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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 859, de 07/07/2015
cve: DSCD-10-CO-859
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 859
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MARIO MINGO ZAPATERO
Sesión núm. 39 (extraordinaria)
celebrada el martes,
7 de julio de 2015


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:

- Proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 122/000195) ... (Página2)

Dictamen sobre:

- Proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 122/000195) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las doce del mediodía.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión número 39, extraordinaria, de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para debatir los dos puntos que figuran en el orden del día y que conocen sus señorías.

RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN DE LAS MENORES Y MUJERES CON CAPACIDAD MODIFICADA JUDICIALMENTE EN LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 122/000195).

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, ratificación de la ponencia designada para informar sobre la proposición de ley orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. Entiendo que podemos aprobar esto por asentimiento. (La señora Ros Martínez pide la palabra). ¿Algún problema? Estamos sometiendo a ratificación la designación de los miembros de la ponencia. (Asentimiento). Tiene la palabra, doña Susana.

La señora ROS MARTÍNEZ: Lo digo porque en la ponencia el Grupo Socialista votó en contra del texto.

DICTAMEN SOBRE:

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN DE LAS MENORES Y MUJERES CON CAPACIDAD MODIFICADA JUDICIALMENTE EN LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 122/000195).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto dos del orden del día. Dictamen sobre la proposición de ley orgánica para reforzar la protección de los menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. Su autor es el Grupo Parlamentario Popular. Voy a dar la palabra de menor a mayor. La votación no será antes de la una y media. Ruego a los señores portavoces que para agilizar le den al letrado la información para que pueda confeccionar el cuaderno de votaciones, es decir, les pido que a lo largo del debate vayan ustedes agilizando el trámite y así podamos votar con rapidez.

En primer lugar, para defender sus enmiendas, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto, y dentro de este grupo le corresponde empezar al señor Salvador. Don Carlos, tiene la palabra.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, quiero plantear una cuestión de orden previa porque, estando presentes tres representantes del Grupo Parlamentario Mixto que hemos presentado enmiendas, quisiéramos contar con su deferencia para que los tres pudiéramos intervenir.

Si me lo permiten, empiezo felicitando a los pamploneses y a los Fermines y Ferminas, por ser hoy el día de nuestro patrón, del patrón de mi ciudad.

Unión del Pueblo Navarro presentó una batería de enmiendas, que van de la número 22 a la 49, por tres motivos fundamentalmente. Uno porque la reforma nos parecía insuficiente y pensábamos que podía ser más ambiciosa en el objetivo de reducir la cifra de abortos en España, un objetivo que compartido por todos. En segundo término, porque en Unión del Pueblo Navarro no pensamos -es uno de nuestros principios fundacionales básicos- que pueda reconocerse como un derecho humano el dejar de ser madre o, lo que es lo mismo, el hecho de eliminar una vida humana en formación. Y en tercer lugar, porque creemos sinceramente que la ley de 2010 es inconstitucional. Por cierto que a estas alturas, más allá de lo que mi partido pueda opinar, creer o considerar, el Tribunal Constitucional debiera haber tomado ya una decisión y habernos dado ya su criterio jurídico y constitucional sobre esta norma, cinco años después de que un recurso se lo planteara y el propio tribunal se comprometiera a resolverlo con urgencia.

Las enmiendas que hemos presentado pretenden tres objetivos: por un lado, sustituir -si se considerara por esta Comisión o por el Pleno- el actual sistema de plazos por uno de indicaciones, un sistema causal motivado. En segundo lugar, como les decía, evitar la inconstitucionalidad de la actual ley de 2010, al introducir una serie de cambios en su articulado que equilibran la posición jurídica del no nacido respecto de la decisión de la madre. Para ello, presentamos una serie de medidas que modificarían


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esos artículos: ampliar el plazo de tres a diez días, desde el momento en el que se informa a la mujer embarazada de sus derechos, prestaciones y ayudas hasta el momento de la intervención; incluir un mayor rigor en las causas medidas que habilitan a la mujer para abortar; incluir entre la información que se facilita a la mujer que desea abortar que pueda escuchar, cuando corresponda, el latido del corazón del no nacido o la inclusión de una ecografía; entregar el sobre, no cerrado sino abierto, con una explicación verbal del médico de la documentación entregada; incorporar algunos informes más, etcétera. Y también presentamos una regulación de la objeción de conciencia menos rígida que la que se establece en la actual ley, con la que, por cierto, algo tiene que ver una sentencia que se acaba de conocer sobre el derecho a la objeción de conciencia de un farmacéutico que se negó a vender la llamada píldora del día siguiente y que recoge este criterio, que es más acorde con la formulación de la objeción de conciencia que establecen las enmiendas que nosotros hemos presentado. En tercer lugar, otra clase de objetivos que pretenden las enmiendas sería incorporar una cultura de la vida o provida en las políticas públicas del Gobierno, y para ello proponemos una serie de medidas para apoyar a las mujeres que se plantean abortar, como es el impulso de redes de apoyo nacionales, como así existe ya en algunas normativas de comunidades autónomas, o la incorporación de un nuevo derecho, el derecho a ser acompañada en ese difícil momento; por cierto, esta es una medida que tomamos de una idea que a su vez presentaba hace poco el Partido Socialista en su proposición de ley sobre muerte digna y que nos parecía interesante incorporar.

Ese es el resumen de las enmiendas -no tengo mucho tiempo-, y le agradezco, señor presidente, así como al resto de compañeros del Grupo Mixto, la deferencia por dejarme hablar.

El señor PRESIDENTE: Para defender sus enmiendas tiene la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervengo para defender una enmienda que presentamos a este proyecto de ley con la que pretendemos la supresión del artículo 1, el artículo 2 y las disposiciones finales, porque la propuesta que presentó en su momento el Grupo Popular, y que fue admitida a trámite, era completamente inadmisible desde el punto de vista de la protección de las menores. Se debe mantener el artículo 13 tal y como está en estos momentos en la que se conoce como Ley del Aborto, en la Ley de interrupción voluntaria del embarazo y salud sexual reproductiva.

No podemos decir mucho más sobre la irresponsabilidad en la que, desde nuestro punto de vista, incurren el Gobierno y el Grupo Popular al hacer esta propuesta, porque no se debería llamar ley para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada, pues pretende todo lo contrario. Es una ley para la desprotección de las mujeres que se encuentran en el tramo de edad entre dieciséis y diecisiete años, que en este momento están perfectamente protegidas desde el punto de vista sanitario y jurídico en la ley actual. Tal y como queda la ley si hoy se aprueba, lo que a todas luces parece que va a ocurrir, dejaremos a muchísimas jóvenes en la situación de tener que acudir a abortos clandestinos en las peores condiciones sanitarias, con el riesgo que eso supone para sus propias vidas o con las consecuencias dramáticas que tendrán para su futuro.

