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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 891, de 09/09/2015
cve: DSCD-10-CO-891
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 891
IGUALDAD
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA DEL CARMEN QUINTANILLA BARBA
Sesión núm. 30
celebrada el miércoles,
9 de septiembre de 2015


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui):

- Con objeto de hacer una evaluación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y analizar las perspectivas actuales, así como los principales retos de futuro. A petición propia. (Número de expediente 214/000133) ... (Página2)

- Para que explique las medidas que está adoptando para evitar el repunte de los asesinatos por violencia de género. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001936) ... (Página2)

- Para que explique de forma urgente el análisis que hace de la acumulación de asesinatos por violencia machista el día 30 de marzo de 2015 y las medidas y acciones que va a llevar a cabo el Gobierno para mejorar la protección de las mujeres víctimas y sus hijos y la prevención y lucha contra la violencia de género. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001967) ... (Página2)

- Para que explique las actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno para mejorar la prevención y lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres víctimas y de sus hijos. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. Urgente. (Número de expediente 213/002100) ... (Página2)

Aprobación por la Comisión para que el informe de la subcomisión sobre el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual sea debatido en sesión plenaria. (Número de expediente 154/000011) ... (Página33)


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Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.

COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (ALONSO ARANEGUI):

- CON OBJETO DE HACER UNA EVALUACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, Y ANALIZAR LAS PERSPECTIVAS ACTUALES, ASÍ COMO LOS PRINCIPALES RETOS DE FUTURO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000133).

- PARA QUE EXPLIQUE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ ADOPTANDO PARA EVITAR EL REPUNTE DE LOS ASESINATOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/001936).

- PARA QUE EXPLIQUE DE FORMA URGENTE EL ANÁLISIS QUE HACE DE LA ACUMULACIÓN DE ASESINATOS POR VIOLENCIA MACHISTA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2015 Y LAS MEDIDAS Y ACCIONES QUE VA A LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS Y SUS HIJOS Y LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/001967).

- PARA QUE EXPLIQUE LAS ACTUACIONES QUE VA A LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS Y DE SUS HIJOS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. URGENTE. (Número de expediente 213/002100).

La señora PRESIDENTA: Vamos a abrir la sesión procediéndose a tramitar el orden del día consistente, como bien saben ustedes, y así se ha acordado en Mesa y portavoces, en la celebración de las comparecencias y sobre todo de la comparecencia del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a petición propia, con objeto de hacer una evaluación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género y analizar las perspectivas actuales, así como los principales retos de futuro. Asimismo también en esta comparecencia hemos acumulado las solicitudes de comparecencias del Grupo Parlamentario Socialista. Señor ministro, en primer lugar, tendrá el uso de la palabra y después a continuación intervendrán los distintos grupos parlamentarios por un tiempo de doce minutos. Señor ministro, bienvenido al seno de la Comisión de Igualdad, a su casa, y estamos orgullosas y es un honor recibirle en la misma. Tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Para mí es mi obligación venir aquí y un honor como siempre poder estar. Esta es la segunda vez que comparezco en esta Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados en una ocasión importante. Quiero darles a sus señorías los buenos días y decirles que he entregado a la presidenta de la Comisión y hemos registrado tres documentos. Un primer documento es un informe de implementación de la Ley integral por la Administración General del Estado diez años después. Ahora glosaré el contenido, aunque es muy amplio, tiene mucha información y será objeto de atención no solamente en la sesión que vamos a celebrar esta mañana, sino que también es un documento que sirve para el trabajo de los grupos parlamentarios y de la Administración. Supone una evaluación completa del desarrollo de las políticas que se han desplegado en materia de lucha contra la violencia machista a lo largo de esta década. Otro documento que ya conocen, que es el que aprobó la Conferencia Sectorial de Igualdad el 22 de abril de 2015, también es un documento evaluativo que recoge las actuaciones de las comunidades autónomas en el cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004 y un tercer documento que viene a recoger las reflexiones y propuestas de reforma de la ley que se han recabado de todos los agentes que están implicados y que han participado y a los que quiero dar las gracias. En concreto de las comunidades autónomas, de los integrantes del pleno del Observatorio estatal de violencia sobre la mujer, los ministerios de Justicia, Interior, Educación, Cultura y Deporte, Hacienda, Administraciones Públicas y Fomento, Consejo Superior de Deportes, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, los grupos parlamentarios con representación en las Cortes -el Grupo Popular, el Grupo Socialista, el Grupo de Convergència i Unió, el Grupo de La Izquierda Plural, Entesa pel progrés, UPyD-, unidades de coordinación contra la violencia


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sobre la mujer que están integradas en las delegaciones o subdelegaciones de Gobierno y en las direcciones insulares, entidades que prestan servicios como Atenpro, el Centro Cometa y el servicio de atención telefónica 016, la defensora de la Universidad Complutense de Madrid y propuestas de asociaciones no integradas en el Observatorio estatal de la violencia sobre la mujer como la Compi, la Asociación Clara Campoamor y la Fundación Integra, no he hecho referencia al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía de violencia sobre la mujer. Todas estas entidades han trasladado reflexiones y propuestas que hemos sistematizado a través de un informe que entrego a la presidenta y que puede servir de base, de reflexión y de trabajo para el futuro.

En un momento en el que estamos en la finalización de esta X Legislatura quisiera hacer un balance de lo que han sido las actuaciones que se han desarrollado tanto en el ámbito parlamentario, que es importante la labor que se ha hecho y los avances que se han producido, como desde el ámbito de la delegación del Gobierno y del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad. Quiero comenzar rindiendo homenaje y recordando a las 794 mujeres, casi 800 mujeres, que han sido asesinadas desde el año 2003, así como a los hijos que quedaron huérfanos y a los menores que han sido asesinados. Antes del año 2003 no hacíamos estadísticas. Hay tantos miles de mujeres que han sufrido la violencia y que han sido asesinadas que antes de que pusiéramos en marcha la orden de protección, la Ley integral, y que empezáramos a desplegar toda esta política, concienciación y sensibilización de la sociedad española, muchas mujeres vieron silenciada su realidad y su situación, por desgracia había muchas víctimas que permanecían en el anonimato y también debemos rendirles un homenaje. Este año llevamos confirmados 28 asesinatos de mujeres que han dejado huérfanos a 24 menores. Tenemos otros cinco casos en investigación. Como recordaba a la presidenta estos meses de verano son especialmente duros. Quiero recordar a sus señorías que este es el año en el que tenemos a estas alturas del año un menor número de mujeres asesinadas. Es un año que sigue la tónica de lo que ocurre en verano, no hemos tenido un incremento. Estamos en las cifras históricamente más bajas. Sin embargo, los asesinatos, especialmente crueles, que se han producido por la forma en que se han desarrollado y, sobre todo, la gran concienciación de la sociedad española hacen que nos resulten insoportables cada uno de ellos. Eso es bueno y hemos de incidir ahí. El Gobierno se une al dolor de las familias. Esta realidad que es cotidiana para muchas mujeres supone una llamada permanente al compromiso y a que consideremos esta política una verdadera prioridad de Estado.

Lo que voy a contar va a mostrar que hemos realizado avances importantes, pero que naturalmente a la vista de la realidad son insuficientes y lo son mientras una sola mujer pierda la vida físicamente o en dignidad, a la que tiene derecho. Esto nos recuerda que exige el esfuerzo de todos y el del conjunto de la sociedad. No solamente el del Gobierno, que tiene su parte de responsabilidad y de deberes, sino del conjunto de la sociedad, porque afecta a todos y movilizarles a todos -instituciones, asociaciones, particulares- es una tarea común. En ese sentido quiero hacer un recordatorio en esta mirada a lo largo de esta década a las entidades sociales, muy particularmente a las asociaciones de mujeres, que llevan muchos años destinadas a concienciar y han sido protagonistas, porque sin ellas todo esto no se hubiera puesto en marcha. Quiero también apelar a otros ámbitos que suelen tenerse en menos consideración, pero que son muy importantes, particularmente a las empresas que se están implicando cada día con más intensidad para abordar el problema tan profundo y tan sensible como es la violencia de género.

El recorrido histórico de España nos ha llevado a una madurez en la política de Estado y a ese compromiso unánime de nuestro país en la aspiración de construir una sociedad libre de violencia contra la mujer por razón de género. A mediados de los años noventa hubo una mujer, que ustedes recordarán, Ana Orantes, que se atrevió a denunciar públicamente el maltrato que sufría por parte de su pareja. Esa mujer días después de haber aparecido en televisión fue asesinada. Ese crimen removió definitivamente las conciencias y marcó un antes y un después. Desde entonces, a mediados de los noventa es cuando el compromiso público y social por erradicar la violencia contra la mujer en sus distintas manifestaciones -la violencia de género, la trata, la mutilación, el matrimonio forzado, las agresiones sexuales- tomó asiento en la sociedad española y ha venido siendo inquebrantable y aumentando a cada paso. Hoy nuestro marco normativo es amplio y completo. España cuenta con un sistema público de recursos y una concienciación colectiva de rechazo a esta forma de violencia, desde los primeros planes contra la violencia que se elaboraron en el año 1998 y en el año 2001 o la creación del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, como órgano del Consejo General del Poder Judicial, hasta los textos legales fundamentales, como fueron la Ley Orgánica 27/2003 reguladora de la orden de protección y el hito que supuso la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección


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integral contra la violencia de género o más recientemente en esta misma legislatura una decena de modificaciones legislativas que vienen a mejorar la respuesta judicial y asistencial a las víctimas de violencia de género. A lo largo de estos diez años los documentos que hemos presentado en esta Comisión muestran el desarrollo de planes de actuación, protocolos y creación de órganos específicos. La evaluación que recoge todo este trabajo -desarrollo normativo, puesta en marcha de planes, etcétera- supone una intensísima labor de recopilación y de análisis que ha sido, como he dicho al principio, realizada con la aportación de todos los grupos parlamentarios, sociedad civil, fiscalía, Consejo General del Poder Judicial, Observatorio estatal y todos los ámbitos administrativos. No puedo detallar en toda la amplitud esta información que presento, pero sí me gustaría destacar algunos hitos del desarrollo del sistema de prevención, asistencia y protección frente a la violencia de género, tanto desde la Administración General del Estado como en las administraciones autonómicas. En primer lugar, el desarrollo de nuevas estructuras institucionales como han sido la Delegación especial del Gobierno para la violencia de género o el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer; la implicación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que tiene una comisión específica destinada a esta cuestión, y en el ámbito policial como ustedes conocen, pero es bueno recordarlo, el sistema VioGen, el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género. En el ámbito judicial la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer y las fiscalías contra la violencia sobre la mujer, la asistencia de unidades de valoración forense integral, el desarrollo de los principios de prevención de la violencia en el ámbito educativo y la realización de numerosas campañas de actuaciones de concienciación social y de prevención. Finalmente, la asistencia a través de la creación de servicios que son modélicos como el Atenpro o el 016. Además de todo esto, he de destacar la coordinación con todas las instituciones y administraciones que están implicadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los órganos judiciales, el ministerio fiscal, las policías locales, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Las comunidades autónomas son fundamentales en esta tarea, son las prestadoras de la asistencia a las víctimas, han aprobado normativa propia, han desarrollado sistemas y recursos para la prevención y protección integral. Han creado centros de información y atención jurídica gratuita y han realizado todas ellas campañas específicas de sensibilización. El compromiso de gestión que se ve reflejado también en un gasto público global en materia de violencia de género ejecutado durante los últimos diez años de más de 3.150 millones de euros por la Administración General del Estado y de más de 982 millones de euros por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Me gustaría facilitar algunos datos del balance que muestra la evaluación de estos últimos diez años. Teléfono 016, desde su puesta en marcha hasta julio de este año ha atendido a más de 500.000 llamadas; Atenpro desde su puesta en marcha acumula 64.000 altas; más de 66.000 mujeres han recibido asistencia jurídica gratuita hasta diciembre de 2014. Desde el año 2008 en que se puso en marcha y hasta el 2014, 2.190 mujeres han sido beneficiadas del Fondo de garantía de pago de alimentos. Desde 2006 hasta junio de 2015, 243.000 mujeres se han beneficiado de la renta activa de inserción. Entre 2007 y marzo de 2015 se han recibido 1.082.000 denuncias, más de un millón de mujeres han denunciado su situación. Desde 2005, 21.000 mujeres han percibido ayudas para el cambio de domicilio. A 31 de mayo de 2015, la realidad que estamos viviendo ahora mismo, se encontraban registrados en VioGen 370.900 casos, de los cuales 51.400 se consideran en situación de activo, más de 50.000, y por tanto reciben seguimiento y en su caso protección. De enero de 2007 a marzo de 2015 se han incoado más de 300.000 órdenes de protección y en julio de este año había 16.228 mujeres con protección. A 31 de mayo de 2015 se habían cumplimentado en el sistema VioGen 1.900.000 valoraciones de riesgo. Hasta el año 2014 se habían ejecutado 425 programas de tratamiento de agresores que afectan a 5.000 internos en centros penitenciarios. Total, a fecha 31 de julio de 2015, 6.263 internos cumplían condena por delitos de violencia de género y a fecha 31 de diciembre de 2014 se habían instalado 2.742 dispositivos. Son números que dan cuenta de una actividad muy intensa, más de un millón de mujeres que han presentado denuncia, 1.900.000 valoraciones de riesgo, miles de mujeres que han sido atendidas, a las que se les ha proporcionado protección. En los últimos diez años se ha logrado un cambio en la consideración de la violencia contra la mujer que es decisivo. Hoy es un problema de naturaleza pública y política y no es en ningún caso un problema de carácter interno o privado. El dato más elocuente es la sensibilización de la población. Hoy el 98 % de la población española rechaza la violencia de género. Se hace realidad la consideración de que cada vez que agreden a una mujer por razón de género nos agreden a toda la sociedad.


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Ya sé que son muchos datos, los tienen en la evaluación y los podrán desmenuzar y analizar de la manera que les resulte de utilidad. Después de hacer un repaso del desarrollo de la ley y de estos datos que les he trasladado quisiera detallar los avances que se han producido en esta legislatura y me parece oportuno por el tiempo en el que estamos. Hemos trabajado y se ha trabajado con intensidad en el ámbito de la violencia de género, desde las delegaciones, desde la secretaría de Estado, desde otros ámbitos y departamentos del Gobierno, yo el que menos porque llevo menos tiempo, pero en este ámbito parlamentario hemos podido trabajar y realizar nuestras aportaciones y hemos pretendido hacerlo desde principios de unidad y de consenso al que ustedes apelarán y que espero que puedan ser fortalecidos a lo largo de esta comparecencia de cara al futuro. Esa es la vocación que deberíamos tener de consenso, diálogo e interlocución permanente con el sector. Como insisto tanto en la involucración de la sociedad en su conjunto, pero tiene que ser para lanzar un mensaje positivo de confianza en la capacidad de respuesta de la sociedad, de actuación de las administraciones, que esto ayuda a muchas personas, da fruto, y que esto se puede traducir en una esperanza para las mujeres. Hay datos que están ahí. El 77 % de las mujeres que han estado en situación de maltrato han salido de esa situación. Quiere decir que queda muchísimo por hacer, pero que tengamos confianza en las iniciativas que podemos adoptar, en la labor que podemos hacer para luchar contra esta lacra y que en este esfuerzo no sobra nadie, todos podemos aportar. En julio del año 2013 el Gobierno aprobó la estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer que venía a dar cumplimiento al artículo 3 de la Ley integral que no había sido plenamente desarrollado hasta entonces. Esta ha sido la guía de actuación del Gobierno en estos años, desde el año 2013. Esta estrategia, como saben, tiene vigencia hasta el año 2016. A la luz del balance de lo que hemos hecho en este tiempo, elaboraremos una nueva estrategia de actuación para el futuro; a eso me referiré más tarde. La estrategia que contiene 284 medidas se encuentra en una fase avanzada de ejecución. En nuestra valoración está ejecutada o en ejecución hasta en un 80 % la mayoría de las acciones que prevé. Además de poner en marcha la estrategia, como saben sus señorías, se ratificó el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer, que es el instrumento más completo que existe a nivel mundial. Es un instrumento del año 2011, que ha sido ratificado ahora en esta legislatura, pero que responde a la voluntad y al trabajo de todos. Todos estos documentos y la propia Ley 1/2004 han configurado y configuran la hoja de ruta, que se ha centrando en cinco ejes de trabajo.

En primer lugar, las reformas legislativas. Esta ha sido una de las legislaturas, creo, más reformistas de los últimos años en todos los ámbitos. Se han modificado o aprobado diez leyes, que han supuesto avances muy significativos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la reforma del Código Penal, al nuevo marco legislativo que acaba de entrar en vigor de protección a la infancia, al Estatuto de la víctima del delito, a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial o también a la aprobación de la Ley de la jurisdicción voluntaria.

Gracias a estas reformas legislativas que han realizado sus señorías, los menores son considerados por fin como víctimas directas de la violencia de género y los jueces tienen el deber de pronunciarse sobre las medidas cautelares y civiles que afectan a los hijos menores de mujeres víctimas. Todas las mujeres víctimas, tengan o no recursos para litigar, tienen ahora acceso a la justicia gratuita y espero que en muy poco tiempo, con una modificación que todavía se está produciendo, puedan tener también acceso a un asesoramiento jurídico previo. Contamos con nuevos tipos penales, relacionados con la violencia de género, como el delito de hostigamiento o acecho, el delito de ciberacoso o el de manipulación de los brazaletes. Se ha ampliado el ámbito de la medida de libertad vigilada a los delitos de lesiones y de maltrato de obra cuando se trate de víctimas de violencia de género.

Se han ampliado las competencias de los juzgados de Violencia sobre la Mujer para conocer ahora delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen y delitos contra el honor, así como delitos de quebrantamiento de las medidas cautelares o de seguridad. Las víctimas podrán ahora estar informadas de las decisiones judiciales sobre las medidas que se adoptan hacia sus maltratadores, incluso las pueden recurrir. Los asesinos de sus parejas no pueden ya cobrar la pensión de viudedad ni heredar de la víctima. Las ayudas públicas que reciben las mujeres por su consideración de víctimas han quedado exentas de tributación en el IRPF y, además, han pasado a ser inembargables. Por tanto, yo creo que estamos hablando de reformas que tienen también un contenido práctico, que son importantes y que vienen a complementar las previsiones de la Ley integral, que -insisto- siempre ha sido también nuestra guía.

