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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 111, de 09/05/2013
cve: DSCD-10-PL-111
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 111
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 105
celebrada el jueves,
9 de mayo de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 29-1, de 19 de octubre de 2012. (Número de expediente 121/000029) ... (Página5)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en materia de transportes por carretera y por cable. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 33-1, de 21 de diciembre de 2012. (Número de expediente 121/000033) ... (Página18)

- Proyecto de ley orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 42-1, de 15 de marzo de 2013. (Número de expediente 121/000042) ... (Página22)

- Proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 41-1, de 8 de marzo de 2013. (Número de expediente 121/000041) ... (Página36)

Debates de totalidad de convenios internacionales:

- Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, hecho en Bruselas el 26 de junio de 2012. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 149, de 22 de marzo de 2013. (Documentación complementaria en "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A-150, A-151, A-152 y A-153, de 22 de marzo de 2013). (Número de expediente 110/000085) ... (Página49)


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Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 45-1, de 12 de abril de 2013. (Número de expediente 121/000045) ... (Página59)

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página75)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página77)

Debates de totalidad de convenios internacionales. (Votación) ... (Página83)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página83)

Avocación por el Pleno ... (Página83)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.

Enmiendas del Senado ... (Página5)

Proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas ... (Página5)

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas González-Moro, Fernández Davila y Jordà i Roura y el señor Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural; el señor Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió); el señor Ábalos Meco, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página18)

Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las comunidades autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable ... (Página18)

En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Ruiz Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Santa Ana Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Proyecto de ley orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva ... (Página22)

Para la presentación del proyecto de ley orgánica toma la palabra en nombre del Gobierno, el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió) y el señor Pezzi Cereto, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones interviene la señora Blasco Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Replica el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte y duplican los señores Tardà i Coma y Pezzi Cereto y la señora Blasco Soto.

Proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ... (Página36)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Castillo Calvín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Debates de totalidad de convenios internacionales ... (Página49)

Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, hecho en Bruselas el 26 de junio de 2012 ... (Página49)

En defensa de la enmienda a la totalidad interviene el señor Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural.

En turno en contra interviene el señor Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Replica el señor Nuet Pujals y duplica el señor Mariscal Anaya.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro y los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió) y Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.

Debate de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página59)


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Proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas ... (Página59)

Para la presentación del proyecto interviene la señora ministra de Fomento (Pastor Julián), en nombre del Gobierno.

En defensa de las dos enmiendas a la totalidad de devolución intervienen la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural e Iglesias Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y las señoras Oramas González-Moro y Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió) y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página75)

Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, quedan aprobadas.

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página77)

Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las comunidades autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable ... (Página77)

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las comunidades autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, así como el texto del dictamen.

Votación de conjunto ... (Página77)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 292 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 294; 27 en contra y 1 abstención.

Proyecto de ley orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva ... (Página77)

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, así como el texto del dictamen.

Votación de conjunto ... (Página79)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 297 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 299; 8 en contra y 12 abstenciones.


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Proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ... (Página79)

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como el texto del dictamen

Votación de conjunto ... (Página82)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 177 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 179; 140 en contra y 1 abstención.

Debates de totalidad de convenios internacionales. (Votación) ... (Página83)

Sometida a votación la enmienda a la totalidad del acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, hecho en Bruselas el 26 de junio de 2012, es rechazada por 18 votos a favor; 297 votos en contra, más 2 votos telemáticos, 299.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página83)

Sometidas a votación conjuntamente las dos enmiendas de devolución al proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, son rechazadas por 120 votos a favor y 197 en contra más 2 votos telemáticos, 199.

Avocación por el Pleno ... (Página83)

La Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de rehabilitación y regeneración urbana, lo que se rechaza por 130 votos a favor; 178 en contra, más 2 votos telemáticos, 180 y 2 abstenciones.

Se suspende la sesión a las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.

ENMIENDAS DEL SENADO.

- PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS. (Número de expediente 121/000029).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Debo decirles que, como conocen por el orden del día, en esta sesión se debaten y aprueban, en su caso, diversos dictámenes de proyectos de ley de carácter orgánico que deberán ser sometidos a esa votación final de los proyectos de ley de carácter orgánico. Por ello, anuncio que las votaciones, que se producirán después del debate del último punto del orden del día, no serán antes de las dieciséis horas.

Vamos a examinar el primer punto del orden del día correspondiente a las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, señora Oramas.


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La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Voy a ser muy breve porque los nacionalistas canarios, tanto en la presentación en el Congreso como en el Senado, hemos hablado de una ley de costas donde, fíjense ustedes, Canarias no existe; la comunidad autónoma con más kilómetros de costa, con unas especificidades distintas y se hace una ley de costas donde no existe Canarias. No existe Canarias teniendo las condiciones que esos sitios con cariñito especial del PP sí tienen. Porque ¿ustedes me quieren decir qué diferencia hay entre Formentera y La Palma o Lanzarote? ¿Ustedes me quieren decir qué diferencia hay entre Tenerife y determinadas zonas del Mediterráneo o núcleos concretos? Estamos hablando de miles de afectados en Canarias con los que ustedes, señores del Partido Popular, en campaña electoral y durante la tramitación de la ley, adquirieron determinados compromisos que no han cumplido. Yo les quiero decir que en Canarias no estamos hablando de chalés con piscina, en Canarias no estamos hablando de hoteles afectados en primera línea de mar; estamos hablando de gente sencilla con sus casas de hace treinta, cincuenta o sesenta años, y donde además no estamos hablando de temas especulativos ni depredadores; estamos hablando de valores etnográficos; estamos hablando de actividades sostenibles; estamos hablando de gente humilde y sencilla.

Dicho esto, porque tiro la toalla ya que hoy no vamos a convencer a nadie, me parece impresentable que una enmienda de Coalición Canaria, que fíjense qué sencillo es con la que está cayendo en este país, en la que lo único que les pedíamos era que aquellos núcleos afectados por demoliciones que tuvieran aprobada las operaciones de reposición de viviendas por las administraciones competentes, en unos casos los ayuntamientos, en otros el propio Estado, en otros la comunidad autónoma, se paralizaran los derribos hasta que estuviera realizada esa reposición y traslado de los ciudadanos, ustedes se han negado a aceptar esa enmienda. Gente con más de treinta años. ¿Qué más les daba treinta años y un año más para que no se derribaran? No tienen vergüenza. Hablamos de desahucios, hablamos de situación social de crisis económica y vamos a dedicar dinero a tirar determinadas viviendas que están aprobadas y en trámite las reposiciones por parte de las administraciones públicas. Yo creo que tienen que reflexionar sobre qué es el lo que dicen en la calle, qué es lo que dicen a la gente sencilla y qué es lo que están haciendo. Allá ustedes. Se salvó Alicante, se salvaron determinadas zonas del Mediterráneo y algo gallego, que tendrían su compromiso político, pero Canarias no está en esta ley de costas y por eso no la vamos a apoyar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.

Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño para manifestar la posición en contra del Bloque Nacionalista Galego a estas enmiendas del Senado, que manifiestan también nuestra posición en contra a esta modificación de la Ley de Costas. Lo hacemos porque desde el BNG, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, la única modificación que entendíamos que era precisa era la relacionada con la regularización de los núcleos rurales que estaban afectados por la Ley de 1988 y que eran núcleos históricos, núcleos con una cultura muy importante, y sobre todo anteriores a 1988. La resolución que da la modificación de la ley no es la debida -lo acaba de decir la señora Oramas hace un momento- y, por otro lado, el Gobierno y el Partido Popular han aprovechado esta modificación para primar la desprotección de la costa y por tanto el deterioro medioambiental, e incluso han abierto la posibilidad de la especulación y el urbanismo salvaje.

Señorías, desde el Bloque Nacionalista Galego queremos manifestar nuestra posición total y absolutamente en contra de las facilidades y del empeño que puso el Gobierno y el Grupo Popular en garantizar que las industrias contaminantes a las que se les acababa la concesión administrativa en el año 2018 aprovecharan esta modificación de la ley para garantizarles setenta y cinco años más. Como el proyecto que venía del Gobierno no era lo suficientemente claro, el Grupo Popular hace una enmienda que garantiza que industrias contaminantes como Ence y Elnosa puedan continuar en este caso en la ría de Pontevedra. Por tanto, manifestamos nuestra posición en contra de estas enmiendas y de esta ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.

Señora Jordà.


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La señora JORDÀ I ROURA: Señoras y señores diputados, señor ministro, la presente reforma de la Ley de Costas no es solo un claro retroceso en la conservación del litoral, sino que es una auténtica destrucción del valor natural, del valor ecológico y paisajístico de la costa. Es, a la vez, una escandalosa privatización de un bien público para regalo a las inmobiliarias. Dejen que adjetive de manera rápida lo que es esta ley y más concretamente su contenido. Su contenido es antropocéntrico, ya que el hombre es el centro de la costa y su único amo y señor. Es unidireccional y unidimensional, ya que solo se legisla en relación con la propiedad privada y las actividades económicas de la costa. Es a la vez desfasado, ya que no tiene en cuenta el conocimiento desarrollado en los últimos veinte años. Es discriminatorio, expansivo, imprudente y a la vez gravoso para los intereses de todos. Es reglamentista, impreciso y absolutamente ambiguo, sobre todo en los aspectos esenciales para la conservación del medio ambiente y la delimitación del dominio público marítimo-terrestre, incumpliendo, por cierto -esta vez también-, su sacrosanta Constitución. Aparte de todo esto, su contenido es incierto e imprevisible porque no tiene ninguna seguridad jurídica al dejar para el reglamento aspectos esenciales de su regulación. Pero esto no es todo, el contenido de esta ley es también antieuropeo, ya que la costa se considera en la legislación europea como un valor natural en sí mismo. Es descoordinado, ya que prácticamente no hay referencias a la legislación autonómica y a la vez ignora todas o casi todas las competencias transferidas. Es a la vez insostenible.

En definitiva, señorías, se trata de una ley que única y exclusivamente añade cemento privado donde habría que añadir protección pública. Esta ley no solo es una chapuza sino que sobre todo es la legitimación y la continuación de la nefasta política de destrucción a toda costa; una política que denunciaba en su día Greenpeace en su informe. Las enmiendas del Senado, aunque reconozcan mínimamente el cambio climático y nos obliguen a votar a favor de ellas, no reducen en absoluto ni el drama ni la vergüenza que representa esta ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Señor Errekondo.

El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señorías, el objetivo de la Ley 22/1988, de Costas, es garantizar que la costa sea una bien de dominio público, sin embargo, tras veinticinco años, todos reconoceremos que las amenazas de la presión urbanística aún persisten. ¿Qué propugna el Gobierno? El Gobierno propugna la reforma de la Ley de Costas de 1988 y la protección y sostenibilidad del litoral. Sostenibilidad, sí, esa palabreja que se ha convertido en la reina de la nueva narrativa de este Gobierno, la solución para todos sus problemas: sostenibilidad económica, sostenibilidad financiera, sostenibilidad del medio ambiente, factor de sostenibilidad, sostenibilidad del litoral. En dos palabras, sos-tenibilidad, que yo más bien diría sos-temibilidad, SOS por la costa vasca y SOS por la costa española.

Este proyecto de ley es una burda mentira que en absoluto garantiza la protección y la sostenibilidad del litoral, más bien al contrario, esta reforma supone el desmantelamiento del dominio público por la extensa desafección y privatización. Es un auténtico robo de bienes públicos con premeditación y alevosía. No en vano, si la Ley de Costas de 1988 quiere proteger la costa priorizando el dominio público sobre los intereses privados, este proyecto de ley, esta reforma, que es una reforma ladrón, quiere proteger el interés privado a costa del dominio público. Además, este proyecto de ley pretende dar la razón a las personas y a las empresas que perdieron aquellos pleitos contra la Ley de Costas de 1988, y usted, señor ministro, llama a esto trabajar por el bien común. Lejos de posibilitar la protección y el uso sostenible del litoral, esta reforma genera una insostenible desprotección del litoral. Lo que el Partido Popular llama seguridad jurídica no es sino un entramado jurídico que responde a un modelo ideológico, al modelo FAES, que no es otro que convertir toda la costa en un recurso económico en manos privadas. Una vez más nos topamos con los criterios que se establecen sobre la base del reglamento, ya que será precisamente el Gobierno del Estado el que por vía decreto los establezca, con lo cual una vez más estamos privando a la ciudadanía de su participación en un tema tan trascendental como este. Es un auténtico despropósito porque solamente regula la reducción del dominio público y de las zonas de servidumbre y no se plantean su recuperación, restauración ni ampliación. Excluye arbitrariamente determinadas zonas o núcleos, como los doce núcleos VIP frente a otros similares, lo que va a provocar una oleada de reclamaciones. Eso sí, provocará un aumento de empleo; empleo para abogados y jueces. Además, no considera la subida del nivel medio del mar durante los próximos setenta y cinco años. Hace referencia al cambio climático, pero no recoge la influencia del mismo a la hora de definir los límites del deslinde, y además convierte en privadas durante otros setenta y cinco años las concesiones del dominio. Va en contra de la


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dirección y decisiones que se están adoptando a nivel europeo, por tanto, a todas luces es insostenible para las generaciones venideras.

Para finalizar, denunciamos que en este proyecto de ley se produce una flagrante invasión de competencias, porque se arroga la capacidad de suspender actos y decisiones de las entidades locales, y además pretende usurpar competencias urbanísticas y de ordenación del litoral, así como la servidumbre de protección. Amaiur exige la retirada inmediata de este proyecto de ley por dos razones fundamentales; porque ataca a la soberanía de nuestro pueblo para ordenar sus costas y porque supone un gran perjuicio ambiental en la costa vasca, ya que pone en peligro ámbitos como Urdaibai, que es una reserva de la biosfera; Txingudi; el biotopo de Zumaia; Jaizkibel y otras zonas de interés ambiental que ya están protegidas por los planes territorial y sectorial y por la Red Natura 2000.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Errekondo.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Mi intervención va a ser breve porque tanto en Comisión, cuando se trató el tema, como otras veces que hemos estado hablando del mismo y después en el Senado, las intervenciones de los representantes de mi grupo han sido bastante claras y explícitas. Lo que nosotros esperábamos de esta ley también ha sido explicado más de una vez, así como los objetivos que pretendíamos y, al final, nos hemos sentido defraudados por lo que creíamos que iba a poner el texto en un principio, por lo que creíamos que iban a modificar de aquella ley de 1988 que tanto criticaban y porque creíamos que iba a haber una disposición por parte del Gobierno no solo a aceptar, porque, al fin y al cabo, aceptar puede ser el resultado de una negociación, sino incluso a negociar. Sin embargo, el Partido Popular ha vuelto a mostrar una actitud bastante egoísta. Me explicaré. A veces se discuten y se critican leyes diciendo que no funcionan y lo que se hace es una mala aplicación de las mismas. Tanto en el caso de la ley de 1988 como puede ocurrir igualmente con esta, criticaremos la ley y lo que estaremos haciendo seguramente será una mala utilización o gestión de la misma. Los que tienen que gestionar una ley son muchas veces los responsables de muchas barbaridades que se han hecho diciendo que lo que no funciona es la ley. Con la ley anterior lo que ocurría era que el mal uso, el uso particular y de alguna manera torticero de la misma ha generado una serie de desastres que todos conocemos.

El Grupo Parlamentario Vasco presentó una serie de enmiendas, y me voy a ceñir a ellas porque no vamos a empezar ahora a discutir la ley. Ya hemos hablado, otros compañeros lo han hecho también y sabemos perfectamente qué es lo que rige. Tiene ciertas contradicciones en sus propios términos, entre lo que pretende hacer y lo que se plasma después en la ley, y va incluso en contra de lo que los miembros del propio Grupo Parlamentario Popular han reivindicado más de una vez en esta Cámara o en el Senado. Entre las muchas enmiendas que presentó mi grupo hubo algunas que estuvimos negociando porque era algo que el propio Partido Popular había solicitado cuando estaba en la oposición. Tengo algún que otro pasaje de alguna senadora del Grupo Parlamentario Popular argumentando aquellas peticiones que nosotros hemos hecho en alguna enmienda, pero después ocurre que cuando llegan al Gobierno, si te he visto no me acuerdo, perdone la expresión, señor ministro. En algunas zonas de Euskadi hay unos molinos de mareas, y los molinos de mareas, como tal, solo pueden estar en aquellas zonas donde hay mareas. Las zonas donde hay mareas son zonas de dominio público, pero esos molinos son propiedad particular; están adquiridos cuando no existía ni ley, tienen una data de registro de mil seiscientos y pico y son patrimonio cultural. El molino tiene un molinero y el molinero es el dueño. Pues bien, una senadora decía hace un tiempo en el Senado que cómo un señor no va a ser propietario de algo que ha sido suyo y que después se le ha quitado y no lo va a poder adquirir. Esta era la oportunidad, hemos negociado y, al final, hemos quedado como antes. Es un ejemplo, pero hay más; hay zonas en Urdaibai o más hacia occidente en Bizkaia. El problema es la actitud. Ustedes sabían que se podía modificar, sabían que se estaba haciendo una injusticia y no han querido modificarlo.

También presentamos otra enmienda para recuperar zonas portuarias. Saben que un puerto es algo vivo y que puede dejar de serlo. Presentamos una iniciativa que ustedes saben que era eficaz y válida para que esas zonas vuelvan a tener una actividad económica, vuelvan a ser recuperadas y puedan tener un uso en beneficio de la comunidad. No vamos a repetirlo ahora, pero se discutió y no hubo forma. Ese es un ejemplo, independientemente de qué se haya podido hacer en otras zonas del Estado español en


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las cuales no me voy a meter porque hay representantes como canarios, gallegos, etcétera, que defienden su costa y los intereses de sus habitantes mucho mejor que yo y así debe ser.

Hace unos días tuvimos aquí un debate que no se debería haber producido, pero al final se produjo por el capricho o la necesidad de algunos de tener 15 minutos para poder volver a decir lo que no pudieron decir en otros sitios, y mi actitud fue esa. Me dijeron que no, que la costa de los gallegos es de todos los españoles, pero yo creo que la costa de los gallegos principalmente la viven los gallegos y que es de ellos. En ese sentido sí voy a entrar porque creo que esta ley sigue invadiendo competencias; más que seguir invadiendo dota de ciertos poderes al delegado del Gobierno como si fuera una especie de virrey para poder actuar impugnando resoluciones o posibilidades que tiene la propia Administración local. Hasta ahora hemos tenido algunos delegados de zona costera que han actuado como si fueran los amos y señores, diciendo aquí yo decido qué es lo que se hace y se deja de hacer, con una actitud poco dirigida al diálogo. Creo que hay ejemplos claros que todos conocemos. Una cosa es ser un delegado de costa y otra cosa es ser un virrey que actúa como si representase a la costa. No es así.

Mi grupo, vista la actitud, porque la ley podría haber sido buena e incluso puede tener cosas muy positivas como tenía la anterior, cree que no recoge ciertas cuestiones que eran muy importantes y que no desvirtuaban para nada los objetivos de la ley. Si leemos el preámbulo todos podemos estar de acuerdo con lo que dice esa ley, es muy difícil estar en contra. Hay informes, los famosos informes Auken, que lo mismo valen a unos que valen a otros. No, los informes dicen lo que dicen, por tanto, no podemos hacer un uso de ellos de tal manera que me conviene a mí o le conviene al otro. No.

Respecto al preámbulo, al objetivo de lo que quiere buscar la ley, de acuerdo, pero después lo que sucede es que en el trámite aquellas enmiendas que mi grupo ha presentado -que para nada desvirtuaban el espíritu de la ley ni la modificaban en absoluto- no han sido recogidas. Esa actitud no nos ha gustado. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en Comisión y en el Senado porque allí se han incorporado una serie de enmiendas tal y como últimamente parece que el Partido Popular está haciendo, es decir, presenta la ley, después prepara sus propias enmiendas, enmienda su propia ley y la cambia ya que tiene la mayoría. Pues ya que sea el Gobierno el que incluya las enmiendas que le competen. Hace poco hemos tenido dentro del área de la cadena alimentaria una situación parecida, es decir, el Grupo Popular presentó más de 10 enmiendas, se autoenmendó y cambió la ley de repente y luego viene directa para que la aprobemos. En este caso en el Senado se ha hecho lo mismo, se han incluido unas enmiendas que cambian algunas cuestiones bastante importantes y no nos gusta esto. Como no nos gusta, vamos a votar en contra de la ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor presidente, intervendré muy brevemente porque ya hemos tenido oportunidad de hablar de este proyecto de ley aquí en el Pleno, en la Comisión e incluso a propósito de esa extravagante y localista propuesta que hace solo dos días nos trajo el Partido Popular de nuevo al Pleno. Hemos aprovechado esas oportunidades siempre para recordar algo que para nosotros es esencial, y es la necesidad que creemos que existe de que el Estado asuma una competencia que pueda permitir al Gobierno garantizar la igualdad de todos los españoles vivan en un lugar donde exista costa o no, sea esta el tipo de costa que sea y unas herramientas que puedan garantizar al Gobierno que no ocurran desmanes como el del Algarrobico, por poner un ejemplo, en el que había varias administraciones comprometidas. Nos parece que el Gobierno y el grupo mayoritario vuelven a renunciar a algo que para nosotros es esencial, que es poder garantizar la igualdad de todos los españoles, y vuelven a incidir en lo que parece ser para ellos la única forma de creación de riqueza y empleo que quieren favorecer, que es de nuevo el ladrillo. El ladrillo inundando de nuevo nuestras costas. Este proyecto de ley no solo no frenará los abusos, sino que los va a volver a provocar y, lo que es peor, va a perpetuar los que ya existen. El PP hablaba hace unos días, así como algunos otros grupos, del acervo cultural de algunos lugares, pero yo me pregunto si la popular Villa PSOE en la Isla de Arosa es un acervo cultural especial o un pueblo que ellos denominan antiguo y pescador.

Nos parece de justicia también reconocerle al Partido Popular que hay pequeñas mejoras en el texto que viene ahora desde el Senado, pequeñas mejoras que tienen que ver con las definiciones de las zonas de regresión, que dentro de todo lo que tiene que ver el cambio climático nos parece que es importante. Creemos que están minusvaloradas, pero que se establezca un periodo de tiempo en el que se pueda estudiar nos parece que está bien. Nos parece que es importante y positiva la previsión de contribuciones


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especiales a exigir a los concesionarios, la explicitación de responsabilidades para los funcionarios y cargos públicos que tomen decisiones. El nuevo texto parece que establece plazos máximos de concesiones que se determinarán reglamentariamente y nunca superando los setenta y cinco años. Pero de nuevo queremos repetir que incide en aspectos negativos como dotar de ciertas excepcionalidades a algunos lugares que provoca agravios comparativos de dudosa legitimidad, y de nuevo hay que volver a decir que nos parece que es desaprovechar una oportunidad única para corregir algunos aspectos muy negativos de lo que hasta ahora teníamos: desprotección de costa; descatalogación de bienes de dominio público en terrenos inundables, incluso artificialmente, con aprovechamiento acuícola; descatalogación de núcleos urbanos; reducción a 20 metros de la zona de servidumbre de protección de las rías; posibilidad de extender concesiones más allá de setenta y cinco años, etcétera. Es una pena y es una oportunidad perdida para garantizar el cuidado de uno de nuestros mayores tesoros, que es la costa, y una oportunidad perdida para garantizar la igualdad de todos los españoles, repito, vivan o no en un lugar de costa y sea esta la costa que sea. Por las contribuciones que hemos escuchado hasta ahora, a menudo los partidos nacionalistas se quejaban de invasión competencial. Para nosotros esa invasión casi es nula y desde luego es demasiado tímida.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.

En primer lugar, quería empezar dando el apoyo de nuestro grupo parlamentario a la huelga educativa que hoy se da en todo el Estado y a los miles de estudiantes, profesores y maestros que están defendido la educación pública y el derecho a recibir una educación en condiciones de igualdad. (Aplausos).

Entrando en el contenido de la ley, hoy llegamos al tramo final de una contrarreforma de la Ley de Costas, una contrarreforma a la que llaman, con todo el cinismo del mundo, Ley de protección y uso sostenible del litoral, en la línea de lo que nos tiene también acostumbrados el Gobierno: Dime de lo que presumes en los títulos y te diré de lo que careces en los contenidos. Y si de algo carece es precisamente de protección y de uso sostenible del litoral.

Pero ya que hoy llegamos al final del trámite, quiero empezar hablando del proceso de tramitación, caracterizado por su opacidad, sin participación, sin diálogo con los grupos parlamentarios, pero tampoco con las organizaciones, con la sociedad civil, con las ONG, con los ecologistas que hoy también están protestando aquí en el Congreso. En definitiva, sin hablar con quien no les interesa o a quien no quieren escuchar. La mayoría del Partido Popular se ha negado, incluso, a abrir esta Cámara a comparecencias. Entendemos que esto de que comparezca la gente en el Congreso empieza a ser una excepción y no lo que debería ser una normalidad, que en los trámites legislativos pudiéramos abrir el debate y la gente pudiera venir a exponernos qué opinión les merecen las leyes que aquí aprobamos, ya que enriquecería precisamente la calidad también del trámite legislativo. Pero ustedes se han negado porque es una ley realmente con impactos múltiples que requiere una visión a largo plazo donde confluyen intereses contrapuestos, y sinceramente es difícil de justificar que no abramos ese debate a la sociedad. Pero, claro, abrir el debate y hacerlo público y transparente exigía una cierta honestidad y el debate abierto revelaría también los conflictos de intereses que tiene el Gobierno y a la medida de quién ha hecho esta ley. Ahora que la misma unidad policial confirma de dónde recibía dinero el Partido Popular, se entiende que como ahora no pueden ofrecer inversiones, sí que garantizan una legislación a medida y muchos de los beneficiarios de esta Ley de Costas al servicio del beneficio forman parte también de estas listas que aparecen en distintos papeles; personas que en este caso sí que han podido participar, discutir y dictar qué debe quedar fuera del dominio publico marítimo-terrestre. Seguramente, de esos dictados asistimos precisamente al empeoramiento de la ley en el Senado, un proceso opaco y parcial al servicio de los intereses de los que más tienen. Realmente, un Gobierno que se llena la boca de transparencia con una ley que está más que encallada en este Congreso pero que su práctica cotidiana supone una involución en la participación y en la transparencia. Otro ejemplo en la falta de honestidad en el proceso es la utilización del informe Auken en su exposición de motivos como excusa para promover una ley, y luego ustedes hacen todo lo contrario de lo que indica, porque el informe Auken precisamente hablaba de participación, de deliberación, de un debate abierto, de cambiar la legislación basada en un urbanismo especulativo. Pero ustedes utilizan el informe y luego hacen todo lo contrario en la ley. De hecho, incluso la mayoría de esta Cámara se ha negado a escuchar a la ponente de ese informe Auken y, sinceramente,


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es difícil de entender que como mínimo intenten hacer una ley en la que se apoyan en un informe para luego no querer escuchar a quien lo ha realizado.

Ustedes con estas formas lo único que hacen realmente es degradar no solo el medio ambiente con la ley sino que degradan el Congreso, degradan la calidad de la legislación y degradan cada día un poco más la propia calidad democrática. En definitiva, después de intentos fallidos de que nos escuchen, que rectifiquen, hoy evaluamos unas enmiendas del Senado. Básicamente evaluamos si empeoran o mejoran la ley que salió de este Congreso. Y el diagnóstico es claro y meridiano: las enmiendas del Senado empeoran porque son unas enmiendas que van desde la hipocresía a la frivolidad para acabar intensificando los elementos negativos del texto inicial. ¿Y cuáles eran esos elementos negativos del texto inicial y que y denunciamos en su momento? En primer lugar, la desprotección, la exclusión del dominio público marítimo-terrestre de núcleos enteros de la isla de Formentera, alargar las concesiones a setenta y cinco años, reducir las zonas de servidumbre, la exclusión de humedales, de salinas... Y en esa desprotección, ¿qué ha pasado en el Senado? Pues sí, se ha aumentado la generalización de la servidumbre a 20 metros, ha aumentado la habilitación de esos setenta y cinco años por reglamento y de esa forma arbitraria -y ahí sí que coincido con algunas de las exposiciones anteriores- de por qué entra Formentera o quién queda fuera, hemos incorporado núcleos urbanos nuevos en ese apéndice pero simplemente a demanda de algún interés que tenían detrás, sin escuchar y sin un proceso dialogada, cuando precisamente la situación de esos municipios se podía resolver con la anterior ley con procedimientos que la propia ley establecía.

Otro elemento negativo que denunciábamos es la privatización, donde perdemos todos y ganan unos pocos en esta ley, donde el patrimonio de todos se puede comprar, vender y revalorizar a costa de degradar y correr riesgos ante la evolución de los procesos naturales. La privatización es clara: una ley dictada por intereses privados concluye en el todo por el dinero, todo vale, con las servidumbres pero también con favorecer usos comerciales, eventos en playas por interés turístico, que los propietarios sean los que se protejan de la playa. Esto es privatizar el uso y también externalizar la responsabilidad del Estado y es algo que en el Senado también ha empeorado.

Otro elemento negativo es la amnistía a las construcciones ilegales y ese mensaje de permisividad absoluta o de impunidad a aquellas administraciones y construcciones que han vulnerado la ley. Un mensaje peligroso que anima a no seguir las reglas del juego, un mensaje de que el litoral, las zonas dunares, nuestros humedales, son prescindibles y se pueden destrozar. ¿Y qué sucede en el Senado? Por si faltaba poco, en el régimen sancionador reducen el tiempo para que prescriban de cuatro a dos años las graves y también a seis meses las leves. Otro mensaje de laxitud y de relajación.

Un cuarto elemento negativo de la ley es que no resuelve sino que agrava la inseguridad jurídica. Esta ley rompe las reglas del juego y deja sin efecto sentencias, saltan por los aires los deslindes hechos con el impacto sobre la seguridad pero también sobre las inversiones hechas.

Un quinto elemento negativo son los elementos de recentralización y de invasión competencial que tampoco han quedado resueltos en la Cámara territorial.

Hay un sexto elemento en el que me quiero detener y que advertíamos como una gran debilidad de la ley: la ceguera ante el fenómeno del cambio climático y sus efectos en el litoral. Es una temeridad que ante uno de los litorales más degradados de Europa, con la vulnerabilidad de España, y cuando hoy más que nunca necesitamos control, evaluación y prevención del riesgo en nuestras decisiones estratégicas y también en la legislación, ustedes hagan todo lo contrario. En el debate en este Congreso yo misma les comenté que era una ley ciega al cambio climático, irresponsable porque no lo tenía en cuenta. Ustedes me llamaron ecocomunista con sorna, con la sorna propia de la ignorancia o de la insensibilidad que ustedes practican cada vez que hablamos de medio ambiente. Finalmente, en el Senado incorporan el cambio climático, lo reincorporan pero, sinceramente, sin resolver el problema de fondo. Ustedes van con la lógica de apuramos lo que podamos el pelotazo y luego, si pasa algo, ya se intervendrá. No pueden hacer toda una ley para desproteger y poner más presión y luego pensar que con un parche arreglarán el problema que han creado. Y aquí, en esta ley, no hay precaución ni prevención ni, mucho menos aún, rigor en este sentido. No hace ninguna estimación de los efectos del cambio climático sobre la costa española. ¿Y qué sucede con lo que queda excluido, con los doce núcleos, con Formentera, las salinas, las rías? Además, la miopía en este campo es de tal nivel que creen que los efectos del cambio climático solo se entienden como regresión costera y no contemplan la inundabilidad frecuente. La otra perla es que el Estado tomará medidas contra la subida del nivel del mar y la erosión solo cuando ocurran catástrofes y el mar alcance viviendas; hombre, ¡solo faltaría que se inhibiera el Estado en esos casos! Pero esa es la lógica que tienen, ni prevenir ni ser proactivos; eso es realmente temerario e irresponsable y entendemos


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que nos saldrá muy caro. De hecho, supongo que por eso no acompañan la ley de una memoria económica, porque su lógica es la de combatir la naturaleza a base de construir espigones e infraestructuras pero no la de prevenir. En definitiva, incorporan el cambio climático pero no para rectificar la filosofía de esta ley, no para recuperar su responsabilidad y la de proteger el dominio público marítimo-terrestre. De hecho, rechazaron nuestras enmiendas sobre esta cuestión, sobre cambio climático, en el sentido de que aplicaran precisamente los informes que ya tenía el ministerio. En definitiva, ustedes rechazan esas enmiendas y rechazan también la aplicación de la resolución del informe Auken.

Nosotros rechazamos esta ley, rechazamos las enmiendas que vienen del Senado y queremos trasladarles una cuestión. Rechazamos esta ley, pero esto no termina hoy aquí, su responsabilidad será respondida en Europa ya que vulnera directivas y resoluciones también del Parlamento Europeo. Además, desde nuestro grupo parlamentario trabajaremos para llevarla al Constitucional, porque ustedes han pisoteado el artículo 132 de la Constitución; ustedes utilizan la Constitución y la pisotean día a día, la pisotean en los derechos fundamentales, en las competencias y hoy también el 132. Solo la utilizan para lanzarla como arma arrojadiza ante la voluntad de los pueblos a decidir. Pero, miren, este modelo no se puede perpetuar, el planeta y nuestra costa tienen límites y o rectifican y dejan de jugar con el patrimonio de todos o ni turistas ni playas ni dunas ni rías, no nos va a quedar nada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, hoy debatimos las enmiendas aprobadas en el Senado y completamos la tramitación del proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral. Algunas de las enmiendas del Partido Popular son proposiciones de ley o iniciativas de otros grupos que cuando las presentamos no reciben el apoyo del partido mayoritario de la Cámara, pero con grata sorpresa, señorías -lo digo sinceramente-, posteriormente aparecen los mismos conceptos en enmiendas del Partido Popular. Poco nos importa la metodología, si los ciudadanos, que son el centro interés de nuestra actividad, son atendidos adecuadamente y dentro de la lógica y la legalidad, cosa que hemos intentado en este trámite: poner lógica y cumplir la legalidad. Muchas de las enmiendas incorporadas suponen también nuevas invasiones a las competencias traspasadas en materia de puertos a la Generalitat de Catalunya, y aunque algún portavoz esté contento de que se invadan competencias, desde la Generalitat y desde las autonomías siempre defenderemos la distribución legal de las competencias que se nos asignan.

El Partido Popular ha incorporado diferentes referencias a las consecuencias del cambio climático, supongo que alguna culpa tuvieron las diferentes enmiendas que los grupos, entre ellos el nuestro, presentamos en el proceso de tramitación, pero han redactado sus enmiendas y las han aprobado, no hemos tenido oportunidad de mejorar o esclarecer sus intenciones en el trato que hace la ley de las posibles actuaciones para la lucha contra el cambio climático. Por un lado, nos parece que falta definición al diferir su regulación a un reglamento, aspecto con el que no estamos de acuerdo, pero tampoco han incorporado ninguna de nuestras peticiones concretas para mejorar el texto, ni en sus enmiendas. Esa era la parte positiva respecto al cambio climático porque las enmiendas suponen nuevas y claras invasiones de competencias, pues es la Administración del Estado la que regulará las ocupaciones y los efectos de protección que se consideren necesarios sin contar con las comunidades autónomas, o tal vez en el reglamento esto se podrá corregir.

Se modifica todo el apartado del régimen de infracciones y sanciones de la Ley de Costas, este bloque no se ha debatido junto con el resto de la ley ni en ponencia ni tampoco en Comisión del Congreso. Por este motivo no les hemos podido explicar que no podemos ni debemos defender o apoyar que el plazo de prescripción se reduzca de cuatro a dos años. Consideramos que precisamente esta materia de costas precisa de la máxima protección y que no es momento ni objetivo reducir los plazos por debajo de los previstos en la normativa general de la prescripción de infracciones a falta de normativa específica. Si dependiera de nosotros, creemos que una normativa específica en este ámbito debería contribuir a aumentar los plazos generales, nunca a reducirlos, y menos en la legislación de protección del medio ambiente. El resto supone la actualización del régimen sancionador de acuerdo a normativas posteriores o complementarias y doctrinas del tribunal, cosa que aceptamos sin duda alguna.

El redactado de la disposición transitoria primera de la ley que se ha incluido finalmente en la ley aprobada por el Senado varía sustancialmente. Puede, repito: puede ser perjudicial porque puede afectar


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a grandes superficies y tramos de costa al permitir la ocupación urbana. Deberemos seguir su implantación para aplicar debidamente los principios de protección ambiental, con la dificultad de probar unos hechos existentes hace más de veinte años, situaciones a probar que en muchos casos eran puramente fácticas, pues se han realizado sin planeamiento urbanístico o en contra del mismo. Creemos que será una fuente de conflictos sociales, administrativos y judiciales.

Se han incorporado dos nuevos núcleos que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre. Creemos que no se ha trabajado con suficiente intensidad la petición de municipio de Sitges, que tiene una demanda unitaria de su población para excluir del dominio público el poblat mariner d'Aiguadolç. Desde su ayuntamiento nos han expresado su interés en continuar trabajando con el Gobierno para conseguir su desafección, pues cumple todas las premisas para poder incorporarse al anexo y ser desafectado. Sabemos también que desde el Gobierno no son indiferentes a esta situación, por lo que desde nuestro grupo parlamentario continuaremos, como hemos hecho hasta ahora, trabajando para convencer al Gobierno de la necesidad real de excluirlo e integrarlo completamente a la trama urbana, como la realidad de su uso residencial se merece.

Señorías, nuestra visión del proyecto se ha ceñido a la costa catalana, a las competencias de la Generalitat y a los intereses de los setenta y seis municipios que participan, aunque algunos grupos no lo crean, de la conservación de la costa mediterránea en Cataluña. Nuestro grupo parlamentario se ha mantenido fiel a los objetivos marcados por una moción que apoyamos todos los grupos -aunque algunos no lo recuerdan- en el Senado: flexibilizar requisitos, clarificar el régimen de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, favorecer una aplicación homogénea de las concesiones y autorizaciones, adecuar la compensación de los derechos adquiridos de buena fe y de forma legítima con anterioridad a la ley, estudiar la paralización de las acusaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Costas de 1988 hasta que se pueda modificar, algo a lo que hemos contribuido desde nuestro grupo parlamentario para que hoy sea una realidad.

Estamos muy contentos, celebramos que se reconozca la singularidad de las urbanizaciones marítimoterrestres; Castelló d'Empúries y Roses, Santa Margarida y Empuriabrava han sido uno de los objetivos que hemos conseguido como grupo parlamentario de Convergència i Unió en esta tramitación y celebramos su incorporación al texto de una forma clara. Llevábamos muchos años intentando convencer a los diferentes Gobiernos con proposiciones de ley y todo tipo de iniciativas. Por fin podemos celebrar que se ha incorporado esta petición histórica de nuestro grupo parlamentario, pero no podemos dejar de denunciar en el ámbito competencial el poder que se otorga al delegado del Gobierno para suspender los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afectan a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o a la servidumbre de protección o supongan una infracción manifiesta. Invade competencias locales y autonómicas y por eso no podemos aceptar este instrumento, por mucho Algarrobico que lo justifique.

No podemos cerrar la intervención sin recordar que el Gobierno de Cataluña, que negoció los traspasos en ordenación y gestión del litoral, se olvidó de acompañarlos de los recursos económicos necesarios para poder ejecutarlos sin perjudicar los presupuestos de la Generalitat. Desde nuestro grupo parlamentario continuaremos presentando enmiendas para corregir estos aspectos que les hemos anunciado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Ábalos.

El señor ÁBALOS MECO: Gracias, señor presidente.

Voy a empezar leyendo un texto -solamente leeré el principio- que dice: Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en este mundo son estas: el aire, el agua de lluvia, el mar y su ribera. Forma parte de las Partidas de Alfonso X El Sabio, del siglo XI, y diez siglos después vamos hacia atrás.