Por lo tanto, una vez más nos oponemos rotundamente a esta modificación de la ley actual por regresiva, por ser contraria a los intereses de las personas y, además, por estar fundamentada en falsedades respecto a las necesidades que se dice que tiene la ley actual cuando no es así.

El señor PRESIDENTE: A continuación, señor Tardà, tiene la palabra para defender sus enmiendas.

El señor TARDÀ I COMA: Conocen cuál es la posición de Esquerra Republicana de Catalunya, que es la defensa a ultranza de la ley de 2010 y que pactamos el Partido Socialista, Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana y Partido Nacionalista Vasco. Esta ley nos homologaba, en cuanto a legislación, al resto de leyes europeas, de manera que por supuesto vamos a votar en contra de lo que pretende el Partido Popular.

De todas formas, aprovecho esta ocasión para recordar algunas cuestiones que no conseguimos pactar con el Partido Socialista en el año 2010 y que hubieran posibilitado que la ley fuera mucho más progresista de lo que es, que lo es, razón por la cual hemos enmendado los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17 e introducimos un nuevo 17 bis, un nuevo 19 bis, así como dos disposiciones adicionales y un mandato para modificar el Código Penal. Todo ello, ¿para qué? Rápidamente.

En primer lugar, para dejar explícito que el objeto de la ley radica en el derecho de la mujer a la interrupción del embarazo: quien pare, decide. Dos, para incorporar la definición de gestación,


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entendiéndose esta a efectos de cómputo de plazos cuando ha concluido la anidación. Tres, garantizar que se podrá interrumpir el embarazo dentro de las primeras veintidós semanas. Cuatro, suprimir los supuestos que contempla la ley de 2010. Cinco, eliminar el plazo de veintidós semanas si existiese peligro grave para la vida, salud física o psíquica de la mujer o que existiese riesgo de graves anomalías del feto incompatibles con la vida o incurables, vinculando todo ello, por supuesto, a un informe médico preceptivo. Seis, garantizar el acceso universal a los anticonceptivos adecuados a cada necesidad, incluyendo los de emergencia. Siete, garantizar el acceso universal y gratuito a métodos seguros y eficaces que permitan regular la fecundidad. Ocho, garantizar que los hombres y mujeres en edad reproductiva dispongan de suficiente información sobre las ayudas públicas, los derechos laborales relacionados con el embarazo y la maternidad, y datos de los centros en los que se puede recibir asesoramiento laboral antes y después de la interrupción del embarazo. Nueve, informar a todas las mujeres que decidan interrumpir el embarazo de cuáles son los centros públicos y privados donde pueden acudir. Díez, garantizar que todos los centros gozan de personal cualificado y que la persona afectada puede elegir al profesional que debe atenderle, y que se actúa desde la absoluta intimidad e impedir que ningún profesional médico pudiera negarse a intervenir, salvo aquellas personas que están directamente afectadas en la intervención. Once, impedir que un centro de salud o institución sanitaria pudiera negarse a practicar interrupciones voluntarias del embarazo. Doce, incorporar en el sistema educativo, de forma obligatoria y en todas las etapas, la formación sexual, afectiva y reproductiva, así como adoptar programas educativos especialmente diseñados para la convivencia y respeto de todas las opciones sexuales. Y, finalmente, remitir a una modificación del artículo 145 del Código Penal a fin y efecto de despenalizar, de una vez por todas, la interrupción del embarazo.

Estas son nuestras enmiendas para recordar hoy, aquí, cuando estamos ya terminando la X Legislatura, cuáles son los deberes que les quedaron por hacer en el año 2010 a las fuerzas progresistas, a fin y efecto de que lo tengamos presente, o lo tengan presente, aquellos hombres y mujeres que desde la izquierda pudieran estar presentes en la siguiente legislatura y pudieran conformar una correlación de fuerzas distintas, para no solamente reconvertir la ley de 2010 que hoy quedará semienterrada, sino trasladar esta ley hacia los escenarios que defendíamos entonces y que no pudimos pactar con el Partido Socialista, puesto que consideró que eran no sé si demasiado avanzados o progresistas.

El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: En la sesión de la Comisión de hoy no vamos a decir nada nuevo que no hayamos dicho los grupos políticos tanto en el debate de toma en consideración como en el debate de totalidad y en otra serie de pronunciamientos y reuniones que hemos tenido en torno a este tema. Quizá ha sido el más importante desde la perspectiva del programa que el Partido Popular presentó en su momento, que iba a modificar esta ley, y las vicisitudes y avatares que ha tenido este asunto -porque no voy a decir esta ley-, que han sido importantes.

Desde una perspectiva de técnica parlamentaria, mi grupo ha presentado cinco enmiendas parciales que en el fondo son una especie de enmienda a la totalidad, que no presentamos en el debate de totalidad precisamente porque argumentábamos que considerábamos que en una enmienda a la totalidad que requería obligatoriamente un texto alternativo, por ser una proposición de ley y no un proyecto de ley, nuestro texto alternativo era la ley vigente. Nosotros proponíamos que para ello estaba el debate de enmiendas parciales, en el que íbamos a presentar nuestras enmiendas parciales que, en el fondo y visto desde una perspectiva puramente literal, son una enmienda a la totalidad. Porque las cinco enmiendas que presenta nuestro grupo son la supresión de las enmiendas que incluye el Partido Popular en la modificación del proyecto de ley, es decir, la enmienda de supresión al artículo 1 de la proposición de ley, la enmienda de supresión al artículo 2 de la proposición de ley. También pedimos que se mantenga la redacción del apartado 4 del artículo 9 de la Ley 41/2002. Asimismo, por cuestión de coherencia, pedimos la supresión de la disposición final primera, disposición final segunda y disposición final tercera.

