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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 151, de 29/10/2013
cve: DSCD-10-PL-151
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 151
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 142
celebrada el martes,
29 de octubre de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para atribuir a la Audiencia Nacional el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 135-1, de 13 de septiembre de 2013. (Número de expediente 122/000114) ... (Página5)

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de medidas para intensificar la prevención y lucha contra el fraude fiscal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 127-1, de 5 de julio de 2013. (Número de expediente 122/000110) ... (Página18)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular, para desarrollar una estrategia de logística nacional. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 326, de 20 de septiembre de 2013. (Número de expediente 162/000722) ... (Página30)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con medidas tributarias para las rentas no declaradas de emigrantes retornados. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 326, de 20 de septiembre de 2013. (Número de expediente 162/000723) ... (Página40)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre propósitos del Gobierno en relación a la falacia del denominado "derecho a decidir". "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 347, de 25 de octubre de 2013. (Número de expediente 173/000113) ... (Página47)


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- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las consecuencias de los recortes presupuestarios en la política social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 347, de 25 de octubre de 2013. (Número de expediente 173/000114) ... (Página57)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la rectificación de la decisión adoptada por el Gobierno de establecer el copago en la medicación hospitalaria. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 347, de 25 de octubre de 2013. (Número de expediente 173/000115) ... (Página66)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página74)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página74)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página75)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

La Presidencia expresa el pésame a los familiares y amigos de los 6 mineros fallecidos en el pozo Emilio del Valle, en el municipio leonés de Pola de Gordón, así como el deseo de un rápido restablecimiento de los heridos. La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)

Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para atribuir a la Audiencia Nacional el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción ... (Página5)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Barrero López, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto, y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Olano Vela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de medidas para intensificar la prevención y lucha contra el fraude fiscal ... (Página18)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Garzón Espinosa, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Abad Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Proposiciones no de ley ... (Página30)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para desarrollar una estrategia de logística nacional ... (Página30)

Defiende la proposición no de ley el señor Ayala Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y el señor Pezzi Cereto, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Pérez Fernández y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto, y Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Vuelven a hacer uso de la palabra los señores Ayala Sánchez y Pezzi Cereto.

Del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con medidas tributarias para las rentas no declaradas de emigrantes retornados ... (Página40)

Defiende la proposición no de ley el señor Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, y Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Prada Presa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Hurtado Zurera.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página47)

Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre propósitos del Gobierno en relación a la falacia del denominado "derecho a decidir" ... (Página47)

Defiende la moción la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Sánchez Amor, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Esteller Ruedas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz, Bosch i Pascual e Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Nuet i Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Díez González.


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Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las consecuencias de los recortes presupuestarios en la política social ... (Página57)

Defiende la moción la señora Aguilar Rivero, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Marcos Domínguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene la señora Aguilar Rivero.

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la rectificación de la decisión adoptada por el Gobierno de establecer el copago en la medicación hospitalaria ... (Página66)

Defiende la moción la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Alonso Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda interviene la señora Tarruella Tomàs.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página74)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para atribuir a la Audiencia Nacional el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción, se rechaza por 99 votos a favor, más 5 votos telemáticos, 104; en contra 207, más 1 voto telemático, 208; abstenciones, 12.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de medidas para intensificar la prevención y lucha contra el fraude fiscal, se rechaza por 123 votos a favor, más 5 votos telemáticos, 128; 175 en contra, más 1 voto telemático, 176; y 19 abstenciones.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página74)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para desarrollar una estrategia de logística nacional, se aprueba por 297 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones.


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Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con medidas tributarias para las rentas no declaradas de emigrantes retornados, se rechaza por 136 votos a favor, 172 en contra y 6 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página75)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre propósitos del Gobierno en relación a la falacia del denominado "derecho a decidir", se aprueba por 265 votos a favor, 39 en contra y 13 abstenciones.

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las consecuencias de los recortes presupuestarios en la política social, se rechaza por 143 votos a favor y 174 en contra.

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la rectificación de la decisión adoptada por el Gobierno de establecer el copago en la medicación hospitalaria, se rechaza por 142 votos a favor, 172 en contra y 3 abstenciones.

Se suspende la sesión a las diez y cuarenta minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Señorías, ayer conocimos la noticia del peor accidente minero ocurrido en los últimos dieciocho años, accidente que se ha cobrado la vida de 6 mineros cuando faenaban en el pozo Emilio del Valle, en el municipio leonés de Pola de Gordón, y en el que ha habido también varios heridos. Consternados, los miembros de esta Cámara queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de todos los fallecidos, así como nuestro deseo de un rápido restablecimiento de los heridos. Señorías, profundamente afligidos por la noticia, les ruego que, en señal de condolencia y solidaridad, guardemos un minuto de silencio. (Las señoras y los señores diputados, puestos en pie, guardan un minuto de silencio. Parte de sus señorías entonan a boca cerrada la canción En el pozo María Luisa, también conocida como Santa Bárbara Bendita, himno de los mineros).

Muchas gracias. (Prolongados aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA ATRIBUIR A LA AUDIENCIA NACIONAL EL ENJUICIAMIENTO DE DELITOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN. (Número de expediente 122/000114).

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar con el orden del día. Quiero advertir a sus señorías que, tal como está configurado el Pleno -es un Pleno muy cargado-, hoy previsiblemente terminaremos el orden del día; es decir, las mociones serán discutidas esta tarde.

Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para atribuir a la Audiencia Nacional el enjuiciamiento de los delitos relacionados con la corrupción. Esta proposición de ley del Grupo Socialista la va a presentar el señor Barrero.

El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, en nombre de mi grupo quiero hacer la presentación de una iniciativa que nosotros consideramos enormemente importante, es una iniciativa destinada a luchar contra la corrupción. Mi grupo hoy, señorías, les pide que acepten el trámite parlamentario que nos permita debatir una medida más contra


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la corrupción; debatir, con los matices necesarios que permitan el acuerdo de todos, pero debatir al fin y al cabo en este Parlamento, una medida contundente, una medida de choque contra la corrupción que, señorías, a todos nos preocupa. Se trata, en un solo artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de atribuir a la Audiencia Nacional las competencias sobre los delitos de corrupción política. ¿Por qué lo hacemos? Hoy estamos -creo que todos coincidimos- inmersos en una muy grave crisis política que tiene como consecuencia más importante una enorme desconfianza de cientos de miles de españoles, de millones de españoles, de millones de ciudadanos que consideran que no les representamos bien, que los políticos y la política no están a la altura de las circunstancias, que los políticos y la política no solucionan los problemas que tienen los españoles. Hay una crisis política y, junto a ello, señorías, hay una doble crisis, económica y social. Hoy, miles y miles de familias tienen un presente desgarrado y presumen un futuro sin la suficiente seguridad y con miedo. A esta triple crisis, política, económica y social, hay que añadir una cuarta crisis que ha sido denunciada en más de una ocasión por algunos de ustedes y particularmente, de forma rotunda, por el presidente de mi grupo parlamentario, don Alfredo Pérez Rubalcaba. Es una crisis moral, es una crisis ética, es una crisis que lleva aparejadas unas consecuencias devastadoras para el sistema político democrático que nos hemos dado. Nada hay, señoras y señores parlamentarios, que dañe más la democracia que la corrupción. Nada daña más la representación política que aquí ostentamos en nombre del pueblo que traicionar esa confianza en beneficio particular conseguido mediante métodos delictivos.

Señorías, este Parlamento es el lugar donde reside la democracia. No hay democracia sin Parlamento; no hay Parlamento sin democracia. Aquí está el núcleo fundamental de la democracia; este es el lugar donde hay que cuidar la democracia. Si se sabe que la democracia tiene una enfermedad que puede dañarla hasta los elementos más profundos, la democracia, que tiene su sede aquí, tiene que saber que este Parlamento y que los parlamentarios nos queremos convertir en la vanguardia de la lucha contra la corrupción. ¿Cómo? Aprobando leyes, aprobando cambios legislativos necesarios y haciendo un seguimiento de esos cambios legislativos, de esas medidas que nos permita ir reconociendo que son útiles y eficaces para luchar contra el cáncer que tiene la democracia. Desde nuestro punto de vista, tenemos muy poco tiempo para llevar a cabo esta lucha y menos tiempo si queremos recuperar la confianza que hemos perdido -señorías, que hemos perdido- como políticos y como parlamentarios. Tenemos que trabajar con eficacia, con rapidez y con contundencia.

Señorías, el Grupo Socialista -muchos de ustedes seguramente tendrán noticia de ello- ha presentado una serie de medidas, de iniciativas frente a la corrupción. Unas hablan de prohibición de donaciones de sociedades a partidos políticos; otras amplían la obligación de colaborar con el Tribunal de Cuentas y reducir los plazos de ese tribunal. Hay otra iniciativa -yo creo que de las más queridas, sin duda, para este Parlamento- que solicita la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional que estudie propuestas para combatir y erradicar la corrupción política de nuestras instituciones. Es decir, pedimos -pediremos cuando así se debata- que otras personas comparezcan en una subcomisión para que nos ayuden a erradicar de las instituciones democráticas todo viso, toda huella de corrupción. Y también nosotros tendremos la oportunidad de reflexionar para que la corrupción se aleje de nuestras filas, se aleje incluso del perímetro de la responsabilidad política.

También hay una iniciativa solicitando el establecimiento de un procedimiento de carácter preferente y sumario que haga de la instrucción y del enjuiciamiento un trámite sin dilaciones en los delitos de corrupción. Y por supuesto hoy, señorías, vengo para que presten atención y, a ser posible, permitan la toma en consideración que no es otra cosa que más tarde, en la tramitación parlamentaria, pueda debatirse esta iniciativa: la consideración de la Audiencia Nacional como el lugar donde deben enjuiciarse los delitos relacionados con la corrupción.

Señorías, como legisladores tenemos la obligación política y ética de establecer un marco claro y riguroso que permita la persecución y el castigo eficiente de la corrupción. Ya en la reforma del Código Penal de 2010, amparada por la mayoría del Grupo Parlamentario Socialista, se hicieron una serie de cambios que también asumieron la mayoría de grupos parlamentarios, creo recordar que con la abstención de Grupo Parlamentario Popular. Nadie se negó a estos cambios. Ahí se incluían nuevos tipos de delitos de corrupción y nuevas fórmulas de luchar contra esas conductas. Se tipificó la corrupción entre particulares; se establecieron nuevas modificaciones en la corrupción de delitos urbanísticos; se tipificó de manera más exhaustiva el delito de cohecho, un delito muy propio de la representación política, de funcionarios públicos, de servidores públicos que dejan de serlo, obviamente, cuando cometen este delito; se reguló por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas; se agravaron las penas por blanqueo de dinero; se incrementaron, en fin, señorías, las penas señaladas para el tráfico de influencias.


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¿Qué queremos ahora? Queremos que de manera rápida e inmediata -insisto, si me permiten, señorías, en esta cuestión- podamos profundizar en esa reforma de la que les he hablado y mejorar también los procesos judiciales. Tenemos la tipificación de las conductas; no hagamos dilatados los procesos, procuremos que los procesos sean rápidos, sean uniformes, sean objetivos. Por eso hemos pensado que el lugar más adecuado es la Audiencia Nacional. Yo sé que para muchos de ustedes esto tiene dificultades de carácter jurídico por la generalización de los supuestos que introducimos en el apartado correspondiente de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero yo les invito a que asumamos el trámite como el inicio del debate y por tanto el inicio del acuerdo entre las partes para hacer de los procesos de este tipo procesos contundentes contra la corrupción. El traslado de los delitos a esa Audiencia Nacional, insisto, ¿qué busca? Busca rapidez. Un proceso contra la corrupción, si se dilata, no es un proceso contra la corrupción; se precisa rapidez porque la gente quiere que las condenas sean ejemplares, sean pedagógicas, sean rápidas. Significa uniformidad de criterios, porque en este momento son muchos -tribunales, audiencias, etcétera- quienes conocen de asuntos diferentes con fórmulas diferentes, con procesos diferentes, con resultados diferentes. Y además se busca la objetividad, que todos los procesos tengan una misma variante en la instrucción. ¿De qué delitos hablamos? Los conocen, señorías, perfectamente: delitos de prevaricación, de cohecho, de malversación de fondos y caudales, de tráfico de influencias, de fraudes y exacciones ilegales, de delitos urbanísticos, siempre que sean cometidos lógicamente por representantes públicos. Porque lo que más daña de la corrupción, señorías, ante la gente es que sean los representados públicos quienes estén enfangados en ella.

Y, en segundo lugar, pedimos que el Gobierno nos remita en tres meses la tan anunciada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que cree un procedimiento urgente y sumario para la instrucción de estos delitos, cuyo enjuiciamiento debería residenciar en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por supuesto, señorías, sería difícil esta lucha si además el Gobierno -y ojalá pudiera ser así- no aumentara los medios materiales y humanos necesarios para hacerla eficaz. ¿Por qué en la Audiencia? Lo hemos dicho: se unifican materias, se es más objetivo, no se dilatan procesos; pero también porque a la Audiencia, señorías, en nuestro país, que es un país democrático, que es un país sin complejos, a la Audiencia Nacional ya no la vemos como un proceso o procedimiento especializado, como veíamos en otras épocas este tipo de procedimientos tan singulares; la Audiencia Nacional se dedica a aquellos delitos graves que deterioran de manera particular y muy profunda la convivencia entre los españoles y entre las españolas: delitos de terrorismo, de tráfico de drogas, económicos; los delitos, por tanto, señorías, que tienen un mayor reproche ante la sociedad en nuestro país. Pues bien, en este momento la corrupción para nuestra sociedad, de acuerdo con los estudios de opinión, significa un mayor reproche que todos los delitos cuya competencia es de la Audiencia Nacional. Por eso nosotros queremos introducirlo con toda solemnidad en un proceso y en una Audiencia que tiene la singularidad de ser contundente en su instrucción y en su condena, en su caso.

Nada preocupa más, insisto, después del empleo, que la corrupción. Insisto también en la idea, señorías, de que estamos en un trámite; buscamos el debate. Si consideran que nuestra aportación es demasiado general, maticémosla, delimitémosla, pero no perdamos la oportunidad que mi grupo brinda hoy a toda la Cámara de hacer ver a nuestros representados, a aquellos a los que representamos, que el Parlamento español sí tiene un mensaje contundente contra la corrupción. ¿Es que es menos importante y dañina la corrupción, señorías, que aquello que es competencia de la Audiencia, por ejemplo, falsificación de moneda, fabricación de tarjetas de crédito por grupos criminales, o las defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas por grupos criminales, o las drogas cuando son grupos en distintas partes de nuestro territorio quienes las fabrican o quienes las distribuyen? ¿Es que es mas importante eso para nuestra democracia que la corrupción, que todos consideramos -y en eso sí somos todos- el cáncer más importante que tiene la democracia?

Señorías, mi grupo, con ustedes -porque nos gustaría que todos nos acompañaran-, quiere mandar un mensaje muy claro, muy claro: el corrupto, aunque esté entre nosotros, señorías, aunque forme parte de las instituciones democráticas, y a veces lo hace demasiado a menudo, no es más que un extraño para nosotros; es un intruso, y a esa persona, a ese corrupto que no representa a nadie hay que echarlo. Señorías, la corrupción es una enfermedad que mata, y mata a la democracia; o los corruptos o nosotros. Por eso, señorías, la terapia frente a esa enfermedad que mata la democracia tiene que ser una terapia de choque. Hay que mandar, señorías, un mensaje claro de que la política es la solución a esa crisis de la que les hablé, fundamentalmente la crisis moral que tenemos como consecuencia de la corrupción. La política es la solución y los malos políticos son el problema. Para acabar con la corrupción, señorías, hay


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que pelear. Que nadie piense que no nos queremos meter en esta pelea; que nadie piense, señorías, que aceptamos que algunos puedan formar parte de las instituciones democráticas que nos hemos dado siendo corruptos.

Termino, presidente. Señorías, desde nuestro punto de vista nos jugamos la democracia. La corrupción y la democracia son incompatibles; una u otra, no caben términos medios. Por eso, señorías, por eso, señor presidente, pedimos la toma en consideración de esta proposición de ley, que es una proposición de ley ordinaria, para que ustedes, señorías, a través de este trámite parlamentario, nos permitan debatir y, entre todos -porque todos estamos preocupados por esto-, ser capaces de erradicar la corrupción de nuestras instituciones democráticas.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrero.

Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, en primer lugar queremos reiterar como Amaiur nuestro dolor por las seis muertes mineras y expresar nuestra más sincera solidaridad para con sus familias, sus compañeros y paisanos, y recordar, de paso, que el Estado español tiene el triste mérito de ocupar uno de los primeros puestos en el ranquin de la siniestralidad laboral en la Unión Europea.

En relación con la proposición que ha presentado el Grupo Socialista, en primer lugar he de decir que compartimos la preocupación por la corrupción que de forma general está atravesando todas las instituciones y gran parte de la sociedad, pero, dicho esto, también he de decir que vamos a votar en contra de la misma por dos razones. La primera de ellas tiene que ver con que consideramos que este tipo de delitos no deben ser tramitados ante la Audiencia Nacional y, en segundo lugar, porque entendemos que la Audiencia Nacional debería ser suprimida. En cuanto al primer punto, desde el punto de vista de Amaiur los delitos de corrupción -prevaricación, cohecho, malversación, delitos urbanísticos- cometidos por representantes públicos deberían ser juzgados atendiendo al principio del juez natural correspondiente a aquel lugar en el que se han producido estos delitos. No encontramos ninguna razón para que los mismos sean sustraídos a la competencia ordinaria de los juzgados y tribunales. Existen en el Estado español aproximadamente 80.000 cargos electos, desde el concejal del pueblo más pequeño hasta el presidente de la más grande autonomía. ¿Por qué extraer todos estos posibles delitos cometidos por un concejal, por un alcalde, por un parlamentario, por un consejero del espacio social y judicial en el que se ha cometido este delito? Consideramos que no hay ninguna razón para secuestrar la competencia de la jurisdicción ordinaria de los jueces naturales de estos juzgados y dejarla en manos de órganos centrales radicados en Madrid. No entendemos que un delito de corrupción cometido por un concejal tenga que ser juzgado en la Audiencia Nacional ni tampoco vemos ninguna razón que lo justifique. Tenemos además en Nafarroa una experiencia cercana que nos acerca a este problema: altos cargos de la comunidad (expresidente del Gobierno de Navarra, un exconsejero, el actual alcalde de Iruña) han sido imputados allí por la comisión de un delito relacionado con la corrupción-cohecho. Se ha realizado en Nafarroa una instrucción exhaustiva, profunda, detallada, de todo lo allí acontecido y sin embargo por razón de que una de las personas implicadas, la presidenta del Gobierno de Navarra, de UPN, igual que los tres anteriores, era aforada, ha resultado ser competente el Tribunal Supremo y con cuatro líneas, con un auto de cuatro líneas, se ha zanjado el tema. Nadie en Navarra entiende por qué todas estas personas (alcaldes, consejeros, presidentes) han tenido que ser juzgados en última instancia aquí en Madrid y no se ha seguido de cerca el asunto por la ciudadanía directamente implicada, por esas personas que han elegido a esos representantes o que conviven bajo sus alcaldías o sus presidencias.

En segundo lugar, entendemos que la Audiencia Nacional para la cual se reclama esta competencia -una Audiencia Nacional que nunca debiera haber existido- tiene menos espacio hoy que nunca en la medida en que se está abriendo allí en nuestro pueblo, en Euskal Herria, un proceso de paz y normalización democrática que es en gran medida incompatible con la existencia de estos tribunales de excepción. Porque, no lo olvidemos, la Audiencia Nacional fue el sustituto del Tribunal de Orden Público franquista, un tribunal que juzgó a miles de personas en sus catorce años de existencia, condenándolas a decenas de miles de años de cárcel, por los terribles delitos de hacer propaganda en la calle o de manifestarse, de asociarse sindical o políticamente. Este es el papel que tuvo el Tribunal de Orden Público y que recogió la Audiencia Nacional. Trece de los dieciocho magistrados del Tribunal de Orden Público pasaron a fundar la Audiencia Nacional. Siete de sus ocho fiscales hicieron lo mismo. Todas estas personas, que en sus catorce años de existencia en ningún momento tramitaron ninguna de las denuncias por malos tratos y


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torturas que frecuentemente, habitualmente se practicaban en las comisarías y cuartelillos del franquismo, todas estas personas fueron las que crearon esta Audiencia Nacional y con estos mimbres en concreto, con los mimbres de personas que habían participado de forma directa en la represión policial franquista, se hizo el cesto de la Audiencia Nacional. Por ejemplo, entre sus magistrados se encontraba una persona que ahora ha sido imputada por la justicia argentina, Rafael Gómez Chaparro, como responsable de crímenes contra la humanidad. Esta persona, en 1976, en nuestra tierra, dio el carpetazo a los asesinatos realizados en Montejurra. Y cuando pasó a la Audiencia Nacional fue responsable de un permiso carcelario por el cual uno de los asesinos de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha se escapó, desapareció y hasta hoy. Es, repito, con estos mimbres con los que se ha hecho la actual Audiencia Nacional. La mayor parte de las personas que hoy están siendo juzgadas en este tribunal por delitos de terrorismo no han pertenecido nunca a ETA, no han participado en ninguno de sus comandos, en ninguno de sus grupos ni en ninguno de sus atentados ni en ninguna de sus actividades, y están siendo juzgadas únicamente, en aplicación de la teoría de que todo es ETA, por sus actividades políticas, por sus actividades a favor de la soberanía de nuestro pueblo, por sus pensamientos de izquierda. Y los magistrados que hoy están en la Audiencia Nacional, a pesar de que altas instancias, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea y las comisiones correspondientes de la ONU, han señalado que se está favoreciendo la práctica de los malos tratos y las torturas en los periodos de incomunicación a los cuales están sometidas las personas que están siendo detenidas y acusadas por estos delitos, a pesar de todo esto, se sigue sin atender todas estas denuncias.

Estos mismos días están siendo juzgadas en la Audiencia Nacional 74 personas, 40 jóvenes acusados de pertenecer a la organización SEGI, que por este mero hecho ya supone la pertenencia a ETA. La mayor parte de ellos ha denunciado también que las autoinculpaciones que ellos firmaron en las comisarías fueron debidas a los malos tratos, a las torturas padecidas, pero nada de esto se tuvo en cuenta cuando comparecieron delante de los magistrados de este tribunal. Y 34 personas más están siendo acusadas también de pertenencia a ETA por el mero hecho de haber pertenecido a Herri Batasuna, a Euskal Herritarrok, a Batasuna, organizaciones, las primeras, que en su día fueron perfectamente legales y en las cuales desempeñaron cargos de responsabilidad.

Quiero terminar señalando ya un último punto en relación con este tribunal de excepción, con la Audiencia Nacional. Cada vez más personas están pasando por las puertas de este tribunal por protestar en concentraciones, en manifestaciones, en huelgas generales, en cercos al Congreso contra la política reaccionaria de derechas de recortes sociales y de recortes democráticos de este Gobierno. Estas personas, por estos meros hechos, están siendo acusadas en esta Audiencia Nacional, que nosotros pensamos que debe desaparecer. Se encuentran casos como el de Alfon, de Vallecas, o incluso conjuntos de rock por tener letras que se consideran atentatorias contra el orden constitucional o vaya usted a saber qué; tenemos casos -lo debo comentar aquí- como el de mis paisanos de Navarra, cuatro miembros de Mugitu, que es un colectivo de desobediencia civil contra las obras del TAV, que por el mero hecho de haber arrojado una tarta de nata contra la presidenta del Gobierno de Navarra se les está juzgando en la Audiencia Nacional con peticiones exorbitadas de cuatro a nueve años de cárcel.

Pues bien, resumo y rebobino. Estamos al cien por cien de acuerdo con estas buenas intenciones expresadas por el Partido Socialista de perseguir la corrupción allí donde se encuentre -corrupción que campea, repito, por las instituciones españolas muy libremente y por la sociedad española-, pero los dos pilares sobre los que el Partido Socialista quiere asentar la persecución de esta corrupción para nosotros son completamente inaceptables: saltar por encima de la jurisdicción natural, del juez natural y, en segundo lugar, dar más poderes a esta Audiencia Nacional, que es un tribunal de excepción heredero del Tribunal de Orden Público franquista.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señor Barredo, [sic] podemos estar de acuerdo, en términos genéricos, con la retórica regeneracionista que usted ha practicado. Nos repugna la corrupción, es la náusea, parafraseando a Camus, de la democracia o del sistema democrático con el que convivimos, pero nos parecen discutibles las fórmulas de regeneración que ustedes propugnan. En primer lugar, la atribución de competencias nuevas a la Audiencia Nacional. No comparto en su totalidad algunas de las argumentaciones del portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, ni siquiera comparto la troncal, es decir, que la Audiencia Nacional es


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la sucesora o se ha subrogado en las competencias del Tribunal de Orden Público franquista. Hay un criterio de superposición y de especialización, pero usted sabe como yo, señor Barrero, que en las demarcaciones judiciales también los órganos judiciales ordinarios se están especializando: en el ámbito mercantil, en el ámbito contencioso administrativo, en el ámbito civil y también en el ámbito penal. Desde esa perspectiva, el valor añadido de la Audiencia Nacional en el ámbito de la especialización está perdiendo crecientemente relevancia. Nosotros, que nunca hemos creído en la Audiencia Nacional, no creemos tampoco que sea pertinente potenciar las competencias de la Audiencia Nacional, sobre todo en un tema tan sensible para la democracia en el Estado español como la probidad política, la honestidad política y la lucha contra la corrupción. Por tanto, ustedes intentan añadir una letra d) a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con la distribución o atribución de competencias en la Audiencia Nacional, incluyendo delitos tan importantes y que crean tanta alarma social -yo comparto su opinión en estos momentos- como la prevaricación, el cohecho, la apropiación indebida, la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, fraudes y sanciones ilegales, delitos urbanísticos, etcétera. La intención es buena, pero el órgano judicial seleccionado no es bueno. Hay un principio constitucional, que usted conoce perfectamente, previsto en el artículo 24.2 de la Constitución, que es el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Desde luego, nadie podría considerar que el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley sea la Audiencia Nacional porque es una ficción, es un subterfugio legal la atribución a este órgano judicial del carácter de juez ordinario predeterminado por la ley.

La retórica con relación a la lucha contra la corrupción no se debe basar tanto en reformas normativas como en una invocación clara por parte de todos los partidos con presencia en esta institución en relación con la probidad política y la honestidad. ¿Esto qué significa? Esto significa dos cosas fundamentalmente: se debe ser inmisericorde con los corruptos de otros partidos, pero se debe practicar esta actitud inmisericorde con los corruptos del propio partido. Se debe ser inmisericorde con la corrupción en su dimensión conceptual sea quien sea el afectado por la corrupción, porque hay muchos partidos afectados por prácticas de corrupción. Desde esa perspectiva, aquí en la lucha contra la corrupción quizá no sean tan pertinentes reformas normativas como la práctica de la probidad, la práctica de la honestidad política y, sobre todo, la invocación a la honestidad política mediante la remoción o la superposición de algo que se está haciendo en la actualidad, que es cierta actitud contemplativa con los corruptos propios y cierta actitud inmisericorde con los corruptos ajenos. Desde esa perspectiva, yo le haría una reflexión para que usted se lo piense sobre esta línea argumentativa.

En segundo lugar, usted preconiza la creación de un procedimiento especial que se aproxima mucho en relación con su naturaleza jurídica a este procedimiento especial que existe en el ámbito contencioso administrativo para la protección de los derechos fundamentales, un procedimiento sumario, un procedimiento que prevalece sobre todos los demás. En materia de corrupción y protección de derechos fundamentales, mi impresión y mi convicción es que no estamos hablando de bienes jurídicos que merecen igual protección. Yo no tengo ninguna duda de que cuando hay una preterición de los derechos fundamentales la jurisdicción contencioso administrativa tenga que utilizar un procedimiento sumario prioritario y especial acortado en plazos para la protección de los derechos fundamentales, que en relación con la protección son los requerimientos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Yo no he visto -y la he leído con detenimiento y con el cariño y el afecto que sabe que le profeso- novedades conceptualmente significativas en su proposición de reforma de ley orgánica, ninguna novedad que justifique la creación de un procedimiento especial que proteja bienes jurídicos particularmente protegibles como el procedimiento que le he indicado anteriormente, y desde esa perspectiva por las dos razones: porque no creemos en la Audiencia Nacional, porque no creemos en algo que contradiga o que tenga difícil ubicación en el derecho constitucional fundamental por su ubicación sistemática en la Constitución al juez natural predeterminado por la ley y, por lo tanto, no creemos en la Audiencia Nacional, y porque no creemos en procedimientos especiales, salvo que los bienes jurídicos a proteger meriten esta protección de naturaleza procesal, tenemos que decirle que no a esta proposición que no terminamos de comprender. Sí comprendemos perfectamente la retórica que usted ha utilizado para defender su proposición de ley, y no solo la comprendemos sino que la compartimos, pero esta retórica regeneracionista debería estar acompañada por hechos, por ejemplos y por actitudes y la actitud en materia de lucha contra la corrupción es la tolerancia cero en relación con los corruptos, con todos los corruptos: con los de los partidos ajenos, con los del propio partido y con todos los demás. Mientras esto no se practique, mientras esto no se practique de verdad, mientras esto no se practique por todos, no habrá reforma normativa de ninguna naturaleza que resulte eficiente. Esta es la recomendación que yo le haría. Comprenda que no es


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no a su reflexión retórica, que la comprendemos, son reflexiones a las soluciones normativas que usted nos propone, que -se lo voy a decir con toda sinceridad- son las peores posibles.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Señorías, señor Barrero, desde el Grupo de Unión Progreso y Democracia empezaré por decir que naturalmente compartimos su discurso y su preocupación sobre la necesidad de combatir eficazmente la corrupción política particularmente y también su reflexión en relación con esta lacra que es, a nuestro juicio, la peor lacra de la democracia. Compartimos esa reflexión.

También quiero decir que en nuestro grupo parlamentario no creemos que haya que suprimir la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional tiene entre sus cometidos, precisamente en relación con la corrupción, perseguir y juzgar lo que a nuestro juicio es la mayor de las corrupciones de la democracia en España, que es el terrorismo por acción o por acompañamiento. Por tanto, nosotros no creemos que haya que suprimir la Audiencia Nacional, pero también pensamos que no hay que desnaturalizarla y que lo que ustedes nos proponen en esta iniciativa, en esta proposición de ley, terminaría desnaturalizando la Audiencia Nacional.

No estamos en contra de esta iniciativa que usted nos plantea, como trataré de explicar en esta intervención, porque sea, como usted decía cuando la defendía, generalista, sino porque nos parece que es errónea porque, desde luego, nosotros no dudamos de su objetivo. Usted ha planteado aquí cuál es el objetivo de su grupo a la hora de someter a consideración, a debate y a votación esta iniciativa y, desde luego, desde nuestro grupo no vamos a juzgar las intenciones. Mi grupo y yo personalmente no dudamos de que usted cuando ha defendido esta cuestión esté planteando una iniciativa legislativa en este caso con el objetivo de perseguir de mejor manera la corrupción política, pero nos parece que las consecuencias de tomar en consideración esta iniciativa serían muy negativas para el fin que ustedes proclaman perseguir y que, como digo, no dudamos de que ustedes lo quieran perseguir.

Le decía que nuestro grupo cree que no se debe desnaturalizar la Audiencia Nacional y las consecuencias de esta iniciativa sería su desnaturalización. En primer lugar, porque los delitos que ve la Audiencia Nacional -por decirlo de una manera muy simplificada y sin hacer un relato de cómo nació, para qué nació y todas las demás causas y cosas en las que en algunas de ellas ha entrado el señor Olabarría y en algunas coincido y en otras no-, aparte del delito del terrorismo, como digo, la mayor de las corrupciones políticas que existen en España, son delitos que requieren una especialización en general y además delitos que se producen en más de una comunidad autónoma, es decir, son delitos transversales. Por tanto, la Audiencia juzga determinados delitos en función de su transversalidad y en función de la necesidad de su especialización para ser juzgados, la gravedad, por supuesto, pero además estas otras dos consideraciones. Usted nos plantea que a la Audiencia Nacional vayan los delitos de corrupción política y eso cambia el sujeto porque lo que usted nos plantea es que los delitos que vayan a la Audiencia Nacional no sea por la gravedad del delito en sí, que lo es, sino por el sujeto que delinque, es decir, todos aquellos delitos que sean protagonizados -permítame la expresión- por un cargo público o por un cargo electo son competencia de la Audiencia Nacional. Por tanto, ya no es el delito, sino el delincuente, para decirlo de otra manera. La consecuencia de esto es, en primer lugar, que desnaturalizaría la Audiencia Nacional, haría imposible la tarea de la Audiencia Nacional -no hay que insistir ahora mismo, aunque luego me detendré un poquito sobre la cantidad y el volumen de trabajo que tendría la Audiencia Nacional para nuestra desgracia si fueran competentes en delitos contra la Administración pública, delitos de corrupción pública- y además -y me voy a detener en esta cuestión-, llevado al extremo, a sus consecuencias, a lo que ustedes plantean, lo que supondría esta propuesta que usted nos hace es el aforamiento universal. Si ahora mismo ya hay más de 10.000 aforados según una iniciativa que nosotros planteamos en este Congreso, en estas Cortes, que el ministro de Justicia nos corrigió y nos dijo que había más de 200.000 porque incluía en ellos todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esto llevaría al aforamiento universal. Se lo explico.

Como hemos venido defendiendo además en innumerables iniciativas, a nuestro juicio el aforamiento es uno de los más graves obstáculos que padecemos en la actualidad para el correcto funcionamiento de nuestro Estado de derecho. El aforamiento implica alterar las reglas de competencia judicial penal objetiva, funcional y territorial, en beneficio de determinadas personas que tienen derecho a ser encausadas y


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juzgadas por determinados tribunales previamente señalados, no por el juez natural. Este privilegio concedido a nuestra clase política es una singularidad española, como tuve ocasión de defender desde esta tribuna, que no existe prácticamente en ningún país del mundo exceptuando precisamente algún país de nuestro lejano entorno, pero desde luego en ninguno de los países europeos; creo que ganamos 10.000 a 0 a Alemania y 10.000 a 10 a la República Francesa, por poner solamente dos ejemplos. Esta propuesta que ustedes nos traen tendría como conclusión ampliar esa cifra de manera exponencial y hasta un límite prácticamente absoluto. Solo con el número de concejales aforados -porque en la práctica terminarían siendo aforados- habría que sumar 68.286 a los correspondientes cargos de la Administración central y de las comunidades autónomas que puedan cometer esos delitos, es decir, a todos sin excepción para este tipo de delitos, no para todos los delitos generales, pero sí para este tipo de delitos. Repito, 68.286, si no hemos hecho mal las cuentas.

Efectivamente, aunque esta propuesta se limita a determinados tipos penales, a diferencia del aforamiento general que antes les citaba, a nadie se le escapa que los que se relacionan son los típicos delitos que comete un político en el ejercicio de su cargo. En consecuencia, lo que la reforma propone, o por lo menos las consecuencias que tendría de salir adelante, es sencillamente aforar a todos los cargos políticos, pues la medida se limita subjetivamente -y entrecomillo lo que ustedes dicen- a cargos o representantes públicos. Resulta curioso, y a nuestro juicio también ciertamente descorazonador, constatar cómo para su grupo los cargos o representantes públicos se asemejan a esos grupos que en este momento sí que son juzgarles por sus delitos competencia de la Audiencia Nacional. A mí me resulta desolador y además bastante incomprensible; he tenido oportunidad de decírselo particular y privadamente a usted, me resulta francamente incomprensible. El aforamiento que de esta manera se pretende introducir o que de hecho se introduciría, aunque ustedes no lo hayan llamado así, plantea los mismos inconvenientes que el general, pero agravados. Déjeme que se lo explique.

En primer lugar, pretende sustraer el enjuiciamiento del juez natural, la instrucción y enjuiciamiento de los delitos trasladándolo a la Audiencia Nacional, aunque el delito se haya cometido por un concejal de un pequeño municipio a 600 kilómetros de distancia, con todo lo que ello implica para testigos, peritos u otros posibles procesados, es decir, entorpecería que se juzgara a los presuntos delincuentes y, en vez de un beneficio, lo que produciría sería un perjuicio. En segundo lugar, como señalé anteriormente, atribuye injustificadamente un privilegio al cargo público, pues va a ser enjuiciado por un tribunal superior sobre el que el Consejo General del Poder Judicial, órgano absolutamente politizado por otra parte, va a tener algo que decir. En tercer lugar, implica un entorpecimiento grave de la instrucción cuando en el delito hayan colaborado otras personas que no son cargo público, como suele ser lo normal. El juez que comienza instruyendo un caso que implica a no aforados y que descubre la posible implicación de estos se encuentra con el dilema -como de hecho conocemos ya algunos casos- de que en el supuesto de incluirlos pierde la instrucción, en la que ha podido estar trabajando por mucho tiempo, pese a ser el que mejor la conoce, con lo cual o lo retiene o lo deriva a un tribunal que no lo ha conocido y que tiene que empezar otra vez de nuevo. Por tanto, esa decisión de agilizarlo tampoco la vemos por ninguna parte, con lo cual hay todavía mayor impunidad.

En cualquier caso, lo que a nuestro juicio lo convierte en algo todavía más grave es precisamente un efecto evidente derivado de su universalidad. La Audiencia Nacional, dado el nivel de corrupción que existe en nuestro país, como decía antes, no va a dar abasto, señor Barrero. Por eso la afirmación contenida en la exposición de motivos de esta iniciativa de que con ella se busca un "enjuiciamiento ágil y eficaz de los delitos, que no puedan producirse injustificados retrasos en los procedimientos judiciales" -cierro comillas-, es una afirmación que no se produciría. Es una afirmación absolutamente irreal, injustificada, bastante naíf. Si ustedes perseguían eso, la receta que nos han traído va a producir justo el efecto contrario.