Con este proyecto de ley cuya tramitación acaba hoy se pone fin al intento más serio que se ha producido en España para proteger nuestro litoral, una ley que el Partido Popular ha intentado degradar y que, sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la ha puesto como ejemplo de regulación razonable para solucionar los problemas de los enclaves privados en el litoral según falló el 29 de marzo de 2010. Es una ley que seguramente exigía una reforma, pero no en este sentido, una reforma que incorporara los compromisos, los convenios internacionales, los avances científicos, los estudios actuales, también la reparación de los daños colaterales, también la indemnización económica a los concesionarios


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o propietarios desposeídos y también un reconocimiento de determinadas particularidades históricas como los núcleos gallegos. Hubiéramos estado de acuerdo en tratar todo eso, pero este Gobierno ha optado por dar respuesta a los intereses económicos que nos alejan de la sostenibilidad que pomposamente predica el título del proyecto de ley. Para este Gobierno la costa es solo un espacio económico y lo importante es la rentabilidad económica de las inversiones y la seguridad jurídica de los negocios. Porque este proyecto de ley supone la privatización del litoral por una doble vía. A través de la desafectación del carácter de dominio público de determinados terrenos como salinas, acuicultura, marismas, terrenos afectados según la valoración que se haga de los mayores temporales conocidos, las playas que no reúnan las condiciones naturales establecidas e incluso playas que puedan ser regeneradas por la acción de la Administración General del Estado, las zonas interiores a los paseos marítimos, las urbanizaciones marinas, el régimen especial de Formentera y el régimen particular para determinados núcleos de ciertos municipios. Es decir, toda una serie de casos y situaciones que suponen desafectación del carácter demanial. Y por otra parte, el uso privativo, en lo que ya no está quitado del espacio público, que se resume en esas concesiones de hasta setenta y cinco años. Cabe recordar que las concesiones de puertos son por treinta y cinco años como máximo y que por obra pública son cuarenta años. Ya dijimos que esto contraviene la Directiva europea 123/2006, que dice que la duración de la autorización concedida debe fijarse de forma que no se restrinja ni se limite la libre competencia más allá de lo necesario para garantizar la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos.

Ayer el presidente dijo que no podíamos volver a los modelos que nos han conducido a esta crisis y sin embargo volvemos a intentar la especulación, el urbanismo exagerado. Les voy a dar un dato: entre los años 2000 y 2005 el suelo urbanizado en los dos primeros kilómetros de costa aumentó un 21,85 %, el doble que en trece años, que en el periodo 1987-2000. Eso significa que en seis años en España se construyó la cuarta parte de lo edificado en los dos mil años anteriores; una burbuja inmobiliaria de la que ya sabemos los costes, sabemos lo que ha supuesto para toda una generación de españoles hipotecados o desahuciados por pisos que no valen lo que pagaban. A España ya le queda no más que el 30 % del suelo litoral sin ocupar por actividades humanas. Este proyecto además contradice el Plan nacional de turismo 2012-2015, que dice que hay que poner en valor los recursos de nuestro dominio público marítimo. Volvemos para atrás, a la Ley Cambó de 1918, que otorgó concesiones por noventa y nueve años a cambio del relleno y la desecación de humedales y marismas, algo que hoy está protegido por Europa. Del Senado llega un proyecto que desconoce la magnitud, extensión y fiabilidad de los valores estimados de la peligrosidad y del riesgo de inundaciones ni los costes asociados. No se han considerado los estudios científicos, no se han tenido en cuenta los convenios internacionales, las directivas europea, por ejemplo, la del año 2007, sobre evaluación y gestión de los riesgos de inundación. El Gobierno no ha hecho caso de sus propios documentos, no ha hecho caso de la evaluación que hizo el Ministerio de Hacienda sobre demarcaciones costeras, no ha hecho ninguna consideración respecto de las evaluaciones preliminares del riesgo de inundación y con ello de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación, que tiene aprobados y publicados en la web ministerial. Tampoco sabemos ningún coste económico de este proyecto, no sabemos qué costes van a tener los deslindes que haya que hacer. Eso sí, sabemos que la costa, según dice el Gobierno, está deslindada al 96 % y que esto significa volver a empezar. Desconocemos además los costes que supondrá la inscripción registral, desconocemos cuál será el coste de desafectación de los inmuebles que fueron públicos, porque al pasar a concesionarios pasaron a ser bienes públicos. El artículo 19 de la Ley de Costas sigue vigente, no se toca con esta reforma, y dice que los terrenos desafectados se incorporarán al patrimonio del Estado, luego ahora no sabemos si el patrimonio del Estado lo va a ceder gratis o va a obligar a los propietarios a recomprar sus casas. No sabemos qué costes supone la aplicación de esta ley para proteger el litoral, no sabemos quién va a asumir los costes de protección del litoral, quién va asumir los costes por inundaciones o a cuánto pueden llegar a elevarse.

Esta misma semana la Comisión Mixta de la Unión Europea de esta Cámara ha emitido un informe de subsidiariedad con relación a la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo y la gestión íntegra de las costas. Se ha informado favorablemente. O sea, hay una directiva en marcha, hay una directiva para encajar todo esto, y nosotros nos adelantamos a la misma con una ley. ¿Por eso las prisas? Lo dije el otro día: la prisa es que en 2015 hay elecciones nuevamente, y ustedes están trabajando ese calendario para que a partir de ahí, con los plazos de la ley, lleguemos a 2015 con una situación consolidada en este sentido. Esas son sus prisas, no hay otras, las concesiones terminan en el año 2018. Ahora sí que se abre inseguridad jurídica. Decía el proyecto de ley que quiere acabar con la inseguridad, ¿pero qué seguridad jurídica va a


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traer una ley que no sabemos a quién afecta ni qué costes reporta? Esta ley multiplicará los litigios en los próximos años: por propietarios que no han visto satisfechas sus expectativas, por quienes se sienten agraviados, por quienes se verán perjudicados y por quienes discutan los límites de los próximos deslindes que les afecten, o simplemente por aquellos que quieran también entrar en competencia para conseguir una concesión. Es decir, una total inseguridad jurídica.

La Asociación de Afectados por la Ley de Costas, que tanto combatió la ley vigente, ha manifestado que esta normativa es un fraude de Estado, que provoca mayor inseguridad jurídica, y ha criticado que la inclusión en el Senado de algunas enmiendas son absolutas agresiones contra los ciudadanos del país. Han llegado a decir: antes ya estaba mal, pero ahora está peor. Por su parte, la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas manifiesta que esta norma no ofrece mayor seguridad jurídica y que las concesiones se darán a voluntad del Gobierno. Dice que les han regateado treinta años porque les dan setenta y cinco años de las concesiones sin distinguir las ordinarias de las compensatorias -las compensatorias tenían treinta más treinta y las ordinarias treinta-. Ahora las ordinarias se encuentran con setenta y cinco y las compensatorias, que ya tenían treinta extra, con setenta y cinco también. Es decir, cuarenta y cinco para ellos. También lo han criticado.

Tal y como está la cosa, quiero aprovechar para manifestar como novedad, por si cabe decir algo más, que desde este grupo analizaremos todas las disposiciones de esta ley y les anuncio que estudiaremos plantear un posible recurso de inconstitucionalidad. Tenemos serias dudas de que estén cumpliendo el artículo 132 de la Constitución, porque una ley no puede alterar la titularidad de la zona marítimo-terrestre que la Constitución reserva al dominio público. El legislador no puede desvirtuar la naturaleza y las características de este dominio y está obligado a adoptar las medidas necesarias para preservar sus características. Eso lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia del año 1991 que dice así: El mandato del constituyente quedaría burlado si el legislador obrase de modo tal que, aun reteniendo físicamente en el dominio público del Estado la zona marítimo-terrestre, tolerase que su naturaleza y sus características fueran destruidas o alteradas. Y eso es lo que ustedes hacen singularizando muchísimas de las situaciones.

Vamos también a estudiar el reparto competencial -y termino- porque hay una disposición que ya es el colmo, la disposición adicional novena que han aprobado en el Senado. Para el que no la recuerde o la ignore dice que las instalaciones de depuración de aguas residuales que deban ser reubicadas en cumplimiento de una resolución judicial continuarán temporalmente su actividad. Da igual lo que diga la justicia; esta ley dice que lo que diga la justicia da igual; la ley les dice que no hagan caso de la justicia. ¿Y si mañana en otra ley se dice que en atención a las actuales y extraordinarias circunstancias los condenados por delitos contra la Hacienda pública que deban ingresar en prisión en cumplimiento de una resolución judicial continuarán temporalmente en libertad? ¿Por qué no? Esto rompe absolutamente la consideración del Estado de derecho y el principio de tutela judicial.

En fin, señorías, el Gobierno parece no ser capaz de arreglar los problemas de los españoles; pero con leyes como esta parece que se arreglan los suyos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ábalos.

Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora De Lara.

La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, señorías, con la aprobación hoy en esta Cámara de las enmiendas procedentes del Senado finaliza el trámite parlamentario del proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y modificación de la Ley de Costas de 1988. El Grupo Popular considera, señorías, una necesidad la reforma de la Ley de Costas que durante sus veinticinco años de vigencia no ha respondido a los fines y objetivos que pretendía: mantener y conservar el buen estado de nuestro extenso y valioso litoral. Su aplicación errática durante las dos últimas legislaturas no ha dejado de generar controversia e inseguridad jurídica para los ciudadanos que vieron afectados sus derechos con la nueva normativa. Los 24.500 expedientes de reconocimiento de derechos sin resolver existentes a principios de 2012, los constantes cambios de criterio sobre la ocupación de las playas que han llenado de inquietud e inseguridad a los representantes del sector hotelero y el deslinde del dominio público incompleto, y en muchas ocasiones arbitrario, son claras manifestaciones de esta aplicación deficiente de la ley.

El solo anuncio de su modificación movilizó a la izquierda mediática que no admite que se alteren las normas que en su momento aprobaron Gobiernos socialistas. Expresiones como privatizar el litoral; trato privilegiado y discriminatorio; anuncio de desmanes urbanísticos; especulación en el dominio público;


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atentado ecológico al litoral; el Gobierno legisla para favorecer intereses privados; favorece a los ricos y a los poderosos han sido usuales en los últimos meses, unido a una larga retahíla de improperios que avergüenzan por su demagogia, por su falsedad y porque demuestran un desconocimiento del proyecto de ley inadmisible en un diputado del Parlamento español.

Permítanme, señorías, que deje para el final un breve comentario de las enmiendas del Senado y me centre primero en desmontar las acusaciones expuestas por sus señorías, porque nosotros consideramos que la reforma se justifica en la necesidad de disponer de un instrumento eficaz de protección y conservación del litoral, de mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y de compatibilizar la protección del espacio natural con actividades económicas que creen empleo y generen riqueza.

Nuestro grupo entiende, señorías, que un litoral sostenible medioambientalmente debe conciliar la preservación, el mantenimiento y la mejora de nuestra costa con todas las actividades que sean respetuosas y compatibles con la conservación del litoral, incluidas, por supuesto, las actividades económicas. Veamos, señorías, las acusaciones repetidas con insistencia. Primera acusación: se privatiza el litoral. Falso, ampliar la concesión a setenta y cinco años no es privatizar el litoral. Se lo explico, señorías. Se reconoce con carácter general un derecho de concesión por setenta y cinco años para compensar a los propietarios de terrenos que tras un deslinde pasan a formar parte del dominio público, en total unas 12.800 viviendas, no viviendas de ricos, señorías. Ello, unido a la posibilidad de transmitir la concesión, da un valor económico razonable a sus derechos sin menoscabo del dominio público. No se privatiza nada. A los propietarios de edificaciones que tras un deslinde quedan en zona de servidumbre de protección se les permiten obras de reparación, mejora, consolidación y modernización, pero -señorías, atiendan ustedes- sin posibilidad de aumentar el volumen, ni la altura, ni la superficie de las construcciones existentes, y esto sí, las obras deberán incluir actuaciones de ahorro y eficiencia energética y actuaciones de ahorro de agua. Ello beneficia, por tanto, sí, a los propietarios, pero también a la calidad de las edificaciones en primera línea de playa. En total, señorías, más de 125.000 edificaciones se hallan en este caso. Por último, se reconoce a los titulares de los terrenos inscritos en el Registro de Propiedad con anterioridad a 1988 el derecho a una concesión por setenta y cinco años transmisible, en total 24.000 propietarios. Por tanto, sí, señorías, se elimina la inseguridad jurídica, pero no se privatiza nada.

Segundo punto, en el que ustedes han insistido: se da pie a desmanes urbanísticos en el litoral español. Falso, señorías, el proyecto de ley impide nuevas urbanizaciones en el dominio público y prevé la suspensión por el Gobierno de actividades urbanísticas ilegales en la costa para evitar más Algarrobicos, señorías. El proyecto de ley no reduce un ápice el nivel de protección de la costa frente a lo que ustedes llaman el ladrillo; seguir repitiendo lo del ladrillo es una clara muestra de que ustedes no se han leído el proyecto de ley que hoy estamos modificando. Se mantienen las mismas prohibiciones de edificación tanto en dominio público como en zona de servidumbre. Desmanes urbanísticos, señorías, los que se han producido desde el año 1998 (Aplausos), cuando se promulgó la ley, no a partir de ahora; con la aplicación de la ley, se acabaron los desmanes urbanísticos.

Tercera falsedad: especulación en el dominio público al permitir la transmisión de las concesiones. Falso, señorías, todo lo contrario. Toda transmisión deberá ser autorizada por la Administración General del Estado, que comprobará que el nuevo concesionario cumpla los requisitos, tanto económicos como de protección del dominio público; lo que se promueve es beneficiar la calidad de las actividades económicas y de los servicios que se prestan en dominio público.

Cuarta falsedad: reducción generalizada de la zona de servidumbre de protección de 100 metros a 20 metros. Falso, señorías, solo en los núcleos de población que sin tener la calificación de urbanos en 1988 reunían dichas características. Para ello, el proyecto de ley, señorías, exige que tales núcleos reunieran una serie de requisitos en el año 1988. Las viviendas en zona de servidumbre de construcción posterior a 1988 seguirán siendo ilegales, la reforma no ampara ni amnistía ocupaciones indebidas en el litoral. No hay amnistía, señorías, el proyecto de ley se va a cumplir y no se va a permitir la progresiva pérdida de respeto a la ley que se produjo en los últimos años cuando gobernaba el Partido Socialista.

Quinto: cláusula anti Algarrobico. Dicen ustedes que es un atentado a la autonomía local, pero, como conocen sus señorías, el tema del Algarrobico es el icono de los incumplimientos medioambientales, y el proyecto de ley establece que el delegado del Gobierno, a instancias del ministro de Medio Ambiente, Alimentación y Agricultura, podrá suspender los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público o la zona de servidumbre y de protección. Ello no vulnera la autonomía local, señorías. El Estado se apoya en el título que tiene previsto en el artículo 67 de la Ley de


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Bases de Régimen Local y se trata de que una actuación como la del Algarrobico, promovida por la Junta de Andalucía, gobernada por Partido Socialista, en un municipio regido por el Partido Socialista y bajo la atenta mirada de una ministra de Medio Ambiente también socialista, no vuelva a producirse. Este es el objetivo de esta cláusula y este es el objetivo, señorías, que no atenta contra la autonomía local y que lo que intenta es proteger nuestro litoral.

Sexto. Dicen ustedes: trato privilegiado y discriminatorio para determinados núcleos urbanos. Falso, señorías, el proyecto de ley excluye del dominio público solo a los núcleos urbanos que se ajustan a reglas establecidas con carácter general y de acuerdo con criterios técnicos fijados. Deben ser núcleos residenciales compuestos predominantemente por viviendas, construidos antes del año 1988, con deslindes anteriores al año 1988, espacios fuertemente antropizados en terrenos innecesarios para la protección del dominio público. Se trata de doce núcleos urbanos, en total más de 3.400 viviendas; viviendas sencillas, de barriadas populares; no son viviendas de ricos, señorías.

Séptimo: revisión de los deslindes. Efectivamente, la Administración General del Estado deberá proceder a iniciar la revisión de los deslindes ya ejecutados que se vean afectados como consecuencia de la aprobación de esta ley; deslindes que se efectuarán con criterios técnicos y homogéneos. No pueden volver a repetirse los deslindes incompletos, a veces acusados de caprichosos y arbitrarios. No pueden aplicarse distintos criterios según los territorios y las épocas. No puede mantenerse la sensación arbitrariedad y agravio comparativo que ha existido los últimos ocho años.

Octavo: Formentera. Efectivamente la isla de Formentera recibe un tratamiento singular en el proyecto de ley dada su especial configuración geomorfológica en cuanto a la delimitación del dominio público, como puso de manifiesto el controvertido deslinde practicado el año 2007 y rechazado por toda la sociedad formenterense. Para asegurar la protección de la isla frente al riesgo urbanístico se establece que la servidumbre de protección será de 100 metros, y se cumple, además, señorías, con la petición de todas las instituciones de la comunidad autónoma y también se cumple con el compromiso adquirido por el anterior presidente del Gobierno, señor Zapatero, de modificar el deslinde para efectuar -son palabras del señor Zapatero- un deslinde justo, cosa que no se había hecho en el deslinde anterior.

Noveno: se da vía libre -dicen ustedes- a las industrias contaminantes. Falso, señorías, las industrias potencialmente contaminantes que a la entrada en vigor de esta ley ocupen el dominio público en virtud de una concesión necesitarán un informe ambiental específico de la comunidad autónoma, para que se prorrogue la concesión y la actividad. Se trata de 1.700 instalaciones industriales, unos 17.000 empleos, señorías.

Termino con una referencia a las enmiendas del Senado que incorporan regulaciones específicas en el proyecto de ley para afrontar con garantías la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral, no ambigüedades como las solicitadas por los distintos grupos parlamentarios en sus enmiendas. Nuestras enmiendas, señorías, introducen un tramo específico para los tramos del litoral que se encuentren en riesgo de regresión en las áreas así declaradas y limitar en ellas las ocupaciones, y se prevé que la Administración pueda realizar actuaciones de protección, conservación o restauración respecto de las cuales podrá establecer contribuciones especiales; otra de las novedades que se incorpora en las enmiendas. También se exige, señorías, que a los proyectos para la ocupación del dominio público se acompañe una evaluación prospectiva sobre los posibles efectos del cambio climático, y junto a estas medidas se impone al ministerio de Medio Ambiente la obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de las costas a los efectos del cambio climático. Es la primera vez, señorías, que se contemplan los efectos del cambio climático en un proyecto de ley. Pienso que todas las señorías de la oposición votarán a favor de estas enmiendas, si no, desde luego no sería comprensible que después de solicitarlo ahora las rechacen.

La Ley de Costas de 1988 se basó en un marcado proteccionismo del litoral, que no ha conseguido la conservación del medio ambiente costero. El proyecto de ley que vamos a aprobar en breve va a constituir sin duda un instrumento eficaz al servicio de la protección y conservación del litoral y, a la vez, va a permitir compatibilizar la protección de ese espacio natural con el impulso de actividades económicas que creen empleo, crecimiento económico y que generen riqueza, que es el objetivo que estoy segura que todos compartimos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Lara.


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DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1987, DE 30 DE JULIO, DE DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON LOS TRANSPORTES POR CARRETERA Y POR CABLE. (Número de expediente 121/000033).

El señor PRESIDENTE: Dictamen del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las comunidades autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable. Para la defensa en el Pleno de las enmiendas formuladas por su grupo a esta iniciativa tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, voy a proceder a la defensa de las dos únicas enmiendas que se han presentado a este proyecto de ley orgánica y que no fueron aprobadas en Comisión. Se trata de un proyecto de ley orgánica que modifica la Ley orgánica 5/1987, de delegación de facultades del Estado en las comunidades autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable. Esta ley orgánica pretendió en su día -ya en el año 1987- la implantación del principio de ventanilla única en la gestión de competencias administrativas, algo que estos días está de actualidad. Ayer mismo se hablaba de las reformas -por cierto, reforma pendiente- de la Administración General del Estado, que entre otras cosas pasa por intentar racionalizar el ejercicio de competencias administrativas. La verdad, señoras y señores diputados -no es una opinión propia, es una opinión expresada en el propio preámbulo del proyecto de ley-, es que esta es una figura que ha funcionado satisfactoriamente, las comunidades autónomas han ejercido correctamente estas funciones, pero el paso de los años ha demostrado la necesidad de actualizar esta regulación. Por ello el Gobierno presentó este proyecto de ley de artículo único, que básicamente lo que hace es modificar el artículo 10 de esta ley orgánica con la ampliación de algunos supuestos en el ejercicio de esta delegación de competencias en las comunidades autónomas, de forma que no haya duplicidad de funciones administrativas, lo cual obviamente uno no puede hacer más que compartir. Por tanto, el objetivo de este proyecto de ley orgánica es un objetivo actual. Fíjense ustedes en esto, porque en el año 1987 se estaba empezando a construir lo que se ha llamado el Estado de las autonomías, y en algunos ámbitos se hizo un buen trabajo, porque se traspasaron los funcionarios de la Administración General del Estado. Tomen nota todas las señoras y señores diputados, porque las comunidades autónomas durante veinticinco años han ejercido estas competencias a plena satisfacción sin apenas duplicidades.

¿Qué sucede? Hemos presentado dos enmiendas por un tema tan simple como es intentar explicar algo que se llama el mercado interior. El mercado interior hoy día no es el mercado español, el mercado interior, desde la incorporación de España a la Unión Europea, es Europa. Es un concepto muy simple y todos podemos entenderlo. Por tanto, aquello que se reservó el Estado en aquel momento tenía cierta lógica, cabe decirlo. Se dijo: vamos a traspasarlo todo excepto la gestión de la internacionalidad, es decir, de las licencias internacionales. Todo esto podía tener un atisbo de racionalidad y de seriedad en su momento: hagan las comunidades autónomas absolutamente todo, pero nos reservamos el tema internacional. De acuerdo. ¿Qué sucede? Pues, que estamos en Europa ya hace algunos años y sucede que para un transportista español el salir a Europa no supone problema. No hay aduana y hay libertad, que se va ampliando. La política de transportes europea ha sido una de las más activas hasta el punto de que no hay distinción legal alguna entre el transporte interior y el transporte en el ámbito europeo. En consecuencia, ¿qué es lo que motivó a Convergència i Unió a presentar estas enmiendas? Por cierto, no sin antes recabar la conformidad del propio Ministerio de Fomento, que verbalmente fue concedida. ¿Qué es lo que lo motivó? Llevar a la ley lo que es normal: que un transportista que haga transporte europeo -no internacional, sino europeo, es decir, transporte interior- tenga el mismo trato que el que hacía transporte interior antes hace unos cuantos años dentro de las fronteras españolas. Es algo con un sentido común apabullante. He tenido ocasión de hablar de este tema con muchísimas personas del Ministerio de Fomento, desde la propia ministra pasando por el director general y acabando en todos los funcionarios. De la primera -la señora ministra- al último han dicho: Tienes toda la razón del mundo. Mi única sorpresa es que cuando presentamos estas enmiendas sugeridas -no voy a decir la palabra dictadas para no ofender a nadie- desde los despachos de Nuevos Ministerios, resulta que a la hora de la verdad los


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diputados del Grupo Parlamentario Popular -imagino que no por propia iniciativa- votan contrariamente a algo de tanto sentido común. Sorpresa, sorpresa. Lo que hago hoy simplemente es intentar una vez más convencer y hacer pedagogía de algo sencillo que me parece que tiene muchísimo sentido común, que ayuda muchísimo y que elimina duplicidades. El discurso del señor presidente del Gobierno no acaba de tener credibilidad cuando una cosa tan simple obliga a un contratista normal que hace servicios normales a seguir yendo a dos ventanillas. Además, una muy complicada, porque la Administración General del Estado no tiene funcionarios porque los traspasó con buen criterio. La gestión de una licencia comunitaria es algo complicadísimo y que provoca unos quebraderos de cabeza terribles. Un contratista de transporte gallego lo pasa fatal porque Galicia no tiene fronteras, pero sí que exporta a Europa y sus empresas tienen un auténtico calvario para poder hacer algo tan simple como es el transporte interior. Apelo una vez más a un sentimiento de normalidad y de racionalidad para hacer las cosas simplemente por algo que en la calle existe, señorías, que es el sentido común. Pido a los señores diputados, básicamente del Grupo Parlamentario Popular, que hoy puedan enmendar lo que no se hizo en la Comisión y que se pueda proceder simplemente a la delegación de funciones -repito que es algo del año 1987- del transporte interior, puesto que el transporte europeo es transporte interior.

Nuestras enmiendas son muy simples. Son dos enmiendas de adición que básicamente dicen: Respecto a los servicios de transporte realizados en el ámbito de la Unión Europea -repito, transporte interior- prestados al amparo de las licencias comunitarias, se delega -se delega- en la comunidad autónoma que resulte competente con arreglo a las normas que establece el artículo 6 -Galicia, si es un camión gallego, por decirlo de alguna manera- las funciones de otorgamiento, revocación y condicionamiento de dichas licencias comunitarias. Este es un tema simple, sencillo y muy pedagógico en estos momentos. Por tanto me armo de sentido común para plantearles a sus señorías que lleven también el sentido común a esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.

En turno ya de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Vasco, PNV, la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, únicamente intervendré para fijar la posición de voto. Nuestro grupo votará favorablemente esta propuesta, si bien si las enmiendas formuladas por Convergencia i Unió no son aceptadas, lo haremos con un cierto mal sabor de boca. En todo caso, este es nuestro voto y le agradezco mucho que me haya dado dos minutos para intervenir.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

La exposición del señor Macias rebosaba sentido común y, desde ese punto de vista, no le voy a discutir nada de lo que plantea en sus enmiendas. Lo que sí le digo es que esto tiene otra manera de resolverse desde el punto de vista de la simplificación de los trámites administrativos, de la creación de ventanillas europeas y no del constante trasvase de competencias a las comunidades autónomas, que tampoco sería, de antemano, algo en sí mismo objetable por principio, si no fuera porque sabemos precisamente que está pidiendo la delegación de una competencia en el contexto de un proceso de secesión llevado por la Generalitat. Esto nos parece tan incoherente que, francamente, no podemos apoyar sus enmiendas, aunque ya le digo que compartimos la idea de la simplificación máxima de ventanillas y de trámites administrativos, solo que creo que estamos hablando de otra cosa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras. (Pausa). No está. ¿Señor Sixto? (Denegación). No va a intervenir nadie. Gracias.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Ruiz Llamas.

El señor RUIZ LLAMAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, el proyecto de ley que hoy se presenta, que modifica la Ley 5/1987, de delegación de facultades del Estado en las comunidades autónomas, prácticamente consta de un artículo único en el


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cual se modifica la redacción, como muy bien se ha dicho, para articular el ejercicio de estas competencias y ampliarlas, adecuándolas a una nueva situación ya que, evidentemente, han pasado prácticamente veintiséis años desde esa modificación. Es verdad que esto se hizo en el año 1987 y, por tanto, se tuvo esa sensibilidad, pero también tenemos que tener en cuenta que se estaba desarrollando el Estado de las autonomías y se empezaba a enviar competencias a las comunidades autónomas. Es básicamente la delegación estas competencias en el ámbito territorial e incluso extralimitando el límite territorial de la comunidad en caso de sanción que se pudiera dar. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Señor Macias, estamos de acuerdo con este principio que usted nos ha dicho, lo que nos extraña es que en todo el proceso que se ha dado ninguna comunidad autónoma haya manifestado o emitido informes sobre este proyecto de ley subrayando la necesidad de la transferencia que usted ahora nos pide de las licencias comunitarias. Desde el punto de vista jurídico, también se nos dice que esto entorpecería alguna comunicación con otros Estados miembros y contravendría algún régimen previsto en el reglamento de la de la Comunidad Europea 1072/2009, de 21 de octubre. Nuestro grupo está abierto a hablar de este asunto, siempre y cuando en principio se llegue a un acuerdo con el conjunto de las comunidades autónomas que asuman esto. Esto en estos momentos está centralizado en la Dirección General de Transporte Terrestre y, por tanto, tendría que haber una modificación.

Quiero, aprovechando que la Ley de transporte terrestre no vino al Congreso, hablar de algunos temas que me parece que no quedaron bien resueltos en el trámite del Senado, donde se aprobó la Ley de transporte, y que considero que son asuntos que al sector le están preocupando mucho. Nuestro grupo quiere aprovechar esta intervención para que se reconsideren algunos aspectos de la ley, con la predisposición de llegar a consensuar ciertos asuntos en el trámite del Senado. Es una ley importante de carácter estructural que regula el marco del transporte y que tiene efectos múltiples en el ámbito económico. Si los dos grandes partidos la consensuaran tendría mucha más fuerza a la hora de implantarla y de definir un modelo de transporte en nuestro país. Esto no ha sido posible. Creo que hay que hacer un esfuerzo e intentar ver cómo podemos solucionar esos rechazos importantes que existen en sectores del transporte. Las leyes cuando se hacen son de aplicación al día siguiente pero hay una situación de atomización del mundo del transporte, por lo que se necesita un recorrido de tres a cinco años para poder buscar un nuevo marco.

Hablo prácticamente de cinco temas. El primero lo denominamos el canon del transporte en las concesiones de viajeros por carretera. Creemos que esto va a repercutir en los precios de los usuarios, porque los márgenes comerciales de que dispone el transporte de viajeros no les va a permitir asumir ese coste. Segundo tema, las federaciones de cooperativas han calificado esta ley como un ataque frontal contra las reformas de economía social del sector del transporte terrestre y han afirmado que eso significará la desaparición prácticamente de 20.000 puestos de trabajo en el sector de las cooperativas, ya que prohíbe -cosa que se venía haciendo- facturar a los propios socios a la cooperativa; por tanto esta fórmula queda en estos momentos en stand by. El tercero es la liberalización del transporte hasta tres toneladas y media. Yo creo que habría que buscar algún tipo de profesionalización de este sector. Ahora está regulado y están operando 45.000 autónomos declarados que hacen su trabajo desde el punto de vista profesional y en definitiva contribuyendo. Esto se puede poner en riesgo. Además para mí también puede haber un problema de seguridad. La Dirección General de Tráfico nos habla de que el 60 % de los siniestros que existen se dan entre las furgonetas y los camiones de menos de tres toneladas y media. Por tanto, me parece que va a haber una entrada masiva y desordenada en el sector, y va a expulsar a una parte de esos 45.000 transportistas que ya existen, sin cumplir los requisitos que hasta ahora se les había pedido. Hay organizaciones del transporte que sobre este tema nos plantean que es una entrada y que liberalizar no es solo libre mercado; quiere decir también exigencias en materia de seguridad y buenas prácticas. Por tanto, señorías, nosotros creemos que desvestir a un santo para vestir otro sin garantías profesionales no es adecuado. No me quiero dejar tampoco un tema que se ha resuelto mal, en el que hemos insistido mucho. Me refiero a las responsabilidades, las sanciones hacia los conductores en aspectos graves, y que puede derivar la empresa hacia el trabajador si ha sido un tema grave. Se van a ver coacciones y amenazas, y además se puede regular de otra forma. No es lógico ni razonable que se deje al arbitrio del trabajador y del empresario. Por tanto, debería existir una prueba fehaciente y clara de que esto ha sido así, no solo la presión que se pueda ejercer sobre los conductores.

En la Ley del transporte, en el marco de la libre competencia, organizaciones muy potentes han señalado que ella prácticamente vela solo por los grandes intereses de los contratadores del transporte. Ustedes saben que hay un sector muy atomizado; prácticamente el 70 % de las empresas del transporte,


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165.000 empresarios, están como autónomos. En este sentido los contratadores -ustedes lo saben-, como sobran transportistas, les dicen -es muy fácil-: este es el precio para este año, si quieres lo tomas y si no lo dejas, porque hay cinco personas llamando a la puerta. Por tanto ahí se podrían dar casos incluso de dumping y de desaparición de transportistas autónomos; prácticamente en lo que llevamos de año ya ha desaparecido el 4 % de esos transportistas. Finalmente, el quinto punto. Esperamos que también cumplan con el colectivo del taxi. Ustedes prometieron que en esta ley iban a introducir el tema de la VTC en la proporción de 1 a 30. Nos dijeron en Comisión que esto lo iban a remitir al reglamento. Bueno, estamos a tiempo en el Senado de poder consensuar estos cinco temas que le hemos planteado.

Al Grupo Socialista le gustaría mucho poder consensuarlos y poder llegar a un acuerdo grande sobre una ley muy importante que modifica en el medio y largo plazo el sector del transporte en España. Por tanto estamos abiertos a esa negociación, señorías del Grupo Popular y del Gobierno, y esperamos que ustedes sean receptivos a este acuerdo que les proponemos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Ruiz Llamas.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Santa Ana.

La señora SANTA ANA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, intervengo en relación con el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las comunidades autónomas en relación con el transporte por carretera y por cable. Debatida y aprobada la ponencia en Comisión el pasado 23 de abril quedó ya dictaminado el proyecto de ley orgánica a falta de su aprobación definitiva en el Pleno, cosa que esperamos que ocurra hoy. Se trata de una norma que únicamente modifica el artículo 10 de la Ley orgánica 5/1987, y me gustaría además señalar que abordada ahora la modificación de la Ley 17/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres se ha creído conveniente llevar a cabo al mismo tiempo la tramitación de esta norma porque entendemos que complementa la mencionada ley.

Señorías, la función inspectora es un pilar básico en el sector del transporte por carretera para fomentar el cumplimiento de las normas y para conseguir una adecuada ordenación del transporte, evitando la aparición o la intensificación de conductas ilícitas o desleales que afectan de manera significativa a la competencia. La titularidad de esta función ya es conocida; no corresponde exclusivamente a una administración pública, de modo que se atribuyen competencias en materia de inspección de transporte por carretera tanto al Estado como a las comunidades autónomas. Por tanto señorías, habiéndose suscitado dudas -hay que señalar que se han suscitado dudas- acerca de la correcta articulación del ejercicio de las competencias delegadas por parte de las comunidades autónomas en materia de inspección y sanciones, es por lo que se modifica el artículo 10 de la citada Ley orgánica 5/1987, con el fin de señalar una mayor transparencia en cómo se distribuyen esas competencias en estas materias entre las distintas comunidades autónomas que tienen asumidas esa delegación. Este es el único objetivo que persigue la norma. De modo, que las comunidades autónomas llevarán a cabo la inspección de los servicios de transporte por carretera y por cable en los centros de trabajo que las empresas tengan en sus respectivos territorios y en los vehículos que circulen por ellas con independencia del ámbito territorial en que se hayan desarrollado los servicios que son objeto de esa inspección. Así se delega en las comunidades autónomas la facultad sancionadora incluso cuando la gestión del servicio de transporte no haya sido objeto de delegación o hayan sido delegados en otras comunidades autónomas. Señorías, hay que aclarar -creo que es importante- que no están delegadas las funciones de inspección y control en frontera de los transportes internacionales ni, en su caso, la sanción de las posibles infracciones que se pudiesen detectar. Asimismo se señala que las funciones de vigilancia del transporte atribuidas a la Guardia Civil tampoco son objeto de esa delegación. El ejercicio de la función sancionadora además lleva implícito el de incoación, tramitación y resolución de los correspondientes procedimientos. Además, la comunidad autónoma solamente está facultada para proponer la resolución del contrato de gestión de un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general de competencia estatal correspondiendo -ahora sí- a la Administración General del Estado incoar, tramitar y en su caso resolver el correspondiente procedimiento de resolución. Señorías, las facultades delegadas no serán obstáculo para que la Administración General del Estado acuerde realizar en último lugar las inspecciones que estime necesarias. Por tanto, se trata de simplificar y agilizar esos procedimientos de inspección y sanción en el transporte por carretera mejorando de este modo la eficacia en la persecución y sanción de


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conductas que vulneran la legislación vigente, que subvierten las condiciones de competencia en un mercado que -ahora sí- en definitiva es único.

Señor Macias, creemos que queda suficientemente clarificada la delegación efectuada por la Ley orgánica 5/1987, que hoy nos ocupa. Señor Ruiz, del Grupo Socialista, usted nos hace un debate sobre la LOT, que creo que ya hemos superado en Comisión. Este texto que estamos hoy debatiendo no se aborda en ese proyecto de ley, y ustedes desde luego tuvieron la oportunidad de debatirlo y de hablarlo extensamente dentro de todos los trámites llevados a cabo en el seno de la Comisión. Por tanto -concluyo de esta manera-, este proyecto de ley orgánica es una norma necesaria que busca aclarar cómo se lleva a cabo esa delegación de competencias, por consiguiente pedimos su aprobación hoy por la mañana.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Santa Ana.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL DEPORTISTA Y LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA. (Número de expediente 121/000042).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al debate del dictamen del proyecto de ley orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. Señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señora presidenta, señoras y señores diputados, tengo el honor y la satisfacción de defender, en nombre del Gobierno, el proyecto de ley de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva que, como saben sus señorías, ha sido debatido en Comisión.

Antes de comenzar a describir el texto de la ley orgánica que hoy se somete a esta Cámara, el Gobierno quiere expresar el agradecimiento a todos los grupos que, mediante la presentación de las oportunas enmiendas al articulado -enmiendas que en su gran mayoría han sido aceptadas en ponencia y en Comisión-, expresan un compromiso de la mayor parte de los grupos representados en esta Cámara e incluso, si me lo permiten, de aquellos que no van a apoyar con su voto afirmativo esta norma pero que comparten -entiendo yo- la mayor parte de los objetivos que con la misma se persiguen.

Señorías, el proyecto de ley orgánica de protección de la salud del deportista y de lucha contra el dopaje en la actividad deportiva es algo necesario en función tanto de circunstancias ajenas a aspectos coyunturales que tengan que ver con el papel de España en las disciplinas que aquí se contemplan como con aspectos de esta otra naturaleza. No necesito ocupar el tiempo de sus señorías en detallar los éxitos deportivos obtenidos por España en muy distintas modalidades deportivas, tanto de equipo como individuales. En este momento España es campeona del mundo en dos disciplinas de amplísimo seguimiento como son el fútbol y el balonmano y tiene una posición muy destacada en baloncesto, en natación sincronizada, en ciclismo, en tenis, en atletismo y en muchas otras prácticas deportivas de gran relieve social. Sin embargo, no podemos ocultar que este éxito de nuestros deportistas ha sido en ocasiones puesto en cuestión en los últimos años por lo que constituye la gran lacra en el deporte, el dopaje. El dopaje, señorías, es, por supuesto, una lacra que afecta al juego limpio y a la competición, pero su daño, el daño que ejerce, va más allá de la propia actividad deportiva, porque el dopaje puede llegar a afectar muy gravemente la propia salud de los deportistas, no solo durante el tiempo en que desempeñan, como profesionales o como aficionados, la competición deportiva sino en la etapa más difícil de sus vidas, cuando han dejado de practicar activamente el deporte, sobre todo el deporte profesional. Evidentemente, para disfrutar de un surtido de deportistas profesionales de muy alto nivel son necesarias capacidades especiales: el esfuerzo, el trabajo duro y una buena salud que asegure el rendimiento actual del deportista y su buena calidad de vida en el futuro. Desde esta perspectiva, hemos desarrollado un proyecto en el que la salud del deportista ocupa el centro, es el centro neurálgico del proyecto, y además se ponen en marcha toda una serie de mecanismos de eficacia contrastada para luchar contra el dopaje. Esta, podríamos decir, es la principal novedad desde el punto de vista del planteamiento que presenta esta normativa: una visión integral de la protección de la salud en el deporte según la cual el dopaje se ve fundamentalmente como una amenaza para la salud de los deportistas, para su rendimiento y para la competición, para el juego limpio en el deporte y para la propia dimensión ética del deporte. Estoy seguro de que muchas de sus señorías habrán escuchado alguna vez aquella famosa afirmación de Albert Camus en una entrevista que le hizo precisamente el boletín del equipo de fútbol del Racing de Argel, en el que él había jugado


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como portero, en la cual Camus decía: Todo aquello que con mayor certeza he aprendido en mi vida acerca de la moral de los hombres y de sus obligaciones se lo debo al deporte, se lo debo al fútbol. En esa perspectiva, en la perspectiva de garantizar la salud del deportista, la limpieza de la competición y la presencia de los valores éticos en el deporte, se aborda este proyecto de ley.