¿Cuál es el contenido de estas enmiendas? Pues que queremos que la ley se mantenga tal y como está vigente y con los mismos términos. ¿Por qué? Porque consideramos que aquella ley fue fruto de una negociación y de un acuerdo político, más que otra cosa. No hemos presentado -así como otros grupos sí lo han hecho- las enmiendas que mi grupo presentó y que se quedaron fuera porque, en nuestra opinión, esta ley es la ley del consenso, la ley en la que los máximos de cada uno se dejaron a un lado para consensuar criterios comunes, que era lo que interesaba en aquel momento y lo que daba validez a


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este proyecto de ley. Por tanto, lo único que hemos presentado como enmiendas ha sido la supresión de todo aquello que modificaba la ley que está en vigor. En nuestra opinión, la ley que está en vigor es una ley válida, una ley buena. No es la que redactaría el Partido Nacionalista Vasco ni la que redactarían otros grupos, pero es la que redactamos entre todos. En su momento se excluyó el Partido Popular por unos criterios que defendió que no son los mismos que defiende hoy en día. El que ha cambiado ha sido el Partido Popular, no los demás, porque el Partido Popular tiene un discurso diferente al que tenía el día en que se debatió esto, y me alegro. Me alegro porque es un discurso mucho más próximo a los que firmamos este proyecto de ley que a los que se pusieron en contra en su momento. Se va avanzando y esa es la parte positiva de la actitud del Partido Popular, siempre que lo que modifique sea lo único que quiere modificar.

No vamos a retrotraernos ni a hacer historia porque, en el fondo, lo que tiene menos de cuatro años todavía es periodismo, no es historia. El anteproyecto de ley que presentó el Partido Popular, el señor Gallardón, murió en el sueño de los justos, nadie sabe nada de él y no sabemos si verdaderamente aquel era el texto que le hubiera gustado traer al Partido Popular a esta Cámara o si era el texto que solo quería traer un ministro que después fue cesado como tal. Por tanto, no vamos a decir mucho más. La ley que está en vigor es una ley mucho más justa que la modificación que propone el Partido Popular, porque la modificación que propone sería fantástica en el mundo de Yupi, en el mundo ideal en el que todas las familias fueran maravillosas, en el que ninguna mujer tuviera problemas con sus padres, en el que todo sería fantástico. Precisamente el artículo que se pretende modificar se puso porque considerábamos necesario que se informara, por lo que la información aparece en el proyecto de ley, pero lo que aparece es una salvedad, que es que cuando se demuestre que hay un desarraigo o violencia intrafamiliar u otra cuestión es cuando se puede omitir esa información. Incluir esta información obligatoria hará que muchas mujeres que tengan ese pánico o problema dentro de su entorno familiar aborten fuera de la ley, sin seguridad jurídica, sin seguridad sanitaria y generando un problema para ellas mismas y para su entorno.

La posición del Partido Nacionalista Vasco quedó clara en su momento y ahora también. Lo que queremos es que la ley que está en vigor se mantenga tal cual y no haya más modificaciones. Sabemos que las habrá por la mayoría del Partido Popular, lo que no sé es qué duración tendrán esas modificaciones. Seguramente esta ley volverá a modificarse, como todas las que está haciendo el Partido Popular, siendo conocedor de que tiene su apoyo pero el de nadie más.

El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Yo tampoco voy a añadir gran cosa a lo que ya defendí en el Pleno sobre esta reforma de la ley, que nos parece completamente desafortunada y, de hecho, bastante poco legítima. Primero, porque como ya se ha dicho -seguro que se repetirá varias veces-, la propia tramitación ha sido de un desorden político notorio y todavía no se nos ha explicado por qué se retiró el proyecto de ley del señor Gallardón. Asimismo, este retoque tiene un aire electoralista y un aire de reforma de partido que no es de recibo sobre una ley que necesariamente, y en la medida de lo posible, tiene que ser transversal y compartida en su mayor parte por todas las fuerzas políticas. Por eso también hemos presentado cinco enmiendas de supresión porque consideramos que esta reforma ni es necesaria ni aporta nada nuevo y, lo que es peor, se hace sin un debate social y con debate político con una tramitación de una debilidad lamentable.

No se pueden hacer y presentar leyes de partido cuando se trata de cuestiones de derechos civiles ni de cuestiones de conciencia como se quieren presentar. Eso es un gravísimo error que lleva a la inseguridad jurídica y a una constante inestabilidad, porque yo también soy de la opinión de que la próxima mayoría parlamentaria que exista en esta Cámara volverá a cambiar esta ley aunque esta reforma se apruebe hoy, como otras que se han ido aprobando desechando por completo un principio básico de la democracia: las cuestiones fundamentales no pueden ser de partido. Hay que seguir trabajando y negociando hasta que se lleguen a consensos suficientes, y aquí se ha roto totalmente con ese principio. ¡Qué le vamos a hacer, habrá que pasar por este trámite tan desafortunado! Lamentablemente, la próxima mayoría, como digo, tendrá el trabajo de rehacer lo que se va a deshacer ahora. Como he dicho anteriormente, las cinco enmiendas son de supresión de los artículos 1 y 2 y de las disposiciones finales primera, segunda y tercera. Las razones son las que también han expuesto otros grupos, por lo que no me quiero alargar ni añadir nada más a lo que ya se ha dicho y yo dije en otras intervenciones en Pleno.


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De ninguna manera estamos de acuerdo en debilitar una ley como está; no estamos de acuerdo en absoluto en que se efectúen este tipo de operaciones que no tienen otra finalidad que la de afirmar una opción electoral respecto de determinados sectores del electorado, despreciando en estas cuestiones lo que es fundamental, que no es la moral de una minoría, ni mucho menos, porque por muy respetable que sea la moral de esa minoría, de ninguna manera puede aspirar a convertirse en el eje la moral pública. La moral pública se construye a base de incluir sensibilidades, puntos de vista y perspectivas. Aquí se hace todo lo contrario, por lo que no podemos apoyarlo de ninguna de las maneras.

El señor PRESIDENTE: En representación de La Izquierda Plural tiene la palabra la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Desde La Izquierda Plural hemos dejado muy marcada en sucesivas oportunidades cuál es nuestra posición respecto de la modificación que hoy nos trae, en el último minuto de la legislatura, el Grupo Parlamentario Popular con esta modificación de Ley de interrupción voluntaria del embarazo y salud sexual y reproductiva. Esta ley ha entrado en la Cámara por la puerta de atrás, eludiendo todos los informes que pudieran demostrar la falta de rigor y de necesidad de llevar a cabo esta modificación. Lo hace, además, de manera hipócrita, sin ningún consenso pero aludiendo al consenso. Ha quedado clarísimo tanto por las intervenciones que se están llevando a cabo hoy como por las que se han sustanciado en el Pleno, que no cuenta ni con el respaldo de la mayoría social ni con el de las organizaciones feministas ni con los informes que realizan las expertas en la materia ni, por supuesto, con la mayoría de los grupos de esta Cámara. Esta modificación durará lo que tardemos en modificar en la próxima legislatura la correlación de fuerzas en el Congreso. Esto es lo que durará una modificación de este tamaño.

