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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 140, de 24/09/2013
cve: DSCD-10-PL-140
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 140
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 131
celebrada el martes,
24 de septiembre de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para que el conocimiento de la lengua cooficial y del derecho propio de la comunidad autónoma de destino sea considerado un requisito para la prestación de servicios en el ámbito judicial (Orgánica). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 126-1, de 21 de junio de 2013. (Número de expediente 122/000109) ... (Página6)

Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 67.1 y 67.2. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 132-1, de 6 de septiembre de 2013. (Número de expediente 410/000007) ... (Página19)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a sistemas de préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 191, de 10 de diciembre de 2012. (Número de expediente 162/000481) ... (Página32)

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el cumplimiento del Estatuto de Gernika en materia de seguridad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 37, de 17 de febrero de 2012. (Número de expediente 162/000172) ... (Página40)


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para identificar y luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. (Número de expediente 173/000102) ... (Página48)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página56)

Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página56)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página57)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página57)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

La Presidencia informa de que se encuentra presente en el hemiciclo una delegación de parlamentarios de Marruecos que están participando en el II Foro Interparlamentario Hispano-Marroquí.

Hacen uso de la palabra la señora Rodríguez Ramos y los señores Centella Gómez y Bermúdez de Castro Fernández, al amparo del artículo 72 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página6)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para que el conocimiento de la lengua cooficial y del derecho propio de la comunidad autónoma de destino sea considerado un requisito para la prestación de servicios en el ámbito judicial (Orgánica) ... (Página6)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, el señor Tardà i Coma y la señora Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista, y Castillo Calvín, del Grupo Parlamentario Popular.

Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página19)

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 67.1 y 67.2 ... (Página19)

Defiende la toma en consideración de la proposición el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


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En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Madina Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, por una cuestión de orden; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Martín Peré, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.

Proposiciones no de Ley ... (Página32)

Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a sistemas de préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares ... (Página32)

Defiende la proposición no de ley el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Álvarez Sostres y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Ros Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Cabrera García, del Grupo Parlamentario Popular.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas hace uso de la palabra el señor Martínez Gorriarán.

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el cumplimiento del Estatuto de Gernika en materia de seguridad ... (Página40)

Defiende la proposición no de ley el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz e Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Escobar Las Heras, del Grupo Parlamentario Popular.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página48)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para identificar y luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida ... (Página48)

Defiende la moción el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fernández Davila, Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; y las señoras Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Serrano Argüello, del Grupo Parlamentario Popular.


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En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

A los solos efectos de aceptación o rechazo hace uso de la palabra el señor Sánchez i Llibre.

La Presidencia hace uso de la palabra en relación con el artículo 72.2 del Reglamento.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página56)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para que el conocimiento de la lengua cooficial y del derecho propio de la comunidad autónoma de destino sea considerado un requisito para la prestación de servicios en el ámbito judicial (Orgánica), se rechaza por 134 votos a favor más 2 votos telemáticos, 136; y 177 en contra más 1 voto telemático, 178.

Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página56)

Sometida a votación la toma en consideración del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 67.1 y 67.2, se rechaza por 139 votos a favor más 2 votos telemáticos, 141; y 172 en contra más un voto telemático, 173.

Proposiciones no de ley ... (Página57)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a sistemas de préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares, se aprueba por 177 votos a favor; 126 en contra y 4 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el cumplimiento del Estatuto de Gernika en materia de seguridad, se rechaza por 32 votos a favor y 279 en contra.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página57)

Sometidos a votación independiente los diferentes apartados de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para identificar y luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida, son rechazados todos.

Se suspende la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Señorías, están con nosotros los parlamentarios, diputados y senadores, de Marruecos que con su presidente del Congreso al frente y con el presidente de la Cámara de Representantes han celebrado con


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nosotros este II Foro Interparlamentarios Hispano-Marroquí. (Aplausos). Les agradecemos su presencia en nuestro hemiciclo. (La señora Rodríguez Ramos pide la palabra).

¿La señora portavoz me ha pedido la palabra? (Asentimiento). Adelante.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Presidente, pido la palabra al amparo del artículo 72 del Reglamento del Congreso para plantear una cuestión de orden precisamente sobre el orden del día del Pleno que hoy iniciamos.

El señor PRESIDENTE: Puede usted plantear la cuestión de orden.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, presidente.

Mi grupo parlamentario quiere denunciar la decisión, por ser contraria al artículo 184 del Reglamento, que ha adoptado la Mesa del Congreso de excluir del orden del día de hoy el debate y votación de dos mociones presentadas, una por el Grupo Socialista y otra por el Grupo de La Izquierda Plural, sobre las mentiras del presidente vertidas en sede parlamentaria. Esta decisión, presidente, mutila dos iniciativas de control parlamentario y deja hoy en esta sesión del Pleno sin iniciativas a dos grupos políticos que representamos a más de 8 millones de ciudadanos. Queremos denunciar la utilización antidemocrática que hace la mayoría del Partido Popular en la Mesa, que impide que hoy podamos debatir y exigir responsabilidades políticas al presidente del Gobierno por las mentiras vertidas en esta Cámara. Quisiera recordarle, presidente, que según el artículo 67 del Reglamento vigente tiene la obligación de elaborar el orden del día de acuerdo con los grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces. Cuando el presidente de estas Cortes elaboraba el orden del día de acuerdo y al dictado del Gobierno era con otro reglamento, en otra etapa negra, con el reglamento franquista. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora portavoz. (El señor Centella Gómez pide la palabra).

Señor Centella, ¿qué desea?

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, también al amparo del artículo 72 queremos señalar que ante la decisión de la Mesa de excluir del orden del día la moción consecuencia de interpelación de nuestro grupo, moción que era claramente congruente con la interpelación y que estaba claramente adecuada al orden del día, consideramos que se está secuestrando este Parlamento; consideramos que ustedes han dado hoy un golpe institucional muy grave que señala un antes y un después, que nos sitúa en la indefensión a este grupo político. Hoy ustedes aquí están cometiendo un grave atentado contra la democracia, hoy ustedes están secuestrando de forma clara a este Parlamento que tendría que tener hoy la posibilidad de debatir. Por eso, como entendemos que no tienen ningún sustento legal ni jurídico, que es una decisión política contraria al Reglamento, solicitamos que se lea la resolución de la Mesa así como el informe jurídico que la sustenta y anunciamos la decisión de nuestro grupo de acudir al Tribunal Constitucional en amparo de nuestros derechos. Porque por mucho que ustedes se empeñen, en esta Cámara se va a votar y se va a poder decidir sobre la decisión del presidente de ocultar la verdad al pueblo español.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

¿Algún grupo quiere intervenir? (El señor Bermúdez de Castro Fernández pide la palabra). Adelante el Grupo Popular.

El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Señorías, esta es la casa de la palabra como expresión de la voluntad popular (Rumores), pero en esta casa, como en todo Parlamento, hay unas normas y unos procedimientos que la Mesa tiene la obligación de cumplir (Rumores), y eso, aunque a ustedes no les guste, forma parte de las reglas del juego de nuestro Estado democrático, porque el Parlamento sin reglas o con normas a la carta termina convirtiéndose en populismo, y eso es lo más dañino porque en vez de fortalecer las instituciones lo único que consigue es lo contrario: debilitarlas.

Hoy estamos en este debate porque ustedes han querido deliberadamente incumplir el Reglamento de esta Cámara y utilizar una iniciativa para un fin distinto para el que está establecida, por lo que la Mesa se ha visto en la obligación de rechazarla. (Protestas.-Aplausos). Sí, sí, señorías, y a eso que ustedes llaman conducta antidemocrática o secuestrar el debate nuestro ordenamiento jurídico lo llama de otra manera, lo llama fraude de ley. Podrán ustedes decir lo que quieran, porque todo el mundo sabe que


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llevan meses persiguiendo reprobar al presidente del Gobierno con fórmulas o vías distintas de la única que marca la Constitución, que es la moción de censura. El propio secretario general de su grupo parlamentario, señor Madina, así lo reconoció en un ejercicio de sinceridad en el día de ayer al afirmar ante los medios de comunicación que lo que pretendía su iniciativa es que este Parlamento pidiera responsabilidades políticas al presidente del Gobierno; por cierto, por una cuestión y una conducta absolutamente ajenas a su labor al frente del Ejecutivo (Protestas.-Varios señores diputados: ¡Claro, claro!), si me dejan terminar. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). Si una moción ordinaria no da cobertura para pedir la reprobación del presidente del Gobierno o exigir responsabilidades al presidente del Gobierno, la siguiente pregunta es, ¿por qué en vez de tanto amagar no presentan una moción de censura? Si quieren se la respondo yo: porque no tienen ni candidato ni programa ni apoyos para sacarla adelante. (Aplausos.-Protestas.-La señora Grande Pesquero y el señor Villarrubia Mediavilla pronuncian palabras que no se perciben).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA QUE EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA COOFICIAL Y DEL DERECHO PROPIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESTINO SEA CONSIDERADO UN REQUISITO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO JUDICIAL. (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000109).

El señor PRESIDENTE: Resuelto este punto, vamos a entrar en el orden del día. (El señor Centella Gómez pide la palabra).

Señor Centella, he tomado nota de lo que usted dice y he visto que está resuelto el tema. (Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).

Comenzamos con la proposición de ley del Grupo... (El señor Centella Gómez: ¡Señor presidente, que se lea!). Pues no, he dicho que no se lee y he considerado que este punto está suficientemente debatido. (Protestas). El orden del día llega aquí preparado por la Mesa y por la Junta de Portavoces. Usted ha dicho que va a recurrir; hágalo, pero este punto está suficientemente debatido. (Fuertes rumores.-El señor Centella Gómez pronuncia palabras que no se perciben).

Comenzamos con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió, de modificación de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para que el conocimiento de la lengua cooficial y del derecho propio de la comunidad autónoma de destino sea considerado un requisito para la prestación de servicios en el ámbito judicial. Es una ley orgánica. (Los señores diputados del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, abandonan el hemiciclo en la tramitación de este punto del orden del día.-Rumores).

Para la presentación de esta iniciativa, tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, la proposición de ley orgánica que hoy defendemos para su toma en consideración tiene como finalidad que la lengua cooficial y el derecho propio de la comunidad autónoma de destino se considere como requisito para la prestación de servicios en el ámbito judicial. Para ello existen varias razones esenciales que desde nuestro punto de vista justificarían dicha iniciativa. En primer lugar, la que vendría estrechamente relacionada con hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos ante la Administración de Justicia, reconocidos en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En segundo lugar, por razones de eficacia en la Administración de Justicia y de tutela judicial efectiva. (Continúan los rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.

Por favor, ruego silencio y que podamos oír a la señora diputada en el uso de la palabra.

La señora SURROCA I COMAS: Muchas gracias, señor presidente.

Antes de abordar cada uno de estos argumentos es importante tener en cuenta en qué situación nos encontramos en este momento, cuál es la situación de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia. En cuanto al porcentaje de sentencias dictadas en catalán respecto a las dictadas en castellano, según las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en 2011 fue del 13,11 %; en 2010, del 14,53 %; en 2009, fue del 15,96 %; en 2008, 16,28 %, y en 2007, 16,77 %. Por lo tanto, es evidente que


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revelan un uso del catalán en las sentencias que siempre ha representado un porcentaje claramente muy bajo. El punto máximo de utilización se registró en 2004, con un 20,63 %, y desde entonces hay una clara tendencia al descenso. No disponemos de datos referidos a otras comunidades autónomas pero podemos intuir que deben ser semejantes o, incluso me atrevería a decir, bastante peores que las que acabo de relatar. Si analizamos la normativa actual sobre los derechos lingüísticos en la Administración de Justicia, tendremos que acudir a la Constitución española en el artículo 149.1.5ª y 6ª, pero también hay previsiones en los correspondientes estatutos de autonomía. Así ya he mencionado antes el artículo 33 del Estatut d'Autonomia de Catalunya y el 102, que se refiere al perfil lingüístico del personal al servicio de la Administración de Justicia, y a partir de las competencias atribuidas por la Constitución española y los estatutos de autonomía se ha aprobado legislación diversa que incide en esta materia. Por una parte disponemos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece los criterios generales sobre el uso de la lengua en las actuaciones judiciales, y que resumidamente podemos concretar en una posición preferente del castellano, un uso potestativo de la lengua oficial propia de las comunidades autónomas y obligación de traducir al castellano si algún interviniente no entiende la lengua propia o tiene que hacer efectiva esa lengua fuera de la comunidad. El resto de legislación estatal se ha pronunciado en un sentido más o menos similar, por ejemplo, se pueden analizar la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La legislación autonómica también ha desarrollado alguna de las cuestiones lingüísticas del Poder Judicial, especialmente por lo que se refiere a los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Así, en Catalunya el Estatut d'Autonomia establece, en su artículo 33.2, el derecho de los ciudadanos a utilizar la lengua oficial que elijan y a obtener toda la documentación oficial en ese idioma, sin sufrir indefensión ni tampoco dilaciones indebidas. Estos derechos están relacionados con la necesaria acreditación de conocimientos lingüísticos en catalán -artículos 33.3 y 102- y también se establece un derecho lingüístico de los ciudadanos ante los órganos jurisdiccionales centrales en el artículo 33.5. Por último, también tenemos que recordar la existencia y ratificación por España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias que, como saben, forma parte del ordenamiento jurídico interno, pero no me voy a detener en ella.

La cuestión que hoy planteamos, y que desde Convergència i Unió entendemos que debe modificarse, es la previsión general de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevé, como decíamos, que el conocimiento de las lenguas propias de determinadas comunidades autónomas constituyan únicamente un mérito en la provisión de plazas judiciales y no un requisito para el acceso al cuerpo. Así está recogido en el artículo 341.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y también en el reglamento de la carrera judicial en el caso de jueces y magistrados; lo mismo sucede en el supuesto de fiscales, cuyo estatuto orgánico lo contempla como mérito; y exactamente lo mismo sucede en el caso de secretarios judiciales y, en términos generales, para el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia. Es necesario y lógico exigir como requisito el conocimiento de las lenguas cooficiales por parte de los jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia porque, según el artículo 3 apartado 2 de la Constitución, tienen carácter de oficial los idiomas propios de determinadas comunidades autónomas. Solo de esta manera se respetaría adecuada, real y efectivamente el derecho de los ciudadanos de las comunidades autónomas con lengua propia a utilizar su idioma, tanto en forma oral como escrita, ante la Administración de Justicia, cosa que es prácticamente imposible conseguir si jueces, fiscales, secretarios judiciales y demás personal al servicio de la justicia no entienden esa lengua. También es necesario por razones de eficacia y efectiva tutela judicial, como decíamos al inicio de esta intervención, para evitar dilaciones innecesarias en el procedimiento por cuanto los principios de inmediación y oralidad que rigen en el proceso difícilmente podrán cumplirse de forma adecuada si, por ejemplo, los jueces no entienden las manifestaciones de las partes y otros intervinientes en el proceso. Podríamos citar ejemplos concretos de diversa índole en relación con esta cuestión como la falta de entendimiento, de conocimiento de la lengua propia por parte del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Hay muchos casos que se han puesto de manifiesto, casos relevantes en los medios de comunicación, otros no tanto, otros suceden en el día a día y finalmente los ciudadanos renuncian voluntariamente a ejercer sus derechos lingüísticos ante determinado tribunal por cuanto ven que hay un importante desconocimiento por parte del órgano receptor de sus peticiones. Lo mismo sucede no solamente a los ciudadanos o usuarios, sino también al resto de operadores jurídicos; por ejemplo, es el caso de abogados, de procuradores, que cuando ven que una causa está en un determinado juzgado en el cual hay un


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magistrado, fiscal o juez que desconoce el idioma propio por el cual ha optado el ciudadano de inicio, muchas veces terminan lamentablemente aconsejando al cliente que para facilitar y no dilatar más el procedimiento o por otras cuestiones hagan un cambio de idioma, optando por el castellano. Es imprescindible normalizar la situación para proteger así de forma eficaz, como decíamos, los derechos lingüísticos de los ciudadanos ante la Administración de Justicia. Ahora mismo estamos ante una situación que podríamos calificar de anómala y que va contra el espíritu de la norma constitucional recogida, como hemos dicho anteriormente, en su artículo 3, apartado 2, y que pone también en entredicho los derechos lingüísticos reconocidos a los ciudadanos.

En Convergència i Unió creemos que la única manera real y efectiva para dar pleno cumplimiento a los derechos lingüísticos de los ciudadanos ante la Administración de Justicia, para que se pueda atender debidamente a los ciudadanos en las dos lenguas oficiales, es estableciendo como requisito el previo conocimiento de la lengua por el juez, magistrado, fiscal, secretario o personal al servicio de la Administración de Justicia destinado a una comunidad con lengua propia de aquel territorio de destino, no únicamente como mérito.

Esta proposición de ley también debe interpretarse en relación con el artículo 9 de la Constitución española, que exige que los poderes públicos garanticen plena libertad e igualdad de los individuos y grupos en que se integran para que esta sea real y efectiva, pero además para dar un debido cumplimiento al apartado 1.3 de la Constitución, que establece el derecho de todos los españoles a usar la lengua castellana -no el deber de usarla-, como se ha dicho en otras ocasiones, ya que a pesar de lo que algunos pretenden no establece el derecho de algunos a desconocer la lengua autonómica. En esta cuestión debe prevalecer el interés general al interés particular o corporativo. La Administración de Justicia es un servicio público indiscutible y como tal debe garantizar la efectividad en el ejercicio de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y asegurar también el respeto a la pluralidad lingüística.

Que nadie busque confusión en esta iniciativa de Convergència i Unió que tiene que ver básicamente con derechos fundamentales de los ciudadanos, para que cuando tengan que acudir a la Administración de Justicia vean garantizados de forma eficaz esos derechos. Tiene que ver con garantizar, como decíamos, una prestación de servicios de calidad y en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos cuando son usuarios de la Administración de Justicia, independientemente del idioma oficial que puedan elegir. Esta iniciativa tiene que ver también con reclamar que la Administración de Justicia sea más eficiente y que dé cumplimiento efectivo a los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos. Los derechos lingüísticos de los usuarios de la justicia son importantes para que esta sea realmente justicia, para que sea una justicia de calidad, igual que también son importantes otros cuestiones que nuestro grupo parlamentario ha defendido y defenderá para conseguir el máximo nivel de eficacia, rapidez y calidad en la prestación de este servicio público fundamental que es la Administración de Justicia. Sin embargo, hoy nos centramos en uno de estos aspectos, la efectividad real de los derechos lingüísticos de los ciudadanos con determinadas lenguas propias y en unas comunidades determinadas, las que, junto con el castellano, tienen otra lengua cooficial. Hoy pretendemos el reconocimiento del deber de la Administración de Justicia de servir por igual a estos ciudadanos, reconociendo así, por tanto, sus derechos.

Por último, también promovemos con esta iniciativa que el conocimiento del derecho propio de la comunidad autónoma de destino sea requisito para la prestación de servicios en el ámbito judicial de esa comunidad. Consideramos que este es también un requisito exigible y necesario para acceder a plazas de juez, magistrado o secretario judicial en aquellos territorios que dispongan de derecho propio, la exigencia de ese conocimiento, que en definitiva deriva del principio de iura novit curia que todos saben, pero que ahora no lo contempla expresamente la Ley Orgánica del Poder Judicial como exigencia para acceder a esos puestos judiciales. Por ello es importante también en aras de conseguir esa mayor efectividad de la Administración de Justicia y plena garantía de tutela judicial efectiva reconocida en la Constitución española.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.

No se ha solicitado ningún turno en contra para esta proposición de ley. Entramos en la intervención de los grupos.

Por el Grupo Mixto, tiene en primer lugar la palabra la señora Fernández.


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La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo para manifestar la posición de nuestro grupo, el BNG, en relación con esta proposición de ley que acaba de defender la diputada de Convergència i Unió, que no puede ser otra más que de apoyo y voto favorable. No puede ser de otra manera, primero, porque partimos de un principio: el de que no hay derechos sin obligaciones. En este caso concreto es imposible que los ciudadanos de una nación, de una comunidad autónoma con idioma propio puedan ejercer el derecho de utilizarlo y de ser atendidos en su idioma propio si la Administración, en este caso de Justicia, no cumple con la obligación de tener la cualificación correspondiente de su personal en la Administración para atender a estos administrados. Se da el caso paradójico, señorías, de que un derecho reconocido en los estatutos de autonomía y en las leyes reguladoras lingüísticas, incluso en la Ley del Poder Judicial, se reconoce prácticamente no lo que plantea hoy Convergència i Unió pero sí la necesidad de atender a los ciudadanos con lengua propia. Como se da en el caso de Galicia -doy por hecho que en el resto de las naciones como Euskadi y Catalunya ocurre otro tanto de lo mismo- el requisito que se pide y que se tiene en consideración en relación con el conocimiento de la lengua y que se valora a la hora de los traslados de funcionarios resulta que solo es una valoración que se hace para facilitar o mejorar las posibilidades y condiciones de ese traslado, pero después esta valoración no se exige de igual modo a la hora de la práctica, de la utilización del idioma en todas aquellas cuestiones que sean necesarias. Así tenemos que el idioma en la Administración de Justicia en Galicia está prácticamente siendo utilizado solo por aquellos funcionarios, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, etcétera, que son militantes del idioma y que están haciendo importantes campañas para la aplicación y la implantación del idioma en el servicio de la Administración de Justicia. No obstante se encuentran, señorías, con ese freno que hace imposible que se haga realidad ese derecho a ser atendidos en la lengua propia a los ciudadanos y ciudadanas, por lo tanto, a los administrados en Galicia.

De ahí, señorías, que vayamos a apoyar esta propuesta de Convergència i Unió en relación con las lenguas cooficiales y el derecho de cada comunidad autónoma en relación con los servicios del Poder Judicial, con los servicios de la Administración de Justicia. En cuanto al texto tenemos que decir que lo compartimos en líneas generales, primero, porque es un texto amplio, un texto muy conciso y que en todo caso, de ser admitido a trámite, como nosotros consideramos que sería oportuno, tendríamos como cuestión a incorporar lo que acabo de comentar sobre la praxis de la utilización del idioma. Quiero felicitar a Convergència i Unió por esta iniciativa, que no por haber sido muchas veces tratada en estas Cortes Generales deja de ser necesario debatirla, porque los objetivos siguen sin lograrse. Por lo tanto, señora diputada, nuestro reconocimiento porque es una iniciativa que consideramos oportuna, que hacemos nuestra. Esperamos que el debate finalmente posibilite que la Administración de Justicia en naciones como Galicia, Euskadi o Catalunya, comunidades autónomas con lengua propia, pueda atender a los ciudadanos en la lengua que corresponde, en la lengua propia, sobre todo como en el caso de Galicia donde la mayoría de los gallegos son galegofalantes.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, vejaciones, humillaciones, coacciones, violencia física, multas y sentencias de cárcel. Este es el riesgo que corre un ciudadano en el País Valencià, en las Illes Balears, incluso en el Principat de Catalunya, si pretende vivir plenamente en lengua catalana. Hace unos días, Carles Mateu fue condenado a seis meses de cárcel y un año de retirada del permiso de conducir por pretender hablar en su lengua en su país valenciano. Se vio inmerso en un conflicto con dos guardias civiles. (Pronuncia palabras en catalán). Por cierto, no se han oído voces en este Parlamento condenando esta vulneración de los derechos humanos, y dicen que nos quieren comprender a los catalanes. Francamente, es una gran muestra de cinismo. Jueces del Registro Civil de Barcelona que obligan a celebrar casamientos en castellano. Jueces que condenan por desobediencia por dirigirse en catalán a un policía. Jueces que menosprecian el catalán y cuestionan a un encausado y a una testigo por el hecho de hablar en catalán. Un Tribunal Supremo que desestima un recurso de una sentencia dictada en Barcelona por estar redactada en catalán. Un juez en Cantabria que retira la custodia de su hija a un padre argumentando que le hablaba en catalán, para separar a la hija del padre. Y un sinfín de casos de ciudadanos retenidos o detenidos en comisarías, aeropuertos, trenes, oficinas de expedición del documento nacional de identidad, etcétera.


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Y nunca la justicia actuó de oficio, nunca la justicia actuó de forma diligente. Es más, existe un protocolo no escrito, pero que funciona muy bien, por el que muchos ciudadanos -y hay muchos casos de estos, y lo sabe el Gobierno actual porque se lo dije al ministro, y lo sabía también el ministro Rubalcaba cuando ejercía de ministro- que entran en una comisaría para denunciar un acto de vulneración de los derechos lingüísticos salen armados de una denuncia. Esta es la realidad. De hecho, nunca se habían redactado tan pocas sentencias en catalán como ahora. ¿Cómo se entiende que hayamos dado un paso atrás ahora que hay muchos más jueces que son competentes en lengua catalana? ¿Saben por qué? Porque detrás hay una actitud ideológica. De la misma manera que los guardias civiles que provocan vulneraciones de derechos lingüísticos ¡son jóvenes! En todos los conflictos en los cuales un ciudadano ha visto vulnerados sus derechos lingüísticos por un guardia civil, siempre ha habido un guardia civil mayor que ha intentado retener al joven, lo cual significa que algo que no funciona en la formación profesional y democrática de estos funcionarios. Esto es una mentalidad colonial y en catalán decimos butifarra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

La última intervención del Grupo Parlamentario Mixto es de la señora Enbeita.

La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señor presidente.

Señorías, se da por hecho que el Estado es el garante de un sistema jurídico gratuito, accesible, imparcial, adecuado, transparente, independiente, autónomo, responsable y abierto, pero desgraciadamente esto no funciona así. El procedimiento que sigue el Estado para garantizar el derecho a la justicia es el mismo para la ciudadanía que utiliza una lengua sin ningún tipo de reconocimiento oficial como pueden ser el inglés, el francés o el alemán, y para aquellas y aquellos que desean utilizar una lengua con reconocimiento oficial diferente al castellano. Esa actitud rompe con el principio de igualdad, crea ciudadanos de primera y de segunda y vulnera el derecho a una tutela jurídica efectiva. Y para más inri, el Estado blinda jurídicamente esta vulneración de derechos. Tenemos, por ejemplo, el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales podrán usar en los procedimientos también la lengua oficial propia de la comunidad autónoma si ninguna de las partes se opusiere. Pero el desconocimiento de las lenguas oficiales diferentes al castellano por parte de estos funcionarios de juzgados y tribunales también queda blindado, puede ser total, ya que en los artículos 341 y 530 de la misma ley se establece el conocimiento de las lenguas propias como un mérito preferente y no como un requisito obligatorio. Hecha la ley, hecha la trampa. Recogemos el derecho de una manera indirecta y además no ponemos ningún mecanismo para que se garantice. Por esa razón, creemos que el deber de conocer la lengua propia de la comunidad autónoma constituye coherentemente la última consecuencia de la oficialidad de la lengua propia, pues si solo se establece el derecho de conocerla pero no el deber de conocerla se perpetúa la vulneración de los derechos lingüísticos.

