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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 817, de 27/05/2015
cve: DSCD-10-CO-817
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 817
INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SEBASTIÁN GONZÁLEZ VÁZQUEZ
Sesión núm. 41
celebrada el miércoles,
27 de mayo de 2015


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página2)

Proposiciones no de ley:

- Por la que se insta al Gobierno a proceder al desarrollo reglamentario de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001029) ... (Página14)

- Sobre medidas contra las agresiones lgtbifóbicas. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/003120) ... (Página17)

- Sobre intensificación y mejora de la cooperación entre los diferentes cuerpos de policía. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003614) ... (Página21)

- Relativa a garantizar el orden público durante la celebración de espectáculos taurinos y de actividades relacionadas con los mismos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003703) ... (Página24)

- Sobre la huella genética. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000395) ... (Página27)

- Relativa a la creación de un plan de actuación preventivo y de colaboración de las fuerzas de seguridad en el robo de material ferroviario. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/003565) ... (Página30)


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Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Interior convocada para el día de hoy, una Comisión que, como han podido observar del orden del día, consta de un número elevado de preguntas que serán respondidas por el director general de la Policía, don Ignacio Cosidó, al cual le damos la bienvenida y le agradecemos ya de antemano la información que nos pueda facilitar en la contestación a las preguntas que le van a formular. A continuación tendremos seis proposiciones no de ley cuya votación en principio no será antes de las seis o seis y cuarto de la tarde. Hay una petición de anticipar la proposición no de ley derivada de los asuntos de derecho de asilo y protección subsidiaria por parte del grupo proponente para que pueda ser tramitada en primer lugar. A su vez, me han solicitado que la proposición no de ley relacionada con el plan de actuación preventivo y colaboración de las fuerzas de seguridad en el robo de material ferroviario, que figura en segundo lugar, pase a ser debatida en último lugar. ¿Podemos acordar esta alteración del orden del día? (Asentimiento). Muchas gracias. (El señor Trevín Lombán pide la palabra). Tiene la palabra, señor Trevín.

PREGUNTAS:

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA, DON ANTONIO HURTADO ZURERA, Y DE LAS DIPUTADAS DOÑA ROSA AGUILAR RIVERO Y DOÑA MARÍA ANGELINA COSTA PALACIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070970). (Número de expediente 181/003154).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA, DON MANUEL PEZZI CERETO, DON JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS Y DE LA DIPUTADA DOÑA ELVIRA RAMÓN UTRABO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE GRANADA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070971). (Número de expediente 181/003155).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DON ANTONIO FRANCISCO PRADAS TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE SEVILLA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070972). (Número de expediente 181/003156).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA, DON GASPAR CARLOS ZARRÍAS ARÉVALO Y DON FELIPE JESÚS SICILIA ALFÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE JAÉN (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070973). (Número de expediente 181/003157).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA, DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DON JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA Y DE LA DIPUTADA DOÑA TRINIDAD JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS


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EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070974). (Número de expediente 181/003158).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070975). (Número de expediente 181/003159)

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA CONSUELO RUMÍ IBÁÑEZ. DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070976). (Número de expediente 181/003160).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA, DON JAIME JAVIER BARRERO LÓPEZ Y DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE HUELVA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070977). (Número de expediente 181/003161).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DON VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE TERUEL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070978). (Número de expediente 181/003162).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN Y DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE HUESCA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070979). (Número de expediente 181/003163).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DE LAS DIPUTADAS DOÑA MARÍA PILAR ALEGRÍA CONTINENTE Y DOÑA SUSANA SUMELZO JORDÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070980). (Número de expediente 181/003164)

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL PUERTO GALLEGO ARRIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO


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DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070981). (Número de expediente 181/003165).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DON JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE PALENCIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070982). (Número de expediente 181/003166).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DON JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070983). (Número de expediente 181/003167).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL MAR ROMINGUERA SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE ZAMORA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070984). (Número de expediente 181/003168).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DON PEDRO JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE ÁVILA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070985). (Número de expediente 181/003169).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DON FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE SORIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070986). (Número de expediente 181/003170).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA, DON MARIO BEDERA BRAVO Y DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS DEL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070988). (Número de expediente 181/003171).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DE LAS DIPUTADAS DOÑA HELENA CASTELLANO RAMÓN Y DOÑA MARÍA LUISA GONZÁLEZ SANTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS


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EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE LEÓN (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070989). (Número de expediente 181/003172).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DON JUAN LUIS GORDO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070990). (Número de expediente 181/003173).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DE LA DIPUTADA DOÑA MAGDALENA VALERIO CORDERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070991). (Número de expediente 181/003174).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DON LUIS CARLOS SAUQUILLO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE CUENCA 27/04/201527/04/2015 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070992). (Número de expediente 181/003175).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA, DON ALEJANDRO ALONSO NÚÑEZ Y DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA GUADALUPE MARTÍN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE TOLEDO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070993). (Número de expediente 181/003176).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DON MANUEL GABRIEL GONZÁLEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE ALBACETE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070994). (Número de expediente 181/003177).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DON JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES, Y DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070995). (Número de expediente 181/003178).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN Y DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA DELIA BLANCO TERÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO


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INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA COMUNIDAD DE MADRID (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070996). (Número de expediente 181/003179).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DON JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070997). (Número de expediente 181/003180).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA, DON JOAQUÍN FRANCISCO PUIG FERRER Y DON HERICK MANUEL CAMPOS ARTESEROS Y DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA ROS MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070998). (Número de expediente 181/003181).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA, DON JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO, DON ANTONI SUCH BOTELLA, DON CIPRIÀ CÍSCAR CASABÁN Y DON JOAQUÍN FRANCISCO PUIG FERRER, Y DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE VALENCIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070999). (Número de expediente 181/003182).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA, DON JOAQUÍN FRANCISCO PUIG FERRER, DON GABRIEL ECHÁVARRI FERNÁNDEZ, DON FEDERICO BUYOLO GARCÍA Y DON HERICK MANUEL CAMPOS ARTESEROS, Y DE LA DIPUTADA DOÑA PATRICIA BLANQUER ALCARAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE ALICANTE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/071000). (Número de expediente 181/003183).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN Y DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DE LAS DIPUTADAS DOÑA LEIRE IGLESIAS SANTIAGO Y DOÑA MARÍA PILAR LUCIO CARRASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE CÁCERES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/071001). (Número de expediente 181/003184).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DON JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ AMOR, Y DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SOLEDAD PÉREZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/071002). (Número de expediente 181/003185).


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- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DON MIGUEL ÁNGEL CORTIZO NIETO, Y DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA PALOMA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/071003). (Número de expediente 181/003186).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN Y DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA, Y DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA PÉREZ HERRAIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE LUGO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/071004). (Número de expediente 181/003187).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN Y DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA, Y DE LA DIPUTADA DOÑA LAURA CARMEN SEARA SOBRADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE OURENSE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/071005). (Número de expediente 181/003188).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DON GUILLERMO ANTONIO MEIJÓN COUSELO, Y DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN SILVA REGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/071006). (Número de expediente 181/003189).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA, DON PABLO MARTÍN PERÉ Y DON GUILLEM GARCÍA GASULLA, Y DE LA DIPUTADA DOÑA SOFÍA HERNANZ COSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LAS ILLES BALEARS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/071007). (Número de expediente 181/003190).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DON JOSÉ SEGURA CLAVELL, Y DE LA DIPUTADA DOÑA PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/071008). (Número de expediente 181/003191).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DON SEBASTIÁN FRANQUIS VERA, Y DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR GRANDE PESQUERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/071009). (Número de expediente 181/003192).


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- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DON CÉSAR LUENA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/071010). (Número de expediente 181/003193).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN Y DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA, Y DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA LUISA CAICEDO ROCES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/071011). (Número de expediente 181/003194).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA Y DON PEDRO SAURA GARCÍA, Y DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA REGIÓN DE MURCIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/071012). (Número de expediente 181/003195).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN Y DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA, Y DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/071013). (Número de expediente 181/003196).

- DE LOS DIPUTADOS DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA, DON JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS Y DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ACREDITADO, ASÍ COMO INSPECCIONES Y SANCIONES IMPUESTAS EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE DICHO SECTOR EN LOS AÑOS 2010 A 2014 EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/071014). (Número de expediente 181/003197).

El señor TREVÍN LOMBÁN: Agradezco la presencia del director general de la Policía que ha venido a contestar las preguntas personalmente. Y, en segundo lugar, he de decir que retiro las cuarenta y tres primeras preguntas, que mantengo la 44, y que me fue solicitado que la 45 quedara para la próxima Comisión dado que es un tema sobre la Guardia Civil y, por tanto, para que el ministerio pueda enviar a alguien de ese cuerpo. Por tanto acepto pasar a la próxima Comisión también la pregunta número 45, con lo cual me centraré en la pregunta número 44, si me lo permite, y le pediría que fuera un poco flexible en el tiempo habida cuenta de que todas las demás las retiro, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Trevín. Imagino que se refiere usted a que mantiene la pregunta 45, no la 44.

El señor TREVÍN LOMBÁN: La 44 también está retirada, tiene usted razón, ha sido una equivocación mía. La pregunta que mantengo es la 45 y la 46 es la que dejaríamos para una próxima Comisión en la que pueda venir alguien de la Guardia Civil a responderla.

El señor PRESIDENTE: ¿Y la 47 y la 48?

El señor TREVÍN LOMBÁN: Las 47 y 48 también las retiramos, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: ¿Se mantienen?

El señor TREVÍN LOMBÁN: Las retiramos también.

El señor PRESIDENTE: Se retiran también, de acuerdo.

- DE DON ANTONIO ROMÁN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ENCARGO DE UNA INVESTIGACIÓN DEL COMISARIO DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA, DON JOSÉ MANUEL VILLAREJO PÉREZ, A UN INSPECTOR JEFE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 180/071813). (Número de expediente 181/003294).

El señor PRESIDENTE: Entonces iniciamos el orden del día con la contestación a las preguntas. En principio sería la 45, que trata del encargo de una investigación sobre el comisario del Cuerpo Nacional de Policía, don José Manuel Villarejo Pérez, a un inspector jefe, procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita con el número que consta en el orden del día. Efectivamente, el tiempo reglamentario son cinco minutos para la formulación, pero daremos una flexibilidad razonable. Pido al señor Trevín que no convierta la pregunta en una interpelación porque el objeto precisamente no es ese, pero, por la generosidad que ha tenido al agilizar un poco el contenido del orden del día -yo creo que algunas de ellas ya están contestadas-, quizá podamos ser un poco flexibles en el tiempo. Por tanto, tiene usted la palabra, señor Trevín.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente por su comprensión.

Señorías debo empezar por explicar por qué hago estas preguntas. Hice por escrito las preguntas, que no fueron contestadas en tiempo. Es cierto que posteriormente se me envió una contestación. Como suele ser habitual, aunque se trate de una sola pregunta, contenía doce interrogantes, y de ellos nada más que tres o cuatro fueron parcialmente respondidos; el resto ni parcial ni en ningún sentido fueron contestados. Por eso es importante que hoy los formule. Como sé que el director general las conoce, no voy a hacer una lectura pormenorizada.

Cuando el actual presidente del Gobierno, señor Rajoy, llegó al Gobierno señaló que venía para bajar los impuestos, y todos sabemos lo que pasó a continuación. Cuando el señor Cosidó se reunió la primera vez con la junta de gobierno del Cuerpo Nacional de Policía declaró que se acabó la policía política. En realidad nos pasó como con los impuestos, subieron todos y empezó verdaderamente el mandato de la policía política dura. Voy a dar dos datos exclusivamente: a los seis meses de ser nombrado fue cesado el comisario general de Policía judicial, don Enrique Rodríguez Ulla. Parece que se había puesto a investigar sobre el ático de don Ignacio González. Pasan otros seis meses más y se cesa al siguiente, don José García Losada; curiosamente se le acusaba de no controlar adecuadamente la relación de Ana Mato con la Gürtel en la investigación. Actualmente sigue nombrado, parece que este cumple. ¿Por qué les digo esto? Porque debemos interrogarnos sobre un elemento fundamental. ¿La prioridad del actual equipo ministerial es preservar la seguridad de los españoles? ¿Antepone a esa seguridad la defensa partidista de los populares, involucrados en diversas causas judiciales y el seguimiento de adversarios políticos? ¿Han puesto la institución al servicio del partido? ¿Estamos ante la preeminencia del Estado de derecho o ante la preeminencia del Estado mayor del Partido Popular? Esto es lo que nos preocupa en este momento. Parece que hay una consigna general: todo por el PP y todo para el PP.

Hace muy pocas semanas toda España asistió absolutamente anonadada a acusaciones cruzadas entre dos altos cargos policiales, los dos dependientes curiosamente del director adjunto operativo. Nada menos que se acusaron de fabricar pruebas falsas, de realizar servicios policiales muy discretos para la dirección del PP, de un uso poco transparente de fondos reservados. Nadie ha explicado hasta la fecha si esas mutuas acusaciones públicas tienen verosimilitud o no. Uno ha sido removido -ascendido según el Gobierno- y resuelta por el juez la investigación de la disputa, el otro sigue en su puesto y ha visto cómo sus actividades empresariales se declaraban compatibles. Aquí empiezan nuestras dudas. ¿Cómo se resolvió el problema del señor Villarejo, por el que preguntamos, si efectivamente eran compatibles desde el punto de vista administrativo y legal sus actividades económicas? Parece que con una investigación. Esta se encarga a un comisario concreto, don Ángel Fuentes Gago. Para empezar, no es razonable ni lógico, ni casi ético, ni práctica aceptable en ninguna administración pública que una investigación de este tipo la lleve a cabo un funcionario de la misma unidad y categoría inferior. Parece como si no se intentara buscar la verdad, porque en otro caso se hubiera nombrado a alguien que pudiera ser independiente. Esto


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cuestiona la intención de quien encargó la investigación: sea usted mismo, señor director general, haya sido el ministro o haya sido el director adjunto operativo. Nos quedan muchas dudas de si lo que se pretendía era investigar en profundidad los negocios privados del señor Villarejo o había otras razones.

