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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 148, de 17/10/2013
cve: DSCD-10-PL-148
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 148
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 139
celebrada el jueves,
17 de octubre de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 44-1, de 5 de abril de 2013. (Número de expediente 121/000044)... (Página5)

- Proyecto de ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 54-1, de 3 de julio de 2013. (Número de expediente 121/000054) ... (Página12)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 49-1, de 21 de junio de 2013. (Número de expediente 121/000049) ... (Página17)

- Proyecto de ley de seguridad privada. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 50-1, de 21 de junio de 2013. (Número de expediente 121/000050) ... (Página39)

- Proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 58-1, de 6 de septiembre de 2013. (Número de expediente 121/000058) ... (Página63)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página91)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página92)

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página93)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página94)

Avocación por el Pleno ... (Página94)


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SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve de la mañana.

Enmiendas del Senado ... (Página5)

Proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares ... (Página5)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, el señor Quevedo Iturbe y la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; las señoras Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Marín Peré, del Grupo Parlamentario Socialista, y Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyecto de ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras ... (Página12)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; los señores Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sánchez Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista; y la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página17)

Proyecto de ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias ... (Página17)

El señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones y para la defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen la señora Fernández Davila, y los señores Bosch i Pascual y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Contesta el señor ministro de Economía y Competitividad.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Gómez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista; y la señora Garrido Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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La Presidencia informa de que se encuentra presente en la tribuna de invitados una delegación del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino acompañada por el señor embajador y presidida por el vicepresidente del Comité Nacional, el excelentísimo señor Du Qinglin.

Proyecto de ley de seguridad privada ... (Página39)

El señor ministro del Interior (Fernández Díaz) presenta a la Cámara el proyecto de referencia.

En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen los señores Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Contesta el señor ministro del Interior.

Replican los señores Sixto Iglesias y Jané i Guasch y duplica el señor ministro del Interior.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista, y Márquez de la Rubia, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Cierra el debate el señor ministro del Interior.

Proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ... (Página63)

El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) presenta a la Cámara el proyecto de referencia.

En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución y en turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, los señores Salvador Armendáriz, Álvarez Sostres y Baldoví Roda, y las señoras Oramas González-Moro, Fernández Davila, Jordà i Roura y Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; y los señores Pàramo i Ponsetí, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Zarrías Arévalo, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Matarí Sáez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Interviene de nuevo el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Vuelven a hacer uso de la palabra los señores Zarrías Arévalo y Matarí Sáez.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página91)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la propuesta de reforma de la Demarcación y Planta Judicial, es rechazada por 133 votos a favor, 173 en contra y 1 abstención.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández y Sra. Pérez), relativa a la reforma de la planta judicial para ofrecer un adecuado servicio a la ciudadanía y facilitar el


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acceso a la justicia, son rechazados los puntos 1 y 3 por 133 votos a favor, 175 en contra y 5 abstenciones, así como el punto 2 por 38 votos a favor, 180 en contra y 95 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de una cartera de servicios sociosanitarios, es rechazada por 172 votos a favor y 141 en contra.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página92)

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo), sobre la corrección del injusto sistema de financiación autonómica y la necesidad de partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 para paliar el grave deterioro de los servicios públicos y la dramática situación de paro que vive Canarias, con la incorporación de la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Socialista, es rechazada por 134 votos a favor y 179 en contra.

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la situación actual en el Sistema Nacional de Salud, es rechazada por 132 votos a favor, 174 en contra y 2 abstenciones.

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la seguridad en el transporte ferroviario y optimizar la red ferroviaria existente tanto de alta velocidad, como convencional y de cercanías, es rechazado el punto primero por 21 votos a favor, 178 en contra y 109 abstenciones, así como el punto segundo por 18 votos a favor, 273 en contra y 17 abstenciones.

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página93)

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, son aprobadas por 174 votos a favor, 126 en contra y 12 abstenciones.

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, son aprobadas todas.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página94)

Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, son rechazadas por 25 votos a favor; 173 en contra, más 1 voto telemático, 174; y 114 abstenciones, más 2 votos telemáticos, 116.

Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada al proyecto de ley de seguridad privada, es rechazada por 17 votos a favor; 196 en contra más 1 voto telemático, 197; y 98 abstenciones, más 2 votos telemáticos, 100.

Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, son rechazadas por 134 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 136; 177 en contra, más 1 voto telemático, 178, y 1 abstención.


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Avocación por el Pleno ... (Página94)

Sometida a votación la avocación por el Pleno del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se rechaza por 138 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 140; 173 en contra, más 1 voto telemático, 174; y 1 abstención.

Se levanta la sesión a las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY PARA LA GARANTÍA DEL SUMINISTRO E INCREMENTO DE LA COMPETENCIA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS INSULARES Y EXTRAPENINSULARES. (Número de expediente 121/000044).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

El primer punto del orden día corresponde a las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

En el turno de fijación de posiciones comienza el Grupo Mixto y, en primer lugar, tiene la palabra la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.

Intervengo para fijar la posición de Geroa Bai en torno a las enmiendas que el Senado nos devuelve a este proyecto de ley. En cuanto al fondo de la cuestión, quiero señalar que mantendremos la postura que ya mantuvimos o ejercimos en el trámite por esta Cámara del proyecto de ley que es un no rotundo. Sin embargo, quiero señalar que entre las enmiendas que nos devuelve la Cámara Alta nos preocupa enormemente la referida al punto 2 del artículo 5, aquella que se refiere a la titularidad de instalaciones de bombeo en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Entendemos que la aportación -permítaseme las comillas- que realiza en este sentido el Senado introduce, primero, una clara invasión competencial allá donde señala que se solicitará informe a la comunidad autónoma o ciudad autónoma correspondiente en una materia en la que quiero recordar que estas instituciones tienen legislación. Por tanto, no aceptaremos o quiero expresar de manera rotunda el rechazo a esta enmienda que, por otra parte, quiero recordar en el paquete conjunto, pero muy especialmente en esta cuestión, no es otra cosa que una puerta abierta -la puerta de atrás, eso sí- al fracking.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.

Señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en relación con este proyecto de ley ya mereció por parte de los nacionalistas canarios una enmienda a la totalidad en su momento, que tratamos de argumentar con rigor y con contundencia. Señalábamos ahí que el primer problema que tiene este proyecto de ley es que legisla sobre territorios que nada tienen que ver los unos con los otros. Identificar las Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias bajo un mismo modelo energético sencillamente constituye un disparate conceptual que puede llevarnos a posteriori a dificultades de interpretación y de adaptación a las realidades de cada cual. Lo único que unifica a todos es la apuesta decidida por el fracking y de una forma que no podemos aceptar por estar insuficientemente evaluada esta técnica, como ya se ha dicho hasta la saciedad. Existe un elemento claro de vulneración competencial, una invasión de las competencias de las distintas comunidades autónomas, que es sencillamente alterar el marco normativo y generar conflictividad en un tema de esta naturaleza.


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En tercer lugar y en relación con Canarias, esto cuestiona el futuro, cuestiona la garantía del suministro, cuestiona el desarrollo de las energías renovables y defiende un futuro sustentado en las energías tradicionales o sucias. Ante la dimensión que tiene este proyecto de ley no es posible aprobar enmiendas que actúan muy marginalmente sobre el conjunto del texto, de forma que pudiese generarse confusión sobre nuestra verdadera posición. Por tanto, votaremos en contra de estas enmiendas y votaremos también en contra del proyecto de ley en su conjunto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Señor Quevedo.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Presidente, señorías, este proyecto de ley vuelve del Senado con el mismo espíritu con que entró en esta Cámara, solo para buscar sistemas para perpetuar la dependencia de los combustibles fósiles. La teoría dice que dicha ley que hoy debatimos por última vez debería servir para mejorar el suministro eléctrico y también para asegurar la generación y distribución en los territorios, tal y como la propia ley menciona. Pero lo único que hace es introducir pequeños cambios y abrir las puertas a la extracción gasística por fracking. Ahí donde ustedes, señorías del Partido Popular, ven una oportunidad nosotros vemos una ruina. La fiebre por la extracción de gas no convencional a través de la fractura hidráulica ha cruzado ya el Atlántico y ahora presiona para quedarse definitivamente en el Estado español. Ante esta situación, queremos alertar de que las empresas del sector de hidrocarburos y el Gobierno, que ya ha dado alas a su desarrollo, se mueven en un terreno pantanoso. Saben perfectamente que esto no gusta al territorio. La contestación social a esta práctica, como ya hemos denunciado desde esta tribuna mil veces, que consiste en perforar el suelo para inyectar a presión una mezcla de agua, arena y productos químicos que rompen la roca liberando gas metano, es cada vez más creciente y más organizada. Es, a nuestro entender, una apuesta totalmente errónea desde una perspectiva energética, pero lo es también desde una perspectiva económica, ecológica y, por qué no decirlo también, estratégica. Cabe decir que detrás de esta fiebre gasística se esconden intereses especulativos que han hecho que se sobrevaloraran las estimaciones de extracción real entre un 100 y un 400%. No es, pues, ni creíble ni serio afirmar que una técnica de explotación como la fracturación hidráulica pueda sostener la soberanía energética de un territorio como el español; en cambio sí es cierto y creíble que detrás de esta fiebre gasística se esconden unos costes medioambientales de primer orden.

Por último, deseo señalar los serios riesgos que tiene sobre la economía. No podemos olvidar que son muchos los territorios que se sustentan en la agricultura, la ganadería y el turismo, y es evidente que si convertimos parte del Estado español en un campo de pozos todos estos usos se van a ver imposibilitados. Es evidente también que esto no va a durar para siempre y que dentro de veinte o treinta años las empresas se irán y dejarán solo tierra quemada a su paso.

Para concluir tengo que decir que a nuestro entender esta técnica, señorías, arrasa, esta técnica no convence y esta técnica no soluciona; lo único que hace simple y llanamente es destruir. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor Presidente.

Únicamente quiero manifestar que nuestro grupo va a votar en contra de las enmiendas que vienen del Senado a este proyecto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente. También seré breve.

La primera vez que esta ley pasó por el Congreso votamos en contra y las enmiendas del Senado no han aportado nada que nos haga cambiar de opinión. Seguimos pensando que es otra ley que forma parte de este mosaico de enorme variedad y cantidad de decretos leyes, leyes, etcétera, que lo único que están consiguiendo es extender la oscuridad sobre el sector eléctrico, lo cual tiene su gracia, porque la electricidad se suele usar también como sinónimo de la luz y aquí luz es lo que brilla por su ausencia. Esto es el oscurantismo total; esta ley, junto con todas los demás, lo que está creando es un embrollo manifiesto.


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Prueba de ello son las contradicciones constantes entre el ministro y su secretario de Estado de Energía sobre qué va a pasar con el déficit tarifario, si hay, si no va a haber, cuánto será... No se sabe; cada semana cambian de opinión o valoración y es un verdadero disparate porque, como hemos dicho tantas veces, una política energética es la base de una recuperación económica sólida. Nada de esto se está haciendo, todo lo contrario; por lo tanto, nuestro grupo para votar en contra de esta ley también.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.

Nuestro grupo parlamentario ya ha planteado una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, a esta ley que se llama de garantía de suministro y aumento de competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares porque, ya lo planteamos en su momento, por un lado, no va a conseguir ninguno de los objetivos que como mínimo dice el título: aumentar la competencia y garantizar el suministro eléctrico, y menos en los territorios de los que dice hablar. Es una ley que responde a la obsesión del Gobierno de no tener una política energética a largo plazo, de acuerdo con los retos que plantea España de ser menos dependiente de los combustibles fósiles, y sobre todo de energía de la que no disponemos, y una obsesión absoluta con el déficit tarifario sin tener en cuenta la diversidad territorial. Este es un ejemplo, es una ley que habla de Canarias pero que quiere englobar dentro de una misma ley a Ceuta, Canarias y Baleares, que tienen retos energéticos completamente distintos. Pero es una ley que, tras el trámite ahora vuelve del Senado, ya nace caducada porque estamos a punto de hablar de la reforma eléctrica que nos ha entrado en este Congreso y que modifica también sustancialmente las dificultades que tienen estos territorios a nivel eléctrico. Se lo dijimos en su momento, ¿esta ley, qué es lo que hace? Hundir la posibilidad de Canarias de tener garantía de suministro y competencia vía las renovables y vía el autoconsumo, porque Canarias y otros territorios insulares son precisamente el espacio idóneo donde la energía renovable está por debajo del precio del mercado -que es lo que se debería impulsar, energía limpia y de proximidad en unos territorios que son insulares-, pero lo que aquí se hace es todo lo contrario, apostar por el gas. La semana pasada el ministro nos decía que tenemos un exceso de capacidad también en el sector gasístico, pero, en cambio, aquí en Canarias lo que se pretende es resolver el problema de suministro apostando por más gas, mientras se penaliza precisamente el autoconsumo energético, es decir, que cada cual pueda producir, que los ciudadanos puedan ser dueños y productores también de esa energía, lo que en Canarias tendrá un coste incalculable también en términos económicos y en términos democráticos. ¿Por qué? Porque gran parte, por ejemplo, del autoconsumo eólico se da en Canarias. ¿Para qué? Para producir la energía necesaria para desalar el agua porque en Canarias el 80% del agua es desalada.

Es un auténtico despropósito y una temeridad lo que está haciendo este Gobierno a nivel energético. Así lo demuestra precisamente un ministro canario que está haciendo este estropicio para el futuro energético de Canarias. Lo que ya es una vergüenza absoluta es que en una ley que habla de garantía del sector eléctrico acabemos incorporando por la puerta de atrás, o acabe la mayoría parlamentaria incorporando por la puerta de atrás, el fracking, la fractura hidráulica, como si ahora, en un momento en donde el propio Gobierno asume que tenemos un exceso de capacidad y que no necesitamos más potencia, el fracking, el gas de esquisto, va a ser la solución energética de nuestro país mientras se está hundiendo el sector de las energías limpias. La fractura hidráulica lo único que hará es condenar a unos territorios a estar perforados, a introducir productos químicos altamente contaminantes, a aumentar el riesgo sísmico, como ha pasado en otros países. Es una auténtica temeridad por parte de un Gobierno que parece que no aprende las lecciones. Tenemos la situación del Castor en Alcanar y en la zona de Valencia que tiene un riesgo mucho menor de lo que puede suponer el fracking en comparación con lo que ha sucedido de movimientos sísmicos en el ámbito internacional. España no necesita del fracking, no necesitamos destruir nuestro territorio y menos poner en riesgo a nuestra sociedad. Ustedes solo están al servicio de las empresas que les vienen aquí a vender nuevos productos especulativos, porque eso es lo que son las nuevas empresas gasísticas. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz. Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.


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La señora RIERA I REÑÉ: Muchas gracias, presidente.

Señorías, en la propuesta de ley de competencia insular, en la exposición de motivos, se hacen un conjunto de declaraciones de principios que pretenden dar base jurídica a la ley, pero que, a nuestro juicio, son contradictorias. A favor podemos encontrar que están los objetivos de seguridad jurídica, del incremento de competencia, la reducción de costes, aunque ponemos en duda que se consigan con las medidas propuestas. En contra, a nuestro entender, está la cesión de titularidad de proyectos privados al gestor técnico exclusivo de la electricidad o del gas a entidades privadas y sin concurso público, también destacamos negativamente el refuerzo de la Administración del Estado con merma de las competencias de las comunidades autónomas. No entraré en el análisis de la propuesta de ley en sus puntos clave, aspectos que ya han sido expuestos en los debates correspondientes. Únicamente quiero hacer una breve valoración de la propuesta de ley en relación con su tramitación en el Congreso y en el Senado. En los debates en el Congreso se presentaron enmiendas a los artículos de la ley que no se consideraban aceptables. En el Senado solo se han recogido en parte y sin incidir en las claves del proyecto. En los artículos 1 y 5 se han introducido nuevos textos que mitigan ligeramente la expansión del operador. Por ello, desde Convergència i Unió hemos intentado incidir en el Senado en las enmiendas que a este respecto se habían presentado anteriormente en el Congreso. Así, en primer lugar, se planteó de nuevo la supresión del artículo 1, ya que sus consecuencias pueden ser muy importantes, tanto en cuanto a seguridad de suministro como en cuanto a costes del sistema. En este sentido, aunque el texto que llegó al Senado incorporaba alguna excepción a la aplicación de esta regla, entendemos que no son una solución en la práctica.

Igualmente, en segundo lugar, consideramos necesarios suprimir el artículo 5, pues la titularidad de las centrales de generación de bombeo por el operador del sistema es contraria a las directivas europeas, directivas que establecen la necesaria independencia de este agente de cualquier actividad de generación o comercialización, dado el conflicto de intereses que en caso de conflicto se produciría. Así pues, estos dos puntos fueron para nuestro grupo parlamentario las enmiendas clave en las que incidimos, tanto en el Congreso como en el Senado, en lo que se refiere al objeto de este proyecto. No obstante, debido a que estas supresiones no fueron consideradas en el Congreso, en el trámite del Senado planteamos dos enmiendas alternativas a la supresión de los dos artículos comentados, al considerar que al menos era necesario que se introdujesen algunas modificaciones importantes como opción de menor afectación. En esta fase haré mención a cinco puntos. El primero, que en el artículo 1, sobre el régimen económico de las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica en los territorios insulares y extrapeninsulares, se propuso una enmienda para que la limitación establecida en el apartado tercero en ningún caso fuese de aplicación a las instalaciones de régimen especial. Segundo. En relación al artículo 5, la enmienda alternativa a la supresión del mismo que planteamos en el Senado iba en la dirección de evidenciar que las directivas europeas no permiten que el operador del sistema opere centrales de producción eléctrica, ya que en este caso sería juez y parte, existiendo un claro conflicto de intereses. En tercer lugar, se evidenció que la justificación de la propuesta de que estas instalaciones tengan como finalidad la garantía de suministro, la seguridad del sistema y la integración de las energías renovables no gestionables se podría predicar de cualquier central convencional, y se aludió a que la independencia del operador del sistema solo se puede garantizar si no es titular de las instalaciones que gestiona, motivo por el que las directivas prohíben que participe de dichos activos.

El cuarto aspecto que quiero resaltar es que también se planteó una mejora técnica para corregir la redacción actual del apartado 4, dado que en caso de incumplimiento se podía dar a entender que el titular de la instalación perdería su retribución por cualquier instalación y no solo por la afectada. Como conclusión, señor presidente, señorías, lamentablemente, estas enmiendas alternativas que presentamos desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tampoco fueron consideradas en el trámite del Senado. Como quinto aspecto quiero resaltar que el Gobierno ha ignorado la crítica generalizada. Todos los grupos parlamentarios han presentado enmiendas a la disposición final segunda y tercera del proyecto de ley. Repito que el Gobierno ha ignorado la crítica generalizada que ha suscitado la regulación respecto al fracking, regulación que hace este mismo proyecto de ley con dos disposiciones finales a las que he hecho referencia.

Por lo que se refiere al frcaking, quiero hacer cuatro breves consideraciones. La primera es que, desde el grupo parlamentario que represento, en este proyecto de ley se avala un riesgo que no ha sido previamente evaluado, como pedimos insistentemente desde Convergència i Unió, mediante la elaboración de un informe por parte de un grupo de expertos. Segunda, que al mismo tiempo se incurre en una clara


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invasión competencial al regular también las competencias de investigación que ostentan las comunidades autónomas en esta materia. Tercera consideración, que la Comisión Europea el pasado año ya consideró necesario crear un marco legislativo propio sobre esta práctica, marco que aún no está definido ni está aprobado, por lo que resultaría razonable esperar a las recomendaciones comunitarias y anular los proyectos de explotación que se hayan concedido hasta la fecha. Por último, la cuarta; es necesario señalar que la regulación de la técnica de la fractura hidráulica no tiene nada que ver con el objeto de esta ley. Lo propio hubiese sido hacerlo separadamente.

En este marco, nuestro grupo parlamentario ha presentado una moción en el Senado sobre la técnica de la fractura hidráulica o fracking, instando al Gobierno a tres puntos concretos. El primero, a elaborar un informe de expertos. El segundo, a impulsar ante las autoridades europeas a la aprobación de una directiva comunitaria precisa y rigurosa. Y, el tercero, a derogar la disposición final segunda del presente proyecto de ley. Ante todo ello y con estas consideraciones, mi grupo parlamentario no puede apoyar esta convalidación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Martín Peré.

El señor MARTÍN PERÉ: Gracias, señor presidente.

En el Grupo Parlamentario Socialista comenzamos el debate de esta ley con una reflexión en torno a la energía y al interés general. Que la energía es materia de interés general es absolutamente indiscutible. Que el interés general puede ser definido como aquel que vela por el bien común o los intereses de todos los ciudadanos, aunque explicado de una manera muy simple creo que también es doctrina pacífica. Que en ocasiones se promulgan leyes que no cumplen con el precedente que acabo de mencionar, por desgracia también es una realidad. Y que en ocasiones existen intereses de carácter particular y absolutamente opuestos al concepto de interés general, es también una realidad. Una vez dicho esto, en el Grupo Parlamentario Socialista durante toda la tramitación del presente proyecto de ley, a través de las dos intervenciones claras y precisas de mi compañero don José Segura Clavell en el Congreso de los Diputados, y don Gregorio Medina en el Senado, nos hemos planteado la necesidad del presente texto que hoy debatimos. En cuanto a la forma, no discutimos que las islas Baleares, que las islas Canarias, que Ceuta y Melilla por su idiosincrasia geográfica tengan una necesidad diferenciada del resto de regiones de España en cuanto al tratamiento de sus necesidades energéticas, como hoy estamos debatiendo. Lo que sí es cierto es que, después de toda la avalancha normativa que el Gobierno ha abordado durante la presente legislatura, todavía con debates pendientes muy importantes sobre leyes de carácter general en materia de energía, hubiera sido mejor -porque me estoy refiriendo de momento a las formas- abordar esta reforma de manera particular, pero abordarla dentro de una de las leyes generales a las que nos estamos refiriendo, que se han tratado o que se van a tratar, hubiera sido sin duda alguna bastante más oportuno.

En cuanto al contenido, que es lo que verdaderamente importa, se ha dejado pasar una oportunidad de acometer una verdadera reforma de los sistemas eléctricos de las islas Canarias, de las islas Baleares y de Ceuta y Melilla y de convertirlos en ejemplos de sostenibilidad energética, que es lo que responde a las verdaderas necesidades de los archipiélagos y de las dos ciudades autónomas. Se ha dejado pasar esa oportunidad de dos maneras. La primera de ellas, cuando por parte del Grupo Parlamentario Socialista se presentó una enmienda a la totalidad con un texto alternativo en el que se introducían todas aquellas modificaciones normativas que permitieran convertir esos sistemas eléctricos en ejemplos de sostenibilidad energética. La segunda oportunidad la ha rechazado el Partido Popular cuando, con las enmiendas que ha introducido renunció a esa posibilidad tanto en la vía parlamentaria, en la tramitación en la presente Cámara, como cuando lo hizo en la Cámara Alta, en el Senado.

Hay cuatro cuestiones -dos de ellas de carácter general y dos de carácter más particular- que deben ser mencionadas en el contenido de esta ley. La primera de ellas es que con la modificación que figura en este texto que estamos abordando el sobrecoste de la generación energética de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla deja de ser sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, como venía siendo desde 2009 y se hace con cargo a las facturas eléctricas que cada uno de los ciudadanos tienen que pagar. Con ello se está realizando un agravio comparativo y un agravio a muchos españoles que tendrán que sufragar mediante una forma que en modo alguno tiene que ver con la progresividad,


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como podía ser a través de los impuestos por vía de Presupuestos Generales del Estado. Es algo que sin duda alguna supone una injusticia social manifiesta.

En cuanto a las islas Canarias, resulta evidente que las necesidades del archipiélago canario difieren enormemente, por ejemplo, de las del archipiélago balear o de las de las ciudades de Ceuta y Melilla, pero han condenado con el contenido de esta norma a los seis sistemas eléctricos canarios a continuar por la senda de las energías fósiles y no de las energías renovables, que constituyen ni más ni menos que el 96% del consumo en las islas Canarias. Porque han impedido una verdadera implantación de un sistema de generación de energías renovables y la ley, a pesar del título que ostenta, en modo alguno permite o garantiza la competencia que permita disminuir unos costes de generación que son sensiblemente mucho más elevados en el archipiélago canario que en el resto de España, con la posible descapitalización del sector eléctrico que ello puede conllevar en el Archipiélago.

En relación con las islas Baleares, como decía, con unas necesidades en materia energética muy distinta a las de las islas Canarias, podríamos decir que asistimos de nuevo una vez más a la comprobación de que Partido Popular supone sinónimo de daño para las islas Baleares. Lo digo porque, a la sombra de unos Presupuestos Generales del Estado que atacan de manera deliberada a mi comunidad autónoma, ustedes ahora aprueban esta ley, renunciando a la posibilidad de que se establezca la conexión gasista entre las islas de Mallorca y Menorca y renunciando también a que las islas Baleares puedan tener un cupo de energías renovables como tiene el archipiélago canario, que sin duda hubiera contribuido de algún modo a introducir la necesaria sostenibilidad del sistema energético balear.

Para finalizar esta intervención, tengo que hacer mención de manera necesaria y obligatoria a las disposiciones finales segunda y tercera. Señorías del Grupo Popular, explíquennos ustedes qué tiene que ver con el incremento de la competencia o la garantía del suministro la modificación de la Ley del Sector de Hidrocarburos o la modificación de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental con la introducción de técnicas de fracturación hidráulica o de fracking; explíquennos si la modificación de esas dos leyes y la introducción de esas técnicas van a contribuir a aumentar la competencia y a garantizar el suministro eléctrico. Nosotros pensamos que de ningún modo, lo que se ha hecho con esta técnica legislativa absolutamente reprochable ha sido sustraer un debate ciertamente importante y controvertido, colándolo por la puerta de atrás de una normativa que además afecta a unas regiones de España que tienen unas necesidades energéticas absolutamente diferenciadas del resto.

Para finalizar mi intervención -comenzaba la misma haciendo una reflexión sobre la energía y sobre las cuestiones que son materia de interés general-, nosotros pensamos que una ley que no cumple ni siquiera con el cometido de su título, esto es, garantizar el suministro e incrementar la competencia, una ley que atenta además contra el medio ambiente de todas las regiones de España en las que se introduzcan las técnicas de fracturación hidráulica gracias a las modificaciones que operan en esta ley y una ley que, en definitiva, está prevista para intereses determinados que no pueden ser considerados como intereses generales, no puede ser apoyada bajo ningún concepto por el Grupo Parlamentario Socialista. Por ese motivo vamos a votar en contra de las enmiendas que vienen ahora del trámite en el Senado y votaremos también en contra de todo el proyecto de ley.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martín Peré.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Mariscal.

El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señor presidente.

Después de escuchar a los diversos intervinientes, creo que se hace necesario hacer una pequeña recapitulación de qué es lo que pretendemos hoy aprobar. Este Gobierno, el Gobierno de España, su Ministerio de Industria y su ministro, en particular, han encarado sin complejos las dificultades obvias, no dejándose llevar por la inercia, como ocurrió hasta hace bien poco, y, por tanto, teniendo claro lo que es la política con mayúsculas: tomar decisiones, no esperar y velar siempre por el interés general. Obviamente, hay dificultades, dificultades cuando hablamos de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, dificultades derivadas del tamaño reducido, del aprovisionamiento de combustible y en el caso de Canarias porque nos encontramos ante seis subsistemas insulares. Existe, por tanto, un claro riesgo en la calidad del suministro y un encarecimiento obvio del coste que recae fundamentalmente en los Presupuestos Generales del Estado, hay una partida para 2013 en los presupuestos de 2014 de 900 millones de euros, y existe también una carga sobre los consumidores y sobre la industria energética.


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¿Cuál es el objetivo de este proyecto de ley? La seguridad en el suministro, mayor calidad, un mix equilibrado y mejorar la eficiencia económica y técnica de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. ¿Cómo se va a hacer todo esto? Aumentando la competencia de los sistemas. Ahora hay una sola empresa que distribuye y comercializa y creemos, siempre hemos creído desde el Partido Popular y sobre todo aquellos que tenemos clara la ideología liberal, que mejora sin duda alguna la calidad de vida de los ciudadanos, que más operadores traerán consigo siempre más oportunidades. Por tanto, se mandarán señales económicas para las instalaciones regionales, existirá una resolución de compatibilidad para las nuevas instalaciones que deseen acceder al régimen retributivo adicional y además tendrá más presencia el operador de sistema para con ello garantizar menos vulnerabilidad del mismo.

En cuanto al aumento de la presencia de las energías renovables, es obvio que en el caso de Canarias apenas cuenta con una presencia del 4 %, cuando en el resto del territorio nacional en el año 2012 llegó al 40 % en el sistema eléctrico y en el primer semestre de 2013 estamos cerca del 50 %. Por tanto, pondríamos fin a un mix obsoleto y en exceso contaminante con una generación baja en carbono y además reduciríamos claramente la dependencia de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsuales.

¿Cómo se conseguirá esto en el caso de Canarias? Con nuevas infraestructuras, potenciando la puesta en marcha de las dos regasificadoras en Canarias y potenciando el bombeo que permite la entrada en funcionamiento de la energía renovable de manera continuada. ¿Por qué no se ha hecho antes todo esto? A eso debe responder el grupo que apoyaba al anterior Gobierno. Este Gobierno, insisto, toma decisiones y no se arredra ante las dificultades. Obviamente, la entrada de mayor cantidad de energía renovable en el mix supondrá un ahorro, como explicaré a continuación. El coste de generación en las islas Canarias está alrededor de 226 euros megavatio/hora, la demanda nacional en torno a 52 y, si produjéramos con energía eólica, hablaríamos en torno a los 85 o los 90 euros megavatio/hora. Optimizaremos también, por tanto, el aprovisionamiento de combustible y desplazaremos instalaciones que, a nuestro juicio y a juicio obviamente del operador del sistema, resultan obsoletas. Hablamos de economías fuertemente tercializadas en las que el turismo tiene mucha importancia y en las que debido a la interdependencia y a la enorme competitividad que hay en esta materia el suministro eléctrico debe ser de extraordinaria calidad porque, de lo contrario, perderíamos capacidad de competencia.

Los objetivos de este proyecto de ley son los mismos que vienen presentándose en el resto de reformas relacionadas con la energía: la estabilidad financiera, la reducción de costes y el menor impacto posible en los consumidores. Esta reforma, y este proyecto de ley en concreto, se ha hecho con un diálogo crítico, pero diálogo, con el resto de fuerzas políticas, y en especial con los partidos que forman parte del Gobierno de Canarias. Por ese motivo se presentaron una serie de enmiendas en el proceso legislativo, enmiendas que han sido presentadas por el Partido Popular y negociadas, insisto, con los partidos políticos que forman parte del Gobierno de Canarias. Seguimos sin entender por qué aquellos partidos políticos que negocian con la Administración General del Estado en Canarias aquí siguen manifestándose en contra. Parece claro que hay una sección Partido Socialista-Gobierno de Canarias, sección Partido Socialista-Congreso de los Diputados, sección Coalición Canaria-Gobierno de Canarias, sección Coalición Canaria-Congreso de los Diputados. Es decir, es algo que realmente escandaliza y llena de perplejidad no solamente a este grupo, sino también a toda la opinión pública. No sabemos bien a quién representan, qué representan y por qué representan esos intereses; serán ellos los que tengan que justificar y responder a estas preguntas.

Por último, la diputada de Izquierda Unida planteaba que el grupo que apoya al Gobierno y el propio Gobierno están obsesionados con el déficit tarifario. Obviamente. Si no hubiéramos tomado ninguna de las medidas que se han tomado, la recarga del déficit tarifario para este año sería de 10.500 millones de euros. Me imagino que ante esa cantidad su señoría creerá necesario atacarla e intentar reducirla en lo posible, y eso es lo que ha hecho este Gobierno. La pelota, que venía de 2003, alcanzaba los 26.500 millones de euros, más los 10.500, haga usted la suma, que es sencilla, y verá lo complicado que es y las dificultades con las que nos encontramos.

Este Gobierno no se arruga. Desde 2003 hasta 2011 la factura eléctrica creció en España más de un 60% -sabrán los que han sido responsables de esto por qué motivo- y aun así tenemos la energía eléctrica más cara de Europa, quitando a Irlanda y a Chipre. Este Gobierno, insisto, toma medidas, vela por el interés general, no se arredra ante los intereses de algunos sectores y afronta con claridad la búsqueda del interés general en materia energética.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mariscal.

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECEN DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS. (Número de expediente 121/000054).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Para fijar posiciones, en primer lugar por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señorías, se escudan en la creación del impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero para esconder en realidad un proyecto de ley que ustedes denominan de fiscalidad medioambiental, con importantes reformas de la normativa tributaria, fundamentalmente en la regulación del impuesto sobre sociedades, pero también del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del impuesto sobre la renta de no residentes, del impuesto sobre el patrimonio y de determinados tributos locales. Tengo que decir -no es la primera vez- que ustedes están obsesionados con las medidas de estabilidad y de sostenibilidad financiera, pero lo que no hacen es afrontar realmente una profunda reforma fiscal. El ajuste presupuestario, el saneamiento de las finanzas públicas no solo pasa por el recorte del gasto, y particularmente por el recorte del gasto social, sino que también pasa por la estructura de ingresos, y eso quiere decir pura y simplemente subir impuestos sobre todo reconsiderando abiertamente la imposición del capital y de las rentas más altas. Lo que realmente es necesario, señorías, es afrontar una reforma fiscal que sea integral, una reforma fiscal que sea seria, progresiva y no un simple parche.

En Esquerra Republicana hemos planteado una serie de enmiendas para mejorar la progresividad del sistema tributario, apostando básicamente por la redistribución de la riqueza, el control de la economía sumergida, la persecución del fraude fiscal, etcétera. Todas ellas encaminadas básicamente para no castigar más a las clases populares y a las clases medias y actuar de forma decidida contra los que más tienen. Todas, absolutamente todas, han sido rechazadas. Por eso afirmamos una vez más que, a nuestro entender, tiene que ser la Generalitat de Catalunya la que debe gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los tributos en Catalunya. Ya que no lo hacen ustedes, pronto seremos los catalanes y las catalanas los que definitivamente crearemos una sociedad más justa y equitativa.

Volviendo ya, y para terminar, a la denominación de la ley, sin lugar a dudas será una ley mucho más respetuosa con el medio ambiente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Por el Grupo Vasco PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo se va a abstener en cuanto a las enmiendas que vienen del Senado a este proyecto, dada la naturaleza del mismo, y también nuestra costumbre. En aquellas medidas de carácter tributario cuya competencia está en las diputaciones forales, nosotros habitualmente nos abstenemos y este también va a ser el caso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Hemos tenido ocasión de debatir dos veces anteriormente este proyecto de ley, en el debate de totalidad en el Pleno y también en Comisión, y las enmiendas del Senado no cambian sustancialmente nuestra postura, mantenemos una postura en contra. Sin embargo, no querría dejar de llamar la atención de la Cámara y de los ciudadanos acerca de que este proyecto de ley incorpora subidas de impuestos, subidas de impuestos en el impuesto sobre sociedades -en el que hay nuevas medidas y se prorrogan medidas anteriores-, subidas de impuestos en el IBI -en el que se prorrogan medidas anteriores-, subidas de imposición medioambiental. Por tanto, cuando el Gobierno nos dice que en los presupuestos


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no se suben los impuestos -como nos va a decir la próxima semana en el debate-, debería añadir que no se suben en los presupuestos porque se han venido subiendo en reales decretos desde el verano. Esta es una puntualización importante que los ciudadanos deberían tener en cuenta.

En cualquier caso, como digo, me remito a mis intervenciones anteriores respecto a nuestra postura de conjunto en este proyecto de ley.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.

A este proyecto de ley, que le llaman ustedes de determinadas medidas en materia de fiscalidad ambiental, nuestro grupo parlamentario planteó una enmienda a la totalidad con texto alternativo. Primero, porque parecía una broma de mal gusto que, en una ley que tenía más de veinte cambios en figuras tributarias, solo hubiera un artículo que tuviera algo que ver con el medio ambiente; mientras había artículos que tenían que ver con medidas tributarias, había uno que precisamente iba en contra de la protección del medio ambiente, como aumentar las desgravaciones y las deducciones para embarcaciones de recreo y yates de lujo, cosa incomprensible en una ley que se llama de fiscalidad ambiental.

Nuestro grupo planteó una enmienda a la totalidad con texto alternativo, donde se integraba en nuestro sistema tributario un conjunto de medidas para que aquellas actividades y personas que más contaminan más paguen, pero también deducciones para favorecer todas aquellas actividades, formas, usos y hábitos que ayudan a la reducción de las emisiones y al avance en sostenibilidad. Ustedes renuncian al instrumento de la fiscalidad ambiental. Resulta ofensivo que tengamos que debatir un proyecto que se llama de fiscalidad ambiental cuando ustedes han renunciado a ello completamente y nos alejan de Europa en esta materia.

Nosotros no apoyaremos este proyecto de ley. Ya presentamos enmienda a la totalidad. El trámite por esta Cámara y por el Senado tampoco lo ha mejorado. Es una ley que aporta algunas modificaciones en las que podemos estar de acuerdo, como la rebaja de algunas deducciones. Entendemos que nuestro sistema fiscal es un auténtico agujero negro para muchas rentas altas, las que están fuera de la renta del trabajo; un ejemplo es que hoy el gran peso de la fiscalidad recae sobre trabajadores y trabajadoras, mientras que el fraude en las grandes empresas va aumentando, y eso es fruto también de un sistema de deducciones, de más de noventa y cinco deducciones que permiten esa evasión fiscal. Pero lo que plantean es excesivamente blando, no va a resolver para nada el problema del fraude fiscal.

Por otro lado, ustedes no abordan una reforma de fiscalidad en profundidad. Nuestro país es el que más ha crecido en desigualdad de toda la OCDE; es un país en el que está aumentando el número de millonarios mientras crece de forma exponencial el número de pobres, y ustedes no están haciendo ninguna política fiscal que sea redistributiva, que es lo que debería estar haciendo un Gobierno; ninguna medida va en ese sentido. Mientras están aplicando un IVA que penaliza a las rentas bajas y al consumo, mantenemos un tipo efectivo a las grandes empresas de un 12,5 %. Eso es un escándalo, es una injusticia social y una vergüenza como país porque desaparece la solidaridad también de nuestra fiscalidad. Por lo tanto, nosotros no vamos a apoyar este proyecto de ley y, en cuanto a las enmiendas del Senado, como en algunas podemos estar de acuerdo porque mejoran levemente el proyecto de ley, ya pasaremos qué enmiendas se tienen que votar por separado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz. Ya nos pasará esas enmiendas.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente desde el escaño. Mi grupo parlamentario quiere poner de manifiesto que ya al inicio de la tramitación presentamos una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley y creemos que las condiciones que nos llevaron a presentarla se mantienen. ¿Qué condiciones son estas? Primero, el proyecto continúa incrementando la presión fiscal sin lugar a dudas, continúa incrementando impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre bienes inmuebles. Llamar a este proyecto de ley de medidas de fiscalidad medioambiental nos parece, cuando menos, absurdo porque únicamente incluye el nuevo impuesto sobre gases fluorados, impuesto que además no es equiparable totalmente con la legislación comparada a nivel


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europeo. Es chocante, en este sentido, que, según datos del año 2012, los impuestos medioambientales recaudan de media en España un 5,2 % de todos los ingresos fiscales cuando en la Unión Europea de los Veintisiete es de un 6,2 % del total de ingresos fiscales. La baja recaudación en este sentido coloca a España entre los últimos de la Unión Europea, figurando únicamente por detrás de nosotros Bélgica y Francia. Por tanto, el recorrido que cabe en materia de fiscalidad ambiental es amplio y este proyecto de ley no adopta medidas en este sentido.

Por otro lado, las medidas del proyecto de ley ponen en peligro el proceso de internacionalización de las empresas. Las modificaciones que se hacen en materia de impuesto sobre sociedades no nos parecen las adecuadas. Creemos que es necesario, en este sentido, complementar la necesidad de la política fiscal con la necesidad recaudatoria, y que se impulse también la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo.

Por último, con relación a la enmienda a la totalidad que habíamos presentado al inicio de la tramitación del proyecto de ley, hablábamos de la deslealtad institucional que suponía de nuevo este proyecto de ley. Hablamos de que desde el inicio de la legislatura, según datos contemplados en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, se han recaudado, con medidas que han supuesto incrementos fiscales, más de 30.000 millones de euros, y ninguno de ellos ha sido destinado a las comunidades autónomas, únicamente a la Administración General del Estado, cuando además muchos de estos impuestos están cedidos a las comunidades autónomas.

Quiero referirme a dos enmiendas aprobadas por el Senado, transaccionales a enmiendas formuladas por Convergència i Unió en el trámite parlamentario en la Cámara Alta. La primera es la modificación del artículo 6 apartado cinco del proyecto de ley, que permitirá al Estado solicitar a la Comisión Europea la aplicación de la bonificación del impuesto sobre electricidad a otros sectores de consumo intensivo de energía, como por ejemplo el sector del papel, la pasta y el cartón, sumándose a los sectores que ya está previsto en el proyecto de ley que se les aplique esta bonificación. Hablamos de los procesos de reducción química, los electrolíticos, los minerológicos y los metalúrgicos. Creemos que esto es importante porque es conforme a la directiva 2003/96/CE, del Consejo, de 27 de octubre de 2003, y porque estamos hablando de sectores industriales, como el de la pasta, papel y cartón, al que me refería, que son intensivos en energía, fuertemente exportadores y en abierta competencia internacional. Por tanto, creemos que es importante que se pueda solicitar esta autorización a la Comisión Europea y que pueda aplicarse y trasponerse al ordenamiento interno.

La segunda enmienda a la que me quería referir es la modificación del artículo 2, apartado segundo, punto dos del proyecto de ley, que se refiere a que la compensación de bases imponibles negativas en el impuesto sobre sociedades como consecuencia de quitas en procesos concursales podrá ser deducible en los próximos ejercicios si el acuerdo concursal es aprobado a partir de enero de 2013. Esta enmienda proviene de una preocupación provocada por el Real Decreto-ley 9/2011, que supuso la entrada en vigor para los ejercicios 2011, 2012 y 2013 de la limitación de la compensación de bases imponibles negativas generadas en ejercicios anteriores para empresas con un volumen de operaciones superior a 6 millones de euros.

La experiencia adquirida en estos dos años de aplicación de esta norma transitoria ha puesto de manifiesto los efectos perniciosos que esta medida tiene en la viabilidad de nuestras grandes empresas incursas en procedimientos concursales. Así, la medida transitoria aprobada por este real decreto-ley entorpecía la viabilidad de estas empresas concursadas, ya que mina los fondos propios de las mismas al imponerles una carga tributaria adicional por verse obligadas a satisfacer el impuesto sobre sociedades derivado de la quita acordada con los acreedores en el procedimiento concursal, con los efectos que estaba suponiendo en nuestro tejido empresarial y en la capacidad de mantenimiento del empleo. Creemos que la salvaguarda y viabilidad de estas empresas incursas en procedimientos concursales y los efectos sobre el empleo que ello podría generar hacían aconsejable que esta situación no deseada, generada transitoriamente por el real decreto-ley al que me refería, fuera paliada de forma inmediata, sin tener que esperar a los periodos impositivos iniciados a partir del ejercicio 2014 para subsanarla.

Consideramos importantes estas dos enmiendas transaccionales a enmiendas formuladas por Convergència i Unió en el trámite en el Senado.

Para acabar como he empezado, señorías, quiero recordarles que en este último trámite parlamentario el proyecto de ley que hoy aprobaremos mantiene, desde nuestra perspectiva, excepto pequeños cambios, las mismas características que denunciábamos en la enmienda a la totalidad formulada: afán recaudatorio, escaso recorrido en materia de fiscalidad medioambiental, no utilizar el marco fiscal suficientemente para


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impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo y, para finalizar, poco respeto al principio de lealtad institucional.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Pérez-Castejón.

El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.

Intervendré también desde el escaño para fijar la posición de mi grupo parlamentario en este proyecto de ley, que, si refleja algo, es precisamente la política fiscal de este Gobierno, a la que nos tiene acostumbrados a lo largo de los más de veinte meses que lleva al frente del país y que se puede resumir en una subida discriminada -porque siempre es sobre los mismos, sobre las clases medias, sobre las pequeñas y medianas empresas- de impuestos, combinado todo ello con unos regalos fiscales evidentes a una minoría selecta, con nombres y apellidos, y que ven reflejados muchos de esos regalos fiscales en este proyecto de ley que va a ser sometido a la votación de la Cámara. Y todo ello con el título de la fiscalidad ambiental que, una vez leído el articulado del proyecto de ley que se somete a votación de esta Cámara, señorías, de ecológico lo que tiene es el título porque no tiene absolutamente nada más. Me explico.

En relación con la subida de impuestos, hay que recordar que en los casi veinticuatro meses que lleva el Partido Popular al frente del país se han subido del orden de catorce veces impuestos como el IRPF, el impuesto sobre sociedades, el IBI o el IAE. En fin, está muy bien para un partido que se presentó a las elecciones generales diciendo que iba a bajar los impuestos a los españoles. El recorrido del Gobierno en materia de política fiscal no es más que subir impuestos y desde luego siempre a los mismos, a las clases medias y a las pequeñas y medianas empresas. Con la excusa de la fiscalidad medioambiental, el Gobierno plantea la creación de un impuesto sobre los derivados halogenados de hidrocarburos saturados, que comúnmente se pueden denominar como gases fluorados, y que cuenta con el rechazo de todos los colectivos y de todos los agentes económicos involucrados. La industria lo ha calificado de confiscatorio y nosotros consideramos que efectivamente es confiscatorio porque lo único que hace es pretender recaudar sobre un hecho imponible, que es la emisión de estos gases fluorados, pero lo hace de una manera confiscatoria porque va a suponer para la industria pagar diez veces más en términos de impuestos que el precio de mercado del gas que es objeto de la imposición. Desde luego, no cuentan con el respaldo de los expertos fiscales en medidas medioambientales ni con las asociaciones ecologistas que han mostrado su rechazo a un quiero y no puedo, es decir, a una propuesta de fiscalidad ambiental que lo único que persigue es la recaudación y no la alteración de conductas o hábitos, que es en definitiva lo que están haciendo muchos países sólidos y solventes en relación con la fiscalidad medioambiental y que este Gobierno desde luego no plantea en este proyecto de ley.

Pero, fíjense, señorías, lo más sustantivo son los regalos fiscales que se plantean en este proyecto de ley. Si podemos decir algo de este proyecto de ley es que, por gentileza del Gobierno se han adelantado las Navidades al mes de octubre para determinadas empresas. Y la primera de ellas es la empresa Nuclenor, propietaria, como saben ustedes, de la central nuclear de Garoña. Nosotros hemos manifestado en reiteradas ocasiones el oportunismo político, el intervencionismo en una cuestión tan sensible como es la política nuclear del actual Gobierno. El actual Gobierno lleva meses modificando leyes y reglamentos -por ejemplo, el de instalaciones nucleares- para facilitar que Nuclenor vuelva a abrir la actividad en la central nuclear de Garoña y en este proyecto de ley se plantea un regalo fiscal de 150 millones de euros a la propietaria de Garoña para que efectivamente dicha central pueda volver a abrir sus puertas y a operar en próximos tiempos. ¿Cuál es la treta fiscal que plantea este proyecto de ley? Lo que plantea simplemente es fijar, como primer periodo impositivo del impuesto sobre combustible nuclear gastado, el 1 de enero de 2013. Ustedes me dirán: ¿Y eso qué tiene que ver con Garoña? Pues que Garoña lo que hizo fue descargar esos residuos radiactivos tres días antes, el 28 de diciembre de 2012 y, por tanto, el Gobierno, en este regalo fiscal, en esta política fiscal a la carta para una minoría, insisto, selecta de empresas, lo que hace es evitarle a Nuclenor el pago de esos 150 millones que le correspondería pagar como consecuencia de ese impuesto. A mí me resulta impúdico que el Gobierno plantee un regalo fiscal de estas características en un proyecto de ley que dice llamarse de medidas de fiscalidad medioambiental. Plantea un regalo fiscal a una empresa para que vuelva a abrir la central nuclear de Garoña; me parece sinceramente impúdico, como me parece impúdico, señorías, recordar, en un día como el 18 de diciembre de 2012, al señor ministro Soria diciendo en el Senado a una pregunta de un senador socialista que nunca


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jamás el Gobierno de España iba a plantear ningún regalo fiscal a Nuclenor, la propietaria de la central nuclear de Garoña. Bien, pues casi un año después ya sabemos lo que vale la palabra del señor ministro Soria, lo mismo que el programa electoral del Partido Popular: nada.

