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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 101, de 09/04/2013
cve: DSCD-10-PL-101
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 101
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 95
celebrada el martes,
9 de abril de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía:

- De la Asamblea Regional de Murcia, de reforma de la Ley orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 112-1, de 1 de marzo de 2013. (Número de expediente 127/000002) ... (Página5)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la reforma de la Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 82-1, de 6 de julio de 2012. (Número de expediente 122/000066) ... (Página16)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Cuadra), sobre fraude fiscal y corrupción. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 244, de 22 de marzo de 2013. (Número de expediente 162/000586) ... (Página31)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre realización de un plan integral de apoyo a las familias. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 210, de 25 de enero de 2013. (Número de expediente 162/000517) ... (Página38)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones del Gobierno en relación con el avance del déficit público del ejercicio 2012. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 251, de 5 de abril de 2013. (Número de expediente 173/000070) ... (Página47)


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- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la fusión de municipios y la supresión de las diputaciones provinciales como mejor manera de garantizar unos servicios públicos esenciales igualitarios, sostenibles y de calidad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 251, de 5 de abril de 2013. (Número de expediente 173/000071) ... (Página55)

Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía. (Votación) ... (Página65)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página65)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página65)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página66)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía ... (Página5)

De la Asamblea Regional de Murcia, de reforma de la Ley orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia ... (Página5)

El señor representante de la Asamblea Regional de Murcia (Ruiz López), defiende la reforma de la Ley orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras González Veracruz, del Grupo Parlamentario Socialista y Barreiro Álvarez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página16)

Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la reforma de la Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos ... (Página16)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Díez González, en nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

En turno en contra interviene el señor Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Replica la señora Díez González y duplica el señor Nuet Pujals.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Sumelzo Jordán, del


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Grupo Parlamentario Socialista y el señor Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página31)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Cuadra), sobre fraude fiscal y corrupción ... (Página31)

Defiende la proposición no de ley y la autoenmienda el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista y Abad Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Cuadra Lasarte.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre realización de un plan integral de apoyo a las familias ... (Página38)

Defiende la proposición no de ley la señora Camarero Benítez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y las señoras Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Camarero Benítez.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página47)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones del Gobierno en relación con el avance del déficit público del ejercicio 2012 ... (Página47)

Defiende la moción la señora Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


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En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Vázquez Morillo. Al mismo tiempo solicita la palabra al amparo del artículo 71 del Reglamento, que le es concedida.

Contesta la señora Madrazo Díaz.

Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la fusión de municipios y la supresión de las diputaciones provinciales como mejor manera de garantizar unos servicios públicos esenciales igualitarios, sostenibles y de calidad ... (Página55)

Defiende la moción el señor Martínez Gorriarán, en nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Pérez Fernández y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y el señor Elorza González, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Pàramo i Ponsetí, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Matarí Sáez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Martínez Gorriarán.

Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía. (Votación) ... (Página65)

Sometida a votación la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, se aprueba por 313 votos a favor más 2 votos telemáticos, 315, 6 en contra y 2 abstenciones.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página65)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la reforma de la Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, se rechaza por 5 votos a favor, 319 en contra más 2 votos telemáticos, 321 y 2 abstenciones.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página65)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, Sr. Cuadra, sobre fraude fiscal y corrupción, con la autoenmienda del grupo proponente, la incorporación de enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y la enmienda transaccional, se rechaza por 24 votos a favor, 282 en contra y 21 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre realización de un plan integral de apoyo a las familias, se aprueba por 192 votos a favor, 123 en contra y 6 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página66)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones del Gobierno en relación con el avance del déficit público del ejercicio 2012, se rechaza por 140 votos a favor, 171 en contra y 15 abstenciones.


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Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la fusión de municipios y la supresión de las diputaciones provinciales como mejor manera de garantizar unos servicios públicos esenciales igualitarios, sostenibles y de calidad, se rechaza por 6 votos a favor, 320 en contra y 1 abstención.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Quiero que sepan sus señorías que hoy consumiremos o agotaremos el orden del día previsto. Por tanto, las votaciones se producirán después del punto VI, que es la segunda moción.

DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.

- DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/1982, DE 9 DE JUNIO, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA. (Número de expediente 127/000002).

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía; en concreto, la propuesta de reforma de la Ley orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Está con nosotros nuestro antiguo compañero don Juan Carlos Ruiz López, hoy diputado de la Asamblea Regional de Murcia e integrante de la delegación que defenderá la propuesta. Tiene la palabra.

El señor REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA (Ruiz López): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero que mis primeras palabras en el Congreso de los Diputados esta tarde sean para mostrar mi profunda satisfacción por volver a esta casa a la cual tuve el honor de pertenecer durante tres legislaturas. Volver aquí, ahora como portavoz del Grupo Parlamentario Popular y representando a toda la Asamblea Regional de Murcia, se convierte así en un doble motivo de orgullo que difícilmente puedo expresar aunque estemos en el templo de la palabra. Señoras y señores diputados, hoy vuelvo al Congreso, tras nueve años, para presentar ante todos ustedes una modificación del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Quiero significar la presencia de don Francisco Celdrán, presidente de la Asamblea Regional; de la Mesa de la Cámara, y de cuantos diputados regionales nos acompañan.

Como podrán comprobar, esta tarde seré yo el único representante político de nuestro Parlamento autonómico en esta tribuna y por lo tanto echarán en falta la intervención de otros portavoces de grupos parlamentarios provenientes de mi región. Esta situación se debe a que si bien llevamos ya un tiempo preparando conjuntamente un nuevo estatuto de autonomía, durante esa tramitación el consenso ha sufrido altibajos y hoy afortunadamente puedo decir con satisfacción que esta proposición de ley cuenta con el apoyo explícito de los tres grupos que componen nuestra Cámara autonómica. Quiero agradecer a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora García Retegui, y al portavoz del Grupo Mixto, de Izquierda Unida, señor Pujante Diekmann, que nos acompañen porque con su presencia ratifican mis palabras. A través del diálogo hemos recuperado un consenso que demuestra la firme voluntad de la Región de Murcia de llegar a acuerdos en los temas institucionalmente relevantes, llevando así el compromiso político, que traslado a esta Cámara, de culminar los trabajos de la redacción de un nuevo estatuto de autonomía antes de que finalice el presente año, incorporando a este los anhelos y los techos competenciales que nos corresponden como una autonomía más de España, estudiando nuestro sistema electoral para intentar hacerlo más cercano a los ciudadanos y manteniendo, cómo no, esa vocación de consenso para su tramitación que les traslado ahora.

Señorías, la modificación que nos ocupa no tiene carga partidista. Es tan solo una nueva herramienta político-jurídica que ponemos a disposición de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Me refiero en concreto a la capacidad legal de desarrollar decretos-leyes. No pretendemos más que mejorar los instrumentos puestos a disposición de nuestras instituciones para atender los problemas que surjan, para hacerlo con más inmediatez, con más urgencia y con más efectividad. Si hubiésemos dispuesto de esta herramienta, hubiésemos podido reaccionar aún mucho más rápido ante catástrofes acaecidas en la Región de Murcia como fueron las recientes inundaciones del pasado septiembre o el terremoto ocurrido


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en la ciudad de Lorca. Señorías, ya sabemos que esto no es la solución de la crisis, ni del desempleo, ni de los graves problemas que afectan a nuestra región y al conjunto de España, pero también sabemos que mediante esta modificación vamos a contribuir a mejorar y a equiparar a nuestra comunidad autónoma con las del resto de España en lo que se refiere a medios legislativos a nuestra disposición para llegar a tal fin. Señoras y señores diputados, quiero solicitar su apoyo a esta modificación de nuestro estatuto de autonomía por dos razones. La primera es que el decreto-ley se encuentra ampliamente extendido en los estatutos de autonomía de las diferentes regiones, con lo que no parecería justo negar a la Región de Murcia aquello de lo cual ya disponen otras comunidades autónomas y que nos hará ser más rápidos ante decisiones que haya que tomar con urgencia, y que además, como sabemos, cabe perfectamente en nuestra Constitución. La segunda razón por la cual solicito su apoyo es que la Asamblea Regional de Murcia hoy muestra lo que para todos nosotros es un ejemplo democrático: hemos sido capaces de apartar lo que nos separa para apoyar lo que nos une y hemos continuado los magníficos precedentes que jalonan la historia de la modificación y aprobación del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Estos precedentes no han sido solo los de llegar a acuerdos entre los dos grandes grupos políticos, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, sino que hemos conseguido hasta el día de hoy alcanzar la unanimidad. Nuestro estatuto fue aprobado el 9 de junio de 1982 y ha sufrido las modificaciones del 13 de marzo de 1991 y del 24 de marzo de 1994. También fue modificado el 15 de junio de 1998 por unanimidad de la Cámara autonómica, instaurando así la saludable costumbre de ser aprobado por unanimidad. Por eso hoy me complace especialmente anunciar que el texto que traemos también es apoyado por unanimidad por las fuerzas políticas con representación parlamentaria en la Asamblea Regional de Murcia.

Termino, señor presidente, y termino afirmando que, a mi entender, la aprobación de un estatuto debe cumplir dos principios básicos: el primero sería el de constitucionalidad, como fuente de la cual emanan los propios estatutos, y el segundo sería el del acuerdo más amplio posible, como garantía de estabilidad y de pluralidad democrática. Por tanto, señorías, me permito solicitarles que aprueben este texto que sometemos a su consideración porque cumple esos dos principios básicos, constitucionalidad y acuerdo, a los cuales debemos sumar hoy el de la oportunidad. Sin duda, el gesto de votar unidos diferentes grupos será un mensaje positivo que los ciudadanos sabrán valorar y que yo, en nombre de toda la Asamblea Regional de Murcia, les agradezco.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz López. Reitero nuestra bienvenida a su señoría y a lo que representa.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Alguien podría preguntarse, y con razón, qué hace un valenciano con vocación de valencianista interviniendo en el debate sobre la reforma del Estatuto de Murcia y la contestación es muy clara: el Partido Popular gobierna las comunidades autónomas valenciana y murciana desde hace muchos años -diecisiete años en ambos casos-, pero las propuestas de reforma del estatuto no caminan con la misma celeridad aquí, en el Congreso. El Parlamento de Murcia aprobó el 24 enero de 2013 esta propuesta de reforma de su estatuto. No hace aún tres meses que se aprobó y hoy ya la estamos discutiendo en el Congreso. A eso se le llama eficacia y rapidez. En cambio, la propuesta de reforma del Estatuto valenciano, concretamente la propuesta de reforma de la disposición adicional primera -reforma que decía sencillamente: La inversión del Estado en la Comunidad Valenciana, excluido el Fondo de compensación interterritorial, será equivalente al peso de la población de la Comunidad Valenciana sobre conjunto del Estado, por un período de siete años-, la aprobó el Parlamento valenciano el día 8 marzo 2011, hace ya más de dos años, y no es que no se haya podido discutir ahora en el Congreso, es que el mismo Partido Popular valenciano ha impedido que se discuta. Se iba a debatir en la sesión de 10 abril 2012 y el propio presidente de las Cortes valencianas pidió la retirada del punto y su aplazamiento; el mismo presidente que hace dos meses reclamaba 11.000 millones de deuda histórica para los valencianos. En lugar de discutir sobre la deficiente inversión del Estado en la Comunidad Autónoma Valenciana -recordemos que cada valenciano o valenciana recibirá este año 1.150 euros menos que la media española-, en lugar de eso el Partido Popular valenciano prefirió discutir de los pitos al rey en la final de una copa de fútbol. ¿Se puede hacer más el ridículo? ¿Se puede ser más ineficaz? ¿Se pueden defender peor los intereses de los


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valencianos? Por eso les pido a los diputados valencianos del Partido Popular que tomen ejemplo de los diputados murcianos y que traigan aquí de una vez por todas el debate sobre el maltrato que para las valencianas y los valencianos supone la financiación y la inversión del Estado.

Por último, en referencia a la reforma del Estatuto de Murcia, mucho nos tememos que el Gobierno murciano del Partido Popular quiera seguir la misma senda que el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y quiera gobernar como se gobierna aquí. Entendemos que quiera esta reforma de su estatuto para gobernar a golpe de decreto ley. Aquí -lo estamos viendo día a día, semana a semana, pleno a pleno- se está gobernando con decretos-leyes, aquí se está hurtando la función parlamentaria, se está gobernando sin apenas debate, sin posibilidad de enmendar. Sinceramente, no nos gusta que se gobierne a golpe de decreto-ley y por tanto no nos gusta esta propuesta.

Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy mal!).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señores representantes de las instituciones de la Región de Murcia, querido compañero, se preguntaba el señor Baldoví qué hace un valenciano y con vocación de valencianista defendiendo la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Prefiero no plantear la duda kantiana de qué hace un vasco defendiendo la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Pues se lo voy a explicar: eso, defender la reforma que ustedes preconizan; en tanto en cuanto dimana de la voluntad de sus instituciones, debe ser objeto de atención por nuestro grupo parlamentario en sus propios términos. Usted ha sido muy austero en la defensa de la iniciativa y yo lo voy a ser también. Vamos a votar favorablemente esta parcial reforma del estatuto de autonomía. Y si me permite -o poseo legitimidad, que siempre es dudoso en este ámbito- hacerle algún tipo de recomendación, le pediría que hagan un uso mesurado y ponderado del real decreto-ley. El señor Baldoví ha dicho una cosa muy importante: el abuso en la aprobación de reales decretos-leyes por parte del Gobierno en este momento del Partido Popular está degradando peligrosamente en nuestra opinión la actividad legislativa, el procedimiento legislativo previsto en el título III, capítulo segundo, de la propia Constitución y diversos preceptos, el 106, el 109 y el 126 del Reglamento de la Cámara. En el corto tiempo que ha transcurrido de esta legislatura llevamos aprobados 37 reales decretos-leyes, una cifra desmesurada y que está vaciando de contenido la circunstancia de legislar, que es una de las legitimantes de la propia existencia de la institución parlamentaria. Por lo tanto, yo les pediría un uso mesurado y ajustado a los requerimientos del real decreto-ley, que es una fórmula legislativa excepcional; que valoren la excepcionalidad de esta fórmula de legislar acreditando la urgente necesidad y las limitaciones en cuanto a las materias que pueden ser objeto de regulación a través de esta fórmula legislativa tan especial como excepcional, como limitada en su duración temporal. Les pediría encarecidamente que lo hagan y que no se llegue a una perversión de la actividad legislativa como en la que estamos incurriendo en esta legislatura, en la que prácticamente se regula o se legisla solo a través de reales decretos-leyes. Pero no solo se regula a través de reales decretos-leyes, sino que se están incumpliendo en este Parlamento, en estas Cortes Generales, los requerimientos del artículo 86 de la Constitución, que establece delimitaciones al uso -como usted conoce perfectamente- de la fórmula del real decreto-ley; por ejemplo, prohíbe la utilización del real decreto-ley para regular los derechos regulados por el título I de la Constitución. Pues se están regulando derechos consignados por el título I de la Constitución a través de reales decretos-leyes, bien directamente o bien por conexidad de los derechos que se regulan con algunos de los ubicados sistemáticamente en el título I de la Constitución. Les agradecería que no incurrieran en esta perversión, que es una perversión parlamentaria, y cuando estamos hablando de una perversión parlamentaria estamos hablando también de una perversión democrática.

Por último, he leído varias veces la reforma que ustedes nos presentan y he intentado utilizar fórmulas hermenéuticas todo lo finas que uno humildemente puede practicar, hacer una exégesis del artículo 30.3 que ustedes pretenden reformar, pero el tenor literal del precepto establece que no podrá ser objeto de real decreto-ley la regulación de los derechos previstos en el presente estatuto. Si no pueden ser objeto de regulación a través de real decreto-ley los derechos previstos en su Estatuto de Autonomía así como su estructura institucional, ¿cuáles son los derechos -es una pregunta que suscito a efectos de articular un cierto debate intelectual puesto que ya le he adelantado nuestro voto favorable- que ustedes pretenden regular a través de esta fórmula de real decreto-ley si ab initio excluyen de la utilización de la fórmula de real decreto-ley todos los derechos consignados en su Estatuto de Autonomía. Resulta difícil -se lo digo


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con honestidad y con amistad también; con cariño, si me permite la expresión, un tanto cursi quizá en el formato de una institución de estas características- comprender cuál es el ámbito subjetivo que ustedes pretenden atribuir a los reales decretos-leyes; seguro que tienen que estar vinculados a algunos de los derechos reconocidos por su estatuto, porque si no están vinculados a algunos de los derechos reconocidos por su estatuto, ustedes carecerían de legitimidad para legislar sobre estas materias. Pero si excluyen del ámbito de regulación del real decreto-ley todos los derechos previstos en su estatuto, estamos presumiblemente ante un precepto vacío de contenido. Espero que no sea así y que ustedes sean capaces de explicar qué es lo que pretenden realmente, y no quiero que considere que estas frases o estas expresiones son de reproche, de objeción o de reserva mental respecto a lo que usted ha denominado incrementar los umbrales de autogobierno de la región que usted representa. Nosotros nunca negaremos que una región, que una comunidad autónoma eleve sus techos o sus umbrales de autogobierno; cuente con nuestra colaboración en ese ámbito. Obiter dicta, le he hecho este comentario aparentemente critico pero que no lo es, es sencillamente para que podamos reflexionar colectivamente sobre algunas de las operaciones de ingeniería jurídica a las que tan proclives somos últimamente en esta institución y que resultan desde una perspectiva de análisis técnico-jurídico -valga la redundancia- discutibles. En todo caso, cuente con nuestra adhesión a una propuesta de estas características, que seguramente dentro de poco tiempo se verá acompañada por otras reformas de estatutos de autonomía, quizás de más dimensión, de más entidad y más fáciles de identificar jurídicamente.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor Presidente.

No voy a comenzar mi intervención pidiendo excusas por hablar de Murcia sin ser de Murcia o cosas de este estilo que se suelen oír por aquí porque obviamente todos los diputados representamos a todos, incluidos, por supuesto, los ciudadanos de Murcia, y no solamente hablamos de cuestiones de Murcia, de Cataluña, del País Vasco, de Madrid o de donde sea, sino que incluso hablamos de la Unión Europea, que tampoco nos ha elegido. Quizás para centrar el debate que ustedes nos han traído de propuesta de reforma de su estatuto, no estaría mal recordar eso. Me refiero, como objeto a recordar, a si realmente la propuesta que ustedes nos traen es la más conveniente para mejorar el funcionamiento del autogobierno al que Murcia tiene legítimo derecho, el funcionamiento del Estado y el funcionamiento, más allá de eso y a corto plazo, de la Unión Europea. Voy a ser muy directo. Le voy a decir que, en opinión de nuestro grupo, no. No porque realmente no deja de ser llamativo que a una comunidad autónoma que viene disfrutando de una mayoría absoluta desde el año 1995, en este caso del Partido Popular, pero podía ser de otro partido, a la hora de hacer una reforma estatutaria la cuestión que le parezca más urgente y prioritaria sea la de tener la competencia de gobernar mediante decretos-leyes. Aquí ya se ha dicho, pero yo voy a insistir en eso. El decreto-ley es realmente uno de esos instrumentos políticos que se ha pervertido, se ha pervertido la práctica. El decreto-ley, lo dice claramente la Constitución, está para cuestiones extraordinarias, para cuestiones de urgencia y, sin embargo, se ha convertido -y no solo con este Gobierno, aunque este haya rizado el rizo con veintiséis decretos-leyes en poco más de un año de Gobierno- en el instrumento normal de actividad legislativa y de actividad política. Esto a su vez tiene que ver con algo que es francamente preocupante y que tiene mucho que ver con la degradación de la democracia no solamente en la comunidad de Murcia, sino en general en España y también en la Unión Europea, que es la absoluta pérdida, el olvido, el arrinconamiento de esta idea básica y central de la división de poderes y de que hay competencias legislativas, que son del Legislativo; ejecutivas, que son del Ejecutivo, y judiciales, que son del Poder Judicial. Y justamente el abuso del decreto-ley como instrumento de gobierno lo que hace es arrumbar todo eso y, con la excusa de una urgencia que casi nunca que existe, poner por encima de cualquier otra voluntad política la voluntad del Ejecutivo.

Nos da la impresión -y usted no ha dicho nada que nos lleve a rectificar esa primera impresión- de que lo que la Asamblea de Murcia propone en este caso es exactamente eso; es decir, abrir la puerta al abuso del decreto-ley como instrumento de gobierno. Nos parece que es una cuestión que no procede y por eso vamos a votar en contra, pero quiero explicarle el porqué. No es porque nosotros consideremos que la Comunidad de Murcia, a diferencia de otras comunidades que tienen recogido ese instrumento jurídico-político en su estatuto, tenga menos derecho, tiene exactamente el mismo -y esto, por cierto, querría subrayarlo: Murcia tiene exactamente los mismos derechos que las llamadas comunidades


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históricas-, lo que ocurre es que, en nuestra opinión -y es una opinión que se va abriendo paso de una manera irremediable por mucho que algunos se empeñen en frenarla-, lo que necesitamos no es este tipo de revisiones estatutarias, que no es sino profundizar en lo que ha funcionado mal, que no es sino una huida hacia adelante, lo que necesitamos es una reconsideración del funcionamiento del Estado de tipo constitucional, porque sí hace falta una reforma constitucional y, en contra de lo que algunos dicen, por mucho que sean presidentes del Gobierno, hablar de reformas de la Constitución no es crear problemas a los ciudadanos, es tomarse en serio la solución de los problemas que los ciudadanos tienen. Y en este caso nos ocurre exactamente igual. Hablemos de lo de Murcia y de lo de todos los demás en el marco de un debate constitucional de verdad. Hablemos de verdad de cómo queremos que sean las comunidades autónomas y cómo queremos que sea el Estado. Hablemos de verdad de qué competencias queremos que tengan y qué competencias no deberían ser suyas, sino de los ayuntamientos, o del Estado, o de la Unión Europea, puesto que nuestra idea de Estado es la de un Estado federal dentro de un Estado europeo también federal, que va a ser algo inevitable si queremos mantener los lazos económicos, la moneda común y otras instituciones que nos unen, pésimamente gobernadas. Por lo tanto discutir si la Comunidad de Murcia, la de La Rioja, la de Castilla-La Mancha o cualquier otra -esto da exactamente igual- deberían tener aquello que tienen otras comunidades autónomas, justo cuando estamos hablando de un Estado, el Estado de las autonomías, que es en gran parte un Estado insostenible -palabra de moda, pero en este caso justamente utilizada-, es un error de perspectiva. Lo que tendría que hacer en este caso la Asamblea de Murcia, a lo que le invitamos es a reconsiderar, primero, si no es prioritario por ejemplo que el Estatuto de la Región de Murcia comience por la reforma del sistema electoral, para que haya un verdadero pluralismo y una verdadera representación.

Es curioso que ustedes, las comunidades históricas con más competencias, solamente envidien al Estado aquello que refuerza al Ejecutivo y nunca envidian para nada lo que tenga que ver -de lo poco que se haya hecho o avanzado- con contrapoderes, de independencia de supervisores y entes cuyas funciones vigila el Ejecutivo. No, aquí casi todas las reformas que se traen tratan de reforzar el poder del Ejecutivo. Pues mire, no, esa no es la vía, esa no es la cuestión, ni tampoco es la vía la de reformas aisladas de estatutos. Esto nos ha llevado al actual disparate, comenzando por lo que ocurrió con la reforma del Estatuto de Cataluña en la época de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, y continuando por los demás. No se trata de ignorar la realidad, convénzanse ustedes. No se puede pretender vivir en una burbuja y reforzarla mediante medidas coercitivas como que a partir de ahora, por si acaso nuestra mayoría está en peligro -cosa compartida por la oposición que espera probablemente de un modo ilusorio heredar esa mayoría absoluta-, reforzar nuestra capacidad de gobernar para hurtar a la ciudadanía el debate de las cuestiones que les importan. Ese y no otro es el origen del abuso del real decreto-ley, del decreto-ley en su caso, porque supongo que no será real, sino autonómico o como le quieran llamar.

La cuestión está en que el decreto-ley lo que hace es impedir el debate parlamentario genuino. Lo que hace es impedir la dación de cuentas de la razón de cada cual a la ciudadanía. Lo que hace es impedir que haya una verdadera labor legislativa de calidad. Lo que hace es producir esa lege rea lamentable en la que está hundido entre otras cosas nuestro sistema, y como digo lo que hay que hacer no es reforzarla y duplicarla, sino acabar con ella. Por esa razón nuestro grupo parlamentario estará absolutamente entusiasmado y dispuesto a discutir no solamente con la Asamblea de la Región de Murcia, sino con cualquier otro Parlamento autonómico, que creemos que tienen que existir, que tienen que tener competencias claramente delimitadas, que tienen que tener responsabilidad fiscal y capacidad de inversión y de gasto público con lo que recauden con sus impuestos, pero que desde luego no pueden seguir reforzándose no como tales comunidades, sino como Gobiernos autónomos a costa no digo ya del interés general, cuestión quizá demasiado abstracta, sino a costa de los principios básicos de la democracia parlamentaria. Todo lo que sea reforzar el decreto-ley en contra del trabajo parlamentario significa debilitar al Legislativo, significa reforzar de una manera abusiva al Poder Ejecutivo.

Fíjese usted -si me permite, ya que antes ha habido aquí unas intervenciones tan regionalistas, levantemos la cabeza del campanario y miremos un poco más allá- el conflicto que se ha creado en Portugal, nuestro vecino, con la sentencia del Constitucional contraria a la decisión del Ejecutivo. Parece que en Europa -en general, ya no es un problema nuestro; mal de muchos, epidemia, no consuelo de nadie- se ha olvidado ya que existe una cosa llamada división de poderes, y que efectivamente los Gobiernos no pueden hacer lo que les dé la gana invocando el interés general y la defensa de prioridades que solo son prioritarias para ellos y para nadie más. Por tanto -y con esto voy acabando- esta es la


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razón por la que nosotros no ponemos en duda, cosa que no hacemos en absoluto, sino que afirmamos la necesidad de que la Región de Murcia, como las demás, tenga los mismos derechos que las demás. Afirmamos también que no existe ninguna comunidad autónoma que tenga que tener más derechos que las otras dentro de un Estado federal. Afirmamos también que las comunidades autónomas en ese Estado federal tienen que tener competencias claramente delimitadas, gestionadas por ellos sin limitación y con financiación propia, pero por eso mismo decimos que no vamos a apoyar -y hoy tampoco- ningún tipo de propuesta que lo que haga sea reforzar los peores rasgos del sistema democrático de España y los peores rasgos del Estado autonómico. Esta es la razón por la que, lamentándolo mucho -quizá seamos el único grupo, pero lo mantendremos y explicaremos donde haga falta, por supuesto también en Murcia-, no vamos a apoyar esta petición de reforma del Estatuto de Autonomía.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV, EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente del Congreso.

Comienzo saludando a las autoridades y representantes de la Asamblea de la Región de Murcia que nos acompañan hoy, tanto desde el hemiciclo como desde la tribuna. El tema que nos ocupa es una reforma estatutaria pequeña -solamente un artículo-, es una facultad: otorgarle al Gobierno de la Región de Murcia la posibilidad que tienen otras comunidades autónomas de hacer decretos-leyes. Como cualquier otro instrumento, puede tener un uso más o menos bueno, más o menos perverso. Por eso nuestra posición inicial -la de nuestro representante en la Asamblea de Murcia- fue abstenerse porque un buen uso puede redundar en un beneficio para el bien común, pero un mal uso puede dar lugar a lo que nos tiene en esta Cámara acostumbrados el Gobierno del Partido Popular: no menos de treinta y seis reales decretos-leyes en lo que llevamos de legislatura.

Pero nuestra posición va a cambiar. Nuestra posición hoy en este debate va a ser votar favorablemente la propuesta que viene de la Asamblea de la Región de Murcia, porque se ha alcanzado un acuerdo político. Algunos puntos quiero destacarlos para que consten en el "Diario de Sesiones", porque no se han comentado todavía en las intervenciones de los portavoces que me han precedido, y han sido puestas sobre la mesa por Izquierda Unida de la Región de Murcia. El primero -nos parece sustancial porque es un beneficio inmediato para el funcionamiento de la Asamblea de la Región de Murcia- es la mejora en su funcionamiento. Hay un compromiso por parte de todos los grupos de la Cámara murciana de mejorar su funcionamiento, donde determinados comportamientos que en esta Cámara nos resultan extraños, como que el grupo mayoritario elija las proposiciones que se tienen que debatir del resto de grupos -aquí cada grupo decide lo que quiere que se debata en su turno-, se van a cambiar, y nosotros lo saludamos. Ese ha sido uno de los motivos que nos ha llevado a cambiar el voto.

Otro de los motivos es el compromiso de abrir una comisión para la reforma de la Ley Electoral murciana; una ley electoral que desde nuestro punto de vista es una ley manifiestamente mejorable, porque nos perjudica mucho. Delimita la Región de Murcia en cinco circunscripciones electorales, lo cual dificulta muchísimo que fuerzas minoritarias puedan tener representación en la Cámara murciana, en la Asamblea radicada en la ciudad de Cartagena. Nosotros apostamos por reformar esa Ley Electoral y por introducir medidas que hagan a la Cámara murciana más representativa y más acorde a la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

Otro compromiso puesto encima de la mesa es la reforma del Estatuto de Autonomía más allá de esta pequeña cuestión; una reforma mucho más amplia que incorpore derechos sociales. Veremos cómo y lo negociarán los representantes del pueblo murciano en la Asamblea en Cartagena, pero desde Izquierda Unida vamos a trabajar en la Asamblea y aquí en esta Cámara para que esta reforma sea en profundidad y por el bien, por la mejora de la garantía de los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas de Murcia.

Otro punto es la continuación de la reivindicación de la deuda histórica -llamémoslo así- de la Región de Murcia. Ahí nos plegamos a lo que calculó el Partido Popular de Murcia y damos por buena esa cantidad. Es una reivindicación que consideramos justa y como voz hoy de los murcianos de Izquierda Unida en esta Cámara -aunque sea el segundo valenciano que ha subido aquí- la tengo que trasladar. La traslado igual que hicimos en una resolución, después del debate sobre el estado de la Nación, reivindicando una mejora de nuestra financiación, la de los valencianos, que está tan mal como la de los murcianos, y como nos parece un tema fundamental por eso hemos cambiado nuestra posición de voto:


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de la abstención en la Asamblea de la Región de Murcia, al voto favorable que vamos a manifestar hoy aquí.

Para nosotros cualquier asamblea o parlamento regional tiene manifiesta capacidad de poder venir en cualquier momento a plantear en esta Cámara las reformas de su estatuto que considere oportunas. Desde la fuerza política que represento -o desde las fuerzas políticas que ahora represento- tendrán el máximo apoyo en aquello que tiene que ver con la defensa de sus derechos -de todos sus derechos- como naciones, como pueblos o como regiones. Desde esta fuerza política entendemos también que se ha cerrado un ciclo en la historia de España que se abrió con la muerte del dictador, la negociación de la transición, con una Constitución que es la que todavía está vigente, y con una monarquía que llegó como llegó, pero ese ciclo se está cerrando. Pero que se cierre ese ciclo, que reivindiquemos una reforma de la Constitución o que reivindiquemos una reforma de este sistema que está en crisis desde la familia Borbón hasta los ayuntamientos, no significa que no se puedan plantear reformas parciales del entramado que tenemos ahora mismo vigente. Nosotros estamos por muchos cambios, por cambios profundos en este país, por cambiar la Constitución, por cambiar la Jefatura del Estado, por cambiar muchas cosas, y en ese camino habrá que hablar y negociar con todo el arco parlamentario. Hoy desde Izquierda Unida, desde La Izquierda Plural, vamos a votar favorablemente esta reforma chiquitica -si se me permite la expresión- en la confianza de que el grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular, que es abrumadoramente mayoritario en la Asamblea de Murcia, con unos porcentajes envidiables, va a mantener su palabra, va a mantener el compromiso al que ha llegado con nosotros, con Izquierda Unida en la Región de Murcia, y por eso vamos a votar favorablemente esta reforma.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero saludar en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió al comisionado del Parlamento de Murcia, don Juan Carlos Ruiz, así como a los representantes de la Asamblea parlamentaria de Murcia, y fijar la posición sobre esta toma en consideración de una modificación de un Estatuto de Autonomía. En las dos anteriores legislaturas, señorías, vivimos hasta seis modificaciones de estatutos de autonomía, lo que vinimos a llamar los estatutos de segunda o tercera generación, después de los estatutos nacidos en los años 1969 y 1982, de los pactos autonómicos de 1992, y de las reformas que se comprendieron entre el año 2004 y el año 2011. De hecho esta pequeña reforma, que se nos anuncia que será completada con alguna otra propuesta de reforma mayor, podríamos incorporarla dentro de este marco de tercera ola de reformas de estatutos.