Una investigación interna -es lo que se nos da como contestación- es equivalente a una información reservada, es decir, desde el punto de vista administrativo o judicial no tiene enjundia; parece que es un preámbulo a la apertura de un expediente. Por lo que se ve, una vez que se obtuvo esa información reservada, el señor Gago encontró que el señor Villarejo no ocupaba cargos directivos con funciones ejecutivas en empresa privada alguna ni que tuviera empresa alguna de investigación privada -lo digo porque hay sentencias del Tribunal Supremo que indican que en este caso sería incompatible-. Si hay una investigación o una información reservada, habrá un número de expediente que la identifique. Me gustaría que el director general me indicara cuál es o si lo podemos solicitar. Al mismo tiempo se encarga al señor Gago -se nos dice- porque tiene experiencia como policía judicial. Si es así, se ha buscado a alguien porque se pensó que podía haber indicios de responsabilidades incluso judiciales. ¿Qué datos tenían para esto? Qué datos les llevaba a encargar el asunto a alguien experto en la Policía judicial; qué datos les pudieron dar que pensar que había asuntos que investigar que tuvieran elementos judiciales en toda esta operación. No acabo de entender cómo un comisario de Policía como el señor Gago no encontró lo que todos hallamos en el Registro Mercantil y que fue publicado por diversos medios de comunicación: que Global Sinapsis tuvo del presidente y consejero con funciones ejecutivas al señor Villarejo, que Inversiones Estratégicas Sensibles S.L. -manda huevos los nombres, como diría el señor Trillo- tiene de presidente y consejero delegado al señor Villarejo; que Fomento Agroganadero Andaluz, S.L. tiene de presidente y consejero -lo tuvo del 15 de septiembre de 2011 al 4 de septiembre de 2014- al señor Villarejo; que Corporación Agroganadera Andaluza S.L. tuvo de presidente y consejero del 4 de agosto de 2011 al 10 de septiembre de 2014 al señor Villarejo. Por tanto, me gustaría conocer cómo con todos estos datos que los demás tenemos por el Registro Mercantil, el señor Gago, letrado en la Jefatura de Cantabria, presidente del SPP, miembro del Consejo de la Policía, pero en funciones de apoyo y asesoramiento a la DAO desde 2012, no encontró ningún inconveniente en todo ello. Sobre todo, cómo no encontró relación del señor Villarejo con la empresa Stuart & Mckenzie Spain SL, desde cuyo teléfono enviaron un SMS al pequeño Nicolás; no olvidemos que en la investigación de este caso se hace una grabación en dependencias policiales del equipo que lo investigaba, con el CNI, para desprestigiar la operación. Espero, señor director general, que nos pueda ir aclarando todos estos interrogantes que tenemos, porque no estamos hablando solo de una problemática en el Ministerio del Interior de descontrol en la Policía, sino de algo que puede hacer que los españoles se muestren inquietos ante todos estos tejemanejes en ámbitos policiales.

El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas formuladas por el señor Trevín, tiene la palabra el Director General de la Policía, el señor Cosidó.

El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cosidó Gutiérrez): Muchas gracias, señor presidente.

Como siempre es un placer volver a esta Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Quiero agradecerle al señor Trevín la bienvenida que me ha dado, aparte de la deferencia de retirar algunas preguntas que no eran estrictamente materia de mi competencia, y a las que por tanto hubiera podido responder de manera deficiente. Agradezco que las haya retirado y que no sea yo el que tenga que contestarlas. En este primer turno de contestación -entiendo, señor presidente, que vamos a tener después la oportunidad de un segundo turno- déjeme que le dé una respuesta ajustada a lo que era el contenido de su pregunta. Aunque ha introducido en su formulación otros elementos a los que me gustaría responder, si le parece, hacemos ese debate más general en un segundo turno.

En relación con las preguntas concretas que me formulaba, el señor ministro del Interior ordenó la apertura de una investigación a propósito de las incompatibilidades a las que se refiere el 10 de marzo. Lo conoce porque el ministro lo hizo de forma pública. En cumplimiento de dicha orden solicité al director adjunto operativo la elaboración de una información reservada a estos efectos. Como todos ustedes conocen también, la información reservada es un informe que está previsto en la Ley Orgánica 4/2010, de 20 mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía -aprovecho para decir que fue aprobada por consenso en esta Cámara durante la anterior legislatura en un ejercicio de diálogo y de pacto, siempre necesario cuando hablamos de instituciones troncales como es la Policía Nacional de nuestro Estado de derecho, de nuestro Estado constitucional- y se practica para esclarecer unos hechos; siempre es previa a la incoación de un procedimiento disciplinario, lo cual no significa que la apertura a


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una información reservada necesariamente tenga que dar pie a la apertura de un expediente disciplinario. Con ello quiero decir que no requiere de las formalidades que son exigibles en un expediente disciplinario, ni está sujeta a los requisitos de nombramiento de instructor y secretario que la ley recoge para incoar el expediente. No es necesario, por tanto, que exista un instructor que sea funcionario del Cuerpo Nacional de Policía de igual o superior categoría a la del funcionario que se está investigando. Adicionalmente, una investigación interna en el ámbito policial puede ser llevada a cabo por cualquier funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que esté legitimado para realizar funciones genéricas o específicas de Policía judicial, con independencia de su categoría. Por último, las distintas unidades del Cuerpo Nacional de Policía ajustan su actuación y ejercen las funciones a lo que establece, en concreto en lo que se refiere a la estructura, a la Orden del Ministerio del Interior 28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía. En este caso la información reservada fue encargada a un inspector jefe. Usted ha mencionado un comisario pero fue un inspector jefe, que es buen conocedor de las estructuras de mando y del funcionamiento de los distintos órganos del Cuerpo Nacional de Policía -usted ha mencionado algunos datos de su currículo- y considerada una persona apta para esta función. Puedo asegurarle que su designación fue motivada por su perfil profesional y su excelente formación técnico-jurídica, que usted mismo ha puesto de manifiesto. Este inspector jefe había desempeñado, como usted señala, el puesto de letrado en la Jefatura Superior de Cantabria y tiene además la habilitación de letrado sustituto de la Abogacía del Estado. En un periodo anterior fue también miembro del Consejo de la Policía y en la actualidad desempeña un puesto de jefe de servicio de la Dirección Adjunta Operativa, puesto para el que fue nombrado el 22 de enero de 2015. Ahí tiene encomendadas labores de asesoramiento y apoyo al director adjunto operativo por las que percibe únicamente las retribuciones propias del referido puesto de trabajo, sin que cobre indemnización alguna por razón del mismo desde que fue destinado. En las funciones de asesoramiento que previamente realizó cuando todavía estaba destinado como letrado en Cantabria, lógicamente percibió las dietas correspondientes a sus desplazamientos para las funciones que le fueron asignadas por la Dirección Adjunta Operativa.

Quedo a su disposición, insisto, no solo para contestar las otras cuestiones, que ya introdujo, desde un punto de vista más amplio sino para cualquier otra precisión que quiera sobre este asunto.

El señor PRESIDENTE: Para hacer uso de la palabra de forma más breve, tiene la palabra el señor Trevín.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor director general, por su contestación, y enlazo con su última intervención. Nos dijo claramente que el señor Gago, inspector jefe, desde su último nombramiento no cobraba ninguna dieta, pero que las cobró en 2012, 2013 y 2014, mientras que estuvo como adjunto al director adjunto operativo. Me gustaría saber de qué estamos hablando, sobre todo porque son momentos de apreturas salariales y de medios, fundamentalmente porque usted nos pueda aclarar el tema. Se está hablando de cantidades de 35.000 euros, 40.000 euros, seguramente de forma exagerada. Usted nos podrá aclarar cuánto fue la cantidad de esos tres años. ¿Por qué le digo esto? Desde el punto de vista estricto de la ley, con una interpretación ajustada a las necesidades que tuviera el ministerio, se podría decir: le hemos encargado información reservada. Fíjese en que, como inspector jefe y como letrado, estaba haciendo una serie de asesoramientos al director adjunto operativo desde Cantabria en comisión de servicio por lo que cobraba dietas. ¿No había nadie dentro de los cientos de cargos policiales de su nivel o superiores en Madrid que hubiera podido hacer esas funciones sin cobrar dietas? Es una de las preguntas que me gustaría que contestara. En segundo lugar, me llama la atención una cosa; aunque estaba de asesoramiento, estuvo al frente de un grupo operativo que viajó al extranjero, a un país de Centroeuropa -no voy a dar más datos porque es una operación secreta-, para una investigación. Convenía conocer cuáles eran realmente sus funciones, porque un asesor habitualmente no es quien está al frente de un operativo, y menos cuando se tiene que salir al exterior.

Por otro lado, todo esto tiene relación con otra cuestión: ¿por qué se dan estas circunstancias? Fíjese bien, ¿por qué a una persona, que puede ser un técnico sólido, se le encarga hacer un informe reservado de una persona de la que dependió jerárquicamente? Chirría. Éticamente es difícil poder justificarlo, incluso técnicamente -esta es una opinión personal y no quiero ir más allá-; al menos éticamente parece que es difícil justificarlo. Además resulta chocante que con su asesoría jurídica no haya encontrado los datos del Registro Mercantil que yo le he dado. Estamos hablando de un alto funcionario policial de la Policía del Estado supuestamente con negocios, en principio, de empresas de investigación privada,


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aparte de algunos de otro tipo, que incluso interfieren en alguna investigación policial; recibe un SMS de una empresa que puede estar relacionada con él en un caso de investigación de la importancia que tiene el del pequeño Nicolás, que va mucho más allá de lo que aparece en el papel cuché.

¿A qué nos lleva todo esto? Con ello voy acabando, señor Cosidó. Yo le decía, creo que han puesto la razón del partido por delante de la razón de Estado, y es muy, muy mala filosofía para tener una Policía profesional y solvente, para mantener el modelo que ustedes heredaron cuando llegaron. Se lo digo porque todo esto tiene lógica. ¿Qué es lo que ha hecho el señor Villarejo para salir limpio de polvo y paja con todo lo que estamos viendo, para que se designe la investigación a personas que tuvieron relación personal con él y que incluso fueron sus subordinados? Chirría. ¿Por qué se están utilizando ascensos a categorías superiores, retrasando -según denuncian los sindicatos policiales- la oposición a comisarios para que personas concretas, que están dentro de este ámbito de esa policía política que se ha creado en torno al ministerio, puedan acceder a comisarios, y no se hace en los meses que se venía realizando y -repito-según los sindicatos policiales se retrasan para que puedan acceder? ¿Por qué las personas que tiene el director adjunto operativo como asesores, incluso con niveles inferiores o poca antigüedad, disfrutan de niveles máximos de complementos de destino, 29 y 30 en muchos casos? ¿Por qué tenemos este tema de dietas -como le señalaba- con el señor Gago? ¿Por qué a todos estos policías, muy conocidos y muy del entorno del señor Oliveras y de todo lo que se mueve alrededor, aparte del señor Villarejo y alguno más, son los que reciben más cruces al mérito policial con distintivo rojo, que se encuentra pensionada de por vida? ¿Por qué muchos de ellos son destinados ahora, cuando estamos curiosamente al final de la legislatura, a los puestos más demandados por la Policía en agregadurías en el extranjero, con altas remuneraciones, lógicas, pero que son las más demandadas? Se quedan los más antiguos, quedan personas con buenos curriculums, pero se destina a los otros. Usted, que sé que ha sido siempre un defensor de ello, ¿por qué el ministerio se empeña en ser cada vez menos transparente? Intentan colar una enmienda en el Senado en la ley de Policía por la que pretenden declarar secretos los concursos para la provisión de puestos de las distintas unidades de la Secretaría de Estado de Seguridad, donde están curiosamente el señor Oliveras y compañía. Está claro que no le gusta que hagamos estas preguntas. De hecho, si eso se aprueba, estas preguntas no las podríamos hacer porque habría sido declarado secreto por ley.

En resumen, creo que no han dicho toda la verdad al Congreso en las respuestas escritas que nos han enviado. La razón no es otra que no puedan decirlo sin descubrir las trapacerías de su gestión; y, como ya les dije en el Pleno del Congreso, cuando se debatió la Ley Orgánica del Personal de la Policía, es que hay deudas que no se pueden pagar con honor. A todos estos policías hay que tenerlos tranquilos, por todas las investigaciones que se han hecho fuera de lo que es lo usual. Quizá toda esta actividad del ministerio -de mentiras, de ocultación de la realidad, de tergiversación maliciosa de los hechos, de las distintas actuaciones realizadas- podría llegar, si no se aclaran suficientemente y de una forma contundente, a tener un destino que ninguno queremos pero que sería el único que quedaría si no se aclaran adecuadamente, denunciarlo ante la Fiscalía Anticorrupción.

