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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 142, de 26/09/2013
cve: DSCD-10-PL-142
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 142
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 133
celebrada el jueves,
26 de septiembre de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proposición de ley para la regulación de la fiesta de los toros como bien de interés cultural. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 70-1, de 28 de mayo de 2012. (Número de expediente 120/000005) ... (Página3)

- Proposición de ley de garantía de la unidad de mercado. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 56-1, de 16 de julio de 2013. (Número de expediente 121/000056) ... (Página21)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página50)

Avocación por el Pleno ... (Página52)


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SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve de la mañana.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página3)

Proposición de ley para la regulación de la fiesta de los toros como bien de interés cultural ... (Página3)

En defensa de las enmiendas a la totalidad y fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Fernández Davila y el señor Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y las señoras Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista, y Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular.

Hace uso de la palabra el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega).

Vuelven a intervenir las señoras Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado ... (Página21)

El señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado) presenta a la Cámara el proyecto de ley.

En defensa de las enmiendas a la totalidad y fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas González-Moro, Fernández Davila y Jordà i Roura, y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista.

Vuelve a hacer uso de la palabra el señor ministro de Economía y Competitividad.

En turno de réplica intervienen los señores Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página50)

Se somete a votación la proposición de ley para la regulación de la fiesta de los toros como bien de interés cultural.


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Sometida a votación la enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se rechaza por 32 votos a favor; 178 en contra más 1 voto telemático, 179; y 105 abstenciones más 2 votos telemáticos, 107.

Sometida a votación la enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (señor Bosch i Pascual), se rechaza por 31 votos a favor; 181 en contra más 1 voto telemático, 182; y 103 abstenciones más 2 votos telemáticos, 105.

Sometida a votación la enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (señor Baldoví Roda), se rechaza por 31 votos a favor; 177 en contra más 1 voto telemático, 178; 105 abstenciones más 2 votos telemáticos, 107.

Sometida a votación la enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 130 votos a favor más 2 votos telemáticos, 132; 180 en contra más 1 voto telemático, 181, y 3 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, se rechaza por 6 votos a favor y 310 en contra más 3 votos telemáticos, 313.

Sometido a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución del proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado, se rechazan por 141 votos a favor más 2 votos telemáticos, 143, y 175 en contra más 1 voto telemático, 176.

Avocación por el Pleno ... (Página52)

Sometida a votación la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista de avocación por el Pleno del proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado, se aprueba por asentimiento.

Se levanta la sesión a la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.

- PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA FIESTA DE LOS TOROS COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL. (Número de expediente 120/000005).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Aunque no es preceptivo porque no se trata de ley orgánica, quiero decirles a sus señorías que la previsión de esta Presidencia es que no se votará antes de las doce. Probablemente va a ser bastante después de las doce, pero en ningún caso antes de esa hora.

En primer lugar, debate de totalidad de la proposición de ley para la regulación de la fiesta de los toros como bien de interés cultural. Por el Grupo Mixto se han presentado enmiendas, aunque intervendrá algún representante que no las han presentado. En primer lugar, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, en estos momentos difíciles, donde mantener la dignidad es cada día más necesario, quiero traer dos ejemplos de dignidad. El primero Carles Mateu, que se arriesga a ir a la prisión por el delito de hablar la lengua que aprendió de sus padres. (Pronuncia palabras en valenciano). El segundo ejemplo nos lo han dado los padres y los profesores de la comunidad educativa de las Illes Balears. (Pronuncia palabras en valenciano.-Aplausos).

Paso ya a la proposición no de ley. Voy a utilizar y voy a leer este humilde folleto que se titula La tauromaquia contada por un toro de lidia, hecho por Cas Internacional, por AVAT y La tortura no es cultura, porque más allá de los argumentos que hoy daremos aquí todos los ponentes explica el sufrimiento de estos animales. Empiezo: las puyas, que son un instrumento cortante y punzante con tres aristas afiladas


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de 2,9 centímetros de largo, 1,9 centímetros de ancho y con 5 centímetros de cuerda encolada van a seccionar y cortar nuestros músculos, tendones, ligamentos, arterias, venas, nervios y estructuras óseas, como las apófisis de vértebras dorsales, costillas y sus cartílagos de prolongación, y en ocasiones las propias escápulas. Podrán profundizar en nuestro cuerpo una media de 17 centímetros y cada puyazo abrirá en nuestro cuerpo siete trayectorias diferentes. Cuando son muy ladeados o caídos penetrarán en nuestra cavidad torácica y nos provocarán neumotórax, y un importante paquete nervioso, el plexo braquial, indispensable para que me mueva con normalidad, va a quedar seriamente dañado. Estos datos han sido obtenidos de cientos de estudios post mortem realizados en toros lidiados y muertos en la plaza. Muchos de nosotros salimos del caballo en el tercio de varas con fracturas y fisuras de cráneo y con serias lesiones oculares. Además de estos importantes daños físicos, las puyas nos van a hacer perder entre un 8 % y un 18 % de nuestro volumen sanguíneo. Veréis la sangre manar a borbotones de nuestras heridas, pero además parte de ella invadirá nuestros tejidos llegando a taponar nuestro canal medular. (Rumores). Os invito, os invito a que, una vez haya pasado por el tercio de varas, intentéis contar las inspiraciones y expiraciones que llevan a cabo mis pulmones; os daréis cuenta de lo complicado que os va a resultar. La lidia acaba de empezar y ya padezco una importante insuficiencia cardiorrespiratoria, mi sangre se empezará a cargar de dióxido de carbono y a mis tejidos les empieza a faltar el oxígeno. Una vez pasado este tercio, el de varas, me clavarán tres pares de banderillas en cuyas puntas van unos arpones de 4 centímetros de largo y 1,6 centímetros de ancho; van a penetrar en las mismas zonas que lesionaron los puyazos, agravando el dolor que estos me produjeron y haciéndome perder más sangre. Para terminar con este calvario, y después de que el torero me agote con sus pases de muleta, llegará el momento de la suerte suprema, la estocada. El matador va a introducir en mi cavidad torácica una espada de 88 centímetros de largo que teóricamente debería seccionar mi vena cava caudal y mi arteria aorta posterior, lo que provocará una gran hemorragia interna que debe llevarme a una muerte rápida. Esto solo ocurre en el 20 % de las ocasiones. En el 80 % de los casos restantes el estoque se puede clavar y cortar mi lóbulo pulmonar derecho, lo que hará que mi sangre pase de los bronquios a la tráquea saliendo por mi boca y mi nariz a borbotones. En otras ocasiones tocará de refilón esta parte de mi pulmón y me tragaré mi propia sangre. Si la estocada es muy trasera, traspasará mi diafragma, paralizará mi nervio frénico, daré unos pasos hacia atrás, tendré hipo y caeré redondo muriendo por asfixia; en este caso la espada podrá haber llegado a pinchar mi hígado.

Por razones de tiempo no puedo terminar con los sufrimientos, pero termino. Hablar de la fiesta en la que el objetivo es el maltrato animal como actividad esencial hoy en día es ofensivo a los principios generales del derecho; invadir competencias autonómicas, como hace el contenido legislativo de la propuesta, implica vulnerar la Constitución y los estatutos de autonomía; afirmar en un texto legal como en la práctica se hace, para buen entendedor, que el Estado estará obligado a subvencionar las entradas a los toros cuando hay madres y padres que no tienen qué poner en el bocadillo a sus hijos, es insultante. Que ustedes quieran ahora que entre todos paguemos con nuestros impuestos las entradas a los toros, en lugar de financiar el Estado de bienestar que tanta falta hace, es a nuestro modo de entender indignante.

Acabo. El debate de hoy no debería ser si se declara o no bien de interés cultural; el debate de hoy debería ser si se ilegaliza o no esta matanza institucionalizada por divertimento de unos pocos, si por fin el Parlamento pone freno a una práctica que ya debería formar parte del pasado de la historia de este país. De ahí nuestra enmienda a la totalidad y el texto alternativo que presentamos, porque confundir el maltrato animal con la cultura a proteger es de extrema gravedad. Hay unas líneas rojas que no se deberían traspasar y la tortura animal es una de ellas. Por eso, Compromís Equo votará hoy de manera inequívoca; nuestro voto será contra la barbarie y la crueldad y a favor de la vida, del progreso y de la humanidad.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Intervendré desde el escaño para expresar la posición favorable del Bloque Nacionalista Galego a las enmiendas de devolución que hoy se están debatiendo. Lo hacemos, señorías, porque en este momento ya existe en el Estado español diferente legislación en defensa de la protección de los animales que se rigen en los principios generales, que además figuran en los convenios internacionales. Estoy pensando en este momento en la Ley de Galicia del año 1993. Señorías, es incomprensible, incomprensible, que en


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el Estado esté prohibido de acuerdo a las directrices europeas matanzas tradicionales como la matanza del cerdo precisamente para evitar el sufrimiento del animal y en cambio nos enfademos por que haya ciudadanos, como en este caso en el día de hoy, que defendamos la eliminación de la fiesta taurina. No voy a explicar más lo que es la salvaje utilización de los toros, no voy a explicar si esto es tortura o no porque lo acaba de hacer muy bien el señor Baldoví; porque es así, porque si alguno de nosotros nos ponemos ante un televisor -ya no digo en una plaza de toros- mirando a estos animales nos daremos cuenta de que lo que acaba de decir el señor Baldoví es completamente cierto. Por lo tanto, señorías, nuestro apoyo total y absoluto a estas enmiendas de devolución y esperemos que independientemente de que esta sea una fiesta ancestral, muy arraigada en la cultura de nuestros pueblos, no deja de ser una barbarie y que como tal sea erradicada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Tiene ahora la palabra el señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Presidente, señorías, antes de nada quiero condenar la censura a la que una vez más se nos sometió ayer al impedirnos que preguntáramos y comparáramos el trato médico que ha recibido el jefe del Estado con el que reciben todos los ciudadanos. No había razón para impedir que formuláramos esa pregunta porque no es más que una pregunta y a este Parlamento se viene a parlamentar. No entendemos que no se pueda preguntar sobre eso. Dicho esto, deseamos al rey de España una rápida recuperación y que recupere la salud lo antes posible para que pueda firmar también lo antes posible el decreto de convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Catalunya.

Volviendo al ruedo, que igual también les interesa el tema. Nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo por varias razones que les intentaré explicar, pero permítanme que les diga ante todo que para nosotros hoy es un día de satisfacción. Es un día de honda satisfacción porque hace dos años y un día que vivimos en un Estado de paz y decencia en lo que respecta a la fiesta de los toros en Catalunya. Hace dos años y un día que se celebró la última corrida en la Monumental de Barcelona. Hace dos años un día que se realizó la última carnicería de animales con sufrimiento, con agonía, con lo que se ha descrito antes y que me ahorraré volvérselo a repetir y a recordar. Dos años y un día no de condena sino de felicidad en ese sentido. Ahora nos encontramos con que, a partir de esta ILP que han aprobado y secundado, señorías del PP, a partir de su transformación en proposición de ley, quieren turbar esa paz, quieren turbar esa decencia y quieren turbar todo lo que se consiguió hace dos años y un día. No lo conseguirán, porque su apoyo a la ILP y después también a la PL para declararlos bien de interés cultural no prosperará, y lo saben; saben que se han metido en un callejón sin salida y que esto no va a prosperar.

Ustedes han pretendido torearse demasiadas cosas. Primero, torearse a los catalanes en su conjunto, que a través de sus representantes en el Parlamento de Catalunya votaron claramente para acabar con la excepción, porque es una excepción, que permite torturar a los toros y no a otros animales. Ustedes quieren torearse a ese Parlamento y a esa gente. También quieren torearse a los que defienden los derechos de los animales, llamémosles animalistas, gente que ahora mismo está protestando por una barbarie, como la del Toro de la Vega, en la que se persigue, se atosiga y se lincha a un animal indefenso, la multitud primero y después gente a caballo con lanzas. Es una cosa propia de la Edad Media, pero claramente impropia del siglo XXI. Ustedes también quieren torearse a esta gente y a estas sensibilidades, aquí y fuera de aquí. También a los contribuyentes, porque díganme ustedes si la fiesta de los toros sobreviviría sin los cuantiosos subsidios que recibe de diversas administraciones que hemos calculado, acorde con otros cálculos, en torno a los 570 millones de euros. Diversas organizaciones del reino de España la subvencionan y sin esa subvención la fiesta no sería posible. También a los contribuyentes europeos. ¿Ya han dicho a los alemanes que están pagando la fiesta de los toros?, ¿ya se lo ha dicho a los holandeses, a los ingleses?, ¿ya les han dicho ustedes, señorías del PP, señorías del Gobierno, señor ministro, que a través de la política agraria común están subvencionando la cría del toro de lidia específicamente en dehesas dedicadas a eso?, ¿ya se lo han dicho? Pues, explíquenselo, porque igual no lo saben y sería interesante que ellos también tomaran una decisión al respecto. Pero, en último lugar, y no el menos importante, ustedes también están toreando a su propia gente, a los mismos promotores de la ILP, a los pro taurinos que, lo saben muy bien, se sienten estafados, porque lo que les prometieron al principio no lo van a poder cumplir.


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Señor Albendea, repita conmigo, repita conmigo: en septiembre volverán los toros a Catalunya. Lo dijo usted. Repítalo ahora en esta sala. Repítalo. Tiene cuatro días para cumplir su promesa: los toros volverán a Catalunya en septiembre. Estamos en septiembre. ¿Volverán? No. Ustedes no cumplirán ni con su propia gente, y eso ya se está convirtiendo en una costumbre. Por tanto, apelaría a sus votantes, a sus seguidores, a sus simpatizantes, y que sepan cómo se las gastan, armando el barullo para después dejarlos en la estacada. Eso también lo hacen. Y vamos a añadir otro toreo: torean a su propia conciencia, porque no me creo que ustedes aprueben el contenido y la práctica de esta fiesta de los toros. No me lo puedo creer. Muchos de ustedes seguro que tienen mascotas, que tienen perros, que tienen gatos, que conocen a gente, familiares y amigos que los tienen. Lo que se hace con un toro en el ruedo, ¿ustedes lo harían con sus mascotas?, ¿meterían ahí a su perro, a su gato, lo atosigarían, lo perseguirían? (La señora Sánchez García: ¡Qué tontería, qué tontería!).

No, no es ninguna tontería, señoría; un poco de respeto también. Son mis convicciones y son muy compartidas y muy amplias. Además, son propias del siglo XXI. (La señora Sánchez García pronuncia palabras que no se perciben). Igual usted no las comparte; igual tendría que viajar a otro siglo para estar más tranquila. Es impropio. Es impropio de este siglo y de esta parte del mundo en donde vivimos. Ustedes no lo harían con su mascota, no la pincharían, no la atosigarían, no la torturarían, no lo matarían ni la atravesarían con un sable causándole un dolor atroz; porque eso es lo que produce. No lo harían. Por tanto, su conciencia aquí también se la están toreando. Me parece a mí, porque no quiero creer que ustedes no tengan la conciencia para darse cuenta de que esto está mal hecho. Por eso, ustedes perderán. Igual darán un paso y otro paso, pero a la larga perderán. Esta batalla es una batalla perdida, porque está mal. Está mal. Lo de los toros está mal. Matar no es cultura. (Pronuncia palabras en catalán, inglés, alemán y chino). ¿Ha quedado claro?, ¿lo han entendido? (Rumores). Vale. Ustedes perderán porque no tienen razón, y lo que hacen en el ruedo y están ustedes promoviendo esta mal hecho. Está mal. No está bien.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, Unión Progreso y Democracia ha presentado una enmienda a la totalidad, porque estamos en desacuerdo con la mayoría de los artículos de la ILP que se presentó aquí en su día. Voy a explicar cuáles son esos artículos con los que no estamos de acuerdo, por qué creemos que no es la figura adecuada y voy a intentar explicar, también, muy brevemente cuál es la figura que nosotros proponemos.

Señorías, principalmente no compartimos que la tauromaquia sea declarada como un bien de interés cultural, ya que esta figura conlleva unas subvenciones con las que ya dijimos en su día que no estamos de acuerdo y nuestro grupo siempre se opondrá frontalmente. Además, no consideramos que sea una tarea del Estado la de velar por la promoción de la fiesta de los toros. Tampoco creemos ni estamos de acuerdo con que deba estar regulado en una ley las materias universitarias para el estudio de la tauromaquia, y no creemos que la asistencia de los menores deba ser especialmente fomentada por el Estado. Al margen de lo anterior -de lo que acabo de decir-, además vemos también de difícil encaje el concepto de bien de interés cultural, BIC, establecido por la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, ya que ella no contempla ni regula expresamente el patrimonio cultural inmaterial. Esto sí que se va acercando un poquito más, el patrimonio inmaterial cultural, a la figura que nosotros creemos bastante más adecuada para defender la tauromaquia. Como establece el artículo 1.2 de la citada ley, integran, abro comillas: el patrimonio histórico español, los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. Pero -éste es uno de nuestros apuntes importantes- siempre que los mismos tengan una representación material concreta. Por lo tanto, según nuestro ordenamiento jurídico, la tauromaquia no puede ser considerada un bien de interés cultural.

Aprovechando, eso sí, la tramitación de esta ILP, el Grupo de Unión Progreso y Democracia considera necesario establecer una regulación a nivel nacional del patrimonio cultural inmaterial de España. Esto es, señorías, la creación de un catálogo que identifique todas aquellas manifestaciones que no puedan incluirse como bien de interés cultural por las razones que ya hemos explicado antes, entre las cuales sí que podría estar incluida la tauromaquia. Este catálogo sería un inventario de los bienes inmateriales españoles. No conllevaría ningún tipo de subvención y, como establece el artículo 47.3 de la Ley de 1985, la Administración será la que adopte las medidas oportunas conducentes al estudio y la documentación


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científicos de estos bienes cuando estén en peligro de desaparecer. Esta figura que nosotros presentamos en nuestra enmienda a la totalidad, este patrimonio cultural inmaterial, además, está más en la línea de lo que han hecho otros países de nuestro entorno. Me estoy refiriendo concretamente, por ejemplo, a cómo se hace en Francia.

Hay que recordar también, y este es otro problema tangencial que creemos que no se termina de solucionar en la ILP y que con esta figura que nosotros proponemos sí que se solucionaría, que el catálogo se hace necesario a nivel nacional, señorías. En la actualidad el Estado no posee herramientas para regular este tipo de manifestaciones, ya que las comunidades autónomas son las únicas que han venido desarrollando una completa normativa que reconoce los bienes censados en sus territorios como: Catálogo de bienes de interés cultural y local de Cantabria, Registro de bienes culturales de interés nacional de Cataluña, Registro de bienes culturales calificados del País Vasco o el Inventario general del patrimonio cultural valenciano. Y todas estas figuras incluyen los más variados aspectos como música, danzas, manifestaciones lingüísticas, gastronómicas y de ocio.

En definitiva, señorías, lo que pide Unión Progreso y Democracia es dotar de un marco legal que permita identificar y definir todos estos elementos a nivel nacional sin que, repito, esto suponga tipo alguno de subvención y, como ya dijimos anteriormente, que sea la propia sociedad la que con su asistencia o no sea la que decida el futuro de la tauromaquia.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.

Por el Grupo de Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.

Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la totalidad a esta iniciativa que podríamos llamar tauroeconómica. Ya en su momento tuvimos el debate de admisión a trámite, ya hemos escuchado a comparecientes, expertos y tenemos más información y todavía nos reafirmamos más en nuestra posición.

Los argumentos para presentar una enmienda a la totalidad pueden ser numerosos y variados, por un lado, porque nos oponemos a un texto legal que pretende incrementar el dinero público destinado a espectáculos donde se maltratan animales y, por otro, porque entendemos que la legislación puede ir más allá en la protección de los animales, de los menores, y acercarnos a Europa en una legislación acorde con la ética del siglo XXI. ¿Por qué nos oponemos? Pues hay más argumentos. En primer lugar, porque es una iniciativa inconsistente desde el punto de vista legal, esto ya lo planteamos en la admisión a trámite; no es necesaria una ley para decir lo que dice pero es que además es incompatible con la legislación vigente. También es inconsistente desde el punto de vista argumental; en la exposición de motivos plantean unos fundamentos completamente subjetivos y diría que también totalitarios. En la exposición de motivos se habla constantemente de que el carácter cultural es indiscutible, de que la identidad colectiva es indudable, que nadie discute su carácter nacional histórico y cultural y que es indudable su trascendencia económica. Ahora, los fundamentos de estos argumentos no los encontramos en toda la exposición de motivos, porque no los hay, porque no los hay; lo único que encontramos es incluso cifras económicas completamente equivocadas y que los propios proponentes han tenido que corregir. Es una iniciativa que plantea sin argumentos de fondo la imposición de una forma de entender la cultura, donde además se atribuye a la tauromaquia tantos atributos a nivel de identidad, de historia y de educación que asusta pensar o les debería asustar pensar que España necesita del maltrato animal para construir una propia identidad. No es precisamente identidad colectiva, es una identidad construida y parcial que lo que hace es precisamente dividir, porque a mí maltratar a un animal lo que hace es alejarme de una sociedad que exalta precisamente eso. Lo que más ha roto a España seguramente es la exaltación de un patriotismo trasnochado basado precisamente en lo más oscuro de nuestra historia, y este es uno de estos casos.

No creo que en este debate debamos hablar de identidades, sino de prioridades, de valores y de principios, eso es lo que debe regir un país democrático y civilizado, y también de libertades y de democracia. Esta iniciativa tiene dos objetivos fundamentales: por un lado, rescatar con todos los medios una actividad que se está hundiendo y que está en clara decadencia y, por otro lado, responder a la decisión de Catalunya de haber elegido democrática y legítimamente que las corridas fueran historia y no fueran ya más presente. Soy catalana, soy de Catalunya, y en ese momento era diputada del Parlament cuando se debatió la ILP de abolición de las corridas de toros. Fue un día emocionante, intenso, nos miraban desde todo el mundo


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y fue un debate con trascendencia internacional por un gran paso que habíamos dado, y el gran paso consistía en que hubiera menos crueldad en este mundo. Esto se ha hecho también en otros países, no solo en Cataluña o no solo en Canarias, pero Cataluña tenía la capacidad de hacerlo en su estatuto. La sociedad impulsó una ILP y una mayoría del Parlamento la aprobó. Fue un proceso impecable, con debate, con expertos y solo por respeto democrático, por respeto a la Constitución y al estatuto, ustedes deberían haber presentado una enmienda a la totalidad, señores del Partido Popular y señores del Partido Socialista; solo por eso ya deberían haber presentado una enmienda a la totalidad. Los que se llenan la boca de legalidad, la pisotean. Eso sí que genera frustración y alejamiento de Cataluña cada vez más de un Estado que no defiende la legalidad básica.

El otro objetivo de esta proposición de ley es rescatar un sector que está en decadencia. Me parece legítimo que algunos lo pretendan, pero parece escandaloso que los grupos de esta Cámara le hagan juego a esto. Ustedes plantean reflotar un sector que se hunde coartando la libertad de los parlamentos autonómicos de decidir sobre sus políticas, recentralizando, pero es que con esta iniciativa legislativa haríamos también el ridículo tal y como se plantea. Presentamos una enmienda a la totalidad porque no compartimos esos argumentos. En primer lugar, ¿qué plantea? Declararlo bien cultural de carácter global y aplicado a todo el territorio. Como les decía, la competencia en materia de declaración de bien de interés cultural, que es la espina dorsal de la iniciativa, no es precisamente del Estado. El Estado solo puede actuar en el caso en que el bien a proteger sea un servicio público, forme parte del patrimonio nacional o se encuentre bajo la amenaza de expoliación, que creo que no es el caso -en decadencia sí, pero no en expoliación-. En segundo lugar, lo que quieren es fomentar y proteger la fiesta de los toros. Eso es lo que persigue esa declaración y, por tanto, de prosperar, todas las administraciones españolas se verían obligadas a inyectar dinero público a los festejos taurinos en detrimento de otras formas de cultura. Dicha actividad recibiría también ayudas para su fomento y protección del llamado 1 % cultural -obligación de destinar precisamente en los contratos de obras públicas una partida a eso-. De hecho, el propio ministro también lo decía. Este es el objetivo de la iniciativa y es indiscutible que este intento de declarar bien de interés cultural a nivel estatal la fiesta de los toros responde precisamente a la grave crisis que sufre el sector. La misma patronal del sector desmiente los números que plantean y afirma que todos los estudios económicos dicen que las explotaciones son deficitarias, tanto los espectáculos como la propia explotación ganadera. Si continúa este sector es porque ya recibe importantes cantidades de dinero público por parte de ayuntamientos, de comunidades autónomas y también del ministerio, en su cría y a través de las aportaciones agrícolas. Y tiene la desfachatez de hablar de sector económico y empleos cuando lo que hace es sobrevivir ya a base de dinero público.

De hecho, esto pone en peligro recursos económicos destinados a la agricultura y a la ganadería, porque están ustedes planteando dar más dinero cuando de lo que está hablando Europa ahora mismo es de prohibir que vayan fondos europeos, por ejemplo de la PAC, precisamente al maltrato animal. Holanda en su Parlamento ya ha pedido que se impida que esos recursos vayan a países donde haya maltrato animal. Lo que estamos haciendo es poner en riesgo recursos para el país. Pero como ustedes no tienen suficiente con lo que ya se destina, quieren más y quieren el compromiso de las administraciones. Sinceramente, creo que es bastante discutible que, mientras la cultura está castigada por el Gobierno con un IVA cultural que está destruyendo realmente el sector cultural y que está destrozando miles de empleos, los recursos se destinen al maltrato animal. ¿Se atreverían a preguntar a la sociedad? Porque las encuestas dicen que solo el 7 % de la población mayor de quince años ha ido alguna vez a los toros, y dicen también las encuestas que el 90 % de la población de este país rechaza que se destine dinero público a los toros, es decir, rechaza la situación actual y ustedes no están presentando una enmienda a la totalidad a dar más dinero público. (Aplausos).

Señores, es el momento de abandonar la barbarie y de no aferrarse imponiendo con los últimos coletazos una tradición bárbara y violenta porque no se sostiene. Y no tienen bastante con querer dar recursos públicos sino que quieren hacer también el ridículo a nivel internacional porque el planteamiento es instar a la declaración de la fiesta de los toros como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la Unesco. Haré alguna reflexión sobre eso. El concepto de patrimonio cultural ha cambiado a lo largo de la historia, en sintonía con los valores sociales y los cambios culturales. Organismos internacionales, principalmente la Unesco, han influido en esa transformación del sentido original de lo considerado como patrimonio cultural, otorgando en la actualidad como principal valor el respecto a la multiculturalidad, el fomento de la cultura de paz y el principio de igualdad de género a los símbolos, monumentos y actos que forman parte de ese patrimonio cultural. Este llamado patrimonio inmaterial es el que conforma la


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humanidad y sus valores, unos valores y sentimientos que emanan del pensamiento, de la ética, de la convivencia entre los pueblos, del respeto hacia otros modos de vida y a su cultura. La humanidad ha cambiado la relación con la naturaleza según los distintos contextos sociohistóricos y hoy la ética ecológica, la sostenibilidad, la conservación, la biodiversidad y el rechazo al maltrato de todos los seres vivos es un hecho cultural que se ha conseguido y se ha ganado por la sociedad a finales del siglo XX, y eso la Unesco lo pone en valor. Precisamente la Unesco dice que el maltrato está muy lejos de los principios que ellos defienden.

