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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 867, de 14/07/2015
cve: DSCD-10-CO-867-C1
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 867
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. OVIDIO SÁNCHEZ DÍAZ
Sesión núm. 87 (extraordinaria)
celebrada el martes,
14 de julio de 2015


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:

- Proyecto de ley de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. (Número de expediente 121/000143) ... (Página2)

Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:

- Proyecto de ley de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. (Número de expediente 121/000143) ... (Página2)

Comparecencia del señor candidato propuesto por el Gobierno a la Presidencia del FROB (Ponce Huerta), de conformidad con lo establecido en el artículo 55.1 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 276/000023) ... (Página14)


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Se abre la sesión a las seis de la tarde.

RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:

- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL SISTEMA PARA LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN. (Número de expediente 121/000143).

El señor PRESIDENTE: Señorías, el primer punto es la ratificación de la ponencia designada para informar la siguiente iniciativa legislativa: proyecto de ley de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. ¿Se aprueba por unanimidad? (Asentimiento).

APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:

- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL SISTEMA PARA LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN. (Número de expediente 121/000143).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Señor Corcuera, tiene usted la palabra.

El señor CORCUERA PLAZA: Si bien el actual sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, conocido como baremo de tráfico, es una buena herramienta que facilita el proceso, es evidente que ha quedado obsoleto desde su aprobación en 1995. La experiencia acumulada en su aplicación, los avances en la política de seguridad vial y su incidencia en la evolución de la siniestralidad, junto a la conveniencia de converger con los países de nuestro entorno, hace claramente necesaria y justificada su revisión.

Señorías, les decía hace unas semanas en el Pleno del hemiciclo con motivo del debate a la totalidad del proyecto que nadie es más consciente de la importancia de la ley que hoy debatimos que el Grupo Socialista y que ningún grupo parlamentario ha impulsado más iniciativas para hacer efectiva la reforma del baremo. Les ponía como prueba los hechos. Fue un Gobierno socialista quien creó e impulsó en 2010 una comisión de expertos con el cometido de elaborar propuestas para la reforma del sistema de valoración. Son numerosas las iniciativas impulsadas por este grupo para instar a la reforma de esta ley: peticiones de comparecencias, proposiciones no de ley e incluso propuestas de resolución en el debate sobre el estado de la Nación. La última ha sido una proposición no de ley hace unos meses en el seno de esta misma Comisión de Economía, con el objeto de instar al Gobierno a que trajera el proyecto de ley que hoy debatimos. Pero les decía entonces y lo reitero ahora que mi grupo no renuncia a intentar mejorar el nuevo baremo con enmiendas. De igual modo, nuestro indudable apoyo al grupo de trabajo para proponer una reforma tampoco es un cheque en blanco para que cualquier propuesta deba ser aceptada sin condiciones. Así lo ha entendido también el Gobierno, a tenor de las enmiendas presentadas por su grupo parlamentario. Porque, señorías, haya o no acuerdo entre las partes afectadas, corresponde al Legislativo adoptar las modificaciones necesarias para mejorar una propuesta que debe responder al interés general de todos los afectados, los que están representados en el acuerdo y los que quedaron fuera. Como les decía, mi grupo no pone en duda la necesidad de la existencia de un baremo y su imprescindible actualización. Creíamos y seguimos creyendo en la urgencia de la reforma. Por ese motivo, renunciamos a presentar enmienda a la totalidad y solo solicitamos las ampliaciones de los plazos de enmienda estrictamente necesarios para definirlas, evitando dilatar un proceso que haga imposible su tramitación a estas alturas de la legislatura. El Gobierno podría haber evitado las prisas tramitando hace meses el proyecto. Las prisas legislando no son buenas, señorías, y en materia de seguridad vial son especialmente rechazables.

Vaya por delante que el Grupo Socialista valora muy positivamente gran parte de las enmiendas que incorpora el proyecto. En este sentido, la propuesta de reforma introduce claras mejoras respecto al baremo vigente, mejoras tanto desde el punto técnico, principalmente la adaptación del sistema a los principios de indemnidad e incorporación de un sistema objetivo de indemnizaciones por lucro cesante,


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como por el incremento significativo de las indemnizaciones en caso de fallecimiento y grandes lesionados. Sin embargo, también adolece de importantes desequilibrios que ya denunciamos en el debate a la totalidad y que hemos intentado corregir con nuestras setenta y cinco enmiendas, que contienen los siguientes objetivos básicos: adaptar el sistema a los criterios jurisprudenciales y doctrinales más beneficiosos; mejorar el cálculo de las cuantías indemnizatorias a las víctimas más vulnerables; mantener el equilibrio de las cuantías indemnizatorias; corregir los índices de la actualización del sistema; impulsar un código de buenas prácticas, o incorporar a los psicólogos clínicos -el Grupo Popular ha anunciado que estas últimas enmiendas referidas a los psicólogos clínicos serán aceptadas-. Y finalmente, sobre todo, mejorar el sistema para la indemnización de las lesiones leves, claramente perjudicadas en la reforma, algo que para nosotros es fundamental corregir removiendo principalmente aquellos obstáculos en el articulado que dificulten el acceso a las indemnizaciones o adaptando criterios y modificaciones del baremo médico. Déjenme que insista en este último punto. Tal y como advierte la DGT, el 90% de las víctimas de accidentes de tráfico sufren lesiones leves. Sin embargo, el tratamiento que prevé el proyecto de ley para los lesionados leves es claramente perjudicial, ya que reduce la cuantía de las indemnizaciones y endurece los requisitos legales para acceder a las mismas.

Con respecto a las cuantías, la propia memoria de análisis de impacto normativo que acompaña al proyecto cifra la reducción en un 2%. Y en cuanto a los requisitos legales, el artículo 135 impediría de forma significativa, tal y como viene redactado, el acceso a las indemnizaciones del porcentaje más importante de víctimas de accidentes de tráfico, los afectados por esguinces cervicales. Entre las exigencias que impone el nuevo artículo 135 para acceder a la indemnización por traumatismos menores de la columna vertebral destacan: que el lesionado haya sido objeto de atención médica en un plazo de setenta y dos horas, enmendado por el Grupo Socialista para eliminar el plazo; la adecuación biomecánica entre la lesión sufrida y el mecanismo de la producción, enmendado también por este grupo para eliminar la referencia; a lo que hay que añadir que la regulación de las secuelas derivadas de este tipo de traumatismos califica de excepcional su indemnización, también enmendado por este grupo, y exige informe médico concluyente que acredite su existencia. Todo ello teniendo, además, en cuenta que se reducen los puntos que el baremo otorga al síndrome postraumático cervical, unificando todas las partes de la columna y también los puntos a las secuelas o se exige origen mecánico u óseo para puntuar la limitación de movilidad cuando la causa más frecuente es el dolor.

Se han pretendido justificar estas modificaciones en la existencia de una importante bolsa de fraude de este tipo de lesiones. Señorías, todos debemos actuar contra el fraude. No queremos defraudadores. Las asociaciones de víctimas han puesto de manifiesto su voluntad de colaborar para eliminarlos. Pero la lucha contra el fraude no puede convertirse en la eliminación de justas indemnizaciones para todas las víctimas y sus familias. No se puede argüir el fraude como motivo para sospechar de todas las víctimas, cuando la mayoría son inocentes. Además, los datos estadísticos no lo justifican. Según ICEA, la asociación de investigación cooperativa entre entidades aseguradoras y los datos publicados por Unespa, la bolsa de fraude podría estimarse en torno a un 8%. Pues bien, parece que la presión del Grupo Socialista ha permitido mejorar sustancialmente este artículo 135, puesto que, según nos han anunciado desde el Grupo Popular, serán aceptadas las enmiendas socialistas 207, que elimina del criterio de causalidad de intensidad la referencia biomecánica, y 208, que elimina el término "excepcionalmente" en la referencia a las secuelas.

No obstante, como reconoció en su día la comisión de expertos, queda pendiente corregir las deficiencias del sistema en relación con las lesiones leves. Si bien es cierto que han sido aceptadas un buen grupo de enmiendas -y quiero agradecer, en este momento, la disposición al acuerdo del señor Olano-, se han obviado algunas que para nosotros eran fundamentales: La enmienda 153, para que no tengan ni culpa exclusiva ni culpa concurrente los menores de dieciséis años ni aquellas víctimas que, por padecer un elevado grado de discapacidad física o sensorial, deben quedar protegidas. La enmienda 155, para adecuar el resarcimiento de los gastos a las necesidades específicas del familiar que precise tratamiento médico o psicológico por alteraciones psíquicas, sin limitarlo al plazo máximo de seis meses. La enmienda 159, para actualizar las cuantías y límites indemnizatorios al IPC; vincularlo, como hace el Gobierno, con la revalorización de las pensiones supone proteger las cuentas del sector asegurador. Las enmiendas 166, 167, 201, 202 y 210, para mejorar la valoración de la dedicación a las tareas del hogar. La enmienda 176, para mejorar el cálculo de la puntuación en caso de secuelas intergravatorias en defecto de previsión específica. La enmienda 211, que prevé crear un código de buenas prácticas. Y con respecto a los lesionados leves, las enmiendas 188, 205, 206, 207, 208, 222, 223 y 224, que modifican el baremo.


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Finalmente, quería anunciar y destacar que votaremos en contra, como ya lo hicimos en su momento en la Comisión de Justicia, de las enmiendas del Grupo Popular 226 y 236, que establecen restricciones a los supuestos para dictar auto de cantidad líquida máxima, y de la enmienda 240, de reclamación previa a la vía judicial, porque es un obstáculo para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva. Deja en manos de las aseguradoras la resolución de un conflicto sobre la cuantía de las indemnizaciones y gastos, así como la interpretación de la normativa aplicable, y permite el acceso de las aseguradoras a toda la información de que disponen las fuerzas y cuerpos de seguridad encargadas de la vigilancia del tráfico en relación con el accidente.

En resumen, señorías, si bien el texto final del proyecto de ley contiene aún algunos desequilibrios que podrían haberse corregido con la aceptación de las enmiendas que acabo de mencionar, dados los avances positivos que incorpora la ley y la anunciada aceptación de las enmiendas 207 y 208, respecto a la indemnización por traumatismos menores de la columna vertebral, votaremos un sí crítico al dictamen de la ley. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Doña Inma Riera, tiene la palabra.

La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, señorías, debatimos un proyecto de ley que, por desgracia, afecta a un amplio sector de la sociedad y que requiere de una atención actualizada; un proyecto de ley que incorpora un nuevo sistema de valoración del daño personal de las víctimas de accidentes de tráfico. Esta reforma, que actualiza un sistema vigente desde el año 1995, es fruto de un importante acuerdo entre las dos partes afectadas: las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y la representación de las entidades aseguradoras, en cuya base están también los trabajos realizados por la comisión de expertos, a los que después me referiré. La nueva ley permite incrementar la protección a las víctimas de accidentes de circulación mediante la garantía de una indemnización suficiente, lo que sitúa a España a la altura de las reformas que en el ámbito comunitario se han emprendido en relación con el seguro del automóvil; mejora el tratamiento resarcitorio de los perjudicados por los accidentes de tráfico, y establece un sistema indemnizatorio activo, actualizado y adaptado a la realidad. Entre las novedades que contempla, se encuentran nuevas reglas para la valoración del daño corporal, tanto por causa de muerte como por secuelas y lesiones temporales, así como un nuevo baremo que uniforma el perjuicio personal básico de las indemnizaciones. Es un proyecto esperado en el tiempo, pues hace ya casi cuatro años que, tal y como he comentado al inicio de mi intervención, una comisión de expertos, con la participación de la magistratura, la fiscalía, la abogacía, el sector asegurador Unespa, el Consorcio de Compensación de Seguros y las asociaciones de víctimas, trabajó en la creación de un nuevo sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, alcanzándose un amplio consenso que representaba una evidente mejora, muy especialmente para los derechos de los familiares de fallecidos y para grandes lesionados. Además, he de decir que en el ámbito del Congreso de los Diputados se aprobó el pasado mes de diciembre una proposición no de ley conjunta de los grupos Popular, Socialista, Convergència i Unió y Vasco, en la que se solicitaba al Gobierno que se presentase este proyecto de ley que permita adaptar el sistema a los principios de indemnidad y vertebración para conseguir una mejora en la individualización del daño y que se atiendan a las circunstancias familiares, personales y económicas.

Señor presidente, señorías, hechas estas consideraciones más generales, he de decir que los accidentes de tráfico son en la actualidad una de las causas más frecuentes de mortalidad y su alta incidencia constituye un problema socioeconómico importante. Además, suelen ser en muchos casos víctimas jóvenes que sufren daño corporal, con posibilidad de secuelas permanentes. El coste social resultante es alarmante, aunque no menos que el coste económico que representan las indemnizaciones. La cuestión, no obstante, no se centra en la cantidad sino en la calidad de la valoración de las secuelas resultantes de los accidentes de tráfico. Hasta la fecha ha existido una falta de uniformidad en la cuantificación del daño corporal y creemos que este proyecto de ley podrá ayudar a que esta disparidad se solucione. La existencia de una cierta arbitrariedad involuntaria tanto desde el punto de vista jurídico como médico nos lleva también a la actual disparidad de resultados judiciales en lo referente a las indemnizaciones. Queremos hacer hincapié en este aspecto porque el actual baremo tiene más de veinte años y ha quedado claramente obsoleto. No se sostiene desde el momento en que no determina cómo se repara el daño patrimonial y sus cuantías distan mucho de ser las europeas. Por todo ello, señorías, creemos necesaria esta reforma que permite, por una parte, actualizar un sistema ya obsoleto y superar


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la arbitrariedad y la falta de uniformidad en la cuantificación de daños y, por otra parte, dar una mayor protección a las víctimas de accidentes de tráfico.