Además, el Estado español incumple la legislación vigente; hace caso omiso a las recomendaciones realizadas por el comité de expertos y el consejo de ministros del Consejo de Europa. España suscribió la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias el 5 de noviembre de 1992 y la ratificó el 9 de abril de 2001. La carta entró en vigor en España el 1 de agosto de 2001 y desde que fuera ratificada ha habido tres evaluaciones sobre los compromisos adquiridos en la misma. Pues bien, en la primera evaluación el comité de ministros del Consejo de Europa instó al Estado español a tomar las medidas jurídicas y prácticas necesarias para asegurar la aplicación de los compromisos contenidos en el artículo 9 de la carta, asegurando en particular que un porcentaje adecuado del personal tenga un conocimiento práctico de las lenguas pertinentes. En el año 2008 el comité europeo volvió a instar al Estado a que tomara las mismas medidas y el 24 de octubre de 2012, además de repetir las recomendaciones anteriores, instó al Estado a modificar el marco legal en aras de que las autoridades judiciales administrativas instruyan los procedimientos en la lengua requerida por las partes. Pero está claro que esto sigue sin cumplirse. Así creemos que no se puede sostener esta situación discriminatoria ante los miles de ciudadanos y ciudadanas que quieren vivir en sus lenguas, lenguas propias en sus territorios e instamos a que se den pasos eficaces, entre otros, la modificación de los artículos 341 y 350 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en aras de garantizar la igualdad de la ciudadanía ante los órganos judiciales y responder positivamente a las recomendaciones realizadas en el Consejo de Europa, porque ya es hora de que se dejen de vulnerar los derechos lingüísticos de la ciudadanía.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Enbeita.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora Surroca, quiero felicitarla por la oportunidad y por el contenido, fundamentalmente, de su iniciativa. No por ser recurrente -ha sido presentada por mi grupo parlamentario en diversas ocasiones- resulta menos oportuna y menos importante. Usted está preconizando algo que yo comparto por su argumentario político y también por la retórica de algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, porque todos tienen razón. Es un problema, además de que se justifica o legitima por los argumentos indicados, porque se está incumpliendo la legalidad. Primero la legalidad constitucional, los requerimientos del artículo 3 en relación a la cooficialidad lingüística o al existir unas lenguas cooficiales, que en su contenido esencial ha sido desarrollado mediante el derecho de todos los ciudadanos a acceder a los poderes públicos y sus administraciones o sus órganos en la lengua cooficial prevista en sus estatutos de autonomía; cooficiales en sus naciones, en un Estado plurinacional como es el español y la correlativa obligación de los funcionarios o representantes de estos poderes públicos de conocer suficientemente estas lenguas para poder atender a este derecho, que es un derecho constitucional, con una ubicación sistemática en la Constitución privilegiada -artículo 3 de la Constitución- que no puede ser objeto de refutación por normas de rango jurídico formal inferior. Pero es que estas normas de rango jurídico formal inferior tampoco existen, es que el artículo 231, como la señora Surroca ha indicado correctamente, establece que no es el castellano la única lengua que debe usarse o que se usa en la Administración de Justicia sino todas las lenguas cooficiales. Se trataría de aplicar la propia normativa que regula el funcionamiento de la Administración de Justicia o del Poder Judicial, dilema o matizaciones en las que no vamos a pormenorizar en este momento.

Los estatutos de autonomía -que integran la Constitución en este ámbito y que configuran conjuntamente, la Constitución más los estatutos de autonomía, el denominado bloque de constitucionalidad- prevén, como la señora Surroca muy bien ha indicado, en el caso del Estatuto catalán en sus artículos 33 y 110.2 y 110.3, la cooficialidad en el ámbito de la Administración de Justicia también de la lengua cooficial, del catalán, pero también lo hacen el Estatuto de Gernika y otros estatutos -el Estatuto de Gernika en concreto en el artículo 6-. Luego ya el bloque de constitucionalidad indica, requiere de forma no disponible para el legislador -en principio se presume, porque el legislador no puede disponer de los requerimientos del bloque de constitucionalidad-, de la posibilidad de usar, del derecho de usar por parte de los justiciables o de los ciudadanos que acceden a la Administración de Justicia, cualquiera de las lenguas cooficiales y el correlativo deber, sin el cual este derecho carecería absolutamente de contenido, u obligación de los funcionarios, de los jueces y demás funcionarios de la Administración de Justicia, de conocer suficientemente esta lengua para poder ser ejercido el derecho primero, el derecho prioritario, el derecho invocado en primer lugar, el derecho a acceder a la Administración de Justicia en cualquiera de las lenguas cooficiales. Luego estamos hablando de una perspectiva de requerimientos no solo ya retóricos, jurídicos, de conveniencia política o de utilidad política, sino de requerimientos de derecho positivo, de derecho formal y de derecho incluso necesario o absoluto, de derecho imperativo. Desde esa perspectiva, la felicito de nuevo por la oportunidad y por la importancia y trascendencia de esta proposición de ley orgánica.

La Administración de Justicia ha respondido de forma manifiestamente insuficiente a este requerimiento. Hay un reglamento del Consejo General del Poder Judicial que ejerce potestades reglamentarias, como sabe perfectamente la señora Surroca, hay un reglamento del año 1995, en concreto el Reglamento 1/1995, que establece dos cosas: que se considerará un mérito -no un perfil, no un requerimiento, como la señora Surroca con pertinencia reivindica, sino un mérito- para el ascenso en la carrera judicial el conocimiento de la lengua cooficial y que también constituye un mérito -y no un perfil, no un requerimiento- el conocimiento del derecho civil propio. Ustedes tienen un Código Civil propio; Aragón tiene un Código Civil propio; en Valencia se está codificando un Código Civil propio; en Euskadi existe un Código Civil propio en buena parte del territorio vasco. El conocimiento de este derecho, por lo tanto, debería ser indisponible para los administradores de la justicia, porque lo tienen que aplicar, porque lo deben conocer; no tendría que ser un mérito, tendría que ser un requerimiento objetivo.

La quiero felicitar también por la exhaustividad y la extensión de su proposición en donde sí nos han ganado a los que precedentemente hemos intentado reivindicar esta justa causa, porque usted lo ha hecho con tal exhaustividad que no queda de sus requerimientos, de su pedimento, nada fuera de lo atinente a la cooficialidad lingüística. En primer lugar, en cuanto a la exigencia del conocimiento de la


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lengua para el acceso a las plazas judiciales, reforma del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En segundo lugar, en cuanto a las suplencias; las suplencias son importantes porque hay muchos magistrados suplentes y jueces sustitutos. También en este ámbito, en donde es mucho más fácil además conformar el acceso de magistrados suplentes o jueces sustitutos con conocimiento de la lengua cooficial, porque normalmente son magistrados suplentes o jueces sustitutos que dimanan de un ámbito donde el conocimiento de la lengua cooficial y del derecho civil propio de estos territorios se presume más conocido por los profesionales que están legitimados a ese acceso. En tercer lugar, ustedes se refieren también a las comisiones de servicio, una cuestión que no es irrelevante, o a las prórrogas de jurisdicción; tanto en el ámbito de las comisiones de servicio como en el de las prórrogas de jurisdicción se cubren muchas vacantes, muchas plazas, en donde también este requerimiento de la lengua o del conocimiento de la lengua cooficial es imprescindible para atender a un derecho de doble vector: uso por parte del justiciable y conocimiento por parte de quien debe administrar justicia, comisiones de servicio.

En cuanto a los requerimientos para acreditación del conocimiento suficiente de las lenguas, en cuanto a la interacción con otras comunidades autónomas que solo tienen lengua castellana, que no poseen lenguas cooficiales, en donde usted le atribuye a los profesionales, si esto se toma en consideración -previsión que en principio no es fácil contemplar, salvo que uno practique una ingenuidad roussoniana en estos momentos-, aquí le presentaríamos una enmienda indicando que tendrían que formalizarse convenios entre el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas para garantizar gratuitamente a los justiciables y a sus representantes legales la posibilidad de traducir los documentos que tengan que tener acceso a otros lugares o a otras demarcaciones judiciales en donde no existan lenguas cooficiales. En los concursos de méritos es fundamental que se acredite, además de otros méritos como la licenciatura, el doctorado, el conocimiento, la aportación de documentos científicos o de trabajos científicos, haber aprobado otras oposiciones o pertenecer a otra Administración pública diferente a la judicial, también el conocimiento de la lengua cooficial y del derecho civil propio. Y con esa exhaustividad que caracteriza esta proposición de ley, también en cuanto a la configuración de la oficina judicial, en donde uno de los elementos que configuran o de las siluetas, identidades de la oficina judicial tiene que estar también que sus componentes conozcan la lengua cooficial necesariamente. Este es un mandato del Estatuto de Autonomía de Gernika e imagino que tendrá su correlato en el Estatuto de Autonomía de Cataluña; en concreto el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Euskadi, de Gernika, atribuye al Gobierno vasco la competencia para la promoción de demarcaciones judiciales y su configuración, y creo que ustedes tienen un artículo de semejantes características que citan en la proposición de ley orgánica.

Respecto a los secretarios judiciales, usted se ha adelantado al ámbito subjetivo de las proposiciones que le han antecedido en el tiempo. Los secretarios judiciales son un cuerpo nacional, son un cuerpo único en el que también la exigencia del requerimiento del conocimiento de la lengua cooficial resulta fundamental, porque el secretario judicial en las sucesivas reformas de las leyes orgánicas del Poder Judicial está adquiriendo competencias sobrevenidas, competencias nuevas, y el secretario judicial ejerce ya competencias jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales en muchos ámbitos, luego también para los secretarios judiciales es preconizable esta exigencia del conocimiento de la lengua cooficial.

En cuanto al personal al servicio de la justicia, en Euskadi se está avanzando mucho y me imagino que en la Comunidad catalana también. En el ámbito del personal al servicio de la justicia, dada su dependencia autonómica, ya la estructura de este personal es una estructura basada en perfiles lingüísticos. En Euskadi, en concreto en aquellas zonas donde la cooficialidad o el uso de lenguas cooficiales es abundante, es un perfil, se exige con carácter obligatorio para el acceso a determinadas plazas del personal al servicio de la justicia.

Usted se refiere por último al ministerio fiscal, la agradezco también la mención porque el ministerio fiscal nunca ha sido objeto de un requerimiento de estas características pero la Ley orgánica 50/1981, que regula el Estatuto del ministerio fiscal, no puede estar ajena en tanto en cuanto el ministerio fiscal defiende la legalidad, defiende todas las legalidades, también la legalidad foral, la legalidad autonómica, y la debe defender en todas las lenguas oficiales porque forma parte de la Administración de Justicia en su dimensión más amplia de la expresión; es una parte del proceso pero una parte relevante, una parte cualificada del proceso y también el ministerio fiscal debe estar sujeto a estos requerimientos.

Por estas razones, señor presidente, amén del ajuste a los requerimientos de un Estado que no solo es plurinacional sino que es plurilingüístico, y porque además lo impone la normativa pero la normativa estatal española, la Ley Orgánica del Poder Judicial -artículo 231-, los estatutos de autonomía, que recuerdo que son leyes orgánicas aprobadas por estas Cortes, y el artículo 3 de la Constitución, sobre


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cuya ubicación sistemática privilegiada no es menester en este momento hacer glosa alguna, hacen que su iniciativa no solo sea oportuna sino que sea imprescindible. No le auguro la ganancia, no nos auguramos la ganancia, sabemos lo que va pasar en la votación, pero seguiremos luchando, señora Surroca.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

La verdad es que esta proposición de ley de CiU a nuestro grupo no le sorprende absolutamente nada porque está en la línea del tipo de política de secesión en la que están inmersos y en ese contexto tiene mucha lógica. Sin embargo, pese a que, como digo, ya no nos extraña nada puesto que hemos oído elogios de la desigualdad fiscal y elogios sobre que todo está resuelto en materia de corrupción y no hay nada qué hacer, sin dejar de sorprendernos demasiado, sí que nos llama poderosamente la atención el presentar algo que, para decírselo de modo resumido, es utilizar el derecho contra la justicia. Es decir, desde una perspectiva que se basa en cuestiones de legalidad para ir contra la legitimidad y para ir contra instituciones básicas en la democracia como son el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para todos aquellos justiciables y también para todos los profesionales de la justicia y que además abre de una manera que no puedo calificar sino como de sincera -es sincero lo que ustedes proponen, no les acuso de ocultar nada-, pero que genera una escandalosa indefensión para todas aquellas personas que si incumplen los requisitos que ustedes consideran que tiene que tener en Cataluña cualquier ciudadano, que son requisitos absolutamente arbitrarios, inventados con ustedes y que no tienen nada que ver con la realidad lingüística, ni cultural ni política de Cataluña o de cualquier otra comunidad autónoma bilingüe, si no cumplen las normas, se fastidian. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ustedes proponen consiste en una reforma de la Ley del Poder Judicial, de un artículo importante, del 231 -hay más aspectos, pero este es el básico que ustedes quieren cambiar-, y que si alguien no conoce, lo voy a leer a continuación. El artículo 231, que trata de la lengua oficial para actuaciones judiciales, dice: Uno, en todas las actuaciones judiciales, los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado. Dos, los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la comunidad autónoma si ninguna de las partes se opusiere alegando desconocimiento de ella que pudiera producir indefensión. El asunto está en que lo único que ocurre con la Ley del Poder Judicial es que no garantiza lo que ustedes persiguen, que es el monopolio absoluto de la Administración de Justicia por aquellos ciudadanos, que desde luego no son todos, que tengan un perfil lingüístico determinado. La situación, que es digna del antiguo régimen -habría que volver a las épocas de aquellos tribunales de los reyes absolutos-, consiste en que determinados ciudadanos son de segunda o de tercera y tienen un rango inferior, por lo que tienen que ir con un traductor, como si fueran extranjeros, porque resulta que alguien ha decidido, el poder político, que lo que importa no es la lengua de la persona sometida a un procedimiento judicial, la del ciudadano, sino la del tribunal. Es decir, pone por encima los requisitos de tipo administrativo, normativo, laboral, profesional, del tribunal, a los derechos del ciudadano. Estamos hablando de derechos de ciudadanos que pertenecen a comunidades bilingües donde hay dos lenguas cooficiales. Ustedes, que ya han conseguido esto en la educación y en las relaciones con las administraciones públicas -me refiero concretamente a Cataluña-, también quieren hacerlo en la justicia y quieren expulsar al castellano de su condición de cooficialidad. Este es un hecho objetivo porque una lengua que no se puede usar ni alegar, que es la lengua que tú conoces y, por tanto, deseas, porque tienes el derecho, porque es un derecho constitucional el ser juzgado en castellano, puede ser denegada con su reforma de la ley por el tribunal.

Es más, no solamente es la indefensión a la que quedan sometidos los justiciables, es que plantea una situación que debe ser su idea de la doble nacionalidad o la que tienen sus aliados de Esquerra, y que consiste en que todos los abogados, colegiados, jueces y magistrados catalanes -y si esto también se aplicara en las demás comunidades autónomas bilingües, vascos, navarros, valencianos, gallegos, etcétera- podrían acceder a cualquier puesto de trabajo en toda España, pero sin reciprocidad, es decir, los españoles que no conocen alguna lengua cooficial quedan excluidos automáticamente -esto es una consecuencia directa de esta ley, si se aprobara- del acceso a la Administración de Justicia en esas comunidades autónomas. Esto en todas las partes se llama ley del embudo, esto es llevar la secesión a la justicia. Si ustedes quieren una Administración de Justicia que no tenga nada que ver con la española, tiene sentido dentro de un proceso de secesión en el que están ustedes inmersos. Pero, entonces, ¿por


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qué nos traen esto aquí? Esto, aunque no les guste, es el Parlamento de España, y yo comprendo que esto a alguno le provocará urticaria e incluso momentos de grave inseguridad emocional, pero esto es lo que hay. Estamos aquí porque hay una Constitución que ustedes, por cierto -me da igual si es por imperativo legal o porque se lo han impuesto-, han prometido defender. Esto va absolutamente en contra del espíritu de la Constitución, que habla claramente de un Estado de derecho que solo puede tener una Administración de Justicia aunque esté descentralizada y algunas competencias estén transferidas a las comunidades autónomas. Desde luego a ustedes nadie les puede dar la competencia -porque sería una aberración democrática, no ya legal- de discriminar por su lengua a sus ciudadanos en función de que no sea lo que ustedes quieren. Porque esto es un proyecto de justicia, sí, pero de justicia nacionalista. Y la justicia nacionalista es como las matemáticas nacionalistas o la medicina nacionalista: una caricatura del objeto que imitan. ¡Y no tiene nada que ver! Además, díganselo a sus ciudadanos, que son los primeros que tienen que ser informados. Si ustedes quieren decir a los catalanes que no tienen un dominio suficiente del catalán, o que sencillamente no se aclaran, que van a ser juzgados en catalán y que allá ellos si no han sido capaces de cumplir con los requisitos que ustedes les han puesto, ¡pues díganselo y explíquenselo, a ver que les dicen! Yo ya se lo digo desde aquí: es una aberración.

Y por lo tanto, y como es una aberración, no solamente vamos a votar en contra de la toma en consideración de esta ley, sino que nos vamos a oponer siempre, en todo momento, da igual si tenemos cinco diputados, cincuenta o uno, sea aquí o en el País Vasco o en Cataluña, a esta ley y al escrito que le informa. Porque, como les digo, no solamente destruye la Administración de Justicia de un Estado de derecho, con lo cual dejaría de serlo, es que además introduce un apartheid lingüístico e introduce un retroceso en los derechos de las personas, de los ciudadanos que tienen dos lenguas cooficiales -e insisto, esto deberían ustedes escribírselo y leerlo todas las mañanas: son dos las lenguas cooficiales, no solamente la que ustedes quieren-, y esto ya sabemos que lo hacen y lo incumplen sistemáticamente. Pues nuestro grupo ya les advierte: para nosotros esto es un casus belli democrático, esto es absolutamente intolerable. Y es intolerable por lo que significa de destrucción del Estado de derecho, de la igualdad ante la justicia, de la libertad de acceso en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos a la justicia, de indefensión para los ciudadanos que son de sus comunidades autónomas que van a ser perjudicados o que lo serían si se implantara esta ley, y por supuesto, aunque esto ya sé que les importa un rábano, de absoluta incompatibilidad e incongruencia con la idea de que existan instituciones europeas comunes para todos los ciudadanos que utilicen las lenguas comunes de todos los Estados, y sería cómico que ustedes trasladaran esta exigencia a los tribunales europeos y que hubiera un tipo de exigencia a aquellos que quieran aspirar o que conozcan las tradiciones británicas sobre la gestión de la sidra o respecto a determinada lengua de cualquiera de los rincones europeos, donde se hablan muchas más lenguas de las que son oficiales de los Estados.

Voy a finalizar. Realmente uno no sabe qué admirar más en esta ley, si su propósito o la manera en que tergiversa los conceptos que dice defender para darles la vuelta por completo y convertirlos en exactamente lo contrario de lo que son. Ya les digo que esto nos parece un retroceso tan escandaloso en el concepto de justicia democrática que realmente no tiene un pase.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.

(Comienza su intervención en catalán). Le decía al grupo proponente de la iniciativa que el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural va a votar favorablemente la misma. Dicho esto, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Chunta Aragonesista: La Izquierda Plural, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente sobre regeneración democrática y lucha contra la corrupción. En el punto primero dice: El Congreso de los Diputados...

El señor PRESIDENTE: Señor Nuet, comprenderá usted que si sigue por ese camino, le tendré que llamar al orden.

El señor NUET PUJALS: Decía, presidente, que el Congreso de los Diputados manifiesta su rechazo al comportamiento...


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El señor PRESIDENTE: Pues le tengo que llamar al orden por primera vez. Continúe.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.

Decía que el Congreso de los Diputados manifiesta su rechazo al comportamiento del presidente del Gobierno durante su comparecencia...

El señor PRESIDENTE: Le tengo que llamar al orden por segunda vez y recordarle que si le llamara por tercera vez, tendría que abandonar la tribuna.

El señor NUET PUJALS: Sí. Gracias, presidente, por su advertencia. Y dadas sus palabras, solo decir que el Congreso de los Diputados manifiesta su rechazo al comportamiento del presidente del Gobierno durante su comparecencia... (Pausa.-Risas).

El señor PRESIDENTE: Se ha adelantado usted, porque todavía no había apretado el botón. (Risas.-Una señora diputada: ¡Muy bueno! Es que esto es...). Pero tiene usted que abandonar la tribuna. (Aplausos).

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sáez Jubero.

El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.

Quisiera empezar mi intervención denunciando en este Pleno que la mayoría del Grupo Popular en la Mesa de la Cámara ha impedido el debate y votación de dos mociones del Grupo Socialista y de La Izquierda Plural sobre las mentiras vertidas por el presidente del Gobierno en sede parlamentaria. La pasada semana en las interpelaciones demostramos que el presidente del Gobierno mintió ante el Pleno del Congreso. Hoy el uso antidemocrático que el Grupo Popular hace de su mayoría en la Mesa...

El señor PRESIDENTE: Señor Sáez Jubero, no sé cuál es su intención, pero parece que sigue el mismo camino. (Risas). Ándese con ojo o le tendré que expulsar.

El señor SÁEZ JUBERO: De acuerdo, señor presidente.

Exigíamos las responsabilidades políticas por estas medidas al presidente.

En cuanto al punto del orden del día voy a fijar la posición de mi grupo parlamentario con relación a la proposición de ley. Traslado al grupo proponente que compartimos su preocupación por el retroceso que el uso del catalán tiene en la Administración de Justicia en Cataluña. Se produce una anomalía que lejos de corregirse en el tiempo se agrava. Si el uso del catalán en la Administración de la Generalitat, en la Administración local e incluso en la Administración General del Estado es prácticamente vehicular en su relación con los ciudadanos se produce en los órganos jurisdiccionales en Cataluña una realidad opuesta en la que la lengua castellana se impone como vehicular en muchos casos en detrimento del catalán, que sigue retrocediendo en uso tanto por jueces y fiscales como por distintos operadores jurídicos y profesionales de la justicia. La inercia de muchos años conlleva que incluso en demasiadas ocasiones los profesionales de la justicia, abogados y procuradores, no se dirijan a los órganos jurisdiccionales en catalán bajo la creencia, equivocada, de que pudieran perjudicar a sus clientes, si existen dudas sobre el conocimiento del catalán en jueces o magistrados, fiscales o secretarios judiciales. Esta situación no es muy diferente en el uso del gallego y es mucho más acusada con el uso del euskera. Algunos datos nos ilustran perfectamente esta situación: en 2005 se emitieron 43.613 sentencias en catalán y en 2011 únicamente 34.734; datos realmente preocupantes y que exigen de la Administración catalana, pero también de la Administración General del Estado, nuevas medidas para garantizar el conocimiento de las lenguas cooficiales. Se trata no ya de garantizar los derechos lingüísticos, sino una correcta tutela judicial efectiva sobre ciudadanos que en algún caso y excepcionalmente pudieran no tener un conocimiento suficiente de la lengua castellana para expresarse ante los órganos jurisdiccionales o un conocimiento específico de la lengua catalana y, por tanto, necesitan de la tutela judicial efectiva y del conocimiento de jueces y tribunales de esta circunstancia. Sin duda la corrección de esta situación implica medidas no necesariamente legislativas sino también reformas en el ámbito legislativo. El grupo proponente interesa en esta línea una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y también del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para incorporar el requisito del conocimiento de la lengua cooficial y del derecho propio de la comunidad autónoma de destino para la prestación de servicios en el ámbito judicial. Es cierto que la previsión estatutaria, el Estatuto de Autonomía de Cataluña en sus artículo 33.3 y en el 102, establece la obligación para jueces y magistrados, fiscales y personal al servicio de la Administración de Justicia,


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para prestar servicios en Cataluña, de acreditar un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales y un conocimiento suficiente del derecho propio de Cataluña que los haga aptos para cumplir las funciones propias de sus puestos de trabajo; sin embargo, esta previsión no siempre se cumple.

No es fácil conciliar fórmulas que garanticen los derechos lingüísticos de los ciudadanos al uso activo y pasivo de la lengua cooficial de la comunidad autónoma ante la Administración de Justicia con el principio de unidad del Poder Judicial. Es necesario encontrar soluciones que introduzcan cambios que hagan compatibles y proporcionados los derechos de los ciudadanos, los medios y el principio de unidad del Poder Judicial. La previsión del Estatut de Catalunya de acreditación del conocimiento adecuado y suficiente de magistrados, jueces y fiscales del catalán y del derecho propio de Cataluña fue validada por la sentencia del Tribunal Constitucional y afecta a la cobertura de plazas en Cataluña. Igualmente la sentencia del Tribunal Constitucional avala el conocimiento del derecho propio como condición inexcusable en quien, como titular de un órgano jurisdiccional, tiene como función la aplicación del derecho integrado en el ordenamiento jurídico español. Por ello, se hace necesaria y urgente una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal en los que se dé forma y contenido a las correspondientes pruebas de acreditación del conocimiento lingüístico y del derecho propio como consecuencia del derecho a la tutela judicial efectiva. Sin duda, una reforma en este sentido ayudaría a mejorar el uso de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia.

Es razonable que exista alguna evaluación de la acreditación del conocimiento adecuado y suficiente del catalán para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos, dotando de los medios necesarios para habilitar un periodo de adaptación a aquellos jueces y magistrados que no lo acreditaran. En la reforma de la Ley Orgánica y el Estatuto del Ministerio Fiscal podrían también incluirse medidas de fomento del conocimiento de la lengua propia, elaborando programas de aprendizaje y conocimiento destinados a los jueces y magistrados que obtengan plaza en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales. La exigencia del requisito de conocimiento de la lengua para concursar a las plazas judiciales o fiscales de carácter preclusivo plantea serias dificultades para su aceptación. Tal vez puedan encontrarse fórmulas que superen la actual situación, en la que el conocimiento de la lengua y el derecho propio son méritos preferentes, y que hasta la fecha se han mostrado totalmente insuficientes. Ciertamente, el mantenimiento del mérito evita el riesgo de que pudieran quedar plazas desiertas ante la inexistencia de candidatos que cumplieran el requisito de conocimiento de la lengua, extremo especialmente posible en el caso del euskera. Quisiéramos plantear este debate en el trámite parlamentario de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y encontrar nuevas soluciones.

En el sentido expuesto de introducir cambios en la ley orgánica y el Estatuto del Ministerio Fiscal, vamos a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley, por un lado, para introducir reformas que garanticen de manera más adecuada el ejercicio de los derechos lingüísticos ante la Administración de Justicia y garanticen la tutela judicial efectiva en cuanto al conocimiento del derecho propio. Además, nuestro grupo parlamentario quisiera aprovechar una próxima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar la Administración de Justicia a nuestra realidad autonómica. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial debería incluir también la creación de los consejos autonómicos de Justicia, como órganos desconcentrados del Consejo General del Poder Judicial, aprobados en los estatutos y modificados en su alcance con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Autonomía de Catalunya, sentencia que algunos no compartimos pero que acatamos. Además, esta Ley Orgánica del Poder Judicial podría otorgar reconocimiento de las funciones de casación a los tribunales superiores de justicia autonómicos, así como la gestión autonómica de los medios materiales de la Administración de Justicia en aquellas comunidades autónomas que quieran ejercer estas competencias conforme a sus estatutos.

El Gobierno del Partido Popular ha impulsado esta legislatura una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sin el consenso del resto de grupos parlamentarios, y únicamente a los efectos de cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial; sin embargo, desaprovechó la oportunidad de efectuar una reforma más completa alcanzando la adaptación a la Administración de Justicia de nuestra realidad de Estado de las autonomías y a las previsiones de los estatutos de autonomía vigentes que forman parte del bloque de constitucionalidad. Nuestra realidad constitucional ha permitido que la función legislativa y la ejecutiva se hayan distribuido territorialmente: diecisiete parlamentos, diecisiete gobiernos y administraciones autonómicas. Esta distribución territorial y desconcentración no se han producido en la función jurisdiccional ni en la Administración de Justicia, en parte como consecuencia


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de los límites constitucionales y en parte como consecuencia de las limitaciones que ofrece el actual marco de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus sucesivas reformas, siempre restrictivas con las posibilidades de intervención de las comunidades autónomas. No resultó sorprendente que donde más incidencia tuvo la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña fuera precisamente en el título III, el del Poder Judicial en Cataluña. Sin embargo, pese a las limitaciones establecidas por el Tribunal Constitucional a la pretensión de los estatutos de desconcentración del Poder Judicial y la necesaria adaptación a la realidad compuesta del Estado, es posible mediante una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial alcanzar una reforma más acorde con el propio diseño constitucional. Para ello, se hace preciso una real descentralización de la denominada administración de la Administración de Justicia en aquellas comunidades que quieran ejercerla -no es así en todas las comunidades- y en proponer una desconcentración del Consejo General del Poder Judicial en los consejos de justicia autonómicos donde así lo contemplen los estatutos aprobados y en vigor, y con las limitaciones establecidas en la sentencia del Tribunal Constitucional, es decir asegurando el mantenimiento de un principio de subordinación jerárquica de estos órganos respecto del Consejo General del Poder Judicial. El reparto competencial entre el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de Justicia podrían permitir a estos últimos compartir las funciones casacionales y la última instancia en asuntos de derecho propio, reservando al Tribunal Supremo las funciones de unificación de doctrina establecidas en el artículo 123 de la Constitución. Dicho reparto también se justifica por razones prácticas y cuantitativas con el fin de evitar el colapso propio del Tribunal Supremo.