Antes de entrar en su contenido concreto, permítanme que sitúe desde el punto de vista cronológico las razones de oportunidad que llevan a la aprobación esta norma. Como saben sus señorías, la actual Ley orgánica de lucha contra el dopaje se aprobó en el año 2006, apenas unos meses antes de la entrada en vigor de la Convención internacional contra el dopaje en el deporte aprobada por la Unesco, que fue ratificada por España en el año 2006 y que entró en vigor en febrero de 2007, y anterior también a la última modificación del Código Mundial Antidopaje, modificado en 2007, y cuya entrada en vigor se produjo en el año 2009. Es cierto que el Código Mundial Antidopaje no es, propiamente hablando, una norma internacional, pero no es menos cierto que tiene carácter vinculante para los organismos internacionales que trabajan a nivel internacional (Comité Olímpico Español y las distintas federaciones que participan en competiciones internacionales). No podemos olvidar, por otra parte -aquí entramos en la consideración de estos aspectos de oportunidad-, que en estos momentos lo que se llama compliance, la conformidad de la Agencia Mundial Antidopaje, es una condición imprescindible, en todo caso necesaria aunque no sea suficiente, para el éxito de dos candidaturas en las que tanto el Gobierno como las fuerzas políticas como toda la sociedad española tienen puestas grandes esperanzas; me estoy refiriendo, señorías, como pueden imaginar, a la candidatura de Madrid 2020 y a la de Barcelona-Pirineos 2022. Hemos hecho una apuesta por estas candidaturas y tenemos que ser coherentes, poniendo por nuestra parte todos los instrumentos necesarios para conseguirla; entre ellos tengo que destacar una normativa contra el dopaje que satisfaga suficientemente los requerimientos internacionales.

El proyecto de ley, por tanto, se adapta a las exigencias recogidas en el Código de la Agencia Mundial Antidopaje, cuenta con la conformidad explícita de ella. Hemos tenido un contacto muy fluido con la Agencia Mundial Antidopaje y hemos trabajado en esta nueva regulación, que, a juicio de esa agencia, convierte a España en pionera en la lucha contra el dopaje y -lo que es más importante- pionera también en la protección de la salud del deportista y en el juego limpio. Insisto, se trata de una norma que va más allá de la lucha contra el dopaje, que no es solo una norma de lucha contra el dopaje.

El dopaje se ve en la ley como una patología que es preciso erradicar y un componente de un conjunto de cuestiones mucho más amplias, como es la protección de la salud de los deportistas. Por tanto, desde el punto de vista de la coherencia, con este planteamiento se contemplan dos tipos de medidas: unas que afectan a los deportistas en general, y que son aquellas que tienen que ver con las medidas positivas de la prevención de riesgos asociados a la práctica deportiva; y otras de lucha específica contra el dopaje que tienen un ámbito subjetivo de aplicación mucho más reducido. Además en la norma se realiza una nueva configuración de la hasta ahora denominada Agencia Estatal Antidopaje, que pasa a denominarse agencia española de protección de la salud en el deporte, con más competencias, con mucha más independencia y con un planteamiento, tanto en cuanto a estructura como en cuanto a competencias, coherente con la concepción integral de la ley que hoy se somete a la aprobación de esta Cámara. Empiezo por tanto con ese aspecto, con el aspecto de la protección de la salud en el deporte.

Partimos de la normativa y de las ideas que se recogían en la Ley orgánica 7/2006, a la que esta norma viene a sustituir, con el propósito de, apalancados en la experiencia que esta norma nos proporciona, dotarla de mayor efectividad. Además se recogen algunas ideas nuevas que derivan de la evolución, tanto de carácter técnico como científico y práctico, en el propio ámbito deportivo. Por ello lo primero a considerar desde este punto de vista es el conjunto de medidas destinadas a la prevención de los riesgos asociados a la práctica deportiva que pueden resultar necesarias en función de la experiencia, en función de los riesgos que se han detectado vinculados a esa práctica. Así, se contempla un plan de apoyo a la salud en el ámbito de la actividad deportiva que determinará los riesgos comunes y específicos para la salud de los deportistas y establecerá las medidas de prevención, de conservación y de recuperación que puedan resultar necesarias en función de esos riesgos detectados. Se pone en marcha un sistema de reconocimientos médicos, que será tanto más exigente cuanto más exigente resulte la actividad física a realizar por el deportista. Se determinan unas obligaciones para los establecimientos relacionados con la práctica deportiva, como disponer de medios específicos de lucha contra las enfermedades cardiorrespiratorias agudas. Se habilita también una tarjeta de salud del deportista de alto nivel o de carácter profesional y -esto es importante, me refería a ello en la introducción- se establecen nuevas medidas de protección de la salud cuando se finaliza la actividad deportiva. Igualmente, se establece un


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sistema reforzado de investigación especializado en materia de protección de la salud tanto en lo que son aspectos médicos puramente preventivos, particularmente en materias tan sensibles como la muerte súbita, como en la necesidad de contar con medios adecuados de prevención y detección del dopaje. Quiero destacar especialmente en este sentido que la ley articula un marco de colaboración con las comunidades autónomas y con las entidades privadas para la aplicación práctica de este modelo de protección de la salud del deportista. Es evidente que este ámbito de la protección de la salud del deportista debe tener su complemento a través de la normativa específica de las comunidades autónomas, puesto que aquí no estamos hablando solo del deporte de alto rendimiento o del deporte de alta competición sino de la protección de la salud del deportista en general.

A continuación, señorías, entro a describir los aspectos medulares de aquello que en la norma se refiere a la lucha contra el dopaje en el deporte. Es sin duda parte del contenido más esencial de la norma, es parte -al igual que acabo de referir los aspectos de protección de la salud del deportista- de la experiencia del sistema anterior y de los nuevos compromisos asumidos por España derivados del cambio en esa normativa internacional, así como -quiero destacarlo de forma especial- de las aspiraciones legítimas de los deportistas de que se respeten sus derechos fundamentales y su dignidad. Tengo que confesar que en este sentido ha habido que superar algunas dificultades, que nacen del hecho de que las normas del sistema de lucha contra el dopaje que se contienen en el Código Mundial Antidopaje responden a una estructura típica de las normas de corte anglosajón, que parten de principios diferentes a los de nuestro ordenamiento jurídico y que han requerido un minucioso trabajo -minucioso y yo creo que satisfactorio trabajo de anclaje en nuestro sistema jurídico- por parte de todo el equipo del Consejo Superior de Deportes y de la Agencia Estatal Antidopaje. Es muy importante destacar desde este punto de vista que hemos tenido también como prioridad el pleno respeto a los derechos fundamentales de los deportistas. Somos conscientes de que se trata de un tema extremadamente delicado y en ocasiones los deportistas pueden sentir amenazada su intimidad o amenazados sus derechos. Por ello hemos realizado un esfuerzo especial en que todo el texto y todas las medidas que en él se contienen respeten esos derechos fundamentales, como también recomendaba el dictamen que a propósito de la norma emitió el Consejo de Estado.

En cuanto a las novedades concretas más destacadas en este sentido, habría que referirse en primer lugar a los controles en los que tanto la planificación como buena parte de los aspectos de la ejecución se llevarán a cabo a partir de ahora por parte de la agencia española de protección de la salud en el deporte. Antes, como saben sus teorías, esa planificación se realizaba por la comisión de control y seguimiento de la salud y el dopaje en el Consejo Superior de Deportes que también era la encargada de la ejecución de esos controles. Hay una diferenciación en la norma entre los controles que se refieren a las competiciones nacionales de aquellos que se realizan en las competiciones internacionales que tengan lugar en España. Se establecen normas precisas respecto a la cualificación del personal, su habilitación realizada por la agencia española de protección de la salud en el deporte, teniendo en cuenta especificaciones sanitarias, por ejemplo en el caso de los análisis de sangre. También -algo que ha resultado en ocasiones litigioso en la relación con los deportistas- el horario de realización de los controles se hará respetando el descanso nocturno; por tanto con carácter general no se realizarán en las franjas horarias comprendidas entre las 23:00 y las 06:00 horas, a excepción de aquellos casos debidamente justificados en los que se tenga que realizar en horario nocturno, informando siempre al deportista de la razones que lo aconsejan. Por otra parte, en cuanto a las autorizaciones de uso terapéutico que pueden solicitar los deportistas, será la agencia española de protección de la salud en el deporte la que sea responsable de esas autorizaciones. También se reconoce la validez de aquellas autorizaciones de uso terapéutico concedidas por la Agencia Internacional, siempre y cuando se encuentren debidamente registradas en la Agencia Española. Se incluye un componente más para proteger a nuestros deportistas y el buen funcionamiento de la lucha contra el dopaje, a saber, que los funcionarios o cualquier personal que filtre datos sobre la planificación o realización de los controles o sobre la tramitación de los expedientes serán sometidos a un procedimiento sancionador.

Ligo con esto el régimen de infracciones y sanciones que contempla la norma. En primer lugar, se amplía el ámbito de las conductas tipificadas, incluyendo el tráfico de sustancias dopantes. Se retocan las sanciones que se siguen estructurando en los siguientes grupos: deportistas, clubes equipos y federaciones, técnicos, jueces y árbitros, directivos y dirigentes y, por último, médicos, personal sanitario y responsables de establecimientos deportivos. En los criterios de imposición de sanciones se regulan con mayor amplitud de detalle las eximentes, las atenuantes y las agravantes. Se reconoce como atenuante el reconocimiento de responsabilidad por parte del deportista o de cualquiera que intervenga en la actividad prohibida. Se mantiene la reducción de la sanción del deportista que ayuda a la justicia mediante una colaboración


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eficaz. Se endurecen las sanciones. Obviamente es un aspecto importante. Por un lado, se endurecen las sanciones para los reincidentes, aunque se suaviza la sanción para la primera infracción y se prevé también la rehabilitación del deportista. Se endurecen, sobre todo económicamente, las sanciones para el entorno del deportista -entrenadores, médicos, masajistas-. Se contempla en su caso la suspensión de la licencia federativa, si es que fuera precisa, pero sobre todo se aumentan las multas, que pueden ser de hasta 400.000 euros, ya que se considera que es el procedimiento más disuasorio. El consumo de sustancias y métodos dopantes -siguiendo la tradición española en este sentido- no constituye delito para el deportista. La intención o tentativa de doparse se castigará también con la misma sanción que los resultados positivos en los controles antidopajes.

Un aspecto importante en este sentido es la colaboración con las autoridades judiciales. En los procesos penales por dopaje se establecen mecanismos de conexión con el procedimiento sancionador administrativo. Si el juez en su caso, tras el informe de la agencia, decide optar por la continuación del proceso penal, la agencia suspenderá su tramitación aunque podrá, en su caso, acordar la suspensión de la licencia federativa mediante audiencia al interesado. La ley acoge la posibilidad de que la agencia pida las pruebas al juez, quien, sin tener obligación de darlas, deberá responder de forma motivada a esa petición y, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad. Se crea un tribunal administrativo del deporte, órgano que sustituye al Comité Español de Disciplina Deportiva y a la Junta de Garantías Electorales y tendrá una sección especializada en dopaje. Este será el órgano que asuma la supervisión de las sanciones en lugar de la actual fórmula ante una sección específica del Comité Español de Disciplina Deportiva. Sus sentencias no podrán ser recurridas ante el TAS, Tribunal Arbitral du Sport, de competencia internacional, pero estas decisiones solo afectan a deportistas y eventos nacionales. Se introduce, como última novedad en este sentido, un artículo específico de lucha contra la publicidad engañosa en productos relacionados con el dopaje.

Desde el punto de vista estructural, como he señalado en la introducción, la principal novedad es la conversión de la Agencia Estatal Antidopaje en la nueva agencia española de protección de la salud en el deporte. Este órgano, al que la ley dota de un singular protagonismo en este ámbito, sustituye en la práctica totalidad de las funciones que en relación con esta materia ostentaba hasta ahora el Consejo Superior de Deportes y la Comisión de control y seguimiento de la salud y el dopaje en el deporte. Al tiempo, se le dota de mucha mayor independencia y se cambia la denominación en el sentido que he expresado. De gran importancia funcional y económica en la agencia es la competencia -a la que también me he referido antes- de ejecutar los controles. Hay que tener en cuenta que hoy, según la regulación vigente, esta ejecución correspondía a las federaciones deportivas. La nueva agencia tendrá la consideración de organización nacional antidopaje a los efectos contemplados en el Código Mundial Antidopaje y es el organismo público de asesoramiento y colaboración en la materia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la Policía judicial y con todos los demás poderes públicos. Esto, señorías, en lo que se refiere al contenido esencial del proyecto que hoy se trae a la aprobación de esta Cámara. Se trata de un proyecto extenso y complejo pero entiendo que las dimensiones a las que me he referido constituyen lo sustancial del mismo.

No quisiera finalizar sin hacer referencia a un acontecimiento que hemos vivido en las últimas semanas y que creo que ilustra perfectamente la importancia de esta nueva norma. No puedo ocultarles, señorías, en un acto como este, y tratándose de la ley que hoy proponemos a esta Cámara, la profunda insatisfacción y la desazón que nos produce la sentencia dictada el 30 de abril de este año en el juicio de la denominada operación Puerto. Como es natural, el Gobierno respeta y acata las sentencias de los tribunales y una vez más expresa su confianza en la justicia, pero no quiero ocultar nuestra profunda discrepancia jurídica y nuestra firme oposición a que esa sentencia sea el punto final de una operación policial de enorme transcendencia internacional en el ámbito deportivo español especialmente; una sentencia en la que ha quedado acreditado que algunos deportistas acudían a métodos sistemáticos de dopaje ofrecidos por un médico que ha sido condenado porque ponía en riesgo la salud de esos deportistas y por procurarles con sus prácticas un objetivo único: incrementar artificialmente su rendimiento deportivo, ocultar el consumo de sustancias prohibidas y lucrarse con ello; pero una sentencia que solo con la condena al médico impide que los tramposos sean conocidos y sancionados en el ámbito deportivo. No puedo expresar sino el rechazo a que ese sea el modo en el que se ven desprotegidos la mayoría de los deportistas que compiten limpios, que dedican sus esfuerzos legítimos a ser los mejores sin hacer trampas, los que enorgullecen al deporte español por sus hazañas. Por ellos, principalmente por ellos, debemos seguir luchando para garantizar una competición limpia, para ofrecer al mundo del deporte nuestra garantía de fair play y de


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igualdad en la competición y por disipar de una vez por todas cualquier sombra de dudas que sentencias como esta puedan dejar en la mente de personas e instituciones.

Vamos a seguir luchando en el terreno jurídico, apelando una sentencia que consideramos insuficiente e injusta, que no permite conocer el nombre de muchos implicados, cuando ha quedado acreditado con hechos y pruebas que esa era la única finalidad de estas prácticas prohibidas. Desde el Gobierno hemos puesto el recurso en manos de la Abogacía del Estado y tenemos plena confianza en que es posible otra interpretación de la ley, y también, evidentemente, debemos seguir luchando en el campo político y legislativo trayendo, como por ejemplo hoy se hace a esta Cámara, una ley que prevé mecanismos específicos de colaboración entre las autoridades judiciales y deportivas para posibilitar una colaboración eficaz, rápida y con todas las garantías; garantías que, por supuesto, son exigibles para todos los implicados, pero que sobre todo lo son para todos aquellos que por su buen hacer, por su honestidad y por su buen trabajo nunca se han visto envueltos en prácticas prohibidas. Los deportistas españoles que compiten limpios de sustancias y de sospechas merecen todo nuestro apoyo, nuestro reconocimiento y nuestra protección. Esta ley se lo ofrece. Por todo ello, expreso una vez más mi confianza en que esta ley pueda contar con el mayor consenso de la Cámara y que juntos podamos continuar celebrando los éxitos de nuestro deporte y de nuestros deportistas.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Vamos a pasar a la defensa de las enmiendas que se han mantenido para el Pleno. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, bienvenidas sus últimas palabras, las compartimos totalmente, y las compartimos porque en otras ocasiones la Administración no solamente escondió la cabeza bajo el ala sino que incluso, respondiendo a una llamada de somatén, con un ¡Santiago y cierra, España! defendió posiciones que no se podían defender, lo cual ha llevado al Estado español a ser uno de los Estados más desprestigiados hasta el día de hoy en todo aquello que atañe al encubrimiento del dopaje. Recuerdo palabras del señor Lissavetzky que seguramente hoy día no repetiría. Digo esto porque entiendo las prisas y entiendo sus ganas de hacer las cosas bien hechas, porque ciertamente existe un desprestigio y hay un evento que todos queremos que salga bien, que es que la capital de España pueda acceder a los Juegos Olímpicos del año 2020, es decir, el deporte español -me refiero más al deporte español en términos genéricos, no a los deportistas- necesita un buen lavado de cara. Luego, bienvenida esta ley porque ciertamente el dopaje es una lacra y, si hay que dar lecciones al mundo, como mínimo que exista un propósito de enmienda para hacer las cosas bien hechas. En este contexto entiendo sus últimas palabras desde esta tribuna. Por tanto, hay que legislar, pero le recuerdo algunas cuestiones. Por ejemplo, no se justifica la urgencia de hacer una buena ley para que, aprovechando esta coyuntura, se pretenda dar un paso hacia atrás en lo que atañe a la cosmovisión moderna que tienen las sociedades hoy de lo que es el deporte, que se aleja del estatismo. Parece mentira que una persona liberal como usted abone una ley de este tipo. La Agencia Mundial Antidopaje es una entidad privada que ha encontrado su palanca para cargarse de capacidades públicas en la Unesco, pero esto no conlleva que la lucha contra el dopaje tenga mucho de aquello que tiene la concepción moderna del deporte, que es un efecto de la civilización avanzada. Los ciudadanos, por el hecho de ser ciudadanos de una sociedad avanzada, son básicamente también deportistas. Esto que hacen ustedes de ultrapasar las fronteras y las paredes de su competencia, que es el deporte federado de élite destinado a competir en campeonatos internacionales -es decir, estamos hablando de la élite de los ciudadanos que practican deporte-, que ustedes no se circunscriban a este mundo y tengan el atrevimiento, creo que muy anticuado, pero que muy anticuado, esto casi, casi tiene reminiscencias soviéticas, (Risas) -sí, sí, ríase un poquito, que va bien también-, de alcanzar el universo de todos los ciudadanos que practican deporte, pero esto ¿qué es? ¿La construcción de dos mundos paralelos, el mundo policial y el mundo de los ciudadanos que practican deporte? ¿Pero esto qué es? Esto es muy antiguo, señor Wert.

Con nuestras enmiendas nosotros hemos intentado que entendieran esto, que su competencia se circunscribe al ámbito federado en competiciones internacionales; competiciones que alcanzan al mundo profesionalizado y que no tienen nada que ver con el mundo del deporte, cultura y salud de los ciudadanos, que además es competencia de las comunidades autónomas. Aprovechan que quieren hacer una ley para ser el paradigma de las modernidades en el mundo -¿pero no ven que se les va a ver la trampa?- no


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para arañar competencias, sino para dar un hachazo a las competencias que tienen las comunidades autónomas en deporte. Esto es tan chapucero que no se entiende. Y no solamente esto, ustedes sectorializan la protección de la sanidad. ¿Qué es esto de sectorializar la protección de la sanidad? No tiene ningún sentido. La Constitución y los estatutos de autonomía también dejan muy claro la categoría y la intensidad, la manera en la que se regulan de forma compartida las competencias de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado en todo aquello que atañe a la sanidad, y ustedes ahora sectorializan la protección de la sanidad para con los deportistas y para con el resto de los ciudadanos. ¿Es que no queremos que todos los ciudadanos practiquen deporte? ¿A qué viene esta sectorialización? La protección de la salud que asumen las administraciones atañe al universo de los ciudadanos.

De verdad, no lo entendemos, creo que les puede su jacobinismo, señor Wert. Entiendo que usted es una persona viajada y culta, pero tiene algo que le puede más. Le puede más la entraña que la inteligencia, y sé que usted es muy inteligente y muy culto, pero la entraña le puede más, porque no se entiende que aproveche esta ley para cargarse las competencias exclusivas que tienen las comunidades autónomas en todo aquello que atañe al mundo del deporte. Y repito, laminar competencias, centralización de la protección de la salud introduciendo la confusión y la duplicidad administrativa y centralización del sistema antidopaje, porque incluso llegan a expulsar -póngale comillas no demasiado gruesas- a las federaciones de la agencia. Si antes el Consejo Superior de Deportes tenía competencias para controlar a las federaciones -porque existe la tutela pública- y las cosas salieron como salieron, ¿qué va a ocurrir ahora, si restringen todavía más y expulsan al mundo del deporte? Porque la agencia será un petit comité, un petit comité ¿de qué, de burócratas? Quizá sí, que practicarán deporte de ocho y media a nueve de la noche. Mejor.

Vamos a votar en contra, porque ni tan solo han tenido la voluntad de pactar algunas enmiendas para dejar claro que expulsan, sacan de la ley todo aquello que tiene que ver con el mundo no federado de alta competición. Además, pediremos al Gobierno de Cataluña -no sé si vamos a tener poca o mucha suerte- que presente ante el Tribunal Constitucional un recurso. Vaya por delante, aun cuando lo diga finalizando mi intervención, que los republicanos catalanes deseamos - y si alguien que no lo cree, es un cínico- y celebraríamos que Madrid fuera la sede de los Juegos Olímpicos del año 2020.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor ministro, señorías, es obvio que las diferentes prácticas de dopaje han constituido siempre una vulneración de los principios fundamentales de la ética deportiva y lo es también que en la actualidad el fenómeno del dopaje no es tan solo un grave engaño deportivo. El dopaje ha sobrepasado el marco exclusivo de la ética deportiva y de la salud individual del deportista. En este sentido, es necesario realizar un abordaje de este problema desde una estrategia integral de ámbito europeo, conformando un marco jurídico eficaz que permita adaptar la normativa vigente a los estándares internacionales, y más ante un reto tan importante como que Madrid sea la sede de las próximas Olimpiadas, que por supuesto, tal y como ha señalado el señor Tardà, nosotros también apoyamos y compartimos. Seremos muy felices si así es.

Como les decía, hasta aquí estamos completamente de acuerdo, pero para esta adaptación no es necesario vulnerar el marco jurídico competencial del que nos hemos dotado. Me explico. La razón principal que motiva la elaboración de este proyecto de ley orgánica es la asunción por el Estado español de la Convención internacional contra el dopaje en el deporte de la Unesco, que impone a los Estados firmantes la obligación de garantizar el Código Mundial Antidopaje. A pesar de ello, la exposición de motivos del proyecto que hoy se trae para su aprobación expone de forma reiterada que el objeto de la nueva ley es establecer el nuevo marco jurídico integral de la acción de la Administración General del Estado en la protección de la salud de los deportistas. Sin restar trascendencia a la lucha contra el dopaje en el deporte -por otra parte, objetivo esencial del Código Mundial Antidopaje-, la exposición de motivos de la norma sitúa a la lucha contra el dopaje en el deporte dentro del paraguas general de protección de la salud de quienes realicen cualquier actividad deportiva presumiblemente -y perdonen que sospeche- con el fin de fundamentar competencialmente en materia de bases y coordinación general de la sanidad esta norma del artículo 149.1.16ª de la Constitución española. No obstante, ello no impide para nada que la lucha contra el dopaje constituya el núcleo esencial de la regulación propuesta, puesto que la obligación


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de garantizar el contenido del Código Mundial Antidopaje en la esfera estatal no puede entenderse de otra manera. Para este fin, junto al artículo 149.1.16.ª de la Constitución española invocado en el texto legal como título prevalente de la disposición, se citan otra serie de títulos de competencia estatal que conjuntamente formulados otorgan fundamento competencial al Estado para la elaboración de este proyecto. Podríamos decir que se trata, cuando menos, de un cuestionable ejercicio de ingeniería legal. Ahora bien, lo que no puede obviar el proyecto es que la lucha contra el dopaje, aún insertada en el ámbito más amplio de la protección de la salud, despliega sus efectos en el contexto de la actividad deportiva en general, ámbito en el que la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene competencia exclusiva recogida exactamente en el artículo 10.36 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Además, también la tiene para el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior, materia sobre la que se sostiene precisamente la Administración General del Estado para proceder al dictado de este proyecto de ley orgánica.

Como les decía, es aquí donde comienza nuestra discrepancia. Una vez más no se han podido substraer a la tentación de invadir espacios competenciales que les son ajenos. Fíjense si esto es así que Euskadi cuenta desde junio de 2012 con su propia ley contra el dopaje en el deporte y, por supuesto, con su propia agencia. Por eso, en orden al respeto debido a los respectivos títulos competenciales, a clarificar los ámbitos de actuación de las distintas administraciones y a facilitar la participación activa de quienes acrediten su condición de interesados en los procedimientos y causas sustanciadas en esta materia, el Grupo Vasco ha formulado doce enmiendas al proyecto, doce enmiendas que han sido obviadas e ignoradas, como últimamente viene siendo habitual por el Gobierno y por el grupo que le apoya en su soledad mayoritaria. No obstante, para hacer honor a la verdad, debo decir que en Comisión y a las puertas de la votación de la ponencia se nos ofertó transaccionar una de ellas en un intento de maquillar la rotunda aplicación de la ley del rodillo que se nos está aplicando sistemáticamente. Lo cierto es que la alternativa que se nos propuso nada tenía que ver con la enmienda original y, en consecuencia, no pudimos aceptarla.

Entiendo que de mis palabras se puede deducir que no vamos a votar favorablemente este proyecto de ley en esta Cámara confiando en que en el futuro próximo administren con mayor generosidad su mayoría absoluta y admitan que no pueden tener la razón siempre. Ojalá -se lo digo sinceramente- que en el trámite que resta hasta su votación en el Senado consigamos alcanzar un acuerdo, llegar a puntos de encuentro que permitan cambiar el sentido de nuestro voto y apoyar y votar favorablemente este proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Sánchez.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señora presidenta, intervengo brevemente para decir que, como ya hemos expuesto en otras ocasiones, Unión Progreso y Democracia votará a favor y está de acuerdo con este proyecto de ley que nos trae hoy aquí el Gobierno; en esencia estamos de acuerdo con algunos pequeños peros, pero estamos de acuerdo porque creemos que mejoran muchos de los aspectos relacionados con la salud del deportista y porque, además, entendemos que intenta adaptarse a lo que pide la Agencia Mundial Antidopaje.

Quisiéramos unirnos a las manifestaciones del ministro Wert y del presidente del Consejo Superior de Deportes y quisiera citar algunas de sus manifestaciones refiriéndose a la operación Puerto. El señor Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes, decía que respetaba y acataba la sentencia pero que se trataba de una sentencia -y estoy entrecomillando- que coloca en una difícil situación a los deportistas que compiten limpios frente a los que hacen trampas, a todos los que desean que el deporte sea un lugar donde los valores sociales básicos se conviertan en un referente para toda la sociedad. Unión Progreso y Democracia no podía estar más de acuerdo con estas declaraciones y también con las que ha hecho al respecto hoy el señor ministro, pero, precisamente por eso, hubiésemos querido que esta ley fuese un poquito más ambiciosa en algunos aspectos como, por ejemplo, en lo que se refiere a las sanciones a aplicar, porque creemos que los deportistas y las personas de su ámbito más cercano en su gran mayoría respetan la legalidad, juegan limpio, y, por eso mismo, creemos que se ha de ser un poco más implacable con los que no lo hacen. En segundo lugar, también como miembros de la sociedad que somos, creemos que hemos de demostrar así nuestra repulsa a esos actos que, además, envilecen los valores básicos del deporte, con todo lo que ello representa. No quisiera dejar de aprovechar esta


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oportunidad para reconocer y agradecer al Grupo Popular algo a lo que no nos tienen acostumbrados, y es a que nos haya aceptado alguna enmienda.

Gracias, señora presidenta, señor ministro.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.

Subo a esta tribuna el día que el sector de la educación le hace una huelga general a usted, señor ministro, por un proyecto de ley que amenaza con llevar mañana al Consejo de Ministros... (El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert Ortega, pronuncia palabras que no se perciben), que usted ha anunciado que llevará mañana al Consejo de Ministros y que nosotros entendemos como una amenaza llevarlo al Consejo de Ministros y traerlo a esta Cámara. Un proyecto de ley que enfrenta a la gran mayoría de toda la comunidad educativa con su visión de lo que tiene que ser la educación en España y que ya le anunciamos desde mi grupo que nos tendrá absolutamente enfrente. Si queda alguna esperanza, retire usted ese anteproyecto y no nos lo traiga a esta Cámara. (Aplausos).

Respecto a la ley que nos ocupa, es una ley que se ha tramitado con una celeridad pasmosa -usted lo ha comentado en esta tribuna- por el asunto de Madrid 2020. Mi grupo disiente con la mayoría de los grupos de esta Cámara, nosotros -y usted lo sabe- no apoyamos la candidatura de Madrid 2020, no porque sea Madrid, sino porque no entendemos que en una situación de crisis como la que vivimos tengamos que dedicar recursos ingentes a una convocatoria olímpica. Ayer, el propio presidente del Gobierno desde esta misma tribuna ponderó las virtudes de la economía en el gasto público, del ahorro, y propiciar una candidatura olímpica para Madrid supondría un dispendio que, desde nuestro punto de vista, no nos podemos permitir.

El Grupo de La Izquierda Plural ha presentado una veintena de enmiendas a este proyecto de ley y hemos tenido la satisfacción de que el Grupo Popular nos haya transaccionado media docena, cosa que agradecemos. Mantenemos vivas el resto de enmiendas porque entendemos que mejoran las cuestiones muy concretas que hemos planteado al proyecto de ley como, por ejemplo, extienden los efectos de esta legislación antidopaje al conjunto de deportistas y al conjunto de deportes, refuerzan la financiación a la agencia para que cumpla con sus obligaciones legales, plantean la colaboración con el Sistema Nacional de Salud, proponen el uso de los resultados de la agencia para estudios técnicos y científicos. En definitiva, hemos tratado de colaborar en la mejora del proyecto de ley y esto ha sido respondido favorablemente por parte del Grupo Popular. Nuestra posición al proyecto de ley, al dictamen, va a ser favorable. También anunció nuestra posición favorable a las enmiendas del resto de grupos. Hemos observado con preocupación las críticas que ha despertado este proyecto de ley en los grupos que defienden con mayor profundidad las competencias de las diversas comunidades autónomas. Esto nos preocupa porque, en última instancia, lo que se ha aceptado o no de esta ley ha pasado por el criterio de la AMA. El criterio de la AMA sigue otros principios -usted lo ha comentado- e incluso otro derecho, el derecho anglosajón. La realidad española es la que es. Nos gustará más o nos gustará menos, pero es la que es. Es una realidad que la Constitución consagra con una serie de competencias distribuidas a comunidades autónomas y al Estado. En este caso ha habido serias protestas por la invasión de competencias; nosotros las compartimos y por eso vamos a votar favorablemente la gran mayoría de enmiendas que plantean los grupos a este proyecto de ley.

Termino mi intervención deseando que esto sirva para limpiar la maltrecha imagen de España en la cuestión del doping. El portavoz de UPyD que me ha precedido ha hablado del caso Puerto. Desde La Izquierda Plural deseamos que el artículo 33 de este nuevo proyecto evite el bochorno que acaba de pasar con la destrucción de pruebas, evite que la continuación del proceso judicial por la vía administrativa acabe con un sobreseimiento de la situación y con no poder investigar realmente lo que ha constituido un escándalo en el deporte español, lo que no se debe volver a repetir en el deporte español porque supone un baldón terrible para nuestros deportistas; unos deportistas que están en la elite del deporte mundial y que han representado a este país para satisfacción de la inmensa mayoría de la gente.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.

Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Surroca.


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La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, señorías, llegamos hoy a la fase final de la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley orgánica en esta Cámara y lamentablemente quedarán por resolver varias cuestiones importantes para nuestro grupo parlamentario, que tienen que ver con el ámbito competencial de las comunidades autónomas y que impiden que le podamos dar nuestro apoyo, a pesar de compartir el objetivo principal de la futura ley, que no es otro que el juego limpio en el deporte, así como la protección integral de la salud del deportista.

Como bien recoge la exposición de motivos del proyecto de ley, estamos de acuerdo en que es necesario adaptar nuestra legislación, que data de 2006, al Código Mundial Antidopaje que fue suscrito por el Estado español poco después de haber aprobado la vigente Ley contra el Dopaje. Por tanto, es lógico y normal que ese desfase temporal entre la Ley estatal antidopaje y los convenios internacionales suscritos más tarde por España requieran esa adecuación normativa a los requerimientos internacionales. En ese sentido, Convergència i Unió nada tiene que objetar sino más bien lo contrario, pensamos que esta nueva regulación llega incluso tarde porque tanto la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la Unesco como el Código Mundial Antidopaje hace años que fueron asumidos por el Estado español y ha habido tiempo más que suficiente para hacer los deberes. Además, hemos dicho en otras ocasiones que lamentamos que un proyecto de ley orgánica como este haya tenido que tramitarse mediante un procedimiento de urgencia, cuando no habría sido necesario si se hubiera empezado todo este proceso cuando correspondía. Un proyecto de estas características merecía un trámite parlamentario sosegado y ello habría sido posible si se hubieran calculado mejor los tiempos por parte del Gobierno presentando con anterioridad este proyecto.

Convergència i Unió ha presentado un conjunto de enmiendas, que van desde la 80 a la 96, de las cuales solamente han sido aceptadas dos, las enmiendas 91 y 93. Hay que decir que no tienen una significación especialmente relevante. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de mejoras de carácter estrictamente técnico. Por lo tanto, señor ministro, discrepamos del comentario que ha hecho en su intervención cuando decía que en ponencia y en Comisión habían sido aceptadas la mayor parte de las enmiendas. Si valoramos el conjunto de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios y no simplemente las de Convergència i Unió, observaremos que no ha sido así, a pesar del buen talante y la predisposición que ha mostrado la portavoz ponente en este caso, que es la compañera del Partido Popular Miriam Blasco.

Pasaré por alto el resto de las enmiendas de nuestro grupo parlamentario que damos por defendidas y vamos a destacar las que, a nuestro entender, son más relevantes. Así, la número 89 básicamente pretende adecuar el redactado de la norma al ámbito competencial del Estado, salvaguardando las competencias de las comunidades autónomas que, como saben, al ostentar competencia exclusiva en materia de deportes están también implicadas directamente en promover políticas de protección de la salud de los deportistas, así como participar en las políticas de lucha contra el dopaje. Por otra parte, damos especial importancia a la enmienda número 83, porque creemos que las comunidades autónomas deberían también formar parte del órgano de dirección de la Agencia Estatal Antidopaje y no limitar únicamente su presencia al órgano de participación, tal y como prevé el actual redactado del proyecto de ley, porque si las comunidades autónomas, como decíamos, están directamente implicadas en la lucha contra el dopaje, es lógico y razonable que participen también en la toma de decisiones de la agencia estatal y no que únicamente se las invite a participar como simples observadores, invitados de piedra en esa agencia.

Asimismo, hemos presentado varias enmiendas que tienen por objeto mejorar las garantías para los deportistas en la práctica de los controles de dopaje. En ese sentido, hemos formulado la enmienda número 85 ya que, en concordancia con lo que establece el informe del Consejo General del Poder Judicial, el redactado del artículo 11 del proyecto debería ajustarse al principio de proporcionalidad. En ese sentido, nos preocupa también cómo se va a plasmar el contenido del proyecto en este aspecto en el futuro reglamento que lo desarrolle. Por último -y por ello no menos importante sino todo lo contrario-, tenemos que destacar nuestra enmienda número 95 que precisamente, como decía al inicio de nuestra intervención, tiene por objeto asegurar el marco competencial de las comunidades autónomas. Ya hemos dicho también que esta cuestión preocupa especialmente a nuestro grupo parlamentario por cuanto, a pesar de compartir el objetivo prioritario de lucha contra el dopaje en el deporte -como no puede ser de otra manera- también es fundamental que queden clarísimamente bien delimitadas las competencias de las comunidades autónomas y del Estado en el redactado del proyecto para evitar así posibles problemas


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de interpretación que en un futuro se puedan dar en la aplicación de la norma. Ahí tenemos que decir otra vez que, a pesar de la buena predisposición de la diputada Miriam Blasco, necesitamos que esa predisposición se plasme sobre el papel y por eso no podemos apoyar el proyecto en los términos en los que ahora está redactado. Esperamos que en la fase posterior, en el Senado, se nos acepte alguna de estas enmiendas que, como he expuesto, son claves para nuestro grupo parlamentario.

Tal y como han manifestado también otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, existen verdaderos problemas competenciales. Concretamente los artículos 25, 25 y 26 del proyecto en relación con su artículo 10, por cuanto de la interpretación del conjunto de estos preceptos podemos entender que el Estado se atribuye competencia en materia sancionadora en dopaje sobre todas las personas y entidades que en esos preceptos se contemplan, invadiendo así indebidamente el ámbito competencial reservado a las comunidades autónomas. En Cataluña, como bien saben, no hemos impulsado la ley de lucha contra el dopaje, como sí ha hecho el País Vasco, pero, a pesar de ello, tenemos que defender aquí, como no puede ser de otra manera, que Cataluña, cuando considere de su interés llevar a cabo el impulso de esa normativa, no se encuentre con problemas a la hora de su aplicación. Por ello, en estos momentos ponemos de manifiesto nuestras reservas en el actual redactado del proyecto de ley contra el dopaje. Insisto, esperamos que en el Senado haya mayor receptividad a las enmiendas de Convergència i Unió que mantenemos vivas y que, finalmente, podamos dar apoyo a este proyecto de ley sin ningún tipo de reserva, que sería lo que desearíamos porque, como hemos dicho también, nuestro grupo parlamentario, como es natural, está firmemente comprometido con la lucha contra el dopaje.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Surroca.

Por el Grupo Socialista, señor Pezzi.

El señor PEZZI CERETO: Gracias, señora presidenta.

Permítanme, señorías, que en el día de hoy, 9 de mayo, este diputado socialista por la provincia de Granada, profesor de universidad, padre y exconsejero de Educación de la Junta de Andalucía, empiece sus palabras mostrando la solidaridad con las madres y padres, profesores y profesoras, alumnos y alumnas que hoy en toda España están pidiendo libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad, y pidiendo que el ministro Wert se vaya. (Aplausos). Pidiendo que la Ley Wert... (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pezzi, no se están recogiendo sus palabras. Aténgase a la cuestión. (Protestas). Ayer hubo una serie de iniciativas del Grupo Socialista sobre esta materia que se debatieron hondamente. Por tanto, estamos hablando de la ley del dopaje y usted se tiene que atener al tema que estamos tratando. (Rumores). Ya ha hecho usted una declaración de principios y con eso es suficiente. Vuelva al tema. (Protestas).

El señor PEZZI CERETO: Señora presidenta, haga usted el favor de quitarme los minutos que ha ocupado usted en hablar porque los ha quitado de mi intervención. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Usted no se preocupe de eso, señor Pezzi. (Rumores.-El señor Villarrubia Mediavilla: ¿Y la libertad?).

El señor PEZZI CERETO: Señora presidenta, el ministro que ha presentado esta ley aquí es la...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pezzi, no polemice usted con la Presidencia. Las cosas son como son y usted tiene que hablar de lo que estamos hablando. (Protestas.-El señor Villarrubia Mediavilla: Respete la libertad). Ha hecho usted una declaración de principios que, lógicamente, bien o mal, me ha parecido razonable, pero vuelva usted al tema en el que estamos, por favor. (Rumores).

El señor PEZZI CERETO: Hasta ahora ha hablado usted más que yo. (Risas). Llevo ocho minutos. Déjeme usted hablar a mí, que soy el diputado que tiene el uso de la palabra, por favor... (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pezzi, vuelva usted al tema, por favor.