Regalos fiscales hay muchos más, aunque tampoco pretendo extenderme. Yo quería poner como ejemplo más paradigmático de este proyecto de ley el que se le hace a la propietaria de la central nuclear de Garoña. Pero sí diré -con esto termino, señor presidente- que consideramos que este proyecto de ley es un fiel reflejo de la política fiscal de este Gobierno, va contra el programa electoral del Gobierno -eso es evidente-, pero sobre todo va en contra del crecimiento económico de este país y de la creación de empleo porque ahoga el consumo y desde luego, como también se ha dicho por parte de otros grupos intervinientes, lo que hace es entorpecer la internacionalización de muchas empresas subiendo los impuestos a aquellas empresas que ahora mismo están intentando abrir mercado en el extranjero. Así que, señorías, señor presidente, nosotros votaremos en contra de este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy acaba la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley por el que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y otra serie de medidas tributarias. Después de escuchar las intervenciones del resto de grupos políticos tengo que manifestar, en primer lugar, que el principal objetivo de este proyecto de ley es contribuir a la consolidación fiscal, contribuir a la solidez de nuestras finanzas públicas y contribuir a salir de una situación que heredamos del Gobierno socialista que nos había dejado la recaudación tributaria por los suelos. Este Gobierno -el Gobierno del Partido Popular- se encontró un verdadero abismo fiscal, ahora que se habla tanto del abismo fiscal, se encontró unas arcas públicas vacías y había una necesidad extraordinaria de ingresos. Es verdad que este Gobierno ha subido impuestos, no lo hemos negado nunca, pero lo ha hecho siempre de manera justa y equitativa. Contrariamente a lo que ustedes afirman, los regalos fiscales los hacía el Gobierno socialista a las grandes empresas (Aplausos), porque la recaudación del impuesto sobre sociedades cayó durante la etapa del Gobierno socialista más de un 65%.

¿Qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular? Subir los impuestos a las grandes empresas. Si hablamos del impacto que han tenido las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular en el impuesto sobre sociedades, solamente en el año 2012 han supuesto una recaudación adicional, fundamentalmente de las grandes empresas, de más de 4.800 millones de euros. Por tanto, lecciones de justicia tributaria desde el Partido Socialista, pocas, porque yo me pregunto por qué no tomaron todas esas medias cuando estaban en el Gobierno.

Ateniéndome a las medidas que contiene este proyecto de ley, es importantísimo resaltar que, por un lado, se prorrogan algunas de las medidas fiscales para avanzar en una mayor tributación de las grandes empresas en el impuesto sobre sociedades y, por otro, se adopta una medida muy importante en el impuesto sobre sociedades como es la imposibilidad de deducir las pérdidas de entidades participadas, medida que va a afectar una vez más fundamentalmente a las grandes empresas y que va a aportar a la recaudación tributaria nada menos que 3.650 millones de euros en el año 2014, que van a salir de la caja de las grandes empresas, se lo puedo asegurar; 3.650 millones de euros de manera anual, recurrente, que van a beneficiar a todos porque los impuestos son -lo he dicho muchas veces- de todos y para todos y que son absolutamente necesarios para la sostenibilidad de nuestros servicios públicos fundamentales. Por tanto, este proyecto de ley contiene una vez más medidas justas y equitativas en la línea en que el Gobierno está afrontando el problema de la falta de ingresos de la Hacienda pública.

Por otro lado, han criticado también el intento del Gobierno de introducir alguna medida de carácter medioambiental en línea con las decisiones adoptadas en la Unión Europea, como es el caso del nuevo impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero. Una vez más toda la oposición ignora que este Gobierno ha anunciado ya para el primer trimestre del año próximo una reforma fiscal profunda, y para ello hay una comisión de expertos que está estudiando todas las medidas que puedan avanzar en esa progresividad, justicia y equidad de nuestro sistema tributario. Ignoran esa realidad y creo que es muy importante tenerla en cuenta, porque hablan de que esta ley introduce parches en el sistema fiscal pero de momento lo evidente es que algo hay que hacer, hay que tomar medidas para afrontar con solidez los servicios públicos fundamentales, la educación, la sanidad, los servicios sociales, que necesitan todos los


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ciudadanos. Por tanto, me parece una incoherencia que se critique un intento serio de promover actitudes más responsables y respetuosas con el medio ambiente y penalizar la emisión de sustancias de este tipo, de gases fluorados de efecto invernadero, que tienen unas consecuencias muy nocivas para el medio ambiente. ¿Que más adelante el Gobierno pueda introducir otras medidas de carácter medioambiental en línea con las recomendaciones de la Unión Europea? Por supuesto que se hará, pero ya hay una comisión de expertos que está estudiando una reforma fiscal profunda y ese será el ámbito en el que se estudiarán otra serie de medidas.

Concluyo porque no quiero agotar todo el tiempo. Con la aprobación hoy de este proyecto de ley el Gobierno avanza una vez más en el compromiso con la consolidación fiscal, avanza en el compromiso con el equilibrio presupuestario y avanza en introducir una mayor justicia y equidad en nuestro sistema tributario porque, insisto, la mayor parte de las medidas que introduce este proyecto de ley van a salir de la caja de las grandes empresas, y en esa línea trabaja el Gobierno. Sin duda este firme compromiso con la consolidación fiscal es lo que nos está permitiendo salir de la crisis e iniciar la recuperación económica, y es el que nos va a permitir en el futuro crecer y crear empleo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE CAJAS DE AHORROS Y FUNDACIONES BANCARIAS. (Número de expediente 121/000049).

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar el debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Para presentar el proyecto de ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el ministro de Economía y Competitividad.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Gracias, señor presidente.

Señorías, tengo el honor de comparecer hoy en el Pleno para defender el proyecto de ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Se trata de una norma fundamental para la recuperación económica en España y a su vez damos un paso definitivo en el proceso de reestructuración de nuestro sistema financiero. Esta ley persigue dos objetivos básicos: la estabilidad financiera y la preservación de los valores clásicos de las cajas: su carácter social y su arraigo territorial. Es una norma que profundiza además en la transparencia de las entidades, en las buenas prácticas de gobierno corporativo, y lo que se pretende en última instancia es beneficiar la financiación de la economía.

Señorías, coincidirán conmigo en que la estabilidad financiera es fundamental para la recuperación, y así lo entendió el Gobierno desde el primer momento. Por eso una de las primeras medidas que pusimos en marcha apenas hace un año y medio fue intentar devolver la confianza y credibilidad a nuestro sistema financiero. Hoy, gracias a esta reforma, las instituciones y mercados vuelven a confiar en España como un país sólido y comprometido con la recuperación económica. Los bancos nacionales han emitido casi 30.000 millones de euros en los mercados internacionales en lo que llevamos de año, el préstamo neto del eurosistema se ha reducido en más de 140.000 millones de euros de forma ininterrumpida y los depósitos de hogares y empresas han aumentado en 60.000 millones de euros alcanzando el nivel que teníamos a final de 2011. Hace tres semanas, como todos ustedes conocen, finalizó la cuarta misión de seguimiento del programa de asistencia al sector financiero y las conclusiones fueron claras: la situación de liquidez y los balances del sistema bancario están reforzados, los depósitos de hogares y de empresas se han incrementado, los bancos españoles tienen abierto el acceso a los mercados de capitales. Es una situación completamente distinta a la que nos encontramos cuando asumimos el Gobierno. Con esta ley estamos en camino de concluir el programa de asistencia financiera en tiempo y forma, dando cumplimiento a dos exigencias concretas del MOU. En primer lugar, reforzar las exigencias de gobierno corporativo de las cajas de ahorros y, en segundo lugar, clarificar el papel de las cajas en tanto que accionistas de las instituciones de crédito con el fin de reducir su participación a niveles de no control.

Señorías, la situación de las cajas de ahorros no puede volver a comprometer, como ocurrió, la estabilidad de todo el sistema financiero. Por eso, mediante esta ley dotamos de un nuevo marco jurídico a las cajas y a las fundaciones bancarias y definimos su papel de control de las entidades de crédito en su condición de accionistas. Las cajas de ahorros deben de ayudar a crear un clima de negocios adecuado


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en el que todos los actores económicos, empresas y ciudadanos, puedan desarrollar sus actividades con libertad y plenas garantías. Así mismo, hemos tratado de proteger en esta norma el espíritu de territorialidad de las cajas. Se trata de una ley que respeta las competencias normativas de las comunidades autónomas ya que persigue que el ámbito de actuación de las cajas sea minorista, centrándose en los pequeños y medianos ahorradores, lo que sin duda tendrá un impacto positivo sobre las economías locales y autonómicas y, por ende, en el conjunto de España. En definitiva, señorías, el objetivo que nos planteamos con esta norma es establecer un sistema financiero más solvente, más transparente y con un mejor gobierno corporativo.

Paso ya a detallarles el contenido concreto de esta ley. En primer lugar, me referiré a la nueva regulación de las cajas de ahorros y después haré referencia a las fundaciones bancarias.

Señorías, como saben, las cajas de ahorros surgen en su origen como entidades de beneficencia orientadas al fomento y protección del ahorro y a la generalización del acceso al crédito de las personas más desfavorecidas. Asumían preocupaciones de carácter social, lo que les condujo a realizar las actividades financieras más básicas, de menor riesgo y más próximas al ciudadano. Además, se desenvolvían en un escenario restringido eminentemente local. A partir de los años setenta, sin embargo, todo se modificó y se fueron pareciendo cada vez más a los bancos. La crisis económica ha puesto de manifiesto las debilidades del modelo de cajas de ahorros, conduciendo a algunas de ellas a una situación de inviabilidad. Entre los factores que han conducido a esta situación podemos destacar la falta de profesionalidad de los miembros de gobierno de las entidades, la interferencia por motivaciones políticas en su gestión, la realización de actividades financieras cada vez más complejas y de mayor riesgo que no siempre eran bien entendidas, así como un crecimiento excesivo que las convirtió en entidades sistémicas. Todo esto ha hecho necesario replantear el régimen jurídico de las cajas para volver al origen de estas instituciones, centrándose en el negocio minorista y en su propio ámbito de actuación territorial.

Este proyecto de ley nace, en primer lugar, de una visión positiva de las cajas de ahorros como entidades que han prestado y pueden seguir prestando un servicio importante para el desarrollo de la actividad financiera en nuestro país y cuya obra es de gran relevancia para los ciudadanos. Tiene la finalidad de evitar que lo ocurrido en los últimos años pueda volver a repetirse. Las cajas tienen que recuperar su aceptación general y su éxito como instituciones financieras singulares y establecer un modelo viable y sostenible en el tiempo. Para lograr este propósito, señorías, el proyecto de ley establece en primer lugar una triple limitación a la actividad de las cajas, tanto material como territorial y de volumen. Material, pues realiza una vinculación explícita de la actividad de las cajas con las necesidades de los clientes minoristas y de las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, las cajas no se podrán dedicar a actividades complejas. En segundo lugar, territorial, al introducir la exigencia de que las cajas desarrollen sus actuaciones principalmente dentro del ámbito de una comunidad autónoma. No obstante, podrán sobrepasar este límite siempre que actúen sobre un máximo total de diez provincias limítrofes entre sí. Y de volumen, por último, en cuanto a que impide de manera expresa que las cajas alcancen un tamaño lo suficientemente grande como para adquirir un carácter sistémico. Es decir, no podrán tener un activo superior a los 10.000 millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35% de los de la comunidad autónoma en que operan. Si se exceden de estos límites de tamaño, adquiriendo por tanto ya una naturaleza sistémica, deberán traspasar su actividad financiera a un banco, que será participado a partir de entonces por una fundación bancaria. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

En segundo lugar, se incrementa la profesionalización y experiencia de los órganos de gobierno de las cajas. La norma exigirá a los miembros del consejo de administración y a sus directivos los mismos requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno que se exigen a los consejeros y directivos de los bancos. Por otro lado, y puesto que las cajas carecen de accionistas, se establece un sistema electoral para constituir la asamblea general, en virtud del cual se pretenden conseguir dos objetivos fundamentales: en primer lugar, evitar el control político y, en segundo lugar, atribuir dicho control a los principales interesados, que son los impositores o depositantes en las cajas. En concreto, la asamblea general reflejará en su composición los intereses de las entidades fundadoras, de los impositores y los destinatarios de la obra social. El número de consejeros generales estará comprendido entre 30 y 150 y su mandato será de entre cuatro y seis años. Las administraciones públicas en ningún caso, señorías, podrán designar más del 25% de los consejeros generales. Se atribuye una representatividad a los impositores de entre el 50% y el 60% en dicho consejo general, asegurando que al menos la mitad se atribuirá al turno de grandes impositores para que queden adecuadamente representados. El resto de consejeros generales


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correspondientes a este turno se elegirá por el sistema de compromisarios, designados por sorteo entre el resto de impositores. Se refuerzan, por otro lado, las normas de incompatibilidad para asumir funciones en las cajas. En diferentes ocasiones se ha constatado que intereses ajenos a los de la caja han llevado a estas entidades a la adopción de decisiones o al desarrollo de gestión por parte de estas entidades que no eran viables ni positivos para los resultados de la entidad. En este sentido, los miembros de los órganos de gobierno no podrán ejercer cargos ejecutivos en partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales ni cargo público alguno. Asimismo, el proyecto de ley garantizará que los miembros de los órganos de gobierno de las cajas desempeñen sus funciones en el exclusivo interés de la caja y siempre de acuerdo con criterios de eficiencia y buena gestión financiera. A partir de ahora ya no se exige exactamente que el consejo de administración refleje las proporciones de cuota representativa de la asamblea general; por el contrario, se requiere que al menos la mitad de los miembros del consejo sean independientes, no pudiendo tener tal consideración los que sean consejeros generales. El ejercicio del cargo de presidente ejecutivo del consejo de administración requiere dedicación exclusiva y será incompatible con cualquier actividad retribuida tanto de carácter público como privado. Se exige además proporcionalidad en función de la dimensión económica de cada caja para fijar el número total de miembros de la asamblea y del consejo de administración. Se limita, en línea con lo previsto en la orden de gobierno corporativo, el mandato de vocales independientes del consejo de administración a un máximo de doce años. Por otra parte, se mantiene la comisión de control, que velará por el buen funcionamiento del procedimiento electoral y por la obra social de la caja, que contará además con incentivos fiscales.

En definitiva, señorías, esta reforma garantiza la viabilidad futura de las cajas y profundiza en los principios de transparencia, profesionalidad y buen gobierno, unos principios que hemos impulsado desde el primer momento de esta legislatura. Somos el primer Gobierno que ha limitado las remuneraciones y las indemnizaciones por terminación de contratos de los directivos de las entidades financieras que han recibido apoyo público. A su vez, hemos incorporado a la normativa de las entidades de crédito los criterios de la Asociación Europea de Banca sobre honorabilidad, experiencia y buen gobierno. Hemos impuesto transparencia a las entidades financieras y a todas las sociedades cotizadas a través de la orden de gobierno corporativo. Además, hemos creado una comisión de expertos independientes que ha elaborado un estudio sobre los mejores estándares internacionales de gobierno corporativo, sobre el que mañana informaré al Consejo de Ministros. Queremos así reforzar la transparencia y el funcionamiento de los órganos de administración de nuestras empresas y sociedades.

Señorías, me detendré ahora en el segundo pilar de este proyecto de ley: la regulación de las fundaciones bancarias. La ley regula el régimen de transformación en una fundación bancaria tanto para las cajas de ahorros como para las fundaciones ordinarias. En primer lugar, tendrán que transformarse en fundaciones bancarias las cajas de ahorros que actualmente desarrollan sus actuaciones en régimen de ejercicio indirecto, es decir todas aquellas que desarrollan su actividad financiera a través de entidades bancarias y, asimismo, todas aquellas que tengan un activo superior a los 10.000 millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35% de los de la comunidad autónoma en que operan. En segundo lugar, las fundaciones ordinarias tendrán que transformarse en fundación bancaria cuando adquieran al menos un porcentaje del 10% de la participación en un banco. Estas fundaciones bancarias tendrán una finalidad social, orientando su actividad principal a la obra social y a la adecuada gestión de su participación en la entidad de crédito. Al mismo tiempo, se pretende que vayan disminuyendo su participación de manera paulatina en las entidades bancarias hasta que alcancen niveles de no control. Para alcanzar este objetivo el proyecto de ley prevé un régimen escalonado de obligaciones para las fundaciones bancarias más exigente cuanto más elevada es la participación en dicha entidad de crédito. Cuando esta participación sea de al menos un 30 %, la fundación bancaria deberá presentar al Banco de España para su aprobación un protocolo de gestión de la participación financiera y un plan financiero para hacer frente a las potenciales necesidades de capital de la entidad de crédito. Cuando la participación sea superior al 50% o se ostente una posición de control en una entidad de crédito, el nivel de exigencia será superior. El plan financiero, en este caso, deberá ir acompañado de un plan de diversificación de inversiones y de gestión de crédito y de la dotación de un fondo de reserva para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de la entidad de crédito participada. Además, cuando se produzcan procesos de ampliación de capital de la entidad, no podrán ejercer los derechos políticos correspondientes a la parte del capital adquirido que les permita incrementar o mantener la posición superior al 50% o de control. Por último, respecto al reparto de dividendos, estará sujeto a mayorías reforzadas.


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Al igual que con las cajas de ahorros, las fundaciones bancarias estarán sujetas a los mismos requisitos de gobierno corporativo relativos a la incompatibilidad, honorabilidad, experiencia y buen gobierno. En particular, se impide que los miembros del patronato de las fundaciones bancarias sean miembros del consejo de administración de la entidad de crédito. La finalidad es asegurarse que las fundaciones bancarias como actores significativos del sistema de crédito español actúen con los máximos niveles de profesionalidad, independencia, transparencia y eficiencia, sin que en ningún caso se pueda poner en peligro la solvencia de la entidad de crédito. El régimen de control será llevado a cabo por el Banco de España, en el marco de sus funciones de supervisión financiera, y a su vez por el protectorado, que corresponderá al Ministerio de Economía y Competitividad cuando la fundación bancaria tenga un ámbito de actuación principal superior al de la comunidad autónoma.

Para concluir, señorías, permítanme que les recuerde que esta norma respeta escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas. En este sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional es abundante y ha delimitado el alcance de la legislación básica en materia de cajas, en particular en todo aquello que afecta a la estabilidad financiera y a la solvencia de las entidades de crédito. Señorías, creo que es muy importante recordar que la regulación sobre fundaciones bancarias se ha realizado de manera escalonada, es decir cuanto mayor es la participación de la fundación en la entidad de crédito, mayor es la regulación. El objetivo es que la incidencia en la estabilidad financiera sea mínima para que los errores que se han producido en el sistema financiero no vuelvan a darse y para garantizar un marco sólido donde la incipiente recuperación económica pueda cristalizar.

En definitiva -y concluyo ya, señorías-, lo que hoy debatimos es un nuevo marco jurídico para las cajas de ahorro y las fundaciones bancarias que clarifique su papel en el control de las entidades de crédito en su condición de accionistas. Les reitero que con la aprobación de esta norma damos cumplimiento a uno de los compromisos fundamentales, seguramente el último relevante, del memorándum de entendimiento firmado por España, que nos va a permitir finalizar una de las reformas claves de este Gobierno para la recuperación económica. Como no puede ser de otra forma y como siempre ha sido, estamos abiertos al diálogo y esperamos poder contar con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios para obtener entre todos la mejor ley posible. Estoy convencido de que podremos encontrar puntos de encuentro para hacer de nuestro sistema financiero un marco sólido, estable y transparente que permita el desarrollo de nuestra economía y para evitar los errores del pasado. Esa es la voluntad del Gobierno y estoy seguro también de que es la de todos los grupos de esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.

A este proyecto de ley se han presentado cinco enmiendas a la totalidad, todas ellas de devolución. El Grupo Mixto va a fijar su posición en este turno, según previsión de la Presidencia, durante quince minutos.

La señora Fernández Davila tiene la palabra.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, el presente proyecto de ley se presenta al final del intenso proceso de reestructuración financiera acometida desde el año 2009. El Bloque Nacionalista Galego, como ustedes saben, rechazó enérgicamente el proceso de reestructuración financiera básicamente porque sus objetivos eran la bancarización de las cajas de ahorro, forzando su conversión en bancos privados convencionales a través de las distintas fases de reestructuración, y la centralización de las competencias sobre el sector financiero, situando a las cajas de ahorro en la órbita del Estado.

Con este proyecto de ley se pretende que el Estado entre de lleno en esa regulación, estableciendo concretas normas relativas al tamaño, la limitación en su implantación territorial o su vocación hacia el crédito a pequeñas y medianas empresas. No cuestionamos, señor ministro, frontalmente estas orientaciones puesto que coincidimos sobre todo en el papel que las cajas de ahorro deberían haber ejercido y que deberá ser, por tanto, el que mantengan aquellas que sobrevivan. Lo que rebatimos abiertamente es que corresponda al Estado diseñar este modelo de cajas de ahorro único y homogéneo para todo el Estado, que hará innecesaria la promulgación de normas autonómicas sobre cajas de ahorros puesto que se agota por la legislación estatal el ámbito del que hasta el momento podían disponer los poderes legislativos autonómicos.

Por otra parte, el proyecto de ley se sustenta en afirmaciones que los hechos demuestran infundadas. La restricción del tamaño de las cajas solo entraña continuar asentando y consolidando el proceso para reforzar la bancarización de todo el sector financiero. La crisis financiera afectó a entidades de todo tipo y


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tamaño, incluso afectó de forma diferente a cajas de ahorros sometidas a una misma legislación, también a entidades con escasa presencia de representantes políticos. Por lo tanto, lo determinante ha sido la forma de gestión y el modelo de expansión escogido, aspectos ajenos, como se dijo, a la regulación. En ello sí ha sido determinante la liberalización financiera que también se extendió al ámbito de las cajas de ahorros, puesto que fue lo que directamente permitió que hubiera diferentes formas de gestión y expansión.

Este proyecto de ley no contribuirá de forma determinante a evitar que nuevas crisis acudan a las cajas de ahorros al no afrontar una supervisión, regulación y orientación decidida desde el ámbito público en función de intereses generales y no solo de las aspiraciones de directivos y gestores. En cambio, este proyecto de ley sí aspira a que sea definitivo el mapa resultante de la reestructuración financiera con la desaparición e integración en grandes bancos privados de múltiples cajas de ahorro sin posibilidad de retorno. Ni siquiera se abordan aspectos ni se dan soluciones a problemas latentes como son las garantías de mantenimiento de la obra social, que entrará en una difícil encrucijada al limitarse su financiación por la sucesiva integración de las cajas de ahorros en bancos de mayor tamaño, con lo que sus recursos dependerán de la política de dividendos de los accionistas.

Tampoco aparece suficientemente justificada la necesidad de acometer una regulación homogénea de las fundaciones bancarias, señor ministro, y de sustraer su competencia a través de una ley específica sobre la que tienen las comunidades autónomas de forma genérica sobre sus fundaciones. En realidad se pretende también absorber por el Estado una competencia que no le es propia en su afán recentralizador, a través del artificio regulatorio de fijar la participación en una entidad bancaria como el criterio determinante y delimitador para establecer la competencia en vez de mantener que sea la naturaleza jurídica de la entidad la que atribuya la competencia.

Finalmente, tampoco podemos estimar acertada la oportunidad de este proyecto de ley dada su pretensión de cerrar normativamente un proceso de reestructuración financiera que, de mantener invariable la hoja de ruta para vender las entidades nacionalizadas, finalizará con una concentración bancaria sin precedentes en el Estado español. No compartimos ni aceptamos que se empleen dos varas de medir en función de un interés centralista. Por un lado, se salvan entidades sistémicas a nivel estatal y se les permite mantener su estructura y remontar el vuelo en solitario, pero por otra parte se condena a la dilución en otras entidades financieras de ámbito estatal a entidades procedentes de cajas de ahorros que son sistémicas para comunidades autónomas, como es el caso de Novagalicia Banco para Galicia. Creemos, señorías, que debe haber una revisión a fondo del proceso en marcha para la venta de esta entidad, evaluar su futuro en solitario como entidad propia de Galicia, vital para el desarrollo de subsectores productivos básicos, y como única garantía para asegurar la vinculación del territorio de Galicia con un instrumento financiero propio.

Esa debe ser la prioridad, señor ministro, en vez de presentar un proyecto de ley para culminar un proceso de concentración financiera que sobre la base de una visión centralista abocará a la concentración del poder de decisión sobre la política de inversiones y créditos, con graves repercusiones para el tejido económico de zonas periféricas del Estado. De ahí, señorías, señor ministro, nuestra enmienda de devolución.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Fernández Davila.

Señor Bosch, tiene la palabra.

El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros también presentamos una enmienda de devolución porque entendemos que aquí sigue la cadena de grandes errores, una cadena de grandes errores compartidos por los dos grandes partidos dinásticos de esta Cámara, del PSOE, que gobernó hasta hace un par de años, y continuados, perpetuados por el Gobierno actual del PP, usando como instrumento al Banco de España. El primer gran error fue no limitar la burbuja, no acometer los problemas que generaba la burbuja inmobiliaria, una cierta alegría en el crédito y una falta de capitalización; ese fue seguramente el primer gran error. Segundo, el descontrol que se permitió de los productos tóxicos, con las infames preferentes en el lugar preferente -perdonen la redundancia-, y sin establecer los controles, la regulación que se podía haber hecho y que no se hizo en el momento adecuado. Y, en tercer lugar, una marcada alegría en el funcionamiento de las puertas giratorias, haciendo que personas muy próximas a la política entraran en el gobierno de las cajas de ahorros y de otras instituciones, lo cual creó unas complicidades entre el poder político y la dirección del sistema bancario que no ayudaron a buscar soluciones, sino todo lo contrario. En ese sentido creemos


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que el fallo principal en esa cadena de errores es un fallo de tipo ético. La banca no ha actuado con la ética que le correspondía, y no ha reaccionado con el sentido ético que hubiera sido adecuado para atajar esos errores en el momento en que se estaban produciendo. No es un problema del sistema de cajas, no es un problema de la dispersión de las cajas de ahorros ni de su arraigo al territorio, no es un problema de tamaño, en este caso creemos que el tamaño no importa, y en cambio se hizo ese diagnóstico, y ese fue otro de los grandes errores que se sumó a la cadena, porque en el momento de intentar atajar problemas que ya eran evidentes lo primero que se hizo fue atacar el tamaño, y a través del FROB ir a la fusión de entidades para conseguir lo que entonces se llamó una banca sistémica o entidades financieras sistémicas. Eso fue un error, y en vez de conseguir una banca sistémica lo que se consiguió fue una banca anémica. Ahí acabó esa primera reforma.

Después, encima, ustedes con esta propuesta le añaden otra receta, que para nosotros será otro problema en esta cadena de errores, que es la recentralización. Ustedes dicen que no, el señor ministro, el señor De Guindos ha subido aquí diciendo que no ataca las competencias autonómicas. Bueno, no sé, no sé si ataca competencias autonómicas, es posible que no; pero en cualquier caso la tónica, el empuje, la receta que aquí se adopta va hacia la recentralización. ¿Cómo? Otra vez basándose en el tamaño. Cuando el tamaño exceda ciertas dimensiones eso dejará de caber dentro de las relaciones con el Gobierno de la comunidad autónoma pertinente. A nuestro entender es una manera como otra de recentralizar, y nos preocupa, porque esa es una fórmula ya reiterativa en el caso del Gobierno del PP. ¿No funciona la banca? Recentralizamos. ¿Tenemos enormes problemas de deuda, la mayoría generados por el Gobierno central? Recentralizamos. ¿La Administración local tiene problemas? Recentralizamos. Nos parece que eso es un error, y además un error reiterativo; es decir, produce contumacia. Se reitera el error, el mal diagnóstico y por tanto también la mala receta.

Además de todo eso nuestra visión es que se hace una mala interpretación de las normas y recomendaciones de la Unión Europea. La Unión Europea no dice que haya que atajar la dispersión de cajas, ni que el sistema tradicional de cajas de ahorros no sea bueno, no sea vital, no sea saludable; no dice nada de eso. De hecho entendemos que lo que dice la Unión Europea es que debe separarse lo que es un banco de lo que es una caja, y que los bancos deben ser bancos y que las cajas de ahorros deben ser cajas, algo que se perdió por el camino. Lo que nos están diciendo las autoridades europeas de algún modo es que deberíamos volver al sistema tradicional de división de funciones, dentro del sistema bancario, entre las cajas y los bancos. Eso es lo que entendemos -igual lo hemos entendido mal-, por tanto hay alternativas, y por eso pedimos la devolución de esta propuesta, porque hay alternativas a lo que ustedes proponen. ¿Cuáles? Tampoco hay tiempo aquí para desarrollar tesis, pero por apuntar algo diré que creemos que es posible una banca social con una fuerte base cooperativa, que de algún modo es lo que fueron las cajas de ahorros en su momento. Eso se podría actualizar, y sería muy necesario, vistas las estrecheces sociales y económicas del momento. Si las cajas pueden fomentar el pequeño ahorro y el crédito de proximidad a las pymes o a los particulares será un puntal en la recuperación económica. Esa es una de las cosas vitales, de las que más se necesitan. La alternativa que nosotros propondríamos a lo que ustedes presentan es que se pueden hacer las cosas quizá con más discreción, quizá teniendo en cuenta más la pequeña dimensión, las necesidades de la gente y de las empresas más modestas, y después responder a un fallo o a una cadena de errores éticos con una solución ética, con una banca ética. Eso es posible, se puede hacer; es lo que nosotros propondríamos y creemos que no es lo que ustedes proponen.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Bosch.

Señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, antes de entrar en la cuestión quiero hacerles llegar una reflexión previa sobre el Estado de derecho, y sobre que el Estado de derecho no acaba de funcionar como debería funcionar un Estado de derecho democrático. Hoy se inicia un macrojuicio -ya el nombre es significativo-, once años después de iniciarse un procesamiento con un claro impulso político. La justicia cuando es tardía deja de ser justicia; la justicia cuando se convierte en venganza deja de ser venganza, y desde ese punto de vista quiero lanzar esta reflexión, porque creo que entre todos tenemos la responsabilidad de consolidar un Estado de derecho democrático que funcione, hacer que la justicia sea justicia, y que se puedan ejercer los derechos con normalidad. Por eso -y con esto acabo la reflexión previa- quiero expresar mi


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solidaridad con todas aquellas personas que han trabajado, trabajan y seguirán trabajando en el futuro, a pesar de los obstáculos, por la paz.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor diputado, vuelva a la cuestión.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Entro en la cuestión ya, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Estamos, señor ministro, ante un proyecto de ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias que, como usted ha dicho, forma parte de las reformas estructurales que ha impulsado este Gobierno, y como usted sabe nosotros no compartimos la materialización de las reformas. Somos partidarios de que hay que hacer esas reformas, pero desde luego han ido en una dirección muy contraria. Al final esta ley es la culminación del proceso de liquidación del modelo de entidad financiera de vocación y carácter social próximo al interés de la ciudadanía, y con sensibilidad a las necesidades y peculiaridades propias del territorio donde actúan. Con el argumento o disculpa de la necesidad de la profunda intervención de los poderes públicos para acometer el saneamiento y reestructuración de cajas de ahorros cuya situación financiera llegó a comprometer la estabilidad del sistema financiero estatal, se ha obviado la realidad de que hay cajas de ahorros que no se han visto afectadas por esta situación, y que mantienen importantes niveles de eficiencia económica, financiera y sobre todo social.

No deja de ser paradójico que quienes han sido responsables del desastre económico financiero y de gestión de algunas cajas de ahorros sean ahora precisamente los adalides de la racionalidad económica, impulsando la liquidación del modelo de entidad financiera de carácter y control social. Sé que usted se ha encontrado esto ya en marcha, que no es el responsable de la liquidación de las cajas en su inicio; es un proceso que inició el Gobierno anterior, pero al final usted lo está culminando. Al final la solución de esa nefasta gestión que se ha producido no pasa por la liquidación de las cajas y la venta a precio de saldo de sus activos, poniendo en manos de los especuladores financieros el ahorro público de las cajas. Esta desaparición de las cajas y de su especial naturaleza jurídica abre la puerta a su privatización y a su bancarización, fomentando una situación de oligopolio financiero que va a ser muy negativo para los intereses de la ciudadanía, y que va a hacer realidad el objetivo largamente esperado por la banca privada de eliminar a un molesto e importante competidor y hacerse con su mercado. En este sentido son significativas las limitaciones impuestas a las cajas en cuanto a la restricción del tamaño, que no se le impone por ejemplo a las entidades bancarias privadas, que también pueden ser sistémicas y pueden poner también en peligro el sistema financiero general. Junto con este proceso de privatización de un importante capital social este proyecto de ley también supone la desaparición en el corto plazo de la obra social de las cajas, que si siempre han jugado un papel importante, en tiempos de profunda crisis económica y social se va a echar especialmente en falta.

Finalmente, señor presidente -y con esto ya acabo-, este proyecto de ley se enmarca también en el proceso de recentralización y uniformización del Estado a través de una regulación basada en una extensiva serie de cuestiones definidas como básicas, que en la práctica vacía de contenido las competencias definidas como exclusivas en estatutos de autonomía, y especialmente en el caso de Euskal Herria en nuestros ámbitos de soberanía propia. Por eso esta ley no responde a la situación general del sistema financiero y de las cajas de ahorros en Euskal Herria, sino que está hecha a espaldas de su realidad política, económica y social, y va a generar un impacto muy negativo sobre la economía vasca, añadiendo más dificultades a la actividad que desarrollan autónomos, pymes y economía social, y privando al conjunto de la ciudadanía de los beneficios de la obra social. Por eso, analizando los contenidos principales de la ley presentada por el Gobierno, y ante las consecuencias económicas, financieras y sociales de los mismos, nos reafirmamos en la necesidad de contar con un ámbito vasco de decisión que evite nos sea impuesto un modelo social, político, económico y financiero que claramente es ajeno a Euskal Herria y lesivo para los intereses de la ciudadanía vasca. Por eso nosotros vamos a votar a favor de la devolución de este proyecto al Gobierno.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Larreina.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.


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El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Como bien comentaba el señor ministro, esta ley tiene dos pilares, uno se refiere a las cajas y el otro a las fundaciones. Por tanto me ocuparé en primer lugar de las cajas. Las cajas pueden parecer ahora poco importantes, porque son pocas las que han sobrevivido, pero estamos legislando sobre ellas, estamos permitiendo que subsistan, y por tanto es importante que legislemos bien. Pueden surgir nuevas cajas en el futuro y van a surgir según el modelo que hoy estamos estableciendo. Por eso nos parece un error que en esta legislación no se haya aprendido bien la lección de la crisis, no hayamos aprendido bien las lecciones del pasado, porque aquí estamos modificando el modelo tradicional de cajas de ahorros, modificándolo pero manteniendo alguno de los rasgos esenciales que nos han llevado a la crisis de las cajas.

¿Qué se ha criticado de las cajas de ahorros? Una de las críticas de la sociedad -desde luego desde nuestro grupo- ha sido el papel de las comunidades autónomas. Nos dicen algunos intervinientes que se está recentralizando. Nuestra opinión es exactamente la contraria. Las comunidades autónomas con esta ley van a seguir controlando las cajas que subsisten y las que surjan en el futuro; van a seguir decidiendo sobre si se fusionan o no se fusionan, y hemos visto en el pasado qué criterios han seguido para tomar esas decisiones -desde luego no criterios empresariales-; van a seguir decidiendo sobre si se traslada la sede o no se traslada la sede, van a seguir controlando las cajas que subsistan y las que se puedan crear en el futuro.

Otra crítica que se ha hecho a las cajas y que nos ha llevado a la crisis es la politización, relacionada con lo anterior. El señor ministro nos dice que ahora se despolitizan las cajas. Bueno, se toman algunas medidas en esa línea, pero muy incompletas en nuestra opinión, muy insuficientes. Efectivamente ahora va a ser incompatible ejercer un cargo político -por ejemplo, un cargo electo- con un puesto en los órganos de gobierno de las cajas; no se va a poder simultanear. ¡Faltaría más que uno sea concejal, sea consejero de Economía, sea diputado y además esté en una caja! Pero esa incompatibilidad es únicamente simultánea, no hay ningún periodo previo de incompatibilidad. En nuestra opinión debería haber un periodo al menos de cuatro años desde que uno deja ese cargo político hasta que pueda acceder a un órgano de gobierno de las cajas. Curiosamente en el caso de los altos cargos de las administraciones sí que hay un periodo de incompatibilidad de dos años, que por cierto nosotros extenderíamos a cuatro. Por tanto hay alguna incompatibilidad simultánea, pero totalmente insuficiente, sin periodos previos de incompatibilidad. No creemos que esto vaya a despolitizar las entidades, no lo suficiente.

También hay problemas de gobierno corporativo. En el caso de las asambleas generales en nuestra opinión se siguen manteniendo demasiado grandes, hasta 150 miembros para unas entidades que van a tener limitada su actuación territorial. ¿No habría que limitar su tamaño? Y en esa composición se sigue incurriendo en los vicios del pasado. Hay un peso excesivo de las administraciones públicas; nombrarán hasta la cuarta parte de esos miembros. Ahora se introduce un peso importante para los grandes impositores, que en nuestra opinión puede dar problemas en el futuro, porque esos grandes impositores suelen ser empresarios regionales de peso que van a tener un conflicto de intereses a la hora de solicitar créditos de la entidad, por ejemplo; se da un peso excesivo a esos grandes impositores y se sigue dando un peso demasiado escaso a los trabajadores, que además no elijen directamente a sus representantes, sino por un sistema de cuotas sindicales. No nos gusta por tanto ni el tamaño ni la composición de esa asamblea general en que las administraciones van a seguir teniendo un peso excesivo. Creemos además que habría que limitar los mandatos, de forma que no puedan superar los doce años, encadenando mandatos sucesivos.

Tenemos reticencias también con respecto a los consejos de administración. De nuevo nos parecen grandes -hasta quince miembros- para estas entidades de tamaño limitado. No se termina de forma radical con una práctica perniciosa de la que también deberíamos haber aprendido, que es que los miembros del consejo de administración puedan recibir créditos, avales, garantías de la entidad de que forman parte. En nuestra opinión esa práctica debería prohibirse radicalmente. Se nos dice que esos créditos, esos avales, esas garantías se dan en condiciones de mercado. Bien, si se dan en condiciones de mercado, que los pidan en otra entidad, pero que el miembro del consejo de administración reciba créditos, avales, garantías de la misma entidad no debería seguir siendo posible, después de todo lo que ha pasado en nuestro país.

Y lo mismo nos sucede con el tema de las retribuciones. Creemos que habría que haber tomado medidas más ambiciosas para evitar abusos en el futuro. En nuestra opinión la asamblea debería aprobar por una mayoría de dos tercios las retribuciones de los altos cargos de la caja; la comisión de retribuciones


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debería separarse del consejo -hoy en día son consejeros-, deberían ser personas diferentes para que unas personas no decidan sobre su propia retribución, porque la carne es débil como sabemos, y deberíamos asegurarnos de que hay una información individualizada sobre esas remuneraciones, algo que en la ley se cita, pero con cierto grado de ambigüedad.

En el texto para audiencia pública de este proyecto de ley se incluían también una serie de requisitos que ya no aparecen en el proyecto de ley sobre incompatibilidad de inhabilitados y sancionados graves, requisitos de honorabilidad, de conocimientos, de experiencia, de procedimiento internos de control. Algunos de estos requisitos se han llevado a otras normas, pero en nuestra opinión son lo suficientemente importantes como para haber seguido formando parte de la ley.

Para terminar con las cajas, si un sentido tienen las cajas es la obra social, y tal como se define la obra social en este texto creemos que se incurre en algunos errores. La obra social se centra ahora en los impositores y empleados de la propia caja, sin poder exceder el territorio de actuación de la caja. Creemos que la obra social se debe centrar en los sectores necesitados y no debería haber problema para que esa obra social desbordase el territorio de actuación de la caja, cuando las necesidades sociales lo pudieran hacer aconsejable. Esto respecto al primer pilar de esta ley, las cajas de ahorros.

Hay un segundo pilar, las fundaciones bancarias, hoy más relevantes y seguramente también de cara al futuro. En estas fundaciones bancarias encontramos graves problemas de diseño en lo que hoy se nos plantea. Como saben sus señorías ahora hay unas fundaciones bancarias que van a ser accionistas de unas entidades de crédito, de unos bancos. La clave de esta ley, siguiendo el criterio de los organismos internacionales, debería ser desvincular claramente esas fundaciones de las entidades de crédito. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). De nuevo se toman medidas en esa dirección, pero en nuestra opinión poco ambiciosas, insuficientes.

Se decide no poner una fecha límite en que las fundaciones tengan que vender necesariamente esas participaciones. Eso lo podemos compartir, porque si se pone una fecha límite puede haber el riesgo de que los compradores esperen a esa fecha límite, y compren esas participaciones a precios de saldo. De acuerdo por tanto en no poner una fecha límite en la que haya que vender esas participaciones. Pero es necesario desvincular claramente a las fundaciones de las entidades de crédito para que no interfieran en su gestión, para que no tengan capacidad de control, y queden reducidas a lo que deben ser, una especie de inversores institucionales que se limitan a cobrar unos dividendos y a utilizarlos para obras sociales. Esto se podría lograr fácilmente, simplemente con el establecimiento de una fecha límite no a la venta de las participaciones, pero sí al ejercicio de los derechos políticos. Proponemos que de aquí a diez años los derechos políticos que sobrepasen el 20% no puedan ser ejercidos. No se obliga a vender las participaciones, pero se establece una fecha límite en que se van a desvincular esas fundaciones de las entidades de crédito, algo necesario y en línea con lo que nos piden los organismos internacionales.

Sería importante también, para asegurar esta desvinculación entre entidades de crédito y fundaciones, que hubiera unas incompatibilidades mucho más rigurosas entre ambas entidades. Ha generado mucha polémica y mucha atención en los medios de comunicación y en la opinión pública algo que debería ser relativamente accesorio, y es si el presidente de la fundación puede ser también presidente del banco. Se dan nombres y apellidos, y lo que nos asombra es que esto pueda generar tanta atención o condicionar una ley en un país de cuarenta y siete millones de habitantes. Eso sí, nos resulta muy significativo de hasta qué punto las personas que tienen cualquier poder en este país no están dispuestas a ceder un ápice, por muchas crisis bancarias o sociales que haya. No están dispuestos ni siquiera a quedarse con una de las presidencias y poner en otra a un hombre de paja. No, tienen que estar ellos en persona en un sitio y en otro. En nuestra opinión esto es relativamente accesorio, y habría que haber ido mucho más allá. Habría que establecer unas incompatibilidades totales entre ambas instituciones, entre las fundaciones y las entidades de crédito, y que ninguna persona pudiese ejercer un cargo en la fundación y cualquier tipo de cargo en la entidad de crédito. Es revelador de la capacidad de influencia de estas personas la atención que reciben del Gobierno, las informaciones que hay en la prensa de que este pequeño cambio, que no puedan simultanear la presidencia, incluso se modificará en el trámite posterior. Veremos si así sucede. Nos da la sensación de que en esta ley, como en tantas otras, el Gobierno actúa un poco a rastras. Si por ellos fuese, habrían dejado las cosas como están, habrían preservado el statu quo, como hacen en casi todo, pero se han visto obligados porque tuvimos un rescate europeo, por mucho que se niegue, porque hay un MOU por mucho que se niegue, y en ese MOU se exigía tomar algunas medidas, y ya que hay que tomarlas se toman las mínimas imprescindibles, no vaya a molestarse a nadie poderoso en este país.


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Siguiendo con las fundaciones supongo que estarán de acuerdo con nosotros en que habría que priorizar la obra social; es el fin esencial que les va a quedar a estas fundaciones, y por tanto no entendemos que se las exima del cumplimiento del artículo 27 de la Ley de Fundaciones. Ese artículo obliga a que destinen al menos el 70% de los resultados a los fines fundacionales. ¿Por qué no priorizar los fines fundacionales, la obra social, que es el sentido último de que existan estas fundaciones? Nos preocupa también el tema del protectorado. En nuestra opinión el protectorado debería ser del Ministerio de Economía, siempre que estas fundaciones actúen en más de una comunidad autónoma, y esto en la ley no se deja claro en absoluto. Hay una redacción ambigua que nos resulta difícil de comprender, en la que se deja el protectorado habitualmente a la comunidad autónoma en la que reside la fundación. Se dice: Si la actividad principal excede el ámbito de una comunidad, el protectorado sería del Ministerio de Economía. No entendemos bien cómo la actividad principal individual puede exceder el ámbito de una comunidad. Nos parece una redacción ambigua. La aclararíamos en el sentido de que, siempre que el ámbito de actuación desborde el de una comunidad, el protectorado sea del Ministerio de Economía; en esto soy más ambicioso que el propio ministro de Economía reservando sus competencias.

El órgano de gobierno de estas fundaciones es el patronato y en su composición también encontramos problemas. De nuevo los representantes de las administraciones públicas están sobrerrepresentados -un 25 %, la cuarta parte-; se incluyen personas de larga tradición en la caja de origen, con lo que se heredan personas y seguramente malos hábitos -creemos que esto es un error-; no se incluyen para nada las entidades del tercer sector en unas fundaciones que se van a centrar en la obra social, y nos parece demasiado pequeño el porcentaje de personas independientes y de reconocido prestigio profesional que se incorporan. Estableceríamos, como en el caso de las cajas, un máximo de doce años encadenando mandatos en cualquiera de estos puestos en el patronato.

Para finalizar no podemos dejar de señalar que en la legislación que nos trae el Gobierno muchas veces nos llama tanto la atención lo que no se pone como lo que se pone, lo que se dice como lo que se elige no decir, y para nuestro grupo resulta incomprensible una ley de cajas en la que se ignoren los temas que la crisis de las cajas de ahorros ha dejado pendientes, sin resolver, creando todavía un grave conflicto social en nuestro país. Perdónenme que durante el minuto y medio que me queda de tiempo vuelva a sacar algunos cadáveres del armario, pero es que los cadáveres siguen en el armario. Está el problema de las indemnizaciones multimillonarias que recibieron las personas que hundieron las cajas de ahorros, que han cobrado y que no han devuelto, y que no se les ha exigido que se devuelvan. Está el tema de la exigencia de responsabilidades, no solo económicas, profesionales o incluso penales que algún día dirimirá la justicia dentro de bastantes años, donde el papel de nuestras instituciones, incluyendo este Congreso de los Diputados, no ha podido ser más triste: no se ha creado una comisión de investigación, hubo unas comparecencias protocolarias que algún día nos avergonzarán cuando las lean futuros historiadores; hoy todo ha quedado reducido a unas comparecencias en la subcomisión del FROB a puerta cerrada. Mi partido, en la medida de sus fuerzas, ha intentado evitar esto con la demanda en el caso Bankia, que es lo que en el futuro va a llevar a que buena parte de estas responsabilidades se diriman en el ámbito de la justicia, pero las responsabilidades políticas no las hemos exigido. Está el tema de la recuperación del dinero público y el coste para el contribuyente. La postura oficial a día de hoy del señor ministro es que el coste va a ser cero, cuando ya se reconocen como perdidos decenas de miles de millones de euros. ¿Cuándo se van a recuperar? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser el coste final de todo esto? Está el tema de los estafados por las preferentes que han recibido soluciones solo parciales y sufrido enormes pérdidas, muchos de ellos jubilados, sin capacidad de respuesta. Está el problema de la vivienda, los desahuciados, el stock de viviendas sin vender que se podría haber utilizado para crear un stock de viviendas públicas en alquiler y no se ha hecho.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Y la recuperación del crédito, el objetivo último del Gobierno, tampoco acaba de producirse. Nos resulta incomprensible tratar de las cajas de ahorros y olvidar todos estos asuntos relacionados con ellas.

Termino mi intervención señalando que en esta ley nos encontraremos en nuestra opinión con una nueva oportunidad de visualizar cómo el Partido Popular, el Partido Socialista...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Anchuelo, tiene que finalizar.


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El señor ANCHUELO CREGO: Solo una frase, señora presidenta.

Decía que nos encontraremos una oportunidad de visualizar cómo en este tema de la cajas han ido de la mano el Partido Popular, el Partido Socialista y sus aliados nacionalistas de Cataluña y del País Vasco.

Gracias por su generosidad, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.