El segundo de los aspectos en los que hemos trabajado es en la sensibilización, prevención, formación y concienciación. El objetivo es poner en marcha acciones dirigidas a romper el silencio cómplice del maltrato. En el plano educativo, tanto la Ley orgánica para la mejora de la calidad en la enseñanza, como


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los reales decretos por los que se establece el currículo de primaria, secundaria y bachillerato incluyen contenidos de educación e igualdad y resolución pacífica de conflictos. En concreto, la igualdad se configura como un principio rector de todo el sistema educativo, que se tiene que aplicar de forma transversal. En las aulas, en el marco del Plan para la mejora de la convivencia y la seguridad escolar, que se puso en marcha en colaboración con el Ministerio del Interior, en el año 2014 han tenido lugar casi 3.000 charlas a los alumnos, a las que se suman 14.500 reuniones con personal docente y más de 1.400 encuentros con asociaciones de padres y de madres. En cuanto a la formación, se ha intensificado la dirigida a jueces, fiscales, operadores jurídicos y equipos psicosociales, así como a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales.

En materia de prevención y concienciación también son importantes las campañas institucionales que se han venido poniendo en marcha. En 2012 se lanzó la campaña Si la maltratas a ella, me maltratas a mí, y desde el año 2013, pusimos en marcha un leitmotiv con el mensaje Hay salida, que en los años 2014 y 2015 se han destinado de manera muy especial a las personas más jóvenes, los adolescentes y su entorno donde habíamos detectado situaciones de tolerancia hacia conductas machistas o conductas de control. Esto hace que el dinero que destinamos a las campañas haya ido aumentando a lo largo de la legislatura, particularmente en el año 2015. Este año se mantiene también en distintas las campañas. También tenemos previsto presentar próximamente la campaña Únete, hay salida dirigida a la población general -yo creo que es una campaña con un diseño eficaz- y otra campaña específica dirigida contra la trata, al hilo de la aprobación del próximo Plan de trata, que espero que pueda ir en breves fechas al Consejo de Ministros.

Las campañas lo que quieren es romper el silencio y que, por tanto, las mujeres puedan vencer aquellas barreras o aquellos obstáculos que les impiden denunciar para que se sientan acompañadas, que no se sientan solas, que tengan también la esperanza de que pueden salir de la situación en la que están viviendo y para que pueden recibir ellas y sus hijos protección eficaz y acompañamiento por parte del conjunto de la sociedad y el conjunto de las instituciones. Las campañas tienen su efecto. Por poner un ejemplo, las campañas de noviembre produjeron un incremento del 38 % en las llamadas que se recibieron en el 016 en el mes de diciembre, con respecto al año anterior. Es un incremento importante que demuestra que las campañas tienen su impacto y funcionan. Las campañas de marzo aumentaron las llamadas de abril un 15 % y las de mayo casi un 31 %.

Quiero decir que las campañas han multiplicado su efecto y esta es una línea en la que me parece que hay que seguir insistiendo, sin que eso haya supuesto un mayor coste añadido, gracias a la colaboración del casi centenar de empresas que están asociadas al programa de Empresas por una sociedad libre de violencia de género. Muchas de estas empresas son de gran tamaño, empresas muy importantes que llegan a muchos cientos de miles de personas empleadas y millones de clientes. Por ejemplo, cuando Renfe o AENA se implican nos permite llegar a veinticuatro millones de viajeros, o si se implica Correos, como se ha implicado, nos permite estar en 8.500 carros de reparto que circulan por todos los municipios de nuestro país. Sin olvidar los centros de atención primaria del Sistema Nacional de Salud donde hay instalados 17.000 carteles, o la labor también por ejemplo de las oficinas de farmacia que distribuyen miles de dípticos informativos y que también contribuyen a esa labor de prevención y de sensibilización. Asimismo quiero citar, porque no sería justo no hacerlo, las acciones realizadas -que ahora no detallaré, pero vienen todas detalladas en los informes- en otros ámbitos como la cultura, el deporte o las redes sociales.

En tercer lugar, hemos puesto en marcha medidas dirigidas a mejorar la respuesta institucional, a través del refuerzo de la asistencia, la protección y la coordinación. Todos y cada uno de los servicios asistenciales que se prestan se han mantenido, o se han mejorado. El servicio 016, que es importantísimo, es ahora accesible para personas con discapacidad auditiva. El servicio Atenpro, de acompañamiento y de asistencia a las victimas, ha mejorado su tecnología y cobertura y también se ha hecho accesible para personas con discapacidad auditiva y visual y la aplicación Libres de móvil tiene ya desde su puesta en marcha más de 8.000 descargas. Asimismo está el díptico Hay salida, que se va a repartir en los colegios e institutos para adolescentes y jóvenes para que ellos y ellas pueden detectar cuáles son los primeros síntomas de un maltrato futuro, de acoso. Así también pueden ver de qué manera pueden establecer una relación de pareja que sea sana y respetuosa. En ese sentido, este tema gira mucho a que se descarguen las App libres, para que se pueda realizar esa labor de prevención. Mejoramos también la tecnología de los brazaletes. En concreto, para la asistencia social e integral a las víctimas de violencia de género se


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han destinado 18,5 millones de euros a las comunidades autónomas. Este año vamos a incrementar las transferencias en los presupuestos y esperamos ya recuperar un presupuesto superior al que teníamos en el año 2011.

Las asociaciones han venido manteniendo su actividad y con cargo al 0,75 % del IRPF se ha distribuido a entidades sociales que trabajan con víctimas de los malos tratos más de 19 millones de euros, que han venido a alimentar la financiación de doscientos programas distintos de apoyo. En general, siguen en vigor las ayudas, pero quiero decir que la contratación de mujeres víctimas de violencia de género se ha incrementado en 56 % en esta legislatura. Esto a mí me parece de singular importancia, porque viene también a romper la situación de falta de salida económica, de dependencia económica que aumenta la vulnerabilidad. En ese sentido, el compromiso de las empresas me parece un compromiso decisivo también del conjunto de la sociedad para favorecer la contratación de las mujeres que son víctimas de violencia de género y su máxima autonomía.

En materia de refuerzo de protección de las mujeres y los menores que sufren malos tratos, quiero destacar dos avances -quizás, luego podamos hablar más de ellos- que son muy importantes: por un lado, el otro día se presentó por parte del Ministerio del Interior la elaboración de un nuevo cuestionario de valoración policial del riesgo, y por otro lado, la progresiva integración -que me parece importante- de la Policía local en el sistema VioGen. Esto permite a los agentes de policía de más de doscientos municipios que puedan ser más eficaces, porque tienen más herramientas a su disposición. En ese sentido, también se ha conectado -porque creo que había una materia pendiente de coordinación institucional, en la que se ha querido trabajar- con VioGen los puntos de coordinación de las órdenes de protección de comunidades autónomas, como en Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Cantabria, Valencia, Madrid y La Rioja. Además, como saben se puso en marcha el protocolo de las casas de acogida -aunque ya existían- para que puedan funcionar en red y se pueda agilizar el traslado de mujeres y menores en situación de riesgo entre comunidades autónomas. Creo que es importante el protocolo común para la actuación sanitaria, la capacidad de los centros de atención primaria y del Sistema Nacional de Salud para detectar las situaciones de maltrato, porque también son una puerta para poder romper el silencio, es una vía que se ha demostrado eficaz y en la que seguramente tendremos que insistir de cara al futuro.

El cuarto eje -no se preocupen porque no voy a extenderme mucho aunque lo parezca, al menos en esta primera intervención- se refiere a la atención a menores y grupos vulnerables. Por primera vez, como se ha dicho, se reconoce legalmente a los menores -no es que no se hubiera hecho trabajo con los menores, pero ahora se les reconoce legalmente- como víctimas directas de la violencia de género. Además, se procura que en estos casos de violencia de género los menores puedan permanecer con garantías con sus madres y que de oficio se tengan que adoptar medidas civiles en el marco de la orden de protección; medidas de protección para quien es una víctima directa, que son ahora los menores, y que se tenga también obligatoriamente que regular con garantía judicial cómo van a ser los regímenes de estancia, relación y comunicación, alejamiento y domicilio, régimen de visitas, etcétera. Hemos incorporado la violencia de género como forma de maltrato infantil en el protocolo que hemos aprobado en junio de este pasado año y hemos también destinado más de 5 millones de euros a la asistencia social dirigida a menores que viven con víctimas de violencia de género. Quiero decir también que las estadísticas han empezado a recoger también a los menores que han quedado huérfanos.

Asimismo, se han puesto en marcha distintas medidas -creo que también esta es una línea de trabajo para el futuro- para apoyar a las mujeres que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad: mujeres que tienen alguna discapacidad, mujeres que no tienen trabajo, mujeres que se encuentran en situaciones de exclusión o las que viven en entornos rurales. Se ha venido trabajando también -ya les anunciaba también que vamos a aprobar también el Plan de trata- en la visibilización de otras formas de violencia contra la mujer: lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, mutilación genital femenina, matrimonios forzosos y agresiones sexuales; nuevamente una línea de trabajo en la que parece que es voluntad de todos avanzar, así como también avanzar en el ámbito de lo que consideramos violencia contra las mujeres.

Se les reconoce la asistencia jurídica gratuita con independencia de sus recursos. Esta es una modificación que se hizo, y que todavía tiene una capacidad de avanzar, para tener un asesoramiento jurídico previo que garantice que las denuncias están bien formuladas y no van a ser rechazadas. Se ha tipificado el delito de matrimonio forzado en el nuevo Código Penal y se ha reforzado los mecanismos que tenemos para detección, identificación, asistencia y protección de estas mujeres. Además, vamos a


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aprobar el plan -se lo he dicho ya como cuatro veces- y lo presentaremos aquí. Es un plan que es esperado y es importante, que era un compromiso de legislatura y que va a tener una estimación presupuestaria superior a los 100 millones de euros en los próximos cuatro años.

El quinto apartado de medidas, en el que hemos venido trabajando, se refiere a la transparencia de la información y la difusión de datos para tratar de conocer con más rigor científico las causas, la situación actual que estamos viviendo y las consecuencias de la violencia de género. Por tanto, se han aumentado los estudios, las estadísticas y se han puesto en marcha boletines de carácter mensual y de carácter anual. Este es un aspecto indispensable para identificar cuáles son hoy los principales puntos débiles que tenemos y, por tanto, dónde tenemos que incidir más. La encuesta que se elaboró en colaboración con el CIS para conocer la percepción de la violencia de género -lo he dicho antes- y, de forma especial, en lo relacionado con la adolescencia nos ha permitido conocer aspectos de esta realidad que son ciertamente preocupantes y a los que a lo mejor no habíamos prestado tanta atención antes. Por ejemplo, que uno de cada tres jóvenes considera inevitables o aceptables situaciones de control: horarios, modo de vestir, amistades, familia, redes sociales, teléfono móvil, etcétera. También ha sido muy útil la macroencuesta realizada en 2015 que ha sido la más amplia y completa hasta el momento y que, además, se ha realizado de acuerdo con los estándares internacionales de la Unión Europea y de Naciones Unidas, lo cual permite también establecer comparaciones para saber cómo estamos en España y cómo vamos avanzando. Quiero decirles -esta es una novedad importante- que en este tiempo que nos queda todavía de legislatura, aunque ya entiendo que no es mucho, hay cosas importantes que hacer y vamos a poner en marcha en Internet -ya está a punto y espero que pueda estar este mes o al mes que viene- la nueva página web, la plataforma on line propia y específica de violencia de género. Nosotros queremos que la página web se convierta en un punto de referencia, que recoja toda la información sobre recursos, servicios y acciones de prevención y concienciación social. Esta página web se llamará Por una sociedad libre de violencia género -no la voy a presentar hoy aquí, salvo que ustedes quieran que dé más detalles, pero será objeto naturalmente de presentación pública y de difusión- y vendrá a cubrir una cierta laguna que teníamos porque no disponíamos de esta herramienta específica.

Quizás he sido demasiado exhaustivo enumerando alguna de las actuaciones que hemos llevado a cabo en los últimos cuatro años, pero con ello quiero acreditar la prioridad y el compromiso que para el Gobierno supone la violencia de género; prioridad y compromiso que queremos mantener en el futuro en el ámbito de la sensibilización, la concienciación, la formación, la protección y también en el ámbito de las reformas normativas. En el ámbito de la sensibilización -les he dicho que no iba a contar todo el detalle de la web, o sea, que no lo voy a hacer- va a contener novedades y distinta capacidad de acceso a información, recursos y servicios.

Sin embargo, hay algo importante también que ya les he anunciado, me refiero a las dos compañas que vamos a poner en marcha y que continúan con las campañas de sensibilización que venimos haciendo. Hay una decidida voluntad de intensificar la educación y la formación de jóvenes y adolescentes, mediante acciones concretas en los centros educativos. Hay una guía didáctica que se ha preparado y que se va a presentar ahora, en torno a unos cortometrajes que se titulan Encuentra el verdadero amor, que ha hecho la Asociación de Mujeres Cineastas. Creo que es una guía didáctica completa para la prevención de la violencia de género en los adolescentes. Nosotros queremos intensificar el trabajo con el Ministerio de Educación, y también naturalmente con las comunidades educativas, para poder preparar materiales e ir introduciéndolos cada vez más en las aulas para que lleguen verdaderamente a una población que objetivamente es una población de riesgo. Por tanto, todos estos materiales que vamos a sacar en las próximas semanas, algunos ya están disponibles, van a incidir en esa labor que nos parece a nosotros prioritaria.

También queremos intensificar -estamos hablando de este tema con los demás ministerios implicados- la formación de los agentes implicados. Le hablo de los educadores, pero también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Administración de Justicia, la abogacía, el personal sanitario, los equipos psicosociales... En este sentido, se viene realizando una formación que se va ampliando y hay voluntad por parte de los distintos ministerios para que eso se pueda intensificar y pueda llegar a más personas que están implicadas. En materia de protección quiero decirle que tenemos a punto de firmar ahora un protocolo de actuación en el exterior para la protección de las mujeres españolas víctimas de violencia de género que se encuentran fuera de España y queremos hacerlo también implicando a las embajadas, a los consulados y al Ministerio de Asuntos Exteriores.

En materia de reformas normativas es evidente, si uno ve las reflexiones y propuestas de reforma que han planteado los distintos agentes y también los grupos parlamentarios, que se está abriendo una


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reflexión para modificar la Ley 1/2004 e introducir en su ámbito de aplicación nuevas formas de violencia contra la mujer, como he relatado antes. En ese sentido, ahora que está terminando la legislatura -a nosotros nos quedan cosas por hacer y vamos a seguir trabajando cada día por mejorar estas cuestiones y les he señalado algunas de las que tenemos que hacer- básicamente la labor legislativa está hecha. Ahora en el mes y pico que queda no parece que podamos abordar cambios normativos en las Cámaras, pero sí tenemos que pensar para el futuro. Lo importante es cómo lo vamos a hacer. Yo creo que los documentos que hoy traemos aquí pueden servir de base para una reflexión de cara a la próxima legislatura, también de cara a la puesta en marcha de la nueva estrategia del nuevo instrumento que guíe las actuaciones de futuro. A mí me parece -es lo que les quería decir a sus señorías- relevante que lo hagamos juntos. Por tanto, nosotros aportamos el conocimiento de las propuestas que hemos podido ir recopilando y de las que hay ahora, sobre las que se puede tener una opinión favorable y crítica, pero, en cualquier caso, todas tienen que ser analizadas y todas pueden servir para construir en el futuro. Digo que lo importante es que lo hagamos juntos. Ahora ya estamos terminando esta legislatura, pero creo que deberíamos finalizar con ese propósito de que todavía hay muchas cosas que hacer, que todavía podemos ir ampliando, que tenemos ya material, que tenemos una visión de hasta dónde hemos llegado, que estamos avanzando y que la nueva estrategia la podemos construir entre todos aquí.

Quiero que ustedes tengan confianza, a pesar de lo duro que es. El señor Caldera fue ministro de este tema y él lo sabe, porque realmente se pasa mal. Aunque estos meses de verano producen ciertamente una situación de desconcierto, cuando uno mira las cosas con perspectiva puede ver que se ha avanzado mucho. La mayor parte de las mujeres salen de esta situación, está descendiendo el número de personas asesinadas, pero no es algo que se tenga que afrontar en solitario por parte de nadie, es algo en lo que todos los que estamos luchando contra esto tenemos que sentirnos acompañados y tenemos que sentir que trabajamos juntos.

Me gustaría insistir en que lo fundamental es la llamada a las víctimas para que pidan ayuda para romper el silencio, que se puede salir del círculo de violencia, que se puede recuperar la vida que se merecen lejos de esa situación de maltrato y que hay salida. Además España -y agradezco profundamente la sensibilidad de los grupos cuando el otro día se aprobó en la declaración institucional- ha mostrado que es un ejemplo en el mundo contra la violencia de género, que se ha avanzado mucho y que hay voluntad política por parte de todos para poder avanzar más y que, en todo caso, la sociedad española no piensa retroceder ni un milímetro en la defensa de sus derechos.

Espero no haber sido muy pesado, y ya me pongo a disposición de las aportaciones que quieran realizar sus señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

Quiero decirle que el informe que me ha hecho llegar relativo a las reflexiones y propuestas de la reforma de la Ley orgánica de medidas integrales contra la violencia de género, así como los informes, uno sobre la implementación de la Ley orgánica integral por la Administración General del Estado y otro sobre la implementación por las comunidades autónomas, los haré llegar a cada uno de los miembros de la Comisión de Igualdad para que tengan de primera mano la documentación que usted me ha entregado. Asimismo, quiero darle las gracias por su intervención, por su sensibilidad y por su compromiso en la lucha contra la violencia de género. Clara y contundente ha sido su intervención. Desde luego, usted sabe, como todos los miembros de la Comisión, que la pérdida de la vida de una mujer asesinada por violencia de género es la mayor vulneración de los derechos humanos.

Sin más, quiero dar la palabra a los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, intervendrá el Grupo Parlamentario Socialista por un tiempo de doce minutos porque ha sido el que ha solicitado la comparecencia. Tiene la palabra su portavoz, la señora Álvarez.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Bienvenido, ministro. Nos sumamos, por supuesto, al homenaje a las víctimas, a las mujeres, a sus hijos y quisiera añadir que también a los amigos y familiares que las acompañaron en los incidentes violentos y fueron también víctimas mortales como consecuencia de prestarles su apoyo. Además, creemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que estas víctimas deben ser incorporadas de inmediato a las estadísticas oficiales.

Dicho esto, me gustaría recordarle varias fechas, a ver si las tiene en la memoria, que son recientes y por tanto es posible que así sea: 25 de agosto: el Partido Popular impide que el ministro de Sanidad comparezca en el Congreso; 25 de agosto: los socialistas presentan un decálogo de medidas como base para un gran pacto; 27 de agosto: Alonso comparecerá en el Congreso para evaluar diez años de la Ley


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de violencia machista. Por tanto, esta es -entendemos nosotros- una comparecencia reactiva, pero aun así le damos la bienvenida y estamos muy agradecidos de que nos ofrezca estos datos, aunque también es verdad que nos gustaría que cambiásemos las prácticas parlamentarias y así como en el Pacto de Toledo cada vez que se va a debatir algún asunto los parlamentarios cuentan con los documentos dos días antes, estaría bien que hoy estuviéramos en condiciones de poder hacer una evaluación habiendo visto los datos previamente.