Esta tarde, señorías, ante un asunto tan concreto como el que se nos plantea, que es la incorporación del decreto-ley en el articulado del Estatuto de Autonomía de Murcia, claramente debemos diferenciar dos asuntos a discutir, dos asuntos a afrontar. En primer lugar, la propia naturaleza del instituto jurídico del decreto-ley, y en segundo lugar, la práctica del uso y el abuso que del mismo decreto-ley se puede hacer y se está haciendo en estos momentos en la vida parlamentaria. Nuestro voto vendrá regido por la consideración del primer criterio, el de la existencia o la naturaleza del instituto jurídico del decreto-ley, y por eso vamos a votar favorablemente a la toma en consideración; vamos a votar favorablemente a la toma en consideración porque el artículo 63 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, a partir de la reforma del año 2006 contempla también la figura del decreto legislativo, y porque hace treinta y cinco años que trabajamos, también en este Parlamento, en el marco de un artículo 86 de la Constitución española que contempla que en casos de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno puede plantear un real decreto-ley. Es evidente que los constituyentes contemplaron este artículo 86 de la Constitución española para casos de extraordinaria y urgente necesidad, como catástrofes naturales, epidemias o aquel 12 de mayo del año 2010, cuando el presidente del Gobierno de entonces subió a esta tribuna y en veintisiete minutos anunció que España estaba al borde de la intervención económica total, y el día 25 del mismo mes se votaba un real decreto. Estos son ejemplos de extraordinaria y urgente necesidad que evidentemente suponen una limitación de las capacidades del parlamentarismo, en tanto en cuanto significan una convalidación con votación única, y en el caso de las Cortes Generales solo por una de la dos Cámaras, por este Congreso de los Diputados, lo que supone una limitación altísima de la capacidad de deliberación y aportación del Parlamento, y lo que supone, aunque se tramite como proyecto de ley posteriormente, una incidencia menor, además con un debate jurídico teórico muy interesante, más propio de la academia


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que de la práctica, sobre si las modificaciones en la tramitación parlamentaria, después de la toma en consideración de un decreto-ley, tienen efectos ex nunc o ex tunc, si tienen efectos retroactivos o si no tienen efectos retroactivos. Señorías, hasta aquí la parte de la teoría que nos inspira votar favorablemente.

Pero les he dicho también que había un segundo criterio a considerar sobre el decreto-ley, el decreto legislativo, que es la práctica del uso y el abuso que se está produciendo en los últimos años, pero especialmente en esta legislatura. Si me permiten -ha sido una coincidencia-, como decía un compañero de grupo parlamentario, llevar a discusión esta tarde el decreto legislativo es como citar la soga en casa del ahorcado, porque, señorías, estamos en la X Legislatura española, legislatura en la cual este Congreso de los Diputados ha vivido treinta y cinco reales decretos-leyes, menos de diez de los cuales se han tramitado como proyectos de ley, y de los que ha habido un evidente abuso de esta institución, no contemplada en los términos del artículo 86 de la Constitución española.

Alguien me planteaba hace un rato que, como en el Parlamento de Murcia existe una mayoría absoluta extraordinaria del Partido Popular, esta mayoría absoluta va a hacer previsiblemente un uso abusivo de esta institución. Creo que una cosa es la teoría y los estatutos, y otra las mayorías. Las normas tienen que quedar y las mayorías, incluso en Murcia, algún día pueden alterarse y pueden modificarse, por eso nosotros vamos a votar favorablemente esta toma en consideración.

El tercer motivo, señorías, señores representantes del Parlamento de Murcia, es que nosotros, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, no les vamos a negar a ustedes su vocación, su ambición y su nivel de autogobierno, como esperamos y deseamos que ustedes, el conjunto de los representantes de otras comunidades autónomas no vayan a limitar la ambición de autogobierno del pueblo de Cataluña, la manifestada en el Estatuto de Autonomía del año 2006, antes del recorte por un Tribunal Constitucional caducado, con clara carga política, y antes de negarse a respetar el derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Treinta y cinco años después del nacimiento y despliegue del modelo territorial es evidente que el modelo del café para todos es un modelo que tiene que ser objeto de revisión. No al café para todos; ¿decreto-ley para todos? Pues sí, decreto-ley para todos; sí a la institución. Pero sean prudentes, extremadamente prudentes en la aplicación de la misma institución porque en esta legislatura en este Congreso de los Diputados hemos vivido una degradación de la calidad democrática con un uso absolutamente abusivo del decreto-ley, que ha supuesto hurtar a esta Cámara la capacidad de propuesta, la capacidad de enmienda y la capacidad de deliberación. Es democrática evidentemente la composición con una mayoría absoluta de esta Cámara, pero la democracia y el parlamentarismo también se basan en el respeto a la minoría y en el respeto al derecho de propuesta de la minoría.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora González Veracruz.

La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Muchas gracias, señor presidente.

Por supuesto, en primer lugar, quiero decir que es un honor como murciana -en mi caso sí- tratar en el Pleno del Congreso de los Diputados un tema tan importante para mi región como es la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Quiero saludar al presidente de la Asamblea Regional, señor Celdrán, al resto de componentes de la Mesa, a los portavoces de los grupos parlamentarios, señor Ruiz, señor Pujante, y muy especialmente a mi portavoz, Begoña García Retegui y a todos los diputados y diputadas que hoy les acompañan.

Señorías, la política está para resolver los problema de los ciudadanos. La política está para ser útil a la ciudadanía, y eso es lo que queremos los socialistas, también los socialistas de la Región de Murcia; queremos ser útiles a nuestra tierra, especialmente ahora, cuando pasamos tan malos momentos, momentos tan delicados. Eso es lo que nos mueve, conseguir lo mejor para la ciudadanía de nuestra región. Por eso creíamos fundamental que una reforma de nuestra norma, de nuestra constitución regional, viniera a este Pleno con consenso. Hemos hecho un gran esfuerzo por que la norma que nos rige, la norma que ha construido nuestra región durante los últimos treinta años venga aquí, como en las anteriores ocasiones, como explicaba anteriormente el señor Ruiz, con el consenso de todos los grupos de la Asamblea Regional. Creíamos imprescindible este consenso porque es importante para nuestra tierra, pero también y sobre todo por lo que puede suponer este estatuto para el futuro, para el desarrollo económico, para una mejora democrática. Hemos hecho un gran esfuerzo porque estamos convencidos, como decía, de que es lo más útil y porque son los intereses de la ciudadanía de la Región de Murcia los que están en juego. En cualquier caso, señorías, las cosas no son como empiezan, son como terminan.


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No han empezado de la mejor manera, pero lo que quiero expresar hoy y desear es que terminen todavía mejor de lo que comenzaron.

Votamos a favor de esta reforma parcial del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia cuando hubiéramos preferido apoyar una reforma de calado, mucho más sustancial y de fondo, porque hay efectivamente un acuerdo político. Es un acuerdo político que incluye y en el que hemos conseguido incluir los temas de relevancia regional, que estamos convencidos de que requieren el apoyo y la unidad de todos los grupos. Tenemos el compromiso firmado por todos los grupos de la Asamblea Regional, de la Cámara autonómica, de que esta reforma más amplia se aborde, y además se haga en un plazo de tiempo fijo; es decir, antes de final de este año tendremos la alegría de venir a esta Cámara a apoyar un nuevo Estatuto de la Región de Murcia, y eso sí que será verdaderamente una buena noticia. Como decía lo hemos hecho con esfuerzo, pero sobre todo creo que hemos hecho un gran ejercicio de responsabilidad política para con nuestra tierra, para con los murcianos y las murcianas. Los tiempos y la región lo requieren y lo necesitan.

Hay otro factor por el que hemos puesto todo de nuestra parte, y es que vivimos un momento en el que las instituciones están en una verdadera crisis de confianza ciudadana y nuestra región también vive una crisis muy intensa que se está cebando en miles y miles de murcianos. Por todo esto, y exponiendo las peticiones del Partido Socialista en la Región de Murcia durante los últimos años de una modificación amplia del Estatuto y que recoge los acuerdos, apoyamos hoy esta reforma parcial, con asuntos de trascendencia regional como la garantía de los derechos sociales, la inversión del Estado o el déficit de financiación histórica que tiene nuestra región. Esos son algunos de los acuerdos que hoy quiero que consten en el "Diario de Sesiones" para incluir en la próxima reforma del estatuto. Y como murciana que soy y precedida por dos valencianos que han reivindicado ese déficit de financiación también para Levante, una zona que necesita prosperidad y que toda España necesita de ella, tengo que sumarme a que la reivindicación de ese déficit de financiación histórico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia también sea para el País Valenciano. Tenemos que conseguir entre todos blindar, garantizar los derechos de los murcianos. Tenemos que conseguir unidad para que las inversiones en la Región de Murcia vuelvan a estar, como mínimo, en la media nacional. Tenemos que resolver los déficits de infraestructuras, que están realmente limitando nuestra economía regional. Todo esto es clave, es vital para reactivar nuestra economía, y no puedo hablar de esto sin hablar del cumplimiento del Plan Lorca y de todos los compromisos en una zona especialmente afectada por los terremotos y las inundaciones.

Necesitamos grandes acuerdos de región e incluir en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia una defensa cerrada y un gran acuerdo para resolver los problemas históricos de déficit de agua; esto también tiene que estar en el Estatuto de Autonomía y mucho más por las malas noticias que estamos teniendo últimamente para nuestra tierra. La nueva reforma tiene que incluir asuntos fundamentales para la vida democrática, como es la comprometida modificación de la Ley Electoral de la Región de Murcia, para ganar proporcionalidad. Tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos, de los murcianos y las murcianas en concreto, hacia la política. Como presentábamos ayer mismo con esa ley de transparencia regional Tenemos que ganar transparencia y apertura en las administraciones y también en los Gobiernos. La democratización de nuestras instituciones implica una de las partes del acuerdo, como es la mejora del funcionamiento de la Asamblea Regional, la modificación del propio reglamento y, algo que me parece muy importante, la celebración mensual de sesiones de control en la Asamblea Regional de Murcia. Todos estos son algunos de los acuerdos que hemos alcanzado y que espero que en el plazo que marca ese acuerdo tengamos la posibilidad de votar de nuevo favorablemente aquí. La ciudadanía nos pide altura a los políticos y tenemos que tenerla; tenemos que recuperar y devolver la confianza de la política a nuestras gentes. Nos piden acuerdos, pero reales y de verdad, y ahí estamos y vamos estar.

Nuestro Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia se aprobó el 9 de junio de 1982, hace ya treinta años. A día de hoy hay muchos temas que revisar, que actualizar y que garantizar, especialmente pensando en los derechos sociales, en los derechos de las personas. Por eso creemos que es el tiempo para adaptar nuestra norma, que es el tiempo para abordar de forma imprescindible esta reforma sustancial, con la esperanza de que este acuerdo, que hoy se rubrica aquí en el Congreso de los Diputados, sea finalmente una realidad y que consigamos impulsar una reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia que refleje la situación real de nuestra tierra, que responda a las necesidades de financiación, de recursos naturales, de mejoras democráticas y de derechos sociales que les den más garantías a los murcianos; con esa esperanza votaremos hoy positivamente esta reforma parcial.


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Señorías, mi región, la Región de Murcia, pasa un muy mal momento que requiere de responsabilidad y del esfuerzo de los políticos para sacarla adelante. Su gente, nuestra gente tiene que volver a vivir en prosperidad y es lo que esperan de nosotros. Somos una gran región exportadora y emprendedora con un gran potencial, pero sobre todo estamos convencidos de que si ese instrumento que es nuestro Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia lo fortalecemos, reformándolo con estos acuerdos que hoy podemos alcanzar aquí, tendremos mucha más capacidad para impulsarla y para que sea lo que tiene que ser. Con esa esperanza votaremos positivamente esta reforma parcial.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González Veracruz.

Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Barreiro.

La señora BARREIRO ÁLVAREZ: Señor presidente, señorías, quisiera saludar en primer lugar a todos los diputados que nos acompañan, a los portavoces de los grupos de la Asamblea Regional, así como al presidente y a la Mesa de la Asamblea Regional de la que tuve el honor de formar parte durante una legislatura, de gran aprendizaje. Hoy ciertamente estoy sorprendida porque este debate está alcanzando una altura tal que los de Murcia creíamos que veníamos simplemente y con toda modestia a reformar el estatuto en un punto que todos los estatutos de las comunidades autónomas tienen, que es la capacidad por parte del Gobierno de redactar decretos-leyes. Es verdad que esta comunidad que es pequeña, modesta y discreta, que se hace hueco entre el Reino de Valencia, que se hace hueco entre Andalucía y Castilla-La Mancha, solo quiere eso: tener lo que tienen los demás, ni más ni menos. Hemos tenido la suerte de oír esa tarde debates profundos de política de altura. Quizá les hayamos decepcionado, señorías, no pidiendo aquello que no se puede conseguir, o aquello que no estamos dispuestos a perseguir, o aquello en lo que no estamos unidas todas las fuerzas políticas con representación en la Cámara de Murcia. Sin embargo venimos aquí con muchísimo orgullo a decir que la representación popular y soberana del pueblo de Murcia está representada en esta Cámara, y pide por unanimidad a esta Cámara la reforma del estatuto para que el Gobierno pueda tener instrumentos de agilidad para dar respuesta a las necesidades del pueblo. Pero me he encontrado con representantes que nos han regañado diciéndonos que van a votar que sí, pero que hagamos el favor de tener cuidadito con lo que hacemos, como si fuéramos menores de edad. Otros nos han dicho: Yo de esto no quiero hablar, de lo que quiero hablar es de lo mío y de qué pasa con mi independencia. Pues, con muchísimo respeto, estamos hablando de Murcia, si no les importa, tampoco se habla de Murcia aquí todos los días. Déjennos este momentito de gloria para hablar de Murcia. (Aplausos). Se ha hablado de todo, y por eso yo quiero agradecer profundamente estos debates de altura porque siempre enseñan y uno aprende. Un gran maestro de la política que yo tuve decía que los debates más aburridos son los que no se siguen y que de los que se siguen siempre se aprende algo. Por lo tanto, yo he aprendido mucho en este debate.

Quiero, en primer lugar, agradecer a los tres grupos, al Grupo Parlamentario Popular, al Grupo Socialista y al de Izquierda Unida en la Asamblea Regional de Murcia el que hayan hecho ese esfuerzo de acuerdo, de consenso, de unanimidad, para llegar hasta aquí hoy porque en eso somos un ejemplo también. Yo sé que ha costado y que es difícil, y yo sé que esto deviene luego en una comisión de trabajo en la que no voy a entrar porque ahí se tratarán los temas que la señora Veracruz ha expuesto muy escuetamente. Por lo tanto, esa es la competencia de nuestros compañeros diputados en la Asamblea, así lo harán y yo estoy de acuerdo con usted; pero haremos el uso que tengamos que hacer. El Gobierno de la Región de Murcia, sea de un signo o de otro, es tan gobierno como el gobierno de cualquier otra comunidad, incluso como el Gobierno de la nación, y aquí hemos tenido que escuchar nuestras reprimendas correspondientes -lo siento, os las tenéis que llevar puestas-, aquí hemos tenido también que escuchar si somos de Murcia o no lo somos. Yo soy un caso raro, soy de Lugo, alcaldesa de Cartagena y diputada por Murcia, y a mucha honra en las tres cuestiones. (Aplausos). En definitiva, soy española y voy a discutir sobre un tema que me afecta y me afecta muchísimo, que no es nada más que ser como los demás, que tener lo mismo que los demás y las mismas capacidades que los demás. Tampoco estamos pidiendo nada del otro mundo. Yo pensaba que este debate iba en este sentido, así que a aquellos que han hecho ejercicio de paternalismo con Murcia les agradezco sus consejos, que tomaremos en cuenta como todos los consejos; agradezco esa preocupación por el mal uso de los instrumentos jurídicos que podamos hacer -espero y deseo que no sea así-, y les recuerdo a los representantes del Gobierno que, por favor, no lo hagan así porque los padres de la patria así nos lo están diciendo.


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Vamos a hablar de lo que nos ha traído hoy aquí, que es la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, pequeña pero digna y con su sitio en toda la península. (Aplausos). Se ha dicho por parte de la representante del Grupo Socialista que aquí nos trae la utilidad, la necesaria utilidad, de los instrumentos al servicio de las instituciones públicas, pero esos instrumentos son útiles en la medida en que le sirven al ciudadano para mejorar su situación o para dar respuesta a sus necesidades. Todo el armazón institucional que sostiene la cosa pública debe adecuarse a este principio, el de utilidad, y debe hacerlo de manera continua y dinámica; debe hacerlo en una permanente actualización, atento a aquellas necesidades del ciudadano y al interés general. Es obligación de quienes formamos parte de esos organismos detectar esas necesidades e intereses y buscarles las soluciones más adecuadas. Desde luego, no hay manera de cumplir estos principios si las instituciones públicas no se dotan de medios que les permitan responder con esa agilidad y diligencia. Por tanto, la iniciativa de la Asamblea Regional de Murcia que se presenta hoy ante este Congreso va a dar un paso más en esa dirección. Se trata de una actualización legislativa que cumple con el principio, al que me refería antes, de mantener actualizados los instrumentos institucionales que sirven a la sociedad. No tienen sentido instrumentos institucionales que no sirven a la sociedad, no tienen sentido. Y por eso hemos de estar continuamente adaptándonos a esas necesidades.

La ampliación del artículo 30 de la Ley orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de la Región de Murcia, es una apuesta por la solvencia en beneficio de los ciudadanos que llega hoy hasta aquí -y hay que repetirlo- como consecuencia de un acuerdo por unanimidad de un parlamento, de una asamblea regional, que es la de Murcia. El legislativo de la comunidad autónoma ha decidido poner en manos del Gobierno de la región la capacidad de promulgar decretos-leyes. Aunque se trata de una facultad vigente en otras comunidades autónomas -como he dicho anteriormente, no estamos descubriendo nada-, en la nuestra es un nuevo instrumento que va a proporcionar al ejecutivo la capacidad de responder con mayor solvencia a las necesidades que requieran de iniciativas apremiantes de nuestros ciudadanos. Y desgraciada y recientemente en nuestra comunidad ha habido necesidad de ello.

Como ya se ha hecho en otros órganos legislativos, esa autorización al Gobierno no se hace a costa de una renuncia de las obligaciones de control normativo y fiscalización que las Cámaras regionales tienen sobre la acción de gobierno como esta Cámara la tiene sobre la acción del Gobierno. Por lo tanto, anulada esa preocupación que algunos de ustedes tenían. La asamblea excluye de esa capacidad normativa los derechos previstos en el estatuto, las instituciones regionales y la norma electoral en este momento porque hay una comisión de trabajo conformada por diputados regionales elegidos por el pueblo de Murcia para que empiecen a estudiar la nueva reforma del estatuto, y yo creo que hay que otorgarles toda la confianza y toda la garantía de que por lo menos tienen la misma legitimidad que nosotros, los que estamos aquí. Puede que la propuesta de reforma del estatuto que llega de la Asamblea Regional de Murcia se les antoje a ustedes como una iniciativa muy modesta a la vista del nivel de demanda que a veces llega a esta Cámara procedente de otras comunidades y parece como que teníamos que pasar así, como por la puerta de atrás. Pero, fíjense, de sus intervenciones saco más orgullo para defender la reforma del estatuto de la comunidad de Murcia en este momento, porque es una reforma concreta, es sencilla y no llega aquí más que después de un acuerdo de las instituciones donde reside la soberanía popular. Como estoy diciendo, la reforma es sencilla, propone un instrumento útil, suficientemente conocido por sus señorías y experimentado en las comunidades autónomas, en unas con mayor acierto y en otras con menor acierto; pero dejemos a la Región de Murcia que tenga más o menos acierto; por lo menos, démosle esa confianza. Yo pensaba desde luego que no necesitaba de más explicación en esta Cámara y, por lo tanto, iba a pasar un poco desapercibida. Pero después de este gran debate de profundidad creo que no va a pasar desapercibida y de Murcia se hablará porque otros han venido a esta tribuna a ejercer el vamos a hablar de lo mío que lo tuyo ya tocará.

Solo me queda decirles que es una reforma que hace más útiles las instituciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que esa utilidad solo es para y por el ciudadano.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Quiero despedir con cariño a nuestro antiguo compañero, el señor Ruiz López. Muchas gracias.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, RELATIVA A LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/2002, DE 27 DE JUNIO, DE PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 122/000066).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2 del orden del día, la toma en consideración de la proposición de ley orgánica del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la reforma de la Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Recuerdo bien el clima y los debates previos a la aprobación de la Ley de Partidos de junio del año 2002. Todos los ciudadanos sabían que Batasuna, Euskal Herritarrok o cualquiera de los nombres con los que concurrían a las urnas y obtenían representación política los testaferros de ETA eran eso, pura ETA, pero no teníamos instrumentos para defender al Estado de derecho y a las instituciones democráticas de la contaminación que producía la llegada a las mismas, a las instituciones democráticas, de sus enemigos.

Cierto es que hubo partidos políticos en aquel momento también que no veían la necesidad de que en un texto legal se identificara y diferenciara con toda nitidez aquellas organizaciones que defienden y promueven sus ideas y programas, incluso aquellas que pretenden revisar el propio marco institucional con un escrupuloso respeto de los métodos y principios democráticos, respecto de aquellas otras que sustentan su acción política en la connivencia con la violencia y la violación continua de los derechos fundamentales y de las libertades. Pero la necesidad de defender la democracia de sus enemigos y el pacto de Estado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, un pacto de Estado que se inició con el pacto antiterrorista propuesto por José Luis Rodríguez Zapatero y aceptado por Aznar, que gobernaba entonces en el año 2000, posibilitó la aprobación de una ley que ha sido, a mi juicio, el instrumento más importante en la lucha contra el terrorismo de que se ha dotado nuestra nación, una ley avalada -quiero recordar también- tanto por nuestro Tribunal Constitucional como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Hoy, a la luz de la experiencia y para que la ley cumpla con los objetivos definidos en su exposición de motivos, es, a nuestro juicio, necesario dotar a la democracia española de más y mejores instrumentos jurídicos para su defensa. Lo que proponemos en esta iniciativa que someto a su consideración para su posterior tramitación es incorporar al texto de nuestra ley la doctrina emanada del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a fin de unificar doctrina y evitar que formaciones políticas que justifican y/o apoyan directa o indirectamente la violencia terrorista puedan utilizar nuevas vías, cada vez más sofisticadas, para concurrir fraudulentamente a futuros procesos electorales y obtener representación a fin de destruir la democracia desde dentro de las propias instituciones.

Una democracia ingenua deja de ser útil en la defensa de los derechos básicos de sus ciudadanos. Jorge Wagensberg explicó nítidamente este riesgo: solo hay una contradicción mayor que negar la democracia a los antidemócratas, aceptar que estos acaben democráticamente con aquella; solo hay una contradicción mayor que negar la democracia a los antidemócratas, y es conseguir que estos acaben democráticamente con aquella, con nuestra democracia. A nuestro juicio, señorías, ha llegado la hora de actuar para evitar que eso suceda.

Por eso proponemos una reforma de la letra a) del artículo 9.3 de esta ley para tipificar determinadas conductas que no forman parte de la ley, pero que han merecido esa consideración por parte de los tribunales para que sean incorporadas a la ley como causa de ilegalización de los partidos políticos. Sobre la base de la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, proponemos que se considere conducta para la ilegalización criticar la detención de terroristas, fundamento jurídico 15 de la sentencia 138/2012 del Tribunal Constitucional, fundamento jurídico de una sentencia que legaliza a Sortu y que dice que son conductas que pueden conducir a la ilegalización -abro comillas- las expresiones de equiparación de la violencia terrorista con la coacción legítima que en un Estado de derecho se reserva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando persiguen, detienen y ponen a disposición judicial a los responsables de los delitos de terrorismo, y a los jueces y tribunales cuando les condenan en un proceso justo y con todas las garantías. Primera cuestión a incorporar, por tanto: criticar detención de terroristas.


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Segunda cuestión a incorporar en este artículo 9.3.a): omitir el rechazo o condena pública, expresa o inequívocamente, de las acciones y trayectoria de un grupo terrorista o violento. Esta consideración está basada en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo que señala expresamente, en relación con la negativa de Batasuna y sus dirigentes a condenar el atentado de Santa Pola en agosto del año 2002: No es tolerable, pues, desde la perspectiva constitucional, la existencia de unos partidos políticos que no se posicionen conceptualmente de manera clara e inequívoca en contra de la actividad terrorista o que con ambigüedad calculada intenten disimular de manera sistemática su falta de rechazo hacia esos hechos criminales lamentando formalmente sus consecuencias, pero sin incluir un solo término de reproche hacia la bárbara actitud de quienes las provocan utilizando la violencia como método para la consecución de sus objetivos.

En tercer lugar -y en esta misma letra-: que la falta de condena del terrorismo sea considerada como apoyo tácito de este. Esto en relación con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de junio del año 2009 cuando la alta jurisdicción considera el rechazo a condenar la violencia como una actitud de apoyo tácito al terrorismo, y ello en un contexto de terrorismo que existe desde hace treinta años y que es condenado por el resto de los partidos en su conjunto -y no me digan que el terrorismo no existe porque si existe la organización terrorista existe el terrorismo-. Dice esa misma resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que los comportamientos de los hombres públicos -donde se dice hombres, entiéndase también mujeres, y esto es mío-, que engloban de ordinario no solo sus acciones o discursos, sino también en ciertas circunstancias sus omisiones o silencios, pueden equivaler a tomas de posición y ser tan elocuentes como cualquier acción de apoyo expreso.

También planteamos, con idéntico objetivo y aval jurídico, que se añada una nueva letra, la letra j), al artículo 9.3 para que sea causa de ilegalización de un partido político la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen la existencia de la historia criminal o terrorista o legitimen, exculpen o minimicen las acciones o fines, pasados, presentes o futuros, de las organizaciones terroristas, negando el carácter delictivo de sus actos o defendiendo la existencia de una hipotética justa causa que los justifique. Seguramente, señorías, no hace falta que les ponga ejemplos de hasta qué punto son necesarios estos cambios para evitar la burla al Estado de derecho y la humillación al conjunto de la sociedad y particularmente a las víctimas, pero, por si acaso alguien quiere hacerse el despistado, recuerden a la dirigente de Bildu en el Parlamento vasco declarando que el asesinato de Fernando Buesa obedeció a causas políticas o que el secuestro y posterior asesinato de una víctima de ETA ha de calificarse como un acto militar. Recuerden a esos mismos dirigentes de partidos políticos que hoy están en las instituciones democráticas -también en esta- calificando como presos políticos a los terroristas encarcelados por sus crímenes.

Una de las experiencias adquiridas es que rara vez un partido político es tan ingenuo -por llamarlo así- como para reconocer abiertamente en sus estatutos el apoyo expreso al terrorismo, de forma que tanto sus actos como omisiones han de valorarse en un contexto de simulación y fraude que es característico en las organizaciones que sustentan su acción política en la connivencia con la violencia. En ese contexto, adquiere especial importancia la valoración de la prueba indiciaria, máxime cuando se trata de la creación de un nuevo partido político que presenta sus estatutos, puesto que el partido aún no existe y no desarrolla actividad. Por eso, y en coherencia con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de junio de 2009 y con el voto particular de Javier Delgado en la sentencia del Tribunal Constitucional que legalizó Sortu, planteamos que se incorpore un párrafo nuevo al artículo 9.4 de la mencionada ley.

La referida sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice expresamente -voy a citar muy brevemente lo que me parece más importante; insisto, sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; ya es lamentable que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vaya en esta materia por delante de nuestra propia legislación- que los estatutos y el programa de un partido político no pueden ser tomados en cuenta como único criterio para determinar sus objetivos e intenciones, que es preciso comparar el contenido de dicho programa con los actos y tomas de posición de los miembros y dirigentes del partido político en cuestión, y que el conjunto de estos actos y tomas de posición siempre que formen un todo revelador del fin y de las intenciones del partido pueden ser tomados en cuenta en el procedimiento de disolución de un partido político. ¿Esto que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tendría sentido, señorías, que fuera incorporado a nuestra propia legislación? ¿No tenemos nosotros más derecho y más obligación de defender nuestra democracia más y mejor, o por lo menos igual, que la defiende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Porque en esa misma sentencia se dice que no puede exigirse


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-y esto me parece fundamental, señorías- del Estado -entre comillas- que espere para intervenir a que un partido político se apropie del poder y comience a poner en práctica un proyecto político incompatible con las normas del convenio, porque un Estado debe poder razonablemente impedir la realización de un proyecto político incompatible con las normas del convenio antes de que sea puesto en práctica, ese proyecto político, mediante actos concretos que conlleven un riesgo de comprometer la paz civil y el régimen democrático del país. Otra vez la apelación de Jorge Wagensberg. No hay nada peor que permitir que los enemigos de la democracia desde dentro de las instituciones democráticas terminen con la propia democracia.

El Tribunal Europeo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, como les decía, nos muestran el camino de la reforma que proponemos. Resulta de capital importancia la valoración de la negativa en ese sentido de un partido político a condenar el terrorismo mediante actos concluyentes, por ejemplo, cuando se han producido atentados o detenciones de terroristas, que todavía se producen, resulta determinante, o en las propias instituciones ante iniciativas de otros partidos políticos. Desde el respeto a los valores y principios democráticos ha de exigirse una respuesta clara y expresa, no siendo admisible una postura pasiva o una mera declaración genérica de rechazo de la violencia. No son solo mis palabras, las palabras de mi grupo, son palabras de la sentencia reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Otra cuestión que merece nuestra atención en esta proposición es la relativa al negacionismo del genocidio o del terrorismo. Una variante tan sutil como peligrosa del negacionismo es aquella que, sin cuestionar propiamente la ocurrencia de los hechos, niega su carácter criminal, calificando a los mismos de acciones armadas -entre comillas- consecuencia del conflicto -también entre comillas- o considera la violencia ejercida como de naturaleza política, o se refiere a los criminales detenidos, como les decía antes, como condenados por presos de conciencia o como presos políticos. Supongo que no hace falta que les refresque la memoria con los ejemplos que vivimos cada día dentro de nuestras propias instituciones, pero esto no es nuevo. Permítanme que les recuerde una cita de Hannah Arendt en su informe sobre la banalidad del mal. Decía ella que en la medida en la que realmente pueda llegarse a superar -esto sí entre comillas- el pasado, esta superación consistirá en narrar lo que sucedió, en contar la historia; en narrar lo que sucedió, en contar la verdad, en no consentir que nadie nos cambie nuestra propia historia. Negar el carácter criminal del terrorismo es una forma de legitimarlo y supone un apoyo tácito a tales comportamientos, y una humillación a las víctimas, porque no hay mayor ofensa que comparar el sufrimiento de las víctimas con el de sus verdugos. Es hora, pues, de combatir esta legitimación no solo desde el discurso político, sino también desde el reproche penal, desde el reproche penal concreto.

Señorías, los países serios no tienen complejos a la hora de defender su democracia, por eso revisan periódicamente las leyes a la luz de sus consecuencias. Alemania, por poner un ejemplo, presentará en junio a través del Bundesrat un recurso ante su Tribunal Constitucional para ilegalizar el partido nazi, para ilegalizar el partido nazi, que no actúa; para ilegalizar el partido nazi, en junio de este mismo año. Además, quiero decirles que cabe destacar que son los socialdemócratas alemanes con el apoyo de los verdes los que llevan la iniciativa en todos los Länder a favor de esa reforma. Los alemanes conocen su historia y no tienen ninguna intención de posibilitar que se repita. Nosotros, los españoles, conocemos la nuestra y debiéramos hacer lo propio: evitar que la historia se repita. ETA, como muestra en sus comunicados, sigue siendo hoy el enemigo mortal de nuestra democracia, el único rescoldo vivo del franquismo, por cierto. ETA sigue siendo el único rescoldo vivo del franquismo, enemigo mortal de nuestra democracia, de la democracia española. Para aquellos que prefieren creer en los criminales y atender a sus versiones en vez de a la historia, en vez de fijarse en los hechos, conviene recordar que ETA sigue existiendo y que su historia de terror ha tenido como caldo de cultivo la democracia; sí, la historia de terror de ETA ha tenido como caldo de cultivo la democracia. De los 857 ciudadanos asesinados por la banda terrorista ETA, 44 ciudadanos lo fueron durante la dictadura y 813 ciudadanos fueron asesinados en y contra la democracia.

Señorías, los acuerdos entre partidos han de tener como objetivo defender la democracia no solo de forma genérica, sino concretamente de aquellos que actúan con el fin y con el objetivo de destruirla. Por eso les proponemos una reforma de nuestra Ley de Partidos Políticos avalada por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por nuestro Tribunal Constitucional y por nuestro Tribunal Supremo para evitar que la organización terrorista ETA actúe con impunidad desde dentro de nuestras propias instituciones democráticas. No hay mayor corrupción política que la permisividad por acción u omisión ante el terror. ¿Cómo vamos a perseguir a los que fomentan el latrocinio si no somos capaces de perseguir a los que fomentan el crimen y la destrucción de nuestras propias instituciones democráticas? No hay mayor


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corrupción política que la permisividad -insisto- por acción u omisión frente a aquellos que fomentan el terror.

Ninguna democracia que merezca tal nombre permite que existan caballos de Troya dentro de las instituciones democráticas. Ninguna democracia que merezca ese nombre permite que haya caballos de Troya del totalitarismo insertados en nuestras instituciones democráticas. Las naciones libres no se acomodan a convivir con los enemigos de la democracia. Confío por eso en que estemos a la altura y que en este debate lo político con mayúsculas se imponga a lo partidario y dotemos a nuestra democracia de instrumentos para defenderla de sus enemigos, porque solo así estaremos defendiendo al conjunto de los ciudadanos.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Se ha solicitado la utilización del turno en contra de esta proposición de ley por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Para defender esa utilización del turno tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, señor presidente.