Soy ecologista y soy una persona de izquierdas, y rechazo la crueldad y la violencia gratuita, defiendo el respeto a otras personas y por eso defiendo también el respeto a los otros seres vivos del planeta. Plantear esto como patrimonio inmaterial es estar fuera de este tiempo. ¿Identidad, cultura? La tortura de animales en espectáculos no era propia de España, existía en muchos otros países, pero ha surgido la legislación de protección animal y se ha hablado -y es algo que ya está aceptado a nivel internacional- de lo que es el maltrato evitable. No hay en la ciencia nadie que pueda decir que los animales no sufren -en intervenciones anteriores se ha hablado de ello-, los animales sufren y mucho. Eso no es un debate, lo dice la ciencia. También podemos hablar del sufrimiento de un toro, que es un mamífero superior, como lo son los seres humanos, y es un animal manso y herbívoro por naturaleza, sometido a ese espectáculo cruel de la lidia. Esto no tiene discusión, esto es ciencia. Y que la tauromaquia forma parte de nuestra historia es indiscutible. ¿Pero debe formar parte de nuestra cultura, de nuestros hábitos actuales? Eso es lo que debemos desterrar. En el siglo XXI la sensibilidad social, la posición de los hombres en la naturaleza requiere que el maltrato animal no sea aceptable, porque no lo es para las sociedades en el siglo XXI. Fíjense en una sociedad como la del Reino Unido, que también defiende sus tradiciones, se ha prohibido la caza con zorros. O en Italia, donde se tiraban los asnos por los campanarios, como una tradición, como una cultura, también se ha prohibido, porque lo que era aceptable hace unos siglos ha dejado de serlo para la sociedad. ¿Realmente creen que la sociedad acepta esto? No, no lo acepta, y tampoco en Europa, donde el propio Tratado de la Unión Europea establece que los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar animal para los animales como seres sintientes. Y ustedes además no solo se quedan con dar recursos públicos y plantearlo como patrimonio inmaterial, sino que además quieren fomentarlo en la educación, quieren que eduquemos a los niños y las niñas en la cultura del maltrato. ¡Qué sociedad más enferma, que pretende que maltratar, hacer sufrir a un ser vivo entraña valores que deben ser transmitidos! Sinceramente, si un alienígena bajara y viera lo que estamos haciendo creo que se iría corriendo de este planeta. ¿Qué civilización es esa, qué valores debemos transmitir a nuestros niños y niñas?

Debería ser precisamente el momento de cuestionarnos cuándo pretendemos acabar con los toros, cómo podemos defender que la tortura es cultura o que debemos educar en esos valores, porque eso dignificaría nuestra sociedad porque como personas también tenemos el deber de la humanidad y eso requiere respeto a otros seres vivos. ¿Qué significa? Norbert Bilbeny, como filósofo, lo explica. Tenemos tres deberes. En primer lugar, como seres vivos que sentimos y que por tanto somos parientes del resto de seres vivos del planeta; eso requiere empatía y compasión. En segundo lugar, como seres superiores con racionalidad, porque eso significa que debemos decidir por el resto y no abusar de una posición de dominio. Y, en tercer lugar, el espectáculo, porque el toro, el animal es espejo también de lo que hacemos nosotros como personas, y en un espectáculo de tortura nuestra sociedad también está reflejada; por lo tanto, nos reflejamos también como ciudadanos. A las generaciones futuras no quiero transmitirles que es divertido torturar, pinchar y matar animales; quiero que entiendan que vivimos en un planeta que compartimos con otros seres vivos, quiero educarlos con sentimientos, con emociones, con empatía, con compasión. Esto debe formar parte de nuestra sociedad. Además, muchos estudios en criminología alertan de la vinculación entre el maltrato animal y una sociedad más violenta. Por eso, nuestra enmienda a la totalidad plantea un cambio absoluto de paradigma.

¿Qué planteamos? En primer lugar, que las corridas de toros y otros espectáculos donde se produzca maltrato y muerte de un animal no podrán ser considerados en ningún caso como patrimonio cultural español. En segundo lugar, que los poderes públicos bajo ningún concepto podrán destinar dinero público a sostener corridas de toros y otros espectáculos donde se produzca maltrato y muerte. En tercer lugar, también planteamos no emitir corridas de toros y espectáculos con maltrato animal en medios audiovisuales públicos y privados en horario protegido. Y en cuarto lugar, los poderes públicos promoverán a todos los niveles de enseñanza el fomento del respeto a los animales. En ningún caso las corridas de toros como tales podrán formar parte de los contenidos educativos.


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Creemos que es algo de sentido común. Lo que planteamos es respetar las leyes y también tener en cuenta las consecuencias de tomar las decisiones, las consecuencias que tiene perpetrar el maltrato animal. Les pedimos, por favor, que apliquen sentido común y también humanidad porque legislar es también educar. El Parlamento debe rechazar la crueldad gratuita. Hoy, la ética humana del siglo XXI debe prevalecer sobre el empecinamiento de la tradición cruel; solo así avanza una sociedad. Señores, legislen y eduquen y, por favor, entiendan que la belleza y la cultura no es muerte, no es sufrimiento y no es dolor. Seamos hoy un poco más éticos, más dignos como personas y no perpetremos la crueldad y el maltrato animal.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, esta proposición de ley nace con la clara voluntad de imponer los toros en todo el territorio estatal, ignorando el marco competencial del que nos hemos dotado y dirigiendo una clara ofensiva a la ley aprobada en el Parlament de Catalunya el 28 de julio de 2010. Se ensalza así un espectáculo controvertido y se eleva a la categoría de bien de interés cultural. Creemos que sería una verdadera torpeza atropellar la realidad de la distribución de competencias entre las comunidades autónomas y el Estado con motivo de una cuestión discutida y discutible, como son las corridas de toros. El Estado no tiene competencias para abordar una regulación integral de los toros y tampoco para declararlos como bien de interés cultural. Por lo tanto, si actuáramos con pleno rigor y respeto a la distribución competencial y no movidos por motivaciones de otra índole, y me dirijo en concreto al Grupo Popular, esta iniciativa no tendría que haber llegado al trámite parlamentario en el que nos encontramos, por cuanto se tendría que haber rechazado de plano en el debate de su toma en consideración. Ahora bien, está claro que lo que ha movido a algunos no es su compromiso con la legalidad ni con el mapa competencial, sino la clara voluntad de imponer un único modelo, el mismo modelo para todos. Se trata de alentar esa estrategia transversal de uniformización y recentralización, y ello se ha hecho con el beneplácito del Gobierno, evidentemente, arrollando así la pluralidad cultural del Estado que, como es lógico, refleja distintas sensibilidades en torno a esta materia, y en el caso de Cataluña nos hemos expresado en un sentido absolutamente contrario a lo que representa esta iniciativa. En definitiva, señorías, se trata de una proposición que nace de la explícita intención de contrariar una decisión avalada por el Parlamento de Cataluña, y así de hecho lo han reconocido los propios impulsores de la iniciativa legislativa popular, que además ha contado, como decíamos, con la total y absoluta complicidad del grupo mayoritario de esta Cámara, que se ha implicado activamente en todo el proceso de gestación de la iniciativa legislativa popular.

Por otro lado, si pasamos a analizar la legislación, veremos lo siguiente. En primer lugar, la Constitución española, como no puede ser de otra manera, no menciona para nada a los toros ni al mundo de los toros. De hecho, para nosotros sería sorprendente lo contrario. Pero además el constituyente ni siquiera pensó en una regulación uniforme sobre la existencia y desarrollo de las corridas de toros en el territorio español, con lo cual se han dictado por esa razón distintos reglamentos autonómicos que disciplinan de forma dispar el espectáculo taurino, e incluso algunas comunidades, como bien saben, como es el caso de Cataluña, ya hemos dicho que han aprobado sus propias leyes prohibiendo las corridas de toros. Es más, podemos afirmar con toda claridad que la práctica totalidad de las competencias con el mundo del toro corresponden con carácter exclusivo a las comunidades autónomas. Por tanto, ningún espacio le queda ya a la legislación estatal. El Gobierno no tiene las competencias que pretende atribuirle la presente proposición de ley. Ni la Constitución española ni la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, pueden amparar la atribución competencial que realiza esta iniciativa legislativa al Gobierno.

Se alega como fundamento, de forma insistente y reiterada -así se ha hecho en las distintas comparecencias que hemos tenido recientemente en la Comisión de Cultura-, el artículo 149.2 de la Constitución española, pero debemos recordar que ese precepto no puede significar ni significa en ningún caso un cajón de sastre para vaciar de total contenido las competencias exclusivas en materia de cultura que han asumido las comunidades autónomas. Es precisamente en ese sentido como se ha pronunciado reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Podemos mencionar la sentencia 49/1984, de 5 de abril, la reciente sentencia de 7 de mayo de 2012 o la sentencia 31/2010, de 30 de junio. No estamos, por ello, ante una competencia del Estado por mandato de la Constitución. En cambio, lo que se pretende con


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esta proposición es vaciar de contenido las competencias que en materia de cultura han asumido las comunidades autónomas.

El artículo 149.2 de la Constitución contiene una competencia genérica, tendente a la defensa complementaria de unos intereses culturales, pero ello sin afectar negativamente a las competencias autonómicas, y en este sentido precisamente lo ha interpretado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ese precepto constitucional tampoco puede ser alegado genéricamente para forzar e imponer la unidad y uniformidad cultural en todo el territorio español de forma que la normativa autonómica en materia de cultura se subordine a las decisiones culturales del Estado. La concurrencia competencial en materia de cultura, propia por cierto de Estados descentralizados, pretende evitar la imposición de un modelo cultural único y uniforme. Así, la propia Constitución española, como bien saben, habla en el preámbulo de las culturas y las tradiciones de los pueblos de España, por lo que adopta una concepción pluralista del hecho cultural y de las tradiciones. Por tanto, el Estado, que en Cataluña, insistimos, no tiene competencias en materia de espectáculos públicos, no puede alegar de forma genérica el artículo 149.2 de la Constitución para regular o prohibir un espectáculo, ni siquiera en el caso de que se entienda que tiene carácter cultural.

Por otro lado, más allá del difícil y artificioso encaje de esta propuesta en el marco de la Constitución, la pretendida declaración de las corridas de toros como bien de interés cultural tampoco puede subsumirse en ninguno de los supuestos concretos que recoge el apartado b) del artículo 9.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español. El Estado tampoco tiene aquí competencias para realizar la declaración de bien de interés cultural por cuanto solo puede efectuar esa declaración en determinados supuestos que expresamente prevé la ley que, como bien saben, son únicamente tres: en primer lugar, cuando se trate de la defensa del patrimonio ante la exportación ilícita y la expoliación; en segundo lugar, cuando se trate de bienes integrantes del patrimonio histórico español adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado, o bien cuando se trate de bienes que formen parte del Patrimonio Nacional. Está claro que en el caso de los toros tampoco concurre ninguno de estos tres supuestos. Además, a lo largo de las distintas comparecencias que hemos visto en la Comisión de Cultura tampoco ninguno de los comparecientes pudo fundamentar la existencia de alguna de estas causas que justificarían que el Estado interviniera para efectuar tal declaración, y muy especialmente el supuesto de expoliación. Ningún compareciente justificó que estuviéramos ante un caso de expoliación en el mundo del toro. Y lo más importante, el texto de la propia proposición de ley ni siquiera lo menciona en ningún momento, sino todo lo contrario. La exposición de motivos de la iniciativa precisamente hace hincapié en la magnífica situación que atraviesa el mundo del toro, ofreciendo también unos datos, cuyo origen no se menciona y que de hecho ponemos en entredicho, pero que, en definitiva, destacan el buen momento por el que supuestamente atraviesa el sector. Por lo tanto, tampoco se daría el único supuesto que, según la Ley del Patrimonio Español, habilitaría al Estado para declarar los toros como bien de interés cultural, cual es el de la expoliación.

La aprobación de esta proposición de ley entraría en clara colisión con una decisión acordada legal y legítimamente por el Parlament de Catalunya. De hecho, ya hemos dicho que el origen de esta iniciativa legislativa es una reacción clara a la prohibición aprobada en Cataluña y así, ya lo hemos dicho también, lo han reconocido los mismos impulsores de la iniciativa legislativa popular en sede parlamentaria cuando comparecieron ante la Comisión de Cultura para exponer y fundamentar su propuesta. Ante esas pretensiones, Convergència i Unió estará siempre al lado de la decisión adoptada legítima, legal y democráticamente por el Parlament de Catalunya, y aunque cualquier iniciativa legislativa popular por principio merece nuestro respeto, en este caso concreto por el objetivo intrínseco que propugna, aparte de las imprecisiones en el contenido total de la propuesta, esta iniciativa de ámbito estatal plantea regulaciones opuestas a las que en su día planteó otra iniciativa popular en Cataluña, la cual tuvo el apoyo mayoritario del Parlament de Catalunya y por esto debemos rechazarla de plano y rotundamente.

Por otra parte -como ya se ha dicho también aquí por otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra-, la cultura no es un ámbito inamovible que permita mantener de forma eterna la consideración de cultural de una determinada actividad, espectáculo o manifestación. No entraremos ahora a debatir aquí sobre la aceptación social del carácter cultural de los espectáculos taurinos, pero tampoco podemos obviar que considerar como pacífica la aceptación de ese carácter cultural de los espectáculos taurinos es, cuando menos, irreal. Así se puso de manifiesto en las distintas comparecencias en la Comisión de Cultura y hoy mismo, aquí, también se han puesto de manifiesto estas distintas sensibilidades en torno a la consideración cultural de esta realidad. En definitiva, la proposición de ley


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para la regulación de la fiesta de los toros como bien de interés cultural representa una ejemplificación folclórica de la voluntad de algunos de imponer un determinado modelo idéntico para todos, recurriendo a una interpretación errónea, parcial y sesgada, tanto de la Constitución como de la Ley del Patrimonio Histórico Español. Nuestro grupo ha presentado un texto alternativo a esta proposición que tiene como única y exclusiva finalidad garantizar la realidad de la distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Nuestra propuesta no pretende imponer modelos a nadie sino respetar las competencias que en materia de espectáculos, en materia de cultura y en materia de protección de los animales corresponden a las comunidades autónomas, reconociendo, además, la pluralidad cultural del Estado. Lo que sí queremos es proteger a los ciudadanos respecto a las emisiones de los toros en medios de comunicación públicos dependientes del Estado en horario de protección infantil. De ahí nuestra propuesta de texto alternativo.

Por último, quiero solamente mencionar que apoyaremos el resto de enmiendas a la totalidad presentadas por otros grupos parlamentarios porque, a pesar de no compartir algunos de los planteamientos que se recogen en ellas, sí compartimos el espíritu general, es decir, la oposición a la iniciativa que hoy estamos debatiendo. Lo que no podemos apoyar en ningún caso es la enmienda a la totalidad formulada por UPyD, porque en ese caso sí que creemos que va totalmente en sentido contrario a lo que defiende nuestro grupo parlamentario, especialmente por lo que se refiere al ámbito competencial.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Subo a esta tribuna para defender lo mismo que defendí cuando se presentó la iniciativa legislativa popular, para decir que este no es el sitio para debatir esto, porque se quiere decidir aquí para que otros no decidan allí, o porque otros decidieron allí, en este caso en Cataluña, por ejemplo, pero puede ser en otro sitio también. Por lo tanto, este es un debate trufado en el que se ha querido confundir toros sí, toros no, con algo que todos sabemos que es un tema puramente competencial.

Este debate no se hubiera producido si en Cataluña no hubieran decidido. De todas las intervenciones que ha habido anteriormente, la compañera Surroca ha defendido perfectamente cuál es el quid de la cuestión de todo este asunto. Mi grupo va a apoyar lo que ha dicho la compañera. No se hubiera producido este debate porque hubo oportunidad de debatirlo muchísimas veces en este Congreso y nunca ocurrió hasta que los catalanes tomaron la decisión que tomaron. No vayamos a dirigir el debate, tal y como dije en su momento y tal y como dije en la comparecencia del subsecretario de Cultura, hacia unos términos cuando lo que verdaderamente se ha pretendido aquí es lo siguiente: ¿Cómo podemos hacer que el Estado decida cuando una comunidad autónoma decide algo que a los que estamos gobernando en el Estado no nos gusta? Eso es lo que se ha pretendido. ¿Y cuál es el artificio jurídico que se ha buscado? Convertirlo en bien cultural común, porque si se considera bien cultural común entonces el Estado sí puede adquirir competencias en la materia. Por tanto, yo creo que esto es una especie de perfecto engaño organizado. Me decía un amigo muy, muy taurino: Yo como taurino no quiero que Madrid me decida si en Euskadi va a haber toros o no. Es más, siendo taurino y leyendo el prefacio de esta proposición no me siento para nada identificado con el concepto que aparece como tal.

Estamos de acuerdo con los argumentos que ha planteado la compañera de Convergència i Unió. Se han presentado cuatro enmiendas a la totalidad. Mi grupo no ha presentado enmienda a la totalidad por una sencilla razón, porque al ser una iniciativa legislativa popular, al no venir del Gobierno, hacía falta presentar un texto alternativo. Y nosotros no hemos presentado texto alternativo porque consideramos que no hace falta. Es más, no hace falta esta proposición de ley que después se convertiría en ley, porque la legislación actual ya lo dice tal y como está: Es un espectáculo; las competencias las tienen las comunidades autónomas y cada una de ellas rige y organiza ese tema como estima oportuno, tanto en materia cultural como en materia de espectáculo como en materia de protección de animales, como decía la compañera. Por lo tanto, no hemos presentado texto alternativo, porque el texto alternativo es la legislación actual existente, el reparto de competencia actualmente existente en esta materia.

Veo que el ministro está aquí. Esto es una iniciativa legislativa popular que el Partido Popular ha asumido como tal, pero supongo que igual después el ministro intervendrá y dará la opinión del Gobierno. Lo que me extraña es por qué, si es algo que el Partido Popular lo ha tenido tan claro desde un principio,


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no ha sido el Gobierno el que ha presentado aquí un texto en esta materia. Ya veremos a ver qué es lo que nos dice, pero me gustaría saber, conociendo la composición de la Cámara -y de matemáticas no hay que saber mucho para conocer si el Partido Popular está de acuerdo con un planteamiento cuál va a ser el resultado de esa votación-, si se desestiman las enmiendas a la totalidad, si esto sigue para adelante y se convierten en ley todos los puntos que aparecen en la propuesta original, si el Gobierno los va a cumplir o no. Eso de hacer cumplir que en los colegios se trate este tema, que haya subvenciones, etcétera, etcétera. Es algo que se va a tener que tener en cuenta porque es algo muy importante. Por tanto, se trata de, ante aquellos que por ley han dispuesto que no haya toros, se decida toros sí por ley. En este caso me parece que es una perversión tanto jurídica como desde un planteamiento puramente cultural. Yo lo decía desde un principio, no voy a entrar en el debate, porque el día en que aquí se traiga una propuesta que diga prohibir o no prohibir los toros, entonces ya decidiremos. Además, manteniendo el criterio de que son las comunidades autónomas las que son competentes en esa materia, se tendrá que debatir ese planteamiento y mi grupo y los demás tendrán que posicionarse allá donde les corresponda, pero no donde no nos corresponde, que es este sitio. Por tanto, quiero denunciar precisamente eso: este no es el sitio para decidir eso, porque estamos haciendo que este sea el sitio cuando no lo es.

Por último, quiero centrarme también en otro asunto. Alguien decía que los toros no tienen identidad. Pues el que ha escrito el prefacio de esta iniciativa legislativa popular le ha dado un carácter nacionalista español, con un concepto centralizador puro y duro que verdaderamente en pocos textos he visto -lo dije aquí el día que subí a esta tribuna- y, por tanto, es muy difícil que mi grupo comparta la idea que tiene esta iniciativa legislativa popular. Vamos a compartir el criterio claramente establecido por la compañera de Convergència i Unió; vamos a apoyar su enmienda a la totalidad. No vamos a apoyar la enmienda de UPyD, porque creemos que es totalmente contraria a ese espíritu que yo denunciaba en esta tribuna. Creo que podemos tener otra serie de opiniones, pero este no es el momento de decidir sobre los toros como tal porque esta no es la tribuna para decidir sobre ello, y quiero volver a incidir en la misma materia. Por tanto, lo mismo que le dije al subsecretario de Cultura. Creo que, para que haya sido una iniciativa legislativa popular, viniera el subsecretario y argumentara exactamente lo mismo que dice, pues podía haberlo traído también el Gobierno. No sé por qué no se ha presentado y haber dicho: Nosotros creemos que esto es así. Por tanto, no nos dejemos engañar, esto es un artificio que se ha inventado para que en aquellos sitios donde han decidido no puedan decidir. Para acabar, diré: en Euskadi si hay toros o vacas, lo decidiremos los vascos; sí o no, pero allí.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxeta.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Torres Mora.

El señor TORRES MORA: Gracias, señor presidente.

Señorías, vuelve al Pleno después de siete meses la iniciativa para la regulación de la fiesta de los toros como bien de interés cultural. Se han presentado cinco enmiendas a la totalidad con propósitos y contenidos muy diversos. Como expliqué aquí en el debate de toma en consideración, la filosofía de mi grupo se resume en dos principios: no promover, no prohibir. En función de esas dos ideas hemos decidido el voto para cada una de las enmiendas a la totalidad: no apoyaremos la enmienda de UPyD, porque promueve, aunque en la práctica esa promoción no tiene ningún efecto; en tres casos nos abstendremos, porque creemos que las enmiendas invaden competencias de otras administraciones; y en un caso, el de la enmienda de Convergència i Unió, votaremos a favor. La razón de ese voto a favor es bien sencilla. En la pasada legislatura se presentó en el Senado una proposición no de ley similar a la que estamos viendo, en aquella ocasión promovida directamente por el Grupo Popular, allí y entonces nos opusimos porque entendíamos que la competencia para declarar las corridas de toros bien de interés cultural corresponde a las comunidades autónomas. Eso es lo que dice la enmienda de Convergència i Unió y esa es la razón de nuestro voto favorable aquí y ahora.

Aquí podría acabar mi intervención, refugiado en la ausencia de título competencial de esta Cámara para declarar las corridas de toros bien de interés cultural, dejar que cada palo aguante su vela, y corroborar las palabras del señor Agirretxea, cuando ha dicho que no hace falta enmienda a la totalidad porque lo que no hace falta es esta iniciativa; pero eso, dejarlo aquí, no estaría bien, porque los socialistas tenemos que decir algo sobre el fondo del asunto. Es verdad que hemos mantenido una posición templada, en la que algunos han querido ver tibieza, pero cualquiera que conozca nuestro idioma es capaz de comprender la diferencia. Templado es el que es moderado en sus pasiones, y en este tema las pasiones se han


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desbordado con frecuencia. Ya ven, después de tantos ardores, todo el mundo navega hacia las aguas templadas de la razón, que no son, por cierto, las aguas tibias de la cobardía, y en las aguas templadas de la razón nos volvemos a encontrar con la posición que los socialistas manifestamos en la toma en consideración: no promover y no prohibir. Al final, a la hora de la verdad, ninguna de las enmiendas a la totalidad declara bien de interés cultural las corridas de toros y ninguna las prohíbe.

No se nos escapa la decepción de quienes creyeron que tenían la victoria al alcance de la mano, la responsabilidad de su decepción la tienen quienes crearon unas expectativas exageradas sobre la capacidad legislativa de esta Cámara y sobre la voluntad política de la sociedad española. No fue buena idea mezclar el asunto de los toros con las disputas entre nacionales y nacionalistas. Estoy convencido de que en 2010 a la dirección del Partido Popular provocar un conflicto entre el Gobierno de España y los nacionalistas catalanes podía parecerle una buena idea, pero no creo que ahora piensen lo mismo. Puede que París valiera una misa, pero dudo que una corrida de toros valga la unidad de España. Ya ven, el martes pasado fueron las fiestas de La Mercè y no hubo toros, ahora a los responsables del PP les toca ser animalistas en la intimidad, no se sientan heridos, no es mi intención, pero durante muchos meses en los ambientes taurinos los aficionados socialistas no lo han pasado bien a costa de tanta vana presunción, tampoco lo han pasado muy bien en este tiempo los socialistas defensores de los animales escuchando algunos reproches en los ambientes animalistas. Al final, ya han visto, nadie plantea la prohibición en ninguna de las enmiendas. Desde aquí le digo a unos y a otros que, a diferencia de otros, nosotros no pretendemos confundir a nadie.

Señorías, les propongo que exploremos un poco más el abismo, que bajemos a aguas más frías y oscuras. Uno de los comparecientes, el señor Gibert -que además fue promotor de esta iniciativa que debatimos-, hizo una interesante reflexión sobre los toros como escuela de vida. Decía el señor Gibert que en el redondel está la verdad y que esa verdad es la muerte. Una verdad que se nos oculta en la sociedad actual. Una verdad que el torero debe enfrentar con valor y con técnica porque, de lo contrario, decía el señor Gibert, vendrá la herida y vendrá la enfermería. Acababa diciendo: En eso radica la fuerza que nos imprime la meditación de una corrida de toros, que no es apta para los que no pueden asumir la verdad de la vida y de la muerte, del fracaso y de la gloria y que, desgraciadamente, son muchos. No es fácil asumir la verdad de la muerte. El propio señor Gibert dijo: Vendrá la herida y vendrá la enfermería, y así, diciendo enfermería, no dice la muerte. También mi apreciado señor Albendea, presidente de nuestra Comisión, en su intervención en la toma en consideración citó a cinco decenas de personalidades del mundo de la cultura, desde Ortega a Tyrone Power, desde la filosofía al cine, pasando por la música, la pintura o la literatura. Sin embargo, olvidó citar a algún torero, a uno, ni siquiera a Juan Belmonte, ni a El Gallo, ni a Domingo Ortega, Manolete, Pepe Luis Vázquez o Antonio Bienvenida, ni a mi casi paisano el rondeño Antonio Ordoñez, ni a Curro Romero, ni a El Viti ni a Paco Camino. ¿No es del arte de todos ellos de lo que se trata esta iniciativa? ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué reprimirlo en el discurso? Celaya nos enseña el camino en aquellos famosos versos del libro titulado precisamente Cantos íberos, que todos recordarán, y que dicen: Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Algunas de esas verdades las dijo otro compareciente, el señor Zaldívar, con la fría y precisa prosa del científico. La puya, el utensilio utilizado para castigar al animal en el tercio de varas, mide entre 7,6 y 8,9 centímetros, de los que 2,9 corresponden a una púa piramidal tan afilada en cada una de sus aristas como la hoja de un bisturí. En función del lugar en el que sea clavada va a romper y destrozar más de veinte músculos, tendones, ligamentos, vasos sanguíneos, nervios, estructuras óseas de vértebras torácicas, costillas, escápulas y a veces va a lesionar la pleura provocando un neumotórax. Señorías, si las corridas de toros no existieran y nunca antes hubieran existido en el mundo, si las corridas de toros no formaran parte de las tradiciones de nuestro país y una persona viniera a nuestro despacho a proponernos un espectáculo así, estoy convencido de que no ya a ninguno de nosotros se le ocurriría convertir este espectáculo en bien de interés cultural, sino que ninguno de nosotros lo permitiría. Por eso, incluso los más taurinos inconscientemente esconden la verdad de Belmonte detrás de la verdad de Goya. Valor, señoras y señores, miremos de frente esta parte de la realidad y digamos las verdades. Una parte muy importante de la sociedad española siente que esas prácticas hieren su conciencia moral. Por eso nos negamos a declarar los toros bien de interés cultural, sin entrar siquiera a discutir los valores estéticos de los mismos. Nos negamos en señal de respeto a esas personas, que son muchas, porque también ellos son españoles y España es tan suya como la del que más. Alguien podría preguntarnos por qué entonces no somos partidarios de la prohibición, cuando es evidente que los socialistas miramos de frente la verdad. La razón es sencilla, porque los toros no son algo


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que hayamos inventado los españoles del presente, insensibles a los cambios en la conciencia sobre los animales y la naturaleza, sino que forman parte de la historia, de la cultura, de la vida de muchos millones de españoles y españolas. En ese caso, en el caso de que pudiéramos, no podemos arrancarles todo eso sin arrancarles una parte del sentido de su vida, del ejercicio de su libertad. También España es su país, un país en evolución al que ninguna ley, por cierto, fijará para siempre en un momento de su historia cultural.