Asistimos a un nuevo proyecto de ley que manifiesta lo que nosotros consideramos que es el luto por unos instrumentos muy útiles para la economía de nuestro país, para la economía española, como son y han sido siempre históricamente las cajas de ahorro. El señor ministro ha tenido a bien mencionar una serie de antecedentes históricos que en nuestra opinión han sido desvirtuados en los últimos años. En ese proceso de transformación del origen de las cajas es donde encontramos los problemas que realmente han afectado a estos instrumentos a lo largo del tiempo. Según la exposición del señor ministro parece que estaría de acuerdo con esta cuestión al hablar de bancarización, al hablar de imitación de los procesos que han seguido los bancos privados. Las cajas de ahorro imitaron el comportamiento altamente especulativo y olvidaron su origen como cajas de ahorros y monte de piedad, como instrumentos dedicados a los sectores más desfavorecidos por el sistema financiero, sectores que en otras condiciones no podrían acceder a préstamos para poder financiar su actividad productiva y que tenían ese recurso que eran las cajas de ahorros en su origen.

Los diferentes Gobiernos, durante un proceso paulatino pero en cualquier caso radical, fueron modificando las condiciones por las cuales funcionaban las cajas de ahorros y se fueron pareciendo cada vez más a los bancos, fueron imitando su comportamiento y fueron entrando en una espiral de competencia según la cual lo que primaba era la rentabilidad a cualquier precio y se olvidaba el criterio social y territorial que siempre tenían anclado las cajas de ahorros. Se especulaba en los mercados financieros, se participaba en todo tipo de comercialización de productos altamente arriesgados y finalmente, por las condiciones estructurales de nuestro modelo de crecimiento, también se participaba en la burbuja inmobiliaria en diferentes formas. El origen del problema de las cajas de ahorros es ese proceso de imitación y por tanto no podemos felicitarnos de ninguna de las formas cuando, entendiendo que ese es el origen, el resultado final es una ley que lo que hace es dar el golpe final a las cajas de ahorros y dejarlas en manos de los bancos privados, que por fin consiguen de esta forma alcanzar ese botín, porque los bancos siempre quisieron alcanzar el botín de las cajas. Las cajas gestionaban en torno al 50% de los depósitos, gestionaban un nivel de mercado muy importante que los bancos veían como un mercado potencial para sus propios negocios. Siempre fue así y lo que ocurre con una ley de este tipo es que los bancos están brindando por el hecho de que finalmente se hayan encontrado con esta oportunidad, la oportunidad de aprovechar la crisis como excusa para definitivamente asestar ese golpe, quedarse con el negocio y comprar de forma muy barata cajas que por cierto son saneadas no por ellos mismos, los bancos compradores, sino por el Estado, es decir por todos nosotros.

Hay que tener en cuenta -y otros ponentes anteriores lo han tenido a bien señalar- que no todas las cajas han sido iguales, no todas las cajas han funcionado de la misma forma. Así pues, hay que diferenciar el hecho de cuál es el origen de una caja y cuál es el propósito fundamental de esa caja de cuál ha sido la gestión posterior, que está influida por muchas variables distintas. Hay cajas de ahorros como las de Euskadi, más vinculadas a la presencia de agentes sociales y agentes políticos, que estaban vinculadas de forma distinta a como lo estaban las cajas valencianas, que han estado muy estrechamente vinculadas con el modelo de especulación inmobiliaria, y ya hemos visto el desastre. En consecuencia, dentro de una misma figura jurídica de las cajas de ahorros teníamos ejemplos muy distintos y prácticamente antagónicos. Eso nos demuestra que el problema no era el instrumento en sí, sino la forma de gestionar estas cajas de ahorros.

Es verdad que las cajas de ahorros se han utilizado -y lo hemos denunciado aquí en numerosas ocasiones- por parte de una oligarquía empresarial y política en determinados territorios para fomentar y promover la política del pelotazo, la política del pelotazo inmobiliario, la política del pelotazo urbanístico para rédito privado y no rédito público. Ese era el síntoma de un problema, que se había abierto la posibilidad a las cajas de ahorros de hacer precisamente eso. La consecuencia debería haber sido, razonablemente, legislar para evitar que eso fuese así, no cargarse de repente el instrumento en su


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conjunto, que son las cajas de ahorros y que, como decíamos, en otros espacios del Estado han funcionado razonablemente bien.

Se dice que la reestructuración financiera está funcionando. Lo ha dicho el señor ministro ahora mismo, lo ha dicho la troika, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, incluso el Banco Central Europeo. Todos ellos mencionan que la reforma financiera y el proceso de reestructuración están funcionado. Es cierto que no parece que haya un inminente riesgo de quiebra del sistema financiero, pero eso no es porque se hayan aplicado leyes como esta que se cargan definitivamente las cajas de ahorros, sino porque ha habido un desembolso ingente de cantidades enormes de dinero público para salvar y sanear los balances privados de las cajas, que finalmente acabarán en manos de los bancos. Es decir, son las ayudas públicas las que han evitado que el sistema financiero quiebre, las ayudas públicas en sus diferentes modalidades, que van desde los avales, garantías e instrumentos sobre los que hemos tenido oportunidad de debatir aquí, como el FROB o la Sareb, hasta la acción claramente sesgada pero dentro de sus estatutos del Banco Central Europeo, que da barra libre a las entidades financieras para poder superar las dificultades financieras. Esta realidad, este tipo de fenómenos, nos hacen pensar que la banca es el hijo mimado del Gobierno y de la troika. El Gobierno y el señor ministro lo han dicho poniéndolo como una alta prioridad, como condición necesaria para rescatar al resto de la economía. A nosotros no nos parece que eso sea del todo así porque consideramos que estas políticas están poniendo de relieve que la estabilidad del sistema financiero depende en gran medida de la inestabilidad del resto de los sectores, pues todo ese tipo de ayudas, esos desembolsos ingentes de dinero se extraen de otros puntos, de otras partidas presupuestarias, de otros costes de oportunidad -como dirían los economistas-, recursos que podríamos haber utilizado de una forma más razonable. La estabilidad del sistema financiero parece una realidad manifestada por la prima de riesgo, pero tiene consecuencias y efectos sobre el resto de la economía.

Señor ministro, ustedes suelen decir que está funcionando y que eso se está manifestando en el incremento de la mejora del flujo del crédito desde el sistema financiero a la economía real. Si uno va a los informes del Banco Central Europeo, puede encontrar las encuestas de acceso a la financiación, que usted también conoce, y cuando se les pregunta a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas -que son las que fundamentalmente crean el empleo en este país-, cuál es el principal problema que enfrentan, todavía hoy, en 2013, el 29 % manifiesta que es encontrar clientes, pero el 25 % manifiesta que es el acceso a la financiación. Este dato es idéntico al de 2009. Por lo tanto, a ojos de las pequeñas y medianas empresas, ninguna de las reformas financieras del Gobierno, de este y del anterior -y ya van unas cuantas reformas-, ha funcionado con respecto al propósito de servir de canalización del crédito: ninguna. Si vamos a la siguiente pregunta a las pequeñas y medianas empresas que también aparece en ese informe, si en los últimos seis meses notan que haya mejorado o empeorado el acceso al crédito, el 14% reconoce que ha mejorado y el 31% que ha empeorado. Estos datos parecerían reflejar que la tendencia es incluso a empeorar.

El dinero no fluye, señor ministro. Esto es lo que reflejan estos datos y es la sensación en la economía real, que el dinero no está fluyendo, el dinero no está llegando desde el sistema financiero, y eso a pesar de las inyecciones brutales de liquidez que está habiendo en el sistema financiero internacional. Por eso creemos que este tipo de leyes, enmarcadas dentro de un proceso mucho más amplio instigado por la troika, lo que están haciendo es crear una nueva burbuja, que acabará estallando, no hay ninguna duda, una nueva burbuja en este caso financiera, porque el Banco Central Europeo está inyectando enormes cantidades de dinero pero al sistema financiero, a los bancos, la barra libre, la ayuda incondicional al sistema financiero, a las entidades financieras, pero ese dinero se está quedando en esa esfera, no está bajando a la economía real. Esto está ocurriendo de forma cualitativamente parecida en el Banco de Japón y en la Reserva Federal de Estados Unidos. Tenemos a los bancos centrales de todo el mundo inyectando sin parar dinero en la esfera financiera sin que eso se transforme, en el caso europeo, en inversión productiva, en algún tipo de estímulo a la demanda interna.

En definitiva, estamos asistiendo a una burbuja de activos financieros y eso tiene repercusiones de todos los tipos, no solo es que amenace con estallar tarde o temprano y nos lleve a una crisis peor. Se trata también de que está inflando la riqueza de aquellos que juegan en el sistema financiero. Asistíamos el otro día a la noticia de que el número de multimillonarios en el año 2013 ha crecido un 7% en España; su riqueza lo ha hecho un 9 %. Es una riqueza muy vinculada al sector financiero. Los inversores institucionales, los fondos de pensiones, los fondos de inversión, todos privados, están muy contentos con las reformas del Gobierno, de ahí que la prima de riesgo baje. Están muy contentos y es para estarlo


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porque se promueven continuamente inyecciones de dinero que acrecientan sus riquezas, engordan sus bolsillos, pero no tienen repercusiones sobre la economía real, ninguna. La tasa de paro sigue ahí, la pobreza sigue ahí, la desigualdad sigue ahí y los instrumentos del Estado, como las cajas de ahorros en este proyecto, son desposeídos de lo común y son privatizados. Estamos en última instancia ante una nueva desamortización, donde el señor Botín y sus compañeros estarán muy contentos porque son los grandes beneficiarios.

Además tenemos un problema mayor y es que este proyecto de ley no va a servir para resolver los problemas fundamentales de la economía, porque estos problemas tienen que ver con la demanda interna, y lo que estamos perdiendo con esta ley es la oportunidad de dotarnos de instrumentos que pudieran ayudar a incrementar la demanda interna por la vía de financiación a la inversión productiva territorial, social, y no lo que estamos viendo. De hecho, señor ministro, aunque usted no sea keynesiano -yo tampoco me tengo por keynesiano-, existe actualmente, y es una condición que prácticamente todos reconocen, la trampa de la liquidez. Por mucho que se inyecte dinero en el sistema financiero, como decía anteriormente, no va a la economía real, pero es normal, porque las pequeñas y medianas empresas, que tienen su mercado fundamentalmente en el interior, no van a pedir prestado o no les van a prestar los propios bancos porque evidentemente no hay mercado. El problema es que no hay mercado, no que el sistema financiero en su conjunto esté bien o esté mal. El sistema financiero no vive por sí mismo, vive de la actividad productiva. Si se rescata al sistema financiero y no a la economía real, lo único que se hace es prolongar la crisis definitiva del sistema financiero, porque en última instancia sobrevive de la economía real. Así pues, si tenemos algunas políticas de austeridad, de consolidación fiscal, impuestos regresivos, si tenemos todo un marco económico que debilita aún más la demanda interna, una ley de este tipo no va a servir nada más que para incrementar, al menos temporalmente, los beneficios bancarios a expensas, evidentemente, de lo que era común, de lo que era de todos nosotros.

Señor ministro, sabe usted que nosotros proponemos instrumentos como la banca pública. De hecho, afortunadamente, en la Junta de Andalucía, ya está en debate proporcionar una banca pública, a instancia de Izquierda Unida, que pueda servir para muchos propósitos que estamos aquí mencionando y que hubiéramos podido aprovechar para incluirlos en este proyecto de ley, claro que de una naturaleza absolutamente distinta a la que tiene la redacción que hoy debatimos. Sería una banca pública que pudiera servir para fomentar y estimular la demanda interna, para planificar bien los sectores productivos que queremos fomentar, para abrir líneas de crédito, que evidentemente tienen que ver con el cambio del modelo productivo, pero, incluso, señor ministro, para su propia Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo. Como usted sabe, señor ministro, muchos proyectos de investigación se encuentran también con problemas a la hora de acceder a préstamos financieros porque los bancos, evidentemente, solo pensando en la ganancia, no son hermanitas de la caridad y en última instancia, si no ven que el proyecto pueda funcionar en el corto plazo, que es una lógica que se sigue en el sistema financiero, el cortoplacismo, no les van a prestar. Sin embargo, una banca pública podría tener criterios diferentes, que era en origen el motivo de las cajas de ahorros, que aunque no fueran tan rentables como los bancos, tenían un criterio social de prestar, aunque fuera menos dinero, o incluso, por su naturaleza pública, que en algunos espacios a corto plazo pudieran de hecho perder dinero respecto de unos beneficios futuros que se estimaban mayores. En este sentido estamos perdiendo la oportunidad de utilizar todo el potencial que hay en cuanto a sucursales, a trabajadores, a redes generadas por las cajas de ahorros antiguas y utilizarlas en pos del bienestar común y del bienestar económico para fomentar el desarrollo territorial y social. Además, insistimos, porque nos parece muy interesante -otros intervinientes lo han dicho también-, en que hay elementos en la historia de las cajas de ahorros que manifiestan que eso es posible y que ha funcionado adecuadamente bien. Que haya habido corrupción, que haya habido redes clientelares, redes de enchufismo encuentra su razón de ser en otro motivo diferente a la propia existencia de las cajas de ahorros. Lo encuentra en una composición política y empresarial más parecida a la de Valencia que a un razonable debate sobre cuáles deben ser los instrumentos económicos. Necesitamos un instrumento público, señor ministro; si no, el Gobierno finalmente siempre estará a expensas de la banca privada, y no queremos que ocurra como le ocurrió al Gobierno anterior, de Zapatero, cuando dándose cuenta que no llegaba el dinero a la pequeña y mediana empresa se dio cuenta también de que no tenían instrumentos para llevar ese crédito y al final había que aparecer pidiéndole por favor a los grandes banqueros privados que se comportasen bien y fueran benevolentes con la economía española. Cuando un Gobierno tiene que andar pidiendo por favor al sistema...


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Garzón, debe terminar.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Voy terminando, señora presidenta.

Cuando un Gobierno tiene que andar pidiéndole un favor al sistema financiero y a los grandes banqueros de este país, que son en última instancia los que controlan esta economía, entonces se puede poner en cuestión con total seguridad que aquí exista verdaderamente democracia, porque si un Gobierno no tiene instrumentos para poner en marcha sus políticas y las políticas que han votado los ciudadanos, nos encontramos con esa realidad. Por eso nosotros estamos en contra de este proyecto de ley y en contra del marco ideológico que esconde detrás, que creemos que es un error y que nos va a conducir a una nueva crisis financiera, como hemos descrito anteriormente.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Garzón.

Señor ministro de Economía.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, voy a intentar dar contestación de una forma global, haciendo referencia a las principales cuestiones que los diferentes grupos me han planteado. Creo que es fundamental a la hora de valorar este proyecto de ley que lo enmarquemos en el contexto de la crisis económica y financiera de España. La crisis financiera, la crisis económica en España es una crisis fundamentalmente de endeudamiento, como decía el otro día el Fondo Monetario Internacional, que comentaba que en España ese endeudamiento sigue pesando como una losa en determinados segmentos de la economía española. El proceso de desendeudamiento es un proceso doloroso, es un proceso que produce efectos extremadamente depresivos sobre la actividad económica, sobre el consumo, sobre la inversión. Por lo tanto, gran parte de lo que hemos pasado, gran parte de las consecuencias de la crisis que llevamos viviendo en los últimos cinco o seis años, que, como sabemos, ha sido la que ha llevado a una mayor caída del PIB en la zona euro y también a una evolución extremadamente negativa de nuestro mercado laboral, tiene que ver fundamentalmente con esa situación de exceso de endeudamiento, tanto del sector privado como del sector exterior, que tenía su correlato en un déficit de la cuenta corriente, que en última instancia es una necesidad de financiación con respecto al resto del mundo, que se fue incrementando de forma exponencial.

Ahí simplemente quiero recordarles una cuestión. Las cajas jugaron un papel. Yo no voy a demonizar a las cajas de ahorros, porque, además, como algunos de ustedes han indicado, no todas se comportaron incorrectamente. Hay algo que a veces se nos olvida, esta ley es para las que se han comportado correctamente. Las que no se comportaron correctamente ¿saben dónde están en estos momentos? Están bajo el control del FROB. Esa es la primera consideración que tenían que tener ustedes en la cabeza, están bajo el control del FROB, han sido nacionalizadas. Las que no han sido nacionalizadas son algunas cajas de ahorros que siguen existiendo y, después, el resto se van a convertir en fundaciones bancarias de ejercicio indirecto. Es decir, de algún modo, todas aquellas que contribuyeron -y fue una realidad- de una forma muy intensa, mucho más intensa que la de los bancos, a esa burbuja de crédito, a esa burbuja inmobiliaria, están hoy bajo el control del FROB, podemos decir que desgraciadamente porque es una de las cuestiones que efectivamente ha supuesto un montón de quebraderos de cabeza para la economía española y que también ha generado un montón de inconvenientes para nuestra situación económico-financiera.

Hay otra cuestión que también tenemos que tener en consideración. Es estrictamente cierto que las cajas, sobre todo las que se comportaron incorrectamente, se pusieron de alguna forma a la cabeza de la manifestación de la burbuja de crédito, de la burbuja inmobiliaria. Además lo hicieron con unos instrumentos de control mucho menos importantes que los que tenían los bancos, por ejemplo, porque en las cajas no había accionistas y había otro tipo de influencias que se han puesto de manifiesto y que todos conocemos, y por otro lado también porque las cajas de ahorros tenían una dificultad adicional respecto a los bancos, y es que no podían ampliar capital, porque lógicamente no tenían accionistas, y no podían acudir a los mercados de capitales. La combinación de una exposición muy superior en la burbuja de crédito y en la burbuja inmobiliaria, por un lado, por otro, la incapacidad desde el punto de vista de levantar capital -que es un recurso de primera calidad y que es lo que garantiza la solvencia de las entidades-, más la falta de control desde el punto de vista del mercado de capitales y de los accionistas, hizo que nos encontráramos con un grupo de cajas que son las nacionalizadas en estos momentos, que lo hicieron mal desde el punto


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de vista económico-financiero. Por eso no quiero demonizar el modelo de las cajas de ahorros, quiero demonizar el comportamiento de determinadas cajas de ahorros, que es lo que ha hecho que hayamos tenido que intervenir a través del FROB en su nacionalización, que es lo que ha costado recursos públicos. Esa es una primera consideración. Por lo tanto, esta ley se hace para las que se han comportado bien y para evitar que tengan la tentación en el futuro de comportarse incorrectamente, y se hace a través de transparencia, se hace a través de profesionalización, se hace a través de mejoras de gobierno corporativo. Señorías, en consecuencia, a la hora de hacer sus planteamientos, piensen en esa dicotomía que decía anteriormente. Aquellas que no lo han hecho bien ya han tenido sus consecuencias en términos de nacionalización y aquellas que han conseguido superar una crisis profunda y que lógicamente tuvieron mejores sistemas de gestión en estos momentos tienen un nuevo marco que impide que tengan la tentación de reproducir los errores que llevaron a algunas de sus colegas a la situación actual. Esa es otra consideración que les querría hacer.

Me gustaría subrayar una cuestión general. Esta ley no recentraliza absolutamente nada. Lo que hace en última instancia es aplicar la normativa de las fundaciones de acuerdo con el criterio constitucional, es decir, que si una fundación tiene un ámbito de actuación más allá de una comunidad, es el Estado el que responde de la misma. Estas fundaciones son fundaciones de ámbito especial, son fundaciones bancarias. ¿Por qué? Porque la fuente principal de estas fundaciones bancarias van a ser los dividendos que perciban del banco en el cual participan. Ese es el objeto fundamental por el cual va a haber un control por parte del Banco de España de la entidad bancaria en sí misma y posteriormente del contrato que liga a la fundación bancaria con el banco, pero también, y esto es muy importante, esa fuente de ingresos tiene que llevar a cabo algo que no es el objeto fundamental de esta ley y que además nosotros estamos dispuestos, desde el punto de vista de la distribución de competencias, a analizar, que sería cómo se distribuye posteriormente la obra social. Aquí no se pretende ningún tipo de injerencia, ningún tipo de invasión de competencias en la obra social. Lo que se pretende fundamentalmente es que el entramado de la fundación bancaria y del banco permita una estabilidad desde el punto de vista del planteamiento financiero y que sea coherente con los principios de supervisión prudencial que tenemos que tener todos en consideración. Es una cuestión que es fundamental y que me gustaría resaltar en esta segunda intervención.

Por último, se han hecho consideraciones sobre el buen gobierno y la transparencia. Yo creo que desde cualquier punto de vista esta ley contiene una multiplicidad de modificaciones que van siempre en la dirección correcta. Es decir, se limita la presencia de poderes públicos. Se exige más profesionalidad. Se limita el planteamiento, por ejemplo, desde el punto de vista del consejo. Sería imposible con esta ley que hubiéramos tenido -aunque se reproduzca a futuro- los consejos de administración que por desgracia tuvimos en el pasado en muchas entidades de este tipo. Creo que es algo absolutamente objetivo y absolutamente claro no solamente en los principios sino también en la concreción de las disposiciones de la ley. Por lo tanto, se dan los principios de profesionalidad y transparencia, que además es la política del Gobierno. La política del Gobierno como saben ustedes ha sido desde el primer momento limitar todo lo que tenía que ver con la discrecionalidad, la opacidad, etcétera. Fuimos los primeros que limitamos las remuneraciones de los ejecutivos, los que pusimos también límite a las mismas y no hemos pagado indemnizaciones de pensiones en aquellos casos en los cuales efectivamente hubo gestores que creemos que no realizaron bien su labor. Estamos promoviendo un código de gobierno corporativo que lo que va a hacer es establecer mucha mayor transparencia y mucha mayor capacidad de decisión por parte de los accionistas en las remuneraciones de los consejos de administración y que, por otro lado, ha obligado a que, igual que había un informe de gobierno corporativo, también haya un informe de retribuciones que se tenga que remitir anualmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ello forma parte, lógicamente, de un planteamiento general. El Gobierno es consciente de que ha pedido en muchas ocasiones esfuerzos a la sociedad española y es la voluntad del Gobierno que estos esfuerzos se distribuyan equitativamente. En momentos en que tenemos una tasa de paro como la que tenemos y una evolución salarial como la que se está produciendo, es imprescindible que exista una transparencia y un control importante y por supuesto -y esto lo dice el ministro de Economía- moderación en las remuneraciones de todos aquellos directivos que de algún modo tienen un papel importante desde el punto de vista de la gestión de nuestras empresas y de nuestras instituciones.

Uno de los problemas fundamentales que tuvieron las cajas de ahorros fue -como comentaba anteriormente- la dificultad o la imposibilidad de levantar capital como ocurría con los bancos. Esa fue una de las causas fundamentales por las que en un periodo muy concreto, entre los años 2008 y 2010, se


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emitieron miles de millones de participaciones preferentes. Fue un instrumento cuya colocación y generación derivaba de esos defectos, junto con la no actuación, en el momento en que esta se tenía que haber producido, en la reestructuración de nuestro sistema financiero. Hoy sin embargo -y esto creo que es una buena noticia que nos alegrará a todos- lo que les puedo anunciar es que a través del sistema de arbitrajes ya se ha resarcido a más de 120.000 preferentistas de un inversión que no fue correcta; 120.000 preferentistas, lógicamente, en el caso de Novacaixagalicia, Catalunyacaixa y de Bankia. Ahí se pone de manifiesto que efectivamente esta ley es hoy necesaria. Estamos reparando los daños del pasado y lo estamos haciendo a un ritmo muy intenso, pero también -y por eso esta ley es una pieza fundamental- lo que pretende el Gobierno es que estos errores del pasado no se repitan más.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro de Economía.

¿Algún grupo quiere intervenir? (Denegaciones).

Pasamos a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, señor ministro, permítame comenzar afirmando que para el grupo que represento no es un día especialmente grato. Ya sabemos de sobra por dónde van los criterios -iba a decir los tiros- en el ámbito de la Unión Europea, en particular en la troika, y aquí mismo por lobbies que no parece difícil identificar, como casi siempre creando un malo no acorde con la realidad y, a continuación, al muñeco así conformado, asaeteándole sin compasión, también con sesgo territorial. Estén ustedes tranquilos, a nadie se le ha ocurrido hacer lo mismo con los centenares de cajas alemanas ni someterlas jamás a cualquier tipo de estrés test independiente, como ocurre con las cajas del Estado español. Es un mal día porque se va a certificar la práctica desaparición de las cajas de ahorros. Anticipo que nos parece injusto y que nos gustaría que el viento soplase en dirección contraria. Como luego diré, haciendo uso de un fundamento pragmático, trataremos de introducir mediante enmiendas algunas modificaciones al proyecto de ley que hoy debatimos. Quisiera dejar constancia de que hubiéramos preferido que las cosas discurrieran por un camino diferente, encontrando un procedimiento que permitiera la subsistencia de las cajas de ahorros. En todo caso, me parece de estricta justicia comenzar por hacer un reconocimiento a la función que han desempeñado las cajas -me temo que hay que hablar ya en pasado- en el sistema financiero del Estado español. Con más de un siglo de existencia las cajas de ahorros han prestado un importante servicio a los ciudadanos, en primer lugar, con esa peculiar morfología de entidades financieras privadas, tal y como las considera el Constitucional, que cumplen objetivos de carácter benéfico y social y tienen un claro vínculo territorial. Su carácter de entidades financieras privadas, su contribución muy relevante a través de la capilaridad de sus redes de oficinas han impedido la exclusión social en el ámbito financiero, permitiendo el acceso al crédito, singularmente el hipotecario para adquisición de vivienda, y también el apoyo a los pymes. No parece aventurado afirmar que sin la presencia de las cajas de ahorros se habría producido el efecto contrario, esto es, la exclusión social de grupos sociales importantes y de pequeñas empresas y autónomos. Además, las cuotas de mercado alcanzadas por las cajas de ahorros, prácticamente el 50%, con las entidades bancarias, y en los depósitos a plazo incluso por encima, han impedido situaciones de restricción de competencia que mucho me temo que eliminadas las cajas se van a poner de manifiesto. Según los datos de la CECA, en diciembre de 2007 las seis primeras entidades financieras representaban el 38% de los activos del sector; en diciembre del año 2012 las seis primeras representan ya el 63%. No parece difícil imaginar que como consecuencia del proceso de reestructuración que aún no ha concluido ese porcentaje crezca y paralelamente se incremente también el riesgo de una menor libertad de competencia en el sector financiero, tan importante para la actividad económica. Señor ministro, esta es una situación preocupante y las autoridades de competencia deberían estar alerta frente a situaciones de oligopolio o análogas, en defensa de los consumidores y usuarios y del principio de libre competencia.

Lo que más caracterizaba a las cajas de ahorros eran sus objetivos de carácter benéfico y social y su vinculación al territorio. Es lamentable que en todo el debate y en los diversos informes elaborados por los integrantes de la troika no se haya reconocido en ningún momento esta importante función. En el caso de las cajas de ahorros, el beneficio obtenido por la actividad financiera que no se destinaba a capitalizarse se aplicaba íntegramente -como usted bien sabe- a la obra social. Quiero destacar aquí que, sin perjuicio de alguna actuación puntual, la obra social de las cajas de ahorros ha permitido atender a personas en situación de exclusión social, promover y fomentar la cultura, la educación y un largo etcétera. Por ello


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entenderán que causa indignación leer en alguno de estos informes our goal is the elimination of the savings banks. Comprobarán que no tienen ni siquiera la delicadeza de no utilizar la palabra eliminación, como si se tratará de algo maligno que hay que extirpar. Por tanto, en primer lugar, nuestro reconocimiento a la función de las cajas en un momento en que realmente se está decidiendo la desaparición de las mismas. Pensamos que se podía haber evitado introduciendo en su régimen corporativo determinadas modificaciones, pero no es ese el caso; irrita, por tanto, de manera singular la discriminación que contienen. Resultaría en esa opinión que el régimen corporativo de las cajas era prácticamente un desastre frente al excelente que, por cierto, deberían tener los bancos. Supongo que se referirán, por ejemplo, a las decenas de bancos españoles que tuvieron que ser intervenidos de hecho en la época de Mariano Rubio, o posteriormente Banesto o los bancos de Estados Unidos que distribuyeron productos financieros tóxicos que ni siquiera ellos eran capaces de entender, contribuyendo de manera destacada al nacimiento de la crisis financiera y económica en la que nos encontramos y causando un grave perjuicio a miles de ciudadanos. ¿Dónde estaban los consejeros independientes de competencia profesional reconocida, a diferencia -ya se sabe- de lo que pasaba en las cajas de ahorros, del enorme número de bancos que en Estados Unidos y en Europa han necesitado importantísimas ayudas públicas? Solo en la Unión Europea el importe de las ayudas ha sido superior al PIB alemán.

El segundo error es que se parte de la consideración de que todas las cajas son iguales y vuelve otra vez a aplicarse el tradicional café para todos. Pues no es verdad -ya se ha dicho aquí-, y al Gobierno le consta que no es verdad. Dentro de las cajas de ahorros han existido cajas bien gestionadas y cajas muy mal gestionadas. En absoluto cuenta, al parecer, que se incluya en un único régimen a unas y otras; para todas el mismo rasero, y ya está. Comprenderán que el ejemplo que voy a poner, el de las cajas vascas, deja constancia de que no es el único, tanto mientras desarrollaban directamente la actividad financiera como a partir del momento en que lo hacen indirectamente a través de Kutxabank. El último estrés test de Oliver Wyman colocó dicha entidad -como saben- como la mejor de las que habían superado el examen.

Dejando constancia y no puramente formal de lo anterior, nos referiremos al proyecto de ley. Mi grupo ha decidido, señor ministro -como usted bien sabe-, no presentar enmienda a la totalidad, en la confianza de que en el trámite de enmiendas puedan solucionarse de manera satisfactoria algunos de los problemas que plantea el proyecto de ley, que sinceramente no soy capaz de precisar en qué parte responde al criterio del Gobierno y en qué parte a una imposición de la famosa troika. Lo primero que hay que conseguir es evitar que la ley que resulte aprobada sea inconstitucional. Según cómo resulte el texto de la misma pueden quedar seriamente afectados el derecho a la propiedad -artículo 33 de la Constitución-, el derecho a la libertad de empresa -artículo 38- y el derecho de igualdad ante la ley. Confiamos en que estos problemas de constitucionalidad puedan solucionarse de alguna manera a través de las enmiendas que vamos a plantear. En todo caso, quiero dejar aquí constancia de una reserva de derechos. En el mismo sentido quiero suponer que durante la tramitación del proyecto no resulten afectadas las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Euskadi, de acuerdo con el Estatuto de Gernika, tanto en el ámbito sustantivo como en el ámbito tributario. Sorprende, asimismo, que no se haya siquiera planteado seguir el modelo italiano -era una posibilidad-, que bien conoce el presidente del Banco Central Europeo. Cuando en la doctrina se menciona la evolución del modelo de las cajas se cita siempre, como usted bien sabe, señor ministro, el modelo italiano.

No es este el momento de explicar ni entrar en el detalle de las enmiendas puntuales que hemos presentado. Esperamos que durante la tramitación no se defraude la razonable esperanza de que a través de la aceptación o transacción de las mismas se consiga el mínimo que señalaba al principio de mi intervención, esto es -sin perjuicio de que lamentamos que no se haya profundizado en la posibilidad de mantener la figura de las cajas de ahorros-, que el régimen que resulte de la ley que se apruebe sobre respetar los principios constitucionales respete también la trayectoria de aquellas cajas de ahorros que no han causado nunca ningún problema, evitándoles además un grave daño y a la par injusto perjuicio patrimonial.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


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Señor ministro, señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió respecto a las enmiendas a la totalidad que se han presentado en el día de hoy en el Congreso de los Diputados en relación con el proyecto de ley de cajas y fundaciones va a ser la de no apoyarlas. En este sentido, vamos a confiar en todos los aspectos que el ministro en su exposición ha detallado con la posibilidad de que se pueda establecer un diálogo fluido y profundo con los diferentes grupos parlamentarios a los que, como a Convergència i Unió, les preocupan algunos de los puntos relevantes a los que más adelante me referiré. Quizá si inicialmente no hubiéramos contado con el talante del ministro de Economía y Competitividad, que ha hecho que a lo largo de esta legislatura siempre que ha habido trabas las hayamos superado a través del diálogo, hubiéramos presentado una enmienda a la totalidad respecto a algunos aspectos competenciales que nos preocupan, pero sobre la base de su intervención y los diálogos previos que hemos mantenido con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez Pujalte, e incluso con el ministerio, vamos a confiar en que podremos profundizar en lo que plantee Convergència i Unió para que podamos llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Es cierto, señor ministro -lo ha dicho en su intervención- que en el sector de las cajas de ahorros en España se ha procedido, desde el año 2009, a una reestructuración políticamente muy salvaje desde la óptica financiera. Si repasamos el mapa de las cajas de ahorros que existían hasta el año 2009, había alrededor de 45 entidades financieras y ahora solo quedan 13, cajas sanas que han contribuido eficazmente a la reestructuración del sector financiero. Queremos poner de relieve el papel jugado por estas entidades y creemos que esta ley ha de servir para que no se castigue a estas entidades sanas que han contribuido a la reestructuración del sistema financiero sino todo lo contrario, que se las apuntale para que puedan ser más competitivas.

Hay cuatro grupos muy importantes que han jugado un papel muy relevante y que no quiero dejar de mencionar públicamente, que han sido Kutxabank, Unicaja, IberCaja y Caixabank, que han contribuido eficazmente, a través de su buena gestión y su solvencia financiera, a que la reestructuración global del sistema financiero haya acabado como ha acabado, en el sentido de que no se ha precisado que fueran intervenidas a través de recursos públicos. Desde esta perspectiva, hay tres objetivos fundamentales que queremos conseguir en la negociación parlamentaria. En primer lugar, entendemos que en el futuro se han de reforzar los mecanismos para que las fundaciones bancarias jueguen el papel relevante que han jugado en los más de cien años de historia de la vida de las cajas, en el sentido de que se pueda continuar profundizando en aquellos aspectos que hacen referencia a la vocación social, que las fundaciones bancarias puedan continuar liderando temas de mecenazgo social, cultural, científico y asistencial, así como que las cajas que salgan del desarrollo de esta ley puedan continuar siendo un buen mecanismo de financiación para todo el tejido empresarial, constituido por empresarios autónomos, pequeñas y medianas empresas y familias, en definitiva, que puedan continuar siendo un instrumento eficaz para la financiación de estos sectores que, aunque pequeños, son relevantes en el panorama financiero e industrial español.

Hay un segundo bloque de enmiendas que vamos a plantear -ya hemos iniciado un proceso de negociación con el Gobierno, con el Ministerio de Economía y Competitividad y también con el portavoz del Grupo Popular, señor Martínez-Pujalte- y quisiéramos en este debate fijar nuestra posición. Entendemos que hay una serie de aspectos que hubieran podido motivar la presentación de una enmienda a la totalidad y que van en la línea de definir cuáles van a ser los patrones de las fundaciones que se puedan plantear en el desarrollo de esta ley. Desde Convergència i Unió, señor ministro, queremos que las futuras fundaciones jueguen un papel importante, es decir, todos aquellos patrones fundadores que fueron en su momento de La Caixa, en este caso de La Caixa en Cataluña. Son fundaciones que a lo largo de estos cien años de historia han preservado la solvencia y yo diría que también la territorialidad de esta entidad financiera. En este sentido, queremos que l´Ateneu Barcelonès, el Institut Agrícola Català de Sant Isidre, la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona y el Foment del Treball Nacional sean anclados en el patronato de las futuras fundaciones.

Hay otros aspectos relevantes que también hemos manifestado -ya hemos empezado la negociación con el ministro- y que el ministro ha desarrollado en su segunda intervención, que quisiéramos que quedaran perfectamente clarificados en la tramitación parlamentaria. Son todos aquellos aspectos que hacen referencia a cuál va a ser la composición y el papel del protectorado en las futuras fundaciones de las cajas. Nosotros entendemos que en el supuesto de las fundaciones bancarias cuyo ámbito de actividad principal exceda del territorio de la comunidad autónoma, el protectorado sea ejercido por aquella en la que la fundación tenga su domicilio social. El ministro ya ha planteado un camino que a nosotros nos ha


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satisfecho sinceramente, teniendo en cuenta que corresponderá al Ministerio de Economía y Competitividad, en coordinación con el protectorado, el control de la actividad realizada por la fundación bancaria fuera del ámbito territorial de dicha comunidad autónoma, así como informar, a petición del protectorado, de cualquiera de las circunstancias que en la relación de la obra social afecte a dicho ámbito territorial. Estos son dos aspectos fundamentales y claves para Convergència i Unió. Al mismo tiempo, entendemos que el proceso de transición para la determinación y la consolidación de las futuras fundaciones de las actuales cajas de ahorros sea monitorizado por la Generalitat de Catalunya, que tiene competencias exclusivas en esta área. Por tanto, hay un aspecto fundamental que hace referencia a las competencias, en el que estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo en el trámite parlamentario, y hay también otros aspectos financieros que van orientados, señor ministro, a reforzar la solvencia, la musculatura financiera de las futuras entidades que han sobrevivido a esta reestructuración, que yo he calificado de salvaje desde la perspectiva política, y que han jugado un papel relevante porque han sido entidades solventes y sanas que han contribuido a la reestructuración del sistema financiero.

Nosotros entendemos que en el proceso de la tramitación parlamentaria tendríamos que ponernos de acuerdo, por ejemplo, en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las ampliaciones de capital -este es un aspecto básico y fundamental porque entendemos que no han de verse perjudicadas aquellas entidades financieras que han gozado de una buena solvencia financiera-, también en todos aquellos aspectos financieros que ha detallado el señor Azpiazu en su intervención, como podría ser el fondo de reserva, que tendría que estar situado en las fundaciones o en las entidades financieras. Finalmente, hay un aspecto relevante, aunque lo plantee en la última posición, que hace referencia a todos aquellos temas relacionados con la distribución de dividendos, para que en una futura socialización de la solvencia de futuras ampliaciones de capital tampoco se vean perjudicadas aquellas entidades financieras que son fundaciones, que son entidades financieras dependientes de fundaciones y que no puedan ir al mercado de capitales por unas restricciones financieras en cuanto al reparto de dividendos. Estos son los tres puntos fundamentales en los que estamos convencidos que nos vamos a poner de acuerdo en la tramitación parlamentaria.

Hay otro aspecto, que porque lo diga en último lugar no deja de ser relevante, que es el que hace referencia a las incompatibilidades de los futuros presidentes de las diferentes entidades de las fundaciones o de las entidades financieras. Entendemos que hay que premiar a todas aquellas personas que han jugado un papel relevante en la reestructuración financiera de estos últimos años, porque gracias a su gestión y a su solvencia financiera han podido resolver esta situación con un resultado favorable. Vamos a plantear un periodo transitorio para que toda esta reestructuración...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: ...para que todo este traspaso -voy acabando, señora presidenta- de las fundaciones o entidades financieras puedan gozar de un periodo transitorio adecuado y objetivo para que finalmente esta reestructuración del sistema financiero en fundaciones y entidades financieras pueda dar un resultado muy positivo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sánchez i Llibre.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Gómez Sánchez.

El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en este debate, un debate importante sobre un proyecto de ley, el de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, que para nosotros es crucial en este momento. Nuestro voto será de abstención, ya lo anticipo; una abstención que se sustenta en dos consideraciones principales; en primer lugar, el proyecto de ley continúa -yo diría que no en poca medida- con la tarea de reestructuración ya abordada por Gobiernos anteriores sobre esa parte crucial de nuestro sistema financiero; y en segundo lugar, porque, en nuestra opinión, el texto que hoy comienza su andadura en la Cámara todavía arrastra desconfianzas, resquemores frente a un modelo financiero que, como el de las cajas de ahorros -esa es nuestra opinión-, no debería ser arrumbado aprovechando la crisis y sus efectos importantes sobre este sector de nuestro sistema financiero.


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La historia financiera de España no puede entenderse sin el papel que han desempeñado las cajas de ahorros. Han sido casi dos siglos, sobre todo desde la llegada de la democracia, en los que las cajas han llevado a cabo una función insustituible -se ha dicho aquí ya- como motor del crecimiento local y regional, impulsando y movilizando recursos, permitiendo el acceso al crédito; un acceso al crédito que estaba históricamente vedado a amplios sectores sociales en nuestro país. Nos extraña cuando lo recordamos, pero era así, señorías. Hace solo treinta y cinco años prácticamente el cien por cien del crédito hipotecario en España se articulaba alrededor de las cajas de ahorros y de la banca pública entonces existente. Me refiero al Banco Hipotecario y a la Caja Postal de Ahorros, dos entidades después integradas en Argentaria y finalmente privatizadas.

De forma paulatina pero constante, las cajas de ahorros fueron ganando cuota de mercado. Llegaron a superar el 50% de los depósitos totales del crédito vivo en el conjunto de la economía española. Un modelo de negocio volcado en el territorio y una razonable gestión fue lo que permitió este ascenso cada vez más preponderante en el sistema financiero, un papel que además -se ha dicho aquí tambibien- se reforzaba con su función social. Si los clientes confiaban en ellas era porque sabían que sus excedentes se dedicaban a mantener una obra social que era fundamental como complemento del todavía incipiente Estado del bienestar en España. Desde la llegada de la democracia en 1977 hasta el estallido de la crisis -treinta años importantes, con sus defectos y sus virtudes-, el sistema de cajas respondió de forma extraordinaria a las exigencias del negocio financiero y a sus objetivos como entidades sociales; entidades en muchos casos de naturaleza privada, pero también en su mayoría de naturaleza pública, con impulsores, con entidades de patronazgo de carácter público: municipales, provinciales, regionales.

Se ha dicho aquí ya y lo repetiré. Nosotros no creemos que el hecho de que la crisis haya golpeado con mayor intensidad a una parte de este sector de cajas tenga que ver con el modelo en sí mismo. En primer lugar, porque de las dos crisis anteriores que afectaron a la economía española durante la transición, la segunda mitad de los años setenta el pasado siglo y de los noventa, las cajas salieron enormemente fortalecidas, mientras que una buena parte del sector financiero, en este caso la banca privada, sufrió profundas reestructuraciones. Prácticamente ninguna caja de ahorros en ese periodo resultó afectada por aquellas dos grandes crisis. En cambio, más de sesenta bancos privados tuvieron que ser reestructurados. Cómo no recordar el Banco Español de Crédito, el Banco Central, el Banco Hispanoamericano, el Banco Ibérico, el Banco de Vitoria, el Banco Guipuzcoano, el Banco Cantábrico, el Banco de Alicante, la Banca Masaveu, el Banco de Jerez, el Banco Herrero, el Banco Atlántico, el Banco Zaragozano, el Banco Peninsular y el Banco Condal.

Me queda muy poco tiempo, pero no podría terminar el resto de los temas planteados si tuviera que relatar todos aquellos bancos que fueron quebrando sucesivamente en este periodo de treinta años. Lo que falló entonces, señorías, no fue el diseño institucional, fue el modelo de negocio de estas entidades, en muchas ocasiones mal gestionadas, en otras insuficientemente dotadas de capital y de recursos propios, con altos niveles de riesgo en ámbitos afectados por la crisis, incapaces en otras ocasiones de adaptarse a entornos enormemente exigentes por su nivel de competitividad. Lo que ha fallado ahora, durante esta crisis, ha sido un modelo volcado hacia una expansión del balance absolutamente dislocada, un modelo de negocio que había financiado con crédito externo la mayor burbuja inmobiliaria producida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esta es la burbuja que hemos tenido en España. Unas entidades financieras -las cajas, en este caso- que en su conjunto, entre 2000 y 2007, habían multiplicado por nueve el crédito a la actividad inmobiliaria y habían pasado en esos ocho años de recibir 78.000 millones de euros de financiación interbancaria europea a 428.000 millones. No han sido, pues, las cajas, han sido algunas cajas de ahorro, por importantes que hayan sido.

Lo ha señalado usted, señor ministro. Efectivamente, al lado de Novacaixagalicia, al lado de Catalunya Caixa, al lado de Bancaja y, cómo no, al lado de Bankia, la quiebra bancaria más costosa de nuestra historia, también están magníficos ejemplos de gestión, como La Caixa, Unicaja, Caja Asturias, Ibercaja, la BBK. Se ha dicho aquí también. Hemos empleado enormes cantidades de recursos en el reflotamiento de estas entidades, pero quiero recordarle, señor ministro, que cuando llegaron al Gobierno el crédito interno a la economía española, a nuestros sectores productivos, descendía un menos 4% en tasa interanual. Repase usted las tasas a las que desciende en este momento; está descendiendo, al menos, el 18%. Mejoramos, pero el crédito interno, de momento, no, y si no mejoramos en este ámbito crucial de nuestra actividad económica y productiva, no mejoraremos en el resto. Aun así, señorías, creemos que el modelo de cajas también tenía que ser revisado para solventar dos problemas esenciales; uno, la dificultad de recapitalización de las entidades y, otro, la necesidad de mejorar su gobernanza. En estas dos


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cuestiones es necesario mejorar. En el ámbito de la insuficiente capitalización de las entidades, en un marco, como se sabe, de ascenso de la morosidad, especialmente la de origen inmobiliario, está, sin duda alguna -lo ha dicho usted, señor ministro-, el enorme ascenso en una materia como fue la emisión de participaciones preferentes, que está afectando, en mi opinión, decisivamente a la credibilidad del sistema financiero, de esta parte de nuestro sistema financiero. Repase usted también las cifras, porque se ha olvidado decir cuántas participaciones preferentes se emitieron antes del año 2004. Detrás de un mal diseño de los modelos de buen gobierno, está también el comportamiento de ciertas cajas de ahorros, que han actuado, en nuestra opinión, como entidades sin dueño; entidades en manos de gestores irresponsables ante nadie, que las han llevado a la quiebra en muchas ocasiones. Por el lado contrario, entidades, que siguiendo directrices insensatas de sus instituciones fundadoras, a veces públicas pero también en ocasiones privadas, financiando actuaciones y desarrollando estrategias incompatibles con una gestión profesional prudente, fundamentalmente prudente, absolutamente imprescindible en el negocio financiero, han terminado conduciendo también a la quiebra de estas entidades.

Nuestra abstención, señorías, quiere ser también una llamada al consenso en esta materia. Ya saben ustedes, aunque el Gobierno no lo practique con la habitualidad necesaria, que las mejores leyes pueden ser las que han reunido mayor y más diverso apoyo parlamentario. Hay tres materias que nos preocupan esencialmente en esta cuestión. En primer lugar, la función del protectorado de las fundaciones, sobre todo aquellas cuya actividad principal es regional. Aquí es conveniente que en estos casos esa función se siga manteniendo, siga estando en el ámbito de la comunidad autónoma, entre otras cosas por una razón esencial, para que no se viole su marco competencial. En segundo lugar, el nuevo modelo no debe discriminar a las fundaciones bancarias frente a cualquier otro titular de posiciones de control sobre una entidad financiera, en este caso de carácter bancario; no puede ser. Si se establecen requisitos adicionales de reservas, deben residenciarse en el banco y no en la fundación. No nos gusta la existencia de requisitos adicionales, pero nos gusta mucho menos que minoren la capacidad de acción social si se residencia en la fundación matriz. Y en tercer lugar, nos preocupa el régimen de incompatibilidades entre fundación y entidad bancaria. Este régimen no puede ser tal -no estamos de acuerdo, lo lamento, señor Anchuelo- que separe la propiedad y la gestión. Este no puede ser el camino, porque una parte muy importante de todo lo que ha pasado en este país en el sistema financiero tiene que ver precisamente con la separación entre propiedad y gestión. Que se cuiden y que se extremen las exigencias de profesionalidad, por supuesto, pero no es bueno que exista un nivel de incompatibilidad tan extremo como el que se establece en este proyecto de ley.

Señorías, el Grupo Socialista quiere por supuesto reforzar la capacidad de recapitalización de estas entidades, así como que se mejore el buen gobierno de las entidades que van a suceder a las antiguas cajas de ahorro, y también el de las propias cajas de ahorro que subsisten y que mañana podrían ser muchas más de las dos que hoy se mantienen como tales; sin embargo nunca estaremos de acuerdo -quiero subrayarlo hoy aquí- con mantener cualquier vestigio de singularidad que penalice la actuación de estas entidades con respecto a la propiedad del resto de los bancos privados. Competencia pues, sí, desde la igualdad, pero no desde la discriminación. Esta será siempre nuestra posición hoy y en el futuro, señorías.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gómez Sánchez.

Por el Grupo Popular, señora Garrido.

La señora GARRIDO: Gracias, presidenta.

