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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 104, de 16/04/2013
cve: DSCD-10-PL-104
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 104
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 98
celebrada el martes,
16 de abril de 2013


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ORDEN DEL DÍA:

Exclusión del orden del día ... (Página5)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar las actuaciones necesarias con el fin de esclarecer los crímenes cometidos por ETA sobre los que no ha recaído sentencia judicial. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 244, de 22 de marzo de 2013. (Número de expediente 162/000584) ... (Página5)

Inclusión en el orden del día ... (Página6)

Proposiciones no de ley:

- De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), relativa a la determinación del sistema de pensiones para los trabajadores a tiempo parcial y para la definición del factor de sostenibilidad. (Número de expediente 162/000618) ... (Página6)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se modifica la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 56-1, de 17 de febrero de 2012. (Número de expediente 122/000044) ... (Página6)

- Del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, sobre reducción y simplificación del régimen de competencias de las diputaciones provinciales de régimen común. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 87-1, de 27 de julio de 2012. (Número de expediente 122/000071) ... (Página15)


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Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el rescate de Chipre y su repercusión en España. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 251, de 5 de abril de 2013. (Número de expediente 162/000592) ... (Página23)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para recuperar el liderazgo en materia sanitaria, para evaluar el Real Decreto-ley 16/2012 y para corregir sus efectos negativos sobre la salud, la equidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. (Número de expediente 173/000072) ... (Página31)

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre desigualdad y pobreza en España. (Número de expediente 173/000073) ... (Página38)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre la posición del Gobierno en relación a los últimos acuerdos de la PAC, y previsiones respecto a su aplicación en el Estado español. (Número de expediente 173/000074) ... (Página46)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página55)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página55)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página56)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

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Exclusión del orden del día ... (Página5)

De conformidad con el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la sesión de hoy del punto número 4 correspondiente a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar las actuaciones necesarias con el fin de esclarecer los crímenes cometidos por ETA sobre los que no ha recaído sentencia judicial, lo que se aprueba por asentimiento.

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Inclusión en el orden del día ... (Página6)

La Presidencia somete a la consideración de la Cámara la inclusión de un nuevo punto en el orden del día de la sesión de mañana miércoles, correspondiente a la proposición no de ley firmada por los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán y Vasco, PNV, relativa a la determinación del sistema de pensiones para los trabajadores a tiempo parcial y para la definición del factor de sostenibilidad, lo que se aprueba por asentimiento.

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Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página6)


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Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se modifica la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español ... (Página6)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Agirretxea Urresti, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Martín Peré, del Grupo Parlamentario Socialista y Fernández García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Interviene para aclaraciones el señor Agirretxea Urresti.

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Del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, sobre reducción y simplificación del régimen de competencias de las diputaciones provinciales de régimen común ... (Página15)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; y los señores Pàramo i Ponsetí, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Puig Ferrer, del Grupo Parlamentario Socialista y Martín-Toledano Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Proposiciones no de ley ... (Página23)

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Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el rescate de Chipre y su repercusión en España ... (Página23)

Defiende la proposición no de ley el señor Moscoso del Prado Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y los señores Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Moreno Palanques, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto y los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Moscoso del Prado Hernández.

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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página31)


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Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para recuperar el liderazgo en materia sanitaria, para evaluar el Real Decreto-ley 16/2012 y para corregir sus efectos negativos sobre la salud, la equidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud ... (Página31)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Martínez Olmos, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, Quevedo Iturbe y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Tarruela Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Martínez Olmos.

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Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre desigualdad y pobreza en España ... (Página38)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, Quevedo Iturbe y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Torrado de Castro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora García Álvarez.

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Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila, sobre la posición del Gobierno en relación a los últimos acuerdos de la PAC, y previsiones respecto a su aplicación en el Estado español ... (Página46)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor Pérez Lapazarán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


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A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Fernández Davila.

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Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página55)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se modifica la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, se rechaza por 45 votos a favor; 179 en contra más 1 voto telemático, 180 y 101 abstenciones más 2 votos telemáticos, 103.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, sobre reducción y simplificación del régimen de competencias de las diputaciones provinciales de régimen común, se rechaza por 142 votos a favor más 2 votos telemáticos, 144; 175 en contra más 1 voto telemático, 176 y 8 abstenciones.

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Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página55)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el rescate de Chipre y su repercusión en España, se aprueba por 305 votos a favor y 18 abstenciones.

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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página56)

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para recuperar el liderazgo en materia sanitaria, para evaluar el Real Decreto-ley 16/2012 y para corregir sus efectos negativos sobre la salud, la equidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, se rechaza por 146 votos a favor y 175 en contra.

Sometidos a votación separada los 6 puntos de la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre desigualdad y pobreza en España, todos ellos son rechazados.

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Mixto, Sra. Fernández Davila, sobre la posición del Gobierno en relación a los últimos acuerdos de la PAC y previsiones respecto a su aplicación en el Estado español, se rechaza por 145 votos a favor, 172 en contra y 5 abstenciones.

Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS CON EL FIN DE ESCLARECER LOS CRÍMENES COMETIDOS POR ETA SOBRE LOS QUE NO HA RECAÍDO SENTENCIA JUDICIAL. (Número de expediente 162/000584).

El señor PRESIDENTE: De conformidad con el artículo 68.1 del Reglamento, y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de su punto 4, relativo a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el


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Congreso por la que se insta al Gobierno a impulsar las actuaciones necesarias con el fin de esclarecer los crímenes cometidos por ETA sobre los que no ha recaído sentencia judicial. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la exclusión del punto de referencia.

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.

PROPOSICIÓN NO DE LEY DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A LA DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES PARA TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL Y PARA LA DEFINICIÓN DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD. (Número de expediente 162/000618).

El señor PRESIDENTE: Asimismo, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la inclusión como nuevo punto del orden del día de la proposición no de ley relativa a la determinación del sistema de pensiones para los trabajadores a tiempo parcial y para la definición del factor de sostenibilidad, firmada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán y Vasco. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).

El debate de esta proposición no de ley tendría lugar como último asunto de la jornada de mañana miércoles 17 de abril y su correspondiente votación tendría lugar el jueves. El plazo de presentación de enmiendas a esta proposición no de ley finalizará hoy martes a las veinte horas. Quiero advertirles que no entrará ningún punto del orden del día de esta tarde después de las nueve de la noche. Por lo tanto, previsiblemente alguna moción pasará a ser debatida mañana. El orden del día de mañana será: preguntas, interpelaciones, debate de la moción o mociones que no sean debatidas hoy y proposición no de ley a la que antes me he referido. Tanto esa moción como las proposiciones no de ley serán votadas el jueves.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 16/1985, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. (Número de expediente 122/000044).

El señor PRESIDENTE: Comenzamos ahora con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se modifica la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. Para la presentación de esta iniciativa, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

El Grupo Vasco del PNV presenta esta proposición de ley para que sea debatida en el Pleno de la Cámara y su objetivo es ampliar la denominada garantía de Estado para museos y exposiciones por medio de la modificación de la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Lo que solicitamos es la ampliación de los beneficiarios a otras entidades y a otras exposiciones que superen los 200 millones de euros.

Como conocen sus señorías, la garantía de Estado otorgada a obras de interés cultural es un mecanismo de gran importancia a la hora de organizar exhibiciones artísticas. Tan esa así, que sin ella a veces es imposible llevar a cabo exposiciones de gran valor o envergadura. La definición que el propio Ministerio de Cultura le da a la garantía del Estado es la siguiente: La garantía del Estado es un sistema de seguro público por el que el Estado español asume el compromiso de asegurar bienes de interés que se ceden temporalmente para su exhibición pública en algunas instituciones organizadoras. Garantía del Estado protege estas obras frente a la posible destrucción, pérdidas, sustracción o daño que puedan sufrir en el período comprendido entre el préstamo de la obra y el momento de devolución de la misma a su titular mediante una modalidad de seguro denominado "clavo a clavo" que cubre los riesgos desde el momento de la recogida de la obra en su lugar de origen hasta la devolución de la misma en el lugar designado por el prestador, incluyendo por tanto el transporte y la estancia de esa obra. La cobertura proporcionada por el sistema de garantía del Estado opera de forma idéntica a una póliza de seguros extendida por una compañía aseguradora, cubriendo todos los riesgos que puedan sufrir las obras aseguradas. La Ley del Patrimonio Histórico en su disposición adicional novena -que antes hemos citado- dice exactamente en su apartado 1: El Estado podrá comprometerse a indemnizar por la destrucción, pérdida, sustracción o daño de aquellas obras de relevante interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico que se cedan temporalmente para su


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exhibición pública a museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal y competencia exclusiva del Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos. Por lo que dicha disposición adicional dice, todas aquellas entidades, museos, fundaciones, etcétera, con capacidad para organizar exposiciones que no sean de titularidad estatal, quedan fuera de esta garantía. Pero he aquí que no es así, porque el apartado 2 de dicha disposición adicional dice: 2. A los efectos de esta disposición, la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza tendrá la misma consideración que los museos señalados en el párrafo anterior. Por lo tanto, ya no es una cuestión de que las sedes de esas exposiciones sean de titularidad estatal, sino del interés que las exposiciones puedan tener. Porque que yo sepa, Thyssen no es de titularidad estatal. Por tanto, ¿por qué la Fundación Thyssen sí y otras entidades no? ¿Por qué esta exposición, esta colección, este museo privado goza de esa garantía del Estado y otras entidades que pudieran tenerla no la tienen? Ya no es una cuestión de que la titularidad sea estatal, sino del interés que se presta a la hora de dar esa garantía.

A nuestro entender, hay tres razones fundamentales por las que debería cambiarse esta disposición adicional añadiéndose un párrafo que diga que a las citadas, pero también a otras entidades cuyas exposiciones superen un valor de 200 millones de euros. Primera razón, que en la actual situación de recortes, sobre todo en el sector de la cultura, los museos se ven obligados a rebajar el nivel de sus exposiciones, ya que el seguro que deben contratar representa uno de los gastos más significativos. Ampliar el ámbito de aplicación de la garantía del Estado sería un apoyo sustancial que permitiría abordar proyectos más ambiciosos, contribuyendo a la difusión artística, la generación de conocimiento y la creación de riqueza que la actividad de los museos supone. El Estado podría mostrar así un gesto hacia un sector especialmente afectado por los recortes, sin tener que incurrir en un gasto adicional. Otra de las razones, tan importante como la primera, es que la actual regulación de la garantía del Estado beneficia no solo a los museos de titularidad estatal, ya que alcanza también, como decíamos antes, a la Fundación Thyssen-Bornemisza. Pero es que desde 2012 y a través de las respectivas leyes de presupuestos, sin haber modificado la ley, también beneficia a la Fundación Lázaro Galdiano, ambas, la Thyssen-Bornemisza o la Lázaro Galdiano, fundaciones privadas. Y además, en 2013, a la Fundación El Greco 2014 también le ha beneficiado esta garantía de Estado. Por tanto, la ley dice una cosa pero después en la práctica se ha modificado y ha beneficiado a otras entidades. Una vez traspasada la regulación general mediante el establecimiento de excepciones nominativas -cuyo interés general no cuestionamos en absoluto-, es sencillo por lo tanto introducir nuevas excepciones a favor de otras entidades museísticas cuya contribución a la producción cultural del Estado por la envergadura y ambición de sus exposiciones es igualmente incuestionable, como es el caso del museo Guggenheim de Bilbao. Y hay una tercera razón por la que nosotros creemos que hay que modificar esta ley. Existe un estudio realizado por la Dirección de Cultura de la Comisión Europea sobre sistemas nacionales de garantía -les recomiendo que lo consulten- que tiene el objetivo de facilitar la planificación y organización de exposiciones. Dice: Del espíritu de este análisis se desprende que sería aconsejable que todos los Estados miembros de la Unión Europea implantaran un esquema de garantía lo más amplio posible que favoreciera la circulación de obras de arte en Europa. Y si bien la garantía de Estado fue inicialmente diseñada para museos nacionales, el campo de beneficiarios se ha ido ampliando en los últimos años incluyendo a museos privados que reciben fondos públicos y también a museos totalmente privados, como es el caso de un montón de museos en Dinamarca, Italia, Noruega, Reino Unido o Suecia. Igualmente, Estados Unidos dispone de un sistema de garantía estatal que se ha ido adaptando a las necesidades del sector cultural y en la actualidad da cabida a los museos privados.

Por último, y como cuarta razón, hay que decir que si el Estado representa a todos los ciudadanos, dicho mecanismo debería facilitar la organización de estos eventos más allá de la limitada lista de instituciones, que todas ellas están en Madrid. Como se menciona en el punto 1 de la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, son entidades dependientes del Estado, museos -vuelvo a repetir- todos ellos circunscritos a la Comunidad de Madrid, y en este caso a la capital. Por lo tanto, si se ampliara eso se colaboraría al objetivo de una presencia territorialmente amplia de las grandes exposiciones, más allá de la capital. Hay otras instituciones museísticas importantes que son capaces de organizar eventos de altura considerable y, evidentemente, la garantía de Estado debe ser válida para magnos eventos, de ahí que el límite cuantitativo mínimo establecido por la enmienda que hemos presentado, el cambio que hemos presentado para acceder a dicho mecanismo sea de 200 millones de euros.

Por todo ello, mi grupo presenta esta proposición de ley, que modificaría la actual legislación en esta materia y permitiría que otras entidades, y en consecuencia una gran cantidad de ciudadanos que viven


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fuera de Madrid, pudieran disfrutar de exposiciones de gran valor, porque este centralismo cultural no creo que sea un estímulo divulgador e incentivador por parte de las autoridades estatales. Y en este caso estamos hablando de la modificación de una ley para temas de museos, pero hay otra serie de organismos y entidades que operan solo en Madrid y que podrían circuitar y estar en otros sitios, aunque no es el caso concreto de esta proposición de ley que hemos presentado. En ese sentido quiero decir que mi grupo no está pidiendo que la garantía de Estado sea algo rutinario y alegremente emitido. No. Estamos hablando de exposiciones y museos con prestigio y nombre contrastado que son capaces de organizar exposiciones que superan un valor de 200 millones de euros, porque no cualquiera puede organizar una exposición superior a ese valor. Y que además los prestatarios exigen esa garantía que sólo puede dar el Estado, porque en este sentido las comunidades autónomas no tienen, desgraciadamente, esa potestad -ya nos gustaría-, y es la garantía del Estado la que exigen precisamente los prestatarios. Creemos que es de justicia que, por ejemplo, museos como el Guggenheim de Bilbao -pero puede haber otros cuantos también- puedan disfrutar de esta garantía cuando han demostrado sobradamente su prestigio y capacidad y, lo que es peor, muchísimas veces se han quedado sin poder exponer ciertas obras por la ausencia de la citada garantía. Existen precedentes como los que les hemos citado, por lo que el cambio que proponemos es justo, eficiente y enriquecedor. Abre las puertas de la cultura pero a su vez responsabiliza y limita de una forma concreta. Por tanto, espero que esta Cámara apoye la proposición de ley que presenta mi grupo, en la cual pedimos modificar la disposición novena de esta Ley del Patrimonio Histórico ampliando el límite de la garantía del Estado no solo a entidades del Estado, sino también a otra serie de fundaciones, entidades, etcétera, que puedan organizar exposiciones superiores a 200 millones de euros. Espero, pues, el apoyo de la Cámara porque creo que es en bien de la cultura, de que mucha gente pueda acceder a esta serie de exposiciones y que muchas entidades y museos puedan organizar exposiciones que, sin esta garantía del Estado, les es limitado. Es más, a veces no pueden hacerlo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

No se ha solicitado turno en contra. En turno de fijación de posiciones, tiene en primer lugar la palabra, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.

Brevemente. Quiero decir que apoyamos esta propuesta que trae hoy aquí el PNV. Nos parece una propuesta acertada en relación con el patrimonio cultural y artístico. De hecho hemos hablado a veces de este tema con el ministro Wert o con el secretario de cultura Lasalle. Los teatros nacionales o la danza, etcétera, tienen realmente sentido si no se quedan en Madrid, si son capaces de poder girar por toda España. Así conseguimos que todos los españoles puedan disfrutar de ello. Por tanto, de acuerdo con que sea el Estado el que asuma esa garantía.

No debemos olvidar, sin embargo, que ahora mismo hay un problema que no solamente tiene que ver con esta garantía de la que ha hablado el representante del PNV, sino que hay un problema presupuestario. Hay otros gastos aparte de esta garantía, como son el traslado, la seguridad, los seguros, etcétera, que muchas veces son los que en la práctica limitan enormemente el movimiento de todo lo que se está pidiendo hoy aquí. Yo quisiera aprovechar esta intervención para recordar al Partido Popular que no solamente este sector, sino otros muchos, como el tercer sector, están esperando con muchas ganas y con tremendas dificultades esa ley de mecenazgo que sin duda también ayudaría a la propuesta que trae aquí el PNV. Hay además museos con infraestructuras suficientes en España -me temo que en esto ha pasado también como con los aeropuertos, que nos hemos preocupado mucho más de los continentes que de los contenidos- como para asumir el contenido de que está hablando hoy el PNV sin ningún problema de seguridad y con todas las garantías.

Quisiera pedir al Partido Popular, si es que apoya esta propuesta del PNV -en otro país a lo mejor no sería necesario pedir esto porque es obvio-, que se vigilara la transparencia en la negociación que pueda existir entre comunidades autónomas o ayuntamientos y el Estado en este tipo de trabajos. Creemos que debe haber transparencia y que se debe comunicar siempre sin ninguna duda quién asume esos gastos de seguros, de personal, de traslados, etcétera, y por supuesto solamente se podrá hacer con aquellos centros que cumplan con unos mínimos exigibles dada la importancia de nuestro patrimonio artístico y cultural. Ese es un protocolo que debemos crear, que no está creado.

Otro apunte que quizá no fuera necesario, pero en este país lamentablemente sí que lo es. Hay otra contrapartida que nos gustaría que el Partido Popular asumiera si es que acepta esta propuesta, y es que,


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por ejemplo, en este tipo de traslado de patrimonio, de eventos culturales o de lo que sea a comunidades autónomas, como la vasca o la catalana, el Estado pueda exigir como contrapartida o como una de las cosas que se negocien que en esos lugares estas oportunidades culturales puedan disfrutarse también en castellano.

Para terminar no quiero dejar pasar la oportunidad de mostrar un desconcierto -moderado, porque nos vamos conociendo- ante ese comportamiento nacionalista que observamos muchas veces en el PNV o en Convergència i Unió, que comunican su deseo de cambiar el estatus de relación con el Estado español y que a menudo nos dicen que no quieren saber nada de nosotros pero que con propuestas como ésta nos parece que no están dispuestos del todo para ese destete.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, que nuestro patrimonio cultural sea conocido y admirado en el exterior y que el patrimonio cultural de los otros pueblos del mundo sea conocido y admirado por nuestros conciudadanos no es un asunto menor cuando hablamos de política cultural. Por supuesto, la vía es la de las exposiciones temporales. La fórmula privilegiada de acceder y difundir el patrimonio cultural pasa precisamente por esas exposiciones temporales, por esa cesión de obras que van pasando de un Estado a otro para disfrute, para deleite de la ciudadanía en general. Pero para que se dé esa circulación transnacional de bienes culturales que, como he venido a decir antes, es fundamental para que los ciudadanos europeos puedan comprender, disfrutar y compartir un patrimonio cultural que es común porque es universal, resulta imprescindible que la institución receptora pueda garantizar la protección de las obras cedidas. Ahí es donde entra a colación la garantía del Estado a la que se refiere esta iniciativa que ha defendido el Grupo Parlamentario del PNV. Como ha dicho ya el señor Agirretxea, en la Ley del Patrimonio Histórico el Estado se compromete a indemnizar por la destrucción, pérdida, sustracción o daño de aquellas obras de relevante interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico que se cedan temporalmente para su exhibición pública a museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal y competencia exclusiva del Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos. Es decir, garantía del Estado sí, pero solo para los centros estatales, solo para los centros dependientes del Ministerio de Cultura. La propia ley establece una excepción: un museo privado como es el de la Fundación Thyssen-Bornemisza. Y, como ha recordado el portavoz del grupo proponente, cada año en la Ley de Presupuestos han ido apareciendo otras excepciones de centros privados. ¿Por qué la ley establece esta excepción? ¿Por qué la ley establece el criterio de exclusivamente centros públicos del Estado y por qué una única excepción? La realidad surge en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1989. En esa ley se crea la garantía del Estado y nace en general para todos los centros, no solo para los centros públicos del Estado sino para el conjunto de museos, bibliotecas, archivos, etcétera, en general. Porque para el legislador de 1989 lo importante era -y a nuestro juicio también lo es ahora- que el Estado garantizase que nuestros museos pudieran organizar grandes exposiciones de impacto internacional independientemente de que se pudieran exhibir en centros públicos o privados, independientemente de que las exposiciones se realizasen en Madrid o en otras comunidades autónomas. Ese era -entiendo- el criterio de la legislación española de 1989 y ese es el criterio de gran número de Estados de nuestro entorno: Reino Unido, Estados Unidos, como ha citado antes el señor Agirretxea, y una larguísima lista. El cambio, la restricción entra en 1991 con la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico; en ese momento se restringe el ámbito de esta garantía del Estado exclusivamente a los centros públicos estatales dependientes del Ministerio de Cultura. De hecho, esa restricción está impidiendo que se puedan desarrollar, que se puedan programar grandes acontecimientos culturales, grandes exposiciones, grandes eventos fuera de lo que son los tres grandes museos de la ciudad de Madrid: el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen. Fuera de esos tres es muy difícil, es mucho más difícil hacer grandes exposiciones porque no se cuenta con esa garantía del Estado. Y yo debo recordar que las comunidades autónomas también son Estado. El Estado español no es solo el equipo de Gobierno que está en la Moncloa, el Estado español es todo, las comunidades autónomas también son Estado. Por lo tanto, cuando hablamos de la garantía pública del Estado deberíamos entender que no solo estamos hablando de la garantía pública para los centros de la Administración General del Estado, sino para todos los centros de las administraciones públicas del Estado español. Ese es el sentido, ése era de hecho el sentido original de la primera ley que planteaba la


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garantía del Estado y eso, a nuestro juicio, sería lo razonable y lo coherente. Lo importante es que pueda haber grandes exposiciones; da igual que sea en centros públicos o privados, da igual que sea en Madrid o en otras comunidades autónomas, lo importante es que se puedan programar en el Estado español este tipo de grandes acontecimientos.

¿Por qué no se plantea la garantía del Estado en otros museos públicos? En estos momentos la Ley de Patrimonio Histórico solo plantea esa excepción del Thyssen-Bornemisza, privado, en Madrid. Ha habido otras excepciones en las leyes anuales de presupuestos del Estado, desde luego todos centros privados, fundaciones privadas. ¿Y por qué no hay garantía del Estado para museos públicos como los de Barcelona, el Macba o el MNAC, o para el Guggenheim de Bilbao, o tal vez para el Museo Pablo Serrano, de Zaragoza, entre otros muchos, porque podríamos hacer una larga lista? ¿Por qué no esos museos públicos o privados, que son cabecera en sus respectivas comunidades autónomas y que tendrían capacidad para hacer grandes exposiciones, pero que no pueden hacerlo porque carecen de esa garantía del Estado y se verían abocados a quedar estrangulados por el alto precio de las primas de las compañías de seguros? ¿Por qué no abrimos esa excepcionalidad de la garantía del Estado a otros centros públicos, como he dicho? En caso contrario, si se entiende que no debe abrirse, que expliquen por qué se ha hecho una excepción con el Thyssen-Bornemisza y, en caso de no poder hacerlo, tal vez habría que eliminar esa excepción de la ley. Una cosa u otra; se amplia la excepcionalidad o se restringe del todo. En todo caso quiero aclarar que, independientemente de en cuánto se valoren estas grandes obras que circulan por nuestro territorio en estas exposiciones, hay que decir que no suponen ningún gasto para la Administración General del Estado. En el último año del que he encontrado cifra, el año 2010, se garantizó por valor de 1.000 millones de euros -venía bajando en los últimos años, el record había estado en 2008, cuando se garantizó por casi 2.000 millones de euros- pero, aunque pueda parecer una cifra escalofriante, que lo es sin duda, hay que tener en cuenta que casi nunca se producen daños y que por lo tanto casi nunca supone ningún gasto de verdad esa garantía del Estado; eso sí, supone un importante ahorro en ingentes cantidades en concepto de primas de compañías de seguros. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, siendo conscientes de que en la hipótesis de que sea tomada en consideración por la mayoría de la Cámara, se abrirá un plazo de presentación de enmiendas donde se podrán aclarar algunas cosas: públicos sí, privados no, al revés. Esto se podría aclarar ahí, e incluso se podría aclarar también cómo medir esos grandes acontecimientos de los que hablaba el señor Agirretxea. Lo digo porque en el texto de la proposición de ley que yo he leído en el Boletín Oficial de esta Cámara se habla de montajes superiores a 100 millones de euros; y el señor Agirretxea ha dicho en la tribuna, en dos ocasiones, 200; no sé si ha habido una corrección de errores posterior. En todo caso, eso podrá ser aclarado debidamente en el trámite de enmiendas de esta proposición de ley, para lo que me gustaría que todos los grupos parlamentarios, especialmente el Grupo Parlamentario Popular, pudieran votar a favor.

Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Agirretxea Urresti pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.

Señor Agirretxea, como esto no es un turno en contra, sino de fijación de posiciones, luego, cuando terminen todos de intervenir, si es para un tema, insisto, que usted considere de carácter personal y no sobre el tema porque éste ya estará debatido, no hay debate, yo le daré la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.

Desde Convergència i Unió valoramos muy positivamente la proposición de ley que hoy nos ha presentado el PNV y anunciamos en este momento que nuestro voto va a ser a favor de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque es una iniciativa que trata de reformar la ley vigente para ampliar, como muy bien ha explicado el portavoz proponente, que puedan acogerse a la garantía del Estado en la cesión temporal de obras o colecciones para su exposición a otras instituciones y que hoy están recogidos en la disposición adicional novena de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Concretamente, esa disposición, como también han expuesto algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, en su actual redacción de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y también por la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo del Prado, en su apartado uno, circunscriben la garantía del Estado a las exhibiciones a museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal y competencia exclusiva del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y organismos públicos adscritos.


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La modificación que hubo, como también se ha mencionado anteriormente, hizo referencia a introducir la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, que tendrá la misma consideración que esos museos a los que antes nos referíamos. Nada que decir al respecto. Vemos positivamente que se introdujera ya una excepción porque en este caso también da la posibilidad de valorar la ampliación de las actuales previsiones. Como decía, la redacción fue añadida posteriormente por la Ley 37/1988, de 29 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 1989. En consecuencia, la garantía del Estado para cubrir las cesiones temporales de obras de interés cultural para su exhibición en una misma exposición, según la legislación actual podemos calificarla de limitada o de restrictiva por cuanto solo pueden beneficiarse de ella determinadas instituciones de titularidad estatal más la Fundación Thyssen-Bornemisza cuando estas cesiones también cumplan determinados requisitos que ya se especifican en la ley.