El obstáculo es tan obvio que la propuesta al menos pretende solucionarlo. Ustedes se han dado cuenta y entonces esa propuesta pretenden solucionarla con un recurso que a nuestro juicio también es ingenuo. Dicen que el Gobierno remitirá en el plazo de tres meses, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, un proyecto de ley de enjuiciamiento criminal que incluirá el establecimiento de un procedimiento preferente y sumario para la instrucción y enjuiciamiento de los delitos. Creo que el señor Olabarría hablaba también algo sobre esto del procedimiento sumario. En fin, es como un brindis al sol, como si el Gobierno fuese a enviar en tres meses esto o como si en un procedimiento preferente se pudiera solucionar la amenaza del colapso, aunque ese procedimiento fuera, efectivamente, sumario,


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pero es que además, a nuestro juicio, el significado de ese término, sumario, especialmente en vía penal, no encaja muy bien con nuestras garantías constitucionales. También tendría un vicio de inconstitucionalidad.

En suma, señor Barrero, señor portavoz del Grupo Socialista, han hecho un discurso que mi grupo comparte. Ustedes pretenden perseguir la corrupción política y ha hecho aquí una serie de proclamas contra las que no tenemos nada, pero nos ha traído un instrumento, una herramienta que es verdaderamente contraproducente. En fin, las consecuencias de tomarla en consideración, por mucho que tuviéramos un procedimiento de enmienda, es que no hay por dónde cogerlas. Serían unas consecuencias absolutamente negativas para esa proclama que ustedes dicen perseguir con esta iniciativa. Creo que hay que perseguir la corrupción política, que es muy importante que nos comprometamos todos a perseguirla, pero hay que hacerlo con medidas preventivas, con medidas penales y también con medidas políticas, es decir, corresponsabilidad política, tomar decisiones en el seno de nuestras organizaciones, ser inmisericordes contra los que cometen la corrupción política sin fijarnos en el color político del que lo hace, estableciendo medidas para que no puedan ir en las listas, para que tengan que dimitir de las instituciones en las que están presentes, reformando el Código Penal, es decir, estableciendo medidas preventivas, medidas de persecución y medidas punitivas y además poniéndonos todos de acuerdo para responder con buena nota a lo que a nuestro juicio es la asignatura pendiente de este momento, en el que, teniendo construida la democracia, tenemos entre todos la obligación de regenerarla.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista propone en esta Cámara una iniciativa -dice- para luchar contra la corrupción. Propone que las causas de corrupción se realicen en la Audiencia Nacional y utiliza un símil que me parece interesante y que quiero apuntar, que es el de que nos encontramos en la corrupción con un cáncer para la democracia y, por tanto, hay que tomar medidas excepcionales o medidas de shock. Los que somos de la profesión conocemos las consecuencias secundarias de la política de shock, que muchas veces no es una política etiológica, sino que únicamente afecta a los síntomas y en muchas ocasiones produce efectos secundarios. Yo diría que hoy nos encontramos con esa propuesta del Grupo Parlamentario Socialista bienintencionada en sus objetivos, pero con el peligro de que no aborde realmente el problema de la corrupción y provoque efectos secundarios no queridos, porque, señorías, en relación con la Audiencia Nacional, no es solamente por razón de su origen.

En estos momentos atengámonos a lo que está pasando en la Audiencia Nacional en casos de corrupción, no solamente por su origen, que puede tener unas u otras valoraciones por parte de los grupos parlamentarios. Caso Gürtel, cinco años en la Audiencia Nacional, señorías. ¿Ese es el mecanismo de agilización de los procesos de lucha contra la corrupción que pretendemos? Si pretendemos eso, no lo conseguimos. Caso Bárcenas. Pelea en la Audiencia Nacional sobre el juez que finalmente instruye el caso Bárcenas con decisiones controvertidas desde el punto de vista político. Es decir, ni, por una parte, es más ágil la Audiencia Nacional en la lucha contra la corrupción ni, por otra parte, es tan independiente como desearíamos de las presiones políticas. Por lo tanto, no ganamos demasiado con que la Audiencia Nacional se haga con todos los casos de corrupción de nuestro país. Además, las conductas de corrupción son tan diversas y numerosas que, como se ha dicho por parte de otros grupos parlamentarios en esta Cámara, en la Audiencia Nacional sería prácticamente inviable ofrecer una respuesta -como plantea el propio grupo parlamentario proponente- especializada, ágil y eficaz. Por tanto, señorías, esa es la opinión de mi grupo parlamentario.

Sin embargo, compartimos que es necesario agilizar los juicios contra la corrupción y que no pueden acabar en la impunidad. Compartimos también que es necesario no solamente el Código Penal, sino mecanismos preventivos en la lucha contra la corrupción dentro de los partidos políticos y en el ámbito de las administraciones públicas. Todo eso lo compartimos, pero discrepamos de que la propuesta sea solamente de organización del sistema judicial. No creemos que sea únicamente un problema de la estructura de nuestro sistema judicial.

Hay algunos problemas que sí nos gustaría abordar en esta intervención. Recientemente, Transparencia Internacional ha hablado de los países más corruptos. En ese sentido, rompo una lanza a favor de nuestro país porque hace poco han salido los datos de Alemania. No sé si Alemania puede darnos muchas lecciones, porque tiene alguna diferencia con respecto a nosotros, pero tampoco tanta. Si excluyéramos


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los efectos de la especulación urbanística, estaríamos prácticamente en el mismo ámbito. Transparencia Internacional dice que tres son los grandes problemas de los países donde se desboca la corrupción. En primer lugar, la desigualdad. Dice Transparencia Internacional que los países más dispares y desiguales desde el punto de vista social son precisamente los países más corruptos. En segundo lugar, los problemas con la división de poderes. Aquellos países con mayor debilidad del Poder Judicial y con mayor intromisión del poder político tienen dificultades en la lucha contra la corrupción. En tercer lugar, habla de la financiación pública de los partidos. Dice que aquellos partidos con financiación privada de los partidos y no con financiación pública son países con mayor nivel de corrupción. En este sentido, dediquémonos a luchar por una sociedad más igual, con mayor equilibrio de poderes, con mayor independencia del Poder Judicial y también con una financiación controlada y pública de los partidos políticos y de otro tipo de instituciones.

En relación con el Poder Judicial, portavoces del Grupo Parlamentario Socialista, estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer en los últimos tiempos. Por una parte, debemos garantizar la protección judicial y la igualdad de los ciudadanos ante la justicia; y vamos en sentido contrario. Se ha puesto en marcha por parte de este Gobierno una tasa judicial y una Ley de eficiencia en materia judicial que realmente lo que hace es una justicia a dos velocidades: una justicia diferenciada en función de la renta y otra justicia de tercer nivel, que es el indulto. Por ese camino vamos mal. Por ese camino vamos en contra de la llamada lucha contra la corrupción. En segundo lugar, en relación con el procedimiento, estamos todos esperando que haya una reforma del procedimiento penal. Pero tampoco vamos por el buen camino en estos momentos. Los procedimientos son largos y además son garantistas; pero tan garantistas que terminan muchas veces dando más garantías al poderoso que al resto de los ciudadanos y terminan en muchas ocasiones en una situación de impunidad. Esos procedimientos es necesario modificarlos y, en ese sentido, no vamos por buen camino. En tercer lugar, en relación con la fiscalía y con la policía que actúa contra la corrupción, tampoco vamos por el buen camino. Vamos en sentido contrario. La fiscalía se adormece cuando no le interesa y se activa cuando le interesa; fundamentalmente cuando le interesa al Gobierno que tiene delante al fiscal general del Estado. En ese sentido, es preocupante la situación de la fiscalía. Pero es más preocupante todavía lo que está pasando con la UDEF, con la policía judicial. No nos dura un responsable de la policía judicial ni un año. ¿Por qué no nos dura ni un año el responsable de la Policía judicial? Porque se está intentando, a través de la Policía judicial, gobernar la investigación de los casos que tienen que ver con la corrupción política. Si eso no funciona, difícilmente va a funcionar únicamente porque estos casos se centralicen en la Audiencia Nacional.

Termino con eso de centralizar en la Audiencia Nacional. También ahí va a haber no solamente problemas de origen, sino problemas de estructura de la propia justicia. Nosotros deseamos y creemos que es más útil, más eficaz, que sea el juez natural el que realice esa instrucción, el que realice esos juicios, y no que haya un juzgado, llamémosle excepcional, o un juzgado de excepción, como es el caso de la Audiencia Nacional. Para el crimen organizado, para el crimen transversal, para el crimen que tiene relación con ámbitos internacionales, seguramente es necesario tener un ámbito como la Audiencia Nacional; nosotros tenemos nuestras dudas, pero en todo caso puede ser explicable. Sin embargo, para una miríada de casos, como es el caso de la corrupción política, nosotros creemos que lo más importante es que funcionen bien los jueces naturales, que tengan recursos que no tienen y que tengan también peritos que en estos momentos no tienen y, sobre todo defender la neutralidad de la fiscalía y la neutralidad de los investigadores policiales y no entrometerse en esas investigaciones. Creemos que por ahí van las cosas, y no precisamente por buscar una solución que en términos, digamos, de la lucha contra el cáncer puede parecer una solución muy efectista, una solución de darle la batalla en todos los frentes, pero luego resulta que el cáncer es silencioso y vuelve a producir otra metástasis.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Pigem.

La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Desde Convergència i Unió voy a explicitar sin mayor preámbulo que, compartiendo, como compartimos, la necesidad de adoptar medidas eficaces y ágiles para poder enjuiciar todos los delitos, no solo los de corrupción, pero también los de corrupción, no compartimos en modo alguno que la manera de hacerlo sea atribuir a la Audiencia Nacional el conocimiento de los mismos. Primero, por un problema de compromiso electoral. Piénsese que en el programa electoral de Convergència i Unió nuestra propuesta con respecto a la Audiencia Nacional es la supresión de la misma. Entre la supresión y la atribución de


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nuevas competencias media un abismo que nuestro voto no va a poder salvar. Por lo tanto, anuncio ya que no vamos a apoyar la iniciativa. Desde Convergència i Unió, señor Barrero, coincidimos con muchos de los planteamientos que nos ha hecho y ratificamos una vez más nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción política, como no puede ser de otra manera. Quiero recordar que hemos sido proactivos en el planteamiento de propuestas en todas las iniciativas que se están viendo en esta Cámara, desde las propuestas en el debate sobre el estado de la Nación -donde se aprobó una por unanimidad de esta Cámara- hasta las enmiendas a la Ley de Transparencia. Quiero, porque es de justicia, poner en valor el buen trabajo de mi compañero Jordi Jané en todas estas iniciativas.

Desde la consideración de que la mejor prevención contra la corrupción es que quede claro que no hay ni puede haber impunidad para todas estas conductas, estimamos, como usted, necesaria la claridad en la descripción de los tipos penales, que no haya espacios de impunidad, el auxilio a preservar la independencia de los jueces y juezas para evitarles presiones al respecto, vengan de donde vengan, y salvaguardando, como no puede ser de otra manera, el derecho de defensa, velar por la agilidad del procedimiento, que atienda al objetivo de que haya una sanción penal a los corruptos sin que medie una extraordinaria dilación de tiempo entre los hechos y su sanción, porque esto también puede coadyuvar a dar una cierta sensación de impunidad. Y también, tal como los principios de nuestro ordenamiento jurídico demandan, creemos que la adopción de un enjuiciamiento sin dilaciones ha de velar para que la presunción de inocencia no quede comprometida ni por juicios paralelos ni por un enjuiciamiento desmesuradamente dilatado en el tiempo que vaya empañando la credibilidad y la honorabilidad de personas que ni tan siquiera han sido juzgadas. Compartiendo, pues, todos estos objetivos -la necesidad de un enjuiciamiento ágil y el que los órganos judiciales competentes dispongan de medios idóneos para su enjuiciamiento-, no estamos de acuerdo -lo he dicho ya- ni tampoco comprendemos demasiado que la solución sea atribuir su conocimiento a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional nació en 1977, no, quizá, como sucesora, pero sí el mismo día que se suprimió el Tribunal de Orden Público, y su existencia y mantenimiento todos ustedes conocen que ha estado envuelto en la polémica de sobre si un órgano centralizado de esta especie encajaba en la Constitución que, en su artículo 24.2, prevé el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. La doctrina recibió este órgano con grandes reticencias. Según se lee en un artículo que me permito recomendarles de Olarieta Alberdi, titulado El origen de la Audiencia Nacional, juristas como Lorca Navarrete afirmó que la Audiencia Nacional fue creada al amparo de una normativa de dudosa legitimidad democrática. Andrés de la Oliva afirmó que la Audiencia Nacional es antidemocrática de nacimiento. Y el mismo Peces-Barba tituló un artículo de esta manera: La Audiencia Nacional: Atentado a un derecho fundamental, haciendo referencia precisamente al derecho al juez nacional. Opiniones todas ellas de personas que, como bien saben, son un referente para los juristas.

Hoy, muchos años después, el fin de la violencia de ETA ha reactivado el debate sobre si procede clausurar el tribunal que centraliza los juicios por terrorismo. Voces significadas como la de Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial, manifestó al respecto a un medio de comunicación que creía que la Audiencia Nacional había cumplido muy bien su papel -refiriéndose a la lucha contra el terrorismo-, pero que una vez se había terminado, ya no tenía razón de ser. Cierto es que otras voces, singularmente -también hay que decirlo- las que vienen de los propios magistrados y del presidente de la Audiencia Nacional, defienden su pervivencia, pero Convergència i Unió se alía con las que proponen su supresión. Lo he dicho ya, lo llevamos en el programa electoral. Proponemos la supresión de un tribunal que no es el único especializado, sino que atiende a determinadas figuras delictivas, lo cual consideramos que entra en contradicción con el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y también con el principio de territorialidad de la justicia. Pudiera parecer, además, que la atribución del conocimiento de determinados delitos a la Audiencia Nacional pudiera hacerse por la desconfianza o la duda de profesionalidad de los miles de jueces y juezas que ejercen su labor jurisdiccional desde el territorio; desconfianza y duda que desde luego desde Convèrgencia i Unió no tenemos.

Puede comprender el grupo proponente, desde este punto de vista, que no podamos apoyar una propuesta como la que nos hace que, como digo, va en un sentido diametralmente opuesto a nuestra posición. El señor Barrera [sic] ha explicitado que no atendamos tanto al tenor literal de la propuesta como a que se trata de la necesidad de adoptar instrumentos eficaces en la lucha contra la corrupción. Estamos en ello, señor Barrera [sic], pero yo quiero también recordarle que es harto complicado en una iniciativa que es una proposición de ley que tiene un único artículo que lo que propone es que estos delitos vayan a la Audiencia Nacional. Pero, además, es que tampoco hemos escuchado argumentos que nos hayan servido para decantarnos de por qué la Audiencia Nacional. Hemos escuchado muchos argumentos en


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contra, pero no hemos escuchado argumentos de peso a favor. A los argumentos en contra que se han dado, a los que me puedo sumar, a los de todos los compañeros y compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, puedo decir que la Audiencia Nacional conoce ya de determinados delitos de corrupción, y en el conocimiento de estos casos no ha evitado, sino al contrario, algunos de los problemas que la iniciativa que estamos viendo pretende corregir. No ha evitado ni la llamada pena de telediario, en algunos casos, ni en otros -y hay varios asuntos que se están viendo- el que la instrucción tarde muchos años. No resolvería tampoco, a nuestro juicio, determinados problemas en la instrucción, como el que la asistencia de aforados -y no olvidemos que la propuesta propone el conocimiento a la Audiencia Nacional de casos de corrupción que afecten a políticos, y hay muchos aforados, se ha dicho ya aquí- suponga que el conocimiento de los mismos competa al Tribunal Supremo. Por todo ello, vemos que la solución que usted nos propone no atendería a los fines que pretende resolver.

Yo quiero significar que hay actualmente unos informes de la comisión institucional sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial y sobre la llamada Ley Procesal Penal, que fueron encargados por el ministerio y que contemplan o podrían contemplar al respecto dos propuestas que pueden ser interesantes para tener en consideración. Una, que entraría de lleno en la propuesta que estamos viendo, que sería limitar el tiempo de instrucción y otra, que sería la protección para que el Consejo General del Poder Judicial amparara a aquellos jueces que se sientan inquietados en el ejercicio de sus funciones, constituyéndolos, en ese caso, en una unidad colegiada; de la misma instancia, pero en unidad colegiada. En la tramitación de estas iniciativas, o de cualquier otra iniciativa con estos objetivos, podemos retomar el tema y podrán contar, no lo dude, con las aportaciones de Convergència i Unió. Al mantenimiento de la Audiencia Nacional, y mucho menos a la ampliación de sus competencias, no nos vamos a poder sumar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Olano.

El señor OLANO VELA: Gracias, señor presidente.

Señorías, me corresponde el honor de fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Popular a la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para atribuir a la Audiencia Nacional el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción. Lo primero que debo decir es que agradezco el tono de la exposición del señor Barredo [sic] y el del resto de intervinientes, salvo algún portavoz muy singular.

Señorías, la corrupción es una de las cuestiones que más preocupan a la sociedad española y así se refleja en las últimas encuestas del CIS, percepción que es compartida por la Fiscalía General del Estado en su memoria anual del año 2013 y, a la vista de las intervenciones de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, los grupos parlamentarios de esta Cámara, como no podía ser de otra manera, no somos ajenos a esa preocupación. Pero también es cierto, al menos así yo lo creo, que en contra de lo que muchos opinan, la corrupción no está generalizada en nuestro país. La inmensa mayoría de los que nos dedicamos al servicio público nos levantamos cada mañana con la intención de cambiar la realidad que nos rodea para mejorarla. Y lo hacemos sacrificando nuestra vida personal y en muchos casos -y estoy pensando ahora en los millares de concejales de este país- a costa del dinero propio y del de sus familias. Ahora bien, no cabe duda de que la corrupción existe y ha aumentado en los últimos tiempos. Esta corrupción está vinculada, en palabras del fiscal superior de Andalucía, tanto a delitos urbanísticos como a la gestión de ayuda y disposición de fondos públicos, muchas veces en forma de subvención de la Administración autonómica. La corrupción -ya se ha dicho aquí- es un cáncer que debe ser extirpado de la vida pública, una enfermedad que afecta a todos -a todos- y que entre todos debemos combatir con realismo, huyendo del populismo y de la antipolítica que pueda dar resultado en el corto plazo mediante un puñado de votos pero que no solucionan el problema y sí hacen un enorme daño a las instituciones y, en definitiva, a España y a los españoles. (Aplausos). Señorías, a esta labor de lucha contra la corrupción, de recuperación de la confianza en los españoles y en las instituciones, en la política y en los políticos es a la que a todos convocó el presidente del Gobierno cuando en el debate sobre el estado de la Nación, celebrado el pasado mes de febrero, anunció la elaboración de un plan nacional de regeneración democrática, convocatoria que adoptó la forma de resolución número 1 de las aprobadas por esta Cámara en aquel debate; resolución a la que créanme que lamento que no se adhiriera el Grupo Parlamentario Socialista en aquella ocasión. En cualquier caso, están a tiempo de hacerlo ahora.


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Señorías, el pasado 20 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó un informe sobre el Plan de medidas de regeneración democrática. Un plan ambicioso, amplio; consta de más de cuarenta medidas, algunas de ellas ya en vigor. Unas, son medidas de carácter preventivo que afectan fundamentalmente al ámbito administrativo y a los partidos políticos. Me estoy refiriendo a la futura ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos; a la reforma de la ley de contratos del Estado, que incorporará la prohibición de volver a contratar con las administraciones públicas o recibir subvenciones o ayudas públicas a los condenados por corrupción, o a la ley reguladora del ejercicio de la función política, que se constituirá en un verdadero estatuto del cargo público al servicio de la Administración General del Estado. Otras, son medidas que incrementan la facultad de fiscalización interna de las administraciones públicas, reforzando la capacidad de control por parte del Tribunal de Cuentas a través de la reforma de su ley orgánica, así como con la puesta en marcha de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, que ya está en vigor. Y, finalmente, cuando todos estos mecanismos puedan no ser suficientes, el Plan de regeneración democrática propone reforzar el marco penal aplicable a los delitos asociados a la corrupción a través de la reforma del Código Penal que ya fue remitida a las Cortes; una reforma que endurece las penas derivadas de los ilícitos relacionados con la corrupción y amplía los plazos de prescripción de estos delitos. Paralelamente a la reforma del derecho sustantivo penal, habrá de aprobarse una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, junto con la futura ley de demarcación y planta, clarifiquen las competencias de los tribunales, incluida por supuesto la Audiencia Nacional, agilizando los procedimientos para la persecución de los delitos de corrupción, de forma que el tiempo de respuesta ante este tipo de delitos no sea en ningún caso ni una forma de impunidad para el delincuente, ni una condena pública sin sentencia para el inocente; textos, estos últimos, que serán remitidos en próximas fechas a esta Cámara para su debate y, en su caso, aprobación. Todas estas propuestas se añaden a otras muchas, hasta un total de cuarenta -como he dicho anteriormente-, que hacen hincapié en la transparencia y el control sobre el destino del dinero público, cuya máxima expresión es la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada por esta Cámara hace pocas semanas.

Señorías, como ven, el plan del Gobierno es un plan amplio y ambicioso, un plan que cerrará el paso a la corrupción y, en consecuencia, fortalecerá las instituciones, regenerando la vida pública de nuestro país, haciéndolo más atractivo para la inversión y, en última instancia, una reforma que colaborará a la creación de empleo. Señor Borrero [sic], este amplio paquete de medidas que le he reseñado hay que verlo como un todo, como la reacción unitaria de la sociedad española ante la corrupción, y como un todo debe debatirse. Y en este sentido, la proposición de ley orgánica que traen ustedes hoy aquí no deja de ser un parche, una medida aislada, deslavazada, si me permiten la expresión, incluso una propuesta poco consistente jurídicamente; en este aspecto comparto los argumentos facilitados por el resto de portavoces en cuanto al juez natural predeterminado por la ley y en cuanto a la creación de un procedimiento sumario. Una propuesta que quizás busque más el efectismo mediático que la eficacia en la lucha contra la corrupción, pero que -y en esto tiene que estar de acuerdo conmigo- por sí sola no va a solucionar el problema. Además, señorías del Grupo Socialista, advierto cierta improvisación en la reforma, y me explico. Ahora piden reforzar las competencias de la Audiencia Nacional en el ámbito penal, no hace mucho tiempo algunos destacados socialistas -como recientemente comentaba la portavoz de CiU, la señora Pigem-, como doña Margarita Robles abogaba por la desaparición de la Audiencia Nacional poniendo en duda su utilidad. Por el contrario, en el año 2011, la propuesta de reforma de la Ley de Demarcación y Planta, elaborada por expertos a solicitud del anterior ministro de Justicia, planteaba la modificación, en general, de las competencias de la Audiencia Nacional. Todos estos vaivenes reafirman mi convencimiento de que en estos asuntos no se deben improvisar actuaciones ni poner parches a la legislación actual, sino que hay que actuar con un plan lo más elaborado y completo que se pueda y que garantice en la medida de lo posible su éxito. Por eso, apelando a la eficacia y a la mejor calidad y técnica jurídica, nuestro voto será negativo a su propuesta.

Señorías, cuando el Gobierno está poniendo sobre la mesa estas propuestas de reforma legislativa, que afectan -como he dicho- a la Ley Orgánica del Poder Judicial, al Código Penal, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, a la Ley de Demarcación y Planta Judicial, a la Ley de Contratos del Estado, etcétera, lo hace, señorías, con la mano tendida, abierto a las aportaciones de todos los grupos parlamentarios para que mejoren, clarifiquen y enriquezcan la respuesta de los poderes públicos ante la corrupción, y el Grupo Parlamentario Popular también les tiende la mano en la laboriosa tramitación parlamentaria de todas estas reformas; les tendemos la mano con la mejor


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voluntad de lograr consensos que beneficien a todos los españoles. Finalizo ya, señor presidente, y me dirijo al señor Barredo [sic] y al Grupo Parlamentario Socialista, instándoles a llegar a acuerdos, porque sinceramente creo que no pueden quedarse fuera, como ya hicieron votando en contra de la Ley de Transparencia. Ni sus votantes ni la sociedad española, en general, entenderían que su partido se quedara al margen de la lucha contra la corrupción.

Muchas gracias, señorías; muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Barrero López pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, ¿me pide usted la palabra?

El señor BARRERO LÓPEZ: Si usted me la da, sí, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Se la doy, pero...

El señor BARRERO LÓPEZ: Con condiciones...

El señor PRESIDENTE: Yo no he visto alusiones, pero, en fin, si usted las ha visto, que ha seguido más atento el debate...

El señor BARRERO LÓPEZ: Yo creo que, por educación, señor presidente, el resto de grupos parlamentarios aceptarán que les haga unas consideraciones muy breves a lo que han dicho. Y usted también.

El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, me sorprende que usted, miembro de la Mesa, me pida eso cuando sabe que es imposible. (Risas.-Aplausos). No puedo concederle la palabra, salvo que usted crea que hay una alusión personal, que yo desde luego no he oído. Si usted ha apreciado alguna, sí, pero para el tema de fondo, no.

El señor BARRERO LÓPEZ: Hay algunas que constarán en acta, señor presidente. Usted sabe que yo también conozco el Reglamento, y hay algunas curiosas, por ejemplo, me han llamado Barrera, me han llamado Borrero, etcétera. Pero fundamentalmente, señorías, apelando a la educación, sobre todo me gustaría decir cuatro cosas de forma muy rápida. Estoy seguro de que tengo el apoyo de todos los grupos.

El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, siento mucho, lo siento de corazón, decirle que no le puedo dar la palabra porque posteriormente habría un turno de réplica y romperíamos la discusión de la proposición de ley. Por tanto, con harto dolor de mi corazón tengo que decirle que no, señor Barrero. Lo siento.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE MEDIDAS PARA INTENSIFICAR LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL. (Número de expediente 122/000110).

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de medidas para intensificar la prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.

Nuestro grupo trae en esta ocasión una proposición de ley sobre una materia de la que hemos tenido la oportunidad de debatir en numerosas ocasiones en esta Cámara. Podemos comenzar haciendo alusión a uno de los grandes escritores del siglo pasado, que afortunadamente todavía vive, Eduardo Galeano, que decía que muchas veces la justicia es como las serpientes, que solo muerde a los descalzos. Precisamente porque esa visión de la justicia, injusta, esa visión según la cual la justicia solo afecta a unos y, sin embargo, a otros ni los roza, es compensada, es anulada o directamente suprimida y sustituida por una justicia donde todos son iguales ante la ley, donde todos son iguales ante las consecuencias penales y consecuencias en última instancia jurídicas, es para lo que existen las instituciones, las normas jurídicas, las propias composiciones que la sociedad se va dando para corregir esas desigualdades o directamente suprimirlas. Por eso, consideramos tan importante el sistema fiscal y por eso consideramos enormemente peligrosos los agujeros que existen en el mismo. Eso es lo que nosotros intentamos venir a corregir humildemente con nuestra proposición de ley. Una proposición de ley que va al corazón del problema, al


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fraude fiscal y a sus fuentes, por las cuales se potencia en última instancia un empeoramiento de la desigualdad, de la lógica hacia la desigualdad inherente al sistema económico capitalista y su propia lógica. Lo cierto es que nuestra Constitución de 1978 propugna o defiende, al menos en el ámbito teórico, un sistema fiscal progresivo, que viene a ser que los que más tienen más deben pagar no solo para sufragar los servicios públicos -la sanidad, la educación, las prestaciones sociales y otro tipo de servicios que tenemos por nuestra condición de ser ciudadanos-, sino porque también son elementos que salvaguardan la cohesión social y evitan el estallido social que hace que unos nos peguemos con otros. Eso es lo que le da una enorme importancia en el sentido de la filosofía política del mantenimiento de la cohesión social.

Sin embargo, lo cierto es que aunque eso aparezca formalmente en nuestra Constitución, en nuestra Constitución formal, en la práctica, de facto, llevamos muchas décadas viendo cómo el sistema fiscal se va convirtiendo cada vez más en un sistema absolutamente regresivo por la existencia de agujeros fiscales, por la existencia de fraude fiscal y por la existencia de leyes injustas; esas leyes injustas que tratan de forma diferente, como decía Galeano, a los descalzos y a los que van bien indumentados. Esa es la realidad de nuestro sistema fiscal actual que, aunque solo en la forma se promete a sí mismo como progresivo, en la práctica, de facto, es absolutamente regresivo, y al final acabamos encontrándonos con una enorme paradoja, y es que los grandes servicios públicos, amenazados por esta crisis y por el modelo de sociedad propugnado por el neoliberalismo y por las prácticas privatizadoras, ese modelo de sociedad acaba siendo últimamente solo defendido en términos económicos, solo mantenido y solo financiado por los menos pudientes, mientras que aquellos que más tienen encuentran siempre las formas para no tener que pagar. Esos detalles no tienen por qué ser solo delitos. Es decir, el fraude fiscal, que en nuestro país alcanza, según estimaciones, entre el 20 % y el 25 % de la economía, ese dinero que, evidentemente, no está fiscalizado y que no sirve para mantener el Estado del bienestar y los servicios públicos, es compatible desgraciadamente con leyes injustas y con agujeros legales. Podemos poner un ejemplo muy claro. En este país se supone que las empresas tienen que pagar en torno a un 25 % o un 30 % de sus beneficios en materia de impuestos. En la práctica, las pequeñas empresas acaban pagando en torno al 24 %, las grandes en torno al 18 % y las multinacionales, con mayor capacidad para aprovechar las trampas legales, acaban pagando solo un 10 % de tipo efectivo medio. Esa desigualdad, que hace que en la práctica al final quien más tiene menos pague, es lo que se encuentra en el origen de los fallos estructurales del sistema fiscal que venimos a corregir, o a intentar corregir o a dar el primer paso para corregirlo definitivamente con esta proposición de ley. La elusión fiscal y la evasión fiscal, grandes problemas de nuestra economía que no son en ningún modo afrontados sinceramente ni por el Gobierno de Rajoy ni por los gobiernos anteriores ni por las instituciones internacionales que siempre decoran sus discursos con retórica de lucha contra el fraude pero que luego, al final, lo que vemos son elementos como la tasa de reposición del 10 % para los miembros de la Agencia Tributaria, que no es otra cosa que decir que de cada diez personas que se jubilan, nueve van a ver que su puesto no encuentra sustitución por otra persona y eso, en última instancia, son menos recursos para luchar contra el fraude. Esa es la política real del Gobierno del Partido Popular.

En este sentido, hablemos de fraude fiscal, pero hablemos del verdadero fraude fiscal, del que hacen las grandes empresas y las grandes fortunas, que son responsables, según los técnicos de Hacienda, de hasta el 75 % de esa ingente cantidad de dinero defraudado al Estado. No de ese jornalero o de ese trabajador que finalmente está haciendo lo que puede por sobrevivir, por llegar a 400 o a 450 euros al mes y con el que el Estado sí es implacable. El Estado es implacable con esa persona que está intentando sobrevivir y, por el contrario, el Estado trata fabulosamente a los defraudadores fiscales, a esos criminales fiscales que son en última instancia, recordemos, los que acaban provocando los recortes en sanidad y en educación, y la falta de ingresos para mantener esas prestaciones sociales a un nivel digno. Sin embargo a ellos se les ofrecen procedimientos como la amnistía fiscal, procedimientos que son una ayuda clara y directamente explícita a aquellos que han delinquido contra el Estado, contra todos nosotros.

Por eso, nosotros estuvimos en contra de la amnistía fiscal, pero además creemos que hay que reformular muchos aspectos que tienen que ver con la misma. En esta proposición de ley intentamos endurecer las posibilidades que tenga el Gobierno para aplicar una nueva amnistía fiscal. Proponemos que haya que aprobarlo por una ley orgánica; proponemos también que el delito fiscal no prescriba tan pronto, que prescriba más allá de los diez años cuando a día de hoy esta aproximadamente en cuatro años, algo a lo que desgraciadamente hemos estado acostumbrados cuando hemos visto todos los casos de presunta financiación ilegal de diferentes partidos políticos en nuestro Estado. Creemos que hay que


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endurecer esas penas, esas sanciones contra aquellos que atentan directamente contra las finanzas públicas. Por eso nos parece muy importante que reconozcamos que desgraciadamente muchos avances en la lucha contra el fraude fiscal, avances pequeños, ligeros, se han conseguido por métodos que no son los procedimentales, como puede ser la declaración de determinadas personas como el economista Falciani que, eludiendo la ley, fue el responsable de dar a la luz los nombres de determinadas personalidades, de grandes fortunas, de grandes empresas que habían eludido la ley y que habían atracado y saqueado las finanzas de todos nosotros y nosotras. Pero fue a través de esos procedimientos extraños, ajenos a la normativa jurídica, por los cuales hemos podido conocer, al menos el Gobierno, los nombres de algunas personas que han estafado al resto de sus conciudadanos. Por eso proponemos también en esta proposición de ley que haya transparencia, que se sepa quiénes son los que se han acogido a la amnistía fiscal, que se sepa quiénes son los que durante tanto tiempo han estado mermando las arcas públicas y beneficiándose de la gran capacidad adquisitiva, la gran capacidad de tienen para contratar a determinados técnicos para hacer actividades en algunos casos delictivas, como la elusión fiscal.

Recordemos -insistimos, esto es preocupante- que es legal hacer determinados procesos como las transferencias de precios que hacen las grandes compañías y que al final también consiguen evitar el pago de impuestos. Las sanciones son importantísimas porque en cualquier juego hace falta un palo y una zanahoria, no solo la zanahoria como hacen el señor Montoro y este Gobierno. Esa transparencia es necesaria aunque, recordamos, nosotros estamos absolutamente en contra de procedimientos como la amnistía fiscal, porque no solo es una cuestión que no funciona en el ámbito autonómico, no es solo que ni siquiera se haya podido recaudar lo que el Partido Popular decía cuando la aprobó a bombo y platillo, sino que además es moralmente injusta e intolerable.

Vayamos un poquito más allá: en esta proposición de ley también proponemos limitar y acabar con los pagos en efectivo, porque es en los pagos en efectivo -nosotros proponemos que se limiten hasta los 1.000 euros- donde se fraguan habitualmente los procesos de corrupción pública, y no solo los procesos de corrupción sino todo tipo de procesos delictivos que incluyen el narcotráfico o la trata de personas; estos procesos se hacen finalmente sobre todo en efectivo. Nosotros hemos acompañado habitualmente esto -lo saben los miembros de esta Cámara- de la sugerencia de que el Gobierno exija a las instituciones europeas, particularmente al Banco Central Europeo, el cambio de color de los billetes de 500 euros. Esta simple medida, que puede parecer anecdótica, sacaría a la luz grandes cantidades de dinero que sirven para engrasar las actividades corruptas. Simplemente esta actividad, que no lleva apenas coste asociado, podría poner en marcha un proceso de emergencia, podría hacer surgir desde la oscuridad y las cloacas de los delitos grandes cantidades de dinero. Esto no solo tendría ánimo recaudatorio sino que además permitiría poner bien claro quiénes han sido los delincuentes, sancionarlos y tomar responsabilidades políticas importantes. Pasaríamos de la política del sobre a una política de amplia fiscalización de cualquier transferencia.

No podemos dejar de citar que en esta proposición de ley incluimos de nuevo una crítica absoluta y feroz contra los paraísos fiscales, porque en un contexto como el actual, en el que se acepta acríticamente por parte del Gobierno toda política que proviene de la troika, toda política que proviene de las instituciones internacionales, es bastante extraño que la troika utilice la retórica contra los paraísos fiscales pero no proponga ninguna medida importante y beligerante contra los paraísos fiscales como pueden ser Gibraltar, Luxemburgo o Andorra. Más allá de la simple retórica, insistimos, lo cierto es que no se ha avanzado absolutamente nada en esa tarea, y determinados territorios jurídicos, como puede ser Gibraltar con 30.000 habitantes y 80.000 empresas, son el pulmón de la corrupción, del narcotráfico, de los pelotazos o de cualquier otro proceso de este tipo que no solo son inmorales sino que además han mermado las arcas públicas.

Son propuestas que van en esta proposición de ley y que esperamos que el Gobierno pueda tenerlas a bien, porque se trata de propuestas técnicas que se pueden poner en marcha mañana mismo. Mañana mismo se pueden poner en marcha estas propuestas, evitar los recortes que se están haciendo en estos últimos años y ayudar a construir una sociedad más justa. Desgraciadamente, sabemos que hemos debatido este tema en muchas ocasiones en esta Cámara, y sabemos también que el Partido Popular se ha negado siempre a tener en consideración las propuestas contra el fraude fiscal de otros grupos. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Entendemos que ese es un camino hacia el suicidio y que puede ser compatible con el modelo de sociedad que quiere construir el Partido Popular, pero que no es compatible con el modelo de sociedad que queremos construir nosotros. Así que, aunque solo sea por esfuerzo pedagógico hacia la ciudadanía, consideramos


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importantísimo que existan proposiciones de ley como la nuestra o las que otros grupos han presentado, y que pongan de relieve que si la lucha contra el fraude fiscal no es efectiva, si no es eficiente, no es porque sea inevitable, es porque falta voluntad política para ponerla en marcha.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Garzón.

Por el Grupo Mixto, señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Según el informe de Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, España es el único país donde los empresarios y profesionales declaran menos que los trabajadores. Según la encuesta del CIS de 2011, más del 92 % de los ciudadanos estima que existe mucho o bastante fraude fiscal; el 30,5 % aduce injusticias porque unos tienen que pagar lo que otros no pagan; otro 22 % dice que disminuyen los recursos para financiar los servicios públicos y las prestaciones sociales, mientras un 24 % estima que obliga a aumentar la presión fiscal sobre los que cumplen, y más del 73 % de los encuestados cree que la Administración hace poco o muy pocos esfuerzos para la lucha contra el fraude; el 75 % reconoce que la Administración debería dedicar más recursos a la lucha contra el fraude. La respuesta a esta encuesta por parte del Gobierno del Partido Popular fue la amnistía fiscal a un 3 %, una ganga para los defraudadores, un insulto para los ciudadanos que pagan sus impuestos. Claro que cuando se aprobó la amnistía fiscal aún no sabíamos lo que nos contaría su tesorero, aún no sabíamos de los sobres de dinero negro que nunca han pasado por el fisco. Si en el partido que nos gobierna hay gente importante que no declara, ¿cómo podemos esperar que aprueben medidas de lucha contra el fraude fiscal? Sería como dispararse un tiro en el propio pie.