Me corresponde tomar la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el turno de fijación de posiciones respecto a las enmiendas a la totalidad sobre el proyecto de ley de cajas y fundaciones bancarias. A la vista de las intervenciones que me han precedido por parte de los portavoces de los grupos, me gustaría comenzar indicando que el Grupo Parlamentario Popular apoya este proyecto de ley, por lo tanto va a votar en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas sobre el mismo. Apoyamos este proyecto porque creemos que es un avance fundamental en el proceso de reestructuración y porque solo por el camino de la profesionalización y de la independencia de las entidades que regula, cajas de ahorro y fundaciones bancarias, estas entidades alcanzarán la seguridad y fortaleza necesarias para integrarse en nuestro sistema financiero. En este proyecto de ley se abarca una cuestión muy concreta, que es regular las cajas de ahorro y las fundaciones bancarias que surgirán con la aplicación de esta disposición. No se trata de discutir en este momento el papel que han jugado organismos supervisores o


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reguladores a lo largo de la historia reciente. Se trata de establecer el marco regulatorio de este tipo de entidades, fruto de las sucesivas modificaciones legislativas a las que se ha visto sometido este sector, el de las cajas de ahorro, trascendental para el sistema financiero español.

Por otro lado, y a la vista de intervenciones de portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, España no ha perdido las competencias en materia financiera. De hecho estamos debatiendo aquí un texto que no es más que el reflejo del desarrollo de esas competencias; muy al contrario, el Gobierno español tiene marcada su propia ruta de política económica, que es la que va a permitir que España salga de la crisis, a pesar de que algunos no lo creían hace meses. Una cosa es que hayamos firmado un memorándum de entendimiento en julio de 2012, por el cual se abría un línea de crédito de 100.000 millones de euros, de los que se han utilizado 41.300 millones, en unas condiciones muy ventajosas -a doce años y medio, con diez años de carencia y un 0,5% de interés-, pero en este momento no se va a dar -ya lo sabemos, aunque se va a constatar por parte del ministro en el Ecofin del mes de noviembre- una prórroga de ese memorándum de entendimiento porque no continúan las condiciones que se dieron entonces. Cuando se solicitó esta ayuda financiera existían dos condicionantes: por un lado, era necesario una reestructuración y un saneamiento del sistema financiero español y, por lado otro, el Tesoro se veía imposibilitado para cubrir esta necesidad. En el momento actual -comparando el año pasado y el presente- las entidades españolas están perfectamente saneadas; el sistema financiero está perfectamente reestructurado. Si por casualidad o porque así lo exigiese la evolución se precisase ayuda financiera el Tesoro está demostrando que ya tiene abiertas las vías para encontrar la financiación deseada. Me tengo que remitir a la subasta del Tesoro celebrada el día 15 en la que se han conseguido colocar instrumentos financieros por debajo del 1%. No he podido verlo con detenimiento pero en la subasta que se ha llevado a cabo hoy -me lo está corroborando el señor ministro- también se ha colocado a unos tipos de interés más bajos. Es cierto que, a cambio de todo esto, hemos aceptado ofrecer una mayor transparencia con motivo de los compromisos adquiridos. Me gustaría detenerme en lo que voy a decir a continuación, porque era tal el descalabro al que se llegó en los últimos años que no podemos pensar que la reestructuración y el saneamiento del sistema financiero se están haciendo como cumplimiento de un memorándum o de un condicionamiento. Se están llevando a cabo porque era necesario e imprescindible si queríamos que España recuperase el puesto que le corresponde en el entramado económico-financiero europeo y en el ámbito mundial. Así lo dejan patente numerosos organismos nacionales e internacionales. El señor ministro hacía referencia anteriormente a la visita en el tercer trimestre de miembros de los organismos de la Unión Europea. El Fondo Monetario Internacional, a pesar de que las conclusiones va a ser publicado en el próximo Ecofín, decía textualmente el 1 de octubre en relación con el proceso de reestructuración financiera que las medidas adoptadas por el marco del mismo han reforzado capital, la liquidez y la eficiencia del sistema financiero.

El objetivo de esta normativa, tal y como ha señalado el señor ministro en su exposición, es fundamentalmente conseguir mantener la estabilidad del sistema financiero; es básica la profesionalización del negocio de estas entidades. Las fundaciones bancarias que surjan como consecuencia de esta disposición, vinculadas a entidades como Kutxabank, La Caixa o Unicaja no nacen con una vocación de desaparecer; muy al contrario, es necesario que permanezcan pero funcionando con profesionalidad, con transparencia y con independencia. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Por algunos portavoces y también en foros económicos se está diciendo que lo que se persigue con este proyecto de ley es determinar cuántos van a ser los jugadores que van a estar al final en este proceso, y nada más lejos de la realidad. Este proyecto de ley ni pone ni quita jugadores. Simplemente establece que los que estén en el mercado tienen que estar actuando con profesionalidad y rigiéndose por unos criterios de transparencia y de independencia, sin olvidar la finalidad que se persigue con las dos entidades que regulan esta disposición, esos dos apartados a los que también hacía referencia el ministro, así como los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Por un lado, las cajas de ahorros -que van a volver al negocio original, ese que todos tanto extrañamos y al que todos reconocemos el servicio que ha prestado a la economía española- van a estar sometidos a una triple limitación: una, geográfica, porque tendrán que actuar en el ámbito de su comunidad autónoma, aunque podrán hacerlo en alguna provincia limítrofe; otra, material, porque deberán centrarse en el sector minorista, pequeña y mediana empresa, y no realizar operaciones con productos financieros complejos; y, otra tercera, de tamaño, porque en ningún caso sus activos podrán superar los 10.000 millones de euros ni el 35 % de los depósitos existentes en el ámbito geográfico de referencia. Todas aquellas cajas que ejerzan la actividad bancaria mediante la acción indirecta, con esta disposición se van a convertir en fundaciones bancarias,


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siempre que la participación sea significativa. Las fundaciones bancarias, por lo tanto, tendrán como finalidad, por un lado, la atención y el desarrollo de su obra social y, por otro, la gestión de su participación en la entidad financiera. La gobernanza de las fundaciones bancarias debe garantizar la obra social y podrá destinar los dividendos recibidos a obras sociales, benéficas y culturales. Este es un paso más -no podemos dejar de reconocerlo- en un camino que se engloba dentro de todo el proceso de restructuración financiera para la reanudación de flujo de crédito, que como siempre sigue el mismo camino desde el comienzo de esta legislatura: reanudación del crédito que permita crecimiento económico y genere empleo. Esta medida será, con las demás reformas estructurales, la que contribuya a alcanzar este objetivo.

Hemos escuchado a los grupos que me han precedido en el uso de la palabra. Se han planteado problemas, roces, discusiones en torno al régimen de control, al gobierno corporativo, al plan financiero, a la política de dividendos llevada a cabo por la empresa, a la captación de recursos por ampliaciones de capital, al ejercicio del protectorado. Observamos en todas las manifestaciones de los portavoces posibles puntos de encuentro. En Comisión vamos a analizar las enmiendas presentadas por todo el arco parlamentario y tengan la seguridad de que el Grupo Parlamentario Popular apoyará todas aquellas aportaciones que contribuyan a alcanzar los objetivos perseguidos por este proyecto de ley. Me gustaría finalizar mostrando la satisfacción del Grupo Parlamentario Popular por el hecho de que los grupos parlamentarios de CiU, PNV y Socialista no hayan presentado enmiendas a la totalidad porque hace pensar que todavía existen espacios de encuentro en este proyecto de ley. Los vamos a buscar y -finalizo- me encantaría que los halláramos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Garrido.

Antes de entrar en el siguiente punto del orden del día, quiero comunicar a la Cámara que nos visita una delegación del Comité nacional de la conferencia consultiva política del pueblo chino acompañada por el señor embajador y presidida por su vicepresidente, el excelentísimo señor Du Qinglin. Les saludamos y damos nuestra más calurosa bienvenida.

Muchas gracias. (Aplausos).

- PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD PRIVADA. (Número de expediente 121/000050).

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de seguridad privada. En primer lugar, y para la defensa y presentación del proyecto, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna para presentar el proyecto de ley de seguridad privada, el cual se ampara en la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública y, en especial, en la consideración, según reiterada jurisprudencia constitucional, que sin duda sus señorías ya conocen, que determina que la seguridad privada está considerada como una submateria de la seguridad pública integrada en ese mismo título competencial. Como punto de partida quiero resaltar que se trata de un texto que pretende fundamentalmente modernizar una legislación ya naturalmente sobrepasada por el tiempo y que además ofrece el marco adecuado para el desarrollo de un sector que -conviene tenerlo muy presente- es muy dinámico y tiene una importancia social y económica relevante para nuestro país. Es bueno recordar que agrupa a casi 1.500 empresas, que ha dado empleo el pasado año a más de 85.000 trabajadores y que facturó el pasado año en torno a 3.215 millones de euros; es decir, que no estamos ante un sector precisamente marginal de nuestra economía y de nuestro país, y que es puntero -hay que subrayarlo- en su actividad en el ámbito nacional y en el internacional. Una empresa española, por ejemplo, es la tercera del sector a nivel mundial. Quiero destacar, señorías, que en la elaboración y tramitación de este proyecto el Gobierno ha atendido y escuchado, en la medida de lo posible, a todos los agentes de este sector, en especial a través del órgano institucionalmente establecido para ello, la Comisión Nacional de Seguridad Privada, en la que están representadas las empresas de seguridad privada; los despachos de detectives privados; los sindicatos del personal de seguridad privada, así como los usuarios de los servicios y medidas de seguridad, en particular de las comunidades autónomas del País Vasco y de Cataluña, por razones de competencia en la materia de sus policías autonómicas; el sector de los joyeros y los plateros -no se les oculta que tienen un especial interés legítimo en esta cuestión-; expertos independientes e incluso la propia Federación Española de Municipios y Provincias. Igualmente, se han recibido aportaciones directas


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y se han mantenido reuniones con cuantos colectivos se han sentido legítimamente afectados por este proyecto de ley. Resulta esencial además subrayar que el proyecto se asienta sobre un pilar que considero fundamental resaltar desde el primer momento de mi presentación: la irrenunciable preeminencia de la seguridad pública sobre la seguridad privada y el respeto a los principios de complementariedad, cooperación y corresponsabilidad. No se trata pues, señorías, en absoluto, como en algún caso se ha querido presentar, de privatizar la seguridad. Esta idea, con toda sinceridad, no puede estar más alejada de la realidad que se regula en este proyecto de ley. Dejando claro todo lo anterior, quiero reiterar la acogida favorable que ha tenido en términos generales esta iniciativa entre el sector afectado. Entendemos, pues, que es la legislación que, tanto el interés público en primer lugar, como es lógico, como el sector directamente afectado, necesita en este momento.

Señorías, la vigente Ley de Seguridad Privada, como saben, es la Ley 23/1992, de 30 de julio. Es una ley que tuvo en su momento, sin duda -hay que reconocerlo-, el incuestionable mérito de intentar ordenar en una ley, por primera vez en nuestra historia, un sector que hasta entonces se había regulado por una normativa dispersa y de rango reglamentario. Ahora bien, dicho texto legal, el vigente de 1992, tampoco impidió la existencia de numerosas lagunas, que han debido ser complementadas a lo largo de los más de veinte años transcurridos desde su aprobación. Además de estas limitaciones jurídicas, sin duda hemos de tener en cuenta la evolución de este sector en estos más de veinte años transcurridos desde la aprobación de la vigente ley y, sobre todo, los importantes cambios tecnológicos que se han producido, muy vinculados al sector; los notables avances en la consideración ciudadana de la seguridad privada; y la consolidación del reparto competencial en la materia, singularmente en lo que hace a Cataluña y País Vasco. Todo ello nos ha situado -como les decía- ante la necesidad de impulsar esta actualización y modernización del marco legal que regula este importante sector.

Sobre la base de las características generales que les acabo de enunciar, este proyecto tiene una vocación fundamentalmente modernizadora. Así, incorpora diversas novedades, entre las que me gustaría destacar algunas, evidentemente no con ánimo exhaustivo. Por ejemplo, presenta un doble enfoque frente a la vigente ley de 1992, de tal suerte que no solo se regulan las actividades y servicios de seguridad privada que pueden contratar con el actual marco legal las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sino que también establece el marco de colaboración de la seguridad privada con los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Otra de las novedades es que el proyecto de ley abre a las empresas de seguridad privada la posibilidad de prestación de nuevos servicios en seguridad que la sociedad está demandando y que no están actualmente contemplados en nuestro ordenamiento, o bien que están regulados pero de manera impropia a nivel reglamentario y con restricciones que hoy en día no tienen demasiado sentido. Es el caso -al que después me referiré con más profundidad- de los servicios de vigilancia perimetral en los centros penitenciarios, de vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones y en sus vías de uso común, de videovigilancia en el interior de inmuebles o de gestión y respuesta ante alarmas. Otra de las novedades de este proyecto de ley es que se declaran compatibles con las de seguridad privada determinadas actividades que la legislación vigente veda, a nuestro juicio de forma innecesaria. En este sentido se incorporan esas novedades. La propia lectura de algunas que podría citar hacen ver que son absolutamente injustificadas hoy en día. Podían serlo en 1992, pero hoy resultan absolutamente injustificadas.

También me parece importante destacar como medida de especial trascendencia, tanto para el sector de la seguridad privada como para los usuarios de sus servicios, la liberalización de algunas actividades como son la planificación, la consultoría y el asesoramiento en actividades de seguridad privada que quedan fuera de esta legislación específica. Es decir, el proyecto de ley se inscribe en la lógica general de modernización que ha emprendido el Gobierno para impulsar y facilitar el crecimiento económico en nuestro país. El texto presentado apuesta por combinar medidas como las previamente señaladas junto con un control más ágil que imprime, a su vez, una necesaria y debida transparencia. No quiero dejar de hacer referencia de manera muy especial al nuevo registro nacional de seguridad privada que supera al actual registro de empresas de seguridad que en la práctica es una mera relación de empresas. Este nuevo registro nacional de seguridad privada que se incluye en el proyecto de ley -en su día y en su caso en la ley- se crea con la finalidad de inscribir, además de los datos de las empresas de seguridad y de su personal, las autorizaciones o declaraciones responsables, las habilitaciones y acreditaciones o los datos relativos a las sanciones, así como cuantos sean necesarios para las actuaciones de control y gestión de la seguridad privada. En definitiva, con este registro se dispondrá de un verdadero instrumento de gestión y no como hasta ahora de una mera relación de empresas inscritas en un documento.


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Otra de las novedades que quiero destacarles -como no podía ser de otro modo- es que el proyecto ha tomado en consideración la realidad autonómica, la organización territorial del Estado, que a estos efectos presenta dos niveles en el reparto de competencias en este ámbito. Así pues, cabe distinguir un primer nivel competencial más amplio, correspondiente a las comunidades autónomas que con arreglo a sus estatutos de autonomía ostentan competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana; actualmente es el caso de las comunidades autónomas del País Vasco y de Cataluña. Estas comunidades serán en principio competentes para autorizar o recibir la llamada declaración responsable de las empresas de seguridad privada y centros de formación de personal con domicilio en la comunidad autónoma y cuya actividad esté limitada a su territorio, así como también para inspeccionar y sancionar todas las actividades de seguridad privada que se realicen en el ámbito del territorio de la comunidad autónoma. Existe un segundo nivel competencial correspondiente a aquellas otras comunidades autónomas que han asumido en sus estatutos competencia ejecutiva en materia de seguridad privada, si bien, como se señala en los propios estatutos, en los términos que determine la legislación del Estado. Esta es la legislación del Estado. En consecuencia, el proyecto de ley establece los requisitos que esas otras comunidades autónomas deben reunir para llevar a cabo esta competencia ejecutiva.

Señorías, creo sinceramente que estoy en condiciones de afirmar que existe una absoluta sintonía entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular que le apoya en relación con su clara voluntad de alcanzar un acuerdo en las cuestiones que lo permitan, a fin de que la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas que resulte de la futura ley, una vez culminado el trámite parlamentario, no ofrezca ninguna duda de constitucionalidad. En este sentido, tanto en la fase de elaboración del anteproyecto de ley como después de su aprobación por el Consejo de Ministros y su remisión al Congreso, se han mantenido contactos con las administraciones autonómicas con competencias en la materia -Gobierno vasco, Generalitat de Catalunya-; fruto de ello ha sido la modificación de algunos preceptos para reflejar mejor el orden de distribución de competencias. Apunto que, en esta misma línea, con arreglo a la última jurisprudencia en la materia -incluso posterior a la remisión al Congreso de los Diputados de este proyecto de ley- y tras las conversaciones mantenidas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y su portavoz a estos efectos, el señor Jané, consideramos razonable que las comunidades autónomas con competencias en la materia puedan inscribir en sus registros de seguridad privada los despachos de detectives con domicilio en ellas, cuyos titulares declaren que su actividad profesional se circunscribirá al territorio autonómico correspondiente. Esto exigiría modificar en el trámite parlamentario -por eso aludía a la sintonía del Gobierno con el grupo parlamentario- la redacción de los artículos 12, 13 y concordantes del proyecto de ley, como digo, durante la tramitación parlamentaria, si como es previsible se supera hoy el trámite de debate de totalidad que estamos en estos momentos realizando. Obviamente el falseamiento de la declaración responsable que a estos efectos realice el despacho está recogido como una especial infracción administrativa en el proyecto de ley y llevaría aparejada la correspondiente sanción.

Otra cuestión sobre la que quiero llamarles la atención, señorías, es el refuerzo de la colaboración profesional entre las empresas y su personal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En particular se contempla una especial obligación de colaboración de las empresas de seguridad, de los despachos de detectives y del personal de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con sujeción siempre al principio de legalidad y con la finalidad de asegurar el buen resultado de las actuaciones dirigidas a preservar la seguridad pública, garantizándose la debida reserva y confidencialidad cuando sea necesario. Estoy hablando, lógicamente, de despachos de detectives y sus clientes, por una parte, y las empresas de seguridad y sus usuarios, por otra. Se ha prestado asimismo una particular atención al ámbito relativo al ejercicio profesional de la seguridad privada. Así se ha optado por mantener inalterado el catálogo de profesiones de seguridad privada: vigilante de seguridad, con su especialidad de vigilante de explosivos; escoltas privados; guardas rurales, con sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos; jefes y directores de seguridad y detectives privados. Se han ampliado asimismo las vías de acceso y las ofertas de formación y sobre todo -esto me parece relevante- se ha impulsado decididamente, señorías, la protección jurídica de dicho personal, de estos trabajadores, que es -conviene recordarlo- una de las principales reivindicaciones de los trabajadores de las empresas de seguridad privada y de las mismas empresas. No se trata por supuesto -eso debe quedar claro-, en absoluto, de hacer una equiparación con el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sino de otorgar en ciertos supuestos muy tasados, muy limitados una protección jurídica análoga. A esos


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efectos el proyecto de ley de reforma del Código Penal que ya está en esta Cámara va en concordancia con lo que en este proyecto de ley se contempla. Es una lógica, por tanto, que responde a la demanda -insisto- del sector, de los sindicatos de los trabajadores, de los propios trabajadores y de las empresas, y que nos parece absolutamente justificado. De las conversaciones mantenidas con el Ministerio de Justicia hemos llegado a un acuerdo y, como les digo, en el proyecto de Código Penal hay una absoluta sintonía con lo que se establece en este proyecto de ley a esos efectos. Con esa vocación modernizadora a la que aludía, se pretende hacer de este sector un ámbito más flexible y ágil, de tal suerte que, sin perjuicio del adecuado e inexcusable control que debe existir desde los poderes públicos, se han modificado los requisitos necesarios para el acceso a las actividades de la seguridad privada; en concreto, se ha sustituido la autorización previa por una declaración responsable para la prestación de determinados servicios de seguridad privada.

Señor presidente, señorías, me parece especialmente importante resaltar -me refería anteriormente a ello- que el proyecto contempla la posibilidad de que las empresas de seguridad privada puedan prestar servicios de vigilancia y protección en determinados lugares, como es el caso de la vigilancia perimetral de centros penitenciarios, pero debe quedar claro, y si no queda claro después intentaré aclararlo más, que siempre y en todo caso en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, es decir, de aquel cuerpo de seguridad que tenga atribuida la competencia de mantener la seguridad en dicho centro penitenciario, sin que en ningún caso se prescinda de ese cuerpo de seguridad pública ni por supuesto en ningún caso sustituir a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Lo digo porque soy consciente del debate que en relación con esta cuestión se ha planteado, y he leído además que en una de las enmiendas de totalidad se hace especial referencia a esta cuestión, por tanto, sin perjuicio de que después lo aclare, ya he querido ahora delimitar claramente en qué términos estamos hablando de esa nueva función que podrían asumir las empresas de seguridad privada y su personal.

Debo decir además que la única comunidad autónoma que tiene transferida la competencia en la materia, Cataluña, nos lo ha solicitado reiteradamente. Nos parece razonable y, por supuesto, con este proyecto de ley se establece una regulación que, insisto, preserva el interés público en todo momento, pero hace que, bajo ese principio de subsidiariedad, complementariedad, colaboración y cooperación, la seguridad privada pueda también participar en esa misión.

A continuación, señorías, quiero hacer mención de la regulación que se contempla de los servicios de investigación privada, ámbito especial y particularmente sensible, como no se les oculta a sus señorías, puesto que las actividades de la investigación privada inciden directamente en los derechos de los ciudadanos, y singularmente en derechos fundamentales como el derecho fundamental a la intimidad personal y a la intimidad familiar. Por ello en el proyecto de ley se establecen garantías y cautelas muy precisas, puesto que se trata de preservar los derechos fundamentales, antes mencionados, de los particulares, de los ciudadanos. En primer lugar, se especifican los ámbitos concretos en los que los detectives privados podrán desarrollar sus servicios de investigación. En segundo lugar, se exige que el cliente acredite la existencia de un interés legítimo como requisito previo para que el despacho de detectives de investigación privada pueda aceptar su encargo de investigación. En tercer lugar, y no es una enumeración exhaustiva, se establece la obligación de elaborar un informe de investigación por cada servicio contratado, al que solo -insisto, solo- tendrá acceso el cliente y, en su caso, en su caso, la autoridad judicial o policial, si existiera un procedimiento judicial o una investigación policial en curso que tuviera relación o tuviera alguna vinculación con ese informe de investigación.

Son medidas proporcionadas, que permiten mantener un razonable y adecuado equilibrio entre la actividad de investigación privada, absolutamente legal y legítima, y la necesaria tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como los que he mencionado, además de la necesaria protección de la confidencialidad que debe existir siempre entre un cliente y el profesional al que contrata para la prestación de un servicio. Un diseño, señorías, el que propugna este proyecto, en cuya elaboración, como he señalado, han participado todos los implicados en el sector y que, por tanto, ha tenido una acogida -debo reconocerlo- muy favorable en términos generales. Quiero reiterar que en este texto se incorporan los inevitables cambios que el paso del tiempo impone sobre todo en un sector, insisto, de estas características, tan vinculado a las nuevas tecnologías, a las innovaciones tecnológicas. Subsana, al mismo tiempo, las carencias de origen de la vigente Ley de 1992, que ya he dicho que fue una ley a la que hay que reconocerle su mérito en su momento, porque lo tuvo -fue la primera, fue pionera en este ámbito-, pero lógicamente el trascurso del tiempo hace necesaria su actualización y subsanar algunas


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carencias de origen al tiempo que aporta novedades que permitirán el adecuado desarrollo de un sector altamente dinámico y profesionalizado. Como les decía, adicionalmente se impulsa un proceso de modernización de un sector, vuelvo a repetir, laboral y económicamente importante, una apuesta que sin duda contribuirá a superar el reto esencial que todos los ciudadanos tenemos ante nosotros en este periodo y que es la definitiva recuperación del crecimiento económico, la salida de la crisis y la creación de empleo. Insisto en que este proyecto define una concepción de la seguridad privada siempre fundada en los principios de complementariedad y subordinación funcional de esta, la seguridad privada, con respecto a la seguridad pública. En conclusión, y termino, señor presidente, presento ante esta Cámara un proyecto de ley que estoy seguro -por lo menos esa es nuestra voluntad- de que contribuirá a que España sea un país cada vez más seguro y en el que sus ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos en plena libertad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Le agradezco su claridad y concisión.

A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad de devolución. Para la defensa de la primera, por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.

Este Gobierno se está acostumbrando a retorcer la realidad o las palabras con las que interpreta la realidad. El señor ministro ha empezado su intervención justificando que este proyecto de ley no es para aumentar la privatización, y luego se ha dedicado a desgranar las nuevas oportunidades de negocio, los nuevos sectores en los cuales las empresas de seguridad privada podrán volver a incrementar su negocio, podrán volver a invertir.

Para mi grupo parlamentario, simplemente lo que se recoge en la exposición de motivos del proyecto, las alianzas público-privadas y la defensa de estas alianzas público-privadas al hablar de ellas como medio para hacer frente y resolver problemas acuciantes, etcétera, ya es motivo suficiente como para presentar una enmienda a la totalidad, porque este hilo argumental recorre todo el proyecto de ley. Para nosotros, se pretende en definitiva un aumento de la privatización de la seguridad pública. Se dice que el proyecto de ley justifica una demanda social para traer esta propuesta a la Cámara, sin embargo, nosotros no entendemos que haya una demanda social como para presentar este proyecto de ley. No sabemos qué sectores están pidiendo una renovación tan urgente de esta norma del año 1992 que, sin duda, como toda norma legal, es mejorable, pero hay muchos otros temas en las cuestiones de seguridad que desde mi grupo parlamentario entendemos prioritarios antes que esta cuestión, que a lo que va es a incrementar el peso de lo privado sobre la seguridad pública.

Nosotros nos situamos enfrente de esta política de privatización del Partido Popular, del partido del Gobierno, una política de privatizaciones que se basa en privatizar el beneficio y en socializar riesgos y costes, y estamos cansados de ver -por ejemplo, la semana pasada en otra cuestión- cómo al final sobre las cabezas de los ciudadanos y sobre los impuestos que pagamos entre todos pesa el hecho de ir cargando cada vez con más costes de más negocios fracasados por parte de los sectores privados. Sin duda el señor ministro ha dicho aquí cuáles son actualmente las cifras del sector: son 1.500 empresas, 85.000 trabajadores, 3.215 millones de euros de facturación. El sector ha experimentado un gran auge pero si ha sido así es porque desde el sector público se ha contribuido a ello, no ha sido solamente una demanda del sector privado, sino que desde el sector público se ha primado que la seguridad privada tenga un campo de negocio cada vez más amplio. Con este proyecto de ley se quiere primar eso, que las empresas amplíen su campo de negocio, y desde mi grupo parlamentario no podemos compartir esta voluntad privatizadora del Gobierno. La seguridad no puede ser para el que se la pueda pagar, no se puede establecer esa discriminación. La seguridad es una cuestión fundamental para el mantenimiento de la libertad, y desde nuestra óptica tiene que tener un peso fundamental del sector público en vez de ir abriendo nuevos espacios al sector privado. El proyecto de ley habla del binomio entre libertad y seguridad pero sin duda este Gobierno prima la seguridad frente a la libertad, y ejemplo de ello es la política que desde su departamento, señor ministro, se lleva de criminalizar la protesta ciudadana a través de múltiples actuaciones pero sobre todo de multas coercitivas que desde mi grupo parlamentario siempre le reprocharemos.


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El proyecto hace una especial incidencia en trasladar al sector privado cada vez más capacidad de contratar, cada vez más sinergias que lo que hacen es desbancar a la seguridad pública en más sectores y en más áreas. Es incongruente que la seguridad se equipare a un valor social y se la ponga como valor fundamental, como dice el propio proyecto, y más cuando al final esto se acaba entregando -en determinados sectores que entendemos que son importantes- a manos privadas. Para nosotros hay un caso palmario al margen del que ha comentado usted, que es otorgar la consideración de agentes de la autoridad a los empleados privados. Es un caso que en nuestra opinión podría estar contraviniendo la Ley 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y además presenta una dudosa constitucionalidad. Veremos a ver dónde acaba esta cuestión, pero no nos parece adecuado que el título de agente de la autoridad acabe recayendo en trabajadores que no han pasado las pruebas y condiciones necesarias para el acceso a la Función pública y que pueden estar sometidos a la voluntad de las personas que les contratan y no a la voluntad de la ley, que debe en última instancia guiar a quien tenga la consideración de agente de la autoridad. La ley se basa mucho en un concepto que utiliza este Gobierno continuamente y es el de la eficiencia y evitar duplicidades. Y en este tema de la seguridad pública, desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, si se quiere evitar la duplicidad en la seguridad en España habría que cambiar el modelo policial, habría que evitar tener dos cuerpos policiales, uno civil y uno de carácter militar, como es la Guardia Civil, a la que ahora, con la modificación de la disciplina militar, se le quiere aplicar una nueva vuelta de tuerca en el sentido de dificultarle la defensa de sus derechos como trabajadores. En esa línea podría trabajar el Gobierno si quiere evitar duplicidades, si quiere coordinar y hacer funcionar mejor la seguridad pública en España, tratar de buscar un nuevo modelo policial en el cual en lugar de haber dos cuerpos de seguridad del Estado hubiera uno fundamental, de modo que la duplicidad no generase los problemas que está teniendo ahora mismo.

El proyecto de ley también tiene problemas en cuanto a conflictos competenciales. No me voy a detener en ello porque hay otra enmienda a la totalidad que basa todo su peso en los conflictos competenciales que encierra este proyecto de ley que nos trae hoy aquí el Gobierno.

Desde nuestro punto de vista, señor ministro, las actividades de la seguridad privada frente a la seguridad pública deberían ser siempre auxiliares, nunca complementarias. La voluntad de declarar esa complementariedad es una voluntad de situarlas en el mismo plano, y para nosotros, para mi grupo político esta no es una política que podamos compartir y, por eso, presentamos esta enmienda a la totalidad. La ampliación de determinadas competencias, la vigilancia de espacios y vías públicas, lo que usted ha comentado ya y que nosotros hemos criticado abiertamente en los medios de comunicación y que no comparte tampoco ninguno de los sindicatos, que es el tema de la vigilancia perimetral, externa de Instituciones Penitenciarias, son pasos que da este proyecto de ley que nos parecen que van en esa línea de situarlas en complementariedad y no como auxiliares, por mucho que usted en la tribuna diga que después se tendrán que coordinar.

Lo que nos están planteando los sindicatos y las personas que están ahora responsabilizadas de la vigilancia penitenciaria es que seguramente habrá muchos problemas de coordinación en la vigilancia perimetral y en la vigilancia de las instituciones. Además, nos tememos que esta privatización de la vigilancia externa de las prisiones sea un primer paso para privatizar otros cometidos y otras funciones que realizan empleados públicos, funcionarios públicos, en la vigilancia penitencia en el interior de las prisiones. De hecho, en alguna respuesta obtenida por el Gobierno se ha dejado entrever esta posibilidad de que estén en estudio otras privatizaciones dentro de Instituciones Penitenciarias, que desde luego nosotros no compartimos en absoluto. De hecho, la experiencia en otros países, como Estados Unidos o Bélgica, en los cuales se ha desarrollado la vigilancia privada y la seguridad privada como una apuesta importante por parte de sus autoridades, demuestra que no se ha obtenido una mejora en los índices delincuenciales de esos países. De hecho, parece ser que se sigue una regla de que a más seguridad privada hay más delincuencia, por lo menos eso marcan los índices. Desde luego, lo que sí tenemos claro es que a más control privado hay menos libertades, y para nosotros es fundamental la defensa de las libertades; dentro del binomio libertad-seguridad no podemos compartir que prime la seguridad sobre la libertad.

En este proyecto de ley se anteponen demandas empresariales a demandas laborales. Por concluir ya, echamos de menos en este proyecto de ley -es otro de los motivos fundamentales para exigir su retirada- la falta de la defensa de los derechos de los trabajadores de la seguridad privada, algo que a mi grupo le preocupa sobremanera. Ya no solamente se entra en favorecer a las grandes empresas frente a las pequeñas, sino que además no se desarrollan los derechos que deberían tener garantizados en esta


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ley en mayor medida los trabajadores de la seguridad privada. La cuestión de la formación para nosotros es una asignatura pendiente en este proyecto de ley, y sobre todo el derecho de huelga y la capacidad de que los trabajadores puedan defenderse frente al establecimiento de servicios mínimos abusivos; en este sector, y además cuando confluyen conflictos laborales como huelgas generales, es absolutamente abusivo cómo se pueden fijar determinados servicios mínimos que, de hecho, acaban impidiendo el libre ejercicio del derecho de huelga. También echamos de menos un régimen sancionador más eficiente para cuando se quebrantan los derechos laborales de los trabajadores, incluso medidas contra el intrusismo.

En este sector, señor ministro, hay muchos miles de trabajadores -usted lo ha dicho antes-, más de 85.000 trabajadores; la mayoría de ellos, sumamente explotados, trabajando centenares de horas a veces por sueldos míseros, y ese no es un problema que se aborde en este proyecto de ley; todo lo contrario, señor ministro. Se les abren nuevos espacios a las empresas de seguridad privada y no se protege lo que para nosotros es un pilar fundamental de cualquier sistema democrático, que la seguridad debe ser un trabajo fundamental, cuando no prácticamente un monopolio, del sector público; y no se debería ir abriendo, como pretende este proyecto de ley, nuevos espacios a la seguridad privada.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, y para defender su enmienda a la totalidad, tiene la palabra el señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor ministro del Interior, señoras y señores diputados, se produce hoy en el Pleno de la Cámara el debate de totalidad de un proyecto de ley de importancia. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Es importante en el año 2013 que el Gobierno presente una reforma de la que fue la Ley de Seguridad Privada del año 1992. Es importante el debate, señor ministro, y necesario el proyecto de ley en estos momentos.

Se hacía referencia a lo largo del debate de totalidad en la intervención inicial del ministro a la importancia cuantitativa del sector. Estamos hablando de más de mil cuatrocientas compañías que facturan más de 3.200 millones de euros y que dan trabajo a más de ochenta y cinco mil personas. Estamos ante un sector importante, cuyo papel desde el legislativo fue decisivo en el año 1992. La Ley de 1992 contribuyó a poner orden en ese sector, pero esa puesta en orden originó una ley inicial, la Ley de Seguridad Privada de entonces, basada y pivotada muy directamente sobre el control y la potestad sancionadora en ese sector. Las cosas han cambiado, y en estos veinte años ha habido una evolución importantísima del sector. Esa ley de 1992 hoy es una ley desfasada que necesita una revisión en profundidad, que es lo que se intenta a través del proyecto de ley que hoy se presenta.

En Convergència y Unió queríamos partir de una base conceptual que una gran mayoría de esta Cámara comparte: que las actividades de seguridad privada deben estar subordinadas, como así es, y bajo la preeminencia de la seguridad pública. Este es un concepto que debe centrar el proyecto de ley. Dicho esto, tampoco podemos negar que la seguridad privada tiene gran importancia a la ahora de configurar un recurso externo que ayude al sistema público de seguridad en su conjunto, por tanto, es complementario pero subordinado. Esa labor complementaria nos lleva a la necesidad de aumentar la colaboración operativa, aumentar la colaboración entre sector público y sector privado, y aumentar al final lo que debe ser mayor eficacia y mayor eficiencia a la hora de dar respuesta a la necesidad de seguridad que todos tenemos como complemento de ese refuerzo de la libertad de todos. En consecuencia, es importante esa regulación y lo es que este proyecto de ley incida también en esa nueva faceta de complementariedad sobre la que no podía pivotar la inicial Ley de 1992, que puso ese orden inicial y que se basó más en esa potestad sancionadora.

Es un proyecto de ley que entendemos necesario, y alguien podría pensar: pues sí es necesario. Además esta nueva concepción, con esas nuevas potencialidades de la seguridad privada, debe ponerse en valor desde una perspectiva siempre de interés público. Estamos de acuerdo en ese planteamiento inicial. Alguien podría preguntar: si ustedes en Convergència i Unió están de acuerdo en ese planteamiento inicial, ¿por qué han presentado una enmienda a la totalidad? Pues bien, se decía también por parte del ministro en su intervención inicial, que yo agradezco, que ha habido algunas correcciones, algunos acuerdos que han intentado ir en la línea de lo que recoge la jurisprudencia y de lo que recogen también los nuevos estatutos de autonomía. No podía ser de otra manera. En el proyecto de ley inicial -pondré muy pocos ejemplos, pero los voy a poner- se partía de una conculcación clara de alguna competencia exclusiva de las comunidades autónomas.


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Les voy a poner un ejemplo. La sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, polémica sentencia, respetó el contenido del artículo 163, relativo a seguridad privada, del Estatuto de Autonomía de Catalunya, el vigente, del año 2006. En ese artículo se da a la Generalitat de Catalunya la competencia de ejecución de la legislación del Estado en una serie de materias, y hay una enumeración precisa de en qué consiste esa competencia de ejecución. Por tanto, hoy Convergència i Unió, primero, no va a discutir la Constitución ni la competencia legislativa que corresponde al Estado. Hoy estamos aquí legislando, porque es la competencia legislativa estatal sobre este ámbito, pero tampoco queríamos que se despreciara la competencia, en este caso de la Generalitat de Catalunya, muy precisa y muy concreta, en el ámbito de la ejecución; y esa competencia se conculcaba inicialmente en el proyecto de ley que ha entrado a estas Cortes Generales. Les pongo un solo ejemplo, para no cansar mucho. En el artículo 12, en el que se perfilan y enumeran cuáles son las competencias de la Administración General del Estado, hay una letra j) en la que se dice de manera expresa que el Estado tiene el control de comprobación, control de comprobación, sobre el mantenimiento de los requisitos y cumplimiento de las obligaciones de las empresas de seguridad autorizadas por la Administración General del Estado, y que tengan su sede o delegaciones en comunidades autónomas con competencias en la materia, así como los despachos de detectives y sus sucursales. Tal como estaba regulada, esa letra j) era innecesaria, superflua, iba en contra del articulado del propio Estatuto de Autonomía, que en este apartado es plenamente constitucional, porque así lo ha dicho también el propio Tribunal Constitucional. Valoramos muy positivamente el acuerdo alcanzado; hemos encontrado un punto de acuerdo y, por ejemplo, esa letra j) del artículo 12.1 se va a suprimir. Le quiero dar valor a esa supresión, porque era un elemento que podía conculcar unas competencias y ahora desaparece.

Quiero dar valor igualmente -lo ha anunciado el señor ministro- a la posibilidad de que se vaya a regular en la ley la recepción de la declaración responsable para la apertura de los despachos de detectives cuando sea en el territorio de la comunidad autónoma. Va a ser esa comunidad la que va a tener esa competencia, que ya no es autorización, porque se sustituye la autorización por esa recepción de declaración responsable. Es un avance importante, al igual que lo es el hecho de que de manera expresa en el artículo 24.2 y en el artículo 24.5 se entiende que el registro en esos casos puede ser un registro autonómico, luego es otro avance que queremos poner en valor. Hemos avanzado además en una nueva redacción del artículo 13.1.a).

Quiero detenerme de manera expresa en algo que quizá pueda parecer que tiene una importancia menor, pero no para Convergència i Unió. Me refiero, concretamente, a la competencia de las comunidades autónomas reflejada en el artículo 13.1.b). Le vamos a dar una nueva definición a esa competencia, que es totalmente acorde con lo que, tras el Estatuto de Autonomía de Catalunya, los tribunales y, en concreto, la Audiencia Nacional, han interpretado que supone esa competencia. De esta manera, a la hora de definir claramente las actividades de seguridad privada, se dice que la comunidad autónoma, en este caso la Generalitat de Catalunya o el Gobierno vasco, tienen la inspección y sanción de las actividades y servicios de seguridad privada que se realicen en la comunidad autónoma, así como de quienes los presten o utilicen, y la inspección y sanción de los despachos de detectives privados y de sus delegaciones y sucursales que realicen su actividad en la comunidad autónoma. Esta redacción, acordada con el Grupo Popular, supone simplemente reflejar en el proyecto de ley aquello que han reflejado ya los tribunales en sus sentencias. Porque se ha definido de una forma mucho más amplia ese concepto y se mencionan ámbitos de actuación, centros de formación del personal de seguridad privada, servicios de seguridad, personas físicas y jurídicas que realizan todas estas actividades y servicios, así como los usuarios que los contratan. Ese concepto amplio es el que va a reflejar también el proyecto de ley y, por tanto, le queremos dar valor.

La última enmienda acordada, la séptima, es relativa a las definiciones. Incorporaremos nuevamente -estaba en algún anteproyecto, pero desapareció- como nuevo punto 5 bis -que quizás será el 6 cuando se apruebe finalmente la enmienda- una definición de los prestadores de servicio de seguridad privada. Por tanto, hay un acuerdo en ese ámbito competencial en los elementos nucleares del mismo. No es un acuerdo genérico; es concreto, con unas redacciones acordadas.

Yo quiero en este momento dar las gracias a aquellos que han hecho posible el acuerdo porque para transar, para consensuar se necesita una actitud positiva hacia ese acuerdo y una preparación técnica que la haga posible. Quiero agradecer a los ponentes del Grupo Popular, tanto al portavoz de la Comisión de Interior, Conrado Escobar, como al ponente del proyecto de ley, Francisco Márquez y de manera muy expresa al secretario de Estado, Francisco Martínez, que han colaborado para poder llegar a ese acuerdo,


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al igual que al secretario general técnico, Juan Antonio Puigserver y también quiero agradecer, señor ministro, la labor que el Department d'Interior de la Generalitat de Catalunya ha realizado y de manera muy concreta a su directora general de Administración de Seguridad, la señora Casado. A todos quiero agradecerles que haya sido posible ese acuerdo; un acuerdo, señor presidente, que comporta que hoy retiremos nuestra enmienda a la totalidad de devolución y que cambiemos esa devolución inicial con una manifestación clara de que queremos mejorar el proyecto de ley, no únicamente en ese ámbito competencial, sino en aspectos que entendemos que son necesarios y que deben tener un adecuado reflejo en la nueva normativa que tiene que ser de consenso.

Hoy Convergència i Unió se quiere unir a ese consenso, porque entendemos que el proyecto de ley es necesario en estos momentos. Para unirnos a ese consenso, que -repito- entendemos que es necesario, deberemos también precisar algunos aspectos que podrían llevar a interpretaciones no queridas de la futura normativa. Se refería a ello el señor Sixto. Estamos ante un personal de seguridad privada que en ocasiones trabaja en condiciones muy precarias en cuanto al salario y al número de horas. Por tanto, deberíamos aprovechar el proyecto de ley para otorgarles algunas garantías expresas, para evitar situaciones que puedan llegar a ser abusivas y que entiendo que nadie quiere en la futura normativa. Por tanto, aquí hay un camino a recorrer.

Se discutía si la vigilancia perimetral en los centros penitenciarios -estamos hablando de la vigilancia externa, en el exterior del centro penitenciario- puede corresponder o no dentro del ámbito de la seguridad privada. Desde Convergència i Unió ya lo defendimos de manera expresa en la Comisión de Interior y se aprobó una proposición no de ley. Entendemos que sí, que es uno de los ámbitos en los que puede llevarse a cabo esa complementariedad, pero siempre con subordinación a la seguridad pública. Esa subordinación conlleva que quien tenga esa vigilancia perimetral externa va a estar bajo las órdenes, bajo la supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sean estatales o autonómicas, que tengan en ese centro penitenciario que velar por la seguridad en el interior. Por tanto, complementariedad, sí; abrir el sector, aprovechando esas sinergias mixtas de un mayor peso que va adquiriendo en determinados sectores la seguridad privada, pero siempre bajo esa subordinación a la seguridad pública.

Creo que es el modelo adecuado, el modelo que se da también en otros países de nuestro entorno en donde la seguridad privada también tiene su papel; un modelo que no puede desconocer tampoco el papel importante que el personal de seguridad privada realiza, en ocasiones en condiciones precarias. Hay guardias forestales que en ocasiones están aislados y solos, pero llevan a cabo una función importante y hay que ponerlos también en su debido lugar y reconocimiento, dándoles las potestades necesarias para que puedan cumplir bien su labor en defensa del interés público. Por tanto, hay camino por recorrer. Hay camino por recorrer -y termino ya, señor presidente- en todo lo que es preservar lo que ahora son ámbitos de exclusión en la aplicación de la ley actual del año 1992. Me refiero, por ejemplo, al personal de aparcamiento en garajes, que también puede realizar otras funciones que la ley actual permite, que es un sector que tiene una crisis evidente y que en ocasiones no puede contratar más personal para realizar unas funciones que ya ejerce su propio personal que está allí o en zonas de peaje o en áreas de servicio de autopistas. Por tanto, hay camino por recorrer en las enmiendas puntuales. Quiero agradecer ese punto de acuerdo al que hemos llegado. Creo que los grupos parlamentarios tenemos una oportunidad importante para, ante una ley que viene a actualizar las nuevas tecnologías, los nuevos avances, y que actualiza lo que se había quedado obsoleto de la ley del año 1992, implicarnos en la ponencia y en la Comisión para trabajar, mejorar el proyecto de ley y conseguir que pueda ser una ley de claro consenso en un momento en que es del todo necesaria esta normativa.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Jané. (El señor ministro del Interior, Fernández Díaz, pide la palabra).

Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor presidente.

He pedido hacer uso de la palabra no solo por cortesía parlamentaria -que también-, sino porque ante la presentación y defensa de dos enmiendas a la totalidad es un deber del Gobierno, en este caso de mí mismo en su representación, replicar y contestar.

Comienzo dirigiéndome al señor Jané que ha intervenido en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) para agradecerle sinceramente la manifestación que ha hecho de retirada de la enmienda a la totalidad sobre la base de un acuerdo al que hemos llegado. Le quiero ratificar que desde esa sintonía


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existente entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular que le da apoyo no tenga su señoría ninguna duda de que ese acuerdo al que hemos llegado podrá materializarse una vez superado, en su caso, este trámite de debate de totalidad en la Comisión de Interior y, en consecuencia, aquellos aspectos que motivaban fundamentalmente su enmienda a la totalidad queden subsanados; cosa en la que le puedo asegurar -y por eso hemos llegado a un consenso- tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Gobierno estamos de acuerdo porque evidentemente no queremos que haya dudas razonables de constitucionalidad, dudas sobre la distribución constitucional de competencias en ningún ámbito, pero menos aún en particular en este proyecto de ley del que estamos hablando.

Señor Jané, le agradezco la disponibilidad al diálogo que se ha manifestado en esta ocasión tanto desde el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, desde el Departament de Interior de la Generalitat, como desde su grupo parlamentario y en particular de su señoría. También le agradezco los elogios que ha dirigido a las personas y a los servicios del ministerio, así como a los del grupo parlamentario -aunque lógicamente no hablo en nombre del Grupo Parlamentario Popular- que han hecho posible llegar a esas transacciones y a esos acuerdos en un texto que, como su señoría muy bien ha recordado, no hay que minusvalorar porque afecta a algo -y ahora me referiré a ello, señor Sixto- que tiene en todo momento demanda social, porque los ciudadanos en general, todo el mundo, quiere seguridad en la medida en que la seguridad es condición previa para el ejercicio de unos derechos y libertades que, en caso contrario, quedan reducidos a una mera manifestación de voluntad, a una declaración retórica o a un catálogo de buenas intenciones. La seguridad siempre está al servicio de la libertad; la seguridad es condición previa para el ejercicio de los derechos y libertades. Por tanto, siempre hay demanda social de seguridad, señor Sixto, y los poderes públicos tienen la obligación, el deber, de garantizar en la medida de sus posibilidades esa seguridad y cuantos más instrumentos pongamos en nuestro ordenamiento a favor de garantizar esa seguridad, estaremos haciendo un buen trabajo. Creo que es lo que efectivamente, como recordaba el señor Jané -y creo que en eso estamos en perfecta sintonía-, pretendemos con este proyecto de ley. En definitiva, gracias, señor Jané, y tenga la certeza de que la interpretación que ha hecho de los acuerdos a los que hemos llegado y de las modificaciones que en el trámite parlamentario correspondiente habría que hacer de los artículos 12 y 13 de la ley y concordantes a esos efectos, desde esa sintonía con el Grupo Popular, seremos capaces de llevarlos adelante.

Paso a responder a la única enmienda de totalidad que entiendo que en estos momentos subsiste como viva -una vez que ha anunciado su retirada de la formulada por el Grupo de Convergència i Unió-; enmienda que ha sido defendida por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y en su nombre el señor Sixto. Yo le agradezco sinceramente, señor Sixto, el tono de su intervención, aunque no se le ocultará a su señoría que discrepo de manera bastante considerable de su planteamiento, algo que, por otra parte, no solo es legítimo sino normal. Ustedes tienen una concepción de la sociedad que evidentemente es distinta de la que tenemos nosotros, y eso se proyecta en muchos ámbitos, en particular, en un ámbito como el que nos ocupa, en donde juegan aspectos tan sensibles como son la seguridad y la libertad.