Todas las medidas para atajar este problema son bienvenidas por nosotros y van a ser celebradas. Sería bueno que ustedes actuasen en sentido idéntico. Aquí tengo una ristra de proposiciones que hemos presentado a lo largo de esta legislatura y ustedes han votado en contra de ellas, una detrás de otras; bien es cierto que muchas de ellas las han incorporado después a sus normas legales, estamos encantados también de que nos copien.

Es muy importante para hacer una evaluación hacer historia. Por tanto, le voy a decir que esta ley fue demanda durante toda la década previa a su aprobación por las asociaciones de mujeres y la sociedad civil, que vino a esta Cámara por primera vez el 10 de septiembre de 2002 y que fue votada en contra por el Partido Popular, que tenía entonces mayoría. Aquel voto en contra solo consiguió retrasar la puesta en marcha de la ley dos años, porque en 2004 -ustedes ya en la oposición- se sumaron al consenso y hoy como Gobierno reciben elogios por una ley que es calificada por todas las instancias internacionales como extraordinaria.

Nosotros también hemos analizado los datos de los informes anuales, hemos revisado los del Consejo General del Poder Judicial y nos hemos reunido con operadores y expertos. Lo primero que tenemos que manifestarle es que un análisis de una década reclama una comparativa con la situación previa, no solamente con los diez años que estamos evaluando de la ley. Por eso, yo me he permitido traerle algunos datos. El dato exponencial para valorar las consecuencias de la ley son las denuncias, porque muestran el número de mujeres que están dispuestas a confiar en los instrumentos legales para salir de la violencia. En España, en el año 1984 hubo 16.000 denuncias por malos tratos y en 1994, 16.300: una década sin apenas variación. En el año 1997, que usted ha citado, en el que fue asesinada Ana Orantes, hubo 17.587 y en 2007, una década después de aquel asesinato y con la Ley Integral ya aprobada, las mujeres ponían denuncias hasta llegar a la cifra de 126.000. En tan solo diez años de vida de la ley se multiplicó por siete el número de mujeres que se animaron a dar el paso para salir de la violencia. Este es el primer indicador que pone de manifiesto que las mujeres exigían al Estado entonces elementos de confianza para dar el paso y que la ley se los dio y así lo sintieron.

Permítame, señor ministro, que analice algunos de los datos que hemos identificado. En 1999, se realizó el que fue el primer estudio sobre sentencias judiciales relacionadas con malos tratos en este país; no ha había habido con anterioridad ningún otro. En ese año, el 19 % de los procedimientos se archivaron porque las víctimas retiraron las denuncias en los juicios de faltas, que es cómo se juzgaban entonces estos casos. Tras la aprobación de la ley, las retractaciones han bajado siete puntos porcentuales, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, manteniéndose desde 2007 hasta ahora en una media del 12 %. Sin embargo, en los últimos cuatro años este indicador ha tenido un mal comportamiento, con un aumento de medio punto porcentual con relación al cuatrienio anterior. Y una evaluación de la ley también hay que hacerla viendo cómo evolucionan esos indicadores que usted ha manejado a lo largo de toda la serie. Pues bien, con respecto a los últimos cuatro años, tenemos que decir que el aumento de retractaciones es un mal dato. Ese medio punto porcentual, señor ministro, son exactamente 1500 mujeres al año que dan un paso atrás, que se rinden, que se ven sin recursos emocionales y apoyos suficientes para enfrentar el proceso de salida de la violencia, y eso tiene que ponernos en alerta. La Junta de Andalucía, pionera en estudiar las variables que concurren en las retractaciones, ha identificado la no concesión de órdenes de protección como uno de los principales elementos que empujan a las mujeres a retirar las denuncias. La no concesión de protección por parte de los jueces multiplicó por 3,6 la probabilidad de renuncia de las mujeres a seguir con el proceso. Pues bien, los juzgados han pasado a denegar órdenes de protección, sin que sepamos qué ese lo que está motivando este comportamiento. En el año 2007 se denegaban el 25 % de las solicitudes; en el año 2014, el 43 %. Una evaluación seria debe contarnos por qué, por ejemplo -y aquí tenemos un gráfico-, en los juzgados de Murcia se han mantenido las órdenes de protección en toda la serie estadística en una media del 80 %. (La señora Álvarez Álvarez muestra un gráfico a la Comisión). Sin embargo, en Cataluña las concesiones de protección han caído en una pendiente inexplicable, pasando de concederse el 70 % en 2006 a tan solo el 34 % en 2014, es decir, ha habido una bajada de 36 puntos porcentuales. Y en la Comunidad de Madrid, la concesión de órdenes de protección ha caído del 68 %


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al 45 % en el mismo periodo. Hay las mismas denuncias, la macroencuesta nos dice que no hay cambios significativos de las circunstancias, y, sin embargo, juzgados como el de Badalona, Telde, Sueca o Miranda de Ebro deniegan las solicitudes de protección por encima del 90 %. El año pasado el conjunto de los juzgados de Barcelona denegó el 73 % de las órdenes de protección. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que nos tiene que decir una evaluación. ¿Y qué dice la evaluación de esto? Señor ministro, no podemos permitirnos que cunda la desconfianza en el sistema de Justicia -en esto estará usted de acuerdo conmigo- y no podemos permitir que el sistema se convierta en otro obstáculo para las víctimas.

Otro asunto. No contar con un acompañamiento especializado y formado hace que la probabilidad de renuncia se multiplique por cuatro. Las mujeres que no tuvieron apoyo psicológico durante su periplo judicial abandonaron el proceso en un 51,5 % de los casos; imagínese las que están en el proceso previo o no han entrado ni siquiera en el circuito. Por eso, la importancia de una medida anunciada por nuestro secretario general de poner en marcha a nivel estatal una red de unidades de apoyo a la toma de decisiones que acerque a través de los ayuntamientos -a los que, por cierto, ustedes han quitado competencia en materia de igualdad- las herramientas que las mujeres precisan previas a la denuncia. Señor Alonso, para nosotros los 40.000 quebrantamientos de medidas y los 2400 quebrantamientos de penas que se producen cada año son un asunto de vital importancia. El 8 de octubre de 2013 -usted era portavoz y, por tanto, tiene que conocer este asunto que le voy a relatar, y, por supuesto, está recogido en el "Diario de Sesiones" del Pleno del Congreso- ustedes votaron en contra de una proposición de ley socialista que proponía la atribución a los juzgados de violencia sobre la mujer de la competencia para conocer de los delitos de quebrantamiento. Esta y otras medidas votadas en contra -hemos pasado a los medios de comunicación una relación exhaustiva- casi dos años después ustedes las han incluido en diferentes normas. ¿Sabe lo que pasa con ese voto temerario en contra? Lo único que han conseguido ha sido retrasar en dos años medidas que nosotros creemos que son necesarias y urgentes.

Nos preocupan también, por supuesto, como a ustedes, los alarmantes asesinatos de menores. Pero, señor ministro, nosotros creemos que su Ley de protección de la infancia y adolescencia es inútil para proteger a menores víctimas de la violencia machista, por dos razones: por falta de medios materiales -ustedes tienen una disposición final que impide nuevos recursos para implementar acciones en este sentido: el propio Consejo de Estado les ha echado una reprimenda en el informe- y, en segundo lugar, porque han desaprovechado la ocasión de modificar normas para fortalecer el marco de protección penal de menores expuestos a violencia de género. Usted sabe que la Ley Integral permite al juzgador suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad, la guardia y custodia y las visitas. ¿Qué es lo que dice la evaluación de este asunto, al que usted ha hecho referencia pero no ha valorado o del que no nos ha dado datos estadísticos? Nosotros nos hemos molestado en hacer una revisión y le tengo que decir que las estadísticas judiciales dicen lo siguiente en relación a esta potestad que tienen los jueces: en los últimos cuatro años, en los casos con orden de protección la suspensión del régimen de visitas ha descendido un 43 % en relación con los cuatro años anteriores, la suspensión de guardia y custodia ha descendido un 15 % y la suspensión de la patria potestad ha descendido un 30 %; todo ello, por supuesto, sobre cifras, de entrada, muy insignificantes. Nos encontramos, por tanto, con juzgados cada vez menos propensos a reconocer que ningún derecho de visita o custodia debe poner en peligro los derechos y seguridad de la víctima y de sus hijos. Espero que podamos encontrarnos en esta valoración. Por eso, nosotros pondremos en marcha un nuevo sistema de valoración forense de riesgo que auxilie al juez con respecto a medidas a imponer para proteger a los menores, medida que, como ustedes ya sabrán, hemos registrado a través de una proposición no de ley recientemente. Por otro lado, como hemos comunicado esta mañana, incorporaremos a las madres de los menores asesinados como receptoras de las prestaciones que la ley reconoce a las víctimas de violencia de género, simplemente porque son víctimas. Estas y otras muchas medidas formarán parte de los compromisos del próximo Gobierno socialista.

Una valoración de diez años de la ley reclama también conocer cuál es el nivel de impunidad en este tipo de delitos. Por ejemplo, un archivo indebido es impunidad. ¿Qué valoración hace su evaluación del número de archivos de denuncias? Existen juzgados en los que el archivo de denuncias interpuestas asciende al 50 %, incluso hasta el alarmante y tengo que decir que inexplicable 81 % de archivos de denuncias que se está produciendo en la provincia de Ávila. Una evaluación de la ley reclama estudiar estas anomalías.

Los datos sobre formación de profesionales ocultan en el dato global que usted ha dado cuál ha sido el comportamiento de la formación. Este gráfico (muestra un gráfico a la Comisión) pertenece a su ministerio:


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indica los profesionales formados en violencia por parte de su ministerio, y ahí tiene usted las consecuencias de su llegada al Gobierno. Pues bien, la formación de jueces y fiscales y otros operadores jurídicos es un asunto esencial, con lagunas importantísimas, que también reclama remodelaciones urgentes.

Voy terminando, señora presidenta. Una evaluación reclama conocer cómo ha impactado la paralización de la creación de juzgados especializados o el hecho de que hayan desaparecido más de la mitad de las oficinas de atención a las víctimas o que se haya reducido su horario, y una evaluación implica conocer cómo ha afectado a la seguridad que ustedes hayan prescindido de casi 6800 efectivos de Policía y Guardia Civil; la escasez de medios de la Guardia Civil es alarmante. Y se auguran malos tiempos para el futuro de la ley si ustedes siguen gobernando, porque el futuro de la ley no es ajeno al desmantelamiento de las competencias municipales en materia de igualdad, no es ajeno a la desaparición de Educación para la Ciudadanía y no es ajeno a los recortes presupuestarios para programas de intervención preventiva en los colegios que vienen denunciando las organizaciones que los impartían. Señor Alonso, una evaluación no es una ristra de datos. En el resumen que yo haría en estos momentos, a expensas de todas formas de ver con detalle los datos que nos va a aportar, me atrevería a decir que la ley sufre un ataque de interpretación restrictiva y de racanería presupuestaria. Creo que ustedes han querido usar esta comparecencia como tribuna electoral; no tiene otro sentido esa reacción que ustedes han tenido votando un día que no y al día siguiente solicitando inmediatamente la comparecencia, para mí no tiene ninguna otra explicación.

La señora PRESIDENTA: Señora Álvarez, le pido, por favor, que termine ya, porque se ha pasado del tiempo en tres minutos.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Termino, señora presidenta.

La lucha contra la violencia es un proceso efectivamente. Tenemos que felicitarnos porque hemos hecho grandes cosas. Pero los procesos se aceleran o se ralentizan y usted no ha dado aquí datos de evaluación de esos indicadores, y le puedo garantizar que al menos los que nosotros hemos estudiado han sufrido un proceso de ralentización, que no juega a beneficio de las víctimas. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para su intervención la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Aprovecho para decir que una vez que intervenga me tengo que subir a la Comisión de Presupuestos, porque se está votando en estos momentos.

Muchas gracias, señor ministro, por esta comparecencia en la que usted nos presenta una evaluación de la Ley 1/2004, pero, lamentablemente, no podemos intervenir sobre la base de esa evaluación que usted nos presenta hoy, porque, aparte de lo expuesto en su intervención, no conocemos el documento que ha entregado a la señora presidenta, de modo que no podemos hacerlo de manera pormenorizada, aunque sí aprovechamos su comparecencia para comentar algunos asuntos.

No quisiera continuar mi intervención sin hacer una mención de las víctimas de este año, pero de manera especial -porque cuando toca de cerca parece que se siente más, aunque se sienta lo mismo- de la mujer asesinada en la ciudad de Vigo este pasado domingo, porque efectivamente la cercanía hace que la cuestión parezca mucho más evidente. Por eso, señor ministro, quiero decir que desde el Bloque Nacionalista Galego nunca hemos evaluado una acción de Gobierno en relación con el número de mujeres asesinadas, porque creemos que eso no es lo fundamental. Pero que se entienda bien lo que quiero decir: en violencia de género, la mujer asesinada es la forma de visibilizar el problema, pero la violencia de género es mucho más amplia que lo que puedan suponer las mujeres asesinadas, y actuar sobre esa situación de violencia de género será lo que pueda evitar que las mujeres sigan siendo asesinadas por sus parejas. Por eso, nos parece que no podemos tomar en consideración que se haya reducido el número de mujeres asesinadas en lo que va de año, porque, como sucede en la valoración de estadísticas anteriores, nos podemos encontrar con que el número de víctimas se incrementa, y ello porque la situación real de violencia sigue siendo la misma. Y en este sentido, nosotros, que valoramos, como no puede ser de otra manera, que la Ley contra la Violencia de Género es extremadamente positiva para combatir esta lacra, creemos que en estos últimos años ha tenido no digo retroceso pero sí alguna ralentización en su desarrollo, sobre todo en la consecución o en la conquista de aquellos objetivos que la propia ley plantea.

Se ha referido usted a algunos aspectos acerca del cómo se está desarrollando la ley en el sector educativo, pero nosotros no podemos estar de acuerdo con usted en esta cuestión, porque creemos que


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en este aspecto no se está haciendo todo lo que se debería hacer, teniendo en cuenta lo que se dice en la ley, que es fundamental para cambiar esa cultura de machismo, esa cultura donde el poder y el dominio de los varones sobre las mujeres hace que la violencia de género sea una realidad. Y que no se está haciendo lo que se debería en el sector educativo lo demuestra el hecho de que seguimos siendo víctimas de una violencia de género en una edad que entendemos que debería estar más superado, que es la edad de la adolescencia, la de nuestros jóvenes. Por tanto, señor ministro, creemos que en este asunto no se ha hecho en los últimos años lo suficiente y no se ha desarrollado debidamente la Ley 1/2004.

Otra de las cuestiones que creemos que se ha ralentizado o incluso en la que se ha retrocedido mucho es la relativa a las medidas sobre protección social que puedan recibir las mujeres, que sean las adecuadas para permitirlas no solamente denunciar sino seguir adelante con las denuncias. Entiendo que esas retracciones sobre las denuncias que vienen produciéndose en estos últimos años tienen mucho que ver con eso.

En cuanto a las posibilidades de ayudas económicas, también para las mujeres que tienen hijos que cuidar, que las posibilidades de acceso al empleo sean mayores que las actuales evidentemente también es razón para que las mujeres no denuncien y se mantengan en el círculo de la violencia, sin poder salir de él. Y, señor ministro, hay que reconocer que los presupuestos del Estado en esos últimos cuatro años, es decir, los presupuestos que corresponden a su Gobierno, han sido en este aspecto restrictivos, se han reducido mucho, y, por tanto, se han reducido las ayudas y se han reducido las contrataciones laborales. Incluso, en este momento, con la reducción que se hace en prestación por desempleo, se va agravar aún mucho más, porque tengamos en cuenta que en estos últimos años también se ha ampliado la brecha de mujeres paradas en relación con hombres parados. Por tanto, esa reducción por desempleo no va a ser tanto porque vaya a haber menos parados, porque habrá más, en este caso más paradas sin ningún tipo de prestación. Decía usted que se incrementan los Presupuestos Generales del Estado y se habla de un incremento en violencia de género, que no dejamos de considerar, pero, señor ministro, estamos ante unos presupuestos que siguen siendo aproximadamente un 25 % inferiores a los del año 2011. En relación con las políticas para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, quien piense que no tiene que ver con trabajar en la dirección de erradicar la violencia de género se equivoca, es decir, es fundamental que avancemos en la igualdad de oportunidades y en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres para que se vaya erradicando la violencia de género, y en este caso los datos son extremadamente claros en relación con la reducción presupuestaria que hace este Gobierno.

Por tanto, señor ministro, evaluación positiva de la ley que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico para luchar contra la violencia de género. Por parte del Bloque Nacionalista Galego no puede ser más que positiva por lo que representa y ha representado la ley en estos últimos años en el avance para luchar contra esta lacra social, pero no podemos hacer una valoración en la misma medida en relación con el desarrollo de la ley y las propuestas que se deberían llevar a cabo por parte del Gobierno de Mariano Rajoy o de su ministerio, señor Alonso, porque entendemos que no se ha hecho todo lo que se debería hacer para que la ley fuera avanzando en una lucha que evidencia que en lo que va de año han sido asesinadas 28 mujeres, además de los niños asesinados víctimas de violencia machista, y que también habría de reflejarse en la eliminación de la violencia de género en la sociedad, aspecto en el que seguimos estando en una situación extremadamente grave. Por tanto, hace falta un mayor impulso del desarrollo de la ley en el aspecto educativo y un mayor impulso de la ley en los aspectos relativos a la protección social de las mujeres, para que puedan salir de ese círculo vicioso que es la violencia de género.

La señora PRESIDENTA: Corresponde el turno al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, el señor Agirretxea, pero, como recordarán, en la reunión de la Mesa y Portavoces se acordó que, porque la señora De las Heras habría de intervenir en la Comisión de Presupuestos, la cederían ustedes el turno. (Asentimiento). Tiene la palabra la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Quiero dar las gracias al resto de los grupos; es cierto que lo dije en Mesa y portavoces.

Bienvenido, señor ministro. Comparece para hacer una evaluación de los diez años de vigencia de la Ley contra la Violencia de Género. Es cierto que contando con su voluntad de venir podríamos haber dejado al margen la negativa rotunda que se nos planteó en la Diputación Permanente instándonos a esta comparecencia. Desde luego, desde La Izquierda Plural entendemos que hay un marco legislativo extenso y positivo contra la violencia machista, pero también que no se ha desarrollado en su totalidad. En estos últimos cuatro años de Gobierno de Partido Popular se han implementado medidas, que, si bien en


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algunos casos son adecuadas -y nosotras nos felicitamos de ello-, prácticamente en ninguno lo son desde el punto de vista presupuestario. Por tanto, aunque esas medidas puedan ser buenas, en ningún caso podrán dar los resultados que se esperan.

