTRO, HECHO EN TEGUCIGALPA EL 29 DE JUNIO DE 2012. (Número de expediente 110/000096).

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Primero votaremos el acuerdo número 28 según el orden del día.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 295; en contra, 10; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA DE ESTA ORGANIZACIÓN EN ESPAÑA, HECHO EN MADRID EL 4 DE ABRIL DE 2013. (Número de expediente 110/000097).

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN BUENOS AIRES EL 11 DE MARZO DE 2013. (Número de expediente 110/000098).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL BLOQUE FUNCIONAL DE ESPACIO AÉREO DEL SUROESTE (SW FAB), HECHO EN LISBOA EL 17 DE MAYO DE 2013. (Número de expediente 110/000099).

- PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA, QUE MODIFICA EL CONVENIO Y EL PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, FIRMADOS EN NUEVA DELHI EL 8 DE FEBRERO DE 1993, HECHO EN NUEVA DELHI EL 26 DE OCTUBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000101).

- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL REINO HACHEMITA DE JORDANIA SOBRE LA EXENCIÓN RECÍPROCA DE LOS VISADOS PARA LOS TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN AMMÁN EL 20 DE ABRIL DE 2013. (Número de expediente 110/000103).

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHIPRE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN NICOSIA EL 14 DE FEBRERO DE 2013. (Número de expediente 110/000104).

El señor PRESIDENTE: Votamos ahora los dictámenes números 29, 30, 31, 32, 34 y 35. Se votan conjuntamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 307; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA LA MEJORA DEL CUMPLIMIENTO FISCAL INTERNACIONAL Y LA APLICACIÓN DE LA LEY ESTADOUNIDENSE DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE CUENTAS EXTRANJERAS, HECHO EN MADRID EL 14 DE MAYO DE 2013. (Número de expediente 110/000102).


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- ACUERDO INTERNO ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO, RELATIVO A LA FINANCIACIÓN DE LA AYUDA DE LA UNIÓN EUROPEA CONCEDIDA CON CARGO AL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL PARA EL PERÍODO 2014-2020 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ACP-UE Y A LA ASIGNACIÓN DE AYUDA FINANCIERA A LOS PAÍSES Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR A LOS QUE SE APLICA LA PARTE CUARTA DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN LUXEMBURGO Y BRUSELAS EL 24 Y 26 DE JUNIO DE 2013 RESPECTIVAMENTE. (Número de expediente 110/000105).

El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de los dictámenes 33 y 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 296; en contra, 1; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).

- PROYECTO DE LEY DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO. (Número de expediente 121/000056).

El señor PRESIDENTE: Vamos ahora con dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas sobre el proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado. Empezamos con las enmiendas de la señora Oramas. Enmienda número 88.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 21; en contra, 179; abstenciones, 108.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas de la señora Fernández Davila. En primer lugar, enmiendas 10, 11, 16 y 17.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 28; en contra, 180; abstenciones, 99.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas de la señora Fernández.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 125; en contra, 177; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de la señora Jordà. Enmiendas 92, 93, 95, 98, 99 y 101 a 103.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 29; en contra, 180; abstenciones, 98.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 126; en contra, 180.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). En primer lugar la enmienda 25.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 32; en contra, 180; abstenciones, 95.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 18, 20, 21, 23, 26, 41 y 43.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 125; en contra, 174; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 29 y 30.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 28; en contra, 276; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 19; en contra, 177; abstenciones, 111.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 42.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 28; en contra, 181; abstenciones, 98.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de las enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 28; en contra, 182; abstenciones, 97.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo de Unión Progreso y Democracia. Enmiendas 65 a 68, 70, 74, 79 a 81, 83, 86 y 87.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 6; en contra, 189: abstenciones 108.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 69 y 72,

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 17; en contra, 180; abstenciones 108.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 71.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 115; en contra, 178; abstenciones, 12.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 73, 75 y 76.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 6; en contra, 287; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 77 y 78.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 5; en contra, 181; abstenciones, 118.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 82.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 13; en contra, 180; abstenciones, 111.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de las enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 100; en contra, 189; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo de La Izquierda Plural. En primer lugar, enmiendas 44 y 63.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 125; en contra, 179; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 45, 46, 48 a 56, 61 y 64.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 122; en contra, 175; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 62.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 32; en contra, 172; abstenciones, 96.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de las enmiendas del Grupo de La Izquierda Plural.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 26; en contra, 178; abstenciones, 99.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió. En primer lugar, la enmienda 175.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 127; en contra, 175; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 176.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 123; en contra, 179; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 179.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 124; en contra, 180.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo de enmiendas 134, 135, 139 a 141, 143, 146, 148, 150, 160, 161, 164, 165, 170, 173 y 174.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 124; en contra, 178.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas de Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 26; en contra, 180; abstenciones, 98.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, las enmiendas 107, 121 y 122.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 117; en contra, 175; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 123.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 118; en contra, 180; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 124.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 127; en contra, 174; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de las enmiendas del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 123; en contra, 176; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a votar ahora el dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 176; en contra, 130.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley.

- PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/1982, DE 9 JUNIO, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA. (Número de expediente 127/000002).

El señor PRESIDENTE: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Vamos a votar directamente el dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 299; en contra, 5; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Por ser de carácter orgánico, vamos a someterlo a una nueva votación donde hay 5 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305, más 5 votos telemáticos, 310; a favor, 300, más 5 votos telemáticos, 305; en contra, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 11/2013, DE 2 DE AGOSTO). (Número de expediente 121/000060).

El señor PRESIDENTE: Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada al proyecto de ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social por el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural. Hay 6 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306, más 6 votos telemáticos, 312; a favor, 14; en contra, 175, más 1 voto telemático, 176; abstenciones, 117, más 5 votos telemáticos, 122.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

AVOCACIÓN POR EL PLENO:

El señor PRESIDENTE: Solicitud de avocación por el Pleno de este proyecto de ley. Hay 6 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306, más 6 votos telemáticos, 312; a favor, 302, más 5 votos telemáticos, 307; en contra, 2, más 1 voto telemático, 3; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Se discutirá en Pleno.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL EN EL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 121/000063).

El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público por el Grupo Mixto,


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señora Jordà, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Socialista. Hay 6 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305, más 6 votos telemáticos, 311; a favor, 121, más 5 votos telemáticos, 126; en contra, 182, más 1 voto telemático, 183; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD Y DEL ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000068).

El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social por el Grupo Mixto, señor Cuadra, señora Fernández Davila, señor Tardà, el Grupo Vasco PNV, UPyD, La Izquierda Plural, Grupo Catalán de Convergència i Unió y Grupo Socialista. Hay 6 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306, más 6 votos telemáticos, 312; a favor, 130, más 5 votos telemáticos, 135; en contra, 175, más 1 voto telemático, 176; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

AVOCACIÓN POR EL PLENO.

El señor PRESIDENTE: Por último, vamos a votar la solicitud de avocación por el Pleno de este proyecto de ley al que nos estábamos refiriendo. Tiene 6 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301, más 6 votos telemáticos, 307; a favor, 128, más 5 votos telemáticos, 133; en contra, 172, más 1 voto telemático, 173; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

No será debatido en Pleno.

Se levanta la sesión.

Eran las siete y veinte minutos de la tarde.

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