En relación con las enmiendas presentadas por el Grupo de Convergència i Unió quiero destacar que las enmiendas números 80, 81, 82, 88, 98 a 102, 104 a 107, 109 y 111 a 113 han sido aceptadas por el Grupo Popular. Buena parte de estas enmiendas afectan directamente a la relación entre el accidentado y el asegurador, como ocurre con la enmienda número 80, que modifica el artículo 7 dándole una nueva redacción más garantista en la relación entre las partes y las medidas contractuales obligatorias. En este mismo sentido también es importante nuestra enmienda número 81, que introduce modificaciones al artículo 13 en las diligencias en el proceso penal preparatorias de la ejecución, exigiéndose una adecuación a la Ley de Enjuiciamiento Civil. También ha sido aceptada nuestra enmienda 82, al artículo 14, en la que introducimos una serie de modificaciones al procedimiento de mediación en los casos de controversia, dándole iniciativa al afectado para poder llegar a un acuerdo con la compañía. Nuestras enmiendas 102, 103, 105 y 106, a los artículos 113, 114, 115 y 116, pretenden dar coherencia a lo previsto en el artículo 37, que habla de informe médico. En este sentido, nuestras enmiendas introducen también este concepto en cuanto que una prescripción médica, tal como prevé el proyecto de ley, no puede prescribir cuantía de los gastos.

También quiero señalar que entre las enmiendas que no han sido aceptadas por el Grupo Popular están la 84 y 85, a los artículos 42 y 49 del proyecto de ley, que persiguen un sistema de valoración diferente al propuesto por el proyecto de ley. También quiero señalar en este sentido y en este grupo de enmiendas no aceptadas nuestra enmienda número 90, al artículo 58, en la que, por una parte, ampliamos el concepto más limitado previsto en la ley de productos técnicos a las llamadas ayudas técnicas, que incluyen a nuestro entender no solo productos materiales sino toda la ayuda necesaria y, por otra parte, pretendemos añadir medios o ayudas que permitan potenciar la autonomía personal. A esta enmienda número 90 el Grupo Popular ha presentado una transacción que hemos aceptado, por tanto sale del bloque de enmiendas no aceptadas por el Grupo Popular y aceptamos la transacción que nos ha sido propuesta. Por último, entre las no aceptadas está nuestra enmienda 103, al artículo 114. Hemos negociado con el Grupo Popular, aceptando su propuesta de transacción de nuestras enmiendas 79, 88, 90, 92 y 107, cinco transacciones que creemos contribuyen a mejorar claramente el texto y el enfoque de este proyecto de ley.

Por último, quiero señalar, señor presidente, señorías, que retiramos las enmiendas 92 y 104. No me queda nada más que agradecer la predisposición del Partido Popular en las negociaciones de este proyecto de ley. Hacemos una valoración positiva de este proyecto de ley y nuestro grupo votará, en consecuencia, sí al mismo.

El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Moya, tiene usted la palabra.

El señor PÉREZ MOYA: Nuestro grupo presentó enmienda a la totalidad a la propuesta de modificación del conocido popularmente como baremo por diferentes razones y argumentos que ya expresamos. Para empezar diremos que es una propuesta que globalmente defiende el interés corporativo por encima del interés general y, por tanto, prima el interés de las compañías de seguros por encima del resarcimiento y las compensaciones a las víctimas y afectados por los accidentes de tráfico. Como valoración general, consideramos que el proyecto es antisocial y que tiene una clara falta de equidad. De hecho, la propuesta endurece las condiciones para más del 90% de las víctimas de accidentes de tráfico: incrementa y endurece las condiciones para acceder a las indemnizaciones y además plantea una bajada de sus cuantías, lo que afectaría a la inmensa mayoría de las víctimas de los accidentes de tráfico. Vamos a reconocer, porque es obvio, que es una propuesta positiva para las víctimas, para los fallecidos o accidentados muy graves y, en parte, también graves; las tablas ya reflejan esa desproporción entre la gravedad del accidente y las consecuencias para las víctimas, entre las víctimas graves o muy graves y las leves, que, insistimos, son la inmensa mayoría de los afectados. Por eso, entendemos que la propuesta prima sobre todo el interés de las compañías de seguros en lugar del de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país que han sido víctimas de accidentes de tráfico.

Además, el conjunto de la propuesta -y por eso planteábamos la enmienda a la totalidad- tiene carencias preocupantes. De ahí que nos reafirmemos en el interés de las compañías. Por cierto -un paréntesis, para que no se me olvide-, en todo este largo proceso de más de cuatro años en que se ha ido discutiendo sobre la configuración del nuevo baremo, se ha estado jugando con el dolor, con las necesidades, con las demandas de las víctimas de los accidentes de tráfico y -cierro el paréntesis-


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entendemos -por eso planteamos en su día la enmienda a la totalidad- que la propuesta adolece de cuestiones importantes y también graves, y no exagero. Toda propuesta que modifique una ley que tenga contribuciones de carácter económico tiene que estar avalada y acompañada de los estudios preceptivos y obligatorios de impacto económico. No podemos obviar las cuantías que las aseguradoras tendrían que indemnizar con la propuesta de proyecto si estuviera en vigencia, contrastada con la actual siniestralidad y la repercusión que tendría la aplicación del actual sistema, del vigente. Esas valoraciones, esos estudios, esa especificidad respecto a qué perfil de victimización podría responder la cuantificación económica no están hechos, y eso es grave porque significa vulnerar uno de los principios básicos del trabajo parlamentario, de las modificaciones legislativas. Además, falta el estudio preceptivo y obligatorio del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. No es justificable, señorías, que se nos diga que ya hubo una reunión. ¿Y qué? Reuniones se pueden hacer muchas, pero ¿dónde está la valoración contrastada, documentada, incorporando los datos económicos, de siniestralidad, el impacto que tiene sobre las víctimas leves o las víctimas graves, la diferente casuística de la victimización y el impacto económico que se puede derivar? ¿Dónde están esos estudios? Por cierto, en la comparecencia del fiscal especialista en seguridad vial en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible ya se planteaba la necesidad de esos estudios, que él había propuesto al propio Ministerio de Hacienda. ¿Por qué no se presentan esos estudios?

Cerrado ese interrogante respecto a lo preceptivo y obligatorio de los estudios que han de justificar cualquier propuesta de modificación, y más en este caso que, como reitero, tiene consecuencias de carácter económico, planteábamos enmienda de totalidad porque nuestro grupo considera que es discutible la constitucionalidad en algunos aspectos de la propuesta. Entendemos que vulnera el derecho a la integridad moral en diferentes artículos de la propuesta -105, 106, 107, 110 y 137, por ejemplo-reconocidos en el artículo 15 de la Constitución. Nuestra propuesta de enmienda a la totalidad estaba más que justificada y hemos intentado traducirlo en alrededor de setenta enmiendas parciales, correcciones que intentaré explicar muy rápidamente. En el caso de concurrencia de culpa, en ningún caso la indemnización a la víctima debe ser inferior al 30 %. Eso lo planteamos en nuestra enmienda 13. Las compensaciones no se pueden situar en un máximo del 25 % cuando hay concurrencias y cuando la victimización y las consecuencias físicas y morales del accidente nada tienen que ver con la casuística y la intensidad del propio accidente; por ello, planteamos que nunca serán inferiores al 30%. No se puede marcar un máximo del 25 % de incremento de una indemnización básica, ya de por sí muy corta; es más adecuado tener el criterio del arbitrio judicial. Lo planteamos en la enmienda 21. Asimismo, establecer el resarcimiento de los gastos médicos no puede plantearse como una cuestión excepcional. Hay que suprimir -lo planteamos en la enmienda 22- el término "excepcionalmente" del artículo 36.3, porque además de plantear que los gastos médicos pueden tener una situación de excepcionalidad, no regula ni cuándo ni en qué condiciones se incurre en esta excepcionalidad. También hay que proteger al menor en desarrollo víctima de un accidente de tráfico y no puede cerrarse el sistema en estos supuestos, dado que los daños en el caso de una víctima menor en fase de crecimiento pueden agravarse, lo que médicamente está contrastado y justificado, en algunos casos en la propia evolución del crecimiento del menor. Es nuestra enmienda número 27.

Para no ser muy exhaustivo, quiero plantear también que hay que considerar las actividades esenciales como definidas globalmente por encima de las básicas. Considerar la incapacidad laboral permanente absoluta y total como pérdida de actividad sustancial de la vida es esencial y así lo planteamos en diferentes enmiendas. Además, consideramos que el perjuicio moral por la pérdida de calidad de vida de familiares de grandes lesionados y por daños morales derivados del fallecimiento de la víctima hay que incorporarlo en el baremación de la casuística y de las compensaciones en las víctimas de tráfico. Consideramos las parejas de hecho -y lo planteamos en diferentes enmiendas- como cónyuges o que forman parte del concepto clásico de matrimonio. Por lo tanto, hay que considerarlas también como partícipes en los derechos indemnizatorios que correspondan.

En las enmiendas sobre la duración de la dependencia económica -números 46, 47, 48 y siguientes- tenemos presente que no puede cerrarse el sistema si las circunstancias personales indican la necesidad de ampliar los periodos, sobre todo si están en situación de vulnerabilidad. No puede acotarse el planteamiento indemnizatorio estrictamente con una propuesta cerrada. Por eso decíamos al inicio de nuestra intervención, justificando nuestra enmienda a la totalidad, que el proyecto tiene un perfil antisocial y falta de equidad.


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En las enmiendas 61, 65, 66 planteamos la idea de que la incapacidad laboral permanente hay que incorporarla en los grados de perjuicio por pérdida de calidad de vida. Además, consideramos contrario a la justicia y a la lógica dejar de indemnizar la limitación de una persona para realizar actividades que tengan trascendencia en su desarrollo personal; una es la de carácter laboral, que acabo de explicitar, pero también otras que forman parte de su calidad de vida como su grado de actuación en ámbitos del ocio o en el cuidado de los hijos. Asimismo, planteamos una nueva regulación para casos graves, moderados, leves, etcétera, para evitar que se expulse de manera injustificada por la vía jurídica a miles de víctimas que sufrirían dicho perjuicio pero que no podrían reclamarlo por capricho injustificado del legislador. En el sistema vigente actual se ha demostrado que es un factor que siempre ha sido otorgado de forma muy contenida y razonable en los tribunales porque ya dispone por sí mismo de unos requisitos de exigencia de prueba suficientemente importantes como para añadir una barrera legal cercenadora de derechos. Eso es lo que entendemos que hace la nueva propuesta de baremo.

El artículo 130 habla de los lesionados pendientes de acceder al mercado laboral menores de treinta años y nosotros pedimos que esto se plantee a partir de los veinticuatro años, ya que la edad media de finalizar los estudios superiores está tabulada en los veinticuatro años. No es comprensible que los años siguientes hasta cumplir los treinta no se computen como laborales y no es justificable la reducción del 55 % en el caso de incapacidad permanente o total que se plantea en dicho artículo 130.

Para nosotros es importante la necesidad de armonizar el criterio que impida discriminaciones a diferentes colectivos no laborales, me estoy refiriendo al caso de los lesionados con dedicación a las tareas del hogar de la unidad familiar. Aquí pedimos una valoración equivalente al salario mínimo interprofesional más un 50 %. El caso de incapacidad total, según la definición, es no poder llevar a cabo gran parte de las actividades laborales, por lo que, por analogía, sería no poder llevar a cabo gran parte de las actividades domésticas, lo que justificaría el incremento del porcentaje que nosotros proponemos.

Voy terminando, señor presidente. En todo caso, haré referencia a la enmienda 70 presentada por nuestro grupo, que alude al artículo 135.2. Entendemos que debe suprimirse la palabra "excepcionalmente". La ley no puede apriorísticamente determinar que una lesión se cure y se convierta en secuela de forma excepcional. Esta es una auténtica barbaridad. Eso, en todo caso, lo dictaminarán los estudios médicos, los análisis médicos; nunca, nunca, nunca apriorísticamente debe contemplarse este aspecto en un marco legal.

Por eso hemos empezado diciendo que en su día presentamos enmienda a la totalidad porque entendemos que toda la mejora para las víctimas que fallecen o quedan con secuelas de gravedad sí tienen una mejora y un reconocimiento en esta ley, pero no la tiene en más del 90%. Es una propuesta que está pensada más en las aseguradoras que en el conjunto de la ciudadanía. Esta enmienda a la que he aludido, relativa al artículo 135.2, esa barbaridad es un ejemplo muy claro de que el tamiz que cubre la propuesta de codificación del baremo es un tamiz que defiende sobre todo a las aseguradoras y no a los ciudadanos. Por eso nuestro grupo planteará una abstención a la propuesta del texto.

El señor PRESIDENTE: Señor Calduch, tiene usted la palabra.