Como el señor ministro ha utilizado muchísimo tiempo en hablarnos de cuáles son esas medidas, yo quiero utilizar mi escaso tiempo en hacer hincapié en lo que usted no ha contado y en las medidas, que calificaría de nefastas, que el Partido Popular en el Gobierno ha tomado durante estos cuatro años. Todas las reformas estructurales a nivel político, ideológico y económico que ha hecho el Partido Popular durante estos cuatro años han supuesto un retroceso y en algunos casos ha impedido el avance en la igualdad entre hombres y mujeres y, consecuentemente, en la lucha contra la violencia machista. Con estas medidas no se ha logrado un impacto positivo sobre las mujeres, sino que incluso las ha puesto en una situación de mayor vulnerabilidad, aumentando drásticamente la violencia cuando se convierte en asesinato. Pero también tenemos que hacer mención de la reforma laboral que ha llevado a cabo este Gobierno, que ha aumentado la brecha en la desigualdad, afectando especialmente a las mujeres, por una mayor precariedad laboral, un mayor número de contratos a tiempo parcial y un aumento importante de la brecha salarial entre hombres y mujeres con igual trabajo. Esto ha llevado a una situación de grave riesgo, de emergencia social, con un aumento de la femenización de la pobreza y, como le decía, un aumento de la vulnerabilidad, que expone a las mujeres frente a una mayor situación de violencia. Pero incluso para todas aquellas mejores que están en mejores condiciones y tienen un trabajo estable, con un convenio que las protege, por parte del Gobierno existe una falta de compromiso para atender a la conciliación, como hemos podido ver en estos nuevos presupuestos que ha presentado el Gobierno de cara a las próximas elecciones generales, así de claro. Una vez más el Gobierno incumple la Ley de 2009 y no aumenta los permisos parentales de forma igual e intransferible, a pesar de que tras una subcomisión de estudio se comprometió a que en cuanto hubiera una recuperación económica se llevaría a cabo. El Gobierno ya tiene su cacareada recuperación económica -no es cierta, según los datos constatables, pero dice que sí que hay una recuperación económica- y, sin embargo, no atiende al cumplimiento de esta ley. Lo cierto es que los recortes que también se han llevado a cabo en educación, sanidad, dependencia no están siendo superados ni muchísimo menos en estos momentos de recuperación y están condenando a las mujeres a volver a sus casas para llevar a cabo las tareas de cuidado, porque el Estado se está desentendiendo de ello, lo que también las pone en una situación de dependencia y vulnerabilidad económica, y, específicamente, en una situación de violencia económica, lo que también las pone en peligro de sufrir violencia física, sexual, psicológica o de otro tipo.

Ante esto, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género toma medidas de prevención -usted ha sido muy extenso en lo referente a todas las medidas de prevención-, para pedir que las mujeres denuncien. Sin embargo, no ayuda nada el Estatuto de la víctima, artículo 35, que estigmatiza a las mujeres víctimas ante las denuncias falsas, obligando a la devolución de las ayudas. Es cierto que ha habido un aumento de las denuncias -no voy a decir nada de lo que ha dicho el ministro, sino de lo que no ha dicho-, pero también se ha producido un aumento del peligro. Por tanto, aumento de las denuncias y aumento del peligro, como alertan organizaciones y asociaciones de mujeres y expertas ante las dificultades que precisamente tienen esas mujeres una vez que dan ese paso, por falta de una red de protección y de recursos.

En este caso ha habido un aumento del presupuesto, aunque no se llega a alcanzar lo que había en 2010, para los convenios con las comunidades autónomas al objeto de financiar los servicios sociales de atención: psicólogos, judiciales, de emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral de las víctimas, pero, al mismo tiempo, también hay una medida nefasta del Gobierno -aparte de que la cantidad haya sido insuficiente, pero estaríamos en otra cuestión-, la Ley de Bases del Régimen Local, eliminado el artículo 28 y estableciéndose que las entidades locales solo pueden ejercer actividad en materia de violencia de género si se financian al cien por cien a través de las comunidades autónomas o del propio Estado. En este caso, la partida presupuestaria es suficiente, pero es que esta medida ha provocado ya el cierre de puntos de encuentro, así como la pérdida de profesionales asignados a esos centros, sin que ni en la evaluación ni en las propuestas que el ministro nos haya hecho ni por supuesto porque lo hayamos visto en los presupuestos esté la intención de aumentar esas partidas para paliar esta situación provocada por esta Ley del Régimen Local, que impide que se desarrolle esta prestación.

Los puntos de encuentro familiares, son imprescindibles no solo para proteger a las madres, sino a los hijos, a los que se pone en riesgo en muchos casos -hay que decirlo- porque hay jueces que sentencian


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que un padre maltratador tiene derecho a seguir viéndolos. Esto sucede, y los centros de encuentro pueden ser y son una herramienta que impida que esto pase. Por tanto, no solo es importante que se aumenten las subvenciones y que se siga trabajando en eso, sino que también hay que ver a quién se dan esas subvenciones, porque las organizaciones y plataformas de mujeres denuncian que se dan a entidades que no respetan a las familias en su diversidad, sino que en algunos casos solo atienden a familias con estereotipos heterosexuales, así como que -lo quiero denunciar aquí- los presupuestos dan más dinero, que el Gobierno incide más en las asociaciones antiaborto que en la mediación familiar. Esto es algo que se debería tomar muy en cuenta para ver la dirección que el Gobierno ha seguido en los últimos cuatro años respecto a esta cuestión.

Educación y formación. Hay que decir que la formación para todos los profesionales implicados, jueces, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, sigue siendo muy deficiente, y que en términos educativos tampoco se da la formación adecuada al profesorado, no hay una persona responsable de igualdad en los consejos escolares, que es algo que se lleva solicitando desde hace mucho tiempo para implementar, complementar y enriquecer la Ley del año 2004, ni desde la inspección se realizan informes para que exista ese seguimiento. En la interpelación que tuve la oportunidad de dirigir al ministro le dije que esto lo solicita precisamente el Convenio de Estambul. Como usted ha dicho, se está desarrollando la estrategia nacional, pero, en cualquier caso, una vez ratificado por el propio Pleno no tiene presupuesto para hacerlo, es decir, que no se va a llevar a cabo el desarrollo completo del Convenio de Estambul.

Ustedes han hecho una Ley de Educación que segrega por sexo y beneficia a los colegios privados subvencionándolos, además de haber eliminado la asignatura de Educación para la Ciudadanía. El Gobierno ya debía haber adoptado alguna medida para paliar esta situación, teniendo en cuenta que hay que educar en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en valores, corresponsabilidad y conciliación en todas las etapas educativas. El informe de Naciones Unidas ha advertido al Gobierno de que los recortes están teniendo un impacto muy negativo en la lucha contra la discriminación de la mujer.

Uno de los aspectos en los que hace hincapié, y que yo quiero utilizar, es la medida que el Gobierno tomó en su día de eliminar competencias en el Instituto de la Mujer. Nosotros pensamos que incorporar a las competencias del Instituto de la Mujer la discriminación de otros colectivos no tiene por qué ser malo, pero sí lo es cuando lo que ha conseguido ha sido quitar la atención exclusiva de las mujeres.

Por último, algo que tampoco ha tratado el ministro ha sido la participación, que es fundamental en el trabajo que debemos desarrollar todos en ese gran pacto, tan necesario, político y social para cambiar los estereotipos sexistas y el paradigma que nos permita avanzar realmente hacia una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres y combatir de forma efectiva la violencia de género. En este caso, el Gobierno no ha contribuido en esta legislatura a fomentar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, no ha facilitado los recursos financieros suficientes...

La señora PRESIDENTA: Señora De las Heras, le pediría, por favor, que fuera terminando.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Acabo ya, señora presidenta.

... ni la cooperación efectiva entre ellas. Es más, durante esta legislatura se ha cerrado la Oficina de ONU Mujeres y se han eliminado casi por completo todas las ayudas para las organizaciones no gubernamentales. La consecuencia es que hay un menor número de organizaciones no gubernamentales y que las que quedan abordan menos proyectos.

Ante este panorama, señor ministro, iniciaba mi intervención expresándole mi sincero agradecimiento por su presencia hoy aquí, pero quiero terminar diciendo, deseándole lo mejor a nivel personal, que espero que esta sea su última comparecencia como ministro ante la Comisión de Igualdad, porque efectivamente hay alternativas y medidas que tenemos que tomar entre todos, pero durante esta legislatura el Gobierno se ha mostrado incapaz de liderar, porque es competencia y responsabilidad de todos, una verdadera lucha contra la violencia machista y promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señor ministro, gracias por su comparecencia. Bienvenido a la Comisión. Creo que siempre es necesaria la presencia del Gobierno ante esta Comisión cuando se le requiere y cuando voluntariamente lo hace, lo que sucede es que parece ser una orden del Grupo Popular que solo comparezcan los ministros si lo quiere este grupo, pero nunca cuando lo solicitan los grupos de la oposición, cuya labor es solicitar explicaciones, no solo a usted, sino a cualquier otro ministro. También


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es una desgracia que se comparezca cuando ocurren hechos trágicos, y cuando salta la voz de alarma, para mostrar que existe una hipersensibilización, se solicita la comparecencia. En cualquier caso, me parece muy bien que comparezca, porque es una obligación y, además, porque ha dicho que tenía cosas que decir, que creo que son interesantes.

En cualquier caso, el discurso que hoy hagamos no va a diferir mucho del que hemos hecho en anteriores intervenciones en comparecencias de otros ministros, de otros secretarios de Estado, de directores generales o incluso en debates que hemos tenido en este Congreso, porque seguimos pensando lo mismo, independientemente de que ocurran cosas más o menos trágicas. La violencia de género es una situación que se produce, independientemente de que sus consecuencias en un momento dado sean más trágicas, que lo son, y de que seguramente se necesiten una serie de medidas, de ayudas y de acciones, pero lo que nos debe preocupar es la causa, y la función que tenemos como legisladores es la de trabajar dos pasos por delante. No debemos trabajar solo a posteriori, sino que nuestra función principal, y creo que la de toda la sociedad, es la de hacerlo a priori, porque lo que nos debe preocupar es la existencia de la violencia de género, sus causas y, evidentemente, su erradicación. Para erradicar la violencia de género hay que pensar que en una situación de desigualdad existe mayor posibilidad de que haya violencia de género. Esto no quiere decir que no suceda en una situación de igualdad, porque puede ocurrir, puesto que no todos los casos que se nos presentan un día sí y otro también responden al mismo estereotipo, a las mismas situaciones o a los mismos ámbitos geográficos, sociales o culturales -estas son situaciones a veces nos desbordan-, pero lo que sí está claro es que cuanta menos desigualdad exista es posible que haya menos violencia de género, porque, al fin y al cabo, la causa principal es la desigualdad entre poderes, es decir, que hay quien se permite utilizar la violencia para conseguir no sé qué objetivos y para demostrar que está por encima de alguien.

Creo que deberíamos hacer una reflexión dual: la previa, la de erradicar las causas que generan la violencia de género, y la de cómo tenemos que atajarla. Cuando hay violencia de género debemos hacer algo para solucionar la situación en la que quedan las familias, las víctimas, las mujeres, pero no solo en casos de tragedia mortal, sino en el día a día, porque, como ha dicho otra compañera, en cuestiones de violencia de género salta la alarma cuando hay muertos. Tenemos que estar atentos a ese semáforo en rojo de gente que no muere -parece muy duro decir esto- pero que padece violencia constantemente y que es una especie de encefalograma que no varía. Es como si tuviéramos que atajar los accidentes de tráfico basándonos en la mortalidad, cuando no es así, porque lo que hay que hacer es evitarlos, ya que la mortalidad puede ser una consecuencia que puede darse o no. Muchas mujeres han podido morir y no han muerto, pero no por eso deja de ser menos grave la situación que padecen, puesto que no sabemos en qué circunstancias se producen muchos de los casos de violencia de género.

Creo que estamos ante un problema estructural y multidimensional, y tenemos claro que este problema de la sociedad requiere una respuesta permanente en el tiempo, una respuesta coordinada que actúe sobre el origen mismo de la violencia, que ya hemos dicho que puede ser la desigualdad. Sin duda alguna, la violencia contra las mujeres es la manifestación más grave de la desigualdad entre hombres y mujeres, y creemos que el trabajo orientado a erradicar ciertas actitudes que se encuentran en la raíz de este tipo de violencia es fundamental y básico. Decimos que es multidimensional en la medida en la que hay que atajarlo desde diferentes frentes, como comentábamos, con diversas medidas tendentes a prestar la mejor de las atenciones a las mujeres víctimas. Indudablemente, si queremos ir a la raíz del problema y avanzar hacia una sociedad más igualitaria habrá que trabajar en prevención y sensibilización. Esto es muy fácil decirlo, pero para ello hay que activar medidas, presupuestos y realizar trabajos coordinados.

El trabajo en la coeducación es fundamental, y por eso me parece gravísima la situación que se ha denunciado aquí por todos, incluso por usted, de esta nueva generación de jóvenes, puesto que, desde una perspectiva seguramente más psicológica y menos física, en relaciones afectivas de parejas en edades muy tempranas ya se está creando una especie de violencia psicológica. Creo que la escuela, las familias y la sociedad en sí no pueden andarse con medias tintas en esta materia, porque hoy en día no puede darse este tipo de situaciones perversas de dominio y de control que todos hemos comentado. Pienso que para nuestros jóvenes es muy malo vivir en una sociedad en la que esto se permita.

Por otra parte, creo que también habría que avanzar elevando el plan. En este sentido, la diputada del Grupo Vasco en el Parlamento Europeo ya ha solicitado que se proponga un plan europeo contra la violencia de género que incluya incluso a los menores, que es algo que aquí se ha cuestionado más de una vez. En Estrasburgo se puede hacer algo más de lo que se hace. Esto no es algo que nos atañe solo a nosotros, sino que es un problema europeo y, por tanto, se debe erradicar desde una perspectiva mucho más global.


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Usted ha dado muchos datos, cosa que es lógica, porque los tiene y es el competente en esa materia, pero la pregunta que hemos hecho más de una vez es la siguiente. ¿No funciona la ley que tenemos? ¿La ley no cubre todos los aspectos que debería o es que no se aplica bien por los diferentes sectores implicados y, por tanto, no se está respondiendo a las necesidades? Debería tener en cuenta esta cuestión.

En esta materia hay algunas cuestiones que se han tratado más de una vez en esta Comisión, como los fallos en la educación, pero es que también los hay por la no dotación de ciertos recursos que son necesarios para atajar las consecuencias que la violencia de género ha creado. En estos momentos, cuando estamos debatiendo los presupuestos, deberían mirar si verdaderamente las dotaciones destinadas a esta materia son suficientes o no, si con lo que se ha presupuestado en los diversos ámbitos para medidas de protección, para tribunales, para formación, para protección policial, para ayudas a las víctimas, etcétera, se da respuesta o no a lo que hoy en día ya es un problema grave, y pienso que no. Ustedes tendrán que analizar por qué ocurre eso.

Alguien dirá que esta es una cuestión de filosofía, pero repito que a mí me importa mucho más el tema previo que el posterior, porque el posterior son medidas para solucionar consecuencias de la violencia de género, cuando lo que deberíamos implementar son medidas para solucionar las razones de la violencia de género y que no se produzca más. No se trata solo de prevención, aunque, sin duda, prevenir la reincidencia también es algo muy importante, sino que deberíamos buscar dónde se produce, por qué se produce, qué trabajo se va a hacer para que no se haya violencia de género en la sociedad. Creo que deberíamos analizarlo, pero no solo fijándonos en el corto plazo, que evidentemente hay que solucionarlo, sino que se deben plantear programas para el futuro. En ese sentido, está el tema de la vigilancia. Hay mujeres que se sienten muy incómodas por tener vigilancia, porque además de la lacra que sufren tienen que llevar protección -otras mujeres se sienten seguras con esto-, y dicen: Oiga, vigilen a mi agresor, no a mí; tengan arrinconado a quien comete el delito, porque yo no tengo que padecer un segundo castigo. También podrían tenerse esto en cuenta.

Veo que se me está acabando el tiempo, señora presidenta. Terminaré como he empezado. No podemos salir a la palestra únicamente a apagar ciertos fuegos, a calmar no sé qué situaciones porque se produce equis número de muertes, que no se deberían producir, sino que hay que hacer una labor mucho más constante, tanto a nivel de comparecencia en este Parlamento como trabajando día a día. En ese sentido, no es por nada, pero creo que en algunos sitios lo estamos haciendo bien y debería servir de ejemplo para otros lugares.

La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Lleonart.

El señor LLEONART CRESPO: Señor ministro, gracias por su comparecencia.

La sociedad española ha padecido un verano marcado por terribles casos de violencia contra las mujeres, algunos de ellos con espantosos sucesos de violencia contra los niños. Si bien es cierto que en España, como ha indicado el ministro en su intervención, las cifras de asesinatos dentro de la llamada violencia de género -en nuestro país la actual ley únicamente denomina así a la perpetrada por la pareja o expareja masculina dentro de la relación heterosexual- han disminuido desde 2011, no es menos cierto que cualquier caso de asesinato machista es insoportable para una sociedad democrática por lo que significa de conculcación de los derechos humanos más básicos. Luchar contra la desigualdad de roles sociales, desigualdad de género, no es tarea fácil para ninguna sociedad porque, obviamente, los países autoritarios con tradiciones enraizadas en el atraso cultural y en la injusticia social, la discriminación y la violencia sobre los más débiles, particularmente mujeres y niños, son moneda de cambio común, pero lo que resulta difícilmente comprensible es que en la Europa democrática persista un tipo específico de violencia, la violencia de género o la violencia contra las mujeres, máxime cuando se constata que las relaciones desiguales y el machismo se sigan reproduciendo en la juventud.