Usted ha hablado de diversas cuestiones: del modelo policial, del binomio libertad-seguridad, de la privatización de la seguridad, de la que podría desprenderse que solo tendría seguridad quien tenga medios o recursos económicos para pagársela. Si no lo ha explicitado, así se derivaba necesariamente de su intervención y, por otra parte, aparecía también contemplado en el texto de la enmienda de totalidad que registró en el Congreso de los Diputados. Hoy, aunque no me ha parecido oírlo, en el texto escrito de la enmienda a la totalidad aparece como que en la regulación que se hace de la seguridad privada se acaba configurando como una especie de policía privada en contraposición a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad públicos, de tal manera que nos llevaría a ese corolario al que he hecho referencia sobre una policía privada para garantizar seguridad a aquellos que se la puedan pagar. En línea -y sigo con su lógica, no con la mía, como es evidente- con la lógica del Gobierno, de privatización permanente y continuada de servicios públicos, ahora le toca el turno a un servicio público tan importante y esencial como es la seguridad y ustedes con esta ley lo que quieren hacer es, nada más y nada menos, que privatizar la seguridad, socializando los riesgos y permitiendo que tenga seguridad quien esté en condiciones de pagársela. Todo ello, además, con la voluntad de favorecer el negocio de unas empresas artificialmente, asignándoles unas nuevas competencias para que así tengan más volumen de negocio. Todo eso está así de una manera más o menos literal en el texto de su enmienda a la totalidad y en la defensa que de la misma ha hecho hoy.

Creo que, siendo legítimas esas manifestaciones, son muy graves porque, si fueran verdad, le tengo que decir que yo no estaría aquí defendiendo ese proyecto de ley, así de claro; ni yo, ni por supuesto el


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Gobierno. Si fuera verdad todo lo que usted ha dicho que se desprende de este proyecto de ley -repito-, tenga la seguridad de que yo no estaría aquí defendiendo esta ley y, por supuesto, el Gobierno, el Consejo de Ministros, no lo habría aprobado, porque no hay nada más radicalmente contrario a lo que ha dicho usted en relación con la privatización de la seguridad y las demás cuestiones que acabo de relatar sucintamente.

Voy a hacer referencia a algunas de ellas. En el contexto, y sin que sea objeto directo de este proyecto de ley, usted ha vuelto a insistir en algo que es consustancial al proyecto político, a la formación política a la que usted representa legítimamente, que es el modelo policial. Simplemente quiero decirle que el modelo policial español es un modelo que tienen numerosos países del mundo democrático y por supuesto de nuestro entorno más próximo, como es la Unión Europea. No creo que nadie pueda dudar de que Francia es un Estado democrático, que defiende las libertades y los derechos de los ciudadanos, que Italia lo sea también, que Portugal lo sea también, y podría seguir. Todos esos países, señor Sixto -lo digo porque las obsesiones no son buenas- tienen un modelo policial similar al español en cuanto a que está constituido fundamentalmente por dos cuerpos: uno de naturaleza civil y otro de naturaleza gendármica, como es en España el Cuerpo Nacional de Policía, que es una policía civil, y la Guardia Civil, que tiene naturaleza militar y que corresponde a los cuerpos gendármicos, como pueda ser la Guardia Nacional Republicana en Portugal, los Carabinieri en Italia, la Gendarmería francesa o en otros países cuerpos similares. Por tanto, eso no es una anomalía española, señor Sixto, es algo que está muy implantado en Estados democráticos y de derecho. Le voy a decir una cosa, si me lo permite, y no quisiera ser mal interpretado: es mucho mejor que haya dos cuerpos -por supuesto, sin perjuicio de las policías autonómicas y de las policías locales, evidentemente, pero estoy hablando de ámbito estatal-, que compartan funciones y responsabilidades en territorios distintos y que después tengan competencias específicas para cada uno de ellos, que el hecho de que haya un único, omnipotente y omnipresente cuerpo policial. Es mucho mejor, aparte de que responde a la tradición española, algo que no podemos olvidar es que la Guardia Civil fue fundada, como sabe, en 1844. Estoy seguro de que no me negará que la Guardia Civil es una institución que está arraigada en la historia de España de los últimos doscientos años y que la conciencia social, en general, de los españoles es que es una institución muy bien valorada, tan muy bien valorada que en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas fue la institución más valorada, junto con el Cuerpo Nacional de Policía. El Cuerpo Nacional de Policía, con diferentes denominaciones y diferentes regulaciones a lo largo de la historia también ha estado presente en nuestro ordenamiento y nuestra realidad social e histórica. Por tanto, hay una policía de naturaleza civil y una policía de naturaleza gendármica, como es en el caso español la Guardia Civil. Repito, eso no es una anomalía. Por supuesto, si las dos tuvieran la misma naturaleza, sí tendríamos que aplicar aquello del non bis in idem y no vamos a tener dos cosas superpuestas iguales, pero esa complementariedad, esa diferente identidad de dos cuerpos policiales se demuestra, insisto, como muy conveniente, necesaria, eficaz, eficiente, adaptada a nuestra realidad social, a nuestra identidad histórica y perfectamente homologable con muchos Estados democráticos alrededor del mundo, y muy en particular de la Unión Europea. Lo digo para que, ya que hemos hablado de modelo policial, quede claro desde el principio en este caso una vez más que esa es la apuesta clara que se define en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro bloque de constitucionalidad y en todo caso es claramente el modelo policial por el que apuesta el Gobierno de España.

Ha aludido usted en este contexto -y me parece también importante aclararlo- a que no está de acuerdo con que los vigilantes de seguridad o los empleados de la seguridad privada, las personas que realizan labores de seguridad privada, tengan la consideración de agentes de la autoridad. Yo le digo que, si eso fuera con carácter general, yo también estaría de acuerdo. Por eso le vuelvo a decir que hay algunas acusaciones o algunas posiciones críticas o contrarias al proyecto que, si fueran verdad, ya le digo que yo también las asumiría. Por supuesto que el personal de las empresas de seguridad no tiene la consideración general de agente de la autoridad, solo para supuestos muy concretos y muy limitados, que ahora le comentaré, tendrán esa consideración. Pero le digo además que no deja de sorprenderme, dicho con todo respeto, pero con toda claridad, que procedente de sus filas critique una demanda que viene siendo reiteradamente planteada por los trabajadores del sector y por los sindicatos representantes de esos trabajadores del sector. Como sé cuál es la sensibilidad política del grupo al que usted representa, ahí hay una contradicción, sobre todo cuando después en otro apartado aludía a la no defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Solo se considera este personal, a efectos de la protección jurídica correspondiente, como agente de la autoridad, cuando actúen en labores de coordinación y cooperación


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con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y bajo la directa dirección de ellos. En ese caso, y solo en ese caso, tendrán esa consideración cuando sean objeto de agresiones, atentados, etcétera. En esa línea va el proyecto de reforma del Código Penal que, como sabe su señoría, ya ha tenido entrada en la Cámara, concretamente de los artículos 554 y 556, que van a proteger de las agresiones o graves desobediencias que pueda sufrir el personal de seguridad privada que preste servicios en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Solo en esas circunstancias, solo en esas condiciones, señor Sixto, quiero aclararlo, ese personal tendrá la consideración de agentes de autoridad.

En cuanto a la privatización de la seguridad, que, si no le he interpretado mal, señor Sixto, es la crítica en la que se fundamenta su enmienda de totalidad, si hablamos de seguridad privada, eso quiere decir privatización de la seguridad en la línea de lo que en la lógica que antes comentaba viene haciendo este Gobierno. Y eso sencillamente no es verdad, es radicalmente falso. No quiero hacer un juicio de intenciones, sería malintencionado, pero si unimos eso a la acusación de que sobre la base de este proyecto de ley se crea una especie de policía privada que solo van a poder pagar los que tengan recursos para ello y, por tanto, solo van a tener garantizada su seguridad aquellas personas que estén en condiciones de sufragarlos, eso traslada a la sociedad una imagen de alarma y de inseguridad que no se puede aceptar, porque es radicalmente falso. Tengo el deber de aclararlo para que esa imagen absolutamente falsa no se traslade. Señor Sixto, en el proyecto de ley se plasma el reconocimiento -insisto- del irrenunciable monopolio que constitucional y legalmente corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, integrados por el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas y las policías locales para la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la seguridad ciudadana, de acuerdo con el artículo 104 de la Constitución y con la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Así queda claramente establecido en la exposición de motivos del proyecto de ley y de la afirmación de subordinación de la seguridad privada a la seguridad pública que de forma explícita se establece en el artículo 1 del proyecto de ley y que se va desarrollando a lo largo de su articulado en diferentes medidas concretas. Quede claro, señor Sixto, que eso no es cierto. Además, la seguridad privada en ningún caso sustituye a la seguridad pública. Estamos hablando de complementarla, de cooperar con ella, pero siempre, insisto, sometida bajo la dirección de ella, bajo el mando y coordinación de la seguridad pública ejercida a través de las correspondientes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que antes mencioné.

Ha aludido, señoría, a que no hay demanda social. Algo dije antes. Nada más lejos de la realidad. Salgamos a la calle y preguntemos si no hay demanda social de seguridad. Siempre hay demanda de seguridad porque la seguridad es consustancial e indisociable de la libertad, y para poder sentirse libre y ejercer pacífica y libremente los derechos que el ordenamiento reconoce a los ciudadanos, uno tiene que sentirse seguro. Por tanto, ese binomio al que usted aludía de libertad-seguridad es un binomio que por su propia naturaleza va a estar siempre en un situación de equilibrio inestable, dinámico, ya que si se escora demasiado hacia la seguridad y va en detrimento de la libertad, malo, pero si caemos en el buenismo y olvidamos la seguridad como garantía y condición previa para la libertad, malo también. Creemos que aquí, por lo menos eso hemos intentado y nos parece que es así en la regulación de este proyecto, ese binomio alcanza un equilibrio moderado y razonable bajo los principios a los que antes he hecho referencia.

Además, en la medida en que este proyecto -como le he dicho, señoría- lo que hace es abrir nuevas oportunidades, dotar de nuevos instrumentos, de más instrumentos para que esa demanda de seguridad se pueda garantizar porque siempre se debe garantizar desde los poderes públicos, creo que es bueno y no creo que razonablemente nadie pueda oponerse a ello. Esto no tiene nada que ver con la privatización de la seguridad, sino que representa, significa y expresa de una manera más clara y más eficaz el compromiso irrenunciable del Estado, de los poderes públicos, de garantizar la seguridad de los ciudadanos haciéndolo compatible con la libertad, también la libertad de los usuarios que demandan determinados servicios.

Yo le hago la siguiente reflexión, señor Sixto, porque también hablaban de que esta ley es discriminatoria. Si se destinaran recursos públicos de seguridad para garantizar la seguridad de determinados establecimientos que demandan esa seguridad, ustedes -y quizá con razón; no digo que fuese así, pero a lo mejor con razón- estarían diciendo que estamos utilizando recursos públicos para garantizar la seguridad de instituciones o personas privadas y que eso sería discriminatorio cuando menos. Si esas instituciones o personas físicas o jurídicas demandan un especial nivel de seguridad, como pasa con determinadas actividades o establecimientos, por qué no vamos a darles un marco legal que, garantizando todo lo que se debe garantizar y que ya hemos expresado, haga que con recursos suyos se garanticen


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esa seguridad sin renunciar -y en el marco por supuesto de esta ley- a los principios de subordinación, complementariedad y colaboración y cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo contrario sería discriminatorio; lo contrario sería ir a eso que usted denuncia de que tiene seguridad quien se la paga.

Además, le quiero decir que las administraciones públicas comienzan por ser -y lo sabe perfectamente- un usuario más y no pequeño, y cada vez mayor, de los servicios de las empresas de seguridad. Por algo será. Pero los usuarios de buena parte de las actividades más características de seguridad privada no son las administraciones públicas, son los particulares. Yo le voy a decir algunas: el depósito, custodia y transporte de dinero, joyas, antigüedades, obras de arte u otros objetos de valor, de armas y explosivos; el mantenimiento de sistemas de seguridad conectados a centrales de alarmas o a centros de control o de videovigilancia y su explotación, etcétera. De esas actividades cada vez hay mayor demanda social no por las administraciones públicas -que también en algunos casos-, sino por los particulares. Por eso yo aludía también a la modernización y a la liberalización.

Quiero también decirle, señoría, porque creo que es relevante a efectos del debate que estamos manteniendo sobre todo en lo que hace referencia a esa enmienda a la totalidad del Grupo de La Izquierda Plural, que España es uno de los países de la Unión Europea con mayor número de policías por cada 100.000 habitantes, incluyendo en policía lógicamente todas las que antes he mencionado. ¿Sabe, señoría, cuántos policías -del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, policías autonómicas, policías locales- hay en España por cada 100.000 habitantes? Según estadísticas de Eurostat del año 2012, hay 528 policías públicos por cada 100.000 habitantes. ¿Sabe cuál es la media de la Unión Europea? Es 385. Por tanto, estamos a la cabeza de los países de la Unión Europea -que algo tenemos que ver con ellos- en cuanto a la ratio de policía por habitante. Por el contrario, ¿sabe usted, señoría, cuál es el número de vigilantes de seguridad por cada 100.000 habitantes que hay en España? ¿No lo sabe? Se lo voy a decir, 195 vigilantes de seguridad por cada 100.000 habitantes en España. ¿Sabe cuál es el promedio de vigilantes de seguridad en la Unión Europea? Según estadísticas de Eurostat, del año 2012, son 271. Por tanto, si estamos en Europa creo que es una referencia que tiene sentido. En términos de estadísticas Eurostat y año 2012 estamos a la cola en lo que hace referencia al número de vigilantes privados de seguridad por habitante y a la cabeza en el número de policías por habitante.

Creo que es razonable interpretar y entender que nos queda un espacio por recorrer en la línea que apunta este proyecto de ley, sin que ello vaya en menoscabo, como le he dicho, del irrenunciable monopolio del Estado en cuanto a lo que hace referencia a la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Por tanto, quede claro que la seguridad pública está garantizada para todos los ciudadanos y entidades, sean estas públicas, sean privadas, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además, hemos de decir que, aparte de la consideración social que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España, a los que ya me he referido, es también cierto, según esas estadísticas de Eurostat, que España goza de una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa. España es percibida desde el exterior como un país seguro, en la medida en que puede ser considerado así porque vivimos en el mundo, no vivimos en el reino de los cielos y la seguridad absoluta no existe, pero en términos relativos y comparándonos con el resto de países España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de la Unión Europea y es percibida por el exterior como un país seguro. Es una de las fortalezas que como país tenemos, igual que tenemos otras debilidades, pero una de las fortalezas que tenemos es que España percibida como un país seguro. Ahora hablo, como ministro del Interior, fundamentalmente desde el punto de vista de la seguridad pública, pero si eso se trasladara a otros ámbitos de la seguridad, como la seguridad jurídica, etcétera, también es así, y eso es muy importante cuando hablamos de la ansiada recuperación económica, de salida de la recesión, superación de la crisis y creación de empleo, como a sus señorías no les sorprenderá.

Acabo haciendo referencia a la cuestión relativa a la incorporación de vigilantes privados de seguridad en dispositivos de determinados centros penitenciarios que, como muy bien recordó el señor Jané y yo también he dicho en mi intervención inicial, fue ya una petición en su día de la única comunidad autónoma que tiene transferida esa competencia, Cataluña, que con este proyecto de ley se va a posibilitar. Insisto en que en ningún caso, en ninguno, se va a sustituir o a desplazar la seguridad pública, nunca se va a desplazar la seguridad pública; las labores que realicen de vigilancia perimetral siempre, siempre, siempre, van a ser realizadas bajo la sujeción, dirección y control del cuerpo de seguridad que tenga encomendada esa competencia en el centro correspondiente. Y, por supuesto -insisto porque sé de la polémica y la preocupación que existe al respecto-, en ningún caso, en ninguno, va a afectar a las funciones y


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competencias y misiones propias de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, que por este caso no se van a ver afectados en absoluto. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Por lo demás, le diré, señor Sixto, que esto no es nada novedoso, porque en última instancia la vigente Ley de Seguridad Privada ya permite que puedan desarrollar los vigilantes de seguridad privada tareas específicas en este ámbito, en particular, el artículo 11.1, apartados a), b), c) y d), de la Ley 23/1992, de Seguridad Privada, ya lo prevé, de tal suerte que lo que prevemos en el proyecto de ley, y lo que en todo caso se va a realizar por parte de estas personas, es el control en las puertas del perímetro, la operación de los sistemas de circuito cerrado de televisión y la vigilancia desde puestos fijos o garitas que ya establece la vigente ley; por tanto, no es nada novedoso en ese sentido, simplemente se hace ahora una regulación más adecuada de esta competencia, de esta posibilidad, que hasta ahora estaba, como he dicho, insuficientemente regulada en la Ley 23/1992 vigente.

Termino como comencé. Creo que hay que reconocer lo que significó en el año 1992 la vigente Ley de Seguridad Privada, porque es verdad que fue una ley importante, la primera ley que intentó sistematizar en un único código, en una única norma, la infinita normativa dispersa que había, puso orden en un sector muy pujante en aquel momento, pero precisamente porque es un sector muy pujante, repito, más de veinte años después era necesario, a la vista de la experiencia acumulada, de la demanda social existente, señor Sixto, actualizarla, modernizarla, que es lo que pretendemos hacer con este proyecto de ley, que espero que pase este debate de totalidad y que finalmente pueda convertirse en ley, desde la convicción de que haremos un bien a nuestros ciudadanos, eso en primer lugar, que serviremos al interés público, como es nuestra obligación, porque estaremos en mejores condiciones de garantizar su seguridad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Señor Sixto, tiene usted cinco minutos.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, tengo que empezar mi intervención agradeciéndole su dedicación a nuestra enmienda de totalidad y a la intervención que he hecho en esta misma tribuna hace unos minutos.

Por contestarle a algunas de las cuestiones que ha planteado y con respecto a la primera y más llamativa, que es la retirada de la otra enmienda a la totalidad planteada por parte de Convergència i Unió, esto no viene más que a señalar que, como nosotros marcamos en nuestra enmienda a la totalidad, hay un problema todavía no resuelto -ya veremos si se resuelve en las enmiendas que acaban de pactar- con relación al conflicto de competencias con las propias de las comunidades autónomas. No nos extraña que se haya llegado a este acuerdo, puesto que al final el proyecto de ley atiende a una de las reivindicaciones históricas de Convergència i Unió, como es ampliar el negocio o la capacidad de actuación de las empresas privadas a la vigilancia perimetral de las prisiones, una competencia que está cedida a la Generalitat de Catalunya, en este caso.

Señor ministro, con respecto a la demanda social de seguridad, usted ha planteado la intervención confrontando políticamente con nosotros -nosotros confrontamos políticamente con el Partido Popular, como no puede ser de otra manera-, pero ha hablado de una demanda social de seguridad. Cuando usted plantea la discusión en estos términos de demanda social lo está haciendo en una dinámica mercantilista que nosotros no compartimos ni podemos compartir en el ámbito de la seguridad. En nuestra opinión, del texto de este proyecto de ley, por la ampliación de competencias de vigilancia en espacios públicos de seguridad que se les da a las empresas privadas de seguridad, se infiere la posibilidad de que acabe habiendo espacios de seguridad para quien se los pague, y asimismo espacios de seguridad dependientes de la seguridad pública que pueden acabar muy deteriorados. Ese es un modelo que nosotros no compartimos, y es lícito que el Partido Popular lo defienda y trate de llevarlo adelante con este proyecto de ley, pero nosotros no podemos compartirlo.

Con respecto al modelo policial, nuestras diferencias respecto a esta cuestión darían para una interpelación y para muchísimo más, pero permítame señalarle, señor ministro, que nuestra diferencia fundamental no está en compararnos con Francia o con Italia, sino que ustedes introducen lo que al final acaba siendo una contradicción. Ustedes hablan de la competitividad entre los dos cuerpos fundamentales, Policía Nacional y Guardia Civil, porque ello produce una superación de los objetivos marcados, y al mismo tiempo tienen una cruzada ideológica también por parte de su Gobierno -hace dos reuniones del Consejo de Ministros sacaron una normativa específica al respecto- para evitar duplicidades. Ese es el planteamiento que le hacemos, la contradicción que hay entre esas políticas. Es decir, van a competir dos


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cuerpos en determinadas cuestiones que están investigando en los mismos asuntos, llegando a darse a veces hasta situaciones ridículas que no voy a sacar en esta tribuna, y al mismo tiempo evitar duplicidades. Desde nuestro punto de vista lo lógico es evitar esa primera duplicidad yendo a un modelo policial como los hay en otros países como Inglaterra o Alemania.

El agente de autoridad. Puede ser una reivindicación laboral, puede ser; sindicatos y reivindicaciones laborales hay para todos los gustos, y lo que le gustaría a este grupo parlamentario es que el Gobierno atendiese todas las reivindicaciones laborales y no solo algunas que, además, comportan una problemática en su interpretación y sobre todo en su desarrollo. Porque, al final, señor ministro, usted lo ha dicho: solamente agente de autoridad en actuaciones complementarias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y esto es darle el carácter de complementario en actuaciones policiales que hasta ahora estaban vedadas y reservadas únicamente para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por tanto, es abrir a la seguridad privada ese carácter complementario que les permitirá actual en un terreno hasta ahora reservado exclusivamente para Policía Nacional y Guardia Civil y las policías autonómicas. Por eso no podemos compartir el principio de complementariedad de trabajar bajo el mando y de coordinar. No podemos compartir tampoco la dialéctica que usted ha utilizado: nuevas oportunidades de garantizar demanda de seguridad. Es una dialéctica mercantilista de la seguridad. En nuestra opinión, no deben utilizarse estos términos mercantilistas de abrir nuevos espacios de negocios, nuevas oportunidades de garantizar una demanda de seguridad. La demanda de seguridad se garantiza desde lo público y a través de los Presupuestos Generales del Estado, independientemente de que en determinadas áreas -como puede ser el transporte y la vigilancia de valores- efectivamente tengan un importante papel.

Señor ministro...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sixto, tiene que finalizar.

El señor SIXTO IGLESIAS: Concluyo diciendo, señor ministro, que tenemos una diferencia fundamental y que por lo tanto vamos a mantener nuestra enmienda a la totalidad.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.

Señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, tras la intervención del señor ministro del Interior, que agradezco, quiero certificar ante el Pleno de la Cámara que existe acuerdo para, a través de siete enmiendas concretas absolutamente cerradas y redactadas, poder superar los obstáculos competenciales que teníamos. Por tanto, agradezco su intervención y certifico una vez más la retirada de nuestra enmienda de devolución.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Jané.

Señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señora presidenta.

Reitero mi agradecimiento al señor Jané, de Convergència i Unió, desde la convicción de que con ese acuerdo servimos a un modelo policial y sobre todo servimos a los ciudadanos a los que nos debemos. Servimos al interés público en un ámbito tan sensible como es el de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Gracias, señor Jané. Confío en que podamos seguir trabajando juntos, remando en la misma dirección también en otros ámbitos.

En cuanto al señor Sixto, creo que forma parte de la lógica de las cosas que ustedes y nosotros discrepemos pacífica y democráticamente en cuestiones como las que estamos tratando aquí: la idea de la libertad, la idea de la seguridad, la idea del Estado, la presencia del Estado en la sociedad, de la persona... Todo esto, de forma explícita o implícita, se proyecta en este debate, como usted sabe, señoría. Por tanto, no solo no me sorprende sino que me parece que está en la lógica de las cosas el que ustedes estén enfrente de un proyecto de estas características.

Sí que estoy manifiestamente en contra de algunas de sus argumentaciones y tengo el deber de decirlo así para que no se traslade a la opinión pública esa alarma que se desprendería legítimamente si fuera verdad lo que usted dice. Me sorprende, y tengo que decírselo, que llevamos con una Ley de Seguridad Privada desde el año 1992, por tanto, este personal y estas empresas en términos cuantitativos, cualitativos, funcionales, etcétera, a los que me he referido antes, forman parte ya de nuestra sociedad y


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de la normalidad de nuestra convivencia. Podría entender de alguna manera que usted planteara una enmienda a la totalidad en los términos que la ha planteado si estuviéramos en el año 1992 o por primera vez ahora reguláramos este sector, pero cuando ya tenemos la experiencia que tenemos, que se deriva de la regulación del año 1992 -insisto, en los términos en que este proyecto pretende actualizar, modernizar y dar mayores oportunidades y garantizar mejor la seguridad de nuestros ciudadanos-, no entiendo cómo plantean ustedes todavía determinados tópicos sobre la base de atribuir todo tipo de males en cuanto aparece la expresión "privada" en alguna norma, sinceramente. Pero ese sería un debate ideológico que creo que en estos momentos no viene a colación.

Termino diciéndole que cuando usted ha aludido otra vez al modelo policial y ha dicho que si fuéramos coherentes con la pretendida reforma de la Administración para hacerla más eficaz, utilizando de una manera más eficiente los recursos públicos y adelgazando la Administración para evitar duplicidades, en ese contexto usted incluye como duplicidad el modelo policial español porque tiene dos grandes cuerpos policiales del Estado. Sería duplicidad si fueran iguales porque, por la misma lógica, podríamos plantearnos por qué tenemos policías autonómicas. ¿Sabe usted cuántos policías locales hay en España? Se lo voy a decir: más de 60.000. Por eso tenemos ese ratio al que antes aludía de policías públicos por cada 100.000 habitantes en España, que nos sitúa a la cabeza de la Unión Europea, y, por contraposición, lo que le he dicho en cuanto a los privados. Por tanto, hay discursos que no se compadecen con la realidad. Ustedes están insistiendo en el modelo policial y quieren que la Policía y la Guardia Civil sean lo mismo. No, el Cuerpo Nacional de Policía es lo que es y la Guardia Civil es lo que es y, mientras este Gobierno siga siendo este Gobierno, tenga la seguridad de que seguirá siendo así. Además, parece -permítame que se lo diga- que los españoles lo desean. Le vuelvo a reiterar que la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas pone como las dos instituciones más valoradas -no por mí o por usted o por nosotros, sino por el conjunto de los españoles- precisamente a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía. Por tanto, yo creo que atender a lo que piensa la gente en relación con determinadas instituciones es bueno; también cuando estamos hablando evidentemente de cuerpos policiales.

En todo caso, le agradezco al señor Sixto la oportunidad que me ha brindado con su enmienda a la totalidad de aclarar lo que es el proyecto y lo que no es este proyecto. En absoluto privatiza la seguridad, en absoluto va en la línea que usted ha defendido, sino que va en la línea de actualizar y modernizar un sector pujante de nuestra economía y que va a permitir con esta nueva regulación una cosa tan importante como es garantizar mejor la seguridad de nuestros ciudadanos como condición previa para que puedan ejercer libre y pacíficamente los derechos que la Constitución y nuestras leyes les otorgan.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro del Interior.

Pasamos a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, me he quedado con la reflexión que ha realizado in fine sobre la valoración del CIS, indicando que los colectivos o cuerpos más valorados en el Estado español son la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. ¿Qué quiere que le diga con respecto a esa reflexión? Quizás que felicite a estos cuerpos por su buen hacer. Me imagino que se integrarán en esta buena valoración las policías autonómicas de carácter integral, pero no sé si esto nos obligaría a los que pertenecemos a instituciones de otra naturaleza a una cierta reflexión autocrítica. Igual no son las bondades o el buen hacer de estos cuerpos sino determinados déficits en el funcionamiento de las demás los que provocan una valoración tan extraordinaria de estos cuerpos. Es un tema, en todo caso, delicado y que no forma parte del contenido de esta ley, en el que voy a entrar de inmediato, señor ministro.

Usted ha hecho una aproximación ontológica tan abrumadora que voy a hacer gracia a sus señorías de recurrir a la axiología, a la ontología de la seguridad como concepto y de la seguridad pública versus la seguridad privada versus concepto y sus equilibrios. Solo quiero citar de nuevo al tantas veces citado como ignorado en esta Cámara Max Weber, que afirmaba -con lucidez, como siempre- que ese binomio entre seguridad y libertad no se puede resolver, es insoluble, por lo menos por el ordenamiento jurídico, puesto que pertenece al ámbito de los valores metajurídicos. Olvidémonos desde una perspectiva positiva o pragmática de una previsión nostálgica o utópica de intentar buscar ese punto virtuoso e inexistente entre seguridad y libertad.

Le tengo que reconocer que en esta ley nos hemos aproximado a lo que nosotros consideramos un buen equilibrio entre seguridad pública y seguridad privada, señor ministro. La única reflexión de naturaleza


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ontológica que me permito hacerle con toda la humildad es la siguiente. La seguridad como concepto, entendida como pilar básico de la convivencia -usted lo ha expuesto así y yo comparto esta opinión-, ejercida en régimen de monopolio por los poderes públicos, como no puede ser de otra manera en un país civilizado -porque, si no, no estaríamos ante un país civilizado y basado en principios democráticos como el de legalidad-, tanto en su vertiente preventiva como investigadora encuentra en la realización -y esto es lo importante de la ley que vamos a glosar a continuación- de actividades de seguridad por otras instancias sociales o agentes privados una oportunidad para verse reforzada -yo creo que esta es la expresión relevante, señor ministro-, complementada en definitiva, y es una forma de articular el reconocimiento de la facultad que tienen los ciudadanos para crear o utilizar los servicios privados de seguridad con las razones profundas sobre las que se asienta el servicio público de la seguridad.Max Weber también. No sé si por casualidad o porque usted ha estudiado pormenorizadamente las tesis de Max Weber, la verdad es que ha acertado en esta ley. Se han realizado aproximaciones de equilibrio en cuanto a la seguridad pública versus la seguridad privada bastante razonables.

No obstante, hay algunas cuestiones polémicas en sus reflexiones o en sus diferentes intervenciones. En primer lugar, ha comentado -yo creo que es un error comentarlo como usted lo ha hecho- que la seguridad forma parte de una competencia exclusiva de la Administración General del Estado, invocando como título habilitante de esta pretendida competencia exclusiva el artículo 149.1.29ª. No, no es una competencia exclusiva de la Administración General del Estado. Hay otras dos comunidades autónomas en el Estado que tienen competencias exclusivas en esta materia. La Comunidad Autónoma de Cataluña la tiene porque el artículo 163 de su Estatuto de Autonomía, citado por el señor Jané y no declarado inconstitucional por la sentencia 31/2010, que declaró inconstitucionales muchos preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña reformado, ha establecido que es una competencia autonómica la seguridad compartida, con los ámbitos y con los puntos de conexión que las leyes autonómicas y estatales tienen que establecer, las cuestiones atinentes a la seguridad en su dimensión pública, en el sentido más estricto de la expresión y en su dimensión privada complementaria y subordinada, también en el sentido más etimológico y estricto de la expresión.

Hay otra comunidad que tiene un título competencial de naturaleza diferente, que es la Comunidad Autónoma del País Vasco, e incluso me atrevería a decir que la Comunidad Foral de Navarra también, puesto que las policías forales navarras y la Ertzaintza son policías de origen foral, de raíz foral, son policías que pertenecen a los derechos históricos de estos pueblos, constitucionalizados estos derechos históricos por la disposición adicional primera. La existencia de la Ertzaintza encuentra su razón de ser, su legitimidad, su habilitante, en la disposición adicional primera de la Constitución. Es la actualización de un derecho histórico en Euskadi, con las excepciones que el Estatuto de Autonomía establece y reconoce a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado mediante una relación tasada de competencia de estos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que además ustedes ejercen con una sobredimensión de efectivos que más de una vez hemos tenido la oportunidad de debatir usted y yo en esta Cámara, pero esta es otra cuestión ajena a los aspectos atinentes. Ya seguiremos debatiendo sobre esta cuestión del repliegue y el despliegue, pero de lo que vamos a hablar es de seguridad privada. Luego el aserto de que es una competencia exclusiva del Estado la seguridad no es cierto, por lo menos en lo atinente a dos comunidades autónomas o a dos naciones de un Estado plurinacional, como en nuestra opinión es el Estado español.

Sin embargo, le tengo que reconocer que ha habido un esfuerzo de flexibilidad importante por parte de su ministerio. La expresión agradecer a mí me parece un tanto humillante. El cumplimiento de las leyes no se agradece. El cumplimiento de las leyes primero se exige. En segundo lugar, las leyes se cumplen. Pero ha habido flexibilidad argumentativa, que no existió en la ley del año 1992, donde las vulneraciones competenciales fueron flagrantes y claras y nosotros las denunciamos. Estos puntos de conexión articulados fundamentalmente en el artículo 12 del proyecto de ley estableciendo qué competencias corresponden a la Administración General del Estado, pero estableciendo como excepción las reconocidas, que son todas, a las comidas autónomas, nos parece un buen sistema de determinar los títulos competenciales de ambas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las autoridades policiales o de las autoridades gubernativas con competencia en materia de control de la seguridad privada y de las mismas, de sus homónimas, en el ámbito de las comunidades autónomas. Así reza este artículo, y lo tendríamos que mejorar en el debate que se abre a partir de ahora en el ámbito de la ponencia, de la Comisión y del futuro debate en el Pleno. Las competencias que en esta ley se reconocen de naturaleza administrativa en materia de autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada y sus delegaciones cuya competencia no haya sido asumida corresponderán al Estado cuando sus


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competencias no hayan sido asumidas por las comunidades autónomas. Es un sistema de salvaguarda que tiene en este momento, en la determinación que nosotros hacemos, catorce elementos de actuación gubernativa donde se exceptúa la habilitación competencial de las comunidades autónomas. Si se llegara a establecer entre administraciones, la autonómica de Euskadi y la suya, la que usted representa, realmente este listado de materias, exceptuando o compatibilizando mediante puntos de conexión de esta naturaleza las competencias de una y de las otras, estaremos haciendo una buena ley, señor ministro, por lo menos desde la perspectiva de los títulos competenciales. Ese es el número a). El número b) dice: La autorización, en todo caso, de los despachos de detectives privados, señor ministro, y de sus sucursales corresponderá a la Administración General del Estado, salvo cuando esta competencia haya sido asumida por la comunidad autónoma con competencias en materia de seguridad ciudadana. Y son dos, fundamentalmente, las que tienen competencias plenas en materia de seguridad ciudadana, porque tanto los Mossos d´Esquadra como la Ertzaintza poseen competencias plenas en materia de seguridad: Policía judicial, protección civil y seguridad ciudadana en el sentido más amplio de la expresión. La c): La habilitación e inhabilitación del personal de seguridad privada y la determinación del armamento y documentación, etcétera, corresponderá a la Administración del Estado, salvo que esta competencia haya sido ya asumida por la comunidad autónoma. Y así hasta los doce puntos que todavía no hemos llegado a perfeccionar en este trámite legislativo con el que estamos articulando hoy, pero tengo expectativas ciertas de que va a poder ser culminado con acierto y con eficiencia, sobre todo con eficiencia desde la perspectiva de la seguridad y de la garantía de la seguridad.

Por lo demás, lo que tendría que hacer es valorar muy positivamente el proyecto de ley que ustedes han elaborado, usted y las personas que han trabajado con usted. No por nada, ni por halagarle el oído, que no es mi función -si acaso mi función tendría que ser dialécticamente la contraria-, sino porque nos lo ha dicho el sector. Pero no solo nos lo ha dicho el sector, nos lo han dicho los sindicatos también que operan en este sector. Lo que el sector indica es que se modifica sustancialmente la Ley del año 1992, donde se partía del presupuesto del necesario control de un sector dudoso, entre comillas, dicen ellos -voy acabando, señora presidenta-...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Sí, señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... y se pasa a aludir a un sector profesional inmaduro y al legítimo interés de las empresas de seguridad. Es muy relevante lo que dicen. Aunque el entramado -siguen diciendo- de principios que sustentan la norma no se modifica, se apuntan principios como el de subsidiariedad, de importancia conceptual e importante para el desempeño de las funciones que les corresponden, se integra el concepto de intrusismo en sentido amplio, se flexibiliza el concepto de vía única. Si el sector, las empresas que configuran el sector, y sus organizaciones sindicales comparten estas opiniones, no será mi grupo el que refute estas opiniones, apologéticas en cierta manera, del contenido de la ley; pero para que la apología que yo le pueda hacer en trámite...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... sea completa -acabo, señora presidenta-, atienda a las reflexiones de naturaleza competencial que le he indicado.

Muchas gracias y perdone, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, es un proyecto de ley necesario. Tenemos peros. No voy a detenerme ahora en decirle cuáles serían todas nuestras enmiendas, pero sí le enunciaré cuáles son nuestras preocupaciones en tres o cuatro titulares.

A veces nos parece que es la falta de policías y de guardias civiles, esta institución de la que usted, con razón, dice que es una de las que mejor opina la opinión pública, en muchas ocasiones por su poca reposición, es la que causa que hoy estemos viendo aquí de qué forma las empresas privadas pueden a veces hacer un trabajo que, en muchas ocasiones, les compete a los otros. Hay un problema esencial para nosotros en cuanto a eso y al que me referiré un poco más adelante. Nos preocupa también, como titular, el control que pueda ejercer el Gobierno sobre los trabajadores de la seguridad privada durante su


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trabajo. También nos preocupa especialmente el control que pueda tener el Gobierno sobre la formación de esos trabajadores y quién la vigila. Hicimos, de hecho, algunas preguntas al Gobierno hace ya unos meses sobre algunos temas que nos preocupaban en cuanto a cómo funcionaba alguna de las grandes empresas. Ese es otro de los peros que tenemos. Nos parece que el proyecto de ley va dirigido sobre todo a las grandes empresas de seguridad privada. Ese sería uno de los titulares de nuestro problema, casi fundamental, con la ley. El otro tendría que ver con la actividad de los despachos de detectives, porque, a nuestro juicio, se les limita el trabajo que están haciendo ahora. Inicialmente el texto propuesto por el Gobierno les permite como actividad única, aunque exclusiva, la investigación. Sin embargo detectives y despachos de detectives históricamente también han llevado a cabo otro tipo de tareas. Nosotros creemos que ese tipo de tareas deben ser recogidas en ese texto, y por eso también presentaremos algunas de las enmiendas parciales.

El texto incluye también algunos títulos relacionados con la exigencia de información preceptiva en la elaboración de contratos, como informaciones que estos deben facilitar al ministerio de manera recurrente. Esas exigencias, según nosotros, podrían comprometer la intimidad de las personas que contratan los servicios de esos detectives profesionales. Recordemos que muchas de las veces los trabajos de esos despachos profesionales tienen que ver con asuntos espurios, que no tienen más importancia e interés que para el contratante investigado.

Sin embargo no solamente las empresas de seguridad y los despachos de detectives tienen que ver con la seguridad privada. Este es el tercer pero que nosotros pondríamos al proyecto que se nos presenta hoy aquí. El texto adolece también, según nosotros, de una ausencia significativa a la hora de regular aquellas actividades que realizan generalmente pequeñas y medianas empresas, y que tienen que ver con el ámbito de la ciberseguridad. Nos parece importante y nos preocupa que un proyecto de ley que se presenta hoy aquí, y que entre otras cosas se hace porque el anterior ya lleva vigente muchísimo tiempo -usted hablaba de 1992, así es, aunque ha habido pequeñas modificaciones-, vuelva a quedarse antiguo con demasiada celeridad. El Gobierno ha señalado su intención de tener lista antes de final de año una estrategia nacional de ciberseguridad que identifique de forma correcta las amenazas, que defina una organización en la que haya unos centros nacionales de referencia, y una coordinación cada vez mayor entre todas las empresas y administraciones y también terceros países. Nosotros esperamos también un desarrollo normativo paralelo a la estrategia nacional de ciberseguridad que clarifique criterios de prestación de servicios por parte de empresas en este ámbito, así como que estipule claramente cuáles son las exigencias de seguridad mínima para evitar el cada vez mayor número de ciberataques y que además comprometen a toda la red de seguridad. El temor de catastróficas consecuencias de un hipotético ciberKatrina, ciber11-S, etcétera. Ese era otro ámbito que nos preocupaba y por el que queríamos preguntar a usted, lo cual nos ha llevado a presentar también una serie de enmiendas.

Como le he dicho anteriormente no me voy a extender mucho más, hemos presentado más de veinte enmiendas. Muchas de ellas tienen que ver con exigencias en el ámbito de detectives y agencias, comunicación de contratos. He oído hablar por parte de los representantes de Convergència i Unió y por el PNV del tema competencial. Ya sabe que nuestra visión sobre el tema competencial suele ser completamente el opuesto. De hecho también había una enmienda en la que estipulábamos la creación de un registro nacional único para la actividad de seguridad privada, de manera que nosotros queremos que se simplifique la gestión, se ahorren costas, y sobre todo se garantice un tratamiento único de la información sensible por parte de la Administración en todo el territorio nacional.

Hay más enmiendas que tienen que ver con quiénes podrán prestar servicios de seguridad privada en sectores estratégicos, sobre eliminar algunos requisitos como el de aptitud física en concreto para los detectives, porque a veces su trabajo no es tanto físico, quizá la mayoría de las veces, como intelectual. Usted ha puesto el acento -quizá sea eso lo que a nosotros nos produce mayor temor- en la definición de lo que es perimetral o no. En su primera intervención incluso usted hablaba de urbanizaciones e instituciones penitenciarias. Evidentemente no son lo mismo, el contenido las distingue claramente. Nosotros sí que estamos en contra -eso también intentaremos enmendarlo- de que la seguridad privada entre en ese tipo de tareas, de las que nosotros creemos obviamente el Estado no se debiera apartar nunca. Estas serán las enmiendas que presentaremos y esperamos obtener una buena sintonía con ustedes y poder enriquecer el texto en su día.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.


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Por el Grupo Socialista, señor Muñoz González.

El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para dos cuestiones: fijar la posición en relación con la enmienda a la totalidad de devolución sin texto alternativo que queda viva; la otra, la que provenía del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se ha quedado en el camino; parece que se ha llegado a algún entendimiento, y a ello me referiré en algún momento de esta intervención; pero a su vez esta ocasión de debatir esta enmienda a la totalidad nos permite que podamos exponer en el Pleno la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el conjunto del proyecto de ley de seguridad privada, que, como se ha dicho por el resto de intervinientes, tiene su origen en la modificación, que no es innecesaria, y que además así fue acordado por unanimidad en la Comisión de Interior en esta legislatura ante una iniciativa nuestra, que luego fue objeto de una transacción con otra de términos similares presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para que se produjese esa modificación de la actual Ley de Seguridad Privada que proviene del año 1992. En primer término, deberíamos ver si esa habilitación que la Cámara dio para que el Gobierno, entre comillas, produjese ese proyecto de ley se ha correspondido con los términos en que se aprobó aquel texto conjunto y consensuado por la Comisión de Interior, donde se hablaba de una nueva ley de seguridad privada que respondiera a los principios de coordinación y subordinación con la seguridad pública, sin menoscabo de las funciones propias de los diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y también de la coordinación con las comunidades autónomas que tienen competencias en esta materia.

Pues bien, señor ministro, señorías, miembros del Grupo Parlamentario Popular, nuestro grupo entiende que no está bien cumplida esa habilitación de se le dio por parte de la Cámara, y a ello me dedicaré en esta intervención o en una parte de la misma, pero no se trata de un juicio que nosotros podamos hacer como un juicio de valor; no, se trata de la expresión que se contiene detallada -y además habría que decir que expresamente detallada- en la memoria de análisis de impacto normativo que está entre la documentación con la que se envía el proyecto. En esa memoria se dice: Entre las medidas adoptadas por esta ley cabe destacar la posibilidad de ampliar el ámbito en el que las empresas del sector van a poder prestar sus servicios de vigilancia en determinados lugares de titularidad pública o privada, pero de uso público, entre ellos la vigilancia perimetral de centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros, así como la vigilancia de espacios exteriores de grandes superficies comerciales; actividades que antes se les impedía. Sí, antes se les impedía, señor ministro; por tanto aquello que ha dicho, en relación con el debate mantenido con el representante de La Izquierda Plural, se debe a que antes no se podía hacer esto y por eso hay que modificar la ley, donde sí hay una confesión de partes expresamente en esa memoria que se adjunta junto con la documentación de este proyecto de ley.

Me referiré ahora a las dos enmiendas a la totalidad, una de las cuales ha fallecido en el transcurso del ìtem de este debate. Además reconocemos que ese es un acuerdo razonable. Hay algunas cosas que no nos gustarán de él, pero en relación con la enmienda que ha presentado el Grupo de La Izquierda Plural nosotros compartimos con este grupo las prevenciones ante esta situación expansiva que se ha querido dar, y a la que luego me referiré, pero no coincidimos con ellos en la táctica. Nosotros creemos que es mejor que se debata ahora este proyecto de ley a que se produzca la devolución y venga otro nuevo, porque también -y lo dice especialmente el último punto de la enmienda a la totalidad del Grupo de La Izquierda Plural- estamos hablando de la mejora de las condiciones de un gran colectivo de profesionales que prestan sus servicios en la actividad de la seguridad privada. Por tanto nos parece que es mucho mejor producir este debate.

En relación con la enmienda que había formulado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) está bien que hayan llegado ustedes a un acuerdo con los que no votaron el Estatuto de Autonomía de Cataluña con ustedes, sino que votaron con nosotros, pero conviene decir que por el hecho de que se aprobara aquel Estatuto hoy podemos llegar a que haya este resguardo de las competencias. Efectivamente tenemos que decir que estaba bastante bien trabado, pero con lo que usted nos ha dicho que han acordado, y que nosotros teníamos intención de enmendar, creemos que queda bastante mejor. No en vano hay que decir que fue durante un Gobierno del Partido Socialista, a raíz de la aprobación de aquel Estatuto de Autonomía, y en el año 2007 cuando se firmó un convenio entre el Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Interior que habilitó aquellas sentencias a las que usted antes se ha referido de los juzgados centrales de lo contencioso de la Audiencia Nacional. Ante la enmienda que queda viva nos vamos a abstener, porque compartiendo ese peligro que acecha en relación con la ley,


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creemos que es necesario que se traduzca en enmiendas parciales para que intentemos mejorar este proyecto de ley.

Ya refiriéndonos al propio texto del proyecto de ley tenemos que hacer algunas observaciones. (El señor presidente ocupa la Presidencia). En primer término creemos -y en esta materia es muy peligroso- que hay una excesiva habilitación reglamentaria en relación con el proyecto de ley, y esto nos preocupa. Se lo diré gráficamente. El artículo 60 tiene un título denominado colaboración reglamentaria, y la verdad es que nosotros no habíamos visto nunca en un texto legal un artículo que empiece denominándose así. Creo que ahí tenemos que ser restrictivos y que en una materia de especial sensibilidad como es esta, que afecta a la seguridad privada, pero a la seguridad, tengamos que formular algunos reparos.

La segunda cuestión que nos preocupa de este proyecto de ley es la ampliación del ámbito de los servicios a las empresas privadas, y ya lo he dicho antes en relación con esa lectura que les he hecho de la memoria que acompaña al proyecto de ley. Pero hay otra cuestión que a nosotros también nos parece significativa, y es que subordina el ámbito de la expansión a un concepto presupuestario. Creo que eso es algo que también debemos intentar evitar, porque estamos hablando de concepto, no de una cuestión presupuestaria. Hay otra cuestión que también quiero indicarles. En esa memoria se habla de la necesaria habilitación legal en el caso de que se estime oportuno poner en práctica estos nuevos objetos. Por tanto lo que estamos haciendo es habilitar para que la iniciativa privada pueda -nosotros entendemos- desbordar en algunos casos algunos de los temas que tienen que ver con aspectos especialmente sensibles. Lo que ya es significativo es lo referido a que todos estos servicios simplemente tendrán una valoración presupuestaria; si son más baratos que la ejecución por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán que ver con ello. Nosotros pensamos que este no es el esquema que hay que utilizar, no es una cuestión presupuestaria, sino que es una cuestión que deriva del artículo 104 de la Constitución, de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de la reserva que para nosotros hay en relación con esta materia.