Acabo. Decía Maquiavelo que el político debe sacrificar su alma para salvar su patria. Así que perdamos toda esperanza, iremos al infierno, donde el clima es más malo que en el cielo pero, según dicen, la compañía es mucho más divertida. Si traducimos patria por el lugar en el que uno vive seguro, en paz y libertad, se entiende bien la razón por la que cada uno de nosotros cedemos una parte de nuestras más profundas convicciones en este tema. Sabemos bien que nuestra posición no va a satisfacer a los que nunca ceden en nada, pero esperamos contar con el apoyo y la comprensión, en el trámite de Comisión y en las enmiendas parciales, de la gente templada, de la gente que es capaz de soportar el peso de las diferencias en nuestro país y de sostener, soportándolas, la convivencia de todos, de esa gente que es la mayoría.

Muchas gracias, señoras y señores. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres Mora.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Albendea.

El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero aprovechar que dispongo de este micrófono para hacer votos por el pronto y rápido restablecimiento de su majestad el rey para que siga ejercitando el papel arbitral y moderador que le atribuye la Constitución y que viene ejerciendo ejemplarmente durante treinta y siete años. (Aplausos).

Señor ministro, señorías, creo que es de justicia agradecer a los autores de esta iniciativa legislativa popular, la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, el esfuerzo que ha significado conseguir casi 600.000 firmas para defender la fiesta de los toros. Gracias a ellos aquí está, en la sede de la soberanía nacional, un profundo debate con opiniones absolutamente contrarias y con otras absolutamente a favor del objetivo que se pretendía. Después, naturalmente, a lo largo de la tramitación parlamentaria, se podrá modificar el texto para hacerlo jurídicamente más eficaz, pero el objetivo no se nos puede olvidar: defender la tauromaquia.

Se han presentado a esta proposición de ley, fruto de la iniciativa legislativa popular, cinco enmiendas de totalidad con texto alternativo. Las de La Izquierda Plural, Esquerra Republicana de Catalunya y Compromis-Equo se orientan en la misma dirección, por lo que las trataré conjuntamente. También han presentado enmiendas de totalidad con texto alternativo Convergència i Unió y Unión Progreso y Democracia, con argumentos absolutamente opuestos, por lo que las trataremos separadamente. El texto alternativo presentado por los tres primeros, La Izquierda Plural, ERC y Compromis, en sus enmiendas de totalidad constituyen claramente un atentado a la ecología, un atentado a la economía, un atentado a la cultura y a la lengua, un atentado a la tradición y un atentado a libertad. Vamos a explicarlo. En cuanto a que constituyen un atentado a la ecología, la ganadería de reses bravas ocupa más de 500.000 hectáreas, una media de 3 hectáreas por cada toro, y así vive durante cuatro años. Pero, además, en esas hectáreas viven también los sementales, las vacas, los becerros, etcétera; unos 200.000 animales viven actualmente en las ganaderías destinadas a la lidia. Solo aproximadamente el 6 % muere en el ruedo. Si se suprimen las corridas, la dehesa desaparece, y ese maravilloso ejemplar que es el toro bravo, fruto de la investigación y cuidada selección genética también desaparece. ¿Acaso la mejor forma de proteger a un animal es contribuir a su desaparición? Además, el argumento fundamental para ello es el sufrimiento del toro bravo. Para contestar, simplemente voy a traer a colación algunas de las conclusiones que el director del departamento de Fisiología Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, don Juan Carlos Illera del Portal, ha llevado a cabo tras un estudio que ha durado cinco años de trabajo para analizar la respuesta hormonal de ciento ochenta toros y ciento ochenta novillos de la plaza de Las Ventas de Madrid. Querían comparar si la glándula adrenal del toro de lidia era igual a la de otras especies de ganado vacuno, y concluyeron que el toro tenía una respuesta hormonal distinta a la de cualquier otro animal. Aseguran que los niveles de estrés son tres veces mayores durante el traslado que en el ruedo, por lo que el sufrimiento del toro sería mayor en el camión que ante el mismísimo torero. Pero además, pensaron que los toros tenían un mecanismo hormonal especial para controlar el estrés; quizás también lo tuvieran para liberarse del dolor. Descubrieron que durante la lidia el toro libera diez veces más


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betaendorfinas -conocidas como hormonas del placer- que un ser humano y siete veces más que durante el transporte. La betaendorfina -explica el profesor Illera- bloquea los receptores del dolor hasta que llega el momento en que el dolor y el placer se equiparan y el sufrimiento puede llegar a ser casi nulo. (Rumores).

También, pretender suprimir las corridas de toros es un grave atentado a la economía. El sector taurino tiene un impacto en la economía española de 2.500 millones de euros al año. A los espectáculos taurinos acuden 40 millones de personas al año en España; en el mundo son 60 millones. Pero eso engloba a todo el sector: festejos menores, encierros, capeas, etcétera. Si solo se contabilizan los festejos mayores en España, la cifra roza los 9 millones de espectadores. Es verdad que en el año 2012 ha bajado algo por la crisis. Otras artes, como por ejemplo el cine, genera menos de un tercio que los toros y el teatro la quinta parte. Según el profesor de Teoría Económica de la Universidad de Extremadura, Juan Medina, el impacto de las ferias taurinas es altísimo, hasta el punto de generar 970 millones de euros al año. Hay plazas, como la Monumental de Las Ventas de Madrid, que ingresan en las arcas públicas 2,3 millones...(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Albendea.

Por favor, ruego silencio para que se oiga al orador. Continúe.

El señor ALBENDEA PABÓN: Que las corridas de toros están subvencionadas es una de las mayores falsedades que pregonan los antitaurinos. Hasta ahora no se han concedido con fondos comunitarios ayudas específicas a las ganaderías de lidia. Sí se ha concedido con fondos comunitarios una ayuda a las vacas nodrizas sin tener en cuenta la raza vacuna de que se trata. La reforma que se plantea de la PAC a partir del año que viene, de 2014, consiste en desvincular los pagos con la actividad productiva, concediéndose la ayuda a la hectárea. Por lo tanto, si se cumplen los requisitos para ser perceptores de los pagos, como el adecuado mantenimiento de las superficies, no habrá limitación en la actividad que se realice en la superficie admisible, por lo tanto no se van a conceder ayudas específicas de la PAC dirigidas a las ganaderías de toros de lidia. Pero una cosa es que no estén subvencionadas y otra cosa es que no debieran estarlo. ¿No están subvencionados otros espectáculos, por qué no van a estarlo los toros? Recuerdo que desde el punto de vista fiscal tiene el mismo tratamiento: el 21 % de IVA, y hasta la última reforma, las corridas de toros tributaban al 18 % y los otros espectáculos al 8 %. No había ninguna razón para esa discriminación fiscal. Esta proposición de ley además no tiene como objeto conseguir subvenciones para los toros, no tiene nada que ver con eso.

Suprimir los espectáculos taurinos es también un grave atentado a la cultura y a la lengua. La fiesta de los toros es efectivamente inseparable de las identidades que ha forjado y éstas recíprocamente se han construido gracias a ella. Como toda gran creación humana, la fiesta de los toros expresa valores universales. Como toda cultura popular, es inseparable de la identidad de los pueblos que la han inventado o adoptado. Lo que diferencia a la fiesta de los toros de una simple manifestación folclórica es haber sido adoptada y convertida en objeto de reflexión de la llamada cultura culta, porque la universalidad de la fiesta de los toros no solamente es la de los valores que transmite: la fiesta, el juego, el valor, el sacrificio, la belleza, la grandeza, etcétera, sino también la de los mundos artísticos y cultos donde ha sido acogida y la de las obras que ha producido en las demás artes: pintura, escultura, literatura, música, cine, teatro. Las tres enmiendas a la totalidad son también un atentado a la lengua española. Si desaparecieran las corridas de toros se irían perdiendo muchos términos del lenguaje diario. Ramón Pérez de Ayala escribió: Las corridas de toros son una cosa tan nuestra, tan obligada por la naturaleza y la historia como el habla que hablamos.

Atacar a la fiesta de los toros como hacen estas enmiendas a la totalidad de La Izquierda Plural, ERC y Compromís son un atentado a la tradición. Se discute por los autores si la fiesta de los toros en España la introdujeron los romanos o los árabes y otros autores opinan que los godos. En cualquier caso, es evidente que es una costumbre o un espectáculo tan arraigado en las costumbres españolas, que tratar de prohibirlas o cercenarlas es un ataque a una multisecular tradición hispánica. Significaría empobrecer nuestra cultura popular.

Las enmiendas de totalidad que comentamos son también un atentado contra la libertad. Ir o no ir a los toros es un derecho que ustedes quieren cercenar. Otra cuestión: ¿quiénes somos nosotros para decidir si los padres llevan o no llevan a los toros a sus hijos menores de edad? Eso lo tienen que decidir ellos, que son los responsables de su educación.


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Antes de terminar con estas tres enmiendas, voy a dejarles a ustedes, señores diputados de La Izquierda Plural, una pregunta en el aire. Ustedes representan aquí la facción de la izquierda más radical y me sorprende la unanimidad de su grupo para atacar la fiesta de los toros. La fiesta no es ni de derechas ni de izquierdas y quiero recordarles que muy dignos representantes de su adscripción ideológica eran grandes aficionados, miembros del Partido Comunista como el poeta Miguel Hernández o el pintor Pablo Picasso o el torero Domingo Dominguín. ¿Este antitaurinismo está en su programa electoral? En el nuestro, en el del PP, sí está la protección y el fomento de la tauromaquia. Les recuerdo una declaración del diputado del Grupo Parlamentario Comunista en las Cortes Constituyentes, Rafael Alberti, sobre la fiesta de los toros: He sido siempre un gran aficionado a los toros a pesar de estar tantísimos años, creo que veintiuno, sin ver una corrida -¡claro, estaba en el exilio!-. Sigo pensando que los toros son una fiesta única, llena de cosas inexplicables, y ser torero me parece también algo maravilloso, algo mágico. Yo siento una gran admiración por la fiesta. Hasta aquí Alberti. Si hoy hubiera estado aquí, ¿ustedes le habrían echado de su grupo parlamentario? Hoy desde luego su correligionario Rafael Alberti no hubiera votado a favor de estas enmiendas de totalidad. Obviamente, nosotros tampoco vamos a hacerlo. Además, hoy me decían hace un momento que, por ejemplo, el alcalde de Archidona de Izquierda Unida organiza todos los años indefectiblemente una corrida de toros. Hay muchos otros, pero es el que me ha venido a la memoria ahora.

La enmienda de Convergència i Unió, como pueden suponer sus señorías, se orienta a desnudar al Estado de cualquier competencia sobre la fiesta de los toros, atribuyéndose todas las competencias las comunidades autónomas, atribución de competencias no para regularlas, sino para prohibir las corridas. Como es de suponer, no estamos en absoluto de acuerdo y nuestra posición es que hay una concurrencia de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en esta materia y debe quedar claramente reflejado en una futura ley.

La enmienda de Unión Progreso y Democracia está más en la órbita de la posición del Grupo Popular sobre la tauromaquia, pero con importantes matizaciones que nos impiden votar hoy favorablemente, pero, sin duda, de la tramitación de la ley en la Comisión de Cultura podemos, con buena voluntad por ambas partes, llegar a fructíferos acuerdos, pues nosotros también estimamos que es mejor declarar la tauromaquia patrimonio cultural y material que bien de interés cultural.

Termino haciendo una llamada a los grupos que no han presentado enmiendas a la totalidad para que estén en disposición de que consensuemos un buen texto para que la tauromaquia vuelva a tener en España el esplendor que tuvo la llamada edad de oro del toreo. Esta llamada va dirigida a todos los grupos, pero muy especialmente al grupo mayoritario de la oposición, el Grupo Socialista, que no deja de resultar extraña esta indefinición en tantos temas como vienen ustedes manifestando en esta legislatura. Apoyan la enmienda que declara la competencia a las comunidades autónomas a una comunidad que la ha prohibido, votan en contra de la única enmienda que defiende los toros y se abstienen en las demás. Es una posición verdaderamente increíble, absolutamente ignorante, no sé cuál es su posición respecto a los toros. Por eso digo que seguimos en la idea de que en la Comisión podemos negociar, hablar, acordar y hacer muchas transacciones para que esto salga adelante. La disposición del Grupo Parlamentario Popular para el acuerdo es evidente.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albendea.

Tiene la palabra el señor ministro de Cultura, Educación y Deporte.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias, señor presidente.

Como todas sus señorías saben, esta proposición de ley que se está debatiendo hoy tiene su origen en una iniciativa legislativa popular -por tanto, no tiene su origen en un proyecto del Gobierno- y lógicamente el protagonismo de los grupos parlamentarios, tanto en cuanto a la primera decisión tomada por esta Cámara respecto a la toma en consideración, como en lo que hoy va a dilucidarse sobre el tratamiento de las enmiendas de totalidad, todas ellas con texto alternativo, se desenvuelve en el ámbito propio de la Cámara. Por tanto, mi intervención, señorías, se va a limitar a aquellos aspectos que, tanto en las intervenciones de algunos de los grupos que han formulado enmiendas de totalidad como en la fijación de posiciones de los grupos que no lo han hecho, atañen al papel del Gobierno en esta cuestión. En este sentido, quiero que mis primeras palabras sean expresión del respeto a todas las posiciones que en torno al tema que hoy nos ocupa se exponen. Evidentemente, unas las comparto y otras no, pero el


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Gobierno sí quiere expresar, ante un asunto que es objeto de un intenso debate en la sociedad, el respeto por todas ellas. Ese respeto es compatible o no debe ser óbice para el reconocimiento de que la tauromaquia goza en España de un arraigo histórico -esto no lo discute nadie-, pero también de un importante arraigo cultural. Creo que ha sido la señora Ortiz quien se ha referido a la proporción de gente que asistía a los espectáculos taurinos minusvalorando de alguna forma la relevancia de esa proporción. Hay que decir que, según la encuesta de prácticas culturales del Ministerio de Cultura, la proporción de españoles que asisten a los espectáculos taurinos ronda en torno al 10 %, pero hay que decir igualmente que es una proporción muy estimable para una manifestación cultural y, desde ese punto de vista, también tiene que ser respetada.

Me gustaría centrarme fundamentalmente en dos cuestiones, que son quizá las que más relación guardan con el papel del Gobierno en esta materia. Una es el anclaje competencial, que en caso de resultar aprobada esta proposición de ley con las modificaciones que a través de las enmiendas parciales procediera, correspondería al ámbito de la Administración General del Estado. Son cohonestables las posturas de quienes en sus enmiendas defienden unas competencias determinadas de las comunidades autónomas con el reconocimiento igualmente de una competencia estatal que encuentra su fundamento en diversos preceptos de la Constitución, que evidentemente no se refieren específicamente a la tauromaquia, pero que tienen todos ellos que ver con las expresiones culturales. Me estoy refiriendo, como sus señorías bien pueden imaginar, al artículo 44, que proclama el derecho de todos a la cultura, al artículo 46, a la regla primera del apartado 1 del artículo 149, a la regla vigésimo octava de ese primer apartado y, obviamente, a la regla que se deriva del artículo 149.2 de la Constitución. Todo este anclaje a su vez tiene que articularse con la evidencia de que las competencias de las comunidades autónomas en ese sentido también están no solo definidas en el texto constitucional, sino en la práctica legislativa de todo el desarrollo de estos años que marcan también importantes competencias de las comunidades autónomas. Creo que es perfectamente posible -respetando el espíritu de la iniciativa legislativa popular en el sentido en el que lo ha propuesto el representante del Grupo Popular, el señor Albendea, y también, porque creo que existe una notable coincidencia, en el sentido de la enmienda de totalidad que ha presentado Unión Progreso y Democracia- encontrar una fórmula que satisfaga las competencias de las comunidades autónomas pero permitiendo que el Estado ejerza las que los preceptos constitucionales a los que me he referido atribuyen al Estado. Esto por lo que se refiere a la cuestión del anclaje competencial. Obviamente, eso se tendrá que traducir -estoy seguro de que lo hará a través del proceso de enmiendas, como el señor Albendea ha puesto de manifiesto, y es en buena parte el planteamiento que al respecto hace la enmienda de totalidad de Unión Progreso y Democracia- en no sobrepasar el ámbito de competencia estatal, en respetar la competencia autonómica y en ejercer el deber de protección, que no es exactamente, señor Torres Mora, un deber de promoción, como se plantea en la alternativa que su señoría ha presentado, pero sí es un deber de promoción que, como digo, encuentra un anclaje constitucional claro.

El segundo aspecto al que me quiero referir es el relativo a la dimensión económica. En este sentido tengo que decir -lo ha hecho el representante del Grupo Popular, pero me gustaría insistir en ello- que no es riguroso, que no responde a la verdad decir que hoy la tauromaquia goza de un régimen de subvenciones, por lo menos en lo que a la Administración General del Estado se refiere y en lo que le toca a esta Cámara, es decir, las subvenciones, ayudas o cualquier otro tipo de impulso económico que encuentren su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado. Desde el punto de vista del órgano de la Administración General del Estado que tiene las competencias en esta cuestión, que es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tengo que decirles -lo saben sus señorías- que no existen consignaciones presupuestarias a este respecto, pero tampoco desde el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente con carácter específico, ni siquiera en el cuadro de la política agrícola común, existe más protección que la que generan actividades agrícolas y ganaderas relacionadas con la tauromaquia. Además, puesto que se han hecho referencias al artículo 13 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, tengo también que recordar a esta Cámara que precisamente en dicho artículo se excepcionan aquellas manifestaciones que tengan alguna relación con ritos religiosos, arraigo cultural o especificidades culturales de los países.

Señorías, sinceramente creo que, a partir de la formulación de la iniciativa legislativa popular y de su toma en consideración, es perfectamente posible adecuar en el proceso de enmiendas parciales una normativa que, respetando las competencias de las comunidades autónomas, clarifique de alguna forma y permita el desarrollo de esta actividad en unos términos que no implican necesariamente formas de protección económica a cargo de los Presupuestos Generales del Estado; una actividad, la tauromaquia, que no solo goza del arraigo y del


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valor cultural al que se han referido distintos oradores. Podremos discutir las cifras, como es natural, pero no una realidad contundente, que es la importancia económica y turística que tiene la tauromaquia, que creo que es deber del Estado garantizar y proteger. En ese sentido, me gustaría, al igual que lo ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, reclamar del Grupo Parlamentario Socialista, del principal grupo de la oposición, una actitud constructiva en el tratamiento de las enmiendas parciales. Quiero recordar que fue precisamente un Gobierno del Partido Socialista el que adscribió las competencias administrativas que corresponden a la Administración General del Estado al Ministerio de Cultura. Incluso su portavoz, el señor Torres Mora, nos ha deleitado en su intervención con un recitado. Yo no me voy a atrever a tanto, porque todavía me resuena en los oídos la única vez que se me ocurrió citar un verso de Miguel Hernández sobre esta cuestión. Recuerden aquello de "como el toro, me crezco en el castigo".

Creo que hay un territorio en el cual nos podemos entender. Creo sinceramente que las materias culturales en general, y esta en particular, no debieran llevarnos al establecimiento de posiciones irreconciliables por motivos ideológicos. No es una cuestión de derechas e izquierdas, sino una cuestión en la que podemos llegar a un acuerdo. Espero encarecidamente, en nombre del Gobierno, que así lo hagan los grupos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.

Dada la intervención del señor ministro, sobre las palabras del señor ministro y no sobre el tema general, si algún portavoz de los que antes han intervenido me pide la palabra, le concederé un turno de réplica. Pero insisto en que sea sobre las palabras que ha pronunciado el ministro, no para reabrir nuevamente el debate.

Señora Ortiz, tiene un máximo de cinco minutos, aunque les agradecería a todos que no los utilizaran totalmente.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Intervendré muy brevemente.

El señor ministro, en principio, salía a la tribuna para aclarar, pero creo que ha generado más confusión sobre lo que va a acabar siendo esta iniciativa legislativa. No nos ha respondido a preguntas concretas que planteábamos desde la tribuna. La consecuencia de lo que pone en esta iniciativa es que se van a dedicar recursos públicos a financiar la tortura animal y la tauromaquia. Usted se ha dedicado a decir aquí que es apreciable la cantidad de gente que va. También es apreciable que el 90 % de la gente en la encuesta que se hizo está en contra de que se destinen recursos públicos. Usted dice que en el Ministerio de Agricultura no se dan. Está en los presupuestos; hay recursos directamente destinados a la ganadería dedicada a la lidia. De hecho, es un debate que ha estado en Bruselas y hasta en el Parlamento holandés, así que no puede negar la realidad. El propio sector da cifras. Hay muchísimos estudios económicos sobre la ruina económica que representa el sector del toro y su impacto en los recursos públicos de comunidades autónomas, ayuntamientos y Ministerio de Agricultura.

Aquí no ha desmentido que las consecuencias de esta declaración supondrán, por un lado, cambios educativos -y esto sí que genera una división social importante- y, por otro lado, recursos públicos. Las prioridades de este país, y más las prioridades culturales, no están hoy para dedicarlas precisamente al fomento de la tortura animal, que no genera consensos ni forma parte de un arraigo transversal en nuestra sociedad. Usted hablaba de arraigo cultural. Como le decía, en muchísimos países han pasado a ser historia muchas cosas que eran tradición y este país debe afrontar finalmente este debate. La tauromaquia nos aleja de los pasos adelante que han dado hoy muchísimos países donde la tortura formaba parte de su espectáculo y de su tradición y que ha quedado atrás. Eso es lo que debería hacer también este país, aunque evidentemente respetando las decisiones que han tomado los parlamentos autonómicos.

Finalmente, deberíamos tener muy en cuenta -y más un ministro de Cultura- las consecuencias que tiene fomentar desde el Estado y desde las administraciones públicas la cultura del maltrato, del ensañamiento y de la tortura; y no solo sobre los animales, sino el impacto que tiene en la sociedad sobre la violencia y sobre los valores que transmitimos a nuestras generaciones futuras. Creo que un ministro de Cultura debería incorporar ese debate antes de tomar decisiones como destinar recursos públicos a esta actividad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.

Señora Surroca.


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La señora SURROCA I COMAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, esperábamos hoy también aquí su intervención porque nos consta y sabemos que le gusta salir al ruedo habitualmente, que no elude los debates y normalmente da la cara, y en este sentido es positivo. Ha mostrado hoy un tono conciliador pero, sinceramente, de su intervención tampoco podemos deducir qué amparo legal, qué amparo constitucional y qué marco de la distribución competencial puede utilizar el Estado para intervenir, porque cada uno de los preceptos que usted ha alegado aquí ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional en sentido opuesto. He hecho referencia a ello en mi intervención. El artículo 149, apartado 1, no puede ser interpretado como un cajón de sastre para dejar en manos del Estado las competencias en cualquier materia y con carácter residual a las comunidades autónomas en casos en los que tienen competencia exclusiva. Por tanto, señor ministro, es difícil que podamos llegar a un acuerdo en esta cuestión.

También hay motivos de fondo cuando se ha reconocido por los mismos impulsores de la iniciativa, por miembros del Grupo Popular, por el mismo portavoz de Cultura del Grupo Popular, que esta iniciativa tenía por objeto que los toros volvieran a Barcelona, en concreto por la Mercè, que hemos estado celebrando estos días. El motivo de fondo de esta iniciativa merece nuestra oposición de forma contundente y es difícil que podamos encontrar ahí un espacio de consenso, a menos que se respeten totalmente las competencias de las comunidades autónomas. Ahí ya hemos dicho nosotros que la intervención del Estado tiene que ser totalmente residual, porque en estos momentos no dispone de competencias por lo que se refiere al toro ni a nada relacionado con el mundo del toro. Por esta razón nosotros no podemos estar en la línea del consenso a la que usted apelaba.

Asimismo ponemos en cuestión la dimensión económica. No sabemos de dónde salen estos datos que se mencionan en la exposición de motivos, pero también creemos que hay una gran opacidad en relación con las subvenciones que se destinan a la tauromaquia. La ley de transparencia posiblemente aportará luz en esta cuestión y lo celebramos, pero la verdad es que solamente podemos decir que en estos momentos es muy difícil saber exactamente cuáles son los recursos públicos que se destinan al mundo del toro.

Por último, en cuanto a la dimensión europea de la tauromaquia, se ha hecho mención al Tratado de la Unión Europea. Creo que la interpretación de su artículo 13 al que ha hecho referencia es claramente errónea e incluso diría torticera, por cuanto el artículo 13 en ningún caso menciona ni los toros ni el mundo del toro, en ningún caso es acorde con el espíritu de la regulación europea, sino que va precisamente en contra de las líneas con las que ahora se está regulando la cuestión de la protección animal en el entorno europeo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.

Señor Torres Mora.