La reforma finalmente también podría incluir una mejor distribución competencial en relación con los medios personales y materiales en justicia, la denominada administración de la Administración de Justicia, con el convencimiento de acercar la ordenación y gestión de la Administración de Justicia como servicio público a las comunidades autónomas y que puede facilitar el progreso de este servicio público. Es cierto que no todas las comunidades autónomas demandan estas competencias, sin embargo es posible arbitrar en la Ley Orgánica del Poder Judicial una respuesta asimétrica, como de hecho sucede en la actualidad, con comunidades con competencias transferidas y otras cuyas competencias las ejerce el Ministerio de Justicia.

Señorías, señor presidente, sobre la base de todo lo expuesto, votaremos a favor de la toma en consideración. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez Jubero.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Castillo.

El señor CASTILLO CALVÍN: Con la venia, señor presidente, señorías.

Señora Surroca, previamente a examinar los evidentes fundamentos de inconstitucionalidad que presenta la proposición de ley que debatimos en el día de hoy, me va a permitir que le exprese mi opinión sobre la oportunidad de las modificaciones que su grupo nos propone. Comenzaré diciendo que la característica tradicional del pueblo catalán, como bien es sabido, es el seny -el sentido común-, pero lo cierto es que su proposición de ley, desde mi punto de vista, tiene poco seny, muy poco. La propuesta de su grupo revela una escasa sensibilidad hacia el modelo de cooficialidad lingüística pues, con la imposición del requisito exclusivo y excluyente de la lengua propia y cooficial en las correspondientes comunidades autónomas para jueces, magistrados, fiscales y por extensión a abogados, procuradores y a cuantos profesionales intervienen en las actuaciones judiciales, ustedes pretenden negar los legítimos derechos de quienes libremente optan por el uso del castellano, porque la cooficialidad se estableció precisamente para ampliar el campo de libertad de todos los ciudadanos y en su propio beneficio. Tratar de reconvertir ahora el actual sistema plural en una forma estricta de monolingüismo en lo judicial, tan rígida y absoluta como la que ustedes pretenden resulta -ustedes lo saben- no solo limitativo y empobrecedor sino incompatible con el diseño constitucional. Si lo que buscan es encontrar una posición equilibrada, respetuosa con los límites constitucionales y con el ejercicio de las competencias normativas en materia lingüística que corresponden a las comunidades autónomas, orientada fundamentalmente a garantizar la plena efectividad de los derechos de los ciudadanos con independencia de su opción lingüística, este desde luego no es el mejor camino. Por otro lado, si el mayor interés debe ser alcanzar la excelencia por parte de todos aquellos que ejercen funciones jurisdiccionales en cualquier parte de nuestro territorio, no alcanzo a entender qué aportarían en ese sentido las restricciones que ustedes nos plantean. El ejercicio del derecho de opción lingüística que ostentan los ciudadanos de Cataluña, como los de aquellas otras comunidades autónomas cuyo Estatuto de autonomía reconoce la cooficialidad de un


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idioma, no exige los requisitos que ustedes pretenden implantar, pues ya se encuentran plenamente garantizados por el régimen legal y reglamentario que regula la utilización de las lenguas cooficiales ante la Administración de Justicia. Buena prueba de ello es que el conocimiento de tales lenguas es contemplado como mérito preferente pero no como requisito en los concursos para órganos jurisdiccionales en dichas comunidades autónomas, así que el tipo de medidas que proponen no sirve para solucionar ninguno de los problemas que aquejan a la Administración de Justicia y, por supuesto, tampoco contribuyen a mejorar su funcionamiento ni a acrecentar su eficacia. Lo aconsejable, pues, sería proponer nuevas medidas que fomenten el conocimiento de las lenguas cooficiales y favorecer su racional y progresiva implantación en el ámbito de la Administración de Justicia a través de acciones graduales, diligentes y adecuadas a las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Lo absurdo, entiendo que por radical y desproporcionado, es convertir su conocimiento en absolutamente obligatorio. Con una medida tan desmesurada a lo más que se puede aspirar es a causar un grave daño al sistema judicial y por añadidura al conjunto de los ciudadanos. (Aplausos).

Pasaré ahora a indicarle sumariamente las tres premisas jurídico-constitucionales que fundamentan el rechazo del Grupo Parlamentario Popular a su propuesta. En primer lugar, la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial desconoce el contenido del artículo 3.1 de la Constitución, que, si no me equivoco, no ha sido invocado por las señora Surroca, que solo contempla como un deber exigible a todos los españoles el conocimiento del castellano, que constituye la lengua oficial del Estado y, por lo tanto, de sus órganos e instituciones. Deber de conocimiento, pues, y derecho de uso, y para todos los españoles y en todas las partes de nuestro territorio; deber y derecho constitucionales, señorías, elevados al máximo rango normativo, insertos además en el título preliminar de la Constitución, aquel en que aparecen los pilares o fundamentos básicos del sistema constitucional que nuestra norma suprema establece. Cuando el párrafo 2 del artículo 3 de la Constitución -que usted ha citado, señora Surroca- establece que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos, ninguna obligación de conocimiento impone. Así que a nadie se le puede imponer ese deber de conocimiento por muy deseable que ustedes lo consideren. La condición de bilingüe, incluso la de políglota, puede ser -yo creo que lo es- una suerte, una ventaja; si se quiere, un mérito evaluable en determinadas circunstancias o en determinados ámbitos como en el de la Función pública, pero siempre que ese mérito no suponga infracción de otros valores constitucionales como el de seguridad jurídica o de preceptos concretos de la Constitución como los artículos 9.3, 14, 23.2, 103.1 o 139. Por tanto no puede convertirse ni directa ni indirectamente en una obligación bajo la forma, como proponen, de requisito insalvable. En segundo lugar, su proposición de ley también desconoce el carácter estatal y único del Poder Judicial, único poder del Estado que en la Constitución, y a diferencia de lo previsto en relación con los poderes legislativos y ejecutivos, no se encuentra abierto a la descentralización territorial (artículos 117.1 y 5 de la Constitución). En efecto, como bien conocen, el Poder Judicial es un poder exclusivamente del Estado, de ahí que los entes territoriales en que este se organiza, en particular en las comunidades autónomas, carezcan de un Poder Judicial propio. Por consiguiente, no existen órganos judiciales de las comunidades autónomas sino solo órganos judiciales, todos ellos estatales en las comunidades autónomas. Estos mismos aspectos, unicidad y estatalidad, también se proyectan sobre el ministerio fiscal, que es único para todo el Estado y que no resulta equiparable, por las notas específicas que lo singularizan, al resto del personal funcionariado. En tercer lugar, su proposición de ley también desconoce el artículo 122.1 de la Constitución, que determina que los jueces y magistrados forman un cuerpo único o nacional, como ha señalado el Tribunal Constitucional. En este sentido, la propuesta de establecer como requisito obligatorio el conocimiento de la lengua cooficial y el derecho foral en cada comunidad autónoma a la hora de acceder a la Función pública y de proveer los puestos de trabajo, impide el establecimiento de un régimen homogéneo en todo el territorio y puede llegar a producir discriminaciones lingüísticas. Esta homogeneidad debe ser además especialmente exigible dada la movilidad de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y de los miembros del ministerio fiscal. Por último, su proposición desconoce la doctrina constitucional asentada en la materia, de la que se desprende sin ningún género de dudas, por un lado, que el derecho de las partes a expresarse en las actuaciones procesales en el idioma propio de la comunidad autónoma en que las mismas se desarrollan no tiene como paralelo una obligación de conocimiento de dicho idioma por parte de los jueces, magistrados o fiscales que intervienen en aquellas; y, por otro, que la tutela judicial efectiva de los derechos y legítimos intereses de quienes se expresan en aquel idioma no queda afectada en términos peyorativos cuando se utilizan de forma adecuada, por resultar necesario para la impartición


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de justicia, los servicios de interpretación y traducción. Es por todo lo expuesto por lo que el Grupo Parlamentario Popular se opone a la instauración de un deber de acreditar el conocimiento del idioma cooficial por parte de los magistrados, jueces y fiscales destinados a las comunidades autónomas con lengua cooficial en la provisión, dentro de la comunidad respectiva, de cualquier destino profesional.

Para finalizar, señorías, la proposición de ley también prevé que los profesionales que intervienen en las actuaciones judiciales -abogados, procuradores y otros- no puedan alegar desconocimiento del idioma propio de la comunidad donde se siguen las actuaciones y que, si procede, sean a cargo suyo los gastos de traducción. Yo no sé si a ustedes, señores de Convergència i Unió, no les gustan los letrados que no hablan catalán, pero en la parte que me afecta como abogado en ejercicio les puedo decir que a los abogados andaluces, como a los madrileños, asturianos, extremeños y en definitiva a los abogados del resto de España, sí que nos gusta Cataluña y nos gusta trabajar en Cataluña, como también nos gusta que los abogados catalanes desempeñen su actividad profesional en los tribunales de nuestra tierra sin restricciones, sin limitaciones y sin fronteras por costes añadidos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castillo.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 67.1 Y 67.2. (Número de expediente 410/000007).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Vasco (EAS-PNV) de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 67.1 y 67.2. Tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, le voy a dar una alegría, porque no voy a agotar los quince minutos ya que el asunto que me trae a la tribuna es bastante concreto y claro. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). No tiene ninguna complejidad jurídica sino, más bien, voluntad política por parte de los grupos de la Cámara o al menos de uno de los grupos de la Cámara. Proponemos una modificación del Reglamento y otra modificación diferente, en concreto para las comparecencias, que se debatió hace dos semanas en Pleno. Entonces se dijeron muchas cosas que supongo que son argumentos que hoy también se van a escuchar aquí. Nosotros -quiero que lo sepan desde el principio y que lo tenga muy claro el grupo mayoritario, el Grupo Popular- no discutimos que las normas que aparecen en el Reglamento del Congreso no sean razonables. Son normas razonables. Evidentemente con el paso del tiempo pueden quedar más o menos obsoletas y hay que adecuarlas, pero son normas razonables; también las que aparecen en el artículo 67 del Reglamento, cuya modificación proponemos. Tampoco cuestionamos el principio de mayorías, no lo cuestionamos en absoluto; nos parece que es lógico y que, si se forma una mayoría parlamentaria alrededor de una opinión o el entendimiento de la admisibilidad a trámite o no de un asunto, esto tenga que ser utilizado en consecuencia. Sin embargo, hay algunos principios, como luego explicaré, que conviene que también aparezcan en la ecuación para que ese principio mayoritario se adecue a lo razonable.

El otro día por parte del portavoz del Grupo Popular se cuestionaba a la portavoz de Convergència i Unió y a mí mismo: apliquen ustedes lo que están diciendo, poner en cuestión el principio de mayorías en las instituciones en las que gobiernan. A mí que me registren, porque desde luego en el Parlamento vasco todas aquellas opciones políticas que han podido conformar grupo político, las cuatro, tienen representación; la única que no tiene representación es la formación que ocupa el Grupo Mixto en exclusiva, pero porque solo tiene un parlamentario. Evidentemente, el Gobierno no tiene mayoría en esa Mesa y van a tener que tirar bastante atrás en legislaturas para encontrar un gobierno que tuviera mayoría en la Mesa. Quizás habría una excepción, y tampoco lo sería; la podría encontrar en la legislatura anterior en la que el Gobierno socialista era apoyado a machamartillo hasta el último año por el Grupo Popular, y ahí sí, en ese a machamartillo también se veía la mayoría implacable en la Mesa. Aquí hay una mayoría que copa todo, copa la Mesa y tiene mayoría también en la Junta de Portavoces. El problema es que, a diferencia de lo que decía hace dos semanas el portavoz del Grupo Popular, que estas normas eran razonables y que se aplican de forma general razonablemente, esto no es así porque últimamente nos estamos encontrando


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con bastantes discusiones en las que el Grupo Popular se queda solo en Junta de Portavoces y en Mesa. En la Comisión de Reglamento se podría decir también, porque existe una Comisión de Reglamento y existe una ponencia para modificar el Reglamento. Es cierto, lo que ocurre es que la ponencia se constituyó allá por abril, si mi memoria no falla; se acordó que inmediatamente después se convocaría para hacer un plan de trabajo y poner unos plazos, y todavía no sabemos nada, absolutamente nada, ni nos hemos sentado a hablar de cuáles serían esos plazos. Por otra parte, la Comisión de Reglamento lo que va a hacer es una revisión general del mismo.

Nuestro objetivo con esta proposición de ley es muy concreto, puntual: solucionar el problema que tenemos actualmente, una semana sí y otra también, en los órganos de gobierno de la Cámara. Ya que el principio mayoritario no se utiliza con racionalidad en el trámite de inclusión de asuntos en el orden del día y perjudica al principio de pluralidad, habrá que introducir también correcciones a ese principio, invocando el de pluralidad. No se pretende con esta propuesta que la minoría decida por encima de la mayoría, ni muchísimo menos, sino dificultar -aunque sea mínima y suavemente, como verán en el enunciado al que luego me referiré concretamente- que la mayoría se utilice sin contrapeso alguno, sin balance alguno en beneficio propio y por razones espurias. Eso es lo que se trata de evitar y eso es lo que en determinadas circunstancias hemos visto. No hay Junta de Portavoces ni Mesa en el último medio año en la que no se rechacen propuestas. En muchos de los casos no hay órgano que se reúna -Junta de Portavoces- en el que el Grupo Popular no se quede solo en su posición. Esto exige una respuesta urgente; no una respuesta de aquí a un año o a que acabe la legislatura y ya no exista esa mayoría absoluta, sino que exige una respuesta urgente, no se puede esperar a la completa reforma del Reglamento.

El texto concreto se fija, como habrán visto quienes lo hayan leído, en la pretensión de que para objetar la inclusión de determinados asuntos en el orden del día el grupo mayoritario tenga que contar con un grupo más, solo un grupo más. Evidentemente, la mayoría la fijan ellos, pero no parece que si una y otra vez, incesantemente, se quedan solos en sus posiciones y el resto de los grupos están de acuerdo en una visión absolutamente contraria, tengamos que creer en la infalibilidad papal que parece ser que tiene el Grupo Parlamentario Popular, que tiene la razón. Por eso, lo de la inclusión del principio de pluralidad y la inclusión de un contrapeso a esa mayoría que corre el riesgo de utilizarse de forma partidista y de un interés concreto político en determinadas circunstancias. Es un grupo, es algo razonable, es algo que no debería suponer ningún problema para el Gobierno ni para el desarrollo de la marcha de los trabajos de esta Cámara. Fíjese porque, además, esa mayoría y ya sin ningún grupo en la fase de discusión y en la fase de votación en este Pleno o en las comisiones, siempre van a tenerla. Por lo tanto, creemos que estamos presentando una propuesta razonable sobrevenida, obligada por las circunstancias que están concurriendo durante este medio año en los órganos de gobierno de la Cámara y que podría solucionar bastante las tensiones a las que nos estamos viendo abocados todos.

Muchas gracias, señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señor Esteban.

Pasamos a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Comienzo mi intervención diciendo que el Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente esta propuesta del Grupo Nacionalista Vasco y lo vamos a hacer, señor Esteban, no solo porque es una propuesta razonable sino muy oportuna, no solo en la tarde de hoy en que la Mesa ha bloqueado que se pudieran tramitar dos mociones, sino porque, como usted ha dicho, en más ocasiones no se permite en la Junta de Portavoces que se puedan incorporar al orden del día determinadas iniciativas que presenta la oposición. Pero iría más allá en lo que es el funcionamiento de esta casa desde el inicio de esta legislatura. No solo son aquellas cuestiones que no llegan a Pleno por lo que acabamos de decir, sino todo lo relacionado con el funcionamiento de comisiones, la mayoría de las cuales tienen un recorrido muy corto; muchas de ellas se convocan muy pocas veces y con mucha dificultad para que las comisiones convocadas sean para tratar iniciativas impulsadas por el Gobierno, es decir, proposiciones no de ley. Hay comisiones de las que yo formo parte que acumulan proposiciones no de ley porque no hay convocatoria de comisiones para que puedan ser tratadas. Esta es la realidad de un Parlamento que tiene una mayoría absoluta. No sé si todas las mayorías absolutas funcionan así, yo creo que sí. Por eso siempre he dicho que las mayorías absolutas no es lo mejor que puede existir para la democracia. Pero lo que sí es cierto es que la mayoría absoluta que nos toca vivir en esta legislatura está bloqueando que la oposición pueda hacer


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como le gustaría el trabajo no que consideremos oportuno los diputados y diputadas, sino el que nos demandan aquellos ciudadanos y ciudadanas que con su voto hacen posible que estemos aquí. Al hilo de los ciudadanos y ciudadanas, en múltiples ocasiones cuando el Grupo Parlamentario Popular justifica su posición siempre es en base a la mayoría que tienen en esta Cámara. Bueno, mayoría de diputados y de diputadas, pero hay que tener en cuenta que en la oposición hay una mayoría de ciudadanos y ciudadanas superior a la que hace posible esa mayoría de diputados y diputadas y que esto se debería tener en cuenta, no solamente en el trabajo que queremos hacer, sino también en posiciones políticas como la que hemos manifestado muchos en la comparecencia del presidente del Gobierno el día 1 de agosto y en la que muchos de los diputados que intervenimos en nombre de nuestros grupos hablábamos de la necesidad de una mayor claridad por parte del presidente e incluso nuestra consideración de la reprobación del presidente. La mayoría absoluta impide que hoy se traten unas mociones pero eso no impide, señorías de la mayoría, que la mayoría social, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que representamos los grupos parlamentarios de la oposición, los diputados y diputadas de la oposición estemos realmente convencidos de que el presidente del Gobierno debe recibir una reprobación en este Parlamento; no la reprobación de la mayoría parlamentaria, pero sí la reprobación de la mayoría ciudadana que está representada en los grupos de la oposición.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.

Por el mismo grupo, el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

El Congreso de los Diputados tiene un Reglamento que ha permitido que unos partidos tengan grupo propio con tres diputados mientras que ha negado que otros partidos, con siete diputados, lo tengan. Un Reglamento que ha impedido que mañana mismo no podamos preguntar sobre el rey o la Casa Real o bien debatir, en otras ocasiones, iniciativas que cuestionan la monarquía. Un Reglamento que ha impedido debatir una proposición de ley sobre autodeterminación o donde el presidente del Congreso decide sobre lo que podemos o no podemos hablar los diputados, como ocurrió la pasada semana con la señora Villalobos. Un Reglamento que ha permitido vetar a Esquerra Republicana en la Comisión de Secretos Oficiales. Un Reglamento que impide que el presidente Rajoy comparezca o que haya una comisión de investigación sobre corrupción. Y, ¡qué ironía, señores del Partido Socialista Obrero Español!, el mismo Reglamento que ayer enarbolaban ustedes para prohibirnos el uso de la lengua catalana, hoy les va a prohibir, desgraciadamente, hablar a ustedes. Hoy sufren la tiranía de la mayoría que ayer aplicaban contra nosotros, que mañana posiblemente volverán a aplicar. Pero lejos de decirles a ustedes que lo tienen merecido les decimos que es una injusticia y que hay que combatirla. Esta y todas las otras. Por ello, denunciamos la injusticia y apostamos por un sistema parlamentario en el cual no exista la tiranía de la mayoría, en la que un miembro del Gobierno, incluido el presidente, deba comparecer si así lo solicita el 25 % de la Cámara o, con ese porcentaje, crear, si se requiere, una comisión de investigación.

Ya no nos conformamos con esto. Los tiempos están cambiando y la democracia llama a la puerta. La ciudadanía exige un sistema parlamentario que permita a los pueblos decidir libremente su futuro, decidirlo en referéndum y con referéndums vinculantes. Y qué contradicción se vive hoy aquí en este Parlamento, incluso me atrevería a decir cuánta decadencia se vive aquí, en este Parlamento hoy. Aquí se está negando la modificación, una y otra vez, del Reglamento del Parlamento cuando ya en la calle -y ustedes lo saben perfectamente- lo que se está debatiendo es un proceso destituyente que dé lugar a distintos procesos constituyentes. Efectivamente, procesos destituyentes y procesos constituyentes y, en cambio, ustedes manteniendo la farsa de Cánovas y de Sagasta. Por eso, nosotros -y váyanse acostumbrando- les decimos una y otra vez adéu, adéu, adéu, adéu a España. Dicho también en términos populares, en catalán decimos Bon vent i barca nova. No sé exactamente cuál es la traducción, pero creo que ya lo han entendido. Adéu a España, adéu a España, adéu a España; bon vent i barca nova.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.


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La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Quisiera pronunciarme, en nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, en relación con la iniciativa que hoy ha defendido el Grupo Parlamentario Vasco, en un momento verdaderamente pertinente; tal y como viene el día, menos mal que han tenido ustedes la suerte de poder plantear este debate y podernos permitir debatir sobre algo que tiene que ver con la calidad de la democracia, porque lo que aquí se substancia con esta iniciativa es algo más importante que una mera reforma de un reglamento, estamos hablando de reformar el Reglamento para que esta Cámara sea verdaderamente una Cámara de representación de los ciudadanos y para que ninguna mayoría, por muy absoluta que sea, pueda coartar el derecho de los diputados que aquí estamos, al margen de nuestra posición política o ideológica, a debatir sobre las cuestiones que tenemos derecho a que sean debatidas. Una mayoría parlamentaria puede, y de hecho lo hace, ganar las votaciones, eso es una cosa obvia, tiene una legitimidad de origen, que le han dado los ciudadanos en las urnas, que le ha dado la mayoría y la utiliza como le parezca oportuno utilizarla; pero lo que no tiene acreditado en modo alguno es una legitimidad de ejercicio, esa se acredita, señores diputados, precisamente a lo largo del ejercicio de esa mayoría, de la tarea que le han encomendado los ciudadanos. Ustedes, el Grupo Popular, pueden utilizando el Reglamento ganar todas las votaciones, lo que no tienen derecho a hacer es utilizando el mismo Reglamento y utilizando su mayoría, pervirtiendo el uso y el espíritu del Reglamento, lo que no tienen derecho a hacer en términos democráticos es a impedir los debates, y a eso se dedican, a impedir los debates, los debates parlamentarios, los debates políticos y, por tanto, a impedir el normal funcionamiento de la Cámara de representantes, que es esta en la que estamos hablando.

Felicito, por tanto, al Grupo Parlamentario Vasco no tanto por una iniciativa que es similar a otras que se han debatido y que nos han permitido hablar de un déficit, que es un Reglamento que no está adecuado a los tiempos que vivimos, y mucho más al uso que algunos le dan al mismo, mucho menos adecuado todavía a ese uso; les felicito por la oportunidad y por la inteligencia, si me permiten la expresión, de haber conseguido que cuele, que no haya habido nadie desde la Mesa que haya pensado que era incoherente o incongruente o no sé qué, o perjudicial para no sé qué mayoría o no sé qué debate. Ustedes se han limitado, el señor portavoz del grupo parlamentario lo ha hecho en su explicación, a plantear la reforma en dos cuestiones substanciales, y en estas dos cuestiones desde Unión Progreso y Democracia estamos de acuerdo, creo que estas son cuestiones que hay que reformar en el Reglamento, no sé si exactamente con la formulación que ustedes plantean o con otra similar, pero desde luego compartimos al cien por cien el objetivo que ustedes pretenden. Porque, es verdad, puede parecer anecdótico, pero esto que he explicado con palabras al principio de que el Grupo Popular ha vetado el debate parlamentario, sobre todo el debate parlamentario del máximo nivel, el debate político y la presencia del presidente del Gobierno, se puede explicar también con cifras, como en más de una ocasión hemos hecho. El Congreso de los Diputados ha registrado cincuenta y ocho peticiones de comparecencia del señor Rajoy, presidente del Gobierno, ante el Pleno a lo largo de la legislatura, cincuenta y ocho cuando escribí esto, no sé si hay alguna más, igual en este momento hay alguna más; el Grupo Popular ha vetado cuarenta y siete de esas comparecencias, un 78 % de ellas; el presidente ha comparecido once veces, de las cuales ocho han sido a petición propia. Por tanto, con ver los números casi no hay que dar ningún tipo de explicaciones, ya se ve hasta que punto y hasta que extremo se veta por parte de la mayoría parlamentaria la acción del Parlamento y, por tanto, se restringe el ejercicio de la democracia. Si tuviéramos la suerte, y esto sí que va a ser una suerte, porque no confío en convencer a mis colegas del Grupo Parlamentario Popular, no porque ellos no tengan una mente abierta, sino por mi propia incapacidad a la hora de explicar mis argumentos, no confío en convencerles, pero si tuviéramos la suerte -porque sería una suerte- y esta iniciativa fuera admitida a trámite, desde luego desde el Grupo de Unión Progreso y Democracia tendríamos muchas aportaciones que hacer; tendremos que aprovechar la oportunidad para abrir el Reglamento y para introducir en el Reglamento muchas cuestiones que sé que nos preocupan al conjunto de los grupos, porque la reforma del Reglamento ciertamente no es una asignatura pendiente de esta legislatura, es una vieja asignatura pendiente y en algún momento la tendremos que aprobar. He puesto sobre la mesa algunas de las reformas sobre las que estamos reflexionando, viendo también cómo funcionan los parlamentos de nuestro entorno, los que más se pueden parecer a este y aprovechando las experiencias de otros parlamentos, pero no es el momento ahora de entrar en cada una de ellas. Sí he de decir que nos gustaría que esta iniciativa saliera adelante y que a partir de ahí pudiéramos abrir el debate para todas las reformas pendientes y que gracias a eso esta democracia ganara en calidad y esta Cámara fuera verdaderamente una Cámara representativa en la que nadie puede confundir lo que es vetar y votar. Hoy


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el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Junta de Portavoces nos ha dicho que confundimos vetar y votar y yo creo que no, que quien confunde eso es el Grupo Popular, porque votar es bueno, forma parte del ejercicio de la democracia, pero la democracia es mucho más que votar, la democracia es también respetar a la minoría, la democracia es respetar las voces de los demás, y para respetar las voces de los demás, aunque no se compartan y se vote en contra de sus propuestas, que es absolutamente razonable y además viene de la propia democracia, aunque no se compartan y se vote en contra y esas iniciativas no salgan adelante, no hay democracia si no se escucha al otro, y no se puede escuchar si se veta la posibilidad siquiera de debatir, y esa es una asignatura que ustedes tienen particularmente suspendida.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: Gracias señora presidenta.

Señor Esteban, muy oportuna su proposición de ley. Cada día que pasa se constata más que estamos en una democracia de baja intensidad y eso tiene que preocuparnos. Señoras y señores del Grupo Popular, deberían tomar nota, en cada Pleno se están produciendo iniciativas de los grupos de la oposición, no de un grupo sino de todos, de todos salvo el suyo por supuesto, reclamando una reforma del Reglamento para corregir los abusos de la mayoría absoluta y para garantizar el trabajo de la oposición parlamentaria y abrir cauces a la participación de la ciudadanía. Hace dos semanas fue una iniciativa del PSOE para garantizar la comparecencia del presidente del Gobierno, la semana pasada una interpelación de mi grupo, La Izquierda Plural, sobre el comportamiento del presidente del Gobierno ante el caso Bárcenas, ahora una iniciativa del PNV para evitar que la mayoría gubernamental pueda vetar la inclusión en el orden del día del Pleno de iniciativas de la oposición, todas esas propuestas lo que reflejan es el malestar de la mayoría de grupos parlamentarios de esta Cámara y por tanto la extrema debilidad de su Gobierno.

Ya sé que ustedes obtuvieron una mayoría absoluta en esta Cámara con más de 10 millones de votos que hay que respetar, pero ustedes deberían ser conscientes de que en esta Cámara enfrente tienen diputados que representan a más de 12 millones de electores, que también merecen el respeto de la mayoría de esta Cámara. Fíjense que estamos de acuerdo gente tan dispar como quienes me han precedido en el uso de la palabra en esta tribuna, más dispar que eso no van a encontrar en el arco parlamentario, y están de acuerdo en estos mismos argumentos. Cuando ustedes impiden que se debata una iniciativa de la oposición están menoscabando la labor, me atrevo a decir la sagrada labor del diputado de ejercer el control al Gobierno y, aún más grave, están menoscabando el respeto que merecen esos más de 12 millones de ciudadanos que votaron a otros partidos que no son el PP. Mi grupo ha sufrido en sus carnes el veto que la mayoría absoluta del Partido Popular en la Junta de Portavoces impone a la hora de fijar el orden del día de los plenos y muchas iniciativas de nuestro grupo se han frenado para que no comparezca el presidente del Gobierno o algunos ministros, para impedir que se debatan solicitudes de creación de comisiones de investigación, etcétera. Lo de ayer fue más grave. Ayer pasamos de Bárcenas, el innombrable, a Rajoy, el irreprochable, porque ayer la mayoría absoluta del PP en la Mesa del Congreso vetó una moción de La Izquierda Plural y otra del Grupo Socialista sin apoyarse en ningún informe jurídico, simplemente por su voluntad política de prohibir el debate sobre las mentiras de Rajoy.