El señor PRESIDENTE: Para concluir el turno, tiene la palabra el señor director general de la Policía.

El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cosidó Gutiérrez): No sé exactamente a qué viajes se refiere. En su función como director adjunto operativo él ha tenido que realizar algunos viajes al extranjero. Recuerdo un último viaje con motivo de la presentación de un plan de Europol relacionado con la trata de seres humanos. Tendríamos que ver claramente a qué viaje se refiere, pero le puedo garantizar dos cosas. Primero, Se refiera usted al que se refiera, primero, nada tiene que ver con el informe que menciona en su pregunta, no tiene absolutamente nada que ver; y, segundo, que todos los viajes que este inspector jefe ha realizado han sido por orden del DAO para hacer gestiones o actuaciones relacionadas con las funciones de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional.

Me pregunta usted por las dietas cobradas por este inspector jefe durante el tiempo que simultaneó su destino como representante legal en la Jefatura Superior de Cantabria y las funciones que realizaba como asesor. Eso se produjo durante unos meses de 2014. Las cantidades -como usted mismo señalaba- están muy por debajo de las que usted ha mencionado. Yo no tengo inconveniente en hacerle llegar la cantidad exacta que percibió en concepto de dietas de una manera absolutamente legal y por necesidades del servicio, como se produce en otras ocasiones en las que un determinado puesto hay que cubrirlo de manera circunstancial -intentamos siempre que sea el menor tiempo posible-, para realizar una función que en ese momento el director adjunto operativo consideró que era necesaria e importante.


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En todo caso, para tranquilidad de sus señorías, la política de austeridad que se ha practicado por la dirección general ha hecho que entre 2011 y 2014 la reducción en el concepto de dietas haya sido superior al 50 %. Por tanto, no crean que la Dirección General de la Policía está haciendo un dispendio o un gasto excesivo en esta materia; todo lo contrario, se funciona con una política de austeridad que ha permitido una reducción muy significativa de las dietas.

Las informaciones reservadas -lo conoce bien el señor Trevín- son reservadas por su propia naturaleza. Una vez realizadas todas las gestiones, más allá de las que usted ha mencionado de una mera consulta al Registro Mercantil, se llegó a la conclusión, esta información reservada llega a la conclusión de que no es preceptiva la apertura de un expediente disciplinario; si lo hubiera sido, esa información reservada se habría remitido a régimen disciplinario, a la Unidad de régimen disciplinario, y se hubiera abierto la correspondiente instrucción de un expediente disciplinario. En esa información reservada no se observa que haya una responsabilidad disciplinaria, una incompatibilidad legal. Las calificaciones que usted ha hecho -con todo afecto se lo digo- las hace usted, pero no necesariamente tienen que ser compartidas, y cada uno tendrá la opinión que le parezca más oportuna, porque para eso estamos en un país democrático. En todo caso, quiero decirle dos cosas sobre este asunto. Primero, este comisario, al que se refería esta información reservada, permanece exactamente en el mismo puesto de trabajo al que fue destinado por el Gobierno anterior, un gobierno socialista, por tanto no entiendo que haya ahí ningún tipo de vinculación de ninguna clase, política o partidista; y, segundo, las actividades empresariales a las que se refiere no son actividades nuevas -hay también un periodo de excedencia bastante dilatado- sino que eran desarrolladas también en años anteriores, y los Gobiernos y las direcciones generales anteriores consideraron igualmente que no había ningún tipo de incompatibilidad porque, si no, hubieran actuado pertinentemente.

En general, por situar el debate -que usted hace muy alegremente y, creo, también injustamente de politización y uso partidista de la Policía-, usted, que ha sido delegado del Gobierno -por tanto no le voy a explicar el grado de prestigio, profesionalidad o independencia que tiene la Policía-, conoce bien la Policía, porque -repito- ha sido delegado del Gobierno. Como muy bien señalaba en su intervención, en una de mis primeras intervenciones públicas -o tal vez la primera- como director general de la Policía puse un énfasis especial en fortalecer aún más esa profesionalidad y ese servicio a los intereses generales que tiene la Policía como institución básica para nuestra convivencia, para nuestro Estado de derecho y, en definitiva, para la defensa de libertades y derechos de todos los ciudadanos. Esto es algo muy de los discursos, pero a veces hay que pasarlo a los hechos, a las acciones cuando uno tiene la responsabilidad de gobierno o, en este caso, de dirección en la Policía Nacional. Hemos hecho varias cosas en las que quiero incidir muy rápidamente, y le pido flexibilidad al presidente pero la utilizaré con prudencia, lo haré muy telegráficamente. Primero, ha habido una reducción de los puestos de libre designación del 70 % en nuestro catálogo de puestos de trabajo. Reducir los puestos de libre designación va a favor de la independencia del funcionario. No digo que no sea necesario que haya puestos de libre designación, pero no todos los puestos de mando y muchos de las escalas inferiores, como ocurría antes, necesariamente tienen que ser cubiertos por libre designación. Tiene que ser un sistema un poco excepcional, en razón de funciones muy específicas. Eso es exactamente lo que hemos hecho, porque uno de los objetivos era fortalecer un poco más la profesionalidad, la independencia, el servicio a los intereses generales de la Policía. Segundo, hemos diferenciado los puestos de trabajo para comisario principal y para comisario. Estoy seguro de que a sus señorías les sorprendería mucho pensar que un general de brigada pueda tener a su mando a varios tenientes generales. Eso, en una institución que tiene la jerarquía como uno de sus principios vertebradores, choca contra su naturaleza. Todos los Gobiernos anteriores tenían comisarios principales que estaban a las órdenes de comisarios. Un comisario recién salido de la Academia podía ocupar una subdirección general con mando sobre muchos comisarios principales en el cuerpo. Esto también lo hemos variado. Hemos modificado el catálogo de puestos de trabajo para que un comisario principal nunca pueda estar a las órdenes de un comisario. Eso da, nuevamente, certidumbre a la carrera profesional y aumenta la profesionalización de la carrera dentro de la Policía Nacional. Tercero, hemos reducido muy significativamente en esta legislatura el porcentaje de provisionalidad en los puestos de trabajo. Cuando fui nombrado director general había casi 6.000 policías que estaban nombrados en comisión de servicio, no se había sacado su concurso para que tuvieran su plaza en propiedad. Hemos reducido más de un 35 % -tengo que reducir más- ese número de policías. Eso también va en la línea de la profesionalización, de dar certidumbre a los policías. Hemos hecho algo que para mí tiene mucho valor -ya sé que cada uno le da el que quiere-; hemos sacado un código ético


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que recoge precisamente todos esos principios que usted y yo compartimos de lo que debe ser una actuación policial independiente, al servicio de intereses generales, con los valores que son propios de una institución, de una Policía democrática. Este es un código ético de referencia ahora mismo para otras muchas policías. Nos lo piden porque es un compendio de lo que deben ser los principios que deben regir. Este código ético está en todas y cada una de las comisarías de España. Todos los ciudadanos pueden leer al entrar en la comisaría qué deben esperar de la actuación de un policía. Por tanto, hemos trabajado en esa línea.

La mejor prueba de que realmente tenemos una Policía profesional, al servicio de los intereses generales, es que hemos aumentado sustancialmente el número de investigaciones sobre corrupción. En estos últimos tres años ha habido 233 investigaciones, un 30 % más en 2014 de las que se iniciaron en 2012 o en 2011; 800 detenidos; casi 2.000 personas investigadas por corrupción; ahora mismo 133 investigaciones abiertas por corrupción. Una cosa le puedo asegurar, en ese compromiso contra la corrupción no hay colores. Hay investigaciones contra la corrupción en todas las comunidades autónomas y en administraciones de todos los colores. Créame -tenemos que estar orgullosos todos de ello- que tenemos una Policía profesional, independiente y claramente comprometida con la lucha contra esta lacra que es la corrupción. ¿Sabe lo más importante? Que la sociedad lo reconoce. Cuando vemos en el CIS que las instituciones mejor valoradas son la Policía y la Guardia Civil, que la Policía Nacional en los tres últimos años -difíciles, de crisis muy profunda- no solamente no ha perdido valoración sino que la ha ganado, eso, señor Trevín, significa que estamos haciendo bien las cosas, que tenemos una gran Policía y que estamos haciendo cada día una Policía mejor. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión para despedir al señor director general de la Policía, pero la reanudaremos inmediatamente. (Pausa).

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROCEDER AL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY 12/2009, DE 30 DE OCTUBRE, REGULADORA DEL DERECHO DE ASILO Y DE LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001029).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque de proposiciones no de ley. Les recuerdo que al final de la sesión tendremos una breve reunión de Mesa y portavoces. Los tiempos de intervención en este trámite de proposiciones no de ley será de siete minutos como máximo para exponer la proposición, cinco minutos para la defensa de las enmiendas y tres minutos para el grupo que quiera fijar posición. Vamos a empezar por la proposición no de ley que figura en el punto 51.º del orden del día, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista instando al Gobierno a proceder al desarrollo reglamentario de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Para su defensa, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.

El señor SÁNCHEZ AMOR: Quiero agradecer al presidente y a los distintos portavoces que hayan aceptado este cambio en el orden del día porque tengo que salir de viaje.

La PNL se registró hace ya bastantes meses pero sigue siendo pertinente puesto que el tema que trata está absolutamente vigente. Ahora la activamos en un momento en el que la opinión pública está recibiendo un bombardeo creciente de noticias sobre la crisis de los refugiados en muchas partes. Hay una presión creciente sobre todo el mundo occidental, hay una multiplicación de conflictos en África, en el Mediterráneo y en Oriente que están provocando una verdadera crisis humanitaria como no se conocía desde hace mucho tiempo, con 5 millones de desplazados en campos de refugiados a raíz del conflicto sirio tanto en Líbano como en Turquía o Jordania. Expresamente queremos decir desde el Grupo Socialista que el problema alcanza una escala gigantesca, pero no se trata de pedirle al Gobierno de España que intente algún tipo de política particular sobre el tema. Creemos que es bueno que la Unión Europea haya asumido como propia la necesidad de hacer una política común sobre refugiados, ya que eso refuerza la posición española tradicional, en la que el Gobierno ha tenido siempre nuestro apoyo, de que todas las cuestiones que tienen que ver con la inmigración -en este caso la inmigración económica- deberían ser asumidas con mucha mayor decisión por los países del norte que no la sufren directamente. El hecho de


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que la crisis de los refugiados revele que Europa es consciente de estas dificultades, creo que viene al encuentro de las necesidades de nuestro país, tal como ha sido expresado por el Gobierno y por los grupos de la oposición.

¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno ante estas sucesivas crisis de refugiados? En primer lugar, una reducción de la política de cooperación al desarrollo, que evaluamos en un 70 %. Cuando no se hace cooperación al desarrollo no solamente los inmigrantes económicos aparecen en nuestras fronteras -en las europeas, me refiero-, sino que precisamente la ausencia de políticas de cooperación al desarrollo de largo plazo dan lugar a conflictos que generan ese tráfico de personas intentando buscar una frontera por su seguridad personal, que son los refugiados. Hay, además, un rechazo expreso de la petición de la Comisión Europea para acoger un 10 % del cupo de los 20.000 que se acordaron para los próximos tiempos con la razón alegada por el Gobierno de la existencia del desempleo en España, una declaración del ministro de Asuntos Exteriores que venía a contradecir las declaraciones coetáneas de todos los responsables del Partido Popular, alegando también la necesidad de una mayor implicación del norte de Europa, especialmente con la inmigración de tipo económico. Ya hemos dicho que nosotros apoyamos esa idea, pero creemos que la fórmula no es negarse a un cupo; la fórmula es aceptar el cupo que para un país como el nuestro de cincuenta y tantos millones de habitantes es de tan solo 1.820 personas. Si España aparece ante la comunidad internacional como un país que no es capaz de acoger a 1.820 personas en situación de asilo y refugio, por mucha marca España que queramos vender, la impresión de absoluta debilidad y de absoluta falta de conciencia ética en los problemas que afectan a los refugiados se pone de relieve. No podemos ir por el mundo presumiendo de ser una gran potencia y decir al mismo tiempo a nuestros socios europeos que no podemos siquiera acoger a 1.800 refugiados. Hay además una política absolutamente cicatera en materia de refugio; de 4.500 peticiones, por los datos que da el ministerio, hubo 203 refugiados, 325 protecciones subsidiarias y 16 autorizaciones de residencia por sentencia. En total unas 548 personas protegidas de esas 4.500 peticiones. Por tanto, una política absolutamente cicatera y además con un discurso del Gobierno que trata de mezclar en la opinión pública las dificultades de lidiar la inmigración económica con las dificultades de los refugiados, que tienen unas características completamente distintas. A todo el mundo se le engloba bajo esa etiqueta de la inmigración ilegal y no se distingue a los que vienen huyendo de un conflicto bélico de los que vienen por necesidades económicas. Esperamos -creo que se está consiguiendo- que la opinión pública distinga entre un caso y otro.