El problema llega cuando Bárcenas empieza a hablar y resulta que tiene más autoridad para la gente de la calle que la secretaria general de su partido. El problema llega cuando sale a la luz una libreta de apuntes de dinero negro del Partido Popular durante décadas. El problema llega cuando el PP tiene que destruir pruebas de un proceso penal porque pueden incriminarle. El problema es que el Estado está bajo un Gobierno que envía un mensaje a los ciudadanos muy poco edificante y muy poco educativo. Según la Agencia Tributaria española, el 74 % del fraude fiscal se centra en las grandes fortunas, las 3.113 sociedades de inversión de capital variable, Sicav, que gestionan un patrimonio de 26.000 millones de euros son las que más utilizan los paraísos fiscales, y la cantidad global defraudada es el dinero que debería ser invertido en las políticas sociales que ahora más que nunca la gente necesita. Pero, claro, si parte de ese dinero defraudado acaba en manos de algunos destacados miembros del partido del Gobierno, según se deduce de la libreta del tesorero de su propio partido las piezas empiezan a encajar. Seguirán persiguiendo al pequeño defraudador mientras permitirán que el gran defraudador siga evadiendo millones.

Señorías entendemos que hay que hacer alguna cosa, es necesario que se haga algo, es necesario abordar de una vez por todas el problema del fraude fiscal. Por tanto, Compromís Equo dará su voto favorable a esta proposición y a cualquier otra que intente poner veto al fraude fiscal.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, nosotros vamos a votar también a favor de la iniciativa del Grupo de La Izquierda Plural, aunque también tenemos unas ciertas dudas en el sentido de que el problema no está en las leyes, el problema está en la falta de cultura democrática, en esa cultura del fraude que está muy extendida, y en la falta de compromiso político de quien tiene la responsabilidad de Gobierno para combatir el fraude fiscal. Un fraude fiscal que constituye un problema estructural del Estado español, como hemos citado en esta tribuna muchas veces desde el Grupo de Amaiur. Es un auténtico atentado especialmente contra la justicia, la equidad y la solidaridad, y si eso no se tiene claro al final no hay compromiso para combatirlo, y ese es un elemento fundamental. Usted hablaba, tiene razón, de que en el seno de la Unión Europea no hay ningún compromiso tampoco para luchar contra los paraísos fiscales, y el Gobierno español en ninguna de las cumbres ha planteado esa cuestión con compromiso y con decisión. La tragedia es que el auténtico paraíso fiscal ahora mismo en la Unión Europea es el Estado español. El señor Botín hace unos


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pocos días decía que todos los capitales estaban viniendo del extranjero muy animados y de forma masiva al Estado español porque precisamente el Estado español lo que fomenta es la especulación, la economía especulativa, no la economía productiva. Ahora mismo desde el punto de vista de la especulación el mercado español es un mercado atractivo para el capital financiero, ese capital que no está comprometido ni con el progreso económico ni con la creación de empleo ni con la justicia social. Ese es el elemento fundamental, y por eso nosotros hemos dicho en repetidas ocasiones al Gobierno que tiene que tener un compromiso claro de lucha contra el fraude fiscal, que mientras este Gobierno no establezca una senda de reducción del fraude fiscal con plazos y compromisos concretos no va a tener ninguna credibilidad para sacar adelante a este Estado de la crisis, en ese objetivo fundamental de la creación de empleo, de avanzar en la justicia social y de reforzar el Estado del bienestar.

Indudablemente el actual contexto al Gobierno le viene muy bien porque es la argucia y la disculpa ideal para ir desmantelando el Estado del bienestar y cambiar el modelo socioeconómico en función de ese manual que desde esta tribuna hemos repetido muchas veces del buen neoliberal. Pero esa no es la solución para los problemas estructurales del Estado español; la solución fundamental es ese compromiso contra el fraude fiscal, un compromiso que tiene que descender al detalle; y no es que lo digamos desde el Grupo Amaiur o desde otros grupos de la Cámara, sino que lo está diciendo la Unión Europea continuamente en todos sus informes.

En el último informe el Estado español ocupa el número 21 de los 27 Estados de la Unión Europea, antes de la integración de Croacia, a la hora de establecer qué supone en la recaudación fiscal sobre el producto interior bruto. Esto es impresentable. No se puede decir que es un país de primera división, no es un Estado de primera división quien tiene esta tasa tan alta de fraude fiscal, y lo que es todavía más impresentable es que por parte del Gobierno no haya un compromiso claro de lucha contra el fraude fiscal. Como se ha repetido por parte de otros portavoces, al final se facilita precisamente el fraude fiscal, se beneficia y se posibilita con esas amnistías fiscales. Sin embargo, no se va a la raíz que dice también la Unión Europea que son los impuestos indirectos y el impuesto sobre sociedades. Ahora mismo las únicas personas que están cumpliendo con justicia y con responsabilidad con el fisco son aquellas personas que tienen una nómina, los trabajadores y trabajadoras. Quien no tiene una nómina está facilitando esa cultura del fraude fiscal y al final, ¿quiénes son los perjudicados? Son esas personas con nómina, los trabajadores y trabajadoras, las pymes y la economía social.

A esto hay que ponerle coto y por eso hay que poner fin a la especulación financiera, hay que hacer imposible que sea una realidad la ingeniería fiscal para conseguir esa elusión fiscal, y hay que conseguir que la justicia, la equidad y la solidaridad sean una realidad. Por eso nosotros demandamos al Gobierno que se comprometa de una vez por todas con esa senda de reducción del fraude fiscal, en vez de comprometerse con esas sendas de reducción del déficit, etcétera, que será la consecuencia en todo caso de la reducción de fraude fiscal. Mientras esa senda de reducción del fraude fiscal no sea una realidad, este Gobierno no va a tener ninguna credibilidad ni para sacarnos de la crisis ni para resolver el problema del paro.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias señor Larreina.

Por el Grupo Vasco, señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.

Intervengo brevemente desde el escaño para fijar nuestra posición. Dado que como ocurre otras veces las medidas que se contemplan en iniciativas son competencia de las instituciones forales, nuestro grupo parlamentario se va a abstener a la hora de la votación. Simplemente queríamos en todo caso manifestar que en el fondo de la iniciativa estamos completamente de acuerdo, que la lucha contra fraude es una lacra que hay que combatir desde todos los ámbitos, máxime en el momento de situación económica en el que convivimos. Simplemente quisiera hacer dos anotaciones en las que nuestro grupo pondría ciertos reparos a las propuestas que se contemplan en la iniciativa. Una de ellas consiste en que se reduce de 2.500 euros a 1.000 euros para la prohibición de pagar en efectivo. Esto me parece sinceramente un poco excesivo porque prácticamente casi nada se va a pagar en metálico. Tampoco estamos muy de acuerdo en algunas modificaciones que se proponen de la Ley General Tributaria, por ejemplo, el artículo 1.2 convierte, a nuestro juicio, la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad, planteamiento que choca contra cualquier principio jurídico razonable. En este caso el administrador tiene que demostrar que no es causante o colaborador activo en la comisión de la infracción, lo que viene en llamarse prueba diabólica, muy difícil o imposible de llevar a la práctica en muchos casos. Una cosa sobre


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la que tampoco estamos de acuerdo, o al menos sería discutible, es en la elevación a diez años de la prescripción en determinados supuestos. Parece que en el ámbito penal se mantiene la prescripción en cinco años y en el caso de faltas administrativas se llega a los diez, y eso parece un poco excesivo.

Al margen de estas consideraciones que podríamos debatir si este proyecto se tramitara, nuestro grupo parlamentario, tal y como he comentado, se va a abstener.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Debatimos en la Cámara por enésima vez la lucha contra el fraude fiscal, y eso nos obliga a repetirnos en los argumentos. Pero no lo digo como un reproche hacia el grupo proponente, todo lo contrario, sino como un reproche al grupo mayoritario porque tal vez deberían pensar que cuando todos los grupos insistimos y coincidimos en la necesidad de abordar este tema, algo queda por hacer. Tal vez ustedes podrían decir que no es así, pero desde la última vez que debatimos este tema, ¿ha dejado la economía sumergida en España de superar el 20 % del PIB? No es así; todos los estudios siguen coincidiendo en que nuestra economía sumergida supera el 20 % del PIB, y por tanto duplica la media de la Unión Europea. Si eso no fuese así, podrían decirnos: oigan, no insistan, pero es que sigue siendo así. Pueden decir: ¿Cómo sabemos que esa es la cifra, si es economía sumergida? Es que hay numerosos estudios académicos que coinciden al estudiar el consumo de electricidad, al estudiar el uso de efectivo y todos llegan más o menos a esa misma cifra. Aun así tiene razón el grupo proponente en que sorprende la falta de estudios oficiales sobre la cuestión. Hay más estudios académicos, pero convendría abordar también esta cuestión desde el ámbito del estudio oficial con mucho más rigor. ¿Es verdad o ha dejado de ser verdad que desde la última vez que discutimos este tema se dejan de recaudar cada año en España 7 u 8 puntos del PIB por causa del fraude fiscal? Estamos hablando de 70.000 u 80.000 millones de euros, una cifra equivalente o que supera ligeramente el total del déficit público. Como hemos dicho otras veces, no nos engañemos, es cierto que no vamos a reducir el fraude a cero, pero si lo redujésemos a la mitad, a los valores europeos, que no parecen inalcanzables, reduciríamos nuestro déficit público a más de la mitad y nuestra situación fiscal sería totalmente diferente. El fraude fiscal es una forma de competencia desleal para el que cumple y rompe totalmente la equidad de nuestro sistema tributario, por tanto, nos parece muy pertinente insistir en la cuestión, dado que los datos de la realidad siguen siendo los que son.

A nuestro grupo le preocupa especialmente esta cuestión y hemos traído numerosas iniciativas a la Cámara en forma de proposición no de ley, de preguntas orales, escritas, de enmiendas a las leyes, pero como lo bueno nunca sobra nos alegra que se siga insistiendo en la cuestión y acogemos favorablemente la proposición de ley que nos trae hoy La Izquierda Plural. Pasando a analizar sus propuestas, como no podía ser de otra manera, hay algunas en las que coincidimos, buena parte de ellas, algunas, menos, en las que discrepamos, y otras que echamos en falta. Respecto a las que coincidimos, como digo son numerosas, y no lo digo para reclamar derechos de autor para nuestro grupo, sino para llamar la atención sobre el hecho de que si dos grupos tan distintos como Unión Progreso y Democracia y La Izquierda Plural coinciden tanto en este tema, no debe ser tan imposible lograr un acuerdo más amplio. Es un tema transversal en el que es posible que grupos muy distintos estén esencialmente de acuerdo en muchos puntos. Por ejemplo, en la cuestión de evitar dilaciones en los procedimientos, dilaciones que a menudo se utilizan como estrategia. También en cuestiones como igualar el plazo de prescripción administrativa y penal, algo en lo que están de acuerdo el 99 % de los expertos fiscales y poner esos dos plazos de prescripción en los cinco años. Cuestiones -una muy importante- como limitar la estimación objetiva, que tuvo su sentido en el pasado, pero con los procedimientos informáticos que hay hoy en día ha dejado de tener el mismo sentido que inicialmente, y sería conveniente limitar el acceso a ese procedimiento de estimación objetiva, algo en lo que también los fiscalistas están esencialmente de acuerdo y nosotros compartimos con el grupo proponente. La necesidad de que haya un mayor control en las operaciones con paraísos fiscales, que se nos dirá que ya se está haciendo. Bueno, se estará haciendo, pero queda mucho por hacer, y algunos paraísos fiscales tan cercanos como el que señalaba el señor Garzón: Gibraltar. La necesidad de ser críticos con la amnistía fiscal que este Gobierno ha promulgado el año pasado, un fracaso recaudatorio sin paliativos, pero no solo un fracaso recaudatorio sino también una inmoralidad. Aunque se hubiese recaudado más, no se puede romper de esa manera la conciencia fiscal de nuestro país y estamos de acuerdo, tal y como se plantea en la proposición de ley, en que se estudie


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el origen de esos capitales para que nos aseguremos de que no hay capitales que tienen orígenes ilícitos y que se han blanqueado con esa amnistía. Son, por tanto, muchos los puntos de coincidencia de mi grupo con esta iniciativa.

En otras cosas discrepamos; algunas las adelantaba el señor Azpiazu. Nos parece que la lucha contra el fraude es un objetivo, pero tiene que ser compatible con otros objetivos, y que limitar el pago en efectivo tan drásticamente, como aquí se propone, tendría inconvenientes para la vida cotidiana de los ciudadanos y para el normal funcionamiento de la economía. También se incluyen en la proposición de ley algunas reivindicaciones profesionales que son muy legítimas, pero no estamos seguros de que este sea el sitio para incluirlas. En cualquier caso, si esta iniciativa siguiese adelante, ya tendríamos ocasión de enmendar estos aspectos.

Asuntos en los que coincidimos, muchos; temas en los que discrepamos, algunos y otros que echamos en falta. El señor Garzón lo comentaba en su exposición, pero no hemos visto reflejado en la proposición de ley un tema fundamental, el de los medios de la Agencia Tributaria. Podemos poner en las leyes lo que queramos, el papel lo aguanta todo, pero si el defraudador no ve que aumenta su probabilidad de ser descubierto, el endurecimiento de la ley no le va a asustar demasiado. La Agencia Tributaria de nuestro país es muy eficiente, todos los estudios coinciden en eso; es una agencia muy eficiente, pero con escasos medios. En términos de gasto respecto al PIB gastamos la tercera parte que nuestro vecino, Francia, y la mitad que Alemania. Pues con la tercera parte de medios o con la mitad de medios no es sorprendente que el fraude sea el doble. Estos efectivos de la Agencia Tributaria se mantienen más o menos constantes -unos 27.000 efectivos- desde la creación de la agencia y no es que la situación esté mejorando, es que está empeorando. En los últimos Presupuestos Generales del Estado y en los anteriores han disminuido los recursos de la Agencia Tributaria y está el tema de la tasa de reposición, que seguro que el portavoz popular dirá que no, que han hecho una excepción, que es el 10 %, es decir, es el menos 90 %. De cada cien que se jubilan, noventa no se reponen, con lo que se están disminuyendo ya los escasos medios de la Agencia Tributaria cuando deberían aumentarse para hacer más inspecciones in situ o para combinar la lucha del fraude fiscal con el fraude laboral. Si dedicamos la mitad, la tercera parte de medios que nuestros vecinos, no es sorprendente -insisto- que el fraude sea el doble. Nos preocupa también la independencia de la Agencia Tributaria. Hace poco tiempo, una semana y media más o menos, formulamos una pregunta por escrito al Gobierno sobre esta cuestión, porque desde que gobierna el Partido Popular, en veinte meses de gobierno del Partido Popular ha habido 310 ceses de inspectores en sus puestos en la Agencia Tributaria, casi el 20 % del total, y la mitad de estos inspectores están en puestos de libre designación, es decir, en puestos de libre destitución. Sería importante mejorar la independencia de la Agencia Tributaria y evitar las interferencias políticas. Y no solo cuestiones que tienen que ver con la Agencia Tributaria. Nos parece muy importante aumentar la conciencia social sobre este problema, porque hay un gran fraude, el fundamental, pero también hay un pequeño fraude cotidiano en alquileres que no se declaran, en reparaciones domésticas que no se declaran. Sería importante aumentar la conciencia social con campañas en los medios de comunicación, que se echan en falta desde hace mucho tiempo, y con la introducción de estas materias en el sistema educativo. Aunque no nos engañemos -algún orador también hablaba de esto-, por mucho que prediquemos en los medios de educación, por mucho que prediquemos en el sistema educativo, la mejor prédica es el propio ejemplo.

Si los ciudadanos ven despilfarro en el gasto público, eso deslegitima al sistema fiscal. Ellos ven que el dinero con que contribuyen no se utiliza adecuadamente. Cualquier gasto inútil o despilfarro contribuye a deslegitimar el sistema fiscal, aunque no excuse de ninguna manera el fraude. No hablemos ya del despilfarro, sino de la corrupción política. Si los ciudadanos ven que los partidos políticos y los dirigentes de partidos políticos no cumplen con sus obligaciones fiscales, de poco servirán las campañas divulgativas. El caso último, el más espectacular es el caso Bárcenas, aunque hay más casos que han salpicado prácticamente a la totalidad del arco parlamentario. Por tanto, concienciación, pero sobre todo ejemplaridad.

Resumiendo, y para terminar, el problema sigue vivo. Las cifras de fraude siguen siendo escandalosas. Ninguna iniciativa es superflua mientras esa realidad no cambie y nosotros apoyaremos la toma en consideración de esta proposición de ley.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Picó.


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El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señora presidenta.

Como se ha dicho, el objeto de la proposición de ley presentada por La Izquierda Plural se ha debatido reiteradamente en el Pleno de la Cámara. Además, somos plenamente conscientes en mi grupo de que en la actualidad nuestro sistema tributario, tras años de modificaciones legales, adolece de graves distorsiones que en la mayoría de los casos suponen una merma tanto en la capacidad económica del contribuyente como en los recursos públicos. Este es un tema importante sin lugar a dudas. Por ello, a lo largo de toda esta legislatura nuestro grupo parlamentario ha defendido la necesidad de luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida, ya que no hay nada más antisocial que el fraude. Ataca a la generalidad, ataca a la equidad y ataca a la justicia de todo el sistema tributario.

En este sentido, compartimos el espíritu de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, ya que es un compromiso ético de lucha contra el fraude fiscal y de persecución y sanción al defraudador. Hace unas pocas semanas tuvimos la ocasión de debatir en el Pleno de la Cámara la interpelación y la consecuente moción sobre las medidas que tenía previsto adoptar el Gobierno para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Como señalábamos en aquel momento, hablar de economía sumergida es hablar de lo desconocido. No hay datos oficiales y desde nuestro punto de vista debería haberlos; como mínimo debería haber indicadores en relación con la economía sumergida. Existen estudios que han estimado el impacto de la economía sumergida en las arcas públicas y de ellos hemos hablado aquí. Hemos hablado del informe Schneider, del informe Closing the European tax gap o de informes de consultoras diversas que han hecho muchas estimaciones. Se ha hablado de 60.000, 70.000 u 80.000 millones. Estimaciones existen muchas, pero no tenemos ningún dato público al respecto. Son cifras que desde nuestra perspectiva no se pueden obviar y que evidencian la necesidad de conocer, evaluar y actuar en esta materia. Quiero recordarles lo que proponía la moción que presentó mi grupo parlamentario: la fijación de indicadores de estimación del volumen de economía sumergida, objetivos plurianuales de reducción, simplificación de la normativa fiscal, concreción de la actuación de la Agencia Tributaria en las rentas no declaradas, entre otros aspectos que proponíamos. Además, quiero recordarles que la moción no fue aprobada.

Volviendo a la iniciativa que debatimos, también estamos de acuerdo en que se lleven a cabo acciones oportunas para procurar el acuerdo con los países de la OCDE, para la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operen o sean titulares de bienes o derechos en los países o territorios calificados como paraísos fiscales. Es una cuestión de justicia y de credibilidad. Además, va en la línea de lo que pide Europa y de lo que se acordó en el Consejo Europeo del pasado mes de mayo. En este sentido, medidas que compartimos con la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural son la reclamación de una evaluación de la economía sumergida -que se contiene en una disposición adicional de la proposición de ley- o, como decía, todo lo relativo a la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de personas y empresas.

No obstante, desde nuestro punto de vista la proposición de ley adolece de algunos aspectos que son fundamentales. A continuación les expondré aquellos puntos en los cuales creemos que la proposición de ley no acierta. En primer lugar, en la iniciativa planteada no se incorporan herramientas que aumenten la colaboración de las administraciones en materia tributaria, tema importante. La lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida debe ser abordada en colaboración con todas las administraciones públicas, y no únicamente desde la perspectiva de la Administración central. El texto de la iniciativa creemos que olvida esta perspectiva, la obligación de compartir la información con el resto de administraciones públicas, especialmente con las comunidades autónomas que disponen de mucha información en esta materia. Todas las administraciones tienen una responsabilidad, es lógico, en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, por lo que es necesaria una estrecha y eficaz coordinación y cooperación entre ellas.

Segundo aspecto que no compartimos, la iniciativa no incorpora herramientas de simplificación administrativa de las obligaciones tributarias, sino todo lo contrario. Les pondré un ejemplo, la modificación que se propone del artículo 43 de la Ley General Tributaria, que reduce de doce a seis meses el plazo de validez del certificado que debe aportar el contratista o subcontratista, para demostrar que se está al corriente de las obligaciones tributarias, para que de dicho modo no se deba responder subsidiariamente de sus obligaciones tributarias y sociales, creemos que no es un acierto, teniendo en cuenta que en el propio artículo 43 de la Ley General Tributaria ya se establece la posibilidad de solicitar el certificado con ocasión de la declaración del impuesto sobre la renta o del impuesto sobre sociedades que presenta


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anualmente el contratista o subcontratista; la reducción de seis meses del plazo de vigencia distorsiona el funcionamiento de las administraciones con competencias tributarias, y genera además una nueva carga administrativa para el contribuyente. Creemos que la lucha contra el fraude y la economía sumergida no deben suponer más y nuevas obligaciones para los ciudadanos, sino, con los medios a disposición de las administraciones, establecer mecanismos de control que simplifiquen y minoren las cargas administrativas que recaen sobre los ciudadanos y los agentes económicos.

En tercer lugar, otro ejemplo en relación con el aumento del plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, que pasaría, según la proposición de ley, de cinco a diez años para equiparar el plazo de prescripción tributaria con el delito fiscal, como propone la iniciativa. Desde nuestra perspectiva -y se ha dicho también por parte del señor Azpiazu- creemos que es un error, porque consideramos que es más razonable que los plazos de prescripción sean superiores en los casos en que exista delito fiscal respecto a los casos en que exista una simple infracción administrativa, y no al contrario, como contempla la proposición de ley.

En último lugar, otro motivo de discrepancia, pero no por ello menos importante, está relacionado con la limitación de los pagos en efectivo que tienen como objeto pasar el límite autorizado de pago de 2.500 a 1.000 euros. Consideramos que es conveniente que transcurra un cierto tiempo antes de evaluar si es necesaria la reforma, teniendo en cuenta que la actual legislación constituye una de las más exigentes de Europa. El señor Azpiazu -me refiero a él otra vez- calificaba de excesiva la medida. Yo creo que podríamos afirmarlo también. En resumen, compartiendo la necesidad de adoptar medidas en este ámbito -de ahí la moción consecuencia de interpelación que formuló mi grupo parlamentario en el mes de septiembre-, compartiendo algunas de esas propuestas de la proposición de ley que ustedes han formulado, y otras no, nos abstendríamos en la toma en consideración de la proposición de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Picó.

Por el Grupo Socialista, señora Vázquez Morillo.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, como han dicho algunos diputados que me han precedido en el uso de la palabra, no es la primera vez que hablamos de economía sumergida y fraude fiscal en esta Cámara; es más, prácticamente todas las semanas hablamos de ello. Hablamos, hablamos y hablamos, pero el tiempo corre, y efectivamente los resultados de la lucha contra el fraude no varían sustancialmente. Se refería el señor Picó hace un momento a la interpelación urgente que presentó CiU de lucha contra el fraude fiscal; escuchamos al señor Montoro alabar que se hubiera presentado, decía él, porque es importante que hablemos en esta Cámara de estas cuestiones: de fraude y de economía sumergida. Es más, pedía la lealtad a todos los grupos para abordar las diferentes perspectivas que teníamos cada uno en estas materias, así que algunos pensamos que por fin igual nos ofrecía un acuerdo para tomar medidas contra esta lacra. Pero la semana siguiente no se basaba solo en hablar, ya había que retratarse, había que votar. Todos los grupos votaron a favor; el PNV se abstuvo. Señor Picó, le recuerdo que votamos en esa moción siete puntos, la votamos por puntos. ¿Qué votó el Grupo Popular? No, no, no, no, hasta siete veces; no le gustó ninguno de los puntos. La semana siguiente debatimos otra presentada por el mismo grupo que presenta hoy esta, también sobre progresividad fiscal y lucha contra el fraude. ¿Qué votó el Partido Popular? No. En la proposición que debatimos hoy La Izquierda Plural insiste en una propuesta que va en la misma línea que la anterior. Nosotros votaremos a favor de su toma en consideración. No sé si colará esta vez, señor Garzón, pero me parece que con los antecedentes que hay, no.

La proposición de ley propone modificaciones de la Ley General Tributaria con las que nosotros estamos de acuerdo en general. Por ejemplo, en ampliar el abanico de colaboradores activos de infracciones tributarias, y en ampliar plazos de prescripción de determinadas deudas tributarias. Tendríamos que hablar de algunos detalles, pero si se toma en consideración, podríamos mejorarlo. Modifica también la Ley 7/2012, que tiene medidas positivas, pero que propone -y nosotros estamos de acuerdo- que se limite a mil euros el pago en efectivo. No cualquiera lleva dos mil euros en el bolsillo para pagar una factura en una cafetería o cuando nos encontramos por la calle. Mil euros es nuestra propuesta y por eso estamos de acuerdo. Dedica las disposiciones a hablar de amnistía fiscal y de fraude fiscal y economía sumergida, porque ahí está el dinero, en las grandes empresas, en los grandes patrimonios que defraudan -porque todos no lo hacen-; ahí es donde está el dinero para dejar de exprimir a las clases asalariadas, a las rentas del trabajo, y a los consumidores de rentas media


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y baja. Son los asalariados los que están soportando una subida injusta del IRPF que iba a ser temporal, pero que ahora ya no es temporal. Ahora se ha convertido en definitiva, a pesar de que la Unión Europea le pidió al Gobierno en julio que bajara los impuestos directos, al menos, porque esas subidas que había realizado van en contra de la recuperación y del consumo. No habrá recuperación para todos si no hay aumento de demanda interna. No habrá aumento de consumo si los sueldos se congelan, si las pensiones casi se congelan, si las prestaciones por desempleo bajan, si hay copago, y si los impuestos continúan en porcentajes elevados para las rentas medias.

Y mientras todo esto ocurre observamos cómo los ricos son cada vez más ricos, cómo se van a paraísos fiscales, y cómo aumentan las empresas interpuestas para pagar menos impuestos en nuestro país. Igual que La Izquierda Plural insiste en presentar esta propuesta, y a nosotros nos parece bien, nosotros insistiremos en dar datos y en repetir las propuestas que hemos defendido aquí en más de una ocasión. La verdad es que cuando leí la proposición de La Izquierda Plural y tenía que hacer mi intervención, me dije: esto es como siempre. Y me acordé de aquella anécdota de Liz Taylor en la noche de bodas de su octavo matrimonio, cuando dijo: Cariño, sé perfectamente cómo se hace esto, pero no sé cómo hacerlo para que parezca diferente. Eso es lo que me pasó a mí y no sabía cómo decirlo. Seguiremos insistiendo a ver si cala en el Gobierno.

Vamos a los datos. Economía sumergida. Ya se ha hablado aquí, más del 20 % del PIB, el doble que la Unión Europea. El señor Montoro decía: no conozco el dato, porque si lo conociera no sería sumergido. Ya es hora de que lo vaya analizando y lo vaya estudiando para que pueda combatirlo. A lo mejor por eso no lo combate, porque no lo conoce. Tiene que estudiarlo y tiene que traerlo aquí para que lo debatamos. Medios puestos a disposición de la Agencia Tributaria. Ya hemos hablado de eso. Mientras que en Alemania o Francia hay un trabajador por cada 700 ciudadanos, aquí tenemos un trabajador en la Agencia Tributaria por cada 1.900. Pero, como decía el señor Anchuelo, no siempre ha habido las mismas personas trabajando en la Agencia Tributaria. Por ejemplo, en 2013 hay 26.361 personas. En 2009 superaban las 28.000. Pero el objetivo para 2014 en los Presupuestos Generales del Estado está en 25.702. Se van a reducir 659 personas de la Agencia Tributaria, pero, ¡ojo! De esas 659, 612 se reducen del personal destinado a la prevención y control. Solo 1.600 inspectores y subinspectores quedan en la Agencia Tributaria, porque como usted ha dicho, señor Anchuelo, se han nombrado muchos cargos de inspectores de la Agencia que no se sustituyen.

Mientras en 2012 se recaudaron 10.400 millones de lucha contra el fraude -lo mismo que en 2011-, en 2013 parece que van a ser 9.130. Pero, ¡ojo otra vez! El objetivo para 2014 según los Presupuestos Generales del Estado, en un alarde de ambición, el Gobierno dice que intentará llegar a los 9.200. Es decir, cada vez menos. ¡Pero si es que a la Agencia Tributaria, reconocido por los inspectores, se le escapan todos los años 80.000 millones! ¡Es que solo en IVA se le escapan 17.000 millones de euros! La Agencia Tributaria es muy eficiente, como se ha dicho, pero cada vez le reducen más los recursos. La Organización Profesional de Inspectores entiende que con 4.000 inspectores y subinspectores más estaríamos en un porcentaje muy razonable de control del fraude. Eso significa -y es una propuesta que nosotros hicimos- que si contratáramos cada uno de los próximos cuatro años a mil inspectores habría una rentabilidad muy jugosa para las arcas del Estado. Si los inspectores creen que con ese aumento se va a controlar tanto el fraude aceptémosles ese reto. No cuesta tanto aumentar mil inspectores en comparación con la rentabilidad que pueden dar: 20.000 millones de euros con mil inspectores más. Esos recursos pueden costar alrededor de 50 millones de euros, y el Gobierno debería aceptarles el reto.

¿Qué información tiene por otra parte la Agencia Tributaria sobre grandes defraudadores? En primer lugar, como la proposición de ley dice no conocemos la procedencia de las cantidades afloradas en la amnistía fiscal, ni conocemos a las personas y a las entidades que han aflorado ese dinero. Ese dinero podría proceder de tráfico de armas, por ejemplo, o de otras que se han dicho aquí. El ministro Montoro se comprometió a traer esa información a esta Cámara, y necesitamos conocerlo y queremos conocer hasta los nombres. Si han estado defraudando durante muchos años, mucha vergüenza no tendrán cuando han hecho eso, así que conozcamos sus nombres, porque los grandes capitales que no han defraudado han pagado por encima del 50 % y a estos se lo hemos perdonado solo con un 3 %. Mientras esto pasa la prensa nacional e internacional saca titulares que nos hacen enrojecer en un país que está recortando tanto sus derechos sociales. Expansión, por ejemplo: el 94 % de las empresas del IBEX tiene filiales en paraísos fiscales, según el Observatorio de responsabilidad social corporativa. ¿Significa eso que defraudan? Desde luego significa que son poco transparentes; si no defraudan es injusto que estén en tela de juicio, y si defraudan es injusto para este país. Así que se debería investigar. No he oído a la


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vicepresidenta del Gobierno decir: 33 empresas del IBEX están instaladas en paraísos fiscales, mientras que le he oído decir que muchos parados están defraudando, sin movérsele el pelo y ni siquiera ha pedido perdón. En fin, también destacan defraudadores entre políticos y banqueros que guardan su dinero en paraísos fiscales. Todos lo hemos leído: Emilio Botín, Rodrigo Rato, Miguel Boyer, María Dolores de Cospedal, etcétera. No es justo que se vean ahí si no es verdad, pero desde luego lo que no es justo es que no paguen si es verdad.

Terminaré ya diciendo que estamos de acuerdo en la proposición de ley. No creemos que sea suficiente, con estas medidas no es suficiente.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Vázquez, finalice.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Termino ya, señora presidenta. Pero si esta proposición se tomara en consideración entenderíamos que la anunciada reforma, la profunda reforma fiscal del ministro Montoro iría en esta línea de justicia impositiva, y que las grandes fortunas...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Vázquez, lo siento pero tiene que finalizar.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Termino ya.

... que las grandes fortunas tengan dificultad para el fraude y la evasión fiscal.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Popular, señor Abad.

El señor ABAD PÉREZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, cuando una persona de forma voluntaria decide matar a otra porque no le gusta como piensa se convierte en un asesino, y si lo hace de forma reiterada con la intención de crear terror entre los que no coinciden con sus ideas se convierte en terrorista, deja de ser persona y deja de tener corazón, solo le sirve para que le impulse su mala sangre. Junto a los que no piensan igual o a los que mantienen la convivencia entre los que no coinciden con las mismas ideas hay familias, esposas, maridos, madres, padres, hijos, abuelos, amigos, están sus vidas, sus momentos entrañables, sus momentos difíciles, su necesidad de servir a los demás y de vivir para ellos. (Rumores). Todo se acaba cuando el terrorista asesino de ETA dispara y mata. Los asesinados por Inés Del Río no pueden sonreír como ella saliendo de sus ataúdes. No puedo creer, y sin embargo es una realidad...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Abad, vuelva usted al tema, por favor.

El señor ABAD PÉREZ: ¿Perdón?

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Vuelva usted al tema.

El señor ABAD PÉREZ: Sí, estoy en el tema, porque estamos hablando del fraude, y yo creo que es un fraude hablar desde esta tribuna de la forma en que se ha hecho. (Protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Continúe.

El señor ABAD PÉREZ: Permítame, por favor.

No puedo creer, y sin embargo es una realidad, que en esta misma Cámara algunas de sus señorías defiendan a estas alimañas humanas, son y serán siempre asesinos, y aunque salgan de la cárcel y se amparen en los derechos humanos, que ellos no les han concedido a los asesinados, algunas de sus señorías no pueden justificarlos nunca; estos últimos días lo han hecho, luego no suban a esta tribuna reclamando los derechos humanos o la compasión para nadie. Eso es hipocresía, si antes no reprueban los crímenes y las actitudes de los asesinos de ETA en la cárcel o cuando salen de ella. Dice el periodista José María Marcos... (Protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Abad, por favor, vamos al fraude fiscal ya. (Protestas por parte del señor Sixto Iglesias). Silencio, señor Sixto.

Señor Abad, hable usted del fraude fiscal, por favor.


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El señor ABAD PÉREZ: El Grupo Parlamentario de La Izquierda Popular nos presenta una proposición de ley para su debate y aprobación que no deja alternativas de enmendarla, y que viene a decirnos: ustedes tramítenla, no se opongan a nada, y luego ya hablaremos. En primer lugar, quiero agradecerles a todos los grupos que han pasado por esta tribuna antes que yo el interés de la lucha contra el fraude, la petición de un esfuerzo colectivo para lograrlo es de todos. No hay en este asunto algo que más agrade al grupo que represento, el Grupo Popular, que todo aquello que vaya encaminado precisamente a la lucha contra el fraude. Así pues, bienvenidos, y si hay puntos de encuentro mucho mejor.

Desde el primero momento el Gobierno del Partido Popular comenzó a legislar para combatir el fraude fiscal. Les enumero algunas de las medidas que ya hemos adoptado, con poco entusiasmo por parte del Grupo de La Izquierda Popular (Protestas.-La señora De las Heras Ladera: La Izquierda Plural.-El señor Garzón Espinosa: La Izquierda Plural), porque no han apoyado ninguna. Perdón, del Grupo de La Izquierda Plural, rectifico. La Ley 7/2012, de actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, advertía el ministro señor Montoro en la presentación de esta ley, que la recaudación tributaria desde 2007, comienzo de esta crisis económica, había perdido en España 7 puntos del PIB, 70.000 millones de euros, lo recordaba el señor Anchuelo, que nos llevó a liderar en el mundo desarrollado la mayor caída de los ingresos tributarios sobre nuestra actividad económica; algo así ocurría, y decía el señor Montoro que era responsabilidad de esta Cámara y de todos los grupos políticos responder a ese algo; y como no puede ser solo responsabilidad de la crisis económica, el descenso de estos 7 puntos porcentuales del PIB en términos de recaudación, y por tanto estos 70.000 millones, no se habían evaporado porque sí, sino que nos llevan a una señal de advertencia de que en España la crisis económica supuso también un aumento de la economía sumergida muy considerable, y un aumento del fraude fiscal. Esta observación, que es de un ministro del Gobierno del Partido Popular, incluso a alguna de sus señorías del Grupo de La Izquierda Plural le pareció bien y llegó a aplaudirla, lo recoge el "Diario de Sesiones", pero luego votaron en contra. Esto ratifica lo que acabo de indicar, que desde el primer momento a este Gobierno le ha preocupado el fraude fiscal y está legislando para ello.

Además la Ley Orgánica 7/2012, que modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 25 de noviembre, del Código Penal, lucha contra el fraude fiscal y de la Seguridad Social, modifica diversos preceptos del Código Penal, creando el delito agravado, cuotas defraudadas superiores a 600.000 euros, donde la pena máxima por delito fiscal pasa a ser de seis años y aumenta el plazo de prescripción a diez años respectivamente, además mejora la definición de delito contra la Hacienda pública. El Real Decreto 12/2012, por el que se introducen medidas tributarias y administrativas dirigidas a crear la declaración tributaria especial. También un acuerdo entre España y Estados Unidos para mejorar el cumplimiento fiscal internacional. En el cumplimiento de este acuerdo las entidades financieras de España y Estados Unidos deben comunicar a sus respectivas autoridades fiscales información referente a los contribuyentes del otro país firmante, que será intercambiada entre ambas de forma automática, y en base a un procedimiento estandarizado. España, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia fijaron una posición negociadora común con Estados Unidos que sirve de base para la firma de acuerdos bilaterales, como el suscrito en España en mayo de 2003. El Plan de control tributario de 2013, de la Dirección General de la Agencia Estatal, contiene diversas medidas que se han llevado a cabo ya en el 2013. Asimismo lucha contra el fraude organizado, con una selección de contribuyentes potenciales defraudadores a la Hacienda Pública, a partir de signos externos de riqueza; comercio electrónico y juego on line, absolutamente actualizado a las circunstancias de hoy, y otras más que pueden ver en el texto de este mismo plan.