Señoras y señores del Partido Popular, ustedes tienen mayoría absoluta, no va a aprobarse aquí nada que ustedes no quieran que se apruebe. No tengan miedo al debate, no van a perder ninguna votación, solo queremos debatir, queremos contrastar nuestros argumentos con los suyos en el Pleno del Congreso. No nos impidan debatir, no tengan miedo al debate, no nos nieguen el derecho a traer iniciativas al Pleno del Congreso; flaco favor están haciendo a la credibilidad de las instituciones democráticas, y no está sobrado de crédito el sistema político en estos momentos como para que ustedes lo menoscaben de esa forma. Repito lo que dije el otro día, el Parlamento debe ser la casa de la oposición, pero ustedes han elegido que sea una subsede olímpica de Génova, y en ese empeño, desde luego, nos van a tener siempre enfrente a La Izquierda Plural y yo espero que a todos los grupos parlamentarios de la oposición, pues juntos representamos a más de 12 millones de ciudadanos frente a los 10 millones que les votaron a ustedes. Pueden retorcer el Reglamento cuanto quieran, pueden abusar de su mayoría absoluta en los órganos de gobierno de este parlamento, pero nunca podrán acallar la voz de la oposición.

Desde Chunta Aragonesista, Iniciativa per Catalunya Verds e Izquierda Unida solicitamos que el Congreso manifieste su rechazo al comportamiento del presidente del Gobierno...


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Yuste, le llamo al orden. Hasta ahora ha intervenido usted explicando su posición respecto de la proposición de ley del Grupo Vasco. Esto ya no lo es. Por lo tanto, le llamo al orden por primera vez.

El señor YUSTE CABELLO: Efectivamente, estoy explicando algo que tiene una relación directa con la iniciativa que estamos debatiendo en este momento. Hablaba de la comparecencia celebrada en el Senado el pasado 1 de agosto, al quedar en entredicho las manifestaciones vertidas en sede parlamentaria... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Silencio, por favor.

Señor Yuste, usted ha vertido todas las opiniones que ha considerado oportuno. Lo que le estoy pidiendo, por favor, es que no vuelva a la moción que no ha sido aceptada en la Mesa, es lo único que le estoy diciendo y se lo digo por segunda vez. (Rumores).

El señor YUSTE CABELLO: La que no ha sido aceptada en la Mesa y no se somete hoy a debate es un ejemplo, el último ejemplo, de esas iniciativas que no se pueden debatir por simple voluntad del Grupo Popular.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Yuste, está haciendo exactamente lo mismo que su compañero de grupo. Se lo repito por segunda vez; si se lo digo una tercera tendrá que abandonar la tribuna, con gran dolor de mi corazón. Lo siento. (Rumores y protestas). Silencio. Silencio. Esto significa la aplicación del Reglamento. Lo que ustedes hacían cuando gobernaban, exactamente lo mismo. (Rumores y protestas.-Una señora diputada: ¡Madre mía, qué intolerancia!). Silencio.

Señor Yuste, vuelva usted a la cuestión o le tengo que pedir que abandone la tribuna. (Rumores y protestas).

El señor YUSTE CABELLO: Señora presidenta, yo solo pretendo explicarme. Me quedan tres minutos. Usted dice, vuelva a la cuestión. La cuestión es una proposición de ley del Grupo Vasco para impedir que un único grupo que ostenta una mayoría absoluta pueda vetar en el orden del día del Pleno iniciativas de la oposición. Estamos hablando de eso. Por ejemplo, la moción que ustedes vetaron ayer en la Mesa, moción que hablaba de reprochar el comportamiento del presidente Rajoy por las mentiras que dijo sobre el caso Bárcenas el día 1 de agosto. De eso estamos hablando. Es motivo, absolutamente, de este debate. Por lo tanto, no entiendo que pretenda quitarme la palabra, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Si se empeña usted en volver a leer esta, sí. (Protestas.-Rumores). Si sigue usted con los argumentos que estaba utilizando hasta ahora, no. (Fuertes protestas.-Una señora diputada: Es ilegal.-Rumores). Guarden silencio (Rumores y protestas). Señora Fernández, guarde silencio.

El señor YUSTE CABELLO: Además de eso referido al extesorero, también queríamos que la ponencia de la Comisión de Reglamento presentase una propuesta de reforma del mismo antes de la finalización del presente periodo de sesiones, y que se constituya una comisión de investigación que tenga por objeto el estudio de la financiación de los partidos políticos, así como los casos de financiación irregular o ilegal con la finalidad de mejorar los mecanismos de fiscalización...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: Concluyo ya, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Yuste, vuelve usted a la cuestión del artículo 72, que no tiene nada que ver con una moción.

El señor YUSTE CABELLO: Que sí que tiene que ver. Esto tiene perfectamente que ver. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, señor Yuste, no. Léase bien los artículos 67.1 y 67.2. (Rumores y protestas).

El señor YUSTE CABELLO: Tiene que ver porque este es el contenido de la moción que la Mesa no nos ha permitido debatir hoy.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, señor Yuste. Aquí no se está hablando de la Mesa, se está hablando de otra cosa, del orden del día del Pleno.

El señor YUSTE CABELLO: Aquí se está hablando del miedo del Partido Popular al debate. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No.

El señor YUSTE CABELLO: Del miedo del Partido Popular a que hablemos de Bárcenas.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Yuste, eso es lo que usted piensa (Rumores y protestas), pero yo lo que le estoy diciendo...(Rumores y protestas.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). ¡A ver si lo aplica usted en Andalucía! (Fuertes y prolongadas protestas.-Varios señores diputados: ¿Qué tiene que ver Andalucía aquí?-Rumores).

Silencio, por favor. Silencio, por favor. Señor Yuste; si iba usted muy bien, señor Yuste. Si iba muy bien. (Rumores). Estamos hablando de las aplicaciones del Reglamento. (Varias señoras y señores diputados: ¡En Andalucía!). En Andalucía también. (Fuertes protestas). En Andalucía también, también. (Rumores y protestas). Guarden silencio, porque griten más no van a llevar más razón. (Protestas).

Concluya, señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: Concluyo ya. El último punto reclamaba que el Gobierno incluyera en el futuro plan de lucha contra la corrupción ocho paquetes de medidas concretas, que no voy a leer, no se asusten ustedes. Ese es el contenido de la moción que queríamos debatir hoy y que la Mesa no nos lo ha permitido. (Rumores). Ese es el debate que ustedes han perdido. En todo caso, es la prueba de que este es el asunto que teme el Partido Popular. Yo no sé por qué el Partido Popular tiene tanto miedo y el presidente Rajoy tiene tanto miedo a esta cuestión. Pero en todo caso, sepan que el debate no se va a cerrar en falso con esas actitudes que están ustedes utilizando.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Yuste, lo siento, pero ha agotado usted su tiempo.

El señor YUSTE CABELLO: Ahora sí que se ha agotado mi tiempo, aunque creo que se me deberían algunos minutos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): He parado antes el reloj, no sé si se habrá dado usted cuenta. Señor Yuste, lo siento. Muchas gracias. (Rumores.-El señor Pezzi Cereto: ¡Que retire las palabras de Andalucía!-Un señor diputado: Aquí no aplicamos la libertad a algunos grupos.-El señor Madina Muñoz pide la palabra).

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Surroca. (Fuertes protestas.-Varios señores diputados: ¡Que el señor Madina Muñoz pide la palabra!-Una señora diputada: ¡Por favor!).

¿Sí, señor Madina? (Rumores y protestas). ¿Pero quieren guardar silencio, por favor? Por lo menos para que escuchen a su portavoz.

El señor MADINA MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta. Es una cuestión de orden.

No hay nadie en este hemiciclo, incluidos los diputados del PP, que no crean que usted acaba de hacer un papelón. Me gustaría que a mi grupo le explicara qué quiere decir la palabra Andalucía en la conducción de un debate sobre la modificación del Reglamento.

Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Que se explique! ¡Que lo explique!).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Madina.

Sobre la calificación que expresan ustedes habitualmente sobre la actuación de esta Mesa no voy a entrar, porque ya estoy muy acostumbrada. (Rumores). Yo, lo que he dicho simplemente a la intervención de un diputado a grito pelado diciéndome que aquí no aplicamos la libertad de los diferentes grupos, lo que he dicho simplemente es que se aplique también en Andalucía, de donde él es diputado como yo. (Fuertes protestas). Si les ha molestado una referencia, pido disculpas al Grupo Socialista, porque acababa de leer que la Mesa... (Rumores y protestas). Déjenme que se lo explique, que me ha pedido explicaciones el señor Madina. Por favor. Que por mucho que griten ustedes, no van a llevar más razón.


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(Protestas.-El señor Hurtado Zurera pronuncia palabras que no se perciben). Señor Hurtado, guarde silencio, por favor. Señor Hurtado, guarde silencio, por favor. Le estoy dando una explicación al señor Madina que me ha pedido, y he dicho que si hay que pedirle disculpas al Grupo Socialista, se las pido, pero es que acabo de leer una noticia que dice que la Mesa del Parlamento de Andalucía ha rechazado una petición del Grupo Popular con la mayoría. (Rumores y protestas). Pido disculpas, señor Madina, por haber nombrado a Andalucía, que por lo visto no se puede nombrar aquí. Pido disculpas. (Protestas.-La señora Rodríguez Ramos pide la palabra).

Señora Rodríguez, se ha acabado el tema. (La señora Rodríguez Ramos: Una cuestión de orden). Señora Rodríguez, se ha acabado el tema. (La señora Rodríguez Ramos: Retírelo del "Diario de Sesiones".-Rumores). Señora Rodríguez, me ha pedido el señor Madina que explicara por qué he nombrado a Andalucía y que lo retirara, y he hecho exactamente lo que me ha pedido el señor Madina. (Protestas.-Un señor diputado: ¡No, no lo ha hecho!). He explicado por qué he hablado de Andalucía y he dicho que lo retiraba y que pedía disculpas al Grupo Socialista por nombrar al Parlamento y al Gobierno de Andalucía. ¿De acuerdo? Bien. (Rumores).

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.

Intentaremos volver a la cuestión planteada por el Partido Nacionalista Vasco. Señorías, esta iniciativa del Partido Nacionalista Vasco tiene una gran similitud con otra proposición defendida precisamente la semana pasada por el Grupo Socialista, que tenía como fundamentación la misma razón de ser, que la mayoría absoluta que impera hoy en esta Cámara no utilizara a su antojo el Reglamento del Congreso para silenciar la voz de la oposición en determinadas cuestiones que le resultan o pueden resultar incómodas. Ayer mismo tuvimos un ejemplo de ello, al que se han referido ya portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Vetar iniciativas de la oposición sistemáticamente para silenciar ciertos debates es un auténtico despropósito y atropello para la calidad democrática que tendría que imperar siempre en el funcionamiento de esta Cámara, independientemente de las mayorías que la dominaran. Por ello nos inquieta que en estos últimos meses este sea el método al que nos tiene acostumbrado el Grupo Popular ante determinadas cuestiones que le incomodan, haciendo lo imposible por eludir su debate en la Cámara. Hoy hemos vivido el ejemplo de ello otra vez. Ayer, ante una nueva imposición del Grupo Popular vetando dos iniciativas en el orden del día, algo inaudito y sin precedentes en esta Cámara, nuestro compañero y miembro de la Mesa, Jordi Jané, ya expresó claramente su disconformidad en nombre de Convergència i Unió y así votó en contra de la decisión del Grupo Popular. Por tanto, esta proposición es hoy de máxima actualidad por cuanto trata de una cuestión de fondo que nos preocupa. La semana pasada ya expresamos nuestro posicionamiento favorable a la iniciativa del Grupo Socialista, similar en el espíritu a la que hoy defiende el Partido Nacionalista Vasco y hoy reiteramos nuestra posición favorable a su toma en consideración. El Partido Nacionalista Vasco propone reformar los artículos 67 y 68 del Reglamento que, como bien se ha expuesto, se refieren al modo de elaborar el orden del día del Pleno. Con ello se pretende que haya un mayor equilibrio entre los grupos parlamentarios a la hora de determinar las iniciativas que se verán en el Pleno, evitando así que quede en manos de un solo grupo parlamentario esa potestad. Se busca dar mayor protagonismo a la oposición sin perder de vista quién ostenta la mayoría parlamentaria. El portavoz proponente ya lo ha resaltado así en su exposición, diciendo que aquí no era ir contra la regla de las mayorías.

En definitiva, creemos que se trataría de introducir en todo caso una fórmula para corregir esas posibles situaciones de mayorías parlamentarias absolutas, que en ocasiones, según el uso que se haga de ellas, pueden repercutir de forma negativa en la salud democrática del país al infravalorar o pasar por encima de la voluntad de la mayoría de la oposición. Aunque la fórmula que se propone puede ser mejorada o puede ser otra distinta, creemos que es sano para la calidad democrática introducir elementos que corrijan esas mayorías parlamentarias, como hemos dicho, ya que a pesar de ser resultantes de procesos electorales legítimos y responder por tanto a la voluntad ciudadana, también es cierto que según la forma en que sean usadas pueden contribuir a acrecentar aún más ese alejamiento entre la ciudadanía y nuestras instituciones democráticas. Tener en cuenta voluntades distintas a la de la mayoría y debatirlas abiertamente viene intrínsecamente ligado al concepto de democracia y creemos que su salvaguarda es fundamental para mantener esa salud democrática a la que antes me refería.

El régimen de funcionamiento interno de esta Cámara tiene que recoger fórmulas que supongan el respeto a ese principio y creemos que la propuesta del Partido Nacionalista Vasco va en esa dirección, por


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tanto, estamos a favor de ella. Hoy, Convergència i Unió votará favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley de reforma del Reglamento, aunque nos habría gustado que se hubiera planteado en otro marco más adecuado -también lo ha mencionado un portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra y el propio proponente-, como es en el de la futura reforma del Reglamento, cuya ponencia está ya constituida y totalmente paralizada desde el momento de su constitución, por voluntad también, tenemos que decirlo, del Grupo Popular. Por ello, reclamamos y exigimos hoy que nuevamente se retome la incipiente actividad de la ponencia para que se inicien sus trabajos y puedan debatirse en su seno esta y otras propuestas de los grupos parlamentarios que contribuyan a mejorar el funcionamiento interno de esta Cámara. Desde Convergència i Unió apoyaremos la toma en consideración de esta iniciativa, porque el objetivo que persigue coincide con el espíritu de enmiendas que en su día ya defendimos en los trabajos parlamentarios que tuvieron lugar en anteriores legislaturas para reformar el Reglamento de esta Cámara y que van en la línea de dar mayor protagonismo a la oposición, en especial a los grupos minoritarios. Así, a título de ejemplo, Convergència i Unió defendió que en cada periodo de sesiones todos los grupos parlamentarios tuvieran derecho a incluir en el Pleno del Congreso un mínimo de dos proposiciones de ley e interpelaciones, o también que se aumentara el número total de preguntas orales ante el Pleno para incluir en el orden del día, garantizando así un mínimo de dos preguntas para cada grupo parlamentario. Convergència i Unió ha defendido en otras ocasiones la necesidad de poner en valor el principio de respeto a las minorías en la futura reforma del Reglamento del Congreso, y así lo haremos nuevamente en esta ocasión, al margen de la necesidad de dar mayor protagonismo a los grupos que conforman la oposición reforzando, como decíamos, el pluripartidismo. No podemos olvidar que el descrédito que invade nuestras instituciones democráticas y en este caso al Parlamento tiene que superarse tomando medidas. Tenemos al alcance muchas medidas que han propuesto los grupos en distintos trabajos de reforma del Reglamento, de esta futura reforma que esperamos poder abordar lo más rápido posible. En este sentido, nos parece absolutamente contradictorio que el Gobierno aprobara el viernes pasado en Consejo de Ministros un plan llamado para la regeneración democrática estableciéndolo como una prioridad y a los pocos días -ayer- su actitud parlamentaria contradijera totalmente esa voluntad. Silenciar a la oposición en esta Cámara vetando sus iniciativas sistemáticamente -como sucedió- no contribuye absolutamente en nada a esa regeneración democrática sino todo lo contrario, se atropella la calidad democrática de esta institución.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Surroca.

Por el Grupo Socialista, señor Martín Peré.

El señor MARTÍN PERÉ: Gracias, señora presidenta.

Señor Esteban, no creo que haya nadie hoy -creo que nadie lo ha hecho- que discuta la idoneidad de la propuesta que el Grupo Vasco trae a la Cámara. Digo esto porque esta propuesta, o mejor dicho el debate de la misma, viene precedido de un hecho absolutamente ignominioso para la historia del parlamentarismo español, como ha sido el veto de dos mociones por parte del Partido Popular correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista y al Grupo de La Izquierda Plural, y posteriormente el anuncio del veto de las citadas mociones ni más ni menos que por la secretaria general del Partido Popular en un hecho que no tiene precedentes en el ámbito político de este país. (Aplausos). Precisamente, señorías, por la relación directa que hay entre los hechos que menciono y el debate que ahora mismo se está llevando a cabo en la Cámara, en virtud de lo dispuesto en el artículo 72.2 del Reglamento, que establece que cualquier diputado podrá o bien durante el debate o bien antes de la votación solicitar la lectura de aquellos documentos que pudieran ilustrar la materia de la que se habla, solicito a la Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados la lectura de la moción del Grupo Parlamentario Socialista que fue no admitida a trámite, así como el acuerdo de la Mesa que denegó esa admisión a trámite (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Usted continúe, ya será informado, señor diputado.

El señor MARTÍN PERÉ: No le he oído.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Que continúe con su intervención.

El señor MARTÍN PERÉ: Acabo de formular una solicitud, señora presidenta, basada en un artículo vigente en el Reglamento.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Le he contestado y usted no me ha escuchado. Le he dicho que continúe con su intervención y que será informado en su momento. Lo he dicho claramente, señor Martín, lo que pasa es que hay un cierto ruido y a lo mejor usted no lo ha escuchado. De modo que continúe usted con su intervención y será informado convenientemente, como es lógico y es su derecho.

El señor MARTÍN PERÉ: Señora presidenta, perdone, pero...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, no va a ser leído en este momento.

El señor MARTÍN PERÉ: ¿Puede usted explicar los motivos por los que la Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados deniega la solicitud de este diputado?

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No lo he denegado. He dicho: Señor diputado, continúe usted con su intervención y será informado convenientemente cuando acabe el debate (Protestas). No se lee ahora, nunca se ha leído en mitad de una intervención. Continúe usted con su intervención e inmediatamente será contestada su petición.

El señor MARTÍN PERÉ: Señora presidenta, en consecuencia, lo que solicito ahora es la lectura del artículo 72.2 del Reglamento de la Cámara.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Martín, no se interrumpe una intervención de un diputado para leer un documento. Le estoy diciendo que acabe usted su intervención y será informado convenientemente (Protestas). Acabe usted su intervención sobre la cuestión en la que estamos y no discuta con la Presidencia, por favor, no busque debate, señor Martín, por lo que más quiera, no hace falta.

El señor MARTÍN PERÉ: Señorías, no cabe ninguna duda de que ante esta tercera denegación el Partido Popular tiene vocación de san Pedro al negar hasta en tres ocasiones la verdad.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Martín, no discuta usted conmigo porque yo no le he dicho eso.

El señor MARTÍN PERÉ: No estoy discutiendo con usted, señora presidenta. Solamente...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Continúe su intervención porque jamás se ha interrumpido una intervención para leer ningún documento. Así que cumplamos el Reglamento. Termine usted su intervención en su tiempo reglamentario. (Rumores).

El señor MARTÍN PERÉ: Señorías, la confiscación del orden del día del Pleno de esta sesión responde en realidad a motivos inconfesables pero inconfundibles, y es que el Partido Popular no quiere que en esta Cámara vuelva a hablarse de nuevo del señor Bárcenas, no quiere que vuelva a hablarse de nuevo de su presunta financiación ilegal y no quiere que vuelva a hablarse de nuevo de las quimeras que el señor Rajoy, el presidente del Gobierno, dijo ante la interpelación que formuló mi grupo la pasada semana (Aplausos). Así pues, como decía anteriormente, señor Esteban, es plenamente pertinente la modificación de los artículos 67.1 y 68.1 del Reglamento de la Cámara, porque precisamente de lo que estamos hablando es de esto, de que no se permita que un solo grupo parlamentario secuestre lo que es una competencia reconocida por la Constitución a la oposición, como es el ejercicio de la facultad de control al Gobierno. Y digo bien claro que es una competencia que le corresponde a la oposición porque no nos van a hacer creer, señores del Partido Popular, que el grupo que da soporte al Gobierno, que no ha sido capaz en veinte años de controlar a su tesorero o a su gestor en su partido, vaya a ser capaz de controlar a su propio Gobierno. (Aplausos).

Es evidente que en lo atinente al debate de la reforma del Reglamento todos los grupos hemos acordado la necesidad de proceder a ello precisamente porque se nota el paso y el peso de los años a medida que podemos comprobar cómo se tienen que realizar interpretaciones torticeras del mismo con el objeto de instrumentalizarlo políticamente a favor de un grupo político en concreto. Pero si algo hemos podido comprobar en los últimos años con las demandas de los ciudadanos españoles que solicitan una democracia que pueda ser denominada como tal, no es que se esté discutiendo que en este país haya o no haya democracia, sino que esas solicitudes van encaminadas a una democracia mejor, y sin duda


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alguna, señorías, ya no somos ese país con millones de personas ávidas de libertad porque habían pasado cuarenta años de una dictadura franquista. No, señorías, aquí muchas personas, como este diputado que ahora tiene el uso de la palabra, hemos nacido ya en un país democrático y con las libertades garantizadas, y precisamente por ese motivo lo que no vamos a tolerar, o no queremos tolerar, es que se haga un uso instrumental de los instrumentos de ejercicio otorgados constitucionalmente a los grupos políticos de esta Cámara.

Señores del Partido Popular, cada ocasión en que ustedes deniegan un debate sobre cualquiera de las tropelías que hayan cometido desde el Gobierno, cada vez que ustedes deniegan la creación de una comisión de investigación o en cada ocasión en que ustedes deniegan incluir un punto en el orden del día que vaya encaminado a hablar sobre la presunta financiación irregular de su formación política, están cavando una palada más en la fosa del descrédito y de la falta de confianza de los ciudadanos en esta Cámara. Si ustedes quieren sepultarse en esa fosa, háganlo; pero, por favor, háganlo solos y no nos embarquen a nosotros en esa travesía. (Aplausos).

Es bastante probable que en la intervención de la portavoz del Partido Popular en esta materia escuchemos diferentes menciones a lo que el Grupo Parlamentario Socialista había hecho cuando nosotros nos encontrábamos en situación de Gobierno. Ya les digo que no es necesario que lo hagan (El señor Hernando Fraile: ¡Ja, ja!), aunque lo harán igualmente. Lo digo porque desde esta tribuna reconozco que el Partido Socialista, cuando tenía la posibilidad de haber comandado la reforma del Reglamento y no lo hizo, se equivocó; lo digo así de claro; se equivocó por no darle el impulso necesario o precisamente por no acometerlo. (Rumores). Pero precisamente por que nos equivocamos y ahora ustedes se encuentran en la situación en la que estábamos nosotros, tenemos la legitimidad suficiente para decirles que no cometan ustedes el mismo error y procedan a la reforma. (Continúan los rumores).

Probablemente otra cuestión que se planteará, señor Esteban, es la falta de requisitos formales. Si nos remitimos a la propuesta que el Grupo Parlamentario Socialista formuló, que es bastante similar a la que ustedes proponen y creo que se complementa una con otra, es posible que escuchemos -habiéndose constituido una ponencia para la reforma del Reglamento de esta Cámara que, como usted muy bien ha dicho, solamente se constituyó el pasado mes de abril y desde entonces no se ha vuelto a reunir- que este no es el seno donde se tiene que debatir una propuesta de estas características. Pero lo que yo pienso es que cuando se pretende entrar en la forma del asunto y no en el fondo, se pretende ocultar o evitar un debate que a esta Cámara le corresponde, y entonces cabe preguntarse: ¿qué teme el Partido Popular? ¿Qué es lo que teme que debatamos el Partido Popular? Tienen una mayoría parlamentaria que, como han citado otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pueden utilizar con sus votos para tumbar cualquier propuesta que hagamos nosotros. Quizá es que el Partido Popular conoce el aforismo que dice que nada corrompe más la verdad que la mentira o el silencio, y lo que quiere el Partido Popular es silenciar a la oposición de esta Cámara para que no se hable de las cuestiones que no le interesan políticamente a esta formación.

En consecuencia, señorías, independientemente de la idoneidad o no de las formas, creemos que es muy importante que el debate sobre la reforma de esos dos puntos del Reglamento se lleve a cabo, que haya una pronunciación sobre el fondo que se plantea, y ya le informo, señor Esteban, que por supuesto mi grupo parlamentario va a votar a favor de la toma en consideración de esa proposición de ley de reforma del Reglamento. Lo hará por obligación política, por dignidad política del propio grupo de esta Cámara y de todos los grupos que la conforman, incluido el Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martín Peré.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Martín Rodríguez.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, la verdad es que yo vengo sin ningún temor porque en el Partido Popular no tememos el debate. Respetamos las normas. (Protestas).

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición de mi grupo en relación con la propuesta de reforma de los artículos 67.1 y 67.2 del Reglamento de esta Cámara presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, posición que es contraria a la citada propuesta de modificación y que, dado el sentido democrático de sus señorías, seguro que comprenderán. Mi grupo no está en contra de la reforma del Reglamento si se considera necesario y hay consenso en su reforma, pero estamos en contra de propuestas unilaterales, improvisadas, oportunistas, partidistas y fuera de lugar. Al Grupo Popular sin duda que le gustaría reformar algún aspecto del Reglamento y tiene mayoría suficiente para hacerlo, pero


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por respeto a las normas del juego, a esta Cámara, a sus grupos y a sus señorías no lo hará si no es a través de su estudio y discusión en la ponencia constituida al efecto dentro de la Comisión de Reglamento y con el mayor consenso posible de los grupos de la Cámara.

Lo que estamos debatiendo esta tarde es una reforma puntual del Reglamento de la Cámara, una propuesta unilateral del Grupo Parlamentario Vasco, que sencillamente intenta modificar algo que se ha venido haciendo así desde hace más de treinta años. Lo que se pretende en la práctica es que el orden del día -y su posible alteración- no pueda ser fijado y aprobado por la mayoría sin el consentimiento de la minoría. En el Pleno del pasado día 10 se presentó una propuesta del Grupo Socialista para que las comparecencias las decidiera la minoría en vez de la mayoría. Hoy se trata de modificar la fijación del orden del día para que sea igualmente la minoría quien lo establezca y no me extrañaría que en un futuro, dado el camino emprendido, algún otro grupo presente otra reforma diciendo que, realizada una votación, si esta se gana solo con la mayoría absoluta del Grupo Popular, la misma no será válida si dos o más grupos no están de acuerdo con el resultado. Lo que se pretende con esta reforma, la del Grupo Socialista del pasado día 10 y la de hoy del Grupo Vasco, es el gobierno de la minoría frente a la mayoría, y esto no solo va en contra del principio democrático más elemental, sino que es contra natura políticamente hablando. Creo que con estas propuestas de lo que se trata es de hacer un uso partidista del Reglamento, y eso es un tema grave.