Por su parte, tenemos que recordar que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, también han impulsado y desarrollado mecanismos propios de garantía. Así, por ejemplo, en Cataluña hay una disposición adicional en la Ley 17/2007, de medidas fiscales y financieras, que recoge el compromiso de la Generalitat a indemnizar por destrucción, pérdida, sustracción o daño en obras de interés cultural o científico. Y a su vez mediante el Real Decreto 75/2009, de 12 de mayo, la Generalitat estableció y reguló su propio mecanismo de garantía para obras de interés cultural relevante. Lo que ocurre es que, como sucede lo mismo en la legislación estatal, esa normativa de la Generalitat se circunscribe a instituciones de titularidad de la Generalitat de Catalunya o con su participación mayoritaria. También ahí se extiende al Consorci del Macba. En consecuencia, desde Convergència i Unió acogemos de forma positiva esta iniciativa. ¿Por qué? Porque entendemos que podría ser aplicable también en casos que no cumplen las condiciones establecidas por las distintas regulaciones autonómicas que hay sobre la materia. Por ejemplo -como decíamos-, en el caso de Cataluña podrían acogerse a esta proposición el Museo Picasso de Barcelona, el Museo Dalí de Figueras, el Episcopal de Vic, la Fundació Tàpies o, incluso, la Fundació Miró. Además, podría resultar un recurso alternativo para los casos en que sí es aplicable la garantía autonómica, pero que ésta pueda ser considerada insuficiente dada también la grave situación financiera que padecen muchos Gobiernos autonómicos.

Por otra parte, valoramos también positivamente esta iniciativa por cuanto debido al actual contexto de grave situación económica y financiera en la que estamos inmersos, las instituciones culturales públicas es posible que en determinadas circunstancias tengan dificultades para conseguir las garantías necesarias para llevar a cabo determinadas exposiciones temporales de gran envergadura, lo que decía antes el portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Por ello, es importante que, en la medida de lo posible, facilitemos la legislación estatal que hoy es muy restrictiva, como decíamos, a la hora de establecer los beneficiarios de la garantía del Estado en las cesiones temporales de obras o colecciones de arte, y esto sea ampliado, facilitando así la circulación de esas obras en todo el territorio español. Además, creemos que esta proposición de ley también va en absoluta consonancia con una de las prioridades que, desde la Secretaría de Estado de Cultura, se ha insistido reiteradamente en la Comisión, como es el fomento de la coordinación y comunicación cultural. Precisamente, esta proposición de ley que hoy ha defendido el portavoz del Partido Nacionalista Vasco se circunscribe claramente en este objetivo de mejorar la comunicación cultural y facilitarla. Cuanto mayor sea el número de ciudadanos que tenga acceso a la cultura es evidente que tendremos una sociedad mejor y todos ganaremos mucho en este sentido. Por ello, anuncio que nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente esta iniciativa, porque entendemos que es muy positiva para todos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín Peré.

El señor MARTÍN PERÉ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, antes de comenzar con el asunto que nos ocupa, quería, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, mostrar nuestra repulsa hacia los actos de violencia cometidos en la maratón de Boston en el día de ayer, reafirmando nuestra más enérgica condena hacia todos aquellos actos de violencia, independientemente de la autoría de los mismos y de las motivaciones de los que los hayan perpetrado. (Aplausos).

Una vez realizada esta digresión, señor Agirretxea, quería comenzar recordándole -usted lo sabe perfectamente, ya que estaba aquí en otras legislaturas- que, en ocasiones, a los grupos parlamentarios


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que hemos tenido responsabilidad de gobierno se nos critica o se nos afea el hecho de que cuando estamos en el gobierno defendamos unas cosas y después, cuando estemos en la oposición, otras. Creo que en muchas ocasiones el cambio de criterio está justificado, entre otras cuestiones, porque todos podemos enmendar errores que pudiéramos haber cometido cuando teníamos responsabilidades de gobierno; otras quizá no tanto, aunque debo decirle que este caso concreto no es una de ellas, porque ya cuando estábamos en el Gobierno el Grupo Parlamentario Socialista no estuvo de acuerdo con la proposición de ley que ustedes plantean y, por los motivos que ahora le expondré, tampoco podemos estarlo ahora. No obstante, naturalmente, comprendemos la legitimidad y el interés que despierta su propuesta y entendemos también que hay un debate que debe abordarse, pero no del modo en el que, a nuestro parecer, está planteada técnicamente su proposición de ley. Ahora voy a entrar concretamente en los dos motivos que quería citarle. La primera objeción es que ampliar la cobertura de la garantía del Estado a las exposiciones temporales que aun con la modificación que ustedes han introducido, superaran los 200 millones de euros, supondría, en términos económicos, aumentar considerablemente la cobertura que ahora mismo ya figura en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y que asciende ni más ni menos que a la cuantía de 231 millones de euros, que no es desdeñable. La segunda objeción, estrechamente relacionada con la primera, es que efectivamente la garantía que se presta es del Estado y, como bien indica la normativa -luego haré un par de concreciones sobre algunas manifestaciones que se han producido en las intervenciones de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra-, a aquellos museos de titularidad estatal, es decir, que de algún modo se produce un efecto retorno en cuanto que el Estado presta la garantía de las obras que componen las exposiciones temporales, pero también forma parte de los órganos de dirección de esos museos citados porque son de titularidad estatal.

Tanto usted como otros portavoces han realizado una serie de objeciones citando museos -especialmente la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y la Lázaro Galdiano- y diciendo que son beneficiarios de esa garantía del Estado cuando en realidad son de carácter privado y no pertenecen a la red de museos estatales. Pues mire, el Real Decreto 1305/2009, de 31 de julio, enumeró la red de museos de España citando aquellos museos nacionales de titularidad y gestión estatal. En el apartado segundo, museos de titularidad y gestión estatal o pertenecientes al sector público estatal adscritos al Ministerio de Cultura y a otros departamentos ministeriales, apartado b), cita: Museos con participación del Ministerio de Cultura en sus órganos de gobierno, Museo Thyssen-Bornemisza y Museo Lázaro Galdiano. Debo recordarle, además, que el Lázaro Galdiano concretamente fue legado al Estado español en 1947 a la muerte del señor Galdiano y que en 1993 la mayor parte de la colección del Museo Thyssen-Bornemisza fue adquirida por el Gobierno español, con lo cual, independientemente de que figuren en este listado o en esta red de museos de titularidad estatal, creo que es más que discutible que no haya una participación del Estado, más bien lo contrario, sí la hay. Por eso precisamente le citaba el efecto retorno que se produce al prestar el Estado esas garantías pero al obtener también una participación en los órganos de gestión.

Ha dicho el señor Yuste -y no le falta razón- que las comunidades autónomas también son Estado y jurídicamente estoy completamente de acuerdo, pero en este caso concreto estamos hablando de que haya participación del Estado en los órganos de gestión, ya que es el Estado el que presta la garantía. Porque, en tal sentido, si las comunidades autónomas forman parte de los órganos de gestión pero no el Estado, creo que es entonces a ellas a quienes correspondería prestar la garantía de esas obras en aquellas exposiciones en las que solamente ellas, junto con el resto de formaciones que forman parte de los órganos de dirección, puedan tener una capacidad de decisión, porque lo que no puede ser es que al Estado se le traten de otorgar todas las obligaciones pero no sea beneficiario de ninguno de los derechos. Por eso entendemos que el planteamiento, desde un punto de vista técnico, no puede ser apoyado.

En consecuencia, como le digo, no votaremos a favor de esta proposición de ley, pero le insto, señor Agirretxea, a que en lo sucesivo planteen ustedes una fórmula alternativa para que, en aquellos museos que no sean de titularidad estatal, se pudiera introducir una forma de participación en los órganos de gestión también del Estado para que así se produjera esa correlación entre la garantía del Estado y, en consecuencia, su inclusión en los órganos de decisión.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martín Peré.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández García.


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El señor FERNÁNDEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Conviene dejar sentado desde el comienzo que para algunos tipos de promoción cultural a mi grupo esta iniciativa le parece tan bienintencionada como difícil de incardinar tanto en la lógica jurídica como en la práctica cotidiana de la gestión museística; práctica cotidiana de la gestión de los museos, señor Cantó, que ya es bastante compleja como para ponerse a negociar que en las siguientes exhibiciones los cuadros también sean en español. Supongo que se referiría usted a cualquier otro tipo de iniciativa cultural, pero en las demás está usted perfectamente amparado por lo que este grupo pueda negociar con las comunidades autónomas a las que se refería.

Señor Agirretxea, al pasar de las intenciones que parecen subyacer en su iniciativa, a su tenor literal, hay varias cuestiones que merecen ser delimitadas en mayor medida, y eso es lo que va a explicar el sentido del voto de nuestro grupo. En primer lugar, en algo coincidimos, señor Agirretxea. Haciendo buenas las palabras que resonaron aquí hace más de un siglo, no hay nada que acerque tanto a los hombres como la cultura, y en esta proposición suya que versa sobre cultura en algo empezamos a ponernos de acuerdo. Coincidimos en algo que dice su texto y que usted ha repetido aquí, también es verdad que muy rápidamente, y es que el Estado representa a todos los ciudadanos; nada más grato a los oídos del Grupo Popular que siempre lo ha sustentado de continuo y que tantas veces aquí se ha puesto en cuestión por otros grupos. Por otro lado, por lo que usted nos dice, su proposición parece fundamentarse en una identificación directa que no podemos compartir entre Estado y Administración General del Estado. Esa identificación directa requiere seguramente algunas precisiones que usted no ha hecho, como las requiere también el alcance de las obligaciones que al Estado le pudieran corresponder en virtud de un reparto competencial que, curiosamente, tantas veces centra la intervención de su grupo pero en sentido contrario al que hoy nos trae aquí. Es curioso que lo que usted nos pida es que el Estado intervenga en los ámbitos museísticos de otras comunidades autónomas y probablemente en otras ocasiones le oigamos a usted, a su grupo y a algunos otros, decir algo totalmente contrario.

En segundo lugar, que la cultura sea una competencia concurrente -probablemente para algunos la única competencia verdaderamente concurrente que existe- no obvia la conveniencia de que haya un reparto de funciones, de potestades, también de responsabilidades que no puede operar en modo alguno en un marco de indistinción como el que usted aquí hoy nos propone, especialmente en ese marco normativo en el que se da la actividad simultánea del legislador estatal con los legisladores autonómicos. Basta citar hoy aquí, junto a la ley que usted pretende reformar, la Ley de Patrimonio Cultural Vasco o la ya adaptada Ley de Museos de Euskadi. Ese reparto competencial en el caso de la cultura, más que -estoy seguro- en cualquier otra materia, se acomoda a ese esquema concurrente pero en modo alguno indistinto. Creo que no se nos puede achacar que exageramos si digo que se les ha ido a ustedes un poco la mano en ese afán por demostrar el insufrible centralismo estatal. En su exposición de motivos -y usted hoy aquí lo vuelto a decir- desconoce una realidad que se ha ido abriendo paso tímida pero eficazmente, cual es la de la desconcentración de los centros culturales estatales, y no todos están en Madrid, señor Agirretxea, como literalmente afirman en su exposición de motivos. El listado de localidades que albergan algún tipo de institución cultural perteneciente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los museos estatales, es mucho más amplio; seguramente muchos de mis compañeros podrían citarles a ustedes los casos de Toledo, Valencia, Valladolid, Mérida, Santillana, Almagro o Cartagena, y también hay museos nacionales dependientes de otras instancias, de otros organismos de la Administración General del Estado. Si me permite, yo le puedo decir que vivo en una localidad berciana, Ponferrada, que además de ser el escenario donde el Partido Socialista monta sus líos, como la moción de censura, siempre en perjuicio de los ciudadanos, también se radica un museo nacional; en Ponferrada también hay un museo nacional como es el Museo Nacional de la Energía.

Por otro lado, al proponente y a todos aquellos que han anunciado su intención de votar a favor, yo les tendría que decir que probablemente su proposición hubiera venido mejor acompañada de iniciativas semejantes, iniciativas exactamente iguales en los respectivos parlamentos autonómicos que hubieran permitido introducir por cuenta de cada una de las comunidades una garantía similar, por lo menos similar, a la que aquí se exige hoy al Estado para los museos de un ámbito territorial inferior al estatal. Considere, señor Agirretxea, que es posible que muchos de los museos incorporados a ese registro de museos y colecciones de Euskadi podrían desear la modificación de la normativa vasca en el mismo sentido, es verdad que en menor cuantía que la que usted aquí hoy nos propone, para incluir algún precepto que ampare también sus exposiciones temporales. Nuestro grupo no le está diciendo ni


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siquiera que lo dejemos para otro día y que vuelvan cuando tengan hechos los deberes en otros parlamentos autonómicos para exigir aquí lo que cada uno podría estar haciendo en distintas instancias legislativas españolas; no le estamos diciendo eso. Será una decisión exclusiva del Parlamento vasco pronunciarse sobre lo que quiere en la ley de museos vasca para que se pueda amparar legalmente, no solo de manera convencional, que es lo que se está haciendo en todas las comunidades autónomas españolas, la ampliación de este tipo de seguros clavo a clavo que no tienen por qué ser solo a cuenta de la Administración General del Estado. Es evidente que si ustedes ya hubieran hecho esto, nos podría venir aquí invocando el precedente para animarnos a votar favorablemente su proposición. En fin, no quiero distraer la atención hacia otro lado.

Quiero aquí recalcarle que precisamente, sin haber modificado la ley estatal, sin haberse incluido normas parecidas en las legislaciones autonómicas, han sido posibles, de hecho, iniciativas excelentes en exposiciones temporales con piezas traídas en préstamo. Lo que dificulta las exposiciones temporales es carecer de este tipo de seguros, no quién tiene que prestarlo. Mi propia experiencia personal, que no quiero elevar aquí a la categoría de estadística ni de fuente de autoridad, demuestra que en muchas exposiciones temporales la partida más cara al fin no es ni mucho menos la de los seguros. Es verdad que todo ayuda y en este contexto económico todavía más, pero siendo un elemento sustancial, quiero recordarle que partidas como las del comisariado, pero fundamentalmente -ya se ha dicho aquí- las de montaje, traslado, personal y seguridad son, con diferencia, mucho más amplias que esta que usted nos pide modificar asumiéndola por cuenta del Estado. Siendo cierto que todo ayuda, ni siquiera estamos ante un exclusivo problema de cuantías de dinero. Estamos ante un problema conceptual, un problema por el cual la Administración General del Estado tiene que aceptar por vía legal responsabilidades directas en la organización de eventos que hacen otras administraciones o que hacen particulares, aunque también es verdad que en estos momentos de contención presupuestaria -y aquí también se ha mencionado- hay que recordar que tiene que estar incluido en los Presupuestos Generales del Estado la cuantía de esta garantía de Estado. Me da igual que sea de 100 o de 200 millones, todas esas cifras son excesivamente altas para este momento, pero la modificación que usted pide de la disposición adicional novena no incluye que ya no se pueda poner en los Presupuestos Generales del Estado esa cantidad; sigue siendo obligatorio, como también exige el real decreto que la desarrolla.

Por último, señor Aguirretxea, lo que sí sabemos en nuestro grupo es que, sin tocar esta ley, desde luego no se va a perjudicar la posibilidad de realizar importantes exhibiciones temporales en el País Vasco, porque ya se han arbitrado por los diferentes titulares de los museos, administraciones o privados las medidas necesarias para convenir esos seguros clavo a clavo que hagan posible la exposiciones temporales. Algunas que veremos en lo inmediato van a ser referente no solo en el panorama cultural vasco o español, sino que estoy seguro que incluso europeo. Algunos tenemos una gran expectación sobre encuentros como el de Darío de Regoyos, Larrimbe, el asedio de 1813 y, por encima de todos, el del barroco exuberante en el Guggenheim. Serán tan brillantes como han sido factibles hace poco las de Botero, Piranesi, Plágaro y Hockney, en fin, todas esas que se han podido llevar a cabo sin tener que hacer una modificación como la que usted aquí nos pide. Por tanto, desde ese convencimiento, desde la necesidad de tener en cuenta el marco presupuestario actual y desde la seguridad de que las exhibiciones temporales que sean excepcionales terminarán encontrando también acomodo excepcional mediante el diálogo institucional, creo que puedo trasladarle que mi grupo no considera necesario modificar el tenor literal de la ley. Nuestro voto será contrario.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández García.

Señor Agirretxea, le doy la palabra y le recuerdo que el debate está cerrado sobre la proposición de ley, pero si hay alguna alusión que considera lesiva, tiene usted dos minutos.

El señor AGIRRETXEA URRESQUI: Muchas gracias, señor presidente, por su gentileza. No necesito ni dos minutos. Solo quiero decir que me he equivocado yo; he dicho 200 millones, y lo que vale es lo que aparece en el papel que se ha registrado, que son 100 millones, tal y como ha recordado mi compañero.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea. Así constará en el "Diario de Sesiones".


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, DE BASES DEL RÉGIMEN LOCAL, SOBRE REDUCCIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE COMPETENCIAS DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES DE RÉGIMEN COMÚN. (Número de expediente 122/000071).

El señor PRESIDENTE: Debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, sobre reducción y simplificación del régimen de competencias de las diputaciones provinciales de régimen común. Para su defensa, tiene la palabra la señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidente. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

El Bloque Nacionalista Galego presenta esta proposición de ley con el objeto de modificar la actual legislación de régimen local, en concreto la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Nuestra propuesta es que esa modificación sirva como paso previo para acometer la definitiva supresión de las diputaciones provinciales de régimen común; un paso que haría posible el traslado de la mayoría de las funciones y servicios de las diputaciones, por un lado, a los ayuntamientos y, por otro, a las comunidades autónomas. Las dos razones políticas y económicas fundamentales que nos llevan a este planteamiento adquieren mayor significación en los últimos tiempos si tenemos en cuenta las intenciones del Gobierno expresadas en el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Un anteproyecto que ha provocado ya un aluvión de críticas desde distintos ámbitos, incluyendo el del asociacionismo local tanto a nivel estatal como de las distintas autonomías.

Históricamente, y después de más de treinta años de democracia, determinadas organizaciones políticas, entre las que nos incluimos, hemos reclamado una profunda reforma de la Administración local que supere las diputaciones provinciales que se crearon en su momento -hablamos del siglo XIX- para asegurar una aplicación homogénea y uniforme de la acción política del poder central, algo que casi dos siglos después, a nuestro juicio, en poco se diferencia de la pretensión recentralizadora del actual Gobierno con el proyecto de reforma local que está elaborando. Aquellas diputaciones fueron durante el siglo XIX y gran parte del XX el instrumento que garantizaba sin fisuras un ejercicio del poder absolutamente centralista, a pesar de ser en gran parte de los casos organizaciones territoriales totalmente ajenas y encuadradas en el territorio de una manera totalmente artificial. Pongo por ejemplo el caso de Galicia, donde las realidades territoriales básicas -parroquias, ayuntamientos y comarcas- fueron dejando de ser marcos de referencia de una organización territorial verdaderamente coherente y racional.

Después del año 1975, y con la posterior construcción de un nuevo sistema institucional en el Estado español, más caracterizado por la descentralización y el reparto competencial entre el poder central y las comunidades autónomas dotadas de autonomía política y administrativa, paradójica e increíblemente no se ha afrontado adecuadamente la superación de la organización territorial provincial, ni desde la perspectiva de su función política ni de su racionalidad y eficacia administrativa, ni tampoco desde el punto de vista de su adecuación a la realidad territorial. Tanto es así que en la actualidad en el Estado español, del que algunos presumen por considerarlo el más descentralizado del mundo, conviven en muchos casos hasta cinco niveles administrativos diferentes que hacen absolutamente ineficiente la acción administrativa y totalmente irracional la utilización de los recursos públicos, especialmente escasos en la actual situación de crisis económica que también afecta a la capacidad financiera de los municipios.

A día de hoy, y con la crisis como telón de fondo, supongo que los distintos grupos representados en esta Cámara podremos convenir que resulta a todas luces inexplicable este modelo. Un modelo que significa el mantenimiento de instituciones que entran de lleno en competencias otorgadas a las comunidades autónomas desde hace muchos años, que suponen duplicidades y desequilibrios, y lo que es peor, que en muchos territorios siguen sirviendo para alimentar y reproducir un clientelismo político inaceptable. Continúan teniendo como norma la discrecionalidad y el favoritismo en el reparto de los recursos públicos, y siguen siendo el peor ejemplo de gestión oscurantista, de desmedido despilfarro, y de exceso de burocracia en un contexto en el que la ciudadanía abomina cada vez más de estas prácticas.

¿Alguno de los aquí presentes, señorías, sería capaz de explicar y hacer comprensible para los contribuyentes el funcionamiento de administraciones como, por ejemplo en Galicia, la Diputación de Ourense, que sigue siendo la principal empresa empleadora de toda la provincia, y que por la forma en la que han sido llevadas a cabo esas contrataciones se encuentra hoy imputado por prevaricación el que fue su presidente durante más de veinte años, el popular don José Luis Baltar? Señorías, ahora más que


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nunca es el momento de poner en valor las instituciones, pero las instituciones en las que los representantes públicos somos elegidos directamente por los ciudadanos. Por lo tanto -y me dirijo concretamente al Partido Popular- es el momento de abandonar la demagogia del discurso en contra de las comunidades autónomas, el discurso hecho público por varios destacados dirigentes de su partido afirmando la inviabilidad de las comunidades autónomas. No es entendible a día de hoy la ofensiva emprendida por el Partido Popular en contra de las autonomías; no es entendible, a no ser que a continuación se diga con claridad que lo que se pretende es eliminar definitivamente las ya escasísimas posibilidades constitucionales para otros modelos de organización territorial, y el fortalecimiento de las diputaciones como contrapoder territorial.

Las razones por las que el Partido Popular se niega sistemáticamente a que se produzcan cambios que nos dirijan hacia la desaparición de las diputaciones son única y claramente ideológicas, porque desde luego económicas no hay argumentos que las avalen. Las diputaciones de régimen común gestionan cerca de 7.000 millones de euros anuales. De esa cantidad, la mayor parte, más de un 63 %, va a gastos corrientes, lo cual indica que, gestionando una parte tan importante del gasto público local, aproximadamente el 8,5 %, son las administraciones que menos dedican a inversión y transferencias de capital, las que menos capacidad tienen de hacerlo por tener que mantener su propia estructura mastodóntica. Además los datos también indican que tampoco salen bien paradas en lo que se refiere a magnitudes como la carga financiera. Son las entidades locales que tienen una mayor proporción de gastos por amortización e intereses de la deuda. Por último su autonomía financiera es prácticamente inexistente, según el modelo actual. Tienen escasísima capacidad para obtener ingresos propios y su dependencia de la financiación del Estado y de las comunidades autónomas es prácticamente del cien por cien. De los presupuestos de las diputaciones apenas uno de cada cinco euros procede de ingresos propios. En definitiva estamos hablando de un régimen totalmente ineficiente, cuya reforma podría contribuir a una distribución mucho más adecuada de esos casi 7.000 millones que gestionan, y que son absorbidos en una parte muy importante para mantener la estructura burocrática y alejada de la prestación de los servicios públicos más básicos.

No es de recibo, señorías, señores y señoras del Gobierno que está ausente, que en estos tiempos las comunidades autónomas, es decir, las administraciones que tienen la responsabilidad y la competencia de hacer frente a servicios públicos fundamentales e imprescindibles como la sanidad, la enseñanza o los servicios sociales, se vean privadas de parte de esos recursos. Por otro lado, tampoco es sostenible que los ayuntamientos tengan que seguir haciendo frente, como Administración más cercana al ciudadano, a responsabilidades económicas que no les corresponden, para las que no disponen de recursos, y encima teniendo que soportar las acusaciones de administraciones derrochadoras que se les vienen insinuando desde distintos ámbitos gubernamentales. Por lo tanto nuestra propuesta de modificación de la Ley de Bases va justamente en la dirección de proporcionar los recursos económicos a quienes realmente poseen las competencias, y a quienes en la práctica prestan los servicios y responden a las demandas cada vez mayores de los ciudadanos.

En el Bloque Nacionalista Galego somos perfectamente conscientes de que la supresión de las diputaciones, haciendo salvedad del hecho foral e insular que son realidades singulares que requieren un reconocimiento específico, es una cuestión compleja y exige de la reforma de la Constitución, reforma que por cierto ha quedado totalmente desmitificada después de la rapidez con la que se ha llevado a cabo la modificación pactada entre el Partido Popular y el PSOE en 2011, en aras de establecer como prioritario y por encima de cualquier otra cuestión el pago de la deuda y sus intereses. Señorías, no se puede seguir exigiendo austeridad hasta límites insoportables a los ciudadanos, ni pedir a las administraciones públicas que se aprieten el cinturón hasta obligarlas a desatender servicios públicos, que ahora justamente se han vuelto más necesarios que nunca, y no abordar en serio la reforma de la que les hablamos. No tiene ningún sentido. Y mucho menos sentido tiene estar trabajando ya en un proyecto de reforma de la Administración local que nos devuelve al siglo XIX y que ha sido, como dije, fuertemente contestado por los principales y directos implicados: los ayuntamientos. No es de recibo, señorías, que bajo el epígrafe de racionalización y sustentatibilidad estén ustedes preparando desde el Gobierno un nuevo atropello a las competencias que hoy tienen las comunidades autónomas, e impongan vía decreto la imposibilidad de que estas diseñen el mapa local más acorde con su propia realidad. La consagración de las diputaciones que se lleva a cabo en su proyecto resulta inasumible en el siglo XXI, totalmente ilógica para la aplicación de políticas más cohesionadas a la hora de la prestación de servicios, y un despropósito desde el punto de vista de la calidad y la eficacia de los mismos.


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La proposición de ley que hoy les presentamos posibilitaría de forma inmediata que la mayoría de las funciones y servicios de las diputaciones se trasladen a los ayuntamientos o autonomías, con un coste menor para los administrados, y que sean precisamente las comunidades autónomas las que adecuen los niveles administrativos locales a su realidad territorial, y por lo tanto a la realidad plural existente en el Estado español a día de hoy. Por eso, señorías, desde el Bloque Nacionalista Galego les pedimos el apoyo a esta proposición de ley para su aprobación.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.

Nuestro grupo va a apoyar esta propuesta del Bloque Nacionalista Galego porque además -y lo queremos decir expresamente- es un partido que ha sido coherente constantemente en su petición de revisar el papel de las diputaciones, y en parte compartimos con ellos sus razones, no todas -ahora explicaré algunas diferencias-, pero estamos totalmente de acuerdo en que es necesario abrir un debate al respecto y llegar a conclusiones positivas en el sentido de la racionalización de las administraciones públicas, de su aligeramiento, y de acabar con lo que sin duda -lo compartimos al cien por cien y lo hemos dicho muchas veces- es un escándalo. Son un escándalo los recortes en inversiones en políticas sociales, en economía productiva, en I+D, etcétera, mientras se mantiene un gasto completamente injustificable en administraciones que vienen de otro siglo y que responden a un modelo de estado diferente. Dicho esto y diciendo que vamos a votar a favor y que esperamos que en su tramitación, si esta tuviera lugar, podamos llegar a algún tipo de acuerdo sobre algunas cuestiones concretas, sí he de decir que discrepamos en que, por ejemplo, se pueda afrontar la supresión de las diputaciones sin afrontar algo que nosotros hemos propuesto, y que la semana pasada fue objeto de una proposición de ley nuestra que recibió todo tipo de comentarios, he de decir que no solo no amables, sino en muchos casos injuriosos. Es lamentable que en un Estado como el nuestro -que en gran medida es ya un Estado si no fallido a punto de serlo, está en un crack, que es el Estado de las autonomías- se siga viendo una negativa cerrada, fanática a abordar una reforma de las administraciones, cuando las administraciones no tienen otro sentido ni otra justificación, como el Estado en general -en una democracia se entiende-, que servir a las necesidades que los ciudadanos demandan, que para eso pagan impuestos y para eso delegan en el Estado lo que antiguamente se consideraba que era parte de la esfera de soberanía personal e individual. Por lo tanto nos parece que cualquier debate que se abra en este sentido, aunque a nosotros nos parezca como es el caso insuficiente, es bienvenido y es necesario.