Resultados ya concretos de la lucha contra el fraude parece ser que no había ninguno y ya estamos recogiéndolos. Según datos oficiales ofrecidos por el Ministerio de Hacienda los ingresos recaudados por los conceptos referentes a la lucha contra el fraude en el año 2012 ascendieron a 11.517 millones de euros. Especial mención merece la declaración tributaria especial e impuesto sobre sociedades anteriormente citada, que ha supuesto un afloramiento de rentas y activos por importe de 12.000 millones de euros, y un importe recaudado de 1.191 millones de euros, no solo por el importe de la recaudación obtenida, sino por los ingresos tributarios futuros como consecuencia del afloramiento de rentas y activos que se han producido.

Además del fraude fiscal nos preocupan más espacios para el fraude, y también hemos legislado en materias de Seguridad Social, de desempleo o de cualquier otra forma de fraude contra el dinero público, con resultados muy sorprendentes y positivos para las arcas del Estado, y en definitiva para todos, porque nosotros queremos que todos los españoles paguen menos, sobre todo los de rentas más bajas. Si todos pagamos es más fácil que otros, los que más lo necesitan, no paguen o lo hagan en menor cantidad. Continuamos luchando


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de forma permanente contra el fraude fiscal, ejemplos de ello son la limitación del uso de efectivo por encima de los 2.500 euros; medida que, al obligar a utilizar medios de pago electrónicos, también supone evitar el paso de la economía formal a la sumergida; obligaciones de informar sobre cuentas, valores e inmuebles situados en el extranjero. Otra medida importante es la no prescripción de las rentas no declaradas; las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo no prescrito.

¿Se puede hacer más? Seguro, pero este Gobierno no ha terminado y les hemos demostrado con mucha concreción que se ha avanzado muchísimo en este tiempo, y que les hemos dado oportunidades -y lo seguiremos haciendo- a todos los grupos para trabajar en común. Ustedes son libres de aceptarlo o no, pero no nos pueden tratar ni de inmovilistas ni de favorecer a unos más que a otros.

En segundo lugar, esta proposición de ley pone en duda a la Agencia Tributaria española, que es una de las mejores del mundo, tanto por el personal que la compone -con técnicos que han demostrado su calidad y preparación, su honradez, su ética, sus sistemas de transparencia en su trabajo, el saber mantener la confidencialidad de los datos, por lo que, en definitiva, y como les acabo de indicar, está entre las mejores del mundo- como por los medios tecnológicos, que facilitan el acceso y el intercambio de información.

En tercer lugar, y con esto acabo, a pesar de todo hemos estudiado su proposición de ley y lamento decirles, señorías de La Izquierda Plural, que está deslavazada, está hecha con trozos de cosas. Se mete con los módulos, cambia los conceptos de la determinación de los rendimientos netos -Ley 35/2006-, pone en tela de juicio la carrera profesional de la Agencia. Sería mucho mejor que hubieran apoyado las muchas medidas que estamos tomando, y que hubieran aceptado consensuarlas con la intención firme de hacerlo, que no han tenido hasta ahora. Algunos de ustedes del Grupo de La Izquierda Plural, señorías, han llegado incluso a manifestar sobre nuestra forma de legislar, y más concretamente sobre el proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y fraude fiscal, que este es un país en el que las leyes no se dejan reposar, en el que un Gobierno que no hace tres reformas laborales en una legislatura parece un Gobierno que no hace nada. Con este pensamiento, dejen que la ley del Gobierno del Partido Popular, apoyada por nuestro grupo, repose y vamos a ver los resultados con un poco más de tiempo. Por ahora van muy bien, pero si no es así, ya lo veremos, denle un tiempo de confianza, no piensen que es mala solo porque nace del Partido Popular.

El nuevo director de la Agencia vendrá al Parlamento, pregúntenle, resuelvan sus dudas profesionales, no las políticas. Los españoles se merecen que les demostremos que hacemos las cosas pensando en ellos y bajo este pensamiento constante es con el que nosotros, desde el Partido Popular, estamos haciendo las cosas. Nuestra ley es de técnicos, no de políticos, y a nuestro entender su proyecto es político y genera más política.

Acabo, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Abad, tiene que finalizar.

El señor ABAD PÉREZ: Con todos estos argumentos que les he presentado queda claro que estamos haciendo las cosas en orden y de forma rigurosa. Y a pesar de que vamos a votar que no, porque no es necesario el cambio que proponen, permítanme que les dé la enhorabuena por sus ganas de luchar contra el fraude, pero háganlo extensivo a todo y a todos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Abad, tiene que finalizar.

El señor ABAD PÉREZ: Termino.

Giren 360º...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Abad, ha finalizado. Lo siento.

El señor ABAD PÉREZ: Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA NACIONAL. (Número de expediente 162/000722).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto siguiente del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular para desarrollar una estrategia de logística nacional.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Ayala.


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El señor AYALA SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, debatimos hoy una PNL importante, instamos al Gobierno a desarrollar una estrategia de logística en el transporte de mercancías a nivel nacional que implique a todos los intereses en presencia: comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas, distintos agentes y al Estado para implantar un verdadero sistema intermodal, y que de una vez por todas aporte eficiencia y competitividad; que aproveche nuestra situación global, nuestra situación geoestratégica en el concierto global, en el concierto del mundo, y nuestras infraestructuras y nuestra conexión también con las redes europeas, tanto a través del Mediterráneo como del Atlántico.

El Gobierno, concretamente la ministra Pastor, ya anunció en septiembre del año pasado la creación de una unidad especializada de logística con el objeto de consensuar con los sectores productivos la configuración de la red intermodal de transporte, y tratar de corregir la falta de coordinación y dispersión de esfuerzos. Todo ello con el compromiso de convertir a España en una gran plataforma logística a nivel internacional. Y eso se está haciendo. Se han tenido reuniones con las comunidades autónomas, también con sectores empresariales, foro logístico tanto a nivel nacional como internacional, y se ha estado trabajando seriamente. Es por tanto el momento para, desde el Congreso, impulsar y respaldar este propósito del Gobierno de España.

En las dos últimas legislaturas se habló mucho y se hizo poco o nada. La palabra intermodalidad se usaba y se manoseaba, pero de forma estéril. No se creía en la logística, no se creía en la liberalización del transporte a pesar de estar vigente desde el 2004, ni en la competencia y colaboración interterritorial del Estado, comunidades y ayuntamientos. Se hablaba de lo que no se creía o de lo que se sabía que no se iba a hacer. Solo hay que ver el bagaje de 2004 a 2011. En julio de 2005 el Gobierno aprobó el PEIT y aunque sobre el papel el ferrocarril absorbía más del 48 % de la inversión, y se apostaba por las mercancías, la logística se trataba marginalmente. Su grado de ejecución es sobradamente conocido: en abril de 2010 se presentó el Plan estratégico para impulso del transporte ferroviario de mercancías, con un presupuesto estimado de 6.500 millones de euros. Como saben ustedes, no se hizo nada de nada. Y a lo largo de 2010 también se elaboró el PEIT, de insigne recuerdo, que prometía inversiones por 17.000 millones, y que ni siquiera supo sacar adelante ni un solo proyecto. Es curioso que solo anunciaran una obra, el centro logístico de Aranjuez, que murió de éxito en sí mismo. Mejor demostración del éxito de la gestión de las dos últimas legislaturas es que durante el mandato socialista el volumen de mercancías transportadas por Renfe disminuyó en torno a un 40 %, y el ferrocarril pasó a transportar solo el 4 % de las mercancías totales, ocupando el tercer peor puesto de la Unión Europea, solo por delante de Irlanda y Grecia. Las principales causas fueron falta de competitividad, falta de calidad y fiabilidad, rigidez -lo dijimos muchas veces- en las empresas públicas ferroviarias, falta de adecuación del transporte ferroviario a las nuevas tendencias logísticas -lo que generó baja utilización por los cargadores-, ausencia de liberalización -no se creía en ella, como hemos dicho- y falta de coordinación con otras administraciones y con los agentes privados.

¿Qué creemos que se debe hacer? Evidentemente, mejorar la calidad del servicio y sacar el máximo rendimiento de las infraestructuras que ya tenemos financiadas, optimizando el llamado mapa logístico español, mejorar la eficiencia del sector, mayor competencia y número de operadores, reestructuración de empresas y entidades -imprescindible- y un esfuerzo de racionalización para asegurar la viabilidad y sostenibilidad económica, y aunque, de acuerdo con la PNL, el Gobierno presentará y aprobará la estrategia, ciertamente ya se han adoptado medidas que coadyuvan a la potenciación de la logística y demuestran la voluntad inequívoca de avanzar en la ruta adecuada.

Pondré dos ejemplos y añadiré luego otros dos más. La reestructuración de Renfe en cuatro sociedades estatales o la potenciación del corredor mediterráneo son dos realidades incontestables y también destacaré la iniciativa novedosa -y creemos que acertadísima, ya que es una demostración de creer y avanzar en la logística como estrategia de transporte y colaboración entre los titulares de infraestructuras y plataformas- de que sea Puertos del Estado quien realice las conexiones ferroviarias con puertos estratégicos en el transporte de mercancías. Así se contempla en fase muy avanzada con el puerto de Barcelona y EN el inicio con el puerto de Cartagena, cuyos compromisos presupuestarios están en el proyecto de presupuestos del próximo ejercicio 2014. Creemos que esta estrategia de logística es el colofón del trabajo que se está haciendo y por ello solicito a todos los grupos de la Cámara su impulso apoyando esta proposición no de ley.

Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, cuya propuesta, dicho sea con todo mi respeto, creemos que ya se encuentra en el texto que sometemos a la


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Cámara, puesto que se involucra a las comunidades autónomas y se apuesta por revitalizar el sector público del transporte de mercancías. Así se está haciendo con Renfe, como he dicho. En cuanto a la del Grupo Parlamentario Socialista -que no es una enmienda, es otra PNL distinta a la que estamos debatiendo-, les invito a que la presenten y la debatamos, pero no queramos enturbiar la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular con otras cuestiones que nada tienen que ver. La estrategia de logística se desarrolla y coordina por una unidad de logística que lleva trabajando desde antes de la presentación del Pitvi. Por tanto, creemos que su intento con esta enmienda es bastante fútil y sentimos no poder admitirla.

Muchas gracias. Espero que apoyen esta proposición del Grupo Parlamentario Popular y que todos tengamos la posibilidad de desarrollar la logística como auténtica estrategia y plataforma para que el transporte de mercancías, en cualquier modo de transporte...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Ayala.

El señor AYALA SÁNCHEZ: ... suponga una oferta de España al resto del mundo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Ayala.

Se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. En primer lugar, para la defensa de las enmiendas de La Izquierda Plural tiene la palabra la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidenta.

Señor Ayala, en primer lugar le diré que, a estas alturas de la película, la amplia declaración de intenciones que se hace en la exposición de motivos de su proposición no de ley nos sitúa en un terreno de aseveraciones por todas y por todos conocido en cuanto a la necesidad de la intermodalidad del transporte de mercancías, y, por tanto, en manos del Gobierno está que tales elogios no sean mera palabrería, sino un programa de acciones y directrices que en un tiempo previsible hagan realidad una verdadera gestión intermodal del transporte de mercancías en todo el Estado. Ya en el Pitvi -que tendrán ustedes que aprobar definitivamente en algún momento- figura este concepto en varios apartados, y el secretario de Estado, el señor Catalá, el pasado día 3 en la Comisión de Presupuestos, ya anunció la intención del ministerio de presentar en los próximos días una estrategia logística para España dando entrada a los operadores privados y promocionando la colaboración público-privada. Entonces la pregunta es: ¿no se fía el Grupo Parlamentario Popular de lo que pueda presentar el Gobierno? Porque el impulso del Gobierno ya está ahí. ¿O es que acaso duda de que no sea precisamente el transporte de mercancías por ferrocarril la apuesta del Gobierno cuando así lo dice el propio Pitvi? No lo entendemos.

Desde nuestro grupo creemos que lo que esta estrategia debería promulgar son normas explícitas conteniendo medidas de aplicación material concreta, inversiones públicas para un ferrocarril público de mercancías a través de mejoras claras en instalaciones, terminales y líneas, con plazos temporales determinados y la financiación adecuada, cuestiones estas que no dejó nada claras el señor Catalá, el secretario de Estado, en sus declaraciones y de las que carece su proposición no de ley. Por eso precisamente hemos presentado una enmienda de adición que sí insta al Gobierno en plazos concretos, financiación y compromiso de intervención pública.

Si nos detenemos a analizar el pasado reciente en cuanto a esta materia se refiere, podemos observar cómo España es el país donde más planes estratégicos de infraestructuras del transporte ha habido en menos tiempo, y cuento también al Partido Popular: 2000, 2005, 2012, PP, PSOE, PP. Todos ellos propugnan cambios de rumbo en la intención de mejorar la intermodalidad para el transporte de mercancías y sin embargo, con tanto plan y estrategia hasta ahora, lo que se ha conseguido es que España sea el país con más kilómetros de autovías y autopistas de Europa, donde se paga en menos autopistas por peaje, el que cuenta con más empresas de transporte por carretera de Europa y en el que todavía no se ha implantado la euroviñeta. Además es el país donde más se ha hundido este negocio, pasando de 362 millones de euros en el año 2006 a 177 en 2012, esto por no citar los datos en caída libre del transporte de mercancías por ferrocarril, que -usted también lo dicho, señor Ayala- nos sitúan a la cola de los del resto de nuestro entorno europeo. Todo nos induce por tanto a pensar que en tan poco tiempo no se pueda llevar a cabo una verdadera reestructuración con tanto cambio de plan, de estrategia y de rumbo.

Entenderán que tengamos dudas cuando nos encontramos con que ADIF precisamente está ahí eliminando personal de las terminales logísticas, o que tengamos serias dudas de que pueda llevarse a cabo este plan con las partidas contempladas al efecto en los presupuestos generales de 2014, por


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mucho que el grupo parlamentario se lo pida al Gobierno, cuando la mayor inversión se va al AVE, abandonando el transporte de mercancías y, por tanto, dejando la terminación de los corredores europeos -a los que usted también ha hecho mención, señor Ayala-, como son el del Mediterráneo y el del Atlántico, para mejores tiempos, porque desde luego con los presupuestos no se van a poder cumplir.

Es imprescindible también que los puertos de interés general, del Estado, participen en el desarrollo de plataformas logísticas en sus respectivas áreas de influencia, contribuyendo a generar actividad productiva y empleo, imprescindible. Todo lo fían ustedes, como siempre, a la iniciativa privada y por todos es sabido que las directrices que marcan los grandes agentes empresariales priorizarán sin duda el modo carretera ante el ferroviario y el marítimo. Desde luego nosotros creemos que si no se potencia el modo ferroviario y también el modo marítimo portuario en la actividad logística, respetando las competencias de las comunidades autónomas y armonizando las grandes líneas de actuación con verdaderos criterios de servicio público y con inversiones públicas que lo garanticen, no habrá desarrollo de estrategia logística que valga, señor Ayala; esto lo tenemos clarísimo. Déjense por tanto de bla, bla, bla, bla, bla y pónganse a actuar de una vez. Cuando veamos que ustedes han presentado las enmiendas que complementen y sean capaces de cumplir adecuadamente su compromiso...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Acabo, señora presidenta.

... entonces, contando con la intervención pública y con las comunidades autónomas, les empezaremos a creer. Mientras, al menos, acepten nuestra enmienda y nosotros entonces empezaremos también a creer que quieren de verdad hacer algo en serio.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las Heras.

Para defender la enmienda del Grupo Socialista, señor Pezzi.

El señor PEZZI CERETO: Señora presidenta, señorías, el Grupo Popular nos trae hoy una PNL de las que se llaman de cupo, de oficio. Hay que ocupar un espacio en el orden del día del Pleno, se llama al ministerio correspondiente y el ministerio correspondiente dice a ver qué tema está tan manoseado que ya no es posible hacer ni una nota de prensa. Entonces cogen el papel y dicen: Grupo Popular, presenten ustedes la iniciativa de estrategia logística de España. Este es el debate que usted ha traído aquí para criticar el PEIT, para criticar al Gobierno de Zapatero. Esto está ya anticuado y es una cosa muy manoseada.

Efectivamente, el 12 febrero de 2013, la ministra presentó la unidad logística: 12 de febrero de 2013. Ya la había presentado en el Congreso el 26 de septiembre de 2012 -a ver las fechas, porque la edad le hace a uno patinar el embrague y se le van a uno las fechas y yo la traigo aquí-. La ministra en septiembre fue a Panamá -VIII reunión de infraestructuras y logística- y en Panamá dijo que iba a presentar a principios de octubre la estrategia logística de España. Además, adelantó algo que a la diputada que usted tiene a su lado, la alcaldesa de Cádiz, le va a encantar. La ministra dijo: Y la voy a empezar por Cádiz. Y la voy a empezar por Cádiz -¡qué maravilla!, sin dinero, sin fondos y sin presupuestos-. Allí, en Panamá, para que vean lo grande que es la estrategia logística.

Nos trae aquí usted una PNL que nos va a decir que instamos al Gobierno a que nos presente la estrategia logística de España. Instar no, rogar y suplicar: ¡Gobierno, preséntenoslo usted! Le hago una fotocopia ahora, señor diputado. ¡Si está ya hecha en el ministerio! Usted nos trae una PNL antigua como la vida misma. Esto que vine aquí (Muestra una publicación) es el sello del Ministerio de Fomento y esto es la estrategia logística de España. Por tanto, usted nos trae filfa, ¡una panocha! Cuando se quita el maíz lo de fuera que no sirve -antiguamente servía para rellenar los colchones de los pobres-, esto es lo que nos trae usted, una filfa. Esto no vale para nada. Usted trae papeles viejos, papeles anticuados, nos hace perder el tiempo, como en el Pitvi. ¿Qué pasó con el Pitvi? ¡Pobre Pitvi! ¿Dónde estáis? ¡Salid, salid! Plan de infraestructuras del transporte y la vivienda. ¡Un año ha pasado! He traído este documento nada más para no traer el tocho, porque tampoco puedo ir con tanto peso, y dice: Documento inicial para la presentación institucional y participación pública ¿Usted ha visto alguna participación institucional parlamentaria, de las comunidades, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de las empresas o de los sindicatos? Ninguna. No se ha iniciado la tramitación del Pitvi. (El señor Ayala Sánchez hace gestos afirmativos). No diga usted que sí con la cabeza, que parece esos muñecos que venden los chinos que hacen así con la cabeza. No me diga que sí, que sí, que sí.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pezzi, siga usted con su argumento, que era bastante interesante, y deje de ofender al personal, porque me pedirán la palabra.

El señor PEZZI CERETO: Señora presidenta, siendo usted de Málaga y política de Málaga, no me acose usted hoy aquí, que estoy muy sensible yo con los acosos últimamente. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pezzi, déjese usted de bromas. (Risas). Siendo usted diputado no sé de dónde, déjese de bromas y vamos a la cuestión.

El señor PEZZI CERETO: Señora presidenta, presentaré en esta Cámara...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Vamos a la cuestión.

El señor PEZZI CERETO: Cada vez que hablo yo en esta tribuna, me llama la atención Celia Villalobos. Esto no puede ser casual, ¿no? Esto tendrá que tener algo...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pezzi, por favor.

El señor PEZZI CERETO: Me siento con un mobbing.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pezzi, no seamos demasiado graciosos y vamos al tema.

El señor PEZZI CERETO: Bueno, pues no me acose. Es que parece...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Yo a usted no le acoso. Vuelva al tema.

El señor PEZZI CERETO: Déjeme usted que yo hable y que me exprese como soy.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Que no discuta usted conmigo, señor Pezzi. Vaya usted a la cuestión, que le queda poco tiempo.

El señor PEZZI CERETO: Pero si no estoy hablando con usted, estoy hablando con la Presidencia, que es una institución, y usted la quiere encarnar de una forma espuria.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pezzi, por favor, volvamos a la cuestión y hable usted sobre su enmienda.

El señor PEZZI CERETO: Señora presidenta, devuélvame otra vez el tiempo que me ha quitado hablando usted, por favor. (Rumores). Devuélvame usted el tiempo, que aquí no puedo yo ni hablar.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No se preocupe usted por el tiempo, señor Pezzi. Continúe.

El señor PEZZI CERETO: Cuarenta segundos me han dejado para explicar esto. Una presidenta, diputada de Málaga, que parece que trae aquí la gran...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pezzi, le he dicho a usted que no se preocupe por el tiempo. Continúe.

El señor PEZZI CERETO: ¡Déjeme que lleve yo el ritmo de mis palabras, señora presidenta! Esto no es un sistema democrático. ¡Usted no me deja hablar, usted no me deja hablar! ¡Usted está haciéndome un acoso! ¡Usted está reventando mi intervención! Me ha quitado todos los segundos de mi intervención arbitrariamente, y lo ha hecho repetidamente ya con este diputado, y no se lo voy a aceptar, por los miles de personas que me han votado para defender la democracia y la voz libre...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pezzi.

El señor PEZZI CERETO: Dígame.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pezzi, vamos a volver al tema y déjese de hacer demagogia. Aquí la democracia la defendemos todos y se aplica el Reglamento, que es la mejor


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forma de hablar de democracia, así que, por favor, le he dicho que no se preocupe por el tiempo y continúe. Entre otras cosas no le he puesto el tiempo al inicio de su intervención porque se me ha pasado y le he dado unos minutos. Le he dicho que no se preocupe y finalice su intervención. Déjese ya de polemizar y finalice su intervención, señor Pezzi. (El señor Sixto Iglesias pronuncia palabras que no se perciben).

El señor PEZZI CERETO: Nos veremos. El Pitvi. He presentado una enmienda. Cumplan ustedes el Pitvi. ¿Por qué? Porque la estrategia logística de España se enmarca dentro del Pitvi -lo dicen ustedes-, económicamente, financieramente y es el desarrollo del Pitvi. No pueden hacer un desarrollo sectorial si no han aprobado el desarrollo global del Pitvi. Por tanto, le presentamos una enmienda que es lo que dijo la ministra, y le pedimos que la acepten. No me diga que traiga una PNL, trae causa esta que estamos discutiendo ahora. Aprueben ustedes el Pitvi y después aprueben la estrategia logística.

Nosotros vamos a votar a favor -piense qué partido de Gobierno somos, a pesar de todo-, porque creemos que la estrategia logística es importante, con la participación de las comunidades, de los ayuntamientos, de los grupos empresariales y logísticos que hay del transporte en España, pero les pedimos a ustedes responsabilidad. Les pedimos que no nos traigan más burlas de documentos que después no se pueden tramitar. Les pedimos que sus presupuestos respondan de verdad a lo que quieren hacer. Ustedes han bajado el 50 % la inversión en infraestructuras. Bajando un 50 % la inversión en infraestructuras, ¿creen que pueden llevar adelante una estrategia logística?

En definitiva, yo ya me he leído la estrategia logística. No siga instando ni suplicando, que se la vamos a aceptar porque somos un partido de Gobierno, un grupo de Gobierno y nosotros queremos que se haga una estrategia logística. No sea remiso usted, señor diputado. Mire un poco lo que le proponen otros grupos y acepte que juntos podemos hacer una España mejor, y que desde la soberbia no se hace un país con futuro.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Pezzi. (El señor Ayala Sánchez pide la palabra).

Señor Ayala, va a esperar a que finalice el debate y le doy la palabra. ¿Le parece? (Asentimiento).

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Muchísimas gracias, presidenta.

Señorías, nos encontramos ante otra proposición no de ley a las que nos tiene acostumbrados ya el Grupo Popular, una proposición no de ley donde se quiere instar al Gobierno a que desarrolle una estrategia de logística a nivel estatal, una estrategia que efectivamente ya está siendo desarrollada y cuyo avance ha sido presentado en el mes de julio por altos cargos del Ministerio de Fomento. Para empezar, ese documento de avance de la estrategia logística no se acompaña de ningún tipo de memoria económica, lo cual por sí solo es razón más que suficiente para considerarlo poco menos que un brindis al sol. Hablamos de un documento extenso, donde se habla de intenciones, de objetivos, pero donde curiosamente no se concreta ningún tipo de actuación o medida. Pongo un ejemplo. Se entiende que el Estado español tiene una de las cuotas -así lo decía el portavoz del Grupo Popular- de transporte ferroviario de mercancías más bajas de la Unión Europea, menos del 4 %, y se plantea pasar de esta cuota de mercancías ferroviarias al 9,5 % en el año 2024, pero no se dice cómo, no se dice qué medidas se van a adoptar para conseguirlo. A este respecto, el documento habla también de que el ahorro de costes derivado del trasvase modal de los tráficos de mercancías por carretera al ferrocarril se estima en más o menos 7.500 millones de euros, y de nuevo no se dice cómo se va a conseguir ese ahorro, qué medidas se van a poner en práctica para generarlo.

Es un documento, en fin, que establece acciones para el año 2020 y posteriores, sin concreción, sin soluciones alternativas a la situación actual, sin propuestas de cambios profundos que serían necesarios y, lo que es más grave, donde no se establecen prioridades ni plazos concretos para llevarlas a cabo y, como ya he dicho, sin concreción tampoco de números, de costes y de presupuestos vinculados. Por otra parte, como ya es norma de este Gobierno, norma desde luego a la que nunca nos acostumbraremos y contra la que trabajaremos, en ese documento se obvian las competencias de las comunidades autónomas, por ejemplo en política industrial, que las tiene, o de otras administraciones, como la Administración local, que las tiene por ejemplo en desarrollo urbanístico.


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Por último, quiero hacer referencia a la importancia que concede, y con razón, ese documento de avance a la intermodalidad en el transporte de mercancías. Para ello habla, entre otras cosas, de la conexión de los puertos con las líneas ferroviarias, y aquí, señorías, no puedo por menos que pensar en mi país, donde ninguno de los grandes puertos tiene conexión ferroviaria y ni siquiera -solo hay que mirar los sucesivos presupuestos que han elaborado, incluido el de 2014- la van a tener a corto y medio plazo. Por tanto, me resulta muy difícil...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino, señora presidenta.

Me resulta muy difícil entender esa intermodalidad de la que hablan, que en efecto es tan sumamente importante, pero que a la vista de la realidad excluye determinados territorios con puertos de primera magnitud...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez, lo siento, pero tiene que finalizar en este momento.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino, señora presidenta.

... como el de Vigo o el de A Coruña. Por cierto -y termino-, la ciudad de Vigo lleva años esperando a que las distintas administraciones, también la estatal, terminen las obras de la plataforma logística de Salvaterra-As Neves.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez, ha finalizado su tiempo.

Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señoras y señores diputados, hoy el Grupo Popular aparece en esta tribuna para pedir al Gobierno una estrategia nacional de logística en la que se apueste claramente por la intermodalidad, de manera que se impulse la eficacia y la competitividad del transporte de mercancías en España. Señorías, dejen que les diga que a nuestro entender el problema no es que el Estado español tenga un mercado complejo, un mercado fragmentado y de bajos niveles de intermodalidad, como ustedes argumentan. El principal problema es que, a pesar de tener una posición geográfica envidiable, como es ser la puerta de entrada al Mediterráneo y al norte de África, en España hoy por hoy la política en diseño de infraestructuras es extremadamente desastrosa y va íntimamente ligada a la concepción centralista del Estado. De hecho, ya en el minuto cero, en 1720, se aprobó el primer plan de caminos que definía a la perfección una estructura radial con Madrid en el ombligo. Así pues, en los últimos tres siglos podemos afirmar que con el uso de los fondos públicos para pagar carreteras y ferrocarriles en España se han realizado barbaridades que han conducido a descompensar abismalmente el mapa actual. Señor Ayala, las oportunidades por desgracia no siempre se repiten. En 1989 se empezó a hablar por primera vez del corrector del Mediterráneo. De esto hace ya más de veinte años. ¿Y qué han hecho reiteradamente los dos grandes partidos españoles? Se lo voy a decir: negar una y otra vez una conexión ferroviaria en la que según todos los analistas es hoy por hoy la undécima macrorregión del planeta. Señorías, ustedes no están legitimados para hablarnos ni de estrategias ni de logísticas. Este corredor lo reclama todo el mundo. Lo reclaman las naranjas de la huerta valenciana, los arrozales del Delta del Ebro, los contenedores de Barcelona, Tarragona, Valencia y Alicante, igual que lo exigen los zapatos de Elx y los coches de Martorell. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Que Madrid hoy por hoy no tiene mar? ¿O el problema es que según los últimos informes el aeropuerto de Barcelona, El Prat, ha incrementado en un 0,8 % el número de pasajeros, mientras que Madrid-Barajas lidera la pérdida de pasajeros en un 11,7 %? ¿Este es el problema? ¿Cuándo piensan ustedes invertir en los accesos al puerto de Barcelona? Esto sí es estrategia y esto sí es logística.

Señorías, acabo. Trabajen ustedes, por favor, con criterios objetivos y con necesidades reales de planificación en infraestructuras y dejen los criterios territoriales en un cajón cerrado con llave si lo que pretenden es impulsar de verdad la eficiencia y la competitividad.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señora Jordà.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señora Sánchez Robles.


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La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, señora presidenta.

Señorías, debatimos en este Pleno la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular que propone instar al Gobierno a que desarrolle una estrategia logística a nivel nacional que involucre a todas las comunidades autónomas, empresas privadas y demás agentes implicados que permita impulsar la eficiencia y competitividad del sector español de logística y transporte de mercancías. Como primera reflexión he de decirles que al leer aquello de nivel nacional mis alertas saltaron ante la posibilidad de encontrarnos con una nueva iniciativa de corte recentralizador. Desgraciadamente, estamos demasiado acostumbrados a ellas. Incluso pensé en formular una enmienda de sustitución por el término estatal, sin duda alguna más inclusivo e integrador. Sin embargo, como observarán, hemos decidido no presentarla y otorgar un voto de confianza al Ministerio de Fomento y muy especialmente a la ministra, puesto que valoramos positivamente la interlocución que ha abierto con el sector y muy especialmente con las comunidades autónomas y su compromiso de impulsar el proyecto en términos de colaboración interinstitucional.

Ciñéndonos ya al contenido de la iniciativa, hemos de reconocer que suena bien y que tanto la propuesta como el análisis contenido en la exposición están alineados en términos generales con el diagnóstico que de esta cuestión realiza nuestro grupo. De hecho, ya en el debate sobre el estado de la Nación celebrado el 20 de febrero de este mismo año presentamos una propuesta de resolución en el mismo sentido referida a las plataformas logísticas de Júndiz y Arasur ubicadas en el territorio histórico de Álava como infraestructuras óptimas para el desarrollo de la totalidad de las actividades relativas al transporte, la logística y la distribución de mercancías, tanto para el tránsito estatal como para el internacional requeridas por el puerto de Bilbao. Solicitamos también la revisión del plan de viabilidad del aeropuerto de Foronda de manera que fuera considerado como parte de la infraestructura logística de mercancías. Sin duda se trató de una iniciativa concreta, pero que comparte la filosofía de la proposición no de ley que hoy tratamos y que se enmarca en la necesidad de definir de manera urgente y mirando a Europa -es incomprensible que hasta ahora no se haya hecho- una estrategia que provoque una transformación radical del transporte de mercancías y de logística en España bajo tres premisas básicas: el acceso a las infraestructuras, la interconexión y la interoperabilidad, ello porque estamos convencidos pura y simplemente de que la eficacia, la rapidez y la efectividad del transporte vinculadas sine qua non a la concepción y gestión de las infraestructuras y los procesos logísticos y de distribución producen un efecto determinante sobre el conjunto de la economía. En este sentido, nos parece vital apostar decididamente por el sector del transporte ferroviario desde una perspectiva múltiple y por la gestión de las infraestructuras, promoviendo la interoperabilidad en su más amplia acepción y la necesaria separación entre esta y la prestación de los servicios de transporte ferroviario, concluyendo de una vez por todas con el sistema tradicional de monopolio estatal. Son precisamente estas dos de las debilidades del sistema ferroviario español: la gestión que de las redes ha hecho España -disponemos de mucho ferrocarril, pero no todo interoperable- y el modelo de explotación en régimen de monopolio. Lo cierto es que el despliegue de la red ferroviaria se ha realizado exclusivamente orientado al transporte de viajeros, olvidando el de mercancías, lo que ha dado como resultado un bajo porcentaje de redes aptas para tráficos mixtos y, por lo tanto, ininteroperables y carentes de terminales de carga. Por lo tanto, la intervención sobre el ferrocarril resulta clave para lograr el objetivo de reequilibrio en la utilización de los modos de transporte, haciéndole recuperar la importancia relativa precisa para conseguir el fin, consistente en un transporte más sostenible y eficaz, disminuyendo a su vez la importancia relativa del transporte por carretera, sin olvidar además la necesaria intervención en el ámbito del transporte marítimo de larga y corta distancia y en el transporte aéreo y sus infraestructuras y, cómo no, el fomento del transporte intermodal. De todas formas, está claro, como hemos dicho en otras ocasiones, que el futuro viaja en tren.

Como ya he señalado, todo este proceso debe realizarse mirando a Europa, incentivando acciones encaminadas a realizar proyectos de interés común que tengan por objeto garantizar la coherencia, interconexión e interoperabilidad de la red transeuropea de transporte, así como el acceso a esta. Y debe abordarse desde una visión sistémica y un trabajo sistemático que permita establecer planes, identificando y priorizando proyectos de interés común, acondicionando la red existente, fomentando la interoperabilidad y la óptima combinación de los distintos modos de transporte, con especial atención a los enlaces e interconexiones clave, que permitan eliminar los puntos de estrangulamiento, acabando con los tramos pendientes y completando los grandes ejes, especialmente las conexiones transfronterizas que permitan franquear las barreras naturales y mejorar la interoperabilidad en los grandes ejes. Acuérdense del proyecto prioritario número 3 de la UE, en el que se incluye la Y vasca y su conexión con la frontera


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francesa, y su situación. Pero no quiero hacer sangre. Como no tengo más tiempo, llegados a este punto quiero concluir avanzándoles que nuestro voto a esta iniciativa será favorable.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Sánchez.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.

Brevemente, para no prolongar la agonía de este Pleno más allá de lo razonable. Quería felicitar al señor Ayala por lo que nos han presentado, que en mi modesta experiencia, que es breve, es un nuevo tipo de iniciativa parlamentaria, más que una iniciativa legislativa es una aclamación legislativa al Gobierno porque, por una parte, nos hacen una exposición de motivos que está muy bien y nos presentan una proposición no de ley que también está muy bien y a la que no tenemos nada que objetar, pero, a la vez, nos dicen que el Gobierno ya lo está haciendo. Si ya lo está haciendo, ¿por qué tenemos que pedirle que haga algo que ya está haciendo? ¿Es para que el Gobierno esté feliz y su autoestima se eleve en estos momentos de aflicción? (El señor Ayala Sánchez pronuncia palabras que no se perciben). Gracias, señor Ayala, lo sospechábamos.

Dicho lo cual, hay otra cosa que nos preocupa más. Si pedimos -y esta proposición no de ley tiene toda la razón- que tiene que haber estudios logísticos basados sobre todo en el sistema ferroviario, que está subdesarrollado y muy poco enfocado hacia la eficiencia y la competitividad económica, etcétera, ¿por qué diablos, con perdón, en los presupuestos generales de este año y en los del anterior ya venían aprobadas partidas, sobre todo para el AVE, que no tienen nada que ver con ningún tipo de racionalización del sistema de transporte, que no tienen nada que ver con las mercancías, que no tienen nada que ver con la logística? Son partidas que incluyen desarrollos del AVE a capitales de provincia que es evidente que no tienen ningún tipo de tráfico capaz de soportarlo. De hecho, hemos hecho una pregunta al Gobierno respecto a una de estas y ha tenido la amabilidad de confesarnos que no tenían hecho ningún estudio de viabilidad del AVE a Extremadura. Entonces, ¿no sería mejor actuar con un poco de lógica y sentido común y hacer primero el estudio logístico y las plataformas que hay que desarrollar y después las inversiones que haya que hacer en base a ese estudio, y no al revés? La verdad es que nos ha dejado bastante perplejos esto de aclamar al Gobierno por hacer algo que el propio Gobierno no tiene en cuenta para nada a la hora de hacer los Presupuestos Generales del Estado.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, dice el texto de la proposición no de ley: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que desarrolle una estrategia de logística a nivel nacional que involucre a todas las comunidades autónomas, empresas privadas y demás agentes implicados de manera que permita impulsar la eficiencia y competitividad del sector español de logística y transporte de mercancías y aprovechar las oportunidades que ofrece nuestra situación geoestratégica y el nivel de desarrollo de nuestro sistema de transporte para configurar un enclave logístico de relevancia global." No hay puntos, cuesta respirar. Y sigue: "Esta estrategia debe conceder una importancia fundamental al desarrollo de un verdadero sistema de intermodalidad en el transporte de mercancías en nuestro país, a través de los adecuados centros intermodales de transporte y de corredores intermodales articulados con las redes europeas, como el Mediterráneo y el Atlántico." Es evidente, señorías, que nuestro grupo no puede decir que no a esto, es una obviedad. A nosotros nos parece que este Congreso debería servir para algo más que para obviedades, pero, francamente, vamos a votar que sí, señor Ayala, esté tranquilo, porque para nosotros hay un tema de seriedad institucional. Si usted plantea algo que, aunque cuesta leer porque le falta alguna coma, es correcto, nosotros vamos a votarlo afirmativamente.