Como todos los diputados saben, y así lo reiteró mi compañero y portavoz de mi grupo en la Comisión de Reglamento, Ignacio Astarloa, en el debate del pasado día 10, la reforma de nuestras reglas de juego, cuando se persiguen de verdad, se suelen plantear ante la Comisión de Reglamento para la búsqueda del consenso necesario para una norma de esta naturaleza, tanto más cuando, como ahora ocurre, hay constituida una ponencia al efecto. Difícilmente se puede pretender sacar adelante propuestas unilaterales, improvisadas, oportunistas y partidistas de este tipo que, además de que no se han tratado de consensuar, van directamente en contra del grupo que es mayoritario en esta Cámara por voluntad libre y democrática de los ciudadanos; voluntad libre y democráticamente expresada por los ciudadanos, que dieron la mayoría absoluta el Partido Popular, otorgándonos con ello tanto la legitimidad de origen como la legitimidad de ejercicio, pues esta última, la legitimidad de ejercicio, nace precisamente de la legitimidad de origen, señora Díez.

Se dice en la exposición de motivos de esta propuesta que el artículo 29 del Reglamento establece que el libre debate y el principio de igualdad entre todos los grupos está garantizado en el artículo, afirmación esta que, además de no ser cierta en absoluto, solo es entendible o como un serio y preocupante problema para la lectura y su comprensión de quien así lo ha interpretado o como una manipulación torticera del citado artículo. Lo que dice textualmente el artículo 29, después de regular la constitución de los grupos parlamentarios, disposición de medios materiales, locales, asignación económica, etcétera, es lo siguiente: Todos los grupos parlamentarios, con las excepciones previstas en el presente Reglamento, gozan de idénticos derechos.

Usted, señor Esteban, y yo como diputados gozamos de los mismos derechos, pero en ningún modo somos iguales, excepto ante la ley; como no es igual, con todos mis respetos, un grupo con cinco, siete o veinte diputados que otro con ciento veinte, ciento veinticinco o ciento ochenta y cinco. No es igual un grupo minoritario que un grupo con mayoría absoluta otorgada por los ciudadanos para que pueda gobernar, escuchando, buscando el consenso con otros grupos, pero sin que tenga que depender de ellos para aplicar las medidas de gobierno que estime de interés para los ciudadanos y para España.

Puedo entender que a los señores diputados de los grupos minoritarios no les guste, les siente mal o incluso que se enfaden porque no prosperen algunas de sus iniciativas, porque no les salgan las cosas como pretenden o porque se aprueben leyes que a ellos no les gustan, en muchos casos por su falta de argumentos o de talento político, pero eso no les da derecho a cuestionar, algunos con evidente hipocresía, la aplicación legítima, legal, normal y habitual de las normas vigentes. Normas que naturalmente podemos cambiar, si coincidimos en que así lo aconseja el interés general, y no intereses particulares de ocasión, pero normas razonables, como aquí se ha dicho, que se aplican con carácter general de forma sensata, que llevan funcionando treinta años y que, por ejemplo, como muy bien ha dicho su portavoz, el Partido Socialista, que ha gobernado durante más de veinte años, no solo las ha mantenido sin cuestionar ni una coma, sino que se opuso a su reforma en la anterior legislatura, que fue el inventor no del rodillo sino de la apisonadora parlamentaria y que en la anterior legislatura vetó veinte veces proposiciones de ley presentadas por el Grupo Popular.


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Señorías, ustedes solo cuestionan el principio mayoritario cuando carecen de la mayoría absoluta y no gobiernan, sobre todo si el que gobierna con mayoría es el Partido Popular, al que constantemente y por todos los medios tratan de deslegitimar en el Parlamento y en la calle. Son ustedes como los malos jugadores, que cuando van perdiendo no solo hacen juego sucio, sino que además pretenden cambiar las reglas del juego a mitad de partido. Si no lo consiguen se enfadan y ya no juegan, es decir, ya no pacto, aunque ello pueda ir en contra y en perjuicio de los intereses de los ciudadanos a los que tanto dicen respetar. Decía anteriormente que algunos actuaban con evidente hipocresía y me explico. Al ver la propuesta del Grupo Vasco pensé que seguramente el grupo proponente trataba de aplicar al Reglamento de esta Cámara lo que ellos ya tienen establecido en su Parlamento, pero cuál fue mi sorpresa al ver que el reglamento del Parlamento vasco regula la fijación y modificación del orden del día exactamente igual que como está regulado en esta Cámara. Pensé entonces que quizá la propuesta estuviese recogida en el reglamento del Parlamento de esa comunidad tan española y tan querida que es Cataluña, pero, qué va, tampoco. Entonces me dije que seguro que el de Andalucía sí lo recogía, pero tampoco; ni el de Canarias; ni en las Juntas Generales de Gipuzkoa. En los reglamentos de todos los parlamentos la fijación y modificación del orden del día está recogida exactamente igual que lo que hoy aquí se pretende modificar. Consejos vendo que para mí no tengo, señorías. Parece ser que cuando ustedes ostentan el Gobierno de España o de alguna de las comunidades y deniegan con excesiva frecuencia comparecencias, creación de comisiones de investigación, rechazan propuestas, iniciativas, preguntas o no admiten inclusiones en el orden del día, simplemente están aplicando de forma democrática las normas y ejerciendo la mayoría de que disponen, pero si es el Partido Popular el que aplica el Reglamento somos antidemócratas, autoritarios, bloqueamos la Cámara, impedimos el debate, lo empobrecemos, somos un rodillo parlamentario, vetamos, etcétera. Señorías, ya está bien de tanta demagogia, tanta hipocresía y tanta falta de respeto a la soberanía nacional expresada por los españoles en las últimas elecciones. Ustedes, señorías, tienen un problema, mejor dicho, dos. Uno, que se creen los únicos legitimados para gobernar, fundamentalmente la izquierda y la izquierda radical, el PSOE, Izquierda Unida y asociados, y no asumen, digieren y toleran que pueda gobernar el Partido Popular. De ahí la crispación permanente que tienen sus señorías desde el comienzo de la legislatura, la oposición frontal a toda propuesta del Gobierno del Partido Popular y su afán por, si es posible, aniquilarlo políticamente. Pactos del Tinell, cordón sanitario, aislamiento parlamentario, algaradas callejeras; eso sí que es profundamente antidemocrático. Dos, últimamente están cada vez más nerviosos, viendo que las reformas que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular poco a poco, y a su pesar, están dando resultados. No hemos sido rescatados, la prima de riesgo está en 235 puntos; la economía empieza a salir del profundo abismo donde los socialistas nos llevaron; se ha detenido la destrucción de empleo, incluso comienza a crearse; la balanza exterior es positiva, etcétera, y todavía quedan dos años de esta legislatura, y las que vengan, en las que el Gobierno del Partido Popular va a seguir trabajando para dar solución a los problemas de España y sus ciudadanos. Así que, sosiego, señorías, por su salud.

Señor Esteban, si el Grupo Parlamentario Vasco hubiese tenido la intención sincera y leal de mejorar el Reglamento, es obvio que hubieran buscado un acuerdo, como históricamente se ha venido haciendo, pero ha utilizado instrumentalmente la propuesta de reforma del Reglamento con la pretensión de desgastar al Gobierno, presentándolo como intolerante, impidiendo el debate parlamentario por aplicar la misma norma que ustedes aplican en Vitoria. Señorías, lo dije al comienzo, claro que podemos reformar el Reglamento, y seguramente hay que hacerlo por muchos motivos. Así lo cree el Grupo Popular, que por eso trajo al Pleno la constitución de la ponencia dentro de la Comisión de Reglamento, donde todo es susceptible de ser debatido. Lo que no es admisible es que, carentes de propuestas positivas para mejorar España y dar solución a los problemas de sus ciudadanos, traten erróneamente de sacar tajada, deslegitimando las normas, las instituciones y al Gobierno de España. Ese es un camino seguro para que la democracia y esta institución se debiliten y sufran un deterioro irreversible. Y eso, en la medida de nuestras fuerzas, el grupo legítimamente mayoritario en esta Cámara lo vamos a evitar por respeto a la Constitución y a las leyes y por el bien de España.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos.-El señor Martín Peré pide la palabra).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martín Rodríguez.

Señor Martín, le he dicho que cuando llegue la hora de la votación, como dice el Reglamento, se le dirá si va a leerse o no. ¿De acuerdo? (Asentimiento.-Rumores).


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PROPOSICIONES NO DE LEY.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, RELATIVA A SISTEMAS DE PRÉSTAMO GRATUITO DE LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES CURRICULARES. (Número de expediente 162/000481).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia relativa a sistemas de préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares. Para su defensa, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.

En esta Cámara no siempre es posible ocuparse de cosas muy claras y muy concretas que sean de gran utilidad para los ciudadanos. A veces, de hecho, damos la impresión de que hacemos todo lo contrario y de que no nos preocupan nada. De manera que para mí es una gran satisfacción presentar una proposición no de ley que tiene su origen en una persona en concreto -se llama Elena Alfaro- que, rodeada de otros amigos, se puso a recoger firmas y a tratar de reunirse con representantes parlamentarios para que recogiéramos una propuesta de algo que se hace en muchos países; por cierto, entre ellos países de un nivel de renta más alto, más ricos que España. Se trata de la gratuidad de los libros educativos, un sistema muy sencillo que consiste en que los centros educativos tienen libros de texto que prestan a otros niños en una cadena ininterrumpida hasta que los libros se deterioran. Se puede hacer de varias maneras. Es una cuestión de gran sencillez y simplicidad. Para ponerlo en marcha basta con que las administraciones implicadas, que son muchas, se pongan de acuerdo entre ellas para facilitar este sistema a los centros educativos. En nuestra opinión, deberían ser los centros educativos los que se encargaran de gestionar esta cuestión, pero como existen todo tipo de centros -no es igual un centro rural que centros educativos mejor dotados en comunidades autónomas que tienen más presupuesto-, no proponemos ninguna receta, no se dice cómo tiene que ser el sistema en cuestión, sino que solo se propone lo que dice literalmente esta proposición no de ley. Además, hemos ofrecido una transaccional a los diferentes grupos que han presentado enmiendas para ampliar e incluir algunas de las cuestiones que nos proponían. Lo que dice ahora esta proposición no de ley es: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y a las administraciones educativas competentes en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación a... Lo que propone la proposición no de ley. De manera que no existe -creo yo- la excusa tantas veces empleada de que pisamos la competencia a alguna Administración, que en esto son delicadas y sensibles. Simplemente pedimos que el Gobierno tome la iniciativa porque es una cuestión de interés nacional, es decir, que es igual para todas las comunidades autónomas y para todas las familias.

Querría recordar a este respecto que hace algunos meses me tocó presentar una proposición no de ley de mi grupo sobre la ayuda pública a los conocidos como los tupper escolares, puesto que habían desaparecido las ayudas de comedor debido a la política de reducción del déficit público en muchas comunidades autónomas. Fue rechazada con el argumento de que, por una parte, no era para tanto y, por otra, una vez más, era una invasión competencial. Fue un error porque al poco tiempo de ser rechazada esta propuesta tan sencilla empezaron a aparecer noticias alarmantes y vergonzosas para un país como el nuestro y que hablan de algunos centenares de miles de niños con problemas de malnutrición. Y lo que nosotros decíamos, lo que muchos informadores habían comunicado es que en muchas familias afectadas por la crisis la única comida decente que hacían muchos niños era la del centro escolar. No era una invención propagandística para poner mal al Gobierno, era la pura verdad. Aquí estamos en un caso exactamente idéntico, que es el problema del acceso a los libros de texto. Nuestro sistema educativo tiene una costumbre inmemorial -yo la he conocido cuando era escolar y la ha conocido todo el mundo-, la obligatoriedad de comprar libros de texto al principio del curso. No estamos hablando de ninguna broma, estamos hablando de una pesada carga financiera para muchas familias. He traído aquí algunas facturas para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando. Por ejemplo, una madre que por dos niños -uno está en infantil y otro, en primaria- tuvo que pagar solo en libros 320 euros a comienzo del curso. Otro exactamente igual, con un único niño también en primaria, 105 euros. De este tipo hay muchas. Y además hay otro material escolar y otros gastos en otro tipo de cuestiones ligadas a la vida escolar. Hablando claramente, para muchas familias la enseñanza obligatoria se ha convertido en una pesada carga, pesada carga que va contra el principio de igualdad de oportunidades y de acceso universal a la


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enseñanza. Evidentemente, dada la crisis por la que pasan las haciendas públicas de las diferentes administraciones habría una solución muy sencilla que sería decir: queremos sistemas libérrimos de concesión de ayudas. Pero sabemos que muchas administraciones iban a contar en esto, cuando menos, con el silencio administrativo; sencillamente no habría dinero. Este sistema que proponemos realmente tiene un costo para el Estado o para las administraciones públicas muy reducido porque consiste básicamente en un sistema de uso compartido y de corresponsabilidad que además tiene, por cierto, efectos educativos interesantes, como que los propios niños se acostumbren a utilizar material valioso que no está meramente para su uso irresponsable. Cosas así, que son muy sencillas, mejoran la educación, mejoran la igualdad de oportunidades y ayudan además a liberar a las familias más afectadas, en un momento de crisis durísima para ellas, de las consecuencias más nefastas de esta. Recordemos -que nunca viene mal-, que las familias más perjudicadas por el coste en materia de escolarización son precisamente las familias que tienen hijos, es decir, aquellas familias que son más valiosas desde el punto de vista de la renovación demográfica y del mantenimiento de la sociedad para todos y, por lo menos, en medidas tan sencillas, tan universales y tan fáciles de implementar como estas no deberían tener ninguna desconfianza ni cicatería.

Me gustaría volver a la cuestión -porque me temo que es la que habitualmente se esgrime para paralizar cualquier tipo de iniciativa de sentido común- de las competencias respectivas de las administraciones e incluso de los centros. Como digo, lo que se pide al Gobierno es algo muy sencillo: que haga uso de su iniciativa, que reúna a las administraciones concernidas y que las ponga de acuerdo en de qué manera se podría llevar a cabo -de la mejor manera para todos, la más barata posible y la más eficaz- este sistema. Como digo, un sistema de préstamo de libros.

También hay una cuestión que no debe dejarse en el tintero, en esta ocasión una cuestión digital, que es algo que urge en España por razones de equidad, de acceso a textos gratuitos, etcétera. ¿En qué consiste? Es el punto 5 -ahora, con la transaccional, el 6 - de la proposición en que se pide promover materiales didácticos digitales gratuitos que se puedan descargar gratuitamente de Internet y que estén además homologados por las administraciones educativas. Esto es el futuro; es el futuro no solamente porque sea digital y porque sea Internet sino porque en muchos centros educativos hay muchos docentes que están deseando poder hacerlo y lo que necesitan es una cobertura legal para que no haya problemas de copyright o de otro tipo y para que el material escolar y el que utilizan los escolares en clase sea de acceso por aquel medio que para ellos en muchos casos es tan o más natural que la pizarra o que la escritura de nuestros tiempos: el mundo digital. Desde luego si de lo que se trata es de preservar algunos intereses económicos del mundo editorial, ya les advierto que en este caso tampoco hay por qué tener ningún temor. Hay sentencias del Tribunal Supremo y también una sentencia muy interesante del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que, a objeciones de este estilo -algunas comunidades autónomas ya han puesto en marcha parcialmente sistemas así-, dejó claro que es un tipo de iniciativa que tiene que ver con la profundización de la universalidad y del acceso gratuito a la enseñanza. No gratuito, puesto que en realidad, como se sabe, en este mundo nada es gratis y todo lo pagamos. Aquí de lo que se trata es de redistribuir costos y hacer una cosa que han promovido unos ciudadanos que nos parecen ejemplares, que no tiene ningún costo para nadie y desde luego invocar razones de tipo competencial para echarlo para atrás sería algo indescriptible.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Defensa de las enmiendas formuladas por los distintos grupos. Grupo Mixto, señor Álvarez Sostres.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a definir mi posición en este importante tema, aparentemente sencillo pero de gran incidencia social, presentado por el Grupo Parlamentario de UPyD, probablemente a resultas de la iniciativa de un grupo muy numeroso de ciudadanos que ha presentado casi 300.000 firmas para que los libros de texto sean gratuitos. A este respecto resultan fundamentales dos consideraciones previas. En primer lugar, el capítulo para libros de texto y material didáctico depende antes que nada, pero no exclusivamente, de la capacidad financiera del Estado. En segundo lugar, es un tema recurrente desde hace más de treinta años, exactamente desde que la legislación educativa contemplada en la Constitución y en leyes como la LODE y la Logse declaró que los alumnos desde los seis a los dieciséis años tenían una enseñanza obligatoria y gratuita. A lo largo de estos años se puso de manifiesto en reiteradas ocasiones por multitud de fuentes profesionales o políticas que había una importante disfunción, que hoy


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continúa, en el sistema escolar: que la enseñanza era gratuita pero los libros de texto y el material didáctico que acompañan a la enseñanza no eran gratuitos. Si tenemos en cuenta estas dos consideraciones centramos inmediatamente el problema.

Estos días pasados el ministro de Educación ha presentado los datos referentes a becas y ayudas al estudio. En su comparecencia en la Comisión de Educación de esta Cámara se empeñó en trasladar contra viento y marea que los guadañazos en educación no solo no habían repercutido en estas ayudas sino que las habían aumentado en 200 millones de euros. Todos los grupos parlamentarios le trasladaron que sobre la base de los presupuestos generales de 2013 eso no era cierto; el tiempo da y quita razones, porque a día de hoy los datos nos dicen que hay 60 millones de euros menos en todas las comunidades autónomas, un auténtica orgía de eliminación de ayudas que afecta a más de medio millón de alumnos. Esto significa que tal situación agrava las repercusiones de la crisis económica precisamente en aquellas familias de renta más baja. Es decir, y en definitiva, la enseñanza no es realmente gratuita. Las comunidades autónomas han adoptado distintas posiciones al respecto con mayor o menor éxito. Foro entiende que la tendencia debe ser hacia la universalización de la ayuda, pero en calidad de préstamo por no ser viable hoy por hoy la cesión total, y dándole todas las atribuciones al Consejo Escolar.

Simultáneamente, en esa atribución propia de la autonomía escolar caben todo tipo de colaboraciones por convenio con ayuntamientos, especialmente los de ámbito rural -es absolutamente significativo-, y también con las asociaciones de padres y madres, que en este campo tienen que jugar un papel realmente decisivo. Al ministerio le correspondería impulsar este programa en forma de cooperación territorial con tres características: primero, universalización de las ayudas en las etapas obligatorias; segundo, el centro escolar como propietario y distribuidor de las ayudas y préstamos, y tercero, reutilización durante un tiempo definido y tasado. Por todo ello hemos presentado al texto del grupo proponente alguna enmienda, que parece ser que ha sido aceptada con forma de transacción. Esperamos que tenga viabilidad esta proposición no de ley.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Álvarez Sostres.

Señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, en esta cuestión que nos traen a debate por medio de la proposición no de ley que presenta el Grupo de UPyD, como en tantas otras, la sociedad está yendo desde hace tiempo por delante de las administraciones públicas, y así en muchísimas comunidades autónomas y en muchísimos territorios de esas distintas comunidades autónomas han sido las propias familias, los propios padres y madres, que son los que están padeciendo en rigor la crisis económica, los que han puesto en marcha precisamente servicios o programas de préstamos de libros de texto que los poderes públicos, las administraciones no les garantizan, aun cuando, como se dijo también en esta tribuna, hace más de treinta años que la Constitución española, en su artículo 27.4, reconoce que la educación básica es obligatoria y gratuita. Pues a pesar de que esto se reconoce y se recoge en la Constitución, resulta que los libros de texto y los materiales que el alumnado necesita para seguir el curso siguen suponiendo una carga cada vez más importante para las familias dentro del Estado español. Justamente en este momento, en este contexto económico, cuando esta debiera ser una iniciativa de las distintas administraciones públicas, vemos cómo de nuevo tiene que ser la sociedad la que por desgracia nos pase de nuevo por delante.

Aun así, quiero llamar la atención sobre todos los recortes que se vienen dando en el ámbito educativo, unos recortes que en Galiza conocemos quizá casi como precursores de todos los demás que están aquí. En Galiza, en la época del Gobierno bipartito del cual el Bloque Nacionalista Galego participó, efectivamente se puso en marcha un sistema de gratuidad de libros de texto que aumentaba el acceso y la igualdad de oportunidades a todas las alumnas y alumnos gallegos; un sistema que funcionó perfectamente durante dos años y que el Partido Popular, con el señor Feijóo a la cabeza y su conselleiro de Educación, suprimió nada más llegar al Gobierno de la Xunta. Pues bien, a pesar de que la situación económica fue empeorando en estos años, no hubo desde el Estado ni desde las administraciones autonómicas gobernadas por el Partido Popular quien respondiese a esta necesidad imperiosa. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Señor Gorriarán, nosotros, como pudo ver por nuestra enmienda, estamos de acuerdo con la filosofía de lo que ustedes proponen; de hecho, ya le digo que en Galiza se puso en marcha con un Gobierno en el que estábamos nosotros. Hay algunas cuestiones de matiz; desde luego, nuestra enmienda trata de


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dejar claro que la competencia es siempre de la comunidad autónoma, exclusiva de la comunidad autónoma, y por lo tanto en la transaccional que ustedes les ofrecen a los grupos nos podría valer que efectivamente sea en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación donde se trate ese tema porque, repito, la competencia es exclusiva de la comunidad autónoma, pero hay una cuestión, señor Gorriarán, en la que no podemos coincidir, me refiero a la transaccional. Nosotros tendríamos dificultades para apoyar tanto la transaccional -termino, señor presidente- como la inicial que ustedes nos proponen. En la enmienda que nosotros les presentamos suprimíamos alguno de los puntos de su proposición no de ley, uno de ellos era precisamente el punto que habla de que el proyecto de ley orgánica para la mejora educativa, la Lomce, incluya precisamente el sistema de préstamo gratuito de libros de texto. Señor Gorriarán, que yo sepa, que nosotros sepamos, tanto ustedes como nosotros, como la mayoría del resto de grupos de la Cámara, presentamos enmienda a la totalidad a la Lomce. Realmente nosotros no somos partidarios de que sea la Lomce ni ninguna ley que cuente con la mayoría de la oposición de esta Cámara la que recoja semejante cosa; es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma, hay que tener voluntad política para aplicarla, en Galicia se hizo y en otras comunidades también, y evidentemente en estos momentos tanto en el Gobierno del Estado como en los Gobiernos de algunas comunidades autónomas tenemos Gobiernos del Partido Popular que simplemente van en la dirección contraria, no tienen voluntad política y, a mayores, recortan becas cada vez más y por lo tanto impiden un acceso igualitario a la educación, acceso que todos y todas debiéramos facilitar. Por lo tanto, señor Gorriarán, salvando esa distancia, porque creo que podemos llegar a un acuerdo, en principio con el fondo del resto de las cuestiones coincidimos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, falsear la verdad, es decir, mentir, es decir, engañar, es grave; en sede parlamentaria, es gravísimo, señorías. Señorías del Grupo de UPyD, no les vamos a mentir, hubiéramos votado favorablemente su iniciativa, si bien hubiéramos tenido también algún matiz al respecto. Pero nos hubiera gustado mucho más que hoy en esta Cámara, a favor de la democracia, a favor de la transparencia, a favor de todos aquellos componentes que debe recoger este Parlamento, se hubieran planteado unas mociones que deberían haberse debatido. Unas mociones...

El señor PRESIDENTE: Señora García Álvarez, sabe usted el camino que está tomando. Le ruego, por favor, que vuelva a la cuestión.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Yo le agradezco, señor presidente, que me llame usted a la cuestión, pero la cuestión en este Parlamento es si hablamos de democracia y transparencia o hablamos de otras cosas que no interesan. ¿De qué hablamos, señor presidente? ¿De qué quiere usted que hable?

El señor PRESIDENTE: Tiene usted que hablar de lo que está en el orden del día; de eso es de lo que debe usted hablar, si no lo hace, la llamo al orden.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señor presidente, yo creo sinceramente que de lo que hay que hablar en este Parlamento es de democracia y de transparencia, incluida precisamente la propia iniciativa que nos trae el Grupo de UPyD. Creo que aquí hubiera sido necesario hablar del comportamiento y de las mentiras que en sede parlamentaria se han dicho.

El señor PRESIDENTE: Señora García Álvarez, la llamo al orden por primera vez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente. Le agradezco su amabilidad, pero sigo insistiendo en que aquí de lo que hay que hablar es precisamente de cuestiones que han sido y han faltado gravísimamente a la integridad de todos los ciudadanos que han depositado su confianza en este Parlamento. Por eso decimos que este Parlamento...

El señor PRESIDENTE: Señora García Álvarez, la llamo al orden por segunda vez. Sabe usted las consecuencias si la llamara por tercera vez.


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La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias de nuevo, señor presidente.

Yo me pregunto, señor presidente, señorías -las señorías que estamos aquí en este momento y en este Hemiciclo-, ¿qué miedo tienen ustedes a hablar de democracia y a hablar de transparencia? (Una señora diputada: ¡Ninguno!). ¿Qué miedo tienen ustedes? Por ahí me contestan que ninguno, pero hoy han demostrado que sí...

El señor PRESIDENTE: Señora García Álvarez, la llamo al orden por tercera vez y le ruego que abandone la tribuna.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Abandono la tribuna. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Ros.

La señora ROS MARTÍNEZ: Señor presidente, quiero denunciar que la mayoría del Partido Popular en la Mesa ha impedido el debate y votación de las mociones sobre las mentiras vertidas por el presidente del Gobierno en sede parlamentaria, un uso antidemocrático que impide...

El señor PRESIDENTE: Señora Ros, sigue usted un camino ya trillado. (Risas). La tengo que llamar al orden por primera vez porque llamarla a la cuestión no creo que condujera a nada.

La señora ROS MARTÍNEZ: La creación de un sistema de préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares es una propuesta oportuna y necesaria, una iniciativa que ha llegado a muchos centros educativos mucho antes que al Congreso. Desde el Grupo Socialista queremos reconocer a profesoras y profesores, estudiantes, madres y padres el trabajo y esfuerzo que llevan a cabo en muchos centros escolares para que ningún alumno se quede sin libros. Todos pensábamos que el curso pasado sería el peor de la historia, pero estábamos equivocados, este lo superará, es el curso de la supervivencia. Por segundo año consecutivo y desde que gobierna el Partido Popular la vuelta al cole resulta imposible de pagar para muchas familias. Padres y madres afrontan como pueden el inicio del curso escolar más difícil en muchos años, con menos presupuesto, menos profesores, menos becas y menos ayudas, perdiendo así los logros de las últimas décadas. Son 5.200 millones de euros menos en el presupuesto del ministerio los que están provocando el deterioro de la igualdad de oportunidades y la pérdida de calidad de la educación pública. Las estadísticas ya ilustran el devastador efecto que están suponiendo los recortes para las familias. La semana pasada el ministro reconoció que más de medio millón de niños han perdido las ayudas de libros de texto porque el Gobierno ha recortado 61 millones de euros, una barbaridad. La sociedad reclama que no se la engañe. Los padres afirman: llevamos tanto tiempo de mentiras y falsedades que ya no nos creemos nada de este Gobierno. En España más de dos millones de desempleados no perciben ninguna prestación, una cifra sin precedentes. Es incomprensible que cuando más necesitan las familias las ayudas del Gobierno, menos se les prestan. Lo decía muy bien el lema de una de las muchas manifestaciones en las Islas Baleares: Tenéis el poder pero no la razón. Porque la falta de ayudas para libros de texto y el alto coste del material escolar, con un escandaloso IVA del 21 %, dibujan un escenario en el que cada vez hay más obstáculos insalvables para un número de familias que no para de crecer.