¿A qué viene esta PNL? A recordar que hay una ley, la Ley de asilo español de octubre de 2009, que sigue sin haber tenido su desarrollo reglamentario; un reglamento que el Gobierno anterior dejó en borrador como herencia al Gobierno actual después de haber hecho una muy cuidadosa trasposición de toda la legislación europea. La ley traspuso toda la legislación europea y lo que quedaba pendiente era el reglamento, que no se ha aprobado. Esta PNL viene a pedir que después de seis años de aprobación de la ley, de los cuales a nosotros nos corresponden trece meses de retraso, el Gobierno envíe el reglamento. Es verdad que aquí lo esencial es tener voluntad política para asumir el reto y que el reglamento puede considerarse adjetivo, pero creo que una buena regulación jurídica, una regulación eficiente, ayuda a resolver el problema. Pero, más allá de la regulación jurídica, lo que le pediría al grupo de la mayoría es una cierta lealtad; la misma que nos piden a nosotros, al Grupo Socialista al menos, alegando que hemos gobernado y sabemos la dificultad de lidiar con estos problemas. Es cierto, hemos gobernado, gobernaremos pronto y sabemos la dificultad de lidiar con este tipo de problemas, pero del mismo modo que nosotros hemos manifestado discordancias enormes, como en la Ley de Seguridad Ciudadana con el tema del rechazo en frontera, también hemos sido leales con el Gobierno porque sabemos la dificultad de lidiar con el fenómeno. Manifestaciones como las que se han hecho esta mañana en el Pleno -el ministro de Asuntos Exteriores, en una desafortunada intervención, ha vuelto a hablar del efecto llamada y que se arreglaban papeles- creo que no ayudan a que nos centremos. Me alegra que el grupo de la mayoría nos ofrezca una transaccional y que nos comunique que ya se está trabajando y tramitando el reglamento. Si es así, estaríamos en disposición de acceder a esa transaccional que nos plantean, cuando mi colega, el portavoz de la mayoría, nos explique en qué términos está esa tramitación interna del reglamento. (El señor Trevín Lombán pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señor Trevín.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Señor presidente, por una cuestión de orden, si me permite, un minuto.


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El señor PRESIDENTE: Adelante.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Tuve un error en mi intervención anterior que quisiera corregir para que conste en el "Diario de Sesiones", ya que dí por retiradas las preguntas 47 y 48, cuando quería decir que también aceptamos pasarlas a la Comisión siguiente. Pido disculpas a todos los diputados porque ha sido un error exclusivamente mío.

El señor PRESIDENTE: Que conste en el "Diario de Sesiones" que ambas preguntas quedan pendientes para su tramitación en una futura Comisión.

No hay enmiendas presentadas a esta proposición no de ley. Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Grau.

El señor GRAU REINÉS: Señor diputado, sorprende esta PNL instando al Gobierno a dar cumplimiento de la disposición adicional tercera de la Ley 12/2009, de desarrollo reglamentario, que dice exactamente que se autoriza al Gobierno para dictar, en el plazo de seis meses, cuantas disposiciones de carácter reglamentario exija el desarrollo de la presente ley, cuando esta ley es de octubre de 2009 y quien gobernaba en España en esos momentos era su partido y no lo hicieron. Pero no se preocupe, el Gobierno del Partido Popular se puso a trabajar en cuanto llegó al Gobierno en el desarrollo reglamentario de la ley de forma responsable y rigurosa para desarrollar las principales novedades de la mencionada Ley 12/2009, avanzando así de forma significativa en la defensa de los derechos de los extranjeros que se encuentra en necesidad de protección internacional. Las mejoras del sistema español de asilo se desarrollan en esta nueva ley, fundamentalmente en relación con el concepto de operación internacional y las condiciones para acceder, conceder o denegar el derecho de asilo, o en su caso la protección subsidiaria, el sistema de garantías en la sustentación de los procedimientos y los derechos que asisten tanto al solicitante como al beneficiario de la protección internacional. Además, ha sido necesario en la elaboración del reglamento tener en cuenta el contexto de los avances producidos en las negociaciones de las distintas normas que componen el Sistema Europeo Común de Asilo, el SECA, fijado en el marco del programa de Estocolmo, en el que se definen las prioridades de la Unión Europea en el área de libertad, seguridad y justicia para el periodo 2010-2014, con el objetivo de crear un sistema cohesionado de normas uniformemente aplicadas por todos los Estados miembros que elaboren procedimientos suficientes y equitativos y que garanticen condiciones de acogida adecuadas y comparables en toda la Unión. En este sentido, no se podía cerrar el texto de un reglamento sabiendo que tendría que ser modificado a los pocos meses de su entrada en vigor debido a las novedades de los elementos normativos de la política común europea de asilo que se han ido desarrollando en el seno de la Unión. Del mismo modo, dado que la Ley 12/2009 incorpora novedades de calado al sistema español de asilo, con el fin de valorar las principales cuestiones surgidas de su aplicación práctica ha sido necesario contar con la suficiente experiencia de funcionamiento del nuevo sistema antes de detectar los aspectos que requerían un adecuado tratamiento. Igualmente, el tiempo transcurrido desde la implantación de la ley ha permitido incorporar el proceso de desarrollo reglamentario y las observaciones vertidas en el seno de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio por parte de sus integrantes: el Ministerio de Empleo y Seguridad Social; el Ministerio de Justicia; el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y ACNUR. Actualmente, tras emitir su informe el Consejo General del Poder Judicial, va a ser enviado al Consejo de Estado, de tal forma que cuando el Gobierno tenga todas las garantías sobre el reglamento para poder aplicar la ley de forma legal y rigurosa este reglamento será aprobado. Por ello, quiero comunicar a la Mesa que mi grupo ha presentado una transaccional al grupo proponente, en la cual se recoge el texto de su PNL añadiendo lo siguiente: una vez que todos los órganos consultivos implicados emitan sus informes preceptivos.

Señoras y señores diputados, España es un país de asilo. Se ha apreciado una tendencia creciente en la recepción de solicitudes de protección internacional. Se recibieron 2.588 solicitudes en 2012, 4.513 en 2013 y 5.845 en 2014. Esta última cifra supone un aumento del 21,51 % solo en el último año. En 2014 se concedieron 384 estatutos de asilo y 1.199 estatutos de protección subsidiaria, lo que sitúa la tasa de reconocimiento de protección en un 40,48 % del total de las resoluciones adoptadas. El reconocimiento del conflicto sirio ha producido igualmente un aumento de las solicitudes de esta nacionalidad, pasando de 97 solicitudes en 2011 a 254 en 2012, 725 en 2013 y 1.654 en 2014. Como muestra del compromiso de España con la necesidad de hallar una solución para poner fin al sufrimiento generado por el conflicto en Siria, las solicitudes de protección internacional de nacionales sirios son admitidas a trámite en su


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totalidad. Desde el inicio del conflicto hasta la fecha se han concedido 118 estatutos de refugiados y 1.187 estatutos de protección subsidiaria a ciudadanos sirios. En nuestro ordenamiento se equipara prácticamente el contenido de la protección subsidiaria al Estatuto del Refugiado. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez Amor, ¿aceptan la enmienda transaccional?

El señor SÁNCHEZ AMOR: Sí, la aceptamos.

El señor PRESIDENTE: Señor Grau, háganos llegar la enmienda a la Mesa para su reproducción y reparto a los demás grupos parlamentarios.

- SOBRE MEDIDAS CONTRA LAS AGRESIONES LGTBIFÓBICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/003120).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley sobre medidas contra las agresiones lgtbifóbicas, cuyo autor es el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. La defiende el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Es obvio reconocer que nuestro país ha caminado mucho y se ha situado a la vanguardia de los países del mundo en cuanto a la defensa de los derechos de lgtbi, ya que cuando nos convertimos en el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario marcamos un hito que nos llena de orgullo a muchas personas. Pero a pesar de todo ese camino andado, a pesar de todas esas cuestiones recogidas y reconocidas en el camino de la igualdad, seguimos teniendo un problema importante en lo que respecta a las agresiones y a los actos de delitos de odio contra la comunidad de Gtbi. Es una cuestión que se puso de manifiesto en el año 2014 a raíz de un informe sobre las denuncias por delitos de odio que se hicieron durante el año 2013. En ese informe se puso de manifiesto que de un total de 1.172 denuncias contempladas, 452 fueron contra la identidad sexual y la identidad de género. Es un dato sumamente preocupante que lleva a mi grupo parlamentario a trasladar a esta Cámara esta serie de propuestas, que no solamente vienen razonadas por nuestro grupo sino que además vienen compartidas por toda la comunidad de lgtbi. Queremos hacer constar que no se trata de una problemática menor, no es una cuestión coyuntural ni puntual, sino que nos hacemos eco del informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que pone de manifiesto algo sumamente significativo y es que entre el 60 % y el 90 % de las personas que sufren este tipo de agresiones, este tipo de delitos, no presentan denuncia alguna. Entienden que están en una situación de vulnerabilidad, hay una desconfianza hacia la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o tienen la convicción de que no pasará nada; en todo caso se dan unas circunstancias que hacen que la inmensa mayoría de estas agresiones no acaben instruyendo en una denuncia que dé lugar al procedimiento correspondiente y a tratar de que se pongan en marcha los mecanismos de protección hacia la persona agredida por motivo de orientación sexual o de identidad de género no normativa.

Todos estos motivos nos llevan a plantear una batería de propuestas que entendemos racional y sumamente asumible por el resto de miembros de la Comisión, que se sustancian en seis puntos y que contemplan como medida principal y más importante la elaboración de una ley integral de igualdad de trato que luche contra las agresiones y la discriminación que sufre la comunidad lgtbi en todas sus expresiones. Junto a esta propuesta fundamental de la elaboración de una ley integral, lanteamos la necesidad de desarrollar un protocolo de actuación integral para tratar adecuadamente a las personas que sufren agresiones por su orientación sexual o identidad de género y, sobre todo, que este protocolo se dote de recursos económicos y personales porque,si no es así, este tipo de actuaciones quedan más en cuestiones declarativas que en cuestiones prácticas que afecten a la vida de la ciudadanía. Planteamos que se promueva la denuncia por parte de las víctimas de orientación sexual, dado que este informe al que aludí antes de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales deja claro y meridiano que la inmensa mayoría de estos delitos no llegan a ser denunciados en ningún caso. Por ello, instamos y planteamos que es necesario que se inste la denuncia de los mismos para luchar contra esta lacra. Planteamos también que es necesario poner en marcha planes de formación y sensibilización en dos ámbitos específicos e importantes; uno con los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las diversas policías y la Guardia Civil, y otro en el marco del profesorado en institutos y en colegios, dado que es una problemática que afecta de forma muy importante a los menores en el ámbito educativo. Por ello se


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requiere la puesta en marcha de estos planes de formación y sensibilización, tanto para el profesorado como para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Como última medida, nos parece absolutamente necesario un protocolo unitario de recogida de datos para que cada vez que se elabore un informe sobre la evolución de las denuncias de este tipo de agresiones tengamos unos datos homogéneos que respondan lo más posible a la realidad; una realidad en la cual cada vez que se produzca una agresión se produzca consecuentemente una denuncia. Nos parece un tema importante para traer a esta Comisión. Creemos que no se puede invisibilizar la lucha por la igualdad en la vida cotidiana para que no se produzcan las discriminaciones y las agresiones que se siguen produciendo sistemáticamente. Por eso hemos presentado esta proposición no de ley, a la cual se ha presentado una enmienda de adición por parte del Grupo Socialista para que se elabore un estudio específico de casos. Nos parece una enmienda magnífica, aceptamos que se añada al texto y agradecemos al Grupo Socialista la propuesta.

El señor PRESIDENTE: Efectivamente, hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y, aun sabiendo ya la predisposición del grupo proponente a su aceptación, damos la palabra a la señora Álvarez para que explique lo que crea oportuno al respecto.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Efectivamente, señor Sixto, casi nueve agresiones homófobas a la semana justifican esta iniciativa que el Grupo Socialista va a apoyar sin matices y con alguna aportación, primero porque recoge en su punto uno la elaboración de una ley integral de igualdad de trato, ley que el Partido Socialista ya aprobó en Consejo de Ministros y que quedó pendiente de tramitación en la anterior legislatura. Lo que pretendía aquella norma era consolidar legislativamente la igualdad y establecer nuevas garantías, buscando sobre todo culminar un proceso de iniciativas a favor de la igualdad de trato y de la no discriminación que los socialistas hemos venido desarrollando y que situaron a España, como ha indicado en su intervención, en la vanguardia de los países más avanzados en políticas de igualdad. Lo hicimos juntos.

Los datos de Interior en materia de agresiones de odio, específicamente las relacionadas con la lgtbifobia, son casi el 39 % del total de los delitos de odio, como ya se ha referido. La necesidad de conocer esa tipología es lo que nos ha llevado a preparar una enmienda sobre la que no me voy a extender. Hay que reconocer que al actual Gobierno le ha despertado interés esta situación y es cierto que ha implementado una batería de medidas para buscar una respuesta policial adecuada a través de un protocolo que se aprobó a principios de año para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta materia. En Madrid, por ejemplo, se ha nombrado a un responsable de la coordinación de las actuaciones relacionadas con los delitos de odio, pero desconocemos cuál es la situación a nivel nacional en esta materia. Lo que sí conocemos es la relación con las ONG, una tarea que tiene encomendada dentro del protocolo este responsable. La diputada que les habla ha hecho esta mañana una ronda de llamada a las organizaciones que trabajan en esta materia y todas han utilizado la misma palabra: es una relación deficiente. El principal problema, según el colectivo, es que apenas se denuncia, como ya ha indicado el señor Sixto y como la Unión Europea también ha recogido. Entre el 80 % y el 90 % de los delitos de odio no se denuncian. ¿Por qué? La falta de denuncia se suele relacionar con la existencia, primero, de miedo, y segundo, la creencia de que no se va a obtener respuesta o apoyo por parte de las instituciones. Ahí tenemos un grave problema. Es preciso que rompamos con ese silencio y el silencio se rompe con apoyo; con el apoyo a la normalización, con la recriminación social de los comportamientos homófobos y con la recriminación penal del delito. Pero las medidas represivas siempre son insuficientes, por eso es preciso retomar la tramitación de aquel proyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que daba instrumentos eficaces contra toda discriminación que pueda sufrir una persona y que abordaba todos los ámbitos desde una concepción moderna de los derechos humanos.