El señor TORRES MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los bienes de interés cultural dice que los bienes de interés cultural los declaran las comunidades autónomas. Por esa razón no vamos a poder declarar aquí bien de interés cultural la fiesta de los toros, a pesar de lo que se ha venido diciendo. Por esa razón ninguna enmienda declara bien de interés cultural la fiesta de los toros. Ahora UPyD plantea una alternativa que parece que le gusta al Gobierno, que es declararla patrimonio inmaterial de la humanidad, según la Convención de la Unesco del año 2003. Pero es difícil que la Convención de la Unesco de 2003 declare los toros patrimonio inmaterial de la humanidad, con lo cual lo más probable es que esto sirva para repetir en la Unesco la misma faena que se les ha hecho aquí a los aficionados taurinos. Nosotros sabemos, como los que se lean las resoluciones de la Unesco, que es muy difícil que acepten que la fiesta de los toros sea patrimonio inmaterial de la humanidad, con lo cual nos cuesta trabajo sumarnos a una faena que es la faena repetida que se les ha hecho a los aficionados a los toros en esta ocasión. Tenemos voluntad constructiva, en el Partido Socialista tenemos voluntad constructiva y lo hemos demostrado. Nosotros no animamos nunca a confrontaciones artificiales ni a enfrentamientos. Esto afecta a muchas personas, es muy importante para la vida y los sentimientos de muchas personas de una forma contradictoria en nuestro país; es gente que conocemos y con la que convivimos, son nuestros amigos. Estamos dispuestos a ayudar a resolver esto, que nunca debió haberse planteado como un problema ni debió traerse aquí para generar un problema, pero lo vamos a hacer, insisto, sin engañar a nadie. No digo que alguien tenga la voluntad de engañar, pero nosotros desde luego lo tenemos claro


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y pensamos que hacer la misma faena dos veces sería muy injusto con los aficionados a la fiesta de los toros.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres Mora.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Intervengo muy brevemente, señor presidente, para agradecer a los intervinientes el tono de sus discursos. Como pueden comprobar, voy a hacer una faena de aliño. Por las intervenciones de la señora Surroca y del señor Torres Mora, no así la de la señora Ortiz, desde luego una cosa ha quedado clara en este debate, que el valor lingüístico de la fiesta de los toros y su contribución al acervo lingüístico es innegable.

Señora Ortiz, si estamos preocupados por respetar el marco competencial en algunas cuestiones también tendremos que estar preocupados por respetarlo en otras. En su intervención inicial el señor Albendea se refirió a los ayuntamientos, y los ayuntamientos, en el marco de sus competencias, pueden dedicar recursos. Lo que le digo es que la Administración General del Estado como tal no contempla en los presupuestos ninguna ayuda ni subvención específica a la tauromaquia. Por lo que se refiere a lo que pueda derivar tanto de la PAC como de las políticas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, son inespecíficas, es decir, las ayudas que se reciben por este tipo de cría son por las vacas nodrizas. Uno puede tener sus teorías, pero hay que considerar el valor ambiental de la dehesa y de todo lo que supone desde el punto de vista de conservación.

En cuanto a lo que ha manifestado la señora Surroca, el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 13 reclama de los Estados miembros protección contra el maltrato animal, pero establece que al aplicar determinadas políticas relacionadas con el bienestar de los animales deben tenerse en cuenta disposiciones legales o administrativas y costumbres de los Estados miembros relativas en particular a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional. Este era el sentido en el que citaba esta normativa europea.

Por último, en relación con la intervención del señor Torres Mora, creo que efectivamente existe alguna forma de, sin violentar las competencias de las comunidades autónomas, acomodar una fórmula que permita a través de algún órgano -saben sus señorías que desde que se traspasaron las competencias al Ministerio de Cultura existe la Comisión consultiva nacional de asuntos taurinos-, y en cooperación con las comunidades autónomas que lo deseen, que el Estado pueda ejercer las competencias que el Gobierno mantiene y que en este ámbito existen. Para finalizar, reitero un ofrecimiento que estoy seguro que el Grupo Parlamentario Popular acogerá con todo entusiasmo, y es la invitación a que busquemos esas fórmulas y consigamos que la normativa que salga finalmente a partir de esta proposición de ley sea una normativa con la que la gran mayoría de esta Cámara se sienta cómoda.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- PROYECTO DE LEY DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO. (Número de expediente 121/000056).

El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir a continuación las nueve enmiendas presentadas al proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Economía y Competitividad.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Gracias, señor presidente.

Señorías, tengo el honor de comparecer hoy en Pleno para defender el proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado. Se trata de una norma fundamental para la recuperación económica y la creación de empleo. Es una ley liberalizadora, abierta, que no solo respeta sino que consagra la capacidad normativa de las comunidades y que pretende ser un apoyo para todos los emprendedores. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

El proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado persigue un objetivo fundamental que estoy seguro que todos compartimos: impulsar la competitividad de la economía española, el crecimiento económico sostenido y la creación de empleo para volver a situar a nuestra economía entre las principales


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del mundo. Para lograrlo necesitamos eliminar trabas administrativas y las barreras burocráticas que existen en nuestro país y que lastran nuestro crecimiento y entorpecen el ejercicio de la actividad económica; esto es lo que busca esta ley. Señorías, tenemos que ser conscientes de que las barreras administrativas penalizan nuestro crecimiento, como lo demuestra el hecho de que España se sitúe siempre en puestos mediocres en todos los índices de regulación empresarial a nivel mundial; es una posición que no nos merecemos. Permítanme que les cite algunos. La OCDE, en sus últimos indicadores de regulación de mercado, analiza de forma desglosada las barreras que se encuentra una empresa a la hora de establecer y desarrollar su actividad. En dicho índice España se sitúa sistemáticamente por debajo de nuestros principales competidores, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, en lo que hace referencia a cargas administrativas tanto para empresas como para autónomos. Asimismo estamos peor situados en variables como necesidad de notificaciones, licencias y permisos para el ejercicio de una actividad, así como en el número de procedimientos para registrar a una empresa, en los días para realizar todas las tramitaciones y en el coste para las empresas.

El Banco Mundial, en su informe Doing Business, sitúa de manera reiterada a España en puestos por muy debajo de nuestras posibilidades. Desde el año 2007 hemos ido descendiendo posiciones hasta ocupar en la actualidad el puesto número cuarenta y cuatro de ciento ochenta y cinco países, por debajo de la mayoría de los países de nuestro entorno. Además, en lo que se refiere a la apertura de negocios, España ocupa de manera reiterada los últimos puestos del listado, reproduciéndose también un empeoramiento desde el año 2007. En el informe de competitividad global del Foro económico mundial España aparece de forma continua en puestos discretos. Estamos en el número treinta y cinco de ciento cuarenta y ocho economías, y la tendencia desde hace siete años vuelve a ser negativa. Cuando se trata de medir la carga regulatoria que soportan las empresas, que es precisamente con lo que se quiere acabar con esta ley, nos sitúan en el puesto número ciento veinticinco. En este componente el deterioro ha sido especialmente malo, ya que en el año 2006 ocupábamos el puesto cuarenta y seis. Coincidirán conmigo en que en España no ocupa el lugar que se merece. Somos un país de emprendedores y desde el ámbito público, desde el Gobierno, las comunidades autónomas y las entidades locales, debemos apoyar su labor y no obstaculizarla. Eso es lo que necesitan nuestros emprendedores, que les retiremos las barreras del camino.

Señoría, hemos puesto el mayor empeño en que esta norma contara desde el primer momento con todos los apoyos posibles. El texto que hoy debatimos recoge las aportaciones de las comunidades autónomas, de los empresarios, de las asociaciones e instituciones más representativas de España, pues el proyecto fue sometido a un trámite de audiencia pública. Asimismo, organismos como la Comisión Nacional de la Competencia o el Consejo Económico y Social han realizado una valoración favorable. Confío en que con este mismo espíritu de consenso sus señorías se sumen a una ley esencial para el crecimiento de nuestra economía, que pretende generar un marco regulatorio competitivo y atractivo para la inversión. Además, considero muy importante destacar que el diseño de esta ley respeta las competencias normativas de las comunidades autónomas. No pretende en absoluto limitar su capacidad normativa sino todo lo contrario: está basada en la máxima confianza y respeto por su autonomía, ya que otorga alcance nacional a la normativa autonómica.

Señorías, esta norma profundiza también en lo establecido en la Directiva de Servicios de la Unión Europea, que, como saben, sentó un precedente en materia de unidad de mercado. La Directiva de Servicios es un mínimo que no impide a ningún Estado miembro aplicar sus principios a otras actividades si se considera oportuno. De hecho, la ampliación de los principios de necesidad, proporcionalidad, no discriminación y eficacia nacional a todos los ámbitos de intervención pública se encuentra totalmente en consonancia con los principales y mejores principios regulatorios.

Mientras en Europa avanzábamos en la creación de un mercado único, en España hemos ido, señorías, en la dirección contraria y este es el resultado. Por un lado, el mercado nacional está compuesto por diecisiete estructuras normativas diferentes, lo que obliga a que las empresas que quieran operar en todo el territorio nacional deban someterse a diferentes requisitos en función de donde operen; a su vez, a verse obligadas a adaptar sus productos y servicios según donde los comercialicen y, por último, a atenerse a múltiples licencias o autorizaciones para comercializar un mismo producto o servicio. Por otro lado, tenemos una sobreabundancia normativa. Les daré un dato: desde el año 1978 hasta el año 2011, el Estado y las comunidades autónomas -dejando a un lado los ayuntamientos- han publicado más de 100.000 disposiciones normativas. Este exceso nos ha dejado un marco jurídico excesivamente complejo repleto de duplicidades de regulación y normas contradictorias. Señorías, la situación descrita


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no solo es ineficiente, sino que tiene importantes sobrecostes sobre todo y consecuencias nefastas para la economía: desincentiva las inversiones, ocasiona inseguridad jurídica e impide a las empresas beneficiarse de las economías de escala.

Señorías, déjenme que me centre en esto. Ayer mismo un informe de las Comisión Europea señalaba que una de las limitaciones fundamentales desde el punto de vista de la competitividad de la economía española era el minifundio empresarial. No solo son las razones fundamentales los obstáculos estructurales de dicho minifundio empresarial en España. Por un lado, está nuestro proceso de negociación colectiva, que lo que hacía fundamentalmente era establecer barreras para que las empresas pequeñas y medianas ganaran tamaño y que favorecía naturalmente a las grandes empresas, estableciendo unas condiciones laborales que impedían el desarrollo natural, y, por otro, la fragmentación normativa, que impedía que las empresas alcanzaran su economía de escala. Señorías, este minifundio empresarial es una de las razones básicas por las cuales en este momento, a pesar del magnífico comportamiento de las exportaciones españolas, todavía se ve una concentración de dichas exportaciones en grandes empresas e impide que las pymes españolas accedan con todos sus beneficios a los mercados exteriores. Si tienen dificultades desde el punto de vista del propio mercado interior, cómo van a acceder a los mercados exteriores. En definitiva, todo esto supone una importante pérdida de competitividad, un menor crecimiento económico y un menor empleo, una situación que ha sido puesta de manifiesto también por parte de las principales instituciones y organismos internacionales.

La Comisión Europea viene señalando desde el año 2011 en sus recomendaciones específicas de España los solapamientos existentes entre las diferentes administraciones, así como la necesidad de reformar dichos solapamientos. Concretamente, entre las recomendaciones del Consejo Europeo a España dentro del procedimiento del semestre europeo de este año, se nos requiere a aprobar y a aplicar urgentemente el proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado. Además, en su informe sobre España publicado el pasado mes de abril, la Comisión valoró muy positivamente esta norma y destacó que reduciría la fragmentación del mercado español.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional publicó el pasado mes de agosto su informe sobre la economía española, donde señalaba que a pesar de las muy buenas infraestructuras que tenemos en España, de las sólidas infraestructuras con las cuales contamos, España se sitúa en puestos modestos en los ránquines de regulación, consecuencia fundamentalmente de las altas cargas necesarias para emprender un negocio y de las normativas administrativas, e indicaba que todos estos factores se traducen en falta de competencia, mayores precios internos y nos instaba a realizar un esfuerzo para construir un clima de negocios favorable. Por todo ello, el Fondo Monetario Internacional urgía a acometer rápidamente las medidas recogidas dentro del Plan nacional de reformas, y en particular el programa de unidad de mercado para que facilitara el comercio entre regiones españolas y para tener una ayuda de importancia trascendental.

Esta ley también atiende a una reclamación generalizada de los operadores económicos, de los empresarios, de los autónomos y de los inversores tanto nacionales como extranjeros. Hemos estimado que esta norma incrementará la renta nacional en el entorno de los 1.500 millones de euros, aproximadamente un 0,5 % del PIB anual durante un periodo de diez años, incrementará nuestro crecimiento potencial en un 1,5 % del PIB.

Señorías, paso ya a detallarles el contenido concreto de esta norma que es hoy objeto de debate. En primer lugar y fundamental, lo que pretendemos es reducir al mínimo el intervencionismo de las administraciones públicas para garantizar el libre acceso a la actividad económica como principio general. Para ello se reducen los supuestos en los que las administraciones públicas pueden someter a autorización las actividades económicas. Estos supuestos, como vienen recogidos en la ley, son los siguientes: razones de orden público -incluida la estabilidad financiera-, seguridad, salud pública o protección del medio ambiente. También podrá solicitarse una autorización cuando esta esté prevista en la normativa comunitaria y para casos concretos, como las infraestructuras físicas, las ocupaciones de dominio público y los servicios sometidos a tarifas reguladas. En definitiva, señorías, se limita la posibilidad de establecer ex ante limitaciones o autorizaciones a la actividad con carácter arbitrario y no justificado. El objetivo es que las administraciones públicas tengan que justificar muy bien sus intervenciones en la economía. La intervención en la economía debe ser siempre necesaria y proporcionada, valorando si esta es posible con medios menos gravosos para los operadores económicos, como por ejemplo las declaraciones responsables o las comunicaciones, los denominados controles ex post de la actividad. Las declaraciones responsables, lo que comúnmente se conoce como licencias exprés, permiten al operador


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empezar a ejercer su actividad desde el momento en que son presentadas. Posteriormente, las administraciones pueden realizar todas las inspecciones y controles que consideren oportuno para comprobar que realmente el operador cumple con los requisitos para ejercer la actividad. Asimismo esta norma recoge una serie de requisitos que son considerados como actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulación y que por tanto serían contrarios a los principios de la ley.

El segundo gran objetivo de esta ley es hacer efectivo el principio de la unidad de mercado en todo el territorio nacional y para eso se basa en dos actuaciones básicas que garantizan la libertad de establecimiento y la libertad de circulación, que deben ser compartidas por parte de todas las administraciones públicas. No me detendré en todos los aspectos, pero sí me gustaría destacar dos que considero esenciales y que sustentan el proyecto de ley: los principios de licencia única y legislación de origen, que también se recogían en la Directiva de Servicios. Estos principios garantizan que cualquier producto o servicio producido al amparo de una normativa autonómica pueda ser comercializado en todos los puntos del territorio nacional, sin necesidad de modificación o trámite adicional. En definitiva, extienden el principio de eficacia nacional a todas las actuaciones de las administraciones públicas relacionadas con el libre acceso y ejercicio de las actividades profesionales.

Convendrán conmigo en que es paradójico que haya empresas en nuestro país que están obligadas a fabricar versiones distintas de un mismo producto o a pedir licencias diferentes para ofrecer un mismo servicio, o que para determinadas empresas, y sobre todo para algunos autónomos y emprendedores, puede ser hoy más fácil expandir su actividad en otro país de la Unión Europea que hacerlo en la comunidad autónoma vecina. No podemos seguir así, señorías. No podemos permanecer impasibles cuando es nuestra propia normativa la que está limitando nuestra capacidad de crecimiento. Es importante señalar que el proyecto de ley establece determinadas excepciones al principio de licencia única, que están perfectamente recogidas en la ley y que les menciono. En primer lugar, las ligadas a la ocupación del dominio público; en segundo lugar, los servicios públicos sometidos a tarifas reguladas; las instalaciones e infraestructuras físicas e individuales; determinadas competencias estatales y, por último, mercancías peligrosas.

Señorías, esta norma respeta, como ya he indicado, las competencias de las comunidades autónomas y está basada en el principio de confianza mutua entre las administraciones. Por eso establece quiénes son las autoridades competentes para la supervisión del acceso y del ejercicio de la actividad económica cuando los agentes operan en ámbitos territoriales distintos de aquellos en los que están establecidos. Tal y como ha reconocido el Consejo de Estado, el objetivo es garantizar la protección de los consumidores y usuarios de peligros graves que puedan aparecer para las seguridad y la salud, fijando claramente los mecanismos de supervisión y control de los operadores. El intercambio de información entre autoridades para el correcto ejercicio de estas funciones de control y supervisión, la obligatoriedad de cooperación para el intercambio de información y, a su vez, la integración de todos los registros sectoriales y, por último, un sistema de intercambio electrónico de datos, todos estos elementos, señorías, favorecerán la cooperación y la mutua confianza entre las diferentes administraciones.

En este sentido, considero que uno de los aspectos más significativos de este proyecto de ley es reforzar la cooperación entre las distintas administraciones para hacer viables y efectivos los principios recogidos en la misma. Se crea el consejo para la unidad de mercado, que será el máximo órgano de cooperación administrativa para el seguimiento y aplicación de la ley, y, además, las administraciones cooperarán a través de otros mecanismos como por ejemplo las conferencias sectoriales. De hecho, la ley prevé que las conferencias sectoriales aprueben un plan de trabajo para que analicen tanto la normativa estatal como la autonómica y en su caso la local y elaboren propuestas de cambio al respecto.

Me gustaría recordarles que el proyecto de ley de garantía de la unidad el mercado se ha puesto en marcha de forma paralela al Plan de racionalización normativa. Como saben, se trata de una medida principal dentro del Plan nacional de reformas del Gobierno. El objetivo de este plan es analizar los marcos normativos de las actividades económicas para identificar barreras, duplicidades, divergencias o incoherencias en lo referente a la unidad de mercado y hacer propuestas de modificación normativa. Actualmente nos encontramos en la fase de evaluación y hoy mismo el grupo de trabajo interministerial se reúne para aprobar un informe final de evaluación que incluirá, en primer lugar, propuestas de modificación de la legislación estatal y, en segundo lugar, propuestas a discutir en las correspondientes conferencias sectoriales cuando se trate de ámbitos de competencia compartidos.

Señorías, otra de las principales novedades que establece el proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado es su procedimiento de resolución de conflictos. Se trata de un nuevo procedimiento con el


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objetivo de que todas aquellas sanciones impuestas por las autoridades competentes se resuelvan con la máxima celeridad y con una significativa reducción de los costes tradicionalmente ocasionados a los empresarios por las dilaciones judiciales. En primer lugar, hemos diseñado un procedimiento abreviado inicial y de cumplimiento voluntario por las comunidades, con el objeto de facilitar la resolución amistosa de los conflictos ante la autoridad competente y sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Se trata de un procedimiento alternativo al procedimiento administrativo común que pondría fin a la vía administrativa. En segundo lugar, regulamos un procedimiento especial que legitima a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia para recurrir, de oficio o a instancia de parte, en vía contencioso-administrativa actos o reglamentos que vulneren la unidad de mercado. En el caso en el que el tribunal competente admita a trámite el recurso y que la CNMC así lo haya solicitado, se producirá la suspensión automática del acto normativo que vulnere la unidad de mercado. El tribunal, una vez analizadas las alegaciones de las partes, podrá levantar dicha suspensión. La virtud de este procedimiento es que, ahora, en lugar de que el operador tenga que suspender su actividad hasta que resuelvan los tribunales, podrá continuar operando, porque la sanción que haya podido ser adoptada por una comunidad autónoma quedará suspendida hasta que un juez no la ratifique o proceda a levantar dicha suspensión. De esta manera se ahorran los enormes costes a los cuales se enfrentan en estos momentos las empresas españolas.

Señorías, en definitiva, esta es una ley fundamental para la recuperación económica de España. Además, llega en un momento clave, en el que nos encontramos -como saben ustedes- ante una incipiente recuperación económica. En los últimos trimestres se observan datos claros de mejoría económica que permitirá -como ya hemos indicado- dejar atrás la recesión en el segundo semestre de este año. Sin embargo, señorías, se trata de una recuperación débil y por ello es preciso que continuemos con nuestro ritmo de reformas cumpliendo con el Plan nacional de reformas. Hasta ahora, las medidas tomadas por el Gobierno han evitado el colapso de la economía española, pero lo más importante es que están empezando a dar sus frutos y están cambiando la percepción que existe sobre nuestro país, devolviendo la confianza y la credibilidad a nuestra economía.

Este cambio, señorías, tiene mucho que ver con la reconducción y la corrección de la gran mayoría de los desequilibrios acumulados en la economía española. Hemos llevado a cabo un importante proceso de reducción del endeudamiento privado. Se está dando un ajuste notable del precio de la vivienda. Se ha producido una reconducción de todo lo que tiene que ver con las finanzas públicas en España. Las ganancias de competitividad prácticamente no tienen parangón en la zona euro y están siendo a través de las exportaciones el motor de la recuperación y están permitiendo y van a permitir que este año tengamos una capacidad de financiación con respecto al resto del mundo de más del 2 % del PIB.

Por último, el saneamiento de nuestro sistema financiero. No existe recuperación posible sin un sistema financiero, sin un sistema bancario que se perciba como solvente. Esta mejora de la situación se va a concretar en el próximo cuadro macroeconómico que presentaremos mañana en el Consejo de Ministros junto con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Este cuadro, como ya ha indicado el presidente del Gobierno, recogerá una mejora en las proyecciones desde el punto de vista del desempleo ya para este año y del crecimiento económico para el año que viene. Creceremos, iremos creciendo ya a ritmos que no hemos conocido prácticamente desde el inicio de la crisis en España. Seguirán siendo a pesar de todo ello unas previsiones conservadoras, porque, insisto, estamos ante una recuperación tímida que dependerá también de la evolución del contexto internacional. Pero para ello, señorías, debemos seguir avanzando en nuestro Plan de reformas. A esta ley de garantía de unidad de mercado se unirán otras normas importantes como la ley de colegios y servicios profesionales, la ley de desindexación de la economía española, que mañana aprueba el Consejo de Ministros, y la nueva ley financiera, que establecerá nuevos canales de financiación para la empresa española.

Somos conscientes de que aún queda mucho por hacer, quedan retos importantes y profundos. Tenemos que recuperar el nivel de renta que teníamos antes de la crisis. Señorías, desde el inicio de la crisis, el PIB real en España ha caído en 7,5 puntos, mientras que en la zona euro solamente ha sido de 3 puntos. A diferencia de lo que ha ocurrido con nuestros socios, en España, como puso de manifiesto el otro día con su revisión de la contabilidad nacional el INE, no ha habido recuperación desde que se inició la crisis; prácticamente no hemos tenido ningún año en el cual haya habido crecimiento positivo. Por eso, ante una crisis larga, una crisis profunda, una crisis que ha golpeado profundamente y con intensidad a nuestro mercado laboral, es fundamental que el año próximo haya, por primera vez desde el inicio de la crisis, una recuperación notable y significativa de nuestra economía y ello exige no solamente la corrección de los desequilibrios, que ya está ahí, es algo que se está percibiendo, sino


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también acabar con los obstáculos estructurales con los cuales se enfrentaba el crecimiento de la economía española. Es necesario que la economía española vuelva a crecer por sí misma y no a través del impulso del crédito, que es lo que ha llevado a la situación actual. Para ello es fundamental modificar toda la pesada carga regulatoria que en estos momentos, vía intervencionismo, afecta tanto a nuestras empresas.

Tenemos ante nosotros una reforma que yo definiría como vital, modernizadora, aperturista, liberalizadora, profundamente autonomista y que fomentará el crecimiento económico y la creación de empleo. Es una norma que debe colocar la regulación en España al nivel que se merecen las empresas de nuestro país. Además, si me lo permiten ustedes, es una norma que ha tardado mucho tiempo en llegar. Tuvimos un primer paso con la trasposición de la Directiva de Servicios -la norma que hoy analizamos es consecuencia y avanza en dicha dirección, que, vuelvo a repetir, fue una directiva traspuesta por el Gobierno anterior- y además no podemos olvidar que es una norma que fundamentalmente favorece a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. En estos momentos las grandes empresas son capaces de tratar con la especie de jungla de normativas a las cuales se tienen que enfrentar en la regulación que en estos momentos tenemos en España. Tienen capacidad para hacerlo. Quien no tiene capacidad para hacerlo, señorías, son las pymes y los autónomos. Por tanto, esta es una norma que está al servicio de los ciudadanos, porque el crecimiento de la economía española, la capacidad para volver a generar empleo vendrá de las pymes. Deben ver por tanto en la ley de garantía de la unidad de mercado un aliado, un marco que, les reitero, amplía la capacidad normativa de las autonomías, ya que dota de eficacia en todo el territorio nacional a lo permitido por una comunidad. Ni una sola coma de esta norma implica una centralización o recentralización de ningún tipo de competencia autonómica.

El sector exterior está demostrando que somos competitivos y que somos capaces de ganar cuota de mercado, incluso cuando las circunstancias son especialmente desfavorables. Señorías, ninguna Administración puede poner límite a este dinamismo, a esta capacidad de ganar cuota de mercado y de avanzar que tienen las empresas españolas. Estamos abiertos al diálogo y esperamos poder contar con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios para obtener entre todos la mejor ley posible. Estoy convencido de que podremos hallar puntos de encuentro para hacer de nuestro mercado uno de los más competitivos y dinámicos del mundo, tal como lo están demostrando en este momento nuestras empresas a través de su presencia en los mercados internacionales. Esta es la voluntad del Gobierno y estoy seguro de que también la de todos los grupos de esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Para la defensa de las enmiendas van a intervenir los representantes del Grupo Mixto, no solamente los que tengan enmiendas, sino también aquellos que no las hayan presentado. En primer lugar, señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señores diputados, la deriva recentralizadora del Gobierno del PP en esta legislatura, contraria al modelo territorial, le ha llevado a aprobar normativas relativas a política financiera, educación, sanidad, medio ambiente, energía y justicia que han producido una limitación de la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas, lo que ha motivado que diversos territorios como Canarias hayan tenido que acudir al Tribunal Constitucional en defensa de su ámbito competencial y del orden constitucional. El asunto que debatimos es un ejemplo más de esa política recentralizadora del Partido Popular, en este caso reinterpretando de manera injusta la Constitución, porque da un giro al principio del espacio económico único que contiene el artículo 139, según el cual ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. Sin embargo, el Gobierno, con esta normativa sobre la unidad de mercado, quiere imponer un espacio económico inexistente con la excusa de que funcione con mayor fluidez; aunque se justifica en que sigue la línea de las medidas de liberalización de la Unión Europea en el ámbito de los servicios, lo pretendido por el Gobierno va mucho más allá y sin la cobertura de la normativa comunitaria, porque sus determinaciones se aplican a todas las actividades económicas, incluso las excluidas de la Directiva de Servicios.