En nuestro país, las cifras de asesinatos de mujeres por su pareja o expareja eran de 71 víctimas en el año 2003 y 72 en 2004. En aquellos años se clamó contra ello reivindicando una nueva ley integral que acabara con el gravísimo problema. La Ley de medidas integrales contra la violencia de género se aprobó en 2004 y entró en vigor en enero de 2005. Nadie puede negar que durante estos años ha supuesto un avance en la lucha contra la violencia de género -las cifras referidas anteriormente por el ministro así lo avalan-, pero tampoco puede negar nadie que hasta el año 2010 las cifras de asesinatos de mujeres no disminuyeron, y cuando lo han hecho, a partir de ese año, habría que analizar bien las causas de ese descenso, al que no puede ser ajena la pérdida de un millón de habitantes en nuestro país en los últimos


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años como consecuencia de la crisis. La ley se ha mostrado en este sentido ineficaz, y no cambiar las leyes no reduce significativamente un problema tan grave, al menos no analizar sus efectos y plantear mejoras, que es una responsabilidad seria del legislador. Obviamente, la propia ley, su desarrollo y aplicación, cuenta con activos muy importantes para la lucha contra la violencia de género. Habría que mantener y mejorar el carácter integral de la misma a la hora de combatir contra esta lacra y desarrollar medidas de protección y apoyo a las víctimas, establecer acertadamente una definición amplia de violencia de género que incluyera la agresión psicológica y sexual, la amenaza, la coacción y la privación de libertad, el trabajo de concienciación social y preparación para unas adecuadas pautas de atención y apoyo a las víctimas por parte de los medios de comunicación, cuerpos de seguridad del Estado, instancias judiciales, servicios de salud, etcétera.

Las principales lecciones positivas que se pueden extraer de esta experiencia vienen, pues, determinadas por la naturaleza integral de la aproximación de la ley al fenómeno de la violencia en el seno de la pareja heterosexual, ya que se han incrementado los recursos destinados a estas políticas y mejorado la efectividad con creación de órganos especializados, tanto en las distintas administraciones como en el sistema judicial, para abordar estas situaciones, otorgando una asistencia integral a la víctima de manera urgente, contando, además, con un alto nivel de implicación de los actores políticos y organizaciones de la sociedad civil y el movimiento de mujeres. Pero esta ley cuenta también con sombras que no se pueden obviar. No podemos seguir perseverando en el error que se origina en la premisa de que la ineficacia de la ley para desterrar los asesinatos de mujeres solo puede corregirse endureciendo aún más su aspecto punitivo. Desgraciadamente, vivimos en un mundo marcado por la violencia en sus múltiples manifestaciones, pero además de reprimir y sancionar sus manifestaciones, la labor de prevención de la misma es esencial en una democracia. En el campo de la violencia de género es fundamental la educación de las y los jóvenes en la igualdad, con mayúsculas, cosa que se ha hecho de manera insuficiente y a veces errónea. Es verdad que desde la Transición democrática en nuestro país nuestra sociedad ha experimentado grandes avances en igualdad, pero no es de recibo el mantenimiento de roles desiguales y discriminatorios, verdadero caldo de cultivo de la violencia entre los jóvenes. En esta línea es esencial combatir los estereotipos culturales nocivos que transmiten los medios con alternativas positivas.

Hasta la fecha, las reformas de la Ley de Violencia de Género se han centrado en atajar con rigor y mayor contundencia conductas o escenarios, sin analizar que en algunas de las situaciones perseguidas el riesgo es bajo o leve para la víctima. La ley no discrimina y tiende a confundir discusiones de pareja o ejercer una nefasta influencia en contextos que nada tienen que ver con la violencia de género, y para evitar este riesgo no implementa mecanismos para detectar la contextualización de la denuncia o la instrumentalización, suponiendo ello un abuso de la norma. Desde el Grupo Parlamentario de UPyD consideramos necesaria una nueva ley que recoja lo positivo de la actual y supere sus desaciertos y carencias, partiendo de lo más importante, es decir, que la nueva Ley de Violencia de Género tendría que ser una ley contra la violencia sobre las mujeres en general, tal como vienen señalando desde hace tiempo los organismos democráticos europeos e internacionales. En la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 1993. Naciones Unidas ya definía la violencia de género como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o en la privada. Es urgente, por tanto, ampliar el ámbito de la ley para incluir las agresiones a mujeres por el hecho de serlo a las agresiones por personas distintas de las parejas o exparejas.

En su reciente visita de julio, el grupo de trabajo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres recomendaba a nuestro país la extensión de la norma sobre violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres. Por otro lado, la actual ley, al centrarse en las relaciones de pareja heterosexuales en una única dirección, agresiones de hombres hacia mujeres, obvia la red de relaciones de violencia que puede haber en el seno de la familia, no ampara a las víctimas de parejas del mismo sexo, que son discriminadas en un asunto fundamental como es la lucha contra los malos tratos, tampoco contempla la violencia sobre los niños, más allá de su condición de víctimas cuando su madre sufre violencia -modificación importante de la actual ley que nosotros compartimos- ni la violencia sobre los mayores, ni cuando la sufre el hombre por parte de su pareja o por parte de la expareja de la mujer con la que convive.

En relación con este último punto, el informe que aprobó durante su tramitación el Consejo General del Poder Judicial sostenía, entre otras críticas y matizaciones a la ley, una concepción de la violencia de


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género como fenómeno multidireccional al vincularla a la existencia de varios tipos de violencia familiar. Estos otros tipos de violencia, aún estando contemplados en otras muchas medidas legales de nuestro ordenamiento jurídico, no dejan de suponer un fenómeno grave y creciente en nuestra sociedad que requiere un tratamiento específico de prevención y erradicación, en línea con la preocupación expresada por la Unión Europea a través de los informes Daphne. Este enfoque no puede solapar la necesidad de luchar de manera específica contra la violencia sobre las mujeres, sino que, por el contrario, es un necesario complemento en uno de sus marcos esenciales: la violencia familiar doméstica. Los cambios que requiera la actual ley, su sustitución por una ley más compleja y justa, dual en su enfoque y objetivos, acorde con las normas democráticas internacionales, deberían ser, a nuestro parecer, objeto de consenso por parte de todas las fuerzas políticas democráticas, porque estos gravísimos problemas requieren el esfuerzo de todos y de la responsabilidad de apartarse del intento de aprovechamiento partidista y sectario. El sufrimiento de las personas y las lacras sociales no pueden ser mercancía ni beneficio de nadie y, desde luego, a la larga, no lo son. Por eso nosotros, desde nuestro grupo parlamentario, y teniendo en cuenta todo lo anterior, consideramos que este Gobierno -teniendo en cuenta el tiempo que nos queda de legislatura quizá el próximo que surja tras las elecciones generales- debería presentar más que un plan una nueva ley de violencia de género entendida como una ley general de violencia contra las mujeres, en la línea marcada por la Unión Europea y Naciones Unidas, en la que se debería contemplar un agravante por violencia machista, igual que sucede en los casos de racismo probado. Para aplicar este agravante no bastaría con que el presunto agresor fuera hombre, sino que debería quedar acreditado el intento de dominación sobre la víctima y el sometimiento de la misma al varón o a la parte fuerte de la relación, con el objetivo de abrir la ley a las personas de los colectivos LGTBI. También consideramos que se debería presentar una ley de violencia intrafamiliar general en la que se apueste por la prevención de actitudes violentas en el seno de la familia y los procedimientos de disolución de la vida familiar. En el caso de la violencia en el seno de las relaciones de pareja o expareja, se respetaría la igualdad ante la ley para hombres y mujeres y las penas serían iguales, salvo si se aplicara el agravante de machismo, se respetarían los derechos fundamentales de denunciantes y denunciados o denunciadas, la presunción de inocencia del denunciado o la denunciada, no se calificaría como delito lo que en otro ámbito sería falta y las personas esenciales a preservar en la familia serían los niños y los mayores.

Estamos convencidos de que, por otro lado, el Gobierno debería fomentar más la introducción y cumplimiento por parte de todas las comunidades autónomas de todos los planes de estudio de una verdadera educación en igualdad, fomentando los valores democráticos de tolerancia, respeto, solidaridad en el sistema educativo y en los medios de comunicación, nuevas redes, al mismo tiempo que se debería impulsar la cultura de mediación en todos los conflictos.

Para terminar, consideramos que el Gobierno debería promover un gran pacto político y social para combatir la violencia de género e intrafamiliar, partiendo de un análisis sincero y honesto de la situación actual de las comunidades autónomas, especialmente teniendo en cuenta esa evaluación que el ministro ha mencionado al principio de esta comparecencia y que esperamos con ganas para poder analizarla pormenorizadamente.

La señora PRESIDENTA: De acuerdo con el reparto del tiempo que se ha hecho en el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, para su intervención tiene la palabra el señor Picó, portavoz de Unió.

El señor PICÓ I AZANZA: Debo decirle, señor ministro, que le he podido escuchar a ratos porque estoy siguiendo los Presupuestos Generales del Estado que estamos debatiendo y votaremos hoy. Por tanto, me excusará que no haya podido estar hoy aquí, pero también me excusará que no pueda escuchar su respuesta; lo haré leyendo el "Diario de Sesiones", no lo dude para nada. Mi compañera, Lourdes Ciuró, hará una valoración de la situación y su exposición en esta Comisión.

Yo solo quiero manifestarle un tema que preocupa especialmente a los diputados y diputadas de Unió Democrática de Cataluña. En este año 2015 se cumplen once años de la aprobación de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, y no cabe duda de que continúa siendo un drama social contra el cual deben tomarse medidas concretas y eficaces; medidas de prevención, a las que usted se refería en su intervención y que se deben apoyar decididamente -apoyaremos las que usted decida implantar-, y también medidas punitivas como reacción a los actos de violencia de género, de denuncia y de represión, que se dirijan a solucionar el problema atacando sus orígenes y no solamente mediante la reparación de sus consecuencias, es decir, no únicamente a través de medidas punitivas. Creemos


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necesario realizar un análisis exhaustivo de las políticas adoptadas por los distintos Gobiernos del Estado dirigidas a abordar esta problemática. Y esto creemos que debe hacerse desde dos puntos de partidas, señor ministro: el primero de todos y fundamental es dejar de lado los diferentes sesgos ideológicos. En este sentido quiero ser muy claro, sesgos ideológicos en cualquier sentido que se puedan dar, que impiden en realidad un debate objetivo y, sobre todo, basarse en datos reales. Por otro lado, el análisis debe ir más allá de las políticas aplicadas únicamente a la violencia dirigida contra las mujeres, necesarias sin lugar a dudas, pero creemos que debe abarcar un campo mucho más amplio que a menudo se olvida, que es el estudio de toda situación de violencia que se produce en el seno familiar. Con ello no queremos ni pretendemos minimizar la gravedad del problema, al contrario; nuestra pretensión es buscar la mejor solución posible para erradicar la violencia de género, la violencia doméstica y todo lo que engloba en su conjunto la violencia. Hemos de luchar decididamente para erradicar todo tipo de violencia, contra las mujeres y también en el seno de las familias contra otros sujetos que son débiles, como son los menores y los ancianos -un tipo de violencia que no dispone de un sistema estadístico homologado, señor ministro-, así como otras situaciones determinantes en la violencia contra la mujer y que tampoco quedan englobadas en el concepto de violencia de género tal y como se establece en la ley.

Señor ministro, creemos que es necesario actuar y con urgencia, buscando y adoptando nuevas medidas que supongan un verdadero avance en la lucha contra esta lacra social que es la violencia de género, la violencia contra las mujeres que mueren precisamente por el simple hecho de ser mujeres -no tan simple-, y porque, además, estamos perdiendo otras batallas como la de la violencia doméstica ejercida, como decía, contra menores y ancianos. Nos gustaría conocer su parecer en relación con estas ampliaciones para situaciones no suficientemente englobadas en el concepto de violencia de género y, además, esa violencia que se ejerce dentro de las familias especialmente contra menores y ancianos.

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de Convergencia, la señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor ministro, por haber acudido a esta comparecencia en Comisión para hacernos un balance de la Ley de Violencia de Género. Celebro que haya podido conseguir venir a esta Comisión y comparecer como, sin duda, era su intención, a pesar de que a su grupo parlamentario no le parecía del todo bien ni acertado realizar esta comparecencia. Por tanto, celebro que usted esté hoy aquí para hacernos un análisis de lo que es la Ley de Violencia de Género.

La verdad es que al escuchar las palabras y, en concreto, las cifras que usted ha mencionado, los datos son alarmantes, escalofriantes; más de un millón de mujeres han denunciado en estos últimos años, más de 6.000 presos varones por causa de violencia de género, más de 66.000 mujeres recabando servicios de orientación jurídica. Creo que son unas cifras muy alarmantes, muy elocuentes, y nos hubiese gustado contar, como también se ha dicho, con este informe de valoración que han efectuado otros operadores para conocer de antemano cuáles eran sus posturas a raíz de su valoración a los diez años de la implementación de esta ley. También le diré que no voy a salirme mucho del guión de lo que viene diciendo Convergència Democrática y de lo que se ha dicho como Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en el seno de esta Comisión de Igualdad: para nosotros violencia de género e igualdad son dos temas indisociables, son dos caras de la misma moneda. La desigualdad es sin duda causa de violencia y nosotros entendemos que sin igualdad no podremos acabar con la violencia. Hemos escuchado la valoración de la ley por parte del señor ministro y también por parte de algún otro grupo y, si me lo permite y con todos los respetos, nos ha parecido una valoración corta puesto que entendemos que también hubiese sido necesario traer aquí la valoración de la Ley de Igualdad. Cuando uno se trata el cáncer, se analiza el tratamiento, se busca que sea el mejor posible y se intenta buscar los mejores cuidados paliativos para el paciente, pero tan importante como el tratamiento es el estudio, la investigación y el desarrollo de mecanismos para poder detectar a tiempo la enfermedad e incluso prevenirla. En materia de violencia de género, en este cáncer social que tenemos, estamos trabajando mucho en dar salida y ayudar a las mujeres a que puedan salir de la violencia, pero en cambio, a nuestro entender, no estamos tratando suficientemente evitar que se entre en esta espiral de violencia. Para nosotros las políticas de igualdad serían una buena medida para poder acabar con la violencia de género. Por tanto, sí es verdad que hay salida para la violencia, pero no deberíamos entrar en ella porque tendríamos que conseguir avanzar hacia una sociedad igualitaria.


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Le decía que violencia y desigualdad son las dos caras de la misma moneda. En este sentido creo que hoy en día se da poca educación en igualdad. Algún otro grupo lo ha mencionado, acertadamente, y compartimos muchas de sus reflexiones. Son muchos ciudadanos los que consideran, incluso entre los propios compañeros y compañeras que no forman parte de esta Comisión de Igualdad, que no existe tanta desigualdad. Yo esto lo he escuchado en muchísimas ocasiones en el seno de esta Cámara a compañeras y compañeros diputados y también en el calle; que la desigualdad ya no es tal, que estamos ya equiparados, que no es para tanto, que los hombres y mujeres por supuesto somos iguales y con los mismos derechos. En cambio, en la realidad del día a día nos damos cuenta de que eso no es así, señor ministro, porque si bien es cierto que las mujeres accedemos cada día a más formación, a terminar carreras, a tener másteres y doctorados, incluso a veces con mejores notas que los hombres, sin embargo sucede que hay una regla no escrita que nos hace seguir siendo las principales cuidadoras cuando somos madres. Y aquí este grupo parlamentario ha sido muy pesado a la hora de reivindicar que se implemente la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad de forma progresiva, de empezar por la ampliación a cuatro semanas del permiso de paternidad para que las mujeres cuando terminemos nuestros estudios y busquemos trabajo, no seamos vistas como contratación de riesgo, sino que seamos vistas también como futuro, como proyección, como capital humano formado de la misma forma y manera como se ve a los hombres. A consecuencia de estos permisos tan desiguales, nos encontramos con que somos las primeras candidatas a reducciones de jornada por cuidado de hijos o familiares, que somos las primeras candidatas a acogernos a la guarda legal. En opinión de nuestro grupo parlamentario, la ampliación que ustedes han hecho en la edad de la criatura de ocho a doce años, nos expulsa del mercado laboral porque nos sigue haciendo poco atractivas, porque nos condena legalmente, porque si bien la ley no nos obliga expresamente a que seamos las mujeres, sí que es cierto que todo nos lleva a que seamos las mujeres las que principalmente nos acojamos a estas figuras. Nos parecería bien esa figura de guarda legal ampliada si paralelamente ustedes hubiesen adoptado los mecanismos correctores necesarios para que no siempre fuésemos las mujeres las que optásemos por ella. Esto invariablemente conlleva recibir un menor salario porque tenemos menor disponibilidad laboral, y nos condena el día de mañana a pensiones de segunda categoría. Somos pensionistas pobres comparadas con nuestros maridos y parejas que al final han tenido los mismos hijos que nosotras, los mismos padres y abuelos que nosotras y, en cambio, la carga del cuidado de los hijos o familiares recae únicamente sobre nosotras.

La ley no avanza en este sentido, nos gustaría poder contar, por ejemplo, con que la igualdad fuese algo que se predica con la enseñanza, que se hiciesen estadísticas sobre cómo concebimos la igualdad, qué pensamos hombres y mujeres de la igualdad, cómo vemos la igualdad, cómo la consideramos, es decir, adaptar las mismas estadísticas que se dan para violencia de género al fenómeno de la igualdad. Hay que concienciar de que hombres y mujeres aún no hemos conseguido ser iguales, que existen y se perpetúan micromachismos que a lo mejor no son perceptibles, pero cuando uno ve en los medios de comunicación determinados anuncios, se da cuenta de que la Ley de Igualdad por ejemplo no está del todo desplegada por ser ambigua a la hora de determinar conceptos. Nos gustaría que pudiésemos acotar que son roles y estereotipos que perpetúan las desigualdades, qué significa este concepto jurídico indeterminado. ¿No podríamos concretar qué es perpetuar un rol y estereotipo? ¿Cuál es un rol y estereotipo de género, por qué no entramos en ese debate? Porque al final si hablamos de percepciones de conceptos jurídicos indeterminados, para uno será una cosa y para otros será otra, pero es que al final lo que cala en la sociedad es que quien está al cuidado de la casa es principalmente la mujer. Entonces, para que esto revierta, para que tengamos la percepción de que no siempre tiene que ser la mujer la que esté al cuidado de la casa y la corresponsabilidad sea una realidad, hay que ver cómo podemos acotar las herramientas que nos dan las leyes -la Ley de Igualdad nos da una herramienta para ello- con el fin de definir que son roles de género. O por ejemplo, ¿por qué no nos tomamos en serio las conclusiones de la Subcomisión de racionalización horaria, de conciliación y de corresponsabilidad? Ahí había unas conclusiones que al final, señor ministro, tampoco eran ningún órdago al Gobierno puesto que muchísimas veces consistían en hacer estudios. Esta diputada a lo mejor no ha sido capaz de detectarla, pero en los presupuestos no hemos visto ni una sola partida destinada a aquello que pudiera suponer un eventual cambio horario en la gestión del tiempo, y eso que salió aprobado por mayoría en esta Cámara. Nos hubiese gustado que estos presupuestos hubieran recogido alguna medida en materia de conciliación y de corresponsabilidad porque, si no, ya no es que las mujeres volvamos a casa, señor ministro, es que no hemos salido de ella. Por tanto, queremos intentar que en este punto la igualdad también sea de interés.