Pero la ocasión que usted nos permite a través de esta proposición no de ley obliga a decir algunas cosas. En primer lugar, que nos parece que no se están haciendo los deberes de forma adecuada. Un año y medio después de que el Gobierno está gobernando, por decirlo de alguna manera, usted trae aquí una declaración de buena voluntad, repito, muy correcta. Pero, simultáneamente, alguien puede decir: Y mientras tanto ¿qué se está haciendo, en qué hemos avanzado? Y la sensación me parece que no es


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buena. En primer lugar, la sensación estadística. Las estadísticas no son buenas. Hemos perdido intermodalidad, este es un hecho objetivo. Hemos reculado más aún en nuestras cifras, ya exiguas, de transporte de mercancías por ferrocarril. No hemos avanzado en la reestructuración del sector de transporte por carretera. No hemos avanzado en lo que sería un modelo de asignación correcta de recursos a las infraestructuras, por tanto, euroviñeta. En todos estos aspectos no hemos avanzado casi nada. No hemos avanzado tampoco en algo que hubiera sido muy sencillo, como es ir habilitando (en tiempos del Gobierno de Zapatero algo se hizo) trenes de 600 metros entre Madrid y Valencia. Fue muy sencillo. Se hicieron unos cuantos apartaderos, se mejoraron algunas estaciones y como mínimo se mejoró la rentabilidad. Llevamos un año y medio de gobierno y no conozco que se haya conseguido ni un solo avance en este sentido. Por tanto, intenciones, buenas. La unidad logística estaría bien conocerla más allá de hacerse unas fotos, pero la realidad es que no solo no avanzamos sino que las cosas van a peor. Y no lo digo yo, sino los heroicos representantes del sector ferroviario privado por la competencia ya denunciada por la Comisión Nacional de la Competencia de Renfe, que cada día transporta menos, que cada día pierde más dinero y que cada día se dedica más a hacer dumping. También por la ineficiencia de ADIF en las terminales: más caras, más ineficientes, menos rentables que cualquier otra terminal de cualquier otro agente en nuestro país.

Por tanto, señor Ayala, si esto significa un punto de inflexión y vamos a mejorar, nuestro voto afirmativo habrá servido para algo. Si no, nos vamos a sentir frustrados una vez más, porque parece que el tema de la logística, parece que el tema de la intermodalidad es simplemente algo que se saca a colación cada equis meses, cada equis años para decir que el Gobierno está haciendo algo. Y la verdad, señor Ayala, es que el Gobierno no está haciendo nada, y si lo hace, lo hace tan mal que habría que suspenderle.

Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señoras y señores diputados.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Macias.

Señor Ayala.

El señor AYALA SÁNCHEZ: Señora presidenta, solo le quería rogar que por el decoro del Congreso de los Diputados se retiraran del "Diario de Sesiones" algunas expresiones que parecen impropias de un señor que ha sido consejero de Educación. A mí no me molestan en lo personal, pero creo que debemos tener un mayor nivel en esta Cámara y por tanto solicitaría simplemente que se suprimieran. No necesito ni disculpas, porque no me ha ofendido, sino que se quiten del "Diario de Sesiones" esas expresiones.

Y con respecto a las enmiendas, ya he anunciado que no las admitimos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo.

Señor Pezzi, retire usted esa frase. De lo demás no tiene usted nada que decir. La frase a que se ha referido.

El señor PEZZI CERETO: Dígame usted exactamente qué debía decir.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, no. La frase que ha referido usted, un insulto.

El señor PEZZI CERETO: Es que no me atrevo a decir nada que no sea...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pezzi, por favor, estamos en algo serio. Haga el favor.

El señor PEZZI CERETO: Dígame.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Usted ha hecho un comentario personal al señor Ayala que es un insulto y lo que le está pidiendo el señor Ayala es que lo retire, nada más. Lo retira o no, y punto.

El señor PEZZI CERETO: Me quiere decir la presidenta, por favor, qué insulto he dicho.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Cuando hablaba usted del muñeco.

Señor Ayala, por favor.


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El señor AYALA SÁNCHEZ: No necesito que me pida disculpas sino que se retire del "Diario de Sesiones" la expresión de que parezco un muñeco de los chinos en la parte trasera de un coche. Esa es la expresión que ha dicho el señor Pezzi.

El señor PEZZI CERETO: Si tiene algo contra los muñecos chinos, pues yo retiro lo que quiera.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, señor Pezzi. Aquí no se trata...

El señor PEZZI CERETO: Es que como hacía así con la cabeza.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pezzi, vuelva usted a la seriedad por un solo momento. ¿Lo retira o no? Punto. No vamos a hablar aquí de chinos ni de rusos ni de ingleses. Retira usted la frase, ¿sí o no? ¿No la retira? ¿La retira o no? Ya está.

El señor PEZZI CERETO: Déjeme usted respirar. (Risas). Me va a dar un infarto como siga escuchándola a usted hablando tan rápidamente. Déjeme usted que yo tengo mis tiempos, tengo mi edad, tengo mi experiencia parlamentaria. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pezzi, por favor. Es tan simple como que diga si retira usted esa frase, nada más. Tan simple como eso. Si no la quiere retirar, no la retire.

El señor PEZZI CERETO: Señora presidenta, déjeme expresarme, un minuto.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Ya lleva usted dos.

El señor PEZZI CERETO: Si me pide que la retire porque es el decoro, y porque soy muy mal parlamentario, y porque estoy deteriorando la vida de esta Cámara no se lo puedo aceptar porque toda la argumentación que ha hecho es falaz. Por tanto, no la voy a retirar y ya está la explicación dada.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pezzi, era simplemente porque es una ofensa personal. Yo lo considero una ofensa personal. Usted no lo quiere retirar, punto. (Rumores).

Las enmiendas no se aceptan. Pasamos al punto siguiente.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, EN RELACIÓN CON MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA LAS RENTAS NO DECLARADAS DE EMIGRANTES RETORNADOS. (Número de expediente 162/000723).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Proposición no de ley del Grupo Socialista en relación con medidas tributarias para las rentas no declaradas de emigrantes retornados. Para su defensa, tiene la palabra el señor Hurtado. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.

Traemos un tema por el cual hoy 800 personas se han manifestado en Madrid, 800 emigrantes retornados de distintos territorios, de distintas provincias españolas que han venido a reivindicar una causa justa, una causa que desde luego suena a una voracidad fiscal excesiva en relación con los emigrantes retornados pensionistas y que desde luego denota una clara injusticia en la gestión del Gobierno por parte de la Agencia Tributaria. Hoy estas personas traían un simple cartel en el que dicen que son emigrantes y que no son para nada defraudadores. Yo creo que sintetiza el sentir de estas personas porque desde luego nunca ha habido por su parte ningún tipo de voluntad de cometer fraude a la Agencia Tributaria.

Señores del Partido Popular, yo les pediría en primer lugar, como primer mensaje, que dejen de poner la lupa en los pensionistas. Ustedes están sobre los pensionistas: les han subido los impuestos como a todos los ciudadanos, les han quitado la actualización de las pensiones, les están persiguiendo fiscalmente, les han establecido el copago, por primera vez los pensionistas tienen que pagar medicamentos a través del copago sanitario en este país. Ustedes están poniendo la lupa sobre personas que realmente, ante esta sequía que significa la crisis en nuestra economía y en nuestra sociedad, están siendo pozos de solidaridad, porque muchas familias se están sustentando con esa solidaridad que viene de los pensionistas, y ustedes están agotando estos pozos, los están secando porque les están sacando todo el agua que les


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queda a base de impuestos, de copagos, de no actualización de pensiones y del acoso fiscal al que se están viendo sometidos.

Señores del Partido Popular, no son personas defraudadoras, lo saben ustedes, son personas cumplidoras, personas a las que debemos un reconocimiento muy especial, personas que han traído muchas divisas a este país; desde luego, tenemos muchas deudas con ellos. Y siguen aportando divisas a este país porque estas personas vienen y traen todavía pensiones de países como Alemania, como Bélgica, como Francia. Por tanto, no son defraudadores. Hoy me trasladaban su sentir y me decían: allí me han dado trabajo y aquí me tratan como defraudador. Y más de uno me decía: voy a tener que renunciar a mi pensión porque con esta fiscalidad a mí no me interesa tener una pensión tan baja. Porque en algunos casos son muy, muy bajas, no son pensiones excesivas ni cuantiosas porque dependen de su vida laboral en el extranjero. Son personas humildes, personas trabajadoras que no tienen una formación tributaria y que han acudido en muchas ocasiones a la Agencia Tributaria y les han informado de que no tenían que tributar. Hoy traigo yo un informe de la propia Agencia Tributaria -informe que le puedo dejar a los señores del Partido Popular- que dice literalmente: Se deduce que la pensión percibida procede de un organismo de la Seguridad Social alemana y, por tanto, es aplicable el artículo 19.2 del Convenio Hispano-Alemán para evitar la doble imposición, que dispone: Las pensiones y remuneraciones similares pagadas por o con cargo a fondos creados por un Estado contratante, un land o uno de sus organismos autónomos, autoridades o administraciones locales en consideración a un empleo anterior, están exentos del impuesto en este Estado contratante. Es decir, la propia Agencia Tributaria ha tenido hasta ahora un criterio de eximir; de hecho, solicitaban los borradores y no aparecían estas rentas porque las consideraban exentas. Y ante este cambio de criterio, ustedes, con una desconsideración total y absoluta, lo que han hecho es no solamente mandarles liquidaciones complementarias, liquidaciones paralelas, comprobaciones, sino que les han abierto expedientes sancionadores, les han impuesto sanciones, les han impuesto recargos, han devengado intereses de demora. Son personas que están sosteniendo a muchas familias y a las que se les están requiriendo por parte de la Agencia Tributaria en algunos casos hasta 20.000 y 30.000 euros, en gran parte por las sanciones y en gran parte por el devengo de intereses de demora.

Es una auténtica injusticia, un trato inhumano el que se está dando a cerca de un millón de personas que están afectadas en Andalucía, en Galicia, en Asturias y en el resto de comunidades autónomas. Parece mentira que lo haga justamente un Gobierno que dice que está cumpliendo la ley. Parece ser que antes no se cumplía la ley y ahora se está cumpliendo. Pues bien, siguiendo el argumento del Gobierno, si ustedes están cumpliendo la ley, aquí se puede cambiar la ley. Aquí se ha cambiado la ley por parte de este Gobierno y aquí se les ha dado un trato de favor a auténticos defraudadores en este país a través de la amnistía fiscal. Aquí se les ha pedido, se les ha solicitado -porque aquí se ha colaborado con estos grandes defraudares- de forma muy gentil y educada por parte de la Agencia Tributaria que regularizasen su situación, sin devengar intereses de demora, sin devengar recargos, sin abrir expedientes sancionadores, sin exigirles el retorno del capital y, para colmo, les ponen ustedes un tipo impositivo real del 2 % cuando cualquier ciudadano de este país pagamos el 25 %, el 30 % o el que nos corresponda, y bien pagado está. Por tanto, si ustedes han cambiado la ley para estos grandes defraudadores, ante la circunstancia de esta gente humilde que no tiene perfil de defraudador, ¿cómo son tan duros, cómo han sido tan injustos y cómo han sido tan desconsiderados para no cambiar la ley si es necesario o aplicar un criterio distinto como se ha venido aplicando?

Señores del Gobierno y señores del Partido Popular, nuestra propuesta es muy clara y muy sencilla; en primer lugar, pedimos que se aclare la situación con un informe que se haga extensivo a todo este colectivo, que está muy bien asociado y vertebrado en todo el territorio español. Es necesario que este colectivo tenga la información clave: si tienen o no tienen que declarar, si la rentas o las pensiones de entidades públicas pagan o no pagan, si las de entidades privadas pagan o no pagan. Aclárenselo porque ellos no piden amnistía, ellos quieren estar en paz con el fisco, pero quieren claridad y quieren información suficiente. La Agencia Tributaria se gasta millones de euros en todas las campañas de Hacienda, pues se podría gastar una migaja de ese presupuesto en informar a los emigrantes retornados y decirles que de aquí en adelante tienen que declarar. Y van a hacerlo. Se podría haber hecho en el año 2013 si es que han cambiado de criterio y estas personas hubieran declarado religiosamente porque tienen voluntad de hacerlo.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, tiene que concluir.


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El señor HURTADO ZURERA: Y por otra parte, evidentemente, regularizar la situación de aquí hacia atrás, normalizar, porque también quieren cumplir con sus obligaciones, pero no devengando intereses de demora. Si no se los han devengado ustedes a los amnistiados, ¿por qué a ellos sí? No devengando recargos. Si no lo han hecho ustedes con los amnistiados, ¿por qué a ellos? No devengando ningún tipo de sanción. Por tanto, eliminen los expedientes sancionadores, cierren esos expedientes sancionadores.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir, por favor.

El señor HURTADO ZURERA: Concluyo, presidente. No abran nuevos expedientes sancionadores, eliminen esos recargos, esos devengos, esos intereses de demora. Ofrezcan un aplazamiento que les permita cumplir con sus obligaciones porque están dispuestos a ello. Abran una línea ICO, que no sería la primera vez que se abre en este país, para que se les pueda otorgar suficiente liquidez para pagar su deuda. Tienen voluntad, no les hagamos sufrir más. Está afectando su salud, son personas mayores, personas a las que una notificación de la Agencia Tributaria les quita el sueño. Lancen ustedes hoy, si no son capaces de llegar a un acuerdo sensato, por lo menos un mensaje tranquilizador porque lo están pasando muy mal y no son merecedores de este escarnio.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Hurtado.

En defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley del Grupo Socialista, en primer lugar intervendrá el Grupo Parlamentario Mixto. Señora Fernández Davila, tiene la palabra.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hace algunas semanas, y a propósito de una propuesta que Convergència i Unió hacia de reforma de la Ley del IRPF, nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, presentaba una enmienda en la que por primera vez en esta Cámara trataba este asunto. Lo hacíamos, señorías, porque este problema en Galicia es de una gravedad extrema, sobre todo porque estamos hablando de un sector sensible y vulnerable, como son los pensionistas. Estos pensionistas estuvieron muchos años fuera de sus casas, viviendo en pésimas condiciones -todos conocemos en qué condiciones vive la inmigración- y además son conscientes de que durante muchos años, en los años sesenta o setenta, fueron la parte fundamental, la parte que hacía posible que el Estado español tuviera entrada de divisas. Por eso esta injusticia la viven de manera muy profunda, de manera muy especial. Si además tenemos en cuenta que muchos de estos pensionistas, aparte del problema que hoy nos ocupa, son también afectados por las preferentes, no es de extrañar que digan que primeramente los estafó la banca y que ahora los está estafando Hacienda, aunque Hacienda los trate a ellos como defraudadores fiscales.

Centrándome en la propuesta, parece que todos los grupos que hemos presentado enmiendas estamos de acuerdo en la necesidad del diálogo con el colectivo de pensionistas afectados, que todos entendemos que es necesario entablar un diálogo que permita la búsqueda de soluciones. Pero nosotros, el Bloque Nacionalista Galego, entendemos que es necesario más y lo es por todas estas razones que yo explicaba, siendo lo fundamental la anulación de los expedientes sancionadores así como la devolución a aquellos que ya han pagado. Lo digo por la siguiente razón, señoría: o son defraudadores, o no son defraudadores. Y si no son defraudadores, no se les puede aplicar la ley como si lo fueran. En este caso, nosotros no podemos entender que Hacienda considere defraudadores a estos pensionistas por una razón fundamental: porque está demostrado que estas personas no estuvieron debidamente informadas. Durante estos meses hablando con afectados y esta mañana hablando con personas que estaban en la concentración ante el Ministerio de Hacienda me ratificaban informaciones que yo tenía de personas cercanas, de personas que ya han pagado incluso. No declararon porque en los consulados, cuando se jubilaban y volvían a la tierra, les decían que no tenían que declarar. Cuando iban a las gestorías les decían que no tenían que hacerlo. Por lo tanto, no son defraudadores, son personas que fueron mal informadas y que en muchos casos o en la mayoría de ellos la mala información viene de la propia Administración del Estado, como son los consulados. No es posible entender que hubiera intención de fraude por parte de estas personas, señorías, porque no se iban a poner de acuerdo todos ellos para defraudar a Hacienda por esta cuestión. Aparte de que estamos hablando de unas cuantías cuyo sumatorio no llega a los 22.000 euros anuales. No estamos diciendo que no lo tengan que hacer, estamos diciendo que ahora se les dé la información correspondiente y que se anulen las sanciones y los intereses, porque


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si los sancionamos y les cobramos intereses significa realmente que el Gobierno los está considerando defraudadores y no lo son.

Nosotros, señorías, somos contundentes en nuestra posición en relación con este asunto. Vemos que existe esa voluntad de hablar con los colectivos, incluso de procurar algún acuerdo con algunos de ellos, pero entendemos que el acuerdo tiene que ser general, porque es difícil entender que se pueda arreglar con algunos y con otros no porque todos son víctimas de la misma mala información y de ser considerados ahora por Hacienda como defraudadores. Entendemos necesario que Hacienda persiga a los defraudadores, que los persiga, ¡pero que persiga a los defraudadores, no a pensionistas mal informados que representaron para el Estado español en un momento de extrema pobreza una de sus máximas riquezas!

Muchas gracias, señoras y señores diputados, señora presidenta.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Fernández Davila.

Para defender una enmienda a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Muchas gracias, presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista nos trae a debate esta proposición no de ley que pone de manifiesto un hecho que conocimos hace pocos meses. Desde la Administración tributaria se está requiriendo a inmigrantes retornados a España jubilados la tributación de las rentas percibidas por rendimientos derivados de pensiones satisfechas en el extranjero correspondientes a ejercicios no prescritos, con intereses de demora y sanciones. A pesar de que es la primera vez que debatimos este tema aquí en el Congreso, se han presentado por parte de diversos diputados muchas preguntas para respuesta escrita y en el Senado este mes ya se manifestó, con ocasión del debate de una moción formulada por el Grupo Socialista, una posición que finalmente no consiguió la aprobación del texto consensuado.

Conocemos bien, presidente, señorías, la legislación en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y desde el grupo parlamentario que represento somos conscientes de lo que permite y de lo que no permite y del margen que en estos momentos entre todos hemos conferido a la Administración tributaria para resolver, en mayor o menor grado, situaciones como la que se pone de manifiesto en esta proposición no de ley. Todos somos conscientes de la obligación de las personas físicas residentes en España de tributar por la renta mundial, de modo que deben incluir entre sus rendimientos del trabajo las pensiones obtenidas, independientemente del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios para evitar la doble imposición internacional suscritos por España. Y somos conscientes también de que podemos encontrarnos ante algunos supuestos objetivos de infracción tributaria, de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria, por una falta de ingreso de la totalidad o parte de la deuda tributaria. Asimismo, somos conscientes también de que, aunque se reclama lo que se debe, en el pasado no era así -y en el pasado no es hace tres años, es también hace un año-. En este caso, o bien estas rentas no se consideraban como tal o bien no se reclamaban, lo desconocemos. El hecho es que, como ponen de manifiesto los antecedentes de la proposición no de ley, las rentas procedentes de pensiones satisfechas en el extranjero no se incluían en los borradores de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas que se remitía a los contribuyentes; de esto sí que existe una constancia.

Sería muy fácil, señorías, apelar a aquel principio de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento cuando se quebranta el principio de buena fe de la Administración entendido como el hecho de que la Administración, frente al administrado, deja de actuar como lo venía haciendo. Por tanto, entendemos que el tema es más complejo, y no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista económico y, sobre todo, desde el punto de vista social. Estamos hablando de reclamaciones de cantidades importantes, además del pago de intereses de demora y sanciones y de pensiones que no superan los 900 euros. Por consiguiente, insisto, el tema es complejo en lo jurídico, en lo económico y en lo social. Pero lo que nos negamos a aceptar desde el grupo al que represento es que no exista una solución para aminorar las consecuencias económicas y también sociales que se derivan de los requerimientos de la Agencia Tributaria. Para ello, como ya hicimos en el Senado, nuestro grupo parlamentario manifiesta su apoyo no tanto a la letra pequeña de la proposición no de ley que debatimos y que cuenta con aspectos que consideramos adecuados y que no detallaré, sino sobre todo a la necesidad de alcanzar un acuerdo parlamentario para afrontar esta situación y la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista entendemos que nos da una oportunidad para hacerlo.


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Nuestro grupo presentó ya en el Senado una enmienda de carácter técnico que hemos vuelto a presentar aquí en el Congreso. La enmienda pretende que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria no solo colabore con los contribuyentes, sino que ayude también a los emigrantes retornados en la confección y presentación de todas aquellas declaraciones complementarias que deban efectuarse singularizando la atención. Debemos tener en cuenta, señorías, que la mayoría de las personas afectadas no puede costearse en este sentido una ayuda profesional adecuada que les facilite este trámite.

Sobre esta enmienda formulada por mi grupo, el Grupo Socialista nos ha propuesto una transacción que vamos a aceptar, al entender que se mantiene el objetivo y el espíritu de nuestra enmienda. Algo que debemos señalar también es que nos es difícil de entender cómo la misma enmienda fue aceptada literalmente en el Senado y hoy, aquí, en sede del Congreso, se nos propone una transacción que, repetimos, manteniéndose el objetivo y el espíritu de la misma, vamos a aceptar.

Con todas estas consideraciones, nosotros reiteramos nuestro apoyo a esta proposición no de ley que nos gustaría que incorporase también el resto de enmiendas que han presentado los distintos grupos parlamentarios, ya que compartimos con todos ellos la necesidad de diálogo y la necesidad de buscar una solución. Para ello sería importante realizar también por parte de todos un ejercicio de generosidad al final para encontrar una solución a un problema que, repito, no es solo un problema jurídico, sino también un problema económico y, sobre todo, un problema social.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Riera.

Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. La defensa la lleva el señor Prada.

El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme que haga una reflexión en torno a lo que son los emigrantes, los españoles residentes en el exterior, que han sido y son sin duda ninguna, han sido y son hoy también, parte del motor económico de nuestro país. Señorías, los emigrantes han sido y son objeto de preocupación permanente en las políticas que desarrolla el Gobierno de España. Los emigrantes han sido y son ciudadanos españoles con plenitud de derechos, pero también han sido y son, como es lógico, ciudadanos españoles con plenitud de deberes. El Gobierno y el partido que le sustenta ha estado siempre cerca de este colectivo, de los españoles residentes en el exterior, y más ahora, en un momento en que muchos españoles han tenido que salir nuevamente de nuestras fronteras en busca de oportunidades, en busca de trabajo. Lo que el Grupo Parlamentario Popular quiere -y lo hace además- es estar cercano a este colectivo, cercano a los emigrantes, escucharles, atenderles, buscar soluciones a sus problemas. Es indiscutible la sensibilidad del actual Gobierno con la emigración.

Como bien saben sus señorías, esta Cámara está debatiendo en estas fechas el proyecto de ley de presupuestos para el año 2014 y en estos presupuestos se garantizan las necesidades básicas de los emigrantes españoles en sus países de residencia o cuando retornan al nuestro, cuando retornan al suyo, a España. Con un presupuesto de más de 75 millones de euros se convocan ayudas para las asociaciones, para los mayores o para los dependientes emigrantes; ochenta y una entidades asistenciales en todo el mundo perciben recursos para sus fines. Y quiero destacar muy especialmente las políticas del Ministerio de Empleo, que afectan precisamente a los emigrantes retornados, como son las pensiones de ancianidad para los españoles que retornan a España desde cualquier país donde esté implantada esta prestación por razón de necesidad y que han acreditado insuficiencia de medios y de recursos, y esta prestación económica se les abona hasta que tengan derecho en España a una pensión no contributiva del sistema español de Seguridad Social. Podemos afirmar, en consecuencia, que el presupuesto para el año 2014 con los emigrantes retornados es responsable, comprometido y solidario.

Entrando ya, señor presidente, de lleno en la cuestión, quiero señalar que el ministro Montoro en sede parlamentaria, en el Senado, precisó y aclaró que la Agencia Tributaria está aplicando la ley, que no hace otra cosa, una ley del año 2006, o su última reforma del año 2006, una ley elaborada en la etapa del Gobierno socialista y que ahora, como ustedes no gobiernan -como los socialistas no gobiernan-, pretenden que esta ley no se aplique, se cambie o no se cumpla.

Señorías, en materia tributaria, en materia de cotizaciones sociales, cada vez se intercambia más información entre países, esto es lo que está pasando actualmente; se recibe información y la ley obliga -reitero, señorías, la ley obliga- a la Agencia Tributaria a abrir los expedientes para que afloren esas bases imponibles que no estaban declaradas. Con base en la información obtenida de terceros, la Agencia Tributaria viene realizando desde el año 2012 actuaciones de comprobación en relación con el potencial


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colectivo de pensionistas beneficiarios en el extranjero al objeto de verificar si tales imputaciones de terceros son correctas y, en su caso, si han sido o no objeto de declaración por el contribuyente en los términos previstos precisamente en la Ley de 2006, y también se examina el correspondiente convenio para evitar la doble imposición. Señorías, hay que recordar al respecto que la Agencia Tributaria puede realizar actuaciones de comprobación de un determinado tributo siempre que no haya prescrito el periodo impositivo objeto de comprobación que, como muy bien saben sus señorías, es de cuatro años. También hay que recordar que existe la posibilidad de regulación voluntaria antes del requerimiento donde se aplican unos recargos en lugar del régimen sancionador. La Ley General Tributaria establece que tanto una falta de ingreso total o parcial de la deuda tributaria como una solicitud indebida de devolución por parte del contribuyente junto con que las acciones u omisiones sean dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia, son los supuestos que prevé la ley para que se produzca una infracción y sea aplicable el régimen sancionador correspondiente. En estos casos se dan todos estos supuestos.

Señorías, nosotros queremos ir más allá y por eso hemos presentado una enmienda que confiamos y esperamos que el Grupo Socialista, el grupo proponente de la proposición no de ley, acepte para poder entablar y acometer los compromisos que en esa enmienda -y por falta de tiempo ya no voy a relatar- asumimos. Sí quiero decirles que esas propuestas que hemos puesto encima de la mesa son propuestas comprometidas, serias y responsables y quiero emplazar a los señores del Grupo Socialista a que dejen de hacer demagogia y electoralismo con la emigración y dejen de usar a este colectivo para sus intereses partidistas, que no les interesa solucionar sus problemas. Lo demostraron hace una semana en la Comisión Constitucional, donde no quisieron que se abriera la reforma de la Ley Electoral para que se consiga una mayor participación del colectivo de emigrantes, y demostrarán hoy que no les importa más que para sus fines partidistas si no aceptan nuestra propuesta, que creo que es un paso adelante, un paso en la buena dirección para arreglar el problema que tiene este colectivo.

Por ello, señor presidente, señorías, pido al Grupo Socialista que apoye nuestra enmienda, que nos permitan que se vote la misma y entre todos, con responsabilidad, sin duda mejoraremos la situación de este colectivo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Prada.

Fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco, señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señorías, subo de nuevo al estrado para defender la posición del Grupo Vasco ante esta iniciativa presentada por el Grupo Socialista que propone la adopción de determinadas medidas tributarias en relación con las rentas no declaradas de emigrantes retornados. Trataré de ser ecuánime. Vaya por delante el reconocimiento de este grupo a todas aquellas personas que en la década de los cincuenta, sesenta y setenta se vieron obligados a emigrar al extranjero en busca de un futuro mejor al igual que hoy lo están haciendo miles de jóvenes ante la falta de oportunidades que les ofrece el país.

Sin embargo, comprendiendo desde el punto de vista humano las razones que han impulsado al grupo proponente a plantear esta proposición no de ley, no podemos estar de acuerdo en términos generales con las medidas concretas que se proponen en el pedimento de la iniciativa. En primer lugar, porque consideramos inadecuado utilizar el ámbito tributario para instrumentar medidas compensatorias o mitigadoras del sacrificio y del drama que con toda seguridad supuso para muchos de ellos tener que abandonar sus pueblos, sus ciudades, sus familias y amigos para embarcarse en una aventura de incierto final. En segundo lugar, porque parte de las medidas propuestas son contrarias a los principios de igualdad, equidad y legalidad que deben presidir la acción del Gobierno en general, más si cabe en materia fiscal e incurrirían claramente en el agravio comparativo con otros colectivos. Como comprenderán, renuncio a poner ejemplos innecesarios. Estoy segura de que a muchas de sus señorías les estarán viniendo a la cabeza con facilidad algunos de ellos.

Entrando en aspectos más técnicos, y les aseguró que en esta ocasión hablo con cierta propiedad únicamente como consecuencia de mi experiencia profesional previa, les diré que la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y su normativa de desarrollo es y ha sido meridianamente clara en esta materia. Las rentas provenientes del trabajo en el extranjero -y las pensiones lo son- han estado y están sujetas al impuesto y precisamente porque lo están la propia norma habilita los mecanismos necesarios para evitar la doble tributación en aquellos casos en los que dichas retribuciones hayan sido gravadas en el país de origen, arbitrando la llamada deducción por doble imposición internacional.


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Es evidente que, por otra parte, no existe habilitación legal que permita paralizar la apertura de expedientes sancionadores y cerrar de oficio los expedientes abiertos hasta la fecha desde luego sin una causa justificada muy concreta. Como ya he señalado con anterioridad, ello sería contrario a los principios de legalidad, equidad e igualdad, al igual que cualquier articulación en relación con el no devengo de intereses de demora para las liquidaciones practicadas en los supuestos que afectan a este colectivo en concreto. Es cierto que las disposiciones en materia de recaudación y régimen sancionador articulan la posibilidad de mitigar los efectos económicos de las liquidaciones practicadas a través de la concesión de aplazamientos o la condonación de las sanciones, pero estas deben ser siempre aplicadas en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso concreto. Es aquí donde entendemos que la Agencia Tributaria puede y debe hacer un riguroso análisis de cada una de las situaciones personales y económicas que se den en cada supuesto, tratando a su vez de flexibilizar al máximo los mecanismos legales con los que cuenta para facilitar el pago de las deudas contraídas y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En este sentido, compartimos la enmienda formulada por el Grupo Popular a esta iniciativa, que, de ser aceptada por el grupo proponente, apoyaríamos.

Por otro lado, cualquier exención o no sujeción al impuesto debe ser recogida normativamente en virtud del principio de seguridad jurídica. Por ello no deja de resultar sorprendente la denuncia formulada por la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados, que afirma haber recibido información de las distintas delegaciones provinciales de la Agencia Tributaria en el sentido de que estas rentas no debían ser declaradas. Como les decía, la ley es meridianamente clara. Por último, quiero señalar que compartimos la necesidad de ofrecer una información completa y detallada, que permita al colectivo conocer los distintos criterios y aspectos relacionados con el tratamiento fiscal de las rentas obtenidas en el extranjero y abrir cuantas vías de interlocución sean necesarias para la resolución del conflicto generado.

Para finalizar, esperamos y confiamos en que la Agencia Tributaria esté aplicando correctamente lo previsto en los convenios firmados por el Estado en materia de doble imposición y que no se hayan producido errores en su interpretación. Si así fuera, les conminamos a que sean subsanados de oficio.

En cualquier caso, teniendo en cuenta que Euskadi se rige por el régimen del Concierto Económico y que contamos con Hacienda propia, nos abstendremos en esta iniciativa, confiando en que las cuestiones que subyacen en la misma y que han sido expuestas por los distintos grupos intervinientes en este punto sean convenientemente aclaradas y se alcance una solución al conflicto que se ha generado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

También en turno de fijación de posiciones, para defender la posición del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Mi grupo, por supuesto, es partidario del cumplimiento de la ley, pero la ley la aplican personas, seres humanos racionales y no autómatas. Parece claro que en el caso que nos ocupa ha habido un problema de falta de información hacia personas que han realizado consultas y han sido informadas inadecuadamente -lo que puede dudarse-, pero sobre todo la prueba más palmaria está en que el borrador no permitiese hacer la declaración, lo que para una persona sin formación fiscal puede ser una prueba concluyente de que no tiene que declarar. En esta circunstancia de falta de información nos parece injusto exigir de golpe a estas personas cinco años de declaración no prescritos, más intereses de demora, más sanciones, sobre todo porque muchos de ellos carecerán de los recursos necesarios para ello. Es inevitable establecer la comparación entre la dureza del tratamiento que aquí se aplica -dura lex sed lex- y la suavidad del tratamiento que se dio a los beneficiarios de la amnistía fiscal, que estos sí tenían que haber pagado y sí tenían los recursos para hacerlo. Es inevitable establecer la comparación, porque ustedes aplicaron esa amnistía fiscal.

Nuestro grupo comparte el espíritu de la proposición no de ley que aquí se nos plantea, con dos pilares: de cara al futuro, más información para que esto no se repita y las declaraciones se efectúen adecuadamente, por supuesto; pero, de cara al pasado, no podemos ignorar el problema que existe y creemos que hay que buscar una solución equilibrada para estas personas que tenga en cuenta lo excepcional de sus circunstancias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Anchuelo.

También para fijar la posición, por el Grupo Parlamentario de IU, ICV, EUiA, CHA: La Izquierda Plural, el señor Garzón tiene la palabra.


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El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias.

Nuestro grupo se va a sumar a esta iniciativa del Grupo Socialista. Compartimos el fondo y la denuncia en su concepto, además de una forma beligerante, porque estamos haciendo referencia a personas que se tuvieron que exiliar por motivos económicos o por otro tipo de motivos de este país y que tuvieron que trabajar en el extranjero y ahora se les trata de una forma totalmente denigrante. Además, hacemos referencia a dos cuestiones. Primero, a algo que han señalado ya el resto de portavoces o prácticamente la totalidad de los portavoces al hacer referencia a la amnistía fiscal. Es inconcebible que en este país a los grandes defraudadores, a las grandes fortunas, como señalábamos en el anterior debate, se les den tantas facilidades cuando son delincuentes financieros, delincuentes fiscales y, sin embargo, a las personas humildes, trabajadoras, que se han tenido que marchar -insisto- solo por cuestiones básicas de supervivencia se les trata con estos métodos y de esta forma. Resulta curioso porque, habiendo dicho el representante del Gobierno del Partido Popular anteriormente en el debate que los esfuerzos contra el fraude fiscal son exitosos y que ya hay mecanismos aplicados, parece paradójico que pudiera referirse a este tipo de mecanismos contra los más débiles, contra los más necesitados, algo que es compatible con este esfuerzo de buscar al pequeño defraudador, al pequeño trabajador honrado que se busca la vida con algunos euros más para poder pagar los suministros de electricidad o de agua, para poder sobrevivir y llegar a fin de mes. Parece que contra esa gente, contra las clases populares el Gobierno es muy beligerante y, sin embargo, produce casos como la amnistía fiscal.

Además -termino con esta mención-, se trata de un colectivo, el de los pensionistas, duramente golpeado por las políticas del Partido Popular. Recordemos que en España actualmente hay 21.000 hogares que dependen directamente de una sola pensión y que hay más de 4.500.000 hogares que dependen de una pensión que justifique poder llegar a fin de mes. Estamos en unas condiciones realmente lamentables, que se suman a la reciente reforma de las pensiones, de empobrecimiento de los pensionistas, de hacer recaer el coste de la crisis sobre los más desfavorecidos y, por tanto, compartimos la propuesta del PSOE y la iniciativa de poder resolver este gran problema, que a nuestro juicio debería ser una preocupación urgente de este Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Garzón.

A los efectos exclusivos de la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, tiene la palabra el señor Hurtado. (Pausa). Señor Hurtado, este trámite le convoca a aceptar o rechazar exclusivamente las enmiendas.

El señor HURTADO ZURERA: Sí, señor presidente, perdón.

Nosotros vamos a firmar una transaccional con una enmienda presentada por CiU, que le haremos llegar. Se trata de un añadido complementario en el punto 2 de la proposición no de ley.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muy bien, señor Hurtado. Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA FALACIA DEL DENOMINADO "DERECHO A DECIDIR". (Número de expediente 173/000113).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señorías, pasamos al debate de las mociones consecuencia de las interpelaciones urgentes de la semana anterior. En primer lugar, corresponde debatir al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre propósitos del Gobierno en relación con la falacia del denominado derecho a decidir.

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra por siete minutos la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

El Grupo de Unión Progreso y Democracia trae, como el presidente ha recordado, como consecuencia de una interpelación sobre la falacia del derecho a decidir, la moción que sus señorías tienen en sus manos. Traemos el debate a esta Cámara sobre el derecho a decidir porque los nacionalistas catalanes llevaron el debate al Parlamento catalán y allí decidieron sobre lo que es competencia de todos los


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españoles. Los nacionalistas catalanes decidieron que los españoles en su conjunto no teníamos derecho a decidir sobre el futuro de nuestro país y sobre el futuro de nuestros hijos. Traemos el debate a esta Cámara porque es aquí donde reside la soberanía nacional. Y, como aquí reside la soberanía nacional, es aquí donde nos corresponde decidir a todos y entre todos sobre el futuro de nuestro país. Como así lo hicimos en la interpelación, denominamos en la moción falacia al debate que se ha planteado en Cataluña alrededor del derecho a decidir. Le llaman los nacionalistas catalanes derecho a decidir a decidir unos pocos por todos. Le llaman derecho a decidir a obligarnos al conjunto de los españoles a renunciar a nuestro derecho como ciudadanos a decidir -perdónenme que insista porque esta es la cuestión- sobre el futuro de nuestro país.

Defender la unidad de la nación española es defender la igualdad de todos los españoles ante la ley, también la de los catalanes. Defender la integridad y la unidad de la nación española es defender la integridad de derechos de los españoles; no la integridad del territorio, sino la integridad de derechos de los españoles, que nadie en nombre de ninguna raza, religión, grupo, cultura o historia puede parcelar porque son los derechos de todos los ciudadanos. La integridad de los derechos es lo que importa por encima del mapa y por encima del territorio que, como comprenderán sus señorías -aunque parezca mentira tenerlo que decir-, no tiene derechos. Los territorios no tienen derechos; los derechos los tienen los ciudadanos y nadie en nombre de nada puede privarnos de ningún derecho. Aquí donde reside la soberanía nacional es donde tenemos que afirmar nuestra decisión y nuestra voluntad sobre el futuro de nuestro país.