Sin duda, estamos ante uno de los debates más sensibles en esta Cámara, por supuesto, debate que debe ser conducido, pensamos, con un profundo espíritu crítico, con una ausencia total de demagogia y con un profundo también sentido democrático del mismo. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). No diré nada nuevo si ustedes son conscientes de que el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene desde hace mucho tiempo una profunda preocupación en torno a lo que podríamos llamar las libertades políticas. Nos sentimos especialmente sensibles ante el debate de las libertades políticas, de su promoción o de su negación posiblemente porque en nuestra historia contemporánea algunos de los partidos que formamos parte actualmente de nuestro grupo parlamentario sufrimos en nuestras propias carnes los rigores de la persecución de nuestras ideas. Por ello en su momento los partidos que formamos parte del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural votamos en su día en contra de la Ley de Partidos Políticos, tanto en su trámite en el Congreso como en su trámite en el Senado. Quiero destacar tres razones profundas que en aquel momento y aún hoy día seguimos manteniendo en nuestra postura. En primer lugar, estamos convencidos de que la Ley de Partidos atenta a la privación de derechos civiles de parte importante de nuestra ciudadanía. En segundo lugar, porque se pretende prolongar e institucionalizar medidas propias más de un estado de excepción que de un régimen democrático. En tercer lugar, porque se pretendía y se pretende criminalizar determinadas ideas y comportamientos políticos que forman parte, a nuestro entender, de la pluralidad de nuestro país y de nuestra historia. Por ello no solo en su día diecisiete diputadas y diputados, diecisiete, de siete formaciones políticas votamos en contra, sino que también coincidimos en su momento con opiniones muy bien argumentadas de organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, que ofrecieron críticas profundas a ese proyecto de ley. Además nos acompañó en nuestra opinión, por ejemplo, el informe del relator especial sobre la promoción y la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la lucha contra el terrorismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en el año 2008 ya afirmaba sobre esa ley su profunda preocupación, al considerar que la amplitud de la formulación de las disposiciones de la Ley de Partidos Políticos podría interpretarse en el sentido de incluir a todo partido político que por medios políticos pacíficos tratara de alcanzar objetivos políticos similares. También decía este importante informe de Naciones Unidas que se pedía a la ley que se adaptasen las expresiones vagas que aparecían, expresiones que debían adaptarse a los principios internacionales relativos a la limitación de la libertad de expresión, y no estar en la legislación de un país democrático como España por detrás de los principios de la legislación en derechos humanos a nivel internacional. Añadía ese informe que se pedía que se introdujeran mecanismos jurisdiccionales que ofrecieran las garantías procesales más rigurosas a los destinatarios de decisiones judiciales encaminadas a excluir de la participación en las elecciones a determinados candidatos por considerarlos vinculados a partidos políticos ilegalizados.

Pensamos que la política ha de ser premiada como vía de intervención pública, especialmente en aquellos lugares y momentos donde persiste un conflicto de raíz política, persiguiendo sin duda la normalización democrática de esos casos. También pensamos que el diálogo pacífico y la medida democrática de las opciones políticas son la solución, y no las medidas de excepción y el recorte de libertades. Esa no es la solución a los problemas políticos. Abogamos por la derogación de la Ley de


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Partidos, por tanto, no solo no queremos empeorarla, sino que queremos eliminarla y empezar de nuevo entre todas y todos. Abogamos por establecer un nuevo acuerdo político plural del conjunto de partidos sin ninguna exclusión, desde el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales y, especialmente, a los de participación política y reunión y a los de manifestación. Asimismo pensamos que hoy la calle pide más política y más democracia; eso sí, una política y una democracia de más calidad que la que hemos venido disfrutando hasta el momento. Por todo ello votaremos en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Nuet.

Réplica, señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias.

Intervendré brevemente en la réplica al señor Nuet no porque no me merezca interés o tiempo suficiente para el debate, sino habida cuenta del estado de mi voz.

Señor Nuet, las leyes y la democracia están para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Usted ha hecho aquí una intervención contraria a la Ley de Partidos y, como lo fue en su momento, contraria al Pacto por las libertades y contra el terrorismo. Desde ese punto de vista no me sorprende que su posición sea contraria -usted lo ha explicado al final- a esta propuesta de reforma que planteamos, porque está en contra de la propia ley que protege los derechos fundamentales -civiles decía usted; yo digo fundamentales- de todos los ciudadanos. Además, para estar en contra de la ley ha dicho tres cosas que ni siquiera son versiones. Ha dicho: nosotros pensamos. Sí, ustedes piensan, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional han sancionado la legalidad y la oportunidad en términos de defender la democracia y los derechos civiles y los de todos los ciudadanos de esta ley; de la ley tal y como se aprobó en su día y de las reformas que yo hoy planteo aquí. Ustedes tienen una teoría política, estaban en contra, explicaron por qué y hoy lo han vuelto explicar. Pero no me diga que vulnera derechos fundamentales porque el relator no sé quién lo dijo, porque después ha sido sancionada positivamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por el Tribunal Constitucional. No les gusta, creen que no es necesaria y que no hay que favorecerla, pero nosotros creemos justamente lo contrario, que la democracia, las instituciones y las leyes están para proteger los derechos fundamentales de sus enemigos. Porque hay enemigos de la democracia y de los demócratas, señor Nuet. No vivimos en un mundo ideal que no requeriría de ninguna ley para proteger los derechos de los ciudadanos. Vivimos en un mundo en el que hay enemigos de la democracia; y no son los que tienen ideas distintas a las nuestras, a las suyas o a las mías. No me venga con ese discurso tan viejo de perseguir ideas. Aquí no se persiguen las ideas, sino que se persigue a los criminales; se persiguen los actos criminales, no las ideas políticas distintas. La Constitución española permite todas las ideas políticas que no requieran del terrorismo o de la violencia para conseguir sus objetivos. Recuerde usted aquello de Camus: cuando un fin requiere de la violencia, hay que revisar el fin. Hay que revisar el propio objetivo, no el método. Cuando para conseguir un objetivo hace falta utilizar un método que no es democrático, lo que hay que revisar es el propio objetivo. ETA y el terrorismo han existido y siguen existiendo. El totalitarismo existe en España y ha existido en Europa porque la actuación totalitaria era la única que podía permitir conseguir el objetivo. Ese fue el origen del nazismo. Para conseguir el objetivo utilizaban el totalitarismo; no es que fueran totalitarios porque no se les ocurriera ser otra cosa. Lo he explicado mil veces.

Si uno no tiene prejuicios a la hora de acercarse a esto, es como el que va a robar a un banco, lleva una pistola en el bolsillo y le pide al cajero el dinero. Si el cajero se lo da no le pega un tiro, pero si no se lo da se lo pega. El terrorismo es eso, el totalitarismo es eso, y para protegernos de eso existen leyes en la democracia. La Ley de Partidos nace como consecuencia de un pacto, el Pacto antiterrorista del año 2000, para proteger la democracia, y lo hacemos quienes en aquel momento pensamos -yo militaba en el Partido Socialista entonces- que hay que protegerse, que hay que proteger a las instituciones, que hay que proteger a los ciudadanos, y que ellos no pueden protegerse si no hacemos leyes para protegerlos. Había partidos políticos que estaban en contra, entre ellos ustedes - lo ha recordado usted bien-, pero no me digan que es ilegal y que va contra derechos civiles. Va contra una determinada filosofía, la que usted defiende, pero va a favor de la defensa de los derechos civiles, de los derechos democráticos, de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, y así ha sido sancionada; además, insisto, no solo por nuestro Tribunal Constitucional sino por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.


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Hace ya bastante tiempo le preguntaron por esto y usted ha terminado con esa reflexión, la del diálogo y la de la calidad de nuestra democracia. Una democracia de calidad es una democracia en la que todo el mundo puede vivir en libertad y en la que todo el mundo puede expresar sus ideas en libertad y sin miedo. En un país en el que hay totalitarismo, que mata al que no piensa lo mismo, no hay libertad. Tiene que haber leyes para expulsar del sistema a aquellos que avalan el totalitarismo y el crimen como forma de hacer política o a aquellos que lo justifican, que no lo condenan o que lo explican en términos políticos; aquellos que piensan que es igual morirse en la cárcel con un derrame cerebral que asesinar a un ciudadano que piensa de otra manera. Para protegerse de esos hay que hacer leyes, y esta Ley de Partidos que nosotros planteamos reformar en dos artículos muy concretos pero con alcance y a la que pretendemos llevar sencillamente aquellas resoluciones que han avanzado en estos años de tribunales europeos y de tribunales nacionales, nos ha permitido proteger a los ciudadanos y a la propia democracia, proteger esos derechos civiles de los que usted hablaba y proteger los derechos fundamentales de todos los españoles, de todos los ciudadanos, proteger la democracia en última instancia, porque de eso es de lo que estamos hablando, de proteger la democracia, de proteger las ideas en libertad y de no proteger a aquellos que para conseguir que sus ideas triunfen tienen que asesinar a los que piensan de manera diferente; o lo que es peor en este momento, negar la existencia de la historia criminal terrorista y totalitaria de ETA.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Díez.

Señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Señora Díez, por el respeto que le tengo usted habrá comprobado que he manifestado mi posición política con un total respeto a su posición política. Pero mire, somos distintos, lo que usted o ustedes piensan no es lo mismo que lo que nosotros pensamos; tenemos dos modelos de democracia distintos en la cabeza, y eso es bueno que lo sepan los ciudadanos y las ciudadanas. Quiero decirle que sí estamos hablando de ideas políticas, por supuesto que estamos hablando de ideas políticas. Nosotros creemos en el Estado social y democrático, y no rebajaremos ese concepto por mucho que haya situaciones de violencia, porque el Estado democrático es Estado democrático en primer lugar por imponerse de unas determinadas maneras. Cuando eso lo perdemos de vista, cuando ese concepto lo relajamos, nos convertimos, señora Díez, en otra cosa, y nosotros no nos queremos convertir en otra cosa aunque el destino nos depare malos momentos. Nosotros construiremos nuestro futuro y no las circunstancias adversas, por tanto, esa capacidad y esa voluntad es fundamental.

En segundo lugar, estamos en contra de la Ley de Partidos Políticos por el fondo -ya he explicado por qué- y también por la forma, señora Díez. En este país no podemos construir un sistema de convivencia política con unos y sin otros o sin algunos, sin los señalados. Ya le he dicho que nosotros ya sufrimos eso en nuestra historia y no queremos eso ni para nuestros hijos ni para nuestros nietos. La democracia, el Estado y las leyes se protegen, señora Díez, simplemente con más democracia y no con otras cosas.

Acabo. La democracia, a diferencia del totalitarismo, tiene una gran capacidad de influir y de conmover. Es fundamental. Cuando la democracia pierde el corazón es otra cosa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Nuet.

Turno de fijación de posiciones. Grupo Mixto. Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señora Díez, le tomo la palabra cuando usted hacía referencia a los países serios. El Estado español no es un Estado demasiado serio. Un Estado serio no tendría como jefe de Estado a una persona que fue instaurada por uno de los dictadores más genocidas y sanguinarios del siglo XX, que no ha tenido la honradez nunca de pedir perdón por sus complicidades con el terrorismo de Estado, etcétera. Estamos instalados en la anomalía, en la anormalidad. Aún así, debo decirle que la Ley del año 2002, como usted sabe, no fue una ley aprobada por unanimidad: los republicanos votamos en contra. En cambio, en la pasada legislatura la Ley de Víctimas del Terrorismo fue votada a favor por todos y, además, con mucho orgullo, y que provocó una gran unanimidad. ¿Sabe por qué? porque todos los demócratas sabemos que por mucho que hagan los Estados para con las víctimas siempre será poco, pero para con todas las


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víctimas, no solo para unas en concreto. En una democracia no pueden existir víctimas de primera y víctimas de segunda.

Digo esto porque a veces usted, con todo el respeto que sabe que le tengo, entra con el hacha, con brocha gorda, porque creemos que no es incompatible estar en contra de esta ley, que cercena los derechos civiles, y estar a favor de las víctimas, en contra de la violencia terrorista. Es más, es una obligación de los demócratas estar contra esta ley, y además contra su proposición de ley, que viene a ser una vuelta de tuerca a los derechos civiles; se debe estar en contra de esta ley y a favor de la resolución del conflicto, a favor de la paz, a favor de reconciliar los corazones, de la fraternidad, etcétera. No creo que sea necesario que nos ponga esta trampa. No vamos a caer en esa trampa. Hay que estar en contra de la Ley de Partidos, la misma posición que defendimos los republicanos en el año 2002, y a favor, evidentemente, de la paz, de la resolución de los conflictos y del Código Penal, porque para esto existe el Código Penal. Usted sabe que es una ley que fue criticada por su ambigüedad y el uso perverso, tal como luego ocurrió, por Amnistía Internacional y, tal como decía el compañero Nuet, por el mismo relator en el año 2008 de Naciones Unidas. ¿Cuál es el problema? -Termino-. El problema es que tenemos una sociedad muy frágil, una sociedad en la cual los valores democráticos son muy frágiles. Una sociedad que pretenda encarar la resolución de los conflictos del presente tiene que haber hecho antes los deberes, y en este país no se han hecho.

Termino como he empezado. Una sociedad que no ha sido capaz de metabolizar el pasado, de pasar cuentas, que incluso ahora lo que hace -repito- es clasificar a las víctimas en dos categorías, es una sociedad que lo tiene mal para resolver los conflictos del presente, máxime con una ley, la Ley de Partidos del año 2002, que usted pretende modificar para -repito-dar una vuelta de tuerca a los derechos civiles, una ley que lo que hace es criminalizar la ideología, criminalizar el independentismo. Por cierto, es una ley que no ha servido para ilegalizar a ningún grupo político fascista, xenófobo o racista. Se hizo a la carta y usted sabe por qué, porque usted misma ha manifestado aquí que entonces formaba parte del Partido Socialista Obrero Español; es decir, sabe perfectamente por qué hicieron esta ley.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Tardà.

Señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

Compañeros y compañeras del Congreso de los Diputados, cuando yo oía a la señora Díez hablar con su tono pausado, dándonos lecciones de democracia, me venía a la cabeza una frase de un catedrático de Derecho que hablaba de la vidriosidad de los planteamientos políticos que se basan exclusivamente en cálculos electorales, alejados de principios o valores políticos sin los cuales el propio sistema político pierde sentido, porque la política no puede reducirse a una cuestión técnica, y menos de técnica electoral. Cuando usted hablaba en su intervención se refería a la defensa de la democracia y prácticamente planteaba que la única democracia posible es la que usted dice. Mire usted, el portavoz de Amaiur que le habla en este momento tuvo la desgracia de estar ya en una capilla ardiente con una persona a la que le fue arrebatada la vida por parte de ETA en el mes de junio de 1978 -cuando había gente todavía que estaba en su grupo político que entonces no sé si tenía una postura clara sobre esta cuestión- y desgraciadamente ha tenido que estar también a lo largo de su historia en muchas más capillas ardientes. No voy a entrar en competiciones de si he estado en más o en menos que usted -algún excompañero suyo ponía en cuestión incluso eso, pero no a entrar en este tema-, porque estar en una ya es suficiente, y estar en ninguna si se está de corazón desde fuera también es suficiente, por tanto, no pongo en cuestión eso.

Lo que sí digo es que nos resulta a muchos muy duro que nos den lecciones de democracia quienes en su momento no la han tenido con claridad en sus posicionamientos. Me parece muy bien que hayan cambiado y tienen mi aplauso y mi apoyo, como tienen mi aplauso y mi apoyo todas las personas que han decidido abandonar la estrategia de la violencia. Ese es un elemento positivo de todas las sociedades, el de apoyar a esas personas precisamente para reintegrarse en la acción política democrática, para construir un futuro mejor y una sociedad mejor para todos, en la que la libertad sea una realidad, en la que la democracia no sea solo una palabra, en la que todos los proyectos políticos pueden puedan defenderse con total libertad y no solo que se puedan defenderse con total libertad -que eso lo dice usted, aunque se ha olvidado la segunda parte-, sino que puedan ser llevados a la práctica también si tienen el apoyo, el respaldo mayoritario de su sociedad. Ese es un elemento fundamental y detrás de su planteamiento


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está no la defensa de la democracia, sino el miedo a que haya proyectos políticos que no son el suyo que puedan hacerse realidad. Usted en su discurso ha tenido un desliz cuando ha dicho que hay que tener cuidado y que cuando los medios son malos hay que revisar los fines, los objetivos. Desde el punto de vista democrático es indefendible porque según eso usted no podría defender la unidad España, porque la unidad de España la defendió Franco con todo su sistema fascista; los socialistas no podrían defender, ni los socialdemócratas podríamos defender nuestro proyecto social porque también ETA -usted se refería a ello- ha hablado de independencia y de socialismo. Este es un planteamiento que no es válido en democracia; es decir, hay que distinguir entre lo que son los fines, que pueden ser totalmente legítimos, y los medios. El fin nunca justifica los medios y eso lo hemos defendido siempre, con total claridad. Por tanto, nos oponemos a esta ley en primer lugar porque la democracia se defiende con más democracia; la libertad se defiende no recortando las libertades sino reforzando las libertades, no recortando la libertad de manifestación o la libertad de asociación política sino todo lo contrario, porque su planteamiento final lo que hace es incluso dar marcha atrás en el famoso Pacto de Ajuria Enea. El Pacto de Ajuria Enea -si quiere se lo puedo pasar, pero usted lo conoce y no voy a leerlo por no gastar más tiempo del necesario- decía claramente que una vez abandonada la violencia hay que apoyar la defensa de todas las ideas por fines democráticos y pacíficos. En eso es en lo que estamos. Que el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea haya dicho que esa ley en un contexto de terrorismo -eso es muy importante subrayarlo- puede ser válida, no significa que lo que nuestro grupo defiende de otra concepción diferente de la práctica democrática de la ley de partidos políticos pueda ser también totalmente legal y defendible. Esa es la cuestión. Nosotros decimos con total claridad que hay que defender las libertades, reforzando las libertades; hay que defender la democracia, reforzando la democracia; nunca recortando libertades, nunca recortando democracia.

Además, el último estudio del CIS es determinante a estos efectos. La cuestión que usted plantea del terrorismo -usted ha dicho que el terrorismo sigue presente-, según el último estudio del CIS hecho público anteayer está por detrás del número veinte de las preocupaciones de la ciudadanía del Estado español, con un 0,4%. Ya no está presente por mucho que algunos, por ese afán que decía antes de basarse en cálculos electorales, piensen que esto les puede dar titulares de prensa y apoyos que creo que no, que tampoco se los va a dar. Yo le diría que en vez de gastar sus esfuerzos en este tipo de debates que no nos llevan a ningún sitio, una sus esfuerzos a quienes estamos trabajando por construir una sociedad mejor, por construir una sociedad que pase revisión a todo el pasado. Por supuesto que hay que escribir el pasado, denunciando todas las injusticias que se han cometido, sin excepciones, sin excepciones, reparando todo lo que haya que reparar, sin excepciones, y eso no significa ni comparar ni equiparar. Hay que dar respuesta a cada situación en concreto, sin compararla con las demás y eso es lo que estamos defendiendo. Eso lo hemos dicho y lo hemos puesto por escrito en la Declaración de Aiete, en la Declaración de Gernika que habla explícitamente del rechazo de cualquier vulneración de derechos humanos. Lo importante es que todos, usted también, sumemos esfuerzos para conseguir esos nuevos acuerdos políticos, para conseguir esa nueva sociedad, para aprender del pasado para no repetirlo en el futuro.

La ley que usted defiende, la que ha planteado, es una ley que es profundamente injusta porque ha generado injusticias. Hay ejemplos claros. En base a la tesis que usted defiende que es la presunción de culpabilidad -en democracia es un concepto muy peligroso- se han cerrado periódicos que después los jueces han dicho que no se tenían que haber cerrado. Se han vulnerado derechos humanos de personas como el director de ese periódico, y se han cometido muchas barbaridades. Por eso le digo que la democracia no se defiende defendiendo la presunción de culpabilidad sino la presunción de inocencia, y sumando fuerzas precisamente para construir un futuro mejor, un futuro en el que los errores, injusticias y dolores del pasado no se puedan repetir. Nosotros estamos en esa tarea con un compromiso total, y solo decimos que se sume a ese compromiso, que se sume a ese esfuerzo, que abandone los titulares de prensa. En este tema sería mucho mejor que todos hablásemos menos de cara a los medios de comunicación y trabajásemos más en privado para conseguir esa nueva sociedad, ese nuevo acuerdo político, esa nueva sociedad en la que todos podamos vivir en paz y en libertad. Ese es el compromiso de Amaiur, ese es el compromiso de Euskal Herria Bildu, ese es el compromiso de todas las personas -de esas 330.000 personas que nos dieron el voto- que represento en esta tribuna.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Larreina.

Grupo Parlamentario Vasco. Señor Olabarría.


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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente, señorías.

Señora Díez, se va a quedar sola en la votación y esto no es irrelevante en una iniciativa legislativa de estas características. Es un motivo de reflexión para su grupo parlamentario y para usted misma, quedarse sola. La soledad en estas materias es elocuente. Eso sí que es un silencio, prueba indiciaria de la desmesura de su pretensión o del cálculo electoralista que usted pretende realizar con propuestas de esta naturaleza mediante una invocación hacia una estimulación alarmista de pretendidos peligros que afectan a la democracia del Estado español y que ustedes pretenden corregir mediante medidas que constituyen, si me permite la expresión, una aberración, una aberración jurídica en primer lugar y una aberración política en segundo lugar.

A usted hay que reconocerle un mérito, que es el mérito de la pertinacia: es pertinaz a la hora de perseguir determinadas propuestas. A esta iniciativa, a esta proposición de ley orgánica le falta solo ponerle nombres y apellidos, poner o indicar qué partido específicamente es el que usted quiere ilegalizar. Todos sabemos a qué partido se dirigen sus invocaciones. Comentaba usted con esas fórmulas grandilocuentes que suele utilizar en sus exposiciones que los alemanes conocen su historia y que nosotros conocemos también la nuestra. Es verdad, los alemanes conocen su historia. Por cierto, el partido nazi ya está declarado inconstitucional en la propia Constitución alemana. Me imagino que será conocedora de esta circunstancia. Nosotros conocemos la nuestra también y le voy a hacer un favor. ¿Sabe qué es lo mejor que podemos hacer todos los grupos parlamentarios aquí presentes? Votar en contra de esta proposición de ley para evitar que se reproduzcan los hechos que usted pretende evitar, votar en contra, entre otras cosas porque esta proposición de ley acomete una operación jurídica aberrante, le he dicho, y todavía me parece que la expresión es insuficiente, por lo que habré de buscar un calificativo de mayor dimensión, de mayor entidad.

Usted piensa que si la Ley de Partidos Políticos posibilita la legalización de aquel que usted, mediante un antejuicio, ha considerado ilegal -usted o su grupo parlamentario-, ¿qué es lo que procede? No respetar la ley, sino modificarla, modificarla hasta el punto de llegar a la situación en que ese partido político que usted ya ha considerado malo, mediante ese antejuicio de naturaleza ideológica exclusivamente, pueda ser ilegalizado. Y si el Tribunal Constitucional ha declarado legal determinado partido político, ¿qué es lo mejor? Modificar la ley e instar la argumentación no de la sentencia del Tribunal Constitucional en su conjunto, sino de las reflexiones de un magistrado del Tribunal Constitucional que emitió -uno solo- un único voto particular. Esa es la legitimidad jurídica que posee su proposición de ley, manifiestamente insuficiente.

Pero eso no es lo más grave y que preocupa a mi grupo parlamentario. Lo más grave es que su proposición de ley vulnera numerosos preceptos de la Constitución, de carácter fundamental todos ellos. Si aceptáramos su proposición de ley tal como está configurada en sus propios términos, estaríamos vulnerando el artículo 6, relativo al papel, al rol que juegan en un sistema democrático los partidos políticos; estaríamos vulnerando el artículo 9, que consagra los principios de legalidad y de seguridad jurídica; estaríamos vulnerando el artículo 16, relativo al derecho de participación en los asuntos públicos que se reconoce a todos los ciudadanos, ¡a todos los ciudadanos!, que luego se estructuran en forma de partidos o en forma de otras entidades que tienen legitimación para concurrir a las elecciones, y estaríamos vulnerando el artículo 20 de la Constitución, el derecho relativo a la libertad de expresión.

Por cierto, léase las sentencias que usted utiliza en la exposición de motivos de su proposición de ley orgánica, porque las dos que cita, la 170/1994 y la 176/1995, preconizan exactamente lo contrario de lo que usted pretende afirmar o ha afirmado hoy en esta tribuna, exactamente lo contrario: la intangibilidad del derecho de libertad de expresión mediante propuestas contingentes, mediante propuestas dirigidas a determinadas organizaciones políticas, que son fácilmente identificables mediante las normas que usted incorpora, introduciendo simultáneamente dos principios que son absolutamente ajenos al ordenamiento jurídico español y al ordenamiento jurídico constitucional español: el principio de democracia militante, que usted también paradójicamente niega, es decir aquel principio consistente en que la refutación de los derechos y principios constitucionales a su vez provee de legitimación para instar la ilegalización de un partido político, y el principio del derecho penal del enemigo que, como dijo Günther Jakobs, el mejor penalista en la actualidad, constituye la mayor aberración que desde la perspectiva del derecho penal se puede configurar.

Lo que usted incorpora como nuevos instrumentos de legitimación para la Abogacía del Estado y el fiscal general del Estado para instar la ilegalización de ese partido político concreto al que usted se refiere son tipos penales que están ya consignados específicamente como delitos por el Código Penal.


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Léase por favor los artículos 577 y 578 del Código Penal. Léaselos porque tengo la impresión de que no los ha leído o no los ha comprendido bien. Porque además una de las penas dimanantes de estos dos preceptos es precisamente la posibilidad de disolver estas organizaciones políticas. Luego, si aceptáramos su proposición de ley, incurriríamos en el non bis in idem, en una doble aplicación punitiva, por una parte, de un derecho denominado eufemísticamente administrativo como es la legislación de partidos del año 2002 -como si esta no tuviera carácter punitivo, fuera una ley administrativa, fuera una ley constitucional, con todas las dudas que esto genera a pesar de que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional y parcialmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos-, estableciendo una doble punición, la prevista en la Ley de Partidos Políticos, disolviendo o ilegalizando esos partidos políticos, y la del Código Penal, disolviendo estas asociaciones u organizaciones políticas por los mismos actos, actos además basados en algo que vulnera toda la fundamentación ontológica del derecho punitivo de cualquier país democrático del mundo, las llamadas por usted pruebas indiciarias, las presunciones iuris tantum -espero que sean iuris tantum, no me diga que son iuris et de iure-, con relación a la falta de validez de las previsiones en los estatutos de determinados partidos políticos.

¿Y si yo le dijera que los estatutos políticos de un partido nuevo, el suyo por ejemplo, que es un partido nuevo, están encubriendo de facto la intención de cometer delitos o de vulnerar los principios y derechos fundamentales previstos en el título I de la Constitución? Con la misma legitimación podría yo hacer esta afirmación respecto a su partido político que usted ha hecho respecto a otros. Es una presunción jurídicamente imposible, contraria a la ontología del derecho punitivo de todo país del mundo: todos podríamos presumir que cualquier partido político... No se puede jugar con las presunciones en el ámbito de la participación en los asuntos públicos, señora Díez, y menos en la tipificación de determinadas actuaciones como delitos.

Pero con las pruebas indiciarias y con las presunciones iuris tantum -que espero que sean iuris tantum- llegamos al colmo no sé si de la melancolía o de la atrofia democrática que usted pretende con esta proposición de ley orgánica. Ya no le basta a usted con que se omita la condena de las acciones terroristas, va y da un paso más allá: esta omisión de la condena de las acciones terroristas tiene que tener la suficiente contundencia. Concepto no coercible, metajurídico donde los haya. ¿Cuál es el formato de la suficiente contundencia? ¿Cuál es el estilo literario que se debe practicar para que la contundencia en la condena sea suficiente? ¿Cuáles son las reflexiones y con qué rapidez o con qué diligencia se debe practicar contundentemente esa condena de las acciones terroristas? ¿A qué acciones terroristas nos estamos refiriendo en la actualidad para que sean contundentes, rápidas y suficientes, mediante un concepto como el de la contundencia, incoercible, metajurídico y ajeno a cualquier previsión normativa, que solo a una persona como usted se le puede ocurrir y desde una perspectiva de desmesura o de cálculo electoralista, como otros partidos políticos o grupos parlamentarios han comentado?

Pero es que no se queda en esto, señora Díez, es que va más allá. Ya estamos llegando al estrambote, al sainete. Es que no le basta con la condena. Aunque las organizaciones que usted pretende ilegalizar condenen los actos, la violencia, la actividad terrorista, el genocidio, todavía usted legitima la acción de la justicia o de la Sala del 61 del Tribunal Supremo -una sala que carecía de competencias jurisdiccionales, como espero que sabrá, hasta que la Ley de Partidos Políticos se las atribuyó-, aunque condenen, aunque condenen con suficiente contundencia, aunque condenen con el formato que usted considere adecuado democráticamente para no incurrir en una ilegalización de las previstas en la Ley de Partidos Políticos, más su vuelta de tuerca, que usted incorpora mediante esta proposición de ley orgánica: si hay otros indicios que a pesar de la condena justifican la ilegalización, en virtud de esos otros indicios se puede instar la acción de la justicia, se puede instar la acción de la Fiscalía General del Estado, se puede instar a la Abogacía del Estado para que inicie un proceso de ilegalización de partidos políticos.

No sé si usted me está siguiendo la trama argumental, pero fíjese hasta dónde estamos llegando: presunciones, irrelevancia de lo que se prevé en los estatutos, presunciones indiciarias y, aunque se cumpla con todo lo que se preconiza, todavía, si hay otros indicios -que usted no concreta cuáles son; el principio de legalidad le obligaría a hacer una reflexión y a una tipificación exacta si no quiere vulnerar la ontología del derecho punitivo, cosa que me da la impresión de que a usted le importa poco, y los fundamentos del derecho punitivo de una sociedad realmente democrática-, incluso así se puede llegar a ilegalizar.

Qué no decir del otro aspecto -voy acabando, señor presidente- de su proposición de ley orgánica, la negación del genocidio. La negación del genocidio se puede considerar incorporada también, dentro de los delitos de exaltación, de enaltecimiento, de apología -artículos 9, 577 y 578 del Código Penal-, al


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derecho penal español, pero, aunque no fuera así, ¿a qué genocidios se está refiriendo usted? Me imagino que a todos los genocidios. Viene coyunturalmente muy al pelo lo que usted preconiza en el ámbito del negacionismo del genocidio ahora que en localidades como Urbasa o Zigoitia se están encontrando fosas con cientos de cadáveres fusilados tras las Guerra Civil. No sé si sus reflexiones se podrían llegar a incorporar o extender a esta negación del genocidio, señora Díez.

Desde esa perspectiva no hay nada admisible. El uso de la modificación de las leyes para conseguir un fin específico y ajeno a lo que cualquier ordenamiento jurídico democrático debe prever, sobre todo si tiene efectos punitivos, no puede ser objeto de tratamiento arbitrario o de tratamiento discrecional ajustado. No se puede presentar, como ha hecho usted, una proposición de ley orgánica intuitus personae. Usted no puede reformar la Ley de Partidos Políticos hasta conseguir lo que usted pretende: ilegalizar a determinado partido político, señora Díez. No lo puede hacer. Entre cosas ya es inútil también, porque tampoco iba a conseguir seguramente grandes beneficios electorales en este ámbito con esta materia.

Si lo que usted pretende es aplicar la denominada teoría del uso alternativo del derecho, aquí la está invirtiendo, la está aplicando exactamente al revés, señora Díez. Léase las doctrinas de la escuela de Bari. Entienda que el uso alternativo del derecho es una doctrina transformadora del derecho para conseguir algo que se debe conseguir en esta sociedad, que es fundamentalmente la reconciliación, que es la consolidación de la paz, y el uso alternativo del derecho, tal como está concebido por su apologetas,...

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor Olabarría, debe concluir, por favor.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo, señor presidente.

...por los autores de la escuela de Bari, nunca fue concebido para que se pudieran incorporar nuevas atrofias democráticas, nuevos déficits democráticos en el Estado, nuevos déficits democráticos en el ordenamiento jurídico, porque eso, señora Díez -aquí volvemos a la expresión de que todos conocemos nuestra historia-, solo sirve para abonar el discurso de los que apelan permanentemente a los déficits democráticos de los Estados, y si usted juega a eso, a abonar el discurso de los que apelan a los déficits democráticos del Estado, difícilmente vamos a avanzar en la dirección que pretendidamente usted quiere, de forma perversa y equivocada, y que seguramente queremos, a tenor de lo que se va a votar, todos los demás.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señoras y señores diputados, hoy Convergència i Unió va a votar en contra de esta proposición de ley y lo vamos a hacer desde una perspectiva constitucional y democrática. Decretar la ilegalización o negar la inscripción de un partido político en un Estado democrático de derecho es algo muy grave. No estamos ante un supuesto que pueda parecer irrelevante. La ilegalización de uno de los actores posibles del pluralismo, que es un partido político, negarle esa existencia o negarle incluso su inscripción es un supuesto que puede llegar a frenar la libre concurrencia de las formaciones en un proceso democrático electoral. Tiene consecuencias graves para el objetivo por todos compartido de que cada elector pueda encontrar la opción política que desea, dentro evidentemente del marco constitucional y del respeto a la pluralidad ideológica de cada una de las formaciones que quieren ser legalizadas, que ya lo son o que quieren concurrir en un proceso electoral. Por tanto, estamos ante un hecho grave y lo que nos plantea hoy el Grupo de UPyD es poder llegar a esa ilegalización a través de lo que la propia propuesta enumera: indicios, simples silencios, supuestas connivencias. Puesto todo eso junto -silencios, indicios o quizás una connivencia-, vamos ya a actuar, vamos a actuar en contra de un sistema democrático que lo que debe pretender es esa libre concurrencia, y solo excepcionalmente apartar del juego democrático a aquellos actores que realmente fueran cómplices de acciones delictivas, que no es el caso.

En consecuencia, un no claro, sereno pero rotundo a esta proposición de ley. No podemos ilegalizar por indicios. Esto es poco ajustado a un ordenamiento democrático y de derecho, que es el que creo que defendemos todos aquí. Por ello, esta proposición de ley merece una reflexión profunda, porque llevaría a la posibilidad de lanzar la artillería jurídica de una ilegalización por un indicio, un silencio o esa supuesta connivencia. Esto es sumamente peligroso y entendemos que una reflexión serena nos debería llevar a


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todos a votar en contra e incluso al grupo proponente a retirar esa propuesta, si se analiza desde ese marco democrático y desde ese marco del Estado de derecho lo que comporta esta proposición de ley.