El Gobierno dirá que la crisis le ha obligado. No; todos los recortes no tienen origen en la crisis, sino en la ideología de este Gobierno. Con el Partido Popular la educación pública se deteriora y se acaba la igualdad de oportunidades. Con el Partido Popular la educación de calidad queda reservada a quien pueda pagarla y la educación es un derecho, no un negocio. Esta propuesta pone de manifiesto que ante sus recortes educativos y la falta de soluciones la sociedad actúa; ya ha dado un paso al frente y la gratuidad de los libros de texto es una realidad en muchos centros escolares de España. Es un ejemplo de optimización de recursos, de hacer más con menos. Mientras debatimos, la comunidad educativa ya se ha puesto manos a la obra: Intentamos suplir con solidaridad lo que no obtenemos de este Gobierno. El derecho a la educación es esencial para el ser humano porque es la base más sólida y eficaz sobre la que construir el futuro. Por eso este Parlamento tiene que garantizar este derecho y no puede ser ajeno a medidas injustas que no garantizan la igualdad de oportunidades.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado enmiendas a esta propuesta para pedir al Gobierno que se comprometa económicamente a que ningún estudiante se quede sin beca y que habilite en los presupuestos de 2014 el nivel de becas que ha recortado. Es irrenunciable. Porque los socialistas, en


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todos los ámbitos en los que tenemos responsabilidades, hemos puesto en funcionamiento ayudas para adquirir libros y material escolar para las familias que no lo puedan pagar. En mi municipio, en Benicàssim, en 2003, con un Gobierno socialista se aplica la gratuidad del material escolar de cero a seis años y de los libros de texto de seis a dieciséis años. El primer día del curso los alumnos reciben su lote de libros. Con la implicación de las administraciones, los centros y la comunidad educativa lo hemos hecho posible. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos decir a la comunidad educativa que nos ponemos a su lado porque este Gobierno sigue sin escuchar y el ministro está acusando a los padres y a las madres de hacer política. ¿Política que molesta al Gobierno? Pues no. Se manifiestan para exigir para sus hijos la educación de calidad a la que tienen derecho, no de caridad como pretende este Gobierno.

Se pueden cambiar las cosas. Otra política es posible y eso es lo que haremos los socialistas porque, cuando volvamos al Gobierno, cambiaremos todas las políticas regresivas que impone el Partido Popular, sobre todo sus recortes en educación, becas y ayudas. Porque en educación ni un paso atrás. Siempre adelante.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ros.

Por el Grupo Parlamentario Popular y para la presentación de su enmienda, tiene la palabra el señor Cabrera.

El señor CABRERA GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición del mismo en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre sistemas de préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares.

Señorías, el notable incremento de la demanda de becas y ayudas públicas para adquirir los libros de texto en la enseñanza obligatoria exige la búsqueda de nuevas soluciones que permitan preservar el derecho a la educación. La propia Defensora del Pueblo en su informe anual ha demandado un mayor esfuerzo para lograr la plena gratuidad de los libros de texto en los niveles obligatorios. En este sentido ha iniciado además una actuación de oficio ante todas las administraciones educativas. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su disposición adicional cuarta establece en el ejercicio de la autonomía pedagógica corresponde a los centros públicos adoptar los libros de texto y demás materiales y que no requerirán la previa autorización de la Administración educativa aunque sí su adaptación al rigor científico adecuado a la edad de los alumnos y al currículo aprobado por la Administración. Esta proposición no de ley contempla cinco apartados referidos a los préstamos de libros de texto y otros materiales curriculares para las distintas etapas educativas en centros mantenidos con fondos públicos, su inclusión en la Lomce, así como regular el periodo de renovación de los mismos. Señorías, como todos sabemos las competencias en materia de educación no universitaria están transferidas a las comunidades autónomas. Es cada comunidad autónoma, en el ámbito de sus competencias, la que determina el tipo de programa de apoyo a la familia para la adquisición de libros de texto en los niveles de enseñanza obligatoria, así como las condiciones económicas para su otorgamiento.

No obstante, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte viene colaborando en este programa con las comunidades autónomas, a excepción del País Vasco por su especial régimen económico. Así ya en el curso escolar 2012-2013, por acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012, se formalizaron los criterios de distribución aprobados además por la Conferencia Sectorial de Educación para la financiación de los libros de texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza. Para el curso escolar 2013-2014 en el caso de las aportaciones del ministerio a las comunidades autónomas el expediente para su aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros se encuentra en este momento en su fase de tramitación, una vez aprobados los criterios de distribución en la pasada reunión de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el 19 de junio. Asimismo, las administraciones educativas están trabajando en un programa de reutilización en régimen de préstamo de libros de texto para los cursos de 3.º a 6.º de primaria y de 1.º a 4.º de la educación secundaria obligatoria, la ESO. Por otra parte, en relación con el desarrollo de materiales didácticos digitales hemos de hacer referencia a que uno de los objetivos de la reforma educativa, que se desarrollará próximamente a través de la Lomce, es el de modernizar el sistema educativo mediante la incorporación de las TIC, tecnología de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza, ampliación, refuerzo y además como recurso de apoyo a las administraciones educativas. Ello permitirá indudablemente avanzar hacia un modelo de material didáctico digital. Las administraciones educativas trabajan con nuevas instrucciones


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para que regulen la permanencia de los libros de texto en los centros escolares y ampliarla hasta los seis años, con el objetivo de fomentar el intercambio y el reciclaje del material escolar, así como el ahorro de las familias. De esta forma los centros docentes podrán articular mecanismos de intercambio de material como los bancos de libros.

Finalmente, tenemos que añadir que de las propuestas recogidas en esta proposición no de ley de la 1 a la 4 no son competencia del Gobierno. La 1 y la 3 acabamos de expresar que son asuntos que están siendo tratados por las administraciones educativas y la 4 no procede porque precisamente se va a hacer en breve unos cambios a través de la Lomce. Desde el Grupo Popular, por ser una competencia además de las comunidades autónomas, como acabamos de exponer y para que pueda ser abordada en el centro de la Conferencia Sectorial de Educación, les proponemos una enmienda transaccional, aunque también hay que decir que en este momento estamos negociando con el grupo proponente la posibilidad de llegar a un acuerdo y consensuar una transaccional más amplia. En cualquier caso proponemos promover un sistema de préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares para educación básica en los centros sostenidos con fondos públicos en el seno de la Conferencia sectorial; promover en colaboración con las AMPA un sistema de préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares administrados por los propios centros escolares para la adecuación básica en los centros sostenidos con fondos públicos en el seno también de dicha conferencia, y a tal efecto se incluirá la promoción de un sistema de préstamo gratuito de libros de texto en el proyecto de ley orgánica para la mejora educativa.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cabrera.

Por el turno de fijación de posiciones tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Vasco, PNV, la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señorías, esta tarde subo al estrado para exponer la posición de mi grupo parlamentario en relación con la proposición no de ley relativa al sistema de préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares.

En el Grupo Parlamentario Vasco y en el Partido Nacionalista Vasco siempre hemos defendido la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Es innegable que en la experiencia de cada uno concurren circunstancias particulares diferentes que pueden incidir muy negativamente en las posibilidades reales de formación para las personas que se encuentren en situaciones más desfavorables. Hoy, inmersos en una profunda crisis económica, las desigualdades van aumentando día a día y las oportunidades van mermando. Es, por ello, responsabilidad de los poderes públicos dar respuesta a las necesidades del momento y del futuro. Nuestro grupo cree en lo que propone Unión Progreso y Democracia y de las experiencias ya existentes en el Estado voy a relatarles la que más de cerca conozco, la de mi país y su Gobierno, Euskadi. El Gobierno del lehendakari Ibarretxe puso en marcha en el año 2006 el programa de gestión solidaria de los libros de texto en los centros de enseñanza públicos de la Comunidad Autónoma vasca. Con este sistema se pretendía realizar una gestión solidaria de los libros de texto y material curricular entre el alumnado de la etapa de educación primaria y del 1.º y 2.º cursos de educación secundaria obligatoria en los centros públicos de Euskadi. Se instauró un sistema de préstamo en el que los libros depositados en el centro se renovarían cada cuatro años y de esta manera también se fomentaba la solidaridad entre el alumnado.

Aquel primer año de experiencia piloto implementada en veinticuatro centros fue muy positivo y en el curso 2007-2008 se adhirieron al programa 323 centros públicos repartidos entre los tres territorios de la Comunidad Autónoma vasca. Se dio cobertura a un total de 16.550 alumnos, con una inversión de 78 euros por alumno, es decir, una inversión total en aquel entonces por parte del Ejecutivo vasco de 1.475.752 euros y una aportación por parte del alumnado de 25 euros/alumno. La experiencia resultó todo un éxito y se desarrolló sin problemas a lo largo de los siguientes cursos. Durante todos estos años este programa ha sido financiado conjuntamente por el departamento de Educación y las familias. En este curso 2013-2014 el Gobierno del lehendakari Urkullu ha continuado con este proyecto en el que en la actualidad participan 63.129 alumnos en primaria y 18.553 alumnos en secundaria. Este proyecto desarrollado en Euskadi a lo largo de los últimos años, aparte de la reducción del impacto económico en el coste que soportan las familias también fomenta otros valores como el respeto al material, la solidaridad, la igualdad, etcétera.

Como ya se he señalado a lo largo de mi intervención, Euskadi ha obtenido unos resultados más que satisfactorios con su iniciativa programa de gestión solidaria de los libros de texto, por tanto, y hasta aquí,


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compartimos el objetivo de la iniciativa de UPyD. O, mejor dicho, UPyD comparte los objetivos marcados por el Gobierno vasco y el grupo que lo sustenta -a nosotros se nos ocurrió antes-, pero en ningún caso podemos aceptar la intromisión del Gobierno español en la competencia exclusiva de la comunidad autónoma que la iniciativa promueve. Además, la pretensión de incluir esta iniciativa en el proyecto de ley orgánica para la calidad educativa, como ya ha señalado la diputada del BNG, herramienta con la que en nuestra opinión el Estado pretende romper con los sistemas educativos existentes recentralizándolos y vaciando de competencias a las comunidades autónomas, deja a la vista la base filosófica que subyace por debajo de esta aparentemente bondadosa propuesta de UPyD. Por tanto, tengo que decirles que nuestro voto va a ser un no, no por ese intento de recentralización de UPyD -veremos el contenido de la transaccional que están negociando; igual cabe la posibilidad de que modifiquemos nuestra posición-, pero también les digo que votaremos con un sí igual de rotundo a las políticas en esta materia lideradas en Euskadi por nuestro Gobierno, y por supuesto a cualquier iniciativa en este sentido formulada desde el respeto al bloque de constitucionalidad que ayude a implementar medidas de apoyo a los escolares y a sus familias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Martínez Gorriarán, señorías, el gasto en libros de texto para las familias que tienen hijos e hijas en edad escolar se ha ido incrementando considerablemente en los últimos años, es verdad. Es una carga económica importante, especialmente para aquellas familias con rentas bajas. Este sistema de préstamo de libros de texto y materiales didácticos pertenece a la autonomía propia de los centros y del proyecto educativo de cada centro. Las comunidades autónomas como administraciones educativas implantaron y continúan implementando líneas de ayudas públicas y becas para ayudar a la adquisición de los mismos. A menudo por iniciativa propia una parte de los centros educativos, tanto públicos como concertados, aplican diferentes proyectos de reutilización de los libros de texto y de material didáctico en estrecha colaboración con las asociaciones de madres y padres de alumnos. El mismo departamento de educación de Catalunya tiene como uno de los principales objetivos impulsar la cohesión social mediante políticas de equidad que garanticen la igualdad de oportunidades a todo el alumnado en el marco de nuestro sistema educativo de calidad. Todas las administraciones educativas tienen que orientar sus políticas hacia un consumo más racional y un uso de los recursos más sostenible desde la perspectiva ecológica y medioambiental.

Desde la vertiente de educación en valores es importante transmitir al alumnado actitudes positivas y valores fundamentales como son la conservación responsable de los libros de texto y del material escolar, la cooperación, la solidaridad y la capacidad de saber compartir los recursos disponibles, tengan o no sistema de préstamo de libros. Estos proyectos construyen también tejido social en los centros educativos y promueven la cooperación entre las familias, el profesorado y el alumnado. Por tanto, nada que decir de los programas cooperativos para el fomento de la reutilización de libros de texto y material didáctico complementario, pero discrepamos en que Unión Progreso y Democracia plantea nuevamente alguna propuesta que busca mejorar nuestro sistema educativo.

Esta propuesta ya se aplica desde hace años, mucho antes de la aparición de la crisis económica, buscando ahorro económico y mejora educativa en su aplicación, aún cuando según UPyD el sistema de libros de texto y materiales está pensado para tiempos de bonanza económica. Desde Convergència i Unió manifestamos nuestra oposición a esa idea; nunca más lejos de relacionar la adquisición de más o menos materiales, que cada proyecto educativo escoge, a la economía global de la sociedad. Sin duda una nueva versión del modelo educativo al que UPyD nos va acostumbrando, cuando habla de los comedores escolares, cuando habla del nivel educativo, cuando se niega a modificar leyes para distribuir de forma más justa los recursos de las administraciones educativas, y así en muchos aspectos.

No compartimos su visión catastrófica del sistema educativo y sí compartimos la voluntad de racionalizar los gastos de las administraciones públicas, pero siempre apoyando a los más necesitados. Son ustedes los que aquí quieren implementar -invadiendo la autonomía de los centros y de los consejos escolares- un procedimiento que muchos centros escolares escogieron por convicción y que tal vez ahora alguna comunidad educativa se plantee implementar por necesidad. No creemos que este sistema pueda suplir las ayudas de las administraciones ni deba en este momento generalizarse su implementación,


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y más cuando son las administraciones educativas las competentes en esta materia. Un nuevo intento de eliminar competencias a las comunidades autónomas o de no respetar el marco competencial. Plantea también el abandono de la totalidad de los manuales fungibles cuando sabemos que en algunas etapas educativas iniciales son un instrumento básico para el proceso de aprendizaje. Para Convergència i Unió este modelo no puede imponerse, está implementado y las experiencias ayudan a mejorar el sistema y a difundir sus objetivos y bondades en todos los aspectos. En cuanto al periodo mínimo de tiempo para proceder a la sustitución por otros, queda en el ámbito competencial de las comunidades autónomas. Señor Gorriarán, suponemos que no es así, pero la oportunidad de la proposición no de ley podría llevarnos a pensar que intenta justificar los datos que el ministro Wert presentó, datos y cifras del curso escolar 2013-2014, con una gran reducción de las becas para libros de texto y material escolar, pasando de 975.000 a 400.000 en los dos últimos años. Convergència i Unió quiere denunciar esa reducción de la partida de becas del Estado destinada a libros de texto y materiales que concretamente en Catalunya ha supuesto una reducción de más del 80 % del total de la partida y que no denuncia UPyD.

Esperaremos a ver si aceptan algunas enmiendas y hacen esa transaccional para definir nuestra posición, pero de no modificarse sustancialmente, será negativa, por invasión competencial, porque va contra la autonomía de centros, porque no aporta argumentos para aumentar las partidas de becas para distribuirlas territorialmente y porque no muestra la realidad presupuestaria del Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.

Aunque se ha insinuado durante el debate, le pregunto, señor Martínez Gorriarán, acerca de las enmiendas.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Estamos tratando de sacar adelante una enmienda transaccional, aunque no tiene muy buena pinta, y dentro de poco se lo comunicaremos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO DE GERNIKA EN MATERIA DE SEGURIDAD. (Número de expediente 162/000172).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre el cumplimiento del Estatuto de Gernika en materia de seguridad. Para su defensa, tiene la palabra el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.

Venimos a reivindicar el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Gernika treinta y cuatro años después, y en concreto su artículo número 17, un artículo en el que se deja muy claro el régimen de la Policía autónoma y las funciones que esta y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben desarrollar en la comunidad autónoma. En este sentido, la Ertzaintza se configura desde el principio como una policía integral; no es una policía auxiliar ni solo se dedica a determinadas especificidades, sino que es una policía integral, de manera que la generalidad de las funciones policiales en el País Vasco -la prevención del delito, la investigación del delito organizado, también el delito ordinario- han sido asumidas a través de la atribución competencial de ese artículo 17 como propias, lo cual no excluye la existencia de cuerpos de Policía local ni la presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para las funciones que estatutariamente estas últimas tienen reservadas.

Venimos a reivindicar el cumplimiento del artículo 17 del Estatuto de Autonomía basándonos en dos principios: uno, el de legalidad, que ya he mencionado, pero otro es el de eficacia. Este principio, como ustedes saben muy bien, y la mayoría que apoya al Gobierno, debe presidir siempre la relación entre administraciones. Esto no me lo podrá negar el Partido Popular; están ustedes continuamente, a través de sus altavoces mediáticos en sus declaraciones y en las iniciativas que están presentando aquí en forma de proyecto de ley, etcétera, hablando de eficiencia, eficacia, sostenibilidad, ninguna duplicidad, etcétera. Fíjense en el proyecto de ley de Administración local que tenemos para debatir se dice -leo literalmente-: el objeto es evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia en los servicios públicos y al servicio de la ciudadanía, y en general contribuir a los procesos de racionalización administrativa generando un ahorro neto en recursos. Y siguen hablando artículo tras artículo de controlar los costes efectivos, los gastos de las administraciones públicas.


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Pues bien, un examen del número de efectivos de fuerzas policiales en el País Vasco y de las ratios que representan rápidamente nos llevará a concluir que hay un número excesivo de fuerzas y cuerpos de seguridad en la comunidad autónoma. El Estado tiene, según los últimos datos, 4.580 efectivos entre Policía y Guardia Civil. La Ertzaintza tiene un poco menos de 8.000. Por una regla de tres del gasto entre unas policías y otras, uno puede entender que aproximadamente el gasto anual que vienen a suponer esos efectivos en el País Vasco es de unos 350 millones de euros para funciones extra y supracomunitarias, como dice claramente el Estatuto: vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y exclusión, emigración e inmigración, pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, fraude fiscal al Estado. Para esto más de 4.500, cerca de 4.600 efectivos. Esto provoca una ratio de más de 5 policías por 1.000 habitantes en un territorio pequeño como la comunidad autónoma, una ratio muy por encima de la media europea, insisto, para funciones extra y supracomunitarias. Vamos a ver luego qué es lo que provoca todo esto.

Llegados a este punto, todos se habrán preguntado lo siguiente. Aparte de la Ley de Administraciones Públicas, que tiene que ver pero que puede ser también algo puntual o colateral, tenemos todo un informe de la CORA al que se va haciendo un seguimiento por parte de la Presidencia del Gobierno y se anuncian a bombo y platillo los ahorros que se van haciendo en las administraciones. Supondrán que el informe de la Cora tiene que hablar de esto, del exceso de presencia policial en el País Vasco y de la readecuación, cumpliendo así con la legalidad. Pues no, de eso nada. Los pocos puntos que vienen sobre el Ministerio del Interior son unas pequeñas referencias a tráfico, sobre todo en el caso de Cataluña, un poco sobre procesos electorales y protección civil, pero nada de nada del gran meollo de la cuestión, ni de disfuncionalidad ni de duplicidad en el gasto, que es a lo que me estoy refiriendo.

Mientras tanto, ¿qué es lo que está suponiendo que haya tantos efectivos? Por una parte, resulta que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están abriendo nuevas oficinas. ¿De qué? Para atención a las víctimas de tráfico nada menos, inflando de esta manera innecesariamente chiringuitos cuando las competencias en tráfico son en exclusividad de la comunidad autónoma y de la Ertzaintza. Están entrando en materias como violencia doméstica, donde claramente las competencias son de la Ertzaintza, y en delitos comunes con la excusa de que quizá vaya a saber usted si el detenido tiene conexión con algún otro grupo que actúa en otra comunidad autónoma. Y de esta manera y con la complicidad de algunos jueces quitar del ámbito de competencia de la Ertzaintza asuntos concretos. ¿Y a qué se dedican? Como también hay mucho efectivo y poca cosa que hacer, pues a controles, nada más y nada menos que cuatro mil controles en 2012. Me gustaría que comparáramos las ratios con las de cualquier otra comunidad autónoma. Muchos controles. Es más, la sensación que tenemos los ciudadanos es que este año incluso han aumentado, con el coste que supone todo esto, muchas veces para parar autobuses que pueden ir, por ejemplo, de San Sebastián a Vitoria llenos de estudiantes a la universidad o de trabajadores, parándoles, haciéndoles abrir las maletas, etcétera. Una sensación extraña, de control excesivo en un momento en el que afortunadamente de una vez la violencia de ETA ha desparecido.

No quiero entrar en las disfunciones de falta de información que existen, de no permitir a la Ertzaintza el acceso a bases de datos, no comunicar determinados movimientos o determinados seguimientos que estén haciendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La verdad es que arreglar todo esto no debería ser tan difícil, primero está ese artículo 17 que ya he mencionado, pero es que además hay una serie de acuerdos que se realizaron en la Junta de Seguridad y que deberían aclarar todo esto y llevar al cumplimiento del Estatuto de Autonomía. Un acuerdo de 1989 de carácter general y otro específico sobre investigación criminal y Policía Judicial en el año 1995, interpretando el mandato estatutario en cuanto a las funciones atribuidas a la Ertzaintza y las reservadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En la actualidad puede decirse que el conjunto de aquellas normas básicas que he mencionado antes y estos acuerdos arrojan un resultado suficientemente completo para ser traducido en términos de dotaciones, teniendo en cuenta ratios comparados de asignación de efectivos a servicios. Lo que en modo alguno resulta justificable es la permanencia a día de hoy de casi 5.000 mil efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional; las ratios exceden y el principio de eficacia debe presidir entre todos las relaciones entre las administraciones públicas. Por eso vemos lógica la petición que hacemos: que se reúna la Junta de Seguridad y que se proceda a una reducción de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acorde con el mandato del ordenamiento jurídico y un principio de eficacia y de gasto. En ese sentido, no entendemos por qué la cerrazón al diálogo del Ministerio del Interior, no ya en este sino en otros temas también; que el ministro se refugie una y otra vez en un no veo conveniente reunirme en estos


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momentos con la consejera de seguridad de Euskadi no tiene, en absoluto, ningún sentido. Claro que es conveniente, cómo no va a haber un diálogo entre esos dos responsables políticos. Por supuesto que es conveniente que se reúnan, y basta de excusas.

Termino, señor presidente, la adecuación de las fuerzas de orden público en Euskadi, después ya de dos años del cese de la violencia de ETA y la confirmación de que esa violencia ha desaparecido, debe ser abordada -ya no hay excusas- de manera inmediata, a fin de que responda tanto en la organización como en sus efectivos al alcance de las funciones reservadas según ratios razonables y comparables sin perjuicio de la necesaria planificación que su aplicación efectiva requiera, dadas las rigideces de la aplicación del régimen estatutario de los funcionarios públicos, en su caso. La Junta de Seguridad debe establecer los criterios de tal adecuación y conocer su desarrollo, todo ello, y esto no lo negamos, sin perjuicio de la debida coordinación y colaboración entre todos los cuerpos policiales. Desde luego, el que sufre más la falta de coordinación y de información es la Ertzaintza. Ese es el objetivo de nuestra proposición no de ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, vamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, dice la proposición que la importante presencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el País Vasco ha estado justificada por la necesidad de combatir el terrorismo, y también que eso supone el incumplimiento de un acuerdo sobre seguridad contenido en el Estatuto de Gernika. -Bendito incumplimiento, habría que decir-. Dice además que ya no se justificaría su presencia porque ETA ha declarado su voluntad de finalizar su actividad terrorista, eso nos lo dice con un grado de confirmación y certeza importante el 7 de febrero de 2012. En fin, que santa Lucía les conserve la vista, queridos colegas. En ocasiones escucho hablar de mi comunidad, de Navarra, cuando alguien apela a Euskadi o a Euskal Herria -en esto tendrían ustedes que aclararse-; permítanme, aunque solo sea con carácter aclaratorio y preventivo como navarro, varias reflexiones sugerentes sobre su proposición. Primera, ETA no declara su voluntad de finalizar su actividad terrorista por gusto, obviamente, sino, sobre todo, por el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, la tenacidad y la heroicidad de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Así que lo primero, señorías, debería ser el agradecimiento a su labor. Segunda, quien se ha creído con el derecho de disponer de la vida de todos nosotros durante más de cincuenta años, difícilmente cambia de actitud si no tiene enfrente quién le muestre lo equivocado que está, en caso de no hacerlo. Es más, conviene desconfiar de esa voluntad inequívoca de quien hoy se ha hecho dueño y señor de muchos espacios sociales y políticos para cuya gestión el asesinato resulta ahora menos útil. No es que renuncie, lo que ocurre es que ETA tiene tal apoyo social en algunos lugares que ha conseguido que algunos, muchos o bastantes resulten cómplices de sus delirios totalitarios, provocando así la expulsión de todos los que no aceptan su dictadura totalitaria. Fíjense si es sutil el cambio político de escenario. Tercero, ojalá pudiéramos emitir el certificado de defunción de toda la actividad delincuencial de ETA, como ustedes plantean. ¿Pero qué me dicen de las labores de captación, de adoctrinamiento de niños, la coacción en los pequeños pueblos al que no piensa igual, del incumplimiento sistemático de la ley donde gobiernan sus hijuelas políticas, del nacionalismo obligatorio, del trabajo por imponer sus mentiras históricas, del control social a través de todo tipo de movimientos sociales o del control de medios de comunicación? Que no veamos la serpiente, señorías, o que adopte la forma que a algunos les pudiera interesar en modo alguno significa que no siga poniendo más huevos que antes. Cuarto, creo sencillamente que se equivocan con esta moción porque para lo único que va a servir es para que ahora, cuando salgan los representantes de Amaiur, les digan a ustedes que son unos maricomplejines por no pedir explícitamente, no ya la reducción, sino la expulsión, que se vayan directamente. Y quinto y último, la semana pasada en la Comisión de Interior todos los grupos pedían medidas para perseguir a los fascistas de todas las ideologías. Que los grupos de fanáticos tengan una actividad reducida o que no tengan hoy, como en el caso de ETA, la actividad que tuvieron, no significa que no sean peligrosos, entre otras cosas porque la violencia y el odio son expresiones que son difíciles de erradicar y que, además, se educan. El terrorista o el fascista no nace, se hace. Y es ahí, señorías, donde debemos trabajar y hacerlo de la mano de los expertos, de los que tanto han dado y tanta seguridad y libertad garantizan allí en donde por nuestra dejación o indiferencia


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o falta de coraje cívico gobiernan los hijos políticos de ETA, ensombreciendo el futuro de unos compatriotas nuestros que no se merecen ni que se vayan ni que los dejemos a merced de la serpiente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

Señor Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Presidente, señorías, time for peace, time to go home; tiempo para la paz, tiempo para que se vayan a casa. Esta demanda fue una aportación a la paz y a la normalidad en Irlanda del Norte y hoy también aquí la hacemos nuestra. Desde Amaiur apoyamos esta proposición en base a tres razones. La primera de ellas, por un aspecto de mero cumplimiento de la legalidad. Recordemos a los adalides del Estado de derecho que el Estatuto de Gernika es parte del bloque constitucional y, tras treinta y cuatro años, siguen incumplidos su artículo 17 y otros tantos. En el mismo orden, los diferentes acuerdos entre Gasteiz y Madrid sobre la sustitución progresiva de las policías españolas en Euskal Herria siguen pendientes. Incluso recordemos que el pasado curso el Parlamento vasco ha solicitado el repliegue policial, pero hasta ahora en Madrid se han hecho oídos sordos, tanto a la legalidad como a las demandas de la ciudadanía vasca. En segundo lugar, en este momento en el que el Gobierno ha presentado su plan para eliminar las duplicidades en la Administración, casualmente, entre sus medidas olvidan una, olvidan la duplicidad que supone la existencia de más de cuatro mil policías en la Comunidad Autónoma Vasca y más de dos mil policías en la Comunidad Foral de Navarra para hacer labores que ya realizan la Ertzaintza y la Policía Foral. El Gobierno derrocha más de 600 millones de euros anualmente con la innecesaria y atosigante presencia policial en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra. Más de 5.000 controles policiales, checkpoints en nuestras carreteras que no han servido absolutamente para nada. ¿No tiene el Gobierno ningún destino mejor para este dinero?

Por último, señorías, como ya se ha recordado, hace dos años que la violencia de ETA, por fortuna, ha desaparecido para siempre. Y ese era precisamente el argumento que el Gobierno sostenía para justificar la presencia de esas policías foráneas en el País Vasco. Es cierto -y también hay que recordar- que estos cuerpos policiales han sido víctimas en demasiadas ocasiones de la violencia de ETA, pero también es cierto que, como calificaba el ministro la semana pasada, ha habido demasiados desbordamientos de la legalidad, han sido habituales. Desbordamientos de bañeras y de cal viva; tortura sistemática denunciada por el Consejo de Europa y por el relator de la ONU; tramas verdes y azules en los GAL, el Batallón Vasco Español y otros. Tras decir esto, vuelvo a recordar nuestro compromiso cien por cien, de verdad, reconocimiento y compensación para todas las víctimas de la violencia, de todas las violencias.