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Para terminar, nos preocupa la igualdad, nos preocupa la violencia, no hay fin de la violencia si no atajamos a través de la igualdad. En Cataluña nos preocupa el descenso de las órdenes de protección. El Institut Català de les Dones y el Gobierno catalán están muy preocupados por cómo y por qué están descendiendo estas órdenes de protección, desgraciadamente no tenemos las competencias para poderlo atajar. Le diré que en materia de competencias, señor ministro, si todos hiciésemos exactamente lo que nos corresponde, seguramente la racionalización de recursos sería muchísimo mejor. Las campañas son una materia necesaria pero transferida a las comunidades autónomas. ¿Por qué no destinan más recursos a aquello que es competencia del Estado en leyes básicas, como la reforma de los permisos de paternidad o, por ejemplo, la reforma de los usos horarios y dejan las campañas para aquellos que tienen la competencia? Ahorremos recursos y esfuerzos porque al final las campañas se dirigen a un público determinado y cada cual tiene su especificidad. Por tanto, dejemos que aquel más próximo o cercano haga las campañas más adecuadas. No sé si es casualidad, pero en el País Vasco ha habido una víctima mortal y ellos gestionan sus recursos como mejor consideran para la realidad de su población. Por tanto, viendo que en violencia de género tenemos las manos atadas, también por eso algunos nos planteamos cambios en nuestra relación Cataluña, España.

La señora PRESIDENTA: Para terminar este turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora González.

La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Señor ministro, bienvenido de nuevo a la Comisión de Igualdad en esta comparecencia que tiene como objetivo hacer un balance de los diez años desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género y, en cierta medida, hacer también un balance en materia de violencia de género de una legislatura, esta que ahora termina, una de las más difíciles que ha vivido nuestro país desde el establecimiento de la democracia debido a la terrible crisis económica vivida, que ha amenazado con llevarse por delante los logros conseguidos por nuestro Estado de bienestar, pero de la que, afortunadamente, comenzamos a ver su final después de unos años durísimos.

En 2004 se aprobó la Ley Orgánica 1/2004, precedida de la Ley 27/2003 reguladora de la orden de protección de las víctimas de violencia doméstica, y lo cierto es que a pesar de que seguimos sufriendo horribles episodios, crímenes horrorosos como los ocurridos este verano pasado, y de que el número de mujeres que viven esa situación terrible y que dudan a la hora de ponerlo en conocimiento de las administraciones públicas es aún muy importante, hemos configurado un sistema de protección que ha supuesto, como usted ha mencionado hace unos minutos, la aprobación de quince leyes autonómicas contra la violencia de género, diecisiete normas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, la elaboración de diferentes planes o programas específicos en la materia en los distintos territorios, y la creación en los Gobiernos autonómicos de departamentos responsables de las medidas relacionadas con la atención social integral que la ley establece para las mujeres que sufren violencia de género. Este panorama, radicalmente transformado en poco más de una década, ha supuesto que España se convierta en un país referente en cuanto a la importancia y envergadura de las medidas de todo tipo puestas en marcha, y que se ponen en entredicho cada vez que sufrimos un caso como el que acabamos conocer ayer en Vigo, al que se ha referido la portavoz del BNG que no está ahora mismo presente, o los casos recientes de Moraña, Castelldefels o de Cuenca, hasta contabilizar ahora mismo 28 víctimas mortales reconocidas como víctimas de violencia de género. Nuestro grupo parlamentario quiere mostrar su afecto y su solidaridad a las mujeres, a sus familias, a sus amistades, y muy particularmente a los 24 niños y niñas huérfanos que verán trágicamente transformado su presente y su futuro, sin madres y con unos padres que serán posiblemente condenados a un número de años de cárcel, quince, dieciséis, diecisiete, pero que en la cárcel o fuera de ella serán siempre sus padres y, además, los asesinos de sus madres. Como han comentado varios portavoces que han tomado la palabra anteriormente, este verano han causado un especial dolor los crímenes, varios de ellos aún en investigación, cometidos contra los niños y las niñas. Desde nuestro grupo parlamentario, desde el Partido Popular, hemos defendido siempre, señoras y señores portavoces, al margen de los postulados casi totalitarios de otros grupos, que entendiendo perfectamente las raíces del problema de la violencia contra las mujeres, raíces que se encuentran en la secular desigualdad entre un sexo y otro y su singularidad con respecto de otros tipos de violencia, los niños y niñas tenían que ser considerados víctimas al igual que sus madres y deberían contar con las mismas medidas de protección y de recuperación que las mujeres. Por ello en esa revisión continua y constante de todas las medidas que conforman el marco legal y administrativo construido en


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estos años, se ha modificado la ley para hacerla más efectiva, para incorporar nuevas medidas de protección, nuevos delitos y nuevas propuestas de respuesta para seguir luchando sin descanso contra esta epidemia que nos afecta. Por ello quería agradecer, señor ministro, esta legislación pionera en materia de protección de la infancia y adolescencia, que recoge las continuadas demandas para proporcionar ese estatuto de protección integral a los hijos e hijas, algo negado una y otra vez durante épocas anteriores y que finalmente hemos conseguido solventar.

Señor ministro, durante esta legislatura tan difícil económica y socialmente, en la que el desempleo, la reducción de los ingresos del Estado y la paralización económica nos han atenazado y obligado a tomar medidas de reducción del gasto público y privado en todos los ámbitos, nos hemos acostumbrado a recibir de la oposición parlamentaria reproches y acusaciones que se recrudecían cada vez que una mujer era asesinada. Se nos llegó a acusar en varias ocasiones en esta misma Comisión de haber abandonado a las mujeres a su suerte, de negarles apoyo y asistencia, de haber propiciado las condiciones para que no se produjeran las denuncias. Todo ello fundamentalmente por parte del grupo parlamentario que con su inacción o la negación de la situación de crisis condujo al país a la situación en la que nos lo encontramos a finales de 2011. Ahora acabamos de escuchar que ya no es esa la causa, sino que es el sistema judicial el que ha desanimado a las mujeres en la interposición de las denuncias. Creo sinceramente que cada agente involucrado en esta lucha, y nosotros evidentemente lo somos, debe asumir su parte de responsabilidad. Las declaraciones temerarias realizadas por diferentes portavoces han podido tener que ver, como se ha dicho muchas veces en esta Comisión, en la reducción de las denuncias, y creo que así debe ser reconocido.

Ante esta situación de dificultad en la que nos encontramos durante esta legislatura, creo que es conveniente recordar qué es lo que hizo el Gobierno en relación con el problema de la violencia de género: en primer lugar, revisar todos aquellos puntos del sistema que eran mejorables, reforzar la coordinación entre los distintos agentes involucrados y entre las diferentes administraciones públicas. En segundo lugar, realizar todas las modificaciones legislativas que se consideraron pertinentes para un fenómeno cambiante sobre el que, además, se ha realizado desde el ministerio, desde la Secretaría de Estado y concretamente desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, un enorme y sistemático trabajo de investigación para conocerlo más en profundidad y poder ser más eficaces en su prevención y su eliminación, pues como hemos visto con claridad en estos últimos años, la violencia de género no es un problema de hombres de otras generaciones criados en una sociedad más patriarcal; el fenómeno no entiende de edades y los más jóvenes reproducen patrones de conducta que considerábamos imposibles en una sociedad democrática más formada y más igualitaria.

Desde la perspectiva del Gobierno y desde la perspectiva del grupo parlamentario que sustenta al Gobierno, querría destacar tan solo algunas de las medidas puestas en marcha en esta legislatura, además algunas de ellas reclamadas con insistencia desde las organizaciones y asociaciones de mujeres, como puede ser la extensión de la asistencia jurídica gratuita a todas las mujeres que interponen denuncia, con independencia de su situación económica, y su inclusión en la interposición de la denuncia, un aspecto primordial para que la propia denuncia prospere y que la mujer que denuncie se encuentre bien protegida desde el primer momento. Este punto se incluye en el proyecto de ley de enjuiciamiento civil que se encuentra ahora mismo en el Senado. Otra medida es la aprobación de la Ley del estatuto de la víctima del delito, con la obligatoriedad de informarle de todas aquellas modificaciones en la situación procesal del inculpado o condenado y con posibilidad de interponer recursos, etcétera. Aquí se ha comentado solamente el artículo 35 y creo conveniente no solo recordar ese artículo, sino también todos los demás que refuerzan la protección de las mujeres que denuncian. Además, el nuevo Código Penal tipifica nuevos delitos que usted ha mencionado anteriormente, como el matrimonio forzado, la manipulación, por ejemplo, de los dispositivos electrónicos de control de los maltratadotes, etcétera. O medidas como la Ley Orgánica 7/2015, del Poder Judicial, que amplía las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer para que conozcan nuevos delitos vinculados a la violencia de género y concretamente -creo que esto es lo más importante- para dictar medidas cautelares en relación a la situación de los menores, algo que hasta el momento era posible que no ocurriese. Nos alegramos de que el Grupo Parlamentario Socialista esté de acuerdo con esta medida que, evidentemente, redundará en la protección de los menores, algo que hasta ahora parece que no era su mayor preocupación. Por último, quería recordar la reciente exención de tributación en el IRPF y el carácter inembargable de las ayudas públicas concedidas a las víctimas, un verdadero problema para ellas y para las administraciones que las concedían, solicitado en numerosas ocasiones al Gobierno Central desde las comunidades autónomas sin ninguna respuesta por su parte.


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Quería detenerme un minuto en una cuestión fundamental porque me parece prioritaria, el trabajo de investigación que desde su ministerio se realiza para identificar correctamente el fenómeno de la violencia de género, describirlo y poder así establecer las medidas más adecuadas para atajarlo. En relación con esta materia, la información y los datos, quería recordar a la señora Álvarez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que los datos previos a 2003 en materia de violencia de género no son comparables con los posteriores, y por ello el análisis que acaba de realizar no puede ser ni objetivo ni estadísticamente fiable. Simplemente mencionar esta cuestión que, además, está claramente vinculada a los datos que se aportaron a partir de la aprobación de la nueva legislación en la materia y de la tipificación de los delitos correspondientes. Voy a referirme tan solo a la macroencuesta, por ser la que aporta información fiable y además muy reciente, de hace escasamente unos meses, que revela datos muy preocupantes pero también muy esperanzadores en relación con la posibilidad real de salir de la espiral de la violencia de género, de rehacer la vida propia y la de los menores, una vez que se da nombre a esa situación y se toma la decisión de romperla. Un 77,6 % de las mujeres maltratadas salen de esa situación, nos parece un dato fundamental que tenemos que destacar con fuerza, puesto que es un factor muy positivo que puede ayudar a muchas otras mujeres a intentarlo, a decidirse a dar el paso. Igualmente a nuestro grupo parlamentario le parece muy importante destacar el giro dado en las campañas de sensibilización y herramientas de detección dirigidas a la gente más joven, con el objetivo de prevenir y atajar cuanto antes una peligrosa deriva en las relaciones de nuestras chicas y nuestros chicos.

Señor ministro, llegado el momento de hacer balance, reconociendo el enorme esfuerzo realizado por coordinar, por ajustar, por ser más eficaces, por mejorar aquello que no estaba funcionando, destacaría en este sentido la modificación del protocolo de valoración de riesgo que ha mencionado usted hace un minuto y que ha sido presentado muy recientemente; la interconexión de los puntos de coordinación de las órdenes de protección de siete comunidades autónomas con el sistema Biogen, una demanda de hace años por parte de las comunidades autónomas al Gobierno Central y que fue sistemáticamente desatendida; o los 215 municipios cuyos policías locales colaboran ya con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para una mejor protección de las víctimas.

Y querría hacer una última reflexión que nos preocupa de cara al futuro y que, como ha mencionado anteriormente, también a usted le preocupa. Según los estudios realizados desde la Delegación del Gobierno, el 86,7 % de las mujeres que en España han sufrido violencia por parte de su pareja o ex pareja, han acudido a algún servicio de ayuda o han contado a alguien su situación, pero tan solo un 28,6 % han denunciado la situación en la Policía o en el juzgado. Por tanto, hay un 58,1 % de mujeres que se reconocen como víctimas y que dan a conocer esa situación, pero que no lo hacen frente a un juez, no interponen una denuncia. Nuestra capacidad de actuación como administraciones sobre ese 58,1 % que desconocemos es limitada precisamente por la inexistencia de denuncia. Afortunadamente, y esto creo que es importante destacarlo también, el número de denuncias ha crecido de nuevo un 1,43 % desde 2013 a 2014, después de una reducción observable desde el año 2009. También aumentan por primera vez en años las órdenes de protección concedidas, un 1 % más. Esperamos que esta tendencia se mantenga y sea observable nuevamente en 2015. Así parecen indicarlo también las cifras relativas al 016, con un 17,8 % de crecimiento de las llamadas. El estudio que ha realizado muy recientemente la Delegación del Gobierno sobre las razones que funcionan como freno para la interposición de la denuncia, nos indica algunos de los factores sobre los que tenemos que incidir: en primer lugar, la falta de percepción del peligro al que se enfrentan las mujeres, casi la mitad no dan suficiente importancia a la violencia que sufren; un importantísimo porcentaje, el 26 %, también tienen miedo a las represalias del maltratador; y en tercer lugar, el 21 %, la vergüenza que implica reconocer que han sido maltratadas. En muchos casos se mezclan estas tres cuestiones en las explicaciones para justificar la decisión de no denunciar. Creo que este parece ser el camino que las propias mujeres nos indican que debemos seguir para ser más eficaces; trabajar sobre la percepción del peligro, el miedo al maltratador y la vergüenza de reconocerse como víctimas, son retos de presente y retos de futuro que se unen, por ejemplo, a la completa ratificación del Convenio de Estambul, que usted ha mencionado como el instrumento más completo, recientemente ratificado por España.

Señor ministro, para terminar, es un largo camino el que queda por recorrer para arrancar de las mentes y de las conciencias de hombres y mujeres el machismo latente que tiene su manifestación más cruel en la violencia contra las mujeres. En nuestro avance hacia una sociedad cada vez más libre y tolerante es evidente que no podemos quedarnos solo en el ámbito de la violencia en el seno de la pareja, puesto que una mirada de género hacia nuestro entorno -y creo que usted ha avanzado algo en ese sentido- nos indica que aún son muchas las áreas en las que se manifiesta la violencia de género, pero


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queremos reconocer el trabajo continuado realizado en esta legislatura, que ha sido valorado muy positivamente desde todas las comunidades autónomas, independientemente de su color político, en la conferencia sectorial y también desde este grupo parlamentario. A pesar de las cifras extremadamente dolorosas que manejamos, creemos que ese esfuerzo da sus frutos y le animamos desde el Grupo Parlamentario Popular a seguir trabajando con el rigor y la seriedad con que se ha estado luchando durante estos casi cuatro años.

Gracias, señora presidenta, por su generosidad en el tiempo. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Para contestar a todos los portavoces, tiene la palabra el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Yo quería agradecer a todos los portavoces no solamente el tono de la intervención que han realizado, sino también su contenido. La verdad es que en ese sentido da gusto estar en la Comisión de Igualdad. A veces va uno a otros foros donde quizás hay menos conocimiento del asunto, menos implicación o menos compromiso que el que tienen sus señorías, y se dicen cosas con poco fundamento, pero yo creo que aquí todo nos sirve para avanzar. Me decía la señora Álvarez: usted viene aquí a dar una rueda de prensa en una tribuna electoral. Pues ya que vengo y estamos terminando la legislatura, creo que es bueno que hagamos balance de cómo han ido las cosas. Creo que el balance en la actuación del Gobierno es positivo y en la actuación del Parlamento es muy positivo, el Parlamento ha trabajado mucho en este ámbito en muchas leyes y normas. Quiero trasladarle también una visión, diez años después, de un trabajo que se ha hecho durante todo el año. El 27 de agosto piden la comparecencia, yo ya he sido portavoz aquí y sé cómo funciona la Diputación Permanente, es una cosa que está bien para tener un debate. Eso se celebra el miércoles y el último día para comparecer es el viernes. Ya se sabe que esas cosas no se van a atender.

Me decía usted que esto era reactivo, que no nos ha dado tiempo en quince días de hacer la evaluación. Era un trabajo que se venía haciendo y justo ahora estaba listo y dispuesto para presentarlo, por eso lo hemos traído aquí. Les decía que hay otro documento que no lo conocen y en ese sentido el reproche es razonable, porque es mejor haber leído las cosas que uno presenta para poder mantener el debate, lo entiendo, pero ya habrá más ocasiones. Este es un trabajo que queda aquí para el futuro. Hay propuestas y reflexiones de futuro que las han hecho sus señorías o agentes que están implicados y que tienen un compromiso muy acreditado en el tema. En esta reunión de esta Comisión, más que dar cuenta de algo, es abrir la puerta de qué vamos a hacer mañana y cómo va a ser el futuro. Ahora vamos a una campaña electoral, luego iremos a una nueva legislatura. Habrá un nuevo Gobierno. Nosotros hemos llegado hasta aquí. Hemos ido construyendo sobre lo que habían hecho los anteriores, hemos ido mejorando. Además, este es un mensaje para mí muy importante, toda esa labor no ha sido en vano. Todo lo que se hace tiene efecto y es útil. Sí tiene su repercusión sobre la mejora de la situación. Esto nos tiene que quedar claro, porque, si no, estaremos entrando en territorio de frustración que además no se corresponde con la realidad de la evolución de las cifras, de los datos y de las estadísticas. Alguien decía, creo que era la señora Ciuró, qué barbaridad han denunciado más de un millón de personas. Perdón que utilice sus palabras, decía que esto eran datos alarmantes y elocuentes. Pero lo verdaderamente alarmante y elocuente son los datos que ha dado la señora Álvarez. Lo que pasaba antes. El hecho de que esta realidad fuera invisible, nadie denunciara, no se pudiera actuar y no tuviéramos todo este mecanismo de prevención y protección puesto en marcha. Esto sirve para avanzar. Cada vez que hacemos visible un problema que antes era invisible. Si hacemos visible la situación de lo que ocurre entre los adolescentes, podremos actuar con los adolescentes. Si no, es imposible, no haremos nada. En ese sentido, España es un país que se atrevió a contarlo. Cómo vas a decir a las mujeres que se atrevan a decir lo que les pasa si no estás dispuesto a ampararlas y el propio país no se atreve a contarlo y a enfrentarse a su propia realidad. Hay países de nuestro entorno, muy avanzados, que no lo cuentan. No desarrollan estadísticas y no han conseguido este nivel de sensibilización y de compromiso de España con datos bastante peores que los nuestros en relación con la incidencia de la violencia de género en sus países. La señora González hablaba de algunos datos estadísticos. Decía que nada más que el 28 % denuncia en España. En el conjunto de la Unión Europea es el 14 %, la mitad. Queda mucho trabajo por hacer allí, pero eso da cuenta de que el hecho de haber puesto en marcha todas estas leyes y todo este esfuerzo con ese granito del año 2004, pero ya desde antes, tienen su efecto y su resultado. En España, el 12,5 % de las mujeres de dieciséis años o más han sufrido violencia física o sexual de sus parejas o ex parejas. La media de la


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Unión Europea es el 22 %. Es decir, el hecho de tener un sistema de protección que no tienen otros, de haberlo puesto en marcha y de estar trabajando, da resultado y protege cada vez más a las mujeres. Lo que tenemos que hacer es: hemos llegado hasta aquí, vamos a avanzar en el futuro. Hoy vengo a decir: esta es la información, esta es la evaluación y estas son algunas propuestas. A partir de ahí vayan a la campaña electoral, hablen de este tema en este tono -yo intentaré hacerlo también así-, no para arrojarle la víctima al de enfrente, porque es absurdo, no tiene sentido y la sociedad nos lo reprochará. Quien lo hace se lo reprocha, por lo que no creo que avance nada políticamente y felizmente ninguno de ustedes lo ha hecho aquí esta mañana con lo que da cuenta de su calidad, de su compromiso y de que conocen el asunto y que no van en esa demagogia fácil. A partir de ahora podremos tener una base para que en la siguiente legislatura -la señora Quintanilla querrá seguir siendo presidenta de la Comisión, pero ya veremos si es o no-, esté la señora Quintanilla o no, se impulsen desde la Comisión los trabajos que nos permitan hacer el nuevo programa legislativo con más base de acuerdo que esta legislatura y fundar una estrategia que nos de a todos más confianza, porque eso trasladará seguridad a las mujeres.