Es verdad que venimos de un exitoso proyecto de apertura y de respeto a la diversidad impulsado por el reconocimiento legal de derechos vedados hasta entonces a las personas lgtbi, pero también lo es que necesitamos una ley que impulse la integración, la plena ciudadanía y disfrute de los derechos y libertades fundamentales sin discriminación. Eso se hace desde la integralidad de una ley, porque el reconocimiento de un derecho no siempre es suficiente para poder acceder al disfrute del mismo. Las leyes integrales persiguen la eliminación de los obstáculos que impiden el ejercicio de un derecho, y las mujeres sabemos mucho de los obstáculos para el acceso a derechos que tenemos reconocidos formalmente en las leyes. Desde esa experiencia de las leyes integrales, debemos afrontar una problemática que permita identificar los obstáculos que las personas lgtbi encontramos para el ejercicio de ciudadanía y poner en marcha las medidas que nos permitan eliminarlos. Si duda, la violencia contra las personas lgtbi es un elemento


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coercitivo que obstaculiza el ejercicio de nuestra ciudadanía plena y reclama además una especial atención en clave de denuncia, de condena, de castigo penal y reparación del daño, pero también en clave de prevención de ese tipo de delitos de odio; odio que, por cierto, se promueve desde los fundamentalismos que lanzan alegatos contra los derechos civiles, como ayer mismo hizo el Vaticano o como se hace desde algunos púlpitos de otros imanes. Por ello, el establecimiento de un marco legal integral es imprescindible. Para dar un tratamiento preventivo necesitamos combatir la discriminación y fomentar la igualdad. Necesitamos trabajar a favor de la integración de la diversidad y ser activos en la promoción de la igualdad del trato.

Termino, señorías. Los socialistas propusimos una ley con mecanismos jurisdiccionales e institucionales de amparo, cesación y reparación. El adecuado desarrollo de esa ley supone la implementación de las medidas incluidas en la proposición. Por eso no solamente votaremos afirmativamente la proposición no de ley, sino que nos comprometemos a tramitar la ley de igualdad de trato tan pronto volvamos al Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posiciones.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Errekondo.

El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Es un hecho que no admite duda que aún existe la fobia contra las lesbianas, los gays, los transexuales, los bisexuales e intersexuales, y no hay duda de que es grave la situación de discriminación que aún padecen por estas tierras las personas por su orientación sexual o por su identidad de género. Hoy aún aquí acaba muriendo la gente porque ha sido agredida físicamente -es decir, ha sido asesinada- o porque ha llegado a quitarse la vida, se ha suicidado, como consecuencia de la discriminación, por ejemplo por el bullying, y además la parte más vulnerable. Especialmente grave es la situación de discriminación que sufren los jóvenes, porque son las víctimas más vulnerables y frágiles. La discriminación dirigida contra estas personas es incluso más grave por el hecho de que aún no han adquirido la suficiente madurez para poder defenderse por ejemplo ante el bullying, como hemos comentado, hasta llegar a suicidarse. Los datos dejan claro que las agresiones registradas, como ha comentado el portavoz que ha presentado la PNL, son escalofriantes, pero podíamos poner el acento en aquellas en las que no se ha presentado la denuncia, que parece ser que son más aún que las denunciadas. Hay que poner el acento en la razón para que esto suceda así, que no es otro que el miedo a las represalias, el sentimiento de vulnerabilidad, la desconfianza en las fuerzas de seguridad o porque piensan que puede servir para muy poco.

Hace diez días se celebró el Día internacional contra la lesbogaytransbifobia, pero es cierto que este no va a servir para nada por sí solo. El problema realmente es de fondo y lo que hace falta es que nos dotemos todos de derechos y de igualdad de oportunidades en lo laboral, en el tratamiento público de la ginecología, en la reproducción, en todos los niveles de la medicina, sanidad, cultura y educación. Es necesaria la deconstrucción de los prejuicios naturalizados por la sociedad y el cambio, la involución, la percepción que la gente tiene de ello; es decir, es necesaria una estrategia de sensibilización y pedagogía. Seguramente harán falta décadas, pero así tendrá que ser. En este sentido, las declaraciones de los obispos de Granada y Guipúzcoa van en dirección contraria, pues impulsan prejuicios con los que pretenden alimentar precisamente esta fobia. El obispo guipuzcoano José Ignacio Munilla denuncia -leo literalmente- que la homosexualidad es una consecuencia del influjo de la pornografía por adentrarse en una espiral de experiencias eróticas obsesivas. Se trata de una persona -está claro que no puede ser de otra manera- emborrachada en su obsesión adoctrinadora. Lo que tenemos muy claro es que se trata de los derechos sexuales de las personas y corresponde a este Gobierno poner en práctica las medidas necesarias para garantizarlos. En ese sentido, debiera empezar a aplicarse urgentemente medidas estratégicas, por ejemplo en el campo de los medios de comunicación, tanto en los medios escritos como en la radio y la televisión ante los mensajes y los programas que tienen un contenido claramente discriminatorio, como por ejemplo "hombres, mujeres y viceversa", que enciende el odio contra las personas por su orientación sexual o su identidad de género. Hay mucho que hacer aún y por eso vamos a apoyar el contenido de esta PNL.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Bonilla.

La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: El Grupo Parlamentario Popular cree firmemente en la igualdad de las personas y no porque lo recoja nuestra Constitución en su artículo 14, que también, por supuesto, sino por una firme convicción. Consolidar y defender los derechos de las personas sea cual sea su


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condición y sea cual sea su orientación sexual y/o de género, prevenir cualquier tipo de actos violentos contra las personas por motivos relacionados con su orientación e identidad sexual, así como promover valores como el respeto a la diversidad y al libre desarrollo de las personas es un objetivo prioritario para el Gobierno de España y para el grupo al que represento.

Señorías, respecto a la proposición no de ley planteada, quiero destacar que la discriminación por razón de orientación sexual ya está recogida en la legislación penal como un agravante específico de determinados tipos delictuales -artículo 22.4 del Código Penal-. Asimismo, puede encuadrarse en determinados tipos penales, como son los delitos de provocación a la discriminación, el odio o la violencia respecto de grupos o asociaciones -artículo 510.1 del Código Penal-, delitos de difusión de informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones -artículo 510.2 del Código Penal-, delitos de asociación ilícita para promover el odio, la violencia o la discriminación -artículo 515.5 del Código Penal- y delitos contra la integridad moral motivados por razones de carácter racista, xenófobo o discriminatorio -artículo 173 del Código Penal-. En este sentido, la prevención de actos violentos contra las personas por motivos relacionados con su orientación e identidad sexual constituye, como les decía, una prioridad del Gobierno y de manera específica una prioridad de las políticas contra la criminalidad del Ministerio del Interior. En el ámbito de la Dirección General de la Policía, el Plan estratégico institucional 2013-2016 otorga a estas personas la consideración de grupo vulnerable, programando objetivos específicos para garantizar una mayor protección de las mismas. La investigación de las conductas violentas en este ámbito se encuentra encomendada, en aquellas demarcaciones en las que la incidencia de este tipo de ilícitos así lo precisa, a unidades policiales integradas por funcionarios especializados en la lucha contra la actividad criminal a cargo de determinados grupos violentos. De este modo se garantiza una respuesta singularizada y acorde con la especificidad de dicha problemática.

Señorías, el seguimiento y control de este tipo de grupos se lleva a cabo de acuerdo con las directrices impartidas desde la Secretaría de Estado de Seguridad en un plan de actuación cuya vigencia ha sido prorrogada con carácter permanente desde el pasado 1 de enero de 2015, en cuyo cumplimiento intervienen varias áreas de actividad policial. En cuanto a la cuestión relativa a la adopción de medidas de estímulo de la denuncia por parte de las personas que son víctimas de agresiones homofóbicas, debe significarse que es habitual como medida de prevención mantener contactos de coordinación y colaboración con las asociaciones y colectivos representativos, a fin de conocer sus inquietudes en materia de seguridad e informar de las posibilidades de que disponen para poner en conocimiento de los servicios policiales especializados los comportamientos radicales y/o violentos de que sean objeto. En este orden de cosas, señorías, desde la Secretaría de Estado de Seguridad se ha puesto en marcha el Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos. Dicho plan tiene como principal objetivo responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de menores y jóvenes en la escuela y en su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar, reforzando el conocimiento y confianza en los cuerpos policiales. En la misma línea, señorías, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca cursos de formación relacionados con la convivencia escolar, difunde materiales formativos para el profesorado y convoca premios nacionales para el fomento de la convivencia escolar. Como muy bien saben sus señorías, la legislación básica educativa asienta el sistema educativo en los principios de igualdad, no discriminación y prevención de la violencia y prevé medidas preventivas y sancionadoras para los actos de discriminación o de agresión en el entorno escolar. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, ha desarrollado diferentes proyectos de innovación educativa para mejorar la igualdad en el sistema educativo, entre los que se pueden destacar el proyecto Plurales, Red Intercambia, etcétera. Asimismo, señorías, el pasado 15 de diciembre fue presentado por el secretario de Estado de Seguridad el protocolo de actuación específico dirigido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para erradicar la discriminación y la violencia por delitos de odio en España. En dicho marco se han puesto en marcha las siguientes medidas. En primer lugar, la revisión del conjunto de conductas que vulneren el ordenamiento penal y administrativo y el establecimiento de los indicadores que permitan identificar los indicios que deben ser debidamente recopilados e incorporados al atestado policial con el fin de dotar a fiscales y jueces de los suficientes indicios racionales de criminalidad que permitan formular cargos de imputación y en su caso condenas. En segundo lugar, el apoyo a las víctimas de los delitos de odio en la web del Ministerio del Interior, que incluirá la información básica sobre lo que es un delito de odio, por qué hay que denunciarlo y consejos, así como otros enlaces de interés. En tercer lugar, la distribución de


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trípticos informativos que ayuden a identificar y en su caso denunciar este tipo de delitos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este protocolo, que se encuentra a disposición de los ciudadanos en la página web del Ministerio del Interior o en dependencias policiales, ayudará a mejorar la atención a las personas que son víctimas de este tipo de delitos, es decir, aquellos que han estado motivados por racismo, orientación sexual, religión, etnia o discapacidad, entre otros. En cuanto a los delitos de odio cometidos en 2014 en España, han sido esclarecidos el 65,6 % de un total de 1.285 delitos de odio registrados. En concreto, se han esclarecido 843 casos y se ha detenido e imputado a 512 personas por orientación e identidad sexual, racismo o xenofobia, discapacidad, delitos contra las creencias o prácticas religiosas, antisemitismo o aporofobia. Por último, conviene recordar, señorías, que con fecha 22 de mayo de 2015 se ha creado el Observatorio contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, que servirá para consolidar y defender los derechos de las personas sea cual sea su orientación sexual y/o de género, así como para promover valores como el respeto a la diversidad y al libre desarrollo de las personas.

Señorías, compartiendo el gran objetivo que nos une, el de la igualdad, el respeto y la tolerancia, he de decir que existen y se han puesto en marcha medidas recogidas en el espíritu de la PNL que hoy debatimos. Por supuesto, señorías, existe el compromiso, que nace de la convicción, de seguir trabajando en la línea de todo lo necesario para alcanzar la igualdad de las personas y que esta sea una igualdad real, redoblando los esfuerzos en el ámbito de la prevención y la persecución a través del derecho penal. Entendemos que la adecuada y contundente persecución de estos delitos no requiere de la elaboración de un protocolo, sino de la aplicación de la ley vigente cuya regulación es adecuada y suficiente para este tipo de delitos.

Termino, presidente. Solo quiero recordarles que, el pasado 14 de mayo, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad y del de Exteriores, adoptó una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, manifestando su compromiso con la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico, así como su determinación para seguir trabajando en la promoción de la igualdad de todas las personas y en la prevención y la lucha contra cualquier forma de discriminación, odio o violencia. En ese compromiso, señorías, estamos y continuaremos. (Aplausos).