Nosotros tampoco queremos caer -creo que nadie lo va a hacer- en una cierta trampa de decir: si ustedes no están a favor de esta proposición de ley, es que pueden llegar a avalar... No, nosotros estamos en contra del terrorismo y lo hemos estado siempre, a favor de las víctimas y lo hemos estado siempre, y a favor del libre juego democrático. Por eso ya en su día, cuando se aprobó la Ley de Partidos Políticos que hoy se pretende reformar, Convergència i Unió no quiso avalar con su voto aquel aspecto de la ley que provocaba la intervención directa del Pleno del Congreso de los Diputados pudiendo instar ilegalizaciones. Ya aquello en su día no nos pareció acertado, porque hacer que la libre concurrencia de opciones distintas que están en esta Cámara representadas pudiera ser, a través de un juego de mayorías-minorías, la que propulsara una ilegalización de otra formación política entendíamos que en ningún caso era el marco adecuado para realizar un procedimiento de ilegalización.

Hoy se da un paso mucho más serio y mucho más peligroso desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Si se aprobara tal cual el texto de esta proposición de ley, podría ser muy mal utilizada en un futuro para negar el principio democrático a muchísimas formaciones y que, por un silencio, una supuesta connivencia o un indicio, a través de una votación en el Pleno de la Cámara, pudiera instarse ya una ilegalización que entendemos que conculca ese Estado democrático que entre todos luchamos por afianzar, esos valores del respeto a las ideologías, aunque no sean las nuestras, y la libre concurrencia; evidentemente, la condena al terrorismo, pero que no se convierta en ningún caso el silencio o una negación en un indicio de autoría de un hecho delictivo o de una supuesta ilegalización, que nosotros en ningún caso compartiríamos. Por tanto, estamos con la democracia, estamos con la lucha contra el terrorismo y estamos radicalmente, por todo ello, en contra de que hoy se pudiera tomar en consideración esta proposición de ley orgánica.

Señor presidente, señorías, muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Jané.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Sumelzo.

La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señor presidente.

Comienzo mi intervención afirmando que la Ley orgánica de Partidos Políticos es una ley que ha funcionado y que funciona. Es fundamental reconocer este hecho porque hemos conseguido lo que buscamos cuando se redactó. Su aprobación tuvo por objeto impedir que se utilizase la participación política y democrática con fines completamente opuestos al sistema por el que nos regimos. En su exposición de motivos deja claro que los partidos políticos, habiendo sido establecidos como una pieza medular en nuestro sistema, deberían respetar en su actuación el método democrático para defender ideas y objetivos democráticos. Por lo tanto, queda claro que los partidos, las organizaciones, coaliciones electorales o formaciones políticas que apoyen la violencia o que no la condenen no tienen cabida en el sistema democrático actual.

Señorías, para mantener vigente este principio que es profundamente democrático hacía falta una ley y ya la tenemos: la Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. Esta ley ha funcionado perfectamente en los años que lleva vigente, permitiendo a los tribunales la ilegalización de partidos políticos que no se ceñían a las bases planteadas. Por eso consideramos que esta proposición de ley es completamente innecesaria, porque la Ley orgánica de Partidos Políticos no persigue ideas, señorías, las defiende. Está pensada para que sean las actividades y las conductas las que no se consientan. Nuestro sistema permite la libertad de partidos políticos, pero esta ley limita que una organización terrorista utilice un partido para entrar en el corazón de nuestro sistema democrático. Este es un punto esencial: se garantiza la defensa de las ideas congruentes con el ideario democrático, pero siempre en paz, con la voz y con el voto, pudiendo ilegalizar partidos que persigan objetivos aparentemente conformes a la Constitución española si lo hacen por métodos no democráticos.

Esta ley persigue la utilización de la violencia y no acepta que haya partidos políticos que consideren la violencia como algo lícito para obtener una finalidad política. Señora Díez, este objetivo se ha conseguido. Durante treinta años hemos estado pidiendo a los que defendían sus ideas con la violencia que no lo hicieran. Durante años no nos hemos cansado de decir que no había razón para matar, para utilizar la violencia, que las ideas hemos de ser capaces de defenderlas con la palabra, que es lo que hacemos en esta Cámara. Ahora que ha cesado la violencia, no podemos decir que no pueden defender sus ideas.


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Hay algo muy relevante en este debate, señora Díez, que no podemos pasar por alto. ETA anunció el 20 de octubre de 2011 el cese definitivo de la violencia terrorista y esto ha sido posible gracias a la unidad de las fuerzas democráticas y a la eficacia de la presión del Estado, que ha actuado siempre conforme a la ley, conforme a la Ley orgánica de Partidos Políticos. Esta ley es la que ha servido para ello, siendo la propia izquierda abertzale la que tomó conciencia de que la violencia no tenía otro sentido que la marginación y la irrelevancia política y porque su expresión política y sus apoyos ciudadanos así se lo han hecho ver exigiéndoles el fin. En el Grupo Parlamentario Socialista no nos hemos olvidado de lo que fue aquello, porque hemos pagado un precio muy alto y, por lo tanto, no devaluamos la importancia de lo conseguido. No decimos que no estemos atentos a lo que sucede -faltaría más, sería una irresponsabilidad no hacerlo-, pero tenemos que ser muy claros y decir que las exigencias en democracia las ponen las leyes y esta ley es muy clara y además es suficiente.

Quiero recordar que además en el año 2011 y tras la experiencia adquirida durante casi ocho años de vigencia de esta ley, el Gobierno socialista aumentó las exigencias en esta materia reformando la Ley orgánica del Régimen Electoral General y regulando la ilegalidad sobrevenida. Por eso mantenemos que no es necesaria la reforma que nos plantea, porque además las circunstancias actuales no son las de hace años, ni siquiera las del año 2002, año en el que se aprobó la Ley orgánica de Partidos Políticos.

Señorías, el papel del Parlamento quedó claramente definido en la ley y no corresponde al mismo instar directa o indirectamente a la ilegalización de ningún partido político, sino que queda en un mandato al Gobierno para instar el proceso de declaración de ilegalidad, y la decisión final está en los tribunales. Los demócratas tenemos que actuar con fortaleza y con firmeza, pero también con rigor legal. Por eso es muy importante que las cosas estén muy claras y debemos ser muy prudentes. Con su iniciativa, señora Díez, su grupo ha lanzado una imagen perniciosa, la idea de que un partido político puede instar la declaración de ilegalidad de otro. Tenemos que decirle, señora Díez, que este tipo de debates no ayudan. Lo único que hacen es confundir a la ciudadanía. Por eso le decía que tenemos que ser muy prudentes y tenemos que ser responsables.

Todas las instituciones, las fuerzas de seguridad, la Abogacía del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han hecho su trabajo. Como le decía anteriormente, el Tribunal Constitucional es el que tiene la última palabra y la capacidad de dictar sentencia e ilegalizar, y una vez que emite su dictamen los demócratas debemos acatar y respetar. En este sentido, ante las decisiones del Tribunal Constitucional en materia de ilegalización de partidos políticos hay que recordar, como ha dicho reiteradamente el Alto Tribunal, que cualquier ideología política es defendible en el marco de la Constitución y de las leyes.

Señora Díez, la propuesta que trae hoy al Pleno es incoherente con nuestro sistema institucional democrático, en el cual no se trata de garantizar la adecuación de una ley a la Constitución mediante su modificación posterior a la decisión del Tribunal Constitucional, sino de garantizar que las normas de rango legal respeten el texto constitucional, norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Le puedo recordar lo que recientemente ha sucedido en Portugal, donde el Tribunal Constitucional ha derogado parte de los Presupuestos Generales del Estado por inconstitucionalidad. No se trata de reformar la Constitución española, se trata de adecuar la legislación a la misma. Por tanto, no compartimos el razonamiento ni la propuesta.

Usted introduce un debate político peligroso: la ilegalización sin violencia. No es la primera vez que lo presenta en esta Cámara, ya lo hemos visto como interpelación al Gobierno, como moción consecuencia de interpelación el pasado 21 de febrero de 2002 y ahora como proposición de ley. Como moción consecuencia de interpelación resultó inconsistente, demagógico y oportunista, exactamente igual que lo es ahora. En aquel momento se constató la absoluta soledad política en la que se encuentra en este tema, situándola, al igual que hoy, fuera de la realidad en la que vivimos, sin violencia, introduciendo un debate político no compartido por ninguna fuerza política con representación parlamentaria.

Presentamos entonces una enmienda importante, con un texto en el que buscábamos un consenso mayoritario, en el que instábamos al Gobierno -leo literalmente- a que exigiera a ETA su disolución definitiva e incondicional, a que reforzara el compromiso con las víctimas del terrorismo para salvaguardar la memoria y la verdad, a defender la dignidad y hacer justicia a todas las personas que han sufrido violencia terrorista, a que favoreciera los esfuerzos hacia una convivencia social construida sobre los principios y valores en que se sustenta el Estado de derecho, y finalmente también instábamos al Gobierno a velar por el cumplimiento estricto de la ley y la persecución en su caso de cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico, con especial atención a la defensa de los principios democráticos, los derechos


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y libertades fundamentales y a la convivencia pacífica de los ciudadanos, y ustedes, UPyD, la rechazaron, quedando de manifiesto la soledad y su demagogia surrealista.

Con esta iniciativa vuelve a poner en entredicho la efectividad de la Ley orgánica de Partidos Políticos. Insiste una y otra vez en sembrar la duda en un tema que está bien encauzado, exponiendo argumentos que no son ciertos, porque, como usted bien sabe, la Ley orgánica de Partidos Políticos establece un sistema de prueba indiciaria de la ilegalidad de un partido político en función de numerosos parámetros y criterios, que han de permitir a la autoridad judicial concluir la ilegalización, y, aun así, usted insiste en que solo se tiene en cuenta para la ilegalización de un partido político lo establecido en sus estatutos.

Señora Díez, tenemos que decirle que el Grupo Parlamentario Socialista apuesta por la paz y por la pluralidad en la política con el fin de que todas las ideas que acepten las reglas del juego hasta ahora establecidas tengan su espacio en esta Cámara. Señorías, el Grupo Socialista tiene una larga tradición en la lucha por la libertad, en la defensa de la democracia, algo que está en nuestro ideario y en nuestra historia como partido político. La trayectoria del Partido Socialista ha sido siempre sincera y decisiva cuando hemos gobernado ejerciendo la máxima presión sobre ETA, no permitiendo ninguna concesión y elaborando una ley de reconocimiento y protección a las víctimas del terrorismo, que fue aprobada por esta Cámara en septiembre de 2011 con un amplio apoyo mayoritario. El Partido Socialista ha hecho una apuesta generosa por la unidad cuando hemos estado en la oposición, firmando el Pacto por las libertades y contra el terrorismo que fue clave para la formulación de la Ley orgánica de Partidos Políticos. El PSOE apoya al Gobierno en materia antiterrorista. El partido que represento ha buscado siempre el acuerdo sin exclusiones en política antiterrorista. Por todas estas razones, votaremos en contra de su propuesta.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Sumelzo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.

El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el debate que hoy nos trae el Grupo de Unión Progreso y Democracia a la Cámara trasciende más allá de la mera propuesta formal y legislativa que nos plantea. Es un debate que nos permite hablar nuevamente de valores, del valor de la libertad, de la dignidad y de la democracia. Un debate que nos permite recordar que la democracia no es solo un sistema político, sino una tarea permanente, porque la historia nos ha demostrado que la libertad no está exenta de amenazas y que el terrorismo, y lo hemos vivido en nuestras propias carnes, es el mayor enemigo de la misma porque representa todo aquello que los demócratas debemos despreciar y combatir. Y, sin duda, uno de los pasos más importantes en la lucha contra el terrorismo fue llegar a la convicción de que ETA no eran solo los comandos, sino que existía un entramado político y social unido a la misma que le prestaba cobertura, soporte y justificación. Por eso hicimos la Ley de Partidos Políticos. Una ley inspirada en tres principios: la unidad en la derrota del terrorismo con los instrumentos del Estado de derecho, la convicción de que la paz y la libertad son un derecho de toda sociedad y nunca un precio que haya que pagar a quienes quieren imponen por la fuerza sus ideas, y que los partidos, por sus importantes funciones constitucionales, no podían ser utilizados nunca como instrumento al servicio de una banda terrorista ni convertirse en su altavoz de propaganda o en la prolongación del terror, la amenaza o la coacción. Una ley que fue aprobada después de un largo periodo de reflexión y diálogo, muy madurada, muy meditada y muy garantista, para que fuese impecable desde el punto de vista constitucional. Eso lo sabe usted muy bien, señora Díez, porque entonces -usted misma lo ha recordado- era dirigente del Partido Socialista y seguro que recuerda y conoce los diferentes textos y propuestas que debatimos hasta llegar a un texto final. Fue además una ley con un valor importante, una ley hecha con un alto grado de consenso, que es también un valor muy importante a preservar en estos momentos.

Pues bien, señora Díez, hoy nos propone unilateralmente modificar la Ley de Partidos Políticos añadiendo determinados supuestos sobre la base de los fundamentos principalmente recogidos en la sentencia de 30 de junio de 2009 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero parece pasar por alto que la jurisprudencia de dicho tribunal es mucho más amplia que la que usted invoca. Es más, hay sentencias posteriores de nuestro Tribunal Constitucional, y quizá su grupo presentó esta iniciativa precisamente como reacción a una de ellas. Y es así. Su proposición fue registrada apenas una semana después de conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional de junio del año pasado en relación con Sortu, sobre cuyo fallo se puede estar más o menos de acuerdo. Usted conoce perfectamente cuál es mi posición al respecto, pero también convendrá conmigo que como demócratas tenemos la obligación de


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acatar dicha sentencia. A la vista de sus manifestaciones de entonces, más que pretender mejorar la Ley de Partidos, esta propuesta parece perseguir modular o rectificar la doctrina del Tribunal Constitucional. Eso es algo que no solo no nos corresponde como legisladores, sino que sencillamente no lo podríamos hacer sin conculcar con ello las reglas del juego de nuestro Estado de derecho. (Aplausos). Quizá por ello ni siquiera menciona dicha sentencia en la exposición de motivos de su proposición, olvidando con ello algo muy importante, y es que, con independencia del fallo, el Tribunal Constitucional, en los fundamentos de la sentencia y a la luz de la experiencia acumulada en todos estos años, sintetizó, condensó e integró en un mismo cuerpo de doctrina toda la jurisprudencia existente hasta ese momento, tanto del propio tribunal como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estableciendo por primera vez algo muy importante: un catálogo exhaustivo y descriptivo de conductas proscritas que pueden conducir a la ilegalización de una determinada formación política completando y, ojo, ampliando a la vez todas las conductas ya previstas y recogidas en la Ley de Partidos Políticos. Eso es muy importante, porque usted sabe perfectamente que la doctrina del Tribunal Constitucional es fuente de derecho, tiene carácter vinculante y puede ser invocada en cualquier momento. Por esa razón, no podemos aceptar su proposición; porque o bien pretende trasladar a la ley solo algunas de esas conductas recogidas en la sentencia de manera parcial o incompleta, lo que además de innecesario podría llegar a interpretarse como una atenuación de las mismas o una restricción en su aplicación, porque al incluir unas en su propuesta y excluir otras en una acción posterior del legislador podríamos trasladar nuestra intención de limitar sus efectos y producir justamente el efecto contrario que usted pretende en la misma, o bien lo que pretende es sencilla y directamente corregir la doctrina del Tribunal Constitucional al incluir conductas sobre cuyo valor y alcance ya se ha pronunciado el tribunal en relación con el conjunto de derechos incluidos en nuestro vigente marco constitucional. Con lo que, en vez de mejorar la ley, haríamos justo lo contrario, dañarla y perjudicarla al incluir elementos que podrían suscitar dudas de constitucionalidad. Eso sería un grave error, porque con ello lo único que haríamos sería dar bazas y legitimación justamente a todos aquellos que tanto usted como yo pretendemos combatir. Y, mire, una cosa es lo que nos puede molestar, ofender o repugnar políticamente, pero otra cosa es lo que es viable jurídicamente. Usted o nosotros podríamos seleccionar la jurisprudencia que nos conviniera o interesase, pero al final los tribunales de Justicia al impartir sus sentencias tienen en cuenta toda la jurisprudencia y no solo una parte. Tampoco podemos caer en un exceso regulatorio invadiendo -como nos pide- la esfera propia de los órganos jurisdiccionales. No corresponde al legislador fijar automáticamente el alcance o el valor de determinados indicios. Esa es una labor que corresponde siempre a los tribunales; y a estas alturas, señora Díez, eso deberíamos saberlo todos.

Por tanto, su propuesta es innecesaria, carece del necesario rigor jurídico e incluso podría llegar a ser contraproducente al generar serias dudas sobre su constitucionalidad. Créame que lamento tener que decirle esto, porque su fuerza política y la mía, usted y yo, en esta materia, tenemos los mismos principios y perseguimos los mismos objetivos, como lo pusimos de manifiesto en la legislatura pasada cuando alcanzamos un gran acuerdo de reforma de la Ley Electoral precisamente para reforzar los instrumentos jurídicos en defensa de nuestra democracia. Otra cosa son las sentencias de los tribunales, pero entenderá que eso es algo que no nos corresponde ni debatir ni discutir ni mucho menos corregir. Por eso, señora Díez, aunque no le niego legitimidad para ello, le pediría con todo respeto que no vuelva a traer a esta Cámara iniciativas de carácter unilateral deficientes desde el punto de vista jurídico, que algunos -ya lo ha visto- tachan de oportunistas y que se separan del consenso y la unidad necesarios en esta materia. Y no tenga dudas en una cosa: este Gobierno no va ser nunca permisivo en esta materia. Nunca. El Gobierno garantiza el cumplimiento de la ley y actúa en el marco de nuestro Estado de derecho, y lo hace sin ningún tipo de concesión o negociación, desde la unidad, la inteligencia y la eficacia, como acreditan las cuarenta detenciones a lo largo de esta legislatura o las actuaciones de la fiscalía ante determinadas manifestaciones de dirigentes de la izquierda abertzale. Además, le diré otra cosa: le garantizo que el Gobierno permanece vigilante y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en las que tanto usted como yo confiamos así como todos los miembros de esta Cámara, también, y están tomando conocimiento de hechos como los que usted ha denunciado esta tarde en la tribuna. Si en un momento determinado, por su gravedad, reiteración o acumulación, se considerase que hay suficientes elementos indiciarios para ejercer la vía jurídico-constitucional recogida en la Ley de Partidos, no dude de que el Gobierno actuará. Eso ya se lo dijo desde esta tribuna el propio ministro del Interior y yo le reitero que el Gobierno se mantendrá en una posición de firmeza y fortaleza en sus políticas hasta conseguir la derrota y la disolución de ETA. Esa es precisamente, señor Larreina, la oportunidad que usted desaprovecha


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todos los días cuando sube a esta tribuna. Usted nunca pide aquí, a pesar de sus buenas palabras hablando de libertades y de paz, la disolución de ETA.

Yo le voy a decir una cosa; ya no valen medias tintas ni declaraciones ambiguas, o se está con la democracia o se está contra ella, no vale ya con mirar a otro lado. Si el terrorismo es el mayor enemigo de la democracia, no basta con situarse al margen de ETA, hay que estar en contra con todas sus consecuencias y pedir aquí también públicamente la disolución definitiva e incondicional de ETA y un final con vencedores y con vencidos. (Aplausos). Eso es lo que usted tiene que hacer aquí. Mientras tanto, ustedes podrán ser legales, pero a nosotros no nos van a dar nunca una lección de derechos ni de libertades. Y le diré algo más; derrotar a ETA es derrotar también su mentira, y no hay mayor mentira que el relato que equipara a víctimas y a verdugos o seguir invocando el falso conflicto sobre el que algunos han justificado años atrás tanta salvajada. Nunca vamos a aceptar que todo ese daño o sufrimiento causado quede disimulado con discursos o coartadas fabricadas para el olvido; nunca lo vamos a aceptar por parte del Grupo Popular. Y le diré más, ETA está derrotada, lo sabe, y con ella debe acabar también su proyecto delirante y totalitario, totalmente incompatible con la democracia y los derechos humanos. Ahora solo queda el último tramo, y ETA no será protagonista de su final, lo seremos nosotros, los demócratas. Su derrota final vendrá de la mano de la ley, del Estado de derecho y de la firmeza de nuestras posiciones. Espero que esté próximo. Y cuando llegue ese día, diremos: las víctimas han vencido, ha vencido la razón, la verdad y la justicia, ha vencido la libertad; no lo olviden. (Prolongados aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Bermúdez de Castro.

PROPOSICIONES NO DE LEY.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR CUADRA), SOBRE FRAUDE FISCAL Y CORRUPCIÓN. (Número de expediente 162/000586).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señorías.

Pasamos al punto III del orden del día: Proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre fraude fiscal y corrupción. Para la presentación de la iniciativa y de su autoenmienda, tiene la palabra el señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, tras el estallido del caso Bárcenas y la imputación de la infanta Cristina, del ex presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, del alcalde de Pamplona y de otros más, la corrupción ha alcanzado el segundo puesto de preocupación a nivel del Estado español, tal como indican las encuestas. No solo esto, sino que un 95% de la población considera que los partidos políticos, lejos de actuar firmemente y expulsar a la gente corrupta de sus filas, lo que hace es protegerlos y encubrirlos. Se nos dice por parte de mucha gente implicada y de sus protectores que estos casos son aislados, que son casos circunstanciales. En Amaiur, sin embargo, pensamos que no, que esto es algo estructural que se está dando en todo el sistema en el que estamos viviendo. La sociedad capitalista, por desgracia, no está asentada sobre valores tales como la solidaridad, la cooperación, el apoyo mutuo, sino sobre el ánimo de lucro, el individualismo y la competencia más despiadada si hace falta. Esto es lo que prima y este es el caldo de cultivo para que la corrupción florezca luego en la sociedad, en las instituciones y en los partidos políticos. En el Estado español, además, todo esto se ve agravado por la continuidad evidente que se da entre los que fueron los antiguos clanes, familias y grupos franquistas económicos, financieros y políticos y los nuevos grupos en el poder. En aquella dictadura no se sabía muy bien dónde terminaban los intereses privados y dónde empezaban los públicos, qué era ley y qué era arbitrariedad, y en mucho de esto nos seguimos moviendo. Además, gracias a la política llamada de puertas giratorias, importantes directivos, ejecutivos y consejeros de multinacionales y bancos pasan a ocupar carteras ministeriales e importantes cargos en la Administración, en distintos e importantes ministerios. Y al revés, ex presidentes del Gobierno y exministros pasan a calentar las poltronas de importantes consejos de administración de bancos y multinacionales, y esto también hace que diferenciar lo privado y lo público sea difícil. Se da la figura del político mediopensionista, del que no se sabe muy bien dónde tiene una pierna y dónde tiene la otra y, lo que es peor, dónde tiene las dos manos metidas. A lo anterior debe unirse el actual sistema de partidos políticos que tenemos, cada vez más distantes de la ciudadanía, incluso de sus propios afiliados y afiliadas, con menos militantes, convertidos en meras maquinarias electorales y fuertemente profesionalizados, que cada vez necesitan una mayor autofinanciación y que es conseguida


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gracias no solo a aportaciones institucionales sino a importantes créditos bancarios y donaciones de quienes las pueden realizar.

Todo esto es lo que está creando este inmenso caldo de cultivo en el que la corrupción, tal como estamos viendo semana tras semana, aparece por todas las esquinas. Estoy haciendo referencia a la corrupción general, a nivel estatal, pero también nosotros en nuestro pueblo, en Euskal Herria, tenemos de esto. Me quiero referir sobre todo a la situación que estamos viviendo en estos momentos en Nafarroa. En Nafarroa, de cinco presidentes del Gobierno que hemos tenido desde que se aprobó el amejoramiento del Fuero cuatro de ellos, nada más y nada menos que cuatro, se han visto envueltos en casos de corrupción. Uno, Gabriel Urralburu, condenado por ello. El segundo, Javier Otano, se salvó porque tocó la campana del ring y fue declarada la prescripción de los cargos que se le imputaban. El tercero, Miguel Sanz, recientemente imputado por cobrar dietas ocultas. Y la cuarta, Yolanda Barcina, que también está en capilla, salvada por su condición de aforada. De cinco, cuatro. Y de siete delegados del Gobierno que hemos tenido, dos han sido condenados por corrupción: Roldán y García Villoslada. Por tanto, la corrupción no es algo circunstancial, no es algo aislado, es algo congénito por lo menos a las castas que hemos tenido en nuestro pueblo. ¡Qué vienen los vascos!, nos decían, ¡qué vienen los violentos! Y mientras la gente se quedaba mirando el dedo, ellos metían la mano izquierda en el cajón de las adjudicaciones fraudulentas, de las dietas ocultas y de los chanchullos, con el IVA de la Volkswagen. Esto es lo que hacían, y hoy nos vienen diciendo cosas parecidas. Cada vez que abrimos la voz aquí, en el Congreso, y allí, en nuestro pueblo, y hablamos de corrupción, de denuncias, de derechos democráticos, nos vienen diciendo lo mismo: ustedes no están legitimados para hablar hasta que no condenen a ETA, hasta que no hagan no sé qué, etcétera. Y siguen metiendo la mano izquierda en todos estos mismos sitios.

Nosotros hemos presentado esta PNL que tenía inicialmente nueve puntos, y lo hemos hecho con independencia de las competencias que tenemos en la Comunidad Autónoma vasca y en Navarra en relación con estos temas y con la reivindicación plena de soberanía que queremos para nuestro pueblo en estas materias. Nueve puntos a los cuales hemos añadido un décimo, que hace referencia a la exigencia de una auditoría para todos los miembros de la familia real, empezando, por supuesto, por el mismísimo rey. Nosotros consideramos que una persona que en su día juró lealtad a los Principios Fundamentales del Movimiento y juró lealtad al dictador y asesino Franco y que ahora va de demócrata por la vida, esta persona que ha sido presidente de una ONG protectora de animales y que mientras tanto iba cazando búfalos y elefantes en safaris amañados, no tiene excesiva credibilidad en materia fiscal.

Termino. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo de Izquierda Unida. Estamos globalmente de acuerdo con ella, salvo en una pequeña modificación que hemos hecho y que presentaremos para su votación conjunta.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Cuadra.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.

Como acaba de anunciar el diputado don Sabino Cuadra, nosotros estamos también globalmente de acuerdo con la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto y en este sentido la vamos a apoyar. Hemos presentado unas enmiendas que entendemos que son de mejora y nos estamos poniendo de acuerdo para presentar una transaccional. En definitiva, manifestamos nuestra certeza en la necesidad de empezar a aplicar, más allá de la retórica propia de este Gobierno, verdaderas leyes que acaben con una corrupción que realmente está asolando y devastando a estas instituciones del Estado, a estas instituciones heredadas de la Transición de 1978 y que están traduciéndose y cristalizándose cada mañana en una nueva noticia de corrupción que afecta a diferentes instituciones, bien sea partidos políticos, bien sea la propia Casa Real. En este sentido, no es un hecho menor recordar que la corrupción es el lubricante de las relaciones económicas en el capitalismo, es ese instrumento necesario para que las grandes empresas puedan también ejercer una presión importante sobre el poder político. Esto es en última instancia lo que acaba siendo el juego de sobres al que estamos asistiendo desgraciadamente y que son procesos judicializados precisamente con objeto de dilucidar qué es lo que realmente ocurre, quiénes son los verdaderos responsables de todos estos procesos que -insistimos- gestionan dinero público y que, por tanto, son un insulto a la ciudadanía y una falta de respeto a la concepción de lo que debería ser una economía transparente y limpia.


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El Gobierno tiene la oportunidad -y nos parece adecuado que este tipo de proposiciones no de ley se planteen en este foro- de acabar con el fraude fiscal mucho más allá de la retórica, como decía antes, porque sabemos que es un lugar común en las expresiones tanto del Gobierno como de otros grupos. Al final lo cierto es que no se acaba de barrer la casa sino, más bien al contrario, se liquidan recursos que serían necesarios para acabar con ese fraude fiscal, porque en el fondo el corazón de la corrupción son los paraísos fiscales, son los mecanismos financieros que permiten a España, por ejemplo, ser a su vez un paraíso fiscal para el resto de empresas. Asistimos a noticias como las del otro día en las que se ponía de manifiesto que grandes empresas, en este caso YPF, habían pagado en cuentas financieras de paraísos fiscales relacionadas con la Gürtel y con la mediación en esa transacción entre grandes empresas y empresas extranjeras de la propia Casa Real. En definitiva, todo un núcleo que resume muy bien la esencia de las instituciones de 1978; una esencia que no es un caso aislado, desde luego, pero es algo contra lo que hay que combatir y hay que hacerlo con leyes. Por eso nos parece especialmente adecuado aprovechar esta proposición no de ley -de nuevo- para traer este debate aquí y entendemos que hay que apoyarla y que tenemos una oportunidad más que no podemos desaprovechar. Sugerimos al resto de grupos que se sumen de verdad a iniciativas de esa naturaleza que van más allá de los planes de Gobierno en los que realmente uno no puede creer después de tanto tiempo sin haber hecho nada. Entendemos que es el momento, es una urgencia y es lo que la ciudadanía está reclamando y nos volvemos a sumar en este foro, como hemos venido haciendo durante esta legislatura.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Garzón.

Terminada la defensa de la enmienda presentada por La Izquierda Plural, corresponde ahora el turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vasco. Señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados. Señor Cuadra, he leído en detalle y con interés su iniciativa y he de decirle que comparto básicamente el análisis y el diagnóstico que realiza sobre el fraude fiscal y sobre la corrupción en la exposición de motivos, pero que tengo más reparos y observaciones al contenido propiamente de la proposición no de ley en la que insta al Gobierno a que actúe de una manera determinada.

El fraude fiscal, los paraísos fiscales y los casos de corrupción deben desaparecer o, al menos en el caso español, situarse en niveles homologables o comparables al ámbito europeo. Efectivamente, los diferentes ránquines y estadísticas, tal y como se explica en el preámbulo, sitúan a la economía y política españolas a la cabeza de los fraudes y corrupciones y a la cola en términos de bienestar económico, paro y desigualdades sociales. Por equidad, justicia social, solidaridad, etcétera, y si se desea alcanzar un nivel de desarrollo sostenible, es decir, un sistema que crezca y que reparta crecimiento más solidaridad, hay que dar la vuelta a la situación. Todas las medidas posibles y efectivas que se instrumenten para luchar contra el fraude fiscal, desde el fraude de las grandes empresas y patrimonios -y empezando por éstas- hasta la factura que se cita del fontanero, como señala la iniciativa, tendrán el apoyo incondicional del Grupo Vasco. Guerra total al fraude, a los paraísos fiscales y a la corrupción. Así nos hemos manifestado siempre y así lo haremos mientras exista un defraudador o un corrupto.

Consideramos importante, aunque no lo recoge la iniciativa, reforzar la Agencia Tributaria con medios humanos y materiales y ordenar o reordenar los planes de inspección para incidir en aquellos colectivos, empresas o patrimonios donde el fraude sea mayor. Hay que buscar la eficiencia y la eficacia de las actuaciones tributarias.

Repasando brevemente los nueve puntos de la PNL, quisiera realizar los siguientes comentarios. Antes que nada me gustaría decir que desde el Grupo Vasco solicitamos a la Cámara, si es posible, que se vote punto por punto la proposición no de ley dado que nuestra posición no es la misma con relación a todos los grupos; pero parece que va a existir un acuerdo y una transaccional, lo cual va a imposibilitar la votación punto por punto. No obstante, quiero manifestar cuál es la posición del Grupo Vasco en relación con cada uno de ellos. Nos parece una buena idea, extendible al ámbito de la Unión Europea, que aquellas grandes empresas que operan en o a través de paraísos fiscales con la intención de evadir, eludir o evitar el pago de impuestos no puedan operar en el territorio estatal o al menos no tengan el apoyo del Gobierno ni reciban subvenciones ni ayudas públicas ni tampoco puedan contratar con las administraciones. Habrá que ver, tras detectar que actúan en paraísos fiscales, cómo se instrumentan estas medidas desde el punto de vista jurídico, pero en nuestra opinión la idea es buena.


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En cuanto al punto 2, en lugar de realizarles una auditoría pública a los grandes empresas sería más efectivo cambiar la legislación mercantil de manera que sean las empresas de auditoría habituales las que tengan que realizar y analizar el tema y señalar si la empresa auditada opera o actúa a través de paraísos fiscales. Las auditorías públicas están para analizar las cuentas públicas y seguramente carecen de los medios y destreza necesarios para auditar empresas privadas. En lo referente a las SICAV, es posible actuar como lo hizo la propia Diputación de Vizcaya elevando el tipo del 1 al 29, lo que supone de hecho su desaparición. Paralelamente habría que establecer las cautelas precisas para que dichos recursos no desaparezcan en otros entramados opacos o paraísos fiscales.

Nos parece necesario revisar a fondo la normativa vigente en materia de fraude fiscal tanto a nivel estatal como a nivel comunitario. En nuestra opinión, gran parte de la eficiencia de la lucha contra el fraude fiscal depende de las medidas de colaboración que se adopten a nivel europeo, cruzando información y persiguiendo a los defraudadores allá donde estén.