El señor PEZZI CERETO: Soy yo el que estoy en el uso de la palabra y hay que tener libertad para representar. Esto no es una jaula de Faraday, donde no sepamos lo que pasa afuera. Aquí venimos a


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hablar de la ciudadanía y eso me da derecho a hablar de educación, me da derecho a hablar del señor Wert y de su malísima forma de tramitar... (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pezzi, por favor. Hay un Reglamento en esta Cámara que necesariamente tiene que funcionar, nos guste a unos o nos disguste a otros en momentos diferentes. (El señor Villarrubia Mediavilla pronuncia palabras que no se perciben). Usted ha hecho una declaración de principios que nada tenía que ver con el tema y le he dicho que vuelva usted al tema y que no polemice con la Presidencia. (Protestas y rumores). Vuelva usted al tema que nos ocupa y continúe su intervención. (El señor Villarrubia Mediavilla: Y la Presidencia le niega el derecho a hablar.-Rumores). Silencio, por favor.

Continúe, señor Pezzi.

El señor PEZZI CERETO: Señora presidenta, efectivamente, hoy traemos aquí la ley contra el dopaje; traemos solo la trasposición del Código Mundial Antidopaje a la normativa española, cosa que hizo el anterior Gobierno en un proyecto de ley que no se pudo aprobar porque sencillamente se terminó la legislatura, y que la Agencia Mundial Antidopaje le comunicó por escrito al señor Lissavetzky que estaba totalmente de acuerdo con las normas del Código Mundial Antidopaje de 2009. La propia Agencia Mundial Antidopaje reconoció y le dio un sobresaliente al anterior Gobierno en las políticas antidopaje, sobresaliente para España que recogían los periódicos españoles a toda plana porque se había hecho un buen trabajo. El Grupo Socialista convirtió ese proyecto de ley en una proposición de ley ya hace año y medio. Podríamos haberlo aprobado en la Cámara; este Gobierno no ha querido y lo ha traído aquí corriendo, en el último momento, por trámite de urgencia, sin que nadie pueda comparecer en la Cámara para explicar qué piensan los deportistas, qué piensan las federaciones, que piensan los expertos. Marca de la casa, marca Wert: hacer las cosas mal de principio; es lo que siempre ha caracterizado a un ministerio que está, desde mi punto de vista, descerebrado con respecto a sus políticas, que son sus competencias: las educativas, las culturales y las deportivas. (El señor Villarrubia Mediavilla: ¡Muy bien!-Aplausos). La marca de la casa, señor Wert, empieza con el problema Contador: 50 picogramos de clembuterol. Señor ministro, tenemos un problema en España con el dopaje, la que se armó a nivel mundial -si el ministro lo decía, cómo no iba a ser verdad-; y nos colocó en una centrifugadora en la que España era el centro mundial del dopaje. Por si no era poco, detrás de él en tourbillon sus colaboradores. La directora de la Agencia Estatal Antidopaje se permite declarar en El País que cientos de controles de dopaje en España están mal hechos; incluso -dice- los que habíamos hecho a nuestros deportistas para los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. ¿Consideran ustedes que es razonable que el Gobierno de España diga que los controles realizados a los deportistas españoles que habían ido a Londres en 2012 se habían hecho mal? ¿Le pasó algo a la directora? En absoluto, la han premiado, la han subido a los pedestales porque es la dama de acero del dopaje; qué maravilla de colaboradores clónicos del señor Wert. A los dos días de hacer esa declaración la directora, la Agencia Mundial Antidopaje cerró el laboratorio de análisis antidopaje de Madrid porque se habían hecho mal los análisis que dependían de esa directora general.

Claro, aquí no se puede venir ya con la herencia recibida. Aquí no hay herencia recibida, porque la herencia ha sido buena. Lo que ha habido ha sido mucha manipulación en el año y pico de Gobierno del Partido Popular intentando hacer del dopaje otra arma más contra los socialistas, y se les ha vuelto en contra, porque han tomado decisiones gravísimas por mor de ir contra Zapatero y su Gobierno, encumbrando a personas que estaban en la operación Galgo o en la operación Puerto y dando prerrogativas de la soberanía nacional, como es el caso de la senadora portavoz de deportes, doña Marta Domínguez, que hace unos días en el periódico El País se decía que había pruebas de que estaba en relación con los temas de la operación Puerto (Muestra una página del periódico), y nadie del ministerio, del Partido Popular lo ha desmentido. Por tanto, hay que ser responsable. Si se quiere hacer de España el centro de lucha contra el dopaje, todos los elementos, todas las declaraciones, toda la línea tiene que tener esa fortaleza para sacarlo adelante. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El ministro dice que la operación Puerto es un desastre. Efectivamente, es un desastre. El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje dice que hay una gran nube sobre el deporte español; hay una gran nube sobre el deporte español, pero nos tenemos que poner juntos para evitar esa nube; nos tenemos que poner juntos porque no vale defenderse solo aquí. En unos meses vamos a solicitar la candidatura olímpica para Madrid 2020, los socialistas en primera línea. Una persona a la que quiero y que hoy está pasando un día duro, como Jaime Lissavetzky, secretario de Estado del Deporte, o Albert Soler, que se sienta en nuestros escaños, han defendido duramente que seamos candidatura olímpica. Estamos a favor y no vamos a bajar


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ni un milímetro el apoyo. Pero que lo tengamos claro, si no tenemos candidatura olímpica es porque en gran medida España es un país que ahora mismo, en plena crisis, tiene un desprestigio de su Gobierno, de su presidente de Gobierno y de su ministro Wert. Es la cara que queremos poner para la candidatura olímpica y no es un buen rostro. Si fuera una marca comercial, la hubieran cambiado inmediatamente. Nadie pone al frente de la defensa de los intereses más importantes a alguien que está en la cola del aprecio de la ciudadanía a nivel español y a nivel internacional; se cambia de rostro rápidamente. Fuera la ley Wert, se quita la palabra ley, fuera Wert y vamos con más fortaleza a la defensa de la candidatura olímpica. Nosotros vamos a apoyar esta ley -lo he dicho al principio- porque es la trasposición del Código Mundial Antidopaje. Nuestro voto a favor de la ley es el voto al Código Mundial Antidopaje, como no podía ser de otra manera, porque está arropado por la Unesco y por todos los países del mundo que han firmado esta normativa. Por tanto, no cabe otra posición que votar a favor de esta ley orgánica, votar a favor de su articulado y lamentar que se hayan colado algunos elementos que no son razonables, como el Tribunal Administrativo del Deporte o trasposiciones que no se han hecho de manera razonable.

Permítame, señora presidenta, decir -disculpe el debate; yo siempre creo en la libertad desde la tribuna-, en los diecisiete segundos que me quedan, que el diputado que viene a aquí tiene unas responsabilidades con la ciudadanía que le da respaldo y esto no puede estar amurallado a los ciudadanos. Si los ciudadanos hoy se están manifestando en pro de una educación igual, de libertad y una educación de calidad, estos diputados tenemos que hablar de educación en los temas que sean.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pezzi.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Blasco.

La señora BLASCO SOTO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, yo también desde esta tribuna quiero mostrar mi agradecimiento a las miles de familias, de educadores y de niños que han ido hoy al colegio porque lo único que les importa es la calidad de la enseñanza y no han secundado esta huelga. (Aplausos.-Rumores).

A mí me gustaría agradecer, señor ministro, que haya traído esta ley aquí, a esta Cámara, que además ya lleva un proceso tanto en ponencia como en Comisión. También quiero agradecer al Consejo Superior de Deportes y a la Agencia Estatal contra el Dopaje el esfuerzo que han hecho para llegar a un acuerdo con la AMA, por lo complejo que puede ser adaptar una normativa de corte anglosajón a nuestra legislación y por buscar el acuerdo y el apoyo de todo el mundo del deporte, entre ellos los principales protagonistas, los deportistas.

Hemos intentado llegar a acuerdos con todos los grupos y además se ha dicho en esta Cámara, aprobando enmiendas de La Izquierda Plural, de UPyD, de Convergència i Unió, del Grupo Socialista; se ha intentado llegar a transaccionales con el Partido Nacionalista Vasco y con Esquerra Republicana que al final no han tenido su fruto. Pero se han buscado soluciones técnicas por parte del Consejo Superior de Deportes y la Agencia Estatal Antidopaje para conseguir el mayor consenso posible, teniendo como únicos límites los marcados por la Agencia Mundial Antidopaje, el respeto al marco constitucional de distribución competencial y aquellos que supusieran un coste económico.

Señorías, muchos de los grupos nacionalistas han hablado aquí de competencias. El proyecto reconoce expresamente las competencias de las comunidades autónomas. Se respeta el esquema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de dopaje. Señora Sánchez Robles, cuando ustedes hicieron la ley vasca no preveían ningún acuerdo con la ley española, o sea, no incluían nada en relación con la ley nacional. Sin embargo, en este sentido el proyecto incorpora un tratamiento de las cuestiones competenciales en el campo que se ajusta al acuerdo alcanzado por el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre su ley del País Vasco contra el dopaje en el deporte, que es del año 2012. A mí me gustaría de verdad que se repensaran el voto en contra que han anunciado, sobre todo porque si están de acuerdo en el fondo de la cuestión, deberían tratar de apoyar esta ley. Lo mismo le digo al señor Tardà, porque usted dice que no lo entiende, pero a mí me da la sensación de que lo que no entiende es el mundo del deporte. Usted hablaba de salud, pero en el Consejo Superior de Deportes había un centro de salud y eso se ha pasado a la Agencia Estatal Antidopaje. Es verdad que se va a ver de una forma más global, sí, pero es que a veces quieren ver fantasmas donde no los hay, porque sí es verdad que hemos intentado hacer una ley respetuosa con las competencias autonómicas, con las competencias nacionales y con los compromisos internacionales.


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Señor Pezzi, yo entiendo que ustedes perdieron unas elecciones, que habían presentado al final de la legislatura un borrador de un proyecto de ley, pero nosotros ganamos las elecciones y hemos querido hacer nuestra ley. Esto es muy loable, porque además en un año, bastante rápido, se ha llegado a acuerdos con la Agencia Mundial Antidopaje. Es normal que el nuevo Gobierno quiera hacer la ley. Usted hablaba de que teníamos el apoyo, que sí nos habían dado el apoyo internacional. La compliance que nos dieron estaba solamente supeditada a que se hiciera la ley. Y lo que hecho ha sido la ley, es decir, si no hacemos la ley, no se nos da la compliance. Así pues, no es antes de hacer la ley. ¿Por qué? Porque ustedes decían que la iban a hacer, pero lo que ha ocurrido es que la hemos hecho nosotros. A mí me gustaría resaltar sobre todo los factores positivos de la ley: la adaptación definitiva de nuestro marco jurídico al Código Mundial Antidopaje -esta adaptación garantiza el papel de igualdad de España con el resto de los agentes implicados-, la plena aceptación del Consejo de Estado -algo que no consiguió el anteproyecto de ley presentado por el Grupo Parlamentario Socialista a finales de la anterior legislatura- y la relevancia y protagonismo de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. He dicho agencia española, no agencia estatal, porque si nos vamos al extranjero todos hablan de la agencia francesa, de la agencia inglesa, etcétera, y piensan que la agencia española no está porque es agencia estatal -entre paréntesis Spain-; no, queremos que se llame agencia española. (Aplausos). Estamos hablando también de un nuevo modelo de protección de la salud en el deporte. Por primera vez en un texto legal se aborda un completo sistema de protección de la salud de los deportistas. La nueva ley parte de un criterio fundamental según el cual el objetivo de la misma no puede limitarse a la mera lucha contra el dopaje, sino que debe partir de una concepción integral del sistema de protección de la salud de los deportistas y considera el dopaje como un elemento más dentro del sistema de protección de la salud. Se lucha contra el dopaje como una lacra que hay que erradicar; es un tanto por ciento pero no es el conjunto general. Convierte a la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte en el verdadero motor del sistema de protección de la salud y lucha contra el dopaje, incrementando las funciones con el ámbito preventivo, educativo, informativo e investigador, y con acuerdos con las comunidades autónomas. Las medidas preventivas afectan a la práctica deportiva en general, no solo al deporte de alta competición. Cabe destacar además que este completo sistema de protección de la salud de los deportistas no se limita a su vida activa sino que va más allá, estableciendo medidas de protección de la salud cuando se finaliza la actividad deportiva. Estamos hablando del deportista el día después, de esas lesiones que se generan, de esas lesiones crónicas, el poder investigar qué lesiones vienen dadas por determinados deportes, poder al final proteger a esos deportistas cuando han terminado su carrera deportiva; esta ley también incide en eso. Desaparece el papel de la federaciones deportivas en la realización de controles y en los procedimientos sancionadores. Ni las federaciones deportivas ni el Consejo Superior de Deportes -como ocurría hasta ahora- intervienen en los procedimientos de planificación de controles, ni en la represión, ni en la sanción de conductas infractoras. Es importantísima también la colaboración con las autoridades judiciales; solicitud de entrega de pruebas que obren en el procedimiento penal para continuar expedientes administrativos. Esto ya lo ha dicho el ministro y algunos otros grupos. La operación Puerto nos está haciendo muchísimo daño. Con esta ley no pasaría porque las bolsas de sangre se podrían entregar y entonces se podría haber abierto el trámite administrativo y sancionado a los tramposos. Sentencias como estas dejan desprotegidos a los deportistas que compiten limpios y al final lo que tenemos que hacer los responsables políticos, porque es nuestra obligación, es protegerlos. Se refuerza la colaboración y el intercambio de información con las comunidades autónomas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las autoridades judiciales y las agencias nacionales de otros países, así como la Agencia Mundial Antidopaje. Es importante este sistema de traslación de datos, de saber qué ocurre en otros países y que tengan información unos de otros.

Como ha dicho el ministro, es algo más que una norma antidopaje. Es una ley adelantada a su tiempo, totalmente pactada con la Agencia Mundial Antidopaje y respetuosa con las reglas del Comité Olímpico Internacional, que es clave para la obtención de los Juegos de Madrid 2020. La compliance que nos ha dado el Comité Olímpico Internacional nos la ha dado porque sabían que íbamos a sacar esta ley.

Para terminar, me gustaría decir por qué es importante la ley. Porque queremos que los deportistas españoles compitan en las mismas condiciones jurídicas que todos los demás. Es lo que ellos quieren porque quieren que se quite cualquier sospecha sobre España, cualquier duda, porque al final esa sospecha recae sobre ellos, sobre sus triunfos. Es una ley con la que mejorar la protección de la salud de los deportistas, pero no solo de hoy. Es una ley ya planteada para proteger la salud de los deportistas del mañana; una ley con la que consolidar y desarrollar el valor del deporte como marca España. Señorías,


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el deporte no es local ni nacional; el deporte es global y la respuesta debe ser global y de colaboración entre todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blasco.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señor presidente, señoras y señores diputados, con enorme brevedad desearía agradecer a todos los grupos que han expresado su apoyo o el acuerdo sustancial con este proyecto de ley el contenido y el tono de sus palabras. Y respecto a las intervenciones del señor Tardà y de la señora Surroca, así como de la señora Sánchez Robles, sobre el asunto competencial, indicar únicamente que comprendo que pueda haber sobre este asunto alguna discrepancia pero que, desde este punto de vista, el Consejo de Estado no ha planteado ninguna observación respecto a la afectación competencial. Entiendo que no la ha planteado porque creo que la norma es extraordinariamente cuidadosa en plantear, desde una óptica de cooperación con las comunidades autónomas, todo lo que tiene que ver no solo con la lucha contra el dopaje sino también con el deportista. Pero recojo lo que de positivo hay en las palabras de esos portavoces en orden a intentar la búsqueda de un acuerdo que dé satisfacción a esas inquietudes sobre el asunto competencial.

Quiero agradecer de forma especial al portavoz de Unión Progreso y Democracia sus palabras así como, como es natural, todo lo que al respecto ha señalado la portavoz del Partido Popular. Y no voy a entrar, evidentemente, en los aspectos ajenos a la cuestión que ha planteado el portavoz del Grupo Socialista, pero no tengo más remedio que hacer, con toda sinceridad y sin ningún ánimo polémico, un llamamiento a respetar algo que está en el contenido de la ley: la articulación de la severidad en la prevención de la lucha contra el dopaje, con un riguroso seguimiento de la presunción de inocencia. Señor Pezzi, lamento tener que decírselo así, pero usted ha lanzado aquí una serie de insinuaciones acerca del comportamiento de una senadora y, sinceramente se lo digo, no era la ocasión, no era el momento y desde luego no creo que guardara mayor relación con lo que aquí estamos debatiendo. Sí quiero, sin embargo, unirme de forma personal y en nombre del Gobierno a la expresión de afecto, simpatía y acompañamiento a don Jaime Lissavetzky, que efectivamente está pasando hoy un momento duro.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Pezzi Cereto pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

En mi opinión, no creo que se haya reabierto el debate, pero como se ha nombrado a distintos portavoces, si alguno me pide la palabra, le daré dos minutos para intervenir. (El señor Tardà i Coma pide la palabra). Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Treinta segundos solamente para recoger el guante del señor Wert. Esperamos que en el trámite parlamentario que todavía resta puedan ofrecernos alguna garantía de que su voluntad no se cierne sobre todo aquello que es competencia autonómica. Quizás sea posible. En todo caso, esperamos que nos digan alguna cosa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señor Pezzi.

El señor PEZZI CERETO: Gracias, señor presidente.

Lamento que el ministro no escuche lo que se dice desde la tribuna, como no escucha lo que se dice desde la calle, como no escucha a los profesores, a los padres, a las madres, a los alumnos, las alumnas. (Protestas). Es un silencio desde la soberbia que es tremendo. Yo nada más le he contestado, señor ministro, porque usted ha hablado de la operación Puerto; usted. Y cuando usted ha hablado de la operación Puerto, yo le he enseñado una página del periódico El País, de fecha 17 de febrero de 2013, que dice: "Una senadora en la consulta. Nuevos documentos en poder de El País indicarían que Marta Domínguez pudo ser paciente de Eufemiano Fuentes desde al menos diciembre de 1997." ¿Ha presentado usted algún recurso, señor ministro? ¿Su grupo parlamentario ha presentado alguna querella, demanda, contra El País? (Continúan las protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). ¿Dónde está vuestra fortaleza? ¿La fortaleza contra este diputado que habla desde la


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Cámara y que enseña una página del periódico El País? Si usted está tan convencido, señor ministro, a la Guardia Civil, a la Fiscalía, a los tribunales de justicia. No me venga a echar a mí en cara lo que ha leído usted en páginas completas. Sea usted fuerte con los fuertes y no siempre con los débiles, como es su marca. (Aplausos.-Protestas).

El señor PRESIDENTE: Como, en efecto, ha habido alusiones al grupo, tiene la palabra, señora Blasco. Y luego el ministro, si quiere.

La señora BLASCO SOTO: Me parece una vergüenza, señor Pezzi, que traiga a la Cámara esas alusiones. (Aplausos). Está dando por verdaderas unas declaraciones que están en el periódico. Llega aquí, a la Cámara, acusando y me parece una vergüenza. Yo por eso no he querido hacer ninguna referencia, pero agradezco al ministro las anotaciones que ha hecho. Debemos atenernos a lo que estamos, a la ley antidopaje, y parece que usted, al sacar la foto, está acusando. Por favor, tengan un poco más de respeto hacia las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000041).

El señor PRESIDENTE: Cerrado el incidente, empezamos con dictamen del proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Varios grupos han manifestado su intención de defender en el Pleno las enmiendas formuladas a esta iniciativa. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero manifestar que defendemos las enmiendas presentadas por el señor Baldoví, que en este momento no puede defenderlas.

Pasamos, señorías, a defender las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego a este proyecto de ley. De la enmienda 17 a la 20 están relacionadas con la idea de que es necesario avanzar en una descentralización del Poder Judicial de forma acorde con la descentralización de otros poderes, como son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en las diferentes comunidades autónomas. Desde el Poder Judicial también es conveniente y necesario reconocer estas competencias de las comunidades autónomas y por tanto se debe aprovechar esta ley para articular esa descentralización, habida cuenta de que algunos estatutos de autonomía ya contemplan esta situación.

Por otro lado, señorías, las enmiendas 21 y 22 indican la necesidad de regular el límite de la capacidad de designación del Poder Legislativo en este proyecto de ley porque consideramos que la legitimidad del Poder Legislativo emana directamente de la ciudadanía y por tanto cuestionamos el criterio del Gobierno, del grupo mayoritario para regular, limitando la capacidad legislativa en la designación de miembros del Poder Judicial. Nuestras enmiendas 21 y 22 pretenden corregir esta cuestión.

Nuestra enmienda 23 trata sobre la necesidad de incorporar a este proyecto de ley un nuevo artículo, el 610 bis, relacionado con el Observatorio contra la violencia doméstica y de género. Es cierto que en el texto que hoy viene al Pleno se recoge un nuevo punto 5 donde se menciona la cuestión de este observatorio vinculada a la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, pero desde nuestro punto de vista no recoge realmente como lo hace nuestra enmienda las características que consideramos que debe tener este observatorio. Queda incluso diluido a la posibilidad de que ese seguimiento sobre la violencia de género se pueda hacer a través de la Comisión de Igualdad, a través del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género o bien a través de otros medios. Nosotros consideramos que la experiencia positiva que está demostrando el observatorio indica la conveniencia de garantizar que este siga operando en cuanto a este tipo de violencia de acuerdo con lo que planteamos en la enmienda. Esta enmienda es producto de la preocupación de las personas que están al frente del observatorio, a quienes preocupa que ese trabajo tan importante para combatir una lacra social como es la violencia de género pueda quedar disminuido o incluso eliminado si no se contempla adecuadamente para que tenga además la financiación conveniente para poder llevar a cabo su trabajo. Por eso, señorías, a pesar de la incorporación aprobada en ponencia y en Comisión, nosotros entendemos que cubre mejor las necesidades de este observatorio nuestra enmienda. El resto de enmiendas del BNG las damos por defendidas.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández Davila.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy hablamos de justicia y sin duda el Tribunal Constitucional, con la suspensión de la declaración de soberanía del Parlament de Catalunya, ha escrito una de sus páginas más negras. El mismo órgano que despreció la voz del pueblo de Cataluña expresada en referéndum con una sentencia indigna en relación con el Estatut ahora actúa pretendiendo ejecutar la voluntad democrática de los ciudadanos de Cataluña. Insensatos. Como decía Alfred Bosch hace pocas horas, la soberanía ni se da, ni se quita. La soberanía ni se suspende, ni se aprueba. La soberanía se posee y es inalienable. Desgraciado aquel que cree que con suspensiones se puede quebrar y derrotar la voluntad democrática de un pueblo. No lo duden, la ciudadanía de Cataluña ejercerá cívicamente, pacíficamente, democráticamente el derecho a decidir. El pueblo no tiene miedo a doce magistrados. La democracia no tiene miedo. Que esto les quede claro a los diputados socialistas de la izquierda española y a los diputados del Partido Popular, a aquellos grandes partidos que han conformado siempre el Tribunal Constitucional de forma partidista y partidaria.

Dicho esto -no está el señor Gallardón, pero ya nos oirá-, lo que mal empieza, mal acaba. Esta ley, la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, no va a contar con el voto republicano porque se rechaza incorporar el Consell de Justícia de Catalunya -no se respeta pues el Estatuto de Autonomía de Cataluña- como órgano del Poder Judicial en Cataluña, no se incluye. Se nos rechaza la enmienda para que de todas todas las vocalías del consejo se integren de forma paritaria por hombres y mujeres, aun cuando es cierto que finalmente han alcanzado el acuerdo de contemplar aquello que contiene la Ley de Igualdad. Se nos rechaza la enmienda Dívar, aquella que pretende que el informe contenga los gastos de Presidencia. De igual manera se nos rechaza la enmienda Magán Perales, bautizada así por los republicanos -recuerden a aquel magistrado que aprovechaba todas las sentencias para despreciar el uso de la lengua catalana-, y no aceptan que el informe incorpore la normalización de las lenguas euskara, galega y catalana, en un momento en que las sentencias redactadas en catalán han bajado en picado.

Finalmente, tampoco nos aceptan una enmienda para que el consejo sea plural y no esté cautivo de los dos grandes partidos. Hemos presentado una propuesta para que los vocales sean elegidos de entre aquellas personas más competentes, no entre aquellas personas que ideológicamente están más cercanas al Partido Socialista y al Partido Popular. Con nuestra propuesta ahora se requeriría el concurso del Partido Socialista, del Partido Popular, de UPyD, de Convergència, del PNV, se requeriría el concurso de la inmensa mayoría de la Cámara y evitaríamos que los tribunales, en este caso el Consejo General del Poder Judicial, acabaran siendo lo que pretende el señor Gallardón, que no es otra cosa que atar corto a la justicia. Así pues, vamos a votar en contra.

Mantenemos vivas las enmiendas y debo decirles que por parte del Grupo Parlamentario Popular no ha habido, utilizando la marca, la seña y la praxis del señor Gallardón, ni tan solo un atisbo de voluntad de negociar ninguna enmienda. De manera que con su pan se lo coman. Ya saben que siempre hemos criticado que existan todavía personas que hagan de la voluntad de enterrar a Montesquieu hoja de ruta de su comportamiento político. El señor Gallardón es una buena prueba de ello.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, esta ley presenta varios rasgos particulares o singulares que mi grupo considera pertinente enunciar. En primer lugar, la innovación creativa a la que nos tiene acostumbrados el hoy ausente ministro de Justicia. Es un sistema de legislación que podríamos decir que se hace en régimen de tracto sucesivo. Es decir, se adelanta parte de la ley y se regula por razones contingentes, fundamentalmente por la razón de que se pueda evitar lo que el ministro dijo que consideraba una perversión: que el sistema electivo de los vocales del Consejo General del Poder Judicial no se correspondiera con el nuevo proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la nueva configuración y naturaleza del Consejo General del Poder Judicial, sino con la legislación anterior, con la legislación actualmente vigente. Esto es una novedad curiosa de las que ya no nos sorprenden -porque en


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esta legislatura y a estas alturas, señorías, no nos sorprende prácticamente nada-, pero que se debe denunciar como una forma irregular y prácticamente ilegítima de legislar en régimen de tracto sucesivo. Espero que no sigan troceando la ley y nos traiga la Ley Orgánica del Poder Judicial por un sistema de fascículos sucesivos en este peculiar régimen de tracto sucesivo y tengamos que, título a título, ir aprobando los distintos contenidos de una ley tan importante para el funcionamiento de un poder del Estado como es el Poder Judicial, y sobre todo para garantizar la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional de todos los ciudadanos o justiciables, utilícese la expresión que se quiera.

Las enmiendas de mi grupo parlamentario se incardinan en un objetivo doble. En primer lugar, intentar ajustar la estructura del Consejo General del Poder Judicial a la estructura de un Estado compuesto o pretendidamente compuesto, porque cada vez lo es menos. Lo es menos por los mecanismos de recentralización de competencias que observamos todos los viernes, real decreto-ley tras real decreto-ley o en algunas de las leyes sobre las distintas materias y políticas sectoriales que el Gobierno nos presenta. Todas recentralizan competencias y esta ley no podía ser ajena a este intento de modificar algo que forma parte de los pactos ocultos, de los pactos expresos y tácitos de la transición democrática española, que es la configuración de un poder autonómico y de una estructura del Estado autonómica con poderes autonómicos que funcionan en régimen de cuasisoberanía, en tanto en cuanto a las comunidades autónomas se les atribuyen competencias legislativas en aquellas materias sobre las que poseen competencia exclusiva; en régimen de soberanía compartida en aquellas competencias que tienen naturaleza del desarrollo legislativo y ejecución, y con una reserva de numerosísimas competencias al Estado español que nos hacen dudar de la real voluntad el legislador constituyente sobre la configuración de un Estado compuesto de verdad. Que no era esta la voluntad del legislador constituyente lo vamos comprobando posteriormente, legislatura tras legislatura y partido gobernante tras partido gobernante -nos da igual quien gobierne-, mediante mecanismos sutiles de recentralización, de desorbitación o desmesura del concepto de legislación básica del Estado, de ley marco del Estado, etcétera.

Nuestra primera pretensión, por lo tanto, es consagrar lo que ya está consagrado por el ordenamiento jurídico, lo que está positivizado ya. Hay siete estatutos de autonomía que prevén la existencia de consejos autonómicos del Poder Judicial y el ministro nos comentó cuando se debatió esta ley que no había llegado el momento -tampoco nos explicó por qué razones no había llegado todavía el momento- de debatir sobre la configuración de lo que el ordenamiento jurídico español, a través de leyes orgánicas que conforman el bloque de constitucionalidad, ya prevé, que es la existencia de consejos autonómicos del Poder Judicial, con diferentes perfiles y diferentes competencias según los distintos estatutos de autonomía. Los más desconcentrados son los que están previstos -y luego reconducida esa previsión por una sentencia del Tribunal Constitucional- en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, con competencias un tanto anfibológicas -si se permite la expresión- en el caso de otros consejos autonómicos como el valenciano -realmente, leyendo el Estatuto de Autonomía de Valencia uno no es capaz de discernir qué le corresponde al Consejo General del Poder Judicial de la Comunidad Valenciana-, y con competencias mixtas muchas veces consistentes en el trasvase de las competencias de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia a los consejos autonómicos del Poder Judicial en aquellos otros estatutos de autonomía que prevén la existencia de esta figura. Hemos pretendido esto y el ministro, señor Ruiz-Gallardón, nos comentó que no había llegado el momento, pero quizás llegue el momento cuando se presente la gran reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre cuyos contenidos, en virtud de una prolija y densa intervención, ya nos dio unos adelantos -como los trailers de las películas anunciando alguno de sus contenidos- y nos escenificó alguno de los contenidos que la van a configurar.

Desafortunadamente -y este es el segundo elemento argumentativo de nuestras enmiendas-, también observamos que se trata de debilitar o incluso -si se me permite la expresión, quizás demasiado belicosa- amortizar políticamente al órgano de gobierno de un poder del Estado como es el Poder Judicial. Debilitar o amortizar políticamente, una de las dos cosas. En el mejor de los casos nos encontraríamos con un debilitamiento expreso transformando un órgano que está constituido por veinte vocales con dedicación exclusiva en un órgano donde la dedicación exclusiva va a corresponder ahora a los seis vocales de la diputación permanente. Un debilitamiento que además puede obedecer a razones tan bastardas como aquella consistente en comprender que es más fácil controlar a seis vocales -aunque de forma rotatoria se vayan sustituyendo cada año entre los veinte que son nombrados-, porque van a ser seis los que van a ejercer la totalidad de las competencias del Consejo General del Poder Judicial; casi la totalidad, porque las competencias del Pleno del consejo han sido también terriblemente capitidisminuidas y atribuidas a la comisión permanente constituida por seis personas. Cualquiera puede presumir que es más fácil controlar a


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seis personas que controlar a veinte, desde una perspectiva del control que uno intuye en el fumus del pretendido control gubernamental de las competencias de un poder del Estado que en este momento está ejerciendo. Esto coincide con una nueva generación de jueces que empiezan a refutar políticas sectoriales o decisiones del Gobierno que son manifiestamente injustas, algunas de ellas contrarias al sistema de libertades públicas y derechos fundamentales de la propia Constitución; un momento en el que los jueces empiezan a presentar cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Europeo y las ganan, cuestiones de inconstitucionalidad que provocan una sentencia del Tribunal Europeo que declara ilegal el sistema hipotecario y la previsión de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de desahucios y lanzamientos; jueces que están causalizando lo que la reforma laboral descausalizó, los despidos objetivos, mediante la declaración de nulidad de ERE, de expedientes de regulación de empleo; cuarenta y seis jueces decanos del Estado español -y son todos los existentes en el Estado español- que han hecho una declaración brutal para un Estado y para su calidad democrática, diciendo que la corrupción es sistémica en el Estado español. Estos jueces, desde las previsiones del Gobierno, se ha considerado que lo mejor es intentar controlarlos. Son una especie de nuevas cohortes de jueces más jóvenes que tienen una interpretación de la aplicación del derecho menos positivista, no voy a decir que menos sumisa, pero sí más espiritualista que los que les precedieron. Ante esto se acomete una doble operación, debilitar de forma notable el Consejo General del Poder Judicial, órgano de Gobierno de los jueces, y además estamentalizarlo con la prevalencia de aquellos vocales que pertenecen al Tribunal Supremo -porque de los doce vocales que proceden de la carrera judicial es particularmente significativo que su mayoría pertenezcan al Tribunal Supremo- y que han sido a su vez nombrados anteriormente por anteriores consejos generales del Poder Judicial. Consejos generales del Poder Judicial que qué quieren que les diga, señorías, yo he sido vocal del Consejo General del Poder Judicial y he militado simultáneamente en un partido político y en aquel Consejo General del Poder Judicial, donde yo fui vocal, jamás recibí una sola instrucción, insinuación o sugerencia de nadie. No me atrevería a utilizar una expresión tan enfática, pero igual fui el único que no recibió ninguna indicación o sugerencia de nadie, y era el único que estaba afiliado a un partido político. Paradojas de la vida. Pero, evidentemente, es más fácil evidentemente controlar a seis que a veinte.

Lo que se pretende con un buen bloque de nuestras enmiendas, señor presidente, señorías, es dignificar y recuperar las importantes funciones del Consejo General del Poder Judicial como órgano que ejerce competencias, también disminuidas por la propuesta de reforma que nos adelantó el señor Gallardón. Cuando el señor Gallardón el otro día nos comentó que el mecanismo de protección de los jueces que se sientan perturbados en su independencia ya no va a consistir en solicitar o recabar el apoyo del Consejo General del Poder Judicial sino elevar a un órgano colegiado -siendo un órgano unipersonal el perturbado y su independencia- la resolución del litigio que provoca la perturbación de su independencia o de su neutralidad, se está debilitando otra vez, porque ya no es el consejo el que ampara a los jueces perturbados de su independencia, ya es en el ámbito judicial la elevación, que además modifica y desestructura todo el sistema de recursos presentes o previstos por las leyes procesales españolas. Además, cuando se afirma que el órgano de apelación no van a ser ya las audiencias provinciales sino que van a ser las salas de los tribunales de justicia autonómicos, no sé si es consciente el señor Gallardón que eso también desestructura el sistema de recursos de todos los órdenes de la jurisdicción y obliga a la reforma de toda la leyes procesales existentes en el Estado español. Ya no nos basta con reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial ni con reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ya va siendo hora porque está vigente desde el año 1882, es que hay que reformar todas las demás porque si el órgano de apelación son las salas de los tribunales superiores de justicia, las audiencias provinciales quedan en una suerte de limbo jurídico, desubicadas o desamortizadas de sus competencias y hay que modificar las leyes procesales, todas ellas. Esto también se incardina en un proceso de debilitamiento, de incuria o de indignidad contra las funciones de un consejo que es el órgano de gobierno de un poder del Estado y que en este momento cada vez se aprecia con más claridad las intenciones de control de otros poderes del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo, de las funciones desarrolladas por este órgano.

Luego hay dos grandes debates pendientes, veremos a ver cuándo el ministro de Justicia declara llegado el tiempo de afrontarlos. El primero es la configuración o el ajuste al Estado compuesto, al estado autonómico español, de un órgano que no ejerce competencias jurisdiccionales ya que es un órgano de gobierno que ejerce competencias gubernativas; el ajuste mediante la creación de consejos generales del poder judicial. Espero oír del portavoz que me vaya a contestar del Partido Popular que el tiempo de este debate ha llegado ya y que hay que recuperar la dignidad del órgano. Es que no puede existir un órgano en el cual...


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El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene ya que acabar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señor presidente.

... dadas las relevantes y abundantes tareas que tiene que afrontar sean ejercidas por seis vocales en régimen de dedicación exclusiva y el resto en régimen de teletrabajo. Yo no he venido con la Ley Orgánica del Poder Judicial, señor presidente, he venido con la última reforma laboral, donde se regula el trabajo desde el domicilio, el trabajo domiciliario o el teletrabajo. Esto es lo que hay. Desde esa perspectiva es muy difícil pensar que este órgano pueda realizar funciones, sobre todo funciones vinculadas a la neutralidad en el aspecto en donde tiene que ser más neutral el Consejo General del Poder Judicial, en materia de los nombramientos discrecionales que le corresponden. En materia de nombramientos discrecionales la comisión de calificación, cuya desaparición se provoca, establecía un sistema de control de la neutralidad partidista -no política, que es un concepto aristotélico, sino partidista- de los candidatos a ocupar un cargo de designación discrecional al que podía acometer o acometía por sus competencias el Consejo General del Poder Judicial, fundamentalmente los magistrados de las cinco salas del Tribunal Supremo. Esta comisión se hace desaparecer. Es muy significativo que aquella comisión más vinculada a garantizar la neutralidad en materia de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial se haga desaparecer, pero también la perversión rayana casi en la prostitución jurídica de la naturaleza, contenidos y funciones de la comisión disciplinaria mediante una especie de magistrado instructor, que va a atender la instrucción de todos los expedientes disciplinarios que se acometan contra jueces por vulnerar el requerimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, lamento decirle que tiene usted que acabar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Esto es manifiestamente significativo desde esta perspectiva de bastardo control que se pretende respecto a un órgano de gobierno de un poder del Estado, señor presidente. Esto es lo que hay en materia de calidad democrática. Los déficits democráticos que se están acometiendo en esta legislatura empiezan a resultar no llamativos, brutales. Tengan mucho cuidado, señores del Partido Popular, con esta degradación de la calidad democrática del Estado y esta acumulación de déficits y nuevos déficits democráticos porque ustedes saben perfectamente que esto provoca no solo desafección, provoca incluso la generación espontánea de alternativas a la democracia institucional que están creciendo espectacularmente por estas razones. Por todo ello, doy por defendidas las enmiendas presentadas por mi grupo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares. (La señora Díez González pide la palabra). Señora Díez, están interviniendo aquellos que defienden sus enmiendas, luego hay fijación de posiciones por los grupos que no defienden las enmiendas y ahí intervendrá UPyD y el Grupo Popular. Este es un procedimiento que se ha establecido así desde siempre en el Congreso, por el que primero intervienen los grupos que defienden sus enmiendas y luego los que fijan posiciones. ¿Tiene enmiendas UPyD mantenidas para el Pleno? Me dicen que no las ha mantenido para el Pleno.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Debe haber algún problema, seguramente es error de nuestro grupo, pero hemos pretendido mantener las enmiendas para el Pleno. Tenemos enmiendas que creíamos que se habían mantenido porque pedimos que se mantuvieran. Seguramente ha habido algún error de comunicación atribuible sin duda ninguna a nuestro grupo y no habrá llegado la carta a la Comisión correspondiente. En todo caso, da lo mismo, intervendré después, presidente. Lo siento.

El señor PRESIDENTE: Señora Díez, no hay ningún problema en su intervención y podrá hacerlo de la forma que le parezca. Veremos ahora qué hacemos para votar o no sus enmiendas, que es lo verdaderamente importante, pero tendrá usted su turno en ese momento.

Señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, no me extraña que hoy no esté aquí el ministro de gracia y Justicia. No me extraña porque el señor ministro tendría que admitir hoy aquí que es un mentiroso compulsivo. Señorías, en el último debate de esta Cámara, ante críticas de este grupo con respecto a la actitud de imposición por parte del


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Ministerio de Justicia, dice el ministro que tiene la voluntad de llegar a un acuerdo y que sean los grupos parlamentarios -y desde luego el nuestro- con coordinación y apoyo absoluto del Gobierno de España, los que consigan este amplio acuerdo. Señorías, mintió el señor ministro cuando habló de una voluntad de consenso y acuerdo en el resto de las iniciativas parlamentarias. Quiero recordar la Ley de Tasas, Ley de Eficiencia Presupuestaria, modificación de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial. Miente también de manera patológica y de manera compulsiva el ministro de Justicia cuando habla de una negociación en el ámbito parlamentario. Sin embargo, hemos asistido a una nueva especialidad parlamentaria. Teníamos ya conocimiento del funcionamiento mediante el real decreto permanente; real decreto permanente que debemos ir por encima de los 35 decretos en esta Cámara. De lo que no teníamos tanta experiencia es del onanismo parlamentario, y ese onanismo parlamentario es el que ha tramitado la reforma del Consejo General del Poder Judicial. En vez de aceptar enmiendas y negociar con el resto de los grupos parlamentarios, lo que traemos hoy aquí en el dictamen, señorías, son las autoenmiendas autoasumidas por parte del Partido Popular a sí mismo, porque con el resto de los grupos parlamentarios no ha habido más que enmiendas terminológicas que no modifican el tenor de la regulación del Consejo General del Poder Judicial.