El señor CALDUCH CERVERA: Señorías, cuando en su momento nuestro grupo fijó su posición, contraria a las enmiendas a la totalidad que se presentaban por el Grupo Socialista y por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, en aquella ocasión tuve la oportunidad de decir que esta era una ley mejorable y que esperábamos -y por eso votábamos en contra de las enmiendas a la totalidad- que en la tramitación se mejorase. Tengo que decir que efectivamente -y ya lo han anticipado algunos de los colegas que me han precedido en el uso de la palabra- en la tramitación se ha mejorado notablemente. Pero también dije que era una ley que introducía importantes mejoras respecto de la legislación vigente en materia de baremación relativa a las víctimas de accidentes de tráfico. Era tan así que entre esas mejoras se podía citar la revisión al alza del baremo médico de las secuelas, la resolución rápida de los conflictos mediante la potenciación de los acuerdos extrajudiciales, la racionalización del método de cálculo del lucro cesante, la reparación del gran lesionado con la inclusión de partidas de gastos asistenciales futuros, la inclusión del resarcimiento de daños morales, pero también tenía deficiencias. Cerraba mi intervención en aquella ocasión diciendo que generalmente se afirma que lo mejor es enemigo de lo bueno y yo sugería que lográsemos hacer lo bueno aun mejor. Tengo que reconocer que en la tramitación -al menos ese es el criterio de nuestro grupo parlamentario- lo bueno se ha hecho aun mejor. Naturalmente, de las enmiendas que mi grupo parlamentario presentó para hacer esas mejoras hay algunas que se han quedado fuera. Por ejemplo, hay algunas que afectan al automatismo en el cómputo


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de las indemnizaciones vinculándolo a la evolución del índice de precios al consumo y se ha decidido a mantener la valoración que se establezca en los Presupuestos Generales del Estado.

Nuestro grupo parlamentario es realista y eso significa que aunque no se hayan aceptado algunas de las mejoras que nosotros consideramos importantes, no podemos ignorar que, en cambio, sí se han aceptado otras y una, a la que haré referencia a continuación, que valoramos especialmente. Básicamente se han aceptado dos tipos de planteamientos en nuestras enmiendas que consideramos relevantes: uno es sustituir el término "prescripción médica" por "informe médico"; parece una cuestión baladí pero no lo es. El informe médico obliga a un razonamiento científico de la situación en la que se encuentra la víctima del accidente, mientras que la prescripción médica no va asociada necesariamente a esa argumentación o razonamiento científico de por qué se hace la valoración clínica correspondiente. Esto es importante porque no se trata solo de que el médico diga qué grado de lesiones hay sino de que lo razone y que ese razonamiento pueda utilizarse después, si llega el caso, en los tribunales para que no sea solo la opinión clínica, sino la argumentación que ha llevado a esa opinión clínica. Luego, bajo la apariencia de un simple cambio terminológico, lo que había era un cambio de mayor alcance que en mi opinión mejora mucho la ley.

Hay otra mejora no menos importante que las que proponíamos, que tiene que ver con la incorporación de los psicólogos clínicos a la hora de valorar las secuelas psicológicas de los accidentes. Yo comprendo que hay un viejo -lo conozco incluso por familia- conflicto corporativo entre los psiquiatras y los psicólogos. Inicialmente, la ley incorporaba a los psiquiatras solo pero la realidad es que cuando ha habido accidentes de tráfico con numerosas víctimas, los típicos casos de autobuses que todos conocemos que han tenido numerosas víctimas, los primeros que aparecen para atender las secuelas psicológicas de los familiares de las víctimas y de las propias víctimas son los psicólogos, no son los psiquiatras. ¿Por qué? Por algo muy elemental, porque el colectivo de psiquiatras, es decir, de médicos especializados en psiquiatría, es infinitamente menor que el colectivo de psicólogos clínicos. ¿Aquí de qué se trataba en nuestra opinión? ¿Se trataba de potenciar la exclusividad corporativa de un colectivo o de atender a las necesidades de diagnóstico y valoración de las secuelas psicológicas de las víctimas de accidentes? En la medida en que se nos ha admitido por la ponencia esta modificación incluyendo a este colectivo, eso, desde nuestro punto de vista terminará beneficiando en la práctica enormemente la valoración de las secuelas psicológicas de las víctimas.

En consecuencia, para no extenderme ya que otros colegas sí lo han hecho, termino diciendo que, atendiendo a las mejoras que se han realizado no solo a partir de las enmiendas de nuestro grupo, sino de las que han presentado otros grupos parlamentarios, nuestro voto al proyecto de ley será positivo.

El señor PRESIDENTE: Señor Larreina, tiene usted la palabra.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Brevemente, para señalar que damos por defendidas las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana de Catalunya. En cuanto al posicionamiento general de mi grupo va a coincidir con la línea que dijimos en su día al comienzo del proceso legislativo. Pensamos que es una ley positiva porque avanza en temas importantes, sobre todo desde el punto de vista de las víctimas; pensamos que se puede avanzar más pero también pensamos que es una muestra de que con demasiada frecuencia, desde de los ámbitos institucionales se tiene mayor rapidez a la hora de dar respuesta a las necesidades, demandas y urgencias de las grandes empresas que de las personas de a pie, y yo creo que esta ley es un claro ejemplo de esto.

Es una ley que se tenía que haber hecho mucho antes, se ha hecho y está bien que se haya hecho, pero se podía haber hecho mejor teniendo más en cuenta las necesidades de las víctimas. Por eso mismo nosotros, aunque consideramos que es positiva, como se podía haber avanzado más, nos vamos a abstener en la votación.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular intervendrán el señor De Olano y el señor Molinero.

El señor DE OLANO VELA: Quisiera mostrar el agradecimiento de mi grupo, en primer lugar, a los servicios de la Comisión, especialmente a la letrada doña Mónica Moreno, por su inestimable colaboración; también al resto de los portavoces de los grupos parlamentarios su buena disposición y su trabajo en ponencia, que sin duda ha mejorado el texto que finalmente aprobaremos en la tarde de hoy. Y me permitirán que destaque especialmente el trabajo de doña Concha Bravo, don Francisco Molinero y don Vicente Martínez-Pujalte.


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Señorías, en muy pocas ocasiones un proyecto del Gobierno alcanza un grado de consenso tan amplio entre los sectores afectados. Señor Pérez Moya, la inmensa mayoría, cerca del 90 % de las asociaciones de víctimas de accidentes, así como también la patronal de las compañías de seguros, los sindicatos, los abogados especialistas en responsabilidad civil, los peritos, etcétera, todos han mostrado su satisfacción con el texto. Se podría decir que prácticamente son ustedes los únicos que lo critican. La reforma del baremo era necesaria, ya se dijo por parte del portavoz del Grupo Socialista, porque tras veinte años de vigencia debía adaptarse a la normativa europea en el ámbito del seguro del automóvil, así como por la necesidad de dotar de mayor protección a las víctimas mediante una indemnización suficiente.

Me gustaría hacer mención a algunas de las ventajas del sistema que contiene el texto y que dejan al descubierto la inconsistencia de los argumentos del portavoz de La Izquierda Plural.

En primer lugar, se produce un incremento medio del importe de las indemnizaciones superior al 16 %.

En segundo lugar, se adapta nuestra legislación a los principios de indemnidad y objetivación del sistema mediante una estructura de fácil aplicación en aras de fomentar una rápida resolución de conflictos y en la medida de lo posible incrementar las transacciones extrajudiciales.

En tercer lugar, se alcanza una mejor individualización del daño mediante la revisión de los diferentes perjuicios que pueda sufrir la víctima atendiendo a sus circunstancias personales, familiares y económicas, estableciendo un sistema totalmente separado para el tratamiento de los daños patrimoniales y de los daños extrapatrimoniales.

En cuarto lugar, se mejoran las indemnizaciones por fallecimiento, que se incrementan en un 50 % y se logra individualizarlas de conformidad con las nuevas estructuras familiares.

En quinto lugar, respecto de las indemnizaciones por secuelas, se revisa íntegramente el baremo médico de secuelas para adaptarlo al estado actual de la ciencia y se refuerza especialmente la reparación del gran lesionado, indemnizando los perjuicios y los daños emergentes consecuencia de los gastos asistenciales futuros. Me gustaría destacar que las indemnizaciones por este concepto se incrementan en un 35 %.

En sexto lugar, se incorpora un sistema objetivo de indemnización del lucro cesante, superando el actualmente llamado factor de corrección y estableciendo un sistema que parte de dos factores, el multiplicando, constituido por los ingresos de la víctima, y un multiplicador que resulta de combinar diversos factores como la duración, el riesgo de fallecimiento o la tasa de interés de descuento.

Las indemnizaciones por este concepto se incrementan más del 250 % y como novedad se incluyen los gastos previsibles de asistencia sanitaria futura de carácter vitalicio para grandes lesionados, así como también los de rehabilitación domiciliaria y ambulatoria y los de ayudas de terceras personas.

Por último, y también como novedad, se incorpora el derecho a la indemnización por el perjuicio económico sufrido en función del desempeño de las tareas del hogar.

Mi intervención termina aquí y le cedo la palabra a mi compañero don Francisco Molinero. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor Molinero.

El señor MOLINERO HOYOS: En primer lugar, me adhiero a los agradecimientos y felicitaciones que mi compañero Jaime de Olano ha hecho porque en realidad sin la participación de estos grupos parlamentarios, sin la participación de asociaciones y de personas, incluso de los profesionales de esta casa, hubiera sido muy difícil sacar adelante este proyecto de ley. Gracias a todos porque es un gran proyecto de ley, como todos los grupos parlamentarios han reconocido, con sus pequeñas o medianas deficiencias.

No voy a volver a contar las alabanzas del proyecto de ley porque ya en su momento lo hicieron magníficamente tanto el ministro de Justicia como mi distinguido compañero Jaime de Olano en el debate de totalidad de las enmiendas. Por tanto, no voy a reiterar ese tema, pero sí quiero hacer una puntualización, un significado muy especial respecto a este proyecto de ley porque viene a justificar por qué el Grupo Parlamentario Popular rechaza y acepta determinadas enmiendas.

Por primera vez se ha logrado armonizar dos posiciones completamente antagónicas, de un lado el legítimo derecho de las víctimas a ser resarcidas económicamente de los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de un accidente y, por otro lado, el derecho de las empresas aseguradoras a evitar incertidumbres presupuestarias y con ello la viabilidad y sostenibilidad del sistema. Por tanto, deben comprender sus señorías que la no aceptación de algunas de las enmiendas no lo hacemos por criterios políticos o por un rechazo caprichoso a las mismas, sino para evitar que ese contenido de las enmiendas rompa el espíritu y principios de esa voluntad colectiva.


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Entrando en el bloque de enmiendas, hemos de significar que mi grupo parlamentario ha aceptado, como ha sido así reconocido por el resto de los grupos parlamentarios, una gran cantidad de enmiendas propuestas por ellos. Hemos aceptado cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, diecisiete enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió y treinta enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Refiriéndome a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista -y, en particular, a las enmiendas 207 y 208-, señor Corcuera, le diré que el Partido Popular tiene un método, una filosofía y una forma de ser. Trata de hablar, dialogar y consensuar todas las enmiendas y propuestas que se le exponen, pero le puedo garantizar con todo mi respeto parlamentario que ningún grupo nos presiona en la toma de decisiones, y menos estando respaldados por el número de ciudadanos que nos está respaldando en las urnas. Absolutamente nadie nos presiona. Por lo tanto, no sé a cuento de qué ha venido utilizar el término "presión" contra nosotros porque hemos aceptado dos enmiendas con las que hemos conseguido eliminar términos que podían producir confusión o una interpretación errónea del texto. No lo entendemos. Nos posicionamos en el consenso y nos dice usted que obtienen un éxito por la presión. Si esa es su medida, allá usted. Además, hemos propuesto diecisiete enmiendas transaccionales, que esperamos que hayan sido aceptadas todas ellas.

Respecto a las enmiendas de los grupos parlamentarios que han sido rechazadas, lo han sido por distintos motivos. Algunas ampliaban injustificadamente el ámbito subjetivo u objetivo del proyecto de ley. Como ha comentado el representante del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, no hemos considerado idónea la propuesta de indexación al IPC; creemos que es más justa la actualización con el índice de pensiones que con el IPC. En otros casos la terminología empleada en esas enmiendas no es la adecuada al texto, tratan de regular cuestiones que no son competencia del proyecto o regulan cuestiones que atacan los principios generales del proyecto. Tengamos en cuenta que las instituciones del Estado son cauce para dar legalidad a un acuerdo y han estado cuatro años elaborando el borrador con un comité de expertos, especialistas, sociedades, asociaciones de víctimas y un sinfín de colectivos que han contribuido y de los que es realmente esta ley.

Mención especial quiero hacer respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Señor Pérez Moya, le puedo asegurar que mi grupo parlamentario ha tratado las enmiendas de La Izquierda Plural con todo cariño y se han estudiado detenidamente, pero no ha sido posible aceptarlas porque desprenden rasgos que vulneran los principios básicos que marcaron en su momento los redactores del borrador inicial y que tanto les ha costado consensuar. Esos principios fundamentales eran una línea roja que no podíamos sobrepasar. No hemos podido conciliar el texto de sus enmiendas ni con el proyecto de ley ni con el resto de las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios o del nuestro. Por esa razón nos hemos visto obligados a rechazarlas y los motivos del rechazo han sido varios.