En relación con el punto 5 debo señalar que en esta Cámara ya se está trabajando a fondo en lo relativo a la financiación de los partidos políticos; nos parece más adecuado ese ámbito que el de la proposición para abordar una cuestión de esta naturaleza. En el punto 6 se indica, en primer lugar, que los cargos públicos remunerados a jornada completa no puedan percibir dos sueldos de origen público. Si no me equivoco, creo que no pueden hacerlo ya; de hecho, en esta Cámara hay diputadas y diputados que son también alcaldes y de hecho tienen que renunciar a uno de los sueldos, por lo que no entiendo muy bien la propuesta. Por otra parte, se propone que los sueldos de los cargos públicos estén referidos al salario mínimo interprofesional. Sinceramente, tampoco lo entiendo y además no veo la necesidad de ello ni para qué sirve teniendo en cuenta que los sueldos de los cargos públicos son conocidos, o deben serlo, y desde esa publicidad se puede realizar ya el control político de los mismos. En cuanto al punto 7, he de señalar que en mi opinión los partidos no son los responsables de que un cargo público haya actuado negligentemente o haya robado; el que haya realizado la acción ha de devolverlo o sufrir las consecuencias penales que correspondan. Por otro lado, inhabilitar a los que tienen una sentencia firme por corrupción para ejercer cargos públicos en el futuro nos parece correcto, aunque el asunto de las responsabilidades haya que analizarlo con cautela. La transparencia de los contratos públicos, como propone la proposición no de ley en el punto 9, es, a nuestro juicio, también imprescindible.

Por lo manifestado anteriormente, votaremos afirmativamente, o hubiéramos votado en el caso de poder hacerlo, a los puntos 1, 4 y 9 y nos hubiéramos abstenido en el resto. Como creo que no se puede votar de forma separada e ir por puntos, nos abstendremos al conjunto de la iniciativa.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Grupo Parlamentario Catalán, señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo parlamentario ha leído con el mayor detenimiento posible los antecedentes de la iniciativa parlamentaria formulada, resaltando el esfuerzo, extensión y diversidad de motivos que ha formulado el grupo que presenta la iniciativa, y singularmente el señor Cuadra, que apoyan la necesidad de debatir la misma, así como las medidas propuestas.

La iniciativa nos propone adoptar medidas en dos materias concretas: la lucha contra el fraude fiscal y la lucha contra la corrupción. Hemos discutido sobre las dos materias en diversas ocasiones en esta Cámara a lo largo de esta legislatura. Son materias que debemos debatir, desde nuestro punto de vista, con humildad y con resolución. En relación con la primera, la lucha contra el fraude fiscal, nuestro grupo parlamentario está convencido de la necesidad de priorizar y reforzar las políticas y actuaciones orientadas a la lucha contra el fraude fiscal; así lo hemos hecho desde siempre y en esta línea hemos actuado parlamentariamente. Somos conscientes de que es necesario y queremos que se continúen impulsando de forma decidida las acciones orientadas a la identificación, a la consiguiente penalización y a la disminución del fraude fiscal, y todo ello porque es una exigencia de justicia social. No hay nada más antisocial que el fraude fiscal. En este aspecto hay muchísimo camino por recorrer y es evidente que aquí la Administración tributaria, con los recursos que tiene a su disposición, tiene un gran campo para poder desarrollar su acción inspectora y demostrar una gran efectividad.

En los últimos años hemos avanzado de forma muy significativa en la lucha contra el fraude fiscal y se han activado diversas iniciativas orientadas a cumplir estos objetivos. Son medidas que en los últimos años han doblado los ingresos obtenidos como consecuencia de la persecución del fraude fiscal, pero que en ningún caso deben llevarnos al conformismo. Diversos estudios así lo demuestran y nos ponen de


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manifiesto el elevado grado que alcanza la economía sumergida. Hemos de tener presente que desde Europa se nos recuerda que la lucha contra el fraude fiscal tiene una alta prioridad en la agenda de la política fiscal de la Unión Europea. Reitero el parecer ya manifestado por mi grupo en materia de lucha contra el fraude fiscal. Es una lucha que debe centrarse más en combatir contra los rendimientos no declarados y ocultos que en revisar exhaustivamente la correcta declaración formal de los rendimientos efectivamente declarados. Si realmente se quiere luchar contra esta lacra debe trabajarse sobre los hechos no declarados para poner límite al fraude y a la economía sumergida. Economía sumergida que, a pesar de no disponer de datos oficiales, tradicionalmente y por desgracia siempre se sitúa en tasas mucho más elevadas que en Estados de nuestro más directo entorno. Por ello, por esta vía, el margen creemos que es amplio. Asimismo medidas que reduzcan la conflictividad entre la Administración tributaria y los contribuyentes, además de poder hablar de medidas o fórmulas de coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del Estado y las administraciones tributarias de las comunidades autónomas. Esas medidas son las que propuso nuestro grupo parlamentario en la reciente Ley 7/2012, medidas que no se tomaron en consideración. Una oportunidad, creemos, perdida de búsqueda de consenso en una tramitación de ley que, señorías, ya lo manifestamos muchos grupos parlamentarios, contempla una materia en la que debe ser prioritario el diálogo y la búsqueda del consenso.

Segundo objetivo: la lucha contra la corrupción. Señorías, muy recientemente en esta Cámara, en el debate general, aprobamos una propuesta de resolución que reclamaba un acuerdo de las fuerzas políticas con el fin de adoptar medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. Entre otras podemos citar, por ejemplo, la elaboración de un pacto ético respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados, la aprobación de nuevos controles de actividad económica y financiera de los partidos políticos, más instrumentos de control tanto por parte del Tribunal de Cuentas, con la colaboración de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la oficina de conflicto de intereses, la incorporación a la ley de transparencia de los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones -lo recalco- que se financian esencialmente con dinero público. Medidas entre otras que no menciono por el tiempo.

En resumen, señor Cuadra, algunas de las medidas que usted nos propone son muy similares en la búsqueda de resultado a las propuestas en la proposición no de ley. Medidas que deben desarrollarse sin lugar a dudas y además creo que debemos exigirnos la búsqueda de consensos y un rápido desarrollo de las ya aprobadas. Los ciudadanos, la ciudadanía, nos lo exigen. Algunas de las medidas propuestas por el Grupo Parlamentario Mixto han sido recogidas, con el apoyo parlamentario de distintos grupos de esta Cámara, en declaraciones ya aprobadas por la misma. En relación a otras medidas, nuestro grupo parlamentario no las comparte.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Picó.

Grupo Parlamentario Socialista, señor Muñoz González.

El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías.

Señor Cuadra, nuestro grupo ha leído esta prolija proposición de ley, una extensa proposición no de ley con la cual en la parte expositiva no coincidimos en cuanto a algunas de las apreciaciones que usted realiza y desde luego nos perdemos mucho más aún en las medidas que se proponen en la misma. Tendríamos por tanto que hacerle un conjunto de consideraciones en relación con esta iniciativa.

En primer lugar, nosotros no compartimos las premisas en las que se sustenta esa parte expositiva y que se dejan caer en las iniciativas que propone, en relación con las descalificaciones que se contienen en la misma y que hoy se han visto evidenciadas aún más desde esta tribuna cuando usted ha subido a la defensa de esta proposición no de ley. No las compartimos porque, mire, nosotros entendemos que las descalificaciones institucionales, que además se acentúan en la autoenmienda que ustedes han presentado, nos alejan de que podamos apoyar una iniciativa de este tipo. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Tampoco podemos compartir esa intencionalidad subyacente -y también expresa- en su proposición no de ley, donde se recogen afirmaciones -que usted ha dicho también hoy aquí en la tribuna-, del tipo: que existe la exigencia de contar con un marco plenamente soberano. Mire, nosotros respetamos aquello que usted propone, pero tenemos un planteamiento radicalmente distinto. Nosotros entendemos que sobre lo de todos tenemos que decidir todos. Pero, señor Cuadra, nosotros, como ustedes, como creo que todos los grupos parlamentarios que se han subido a esta tribuna e incluso alguno que no se ha subido a


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esta tribuna a fijar su posición, sí tenemos con ustedes, con todos los grupos parlamentarios una profunda inquietud puesto que la corrupción es quizás la materia más corrosiva en relación con todo el andamiaje institucional que sustenta a la democracia. Afecta a la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones. Todas las acciones que se puedan acometer para evitar esta lacra, así como también en relación con el fraude, hay que emprenderlas, porque esto es mucho más lacerante en una situación de profunda crisis económica como la que atravesamos y de aumento de la desigualdad social exacerbado por unas políticas de desigualdad como las que lleva a cabo el Gobierno del Partido Popular. Por tanto, esa lucha contra la corrupción, su represión cuando se produce y la prevención de la misma, tiene que estar en el código de conducta de cualquier Gobierno y de cualquier fuerza política democrática que se precie de intentar entender cuál es la realidad social y cuál es la realidad sobre la que tenemos que operar. En esto nosotros tenemos las cosas claras y por última vez las manifestamos en el debate sobre el estado de la Nación, en el que presentamos, al hilo de lo que usted propone hoy aquí -fraude fiscal y lucha contra la corrupción-, dos iniciativas, la iniciativa 17 y la iniciativa 90, dos proposiciones que por cierto, señor Cuadra, ustedes no apoyaron.

En la lucha contra el fraude -iniciativa número 17- proponíamos la creación de una oficina de lucha contra el fraude, así como medidas para paliar y desenmascarar esa funesta amnistía fiscal que se aprobó por parte del Gobierno del Partido Popular. En la propuesta número 40, de lucha contra la corrupción, recogíamos un conjunto de iniciativas en varios apartados, hasta cuatro, donde pretendíamos partir de un diagnóstico que fuera común a través de una comisión conformada desde una iniciativa conjunta de estas Cortes por personas de reconocido prestigio. Es verdad que esa iniciativa no prosperó, como otras muchas que indicábamos en nuestra propuesta de resolución y que tenían que ver tanto con el ámbito punitivo como con el derecho positivo penal, con los procedimientos penales y con la adscripción de dónde tenían que realizarse los enjuiciamientos. También hablábamos de la mejora de la transparencia. Nuestro secretario general y nuestra vicesecretaria han incidido esta semana en avanzar en la transparencia en relación con la Jefatura del Estado y en cuanto a la aplicación de la ley de transparencia en tramitación y también bloqueada por el grupo parlamentario mayoritario.

Ahí nos vamos a encontrar todos, pero a su vez también nos vamos a encontrar, creo -ahí no el Grupo Popular-, en la exigencia del cumplimiento de los términos expresos de la iniciativa -que esa sí prosperó- del Grupo Popular, donde, por ejemplo, se reclamaban, como ha hecho nuestra portavoz esta semana, la puesta en marcha inmediata de la oficina presupuestaria de estas Cortes Generales y otras medidas que también estaban en esa iniciativa. No era la que más nos gustaba, pero que al menos eso se cumpla, porque también está siendo postergado su cumplimiento por parte del Partido Popular y del Grupo Parlamentario Popular.

Señor Cuadra, por esas cuestiones que le he dicho al principio, porque no podemos estar de acuerdo con el tono ni con alguna de sus afirmaciones, aunque sí con muchas de las propuestas que nosotros hemos formulado -es verdad que usted no las aprobó-, hoy no podemos aprobar la suya, pero creo que el campo de la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción es un campo en el que nos tenemos que encontrar todos los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Abad.

El señor ABAD PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Señor Cuadra, antes de empezar a dar respuesta a esta proposición no de ley con relación al fraude fiscal y la corrupción que usted nos presenta y siguiendo una sugerencia que acaba de hacer un diputado del Grupo de La Izquierda Plural, aprovecho la proposición, precisamente porque la iniciativa proviene de un grupo como el suyo, un grupo político que se llama Amaiur. Usted pretende decir que hay un déficit democrático, se desliza esa pretensión a lo largo de la lectura detallada de esta proposición, y le tengo que decir que ese déficit democrático no lo tiene España, lo tienen quienes todavía no han dicho alto y claro que ETA se disuelva y condene todos los crímenes cometidos. Me uno a la misma propuesta que mi compañero José Antonio porque creo que cada vez que ustedes salgan aquí lo primero que tienen que hacer es reconocer todos estos detalles que están ocurriendo y de los que ustedes no son capaces de dar cuenta.

Nuestro presidente -muchos de mis compañeros del Partido Popular también y yo lo voy a hacer de nuevo- desde esta misma tribuna les ha pedido a ustedes que exijan a ETA que se disuelva, que se


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esclarezcan los 326 asesinatos que todavía no se han esclarecido, que realicen ustedes un reconocimiento de responsabilidad en el daño causado, que manifiesten un arrepentimiento de la actuación de los suyos durante estos años, que pidan perdón a las víctimas del terrorismo y, a partir de ahí, también ustedes podrán hablar de democracia, de libertad, de lucha contra el fraude, de corrupción y de todo lo demás. No tienen ninguna autoridad para hacerlo y desde luego tienen menos autoridad todavía para hablar de respeto a los derechos de las personas. (Aplausos). Y esta petición está de absoluta actualidad después de que ustedes siguen insistiendo en las calles en los pasados días del fin de semana en sentido totalmente contrario. Lo que aquí les pedimos desde este lugar en que reside la soberanía nacional es alto y claro y me uno a lo que han dicho mis compañeros: pídanle a ETA que se disuelva y condenen sus crímenes.

Señalado esto, señorías, en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, les adelanto que votaremos en contra de esta proposición y de sus enmiendas e intentaré explicar las razones del porqué. Para el Gobierno, sustentado por este grupo político, la persecución y el castigo de las conductas relacionadas con la corrupción constituye una prioridad y otros partidos durante su gobierno de varios años no han sido capaces de hacer nada. Este ya está actuando y con diversas propuestas como ahora le voy a indicar: en el primer año de legislatura se ha impulsado un conjunto de actuaciones entre las que destacan la ley de transparencia y buen gobierno y acceso a la información pública, que ya está en tramitación y que esperamos sea aprobada con el máximo consenso posible de todos los partidos -también a ustedes les esperamos-. Para erradicar la corrupción y para alcanzar un objetivo aún más ambicioso, mejorar la calidad de nuestra democracia, se ha reformado la Ley de financiación de los partidos políticos. También se ha promovido una reforma del Código Penal para crear nuevos tipos agravados de delito fiscal y contra la Seguridad Social, elevando las penas hasta seis años y, por tanto, ampliando el plazo de prescripción hasta los diez. Ahora bien, como expuso el presidente del Gobierno durante su reciente debate sobre el estado de la Nación, las iniciativas a las que hemos aludido constituyen solo un punto de partida de una serie de medidas dirigidas a dar transparencia a la gestión pública y a combatir la lacra de la corrupción que el Gobierno se ha propuesto traer a las Cortes, dentro una vez más del marco de un acuerdo amplio entre todas las agrupaciones políticas. Asimismo, identificó como objetivos principales el endurecimiento de las penas, agilización procesal en casos de corrupción y aumento del plazo de prescripción de este tipo de delitos. En este sentido, también se va a llevar a cabo una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que agilice los procedimientos para el tiempo de respuesta ante el delito, que no sea en ningún caso una forma de impunidad para el delincuente o una condena pública, sin sentencia, para quien no lo es ni lo ha sido nunca. Así pues, la reforma del Código Penal emprendida por el Gobierno, señor Cuadra, constituye una buena oportunidad para llevar a la práctica este primer acuerdo.

Entre las reformas previstas destacamos la mejora de la regulación del delito de la administración desleal, la reforma de la regulación de la malversación de los delitos de insolvencia y de los nuevos delitos de frustración de ejecución, a lo que debe añadirse la revisión técnica y la modernización del comiso, en especial en los supuestos del comiso ampliado. Todas ellas constituyen un avance extraordinario en la mejora de la legislación para facilitar la persecución de estas conductas. Por otra parte, y dentro de la Unión Europea, el nuevo plan de acción presentado el día 6 de diciembre de 2012 por la Comisión Europea, con más de treinta medidas, pretende dar una respuesta más efectiva a los problemas de evasión y elusión fiscales. Como primera medida, la Comisión adoptó esas dos recomendaciones: una sobre planificación fiscal agresiva y otra relativa a fomentar la aplicación por parte de los paraísos fiscales de normas mínimas de buena conducta en el ámbito fiscal. Más allá de las medidas internacionales actuales, utilizando criterios comunes, se invita a los Estados miembros a identificar estos paraísos e introducirlos en unas listas negras nacionales. España ya identifica actualmente dichos países o territorios a través de una lista nacional. En el caso concreto de la gestión de fondos y recursos públicos, se ha modernizado con el mismo planteamiento la regulación del delito de malversación como una modalidad de gestión desleal. Finalmente, destacamos que durante el debate parlamentario del proyecto de ley correspondiente, vía enmiendas, se podrán discutir y añadir, si fuera el caso, las modificaciones pertinentes en lo relativo al endurecimiento de las penas y aumento de la prescripción para los tipos de delitos, algunos de los cuales centran la atención de la proposición de ley objeto de este informe.

De otro lado el Gobierno acaba de recibir de la comisión de expertos nombrada a tal efecto la propuesta de texto articulado de una nueva norma de ley de enjuiciamiento criminal que previsiblemente...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.


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El señor ABAD PÉREZ: Termino, señor presidente.

Debemos destacar que desde la vicepresidencia se acaba de constituir un grupo de trabajo interministerial para la concreción de las herramientas que combatan la corrupción en las distintas estructuras del Estado, principalmente los partidos políticos. Esta comisión estará integrada por el subsecretario de Presidencia y el ministro del Interior, así como por cargos de los departamentos de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes será el enlace con todas las fuerzas políticas para llegar al máximo consenso posible.

Acabo diciendo, como indicaba al principio de mi intervención, que he dado una serie de razones y motivos para decirles que podemos trabajar juntos todos los grupos políticos de esta Cámara buscando el consenso con el Grupo Parlamentario Popular que permanentemente les ofrecemos desde aquí.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Abad.

Señor Cuadra, aunque ya lo ha dicho, pero a efectos de tomar nota, ¿acepta su grupo la enmienda presentada?

El señor CUADRA LASARTE: Admitimos la enmienda de La Izquierda Plural y como en un punto de ellos la hemos presentado como transaccional, será entregada a los grupos para que la puedan ver y analizar en qué consiste.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE REALIZACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE APOYO A LAS FAMILIAS. (Número de expediente 162/000517).

El señor PRESIDENTE: Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre realización de un plan integral de apoyo a las familias. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Camarero.

La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, debatimos hoy una iniciativa trascendental para el Grupo Popular que pretende mejorar la institución que hoy más que nunca se ha convertido en el instrumento más claro de solidaridad, cohesión social y protección frente a la exclusión, porque las familias junto con la infancia son, señorías, el eje central de las políticas sociales de este Gobierno. Hoy no podemos olvidar el drama por el que muchas familias en nuestro país están atravesando: más de 1,5 millones de familias con todos sus miembros en paro, más de medio millón de familias sin ningún tipo de ingresos, un 22% de los hogares en España por debajo del umbral de la pobreza, familias que están perdiendo sus casas, y les recuerdo los últimos datos conocidos al respecto: en 2011, con otro Gobierno, hubo más de 77.800 desahucios; 77.800 familias que perdieron sus hogares, familias, señorías, que se han convertido en el eje de acción de este Gobierno porque su drama es nuestro drama, porque su desesperanza es nuestra desesperanza y su dificultad nuestra dificultad.

Es evidente que este drama no surge en el último año, es evidente que un país no se empobrece de un día para otro, porque, señorías, la pobreza no ha vuelto a España, la pobreza por desgracia está instalada desde hace años entre nosotros, aunque algunos se enteraron ayer. La pobreza, señorías, no surge de la casualidad, se han hecho las cosas muy mal en nuestro país, se ha gestionado muy mal y se ha perdido demasiado tiempo pero ya no, ahora contamos con un Gobierno que gobierna, con un Gobierno, señorías, que toma decisiones, un Gobierno que mira los problemas a la cara y les busca respuesta, un Gobierno que tiene a las familias como prioridad y es mucho el trabajo realizado en el último año. Ya sé que para algunos que no hicieron nada cuando gobernaron todo es poco, pero el rumbo está trazado y la política de familia, como todos ustedes saben, es una política transversal. Por eso cuando se trabaja en la recuperación económica y en la creación de empleo se está pensando en las familias, cuando se trabaja para garantizar la sanidad, la educación o los servicios sociales se está pensando en las familias

Además este Gobierno cumple con las familias, por eso acaba de aprobar un ambicioso plan estratégico de infancia y adolescencia que por primera vez en la historia tiene una dotación económica importante: más de 5.159 millones de euros. Es un plan que incorpora, señorías, por primera vez en la historia de España, la obligación de un informe de impacto sobre la infancia en toda la legislación, que otorga mayor protección a los menores y que reconoce también por primera vez a los menores, a los niños, como


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víctimas de la violencia de género; un plan ambicioso que cuenta con ocho objetivos, ciento veinticinco medidas y que requiere la modificación de once leyes; un plan que tiene como uno de los objetivos fundamentales la aprobación de este plan integral de familia; un plan que debe convertirse en un elemento vertebrador entre las distintas administraciones y, por supuesto, los agentes sociales vinculados a la familia, un eje de acción de apoyo a las familias y un plan que debe contemplar medidas en varios ámbitos, conciliación y corresponsabilidad, que se hable de parentalidad positiva, de racionalización y flexibilización de horarios laborales, escolares e incluso televisivos, de las reformas en el mercado laboral para mejorar los permisos parentales y apostar por el teletrabajo, apoyo a la mediación familiar, medidas específicas para las familias numerosas y apoyo y protección a las madres y a las mujeres y jóvenes embarazadas que se encuentran en situación de dificultad.

Señorías, este plan es necesario sobre todo con la situación económica que atraviesa este país; es un plan esperado. Debo recordarles que el último Plan de Familia tuvo una vigencia 2001-2004, nueve años sin plan de familia y es un plan además que supone el compromiso anunciado por la ministra en cada una de sus intervenciones ante esta Cámara. Sabemos que este plan no va a ser tarea sencilla; sabemos que se está trabajando en las fases previas a su elaboración; sabemos que se ha constituido la Comisión e iniciado el proceso de participación de los agentes implicados y sabemos que el ministerio ha solicitado la realización de un diagnóstico de la situación de las familias en España. Porque, señorías, es fundamental conocer en qué marco nos movemos, identificar los problemas, buscar las respuestas, buscar las necesidades y fijar objetivos que hay que cumplir. Sabemos, señorías, que este Gobierno no improvisa, que no frivoliza con estos temas y que debe tomarse el tiempo necesario para aprobar el plan que hoy nos demandan las familias españolas, el plan que hoy necesitan nuestras familias.

Desde el Grupo Popular queremos insistir porque para nosotros, igual que para el Gobierno, las familias, junto con la infancia, son y van a ser nuestro eje de acción de esta legislatura. Por eso queremos traer al debate parlamentario iniciativas de apoyo al Gobierno en estas acciones porque consideramos fundamental que estos temas se instalen en la agenda parlamentaria, que adquieran la notoriedad, la visibilidad que le da el debate parlamentario sin estridencias, sin peleas, sin crispación, desde el compromiso, la responsabilidad y el consenso; responsabilidad, compromiso y consenso que hoy nos gustaría encontrar en esta iniciativa.

Señorías, se han presentado varias enmiendas, estamos trabajando para alcanzar una enmienda transaccional con las enmiendas de Convergència y de UPyD presentadas a esta iniciativa porque coincidimos con la filosofía y con las propuestas que se recoge en ellas. Coincidimos con Convergència y Unió en la necesidad de mejorar la coordinación y de insistir en la coordinación con las comunidades autónomas y respetar sus competencias, y coincidimos con UPyD en la necesidad de que cualquier plan, también este plan, tenga una dotación económica. ¡Claro que sí señores de UPyD! Igual que ha tenido el PNIA. Porque este Gobierno no hace brindis al sol ni planes sin dotación, no adquiere compromisos que no pueda cumplir.

Debo reconocer, señorías, que la enmienda del Grupo Socialista me causa mucha tristeza. Me parece muy injusto presentar esta enmienda para tener una excusa y así no apoyar a las familias. Los mismos que durante siete años de Gobierno no quisieron ni hablar ni trabajar por las familias, los mismos que no hicieron el plan de familias ahora intentan que los demás no hablemos de la familia. Pretenden desviar el tema para no hablar de lo que toca hablar esa tarde, de lo importante para nosotros, de las familias. Ustedes, señorías del Grupo Socialista, aprovechan esta iniciativa, fundamental, insisto, para nosotros, para hacer propaganda y estirar sus actos de partido y esto es tremendamente injusto para las familias y la situación por la que están atravesando.

Por eso, señorías, por el respeto a las familias, por el respeto a su dolor y a su drama, por el respeto a las ONG que trabajan de forma incansable por las familias y por la infancia -y estoy pensando en Save The Children o en Unicef, también por las ONG que trabajan desde hace muchos años en favor de la pobreza, y pienso en Cáritas o en Cruz Roja-, por todo ello hoy pretendíamos hacer un debate sincero, sentido y alejado de polémicas. Quiero terminar, señorías, como empezaba, destacando la importancia de la iniciativa de apoyar a las familias y manteniendo hasta el final un hilo de esperanza de contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, porque hay momentos, señorías, hay cuestiones en las que el interés general debe primar sobre el interés particular. Ustedes deciden.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Camarero.

En efecto, se han presentado varias enmiendas por los grupos. Para la defensa de las suyas interviene en primer lugar el señor Cantó, por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.

Señorías, como todos sabemos vivimos un momento dramático, el número de parados sin prestación bate récords -ahora mismo son más de 2 millones-, las rentas han caído a niveles de hace diez años, se dispara la desigualdad -la diferencia entre los más ricos y los más pobres ha crecido ni más ni menos que un 20%- y los recortes pueden suponer la ruptura definitiva para los más necesitados. La Cruz Roja tiene que alimentar a los niños durante las vacaciones, los colegios dan las únicas comidas nutritivas a algunos de nuestros niños, las rentas mínimas de inserción se reducen, por ejemplo en Barcelona lo han hecho ya en un 27%. En fin, el Estado se retira en un momento tan dramático como este y muchas veces son las propias familias las que nos sostienen. Por cierto, señora Camarero, espero que el PP esté hablando de todo tipo de familias, no de las que se dice habitualmente que son las familias tradicionales. Espero que sea así. Lo peor de todo es que hablamos de todo esto y usted hablaba de que no hay que frivolizar ni improvisar, pero hablamos de pura cosmética. Esa es la realidad, porque la propuesta que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Popular es pura cosmética, es una propuesta completamente descafeinada y sin ningún tipo de concreción. A eso es a lo que nos referimos cuando les hemos presentado las dos enmiendas. En primer lugar, porque no concretan ningún importe presupuestario, no nos dicen qué medidas concretas van a llevar a cabo, no dicen quién lo va a financiar, etcétera. En ese sentido hemos enmendado. Querríamos que el Grupo Parlamentario Popular dote y diga en esta propuesta que estará en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Y en segundo lugar, instamos al Gobierno a realizar las modificaciones oportunas para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos mediante la reforma de una de las herramientas que consideramos fundamental: el sistema público de rentas mínimas. Porque en el País Vasco la renta que se percibe es de 612 euros; en la Comunidad Valenciana, de donde yo provengo, es de 329 euros. Además, en algunas de las comunidades autónomas en las que ustedes gobiernan, señora Camarero, cada vez se hace más difícil el acceso a este tipo de ayudas. En la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, se está tardando un año en conceder este tipo de rentas. Tampoco se entiende que no refuercen el cuarto pilar del Estado del bienestar, los servicios sociales, con una ya harto reclamada ley estatal que garantice esa igualdad en las rentas mínimas de la que hablamos. Ustedes ahora, cuando más se necesita, hacen lo contrario, poniendo en riesgo su sostenibilidad y su pertinencia, porque si el Gobierno retira la financiación estatal, como amenaza a las comunidades autónomas, estas anuncian que sin presupuesto adicional no pueden financiar el sistema. Los municipios no tienen obligación de prestar el servicio. Entonces, ¿quién va a financiar a partir de ahora el sistema público de servicios sociales? Por otra parte, las ayudas económicas de especial necesidad y emergencia social también se están viendo seriamente recortadas en muchos municipios gobernados por ustedes.

Nosotros hemos presentado durante esta legislatura una batería muy grande de mejoras que podrían ayudar a una PNL como la que usted nos presenta hoy. Hace ya más de un año -la registramos en diciembre de 2011- presentamos una proposición de ley relativa a la dación de pago y a la protección de las personas físicas insolventes. Para que se hagan una idea de la importancia que para nosotros tenía esta propuesta, fue la primera iniciativa que mi partido presentó en el Congreso; fue la primera proposición de ley sobre este tema que se presentó en esta legislatura en el Congreso. Ustedes votaron en contra. Propusimos una PNL para la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Hablamos de ayuda a las familias, de guarderías públicas, de cuidar nuestra educación y sanidad públicas. Hemos instado al Gobierno a presentar un plan integral de apoyo a la conciliación y la ampliación del permiso intransferible de paternidad. Estamos esperando esa ley de custodia compartida que ustedes anunciaron y que ya se retrasa tres meses. Hemos trabajado en una proposición no de ley para la promulgación de una ley estatal de servicios sociales, de garantía de derechos, universal y de calidad. Hemos promovido el contrato único y universal para que millones de españoles dejen de encadenar una y otra vez contratos precarios. Pero, ¿saben lo que es peor? Que no creo que a nadie le sorprenda la propuesta que nos traen hoy aquí. El Partido Popular y el Partido Socialista, los dos partidos que gobernaron este país en una época de bonanza -de bonanza ficticia, debo añadir-, cuando era fácil hacerlo, fracasaron estrepitosamente. ¿Quién iba a esperar que ahora, cuando es difícil, cuando se nos exige más, vayan a hacerlo de forma diferente? Todo de lo que estamos hablando ahora son parches; son parches necesarios, pero que están fallando. Como es obvio, señores del Grupo Parlamentario Popular, la solución es crear empleo y generar riqueza. No


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tenemos un presidente capaz de contarnos un relato creíble, que diagnostique los problemas que tenemos en este país y que nos presente soluciones. No hay un Gobierno capaz de generar competitividad de otra forma que no sea la de abaratar y precarizar el empleo. Al contrario que otros países, ustedes desprecian la I+D+i necesaria para ampliar nuestras fuentes de empleo y de riqueza. No saben luchar contra el fraude más que con un ministro que trampea datos y amenaza a todos los sectores pero que no es capaz de dotar a la Agencia Tributaria de los medios necesarios para hacer su trabajo. No son capaces de garantizar la independencia y la transparencia de los controles que generen seguridad jurídica y que animen a los inversores. Sus reformas en el empleo solo sirven para empeorar el drama. No bajan el gasto en el sentido que tantas veces les hemos pedido, el del despilfarro, allí donde colocan a tantos de los suyos. En fin, para nosotros está claro que nos espera una dura travesía con ustedes al mando. No esperamos soluciones al problema fundamental, que es cómo salir de la dramática situación en la que está nuestro país, en la que vivimos. Señores del Grupo Parlamentario Popular, en muy poco tiempo -y lamento decir esto- nos han demostrado que son más de lo mismo, pero, por favor, les rogamos encarecidamente que no sigan destrozando los pocos salvavidas con los que contamos, los pocos salvavidas que nos quedan para ayudar a las ya muy maltratadas familias españolas.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy nos presenta aquí el Grupo Parlamentario Popular una proposición no de ley para instar al Gobierno a elaborar un plan integral de apoyo a las familias. Este plan integral de apoyo a las familias es un anuncio que ha hecho la ministra en reiteradas ocasiones; recientemente lo hizo en su última comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y también se debatió una iniciativa muy similar a esta en el Senado hace exactamente un año. En Convergència i Unió compartimos muchos de los argumentos que ustedes ponen en la exposición de motivos. Ustedes dicen que la familia es el eje de nuestra sociedad, su institución más importante, el máximo exponente de cohesión social, la principal fuente de confianza y la máxima expresión de solidaridad. Nosotros también decimos que una sociedad es más fuerte cuanto más fuertes son sus familias. La familia es una escuela de transmisión de valores, de respeto y de solidaridad. Es la célula básica de nuestra sociedad y, sobre todo, es motor y garantía del bienestar social. También es un núcleo de solidaridad intergeneracional. Desgraciadamente hasta ahora ni los gobiernos del Partido Socialista ni los del Partido Popular se han destacado precisamente por la protección a las familias.

Si observamos las diferentes tablas comparativas sobre las políticas familiares de los diferentes países de la Unión Europea, siempre estamos a la cola. No ahora, que quizás sería más comprensible en un contexto de crisis, sino de siempre. Las políticas familiares han sido la asignatura pendiente de nuestro país y esta falta de política familiar nos ha pasado factura en mayor medida que a otros países de la Unión Europea que en estos momentos también están sufriendo esta grave crisis económica. Algunos Estados están saliendo o soportando mejor esta crisis gracias a haber tenido y mantenido durante años políticas de ayuda a la familia. Esto lo dice un estudio elaborado por la Universidad Pompeu Fabra y la Obra Social "la Caixa" que compara Irlanda con el Estado español. Son dos Estados muy afectados por la crisis económica, pero comparando los datos de pobreza, en Irlanda es inferior precisamente por haber tenido durante años y mantenido ahora estas políticas de apoyo a las familias. Los últimos datos publicados por la OCDE sobre el gasto público por familia en porcentajes del PIB sitúan a España en el 1,6%, cifra que queda muy por debajo del 2,2% de la media europea. Con este 1,6% de gasto familiar sobre el PIB, España se ubica más cerca de los países que destinan las menores ayudas a las familias, como Chipre o Malta, que de los países avanzados. Concretamente, España se aleja un 56,8% del gasto público que destinan a las familias países como Francia, Reino Unido o Dinamarca. Convergència i Unió ha presentado a esta proposición no de ley una enmienda de modificación porque entendemos que las competencias en políticas de soporte a las familias son mayoritariamente de las comunidades autónomas, pero el Estado tiene la obligación de colaborar con recursos y con medidas fiscales y de Seguridad Social. Esto es lo que pedimos en nuestra enmienda, que prioricen estas ayudas, que las tengan en cuenta y vayan con la dotación correspondiente.