La señora Álvarez me decía cuántas veces hemos votado en contra de las proposiciones no de ley o de mociones consecuencia de interpelación que ha presentado su grupo. Yo tenía una lista de cuántas veces no han apoyado las medidas que venían en leyes. (La señora Álvarez Álvarez: Tenían trampa). Tenían un poco de trampa, porque entiendo que a veces están en contra de toda la ley y dentro hay una medida, lo mío tiene un poco de trampa, ustedes tenían un voto global. Hay otra ausencia de votación del Grupo Socialista que no entiendo, porque se podría haber votado perfectamente, y me duele singularmente, que es la protección de la infancia. No sé por qué abstenerse, creo que eso sí lo podrían haber votado a favor, aunque tuviera elementos de mejora. No avanzamos nada en ese sentido. Más todavía cuando la señora Álvarez me dice que es un tema de paternidades y maternidades, que algunas medidas que luego ponemos en marcha las había presentado antes el Grupo Socialista. Está bien, quiere decir que las leemos. Y que alguna vez consideramos que pueden tener razón y luego está el juego político. (La señora Álvarez Álvarez: Están perdiendo el tiempo). Si sentamos bases para el futuro hay materia para ello y para que podamos hacer las cosas con mayor capacidad de encuentro. Todo el mundo hizo su aportación de interés y además abre lugar a debates que necesitaría cada uno de ellos una reunión de esta Comisión y muchísimo más tiempo. La señora Álvarez que conoce muy profundamente las memorias judiciales y que alerta de la situación en los juzgados, es un aspecto muy capital, ya hay cosas que se están haciendo y ahora me referiré a eso. La señora Fernández Davila, que ha tenido que correr a la Comisión de Presupuestos, le preocupa los presupuestos, porque estaba pensando en la siguiente reunión. El aspecto de la educación de los jóvenes, a la señora De las Heras, los recortes y la situación de la desigualdad en la raíz de la violencia machista. El señor Agirretxea quiere ir al origen, a la causa profunda de estas situaciones, cree que la prevención tiene que ir mucho más allá. La señora Ciuró insistía en la igualdad, en la corresponsabilidad, en que la conciliación recae toda sobre las mujeres, cuando definitivamente se lleve adelante la ampliación del permiso de paternidad tendrá que llamarse permiso Ciuró, porque siempre que vengo aquí lo recuerda y es verdad que estamos sujetos a restricciones presupuestarias. Da igual, la siguiente vez que nos veamos me lo volverá a recordar. El señor Picó hablaba de superar sesgos ideológicos. El señor Crespo quiere hacer una ley nueva, pero está también preocupado por fomentar la educación en igualdad. La señora González recuerda que hay salida. El 77,6 % de mujeres dicen que han salido de esa situación. En 2012 era el 72,48 %. Ha habido una evolución en estos años, más mujeres salen. Cada legislatura más mujeres han de salir. Ese 28 % que denuncia tiene que intentar ser más alto y entre todos podemos hacerlo.

Voy a intentar no alargarme demasiado, pero voy a contestar pormenorizadamente algunas cuestiones. Me resulta todo de interés y de aprendizaje. Además es útil. Esta actitud es buena y en esta Comisión se puede construir un futuro que mejore todavía lo que estamos haciendo. La señora Álvarez ha hablado de las órdenes de protección, comportamiento desmenuzado en la actitud de algunos juzgados y alguna realidad judicial. Esta es la preocupación que le he escuchado a usted. La he escuchado también en el ámbito del Gobierno, de la delegación, a veces con algún juzgado, con alguna situación se produce esa preocupación. Es verdad que las órdenes de protección en el año 2014 han aumentado, se han incoado 33.167. En el año 2013 eran 32.831, es un 1 %. Lo mismo que las denuncias, habían estado descendiendo desde el año 2008 y en 2014 empieza a aumentar algo el número de denuncias, pero había estado bajando. Muestra una preocupación por las órdenes de protección que se dictan. Las denuncias aumentaron ese año un 1,5. No habían aumentado desde el año 2008 y ahora parece que sí, pero usted quiere que miremos esa realidad.


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La medida a la que hacía referencia la señora González en relación con que la mujer que denuncia, que quiere denunciar, pueda disponer de asesoramiento jurídico gratuito desde antes de la interposición de la denuncia y que pueda estar acompañada desde ese mismo momento es muy importante. En primer lugar, porque al disponer de esa ayuda, de esa atención de asesoramiento que hay que prestar con todas las garantías, conseguiremos que rechacen menos denuncias y también acceder a un mejor amparo judicial. Esa medida es importante. Hay que ir trabajando en ese sentido. En segundo lugar, me parece -y esto lo estamos hablando con el Ministerio de Justicia y con el del Interior- que han hecho un gran esfuerzo en los últimos años en la formación de jueces, de los policías, de los guardias civiles, de los policías locales, se ha hecho un gran avance. Antes no había personal que estuviera específicamente formado. El ministro me decía que van a intensificar ya desde la Escuela Judicial tiene su módulo de violencia de género, pero esto no puede ser solamente para los juzgados de violencia, aunque hay que especializar más a un juez que va a un juzgado de violencia, sino que todos los jueces tienen que tener una formación suficiente y bastante en esta materia, porque puede ocurrir también que este asunto se mire en otro juzgado. Intensificar la formación que se proporciona a los jueces y magistrados desde el mismo momento en que ingresan en la Escuela Judicial es un camino que siempre hay que hacer, que es lo que le preocupa. Protocolos claros de actuación para los jueces, una formación cada vez más intensa, formación continuada, pero también una formación que empieza desde el mismo momento en que una persona ingresa en la carrera judicial.

Hoy hay 106 juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer y 355 juzgados compatibles. Todos sus titulares tienen que haber recibido una formación especializada y específica, al igual que en los juzgados penales y en la modificación que hicimos en la ley también los jueces de menores. Son mil profesionales que están dedicados exclusivamente a la violencia de género. Es un esfuerzo importante por parte de la Administración de Justicia, del Poder Judicial, del ministerio y de las comunidades autónomas. En el año 2005 teníamos 17 juzgados. No es hace tanto tiempo. Han pasado diez años. Pasamos de 17 a 106 juzgados exclusivos. A veces vemos la realidad, pero verla en perspectiva nos da la posibilidad de apreciar qué revolución se ha hecho, qué avance se ha hecho, en eso ayudaba la señora Álvarez cuando recordaba datos de los años noventa. Esa elocuente exposición de ese incremento de 16.000 a 126.000 denuncias en un año que se aprueba la ley. Es decir, en cuanto se abre la puerta a que la mujer tenga la posibilidad de expresar su situación de amparo. Aparte de la formación, hay un hecho que es muy importante, que me alegro muchísimo que no me lo haya reclamado, porque ya hemos anunciado que ya está en pruebas, que es el nuevo protocolo de valoración policial del riesgo, que se anunció en 2014. Se estuvo haciendo todo un trabajo con rigor científico, con participación de la universidad para ponerlo en marcha y esperamos que este nuevo sistema de valoración del riesgo, que bebe mucho de la experiencia que durante todo este tiempo se ha ido acumulando y que durante seis meses va a estar en pruebas, va a estar compatible con el sistema de valoración de riesgo que se utiliza actualmente, pero va a afinar mucho más. Nosotros esperamos que va a afinar mucho más y que va a ser más eficaz a la hora de determinar realmente cuál es el riesgo que tienen las mujeres y cuál es la respuesta de protección que se les tiene que proporcionar a cada una de ellas. En ese sentido, se está trabajando.

Yo recibo la inquietud que usted muestra también por esas desigualdades que aprecia en el ámbito judicial. Es muy importante que se hayan considerado víctimas directas a los menores y a usted también se lo parece, pero dice que debemos ir todavía más allá. Bueno, hemos avanzando en todos estos años. Hay propuestas para ver si hay que ir más allá o no, pero hemos avanzado. Que se les considere víctimas directas de la violencia, obliga a una protección directa también de esos menores que son víctimas. Ese es un cambio de paradigma con relación a ellos muy importante, es un gran avance y todavía tiene que tener un desarrollo. Estamos hablando de una Ley de protección a la infancia que ha entrado en vigor en el mes de agosto y que, por tanto, todavía no puede ser evaluada desde el punto de vista de su eficacia, su incidencia o sus resultados porque lleva quince días en vigor. A veces se dice que no es suficiente la Ley de protección a la infancia, pero es que solo lleva quince en vigor. Sí que establece nuevas obligaciones para los jueces en la protección que tienen que otorgar a los menores y en la consideración que tienen que tomar respecto de las medidas, incluido el régimen de visitas. Yo le podría decir ahora que lo hemos hecho nosotros, y que ustedes no lo hicieron. Pero es absurdo, porque los que vengan después también tendrán que hacer otras cosas que nosotros no habremos hecho. Es lo normal, todos vamos construyendo. Pero creo que hay que dar también tiempo a las reformas que se han puesto en marcha y que inciden en preocupaciones como las que usted ha manifestado hoy aquí. No pienso que haya una ralentización, creo que se ha seguido avanzando mucho. Los datos están ahí y esta es una realidad con la que convivimos y con la vamos a seguir conviviendo y, en ese sentido, va mejorando.


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Quería utilizar la intervención de la señora Fernández Davila para hablar sobre el aspecto educativo. La reflexión que ha manifestado -lo que pasa es que no está la señora Fernández Davila, luego se lo cuentan o se lo cuento yo cuando la vea- es que no se ha hecho lo debido con los jóvenes, o que algo ha pasado con los jóvenes. Cuando nosotros destapamos una realidad, generamos una alerta. ¿Pero qué estaba pasando? Sí, el 33 % de los adolescentes ven normal las actitudes de control o dominio en la pareja, lo ven normal. Les voy a leer un fragmento de una película muy de moda entre los adolescentes. Esto es lo que dice la protagonista, que es una chica joven muy guapa que está enamorada del protagonista que es un chico también muy guapo de referencia (Risas). En la película Amanecer, de la saga Crepúsculo, dice Bella: Siendo la persona que estuviese matándote alguien a quien amaras, no tendrías más opción que seguir. ¿Cómo podrías correr? ¿Cómo podrías luchar, cuando al hacerlo lastimarías a tu amado? Si tu vida fuera todo lo que tuvieras que darle a tu amado, ¿cómo podrías negársela, si fuera alguien a quien realmente amaras? El guionista que escribe esto y que plantea la situación sigue incidiendo en algunos mitos o estereotipos que se trasladan a nuestros jóvenes. Por supuesto la sumisión, esa sumisión de la entrega de la vida, en estos términos terribles, se produce siempre en relación de la chica hacia el chico, a la que se le dice: El amor lo perdona, lo consiente todo y tú tienes que entregar todo por esa visión del amor. Estamos construyendo todos los días estereotipos desde la televisión y esas son las consecuencias.

En ese sentido, me parece absolutamente prioritario el trabajo. Por eso les he enseñado guías materiales que estamos preparando y que queremos distribuir a todos los adolescentes. Queremos que estén presentes en todos los colegios e institutos para poder ir destruyendo esos estereotipos o mitos, queremos ir haciéndoles ver cómo realmente deberían ser las cosas e ir contrarrestando también esos mensajes. Pero, claro, ¿cómo se puede luchar contra algo tan poderoso, como la película de moda, que traslada unos mensajes donde hay una semilla de aceptación de una desigualdad de base entre los jóvenes? Por tanto, me parece muy importante abordarlo así.

Me dicen que eso debe hacerse desde Educación para la Ciudadanía. Nosotros hemos visto las encuestas y no hemos apreciado un avance fundamental de la incidencia de Educación para la Ciudadanía en esas conductas o actitudes. Una asignatura podría ser un instrumento, pero lo esencial -es verdad que hemos introducido esta preocupación por la igualdad, la violencia de género, la lucha contra esos estereotipos que conducen al machismo de manera transversal en todo el currículo, en todas las etapas educativas y que es importante- va más allá de que haya una asignatura que, por otro lado, no había demostrado que tuviera ninguna eficacia. Por otro lado, es que no había demostrado que tuviera ninguna eficacia. Estos datos son los que hemos recabado de chicos y chicas que estaban recibiendo Educación para la Ciudadanía. No hay una fórmula mágica sino que hay que trabajar y hay que concienciar, como decía el señor Agirretxea, a los educadores y a las familias y tratar con los jóvenes. En ese sentido, estas campañas Hay salida, dirigidas para adolescentes están dando fruto y están permitiendo avanzar. Esa es una labor de prevención y de transformación social que es importante.

Sigo contestando a la señora Fernández Davila, luego manifestaré alguna reflexión al señor Crepo. Ha hablado de presupuestos restrictivos y de recortes. Voy a darle algunos datos que vienen en la evaluación, si los encuentro. Hay destinados en los presupuestos a la Administración General del Estado más de 3.150 millones de euros para el desarrollo de políticas públicas dirigidas a combatir específicamente la violencia de género. El presupuesto más alto se dio en el año 2010 donde se destinaron, según esta evaluación, 352.700.000 euros. Sin embargo, quiero decir a los señores del Partido Socialista y a otros que el mayor recorte se produjo en el año 2011, donde ese presupuesto de 352 millones cayó a 329 millones. Esos son los datos, y no lo harían por gusto, pero esa es la realidad. El recorte principal de financiación de estas políticas se produce en el año 2011 y no se vuelve a recuperar hasta el año 2015, año en el que estamos ya en 335 millones de euros, por encima de la cantidad de la que se disponía en el año 2011. Hemos atravesado un periodo de restricción presupuestaria.

Hemos tenido que hacer economía y hemos tenido que ser más eficientes; hemos tenido que ajustar contratos; hemos tenido que revisar y ahora no gastamos ya tantos cientos de miles de euros en creatividad de las campañas, sino que vamos apretando y buscando colaboraciones. Todo eso nos permite ser más eficaces en el gasto y esto tendrá que ser así, pero ya vamos recuperando la financiación. En el presupuesto propiamente considerado, si ustedes quieren, de lo que es la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género estamos acumulando unos incrementos en los dos últimos años superiores al 12 %, casi el 13 %, de incremento de recuperación de la dotación también de esa delegación. Esto es lo que hemos


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destinado a la Administración General del Estado directamente en cuanto a esas políticas. Es decir, que restricción sí, pero a cada uno lo suyo, que yo creo que eso es lo que es justo.

Le preocupaba la reducción de contrataciones y también la situación de vulnerabilidad de las mujeres por su situación económica, cuestión en la que ha insistido mucho la señora De las Heras. Creo que es verdad, que la mujer es más vulnerable porque todo aquel que está en una situación económica desfavorecida aumenta su vulnerabilidad o su situación de dependencia. Sin embargo, las causas por las que las mujeres dicen que no denuncian son las siguientes: en primer lugar, porque no asumen su condición de víctima ya que eso es muy difícil; en segundo lugar, por los niños; en tercer lugar, por vergüenza; y en cuarto lugar, por la situación económica, que muchas veces es una situación económica de dependencia. Eso es verdad y, por tanto, en la medida en que nosotros podamos ayudar a que haya efectivamente una salida hacia una autonomía económica y hacia una situación de control de confianza de la propia mujer, que está en esta situación de victimización, pues eso es muy importante. Pero la raíz de esa violencia es la desigualdad, es una violencia por razón de género. No es una violencia que se pueda escudar en razones económicas, es por razón de género; esa es la máxima expresión de desigualdad, y es consecuencia de una situación de desigualdad que hemos de prevenir desde los propios adolescentes. Por tanto, al hacer el discurso está muy bien decir todo eso, pero no tratemos de ofrecer excusas o de dar explicaciones alternativas a lo que es la expresión de la desigualdad y, por tanto, de un dominio de naturaleza machista que ejercen los hombres sobre las mujeres en ámbitos amplios de nuestra sociedad.

Estamos hablando de esa violencia. Si al hacer una ley nueva, señor Crespo, desnaturalizamos este concepto, esta realidad, entonces estamos retrocediendo. Usted habla de otras realidades que necesitan su atención y ante las que hay que reaccionar. Ahora en el debate sobre la ampliación del ámbito de la ley, tendremos que tener muy presente cuál fue el origen, por qué se pensó así y cuál es la causa última de la violencia que nosotros estamos combatiendo; debate al que ha hecho referencia muy expresivamente la señora Ciuró, que recordaba que se habló de igualdad porque la causa, la razón, está ahí y luego ha ido a su tema de corresponsabilidad, que es su favorito.

No es verdad que se hayan reducido las contrataciones, esta es una contestación para que quede constancia en el "Diario de Sesiones" para la señora Fernández Davila. Han aumentado un 58 % los contratos bonificados, pero sigue siendo una cifra de contratos menor. En porcentaje han aumentado mucho, pero todavía tenemos que trabajar mucho, pero ya se van incorporando. Por ejemplo, hay noventa y una empresas que están metidas en la Red contra la violencia de género, y cuantas más tengamos allí mejor. En primer lugar, porque se implican en que en el ambiente de trabajo y en su organización esto sea visible y se conciencie a la gente, y en segundo lugar, porque contratan mujeres que necesitan un lugar donde ir a trabajar. En el año 2011 teníamos 138 contratos; en 2014 tenemos 1.017 contratos. Me dicen que son muy pocos, pero hemos pasado de 138 contratos a 1.017 contratos. Hay que incluir más empresas, que se vayan implicando y vayan también asumiendo esta labor y este papel, que yo creo que también es muy importante.