Lo que es insuficiente -y me explico- es considerar -y creemos que el BNG incurre en ese pequeño vicio- que se pueden suprimir las diputaciones sin abordar el problema de la fusión de los municipios. ¿Por qué? Lo hemos dicho muchas veces e insistiré en ello. Muchos ayuntamientos, incluyendo en esto a Galicia que no es una excepción en este caso, son muy pequeños, no tienen suficiente masa crítica vecinal ni de ingresos por tanto para poder ofrecer servicios adecuados a sus vecinos. Hay una manera de racionalizar esto que se ha hecho en muchos países europeos que no creo que sean precisamente ni repúblicas bananeras ni despotismos ilustrados ni sistemas del antiguo régimen ni tiranías. Me refiero a países como Dinamarca, como Suecia, como Gran Bretaña, como Alemania. Como aquí la comparación nunca es una razón salvo cuando sirve para las razones propias, no insistiré en algo que sin embargo fuera de esta Cámara todo el mundo entiende perfectamente. Alguna razón habrá para que un país como Suecia, también con una población dispersa, desde los años cuarenta haya disminuido sus ayuntamientos en un 85 %. Y no creo que sea ni el despotismo ni la tiranía ni el odio a los municipios ni otras estupideces, con perdón, que se nos dijeron la última vez que yo presenté una propuesta en este sentido.

Tampoco creemos que las diputaciones en sí sean una organización puramente centralista. El problema que tenemos en España es que se han ido acumulando modelos de administraciones que corresponden a modelos de Estado diferentes. Esto ha creado por una parte una incoherencia, una incongruencia competencial y económica, derroches e ineficiencias, pero sobre todo lo que ha creado es un Estado elefantiásico, como hemos dicho muchas veces. Es decir, las diputaciones se crean en el siglo XIX sobre la base de un modelo de racionalización que ya no nos sirve, que está superado por cómo ha cambiado absolutamente todo, desde la tecnología y los medios de transporte hasta la propia estructura demográfica, económica y política del Estado. Es verdad, como dice el Bloque Nacionalista Galego -lo


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compartimos con ellos-, que hay entes locales que vienen de una tradición muy antigua que no hay ninguna razón para suprimir, como el Gobierno pretende en su ley de administraciones públicas, y que tienen cabida en un sistema racionalizado. Pero también es verdad que el problema de las diputaciones y del clientelismo actual no es debido a su vocación centralista, sino a que sencillamente ya desde el principio, en un Estado con graves carencias democráticas como era el de la Restauración, fueron el nido del caciquismo y en la actualidad son la guarida también de esa herencia irredenta del caciquismo tradicional que es el clientelismo. Esa es una de las razones que sin duda animan o ayudan a pedir la supresión de estas diputaciones, pero como digo nos parece que en esto el BNG se queda corto.

Tampoco comprendemos la excepción foral. ¿Por qué las diputaciones son inconvenientes en Galicia o en Castilla y León o en Castilla-La Mancha o en Andalucía y resulta que en el País Vasco tienen que gozar del aura de lo sagrado, cuando también son clientelistas, cuando también son opacas, cuando también cometen despilfarros? ¿Qué ocurre, que hay criterios de racionalidad política distintos en función de la nacionalidad? Desde luego nuestro grupo, como es bien sabido, no comparte esto en absoluto. Nosotros pediremos que las diputaciones forales vascas tengan el mismo trato que las demás diputaciones. Además lo hemos propuesto en el Parlamento vasco, y como no puede ser de otra manera lo propondremos también aquí.

Dicho esto, vamos a apoyar esta proposición del BNG, pero que quede claro que el debate de fondo es qué modelo de Estado queremos y qué consecuencias administrativas tiene ese modelo de Estado. No es posible seguir acumulando modelos de Estado diferentes, seguir añadiendo estratos administrativos, y al Estado de la restauración que sigue vivo en las diputaciones añadirle el Estado de las autonomías, y sobre ese un tercer estrato que es el Estado incompleto o latente o embrionario de la Unión Europea. Tenemos que decidir qué tipo de Estado queremos, insisto. Y desde luego está bastante claro para nuestro grupo que las diputaciones no tienen lugar en él, pero también que tiene que haber una distribución de competencias entre los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Los ayuntamientos deberían tener en nuestra opinión más competencias, no menos, como algunos nos atribuyen por esa manía tan española de no escuchar a nadie y no atender nunca a razones. Pero esas competencias municipales, como digo, tienen que estar basadas en administraciones que sean económicamente sostenibles. (Pausa). No sé si es el tema o qué, pero realmente resulta un poco erosivo para la garganta.

Para ir acabando, como les digo, vamos a votar a favor de su propuesta. Les invitamos también a que nos dejemos de sectarismos y de prejuicios y entremos en un debate -en el que todos tenemos qué ganar- sobre qué modelo de Estado queremos, y por lo tanto con qué tipo de Administración se corresponde.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidenta.

Intervendré brevemente, desde el mismo escaño, para decir que nuestro grupo parlamentario dará apoyo a esta proposición de ley. Entendemos que en estos próximos meses el debate sobre la organización territorial y sobre el municipalismo será un tema tratado en esta Cámara. Compartimos la filosofía de fondo y los planteamientos que hace el Boque Nacionalista Galego en esta proposición de ley. No compartimos para nada que la unidad de referencia sean las diputaciones. Entendemos que volver a una entidad decimonónica como base del municipalismo es todo lo contrario hacia lo que debemos avanzar. Compartimos que lo fundamental es precisamente tener una organización territorial y un municipalismo basados en la transparencia, la representatividad y la proximidad, y en otorgar recursos y poder a los propios ayuntamientos para dar respuesta a los ciudadanos.

Es verdad que este debate sobre el municipalismo es un debate parcial, solo hablamos de las competencias de las diputaciones, aunque nosotros compartimos la necesidad de suprimirlas, o como mínimo abrir ese debate y avanzar hacia esa supresión, porque no responden a la necesidad que hoy hay en la mayor parte de los territorios. Es verdad que en el debate sobre los municipios la base al fin y al cabo es la respuesta que dan las administraciones, la Administración más cercana a los derechos y a los servicios que hoy necesitan los ciudadanos. Por tanto se mezcla constantemente esa política de recortes bajo ese populismo de recorte administrativo, y lo que acaba habiendo es una política de recorte de servicios y de derechos. Por eso entendemos la necesidad de empoderar a los ayuntamientos y de adaptar la legislación actual a la legislación tal como se ha ido desarrollando en las comunidades autónomas. Es


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verdad que la unidad fundamental de prestación de servicios en muchas comunidades autónomas, como Aragón o Cataluña, no se estructura para nada en las diputaciones o provincias, sino en las comarcas. En Cataluña hay una reivindicación histórica, desde la República, de tener una organización basada en veguerías. Precisamente ahora, que el domingo conmemoramos el aniversario de la República en Cataluña, venimos defendiendo una organización basada en veguerías, que es lo que reconoce la propia realidad y lo que pide el territorio. Eso exigimos. Por tanto necesitamos reconocer esas competencias de las comunidades autónomas y sobre todo empoderar a los municipios.

Creemos que los criterios de una organización que preste servicios y ayuda a los municipios se tiene que basar en un tamaño adecuado, pero también en un mejor equilibrio territorial, que impulse la transparencia, la participación y el rendimiento de cuentas -hoy la diputación seguramente es lo más alejado que hay de la ciudadanía-, y también que se impulse la simplificación y la racionalización administrativa no basada en el recorte, sino en la facilidad y el acceso de la ciudadanía. Por tanto votaremos a favor de abrir este debate porque compartimos la necesidad de acabar con una organización decimonónica, antigua y opaca, que hoy da lugar a escándalos de corrupción, como son las diputaciones.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Pàramo.

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Señora presidenta, señorías, justo hace ocho días, el martes pasado, subimos a esta misma tribuna para tratar una iniciativa legislativa parecida. La anterior también trataba sobre reformas de la Ley de Bases de Régimen Local en pro de una mayor y más eficiente Administración local. Hay que admitir que el mundo local anda revolucionado y con razones sobradas. Una razón importante viene dada por el hecho de que en el imaginario popular o en los medios de comunicación se ha instalado la idea de que las reformas se requieren por el mal funcionamiento de los ayuntamientos. Otro elemento importante de desconcierto viene motivado por la indefinición del Gobierno, quien, señalando al mundo local en su anteproyecto de ley, magnifica los problemas existentes y de forma generalizada mete en el saco de la ineficacia y la ineficiencia a todas las instituciones locales, cuando salta a la vista que los problemas son muy concretos y se acumulan en municipios o diputaciones muy concretas.

La presentación ante la Cámara de la proposición de ley que nos ocupa, sin dudar de la buena fe de los proponentes y previendo el final de la misma, puede obedecer básicamente al nerviosismo y la lentitud en la que el Gobierno se mueve. Se inquietan los grupos parlamentarios, se inquietan los ayuntamientos y las diputaciones, y en consecuencia todas las asociaciones municipalistas, con la Federación Española de Municipios y Provincias en cabeza. Igualmente pasa con los Gobiernos de las comunidades autónomas, sobre todo aquellos que gobiernan según un estatuto con competencias plenas, caso de Cataluña.

Ruego a sus señorías, al grupo que sustenta al Gobierno y al resto, que tengan a bien atender las razones y justificaciones que acompañan las enmiendas previas a la tramitación del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad que la propia FEMP ha aprobado. Son muchas las razones que piden una reformulación de la misma atendiendo al hecho de que, leyendo las enmiendas referidas, los posicionamientos de las comunidades autónomas y el sinfín de mociones que se están aprobando en los plenos de miles de municipios, por poco que prestemos atención al contenido de sus críticas, descubriremos que el anteproyecto de ley contiene errores de planteamiento y formula propuestas que, si se mantienen, en bien poco van a contribuir a racionalizar o a dar sostenibilidad a la Administración local, antes al contrario. Esto es lo que vienen anunciando las voces más autorizadas de la comunidad universitaria y de los diferentes centros de estudio y observación especializados en el mundo local.

Del debate abierto en Cataluña y a la espera de la propia ley catalana, deseo trasladar a este Parlamento de forma sintética los principales puntos contenidos en el posicionamiento de la permanente del Consell de Governs Locals de Catalunya, del Consejo de Gobiernos Locales de Cataluña. Dice así: el municipio es la estructura básica de la organización territorial primaria, próxima e indispensable. Concejales y alcaldes son vecinos con vocación de servicio a la comunidad, elegidos directamente por sus conciudadanos; la inmensa mayoría son vocacionales y son pieza clave para el funcionamiento de sus municipios. El anteproyecto de ley atenta contra el derecho de las comunidades municipales a elegir directamente a sus representantes, y que estos cumplan el mandato de dirigir y administrar sus municipios. El anteproyecto de ley pretende una valoración del coste estándar de los servicios municipales sin rigor y de manera simplista, olvidando las realidades territoriales y poblacionales: municipios turísticos grandes,


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medianos, pequeños, de montaña o dormitorios. Lamentamos que el Gobierno del Estado y algunos grupos parlamentarios hayan transmitido injustamente a la opinión pública la idea de que los ayuntamientos son unos despilfarradores, cuando solo representan para el año 2013 una necesidad de financiación del 0,2 % acumulada en muy pocos casos. Por todo ello la permanente del Consell de Governs Locals de Catalunya acuerdan rechazar el contenido del texto propuesto en el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, los ayuntamientos son Gobierno local, así que exigimos respeto institucional. Cualquier reforma de la Administración local se debe hacer con consenso y sin estigmatizaciones. Después de más de treinta años ya es hora de que se dote a la Administración local de una financiación justa y suficiente. Manifestamos que el anteproyecto de ley no es una simple actualización del marco competencial, sino que es un cambio total con consecuencias sociales que afectarán a la totalidad de los ciudadanos. Exigimos que se respete la voluntad de Cataluña de establecer el propio modelo de administración local y organización territorial, y explícitamente la no invasión competencial centralizadora. Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió anuncia que votará a favor de esta proposición de ley, en tanto en cuanto -leo literalmente- esta proposición es un paso intermedio que posibilitaría de forma inmediata el traslado de la mayoría de las funciones y servicios de las corporaciones provinciales del régimen común a otras administraciones locales o autonómicas, con un coste menor para los administradores. Por tanto votaremos a favor.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Pàramo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Puig Ferrer.

El señor PUIG FERRER: Gracias, señora presidenta.

Señorías, antes que nada quiero anunciar que nuestro voto va a ser favorable, por dos cuestiones básicas. En primer lugar, porque el Grupo Socialista quiere facilitar la discusión de las proposiciones de ley en la medida de lo posible, aunque no se atienda o comparta la totalidad. En segundo lugar, porque esta es una buena oportunidad para repensar el papel de las diputaciones, que viene siendo ya un clásico, pero que ahora es fundamental atender. Por tanto este no es un debate nuevo, pero ahora en medio de la crisis económica, institucional y política, hace urgente la toma de decisiones.

La transición y el Estado de las autonomías sin duda ha sido una historia de éxito. Se construyó un modelo que logró tres décadas del mayor progreso social y económico nunca antes conocido, pero hoy, señorías, cuando todo está cambiando, cuando estamos ante una realidad económica que obliga a las empresas, a las familias, a la sociedad entera a adaptarse a estos cambios, no es lógico que lo único que no cambie sean las instituciones. Precisamente porque ha sido un modelo de éxito, que ha dado sus frutos, hoy debemos dar un paso adelante para superar las insuficiencias detectadas y dar nuevas respuestas a nuevos retos. El modelo institucional previsto en nuestra Constitución no es, no puede ser bajo ningún concepto estático e inmutable. El momento y la responsabilidad del consenso constitucional obligaron a diseñar un sistema en el que conviven instituciones del siglo XIX, como las diputaciones, con las creadas por la democracia en esta segunda mitad del siglo XX. Y con esas instituciones, las del siglo XIX y las del siglo XX, estamos afrontando el siglo XXI. Es pues necesario abordar ya una reforma de nuestra arquitectura institucional que, inspirada en principios de eficiencia, cooperación y lealtad, sirva para lo que tienen que servir las instituciones, para mejorar la vida, para mejorar el bienestar de los ciudadanos.

En concreto, como hoy hacemos al debatir esta proposición de ley, muchos aquí antes en las intervenciones se preguntaban, nos preguntábamos qué sentido tiene la pervivencia de instituciones del siglo XIX en el siglo XXI. Ahora más que nunca es una obligación ética optimizar los recursos públicos que son, y serán ya por muchos años, muy escasos. Por tanto se hace más relevante que nunca esta pregunta. Además si en un sistema predemocrático, con una administración centralizada, las diputaciones pudieron tener alguna lógica en la distribución de los recursos y servicios del Estado a los municipios, ahora tras la Constitución, y tras ya tres décadas de Constitución, el encaje de las diputaciones, al menos en su formulación actual, es anacrónico, y al menos por tres razones. En primer lugar, porque adolecen de un cierto, de un nada desdeñable déficit democrático, al ser instituciones de elección indirecta, lo que las aleja en su composición de la voluntad directa de los electores. En segundo lugar, porque los ayuntamientos son mayores de edad y no necesitan tutelas, lo que necesitan son unas competencias claras y una financiación adecuada. Por último, porque desde la existencia del Estado autonómico, sus competencias son perfectamente asumibles por las comunidades o por los ayuntamientos directamente, evitando


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redundancias burocráticas que hacen más caros y más ineficientes los servicios públicos. Es más, las diputaciones son a menudo meros entes subvencionadores de los municipios con recursos que obtienen el resto de las administraciones, un papel de intermediación manifiestamente prescindible.

Se argumenta, y no sin alguna razón en su defensa, su utilidad para prestar servicios a los pueblos más pequeños, incapaces de poder hacer algunas actuaciones por sí mismos. Solo en parte es cierto. Cabe recordar que solo las diputaciones de régimen común, como se decía antes por parte de los proponentes, gestionan más de 6.500 millones de euros, de los que 2.000 millones son gastos en personal, y no llega al 7 % lo que son transferencias directas a los ayuntamientos. Se trata de un costoso aparato administrativo y político que en algunas diputaciones singulares supone tener una nómina de más de treinta asesores del presidente directamente o convertirse algunas instituciones de estas características en pazos particulares para el acomodo de familiares y amigos.

Supone, en definitiva, que por las diputaciones, al carecer estas de un espacio institucional real, se den codazos entre los ayuntamientos y las comunidades autónomas y finalmente algunas diputaciones acaban haciendo aeropuertos sin aviones o cosas semejantes. ¿A quién le puede parecer hoy razonable diputaciones convertidas en minigobiernos autonómicos? Con esto en absoluto quiero decir que todas las diputaciones en estos años de democracia y hoy mismo hayan actuado mal. Ha habido comportamientos de instituciones provinciales muy diversos y de modernidad ejemplar, sobre todo aquellas que han actuado como red de municipios y han dejado el protagonismo democrático a quienes lo tienen. De esas experiencias positivas, que las hay, de esas experiencias hemos de aprender para la reforma propuesta.

Señorías, existen, por tanto, sobrados motivos, argumentos, elementos de reflexión para al menos replantearse el papel de las diputaciones en el siglo XXI; y entendemos también que la realidad territorial de España, plural, exige respuestas singulares. El tamaño, el número y las distancias entre municipios de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Galicia, de Andalucía o de la Comunidad Valenciana no tienen nada que ver. Por tanto, desde la concepción que los socialistas tenemos de un Estado descentralizado, del Estado autonómico, de un futuro Estado federal, aspiramos a un modelo institucional bien articulado alrededor de tres pilares básicos profundamente democráticos: el central, el autonómico y el local. Es un modelo que debe avanzar hacia el federalismo, en un sentido absolutamente opuesto al que pretende la reforma de la administración local que ahora está impulsando el Gobierno, que no resolverá ningún problema, vaciará de contenido a los ayuntamientos y del que hoy pido formalmente, otra vez más, su retirada.

Necesitamos lo contrario, más poder local, más democracia y más principio de subsidiariedad. En nuestra opinión, debemos acometer una reforma de la Constitución que permita a las comunidades autónomas, en el marco de su capacidad de autoorganización, decidir qué tipo de encaje tienen las diputaciones en su territorio. Así podremos hacer compatibles las distintas necesidades y las distintas realidades del mundo local en toda España, ya que, como saben, en algún caso se trata de favorecer realmente la autonomía local y no favorecer el dirigismo, el clientelismo. Los pequeños municipios deben tener apoyo específico, pero de lo que se trata es de que este sea más eficaz y más democrático. Pero hasta que llegue ese momento de la reforma, no podemos continuar anclados en el inmovilismo. No hay que tener miedo a reformar la Constitución, países como Alemania la han reformado cincuenta y siete veces o Austria más de setenta veces. A lo que debemos tener miedo es al dontancredismo, que hace que nuestras instituciones pierdan fuelle, pierdan energía, pierdan eficacia y sobre todo pierdan valoración social.

Señorías, mientras trabajamos en alcanzar los consensos necesarios, podemos avanzar ya en el sentido de esta proposición de ley. Reformar las diputaciones es un buen servicio a la causa local y a la causa democrática. Por todas estas razones, el Grupo Socialista va a votar a favor de esta toma en consideración, porque, señorías, resetear las instituciones es fundamental para la salida de la crisis. Lo han dicho otros intervinientes antes, y yo estoy de acuerdo con ellos. En este momento, es fundamental dar ejemplo. Si queremos de verdad cambiar la sociedad, empecemos cambiando las instituciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Puig.

Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Martín-Toledano.

El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Señora presidenta, señorías, tengo que manifestar mi más absoluta sorpresa por cómo ha ido produciéndose este debate y los continuos cambios de posición -digamos casi de chaqueta- que se han producido por parte de algunos grupos parlamentarios, de


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algunos grupos políticos. Esta propuesta que hoy estamos debatiendo ya se debatió el pasado 22 febrero de 2011 y, por tanto, tenemos muy próximo qué dijeron cada uno de los partidos políticos en aquella fecha. Es muy sorprendente que la proponente, señora Pérez, que fue cuatro años diputada provincial en A Coruña, se acuerde ahora de que las diputaciones deben desaparecer, pero no le importó ser diputada provincial del equipo de Gobierno. (Aplausos). También es sorprendente lo del señor Puig, que fue portavoz, si no me equivoco, del Grupo Socialista en la Diputación de Castellón y tampoco tuvo ningún reparo en ser diputado provincial y defender las diputaciones y hacer su trabajo, el trabajo de las diputaciones, que es un trabajo muy importante. (Aplausos). Pero es que hay más cambios. UPyD en aquel debate no intervino, en 2011; no tenía grupo parlamentario, pero su representante votó en contra de la admisión a trámite de esta misma propuesta que hoy sí van a votar a favor de que se admita a trámite.

El Bloque Nacionalista Galego nos trae una proposición de ley que lo que pretende son dos cosas: modificar la Ley de Bases de Régimen Local y algo de lo que nadie ha hablado y que es muy importante, modificar la Ley orgánica de Régimen Electoral General para que sean los parlamentos autonómicos los que legislen sobre la elección de los diputados provinciales. Sobre eso nadie ha hablado, y creo que estamos debatiendo una proposición de ley, de ley ordinaria, y se pretende modificar por ley ordinaria una ley orgánica, señores diputados. (Aplausos). Lo que pretende la propuesta del Bloque es que las diputaciones provinciales dejen de ser Administración local y convertirlas en una especie de organismo dependiente de la comunidad autónoma. Yo creo que la verdadera importancia de las diputaciones provinciales es el hecho de que sean Administración local, es el hecho de que presten servicios a los ayuntamientos. Lo que propone el Bloque Nacionalista Galego no es nada nuevo; es el camino habitual del nacionalismo. Lo sorprendente es que se sume a él el Partido Socialista y UPyD. Proponen leyes que, como esta, tienen todos los visos de ser inconstitucionales, con un claro objetivo, que es debilitar la autonomía y las competencias de las instituciones que consideran que limitan u ocupan un poder que ellos desean también para el Gobierno autonómico. Esta proposición de ley ataca claramente la autonomía de las provincias y las competencias de las diputaciones; incluso también las del Estado, porque priva al Estado, priva a este Parlamento, de las competencias legislativas en materia de diputaciones provinciales, de autonomía provincial.

Sorprende también que si se considera, por parte de los proponentes, que son instituciones u órganos intermedios entre los ayuntamientos y las comunidades claramente innecesarios, que duplican la burocracia, aumentan el gasto y que deben desaparecer en aras de la austeridad, sin embargo, no les dé ningún reparo mantener las instituciones forales, los cabildos y los consejos insulares. El Grupo Popular entiende que ninguna de estas instituciones que prestan servicios a los ayuntamientos deben desaparecer; ninguna de ellas, ni las diputaciones provinciales ni las forales ni los cabildos ni los consejos.

Señorías, siempre es bueno recordar la Constitución española, y más si somos diputados de esta Cámara, del Congreso, porque todos prometimos o juramos cumplir y hacer cumplir sus preceptos y la Constitución en su Título VIII, capítulo primero, artículos 137 y 141, reconoce a la provincia como una de las entidades en las que se descompone el Estado, junto con municipios y comunidades, y que tiene autonomía para la gestión de sus intereses. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia y determinada por la agrupación de municipios y el gobierno de la provincia está encomendado a las diputaciones provinciales. Es una institución constitucional y no puede ser eliminada así como así. Señorías, las provincias son autónomas y, por tanto, hay que respetarlas. Sé que tradicionalmente los partidos nacionalistas han sido enemigos de su existencia, igual que de la existencia de las diputaciones, pero los miembros de las diputaciones -ustedes lo saben perfectamente, han sido diputados provinciales- son concejales en los ayuntamientos y esa es la fuerza de la diputación, que la diputación está formada por concejales y es el alma de los ayuntamientos y, fundamentalmente, de la prestación de servicios en los pueblos más pequeños.

Está claro que este camino que hoy se trata de iniciar pretende que al final queden unas instituciones sometidas al poder autonómico, sin competencias, sin actividad y que sea fácil eliminarlas. Lo que se pretende es una reforma constitucional por la puerta de atrás. Pero es que, además, si hubieran leído con detenimiento algunas otras propuestas, verían que en la proposición de ley se pretende modificar el régimen de financiación local para que sean las comunidades autónomas las que procedan a la distribución entre las entidades locales; a la gestión, al control, a la fiscalización de los recursos procedentes de la participación de los tributos del Estado que corresponden no solo a las diputaciones, también a los ayuntamientos. Ustedes pretenden que la comunidad autónoma se apropie, confisque la participación de


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los tributos del Estado correspondientes a las entidades locales y que sean ellas las que lo repartan como les dé la gana y, desde luego, eso es un atentado a la autonomía de los ayuntamientos, es un escándalo y no debe ser permitido.

No sé qué les pasa a algunos sectores nacionalistas -ahora también parece ser que apoyados por el Partido Socialista-, toda la vida criticando el centralismo estatal y ahora quieren someter la autonomía de las entidades locales al nuevo centralismo, al centralismo autonómico, al centralismo nacionalista. No se entiende, señores del Bloque, esta propuesta, no se entiende. ¿Qué van a hacer ustedes, si se eliminan las diputaciones, con sus empleados públicos? ¿Todos a la calle? ¿Y qué van a hacer ustedes con el patrimonio de las diputaciones y sus recursos económicos? Eso sí lo tengo claro, esos serán para las comunidades autónomas no para los ayuntamientos, estoy seguro. Pero recuerden ustedes una cosa, esta proposición de ley, como he dicho al principio, también pretende modificar la Ley orgánica de Régimen Electoral General, lo cual es un disparate y legalmente no es posible porque es una proposición de ley ordinaria. Pero es que lo que pretenden es que los parlamentos autonómicos decidan si el nombramiento de los diputados provinciales será por elección, como hasta ahora, o por designación. ¿Se han enterado ustedes, los que apoyan la toma en consideración, que dicen que por designación? Es que podrán ser los parlamentos autonómicos los que designen, de forma absolutista, como en el franquismo, a los diputados -recuerda a lo que pasaba con el gobernador civil-. Cuando esta propuesta fue debatida el 22 de febrero de 2011, el portavoz del PSOE empleó frases rotundas y contundentes en apoyo de las diputaciones y desde entonces solo ha pasado una cosa, que antes gobernaban en veintiuna diputaciones y ahora en ocho y que el PP ha pasado a gobernar en veintiséis. No ha pasado nada más. (Aplausos). Ese es el motivo del cambio de postura del Partido Socialista, no hay más razón. Recuerden lo que han dicho presidentes de diputación como el de Lugo, que gobierna con el Bloque: La diputación es el alma de los ayuntamientos. Si no hubiera diputaciones, habría que inventarlas, dice el presidente de la de Ciudad Real.