Hemos presentado una serie de enmiendas que precisamente van dirigidas al único objetivo de mantener la protección de las menores y las mujeres con capacidad judicialmente modificada en la interrupción voluntaria del embarazo. Lo hacemos con el claro objetivo de que de verdad se garanticen los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo de manera libre y responsable, y también para impedir hasta el último minuto, hasta el último minuto, que al arbitrio de medidas claramente ideológicas y despreciablemente electoralistas el Gobierno del Partido Popular ponga en peligro la salud y la vida de las mujeres más vulnerables. Hemos presentado también una enmienda al artículo 1 que, como también ha dicho el portavoz de Esquerra, mejora el texto que fue sobradamente consensuado, pero que también era susceptible de mejoras. Como digo, hemos presentado una enmienda al artículo primero para reconocer el derecho a decidir de las mujeres, a decidir si quieren o no tener hijos, cuántos y cuándo quieren tenerlos libres de presiones, discriminaciones y de violencia como la forma más clara, nítida y contundente de garantizar de manera efectiva el derecho humano a tener una vida sexual y reproductiva plena y saludable. El Partido Popular lo hace desoyendo los derechos reconocidos a nivel europeo e internacional en tratados y resoluciones. Recientemente hemos conocido las conclusiones del informe del grupo de expertas de Naciones Unidas que le están pidiendo directamente al Gobierno de este país que no lleve a cabo esta modificación porque atenta contra estos derechos humanos y también lo han pedido organizaciones como Amnistía Internacional. Este es el consenso y el talante democrático de este Gobierno al que le queda muy poco para dejar de serlo porque la ciudadanía le pondrá en su sitio. Además hemos presentado una serie de enmiendas que pretenden mejorar en cuanto a la formación, la educación y la prevención de los embarazos no deseados como la manera más efectiva demostrada para la reducción del número de abortos. Por último, pedimos la supresión del artículo primero y segundo para que se mantenga en todos sus términos la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo de 2010.

El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Catalán de Convergència i d'Unió, voy a dar la palabra en primer lugar al señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Como bien saben, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió intervendrá por separado, dada la diferente posición sobre el texto de la proposición que hoy tratamos. Por tanto, me posicionaré en representación de las diputadas y diputados de Unió Democràtica de Catalunya. Como saben bien, Unió Democràtica de Catalunya no presentó enmienda a la totalidad y tampoco ha presentado enmiendas al articulado a la proposición de ley que hoy debatimos, y ello desde la coherencia y la convicción. Ya nos opusimos a la actual ley vigente por algunos aspectos que no nos


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gustaban y un punto muy importante en esta ley, para nosotros, era que no constara la autorización de los padres para las menores de dieciséis años en caso de interrupción del embarazo. Desde el convencimiento de que ninguna mujer interrumpe su embarazo por gusto, es en estos momentos cuando más necesita estar acompañada, es cuando más necesita el apoyo de sus familiares más directos, sobre todo, si es una mujer de dieciséis o diecisiete años. Pocas decisiones se pueden tomar a esas edades de más trascendencia y pocas encontraremos en las que se necesite más la ayuda y el apoyo de los padres y de la familia. También, como decía la portavoz de mi grupo, Conchita Tarruella, más allá de todo esto siempre hemos exigido desde Unió Democràtica de Catalunya políticas familiares, políticas de acompañamiento. Decía Conchita Tarruella: ¿Dónde están esas medidas alternativas que se pueden ofrecer a las mujeres ante un embarazo no deseado? ¿Dónde están las ayudas? ¿Ayudan a una madre para que pueda tomar la decisión libre y responsable de continuar con el embarazo? ¿Dónde está la estimulación de esa decisión? Esas preguntas, como decía Conchita Tarruella, las hacíamos en el año 2010 y las repetimos también ahora.

En este trámite de Comisión, debo decirles que mi grupo se va a abstener de todas las enmiendas formuladas por el resto de grupos parlamentarios. Y ello porque estando pendiente un recurso ante el Tribunal Constitucional -que quiero recordar que hace más de cinco años fue formulado, y del que aún no tenemos una respuesta del Tribunal Constitucional- entendemos que abrir nuevas modificaciones de la ley -sean de un signo o sean de otro- a la vista de las enmiendas que se han formulado al articulado por los diferentes grupos, puede suponer que algunos creen que la reforma es insuficiente y otros se oponen a la reforma. Unió Democràtica de Catalunya cree que en tanto no tengamos un pronunciamiento constitucional del fondo no nos parece oportuno avanzar en más cambios en relación con la ley vigente, por tanto, Unió Democràtica de Catalunya se va a abstener en todas las enmiendas formuladas.

El señor PRESIDENTE: En representación de Convergència, tiene la palabra la señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Intervengo en representación de Convergència Democràtica de Catalunya, pero en nuestro partido tenemos libertad y pluralidad de voto en esta cuestión; por ello voy a intentar hacer una posición sintética de los puntos en común de los diferentes diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Convergència Democràtica, dejando constancia de que en el último debate en el Pleno del Congreso de los Diputados ninguno de nuestros diputados y diputadas votó a favor del texto de la ley, a pesar de que hubo en su momento votos particulares en el sentido objeto de discusión de hoy. Y eso es porque la Ley de 2010 ha conseguido algo que todos teníamos como finalidad, que era reducir el número de abortos y embarazos no deseados. Por tanto, desde ese punto de vista y con estos antecedentes quiero defender las enmiendas que hemos presentado porque van dirigidas a conectar con la realidad.

La mayoría de las menores pueden contar con la información de los padres y su acompañamiento, si bien la ley reconoce que la decisión es de ellas para decidir proseguir con un embarazo o en su caso interrumpirlo, porque es un embarazo no deseado, y que libremente pueden informar a sus padres y conseguir su acompañamiento, pero también es cierto que existe un grupo de menores que no tienen esa suerte o posibilidad, y negar esta evidencia es dar la espalda a la realidad. Nos gustaría que todas pudiesen tener el acompañamiento de sus padres pero esto no es así hoy en día. Entre los múltiples motivos que las menores alegan para no poder ir acompañadas de sus padres está, por ejemplo, el desamparo, porque los padres pueden estar en prisión, los padres pueden estar incapacitados, incluso hay algunos padres completamente reacios al aborto y, por tanto, ellas saben cuál va a ser la respuesta que les van a dar sus padres o tutores ante esta diatriba. Nosotros entendemos que estaría bien que estas menores que no pueden contar con la información o el acompañamiento de sus padres, pudiesen contar con el acompañamiento de los profesionales sanitarios psicológicos o clínicos que se pudieran poner a su alcance y acompañarlas en la decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo.