Señorías, en los últimos días es una preocupación en este país por parte de la opinión publicada la modificación legal, en las antípodas, sobre el Consejo General del Poder Judicial, la modificación legal del Gobierno argentino. Pues bien, señorías, yo afirmo que esta modificación legal significa un asalto, sin lugar a dudas, en todos los términos, al Consejo General del Poder Judicial y que se transforma un Consejo General del Poder Judicial partidista y asociativo en un Consejo General del Poder Judicial popular, un consejo general del poder popular, podríamos decir, o del Partido Popular mejor dicho, de tal manera que el Partido Popular, mediante la fórmula de elección y mediante la fórmula de decisión, como en el bacarrá, la banca se lo lleva todo: se lleva todos los representantes en el consejo nombrados en el Senado; con los tres quintos que posee el Partido Popular de representación en el Senado se lleva la mitad del Consejo General del Poder del Partido Popular ya en el Senado, y con poco que ocurra en el Congreso, incluso paralizando la elección en el Congreso, va a decidir sobre todos los órganos judiciales del Estado. Es la aplicación del monolitismo y de la política monocolor en el órgano de gobierno de los jueces. Hay quien dice -y yo estoy de acuerdo- que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Da la impresión de que la mayoría absoluta también corrompe y que corrompe la democracia y, en este caso concreto, señorías, asistimos a la corrupción del Consejo General del Poder Judicial, porque lejos de responder el Partido Popular a los problemas que todos habíamos detectado en el órgano de gobierno de los jueces, como es la polarización política, el problema de la falta de transparencia, la falta de control por parte del Congreso de los Diputados y un largo etcétera, lejos de hacer eso, el Partido Popular acentúa aún más los problemas del Consejo General del Poder Judicial mostrando que el único problema que tenía el Partido Popular para modificar primero y paralizar la renovación y el único problema que tenía el Partido Popular para cambiar también el modelo de elección y de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial era únicamente un problema oportunista. No era mejorar el órgano de gobierno de los jueces, no, señorías, era aprovechar la oportunidad para tener el monopolio del gobierno de los jueces en unas condiciones muy determinadas, en las condiciones de la corrupción, donde el monopolio del órgano de gobierno es importante. Y ahí, señorías, tendría que referirme al carácter simbólico del linchamiento del juez Garzón y al carácter simbólico también de lo que está ocurriendo con el juez Torres porque, en definitiva, esta modificación del órgano de gobierno de los jueces apunta a la tutela y apunta al control del Poder Judicial por parte del poder político, por parte del Gobierno y, señorías, eso es corrupción de la democracia. Señorías, a eso es a lo que estamos asistiendo en este momento.

Esto en cuanto al poder, pero ¿qué decir en relación con el servicio público? Un servicio público que para el Gobierno y para el Partido Popular es una cuestión menor. Se trata fundamentalmente, como en Alicia en el país de las maravillas, de quién manda aquí, del poder.

En relación con el servicio público, las sucesivas modificaciones legales del Gobierno han convertido este servicio público en un servicio de mercado -Ley de Tasas, Ley de Eficiencia Presupuestaria-; servicio de mercado con la expulsión de 1.200 jueces sustitutos, 600 fiscales... Ese es el modelo del Gobierno del Partido Popular, una degradación también del servicio público como servicio de mercado. ¿Y qué mejor para gobernar el servicio de mercado que un consejo de administración? No es de extrañar pues que el órgano de gobierno de los jueces para el Partido Popular debe ser un órgano con menos competencias, debe ser un órgano más reducido, prácticamente un consejo de administración, para que


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gestione el día a día de ese poder político que intenta acercar a la justicia. Eso es lo que estamos decidiendo en estos momentos, señorías, aunque veo que con desigual fortuna.

Por si fuera poco, señorías, un procedimiento sumarísimo y onanista en el procedimiento parlamentario, por si fuera poco un asalto al Consejo General del Poder Judicial en toda regla para quedarse con una mayoría y decidir sobre todo. Por si fuera poco la intención de cerco a la independencia del Poder Judicial ¡amigo! el Partido Popular introduce en esta ley al octavo pasajero; modifica el Convenio de Viena, modifica la legislación internacional para poder expulsar de este país a personas protegidas por razones tan ambiguas como un delito grave. Si podemos hacer las cosas así, cualquier kurdo de este país que se eche las manos a la cartera porque puede acabar directamente en manos del Gobierno turco por mucha protección internacional que tenga. Eso viene en la reforma del Partido Popular. Aprovecha la oportunidad para reformar una ley orgánica, la Ley de Protección o la Ley de Inmigración, y se queda tan tranquilo, y además no explica nada; no explica cuáles son los problemas que llevan a esa modificación legal que, en nuestra opinión, es inconstitucional y va contra el Convenio de Viena y las garantías que se deben a los residentes que tienen protección internacional.

Ese dechado de virtudes es esta ley. Seguramente el señor Gallardón no pasará a la historia por ella, pero igual pasa a la historia del Partido Popular, fíjense ustedes; igual pasa a la historia del Partido Popular porque convierte el órgano de gobierno de los jueces en un órgano de gobierno a su servicio y en un silencio cómplice con temas que en estos momentos preocupan a la ciudadanía y a este Parlamento. Señorías, como es evidente, no votaremos esta ley porque no hemos sido llamados al diálogo ni a la negociación. Trámite de audiencia y onanismo parlamentario.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, saben ustedes que desde Convergència i Unió acogimos esta reforma con una clara voluntad de diálogo, y a pesar de tener razones suficientes para sustentar una enmienda a la totalidad al proyecto, finalmente no la presentamos confiando en que a lo largo de la tramitación parlamentaria se abriría un espacio para alcanzar el necesario consenso con los distintos grupos parlamentarios en aspectos importantes de la reforma. De hecho, expresamos nuestra satisfacción cuando en el debate de totalidad al proyecto el ministro señor Gallardón ofreció reiteradamente en esta Cámara la apertura al diálogo en una posterior fase de negociación de las enmiendas al articulado. Pero lamentablemente la realidad ha sido otra bien distinta y llegamos hoy aquí comprobando una vez más que esa predisposición quedó en nada, únicamente en palabras biensonantes, cuando lo cierto es que no ha habido ninguna receptividad en relación con las propuestas de los distintos grupos parlamentarios. Hoy podemos afirmar que definitivamente se ha roto ese consenso que se había alcanzado para pactar el modelo vigente y que el Gobierno del Partido Popular nuevamente hace uso de su mayoría para imponer una determinada configuración del Consejo General del Poder Judicial sin escuchar ni atender otras propuestas.

Podrían haber aprovechado esta reforma para mejorar y poner al día una de las piezas importantes en nuestro sistema de justicia y en cambio lo que hacen es adelgazar y desapoderar la máxima institución de gobierno de jueces y magistrados, introduciendo, además, un elemento de clara inestabilidad por cuanto la reforma no nace del consenso; ello hará que cuando haya cambios en el Gobierno repercuta en la estabilidad, como decía anteriormente, de la institución.

Desde Convergència i Unió presentamos un total de 34 enmiendas y, a pesar de las buenas palabras en Ponencia y Comisión, lo cierto es que la receptividad que hemos recibido hacia nuestro grupo parlamentario ha sido prácticamente inexistente. Así, tan sólo se han aceptado tres enmiendas en sus propios términos. Las enmiendas que mantenemos vivas y que pasamos a defender, en términos generales, lo que buscan es mejorar el contenido del proyecto en dos sentidos. Por una parte, reclamamos que se dé cumplimiento a lo que dispone el Estatut de Autonomía de Catalunya en lo referente al Poder Judicial y en concreto a la designación de su órgano de gobierno y la creación de los consejos de justicia autonómicos y, por otra parte, queremos que se asegure la independencia del órgano de gobierno del Poder Judicial, frenando su desapoderamiento en favor del Ministerio de Justicia. En este ámbito, hemos seguido el criterio de mantener la regulación vigente por cuanto nos parece que da mayor garantía de independencia al Consejo General del Poder Judicial.


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Del conjunto de enmiendas presentadas damos especial relevancia a la número 211, que tiene por finalidad impulsar los consejos de justicia autonómicos, tal y como prevé el Estatut de Autonomía de Catalunya, así como seis estatutos más de otras comunidades autónomas. En ese sentido, valoramos que el ministro de Justicia el pasado martes reiterara la intención de incluir en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial la creación de esos consejos de justicia. Está claro que de ser así nos parecía bien porque precisamente esa es una reivindicación, una reclamación de nuestro grupo parlamentario a la cual siempre hemos dado una especial prioridad y además en este caso no estamos hablando de otra cosa que del cumplimiento de la ley. Ahora bien, a pesar de acoger positivamente esa declaración de intenciones, permítanme que les traslade nuestras reservas porque la experiencia nos ha demostrado que esas declaraciones tienen que verse negro sobre blanco.

Consideramos que este proyecto también podría perfectamente acoger la creación de los consejos de justicia, apreciación coincidente con el informe del Consejo General del Poder Judicial; a pesar de ello, el Gobierno no lo atiende e insiste en posponer ese debate en la reforma global posterior, de ahí también nuestro escepticismo al acoger el anuncio del ministro el pasado martes en la Comisión de Justicia. Siguiendo con aprovechar la reforma para dar cumplimiento a lo que disponen los estatutos de autonomía, hemos defendido otra enmienda que pide que este proyecto incluya la previsión del artículo 180 del Estatut de Autonomía de Catalunya y que se refiere a la participación de la Generalitat en el proceso de designación de miembros del Tribunal Constitucional y también del Consejo General del Poder Judicial. Y otra vez, a pesar de reclamar el cumplimiento de lo que dispone una ley que forma parte del bloque de constitucionalidad, ese aspecto no se ha introducido en la reforma.

Hemos presentado un segundo grupo de enmiendas que pretenden garantizar por una parte la independencia del Consejo General del Poder Judicial y evitar por otra el desapoderamiento de la institución a favor del Ejecutivo. Por ello rechazamos, por ejemplo, que se reste capacidad reglamentaria al consejo y que determinadas competencias del pleno pasen ahora a manos de una reducidísima comisión permanente. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Esta reforma pone en entredicho la configuración constitucional de la institución, colocándola mediante un considerable e importante vaciado de competencias en una situación de subordinación respecto al Ejecutivo, cosa que rechazamos y que también ha puesto en situación de alerta a las distintas asociaciones de jueces y magistrados. En este sentido entendemos y compartimos su inquietud. No compartimos la supresión del actual régimen de incompatibilidades en los vocales miembros del Consejo General del Poder Judicial. Creemos que ello también puede poner en cuestión su independencia; la independencia del órgano de gobierno del Poder Judicial. Como saben, la reforma establece un doble régimen de vocales; por una parte, los integrantes de la comisión permanente, que podrán desarrollar sus funciones de forma exclusiva estando a su vez en situación de servicios especiales, y por otra, el resto de vocales, que deberán permanecer en servicio activo si pertenecen a algún cuerpo funcionarial o judicial o bien, si lo desean, deberán continuar ejerciendo su función profesional en caso de que se trate de otro ámbito de profesionales, como por ejemplo abogados o procuradores.

Por lo que se refiere a los vocales, jueces y magistrados, esa previsión va en detrimento del mandato constitucional del artículo 127 de la Constitución española y a la vez afecta a la independencia de los jueces en la medida en que esa subordinación gubernativa entre jueces y magistrados puede verse resentida. Igualmente, por lo que respecta a los juristas, es evidente que el ejercicio de la profesión muy fácilmente puede interferir en el cumplimiento de la obligación de asistencia a los actos obligatorios del órgano. Por todo ello hemos presentado una enmienda que tiene por objeto mantener el régimen vigente de incompatibilidades, el cual consideramos más adecuado a las características del órgano de Gobierno del Poder Judicial, y además evitaría algunas de las disfunciones que hemos dejado entrever. No obstante, de forma subsidiaria hemos planteado otras enmiendas para el supuesto de que se mantuviera esa compatibilidad prevista en el proyecto, cuya finalidad no es otra que facilitar que los vocales que integren el consejo y cualquiera de sus comisiones y a su vez deban continuar en servicio activo o desarrollando sus funciones profesionales prevean la posibilidad de suspender vistas u otros actos del proceso que requieran su asistencia personal, dado que el apartado 3 del artículo 579 fija la obligación de asistir al pleno y a las comisiones de que formen parte, y en caso contrario no podrían compatibilizar ambas actividades, todo ello modificando las correspondientes leyes procesales. Por último, en este segundo bloque de enmiendas destacaríamos la que pretende la renovación parcial del órgano. Nosotros hemos presentado una enmienda en sentido contrario. Creemos que debe hacerse en unidad de acto, igual que ha recogido el informe del Consejo General del Poder Judicial. También proponemos que la comisión


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permanente esté compuesta por ocho vocales más el presidente. Entendemos que esa reducción en su composición va también en detrimento de esa necesaria independencia y que además al otorgársele un importante número de competencias va a hacer que su gobernanza sea muy complicada dadas esas amplias funciones que se le atribuyen.

Por último, señorías, damos por defendidas todas las enmiendas que hemos mantenido y lamentamos, lo reitero, la falta de receptividad del Gobierno ante las propuestas de nuestro grupo parlamentario. Por ello manifestamos que no podemos apoyar este proyecto, de mantenerse esa actitud.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Surroca.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Villarrubia.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presidente, señorías, señor Gallardón -ausente-, concluye hoy en este trámite un golpe sin parangón a la independencia judicial por parte del Partido Popular y el Gobierno del mismo partido. Se va a producir una aprobación sin consenso, en solitario, en tiempo récord, sin debate ni discusión, rompiendo todas las reglas del juego y contra todos. Esto es, y así actúa, el Partido Popular.

Quiero dejar claro que en el Grupo Socialista, a pesar de que ya conocíamos el proceder habitual del Gobierno, intentamos ver si era posible un acuerdo en un tema de Estado como la regulación del consejo, y la decepción fue absoluta al comprobar la realidad de sus oscuras pretensiones. Ya antes de la tramitación parlamentaria lo vimos con claridad y esta realidad resultó confirmada con la presentación del proyecto de ley y de las numerosas autoenmiendas al mismo por el propio Partido Popular que reforzaban y consolidaban la planificada ocupación política del órgano de gobierno de los jueces y un ataque sin precedentes a su independencia. La contrarreforma propuesta por el Partido Popular va en la línea de desconfigurar o desmantelar el consejo. Diseña un órgano presidencialista y gobernado por un núcleo duro que ostentará, sustrayéndoselas al pleno, el grueso de las competencias. Permite que haya vocales de primera y de segunda, vocales con información y sin ella; catorce vocales permanecerán en activo en su profesión dejando incluso en manos de la comisión permanente -cinco miembros más el presidente- la documentación e información que se puede entregar a los vocales. Y todo ello bajo una pobre excusa de austeridad y ahorro.

Señorías, crean la figura del vicepresidente del Tribunal Supremo, cargo que se diseña con un perfil que quizá, como en otros cargos novedosos de la contrarreforma tales como el promotor de la acción disciplinaria, ya tiene hasta foto elegida. También se priva al consejo, hasta el límite absoluto, de autonomía tanto presupuestaria, mediante la fórmula de exigir que cualquier gasto que se derive del desarrollo de esta ley debe contar previamente con informe favorable de la Administración que debe soportar el gasto, como también de la autoorganización. El intervencionismo del proyecto llega al punto de recoger en la ley el número de comisiones que puede tener el consejo, lo que a nuestro entender choca frontalmente con su necesaria capacidad de autoorganización.

Señorías, vulnerando claramente las previsiones constitucionales, se establece en el artículo 570 del proyecto de ley una fórmula de renovación parcial, según el Gobierno, para evitar el bloqueo de la renovación, que, por cierto, señorías, solo se produce cuando el Partido Popular está en la oposición. Y en realidad lo que pretende asegurarse su partido es un consejo en el que diez de sus miembros podrían ser elegidos con su sola mayoría en el Senado. Dicho consejo se constituirá con los diez miembros sin renovar, quienes podrán nombrar a su presidente, a su vicepresidente y a todos los miembros de las distintas comisiones. Y cuando la otra Cámara, el Congreso, nombre a los que les corresponde, solo podrán ejercer sus funciones sobre el tiempo que reste hasta los cinco años y no podrán revisar ninguna de las decisiones tomadas ni de los nombramientos acordados. La previsión de renovación parcial podría dar lugar a un mandato de duración inferior que colisiona con el artículo 122.3 de la Constitución, que establece un mandato de cinco años para todos los miembros nombrados por el rey en unidad de acto. Entremedias, señorías, por trámite de urgencia y en lectura única, han tramitado una suspensión -insólito: temporal- del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para llevar a cabo el sistema de elección que ustedes quieren ad hoc para la mayoría del Partido Popular.

Frente a esta reforma, en la que cristalizan multitud de aspectos de dudosa constitucionalidad, las enmiendas de mi grupo han pretendido oponer un modelo de consejo fortalecido en su papel constitucional y circunscrito a sus genuinas funciones, pero sin desaprovechar esta reforma para mejorar el funcionamiento


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del consejo. Partimos, señorías, de la previsión constitucional que se plasma en el artículo 122, que exige veinte vocales y, aun pensando que el consejo podría funcionar y cumplir sus funciones con menos miembros, la duda de constitucionalidad y los problemas de aplicación práctica de la propuesta del proyecto nos inclinan a la posición favorable del mantenimiento de los veinte vocales y no a que solo unos pocos tengan dedicación exclusiva. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Frente al proyecto, que diseña un consejo presidencialista y gobernado por un núcleo duro que ostentará el grueso de las competencias, apostamos por un órgano que funcione de verdad de forma colegiada, donde el pleno tenga la mayoría de las competencias, las comisiones hagan un trabajo más especializado pero reservando la facultad decisoria última al pleno y donde los consensos amplios sean la norma en la toma de decisiones, de las más relevantes y las más sometidas al escrutinio público. Así, exigimos mayoría de tres quintos para el nombramiento y el cese del presidente, del vicepresidente y de todos aquellos cargos técnicos del consejo cuyas funciones son esenciales, a la vez que se exige idéntica mayoría para la aprobación de reglamentos y para acordar la composición de las comisiones. Esta mayoría cualificada es la que se exige para los nombramientos discrecionales dentro de la carrera judicial, presidentes de sala, magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de los tribunales superiores de Justicia y para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y para el magistrado que debe conocer de las autorizaciones a las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afectan a derechos fundamentales.

Señorías, como línea que informa a todas las propuestas del Grupo Socialista, se refuerza la necesidad de publicidad y transparencia. Así, proponemos la obligación de comparecencia del presidente del consejo, ya que no parece aceptable que el órgano político de gobierno de los jueces no rinda cuentas ante quien lo nombra; comparecencia del presidente que no puede estar limitada a la presentación de la memoria anual de actividades del consejo, sino que las Cortes Generales deben poder llamarle, quedando excluidas, lógicamente, aquellas cuestiones que sean jurisdiccionales. En esta misma línea proponemos que todos los candidatos, absolutamente todos, sean evaluados en sesión pública en las Cortes Generales antes de ser sometida su candidatura a votación.

Por último, solicitamos imponer la motivación como elemento que inexcusablemente debe acompañar a cualquier nombramiento no reglado; igualmente, exigimos la publicidad de las deliberaciones y actuaciones del consejo y rechazamos la limitación del acceso a la documentación e información que pueden pedir los vocales, limitación incorporada por enmienda del Grupo Popular. Nuestras propuestas también recuperan de la vigente ley competencias para el consejo por considerarlas inescindibles de su función constitucional, citando entre otras el régimen jurídico del estatuto de los miembros de la carrera judicial o el relativo a las asociaciones judiciales. Las numerosas enmiendas del Grupo Socialista han sido rechazadas de plano, excepto unas pocas en temas menores y de redacción -forma extraña de entender el consenso-, computando como aceptadas por el Grupo Popular sus numerosas autoenmiendas, las suyas solas, sin negociación ni consenso, para pervertir los mensajes y la realidad. Ni siquiera nos aceptaron la propuesta del respeto a la igualdad y a la representación equilibrada de hombres y mujeres en todos los órganos del consejo.

Señorías, la supresión de las mayorías cualificadas para el conjunto de las decisiones más importantes y los nombramientos del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y el resto de tribunales, junto con el desapoderamiento de funciones del consejo, entre otros temas, consiguen el objetivo de asestar un golpe mortal a la independencia del Poder Judicial y una ocupación política de este, con ruptura de todos los consensos y de las reglas del juego.

Señores del Partido Popular, además del fracaso de sus políticas económicas, de su contrarreforma laboral, de su incremento del déficit, de la deuda, del paro, de la pobreza y de la exclusión social, ustedes están llevando a cabo recortes gravísimos de derechos y libertades en este país, devaluando la calidad de nuestra democracia y de nuestra convivencia. Esta ocupación política e intento de control del Poder Judicial traspasa los límites tolerables en una democracia decente. (Aplausos). Por todo ello votaremos en contra del dictamen de la Comisión y a la vez les anuncio que, de aprobarse el proyecto en estos términos, mi grupo llevará la ley inevitablemente, una vez, más ante el Tribunal Constitucional.

Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villarrubia.

Esta Presidencia se ha puesto en contacto a través de los servicios de la Cámara con todos los grupos, que unánimemente -y se lo agradezco- han aceptado que las enmiendas del grupo de UPyD,


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que habían sufrido una tramitación administrativa que no habían elevado a Pleno, puedan ser votadas en el Pleno cuando lo hagamos. Por tanto, le voy a dar la palabra a la portavoz del Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Díez, que hablará no en fijación de posiciones sino en defensa de sus enmiendas.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente, y gracias a todos los grupos de la Cámara que con su generosidad han ayudado a que se subsane un error que había cometido mi grupo a la hora de no enviar la comunicación para mantener las enmiendas en el Pleno. Les agradezco a todos que se puedan votar a continuación.

Empezaré por lo último que le he escuchado decir al portavoz del Grupo Socialista, el anuncio de que su grupo iba a llevar esta ley ante el Tribunal Constitucional. Me felicito y les felicito por esa decisión que han tomado y humildemente les pido que contemplen la posibilidad de que otros grupos puedan adherirse a esa denuncia ante el Tribunal Constitucional porque esta es una de esas cuestiones que superan lo partidista, que superan lo ideológico y que defienden el interés general, algo tan importante en la democracia como es la independencia del Poder Judicial y como es, por tanto, la separación de poderes. Repito que le doy la enhorabuena al Grupo Socialista por la decisión y le pido que considere la posibilidad de que otros grupos, concretamente el grupo en nombre de quien les hablo, puedan adherirse a este recurso.

Decía el señor Llamazares en su intervención -no sé si tendrá razón o no- que el ministro ausente de Justicia no pasará a la historia por esta reforma. Yo no sé si pasará a la historia por esta reforma. En todo caso, me parece que un atraco de estas dimensiones perpetrado por el ministro de Justicia y a la vez notario mayor del Reino, mano a mano -por qué no decirlo- con el registrador de la propiedad de Santa Pola, merece pasar a la historia. Merece pasar a la historia de España, a nuestra historia, pequeña, si quieren ustedes, y en minúscula, pero un atraco de estas dimensiones, que tiene como actores fundamentales al ministro de Justicia -que, insisto, es además notario mayor del Reino- y que lo hace mano a mano con el registrador de la propiedad de Santa Pola merece pasar a la historia.

Señorías, se han dado muchos argumentos y puedo compartir y de hecho comparto la mayor parte de ellos, por no decir todos. Desde perspectivas distintas o con énfasis diferentes hemos planteado algo que el señor Gallardón definió como la única enmienda a la totalidad, porque íbamos a la radicalidad del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Pero tal y como ha quedado hay una cosa muy notable en esta reforma y es que no hay nadie, ningún grupo parlamentario, salvo el Grupo Popular, que considere que merece la pena si quiera darle un pase. No solamente tiene a toda la Cámara en contra, tiene también a todos los operadores jurídicos. Hoy mismo hemos visto en los medios de comunicación que una recogida de firmas de jueces que se inició ayer lleva ya 450 firmas esta mañana -no sé cuántas ahora-, utilizando exactamente todos los argumentos contra esta reforma que se han venido vertiendo en esta tribuna, todos ellos, que tienen que ver con la necesidad de mantener la separación de poderes, con la independencia del Poder Judicial, con la calidad de la democracia, con la necesidad de que haya un justicia bien dotada e independiente capaz de actuar en todos los frentes, también en aquellos tan sensibles como son el frente abierto de la corrupción política. Es decir, con todo lo que les decimos todos desde todos los ámbitos, ¿no se mueven ustedes a considerar siquiera que alguna razón podemos tener, no voy a decir el cien por cien, el 80 %, el 70 % o el 50 %? ¿Nada, no tenemos ninguna razón en todo lo que les estamos diciendo desde todos los espectros políticos y sociales?

Lo que sí está claro es que en esto demuestran una enorme perseverancia, de la que hablaba ayer el presidente del Gobierno en relación con otra cuestión. En eso el registrador de la propiedad y el notario mayor del Reino muestran lo mismo, la contumacia en el error, la perseverancia en el error, que es un error para la democracia y para la política, pero que desde luego es un acierto para su pretensión, que es el control estricto del órgano de la justicia, el control partidista completo, para que no haya ningún resquicio, completo, absoluto, desde ese argumento de que es un poder político y que por tanto los políticos tienen que nombrar a sus representantes. Si lo derivan ustedes, como es un poder político y los políticos que estamos aquí tenemos que nombrar a quienes están allá, quizá dentro de un año van a terminar ustedes dando una vuelta de tuerca más y les escuchemos decir en esta tribuna que lo siguiente no solo va a ser hacer las leyes, que es lo que nos corresponde, sino también dictar las sentencias. Es un despropósito en términos democráticos. Desde cierto punto de vista esta deriva es lógica, porque cuando se pervierte el lenguaje se termina pervirtiendo la propia democracia. Siento muchísimo que no esté el ministro de Justicia con lo que a él le gusta que le citen, y que se haga además diciendo que es él quien lo ha dicho. Por eso, aunque no esté, para que se lo pasen, esta


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portavoz le va a citar. Desde el mismo día que él se negó a sí mismo -en ese afán de hablar consigo mismo y negarse-, desde ese mismo día pervirtieron el lenguaje con el objetivo, como no podía ser de otra manera, de pervertir la propia democracia. Tenemos que ir al espíritu de la Constitución y tenemos, por tanto, que dejar bien clara la voluntad del Gobierno, que es que doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por los jueces y magistrados de todas las categorías. Cuando el legislador quiere que en determinados órganos estemos representados la diferentes formaciones políticas en función del apoyo popular que hemos tenido, así lo establece. Cuando el legislador exige una mayoría cualificada que, salvo excepciones, presume que no puede ser alcanzada por una sola formación política, no está buscando un reparto en función de los apoyos electorales que haya tenido cada formación, lo que está buscando es, a través del diálogo -diálogo que nos ofreció el ministro, que ya sabemos todos adónde ha llegado y es que tienen un problema con las palabras, porque creen que diálogo es lo que hacen, y lo que hacen es pervertir el discurso para pervertir la propia democracia-, un consenso para elegir a las personas adecuadas, para elegir a aquellos que, elegidos por todos y votados por todos, cumplan todos los requisitos para poder ejercer esa alta función. No podemos seguir asistiendo a un relato de la crónica judicial donde cada decisión está permanentemente asociada al origen partidario de los miembros del gobierno del Consejo General del Poder Judicial y, consiguientemente, a una identificación con una u otra formación política. Este es un sistema no solamente perverso en origen y en su elección, vulnerando a mi juicio la voluntad del legislador constituyente, sino que además perturba de forma grave las decisiones, aunque sean adecuadas, que adopta el Consejo del General del Poder Judicial. La cita es más extensa, pero la cierro, y es del 25 de enero de 2012, de Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia del Gobierno de España. Él hablaba en esa cita de pervertir el lenguaje, hablaba de pervertir el interés del legislador y hablaba de que se estaba pervirtiendo la voluntad del constituyente. Pues él ha dado una vuelta de tuerca más, como es evidente. Ha dado una vuelta de tuerca más. Si había muchos operadores jurídicos, muchos ciudadanos y algunos partidos políticos -por lo menos aquel en cuyo nombre les hablo- que pensábamos que era cierto que en la reforma de 1985 -con voluntad o sin ella- se enterró a Montesquieu, el ministro de Justicia ha dado a eso también una vuelta de tuerca. Ha dicho: Muerto está y enterrado también, pero le voy a enterrar boca abajo no vaya a ser que escarbe; y si escarba, que vaya más abajo todavía, no vaya a ser que resucite y salga. Esto es lo que han hecho con esta reforma. Aunque resucite, al enterrarlo boca abajo, se irá más al fondo y no habrá ninguna posibilidad de que salga de ahí y de que la separación de poderes y el respeto a la democracia se vuelvan a instaurar. Ojalá el Tribunal Constitucional reponga el derecho, el respeto a la Constitución, la decencia y el respeto a la democracia con el recurso que el Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra señor Castillo.

El señor CASTILLO CALVÍN: Señor presidente, con la venia.

Señorías, termina ahora el trámite en el Congreso de este proyecto de ley y haciendo balance podemos concluir que el proyecto de ley que ahora vamos a votar ha mejorado sustancialmente con su tramitación parlamentaria. Quiero destacar, en primer lugar, que la oposición ya dejó clara su postura en el debate de totalidad; una postura mantenida y reiterada ahora con singular empeño por los señores portavoces y que les ha resultado muy difícil modificar. Con muchas de sus enmiendas parciales han pretendido mantener la regulación actual, en algunas insistir en su enmienda a la totalidad y en otras han pretendido incorporar cuestiones distintas al objeto de este proyecto o totalmente contrarias al espíritu que ha inspirado esta reforma. Por su parte, los grupos nacionalistas han lamentado que el Gobierno haya desperdiciado la oportunidad histórica de regular la creación de los consejos autonómicos de Justicia o de valorar como un mérito preferente el conocimiento de las lenguas cooficiales. Pero a pesar de ello, de las 293 enmiendas presentadas se han incorporado 78 enmiendas en el proyecto de ley, de las cuales -a pesar de lo que digan- 38 fueron presentadas por los grupos de la oposición.

Sin detenerme a enumerar todas las mejoras, quiero hacer referencia a las más importantes, como la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista, La Izquierda Plural, CiU y Grupo Parlamentario Mixto por la que el nuevo Consejo General del Poder Judicial deberá respetar en su composición la paridad prevista en la Ley de Igualdad. O como la transada con el Grupo Parlamentario Socialista por la que se incluye el deber inexcusable de los vocales de asistir, participar y emitir voto válido sobre las cuestiones a decidir por el pleno y las comisiones. O las propuestas por CiU


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que, entre otras cosas, amplían las competencias del consejo para que pueda emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, así como recibir quejas de los ciudadanos. O la pactada con el Partido Nacionalista Vasco para que el Centro de Documentación Judicial, Cendoj, con sede en San Sebastián, colabore con el consejo en la armonización de los sistemas informáticos que redunde en una mayor eficiencia en la actividad de los juzgados. Cómo no, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, la inclusión como competencia propia del consejo, por vez primera y con rango de ley orgánica, del estudio y seguimiento de la respuesta judicial en materia de violencia doméstica. El Observatorio de violencia doméstica y de género, constituido en 2002 bajo el Gobierno del Partido Popular, contará de esta manera con un adecuado reconocimiento a su importante labor en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Son buenas mejoras que, garantizando la independencia de los jueces y respetando escrupulosamente el artículo 122 de la Constitución, han avanzado en perfeccionar el proyecto de ley. Con ello queda claro que nos encontramos ante un proyecto oportuno y razonable, en cuanto ha permitido afrontar de una vez algo que históricamente todo el mundo había venido reclamando en la justicia española, como es la agilización del consejo en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, dotándole de una estructura más ágil, más simple y con un menor coste económico para conseguir que el órgano de gobierno sea precisamente más operativo, más plural, más transparente y, por supuesto, más competitivo.

Dicho esto, que me parece que debía ser lo primero que tenía que destacar en mi intervención, quisiera hacer algunos comentarios sobre determinados equívocos y falsedades que se han vertido a lo largo de la tramitación y también en el día de hoy. Así que, frente a algunas afirmaciones que se han hecho, lo cierto es que el Gobierno ha intentado buscar el acuerdo durante meses, dedicando muchas horas a sumar voluntades en torno a este proyecto, y ustedes lo saben, especialmente los señores del Grupo Socialista quienes, a pesar de ello, han acusado al Gobierno y al Partido Popular de faltar al respeto al Parlamento al llevar la tramitación de forma atropellada, sin debates, sin diálogo, sin propuestas y sin consenso. Miren ustedes, de las setenta enmiendas presentadas por el Grupo Socialista se han aceptado en sus términos o en los de la transacción propuesta por el Grupo Popular un total de veinticinco enmiendas. (El señor Villarrubia Mediavilla: No, no es verdad; eso no es así). Sí, ¿sabe usted qué porcentaje suponen las enmiendas aceptadas con respecto a las presentadas? Se lo voy a decir, casi el 40 %, sino Villarrubia. (Aplausos). Precisamente lo que no hacían ustedes cuando estaban en el Gobierno. Pero vamos a seguir hablando de consenso, porque si ha quedado algo claro en esta tramitación parlamentaria es que es a ustedes a quienes no les gusta el consenso. (El señor Villarrubia Mediavilla: A todos). Nos lo han demostrado una vez más con motivo de esta reforma. Si se les propone un sistema de elección de vocales judiciales designados por los jueces no les gusta, dicen que es un atropello al Parlamento y a la calidad democrática; la contrarreforma y la involución. Pero si le ofrecemos un sistema de designación parlamentaria tampoco les gusta y nos presentan una enmienda a la totalidad y nos acusan de contrarreforma y de involución. Hagamos lo que hagamos, contrarreforma e involución. Les debe sonar muy bien porque lo repiten en cada una de sus propuestas legislativas, les da igual que sea para la Ley de Tasas, para la reforma del Código Penal en materia de transparencia, para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de eficiencia presupuestaria o para el Consejo General del Poder Judicial. Pues bien, si hay una contrarreforma debería haber previamente una reforma y antes de ella un sistema original. Así que, ¿nos pueden explicar a qué sistema y a que reforma se refieren? ¿A la del modelo del año 1980, a la del año 1985 o a la del año 2001? A lo mejor, empezando por ahí, nos vamos aclarando un poco sobre esto de las contrarreformas de las que tanto y tanto les gusta hablar. Ustedes exigen el consenso, incluso bajo la habitual amenaza de cambiar cuando lleguen al Gobierno todas las reformas legislativas en marcha, pero luego siempre encuentran excusas para huir en la dirección contraria. Eso, lo que hacen ustedes, sí que es falta de respeto al Parlamento y devaluar la calidad democrática, en la forma y en el fondo. Porque faltar el respeto al Parlamento es lo que hacen cuando se les proponen transacciones y sin embargo se niegan a retirar sus enmiendas, eso sí que es romper las reglas esenciales del consenso. Como sigan por ese camino, cortando las alas a cualquier intento de negociación, no me extrañaría que acabaran retirando todas las enmiendas que les aceptemos y todo por tener unos estupendos titulares en la prensa del día siguiente.

Critican que en esta tramitación -dicen que para aplicar la ley a nuestra conveniencia- se suspendiera temporalmente el proceso de renovación del consejo en lectura única y por vía de urgencia. Lo dicen ustedes que cuando gobernaron fueron los reyes de las lecturas únicas y de los procedimientos de urgencia. Les gusta tan poco el consenso que hasta se irritan, y mucho, cuando se les recuerdan las


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intensas negociaciones que han mantenido con el Gobierno; no les gusta que se sepa que el señor ministro se ha sentado con ustedes, que les ha tendido la mano, pero que ustedes una vez más la han rechazado. (El señor Villarrubia Mediavilla pronuncia palabras que no se perciben). Digan lo que quieran, pero lo único cierto es que hagamos lo que hagamos siempre van en la dirección contraria, porque la única ley que a ustedes les gusta es la ley que hacen ustedes; es así como entienden el consenso. Cuando no encuentran argumentos para oponerse pintan líneas rojas, y pintura la verdad es que no les falta. Como esa línea roja que nos han marcado para tratar de evitar que de una vez por todas acabemos con los mecanismos de bloqueo que se producen tanto en la Constitución como en la renovación del consejo. Les da igual que el sistema previsto sea plenamente constitucional y que haya contado además con el respaldo del propio consejo; les da igual que se resuelva definitivamente el riesgo de mantener situaciones prolongadas de interinidad en el mandato de los miembros del consejo y se eviten los perniciosos efectos que estas situaciones pueden provocar en cuanto debilitan a la institución; les da igual porque entienden que su labor en la oposición consiste precisamente en eso, en oponerse a todo. Como se oponen a que el consejo se abra al conjunto de la carrera judicial y permita el acceso a la totalidad de los jueces y magistrados, en definitiva, que tengamos un consejo más plural, como ustedes reclamaban en un principio.

Y por criticar, que no quede. Tan pronto critican al Grupo Parlamentario Popular cuando enmienda poco al Gobierno como cuando lo enmienda mucho. Ahora con cuarenta enmiendas van y dicen que nos hemos autoenmendado notablemente para hacer todavía más sectario y partidista el proyecto de ley. Por favor, aclárense. Así que con estas posturas lo que demuestran algunos grupos es que no tienen más objetivo que desgastar al Gobierno y tratar de desgastar en particular al ministro de Justicia, al que muchos de ustedes han aludido en primera persona en este debate en lugar de tratar del proyecto de ley, pero sin preocuparse mucho por introducir auténticas mejoras al texto legislativo. No piensen que con esta actitud están boicoteando ni al Partido Popular ni al Gobierno, lo que están haciendo es despreciar a los ciudadanos.

Señora Díez, nos trae a este debate un manifiesto firmado por 350 jueces, en su mayor parte a la minoritaria asociación Jueces para la Democracia. Un manifiesto curioso en cuanto suscribe de forma literal palabras, frases y argumentos que ustedes han utilizado en esta Cámara contra esta reforma. Un manifiesto en el que hablan de un ataque a la independencia judicial y al principio de división de poderes y de retroceso de las libertades de la ciudadanía. Como yo realmente creo en la independencia judicial y en la división de poderes, pensaré que el hecho de utilizar sus mismas expresiones se debe a una pura cuestión de azar. Como pienso que también es una mera casualidad que este manifiesto se haya firmado y se haya hecho público el día antes de que se celebre este Pleno, por supuesto sin intención alguna por su parte de que fuera utilizado en el día de hoy. En todo caso, siento decirles que esos 350 jueces independientes tan solo representan al 6 % de los jueces independientes de nuestro país, o lo que es lo mismo, que el 94 % de los jueces independientes de nuestro país o bien no están en contra de este proyecto que hoy aprobamos o bien consideran que no les corresponde a ellos definir la labor legislativa ni la política del Gobierno, precisamente porque al 94 % de los jueces de este país sí les gusta defender la independencia judicial y el principio de división de poderes sin manifiestos, pero con hechos. (Aplausos). Así que, señorías, este alto porcentaje es el dato relevante, el que nos debe alegrar a todos y con el que me quedo.