El Grupo Popular tiene que rechazar la toma en consideración de esta proposición de ley por ser insostenible en términos jurídicos y políticos. Coincidimos con el Gobierno en que las diputaciones no solo no deben desaparecer, sino que hay que reforzar su papel para que presten los servicios que en los municipios más pequeños no pueden darse con unos mínimos de calidad. Por tanto, la reforma del anteproyecto de ley de la Administración local va en el camino contrario a la eliminación de las diputaciones, porque queremos que sea a través de las diputaciones donde se den los mejores servicios a los ciudadanos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Martín, tiene que finalizar.

El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Yo invito a todos los grupos a que en lugar de posicionarse en bloque y de forma visceral en contra de esta reforma, negocien, consensúen con el Gobierno y lleguemos a la mejor solución posible para la administración de la Administración local.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martín-Toledano.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL RESCATE DE CHIPRE Y SU REPERCUSIÓN EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000592).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al examen de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el rescate de Chipre y su repercusión en España. Para su defensa tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señora presidenta, señorías, cambiamos de ámbito tras el anterior debate, del que he salido sorprendidísimo -pero no quiero reabrir el debate- y pasamos a debatir sobre la crisis de Chipre. Señorías, el pasado 16 de marzo el Eurogrupo decidió por unanimidad un paquete de medidas que afectaban a Chipre, que incluían una quita para todos los depósitos de los ahorradores, para los superiores a 100.000 euros y también para los inferiores. Entonces el presidente del Eurogrupo justificó esa medida y lo hizo además durante varios días, medidas que afectaban a todos los depositantes, ya fueran residentes o no residentes -lo cual es gravísimo-. Esa decisión fue adoptada


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por unanimidad en el Eurogrupo, unanimidad que por supuesto incluía al Gobierno español, a nuestro Gobierno. Se trata de una decisión muy grave que implicaba consecuencias, como el riesgo de generar un pánico bancario, el riesgo de contagiar a otros Estados miembros y que además era ilegal y contraria a las propias normas en materia de solvencia bancaria y de garantía de depósitos adoptadas por la Unión Europea desde la crisis de Lehman Brothers, en particular la Directiva 2009/14, del 11 de marzo de 2009.

Como ustedes saben, fue tal la reacción a esta equivocada decisión que los miembros del Eurogrupo, todos, de nuevo por unanimidad se vieron obligados a cambiar esta decisión, una decisión que sin esta reacción habría salido adelante y que habría sido una decisión sin duda equivocada, injusta y temeraria. De nuevo, Angela Merkel y sus aliados de la derecha europea estuvieron a punto de crear un gravísimo precedente en el marco europeo. Fue preocupante y bochornoso, señorías, escuchar cómo desde el día 16 hasta el día 25 muchísimos altos dirigentes europeos justificaron esta medida sin precedentes, una medida ilegal que arremetía contra los pequeños ahorradores.

El acuerdo final es muy duro para Chipre, que implica un rescate más o menos del 120 % de su producto interno bruto, unos 23.000 millones de euros, que va a provocar una caída del PIB de Chipre en torno al 20 % o 25 % -esto es, la cuarta parte de su producto interior bruto se va a perder en dos años-, y que van a tener que devolver en el plazo de treinta años; un MOU terrorífico organizado en cinco capítulos distintos. En definitiva, es una chapuza descomunal, una falta de previsión tremenda y una preocupante improvisación que ha añadido incertidumbre a Europa, ha aumentado las primas de riesgo y además ha provocado que las bolsas se resientan, todo por una economía equivalente a la de mi Comunidad foral, a la de Navarra, y una quiebra que ha sido en cuantía menor que la de Bankia o menor que la del Commerce Bank alemán.

¿Cómo es posible que pasara esto si todo el mundo lo conocía? Lo sabemos bien, porque Alemania quería que se retrasara la solución hasta después de las elecciones alemanas. ¿Es esta la solidaridad europea que queremos? ¿Es esta la manera de hacer las cosas? ¿Es este el camino que vamos a seguir a partir de ahora? Desde luego que no, desde luego que no queremos que este sea el método que se aplique en el futuro y por eso hemos presentado esta iniciativa, para garantizar que no sea así en el futuro. Porque, señorías, para salvar a Europa hay que dejar bien claro que las políticas que se están poniendo en marcha no son las políticas de Europa, sino las políticas de la derecha europea, las políticas que defiende la derecha de Angela Merkel. Porque, ¿alguien cree que se aplicaría este sistema, por ejemplo, a una quiebra de un banco en Alemania o en Holanda? Es evidente que no. Hace dos meses, sin ir más lejos, Holanda con el mismo ministro de Economía, el mismo presidente del Eurogrupo, nacionalizó el Reaal Bank por 4.000 millones de euros. En definitiva, un precedente peligroso que ha provocado una quita en el ahorro y un corralito, una limitación de los movimientos de capital en toda la Unión Europea, y eso que todo el mundo sabía que Chipre era un paraíso fiscal donde apenas se pagaban impuestos y donde había un sistema de absoluto descontrol de los depósitos por los no residentes.

Hay que acabar, señorías, con los paraísos fiscales dentro de la Unión Europea y con lo que el señor Rubalcaba calificó el otro día como limbos fiscales, limbos porque son paraísos para unos, pero infiernos para otros, infiernos para los pequeños ahorradores. Esto no hubiera sucedido con una unión bancaria rápidamente implementada y no lenta como la que ahora estamos intentando construir; una unión bancaria que contemple un sistema único de supervisión; un sistema único de regulación; un mecanismo único de resolución de quiebras y también un sistema de garantía de depósitos común -es preocupante lo lento que va este acuerdo-; una unión bancaria que viene acompañada de mecanismos de rendición de cuentas a autoridades democráticas, credibilidad democrática y también un sector bancario que asuma más las consecuencias de sus propios errores; también, por supuesto, una unión fiscal donde el ingreso forme parte de la unión, donde se armonicen los ingresos, impuestos sobre sociedades, impuestos sobre la renta, donde no haya países dentro del euro con impuestos sobre sociedades del 10 % o 12 %, donde no haya países como Luxemburgo, Bélgica o Austria donde existan sociedades opacas con instrumentos para ocultar el ahorro y las Sicav y, por supuesto, una verdadera unión económica y una unión política.

Hay que hacer mucho más también, señorías. El Banco Central Europeo debe ser algo más que una autoridad monetaria, debe ser un prestamista de última instancia, porque así se garantizará que se reduzca el diferencial de tipos de interés que está asfixiando a la economía europea y a la economía española y, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas y a las familias españolas.

Recordaba las razones que se alegaban cuando se creó el euro y se decía que el euro sería la garantía primero para reducir los tipos de interés porque tomaríamos prestada la credibilidad de los grandes, cosa que no está pasando. También se iba a facilitar el acceso al crédito y, por supuesto, reforzar


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el mercado único. Hoy nada es realidad, incluso es peor. De manera que hace falta, señorías, no reducir los mecanismos que ya existen y reforzar los mecanismos de control monetario comunes, hace falta acabar con esta Unión Europea que ya no es una Unión Europea de socios, sino de acreedores y deudores, y hace falta poner en marcha medidas realmente de solidaridad entre países. Por eso, para que no vuelva a ocurrir nunca más lo de Chipre, y para que no sea un precedente, hemos presentado esta iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Moscoso.

A esta proposición no de ley se han presentado varias enmiendas. En primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, dice el economista Michael Mussa que hay tres tipos de crisis financieras: las crisis de liquidez, las crisis de solvencia y las crisis de estupidez, y claramente la crisis de Chipre ha sido del último tipo, de las crisis de estupidez.

Nos parece relevante ponerlo de manifiesto, a pesar de que haya suscitado el consenso generalizado del mundo entero, que ha sido una gestión catastrófica, incluso para los estándares europeos de gestión de las crisis, porque aquí hay dos problemas: el problema real, que es la insolvencia de Chipre, y un problema que crean los propios responsables europeos por cómo han gestionado la crisis, cómo toman primero una decisión, luego la contraria y cómo esto ha afectado gravemente y profundizado el descrédito de las instituciones, causándolas un daño que puede ser muy duradero. Cuando se violan principios que son intocables y que están recogidos en la ley, como la garantía de los depósitos de hasta 100.000 euros, el daño y la inseguridad que se causa a todos los ciudadanos no desaparece de un plumazo. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Una vez más, se han antepuesto los intereses nacionales a los intereses europeos, por un lado, los intereses de Alemania, que está más pendiente de su propio ciclo electoral, con las elecciones del mes de septiembre, y los intereses del presidente chipriota que para no perder el marchamo de centro internacional de lavado de dinero no quiso que se tocaran solo los depósitos de mayor cuantía, sino también los pequeños. Por eso se decidió que no estuvieran exentos de la quita esos depósitos de menos de 100.000 euros, aunque luego se rectificó. Esta prevalencia de los intereses nacionales tampoco libra de responsabilidad a todos los miembros del Eurogrupo, a todos los ministros de Economía, incluido el nuestro, el de España, que estaban en aquella reunión y que con toda naturalidad aceptaron y defendieron públicamente ante los medios de comunicación la primera solución, la de perjudicar a los depósitos incluso de menos de 100.000 euros, y unos días después, una vez que el Parlamento chipriota lo rechazó, también dijeron que les parecía muy bien la solución.

Si esta proposición no de ley quiere señalar este despropósito de la gestión de la crisis, desde luego estamos completamente de acuerdo. Casi sonroja un poco tener que insistir en ello, porque ha quedado muy en evidencia, pero también nos parece un poco paradójico que una cosa que ya está en la ley, la garantía de los depósitos, se tenga que reforzar ahora mediante una proposición no de ley, lo que da idea del estado de incertidumbre en que vivimos los europeos.

La crisis de Chipre ha puesto de manifiesto con toda claridad esa crisis institucional, esa falta de liderazgo europeo, ese antieuropeísmo de los propios líderes europeos que empieza a ser preocupante, puesto que en ninguno de ellos se ve el menor atisbo de defender el proyecto común. Alemania no lidera esa construcción europea, sino que simplemente aplica ciertos dogmas de política económica, más atenta a su política nacional que a otra cosa, y Francia está desaparecida, cuando han sido tradicionalmente los dos países que han liderado la construcción europea. La mirada del resto de los líderes europeos, incluido el presidente español, solamente atiende al corto plazo, y así es muy complicado que se pueda seguir adelante con esa reforma que teóricamente está en marcha, la unión política, fiscal, bancaria y económica. Los fallos estructurales que tiene la unión monetaria, que debemos corregir en este momento, no se están abordando con la contundencia y rapidez que merecen, sino con constantes titubeos, con idas hacia delante y marcha atrás. En todo este caos nuestro país no aporta nada, esa es la realidad. Nuestro ministro participa en la toma de decisiones en un sentido y también en el sentido contrario. Es muy evidente que el presidente del Gobierno español, que no es capaz de liderar su propio país, tampoco está siendo capaz de liderar ni de promover nada en el seno de la Unión Europea.

Pese a todo ello, porque creemos que es una buena idea traer al Pleno este tipo de asuntos europeos, porque estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión y porque si algo tiene que quedar claro de la crisis


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de Chipre es que no se puede volver a convertir una crisis financiera en una crisis de estupidez, vamos a aprobar esta proposición. Hemos presentado una pequeña enmienda para incluir la palabra ahorradores, que había quedado olvidada, pero por lo demás estamos de acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Lozano.

Por el Grupo de IU, ICV, EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, presidenta.

Nuestro grupo, La Izquierda Plural, considera interesante la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a raíz de la decisión del Eurogrupo sobre Chipre, porque nos permite hacer una reflexión en profundidad sobre los riesgos que comporta que se tomen decisiones en espacios escasamente democráticos como puede ser el del Eurogrupo, que nadie se responsabilice de ellas y que además después eso tenga consecuencias muy graves para los ciudadanos del país afectado. Lo que sucedió el pasado marzo con la decisión del Eurogrupo en relación con Chipre es todo menos una anécdota, tampoco es solo una chapuza o fruto de la incompetencia. Fue, sin duda, el intento de imponer que el coste de la reestructuración bancaria de Chipre fuera a cargo también de los ahorradores con depósitos protegidos. Eso no es un error, eso tampoco es incompetencia, es un intento claro de estafar a los ciudadanos de Chipre, en este caso concretamente a los ahorradores de depósitos protegidos. Por si fuera poco, la solución última es una solución que comporta una pérdida importante y un retroceso de derechos por unos ciudadanos que no han visto los beneficios de un país montado sobre un sistema financiero y que, en cambio, van a ver las consecuencias de esta decisión. Ello no ha tenido solo consecuencias sobre Chipre, sin duda las ha tenido sobre el conjunto de la Unión Europea. Ha generado inseguridad en los ahorradores europeos, también en los ahorradores españoles, una inseguridad que, mucho me temo, se ha acrecentado con el paso de los días y sobre todo como consecuencia del comportamiento del Gobierno español.

El hecho de que en el último debate europeo en esta Cámara el señor Rajoy se negara en dos ocasiones a ofrecer garantías de que en España no se iba a producir un acuerdo de esa naturaleza, en el que se intentara que fueran los ahorradores de depósitos protegidos los que pagaran el coste de un ajuste así, no hace más que añadir incertidumbre a la situación que ya existía como consecuencia de la decisión en el caso de Chipre. Por eso hace bien, creo, la proposición presentada por el Grupo Socialista de suscitar este debate en la Cámara, sobre todo de plantear que la Cámara requiera al Gobierno español para que no se produzca un proceso de esta naturaleza referido a la situación española. Es oportuno en estos momentos destacar que el acuerdo del Eurogrupo fue un acuerdo adoptado por el conjunto de ministros de economía de los diecisiete, de la zona euro, entre los cuales estaba el ministro de Economía español que aún no ha dado una explicación del porqué de eso que él llama la manera peculiar de adoptar decisiones en el Eurogrupo. Debe ser una manera tan peculiar como que diecisiete se ponen de acuerdo, toman una decisión y luego todos los demás dicen que ellos no tienen nada que ver con esa decisión. La verdad es que el proceso y la manera de asumir responsabilidades es bastante peculiar, pero más allá de eso existe un riesgo importante que deriva fundamentalmente de la propia naturaleza con la que se está construyendo en estos momentos el proceso de reestructuración de las instituciones comunitarias. Cada vez más hay espacios de decisión que están ajenos al control de la soberanía no solo de los Estados, sino también de la soberanía europea, al margen de lo que decida el Parlamento Europeo. Por eso nos parece oportuno, pero nos parecen también oportunas algunas de las enmiendas que hemos planteado. De momento, no nos sentimos muy representados por la transaccional que nos presentan el Grupo Socialista y el Grupo Popular. Nos gustaría dialogar para ver si somos capaces de incorporar alguna reflexión más amplia, porque en el texto que se nos plantea no tenemos ningún tipo de garantía de que eso no conlleve un comportamiento del Gobierno de España en coherencia con lo que fue el voto de su ministro de Economía al apoyar el intento de estafa a los ahorradores protegidos en el caso de Chipre.

Déjenme que añada por último, una cuestión, el riesgo no es solo para los ahorradores, el riesgo es que suceda algo que va a suceder muy pronto en España si no lo conseguimos evitar, y es que el acuerdo de flexibilización del déficit público que ya casi viene anunciando el Gobierno español con la troika comunitaria se haga a costa de pactar nuevas contrarreformas privatizadoras o desreguladoras de la relación de trabajo. Lo ha anunciado el señor de Guindos con su reforma laboral cosmética, y me pongo a temblar con lo que quiere decir el señor De Guindos con esa cuestión. En todo caso, si alguien de la calle escucha esa reflexión bien pudiera decir que lo que ha pactado el Gobierno español con la troika


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comunitaria es que nos aflojen el dogal a cambio de que nosotros mismos nos pongamos grilletes de cadena perpetua con las reformas estructurales. Ese es un pacto que también rechazamos y nos gustaría verlo rechazado por esta Cámara en la proposición no de ley que se aprobará hoy, y en cambio no lo vemos recogido. Por lo tanto, mantenemos nuestra enmienda y vamos a ver si de aquí al final del debate podemos construir un consenso con el resto de los grupos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Monserrat Monserrat): Muchas gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Moreno Palanques.

El señor MORENO PALANQUES: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, el presidente del Eurogrupo se equivocó, es cierto. No fue prudente, generó dudas, que era lo que se podía esperar, alimentó la incertidumbre en la volatilidad en torno al euro e inspiró esta proposición no de ley. En un momento en el que un comentario del presidente del Banco Central Europeo puede hacer bajar la prima de riesgo o una ocurrencia del presidente del Eurogrupo pueda hacerla subir, es cuando hay que ser especialmente prudente. Hablemos de Chipre. Chipre no representa un nuevo modelo para otros países de la zona euro y las medidas tomadas, además, tienen carácter excepcional. Tienen carácter excepcional por tres razones. La primera es porque tiene un sistema bancario sobredimensionado, nada menos que ocho veces su producto interior bruto, cuando lo normal es que sea dos o tres. Un negocio financiero no solo excesivamente elevado sino también arriesgado, basado en el pago de altas rentabilidades situadas entre el 7 y el 12 %, mediante inversiones de alto riesgo. Segundo. Las condiciones de su régimen societario convierten a Chipre si no en un paraíso fiscal en algo que se le parece mucho. De hecho, los depósitos de los no residentes superan con mucho a los de los residentes, lo cual lleva a importantes inversiones de los propios bancos en el exterior. Resultado: una operación de quita privada de la deuda griega en marzo de 2012 hace que la operación se salde para los bancos chipriotas en fondos equivalentes a un 25 % del producto interior bruto. Imaginen si hubiera pasado eso en España, hubiera representado una pérdida para los bancos españoles de 250.000 millones de euros. Es decir, un negocio financiero basado en la captación de fondos provenientes del exterior y cuyo éxito internacional solo se puede entender por la laxitud en la aplicación de la legislación sobre el blanqueo de capitales, y cuyo análisis independiente no se había permitido hasta ahora. Tercero, la ayuda financiera solicitada por el Gobierno chipriota era considerable. Se dijo aquí en el último debate: es como si España hubiera pedido para su reestructuración financiera nada menos que un billón de euros. Cubrir el total de las necesidades que necesita Chipre, del orden de los 23.000 millones, hubiera generado una senda de deuda al producto interior bruto que era insostenible. Esa es la razón por la que se estableció un programa de importe menor del orden de los 10.000 millones y contar con medidas adicionales. El rescate, por lo tanto, tenía que ser coherente con las circunstancias del país.

Dicho sea de paso, señor Coscubiela, la propuesta original del Eurogrupo fue que no se tocaran los depósitos de menos de 100.000 euros. Esa es la realidad, pero Chipre consideró que era especialmente oneroso para aquellos que tenían depósitos más grandes. Hay que recordar que de los 75.000 millones de euros de los depósitos chipriotas, más de 30.000 son de origen ruso, de grandes depositantes. El acuerdo alcanzado al final fue respetar íntegramente los depósitos garantizados. De aquí tenemos que sacar dos conclusiones. La primera, que es necesario avanzar mucho más rápidamente en la unión bancaria. Si hubiera habido una supervisión externa esta crisis financiera no se hubiera producido y, por otro lado, si se hubiera establecido previamente un mecanismo de resolución sería predecible y homogéneo para todos los países de la Unión. La segunda lección es que el mejor rescate es el que no se necesita. De ahí las medidas que están tomando, precisamente, para no llegar a esa situación.

En conclusión, España ha dejado claro desde el principio en el Eurogrupo que los depósitos por debajo de 100.000 euros deberían ser protegidos y, en todo caso, en la nueva directiva que se está negociando en estos momentos sobre rescate y resolución de entidades de crédito la postura de nuestro país es firme para que los depósitos garantizados tengan una protección expresa. En cualquier caso, la PNL hacía referencia a todos los inversores. Aunque ya sé que el espíritu no era ese, todos los inversores incluyen a multimillonarios, como esta mañana aparecía en los periódicos, que tienen nada menos que el 5 % de la propiedad del Banco de Chipre. Por tanto, debe ajustarse cualquier intervención a algo que sea proporcional, que reduzca la inversión de los recursos públicos al mínimo necesario y que se repartan las cargas entre el Estado y la entidad beneficiaria de modo que los costes de la reestructuración no sean


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asumidos solo por el Estado. Por esa razón hemos presentado una enmienda para ser considerada por el grupo proponente.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Moreno.

En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Mixto -la tienen compartida-, en primer lugar el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

El rescate de Chipre nos ha vuelto a dejar claras un par de cosas. Primera, que esa pandilla de tiernos amiguitos -el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, donde se adivina la larguísima mano de los bancos alemanes- solo tiene un plan: salvar a los bancos aunque sea a costa de que la gente viva peor, de quitarle a la gente sus ahorros como pretendían en su primer plan. En ese primer plan pretendían convertirse en el Robin Hood de los bancos: robar el dinero de los pobres para dárselo a los bancos, aunque luego, tras el escándalo que se originó dieran marcha atrás y solo se aplicó con los depósitos de más de 100.000 euros. Europa se está convirtiendo en una especie de Titanic donde la troika grita sin pudor: los bancos, los ricos y las multinacionales primero. Todo ello aunque se pague un precio altísimo: incrementar el sufrimiento de la gente, desmontar el Estado del bienestar europeo, destruir conquistas sociales que tanto costaron construir. En segundo lugar, la absoluta incompetencia de sus medidas para salir de la crisis. Las continuas revisiones a la baja del crecimiento en toda la zona euro, el dramático aumento del paro así lo atestiguan de manera fehaciente. Nada de acabar con los paraísos fiscales ni nada de combatir el fraude a nivel europeo.

Lo que preocupa a los ciudadanos es la absoluta docilidad del Gobierno de Mariano Rajoy con la troika, la mansedumbre de este Gobierno con las políticas fundamentalistas que golpean a la gente. Por eso los ciudadanos y las ciudadanas quieren saber, quieren que su Gobierno les diga de forma muy clara dos cosas. Visto lo que ha pasado en Chipre, donde han incautado los ahorros de la gente para pagar las deudas de otros, ¿hay peligro de que pase aquí lo mismo?, ¿si lo dicta la troika impondría este Gobierno aquí un impuesto sobre los depósitos? La confianza es fundamental en política y ustedes, el Gobierno del Partido Popular, la han dilapidado toda en menos de un año y medio. Han incumplido tantas promesas, han mentido tanto que resulta difícil creerles. Por eso es fundamental que esta Cámara envíe un mensaje nítido al Eurogrupo, que aquí no vamos a pasar por el aro por el que han hecho pasar a Chipre. Eso es lo que le interesa a la gente, señorías.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Baldoví.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, ya no cabe discusión intelectual sobre el rumbo de la política económica y bancaria en el área del euro. Lo que antes podía definirse y todos defendimos como una asociación entre iguales, los integrantes de la familia europea, una comunidad sellada por la coincidencia de intereses y principios, hoy es simplemente un grupo mal avenido de acreedores y deudores en el que los primeros imponen las condiciones a los segundos en estricto sustento de sus prioridades a corto plazo. Proyecto colectivo no existe y ante esta realidad, además de votar favorablemente iniciativas como la que hoy se debate en esta Cámara, hay que hacer algo más. Corresponde al Gobierno influir con todas las capacidades a su alcance para que el rumbo nefasto del Eurogrupo sea corregido lo antes posible. La doctrina del rescate con cargo al ciudadano común ya sabemos dónde nos lleva, a la costosa factura de las ayudas al sector financiero, el único merecedor, al parecer, del subsidio permanente; la pagan al final siempre los mismos, ya sean los ciudadanos a través de recortes sociales, los tenedores de preferentes o, como ocurrió en Chipre, los propios depositantes, cuestión esta en la que incide la iniciativa del Grupo Socialista y que como precedente nos parece gravísima, aunque fuera corregida posteriormente en esas semanas de desbarajuste financiero institucional.

Esto tiene que acabar ya. España es un integrante destacado de la Unión y no puede ser uno de los adalides de la reincidencia en el error. Si todo lo ocurrido es una oportunidad para terminar con ese coladero de recursos que son los paraísos fiscales dentro del territorio de la Unión Europea, que se haga con firmeza y que se haga ya, antes de que nos levantemos por la mañana sacudidos por un nuevo


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escándalo millonario a costa del sufrido contribuyente europeo. Este estado de cosas está socavando la viabilidad del proyecto europeo y por el camino se lleva el porvenir de millones de ciudadanos españoles que esperan algo más de sus instituciones. Ya no se puede esperar más.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Oramas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.

Señorías, tuvimos la semana pasada la ocasión, con motivo de la comparecencia del presidente del Gobierno, de debatir en esta Cámara sobre la cuestión del rescate de Chipre. Desde el día 16 del pasado mes, después de muchos tiras y aflojas un tanto incomprensibles, se llega a un acuerdo entre los diferentes países de la Eurozona, el Fondo Monetario y Chipre para recapitalizar su sistema financiero. Se estiman las necesidades del sector en 17.000 millones de euros, de los que 10.000 millones provendrán de la Unión Europea y 7.000 millones los tendrá que obtener desde el propio país o básicamente desde su sistema financiero. A partir de esa decisión, la Unión Europea, con el presidente del Eurogrupo a la cabeza, ofreció todo un espectáculo de lo que no debe ser en ningún caso la gobernanza de la Unión Europea: sin un criterio firme, sin ideas, titubeando, adoptando unas medidas, cambiándolas más tarde... Lo que sí quedó de manifiesto es que a la Unión Europea le faltan no solo ideas, sino una estrategia firme y clara de actuación en materia económica en general y en materia financiera en particular. Esa falta de criterio y de estrategia ha alterado la confianza de los consumidores, de los mercados de valores y de los propios ciudadanos, que ven que la Unión Europea es incapaz de enfrentarse a una situación como la crisis chipriota, de un país tan pequeño en términos de PIB que apenas alcanza el 0,2 % de la Unión Europea y que pone en jaque a todos los rectores de la política económica europea.