En sus enmiendas amplían el ámbito objetivo y subjetivo del proyecto, rompiendo el principio de equilibrio y proporcionalidad que hay en el mismo. Introducen incertidumbre en el sistema de responsabilidad civil extracontractual y de determinación de la culpa. Atacan insistentemente el principio de objetivación en la valoración del daño, tratando de introducir indemnizaciones e importes no previstos en el proyecto. Mezclan conceptos, calificaciones laborales con civiles. Proponen una partida específica para el daño moral, obviando que se encuentra valorado en las tablas, concretamente en la 1A y la 1B. Amplían arbitrariamente los límites temporales de los perjuicios de tipo económico, rompiendo con ello el consenso de las negociaciones. Piden un incremento del 50 % en las indemnizaciones que correspondan al trabajo doméstico, sin justificación objetiva alguna de por qué ese incremento y obviando que esas cantidades pueden incrementarse hasta el 1,5% del salario mínimo interprofesional anual en función del número de hijos. Por último, proponen sustituir las tablas de valoración médica que han sido desarrolladas por un amplio número de especialistas por unas tablas que aportan con sus enmiendas y que no justifican el origen ni la metodología empleada en su elaboración.

Para finalizar, quisiera hacer dos apreciaciones. El señor Pérez Moya ha dicho que lo que pretendían, tanto con la enmienda a la totalidad como con la enmienda al articulado, era mejorar el texto. Perdóneme una vez más, pero discrepo. La presentación de la enmienda a la totalidad, amparada en el artículo 110.3 del Reglamento, sin texto alternativo lo que hace es devolver ese texto, como se dice taurinamente, a los corrales; es decir, poner en tela de juicio la labor que durante cuatro años ha hecho un comité de expertos y todas las negociaciones de las asociaciones. Por tanto, no me parece correcto, perdóneme. Como tampoco me parece correcto presentar un número importante de enmiendas con la finalidad de traspasar las líneas


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rojas de los principios de equilibrio e indemnidad que se diseñaron en su momento en el borrador. En consecuencia, creo que ni la enmienda a la totalidad ni las enmiendas al articulado iban a mejorar ese texto.

Al señor Corcuera, que ha dicho que había que tener más tiempo para reflexionar sobre este proyecto de ley, le diría que se lo comunique a los comités de expertos y a todas esas personas, autores de este proyecto de ley, por así decirlo, en el que han estado cuatro años trabajando,

les diga que su trabajo se ha quedado corto y que deberían haber llegado más lejos. A lo mejor tiene razón, pero mi grupo parlamentario considera que es un buen proyecto de ley y se siente orgulloso de ser instrumento para que se legalice. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Suspendemos cinco minutos y después pasamos a la votación. (Pausa).

Vamos a pasar a la votación.

Enmiendas transaccionales. En primer lugar, enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la 29, del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la 79, de CiU.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la 90, de CiU.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Transaccional del Popular a la 92, de CiU.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Del Popular, a la 107, de CiU y 194, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Transaccional del Popular a la 113, de CiU y a la 225, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Transaccional del Popular a la 127, de Esquerra Republicana de Catalunya y a la 232, del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Transaccional del Popular a la 204, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Transaccional del Popular a la 96, de CiU y a la 181, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Transaccional del Popular a la 5, de UPyD, 31, de Izquierda Plural, 88, de CiU y 228, del Grupo Parlamentario Popular.


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Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Del Grupo Mixto, de la señora Jordà i Roura, de la 121 a la 125.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Las 116, 132, 144, 145, 148 y 149.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Las 115, 117, 130 y 139.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 24; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas, salvo la 127, que se ha transaccionado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De Unión Progreso y Democracia, la 1.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 25; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La 8.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 13; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

La 9 y la 11.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 13; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

La 10.

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 13; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto, salvo la 5, que ha sido transaccionada.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De La Izquierda Plural, las números 17, 18, 19, 21, 33, 35, 38, 44, 48, 55, 61, 62, 68, 73 y 78.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 37; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto, salvo la 29 y la 31, que se han transaccionado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De CiU, se retira la 104. Votamos las números 86, 87, 89, 91, 93 a 95, 97, 108 a 112.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Las 80 y 81.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 4.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

La 82.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Las 102, 105 y 106.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto, salvo las transaccionadas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, la 182.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Las números 164, 165, 174, 185, 186, 192, 193, 195, 196, 197, 214, 216, 218 a 221, 207 y 208.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

La 159.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la 170 a 173.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

De la 178 a 180, 183 y 184.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

La 198.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto, salvo las transaccionadas 181, 194, 204 y 225.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 23; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Popular, la 226.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 15; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Las 230, 233 y 243.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Las 231 y 234.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, 2; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Las 235 y 236.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 13; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

La 240.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 13; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

La 227.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

La 237.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

La 238.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 2; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

La 242.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de enmiendas, salvo la 228 y la 232 que han sido transaccionadas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votación del texto del informe, con las correcciones técnicas sugeridas por la letrada de la Comisión.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Se acaba la votación y pasamos a la comparecencia correspondiente. (Pausa).

COMPARECENCIA DEL SEÑOR CANDIDATO PROPUESTO POR EL GOBIERNO A LA PRESIDENCIA DEL FROB (PONCE HUERTA), DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55.1 DE LA LEY 11/2015, DE 18 DE JUNIO, DE RECUPERACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 276/000023).

El señor PRESIDENTE: Empezamos la comparecencia de don Jaime Ponce Huerta, candidato propuesto por el Gobierno a la Presidencia del FROB, de conformidad con lo establecido en el artículo 55.1 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

Don Jaime Ponce, tiene usted la palabra.

El señor CANDIDATO PROPUESTO POR EL GOBIERNO A LA PRESIDENCIA DEL FROB (Ponce Huerta): Señor presidente, señorías, tras la decisión del Consejo de Ministros del pasado 3 de julio por la que se propuso mi nombramiento como presidente del Fondo de reestructuración ordenada bancaria, FROB, y de acuerdo con el artículo 55 de la reciente Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y


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resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, comparezco ante esta Comisión de Economía y Competitividad con el fin de dar cuenta de las condiciones de experiencia, formación y capacidad que, en su caso, me habilitarían para desempeñar el citado cargo. Articularé esta comparecencia en dos partes. En primer lugar, realizaré un breve repaso de los elementos de mi carrera profesional más relevantes de cara al ejercicio de las funciones encomendadas al presidente del FROB y, en segundo lugar, abordaré las que, a mi parecer, habrían de ser las líneas fundamentales de la actividad a desempeñar por esta institución.

Comenzando por lo relativo a mi experiencia, formación y capacidad, más allá de los detalles del currículum que se les ha distribuido y sobre el que estoy a su disposición para aclarar cualquier extremo, considero que merece la pena destacar algunos aspectos de mi trayectoria profesional especialmente relevantes de cara a afrontar las tareas derivadas de la Presidencia del FROB. En primer lugar, podrán comprobar que los ejes sobre los que se asienta mi perfil profesional son tres: la actividad regulatoria, la económico-financiera y la gestión pública. Mi propia formación se basa en esos pilares pues me licencié en derecho y economía y poseo un master en dirección pública. Toda mi experiencia profesional relevante se ha desarrollado en estos campos.

Tras finalizar mis estudios universitarios accedí por oposición al Cuerpo superior de administradores civiles del Estado. Después de un breve periodo como funcionario en prácticas en la entonces Dirección General del Tesoro, se me asignó como primer destino el Ministerio de Defensa, donde desempeñe funciones técnicas de seguimiento de los asuntos elevados a decisión del Consejo de Ministros. Movido por una clara vocación jurídico-financiera pronto volví al Tesoro, donde he desarrollado toda mi carrera profesional hasta mi nombramiento como director general del FROB. Allí fui desempeñando diferentes funciones dentro de la Subdirección General de Legislación y Política Financiera, especializándome en regulación bancaria. Fui responsable del área de autorizaciones y procedimientos sancionadores de entidades de crédito y participé en multitud de proyectos normativos europeos y nacionales. Durante aquel periodo las materias en las que trabajé más intensamente fueron las de solvencia y regulación prudencial de las entidades de crédito, resolución y gestión de crisis, mercado hipotecario, servicios de pago y transparencia y protección al cliente.

En junio de 2012 se produjo mi nombramiento como subdirector general en la misma unidad. Solo unos días después España acordaba en el seno del Eurogrupo la solicitud del programa de asistencia para la recapitalización del sector financiero, que se traduciría más tarde, como es bien conocido por esta Cámara, en la aprobación de un memorando de entendimiento con la Comisión Europea. Mediante aquel memorando, España se comprometió a poner en marcha un amplio conjunto de reformas en materia bancaria con una doble finalidad. En primer lugar, se trataba de ejecutar rápidamente un proceso de reestructuración de las entidades de crédito en dificultades, empleando para ello los por aquel entonces incipientes estándares de la normativa internacional sobre la materia y, en segundo lugar, se emprendía una exigente agenda de reformas de la regulación y supervisión financieras, tratando de reparar las principales debilidades mostradas durante la crisis. Mi involucración técnica en todo este trabajo fue intensa y supuso para mí un aprendizaje valiosísimo tanto por el hecho de asumir una importante responsabilidad en momentos verdaderamente complicados para el país, como por lo aprendido entonces en una materia todavía embrionaria, como era la de la resolución de entidades de crédito. Han de tener en cuenta sus señorías que este campo de la regulación bancaria, tal como hoy lo entendemos, es un área del derecho bancario verdaderamente novedosa, cuyo origen y desarrollo se ha producido al hilo de la crisis. Por ello, los profesionales que hemos participado en el proceso de reestructuración acometido en España en los últimos años hemos sido testigos desde su origen en la forma en que ha emergido y se ha ido configurando esta nueva normativa. Esto nos ha permitido acumular una experiencia que será muy útil ahora para poner en marcha la nueva arquitectura institucional de resolución.

Durante todo este tiempo de actividad en Tesoro, mi experiencia no se ha limitado a las tareas de resolución. He participado en la profunda labor de reforma de la regulación financiera acometida desde 2008. Esta labor de mejora y adaptación ha alcanzado una dimensión enorme, solo comprensible teniendo en cuenta la magnitud y complejidad de los retos afrontados por el sector financiero del momento. No procede ahora una relación concreta de los proyectos en que he participado, pero sirvan de muestra algunos de los más sustantivos. Por ejemplo, las sucesivas reformas de la normativa de cajas y, en particular, la normativa actualmente vigente, la actualización y sistematización de toda la normativa de solvencia bancaria, las sucesivas reformas del mercado hipotecario, la reforma del gobierno corporativo


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de las sociedades de capital, la modificación del marco concursal o la reciente ley del fomento de la financiación empresarial.

Dentro de esta experiencia profesional, y por la relevancia que tiene de cara al desempeño de funciones en el FROB, conviene hacer una mención específica a mi trabajo en el diseño del marco de reestructuración de entidades financieras que se puso en marcha durante el segundo semestre de 2012. El que fuera entonces el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades, supuso un paso crucial en el diseño del citado marco; después se convertiría aquel real decreto-ley en la Ley 9/2012 y hoy en la Ley 11/2015, que me trae a esta Cámara. Se trató sin lugar a dudas de una norma pionera, y así fue reconocida por nuestros socios europeos. Fue entonces cuando se modificó sustancialmente la estructura organizativa del FROB y sobre todo cuando se le dotó de unas facultades desconocidas hasta ese momento en España, cuyo diseño tomó como referencia lo que en ese momento eran simples borradores de un proyecto de directiva europea de resolución. Fue entonces cuando se aplicaron los instrumentos de recapitalización de entidades mediante la imposición de pérdidas a sus accionistas y acreedores más subordinados. Fue entonces también cuando se puso en marcha en España la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, como instrumento para facilitar el saneamiento de las entidades que arrastraban problemas debido a su excesiva exposición al sector inmobiliario.

El segundo eje relevante de mi experiencia y conocimiento deriva de mi participación en los foros europeos del diseño de la normativa financiera. También desde esta vertiente internacional la actividad ha sido, si se me permite, frenética durante estos años. Las reformas del derecho de la Unión Europea han abordado materias tan relevantes como la nueva normativa de capital de los bancos o la completa reforma de la regulación de los mercados financieros. De nuevo aquí destacaré la experiencia adquirida durante los trabajos para la construcción de la unión bancaria. Soy consciente de la fortuna que profesionalmente ha supuesto para mí el haber participado activamente en las negociaciones clave para la puesta en marcha de los mecanismos únicos de supervisión y resolución, que constituyen probablemente el proceso de integración europeo más relevante desde la creación de la moneda única. Viví primero las reuniones preparatorias de carácter técnico y después las históricas negociaciones finales que habrían de impulsar los consensos necesarios sobre normas tan relevantes como los reglamentos de los citados mecanismos de supervisión y resolución, la propia directiva de resolución o el acuerdo intergubernamental sobre la configuración del Fondo único de resolución europea. Fue un proceso apasionante, aun pendiente de culminarse, que me permitió trabajar estrechamente con los responsables de las políticas de resolución de las instituciones europeas, de los demás Estados miembros de la Unión Europea, conocer sus sensibilidades, preocupaciones y, cómo no, transmitir y hacer valer las nuestras como representante de España.

Todo el bagaje anterior resultó de mucha utilidad cuando el pasado mes de febrero fui nombrado director general del FROB. Naturalmente, desde entonces hasta hoy, mi formación y conocimiento en materia de resolución, más enfocados inicialmente a la perspectiva regulatoria, no han hecho sino completarse desde una faceta más operativa, fundamentalmente gracias a la colaboración con un equipo técnico como el del FROB, magnífico, profesional y con una enorme experiencia tras el intenso trabajo de los últimos años en la reestructuración del sector bancario. También, gracias a lo aprendido de una comisión rectora, la del FROB, que ha trabajado con una implicación, una responsabilidad y una vocación de consenso, que hacen que sienta el máximo reconocimiento hacia todos sus miembros y en particular hacia la excelente labor de dirección realizada por su actual presidente.