En nuestro programa electoral y muchas veces en este hemiciclo hemos hecho propuestas de ayuda a las familias desde nuestro partido, desde Convergència i Unió. Hablaba hace un momento la diputada


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del Grupo Parlamentario Popular, la señora Camarero, de este plan integral, cuyo contenido desconocemos. Hoy vamos a votar aquí que se haga un plan integral de ayuda a las familias, pero esperamos que la señora ministra nos presente primero su contenido en el Parlamento para que podamos opinar. Y decía la señora Camarero que una de las medidas que va a contemplar es el tema de la conciliación laboral. Quiero recordar que para nosotros este no es un asunto menor, lo llevábamos en el programa electoral y siempre lo hemos defendido. De hecho, Convergència i Unió impulsó la creación de esta subcomisión que ahora está trabajando dentro de la Comisión de Igualdad para la racionalización de los horarios y la conciliación de la vida personal y familiar, y esperamos que este plan pueda tener en cuenta los resultados de esta subcomisión.

Señorías, a Convergència i Unió le preocuparía mucho que este plan no saliera acompañado de unas partidas presupuestarias suficientes, de unas partidas que puedan suponer un incremento del gasto por parte de las administraciones territoriales, que son las que día a día están haciendo frente a las ayudas y preocupaciones de las familias. Nos preocuparía que se produjeran expectativas que después no se pudieran cumplir, como para nosotros es el fracaso de la Ley de Dependencia, ejemplo claro de lo que no puede volver a ocurrir. No podemos volver a cometer los mismos errores del pasado, señorías; no podemos establecer programas o políticas sin tener clara su financiación a corto, medio y largo plazo.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que ir acabando.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Por eso insistimos en que este plan debe ir prioritariamente orientado -porque son competencias del Estado y desde su Gobierno pueden hacer mucho- a las políticas fiscales y de seguridad social, seguido de modificaciones normativas sobre familias numerosas, planes de vivienda, etcétera, y sobre todo ayudar a las comunidades autónomas y al resto de las administraciones, que son las que día a día están haciendo frente a estos gastos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Aguilar.

La señora AGUILAR RIVERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la verdad es que no me causa extrañeza que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular se haya pasado la mayor parte del tiempo hablando del Plan estratégico de infancia y adolescencia y criticando al Partido Socialista, porque lo cierto y verdad es que a lo que hoy nos convoca aquí el Grupo Parlamentario Popular es a un ejercicio de hipocresía política, ya que nada propone en la proposición no de ley que presenta ante esta Cámara. Digo esto, señoría, porque lo que está planteando el Grupo Parlamentario Popular es idéntico, exactamente igual a lo que comprometió la ministra hace más de catorce meses en la comparecencia que hizo el 1 de febrero de 2012 en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Si quieren, instemos al Gobierno a que haga lo que se supone que ya está haciendo, según manifestó en su segunda comparecencia en el Parlamento la ministra. Solo ha hecho dos comparecencias: en la primera se comprometió y en la segunda, porque había pasado un año, dijo que es que estaba haciendo este plan. Si lo está haciendo ya el Gobierno, si la ministra no ha faltado a la verdad en el Parlamento, ¿por qué nos propone esto el Grupo Parlamentario Popular?, porque no deja de ser sorprendente. Podemos pensar, haciendo un esfuerzo, que no se fían de la ministra y quieren con esta proposición decirle que está tardando demasiado o que le quieren tapar la vergüenza política de que hayan pasado catorce meses, con 1.833.700 hogares en los que no entra ningún ingreso, y que no haya hecho todavía ni una sola propuesta.

Por otra parte, es lamentable pero cierto cómo ha planteado el Grupo Parlamentario Popular la exposición de motivos. Parten del análisis y perspectiva sobre exclusión y desarrollo social presentado por Cáritas y redactan la exposición de motivos como si quienes están gobernando, es decir el Partido Popular, nada tuvieran que ver con la cifra que aparece en ese análisis que Cáritas ha presentado. Señalan que el año pasado -cuando gobernaba el Partido Popular- hubo 580.000 familias que no tuvieron ningún ingreso y que el 22% de los hogares españoles se encuentran por debajo del umbral de la pobreza; que esto está afectando a menores, a jóvenes, a personas dependientes, a los mayores, a las mujeres. Es decir, el Grupo Popular presenta una proposición no de ley que no dice nada y además hace una exposición de motivos como si con ellos no fuera esa situación y como si no tuvieran en esa situación ninguna responsabilidad, cuando hay que decir que las culpables son justamente las políticas de derechas, las


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políticas que está practicando el Partido Popular, sus recortes brutales en sanidad, en educación, en servicios sociales. Por cierto, decía desde esta tribuna la portavoz del Grupo Popular: Para nosotros esta iniciativa es trascendental porque lo más importante es la familia. Y en los presupuestos generales de 2012 y 2013 le han quitado el 53% al programa de familias y de infancia, lo que pone de manifiesto lo trascendental e importante que es la familia para el Partido Popular. Además de eso, están desmantelando la dependencia, los prepagos, copados, repagos, la reforma laboral, las restricciones en el Plan Prepara, los impuestos. Todo eso, toda la política del Partido Popular está impactando y empeorando cada día la vida de más familias, que son expulsadas a la pobreza y a la exclusión social. Son las políticas del Partido Popular las que están golpeando y generando más pobreza, más paro, más exclusión, más sufrimiento. El plan, señorías, el que necesita de verdad la ciudadanía, las familias que están en este momento en la pobreza, debería incluir la revocación de las decisiones que ustedes, con su mayor vía absoluta, señores del Partido Popular, han adoptado. De ahí que en uno de los apartados de nuestra enmienda lo propongamos. El Grupo Parlamentario Socialista también considera que la pobreza y la exclusión están alcanzando cifras de emergencia social: 6 millones de parados, el 26,02%; uno de cada cuatro hogares tiene enormes dificultades para llegar a final de mes, y 2.300.000 niños y niñas en el umbral de la pobreza. Por eso entendemos que la situación necesita una respuesta rápida, inmediata y eficaz; que las familias sientan que les respondemos y que son de verdad para nosotros una prioridad. En nuestra enmienda proponemos a la Cámara la creación de un fondo de emergencia contra la pobreza de 1.000 millones de euros; pero he de decirles que como entendemos que lo más constructivo y positivo para las familias que están en la pobreza es el diálogo y el acuerdo, nosotros estamos dispuestos a que todos los grupos parlamentarios aprobemos la creación de un fondo de emergencia y nos pongamos de acuerdo en cantidad y en forma y manera de realizarlo con las comunidades autónomas, las entidades locales y las organizaciones del tercer sector para dar la máxima eficacia y utilidad a ese fondo. El acuerdo efectivamente es lo deseable, pero el acuerdo comprometido.

El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, tiene que terminar.

La señora AGUILAR RIVERO: Voy a terminar, señor presidente, rápidamente.

Un acuerdo comprometido con contenido y con recursos económicos, tal y como está planteando no solo mi grupo parlamentario sino también el resto de grupos parlamentarios que han enmendado esta proposición no de ley.

Concluyo, señor presidente, planteando también una cuestión que nos parece esencial y es que, llegado este momento, se hace imprescindible que el Partido Popular aclare si cuando habla de familia se refiere a todos los modelos de familia. Subrayo esto porque cada vez que hablan los dirigentes del Partido Popular, los miembros del Gobierno del Partido Popular, están excluyendo a una parte de las familias españolas.

El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, tiene que acabar.

La señora AGUILAR RIVERO: Termino, señor presidente.

El Partido Popular está anunciando pasos con los que excluye a gran parte de las familias españolas y queremos de una vez por todas que esto se aclare. Señoría, hasta ahora -y termino, señor Presidente- no proponen absolutamente nada porque quieren que instemos al Gobierno a hacer lo que el Gobierno ya está haciendo. Si hay voluntad política y no tienen la voluntad...

El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, tiene que acabar indefectiblemente.

La señora AGUILAR RIVERO: ...de usar indebidamente a quienes hoy están en nuestra sociedad en la pobreza, vamos a aprobar con compromiso el fondo de emergencia.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aguilar.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto tiene la palabra en primer lugar el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero empezar mi discurso con un recuerdo para José Luis Sampedro, un hombre sencillo, culto, honesto y comprometido que abogó por una economía más humana y más solidaria, capaz de contribuir


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a desarrollar la dignidad de los pueblos; justo lo contrario de lo que vemos habitualmente en este Parlamento.

Ciñéndome a la proposición del Partido Popular de un plan integral de ayuda a las familias, cuando he empezado a escribir el discurso no he podido evitar que me saliera una expresión coloquial pero muy expresiva: ¡Estoy flipando en colores! ¿Se puede tener más poca vergüenza, más desfachatez? Ustedes traen aquí una evanescente declaración de intenciones: un plan de ayuda a las familias. Brutal. Pero si el Gobierno del Partido Popular lleva un año y cuatro meses aplicando un plan integral de castigo sistemático las familias. El PP lleva dos presupuestos y más de treinta decretos-leyes propiciando el abandono, el desamparo, el perjuicio de las familias; dos presupuestos y más de treinta decretos-leyes que mortifican, golpean y hostigan a las familias. ¿No recuerdan? La reforma laboral, el copago sanitario, las tasas en justicia, los recortes en dependencia, la no revalorización de las pensiones, las subidas del IRPF y del IVA, el recorte de un 42% en el capítulo de familia e infancia en los presupuestos generales de 2012, por no decir que no han hecho nada con el tema de los desahucios, ni van a hacerlo. Ese ha sido su plan de ayuda a las familias. Pero ustedes no han dejado a todas las familias en la estacada. Ustedes sí que han ayudado a algunas familias. Han ayudado a la apreciada familia de los banqueros. Se han inyectado más de 55.000 millones de euros de dinero público para rescatar a los bancos. Han ayudado a la entrañable familia de los defraudadores con su amnistía fiscal, que encima de defraudar a todos solo han pagado por el dinero oculto una media del 1%. Han ayudado a la cercana familia de las empresas eléctricas -por cierto, la factura de la luz ha subido un 60% en los cinco años- y también han ayudado a la boyante familia de las empresas de armamentos. ¿Recuerdan su Real Decreto 26/2012, aprobando un crédito de 1.782 millones para pagar a los proveedores del carro de combate Leopard o del caza europeo Eurofighter? ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que encima ustedes se creen que la gente es tonta. Nos quieren tomar el pelo; pretenden hacer caridad con su plan de buenas intenciones y los ciudadanos queremos que nos devuelvan los derechos sociales que nos han robado con sus decretos.

Finalizo. Desde Compromís-Equo se lo decimos claro. ¿Quieren hacer un plan de ayuda a las familias? Es muy sencillo: deroguen la mayoría de los decretos-leyes que han aprobado y escuchen a la inmensa mayoría de las familias, escuchen a la inmensa mayoría de los ciudadanos y legislen para ellos y no para esas otras familias.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, esta proposición no de ley, viniendo de quien viene, no podemos calificarla, y por decirlo de una manera suave, más que de sarcasmo. Señora diputada, ustedes aluden en su exposición de motivos a un informe elaborado por la Fundación Foessa de Cáritas y escogen una serie de datos que figuran en ese informe, pero evidentemente obvian otras muchas cuestiones que ese informe plasma, que dicen efectivamente de dónde vienen muchos de los datos que ustedes reflejan en su exposición de motivos. Por ejemplo, ese informe dice textualmente que las medidas de contención del déficit público han supuesto un punto de inflexión en el acceso a los derechos sociales en España en el periodo democrático. Dice textualmente que las reformas sociales acometidas están teniendo efectos negativos en la protección de las personas más vulnerables. Habla de un nivel de desempleo histórico en el año 2012, y les recuerdo que en el año 2012 gobernaban ustedes, los señores y señoras del Partido Popular que ahora nos presentan la proposición no de ley. Dice también ese informe que en solo un año, en 2012, se perdieron 850.000 empleos, y habla también ese informe del aumento de la pobreza severa y del aumento de hogares sin ingresos. También dice el informe, cuestiones que ustedes siguen obviando, que en el año 2012 la reforma laboral que aprobó el Partido Popular introdujo medidas -cito textualmente- que han recortado sustancialmente la protección del puesto de trabajo, como la mayor facilidad para el despido objetivo y el menor coste del despido no justificado. Estas medidas -dice el informe- han contribuido a elevar el riesgo de desempleo. En fin, dice muchas cuestiones más y ustedes no pueden venir aquí a traer una proposición no de ley como si pasarán por aquí y no tuvieran ninguna responsabilidad ni nada que ver en la situación de las familias en este momento en el Estado español. Ustedes son precisamente los verdaderos culpables de que la inmensa mayoría de familias de este país -no todas evidentemente, como antes dijeron otros portavoces- estén padeciendo el drama que padecen. Ustedes, señoras y señores del Partido Popular, si quieren poner en marcha un verdadero plan de apoyo a la familia hagan


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un verdadero plan de empleo para el más del 55% de paro juvenil que hay en el Estado español y para el más de un 26% de paro que hay en general. Hagan ese plan de empleo y solucionarán, si es efectivo y ponen partidas presupuestarias, los problemas actuales de muchas familias. En todo caso muchos de los derechos que se nos han venido recortando a las familias dentro del Estado español proceden de su propio Gobierno, del Gobierno que sustenta el mismo grupo parlamentario que hoy nos trae esta proposición no de ley.

Concluyo. Es un sarcasmo, un auténtico sarcasmo que después de recortar absolutamente en sanidad, después de que hayan desmantelado totalmente el sistema de dependencia, vengan ustedes a pedir ahora coordinación con las comunidades autónomas. El Gobierno central elabora el plan y luego se limita a coordinarse con las comunidades autónomas.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Término, señor presidente. Pongan ustedes números encima de la mesa y hablen de partidas presupuestarias porque evidentemente quienes tienen la mayor parte de las competencias en este apartado son las comunidades autónomas. Dótenlas ustedes de los recursos que les han quitado hasta ahora y se convertirán en un verdadero apoyo para las familias en este país.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señora Camarero, para acabar su discurso con una expresión como ustedes acostumbran quizá le sobraban determinadas reflexiones apologéticas sobre las políticas de su Gobierno y determinadas críticas, no todas justas, respecto de los que les han precedido en la gobernabilidad.

El tema de la familia o de las políticas familiaristas, incluso de las políticas natalistas es una asignatura pendiente. Nadie las ha articulado todavía, ningún Gobierno que yo conozca, correctamente, e incluso han sido estigmatizadas al considerarse conservadoras, ignorando la circunstancia de que son hijas de las democracias cristianas, de los partidos socialdemócratas de los países escandinavos. Desde esa perspectiva nos encontramos con muchos problemas que no contribuyen a resolver el carácter evanescente que ha sido citado en el pedimento de la parte dispositiva de su proposición. Cuando usted nos dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno en el ámbito de sus competencias a elaborar un plan integral de apoyo a las familias es muy difícil decirle que no; lo que intentamos saber es en qué consiste ese plan integral. Aquí ha salido de todo. Menos la reforma del Código Penal, la Ley orgánica del Poder Judicial y la Ley de Montes han salido todo tipo de temas, todos los que constituyen la actividad diaria de los debates políticos que conforman nuestro quehacer; aquí se ha hablado de la Ley de Dependencia, de la protección de las mujeres embarazadas, de los desahucios... Por cierto, cuestión bonita en tanto en cuanto va a ser difícil cumplir con los requerimientos de la sentencia del Tribunal Europeo si no se modifica el procedimiento ejecutivo, sin posibilidad de oposición, y se transforma en uno declarativo, pero es un obiter dicta que le lanzo. Se ha hablado de la reforma laboral... En fin, si se concreta tan poco al final se suscitan debates de naturaleza universal o cuasi universal. A mí me interesan las políticas familiaristas, pero tal como están concebidas en otros países. Por eso vamos a votar que sí, vamos a presumir la buena intención de su grupo parlamentario a la hora de configurar algo que necesitamos saber en qué va a consistir, en qué se va a concretar, si va a respetar las competencias autonómicas y si va a tener dotaciones presupuestarias suficientes.

Lo que le digo se incardina en determinadas reflexiones hechas por el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, y algunos portavoces de su partido, quejándose amargamente de que la focalización mediática sobre los problemas de corrupción están provocando que dicha focalización no se dirija a lo que él entiende como grandes desvelos por mejorar la situación económica o por resolver los problemas dimanantes de la crisis económica. No sé qué es mejor en materia de focalización mediática, porque si analizamos los problemas atinentes a la situación económica y nos encontramos con 6 millones de desempleados, con 11 millones de pobres, con 3 millones de personas en una situación de pobreza extrema, con 10 puntos de incremento de exclusión social, con una suspensión de la Ley de Dependencia, y seguimos analizando lo que ustedes informan en la exposición de motivos de forma crítica, o autocrítica se podría incluso decir, que es el informe de Cáritas sobre el análisis de perspectiva sobre exclusión y desarrollo, donde se estima que hay 580.000 familias que no tuvieron ningún tipo de ingreso económico,


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y a eso añadimos 1.800.000 familias de las cuales todos sus componentes están desempleados, nos encontramos con un problema que no requiere ni reproches a los anteriores ni seguramente reflexiones apologéticas sobre ustedes, sobre los que están gobernando ahora, sino invocaciones al consenso, que es lo que yo humildemente le pediría. Y en ese consenso estamos dispuestos a participar. Estamos dispuestos a participar porque esto no es una cuestión de planteamiento, de diatribas políticas o de dialécticas estériles, que no conducen a nada. Debemos hablar de resultados y yo no sé aún qué van a incorporar a este plan integral, señora Camarero. Usted ha dicho algunas cosas: protección de las madres embarazadas, protección contra los desahucios... Otras personas han dicho otras cosas. Mire, sobre inconcreciones es muy difícil concretar y es muy difícil debatir. Señora Camarero, yo le pediría concreción y quién lo va a presentar, si ustedes, el grupo parlamentario, o la ministra va a presentar este plan integral y cuál va a ser su contenido. Pero tiene que ser un plan familiarista. Ya tenemos la legislación hipotecaria, la Ley de Enjuiciamiento Civil para los problemas de los desahucios. Ya tenemos otras legislaciones u otras leyes para atender a otros requerimientos o que dimanan de la situación de pobreza creciente que afecta al Estado español. Desde esa perspectiva las políticas familiaristas deben partir de un doble presupuesto -ya se le ha comentado-: a todas las unidades familiares cualquiera que sea su configuración jurídica -hay familias numerosas que tienen necesidades específicas; hay familias monoparentales; hay familias conformadas por parejas homosexuales; hay familias, parejas de hecho, inscritas o no inscritas en los registros públicos creados al efecto; todas las familias. Y en segundo lugar, el segundo requerimiento, señora Camarero, que yo le pediría que lo atienda con consideración porque en este ámbito podemos proceder a realizar un salto ideológico terriblemente preocupante: no podemos transformar a la familia en el sustituto o en la institución sustitutoria de las competencias o de las obligaciones que la Constitución y el ordenamiento jurídico atribuyen a los poderes públicos del Estado. Y ya tenemos un ejemplo que vamos a debatir el próximo jueves, el real decreto-ley relativo a la protección de la prestación de desempleo de los mayores de cincuenta y cinco años, en donde la familia se convierte en un instrumento de sustitución de obligaciones que corresponden a los poderes públicos del Estado, al sistema público de pensiones. Desde esa perspectiva, ese salto ideológico nosotros no estamos dispuestos a compartirlo. De verdad, señora Camarero, con el respeto que sabe que le profeso, me gustaría escuchar de su boca que ustedes tampoco están dispuestos a dar ese salto ideológico.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, yo por un momento, cuando leí esta iniciativa parlamentaria, pensé que nos referíamos a la familia que está de moda en este país, a la Familia Real. Pero veo que no; aunque me parece la iniciativa más coherente desde el Grupo Parlamentario Popular. Veo que estamos ante un raro proceso, es una rara avis parlamentaria de impulso al Gobierno, yo diría mejor que es el incienso al Gobierno. Un incienso al Gobierno que el Grupo Parlamentario Popular hace de vez en cuando proponiéndole al Gobierno iniciativas que ya pensaba hacer o que está en trámite de hacer. Pero en este caso ese incienso es un escarnio, señorías. Porque así como se dice, cuando no se quiere hacer algo, que se crea una comisión, en los últimos tiempos, cuando se hace lo contrario de lo que se dice, se crea un plan o se promueve un plan.

Señorías, ni un plan de pobreza ni un plan de familia; ustedes no pueden presentar esa iniciativa en esta Cámara sin que se les caiga la cara de vergüenza, porque precisamente es su política económica, la que han puesto en marcha en este país, la política de austeridad, de recortes, de reformas entendidas como contrarreformas, la que está provocando un incremento de la pobreza y de la desigualdad. ¡Se lo dicen todos los informes! Todos los informes, no solamente el de Cáritas, todos los informes les dicen que esa política de austeridad aumenta el desempleo masivo, deprime la economía, y además aumenta también la pobreza y la desigualdad. Señorías, por tanto lo que tendrían que hacer no es un plan integral para la familia. Ni siquiera un plan integral contra la pobreza. Lo que tienen que hacer, en opinión de mi grupo parlamentario, es cambiar su política, cambiar radicalmente su política. No tiene sentido mantener este tipo de política de austeridad y al mismo tiempo hablar de planes integrales de apoyo a la familia o de planes contra la pobreza, porque sus políticas de austeridad no solamente dan como resultado desempleo y desigualdad, sino que si hacemos una revisión de las principales políticas que afectan a la pobreza, incluso a la pobreza severa, nos damos cuenta de que no son las prioridades del Gobierno.


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En primer lugar, el empleo. Señores del Partido Popular, ustedes no se pueden presentar aquí como los adalides del empleo, porque sus resultados son catastróficos en materia de empleo. Lo son hoy y lo van a ser en los próximos meses de continuar con esta política. Por tanto, esa política de pobreza activa, que es la que ustedes están promoviendo, sigue adelante con consecuencias no solamente salariales, sino laborales, muy graves.

Por otra parte, en materia de política social, señores del Partido Popular, ustedes redujeron en el año 2012 el 16% la política de familia; en el año 2013 en un 37%. ¿Cómo es posible presentar un plan con ese balance? No es posible. Si nos fijamos en el plan concertado llevan ustedes un recorte del 40% más el 40%, y si nos fijamos en otras medidas de carácter social la conclusión es la misma. Las políticas antisociales del Gobierno favorecen la pobreza y debilitan a las familias. Esa es la conclusión que nosotros sacamos.

Por tanto, ¿qué apoyaríamos nosotros? Nosotros no apoyamos un nuevo plan, y mucho menos un plan integral que supone un escarnio para los que están sufriendo las consecuencias de la crisis y del ajuste. Lo que sí apoyaríamos sería una reconsideración del Partido Popular de su política de austeridad, de su austericidio. También apoyaríamos una reconsideración del Partido Popular de las políticas sociales, es decir, que recuperara el papel de las políticas sociales en los Presupuestos Generales del Estado para el mismo año 2013 o para 2014. Y apoyaríamos, sí, un plan, el plan contra la pobreza que está pendiente desde el periodo 2008-2010. Eso es lo que tienen que hacer, señorías, y dejarse de incienso, pero sobre todo dejarse de demagogia. ¿Saben lo que es demagogia? Demagogia es presentar con grandes palabras cosas cicateras, y es lo que presentan ustedes hoy aquí.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Señora Camarero, parece que van a hacer una transaccional que presentarán aquí.

La señora CAMARERO BENÍTEZ: Estamos trabajando en la transaccional. Se lo diremos al final.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL AVANCE DEL DÉFICIT PÚBLICO DEL EJERCICIO 2012. (Número de expediente 173/000070).

El señor PRESIDENTE: Vamos ahora ya con las mociones. En primer lugar, corresponde debatir la del Grupo Socialista sobre las actuaciones del Gobierno en relación con el avance del déficit del ejercicio 2012.

Para su defensa tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).

Defendemos hoy una moción consecuencia de interpelación urgente referida a los datos de déficit del año 2012 presentados por el ministro Montoro. En esta moción proponemos una serie de medidas para poner un poco de cordura, de orden y de justicia en la caótica política social que está llevando a cabo este Gobierno y en especial el señor Montoro, y además, si es posible, recuperar la credibilidad en la gestión pública de nuestro país, tan dañada fundamentalmente por los últimos acontecimientos acaecidos con la cifra de déficit que ha aportado el señor Montoro. Por ello en esta moción solicitamos, entre otras cosas, alargar la senda de consolidación fiscal -ya han explicado en el anterior punto por qué motivos- para no ahogar más a los ciudadanos. Parece que el señor Rajoy empieza a atisbar que quizá tenga que cambiar un poquito y tenga que ir por esta línea -esperemos que acabe concluyendo que sí-. Nosotros pedimos también que pongan en marcha la oficina presupuestaria o una entidad fiscal -lo que les parezca- para que podamos controlar la ejecución de los ingresos y los gastos, y no volvamos a dar el espectáculo que hemos dado en Europa con los datos del déficit. Pedimos también que se aprueben medidas serias para luchar contra el fraude fiscal, que se aumenten los recursos de la Agencia Tributaria en vez de recortarlos, como se ha hecho en los dos últimos años y que estemos al nivel de la Unión Europea en estos recursos. Desde luego planteamos todas estas medidas a sabiendas de que el grupo


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que apoya al Gobierno no admitirá esta moción, porque ya no cabe el acuerdo en este grupo; han igualado la mayoría absoluta con la prepotencia.

El señor Montoro respondió a la interpelación como mejor sabe hacer él: descalificando a su interpelante con falacias ad hominem -domina casi todos los tipos de falacias el señor Montoro-. Al señor Montoro le molestó sobremanera que le pusieran al descubierto las burdas manipulaciones que empleó para alcanzar una cifra de déficit con la que se comprometió, porque le iba mucho en ello. Para disimular su fracaso el ministro Montoro aplazó a 2013 la devolución de impuestos que debió hacer en 2012, jugando con el dinero de las empresas, con la liquidez de las empresas, y contabilizó como ingresos de 2012 lo que eran anticipos de 2013. Se le pusieron al descubierto todas esas trampas y después vino a certificarlas Europa, en un momento en que la credibilidad de nuestro país es indispensable. Eurostat se lo dejó claro: el criterio para el cálculo es el del devengo, para que ustedes no puedan retrasar las devoluciones. Y en ese sentido la cifra de déficit no es la que nos anticipó el señor Montoro, 6,7%. Además, aplaudiéndose a sí mismo -que también lo hace muy bien-, dijo que si cambiaba era para bajar. Pues, no, señor Montoro -díganselo-, fue para que tuvieran que corregirla y era del 6,98%, sin contar las ayudas a la banca. Pero las ayudas a la banca hay que contarlas porque son deuda y contabilizan para el cálculo del déficit, igual que contabilizó en 2011.

En 2011 la cifra de déficit, que alarmó tanto al Partido Popular -imagínense cómo tienen que estar de alarmados ahora- fue del 9,4% con ayudas a la banca, y ahora la de 2012 es cercana al 11% con ayudas a la banca. Con una diferencia, la cifra de déficit de 2011 se debió fundamentalmente a las comunidades autónomas -la mayor desviación estuvo en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, incluida alguna que también se le olvidó, nada más y nada menos que 1.000 millones de euros, a la Comunidad de Madrid-. Ocultó ese dato inicialmente para marcarse el farol de que había cumplido -esto debe ser marca de la casa-. Sin embargo el de 2012 se ha desviado mucho más y ha sido debido a la Administración central, justo la que es responsabilidad del ministro Montoro. Hoy, después de una política de recortes y de mentiras -se lo han estado diciendo todos los grupos en el anterior punto-, la situación económica de nuestro país es mucho peor que la de 2011, mucho peor. Además el déficit, que ha sido la obsesión de este Gobierno, también es peor que el de 2011.

Después de los brutales recortes en derechos sociales, de aprobar una vergonzosa amnistía fiscal, después en definitiva de empobrecer a nuestro país, de regalar impuestos a los defraudadores, han logrado empeorar todos los indicadores económicos, absolutamente todos -les han dicho algunos antes-: desempleo, prima de riesgo, deuda pública, exportaciones, decrecimiento de la economía, consumo, todo. Digan algún dato económico que hayan mejorado. (Rumores). No haga gestos, dígalo cuando suba aquí. Lo único que han conseguido ha sido contentar a los defraudadores, hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Señora Camarero, es que ahora los estamos convirtiendo en tan pobres que en este país ya se pasa hambre. A más a más han logrado una gran desconfianza en las instituciones de nuestro país. Los hombres de negro comenzaron a llegar cuando llegó el Partido Popular al Gobierno, y saben que tienen que seguir viniendo porque han comprobado que tienen que vigilarles de cerca porque hacen trampas. El Gobierno del PP está dañando gravemente la credibilidad de nuestro país. Por ejemplo, en el exterior, si leen la prensa, ya no distinguen muy bien si la corrupción está en el Gobierno del PP o está en el PP, pero el Gobierno no la denuncia; no se aclaran muy bien si un tal Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal para legalizar el dinero negro del PP o bien el PP aprobó una amnistía fiscal para que un tal Bárcenas legalizara ese dinero negro. En fin. Ahora además descubre Europa que se hacen trampas para presentar las cifras de déficit a Bruselas, que es una cifra de déficit amañada.

Creemos, por todo esto que he estado diciendo, que el señor Montoro no debe seguir ya al frente del Ministerio de Hacienda; ha fracasado; tiene que irse porque descalifica, porque hace trampas en las cuentas públicas, porque perdona a los defraudadores, porque entorpece el trabajo de los inspectores, porque con falacias ad baculum ahora -porque las domina casi todas, como he dicho- amenaza con destapar datos fiscales a artistas, a políticos, a deportistas, a todo aquel que le lleve la contraria. El señor Montoro debe abandonar ya el ministerio porque ha fracasado, ha demostrado su incapacidad dentro y fuera del país.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Vázquez, debe terminar.


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La señora VÁZQUEZ MORILLO: Termino ya.

Si es posible, les pediría que si lo echan del ministerio, no le dejen volver a la universidad para que no les enseñe a los alumnos sus tácticas. Mejor que se quede sentadito ahí en el escaño y que utilice solo el dedo cuando se lo indiquen.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Vázquez.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene por el Grupo de Unión Progreso y Democracia el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señora presidenta.

La moción del Partido Socialista nos obliga a escribir un nuevo capítulo en una larga historia, una historia que ya se está convirtiendo en un clásico de esta X Legislatura, que son los graves errores del ministro de Hacienda, los graves errores del señor Montoro. El último de ellos, el último estropicio ha sido nada más y nada menos que maquillar burdamente la cifra de déficit público. Sé que es una expresión dura, pero la utilizo conscientemente: maquillar burdamente la cifra de déficit público. Todos los organismos internacionales -el Fondo Monetario- tenían claro que el déficit era más o menos el 7% del PIB más 3 puntos por el rescate a la banca, y el señor Montoro decidió lucirse y decidió rebajar esa cifra al 6,74% del PIB. Por cierto, todavía resuenan en esta Cámara los ecos de los aplausos del Partido Popular o el anuncio del presidente del Gobierno de esa cifra: el 6,74% del déficit.

Lo que ha sucedido era previsible. Mi partido, desde su modestia, el 8 marzo emitió una nota de prensa donde señalábamos una serie de cuestiones sorprendentes, como que en diciembre de 2012 los ingresos públicos habían aumentado ni más ni menos que un 53%, como que las devoluciones en el año 2012 habían caído en casi 4.000 millones cuando normalmente tendrían que haber aumentado, porque hay más exportaciones y las exportaciones salen libres de IVA, lo que implica más devoluciones, o no han aumentado los beneficios de las empresas y los pagos a cuenta del impuesto de sociedades se devuelven. Bien, pues cuando había motivos para que aumentasen, habían disminuido fuertemente. La respuesta del ministro de Hacienda ustedes la vivieron en directo; con un tono un tanto desabrido que le caracteriza dijo que había menos peticiones de devolución -lo que es directamente falso-, que Eurostat nunca había corregido la cifra de déficit de España y que nunca la iba a corregir, y que si acaso la corregía sería a la baja, y que se sentía ofendido de que se pusiesen en cuestión esas cifras. El resultado también está a la vista, el resultado ha sido que Eurostat por primera vez en nuestra historia ha revisado las cifras de déficit público de España, y es que había pistas importantes para ello. Aparte de los datos que antes he comentado, se publicaron unos días después del anuncio de la cifra de déficit los datos de devoluciones del mes de enero de 2013, que curiosamente aumentaron un 82%, es decir, todas esas devoluciones que estaban retenidas para maquillar la cifra de 2012 de repente salieron de golpe en 2013. Por cierto, esto no es ninguna broma, porque esto implica que en los dos primeros meses de este año el déficit del Estado es ya del 2,22% del PIB, es decir que en dos meses hemos consumido para el Estado más de la mitad del objetivo para todo el año, que es el 3,8. Se maquilló el déficit de 2012 a cambio de engordar el de 2013; no es ninguna broma.

Para justificar lo sucedido el ministro recurrió a nuevas inexactitudes. Decía que Eurostat había cambiado la metodología y de nuevo se vio desmentido a las pocas horas, dado que esta metodología se basa en una directiva que existe desde hace muchos años. Todo esto no es ninguna anécdota, no son unas décimas de déficit, pone en duda la credibilidad de nuestras cifras una vez más, supone un abuso para las empresas que, teniendo poca liquidez, han visto esas devoluciones retenidas, y como acabo de comentar pone en peligro el déficit para 2013. Es pan para 2012 y hambre para 2013.