Termino, señor presidente. Aquí tenemos un proyecto que permitirá que el órgano de gobierno de los jueces sea más competitivo, plural y transparente. Así que mientras algún grupo se piensa cuál es su proyecto, nosotros cumpliremos con el nuestro. Un proyecto cuyo objetivo consiste en afrontar aquellas reformas que son necesarias para modernizar, transformar y reformar la justicia española. Esa es nuestra obligación y también la de ustedes y si quieren pueden acompañarnos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castillo.

DEBATES DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES:

- ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y COLOMBIA Y EL PERÚ, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE JUNIO DE 2012. (Número de expediente 110/000085).

El señor PRESIDENTE: Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, hecho en Bruselas el 26 de junio de 2012.


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A este convenio se ha presentado una enmienda a la totalidad por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y para su defensa, tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.

Quiero manifestar también brevemente mi solidaridad plena con la huelga general educativa que en este momento se está desarrollando en nuestro país y con toda la comunidad educativa.

Señoras y señores diputados, en muchas ocasiones las políticas neoliberales tienen una cara amarga. Y en algunas, como esta a la que nos remite este tratado de libre comercio entre la Unión Europea, Colombia y Perú, tiene además una cara cruel y asesina. Por supuesto, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la totalidad de este tratado. Una enmienda que no nos hemos inventado nosotros y nosotras, que parte básicamente de una extensa experiencia de Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales de amplio prestigio que vienen interviniendo en España, en Colombia y en Perú, pero también organizaciones internacionales en el ámbito sindical, fuerzas políticas y en definitiva una amplísima representación de la sociedad civil española, colombiana y peruana.

Quiero decirles que vamos a argumentar en cinco denuncias y en cinco propuestas los elementos que nos llevan a la presentación de esta enmienda alternativa al tratado. Hablaremos de cinco denuncias sobre derecho humanos, especulación financiera, degradación económica, ataques medioambientales y también de dificultades en los procesos de integración regional que se vienen dando en América Latina. La Confederación Internacional de Sindicatos, la Confederación Europea de Sindicatos y la Central Sindical de las Américas han demandado en repetidas ocasiones la no ratificación del tratado de libre comercio de la Unión Europea con Perú y Colombia porque agravará la violación de derechos humanos así como los problemas económicos, sociales y medioambientales. El tratado comercial incrementará la pobreza, la precariedad y el paro en ambos continentes y no es una medida para salir de la crisis. El acuerdo también tiene un carácter perjudicial y amenaza con recortar el papel regulador de los parlamentos nacionales. Esto es especialmente cierto en lo que respecta al capítulo deficitario de este acuerdo en el ámbito de la protección de los derechos humanos y la regulación del mercado financiero. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Las cinco denuncias son las siguientes: la primera es que la situación de los derechos humanos en Colombia no mejorará y el acuerdo comercial no contribuirá a una mejora en ese aspecto. Con 35 asesinatos en el año 2011, Colombia es, una vez más, el país más peligroso en América Latina para los sindicalistas. Si bien el número de sindicalistas asesinados ha bajado en los últimos años, desde el año 2007 han aumentado las amenazas. Esta situación desalienta la afiliación a sindicatos y contribuye a crear un ambiente propicio a las violaciones de los derechos laborales. Por su lado, la Confederación Sindical Internacional reporta este año el encarcelamiento de dieciséis sindicalistas.

Respecto al tema de los pueblos indígenas, también en Colombia, por lo menos treinta y cuatro de estos pueblos se encuentran en peligro de extinción. El Gobierno colombiano aún no ha cumplido con el auto 004 de la Corte Constitucional que exige la elaboración, en consulta con los pueblos indígenas afectados, de planes de salvaguarda y la implementación de un programa de garantías. El número de asesinados de pueblos indígenas aumentó en un 9 % entre los años 2010 y 2011 y, entre enero y julio del año 2012, cincuenta y cuatro indígenas habían sido asesinados. Los megaproyectos, sean de minería o de diversas infraestructuras, se concentran en particular en los territorios de las comunidades indígenas y afrocolombianas. El avance de los megaproyectos en sus territorios agrava también su situación socioeconómica. La reducción de la disponibilidad de tierras arables, la fumigación y la contaminación generada por la explotación creciente de recursos naturales y de la tierra afecta en los cultivos, lo cual viene a incrementar su vulnerabilidad en cuanto a seguridad alimentaria y violación de los derechos humanos universales de acceso a la alimentación y al agua entre otros. Señoras y señores diputados, el 70 % de los niños indígenas en Colombia sufren de malnutrición crónica. La población afrocolombiana vive en una situación de pobreza extrema; el 80 % de esa población tiene sus necesidades básicas insatisfechas y las tasas de mortalidad infantil y materna doblan las tasas nacionales.

También hay que hablar de las defensoras y los defensores de los derechos humanos: en el año 2012 presentan una situación aún más alarmante que en los años anteriores. En el primer semestre del año 2012 se registraron 163 agresiones individuales contra defensores, incluidas 81 amenazas, 29 asesinatos, 3 desapariciones forzadas, 29 atentados y 17 detenciones arbitrarias. Del total de los casos registrados en el año 2011 -atención a este dato, por favor-, el 50 % fueron cometidos presuntamente por grupos paramilitares colombianos; el 17 % por la fuerza pública -hablemos del ejército o de la


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policía-; el 4 % por la guerrilla y el 29 % por desconocidos. Las personas desplazadas internamente también aumentan cada año: entre 155.000 y 259.000 personas desplazadas durante el año 2011, para alcanzar la cifra descomunal, en este momento en toda Colombia, de entre 4 y 5,5 millones de personas desplazadas; el país del mundo, señoras y señores diputados, con más desplazados y desplazadas como consecuencia de ese conflicto interno.

También las desapariciones forzadas continúan hasta llegar a 18.000 personas desaparecidas forzadamente, que acumulan ya la espeluznante cifra de 74.631 desapariciones registradas oficialmente en el Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia. Los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas militares y de la policía entre los años 2002 y 2010 llegan a 3.512 víctimas; no han sido eliminados, como asegura el Gobierno colombiano; en el año 2011 solo se registraron al menos 38 casos nuevos. La respuesta del Gobierno colombiano ¿cuál ha sido? Impulsar reformas del sistema judicial que contienen un alto riesgo de fomentar la impunidad en Colombia, como la decisión de ampliar la extensión del Fuero penal militar, lo que conlleva un retroceso de al menos de veinte años en materia de derechos humanos. Ni la cláusula de derechos humanos del acuerdo comercial ni la hoja de ruta presentada por el Gobierno colombiano representan garantías de una mejora de los derechos humanos en ese país.

Segunda denuncia: la liberalización financiera conlleva una falta de control de los flujos de capital. El poder de las autoridades para aplicar los controles sobre los flujos de capital está siendo restringido por el Acuerdo de libre comercio. Este tratado comercial abrirá la puerta a un mayor nivel de delincuencia y actividades ilícitas, como el lavado de dinero, el tráfico ilegal de armas y la evasión o elusión fiscal. Aunque una amplia gama de servicios financieros a veces arriesgados y especulativos se están liberalizando por el Tratado de libre comercio, no existen mecanismos específicos establecidos por este acuerdo para asegurar una fuerte regulación y supervisión conjunta de estos servicios financieros. Esto podría debilitar gravemente el sector financiero y la estabilidad financiera de estos países.

Tercera denuncia, el Tratado de libre comercio y sus consecuencias a nivel económico. Este acuerdo comercial puede ser dañino para la economía de Colombia y de Perú. Las evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad del comercio muestran que los TLC en términos de producción y empleo en el sector servicios traerán impactos negativos para Colombia y Perú al estar presionados por las empresas e importaciones de la Unión Europea. Sin duda este acuerdo rezuma un cierto eurocentrismo que pensábamos que estaba de alguna forma desterrado de las prácticas de relación comercial, pero este tratado sin duda, señoras y señores diputados, nos retrotrae a tiempos antiguos del dominio colonial de muchos países sobre ese continente americano. El tratado prevé amplias liberalizaciones para muchos sectores de servicios, esta liberalización impide controles sobre los flujos de capital, favorece a empresas multinacionales en sectores clave como las telecomunicaciones, el agua, el petróleo, entre otras, que han sido denunciadas por violaciones de derechos humanos. Más inversión extranjera no significa más justicia social. Efectivamente, a pesar de que se triplicó la inversión extranjera directa en Colombia entre los años 2005 y 2008, los niveles de desigualdad social aumentaron sobre todo para las poblaciones más vulnerables.

Cuarta denuncia: temas ambientales. Para Colombia y Perú se estima que los productos que podrían beneficiarse más son el azúcar y las frutas, especialmente el banano. Sería importante que desde Canarias se tomase -sé que lo están haciendo- buena nota de ello. Es un sector sin duda específico pero al que hay que proteger también. He de decir que, por consiguiente, estas economías dependerán aún más de las exportaciones de productos primarios, estrategia que genera desempleo, pobreza, y marginación y destrucción ambiental. Hay que subrayar que además estos sectores requieren de mucha superficie, y si se continúa intensificando la apropiación de tierras, es de esperar que los conflictos rurales violentos, génesis en gran parte de la historia del conflicto colombiano, aumenten y se ejerza mayor presión sobre los pequeños campesinos.

Denuncio también el tema del carbón. Cinco grandes empresas, todas ellas multinacionales, monopolizan las inversiones y las exportaciones de carbón colombiano, todas ellas ligadas profundamente a prácticas sindicales, medioambientales y contra los derechos humanos absolutamente injustificables. Podríamos hablar del acceso al agua o podríamos hablar de que el tratado no fija estándares laborales y ambientales, un olvido que no puede ser una casualidad y que sin duda marca las intenciones del tratado.

Finalmente también denunciamos que se dijo que este tratado era un avance muy importante respecto a otros tratados de libre comercio como los suscritos por países latinoamericanos con Estados Unidos, sobre todo porque se facilitaba una nueva y mejor integración regional del subcontinente. Todo lo contrario, el tratado ha intentado dividir, negociar de forma separada e inducir al enfrentamiento y a la competencia


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y no a la colaboración entre distintos países y distintas economías latinoamericanas. Por tanto, también hay que denunciar ese aspecto.

Cinco propuestas rápidamente porque se me acaba el tiempo. Primera, no ratificar el Tratado de Libre Comercio a fin de no agravar la dramática situación de los derechos humanos en Colombia y en Perú. Segunda, no ratificar el tratado para no poner en peligro también el proceso de paz en Colombia que debe ser cuidado y debe ser protegido para poder salir del conflicto armado más antiguo de toda América Latina. Tercera, establecer iniciativas políticas adecuadas para garantizar que los tratados internacionales de derechos humanos, las normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, las normas ambientales y los derechos de participación de la población tengan la más alta prioridad en las políticas públicas y sean implementadas por encima de los intereses económicos y comerciales. Cuarto, que se elabore una política comercial justa y equitativa con Colombia y Perú y que se renegocie y se restablezca un nuevo tratado comercial basado en los aspectos que acabamos de citar. Quinto, establecer garantías políticas para ayudar a las víctimas del conflicto armado y social, proteger a estas víctimas y que haya verdad, justicia y reparación respecto al conflicto.

Acabo diciendo que a las políticas del Gobierno de España no le nublen los intereses empresariales de nuestras empresas multinacionales españolas en Colombia y en Perú. Las empresas multinacionales españolas en Colombia y en Perú son absolutamente respetables.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Nuet, tiene que finalizar.

El señor NUET PUJALS: Las respetamos, pensamos que son inversiones necesarias en esos países, pero recordemos siempre que van allí por el ánimo de lucro y que no son organizaciones no gubernamentales.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Nuet, tiene que finalizar.

El señor NUET PUJALS: Acabo ya. Por tanto, incluso el lucro en nuestra sociedad democrática tiene un límite.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.

Ha solicitado el turno en contra de esta enmienda a la totalidad el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra el señor Mariscal.

El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, me gustaría enviar en nombre de mi grupo un saludo afectuoso al embajador Eguiguren de Perú y al embajador Sardi de Colombia porque con su presencia hoy aquí dan mayor relevancia a la tramitación de este acuerdo. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. (Aplausos).

Señorías, España tiene un deber de honor con Iberoamérica, como decía recientemente el ministro García-Margallo y en ella concentramos gran parte de nuestros esfuerzos. El escenario de América Latina ha cambiado, la democracia representativa y la defensa de los derechos humanos se han consolidado. Con alguna desgraciada excepción, el avance de la estabilidad política y de la democracia se constata con la creación de mecanismos de integración regional en lo que España participa activamente. Las relaciones con Iberoamérica son y han sido relaciones de respeto mutuo y entre iguales, una prioridad fundamental para la política exterior de España a todos los niveles, también en el ámbito de la Unión Europea, y este acuerdo multipartes supone una prioridad y un elemento básico dentro de la política exterior española.

España ha sido siempre el puente entre la Unión Europea e Iberoamérica, cuyo vínculo ha impulsado con éxito desde su ingreso en las comunidades europeas en los años ochenta. La región es ahora un área de gran proyección económica, y dado que estos últimos años han sido de fuerte crecimiento económico, la Unión Europea debe aprovechar sus buenas relaciones para incrementar la actividad económica y favorecer el crecimiento. Este Parlamento ha de implicarse, como ya lo hicieron el europeo o el alemán, el peruano ya lo ha ratificado y el Parlamento colombiano está a punto de terminar los trámites necesarios para hacerlo. En Colombia ya ha sido aprobado por el Senado y hace dos días fue ratificado por unanimidad en el primer debate de la Cámara de representantes, quedando pendiente solo un debate más. Como decía, el Parlamento español ha de implicarse para que las partes en el escenario global puedan disfrutar de un mayor espacio comercial, garantizar las nuevas inversiones y las existentes y por último promover con ello la generación de empleo y riqueza.


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Señorías, el acuerdo, que deja la puerta abierta para que otros países de la comunidad andina se incorporen -estoy pensando tanto en Bolivia como en Ecuador-, es un instrumento de gran importancia para estrechar los vínculos de la Unión Europea con Perú y Colombia más allá de la perspectiva económica. Desde el punto de vista comercial se trata de un acuerdo equilibrado y ambicioso, con mejoras sustanciales en cuanto al acceso a mercados y a reglamentación. Supone un desarme arancelario total para los productos industriales y pesqueros y muy amplio para productos manufacturados y agrícolas, asuntos muy relevantes si tenemos en cuenta que el tráfico comercial significó en el año 2011 entre estas dos partes 9.200 millones de euros y que adicionalmente esta iniciativa va a permitir lograr un ahorro de más de 270 millones de euros anuales, solamente para los exportadores de la Unión Europea, alrededor de 500 millones a ambas orillas, fomentando además la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a la cadena de creación de valor internacional. Asimismo hay que destacar del acuerdo la notable transformación que inducen barreras técnicas no arancelarias, así como para la libertad de establecimiento, prestación de servicios, propiedad intelectual o compras públicas. En definitiva, el acuerdo promueve unas acciones que fomenten y garanticen el respeto de las reglas de juego internacionales asegurando un marco transparente no discriminatorio y predecible. Señorías, es más, en el acuerdo comercial no solo se minoran aranceles sino que también se establecen reglas de origen: propiedad intelectual, servicios, libertad de establecimiento, etcétera, asuntos que coadyuvarán a mejorar adicionalmente el riesgo-país y servirán para rebajar el costo del crédito y fomentar en definitiva la consolidación de los mercados de capitales.

El acuerdo profundiza en la visión del comercio como vía para promover el empleo, el crecimiento y el desarrollo sostenible e incorpora compromisos en términos de política laboral, medioambiental y participación de la sociedad civil en su seguimiento. En el estudio más reciente sobre estos países, el del Economist Intelligence Unit de la semana pasada, Colombia y Perú figuran como los países latinoamericanos que mejores perspectivas presentan en términos de crecimiento en los próximos cinco años junto con Chile y Panamá. Con estos datos es lógico pensar que este tratado impulsará un nuevo modelo de relaciones comerciales en condiciones de igualdad y de inversión privilegiada entre la Unión Europea y los dos países pujantes, Colombia y Perú, que demandan -y es lógico así decirlo- tener una relación privilegiada con el mayor mercado del mundo, 500 millones de personas, para que sus ciudadanos se beneficien.

Señorías, desde la publicación de La riqueza de las naciones en 1776, por Adam Smith, es conocido que la apertura comercial lleva siempre aparejada, señor Nuet, la generación de mayor actividad económica y por ende de prosperidad para los ciudadanos que la disfrutan, la mejora de las condiciones de vida y, por tanto, la minoración de la pobreza y de la desigualdad. Los que defienden una enmienda a la totalidad defienden cerrar las puertas, defienden el aislamiento en un mundo interdependiente en el que los compartimentos estancos conducen a la pobreza de los países que la propugnan. ¿Qué tiene por tanto de perjudicial esta acción, señorías? Es más, les pido que reflexionen sobre esta propuesta y analicen la misma antes de continuar con los viejos, antiguos y anquilosados prejuicios. Díganme qué piensan de que las exportaciones de estos dos países, que creen en la apertura comercial y respetan la seguridad jurídica, con el acuerdo en vigor puedan aumentar sus exportaciones entre un 63 % en el caso de Colombia y en un 50 % en el caso de Perú. Fijémonos en los precedentes más inmediatos, en el acuerdo comercial Unión Europea-Chile, que ha tenido como consecuencia directa un aumento anual del 15 % en los flujos comerciales entre ambos firmantes, Unión Europea y Chile. Este acuerdo es esencial para España pues desbloqueará mercados en crecimiento para mejorar determinadas exportaciones de enorme interés para nuestro país.

Tenemos mucho por hacer porque tenemos -también es verdad- asignaturas pendientes en nuestra economía: mejorar las exportaciones a América Latina donde invertimos mucho pero exportamos poco proporcionalmente. Otra asignatura pendiente son las inversiones latinoamericanas en España. Las acumuladas de España en Colombia y en Perú alcanzan los 8.500 millones de euros pero las de estos dos países en España apenas son 86 millones de euros. ¿De verdad se han leído el acuerdo, señorías? Tengo la impresión de que no. El respeto por los principios democráticos, el Estado de derecho y los derechos humanos, según lo establecido por la Declaración universal, son elementos fundamentales y nodulares de este nuevo mecanismo. De ahí, que en caso de que una de las parte infrinja estos principios y derechos la otra pueda adaptar inmediatamente medidas unilaterales y contundentes, llegando hasta a dar por finalizado el acuerdo o bien su suspensión parcial. La fuerte cláusula sobre derechos humanos se complementa adicionalmente con un apartado sobre comercio y desarrollo sostenible que plantea


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diferentes garantías para obtener un nivel elevado de protección laboral y medioambiental, así como el establecimiento de estándares mínimos que han de observarse en la producción y comercialización de bienes y servicios.

Señorías, apelar a que en Colombia la situación de los derechos humanos es cada vez más reducida es inaceptable; es inaceptable porque básicamente no es verdad. Todo el comercio y las inversiones legales que se puedan llevar a cabo al amparo de este nuevo marco serán, sin duda alguna, nuevas victorias contra el narcoterrorismo y la corrupción (Aplausos) y nuevos éxitos a favor de la paz y de la cohesión social. Por último, en definitiva el acuerdo comercial negociado con Colombia, Perú y la Unión Europea se erigirá como herramienta útil para conseguir mayor estabilidad jurídica y respeto en la zona por unas relaciones comerciales modernas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Mariscal.

Señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, señora presidenta.

Para el querido portavoz del Grupo Popular haré tres comentarios muy breves. El problema es que su discurso es, como usted bien decía, del siglo XVIII o, haciéndole un favor, del siglo XIX; el nuestro es del siglo XXI. (Rumores). Ya no estamos discutiendo con América Latina de cambiar espejitos por oro, señor diputado. Es hablar entre iguales, y este tratado no es entre iguales. Es un tratado de supeditación de la mayoría de las sociedades peruana y colombiana a los intereses, eso sí, económicos, comerciales y geoestratégicos de la Unión Europea. Si al menos fuese para los 500 millones de europeos que usted citaba ya podría estar algo de acuerdo, pero usted bien sabe que esos intereses van a ir a muy poquitos bolsillos europeos y, por desgracia, se van a concentrar en muy pocas manos. Por tanto, de eso es de lo que estamos hablando. Por favor, no me diga que los derechos humanos o algunos problemas de derechos humanos son una excepción. Estamos hablando no de miles, no de cientos de miles; estamos hablando, señor diputado, de millones, y eso no es una excepción. Es un comportamiento, por desgracia, histórico y que se mantiene en porcentajes inaceptables. Quiero decirle también que no hable de las pequeñas y medianas empresas, porque en este tratado no están. Este tratado no está hecho para las pequeñas y medianas empresas, ni españolas, ni europeas, ni colombianas, ni peruanas. Está hecho para las grandes transnacionales, para el imperio del gran dinero; para eso está hecho el tratado. Por tanto, el tratado obedece concretamente a esos intereses, y eso también hay que decirlo.

En tercer lugar, nos importa la seguridad jurídica, nos importa la seguridad jurídica de las empresas españolas y de otras empresas. No solo nos importa la seguridad jurídica, especialmente de las grandes empresas; nos importa también que los derechos humanos, entendidos de forma amplia, también como derechos humanos sociales y económicos, se cumplan. ¿O vamos a velar por la seguridad jurídica de las empresas y cuando hablemos de pobreza, de desplazamientos y de asesinatos vamos a mirar hacia otro lado? Nosotros no vamos a mirar hacia otro lado, señor diputado; vamos a mirar de frente al conflicto (Aplausos), por eso lo denunciamos. Le pedimos, por la cultura democrática de su partido, que ustedes tampoco miren para otro lado, que miren al conflicto de frente.

No hablamos aquí de renunciar a tratados, no renunciamos aquí a acuerdos, pero queremos otros acuerdos y otros tratados, por tanto no renunciamos a seguir en esa línea para que esto mejore. Nosotros hemos dado datos. Tenemos muchísimos más, no solo nosotros, la sociedad civil colombiana, la sociedad civil peruana; usted solo promesas. Por favor, que el eje del lucro y del negocio no nos ciegue la mente y que sean las personas y sus derechos los que se impongan también en los tratados comerciales.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.

Señor Mariscal.

El señor MARISCAL ANAYA: No me voy a extender mucho porque tengo la sensación, señor Nuet, de que usted es un conductor que no se da cuenta de que los coches vienen de frente porque usted está equivocado. Vive en otro mundo, en una clase de Mátrix, pero no sabemos muy bien por qué motivo usted se ha metido ahí. ¿Usted cree que es normal, que es decente, que en esta casa, en el Congreso de los Diputados, esté usted dando lecciones de democracia al Parlamento peruano y al colombiano? Pero, ¿usted quién se ha creído que es? ¿Cómo piensa usted que está capacitado para esgrimir argumentos


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democráticos cuando en esta casa nos hemos reunido con representantes de la oposición cubana y usted no ha querido venir, señor Nuet? (Aplausos). ¿Cómo tiene usted esa falta de vergüenza? ¿Cuál es la democracia que usted ampara? ¿Qué desea usted para España? Explíquelo aquí. ¿Le parece mal que haya procesos electorales, por ejemplo, como en los países que usted defiende? ¿A usted eso le parece bien? Nosotros creemos en la libertad, sin duda alguna, por eso he esgrimido un libro del siglo XVIII, para decirle -fíjese- el tiempo que lleva eso dando frutos, beneficios y mejoras a la sociedad. ¿Me puede decir usted en qué momento de la historia de la humanidad se ha vivido mejor que en el actual? ¿Me lo puede decir usted, señor Nuet? La libertad propicia crecimiento, el crecimiento desarrollo y el desarrollo bienestar. Grábeselo bien en su cabeza para que entienda de una vez por todas qué propicia el bienestar y qué lleva a la ruina y a la pobreza, que es el modelo político que usted no se cansa de defender.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Necesito nada más que dos minutos desde el escaño para decir que los nacionalistas canarios no vamos a apoyar la convalidación de este convenio. Se ha vendido al plátano canario, esa es la factura que ha pagado este país, pero lo ha hecho el Gobierno socialista en su momento y el Gobierno del Partido Popular; la factura que se ha pagado con beneficio de las multinacionales americanas de la fruta. El plátano en Canarias es más que una producción económica, forma parte de la estructura medioambiental de Canarias, de nuestro paisaje y además es una de las pequeñas diversificaciones de nuestra economía. Por eso, los nacionalistas canarios, ante la venta de la factura de los canarios, a quienes nos han dejado vendidos los dos Gobiernos, no vamos a ratificar este convenio.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Oramas.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, cuanto más desarrollada es una sociedad, cuanto mayor es su crecimiento económico, cuanto más madura es su democracia más exigente debe ser con aquellas sociedades que tienen déficits democráticos y en los cuales la riqueza está menos socializada. Me pregunto dónde está el compromiso de la democracia madura y avanzada española con las repúblicas sudamericanas que sufren. El tratado de libre comercio significará grandes traslados de población de indígenas y de descendientes africanos. Saben ustedes que Colombia, junto con Sudán, tiene el ránquin superior de desplazados forzosos, y saben perfectamente que en Colombia desaparecen sindicalistas. ¿O no se acuerdan de cuando sufríamos el fascismo en nuestra casa? Desde el año 1984 hasta el año 2011 ha habido 2.800 sindicalistas desaparecidos y 20 en el año 2012. Amnistía Internacional denuncia la vulneración de los derechos humanos en Colombia, el primer Estado de América Latina en número de casos de vulneración de los derechos humanos. Ciertamente, las leyes colombianas no los garantizan, como ocurre con la misma ley de víctimas y restitución de tierras. No los garantizan; al contrario, es deficiente e insuficiente.

¿Qué exigimos? Que el Estado español se comporte como una sociedad avanzada y que exija a Europa de forma multilateral y al mismo Estado colombiano de forma bilateral el respeto de los derechos humanos. ¿Es que no es humillante que tengamos que utilizar el tiempo desde esta tribuna para reclamar que el Estado español impulse y respete los derechos humanos en una sociedad y en un Estado republicano como es el colombiano? Francamente, esto es indignante, es lamentable; es lamentable que tengamos que hacerlo aquí y hoy. ¿Pretenden dar lecciones al mundo? ¿De qué? ¿Dónde está el compromiso -repito- del Gobierno español, del Estado español con la sociedad colombiana? Dejen de vender armas a Colombia. Son el paradigma de la hipocresía, y estamos pendientes de lo que votará el Grupo Socialista.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Tardà.

Señor Cuadra.


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El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, como es sabido Amaiur no suele participar en las ratificaciones de este tipo de acuerdos, y no lo hacemos porque pensamos que no nos corresponde desde nuestro punto de vista de Euskal Herria, por respeto al pueblo español y por respeto a los pueblos con los cuales se suele suscribir estos acuerdos, pero esto no quiere decir en modo alguno que lo aquí se está discutiendo hoy nos sea ajeno y que no nos preocupe. En esta medida no podemos dejar pasar esta ocasión para decir que tenemos un completo rechazo en relación con el acuerdo que aquí se está planteando. En esta medida anunciamos nuestro voto en contra del mismo y a favor de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida, con cuya intervención nos identificamos en gran medida. Nos oponemos a este tratado porque es un tratado esencialmente entre desiguales; es decir, aquí la Unión Europea lo que está representando son los grandes intereses de las grandes trasnacionales europeas, no a la población europea. Consideramos en la misma medida que los Gobiernos que representan hoy en día a los Estados de Colombia y Perú no están representando a esas poblaciones sino los intereses de los grandes terratenientes y los grandes intereses comerciales que existen allí. Este acuerdo va a tener efectos desastrosos sobre la soberanía nacional de estos pueblos, que va a quedar sometida a la Unión Europea, también sobre el medio ambiente y -lo que es más preocupante- sobre los derechos humanos en estas dos naciones.

Estamos plenamente convencidos de que este acuerdo va a aumentar aún más el ya gran desequilibrio comercial que existe entre la Unión Europea y los pueblos de Perú y Colombia; va a ser muy perjudicial especialmente para las poblaciones de los pueblos originarios y afrodescendientes allí existentes y, por supuesto, para las amplias mayorías sociales que allí viven. Amaiur piensa que este tratado carece -es muy grave, habida cuenta las denuncias que ya han comentado aquí otros compañeros- de instrumentos de implementación y garantías en relación con el respeto a los derechos humanos, sindicales o medioambientales. Es un mal acuerdo, que no va a beneficiar -estamos convencidos- a la población colombiana y peruana. Lamentablemente todo va a quedar sometido a la lógica del capital; se va a primar la privatización y la desregulación de los dominios públicos, de las tierras, de las importantes riquezas de estos países, y únicamente va a beneficiar, como ya he dicho antes, al capital trasnacional europeo y a las clases dominantes de Colombia. Se dice que va a fomentar la riqueza en estos países y que va a aumentar el PIB. La pregunta es muy sencilla. En caso de que esto sea así, ¿a manos de quién van a ir a parar estos incrementos en la riqueza y el PIB de esos países? Evidentemente no va a ser a manos de la mayoría de sus poblaciones. Las desigualdades sociales están creciendo de forma grande en estos países. Es evidente, señoras y señores, que esto va a ser una fuente de riqueza sobre todo para cuatro terratenientes y, como no, para las empresas europeas que están ya allí asentadas y van a negociar.

En lo que a la Unión Europea respecta, este acuerdo se circunscribe además en una política neoliberal, que ya conocemos también muy bien en el Estado español, una política que favorece sobre todo los intereses de la banca y de la gran patronal. En este acuerdo se les facilita todo para que puedan invertir y extraer de allí estos beneficios. En lo que a Colombia y Perú respecta, el acaparamiento que se está produciendo de tierras y el expolio de terrenos naturales que se está practicando en gran escala se está haciendo con el beneplácito y el apoyo expreso de las autoridades locales. Cerca de 2 millones de personas han sido desplazadas tan solo en Colombia por una política que favorece el asentamiento, la creación y el desarrollo de las plantaciones gigantes. En Perú las autoridades también han utilizado la violencia y la intimidación contra las protestas que se están planteando por las poblaciones indígenas en relación con las minas a cielo abierto. Este acuerdo va a aumentar este drama. Amaiur considera que se debe impulsar un modelo de desarrollo y de relaciones entre los pueblos completamente diferente, asentado, como mínimo, en la Declaración de Derecho al Desarrollo de la ONU; unas relaciones económicas y comerciales que estén basadas en criterios de ecología social, en principios de justicia social y de solidaridad, y sobre todo -hay que hacer especial mención en relación con el caso de Colombia- en el respeto absoluto de los derechos humanos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cuadra, tiene que finalizar.

El señor CUADRA LASARTE: La ratificación de este acuerdo no va a permitir animar a estos Gobiernos a avanzar en esta dirección, sino a todo lo contrario. Nos parece lamentable -termino ya con esto- que no se esté atendiendo aquí las reivindicaciones expresas que se han planteado desde aquellos países por multitud de asociaciones de defensa de los derechos humanos, por los sindicatos, que están siendo reprimidos, y por otras asociaciones de distinto tipo.

Gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cuadra.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, en primer lugar, quiero saludar en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a los embajadores de Colombia y de Perú presentes en este debate parlamentario sobre un instrumento de derecho internacional para la ratificación de un convenio entre la Unión Europea -de la cual España es evidentemente Estado miembro- y dos países soberanos que, de acuerdo con sus Gobiernos y sus parlamentos, han decidido libremente establecer una relación comercial reforzada con la Unión Europea.

Además de saludando a los señores embajadores, creo que es bueno empezar esta intervención recordando que hoy, 9 de mayo, es el Día de Europa. La institución del 9 de mayo como Día de Europa inicialmente fue acordada por el Consejo de Europa, tanto el Día de Europa como su bandera, que desde el año 1986 también adoptó la Unión Europea. Después de la Segunda Guerra Mundial los países fundadores de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero tuvieron la audacia de crear un primer mercado integrado, un mercado único, precisamente con aquellos materiales de la guerra que habían confrontado a países y Estados. Aquellos países consideraron que mutualizando y compartiendo aquellos primeros materiales, simplemente el acero y el carbón, estaban construyendo un espacio de paz y para el crecimiento económico.

Pues bien, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es un firme defensor y un firme partidario del libre comercio, de la liberalización del comercio entre personas, entre países y entre Estados como factor de crecimiento, como factor de incremento del intercambio de las materias primas, como factor catalizador de la consolidación de clases medias y como factor que incrementa las garantías de protección de los derechos humanos y de los derechos sociales. Estamos muy lejos de la intervención del señor Nuet. Les voy a revelar un secreto. Todos nosotros ya la habíamos leído previamente, porque hemos recibido unos doscientos correos electrónicos con la intervención exacta del señor Nuet. Solo tenemos una duda: no sabemos si el señor Nuet leía algo o esos correos los había escrito el señor Nuet. (Aplausos). Es propiedad intelectual y esto es muy relevante, señorías. Como sea, estamos muy alejados de los argumentos planteados por parte del grupo parlamentario que legítimamente ha presentado una oposición frontal a este tratado internacional, señorías. El libre comercio, el intercambio de bienes, productos y servicios entre Estados y entre personas consolida las clases medias, el crecimiento económico y la riqueza. Precisamente la consolidación de la riqueza permite posteriormente la redistribución de esta riqueza, por tanto la consolidación de países más avanzados económicamente.

Señorías, si hablamos de Colombia y Perú respecto a la Unión Europea, no estamos hablando de una experiencia ex novo. Precisamente Colombia y Perú ya llevan unos cuantos años con una buena práctica que tiene que ser recordada hoy en este debate parlamentario. Colombia y Perú en su momento firmaron un tratado de libre comercio con Estados Unidos, otro país democrático y con crecimiento económico. Desde la firma de este tratado de libre comercio con Estados Unidos económica y socialmente las cosas no les han ido mal ni a Perú ni a Colombia. Estamos observando crecimientos económicos hasta del 9 % anual en estos dos países a partir de la apuesta por la creación de un espacio de libre comercio con Estados Unidos. Está muy bien que también se firme este tratado con la Unión Europea. Señorías, a principios de este año en el discurso sobre el estado de la Nación el presidente Obama anunció algo muy relevante sobre lo cual solo estamos de acuerdo en los primeros compases, que es la creación de un espacio de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Señorías, el futuro es el libre comercio y, al lado del libre comercio evidentemente, también las normas y los organismos de regulación para garantizar equidad en este libre comercio. En estos últimos años lo que ha fallado no ha sido el libre comercio. Lo que ha fallado han sido los organismos reguladores en todos los niveles, desde los Estados miembros hasta los organismos internacionales, que realmente tenían que velar por un libre comercio. Señorías, espero que esta intervención absolutamente favorable a la ratificación de este instrumento de derecho internacional la interpreten también como un apoyo de nuestro grupo parlamentario al convencimiento de que a través de este libre comercio habrá más garantías sociales y de respeto de los derechos humanos para los ciudadanos de Colombia y de Perú.

En primer lugar, quiero ser muy respetuoso con la decisión de los parlamentos de estos dos Estados, creo que no es muy oportuno dar lecciones sobre estándares democráticos desde otro parlamento. Además, con la firma de este tratado, evidentemente, se pondrá el foco de la atención de los estándares


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de derechos sociales, de derechos laborales y de derechos democráticos que se aplican a los Estados miembros de la Unión Europea sobre Colombia y sobre Perú. Por lo tanto, señorías, además del fin legítimo que persigue este tratado, que es el libre comercio -si usted quiere, señor Nuet, incluso el lucro moderado-, también hay otra parte importante que es que los estándares de libre comercio supondrán unos estándares de protección de los derechos humanos y de los derechos sociales.

Señorías, quiero hacer nuestra la exposición de motivos, los considerandos de esta ratificación de este tratado internacional. Las partes firmantes -la Unión Europea, por una parte, y la República de Colombia y la República de Perú, por otra- dicen: Deseando promover un desarrollo económico integral, con el objeto de reducir la pobreza y crear nuevas oportunidades de empleo y mejores condiciones de trabajo, así como elevar los niveles de vida en sus respectivos territorios mediante la liberalización y expansión del comercio y la inversión entre sus territorios, acordamos este tratado entre las partes. Señorías, si este es el deseo de la República de Colombia, si este es el deseo de la República de Perú y si este es el deseo de la Unión Europea, este también es el deseo del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señora presidenta, señorías, señores embajadores, señor Nuet, el comercio es un factor de crecimiento y de desarrollo, mi grupo lo cree sinceramente; comercio que, para incentivar el crecimiento y el desarrollo, debe ser realizado con justicia, con una buena regulación y, desde luego, con elementos que compensen las asimetrías que existen entre los países que comercian. El comercio es una de las fuerzas más potentes, quizá la mayor en la actualidad, para potenciar el crecimiento económico y para fomentar la prosperidad, el bienestar y el progreso social. Los países que se abren y que comercian son los países que más personas sacan de la pobreza. Creo que eso está demostrado, y hay ejemplos y diferencias claras entre los países que se abren y los que no lo hacen. Es evidente que para que se haga con justicia, para que nadie quede atrás y para no discriminar poblaciones indígenas, personas con menos formación, así como para conservar el medio ambiente, debe hacerse con normas y regulaciones que garanticen un comercio justo. También debe hacerse con democracia. Hace mucho que Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, explicó y demostró que apenas hay democracias en las que existan hambrunas o situaciones de miseria, pero tiene que ser un modelo de comercio justo. Por desgracia, en nuestro mundo actual globalizado empieza a haber países que se enriquecen mucho, que sacan a muchas personas de la pobreza y que lo hacen sin democracia y sin derechos, como por ejemplo el caso de China, que es un país que está marcando una referencia en el mundo y que desde la Unión Europea debemos contrarrestar con modelos como el que este acuerdo representa, que son modelos de comercio con democracia, con control derechos humanos y desde luego con garantías. El comercio ha sacado a muchísima gente de la pobreza, en Asia hay un montón de ejemplos y en África comienza poco a poco. En África también tenemos que debatir cómo hacerlo para que no se ahonden algunas injusticias. Desde luego, nadie debería querer volver a modelos actuales superados, mercantilistas, proteccionistas como los del siglo XIX y también el siglo XX; algún portavoz ha mencionado el siglo XVIII, yo creo que hay que irse a los siglos XIX o XX.

El origen de este acuerdo es el Acuerdo fallido de libre comercio entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones; fallido porque Bolivia y Ecuador se retiraron del mismo, y creo que fue un error de ambos países. El tiempo dirá y veremos qué países han conseguido aprovechar mejor las potencialidades del comercio, si Perú y Colombia o si Ecuador y Bolivia. Este acuerdo, como hemos visto en el debate de hoy, se enfrenta a dos líneas de oposición o de crítica claras. Por un lado, la cuestión de los derechos humanos, que el Grupo Parlamentario Socialista comparte, y por eso este acuerdo viene aprobado del Parlamento Europeo con unas cláusulas de respeto de los derechos humanos que impuso el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y que lo impuso en solitario, porque hubo grupos que se opusieron, como es el grupo de la izquierda por las razones que el señor Nuet ha establecido, y también se opusieron los grupos de derecha, porque los grupos de derecha entienden que no se deben mezclar ambas cuestiones y creo que eso es un error. La segunda línea de oposición es la de anticomercio y, como ya he explicado, no la compartimos. El comercio bien regulado, bien gestionado, es una fuente de desarrollo, de crecimiento y prosperidad. Este tratado firmado en junio de 2012, ratificado por el Parlamento Europeo en diciembre contiene estrictas cláusulas de derechos humanos que exigen ratificación nacional, porque son cuestiones que afectan a la seguridad nacional, como son los derechos humanos, y también cláusulas que regulan el


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control de armas o la existencia de armas de destrucción masiva. Es un acuerdo que permite incorporaciones futuras del resto de países andinos, un acuerdo que incluye un compromiso con los derechos humanos mucho más fuerte que el acuerdo anterior, que no lo tenía, cuando otros países se regían por el sistema de preferencias generalizadas, el antiguo sistema de comercio de la antigua Comunidad Económica Europea.