En tercer lugar, y como último punto de esta primera parte, quisiera, señorías, abordar un tema muy importante para mí. Me refiero a los principios sobre los que entiendo que ha de descansar el desempeño de responsabilidades públicas, como las que se le atribuyen al presidente del FROB. La exigente experiencia de estos últimos años a la que acabo de hacer mención no ha venido sino a reafirmarme en una forma de entender mi profesión, la del servicio público, que se resume sencillamente en la permanente orientación al interés general y en el servicio objetivo a los fines últimos de la acción pública determinados por la ley. Creo que el respeto al principio de legalidad y la autonomía de criterio técnico han sido las pautas con las que he desarrollado mi carrera y con las que he tratado de ejercer el mandato que como funcionario público he recibido. Estas mismas pautas y valores, vinculadas a la idea de servicio, le otorgan una gran dignidad al cometido de las instituciones en las que he trabajado, y es por ello por lo que siempre me he sentido muy motivado para hacer mi trabajo con entusiasmo y la máxima dedicación y responsabilidad. Estos valores e ideas, que creo tener arraigados, son fruto, como les ocurrirá a tantos otros, de lo que uno ha aprendido de sus padres y maestros, y en mi caso también de los magníficos testimonios recibidos de


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otros colegas servidores públicos, con quienes me he ido encontrando a lo largo de mi vida profesional. Cuando la nueva Ley de recuperación y resolución viene a dotar al cargo de presidente del FROB de la independencia que supone la limitación de sus causas de cese, exige al tiempo la máxima neutralidad y respeto a los mandatos legales que le otorga. Yo entiendo que exige en último término el respeto a los principios a los que me acabo de referir.

Pasaré a continuación a referirme brevemente a los principales desafíos que tiene por delante el FROB y las que considero debieran ser sus principales posiciones estratégicas. En primer lugar, quisiera subrayar la importancia del mandato que el ordenamiento jurídico atribuye al FROB. El FROB comenzó su andadura como una entidad pública de carácter más coyuntural, vinculada a la crisis bancaria y a la inyección de fondos públicos para la estabilización del sector financiero. No obstante, el nuevo marco legal la consolida como una de las autoridades financieras del Estado y le atribuye un mandato singular de notable relevancia y claramente orientado al interés de los ciudadanos. En esencia, su misión consistirá en gestionar la inviabilidad de entidades de la manera más eficiente para el interés público. Se tratará de lograr que los escenarios críticos de inviabilidad de una entidad tengan, a diferencia de lo sucedido durante los últimos años, el mínimo impacto en la estabilidad financiera y sobre todo en el uso de recursos públicos. Para ello se dota al FROB de nuevas y esenciales herramientas. Se articula, en primer lugar, todo un nuevo mecanismo para la recapitalización interna de las entidades, basado, en síntesis, en el principio de que han de ser los accionistas y acreedores los que primero absorban las pérdidas ocasionadas por la inviabilidad de una entidad. Y de forma complementaria se configura un fondo de resolución prefinanciado por la propia industria y mutualizado, para mayor garantía y capacidad de cobertura, con nuestros socios europeos a partir del próximo año 2016. En efecto, es un hecho intensamente comprobado durante los últimos años la aparición periódica de episodios de inestabilidad, y que esta inestabilidad puede llegar a deteriorar considerablemente el conjunto de la economía de un país. Es en este hecho en el que en última instancia se asienta la razón de ser de autoridades como el FROB o el Mecanismo europeo de resolución.

En segundo lugar, quisiera destacar la relevancia que habrá de tener para el FROB la implantación de una efectiva cultura de cooperación institucional. Como saben, el ordenamiento jurídico español ha dividido las funciones de resolución entre las llamadas preventivas y las ejecutivas. Las primeras, de una enorme importancia, se orientarán a introducir sobre las entidades toda una serie de obligaciones para la adecuada planificación de su resolución. Serán ejercidas por las unidades que con autonomía sobre las áreas de supervisión se están creando ya en el Banco de España y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las funciones ejecutivas, por su parte, serán ejercidas por el FROB y estarán destinadas a la efectiva aplicación de los instrumentos legales de resolución. Por otro lado, desde este mismo año, el FROB y el Banco de España ya están integrando su actividad en el Mecanismo europeo de resolución. Las funciones preventivas desde este mismo momento y las ejecutivas a partir de 2016 serán ejercidas por el citado mecanismo común para el conjunto de entidades que quedan dentro de su ámbito de aplicación en la zona euro. El FROB tendrá aquí un desafío importante, en la medida en que la ley reserva a su presidente la representación española en la Junta única de resolución europea, en última instancia auténtico órgano decisor de las competencias de resolución en toda la zona euro. Este nuevo escenario exigirá al FROB instaurar una sólida cultura de cooperación con las demás instituciones de cara al mejor ejercicio de su responsabilidad. Será determinante que durante los primeros pasos de las nuevas autoridades, el intercambio de información y la adecuada coordinación se asienten como los valores más eficaces para la satisfacción de los intereses generales.

En tercer lugar, ha de hacerse una mención a la que ha sido históricamente la actividad central del FROB. Se trata del conjunto de funciones que le corresponden como institución responsable en los últimos años de la reestructuración del sector financiero. Los desafíos y responsabilidades que tiene por delante el FROB en esta materia son muy relevantes y requerirán toda la dedicación de la institución. Me refiero a la adecuada gestión de sus participaciones remanentes en la banca española, Banco Mare Nostrum y el Grupo BFA/Bankia, y su participación en Sareb. El objetivo en la gestión de estas participaciones públicas ha de ser evidentemente el de la utilización más eficiente de los recursos públicos y la maximización del retorno final a las arcas del Estado en el momento en que se produzcan las desinversiones exigidas por el ordenamiento.

Por último, señorías, no quisiera concluir mi intervención sin subrayar el compromiso que el FROB habrá de tener con los principios de transparencia y rendición de cuentas. Toda institución pública los ha de aplicar como eficaz herramienta de control y calidad de los servicios, pero el FROB como instrumento que se ha empleado para canalizar recursos públicos hacia el sector financiero debe estar especialmente


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involucrado en su cumplimiento. La nueva Ley de recuperación y resolución exige la remisión a esta Comisión de información trimestral y la comparecencia semestral de su presidente para dar cuenta de la evolución de sus trabajos. Estas obligaciones habrán de ser ejercidas desde el mayor compromiso y rigor, pues esa será también la mejor garantía para lograr los importantes objetivos que la ley asigna al FROB.

En conclusión, señorías, espero haberles trasladado con mis palabras las ideas fundamentales de mi trayectoria y mis consideraciones sobre el papel que ha de jugar el FROB en el futuro. Todo podría resumirse afirmando que creo representar la progresión en las responsabilidades públicas de un técnico del Tesoro español, con intensas experiencias acumuladas desde el inicio de la crisis, con una sincera vocación de servicio público y especialmente con una profunda convicción de que el trabajo por el interés general en tal elevadas y complejas responsabilidades como las derivadas de la presidencia del FROB, es una de las tareas más hermosas a las que uno puede dedicar su vida profesional.

Muchísimas gracias por su atención, señorías, y quedo a su disposición para cualquier aclaración que puedan requerir.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ponce Huerta, por sus manifestaciones. A continuación, los grupos harán uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.

El señor HURTADO ZURERA: En primer lugar, enhorabuena, señor Ponce, por esta candidatura y próximo nombramiento. No cabe duda de que su currículum demuestra capacidad, su experiencia también, y en esta última etapa como director general del FROB evidentemente tiene que tener cumplida cuenta de toda la gestión llevada a cabo por el mismo y cómo debe abordar el futuro el FROB para mejorar no solamente en cuanto a cuenta de resultados, sino también en cuanto a utilidad pública de este organismo. Por esa experiencia que usted ya tiene como director general es evidente que usted sabe también cómo se le va a evaluar como presidente del FROB y qué indicadores van a ser los principales de evaluación de su futura gestión como presidente. No cabe duda de que uno fundamental es la capacidad que el FROB tenga en esta nueva etapa de recuperar ayudas públicas. Es evidente que hasta hoy las pérdidas han sido muy cuantiosas. El último informe, que era del mes de mayo del Banco de España, ponía de manifiesto que se dan por perdidos más de 50.000 millones de ayudas pertenecientes al FROB y casi 20.000 millones, 19.800 millones, de ayudas del Fondo de garantía de depósito. El Grupo Parlamentario Socialista no solamente no puede estar de acuerdo, sino que estamos exigiendo una total y completa recuperación de esas ayudas públicas. Esta ha sido una de las principales razones por las cuales nosotros no hemos apoyado la Ley 11/2015, de recuperación y de resolución de entidades de crédito, ley por la cual usted comparece hoy aquí. Uno de los argumentos fundamentales es que si bien establece la ley que se va a recuperar la parte de ayudas o que principalmente se van a aportar las necesidades para el saneamiento o la resolución por parte de los acreedores, también cabe la posibilidad de ayudas públicas sin tener garantía alguna de su recuperación. Nosotros presentamos una enmienda para que en la fase de resolución de entidades de crédito en el futuro, en el caso de que hubiese la necesidad de aportar ayudas públicas, tuviésemos garantía total y absoluta de recuperarlas. También nos abstuvimos porque usted va a presidir el FROB y va a tener una función fundamental en la fase ejecutiva de la resolución de entidades de crédito. Estamos a la espera de que se concrete el Mecanismo único de resolución a nivel europeo que va a definir un modelo generalizado para todos los países de la Unión Europea. Esta ley ha optado por el modelo que también comparte Finlandia, pero la gran mayoría de países -excepto España y Finlandia- han optado por un sistema en el que la fase de resolución se le encomienda al regulador, en nuestro caso al Banco de España como entidad reguladora en nuestro país. Creemos que probablemente habrá que corregir y ajustar en el futuro esta ley por la cual el FROB tiene la encomienda de la fase ejecutiva de la resolución de entidades de crédito.

Le pedimos que en las entidades que actualmente gestiona el FROB o de las que tiene el capital mayoritario porque son entidades públicas -BFA/Bankia y Banco Mare Nostrum- garanticemos el máximo de recuperación de las ayudas que ambas entidades tienen en estos momentos tanto del FROB, del Estado, como del Fondo de garantía de depósitos. Ese va a ser un indicador fundamental para evaluar su gestión futura como presidente del FROB, pero va a haber otros como, por ejemplo, la desinversión de estas entidades. Hay un horizonte temporal marcado para 2017, pero hasta ahora ha habido un sistema de desinversión que no hemos compartido, porque no está claro, no es completamente transparente. Se han vendido con cargo a pérdidas entidades como Catalunya Banc, Novagalicia Banco o Banco de Valencia, con una inmediatez exagerada desde nuestro punto de vista; insisto en que se han vendido con


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cargo a importantes y cuantiosas pérdidas de las ayudas públicas. Sin embargo, otras entidades de semejante tamaño, como Banco Mare Nostrum, no se han desinvertido, no han entrado en un procedimiento de desinversión. Está anunciada la próxima emisión de acciones y posteriormente una salida a Bolsa de esta entidad, pero hasta ahora nada; hasta ahora el FROB sigue con mayoría y, desde luego, no tenemos conocimiento de cuáles son las razones por las que otras se han desinvertido y, en concreto, Banco Mare Nostrum no se ha desinvertido. Son muchas las singularidades de esta entidad: curiosamente ha sido el único banco que no ha cambiado de presidente, mientras que en el resto todos los presidentes se cambiaron con cierta inmediatez; no se conocen hasta ahora operaciones irregulares de esta entidad; y ha habido una relación en cuanto a gestión con Banco Madrid. Estamos muy interesados en conocer por qué no se ha desinvertido. Bankia siempre se ha puesto como ejemplo de entidad sistémica en la que había que aguantar al máximo para capitalizarla y recuperar gran parte de las ayudas públicas, pero Banco Mare Nostrum, teniendo la misma dimensión o tamaño que otras entidades, no se ha vendido, mientras que otras sí se han vendido con cargo a cuantiosas e importantes pérdidas. Usted va a ser fundamental en este proceso de desinversión de las entidades, en este proceso de venta, y, por tanto, una toma de decisiones transparente, objetiva y clara es fundamental en su responsabilidad.