El Grupo Socialista en esta proposición no de ley insta al Gobierno a que defienda en Europa que el futuro rescate de los sistemas financieros no sea como el que se ha aplicado en Chipre. Yo diría a los señores de la bancada socialista que la Unión Europea es consciente de la nefasta gestión de la crisis chipriota y no hará falta que se lo recuerde el señor Rajoy. Tampoco es fácil encontrar otro país rescatable con un sector financiero tan peculiar, como se ha dicho aquí, con un sistema financiero desmedido en relación al PIB y cuyos saldos provienen en gran parte de los grandes ahorradores, por llamar de alguna forma, rusos. El caso chipriota ha de servir en todo caso para que las autoridades comunitarias revisen y actúen sobre los paraísos fiscales que se encuentran en la propia Unión Europea con el fin de combatirlos y de que desaparezcan lo antes posible. Parece que el Grupo Socialista ha aprobado o ha pactado una enmienda transaccional con el Grupo Popular en el que se habla de unión bancaria, de mecanismo único de supervisión y de un sistema europeo de garantía de depósitos. Todas estas cuestiones nos parecen relativamente positivas para afrontar la crisis financiera, pero me van a permitir que desde el Grupo Vasco haga hincapié en una urgencia no solo de revisar las actuaciones en el sistema financiero en un futuro, sino del cambio de la orientación global que se requiere de la política económica, del papel del Banco Central Europeo, que parece que hasta el señor Rajoy y otros muchos ya se están dando cuenta de que esto no funciona y que algo hay que cambiar a modo del Sistema de Reserva Federal americana o del que ustedes quieran. También hay que cambiar el papel del Banco Europeo de Inversiones, de la política presupuestaria, de la flexibilización de los objetivos de déficit público, la necesidad de que Alemania actúe como motor de la economía, etcétera. Creemos que todo ello es imprescindible para evitar que las previsiones del Fondo Monetario Internacional de que la tasa de paro alcance el 27 % y que el PIB caiga este año el 1,6 % o previsiones que puedan ser aún peores, se conviertan en realidad. Queremos que esto se evite y para ello hay que cambiar drásticamente la política económica europea. Sabemos que es predicar en el desierto, pero lo decimos por si acaso.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, esta tarde hablamos de Chipre, que quiere decir que esta tarde hablamos de Europa, y el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió básicamente está de acuerdo con el planteamiento inicial expuesto por el diputado don Juan Moscoso del Prado. Estas tardes de debate parlamentario de los


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martes, que requieren de una revisión urgente sobre el funcionamiento del Parlamento, seguramente tendrían que poner mucho más el acento en el debate sobre Europa, porque los Parlamentos de los Estados miembros deben pasar -este Parlamento debe hacerlo también- de lo que hemos vivido en estos últimos años acompañados de la recepción de los fondos europeos, pero también de un discurso de un europeísmo incondicional, a veces un poquito naif, a un europeísmo convencido pero sometido al escrutinio del día a día sobre la acción de la Unión Europea, sometido a la propuesta del día a día de la defensa de los intereses de cada parte, un escrutinio sometido a la construcción de una Europa que en estos momentos tiene claramente un déficit democrático, una Europa que debe dar cuentas de sus decisiones y de las decisiones del Eurogrupo, y una Europa que necesita un verdadero Gobierno económico europeo que afronte definitivamente el dosier de la gobernanza europea. De hecho, señorías, estos debates ya se pueden celebrar en los Parlamentos de los Estados miembros, porque nos hemos dotado a partir del Tratado de Lisboa de estos instrumentos a partir del control del sistema de la alerta temprana y de la aplicación del principio de subsidiariedad y del control previo. Sin embargo, señorías, aún hay poca tradición en este Parlamento y aún hay en el marco de este déficit democrático en Europa escenas como las que vivimos hace pocas semanas, cuando contemplamos con perplejidad cómo en tiempo real en un fin de semana el Eurogrupo tomaba unas decisiones que afectaban claramente a un país miembro, en este caso Chipre, al pasar una línea roja -la quita de los depósitos de los bancos europeos- nunca vista, y que además pocos días después el nuevo presidente del Eurogrupo, el señor Dijsselbloem, puso como ejemplo de eventuales futuras intervenciones.

Señorías, si esta tarde hablamos de Chipre, esta tarde hablamos de Europa, esta tarde hablamos de la crisis europea, esta tarde hablamos de la crisis del sector financiero europeo, esta tarde hablamos de los errores, de nosotros los europeos, de los errores que en el año 2007 se detectaron en Estados Unidos, con la quiebra de Lehman Brothers, cuando se detectó claramente que el problema era un problema del órgano de supervisión, de los problemas que se detectaron en Europa a partir del año 2007 en el sector financiero en Irlanda, en España, o en Chipre. Y hoy, de repente, esta Unión Europea, que no tiene los mecanismos de gobernanza económica apropiados, descubre los déficits de Chipre y confronta la iniciativa del Eurogrupo con la legitimidad de un parlamento pequeño pero absolutamente soberano, como lo es el Parlamento de Chipre, que por dos veces votó en contra de la propuesta del Eurogrupo. Señorías, ante esta realidad hay varios caminos: el camino de una mayor integración política europea, el camino de la unión bancaria, el camino que la armonización de la fiscalidad europea, el camino de la mutualización de la deuda europea, el camino de una propuesta para Europa, o una alternativa, esperar poco de Europa. Muchas cosas están cambiando en Europa en poco tiempo. Este fin de semana, a seis meses de las elecciones alemanas, ha nacido un nuevo partido de las filas de la Democracia Cristiana, de algunos de sus elementos minoritarios, que se opone al euro. El resumen, señorías, es que no podemos continuar así, que apostamos por la fuerte integración europea o esperamos poco de nosotros mismos, esperamos poco de Europa.

Señorías, nosotros vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley del Grupo Socialista con la enmienda que parece ser que se ha producido con el Grupo Parlamentario Popular por muchos motivos, pero básicamente por uno que tiene una gran carga política, el mensaje que envía el Parlamento de un Estado miembro al presidente del Eurogrupo, al señor Dijsselbloem, en cuanto él afirmaba que Chipre podría representar un modelo para futuras intervenciones. Si bien nosotros esta tarde vamos a manifestar que en todo caso Chipre fue un desgraciado episodio de una construcción europea que se debe revisar en profundidad si no queremos que un europeísmo convencido, pero no incondicional, entre por el camino de la inviabilidad.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Monserrat): Muchas gracias señor Xuclà.

Señor Moscoso, ¿acepta su grupo las enmiendas presentadas?

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Sí, señora presidenta. Vamos a llevar enseguida a la Mesa un texto transaccional tomando como base las enmiendas presentadas.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Monserrat): Ya la tenemos.

Gracias, señor Moscoso.


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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA RECUPERAR EL LIDERAZGO EN MATERIA SANITARIA, PARA EVALUAR EL REAL DECRETO-LEY 16/2012 Y PARA CORREGIR SUS EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LA SALUD, LA EQUIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 173/000072).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Monserrat): Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar corresponde debatir la del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para recuperar el liderazgo en materia sanitaria, para evaluar el Real Decreto-ley 16/2012 y para corregir sus efectos negativos sobre la salud, la equidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Martínez Olmos.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señora presidenta.

El Grupo Parlamentario Socialista trae al Pleno esta moción consecuencia de la interpelación urgente que presentamos la semana pasada, y que es la expresión de la preocupación que tienen los ciudadanos, los profesionales sanitarios en nuestro país por las consecuencias de una política sanitaria, en nuestra opinión, equivocada. Es una política sanitaria que, con el Real Decreto-ley 16/2012 -quiero recordar aquí que fue aprobado exclusivamente por los votos del Grupo Parlamentario Popular, por la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular utilizando el rodillo de los votos-, ha tenido como consecuencia más relevante la exclusión de la cobertura sanitaria de cientos de miles de personas. Lamentablemente, no podemos dejar de señalar que es una consecuencia muy negativa, un paso atrás histórico en nuestro país, y también cuenta con el rechazo expreso del conjunto de las organizaciones profesionales representativas de este país. Es por eso que en esta moción traemos a consideración de los grupos parlamentarios el desarrollo de las medidas normativas que permitan volver a situar el sistema sanitario y el derecho a la atención sanitaria y a la protección de la salud como un derecho de ciudadanía. Es algo que debe reconciliar al Partido Popular con la mayoría de esta sociedad. Le pediría a su grupo parlamentario que tuviera en cuenta esta posición para sentar bases de lo que pudiera ser en su momento el encuentro -también en el ámbito parlamentario- en lo que muchos reclaman como un pacto por la sanidad.

También este Real Decreto-ley 16 /2012 ha tenido entre sus efectos la incorporación de copagos por los productos farmacéuticos y las prestaciones sanitarias. Para un determinado conjunto de ciudadanos, especialmente los pensionistas, los pacientes crónicos, los pacientes con enfermedades raras, está suponiendo un obstáculo real para el acceso a estas prestaciones, sobre todo porque la aplicación de los topes que establece este real-decreto ley en la aportación de la ciudadanía se está haciendo de manera desigual en el conjunto del territorio nacional. Por lo tanto, se están dando circunstancias en las que los pacientes, por razones de su situación económica, tienen dificultad para acceder a estas prestaciones, teniendo como consecuencia resultados adversos en su salud y no cumpliéndose el objetivo que preveía este real-decreto ley. Por eso nos parece importante señalar que esta consideración debe tenerse en cuenta.

Señorías, también este real-decreto ley planteaba como un objetivo fundamental conseguir la sostenibilidad. Desgraciadamente los datos demuestran que solamente en el año 2012 la deuda generada por las administraciones sanitarias en dicho año alcanzaba cerca de 9.000 millones de euros, por lo tanto pensamos que no ha cumplido el objetivo de sostenibilidad. Por eso pedimos la evaluación de este real-decreto ley cumpliendo lo que la Ley General de Salud Pública, que se aprobó unánimemente en esta Cámara a finales de la pasada legislatura, establece, y cumpliendo también un planteamiento positivo para la ciudadanía, que es evaluar el impacto de las medidas, mantener aquellas que funcionen y corregir las que se demuestre que no funcionan. Un problema fundamental de nuestro sistema sanitario público es la necesaria suficiencia financiera. Nos proponemos con esta moción definir un nuevo modelo de financiación que respetando lógicamente el principio de estabilidad presupuestaria asegure la suficiencia y la equidad del Sistema Nacional de Salud y plantee que los presupuestos autonómicos puedan tener las cuantías necesarias que con carácter finalista aseguren la suficiencia financiera dentro de esta cautela de estabilidad presupuestaria. No queremos dejar de señalar que en esta moción -queremos pedirle encarecidamente al Defensora del Pueblo su consideración- la política económica está suponiendo un


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riesgo cierto para la aplicación de determinados programas de salud que desde siempre el Ministerio de Sanidad, en colaboración con las comunidades autónomas, ha apoyado y ha desarrollado mediante subvenciones. Son programas tan importantes como los de formación en el fomento de la donación y trasplante de órganos, pero también aquellos que tienen que ver con la prevención del VIH-sida, con la prevención de la drogodependencia y otros muchos de calidad asistencial. La Ley orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, establece en su artículo 20.3 un planteamiento que puede discriminar la salud de los ciudadanos en función de que las comunidades autónomas hayan conseguido el objetivo de déficit presupuestario. Si ese objetivo se incumple esta ley establece que para la concesión de las subvenciones tendrá que haber una autorización previa del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas. Esto significa que por ley el Gobierno de Rajoy ha decidido que las comunidades que no cumplan el objetivo de déficit van a verse discriminadas, salvo que el ministro de Hacienda considere benévolamente lo contrario. Corren riesgo programas de trasplantes, programas de donación de órganos y programas preventivos muy relevantes que pueden tener consecuencias en la salud de las personas. Por eso pedimos al Gobierno y al Grupo Popular que reconsidere esta posición y con su apoyo pueda evitar lo que puede ser una discriminación que, por razones de política económica, puedan terminar pagando los ciudadanos de determinadas comunidades autónomas en sus programas de salud, por lo tanto les haga más desiguales del resto de los ciudadanos.

Finalmente, señora presidenta, señorías, en esta moción también solicitamos el despliegue, el desarrollo de la Ley General de Salud Pública que se aprobó en octubre del año 2011. Lo hacemos fundamentalmente porque creemos que es necesario dar un impulso real a las políticas preventivas y de promoción de la salud. Es en ellas donde podemos encontrar también un apoyo concreto, en beneficio de la salud de las personas, a las políticas de austeridad que son necesarias en tiempos de crisis económica, pero no tiene justificación que por este tipo de políticas económicas se afecten las posibilidades de prevención y de promoción de la salud. Señorías, solicitamos el apoyo de los grupos parlamentarios porque será en beneficio de la ciudadanía. Esperamos su voto positivo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señor Martínez Olmos.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora Presidenta.

No ganamos para sustos. La semana pasada se confirmó la información que previamente el Gobierno había desmentido con respecto a un recorte brutal en materia de trasplantes. Para más inri ese recorte se condiciona por parte del Gobierno al cumplimiento de los objetivos de déficit, salud a cambio del cumplimiento de los objetivos macroeconómicos del Gobierno. Por si no fuera poco, hoy mismo conocemos la convocatoria de los concursos para la privatización de seis hospitales públicos en la Comunidad de Madrid. No ganamos para sustos, señorías; no es de extrañar con esta política de recortes en materia tan sensible como son los trasplantes, de recortes en materia de salud, en la marca España en pocas palabras. Son recortes que no estaban en el proyecto de presupuestos porque era una de las cuestiones que todos considerábamos que debía mantenerse. Pues bien, el programa 313.D queda reducido más allá del recorte presupuestario. Como digo, no ganamos para sustos. Además, hoy mismo nos desayunamos con una nueva andanada, con un nuevo recorte en materia de privatizaciones. No es de extrañar que los ciudadanos estén preocupados, que ustedes hayan convertido a la sanidad en una preocupación nacional, cuando previamente la sanidad era un valor del conjunto de los ciudadanos y un elemento de tranquilidad. Ya no provoca tranquilidad sino desasosiego, intranquilidad, preocupación.

Señorías, nos parece demasiado pedir aquello de que el Ministerio de Sanidad recupere el liderazgo. Yo diría lo que solemos decir los sanitarios, primero no hacer daño; primum non nocere, sería lo que le pediríamos al Ministerio de Sanidad. Pediríamos que no hiciera daño, porque eso de que recupere el liderazgo nos parece casi una utopía. En estos momentos las políticas del Ministerio de Sanidad son las del desbarajuste y del desmantelamiento del sistema sanitario; desbarajuste porque las continuas informaciones y desinformaciones no solamente preocupan a los ciudadanos sino que también en estos momentos tienen en un susto a los propios profesionales, que se movilizan, que se organizan para rechazar las medidas de recorte y de privatización del Gobierno. Nosotros lo único que pediríamos o desearíamos en este momento es que el Gobierno reconsiderara estas medidas que van camino del desbarajuste sanitario y que además desmantelan uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del


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mundo y uno de los mejores, por supuesto, de Europa. Por eso proponemos, en primer lugar, reconsiderar el Real Decreto 16/2012, un real decreto que parece dictado por el Ministerio de Hacienda sin el conocimiento del Ministerio de Sanidad, sin criterio sanitario alguno. También planteamos la necesidad de reconsiderar la política de privatizaciones que, en nuestra opinión, va más allá incluso de la Ley 15/1996, va más allá incluso de la gestión privada; se adentra, en nuestra opinión, en la privatización del aseguramiento, y esa materia, señorías, es inconstitucional. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por tanto, nosotros pretendemos que el Gobierno reconsidere su postura, no que recupere el liderazgo porque nos parece demasiado pedir. En ese sentido, si el Gobierno sigue por este camino no va a quedar más remedio que reprobar a la ministra de Sanidad, que, en nuestra opinión, no se guía por criterios sanitarios, ya que acepta sin ningún cuestionamiento las medidas de recorte del Ministerio de Hacienda y es incapaz de liderar la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la sanidad española y, sobre todo, un pacto de Estado por la sanidad. Con este ministerio y con esta política no hay pacto posible.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

En turno de fijación de posiciones, tiene en primer lugar la palabra el señor Baldoví, por el Grupo Mixto.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Si uno visita la web del Ministerio de Sanidad, el enlace, las claves de la reforma sanitaria, se da cuenta del nivel que puede alcanzar la mentira, el engaño y el fraude. Se habla de sanidad gratuita, se habla de que el Gobierno cumple su compromiso de no introducir el copago, pero nosotros vemos que se ha aplicado el copago farmacéutico. ¿Dónde está recogido eso? También dicen que se mantienen las exenciones para los enfermos crónicos, discapacitados y afectados por el síndrome tóxico. ¿Disculpen? Los discapacitados sí están pagando por los medicamentos, de hecho hay familias a las que han obligado a elegir entre pagar los medicamentos de sus hijos discapacitados o cubrir algunas de las necesidades más elementales. Eso es lo que les está ocurriendo, por ejemplo, a los valencianos con el Gobierno del Partido Popular, que desde enero de 2013 obligan al pago a los discapacitados de un mínimo del 40 % del coste de los medicamentos. Ahora todos pagan gracias al repago farmacéutico. Esta moción del Grupo Socialista propone evaluar el impacto del Real Decreto 16/2012, pero la evaluación ya la vemos todos los días. El PP ha iniciado la privatización de la sanidad. Justo en el momento de mayor crisis social, cuando la gente tiene más dificultades y menos capacidad de renta, se impone el repago farmacéutico y ortoprotésico, se disminuye la cartera de servicios sociales -el medicamentazo, que ha tenido un coste para los usuarios enfermos de 300 millones de euros- y se niega la asistencia a los inmigrantes poniendo en riesgo la salud de todos; encima, todo con engaños. Ese es el resultado de la evaluación. También se habla de endeudamiento. El problema no es que se deba dinero sino que se presupuesta por debajo del gasto. No existe endeudamiento, existe un presupuesto inferior al coste previsto. En el caso valenciano, según el conseller de Sanitat del PP, el Estado financia con 1.003 euros, frente a los 1.200 de media nacional en consignación per capita. Como dice Vicenç Navarro, la sanidad pública española es la menos financiada de la Unión Europea a quince. Los recortes en la sanidad pública conllevarán un incremento notable del peso del sector privado, cuyo tamaño ya es muy elevado.

Acabo. Compromís-Equo votará a favor aunque la moción del Grupo Socialista nos parezca un tanto tibia. Por tanto, nos gustaría que aceptaran la enmienda de La Izquierda Plural, que a nuestro entender la completa y la mejora notoriamente.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente.

Dos minutos. Los nacionalistas canarios vamos a apoyar esta moción; no tendríamos ningún inconveniente en aceptar también, como se ha señalado, las enmiendas formuladas por La Izquierda Plural. Nos hubiera gustado más que hubieran llamado a la moción una pequeña caricatura para acabar con la contrarreforma sanitaria, pero ojalá que esto del liderazgo signifique eso, porque me parece que estamos de acuerdo en lo que significa. El Estado español en el año 1996 consiguió formar parte de los Estados modernos reconociendo un derecho que, aunque no es fundamental en la Constitución, lo es para la gente, que es el derecho a la protección de la salud, desarrollando este precepto de la Constitución


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a través de una ley, que es la Ley General de Sanidad. Esa ley define un modelo, el Sistema Nacional de Salud, que tiene alguna debilidad. No reconoce la salud como un derecho fundamental en sentido estricto pero hace dos cosas muy importantes: reconoce el derecho universal a la asistencia sanitaria y a la protección de la salud y además dice que son los Presupuestos Generales del Estado los que tienen que financiar el sistema sanitario, lo cual viene a reconocer la responsabilidad del Estado en los asuntos de salud y a superar el criterio de responsabilidad individual frente a ella. A partir del año 2008 y con la profundísima crisis con las terribles consecuencias de todo tipo que está viviendo nuestra sociedad, el Gobierno del Partido Popular ha hecho justamente lo contrario: una operación de contrarreforma, de destrucción de la esencia de lo que viene a ser un sistema sanitario público sin un solo argumento, por lo tanto solo por razones ideológicas. Son ideológicas porque el sistema español es probablemente uno de los sistemas con mayor eficiencia del mundo y además porque está subfinanciado crónicamente (lejos de gastar mucho, lo que ha hecho es gastar poco). Por este motivo nosotros denunciamos una vez más la contrarreforma del sistema sanitario español, denunciamos la destrucción de los grandes servicios públicos y apoyaremos esta moción y todas aquellas que se formulen en defensa de los denominados instrumentos del Estado del bienestar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.

Señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: La moción del Grupo Socialista nos propone, entre otras cuestiones, leo textualmente: recuperar el liderazgo en materia sanitaria. Pues bien, nosotros coincidimos con el fondo de esta moción, la vamos a apoyar pero creemos que para recuperar el liderazgo en materia sanitaria hay dos vías -no sé exactamente cuál poner antes-: primera la derogación inmediata del Real Decreto-ley 16/2012 y segunda -ya digo que no sé cuál poner en primer y en segundo lugar- la dimisión, inmediata también, de la ministra de Sanidad, tal y como en este caso el Bloque Nacionalista Galego tiene ya solicitado en este Pleno. Si no hay derogación de ese real decreto y si no hay dimisión de la ministra de Sanidad, evidentemente no podemos ir en una línea que efectivamente propone la moción. Nosotros estamos en contra de ese real decreto y de todas las medidas, una tras otra, que se derivaron de la aplicación de ese real decreto. Estamos en contra del repago -es así como hay que llamarlo- de las prestaciones sanitarias, de las prestaciones farmacéuticas y, desde luego, de otra vía muy grave emprendida también por el Partido Popular que es la privatización de las infraestructuras sanitarias para entregarlas, más pronto que tarde, a empresas privadas con todo el beneficio económico que conlleve. Estamos viendo -no estoy mencionando ninguna cuestión fuera de la realidad- cómo los responsables políticos más importantes en su momento de la Consejería de Sanidad de la propia Comunidad de Madrid son precisamente los que están trabajando ahora en las empresas que ellos mismos contribuyeron a que adquirieran los recursos públicos. Por tanto, estamos en contra de los recortes absolutamente salvajes que se están produciendo en determinados programas, como efectivamente es el de formación en donación y trasplantes, así como en otros muchos de prevención que también fueron aludidos por el ponente. Apoyamos esta moción y aprovechamos, aunque sabemos que no va a servir de nada, para insistir en que la única solución a este problema es la derogación de ese decreto y la dimisión de una ministra de Sanidad que no hace más que ir de mal en peor en esta materia.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la salud es uno de los valores más apreciados por la sociedad, sobre todo por una sociedad desarrollada y humanista como la nuestra. Lo cierto es que, aunque parezca una obviedad, un buen estado de salud es el principio que nos permite desarrollar cualquier otra potencialidad, y su falta reduce nuestras capacidades y las limita. Por ello queremos un sistema sanitario que profundice ahora más que nunca en los principios de universalidad, solidaridad, equidad, calidad de los servicios y participación ciudadana. Entendemos la protección de salud como un derecho universal incuestionable, no como una consecuencia de la cotización a la Seguridad Social. En este contexto compartimos los objetivos que


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pretende conseguir la moción del Grupo Socialista; sin embargo la sanidad es un ámbito en el que las competencias que ostenta la Administración central son limitadas, residiendo la mayor parte de ellas en las comunidades autónomas, quienes gozan de la capacidad de organizar y administrar todos los servicios relacionados con la salud. Precisamente la capacidad de autogobierno ha sido la principal herramienta que ha hecho posible mantener el derecho universal a la sanidad en Euskadi en contra de lo previsto en el Real Decreto-ley 16/2012 y precisamente en el sentido que recoge su moción, haciendo de las personas el eje central de las políticas públicas en materia de salud, sin distinción de procedencia o condición. Por ello nuestro voto va a ser favorable a su moción; favorable, pero condicionado al absoluto respeto al ámbito competencial propio de las comunidades autónomas. Esta precisamente ha sido la clave que ha permitido dotar a la sociedad vasca de un sistema sanitario público que ofrece prestaciones de calidad con buenos resultados en salud y con elevados niveles de eficiencia. Trabajemos, pues, en clave de colaboración, de cooperación desde el respeto y nunca desde la imposición. Este es nuestro compromiso y esperamos que el resultado de esta moción presentada por el Grupo Socialista sea fructífero y permita reconducir la situación en la que se encuentra actualmente la sanidad española.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Nos parece que la iniciativa planteada en la interpelación de la semana anterior y la moción que hoy estamos discutiendo por el Grupo Socialista es muy pertinente. Me parece una buenísima oportunidad para que el grupo mayoritario en el Congreso de los Diputados hiciera un ejercicio de autocrítica -que si quieren podemos compartir- y pensara sobre las consecuencias de ese real decreto que fue rechazado unánimemente no solo por los profesionales del sector, por la comunidad científica y sanitaria, sino también por esta Cámara. No quiero pensar mal y además no tengo por qué hacerlo. No creo en la maldad intrínseca de las decisiones, ni que el Gobierno cuando redactó y sometió a ratificación este real decreto tuviera la pretensión de fastidiar el sistema público de salud y a los ciudadanos, de empobrecerlo y hacerlo menos accesible, menos gratuito, menos público y menos universal; no creo eso. Me pongo en su posición y pienso que seguramente cuando el Gobierno se reunió quiso reformar el sistema y conseguir lo que puso en su exposición de motivos, los fundamentos del real decreto: buscaba la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, la clarificación de los titulares de ese derecho, quería adaptar la normativa española a la europea, garantizar el acceso a las prestaciones sanitarias y, por último, eliminar duplicidades. Esos objetivos, que por otra parte así planteados son universales para aquellos que defendemos un sistema público de salud de calidad, accesible, en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos españoles, podemos compartirlos. Les dijimos que el instrumento que nos traían para defender esos objetivos estaba llamado a fracasar, porque desdecía en su propia esencia todos aquellos objetivos que proclamaba. Ustedes no nos hicieron ningún caso. No hicieron caso a lo que aquí se les dijo ni a ninguna de las manifestaciones de todos los sectores -aquí ha habido transversalidad, y yo diría que unanimidad- que les hicieron la misma crítica. Después llegó el informe del Defensor del Pueblo en el mes de febrero de este mismo año. Fue demoledor, señaló que todas aquellas cuestiones sobre las que habíamos alertado se habían puesto de manifiesto dramática y realmente, y en efecto la puesta en marcha de este decreto estaba causando un perjuicio brutal al sistema público de salud, por tanto a los ciudadanos beneficiarios de dicho sistema. Ya no era un debate ideológico o sectorial, no era que desde la ideología rechazáramos una iniciativa del Gobierno del Partido Popular, ni era un debate propuesto por los profesionales del sector que, como algunas veces ustedes mismos han dicho, buscaran defender su propia posición orgánica como empleados del sector. No, era la pura exhibición de hasta qué punto en la práctica ese decreto se ha mostrado fracasado para conseguir esos objetivos que ustedes pretendían, según decían en la exposición de motivos. Si pretendían esos objetivos, pero se ha demostrado que el real decreto ha fracasado en su consecución -insisto en que esto no lo dice esta diputada sino todo el sector y todos los afectados que lo están sufriendo cada día en sus carnes, además de un informe del Defensor Pueblo, poco sospechoso de ser un informe viciado de parcialidad en el sentido político, partidario o ideológico del término-, háganme el favor de ser autocríticos y de hacer aquello que hemos de hacer quienes tenemos responsabilidad pública, revisar las leyes a la luz de sus consecuencias. Si esos objetivos que ustedes pretendían -no tengo por qué pensar que no lo pretendían- no solamente no se han podido conseguir con este decreto, sino justamente lo contrario, hagan el favor de revisarlo, no se hagan daño a ustedes


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mismos. Si he de creer que ustedes querían conseguir objetivos diferentes (estabilizar el Sistema Nacional de Salud, que el sistema fuera más accesible, más gratuito, más universal), y lo que han conseguido es que el sistema público sea menos público, menos accesible, menos gratuito y menos universal, revísenlo a la luz de las consecuencias y den su brazo a torcer. Hagan el favor de cambiar de posición para no traicionarse a ustedes mismos, si no yo también creeré que lo que ponían en la exposición de motivos no era más que una exposición de motivos que no pretendían cumplir, que la exposición de motivos era, permítanme la expresión, un engañabobos, que querían colarnos una privatización del sistema de salud y tirar por el suelo todo lo que había sido la construcción del sistema público de salud -una de las cosas más importantes y más positivas que hemos hecho en España-, que querían cambiar todo eso contándonos en la exposición de motivos lo contrario de lo que pretendían conseguir. Por tanto, a la luz de las consecuencias...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino. A la luz de las consecuencias, a la luz de lo negativo que ha sido, a la luz del daño que le está haciendo al sistema público de salud, a la luz del daño que le está haciendo al conjunto de los ciudadanos y a la luz del daño que les está haciendo a sus propias proclamas, porque se han pegado un tiro en el pie, hagan el favor de retirar el decreto y de escuchar la voz de los ciudadanos y la voz de los diputados y cambien, rectifiquen y cambien, que cambiar -como dijo la semana pasada un diputado de su grupo- es de sabios. Pues aplíquense el cuento. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hace un año exactamente debatíamos en esta tribuna -y había unanimidad por parte de todos los grupos de la oposición- el Real Decreto 16/2012. Digo que había unanimidad en toda la oposición en contra de ese real decreto, un real decreto que privaba a muchos ciudadanos de su derecho por ciudadanía a la sanidad y que introducía el derecho de aseguramiento, derecho con el cual Convergència i Unió tampoco está de acuerdo. Nosotros nos opusimos a ese real decreto por varios motivos. Además, explicábamos aquí que, si bien compartíamos la idea de fondo, el porqué, el motivo por el que sacaban ese real decreto, no compartíamos las formas ni el método, porque además no nos dejaban colaborar, trabajar y hacer rectificaciones. Ha pasado un año justo, no hemos visto ninguna de esas rectificaciones y tampoco voluntad de diálogo -que sí se nombra muchas veces pero que no vemos en la práctica- para hacer modificaciones en este tema tan sensible como es el de la sanidad. Por eso, nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, va a apoyar esta moción de seis puntos que ha presentado el Grupo Socialista y que compartimos en su totalidad. Algunos puntos los podríamos matizar, pero estamos de acuerdo en ellos. Sobre todo hay un punto, el punto 2, que yo quiero comentar y destacar. Nosotros aplaudimos de una manera especial el punto 2. Cuando se presentó aquí ese decreto se dijo el impacto que iba a tener, se nos presentaron unos números, se nos dijo que iba a ser la gran solución para el Sistema Nacional de Salud. Por eso nosotros aplaudimos que se evalúe el impacto en salud de este real decreto para rectificar -ya lo decía también la Ley General de Salud Pública- todas esas medidas que perjudican la salud de todos nuestros ciudadanos.