Mi grupo en el Parlamento Europeo peleó por que este acuerdo saliese adelante. ¿Por qué? Porque reforzaba la situación estratégica de Europa con América Latina, porque permitía reforzar mediante una relación más estrecha y mediante el diálogo las materias de derechos humanos y de desarrollo en beneficio de la población. La población colombiana y la población peruana ven reforzados los mecanismos de control, tanto de desarrollo como de los derechos humanos, gracias a este acuerdo, y también -digámoslo claramente- en Colombia, porque permite acompañar claramente los esfuerzos del presidente Santos y de su Gobierno para abrir Colombia al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, y eso es algo muy importante y que supera en materia de derechos humanos la época de errores y también de horrores de presidentes anteriores como el presidente Uribe. De manera que no es mi grupo el que no está preocupado por lo ocurrido en Colombia en muchos años, asesinatos de sindicalistas, defensores de derechos humanos, indígenas, militantes de partidos, pero creemos que la situación está mejorando claramente. El acuerdo incluye a propuesta exclusiva -insisto- de mi grupo una estricta cláusula de control de derechos humanos, incluye también un capítulo de desarrollo sostenible y una cláusula que permite la suspensión inmediata y unilateral del Acuerdo de comercio en caso de violaciones graves de los derechos humanos. El acuerdo también hace gala del esfuerzo del Gobierno español, y en particular del Gobierno anterior, para que durante la Presidencia europea de 2010 el presidente Zapatero de aquel Gobierno situase a América Latina en el centro de la acción exterior de la Unión Europea. Una cláusula -insisto- exigente, una cláusula constructiva que tiene en cuenta muchas de las reivindicaciones formuladas por los sindicatos europeos en materia de asesinatos de sindicalistas, que es algo atroz que hay que condenar y que exige esa supervisión que a partir de ahora se va a tener en cuenta.

La cláusula de derechos humanos que mi grupo -quiero repetir por enésima vez- incluyó en el acuerdo establece el sometimiento de Colombia a la evaluación periódica del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; un programa de protección de sindicalistas, que es un avance exigido por los sindicatos europeos; el compromiso claro del Gobierno de Colombia en materia de derechos humanos; una ley de víctimas y de redistribución de las tierras confiscadas u ocupadas ilegalmente; la depuración de responsabilidades en el caso de los falsos positivos y el cuestionamiento del servicio secreto -el DAS-, hasta el punto de que su antiguo director ha sido condenado a veinticinco años de prisión; y, por supuesto, la supervisión directa de eurodiputados sobre el terreno, que ya han viajado a Colombia en dos ocasiones. Otros grupos en este debate se opusieron -lo veo legítimo- y otros grupos como el Grupo Popular europeo mostraron un apoyo ciego a este acuerdo sin exigir ningún tipo de cláusulas de derechos humanos, incluso, se opusieron al mismo. Y creo, señores del Partido Popular, que ya es hora de acabar con el doble rasero internacional en la política de los derechos humanos. Ustedes renunciaron específicamente en sus intervenciones a apoyar la hoja de ruta de los derechos humanos, derechos laborales y derechos medioambientales en el debate del Parlamento Europeo. Ojalá a partir de ahora todos los acuerdos de comercio que firme la Unión Europea lleven cláusulas como esta también con otros países, con China y por supuesto, si hay un acuerdo futuro con Cuba, también. Por eso, mi grupo apoya este tratado, porque supone un avance claro en la defensa de derechos humanos y una fuente clara de progreso, crecimiento y bienestar en esa parte del mundo con la que nos une tanta relación. Son democracias no perfectas pero sí pluralistas y merecen ir mejorando. Es un modelo que debe ser utilizado en el futuro y, desde luego, como he dicho antes, ojalá sea el que sirva como referencia para futuros acuerdos.

Feliz Día de Europa a todos ustedes, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Moscoso del Prado.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS. (Número de expediente 121/000045).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto siguiente del orden del día, relativo al debate de totalidad del proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Para su defensa y la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Fomento.


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La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Señora presidenta, señorías, comparezco ante esta Cámara para presentar este proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. El Gobierno, como conocen, está marcando en esta legislatura un impulso y una nueva política en materia de vivienda que aborde las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Lo que pretendemos es corregir las debilidades estructurales del sector y que las ayudas del Estado, de las comunidades, de las instituciones públicas beneficien a quienes más lo necesitan y atender los problemas de conservación, accesibilidad, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental que afectan a nuestras ciudades. Nos encontramos con una buena parte del parque de viviendas en deficiente estado de conservación y, sin embargo, en los planes de vivienda anteriores se destinó un porcentaje mucho menor a la rehabilitación de lo que se destinó, por ejemplo, a la construcción de vivienda nueva, le estoy hablando de menos de un 25 % del total de las ayudas. Los resultados de esta política, señorías, son que a día de hoy hay más de 700.000 viviendas de nueva construcción que están vacías.

Señorías, la política de vivienda que estamos impulsando tiene tres ejes fundamentales: el primero, fomentar el mercado del alquiler de viviendas; el segundo, destinar las ayudas al alquiler a las personas más necesitadas; en tercer lugar, impulsar la rehabilitación residencial, la regeneración y la renovación urbanas. Estos tres ejes se están desarrollando principalmente a partir de tres actuaciones: la primera, como conocen, la Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que esta a punto de terminar su tramitación en el Senado y cuyo objetivo, señorías, es facilitar los acuerdos entre el propietario y el inquilino a la hora de alquilar una vivienda, lo que va a facilitar -y lo está haciendo sin duda ya- el alquiler frente a la compra. En segundo lugar, el nuevo Plan estatal de vivienda 2013-2016, que el Gobierno aprobó el 5 de abril y que contará para este periodo con 2.421 millones de euros de aportación del Estado, orientado a apoyar el alquiler y la rehabilitación. En tercer lugar, la ley que hoy presentamos, la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Señorías, quiero darles algunos datos relativos al estado de conservación de nuestro parque de viviendas, según los últimos datos del censo de 2011: tenemos un parque de 25.208.623 viviendas, de los que más de 5 millones tienen más de cincuenta años y más de 8,5 millones tienen entre treinta y cincuenta años; además, con un alto grado de ineficiencia energética. Fíjense qué dato: cerca del 60 % de las viviendas construidas se han hecho sin ninguna normativa mínima de eficiencia energética. Además, existen 85.532 viviendas en edificios ruinosos, 265.788 en mal estado, 1.380.531 en estado deficiente y 56.208 que carecen aún de aseo o de servicio. En las ciudades con más de 20.000 habitantes tenemos 624 barrios catalogados como vulnerables por sus malas condiciones de calidad de vida y habitabilidad, en los cuales, señorías, viven más de 4 millones de personas. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de fomentar actuaciones encaminadas a la rehabilitación de viviendas y de regeneración urbana para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Por otra parte, quiero destacar el potencial de generación de empleo que tiene la rehabilitación. En este sentido, los estudios realizados por entidades e instituciones especializadas señalan que cada millón de euros invertido en rehabilitación es capaz de generar dieciocho nuevos puestos directos, y la inversión pública que se destina a la rehabilitación tiene un efecto multiplicador de inversión privada entre tres y cuatro veces. Esto, en términos de empleo, señorías, significa que por cada millón de euros público invertido en políticas de rehabilitación se generan unos cincuenta y cuatro empleos directos. Se calcula que el nuevo Plan estatal de vivienda 2013-2016 va a suponer, en el ámbito específico de la rehabilitación y regeneración urbana, la creación, de forma directa por las ayudas -si solo hubiera las ayudas directas-, de más de 32.000 puestos de trabajo y 105.000 por la inversión productiva total. En suma, que la actividad rehabilitadora y regeneradora del entorno urbano va a contribuir a mejorar el bienestar de las personas al permitir que las viviendas ganen en confort y además va a favorecer la creación de empleo, como ya he señalado.

¿Cuáles son los objetivos de esta ley? En primer lugar, ofrecer un marco idóneo que haga viable la rehabilitación edificatoria, la regeneración y la renovación urbanas. Una de las razones por las que la rehabilitación tiene un porcentaje tan bajo en España respecto a la media europea -en Europa, como saben, la rehabilitación se mueve en torno a un 41 % y en España está 13 puntos, fíjense, 13 puntos por debajo- es, entre otros factores, pero muy importante, porque la legislación no lo favorece e incluso les diría que en muchos casos es un verdadero obstáculo a la rehabilitación. Hay trabas y cargas injustificadas que la hacen inviable; no contiene fórmulas de financiación innovadoras que permitan superar la difícil situación económica de las administraciones y de las familias; es una legislación dispersa, inconexa, contradictoria, incompleta y difícilmente comprensible, y ya saben, señorías, que cuando las cosas no se


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entienden es muy difícil que se lleven a la práctica. Señorías, ahora mismo tenemos cinco leyes que contienen regulación dispersa relacionada con la rehabilitación: la Ley del Suelo de 2008, la Ley de Economía Sostenible de 2011, el Real Decreto-ley 8/2011, la Ley 26/2011 sobre derechos de personas con discapacidad y la Ley de Propiedad Horizontal; ese es uno de los problemas que intentamos solucionar en esta norma. En segundo lugar, la reforma pretende mejorar el estado de conservación del parque de viviendas, la accesibilidad de los edificios y su eficiencia energética; de esta manera los ciudadanos tendrán una mayor calidad de vida en los pueblos y en las ciudades, más confort en los hogares y se podrá reducir la factura energética de las familias y del país en su conjunto. Finalmente, esta reforma también quiere ser un factor reactivador del sector de la vivienda y de sus industrias auxiliares ofreciendo nuevas oportunidades.

Me voy a referir a continuación brevemente a los aspectos más importantes. El área de conservación. Como les señalaba, este es el gran objetivo: mejorar el estado de conservación. El deber de conservación es uno de los deberes fundamentales del medio urbano y, por tanto, se establece una regulación común en esta norma para todo el territorio, en el marco lógicamente de las condiciones básicas que al Estado le corresponde establecer. En concreto, se introducen novedades para facilitar el cumplimiento de este deber. Los propietarios de las viviendas podrán realizar obras de conservación a la vez que mejora la eficiencia energética del edificio, luego les diré en qué cuantías. Si una comunidad de propietarios tiene que hacer obras de mejora de la fachada o de estructura del edificio, con el Plan de vivienda 2003-2016 ayudaremos para que además pueda cambiar las ventanas o los envolventes exteriores, así, realizando obras de una sola vez no sólo podrán cumplir el deber de conservación, sino que mejoran la factura energética de su vivienda sin coste adicional o con un coste adicional muy pequeño, es decir, podrán ahorrar en la factura de gas y de energía eléctrica. Además, si mejora la eficiencia energética de todo el edificio en más de un 30 %, podrán cerrar terrazas y balcones, eso sí, de manera uniforme y conjunta, ganando edificabilidad interior en su vivienda y estética común en el exterior. Son, como ven, cosas de puro sentido común. Para que estas medidas sean efectivas se ponen en marcha incentivos económicos y subvenciones directas a través del Plan estatal 2013-2016, en concreto se prevé una ayuda que puede llegar a 4.000 euros por vivienda o por cada 100 metros cuadrados de local para obras de conservación en el edificio. Estas ayudas las podrán solicitar las comunidades de propietarios, con lo que se agiliza mucho la gestión de las obras y se consigue un ahorro importante al realizar las actuaciones de una sola vez y para todo el edificio y no vecino a vecino.

La segunda área es la accesibilidad. Señorías, los datos disponibles nos indican que, pese a que la Ley del Suelo 2008 englobaba en el deber de conservación exigible a los propietarios la garantía de accesibilidad, en nuestro país, señorías, hay 4 millones de viviendas, de los que 10,7 millones de edificios de cuatro o más plantas todavía no tienen ascensor. Este es uno de los motivos de mayor discriminación especialmente para las personas mayores y los discapacitados, ya que esta falta de movilidad les impide desarrollar una vida plena del mismo modo que al resto de las personas. Como saben, la Ley de Propiedad Horizontal en vigor establece la obligación de garantizar la accesibilidad a las comunidades de vecinos cuando lo solicite una persona mayor de setenta años o discapacitada que viva en el inmueble y siempre que el coste de la obra no supere doce mensualidades de gastos ordinarios o que en el edificio no vivan familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el Iprem, salvo que las ayudas públicas compensen el resto. Todas las organizaciones y asociaciones de la discapacidad, además de los administradores de fincas, han puesto de manifiesto de manera reiterada la falta de aplicación de este precepto. Además, para mayor abundamiento, la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad, establece la obligación de garantizar antes del 1 de enero del año 2016 la accesibilidad mediante lo que llamaba la ley ajustes razonables, pero no precisaba qué se entendía por ajuste razonable que garantice esa accesibilidad en un edificio ya construido. Por eso, señorías, el proyecto de ley introduce novedades importantes. La primera, define los ajustes razonables como aquellas medidas que pueden asegurar la accesibilidad de forma eficaz y práctica, siempre que no supongan una carga desproporcionada o indebida y sobre la base de una adecuada ponderación del coste-beneficio. En segundo lugar, sigue estableciendo el límite de las doce cuotas de gastos de comunidad, pero ahora en la ley se permite que sean doce mensualidades repercutibles anualmente, ya que lo habitual es que las comunidades de propietarios no asuman tampoco el coste de la medida de una sola vez, sino pagando un crédito a dos o a tres años, es decir, le estábamos pidiendo obligaciones a particulares que luego no eran las generales. En tercer lugar, se va a permitir que el espacio donde se instalen los ascensores, y esto es muy importante, en los edificios que lo necesiten, que


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son muchos, o si es público también, la comunidad de vecinos no tenga que comprar ese terreno a mayores y que los ayuntamientos puedan acordar con los vecinos esa cesión gratuita del suelo sin pedir plusvalías a cambio para que no se encarezcan las obras de instalación de un ascensor. Es decir, si todos los ciudadanos estamos de acuerdo en que las personas mayores, especialmente las personas discapacitadas, necesitan un ascensor, lo que no se puede decir es que van a tener ascensor a un coste que no pueden pagar, porque entonces todas esas personas nunca tendrían ascensor, que es lo que está pasando. Por último, y no menos importante, el plan estatal ofrece ayudas para garantizar la accesibilidad de hasta 4.000 euros por vivienda, también, como en el caso anterior, las ayudas a las comunidades de vecinos.

La tercera área importante de la ley es la eficiencia energética. Miren que no se ha hablado de la eficiencia energética, sin embargo, qué pocos resultados prácticos está dando para las personas y para los ciudadanos que siguen teniendo viviendas donde pasan frío o calor y no tienen aislamiento o que están pagando un recibo de la luz que a todos los efectos, como saben, es excesivo para los salarios o para la carga que significa dentro de una familia con unos ingresos no muy elevados. Uno de los aspectos fundamentales de la ley es la mejora de la eficiencia energética. Según los datos del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, las viviendas españolas consumen, fíjense, el 17 % de toda la energía final del país y el 25 % del total de la energía eléctrica. A su vez, las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los edificios han crecido más de un 20 % desde el año noventa. La estrategia Europa 2020 obliga a España a reducir de aquí a 2020 un 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, 26 millones de toneladas de CO2, y a incrementar en un 20 % las fuentes de energía renovable y en otro 20 % la eficiencia energética.

El proyecto de ley incluye las siguientes novedades: Primero, permite rentabilizar y abaratar el coste del certificado de eficiencia energética al incluirlo en el informe de evaluación del edificio. Como saben, el Gobierno acaba de aprobar el Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. De acuerdo con este decreto, todo propietario que desee vender o alquilar una vivienda deberá entregar el certificado de eficiencia energética con carácter informativo. Pues bien, el proyecto determina que una, y digo una, sola inspección del técnico servirá para aportar toda la información relevante de un edificio, conservación, accesibilidad y eficiencia energética. De este modo, si el edificio dispone de dicho informe, cada propietario individual que desee alquilar o vender su vivienda podrá utilizar este informe conjunto del edificio sin necesidad de pagar específicamente él una visita y un informe.

En segundo lugar, se permite, como ya he dicho antes, cerrar terrazas y balcones con carácter uniforme para todo el edificio, siempre que con ello se consiga un ahorro energético superior al 30 %. En la actualidad estas obras, al implicar un aumento de edificabilidad sobre la prevista por el plan urbanístico, no son posibles si previamente no se modifica el planeamiento urbanístico. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley? Permite que los ayuntamientos no computen esa edificabilidad, cosa que tiene todo el sentido, por cierto, facilitando su realización sin necesidad de modificar el planeamiento, lo cual va a dar salida a que muchas actuaciones que están paradas en este momento a lo largo de todo nuestro país, puedan salir adelante.

En tercer lugar, se permite ocupar superficies de espacios libres o de dominio público para hacer obras de aislamiento térmico por el exterior del edificio, instalar captadores solares en la cubierta y centralizar instalaciones energéticas cuando no exista otra opción técnicamente viable. El plan estatal, señorías, ofrece ayudas para garantizar la mejora de la eficiencia energética de hasta 2.000 euros por vivienda, pudiendo llegar a 5.000 euros si se reduce en un 50 % la demanda energética del edificio. Esto es muy importante, ya que si el cálculo de consumo energético baja, esa ayuda sube, es decir, que todos aquellos cambios importantes van a tener una repercusión en el usuario, que prácticamente va a tener gratis ese cambio porque lo va a ahorrar de forma inmediata en su factura energética.

Una de las novedades más significativas de la nueva regulación es que se establece un informe de evaluación de edificios uniforme para todo el territorio nacional. Como he dicho antes, este informe evaluará tanto la conservación como la accesibilidad y tendrá carácter informativo acerca de la eficiencia energética. La Inspección Técnica de Edificios, la ITE, allá donde no exista podrá integrarse en este informe. El plazo para realizar el informe se eleva hasta el año 2019, fecha en la que será exigible a los edificios que a la entrada en vigor de la ley ya tengan cincuenta o más años; el resto deberá ir cumplimentado el informe en el plazo máximo de cinco años a partir del momento en el que alcance dicha antigüedad.


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Este proyecto, señorías, ha tenido un amplio proceso participativo tanto durante su elaboración como en la fase de audiencia e información pública. Se ha dado audiencia a más de cincuenta y nueve entidades, agentes sociales, asociaciones del sector, colegios profesionales, etcétera. Hemos recibido más de cuarenta informes y prácticamente todo el espíritu de los informes y la letra están incorporados. También quiero destacar el trabajo realizado por la Conferencia Sectorial de Vivienda, en la que además de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla estuvo presente la Federación Española de Municipios y Provincias. Todas las comunidades, excepto dos, remitieron informes recibiéndose en total veinticuatro. Tras realizarse estos trámites, el Consejo de Ministros aprobó la ley el 5 de abril.

Señora presidenta, señorías, es evidente, por todo lo que he procurado reflejar desde esta tribuna, la necesidad de reorientar la política de vivienda para dar, si me lo permiten, una buena vuelta a la situación consolidada por políticas no acertadas llevadas a cabo. Fíjense, estoy hablando de que cuando alguien pida una ayuda para conservación, solo para conservación, serán 2.000 euros, pero si esas ayudas son para conservación y eficiencia energética, podrán llegar a 8.000 euros, y si es para conservación, eficiencia energética y accesibilidad, van a poder recibir 13.000 euros. Estamos hablando de cuantías importantes, estamos hablando de que el dinero se invierta de forma eficiente, porque tiene retornos. Hasta ahora la legislación o las políticas públicas han prestado, a la vista del resultado y sobre todo de las cuantías, poco apoyo a la rehabilitación, a la renovación y a la regeneración urbana. Como les digo, la normativa es muy dispersa, es confusa y tiene muchas trabas, por eso esta ley pretende desde luego evitar que las trabas burocráticas impidan lograr los objetivos que queremos alcanzar. La inversión estatal se ha concentrado en la promoción de nuevas viviendas con esos resultados que todos ustedes conocen de viviendas vacías. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por eso, estamos reorientando la política de vivienda, y en particular con esta ley queremos facilitar tanto las rehabilitaciones más sencillas, que muchas son sencillas pero afectan a un edificio entero, como las regeneraciones de barrios de los pueblos y las ciudades de España. Para ello hemos de eliminar las trabas y las cargas que actualmente penalizan la rehabilitación, poner en marcha ayudas para las comunidades de propietarios en las cuantías que he descrito: de conservación hasta 4.000 euros, de accesibilidad hasta 4.000 y de eficiencia energética hasta 5.000 euros.

Señor presidente, señorías, estamos seguros de que con esta política vamos a conseguir avances, mejorar nuestros edificios, su estructura, sus fachadas, sus cubiertas; facilitaremos los cambios de las ventanas, de las calderas, de los envolventes exteriores; mejoraremos el confort de las viviendas, las aislaremos del frío, del calor y del ruido; y reduciremos la factura de la luz y del gas, que tan importante es, y del agua. Además, favoreceremos la accesibilidad. Ya saben que antes se decía que hay que hablar del garbanzo. Hoy el garbanzo son las rampas, las salvaescaleras, los ascensores, las fachadas, las ventanas y las tejas en algunas casas. Estoy hablando de las cosas de comer, estoy hablando de las condiciones de habitabilidad de tantas familias y de la vivienda en España.

Señor presidente, señorías, acabo ya. Quiero terminar señalando que en esta materia es especialmente necesaria la cooperación entre todas las administraciones públicas y también entre todos los grupos políticos. Los desafíos que afrontamos en materia de vivienda tendrán una respuesta adecuada si todos caminamos en la misma dirección, si compartimos cada uno la responsabilidad que nos toca y aportamos ideas -porque seguro que faltan muchas cosas por incorporar- y aportamos también recursos, cada Administración haciendo un esfuerzo. Todo ello para hacer posible que el acceso a esa vivienda que no es digna lo sea. Por todo ello, solicito a esta Cámara su apoyo para aportar nuevos proyectos, su apoyo para aportar nuevas ideas, su apoyo para garantizar que los ciudadanos puedan tener una vivienda digna y su apoyo para hacer posible que la rehabilitación y la regeneración urbana sean la seña de identidad de la política de vivienda en nuestro país, como lo está siendo por cierto en otros países de la Unión Europea.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Fomento.

A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas de totalidad de devolución. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.

Señora ministra, la motivación que fundamenta esta enmienda a la totalidad que presentamos hoy desde La Izquierda Plural es, en principio, que es una enmienda a la totalidad de las políticas de vivienda que viene desarrollando el Gobierno del Partido Popular, porque el cambio de modelo que pretenden no puede tratarse si no es en su conjunto y teniendo en cuenta la batería de leyes y planes que se abordan


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de manera casi simultánea. Tenemos por tanto que valorar negativamente, como ya lo hemos hecho con la Ley de medidas de flexibilidad y fomento del mercado del alquiler, el proyecto de ley que hoy nos ocupa, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y el Plan estatal de fomento de alquiler de viviendas y rehabilitación urbana 2013-2016, que pretende aumentar los compromisos de financiación de las comunidades autónomas en unos momentos en los que estas están absolutamente estranguladas para cumplir con el objetivo de déficit marcado por la troika.

El cambio de modelo planteado, más allá de la declaración de buenas intenciones, pondrá patas arriba la nefasta política de vivienda que desde los Gobiernos de turno nos han llevado a la situación de crisis y paro insostenible que sufrimos hoy en nuestro país. Dará -mucho nos tememos- un giro, una vuelta de 360º, como ha dicho la ministra, pero de 360º para volver al mismo sitio de diferente manera, pero no mejor, eso desde luego. Y posiblemente para generar una nueva burbuja que se trasladará desde la construcción de vivienda nueva a la rehabilitación y al alquiler. El problema, por tanto, no está en la necesidad que ustedes plantean -y que, por otra parte, compartimos plenamente- de realizar una legislación que permita la reconversión del sector inmobiliario y de la construcción, contribuyendo -y voy a citar literalmente- a la sostenibilidad ambiental, a la cohesión social y a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos en los espacios urbanos. Esto es lo que dice su exposición de motivos.

Compartimos, por supuesto, cómo no, la necesidad y la prioridad de la creación de empleo e incluso, cómo va a ser de otra manera, la de tener que garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. El problema está, señora ministra, en que las medidas planteadas en este texto normativo es imposible cumplir con los objetivos que se pretenden. Los objetivos que se exponen son imposibles de alcanzar cuando analizando el texto del proyecto de ley podemos observar que obedece más a las necesidades de explorar un nicho de mercado para promotoras y constructoras que a los requerimientos que exige una correcta gestión de estos retos urbanos de la rehabilitación y la regeneración urbana. La rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana también eran necesarias en la época del boom inmobiliario y nadie se preocupó por ellas, pero entonces las plusvalías y los beneficios estaban en la nueva construcción. Ahora, agotado este nicho de mercado, las constructoras y promotoras dirigen la mirada ávida hacia las actividades de la rehabilitación y la regeneración urbana como una jugosa oportunidad de negocio. Esto es lo que se atiende de manera diligente por parte del Gobierno mediante este proyecto de ley, pero, desde luego, no va a atender las necesidades de una vivienda digna para las personas.

El informe del grupo de expertos elaborado a petición del ministerio, y que el ministerio ha utilizado, señora ministra, hace recomendaciones muy diferentes para el estímulo de la actividad de rehabilitación y regeneración urbana que las que incorpora el proyecto de ley. Ustedes cargan la responsabilidad de la actividad de la rehabilitación y su financiación en los particulares y es así como se marca la nueva definición del deber de conservación de edificios. Desaparecen los límites de obligaciones de mejoras de edificios por la baja renta de los obligados y no fija un criterio de racionalidad para las obras de mejora de la calidad y sostenibilidad urbanas en función del impacto que las obras pueden tener en el patrimonio de los particulares. La verdad es que no sé para qué encargan un informe a un grupo de expertos para luego no hacerles ni caso. Cuando estos les dicen que la distribución de la responsabilidad económica debe recaer a tercios entre particulares, administraciones públicas y empresas suministradoras y rehabilitadoras, para ustedes solo existen las obligaciones de particulares, mientras la implicación económica de las administraciones públicas queda supeditada a las disponibilidades presupuestarias. Por otra parte, la colaboración de empresas suministradoras de energía y rehabilitadoras no es ni siquiera obligatoria, sino que queda supeditada a la existencia de un convenio que no se asegura.

Señora ministra, la retirada de ayudas del Gobierno a las empresas de energía renovables y las reformas energéticas que se están llevando a cabo desde Industria no parecen, desde luego, un buen camino ni dan muchas esperanzas para lograr esta implicación. En el proyecto de ley la Administración se reserva un papel garante solo de las obligaciones de los ciudadanos mediante exigencia de inspecciones técnicas e informes de evaluación de edificios, pero se inhibe a la hora de garantizar un adecuado equilibrio entre los derechos y deberes de los ciudadanos en esta materia y usted, señora ministra, sabe muy bien quién será el principal beneficiado de estos desequilibrios y de la inhibición de la Administración: las promotoras y constructoras.

Nuestro grupo presentó, señora ministra, un programa para la rehabilitación sostenible de viviendas residenciales donde, entre otras medidas, planteamos un paquete de ayudas de 50.000 millones de euros para la rehabilitación de viviendas centradas en proyectos que incorporen eficiencia energética, subvencionando el 25 % del proyecto. Las ayudas serían directas y a fondo perdido sin estar vinculadas a


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los descuentos de IRPF y dirigidas exclusivamente a propietarios de primera vivienda residencial. Estas medidas se autofinanciarían de sobra con los retornos de las inversiones producidas por IVA más Seguridad Social y complementariamente a este programa proponíamos desarrollar un programa de eficiencia energética de edificios públicos. Intervención pública, directa y suficiente, señora ministra. No hay otra manera.

La regeneración urbana no se puede concebir, como se hace en este proyecto legislativo, como una simple oportunidad de negocio para las promotoras y constructoras. La visión puramente economicista de las operaciones urbanísticas de regeneración urbana permite que mediante la edificabilidad se incrementen indiscriminadamente los intereses obtenibles, mientras que mediante la liberación de obligaciones de entrega de suelo para dotaciones públicas se disminuyen las cargas. El resultado de la regeneración urbana abordada desde esta lógica económica donde la Administración pública mira silbando para otro lado, permitiendo la desregulación desmedida, relegándose a los intereses económicos de los promotores privados, dará como resultado una calidad urbana muy deficiente, y esta es, señora Pastor, la verdadera propuesta de este proyecto de ley. Se ignora palmariamente el debido carácter integrado de las actuaciones de regeneración urbana, analizando los impactos económicos, sociales y ambientales que este tipo de actuaciones genera en sus habitantes.

En el año 2010 se reunieron en Toledo todos los ministros europeos -también de España- y firmaron de manera obligatoria el desarrollo local de estrategia completa integrada. Podríamos poner en peligro las ayudas que pudieran venir desde Europa. Esta ausencia de carácter integrado de las políticas urbanas de regeneración hará que las personas con menos recursos, que precisamente viven en los barrios más necesitados de obras de rehabilitación y regeneración, tengan menos posibilidades de llevar a cabo las reformas, porque los deberes de rehabilitación son más costosos para estos residentes y la capacidad de hacer frente a los mismos es mucho más limitada. El proyecto de ley, ajeno a ello, parece valorar estas zonas en función exclusivamente de su potencialidad para generar plusvalías urbanísticas a disposición de la iniciativa privada. En esos supuestos no se pueden descartar fenómenos de pérdida de vivienda, vulnerando una vez más el artículo 47 de la Constitución española, y traslados forzosos para las personas que no estén en condiciones de financiar el ánimo especulativo de las promotoras, que podrán actuar prácticamente sin límites ni controles públicos. Es gravísimo que en este proyecto de ley desaparezca el derecho de realojo para las personas afectadas en el supuesto de actuar por iniciativa privada. Tampoco se prevén instrumentos públicos de gestión, supervisión y dirección de los procesos de rehabilitación y regeneración urbana cuando la gestión, junto a la financiación, son instrumentos claves para el correcto desempeño de estas políticas urbanas. Nada se contempla sobre procedimientos de participación específicos cuando las actuaciones que se efectúen sean de carácter complejo porque conlleven realojos temporales o definitivos. No encontramos ni una sola línea sobre la necesaria perspectiva de género a la hora de abordar renovaciones integrales que den una nueva configuración a los espacios urbanos.

Señora ministra, esta ausencia de previsión en el proyecto de ley de instrumentos de gestión, de participación y de financiación nuevamente para La Izquierda Plural suponen un chollo inestimable y dejan el terreno abonado para la especulación, proporcionando pingües beneficios para las empresas privadas, que terminarán reemplazando la función que debería llevar a cabo la Administración pública. Son motivos más que suficientes para justificar nuestra enmienda a la totalidad. Además, presentaremos una numerosa batería de enmiendas para poder aportar mejoras en el proceso legislativo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De las Heras.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Iglesias.

La señora IGLESIAS SANTIAGO: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quisiera comenzar mi intervención felicitando al Gobierno -sí, felicitando al Gobierno- por su magnífica capacidad para poner nombres y hacer preámbulos de proyectos de ley que en tantísimas ocasiones tienen poco que ver con el contenido de los derechos y obligaciones que recoge realmente su articulado. Esta es una de esas leyes en las que se produce algo así. Podemos compartir perfectamente la intención del título del proyecto de ley, la voluntad manifestada desde esta tribuna por la ministra e incluso acompañarlo de algunos datos más a los que ella ha aportado sobre las benevolencias de intervenir en la regeneración, la renovación y la rehabilitación urbana, como ese dato que dice que hay 12 millones de viviendas construidas desde hace más de treinta años cuya rehabilitación sería una buena opción para el sector. Rehabilitando un 2 % anual y destinando 36.000 euros por vivienda se


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crearían 175.000 empleos y una actividad económica superior a los 8.500 millones. Coincidimos y compartimos que merece la pena. Pero para eso, señora ministra, habría que invertir; algo que esta ley en absoluto contempla. En realidad presentan un proyecto de ley que no es en absoluto innovador o tiene poca innovación legislativa. Nos traen un texto que a priori tiene la buena intención de convertirse en un texto refundido de normas existentes, como la ministra ha señalado en su intervención. Pero en otros casos complementa, suprime e introduce algunas cuestiones que nada tienen que ver con la rehabilitación urbana, con la regeneración y con el propósito de la ley, como algunas modificaciones que plantean en la Ley del Suelo. Y ni siquiera nos traen un texto que haga una buena refundición de las normas existentes. Nos traen un texto enmarañado, confuso y con erradas disposiciones que genera inseguridad a partir del objetivo que sería deseable en un momento en el que justamente, como usted decía, es necesaria la claridad y el impulso al sector afectado. Señora ministra, aprovechando la felicitación inicial, si quieren, lo ponemos más bonito; si quieren, hacemos más menciones al título y al preámbulo con algo que los complemente. Pero no lo hagamos solo en el título; hagámoslo también en el articulado e incorporen la eficiencia energética también al título.

Nos piden que hagamos propuestas y estamos dispuestos a hacerlas y a trabajar por esos consensos y a mejorar lo que realmente debiera ser la voluntad de este proyecto de ley. Pero mucho me temo que si no vuelven a empezar y en mejores condiciones, nada va a cambiar. Tras la anunciada formulación de esta ley durante más de un año en el que nos llevan diciendo que llegará, que llegara y que llegará, nos la traen con prisas y sin mucho debate en el Parlamento. Las alegaciones que han presentado muchos de los colectivos a los que he hecho mención no fueron a este texto de la ley, sino a versiones anteriores que no se parecían en mucho al texto que definitivamente fue aprobado por el Consejo de Ministros y traído a esta Cámara. Se alejan del objetivo inicial de la rehabilitación y la regeneración urbana en demasiadas ocasiones, justo ahora, cuando lo que se reclama en la calle y en el Parlamento y lo que se le reclama a la política es participación, transparencia y claridad. No es lo que está pasando en la tramitación de este proyecto de ley que afecta a un sector en el que la transparencia y el control deberían ser de máximos -y no de mínimos- por su especial sensibilidad y en el que también existe una urgente necesidad de dar respuesta ante la destrucción de empleo producida. Nos traen un proyecto de ley que pasará desapercibido y se tramitará con urgencia, pero que tendrá muchas consecuencias para el futuro. Una vez más, el Gobierno está renunciando a acuerdos estratégicos y a planes de reactivación. Pero lo que es más grave no es esta formulación, sino las dudas sobre su contenido. Usted ha hablado de algunas benevolencias; yo le diré algunas dudas. Se generan dudas sobre la especulación y sobre la exclusión que puede generar este proyecto de ley. Lo hacen modificando temas relacionados con el suelo, con los antecedentes que existen sobre la política del suelo. Desaparece la vivienda de promoción pública y la rehabilitación aislada, reducen al 10 % las reservas de vivienda de protección pública en suelo urbanizado, con una lógica absolutamente contraria al proyecto de ley. Es justamente en la ciudad y en el suelo preexistente donde se deben satisfacer los objetivos de la rehabilitación, la regeneración y la renovación. Permiten recuperar ese viejo criterio de suelo urbano no consolidado en los bordes exteriores de las ciudades, con los riesgos que ello conlleva y con las deficiencias que ha generado en la historia especulativa del urbanismo español -esas casas en los patatales- y en los consiguientes modelos de ciudad. Son cuestiones que son irrelevantes para el fomento de la rehabilitación y, sin embargo, son un gran paso atrás en la política urbanística.

Además, señora ministra, nos ha hablado de algunas benevolencias en la construcción de los edificios en las grandes ciudades. Pero, ¿qué pasará con la política de vivienda en los entornos rurales? ¿Quién va a poder hace uso realmente de la rehabilitación integral? ¿Quién la va a poder promover y promocionar en un momento en el que no hay crédito? ¿Cuáles son las razones para no contemplar la rehabilitación aislada? ¿En qué contribuye eso a la dinamización del sector? ¿Qué acompañamiento puede tener un joven de una comunidad autónoma como la mía -Extremadura- y de un municipio como el de mis abuelos -Casas del Castañar- en el que siempre se ha practicado la rehabilitación aislada para dar una alternativa de vivienda? Porque en política de vivienda tenemos que hablar no de economía, sino de las garantías que tienen los ciudadanos para acceder al derecho constitucional de hacerse con una vivienda digna. (Aplausos). Aunque, decirle que piense en los jóvenes es mucho pedirle en política de vivienda, cuando en pocos días vamos a ver cómo aprovechan la tramitación de un proyecto de ley sobre alquiler, la ley de medidas de fomento y flexibilización del mercado de alquiler, para suprimir las ayudas a la renta básica de emancipación, en un uso nuevamente torticero de las normas. (Aplausos). Esta es la realidad


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con la que se dirige a los jóvenes este Gobierno en general. Ustedes solo ponen una facilidad a la emancipación de los jóvenes, que es su exilio al exterior.

Aclárennos, teniendo en cuenta la gran cantidad de carencias y olvidos que contiene esta ley, cuál es el objetivo real de crear complejos inmobiliarios privados diferenciados de los complejos inmobiliarios urbanísticos, de hacer comunidades privadas cerradas, horizontales en calles y barrios, y en qué contribuye eso a la rehabilitación, a la regeneración y a la renovación urbana. Aclárenlo porque este tipo de actuaciones solo nos pueden generar dudas y evocar prácticas existentes en otros países como Estados Unidos, incluso nos podrían llevar a pensar que tuvieran algo que ver con la visita del señor Adelson a Madrid la próxima semana en proyectos como Eurovegas. (Aplausos). Qué tiene que ver una cosa con la otra. En lo que respecta al urbanismo, han introducido una mezcla del régimen jurídico público con el privado, que es otro ejemplo más del barullo que plantea esta norma de consecuencias realmente imprevisibles.

Señora ministra, ayer estuvieron muy simpáticos en la sesión de control al Gobierno el portavoz de vivienda del Grupo Parlamentario Popular -que no veo por aquí- y usted cuando hablaron de la política de libertad de acceso a la vivienda, pero olvidando un aspecto: libertad para quien pueda pagarla. En este proyecto de ley se olvidan también de eso, señora ministra, de quien no pueda pagar. ¿Qué pasará con las familias cuyo nivel de renta les impida hacer frente, con una solvencia mínima, a las cuotas derivadas de la rehabilitación? No contemplan ninguna medida de defensa o de apoyo para ese sector de población. ¿Cuál será su destino? Teniendo en cuenta, además, la insuficiencia que contempla el Plan estatal de vivienda y la derogación que hacen del derecho de ayudas a las normas estatales como las subsidiaciones, añadirán ustedes una nueva y gravísima modalidad de desahucios para los ciudadanos. Plantean el riesgo de rehabilitar los centros urbanos a costa de expulsar a la población más débil, en un modelo urbano segregador. Una vez más, lo hacen a instancias del propio Gobierno; un Gobierno que ayer consumó en el Senado su falta de voluntad política de protección de los deudores hipotecarios. Lo hizo tras acabar con la iniciativa legislativa popular, tras acabar con las alternativas de gobierno de los grupos políticos. Pero descuide, señora ministra, no lo van a hacer zanjando la cuestión porque ni la calle ni el Parlamento dejarán que las leyes sin solución sigan adelante sin ningún tipo de alternativa. Su ministerio, el de Fomento, ha estado fuera del debate en todo momento. Es usted la responsable de la política de vivienda, se ha abstraído de la norma de protección de los deudores hipotecarios hasta tal punto que ha dejado que sean las entidades financieras el lugar donde tengan que ir los ciudadanos a reclamar su derecho de acceso a la vivienda, en lugar de las administraciones públicas, como debería haber sido su obligación. Los desahuciados tendrán que ir a la entidad financiera que les lanzó a pedirle que les devuelvan una causa de la que ya han sido lanzados sin más protección por parte del Gobierno. Este ministerio, su ministerio, unas veces por inacción y otras veces, como en este caso, por acción directa y como lo hace también en la ley de medidas de fomento y flexibilización del mercado del alquiler, colabora y se convierte en causante del sufrimiento de muchas familias.