¿Cómo se concreta esta extensión en el ámbito de la seguridad privada? Pondremos algunos ejemplos. En primer lugar, el artículo 1, apartado 1. Han introducido ustedes una palabra que es sustancial para nosotros, y que enmendaremos para que se sustituya: funcionalmente. Es verdad que ustedes hablan de la consideración de la actividad de la seguridad privada como complementaria y subordinada, pero funcionalmente. No, funcionalmente no. No es el momento de debatir ahora -ni tengo tiempo para ello- si la introducción de la palabra funcionalmente -en relación con el ámbito administrativo y por tanto en relación con este ámbito competencial- es baladí o no. Para nosotros ni estaba en la proposición no de ley que se aprobó ni nosotros lo compartimos. En segundo término, ese ámbito expansivo está también reflejado en algunos artículos, por ejemplo en los artículos 2 y 4, que llegan a decir que también se puede extender la actividad de la seguridad privada a riesgos accidentales o derivados de la naturaleza. Con esta habilitación que se da, ¿podemos entender que también las empresas de seguridad pueden actuar en una suerte de protección civil paralela, distinta a aquella que se hace por las instituciones públicas? ¿Podríamos llegar a entender que podríamos acabar desbordando esto y haciendo, entre comillas, una UME privada, para los riesgos accidentales o derivados de la naturaleza? Antes no estaba esto recogido y ahora sí. Por tanto no me voy a reiterar mucho más, pero sí quiero decir respecto de lo manifestado por el representante de La Izquierda Plural que en una parte lo entendemos, así como alguno de sus argumentos, pero nosotros desde luego vamos a ser muy limitativos en aquello que tiene que ver con la vigilancia de centros penitenciarios, de centros de internamiento de extranjeros.

¿Cómo se conjuga en ese artículo, que es fundamental, el 41 de la ley, la capacidad de intervención o no en relación con determinados espacios y vías públicas, aunque sea al socaire de decir que tiene un resguardo previo, que es que haya una prevención por parte de una actuación intensiva de determinadas empresas? Es verdad que a nosotros todas estas cuestiones nos llevan a que vayamos a presentar varias enmiendas a ese proyecto de ley en materias sustanciales, como las que he intentado referir aquí. Creo que también hay algún avance en esta ley en relación con la disquisición que se hace entre las actividades propias de seguridad privada, las compatibles y las excluidas. Para nosotros no tiene mucho sentido que en el objeto de una ley se recojan las medidas que están excluidas, o no se pongan, pero sí creemos que era difícil llegar a una lógica sobre las compatibles, y a nosotros nos parece que ahí se ha trabajado, pero creemos que hay que avanzar más en relación con este tema.

Nos preocupa el tema del personal de seguridad privada. Con usted coincidimos en que hay que dar protección a los que en ella trabajan, pero también coincidimos con aquellos que no entienden que haya que extender la protección a todo aquel que esté en el ámbito de la seguridad privada y a agentes de la


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autoridad. Nosotros lo circunscribiríamos, y así lo haremos en una enmienda, a cuando presten servicios para administraciones o en infraestructuras críticas o contratadas bajo un ámbito administrativo. Creemos que es una solución razonable en este sentido. También estamos de acuerdo en modular hacia la baja en relación con las infracciones que tienen que ver con los trabajadores, porque creemos que hay una absoluta disfunción y están muy altas en relación con las que producen las empresas.

En definitiva, señores del Partido Popular, en su mano estará, por nosotros no quedará, un debate duro, pero un debate sincero para intentar llegar a acuerdos, porque lo que está en juego es sustituir una ley del año 1992, que es una buena ley y que nosotros pensamos que con un buen trabajo que se pueda hacer en la ponencia y en la Comisión puede ser mejorada. Para nosotros no es un buen punto de partida, pero sí creemos que podemos trabajar para intentar llegar a acuerdos en este texto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Márquez de la Rubia.

El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, comparezco ante ustedes para exponer la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley de seguridad privada -que ya les adelanto va a ser contraria a la enmienda de totalidad, una vez conocida la retirada que ha hecho el Grupo de Convergència i Unió de la suya-, y para explicar el voto favorable de nuestro grupo a dicho proyecto de ley.

Quiero comenzar explicando nuestras razones para apoyar esta nueva reforma que nos presenta el Gobierno a través del ministro del Interior. Era allá por mayo de 2008 cuando el nuevo ministro del Interior, en su primera comparecencia ante la Comisión de Interior, exponía su intención de reformar la Ley de Seguridad Privada como una de las prioridades fundamentales de su departamento; era el ministro Pérez Rubalcaba. Evidentemente nada se hizo a posteriori. Fue en enero de 2012 cuando el actual ministro, también ante la Comisión de Interior, expuso su intención de abordar de una vez por todas las necesarias reformas del marco normativo que regula la seguridad privada en nuestro país. Esta vez, por el contrario, sí se ha cumplido, y este es el texto que analizamos y debatimos esta tarde. Creo por tanto que gran parte de esta Cámara, incluyendo al Grupo Socialista, compartirá la necesidad de la reforma de la actual Ley 23/1992, una buena ley -se ha reconocido en varias de las intervenciones que han tenido lugar hasta este momento- una buena ley que -y también creo que estaremos mayoritariamente de acuerdo- ha permitido un crecimiento ordenado del sector de la seguridad privada, que en la actualidad es de una gran importancia. Se ha aludido ya en diferentes intervenciones: más de 85.000 personas empleadas; 1.500 empresas; una facturación anual de más de 3.200 millones de euros. Un sector por tanto que merece de una especial atención en este momento de recuperación económica, en el que debemos todos volcarnos en apoyar a nuestras empresas, en apoyar en definitiva a los generadores de empleo.

También es cierto que en el transcurso de los veinte años que tiene la actual normativa se han detectado problemas que es necesario corregir y abordar sin dilación, se han identificado carencias y lagunas propias sin duda de la evolución del sector, pero también, señor Sixto, de la evolución de la propia sociedad española en relación con la seguridad privada. Todo ello ha ido paliándose, simplemente paliándose, diría yo, a lo largo de estos años mediante un profuso desarrollo reglamentario, y una serie extensa de órdenes y resoluciones de diverso tipo y cariz, que en algunas ocasiones hacen complicado atender a las necesidades y a la evolución real del sector. A todo ello hace frente el actual proyecto de ley, como también lo hace a la necesidad, por ejemplo, de adaptar nuestra legislación a las directivas de la Unión Europea sobre el libre acceso a las actividades de seguridad, en relación con su ejercicio, algo que la actual normativa, la Ley 23/1992, no aborda en su redacción inicial.

Otro factor abunda desde nuestro punto de vista en la necesidad de una nueva ley. La evolución, decía antes, en el concepto de la seguridad desde un marco donde la seguridad privada y la seguridad pública se consideraban compartimentos cuasi estancos, con difícil relación entre ellos, más allá de la mera subordinación, hasta un concepto de seguridad integral que es completamente inteligible para nuestra sociedad, en la que todos los elementos suman para conseguir unos mayores niveles de seguridad para nuestros ciudadanos. Esa es la verdadera noticia que incorpora esta ley, que sin renuncias, como no podía ser de otra forma, al monopolio del poder público del Estado sobre la seguridad, reconoce la conveniencia y la necesidad de estimular la cooperación público-privada en este ámbito, impulsando las capacidades ciudadanas de crear o utilizar servicios de seguridad, reforzando así el sentido global, el


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sentido integral del mismo. Desde un concepto más controlador y sancionador en el modelo de 1992 evolucionamos, porque así lo ha hecho también la sociedad española, hacia un modelo cooperador que permita aprovechar en sinergia todas las capacidades del sector, mejorando la prestación del servicio, su eficacia, su organización y su planificación, la formación de su personal, el respaldo jurídico necesario a las funciones que realizan, el obstáculo al intrusismo en el sector, y en definitiva la potenciación de la colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública. Por tanto, repitiéndolo de nuevo, desde la preeminencia de la seguridad pública sobre la privada, la ley quiere focalizar el verdadero objetivo de conseguir una seguridad integral, y por tanto más completa. Para ello desregulariza elementos accesorios, permite la modernización de la gestión, asume y da forma legal en definitiva a elementos que la sociedad ya ha incorporado con naturalidad a su concepto de seguridad.

Pero el proyecto de ley que abordamos, además de abrir un nuevo escenario de futuro, es también decididamente un documento que aborda los problemas de hoy, la actualidad que a veces en este campo ha podido llegar a preocupar al ciudadano, y que estaba necesitada de una mejor regulación. Ese es el caso, por ejemplo -así lo ha mencionado el ministro en sus intervenciones-, de la nueva regulación de la investigación privada que se aborda absolutamente en positivo, sí, pero incorporando también las prevenciones necesarias en función de la experiencia acumulada y del delicado campo de actuación en el que se mueven. Por eso nos parecen particularmente positivos aspectos tales como la delimitación de su campo de actuación, ese requisito fundamental de la acreditación del interés legítimo para poder actuar, o la obligación de hacer un informe por cada servicio contratado al que solo puedan tener acceso autoridades judiciales o policiales, en función de los autos emitidos al respecto. Son medidas absolutamente proporcionadas en este sector, que han merecido además el aplauso -y es importante decirlo- de los profesionales que en él trabajan.

Otras novedades que incorpora este proyecto de ley que hoy debatimos es el caso de la apertura del campo de actuación de las empresas, que nosotros -y debo decirlo aquí-, el Grupo Parlamentario Popular apoyamos de forma entusiasta. Creemos que es necesario apoyar esta novedad, una novedad limitada, tal y como se ha expuesto anteriormente, puesto que de alguna manera la Ley de 1992 también incluía algunas previsiones en este sentido, como por ejemplo la vigilancia perimetral de centros penitenciarios, de centros de internamiento de extranjeros o de otras instalaciones bajo el mando y la coordinación de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o por ejemplo la liberalización de actividades que dejan de estar en el ámbito regulado por esta ley, en el ámbito de la seguridad privada y que aligeran la carga administrativa. O también la novedad del registro nacional de seguridad privada como un mejor instrumento de gestión, y no un mero instrumento administrativo. O la mejor y más actual delimitación competencial entre las comunidades autónomas y el Estado. Después me referiré de una forma más profunda a ello.

Siendo estas las líneas generales del proyecto de ley que debatimos, las enmiendas a la totalidad presentadas por Convergència i Unió y por La Izquierda Plural merecen un comentario por parte de mi grupo parlamentario. Empiezo por la enmienda retirada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señores de Convergència, esta ley se caracteriza, entre otras cosas, por haber sido redactada con especial atención a atender el nuevo marco competencial creado, una vez aprobadas las modificaciones de los estatutos de algunas comunidades autónomas, lo que se dio en llamar estatutos de nueva generación. Así ha sido con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, mucho más aún cuando dicho nuevo estatuto incorpora artículos referentes a competencias en materia de seguridad privada. Tanto es así que nos consta que algunos puntos del articulado de este proyecto tienen idéntica redacción que la que se contempla en el estatuto -el artículo 163, usted lo ha mencionado, señor Jané-, que han sido una fuente jurídica de esa ley. El proyecto de ley contempla y asume el cambio de situación, y refleja desde mi punto de vista con corrección los distintos niveles competenciales. No hay intención alguna de conculcación de competencias. Se ha hecho además en un mecanismo de constante contacto, como ha señalado el ministro anteriormente, con los departamentos correspondientes de las comunidades autónomas, y muy concretamente de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Esos contactos y conversaciones se han mantenido hasta última hora, cristalizando en acuerdos que se han reflejado en su intervención, señor Jané, y que han motivado la retirada de su enmienda a la totalidad. Eso se produce en base a modificaciones de los artículos 12 y 13, y también en la ampliación de algún otro artículo que ha mencionado en su intervención. Creo que ha sido una muy buena opción, señor Jané. Desde aquí, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero agradecerles muy sinceramente a usted y a su grupo esa actitud, y además hacerla extensiva a los colaboradores de la Generalitat, muy particularmente a la directora general, señora


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Casado. Debemos felicitarnos todos por que es esa la actitud de colaboración y entendimiento en la que podemos encontrarnos en un proyecto como este. De cualquier forma les emplazamos al debate de enmiendas como una nueva oportunidad de incorporarles al nuevo texto de la ley que ustedes mismos sabemos que juzgan positivo en su conjunto, y en el que tenemos, ha sido evidente, multitud de puntos en común.

En cuanto al Grupo Parlamentario Vasco, no está el señor Olabarría, pero habría que decirle que esos acuerdos alcanzados con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) creemos que le satisfarán plenamente, porque han sido básicamente las reivindicaciones que han mantenido, los contactos que se han producido entre el ministerio y las autoridades del Gobierno vasco, concretamente con la Dirección General de Coordinación y Seguridad o con la Dirección General de Régimen Jurídico. Creo que básicamente son los puntos que se han debatido con ellos. Hay algunos puntos en los que evidentemente hay un cierto disenso jurídico, pero creo que los acuerdos alcanzados con el Grupo Catalán satisfarán plenamente también al Grupo Vasco.

La enmienda a la totalidad presentada por La Izquierda Plural adolece, desde mi punto de vista, de un defecto inicial invalidante. Se basa en prejuicios apriorísticos sin fundamento en el texto que examinamos. Para La Izquierda Plural esta es una ley con la cual nos entregamos en brazos de las empresas con la única intención de privatizarlo todo. Señorías, pobre argumento que raya -permítanme decirlo- en lo ridículo, y que no soporta su confrontación con la realidad. Aquí no se pretende privatizar servicio público alguno; no se pretende eliminar ni reducir función pública alguna. No es aceptable, señor Sixto, que se trate de infundir miedo, como se está haciendo desde sus escaños, a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Nada se va a privatizar; ningún puesto reservado a funcionarios públicos se va a sustituir. Lo único que se pretende es potenciar la colaboración con las posibilidades que ofrecen los servicios de seguridad privada. Exclusivamente eso. Espero que me reconozcan que en los últimos veinte años el aumento de las funciones de servicios de implantación de la seguridad privada en España ha ido en paralelo al incremento muy notable en las plantillas públicas de servidores del Estado, tanto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en otros cuerpos. ¿De dónde se extrae por tanto la idea peregrina de que la potenciación de unos signifique la merma de otros? ¿Y de qué peregrina base de datos o sesudo informe extraen ustedes ideas como las que exponen en su enmienda a la totalidad, en cuanto a que a mayor seguridad privada mayores niveles de delincuencia?

Señores de La Izquierda Plural, señor Sixto, creo que están ustedes cegados por un cierto filtro ideológico claramente caduco y antiguo, que les impide apreciar la realidad de una sociedad española que comprende y asume perfectamente la simbiosis entre seguridad pública y seguridad privada para conseguir su seguridad integral. Les invitamos a abandonar posiciones irreales, impracticables y alejadas de la sociedad actual, y a acercarse al texto del proyecto de ley de manera constructiva en la fase de enmiendas.

Señorías, estamos ante un proyecto de ley trabajado arduamente -nos consta- por el ministerio en el marco de la Comisión Nacional de Seguridad Privada.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.

El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Voy terminando, señor presidente.

Un proyecto de ley trabajado profundamente con el sector y con multitud de organismos e instituciones que nos llevan a creer que es un proyecto de ley que está siendo bien recibido por todos aquellos con los cuales se ha contactado. Es un proyecto que nos llega por tanto con un alto grado de consenso desde el sector al que va a servir.

Intentando sintetizar, creo que es un proyecto necesario por las razones ya expuestas; creo que es un proyecto oportuno debido a que es un sector consolidado y maduro; existe un gran potencial de crecimiento nacional e internacional, y necesita una renovación normativa que lo impulse, y en última instancia es un proyecto de ley que aborda con decisión los problemas actuales y plantea el campo futuro en un proceso modernizador donde clarifica competencias, define principios, funciones y servicios; delimita claramente actividades, y extiende los sectores de actividad regulados. Por último, sin duda contribuirá a incrementar los niveles de seguridad global en nuestro país desde el principio de la colaboración de la seguridad privada con la pública, dando continuidad al proceso emprendido hace veinte años con la Ley 23/1992.

Por todas esas razones vamos a apoyar con entusiasmo este proyecto de ley e invitamos a todos los grupos a participar, a partir de este momento, en el procedimiento parlamentario en esta Cámara para mejorar y perfeccionar el texto que ahora se somete a nuestra reflexión. Estoy absolutamente convencido de que podemos llegar entre todos a un buen acuerdo.


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Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Márquez.

Señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo simplemente para dar las gracias a todos los intervinientes en representación de los diferentes grupos parlamentarios. A los que han apoyado explícitamente al Gobierno, al Grupo Popular; a los que han discrepado claramente, porque en todo caso con su discrepancia y con su enmienda a la totalidad han posibilitado este debate que siempre es enriquecedor; a los que han retirado su enmienda a la totalidad, y en definitiva a todos los que con sus aportaciones, desde la discrepancia o desde el apoyo, han manifestado su voluntad de participar activamente en la tramitación subsiguiente de este proyecto de ley, que estoy seguro que saldrá enriquecido de esta Cámara, y así contribuirá mejor a lo que todos deseamos: contribuir al interés general garantizando mejor la seguridad de nuestros ciudadanos, para que como decía antes se sientan más libres.

Muchas gracias a todos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. (Número de expediente 121/000058).

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, ocupo esta tribuna en representación del Gobierno de España para proponer a los grupos políticos de la Cámara una reforma sustancial en la arquitectura institucional de nuestro país, una reforma importante en la definición de los ámbitos de competencias de nuestras administraciones públicas. Por eso también es de valorar y de agradecer la presencia en la tribuna de representantes de esas instituciones, las corporaciones locales, que desarrollan en nuestro país una labor política absolutamente fundamental, como lo es en cualquier democracia. Estamos abordando el presente y el futuro de la Administración más cercana al ciudadano, estamos abordando, por tanto, y ese es nuestro compromiso y también nuestra tarea, que el ciudadano reciba los servicios públicos en las mejores condiciones de eficiencia y de coste, y estamos abordando también el sentido mismo de la política, el desarrollo de la política en las diferentes instituciones del Estado. Todos somos el Estado. En un país descentralizado política y administrativamente no existen administraciones que no sean el Estado y todos, todas esas administraciones ocupamos hoy esas instituciones del Estado como delegación de la soberanía de España, del pueblo español y, por tanto, tenemos todos la obligación de responder a esa tarea que nos encomienda la delegación de confianza de la soberanía popular.

La Constitución española, a diferencia de lo que sucede con los listados competenciales contenidos en los artículos 148 y 149 en relación con la distribución territorial del poder del Estado entre el Estado y las comunidades autónomas, no contiene ninguna referencia explícita a las competencias locales. De ahí que haya sido el Tribunal Constitucional a través de su labor hermenéutica el que ha determinado la relación entre los artículos 149.1.18.ª y 137 de la Constitución española en orden a la atribución al Estado del título competencial para determinar el modelo de competencias de municipios y provincias. El Tribunal Constitucional es el que a través de numerosas y diversas sentencias interpreta que corresponde al Estado la competencia para establecer las bases no solo en relación con los aspectos organizativos o institucionales, sino también en relación con las competencias de los entes locales constitucionalmente necesarios, añade el tribunal. En la doctrina del Tribunal Constitucional es donde de forma reiterada se establece que debe ser el legislador estatal, esta Cámara junto al Senado de España, con carácter general y para todo tipo de materias, el que fije unos principios-base relativos, entre otras cuestiones, a las competencias locales, encontrando cobertura constitucional a esa encomienda estatal en el concepto mismo de bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, por cuanto dicha expresión engloba a las administraciones locales.


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Este sistema de atribución de competencias ha dado lugar a ciertas disfuncionalidades y debemos reconocerlo así. Ha generado en no pocos supuestos situaciones de concurrencia competencial entre diversas administraciones públicas, duplicidad en la prestación de servicios o, por último, que los ayuntamientos presten servicios sin título competencial específico que les habilite para ello. En definitiva, se trata de las que coloquial o popularmente se han conocido como competencias impropias, duplicidad de competencias que ha generado los también llamados gastos impropios.

El sistema competencial de los municipios españoles se configura en la práctica como un modelo excesivamente complejo. Por eso, tenemos que señalar e identificar la redacción actual de la Ley de Bases de Régimen Local como causa de problemas de indudable trascendencia, como son la ausencia de una definición precisa y acotada del alcance de las competencias municipales; la permisividad en la realización de actividades conocidas como impropias, es decir, fuera del ámbito de las que corresponderían a un municipio en un reparto eficiente de las funciones que deben cumplir los diferentes niveles de la Administración, y, por último, no restringe el ejercicio de las actividades a criterios de eficiencia, de sostenibilidad presupuestaria o financiera, ni de rentabilidad. El resultado es la proliferación ineficiente de actividades que duplican las ejercidas por otras administraciones, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria no solo de aquellos municipios sino expresamente también de otras administraciones públicas y de la propia imagen del conjunto de la Administración pública de España.

Este Gobierno, desde el comienzo mismo de la legislatura, se ha fijado acometer la reforma que hoy traigo a esta Cámara, reforma encuadrada en un conjunto de reformas estructurales de las Administraciones públicas españolas, pero también de los mercados y servicios más importantes definidores de la capacidad de evolución de nuestra economía. El presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, en su debate de investidura lo dijo expresamente. Pondremos -dijo entonces- en marcha un paquete de reformas económicas, empezando por las del sector público, para primar la austeridad, lograr la mayor eficiencia y evitar duplicidades, atendiendo a la premisa una Administración, una competencia.

A este respecto cabe mencionar con carácter previo la importancia del comportamiento financiero de las entidades locales. Como ya he tenido ocasión de destacar en mis intervenciones en esta Cámara, es una cuestión que adquiere relevancia en cualquier momento, pero especialmente en este ejercicio, en el año 2013, donde España está afrontando la superación de la crisis económica que nos ha lastrado durante cinco años largos, y es que son las corporaciones locales las únicas administraciones públicas que están presentando capacidad de financiación, que tienen superávit presupuestario y, en consecuencia, están superando los objetivos de estabilidad presupuestaria que se les había fijado para el ejercicio 2012 y por consiguiente lo volverán a hacer con toda seguridad en el ejercicio 2013. Este comportamiento financiero no solo merece destacarse, sino que lo que tenemos que hacer entre todos es seguir haciéndolo realidad, hacer que sea constante y un ejemplo trasladado a las otras administraciones públicas que componen el Estado español.

Como es sabido, el conjunto de las administraciones públicas cerró el ejercicio 2012 con un déficit del 2,2 % inferior al de 2011, siendo el de 2012 del 6,84% del PIB y el de 2011 del 9,07% del PIB. Cada uno de los subsectores de las administraciones públicas han realizado un importante esfuerzo de consolidación presupuestaria, pero de todos ellos es el de las corporaciones locales el único -y subrayo, el único- que ha liquidado sus presupuestos generales de 2012 con superávit, que al final se ha concretado en el 0,22% del producto interior bruto, mejorando sustancialmente su objetivo de estabilidad que para el año pasado fue de menos 0,3% del PIB y logrando una reducción respecto del déficit de 2011, que había ascendido al 0,39% del producto interior bruto. Se ha pasado del menos 0,39 a más 0,22%, por tanto 0,61 puntos de PIB, que refleja una excelente gestión política por parte de nuestras corporaciones locales, pero también contiene el esfuerzo de los ciudadanos que está detrás de esas finanzas públicas. Tenemos que valorar que lo primero que aprecian los ciudadanos en unas circunstancias como las que atravesamos es que nuestras administraciones públicas estén saneadas, que nuestros ayuntamientos y nuestras corporaciones públicas estén saneados. En el primer semestre de 2012 las corporaciones presentaban un déficit de 312 millones de euros, que se corrigió en el segundo semestre, llegando a la situación de superávit que acabo de describir. Es decir, se está manteniendo en este ejercicio, en la primera mitad del año 2013, esa situación de superávit, equivalente al 0,19, casi dos décimas del producto interior bruto. Por tanto, insisto en que tenemos que valorar ese esfuerzo, pero también tenemos que agradecer públicamente el que están haciendo nuestros regidores municipales por conseguir esa estabilidad de sus finanzas públicas.


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Señorías, traemos a esta Cámara un proyecto que ha tenido una muy larga gestación. Esta reforma se inició en el mes de febrero de 2012, momento en que el Gobierno planteó sus primeros borradores. El 13 de julio de 2012 se presentó al Consejo de Ministros un primer informe sobre el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, tras lo cual se inició un periodo de consultas que llega hasta el día de hoy, mes de octubre del año 2013. A partir de ese momento se inicia un periodo largo de reflexión y de negociación política. El 15 de febrero de 2013 se informó de nuevo al Consejo de Ministros, tras lo cual se inició el periodo de audiencia a las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla, Federación Española de Municipios y Provincias, federaciones y asociaciones de municipios de ámbito autonómico, Comisión Nacional de la Competencia, organizaciones sindicales y Consejo general de colegios oficiales de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local. Se dio también acuse de recibo a las alegaciones que presentaron diputaciones provinciales, federaciones representativas de las entidades locales menores y diferentes entidades y organizaciones involucradas en el proyecto normativo. Como continuación de la tramitación, el 21 de mayo se celebró una sesión de la Comisión Nacional de Administración Local, donde se informó del contenido del anteproyecto de ley. Por último, se recabó el dictamen del Consejo de Estado, que confirmó la procedencia de que el legislador estatal pueda establecer una regulación normativa uniforme y de vigencia en el territorio español configurando un modelo local común. El proyecto, insisto, ha sido objeto de un amplio debate, en el que el Gobierno ha adoptado siempre una postura transparente y dialogante. El anteproyecto fue objeto de publicación en la web del ministerio, siendo destacada la cuidada tramitación por el Consejo de Estado.

Como cuestiones que han sido objeto de modificación a lo largo de esta larga tramitación -la tramitación formal empieza ahora, me refiero a la gestación de este proyecto de ley-, puedo definir los siguientes ámbitos de preocupación que, en nuestra opinión, están resueltos. En primer lugar, el proyecto de ley no incurre en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas, bien al contrario, es respetuoso al extremo con esas competencias de las comunidades autónomas. En él se incorporan las especificidades del País Vasco, Navarra, de las ciudades de Madrid y Barcelona, las de Ceuta y Melilla y las especialidades de las organizaciones comarcales, comunidades autónomas y Federación Española de Municipios y Provincias.

La vinculación de la modificación competencial en materia de educación se refiere a un periodo transitorio relacionado con el nuevo sistema de financiación local, porque tengo que destacar, señor presidente, señorías, que la intención del Gobierno es, al cabo de un año, traer a tramitación a esta Cámara un nuevo proyecto de financiación local, flanqueando al proyecto de financiación autonómica que estamos anunciando. (Aplausos). Hemos aclarado y evitado cualquier tipo de conflicto respecto del alcance de las funciones de los interventores locales y de las administraciones que ejercen tutela financiera, como es el caso de la Federación Española de Municipios y Provincias y sobre todo de las comunidades autónomas. Hemos eliminado la metodología del coste estándar y de las previsiones sobre evaluación de los servicios municipales. Quiero dejarlo bien patente en esta intervención. La hemos suprimido por recomendación expresa del Consejo de Estado para que no se entendiera que había ninguna tentación de entrar en el ámbito de la autonomía municipal, para que no hubiera ninguna medida de carácter arbitrario en manos de ninguna otra Administración y en consecuencia hemos suprimido esta metodología del coste estándar, que por lo demás, como saben, era bien valorada, bien recibida por quienes nos supervisan y nos analizan desde otros ámbitos, incluyendo las propias instituciones europeas, pero hemos preferido hacerlo en aras de preservar nuestras instituciones y para que no se entendiera nunca, insisto, que hay menoscabo alguno de la autonomía municipal.

También hemos proporcionado una vinculación mayor del proyecto a la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Ese engarce es absolutamente fundamental, porque esta ley, la ley que aprobó esta misma Cámara en mayo del año pasado, ha sido decisiva a la hora de promover que hoy España entera tenga mejor acceso a los mercados financieros y sea respetada en términos de sus instituciones, en el valor de su arquitectura institucional. Hemos incluido medidas para promover la fusión de municipios, siguiendo también las recomendaciones del Consejo de Estado, puesto que en aquellas ocasiones que voluntariamente esos municipios decidan fusionarse deben tener el apoyo expreso de la normativa que hoy proponemos a esta Cámara.

Tras realizar las modificaciones pertinentes, consecuencia de las observaciones formuladas por el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros del 30 de julio aprobó el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Este proyecto de ley es ya más que suficientemente conocido, pero quiero insistir en que el ánimo del mismo -ya no el espíritu sino el ánimo último- es potenciar las


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administraciones locales, como he dicho desde el comienzo de mi intervención, porque las administraciones locales son las más cercanas al ciudadano, es donde realmente se hace más grande la política, precisamente a raíz de esa cercanía y de ese compromiso de la política con las necesidades y las valoraciones de los ciudadanos. Asimismo hemos querido establecer los mecanismos -y lo subrayo también, señorías- para garantizar la prestación de los servicios públicos locales y su sostenibilidad económica, que es la mejor garantía para su continuidad. Por tanto, potenciar el municipalismo, asegurar la prestación de los servicios públicos locales es el contenido mismo de la norma que estamos proponiendo desde el Gobierno a la Cámara. Para ello clarificamos y simplificamos las competencias municipales, evitando duplicidades con las competencias de otras administraciones, instaurando el principio de una Administración, una competencia; establecemos los mecanismos para que su estructura organizativa dé respuesta a la prestación de los servicios locales, teniendo en cuenta los principios de eficiencia y equilibrio financiero; y establecemos los mecanismos para garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso, todo ello en el marco de las competencias básicas del Estado, como señala el Consejo de Estado, insisto, con respeto máximo a las competencias reconocidas a las comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía y desde luego garantizando -no ya respetando, garantizando- y enfatizando la autonomía municipal, constitucionalmente garantizada por lo demás. El reparto de competencias lo que hace es definir con precisión las que deben ser desarrolladas por la Administración local, diferenciándolas de la competencias estatales y autonómicas. Así, la Administración local tiene la oportunidad de conocer con precisión el contenido de sus competencias y los servicios que debe prestar a sus ciudadanos, evitando duplicidades. Se establecen los mecanismos para garantizar que las competencias que debe ejercer cuenten con la financiación apropiada.

En términos de criterios generales, los municipios ejercerán las competencias propias, artículos 25 y 26, y las atribuidas por delegación y podrán ejercer otras competencias cuando no haya duplicidades con las competencias estatales y autonómicas y se garantice la sostenibilidad financiera de la entidad local. Para verificar las condiciones anteriores se exigirá el informe previo de las administraciones públicas competentes por razón de la materia, que debe pronunciarse sobre la inexistencia de duplicidades, y el de la Administración que ejerce la tutela financiera, que se pronunciará sobre la sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal.

El artículo 25 clarifica esas competencias propias y en el apartado 2 se modifica la lista de las competencias propias municipales con relación a como ha sido concebida hasta ahora. Esta nueva regulación se completa con un conjunto de cautelas destinadas a verificar que en las leyes correspondientes se doten los medios económicos para que los municipios puedan ejercerlas. En las leyes se valorará la conveniencia de la implantación conforme a los principios de descentralización, eficiencia, equilibrio y sostenibilidad financiera. En particular, para determinadas competencias que entraban en concurrencia con las comunidades autónomas lo que se hace es arbitrar periodos transitorios que permitan acomodar progresivamente a las comunidades autónomas y corporaciones locales su prestación y financiación. En todo caso, se fijan garantías para la continuidad en la prestación del servicio y su financiación. Reitero que el ánimo y el espíritu de todo el texto es la continuidad de los servicios y la garantía de su prestación, y no puede haber mayor garantía que la que prevé esta norma en términos de financiación.

Se mantienen las competencias del municipio sobre determinados servicios obligatorios, garantizando su sostenibilidad, y se prevé el cálculo obligatorio del coste efectivo de los servicios conforme a los criterios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, exigiéndose igualmente su publicación obligatoria. De acuerdo con el nuevo texto, todas las entidades locales calcularán antes del 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y en su caso de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes correspondientes al ejercicio inmediato anterior. El cálculo del coste efectivo de los servicios tendrá en cuenta los costes reales directos e indirectos de los servicios conforme a los datos de ejecución de gastos. Todas las entidades locales comunicarán los costes efectivos de cada uno de los servicios al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación. Se trata de un modelo abierto y orientado a una administración por resultados. Esa publicación del coste de los servicios servirá como herramienta para el control y rendición de cuentas de transparencia en la gestión pública.

Otra característica es potenciar el papel de las diputaciones provinciales o entidades equivalentes como entidades que asisten a los municipios, especialmente a los más pequeños, en la prestación de estos servicios, a fin de garantizar su prestación. De esta manera, con la conformidad de los municipios afectados -siempre con la conformidad de los municipios afectados-, respetando con ello su autonomía,


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las diputaciones podrán asumir determinados servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de 2.000 habitantes o la implantación de fórmulas de gestión compartidas a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas, a menos que el municipio justifique que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el de aquellas. Sobre el acuerdo de los municipios, la diputación formula la propuesta sobre la cual el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas decidirá, previo informe preceptivo de la comunidad autónoma, si es la Administración que ejerce la tutela financiera. Por tanto, la comunidad autónoma siempre tiene la máxima responsabilidad respecto de la garantía de la prestación de esos servicios.

En el artículo 27 considero especialmente relevante que se mantenga la posibilidad de la delegación de competencias a los municipios, incluso que se clarifiquen y se garanticen las condiciones de financiación de esa delegación de competencias a los municipios. Se condiciona la delegación y se establecen garantías para su ejercicio. En suma, con esta norma se impedirá lo que ha sido la práctica durante la larga la crisis económica, en la que ha habido una delegación de competencias en los municipios y, después, otras administraciones públicas, también comunidades autónomas, han retirado la financiación debida en esa delegación. Esto, con la nueva norma, será imposible de hacer, con independencia de que la Administración delegante sea el Estado o la comunidad autónoma.

Existen también instrumentos importantes para adecuar la estructura local a la prestación sostenible de los servicios, introduciéndose instrumentos dirigidos a garantizar que los servicios locales se presten dentro de las exigencias de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, promoviendo la gestión integrada o coordinada de servicios de los municipios acordada por estos. Las diputaciones provinciales también asistirán a los municipios en la prestación de servicios obligatorios, en los términos que ya he expuesto, y se incentiva la fusión voluntaria entre municipios limítrofes, dotándoles de una mayor financiación en aquellos casos, dispensa para no asumir los nuevos servicios que pudieran resultar obligatorios como consecuencia de su incremento poblacional, preferencia temporal en planes de infraestructuras de la corporación local, de subvenciones u otros instrumentos basados en la concurrencia competitiva, acordándose en aras del respeto máximo a la autonomía municipal mediante convenio de fusión entre los municipios colindantes, adoptado por mayoría simple de los plenos correspondientes, y cuando la representación elegida por los ciudadanos así lo determine. También se establecen límites a la creación y a la escisión de los municipios, así como obligaciones a las diputaciones provinciales relativas a la asistencia a las corporaciones locales en los casos de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Otros ámbitos de la ley se refieren a las obligaciones derivadas para todas las corporaciones locales y también para las entidades locales menores en términos de presentación de sus cuentas ante el Estado y las comunidades autónomas que tienen esa capacidad supervisora. En lo relativo a la garantía de cumplimiento de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se establece claramente la obligación respecto a las mancomunidades, se aclara la regulación de los consorcios y se incluye una revisión del conjunto de entidades instrumentales que conforman el sector público local. Con ello, insisto en la misma idea, se trata de evitar excesos organizativos, aligerar cargas burocráticas a los ciudadanos y, sobre todo, eliminar duplicidades, el mismo sentido que tiene la introducción de mayor control, rigor y profesionalidad en la gestión pública, en la gestión de los órganos de corporaciones locales, fortaleciendo la presencia de los interventores locales y dándoles una habilitación de carácter nacional a aquellos funcionarios de ámbito local que ejercen capacidades y funciones que son absolutamente vitales para la sanidad de las cuentas públicas. La conexión con la Intervención General del Estado también está establecida en esa misma ley, así como la profesionalización del personal directivo.

Acabo, señorías, señor presidente, destacando que este proyecto de ley es un eslabón más en las reformas estructurales, en este caso de las administraciones públicas del Estado, una expresión de la voluntad reformista de un Gobierno, una expresión también siendo muy conscientes de las dificultades políticas que tienen esas reformas estructurales y por tanto una expresión también de voluntad y de diálogo político a establecer y a abrir a lo largo de la tramitación de este proyecto de ley en la Cámara. Puedo decir, puedo asegurar sin exageración alguna, que hemos estado dialogando y negociando hasta el minuto antes de subir a esta tribuna y puedo afirmar que vamos a seguir dialogando y negociando después, cuando hayamos votado las enmiendas a la totalidad en el Pleno del Congreso de los Diputados. No es voluntad del Gobierno llevar adelante ninguna clase de reforma que no se atenga a los fundamentos esenciales de nuestro Estado de derecho y quiero reiterarlo, fundamentalmente al Estado de las autonomías, al respeto máximo y extremo de la foralidad. Por eso quiero agradecer la disposición del


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Grupo Parlamentario Vasco, PNV, por ese diálogo y esa negociación hasta el último minuto antes de que como representante del Gobierno lo llevemos adelante. A partir de ahí invito -no es un protocolo, créanme que no es una actitud protocolaria- a que quienes vayan a subir a esta tribuna apuesten por esta reforma, porque la voluntad del Gobierno en la tramitación es dejar abiertas las puertas para que todos se encuentren en esta reforma. Es una reforma importante, esperada; una reforma que viene también a ayudar mucho -decisivamente me atrevería a decir- a la salida de la crisis económica, que es lo que demandan los ciudadanos, lo que nos piden los españoles. Estoy convencido de que esta tarde podemos y debemos asistir a un debate político donde se defenderán opiniones diferentes sin duda alguna, como es propio de una Cámara de representantes de diferente ideología, pero también de carácter constructivo. Estamos hablando de elementos esenciales, institucionales de nuestras administraciones públicas y lo estamos haciendo en un momento importante para España como es este, en el que estamos empezando a superar esta crisis económica que nos ha dejado esa pavorosa destrucción de puestos de trabajo. Por tanto, insistiendo en el espíritu constructivo, deseando un ánimo constructivo, doy lugar a que abramos ese debate de manera constructiva, en el que cada uno defienda su posición, pero no le quepa ninguna duda a nadie de que a partir de las votaciones de esta tarde seguiremos trabajando juntos, porque es mucho lo que nos jugamos con esta reforma en beneficio de los ciudadanos, que es el mismo sentido de la democracia española.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

A este proyecto de ley se han presentado diez enmiendas a la totalidad de devolución. Vamos a empezar con la defensa de ellas por los grupos. En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Mixto, que intervendrán todos sus representantes, hayan presentado o no enmienda. La primera en intervenir será la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.

Señor ministro, nos presenta hoy el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y a él le presentamos desde Geroa Bai en el Grupo Mixto, el grueso de las formaciones que lo componemos, una enmienda de totalidad. Empezaré por decir que ya el propio título -esto suele ser extraño en la presentación de un proyecto de estas características- provoca cuando menos perplejidad: Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. ¿Por qué no el resto de los estadios administrativos que son, por cierto, los que sostienen el grueso de la deuda del Estado? Quiero recordar que la Administración local en estos momentos es responsable de no más del 5%... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.

Por favor, quienes vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan rápidamente y en silencio.

Continúe, señora diputada.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.

Esta es, como decía, una primera cuestión que provoca perplejidad enorme y profunda, pero en cualquier caso las razones para la presentación de la enmienda a la totalidad son de fondo, y además completamente fundamentadas en contra de lo que hoy nos propone a través de este proyecto de ley. Primero, porque supone un desahucio competencial para los ayuntamientos, ataca frontalmente el principio de la autonomía local reconocido en la propia Constitución española, desarrollado, por cierto, en la Carta europea de autonomía local, suscrita también, quiero recordarlo, por el Estado español. En segundo lugar -este es un aspecto que no se ha detallado, no se ha sustanciado en la exposición, pero nos parece importante recordarlo-, porque aleja de manera importante, por no decir casi definitiva, al ciudadano de las instituciones o de la institución más cercana al mismo; más en una época en la que lo que habría que impulsar es precisamente todo lo contrario. Va en contra del principio de subsidiariedad, señor ministro, y ahí, con la fuerza que nos corresponde, va a tener a Geroa Bai en contra. En tercer lugar, es una reforma que, bajo el pretexto de la sostenibilidad financiera, aplica una receta uniforme al conjunto de los ayuntamientos y no distingue a aquellos que hicieron bien su trabajo de los que no lo hicieron. ¡Claro que ha habido ayuntamientos a los que en estos momentos podría ponérseles nombre y apellidos en términos de gestión de la deuda, pero no es cierto que sean todos, ni mucho menos! Por tanto, no es admisible una ley de tabla rasa. En cuarto lugar, porque reduce el ámbito de actuación de los ayuntamientos, recortando competencias en materias muy sensibles para la ciudadanía, como son los servicios sociales


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-ámbito sanitario y educativo-, traspasándolos a otras entidades administrativas. Nace, ministro, con una oposición rotunda y muy amplia, y además de manera conjunta y social.

Es cierto que hoy nos ha traído a esta Cámara a un grupo importante de alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, a los que desde la tribuna y en posición yo creo que diferente saludo, por supuesto, pero no nos equivoquemos, ministro, nos obliga el gesto; son más los alcaldes y alcaldesas que no están esta mañana aquí porque seguramente son más, muchos más, en términos numéricos los alcaldes y alcaldesas que están en contra de este proyecto de ley. Pero no solo, ministro, es una oposición que trasciende con mucho el ámbito de la propia institución municipal; una oposición que ha unido ámbitos sociales, diferentes instancias de trabajo en torno al ámbito y al mundo municipal y, por descontado, ministro, una oposición que durante este largo año y medio en que viene tramitándose de alguna manera y fuera de esta Cámara el proyecto de ley ha venido teniendo respuesta bien clara por parte de quien le digo. Prueba fehaciente de todo esto es que su Gobierno ha tenido -usted mismo lo reconocía ahora en el debate- durante más de año y medio en barbecho este proyecto de ley. Todas ellas son razones que nos impulsan, como no puede ser de otra manera, a presentar y a mantener esta enmienda de totalidad al proyecto de ley que hoy nos presenta con la esperanza, lógicamente, como no puede ser de otra manera, de que en la tramitación posterior el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular se avengan a negociar lo que parece que con otros parlamentarios ha tenido lugar y que, entiendo, no será sino el reconocimiento de unos derechos que finalmente se aplicarán al conjunto de los territorios concernidos. En cualquier caso, de momento, mantenemos esta enmienda de totalidad y quedará, cómo no, plazo para la negociación.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.

Señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, Unión del Pueblo Navarro no apoyará las enmiendas de devolución de este proyecto de ley. A pesar de la estridencia de los argumentos y de las acusaciones de todo tipo de transgresiones que se le imputan a este proyecto, llama la atención que ninguna de ellas, ninguna, tenga un texto alternativo; es decir, mucha oposición y ninguna proposición.

Señor ministro, señorías, es verdad que pensar que nada debe o puede cambiar en España en materia de Administración local después de los años vividos, tras la modificación exprés del artículo 135 de la Constitución que lideró el Partido Socialista, la aprobación de la Ley orgánica de desarrollo del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera era o es una ilusión, una quimera. Nosotros estamos de acuerdo con los cuatro objetivos genéricos de esta norma, como no puede ser de otra forma: clarificar las competencias municipales, racionalizar su estructura organizativa, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Otra cosa serán las concretas soluciones que la ley contiene para alcanzar estos objetivos, eso, obviamente, puede ser más discutible. En todo caso, es verdad que el proyecto ha ido mejorando conforme pasaba el tiempo con las aportaciones de unos y otros. Por lo que respecta a mi partido, y desde luego también a mi gobierno, hemos sentido mucha acogida a nuestras aportaciones; hablo del tratamiento de las mancomunidades, de la eliminación del concepto de coste estándar, de la dependencia funcional de los interventores, etcétera. Esperamos que ese mismo espíritu abierto a las aportaciones que usted hoy reiteraba de las administraciones implicadas, de las comunidades, de las entidades locales, etcétera, se mantenga en esta tramitación parlamentaria. En todo caso, y en especial, quiero poner en valor la introducción de la disposición adicional primera, que recoge una aspiración de Navarra, en tanto que positiviza -como no podía ser de otra manera- una reserva foral relativa a las competencias en esta materia, tanto en lo relativo al origen de la autonomía municipal como a las facultades de autoorganización que introducimos sobre la base de dos enmiendas, una de mi partido y otra del Partido Nacionalista Vasco, a través de una transacción en la Comisión. Pero también le digo que seguimos teniendo ideas que creemos que pueden mejorar el texto para clarificar competencias, evitar duplicidades en materia de delegación de funciones, cooperación administrativa, consorcios, plazos de adaptación o transición de los cambios que se pretenden y que las propondremos.

Esta ley, obviamente, pretende modernizar, corregir, actualizar, adaptar un pilar fundamental de nuestra estructura política y administrativa básicamente entendido, de alguna manera mejorar las reglas del juego: Ley de bases de régimen local, Ley de haciendas locales. Por tanto, desde nuestro punto de vista, lo lógico, y sin duda también lo óptimo, sería hacerlo con el consenso de todos, como usted hoy


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pedía. Es verdad que la oposición ha decidido abrir un frente antitodo lo que haga el PP; nosotros en Navarra, por desgracia, también conocemos una actuación similar. Ayer escenificaron el primer acto de este drama con la excusa de la reforma educativa y hoy, me temo, seguramente asistiremos al segundo con motivo de esta reforma local. Entiendo que los demás quieran acercarse a hacerse una foto con el Partido Socialista, porque a algunos les centra, incluso les legitima, pero que el PSOE tenga que apoyarse en la izquierda más a la izquierda o en el separatismo antiespañol es un verdadero drama, creo que es un drama para el Partido Socialista, pero también es un drama para nuestro país. (Rumores) En todo caso, señor ministro, le quiero hacer una sugerencia, y es que si no podemos consensuarlo todo -es verdad que hoy ha seguido hablando con el Partido Nacionalista Vasco y a mí me parece bien-, rebajemos tal vez los contenidos; si no podemos dar diez pasos juntos, intentemos pactar cuatro o seis para intentar englobar al mayor número de partidos. En UPN reivindicamos la política en positivo para construir, para avanzar juntos una comunidad política singular o una nación como la española, por tanto, buscaremos y apoyaremos en cada caso las mejores alternativas para garantizar la autonomía política, para favorecer las relaciones entre administraciones, para asegurar la clarificación de las competencias y la complementariedad de los servicios, respetando, cómo no, el principio de subsidiariedad, la sostenibilidad financiera y presupuestaria de los servicios que se prestan y una organización más razonable, menos compleja y menos costosa, como creo que queremos todos. Ojalá, señor ministro, seamos capaces en la tramitación de llegar a un acuerdo. En todo caso, le anticipo que seguiremos presentando aquellas ideas y propuestas que desde UPN creemos que mejoran el texto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

Señor Álvarez Sostres.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, en esta intervención desde la tribuna tengo que decir que Foro no va a apoyar, una vez más, las enmiendas a la totalidad que hoy se presentan en este debate. Ya es de sobra conocida nuestra aversión a las enmiendas a la totalidad por sus aires de radicalidad y por su negación del diálogo, y más si no se acompañan de textos alternativos. Pero vaya por delante que estimamos, señor ministro, que es necesaria una reforma sustancial de la Administración local. Es necesario garantizar la prestación de los servicios de calidad, servicios esenciales, y a la vez el sostenimiento de las haciendas locales. Creemos que el proyecto de ley es mejorable y por eso hemos presentado 34 enmiendas, porque pensamos que ese es el camino de la cooperación, del diálogo y de la negociación, al menos en este proyecto que nos ocupa.

En el conjunto de enmiendas que presentamos ponemos énfasis en la financiación de la Administración local, incluyéndola expresamente en el ámbito de la responsabilidad del Estado y de las comunidades autónomas. Hoy usted nos anunciaba un proyecto de ley en este sentido. Este es el fondo del gran debate de este proyecto. La reforma propuesta reduce el tamaño de los ayuntamientos a favor de las diputaciones y de las comunidades autónomas, y de su resolución y financiación dependerá que se abra un nuevo período de evolución en las instituciones locales. Parecía que estábamos, de nuevo, desde el mes de febrero de 2012, como en la reforma educativa, todo hay que decirlo, ante la posibilidad de que en esta legislatura otra ley fundamental fuese aprobada únicamente por el Partido Popular. Pero parece que el nuevo proyecto llega al Parlamento con ciertos consensos con la Federación de Municipios y Provincias, más allá de alguna otra fuerza parlamentaria, según tengo entendido, y eso es una buena noticia, como lo es la supresión del concepto coste estándar. También es una buena noticia, a pesar de todo. Pero creemos que no se plantea de forma suficiente la regeneración de la vida municipal, cuya exigencia debe tener en cuenta la proximidad de los electores con los elegidos y su dignificación desde la definición de su responsabilidad y su dedicación. Esto está muy lejos de los postulados del proyecto presentado y por supuesto de las cuestiones que tienen 8.000 ayuntamientos. El número de habitantes no debe ser solo el único criterio diferenciador entre los municipios sino otros parámetros como geografía, extensión, edad, población estacional, etcétera. En ese sentido, el cambio de competencias a otras administraciones enmascara en realidad la desaparición del valor de 3.725 entidades menores, muy importantes en la población dispersa como Asturias o Galicia, más allá de su posible eficiencia. Por ello, entendemos que esto es un asalto realmente negativo al ámbito institucional de los ayuntamientos.