Compartimos el punto 3, definir el nuevo modelo de financiación, pero aquí sí tengo que dar un tironcito de orejas al Grupo Socialista y a los otros grupos por haber abandonado el Pacto para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Creo que es allí donde debemos buscar ese nuevo modelo de financiación que realmente, respetando, como ustedes dicen, este principio de estabilidad presupuestaria, asegure la equidad, la eficiencia y el dinero suficiente a las comunidades autónomas, que son las que en realidad prestan el servicio en el día a día y las que tienen que padecer el efecto de toda esta normativa y de estos reales decretos que se hacen desde aquí. Aquí nos invitan a cenar, pero las facturas de esa cena las pagamos las comunidades autónomas. Es en el pacto, y todavía están a tiempo de incorporarse, donde debemos buscar ese modelo de financiación, elevarlo después a votación y entre todos buscar la solución a la financiación de nuestro sistema de salud.

Además, estamos de acuerdo en asegurar la dotación presupuestaria para los programas de formación en donación y transplante de órganos. Hay una disminución de un 20 % en las partidas. Con esa disminución, ¿cómo van a preparar las comunidades autónomas a todos los equipos, al personal, la


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movilización, la sensibilización en un tema tan delicado como el de los transplantes, en el que además somos pioneros y nos imitan desde tantos lugares porque lo hemos hecho muy bien hasta ahora? Nos preocupa el seguimiento de estos temas, como también asegurar los presupuestos de cooperación del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas para el desarrollo de programas de salud de interés conjunto. Son programas y estrategias generales que se están haciendo desde el Gobierno central y que las comunidades los tienen que llevar a cabo, pero en ellos no hay recursos. Hay programas y partidas que han desaparecido en su totalidad. Quiero nombrar aquí un programa que nos preocupa mucho, el del VIH -el programa del sida-. No vemos la partida presupuestaria por ninguna parte y vamos a ver lo mal que lo van a pasar las comunidades autónomas para seguir adelante.

El último punto, y con esto termino, es el relativo al impulso al desarrollo de la Ley General de Salud Pública. Una de las medidas importantes en nuestro Sistema Nacional de Salud se basa en la educación de la población y en la prevención. Desarrollemos esta Ley General de Salud Pública y seguro que todos iremos mucho mejor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez Sánchez.

La señora RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de esta moción porque el objetivo que subyace en ella no es mejorar la equidad, ni favorecer la cohesión, ni ayudar a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, lo que subyace en la moción es un intento de fomentar artificialmente un clima de confusión, de tensión entre la ciudadanía, que no responde en absoluta a la realidad de nuestro sistema sanitario. Su moción tampoco responde a un deseo de ayudar a resolver los problemas reales. Si el Grupo Parlamentario Socialista estuviera realmente interesado en la mejora de la sanidad, estaría ocupando de manera responsable el puesto que le corresponde en la subcomisión de análisis de los problemas estructurales. Ya han pasado por ella muchos representantes del mundo sanitario y, más allá de las diferentes opiniones, el punto común que todos han señalado es precisamente la ausencia voluntaria e injustificable del principal grupo de la oposición. El objetivo es identificar puntos comunes para afrontar los verdaderos retos que tiene nuestro sistema y que no son ni más ni menos que asegurar para nuestros hijos un sistema sanitario público, universal, equitativo, sostenible y de calidad. Lo que subyace en su moción es un intento de fomentar un clima de crispación que ejemplariza un ejercicio de irresponsabilidad manifiesta. Muestra de ello son las alarmas respecto a las materias de donación y trasplantes, unas alarmas que la propia Organización Nacional de Transplantes se ha encargado de desmentir. O cuando intentan alarmar a la población hablando de riesgos en salud pública inexistentes, como demuestran los sistemas de vigilancia epidemiológica de alerta sanitaria. No se ha comunicado ningún incremento de la tasa de enfermedades de declaración obligatoria y, además, por ejemplo, los casos de TVC han sido menores en 2012 que en 2011. O cuando hablan de la barrera en el acceso al medicamento. Les molesta que se haya eliminado el copago a los parados, a las personas con menos recursos, que con ustedes tenían que pagar el 40 %. Es incomprensible que a los que se autopublicitan como los adalides de la sensibilidad no se les pasase por la cabeza eliminar cuando podían hacerlo ese copago a las personas en riesgo de exclusión. O cuando se habla de privatización. Para el bipartito enviar a los pacientes a un centro privado nada tiene que ver con la privatización de la atención al usuario, pero temen otros tipos de gestión profesionalizada aun cuando se mantenga el carácter público de la sanidad. Posiblemente sea porque allí donde gobiernan los gestores no se eligen por méritos profesionales sino por haber pasado previamente por el tamiz de escuelas de adoctrinamiento ideológico.

En su moción tampoco hay un deseo de abordar unos problemas que no son nuevos. Este Gobierno no se ha encontrado con un sistema sino con diecisiete; con miles de españoles fuera de él -es curiosa la interpretación que hacen ustedes de la universalidad-; con profesionales trabajando en condiciones muy diferentes según la comunidad; con una población con muy distintas oportunidades de salud según donde viviesen, y con una deuda insostenible que además se había disparado un 173 % entre 2009 y 2011. Y ha sido este Gobierno, con el Plan de pago a proveedores y el FLA, el que ha evitado que se pusiera en riesgo el sistema. Este Gobierno, con el Real Decreto-ley 16/2012, que fue debido a una situación de urgencia, está siguiendo una serie de pasos en colaboración continua con las comunidades autónomas e impulsando las sesiones en el consejo interterritorial para seguir avanzando y llegando a acuerdos con profesionales y con esas comunidades. Porque ha sido este Gobierno el que ha creado el


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Fondo de garantía asistencial y el que ha hecho posible que se esté trabajando en una cartera de servicios, en una tarjeta sanitaria interoperable, en la historia clínica y la receta electrónica única, en poner en valor a los profesionales con criterios objetivos, en impulsar la e-Salud y también en el desarrollo de la Ley General de Salud Pública priorizando la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud con iniciativas concretas, por ejemplo y muy recientemente contra la obesidad.

Y también trabaja en la sostenibilidad. Desde hace unos años se habla mucho de este problema en los foros técnicos pero es inconcebible que el Gobierno socialista mirase para otro lado en su momento. Este Gobierno no puede hacerlo porque los retos están ahí, porque tenemos una población cada vez más envejecida y porque hay que poner los medios para que en el futuro podamos seguir disfrutando de un sistema sanitario público con los más altos índices de calidad. Por supuesto que el sistema sanitario necesita recursos y una utilización eficiente de ellos, y también necesita corresponsabilidad por parte de las comunidades autónomas, y necesita prioridades, porque si hay dinero para hacer programas variopintos, incluso para dejar de vigilar o no vigilar cómo se utilizan los fondos incluso para ERE fraudulentos, debería haber también dinero para priorizar la sanidad.

Hablan ustedes de evaluación. Resulta que la evaluación es algo consustancial en todas las acciones que está llevando el Gobierno. Por ejemplo, a pesar del poco tiempo transcurrido ya se ha llevado al interterritorial la revisión de los tramos de la aportación farmacéutica, porque la evaluación es una herramienta para poner remedio a disfunciones y eso es lo que está haciendo el Gobierno y este ministerio, revisando sus propias actuaciones, ejemplo que se debería extender a otras comunidades. Hace poco se ha publicado un estudio firmado precisamente por investigadores adscritos al Servicio de información y evaluación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con datos muy preocupantes sobre la mortalidad en los últimos veinte años. Unos datos que se suman a informes previos que muestran el déficit en Andalucía de cuidados sociosanitarios y la falta de políticas correctoras. Parece, pues, que ni la Junta ha tenido demasiada diligencia durante los últimos treinta años en abordar algo tan prioritario, ni las evaluaciones han tenido demasiado eco allá donde ustedes gobiernan.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Sánchez.

Señor Martínez Olmos, ¿acepta usted las enmiendas presentadas por Izquierda Unida?

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Señor presidente, no vamos a aceptar la enmienda. Vamos a plantear la votación en sus propios términos.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Martínez Olmos.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE DESIGUALDAD Y POBREZA EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000073).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre desigualdad y pobreza en España. Tiene la palabra la señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señorías, la semana pasada iniciábamos el debate de un tema de tanta importancia como es la exclusión y la pobreza con lo que yo llamaría una declaración de principios. El aumento insostenible de la pobreza en nuestro país nos sitúa en un estado de emergencia social que es imprescindible abordar de manera urgente. A partir de esta declaración y basándonos en informes de entidades sociales señalamos una serie de cuestiones que consideramos que nos han llevado a la situación que hoy estamos sufriendo.

Dijimos y sostenemos que la preocupación por el déficit nos ha llevado a financiar a los bancos antes que a las personas. Dijimos y sostenemos que a lo largo de mucho tiempo no se consolidó la protección social ni se aumentó proporcionalmente la inversión en gasto social con respecto al PIB o, lo que viene a ser lo mismo, que durante ese periodo de supuesto crecimiento económico la riqueza se fue acumulando en las personas más ricas mientras iba aumentando la desigualdad y por tanto creciendo la brecha social. Dimos un dato que es por sí mismo de una gravedad extrema: para el año 2022, dentro de nueve años, tan solo nueve años, si no se toman medidas urgentes en España habrá 18 millones de personas pobres, un 38 % de la población, y además la brecha social se hará más profunda, dado que el 20 % de los más ricos podrían ingresar quince veces más que el 20 % de los más pobres. Ahora, según datos de algunas asociaciones, estamos en siete veces más. Llegaríamos dentro de nueve años a ocho veces más de lo


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que es actualmente. Ante estos datos francamente preocupantes, la ministra Mato contestó aquello tan famoso de: manzanas traigo. Se acogió al mantra de la herencia y al no menos preocupante de: el Partido Popular está intentando arreglar la situación. Y llegó al colmo de los despropósitos cuando afirmó que para luchar contra la pobreza y la exclusión social lo primero que hay que hacer es controlar el déficit, es decir, no invertir en gasto social. Es verdad que sus presupuestos así lo dicen. Podríamos compartir que la mejor manera de luchar contra la pobreza y la exclusión social es el empleo, pero que ustedes lo identifiquen con la reforma laboral resulta como poco sarcástico. Señorías, seis millones de parados y paradas dan para pocos sarcasmos, y este ha sido y sigue siendo el único resultado de las sucesivas reformas laborales que estamos sufriendo.

Siguiendo con los mantras, pretenden dar como bueno lo que está siendo un auténtico desastre para el bienestar de la ciudadanía. Por ejemplo, y aunque ya se ha hablado anteriormente, la contrarreforma sanitaria. Es evidente que ustedes carecen de la información adecuada sobre lo que están suponiendo las medidas que están tomando en este campo, como es evidente su desconocimiento de la situación que sufren los dependientes y sus familias. Evidente, desconcertante y muy, pero que muy preocupante, señorías.

La señora ministra, eso sí, quiso hacer un alarde de modernidad y nos habló de los deudores hipotecarios y el real decreto al respecto. Ya les adelantamos, por si ustedes no son conscientes -son conscientes muy pocas veces-, que la relación de ese decreto con la situación de las personas que lo están sufriendo es francamente lo mismo que dije anteriormente: manzanas traigo. Es decir, ninguna.

Otra perla que me resulta imposible obviar es aquella de: la peor pobreza es la que tienen que sufrir niños y adolescentes. Señorías, la peor pobreza es la pobreza en sí misma y a combatirla en toda su amplitud deben esforzarse las administraciones, si bien es cierto que la infancia, los jóvenes y las mujeres constituyen los sectores más vulnerables.

Con esta moción que presentamos mi grupo les traslada una serie de propuestas perfectamente realizables si de verdad hay voluntad política para abordar y acabar con la pobreza y la exclusión social en nuestro país. Son medidas que habría que empezar a realizar ya, y les decimos además de dónde y cómo se pueden financiar. Lo que nos preocupa es si ustedes van a ser capaces de admitirlas o van a continuar enrocados en sus mantras con las consecuencias que esa forma de actuar está teniendo sobre la población más vulnerable. Es obligado y urgente dotar a las entidades locales de medios suficientes. Son ellos los que mejor conocen la realidad de sus vecinos y vecinas y los que mejor pueden abordar la situación de sus convecinos. Justo, señorías, lo contrario de lo que ustedes pretenden con la reforma de las administraciones locales, exactamente lo contrario.

Ese es necesario abordar con las comunidades autónomas un plan estatal de emergencia contra la pobreza y la exclusión en el marco de la estrategia europea 2020. Es igualmente necesario consolidar el sistema de servicios sociales como cuarto pilar del sistema de protección social, y para ello deben ustedes reconocer que los recortes y las medidas que se están tomando respeto a la Ley de Dependencia son absolutamente lesivas para los dependientes y sus familias. Hay que recuperar el plan concertado, restablecer el programa de teleasistencia, recuperar el carácter universal del Sistema Nacional de Salud, derogar la ley 15/1997 y exigir la devolución del euro por receta a aquellas comunidades que lo implantaron. Hay que considerar la vivienda y el suelo como bienes básicos no sujetos a especulación, parando los desahucios y reconociendo la dación en pago. Hay que hacer de la educación la piedra angular para evitar desigualdades sociales y económicas y, sin embargo, la propuesta de ley que ustedes pretenden traer también va en sentido contrario. Adoptando el lema que prima en la calle, sí se puede a través de un aumento de la fiscalidad a las grandes fortunas y los beneficios bancarios, así como con la implantación de un impuesto del que todo el mundo habla de vez en cuando pero que nadie se atreve a poner en marcha y que está relacionado con las transacciones financieras. Reitero lo que he dicho anteriormente, sí se puede, ahora bien ¿ustedes quieren? Esa es la cuestión.

No vamos a aceptar las enmiendas presentadas por UPyD y el Grupo Catalán. Sí hubiéramos podido compartir alguna cuestión propuesta por este último grupo, pero desde luego no aceptamos una enmienda a la totalidad de la proposición. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.

En efecto, a esta moción se han presentado dos enmiendas. Una, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, y tiene la palabra para su defensa el señor Anchuelo.


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El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

La primera reflexión que sugiere la moción de La Izquierda Plural es cuántas veces ha subido uno a esta tribuna a hablar de temas financieros y qué pocas ocasiones ha habido de subir a hablar de una cuestión tan importante como la pobreza o la desigualdad. Se ha convertido en la cara oculta, en la cara vergonzante de la crisis; oculta y vergonzante para las instituciones, pero no oculta para los millones de conciudadanos que la sufren todos los días cuando comienzan su jornada.

Cuando hablamos de pobreza tendemos a pensar que estamos hablando del tercer mundo, como si no fuese una realidad que habita entre nosotros y que ha aumentado fuertemente desde el inicio de la crisis. Y si ya reconocemos su existencia, tendemos a pensar que es algo inevitable, que está pasando lo mismo en todas partes por la crisis; sin embargo no es así, señorías, en el resto de Europa la pobreza se mantiene estable o aumenta ligeramente y es en nuestro país donde ha aumentado con fuerza situándonos en la cabeza de la Unión Europea.

Antes de que se apresuren a tachar este discurso de demagógico o populista me permito hacer notar que se basa en una serie de informes hechos desde perspectivas ideológicas muy distintas y que todos llegan al mismo cuadro general. Los dos más recientes son el informe Foessa -la Fundación de estudios de Cáritas- y el informe del Consejo Económico y Social, y el cuadro que ambos arrojan es el mismo y demoledor: un índice de pobreza relativa en España del 21 %, que sube al 26 % si incluimos el riesgo de exclusión social, una pobreza severa que era de 300.000 familias sin ingresos en el año 2007 y que hoy llega a 630.000 familias en nuestro país sin ningún tipo de ingresos. No estamos hablando de minorías, estamos hablando de un grupo social muy amplio. El riesgo de pobreza infantil en nuestro país es de un 30 %, un colectivo que tiene secuelas toda su vida y que arriesga la transmisión intergeneracional de la pobreza. Además hay algo que los demás grupos a menudo olvidan, el componente territorial de la pobreza, señorías, que no está distribuida de forma regular en nuestro país, que se centra en determinadas comunidades y que en algunas supera el 30 %, como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Canarias. Unido a la pobreza va el aumento de la desigualdad. En el informe del Consejo Económico y Social se ve cómo son los grupos con menor renta los que sufren un mayor deterioro desde el inicio de la crisis. Porque, señorías, lo sorprendente es que, siendo el problema grave, las políticas públicas en vez de atajarlo lo están agravando, tanto por el lado del gasto como por el lado de los ingresos. En medio de la epidemia recortamos las medicinas, en medio de la epidemia social recortamos las políticas de protección social: educación, sanidad, pensiones e incluso prestaciones y subsidios de desempleo, o políticas fiscales de aumento del IVA, el impuesto más regresivo de todos, que grava el consumo. No es sorprendente por tanto que sean los grupos más débiles los que estén sufriendo con más fuerza esta crisis económica.

Compartimos por tanto la gravedad del problema, la oportunidad de esta iniciativa y buena parte de las numerosas medidas que en ella se incluyen. Pero querríamos hacer algunas matizaciones y por eso hemos introducido una serie de enmiendas, teniendo que ver buena parte de ellas con ese componente territorial de la pobreza de la que antes hablábamos, una pobreza desigualmente repartida en el territorio y en un país muy descentralizado. Por eso creemos que la Administración central no puede desentenderse del problema. Ustedes, señora García Álvarez, en su moción piden más recursos para comunidades autónomas y ayuntamientos, como si no hubiese un margen para reasignar los recursos existentes, como si no hubiese la posibilidad de dejar de gastar en entes innecesarios, como fundaciones, consorcios, observatorios, y gastar más en pobreza. Creemos que el Estado, la Administración central, tiene un papel importante en esta reasignación porque debería condicionar sus rescates, sus programas de apoyo a las comunidades a que este gasto superfluo se recorte. Hay que reasignar recursos, no siempre pedir más recursos a un Estado que carece de ellos. Sanidad, educación y servicios sociales están en manos de las comunidades, pero eso no quiere decir que el Estado pueda desentenderse de garantizar un mínimo de calidad similar en todo el territorio. Por eso creemos que la financiación autonómica debería ser finalista: Lo que se da, lo que se transfiere a las comunidades para sanidad, educación y servicios sociales debería gastarse efectivamente en estos fines. Asimismo, creemos que la renta mínima de inserción, como tantas veces hemos dicho, debería ser similar en toda España. Por último, como ustedes saben, no estamos de acuerdo con la dación en pago con carácter retroactivo, son otras nuestras soluciones -segunda oportunidad y dación en pago de cara al futuro- y proponemos, como hemos hecho otras veces en este Pleno, que se eliminen las políticas educativas que tienen que ver con el cobro de los tupper en los colegios. Por eso hemos introducido estas enmiendas a su moción.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Para presentar la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Agradecemos a La Izquierda Plural la presentación de esta moción sobre la pobreza, pues permite a la Cámara de nuevo discutir de una cuestión en la que evidentemente tenía razón el señor Anchuelo: más tiempo y más esfuerzo deberíamos dedicar a la misma.

He de decirles que preparando nuestra intervención y nuestra enmienda he recuperado la lectura del que creo que es el último informe mensual de La Caixa, de marzo de este año, que dedica una parte al análisis de la pobreza en el contexto de la crisis y que dedica las últimas páginas de este informe al análisis de la pobreza en España. Ese informe, basado en los datos de Eurostat y en los datos del INE, pone de manifiesto algunas cuestiones en relación con la pobreza que son muy obvias, muy evidentes, pero que a menudo en nuestro debate político sobre qué medidas debemos abordar y de qué realidad partimos, quizás olvidamos. En primer lugar, nuestro Estado del bienestar está orientado a reducir el riesgo de pobreza entre las personas mayores. Así, entre los años 2007 y 2011 el número de personas mayores en riesgo de pobreza, de ser pobres, disminuye. En parte disminuye por el efecto estadístico que se deriva del empobrecimiento del conjunto de la sociedad, pero indica que nuestro Estado del bienestar, en esa función de protección del riesgo de la pobreza entre los mayores, está funcionando de manera más o menos razonable; estamos tan solo -y ya es mucho- dos puntos por encima de la media de riesgo de pobreza entre mayores de 65 años en el conjunto de la Unión Europea: 16 % en España y 14 % en el resto de la Unión. En cambio, un Estado del bienestar no suficientemente orientado al apoyo de las familias y al apoyo de los niños pequeños provoca que la pobreza entre estos últimos haya aumentado espectacularmente en esta crisis, hasta cerca del 28 o 29 %. Señorías, esto no es menor. Nuestra debilidad en las políticas sociales no está tanto en el sistema de pensiones -que evidentemente debemos de mejorar, ese 16 % no nos puede conformar de ninguna de las maneras-, sino que nuestro problema está en el apoyo a las familias y en el apoyo a los niños pequeños, y además en el contexto de un altísimo desempleo, ya que cerca del 98 % de los hogares sin empleo están en riesgo de pobreza. Cuando el señor Anchuelo recordaba las cifras territoriales, lo que expresan es la tasa de desempleo: a mayor tasa de desempleo, mayor nivel de pobreza. Y estaría de acuerdo con la portavoz de La Izquierda Plural en que la respuesta a esta situación por parte del Gobierno no puede ser la reducción del déficit público. La respuesta es una política orientada al crecimiento, una política orientada al empleo, que es la mejor garantía para combatir el riesgo de pobreza, sabiendo, señorías, que en el medio plazo donde nos jugamos estas cifras va a ser en las políticas de apoyo a la infancia, de apoyo a las familias y especialmente a aquellas familias más vulnerables que necesitan el apoyo de los servicios sociales. Y ahí hay que denunciar la política de recortes brutales acontecida no tan solo en esta legislatura, ya en la anterior legislatura, que ha castigado las transferencias del Estado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en el marco de los servicios sociales: plan concertado, atención a la dependencia, fondo de acogida a la inmigración, etcétera, y el conjunto de las políticas educativas. Porque, señorías, aquello que permite corregir y aquello que permite a las personas huir de la trampa de la pobreza es la educación. Porque también todos los estudios nos indican que a mayor nivel formativo de las personas, menos riesgo de ser pobres y por lo tanto cualquier política pensada en el medio y largo plazo para reducir nuestros índices de pobreza tiene que ver con esa apuesta por la educación. En este sentido, la lógica a la que el Gobierno ha sometido a las comunidades autónomas, sin un reparto equitativo de los objetivos de déficit, castiga aquellos instrumentos que precisamente pueden permitir desde la acción pública reducir el riesgo de la pobreza. Es imprescindible, si queremos reducir la pobreza en España, que los objetivos de déficit que se marquen en este año sean justos para las comunidades autónomas.

Finalmente, señorías, hemos planteado una enmienda alternativa al texto que nos propone La Izquierda Plural. Yo creo que los grupos tenemos puntos de coincidencia y tenemos puntos de discrepancia. Mi grupo en todo caso, señor presidente, reclama una votación por separado de los puntos de la moción de La Izquierda Plural que nos podría permitir votar favorablemente algunas de esas cuestiones en las que Convergència i Unió coincide. En cualquier caso, gracias por la iniciativa.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el señor Baldoví.


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El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

La pobreza generada por la desigualdad social no ha de tratarse como un problema estable o una situación a asistir, sino que ha de tratarse como un problema a eliminar. Por ello, las políticas asistenciales que no vayan acompañadas de un giro en la política económica y laboral del país no son la solución. Durante los últimos años la brecha salarial entre el asalariado y el empresario que cotiza en Bolsa ha crecido exponencialmente, siendo una de las causas de la crisis social la inexistencia de reparto de rentas que incrementa la desigualdad y desincentiva el consumo. En el año 2009, mientras el sueldo medio de los directivos creció una media del 4,5 %, el de los peones creció solo el 0,1 %. En el año 2012 el salario medio de los directivos de empresas aumentó un 3,16 % y el de los empleados disminuyó aproximadamente un 1 %. Reducir los salarios desincentiva el consumo y la producción, generando menos compra, más desempleo y por tanto más pobreza.

A los datos expuestos, en nuestro país se dan otras circunstancias que fomentan la desigualdad, como la mayor contribución al impuesto sobre la renta, que recae especialmente en las rentas asalariadas. La política económica y laboral del Gobierno del Partido Popular está trabajando con empeño por fomentar la desigualdad, y la desigualdad trae pobreza que demanda políticas sociales de supervivencia. Además, en los últimos quince años la política fiscal se ha ido haciendo más regresiva debido a una bajada de impuestos llevada a cabo por los sucesivos Gobiernos, que ha beneficiado predominantemente a las rentas de capital y a las rentas superiores; y encima el ingreso se ha derivado a la deuda pública, disminuyendo la inversión en política social, fuente de igualdad, a costa de la deuda pública incrementada artificialmente al tener que pagar a los bancos intereses disparatados en relación con los intereses a los que el Banco Central Europeo presta el dinero público, el 1 %. El gasto público social por habitante es muy bajo en España, el más bajo de la Unión Europea a quince, y la solución pasa por una redistribución masiva de las rentas. Por ello, compartimos la petición de derogación de los reales decretos impuestos con su mayoría absoluta, que han empobrecido a la gente y han debilitado nuestra sociedad. El PP con su política laboral, fiscal y sanitaria está fomentando un país de ricos y pobres. Por último, están incumpliendo también la Constitución española, cuyo artículo 1 dispone que España se constituye como Estado social y de derecho, y propugna la igualdad como uno de sus valores superiores. Por todo ello, Compromís-Equo daremos nuestro apoyo a esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero señalar que, en nombre de los nacionalistas canarios, apoyaremos esta moción formulada por La Izquierda Plural en relación con la necesidad de combatir la desigualdad y la pobreza. Lo hacemos porque al margen de matices, de debates puntillosos sobre este aspecto o sobre el otro, se trata de poner encima del tapete y en un momento durísimo como el que vivimos, que éstas son las cuestiones sobre las que hay que debatir y, de paso, igual conseguimos acabar con el y tú más, con esto es inevitable, que lo mandan los jefes de la Unión Europea, que lo dice el FMI, y empezamos a hablar de verdad de los problemas que tiene planteada nuestra sociedad.