Señorías, creo que es la hora de la claridad; y por eso hemos planteado primero la interpelación y después la moción. Es la hora de decir con claridad las cosas. Lo que hoy se plantea en Cataluña hace unos cuantos años se planteó en el País Vasco. También los nacionalistas vascos trajeron aquí un debate sobre lo que llamaban reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco, pero que empezaba por esta misma proclama del derecho a decidir del pueblo vasco. También se planteó aquí ese debate -ciertamente lo traía el propio lehendakari- para afirmar aquí, en sede parlamentaria, que ese es un derecho que nos corresponde a todos los españoles y al que no vamos a renunciar; entre otras cosas, porque no podríamos renunciar a un derecho que es nuestro y es de nuestros hijos. Es un derecho constitucional que es de todos nosotros y que no se puede parcelar en nombre de nadie. Me parece que es muy importante clarificar las cosas y hablar claro. No debemos plantear esta tarde y en la votación que a continuación se producirá un texto que pueda ser interpretado por unos o por otros según lo que en ese texto se escriba. Ya bastante confusión tenemos y bastante intento de confundir tenemos; bastante discurso falso, mentiroso y confuso sobre la cuestión a debate tenemos en este momento en España como para que no seamos capaces de hacer un discurso claro sobre dónde residen los derechos y sobre cuál es la cuestión que se nos está planteando desde el Parlamento de Cataluña y desde el discurso del nacionalismo catalán. No vamos a renunciar a nuestros derechos como ciudadanos españoles ni permitiríamos que una parte de los ciudadanos españoles le privara a otra parte de los españoles de derechos que son colectivos, que son de todos y que están proclamados así en la Constitución. Digamos las cosas claras. El futuro de España lo decidimos entre todos y la secesión de una parte de nuestro país nos compete a todos, absolutamente a todos los españoles. No le compete solo a una parte, al que se quiera ir o al que se quiera quedar. No, nos compete a todos. Les compete a todos los ciudadanos catalanes y a todos los ciudadanos españoles.

Por eso traemos aquí el debate y a nuestro juicio lo traemos con claridad, con cuatro puntos, que creo que expresan con mucha claridad principios democráticos que no creí que hiciera falta destacar en esta tribuna, pero, a la vista de la confusión del debate, nos parece importante que aquí se destaquen. Un primer punto es proclamar que bajo ningún concepto una parte de la ciudadanía puede decidir sobre la organización territorial del Estado ni sobre cualquier otro aspecto o precepto constitucional. Parece obvio que una parte no pueda decidir sobre todos; en este caso, sobre el territorio o sobre cualquier precepto constitucional. En segundo lugar, afirmar que ninguna autoridad ni poder público tiene derecho a privar a todos o parte de los ciudadanos residentes en su territorio de los derechos y libertades que la Constitución nos reconoce. En tercer lugar, señorías, proclamar que en un Estado social, democrático y de derecho nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley y no puede permitirse que se trocee el cuerpo de la ciudadanía, ni redefinir el sujeto de la soberanía nacional; ni trocear el cuerpo de la ciudadanía ni redefinir el sujeto de la soberanía nacional, que no es otro que el pueblo español, único que puede ejercer, por los cauces legalmente establecidos -y esto no es menor, por los cauces legalmente establecidos- el derecho a decidir sobre la unidad de la nación y los derechos del conjunto de los ciudadanos. Las dos


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cosas son importantes: por los cauces establecidos legalmente, el derecho a decidir sobre la unidad de la nación y sobre los derechos del conjunto de los ciudadanos.

Por eso en esta moción que les planteamos también reafirmamos la vigencia de los artículos 1.1 y 1.2 de la Constitución española, que les quiero leer. Artículo 1.1: "España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". Artículo 1.2: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Cuando desde una institución del Estado, autonómica en este caso, se tratan de vulnerar estos principios constitucionales, lo que allí se plantea no es inconstitucional porque vaya más allá de las competencias, es inconstitucional porque va en contra de los derechos de los ciudadanos, porque es antidemocrático, porque si vulnera derechos de los ciudadanos vulnera la propia democracia; no tiene que ver con la competencia que quiera asumir, sino con que la competencia que quiere asumir vulnera los derechos de los ciudadanos y se convierte, por tanto, en antidemocrática al privarnos de derechos al conjunto de los ciudadanos.

Termino, señorías, con una breve referencia -porque creo que estoy casi fuera de tiempo- al Grupo Socialista y al Grupo Popular, que han presentado enmiendas de adición. A los dos grupos les quiero agradecer sinceramente el esfuerzo y el haber presentado enmiendas de adición que entiendo significan que están de acuerdo con el texto que les he planteado; que quieren añadir alguna otra cuestión, pero que están de acuerdo con el texto en su conjunto, porque no han enmendado el texto sino que han querido añadir algunas cuestiones. No puedo aceptar la enmienda del Grupo Socialista porque plantea un debate sobre la reforma del Estado, en este caso la reforma federal del Estado. Aunque la planteara en otro sentido -desde nuestro grupo planteamos la reforma federal del Estado, alguna vez la hemos planteado en esta tribuna y hemos conseguido que nos voten todos en contra, incluso ustedes-, es que ese no es el debate. He dicho al principio que se trataba de hacer un debate que estableciera claridad entre tanta falacia y entre tanta oscuridad. Y si mezclamos los debates, no estamos más que contribuyendo a que haya todavía más oscurantismo y más confusión. Por tanto, no tiene que ver con lo que ustedes plantean, tiene que ver con el momento en que se plantea. Estamos discutiendo sobre la soberanía nacional y no sobre el modelo territorial del Estado. Por eso mismo no le aceptamos al Grupo Popular la enmienda que tiene que ver con la mención al artículo 2 de la Constitución, que habla de la unidad de la nación española, de la indivisibilidad y también de las autonomías, del modelo territorial y de las nacionalidades, no porque no nos parezca que está vigente ese artículo, están vigentes ese y todos los demás, sino porque introduce un debate sobre el territorio y sobre el modelo territorial y no nos parece que esta moción sea el contexto en el que tenemos que introducir ese debate. Insisto, estaremos encantados de entrar en ese debate cuando cualquiera de los grupos lo quiera plantear, pero nos parece que el objetivo del debate de hoy es establecer con claridad dónde reside la soberanía nacional, cómo se quieren conculcar desde el discurso de nacionalismo catalán los derechos de todos los ciudadanos.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Por eso pensamos que es lo más oportuno plantearlo en estos términos de claridad, de contundencia, de respeto a la Constitución, de respeto a las leyes, a la seguridad jurídica y a la lealtad institucional.

Gracias, presidente, por su generosidad. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Díez.

Iniciamos el trámite de la defensa de las enmiendas formuladas por distintos grupos. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda que va a defender el señor Sánchez Amor.

El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, señor presidente.

A ver si contribuimos a la claridad que nos pedía la señora Díez. Es habitual, señora Díez, que su discurso sobre estas cuestiones territoriales o constitucionales, si usted quiere, sea un poco obvio y previsible. A veces, incluso, la tentación puede ser hacer un poco de caricatura. Yo hoy querría no deslizarme hacia ese campo, a pesar de que siempre me parece que debemos poner en duda que ustedes sean una especie de metro patrón de la lealtad constitucional, una especie de metro de platino e iridio por el que se mide la constitucionalidad de las cosas de este país. Hoy me gustaría intentar un tono más pedagógico, intentar llevarles a la convicción de que lo que ustedes están defendiendo puede ser la letra


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de la Constitución, y ahí siempre nos van a encontrar, pero no creemos que lo hagan desde el espíritu que anima la Constitución. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

La Constitución no se defiende adecuadamente desde posiciones dogmáticas, excluyentes, cainitas o frentistas. Cualquier discurso dicotómico y deslegitimador no hace ningún favor a la Constitución que se dice o que se pretende defender. Esto me recuerda mucho a estas soluciones tan habituales en el arbitrismo español que se ejemplifican en esa persona que llega a un bar, deja las llaves encima de la barra, mira el telediario en la televisión y dice: Esto lo arreglaba yo en un plis-plas. A esa cierta falta de sensibilidad a veces tiende el discurso territorial de UPyD, solo que en un asunto especialmente inflamable, por lo que yo creo que tiene una peligrosidad. Señora Díez, el mundo no se divide entre los buenos y los nacionalistas. No hay ningún artículo de la Constitución que diga eso, ni espero que ustedes lo propongan nunca. Ahora nos trae una especie de recordatorio de la Constitución, lo que revela algo que se ha dicho también hoy aquí. Nos pasamos el día recordándonos unos a otros que las leyes que aprobamos están vigentes. El otro día sucedió en la Comisión Constitucional, donde nos recordábamos la vigencia de la Ley de Memoria Histórica. Hoy nos pasa nada menos que con la Constitución, lo que parece retrotraernos a aquella época del derecho -no me dejará mentir el señor Olabarría- en la que las constituciones eran solo programáticas y no eran de aplicación directa.

Nos pide, señora Díez, que nos reafirmemos en la vigencia de dos apartados del artículo 1 de la Constitución. Nosotros nos reafirmamos en el apartado 1, en el 2, en el 3, en el artículo 2, en el artículo 3, hasta el artículo 169, disposiciones adicionales, transitorias y finales. Por cierto, ¿podría usted decir, como yo, que le gusta esta Constitución en todos sus aspectos, incluidas las disposiciones adicionales? Porque, como le decía, una cosa es defender la Constitución, señora Díez, y otra es decir defenderla desde trincheras y con discursos tan ajenos a su espíritu. No se defiende la Constitución dándole con ella en la cabeza a nadie solo porque tenga otro concepto de país. Esto ya lo hizo el Partido Popular y creo que se han arrepentido, si me permiten la expresión, de haber hecho aquella campaña anticatalana hace unos años. Me alegro de que el Partido Popular considere que aquello que pasó hace unos años fue un error o un asunto del pasado que no se volverá a repetir. Hay otras normas que sí son para dar en la cabeza, señora Díez. El Código Penal sí es para dar en la cabeza a los delincuentes, pero la Constitución, no. Esta Constitución, precisamente por el momento histórico en el que se hizo, está imbuida de un aliento incluyente, acogedor, abierto, respetuoso y dialogante. Es un espacio para la concordia. Esta concepción que nosotros tenemos, señora Díez, le ruego que no la confunda con ninguna ambigüedad. Usted se refirió a la ambigüedad en su intervención en la interpelación. Ninguna ambigüedad. Nosotros defendemos siempre el espíritu y la letra de la Constitución, hasta el minuto en que nos pongamos de acuerdo para su reforma. Por tanto, hasta ese momento, los únicos cauces -quiero dejarlo bien claro- de decisión política en este país son los que establecen la Constitución y las leyes. Ningún tipo de consulta, si no es por los cauces constitucionales o legales. Más claro, el PSOE está en contra del llamado derecho a decidir y, por supuesto -no hace falta decirlo-, del derecho de autodeterminación. Por más fórmulas que se traigan a este Parlamento revoloteando sobre el asunto o tratando de buscar contradicciones en nosotros, quien lo intente se encontrará con la misma posición. No diga usted en este momento, señora Díez; cualquiera. Defendemos la Constitución en su letra y en su espíritu. Estamos en contra del derecho a decidir. Y frente al inmovilismo paralizador y a la ruptura insensata planteamos una reforma amplia de la Constitución, que en el asunto territorial sería en sentido federal.

Proponemos una reforma de la Constitución, señora Díez, porque nos parece que es un sistema de garantías; las reformas constitucionales son una forma de defensa de las constituciones, porque al adaptarlas a nuevos tiempos y nuevas necesidades se las protege de rupturas. Eso es algo que es conocido en la historia de las constituciones. Aquellas constituciones que no preveían su reforma acababan siendo objeto de una revolución. Nosotros creemos que un sistema de garantía constitucional es su reforma para adaptarla, lo contrario que la petrificación de algunas constituciones. Quiero que sea entendida esta propuesta de reforma amplia, que no es solo por cuestiones territoriales. Proponemos una reforma de la Constitución también por cuestiones de calidad democrática o por una garantía constitucional de algunos derechos y servicios básicos pero también, desde luego, en el aspecto territorial queremos una reforma que reafirme el pacto constituyente de los años setenta. Por eso planteamos la enmienda a la que usted se ha referido, una enmienda que, en esencia -para no consumir más tiempo-, se refiere a nuestra conocida propuesta de una reforma de la Constitución en este aspecto territorial, que sea de corte federal. Y muy respetuosamente le digo a usted y al resto de los grupos: o se apoya esta propuesta de reforma, de la que por cierto no hemos querido adelantar detalles para no perjudicar el acuerdo, o no


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se podrán contar con nuestro apoyo ni ahora ni en el futuro. Porque no vamos a bascular ni hacia el inmovilismo frentista ni hacia el rupturismo atolondrado, porque apostamos por seguir conviviendo en la mayor armonía posible.

Dos mínimas cuestiones para terminar. Una profecía, si me permite: Acabaremos sentándonos a discutir una reforma constitucional antes o después. Y ya sé que usted no está particularmente en contra. Y un ruego también a mis compañeros socialistas, no convirtamos el llamado problema de España en una coartada, en un camuflaje para huir de los concretos problemas de los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Amor.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Esteller, para la presentación de su enmienda.

La señora ESTELLER RUEDAS: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna a defender las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular. En la moción exponen la falacia del derecho a decidir y se centran en quién tiene la capacidad de decisión, sosteniendo que es todo el pueblo español y para ello reafirman la vigencia de los artículos 1.1 y 1.2 de la Constitución, donde verdaderamente reside la soberanía nacional. Ningún problema, naturalmente que no. Además, es real y es así.

La primera enmienda que propone el Partido Popular es de adición y lo que hace es preservar los valores de la Constitución: la concordia, la convivencia, el consenso. Consideramos que es importante que la estabilidad institucional y la estabilidad política, que están consagradas en nuestra Constitución, estén presentes en este texto porque tenemos la obligación de preservarlas como garantía de futuro. Y la segunda enmienda que hemos presentado consiste en adicionar el artículo 2 de la Constitución, donde se fundamenta la indisoluble unidad de la nación española, dado que la consulta de un tipo secesionista lo que haría sería ir en contra del fundamento del orden constitucional vigente y no se podría celebrar una consulta si no se modificara la Constitución mediante el proceso de revisión. Este ha sido el motivo por el cual el Grupo Popular ha presentado esta enmienda, porque entendemos que no existe el derecho a decidir sobre la secesión de una parte de España aunque la vote toda España, toda la soberanía nacional, porque entonces esa posición sería ceder a las tesis independentistas.

Pero antes de centrarme en el contenido de la moción, permítanme, señorías, que haga unas consideraciones de por qué hemos llegado hasta aquí, de por qué hoy en día tenemos que reafirmar la Constitución que está asumida por todos los españoles, pues es muy importante encuadrar esta propuesta con lo que está pasando en Cataluña, donde se está distorsionando el concepto de Estado democrático de derecho para legitimar políticamente la independencia. Estos días anuncian que fijarán la fecha de la independencia antes de fin de año, incluso la pregunta para contentar a Esquerra Republicana y que les vote los presupuestos. El presidente Mas quiere cubrir su falta de liderazgo para afrontar la crisis económica con la celebración de la consulta ciudadana para la independencia, partiendo de la creación de un mito falso, basado en ilusión y sentimientos, para convencer a los catalanes de que toda su vida mejorará y de que la independencia va a resolver todos sus problemas. Estos argumentos son insostenibles y contrarios a toda razón; no obstante, se ha instalado el pensamiento único: si no piensas o no compartes lo que ellos dicen, no eres un buen catalán, mejor dicho, si no eres independentista, eres anticatalán.

Estas son las cuestiones que hoy en día están en Cataluña y es el motivo por el cual hemos de reafirmar los principios de la Constitución. Están desafiando al Estado de derecho, para ellos el derecho es un simple instrumento para alcanzar sus fines y adaptarlos a su conveniencia, es más, contraponen democracia a legalidad y sitúan al pueblo de Cataluña por encima de la ley. Ayer, sin ir más lejos, el conseller Homs hablaba de que sería un fraude democrático si no se permite la consulta. No es sensato decir estas cosas, la democracia vive de la ley y, por lo tanto, las urnas no pueden legitimar cualquier decisión, destruyendo y modificando de facto el modelo constitucional, y me explicaré. El derecho a decidir no es el sumun de la democracia, es la trampa, es una trampa. ¿Por qué? Porque en democracia no existe el derecho a decidir ilimitado; al igual que todos los derechos, no hay ninguno que sea absoluto y por eso todos los derechos se han de poner en coordinación con la Constitución y las normas que la desarrollan. La secesión no es un derecho democrático reconocido en la Constitución y no es posible decidir ni por el pueblo de Cataluña ni por todos los españoles este derecho, entre otras cosas, porque no se puede decidir sobre lo que es ilegal y ni siquiera lo que es legal se puede decidir por medios ilegales. En democracia decidimos cada vez que votamos en las elecciones municipales, autonómicas y nacionales. (Aplausos). Y, por supuesto, la secesión es una acción política pero no es un derecho.


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Tampoco el derecho internacional reconoce el derecho a decidir. Se ha hablado del derecho de autodeterminación, pero queda limitado a casos extremos: cuando es una colonia, un pueblo oprimido, cuando hay una ocupación militar, cuando no se puede votar o cuando se están afectando los derechos humanos. Por suerte, en Cataluña no estamos en ninguna de estas situaciones. Es más, disponemos de las mayores cotas de gobierno de la historia contemporánea y, por suerte, en Cataluña tenemos muchas más competencias que muchos Estados federales. Tenemos capacidad de autogobierno; autogobierno quiere decir administrar bien, gestionar bien y hacer lo mejor para el pueblo de Cataluña y no enfrentarlo y dividirlo como están haciendo en Cataluña. Créame, señora Díez, como catalana y española que soy, igual que el Partido Popular en Cataluña, estamos día a día trabajando y combatiendo este desafío, y estamos trabajando constantemente para conseguir que Cataluña avance sin necesidad de que se enfrente día a día a la división y a la secesión. Cataluña y el resto de España hemos hecho muchas cosas juntos a lo largo de nuestra historia. Una ruptura, como recordaba el presidente del Gobierno en la carta de respuesta al presidente Mas, tendría graves costes afectivos, sociales, económicos y políticos. Y por supuesto que el Gobierno de España está a la altura y asume sus responsabilidades actuando con firmeza contra hechos y realidades, como hizo cuando impugnó la declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña, del mes de enero de 2013, y como hará naturalmente siempre que se vulnere la Constitución.

Acabo, señor presidente. No queremos un enfrentamiento entre Cataluña y España, supondría una gravísima fractura de la sociedad catalana de consecuencias incalculables, y entendemos que hoy, más que nunca, hemos de reafirmar los valores de la Constitución. Este era el motivo por el cual, dentro de la moción, el Partido Popular introducía el artículo 2, porque entendemos que hay cuestiones que no se pueden decidir, hay un límite a la capacidad de decisión y no podemos decidir sobre aquello que no es legal, y entendemos que ni el pueblo de Cataluña ni toda España pueden decidir la secesión de Cataluña, entre otras cosas, porque no es posible. Ese es el motivo, señoras y señores diputados, por el cual el Partido Popular se reafirma en la defensa de la Constitución, se reafirma en la defensa de todos los valores y entendemos que hay que preservar la unidad y que no hay ninguna discusión respecto a este tema, porque no puede celebrarse una consulta ilegal en Cataluña.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Esteller.

Turno de fijación de posiciones. Empezamos por el Grupo Mixto. Tiene la palabra el señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Señora Díez, leo su moción y, ¿qué quiere que le diga? Cuando un grupo cree que es necesario solicitar a esta Cámara que reivindique lo obvio, lo firmado, lo pactado, lo escrito, y una amplia representación de grupos parece que se pone de perfil y valora el contenido de lo que realmente se pide, que no deja de ser una obviedad, por la oportunidad o no de hacerlo, por el tamaño del grupo o por la propia argumentación -y desde luego en algunas de las cosas no estoy nada de acuerdo con usted-, obviamente tenemos un problema.

Debatir aquí sobre quiénes somos o sobre quiénes queremos ser no es ninguna novedad; tal vez lo novedoso sea que se impongan en el debate los que desearían que dejáramos de ser lo que somos, una nación. Nos enfrentamos a una situación realmente disparatada -y muy española, por otra parte- porque algunos construyen sus reivindicaciones sobre imposibles, sobre ilusiones o sobre mentiras directamente, lo cual les conduce finalmente a llegar a conclusiones todavía más disparatadas. Diariamente aquí suben algunos diputados para hablar en representación de países inexistentes, a los que se les atribuyen todo tipo de derechos -incluso históricos, no se lo pierdan-, pero que son incapaces de buscar en la historia un solo rey o reina que puedan probar su existencia. Por ejemplo, el rey Sancho VII el Fuerte, rey de Euskal Herria sur, o el rey Sancho III el Mayor, que sería el rey de Euskadi. Mentiras, mentiras y más mentiras, señorías. Hemos vivido la Transición, pero es verdad que debemos vivir en transición, lo que nos obliga a plantearnos con normalidad hacia dónde vamos, por qué y cuál es el fin último por el que trabajamos en esta casa. Sabemos quiénes son los que no quieren la unidad, los que no saben convivir en la diversidad, que cuentan con todo tipo de plataformas, alternativas, medios, etcétera, y trabajan denodadamente por la ruptura. Ahí están. Pero a mí, señorías, señora Díez, me preocupan los otros, es decir, nosotros, los que sabiendo que una aventura de secesión en clave de victoria de un nacionalismo radicalizado, obligatorio y excluyente puede ser asumida como un espejismo por una parte de nuestra nación, participando nosotros de ello como figurantes en su aparente triunfo. La secesión está


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garantizada si se renuncia a defender la verdad histórica, si renunciamos a buscar de forma imaginativa fórmulas para una cohesión mayor, si no se combaten dialécticamente la imposición de las tesis separadoras, si no se ejerce el poder, si se abandonan espacios políticos a favor de los que imponen su visión excluyente o si no ponemos en evidencia la instrumentalización del victimismo para suplir las propias irresponsabilidades. En definitiva, señorías, señora Díez, si renunciamos al valor de la unidad. La unidad es un bien en sí mismo, la unión hace la fuerza, es obvio, pero también una tensión colectiva, vital que, por cierto, en Europa es un valor muy importante.

Termino, señor presidente. Pretender formar parte de la Unión Europea o querer participar en su fortalecimiento, habiendo previamente dividido, quebrado una nación, una comunidad humana con un grado de vínculos mucho mayor, mucho más intensos que los que nos unen a todos como europeos, como poco sería una muy mala carta de presentación.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Termino.

Quién se iba a fiar de quien en vez de buscar la unión busca genéticamente la división.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

Señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señor presidente.

Señora Díez, nosotros, lógicamente -ya lo sabe-, nos posicionaremos en contra de esta iniciativa planteada aquí por un grupo nacionalista español radical como el suyo. (Rumores). Sí, nacionalista porque ustedes dicen defender y promover la nación española; dicen que defienden y promueven la nación española, pues serán nacionalistas. Del mismo modo que cuesta entender cómo hay nacionalistas en Cataluña o en Euskadi sin existir, según ustedes, la nación catalana o la nación de Euskal Herria. O sea, si hay nación habrá nacionalistas, digo yo, y los habrá seguramente en ambos lados.

Pues esta es una propuesta que nosotros entendemos dentro de la línea respetable y legítima del nacionalismo radical español y no podemos estar de acuerdo con ella. Estamos de acuerdo con ustedes en una cosa y es que a veces no ayuda usar eufemismos y el derecho a decidir a veces puede confundir más que ayudar a entender las cosas. En ese sentido, ya lo saben, nosotros somos muy claros y entendemos que el derecho a decidir, cuando lo usamos, lo empleamos como sinónimo directo del derecho de autodeterminación. Es un derecho internacionalmente reconocido en la Carta de Naciones Unidas, también en la Declaración de los Derechos Humanos, que son tratados internacionales que además el Reino de España ha suscrito y que están reconocidos como parte de la Constitución o del marco constitucional español. Mire si estos derechos existen, están reconocidos y aceptados para todos los pueblos y naciones del mundo, para todos: los coloniales, los no coloniales, los que comen con palillos, los que llevan turbante, los que llevan falditas a cuadros y los que soplan gaitas; todos los pueblos del mundo tienen derecho a la autodeterminación y eso es lo que dicen los tratados internacionales. Lo que no dicen los tratados internacionales es lo que dice usted y es que existe el derecho de la alterdeterminación, es decir, que los otros deciden por ti. Cuando la autodeterminación se votó en Montenegro, no votaron los serbios; cuando se votó en Lituania, no votaron los rusos; cuando se vote en Escocia no votarán los británicos, votarán los escoceses. Eso es la autodeterminación, un pueblo decide por él mismo, no son los otros los que deciden por ellos. Y menos todavía el derecho a impedir la libertad nacional de un pueblo. Existe el derecho a la autodeterminación y el derecho a aspirar a la libertad nacional. Lo que no existe, no está en ninguna carta y no está reconocido en ninguna parte, ni siquiera en la Constitución española, es que exista el derecho de otros pueblos vecinos a impedir que un pueblo sea nacionalmente libre. Eso no existe en ninguna parte, no es un derecho.

Ustedes tratan lo que está sucediendo en Cataluña como una falacia, como un invento, como si una serie de políticos se hubieran reunido en un laboratorio y hubieran fabricado lo que está pasando ahí, manipulando a la gente y usando al pueblo de Cataluña como instrumento. Y lo que está pasando es todo lo contrario. Está pasando todo lo contrario, el pueblo de Cataluña va por delante y es el pueblo de Cataluña, es la gente que sale masivamente a la calle quien está nombrando como instrumento a sus líderes y los está usando para avanzar. Es todo lo contrario, es el pueblo quien manda. Esa es la situación.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.


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El señor BOSCH I PASCUAL: Acabo ahora mismo, señor presidente, muchas gracias por el aviso.

Y la palabra más importante ahora en Cataluña es nosotros. Y la menos importante en Cataluña ahora mismo es yo. Y eso es lo que está pasando, es un movimiento colectivo del nosotros, de la gente, del pueblo. ¿No entiende eso?, ¿que el nosotros sea más importante que el yo? ¿No entiende eso?, ¿no lo puede entender? ¡Es fácil de entender, no cuesta tanto! Y como eso es así, pues acabaremos votando, acabaremos decidiendo y acabaremos ejerciendo el derecho de autodeterminación, porque en Cataluña lo que hay es un tsunami democrático; un tsunami alegre, pacífico, convivencial, esperanzado. Es un tsunami democrático, es el pueblo quien manda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.

Señor Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Presidente, señorías, hoy, una vez más, hablamos del derecho a decidir que algunos, algunas, califican de falacia quizá porque no sepan lo que significa, que no es otra cosa que un paradigma que contextualiza el derecho a la autodeterminación de los pueblos en el mundo occidental fuera del contexto de descolonización. Un derecho reclamado por sociedades como la québeçois con su droit de choisir o la escocesa con su right to decide. Demandas que han sido aceptadas por Canadá y por el Reino Unido, es decir, Estados plurinacionales, democracias maduras que, ante una demanda democrática, han establecido los mecanismos necesarios para que los ciudadanos de esos territorios decidan libre y democráticamente su futuro constitucional. En el Reino de España esta demanda no es nueva; sociedades como la vasca, la gallega o la catalana llevan décadas reclamándolo, pero los diferentes gobiernos han dicho que en España es imposible debido a la Constitución. Señorías del Partido Popular, señorías del Partido Socialista, ¿a estas alturas de la película no se han dado cuenta de que su Constitución, su Tribunal Constitucional son parte del problema? Un ejemplo paradigmático de la importancia de la respuesta por parte de los Estados a este tipo de situaciones es Ucrania donde en 1991, en el intervalo de ocho meses, se produjeron dos referéndums de autodeterminación. En el primero, el 70 % votó a favor de seguir perteneciendo a la Federación Rusa. Unos meses después, el 90 % votó a favor de la independencia; la razón, el intento del golpe de Estado involucionista que quería volver atrás con el proceso de descentralización y de democratización.

Señorías, al igual que las identidades no se pueden imponer, cada cual tiene las suyas, la libertad y la democracia no se pueden restringir, ni en Kiev ni en Bilbao ni en Barcelona ni en Santiago de Compostela ni en ningún sitio. En definitiva, si el derecho a decidir no cabe en su legalidad, cabrá en la nuestra, tomaremos decisiones de manera legítima y legal y todas ellas serán derecho, derecho vasco.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iñarritu.

Por el Grupo Vasco PNV, tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Señoras y señores diputados, de nuevo un discurso emocional y cuasi religioso, como suele usted calificar el de los líderes nacionalistas periféricos. Y es que juega a eso porque con su populismo rancio cree que vapuleando el lado emocional al Partido Popular y al Partido Socialista al final va a conseguir un puñado de votos. No va de otra cosa esta moción sino exactamente de esto. De verdad, a veces oír algunas de sus aseveraciones me hace recordar al NO-DO, porque en aquellos viejos cines en blanco y negro algunas de esas frases ya las he tenido oídas. Su texto y su intervención han estado trufados de definiciones manipuladas a su antojo. El Estado social y democrático de derecho que usted tanto cita lo primero que garantiza, desde luego no en segundo lugar respecto a otros derechos, es la libertad de expresión. ¿Por qué no se puede preguntar al pueblo?, ¿por qué está prohibido preguntar al pueblo?, ¿por qué la Ley Orgánica de Referéndum pone tantas trabas para hacer una convocatoria de referéndum?, ¿por qué un Gobierno democrático, como el catalán o el vasco, no puede consultar a su pueblo? Además, señora Díez, consultar al pueblo no es subvertir el ordenamiento jurídico como afirma usted en su texto; no es ni puede ser nunca consultar al pueblo -ejercicio democrático- subvertir el ordenamiento jurídico. Usted calificaba el otro día de golpe de Estado democrático lo que pretenden hacer algunos en Cataluña. Si es democrático no es golpe de Estado, en absoluto.

Usted decía que una parte quiere decidir sobre la organización territorial del Estado. No, no, en absoluto, decidirán sobre ellos, sobre su territorio, sobre sus ciudadanos, sobre su sociedad, sobre su


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futuro, pero no sobre el resto; el Estado español continuará con sus mismas estructuras caducas o cambiarán el futuro, pero será por lo que decida esta Cámara. Los ciudadanos catalanes cuando voten determinada consulta no estarán decidiendo sobre la organización territorial del Estado.

Dice: solo vota una parte de la ciudadanía, deberían ser todos los ciudadanos españoles, que voten todos. Imaginemos que votan todos, que por cierto ya el representante del Partido Popular nos ha dicho que tampoco vale eso, porque aunque votaran todos y saliera lo que saliera, eso sería ceder a las pretensiones nacionalistas independentistas. Por tanto, ya no es que valga que voten los catalanes, es que no vale ni aunque voten en todo el Estado, lo acaba de decir el Partido Popular. O sea, cada vez vamos cerrando más el embudo.

Señora Díez, ¿qué pasaría si en Cataluña votan, como probablemente sucedería, diferente al resto del Estado?, ¿que como tienen ustedes la sartén por el mango aquí no se mueve nada y esto sigue igual?, ¿usted cree que se podría sacar esa conclusión y no mover absolutamente nada si una mayoría clara en Cataluña, por mucho que votara también el resto del Estado y se manifestara en sentido contrario, dijera lo que va a decir? Desde luego, eso no sería Estado social y democrático de derecho.

Usted dice que quiere convertir en extranjeros a la mitad de los catalanes en su propia tierra. Mire, yo le doy la vuelta al argumento, porque me parece que usted quiere hacer españoles a la fuerza -esta vez sin referéndum- a aquellos catalanes que no quieren ser españoles. Hay unos que ofrecen un referéndum, que quieren conocer la consulta, lo que piensa la gente; usted es que no quiere conocer y además quiere forzar lo que piensa la gente, quiere imponer sentimientos; quiere imponer, no convencer; eso tampoco pertenece al ámbito de un Estado social y democrático de derecho, señora Díez. Se olvida además de que los catalanes están llamando al acuerdo en la fijación de los términos de la consulta; están llamando a Madrid diciendo: acordemos cuáles son los términos, acordemos todo, acordemos cuáles son los parámetros, cuáles son los tiempos, cuál es la pregunta y lo que obtienen es la callada por respuesta. ¿Esto es el Estado social y democrático de derecho? Porque además no van a hacer ninguna discriminación, como usted afirma; quienes van a votar ahí van a ser los ciudadanos que viven en Cataluña; ni discriminación de raza ni de religión ni de cultura ni de procedencia, aunque el ciudadano haya nacido en Sevilla o en Extremadura, sino que va a tener el derecho de votar.

La vía catalana no es antidemocrática y por lo tanto no está imponiendo ninguna visión; es más, ejemplos tenemos: Canadá y Reino Unido, donde las constituciones no prevén nada sobre un posible referéndum. Usted decía que es la hora de la claridad y le digo: sí, tiene usted razón, la hora de la claridad, igual para hacer una ley de claridad, como proponían en Canadá, y establecer cuáles son los términos, clarificar cuáles son los términos sobre los que se puede hacer una secesión. Pero desde luego lo que no puede hacer un Estado social y democrático de derecho es negar esa posibilidad. Las naciones catalana y vasca existen porque así lo siente un grupo muy importante de ciudadanos, y además a cualquiera que conozca la historia española no le extrañará que esto suceda así, y que el falso encaje que se dio a las realidades nacionales nos lleve una y otra vez a esto que ustedes se empeñan en perpetuar. (Rumores).

Voy terminando, señor presidente. Hay una definición que últimamente se ha hecho bastante común que es la de trampa. ¿Ustedes no pretenderán una Constitución trampa, una especie de cárcel de los pueblos? Porque hace dos semanas el portavoz del Partido Popular señor Gómez de la Serna, utilizando la expresión que está en la puerta del Hades, en la obra de Dante: Infierno, Canto número II nos decía: abandonad toda esperanza. Abandonen toda esperanza. O sea, ¿ustedes aspiran a convertir esto en un infierno?, ¿a convertir una Constitución en trampa, a convertir una Constitución en infierno para los ciudadanos que no están de acuerdo con los términos de la misma? Relajen ustedes las tensiones, sean más inteligentes y busquen un futuro dialogado entre todos porque, si no -esta frase me suena-, esto es un infierno.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.

Por el grupo de Izquierda Unida ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, señor presidente.

Esta es la cuarta o la quinta ocasión en que el derecho a decidir viene a esta Cámara en esta legislatura. Nuestro grupo parlamentario en todas las ocasiones siempre ha votado lo mismo y hoy pasará igual, será consecuente con la defensa de ese derecho democrático. Nosotros no compartimos que la democracia es una falacia, señora Díez. Se empieza afirmando que un derecho democrático es una falacia y se puede acabar cuestionando la propia democracia.


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La Constitución española después de treinta y cinco años de historia requiere, a nuestro entender, una reforma de aspectos esenciales. (Rumores). Hoy hay aspectos constitucionales plenamente garantizados como el derecho a la propiedad privada. Vayan ustedes por ahí y atenten contra la propia privada y verán lo que les pasa. Todos los mecanismos legales del Estado van a estar en contra de ese ciudadano que haga un acto de estas características. En cambio, vemos como en la Constitución, por ejemplo, el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda están enunciados pero no están garantizados, en absoluto, al contrario, se encuentran en plena evolución, especialmente desde la mayoría absoluta del Partido Popular. Igual ocurre, por ejemplo, con la jefatura del Estado. Nunca en este país se pudo elegir entre monarquía o república. Además hemos asistido a reformas constitucionales exprés en esta Cámara y en esta legislatura bajo el dictado del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea; muy poca soberanía española en esa decisión. Además el artículo 135, por supuesto, fue modificado para desplegar políticas de recortes y de austeridad. Hemos visto también cómo esta Cámara ha tomado en diversas legislaturas acuerdos de Gobiernos de distinto signo que se han sentado a izquierda y derecha de esta Cámara para rebajar impuestos a las grandes fortunas y capitales y desfiscalizar y empequeñecer al Estado español reduciéndolo a extremos irreconocibles que no garantizan hoy el Estado social al que se refiere el artículo 1.1 de nuestra Constitución, sin hablar por supuesto de la corrupción política en algunos partidos políticos que ha hecho saltar por los aires el precepto constitucional de estar en un Estado de derecho del que también habla nuestra Constitución.

Señores y señoras de UPyD, muy pocos grupos de esta Cámara han denunciado la inconstitucionalidad de estas terribles políticas de recortes y de corrupción; nuestro grupo sí lo ha hecho. El Grupo de La Izquierda Plural defiende el derecho de autodeterminación de siempre, no solo hoy, sino de siempre, incluso antes del debate que hoy existe en la sociedad catalana. Defendemos este derecho como proclama la carta de Naciones Unidas que recoge ese precepto democrático, y como señalan también los pactos internacionales de derechos humanos a los cuales el ordenamiento político español está obligado por haberlos firmado y acatado. (Rumores).

Siempre hemos defendido la necesidad de que haya un Estado social, un Estado republicano, una plena democracia, un Estado federal plurinacional y que haya derecho de autodeterminación y que todos estos conceptos estén presentes en nuestra Constitución. Siempre hemos defendido una reforma constitucional que albergue esos conceptos y modernice nuestra Carta Magna. Es una realidad que hoy más del 80 % de la ciudadanía de Cataluña aboga por el ejercicio del derecho a decidir. El 80 % o el 85 % de la sociedad catalana no es nacionalista. El derecho a decidir no pertenece a los nacionalistas catalanes, vascos o gallegos, pertenece, señora Díez, a los demócratas. El derecho a decidir pertenece a los demócratas y a la democracia, y por eso lo defendemos también los que no somos nacionalistas y los que no somos independentistas, porque creemos en la democracia, y solo el pueblo libremente puede decidir en qué lugar coloca a cada uno y a cada cual. Por tanto, ese es un aspecto importantísimo para nosotros. (Rumores).

Quería decirle también que la solución no es una visión constitucional estrecha, que habla de la coerción como garantía de la unidad. ¿Qué van a hacer, van a enviar al Ejército español para que el pueblo de Cataluña no pueda autodeterminarse?, ¿son capaces, señoras y señores diputados, de responder a esa pregunta? Por supuesto, el Ejército español podría ser enviado apelando a la Constitución, pero sin duda sería una salvajada democrática muy constitucional, pero en definitiva una salvajada. Nosotros abogamos por supuesto por la unión libre; unión, sí, pero unión libre de los distintos pueblos que quieran componer este Estado. Por tanto, resolvamos el tema con diálogo, con acuerdo y sobre todo con democracia, siempre con democracia.

Por todo ello vamos a votar en contra de esta propuesta de Unión Progreso y Democracia. (Aplausos).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.