Le he hecho una mención especial a la eficiencia energética. Usted la menciona, aunque no el título, pero tampoco la desarrolla en el articulado, más allá de las obligaciones que tienen con las directivas europeas; directivas europeas con las que llevamos bastante retraso en este último año. La eficiencia energética de edificios, el uso prioritario de energías renovables y fuentes no contaminantes, el impulso a la autosuficiencia de consumo energético en barrios son cuestiones que no han incorporado y propuestas que les hacemos para que puedan incorporar en el desarrollo de este proyecto de ley. Son garantías para invertir, para generar ahorro, para generar futuro y para generar empleos verdes. Tienen una buena oportunidad, si hiciéramos un buen proyecto de ley, para generar empleo verde. También en esto se olvidan de los ciudadanos. Un proyecto de ley de estas características es una buena ocasión para pensar más allá del diseño de la ciudad consolidada y de hacerlo también en las condiciones de vida de la gente. Incorporar medidas de sostenibilidad y de combate contra la pobreza energética. Esta es la situación que sufren muchos hogares incapaces de pagar una cantidad de servicios, la energía suficiente para satisfacer las cuestiones domésticas y un problema que, lamentablemente, cada vez afecta a más hogares en nuestro país, ante su incapacidad para dar solución a situaciones de pobreza que está viviendo la población en España. En estas directivas europeas también deberían pensar. El mayor despropósito de todos de este proyecto de ley es que no contempla ninguna garantía de financiación ni de impacto económico. Su memoria de impacto normativo, según se genera en su propio documento, es ningún compromiso y obligación económica. Es cierto que han aprobado un Plan estatal de viviendas para el periodo 2013-2016, que contempla 627 millones de euros de los 2.400, específicamente para la rehabilitación en ese periodo de cuatro años. Pero ni es suficiente ni existe obligación alguna de que se


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aplique en el desarrollo de esta norma y tampoco contemplan, por cierto, ninguna medida fiscal de incentivos. Nada, absolutamente nada; todo a cuenta de los ciudadanos.

Señora ministra, señores del Gobierno, señorías del Partido Popular, la diferencia entre la resignación y el prejuicio y la esperanza y el estímulo es la diferencia entre su proyecto de ley y lo que hacen los países de nuestro entorno. Mientras en Reino Unido se concierta un plan entre administraciones, entidades financieras y operadores privados para reactivar la economía en un sector como el de la transición energética, el denominado banco verde, aquí podríamos adoptar ese modelo para la rehabilitación urbana y el sector inmobiliario a modo de banco bueno de vivienda, que incluyera medidas como las planteadas por el Grupo Socialista durante el debate de ayer para atender también las necesidades de las familias que peor lo están pasando. Pueden hacerlo bien o no, ustedes deciden; una vez más es una cuestión de voluntad política. Este es un asunto que influirá en nuestro modelo urbanístico, en el de ciudades y pueblos para el futuro, en el empleo y en el crecimiento económico de hoy. No es un tema para despachar con estas normas con tantísimos interrogantes, aunque, claro, hablar hoy aquí de las diferencias entre un banco bueno y un banco malo sería como hablarles también de las diferencias entre un Gobierno bueno, que se preocupe por las necesidades de la gente y los incentivos de nuestra economía, y un Gobierno malo, como el que trae este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Iglesias.

En turno de fijación de posiciones, comienza el Grupo Parlamentario Mixto y tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Desde Compromís-Equo quiero mostrar mi solidaridad también a las personas dignas que hoy se han visto impelidas a hacer huelga por el futuro de la educación y por el futuro de las generaciones venideras.

Señora ministra, a medida que avanza la legislatura resulta cada vez más claro que ustedes se están convirtiendo en especialistas en hurtar el significado de las palabras, en cambiar su sentido. Bajo la piel de cordero de una bienintencionada ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas se esconde, de nuevo, el lobo de la especulación, el lobo de los negocios para las empresas amigas constructoras, eléctricas, operadoras, suministradoras de aguas y, lo que es peor, el lobo del acoso a los ciudadanos con menos capacidad económica, a los más vulnerables, a los más débiles. Ustedes hacen una evaluación correcta de los problemas económicos y sociales que afectan al mercado del suelo y de la vivienda, un manifiesto de intenciones en la declaración de motivos ciertamente esperanzador, pero cuando pasamos al articulado la esperanza se frustra de inmediato. Con este proyecto de ley se abre la puerta a injusticias flagrantes, desalojos constrictivos, expropiaciones forzosas, realojamientos obligatorios, pero además ustedes no tienen en cuenta el momento en que pretenden aprobar este proyecto, cuando la mayor parte de las familias van justas, muy justas para llegar a final de mes, y muchos propietarios y vecinos no podrán afrontar nuevos compromisos dinerarios, como se comprueba en el elevado índice de morosidad de muchas comunidades de vecinos y de propietarios, teniendo en cuenta además que las rehabilitaciones las tendrán que pagar fundamentalmente las familias.

Finalmente, entendemos que este proyecto pretende legislar sobre cuestiones ya abordadas por las comunidades autónomas que, por otra parte, tienen competencias exclusivas en esta materia. También nos parece que vuelven a incurrir en un error frecuente: la ley mix. Aprovechan la ocasión para modificar en profundidad diversas leyes que merecen un debate por separado, por ejemplo, la Ley del Suelo. Nosotros entendemos que con esta modificación puede haber una pérdida de superficie destinada a suelo público. En definitiva, demasiadas certidumbres y demasiadas incertidumbres para apoyarla. Por ello, Compromís-Equo dará su voto favorable a las enmiendas a la totalidad de devolución. Señora ministra, no dudo de sus buenas intenciones, pero entendemos que este no es el instrumento adecuado. En todo caso, señora ministra, para tener una vivienda digna solo hace falta una cosa: que su Gobierno comience a generar empleo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Oramas.


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La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Señores diputados, a nadie se le oculta la grave crisis que atraviesa el sector inmobiliario y en consecuencia la sangría producida en el sector de la construcción, que ha perdido más de 2 millones de empleos en los últimos cinco años. Por tanto, somos conscientes de que hay que desarrollar políticas que nos permitan impulsar este sector para revertir la situación que estamos viviendo. Y para ello es necesario fomentar la rehabilitación de edificios y viviendas, así como la regeneración y renovación urbana en las áreas degradadas de la ciudad construida. Compartimos la generalidad de argumentos que se mencionan en la exposición de motivos de este proyecto de ley para justificar su necesidad, pero su contenido no se corresponde con las medidas que se desarrollan en el articulado. En el proyecto se establece una reducción de las cargas y determinaciones urbanísticas vigentes, que vienen a significar un retroceso en la conquista de una sociedad más igualitaria, socialmente más justa y ambientalmente más sostenible. Se establece también la reducción de la vigente reserva mínima del 30 % de la edificabilidad residencial para vivienda protegida al 10 %. Esto evita que se garantice en el futuro que nuestras ciudades dispongan de un porcentaje general mínimo de viviendas asequibles al conjunto de la población con menos ingresos económicos. El espacio público es el otro gran afectado, ya que supone una pérdida de la superficie de suelo público. Este proyecto introduce además modificaciones normativas que, de aplicarse, pueden expulsar a los ciudadanos de menores rentas de los centros urbanos. Tan es así que pretende atribuir a los propietarios, comunidades y cooperativas de viviendas la obligación de costear obras de hasta un 50 % del valor de la vivienda. Se trata de un negocio, un negocio que más que renovar puede remover a la gente económicamente más indefensa de su lugar de residencia en los entornos urbanos más proclives a este tipo de actuaciones.

Por último, quiero manifestar que con esta nueva normativa la reactivación del sector de la vivienda será prácticamente nula, pues el Gobierno vuelve a renunciar a las políticas inversoras imprescindibles para articular y desarrollar una política de vivienda coherente. No podemos olvidar que el problema de la actividad de rehabilitación y de la regeneración urbana en nuestro país no ha sido la carencia de ideas, planes, proyectos, herramientas técnicas o jurídicas, ni siquiera de los agentes, sociedades públicas de rehabilitación y profesionales; ha sido y es la ausencia de financiación accesible y suficiente. En definitiva, esta ley y su desarrollo solo tendrán efectos prácticos si van acompañados de la financiación necesaria, y los recortes van en sentido contrario. En Canarias estamos pendientes de la rehabilitación de la barriada de Las Chumberas y de más de cuarenta acciones de rehabilitación y reposición ya conveniadas y que se han paralizado por ajustes financieros. El problema es la ficha financiera, señora ministra.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas.

Señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, nosotros queremos anticiparle que estamos a favor y concordamos con una parte del proyecto de ley que hoy nos presenta: única y exclusivamente con la exposición de motivos. Es con lo único que concordamos, porque el resto del texto legal que nos presentan sigue, igual que se hizo con el desarrollo urbanístico de la segunda mitad del siglo XX, relegando la sostenibilidad a la obtención de grandes beneficios por parte de los agentes inmobiliarios que participan en el proceso de transformación urbanística. Nosotros creíamos precisamente que, partiendo de esa experiencia acumulada de otras épocas, esta ley debería afrontar una nueva etapa en el urbanismo que acometiese la regeneración de las áreas más degradadas; creíamos que debía profundizar en la sostenibilidad ambiental del nuevo urbanismo, y acometer la transformación de áreas ya urbanizadas bajo un respeto ambiental escrupuloso. Sin embargo, vemos que nada tiene que ver con estas propuestas que acabamos de enumerar. Sería preciso, según nuestro punto de vista, que el nuevo texto legal incorporase un modelo integral donde los aspectos ambientales y de sostenibilidad fuesen los elementos básicos a la hora de acometer la rehabilitación de áreas urbanas que, precisamente por haber obviado dichos criterios en su inicial transformación, han resistido mal el paso del tiempo. Sin embargo, con este proyecto de ley lo que se reduce son determinadas cargas urbanísticas para favorecer de nuevo, otra vez, el desarrollo de las actuaciones por parte de los inversores privados sin establecer nuevos parámetros para el desarrollo urbano, por lo que la rehabilitación, más que el necesario reciclaje que precisan o que seguramente precisarán a medio plazo muchas zonas urbanas, será de nuevo un foco de especulación.

Por otra parte, la falta de una política integral de rehabilitación urbana queda patente, como han dicho ya otros portavoces, por la falta de un compromiso de financiación pública que permita desarrollar una


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política de vivienda pública a partir de las áreas donde se acometa un proceso de renovación urbana. Queremos recordar aquí que en muchas de las zonas más degradadas existen personas con rentas modestas que difícilmente podrán acometer en esta situación de crisis económica trabajos de conservación básica. El Gobierno rehúsa con este proyecto que hoy nos presenta aportar fondos para hacer política de vivienda social teniendo en cuenta esa situación, pues en realidad rechaza una intervención pública directa a la hora de renovar los entramados urbanos y sí acepta y favorece, sin embargo -voy terminando, señor presidente-, que sean promotores e inversores privados los que se encarguen de esa tarea. De este modo, no solo se habrá perdido una oportunidad para implantar la política de rehabilitación y renovación sostenible, sino que además se pondrá en riesgo a muchas personas humildes que sufrirán la presión de inversores inmobiliarios para expulsarlos de las zonas urbanas en proceso de renovación.

Por último, señor presidente, permítame una sola frase. También queremos hacer mención a que, al igual que muchos otros proyectos de ley que tienen presentados, en este se incide y se refuerza la línea recentralizadora al mantener el carácter básico de una serie de normas en materia de urbanismo que deben ser -de hecho ya son en este momento- competencia de las comunidades autónomas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señora ministra, señorías, en primer lugar quiero agradecer que la ministra nos haya desgranado la estrategia general en materia de vivienda del Gobierno y la información exhaustiva sobre el contenido del proyecto.

Para comenzar, les diré que lo primero que pensé tras la lectura del proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, cuyas enmiendas a la totalidad se debaten hoy en esta Cámara, fue: ¿y quién les habrá dado vela en este entierro? Sinceramente. Y es que, como viene siendo habitual -ya me da hasta apuro porque parece que me repito-, en otros supuestos similares en los que el Estado no dispone de títulos competenciales específicos a la hora de regular determinadas materias, también aquí la Administración del Estado, ante la ausencia en el artículo 149.1 de la Constitución de títulos específicos en materia de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio, invoca con carácter prevalente un título de naturaleza transversal, concretamente el 149.1.13.ª, relativo a bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, que pretende reforzar la competencia con otros títulos propios vinculados a algunos aspectos concretos de la regulación propuesta. En este sentido, resulta inexcusable indicar que el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 10.31 -para que no quepa ninguna duda- otorga a nuestra comunidad autónoma en relación con las materias objeto de regulación en el proyecto competencia exclusiva en materias como son la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, así como la competencia para el desarrollo legislativo y ejecución dentro de nuestro territorio de la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente, expropiación forzosa y bases en materia de régimen energético. Como ven, mal empezamos nuevamente.

En todo caso, sí les diré que el Grupo Vasco considera que el proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas incorpora medidas interesantes desde el punto de vista de la reactivación económica del sector de la construcción, que compartimos también la necesidad de adaptar la legislación a criterios europeos de eficiencia energética, y que como punto de partida estamos de acuerdo en crear nuevos instrumentos orientados a la rehabilitación en materia urbanística y también en flexibilizar los existentes y, como no podía ser de otra manera, en la implementación de medidas en favor de la adaptación a los criterios básicos de accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida, pero obviamente por quienes sean competentes para ello y ni ustedes ni esta Cámara en el grueso del proyecto lo son. Tanto es así que la Ley vasca del Suelo ya recoge una buena parte de las medidas que el texto propuesto recoge, y para muestra un botón: relean todo lo relativo y todo lo previsto en materia de realojos. Lo cierto es que no están descubriendo nada y sinceramente creo que la norma contiene cuestiones muy positivas en alguno de sus aspectos.

Somos más que conscientes de que contamos con un parque inmobiliario fragmentado -la ministra lo decía- y de las dificultades existentes en las comunidades de propietarios para adoptar acuerdos para la rehabilitación, y lo somos también de que los ámbitos profesionales están demandando medidas para agilizar la toma de decisiones en esta materia, ahora bien, el texto que propone el Gobierno, si profundizamos algo más en los principios expuestos, presenta también problemas de orden práctico, algunos de ellos los he escuchado en esta Cámara en boca de otros portavoces. No debemos desdeñar que la rehabilitación


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sola solamente resulta atractiva para los propietarios con un sector inmobiliario al alza, cuando existe una expectativa y un mercado tendente a la revalorización, pero precisamente en el marco económico en el que estamos esto es difícil, es precisamente lo opuesto. Por ello en este contexto no es posible pedir un esfuerzo inversor de este calado si no se instrumentan medidas de impulso económico público y este proyecto no las tiene, este proyecto en concreto no las tiene. De la lectura se deduce que ni están ni se las espera; otra cosa es que, a través de instrumentos complementarios, se puedan habilitar. Por eso creemos que este proyecto no es redondo. Nos parece que es una propuesta de salón. Es una propuesta de salón porque no valora la eficacia de la aplicación de la norma o, lo que es lo mismo, no tiene en cuenta las numerosas dificultades que puede generar su aplicación tanto a nivel de gestión para los ayuntamientos teniendo en cuenta la crisis económica y la ausencia de ayudas -son los ayuntamientos los encargados fundamentalmente de ejecutar las medidas propuestas-, como las dificultades que puede generar a escala humana, ya que la ley carece de esas medidas incentivadoras o de apoyo económico necesarias para los colectivos más desfavorecidos, para que estos colectivos puedan abordar las reformas y las exigencias que contiene este texto. Por todo ello y por mucho más, como decía la canción, vamos a votar favorablemente las dos enmiendas a la totalidad del proyecto presentadas. No obstante, y como presumo que el Partido Popular hará uso de su mayoría absoluta, entiendo que podremos presentar a lo largo de la tramitación enmiendas parciales en positivo, con la esperanza de que en esta ocasión sean respetuosos con el bloque de constitucionalidad, al que el señor Olabarría se suele referir, y con los títulos competenciales habilitantes y, sobre todo, de que sean generosos en la administración del número de escaños del que disponen en esta Cámara. Creo que las aportaciones del resto de los grupos podrán ayudar a enriquecer esta norma. Asumimos también el guante que nos ha lanzado la ministra, y a ver si por una vez es verdad que podemos llegar al punto final de tramitación de la ley en términos de consenso, y no les quiero ni contar qué sería la unanimidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Brevemente, señor presidente. A nuestro grupo esta nos parece una ley razonable, creemos que plantea objetivos necesarios y que, sobre todo en una época de crisis económica y de cambio de modelo energético, que está muy ligado a la rehabilitación de viviendas y también a la reactivación -ya se ha dicho aquí- del sector de la construcción sobre la base de una actividad que no sea la meramente expansiva sino rehabilitación de núcleos urbanos, de viviendas envejecidas o degradadas, etcétera, plantea unos objetivos que nos parecen de interés general y que, por lo tanto, vamos a apoyar. La razón por la que no vamos a votar a favor de las enmiendas de totalidad que piden la devolución es que no nos parece que haya ninguna razón satisfactoria que ordene que no se trate de esta cuestión, bien porque sean competencias de las comunidades autónomas o bien porque la ley no contemple o no entre en cuestiones que francamente me parecen fuera de su ámbito de aplicación o de efectividad, porque evidentemente una ley de rehabilitación de viviendas no puede resolver el problema hipotecario u otros problemas que se han citado por aquí. Esperamos que durante su tramitación se tengan en cuenta algunas sugerencias que, desde luego, trataremos de hacer al respecto. Por ejemplo, hay una cuestión que está en el propio proyecto de ley y que la ministra en su intervención ha subrayado mucho, que tiene que ver con conectar la política de reactivación de la construcción y generación de empleo con una nueva política energética más centrada en la eficiencia y el ahorro. Nuestro grupo ha presentado una proposición no de ley sobre autoconsumo con balance neto que está muy ligada con esta cuestión y nos gustaría que considerara, como consideramos nosotros, que son asuntos que se pueden abordar desde una lógica no sectaria, no partidista, sino desde el interés general. Así que con ese espíritu vamos a apoyar esta ley esperando que durante su tramitación mejore y no -como a veces ocurre- que empeore.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias.

Señoras y señores diputados, nuestro grupo no va a dar apoyo a las dos enmiendas a la totalidad de este proyecto de ley por varios motivos, el más importante de los cuales es que compartimos -de hecho, he oído muchas opiniones en el mismo sentido- la necesidad, la oportunidad de intentar legislar sobre


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rehabilitación, regeneración y renovación urbana en estos momentos. Yo creo que compartimos -yo diría que la totalidad de los diputados y diputadas presentes en la sala- que esta es una necesidad objetiva para dar satisfacción al derecho constitucional a una vivienda digna que tienen todos los ciudadanos, pero además es una buena oportunidad para poder actuar de forma imprescindible en la dinamización económica y por tanto en la creación de puestos de trabajo. Ayer nuestro portavoz le recordaba al presidente del Gobierno que las condiciones que habían mejorado -la capacidad de financiación de la economía española, la disminución del déficit externo, etcétera- eran condiciones necesarias, pero no eran condiciones suficientes para reactivar la economía y disminuir el número de parados. Pues bien, para nosotros, y lo decía desde esta tribuna Duran i Lleida, hay que hacer políticas sectoriales, hay que hacer políticas industriales, hay que hacer políticas de reactivación económica. Y una de estas políticas de reactivación económica hay que formularla con relación al sector que más ha contribuido al aumento del paro de España, que es el sector de la construcción. Es evidente que no podemos siquiera pensar que aquellos aspectos que generaron muchísima ocupación en la construcción puedan reproducirse, simplemente porque aún tenemos que hacer frente a muchos efectos colaterales al estallido de la burbuja inmobiliaria y porque además no necesitamos crecer en número de viviendas, pero sí es necesario aprovechar todo un sector profesional, de oficios, de empresas para poder recuperar en la medida de lo posible los puestos de trabajo. Por tanto, es una gran oportunidad poder actuar en materia de rehabilitación en general, regeneración y renovación urbana.

Nosotros coincidimos en la oportunidad de la ley. Cuando el Gobierno presenta una ley en un tema oportuno, de entrada a alguien puede parecerle acertado decir: devuélvala y preséntenos otra. En principio, a nosotros nos parece oportuno -llámennos pragmáticos o posibilistas- aprovechar el texto del Gobierno, mejorarlo en lo que sea posible, adecuarlo a las necesidades y complementarlo, pero cuanto antes dispongamos de un nuevo instrumento de dinamización económica, mejor. Por tanto, para nosotros el hecho de decir no a las enmiendas a la totalidad es tanto como decir que es urgente que en estos momentos dispongamos de instrumentos para dinamizar la economía.

También es cierto que si nosotros consideráramos absolutamente inadecuado el contenido de este proyecto de ley, a lo mejor nos habríamos sumado a las enmiendas a la totalidad, pero francamente nosotros creemos que el proyecto de ley asume y trata con relativo acierto una serie de cuestiones que son problemas que objetivamente tenemos hoy en este sector. En primer lugar, no disponemos de instrumentos para hacer posible que la regeneración urbana, la rehabilitación se erija en protagonista del urbanismo. Aún estamos instalados en unas legislaciones urbanísticas pensadas para el crecimiento de las ciudades, y hoy tenemos que pensar en regenerar las ciudades. Por tanto, a nosotros nos parece muy oportuno utilizar estos instrumentos. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Lógicamente podríamos estar también de acuerdo en que además hay que dar protagonismo a algunos agentes que no han participado en la construcción de la ciudad simplemente porque la construcción de la misma se hacía extramuros, pero es que ahora van a tener que participar porque se hace en su dominio. ¿De quiénes estamos hablando? De las comunidades de propietarios, de los vecinos en su sentido más amplio. Así pues, a nosotros nos parece oportuno que tratemos en el marco de esta ley aspectos referidos a dar más capacidad a estos colectivos, pero, señora ministra, no solo con esta ley. Sé que alguno de sus colegas un día de estos nos va a traer una ley de servicios y de colegios profesionales. Piense usted que si nosotros queremos apostar por la regeneración y por la rehabilitación no parece que tenga mucho sentido que nos carguemos a algunos profesionales que están participando decisivamente y que usted va a necesitar, por ejemplo los administradores de fincas. ¿Alguien puede comprender que paralelamente a un proyecto de ley tan positivo como este a alguien se le ocurra decir: Pues a estos ya no los necesitamos? Yo voy a pedirle, señora ministra, que además de trabajar en la mejora de esta ley convenza usted a alguien de la bancada azul de que, por favor, en la ley de servicios y colegios profesionales estos colegios -que vamos a necesitar de forma importante para dar cuerpo a esta ley- no desaparezcan del mapa. No es cuestión de esta ley pero es un tema absolutamente decisivo que creo que hay que contar, sobre todo, al primero de la bancada, que es al final el responsable de toda cuestión.

También hay, señora ministra, algunos aspectos que creo que hay que acotar bien. Hay tres aspectos: regeneración, rehabilitación, renovación. Fíjese, hay un aspecto que es el de la rehabilitación, que básicamente trata de los edificios, que es el que debería concentrar nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque para los otros aspectos ya tenemos una normativa urbanística, ya tenemos un corpus competencial y por tanto vamos a actualizar -y la ley en parte lo hace o lo debe hacer- estos aspectos urbanísticos. Una de las enmiendas que nosotros vamos a presentar es que nos concentremos muchísimo más en la


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rehabilitación, en dar instrumentos propios de rehabilitación e incluso en separar los tres conceptos, que a veces se confunden. Necesitamos todo un arsenal de instrumentos jurídicos para poder actuar en este campo y este va a ser uno de los aspectos en los cuales nosotros vamos a presentar muchas enmiendas.

Hay un tema muy sustancial que vemos como un acierto que es el impulso a la validación técnica, la actualización técnica de los edificios a través de un instrumento específico. Nosotros creemos que esto es positivo; algunas comunidades ya lo han hecho. En este sentido hay que recoger todas aquellas cuestiones positivas de estas comunidades y saberlas aprovechar. En definitiva, señora ministra, se abre un mes de mucho trabajo. Nosotros ofrecemos nuestras enmiendas; de hecho, de forma oficiosa ya las hemos hecho llegar al ministerio. Nos gustaría que este voto en positivo que hoy damos podamos mantenerlo y, por tanto, voy a solicitarle que el ministerio, el Grupo Parlamentario Popular tenga a bien tomarse en serio nuestras enmiendas, nuestras aportaciones porque creo que van a ser muy positivas en un momento en que, objetivamente, esta ley puede aportar muchísimo no solo a los derechos ciudadanos -que por esto solo ya lo merecería- sino a la reactivación de nuestra economía.

Muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora ministra.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Macias.

Por el Grupo Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Ayala.

El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, señora ministra, tras el debate de hoy está claro que estamos ante una ley necesaria. De la posición de todos los grupos, incluso los que han presentado las enmiendas a la totalidad, se deduce que es una ley oportuna y necesaria. Si quieren, de las enmiendas a la totalidad se pueden entresacar frases importantes: "el diagnóstico que se hace es correcto", "es muy difícil no compartir los argumentos" o "debe darse paso a las actuaciones sobre los tejidos urbanos existentes". Después de eso, la crítica feroz y apocalíptica de todo lo que provenga del Partido Popular. Porque la verdad es que a estos grupos cualquier ley les da igual, solo quieren que el Gobierno popular fracase, lo demás poco les importa. Eso es lo que se ve en las dos enmiendas que se han presentado, tanto la de La Izquierda Plural, el grupo de la amalgama de izquierdas, como la del Grupo Parlamentario Socialista, el grupo parlamentario de los sobrevivientes. Pero hoy nuevamente pinchan en hueso. Les vamos a desmontar todos y cada uno de sus argumentos. A la señora De las Heras le ha costado mucho armar su enmienda a la totalidad porque todos son suposiciones: "podrá", "no conseguirá". O frases huecas sin contenido: "la visión economicista y especulativa sustituye a otro tipo de consideraciones". ¿Mande? Puede usted explicar alguna de estas cuestiones que dice, porque ustedes sí que especulan, ustedes son los que especulan con la finalidad de la ley y se oponen a esta ley porque en política de vivienda no pueden consentir que otros tengamos buenas ideas y tengamos medidas que solucionan los problemas que acucian al sector y a los ciudadanos. Ustedes siempre presumen de política de vivienda, pero me gustaría que dijeran dónde lo han demostrado, dónde lo han puesto en práctica con éxito, porque lo cierto es que no han merecido la confianza de los ciudadanos y donde medio gobiernan -donde medio gobiernan- tenemos el ejemplo: si aplican sus medidas, se tienen que expropiar a ustedes mismos. Esas son las grandes políticas de las medidas de La Izquierda Plural y de la amalgama de izquierdas. Donde tuvieran que aplicar sus medidas, se tendrían que expropiar.

Vemos que solamente hay un discurso por parte de los enmendantes cuando se habla de construcción o urbanismo: negocio de unos en perjuicio de los más desfavorecidos; especulación de las constructoras; plusvalías; chollo; más deberes; menos derechos; más solares; menos espacios y todo ello con la odiosa iniciativa privada que campa por sus respetos avasallándolo todo. Pues aquí se equivocan, porque no se han leído el proyecto. Los deberes de conservación de los ciudadanos no se tocan; ni una carga más ni un límite menos. Eso sí, se normalizan y ordenan una serie de derechos, deberes y obligaciones que están dispersos en leyes vigentes que, por cierto, no se están aplicando. Y aquí sí que tenemos una maraña, señora Iglesias, aquí. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

En el año 2007 aprueban la Ley del Suelo, texto refundido de 2008. Ahí se habla de reconvertir el modelo urbanístico evitando la construcción de nueva ciudad y que se centre en la ciudad existente. Fracaso absoluto. Como la ley no funciona, en la Ley de Economía Sostenible de 2011 incluyen un capítulo de rehabilitación y vivienda. Pero cuatro meses más tarde el Gobierno Socialista aprobó el Real Decreto-ley 8/2011 -este nombre sí que está bien, señora Iglesias-, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas


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por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. Gran éxito, señora Iglesias. ¿De estos títulos son de los que usted presume de su legislación? ¿De esto? Aquí también incluyeron un capítulo dedicado a las medidas para el fomento de las actuaciones de rehabilitación que modificaba a su vez la Ley del Suelo y la propia Ley de Economía Sostenible. Y el 1 de agosto del año 2011 se aprueba la Ley 26/2011, en la cual, aunque modifican también la Ley de Propiedad Horizontal, dejan sin armonizar esos ajustes razonables que obligaba la garantía de la accesibilidad. Por tanto, maraña, señora Iglesias, la de la legislación anterior.

Ahora se legisla con criterio, se coordina y se unifica, se modifica de forma importante la Ley del Suelo, la Ley de Ordenación de la Edificación y también la Ley de Propiedad Horizontal, porque si hay que hablar de buena política de vivienda podremos hablar de la política de vivienda que dio lugar a la sobrevaloración de todos los inmuebles, el sobreendeudamiento de los ciudadanos y el agravamiento de la solvencia de todo el sistema financiero que ha obligado a que ahora haya que ayudarlo públicamente. Por tanto, aquí de presumir de planes de vivienda o de realojo o de sociedad de alquiler más vale que nos callemos.

En esta ley siempre es la Administración pública la que tiene la iniciativa, la supervisión y el control. Critican sin saber. El agente rehabilitador o cualquiera que sea no puede iniciar una actuación sin la previa habilitación de la Administración. No hay una iniciativa privada imparable; ninguna medida se puede poner en marcha sin el acto expreso de la Administración. Le quiero recordar que fue el Partido Socialista el primero que hizo en España una ley por la que el agente urbanizador podía campar por sus respetos como es la ley valenciana, verdadero precedente y antecedente de los dislates de los agentes urbanizadores. Ley socialista.

Por otro lado, vamos a atender los realojos -porque también critican las dos enmiendas de totalidad, y no es cierto-; se refuerza el derecho de los obligados a realojarse, y todo proyecto de rehabilitación exige un plan de realojo y retorno, régimen unitario para toda España, ahora en manos de las comunidades autónomas. ¿Dónde está el perjuicio? En ningún sitio; solo la crítica. En la ciudad nos tiene que preocupar que la infravivienda se sustituya por una vivienda digna, que donde deba desalojarse a los residentes se les garantice el derecho a retorno a una vivienda rehabilitada y digna o que el barrio degradado gane dignidad y calidad. De nada sirven dotaciones o equipamientos a 5 kilómetros de la vivienda. Por tanto, los que nos hemos dedicado al urbanismo mucho tiempo siempre hemos defendido que no se podían ordenar igual los suelos que se incorporan al proceso que los que ya están ordenados, y lo de esos seudogurús que han estado potenciando otras posturas ahora lo soluciona este proyecto de ley.

Señores enmendantes, no hay ningún aumento de edificabilidad ni ventaja si no son las administraciones actuantes, es decir, los ayuntamientos, las que creen y justifican tal aumento. Por tanto, no existe en ningún caso esa gigantesca plusvalía latente que hay que explorar. No hay iniciativa privada desbocada, sino absolutamente ordenada -y, primero, la Administración- ni rehabilitación que genera plusvalías por doquier. Les voy a hacer un comentario. A lo que obliga la rehabilitación es a una mano de obra especializada y, por tanto, mejor pagada -es decir, en beneficio de los trabajadores- y a una rentabilidad muy ajustada, que es lo que ha motivado precisamente su escasa utilización. Por tanto, con esta ley no se hace negocio, sino una rentabilidad razonable por una actividad reglada y bien pagada a los operarios y a los trabajadores.

En consecuencia, es una ley que permite en esta época de crisis operaciones de mejora de la vivienda y su entorno con el mejor coste posible. Ahora que estamos en una época en la que la rehabilitación en España ha estado muy atomizada, con la nueva norma se complementa el Plan estatal 2013-2016. Señores enmendantes, los mecanismos financieros que esta ley permite y posibilita se encuentran en el Plan de la vivienda 2013-2016, que ya está aprobado por el Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del Estado; por tanto, no hay que confundir una cosa con la otra. ¿Qué tratamos? Tratamos que la economía de escala llegue a rehabilitar mejor edificios que viviendas; todas las medidas posibles para que las operaciones de rehabilitación generen sus propios recursos y sean capaces de atraer capital privado; convenios entre administraciones públicas, agentes, propietarios, para legitimar fórmulas de explotación conjunta de un inmueble tanto por cesión como pago aplazado, permutas, etcétera. Es decir, nada especulativo y todo en función de la ciudad, la rehabilitación y la eficiencia.

No quiero terminar sin hacer una brevísima referencia al tema que ocupa más de la mitad de la enmienda del Grupo Socialista, la supuesta discriminación de la mujer. Parece que no se ha leído el artículo 31 de la Ley de Igualdad y que es su ley la que perjudica a las mujeres. Ustedes sabrán. El ordenamiento es uno y esta ley, como no puede ser de otra manera, tiene que respetar la igualdad entre hombres y mujeres. En esta ley no hay discriminación de ningún tipo, sino respeto absoluto a la igualdad.


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Termino. Lo ha dicho la ministra, pretendemos mejorar las viviendas, la accesibilidad y la suficiencia energética, la calidad de vida y el confort de los hogares reduciendo la factura energética, y reactivar el sector de la vivienda. Todo ello combinando el Plan de vivienda 2013-2016 con sus siete programas y los 2.421 millones de subvenciones, que vamos a dedicarlos al alquiler, la rehabilitación, la renovación y la regeneración urbana.

Muchas gracias por su atención. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayala por su intervención, difícil en estos momentos.

En dos minutos vamos a votar. (Pausa).

ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN).

- PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS. (Número de expediente 121/000029).

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones.

En primer lugar, enmiendas del Senado. Proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Votación separada de las enmiendas. Enmiendas a la exposición de motivos, apartado III, párrafos primero, décimo y undécimo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 193; en contra, 121; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al resto de la exposición de motivos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 178; en contra, 137; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo primero, apartados cuatro y veintiuno.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 193; en contra, 123; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo primero, apartados uno, ocho y treinta y siete.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 193; en contra, 112; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo primero, apartado seis.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 181; en contra, 126; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo primero, apartado dieciséis.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 182; en contra, 135; abstenciones, 5.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo primero, apartados dieciocho y veinticinco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 196; en contra, 7; abstenciones, 118.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo primero, apartados treinta y uno y treinta y cuatro.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 182; en contra, 32; abstenciones, 108.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo primero, apartado cuarenta y uno.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 194; en contra, 122; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo segundo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 195; en contra, 122; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a las disposiciones adicionales sexta y novena; a las disposiciones transitorias primera y quinta; y al anexo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 195; en contra, 116; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición adicional séptima.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 180; en contra, 9; abstenciones, 132.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición final segunda.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 182; en contra, 21; abstenciones, 118.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo primero, apartado catorce y a la disposición adicional octava.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 189; en contra, 19; abstenciones, 114.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de las enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 195; en contra, 18; abstenciones, 109.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1987, DE 30 DE JULIO, DE DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE TRANSPORTES POR CARRETERA Y POR CABLE. (Número de expediente 121/000033).

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las comunidades autónomas en materia de transportes por carretera y por cable.

Enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió. Votación en bloque de las enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 21; en contra, 282; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación del dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 295; en contra, 24; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

VOTACIÓN DE CONJUNTO.

El señor PRESIDENTE: Por tener el proyecto de ley carácter de orgánico, vamos a hacer una votación de conjunto. Hay 2 votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320, más 2 votos telemáticos, 322; a favor, 292, más 2 votos telemáticos, 294; en contra, 27; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley con carácter orgánico.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL DEPORTISTA Y LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA. (Número de expediente 121/000042).

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Tardà. Votación en bloque de las enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 35; en contra, 285; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Vasco, PNV. En primer lugar, las enmiendas 53, 54, 55 y 63.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 133; en contra, 183.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 61.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 33; en contra, 285.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de las enmiendas del PNV.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 33; en contra, 283; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, las enmiendas 66, 68 a 71 y 73.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 16; en contra, 280; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 79.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 113; en contra, 182; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de las enmiendas de UPyD.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 115; en contra, 178; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de La Izquierda Plural. Votación en bloque de todas las enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 120; en contra, 179; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Comenzamos con la enmienda 82.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 20; en contra, 285; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 89.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 21; en contra, 289; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 80, 84, 85, 86, 94 y 96.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 132; en contra, 177; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 90.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 30; en contra, 281; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 31; en contra, 284; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que se votan en bloque.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 119; en contra, 177; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación del dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 299; en contra, 6; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

VOTACIÓN DE CONJUNTO.

El señor PRESIDENTE: Tiene votación de conjunto el proyecto de ley por tener carácter orgánico. Hay dos votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317, más 2 votos telemáticos, 319; a favor, 297, más 2 votos telemáticos, 299; en contra, 8; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado como ley orgánica.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000041).

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Baldoví. Enmiendas 8, 9, 10 y 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 132; en contra, 178; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 11.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 36; en contra, 279; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de las enmiendas del señor Baldoví.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 32; en contra, 280; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Fernández Davila.

Enmiendas 21, 22 y 23.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 130; en contra, 179; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 27.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 31; en contra, 280; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de las enmiendas de la señora Fernández Davila.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 31; en contra, 285.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Tardà.

En primer lugar, la enmienda 117.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 31; en contra, 185; abstenciones, 101.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 118 y 119.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 32; en contra, 185; abstenciones, 99.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 122 y 139.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 31; en contra, 286.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 114, 115, 120, 124, 133 a 137 y 141.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 31; en contra, 286.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de las enmiendas del señor Tardà.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 131; en contra, 179; abstenciones 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar enmiendas 85, 89, 90, 92, 96 a 99, 103, 109, 110, 112 y 113.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 132; en contra, 182.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas del PNV.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 30; en contra, 282; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia que se votan en bloque.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 6; en contra, 309.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de la Izquierda Plural. En primer lugar enmiendas 73 a 76.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 121; en contra, 187; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 70, 72 y 77.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 18; en contra, 291; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 29, 33, 41, 42, 44 a 50, 53, 55, 59, 61 a 65, 67 a 69 y 79.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 131; en contra, 180; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 37 y 66.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; en contra, 30; en contra, 180; abstenciones 106.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas de La Izquierda Plural.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 30; en contra, 280; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió. En primer lugar, enmienda 185.

Comienza la votación. (Pausa).


Página 82




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 18; en contra, 281; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 195 y 196.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 19; en contra, 182; abstenciones, 111.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 189.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 18; en contra, 190; abstenciones, 108.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 192 y 208.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 30; en contra, 184; abstenciones, 101.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 184, 199, 200, 202 y 212 a 214.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 17; en contra, 189; abstenciones, 110.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de las enmiendas de Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 133; en contra, 178; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Socialista, que se votan en bloque.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 133; en contra, 178; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación del dictamen.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 179; en contra, 136; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

VOTACIÓN DE CONJUNTO.

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto del proyecto de ley, por tener el carácter orgánico. Hay dos votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318, más 2 votos telemáticos, 320; a favor, 177, más 2 votos telemáticos, 179; en contra, 140; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

DEBATES DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN).

- ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y COLOMBIA Y PERÚ, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE JUNIO DE 2012. (Número de expediente 110/000085).

El señor PRESIDENTE: Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, hecho en Bruselas el 26 de junio de 2012. Votación de la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Hay dos votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315, más 2 votos telemáticos, 317; a favor, 18; en contra, 297, más 2 votos telemáticos, 299.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).

- PROYECTO DE LEY DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS. (Número de expediente 121/000045).

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de rehabilitación y regeneración urbanas. Se votan de forma conjunta las dos enmiendas de devolución presentadas por La Izquierda Plural y por el Grupo Socialista. Hay dos votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317, más 2 votos telemáticos, 319; a favor, 120; en contra, 197, más dos votos telemáticos, 199.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

AVOCACIÓN POR EL PLENO.

El señor PRESIDENTE: Ha sido solicitado por varios grupos la avocación por el Pleno de la Cámara del debate final del proyecto de ley de rehabilitación y regeneración urbana. Esto es lo que sometemos ahora a votación. Hay dos votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310, más 2 votos telemáticos, 312; a favor, 130; en contra, 178, más 2 votos telemáticos, 180; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se levanta la sesión.

Eran las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.

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