La desigualdad es un fenómeno que no es nuevo. Es un fenómeno que, sobre todo, se viene incrementando en nuestras sociedades a partir de la década de los años setenta, por aquello de la pérdida de las políticas redistributivas que habían caracterizado la segunda posguerra mundial. Ahora bien, es verdad que entre los años 2007 y 2012 -les pongo el caso de Canarias- la desigualdad interna en Canarias se ha incrementado en un 25 %; y la desigualdad entre las comunidades autónomas del Estado ha crecido en 2 puntos en el año 2012. Es decir, la situación de crisis ha profundizado esta situación. La pobreza, naturalmente, es una consecuencia de muchos factores, uno de ellos la desigualdad, sin duda de ninguna clase. Ahora bien, quiero señalar aquí que la evolución de las tasas de pobreza -y disculpen que hable de mi libro una vez más- no es igual en todas las comunidades del Estado; ya se ha dicho de alguna manera. Fíjense, en Canarias el incremento de la tasa de riesgo de pobreza ha experimentado un ascenso brutal, desde una cifra poco razonable del 24,8 en el año 2008, hasta el 33,8 en el año 2011, cuando la media del Estado español es del 21 %; casi 13 puntos más en un indicador terrorífico como este que les acabo de señalar.

Los estudios del Consejo Económico y Social canario -recientes, por cierto- dejan claro que se va a profundizar la tendencia a la desigualdad y que es evidente que se está produciendo una falta o una


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pérdida de convergencia entre las comunidades del Estado en estos dos indicadores tan importantes. Nosotros vamos a apoyar, por supuesto, la necesidad de un plan estatal de emergencia contra la pobreza y contra la exclusión social 2014-2020, tal y como se ha planteado aquí, pero queremos decir una cosa: sería necesario que este plan tuviese la capacidad de diferenciar la actuación por comunidades, porque es verdad que no todas las comunidades del Estado español se encuentran en la misma situación. Una iniciativa diferenciada en relación con los datos objetivos y con la realidad que afecta a la gente que peor lo pasa en cada una de esas comunidades probablemente sería el camino a seguir. Lo hemos planteado así en Canarias y la apoyaremos aquí ahora.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Quevedo.

Señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Brevemente, señor presidente, desde el escaño.

Nosotros concordamos prácticamente con la totalidad de la moción que nos presenta La Izquierda Plural, sobre todo, evidentemente, con su fondo, pero queríamos solicitar, en todo caso, la votación del punto 1 por separado porque, a nuestro entender, no quedan claras las competencias entre las comunidades autónomas y las entidades locales. No tendríamos problema en votar a favor conjuntamente el resto de los puntos, a partir del número 2, pero tenemos alguna dificultad con el punto 1 y solicitaríamos, en todo caso, la votación por separado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señorías, es inevitable, a la hora de abordar esta moción formulada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, hacer mención a la situación de crisis económica como una realidad que nos apremia, porque son miles las personas que se ven afectadas por la misma y porque la perspectiva para este año no ha mejorado. La crisis que nos azota está llevando a situaciones de dificultad y necesidad a colectivos que hasta hace muy pocas fechas gozaban de unas condiciones y de unas expectativas de vida más favorables; todo ello sin olvidar a aquellas personas que incluso cuando gozábamos de situaciones cercanas al pleno empleo tenían ya severas dificultades para desarrollar una vida normalizada, autónoma y digna. En este contexto, el ánimo que mueve a este grupo es el de llegar a dar respuesta a las demandas y aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas desde los principios que han inspirado siempre nuestra acción política: la defensa de los derechos humanos, la defensa de la dignidad de las personas, sea cual sea su condición, la mejora de su bienestar y su calidad de vida, y la promoción de la solidaridad y la justicia social. Porque un país solo alcanza su madurez a través de la cohesión social y solo avanza si lo hace toda la ciudadanía. Esto lo expresamos en dos principios básicos: todas las personas, por el hecho de serlo, tienen dignidad y no tienen precio; y todas las personas, en tanto que personas, merecen idéntica consideración y respeto.

Los instrumentos esenciales para la consecución de este fin son, en primer lugar, el acceso a unos ingresos económicos suficientes y estables, normalmente procedentes del trabajo, de las pensiones e incluso de las ayudas públicas de garantías de ingresos, dependiendo de las circunstancias personales. El empleo, en cualquiera de sus modalidades, es más que una mera fuente de ingresos; el empleo es un elemento fundamental en los procesos de integración, socialización y participación de una persona en la comunidad y, en este sentido, la existencia de un tejido económico y empresarial fuerte y dinámico son esenciales para el mantenimiento del empleo de calidad. El segundo elemento determinante en ese objetivo es el acceso a la vivienda. Durante años se han desarrollado desde las distintas instituciones programas para facilitar el acceso a este bien. Hoy, la urgencia no son las personas que no pueden acceder al mercado de la vivienda, sino quienes están siendo obligadas a abandonar sus viviendas por no poder hacer frente al pago de las mismas como consecuencia de esta crisis. Y estamos siendo testigos de verdaderos dramas de familias enteras que se quedan en la calle y ven truncadas todas sus aspiraciones y objetivos de futuro, teniendo en muchos casos que comenzar de cero. El tercer elemento incuestionable es la educación, porque el desarrollo personal, social y profesional de la ciudadanía depende en gran medida de su nivel educativo. La educación es un gran motor de desarrollo y cambio de la sociedad. Y el cuarto elemento es la salud, como pilar fundamental de la calidad de vida y del bienestar de las personas.


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En este sentido -y lo he dicho en mi intervención anterior-, ahora más que nunca se debe profundizar en los principios de universalidad, solidaridad, equidad, calidad de los servicios y participación ciudadana. Desde esta visión, compartimos con el grupo proponente la urgencia a la hora de adoptar cuantas medidas sean necesarias para poner freno al preocupante incremento de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran al borde de la pobreza. Por ello, votaremos favorablemente su moción. Hemos de reconocer que nos gusta más la enmienda formulada por Convergència i Unió y si nos dan la posibilidad de votar separadamente cada uno de los puntos, nos encontraremos más cómodos, puesto que, por ejemplo, no compartimos cuestiones como la dación en pago retroactiva general; ustedes saben que nosotros la solicitamos y la reivindicamos para supuestos tasados.

Dicho lo anterior, como les decía, votaremos favorablemente su moción, pero una vez más debemos manifestar que bajo el manto de la crisis, olvidan que hay comunidades autónomas, como la de Euskadi, que ostentan la competencia plena en muchas de las materias sobre las que proponen al Gobierno regular. Para nuestro grupo el respeto al marco competencial que en estas materias ostentan las comunidades autónomas es esencial y no cejaremos en su defensa ante las medidas centralizadoras que en los últimos tiempos está adoptando el Gobierno a través de sus iniciativas legislativas o ante propuestas como ésta, en la que, compartiendo plenamente el objetivo y motivación, obvian el bloque de constitucionalidad.

Sencillamente, para finalizar voy hacer un poco de propaganda de lo que hacemos en Euskadi. En este sentido, les diré que en las últimas décadas, especialmente en los últimos quince años y fruto del ejercicio de autogobierno, las políticas sociales en Euskadi, concretadas en derechos, en recursos, en servicios y prestaciones, han crecido notablemente y es un dato objetivo y constatable, está medido. Euskadi en estos momentos es la comunidad autónoma con mejores servicios sociales. Confiamos sinceramente poder colaborar para que sus resultados y el grado de protección social del que disfrutamos se extiendan a la totalidad de las comunidades autónomas y de los ciudadanos y ciudadanas del Estado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sahuquillo.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Compartimos, como no puede ser de otro modo, la preocupación del grupo parlamentario proponente de esta moción porque la situación de desigualdad, pobreza y exclusión social en nuestro país ha alcanzado niveles de emergencia. Mi grupo cree firmemente que en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro la política social debe ser una prioridad siempre, pero con mayor intensidad en momentos de crisis económica, que es cuando los ciudadanos más necesitan ser apoyados. Es cierto que si entráramos a analizar uno por uno los seis apartados y los veinte subapartados que contiene la moción, discreparíamos en algunas cuestiones, como también lo es que mi grupo parlamentario incluiría alguna otra que no figura en la iniciativa, pero compartimos lo esencial. Vamos a apoyar esta moción.

La semana pasada en el debate de la interpelación que se presentó, la ministra realizó algunas afirmaciones que pusieron de manifiesto cuál es su manera de concebir la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Destacaba como la medida estrella del Gobierno el Plan de pago a proveedores. Esta es una cuestión importante, sin duda, pero el hecho de que la ministra lo sitúe como la principal actuación en la lucha contra la pobreza ante la ausencia de otras medidas, deja ver su absoluta falta de sensibilidad social. Afirmaba también que la mejor política social es la creación de empleo, una de sus frases recurrentes. Sin embargo, no hacen ni lo uno ni lo otro; no hacen política social, al contrario, se dedican a dinamitar los cimientos de un Estado del bienestar que hemos ido construyendo a lo largo de décadas, y no crean empleo, sino que nos sitúan en cifras de paro absolutamente desconocidas y dramáticas; su reforma laboral, lejos de crear puestos de trabajo los precariza y los destruye porque facilita el despido. Por último, la ministra realizaba un repaso a sus reformas. Además de la reforma laboral ya mencionada, destacaba su reforma de la sanidad y de la atención a la dependencia. Sin embargo, responder a la crisis con recortes y destrucción de los servicios públicos esenciales genera más pobreza, más desigualdad y más injusticia social. Y, como siempre, justificó la situación haciendo mención a la herencia recibida. Es una irresponsabilidad que el Gobierno se excuse constantemente en la herencia recibida. Ya no cuela, pues en el reciente informe de la Fundación Foessa, en este (Muestra un documento), vinculada a Caritas, se desmonta esa cómoda coartada en la que se han instalado, con afirmaciones como las siguientes: Destaca el efecto negativo sobre la renta disponible que han tenido tanto algunos de los cambios en las prestaciones sociales como las mayores exigencias para percibir el


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subsidio y también el aumento de algunos impuestos, el incremento de los tipos marginales del IRPF y de los tipos del IVA. Y sigue diciendo: Durante el año 2012 el mercado de trabajo registró los que probablemente pueden caracterizarse como peores resultados de la etapa democrática. Sobresale la caída de la tasa de cobertura: de un valor cercano al 80 % de desempleados cubiertos por el sistema, se pasó en 2012 al 63 %. Todos ellos son datos referidos estrictamente a 2012, un año de Gobierno del Partido Popular, es decir, su realidad, el resultado de su gestión. Tras dieciséis meses de Gobierno de la derecha hay más pobreza, más exclusión, más desigualdad y menos protección social.

Este Gobierno está construyendo una sociedad dual mediante la destrucción de las clases medias. En tan poco tiempo se ha producido una profunda transformación en nuestra estructura social y nos encaminamos a un modelo en el cual habrá solo dos clases: la élite, que accederá a unos servicios privados de alto standing, mientras que para el resto quedará la beneficencia y la marginalidad. Como afirma el citado informe de Foessa, no dotarnos de los mecanismos redistributivos necesarios supone empujarnos a una fragmentación social. Señorías, a esta moción añadiríamos algo que, a nuestro juicio, es importante: la creación de un fondo de emergencia contra la pobreza y la exclusión social, dotado con 1.000 millones de euros. Por ello, hemos registrado una proposición de ley que debatiremos aquí próximamente. No quiero dejar de hacer una mención a una cuestión de mucha trascendencia en materia de bienestar social: el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Lo que hay detrás de esta reforma es el anhelo privatizador de los servicios sociales y nos parece tan grave que trabajaremos para que no salga adelante en los términos en que está planteado. En el próximo Pleno debatiremos aquí una proposición no de ley para mantener el plan concertado.

Termino, señor presidente. Replantéese el grupo que apoya al Gobierno esta moción porque tiene propuestas positivas para el bienestar de los ciudadanos, que es lo que más debería importarles a ustedes. Y no la rechacen por el simple hecho de que venga de la izquierda, como han hecho con la medida de una comunidad autónoma, Andalucía, que plantea reconocer la vivienda como un derecho social que, ante el drama de los desahucios, intenta dar una solución. Ustedes son 185 parlamentarios con criterio propio y estoy convencido de que muchos de ustedes, ante la situación tan dramática existente, piensan como nosotros, por lo que deberían utilizar ese criterio y no hacer un seguidismo a unos cuantos asesores que aconsejan a un Gobierno alejado de la realidad. Ustedes sí representan a los ciudadanos; no les defrauden más.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sahuquillo.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Torrado.

La señora TORRADO DE CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.

Señora García Álvarez, como ya le dijo la ministra cuando se debatió la interpelación, compartimos al cien por cien su objetivo, no tanto el diagnóstico de la situación porque, señorías, las cosas han sido más difíciles de lo que se esperaba. Nunca nos imaginamos que encontraríamos un país con semejante deterioro en las cuentas públicas. Estamos afrontando esta situación, que no esperábamos, con la puesta en marcha de medidas extraordinarias pero imprescindibles para salir adelante, con el esfuerzo de todos, rectificando las anteriores políticas que llevaron a España a la quiebra.

Somos conscientes del momento tan difícil por el que están atravesando tantos españoles, las dificultades y desesperaciones de tantas familias, pero para hacer un diagnóstico serio es necesario saber y entender lo que ha pasado en los últimos años y por qué estamos así. No se puede pedir a un Gobierno que en poco más de quince meses solucione los problemas que vienen de ocho años de un anterior Gobierno que no hizo nada. Se perdió mucho tiempo, se malgastó mucho dinero y se hizo una mala gestión. Ahora este Gobierno está intentando arreglar esta situación, elaborando múltiples reformas para salir de la crisis y todo para salvaguardar la situación de los más débiles y los más necesitados, porque tenemos muy claro que nuestra prioridad es ayudar a los más desfavorecidos y a los que peor lo están pasando. Tenemos que continuar con las acciones. Hay que impulsar una actuación coordinada, transversal e integral de lucha contra la pobreza. El Gobierno ya está trabajando en ello con múltiples medidas, como el plan nacional de inclusión social 2013-2016, que estará basado en el concepto de inclusión activa e incluirá específicamente un objetivo dedicado a la pobreza infantil para fomentar el bienestar de la infancia en situación de riesgo o exclusión social, y con medidas urgentes de protección de los deudores hipotecarios sin recursos para atender a las personas que se queden sin viviendas. Por primera vez, señorías, hay un Gobierno que trabaja por los desahuciados con más


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mecanismos de seguridad, con el Fondo social de viviendas y el nuevo Plan de ayudas de alquiler. Otros Gobiernos no hicieron nada cuando ya se producían cerca de 80.000 desahucios al año. También con un pacto de Estado sociosanitario, trabajando con las comunidades autónomas para que garanticen unos servicios sociales más eficaces y próximos a las necesidades reales de los ciudadanos, especialmente aquellos que más lo necesitan. O el Plan integral de infancia 2013-2016, aprobado hace apenas unos días por el Consejo de Ministros, porque la peor pobreza es la que sufren los niños; por eso son una prioridad para este Gobierno. Con más de 5.000 millones de euros es la primera vez que se presenta un plan con dotación económica y se cuenta con la colaboración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos para llevarlo a cabo. O el plan integral de apoyo a la familia que ya ha empezado a preparar el Gobierno y que incluirá, entre otras medidas, el apoyo a las familias en situación de dificultad, riesgo o pobreza. O también la estrategia nacional para la inclusión de la población gitana 2012-2020, o el Real Decreto-ley 16/2012, que ha permitido poner fin a una situación de descoordinación en la definición de las personas que tienen derecho a la asistencia sanitaria en nuestro país.

Además, ha sido este Gobierno quien interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta y ha conseguido que el Constitucional paralice su aplicación. También las ayudas a los parados sin prestación ya son estables y no dependen de la decisión de un Gobierno cada seis meses. Gracias al apoyo al sistema del gasto farmacéutico las personas que están paradas no tendrán que pagar por los medicamentos cuando antes pagaban un 40 %. La Ley de la Dependencia ha supuesto un avance considerable en la atención social y la hemos reformado asegurando su desarrollo y sostenibilidad, y logrando que llegue a las personas que más lo necesitan. Se ha hecho frente a la deuda con la Seguridad Social y hay 75.700 personas menos en lista de espera, y destaca también la colaboración con el tercer sector.

Como ven, se está trabajando y mucho. Por eso, porque queremos seguir trabajando a favor de los más vulnerables, estamos poniendo en marcha las reformas para salir de la crisis, volver a crecer y crear empleo. Lo queremos hacer con diálogo y espíritu constructivo, con ánimo y colaboración, con responsabilidad. Olvidémonos de ofrecer soluciones cuyo único fruto es ofrecer un titular. Es hora de unir nuestras fuerzas todos juntos, con el fin de sacar a nuestro país de la crisis económica a la que fue abocado y crear los mecanismos que permitan alejar a sus ciudadanos de posibles situaciones de pobreza y exclusión social.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Torrado.

Señora García Álvarez, ¿acepta usted alguna de las enmiendas presentadas?

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: No, no aceptamos ninguna de las enmiendas presentadas, pero sí la votación separada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LOS ÚLTIMOS ACUERDOS DE LA PAC, Y PREVISIONES RESPECTO A SU APLICACIÓN EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/ 000074).

El señor PRESIDENTE: Entramos en la siguiente moción. Dada la hora que es y que nos acercaremos a las nueve de la noche, esta va a ser la última moción que vamos a debatir esta tarde. A continuación serán las votaciones y para mañana quedarán la cuarta moción y la proposición no de ley.

Moción del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila, sobre la posición del Gobierno en relación a los últimos acuerdos de la PAC, y previsiones respecto a su aplicación en el Estado español.

Señora Fernández Davila, tiene usted la palabra.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, presentamos esta moción después de que en el debate de la interpelación en el Pleno de la semana pasada no llegáramos a entender la posición del Gobierno, concretamente la manifestada por el ministro respecto a la satisfacción con los acuerdos emanados del Consejo de Ministros de Agricultura en relación con esta reforma agraria, que vienen a incidir en los acuerdos del Parlamento Europeo, algunas cuestiones respecto a las que ya en otras ocasiones hemos manifestado nuestro desacuerdo. Por lo tanto presentamos esta moción porque desde el Bloque Nacionalista Galego nos preocupa la sostenibilidad del sector agrario, fundamentalmente en Galicia, y sobre todo nos preocupa en una agricultura prácticamente


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familiar con las características de la de nuestro país, Galicia, que la renta que esta actividad agraria signifique para las familias, para las personas sea una renta digna. Por eso la moción tiene como objetivo defender, en las próximas negociaciones que se conocen como trílogos en la Unión Europea, cuestiones que desde nuestro punto de vista son fundamentales para garantizar esa sostenibilidad y esas rentas dignas para los agricultores y las agricultoras.

Por eso, señorías, el primer punto, dada la importancia que tiene en Galicia el sector lácteo, está destinado a que si se eliminan las cuotas, como está acordado por la Unión Europea para marzo de 2015, se establezcan unas medidas específicas que permitan a los productores adaptarse, sobre todo después de que en los últimos años se han endeudado sobremanera para poder comprar una cuota que ahora le eliminan. Algunos productores acusan al Bloque Nacionalista Galego de estar defendiendo ahora las cuotas estando toda la vida en contra de las mismas, pero es que los productores para poder sobrevivir han tenido que comprar cuota, y en este momento en que como digo están endeudados les retiran dichas cuotas. Por lo tanto están en una situación de desventaja en el mercado que ya la situación actual que tienen por el bajo precio de su producto va a empeorar muchísimo.

También en este mismo punto, aunque relacionado con otras producciones del sector agrario, nos parece fundamental algo que hemos defendido desde hace mucho tiempo: la necesidad de instrumentos de regulación de mercado que permitan también equilibrar y estabilizar los precios agrarios, de tal manera, señorías, que no se siga vendiendo por ejemplo leche por debajo de los costes de producción. Esas rentas dignas de las que yo hablaba tienen que ver con unos repartos de los fondos que estén más orientados a la actividad agraria, a la real actividad agraria, y no como en estos momentos a una distribución que sigue primando, por mucho que diga el ministro, a los grandes latifundios, incluso a hectáreas que no están destinadas a la producción agraria.

Señorías, hay otros puntos como las medidas destinadas a mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, porque entendemos que es otra cuestión importante en el seguimiento de la trazabilidad, de manera que haya una regulación real entre productores, industrias y cadena de alimentación, grandes distribuidoras, que evite como decía antes esa venta a pérdida para los agricultores, esa venta del producto en origen, como sería la leche, por debajo de los costes de producción. La limitación de una cuantía de las ayudas por explotación nos parece importantísima, es decir, topar estas ayudas, precisamente porque esa sería de acuerdo con los fondos que tiene la Unión Europea la forma de garantizar unas ayudas mínimas que permitan a los agricultores y a las agricultoras esas rentas dignas.

No estamos de acuerdo con lo que decía el ministro de que hay ayudas que están destinadas a agricultores de fin de semana. Señorías, les puedo decir que desde el Bloque Nacionalista Galego que conocemos el sector agrario de Galicia nuestros agricultores y agricultoras, en su mayoría o en una parte importantísima, tienen que compatibilizar la actividad agraria con otra actividad económica, con otro trabajo para poder sobrevivir, pero no porque sean agricultores y agricultoras de fin de semana, sino porque su explotación agraria, de acuerdo con las características familiares que tienen en un porcentaje muy elevado en Galicia, no les permite esa renta que pueda hacerles posible una vida digna. Señorías, esto nos parece importantísimo. Que el sector agrario pueda contar con rentas dignas, que el sector agrario pueda establecerse en el rural de naciones como Galicia es fundamental para fijar población en estos sectores rurales precisamente. Si al rural le quitamos la actividad agraria, por mucho que nos inventemos en relación a otras cuestiones que forman parte de proyectos de desarrollo rural, le quitamos la base y otras cosas no van a funcionar. Las otras cosas tendrán que ser complementarias, pero la base del rural es el sector agrario. Es importante que en un momento en que está fallando el empleo en el sector industrial la gente que quiere volver a la actividad agraria cuente con las condiciones adecuadas que les permitan poder desarrollar un proyecto agrario.

Voy finalizando, señor presidente. Señorías, somos conscientes de que hay políticas que tienen que ir dirigidas a estas explotaciones, y sobre todo a la gente joven o nueva que quiere establecerse en el rural en una actividad agraria. Son políticas que no solo emanan de la Unión Europea o de los fondos europeos, sino que hay una política que tiene que ver con la distribución que el Gobierno del Estado va a hacer de esos fondos, los criterios que va a utilizar. Pero también somos conscientes de que es la Administración autonómica, en este caso la Xunta de Galicia, quien tiene que hacer un esfuerzo claro en relación con esas medidas para garantizar el establecimiento de nuevas explotaciones agrarias en el rural de Galicia. Pero sin una política común agraria...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández, vaya finalizando.


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La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señora presidenta.

... acorde con estos principios básicos de distribución de fondos justos, que en este momento no lo son, va a ser imposible llevar adelante cualquier proyecto de agricultura.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señoría.

Se han presentado varias enmiendas, y para defender la que corresponde al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Solsona.

El señor SOLSONA AIXALÀ: Señora presidenta, señorías, desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) compartimos esta moción, debatida la semana pasada y también ayer durante la comparecencia del señor ministro para informar de la evolución de las negociaciones de la PAC. Nuestro grupo comparte los cinco puntos de esta moción, y añade dos más en una enmienda, ya que la pretensión de dicha moción es la de instar al Gobierno a defender en el actual marco de negociación europeo las siguientes medidas para garantizar la sostenibilidad del sector agrario, y una renta digna a los agricultores y agricultoras. Por eso estamos de acuerdo en el punto 1 de mantener el sistema de cuotas lácteas, o en el caso de dicha eliminación buscar medidas específicas para minimizar el impacto. También estamos de acuerdo en establecer instrumentos eficaces de regulación de mercado. Añadiríamos un punto 3 que dice lo siguiente: Insistir en la defensa del sector ganadero y en particular de la ganadería sin base territorial. Para nuestro grupo es imprescindible que en cada diálogo o discurso parlamentario referido a la PAC se incluya y se incida en la desprotección que esta genera en la ganadería sin base territorial. Es un tema importante que hay que solucionar, y por eso aprovechamos esta moción para incorporarlo. Estamos de acuerdo en el punto 4, de ayudas directas vinculadas al mantenimiento de la actividad agraria. También estamos de acuerdo en establecer instrumentos públicos de estabilización de las rentas, y en el punto 6 de cambios destinados a mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria para asegurar un reequilibrio de las relaciones entre los diferentes eslabones de la cadena. Añadimos también un último punto, que es el siguiente: Tener en cuenta las especificidades del tejido agropecuario de cada comunidad autónoma en la nueva distribución del denominado cheque nacional, para lo cual el Gobierno deberá consensuarlo con las comunidades autónomas.

En la interpelación del pasado día 10 abril el ministro dijo muchas cosas, pero yo me quedo con dos. La primera, que la mayoría de los problemas a solucionar se debe a la política agraria española, y la segunda, que no hay obligatoriedad de tasa plana, hay una convergencia. Ayer en la comparecencia dijo lo siguiente -y cito textualmente-: La política agraria común tiene en este momento muchas incógnitas y la cuestión más complicada es si hacemos una aplicación de la PAC a nivel nacional o si hacemos una PAC a nivel de cada autonomía, una PAC a la carta, y viendo si optamos por los criterios de canalización que es lo que autoriza la Comisión, porque en ese momento la impresión que tenemos es que si hay una regionalización la Comisión obliga a una ayuda uniforme por hectárea en cada comunidad autónoma. Por tanto este punto es importante que se incorpore porque todos sabemos que la distribución del cheque nacional va a confrontar dos modelos. Uno, el modelo del Gobierno del Partido Popular, que no es otro que dar a todo y para todo una dimensión nacional, y en este caso también para presionar a los planteamientos de los partidarios -como nosotros- de la regionalización administrativa, con supuestas interpretaciones de aplicación directa de tasas planas sin periodos de convergencia.