Otros indicadores van a ser los esquemas de protección de activos, cómo concluyan las necesidades de aportación de más ayudas públicas. A finales de 2014 ya se hablaba de una necesidad de 9.500 millones de euros. Esa gestión va a estar en sus manos y es necesario también tenerlo muy claro y, sobre todo, que las pérdidas de ayudas públicas por este esquema de protección sean las mínimas posibles. Respecto a la Sareb, exactamente igual. FROB es socio fundador de la Sareb, no con la mayoría absoluta del capital, pero con un importante porcentaje, superior al 40%. Hay muchas quejas en cuanto a la transparencia de la Sareb; de hecho Transparencia Internacional la ha puesto como ejemplo de opacidad en la gestión de activos inmobiliarios. Es necesario que usted, como futuro presidente del FROB, exija mucha más transparencia a la Sareb, que se eviten operaciones escandalosas con relación a fondos buitre, la falta de sensibilidad en cuanto a las consecuencias que derivan de estas ventas a fondos buitres, sobre todo los efectos de los desahucios y el problema social que se está derivando de los mismos. Como presidente del FROB es importante que se implique en la eliminación de las cláusulas suelo, algo que no se ha hecho hasta ahora. Tanto Bankia como Banco Mare Nostrum -el 23% de la cartera de préstamos hipotecarios del Banco Mare Nostrum tiene cláusulas suelo- las tienen. Sería muy positivo si usted, con los gestores de estas entidades, fuese capaz de llegar a la eliminación inmediata de estas cláusulas suelo y que esto sirviese de arrastre al resto de entidades bancarias que todavía las mantienen. Por otra parte, están las cuentas de la entidad. Las últimas cuentas del FROB de 2014, que reflejan unas pérdidas de 861 millones de euros, ponen de manifiesto la gestión. Este va a ser otro indicador, hasta qué punto el FROB es capaz de tener cuentas anuales solventes, no deficitarias y con beneficios.

Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, porque su éxito podría significar, como he dicho, una buena evaluación de todos esos indicadores que he señalado con anterioridad. Deseamos que ese éxito se ponga de manifiesto lo antes posible y que signifique un importante cambio, como el que necesita en este momento la gestión del FROB.

El señor PRESIDENTE: Señora Riera, tiene usted la palabra.

La señora RIERA I REÑÉ: Quisiera agradecer al actual director general del FROB, señor Ponce Huerta, su comparecencia y felicitarle por su experiencia, reflejada en su currículum, así como por su candidatura y su próximo nombramiento.

Después de escucharle, el grupo parlamentario al que represento, Convergència i d'Unió, piensa que hay dos aspectos muy importantes cuando se habla de la presidencia del FROB y de su responsabilidad, así como la de toda la dirección de la entidad. En primer lugar, la aplicación de un principio esencial que es el de la independencia. Esto es algo básico, junto con los principios de transparencia y de objetividad en la gestión. Otro aspecto muy importante que nos parece que cumple en su currículum, por el que le felicitamos porque es muy rico y con una alta experiencia pública y también de conocimiento del sector privado, es el mismo conocimiento del sector financiero y en una doble visión: una visión más nacional, más interna, y una visión internacional, sobre todo europea.

Hemos de recordar que España ha vivido unos cambios muy profundos en el sistema financiero como consecuencia de la crisis que hemos vivido y que, a partir del pleno saneamiento del sistema financiero, las entidades financieras tienen un papel muy relevante en términos de estabilidad del mismo sistema y, por tanto, en la contribución que hagan en el futuro en el crecimiento y en la competitividad de nuestra


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economía. Para ello, es necesario contar con un sistema financiero saneado, con un sistema financiero sólido, eficiente, competitivo y, sobre todo, cada vez más europeo, y creo que esta visión europea también la cumple su currículum. Subrayo esta visión europea porque cada vez tenemos que mirar más a Europa, hemos de avanzar aún con más fuerza hacia la unión bancaria europea y, sobre todo, hemos de ser muy exigentes en el funcionamiento de los mecanismos europeos en el marco financiero y, en todo este contexto, el FROB tiene un papel muy relevante en el proceso de saneamiento, sobre todo en el proceso ahora de estabilización del sistema financiero. Por tanto, la responsabilidad de presidir una autoridad como el FROB es muy alta. Se ha referido usted a los objetivos del FROB, y nosotros los compartimos, que son el de poder contribuir a conseguir esta estabilidad financiera afrontando y gestionando, de acuerdo con las funciones que al FROB le son atribuidas, especialmente las ejecutivas, tanto las situaciones de inviabilidad como también la participación en las instituciones financieras en las que tiene participación el FROB, teniendo en cuenta asimismo la contribución o las ayudas públicas que han recibido. Todo ello, se ha de hacer con una estricta colaboración con el resto de autoridades nacionales y, sobre todo, con las autoridades europeas.

Los retos no son pocos. El papel del FROB es muy importante para conseguir esta estabilidad financiera, tan importante en términos de crecimiento y de competitividad. Nos parece que su perfil es idóneo y su experiencia a nivel nacional y europea es fundamental para conseguir los objetivos que persigue el FROB. Del FROB seguro que tendremos ocasión de debatir en sus próximas comparecencias. Hoy hemos de centrarnos en su candidatura a presidente del FROB, y ya tendremos ocasión -seguro- en próximas sesiones y comisiones de poder debatir y contrastar con usted, como presidente del FROB, la evolución del mismo, sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos.

El señor PRESIDENTE: Señor Sixto, tiene usted la palabra.

El señor SIXTO IGLESIAS: Señor Ponce Huerta, bienvenido.

Con respecto a sus capacidades y méritos no tenemos absolutamente nada que decir, puesto que tiene un magnífico currículum. No obstante, nos gustaría escuchar sus opiniones respecto a algunos temas. Usted conocerá la posición de nuestro grupo parlamentario sobre lo que ha sido la reestructuración del sistema financiero español. Somos conscientes de la importancia absoluta, dentro de la estabilidad económica, de la estabilidad del sector financiero, de que no se produzcan determinados fenómenos absolutamente indeseables que a lo único que llevan es al caos más absoluto, pero no ignorará usted que nosotros somos defensores firmes de la existencia de una banca pública potente; que toda la reestructuración del sistema financiero fundamentalmente se debió en principio al fallo de los reguladores. Había unos reguladores de nuestro sistema financiero que fallaron en un determinado momento y llevaron a que ciertas entidades, sobre todo cajas de ahorros, gestionadas de forma muy negativa, muy especulativa, muy ligadas a la burbuja inmobiliaria, acabasen en una situación de quiebra prácticamente total. Tuvo que venir entonces el sector público, el Estado, la Administración pública a salvar al sector financiero y, aunque compartamos que es necesario salvarlo, lo que no compartimos ni antes ni ahora ni vamos a compartir en ningún momento es que al final se socialicen las pérdidas y se privaticen las ganancias sistemáticamente. Es decir, que por la vuelta al sector privado de las entidades públicas nacionalizadas en un momento determinado se acaben convirtiendo en enormes pérdidas asumidas por el erario público los fallos especulativos que tuvieron lugar en otro momento, por el fallo además de los sectores regulados. Esa es la posición política de mi grupo parlamentario, que además defiende la existencia de una banca pública como un motor potente de la economía que puede dirigir las inversiones y los préstamos a sectores que sean sensiblemente necesarios para el desarrollo económico. Así lo hemos entendido y lo seguiremos entendiendo.

Me gustaría conocer su opinión -usted es experto- con respecto a la evolución del sistema bancario europeo, hacia dónde debería continuar -todos tenemos una opinión-, y a la situación que estamos viviendo en algunos países, como Grecia. ¿Hasta qué punto la falta de cohesión de un sistema bancario europeo plenamente cohesionado introduce tensiones que podrían llegar a afectar a nuestro país en algún momento? Me gustaría que diese su opinión al respecto. También me gustaría que nos dijese dónde va a acabar su autonomía respecto al Gobierno y dónde va a ser usted un mero ejecutor de sus decisiones, sobre todo -ya se lo ha dicho el portavoz del Grupo Socialista- cuándo, cómo, bajo qué circunstancias se devolverá al sector privado -algo que ya le digo que mi grupo parlamentario no comparte- para tratar de recuperar en cierta medida el dinero invertido en el salvamento de las entidades financieras. Quisiera saber dónde acaba su capacidad de maniobra y cuáles son sus criterios porque supongo que, independientemente de lo que decida el Gobierno, tendrá usted una opinión que podrá elevar a altas instancias políticas.


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Por lo que se refiere a una entidad muy concreta y muy polémica, la Sareb, me gustaría conocer su opinión respecto a cómo va a jugar la participación que tiene el FROB en la Sareb en relación con una cuestión tan sensible para una gran parte de la población como es la vivienda social. Es decir, que las comunidades autónomas y los ayuntamientos compartan la gestión de la vivienda social, del importantísimo número de viviendas que tiene en sus manos la Sareb, que sin duda aliviaría sustancialmente la situación de penuria y precariedad que está viviendo una parte de la población. Y una cuestión muy concreta que afecta a muchas comunidades de propietarios en este país son las deudas que están acumulando la Sareb y otras entidades financieras en comunidades de propietarios a lo largo y ancho de nuestra geografía por el enorme número de inmuebles de los que son propietarios, que generan gastos y no están cumpliendo con ellos.

Estas son las preguntas que le formulamos. Enhorabuena por su nombramiento y seguiremos en posteriores comparecencias la gestión del FROB.

El señor PRESIDENTE: Señor Calduch, tiene usted la palabra.

El señor CALDUCH CERVERA: En nombre de mi grupo parlamentario, Unión Progreso y Democracia, quiero felicitar al señor Ponce Huerta por su próximo nombramiento como presidente del FROB. He estado revisando su currículum y me han llamado poderosamente la atención dos características que no suelen ser frecuentes: la combinación entre la dimensión práctica -experiencia práctica, profesional- y la académica. No es frecuente que eso se dé y no es frecuente que se combinen bien teoría y práctica. No le haré la pregunta impertinente de por dónde ha salido más frustrado si por la parte práctica o por la teórica. Se ha apuntado también la combinación entre la experiencia profesional nacional e internacional. Desde el punto de vista de su currículum, no solamente no planteamos ninguna objeción sino que le voy a decir algo: si los directivos y los representantes de los partidos, los sindicatos, etcétera, que estaban en los consejos de las cajas de ahorros hubieran tenido su trayectoria, el FROB no hubiera sido necesario.

Tengo una serie de inquietudes como miembro de un grupo parlamentario que se preocupa por algo que ya se ha dicho. Al final, los rescatadores han sido los ciudadanos, no ha sido el Estado; somos los ciudadanos los que aportamos los recursos. Y para proteger a los ciudadanos -usted lo ha señalado en su intervención- se ha ido desarrollando una legislación a medida que se iba afrontando la realidad de problemas que no estaban contemplados y que, como digo, se han ido regulando. Ya se le ha dicho también que si algo hemos constatado es que los reguladores fallaron, y fallaron escandalosamente. Falló el Banco de España, falló la CNMV en el caso de Bankia. Como sabe usted, el partido al que represento ha tenido que llevar el caso a los tribunales para que los estafados por las preferentes tuviesen alguna posibilidad de recuperar parte de los recursos que habían sido estafados. Y me preocupa -porque lo ha dicho en su intervención- que en el modelo de diferenciación entre medidas preventivas, que corresponden a los reguladores, y medidas ejecutivas, que corresponden al FROB, vuelva a repetirse la discordancia efectiva -no legislativa, ni formal sino efectiva- entre los dos ámbitos. Y le diré por qué, porque usted ha hecho referencia en dos ocasiones -tengo aquí subrayado el término- a la cultura de cooperación institucional. Pero eso -permítame que se lo diga así de franco- es un brindis al sol, no dice nada. Esa cultura de cooperación institucional también tendría que haberse dado entre el Banco de España y la CNMV en el caso de Bankia, y no se dio. Luego mi pregunta es qué mecanismos o fórmulas concretas tienen para que desde el FROB y desde la presidencia del FROB usted pueda impulsar y concretar esa cultura de cooperación institucional. Necesitamos medidas concretas porque si no, ya sabemos lo que va a ocurrir, lo que ya nos pasó la vez anterior, que quien nos puso las pilas fue el sistema europeo; aquí quien impuso las reglas de juego de verdad fueron la Unión Europea y el Banco Central Europeo, la Unión Europea sacando medidas regulatorias que incluso nos obligaron a cambiar el texto constitucional y el Banco Central Europeo por la vía de medidas financieras concretas, por no mencionar los casos de los famosos stress test. No quiero que se repita eso y por eso le pregunto si tiene usted alguna idea al respecto. Eso tiene que ver con algo que usted ha señalado muy de pasada y que le voy a pedir que me especifique un poco más, me refiero a la función de la transparencia en la actividad del FROB. Transparencia no es publicidad; para ser exactos, transparencia no es solo publicidad. En concreto, le voy a pedir que me indique algo de lo que usted podría hacer desde la presidencia del FROB respecto del plan estratégico de resolución, qué criterios cree que se van a difundir y a dar a conocer para que los organismos de control institucional y social puedan saber si el FROB lo está haciendo bien, mal o regular. Supongo que tendrá algún plan estratégico de acción en la cabeza y, dentro de ese plan, me gustaría saber qué criterios considera que deben ser utilizados como elemento de transparencia para evaluar lo que está haciendo el FROB.


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Lo mismo le planteo respecto a la transparencia en la contabilidad. Una cosa que me sorprende muchísimo es que cuando salta el caso de Bankia resulta que, con los mismos datos, unos consideraban que la empresa era muy solvente financieramente y por eso la sacaron a Bolsa, pero después resulta que cuando se investigó un poco más no era tan solvente. Había discrepancias de criterios contables. ¿Qué iniciativas, desde el punto de vista ejecutivo, piensa que deben adoptarse o que usted va a adoptar cuando sea presidente para que la contabilidad de las entidades financieras, cuya ejecución le corresponde al FROB, sea transparente, para que no haya tales discrepancias de criterio? Discrepancias de criterio técnico las hay, pero dentro de ciertos límites; no puede ser que lo que hoy consideramos una entidad financiera solvente al cabo de un mes se demuestre que es una entidad financiera que necesita más de 20.000 millones de euros para mantenerse. Eso tiene que ver -con eso concluyo- con la capacidad que puedan tener esas entidades financieras vinculadas al FROB o dependientes de él para que empiecen a hacer lo que tiene que hacer una entidad financiera y que le da solvencia a medio y largo plazo, que es prestar. ¿Cómo cree usted que se puede impulsar Bankia o cualquier otra institución financiera para que realmente vuelva a dar crédito a la sociedad, a las pequeñas y medianas empresas, y no solo a las grandes empresas, para que el negocio no consista, como en muchos casos, en obtener dinero prestado del Banco Central Europeo para invertirlo en deuda pública del Estado pagando del 0,5% al 0,6% de interés y cobrando al Estado un 2 %, un 3 %, un 4 % o un 5 %? Eso no es prestar.