La reforma es necesaria pero no puede fundamentarse solo en la estabilidad presupuestaria, sino en la delimitación clara de competencias con la consecuente financiación, dignificando la vida política


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municipal y la proximidad al ciudadano. Reitero que el espíritu de concordia y cooperación es importante en estos momentos. Esa es nuestra intención con las 34 enmiendas presentadas, de ahí nuestra abstención a las enmiendas a la totalidad presentadas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Llevo más de catorce años en mi ayuntamiento, Sueca; soy concejal y he sido alcalde; he gobernado y he estado en la oposición; y después de todos estos años creo que conozco un poquito el funcionamiento de un ayuntamiento. La primera pregunta que se me ocurre, señor ministro, después de ver su propuesta es ¿para quién gobierna? ¿Para los ciudadanos? Me temo que no. ¿A quién beneficia esta ley? A los vecinos desde luego no. He conocido la profunda transformación que han experimentado los ayuntamientos en los últimos 34 años, y hoy, como cualquier día, mi ayuntamiento o cualquier ayuntamiento bulle de actividad, de gente que busca la proximidad que le ofrece la Administración más cercana. Con su reforma volveremos a oír una expresión que hace ya muchos años que no oíamos: Esto ya no es aquí; vete a Valencia o vete a cualquier capital de provincia. Con su reforma conseguirán, perpetrarán un alejamiento de la Administración local respecto al ciudadano. Les pongo un ejemplo muy claro. He ostentado la delegación de servicios sociales, que con esta ley dejarán de ser competencia de los ayuntamientos y pasarán a ser competencia autonómica, y en Sueca, a pesar de que la Generalitat, gobernada por su partido, nos adeuda cerca de 2 millones de euros en servicios sociales, no se han dejado de prestar ni un solo día; el ayuntamiento ha hecho frente. Los funcionarios conocen a las familias, sus necesidades, saben dónde viven, las personas saben dónde estamos, a quién dirigirse, conocen a la persona que les puede ayudar, saben que pueden hablar con el concejal o con su alcalde, que lo tienen cerca. Con su reforma todo esto se romperá en mil pedazos. Se privatizarán los servicios sociales y otros servicios públicos se alejarán del ciudadano; entregarán estos servicios a unos dinosaurios anacrónicos que ya deberían formar parte de la historia, las diputaciones, una institución que no eligen directamente los ciudadanos y que en muchos casos solo ha servido como nido de caciques antediluvianos, como en Valencia o en Galicia.

Los ayuntamientos son la Administración mejor valorada y con menos déficit. El endeudamiento público de las entidades locales está en torno al 4% del PIB, mientras que su déficit conjunto público total alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0 para el periodo 2013-2015. Esta ley los anula, los empequeñece. A nuestro juicio, se quiere alejar la política de los ciudadanos por dos motivos. En primer lugar, por una cuestión ideológica subyacente en todas y cada una de las leyes que se han aprobado aquí: la recentralización, la política de arriba abajo, la política del centro a la periferia. Y, en segundo lugar, el deseo de imponer una dictadura técnica y neoliberal que privatice servicios públicos en beneficio de grandes empresas. Y nuevamente lo van a hacer contra el consenso, contra el diálogo, contra el acuerdo; nuevamente y van...¿cuántas van, señor ministro? Nuevamente el PP aprobará una ley con la clamorosa soledad de su mayoría absoluta.

Acabo con una cita de Montesquieu: Las leyes inútiles debilitan a las necesarias. Esta, señor ministro, es una ley inútil, innecesaria e injusta. No era esta la reforma que necesitan los ayuntamientos, por tanto, Compromis Equo mantendrá su enmienda a la totalidad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Señores diputados, lo he dicho muchas veces en esta tribuna así que aquellos que me escuchan saben que durante una década fui alcaldesa. En esa década aprendí lo que significa ver la cara a los ciudadanos, sus necesidades, sus esperanzas y sus inquietudes. Ustedes, diputados y diputadas del Partido Popular, incluso alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, parecen haberse olvidado de ello. Yo, sin embargo, nunca me olvido de que los ciudadanos tienen rostro, tienen vidas y sueños que en muchos casos han sido truncados por esta situación que vivimos. Este proyecto de ley que quieren sacar adelante


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-como siempre sin consenso- no solo es un enorme error sino un hachazo brutal al Estado del bienestar que tanto nos costó lograr en este país y que están desmantelando sin rubor y sin cargo de conciencia.

Ustedes, cuando legislan, no tienen delante la cara de los ciudadanos que van a hacer víctimas de su irresponsabilidad. Este proyecto de ley seguirá cargando los efectos de esta crisis perversa sobre las espaldas más débiles, las de las administraciones locales que solucionan los problemas de los ciudadanos, de sus administrados y, por encima de todo, las espaldas de los ciudadanos, que ya no pueden soportar más recortes. Los servicios sociales, las escuelas infantiles, las ayudas al deporte, las infraestructuras escolares, la teleasistencia, los convenios con ONG, todos esos servicios que no son estrictamente competencia municipal, pero que si no los prestan ayuntamientos no lo hará nadie, van a ser adscritos a administraciones superiores, vulnerando los principios de proximidad y equidad, la autonomía municipal y las competencias de las comunidades autónomas.

Amparándose en la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria quieren acabar de un plumazo con los derechos sociales conquistados, basándose en el argumento falso de la carga financiera y económica que las corporaciones locales significan para la economía del país. Ustedes saben, como sabemos todos, que el mayor déficit público lo tiene la Administración del Estado, no los ayuntamientos, cuyo déficit público conjunto alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0 para el periodo 2013-2015. Ustedes saben que el endeudamiento público de las entidades locales está en torno al 4% del PIB, por cierto, un tercio corresponde a Madrid, ciudad gobernada por su partido. Resuelvan lo de Madrid y dejen tranquilos a los otros 7.998 ayuntamientos de este país. (Aplausos) Y aun sabiéndolo, quieren acabar con la institución más cercana al ciudadano, con la primera puerta a la que va a tocar el vecino en tiempos duros y difíciles, con el engranaje administrativo que mejor y más rápidamente funciona. Quieren romper uno de los grandes pactos de la Constitución, de la democracia, porque la descentralización no solo es una manera de hacer más eficaces los servicios, es la respuesta que se dio al legítimo deseo de autogobierno de muchos pueblos de España, es la pieza de un pacto que durante más de tres décadas ha servido para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Por eso Coalición Canaria y Nueva Canaria, que sí recordamos a quienes representamos y a quienes nos debemos, que conocemos de cerca los problemas de los ciudadanos, queremos hacer público nuestro más absoluto rechazo a una ley injusta e innecesaria.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.

Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, a pesar del pretexto de la racionalización y la evaluación de la sostenibilidad económica de los ayuntamientos, lo que se encubre con esta reforma legal es ampliar la capacidad de decisión e intervención del Gobierno central en decisiones de ámbito exclusivamente local. Es un ejemplo más del empleo de normativa básica del Estado de forma abusiva y extensiva que afectará a entidades locales sustancialmente, pero que también recortará de manera relevante las competencias autonómicas para diseñar y aplicar un modelo local propio. Se aparta así de la realidad, señor ministro, al existir diferentes tipologías de ayuntamientos y especialmente las especificidades de un territorio como Galicia, en el que confluyen variables como la dispersión o el envejecimiento poblacional. Es una reforma antidemocrática, al pretender limitar la acción política de aquellos ayuntamientos que tienen voluntad de ejercer la iniciativa pública, tanto reforzando sus servicios públicos, buscando fórmulas alternativas de financiación o gestión, como estimulando las actividades económicas locales.

El proyecto de ley se aparta claramente de la vocación que se expresa en su título, la de racionalizar la Administración local, pues precisamente la entidad más anacrónica sale reforzada en este proceso de reforma. Por otra parte, se consolidan las duplicidades administrativas, pues si algo ha quedado demostrado en estas décadas de desarrollo institucional del Estado es la inutilidad de las diputaciones provinciales a la hora de prestar servicios locales que difícilmente pueden tener base provincial, como ahora se pretende, en servicios sociales, aguas, etcétera. Además, señor ministro, encubre otra intención, la de profundizar en el proceso privatizador de servicios públicos, de optar claramente por la gestión indirecta de los mismos, incluso con ventaja para las empresas de mayor dimensión. La estructura administrativa de las diputaciones con escasa organización de servicios prestacionales incentivará la delegación hacia el sector privado de la responsabilidad de organizar y gestionar servicios hasta ahora municipalizados. Señor ministro, no se pretende alcanzar el objetivo del déficit a base de un sector público eficaz, sino ausente.


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Este proyecto de ley ha cosechado unánimes críticas del mundo local por su inoportunidad, al ser prioritario en este momento asegurar la suficiencia de recursos económicos a los ayuntamientos, ahogados por la crisis y la rígida política de control de déficit.

La financiación local es la reforma preferente que reclaman los ayuntamientos y que este Gobierno no solo elude afrontar sino que emplea esta reforma local como cortina de humo para evitar siquiera debatirla ahora, que es más necesario que nunca, para actuar contra el incremento de las desigualdades sociales. Nos hemos encontrado hoy, señor ministro, con que usted nos ha anunciado que en un año entrarán a dialogar, a hablar o a hacer una propuesta en relación con la financiación municipal, pero hasta ahora la financiación local es una asignatura pendiente.

Señorías, mostramos nuestro rechazo al proceso seguido por el Gobierno de imposición autoritaria de un nuevo modelo local que no ha sido consensuado ni con las comunidades autónomas ni siquiera con las entidades representativas del municipalismo. Señor ministro, remató su discurso, su presentación del proyecto de ley hoy aquí abriéndose al diálogo, diciendo que quería encontrar puntos de encuentro en el proceso que queda de enmiendas parciales a este proyecto de ley. Desde el Bloque Nacionalista Galego le decimos que no cierre la ley sin llegar a ese acuerdo, a ese consenso con estas entidades municipales y con las comunidades autónomas. Le pedimos de manera especial y encarecidamente que tenga en cuenta las alegaciones que desde la Federación Galega de Municipios le han hecho llegar.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, debe ir terminando.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor ministro, ha sido usted capaz de poner de acuerdo a todos los alcaldes de Galicia, sean del PP, del BNG, del PSOE o independientes, en unas enmiendas a este proyecto de ley. Hágales usted caso.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, señor ministro, ustedes creen sin lugar a dudas en un Estado unitario, un Estado en el que la Administración local no es más que un apéndice del Estado centralista, por eso la reforma de la Administración local no tiene ningún reparo en suprimir entes locales o arrebatarles sus competencias. Nos -lo tengo que decir así- retrotraen a los tiempos del NO-DO, señor ministro, a aquellos tiempos en que los ayuntamientos eran simplemente títeres de la Administración estatal, poniendo en peligro la democracia local que tantísimo nos costó construir. El Gobierno del Partido Popular pretende ahorrar recortando en democracia y centralizando el poder en manos estatales en lugar de ahorrar suprimiendo las inútiles diputaciones, como ya se ha dicho. Ustedes deciden simplemente suprimir democracia local para dar las competencias a las diputaciones y justificar su mantenimiento. Señor ministro, la jugada es ideológicamente perfecta o casi perfecta: eliminan resistencias municipalistas, concentran el poder en manos del Estado y mantienen la oficina de colocación bipartidista. Lejos de demonizar a Gallardón o a Botella por ser responsables de acumular una tercera parte del total de la deuda de los municipios del Estado, demonizan ustedes a toda la Administración y limitan su autonomía situando al Estado en una posición de auténtica tutela. Están -segunda vez que se lo digo- recortando en democracia, en la democracia más cercana a la ciudadanía a favor de unas prescindibles diputaciones que, a diferencia de los ayuntamientos, de los entes locales, no son órganos de elección directa de la ciudadanía; es decir, están alejando el poder del ciudadano y, con él, los mecanismos de control del poder político y de asunción electoral de sus responsabilidades de gestión. Además, señorías ni tan siquiera reconocen el principio de subsidiariedad, pese a encontrarse incorporado a la Carta europea de autonomía local. Yo le pregunto: ¿Qué nos queda de aquello de que deben atribuirse las competencias a la Administración más cercana a la ciudadanía, siempre que ello sea posible? ¿Qué nos queda, señor ministro? Se lo digo yo. Nos quedan dos cosas, solo centralizar y homogeneizar; esta es su única receta. Por supuesto, desde esta visión obvian, como es natural, la singularidad catalana y las veguerías, las administraciones territoriales que en virtud de las competencias estatutarias organizan el territorio catalán de manera racional y adaptada a la realidad y a las necesidades territoriales, superando el esquema jacobino, rígido e ineficiente de las diputaciones.

Señor ministro, enhorabuena, solo me queda felicitarle por la ley.


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Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Señora Enbeita.

La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señor presidente.

Señorías, antes de empezar, quisiera mandar desde aquí un beso a los cuarenta jóvenes que esta semana nos han vuelto a recordar que en el Estado español la tortura sigue siendo una realidad (Rumores), y a los compañeros y compañeras que hoy están en la Audiencia Nacional en otro macrojuicio injusto que tiene poco que ver con el Estado de derecho.

¿Qué voy a decir de la racionalización de la Administración local? Para empezar que esto es un exponente más del déficit democrático del Gobierno del Partido Popular, que vuelve a dar la espalda a la ciudadanía y evita el debate, luego aquí levantan ustedes el dedo y aplauden un ataque más contra los derechos sociales. Señor Montoro, desde el día en que usted puso encima de la mesa esa ley, nos ha mentido. Nos ha dado a entender que con esta ley se reducirá muchísimo en gasto público. Ja, ja, ja. No es legítimo que usted hable de esto, desacreditando el trabajo de alcaldes y concejales, mientras se autoasignan cada vez más dinero para engordar sus gabinetes o contratar más asesores para el Gobierno. Ustedes dicen que quieren controlar el gasto de los ayuntamientos por ejemplo. Muy bien, pues sabrá mejor que yo que en todo el Estado español no llegan a cuatrocientos los ayuntamientos que tienen problemas económicos. Usted nos explicará por qué no pueden seguir trabajando con autonomía. Creemos que lo que pasa es que lo que ustedes quieren controlar no son los gastos municipales -para controlar gastos, los de su partido, que tiene cuentas en A y B, pero no, pero sí, pero sí, pero no (Rumores) - Lo que ustedes pretenden controlar es la autonomía municipal y la democracia participativa, no vaya a ser que alguien gestione con sentido común los ayuntamientos y se de cuenta de que los recortes (de los derechos sociales, de tener que ahorrar, de la austeridad...) es una mentira y entonces nos pida cambiar las políticas económicas y sociales. Con esta ley -con tanto como parece que van a ahorrar con cada cargo público- parece que todos los políticos somos iguales. Eso no es así (Protestas); claro, no todos nos hemos lucrado con el dinero público ... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señores diputados, guste o no guste lo que diga la señora diputada, tiene derecho a decirlo, así que ruego silencio y que se la escuche. (Aplausos).

La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señor presidente.

Sí, decía que hay alternativas para salir de la crisis sin restar autonomía municipal ni democracia. El Gobierno quiere imponer una intervención de facto en los ayuntamientos, aniquilando las entidades menores. Los alcaldes y concejales quedarán fuera de juego, y poco a poco el Gobierno acabará por decidir lo que hay que hacer en cada lugar; igualito que en el franquismo, porque parece que ustedes, como aquel que murió en la cama, quieren centralizar el Estado en algo grande y libre, aunque el pueblo no entenderá este atraco a la democracia. Convertirán en gestores municipales a interventores o a secretarios que se supone que ustedes asignarán, y no tendrán que contar con alcaldes, ni concejales, ni con nadie que haya elegido el pueblo. Si la selección queda en manos del Gobierno central, la pregunta es quién garantizará los derechos lingüísticos en la Administración en Cataluña, en Galicia o en Euskal Herria. Esto no acaba aquí; no se vayan todavía, porque aún hay más. ¿Qué harán ustedes después de centralizar? Yo misma me respondo: privatizar, porque en eso son ustedes expertos, en privatizar. Con esta ley convertirán en un negocio de cuatro los servicios públicos que algún día intentamos que fueran para todos. El coste estándar, el coste efectivo es todo mentira para justificar que se puedan privatizar los servicios sociales. Ustedes se van a cargar, si esta ley se aplica, la práctica totalidad del entramado institucional en Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa. Ya sé que ustedes han hablado de acuerdos y singularidades, pero déjenme dudar. En principio, ustedes se iban a cargar por lo menos 418 ayuntamientos, 418 ni más ni menos. El Parlamento de Navarra ya se ha pronunciado en contra de esta ley, el Parlamento de Gasteiz también, las Juntas Generales también, la Diputación de Gipuzkoa también, cientos de ayuntamientos en Euskal Herria también. Señor Montoro, ¿piensa usted respetar la decisión de todas estas instituciones elegidas democráticamente? Déjeme dudarlo. Por mucho que hablan de acuerdos y singularidades, a veces una piensa mal y acierta, porque, por ejemplo, ¿en esas singularidades aceptarán Treviño como parte de Álava o como parte del marco foral? No lo sé; es una pregunta que se me queda en el aire.


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Señor Montoro, señorías del Grupo Popular -sin ánimo de ofender-, los escándalos del último año nos han llevado a concluir que los que se han llevado millones a Suiza son ustedes, los que han gestionado dudosamente el dinero público son ustedes, los que se han inventado amnistías fiscales para evitar luchar contra el fraude fiscal son ustedes. Ya sé lo que me dirán, porque antes también me lo han dicho: que yo no soy nadie para hablar de democracia, etcétera; pero nosotros en Euskal Herria llevamos muchos años haciéndolo bien (Un señor diputado: ¡Sí! ¡Sí!), sin robar -sí-, buscando garantías para mejorar -claro que sí-, no abusando de las mayorías absolutas, no restando democracia y contando con la ciudadanía. Así que hágannos un favor, retiren esta ley y déjennos trabajar en paz.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Enbeita.

Para presentar su enmienda a la totalidad, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor ministro, como bien sabe, el proyecto que debatimos hoy en los actuales términos no nos gusta, al menos no nos apasiona, por ello hemos presentado esta enmienda a la totalidad. Las objeciones que tenemos al respecto son múltiples, como la innecesariedad de controlar un déficit público inexistente -valga la redundancia- a nivel del conjunto de administraciones locales, tal y como se prevé para los próximos años, incluso en los planes de estabilidad y crecimiento; en ese sentido, creemos que es innecesario. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). También creemos que quieren solventar con una ley lo que sería deseable hacer con el consenso y con el diálogo que hoy usted ha planteado en esta Cámara. Tampoco compartimos la simple idea en la que se fundamenta el proyecto de que una Administración tiene que estar vinculada estrictamente a una competencia. La gestión pública, señor ministro, no es tan simple; de hecho, hay ejemplos de ministerios que tampoco tienen competencias muy claras en el ámbito estatal, como el tema de educación o de sanidad, cuyas competencias están transferidas, y de hecho existen. Por lo tanto, es posible ejercer las competencias con eficacia y eficiencia, con coordinación y evitando despilfarros. Además, creemos que en la mayoría de los casos el ejercicio de las denominadas competencias impropias no supone necesariamente ni despilfarro ni solapamiento, sino que son los ayuntamientos los únicos que las ejercen para resolver problemas concretos y demandas sociales de sus ciudadanos. Además, nuestra línea roja es que este proyecto en el texto actual, señor ministro, no respeta el régimen local de Euskadi derivado de sus derechos históricos. Permítame que me refiera a esta cuestión para abundar un poco en este tema.

El texto del proyecto no tiene en cuenta la singularidad del régimen local en Euskadi derivada de sus derechos históricos y que encuentra amparo en la disposición adicional primera de la Constitución, cuya actualización general ha sido operada en el propio Estatuto de Gernika, en la Ley de Concierto Económico y en las demás normas que actualicen los derechos históricos de los territorios forales. Son normas que constituyen, según la doctrina del marco constitucional, el marco normativo primario atributivo de competencias y facultades en la materia. La doctrina jurisprudencial ha interpretado que los procesos de actualización del régimen foral vasco pueden suponer actualizaciones privativas con contenidos alternativos, que a su vez pueden conllevar la exclusión de la aplicación de las regulaciones básicas estatales. Esta perspectiva afecta a la materia de régimen local, entendida en un sentido amplio y no ligada únicamente a los aspectos referidos al régimen económico financiero local. Este peculiar sistema foral de régimen local, fundado en la foralidad, ha tenido cumplido reconocimiento, como uste bien sabe, en las vigentes leyes: la Ley 71/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su disposición adicional segunda; el Real Decreto-Ley 21/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales; la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público en su disposición adicional tercera; la Ley Orgánica 21/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera, así como la cláusula subrogatoria prevista en el artículo 48.5 y en la disposición adicional tercera de la Ley de Concierto Económico. Las citadas leyes disponen su aplicación modulada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi a las peculiaridades forales, y no solo respecto a la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y órganos forales de los territorios históricos en cuanto a ámbitos vinculados de manera indubitada al entorno intangible de la foralidad, sino también a otros ambientes materiales tradicionalmente integrados en los regímenes privativos de cada territorio histórico.

Sin ánimo de ser exhaustivo, citaré los tradicionales planes forales de obras, servicios, asistencia y asesoramiento técnico a los municipios que el propio estatuto, en su artículo 37.2, se encarga de garantizar cuando manifiesta que el mismo no supondrá alteración de la naturaleza del régimen foral específico o de las competencias de los regímenes privativos de cada territorio histórico. Además, entre estos últimos


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ámbitos materiales incardinados tradicionalmente en las facultades de los regímenes privativos forales y que han sido respetados por aquellas leyes estatales, nos encontramos muy especialmente con los que versaban sobre los funcionarios con habilitación de carácter estatal y aquellos otros vinculados con el régimen económico financiero municipal. Me refiero a: el establecimiento de tributos locales bajo regulación propia; el establecimiento de régimen general de financiación municipal, así como la financiación, que siempre ha sido en cuantía superior a la de los entes locales en régimen común; la estabilidad presupuestaria y la tutela financiera de los entes locales en el actualizado marco de la citada Ley Orgánica 7/2007 y de la cláusula subrogatoria prevista en el artículo 48.5 de la Ley de Concierto Económico, así como de los compromisos que a tal fin se acuerden en el seno de la Comisión Mixta de Concierto y en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas.

Pues bien, a la vista del proyecto examinado, todo el referido sistema foral de régimen local podría quedar reducido a la nada en clara vulneración de la propia Constitución y el Estatuto de Gernika en cuanto que amparan los derechos históricos en que se fundamenta aquel sistema foral de régimen local. Por ello, a nuestro juicio, señor ministro, deben incorporarse al proyecto una serie de disposiciones adicionales, tal y como hasta la fecha ha venido sucediendo también en otras leyes referidas al régimen local para que preserven el ámbito de la foralidad en cuestiones tratadas por este proyecto y que se encuentran conectadas de manera mediata o inmediata a la estabilidad presupuestaria y a la suficiencia financiera de las entidades locales vascas, así como el control y la fiscalización de su gestión económica, financiera, contable y presupuestaria. Lo mismo cabe decir en lo atinente a los funcionarios con habilitación de carácter estatal, respecto de los cuales históricamente se ha venido preservando el ámbito de la foralidad; o a las facultades sobre la propia organización municipal y a las facultades de los propios órganos forales de los territorios históricos para, de acuerdo con sus competencias propias de organización institucional y económico-financieras, establecer el régimen de los consorcios de los que formen parte, de los entes institucionales propios, así como su articulación territorial, que son las entidades locales distintas al municipio. De hecho, los territorios históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa disponen de normativa propia sobre entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, dictada en el ejercicio de sus competencias derivadas del sistema foral de régimen local, que tiene su amparo directo en los derechos históricos reconocidos en la disposición adicional primera de la Constitución, que se vería claramente afectada. Por último, quisiera señalar que la pretensión expuesta, a fin de preservar el que hemos venido en denominar el sistema foral de régimen local, camina en la misma dirección que la propuesta de resolución que fue aprobada en esta misma Cámara el 4 de marzo de 2013, y que decía: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el texto del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local refleje expresamente la singularidad foral del entramado institucional vasco.

Son estas cuestiones, como bien sabe el señor ministro, las que nos habían llevado a presentar esta enmienda a la totalidad; sin embargo, esta mañana le hemos podido oír y valoramos positivamente sus palabras, incluso su compromiso no solo de respetar la foralidad sino de seguir hablando de otras cuestiones que también vamos a plantear a modo de enmienda. Además, después de haber alcanzado un acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular y con el propio Gobierno, solicito en nombre del Grupo Vasco la retirada de esta enmienda a la totalidad. Esperemos de todas formas, señor ministro, que el acuerdo al que hemos llegado se pueda plasmar correctamente en el texto final que apruebe esta Cámara y que incorpore también aquellas otras cuestiones que podamos pactar a lo largo del proceso; estoy pensando en temas de consorcios o de competencias impropias, etcétera. Dando un margen de confianza al Gobierno, insisto, retiramos la enmienda a la totalidad como síntoma de buen gobierno.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Azpiazu.

Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Señorías, señor ministro, quería empezar por felicitarle. No es por animar estas horas de la tarde, pero quería empezar por felicitarle porque ha hecho usted un par de plenos en el día de hoy. En primer lugar, ha conseguido que le enmendemos todos los grupos que podemos enmendarle, más allá de los argumentos de cada cual; de algunos que ya se han escuchado nuestro grupo difiere bastante, como usted verá en mi intervención, y probablemente de otros que se vayan a escuchar. Ha conseguido el pleno de que todos los que pueden enmendarle -entendiendo que el grupo que apoya al Gobierno no le va a enmendar- le hayan enmendado. Ha conseguido usted otra cosa, que no sé si la pretende o no pero que quería destacar.


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Ha conseguido usted ser el presidente del Gobierno sin que le voten en las Cortes, porque es usted el ministro de todo. Es usted el ministro de cualquier cuestión que pase por aquí; lo mismo da que hablemos del IVA cultural, de los salarios, del presupuesto de la educación o de la sanidad, del derecho a decidir o que hablemos, en este caso, de la organización territorial del Estado. Esto es muchísima responsabilidad. Le felicito por llevarlo como si no hiciera nada, con tanta tranquilidad y como si usted estuviera asumiendo exclusivamente lo que pone en su cartera, que es Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Cuando estaba preparando este punto y hacía esta reflexión, me recordaba una colega, por cierto de otro grupo parlamentario, que en general en los Gobiernos quien tiene la cartera de Hacienda manda en el Gobierno y termina tomando las decisiones que afectan a cualquiera de los departamentos. Creo que sí, pero matizadamente: eso ocurre cuando no hay política de Gobierno. El ministro de Hacienda se convierte en el jefe porque es no solo el que reparte el dinero sino el que establece las prioridades; y cuando no hay prioridades establecidas políticamente el ministro de todo es el ministro de Hacienda, porque decide la política educativa, la política sanitaria, la política de administraciones públicas, incluso la política con mayúsculas. Esto no es una crítica, es una reflexión de cómo vemos desde Unión Progreso y Democracia la situación política del país.

Hoy llega a la Cámara una ley muy importante a nuestro juicio que debería enfrentar problemas graves que tiene la Administración territorial en el ámbito local; graves porque afectan a la estructura del Estado, a la sostenibilidad del Estado y -como consecuencia de esa estructura, y esto es lo más importante- a los servicios que reciben los ciudadanos. La estructura territorial del Estado -no hace falta que hablemos de ello, lo sabe todo el mundo- no es un objetivo en sí mismo. No es un fin en sí mismo una determinada estructura territorial respecto de otra, todas son discutibles. Lo que hay que revisar es si la estructura del Estado, en este caso la estructura de la Administración local, sirve para cumplir con los objetivos: prestar los mejores servicios, con la mejor calidad posible, dentro del tamaño y de las capacidades de nuestro país, a nuestros ciudadanos. La necesidad de reformar la estructura territorial, en la estructura local del Estado, venía derivada no de una premisa de carácter ideológico -entiéndame desde una perspectiva amplia- sino de que hay que adecuar el tamaño y la organización de nuestra Administración local a unos ciudadanos que cada vez son, con toda razón, más exigentes y a los que cada vez se les prestan los servicios en peores condiciones y con mayor desigualdad. Son las dos cosas; no solo es la calidad de los servicios sino la desigualdad a la hora de acceder a los servicios, siendo todos ellos ciudadanos españoles, y la necesidad que tiene el Estado de garantizar el acceso a los servicios en condiciones de igualdad para todos.

Este proyecto de ley sobre el que el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia ha presentado una enmienda solicitando su devolución, señor ministro, a nuestro juicio no responde a ninguna de las necesidades. Bueno, no voy a decir ninguna necesidad porque no todo es negativo; efectivamente hay avances dentro del texto, y algunos -quizás si tengo tiempo- se los reconoceré. No vamos a decir que no hay nada, ni que no han acertado en nada. No, en algunas cosas se producen ciertos avances, algunos más tímidos que otros. Realmente -no creo que sea casualidad que todos los grupos parlamentarios lo hayamos enmendado-, no responde a las necesidades -no digo a las expectativas, aunque cada cual puede tener las que quiera y son siempre subjetivas- del país. El país son los ciudadanos, no es la estructura territorial. No responde a las necesidades del país. Permítame, ministro, que le diga que, a nuestro juicio, es una ley que además de no responder a las necesidades reales de los ciudadanos está hecha -igual no lo han pensado a ustedes, pero la conclusión es esa- para mantener el bipartidismo y el control clientelar de las instituciones locales. Para mí es la consecuencia. Yo no sé si es su objetivo, pero se lo voy a tratar de explicar después. Igual usted me convence y me dice: no, ni siquiera es la consecuencia; no fue el objetivo, pero tampoco la consecuencia. Desde mi punto de vista lo es. Como conclusión, no resuelve ninguno de los problemas: ni de financiación; ni de claridad en la distribución competencial; ni de acabar con las duplicidades y la diversificación en ese sentido del conjunto de las competencias de las administraciones públicas -luego insistiré sobre ese asunto-; ni la profesionalización; ni la opacidad, porque no acaba con la opacidad del conjunto de las administraciones públicas ni establece ni incorpora instrumentos para mayor control del conjunto de las administraciones públicas. No resuelve ninguno de esos problemas; sin embargo, mantiene a nivel local una estructura elefantiásica, justificada más desde un punto de vista clientelar que de prestar servicios a los ciudadanos. Además no es que mantenga, es que refuerza el poder de las diputaciones; mantiene todos los municipios y además refuerza el poder de las diputaciones. Hace lo primero, mantiene la estructura municipal de una manera sobre la que ciertamente quiero llamarle la atención, señor ministro.


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Ustedes empezaron este estudio previo al proyecto de ley diciéndonos una cosa, que yo le escuché decir a usted en esta misma Cámara y a la vicepresidenta del Gobierno: Vamos a ahorrar mucho dinero porque vamos -cuando hablamos de la primera reforma- a eliminar los sueldos de los concejales y de los alcaldes de los pequeños municipios. Y nosotros les dijimos: ¡Pero si los concejales y los alcaldes de los municipios pequeños no cobran sueldo! La mayor parte de ellos no cobran sueldo y cuando cobran dietas son unas dietas verdaderamente compensatorias. Entonces eso lo abandonaron en el recorrido y ahora se les ha ocurrido a ustedes una idea que, desde nuestro punto de vista, convierte la estructura local en su conjunto, teniendo en cuenta los ayuntamientos y las diputaciones, en una estructura más opaca y menos democrática, las dos cosas, pero más opaca y menos democrática por separado, porque juntas ya sé que llegan a esa misma conclusión, pero por separado.

Porque, ¿qué es lo que hacen ustedes? Mantienen los ayuntamientos, todos, pero les quitan competencias -luego profundizaré en esta cuestión-, incluso aquellas competencias en las que los municipios habían demostrado su gran capacidad a la hora de prestar los mejores servicios a los ciudadanos. Les quitan competencias, por ejemplo, en servicios sociales básicos, de primera necesidad, en lo que todos los ayuntamientos habían demostrado una gran capacidad para prestarlos en buenas condiciones; sin embargo, les quitan esas competencias, que se las dan a instituciones que no eligen los ciudadanos directamente, que no tienen control de los ciudadanos ni directa ni indirectamente y se las quitan a aquellas instituciones que son elegidas directamente por los ciudadanos. ¡Qué casualidad! Les quitan las competencias en servicios sociales básicos, que ejercían con muy buen resultado desde la perspectiva de los ciudadanos, les mantienen algunas en educación, que serían más propias de las comunidades autónomas, pero les mantienen a la vez las competencias en materia urbanística.

Déjenme que me detenga un momento en las competencias en materia urbanística. ¿Será casual que se mantengan todas las competencias en urbanismo que tenían todos los ayuntamientos? ¿No habrá hecho nadie una reflexión sobre cuáles han sido las consecuencias de que esta competencia esté tan cercana a quien toma la decisión? Creo que merecía la pena haber hecho un repaso porque mantienen el urbanismo en manos municipales ignorando, señor ministro, la extendida corrupción urbanística generada en los municipios españoles, especialmente en los ubicados en zonas turísticas. ¿Hay relación causa-efecto? ¿Habrá alguna o no? Creo que sí y le voy a explicar después por qué pienso que sí. Mire las cifras, y no solamente hay cifras. Entre el año 2000 y el año 2010 hubo 676 municipios, que concentraban más del 56% de la población española, afectados por procesos de corrupción ligados al urbanismo; el 56% de la población española. ¿Será una casualidad? Creo que no. Creo que es un error mantener esta competencia en manos de una Administración fácilmente presionable, entre otras cosas, señor ministro, y usted lo sabe bien, porque la mayor parte de la financiación local procede de las actividades ligadas al suelo y en eso no ha cambiado nada esta ley. Lo dije al principio, pero quiero insistir ahora. Desde el punto de vista de resolver uno de los problemas fundamentales, que es la financiación local, que está sin resolver y que es una vieja asignatura de la democracia, la ley tampoco avanza nada. La ley no contiene ni una sola disposición para atajar esas malas prácticas -hablo ahora de la corrupción en materia urbanística- y mientras se mantiene esa competencia en urbanismo se quitan competencias, como decía antes, en servicios sociales primarios que los ayuntamientos han demostrado que saben gestionar muy bien.

Por supuesto la ley no mejora los controles internos y externos en las administraciones locales, no regula el estatuto de concejales y grupos municipales, sino que refuerza la discrecionalidad al límite, dejando todo ese aspecto, desde la fijación de las dedicaciones exclusivas hasta el salario de los concejales, a las órdenes del equipo de gobierno, del alcalde y del equipo que lo sustenta. Para nada es una ley que fije con claridad todos estos aspectos, que sea transparente, que uno sepa a qué atenerse y que no haya arbitrariedad; al contrario, se mantiene la pura arbitrariedad.

Las dos cuestiones a las que hacía referencia al principio llevan a mi grupo a decir, a mí en su nombre, que esta es una ley que tiene como consecuencia más opacidad, menos democracia y un reforzamiento del bipartidismo y de los chiringuitos relacionados con el bipartidismo. Ustedes mantienen una estructura municipal desmesurada. He tenido oportunidad en algún momento anterior, señor ministro, y probablemente no será la última vez, de hablar sobre la estructura municipal de España. En este sentido, somos un ejemplo no comparable con ningún país de nuestro entorno porque, como ustedes muy bien saben, mantenemos una estructura municipal diseñada -lo he dicho más veces- en las Cortes de Cádiz, una estructura municipal que tenía sentido hace dos siglos, pero que no tiene ningún sentido en este momento. Mientras que todos los países europeos han hecho reformas -le pondré algún ejemplo porque el otro día escuché al subsecretario de Estado explicar todo lo contrario- en el sentido de fusionar municipios,


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precisamente para prestar mejor los servicios a los ciudadanos, en España se ha hecho justamente lo contrario, mantenemos más de 8.117 municipios y solo 854 tienen más de 10.000 habitantes, que es el número mínimo -no lo dice Unión Progreso y Democracia- que el Consejo de Europa considera necesario para prestar servicios adecuados a los ciudadanos. Esto merecería un repaso, una revisión; observar si nuestra estructura municipal tiene que ver con la España del siglo XXI, con las comunicaciones del siglo XXI y con las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI. Y parece una obviedad, pero lo voy a decir por si acaso, porque es lo que me suelen decir cuando planteamos este debate: aquí no estamos hablando de eliminar los pueblos, sino de eliminar estructuras superfluas, para que se sustituyan por estructuras que tengan la capacidad, los recursos y los instrumentos para prestar mejor los servicios a los ciudadanos, en condiciones de calidad y de mayor control democrático.

La red actual de minimunicipios de España favorece a la vez el crecimiento de multitud de figuras intermunicipales. No sé si lo favorece o lo pretende, porque hay tantos pequeños municipios que se ha demostrado que no pueden prestar los servicios a los ciudadanos en condiciones de equidad y calidad, que tenemos que constituir otro tipo de organizaciones. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por supuesto, organizaciones opacas, porque no las han elegido los ciudadanos y no están tampoco controladas ni desde fuera ni desde dentro; los ciudadanos no tienen el control de esas instituciones. Hay en España más de mil mancomunidades, miles de convenios y consorcios, decenas de comarcas con personalidad administrativa y luego están -hablaremos de ello- las diputaciones. Como ya hemos dicho, esta estructura de planta es propia de una civilización campesina, de una España campesina, del sector primario, que tiene poco que ver con la España de hoy, es una estructura definida, como decía antes, en las Cortes de Cádiz. ¿Qué se les ha ocurrido a ustedes para resolverlo? ¿Se les ha ocurrido fusionarlos, hacer una política de fusión para que sean más efectivos y eficaces? No, se les ha ocurrido quitarles las competencias, pero mantenerlos. Los ciudadanos eligen a sus representantes y sus representantes no tienen competencias, porque esas competencias políticas y de gestión, en vez de tenerlas aquellos que han sido elegidos...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que ir acabando.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ... por los ciudadanos, están en otros órganos que son las diputaciones, que no han sido elegidas por los ciudadanos y además escapan de su control. ¿Qué han hecho en los países de nuestro entorno? Todo lo contrario. Podría darle muchos detalles, pero en este momento no tengo tiempo -el presidente me lo advierte- y voy a ir terminando. De todos modos, lo que han hecho en los países europeos es fácil de conocer y se sabe que han ido en la dirección contraria. Incluso en países como Francia, que mantiene la estructura municipal definida en la Revolución, han hecho estructuras intermedias, que son elegidas directamente por los ciudadanos y que están sometidas al control de los mismos; comunidades de comunidades, que hay cuatrocientas y pico en este momento, dirigidas directamente por los ciudadanos aunque mantengan el número de municipios definido en su momento en la Revolución.

Por último -le pido, presidente, que me dé dos minutos-, las diputaciones. Ustedes no solamente mantienen las diputaciones, sino que refuerzan su poder y no solo desde un punto de vista declarativo, sino que han reforzado el poder de las diputaciones desde el punto de vista presupuestario. ¿Qué ha hecho su Gobierno desde el año 2011? En unos años de recortes generalizados, en los que se ha recortado en educación, en sanidad, en investigación, en infraestructuras, en servicios sociales, en todo, ¿qué ha pasado con los presupuestos de las diputaciones, con el presupuesto que figura en los Presupuestos Generales del Estado, al margen de otro tipo de presupuestos? Pues que se ha incrementado un 13% desde el año 2011 mientras se recortaba absolutamente todo desde el punto de vista de los ciudadanos. Hay una prioridad política. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben) No, no es para prestarles mejores servicios, es que ahí está el chiringuito; directamente ahí está el chiringuito, absolutamente opaco, sin ningún tipo de control por parte de los ciudadanos, porque a la vez -esa sí que es una opción política, señor ministro- que se subía el 13% el presupuesto de las diputaciones se bajaban otros presupuestos que sí son de interés general. Con los 4.852.333.000 euros que vienen en los presupuestos de este año para las diputaciones se podría abordar cada año, por ejemplo -le voy a dar cuatro cifras-, 515 millones para dependencia -para equiparar la cantidad con 2011, no para poner más prestaciones en dependencia...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar necesariamente.


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La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ... que las que había en 2011-, más 100 millones en sanidad, más 3.900 millones en empleo y más 44 millones en educación. Esa sí que es una opción, mantener el chiringuito en vez de los servicios sociales.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.

Para presentar su enmienda de devolución, por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, tenemos que empezar hablando de cómo se ha llevado a cabo esta reforma, que se hace contra los ayuntamientos. Durante un año y medio su ministerio, señor Montoro, ha estado dándole vueltas a un sinfín de borradores, al arbitrio de la ocurrencia y la enmienda de parche, sin contar con el consenso ni con la participación real de los entes locales, de los agentes implicados o tan siquiera de los expertos en la materia. La incapacidad de este Gobierno para encarar una reforma de este calado, que transforma el Gobierno local, toca a otras estructuras de nuestro Estado compuesto y altera equilibrios de poder para las comunidades autónomas, se demuestra cuando se hace en contra de todos los partidos de la oposición que, a pesar de nuestras diferencias, nos hemos puesto de acuerdo para pedirle de manera prácticamente unánime su devolución. Pero sobre todo cuenta con la oposición de los alcaldes y ediles de la mayoría de los municipios de nuestro país. La Federación Española de Municipios y Provincias ha presentado enmiendas, prueba palmaria de la opacidad y la falta de diálogo con la que esta contrarreforma llega a esta Cámara. El pasado domingo pudimos ver cómo más de 2.000 alcaldes, señor Montoro, de todos los partidos se reunían en una asamblea para suscribir un manifiesto en contra. Ni los suyos -usted lo sabe, señor Montoro, por mucho que no quiera escucharme- la quieren, porque demoniza la labor de los ayuntamientos como Administración más cercana, cercena su autonomía, se les vacía de competencias y se eliminarán servicios esenciales que los ayuntamientos están cubriendo, realizando una labor de dique de contención y de atención de emergencia absolutamente imprescindible ante los recortes que el Gobierno está llevando a cabo de manera inmisericorde y que está pagando la mayoría de la ciudadanía.

El argumento troncal sobre el que pivota este despropósito es el cumplimiento del suicidio económico y social consagrado en la Constitución por el Partido Popular y el Partido Socialista mediante la modificación del artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria que lo desarrolla. Ahora los culpables del déficit presupuestario son los ayuntamientos y eso es simplemente mentira, señor Montoro. De los más de 8.000 municipios existentes en nuestro país, solo 400 tienen problemas de déficit. Curiosamente los 7.129 millones de euros que se pretenden ahorrar coinciden casi íntegramente con la deuda acumulada por Madrid gracias a la nefasta gestión y a las faraónicas obras realizadas durante el Gobierno del Partido Popular. (Aplausos). Y el insigne autor de este fiasco ostenta hoy la cartera de Justicia. Es el reino del revés. Como diría Elena Walsh, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres.

Ahora el mantra de la racionalización y la sostenibilidad ha llegado al mundo local. No se conforman con pregonar que la culpa de la crisis la tienen los trabajadores de este país que han vivido por encima de sus posibilidades, sino que todo lo que tiene que ver con las estructuras del Estado, los cargos públicos, los empleados, sus retribuciones, las organizaciones públicas, todo, absolutamente todo es ineficiente, ineficaz y está mal ordenado. Este es el mensaje que se empeñan en trasladar a la ciudadanía pero, señor Montoro, la intención última no es otra que la de conseguir su anhelado proyecto neoliberal de menos Estado y menos democracia. La Administración local estaba necesitada de una reforma y esto no lo vamos a poner en duda, pero una reforma muy alejada de esta. Apostar por una Administración cercana que cumpla con las necesidades y demandas de las personas, con mayor transparencia y democracia no estaba en la agenda del Gobierno, sino más bien todo lo contrario. Por eso se hace también a espaldas de la Carta Europea de la Autonomía Local, otorgándoles mayor poder a las diputaciones provinciales y menos competencias y autonomía a los ayuntamientos. El desarrollo efectivo de la Carta Europea de la Autonomía Local tendría que haber estado en el frontispicio de esta reforma, basándose por tanto en los principios de simplificación, transparencia y modernización de las entidades locales; teniendo en cuenta los principios de autonomía, subsidiariedad, diferenciación y equilibrio territorial; apostando de manera clara por el desarrollo sostenible y la suficiencia financiera; dotándola de las correspondientes transferencias de recursos económicos y humanos; situando los derechos y las necesidades de la ciudadanía agrupados en base territorial y con niveles de atención de calidad homogéneos y de acceso universal, y todo ello


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garantizando el derecho de la ciudadanía a participar de forma efectiva y directa en los asuntos públicos. Nada más alejado de las intenciones de esta reforma; se eliminan competencias y capacidad de gobierno a los entes locales, cuyos representantes se eligen democráticamente, y se pasan a las diputaciones provinciales, instituciones en muchos casos ineficientes, opacas y sin representación democrática, que serán las encargadas de poner a la venta los servicios prestados por los ayuntamientos. Aquí nada tienen que ver los mandatos de Europa o de la troika, señor Montoro, esto es cosecha propia. La imposición de estas medidas reformistas con una profunda carga ideológica solo pretende la vuelta al caciquismo y el elitismo en la representación política. Porque al fin y a la postre lo que interesa no es racionalizar, sino recortar, eliminar y suprimir en pos de realizar un trasvase de recursos y servicios sociales públicos hacia unas pocas manos de grandes empresas privadas. El objetivo es conseguir cada vez menos gobierno local y más empresas prestadoras de menos servicios, más caros y de peor calidad, sin olvidar que estas privatizaciones de los servicios públicos municipales provocarán la pérdida de decenas de miles de empleos y de derechos sociales básicos de la ciudadanía. Así, la transparencia y el control ciudadano que se demanda cada día más sobre los asuntos que son de su incumbencia quedarán eliminados.

Ustedes, señores del Partido Popular, ya saben que este desfalco no se puede llevar a cabo en democracia, y han dicho: ¿Ah, sí? Pues fuera la democracia. Por eso también se invaden competencias autonómicas entrando en colisión con el principio descentralizador contemplado en la Constitución española y determinando a través de ciertas disposiciones adicionales y transitorias del proyecto de ley la obligación de asumir competencias en educación, sanidad y servicios sociales por las comunidades autónomas sin contemplar la financiación suficiente para llevarlas a cabo. Por mucho que lo haya dicho usted aquí, señor Montoro, a ustedes se les olvida que corresponde a las autonomías organizar su planta local atendiendo a su realidad social y demográfica y que la Administración General del Estado tiene única y exclusivamente un papel subsidiario en esta materia, cuestión que nos conduce a pensar en la constitucionalidad de este proyecto de ley. La destrucción del nivel actual de gobierno local en España tendrá, sin lugar a dudas, efectos letales para el modelo de Estado resultante, y sobre todo para la ciudadanía. Lo cierto es que el derecho a la educación o a la sanidad como derechos básicos reconocidos en la Constitución cuentan con anclajes legales que los mantienen débilmente a pesar de los graves recortes que están sufriendo, con consecuencias directas sobre la calidad de vida de las personas. Por desgracia -por la gracia y la desgracia de este Partido Popular- el Estado del medioestar que con tanto esfuerzo se ha conseguido en este país se ve en peligro con este desmantelamiento que se pretende llevar a cabo desde la base del Estado. Así, nos encontramos con la supresión de políticas de cooperación al desarrollo, de igualdad y de servicios sociales. Esto dejará sin garantía y prestaciones sociales precisamente a las personas que más duramente están sufriendo la crisis y más lo necesitan.

Con la falsa premisa de la eliminación de duplicidades y la clarificación de competencias se pretende acabar con el proceso de descentralización llevado a cabo con la segunda generación de estatutos de autonomía como el de Cataluña o Andalucía, que establecen la distribución de responsabilidades entre las diversas administraciones locales y forman parte, como leyes orgánicas que son, del cuerpo constitucional. No respeta la organización específica del País Vasco -aquí se ha dicho- mediante las diputaciones forales, ni a los cabildos, ni a los concejos insulares, ni a las veguerías contempladas en el Estatuto de Cataluña, demostrando un claro desconocimiento de la realidad local y de las estructuras básicas de cada territorio. Pero además se ceba con las entidades locales menores, olvidando que son instituciones de representación democrática y condenándolas de manera indirecta a la desaparición. Las aldeas y los pequeños pueblos -sí, señor Montoro- no son los responsables del déficit presupuestario, sino la inyección de dinero público que el Estado ha dado a las entidades financieras, y sin embargo se pretende que estas también lo paguen excluyéndolas de sus plenos derechos de representación y autonomía. Su desaparición pondrá en peligro importantes recursos comunes de gestión social y sostenible que podrán pasar a gestión privada, abocándonos a un mayor abandono del mundo rural. Los concejos abiertos también van en el paquete; como verdaderos ejemplos de democracia que son, no tienen cabida en este proyecto de ley.