Se habla de diálogo, de transparencia y también de consenso, pues importante será el consenso en este tema. Creo que va a ser difícil para nosotros, pero decimos una vez más que en este tema vamos de cara, estamos enseñando nuestras cartas y nuestras voluntades, y no por un criterio de oportunidad o de crisis permitiremos que se rebaje el reparto del cheque nacional a las comunidades autónomas. Por todo ello, como ya he comentado y hemos manifestado, daremos nuestro voto positivo a esta moción y esperamos que se acepte nuestra enmienda o, como ya sabemos, quizá esta transaccional que se presentará.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Solsona.

Por el Grupo Socialista, para defender sus enmiendas, tiene la palabra la señora Rodríguez Vázquez.


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La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.

Quiero iniciar mi intervención señalando la unidad de criterio del Grupo Parlamentario Socialista con esta moción presentada por el Grupo Mixto. No puede ser más acertada en un momento en el que el campo, y en concreto el sector lácteo, se encuentra en una situación dramática y necesita el apoyo de esta Cámara y el compromiso del Gobierno con objeto de evitar el desmantelamiento al que parece estar abocado. La situación intolerable que atraviesa el sector, que afecta de manera especialísima a Galicia, donde constituye un sector estratégico, requiere una intervención firme por parte del ministerio en las negociaciones pendientes de producirse en Europa.

En Galicia los recortes van a afectar a cerca de 40.000 perceptores y perceptoras de ayudas. Esta pérdida supondrá un gran obstáculo en la vertebración económica, demográfica y asistencial en comarcas ya castigadas por el desempleo y por la falta de rentas. La defensa del mundo rural y de las ayudas de la PAC, que serán brutalmente recortadas, es una de las principales vindicaciones de este sector, y en ese sentido hemos realizado nuestras enmiendas a la presente moción.

El sistema adoptado en su día de propiedad de las cuotas para las explotaciones obligó a realizar fuertes inversiones en la compra de las mismas, y hoy nos encontramos ante la inoperancia y el estrepitoso fracaso del Gobierno en relación con su mantenimiento. Pero, señorías, las inversiones ya están realizadas y lastran la rentabilidad de miles de explotaciones, por lo que es necesario proporcionarles medidas de compensación y líneas específicas de financiación. El momento actual de crisis de precios y costes de producción mantiene a nuestras explotaciones en una situación límite de falta de liquidez sin precedentes. Si a esto se añade la dificultad o imposibilidad de acceder a préstamos en las entidades financieras a través de los sistemas tradicionales, se concluye que es necesario y urgente la adopción de medidas que permitan el acceso a préstamos, a través de todas las herramientas de que dispongan las diferentes administraciones.

Por tanto, hemos planteado que es imprescindible evitar la descapitalización de los sectores productivos por la percepción de precios inferiores a los costes de producción, y que es imprescindible que el sector lácteo sea declarado sector sensible y se le conceda una ayuda acoplada en la misma cuantía que la que ha recibido hasta ahora. Se necesitan por tanto políticas coyunturales o de estabilización y mecanismos de apoyo que constituyan redes de protección sobre los ingresos para productores y productoras. En definitiva es fundamental la priorización del sector lácteo en la reforma de la PAC adoptando las medidas destinadas a garantizar su viabilidad como sector estratégico, y además a garantizar un futuro para quienes trabajan directamente en la producción de lácteos y para quienes ocupan los puestos de trabajo indirectos que genera el sector en su entorno.

Otra cuestión esencial es asegurar a consumidoras y consumidores suministros a precios razonables. Pero no podemos situarnos en un escenario que contemple únicamente los precios de los productos lácteos, productos utilizados en ocasiones como estímulo para la adquisición de otros con mayores márgenes de beneficio. Este tipo de prácticas comerciales repercute directamente sobre la cadena alimentaria, presionando siempre al eslabón más débil, las y los productores, que se ven en la obligación de vender por debajo de los costes de producción sin ninguna otra alternativa posible.

De forma especial nos interesa destacar el papel de las mujeres en las explotaciones lácteas. Para el Grupo Socialista la igualdad de oportunidades constituye una prioridad política. Por ello hemos apostado por avanzar en la extensión de derechos en relación con las mujeres del medio rural, mujeres que padecen esa débil frontera que existe entre las actividades empresariales y agrarias y las domésticas. La concepción del trabajo agrícola de las mujeres como una parte más del trabajo doméstico, ejecutado como colaboración sin prestaciones económicas y sin participación en la toma de decisiones, es todavía una realidad. Las mujeres tienen que ser protagonistas porque el desarrollo endógeno del medio rural no puede producirse sin su concurso y sin sus capacidades. De ahí que los Gobiernos socialistas hayan sacado adelante diferentes leyes, como la 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural, y la 35/2011, para desarrollar la figura jurídica de la titularidad compartida. En este momento de durísima dificultad para las explotaciones sabemos que es más que probable que sean precisamente las mujeres quienes se vean obligadas a renunciar a su participación, con la consiguiente pérdida de los derechos derivados de la cotitularidad. Por eso agradecemos especialmente que se haya recogido esta enmienda por parte del Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista Galego.

Para concluir, sabemos que del resultado de estas negociaciones depende el futuro de miles de personas y de miles de familias, pero la realidad nos muestra una situación que conduce al fracaso si no


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actuamos con celeridad. Por un lado, tenemos cierres de explotaciones, ruina de productores y productoras, producción por debajo de costes, encarecimiento de las materias primas, bajada de los precios de la leche, es decir, una situación intolerable.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez, tiene que finalizar.

La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Ya termino, señora presidenta.

De otro lado, por parte del Gobierno nos encontramos con indefinición de proyecto, falta de compromiso, falta de concreción en relación al pago único, a ayudas acopladas, a definición de agricultor o agricultora activo, al capping, es decir, falta de respuesta a las demandas del sector, un sector estratégico en nuestro país al que vemos desmoronarse...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez, lo siento, pero ha superado usted mucho el tiempo. Tiene treinta segundos.

La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Quisiera terminar diciendo que el sector lácteo quiere ver medidas, quiere verlas ya, y quiere verlas con urgencia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para defender sus enmiendas, tiene la palabra el señor Pérez Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la moción planteada por el Bloque Nacionalista Galego, por la diputada Fernández Davila, como consecuencia de la interpelación que le hizo la semana pasada al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la política agraria comunitaria. Presentamos esta enmienda no porque no estemos de acuerdo con el fondo de la moción, sino porque lo que pide está superado en el tiempo, sobrepasa los acuerdos que ha habido en la Unión Europea, y por lo tanto estamos en una situación procesal muy diferente a la que se plantea en la moción. Precisamente ayer nos lo decía en su comparecencia el ministro en la Comisión de Agricultura. Dijo el ministro: estamos en la recta final de la aprobación de la reforma de la política agraria comunitaria. Y dijo más: el pasado 19 de marzo en el Consejo de Ministros de Agricultura hubo un acuerdo que trazaba las líneas maestras de la futura PAC, y además fijaba los elementos más importantes que configuraban esa reforma. También dijo que ese acuerdo del 19 de marzo se trasladaba a la Presidencia irlandesa para que en un diálogo a tres bandas entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento se aprobase definitivamente la reforma de la PAC. Y lo más importante, nos decía: lo aprobado no admitiría modificaciones sustanciales y por lo tanto no se podrían pedir cuestiones que alterasen el acuerdo. Así pues ya no cabe pedir lo que se solicita en la moción ni incluso en la transacción que nos han presentado, ya que distorsiona gravemente el acuerdo del Consejo de Ministros. Por eso presentamos esta enmienda, para adecuar esa moción que nos presenta el Bloque a la realidad. Insisto en que estamos de acuerdo en el fondo de lo que piden, pero es inviable pedir en estos momentos las medidas que ustedes solicitan o proponen. (Rumores).

En su primer punto hablan de mantener un sistema de cuotas. Señorías, esto es imposible, no se puede pedir el mantenimiento de un sistema de cuotas a pesar de que nuestro partido y este Gobierno lo ha solicitado y lo ha defendido en la Unión Europea. Pero hemos de decir que en la defensa de ese modelo nos hemos quedado solos junto a Polonia, y el resto de los países nos han dicho que no. Por lo tanto pedir esto ahora es imposible de conseguir. (Rumores). Hay que adaptarse a los acuerdos y hablar de un nuevo escenario en materia láctea.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor Pérez.

Por favor, ruego un mínimo de silencio para que la señora Fernández se pueda enterar de lo que le está diciendo el diputado que en este momento está en el uso de la palabra. Los que quieran hablar que abandonen el Pleno, y los que no, siéntense, por favor.

Continúe, señor Pérez.


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El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Gracias, señora presidenta.

Por eso en nuestro primer punto proponemos lo que en estos momentos es posible. Lo que plantea nuestra enmienda es propiciar la apertura de un debate comunitario con el fin de conseguir la aprobación de medidas de monitorización y regulación del mercado lácteo que eviten posibles desequilibrios en el sector lácteo, tras la desaparición del régimen de cuotas. Señorías, esto es lo que dijo ayer el ministro y es lo que nosotros proponemos en nuestra enmienda en materia de leche, pero es que además es lo único posible. También es deseable que se evite ese desequilibrio que se puede producir en materia de precios de leche, y por lo tanto volatilidad.

Lo mismo pasa con los puntos 2, 3 y 4; con lo que piden en el punto 2, instrumentos de regulación de mercado eficaces y financiados con cargo a los presupuestos comunitarios, en el 3, ayudas directas vinculadas al mantenimiento de la actividad agraria, o en el 4, establecimiento de instrumentos públicos de estabilización de las rentas, señorías, pedir estas cosas a estas alturas y en estos momentos es volver a un debate que se producía hace años, en el inicio del debate de la reforma de la PAC, y en estos momentos ya no es posible. Tenemos que avanzar y tenemos que ponernos delante de lo que tenemos aprobado. Por eso proponemos con nuestra enmienda adaptarnos a la realidad, al momento en que vivimos, pensar en el futuro, y pedir cosas que puedan llevarse a cabo.

Planteamos lo que dice el punto 2 de nuestra enmienda: defender a nivel de la Unión Europea y mediante las decisiones a nivel nacional que correspondan un modelo que garantice un nivel suficiente de apoyos para todos los sectores agrarios, y muy en especial a los sectores ganaderos que por su especificidad y para no tener que basarse en el sistema de tasa plana, tener disponibilidad de tierra, puedan disponer de un sistema suficiente de pagos asociados que compense esa vulnerabilidad. Señorías, esto es lo que consideramos que procede en estos momentos, no lo que plantea la moción ni lo que plantea la transacción.

Respecto del último punto la moción habla de cambios destinados a mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Nosotros modificamos lo que recoge el punto 5 porque creemos que hay que dar más importancia a qué es lo que se pretende con la modificación y la mejora de la cadena alimentaria. En nuestra enmienda lo que pedimos es que finalmente se mejore la posición negociadora de los agricultores y ganaderos en la cadena de valor. Creemos que esto es lo que procede en materia de mejora de la cadena alimentaria; mejora que en nuestro país, en España, nuestro Gobierno ha presentado -está en el Congreso de los Diputados- un proyecto de ley de mejora. Por eso abordamos esta situación e intentamos poner desde nuestro país soluciones a los problemas que padece. Señorías, esto es lo que propone nuestro grupo, ya que creemos que en estos momentos es lo que procede con esta moción, orientada, con estos objetivos, con estas posibilidades y con esta enmienda, a obtener una sostenibilidad del sector agrario.

Termino mi intervención pidiendo que consideren nuestra enmienda, ya que creemos que se ajusta a la realidad, al momento procesal, que es lo que en estos momentos, en esta negociación, en el trílogo que se va a producir es lo posible y lo deseable.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Pérez Lapazarán.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo del PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Intervendré muy brevemente desde el escaño para fijar la posición de mi grupo en relación con este tema, que en el fondo no es más que una reiteración, en el buen sentido de la palabra, de un tema al que estamos dando vueltas en los últimos meses, pues al fin y al cabo nos está afectando. Hemos tenido una interpelación, una comparecencia del ministro; estamos tratando el tema casi todas las semanas de una manera o de otra.

Mi grupo va a apoyar la propuesta que ha traído el Bloque Nacionalista Galego, como no podía ser de otra manera, porque estamos de acuerdo con los puntos principales, aunque en alguno que otro podríamos diferir en algo, ya que en definitiva cada uno lo ve de una manera y con una necesidad diferente. (Rumores). En nuestro caso, respecto del porcentaje de utilización de las cuotas lácteas tengo que decir que, por ejemplo, en el caso de los ganaderos vascos, dicho porcentaje es cada vez menor, y nuestra capacidad productiva de leche está cayendo de manera importante año tras año, y en consecuencia la supresión del sistema de cuotas a día de hoy afecta directamente a algunos más que a otros, según que tipo de ganadería se tiene, pero al fin y al cabo consideramos interesante, si es que es posible, que se mantenga


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dicho sistema de control, aunque sabemos que será muy difícil, tal y como nos ha dicho el propio ministro, porque así se dispone de alguna manera de un activo productivo. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor Agirretxea.

Por favor, ruego un mínimo silencio. Si quieren tener conversaciones, háganlo fuera, por favor, pues es imposible escuchar.

Adelante.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

En cuanto al establecimiento de sistemas de regulación de mercados eficaces y financiados con cargo a los presupuestos comunitarios es un poco complicado hoy en día. De todas formas, si fuera posible, nosotros lo apoyaremos sin duda alguna. En cuanto a las ayudas directas vinculadas, como proponía la diputada Fernández, estamos de acuerdo con dicho posicionamiento o al menos estamos de acuerdo en permitir a los diferentes Estados miembros o a las regiones -en nuestro caso a las comunidades autónomas, que es lo que nos gustaría- que dispongan de capacidad para establecer ayudas vinculadas al mantenimiento de la actividad, sobre las producciones o sectores que estime cada comunidad oportuno, dentro de su territorio. Es decir, en algunas comunidades puede primarse el vacuno, en otras el vacuno de carne, en otras la remolacha, el olivo o lo que fuera. Por lo tanto estamos totalmente de acuerdo con ese punto.

Respecto de los otros dos puntos mostramos nuestro apoyo también en cuanto a los instrumentos públicos de estabilización de las rentas, como pueden ser los pagos anticíclicos. En cuanto a los cambios destinados a mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en estos momentos estamos precisamente en el trámite de la ley. Ya lo hemos dicho, estamos a favor de que esa ley salga adelante. Esa ley yo creo que clarificará muchas cuestiones y además creo que es una ley que puede mejorar e incluso unir muchos criterios. Es una de las pocas leyes en las que puede haber unanimidad en muchos criterios.

Gracias a que la señora Fernández Davila retiró la semana pasada su enmienda a la totalidad en torno a este tema, creo que se puede trabajar y podemos mejorar mucho. Y en el punto que ha presentado como último también vamos a estar totalmente de acuerdo. Sé que se ha llegado a una transaccional, sé que se ha llegado a unos acuerdos entre varios grupos. Nosotros vamos a votar lo que se acuerde y, en el caso de que no pueda ser, votaríamos la original. Pero, en cualquier caso, apoyamos esta moción.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.

Para nosotros, señores del BNG, esta propuesta carece de la concreción necesaria para solucionar los problemas a los que se enfrenta nuestro sector agrario. Voy a ir despiezando un poco sus propuestas una a una. Son cinco.

En primer lugar, usted habla del sistema de cuotas lácteas. No estamos en desacuerdo, en principio, con el sistema de cuotas lácteas. Pero nos parece que el sector también merece una reflexión porque no solo se trata de ayudarle a base de cuotas, que ojalá no desaparezcan. Creemos que incluso de la misma manera o más, deberíamos poner el acento en estudiar más mecanismos, por ejemplo, para que la interprofesional funcione mucho mejor que ahora; para que se haga un trabajo mucho mejor desde las administraciones, desde el Estado; para que se consiga que se cumplan, como debe ser, los contratos; para intentar vigilar que no se venda por debajo del precio del producto. Hay que recordar además que la Administración tiene un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con el control y con la inspección, una inspección que, debo añadir, debiera ser mucho más proactiva. Es decir, la Administración no debería esperar a que hubiera una denuncia para establecer mejor este tipo de inspecciones. Asimismo, hay que recordar también, de nuevo, lo que tiene que ver con cooperativas y con cadena alimentaria -lo hemos hablado muchas veces-, con la necesidad de redimensionar el sector, con la necesidad de ayudarle a que se diversifique, con la necesidad de que cree nuevos nichos de mercado. Ahí la Administración también tiene un papel importante que no debemos olvidar; que debiera, eso sí, limitarse al estímulo y no a forzar nada. Es este sector -y en eso estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho- especialmente sensible. Los ganaderos han tenido que hacer grandes inversiones. Y es un sector sensible porque, entre otras cosas, cualquier variación de precio en lo que es su producto, o en los insumos que necesitan para


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poder trabajar, hace que puedan verse en graves problemas. Y por eso creemos que la Administración debe darles -y todos debemos estudiarlo- soluciones efectivas. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

En el segundo punto que ustedes propugnan, establecer instrumentos de regulación de mercado, nos parece que deben ser revisados con mucho cuidado, señores del BNG, porque pueden llegar a ser un coladero para que mucho dinero pueda ser utilizado para ayudar a unos pocos a cambio de que unos muchos reciban poco dinero. Es lo que suele pasar a veces con las ayudas europeas. Nosotros creemos que debemos estudiar especialmente que esto no vuelva a suceder aquí y desde luego creemos que es importante que estemos atentos a dos fenómenos: uno, evitar que esas ayudas se conviertan en un mero incentivo a la producción, al almacenamiento; y otro, vigilar lo que puede ser la aparición de meros buscadores de rentas que no van a ayudar precisamente al sector. Por supuesto, no debemos ignorar esa ley básica que dice que todos estos incentivos deben ser meramente temporales; porque, si no, el mercado los descontará, estaremos tirando el dinero del contribuyente y simplemente dando una patada adelante.

En el tercer punto, cuando ustedes dicen: ayudas directas vinculadas al mantenimiento de la actividad agraria, tenemos un problema con este punto en concreto porque aquí la redacción del BNG es tan amplia que casi se puede interpretar de una manera y de la manera contraria.

En el punto cuarto, cuando hablan de establecer instrumentos públicos de estabilización de rentas como pueden ser pagos anticíclicos, creemos que la propia PAC, la estructura actual y aún más la estructura de los gastos del conjunto de los dos pilares más el greening, que ya se establece desde la PAC, tienen una virtualidad anticíclica, ya están para vigilar este tema. Seguimos entendiendo, eso sí y quisiéramos comunicárselo al Gobierno, que no hay que abandonar el intento de exportar algo que se hace bien: nuestro modelo de seguros agrarios.

Sobre el punto quinto, estamos completamente de acuerdo con él, señora Dávila; lo que sucede es que ya hay dos iniciativas legislativas que lo están tratando. Ya hay una ley de cadena alimentaria; ya hemos estado hablando también de cooperativas. Para nosotros es un problema que no tiene tanto que ver con la PAC, sino con algo que se puede hacer desde aquí, desde nuestras administraciones, y desde el Estado también; tiene que ver más con la falta de integración de los productores, con la dimensión de las explotaciones y también de los proyectos empresariales, con las malas prácticas de esas cadenas alimentarias; en fin, problemas que debemos negociar aquí, legislar desde aquí y no tanto en Europa. En Europa, de hecho, ya nos han dicho algo muy especial para nosotros. Nos han dicho que las políticas, por ejemplo, de marca de distribución, han tenido el efecto excepcional de desincentivar la innovación, algo que solamente, por cierto, ha sucedido en nuestro país. No nos engañemos, no solamente va a hacer falta una ayuda del Estado; tampoco va a ser necesaria simplemente una ayuda de las administraciones, sino que lo que debemos intentar incentivar entre todos desde aquí es la cultura empresarial de esa propia actividad productora. Eso es lo que hay que cambiar.

A nosotros nos hubiese gustado que se permitiera votar por separado los puntos de su propuesta. Me temo que no va a poder ser así; tendremos que abstenernos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, nos parece una iniciativa oportuna. Es verdad que el ministro de Agricultura ha comparecido en el Congreso en reiteradas ocasiones, pero es bueno que este Parlamento tome posición sobre temas concretos en estos momentos finales de la negociación, de la discusión a nivel europeo de la PAC. Por eso, aprovechamos esta iniciativa para mantener algunas ideas que venimos repitiendo, porque entendemos...

Señor presidente, debería poner en marcha el reloj para evitar que...

El señor PRESIDENTE: Así tendría usted más tiempo, señor Centella; ya lo tiene en marcha.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, le decía que veía oportuna esta iniciativa y que quería señalar algunos elementos que consideramos importante que se sigan manteniendo en estos momentos al hablar de la PAC. En primer lugar, creemos que es importante -y algo dice la moción- que se siga planteando la necesidad de que haya justicia a la hora de repartir los fondos de la PAC. No es posible que todavía se mantenga una realidad, y es que la minoría de propietarios de la tierra reciban la


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mayoría de las ayudas. Eso quita credibilidad a la propia PAC. No es posible que la duquesa de Alba o que grandes propietarios reciban inmensas ayudas, cuando la realidad debe ir por otro camino, como, entre otras cosas, dice la moción. También es importante que al hablar de la PAC hablemos del mundo rural, hablemos de la necesidad de que la PAC sirva para que el mundo rural tenga futuro, pero también... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Centella.

Ruego silencio para que se le pueda oír al orador, por favor.

Continúe.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Sí, señor presidente.

Como decía, es importante que la PAC sirva para asentar al campesinado en el mundo rural, pero también en estos momentos para generar empleo. Por eso, hay que plantear que las ayudas vayan también ligadas a la creación de empleo. En estos momentos de crisis hay que mirar a la agricultura como fuente de riqueza y también como creación de empleo. Por eso, nos parece no positiva una PAC que no contemple, a la hora del reparto de las ayudas, la creación de empleo. También, cómo no, nos parece lógico que se plantee en zonas como Galicia la necesidad de que se contemple esa cuota láctea, porque es algo fundamental a la hora de asegurar una pervivencia también de un sector importante de la ganadería.

Por eso, al hablar de la política agraria comunitaria estamos hablando de la riqueza, de una parte importante de la riqueza, de este país. Para eso, como decía también, es muy importante que se vaya teniendo en cuenta un elemento que le hemos planteado al ministro y que no quiero dejar de plantear en esta tribuna, y es la necesidad de contemplar también a los agricultores por cuenta ajena, a los que no son propietarios, como agricultores activos. No solamente los propietarios deben ser tenidos en cuenta en la PAC; también a aquellos que no son propietarios, que trabajan por cuenta ajena, y que no suelen tener los beneficios de la PAC. Sería importante que reconociésemos que agricultor es todo aquel o toda aquella que trabaja el campo; también los que trabajan por cuenta ajena. Por eso es importante que desde España se valore la necesidad de que la PAC tenga un elemento productivo.

En algunos momentos parece que solamente se tienen en cuenta criterios medioambientales, pues bien, mantengamos los criterios medioambientales, pero también veamos la agricultura como un elemento productivo, que significa que crea riqueza, que significa que la agricultura hay que mantenerla y cuidarla como una fuente de riqueza de este país. Al hablar de la política agraria comunitaria tenemos que hablar también de las competencias que tiene este Gobierno y por eso es muy importante que, a la hora del reparto interno, a la hora de ver cómo distribuimos en España lo que venga de Europa esto se haga de acuerdo con las comunidades autónomas, con quienes luego tienen que trasladar a su territorio el dinero que puede venir de Europa. Por eso es fundamental -y también lo contempla la moción- que esto se recoja en la negociación.

En el último minuto no voy a entrar en un debate de cifras con el Gobierno, porque finalmente las cifras vendrán dadas. Yo veo al señor ministro a veces demasiado eufórico a la hora de valorar y creo que en ocasiones sobreactúa, pero la verdad es que en este momento lo que hay que mantener es que no venga ni un euro menos, que el campo español no pierda ni un solo euro, que no venga ni un euro menos desde Europa porque sería algo que finalmente frustraría a miles de personas que todavía siguen pensando que el campo es su vida, que el campo es su futuro. Nosotros tenemos otras cuentas que las que tiene el Gobierno, pero el tiempo nos pondrá a cada uno en nuestro sitio. Sinceramente, esperamos equivocarnos porque eso significaría que tiene razón el ministro y que finalmente no se va a perder dinero; creemos que no va a ser así, pero también pensamos que todavía hay tiempo para plantear en la Unión Europea la necesidad de que no se pierda este dinero. Por último, es importante que la PAC sirva también para hacer un debate general sobre el mundo rural para que toda la economía española entienda que la agricultura es un sector estratégico y que, por tanto, hay que defenderla y apoyarla, que no es un sector marginal, que no es un sector especulativo, sino que es algo fundamental para el futuro de este país.

Nuestro grupo no ha presentado enmiendas porque va a apoyar en su literalidad tanto la moción como la transaccional que se nos presenta ya que entendemos, repito, que es algo positivo y oportuno.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

Señora Fernández Davila, ¿qué enmiendas acepta?

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, después de hablar con todos los grupos enmendantes hemos llegado a una posibilidad de transacción entre BNG, CiU y el Grupo Socialista, que hemos pasado a los letrados y que, si nadie lo impide, nos gustaría que se votara.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.

En dos minutos procederemos a votar. (Pausa).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 16/1985, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. (Número de expediente 122/000044).

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones. Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, por la que se modifica la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. A esta proposición de ley han llegado tres votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325, más 3 votos telemáticos, 328; a favor, 45; en contra, 179, más 1 voto telemático, 180; abstenciones, 101, más 2 votos telemáticos, 103.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL, SOBRE REDUCCIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE COMPETENCIAS DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES DE RÉGIMEN COMÚN. (Número de expediente 122/000071).

El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, sobre reducción y simplificación del régimen de competencias de las diputaciones provinciales de régimen común. Ha tenido también tres votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325, más 3 votos telemáticos, 328; a favor, 142, más 2 votos telemáticos, 144; en contra, 175, más 1 voto telemático, 176; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL RESCATE DE CHIPRE Y SU REPERCUSIÓN EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000592).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el rescate de Chipre y su repercusión en España. Tiene una enmienda transaccional. ¿Hay algún grupo que se oponga? (Denegaciones).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 305; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA RECUPERAR EL LIDERAZGO EN MATERIA SANITARIA, PARA EVALUAR EL REAL DECRETO-LEY 16/2012 Y PARA CORREGIR SUS EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LA SALUD, LA EQUIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 173/000072).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para recuperar el liderazgo en materia sanitaria para evaluar el Real Decreto-ley 16/2012 y para corregir sus efectos negativos sobre la salud, la equidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 146;en contra, 175.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL SOBRE DESIGUALDAD Y POBREZA EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000073).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural sobre desigualdad y pobreza en España.

Se va a votar en sus términos, pero hay seis puntos que votaremos por separado.

Punto 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 145;en contra, 176; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 148;en contra, 175; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 129;en contra, 194; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 124;en contra, 181; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 124; en contra, 175; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Finalmente, punto 6.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 148;en contra, 174; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS ÚLTIMOS ACUERDOS DE LA PAC, Y PREVISIONES RESPECTO A SU APLICACIÓN EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000074).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila, sobre la posición del Gobierno en relación con los últimos acuerdos de la PAC, y previsiones respecto a su aplicación en el Estado español.

Hay una transaccional y, si ningún grupo se opone, votamos esa transaccional.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 145; en contra, 172; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se suspende la sesión.

Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.

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