Esto se suma además a una lista ya muy larga de errores de señor Montoro, el programa electoral de bajada de impuestos, las fuertes subidas posteriores, la amnistía fiscal, hace unos días el depósito a la banca coincidiendo su anuncio con lo sucedido en Chipre, y dentro de unos días en el futuro la revisión de las previsiones macroeconómicas en que se basan los Presupuestos Generales del Estado. Muchos errores acumulados en un año y medio por el señor ministro de Hacienda.

Respecto al contenido de la moción del PSOE compartimos básicamente lo que proponen, estamos sustancialmente de acuerdo, y simplemente hemos introducido una enmienda porque nos ha dado la sensación de que en la moción se olvidaba bastante el sentido inicial de la interpelación, que tenía que ver con la revisión de las cifras de déficit. Por eso añadimos a sus propuestas una enmienda en el sentido de que el Instituto Nacional de Estadística elabore un informe para la Comisión de Presupuestos en que


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explique las causas de que Eurostat haya revisado por primera vez las cifras de déficit público de España, y proponga reformas para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. Independientemente de esta enmienda insisto en que compartimos las propuestas de la moción del PSOE que votaríamos favorablemente.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.

Me gustaría en esta ocasión comenzar esta intervención recordando la figura de José Luis Sampedro, un economista, filósofo y humanista cuyas reflexiones son especialmente interesantes y especialmente lúcidas. (Aplausos). Muchos economistas hemos aprendido verdaderamente el valor de la dignidad humana, el valor de la economía, y el valor real de nuestro papel en el mundo gracias a sus reflexiones. Por tanto creo que vamos a tener que seguir usando su trabajo el resto del tiempo, más aún en las condiciones en que nos encontramos actualmente. Y sobre esas condiciones versa la moción del Partido Socialista en la que en sus fundamentos estamos de acuerdo.

Hemos planteado una serie de enmiendas que subo a defender aquí, pero en las que en definitiva se pone en tela de juicio la política económica del Partido Popular, que es algo que venimos haciendo desde el inicio de la legislatura, desde el momento en que el Partido Popular decidió abrazar literalmente las políticas de recortes y de austeridad de la troika y de las instituciones supranacionales que no dejan títere con cabeza literalmente. De hecho, si quisiéramos hacer una imagen gráfica de cuál es la política económica del Partido Popular, yo más bien estaría viendo a unos ratones correr dentro de una rueda, de forma que finalmente nunca se alcanza el objetivo previsto, el objetivo oficial, pero que sí que es verdad que por el camino se destruyen muchas conquistas sociales.

Esta es la política de recortes del Partido Popular que recorta en aquellos elementos que precisamente estimulan el crecimiento económico, de modo que al término de un ciclo nos encontramos con mayor dificultad para seguir manteniendo el Estado del bienestar, con mayor dificultad para pagar la deuda pública. Es una cuestión lógica dentro de la teoría económica, sin embargo el Gobierno y las instituciones supranacionales están obcecados en continuar ese camino suicida, ese camino suicida que lleva a Chipre, lleva a Portugal, lleva a Eslovenia, lleva a Italia y nos lleva a nosotros desde luego, y realmente consideramos que hace falta rectificar y cambiar esa senda radicalmente. Ese es el sentido de algunas de las enmiendas que planteamos a la moción para aclarar algunos de los posicionamientos que el Partido Socialista había incluido en su moción original.

Añadimos otra que nos gustaría también destacar porque son enmiendas importantes sobre todo con respecto al fraude fiscal, cuestión que hemos tenido también oportunidad de debatir esta misma tarde. Cuando un Estado necesita ingresos para poder financiar su gasto, al final lo que no puede ocurrir es lo que ocurre en este país y en el resto de Europa, y es que sea solo una parte mayoritaria, pero la más desfavorecida, la que esté soportando el peso de sufragar los costes en sanidad, en educación y en prestaciones sociales, porque se ha permitido, tolerado y promovido que existan agujeros fiscales que permiten a los ricos, a los multimillonarios, a las grandes fortunas, a las grandes empresas evadir sus impuestos, y al final no ocurre absolutamente nada, al contrario, en vez de establecer una política de sanción y que persiga esa justicia social de la que siempre hizo gala José Luis Sampedro, el Gobierno se ha caracterizado por perdonar a los delincuentes fiscales, por darles garantías, por ayudarles, en definitiva, por perdonar el mayor delito, el delito que conduce al empobrecimiento de los servicios públicos y que, en última instancia, se concreta en la desposesión de derechos sociales y económicos a grandes sectores de la población que se quedan sin asistencia médica y sin derechos sociales que tanto tiempo costó conseguir. En este sentido, en una de las enmiendas hemos hecho una mención específica a la lista Falciani, una lista conseguida por métodos no regulares, no legales, pero que en última instancia viene a reflejar cómo estos multimillonarios, estas grandes personalidades, a veces del deporte o del espectáculo, han conseguido utilizar a los bancos legales de este país para evadir unos impuestos que han tenido una merma muy importante sobre los servicios públicos. Consideramos especialmente necesario que este Gobierno aproveche la circunstancia de que posee la lista Falciani, así como otras listas que han ido circulando en los últimos meses y años -y probablemente sigan sucediendo nuevas listas-, para publicar el nombre de estas personas y que la sociedad española vea también cómo este Gobierno se compromete con la justicia y los sanciona de forma efectiva. Esta es una de las posiciones que mantenemos en la


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moción. No obstante, seguimos negociando una transaccional para ver si finalmente nos sumamos a la aprobación o nos mantenemos en la abstención.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Garzón.

Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Gracias, presidenta.

Señorías, seguimos con atención el debate de la interpelación presentada por el Grupo Socialista y sobre la moción correspondiente nuestro grupo parlamentario ha presentado dos enmiendas. Compartimos en líneas generales el espíritu de la moción y hemos presentado estas dos enmiendas. Ahora me referiré a ellas, pero antes quisiera hacer también una serie de reflexiones.

Respecto a la primera de las dos enmiendas, la relativa a la flexibilización del déficit público y consiguiente necesaria distribución y reparto de la misma entre las comunidades autónomas, quiero hacer una consideración previa. Sus señorías conocen bien la posición de nuestro grupo respecto a la política económica y a la necesidad tanto de reconducir el déficit como de estimular la actividad económica y acelerar la reactivación. En este contexto crítico, difícil desde el punto de vista económico y difícil para nuestras finanzas públicas, sujetas a unas políticas muy restrictivas de contención del gasto, la posición de Europa respecto al cumplimiento del déficit público, si este se flexibiliza, podría contribuir y permitir también medidas de reactivación o una menor presión sobre el gasto público. En este sentido y respecto al punto primero que plantea la moción, estamos totalmente de acuerdo, y así lo hemos manifestado y defendido, en conseguir una flexibilización de la política de consolidación fiscal por parte de las instituciones europeas y que se reduzca el ritmo de reducción del déficit público sin perjudicar la capacidad de crecimiento. Sin embargo, es muy importante, es determinante y se debe precisar la distribución del objetivo de déficit entre el conjunto de las administraciones públicas, especialmente las comunidades autónomas, que destinan un 70% de su presupuesto a políticas sociales. En este sentido, hemos presentado nuestra enmienda para que se exponga claramente el objetivo de déficit que deben asumir las comunidades autónomas. Si se tiene en cuenta que el gasto autonómico no es inferior a un tercio del gasto total, un objetivo razonable para las comunidades sería una tercera parte del objetivo total.

En segundo lugar, hemos presentado una enmienda al apartado 6 de la moción. Compartimos, como lo hemos venido haciendo -hemos presentado varias iniciativas al respecto-, la lucha contra el fraude fiscal y la necesidad de más y mejores medios y procedimientos para que esta lucha sea efectiva. Respecto al tema del fraude fiscal, quisiera hacer dos breves consideraciones y comentar algunos datos. Según las conclusiones de un informe del CIS sobre opinión pública y fraude fiscal, un 80% de los españoles considera que en España los impuestos no se cobran en justicia y el 85% percibe que existe bastante o mucho fraude fiscal. Cabe mencionar que la lucha contra el fraude fiscal constituye uno de los objetivos prioritarios de la Agencia Tributaria. Desde Convergència i Unió a lo largo de esta legislatura -y antes- hemos defendido la necesidad de luchar contra el fraude fiscal y mejorar la seguridad jurídica del contribuyente. En este sentido, hemos remarcado la necesidad de combatir el fraude fiscal cometido tanto a gran escala y con tramas internacionales como el pequeño fraude fiscal. Presentamos, por tanto, esta segunda enmienda no solo por motivos competenciales y de responsabilidad, sino porque entendemos que para conseguir los objetivos de efectividad en la lucha contra el fraude fiscal es necesario e imprescindible aumentar la colaboración de las administraciones en materia tributaria. Por tanto, hemos presentado esta enmienda al apartado 6 de la moción porque consideramos que es necesario que se ponga a disposición de las administraciones tributarias de las comunidades autónomas la totalidad de las bases de datos relacionadas con la información tributaria de los contribuyentes con el fin de que puedan utilizar dicha información. No hay que olvidar que las administraciones tributarias autonómicas tienen la responsabilidad de luchar contra el fraude fiscal en los tributos que gestionan.

Presidenta, señorías, nuestro grupo parlamentario considera que para que el objetivo de lucha contra el fraude se cumpla es necesario que las administraciones tributarias autonómicas puedan compartir plenamente las bases de datos de la Agencia Tributaria y que puedan solicitar directamente información con finalidad tributaria a los diferentes organismos y entidades públicas o privadas de países extranjeros. Por ello, si queremos combatir el fraude fiscal, es necesaria una estrecha y eficaz coordinación y cooperación entre las distintas administraciones tributarias, ya que todas ellas tienen la responsabilidad de luchar contra el fraude fiscal de los tributos que gestionan. Estas son, presidenta, señorías, nuestras


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dos enmiendas a la moción presentada por el Grupo Socialista. Esperamos que puedan ser compartidas y aceptadas por este grupo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Riera.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Mixto la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, desde el Bloque Nacionalista Galego vamos a votar favorablemente la moción que presenta el Grupo Socialista. Lo vamos a hacer porque, más allá de la forma, somos partícipes del fondo de las propuestas que hoy nos presentan, entre otras razones, porque con ese fondo hemos presentado muchas iniciativas que hemos defendido en esta Cámara en los últimos años, fundamentalmente en el año 2012 y en el presente. Por eso, señorías, partiendo de la base de que cada día que pasa este Gobierno nos ofrece una actuación que nos obliga a seguir insistiendo en esas mismas propuestas y sobre todo nos obliga a pedirle más seriedad y rigor en la política que hace, evidentemente nuestro voto será favorable a esta moción, ya que desde nuestro punto de vista los puntos 1 y 2 son absolutamente razonables.

Estos últimos días el Gobierno una vez más nos ha deleitado con actuaciones que no solamente inciden en no hacer las cosas con seriedad y rigor, sino que incluso diríamos que actúan con una frivolidad que no solamente desprestigia la acción del Gobierno, sino que también genera desconfianza en el propio modelo económico que el Gobierno y el Grupo Popular acreditan y defienden poderosamente con sus políticas de Gobierno. Por ejemplo, las cuentas que presenta el Ministerio de Hacienda y, en definitiva, el Gobierno ante la Unión Europea en relación con el déficit del año 2012 son equiparables a quien copia en los exámenes para ver si cuela; el Gobierno presenta unas cuentas que evidentemente no casan con la realidad de lo que sería el déficit de acuerdo a lo que fueron las cuentas del año 2012. Señorías, esto no es serio, no es riguroso y comporta que desde Bruselas se haga un llamamiento a este mal hacer las cosas. Evidentemente, dado el retraso que el Gobierno tiene para devolver los IRPF pendientes, como es el caso, tiene que hacer un gasto excepcional cuando debe abonar el 5% de los intereses de esas devoluciones en las que se retrasa. Del mismo modo -esto tiene que ver en este caso con el punto número 1-, el Gobierno, el ministro Montoro, anuncia que se está negociando con la Unión Europea la flexibilidad del déficit para el año 2013 de manera que se pueda mejorar las cuentas del Estado y otra vez Bruselas dice que eso no es cierto y que no hay absolutamente ninguna negociación al respecto del Gobierno español con la Unión Europea. Por lo tanto, señorías, entendemos que nuestro apoyo a esta moción, y concretamente a estos dos puntos, va en la dirección de exigir al Gobierno seriedad, responsabilidad y hacer las cosas bien.

Al margen de estos dos puntos, desde el Bloque Nacionalista Galego compartimos y vamos a votar favorablemente el resto de la moción porque entendemos necesario rectificar políticas fiscales concretamente en aquello que se refiere a la inversión en I+D, a la educación o a aquellas cuestiones sanitarias como las que se concreta en el punto número 5. Y por supuesto estamos de acuerdo con el punto número 6 porque recoge una serie de medidas que nos parecen imprescindibles para luchar contra el fraude fiscal y no hacer lo que hasta ahora ha hecho el Gobierno, lo que se denomina amnistía fiscal, que, como se ha demostrado, solo ha sido una cuestión que ha incidido más en la corrupción y en el fraude que realmente en el combate del mismo.

Señorías, podríamos hacer una lista mucho más extensa de lo que aquí está escrito, pero yo creo que el Grupo Socialista ha hecho una enumeración muy importante de los asuntos a tratar. Desde nuestro punto de vista, hacer una enmienda de adición podría excederse en el volumen de la moción. De todas maneras nos parecen muy acertadas las enmiendas que se han presentado a esta moción y, si el Grupo Parlamentario Socialista las aceptara, desde luego nosotros también las votaríamos favorablemente.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Fernández.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.

Muy brevemente desde el escaño intervengo para fijar nuestra posición en relación con la iniciativa del Grupo Socialista. Esta iniciativa en forma de moción que hoy nos trae para su debate y votación el Grupo Socialista se refiere en gran parte a la que ya hemos debatido antes bajo la forma de proposición no de


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ley presentada por el Grupo Mixto. Por tanto, me remitiré a mi anterior intervención en lo referente a la evasión y a la elusión fiscal. Señalaré, una vez más, que todo lo que se plantee en este sentido, incluida la persecución de las empresas que operan en los paraísos fiscales, tendrá nuestro total apoyo, así como ampliar los medios humanos para la Agencia Tributaria, crear una oficina de lucha contra el fraude, establecer un plan de seguimiento de las obligaciones fiscales de las multinacionales, etcétera. Todas las medidas que se plantean en la iniciativa contarán con nuestro apoyo ahora y siempre.

Otra cuestión que compartimos es la necesidad imperiosa de que se flexibilice la política de consolidación fiscal, tal como se establece en el punto primero de esta iniciativa. Hemos venido defendiendo esta posición desde hace muchísimo tiempo, no es ninguna novedad. Es más, creemos que tan solo si se flexibiliza el tema del déficit público, pero de una manera no mezquina sino de una manera importante, por ejemplo, fijando el objetivo del 3% en el año 2020, será posible cobrar márgenes de libertad para la política económica, que son necesarias para otra cuestión que plantea también el Grupo Socialista, que es dedicarle recursos a temas de I+D, a infraestructuras, etcétera, que también son medidas imprescindibles para salir de la situación de crisis en la que estamos. No obstante, ayer mismo tuvimos una reunión en la Comisión de Economía con representantes de la Comisión de Economía del Bundestag y la conclusión que sacamos en mi grupo parlamentario es bastante negativa. Desde los verdes hasta los correligionarios de la señora Merkel tenían un poco la misma idea. Es decir, solo va a cambiar la política europea en la medida que los ciudadanos alemanes estén dispuestos a cambiar su punto de vista en relación con los ciudadanos del sur, y eso no lo van a hacer porque piensan que hemos despilfarrado, que hemos cometido enormes pecados y tenemos que pagar por ello. Todo el arco parlamentario alemán -insisto- creo que en esencia está en contra, aunque puedan tener matices, de cambiar la política a fondo, y si ese cambio no se produce creo que es una mala noticia para las posibilidades de actuación interna de la política económica y para superar la situación de crisis en la que nos encontramos.

A pesar de lo que el señor Montoro ha señalado en más de una ocasión en relación con el déficit público que el Eurostat no iba a modificar ninguna coma, efectivamente ha modificado unas cuantas décimas, pero lo relevante es que lo ha hecho a pesar de que el propio ministro decía que no. Con lo cual, yo entendía que estas cuestiones estaban más habladas, más pactadas, más cerradas y acordadas y da la sensación de que no es así. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El Grupo Socialista plantea en la iniciativa la posibilidad de crear una institución fiscal independiente. No sé si entiendo bien. Existe un Tribunal de Cuentas. Creo que es una institución fiscal independiente y, además, tiene que velar por la contabilidad pública. No sé si está planteando otra institución además de dependiente del Parlamento. Podría ser la oficina presupuestaria, y de esta manera podríamos hacer un pequeño homenaje a Paco Marugán, que durante muchísimos años ha estado trabajando y peleando por tener una oficina presupuestaria al servicio de la Cámara. Además, hay mucho trabajado y avanzado en este sentido y podríamos aprovechar una iniciativa para dar un paso adelante. Luego está el punto tres. Evidentemente, hay que evitar el endeudamiento para socializar las pérdidas del sector financiero. Estamos también de acuerdo, así como en la necesaria revisión de las prioridades y la reestructuración del gasto público del presupuesto, pero, como sabe el Grupo Socialista y sabe toda esta Cámara, es imposible siempre y cuando no cambiemos el objetivo de déficit, porque esto es lo que nos tiene realmente encorsetados. Por tanto, compartimos íntegramente los contenidos de esta iniciativa y la votaremos favorablemente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la moción presentada por el Grupo Socialista respecto al déficit del ejercicio 2012, por diversas razones que voy a intentar argumentar y fundamentalmente porque nos parece tener mucha cara y muy poca vergüenza que desde el Grupo Socialista se acuse al Gobierno de España de maquillar las cuentas públicas cuando hasta hace bien poco gobernaron ustedes en España y dejaron un agujero de 30.000 millones de euros. (Aplausos). Mucha cara y muy poca vergüenza, y más con una portavoz que proviene de una comunidad como la suya, que se ha demostrado que ha desviado fondos por más de 1.000 millones de euros procedentes de las ayudas a los trabajadores (Rumores); es tener muy poca vergüenza. (Aplausos).


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Piden ustedes promover en las instituciones europeas una flexibilización de los objetivos de déficit y realmente el Gobierno ha manifestado en varias ocasiones que ya está en esto. El propio ministro dijo que cuando Eurostat convalide el déficit definitivamente, a partir del 22 abril, negociaremos con las comunidades autónomas la adecuación de una nueva senda de reducción del déficit público. El Gobierno es muy consciente de que esa consolidación del déficit público solo puede lograrse con el esfuerzo conjunto de todas y cada una de las administraciones, de la Administración central, de la autonómica y de la local, porque solo eso ha conseguido los buenos resultados en 2012, con un esfuerzo muy importante por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas, pero también del Estado central.

Con respecto al tema de las devoluciones que según ustedes hemos maquillado para cuadrar las cuentas públicas, esas devoluciones son menores que en años anteriores porque hay una recesión económica, como saben, y ante una caída de ingresos también son menores las solicitudes de devolución, unido a un mayor control que se está haciendo desde la Agencia Tributaria de esas devoluciones han llevado a que efectivamente se haya devuelto dinero dentro del plazo legal que establece la ley para devolverlo, que son seis meses a partir de la presentación de la devolución. Por tanto, probablemente no les interese conocer el procedimiento de devolución porque es más fácil hacer demagogia desde la ignorancia, desde luego, pero esas devoluciones se han hecho en el plazo legal correspondiente y, por tanto, perfectamente adecuadas a los plazos establecidos. La corrección que ha hecho Eurostat, que ha sido únicamente de 24 centésimas -les recuerdo que a ustedes les han hecho en muchas ocasiones correcciones de hasta seis puntos y en el último ejercicio de tres puntos-, se debe a un cambio de criterio en la contabilidad nacional. Por tanto, ni maquillaje ni artificios porque se debe únicamente a un cambio de criterio de Eurostat.

España ha hecho un esfuerzo importantísimo de reducción del déficit público estructural, un esfuerzo que no tiene precedentes en nuestra historia y eso debe ser motivo de orgullo porque eso lo hemos logrado entre todos, entre los ciudadanos arrimando el hombro y también entre todas las administraciones públicas. Ese esfuerzo de consolidación fiscal es lo que ha permitido recuperar la confianza de los mercados y de los inversores en nuestro país y nos ha permitido también evitar el rescate y tener la prima de riesgo bajo control, pese a la crisis que estamos viendo en Portugal y en Chipre.

Señorías, a partir de ahí hacen ustedes un totum revolutum. Solicitan medidas de lucha contra el fraude fiscal, en las que en muchas de ellas ya está trabajando el Gobierno. Piden más medios para la Agencia Tributaria cuando la Agencia Tributaria es un organismo que se ha dejado al margen de la congelación de plantillas, ya que se han convocado en la oferta pública de empleo de 2012 y 2013 un importante número de plazas. Piden crear una oficina de lucha contra el fraude que ya existe, porque existe la Oficina Nacional de Investigación del Fraude que se dedica a investigar y a realizar propuestas para combatirlo y también a coordinar los esfuerzos en este ámbito. Piden un mayor control de la fiscalidad internacional y de la planificación fiscal agresiva para eludir la tributación a través de paraísos fiscales y la Agencia Tributaria y el Gobierno están trabajando ya en los distintos foros internacionales para luchar contra los paraísos fiscales y lograr la firma de convenios de intercambio de información que hagan cada vez menos opacas esas cuentas depositadas en paraísos fiscales.

Por último, les tengo que decir que me parece que están haciendo un uso rastrero y miserable de la regularización fiscal extraordinaria que el Gobierno tuvo que aprobar en un contexto de extraordinaria necesidad de ingresos públicos. Gracias al Gobierno y al ministro de Hacienda -que ustedes quieren que se vaya, pero que no se va a ir hasta que no se lo digan los ciudadanos-, hemos conseguido aflorar 40.000 millones de euros que antes eran opacos a la Hacienda pública. Y están ustedes haciendo, como les digo, un uso rastrero y miserable de esa regularización porque no es de recibo, señores socialistas, que hagan creer a los ciudadanos que los delitos van a quedar impunes porque el Gobierno los va a amnistiar. No es de recibo que en momentos muy difíciles y con la preocupación actual de los ciudadanos sobre el tema de la corrupción ustedes contribuyan a dar la sensación de que España es un país corrupto y de corrupción generalizada, se dediquen a sembrar sospechas de que en España se pueden cometer delitos y quedar impunes, porque sencillamente no es cierto. La Agencia Tributaria está colaborando con los jueces y con los tribunales para todos aquellos posibles delitos que se hayan podido cometer tanto a nivel fiscal como a nivel de blanqueo de capitales.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.


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La señora MADRAZO DÍAZ: Finalizo ya.

Señorías, este Gobierno ha sido capaz de superar una grave crisis financiera y de deuda soberana y ha evitado el rescate de nuestra economía, vuelvo a decir, con las gravísimas consecuencias que hubiera tenido para nuestro país. Pero no es suficiente. Este Gobierno va a seguir trabajando y el ministro de Hacienda también porque nuestro objetivo es salir de la crisis, crecer y crear empleo. Y vamos a seguir haciendo reformas y medidas que impulsen el crecimiento y creen empleo. Desde aquí quiero pedir a la oposición...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar inmediatamente.

La señora MADRAZO DÍAZ: ...si no lealtad con el Gobierno del Partido Popular, por lo menos lealtad hacia España y hacia los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.

Señora Vázquez Morillo, en relación con las enmiendas presentadas, ¿cuál acepta o cuál rechaza?

La señora VÁZQUEZ MORILLO: Señor presidente, le haremos llegar en breves momentos las enmiendas que vamos a aceptar y el nuevo texto, pero yo pedía la palabra de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento. Si usted me lo concede...

El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez Morillo, no es para debatir sobre el tema del que estamos hablando. Eso está suficientemente claro. Si cree que hay alguna alusión personal o de otro carácter, tiene usted dos minutos.

La señora VÁZQUEZ MORILLO: No es para seguir debatiendo sobre el tema, sino solo para pedir que la diputada que ha hecho uso de la palabra retire la alusión a los 1.000 millones de euros de una administración autonómica, puesto que es falso y reconocido por la Administración judicial, y que deje de utilizar y retire, por lo tanto, del "Diario de Sesiones" los 1.000 millones de euros, porque no es cierto y está en contra de lo que así afirma la Administración judicial. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora Madrazo.

La señora MADRAZO RUIZ: Intervengo solamente para ratificar mis palabras, porque cuando una juez ha puesto una fianza nada menos que de 690 millones de euros a un antiguo director general del Gobierno de la Junta de Andalucía me ratifico en lo que he dicho en la tribuna. (Aplausos.-La señora Vázquez Morillo: No tiene nada que ver. No son 1.000 millones).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LA FUSIÓN DE MUNICIPIOS Y LA SUPRESIÓN DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES COMO MEJOR MANERA DE GARANTIZAR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES IGUALITARIOS, SOSTENIBLES Y DE CALIDAD. (Número de expediente 173/000071).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la fusión de municipios y la supresión de las diputaciones provinciales como mejor manera de garantizar unos servicios públicos esenciales, igualitarios, sostenibles y de calidad.

Para su defensa tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Esta moción, como todo el mundo sabe, es consecuencia de la interpelación que presentamos hace poco tiempo para algo que nos parece de la mayor importancia, que es contestar a la siguiente pregunta: ¿Qué podemos hacer ahora, hoy, en este Congreso de los Diputados para ayudar a solucionar los problemas que tienen los ciudadanos en vez de para complicárselos, como en ocasiones ocurre? Lo que se puede hacer es recortar el Estado, las administraciones, en aquellos sitios donde sobra y nosotros consideramos que no sobra Estado en la educación ni sobra Estado en la sanidad ni sobra Estado en servicios sociales. Quizá estos tres sectores que he mencionado se puedan gestionar con más eficacia y de mejor manera, sin duda alguna, pero en sí no sobran. En cambio tenemos una especie de hipertrofia


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administrativa cuya consecuencia es que en España, como todo el mundo sabe, en muchas actuaciones de obras públicas intervienen nada menos que cinco o seis niveles administrativos. Tenemos la Unión Europea, el Estado, la comunidad autónoma, las diputaciones, el ayuntamiento, a veces, incluso más, pudiéndose añadir a estos mancomunidades, consorcios, etcétera. Todo eso sobra y está de más sobre todo porque, como consecuencia del régimen de la transición, lo que hemos hecho ha sido añadir a lo que era el diseño de Estado que se hizo en la época de la Constitución de Cádiz un sistema de Estado distinto que es el Estado de las autonomías. El resultado es el que tenemos, un Estado elefantiásico, un hiperestado que, entre otras cosas, tiene anomalías como apoyarse en un nivel administrativo local que se caracteriza por el minifundismo municipal.

Recordemos el dato de que el 85% de los ayuntamientos españoles tiene menos de 5.000 habitantes y de que tenemos más de 8.000 ayuntamientos para saber exactamente de qué estamos hablando. ¿Qué propone nuestra moción? Nuestra moción propone algo que se ha hecho en la mayor parte de los países europeos de nuestro entorno, desde Suecia, que desde 1950 ha reducido en un 85% el número de sus ayuntamientos, hasta Holanda, que los ha reducido en un 36%. Nosotros, por el contrario, hemos multiplicado el número de ayuntamientos en muchos casos, y además en esta materia tenemos unas competencias autonómicas heterogéneas y que no coinciden en todos los casos. Por lo tanto, nuestra moción propone tomar dos medidas fundamentales para luchar contra la crisis y para mejorar la democracia. Por una parte, reducir el número de ayuntamientos para que estos mantengan su representatividad política sin reducir el número de concejales y el número de opciones que reflejen el pluralismo político de estas comunidades y, por otra, conseguir administraciones más cercanas, más eficientes, con menor gasto público y donde, en resumidas cuentas, podamos prescindir de buena parte de la cobertura que ha tenido en España el despilfarro y la corrupción que, no olvidemos, ha estado en gran parte domiciliada en diputaciones y en ayuntamientos.

Nosotros proponemos que la fusión municipal en principio sea liderada por el Estado, involucrando por supuesto a las comunidades autónomas, consiguiéndose dos objetivos: por una parte, la supresión de las diputaciones, que ya no tendrían justificación de existencia una vez que eliminamos ese minifundismo municipal que requiere que haya una institución de elección indirecta que tutele su vida municipal puesto que en la práctica carecen de verdadera autonomía y, por otra parte, que haya un reparto competencial diferente entre comunidades autónomas que, por una parte deberían de quedarse con algunas competencias de las diputaciones provinciales y, por otra, de estos ayuntamientos fusionados, que podrían tener mejor financiación, competencias más claras y sobre todo ser mucho más viables y ofrecer a los vecinos los servicios los servicios sociales que hoy en día justifican la existencia de la Administración municipal y que no son los mismos que los del país agrícola y de la sociedad tradicional del año 1812. En resumidas cuentas, lo que proponemos incluye también, como es sabido, una reforma constitucional puesto que la Constitución mantiene, anómalamente en nuestra opinión, la provincia como una unidad política y administrativa importante. Pensamos que eso además entra en contradicción con el hecho de que el Estado se divide en comunidades autónomas y no en provincias. Por lo tanto, es una oportunidad de oro para estos dos objetivos, como decía, de reducir la grasa que le sobra al Estado y lo que consume por lo tanto para mantener ese sobrepeso y así podríamos dedicar los recursos ahorrados en menos ayuntamientos, pero más viables, y destinar los recursos ahorrados en diputaciones a aquello que la crisis nos está impidiendo hacer, que es invertir en economía productiva, en políticas sociales y en todo lo que hace falta para superar la crisis, como es más educación, más I+D y todo aquello que más ha sufrido por las políticas de recortes gubernamentales.

Para finalizar, querría añadir que con este reparto competencial que proponemos la sola desaparición de las diputaciones significaría un ahorro anual de 6.000 millones de euros nada menos, que es una cantidad más que significativa, y que una fusión municipal bien entendida y bien orientada podría también conseguir un ahorro anual de entre 4.000 y 16.000 millones de euros; en el mejor de los casos estaríamos hablando de un ahorro de más de 20.000 millones de euros. Aunque no se consiguiera sino la mitad de esa cifra estaríamos hablando de una mejora espectacular en las cuentas no solo del Estado sino sobre todo de la liberación de recursos para poder dedicarlos a lo que importa. Seamos serios, lo que realmente importa en una crisis como la actual no es mantener a miles de cargos públicos y a miles de administradores y burócratas adheridos solamente porque es el interés de los partidos políticos.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Se han presentado varias enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Señorías, señor Gorriarán.

Nosotros compartimos parte de la exposición argumental y también de la resolución que proponen en su moción, sobre todo en lo referido a la supresión de las diputaciones provinciales o iniciar el proceso que nos lleve a esa supresión. En todo caso, a nuestro juicio, siempre respetando y protegiendo los regímenes de organización territorial que correspondan a los territorios forales e insulares. Después de varias décadas de consolidación del esquema de organización territorial en base a las comunidades autónomas, creemos que la persistencia del modelo provincial no tiene sentido desde el punto de vista político si no es desde una visión acérrimamente centralista del ejercicio del poder. Tampoco tiene sentido desde el punto de vista de la racionalidad y eficacia administrativa, sobre todo en las actuales circunstancias de restricción de recursos económicos. Las diputaciones siguen manteniendo a día de hoy estructuras burocráticas y su acción repercute escasamente en los ciudadanos. Sin embargo, al mismo tiempo, los municipios, los ayuntamientos, como administraciones más cercanas y responsables a la hora de atender directamente los servicios básicos locales, son los que afrontan cada vez más verdaderas y auténticas dificultades económicas.

Hasta ahí podríamos estar más o menos de acuerdo, pero no podemos compartir el primer punto de su moción referido al impulso y coordinación de un proceso de fusión de municipios, y por eso hemos presentado una enmienda de sustitución de ese primer punto. No lo compartimos, señor Gorriarán, porque ese proceso de fusiones desde arriba y por arriba, sin tener en cuenta las realidades territoriales que son diversas, nos llevaría a pasar de diputaciones uniformes a municipios tipo, también uniformes para todo el Estado sin tener en cuenta la necesaria adaptación a cada territorio. Nosotros no creemos que sea ni conveniente ni adecuado trasladar miméticamente la estructura municipal, por ejemplo, de Alemania o de Holanda o de Gran Bretaña porque allí tienen resultados positivos porque entre otras cosas adaptaron las estructuras institucionales a su realidad territorial concreta. No las copiaron de otros lugares. Por eso, señoría, nuestra enmienda incide en que se reforme la legislación básica sobre el régimen local, pero teniendo en cuenta las competencias de las propias comunidades autónomas, y que sean éstas las que regulen, las que articulen y las que asuman las funciones de las diputaciones para que así tenga garantía la prestación de los servicios básicos en igualdad. En esta dirección presentamos nuestra enmienda, por cierto, en una dirección contraria a la que camina el anteproyecto de ley de reforma de la Administración local que ha elaborado el Partido Popular y que obvia y no respeta precisamente el marco legal actual en lo que se refiere a la organización territorial y a quien le corresponden las competencias al respecto.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: (Comienza su intervención saludando en catalán).