Señora Díez, usted ha empezado hoy su intervención en el Pleno de la Cámara con una afirmación grave. Decía que el Parlament de Catalunya pretende decidir aspectos que no son de su competencia, y esto no es verdad, señora Díez. El Parlament de Catalunya decide lo que es de su competencia, decide aquello que le piden los ciudadanos de Catalunya tras unas elecciones democráticas y en cumplimiento de los programas electorales que mayoritariamente obtuvieron el respaldo de esa ciudadanía. ¿En concreto que ha decidido el Parlament de Catalunya, que usted dice que no puede decidir? El Parlament de Catalunya el pasado 27 de septiembre aprobó una resolución, apoyada por el 79,3 % de los diputados


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de ese Parlament, en la que se defendía el derecho a decidir y se defendía con el siguiente texto, se decía: es urgente establecer un diálogo con las instituciones del Estado para acordar las condiciones legales, señora Díez, para ejercer el derecho a decidir. ¿Esto no lo puede aprobar el Parlament de Catalunya?, ¿no puede aprobar que quiere abrir un diálogo, con un marco legal, de forma acordada, para realizar una consulta?, ¿esto no lo puede aprobar el Parlament de Catalunya cuando lo pide el 79,3 % de los diputados? Quizá, señora Díez, a ustedes les asusta la democracia. A nosotros, a Convergència i Unió, ni nos asustan las urnas ni nos asusta la democracia. ¿Qué queremos? Queremos hacer precisamente lo que el president Mas ha pedido, y ha pedido diálogo, negociación, respeto a los marcos legales para permitir de forma pactada la celebración de una consulta en Catalunya. Esto no es inconstitucional y esto no se aparta de aquello que la Constitución prevé.

Miquel Roca hace dos semanas en el Parlament de Catalunya -alguna autoridad tiene Miquel Roca para interpretar lo que es la actual Constitución- decía de manera expresa: la consulta es constitucional si existe voluntad política de hacerla constitucional. Es un tema de voluntad política, no de interpretaciones rígidas de un texto e incluso ilustres juristas, como Rubio Llorente, han afirmado que es posible realizar una consulta en un espacio restringido que no sea el conjunto del Estado. Que esto es posible y que es posible que lo autoricen estas Cortes Generales. Jurídicamente es posible y el Parlament de Catalunya ha acordado que quiere trasladar de forma legal y acordada esa petición a estas Cortes Generales. Señora Díez, no venga a intentar minusvalorar con este debate una voluntad muy extendida en Catalunya. Le recordaba ese 79,3 % de diputados que dan su apoyo al derecho a decidir en el Parlament de Catalunya, y hoy mismo ha salido una encuesta en la que se manifestaba que el 80 % de la población de Catalunya está a favor de realizar una consulta, el 80 % de la población de Catalunya.

Usted, señora Díez, representa en Catalunya lo que representa. Hace once meses su formación política se presentó a las elecciones y obtuvo menos de 15.000 votos, el 0,4 % de respaldo en unas elecciones a las que fue a votar el 70 % de la ciudadanía de Catalunya. Eso es democracia, escuchar lo que pide la ciudadanía, y también es democracia plantear las cosas con ese respeto a los marcos legales que desde Convergència i Unió pedimos, que pide el Govern de Catalunya, que pide el president Mas. En consecuencia, pedimos que pueda realizarse una consulta porque así lo pide la inmensa mayoría de la población catalana, que quiere realizar esa consulta. Lo queremos hacer de forma acordada, desde el diálogo y desde el respeto al marco legal, y ustedes ante esa pretensión, señora Díez, presentan una moción en la que intentan que la Constitución reproduzca aquello que la Constitución no reproduce, porque en ningún caso la Constitución niega, señora Díez, la posibilidad de que una parte pueda decidir el autogobierno y el nivel de futuro político que quiere para ese territorio. Lo dijo también de manera muy clara Miquel Roca, así como que los propios estatutos de autonomía de las comunidades históricas, señora Díez, solo pueden reformarse si así lo acuerda la ciudadanía de ese territorio en un referéndum. Ante esa rigidez de la interpretación que usted hoy quiere traer a este Congreso de los Diputados, Convergència i Unió le pide voluntad democrática, que se deje expresar libremente al pueblo de Catalunya en una consulta, que la queremos legal y acordada. Señora Díez, no es necesario aprobar mociones que cierran puertas, sino que más que nunca son necesarias votaciones que abran el diálogo y las puertas de la democracia y del voto de la ciudadanía.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.

Señora Díez, ¿acepta alguna de las enmiendas?

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No, presidente. Como dije en mi intervención, no acepto las enmiendas. He ofrecido a los dos grupos enmendantes una transaccional y ya le diré si hay alguna posibilidad de que salga adelante. En todo caso, pasaré el texto a la Mesa.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muy bien. Cuando llegue la votación veremos si ha sido posible.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS EN LA POLÍTICA SOCIAL. (Número de expediente 173/000114).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción, del Grupo Socialista, sobre las consecuencias de los recortes presupuestarios en la política social.

Tiene la palabra para su defensa la señora Aguilar.


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La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor presidente.

Señorías, después de que la ministra en el debate de la interpelación diera lectura a los mismos documentos que lleva utilizando hace dos años, en el Congreso y en el Senado, y faltara una vez más a la verdad incumpliendo de nuevo el plazo para presentar el plan de inclusión social que llevamos esperando más de un año, hoy el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda a nuestra moción que es una auténtica provocación. Como siempre, lo que buscan es ocultar la verdad, tapar la realidad y buscar culpables cuando son sus políticas y son ustedes los únicos responsables. Pero siento decirles, señorías del Grupo Popular, que no vamos a caer en su provocación porque para nosotros los importantes son las ciudadanas y los ciudadanos, destinatarios de las propuestas que contempla esta moción. Son millones de personas golpeadas cruelmente por la crisis, personas a las que con sus decisiones políticas cargadas de ideología hacen daño demostrando que carecen de sensibilidad social, que no gobiernan para toda la sociedad y que no es una prioridad ni para el Gobierno de España ni para el Grupo Popular la política social. La moción que presenta mi grupo parlamentario tenía la vocación de mostrar y demostrar que desde la política, desde esta Cámara, somos capaces de dar respuestas a quienes más lo necesitan. Pero, señoras y señores del Grupo Popular, ustedes con su enmienda han dado un portazo al diálogo, a la búsqueda de acuerdo y de consenso en este Parlamento; Cámara en la que cada día creen menos y desprecian más desde la práctica de su mayoría absoluta.

Nuestra moción plantea cuestiones esenciales y fundamentales desde el punto de vista social como promover un amplio acuerdo social donde comunidades autónomas, fuerzas políticas, agentes sociales e instituciones trabajemos desde el total respeto competencial para afrontar las causas originarias de la pobreza desde una perspectiva transversal e integral. Planteamos propuestas y medidas urgentes e inmediatas como la creación de un fondo estatal de emergencia para las familias y personas en situación de pobreza y exclusión social -que cada día son más-, y lo planteamos con una dotación suficiente. Nada de esto interesa al Grupo Popular. Presentamos, señorías, un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia con la financiación necesaria. Nuestros niños y niñas en estos momentos tienen problemas de todo tipo, incluso de malnutrición, pero a ustedes tampoco les interesa la infancia de nuestro país, que ya no puede esperar más en la situación de emergencia en la que se encuentra. Y no es que lo diga el Grupo Parlamentario Socialista, sino que el comisario de Derechos Humanos de la Unión Europea ha dicho que están todas las alarmas encendidas en relación con la infancia en España. Pero a ustedes no les gusta escuchar, sino simplemente imponer. Y, cómo no, planteamos en nuestra moción recuperar la Ley de Dependencia. Hay que decir que con las decisiones políticas del Gobierno, con los presupuestos y con los decretos la han dinamitado y la han hecho insostenible desde el punto de vista humano. Hay 150 beneficiarios menos cada día, cada diez minutos se deja de atender a una persona dependiente y cada media hora se despide a un trabajador, pero esto al Grupo Parlamentario Popular tampoco le importa. Así de duros son los datos, pero además también son trágicos. El último año se ha dejado de atender a 15.000 personas, y es que hay otras personas, como Amparo, en el País Valenciano, que se murió antes de que se le hiciera efectiva su prestación. Esta es la realidad, esta es la verdad, la que ustedes no quieren mirar ni quieren conocer, porque no están dispuestos a afrontar, que era lo que le planteamos en la moción, para el diálogo y el acuerdo necesarios. Planteamos un objetivo fundamental: la recuperación del plan concertado, que en tres presupuestos ustedes han reducido el 66 %, servicios sociales básicos, comunitarios, que se prestan desde la cercanía, desde la proximidad, y a los que ustedes no hacen ni caso cuando han incrementado el 200 % las solicitudes de ayudas de emergencia, y cuando han incrementado el 72 % la necesidad de que los servicios sociales comunitarios ayudaran a ciudadanas y a ciudadanos.

Pedimos la retirada del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Señorías del Grupo Popular, este proyecto de ley es un desastre y un disparate, huele a rancio, elevan a los altares a las diputaciones provinciales, rompen el valor de la cercanía y de la proximidad, y esto es la expresión de la ideología cruda, pura y dura de la derecha que nos gobierna. Por último planteamos dos cuestiones fundamentales: recuperar el carácter universal de la sanidad, que ustedes han roto, así lo dice el propio comisario de la Unión Europea, se ha roto la universalidad, y pedíamos lógicamente que de una vez por todas rectificaran y quitaran el pago, el copago y el repago que a tantas personas está afectando negativamente. Para finalizar, aunque no menos importante, planteábamos la necesidad de que se garantice la igualdad de oportunidades y la calidad de la educación pública. Ustedes muestran su desprecio por la huelga general habida en el ámbito de la educación, convocada por todos los sectores; muestran su desprecio en el acuerdo de todos los grupos parlamentarios para derogar la Lomce cuando cambiemos


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de Gobierno, que pronto será; ustedes solo escuchan de manera clara a la Conferencia Episcopal, los demás ni le importan ni le interesan absolutamente nada. Ustedes a lo suyo, con su hoja de ruta ideológica apostólica, reaccionaria, y que además siembra desigualdad social -termino, señor presidente-, y están ustedes cada día abriendo la brecha social más, y los datos lo demuestran: 47.000 ricos más hay en España; 52.900 hogares más en la pobreza. Políticamente esto es una vergüenza, están hundiendo con sus políticas a la mayoría de la sociedad. Desde su mayoría absoluta están instalados en la prepotencia, en la soberbia, y desde luego no quieren ni escuchar ni tan siquiera dialogar, solamente implementar ideología en todas aquellas decisiones que adoptan. Por eso sí que vamos a aceptar las enmiendas de los otros grupos parlamentarios que tienen claramente una voluntad constructiva, y desde el diálogo nosotros las asumimos y las hacemos parte de nuestra moción.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aguilar.

Para la defensa de las enmiendas que han formulado varios grupos, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señora Aguilar, el tono de su intervención nos parece pertinente, incluso moderado, si me permite la expresión. Acabamos de asistir a la entrega de los premios Príncipe de Asturias y aquí una de las siluetas o de los perfiles de esta legislatura consiste en la manipulación del lenguaje, en la desfiguración de las palabras y de los conceptos subyacentes. Se habla de sociedad dual, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Muñoz Molina, cuando recibió su premio, dijo que no es una sociedad dual, que es una manipulación del lenguaje usar esta expresión, es una sociedad obscena donde se permite normativamente y se permite por el diseño de las políticas públicas que los ricos sean cada vez más ricos, y se obliga a los pobres fatalmente a ser cada vez más pobres. Desde esa perspectiva el fundamento filosófico de su moción nos parece pertinente, porque la situación es tan dramática como la que usted glosa en la exposición de motivos.

Hay datos nuevos que pretendidamente, según algunas afirmaciones de algunos portavoces gubernamentales, nos llaman a la esperanza, solo de los portavoces gubernamentales del Estado español. Ningún estamento extranjero avala esta tesis. Seguimos conviviendo con 6.000.000 de desempleados. Cáritas afirma que hay 3.000.000 de pobres en situación de pobreza extrema. Unicef nos advierte de que hay más de 2.000.000 de niños bajo el umbral de la pobreza, algunos con dificultades para la alimentación, buscando fórmulas alambicadas para que puedan comer en el comedor escolar. Es una situación en algunos lugares del Estado español parecida a la de la posguerra civil. Recortes permanentes. Una dramática realidad que afecta cada vez a más familias. Pero esto no lo decimos solo nosotros. Quienes son tan tributarios de las recomendaciones de las instrucciones europeas, del FMI, de la troika, del Ecofin, nos están advirtiendo que el empobrecimiento sistemático de los pensionistas, a través de una legislación de reforma de la Seguridad Social, objetivamente va a provocar recortes o quebrantos en las pensiones de los pensionistas, que el empobrecimiento de los funcionarios mediante reducciones o congelaciones salariales, que la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores dependientes, el 8 %, fuera de convenio o dentro de convenio, me da igual -el señor Montoro ha tenido una gran capacidad de manipulación, también de lenguaje, perfil perverso de esta legislatura-, repito, el 8 % de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores dependientes mediante la descausalización de la negociación colectiva laboral, tras la última reforma laboral, están creando bolsas de pobreza que impiden que se relance el consumo, que estas personas a las que se empobrece objetivamente y en virtud de diseños de políticas gubernamentales puedan consumir, puedan realizar sinergias que reactiven la actividad económica, en definitiva creen pobreza o impidan el crecimiento económico que la economía del Estado español requiere.

Usted ha hecho una serie de propuestas genéricas, pero no por genéricas menos pertinentes. En primer lugar, crear un fondo especial para la protección de las familias y personas en situación de pobreza o situación de dependencia. Nosotros le aceptamos la propuesta en tanto en cuanto usted reconozca que esta es una competencia autonómica, y que un fondo estatal tendría que tener el carácter de complementariedad en todo caso de las competencias o de las comunidades autónomas que están ejerciendo actividades a favor de las familias, políticas familiaristas o de lucha contra la pobreza o la exclusión social. En segundo lugar, adoptar de forma urgente un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia, con la dotación financiera suficiente. Se lo aceptamos en tanto en cuanto acepte la complementariedad de este fondo estatal, porque entonces estamos ante una competencia de carácter exclusivo en materia de asistencia social de la práctica totalidad de las comunidades autónomas.


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Dejar sin efectos las modificaciones. Me agrada que usted también recurra al eufemismo terminológico en ocasiones en relación a la Ley de Dependencia. Cuando usted habla de modificaciones diga la verdad, diga que se ha expoliado la financiación de la parte estatal, la mitad de la financiación de la Ley de Dependencia en los presupuestos que estamos debatiendo en la actualidad, los 613 millones de euros que le corresponde aportar a la Administración General del Estado. Si se mantiene algo relativo a la Ley de Dependencia, de protección vinculada al ámbito subjetivo de la Ley de Dependencia es porque algunas comunidades autónomas siguen aportando el 50 % que les corresponde, en virtud de las previsiones de la ley. Por cierto, ya les advertimos de las dificultades de financiación que iba a sufrir con el paso del tiempo esa ley. Pero en estos presupuestos han desaparecido los 613 millones que corresponden a la aportación de la Administración del Estado para continuar con la aplicación de la Ley de Dependencia, mediante ese sistema de tracto sucesivo con el que año tras año se van calificando nuevos dependientes, cosa que ha dejado de ocurrir desde hace dos años, y va a seguir dejando de ocurrir el año que viene.

Incrementar un plan concertado de servicios sociales destinado a los ayuntamientos o que realicen los ayuntamientos y corporaciones locales. Aquí usted ha hecho una buena vinculación de esta previsión a la Ley de Administración Local, a la ley que regula las corporaciones locales que estamos debatiendo en este momento, que vulnera flagrantemente el principio de autonomía municipal consagrada en la Constitución,...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señor presidente.

... y a las competencias autonómicas y forales, en su caso, en relación con las administraciones locales que están realizando un esfuerzo digno de encomio, buscando los presupuestos donde pueden, porque son las administraciones más próximas al ciudadano.

Sostenibilidad de la Administración local, evidentemente. Derogación del Real Decreto-ley 16/2010, manifiestamente inconstitucional en tanto en cuanto contradice el derecho a la protección de la salud, tal como está concebido en su contenido esencial por el artículo 43 de la Constitución, definido por prolija jurisprudencia constitucional.

Y ya por último, señor presidente, garantizar la igualdad de oportunidades, la equidad y la calidad de la educación pública, otro derecho constitucional de los ciudadanos, de los estudiantes del Estado. Se están vulnerando, y usted lo dice, sensu contrario,...

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría tiene usted que terminar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, señor presidente.

... todos los preceptos que les he indicado más otro, la protección social de la familia que mandata a los poderes públicos del Estado el artículo 32 de la Constitución. Aquí se invoca mucho la constitucionalidad, la patria, el Estado, la nación, pero todos estos preceptos se hacen desde la perspectiva de su unidad o uniformidad. Yo agradecería que alguien analizase qué es la patria y el Estado,...

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, está siendo muy interesante el discurso, pero se ha pasado completamente.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... la nación desde la perspectiva de los derechos económicos y sociales que nunca...

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señora Aguilar, el contenido de su moción, el conjunto de puntos que la componen es compartido por Convergència i Unió (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia), porque muchos de esos mandatos que usted pretende establecer en esta moción son también propuestas que Convergència y Unió ha formulado en diversas ocasiones, tanto en relación con iniciativas del Gobierno -proyectos de ley, reales decretos que no hemos apoyado en esta Cámara, que hemos rechazado, que hemos solicitado su modificación durante la tramitación parlamentaria- como en relación a la puesta en


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marcha de nuevas políticas en el ámbito social o a enmiendas que estamos discutiendo en los Presupuestos Generales del Estado, y que pretenden revertir los recortes que el Gobierno está produciendo en el ámbito de las políticas sociales. Sepa pues de entrada que su texto va a contar con nuestro apoyo.

Eso sí, hemos querido plantear enmiendas -y ahí me gustaría conocer su criterio, porque no hemos tenido ocasión de saberlo- que pretenden dejar muy claras tres cuestiones. En primer lugar, que el núcleo duro de lo que conocemos como asistencia social, tanto en la Constitución como en los estatutos de autonomía, es atribuida como competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Y en la medida en que buena parte de su atención en esta materia se centra en las políticas que responden a ese epígrafe de asistencia social, más allá de la coordinación, de la cooperación y de la colaboración, debe quedar muy claro el pleno respeto a esa competencia exclusiva. Además tiene un valor importante, precisamente en esta crisis, en términos de que el Estado, aprovechando su mayor capacidad de gasto, a través de lo que la doctrina constitucional conoce como el spending power, pretenda en esas materias que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas vaciarlas de contenido a través de la puesta en marcha de programas de ámbito estatal, en un Gobierno que lleva una intensa política de recentralización; y esa defensa de la competencia exclusiva pretende también protegernos de que desde la mayor capacidad de gasto del Estado se vacíen las competencias de las comunidades autónomas. Hemos querido formular la idea, que creo que es compartida también por ustedes, en la medida en que gobiernan en otras comunidades autónomas, de que aquello que está castigando las políticas sociales es el reparto injusto de los objetivos de reducción del déficit público que el Gobierno del Estado está imponiendo en las comunidades autónomas y ayuntamientos, haciendo asumir a autonomías y a entes locales el grueso del ajuste al que España está obligado, con las consecuencias que eso tiene para las políticas en el ámbito de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales, de la vivienda y del transporte público, que son las grandes políticas de los servicios sociales, de la política social, que son gestionadas por las comunidades autónomas.

Este es el sentido de las enmiendas de Convergència i Unió, compartiendo además que hoy la recuperación económica, la mejora de la competitividad de las empresas debe estar al servicio de aquello que empieza a ser ya el principal problema de nuestra sociedad, que es no tan solo el masivo desempleo, sino el aumento de las desigualdades y el aumento de la pobreza. España se está situando en el liderazgo de las desigualdades en el conjunto de la Unión Europea. A menudo nos preguntábamos en qué condiciones saldríamos de esta crisis, y en un momento en el que quizá el horizonte de la salida de la crisis se puede llegar a vislumbrar, sabemos ya que vamos a salir de esta crisis con mayor desigualdad y mayor pobreza, y que por tanto el conjunto de las políticas económicas, junto con la eficiencia económica, la mejora de la competitividad, el crecimiento económico, deben de ser capaces de recuperar la atención política sobre las cuestiones de la desigualdad y de la pobreza, y por tanto el conjunto de instrumentos hoy en manos de las comunidades autónomas en el ámbito de lo social debe ser reforzado.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta.

Es precisamente la defensa del Estado de las autonomías lo que nos permite hoy defender con convicción el Estado del bienestar; sin defensa de las autonomías no hay defensa del Estado del bienestar.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Popular, señora Marcos.

La señora MARCOS DOMÍNGUEZ: Señora presidenta, señorías, hace pocos días escuché una frase que creo que puede sernos útil hoy; la realidad tiene tres caras: la realidad que vemos nosotros, la que ven los de enfrente, y la realidad de los datos. La realidad que ve usted, señora Aguilar, ha quedado sobradamente adjetivada; si me lo permite, ha quedado provocadoramente adjetivada. Pero además en este lado de la bancada tenemos desde siempre cierta querencia por la tercera cara de la realidad, la realidad de los datos. Con su permiso, voy a intentar dar muy pocos, solo tres.

Primer dato. Fue un Gobierno socialista quien pidió en 2011 la aprobación de una reforma de la Constitución para que la estabilidad presupuestaria sea siempre el principio que presida todas las decisiones de gasto público de todas las administraciones públicas. Los señores del PNV y de CiU votaron en contra de aquella reforma, pero, ¿acaso han olvidado ustedes el artículo 135 de la Constitución que


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promovieron? Lleva usted razón, señora Aguilar, cuando dice que sería bueno poder acordar algunas cosas, pero para eso hace falta una mínima base común. Por ejemplo, esa base común podría ser la Constitución, incluido el artículo 135.

Segundo dato. En su interpelación a la ministra Mato, y también hoy, ha esgrimido usted el informe de Cáritas y el informe del comisario europeo de Derechos Humanos. Lo hizo entonces y lo ha hecho ahora para decir que la pobreza y la desigualdad han aumentado en España desde que gobierna el Partido Popular y por culpa de sus políticas. ¿Es eso lo que dicen los informes? El cuadro 1 del informe de Cáritas refleja la evolución de la tasa de pobreza en España desde 2004 a 2012. Se lo he puesto en un gráfico. (Muestra un gráfico). Aumentó entre 2004 y 2011, pero en 2012 ha disminuido ligeramente. ¿Quién gobernaba en España entre 2004 y 2011? (Aplausos). ¿Quién gobernaba en España entre 2004 y 2011, cuando incluso en años de bonanza no disminuía la tasa de pobreza o aumentaba? ¿Quién ha gobernado en 2012? Conviene leer también el informe del comisario europeo que usted ha vuelto a traer hoy a colación. Dice textualmente: El comisario está profundamente preocupado por la creciente tasa de pobreza infantil en España, ya que en 2011 el 30,6 % de los niños corrían riesgo de caer en la pobreza, un incremento del 10 % en comparación con 2008. ¿Periodo 2008-2011, acaso el comisario no se refiere a 2012 o 2013? Pues sí, se refiere a 2012, pero para hablar de Andalucía, donde gobiernan ustedes (La señora Aguilar Rivero hace gestos negativos), y lo hace en términos tan duros que no se lo quiero leer, porque no quiero que tenga que escuchar esta tarde esas palabras. (Aplausos). También habla el comisario de 2013, pero lo hace para elogiar expresamente a la ministra de Sanidad por el Plan de infancia y adolescencia. Una pregunta, ¿por qué han decidido ustedes esgrimir estos informes si su objetivo era criticar al Gobierno y pedir más y más gasto público? Es sorprendente, porque lo que el comisario propone a los Estados es textualmente ajustar y reorganizar su Administración con objeto de mejorar su eficiencia.

Tercer dato. Es innegable que la crisis económica, y sobre todo la mala gestión que se hizo de ella durante los primeros años, ha hecho a muchos españoles más pobres y ha expuesto a miles de familias a situaciones de necesidad. Por eso, tal y como les dijo la ministra, todas nuestras políticas están enfocadas desde el primer minuto a crecer y a crear empleo, porque sabemos que esa es la mejor manera de luchar contra la pobreza y contra la exclusión social. Para lograrlo, primero, habría que frenar la caída, después, habría que salir de la recesión, y las dos cosas se han conseguido, según acaban de anunciar el Banco de España y la encuesta de población activa. Los datos de crecimiento y de empleo constatan que la remontada es posible, que podemos salir y que estamos empezando a salir de la crisis. El siguiente paso -y es verdad que es el que falta- es crecer y crear empleo. Una pregunta obvia podría ser si la única política que ofrece este Gobierno para afrontar el problema de la pobreza y la exclusión creadas por la crisis es esperar a que haya crecimiento y creación de empleo. La respuesta, no solo obvia, sino que todos ustedes conocen muy bien, es que no. Por ejemplo, saben que el presupuesto destinado a gasto social para el año 2014 crecerá un 4,4 %; también saben todo lo que se ha hecho para lograr un sistema de dependencia sostenible y acordado con las comunidades autónomas, y conocen el Plan de infancia y adolescencia, que está dotado de presupuesto, así como las reformas legales en marcha para mejorar la protección a la infancia, y saben del compromiso para aprobar un nuevo plan integral de apoyo a la familia. Además la ministra anunció en esta tribuna la próxima aprobación de un nuevo plan de inclusión social para luchar contra la pobreza, y en especial contra la pobreza infantil, porque para este Gobierno la familia y la infancia son la prioridad. Todas estas son medidas concretas contra la pobreza y exclusión social. Ustedes podrían apoyarlas, y para eso haría falta que respaldaran la enmienda a su moción que les hemos ofrecido. Pero también pueden seguir pidiendo más y más gasto público, pese a saber -porque lo saben- que fue precisamente el incremento descontrolado del gasto lo que nos hundió en la grave recesión de la que ahora estamos empezando a salir. Es su decisión y es su responsabilidad.

Muchas gracias, señora presidenta, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Marcos.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Gracias, señor presidente.

Hoy el dinero recaudado de los impuestos se destina prioritariamente al pago de la deuda, que a pesar de ello no para de crecer. Se destina sobre todo a salvar a la banca por esa reforma que consagró el artículo 135 de la Constitución. Se destina a salvar bancos, y embargando sine die las políticas de igualdad, embargando la atención a la dependencia, las becas, la inversión pública en enseñanza, la sanidad


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pública o las políticas sociales del día a día que desarrollan todos los ayuntamientos. Las políticas de igualdad son hoy más necesarias que nunca, pero hoy por hoy padecemos un Gobierno que considera las políticas sociales un lastre, y como tal las gestiona.

Sus decisiones impuestas real decreto tras real decreto están generando pobreza, hambre; hambre como hacía años que no se veía. Ese hambre, esa pobreza que ustedes están fabricando debería pesar sobre algunos de ustedes, sobre alguna de sus conciencias, sobre el que la tenga. Cuando decimos que la crisis es una estafa nos referimos también a esto, a su utilización como excusa para profundizar en un modelo de capitalismo neoliberal que hace que ahora mismo en Europa esté basándose en el Tratado europeo de Lisboa o el llamado Pacto fiscal de las elites y el mecanismo europeo de estabilidad, que nos somete a todos a procesos de deterioro social, de desigualdad. Y yo creo que hay que decirle a la gente que esta crisis no es más que una estafa para cambiar el modelo de Estado, desarticulando las pobres políticas sociales construidas. Hay que decirle a la gente que sí hay otras opciones, que sí hay soluciones a la salida de la crisis, y que justamente no pasan por desmantelar el Estado del bienestar y convertirlo en un negocio de las multinacionales. Que para que cualquier mejora económica repercuta en la vida de la gente es necesario invertir en políticas sociales. Que los llamados sacrificios ocultan un cambio de modelo: que los sacrificios de la mayoría enriquecen a la minoría. Sí, señorías, definitivamente tienen o deberían tener un problema de conciencias. Por tanto anunciamos desde Compromís Equo nuestro voto favorable a la iniciativa que ha presentado la señora Aguilar.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.

Señorías, la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a esta moción del Grupo Parlamentario Socialista deja claro lo que se entiende efectivamente por constitucional, y deja claro que esta Constitución que el Grupo Parlamentario Popular aplica y defiende de una manera férrea e infranqueable, para tratar de mantener un sistema que hace aguas por todos los lados, la aplica sin embargo con una flexibilidad absolutamente incomprensible cuando se trata justamente de mantener derechos constitucionales como el de la igualdad de oportunidades. Efectivamente, no solo la enmienda del Grupo Popular sino la intervención de la portavoz de dicho grupo han dejado claro que quieren continuar con las reformas y las reformas van en la misma dirección, van en la dirección en que han venido hasta este momento, es decir en la del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria a rajatabla y, por tanto, del deterioro de los servicios sociales cada vez más también a rajatabla. Las políticas y las reformas que viene aplicando el Partido Popular desde que tomó posesión el actual Gobierno son precisamente eso, férreas e infranqueables, igual que su postura ante la modificación de la Constitución.

Se ha hablado en el punto anterior por parte de determinados grupos de golpes de Estado y nosotros consideramos que el verdadero golpe de Estado es el que se está produciendo, precisamente a raíz de las políticas de este Gobierno, a los derechos constitucionales, a los servicios sociales; un golpe de Estado que está azotando a la mayoría de la ciudadanía del Estado español, en unos territorios incluso más que en otros, con un paro -a pesar de esas reformas que dicen que van encaminadas a proporcionar empleo y crecimiento en el empleo- absolutamente galopante y con una pobreza directamente proporcional también a ese paro y a la aplicación de esas políticas.

Nosotros vamos a apoyar la moción del Grupo Socialista porque estamos de acuerdo con el fondo de lo que proponen. Claro que aprobar esta moción produciría en este momento una auténtica revolución si tenemos en cuenta cómo están los servicios sociales en este Estado español. Aun así, nos ha agradado oír a la portavoz del Grupo Socialista decir...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez...

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino, señora presidenta.

... que aceptan las enmiendas presentadas por CiU y por el Partido Nacionalista Vasco, porque nosotros íbamos a incidir también en que la mayoría de las cuestiones que se proponen son competencias exclusivas de las comunidades autónomas y, como tales, tienen que seguir gestionándolas.

Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.

Por Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.

Señores del Grupo Socialista, señora Aguilar, estamos de acuerdo con la propuesta que nos traen hoy aquí. Donde podríamos entrar en desacuerdo es en el análisis de cuáles han sido las causas que nos han traído hasta esta situación y, como ya hemos comprobado en las votaciones, estaríamos en desacuerdo en cómo creemos nosotros que se podría solucionar la que desde luego es una dramática situación que están viviendo las personas con más problemas y más desfavorecidas de la sociedad española.

Hemos visto ya un poco lo habitual, echarse las culpas los unos a los otros, pero, según nuestro análisis, tanto ustedes, señores del Partido Socialista, como ustedes, señores del Partido Popular, son responsables de las principales razones que nos han traído a la situación actual. Me voy a dedicar sobre todo a explicar cuáles son para nosotros las causas, cuáles son las soluciones y también algo muy importante, que es de dónde sacaríamos los recursos para hacer que la situación se revierta, porque es evidente que sin asignar o reasignar unos recursos no podríamos solucionar nada de lo que se plantea en la propuesta que traen ustedes hoy aquí.

En primer lugar, y en eso me siento también en contra de lo que se ha dicho, el señor Campuzano lo decía, hablaba de que el Estado autonómico es el garante de los derechos sociales o del Estado del bienestar, yo no veo que tenga nada que ver una cosa con la otra. Puede haber un ordenamiento -que no es el que yo defiendo- distinto de cómo manejar las cosas y que también puede garantizar los derechos; no es simplemente este. Nosotros estamos, además, por un modelo federal igualitario, el mismo para todas las comunidades, y eso entronca con una de las razones fundamentales que nosotros pensamos que nos ha traído hasta aquí. Nosotros creemos que es necesaria e inaplazable una reforma de la Constitución para cambiar el modelo territorial actual. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que hay que avanzar hacia un Estado federal -cuidado, señores socialistas- simétrico en el que todas las comunidades autónomas tengan las mismas competencias, la misma capacidad legislativa, el mismo sistema de financiación basado en la corresponsabilidad fiscal, quedando además nítidamente detalladas cuáles son las competencias de cada uno de los tres niveles administrativos del Estado, porque nosotros creemos que el actual sistema es insostenible; es insostenible desde el lado financiero pero también es insostenible desde el lado de la igualdad, la equidad y la cohesión social. Es necesaria esta reforma constitucional, así lo creemos nosotros. No voy a hablar en esta intervención de cuáles son los análisis que hacen instituciones, ya lo hemos hecho muchas veces -la semana pasada mismo yo lo hice aquí-, sobre cuál es la dramática situación que se vive en este país, repito, voy a detenerme en qué creemos nosotros que hay que mejorar.

Nosotros también creemos que es necesaria la promulgación de una ley estatal de garantía de derechos de servicios sociales, de garantía de derecho universal, de calidad, que corrija la inequidad en el acceso y el disfrute del derecho a los servicios sociales en todo el territorio español. Creemos que en esa reforma de la Constitución a la que hacía mención antes sería preciso incluir el reconocimiento del derecho a los servicios sociales, equiparándolo a algo tan importante como el derecho a la educación, a la sanidad y a las prestaciones de la Seguridad Social, junto con desempleo y pensiones, porque esos son los cuatro pilares que conforman el Estado del bienestar.

Respecto a otro pilar importante del que se hace mención en la propuesta que nos trae usted aquí, señora Aguilar, Ley de autonomía personal y atención a la dependencia, la semana pasada también lo decíamos aquí. Tras siete años de su entrada en vigor, para todos es evidente -al menos para nosotros lo es- que la decisión de delegar en los Gobiernos autonómicos las competencias ha provocado muchísimos problemas. Repito, nosotros creemos que debe haber una herramienta que permita al Estado garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, eso para nosotros es esencial, y en la Ley de Dependencia, aparte de no haber sido acompañada presupuestariamente como es debido o no haber dejado claro cuál era el tema competencial, se ha caído en los problemas que estamos viviendo ahora.

Como me queda poco tiempo, me gustaría decir una última cosa. ¿De dónde se podrían sacar los recursos? Y ahora que viene la época de los presupuestos esto es lo realmente importante y lo que nos retrata a nosotros. Ustedes hablaban del gasto, ustedes también se retratan en él y volverán a hacerlo, señores del Grupo Popular. Vamos a poner dos ejemplos. ¿De dónde los sacaríamos nosotros? Porque es evidente, repito, que deben salir de algún lado. Pues miren, por ejemplo, grosso modo, 6.300 millones de ahorro al eliminar ciertas infraestructuras que salen en estos presupuestos: en lo que se gastan en


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rescate y subvención a los peajes, en el mailing electoral, en la cobertura informativa realizada por otras empresas no asociadas a Televisión Española, en las subvenciones a fundaciones de partidos políticos, a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como en la desaparición de las diputaciones: 6.300 millones de euros en ahorro. ¿A qué los dedicaríamos? Pues a todo eso de lo que estamos hablando hoy. Y serían más recursos, señorías, si incidiéramos además en los ingresos, porque luchando contra el fraude fiscal, haciendo que las haciendas vasca y navarra, señor Olabarría, aporten lo que de verdad les toca, equiparando rentas de capital y trabajo o introduciendo...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Acabo, señora presidenta.

... un impuesto de transacciones financieras, estaríamos hablando de que ingresaríamos 30.000 millones de euros más. ¿Qué podríamos hacer con todo ese dinero, señorías? Liberando todos esos recursos, la situación de los más desfavorecidos sería completamente distinta. Es una lástima que no haya voluntad, que repitamos aquí semana tras semana el mismo discurso y que en los próximos presupuestos ni ustedes ni ustedes (Se dirige al Grupo Parlamentario Socialista y al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) apoyen este tipo de reducción de gasto o este tipo de propuestas para tener más recursos y dejemos de hablar de este tema.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.

Por La Izquierda Plural, señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, cuando se intenta hacer lecturas sesgadas de cualquier documento, sea de Cáritas, sea de Intermón Oxfam o sea el documento que ha emitido el comisario europeo de Derechos Humanos, es como decía mi madre, que como mayor era sabia: se dicen verdades a medias y, por lo tanto, grandes mentiras. A veces desde este estrado tenemos que oír, en esa lectura sesgada de los documentos, grandes mentiras. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Señorías, además hay otro punto que aquí no se ha mencionado por parte de ningún interviniente y es el punto de vista de la ciudadanía. ¿Qué piensa la ciudadanía en este momento en la situación que se vive en nuestro país? Señorías, es lamentable e incluso me atrevería a decir que indignante que cuando entablamos un debate sobre una situación tan real y tan conocida por todas las señorías que estamos aquí, como es la situación de desamparo y pobreza en la que se encuentran cada vez más personas y familias en nuestro país, acudamos al ya devaluado y tú más. La ministra, ante la falta de respuesta política, se acoge a ello como si fuera un salvavidas y así pudiera salvarse del tsunami de la exclusión y la pobreza que invade nuestro país.

Señorías, son las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años, consagradas en el artículo 135 de la Constitución, lo que ha provocado la actual situación. Poner el pago de la deuda y de los intereses por encima de las necesidades y de los derechos de las personas es simplemente a nuestro entender una felonía hacia los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Han sido y son estas políticas las que han desmantelado aquellas normas que en su momento generaron una gran expectación, véase por ejemplo la conocida como Ley de Dependencia, y que han sumido en la depresión y la desesperanza a un buen número de familias y de personas. Son esas políticas llevadas hasta las últimas consecuencias a través de un modelo ultraliberal más cercano al Tea Party las que están rompiendo y desmantelando el escaso Estado del bienestar que se había conseguido tanto en sanidad como en educación o servicios sociales.