Frente a esta contrarreforma que nos devuelve a tiempos preconstitucionales y busca un modelo de Estado centralizado y con escasas garantías democráticas, La Izquierda Plural apuesta por un modelo de gobierno local de proximidad, adaptable a las singularidades de nuestro mapa local y que asegure el equilibrio territorial del país y su desarrollo sostenible; un modelo que desarrolle las competencias estatutarias con relación a la autonomía local y con recursos suficientes para hacerlas efectivas. En breve se cumplirán dos años de gobierno del Partido Popular y entonces podremos decir que este ha sido el


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bienio de la demolición del Estado social, un nuevo bienio negro que se consuma con esta reforma. En mi grupo defendemos el principio de suficiencia financiera sobre el de la manida y falsa sostenibilidad, avanzando hacia una segunda descentralización refrendada por los estatutos autonómicos y que sea capaz de financiar las competencias ya establecidas en dichos estatutos con la aprobación de una ley de financiación local que usted ha anunciado hoy como medida estrella y que tendremos que ver porque no nos la creemos en absoluto. Lo que tiene que contemplar esa ley es una mayor participación de los tributos, hasta un 33%, de manera que podamos igualarnos con la mayoría de municipios de Europa. Creemos que más valdría eliminar las diputaciones provinciales y establecer las transferencias patrimoniales y competenciales a las comarcas o municipios que potenciar esas diputaciones y dotarlas de mayor competencia. En definitiva, una reforma tan importante y definitoria de la propia esencia del Estado no puede tener mucho recorrido si se hace a espaldas de la propia Administración local y sin tener en cuenta a las administraciones autonómicas, que en definitiva son las que tienen las competencias.

Señor Montoro, convoquen la Conferencia sectorial para asuntos locales y aborden el debate interadministrativo de la Administración local de manera seria y rigurosa, respetuosa con los principios democráticos y constitucionales y que garantice la prestación de unos servicios públicos de calidad por los municipios, apostando por la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos independientemente del lugar del país donde residan. Todos estos motivos son los que nos han llevado a pedir la devolución de este proyecto de ley mediante esta enmienda a la totalidad que recoge las demandas -y usted lo sabe porque las ha oído- de múltiples sectores afectados y que responde a las peticiones de la mayoría de los propios ayuntamientos de este país. Ustedes podrán hoy hacer alarde de su mayoría parlamentaria una vez más y negar la mayor a todas las peticiones de devolución que están siendo presentadas, pero saben -lo saben cada día más- que no cuentan con una mayoría social que les respalde. Si esta ley se aprueba tal como está, será imposible cumplirla, señor Montoro.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De las Heras.

Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, para presentar su enmienda a la totalidad, tiene la palabra el señor Pàramo.

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, hace justamente una semana nos encontrábamos en una situación parecida. El Grupo Parlamentario Popular utilizó de forma contundente su mayoría absoluta para imponer una ley con todo el arco parlamentario en su contra, la Lomce. Algunos de los intervinientes en esa sesión del Pleno se refirieron al caso como insólito y no me extraña, lo veo grave, y lo más grave es que se puede repetir. Señorías, disponer de la mayoría absoluta no legitima para hacer lo que viene en gana. Parafraseando a Unamuno, como también se hizo la semana pasada: Una cosa es vencer y otra convencer. Se puede vencer, pero si no se convence los beneficiarios de la victoria no deberían sentirse satisfechos porque reflexionando deberían entender que alguna cosa se ha hecho mal.

Viendo las propuestas y tramitaciones de una ley y otra, me vienen a la memoria los Gobiernos tardofranquistas, los llamados tecnócratas, y si bien en aquellos tiempos el calificativo era sinónimo de fin de ciclo, de avance o de apertura, hoy, en democracia, el significado toma un signo contrario: nos parece que volvemos al ordeno y mando y constato que las leyes se hacen desde los despachos y los tecnócratas se vuelven a equivocar. Se equivocan porque sus criterios se forman barajando datos erróneos, se sacan de manuales sin autor o de artículos firmados con mucha frivolidad, demasiada, sobrados de falacias y con fines perversos para la convivencia democrática.

Dejemos la Lomce y quedémonos en el proyecto que nos viene de aquel anteproyecto, la famosa Arsal, tan traído y llevado, el de las mil versiones. Lo que no gustaba a nadie se ha convertido en un proyecto de ley y ha conseguido concertar una única unanimidad, ni sirve para racionalizar ni mucho menos para dar sostenibilidad a la Administración local. Ataca y modifica a peor precisamente la Administración que, entre todas, es la más próxima al ciudadano. Señorías, esta afirmación que acabo de hacer, quizá demasiado usada y poco comprendida, se demuestra cada cuatro años. El proceso electoral de las municipales es el más concurrido de todas y el que genera más debate ciudadano, no en los medios sino entre los ciudadanos de a pie. Conviene recordar y/o hacer notar que el mal viene de lejos. Coincidiendo con el inicio de la presente legislatura y la nueva singladura del Gobierno actual, se disparó una campaña feroz para desprestigiar a los ayuntamientos, los Gobiernos locales, presentando a toda la Administración local como ejemplo de perversión del actual sistema democrático. Pues no, resulta que de entre los más


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de 60.000 ediles electos de los más de 8.000 ayuntamientos, que se renuevan puntualmente cada cuatro años, los corruptos -que los hay- no llegan ni al 1%; no más que en cualquier otro colectivo ciudadano o profesional. A estos casos concretos se les debe aplicar todo el rigor de la ley, pero al resto, miles y miles de hombres y mujeres, nuestro reconocimiento y nuestro homenaje. Desde esta tribuna pido que se haga pedagogía sobre la bondad y el espíritu de entrega de las miles de mujeres y hombres que, voluntariamente, además de la presión que reciben por asumir como propios los mil y un problemas de sus conciudadanos, han debido soportar la más infame de las campañas en su contra. Para probar hasta qué punto los ciudadanos hacen suyo su ayuntamiento, señorías, señor ministro, les pido que se sitúen en cualquier pueblo o ciudad de toda la geografía hispánica y pregunten el nombre de su alcalde y, a continuación, compárenlo con el grado de conocimiento del diputado que lo representa en este Parlamento, en esta Cámara. Ustedes verán la diferencia.

No se puede hacer una ley de tanta trascendencia como la que estamos tratando, sin la concurrencia efectiva de la experiencia de electos y profesionales, cuerpos nacionales incluidos, del mundo local. La ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local debería haberse hecho con la concurrencia efectiva, no el diálogo sordo, de las diferentes asociaciones o federaciones municipalistas: la estatal, Federación Española de Municipios y Provincias, y las territoriales en Cataluña, l'Associació Catalana de Municipis y la Federació de Municipis de Catalunya, para recoger la expresión de voluntades ajustadas a la realidad, sin apriorismos ni ideologías recentralizadoras. Debo hacer notar igualmente que la ley, por su trascendencia, ha inquietado en gran manera al entramado asociativo local, sobre todo al mundo difícil, pero necesario y eficaz por humano, de las asociaciones y ONG que ofrecen su voluntariado a través de la asistencia social.

Señor ministro, señorías, este proyecto de ley no sirve ni se puede aplicar; ni sirve para racionalizar ni tampoco garantiza la sostenibilidad de la Administración local. ¿Saben quién lo va a pagar? Los ciudadanos; y de entre éstos, lógicamente, las clases más desfavorecidas, porque con la educación y la asistencia social pregunto, ¿a dónde nos llevan? ¿Lo saben los técnicos redactores? Los diputados y diputadas con experiencia municipal -somos bastantes- sabemos que no vamos a ninguna parte y que, en todo caso, vamos a peor; peores servicios y más caros. He repasado todas las enmiendas presentadas a la totalidad y, señor ministro, como decía, no debería sentirse usted muy satisfecho. Usted ha concitado tanta unanimidad en contra que no debería sentirse satisfecho. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.

Por favor, ruego silencio para que se pueda oír al señor diputado.

Continúe.

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Señor ministro, yo de usted pediría responsabilidades y previamente haría lo que a nuestra edad -usted y yo- nos enseñaron en la escuela y en la Iglesia; haría examen de conciencia preguntándome: ¿En qué nos equivocamos? De entrada, la equivocación consiste en ir contra algo tan básico por democrático como es el principio de autonomía local. Va contra el espíritu de una Constitución que lo asienta y va contra la Carta Europea de la Autonomía Local que el Reino de España firmó con la sana intención de beber de las fuentes de la racionalidad y la sostenibilidad, del municipalismo más avanzado en lo social y lo económico. Tampoco en esto ustedes quieren ser europeos.

Igualmente, la propuesta de ley atenta contra las competencias autonómicas. Este proyecto de ley es la muestra, señorías, de hasta qué punto las propuestas legislativas del Grupo Popular son capaces de ignorar una Constitución que continuamente están invocando. Hay que señalar que la referencia a la habilitación competencial del Estado se debe poner en relación con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya ha establecido de forma reiterada que Constitución y estatutos forman el bloque de constitucionalidad, de manera que uno de los límites del Estado para dictar normas básicas se encuentra en el respeto a las normas autonómicas; faltar a esta norma tiene unos calificativos claros: deslealtad y prepotencia. Señorías, podemos entender que este proyecto de ley no sirve para España, pero estamos seguros de que no sirve para Cataluña, ni sirve ni respeta la voluntad de autogobierno de Cataluña en materia local. La totalidad del proyecto tiene carácter básico y no contempla excepciones para la posición singular del régimen institucional de Cataluña. De acuerdo con aquello que prevé el artículo 5 del Estatut de Autonomia de Catalunya, ni siquiera contiene la previsión de que las disposiciones de la norma se tendrán que aplicar con pleno respeto a las competencias exclusivas que establece el mismo Estatut de Autonomia de Catalunya. Me refiero a ese estatut al que en su momento un futuro presidente del Gobierno prometió aceptar tal como surgiera del Parlament de Catalunya y que otro futuro presidente del Gobierno,


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después de que fuera aprobado por el Parlament de Catalunya, por estas Cortes Generales, ratificado por el Rey y refrendado por el pueblo de Cataluña, lo lanzó a manos del Tribunal Constitucional que, cumpliendo los designios de un viejo, muy viejo prócer de esta Cámara, sometió a un duro cepillado.

Finalmente, señorías, volvamos al principio. Señor ministro, este proyecto ni mejora la financiación local ni consigue la racionalización ni la sostenibilidad de las finanzas locales. Racionalizar bajo el principio de una competencia una Administración tendría un sentido, pero previo diálogo y estudio en profundidad del calado político de todas y cada una de las competencias, sin generalizaciones fáciles, sino con atención a las particularidades diversas. Es cierto que tenemos una Administración local que debe mejorar en su grado de eficacia y eficiencia, nadie lo duda, pero la solución de los males económicos del Estado no pasa por cambiar de arriba abajo la Administración local, sino por la revisión a conciencia y sin límites de la Administración General del Estado y de todo su entramado administrativo: miles de organismos más o menos autónomos, auténticos pozos sin fondo, como vemos en cada una de las sesiones de la Comisión del Tribunal de Cuentas. La Administración local acumula un déficit ínfimo, usted, señor ministro, lo ha reconocido: en 2012, el 0,2 % del producto interno bruto, menos que el previsto inicial, mientras que el de la Administración General del Estado es veinte veces mayor, representaba el 3,83 % del PIB, más de lo previsto inicialmente. La deuda del conjunto de las administraciones locales a finales del primer trimestre del año en curso 2013 estaba por debajo de la de la Administración General del Estado en una proporción de 220 %. ¿Dónde está el problema, en la Administración local o en la central? Y si del conjunto de la Administración local sacamos unos pocos pero significativos ayuntamientos -ya se han referido aquí-, quede claro, los números variarían de forma escandalosa en contra de los principios que demuestran que han inspirado o iluminado a los redactores del proyecto de ley.

Señorías, toda la Administración pública se ha quedado obsoleta y precisa mejorar, y si nos referimos a la Administración local, lo que conviene es una ley que vea el municipalismo y los mecanismos que la sociedad civil generan en positivo, sin temor ni apriorismos, capaz de dar a ese escalón de la Administración pública todas sus posibilidades en favor de quienes debemos servir: nuestros ciudadanos. Los ciudadanos quieren cercanía y participación, mientras que este proyecto de ley pretende alejar precisamente la gestión municipal de los ciudadanos para pasar a depender de la frialdad de unos indeterminados hombres de negro. Lamentamos que el presente proyecto de ley vaya en la dirección contraria, camino de empeorar los servicios y de empeorar la calidad democrática de las instituciones, y todo con un coste económico más alto.

Este proyecto de ley no es de bases de régimen local, ya que abandona a los ayuntamientos y a los municipios a su suerte. Principalmente es un proyecto de ley de reafirmación provincial en su peor sentido centralizador. Para quienes somos municipalistas convencidos es una traición a los municipios; para quienes somos convencidos catalanistas es una nueva traición a Cataluña; para quienes somos entusiastas defensores de la eficacia y del valor del dinero público este proyecto de ley es una cortina de humo y un engaño. Pues bien, demostrado que la ley ni sirve para racionalizar ni para hacer sostenible la Administración pública, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió presenta una enmienda a la totalidad solicitando al Gobierno que la replantee con el ruego de que tenga la valentía de asumir el diálogo y el pacto como bandera. Negociar, señor ministro; agradecemos su ofrecimiento, pero advertimos: una cosa es oír, otra entender y otra atender. Podemos hablar cuando haga falta y esperamos se demuestre la voluntad de entender y atender.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pàramo.

Para presentar la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Zarrías.

El señor ZARRÍAS ARÉVALO: En primer lugar, me van a permitir que salude afectuosamente a los alcaldes y a las alcaldesas que desde hace varias horas nos acompañan en este Congreso de los Diputados, a los representantes de Parlamentos autonómicos, de Gobiernos autonómicos y también, por supuesto, a aquellos representantes de entidades sociales que representan a los ciudadanos que reciben los servicios públicos locales. (Aplausos). Por cierto, esperamos que el Grupo Popular acepte las peticiones de comparecencias de estas entidades que hemos solicitado, porque estoy seguro de que contaremos con una valiosa opinión dada la experiencia que representan.

El Grupo Socialista, señorías, se ve obligado a presentar una enmienda a la totalidad de este proyecto de ley que reforma la Administración local de nuestro país. También creemos que una ley de estas características, que nada más y nada menos compromete la organización territorial del Estado y su


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funcionamiento, merece la pena ser tratada en el lugar de máxima representación de la Cámara, esto es, en el Pleno, y no en la Comisión, por mucha capacidad legislativa que esta tenga otorgada. Hemos solicitado y votaremos posteriormente que sea el Pleno el que decida finalmente sobre esta reforma. Como digo, mi grupo presenta una enmienda a la totalidad, porque los socialistas queremos una reforma que permita resolver los problemas de los ayuntamientos, algo que evidentemente este texto no hace. Ustedes han renunciado a solucionar los problemas que vienen arrastrando las entidades locales en cuanto a competencias o en cuanto a financiación y han optado por generarles no solo muchos problemas a los ayuntamientos y entidades locales menores, sino lo que es peor y en el peor momento, han generado un problema a millones de ciudadanos que cada día se dirigen a sus alcaldes y concejales demandando soluciones. Los socialistas decimos sí a una reforma local que modernice y actualice el mundo local; los socialistas decimos no a esta reforma. En sus palabras, señor Montoro: no apostamos por esta reforma.

Entendemos que esta reforma es un ataque demoledor y destructor de la institución local, una institución que en nuestro país nos viene acompañando desde tiempos inmemoriales como estructura territorial y también política destinada al bienestar ciudadano y a la satisfacción de las necesidades. Simplemente nos parece una chapuza fruto de los prejuicios y de imposiciones foráneas. Señor Montoro, han perdido una oportunidad histórica para detectar problemas, deficiencias y buscar entre todos soluciones. Acabamos de comprobar aquí -lo vimos, además, el domingo en una asamblea de dos mil alcaldes- que a casi nadie le gusta este texto. Le piden que rectifique y también le piden que rectifique desde esa mayoría silenciosa de la que ustedes hablan y que componen una buena parte de los alcaldes del Partido Popular. Pregúnteles a los alcaldes gallegos de la Fegamp, pregúntele usted al consejero portavoz de Presidencia del Gobierno del PP de Castilla y León, que acaba de decir que luchará hasta el último minuto para que no se produzca un atropello brutal a las comunidades autónomas. (Aplausos). Este proyecto ha recibido críticas brutales desde todos los ámbitos: académicos, institucionales, sociales, todos los sindicatos de la Función pública, todos y cada uno, por no hablar del demoledor informe del Consejo de Estado. Ante la prisa de Bruselas, han optado por la solución más tramposa, han metido en un cajón el coste estándar y han puesto sobre la mesa el coste efectivo. ¿Qué significa? Simplemente que han dado un capotazo a los elementos conflictivos, que dejan un montón de aspectos sin regular y han generado problemas mucho mayores de los que pretendían o intentaban solucionar. En estas modificaciones aún quedan elementos de inconstitucionalidad en los que, no le quepa la menor duda, basaremos nuestro recurso.

Señorías, esos objetivos que planteaban no existen, ni clarifican competencias ni evitan duplicidades y, por supuesto, para nada simplifican la estructura administrativa. Creo que ha dicho que hablaremos de la financiación dentro de un año. Nos parece bien, llegaremos al momento y así lo haremos. Lo que sí consiguen es el cuarto objetivo: abrir de par en par las puertas de la gestión de los servicios públicos locales al sector privado, objetivo que ya tenían en el primer borrador y que siguen manteniendo en el último. En primer lugar, en materia de clarificación competencial la aportación me va a permitir que le diga que es cero, no modifican para nada los artículos que hablan de competencias, eliminan el artículo 28 y, con ese mantra del gurú de turno de: una Administración, una competencia, intentan confundirnos. Suena bien, pero en un Estado compuesto como el nuestro, tan descentralizado como el nuestro y cuando estamos en la multigobernanza, eso es como saben una simple quimera. Al contrario, generalizan y dan carta de naturaleza a la posibilidad de la delegación de competencias de las comunidades autónomas en los municipios. Van a dibujar ustedes un mapa local que va a variar en función de la comunidad autónoma. ¿Y con qué criterios? Conociéndoles, nos tememos lo peor; en función del color político o de las simpatías del Gobierno regional de turno. (Aplausos.-Rumores).

Racionalización de la estructura administrativa. Empezaron cargándose 3.000 ayuntamientos, no sé cuántas mancomunidades, y ahora lo que tenemos sobre la mesa son municipios vacíos que en la práctica no tendrán casi nada que ofrecer a sus vecinos. Echan por tierra y condenan a la desaparición a las entidades locales menores. Quiero hacer aquí un llamamiento de apoyo a esas 3.700 entidades locales, que son en muchos casos las administraciones a las que acuden decenas de miles de ciudadanos que no tienen otro lugar donde ir. (Aplausos). Asimismo, se abandona la arbitrariedad del coste estándar, que debería fijar el coste ideal de prestación de un servicio, y añaden el coste efectivo. Esto huele, señor ministro, a una cortina de humo para tapar la tropelía que significaba el coste estándar que era, a todas luces, una torpeza política, un error económico y una barbaridad de carácter jurídico. Un establecimiento del coste estándar -ahora coste efectivo- que simple y llanamente trata de despojar de competencias los servicios fundamentales básicos, que no voy a reflejar aquí, a siete mil y pico ayuntamientos de


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nuestro país, aquellos que tienen menos de 20.000 habitantes. ¿Para qué? ¿Para gestionar directamente una diputación que no es una entidad prestadora de servicios? No, para prestarlos indirectamente a través de la privatización y, por lo tanto -y miro a mi compañera doña Magdalena Valerio-, poner en marcha la operación Guadalajara, un buen paquete rentable, que pagarán los ciudadanos, que será menos eficiente y menos eficaz. (Aplausos).

Habla de coordinar, y hablaremos de esto. Esta regulación yuxtapone, a la antigua, sobre los ayuntamientos a la provincia en la prestación de determinados servicios mínimos y al mismo tiempo los suplanta. Es decir, que no se sabe si los asiste o los suplanta. En pocas palabras, señoría, un lío. Pero si estamos hablando de racionalización, nos encontramos con cinco elementos y con cinco niveles. Como decía la vicepresidenta, vamos a racionalizar la organización del Estado, vamos a acabar con mil organismos. Lo único que ha caído ha sido la yeguada militar, donde me imagino que el coronel seguirá cobrando y los caballos seguirán comiendo. (Risas).

En resumen, señorías, ustedes quieren imponer un modelo de financiación, un modelo local sin ningún apoyo social y sin ningún apoyo político, desapoderando a los ayuntamientos de las competencias que venían prestando para su privatización a través del paso intermedio por las diputaciones provinciales. ¿Quiénes serán los grandes perdedores? Evidentemente, los vecinos, y sobre todo los vecinos, señor Montoro, de un país de pequeños municipios. El mundo rural es el gran perjudicado de este proyecto de ley que usted nos presenta. Acabarán con buena parte de la cohesión social y de la cohesión territorial. Están ustedes condenando esta cohesión social y en especial, repito, a esos miles y miles de municipios que tienen menos de 20.000 habitantes. Porque todo esto lo hacen, ya lo saben ustedes, porque hay que ahorrar 8.000 millones de euros. Señor ministro, señor mentira, perdón, señor Montoro, eso es mentira. (Risas y aplausos.-Rumores). Lo que realmente supondrá será un desmantelamiento de los servicios públicos y un nuevo recorte al Estado del bienestar. ¿Qué hay hoy en peligro? Escuelas infantiles, becas comedor, actividades extraescolares, centros de día, pisos tutelados, comedores sociales, apoyo a mujeres maltratadas. Por cierto, esta ley es de nuevo una ley contra la mujer y, fundamentalmente, la mujer rural. (Aplausos). Como usted sabrá, porque son datos de su ministerio, un tercio de los 15.232 millones de euros que se destinaron el año pasado a fines sociales fue gestionado por los ayuntamientos. ¿Cree usted que las comunidades autónomas podrán afrontar el gasto de esos aproximadamente 4.000 millones de euros y cumplir con el objetivo de déficit? Pregúntele a la consejera de Castilla y León, que le responderá mejor que yo. ¿Ese es el ahorro al que usted se refiere? Es simplemente el ahorro del cierre de servicios, no de su reorganización. En definitiva, ustedes van a liquidar servicios vitales que reciben millones de personas, y lo hacen en el peor momento, en plena crisis económica. ¡Ah!, que ahora el mantra es que estamos iniciando la recuperación. Ojalá, señor Montoro, sea verdad. Consecuencia directa de este desmantelamiento será una vuelta de tuerca más a los trabajadores públicos. Según sus datos de los dos últimos años, hay 375.000 puestos de trabajo menos en la Función pública. Esta ley es otra vuelta de tuerca, en este caso a los empleados más ligados al campo de lo social, a los que quiero hacer un reconocimiento públicamente aquí, a esos trabajadores del campo social que, a costa de mucho, prestan un servicio fundamental a decenas y decenas de miles de españoles en los recónditos lugares de nuestro país. (Aplausos).

Hablando también de cercanías, señorías, quiero decirles que la democracia local sufrirá un duro revés con esta ley. Va a dejar usted a un número muy importante de alcaldes y concejales de este país como meras comparsas y prácticamente sin ninguna capacidad de decisión. Eso sí, presidir las fiestas el día del patrón es lo que les va a quedar, porque difícilmente van a poder llevar a cabo otras cosas. Ahora me dirá el portavoz del Grupo Popular y el ministro de todo, señor Montoro, que no, que no nos hemos leído la ley, que no tenemos ni idea, pero ya estamos acostumbrados a la teoría Rajoy: todo es falso, menos algunas cosas. Aquí están las cosas que sí son verdad, lo que acabo de decirle. Porque el señor Rajoy también dijo que nunca metería la tijera, bajo ningún concepto metería la tijera a la educación, a la sanidad ni a las pensiones y, visto lo visto, qué les voy a contar.

Por lo tanto, ¿por qué hacen esto? ¿A qué viene esta tropelía? ¿Había que meter en cintura a los ayuntamientos? ¿Eran derrochadores? ¿Los alcaldes y los concejales gastaban una barbaridad? El objetivo es que no cobren el 80% de los concejales. A día de hoy no cobra el 85% de los concejales, que son un batallón de voluntarios al servicio de sus pueblos. (Aplausos). Eran, señorías -y voy terminando-, los culpables de la crisis. Y ahora resulta, por boca del ministro de Hacienda -que evidentemente tendrá más datos que el portavoz que habla en nombre del Partido Socialista Obrero Español-, que los ayuntamientos no eran los culpables de la crisis; que no, que los 8.116 ayuntamientos no eran culpables;


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que al revés, que han hecho sus deberes como nadie, que en ese billón y pico de deuda pública al que parece ser que llegaremos dentro de un par de años, los ayuntamientos representan 35.000 millones. El porcentaje es mínimo. Están en equilibrio presupuestario. Han cerrado este año, según sus palabras -que comparto-, con superávit. ¿Para qué todo este lío? ¿Qué pretenden conseguir? Simple y llanamente lo que pretenden conseguir es desmantelar buena parte de lo que hoy por hoy hacen los ayuntamientos.

Señor Montoro, está usted con el señor Gallardón, que bien sabe de deuda municipal (Risas y aplausos), que es si no me equivoco, señor ministro, el notario mayor del reino. Bien, usted lo que pretende es ser el alcalde mayor del reino, quiere convertirse en el alcalde de los alcaldes. Sabemos que usted sabe más que nadie, que nunca se equivoca, pero apelo a esa superioridad para pedirle algo: retire el proyecto; un proyecto inconstitucional, tremendamente torpe y en muchos casos inaplicable. No se puede hacer algo contra todos, merece la pena dar un paso atrás, empezar de nuevo. En ese camino de nuevo, no les quepa la menor duda que nos encontrarán, contarán con la colaboración del Partido Socialista Obrero Español.

Termino. No sé si pasará usted, señor Montoro, a la historia; por ganar un Goya seguro que no. Pero sí le aseguro que si esta ley se aprueba lo hará por haber sido el ministro que destruyó el mundo local y con él buena parte de la cohesión social y territorial que entre todos hemos construido en nuestro país. No tenga nadie, de los aquí presentes y de los de fuera de esta Cámara, ninguna duda de que en cuanto tengamos la posibilidad de hacerlo, derogaremos esta ley. Y ya hago un llamamiento al resto de grupos para que entre todos hagamos una ley que permita que los ayuntamientos sigan siendo lo que son: entidades fundamentales en la estructura política y territorial de nuestro país. Después de la lectura de este proyecto de ley algunos les acusan, a usted y a su Gobierno, de desconocer profundamente la realidad municipal de nuestro país. Ojalá solamente fuera ignorancia. La realidad es que visto lo que están ustedes haciendo en España en materia educativa, en materia de prestaciones sociales, en materia de pensiones, en materia sanitaria, esta ley no es algo que aparece de repente, esta ley es un paso más, consciente y deliberado, del desmantelamiento del Estado del bienestar que tanto ha costado -poco a poco- a generaciones españoles construir. Aquí también, señor Montoro -y concluyo-, nos tendrá enfrente, defendiendo lo contrario desde donde nos han puesto los ciudadanos, en la oposición; afrontando y enfrentándonos a aquello que hoy están haciendo, que es simplemente destruir lo que entre todos hemos construido. Eso demuestra algo que es importante, que no todos somos iguales. Esto de aquí, no es igual a esto de aquí, porque mientras... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar porque se ha pasado el tiempo.

El señor ZARRÍAS ARÉVALO: No somos iguales porque -repito- mientras aquí unos destruyen, aquí otros construyen.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zarrías.

Habiendo terminado la defensa de las enmiendas a la totalidad, creo que hay una retirada y lo conoce ya la Mesa, pasamos al siguiente turno de fijación de posiciones.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Matarí.

El señor MATARÍ SÁEZ: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, la Administración local, la más cercana a los ciudadanos y que gestiona, casi siempre con un alto nivel de eficacia, servicios imprescindibles para garantizar y mejorar su calidad de vida, tiene un papel esencial en el modelo de organización política que los españoles nos dimos en la Constitución de 1978, modelo que sigue siendo válido para la mayoría de los españoles y también para el Partido Popular.

Es cierto, como han dicho algunos portavoces, que las entidades locales no son ahora mismo el problema del endeudamiento público, pero, señorías, el modelo municipal español no sería sostenible si no hacemos nada. Por muchas críticas que se quieran hacer -la mayoría infundadas, como demostraré-, esta es una reforma para clarificar competencias para que cada Administración haga lo que tiene que hacer y que lo haga con la financiación garantizada; una reforma para asegurar los servicios públicos a los ciudadanos, vivan donde vivan; una reforma para que la Administración local sea más eficiente y sea


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más transparente. Señor presidente, ningún Gobierno como este, y por supuesto ningún Gobierno socialista, se ha ocupado tanto de solucionar los problemas de las corporaciones locales, como ha puesto bien de manifiesto el ministro en su intervención. (Aplausos).

Han hablado algunas de sus señorías de consenso. Esta reforma es fruto de un amplísimo proceso de diálogo, especialmente con la Federación Española de Municipios y Provincias, la asociación que representa al conjunto de las corporaciones locales en España. Y permítanme, señorías, que personalice en su presidente, don Íñigo de la Serna, alcalde de Santander, el agradecimiento por el extraordinario trabajo y su permanente disposición al diálogo. (Aplausos).

Señorías, se ha escuchado a todo el mundo -y el señor Zarrías lo sabe bien-, y a ustedes mientras ustedes han querido, porque queda muy bien hablar hoy aquí de consenso cuando hace seis meses el Partido Socialista y también Izquierda Unida abandonaron el diálogo en el seno de la FEMP y lo hicieron en plena negociación con el Gobierno, cuando conocían que se estaban corrigiendo muchos de los aspectos que ustedes habían propuesto corregir. Lo hicieron por eso, porque se quedaron sin argumentos para seguir oponiéndose tan radicalmente a este proyecto de ley. Solicitaron la convocatoria de un pleno extraordinario de la asamblea de la FEMP pidiendo que desapareciera el coste estándar y que se eliminara la posible intervención de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, para impedir que desaparecieran el 30% de concejales, para que se mantuvieran las mancomunidades, etcétera. Y claro, ustedes tienen un problema porque todo esto no está en el proyecto que hoy debatimos, señorías. Sin embargo, sus posiciones y sus discursos son los mismos, señor Zarrías. A usted le da lo mismo lo que diga el proyecto, no se lo ha leído, utiliza los mismos argumentos. (Rumores). Los mismos argumentos, da igual que sean de diciembre, de febrero o septiembre. (Muestra un documento a la Cámara). Con colorines distintos, pero el mismo texto, señor Zarrías. Como siempre, se han quedado sin argumentos y, como se han quedado sin argumentos, lo que hacen es sencillamente mentir y mentir. (Aplausos).

Llevan un año -y me vuelvo a referir al Partido Socialista y a Izquierda Unida- acusando al Partido Popular de que con esta reforma lo que pretendemos es privatizar los servicios públicos en España. Lo primero que tengo que decirle es que el Partido Popular gobierna en 3.600 ayuntamientos y en muchos de ellos desde hace muchos años y, por tanto, ustedes ya no convencen a nadie. Por cierto, señorías, decía algún portavoz que aquí hay alcaldes del Partido Popular, pero que son más los que no han venido. Por supuesto, pero cada uno tiene la representación que tiene. Aquí estamos la mayoría del Partido Popular y además 3.600 alcaldes, como he dicho, y 26.000 concejales. Por tanto, en nombre del Partido Popular, habla el Partido Popular.

Estaba hablando de que, según algunos de ustedes, con esta ley se van a privatizar servicios públicos. Quiero decirles algo. El máximo representante de su partido, del Partido Socialista, en la Federación Española de Municipios es el alcalde de Vigo, aquí presente -o estaba aquí presente-, el señor Caballero, y el máximo representante de Izquierda Unida en la FEMP es el alcalde de Rivas Vaciamadrid, el señor Masa. Ayuntamiento de Vigo, señorías: 1 de cada 3 euros del presupuesto va a empresas que gestionan servicios de los que ustedes llaman privatizados. (Rumores). Según su lenguaje, están privatizados el abastecimiento de agua, la limpieza, la recogida de basuras, el transporte público y, en servicios sociales, el servicio de teleasistencia, el servicio de ayuda en el hogar, el servicio de intervención familiar, etcétera. Si leo la relación completa de los servicios públicos gestionados por empresas concesionarias, eso que ustedes llaman privatización, que son más de treinta, me quedaría sin tiempo para concluir mi intervención. (Aplausos). Pero esto era Vigo, señorías. Esto era Vigo, pero ahora vamos con Rivas Vaciamadrid, gobernado desde el año 1983 por Izquierda Unida. Utilizando su vocabulario, señora De las Heras, le voy a decir solo algunas de las actividades que están privatizadas: el mantenimiento de equipos de iluminación, el servicio de envío de correos y notificaciones, el servicio de señalización viaria y -mire, qué casualidad- también la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda, y últimamente han hecho un contrato con una empresa privada para el servicio de ayuda a domicilio, 1.400.000 euros por dos años. (Aplausos). Sigan ustedes mintiendo, diciendo que esta reforma es para privatizar servicios públicos, cuando no hay ninguna novedad en las posibles formas de gestión que ya están previstas en la legislación y que se están aplicando por ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, por el Partido Socialista, por Izquierda Unida y por todos los grupos que estamos en esta Cámara.

Efectivamente, señor Zarrías, hay 15 millones de españoles que viven en el medio rural, con los mismos derechos que el resto, señora Díez. A lo largo de los años las diputaciones han permitido cubrir algunas de las carencias que se producen en la prestación de servicios en municipios pequeños y por ello, señora Díez, el planteamiento de la ley es, por supuesto, fortalecer las diputaciones provinciales. Señorías,


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las diputaciones son constitucionales y tienen plena legitimidad, las componen concejales elegidos democráticamente. Hay quienes proponen su desaparición con argumentaciones bastante discutibles y demagógicas, pero hay otros, señor Zarrías, que lo que proponen ahora no lo proponían cuando han estado treinta años gobernándolas. Qué casualidad. (Protestas.-Aplausos). Las diputaciones son necesarias y su eliminación además produciría no pocos problemas organizativos y políticos, que conllevarían su sustitución y en buena parte habría que construir nuevos entes supramunicipales. Además, señorías, otra de sus mentiras es que los municipios de menos de 20.000 habitantes van a quedarse sin competencias porque las van a asumir las diputaciones provinciales. Tampoco es cierto. Según el proyecto, las diputaciones van a coordinar directamente o a través de mancomunidades o consorcios, y siempre de acuerdo con los ayuntamientos, la prestación de algunos servicios básicos obligatorios. Fíjense: limpieza viaria, abastecimiento de agua potable, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías y tratamiento de residuos. Esto, señorías, parece que es un ataque a la autonomía municipal y que con ello se vacía de competencias a los ayuntamientos más pequeños. Señor, Zarrías, ¿me quiere usted explicar cómo se prestan hoy esos servicios en la mayoría de los municipios españoles? Porque actualmente y con el marco jurídico vigente, esta función ya se ejerce por las diputaciones. Le voy a poner solo dos ejemplos, aunque podría ponerle cientos de todas las provincias españolas. Consorcio para el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del Maresme, entidad constituida por la Diputación de Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme y los veintiocho municipios de la comarca del Maresme. El objetivo es la gestión integral de los residuos municipales generados en la comarca. Le pregunto: ¿Estos veintiocho municipios han perdido esta competencia? ¿Es un ataque a su autonomía que los residuos se gestionen por el consorcio? Le pongo otro ejemplo que le va a gustar más, señor Zarrías: Somajasa, Sociedad Mixta del Agua-Jaén, S.A; capital, 60% de la Diputación de Jaén y 40% de una empresa privada, creada para la gestión integral de los servicios públicos de abastecimiento, suministro de agua potable, alcantarillado y depuración. Es una empresa creada por la Diputación de Jaén -creo que gobernada por el Partido Socialista desde hace treinta años, señor Zarrías- y de la que se benefician 34 municipios de la provincia jienense. Me imagino, señor Zarrías, que esto se habrá hecho sin su consentimiento (Risas), porque, según su teoría, a estos municipios se les ha vaciado de competencias. (Aplausos).

Sobre este proyecto se han contado, como estoy diciendo, muchas mentiras. Una de las preferidas por la izquierda es la falacia de que los servicios sociales se van a desmantelar. Argumentos, ninguno; datos, ninguno. Les voy a decir cuáles son los verdaderos riesgos para los servicios sociales. El primero, que vuelvan ustedes a gobernar y que vuelvan a arruinar la economía española; ese es el primero. (Aplausos). El segundo, que las administraciones en las que ustedes gobiernan -por ejemplo, la Junta de Andalucía- sigan asfixiando a los ayuntamientos, a las diputaciones y a las organizaciones que prestan protección social. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.-Protestas.-Aplausos). La Junta de Andalucía adeuda en este momento a los ayuntamientos andaluces 400 millones de euros; solo en ayuda a domicilio, 40 millones de euros. En mi provincia, Almería, al ayuntamiento de la capital, 4 millones y a la diputación provincial, 15 millones por servicios sociales prestados que son competencia de la Junta de Andalucía, con lo que están poniendo en riesgo, señor Zarrías, a 40.000 usuarios y 1.200 empleos. Eso es un riesgo para el empleo, efectivamente. (Aplausos). Con esta ley esto no volverá a pasar. Con esta ley se garantiza la continuidad de la prestación de los servicios sociales que actualmente vienen prestando las entidades locales y que son competencia de las comunidades autónomas, y que suponen para ayuntamientos y diputaciones financiar casi el 80% de las políticas sociales básicas en nuestro país, señorías. (Aplausos). Muchas gracias, Teófilo. (Risas).

Es verdad -lo han dicho algunos de ustedes- que este proyecto no resuelve -definitivamente, añado yo- los problemas de financiación local, cuestión que se abordará y resolverá, junto con la financiación autonómica, en los próximos meses, pero sin duda, señorías, este proyecto sirve para mejorar mucho la financiación de los entes locales -hay que leerse el texto, señor Zarrías- porque la ley suprimirá gran parte de los gastos impropios, entre 8.000 y 15.000 millones; porque se garantiza -y esto es muy importante- la financiación de las competencias delegadas -que la Junta de Andalucía tome nota- y de las atribuidas por leyes sectoriales, porque se incorporan mecanismos para compensar las deudas de otras administraciones, señor Zarrías. Además, señorías, las mejoras de financiación durante estos dos últimos ejercicios van desde un incremento del 20% de las entregas a cuenta, por ejemplo, a los 800 millones que los ayuntamientos van a ver ingresados y satisfechos por deudas de las comunidades autónomas gracias a los planes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (Aplausos).


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Señor presidente, señorías, para terminar quiero referirme muy rápidamente a otras dos cuestiones que también se han planteado: las dudas sobre la constitucionalidad del proyecto y el respeto a las competencias de las comunidades autónomas.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted ya muy poco tiempo. Tiene segundos.

El señor MATARÍ: Voy terminando.

El Estado, señorías, tiene el título para determinar el modelo competencial de municipios y provincias. De acuerdo con la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, corresponde al Estado la competencia para establecer las bases no solo en relación con los aspectos organizativos e institucionales, sino también con respecto a las competencias de los entes locales constitucionalmente necesarios, es decir, municipios, provincias e islas. Y es verdad que el Consejo de Estado cuestionó algunos aspectos y se corrigieron, pero también es verdad que el dictamen del Consejo de Estado vino a confirmar plenamente la constitucionalidad del proyecto y la competencia del Estado para su aprobación. Señorías, en cualquier caso, refiriéndome a los grupos de CiU y PNV, el Grupo Popular y el Gobierno -lo ha dicho el ministro muy claramente- estamos abiertos a seguir estudiando las alternativas que puedan aclarar las dudas que les queden sobre este asunto y el respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Y, por supuesto, agradezco al Grupo Vasco que haya retirado su enmienda a la totalidad.

Señoras y señores diputados, nuestra disposición al diálogo sigue intacta, pero para que sea posible -sobre todo con ustedes, señor Zarrías- alcanzar algún acuerdo tendrán que abandonar la mentira, el discurso demagógico y entrar de verdad...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar ya.

El señor MATARÍ SÁEZ: ... en el contenido real de este proyecto.

Termino, señor presidente, agradeciendo al ministro Montoro y a todo su equipo el ingente trabajo que están desarrollando con este importantísimo proyecto, que da respuesta a muchas de las grandes reivindicaciones históricas del municipalismo español y que se hace pensando en los ciudadanos. Un proyecto que forma parte, señorías, de la reforma integral de las administraciones públicas españolas, una reforma que sin suprimir prestaciones ni servicios conseguirá que las administraciones actúen con nuevas pautas de autoridad y de eficiencia, que eviten duplicidades y que actúen con mayor transparencia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matarí.

En dos minutos procederemos a votar. (El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero, pide la palabra).

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Tomo la palabra para agradecer al Grupo Parlamentario Popular y a su portavoz esta tarde, el señor Matarí, su disponibilidad, la brillantez de su exposición (Rumores.-Aplausos) y la efectividad del planteamiento que supone el respaldo a una política del Gobierno que trata de aportar una reforma estructural e institucional para España.

También quiero agradecer a UPN su apoyo explícito, poner en valor la abstención de Foro y, por supuesto, agradecer al Grupo Parlamentario Vasco, PNV, la retirada de su enmienda a la totalidad, además de insistir, como hacía el señor Matarí, en nuestra más abierta disposición para que podamos entre todos mejorar este proyecto de ley.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.-Rumores.-El señor Zarrías Arévalo pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Zarrías, antes de que me lo diga, le doy la razón porque, en efecto, ha sido muy aludido y citado y se han empleado una serie de argumentos. Estamos en una confrontación y usted también. Si hay algún punto personal o de cualquier otro tipo que usted especialmente quiera precisar, tiene un minuto. (Protestas).

El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Me van a sobrar cinco segundos.


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Ayuntamiento de Vigo. Desde que gobierna don Abel Caballero ese ayuntamiento no ha privatizado ningún servicio. (Aplausos.-Fuertes protestas).

El señor PRESIDENTE ¡Silencio! Tiene la palabra el señor Zarrías y la puede utilizar mientras yo no se la quite. (Rumores).

El señor ZARRÍAS ARÉVALO: En segundo lugar, Andalucía es, junto con Canarias, la única comunidad autónoma de este país que tiene un fondo destinado a los ayuntamientos de forma incondicional. (Fuertes protestas). Por tanto, si alguien ha mentido, señor presidente, no es la persona que está utilizando la palabra, sino algún que otro portavoz.

Muchas gracias. (Aplausos.-Protestas.-El señor Matarí Sáez pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zarrías.

Señor Matarí. (Protestas).

Silencio ahora en esa bancada.

El señor MATARÍ SÁEZ: Gracias, señor presidente.

Si todos los argumentos para contraponer las explicaciones y la demostración de las mentiras que se han utilizado en el debate de hoy ha sido esta referencia al señor Caballero... Además, le digo que es falso porque en el año 2012, 72 millones... (Fuertes protestas).

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Está hablando el señor Matarí.

El señor MATARÍ SÁEZ: El Gobierno del socialista don Abel Caballero ha disparado las retribuciones de las empresas que gestionan servicios municipales. Es un dato del año 2012. Además, en el Ayuntamiento de Vigo la mayoría de los años ha gobernado el Partido Socialista -en alguna ocasión con el BNG- y pocos años ha gobernado el Partido Popular. Por tanto, señor Zarrías, tenía que haberme contestado usted mejor al ejemplo de Jaén, pero a ese parece que no me ha contestado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: El final del debate ha sido un homenaje a don Abel Caballero, que está aquí en la tribuna y a quien saludo con cariño. (Aplausos).

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA DE LA DEMARCACIÓN Y PLANTA JUDICIAL. (Número de expediente 162/000707).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la propuesta de reforma de la demarcación y planta judicial. Se vota en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 133; en contra, 173; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ Y SEÑORA PÉREZ), RELATIVA A LA REFORMA DE LA PLANTA JUDICIAL PARA OFRECER UN ADECUADO SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA. (Número de expediente 162/000647).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señora Pérez), relativa a la reforma de la planta judicial para ofrecer un adecuado servicio a la ciudadanía y facilitar el acceso a la justicia. Se va a votar en sus términos, pero habrá dos votaciones. La primera votación es la de los puntos 1 y 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 133; en contra, 175; abstenciones, 5.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

Punto número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor 38; en contra, 180; abstenciones, 95.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA CARTERA DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS. (Número de expediente 162/000670).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la creación de una cartera de servicios sociosanitarios. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 172; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR QUEVEDO), SOBRE LA CORRECCIÓN DEL INJUSTO SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LA NECESIDAD DE PARTIDAS ESPECÍFICAS EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2014 PARA PALIAR EL GRAVE DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA DRAMÁTICA SITUACIÓN DE PARO QUE VIVE CANARIAS. (Número de expediente 173/000110).

El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, señor Quevedo, sobre la corrección del injusto sistema de financiación autonómica y la necesidad de partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 para paliar el grave deterioro de los servicios públicos y la dramática situación de paro que vive Canarias. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 134; en contra, 179.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 173/000111).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la situación actual en el Sistema Nacional de Salud. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 132; en contra, 174; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE FERROVIARIO Y OPTIMIZAR LA RED FERROVIARIA EXISTENTE TANTO DE ALTA VELOCIDAD, COMO CONVENCIONAL Y DE CERCANÍAS. (Número de expediente 173/000112).


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El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de La Izquierda Plural, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la seguridad en el transporte ferroviario y optimizar la red ferroviaria existente tanto de alta velocidad como convencional y de cercanías. Se vota en sus propios términos pero va a haber dos votaciones. En primer lugar, votamos el punto primero.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 21; en contra, 178; abstenciones, 109.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto segundo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 18; en contra, 273; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY PARA LA GARANTÍA DEL SUMINISTRO E INCREMENTO DE LA COMPETENCIA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS INSULARES Y EXTRAPENINSULARES. (Número de expediente 121/000044).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado. En primer lugar, enmiendas del Senado al proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Se votan en bloque todas las enmiendas del Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 174; en contra, 126; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECEN DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS. (Número de expediente 121/000054).

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. En primer lugar, vamos a votar la enmienda al artículo 1, apartado 2.9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 184; en contra, 102; abstenciones, 27.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 2, apartado 2.2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 191; en contra, 114; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 6, apartado 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 282; en contra, 15; abstenciones, 15.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de las enmiendas del Senado a este proyecto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 174; en contra, 115; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DE CAJAS DE AHORROS Y FUNDACIONES BANCARIAS. (Número de expediente 121/000049).

El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias por los grupos de Unión Progreso y Democracia, La Izquierda Plural y Mixto (señor Larreina, señora Fernández Davila y señora Jordà). Se han emitido 3 votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312, más 3 votos telemáticos, 315; a favor, 25; en contra, 173, más 1 voto telemático, 174; abstenciones, 114, más 2 votos telemáticos, 116.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

- PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD PRIVADA. (Número de expediente 121/000050).

El señor PRESIDENTE: Votación de la enmienda a la totalidad de devolución presentada al proyecto de ley de seguridad privada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Hay 3 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311, más 3 votos telemáticos, 314; a favor, 17; en contra, 196, más 1 voto telemático, 197; abstenciones, 98, más 2 votos telemáticos, 100.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. (Número de expediente 121/000058).

El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de las Administración local por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Enbeita, señora Barkos, señor Baldoví, señora Fernández Davila y señora Jordà, del Grupo de La Izquierda Plural, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, el Grupo Catalán de Convergència i Unió y el Grupo Socialista. Votación conjunta. Hay también 3 votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312, más 3 votos telemáticos, 315; a favor, 134, más 2 votos telemáticos, 136; en contra 177, más 1 voto telemático, 178; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

AVOCACIÓN POR EL PLENO.

El señor PRESIDENTE: Se ha solicitado por varios grupos la avocación por el Pleno del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Hay 3 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312, más 3 votos telemáticos, 315; a favor, 138, más 2 votos telemáticos, 140; en contra, 173, más 1 voto telemático, 174; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Se levanta la sesión.

Eran las diecisiete y treinta y cinco minutos de la tarde.

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