Esa enmienda ha sido presentada de común acuerdo con organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se dedican a prestar asistencia a estas menores que se encuentran algo desprotegidas cuando deciden interrumpir su embarazo no deseado, porque les falta el recurso, ya que a lo mejor el profesional sanitario que tenían delante no tenía la preparación suficiente para informarlas y atenderlas y, en definitiva, convenían con nosotros que era necesario velar por este acompañamiento. Sería bueno que cuando la menor decidiera interrumpir su embarazo, pudiera contar con el acompañamiento psicológico y clínico que le pudieran dispensar los profesionales en esta materia. Además nos hemos molestado en presentar una enmienda muy específica que no debe ser obviada, que hace referencia a las mujeres con capacidad legal modificada. Cada mujer es un mundo y cada sentencia de incapacitación conlleva que se


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priva de derechos y libertades y de derechos personalísimos a las personas. Por tanto, los límites y la extensión de las sentencias deberían ser muy cautelosos con aquello que se pretende limitar, que no es otra cosa que la libre personalidad de las personas, este caso de las mujeres. Luego incluir en un tótum revolótum a las mujeres con la capacidad legal modificada nos parece como mínimo algo imprudente.

Quería contarles que en el ejercicio profesional de la abogacía nos sucedió un caso que me dio mucho que pensar cuando tratábamos de la incapacitación de una mujer. Vinieron sus padres a acompañarla y tuvimos en el despacho un poco de charla con ella para ver cómo sentía y como veía el proceso que iba a seguir porque era un proceso de jurisdicción voluntaria, y ella me dijo: Yo quiero poder hacer lo que hacen las mujeres normales como yo. En consecuencia, en cuanto al límite de la sentencia lo que hicimos fue prever qué es lo que no podía hacer, por ejemplo, actos de disposición patrimonial; pero sí podía votar, también podía ir en transporte público; por lo cual se hizo una sentencia a medida de esa persona con la concurrencia del ministerio fiscal y se decidió que esa mujer podría ser madre con la concurrencia de la valoración de los médicos forenses del juzgado en cuestión. Fue una buena sentencia que se adecuó a la limitación de la libre personalidad de esa persona, y creo que deberíamos caminar hacia ese objetivo por sensibilidad y respeto hacia las personas que pueden tener motivos de incapacitación pero que no son totales.

No querría acabar sin tachar de algo incongruente -al menos para esta diputada- lo que se pretende con este cambio legislativo. Porque se nos plantea que la menor tenga que pedir permiso a sus progenitores para terminar con su embarazo, pero si decide tirar para adelante con este embarazo no deseado, ella será quien ostente la patria potestad y, por tanto, decidirá sobre todos y cada uno de los actos que pueda o no pueda hacer esa criatura hasta su mayoría de edad. Estamos diciendo que no es buena para decidir por sí misma lo que puede hacer en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, pero en cambio le reconocemos la plena capacidad para decidir sobre la vida de un tercero, que es su hijo, hasta sus dieciocho años.

Desde esta manifestación, y poniendo de nuevo de relieve que votaremos a favor lógicamente de las enmiendas de Convergència Democràtica, nos abstendremos en cuanto al resto de las enmiendas, porque esta diputada tiene que hablar en nombre de todas las diputadas y de todos los diputados de Convergència.

El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ros.

La señora ROS MARTÍNEZ: Hoy el Grupo Parlamentario Socialista vuelve a decir no, que no se modifique la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que no se toque la ley. El Grupo Parlamentario Socialista no quiere ninguna reforma, queremos y defendemos la ley actual. Durante toda la legislatura ustedes han perseguido los derechos y libertades de la ciudadanía y especialmente los de las mujeres. ¡Basta ya! Digámoslo claro: No existe en España ni demanda ni clamor social para cambiar la ley vigente. El 75 % de la ciudadanía quiere mantenerla. La Ley de 2010 es una ley de plazos que sigue la pauta de los países más desarrollados de nuestro entorno. Es una ley avalada por el Consejo de Estado que reconoce derechos y no obliga a abortar, una ley que recoge las recomendaciones de organismos internacionales, que da seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios, que garantiza la educación sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos, que se refiere a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados y que ha reducido el número de abortos. Con ella, con la ley vigente, las mujeres deciden, el Estado garantiza un derecho y la Iglesia no interviene. La actual ley del aborto es una buena ley, una ley aprobada con consenso -pocas leyes han tenido una tramitación tan participativa y transparente- y una ley que cumple con el objetivo con la obligación de proteger la vida y la salud de las mujeres, también de las jóvenes, al respetar su derecho a decidir sobre su maternidad.

Ahora quieren eliminar el artículo 13.4 de la ley en vigor. ¿Qué es lo que pretenden? El artículo 13.4 textualmente dice: Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer. Actualmente la ley señala que las jóvenes de dieciséis y diecisiete años podrán interrumpir voluntariamente su embarazo sin informar a sus padres cuando estén en situación de peligro cierto, de violencia intrafamiliar, de amenazas, de coacciones, de malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. ¿En qué no están de acuerdo, señores del Grupo Popular? Creo que excluir y discriminar a las jóvenes de dieciséis y diecisiete años que no pueden recurrir a sus padres, por estar bajo estas circunstancias que he citado, es abocarlas al aborto clandestino e inseguro, una irresponsabilidad.


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Señorías del PP, no se legisla desde la moral cristiana, sino que se legisla para que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y oportunidades al margen de su condición económica, social y sus creencias religiosas. Han creado un problema donde no lo había, pero ya sabemos que se acerca una nueva convocatoria electoral, ahora las elecciones generales. Su desesperación por recuperar un puñado de votos les ha llevado nuevamente a poner en venta la libertad de las mujeres para satisfacer a una minoría ultraconservadora y rancia que quiere convertir en delito lo que para algunos es pecado, y esto simplemente es un acto de libre elección. Es evidente que el Partido Popular vuelve a utilizar la libertad de las mujeres como moneda de cambio. Solo un 0,4 % de las mujeres se acogieron a la situación de conflicto familiar que plantea reformar el Partido Popular. No es un problema. Hasta Naciones Unidas el pasado 26 de junio les pedía la retirada de la reforma del aborto por decir -abro comillas y cito textualmente- que contravenir derechos humanos, prohibir el aborto de las chicas de dieciséis y diecisiete años sin el consentimiento de sus padres es incompatible con las normas internacionales de derechos humanos -cierro comillas-. Es un informe al que también añaden lo siguiente -abro comillas-: Los impresionantes logros alcanzados por la mujer en España están amenazados y corren el riesgo de retroceder -cierro comillas-. ¿Lo han entendido? No es el Partido Socialista, Naciones Unidas también se lo está diciendo.