La medida estrella del proyecto, el principio de eficacia nacional de las actuaciones de las administraciones públicas respecto al acceso a las actividades económicas, supone una intromisión ilegítima en la autonomía de las comunidades autónomas, ya que va a permitir que los operadores


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económicos no tengan que realizar ningún trámite adicional o cumplir nuevos requisitos para acceder a una actividad en otro territorio diferente al de su origen. Es abundante y consolidada la jurisprudencia constitucional que establece que las competencias de las comunidades autónomas se encuentran limitadas a sus propios territorios, de tal manera que las actuaciones administrativas deben quedar estrictamente limitadas al ámbito territorial de cada comunidad. Sin embargo, esta ley va a permitir que las leyes de unas comunidades autónomas se impongan a las de otras, creando un caos normativo imprevisible y una distorsión del modelo autonómico, pudiendo plantearse irónicamente el caso de que en una misma comunidad se apliquen las de las dieciséis restantes; en definitiva, un disparate jurídico y político colosal. A ello hay que sumar que en el caso específico de Canarias, en efecto, el Gobierno desde el principio de la legislatura viene ignorando incomprensiblemente las especificidades canarias derivadas tanto del modelo autonómico como de la Unión Europea, y es obvio que en Canarias esa pretendida unidad de mercado debilitaría una realidad innegable por su lejanía e insularidad. En suma, retiren este proyecto de ley porque, por un lado, distorsiona todo el modelo autonómico y, por otro, porque en el caso de Canarias choca frontalmente con nuestra realidad archipiélagica.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Oramas.

Por el mismo grupo, señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, el marcado carácter uniformizador y centralizador de este proyecto de ley, que supone una clara invasión al marco competencial autonómico y que, de aprobarse, impedirá a las comunidades autónomas desarrollar políticas propias en multitud de ámbitos, es sobrada razón para que desde el Bloque Nacionalista Galego presentemos esta enmienda de devolución.

Señorías, el proyecto de ley se enmarca en el conjunto de leyes de carácter antisocial y centralizador que está impulsando el Ejecutivo, que a nivel territorial transita desde el café para todos, consagrado en la Transición y negador del carácter plurinacional del Estado, al café para nadie del actual proceso centralizador impulsado por el Gobierno, que en gran medida culpabiliza al marco autonómico de la situación actual de fuerte crisis económica, ocultando a los verdaderos culpables ante la opinión pública.

El proyecto, señorías, apela a la igualdad, pero se utiliza para igualar por abajo, cuando de lo que se trata es de promover la desregulación, impidiendo ejercer a las administraciones territoriales sus cometidos políticos de fomento y desarrollo autonómico autocentrado. Los efectos son exactamente los contrarios: mayor concentración del capital y mayor desigualdad social y territorial. El propio dictamen del CES, señorías, advierte de que la homogeneización que se pretende puede producir la convergencia hacia normativa de mínimos o incluso ausencia de norma. Además, el dictamen considera que el proyecto puede ser de difícil aplicación y dar lugar a una gran litigiosidad, porque afecta a un buen número de competencias autonómicas y locales. Esta circunstancia puede derivar en la proliferación de conflictos competenciales entre el Estado y las administraciones territoriales, pero también entre las propias comunidades autónomas y entidades locales. Bajo la tesis de que el marco autonómico dificulta el libre establecimiento y el ejercicio de la actividad económica, el Gobierno del Estado aprovecha para crear un marco que, de facto, impide a las comunidades autónomas llevar a cabo políticas propias en multitud de ámbitos. Tenemos que recordar que las comunidades autónomas tienen competencias sobre comercio, política industrial, ordenación del territorio y un amplio paquete de normas sobre sanidad, servicios y otras regulaciones.

El capítulo II define varios principios para la garantía de la libertad de establecimiento y circulación, cuya aplicación tendrá como consecuencia directa la limitación de actuaciones por parte del ámbito autonómico. El artículo 6 establece el principio de eficacia de las actuaciones en todo el territorio nacional. Señorías, el texto del proyecto favorece la posibilidad de que una empresa pueda establecerse en una comunidad sin tener que rendir cuentas a la normativa de esa comunidad sobre diferentes materias como comercio o medio ambiente.

Desde el Bloque Nacionalista Galego, señorías, consideramos que si se quiere evitar duplicidades o, en su caso, disfunciones innecesarias, existen instrumentos de cooperación e incluso de coordinación a los que recurrir, sin necesidad de crear otros órganos como el consejo para la unidad de mercado dirigido por el Gobierno o sin necesidad de establecer un catálogo de prohibiciones de actuación dirigidas a las autoridades autonómicas y locales, sin necesidad en definitiva de menoscabar el ya de por sí insuficiente marco competencial establecido.


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En resumen, señorías, el proyecto se fundamenta en dos lógicas contrapuestas a las que defiende el Bloque Nacionalista Galego, la lógica de libre mercado y la del territorio estatal como marco de referencia para ejercerlo por encima de cualquier competencia atribuida al marco autonómico o local. Finalizo, señora presidenta. Así, la concepción de la unidad de mercado aplicada al territorio estatal choca frontalmente con la concepción que siempre defendió nuestra organización política, de impulso de un desarrollo económico propio y autocentrado, donde las lógicas de libre mercado no sean las imperantes. Cuanta más y mayor uniformidad haya en el territorio estatal, menor capacidad de las comunidades autónomas y en nuestro caso de Galicia de poder desarrollar políticas propias acordes con nuestra realidad económica, social y ambiental.

Por lo expuesto, señorías, señor ministro, proponemos la retirada de este proyecto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, dejen que les diga que solo con esta ley recortan tanto el Estatut de Catalunya como lo hizo este mismo Parlamento con el famoso cepillado del señor Guerra. Además dan el pistoletazo de salida a una competición en espiral entre comunidades autónomas, en la que se supone que gana quien más desregule, sobre todo en derechos, en derechos de todo tipo: derechos para los consumidores, derechos de seguridad, derechos de salud, derechos medioambientales; una perversa subasta en que todos pierden menos -claro está- los de siempre.

Dicen que con este proyecto de ley pretenden poner orden a lo que consideran una maraña legislativa que dificulta la libre circulación de bienes y servicios entre las comunidades. Yo me pregunto: ¿pero ustedes a quién quieren engañar? Lo que ustedes llaman maraña legislativa es el Estado autonómico, y lo que ustedes llaman obstáculos a la libertad de circulación de bienes y servicios son los derechos sociales. Su intención no es otra que la de reducir a las comunidades autónomas a meras y simples delegaciones de la Administración General del Estado, dedicadas únicamente a la ejecución de las políticas elaboradas por el Gobierno español.

Están ustedes empeñados en imponer su visión nacionalista y centralista del Estado, y pretenden laminar las competencias de las comunidades autónomas, sustrayéndoles cualquier ámbito de decisión y subordinándolo a los dictados del Gobierno del Estado. Sigan ustedes con su hoja de ruta para desmantelar nuestra autonomía; nosotros -también tengo que decírselo- continuaremos con nuestra hoja de ruta hacia la independencia. Sus políticas no tienen correlación con los discursos de catalanizar España, ninguna; ni tampoco de entender a los catalanes, como a veces dicen. Siguen siendo unos nacionalistas centralistas, no lo pueden evitar, y esta ley es un paradigma. Siguen intentando una y otra vez imponer un marco homogéneo a una realidad autonómica heterogénea, es así. No obstante la existencia de una regulación europea, como también se ha dicho, tras la que se escudan, no modifica en ningún caso el orden de distribución de competencias, que se establece en las normas del denominado bloque de constitucionalidad, especialmente como siempre en su propia sacromagna Constitución, pero también en los Estatuts d'Autonomia.

En definitiva -y acabo- esta ley es, señorías, su programa electoral, es el paradigma de su unidad centralista, de su España única con solo un derecho social: la libertad de empresa.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.

Por el mismo grupo, el señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, usted nos ha traído aquí una ley bajo dos conceptos que ha expuesto en su intervención: uno, el tema de la competitividad, y el segundo -con el que estoy de acuerdo-, el de que es una reforma liberalizadora, como usted decía. Diría que efectivamente libera, pero en el mal sentido de la palabra que decía aquel, porque creo que detrás de este proyecto de ley lo que hay precisamente es la imposición de un modelo, de un modelo político y de un modelo social, un modelo político recentralizador. Indudablemente esta ley se inserta también en las políticas de este Gobierno, que está empeñado en reconducir el modelo de Estado por la puerta de atrás, por la puerta de las leyes, de los recortes sistemáticos, de cualquier


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competencia o retazo de soberanía que tengan las comunidades autónomas, y fundamentalmente aquellas realidades nacionales sin Estado que están dentro del Estado español. Esa es la línea general de su ley.

Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos objetivos, ni con el modelo de Estado ni con el modelo social, ni con que esta ley esté a favor de la competitividad. La competitividad no va a venir por este camino. La competitividad vendría, por ejemplo, si usted tuviese en su departamento muchos más fondos para apoyar la I+D+i, que es la clave de la competitividad si se quiere tener una competitividad estable en el tiempo, una competitividad de calidad. Esa dotación de más fondos para su departamento será muy necesaria, y supongo que usted en estos días pasados habrá tenido una pelea importante dentro del Gobierno, como es habitual cuando se preparan los presupuestos, para conseguir el máximo posible de fondos para aplicar sus políticas, pero la competitividad no va a venir por ahí, va a venir precisamente por conseguir más fondos.

El presidente de su Gobierno esta misma madrugada en Naciones Unidas aludía a Gibraltar diciendo que había que acabar con ese paraíso fiscal. El auténtico paraíso fiscal ahora mismo en la Unión Europea es el Estado español, porque como se dice en mi país, del Ebro para abajo no paga impuestos nadie -y hay otra expresión quizá menos apropiada para decirla en esta tribuna-. Este es el elemento fundamental. Usted se ha referido a los datos de Eurostat, de la Unión Europea sobre competitividad, sobre regulación, etcétera. El dato turbativo es el porcentaje que dice Eurostat que supone la recaudación fiscal sobre el producto interior bruto. Ahí el Estado español está a la cola de la Unión a Diecisiete de la zona euro, y del conjunto de los Estados de la Unión a Veintisiete. Ahí está la clave de la competitividad. Sin embargo ustedes han optado por una ley que, como decía antes, no va a favorecer la competitividad.

Cuando hablamos de mercado único, yo estoy a favor del mercado único, pero el de la Unión Europea. El mercado único ya está, la regulación para el mercado único está en el seno de la Unión Europea, y precisamente lo que quiere garantizar la Unión Europea es que cualquier producto o cualquier empresa se pueda mover por todo el ámbito de la Unión Europea sin problemas, en igualdad de oportunidades con otras empresas. Pero eso se garantiza también sin esta ley; estaba garantizado ya. Es más, yo creo que el modelo competitivo vasco, por ejemplo, es una muestra clara. Es el sistema económico más exportador de todo el Estado español, y además exporta a países avanzados: a Alemania, Francia, Reino Unido, Japón o Estados Unidos, es decir, no a países fáciles, por decirlo de alguna forma, y ha sido exportador sin necesidad de esta norma.

Con esta norma, como señalan también los consejeros de ELA y de la Confederación Intersindical Galega en el Consejo Económico y Social, lo que están haciendo es que, bajo la disculpa del establecimiento del principio de eficacia en todo el llamado territorio nacional, explícitamente desarrollado en el artículo 19 de la ley, ese planteamiento resulta lesivo para el ámbito contemplado en la soberanía vasca, en los retazos de soberanía vasca. Al principio ustedes, al contemplar en el anteproyecto el principio de territorio de origen, están permitiendo a las administraciones públicas de los territorios donde las empresas desarrollan su actividad imponer requisitos o condiciones diferentes. Con esa imposición están vulnerando el marco competencial establecido. Y yo diría algo más: están lesionando el interés de los consumidores, porque como se señala de pasada también en el conjunto del informe del Consejo Económico y Social este establecimiento de la desregulación va en detrimento de las garantías de los consumidores, porque se va a aplicar el mínimo de regulación. Eso significa que en los sitios donde tengan menor vigilancia de los derechos de los consumidores se van a ver arrastrados por esta ley.

Hay otro elemento fundamental que consideramos que va en contra del interés de la ciudadanía. Yo creo que esta norma va también en contra de las economías locales, de esas microempresas -el concepto de pyme es casi el de mediana y gran empresa en nuestro país- que se van a ver arrastradas por la ola de los grandes distribuidores, por ejemplo, en el ámbito del sector alimenticio, etcétera. Eso va a ir en detrimento de esas economías locales, de la creación de empleo en los ámbitos locales, y va a destruir empleo que va a ser sustituido por el empleo de otras grandes empresas, de esas grandes multinacionales, de esas grandes empresas de distribución que crean empleo, pero empleo de baja calidad y normalmente fuera de los ámbitos donde se desarrolla la economía local.

Por eso nosotros -con esto acabo, señora presidenta- estamos en contra de esta ley. Pensamos que esta ley no es necesaria. El mercado único está ya en la Unión Europea, no hace falta esta desregulación, que va en contra de los intereses de los consumidores, en contra de las economías locales, y de las competencias y del ámbito de soberanía que tienen las comunidades autónomas y los territorios


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que componen Euskal Herria. Por eso nosotros vamos a pedir la devolución del proyecto de ley al Gobierno.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, a esta legislatura de verdad le faltaba ya este proyecto de ley que ustedes nos presentan: una ley de unidad de mercado. La capacidad de sorpresa ustedes la van incrementando mediante un peligrosísimo crescendo político semana tan semana. Le iba a hacer una sugerencia, si no tiene inconveniente el señor Martínez-Pujalte. Gracias. Si nos ponemos en esta tesitura tan recentralizadora, un proyecto de ley de unidad de mercado, fíjese incluso la denominación, el rótulo de la ley, lo elocuente que resulta, podríamos por razones incluso de economía procesal iniciar otro proceso constituyente, señor ministro, y liquidar las comunidades autónomas directamente, en vez de ir haciéndolo tan trabajosamente real decreto-ley tras real decreto-ley, proyecto de ley tras proyecto de ley, y a través de procedimientos cada vez más imaginativos. Se han superado ya los procedimientos invasivos de las competencias autonómicas tradicionales o clásicos: la desmesura de la interpretación de las leyes básicas de la legislación marco del Estado, de los principios generales ordenadores de la economía, de la alta Inspección del Estado, y se ha recurrido a otros nuevos en esta legislatura: la incorporación de las directivas comunitarias, hoy vamos a hablar de una, precisamente la configurada por la Ley 17/2009; el uso de títulos atributivos competenciales impropios -como en el debate anterior la señora Surroca con brillantez ha explicitado-; el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que no atribuye competencias al Estado, no atribuye competencias en el sentido material de la palabra, sino que establece una suerte de principio general para el ordenamiento jurídico, que es atender a la igualdad entre todos los ciudadanos, y ya la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley 2/2012, tras la reforma del artículo 135 de la Constitución.

Además el crescendo imaginativo a la hora de recentralizar va en aumento. Hoy nos encontramos con que ha habido un debate, que desafortunadamente se ha perdido, ha tenido la poca suerte de poder apreciarlo, que es la utilización de otros procedimientos nuevos para la recentralización de competencias, la invocación o la conversión de bienes intangibles de la humanidad, de determinadas materias que corresponden al ámbito autonómico, específica, exacta y exclusivamente, como la fiesta de los toros. No sé si convendría también utilizar este procedimiento y convierte usted el mercado único español en un bien intangible de la humanidad, lo podía intentar a través de la Unesco, y por este procedimiento nos tendríamos que ahorrar este debate, que resulta particularmente trabajoso y muy desmoralizante, muy duro de reflexionar, muy duro de articular para mi grupo. Se lo voy a decir con la honestidad con la que usted y yo hemos hablado siempre, señor ministro, como dicen en las encuestas, estoy en desacuerdo o muy en desacuerdo con la totalidad de su argumentario, más muy en desacuerdo que en desacuerdo con su argumentario. ¿Qué problemas quiere usted atender con la configuración de un mercado único? ¿En qué no es único el mercado español, que es el más único de todos los mercados europeos de nuestro entorno y con los que competimos? Solo le puedo decir que tiene razón en una cosa: en la gran proliferación, 100.000 ha dicho usted, de normas que configuran nuestro ordenamiento jurídico. Ya decía el ilustre jurista Carnelutti que la fertilidad legislativa es el sucedáneo de la falta de capacidad, de la falta de ideas, y de la falta de recursos o de la falta de imaginación de los poderes públicos del Estado. Estoy de acuerdo, son demasiadas normas, pero es que de esas normas el 80 % son normas estatales, son normas aprobadas por sus ministerios o aprobadas por estas Cortes Generales del Estado, la mayoría de ellas. ¿Que hay que simplificar este gran leviatán normativo con el que convivimos? Sí, pero lo tienen que hacer ustedes fundamentalmente, que son los que más legislan, los que tienen mayor fertilidad normativa, parafraseando de nuevo a Carnelutti. ¿Por qué hay que unificar un mercado en donde los puntos de conexión de las distintas leyes funcionan correctamente, y han sido ya resueltos por la jurisprudencia constitucional? Las competencias en materia de derecho de sociedades son del Estado, el derecho mercantil es una competencia exclusiva del Estado, salvo una excepción, la legislación cooperativa, señor ministro. Pero el Tribunal Constitucional ha establecido los puntos de conexión, en virtud de un recurso que se interpuso contra la Ley de Cooperativas de Euskadi, la primera que se aprobó por el Parlamento vasco, precisamente en los puntos de conexión para regular los conflictos en la colisión de una legislación cooperativa estatal y una legislación cooperativa autonómica; no hay ningún problema.


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Existen tres administraciones tributarias en el Estado español, usted las conoce, la Administración tributaria del Estado español y las dos administraciones de los territorios forales, configuradas por su Concierto económico y convenio respectivamente. Los puntos de conexión nunca han sido un problema. La litigiosidad ha sido provocada por el contenido de las normas forales o de las normas estatales en su caso, a través de conflictos de competencia. Pero cuando ha habido problemas relativos a los puntos de conexión de las normas tributarias forales y las normas tributarias estatales ya los ha resuelto la Sala tercera del Tribunal Supremo hasta este momento, y las resolverá en el futuro el Tribunal Constitucional, señor ministro. Desde esa perspectiva, ¿qué problemas hay? ¿Cuáles son los problemas que afectan a la unidad de mercado? Ninguno. Y como no hay ninguno, me llama la atención poderosamente que usted, que es una persona inteligente, haya citado como referencia de autoridad informes que deslegitiman la práctica totalidad de este proyecto de ley que hoy se nos ha presentado. Ha citado el informe del Consejo General del Poder Judicial en donde le dicen palmariamente que son varios preceptos inconstitucionales, particularmente el que constituye la clave de bóveda de este proyecto de ley. El artículo 17 -se lo dice así, señor ministro- es inconstitucional por vulnerar competencias, y por su definición tan deletérea que provoca la posibilidad de intromisión de la Administración del Estado en todos los ámbitos competenciales que tengan algún tipo de conexión con la actividad económica, en su dimensión más lata, en su dimensión más amplia. El Consejo de Estado le ha dicho lo mismo, no solo al artículo 17, también se ha referido a la dudosa constitucionalidad del artículo 18 y del artículo 19, sin perjuicio de que también hace una referencia importante, que usted ha omitido, sobre la falta de tutela judicial efectiva de un proyecto de ley, que también atribuye los problemas que se tienen que dilucidar en el ámbito jurisdiccional a la Sala tercera, la de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, pero por un curioso procedimiento que también forma parte de esta innovación creativa que caracteriza su forma de legislar, consistente en que quien esté legitimado para recurrir al contencioso-administrativo, el operador económico legitimado, tendrá que dirigir una solicitud a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, y esta no está requerida por ningún tipo de plazo para la interposición de recurso contencioso-administrativo, quedando así el dies a quo, es decir, el plazo para la interposición de recurso, indefinido absolutamente con los problemas de inseguridad jurídica, y con los numerosos precedentes de inconstitucionalidad, de normas procesales sin plazo, que ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha declarado de forma muy prolija.

Unidad de mercado. Le voy a leer dos párrafos terriblemente significativos de los informes que usted ha citado como elementos de legitimación de la norma, pero que son elementos de deslegitimación de la norma, señor ministro. En primer lugar, dice el Consejo General del Poder Judicial que, conforme a la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional, el principio de unidad de mercado es corolario del orden económico único que debe regir en todo el Estado. Esto ya es mucho admitir para lo que representa un grupo como el mío, pero vamos a admitir que esto sea cierto. Dicho principio garantiza que el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas no conduzca a resultados disfuncionales y desintegradores en materia económica que puedan obstaculizar la libertad de circulación de bienes, capitales, servicios y mano de obra, así como la igualdad máxima en el ejercicio de la actividad económica. No obstante -y aquí viene la advertencia que debe tomar en consideración del informe del Consejo General del Poder Judicial en relación al anteproyecto en ese momento-, la igualdad de mercado no equivale a la uniformidad del mismo. De ahí que la compatibilidad entre los principios de unidad económica y diversidad jurídica justifica que la normativa autonómica pueda establecer regulaciones singularizadas. Le puedo asegurar, señor ministro, que con este proyecto de ley la normativa autonómica no puede realizar regulaciones singularizadas, y particularmente entre las doce materias sujetas a autorización, como luego dice el informe del Consejo de Estado, en nada que usted quiera evitar que lo hagan regulaciones singularizadas -primera admonición o primera advertencia del Consejo General del Poder Judicial, donde después hay otra de tono más belicoso, más beligerante donde invoca la manifiesta inconstitucionalidad del artículo 17 del proyecto de ley-. ¿Por qué no se toman en serio las advertencias del Consejo General del Poder Judicial en relación a la presumible inconstitucionalidad de determinados preceptos, el 19 y el 20?

Luego hay una reflexión interesante, que es cuando el Consejo General del Poder Judicial afirma -y leo textualmente- que en materia de libertad de establecimiento y supervisión de los operadores económicos se confiere una posición manifiestamente prevalente a la normativa de las autoridades del lugar de origen, en detrimento de la regulación propia de las administraciones públicas del lugar donde se va a desarrollar la actividad económica, del lugar de destino. Esta reflexión es muy interesante, señor ministro, porque esta reflexión -que no es nuestra- es de un órgano poco sospechoso por poseer una


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ideología nacionalista o anticapitalista incluso, si me permite la expresión que puede resultar excesiva para un órgano constitucional de estas características, porque ya manifiesta la incompatibilidad existente en la estructura del mercado único que se configura en este proyecto de ley, con la estructuración previamente acometida por la directiva de servicios que usted ha glosado con tanta recurrencia en este momento, y que se incorpora a través de la Ley 17/2009. Se indica por el Consejo General del Poder Judicial -y se repite la crítica por el Consejo de Estado- que hay una manifiesta incompatibilidad entre los sistemas de armonización que no se cohonestan en ese proyecto y la formas de trasponer esa directiva, que ya denunciamos en su día. No solo se trasponía la directiva, sino que se amplificaba su contenido, y fuera de la directiva se incorporaban o regulaban materias propias de las comunidades autónomas y materias propias del Estado español que no estaban siquiera reguladas por la directiva. Pero esto ya no nos sorprende tampoco, porque esta es una práctica sistemática por parte de todos los Gobiernos y por parte de estas Cortes. Pero hay una primera incompatibilidad: el sistema de unidad o de uniformidad que ustedes proponen en este proyecto, y el que se propone por parte de la directiva de servicios. Está glosada por los dos informes, el del Consejo General del Poder Judicial y el del Consejo de Estado, que usted ha citado como elementos de legitimación. Luego se sigue comentando que también hay otra incongruencia, desde la perspectiva de la armonía de los mecanismos de unificación o de uniformidad de las normas y de la aplicación de las normas, entre el sistema unificador de este proyecto de ley y el sistema previsto en el Tratado de funcionamiento de la Unión. Se lo dice el Consejo de Estado haciendo referencia al contenido de los artículos 138 y 139 de la Constitución, y a través de los dos mercados distintos que se configuran, el propio del Tratado de la Unión y el que usted configura ex novo, cual es un proyecto de ley con este contenido, que vamos a calificar -por utilizar un término suave- de atrabiliario, en principio.

Ya por último, señor ministro -y voy acabando, señora presidenta-, se termina diciendo que el artículo 17.1 establece de forma desmesurada -es la expresión- una serie de autorizaciones o de competencias en materia de autorización de competencias. Son competencias autonómicas aunque ustedes se las reservan para el Estado algunas de las que usted ya ha leído: el orden publico; la seguridad publica; la protección del medio ambiente; las medidas orientadas a la protección de la salud y vida de los animales -antes hemos estado hablando de los toros -esperemos que no se provea la declaración de bien intangible de esta competencia, que es cultural y es autonómica-; la preservación de los vegetales; la protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional; la protección de la propiedad industrial y comercial; la protección del consumidor; la mejora de las condiciones de trabajo, incluso en ausencia de consideraciones relativas a la salud; el mantenimiento de la diversidad de medios de comunicación; el equilibrio del sistema de la Seguridad Social; la seguridad viaria; la lucha contra la delincuencia; el bienestar de los animales en el concepto más amplio vinculado a la sanidad animal, y la creación de un mercado nacional, privando de estas competencias a las comunidades autónomas cuando estas, todas sin excepción de las que le he leído, señor ministro, o son -en el caso del Estatuto de Autonomía de Gernika- competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o en el caso de algunas de ellas son competencias de ejecución. Lo mismo ocurre con el Estatuto de Cataluña: son todas o competencias exclusivas o competencias compartidas, nomenclatura que utiliza el Estatuto catalán que es diferente al Estatuto de Gernika, pero son competencias de la Generalitat, del Govern de Cataluña y de sus instituciones, como estas son competencias de las comunidades autónomas que por este curioso procedimiento ustedes rescatan para la Administración central. Estamos hablando de un verdadero rescate competencial, pero sin la invocación de título de legitimación constitucional alguno. Por eso empecé quizá de forma un tanto beligerante mi exposición diciendo: iniciemos un proceso constituyente y liquidemos las comunidades autónomas. Por lo menos para el tema de la recentralización de las competencias en materia de toros se ha buscado este subterfugio sutil de convertir los toros en un bien intangible de la humanidad; imagino que la unidad de mercado no admite ser convertida en un bien intangible de la humanidad.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo, señora presidenta.