El señor PRESIDENTE: Señor Larreina, tiene la palabra.

El señor LARREINA VALDERRAMA: En nombre de Amaiur, también quiero dar la bienvenida a la Comisión a don Jaime Ponce y al mismo tiempo felicitarle por la propuesta que le han hecho de presidir el FROB. Analizando su currículum, queda demostrada su capacidad y competencia; también hay otro elemento positivo, y es su compromiso con la cosa pública, por decirlo de alguna forma. Me ha llamado mucho la atención en su intervención su compromiso explícito, su vocación de servicio público. Para mí eso es una garantía. En este proceloso mundo institucional, político, en el que abundan las puertas giratorias -que suele ser una de las causas que atentan contra la neutralidad-, su compromiso, su vocación y su entusiasmo con la cosa pública es una garantía muy positiva. Pienso que uno de los elementos fundamentales en esta labor que va a desarrollar tiene que ser la neutralidad y la transparencia, aunque, en cuanto a la neutralidad, le haría la recomendación de hacer una excepción. Sé que hacer una excepción a la neutralidad en su ámbito es poner el objeto de dedicación, de fijación y de apoyo en las personas más débiles en todos los procesos que se producen en la resolución de las entidades de crédito, que normalmente suele ser la gente de a pie, de la calle; así, en el tema de la Sareb, las personas más débiles son las que están afectadas por las hipotecas. Si en algún momento hay que dejar la neutralidad a un lado, que sea en esos casos, en los de las personas que son más débiles frente al Estado y que necesitan tener una protección, precisamente, del Estado. Insisto, la neutralidad y la transparencia tienen que ser fundamentales.

El tercer elemento, que han citado otros portavoces y que para nuestro grupo es importante, es la recuperación del dinero público. Es otro de los elementos fundamentales, precisamente para servir a los ciudadanos porque el dinero público, como también ha señalado otro portavoz, no es de las instituciones; al final, es de la ciudadanía. Tiene que ser el fiel de la balanza que debe fijar nuestra actuación y también la del FROB.

Sin más, le agradezco la comparecencia y la información que nos ha trasladado y le deseo éxito en su labor, porque será un éxito del conjunto de la ciudadanía.

El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, tiene usted la palabra.

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Esto de los hearings es una cosa novedosa; a lo largo de mis años como diputado no lo he vivido en ninguna legislatura. Es una novedad y tengo cierta sensación de no saber qué he de decir, cosa que me pasa muy pocas veces en las intervenciones parlamentarias. No sé si tengo que valorar su currículum; no sé si tengo que decirle que me parece muy bien su currículum; que envidio su currículum; no sé si tengo que decirle que me parecen muy bien las frases que ha dicho o si le tengo que hacer preguntas porque estamos ante un examen y luego lo tengo que calificar, como si estuviera en la universidad; o bien, si podemos deslizarnos para criticar el FROB, la Sareb u otros elementos adyacentes a lo que hoy tratamos aquí. En uno de los artículos de la ley constitutiva del FROB, aprobada últimamente en el Congreso, se dice que el objeto de la comparecencia es que oigamos sobre


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la idoneidad, la experiencia o la capacidad para ejercer la función que le puede ser encomendada. Yo le felicito por la función que, presumiblemente, le van a encomendar y para la que hoy está propuesto. Su currículum y su exposición -que ha tenido la amabilidad de entregarnos- indican que es usted idóneo, que tiene experiencia y que tiene la capacidad de desarrollar la función.

También es bueno en una comparecencia como esta hablar de independencia. Siempre que hablamos en el Parlamento de independencia tenemos una cierta tendencia a hablar de independencia del Gobierno. De hecho, la única frase que se ha deslizado es: ¿y usted será independiente del Gobierno? La propia ley fija unos criterios para determinar, en la medida en que se pueda, la independencia: que su cargo no es removible, que tiene una duración determinada, etcétera, como se hace en otros países occidentales. Yo creo que es muy importante la independencia de las entidades; yo creo que es muchísimo más importante la independencia de las entidades que la independencia del Gobierno. Por supuesto que usted no tiene que recibir indicaciones del Gobierno, pero es muy importante la independencia de las entidades y usted con su currículum demuestra que ha ejercido funciones que le hacen independiente de las entidades.

Le han puesto muchos retos para evaluarle en el futuro. Hay otra ley -no sé si sigue vigente o no- que dice que usted tiene que comparecer aquí, una vez que sea presidente, de una manera periódica. Como creo que sigue vigente, tendremos ocasión de evaluar su gestión. Desde luego, preferiría que con su gestión pudiera enajenar las acciones que tiene y, a partir de ahí, que pasara más desapercibido que un árbitro de fútbol que lo hace bien, que en España no tuviéramos más líos financieros, ojalá que no hubiera más crisis financieras y ojalá que todas las medidas europeas -porque en el fondo usted está aquí hoy porque estamos creando una estructura de supervisión y prevención a nivel europeo de la que usted forma parte como un anillo más de la cadena- funcionen y que lo hagan razonablemente bien y que sepamos prevenir cualquier circunstancia que se pueda dar en el futuro para que no se dé. Ojalá que eso no pasara, ojalá que su trabajo se centrara en la desinversión de lo que tiene y, a partir de ahí, no tuviéramos muchos más problemas, porque eso sería muy bueno para el ciudadano de a pie que tendría la garantía de sus depósitos e inversiones.

Respecto a algunas cosas que se han dicho hoy -y perdóneme que me refiere a ello porque no es el objeto de la comparecencia-, creo que autoflagelarse con lo que España ha padecido con la crisis del sistema financiero está muy bien y, a lo mejor, incluso da algún voto si se lanza contra el Gobierno actual, sin darse cuenta de que muchos de los problemas vienen de antes, incluso del actual, del anterior o del perifrástico. En Reino Unido quebró Lloyds, Royal Bank of Scotland, Northern Rock, Bradford & Bingley, en total 130.000 millones de libras. En Alemania, donde son fenomenales, salen mucho en la tele y parece que son los dueños del mundo mundial y que todo lo hacen bien, se arruinó el Commerzbank, el Hypo Real Estate y varias cajas de ahorro, landesbanks, en total 49.150 millones de euros. En Holanda, que tienen todos los puestos, que son magníficos y que visten bien, Fortis e ING Groep, en total 26.800 millones de euros les costó a los contribuyentes; y son muchísimo más pequeños que España. En Bélgica, Fortis, KBC, Dexia, 18.100 millones y son muchísimo más pequeños que España. Nos podemos autoflagelar por lo mal que se hizo también por parte de las entidades supervisoras, pero en España tuvimos una crisis financiera, como en otros países, que ha costado proporcionalmente menos que en otros países y de la que se ha salido razonablemente bien. Más del 50% del sistema financiero español era absolutamente solvente, no ha necesitado ningún tipo de ayuda pública y ningún depositante español ha perdido nada de sus depósitos y no han tenido que hacer colas. Pongamos también en valor eso, por reconocimiento de país.

¿Tenemos que recuperar lo máximo posible? Sí. Usted ahora mismo tiene dos entidades; mejor dicho, el FROB -ya le gustaría a usted- tiene participación en dos entidades, en BFA/Bankia y BMN. Un portavoz ha querido referirse a BMN. Quiero decir varias cosas al respecto. En primer lugar, BMN era una de las entidades de la que la Comisión Europea dijo que tenía viabilidad propia, no como otras entidades tipo Caixa Catalunya, a la que obligaba a que se enajenara, se vendiera, porque no tenía viabilidad. BMN va a recuperar para el contribuyente español todo lo que se ha puesto y, probablemente, en el tiempo prefijado, si los mercados no van mal. En BMN, los problemas de gobernanza que ha tenido alguna entidad se han resuelto, algunos de ellos en la Audiencia ya que se han puesto encima de la mesa al igual de los de Caixa Penedès. En cuanto a Bankia, hay que hacer todo el esfuerzo posible para recuperarla, sin ponerse nerviosos y cuando el mercado dé las mejores opciones. ¿Es esto una parte de su tarea? Por supuesto; otra parte es la prevención. Lo que no es parte de su tarea, a pesar de que algún portavoz se lo diga, es interferir en la gestión de las entidades. Lo que no es parte de su tarea, por lo menos desde la posición de mi grupo, es que desde el FROB se decida que una determinada entidad conceda créditos o


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no; no es parte de su tarea decidir qué se debe hacer para la recuperación de los créditos o no, y lo que no es parte de su tarea es interferir en la gestión de las entidades. Creo que usted lo tiene clarísimo, pero, por si se suscita alguna duda, como algún interviniente ha hablado de interferencia en la gestión, yo le digo que el grupo mayoritario dice que no interfiera porque no me parece que forme parte de su actividad. Al igual que no forma parte de su actividad -aunque el FROB sea el socio mayoritario de la Sareb- interferir en la gestión de la Sareb, una entidad cuyo presidente compareció en esta Cámara, en la que próximamente se nombrará al segundo, y en la que usted ha sido nombrado consejero dominical, lo que me parece muy bien. Hay algunas intervenciones que denotan una vuelta al pasado, las actividades públicas o políticas parecen querer volver a los viejos clichés de interferir en a quién se le concedía crédito, a quién se le perdonaba, a quién no se le da. No, eso no forma parte de su actividad, aunque en alguna intervención se suscite veladamente esa sugerencia.

Usted es consciente de que es el presidente y estamos valorando si es idóneo, si es capaz, si tiene experiencia, pero no tiene el mando absoluto del FROB. Los que se han leído la ley, todos los que estamos aquí, sabemos que hay un consejo rector en el FROB, que está formado por personas designadas por el Banco de España, la CNMV, el Gobierno, y donde se han de tomar las decisiones de manera colegiada. Creo que es lo mejor y no porque hoy usted venga aquí a hacer el hearing y nos parezca bien o no, le nombre o no el Gobierno, usted puede hacer y deshacer; hay que hacerlo de acuerdo con las reglas que marca la Ley del FROB aprobada por esta Cámara, en la que existen unos órganos colegiados. Hay que reseñar que mi grupo piensa que, a pesar de las sugerencias que se le hagan, usted las entenderá bajo el tamiz de que no es solo es usted, sino que es el órgano colegiado quien tiene que tomar las decisiones. Espero que tenga mucho éxito porque su éxito será el éxito de todos y que dicho éxito consista en que las participaciones que tiene las venda bien, pero sobre todo, lo más importante es que no tenga que venir en el futuro a explicarnos que ha tenido que actuar sobre alguna entidad. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Para contestar a todas estas sugerencias, don Jaime Ponce, tiene usted la palabra.

El señor CANDIDATO PROPUESTO POR EL GOBIERNO A LA PRESIDENCIA DEL FROB (Ponce Huerta): Señorías, como prácticamente todas sus intervenciones han comenzado por un amable reconocimiento a mi perfil, igualmente he de comenzar por agradecerlo muy sinceramente. Es siempre un honor escuchar en esta Cámara, que representa a la soberanía, que representa a los ciudadanos, el inicio de sus intervenciones con ese reconocimiento profesional a mi idoneidad, que es como se planteaba el elemento fundamental de mi comparecencia aquí. Habrá ocasión en la que podremos discutir, y de hecho será mi responsabilidad si es el caso, entrar más en el contenido de las funciones del FROB, pero he de comenzar con un sincero agradecimiento a todas las referencias amabilísimas que han hecho a mi perfil profesional o a mi idoneidad para el cargo.

Pasando a otra materia que creo que está relacionada con el eje central de lo que me trae hoy aquí, es en qué consiste mi independencia, se ha mencionado en algunas intervenciones y es esta una ocasión idónea para aclararlo. Tal como lo entiendo, la ley otorga un mandato de cinco años no prorrogable al futuro presidente con causas tasadas de cese, entre las que se incluye la posibilidad de esta misma Cámara de valorar si el presidente ha incumplido sus mandatos y por eso ha de ser removido; pero prácticamente es bastante difícil en un supuesto de alternancia política el cese. Ese es el eje central de lo que dice la ley.