Señorías del Grupo Parlamentario Popular, con todas las reformas legales del Gobierno en estos momentos nos encontramos con que una joven de dieciséis años puede someterse o rechazar cualquier tratamiento para operarse -a corazón abierto o una operación de apendicitis- y, por ejemplo, recibir o no recibir un tratamiento de quimioterapia. Una joven de dieciséis o diecisiete años puede trabajar y pagar impuestos. Puede dar su consentimiento para mantener relaciones sexuales y puede casarse. Entonces, en buena lógica, una joven de dieciséis o diecisiete años debería seguir decidiendo si quiere ser madre o no. ¿Por qué no lo aceptan? Por lo tanto, con estos argumentos es evidente que no hace falta cambiar nada. No mientan. No estamos de acuerdo con esta reforma que quiere imponer el Partido Popular sin ninguna justificación, solo con la obsesión que les persigue de tutelar y recortar libertades y derechos a las mujeres que tantos años les ha costado conseguir.

Nuestro grupo presenta ahora enmiendas de supresión a todo el articulado de esta proposición de ley orgánica. Nuestras enmiendas son para suprimir y eliminar lo que quieren hacer y dejar la ley como está ahora. Quiero comunicar también que el voto del Grupo Parlamentario Socialista a las enmiendas al articulado presentadas por el resto de los grupos será negativo en cuanto supongan modificación de la ley actual y afirmativo para todas aquellas enmiendas que impliquen suprimir los artículos que tienen su origen en esta reforma. Aunque pudiéramos coincidir en algunos de los planteamientos y reflexiones que recogen las enmiendas de La Izquierda Plural, de Convergència i de Unió o Esquerra Republicana, no las podemos votar a favor si suponen una modificación de la ley actual. La ley actual está funcionando, está dando buenos resultados y no es conveniente su reforma. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, les pedimos que desistan de intentar despojar a las mujeres jóvenes de sus derechos. Si tanto quieren defender los derechos sexuales y reproductivos, lo que tienen que hacer es desarrollar la primera parte de la ley en vigor, centrada en la educación sexual, y no castigar y perseguir a las mujeres. Retiren esta reforma incoherente y dañina. Después de cinco años no tienen motivos ni hay alarma social para modificar la actual ley. Es un retroceso y solo se debe a sus cálculos electorales. Lo decimos alto, claro y rotundamente: no. La vida y la salud de las mujeres valen mucho más que un puñado de votos. El Grupo Parlamentario Socialista se lo vuelve a decir: la libertad de las mujeres no se compra ni se vende; no se negocia. No vamos a permitir que los derechos de las mujeres se conviertan en moneda de cambio electoral. Vamos a votar en contra de esta reforma y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar que se modifique la ley. Tienen la mayoría absoluta, pero no tienen la mayoría social ni aval moral alguno que les justifique. Cuando gobierne el Partido Socialista eliminaremos esta reforma.

El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Popular, va a intervenir en primer lugar la señora Escudero.

La señora ESCUDERO BERZAL: Señor presidente, mi intervención va dirigida a dar respuesta a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, el Grupo Parlamentario Mixto -en concreto, la enmienda presentada por el Bloque Nacionalista Galego- y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). El sentido de nuestro voto es el rechazo de las enmiendas presentadas por estas tres formaciones políticas. Las rechazamos, señorías, porque para el Grupo Parlamentario Popular la proposición de ley orgánica de hoy no es un debate sobre aborto sí o aborto no, como ustedes pretenden


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con sus enmiendas. Es sobre un hecho concreto: el que las menores puedan abortar con o sin conocimiento y consentimiento de sus padres o tutores. El debate sobre el aborto está a la espera de resolución del Tribunal Constitucional como consecuencia del recurso presentado por el anterior Grupo Parlamentario Popular hace casi cinco años y del que esperamos pronta resolución. Nuestro ordenamiento jurídico, señorías, establece claramente como un deber de los padres el de velar por sus hijos. Cuando una menor de dieciséis o diecisiete años decide interrumpir su embarazo, momento en el que necesita asistencia sanitaria -entre otras, porque no me cabe ninguna duda de que necesita de mucha más asistencia-, ¿cómo pueden ustedes insistir en que la menor acuda sola al centro sanitario y ni tan siquiera haya contado con el conocimiento o consentimiento de sus padres o tutores? ¿Pueden explicarme por qué un padre tiene que cumplir con la obligación de alimentar a sus hijos menores, de educarles, de procurarles una formación integral, como dice nuestro Código Civil y, sin embargo, una ley permite que su hija vaya a someterse a un aborto sin que ni tan siquiera lo sepan? Puede poner en peligro su propia vida física, además de todo el daño psicológico que le puede causar el vivir un momento tan fuerte, tan intenso ella sola, todo el trauma que le puede acarrear para siempre tomar una decisión de tal magnitud ella sola con su minoría de edad. ¿Pueden decirme dónde está el deber de velar por sus hijos? Estamos vetando a los padres el cumplimiento de sus obligaciones y, señorías, ni legal ni moralmente puedo pedirle a un padre que solo pague. ¿Y sobre lo demás? ¡Ah!, esa es mi libertad, ahí yo decido -que es lo que ustedes dicen-. En el mismo sentido, aunque no lo quieren reconocer, van ustedes. No lo digo yo, lo dicen ustedes mismos porque se les escapa sin querer, debe ser el subconsciente. En el debate a la totalidad de esa proposición de ley orgánica, el pasado 11 de junio, la señora Fernández Davila, que presenta hoy una enmienda por el Bloque Nacionalista Galego, dijo, y cito textualmente: La ley actual garantiza, a su juicio, tres cuestiones, la seguridad jurídica, la seguridad sanitaria y las medidas de prevención necesarias que permiten la reducción de abortos. (Página 75 del "Diario de Sesiones"). Señorías, están entrando en una contradicción cuando están pidiendo que el aborto sea un derecho, como lo hacen a través de su enmienda, y, sin embargo, están estableciendo, en su discurso lo dijo, medidas que reduzcan un derecho. ¿Es que acaso consideran que abortar es malo y por ello debe reducirse? Señorías, los derechos se ejercen libremente, sin más, y no tienen más límite que el de otro derecho. No se regulan nunca medidas que reduzcan el ejercicio de un derecho, porque el ejercicio de un derecho es en su plenitud. ¿O es que consideran que abortar no es algo positivo? Y cito también textualmente: Es un momento determinante en las vidas de las jóvenes menores y que conllevan una complicada y costosa decisión de si quieren ser madres o no ante un embarazo no deseado -cierro comillas-. Esto no lo estoy diciendo yo, lo dijo -creo que se acaba de ir- la diputada de La Izquierda Plural, señora De las Heras, en la página 79 del "Diario de Sesiones" en el debate de totalidad de esta proposición de ley orgánica ese mismo día, 11 de junio. También dijo que hay que proteger a las mujeres menores y más vulnerables ante la difícil decisión del ejercicio de la maternidad. ¿Protegerla de quién, señoría? ¿De sus padres o de legisladores como usted? Ustedes mismas se han retratado con sus manifestaciones. Es lo que tiene que todo quede escrito.

Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, el rechazo es igual que a las anteriores, pero además, la enmienda número 11 pide como texto actual del apartado 4 del artículo, de la Ley 41/2002, tampoco está su portavoz, un texto cuya redacción ya está modificada por la Ley Aído, parece que están exigiendo la mayoría de edad. Creo que es un error, pero para que lo sepan. Poco más se les puede decir ya que todas las enmiendas carecen de justificación. Sí quiero que conste en el "Diario de Sesiones", ya que el parlamentario del Grupo Parlamentario Vasco ha abandonado la Comisión, que mi grupo no ha cambiado de discurso. Prueba de ello es que yo he defendido los dos textos. Mantenemos el recurso contra la Ley Aído porque seguimos pensando lo mismo. Para el Grupo Parlamentario Popular el aborto nunca será un derecho y consideramos que esta proposición de ley es un paso hacia delante, a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional.

El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, tiene la palabra la señora Bonilla.

La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Señorías, debatimos en esta Comisión las enmiendas que los diferentes grupos parlamentarios han presentado a la proposición de ley orgánica, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para devolver a los progenitores o tutores la capacidad de asesorar y ayudar a sus hijas adolescentes de dieciséis y diecisiete años sobre si seguir adelante con su embarazo o interrumpirlo; una cuestión que, por cierto, ya ha sido debatida en esta Cámara; una cuestión crucial en la que entendemos que es esencial la presencia de la familia al lado de estas jóvenes, o mujeres con capacidad modificada judicialmente, a la hora de adoptar una decisión tan trascendental. Repito, es


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esencial la presencia de la familia para, además, cumplir el mandato constitucional de velar por ellas, educarlas y cuidarlas.

Señorías, dentro de la organización y el reparto efectuado con mis compañeras coponentes en esta ley, me corresponde manifestar el posicionamiento de mi grupo, el Grupo Popular, respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia y las del Grupo Mixto, de Esquerra Republicana de Cataluña. Antes de proceder a detenerme, de manera concreta pero también rápida, en las mismas, y manifestando de antemano que van a ser rechazadas, entiendo necesario dejar claro hoy de qué estamos hablando y cuál es el objeto del debate y de la ley de hoy.

En la proposición de ley orgánica, cuyas enmiendas debatimos, hoy no estamos validando la ley en vigor. Señorías, nuestro grupo -como ya ha recordado mi compañera- tiene presentado un recurso de inconstitucionalidad a la vigente ley; un recurso presentado, firmado y en el que creemos; y está pendiente, y será el Tribunal Constitucional el que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de diversos aspectos de la referida ley.

Entrando rápidamente en las enmiendas, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia ha presentado cinco enmiendas de supresión. Señorías, bastaría con referirme al objeto, a la esencia y al espíritu de esta ley para justificar el rechazo de las mismas, pero permítanme que en este punto les recuerde simplemente a sus representantes, a sus señorías de Unión Progreso y Democracia, una pequeña referencia sobre este aspecto que nos ocupa en su enmienda a la totalidad al proyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción del embarazo. En cuanto este extremo, la señora Díez, refiriéndose precisamente a este tema, dijo textualmente: Es una situación en la que el Gobierno realiza una expropiación indebida de la tutela de las mujeres menores de dieciséis y diecisiete años; tutela que les corresponde a los padres o a su tutor legal. Eso dijo, repito, la señora Díez respecto a la posibilidad de abortar de las jóvenes de dieciséis y diecisiete años sin el consentimiento y, a veces, sin el conocimiento de sus padres.

Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia, la 20 y la 21, bastaría referirnos de igual manera al espíritu y al objeto de esta ley para justificar su rechazo. Señoría, simplemente queremos remarcar que en la enmienda número 20 ustedes no asumen, como regla general y mayoritaria, la relación fluida, habitual y cariñosa que, como norma general, afortunadamente existe entre las menores y sus progenitores. Todo lo contrario; ustedes la excepción la hacen norma. Permítanme también opinar que sobre la enmienda 21 -y lo digo con todo respeto- hacen una argumentación un tanto extraña de por qué las menores de dieciséis y diecisiete años no deben necesitar el consentimiento de sus padres para abortar, en relación con la reproducción asistida. En todo caso, lo que sí queda claro es que de cualquier manera sus dos enmiendas chocan con el objetivo de esta ley de conseguir, de permitir ese consentimiento y conocimiento de los padres, progenitores o tutores.

Respecto a las enmiendas de Esquerra Republicana de Cataluña, he de reiterar lo mismo, que hemos de centrarnos y circunscribirnos en el objeto de esta ley en lo que hoy nos ocupa, y que sus enmiendas en lo que afectan a esta ley chocan frontalmente con el espíritu que nosotros mantenemos y con el objetivo definitivo y primordial de que estas jóvenes, a la hora de una decisión así, tengan al lado a sus familias.

Señorías, reitero lo manifestado al comienzo. Lo que nos trae aquí es una proposición de ley que pretende modificar uno de los aspectos de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual, reproductiva y de la interrupción del embarazo, que nos parece una barbaridad, que es el hecho de que las adolescentes españolas puedan enfrentarse al aborto sin haber obtenido la autorización de sus padres o representantes legales y, en algunos casos, sin haberles informado ni siquiera y sin haber tenido su opinión, su consejo o apoyo.

De igual manera, la proposición de ley que debatimos afecta a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica en lo que se refiere a los límites del consentimiento informado. Además, quiero resaltar que es muy importante la remisión al Código Civil a fin de solucionar cualquier tipo de conflicto que surja al prestar el consentimiento por los representantes legales o cuando la decisión de estos pueda poner en peligro el interés superior de la menor.

Señorías, que estas jóvenes de dieciséis y diecisiete años o mujeres con capacidad modificada judicialmente se encuentren acompañadas de sus representantes legales, padres y/o madres, o personas que ostenten la patria potestad o tutores, según proceda, es fundamental para estas situaciones de vital


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importancia e impacto futuro, como es la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata, señorías, de la protección de la menor, se trata de la trascendencia de la decisión que va a tomar y también se trata del núcleo esencial de esas figuras jurídicas contempladas en el artículo 154 del Código Civil, que establece que entre los deberes y facultades del ejercicio de la patria potestad está el de velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. También tengo que mencionar el artículo 269, que dispone que el tutor está obligado a velar por el tutelado y en particular a educar al menor y procurarle una formación integral. Por tanto, la modificación contemplada en la Ley Orgánica 2/2010 impide a los progenitores y tutores cumplir con sus obligaciones, privando a las menores de protección -repito- en un momento complicado y crucial en su vida.