Señorías, en este tiempo de paz lo mejor para la ciudadanía vasca, también lo mejor para esos policías españoles y sobre todo para la normalización y la convivencia es, como decía el señor Salvador, que se vayan. En definitiva, por legalidad, por exigirlo la sociedad vasca, por ser un ahorro pero sobre todo porque estamos en tiempos para la paz time for peace, time to go home.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iñarritu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Señor Esteban, va a ser que no; va a ser que no la posición del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia en relación con la iniciativa que hoy nos somete a consideración y a votación. Va a ser que no por dos cuestiones fundamentales; una parecería de forma pero es importante. Empiezo por negarle la mayor. No es verdad que no se cumpla el Estatuto de Autonomía de Gernika en esta materia -el artículo 17 por usted invocado-; no es verdad que no se cumpla la Constitución -el artículo 126 en esta materia- y no es verdad que no se cumpla la Ley Orgánica 2/1986. Por tanto, esa apelación al cumplimiento de la legalidad, que no está en la parte dispositiva de su iniciativa pero que usted ha hecho en esta tribuna, se la niego rotunda y completamente. Primera cuestión, pues, en relación con su iniciativa.

Segunda cuestión. Ha dicho usted en esta tribuna también que en el País Vasco hay un número excesivo de guardias civiles y de policías nacionales; un número excesivo y que su permanencia esta injustificada. También le niego las dos cuestiones: no sobra ni uno, ni un guardia civil ni un policía nacional. Y su permanencia está plenamente justificada en términos legales, como le dije antes, y en términos


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políticos, como le digo ahora. Porque, vamos a ver, ¿aquí de qué estamos hablando? ¿Cuál es la cuestión que usted nos ha planteado hoy? La repetición de un debate que ya se produjo en el Parlamento vasco en el mes de junio a partir de una iniciativa de Bildu a la que ustedes enmendaron y con los que acordaron una proposición no de ley muy similar a esta que hoy nos han sometido a consideración. Y que recibió los votos del Partido Nacionalista Vasco y de Bildu precisamente para eso, para lo que aquí se acaba de decir con toda claridad por parte de quien ha utilizado el uso de la palabra antes que esta portavoz: para que se vayan. Y se nos ha dicho que es hora de que se vayan a casa. ¿A casa? ¿A qué casa? ¿Acaso el País Vasco no es su casa? ¿La casa de los guardias civiles y de los policías que están allí haciendo que se respeten los derechos de todos los ciudadanos y protegiendo las libertades de todos los ciudadanos, de los suyos también? ¿No es su casa aquello? Claro que es su casa. ¿A dónde se van a ir? Es su casa, no tienen que irse a ningún otro sitio. Por cierto, ¿cuántos guardias civiles y cuántos policías nacionales quisieran sus familias que volvieran a casa por la noche, a su casa en el País Vasco por la noche, a su casa del País Vasco donde vivían y donde fueron asesinados por ETA para proteger nuestra libertad, la libertad de todos, de todos los vascos, nacionalistas y no nacionalistas, de todos los que no éramos cómplices de los terroristas, y del conjunto de los españoles, asesinados por ETA para proteger las libertades, porque protegían las libertades y la democracia? ¿Querrían irse a su casa, a dormir a su casa, con su familia los 230 miembros de la Guardia Civil asesinados por ETA? ¿Querrían irse a su casa a dormir con su familia cada noche los 183 miembros de la Policía Nacional asesinados por ETA? ¿Querrían irse a su casa por las noches a dormir con su familia los 103 militares, 15 ertzainas, 30 policías municipales asesinados por ETA en el País Vasco? Todos ellos querrían irse a su casa sin salir del País Vasco por las noches a cenar con sus hijos, con su familia, con sus padres, a su casa, que está allí. Señor Esteban, insisto, no sobra ni un guardia civil, ni un policía nacional en el País Vasco, está justificada su presencia en el País Vasco, justificada política y justificada legalmente también; no sobra ni uno allí.

Déjeme que le diga más cosas. Usted ha relacionado la necesidad de que se vayan con la desaparición de ETA, ha dicho usted. Yo le quiero preguntar, señor Esteban -usted no me va a contestar aquí pero usted sabe bien lo que le digo-, cuando hay una inundación o una catástrofe, ¿a quién llaman los ciudadanos y las propias instituciones? ¿A quién llaman, además de a la Ertzaintza y a Policía municipal? A la Guardia Civil, a la Policía Nacional, al ejército, si hace falta. ¿A quién llaman, quién va a sacarles de una sima cuando desaparecen, o en un accidente en el monte cuando sale cualquier ciudadano del País Vasco? ¿Quién va? La Guardia Civil, la Policía Nacional, también la Ertzaintza. No me diga usted que allí sobra alguien. Creo que tienen ustedes que cambiar de chip; que cambiar de chip, sí. Permítame que le haga esta recomendación coloquial y amistosamente. La Guardia Civil, la Policía Nacional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han dado su vida por nosotros, por ustedes también, se la han arrebatado los que verdaderamente sobran en el País Vasco. Tenemos que evolucionar en relación con la Guardia Civil y con la Policía Nacional, como han evolucionado ellos, y tenemos que evolucionar mirando nuestra propia historia, nuestra propia historia democrática.

Yo tengo dos recuerdos visuales de la Guardia Civil, uno de cuando era niña. Mi primer recuerdo visual, mi primera imagen de la Guardia Civil de cuando era niña era de la pareja de la Guardia Civil que iba a casa a coger a mi padre y a llevarle a lo que se llamaba el cuartelillo en los años sesenta; es mi primera imagen. Mi segunda imagen es de adulta, tiene que ver con la democracia; mi segunda imagen de la Guardia Civil es a veces simplemente de un tricornio encima de un féretro, a veces de la Guardia Civil -casi siempre- protegiendo nuestras libertades allá, en el País Vasco, siendo nuestros escudos. Evolucionen con esa democracia y con esa imagen e insisto, no sobra nadie, los únicos que sobran son los que les han asesinado y los que siguen protegiendo a los que les han asesinado.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.

Subo a esta tribuna a hablar de incumplimientos legales, de incumplimientos de las leyes; no son uno ni dos, son muchos los incumplimientos que hacen que el sistema democrático, que la Constitución de 1978 esté en entredicho, que el sistema de partidos, que el sistema de autonomías esté en entredicho. El Grupo Parlamentario Vasco ha traído aquí un incumplimiento flagrante de una ley orgánica, del Estatuto de Gernika. Desde mi grupo parlamentario compartimos que las leyes están para cumplirlas, pero parece que el fantasma de uno de los miembros del último Gobierno de Alfonso XIII, el señor Romanones, sigue


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por estos pasillos para asentar de forma permanente que el espíritu de la restauración borbónica sigue incólume en estas paredes: Hagan ustedes leyes que yo haré los reglamentos. Y se siguen incumpliendo las leyes, se incumplen leyes orgánicas, se incumple el Reglamento del Congreso de los Diputados. Mis compañeros de grupo esta tarde han expresado su más profundo rechazo al incumplimiento del Reglamento del Congreso de los Diputados que, a nuestro entender, ha realizado la mayoría de esta Cámara, la mayoría...

El señor PRESIDENTE: Señor Sixto, ha tenido un buen comienzo pero vuelve usted a lo que ya estábamos tratando. O sea, le llamo al orden por primera vez.

El señor SIXTO IGLESIAS: Señor presidente, voy por el camino que tenía que ir, no puedo ir por otro camino. Y con todo el respeto, le digo que entiendo no haber faltado al decoro de la Cámara para que se me llame al orden, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Lo he hecho porque, en efecto, se ha apartado usted de la cuestión. Me he saltado el llamamiento a la cuestión precisamente porque lo que usted dice es un camino que ya han seguido sus compañeros, pero en fin, le vuelvo a decir que le llamo al orden una primera vez pero es por apartarse de la cuestión. Si volviera usted a la cuestión que estamos debatiendo, no tendría mayor importancia; si se sigue evadiendo de la cuestión, tendré que llamarle por segunda vez.

El señor SIXTO IGLESIAS: Entonces entiendo que es por el artículo 102 del Reglamento, que esta vez sí se cumple llamándome a la cuestión. No obstante, recuerdo al presidente que en esta misma tribuna en esta misma legislatura, no recuerdo si en el segundo o el tercer Pleno de esta legislatura, una diputada del Grupo de UPyD hizo toda una intervención que no tenía nada que ver con el tema en cuestión y, sin embargo, por la Presidencia en aquel momento, por usted mismo, se le permitió esa digresión. Lamentamos que no continúe esa política y que por lo tanto la costumbre de la Cámara, la costumbre de la casa, incluso la costumbre de la legislatura cambie en este momento, pero como no puedo hacer cosa diferente de lo que han hecho mis compañeros y me tengo que someter al mismo sacrificio ritual, paso a leer la moción que ha sido rechazada por la mayoría de esta Cámara de forma...

El señor PRESIDENTE: Entonces, señor Sixto, le tengo que llamar al orden por segunda vez.

El señor SIXTO IGLESIAS: Como no puede ser de otra forma, procedo. El Congreso de los Diputados manifiesta su rechazo al comportamiento del presidente del Gobierno durante su comparecencia...

El señor PRESIDENTE: Le llamo al orden por tercera vez. Tiene usted que abandonar la tribuna.

El señor SIXTO IGLESIAS: Lo lamento, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sixto.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.

Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) manifiesto nuestro apoyo a la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Vasco hoy en esta sesión plenaria. La distribución de efectivos policiales en territorios como el País Vasco, como Cataluña, que tienen sus propias policías, sus cuerpos policiales -la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra-, cuerpos que son policía integral, que han asumido no únicamente las funciones de tráfico, de vigilancia, sino de seguridad, esa función de seguridad que tienen asumida como policía integral nos lleva a la necesidad de promover un repliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando las funciones iniciales que tenían encomendadas han sido ya asumidas en los respectivos territorios con policías propias y de acuerdo con los estatutos por esas policías, por la Ertzaintza, por los Mossos d'Esquadra.

Es cierto, y el Grupo Vasco lo expone en la proposición no de ley que hoy defiende, que todo lo que venía por la propia lucha antiterrorista con la presencia de ETA ha cambiado, por suerte. Al ser esa realidad tan distinta ahora, se justifica desde Convergència i Unió lo que el texto concreto del Grupo Vasco nos pide: que con la confirmación de la desaparición de la violencia de ETA en Euskadi se cumplimente el ordenamiento jurídico, que son los estatutos, las leyes que fijan el marco competencial en materia de


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seguridad y que, por tanto, se acuerde lo que debe ser esa reducción de efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en el País Vasco.

Para terminar ya, señor presidente, además de compartirlo, lo extrapolamos también a la realidad en Cataluña, donde ese proceso de despliegue de las competencias de los Mossos d´Esquadra y de repliegue de las fuerzas de seguridad del Estado debería comportar que no sigan aumentando las plantillas de Guardia Civil y de Policía en lo relativo a fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña, como en estos momentos está sucediendo. No tiene ya mucho sentido porque son los Mossos d´Esquadra esa policía integral, esa policía que ha asumido las funciones de seguridad. Así lo ha expresado don Ramón Espadaler, conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya, que públicamente se ha manifestado también en el sentido de no alentar un crecimiento de esos efectivos policiales estatales en Cataluña cuando se está produciendo ya ese pleno despliegue, ese pleno desarrollo de la policía, en este caso de la comunidad autónoma, de los Mossos d´Esquadra. Por tanto, entendemos plenamente la propuesta que hoy defiende el Grupo Vasco y desde Convergència i Unió le damos nuestro pleno apoyo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Trevín.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Permítanme empezar remedando a Celia Cruz. Ustedes, señores del Partido Popular, abusaron, sacaron provecho de su mayoría, abusaron y no nos queda consuelo. Hemos aprendido que en el Congreso, hablando de Bárcenas y papeles, el presidente abusó de la mentira.

El señor PRESIDENTE: Señor Trevín, le recuerdo lo que vamos haciendo durante toda la tarde y le llamo al orden por primera vez.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, presidente.

Ustedes, de nuestro derecho de control y del de IU se burlaron, y por eso lo denunciamos. Y de la samba de Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso de la Santísima Trinidad, conocida como Celia Cruz, a la proposición no de ley del Partido Nacionalista Vasco, que merece todo nuestro respeto. ¿Qué plantea esta PNL? Plantea que quede encomendada la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público exclusivamente a la Ertzaintza. Se reivindica, por tanto, en dicha materia un carácter de policía integral para la Ertzaintza, y por tanto, también excluyente para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero es necesario aceptar algunas precisiones que afectan al modelo policial que diseña la ley para comprender mejor por qué se asignan ciertas competencias al Estado mientras que otras se otorgan a los demás entes públicos territoriales. No podemos ignorar en ningún caso que la Constitución atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno de España, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Además, hay que mencionar que entre todas las funciones de carácter extracomunitario o supracomunitario, según la expresión usada en los estatutos de autonomía para el País Vasco y para Cataluña, está nada menos que la competencia en materia de armas y explosivos, que la propia Constitución ha reservado al Estado de modo expreso, así como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas, fronteras, aduanas, control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición, emigración e inmigración, pasaporte y documento nacional de identidad, resguardo fiscal del Estado, contrabando, fraude fiscal al Estado y colaboración y auxilio a policías extranjeras.

En resumidas cuentas, señor Esteban, que en la situación actual consideramos adecuadas las plantillas que tienen destinadas tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil en el País Vasco, y creemos además que desarrollan eficazmente su labor. Como adecuada creemos la plantilla actual de la Ertzaintza para las competencias que hoy tiene atribuidas, y también tengo que reconocer que creemos que desarrolla con gran eficacia su labor. Es más, siempre hemos creído que la misión de unos y otros cuerpos policiales ha mejorado cuanto más se han coordinado. Las juntas de seguridad que al respecto se desarrollan lo demuestran y por ello seguimos apostando por la colaboración de las fuerzas de seguridad del Estado y la Ertzaintza no para conseguir una policía integral, sino la seguridad integral de la ciudadanía: la vasca, la española y la europea. Porque, fíjense, lo que nos piden los ciudadanos es fundamentalmente esa idea de seguridad integral y las juntas de seguridad que se desarrollan en Euskadi,


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en las que participan tanto unas fuerzas policiales como otras, son las que realmente garantizan esa seguridad integral. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

Además, señor Esteban, sin ninguna acritud -y usted sabe que es verdad que es sin ninguna acritud-, el subconsciente nos juega malas pasadas en ocasiones. Mire, ¿cuál es la razón más importante, a juicio de su proposición no de ley, para la petición que hoy nos hacen de reducción de efectivos de Guardia Civil y Policía? Leo textualmente: La confirmación de la desaparición de la violencia de ETA. ¿Quiere decir esto que ha desaparecido la diferencia excepcional que explica en buena parte los efectivos que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía tienen hoy en el País Vasco? Ustedes mismos nos explican que todavía no. Miren, leo textualmente la exposición de motivos: Se avecina un nuevo tiempo lejos de las situaciones de excepcionalidad que desafortunadamente se han tenido que vivir en Euskadi; un nuevo tiempo sin la lacra del terrorismo ni la violencia callejera. Esperemos que llegue definitivamente ese tiempo nuevo. (El señor Esteban Bravo: Dé la fecha). Esperemos que llegue ese tiempo nuevo de desarme y disolución para definir, si es preciso, el número necesario de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la propia Policía autonómica. Mientras tanto, creemos que no está justificada la petición que ustedes realizan hoy aquí, aun cuando tampoco creemos que sea razonable que el ministro del Interior viaje al País Vasco y abra confrontaciones gratuitas con declaraciones, a nuestro juicio, altisonantes. Esa discrepancia puntual no es motivo suficiente, sin embargo, para que el Grupo Parlamentario Socialista hoy coincida con la posición de fondo mantenida por el Gobierno de España respecto a la necesidad de que los actuales efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sigan realizando sus funciones en el ámbito de sus competencias, también en Euskadi, y votaremos por tanto no a su propuesta.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Trevín.

Señor Escobar, Grupo Parlamentario Popular.

El señor ESCOBAR LAS HERAS: Muchas gracias, señor presidente.

Para que quede claro desde el principio de la intervención: es indispensable, es oportuna y es tranquilizadora la presencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el territorio vasco, en el País Vasco, y en toda España. Por lo menos ese es nuestro punto de vista, que quede claro. (Aplausos). Dicho en negativo, señor Esteban, nuestro grupo rechaza rotundamente el texto y la argumentación que ha acompañado su exposición. Ante esta proposición no de ley desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos que reconocer, en primer lugar, la excelente labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, su compromiso en la defensa de los derechos y de las libertades de todos los españoles, de todos los vascos, de todo el mundo. Y no seríamos justos si no echáramos la vista atrás, porque tenemos vivo el recuerdo. Y hablando de ratios, señor Esteban, a mí me preocupan los ratios de 230 miembros de la Guardia Civil asesinados por ETA, a mí me preocupa el ratio de 183 miembros de la Policía Nacional asesinados por ETA, o los 15 ertzainas también asesinados por la banda terrorista. Ese es el ratio que tenemos que tener siempre presente. Y en este sentido hago mías las palabras de la diputada popular en el Parlamento vasco, Nerea Llanos, que recientemente señalaba que una paz basada en la indignidad del olvido no es paz sino decadencia.

Señorías, quien trabaja por la paz, por el interés general, quien combate el terror y su dictadura no sobra. En el País Vasco no sobra ni un policía nacional ni un guardia civil porque nos ayudan, nos protegen a todos, sin distinción de ningún tipo. Quienes sobran son los terroristas; quienes sobran son los violentos, sus colaboradores, sus cómplices y quienes les justifican. Todos esos son quienes sobran porque para mí, para el Grupo Popular, un cuartel o una comisaría en Arnedo, por poner un ejemplo, en Llanes, señor Trevín, en Intxaurrondo o en Madrid es sinónimo de tranquilidad, de respeto, de alerta, de sacrificio; así, señorías, se protege nuestra democracia. Luego no podemos decir sino que se queden. Señor de Amaiur, se lo digo en castellano, en román paladino: no sobra nadie, que se queden, porque el País Vasco como el resto de España es el hogar también de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. ¡Mejor sería! (Aplausos).

Existen además otras razones que voy a sintetizar brevemente; existen razones de índole operativa, de seguridad. El fundamento que acompaña su proposición no de ley es falso. Desde un punto de vista del plan operativo ETA sigue siendo una amenaza, mantiene su estructura, mantiene el armamento, no se ha disuelto. Es precisamente la tenacidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la que nos ha llevado a esta situación, en la que no podemos bajar la guardia y hay que mantener las alertas.


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Precisamente el 11 de junio se desarticuló un comando etarra por la perseverancia, por la especialización y por la profesionalización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Señor Esteban, tenemos la amenaza yihadista, que es una amenaza mundial, que necesita un combate mundial y el concurso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esas labores las tiene que realizar necesariamente la Policía Nacional y la Guardia Civil. Habla de legalidad, y me lo recordaba el portavoz adjunto, el señor Barreda. El respaldo deriva del artículo 17 del Estatuto, pero no solo de ese artículo sino también de los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/1986 y expresamente de los acuerdos de los años 1989 y 1995 de las juntas de seguridad, que han arbitrado ese despliegue policial y de guardias civiles en todo el País Vasco. Me temo, señor Esteban, que el ordenamiento legal y constitucional lo que nos exige es que haya presencia en toda España, en todo el País Vasco, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Voy a ir acabando, señorías, con alguna brevísima acotación de carácter político. Detrás de todo este planteamiento que ustedes han hecho, sobre todo el representante de Amaiur, parece que aquí lo que se persigue es un modelo policial que nosotros no podemos ni debemos compartir; un modelo policial basado tristemente en la impunidad ante el enaltecimiento del terrorismo, la tolerancia frente a quienes extorsionan, amenazan o matan, del olvido frente al delito, de la tabla rasa frente al acto terrorista. Eso es la claudicación del Estado de derecho, y nosotros no lo vamos a admitir. Detrás de esos planteamientos con más o menos ritmo, con más o menos sutileza, parece que hay una hoja de ruta que puede o pretende conducir a la aniquilación del Estado, del Gobierno central, de la presencia administrativa en el País Vasco. Eso no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque eso es atentar contra la libertad; pero no contra la libertad de los españoles, contra la libertad de quienes viven y residen en esa hermosa tierra que es el País Vasco.

Acabo ya, señorías. He expuesto los motivos del grupo. Desde los principios, desde las convicciones democráticas más profundas, les decimos una vez más, señor Esteban, con la máxima firmeza y con el máximo respeto, que no. Aún más, en esa tierra vasca, en ese territorio español que es la comunidad autónoma vasca, no sobra nadie; todos hacemos falta. Gracias a la Guardia Civil y a la Policía Nacional desplegada en el País Vasco, gracias a la unidad y colaboración con las fuerzas de la Ertzaintza somos hoy un poco más libres.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Escobar.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IDENTIFICAR Y LUCHAR CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y LA ECONOMÍA SUMERGIDA. (Número de expediente 173/000102).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Catalán de Convergència i Unió, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para identificar y luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Para su defensa tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

El objetivo básico y fundamental de la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió es el de establecer un mecanismo que nosotros hemos calificado como la tercera vía, que tendría que implementarse a través del Ministerio de Hacienda para que también con la gestión de la Agencia Tributaria se llevasen a cabo una serie de actuaciones para combatir y hacer aflorar la economía sumergida que existe en nuestro país, ya que todo el mundo sabe que según las estimaciones de la mayoría de organismos internacionales serios oscila entre un 23 y un 25 %. Desde esta perspectiva, nuestro grupo parlamentario pretende, complementando los trabajos de la Agencia Tributaria que no vamos a discutir aquí, intentar hacer aflorar alrededor de 20.000 millones de euros de ingresos para la Agencia Tributaria y que irían a parar a las arcas del Estado sin ningún incremento de tipo impositivo. Entendemos que el mecanismo que proponemos en esta moción es lo suficientemente atractivo para que todos los grupos parlamentarios, especialmente el que da soporte al Gobierno, puedan verlo con objetividad y dar su voto positivo, de manera que finalmente en España existan mecanismos que hagan aflorar la economía sumergida.

Doy las gracias en este momento a todos los grupos parlamentarios de la Cámara, que han presentado enmiendas muy interesantes a la moción de Convergència i Unió. Nos gustaría aceptarlas absolutamente


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todas, pero hemos intentado negociar con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno y no ha habido posibilidad de ponernos de acuerdo, lo cual es una lástima. Después de oír la intervención del ministro Montoro en la cual alababa las excelencias de la interpelación del Grupo Parlamentario Catalán, nos hemos encontrado con que han presentado una enmienda de sustitución que no tiene absolutamente nada que ver con la moción presentada por Convergència i Unió, a pesar -también hay que decirlo- de los esfuerzos de la diputada Serrano del Grupo Popular, para conseguir un acuerdo. Por tanto, finalmente vamos a pedir votación separada de cada uno de los puntos de nuestra moción, dando las gracias -repito- por el esfuerzo que han hecho todos los grupos parlamentarios para mejorarla, pero entendemos que es más efectivo intentar buscar la unanimidad, aunque no contemos con los votos del Grupo Popular, para poder sentar las bases de los esfuerzos que en un futuro se tendrían que hacer para aflorar la economía sumergida.

En primer lugar, sería interesante, como han hecho la mayoría de países de la Unión Europea, que el Gobierno a través del Instituto Nacional de Estadística implementase unos indicadores oficiales que permitieran estimar anualmente el volumen de la economía sumergida, dado que hoy no disponemos de indicadores oficiales que nos permitan tenerlo. Al mismo tiempo, podríamos evaluar las pérdidas de recaudación así como, sobre la base de estos indicadores, hacer una evaluación año tras año para ver cuál es el resultado de esta lucha contra la economía sumergida. En el punto 2 planteamos establecer unos objetivos plurianuales de reducción del volumen de economía sumergida en España, como mínimo hasta los niveles medios de la Unión Europea. Señorías, la media de la Unión Europea respecto al volumen de economía sumergida es del 10 % del PIB y en España estamos por encima del 20 %; es decir, hay una diferencia de 13 puntos. Señorías, con estos instrumentos que no cuestan absolutamente ni un euro a la Administración pretendemos facilitar estos indicadores para conseguir en los próximos años una recaudación -repito- nada desdeñable de 20.000 millones de euros anuales sin incremento alguno de impuestos. Por lo tanto, creo sinceramente que hoy el Gobierno está desaprovechando una oportunidad de oro. Nos la piden todas las organizaciones de inspectores y subinspectores porque que entienden que esta moción presentada por Convergència i Unió va en la buena dirección. Sugerimos unas buenas estrategias recogiendo las palabras del señor ministro. Hoy la Agencia Tributaria es antipática para todos los contribuyentes. Esto es cierto, a nadie le gusta que le inspeccionen sus cuentas. Nosotros planteamos un cambio de estrategia relevante en el sentido de que es necesario inspeccionar a los que tributan y dan un buen cumplimiento de sus obligaciones tributarias -lógicamente hay que vigilar y controlarlas-, pero no es menos fundamental que la inspección dedicara grandes esfuerzos para descubrir la economía sumergida y los contribuyentes que no pagan. Esto realmente es lo que cree la sociedad. Si la Agencia Tributaria quiere ser la cara simpática y amable de la Administración, tendría que empezar a trabajar de lleno para inspeccionar a los contribuyentes y la economía sumergida. Todo el mundo sabe perfectamente que, cuando la inspección va a polígonos industriales, fábricas y compañías que están abiertas, le dicen que vaya a locales que tienen las puertas cerradas herméticamente y dentro de los cuales todos saben que hay economía sumergida, pero la inspección no aporta ninguna pluriactividad para esclarecerlo. Entre otras cuestiones pedimos que esta falta de recaudación por no combatir la economía sumergida tenga una buena contraprestación para las comunidades autónomas.

Finalmente quiero recalcar que hemos presentado una serie de cuestiones objetivas que nos plantean los profesionales de la Agencia Tributaria, y esto es muy serio. Los profesionales de la Agencia Tributaria nos piden que lo que está planteando en este momento Convergència i Unió y lo que han recogido muchos de los grupos parlamentarios de esta Cámara se ponga en marcha. No cuesta ningún recurso al erario público, y con ello pretendemos que el Estado en los próximos años pueda recaudar cada año un complemento anual de 20.000 millones de euros. Esto es suficientemente trascendente para que todas sus señorías voten favorablemente esta iniciativa parlamentaria, y nos gustaría que el Grupo Parlamentario Popular recapacitara y cambiara su sentido del voto cuando llegue el momento de la votación.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores diputados.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Se han presentado varias enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Intervengo para defender la enmienda que presentamos a esta moción, porque entendemos que es necesario -no se contempla en ella-establecer un plan específico destinado a combatir el fraude y la


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evasión fiscal en las grandes empresas y grandes fortunas. Tenemos datos de los técnicos del Ministerio de Hacienda que calculan que las grandes empresas defraudan más de 47.000 millones anuales, el triple que las pymes. Es conveniente una medida como la que planteamos, habida cuenta de que en el año 2010 se evadieron de estas empresas y grandes fortunas más de 42.700 millones de euros. Por lo tanto es necesaria una medida como la que proponemos de trabajar en la dirección de erradicar los paraísos fiscales.

Déjenme, señorías, que me detenga en el punto 1 de nuestra enmienda, porque aunque parece que no tiene que ver con esta moción pensamos que está directamente relacionada, sobre todo cuando el punto 4 de la moción que el señor Sánchez i Llibre acaba de defender propone replantear las estrategias de actuación de la Agencia Tributaria. Aquí entra perfectamente la propuesta que nosotros hacemos, y nos gustaría que se tomara con cariño por el proponente de esta moción, si no es con nuestro texto, con una transacción, porque a estas personas, a pensionistas que tienen una pensión del extranjero -se calcula que más de 400.000- en este momento la Agencia Tributaria les tiene abierto un expediente sancionador porque no declaraban la pensión extranjera.