¿Cómo entiendo que debe desarrollarse esa independencia o hasta dónde llega, que es lo que alguno de ustedes me preguntaba? Entiendo profesionalmente, y de ahí mi exposición, que lo que supone es un apego del máximo ejecutivo de la entidad -que además va a dirigir su órgano máximo de administración- al cumplimiento de sus mandatos legales establecidos y un respeto máximo y una fidelidad máxima a la aproximación técnica de cada uno de los problemas sobre los que esa rectora deba decidir. Nuestra vocación y nuestros mandatos son bastante claros en la ley: nuestra vocación es evitar que la inviabilidad potencial de un banco vuelva a ocasionar deterioros de la estabilidad económica y del interés público. Frente a las autoridades supervisoras tradicionales que se han de preocupar y se han venido preocupando históricamente de la viabilidad de los bancos, nosotros nacemos con nuestros colegas europeos con un mandato absolutamente claro y meridiano, mandato que recibimos de ustedes, de esta Cámara con esta ley, que es: Pensar en la inviabilidad de un banco y en cómo gestionaríamos ese enorme problema para la economía de un país. Ese es nuestro compromiso de independencia o es el mío en particular si finalmente fuera nombrado


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presidente: trabajar, orientar los servicios técnicos del FROB; posicionar el debate en la comisión rectora, siempre en los términos de estricto cumplimiento técnico del mandato que hemos recibido.

Después, como algún portavoz señalaba, efectivamente quien adopta las decisiones es una rectora en la que están representados -me permito recordarlo aquí- el Gobierno de España con cinco representantes, tres del Ministerio de Economía, dos del Ministerio de Hacienda; está representado intensamente el Banco de España evidentemente como autoridad responsable en la materia, con cuatro miembros, uno de los cuales, el actual presidente, su gobernador, pasará a ser vicepresidente; estará también representada la Comisión Nacional del Mercado de Valores a través de su vicepresidenta, y esos son todos los miembros que tienen voto. Además habrá representantes de la Intervención General del Estado y de la Abogacía del Estado. Ellos serán los que deban adoptar las decisiones. Además las decisiones más relevantes se tendrán que tomar por parte de una composición reducida. Muchos han preguntado, por ejemplo, por las desinversiones, ¿Quién va a decidir las desinversiones? Las desinversiones las decidirá una comisión reducida en la que estarán exclusivamente el presidente más los cinco miembros del Gobierno. Por tanto, el rol del presidente en esas decisiones, en cualquier decisión, ha de ser el de mantener la neutralidad absoluta que da la seguridad del mandato y del compromiso con los objetivos de la norma; así es como entiendo que recibo el mandato de independencia.

Aunque creo que verdaderamente muchas de las cuestiones son del contenido material sustantivo de la actividad actual del FROB y seguro que tendré ocasión, o tendría ocasión, en caso de ser nombrado presidente, de comparecer debidamente ante la Cámara y dar la información con la profundidad necesaria, hay algunas que se han repetido y sobre ellas les daré -porque se ha pedido así- mi valoración. Se ha repetido reiteradamente la cuestión de la recuperación de ayudas. Creo -esa es mi consideración- que en la última comparecencia del presidente del FROB se dieron cifras suficientemente claras, podríamos volver a repetirlas pero creo que no es necesario. Nuestro mandato, nuestra obligación fundamental en lo que es el negocio central hoy del FROB es llevar a nuestras dos máximas participadas al nivel máximo de recuperación. Ese va a ser el objetivo fundamental. ¿Nosotros con qué jugamos? Jugamos hoy con las reglas que tenemos; las reglas que tenemos es que con BMN tenemos un mandato de salida a Bolsa negociado con las autoridades europeas que ha de cumplirse antes de que acabe 2017; ese es nuestro compromiso con las autoridades europeas, y saben ustedes que cada día analizamos cuál ha de ser el mejor momento para sacar a Bolsa BMN. Con Bankia y con BMN en términos de desinversión lo que hoy nos dice la ley es que tendríamos que desinvertir antes de 2018; ese es nuestro mandato. Por tanto integrado absolutamente en el día a día del FROB ya está, y así va a continuar siendo, el analizar cuál es la mejor estrategia de desinversión. ¿Cuál es el resultado? Sería absolutamente imprudente que yo anticipara aquí el nivel de recuperación de ayudas porque es imposible preverlo y sería irresponsable. A lo que me comprometo, y donde está el FROB, es a estudiar en cada momento la mejor circunstancia para devolver las entidades al mercado, que es lo que hoy nos exige la ley. La cuenta se hará al final.

Sí podemos decir que razonablemente estos son los dos mejores activos que tiene el FROB, otra cuestión de la que se ha hablado. Se diferencia mucho con desinversiones anteriores. Por tanto, aunque los números se hagan al final, la percepción es que donde hay mayor potencial de recuperación para el Estado es con estas dos entidades y nuestro trabajo es facilitar que se puedan vender al máximo valor y en el debido tiempo.

Una cuestión que también ha sido fruto de debate en esta Cámara en anteriores ocasiones, y probablemente durante la tramitación parlamentaria de la ley, es la separación de funciones entre ejecutivas y preventivas y las dificultades y los compromisos que vamos a tener para cooperar para que esto funcione. En cuanto al debate sobre si es un modelo bueno o no bueno, Finlandia lo tiene y también Dinamarca, la propia esencia de la Unión Europea, donde verdaderamente están los poderes decisores a futuro, tampoco integra el Mecanismo único de resolución con el supervisor, es el Banco Central Europeo el supervisor en términos tradicionales y este nuevo Mecanismo único de resolución será el que se encargará de las funciones que aquí tenemos en el FROB. Es el mecanismo que tenemos y creo que tiene enormes ventajas o al menos algunas sustantivas ventajas como el hecho de que el FROB tiene una experiencia prácticamente inigualable a nivel internacional y créanme que esto es reconocido en los foros europeos sin caer en ningún tipo de triunfalismo y sobre todo porque no es responsabilidad mía -soy director general desde hace poco tiempo- y es responsabilidad del equipo que ha estado mucho más tiempo que yo. Hay un reconocimiento de que el FROB es de las autoridades europeas de más experiencia por la práctica en la ejecución de instrumentos de resolución. Por tanto, se mantiene ese expertise.


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La integración de las funciones preventivas en el Banco de España puede maximizar la capacidad analítica que tiene el Banco de España, que es de una enorme potencia por su labor de supervisor tradicional, a pesar de que tendrán que tener las murallas chinas suficientes para que no contamine los intereses de la viabilidad con los intereses de gestionar la inviabilidad. En cualquier caso, lo que sí he manifestado en mis primeras palabras, y de verdad que en esto soy un absoluto convencido, es que hay que hacer un esfuerzo institucional por la cooperación. No solo somos Banco de España y FROB los agentes en este juego, sino que está la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero mucho más importante es el Banco Europeo en Europa, el mecanismo único de resolución en Europa y el Fondo de Garantía de Depósitos. Somos un enjambre de autoridades. Solo desde un ejercicio verdaderamente sincero de cooperación, de responsabilidad en el ejercicio de los mandatos que cada uno tenemos atribuidos y de vocación de entendernos va a funcionar y estoy convenido de que va a funcionar por las sensaciones que tengo por el momento.

Me preguntaban en qué se va a materializar esta cooperación y el Mecanismo único de resolución ya está trabajando en un convenio de colaboración con el Banco Central Europeo que será absolutamente importante. La ley nos otorga la capacidad de firmar convenios de colaboración con el Banco de España y creo que es vocación mutua hacerlo antes de que acabe el año porque, al margen de la buena voluntad, están los artículos de un acuerdo en el que hemos dicho cómo vamos a intercambiar información, cómo vamos a mantener las relaciones y el contacto y cómo van a trabajar los equipos técnicos en España junto con el Mecanismo único de resolución. Ayer tuvimos todo un día de trabajo con el director general del Mecanismo único de resolución, miembro del Consejo de ese mecanismo, con las sociedades del Banco de España y el FROB, todo esto ha arrancado, está ya aquí y es una realidad. Verdaderamente creo que hay la mejor sintonía de arranque para hacerlo efectivo y cumplir con nuestras responsabilidades.

Ha habido varias preguntas sobre el horizonte de desinversión y ya las he tratado de contestar. Solo hay un objetivo y es encontrar el mejor momento para que podamos maximizar el valor y eso hoy no se puede prever. Lo único que podemos hacer es maximizar nuestro esfuerzo en tener alertas constantes en cómo funciona el mercado, las necesidades de la entidad y la evolución de la entidad.

Otra pregunta concreta era por qué BMN o Bankia llevan otra velocidad. La propia evolución de las entidades es diferente y el valor de la franquicia es diferente. Creo que ya se ha explicado en esta Cámara la decisión estratégica que en su momento adoptó el FROB de acelerar la venta de algunas entidades por el deterioro progresivo que se producía en su valor. El tiempo no jugaba a su favor, aunque esta es una decisión siempre difícil de valorar. La consideración que tienen los servicios del FROB hoy respecto a BMN y Bankia es que son entidades que no deterioran su valor por el paso del tiempo. Están adecuadamente gestionadas y están jugando en el mercado privado en términos razonables, y nuestra responsabilidad es buscar el mejor momento de salida. Eso es extensible a una y otra entidad.

Ha habido consideraciones sobre la banca pública, sobre la posibilidad de que haya intervenciones en una u otra dirección y sobre la posibilidad de fomentar la banca pública o de no privatizar. Según mi experiencia personal, el elemento más substantivo que puedo aportar aquí es que todos los colegas europeos tienen como objetivo devolver al mercado las entidades que han capitalizado y, de hecho, está en la directiva de resolución. Eso está tanto en la norma a futuro como en la vocación de todos los colegas europeos que estamos en situación similar. La decisión de una banca pública o no es una decisión política que tendrá su legitimidad. Lo que quiero decir aquí es que las autoridades de resolución estamos en otra cosa. La decisión de banca pública sí o no deberá adoptarse conforme a los parámetros que se resuelvan, pero el hecho de que hayamos intervenido y de que haya un instrumento de resolución que haya capitalizado entidades no es suficiente para determinar por sí mismo la necesidad de una banca pública. Son debates diferentes. Todas las autoridades de resolución en Europa estamos sin excepción en la reintegración de estas entidades al sector privado. Esta es una experiencia internacional, pero ¿dónde están los demás? Como saben ustedes, en España por el momento no existe alternativa para el FROB. Está el mandato legal que está y con él trabajamos con la convicción de que hay que estar preparados para hacerlo de la manera más adecuada.

Ha habido varias preguntas en relación con Sareb y la vivienda social. Creo que compareció aquí el señor Echegoyen y que dio información al respecto. Como miembro del Consejo de Sareb, creo que se está haciendo una labor muy proactiva y verdaderamente convencida de puesta a disposición de las comunidades autónomas y las entidades locales que lo desean del parque de viviendas que pueda ser más útil para ellas y creo que esa política va a continuar. Sobre los demás extremos creo que el señor Echegoyen dio cumplida explicación y, si no, él debiera ser el que diera toda la información. Desde la


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perspectiva del FROB puedo decir que hay un giro importante en la preocupación por Sareb. Comparto con ustedes que Sareb ha sido uno de los grandes instrumentos de resolución en España. Recibió activos por valor de 50.000 millones, hay deuda avalada por el Estado por 45.000 y evidentemente nuestra responsabilidad es seguir su evolución y los resultados que finalmente aporte a la sociedad. En eso estamos implicados, en primer lugar, por mi pertenencia al Consejo, que es reciente porque el FROB antes no participaba directamente, y, en segundo lugar, siguiendo el trabajo de los equipos técnicos.

Se ha hablado también sobre qué capacidad tenemos de incrementar el crédito. Lo más sensato es acotar adecuadamente nuestro mandato. Si nos perdiéramos en tratar de cumplir objetivos que no son nuestros directamente, estaríamos cometiendo un exceso respecto al principio de legalidad al que me he referido en mi intervención. No es ese un cometido directo nuestro, pero sí creo honestamente que las autoridades de resolución bien engrasadas, una normativa de resolución eficaz, la credibilidad que puede tener un nuevo episodio de inviabilidad como el que ha vivido España fuera a ser gestionado con instrumentos más profesionales, técnicamente más depurados y con la prefinanciación de la industria y la cooperación con nuestros socios europeos, con los que hemos mutualizado los fondos, son elementos novedosos que aportan eficiencia al funcionamiento de los mercados.

Creo que no hay vía directa de intervención del FROB en la gestión de las entidades. El FROB no ha de intervenir en la gestión -vuelvo a la referencia internacional-, no es su responsabilidad, y además sería también un poco osado querer gestionar las entidades o tomar decisiones de ese tipo, decisiones que entraran en la libertad discrecional de negocio. Lo que debe hacer es controlar los intereses públicos, que son enormes, detrás de esas entidades, seguir a las entidades, seguir las decisiones estratégicas y, sobre todo, tener una labor de control mucho más estrecho cuando haya posibles actuaciones de las entidades que vayan a tener consecuencias en el uso de los recursos públicos o en la capacidad de recuperación. Ese es nuestro mandato. Lo demás, nuestra capacidad de aportación a la evolución del crédito será la credibilidad que como nuevas autoridades financieras sepamos crear con nuestro mandato. Esa será la máxima aportación que podremos hacer.

Seguro que me he dejado alguna otra cuestión. Si es así, lo lamento, como también lamento si alguien se ha quedado insatisfecho con las respuestas, pero si esto evoluciona como ustedes han parecido entender, en la medida en que me felicitaban por el nombramiento, y eso se cumple, formalmente tendré ocasión, y será un placer, de volver a esta Cámara y entrar más al debate de cada una de las decisiones que vayamos adoptando.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Jaime Ponce Huerta, por su intervención. No habiendo más asuntos, levantamos la sesión.

Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.

Nota:

Advertidos errores en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones, núm. 867 correspondiente a la sesión celebrada el día 14 de julio de 2015, el ejemplar con cve: DSCD-10-CO-867 se ha sustituido por el presente con cve: DSCD-10-CO-867-C1.

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