Los presupuestos para 2014, esos presupuestos que primero se calificaron como de la recuperación y que después se han dejado en los que el país necesita, una vez más, son realmente, señorías, los presupuestos que generalizan la exclusión, les guste a ustedes o no, porque, señorías, estos presupuestos, lejos de considerar las recomendaciones que el comisario de Derechos Humanos de la Unión Europea realiza tras la visita a nuestro país y que tanto la portavoz del Grupo Socialista como la propia ministra utilizaron en el debate de la interpelación como arma arrojadiza, siguen con la tendencia recortadora.

Señorías, mi grupo ya adelanta que vamos a votar favorablemente la moción que el Grupo Socialista nos presenta. Nos hubiera gustado, señorías del Grupo Socialista, puesto que ustedes ya tienen experiencia de Gobierno, que algunas de sus propuestas tuvieran más concreción. Lo digo porque ¿qué


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consideran ustedes como dotación suficiente o financiación adecuada? Son dos temas los que ustedes mencionan, el fondo estatal de emergencias o el plan de lucha contra la pobreza infantil, importantísimos a nuestro entender y que compartimos. ¿Qué consideran? ¿Consideran ustedes que sería volver a los presupuestos de cuando ustedes gobernaban? No sería lógico, ya que, como ustedes mismos reconocen, la situación ha cambiado, las desigualdades se han acentuado y las necesidades son mayores. Por otro lado, salvo que se derogara el artículo 135 -espero que en la próxima legislatura, al igual que con la Lomce, estemos en condiciones de hacerlo-, tendríamos verdaderos problemas para conseguir esa dotación suficiente o financiación necesaria.

Estamos, señorías, totalmente de acuerdo en que las modificaciones, recortes y otras ocurrencias del Gobierno central y de las comunidades autónomas gobernadas mayoritariamente por el Partido Popular están acabando como ya mencionaba anteriormente con la ley conocida vulgarmente de nuevo como Ley de Dependencia. Precisamente el comisario europeo en una lectura real recomienda de forma encarecida que los recortes no afecten a las personas con discapacidad, acogiéndose a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas que España ratificó en 2007, y dice que se está acabando precisamente con ello. Por eso la lectura sesgada. Leamos bien y no solamente aquello que nos interesa, señorías.

Como todas y todos ustedes saben, mi grupo ha presentado numerosas iniciativas en contra de las medidas y los recortes tomados en el campo sanitario. Presentamos enmienda a la totalidad en educación y firmamos con el resto de los grupos de la oposición el compromiso para derogar la Lomce. Lo mismo podemos decir en cuanto al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que ustedes van a pasar por aquí, señorías del Grupo Popular, como si no fuera nada importante y sin embargo es el verdadero desmantelamiento del municipalismo. Ustedes acaban con los ayuntamientos en este país.

El informe del comisario europeo es de este año, por tanto ni valen excusas ni miradas retrospectivas, solo caben soluciones y estas han de llevarse a cabo con carácter de urgencia, porque el tsunami de la brecha social sigue acrecentándose día a día, y, les guste o no, señorías del Partido Popular, ustedes llevan gobernando dos años. Tienen mucho interés en acabar con determinadas cuestiones, pero llevan dos años sin hacer absolutamente nada. ¿Les queda claro? Absolutamente nada, y la ciudadanía está ahí fuera y sigue esperando. A ver si alguna vez ustedes toman una decisión que palie o, mejor dicho, que acabe con sus problemas.

Por todo ello, como ya les he dicho, nuestro voto va a ser favorable. Lo que esperamos y deseamos de ustedes, señorías del Grupo Socialista, es un compromiso para derogar el ya mencionado artículo de la Constitución que lastra las políticas en las comunidades autónomas y en el propio Estado. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.

Aunque ya lo ha dicho durante su intervención, pero a efectos oficiales le pregunto a la señora Aguilar qué enmiendas acepta o rechaza.

La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor presidente.

He expresado desde la tribuna en mi intervención que íbamos a aceptar la enmienda de Convergència i Unió y la enmienda del Partido Nacionalista Vasco. No podemos aceptar la enmienda del Grupo Popular porque es una enmienda de sustitución completa a nuestra moción.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aguilar.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA RECTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN ADOPTADA POR EL GOBIERNO DE ESTABLECER EL COPAGO EN LA MEDICACIÓN HOSPITALARIA. (Número de expediente 173/000115).

El señor PRESIDENTE: Debatimos ya la última moción, del Grupo Catalán de Convergència i Unió, sobre la rectificación de la decisión adoptada por el Gobierno de establecer el copago en la medicación hospitalaria. Para su defensa tiene la palabra la señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro grupo ha presentado esta moción, consecuencia de la interpelación urgente que hicimos a la ministra hace dos miércoles, sobre la decisión que tomó el ministerio, o sea el Gobierno, de establecer el copago en la medicación ambulatoria que se dispensa en los servicios de farmacia, es decir


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en los hospitales. Vuelvo a repetir aquí -lo dije el día de la interpelación- que no se nos acuse de querer alarmar a la gente respecto a que se les van a cobrar los medicamentos que se les prescriben en el hospital. Sabemos, lo he dicho, que se refiere a los medicamentos que se les suministran en las oficinas de farmacia, porque, aunque son de prescripción hospitalaria, se les proporcionan en las oficinas de farmacia para que se los tomen estos pacientes en sus casas.

Nosotros no hemos estado de acuerdo en ningún momento con la implantación de esta medida, porque daba pie y abría las puertas a que se cobrara esta medicación hospitalaria. Por eso, una vez más, traemos aquí a votar y ratificar que se derogue esta medida tomada por el Gobierno. Digo una vez más porque hace pocos meses, en el mes de julio, se aprobó una modificación de la Ley del Medicamento. Convergència i Unió presentó unas enmiendas pidiendo esto mismo que solicitamos hoy en esta moción, con la única diferencia de que en las enmiendas no incluíamos lo de la resolución, porque la resolución es nueva, de este mes de septiembre, pero ya pedíamos que se derogara la disposición adicional que apareció en el Real Decreto-ley 28/2012. Quiero recordar que este decreto-ley no era de medidas sanitarias, sino de medidas de la Seguridad Social, y allí, de tapadillo, en esa disposición adicional, se recogió que se igualaba la receta médica a la orden de dispensación que se daba en las oficinas de farmacia y que quedaba abierto este pago. En esta resolución que se produjo el día 10 de septiembre es donde se ponen los topes o cantidades que se pueden cobrar: un 10 % de estos medicamentos, con un tope de 4,20 euros. Decía la ministra que esa cantidad es pequeña, pero para nosotros es una cantidad que no debería cobrarse. Es una cantidad importante, porque no son esos 4,20; son esos 4,20 si solo se llevan un medicamento o una caja, porque son por envase. Ya explicaba también en la interpelación que en muchas de las patologías que requieren esos medicamentos a los que ahora se les aplica este copago los pacientes necesitan más de un envase al mes; además, tienen que desplazarse desde sus poblaciones hasta el hospital para que se lo den y encima lo tienen que pagar. Por otro lado, esta medicación se añade al resto que se les da con receta médica y que ya están comprando en las oficinas de farmacia. Por tanto, es un añadido.

Esta moción tiene un segundo punto que quiero explicar, pues creo que es muy importante. Pedimos que se establezca un tope máximo en la aportación por parte del usuario a la prestación farmacéutica ambulatoria, en las recetas de medicamentos que se compran en la oficina de farmacia, similar a lo que se hace con los pensionistas, que es por tramo, para las personas que tienen enfermedades graves y crónicas, porque algunas de estas personas, señorías, están polimedicadas y tienen necesidad de comprar toda una serie de medicamentos. Como están en activo, se les aplica el 40, el 50 o el 60 %, según las rentas, y esta medicación para enfermedades graves y crónicas que tienen que tomar a lo largo de toda su vida representa en algún caso hasta 40 y 50 euros mensuales. Pedimos que aquí se establezca un tope máximo y, aunque me temo que ustedes no van a aprobar esta moción y no van a derogar lo relativo al hospital, les agradecería que por lo menos apoyaran y refrendaran este segundo punto del tope máximo -sería muy justo- para que fuera eso, un tope máximo, les dieran donde les dieran la medicación.

Quede entendido que este tope máximo lo piden las personas afectadas por enfermedades raras, por enfermedades crónicas y por enfermedades importantes que necesitan mucha medicación, personas que hoy en día se quejan de que muchas veces, debido precisamente a su enfermedad, tienen unos sueldos bajos, a veces tienen que ayudar al resto de su familia y no pueden comprar esos medicamentos vitales para ellos. Ese tope que se estableció para los pensionistas de 8 a 18 euros, según las rentas, nos parece bien y pedimos que se haga algo parecido con las personas que tienen estas enfermedades graves y que continúan en activo, que, vuelvo a repetir, están pagando el 50 o el 60 % de esos medicamentos. Eso sí que sería justicia social, eso sí que sería tomar verdaderas medidas para ayudar a la gente con estas enfermedades y no gravarles, penalizarles, aumentarles la carga de que, aparte de tener esa enfermedad, tengan que pagar toda su vida. No es lo mismo una persona que puede tener un día determinado una fase aguda de una enfermedad y que tenga que aportar un tanto por ciento de esos medicamentos que la persona que lo tenga que hacer a lo largo de su vida.

Ya sé que el representante del Grupo Popular me dirá que los enfermos crónicos ya pagan un coste reducido de esos medicamentos, pero aquí le tengo que decir que no todos los enfermos crónicos. Algunos medicamentos para enfermedades crónicas sí lo tienen, pero no en todas las enfermedades, sobre todo las nuevas que van saliendo ahora, para cuyo tratamiento no tienen ese reconocimiento de crónicos, por lo cual no se les aplican esos 4,20 euros, y algunos de esos medicamentos -les podría dar una lista si tuviera más tiempo, ya los cité en la interpelación- vienen a costar una media de 60 euros mensuales que dejan estas familias necesitadas en las oficinas de farmacia, si es que se pueden mantener en activo,


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hasta que pasen a ser pensionistas, y entonces sí se les aplica el tope de los 8 a 18 euros, pero mientras están en activo, además de sus dificultades, tienen este problema añadido.

Señorías, y me dirijo sobre todo al Grupo Parlamentario Popular, me gustaría que pudieran apoyar esta moción. No vayan a hacer como otras veces ha pasado, que no apoyan esta moción, pero luego tampoco lo ponen en práctica las medidas que han adoptado, porque veo muy difícil que estas medidas, con la oposición que tienen en sus propias comunidades autónomas y entre la misma gente del Partido Popular, realmente puedan llevarse a cabo.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra para presentar la enmienda a esta moción el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy votaremos una iniciativa que nos parece oportuna y que ya hemos votado en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, pero no deja de ser esta una votación absurda. Vamos a votar algo que no existe y vamos a pedir que se retire algo que no existe, porque, como dice la señora ministra, no existe realmente el copago farmacéutico hospitalario, no en el sentido en que ella lo dice, no en el sentido de que no exista el copago, porque ese es el planteamiento de la ministra, igual que no existe que el Real Decreto 16/2012 o no existe la exclusión de los inmigrantes en la atención primaria. No, lo que no existe es la aplicación del decreto, porque la señora ministra ha logrado convencer a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas y decidieron no aplicarlo. Por tanto, es un decreto que no existe en la práctica. Pedimos que se derogue para reponer la relación entre legalidad y realidad, pero el decreto no se ha aplicado porque tiene al rechazo de las comunidades autónomas, incluidas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

¿Qué ha puesto en evidencia este decreto? Este decreto ha puesto en evidencia la falsedad de los argumentos de ahorro del Partido Popular, aquello de la sostenibilidad del sistema sanitario, porque este decreto, aplicado en el ámbito de la farmacia hospitalaria, no significa ningún ahorro relevante en el gasto del sistema sanitario. Pone en evidencia igualmente una voluntad del Partido Popular que no se había visto de forma tan clara en el resto de las medidas sanitarias, pone en evidencia realmente una voluntad política y un interés espurio del Partido Popular en relación con la política sanitaria.

Coincide esta voluntad política y este interés espurio con lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. En los últimos días hemos visto cómo los argumentos de ahorro han caído por los suelos. Quienes decían que con la privatización de la gestión de los hospitales de la Comunidad de Madrid iban ahorrar 130 millones de euros se permiten ahora rebajar impuestos por 350 millones de euros. Luego no era un problema de déficit o un problema de ahorro. No, señorías, el problema es un problema ideológico, es un problema político y un problema de interés espurio. (Aplausos). Es un problema ideológico y político porque se pretende la privatización, la mercantilización de la sanidad, y es un problema espurio porque hay intereses inconfesables en esa privatización. Por tanto, la cuestión no es en estos momentos si se retira o no se retira el decreto, porque llegaríamos al absurdo ya que en definitiva está retirado por las propias comunidades autónomas. La cuestión es preguntarse por qué se empecina el Gobierno en mantener un decreto que no se aplica. ¿Por qué? Se empecina el Gobierno en mantener un decreto de mercantilización de la farmacia hospitalaria porque el Gobierno tiene la voluntad de introducir la mercantilización hasta el tuétano del sistema sanitario y del sistema hospitalario. Es por eso, porque, si no, el Gobierno no tendría problema en retirarlo, ya que el decreto no es de aplicación.

Señorías, por esa razón vamos a votar favorablemente la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y por esa razón hemos formulado una enmienda de adición que pretende que el Gobierno nos presente una evaluación del decreto originario, el decreto que es la madre de todas las batallas, el Real Decreto 16/2012, del cual no sabemos nada ni siquiera por ley. Y la Ley de Salud Pública dice que estos decretos necesitan una evaluación de impacto en salud. Nosotros tenemos nuestra opinión de cuál ha sido el impacto en salud: esperanza de vida, sobremortalidad; tenemos nuestra opinión y nuestros datos, pero nos gustaría que el Gobierno hiciese esa evaluación a la que le mandata la ley. Pero incumple la ley, como incumple también el decreto porque, en definitiva, es inaplicable hoy mismo en los


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hospitales españoles porque, entre otras cosas, no hay caja en los hospitales españoles; señorías del Gobierno, no hay caja, hay devengo. Por lo tanto, ¿a qué viene esta medida, que únicamente tiene objetivos políticos, como he dicho antes, espurios?

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

En turno de fijación de posiciones, empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Esta mañana, en el trayecto de tren entre mi pueblo, Sueca, y Valencia, me han contado una historia que me ha llegado al corazón. Rosa a los nueve años entró a servir en una casa y se ha pasado toda su vida sirviendo y trabajando de limpiadora. Vive con una pensión escasa, con la que también ayuda a algún hijo. Va tres veces a la semana a diálisis, y necesita medicarse, mucho. Está indignada, me ha dicho: estoy pagando por estar enferma. Porque de eso se trata, el Partido Popular ha instaurado un impuesto indirecto a la enfermedad, un impuesto indirecto a la vejez, engañando a los ciudadanos, porque ganaron las elecciones mintiendo. Palabras de una ministra: Los ciudadanos ya pagan la sanidad con sus impuestos. ¿Y qué hacen? Justo lo contrario de lo que dijeron. Están pura y llanamente privatizando la sanidad, aprovechándose de los que menos tienen. Primero fue el repago farmacéutico, injusto y desproporcionado; sacar 425 medicamentos de uso cotidiano del listado de medicamentos financiados, fármacos de consumo habitual, como antigripales o antiinflamatorios, usados especialmente por la tercera edad. La última triste idea del ministerio contra la gente es que los enfermos con dolencias graves tendrán que pagar el 10 % de sus medicamentos. Son los medicamentos más utilizados para la metástasis del cáncer de mama, de riñón, tumores cerebrales, de pulmón, leucemia, de próstata, linfoma, hepatitis; en fin, enfermedades gravísimas. No olvidemos el repago de 5 euros por el trayecto en las ambulancias y también desde el año pasado hay que pagar un porcentaje por las prótesis, las sillas de ruedas o las muletas.

Acabo. Rosa está indignada, pero no resignada, y me ha pedido que les haga llegar dos mensajes muy cortos. El primero, que si por un momento llegaran a meterse en su piel, jubilada y enferma crónica, comprenderían el sufrimiento que están generando, y el segundo, que luchará con todas las fuerzas que le quedan para que Gobiernos injustos y crueles como este jamás vuelvan a gobernar. Por eso, por Rosa y por todas las Rosas, Compromís-Equo votará a favor de esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Señorías, llueve sobre mojado y el Bloque Nacionalista Galego anticipa ya que va a apoyar esta nueva propuesta de Convergència i Unió. La va a apoyar porque, como hemos dicho en la moción anterior, las políticas sociales y los derechos de los que tanto habla el Partido Popular siguen sin respetarse en cuestiones como las que trata esta moción. Las personas con enfermedades crónicas que recogen los medicamentos en las oficinas de farmacia ya tienen que pagar por esos medicamentos crónicos el 10 % de su precio, con un máximo de 4,20 euros por caja. Cierto es que estas personas son crónicas, discapacitadas y en muchas ocasiones con pocos ingresos. El hecho de que a la cronicidad se asocie la pluripatología o polimedicación hace que esos 4,20 euros haya que multiplicarlos por varios cada mes. Ahora, desde la resolución de 10 de septiembre de 2013, el ministerio decidió aplicar este repago, otra vez, también a los pacientes que recogen los medicamentos por ahora gratuitamente en la farmacia hospitalaria. La dispensación de medicamentos en farmacia hospitalaria se debe al carácter del propio fármaco, por ser de un precio muy elevado o precisamente para un mayor control del medicamento debido a los riesgos para la salud de los propios pacientes por posibles efectos secundarios. Si había alguna duda, y así fue argumentado por el Partido Popular, en relación con el sobreconsumo de los medicamentos ambulatorios, los que se dispensan en el hospital son prescritos por los médicos, igual que los otros, y supervisados por los farmacéuticos de los hospitales. Los pacientes realmente no pintan nada en la decisión de su consumo, pero parece que el Partido Popular, una vez más, quiere hacerlos responsables y culpables de su enfermedad. El Partido Popular optó con esa resolución del mes de diciembre -tal y


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como ha dicho la portavoz de Convergència i Unió, de tapadillo- por penalizar a los enfermos. En lugar de buscar la financiación entre toda la población en función de los ingresos de cada uno, el Partido Popular hace lo contrario, penaliza a aquellos que necesitan ayuda, a los enfermos más graves.

Termino, presidente. En este momento no existen datos, porque la medida aún no ha empezado a aplicarse, de que haya población que tenga que dejar de recoger esos medicamentos en la farmacia hospitalaria, pacientes con enfermedades gravísimas, pero es muy previsible que eso suceda. Ya es conocido que sucede en pacientes crónicos que dejaron de recoger medicamentos en las oficinas de farmacia por la imposibilidad de pagarlos. Por tanto, estamos en contra de esa resolución y apoyaremos la moción de Convèrgencia i Unió.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señorías, este no es un tema nuevo. La pasada semana debatimos en Comisión una proposición no de ley presentada por este grupo y, por lo tanto, me reiteraré en los argumentos.

Decía que el Gobierno de España ha introducido un nuevo copago hospitalario por el cual un gran número de medicamentos para el tratamiento de enfermedades graves o crónicas en pacientes no hospitalizados pasarán a estar sujetos a copago. De ello hemos estado hablando hasta ahora. En la lista de fármacos sujetos a copago se encuentran tratamientos contra distintos cánceres, diferentes tipos de leucemias y linfomas, antivirales y otros fármacos para tratar distintas patologías, como ya he señalado, graves y crónicas. A efectos prácticos, el Ministerio de Sanidad, desde su neoliberalismo extremo y embozado en el disfraz del eufemismo -es un sarcasmo llamarle copago-, ha decidido instituir un nuevo impuesto sobre la enfermedad a las personas que desgraciadamente padecen las patologías más graves. Preso de sus propios errores, se ha visto apremiado a aprobar esta medida que comprometió en su plan de reforma presentado ante las autoridades europeas en 2012 -por cierto, sin estudio técnico alguno-, tras la última visita de los inspectores europeos y del Banco Mundial y su exigencia de puesta en marcha. Resulta ridículo que se dé un plazo diez días a las autoridades sanitarias para su implementación. Como ustedes comprenderán, fue materialmente imposible. Además, lo hizo sin informar a los consejeros de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Sanidad y, por supuesto, sin dar la más mínima explicación a esta Cámara. Esto tiene su aquel teniendo en cuenta que la ministra compareció ante esta Comisión, ante la Comisión de Sanidad, la víspera de su publicación en el BOE. Así, y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, el Ministerio de Sanidad y la ministra Mato han decidido cargar contra el eslabón más débil de la cadena, las personas enfermas. Tengan en cuenta que es de tal envergadura la chapuza que hasta las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se han negado a implantar esta medida por injusta e ineficaz.

Es manifiesta además la ilegalidad de la medida por distintas razones. Está dictada por una dirección que carece de la legitimación legal y funcional para hacerlo. Quiebra el principio de equidad, puesto que, dependiendo del medicamento prescrito por los profesionales para una misma patología, puede estar sujeto a copago o no. Puede llegar a provocar enriquecimientos injustos en las administraciones sanitarias puesto que el cálculo de la aportación del usuario se realiza sobre el precio de venta al público, cuando todo el mundo sabe que el precio pagado por la Administración por los medicamentos que se dispensan en los hospitales es considerablemente inferior a este, al obtener importantes economías de escala a través de los procedimientos públicos de licitación convocados para su compra. Además, se ha saltado a la torera el preceptivo trámite de audiencia que debe practicarse en la tramitación de los procedimientos administrativos. Desde luego, si la medida de alguna manera está justificada en la contención del gasto, podemos decir aquello de apaga y vámonos.

Miren, refiriéndonos como ejemplo al Sistema Vasco de Salud, esta medida solo supondría un ahorro de 220.000 euros, cantidad que comparada con el presupuesto total de Osakidetza es sencillamente ridícula. Es más, la puesta en marcha de la ocurrencia tendría una repercusión económica negativa puesto que requeriría de importantes actuaciones de índole organizativa, de diseño e implantación de aplicaciones informáticas, procedimientos administrativos y dotación y formación de recursos humanos, que en su conjunto supondrían un volumen económico claramente superior a los ingresos que se podrían derivar de la aplicación de la medida. Además, excede claramente de la competencia exclusiva que en materia de legislación de productos farmacéuticos reconoce el artículo 141.16 de la Constitución a favor del Estado,


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invadiendo una vez más sin pudor las competencias que en materia de ordenación farmacéutica corresponden en nuestro caso a la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Pero todo esto resulta pequeño e irrelevante si lo comparamos con el sufrimiento de los enfermos crónicos. No hay razón económica, social o sanitaria que lo justifique. En cualquier caso, el Gobierno de Euskadi ahora ha recurrido esta medida y este grupo, el Grupo Vasco, no va a consentir la ruptura del principio universal de cualquier actividad sanitaria: no producir daño. Porque estamos convencidos además de que esta medida solo conducirá a agravar más la enfermedad de miles de hombres y mujeres que bastante tienen con luchar contra las graves patologías que padecen y porque solo provocará mayor desigualdad en los sectores de población más desfavorecidos. Por eso votaremos favorablemente esta moción presentada por Convergència i Unió.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.

Votaremos afirmativamente la propuesta que nos trae aquí Convergència i Unió; nos parece una propuesta necesaria. Estamos hablando aquí hoy de un hito muy importante, la instauración del copago hospitalario por administración de determinados fármacos, junto con el final de la llamada universalidad de nuestra sanidad, supone un hito histórico en la atención hospitalaria, donde hasta la fecha ningún paciente había tenido que pagar nunca por su estancia en un hospital de la red pública ni por los medicamentos que se le daban allí. Este precedente además nos da miedo, francamente, porque tememos que puedan ser progresivamente gravados con un copago otras cosas como la comida, gastos de acompañante, etcétera.

Desde un punto de vista conceptual, viendo exactamente qué es lo que ustedes pretenden con esta medida, el copago solamente puede tener dos propósitos: disuasorio, es decir, un intento de reducir costes por reducción de consumo, o recaudatorio, con el fin de incrementar ingresos. Pero el copago hospitalario no puede tener un efecto disuasorio porque el paciente no decide la medicación que se le administra y por lo tanto tiene claramente un sentido recaudatorio. Lo importante entonces es que se intenta recaudar gravando la medicación necesaria para el tratamiento de pacientes con enfermedades habitualmente crónicas y graves, y especialmente en pacientes con cáncer y otras enfermedades graves. Miren, señorías del PP, si lo que se pretende es conducir a un ahorro en costes sería mucho mejor, por ejemplo, que se analizara con cuidado qué medicamentos son realmente eficaces evitando dispendios en fármacos que, poseyendo un alto coste, conducen a muy pocas o ninguna ventaja sobre los tratamientos previos y que esos análisis de coste-eficacia se aplicaran en todo el país de la misma forma.

Estamos de acuerdo con la propuesta de Convergència i Unió; un poco extrañados, porque nos parece que Convergència i Unió también ha demostrado políticamente cierto afán recaudatorio con algunas de las medidas que ha tomado en Cataluña, sin ir más lejos -ahora se lo han echado para atrás- el euro por receta me parece que respondía a la misma filosofía de aquello que hoy están criticándole aquí al Partido Popular. El copago farmacéutico, señores del Partido Popular, supone un ahorro de solamente el 0,1 %, y no lo digo yo, lo dice la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. El Cermi -también podríamos dedicarnos un rato a explicar lo que dicen ellos- reclama a Sanidad el replanteamiento de esta medida, que -dicen- introduce un nuevo factor de inequidad en el Sistema Nacional de Salud, adoptada además sin consultas, sin diálogo con las organizaciones de pacientes y usuarios, y la vuelta al régimen anterior de exención para todos los medicamentos dispensados en el entorno hospitalarios. Esto lo dice el Cermi.

Así pues, a favor de la propuesta que trae hoy aquí Convergència i Unió. Yo me acordaba del final de una función de teatro que se llama las Comedias Bárbaras, en la que una mujer muy mayor le decía a don Galán, que se había quedado sin su señor feudal: Qué bien que se te ha muerto el dueño, qué bien que vuelves a ser libre, qué bien que podrás hacer muchas cosas y qué bien, sobre todo, que podrás volver a trabajar. A lo que don Galán -en boca de don Galán el gran Valle-Inclán- decía: Sí, pero no tengo voluntad. Antes he explicado cómo ustedes podrían ahorrar en cosas mucho más innecesarias de las que están presentando y de las que han presentado con este tipo de políticas y este tipo de ahorros. Antes hemos explicado también cómo ustedes podrían recaudar mucho más para no tener que traer aquí este tipo de medidas. Es una lástima, señores del PP, que, como don Galán, ustedes no tengan voluntad.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Esteve.

La señora ESTEVE ORTEGA: Señor presidente, señorías, ¿cuántas iniciativas parlamentarias se han hecho en esta Cámara en contra de los cambios normativos que ha realizado el Gobierno? Su mayoría absoluta, señorías, no les debería animar a saltarse las reglas básicas de la democracia, que a menudo burlan, escatimando el debate en este Congreso y con la práctica de gobernar a golpe de real decreto. Pero de entre todos sus cambios quizá el que es más sensible para la ciudadanía es el derecho a la sanidad y su universalidad. El sistema que teníamos hasta hace poco era un orgullo de todos y un punto fuerte como país, una realidad construida en treinta años que nos había puesto en uno de los mejores lugares a nivel mundial. Pero llegan ustedes al Gobierno y, sin medir los impactos de sus decisiones, empiezan un proceso de deconstrucción del edificio de la sanidad pública; se han hecho ustedes amos de un derecho que es de todos los ciudadanos, poniendo condiciones y trabas a lo que es más importante: el acceso a los servicios, a las prestaciones y a los medicamentos. Y lo último, sus políticas ponen al descubierto su ideología clasista más extrema, llevándonos a un modelo que favorece las desigualdades y nos lleva a una peor prevención, a una menor atención y a una peor salud, hoy ya tenemos datos. Pero el colmo de sus políticas es que devienen crueles, y el ejemplo es el que hoy nos ocupa, el del copago del medicamento expedido por la farmacia hospitalaria y, como si nada, lo colocan en una disposición adicional primera de un real decreto de la Seguridad Social, y ¡zas!, a golpe de real decreto y por la puerta de atrás cambian la Ley del Medicamento. Pues sí que vamos bien.

Señora Tarruella, voy a repetir, porque los hago míos, sus argumentos: quieren hacer pagar a aquellas personas que luchan por sus vidas, enfermos oncológicos, con esclerosis múltiple, hepatitis, los medicamentos imprescindibles para la vida. Ustedes les ponen precio y la señora Mato, tan ancha, decía aquí mismo, minimizando la medida, que solo se trataba de un máximo de 4,20 euros. Esto no es verdad, ustedes saben que se puede necesitar más de una dispensación mensual, lo decía la señora Tarruella, a lo que hay que sumar otros medicamentos de farmacia ordinarios, también prescritos, más aquellos medicamentos desclasificados, pero que son coadyuvantes en caso de dolor, por ejemplo. Señorías, hagan la suma de lo que supone el gasto fijo mensual a familias y personas. ¿Se han puesto a pensar a quiénes afecta principalmente? Esto es un ataque directo a los que menos tienen. Reformas, recortes, repagos acaban siendo una herramienta de clase social; parece que volvamos a la lucha de clases, ricos y pobres. Ustedes apuestan por una sociedad dual, pero por suerte ninguna comunidad autónoma por ahora les está secundando en esta barbaridad. Señora Tarruella, acertadamente, vamos a votar a favor de su moción, y me alegra que seamos la mayoría de los grupos, señor Llamazares, los que la acompañemos en esta ocasión. Mi grupo, el Socialista, seguirá luchando por la universalidad, la justicia y la igualdad, así como para hacer reversible su estropicio y devolver a la ciudadanía un derecho que jamás tenían que haberle arrebatado.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Esteve.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Alonso Ruiz.

El señor ALONSO RUIZ: Muchas gracias, presidente.

Señorías, la moción que hoy se trae a debate a esta Cámara es un asunto muy debatido y en el que el Gobierno, por medio de la ministra Ana Mato, ha dado amplias y claras explicaciones. Además, se ha debatido en la Comisión de Sanidad, en el Senado y en el Congreso, pero parece que para algunas señorías es igual que se explique, que se den datos, porque siguen con las mismas inconcreciones y con la misma falta de rigor que no llevan a ningún sitio y que solo buscan transmitir miedo, dudas y desconfianza a los usuarios de la sanidad española. Por tanto, el Grupo Popular no va a aportar nada nuevo, nada que no se haya dicho antes, simplemente voy a insistir en los avances que han supuesto las políticas sanitarias del Gobierno del Partido Popular. Estas políticas, en primer lugar, han supuesto un avance en el sostenimiento y mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud. Señorías, hoy el Sistema Nacional de Salud es más sostenible que antes, como así lo demuestra el ahorro que se ha producido en los últimos catorce meses de más de 2.300 millones de euros, lo que contradice las afirmaciones que aquí se han hecho y que son falsas de que las medidas no producen ahorro. Han sido 2.300 millones de euros, que han podido utilizarse para incorporar a las prestaciones farmacéuticas treinta y ocho nuevos medicamentos


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innovadores, medicamentos que suponen una mejora en la curación de las enfermedades, pero que son de elevado coste, medicamentos biológicos, la medicina del futuro, pero que hay que pagarla. ¿Creen ustedes que podemos seguir con el modelo socialista que hemos heredado, el modelo basado en no pagar el medicamento? Es un modelo que ha generado -y ahí está la prueba- 12.000 millones de euros en facturas falsas que se debían a los laboratorios farmacéuticos y a las empresas de tecnología sanitaria en gasto farmacéutico y en gasto social. Ese es su modelo. ¿Ustedes creen que se puede seguir y se puede crear un país a base de no pagar? El no pagar tarde o temprano nos lleva a la quiebra; una quiebra a la que ustedes han estado a punto de llevar a este país. (Aplausos). Solamente la deuda a estas empresas sanitarias y farmacéuticas ha supuesto el 73 % del gasto del Plan de pago a proveedores, señorías, el 73 %, y todavía no están contentos y todavía quieren seguir en ese modelo. Y parte de esa deuda está en los medicamentos. Aquí da pena oír las barbaridades y el desconocimiento por parte de algunas de sus señorías. Esa deuda está en muchos medicamentos de diagnóstico hospitalario; aquí algunos confunden medicamentos de diagnóstico hospitalario con uso hospitalario. ¡Por favor, infórmense! Medicamentos de diagnóstico hospitalario son esos 42 principios activos que el Partido Socialista, durante su Gobierno, los llevó de la oficina de farmacia a la farmacia de hospital. ¿Para qué? Uno piensa que para no pagar, porque en las farmacias hay que pagar al mes y a los laboratorios se les pagaba a los 300 días, a los 400 días (Rumores) como han denunciado los laboratorios y empresas de tecnología sanitaria a la Junta de Andalucía, que les deben 1.600 millones de euros con una demora media de 430 días en el pago. Por eso ustedes llevaron los medicamentos a la farmacia hospitalaria. Pero son medicamentos que, como sus hermanos, los que han seguido en la oficina de farmacia, se deben pagar, debe ejercer una aportación el usuario, señores.

Además, se han conseguido avances en el ámbito social. Señorías, por primera vez en la historia de España los pacientes pagan los medicamentos en función de la renta. Por eso hoy no hay ningún paciente que deje de tomar un medicamento porque no pueda pagarlo, como aquí se ha intentado informar a este Parlamento. Aquí se ha llegado a decir por parte de algunos portavoces que los pensionistas tienen que pagar los antigripales. ¡Por favor, un poco de rigor! Hace más de veinticinco o treinta años que los antigripales salieron fuera de la financiación estatal. ¿Cómo se puede venir aquí a mezclar los medicamentos antigripales con lo que aquí se está tratando? Un poco de rigor. Y ponen ejemplos de pensionistas. Los pensionistas, si tienen rentas mínimas, no pagan nada y si tienen rentas que superan los 18.000 euros, pagan 8 euros al mes, el 76 % de los pensionistas paga una media de 4 euros al mes. Esa es la realidad. No vengan ustedes aquí a pintar una realidad que no es la de España, por favor. (Aplausos). Exijo un mínimo de rigor.

Derogar la disposición final primera del Real Decreto-ley 28/2012, como pide el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), supone la vuelta al pasado. Y no es que lo diga yo, lo dice el informe de la Abogacía General del Estado. Supondría -ahora que pagan un tope de 4,20 euros- volver a que los usuarios tuvieran que pagar el 10 %, el 40 % o el 60 % en función del tope legalmente establecido. ¿Qué quiere decir? Que si derogásemos la disposición final primera los pacientes tendrían que incrementar su aportación al Sistema Nacional de Salud. Esa es la realidad. Eso es lo que ustedes traen a esta Cámara, que los usuarios y los pacientes paguen más, como pagaban antes de las reformas del Gobierno del Partido Popular. (Aplausos). El tiempo es limitado y no me permite entrar en cuestiones técnicas de medicamentos y de reformas que ha aprobado el Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, en efecto, tiene usted que ir acabando.

El señor ALONSO RUIZ: Pero sí puedo asegurar que todas las medidas aprobadas contribuyen al sostenimiento de un Sistema Nacional de Salud de calidad, público, gratuito, universal y de equidad para todos los españoles independientemente del lugar donde vivan. Eso no pasaba antes, que dependiendo de si la autonomía había llevado esos medicamentos al servicio de farmacia del hospital o los había dejado en la oficina de farmacia, unos pagaban y otros no. Esa es la equidad que ustedes pretendían. Pues con el Partido Popular no. Con el Partido Popular todos los españoles, vivan donde vivan, van a pagar igual.

Para finalizar, el Grupo Parlamentario Popular invita al resto de los grupos a que presenten propuestas creíbles, propuestas de futuro, que por encima de intereses legítimos, de intereses de partido, piensen en la salud de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.

Señora Tarruella, ¿acepta usted la enmienda que le ha presentado Izquierda Unida?

La señora TARRUELLA TOMÀS: Sí, señor presidente, la aceptamos.

El señor PRESIDENTE: La acepta. Muchas gracias.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA ATRIBUIR A LA AUDIENCIA NACIONAL EL ENJUICIAMIENTO DE DELITOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN. (Número de expediente 122/000114).

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar.

Empezamos con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial para atribuir a la Audiencia Nacional el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción.

Se han emitido seis votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318, más 6 votos telemáticos, 324; a favor, 99, más 5 votos telemáticos, 104; en contra, 207, más 1 voto telemático, 208; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE MEDIDAS PARA INTENSIFICAR LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL. (Número de expediente 122/000110).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de medidas para intensificar la prevención y lucha contra el fraude fiscal. Hay seis votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317, más 6 votos telemáticos, 323; a favor, 123, más 5 votos telemáticos, 128; en contra, 175, más 1 voto telemático, 176; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA NACIONAL. (Número de expediente 162/000722).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular para desarrollar una estrategia de logística nacional. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 297; en contra, 6; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, EN RELACIÓN CON MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA LAS RENTAS NO DECLARADAS DE EMIGRANTES RETORNADOS. (Número de expediente 162/000723).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista en relación con las medidas tributarias para las rentas no declaradas de emigrantes retornados. Hay una enmienda transaccional y esa es la que se vota.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 136; en contra, 172; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA FALACIA DEL DENOMINADO "DERECHO A DECIDIR". (Número de expediente 173/000113).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Unión Progreso y Democracia sobre propósitos del Gobierno en relación con la falacia del denominado derecho a decidir. Hay una enmienda transaccional, que es la que se vota.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 265; en contra, 39; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS EN LA POLÍTICA SOCIAL. (Número de expediente 173/000114).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre las consecuencias de los recortes presupuestarios en la política social. Se vota con las enmiendas de Convergència i Unió y PNV.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 143; en contra, 174.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA RECTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN ADOPTADA POR EL GOBIERNO DE ESTABLECER EL COPAGO EN LA MEDICACIÓN HOSPITALARIA. (Número de expediente 173/000115).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Catalán de Convergència i Unió sobre la rectificación de la decisión adoptada por el Gobierno de establecer el copago en la medicación hospitalaria. Se vota con una enmienda de La Izquierda Plural, que ha sido aceptada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 142; en contra, 172; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se suspende la sesión.

Eran las diez y cuarenta minutos de la noche.

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