- SOBRE INTENSIFICACIÓN Y MEJORA DE LA COOPERACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES CUERPOS DE POLICÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003614).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley que presenta en este caso el Grupo Parlamentario Socialista, sobre intensificación y mejora de la cooperación entre los diferentes cuerpos de policía. Para su defensa, tiene la palabra el señor Villarrubia.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señorías, la coexistencia de diferentes cuerpos policiales estatales, autonómicos y locales obliga a establecer órganos e instrumentos de coordinación de los mismos que sean eficaces en el desempeño de las competencias que tienen asignadas. El Gobierno del Partido Popular inició la legislatura con la vuelta a la separación radical entre las direcciones de los dos cuerpos policiales estatales, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Es decir, se restablecieron las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil, con lo que se abandonó la unidad de dirección para ambas policías pese a compartir, en gran parte, funciones y territorios de actuación. La primera consecuencia negativa ha sido el aumento de la descoordinación policial entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, lo que hemos sufrido con frecuencia los ciudadanos. Muchos de los servicios que desempeñan los dos cuerpos estatales de policía están duplicados, descoordinados y, lo que es aún peor, en competencia desleal. La coordinación durante el Gobierno del Partido Popular entre las diferentes administraciones con competencias en materia de seguridad y policía ha sido prácticamente inexistente y así vemos que un instrumento de coordinación previsto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Consejo de Política de Seguridad, no ha sido convocado ni una sola vez, aunque estuviera previsto para garantizar la coordinación entre las políticas de seguridad pública del Estado y de las comunidades autónomas. Señorías, las juntas de seguridad autonómicas y locales tampoco han funcionado con carácter general, pero hemos de recordar que son esenciales para la coordinación las de las comunidades autónomas con cuerpo de policía propio: País Vasco, Cataluña y Navarra. Su convocatoria periódica resulta ineludible para conjuntar a la Policía y a la Guardia Civil con la Policía autonómica correspondiente, sobre todo en ámbitos de actuación


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especialmente relevantes como son el terrorismo internacional, la delincuencia organizada o los delitos económicos y fiscales, y tampoco han sido convocadas en toda la legislatura. Es un auténtico despropósito de los responsables del Ministerio del Interior.

Señorías, les voy a citar unos pocos casos de esta grave descoordinación de los cuerpos estatales para reforzar mis palabras con hechos. Así, en diciembre pasado la Guardia Civil transmitió una orden dada a todas las patrullas de Tenerife para que no informaran a la Policía Nacional ni a la Policía local sobre un sospechoso de asesinar a un ciudadano ruso. Otro caso es el del correo electrónico del pasado 9 de enero con el que un responsable de la Guardia Civil de Huesca ordena, por encargo de la superioridad, que efectivos de la Guardia Civil verifiquen los controles que desarrolla el Cuerpo Nacional de Policía. También tenemos enfrentamiento entre ambos cuerpos el 13 de febrero de 2013, cuando varios agentes de la Policía y de la Guardia Civil se pelearon en plena calle por la custodia de un paquete sospechoso enviado al Consulado de Francia en Madrid y que finalmente resultó ser una sustancia no peligrosa. No menos importante fue el desencuentro, por falta de dirección política y una vez más en competencia desleal entre cuerpos que deberían colaborar, a que dio lugar la desarticulación en Málaga de una banda que usaba narcohelicópteros para traer droga desde Marruecos y la captura de su capo francés, que terminó en un grave enfrentamiento de los dos cuerpos y en una trifulca en una reunión en Interior entre el comisario y el general responsables respectivamente de Policía judicial. La penúltima entre cuerpos estatales, que sepamos, y un episodio más de su encarnizada rivalidad tuvo lugar en Madrid el pasado 8 de abril -muy recientemente-, cuando los agentes de la Guardia Civil y de la Policía midieron con GPS las coordenadas de un zulo encontrado ese fin de semana para dirimir de quién era la competencia, y la entonces delegada del Gobierno, la señora Cifuentes, para no decidir nada, decidió que investigaran ambos, cada uno por su lado.

Señorías, si vamos a su relación con los cuerpos autonómicos, los rifirrafes y la falta de coordinación entre los cuerpos que operan en Euskadi afectan ya a la seguridad de los ciudadanos, según denuncia hasta la propia prensa. En septiembre de 2014, la descoordinación entre los cuerpos provocó que dos peligrosos delincuentes fueran puestos en libertad tras un primer arresto por robo, a pesar de que pendía sobre ellos una orden de ingreso en prisión por secuestro. Alguien tan poco sospechoso de no apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como el Sindicato Profesional de Policía envió el pasado mes de abril una carta al señor Cosidó, director general del cuerpo, en la que pedía que se tomaran las acciones oportunas para acabar con las disfunciones. En cuanto a Cataluña, ¿qué decir? En materias incluso tan sensibles como terrorismo yihadista, más cuando estamos en alerta 3 decretada por el Gobierno, las disfunciones y clamorosas descoordinaciones son habituales. Los responsables máximos de otra descoordinación policial entre el Cuerpo Nacional de Policía y los Mossos d'Esquadra en la llamada operación Caronte han decidido insultarse y poco más, pero el ministro del Interior, para hacer la clase de política en la que se está especializando y que no es otra que desautorizar e insultar a los responsables de un cuerpo policial que da servicio público de seguridad -en lo que el ministro, lamento decirlo, tiene intereses partidistas-, ha llegado a pedir las dimisiones de los responsables catalanes porque el juez ha archivado la filtración a los presuntos terroristas de que estaban siendo investigados por los mossos. Y no porque no hubiera existido, como dice la propia fiscal Blanca Rodríguez, que así lo ha reconocido y sostiene que la investigación de los hechos no ha resultado perjudicada por la actuación de personas ajenas al procedimiento. También señala la fiscal que las comunicaciones recibidas por miembros de la célula por parte de agentes de la Policía Nacional de que los mossos les estaban investigando no han incrementado el riesgo de ejecución de acciones terroristas ni han producido riesgo alguno para la integridad física del funcionario policial de los mossos que interviene en la causa como agente encubierto. Señorías, hay cuatro conclusiones: la filtración existió, existe descoordinación policial entre ambos cuerpos, existe descoordinación política porque los Gobiernos ni siquiera se hablan y existe competencia desleal en un tema tan sensible como es la seguridad ciudadana. Así que no es muy acertado que el ministro del Interior, el señor Fernández, pida dimisiones cuando tiene mucho que explicar y mucha prudencia que aplicarse en temas tan delicados como estos.

En definitiva, señorías, ejemplos hay demasiados y todos los días hasta en materia de terrorismo, porque se han cargado el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, CNCA, creado como consecuencia de las recomendaciones de la comisión parlamentaria del 11-M y cuya misión esencial era integrar, analizar y valorar toda la información disponible en materia de terrorismo, mientras que sus objetivos fundamentales eran contar con una valoración de la amenaza terrorista permanentemente actualizada, mantener la iniciativa en la lucha antiterrorista, identificar los escenarios posibles de


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intervención y planificar la respuesta. Y lo ha hecho -esta tarde el portavoz de mi grupo hablaba de estos temas- para entregarle la responsabilidad a una persona de su confianza, a un comisario que ha participado en trabajitos de la policía política creada esta legislatura por el Ministerio del Interior y que además carece de la más mínima experiencia en materia de terrorismo. Con la policía local, finalmente, la cooperación tampoco es mejor. Solo quiero recordarles un suceso que desgraciadamente ha vuelto a estar de actualidad y es el de los incidentes de Madrid Río en el partido entre el Dépor y el Atlético de Madrid, que puede llevar a la impunidad un hecho tan grave como un homicidio.

Concluyo recordándoles que apoyar esta proposición, señorías, no solo es votar algo que propone el Grupo Parlamentario Socialista, es mucho más. Es decirles y exigirles a los responsables de nuestra seguridad que deben mejorar y el camino que deben seguir para ello. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas. Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guillaumes.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Mil excusas. Acabo de llegar y no me he sabido expresar bien. He llegado con el suficiente tiempo para oír la intervención de la presentación que ha hecho el portavoz socialista para exponer mi posicionamiento. El tema es tan grave que a veces piensas si no será imprudente hablar mucho de él aquí. Prefiero no hacer muchas alusiones a situaciones recientes porque son más alarmantes, sino a situaciones de hace años. Un capo dei capi de la camorra napolitana vivía en Barcelona de manera habitual. Los Mossos d'Escuadra no lo sabían. Nadie consideró que la policía que en este caso cubre el territorio debía saberlo. Este señor fue a ver las carreras a Montmeló. No vino de Italia, vino de su casa, que estaba en la Avenida Diagonal con Enric Granados, y la policía española recibió una información de la policía italiana conforme a la cual este señor iba a ser finiquitado por un sector rival de la camorra. Se presentó un grupo especial del Cuerpo Nacional de Policía para intentar impedir la liquidación entre mafiosos. Estaban el señor capo de la camorra con sus guardaespaldas, lógicamente armados y de civil. Estaban los señores de la oposición a este señor que querían arreglar la sucesión a su manera, también armados y de civil. Y estábamos en el circuito de Montmeló donde los Mossos d'Escuadra tienen la responsabilidad de la seguridad y de que no pase nada. Iban armados y uniformados, en este caso, y no informados. La verdad es que casi se lía, estuvo a punto, a tiros. Al final no pasó, pero estuvo a punto. Estas cosas no pueden ocurrir en el siglo XXI. No es un tema de modelo de centralización o descentralización, esto no puede continuar sucediendo. Da apuro porque parece que hablar en un lugar tan público de este tipo de cosas da pistas, pero en algún lugar tienes que decirlo. Sin hablar de temas más recientes y más dolorosos a los que ha hecho referencia el portavoz socialista, y me remito a sus declaraciones, citando esta anécdota que desde la distancia quizá no tenga la dureza, aunque sí es bastante ejemplarizante, no se puede continuar como estamos. Es necesaria una mayor colaboración entre los Cuerpos de Seguridad del Estado y los que tienen responsabilidad integral sobre el territorio. Repetimos, no es una cuestión de modelo de Estado, es una cuestión de sentido común.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cabello de Alba.

El señor CABELLO DE ALBA HERNÁNDEZ: Como saben sus señorías, la seguridad pública en España es competencia exclusiva del Estado, pero su mantenimiento no corresponde exclusivamente al Gobierno de la nación, sino también al resto de las administraciones, comunidades autónomas y corporaciones locales. En esta proposición no de ley el Grupo Socialista, que ha aprovechado para incluir una interpretación en mi opinión excesivamente partidista e intencionada sobre la situación actual, insta al Gobierno a llevar a cabo todas aquellas medidas que refuercen la coordinación, procediendo a convocar -dicen textualmente- todos aquellos instrumentos de coordinación que han venido funcionando con buen resultado y que, según su opinión, han sido abandonados. Lógicamente, es su opinión. En la nuestra, el Grupo Socialista vuelve a traer una proposición no de ley alejada de la realidad.

Como saben ustedes, nuestro sistema de seguridad pública tiene un carácter pluridimensional y asimétrico, tanto en la responsabilidad administrativa como en el reparto material y territorial de las competencias. Por eso precisamente la legislación vigente prevé mecanismos destinados a facilitar la cooperación recíproca y la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pertenecientes a todas y cada una de las administraciones. A nivel central conocen sus señorías, y perfectamente el señor Villarrubia, la existencia de instrumentos de coordinación operativa y de intercambio de información tan


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importante como el gabinete de coordinación de estudios, a través del cual el secretario de Estado de Seguridad ejerce su función de coordinación y supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Yo no entiendo por qué ustedes piensan que un director general al mando de dos direcciones generales tiene más capacidad de coordinación que un secretario de Estado. Igualmente, existe también la comisión ejecutiva de coordinación como órgano estratégico de coordinación ejecutiva también a cargo de la secretaría de Estado. Para la coordinación a nivel autonómico y local, la propia Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estableció ya desde un principio mecanismos que facilitasen la cooperación recíproca y la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en todas las esferas administrativas. Por eso existe, como usted bien ha dicho, el Consejo de Política de Seguridad que está compuesto por el ministro del Interior y por los consejeros de Interior de las comunidades autónomas precisamente para garantizar la coordinación entre las políticas de seguridad del Estado, que puede convocar el propio ministro o que puede ser convocada también a petición de los propios consejeros.

Por otro lado, la cooperación operativa más inmediata -y yo le diría quizás que la más eficaz y la más eficiente- la garantizan las juntas de seguridad a nivel autonómico y las juntas locales de seguridad a nivel local. Estas últimas, como usted bien sabe, recogidas en el artículo 54.1 de la propia ley orgánica, pero su funcionamiento está regulado por un reglamento del año 2010, el 1.087. Por lo tanto, ustedes lo conocen perfectamente puesto que fue aprobado por el anterior Gobierno. Este reglamento establece que su presidencia y, por lo tanto, la propia convocatoria de esta junta de seguridad corresponde a los alcaldes que, en cualquier caso, también podrán copresidir en caso de presencia del delegado o subdelegado del Gobierno. Quiero decirle con esto que no cabe achacar al Gobierno esa hipotética paralización de este tipo de organismos puesto que están funcionando de forma correcta. Es más, le diré una cosa para su tranquilidad. A lo largo del año 2014, el número de juntas locales de seguridad que se llevaron a cabo supusieron un incremento de un 20 % con respecto a las del año anterior. Por lo tanto, señor Villarrubia, estas juntas locales tan necesarias para la coordinación de un establecimiento policial que cuenta con más de 200.000 funcionarios en distintas policías y pertenecientes a distintas administraciones está funcionando, está dando resultado y está propiciando, además, junto con otros elementos, que tengamos en este momento uno de los menores índices de criminalidad y, por lo tanto, de las mejores cotas de seguridad ciudadana que se han tenido nunca.

En cuanto a las actuaciones puntuales a las que usted se ha referido, queriendo achacarlas a descoordinación política y concretamente acusando gravemente al Ministerio del Interior de la formación de policías políticas, casi prefiero no contestarle a esto, pero sí le voy a hacer una reflexión. De historia viene este problema; ustedes aprobaron en 1986 la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Desde el día siguiente a su aprobación ha habido artículos determinantes en la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en general que han sido sistemáticamente incumplidos. Habrá que corregir todo eso, pero hablamos de que ocurre desde el año 1986. Lea usted tranquilamente la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lea su artículo doce -creo recordar-, donde vienen las competentes exclusivas de cada uno de los cuerpos y dígame usted si desde el día siguiente los ministerios del Interior no han sido excesivamente flexibles, por decirlo de alguna manera, con esta competencia.