Señorías, nuestro programa electoral propone la supresión de las diputaciones y así lo planteó Esquerra Republicana de Catalunya en la pasada legislatura ante esta misma Cámara. No obstante, la iniciativa fue rechazada por los grandes partidos estatales, que son en definitiva los que se reparten el pastel de las diputaciones. De hecho, aunque no lo digan, este es principal argumento del PSOE y del Partido Popular para votar en contra de la supresión y mantener unas instituciones tan inútiles como las diputaciones. Las diputaciones suponen, a nuestro entender, una estructura uniforme, heredera directa del modelo jacobino francés, que no tiene en cuenta la configuración histórica y cultural de los territorios, sino sólo una supuesta eficiencia burocrática que se ha demostrado hoy ya en estos días fallida. Pero una estructura supramunicipal adaptada a la realidad territorial sí tiene su lógica en tanto que permite la sostenibilidad de los ayuntamientos y la garantía de los servicios públicos esenciales, que es el objeto de la presente moción. Esto es lo que pretendemos en Catalunya en las veguerías, ser una herramienta para descentralizar las funciones de la Generalitat y garantizar territorialmente los servicios públicos sin necesidad de eliminar ayuntamientos, como pretende esta moción.

No vamos a negarles que el modelo territorial tenga alguna asignatura pendiente, pero no la que ustedes plantean ni como la plantean. Aquí la única verdad es que las haciendas locales necesitan un mejor sistema de financiación. Hablemos claro: el objetivo de este anteproyecto de ley, igual que esta


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moción, lo tiene todo menos racionalidad y sostenibilidad. Una vez más se esconde, tras el dramático contexto de la crisis, una ideología que tiene como único objetivo recentralizar y controlar los municipios, limitando al máximo su capacidad de acción y convirtiéndolos en simples ejecutores de la voluntad del Gobierno español de turno. Pero lo peor no es esto. Lo peor y lo más lamentable es que ustedes pretenden transmitir a la opinión pública que los ayuntamientos son todos unos derrochadores. Esto es falso. Los ayuntamientos son las administraciones con menos deuda, el 14% para ser exactos, frente al 33% de las comunidades autónomas y el 53% de la Administración estatal. No tendría que hacer falta que les dijera que el municipio es la estructura democrática básica de la organización territorial y que los concejales y alcaldes son vecinos que tienen vocación de servicio a la comunidad, elegidos directamente y con un alto grado de proximidad. En definitiva, señorías, las soluciones y las formas de afrontar las dificultades deben venir siempre de abajo arriba y no imponiendo modelos al revés, que se ha demostrado que fracasan.

Acabo. Desde Esquerra Republicana defenderemos la necesidad de unas administraciones de segundo grado que permitan la coordinación de competencias municipales, permitiendo así la existencia de municipios como símbolos de representatividad de una colectividad y que sus ciudadanos disfruten de todos estos servicios. A nuestro entender, esta es la finalidad última de las administraciones públicas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Por el Grupo de Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y para la presentación de la enmienda, tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, señor presidente.

Señorías, desde nuestro grupo parlamentario estamos bastante alejados de la exposición de motivos que plantea la moción y también del lenguaje que ha utilizado el portavoz de UPyD, rayando -yo creo- la ofensa a lo que es, a nuestro entender, el pilar básico de nuestra democracia, que son los municipios. Sin embargo, agradecemos la oportunidad de hablar hoy de Administración local, precisamente en un momento en que tenemos amenazada la democracia local. (Rumores.) Como les decía, son un pilar básico de nuestro sistema democrático y una institución fundamental de relación y de participación con los ciudadanos, precisamente treinta y cuatro años después de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos, que fueron los pilares no sólo de la democracia sino de construir la sociedad que hoy tenemos, los primeros que lucharon por dar servicios públicos a nuestros ciudadanos. Hoy están claramente amenazados no por esta moción, sino por una reforma planteada por el Gobierno, y es importante tratar esta cuestión.

Este anteproyecto de ley o el informe... (Continúan los rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada. Ruego silencio para que se le pueda oír. Continúe.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Esta ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, como la llama el Gobierno, es un atentado a la democracia local. Vulnera el principio de autonomía y el de subsidiariedad -aquello que se pueda prestar de forma más próxima a los ciudadanos mucho mejor-, pero también es una vulneración en toda regla a los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque al final lo que hay detrás de nuevo es un recorte sobre los derechos y los servicios básicos de la ciudadanía. Eso es lo que plantea esta ley, además de pisotear la capacidad en organización territorial de las comunidades autónomas. Una vez más se pone el principio del austericidio de esa Ley de Estabilidad para cambiar las reglas del juego democrático y recortar en democracia y pluralismo. Asimismo, es otra oportunidad para poner la Administración pública al servicio del negocio, como propugna asimismo esta reforma. La moción que ustedes plantean nos decepciona, sinceramente, porque apoya precisamente ese discurso del Gobierno de que sobra Administración, aunque comparativamente con el resto de Europa no es así, y bebe del mismo dogma, de la necesidad de recortar y recortar. Entendemos que lo que plantean en esta exposición de motivos y lo que dicen está lejos de la realidad en concreto. En la mayor parte de los municipios en los que ustedes pretenden recortar concejales, se trata de concejales que no cobran. Revisemos los salarios excesivos en algunos ayuntamientos, pero no entren en cosas que no son. Cuando dicen que si se suprimen las diputaciones ahorraremos 6.000 millones de euros, ustedes no tienen en cuenta los servicios que se prestan. Estamos de acuerdo en suprimir las diputaciones, pero con un proceso dialogado y no desde el centralismo por moción o por decreto en este contexto. Hoy las diputaciones están prestando servicios básicos. Lo que hay en el fondo de ese discurso de que sobra grasa es que los


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ciudadanos acaben pagando por su educación, por su salud o por sus servicios sociales. No se puede plantear que hoy es mucho más eficiente que alguien tenga de referencia su Administración a 50 kilómetros, porque en algunas regiones de nuestro Estado, como las zonas rurales, lo que necesitamos es arraigar y fijar la población y creemos que eso no es precisamente una defensa de la democracia.

A nuestro entender, lo que hay aquí detrás es pensar que los ayuntamientos son gestorías o empresas, y no es así, son entidades de democracia de base y son también una puerta de entrada de los ciudadanos en la relación con el sistema y es donde se dirigen precisamente. Entendemos la necesidad de promover esa fusión, pero esa fusión debe ser voluntaria. Esta semana los ayuntamientos en El Pallars Sobirà han decidido fusionarse voluntariamente. Esa es la manera de plantearlo, es decir, desde la necesidad, desde la cooperación, desde el diálogo, pero no por decreto desde el Congreso de los Diputados. En algunos sitios esa será la manera y en otros será la de buscar vías de cooperación para prestar de manera más eficiente los recursos. Pero es que ustedes dicen cosas como: si recortamos los concejales o la representatividad reduciremos ese número de concejales y serán más profesionales. Sinceramente, no le veo la causalidad por ninguna parte a algunas afirmaciones que hacen.

De todas maneras, como compartimos parcialmente la resolución, hemos planteado cuatro enmiendas. En primer lugar, que el Congreso se pronuncie por la retirada de este anteproyecto de ley que plantea el Gobierno para la racionalización y la sostenibilidad que es un atentado a los ayuntamientos. En segundo lugar, estamos de acuerdo con suprimir diputaciones pero con un diálogo y con garantías de la prestación de servicios. En tercer lugar, abrir un debate con el conjunto de administraciones locales y autonómicas para impulsar reformas que avancen en el principio de autonomía local, pero también en las garantías de financiación que es lo que necesitan hoy los municipios. Y, finalmente, cumplir con los estatutos de autonomía hoy vigentes, que son ley y que por tanto tienen la capacidad organizativa de las comunidades autónomas. No se puede hablar de ayuntamientos sin hablar de democracia y eso es lo que le falta a la moción que ha planteado hoy UPyD, y creemos que esa es la base de cualquier reforma que tengamos que hacer.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra para defender su enmienda el señor Elorza.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: (Comienza su intervención saludando en euskera).

Señor presidente, me va a permitir que exprese aquí nuestra indignación, la indignación hacia los bancos de la derecha, la indignación absoluta porque no hay derecho, no tienen ustedes vergüenza porque es la primera vez... (Rumores). No hay vergüenza porque es la primera vez que en meses se discute aquí por parte de los grupos políticos este anteproyecto de ley que ha presentado el Gobierno. El Grupo Socialista ha solicitado repetidamente que el ministro, señor Montoro, comparezca en la Comisión para explicar las claves de este anteproyecto de ley sobre la llamada reforma local. No comparece, no sabemos ni hemos podido conocer más que de referencia y por los periódicos cuáles son las claves de este cambio, de esta reforma que plantean el Partido Popular y el Gobierno del señor Rajoy. Reitero nuestra indignación porque es una demostración de que ustedes desprecian a este Parlamento, es una demostración de que ustedes no quieren que la transparencia reine en esta casa, ustedes ocultan los debates y nos hacen pasar meses y meses para debatir temas cruciales para este país. Por eso aprovechamos la oportunidad de esta moción de UPyD -con la que ya adelantamos que no estamos de acuerdo en sus dos puntos- para expresar nuestra posición y solicitar de entrada al Gobierno -ausente como es habitual- que retire este anteproyecto, que lo retire, que no continúe con su tramitación y que siente, desde el diálogo y la negociación, las bases de una reforma de la Administración local desde luego mucho más democrática, eficaz, eficiente y solidaria.

La reforma local que proponen ustedes, que propone la derecha, va a perjudicar, si se aprueba, la calidad de vida en las ciudades y debilitará la cohesión social que los ayuntamientos tratan de sostener en plena crisis. Los ayuntamientos son un bastión en la defensa de la cohesión social, lo han sido siempre desde hace treinta y cuatro años y por eso quiero expresar hoy aquí ante el linchamiento que padecen los ayuntamientos -lo hemos oído anteriormente de boca del representante de UPyD-, un linchamiento injusto, unas acusaciones injustas, quiero reivindicar el buen nombre y el trabajo de miles y miles de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que han logrado en treinta y cuatro años transformar sus ciudades (Aplausos), que han logrado de verdad desarrollar una democracia local, que son las instancias, la Administración del Estado más transparente. Pues bien, ¿qué busca el Gobierno con esta reforma


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local? Lo que busca básicamente es vaciar de competencias a esos ayuntamientos aprovechando las exigencias de Bruselas sobre la estabilidad presupuestaria, y trasladar a los ayuntamientos su modelo ideológico, el modelo ideológico de la derecha basado en la austeridad, la desigualdad y las privatizaciones de servicios. Ciertamente ustedes, señores de la derecha, quieren trasladar con su propuesta al nivel de los ayuntamientos la reforma laboral y también una serie de recortes de servicios básicos para la ciudadanía, unos servicios que dan cohesión social; unos servicios municipales son como una especie de salario social indirecto, y ustedes no lo quieren reconocer.

La consecuencia de todo ello será pérdida de calidad en los servicios de las ciudades, será expulsión de trabajadores a la calle, expulsión, más paro y será una privatización de servicios lo que va a llegar. No se pueden eliminar las competencias de los ayuntamientos, no se puede denigrar a las mancomunidades o a los consorcios, porque muchos de ellos funcionan bien, y trasladar competencias a las diputaciones o a las comunidades autónomas, unas diputaciones que son opacas y de elección indirecta. De modo que ustedes, señores de la derecha, del Partido Popular, aunque tengan mayoría absoluta no pueden imponer una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, de esa especie de Constitución que tienen los ayuntamientos ni pueden en plena crisis eliminar competencias y servicios sociales, políticas educativas y políticas de desarrollo económico de educación, de empleo y de cultura que han tenido y tienen todavía hoy por hoy, aunque menguados sus presupuestos, los ayuntamientos, porque son la expresión de una débil cohesión social que hay que mantener en toda España.

Por ello ustedes se atreven a culpabilizar a los ayuntamientos como si fueran malgastadores o derrochadores del dinero público y se atreven a anunciar que van a limitar el número de concejales y alcaldes que cobrarán un sueldo por su dedicación, cuando realmente ese 82% de alcaldes y concejales que dedican su vida a sus pueblos y ciudades, precisamente a sus pueblos más pequeños, no están cobrando en la actualidad. Ustedes hacen un populismo barato tratando de buscar una cabeza de turco en los ayuntamientos, en los alcaldes y concejales, planteando por parte del ministro además un nivel de ahorro de 7.000 millones en tres años que es falso. Es falso porque el Instituto de Estudios Fiscales, autor del estudio, ya ha dicho que no son 7.000 y pico millones objeto de ahorro en tres años, sino que serían 3.812. Por tanto, mienten a la hora de justificar la reforma local, mienten en los datos, linchan a los ayuntamientos, quieren quitar a la ciudadanía el espacio de democracia local, de cohesión, de formación de comunidad y todo simplemente, como digo, porque trasladan su modelo ideológico al marco de los ayuntamientos.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: Acabo, señor presidente, señalando que es verdad que hacen falta, y esa en nuestra alternativa, la que queremos presentar en su momento, ayuntamientos mejor financiados, ayuntamientos con un funcionamiento más democrático, más transparente, más solidario, más eficaz y más eficiente. Todo eso no se deriva del anteproyecto de ley que la derecha que el Partido Popular ha presentado.

Por último, les pedimos la retirada y les advertimos también de que ese anteproyecto de ley resulta inaplicable para el País Vasco porque desconoce las singularidades...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: Sí, señor presidente.

Incumple también y contraviene el sistema económico financiero, lo mismo que el estatuto de autonomía de una serie de comunidades autónomas que se ve atacado por parte de este documento que es la contrarreforma local que ustedes no han tenido la dignidad, es una actitud miserable, de presentar por medio del ministro ese anteproyecto de ley en una comisión en esta Cámara que es lo exigible en una democracia.

¡Tienen ustedes muy poca vergüenza! (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Elorza.

En fijación de posiciones tiene, en primer lugar, la palabra por el Grupo Vasco, PNV, el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.

Intervendré desde el escaño brevemente por la hora que es y además me voy a intentar ceñir a lo que es la propuesta. Me gustaría hablar del anteproyecto y manifestar mi rechazo al menos con el texto, tal y


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como ha sido distribuido en estos momentos por parte del Gobierno, pero no es el objeto de debate de este día y me centraré en la moción hecha por el Grupo de UPyD. Para empezar voy a señalar que no voy a entrar en el ámbito de lo que corresponde a las diputaciones provinciales, puesto que la Comunidad Autónoma y la circunscripción electoral en la que ha sido elegido tiene diferente sistema al de las diputaciones forales y, por tanto, no voy a entrar como grupo político que no se presenta en territorios que no son forales a debatir sobre cuál debería ser la mejor estructura de las diputaciones provinciales o si es conveniente o no su propia existencia. Pero déjeme que manifieste algunas cosas sobre la propuesta que se hace con respecto a los ayuntamientos.

De esta propuesta lo primero que se deduce es que el propio Grupo de UPyD se da cuenta de la imposibilidad que tiene esta Cámara a la hora de proceder a la fusión de los municipios. De manera indirecta, no explícitamente, vienen a reconocer que se impulse, que se coordine un proceso, pero verdaderamente a quien corresponde actuar en estos ámbitos es a las comunidades autónomas, y en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco ni siquiera a la comunidad autónoma, sino a las juntas generales de cada territorio histórico a la hora de decidir regular todo lo que corresponde a las fusiones. Nos parece correcto que siga siendo así, porque es un auténtico error intentar implantar un modelo idéntico teniendo en cuenta que el planeamiento municipal, la estructura municipal, la geografía municipal en las diferentes comunidades autónomas del Estado es absolutamente diferente y muy complicada. Por tanto, el mayor error sería intentar igualar e intentar regular a troquel todo esto. Puede venir desde una concepción urbanita del tema, pero quien haya vivido o conozca un poquito la problemática rural, de primeras, no puede estar de acuerdo con el planteamiento que se hace.

He intentado ver qué había detrás de la propuesta, qué estaba realmente buscando en un sentido práctico el Grupo de UPyD y he encontrado que en algunos lugares de la Comunidad Autónoma de Castilla y León hace una propuesta concreta. Ahora me va a permitir, señor presidente, que hable mencionando a su propia circunscripción electoral, que es la que conozco también en Castilla y León un poco mejor, la soriana. Allí nos encontramos con que UPyD quiere convertir la provincia de Soria en 6 municipios -nada más y nada menos-, pero municipios en los que algunos de los pueblos actuales se van a encontrar que la cabecera municipal está a 80 kilómetros. En concreto, mi madre, que es de la zona, si ahora tiene 53,8 kilómetros para ir a Soria capital, se va a encontrar con que la nueva cabecera municipal, ahora no de la provincia, para los propios servicios municipales va a estar a la misma distancia, 53,7 kilómetros, un auténtico sinsentido, porque ¿va a mejorar verdaderamente los servicios o lo que se busca es un despoblamiento de las zonas rurales? En la propuesta se intuye eso, que quizá lo que se busca es una concentración de la población en esos municipios. No me parece que sea una propuesta adecuada concentrar la población y despoblar el medio rural, pero es que además la gente no va a ir donde ustedes les digan que vayan. En algunos municipios ustedes recogen zonas geográficas absolutamente diferentes. Por ejemplo, respecto al municipio que ustedes proponen como Ólvega, la gente del sur de ese nuevo municipio que ustedes proponen no van a ir a ese lugar. De hecho, si emigran o van a otro lugar, será a Almazán, será a otro municipio, porque, insisto, incluso las propuestas concretas que hacen no tienen ni pies ni cabeza en un sentido práctico.

¿Va a haber más servicios por esta concentración, por esta disminución municipal? Pues no. ¿Se va a ahorrar? Pues no mucho porque, insisto, aquí parece que queremos olvidarnos de que la inmensa mayoría de los munícipes de esos municipios pequeños no cobran un duro, es más, muchas veces, cuando tienen que hacer viajes para gestionar determinados asuntos, ni siquiera pasan ese kilometraje a los ayuntamientos. Sin embargo, a los vecinos lo que les puede suponer es menos servicios. No nos oponemos a fusiones municipales, pero sí a las fusiones a troquel, a fusiones salvajes y desde luego a fusiones ordenadas desde el Estado, como se pretende hacer aquí. De esa manera no se ahorra y no se es nada práctico. Por tanto, nuestro voto será contrario, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Pàramo.

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Señor presidente, señorías, con mi intervención intentaré trasladar el clima de indignación con el que los electos del municipalismo hemos estado recibiendo las informaciones y comentarios sobre la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y también de la moción presente de UPyD, más por la forma que por el fondo. En momentos tan convulsos en los que la Administración General del Estado no es ejemplo de nada, aquí, en esta Cámara, se intenta mitigar el desconcierto dirigiendo los focos de la opinión pública hacia la


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Administración local, la cual en su inmensa mayoría es ejemplo de abnegación y eficacia, fruto de la proximidad al ciudadano. Ayuntamientos y diputaciones pueden y deben mejorar, seguro, pero lo precisan mucho menos que las otras administraciones del Estado. En la Administración local son miles los electos y funcionarios que día a día atienden a sus convecinos en relación con posibles quejas o propuestas de mejora o a menudo -por qué no decirlo- para recibir muestras de agradecimiento. Sufren el día a día de sus ciudades y de sus pueblos.

Señorías, en la representación democrática no hay castas ni administraciones subsidiarias. Todos merecemos el mismo respeto. Somos bastantes los diputados y diputadas que, además del honor de representar a nuestras respectivas demarcaciones, tenemos el honor de ser o haber sido concejales y alcaldes de nuestra población de origen. (Rumores). Representamos a ciudadanos de todas las comunidades y estamos en la mayoría de los grupos parlamentarios y todos somos testigos de la calidad humana existente en los ayuntamientos. En su presencia puedo afirmar que cuando se habla de una supuesta situación de despilfarro en la Administración local en ningún caso se trata de una situación común ni normal. Para intentar poner las cosas en su lugar les voy a dar unos datos. ¿Saben que son más de 3.000 los municipios cuya deuda es nula, es decir, que un tercio de los ayuntamientos no deben ni un solo euro? ¿Saben que 6.520 municipios tienen una deuda inferior al millón de euros? (Continúan los rumores).

Señor Martínez, vemos sus propuestas como un intento de matar moscas a cañonazos. En su concepción centralista no tienen reparo en achacar injustamente la mala situación del conjunto del Estado a las comunidades autónomas y al mundo municipalista en una medida que no corresponde. Es evidente que se está dando una imagen de la situación absolutamente injusta. Conviene formular propuestas para mejorar y racionalizar la Administración local, pero, ¡atención!, es profundamente injusto plantear las reformas como reacción a ningún estado de ineficacia, ineficiencia, ilegalidad o corrupción por parte de los responsables de los municipios. Les recuerdo que para llevar a buen puerto las reformas en la Administración local se necesita lealtad y que el rumbo correcto pasa por el diálogo y el consenso con quien más sabe. (Continúan los rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.

Por favor, ruego silencio para que se pueda escuchar al orador.

Continúe.

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Gracias, señor presidente.

Apelaba al necesario diálogo y al consenso con quienes más saben: los responsables de las administraciones locales y sus asociaciones.

Las propuestas a las que me he referido también afectan a la democracia. Señorías, no vamos a arreglar España desmereciendo y conculcando la democracia local. El Consejo de Europa se lo ha mostrado en el Informe sobre democracia local y regional en España, de 20 de marzo de 2013. En él los señores Cools y Verbeek hacen recomendaciones para mejorar ese nivel de administración -¡faltaría más!-, pero sin ningún reproche, valorando -y mucho- el municipio como un tangible de la democracia y un elemento clave en la participación ciudadana.

No debemos permitir que se confunda a la opinión pública con falacias y medias verdades. Seamos rigurosos. Si en el Estado tenemos 8.112 municipios, entre los cuales podemos encontrar 5, 10, 100 o 150 que acumulen problemas serios de gestión, no intenten proyectar o difuminar las responsabilidades de sus gestores desprestigiando a los demás. Para aumentar el rigor administrativo donde falte es suficiente con proporcionar el servicio de secretarios e interventores, buenos profesionales para poner orden. Para cumplir este objetivo las diputaciones son necesarias, y para acallar las voces donde pueda existir la duda, bastaría con dar carácter de norma legal a las recomendaciones que las asociaciones municipalistas vienen dando en su ámbito de actuación. Desde el ministerio se deben imponer medidas concretas para solventar problemas concretos y, repito, por favor se lo pido, no quieran matar moscas a cañonazos. En sus planteamientos se equivocan y, lo peor, son injustos. Las últimas medidas tomadas por el Gobierno en la Ley de Estabilidad Presupuestaria tienen atenazada la buena marcha de la mayoría de los 8.000 municipios que no tienen ningún problema.

Las propuestas se deben hacer desde una realidad que intentaré resumir. La deuda total de las administraciones públicas a 31 de diciembre ascendió a 884.000 millones de euros; la de la Administración general, a 700.000 millones de euros, lo que representa el 79,14%; la de las corporaciones locales, a 41.967 millones, de los cuales solo corresponden a los municipios 28.460 millones, el 3,21%. Por lo


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tanto, no es de recibo la mala imagen que desde esta Cámara y desde el Gobierno se está dando de los municipios. Más aún, si nos referimos al déficit o necesidad de financiación total del Estado a fin del año 2012, del 9,9% necesario, solo el 0,2 lo sería para las corporaciones locales, y si de este 0,2 descontamos el déficit de unos pocos -solo 10 municipios, con Madrid a la cabeza-, la necesidad de crédito es inexistente. A título de ejemplo para saber dónde actuar, como se ha visto esta misma tarde en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, la deuda del Ayuntamiento de Madrid es superior a los 6.000 millones de euros, lo que hace ver que supera de largo la deuda conjunta...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que ir terminando.

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Sí, señor presidente, gracias.

Vuelvo al principio. La deuda del Ayuntamiento de Madrid es superior a los 6.000 millones de euros, lo que hace ver que supera de largo la deuda conjunta de todos los municipios catalanes, incluida la de la ciudad de Barcelona, que suma 5.100 millones de euros. Lo que les decía, actuemos concretamente sobre problemas concretos.

Para terminar, señor presidente, señorías, votaremos contrariamente a la moción, entre otras cosas porque las medidas que ustedes proponen en ningún caso generarían ahorro, antes romperían el equilibrio de la relación calidad-coste. Sin base alguna proponen desmantelar los servicios municipales, en su mayoría prestados con toda corrección, y aventuran traspasar su gestión a las diputaciones, otro gran error. Señorías, ustedes proponen el caos y, lo más grave, obvian el necesario consenso...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar inexorablemente.

El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Termino.

Sin duda debemos mejorar la Administración local, pero reconociendo que en medio del gran desbarajuste estatal los cargos electos y el resto de servidores del municipalismo que puedan ser reprobados son la excepción y no la regla. A ellos dirijo nuestro reconocimiento.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pàramo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Matarí.

El señor MATARÍ SÁEZ: Gracias, señor presidente.

La verdad es que hacía tiempo que no se escuchaba en esta Cámara una intervención tan impresentable como la del señor Elorza. Ha hablado varias veces de poca vergüenza de mi grupo parlamentario. Señor Elorza, porca vergüenza es la que ha tenido usted en muchas ocasiones y que no quiero recordarle esta tarde. (Aplausos). Usted se ha equivocado, señor Elorza, en el día, en el debate y en la hora, porque lo que debatimos esta tarde es la misma propuesta demagógica, populista y oportunista propia de un grupo como Unión Progreso y Democracia, que fue rechazada ya por la Comisión Constitucional. Un día la señora Díez sentencia que sobran 2.000 pueblos y que las diputaciones provinciales no sirven para nada. Otro día, como sucede con esta moción, descubren que se pueden ahorrar 4.000 millones de euros fusionando 6.800 municipios de menos de 5.000 habitantes, o incluso 16.000 millones si estos alcanzaran una población de 20.000 y se incluyeran las diputaciones, todo esto -aseguran- mejorando, eso sí, la prestación de los servicios públicos. Ni más ni menos.

¿Cómo es posible esta supuesta maravilla, señor Martínez Gorriarán? Ustedes no dicen cómo hacerlo, sencillamente porque no es posible una propuesta tan extremista que conduciría a que millones de españoles dejaran de recibir servicios que hoy reciben gracias precisamente a esos pequeños municipios y gracias a las diputaciones provinciales. Porque desaparecidos los municipios, señor Martínez Gorriarán, ¿qué significa?, ¿que desaparecen los vecinos y la necesidad de prestar esos servicios? Pues no, evidentemente no. El debate no es el tamaño de los municipios, sino los servicios que reciben los ciudadanos, quién debe prestarlos y la forma más eficiente de hacerlo.

Por supuesto que coincidimos en que la Administración española en su conjunto debe racionalizarse, y el Gobierno del Partido Popular, señorías, trabaja muy seriamente para ello. Se han adoptado decisiones concretas relativas a la reducción del sector público empresarial, tanto estatal como autonómico o local. Se han puesto en marcha iniciativas como la consensuada en la Conferencia de Presidentes para la racionalización administrativa, creándose la Comisión para la reforma de las administraciones públicas. Por supuesto, hay iniciativas legislativas, en borrador todavía, como el anteproyecto de ley de racionalización


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de la Administración local, que es el camino, señorías, para alcanzar objetivos más ambiciosos incluso que los que se plantean en esta moción. El Gobierno del Partido Popular, desde el respeto a los municipios, va a cumplir su compromiso de reforma para definir con más precisión las competencias de las entidades locales, diferenciándolas de las competencias estatales autonómicas, evitando duplicidades y garantizando la financiación, lo que ustedes no hicieron, señor Elorza.

Señorías, nosotros defendemos la existencia de las diputaciones provinciales. Es verdad que algún grupo, algún partido que siempre las defendió, ahora, cuando no gobierna en la mayoría de ellas, propone eliminarlas. Las defendemos por su naturaleza constitucional, por su profundo arraigo en la vertebración territorial de nuestro país y también por su indudable servicio a los ciudadanos, al ser garantía para la prestación de servicios en los municipios de menor tamaño. Por cierto, sus órganos de gobierno no están formados por personas que pasaban por ahí, como dicen ustedes. Los diputados provinciales son alcaldes y concejales que han sido votados por los ciudadanos y que gozan de toda la legitimidad democrática. Ustedes olvidan que los ayuntamientos constituyen uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta la organización territorial del Estado y son sin duda la mejor garantía de la cohesión de España. Además, son las administraciones más próximas a los ciudadanos, con las que se sienten más identificados porque ven en su proximidad la gran capacidad de respuesta a sus demandas. Olvidando todo eso proponen la desaparición de 2.000, 4.000 o 7.000 municipios, dependiendo del día, y con ello la desaparición, por cierto, de miles de concejales, señor Martínez Gorriarán, que no reciben retribución alguna y que hacen un trabajo extraordinario de servicio a sus vecinos y a sus pueblos.

Señorías, no podemos repetir la negativa experiencia de las fusiones municipales de los años sesenta o setenta, ni potenciar el abandono del medio rural, que traería consigo los desiertos de una cultura que ha moldeado la configuración de España. Es falso también que tengamos más municipios que los países de nuestro entorno con extensión o población semejante. No podemos ni debemos tampoco -voy concluyendo, señor presidente- reinventarnos cada día el Estado y entrar en inciertos procesos de reforma de la Constitución con iniciativas sin duda discutibles desde el punto de vista jurídico, económico y social.

Señoras y señores diputados, en pocas semanas efectivamente llegará a esta Cámara la propuesta del Gobierno para modernizar la Administración local. La propuesta forma parte de la reforma integral de las administraciones públicas españolas que bajo la premisa: una Administración, una competencia, tiene comprometida el Gobierno. Va a ser una gran oportunidad, después de muchos años de espera, señor Elorza. ¿Qué ha hecho usted tantos años de alcalde sin reclamar nada de nada al Gobierno de su partido? Señorías, el Gobierno abrió un diálogo con comunidades autónomas y con los distintos grupos políticos en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Ese diálogo que algunos irresponsablemente quieren cerrar nosotros lo mantenemos abierto. Por eso concluyo esta intervención, señor presidente, reiterando una vez más la plena disposición del Gobierno y del Grupo Popular para que sea posible un gran acuerdo en una reforma que va a mejorar la prestación de los servicios públicos en España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matarí.

Señor Martínez Gorriarán, ¿qué enmiendas admite o rechaza?

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Señor presidente, no nos es posible aceptar ninguna enmienda. La del BNG tenía un pase, pero las demás no tenían nada que ver con la cuestión que hemos planteado, como, por cierto, la inmensa mayoría de las intervenciones.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Se votará en sus propios términos.

En dos minutos procederemos a votar. (Pausa).

Señorías, el pasado 30 de marzo nos dejó repentinamente el ilustre exdiputado y querido compañero Luis Martínez Noval. Luis Martínez Noval fue miembro de esta Cámara entre 1982 y 2001 ocupando durante este periodo, entre otras responsabilidades parlamentarias, la de presidente de la Comisión de Política Social y Empleo y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, además de ser ministro de Trabajo y Seguridad Social entre 1990 y 1993, y también, por elección de esta Cámara, fue nombrado consejero del Tribunal de Cuentas, cargo en el que sirvió durante once años. A lo largo de toda su trayectoria política, tanto desde el Gobierno como desde la oposición, Luis Martínez Noval supo comportarse con la misma


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ecuanimidad, empatía y altura de miras. Los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo y tratarlo recordamos su talante integrador, su capacidad de diálogo y su profunda lealtad al sistema constitucional. Todos estos rasgos de su personalidad, tan importantes para quienes nos dedicamos a la actividad política, hacen de él un referente para todos nosotros. Descanse en paz. (Aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en pie).

DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA. (VOTACIÓN).

- DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/1982, DE 9 DE JUNIO, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA. (Número de expediente 127/000002).

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a pasar a las votaciones. En primer lugar, la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Hay 2 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321 más 2 votos telemáticos, 323; a favor, 313 más 2 votos telemáticos, 315; en contra, 6; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia obtiene el voto favorable de la Cámara.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, RELATIVA A LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/2002, DE 27 DE JUNIO, DE PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 122/000066).

El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia relativa a la reforma de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. Hay 2 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326 más 2 votos telemáticos, 328; a favor, 5; en contra, 319 más 2 votos telemáticos, 321; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR CUADRA), SOBRE FRAUDE FISCAL Y CORRUPCIÓN. (Número de expediente 162/000586).

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Cuadra, sobre fraude fiscal y corrupción. Hay una autoenmienda y enmiendas del Grupo de La Izquierda Plural, entre las cuales, en la número 1, hay una enmienda transaccional. ¿Algún grupo se opone a esta votación? (Denegación).

Con esas características comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 24; en contra, 282; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE REALIZACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE APOYO A LAS FAMILIAS. (Número de expediente 162/000517).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre realización de un plan integral de apoyo a las familias, de acuerdo con una transaccional que tienen todos los grupos. ¿Algún grupo se opone a la votación? (Denegación).

En esas condiciones se vota. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 192; en contra, 123; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL AVANCE DEL DÉFICIT PÚBLICO DEL EJERCICIO 2012. (Número de expediente 173/000070).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre las actuaciones del Gobierno en relación con el avance del déficit público del ejercicio 2012. Hay una transaccional que conocen los grupos. ¿Algún grupo se opone? (Denegación). Entonces se vota la transaccional.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 140; en contra, 171; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LA FUSIÓN DE MUNICIPIOS Y LA SUPRESIÓN DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES COMO MEJOR MANERA DE GARANTIZAR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES IGUALITARIOS, SOSTENIBLES Y DE CALIDAD. (Número de expediente 173/000071).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre la fusión de municipios y la supresión de las diputaciones provinciales como mejor manera de garantizar unos servicios públicos esenciales, igualitarios, sostenibles y de calidad. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 6; en contra, 320; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se suspende la sesión.

Eran las diez de la noche.

Corrección de error. En el "Diario de Sesiones" número 100, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el pasado día 21 de marzo de 2013, en la página 5, línea 35, donde dijo: "...a lo largo de este año han sido 334.000, más que en ejercicios anteriores, ...", quiso decir: "...a lo largo de este año han sido 33.400, más que en ejercicios anteriores, ...".

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