Señorías, no defendemos que no declaren estas pensiones sino que en este colectivo no hubo en ningún momento intención de defraudar a Hacienda, puesto que actuaban motivadas por la mala información que tenían en muchos casos los propios consulados cuando dejaban su actividad laboral en esos países por los que hoy están cobrando la pensión. Incluso este colectivo, que se está reuniendo para defender sus intereses, no dice en absoluto que no tenga que hacer esta declaración; lo que pide es que Hacienda no le trate en este asunto al mismo nivel que a los defraudadores. A preguntas de esta diputada, Hacienda responde que la ley es muy clara en la cuestión. Nosotros entendemos que esa claridad está destinada a los defraudadores, y no se puede considerar defraudador por parte de Hacienda a quien es un pensionista mal informado; como dije con anterioridad, un pensionista mal informado en muchos casos por parte del consulado del país donde estuvo trabajando. Por eso, señorías, incorporamos esta enmienda y lo que proponemos al grupo mayoritario es que tenga en cuenta las reivindicaciones de este colectivo; que Hacienda tenga hacia ellos una consideración diferente de la de cualquier defraudador fiscal -para el que sedebe tener una respuesta clara y contundente-, porque no puede ser que a estos pensionistas se les trate igual que a los defraudadores, dado que no tienen grandes pensiones después de un grandísimo esfuerzo fuera del Estado y que en su momento significó mucho ingreso de divisa mientras trabajaban.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señoras y señores diputados, empezaré por afirmar que en España hay fraude fiscal y también corrupción política. El fraude fiscal es común que se practique entre las grandes familias, las grandes empresas y, evidentemente, como no podría ser de otra manera, la gran banca. Es bueno recordar también que, según la propia Agencia Tributaria española, más del 70 % del fraude se centra justamente en estos grupos; dicho de otra manera, casi 45.000 millones de euros que el Estado español no ingresa. Es un gasto que casi alcanza la cifra del gasto público social de España respecto a la Unión Europea, aproximadamente unos 65.000 millones de euros; es el gasto que España debería invertir en sanidad, en educación o en servicios para las personas. Según Gestha, donde se agrupan más de 8.000 profesionales del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria, está claro que la única manera de resolver este problema endémico pasa evidentemente por perseguir el fraude fiscal de las grandes compañías. Fíjense ustedes, 7 de cada 10 euros defraudados proceden justamente de estas empresas multinacionales y de las grandes fortunas, de la misma manera que se cree que el 97 % de los evasores fiscales mantienen los activos ocultos. Con todo lo que les he dicho no les descubro nada nuevo, supongo. Si es así, señorías, si conocen todos los datos que les he dado, al igual que saben que medidas como la amnistía fiscal solo sirven para desincentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de Hacienda o penalizar a quien cumple o premiar a quien defrauda, ¿por qué aprobaron ustedes esta amnistía fiscal? También es cierto que en el año 2010, hace justamente tres años, ustedes, señorías del Partido Popular, catalogaron de impresentable -también la adjetivaron de injusta y de antisocial- la amnistía del anterior Gobierno socialista -tengo que decírselo, yo creo que ustedes llevaban razón-, pero saben perfectamente también que no fue ni más antisocial, ni más impresentable, ni más injusta que la suya. En definitiva, entre una bancada y la otra se echan continuamente las culpas y las responsabilidades de todo, pero mientras España sigue siendo portada en la prensa internacional por la cantidad de defraudadores que hay y de corruptos que viven en este país.


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Hemos presentado una enmienda de adición que incorpora cuatro nuevos apartados a esta moción, que por supuesto vamos a mantener.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, nunca se insistirá bastante en la gravedad del problema del fraude fiscal en nuestro país. Hay diferentes estudios y todos coinciden en la misma situación: la economía sumergida en España supone en torno al 20 % de nuestro PIB. Se decía en la moción que estamos hablando de algo que es difícil de medir, pero no, hay diferentes métodos -consumo de electricidad, uso de efectivo- y todos llegan a esa misma cifra: el 20 % de la economía española es economía sumergida. (Rumores). Esto tiene como consecuencia que cada año se dejan de recaudar siete u ocho puntos del PIB por la Hacienda pública, 70.000 u 80.000 millones de euros. Es cierto que sería imposible acabar radicalmente con el fraude, pero volver a un nivel parecido al de la Unión Europea, llegar a la media de la Unión Europea, supondría unos mayores ingresos de 3 o 4 puntos del PIB. ¿Se imaginan cuál sería la situación de nuestras cuentas públicas con 3 o 4 puntos adicionales de ingresos en el PIB? Sería indudablemente muy distinta de la que tenemos en la actualidad. (Rumores).

Por eso a nuestro grupo, Unión Progreso y Democracia, le ha obsesionado siempre el problema del fraude fiscal y hemos presentado iniciativas de todo tipo -proposiciones no de ley, preguntas orales, preguntas escritas, enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado- que van en tres direcciones. En primer lugar, insistimos una y otra vez en la necesidad de proporcionar medios materiales y humanos a la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude, porque de nada sirve endurecer la legislación si la probabilidad de ser detectado es muy baja. En España se gasta poco en la lucha contra el fraude. Las estadísticas nos dicen que se gasta una tercera parte que en Francia en términos del PIB o la mitad que en Alemania. No nos debemos sorprender de tener el doble de fraude si gastamos la mitad o la tercera parte que otros países en el esfuerzo de detectarlo. Por tanto, una primera dirección tiene que ser dotar de más medios materiales y humanos a la Agencia Tributaria. Está muy por debajo de nuestros vecinos. La segunda dirección, en opinión de nuestro grupo, debe ser endurecer la legislación, algo que el Gobierno actual ha hecho, pero todavía hay un margen para endurecerla adicionalmente, agravando más el delito fiscal y ampliando los plazos, tanto los de prescripción como los de actuación de la inspección. Este endurecimiento de la legislación sería una segunda dirección en la que habría que avanzar. En tercer lugar y no menos importante está la concienciación social en los medios de comunicación -hace mucho tiempo que no hay ninguna campaña de concienciación social en los medios de comunicación sobre la necesidad de pagar los impuestos- y la concienciación social también en el sistema educativo. Sin embargo, tenemos que decir que estas tres direcciones -más medios para la Agencia Tributaria, endurecimiento de la legislación y concienciación social- de nada sirven sin la ejemplaridad pública. Los ciudadanos están cansados de ver en los medios de comunicación noticias como la amnistía fiscal que este Gobierno concedió favoreciendo a los defraudadores, algo demoledor para la conciencia tributaria en nuestro país; o noticias como las sospechas fundadas -dejémoslo así- de malas prácticas tanto en el Partido Popular como en sus dirigentes respecto a la Hacienda pública. Poner el telediario y ver ese tipo de noticias es también demoledor para la conciencia fiscal. (Continúan los rumores). Algunos ejemplos afectan también al grupo que propone esta iniciativa. Señor Sánchez i Llibre, está muy bien luchar contra el fraude, pero actuaciones que su partido defiende en Cataluña a menudo van en sentido contrario, por ejemplo su idea de trocear la Agencia Tributaria, territorializarla, trocearla (Continúan los rumores) de forma que sería mucho menos eficiente que hoy en día; por ejemplo la campaña que ustedes defendieron para pagar el IRPF donde...

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Anchuelo. Por favor, ruego silencio para que se oiga al orador.

El señor ANCHUELO CREGO: Decía que algunas propuestas del grupo proponente van en sentido contrario a la lucha contra el fraude, como la propuesta de fragmentar la Agencia Tributaria, las campañas de que en Cataluña se pague el IRPF en sitios distintos a la Agencia Tributaria o las críticas a la UDEF cuando estuvo investigando delitos fiscales relacionados con el grupo proponente. Por tanto, está muy bien luchar contra el fraude, pero hay que luchar también con el ejemplo.


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Respecto a las propuestas que se nos traen, en nuestra opinión, son genéricas, pero es difícil estar en contra de ellas, por eso las apoyamos, excepto el punto 7, de ahí nuestra enmienda de supresión, que propone ni más ni menos que la Administración central compense a las comunidades autónomas por lo que se deja de recaudar por culpa del fraude. Es una propuesta tan insólita que no merece casi la pena rebatirla. Entre otros argumentos añadiría que en ese caso las comunidades no tendrían ningún incentivo en colaborar en la lucha contra el fraude. Por tanto, hemos hecho una enmienda de supresión. En cualquier caso, como nos ha anunciado que el voto será por separado, votaremos a favor de los demás puntos y en contra del punto 7.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo de IU-ICV, EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.

Los economistas clásicos (David Ricardo, Adam Smith, Karl Marx) no hacían economía, hacían política económica, economía política en los términos realmente adecuados; lo hacían así porque entendían que las decisiones de la gestión de los recursos, de cómo se produce, cómo se distribuye y cómo se consume estaban estrechamente vinculadas con las decisiones políticas que relacionaban la gestión ciudadana de una comunidad política. En una iniciativa como la que se debate en este momento, que habla de economía sumergida, no tiene sentido seguir disimulando acerca de la economía sumergida cuando también tenemos política sumergida. No es en absoluto una anormalidad que en el día de hoy haya habido ya más de tres expulsiones en este hemiciclo, que haya más de diez amonestaciones, precisamente en un momento en el que se reclama más democracia, más trasparencia. Consideramos que es un error radical lo que está ocurriendo en estos tiempos con este Parlamento, con este Congreso. Por eso hemos insistido a lo largo del día de hoy, y seguiremos haciéndolo, en que creemos que es un golpe institucional a la democracia, a las instituciones y un insulto a la ciudadanía permitir que se pueda censurar por parte de un solo grupo político...

El señor PRESIDENTE: Señor Garzón, ha tenido usted un comienzo brillante, pero ya está entrando por el camino habitual. Le llamo al orden por primera vez por apartarse de la cuestión, no por el contenido de sus palabras.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente por la generosa recomendación. Lo cierto es que a nuestro grupo le preocupa la situación verdaderamente y creemos que es necesario seguir insistiendo, como han hecho anteriormente los compañeros. En todo caso, a tenor de la circunstancia actual, lo que nos corresponde es seguir reclamando que la moción que hoy debería haberse debatido por lo menos tiene derecho a ser leída.

El señor PRESIDENTE: Le llamo al orden por segunda vez.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente, de nuevo por su generosa recomendación. De todas formas, la mayor parte del hemiciclo no está escuchando, tampoco sería un problema seguir leyendo la moción que debería haberse discutido esta tarde.

El señor PRESIDENTE: Señor Garzón, tiene usted, al ser amonestado por tercera vez, que abandonar la tribuna.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Vázquez.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señor presidente.

Debatimos y votaremos hoy una moción que presenta CiU sobre la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, porque así lo ha tenido a bien la mayoría absoluta del Partido Popular en la Mesa de la Cámara. Esa misma mayoría que ha impedido debatir y votar la moción referente...

El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, no siga usted por ese camino porque le tendré que llamar al orden, cosa que me duele personalmente, pero la llamo al orden. (Rumores).


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La señora VÁZQUEZ MORILLO: Solo quiero acabar. No podremos debatir esa moción que quedó demostrada en la interpelación del miércoles pasado, no podremos debatir sobre lo que no le gusta al Gobierno...

El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, me obliga a llamarle al orden por segunda vez, por favor. (Rumores).

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señor presidente. No me interrumpirá más.

No es novedad en esta Cámara debatir una iniciativa relativa a la lucha contra el fraude fiscal y a la economía sumergida. Todos estamos muy preocupados por esta lacra que en nuestro país representa cifras alarmantes, muy preocupantes. Atajar el fraude y la economía sumergida es ya una emergencia nacional. No es aceptable que mientras engordan las bolsas de fraude fiscal de las grandes corporaciones, a los ciudadanos se les estén recortando sus derechos y vivan situaciones verdaderamente dramáticas. Esas bolsas se demuestran en la recaudación del impuesto sobre sociedades. Son las grandes sociedades las que aumentan esa bolsa porque en el impuesto sobre sociedades no recaudamos mínimamente la media que se recauda en la Unión Europea. Todos los grupos hemos presentado alguna vez propuestas en este sentido, pero es el Gobierno quien tiene que aplicar ya medidas eficaces. Es el Gobierno el que tiene que demostrarle a la sociedad que, caiga quien caiga, va a atajar este drama, va a acabar con este fraude, y se tiene que dirigir especialmente a las grandes fortunas, a los que están aumentando sus patrimonios precisamente ahora utilizando prácticas fiscales agresivas y de evasión de impuestos. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Vázquez. Por favor, ruego silencio, no se oye al orador.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Estas grandes compañías que, como se ha dicho, concentran casi el 72 % del fraude fiscal, pero que se ve cómo el 80 % de los recursos de la Agencia Tributaria se dirigen a los asalariados y a las pymes. El miércoles pasado, el ministro estaba satisfecho. La promulgación de la Ley 7/2012 le bastaba para justificar sus actuaciones. Nos inundó con una cantidad de cifras que no las comparaba con nada, no estaban relacionadas. Nos contó, incluso, las llamadas atendidas telefónicamente en la campaña de la renta, las declaraciones que se habían presentado, pero no nos dijo si tiene datos oficiales de la economía o el fraude fiscal que hay en España, ni cuáles son los resultados en comparación con otros años o con la Unión Europea. Hace poco leía que Hacienda esperaba recaudar 9.130 millones de euros. Espero que eso no sea así porque estaríamos bajando con respecto a 2011 y 2012. Esa lluvia de cifras decía el ministro que mejoraban la imagen de España. ¿Cómo se va a mejorar la imagen de España cuando se está viendo que las bolsas de fraude de las grandes empresas aumentan, que la corrupción se tapa y que, sin embargo, hay personas, y todo el mundo ha visto las fotos, que buscan comida en otro tipo de bolsas? El Gobierno promulga normas pero también aprueba una amnistía fiscal, permite que personas muy allegadas al Gobierno se acojan, como es el caso de Bárcenas. Incluso, reformó el Código Penal para favorecer a quienes se acogieron a esa amnistía fiscal para regularizar su situación. Mientras esto sucede, se imponen medidas de recorte y se persigue en mayor medida a esa economía sumergida de los que necesitan ganar algo sobre 400 euros que cobran porque no les llega con 400 euros para dar de cenar a su familia durante todo el mes.

Nosotros apoyaremos la moción de CiU, pero sentimos que no acepte ninguna de las enmiendas que hemos presentado porque seguro que la enriquecen, no solo las del Grupo Socialista sino las del resto de grupos. A la vista de las enmiendas de todos los grupos que hemos visto, yo me atrevo a volver a plantear una vez más aquí la posibilidad de poner en marcha un gran acuerdo de todos los grupos para realizar una reforma fiscal ampliamente consensuada para lograr eficacia en la recaudación y equidad en el reparto de la carga. En definitiva, una justicia fiscal que necesitamos, que incluyera además un plan eficaz y serio para perseguir el fraude y la economía sumergida. El Gobierno está demostrando ampliamente en muchas leyes que estamos debatiendo en estos tiempos que no está por pactar, que lo suyo no es dialogar y por lo tanto nos quedaremos con la pena de debatir una cosa más, una reforma fiscal entre todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vázquez.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Arenales Serrano.


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La señora SERRANO ARGÜELLO: Gracias, presidente.

¿Los pobres serían lo que son si nosotros fuésemos lo que teníamos que ser? Repito: ¿Los pobres serían lo que son si nosotros fuésemos lo que teníamos que ser? Esta interesante reflexión que hizo una escritora española del siglo XIX, Concepción Arenal, viene muy bien para ilustrar -y para que nos haga a todos pensar- el tema que venimos hoy aquí a debatir: el fraude fiscal. Porque cuando vamos a un diccionario, por ejemplo, de la lengua común y buscamos fraude dice: mentira, dolo, engaño, estafa, falsificación, hurto, robo. Y si nos vamos a un diccionario, por ejemplo, de economía y finanzas dice: Engaño, inexactitud consciente que produce daño, daño mercantil, daño financiero, daño fiscal. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un problema que no solamente tiene una dimensión cuantitativa importante -del 20 al 25 % de nuestra riqueza está en economía sumergida-, sino que además tiene una importancia cualitativa importante, porque lo que defraudan unos pocos los demás sufrimos los ajustes, muy dolorosos en este momento. Por lo tanto, una vez identificado el problema, ¿qué hacer con él? Si es un problema importante cuantitativamente, si es grave cualitativamente y si además algunos dicen que es la lacra de nuestro sistema, lo que tenemos que hacer es abordarlo. Gracias a Convergència i Unió por traer aquí esta iniciativa. Pero, además de abordarlo tenemos que combatirlo porque -aquí también se ha dicho- esto entronca directamente con la corrupción, lamentablemente tan de actualidad en este momento. Por tanto, tendremos que perseguirla, tendremos que combatirla y tendremos que castigarla. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Porque todo esto está causando serios problemas y perjudicando a los trabajadores que están en economía sumergida. Pero también está dificultando a las empresas que están trabajando en economía sumergida, tan necesarias en este momento, que no se pueden consolidar en el mercado. Y también esta afectando seriamente a nuestras finanzas públicas, a las cuentas públicas, a la consolidación fiscal. Por tanto, si esto es tremendamente injusto y acarrea problemas de equidad y de igualdad y además no deja reducir el déficit para que haya crecimiento y para que generemos empleo, que es lo que tenemos que hacer en este momento, lógicamente tendremos que abordarlo. ¿Cuándo? Si es tan injusto y además está frenando la creación de empleo lo tendremos que abordar siempre, y eso es lo que ha hecho este Gobierno, el Gobierno popular. Discurso de investidura, 19 de diciembre; segundo Consejo de Ministros, 5 de enero -recordemos, señorías, noche de Reyes-, ahí la vicepresidenta del Gobierno ya anuncia un plan general en la lucha contra el fraude. A lo largo de estos veintiún meses hemos tenido una ley orgánica que modifica las conductas en el Código Penal, una ley de regularización y hace relativamente poco un plan de control tributario. A algunos no les ha gustado, por lo que he oído aquí y además ha sido muy criticado, pero veamos, si hay que abordar este tema siempre, qué es lo que se ha hecho a lo largo de los últimos treinta años. ¿Se acuerdan de un ministro socialista, por cierto, que se llamaba Miguel Boyer? Aquel ministro permitió que se comprasen pagarés desde el anonimato y además sin ningún tipo de penalización. ¿Saben cómo se llama eso? Amnistía fiscal opaca. Y algunos, que ya estaban en aquella época, no dijeron absolutamente nada. Pero veamos qué pasó después, en 1984. Había un ministro que se llamaba Solchaga y permitió que se comprase deuda pública a intereses por debajo de los del mercado y algunos, que continuaban en las filas socialistas, no dijeron absolutamente nada. Pues bien, este Gobierno lo que ha hecho ha sido trabajar siempre, trabajar contundentemente, y ahí están los resultados, porque después de casi dos años podemos evaluar los resultados. Han sido cerca de 12.000 millones los que han aflorado, más del 10 % de la lucha contra el fraude que había con mecanismos anteriores. Esa es la razón, señor Sánchez i Llibre, por la que nosotros le decimos que no. Y hablando de esto, si es tan importante, vuelvo a mi primera reflexión: cuando pagamos todos, algunos pobres, probablemente muchos, dejarían de serlo.

Termino ya con una reflexión de un antropólogo estadounidense que decía que los hombres tenemos la obligación no solo de ser justos sino de ser inteligentes. Quiero decirles a los señores de La Izquierda Plural o de Izquierda Unida que ni es justo ni es inteligente que se deje de pagar a Hacienda o a la Seguridad Social. ¿Saben por qué? Porque los perjudicados son las trabajadoras y los trabajadores. Y no es justo, señores del Partido Socialista, que se utilice esta casa para hacer política partidista, porque saben qué, que se perjudica a todas las españolas y a todos los españoles. (Aplausos). Y sí que es justo e inteligente lo que hace el señor Sánchez i Llibre; además de ser justo traer esto aquí a debate, es inteligente, porque usted desde su posición de Convergència i Unió trae aquí un tema para que se trate, un tema que es un problema de lo que todos juntos llamamos España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Serrano.

Turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra por el Grupo Vasco, PNV, el señor Olabarría.


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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Como estoy observando que muchos compañeros abandonan anticipadamente la tribuna, para evitar ese riesgo lo mejor es intervenir desde el escaño mismo. En todo caso, señor presidente, desde otra perspectiva argumentativa distinta a la de los otros compañeros, quiero indicar que la señora Jordà nos ha abierto los ojos, ha hecho dos reflexiones interesantes en nuestra opinión: primero ha dicho que en España hay fraude fiscal, y compartimos esa opinión, en España hay fraude fiscal; y, en segundo lugar, nos ha comentado que hay economía sumergida. Sí, hay economía sumergida, compartimos también esa reflexión, pero además mucha, señor presidente, desafortunadamente. Se quejaba mi buen amigo el señor Sánchez i Llibre de que no hay estudios empíricos o aproximaciones empíricas para cuantificar el fenómeno de la economía sumergida. Alguno hay: el informe VISA, que él conoce perfectamente, y el informe del profesor Friedrich Schneider, que establece que en Europa hay 2,1 billones de euros en el ámbito de la economía sumergida, pero no repartidos igualmente. Hay cinco países que destacan o que captan la práctica totalidad de estos 2,1 billones de euros de economía sumergida, en primer lugar está España, en segundo lugar Italia y luego vienen Francia, Alemania y Reino Unido. De hecho, si observamos los porcentajes de economía sumergida, vemos cómo destaca deshonrosamente el Estado español con un 18,7, que será probablemente un 20, según otros estudios; nos encontramos con Italia después, con el 18,5 y luego de forma muy lejana Alemania con el 13, Francia con el 10 y Reino Unido con el 10. Esto es una patología europea pero particularmente de los países sureños, de los países latinos.

Desde esa perspectiva yo quiero felicitar al señor Sánchez i Llibre por la oportunidad de la presentación de una iniciativa de estas características, en relación con la cual algunas reflexiones apologéticas de la acción del Gobierno no nos parecen adecuadas, no se está haciendo lo suficiente por un triple problema fundamentalmente, también diseñado o también expuesto por el señor Friedrich Schneider: en primer lugar, por la moral tributaria existente o consolidada en el Estado español; en segundo lugar, por la complejidad regulatoria o legislativa; y, en tercer lugar, por la escasez y enfoque de los recursos. En relación con la moral tributaria que el señor Schneider clasifica en cuál es la probabilidad de ser descubierto un defraudador, como primera cuestión; en segundo lugar, qué sanción se puede imponer en caso de serlo, y qué posibilidad hay, en tercer lugar, de que la conducta descubierta quede finalmente impune, nos encontramos en el Estado español en este estudio, en el informe VISA, con reflexiones o conclusiones verdaderamente desalentadoras. En primer lugar, nos encontramos con que más de la mitad de los ciudadanos del Estado español considera baja o muy baja la probabilidad de detección del fraude o de ubicarse en el ámbito de la economía sumergida. En segundo lugar, el 72,3 % de los ciudadanos de España opina que no se deja de engañar a Hacienda ante la perspectiva o por el miedo a la revisión o por el miedo al reproche penal, porque a veces ya se han convertido, en virtud de una reforma reciente, en un tipo delictivo, en un injusto penal, determinados volúmenes de fraude fiscal o de fraude a las cotizaciones sociales. En tercer lugar, porque la injusticia del modelo fiscal es considerado por el 88 % de los ciudadanos españoles como un sistema fiscal español injusto y, en cuarto lugar, porque al fraude fiscal se abonarían si no hubiera miedo a las represalias el 92 % de los ciudadanos españoles. Desagrega en qué ámbitos opera y contra qué ámbitos hay que actuar en el marco del fraude fiscal y del afloramiento de la economía sumergida. El señor Sánchez i Llibre cita en su moción todas las reflexiones del señor Schneider: la no facturación del IVA y emisión de facturas falsas, trabajadores sin alta laboral, ayudas y subvenciones cobradas inadecuadamente, operaciones internacionales fraudulentas, declaración de precios de venta falseados, ocultación de capitales y empresas tapaderas y sociedades interpuestas.

En cuanto las medidas, señor presidente, a pesar de que parece que el señor Rajoy ha descubierto la metodología adecuada hace bien poco tiempo, las Navidades pasadas, la víspera del día de Reyes, nos comentaba la portavoz del Partido Popular, la fórmula para luchar contra la economía sumergida, estas están diseñadas ya por las autoridades comunitarias, por las instituciones comunitarias desde el año 2008 en un triple ámbito: incrementar la efectividad de las inspecciones, una de las propuestas del señor Sánchez i Llibre; desarrollar estrategias de comprobación, cooperación e intercambio de información en el ámbito europeo; y por último, tanto en el ámbito nacional como internacional, inspecciones eficientes y adecuadas. Todo esto y más cosas se podrían considerar incluidas en una moción presentada por el Grupo de Convergència i Unió muy atinada, muy equilibrada y muy ajustada a una realidad, a una patología social económica que debemos reprimir. Desde esa perspectiva, el Grupo de Convergència i Unió, por las razones expuestas, cuenta con nuestra adhesión entusiasta y con el voto positivo de nuestro grupo parlamentario.

Muchas gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Señor Sánchez i Llibre, como tiene varias enmiendas, ¿cómo quiere que se realice la votación?

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: No vamos a aceptar ninguna enmienda y vamos a pedir la votación por separado de todos los puntos de nuestra moción.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

En pocos minutos empezaremos las votaciones. (Pausa).

Señorías, durante la intervención del orador del Grupo Parlamentario Socialista en el debate sobre la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento presentada por el Grupo Vasco, PNV, aquel orador ha solicitado la lectura de determinados documentos que entendía estaba cubierta por lo previsto en el artículo 72.2 del Reglamento de la Cámara. En concreto, se ha solicitado la lectura de la moción presentada por el propio Grupo Parlamentario Socialista como consecuencia de la interpelación debatida durante la semana pasada, así como la resolución por la que la Mesa inadmitió a trámite dicha moción. Como sus señorías saben, la lectura de documentos se condiciona por el Reglamento tanto a su pertinencia como a su necesidad. El juicio sobre esas circunstancias corresponde a la Presidencia. Pues bien, este presidente entiende que, sin perjuicio de los derechos que asisten al grupo solicitante si cree menoscabados los mismos, entre otros los previstos en el artículo 31.2 del Reglamento, los documentos cuya lectura se solicita no son ni pertinentes ni necesarios en relación con el concreto punto del orden del día objeto de tramitación en este Pleno, esto es, a la citada proposición de reforma del Reglamento del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. Por lo tanto, no se procederá a dar lectura a los mismos. (Rumores.-El señor Madina Muñoz pide la palabra). Según el artículo 72.1, de las resoluciones de la Presidencia no se abre debate. Así que vamos a pasar a las votaciones. (Rumores).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA QUE EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA COOFICIAL Y DEL DERECHO PROPIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESTINO SEA CONSIDERADO UN REQUISITO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO JUDICIAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000109).

El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para que el conocimiento de la lengua cooficial y del derecho propio de la comunidad autónoma de destino sea considerado un requisito para la prestación de servicios en el ámbito judicial. Es orgánica. A esta proposición ha habido tres votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311, más 3 votos telemáticos, 314; a favor, 134, más 2 votos telemáticos, 136; en contra, 177, más 1 voto telemático, 178.

El señor PRESIDENTE: Por tanto, no se toma en consideración.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 67.1 Y 67.2. (Número de expediente 410/000007).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición del Grupo Vasco, PNV, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 67.1 y 67.2. Ha habido 3 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311, más 3 votos telemáticos, 314; a favor, 139 más 2 votos telemáticos, 141; en contra, 172 más 1 voto telemático, 173.


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El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIONES).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, RELATIVA A SISTEMAS DE PRÉSTAMO GRATUITO DE LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES CURRICULARES. (Número de expediente 162/000481).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a sistemas de préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares.

Hay una enmienda transaccional que conocen todos los grupos y es la que vamos a votar.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 177; en contra, 126; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO DE GERNIKA EN MATERIA DE SEGURIDAD. (Número de expediente 162/000172).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre el cumplimiento del Estatuto de Gernika en materia de seguridad. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 32; en contra, 279.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IDENTIFICAR Y LUCHAR CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y LA ECONOMÍA SUMERGIDA. (Número de expediente 173/000102).

El señor PRESIDENTE: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para identificar y luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida.

Se va a votar en sus propios términos, pero se va a votar uno por uno cada apartado y son siete apartados.

Punto número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 133; en contra, 172; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 133; en contra, 171; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto número 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 31; en contra, 171; abstenciones, 109.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto número 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 134; en contra, 172; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto número 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 135; en contra, 171; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto número 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 135; en contra, 172; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Finalmente, punto 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 28; en contra, 177; abstenciones, 106.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Se suspende la sesión.

Eran las nueve y cinco minutos de la noche.

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