Para finalizar, señorías, quiero trasladarles el convencimiento de mi grupo de que con esta ley damos un paso adelante en la protección de las menores a la hora de tomar esta durísima y trascendental decisión. Y además quiero reiterar y dejar muy claro que esta proposición ni se pronuncia ni avala la actual legislación sobre el aborto, cuestión -reitero- pendiente de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Grupo Parlamentario Popular. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señorías, les había anunciado que la votación no se celebraría antes de la una y media y quiero consultar a los distintos portavoces si podemos adelantar la hora y no votar antes de la una y cinco. ¿Es posible? ¿Existe algún inconveniente por parte del algún grupo político? ¿Están de acuerdo los señores portavoces? (Asentimiento). Gracias. Así lo haremos entonces.

Para finalizar el debate tiene la palabra la señora González.

La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Señoras y señores diputados, me corresponde intervenir en nombre de mi grupo parlamentario para fijar nuestra posición en relación con las enmiendas parciales presentadas por los grupos Socialista y Mixto, concretamente las firmadas por Unión del Pueblo Navarro. En primer lugar, al igual que mis compañeras, quiero agradecer el trabajo realizado por estos dos grupos y por el resto con sus enmiendas. Como ya han comentado mis compañeras coponentes de esta proposición de ley orgánica y yo misma en diferentes intervenciones durante el proceso de tramitación, es propósito del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno de España modificar la legislación en vigor en el punto relativo a la reincorporación del consentimiento de los progenitores cuando se trata de un aborto practicado a menores de edad, es decir, niñas de dieciséis y diecisiete años, para devolver a padres y madres la capacidad de apoyar a sus hijas en ese momento tan complicado de sus vidas, además de contar con la seguridad de que conocen el estado de gestación en el que se encuentran y toman conjuntamente con la menor la decisión más adecuada en relación con su embarazo. Hacemos esto de acuerdo con la inquietud general que provocó esta decisión legislativa en su momento, como ya se ha puesto de relieve por parte de nuestro grupo parlamentario en intervenciones anteriores en el Pleno, a pesar de que haya personas en esta Comisión que no parecen haber escuchado esos debates y lo pongan en duda. Este es un dato incuestionable, tal y como evidencian las hemerotecas y tal y como varios representantes -por ejemplo, del Grupo Parlamentario Socialista- han reconocido personalmente a esta portavoz. Con ese objetivo la proposición de ley incorpora tan solo las modificaciones precisas para restablecer ese precepto, pero el Grupo Parlamentario Popular apela, como ya se ha dicho en esta misma Comisión, al Tribunal Constitucional en relación con el resto de las cuestiones, de enorme calado, vinculadas a la Ley Orgánica 2/2010 que fue aprobada durante el Gobierno Socialista y que fueron objeto de recurso de inconstitucionalidad en su día. Un recurso que -como se ha dicho también desde el Grupo Parlamentario Popular- ni podemos ni queremos retirar, puesto que mantenemos serias dudas respecto a su constitucionalidad.

Es evidente, señoras y señores diputados, que el tema del aborto y su solución jurídica es una cuestión candente hoy en día no solo en España sino también en muchos otros países. Ahora mismo hay discusiones parlamentarias y políticas decisivas en Portugal, en México, en Argentina, en Chile, en Perú, en algunos Estados de los Estados Unidos..., y por ello consideramos que, para completa seguridad jurídica, debe pronunciarse el Tribunal Constitucional a la hora de salir de dudas en relación con la validez de nuestro sistema en la norma vigente. Por ello, explícitamente no queremos pronunciarnos sobre ninguna de las enmiendas presentadas por estos grupos para que sea el Tribunal Constitucional el que lo haga y en consecuencia podamos legislar sobre la base del consenso constitucional sin hacer uso de nuestra mayoría parlamentaria. Nuestra voluntad es que el Tribunal Constitucional se pronuncie para intentar construir un acuerdo que se base precisamente en su doctrina. Por lo tanto, no aporta nada en este


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razonamiento el hecho de inclinarnos a favor o en contra de las enmiendas a las que estoy haciendo alusión y que se han presentado por parte de estos grupos.

Por lo que se refiere a la presentación de la proposición de ley orgánica, que ya ha sido objeto de toma en consideración y debate de totalidad en el Pleno, existe por lo tanto amplio y suficiente conocimiento de las razones por las cuales se ha presentado por parte del Grupo Parlamentario Popular. Por todo ello, tanto las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista como las del Grupo Parlamentario Mixto serán votadas negativamente por nuestra parte. Las enmiendas del señor Salvador, que pueden estructurarse en tres grupos distintos, como él mismo ha mencionado en su intervención, se refieren a otros artículos distintos de la ley en vigor, que no son los vinculados a la reforma propuesta en relación con la situación de las menores de dieciséis y diecisiete años. Como ustedes saben bien -ya para terminar-, las sentencias del Tribunal Constitucional son inapelables y es nuestra intención esperar a su pronunciamiento, con el objetivo de solventar de la mejor manera posible una cuestión que preocupa mucho a una gran parte de la población de nuestro país y muy particularmente a los votantes del Partido Popular. Por ahora queremos llevar adelante la reforma de este punto -el de las menores de dieciséis y diecisiete años-, que es el que más preocupación ha causado en el conjunto de la sociedad española.

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate y antes de proceder a la votación, quiero recordar a los distintos portavoces que hemos repartido una propuesta de declaración institucional para declarar el mes de octubre como mes de sensibilización del cáncer de mama. Lo veremos después de estudiarlo ustedes en la Comisión en el mes de septiembre.

¿Tienen ustedes el cuaderno de votación? ¿Podemos empezar a votar? (Asentimiento).

Votación de la proposición de ley orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo.

Votamos en primer lugar las enmiendas del señor Salvador.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 42; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas de la señora Fernández Davila.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del señor Tardà.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo de Unión Progreso y Democracia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas de La Izquierda Plural y, en primer lugar, las enmiendas 5 y 6.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de las enmiendas de La Izquierda Plural.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos en bloque las enmiendas de Convergència.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Por último, votamos el texto del informe de la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Se levanta la sesión.

Era la una y diez minutos de la tarde.

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