En un país, en un Estado como el español, en el que prestan servicios de seguridad y de forma muy notable más de 200.000 funcionarios pertenecientes a cuerpos diferentes dirigidos por administraciones distintas, le puedo garantizar -y vaya usted a la actuación comparada con el resto de los países de nuestro entorno- que aunque la coordinación siempre es mejorable, en España está suficientemente cubierta y es extraordinariamente eficiente.

Por todo lo expresado, señor Villarrubia, mi grupo no va a votar a favor de la aprobación de esta proposición no de ley. (Aplausos).

- RELATIVA A GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO DURANTE LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS TAURINOS Y DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS MISMOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003703).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular, relativa a garantizar el orden público durante la celebración de espectáculos taurinos y de actividades relacionadas con los mismos. Para su defensa tiene la palabra el señor Albendea.


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El señor ALBENDEA PABÓN: La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural establece en su artículo 5, apartado primero: "... es competencia de la Administración General del Estado garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia como patrimonio cultural de todos los españoles, así como tutelar el derecho de todos a su conocimiento, acceso y libre ejercicio en sus diferentes manifestaciones." Y este precepto de la Ley de 2013 tiene su base en el artículo 44 de la Constitución, que encomienda a los poderes públicos el deber de promover y tutelar el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

Naturalmente, algunos diputados contrarios a las corridas de toros manifestaran que no son cultura sino tortura, que es la expresión que suele emplearse en las manifestaciones antitaurinas. Para amparar la tauromaquia como cultura voy a traer a colación a unos cuantos personajes que se manifestaron al respecto y que no son precisamente de la derecha cavernícola. Comencemos por Federico García Lorca: "Los toros son la fiesta más culta que hay hoy en el mundo". Ramón María del Valle-Inclán: "Si nuestro teatro tuviese el temblor de las fiestas de toros, sería magnífico. Si hubiese sabido transportar esa violencia estética, sería un teatro heroico como La Ilíada... Una corrida de toros es algo muy hermoso". Sigamos, José Ortega y Gasset: "La historia del toreo está ligada a la de España tanto que sin conocer la primera resultará imposible comprender la segunda". Enrique Tierno Galván: "El torero sigue siendo mítico y cuando expresa la valentía el pueblo se enardece y los viejos entusiasmos reaparecen". Camilo José Cela: "El toreo es un arte misterioso, mitad vicio y mitad ballet. Es un mundo abigarrado, caricaturesco, vivísimo y entrañable el que vivimos los que un día soñamos con ser toreros". Ramón Pérez de Ayala: "Si yo fuese dictador en España, prohibiría las corridas de toros; como no lo soy, no me pierdo ni una". Ernest Hemingway: "Es moral lo que hace que uno se sienta bien; inmoral lo que hace que uno se sienta mal. Juzgadas según estos criterios morales que no trato de defender, las corridas de toros son muy morales para mí". José Bergamín: "El toreo es un acto de fe: en el arte, en el juego, en Dios".

El que fuera diputado de esta Cámara por el Partido Comunista, Rafael Alberti, es autor de hermosas poesías relacionadas con los toros como La música callada del toreo, Verte y no verte o Chuflillas del Niño de la Palma. Podría seguir citando indefinidamente personajes célebres defendiendo la fiesta de los toros, pero termino con el célebre comediógrafo Albert Boadella, que ha publicado el Decálogo en defensa de la tauromaquia. Obviamente, no les voy a reproducir los diez mandamientos, simplemente un pequeño retazo del segundo mandamiento. (La señora Martín González: No matarás). Dice así: "Lo que acontece sobre la arena son los hechos esenciales que mueven nuestra existencia. La vida y la muerte, el dolor, el miedo, el valor, la belleza, la astucia, la prudencia y el arrojo, y ante todo el conocimiento y la inteligencia para actuar en el momento oportuno. Exactamente como en la propia vida. Pero lo singular de este hecho se halla en que una lidia no contiene nada simulado. No hay teatro, ni comedia, ni circo, ni cine. Nos presenta la vida con una realidad absoluta y eso es algo que no sucede en ninguna otra de las artes". Hasta aquí Boadella.

Pese a esos abrumadores testimonios favorables a las corridas de toros de personalidades de las artes y las letras, no cabe la menor duda de que los ciudadanos que son contrarios a las corridas de toros tienen perfecto derecho a manifestarse en contra de ellas, pero ese derecho no puede obstaculizar el derecho de los aficionados a presenciar con tranquilidad, sin gritos e insultos los espectáculos taurinos. Ese es el objeto de esta iniciativa parlamentaria: reconocer el derecho de ambas tendencias a manifestarse, pero respetándose mutuamente. Se pretende que los espectadores de los festejos taurinos no tengan que soportar durante su celebración ni a la entrada ni a la salida de la plaza insultos y vejaciones. No se puede perturbar el inalienable derecho de los espectadores a disfrutar del espectáculo con absoluta tranquilidad y sosiego.

Hemos introducido un autoenmienda a nuestra PNL en el sentido de que ese derecho de los espectadores a presenciar las corridas sin gritos e insultos debe extenderse a otras manifestaciones culturales relacionadas con los toros, como conferencias, mesas redondas, exposiciones de pintura, etcétera. Ya ha habido interrupciones violentas de actos culturales con agresiones a espectadores y conferenciantes. La protección debe extenderse también a esos actos. Fuera de esos momentos y esos casos las manifestaciones antitaurinas deben ser respetadas. No podemos aceptar la enmienda del Grupo Socialista porque se refiere a las medidas de seguridad en los exteriores de la plaza para quienes están en contra de los espectáculos taurinos. Si decimos que los días de corrida no deben estar allí, ¿cuál es la razón de las medidas de seguridad? Yo me imagino que la presentación de esta enmienda es para justificar su negativa a la aceptación de nuestra proposición no de ley. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Efectivamente, hay dos enmiendas presentadas, una del Grupo Parlamentario Popular que damos por defendida, y quedaría la del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra doña Guadalupe Martín.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ: La verdad es que no dejan de sorprendernos y su intervención me ha sorprendido más aún. Se trata de una proposición no de ley que pide una especial protección para los asistentes a los festejos taurinos. No quiero que mis palabras se interpreten como una posición ni protaurina ni antitaurina, ni mía personal ni de mi grupo, porque no es eso lo que se debate en esta proposición no de ley. En todos los grupos hay diputados y diputadas que acuden o no a festejos taurinos, a estadios de fútbol, a actividades deportivas, culturales y otras muchas actividades de lo más diverso. Mi máximo respeto a todos los que acuden a todas ellas.

La presencia de efectivos policiales durante la celebración de cualquier acto público está perfectamente regulada. Se planifican los efectivos en función de unos criterios establecidos y son ejecutados por los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las comunidades autónomas o de las administraciones locales, a criterio de quien tenga la competencia. Ellos protegen a las personas asistentes a todos los actos en los que hay una afluencia considerable de personas y garantizan la seguridad exterior en todos los eventos en los que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno consideran que su presencia es necesaria. No podemos poner en duda estos criterios y decisiones, no podemos hacer discriminaciones a favor de ningún tipo de espectáculos culturales, sociales, deportivos, taurinos o del tipo que sea. Lo que se pretende en realidad es reprimir el derecho a manifestación de unas personas que expresan su posición antitaurina. Ese es el objetivo real de esta proposición no de ley, y ante cualquier iniciativa represora, nuestro grupo dice que no.

Tienen ustedes contradicciones hasta tal punto que privatizan la seguridad interior de los centros penitenciarios y piden seguridad pública para los festejos taurinos. ¿Esto es explicable? Pues, sinceramente, no. Les proponemos que se aplique el modelo de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. En ella se recoge un capítulo de responsabilidades y obligaciones de personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos. Y, sí, como bien decía, les hemos presentado una enmienda para que la responsabilidad en el interior del espacio en el que se desarrolla cualquier actividad sea asumida por los organizadores del evento, tal y como es ahora. Y por supuesto, en el espacio exterior donde se celebren espectáculos taurinos, que las medidas de seguridad sean garantizadas por los efectivos que determinen las autoridades competentes. Pero creemos que se deben conjugar los derechos de los asistentes a los espectáculos y los de quienes no comparten los mismos gustos, con el máximo respeto a todos, por supuesto. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al turno de portavoces para fijar posiciones. En primer lugar, tiene la palabra por La Izquierda Plural, el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Señor presidente, intervengo brevemente, pero no me resisto a intervenir en este punto para mostrar la perplejidad de mi grupo parlamentario ante la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular.

De la lectura de la propuesta inicial y de la autoenmienda que hacen, lo único que podemos deducir es que el Grupo Parlamentario Popular lo que pretende es buscar una limitación al derecho de reunión, al derecho de manifestarse ante una plaza de toros cuando se va a producir un festejo taurino, y si tanto derecho tienen unos ciudadanos a continuar con una tradición de tortura de un animal, pues tanto derecho tienen otros ciudadanos a manifestarse en la puerta protestando frente a ese acto y, por lo tanto, no nos parece ni lógica ni acertada la propuesta. No la vamos a votar favorablemente y la verdad es que nos parece bastante inasumible por parte del Partido Popular que planteen en estos momentos esta clarísima limitación de una libertad fundamental consagrada en la Constitución que ya han tratado, por otro lado, de limitar con una ley que acaban de aprobar y que entrará en vigor el próximo día 1 de julio, la Ley de seguridad ciudadana. Por tanto, en contra de la tortura animal, votaremos en contra de esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Señor Guillaumes, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Señor presidente, señorías, me ha sentido abrumado por la cantidad de citas del portavoz popular. Solo puedo improvisar un par de respuestas.


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Soy un gran admirador de Hemingway, me emocioné leyendo Por quién doblan las campanas. Citando una frase de Terencio: Hombre soy, nada de lo humano me es ajeno. En este sentido, un gran hombre y un gran escritor, pero efectivamente tenía una vena muy hedonista, usted lo ha citado: moral lo que me sienta bien, inmoral lo que no me sienta bien. De hecho, una de las cosas de las que más presumía de sus hazañas no era el haber estado aquí, en la Guerra Civil española, de periodista; o en la Segunda Guerra Mundial, sino que en esta vena hedonista de una de las cosas que más presumía era -decía él- de haber sido, con la entrada de los aliados en París, quien había liberado el bar del Hotel Ritz de París. Era uno de sus máximos orgullos. Estamos hablando de un gran escritor, pero también con una cierta vena hedonista y frívola. Respecto al señor Valle-Inclán, seguramente es uno de los mejores literatos que ha dado el Estado español y seguramente uno de los más originales. Sabe usted que le faltaba un brazo, ¿y sabe usted cómo lo perdió? Pues en una pelea a navaja. Lo digo porque era un gran escritor, pero si hablamos de sus criterios morales, pues seguramente, no por motivos de hedonismo, me atrevería a discutirlos. Ya no entro en las demás citas porque, al menos improvisadamente, no llego tan lejos.

Como ha dicho el señor Sixto, nos parece absolutamente fuera de lugar esta limitación de la libertad de expresión; pero no voy a ir más allá porque entiendo que en Cataluña esto ya no es nuestro negociado. Nosotros tuvimos una iniciativa legislativa popular que pedía, como es el caso de la comunidad canaria, la prohibición -como se ha hecho en Gran Bretaña con la caza del zorro, que también era una gran tradición-, la interdicción de las corridas de toros. Y a pesar de que los partidos -no todos, pero muchos- dieron libertad de voto a sus diputados, esta fue aprobada. Creemos que es una gran muestra de democracia que nació de una iniciativa legislativa popular y que contó además con la libertad de voto de la mayor parte de los diputados. En este sentido, solo pedimos que se respete nuestra competencia. Pero, en la pequeña medida en que nos atrevemos a opinar de una cosa que entendemos que ya no nos afecta, coincidimos en que no se debe limitar la libertad de expresión a una opción tan legítima como es la posición animalista que tienen algunos grupos y que, repito, puede acabar siendo incluso una ley en determinados territorios que acabe siendo aceptada con gran satisfacción de la mayor parte de la población.

El señor PRESIDENTE: Entendemos que el proponente lógicamente acepta la autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular y no acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. (Asentimiento).

- SOBRE LA HUELLA GENÉTICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000395).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que presenta también el Grupo Parlamentario Popular, sobre la huella genética.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Escobar.

El señor ESCOBAR LAS HERAS: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta iniciativa con el objetivo de facilitar la práctica de la denominada huella genética en los supuestos delictivos más graves y con la máxima cobertura legal y procesal. ¿Y por qué, señorías, planteamos ahora esta iniciativa? Pues les voy a dar cuatro argumentos.

El primero es que el sistema de identificación mediante el estudio de cualquier célula humana es el que mejor caracteriza a cada individuo porque el patrón genético es único o casi único y, por tanto, el error se reduce exponencialmente a la hora de identificar. En segundo lugar, porque hablando de la identificación policial, en ese terreno su aplicación es mucho más certera que la huella digital, ya que estadísticamente la probabilidad de que haya dos huellas iguales es casi inexistente, la probabilidad es de una sobre varios miles de millones. En tercer lugar, porque la aplicación al campo forense-policial supone el mejor camino para esclarecer e identificar los delitos más graves y muy especialmente en los delitos sexuales y homicidios que tantos quebraderos de cabeza ocasionan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de identificar. Y en cuarto lugar, porque una identificación segura no solo esclarece el hecho, sino que además previene, o ayuda a prevenir, futuros delitos.