A la señora De las Heras, que tampoco está, quiero decirle que el artículo 35 fue una petición de asociaciones de mujeres y que eso merecería otra discusión, pero la tendré con ellas. Quiero insistirle en que la violencia de género afecta potencialmente a todas las mujeres. Una mujer no puede decir que como no está en mala situación económica, no es una víctima potencial porque no es verdad; es decir, puede afectar potencialmente a toda mujer, si se la somete -como se hace con ese proceso de victimización, de debilitamiento-, o si se empieza a tolerar esos roles de dominio. Aunque unas mujeres estén en mayor situación de mayor vulnerabilidad que otras, como principio tenemos que entender que puede afectar a todas las mujeres. En ese sentido, no hay una estigmatización del perfil de quién va a ser víctima, sino que todas las mujeres podrían estar en esa situación. Esto es importante también desde el punto de vista de la comprensión y el acompañamiento que tiene que hacer la sociedad.

Soy un poco charlatán, señora presidenta, pero voy a ir ya concluyendo. Creo que a la señora Ciuró le he contestado muchísimo, como voy dando saltos, y he incidido en aquello que más hablaba. Ella pide un cambio social que sea más profundo y hacía referencia -la señora Quintanilla también es muy insistente con este tema- a la subcomisión de horarios de conciliación. Tenemos muchas empresas que están ya metidas en esta aventura del distintivo de igualdad, y están cambiando su forma de funcionar para que realmente haya una vida laboral compatible con la vida personal, no solamente para las madres o los padres que tienen hijos que puedan ejercer su corresponsabilidad, sino porque la sociedad en la que vivimos tiene unos horarios disparatados. Está mal organizada y eso está en la base de muchos de los problemas sociales que nosotros tenemos.


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Me alegro además de que hable del huso horario, cuando ella es la que está realmente al este del meridiano de Greenwich, porque los demás estamos para el otro lado. Es verdad que en España hacen falta cambios profundos en ese sentido y desde mi ministerio estamos completamente de acuerdo. Haremos causa para defender las conclusiones de la subcomisión y lo que ustedes plantearon. Cada vez que una empresa se mete en esta aventura y cambia, como decía, descubre un mundo completamente distinto. Descubre que a cambio de confianza en las personas a la hora de organizar su horario, lo que recibe una empresa es compromiso y que entonces esa es una manera de funcionar mucho mejor que la de la ficha rígida. Es mucho mejor: confianza, compromiso. El establecer un mundo más racional desde ese punto de vista también está incidiendo en otro tipo de valores, yo creo que eso es importante. Son valores que sí fomentan igualdad en las relaciones, fomentan respeto, fomentan confianza, fomentan compromiso y, por tanto, establecen un cambio social que es difícil de hacer, pero que es muy necesario de cara al futuro. En esto es en lo que se insiste mucho también desde la secretaría de Estado de Igualdad.

El señor Agirretxea hacía una reflexión sobre las muertes. Nosotros no debemos tolerar ninguna y creo que la sociedad española no aguanta ninguna y siente el horror de cada uno de los casos que se producen. Es verdad que hay una tendencia a la baja, pero no es lo mismo, al igual que cuando se tomaron medidas los accidentes de tráfico bajaron mucho. Hay que estar siempre vigilante para que eso no vuelva ocurrir, pero no es lo mismo. Yo entiendo el tema de las causas, pero no es lo mismo tener más de setenta cada año, que estar en torno a las cincuenta y que esa cifra vaya bajando. Ese es el esfuerzo en el que nos tenemos que mantener. Este año estamos en el año en que menos hemos tenido, pero fíjese qué verano hemos pasado y qué terrible ha sido. Pues hay que seguir trabajando, pero lo cierto es que cada vez se sensibilizan más.

El señor Agirretxea hacía una pregunta: ¿Funciona la ley? Sí que funciona la ley. Si no hubiera ley, si en 2004 no se empeñan en buscar el consenso para que se apruebe entre todos y no aprobamos la ley; si no hubiéramos empezado ya con la orden de protección; si no hubiéramos hecho todo este desarrollo, a lo mejor la violencia de género no sería un problema político. Sería igual que en los años ochenta cuando no era un problema político ni era un problema público. No se pedía la comparecencia de un ministro para hablar de eso porque no era un problema, porque no veían el problema, era el problema de millones de mujeres que lo pasaban en silencio. Por tanto, ya solo por eso funciona la ley. Pero es que además funciona porque ofrece una alternativa a conciencia a la sociedad, y esa es la única manera de arreglar las cosas. Y funciona también porque la evolución de los datos en estos años es positiva. Por tanto, no tengamos una sensación de impotencia o de frustración, sino un acicate para trabajar más y con más intensidad hacia el futuro.

El señor Lleonart Crespo dice que vayamos en la línea marcada por la Unión Europea. Señorías, la Unión Europea ha marcado una línea. La comisaria europea dijo: tomen como ejemplo lo que se hace en España. Esa es la línea que marcan. Porque en este tema sí llevamos la delantera en la Unión Europea. Claro que podemos aprender mucho de lo que nos digan y trabajar en el ámbito europeo, pero llevamos la delantera; y es así porque empezamos antes, no porque seamos mucho más listos que los demás. Empezamos antes y eso ha permitido un mayor nivel de compromiso y un mayor nivel de debate público. Y del debate público también nace el sentido de la responsabilidad y la obligación, que nos permite llegar a donde hemos llegado.

Quiero agradecer a la señora González su apoyo y que me ayude a explicar todas estas cuestiones con datos; y, sobre todo, al Grupo Parlamentario Popular su implicación durante todos estos años y, más en particular, durante el último, por hacer posible todos estos cambios legales, que son consecuencia del trabajo, no solamente de estos años, sino del que se venía haciendo desde antes y el que muchas veces se ha hecho también desde esta Comisión de Igualdad.

Espero haber contestado a lo que me habían planteado. Entiendo que no será satisfactorio para todos, pero estoy a su disposición. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: De acuerdo con la reunión de Mesa y Portavoces, vamos a dar un turno de réplica a los distintos grupos que quieran intervenir, por un tiempo máximo de tres minutos. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Álvarez.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Señor ministro, ¿me permite que le diga una cosa? No es que llegáramos antes, en la comparativa con Europa; es que en este país lo que había y sigue habiendo es un movimiento de mujeres estructurado potentísimo y una apuesta por las políticas públicas de igualdad potentísima desde hace décadas, lo que ha permitido que muchas mujeres en este país hicieran la


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pedagogía social que ha posibilitado que hoy tengamos esta ley, porque ellas fueron por delante de nosotros. Y, si me permite, voy a contestar a la señora González con relación a los temas estadísticos. Efectivamente, desde 2007 hasta acá tenemos unos criterios. En realidad, el Ministerio del Interior modificó los criterios estadísticos en el año 2002. (La señora González Vázquez: En 2003). En el año 2002, a través de una instrucción, el Ministerio del Interior modificó las estadísticas. Ahora bien, ¿sabe por qué las modificó? Porque las organizaciones de mujeres que habían iniciado los cómputos en el año 1997 le marcaron el camino conceptual. Quizás usted no tenga los datos anteriores, pero quien le habla le puedo garantizar que sí, y son incomparables. Quizás tengan que estudiar ustedes los problemas que tienen. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género dice que hubo 54 mujeres asesinadas en el año 2004 y, sin embargo, los datos de la Fiscalía en su informe hablan de 58. Por tanto, a ver si se ponen de acuerdo y, en vez de reñirnos por traer datos que están contrastados -los podemos ver juntas cuando quiera-, se dedican a ver qué problema hay entre lo que dice la Fiscalía General del Estado y lo que dice la Delegación del Gobierno.

Es verdad, no he sacado el asunto del VioGén, pero para nosotros los retrasos son inexplicables, aunque sabemos que lo están haciendo. Me va a permitir que le pida que se comprometa a entregar a esta Comisión los datos sobre cuántas mujeres asesinadas fueron valoradas y en qué niveles de riesgo, porque no hay manera de acceder a esa información; comprométase a facilitarnos esa información. No tenemos ningún dato tampoco en los boletines estadísticos oficiales, por ejemplo, sobre el número de mujeres mayores de 65 años a las que se ha dado preferencia en acceso a residencias, que es un derecho que la ley recoge y que ningún bolentín estadístico ha publicado todavía nunca.

¿Qué valoración hace del número de contratos bonificados de los que están en parámetros de precariedad extrema? Usted nos ha dado el número absoluto del 56 % de crecimiento, pero también quiero conocer cuál es la calidad de esos contratos.

¿Cuántos agresores con condenas superiores o inferiores han ingresado en prisión? Lo que me interesa es qué representa eso en números, en términos de tasa, en relación con otro tipo de delitos. Es decir, por los delitos relacionados con violencia de género, ¿ingresan más o menos? Quizás nos llevemos una sorpresa. Es un dato que nos interesa particularmente.

Finalmente, me preocupa cómo se valora el resultado de los programas de reeducación en el ámbito de la suspensión y sustitución de la pena privativa. Y quisiera conocer cuántas personas han sufrido lesiones incapacitantes como consecuencia de agresiones machistas. Es un dato, señor ministro, que no tenemos; no me lo va a poder dar porque no lo tenemos. El Grupo Socialista ha presentado iniciativas en esta Cámara para que los servicios sanitarios incorporen variables que nos permitan conocer los datos en relación a esta cuestión, igual que sabemos cuántas personas han sufrido lesiones incapacitantes en accidentes de tráfico. Es una variable muy importante que hay que conocer. Por tanto, ya que su grupo no me ha hecho mucho caso en las propuestas, le pido al ministro que, por favor, haga todos los esfuerzos para incluir este indicador, que me parece interesantísimo.

Termino. Necesitamos recopilar estas informaciones y muchas otras, como, por ejemplo, conocer a cuántas víctimas de malos tratos les ha sido retirada la custodia, y ya le digo que tenemos muchos casos, precisamente como consecuencia de la aplicación en los juzgados de esos prejuicios sexistas que Naciones Unidas ha identificado y denunciado. ¿Por qué es importante todo esto? Si no tenemos todos estos datos, no tendremos un diagnóstico fiable. Y sin un diagnóstico fiable y con poco presupuesto, vamos a ir por mal camino. Por tanto, por lo menos, avancemos en los diagnósticos fiables.

Y termino, señora presidenta. La ley, efectivamente, hoy protege a muchas personas, y tenemos que felicitarnos por ello, pero precisa ser reforzada con apoyos técnicos, con especialización, con medios humanos y, sobre todo -y esto para nosotros es esencial y, por tanto, es un compromiso que el Partido Socialista adquiere-, con un plan permanente de prevención. Usted sabe que la ley recogió un plan acotado en el tiempo, pero los años de experiencia nos vienen a traer a colación el hecho de que un plan de prevención no puede ser un plan acotado en el tiempo. Necesitamos un plan permanente de prevención y, desde luego, nosotros apostamos por ello.

Y, como me ha preguntado, seguro que la señora presidenta me deja que conteste. No votamos en contra de la Ley de Infancia, como vienen diciendo algunas de las diputadas del Partido Popular; nos abstuvimos. La Ley de Infancia habla de asistencia social para la atención de emergencia, apoyo, acogida, recuperación integral, pero en las disposiciones finales se dice que no podrá suponer incremento de gasto público. ¿Cómo se hace todo esto sin gasto público? Yo quiero que usted me lo explique; a mí y al Consejo de Estado, que le dijo: Es obvio que este anteproyecto sí tiene impacto económico, de modo que esta


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previsión, carente por otra parte de contenido normativo, debe eliminarse. Cierro comillas. Sin medios es imposible. Por tanto, les animo a que esta disposición final sea eliminada de la ley y, en todo caso, la corrijan presupuestariamente. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: En nombre de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Lleonart Crespo.

El señor LLEONART CRESPO: Seré muy breve. Solo quiero matizar una cuestión, porque me debo haber explicado erróneamente, y pido disculpas por ello. Cuando desde nuestro grupo decimos que consideramos necesaria una nueva ley, en ningún momento pretendemos desproteger o dejar cuestiones sin tener en cuenta. Lo que pretendemos es ampliarla de forma más integral o ampliarla a otros tipos de violencia y de víctimas, que consideramos que actualmente no están cubiertas. Ese es nuestro deseo y lo que pretendemos. Quizás no lo haya dicho de forma correcta y parecía que pretendiera descriminalizar algo, pero no es así.

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz de Convergència Democràtica de Catalunya, la señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Sí, es un tema favorito. Entiendo que pueda molestar a algunos caballeros, aunque no lo digo por usted. Entiendo que pueda ser molesto, porque la corresponsabilidad tiene su qué. Además, tampoco es un tema mío, porque cada vez hay más personas, hombres y mujeres, que apoyan que los permisos tiendan a la equiparación. ¿Sabe por qué le digo esto? Si hacemos campaña de sensibilización y educación y explicamos A a nuestros jóvenes pero la práctica les evidencia que es B, no conseguiremos el efecto pretendido con la campaña y, más aún, habremos dilapidado recursos, que caerán en saco roto. Hay que predicar con el ejemplo, y para poder explicar que estamos en igualdad hay que poder ejercerla y que los jóvenes vean que eso es así; los jóvenes y los no tan jóvenes, porque creo que todos tenemos mucho que aprender en esta materia.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, la señora González.

La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor ministro, por su comparecencia, por la documentación aportada. Valoramos muy positivamente el esfuerzo realizado por el Ministerio, tanto por el análisis, como por la evaluación realizada. Además, nos comprometemos a estudiarla en detalle.

Simplemente, quería contestar a la señora Álvarez en relación con mis palabras relativas a las estadísticas. Lo que le dije exactamente fue que los datos previos a 2003 en materia de violencia de género -y me refiero a los datos oficiales- no son comparables con los posteriores, es decir, los datos previos a la modificación de la instrucción, que entró en vigor a finales del año 2002. Por tanto, los datos oficiales que pueden ser comparables con los datos actuales son los de 2003 en adelante, y eso fue exactamente lo que le dije.

Para terminar, me parece increíble que se hable de retrasos. Es una desfachatez, cuando en los años 2009, 2010 y 2011, como mínimo, en la Conferencia Sectorial de Igualdad se solicitó en reiteradas ocasiones al Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad la incorporación de los puntos de coordinación de las órdenes de protección de las diferentes comunidades autónomas al sistema VioGèn. Pero no ha sido solo eso, no recibiendo, por supuesto, ninguna respuesta en esos tres años, sino que, además, se solicitó la adhesión de diferentes policías locales de muchos municipios españoles al mismo sistema de protección, sin recibir tampoco respuesta alguna.

Por ello, considero absolutamente improcedente hablar de retrasos en este caso.

La señora PRESIDENTA: Para terminar esta comparecencia, tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Le diré a la señora Ciuró que la gente aprende la igualdad en casa. Algunos hemos visto algo de eso. Usted se ha convertido en la voz de la corresponsabilidad en el Congreso. Déjese de esas cosas de independencias que dice a veces, porque este es su tema y creo que es en el que aporta. Bueno, haga lo que quiera, pero creo que este es el tema en el que más aporta.


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Quería reiterar mi agradecimiento a la señora Álvarez y decirle que me gusta debatir con usted, pero es que es una especie de ametralladora, porque me ha hecho dieciséis preguntas muy complicadas, todas seguidas. Tomo nota y buscaré los datos. Hay algunas en las que pensaba: Te tienes que acordar de ese dato. De la atención primaria, de los servicios del Sistema Nacional de Salud hay informes sobre la detección de casos de violencia de género, de maltrato, de lesiones, pero es difícil darlos de memoria. Lo miro y le intentaré hacer llegar la contestación. Leeré en el "Diario de Sesiones" las cuestiones sobre las que me ha preguntado -que son interesantes- en relación con las personas que están en situación más vulnerable.

Se ponga usted como se ponga, su voto a la Ley de Infancia -la habían empezado ustedes y la hicimos juntos- fue muy cicatero, por una disposición final, por una pose política. Fue muy cicatero. (Risas). Sí, pero luego queda para toda la vida. Pueden venir ustedes diciendo: Cuando vaya, le voy a poner muchísimo presupuesto. Ojalá, pero luego queda para toda la vida que no la votaron, y eso tampoco es. Fíjese, nosotros hemos votado muchas leyes que hicieron ustedes, en el tiempo en el que fuimos oposición, y eso después nos ha dado muchísimo discurso.

Quiero darle la razón en algo que es importante, que ha sido el reconocimiento que ha hecho de los movimientos de mujeres en España y de su lucha incomprendida durante mucho tiempo. Aprovecho, señora presidenta, para recordar a Elena Arnedo, recientemente fallecida, que era compañera suya y que trabajó mucho con estos movimientos en una época muy temprana y muy difícil. Seguramente no solo era compañera sino amiga de las señorías del Partido Socialista.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

Quiero dar las gracias a todas sus señorías por el tono de sus intervenciones, pero también porque creo que de nuevo en la comparecencia del señor ministro hemos vuelto a poner sobre la mesa la lacra social más grave que sufren las mujeres desde hace siglos. En el año 1975 las Naciones Unidas declararon en la Primera Conferencia mundial de la mujer que el mayor crimen encubierto en el mundo era la violencia contra las mujeres. España es el referente de la comunidad internacional en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres. Hablamos fríamente de las estadísticas, mencionamos a las 28 mujeres muertas este año, y si comparamos esta cifra con la de otros años posiblemente sea menor, pero mientras haya una mujer muerta a manos de su maltratador yo sé que su sensibilidad, la del Gobierno y la de este ministro les hará luchar contra esta lacra social.

Señor ministro, en nombre de todos los portavoces -estoy convencida que así se lo tengo que hacer saber- le doy las gracias por haber pedido su comparecencia ante la Comisión de Igualdad. Gracias por su compromiso, gracias por su sensibilidad y también, como no podía ser de otra manera, gracias por su simpatía. Espero que en la siguiente legislatura usted siga siendo ministro de Igualdad, igual que yo presidenta de la Comisión de Igualdad. (Risas).

Señorías, suspendemos la sesión durante dos minutos para despedir al señor ministro y después continuaremos. (Pausa).

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN PARA QUE EL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN SOBRE EL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL SEA DEBATIDO EN SESIÓN PLENARIA. (Número de expediente 154/000011).

La señora PRESIDENTA: Señorías, reanudamos la sesión.

Solicito autorización de la Comisión a efectos de introducir en el orden del día la aprobación por la Comisión para que el informe de la subcomisión sobre el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual sea debatido en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados.

¿Están de acuerdo? (Asentimiento). Se aprueba por asentimiento.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y treinta minutos de la tarde.

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