Pero es que ustedes no utilizan para la recentralización de las competencias ni procedimientos sutiles ni siquiera groseros, sencillamente ninguno, se las atribuyen porque sí, en virtud de la invocación de un mantra, que están recurrentemente utilizando en esta legislatura, que es por la mayor eficiencia y la


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generación de riqueza, la generación de empleo. Claro, todos queremos esto, pero no todos queremos esto a costa de los requerimientos del bloque de constitucionalidad, señor ministro.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, seis años después del inicio de la crisis económica llega por fin a la Cámara la discusión de un problema que debió abordarse no al iniciarse la crisis, sino años antes del inicio de la crisis económica, y es la fragmentación de nuestro pequeño mercado interno español. No deja de ser paradójico que en un país presuntamente tan europeísta como España, en el que defendemos la unidad europea, uno de cuyos pilares es el mercado único porque cada mercado nacional es demasiado pequeño, nos hayamos dedicado durante décadas con entusiasmo a fragmentar en diecisiete parcelas nuestro pequeño mercado interno español. Y la gravedad de este problema no se puede minusvalorar y es fácil de entender con grandes cifras o con pequeños ejemplos. Con grandes cifras, porque la CEOE, por ejemplo, ha identificado 124 tipos de obstáculos diferentes a la unidad del mercado interno español, 124 variedades de obstáculos, o porque cada año se promulgan en nuestro país 13.000 leyes que tienen efectos económicos a nivel estatal o autonómico -100.000 es el acumulado que decía el señor ministro, y es coherente el 100.000 total con las 13.000 anuales-. Y junto a estas grandes cifras podemos poner ejemplos que rayan en lo chusco: tenemos casos de empresas que no pueden poner el mismo cartel de prohibido fumar en las diferentes comunidades autónomas, porque los requisitos de tamaño o de colorido son diferentes, o empresas que transportan cangrejos vivos y tienen que evitar pasar por una determinada comunidad autónoma, porque la normativa de transporte de animales vivos es diferente en ella que en otras comunidades. Desde luego hacemos muy difícil a los empresarios cumplir con la legalidad; el que tenga que leer las 13.000 normas deberá tener un equipo de cuatro o cinco empleados dedicados exclusivamente a leer boletines oficiales. Y con esto perdemos todos, señorías, perdemos los consumidores, que tenemos productos más caros y de peor calidad; pierden las empresas, que tienen mayores costes, menos competitividad, menor posibilidad de aumentar el tamaño y aprovechar las economías de escala; perdemos como país, dado que es muy difícil captar inversión extranjera en estas condiciones, más de un empresario extranjero se habrá hecho traducir varias veces esta realidad no creyendo lo que estaba escuchando; y en último término perdemos capacidad de crecimiento, y por tanto bienestar como sociedad.

Dicho lo cual también tengo que decir que cada cual asuma sus responsabilidades en este problema; la de mi grupo es muy pequeña, nosotros desde que nacimos hace seis años llevamos insistiendo en este tema; si nos permiten la inmodestia creo que hemos sido el grupo que puso este tema en la agenda política, y se nos llamó como siempre de todo, se nos dijo que el problema no existía, que era falso, que lo poníamos en la agenda por oscuros objetivos malvados que normalmente nos animan; hoy es algo generalmente aceptado, pero ha habido que luchar para que sea generalmente aceptado. Y que cada cual asuma también sus responsabilidades en los grandes partidos políticos, porque el Partido Popular es muy aficionado a venir aquí a sermonearnos sobre el caos que hay y cómo lo van a arreglar, pero, ¿qué parte de responsabilidad tienen en la generación de ese caos? ¿Cuántas de esas 100.000 normas se han promulgado y se siguen promulgando en las comunidades autónomas que ustedes gobiernan? Porque a menudo parece que los grandes partidos hubiesen llegado ayer de otro planeta, se encuentran una realidad muy desagradable, y nos dicen que nos van a salvar. Bueno, nos van a salvar de ustedes mismos, señorías; nos van a salvar de ustedes mismos.

Resulta lamentable que cuando por fin llega esta normativa a la Cámara sea difícil compartir su contenido. Se aborda por fin el problema, pero de forma errónea, en nuestra opinión. Voy a intentar explicar por qué siendo tan favorables al mercado único somos, sin embargo, contrarios a esta norma concreta. Me voy a centrar en el elemento crucial de esta norma, que es el principio de eficacia de las autoridades competentes en todo el territorio nacional. Dicho de forma más llana, lo que viene a decir es que si una empresa está operando legalmente en un territorio, en una comunidad autónoma, puede operar en el conjunto del territorio nacional sin requisitos adicionales. Esto, a primera vista, suena muy razonable; a primera vista uno diría por qué no, ya está operando en una comunidad, ahí tiene ciertas normas, por tanto que opere en el resto. Intentemos ser como los buenos jugadores de ajedrez que antes de mover una pieza se preguntan por los movimientos posteriores que va a desencadenar, porque lo que parece a primera vista tan razonable cuando uno lo analiza en detalle no lo es tanto en opinión de mi


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grupo, señorías. ¿Qué consecuencias va a conllevar esta decisión? En nuestra opinión son de mucho calado y algunas indeseables. Estamos primando el principio del territorio de origen; lo que prevalece es el marco regulatorio de ese territorio de origen en el que está situado la empresa, excluyendo la normativa del resto de territorios. Básicamente eso es lo que estamos planteando, predomina la normativa del territorio de origen de la empresa y se excluye la normativa del resto de territorios.

¿Qué consecuencias va a tener esto? Por ejemplo, ¿qué consecuencias va a tener en el comportamiento de las empresas? Las empresas se rigen por incentivos, y ahora van a tener un incentivo muy claro, que es localizarse en el territorio que en su sector exige menos requisitos, con el agravante de que en algunos sectores los requisitos pueden ser nulos. Habrá un mercadeo en el que las empresas de cada sector estudiarán las diecisiete normativas autonómicas y dirán, en mi sector la comunidad equis es la que menos requisitos exige. Algunas tienen dificultades de movilidad pero en el caso de las nuevas empresas está claro dónde van a situarse, en aquellas que en su sector exijan menos, que en algunos casos será nada. ¿Qué consecuencias tiene esto para el papel del Estado en nuestro país? Mis ilustres colegas nacionalistas dicen que esto es un proceso recentralizador. En nuestra opinión no es así exactamente, señorías, porque aquí el Estado lo que hace es quitarse de en medio, el Estado no está recentralizando. El Estado está abdicando de su función; el Estado, con ese complejo que tiene a intervenir, con ese miedo a que le acusen de invadir competencias autonómicas, se quita de en medio y dice: que las comunidades autónomas se arreglen entre ellas. Si una comunidad autónoma pone ciertas normas y esas valen, que valgan en el resto del territorio nacional. Por lo tanto, para que el Estado, que legítimamente podría hacerlo, no se vea criticado por invadir competencias autonómicas armonizando legislación, lo que va hacer es que la comunidad A invada las competencias autonómicas de las otras dieciséis comunidades en el sector en el que menos requisitos exija. Por ejemplo, que Cantabria -por poner un nombre- en el sector equis si exige poco invada las competencias autonómicas de Andalucía, de Cataluña, de Madrid. No tiene mucha lógica, desde luego, ni siquiera desde la perspectiva del Estado autonómico. El Estado abdica de su papel armonizador y va a provocar que quien invada competencias de las otras dieciséis en cada sector sea la comunidad A. Es coherente con el complejo que tiene el Estado de que cualquier cosa que hace parece que invade la competencia de alguien, pero por no ejercer sus funciones legítimas va a hacer que otros con menos legitimidad invadan competencias autonómicas, con la litigiosidad que esto va a generar, por supuesto, no solo entre las comunidades y el Estado sino entre las propias comunidades.

Tercera y última consecuencia, el mundo en el que vivimos es dinámico. Las comunidades autónomas también van a tener sus propios incentivos en el futuro para exigir menos requisitos, de forma que atraigan a las empresas a su territorio, con las ventajas que esto tiene. Va a haber una competencia a la baja entre las comunidades para ir desregulando de forma que, ya que las empresas se van a ir a donde menos se les exija, por lo menos que vengan a mi territorio. Por tanto, no es que solo vayan a ir a donde menos se exige ahora, es que va a haber un proceso de competencia a la baja entre comunidades de igualación a mínimos. Todas estas consecuencias, en nuestra opinión muchas de ellas indeseadas, se derivan de ese primer principio que a primera vista parecía relativamente razonable. Por eso, en opinión de mi grupo, aquí se están mezclando dos cosas distintas que no tienen por qué ir mezcladas. Una es la unidad de mercado, que nosotros defendemos -con entusiasmo- y otra es la desregulación. Hay una agenda oculta de desregulación; en algún caso esa desregulación puede hasta ser sana, cuando se trata de regulaciones innecesarias e injustificadas. Estamos hablando de temas muy serios, estamos hablando de temas que tienen que ver a menudo con la salud, con la seguridad, con el medio ambiente, con los derechos de los consumidores y con los derechos de los trabajadores. No toda la regulación está de sobra; lo que está de sobra es el abuso de la regulación con otros fines, el abuso de regulación como una barrera de entrada al territorio de una comunidad. No cualquier regulación está injustificada. Hay temas de salud pública, hay temas de seguridad, hay temas de derechos de consumidores y trabajadores en los que la regulación mínima es imprescindible. Aquí se mezcla unidad de mercado -insisto-, que favorecemos con desregulación, que no necesariamente tendría que ir unida a la unidad de mercado, y menos en los términos en que se plantea, que es desregulación a mínimos.

Ustedes nos dirán que siempre estamos con un enfoque crítico; proponen cosas, vamos en esa dirección y nunca les parece bien, es que no se puede hacer otra cosa... No, señorías, en opinión de mi grupo sí se puede hacer otra cosa. Hay un enfoque alternativo muy claro y que está mucho mejor entroncado en nuestro diseño constitucional que en el que se nos trae hoy aquí. En la Constitución están los artículos 139, 149 y 150, que permiten al Estado promulgar legislación básica en cada sector; en nuestra opinión debería hacerlo, promulgar legislación básica en cada sector bien asesorado por las


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conferencias sectoriales. Esta legislación estatal básica debería garantizar unos requisitos mínimos imprescindibles en cada actividad y una menor dispersión normativa entre comunidades. Es el Estado el que está legitimado para hacer esto -artículos 139, 149 y 150-, legislación básica en cada sector con el asesoramiento de las conferencias sectoriales que garantice unos requisitos mínimos e imprescindibles en cada actividad y disminuya la distorsión normativa.

Esto debería ir unido también a un proceso de eliminación de normas. Aquí se mantienen todas las normas y simplemente se intentan evitar por la puerta de atrás, pero de esas cien mil normas ¿cuántas están obsoletas, cuántas son innecesarias, cuántas están duplicadas? Es necesario ir a un proceso de simplificación normativa, como el ministro nos anuncia -ojalá sea cierto-, pero desde luego no se deriva directamente del texto que hoy discutimos. Esta es nuestra objeción fundamental al proyecto de ley de unidad de mercado. Hay otras secundarias en las que tal vez no tiene sentido entrar en este debate de totalidad. No quiero dejar de mencionar una porque, aunque no tan importante como la anterior, también lo es en opinión de Unión Progreso y Democracia. En este texto legislativo se ignoran totalmente las diferencias impositivas, las diferencias tributarias entre comunidades, que son precisamente una de las fuentes principales de fragmentación de la unidad de mercado. Sobre ese tipo de fragmentación, muy importante, las diferencias tributarias, las diferencias impositivas entre comunidades, el texto es mudo, no dice absolutamente nada, por lo que el éxito que puede tener en acabar con esa fragmentación es limitado. Estas son nuestras razones, señor ministro. Resumiendo en una frase nuestra posición: unidad de mercado sí, y con entusiasmo, pero desregulación a mínimos no.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.

Por La Izquierda Plural, señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta, señorías.

Señorías, señor ministro, nos presenta usted el proyecto de ley de unidad de mercado de una manera y con unos objetivos dulces y encantadores. ¿Quién puede estar en contra de simplificar los marcos normativos, de incentivar la competencia para crear empleo? Por supuesto que nadie. Desgraciadamente mucho me temo -ha aparecido en el debate- que los objetivos que hay son otros, y después intentaremos explicarlos. Déjeme que le diga, desde el respeto, que su Gobierno tiene escasa autoridad para hablar de esas dos cosas: de simplificación de los marcos normativos y de incentivo a la competencia. Llevan ustedes una legislatura, veintidós meses, con una proliferación, con un "uteror", con un furor regulatorio espectacular. La sobreabundancia normativa es sin duda la característica más importante de su acción de Gobierno. Han llegado ustedes a unos límites que han desbordado la imaginación de cualquier tratadista de derecho en el momento de identificar cuáles son los vicios en los que puede incurrir una norma. Ustedes son capaces de modificar un mismo decreto-ley tres veces en seis meses; son capaces de colocar cualquier cosa en sus decretos-leyes portaaviones. Han convertido el marco normativo de este país, especialmente en el ámbito laboral y fiscal, en una jungla en la que los empresarios se ven obligados a abrirse paso a machetazos y no lo consiguen. Hoy el principal obstáculo para que los empresarios puedan aprovecharse de cualquier política que se haga es precisamente su sobreabundancia normativa, la de ustedes durante estos veintidós meses; en ese sentido tienen, si me lo permite, escasa autoridad.

En cuanto a la competencia, exactamente lo mismo, señor ministro. Ustedes son unos liberales muy curiosos, porque son liberales para el pueblo llano, para la desregulación de los derechos laborales, y en cambio son unos ultraintervencionistas de clase cuando se trata de proteger el derecho de los oligopolios. Se lo dijimos y se lo repetimos hoy: lo que han hecho ustedes derribando los órganos de la competencia para conseguir una Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia que va a ser un fiasco total... Bueno, fiasco no, porque fiasco sería errar y no van ustedes a errar porque el objetivo sin duda es claro, es dificultar la responsabilidad de los poderes públicos para controlar las condiciones del mercado y de la competencia. Se lo dice de manera continuada la Comisión Europea; se lo están diciendo investigadores especializados en analizar los mercados de la competencia. Lo siento, señor ministro, si usted tuviera una autoridad -y su Gobierno- en materia de simplificación normativa y de la competencia, a lo mejor nos hubiera podido dorar la píldora, pero no ha sido así.

Déjeme que haga una pequeña incursión en un tema -lo ha introducido usted, por lo tanto espero poder tratarlo-, que es el del minifundio empresarial. Bienvenidos, señor ministro, usted y la Comisión Europea, al análisis y al diagnóstico que desde hace mucho tiempo está haciendo nuestro Grupo Izquierda Plural. Ese es el gran drama. Si tuviera yo que escoger uno, elegiría ese para nuestra


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economía: un minifundio empresarial. Sin duda genera escasa capacidad de competencia exterior pero, sobre todo -sobre todo, repito-, impide cualquier cambio en nuestro modelo productivo. Se lo dijimos en el debate de la reforma laboral y ustedes lo han menospreciado insistentemente. Desgraciadamente ustedes están haciendo lo contrario. No sé si son conscientes en algún momento. Hay muchas de sus políticas que ustedes están incentivando, por ejemplo la proliferación de autónomos, para cubrir espacios que han dejado actividades económicas. Esto provoca que, por ejemplo, en el sector del transporte por carretera se incentive un modelo de autoexplotación del autónomo, de microempresa, que coloca a las personas de ese sector en nuestro país en una verdadera situación inhumana. Han convertido ustedes el sector de los autónomos -no solo ustedes, otros antes también, porque eso empieza desde el punto de vista laboral en la reforma laboral de 1994, no se me olvidará nunca; fijando la fecha sabrán ustedes a quién estoy mirando-, el sector logístico de este país, en el sector con más falta de competitividad. Si algún problema tiene nuestra economía es precisamente la logística, y con ese incentivo a la autoexplotación de los autónomos hacen exactamente todo lo contrario. Aprovecho esto para decirle, señor ministro, que, si usted está en condiciones de traer aquí, o a la Comisión de Economía, un plan para abordar el minifundio empresarial y para hacer no que las pymes continúen siendo pymes toda su vida sino que puedan dejar de serlo y ampliar su dimensión, sepa que nos va a tener a nosotros en ese diálogo, porque es algo que venimos señalando desde hace mucho tiempo, recibiendo un cierto desprecio de los gobiernos de turno, desgraciadamente.

Dicho eso, voy a justificar las razones de nuestra enmienda a la totalidad haciendo un pequeño resumen inicial. Ustedes nos presentan una visión un tanto dogmática de la unidad de mercado. La unidad de mercado es una entelequia económica que en este momento tiene apoyo constitucional por la interpretación del artículo 139 de la Constitución, pero como todos esos conceptos indeterminados sin duda pueden interpretarse de muchas maneras y ustedes los interpretan de manera ciertamente dogmática. Sin duda este marco regulador que ustedes presentan afecta al marco de distribución de competencias entre comunidades autónomas y administraciones locales. Sin que sirva de precedente, solo en ese apartado creo que tiene razón el señor Anchuelo -repito, solo en ese apartado-. El problema no es tanto de recentralización, que lo es, como que ustedes establecen una jungla entre las competencias de las comunidades autónomas y las administraciones locales que, lejos de resolverlo, lo va a complicar. Su proyecto de ley ignora los derechos de los consumidores y los usuarios. Además, ya le apunto que creo que va a ser una fuente importante de conflictividad y litigiosidad jurisdiccional no solo entre comunidades autónomas sino también entre particulares. Mucho me temo que tiene tres grandes objetivos ocultos, y uno de ellos es la desregulación, que ustedes llaman liberalización. La libertad les gusta mucho, casi siempre, pero ustedes no son liberales -insisto- son ultraintervencionistas de clase. En ese sentido lo que prefieren es la desregulación de las relaciones económicas para que los agentes económicos puedan hacer y deshacer a sus anchas. El segundo es la uniformidad política. Fíjense bien que matizo el concepto. El tercero es incentivar una política de competitividad basada en el dumping regulatorio entre agentes regulatorios, en este caso entre comunidades autónomas y administraciones locales.

En relación con la unidad de mercado -insisto en esa idea- es curioso. Supongo que los constitucionalistas del mundo van a estudiar lo que pasa en este país en la Constitución durante mucho tiempo. Es una Constitución que casi parece una momia que no se puede tocar para determinadas cosas y para otras resulta que parece un chicle que se estira de una manera espectacular. La verdad es que lo que han hecho ustedes con el artículo 139 de la Constitución, hacerle decir al artículo 139 de la Constitución lo que le hacen decir en este proyecto de ley, es curioso. Además, no es ni tan siquiera lo que dice el Tribunal Constitucional, que -se lo ha citado aquí ya algún otro portavoz- señala que del artículo 139 se desprende el concepto de unidad de mercado, que no está en la Constitución; pero a continuación también dice que ese no es un valor absoluto y que eso debe estar en nítido equilibrio con otros valores constitucionales. Por cierto, ¿el del Estado compuesto, el del Estado con poderes públicos diferenciados entre Administración central, administraciones autonómicas y locales existe aún en la Constitución o pasa como con la propiedad privada, que es un valor absoluto que no tiene límites? Para ustedes propiedad privada, mercado interior y unidad de España son los tres únicos artículos de la Constitución que les parece oportuno que existan en estos momentos. Señorías del Partido Popular, señorías del Gobierno, empiecen a asumir lo siguiente: no es posible aceptar o asumir que el marco constitucional español está hablando de un Estado compuesto y querer que el resultado sea uniformidad política en la regulación. Es como el agua seca. No puede ser, es imposible. Desde ese punto de vista asuman que el contrapunto natural de diferentes agentes regulatorios y de un Estado compuesto es que pueda haber diferencias


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regulatorias con límites sin duda, con racionalidad también; pero ustedes lo que pretenden, creo, es hacer que el agua sea seca y en el fondo hacer retroceder al Estado uniformista sin decirlo, pero haciéndolo.

Segunda cuestión que quiero plantearle. Este proyecto, como algunos de los que ustedes hacen -la mayoría me atrevo a decir- está construido sobre dos falacias. La primera es la que identifica el riesgo regulatorio como el único riesgo para la libertad de circulación y establecimiento de las personas y libre circulación de bienes en el territorio español. Por supuesto que eso está en la Constitución y por supuesto que además está en el Tratado de la Unión Europea, pero ese no es el único riesgo para la libertad de circulación de bienes y mercancías. Hay un riesgo mucho mayor en este país, el riesgo derivado de las prácticas de monopolio, oligopolio y de la falta de competencia, que se están expandiendo no solo en la economía española sino en la europea y mundial, también como consecuencia de esa crisis. Ante eso, ustedes no solo no lo abordan sino que además llevan a cabo -ya se lo he citado antes- el derribo de los organismos de la competencia. Además, es una falacia -me gustaría poder discutirlo con usted con más calma- que el riesgo que existe en estos momentos para la unidad de mercado provenga de la diversidad regulatoria de las comunidades autónomas. No lo pueden justificar ustedes.

Le he dicho antes que el principal agente que sobreactúa normativamente, que está sometiendo a los ciudadanos y a los agentes económicos a una sobresaturación normativa son ustedes, es este Gobierno especialmente. Déjeme que haga una cosa que cualquier científico haría cuando realiza una afirmación, confirmar si contrastándola con la realidad se sostiene o no. Usted dice que uno de los problemas graves de la competitividad de la economía española está precisamente en la falta de unidad de mercado como consecuencia de la sobreabundancia regulatoria de las comunidades autónomas. ¿Hacemos una excursión por Alemania, por ejemplo? Usted y yo estaremos de acuerdo en que Alemania, comparativamente con nosotros, tiene unos niveles importantes de competitividad. ¿Se ha puesto usted a analizar la diversidad regulatoria del tejido alemán? Es inmensa, hay cosas que en nuestro país serían impensables, que aquí provocarían casi la quema de algún parlamento autonómico. No doy ninguna idea, por cierto, sencillamente estaba poniendo un mal ejemplo. ¿Nos ponemos a comparar ese tema? Con el método científico no se aguanta su afirmación de que son las comunidades autónomas las que sobredimensionan la regulación y que es eso lo que genera problemas en la unidad de mercado.

Termino con algunos elementos no digo menores, pero que no tienen tanta entidad. Su proyecto de ley dice hacerse en nombre de la mejora de la competitividad y del trato de los ciudadanos, de los beneficiarios, pero los ignora totalmente. Se lo han dicho en documentos elaborados por muchas asociaciones de usuarios y consumidores. Otro aspecto es la inseguridad jurídica. Lo de pensar qué puede pasar con la acción legislativa de un gobierno o un parlamento es nuestra responsabilidad. Me atrevo a afirmar que ustedes, con la utilización de una jerga económica que desde el punto de vista jurídico es profundamente imprecisa, están generando unos niveles de inseguridad espectaculares en este proyecto de ley y además van a provocar unos niveles enormes de litigiosidad entre las comunidades autónomas y administraciones locales, entre ellas, porque la característica de este proyecto de ley no va a ser solo que el conflicto sea entre comunidades y el Estado. Por eso lo de la centralización no lo defiende suficientemente, es uniformización política. Por cierto, esa inseguridad jurídica no solo va a ser entre poderes públicos, va a ser inseguridad jurídica de los ciudadanos, porque ustedes en su regulación dejan en el limbo y en unas fronteras absolutamente difuminadas de responsabilidad qué va a poder hacer un ciudadanos cuando considere que se lesionan sus derechos frente a esa nueva situación que se produce con su peculiar manera de defender la unidad de mercado. He hablado ya de los objetivos ocultos, que sin duda tienen bastante que ver con una agenda no reformista sino involucionista. Perdóneme que le diga que la suya es una agenda profundamente involucionista, que tiene dos referencias de gran calado ideológico: ese intento de uniformización, de recentralización, y la desregulación.

Termino, señor ministro, con unas referencias -voy pasando hojas, señora presidenta- que es importante que tenga en cuenta para su tramitación posterior. Hay una profunda imprecisión en la regulación del principio de no discriminación del artículo 3, que puede propiciar una interpretación extensiva y abusiva que puede afectar a los derechos lingüísticos de aquellas comunidades autónomas con lengua propia. Tome usted nota de eso, porque no ha salido aún y quiero planteárselo. En segundo lugar, con relación a la licencia única, está cantado. No es que sea un efecto colateral no deseado, es que es el efecto buscado. Están ustedes poniendo en marcha una estrategia perversa de dumping regulador a la baja, que en definitiva es desregulador de las condiciones en las que se ejerce.


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Por último, desde esa perspectiva, se han olvidado ustedes de un principio muy importante que debería estar aquí presente, que es lo que se conoce en el ámbito comunitario como el principio preventivo o el principio de precaución -por cierto, instaurado por el Consejo Europeo de Niza del año 2000-, que en las materias de salud pública, de salud laboral, de medio ambiente es imprescindible. Regular la actuación de las administraciones públicas sin dejar bien claro que se rigen por ese principio de prevención y precaución es otro de los grandes defectos que tiene este proyecto de ley. Por estos motivos y por algún otro que tendremos oportunidad de expresarle, si es que podemos, en un trámite sosegado en la Comisión correspondiente, mi grupo ha presentado esta enmienda a la totalidad, planteando la necesidad de que este proyecto sea devuelto al Gobierno, por lo tanto no se tramite.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor ministro, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de economía de mercado, ya que desde nuestro punto de vista dicho proyecto es un grave y gran error, probablemente suma de múltiples errores que ahora voy a detallar. El primer gran error desde nuestro punto de vista es identificar la unidad de mercado con la uniformidad legislativa, cuando la unidad de mercado consiste en la libertad de circulación de bienes, mercaderías y servicios y no en otra cosa. Está claro, señores del Grupo Parlamentario Popular, señor ministro, que con la información y la defensa que ha hecho del proyecto de ley el señor ministro de Economía y Competitividad a ustedes les gusta más la uniformidad que la libertad. Ustedes prefieren un Estado, una nación, un mercado, un ordenamiento jurídico uniforme, que quizá, si retrocediéramos unos cuarenta años de la reciente y triste historia de la España franquista, podríamos asimilarlo a la España una, grande y libre. Parece que pretenden pasar del mercado convenientemente regulado para satisfacer el interés general a un mercadillo. El segundo gran error desde nuestro punto de vista es ignorar que el régimen de autorización de licencias y declaraciones responsables, etcétera, está para garantizar el cumplimiento de las normas que las comunidades autónomas en uso de las competencias que les atribuyen sus estatutos y en el marco de la Constitución española han dictado para regular los diferentes sectores económicos. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Con esta ley se les expropia esta competencia normativa para atribuirla a la comunidad autónoma que menos regule y que menos requisitos exija. Con ello, señor ministro, desgraciadamente, desde nuestro punto de vista se favorecerá no solo la conversión de algunas comunidades autónomas en paraísos administrativos, sino también en auténticos parásitos económicos, que atraerán la riqueza ajena y sus consecuencias fiscales por su laxa regulación. El tercer gran error desde nuestro punto de vista... (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben). No es ninguna animalada, señor Martínez-Pujalte, es el criterio de Convergència i Unió y ojalá nos equivoquemos en el despliegue de esta normativa. Ojalá nos equivoquemos pero, sinceramente, creemos que va en esta dirección. Repito, tercer gran error. Desde nuestro punto de vista, la aproximación normativa puede constituir un objetivo hasta cierto punto loable, pero el fin no justifica los medios. El protagonismo de esta aproximación lo han de asumir las comunidades autónomas, no el Estado. Ustedes, que tanto hablan de cooperación horizontal, respeten su ámbito propio. No se han atrevido a hacer una ley de armonización para que no les pasase lo mismo que pasó con la triste y célebre Loapa, y lo que han hecho es poner la regulación en la almoneda en una temeraria subasta a la baja. Nosotros hemos planteado una enmienda a la totalidad, cuyos aspectos más relevantes voy a justificar ahora porque entendemos que a través de estos tres grandes errores que han motivado la presentación de este proyecto de ley, este se convierte en una gran cruzada del Estado contra las comunidades autónomas. Es una ley intervencionista, burocratizadora y que vulnera las competencias de las comunidades autónomas; una ley uniformadora y centralizadora que pretende asumir las competencias normativas de las comunidades autónomas, eliminar sus competencias exclusivas y borrarlas del mapa autonómico. En definitiva, pretenden dar un primer paso para eliminar las comunidades autónomas dentro del Estado español. Por todos estos motivos que ahora voy a detallar es, a nuestro entender, una ley inconstitucional.

¿Cuáles son los aspectos relevantes que han motivado esta enmienda a la totalidad por parte de nuestro grupo parlamentario y que nos gustaría que el Gobierno retirase, aunque sabemos que es difícil? En primer lugar, entendemos que a través de esta ley existe una laminación del ejercicio de las competencias


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propias de cada comunidad autónoma mediante la cuestionable vía de la regulación de mínimos. Para garantizar que una empresa pueda operar en todo el Estado con una licencia única, el proyecto de ley limita las autorizaciones que exigen las administraciones públicas para iniciar una actividad y prohíbe los requisitos que de forma directa o indirecta puedan exigir. Para lograrlo, el proyecto de ley hace que prevalezca la legislación de la comunidad autónoma de origen del productor por encima de la legislación del territorio de destino. Así, señor ministro, un producto podrá circular por todo el territorio del Estado cumpliendo la normativa más laxa existente entre las que hayan emitido las diferentes comunidades autónomas. Esto, señor ministro, no es defensa de la competencia, sino fomentar la desregulación sin criterio, ya que el proyecto de ley estimula a las comunidades autónomas a actuar como paraísos administrativos de mínima exigencia, lo cual incluso es contrario a la exigencia de los controles mínimos de la protección del interés general que propone la Directiva de Servicios europea, y desde nuestro punto de vista se van a convertir en auténticos parásitos económicos.

El segundo aspecto que consideramos relevante y que ha motivado la presentación de esta enmienda a la totalidad es la falta de encaje dentro del marco legal europeo. Señor ministro, esto es también muy importante desde la óptica de Convergència i Unió. Hay dos motivos que nos gustaría especificar. En primer lugar, entendemos que esta ley representa una adulteración de los principios de la Directiva de Servicios en el mercado interior, que conlleva rebajar los estándares normativos en ámbitos como la seguridad, la salud, el medioambiente, los derechos de los consumidores, etcétera. Esto puede llevar fácilmente a situar las actividades económicas en el umbral del incumplimiento de los propios estándares europeos en dichas materias. No es este el cambio de modelo productivo que necesita la economía española para salir de la crisis y ser competitiva. El segundo aspecto que también motiva la falta de encaje dentro del marco legal europeo es que el proyecto de ley abre una discriminación negativa con los operadores económicos establecidos en otros Estados miembros, ya que la remoción de obstáculos para el acceso y ejercicio de las actividades económicas, supuestamente basada en la trasposición de la Directiva de Servicios, no puede aplicar el mismo criterio en relación con el país de origen de las empresas extranjeras.

Tercer aspecto relevante que ha motivado la presentación de esta enmienda a la totalidad. Esta ley va a suponer un aumento de la burocratización y de la complejidad en la elaboración de las disposiciones de carácter autonómico, hasta el punto de poder bloquear el ejercicio de las competencias que corresponde a los Gobiernos y Parlamentos autonómicos en línea con lo que ha planteado, señor ministro, el Consejo Económico y Social. La creación de organismos de carácter estatal, como el Consejo para la Unidad de Mercado y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a los que se confiere atribuciones de supervisión previa y posterior sobre disposiciones, actos, actuaciones y determinadas situaciones procedentes de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales, supone también trabas innecesarias al funcionamiento de la actividad económica; es decir, complica las cosas más que facilitarlas. En cuarto lugar, entendemos que esta ley sitúa el autogobierno de las comunidades autónomas en una situación de subordinación y tutela incompatible con los principios de autonomía, competencia y coordinación con el diseño del reparto competencial previsto en la Constitución y en los respectivos estatutos de autonomía, situación que facilita el intervencionismo -al que me he referido al inicio de mi intervención- puro y duro por parte del Estado.

La propuesta legislativa comporta, señor ministro, que las comunidades autónomas vean comprometida su capacidad normativa y su actuación administrativa, con lo cual quedan sujetas a procedimientos de evaluación y control no previstos constitucionalmente. Ello significa que limitan la autonomía de las comunidades autónomas y bloquean también su capacidad de impulso económico y de mejora de la competitividad. Vamos hacia atrás: más burocracia, menos dinamismo. Le voy a poner algunos ejemplos al respecto. En primer lugar, la creación ex novo de organismos pseudoconstitucionales, como el consejo para la unidad de mercado, que duplican funciones de organismos ya existentes. En segundo lugar, atribución, desde nuestro punto de vista, de funciones exorbitantes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, discutibles desde la perspectiva constitucional, que alteran el régimen de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas por la Constitución y por la Ley orgánica del Tribunal Constitucional. Fiscalización de la política administrativa previa por parte de la Administración General del Estado de normativas y actos administrativos relacionados con la actividad económica y también fiscalización a posteriori, con la posibilidad de suspender y anular disposiciones sin recurrir al Tribunal Constitucional, que es la vía ordinaria establecida por la Constitución, con la posibilidad de suspender actos de Administración autonómica. En este punto, siempre desde nuestro punto de vista,


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destaca negativamente el recurso especial al contencioso-administrativo de nuevo cuño. Está todo atado y bien atado y de ahora en adelante lo que era dinamismo se va a transformar en rigidez.

Finalmente, hay un aspecto que consideremos muy importante, como es que a través de este proyecto de ley se desvirtúan los preceptos establecidos en la Directiva de Servicios en el mercado interior y por la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con criterios para establecer niveles de intervención administrativa previos al acceso y ejercicio de las actividades económicas. Parece, señor ministro, que el objetivo del proyecto de ley sea confundir. ¿Por qué no se limitan a regular lo que nos exige Europa en los términos que plantea Europa? Pues, no; se necesita, a nuestro entender, este pulso español. El contenido que la Directiva de Servicios y el Tribunal Europeo de Justicia entienden como razón imperiosa de interés general se modifica por parte de ustedes para incorporar otras cuestiones que nada tienen que ver con el interés general ni la actividad económica, sino que simplemente buscan la uniformización y la minoración de las competencias de las comunidades autónomas. Este Gobierno no comprende que el mundo avanza en red y no en la dirección de la centralización y la uniformización.

Señor ministro, le voy a leer lo que dice la Directiva de Servicios en su considerando número 60. Dice textualmente: La presente directiva -en la que ustedes se fundamentan para presentar este proyecto de ley-, y en particular las disposiciones referentes a los regímenes de autorización y al ámbito territorial de una autorización, no deben interferir en el reparto de competencias regionales o locales en los Estados miembros, incluidos los Gobiernos autónomos, regionales y locales y el uso de las lenguas oficiales. Si se descuidan, señor ministro, el proyecto de ley del Gobierno deja este considerando hecho trizas. En definitiva, señor ministro, la recentralización que plantea el proyecto de ley es tal que, desde nuestro punto de vista, no hay amparo ni en la Constitución ni en el marco legal comunitario de defensa de la competencia. Tampoco hay encaje desde la perspectiva de la eficiencia económica, puesto que las modificaciones propuestas bloquean la positiva acción del impulso económico que han aportado las diferentes comunidades autónomas, todas ellas en los últimos treinta años, e incorporan más burocracia, más duplicidades, más inseguridad jurídica y desprotección para los operadores, que hace más cuestionable la necesidad de esta propuesta de garantía de unidad de mercado. Con este proyecto de ley, señor ministro, el Gobierno pretende ser más papista que el papa. Si hay leyes europeas de protección de la competencia que funcionan en todos los Estados miembros, esfuércense en que funcionen lo más eficientemente posible en el Estado español. Si Europa dice que se debe tener en cuenta el principio de subsidiariedad y que las normas de competencia no deben interferir el régimen de autorizaciones autonómicas y locales, háganles caso, señor ministro. Incluso en Estados Unidos son respetuosos con este principio; más adelante, si usted reabre el debate, le especificaré ejemplos claros de cómo funcionan en Estados Unidos todos aquellos aspectos que hacen referencia a la unidad de mercado, a la competividad y a la burocracia. Por este motivo, señor ministro, les rogamos que devuelvan este proyecto de ley y dejen de inventar y burocratizar la actividad administrativa y económica, porque, desde nuestro punto de vista, están matando el dinamismo que nos debería sacar de la crisis.

Por los motivos que he mencionado, porque es una ley uniformizadora, una ley centralizadora, una ley inconstitucional, una ley que pretende eliminar de facto las competencias de las comunidades autónomas, este grupo parlamentario ha presentado esta enmienda a la totalidad.

Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rangel.

El señor RANGEL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender nuestra enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley de garantía de unidad de mercado. Nuestro grupo, señor ministro, entiende que tan mala es la hiperregulación de la actividad económica como su desregulación. Una economía regulada en exceso es poco competitiva, lo sabemos perfectamente, pero una economía sin regulación o con una regulación muy laxa, a la baja, como ustedes proponen, es un desastre total, y no solo lo sabemos sino que lo padecemos. Señorías, la desregulación está en el origen de la grave crisis que nos afecta, con efectos devastadores para la economía y muy especialmente para la mayoría de la población. Nuestra opción, la de los socialistas -lo afirmo desde el inicio de mi intervención para que quede bien clara nuestra postura- apuesta por el modelo basado en la regulación eficiente y de calidad, la que permite a las empresas competir sin trabas innecesarias, rebajando costes y en pie de igualdad en un mismo mercado, la que impulsa una economía competitiva y sostenible y la que garantiza derechos a


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usuarios, consumidores y trabajadores, todo ello respetando escrupulosamente el reparto constitucional del poder político. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Señorías, como es lógico, la posición de cada grupo se fija en función de su ideología. La derecha neoliberal que encarna este Gobierno desregula, privatiza y genera desigualdades; en cambio, los socialistas defendemos que son compatibles la competitividad sostenible de nuestra economía y la cohesión social. También somos conscientes de que la política se mueve muy especialmente en el mundo de las percepciones, que una cosa es la realidad fáctica y otra bien distinta demasiado a menudo la realidad percibida por los ciudadanos. De eso, si me permiten, saben mucho, señoras y señores del Partido Popular. En realidad son unos maestros, hacen una cosa y venden otra bien distinta. Tienen fama por ejemplo de gestionar bien la economía, pero la realidad les desmiente, aunque intenten ocultarlo. Con este proyecto de ley pretenden hacer lo mismo: vender soluciones fáciles a problemas complejos. Lo que va a ocurrir en realidad es que en lugar de resolver un problema, ustedes van a crear diecisiete problemas. Pues bien, les voy a dejar claro que el Grupo Socialista no va a jugar a este juego. Por eso planteamos nuestro rechazo total a su propuesta, porque ni hacen un correcto análisis de la realidad ni ofrecen la respuesta adecuada a nuestra economía, a nuestro modelo constitucional y además perjudicará también a nuestra ciudadanía.

Su fórmula mágica no solo conduce a un peculiar proceso de desregulación a la baja y de uniformización normativa, sino que se sustenta en una visión recentralizadora del poder político que inexorablemente conducirá al conflicto competencial. Nunca es oportuno provocar gratuitamente dicho conflicto pero en estos momentos, señorías, nos parece especialmente grave. Porque en un Estado descentralizado como el nuestro el principio de unidad de mercado tampoco puede hacerse a costa de las competencias de las comunidades autónomas, como ya ha establecido la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con la compatibilidad entre unidad de mercado y autonomía política. Entendemos que son esos, y no otros, los principios que deberían regir siempre a la hora de aprobar cualquier norma que tenga por objeto una buena y eficiente regulación. Aunque ustedes lo anuncian en la exposición de motivos, lo que se desprende del texto articulado es todo lo contrario. Una vez más venden una cosa y hacen justo lo contrario. Señores del Partido Popular, ni unidad es sinónimo de uniformidad, ni regulación eficiente debe ser equiparable a falta de regulación o bien desregulación a la baja y, en cualquier caso, los principios que deberían regir las relaciones entre nuestros poderes públicos, como he comentado, son los de la cooperación y la lealtad institucional -la lealtad federal, si me permiten- y nunca la jerarquía propia de un Estado unitario y centralista, modelo al que por cierto tiende este Gobierno mediante un proceso de recentralización del poder político.

El proyecto de ley que debatimos hoy parte de una premisa falsa: el modelo autonómico ha conducido necesariamente a la fragmentación del mercado en España. Eso no es cierto. Dan por supuesto que no está garantizada la libertad de circulación sin traba de bienes capitales, servicios y personas y que tampoco se da la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica, tal y como dispone la Constitución española en su artículo 139. Pues bien, ante tales premisas no tenemos más remedio que plantear la siguiente pregunta: ¿Conoce el Gobierno cuál es el mercado relevante en todas las actividades económicas que pretende regular mediante este único proyecto de ley? Me atrevería a afirmar que la respuesta o bien es negativa o que entienden que el único mercado relevante es el mercado nacional y los demás no les interesan. Sin embargo, algunas actividades se centran en mercados locales o en mercados autonómicos y cada vez más es evidente que el mercado relevante para muchas actividades económicas se llama Europa. En cualquier caso, es fundamental dar una respuesta clara a esta cuestión porque es en ese mercado donde hay que garantizar igualdad de condiciones a los operadores económicos, lo reitero una vez más, mediante una regulación eficiente y de calidad orientada a la defensa del interés general y a generar economías de escala.

Veamos ahora los supuestos problemas de regulación y las respuestas que se han dado hasta ahora. Es cierto que en determinadas actividades económicas se ha producido una dispersión en la normativa aplicable que puede generar ineficiencias y cargas innecesarias. Aunque ello no supone necesariamente que el mercado esté fragmentado, es evidente que hay que actuar en su mejora, reduciendo trabas innecesarias y rebajando costes para las empresas. En este sentido, quiero señalar que los problemas detectados por los operadores económicos, en su inmensa mayoría en torno al 70 %, responden no tanto a la disparidad normativa como a problemas de interpretación o aplicación práctica de la norma. Por tanto, confundir una cosa con la otra no es un buen análisis ni un buen punto de partida para ninguna mejora que de verdad se pretenda llevar a cabo.


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Vuelvo a las normas, señorías. La trasposición de la directiva de servicios ha servido para dar un impulso a la circulación de los servicios, la eliminación de las barreras, la simplificación de los procedimientos y la introducción de los principios de buena regulación económica de forma coordinada entre todas las administraciones públicas. En ese mismo contexto, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, extendió ese modelo de mejora a la regulación. En su artículo 4 estableció los principios de la buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de las administraciones públicas: necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Se deberá elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.

Finalmente, señorías, el Comité de mejora de la regulación, creado por una disposición adicional, la tercera, de la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en el que participan la Administración central, la autonómica y la local, ha venido trabajando para colaborar entre todas las administraciones con el objetivo de eliminar disfunciones. Ello ha motivado que se modifiquen y mejoren cientos de normas en aras de una mejor regulación y la evitación de posibles barreras. En cambio, el Gobierno, ignorando la labor llevada a cabo hasta ahora y sus resultados positivos, en lugar de potenciar dicho planteamiento, hace tabla rasa del mismo y pretende tratar la diversidad como un todo, mediante una sola norma de carácter genérico, operando a base de hachazos, si me permiten, donde se requiere cirugía muy fina. Pero, a nuestro entender, lo más torticero para conseguir los fines que se anuncian a bombo y platillo es la novedad estrella del proyecto de ley, esto es, la prevalencia de la regulación de la Administración territorial de origen del operador económico en todo el territorio nacional. Como bien ha señalado en su informe el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno, mediante este proyecto de ley, impulsa un modelo que puede dar lugar a situaciones de desigualdad material entre operadores que realicen una determinada actividad en un mismo territorio. Eso lo ha dicho el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, lo que nadie discutía, y es que cada mercado autonómico ofrecía al menos igualdad de condiciones a todos los operadores económicos, ahora lo hacen saltar por los aires y resulta que donde había una sola normativa, de golpe, puede haber hasta diecisiete. Menudo lío, señor ministro, van a montar. Se lo he comentado anteriormente, en lugar de resolver un problema van a crear diecisiete, siendo, a nuestro entender, las pymes y las más pequeñas empresas las que pueden salir más perjudicadas de este invento. En realidad, el Gobierno, llevado por su afán sacralizador del libre mercado, lo que hace en realidad es impulsar otra suerte de mercado, el mercado de las normas autonómicas, y, claro, quienes compiten ya no son las empresas sino las comunidades autónomas entre sí. Siendo así el planteamiento del proyecto de ley ¿nos aventuramos a vaticinar qué normas van a cotizar al alza y cuáles a la baja? ¿Dicha cotización estará en función de la calidad regulatoria o bien de una regulación más laxa? ¿Con ese modelo se fomenta que prevalezca el interés general o más bien mediante un camino tortuoso se harán florecer determinados intereses privados? ¿Se impulsa, en definitiva, el respeto a lo previsto en el artículo 103 de nuestra Constitución, en el que se establece que la Administración pública sirve con objetividad a los intereses generales, o más bien se hace todo lo contrario? Señorías, hay demasiados interrogantes que deberían tener una respuesta convincente y no la tienen. También podríamos poner algunos ejemplos de potencial ineficiencia de la fórmula mágica. En cualquier caso, queremos poner de manifiesto que claramente se proponen la desregulación al eliminar la mayoría de las justificaciones que garantizan el mantenimiento del régimen de autorización. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece razones imperiosas de interés general que, como ya se ha comentado, se eliminan en este proyecto de ley.

Voy terminando, señor presidente. Una gran parte del articulado de la norma, al contrario de lo que se predica y de lo que andan vendiendo desde el Gobierno, se centra en crear nuevas estructuras administrativas y burocráticas como el consejo para la unidad de mercado o su secretaría, cuando lo correcto sería utilizar, y en su caso potenciar, los instrumentos que ya existen, como es el caso del Comité para la mejora de la regulación. También consideramos desproporcionados los mecanismos que responden no a defender el interés general sino a operadores privados. ¿No se dan cuenta de que los costes que ha mencionado del 0,152 % del PIB anual, el 1,5 % en 10 años, en realidad es la medida objetiva del problema al que nos enfrentamos? ¿No requiere eso la cirugía fina que decía y no el hachazo que pretenden ustedes? En cuanto a la reducción de cargas administrativas, se ha hecho un buen trabajo precisamente derivado de la legislación anterior y se van a suprimir muchísimas.


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Señorías, el Grupo Socialista comparte la idea de que hay que continuar trabajando en la mejora de la regulación para favorecer la existencia de una competencia efectiva entre empresas que las libere de costes innecesarios para que dicha mejora se pueda trasladar al consumidor en forma de menores precios o de un aumento de la cantidad de los productos de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad. De acuerdo, pero estamos en total desacuerdo con el modelo que nos plantean tanto en el fondo como en la forma para conseguirlo.

El proyecto de ley no busca la unidad de mercado sino que confunde unidad con uniformidad, fomenta la desregulación y actúa con una clara visión recentralizadora. En definitiva, es un proyecto cargado de ideología neoconservadora que va a generar mucha incertidumbre entre operadores económicos, más costes que beneficios para el conjunto de la sociedad y nuestra economía, una innecesaria litigiosidad entre instituciones y, además, desprotege claramente el interés general. Justamente todo lo contrario de lo que necesita nuestra economía y se merece nuestra ciudadanía. Por todo ello, señorías, el Grupo Socialista rechaza de plano el proyecto de ley de garantía de unidad de mercado, lo que motiva la presente enmienda de devolución.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rangel.

Tiene la palabra el señor ministro de Economía y Competitividad.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, a lo largo de mi intervención he aludido a una cuestión que creo que merece la atención de todos nosotros, una cuestión relevante desde el punto de vista de lo que ha de ser la actuación en política económica. Desde el inicio de la crisis económica, el PIB en España ha caído más del doble de lo que ha caído en el resto de la Unión Europea. Además, hemos generado mucho más paro; hemos golpeado mucho más duramente a nuestro mercado laboral y se han destruido muchas más empresas. ¿Por qué, señorías? ¿Qué falla? ¿En qué nos hemos equivocado? Aquí simplemente haría una referencia a lo que son los defectos estructurales que de alguna forma arrastran continuamente a que la economía española tenga un comportamiento, si me permiten ustedes decirlo, dual. Durante las épocas de expansión necesitamos mucho más crédito, mucha más burbuja inmobiliaria que el resto de nuestros competidores para crecer -como dicen los economistas, por cada unidad de crecimiento necesitamos mucho más crédito y mucha más burbuja inmobiliaria- y, por otro lado, en las épocas en las que vienen mal dadas los desequilibrios económicos acumulados nos arrastran a situaciones mucho peores desde el punto de vista del comportamiento del empleo.

Eso tiene que ver con los defectos estructurales de la economía española y uno de los defectos estructurales fundamentales de la economía española -ha habido algunos intervinientes que lo han resaltado- es la ausencia de tamaño de nuestras empresas, la ausencia de tamaño suficiente para capturar esas economías de escala y de alcance y la existencia de una especie de minifundismo empresarial que lastra nuestra competitividad. Eso tenía dos razones fundamentales: en primer lugar, nuestro sistema de negociación colectiva, que favorecía el statu quo, que lo que hacía en última instancia era favorecer a las empresas grandes, que impedía de alguna forma, en función de una serie de convenios sectoriales de ámbito nacional o de ámbito regional, que las empresas pequeñas y medianas ganaran tamaño, ganaran competitividad a través de regulaciones que solamente podían cumplir las grandes; y, por otro lado, la propia situación desde el punto de vista de la regulación normativa en nuestro país.

Señorías, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que buscar un nuevo modelo de crecimiento y ese nuevo modelo de crecimiento tiene que estar basado en unos mercados sin barreras de entrada, con capacidad de las empresas para entrar y salir, de precios reducidos y que en última instancia favorezcan al consumidor y también que permitan, como decía anteriormente, ganar cuota de mercado en los mercados extranjeros. La exportación española está teniendo un magnífico comportamiento a pesar de todas estas deficiencias estructurales. Está teniendo un magnífico comportamiento aunque se ve que efectivamente las pequeñas y medianas empresas tienen dificultades, dado su reducido tamaño, para acceder a los mercados internacionales. ¿Cómo no van a tener dificultades si efectivamente existen diecisiete normativas diferentes desde el punto de vista autonómico? ¿Cómo no van a tener dificultades si se encuentran con una especie de maraña normativa que impide capturar todas las economías de escala en el mercado nacional? Es ahí donde tenemos que actuar. Se ha actuado en la reforma laboral a través del proceso de negociación colectiva que estamos viendo que está permitiendo un proceso


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importante de ganancia de competitividad y tenemos que actuar desde el punto de vista de la regulación. Señorías, la regulación no tiene que ir dirigida al clientelismo político, la regulación -toda la regulación, la local, la autonómica y la nacional- tiene que ir dirigida fundamentalmente a establecer un marco favorable desde el punto de vista de lo que es la capacidad de emprender y desde el punto de vista del crecimiento económico.

Muchos de ustedes se están oponiendo hoy a una norma similar a la que dieron su aprobación cuatro años atrás, a la Directiva de Servicios, una directiva que comparte exactamente los mismos principios que de alguna forma están informando esta norma: el principio de no discriminación, el de cooperación y confianza mutua, el de necesidad y proporcionalidad, el de eficacia de las actuaciones de las autoridades en todo el territorio nacional, el de simplificación de cargas y el principio de transparencia. Díganme ustedes, señorías, a cuál de estos principios se oponen ustedes. Los objetivos de la ley son claros: beneficiar la actividad empresarial de pymes y autónomos -¿se oponen ustedes a ello, señorías?-; eliminar las barreras al emprendimiento y a la actividad económica -¿cuál es el problema al respecto, señorías?-; y realzar la capacidad de las autonomías, su capacidad normativa.

A continuación, me voy a referir a una serie de críticas generales que se han hecho por parte de los diferentes grupos parlamentarios y después me referiré concretamente a cuestiones más específicas de cada uno de los portavoces. Creo que ha habido una serie de temas recurrentes que, desde mi punto de vista, necesitan algo de clarificación y de debate. Una crítica general bastante importante ha sido que la norma -esta ley de garantía de unidad de mercado- invade competencias de las comunidades autónomas. En absoluto, señorías. Esta ley dota de eficacia en todo el territorio nacional a las autorizaciones concedidas por los legisladores autonómicos. Incluso les diría, señorías, que no he visto en toda la historia de las normas que se han ido aprobando -hemos hecho un repaso- una que de alguna forma realce tanto la capacidad de influencia de normativa autonómica como esta. Si una comunidad autónoma ha dado su visto bueno, eso permite al operador que tiene el visto bueno realizar su actividad en todo el territorio nacional. Si hay una norma que no tiene nada de recentralizadora es esta. He visto cómo algún portavoz, como el señor Anchuelo, decía: Al revés, lo que tiene usted que hacer es recentralizar. No hay nada recentralizador; se da absoluto realce, vuelvo a repetir, a la capacidad normativa de las comunidades autónomas.

En relación con el tema de la constitucionalidad, simplemente les diría lo que dice el Consejo de Estado, no afecta el anteproyecto como tal a competencias autonómicas ni locales, sino que se promueve la eficiencia reguladora removiendo obstáculos a las libertades de establecimiento y circulación de bienes.

Una segunda crítica general, que también se ha repetido por parte de diferentes portavoces, como los de BNG, UPyD, La Izquierda Plural, CiU, incluso del Grupo Socialista, es que se incentiva la localización empresarial en territorios de menor o nula regulación. Creo que a esto el señor Sánchez i Llibre -seguramente no lo habrá meditado mucho- lo ha llamado parasitismo regulador. Lo que hace esta norma es radicalmente lo contrario; esta es una norma que confía completamente en la capacidad normativa de las comunidades autónomas. ¿Por qué consideran ustedes que efectivamente se va a ir siempre a la de menor regulación? Se establecen unos principios generales y después está la responsabilidad del regulador, que es lo que todos tenemos que exigir para que efectivamente apliquen las normas para conseguir el objetivo en última instancia y fundamental, que es el bien común. Lo que pone de manifiesto esta crítica es una desconfianza mutua con respecto a las comunidades autónomas, y eso es algo que lógicamente el Gobierno no comparte. Yo tengo absoluta confianza en las administraciones autonómicas, por lo visto bastante más que algunos de ustedes que se dicen muy autonomistas y con mucha confianza en la capacidad de los gobiernos de las comunidades autónomas.

Por otro lado, esta ley no desregula absolutamente nada. Establece un marco general desde el punto de vista de las autorizaciones, siguiendo los principios generales del buen gobierno que existen en una serie de normas, tanto a nivel comunitario como a nivel internacional. Por lo tanto, yo no esperaría una competencia a la baja de las comunidades autónomas, sino la eliminación del marco regulatorio de todo aquello que se considera que es superfluo e innecesario. Se establecen, además, instrumentos de cooperación entre comunidades autónomas; un mecanismo rápido de resolución de conflictos; la posibilidad de la acción popular; la legitimación activa de la CNMC; una mayor transparencia desde el punto de vista del intercambio de información; y la mayor cooperación entre las administraciones públicas.

Otra crítica común que se ha hecho por parte de una serie de portavoces es que el proyecto de ley genera litigios entre administraciones. Esta ley no puede generar conflictos de competencias porque no existe ningún tipo de asunción de competencias por parte del Estado. Es precisamente todo lo contrario,


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señorías, pero no solamente es eso; esta ley dota de eficacia en todo territorio nacional, como decía anteriormente... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor ministro. Por favor, ruego silencio. Los que quieran hablar que se vayan fuera. Está hablando el señor ministro. Continúe.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): ... concedida por los legisladores autonómicos.

También ha habido alguna consideración en relación con los derechos lingüísticos de las comunidades. Como saben perfectamente sus señorías, en esta ley se respetan absolutamente las especificaciones técnicas de etiquetado por parte de las comunidades autónomas. También se ha comentado que se da un poder exorbitante a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Dicha comisión es un organismo independiente y además establece un trámite en el cual es la propia Audiencia Nacional en última instancia la que tendrá la última palabra. La legitimación activa existía en nuestro país desde antes del establecimiento en esta norma.

Señorías, déjenme que les diga algo, y esta reflexión va sobre todo dirigida al Grupo Socialista. Les voy a mencionar una cita, últimamente parece que está bastante de moda hacerlo: Si un alemán puede ejercer su actividad en cualquier sitio de España, parece razonable que cualquier español también pueda ejercer su actividad en cualquier sitio de España, sea cual sea su lugar de residencia. La cita, que comparto, es del vicepresidente Solbes cuando se defendió la Directiva de Servicios de la Unión Europea. Esa Directiva de Servicios de la Unión Europea, que fue apoyada por muchos grupos de esta Cámara, aplica exactamente los mismos principios que estamos aplicando a lo que es el mercado nacional. Entonces, en un acto lógicamente de responsabilidad, el Partido Popular aprobó y apoyó esa postura, esa trasposición de la Directiva de Servicios comunitaria.

En definitiva, señorías, yo para acabar lo que les diría es: reflexionemos sobre cuáles son los defectos estructurales de nuestra economía, cuáles son aquellas situaciones que arrastran a que la economía española siempre tenga un comportamiento peor. A todos se nos llena mucho la boca de la modificación del modelo de crecimiento económico. Por supuesto que el modelo de crecimiento económico en España se tiene que modificar, no podemos ser tan dependientes en el crédito, ni en la banca, ni en el inmobiliario; tenemos que depender de nuestra eficiencia, de nuestra productividad, de nuestra capacidad para ser competitivos a nivel internacional, y, en definitiva, eso pasa, señorías, por modificación de comportamientos, y esos comportamientos también afectan a las propias administraciones públicas. No podemos pensar en corralitos regulatorios, tenemos que pensar en la capacidad de emprender que tienen nuestras empresas y que se está demostrando, como decía anteriormente, en los mercados internacionales. Hoy España, a pesar de todo esto, es una de las economías más competitivas de Europa; no existe ninguna otra economía en Europa en la cual las exportaciones de bienes y servicios están creciendo al ritmo que crecen en España. Por lo tanto, señorías, no pongamos más trabas a esa capacidad de emprender y a esa capacidad de generar prosperidad que tiene la economía española.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Yo supongo que quieren réplica. (El señor Rangel Tarrés y el señor Olabarría piden la palabra). En el Grupo Mixto hemos acordado que no había réplica porque son varios; si quieren intervenir todos, será difícil, pero si hay un solo portavoz. Señor Larreina, ¿quiere intervenir? (Asentimiento). Señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

Lo haré brevemente. Yo quiero volver a insistir en el tema de la centralización, aunque el señor ministro lo niega. Lo que se produce es la imposición de una desregulación total, y por lo tanto se anulan las competencias reguladoras en la práctica de cualquier gobierno, en nuestro caso de Euskal Herria, porque al final lo que regulen vendrá anulado por esa desregulación que pueda venir de otros lados.

Finalmente, la competitividad no va por esa línea. Usted mismo ha dicho que ahora mismo, sin esta norma, la economía española es la más competitiva de Europa. Yo creo que esta norma lo que va a hacer es poner más trabas, no va ir a la raíz de los problemas y desde luego, como le he dicho en otras ocasiones, la competitividad no va por la desregulación, no va por rebajar las condiciones, no va por anular la capacidad, por ejemplo, de etiquetar en las lenguas propias y no va tampoco por la vía de reducir


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los derechos laborales de los trabajadores. Por eso nosotros permanecemos en nuestra opinión de ser contrarios a esta ley y pedir su devolución.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.

Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, haré dos comentarios breves a sus explicaciones y alusiones a los que hemos usado un turno en contra de este proyecto de ley. En primer lugar, se ha referido a la negociación colectiva como instrumento de atomización de las estructuras económicas, de la dimisión de las empresas. Mire, no; está argumentando mal, señor ministro, con todos los respetos. ¿Sabe qué es lo que ha provocado la atomización de la negociación colectiva? La última reforma laboral, la de su Gobierno, en tanto en cuanto se provoca una prevalencia -que usted conoce perfectamente- de los convenios de ámbito de empresa sobre todos los demás, cosa que nosotros hemos denunciado porque el descuelgue de las cláusulas de un convenio de ámbito superior al de empresa es normalmente porque esa empresa está padeciendo dificultades y el descuelgue de las condiciones laborales es un descuelgue in peius para las retribuciones y las demás condiciones. Eso está multiplicando la existencia de convenios colectivos de empresa, pero es su norma la que lo está haciendo y esa estructura de la negociación colectiva que, como usted sabrá perfectamente, es fuente de derecho, son normas que tienen eficacia normativa, eficacia erga omnes.

Por otro lado, señor ministro, le ha traicionado el subconsciente porque ha llegado a decir algo parecido a cómo se puede llegar a convivir con diecisiete normativas autonómicas. Señor ministro, fue la voluntad del legislador constituyente convivir con diecisiete normativas autonómicas. El Estado es autonómico o no lo es. Esa es una opción normativa por la que optó el legislador constituyente, no sin reservas de nuestro grupo parlamentario, pero ustedes apoyaron -y los demás grupos mayoritarios de esta Cámara- la configuración autonómica de un Estado donde, entre otras cosas, se atribuía a las comunidades autónomas competencias de carácter exclusivo que les proporcionaban competencias legislativas. ¿Eso es un quebranto para la competitividad y para un mercado bien configurado? No, ya le he explicado antes que los puntos de conexión en materia de la legislación autonómica con la estatal e incluso con la foral están perfectamente armonizados a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional.

Por último, ¿me va a decir usted que no es invasivo un proyecto de ley en relación con el cual el Consejo General del Poder Judicial dice que el artículo 17.1, donde se prevén las autorizaciones respecto de las cuales el Gobierno, la Administración General del Estado, es competente nada menos que en las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la salud pública, la protección del medio ambiente, la protección de la salud y vida de los animales, la preservación de los vegetales, la protección del patrimonio artístico, histórico y arqueológico nacional, la protección de la propiedad industrial y comercial, la protección del consumidor, la mejora de las condiciones de trabajo, el equilibrio financiero, el sistema de Seguridad Social, la seguridad viaria, la lucha contra la delincuencia, etcétera, hasta doce? Son doce cuestiones que pueden provocar, con legitimación procesal suficiente, un recurso de inconstitucionalidad. Hombre, glosará usted las bondades proautonómicas o proactivas a la configuración autonómica del Estado de una ley de estas características.

Le decía al principio de mi intervención que en relación con su argumentario, es brillante, como siempre, pero -al igual que en las encuestas cuando te preguntan si estás en desacuerdo o muy en desacuerdo- en casi todo estoy muy en desacuerdo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Intervendré brevemente desde el escaño porque básicamente lo que ha hecho el señor ministro es preguntarnos a qué nos oponemos, en qué estamos en desacuerdo, y a eso he dedicado precisamente los quince minutos de mi intervención anterior. Como las razones que antes he dado creo que siguen siendo válidas, me limitaré a glosar un par de comentarios del señor ministro.

Decía el señor ministro que no conoce ninguna norma que dé tal realce a la normativa autonómica como esta. Y, efectivamente, en eso me da la razón, el problema es que la realza tanto que la saca de su


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ámbito propio. Va a hacer que las normas de La Rioja, por poner un ejemplo, invadan las competencias autonómicas de Andalucía o Cataluña. Ese es el problema en nuestra opinión, que al hacer que el permiso de una comunidad valga en las demás, al final la comunidad con menos requisitos invadirá las competencias del resto. Se realza tanto la competencia autonómica que se saca de su esfera.

Ha dicho también, refiriéndose a mi intervención, que lo que yo proponía es recentralizar. Es una posible interpretación, pero no es exactamente lo que yo he dicho. Lo que he dicho es que el Estado tiene una función constitucional -en su artículo 50 se le da la capacidad de promulgar normas básicas de armonización-, que ejerza su función. Si usted interpreta que eso es recentralizar, es una forma de calificarlo, pero lo que pedimos es que el Estado no abdique de su papel, que no se quite de en medio dejando a las comunidades en este terreno de juego de una puja a la baja de regulación, que, insistimos, creemos que lo que va a provocar es que las empresas se dirijan a la comunidad con menos requisitos en cada actividad sectorial y que las comunidades tiendan a atraer empresas desregulando. Y no toda la regulación es absurda, hay cuestiones que tienen que ver con sanidad, con medio ambiente, que son necesarias. Nosotros estamos en contra del abuso de la regulación, pero no de toda regulación.

Resumiendo, señor ministro, nosotros estamos de acuerdo con ustedes en la enfermedad, pero estamos en desacuerdo con la cura que proponen, y es una pena que una enfermedad que ha tardado tanto tiempo en abordarse, cuando por fin se aborda, se hace en nuestra opinión con una cura equivocada.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, su intervención no ha hecho nada más que ratificar que el verdadero objetivo de su proyecto de ley no es mejorar ni simplificar el funcionamiento de las administraciones frente a los agentes económicos, ni tan siquiera contribuir a la competitividad, sino que fundamentalmente su objetivo es la desregulación. Además, lo ha dicho claro, y para que no quede ningún tipo de dudas lo ha relacionado con una reflexión sobre nuestros problemas de competitividad del modelo productivo y por supuesto, como no podía ser de otra manera, ha vuelto a situar el tema de la negociación colectiva.

No es el momento ahora de entrar a hacer un diagnóstico sobre las causas de nuestra falta de competitividad, pero le insisto en una cuestión: se basan no en la legislación laboral, sino en un modelo productivo que ha incentivado la especulación, que incentiva el capitalismo concesional a los amigos, agravado por los caciques territoriales, que sin duda se basa en sectores surfistas de la economía y que ha propiciado un minifundismo empresarial, sin duda -y ese es uno de los principales problemas-, todo ello acompañado con incentivos perversos, públicos y privados, y esa es la causa de que estemos como estamos. Espero que su diagnóstico sobre otras cosas sea más certero porque, si el diagnóstico que ha hecho usted sobre la negociación colectiva lo quiere aplicar a otras cosas, me atrevo a decirle que la política de su Gobierno va a ser profundamente errónea en muchos sitios, se lo ha dicho el señor Olabarría.

Disculpe, señor ministro, se lo tengo que decir con respeto, pero, sinceramente, lo que usted ha afirmado sobre la negociación colectiva confirma que de eso usted y su Gobierno o no saben nada o sencillamente pretenden de nuevo construir falacias. La negociación colectiva no es un incentivo de los convenios sectoriales para las grandes empresas, como usted ha dicho. Por favor, la mayoría de las grandes empresas tiene sus propios convenios. Los convenios sectoriales tienen dos funciones: la solidaridad entre los trabajadores y regular con eficacia general para impedir el dumping entre empresas. Precisamente lo que han provocado ustedes con su reforma laboral es todo lo contrario y van a incentivar el minifundismo. Le pongo un ejemplo: el sector de seguridad privada tenía un convenio sectorial; gracias a su reforma, se han configurado convenios de empresa de las empresas más precarizadoras, más cutres, para poder ofrecer mejores precios, y están introduciendo elementos de dumping competitivo a la baja. Es decir, con su mismo argumento le tengo que decir que lo que hace la reforma laboral es exactamente lo contrario de lo que usted defiende: está incentivando que la pequeña empresa vaya hacia el minifundismo y está incentivando el dumping desregulatorio.

Señor ministro, por último, debería recapacitar sobre una cosa. Si grupos tan distintos de esta Cámara y personas con ideologías tan distintas le hemos dicho aquí en común una cosa, que el gran objetivo de su proyecto de ley no es otro que desregular utilizando el dumping entre comunidades autónomas. Si tantos coincidimos en eso, se lo tienen que mirar ustedes, no vaya a ser que sean como ese automovilista que va en dirección contraria y cree que son todos los demás los que se han equivocado en la entrada a la autopista. Piénseselo un momento, por favor. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.

Señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, señor ministro, a pesar de que se ha esforzado en replicar todas aquellas cuestiones que hacían referencia a las enmiendas a la totalidad presentadas por todos los grupos y especialmente a la nuestra, he de manifestarle que lamentablemente no nos ha convencido. Nosotros continuamos pensando que es una ley profundamente ideológica, hasta llegaría a afirmar que no sé si usted se cree exactamente el contenido de la ley en la defensa radical que ha hecho de la misma, porque sinceramente creemos que no tiene precedentes en la Unión Europea ni, por ejemplo, en Estados Unidos.

Usted convendrá conmigo que probablemente la República Federal Alemana sea uno de los Estados más ricos del mundo. Estados Unidos no deja de ser también una de las grandes potencias económicas del mundo. Y si usted repasa cuál es la legislación que tienen estos dos grandes países, dos grandes potencias mundiales desde la óptica económica, si usted repasa por ejemplo, cuáles son las normas y atribuciones que tienen los dieciséis Estados en la República Federal Alemana, verá que cuando una compañía se quiere instalar en uno de los Estados más ricos, como es Baviera, ha de cumplir unos requisitos que son competencias del Land de Baviera. Al mismo tiempo, podrá observar que cuando una compañía se quiere instalar, por ejemplo, en el Land más pobre de la República Federal de Alemania, como es Sajonia, tiene también este Estado una serie de competencias administrativas y normativas que dependen del Land y que son totalmente diferentes a las que tiene el Estado de Baviera. Cualquier empresa que se quiera instalar en estos dos Estados tendrá que cumplir una serie de requisitos que no son uniformes ni para estos dos Estados ni para los dieciséis Estados de la República Federal Alemana.

Sucede exactamente lo mismo, señor ministro, en los cincuenta y dos Estados de Estados Unidos. Cada Estado tiene una normativa y unos impuestos prácticamente de cada uno y, cuando una empresa se quiere instalar en California o en Delaware, por ejemplo, las normativas administrativas de cada Estado son totalmente diferentes, y no porque una empresa se haya instalado en California puede automáticamente instalarse en el Estado de Delaware o de Ohio. Son radicalmente opuestas las diferentes normativas.

Lo que ustedes pretenden en esta legislación es uniformizar, que si una compañía multinacional o española -podemos poner el ejemplo que usted quiera- se quiere instalar en la Comunidad Autónoma de Murcia o de Andalucía, automáticamente con esta primera licencia tendría permiso para instalarse en todo el Estado español, prescindiendo de las diecisiete comunidades autónomas, que están perfectamente incorporadas en la Constitución española. Por tanto, continuamos pensando que es una legislación profundamente ideológica, que va a comportar muchísimos problemas y que no tiene absolutamente nada que ver con la Directiva de Servicios de la Unión Europea, que respeta todas aquellas licencias de las diferentes corporaciones locales o de las diferentes regiones de Europa, que van a prevalecer por encima de las normativas estatales.

Por consiguiente, nosotros continuamos intentando convencerles de que tendrían que retirar este proyecto de ley y dialogar con todas las formaciones políticas para eliminar una ley de un profundo y radical sentimiento ideológico, que va en la dirección de eliminar las comunidades autónomas.

Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Señor Rangel.

El señor RANGEL TARRÉS: Gracias, presidente.

Señor ministro, en más de una ocasión lo he dicho desde esta misma tribuna: que tengan la mayoría absoluta solamente les da certeza en el resultado de la votación, no les da automáticamente la razón, ni mucho menos. Yo creo que el que se hayan presentado nueve enmiendas de totalidad para la devolución de este proyecto de ley con una coincidencia en el análisis desde perspectivas distintas, que implican que el proyecto plantea desregulación y dumping regulatorio, les debería hacer pensar. Se ha comentado aquí el ejemplo del conductor que va por la autopista en contradirección y que cree que todos están equivocados menos él. Lo tienen fácil, se trata de buscar donde haya las mejores prácticas. Le han citado más de un supuesto de países compuestos, de países descentralizados: Estados Unidos, donde el mercado relevante se considera el de cada Estado y hay Estados muy pequeños. Además, se está haciendo una labor en Comisión para generar estándares que superen problemas de comercio o de mercados entre Estados.


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Creo que es un buen ejemplo que se podría seguir, evitando todo el problema que hemos planteado la mayoría de los intervinientes.

Usted ha hablado de competitividad de nuestra economía, ha hablado de la caída de la economía durante los últimos tiempos, mucho más que la media de la Unión Europea, y ahora nos habla de que tienen perspectivas de que vamos a crecer más desde el inicio de la crisis de lo que nunca hemos crecido. Ese es un modelo, por lo que estamos viendo, que ustedes basan fundamentalmente en dos elementos: por una parte, la desregulación y, por otra parte, la devaluación. ¿Usted cree de verdad que este es un modelo sólido, que es un modelo sostenible, que es un modelo que va a permitir que nuestra competitividad se afiance o bien tendríamos que ir a la raíz de los problemas e impulsar el cambio del modelo productivo? Se está hablando estos días de la pérdida progresiva de peso del sector industrial en nuestra economía. La industria genera puestos de trabajo de calidad, permite incorporar conocimiento y permite que las exportaciones se produzcan de una manera sólida y consistente. Eso es lo que requiere nuestra economía y no la competitividad a base del recorte de los salarios y de la precariedad del mercado de trabajo. Si eso no lo tienen claro y no cambian de planteamiento -y va a ser difícil porque están haciendo un planteamiento claramente ideológico, yo lo entiendo- le puedo asegurar que esa mejora no va a suponer un crecimiento sólido de nuestra economía ni, por descontado, y eso nos preocupa muchísimo, va a llegar al conjunto de la población. Por lo tanto, les pedimos que se replanteen sus propuestas, que escuchen a la Cámara y, por una vez, al menos por una vez, nos tengan en cuenta y abran un proceso para intentar encontrar la fórmula que nos permita crecimiento sostenible y cohesión social. (Aplausos).

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rangel.

Señor ministro. (Denegación).

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte, para fijación de posición.

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, dada la hora, con mayor brevedad que el senador americano, intentaré fijar la posición de mi grupo que, indudablemente, es favorable a esta ley.

Hablaba algún diputado de que el resto de los grupos de la Cámara han presentado enmiendas de totalidad. Hay más de ciento ochenta diputados que recibieron el apoyo mayoritario de la sociedad española para cumplir un programa electoral donde, entre otros puntos, figuraba crear en España un mercado único, un mercado eficiente, un mercado capaz de generar empleo. Señorías, no estamos solos, somos 182 diputados que defendemos una posición clara; no estamos solos, señorías, estamos muy acompañados por una mayoría de ciudadanos que nos han dado el apoyo para hacer este tipo de reformas, (Aplausos) un tipo de reformas que no tienen otro objetivo que el crecimiento y el empleo, ningún otro. Yo entiendo los argumentos que han dado los diferentes grupos en un sentido y en otro. Unos dicen que hay un proceso recentralizador, otros que no. Señorías, esta ley no va de recentralizar, no va de recuperar competencias a nadie; esta ley va de libertad, de eliminar barreras, de no tener cadenas, de abrir un mercado para que la economía funcione eficientemente. De eso va la ley. No va de recentralizar nada. Va de que, como pasa en las profesiones liberales, cuando un señor se inscribe en un colegio profesional, pueda operar en todo el territorio nacional. Va de que una empresa que tiene la autorización de una comunidad autónoma pueda operar en todo el territorio nacional. Va de que las empresas puedan operar con libertad en todo el territorio nacional. Señorías, yo he oído: recentralizar, uniformidad. Nada más lejos de la realidad. Lo que pone de verdad esta ley, lo que dice esta ley es que una empresa pueda funcionar, operar en todo el territorio nacional con la regulación de la comunidad autónoma de origen. Lo que queremos es que las empresas no tengan trabas en su trabajo diario. En España hoy hay multitud de analistas que dicen que el mercado está fraccionado, que hay diecisiete regulaciones, que las empresas no tienen capacidad de afrontar procesos con diferentes regulaciones, que a veces se retrasan las inversiones, que a veces no se hacen las inversiones por una maraña de regulaciones autonómicas que impiden que una empresa constituida en una comunidad pueda desplazarse a otra. De eso es de lo que va la ley.

Señorías, hoy se inicia el trámite parlamentario. Ya hemos oído el grueso de los discursos, los grupos parlamentarios ya han dicho lo que tenían por conveniente decir y que yo respeto; ahora viene el momento de la tramitación parlamentaria. Mi grupo parlamentario va a estudiar con detenimiento las enmiendas que presenten todos los grupos, porque lo que queremos es hacer la mejor ley posible. Esta ley no tiene ninguna otra connotación, esta ley solo quiere hacer que el mercado funcione mejor. Esta


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ley no persigue ningún otro objetivo que no sea el de que en España las empresas se puedan desarrollar con libertad, sobre todo las pequeñas y las medianas empresas que son las que tienen más dificultades. Eso es lo que queremos. Vamos a estudiar todas las enmiendas, bien entendido que lo que queremos es que, al final del proceso, cuando esta ley esté en el BOE, las empresas puedan ser agentes capaces de crear empleo y de traer inversión. Señorías, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha alegado que la Ley de Economía Sostenible arregló todos los problemas de España. No, señorías, lo que hizo la Ley de Economía Sostenible al final de todo el proceso fue dejar una España con paro, una España con deudas, una España con hipotecas, una España con múltiples problemas y al borde del rescate. Lo que hemos hecho ahora no es hablar de las leyes socialistas, no queremos debatir sobre unas leyes u otras, lo que queremos es dar solución, ni siquiera a los problemas generados por el Gobierno de nadie, sino a los problemas estructurales de la economía española, y muchísimos organismos -y ustedes y algunos portavoces que han hablado en esta tribuna lo saben- y muchísimos analistas nos están diciendo que en España en los últimos años se ha producido un diferenciamiento en el mercado que ha provocado una desestructuración y dificultades para el crecimiento y para el empleo. Señorías, mi grupo tiene solo un objetivo, que es que la economía crezca y que se cree empleo. Tenemos ese único objetivo. Esta ley no es un fin en sí misma; esta ley lo que quiere es contribuir a que España crezca y se cree empleo.

Señorías, España tiene una situación difícil: el número de parados, la tasa de paro. Todavía no hemos llegado al final de ningún camino, lo que sí es verdad es que hay indicios evidentes de un cambio de tendencia en la economía española. Lo que era rojo ya es azul porque estamos empezando a crecer; los datos de paro empiezan a ser mejores; los índices de consumo empiezan a ser mejores; los índices de confianza empiezan a ser mejores y eso indica que se está en el buen camino. Mi grupo está orgulloso de lo que se está haciendo, no porque creamos que hemos llegado a ninguna meta sino porque estamos en la senda correcta para crecer y crear empleo. (Un señor diputado: Muy bien.-Aplausos). Todavía nos falta mucho pero estamos en el buen camino. No creemos que tengamos ningún motivo para el triunfalismo, ninguno. Yo personalmente ni mi grupo tenemos todavía ningún motivo para el triunfalismo, pero sí tenemos la claridad absoluta de que el camino es el adecuado. Lo que sabemos es que íbamos en una cuesta abajo y estábamos a punto de que nos rescataran y ahora estamos en una suave cuesta ascendente que se ve en el crecimiento (Rumores), en el empleo y en los índices de confianza de consumidores e inversores. Esa es la verdad, y esta ley lo que hace es que podamos seguir recorriendo el camino; esta ley no pretende decir que hemos llegado a ningún puerto; no es un fin para nada; no tiene ninguna connotación política de recentralización, de descentralización o de nada. Queremos que sea un instrumento de reforma estructural para que en España se crezca y se cree empleo. Eso es lo que queremos con esta ley y por eso mi grupo la va a votar. (Aplausos). Los 182 diputados, que vamos por una autopista muy bien acompañados -a lo mejor ustedes van por el mal camino y siguen-, somos de verdad los que estamos haciendo, a veces solos y otras acompañados, un proceso de reformas estructurales en España, algunas de ellas complejas pero que nos están llevando al buen camino.

Señorías, al final los resultados son los que cuentan. Cuando se empieza -cada vez que tenemos una enmienda a la totalidad de una ley- es muy fácil criticar una ley porque no se sabe el resultado. Mi grupo va a votar que sí porque creemos, estamos convencidos de que esta ley es la adecuada. Ustedes deberían saber que las leyes que aprobaron no eran las adecuadas porque dejaron a España en una situación de quiebra.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.

En dos minutos procederemos a votar. (Pausa).

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA FIESTA DE LOS TOROS COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL. (Número de expediente 120/000005).

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.

En primer lugar, proposición de ley para la regulación de la fiesta de los toros como bien de interés cultural. Al ser una proposición de ley, se han presentado enmiendas de texto alternativo. Empezamos por


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la votación de la enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Se han emitido 3 votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315, más 3 votos telemáticos, 318; a favor, 32; en contra, 178, más 1 voto telemático, 179; abstenciones, 105, más 2 votos telemáticos, 107.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por el señor Bosch, a la proposición de ley. Hay 3 votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315, más 3 votos telemáticos, 318; a favor, 31; en contra, 181, más 1 voto telemático, 182; abstenciones, 103, más 2 votos telemáticos, 105.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Baldoví. Hay 3 votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313, más 3 votos telemáticos, 316; a favor, 31; en contra, 177, más 1 voto telemático, 178; abstenciones, 105, más 2 votos telemáticos, 107.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda de texto alternativo propuesta por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). También se han emitido 3 votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; más 3 votos telemáticos, 316; a favor, 130, más 2 votos telemáticos, 132; en contra, 180, más 1 voto telemático, 181; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. También se han emitido 3 votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316, más 3 votos telemáticos, 319; a favor, 6; en contra, 310, más 3 votos telemáticos, 313.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- PROYECTO DE LEY DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO. (Número de expediente 121/000056).

El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución del proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado, presentadas por los grupos parlamentarios Mixto, Vasco del PNV, Unión Progreso y Democracia, La Izquierda Plural, Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Socialista. Se votan todas conjuntamente. Ha habido 3 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316, más 3 votos telemáticos, 319; a favor, 141, más 2 votos telemáticos, 143; en contra, 175, más 1 voto telemático, 176.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


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- SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DE AVOCACIÓN POR EL PLENO DEL PROYECTO DE LEY DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO. (Número de expediente 121/000056).

El señor PRESIDENTE: ¿Interpreto que la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista de avocación a Pleno se acepta por asentimiento? (Asentimiento).

Se levanta la sesión.

Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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