Para que se hagan una idea de las cifras que arroja la aplicación de este sistema, les voy a dar algunos datos, señorías. Los asuntos esclarecidos por el método del ADN son muy numerosos: agresiones sexuales, 317 últimamente; homicidios, 325; terrorismo, 16; robo con fuerza, 779; y lesiones, 160. Son solo algunos ejemplos. Sentada la solvencia científica y las ventajas policiales y el valor preventivo, haré unas referencias muy someras al indispensable marco legal que debe ofrecer la adecuada cobertura


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sustantiva y procesal para que su práctica se efectúe con todas las garantías. Este punto supone regular adecuadamente la intervención judicial y la de la fiscalía y también la asistencia del letrado. Vivimos en un Estado de derecho avanzado, un Estado de derecho protector, y lógicamente estos aspectos han de ser contemplados.

Pues bien, el Tribunal Supremo en la sentencia de 24 de septiembre de 2014 establece ya una doctrina al respecto; esta línea del Tribunal Supremo es la que se ha incorporado al reciente proyecto de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se tramita precisamente en este Congreso en estos momentos, y que regula con precisión -me atrevería a decir que finura procesal- la diligencia de recogida de muestras mediante el llamado frotis bucal, tanto voluntaria como forzosamente, siempre bajo tutela judicial. En este sentido, el texto de nuestra proposición no de ley se ha visto superado por esta acertada reforma, ya que los aspectos sustanciales se incorporan; en la iniciativa de 2012 los aspectos más determinantes, más nucleares, del proyecto de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se incorporan en el texto. No obstante, hemos comprobado cómo tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Popular, como UPN, han presentado una serie de enmiendas para actualizar el contenido de este texto. En aras del consenso propongo incorporar -acabo ya- el texto que ha planteado Unión del Pueblo Navarro, precisamente para que con un sentido más amplio se den por concluidos y consensuados todos los aspectos de los diferentes grupos políticos, con una somera referencia a la proposición del Grupo Socialista, que con la mejor de las intenciones traslada a la Comisión una serie de cuestiones que afectan a esta proposición no de ley, pero que mezcla otras cuestiones que no son exactamente objeto de ella. Con la incorporación de la enmienda de UPN retiraríamos nuestra autoenmienda. Se incorporaría la de UPN y entendemos que la del Grupo Parlamentario Socialista también se podría dar por incorporada sustancialmente en ese texto final. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Conviene hacer alguna precisión. ¿Estamos hablando de una enmienda transaccional entre las tres?

El señor ESCOBAR LAS HERAS: Aceptamos la enmienda de UPN.

El señor PRESIDENTE: Aceptamos, entonces, la enmienda de UPN y, lógicamente, aceptan también la del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor ESCOBAR LAS HERAS: Concretando. Decaería la nuestra, la del Grupo Parlamentario Popular. Aceptaríamos la enmienda de UPN y rechazaríamos la del Grupo Parlamentario Socialista, pero entendiendo que ese rechazo -de una manera política- es porque está ya incorporada en el texto de UPN.

El señor PRESIDENTE: Señora Martín González, ¿mantiene su enmienda a efectos de votación o la entiende subsumida? (Rumores).

La señora MARTÍN GONZÁLEZ: La mantendríamos.

El señor PRESIDENTE: Bien, mantenemos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista para su votación. A efectos de votación se votará retirada la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, y no aceptada por el Grupo Parlamentario Socialista procederemos a votar solo la enmienda número 3 del señor Salvador, de UPN.

Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Intervengo muy brevemente para hacer constar un comentario. Nos parece que el Grupo Parlamentario Popular recoge una iniciativa del ministro del Interior de principio de la legislatura, cuando vino a explicar su programa, cuando hablaba precisamente de este tema. Para mi grupo parlamentario -creo que coincidimos en esto con la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario Socialista-, el ordenamiento jurídico incorpora actualmente los suficientes pormenores, detalles y garantías para la recogida de la huella genética, bien dentro de una investigación, a instancias de la fiscalía, a instancia de jueces y magistrados. Por lo tanto, entendemos que no procede lo que en realidad encubre esta propuesta del Grupo Parlamentario Popular, extender la recogida de la huella digital a cualquier persona que sea detenida. Es lo que se recoge del tenor literal, y más después de haber retirado la enmienda del propio Grupo Parlamentario Popular, que yo creo que trataba de poner un velo sobre la propuesta incorporando la frase: ...con pleno respeto a las previsiones de la Ley de


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Enjuiciamiento Criminal. No podía ser de otra forma, pero hasta eso acaban de retirar al aceptar la enmienda del UPN. No nos parece justificada esta proposición. Nos parece una medida para endurecer más todavía las medidas coercitivas que van en contra de las libertades de la ciudadanía. Además, en este caso se trata de intervenir en el cuerpo de la persona para recoger las muestras de ADN. No lo compartimos en absoluto, porque entendemos que la legislación actual ya incluye suficientes garantías y procedimientos para recoger las muestras de ADN, cuándo procede y cuándo hay garantías judiciales de que se puede hacer correctamente. Por lo tanto, vamos a votar en contra de la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular.

El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo de Convergència i Unió desea hacer uso de la palabra? (Denegación).

Pasamos, entonces, a la última proposición no de ley. En este caso, la presenta el Grupo Catalán...(El señor Franquis Vera: Perdón, perdón, señor presidente. Yo no he intervenido en nombre del Grupo Socialista!-Una señora diputada: ¡El Grupo Socialista también tiene la palabra!).

El señor PRESIDENTE: Perdón, perdón, no le había visto. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra para fijar su posición....

El señor FRANQUIS VERA: Perdón, tenemos enmiendas. Ya le he explicado al portavoz del Grupo Popular que tenemos una enmienda. Yo he respetado el turno del presidente, pero claro...

El señor PRESIDENTE: Disculpe.

El señor FRANQUIS VERA: Aceptadas las disculpas.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor FRANQUIS VERA: La verdad es que me sorprende esta proposición no de ley. Yo sé cómo entró. Entró porque ustedes tenían intención de meter otra proposición no de ley, pero al final, no pudieron; metieron esta a última hora y luego han tenido que presentar una enmienda porque lo que han propuesto no se ajusta mucho al debate que estamos teniendo. Lo que más me sorprende es que hayan aceptado la propuesta de UPN. Quiero recordar que es fundamental el debate en el que estamos. Ustedes, cuando presentan esta proposición no de ley, saben que no es la primera vez que se debate este asunto en esta Cámara. Se ha discutido hace muy poco la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que trata concretamente este asunto, como se ha dicho hace un momento. Unos meses atrás, en diciembre del año pasado, se discutió una proposición de ley orgánica que precisamente lo regula, y a la que ustedes se opusieron. En ese debate en el Pleno del Congreso ustedes manifestaron algunos argumentos que si se los leo hoy tendrán la obligación de retirar esta proposición no de ley. En aquellos momentos decían que éramos oportunistas porque habíamos presentado una proposición de ley precisamente cuando el Gobierno había anunciado que iba a entrar en la Cámara en los próximos días el proyecto de reforma de la Ley Enjuiciamiento Criminal; ese sería el momento en el que se debería tener el debate, y no otro aislado por una proposición de ley que habíamos presentado. Por eso, no entiendo que ustedes planteen esto hoy aquí.

Se ha discutido y la semana que viene se aprobará en la Comisión de Justicia el dictamen de la ponencia, que hace referencia a todo esto que ustedes están planteando aquí, y con una enorme contradicción. ¿Cómo están ustedes dispuestos a asumir la propuesta que dice que se hagan de forma generalizada las huellas genéticas, cuando saben ustedes que ha de tener el consentimiento del propio afectado o, si no, la preceptiva autorización judicial? Sabe que lo establece la ley, sabe que eso está así. ¿Cómo plantean ustedes en esta proposición no de ley que se haga de forma generalizada, igual que la huella dactilar? Me preocupa lo alejados que están ustedes de lo que se está discutiendo justo en la sala de al lado, precisamente en la ponencia de Justicia, mientras se está reformando esta ley. Nos preocupa que ustedes estén planteando esta proposición no de ley, por eso les rogaría que la retiraran, en coherencia con lo que ustedes están defendiendo en ese dictamen de la Comisión de Justicia.

No es posible que ustedes puedan proponer, como están haciendo, tomar la reseña de forma generaliza a un detenido, sin cumplir los requisitos que están establecidos en la ley. Por eso les insisto y les ruego que la retiren, porque es absolutamente contradictoria con lo que ustedes están planteando y han defendido en el proyecto de ley sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por eso precisamente


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hemos presentado esta propuesta de enmienda, porque hay una parte que no está regulada. Instamos al Gobierno a que regule esa parte. Hay una controversia que ustedes conocen, la sentencia del Tribunal Supremo con la del Tribunal Constitucional, incluso con la disparidad de opiniones que tenía el propio Gobierno cuando presentó la reforma. La reforma del señor Gallardón poco tiene que ver con la del actual ministro de Justicia. Por esa controversia, ustedes hacen una propuesta que no tiene ningún sentido, y pido al portavoz del Grupo Popular que retire esta proposición no de ley, porque es contradictoria con lo que ustedes van a ratificar la semana que viene en la Comisión de Justicia, que va a regular en parte lo que hoy estamos discutiendo en esta Comisión.

Mantenemos nuestras enmiendas, por tanto votaremos en contra de la propuesta del Grupo Popular.

- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN PLAN DE ACTUACIÓN PREVENTIVO Y DE COLABORACIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN EL ROBO DE MATERIAL FERROVIARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/003565).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley, que presenta el Grupo Parlamentario Catalán, relativa a la creación de un plan de actuación preventivo y de colaboración de las fuerzas de seguridad en el robo de material ferroviario. Para su defensa tiene la palabra el señor Guillaumes.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Esta proposición no de ley viene como consecuencia de haber presentado una pregunta escrita, que fue puntual y correctamente contestada por el ministerio correspondiente; fue tan bien contestada que nos puso los pelos de punta. Había una inquietud, sabíamos que había robos de cables de cobre que habían sido a veces masivos y estaban afectando al funcionamiento del ferrocarril, básicamente de cercanías -en alguna ocasión también al AVE-, pero lo que no sabíamos eran las cifras concretas que nos dio el ministerio. Para su ilustración se las voy a señalar: entre 2000 y 2014 se han producido 5.628 robos de cable de cobre, se sustrajeron -escuchen esta cifra- 1.248 kilómetros de cable. Tengan en cuenta que la red ferroviaria española tiene 15.000 kilómetros, o sea que es prácticamente el 8 o el 9 % del total de la red ferroviaria. Repito que estos datos son extraídos de una respuesta del ministerio. El coste de estos 5.628 robos ascendió a 39.612.667 euros, una elevadísima cifra que contrasta con los escasos presupuestos de inversión y de mantenimiento del ferrocarril, sobre todo de la red de cercanías. Asimismo conviene señalar la degradación, los retrasos y los problemas que está causando esta actuación. Lo digo porque mucha gente tiene la idea de que el robo del cobre es algo pequeño, que es casi un hurto, que es algo a lo que se dedica el pequeño delincuente. En absoluto. Estamos hablando de un tipo de delincuencia prácticamente mafiosa, del robo del 8 o 9 % del total de la red ferroviaria en cobre y de casi 40 millones de euros en pérdidas. Con esta cifra prácticamente podrían arreglarse la red de cercanías de Barcelona que, como ustedes saben, no es precisamente modélica. Estamos hablando de casi 6.000 robos; por tanto, estamos hablando de todo un circuito de robo, de mafia, de organización, de venta, etcétera, no de pequeño hurto. En este sentido pedimos que haya una colaboración entre cuerpos de seguridad. La vía férrea, las catenarias y las estaciones son competencia del Estado, mientras que la seguridad sobre el territorio en Cataluña y en el País Vasco es competencia de los Mossos d´Esquadra y de la Ertzaintza respectivamente. Este tipo de colaboración, que debe llegar hasta el nivel de inteligencia y de hacer protocolos -ya que nos referimos a circuitos de reventa, de comercialización, etcétera-, es absolutamente imprescindible, porque estamos hablando de que el Estado en el sentido más amplio de la palabra, es decir las administraciones, están perdiendo 40 millones de euros.

Nos ha presentado una enmienda el Grupo Popular que básicamente suprime el punto 2, que para nosotros es lo más importante. Queremos es que se elabore un protocolo para que puedan actuar conjuntamente la policía que tiene competencias sobre la vía férrea y la catenaria y la policía que tiene competencias sobre el territorio. Una declaración voluntarista de que se van a ocupar del tema no nos vale; ya sabemos que se van a ocupar del tema, hemos visto que tienen ustedes información. Pedimos un protocolo de actuación conjunta y que se entre en la comercialización y la organización de estas redes de latrocinio. Por tanto una declaración voluntarista, aun con toda nuestra buena voluntad, no la podemos aceptar. Repito que actuar con contundencia en este tema no solo no sería caro sino un gran ahorro para el Estado. Se nos pide a menudo que nos coordinemos bien con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; ahora estamos pidiendo coordinarnos en un asunto en el que confluyen las competencias, y


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parece que tampoco es demasiado bien recibido por el grupo del Gobierno, en un asunto en el que ganaríamos todos, lo cual no entendemos en absoluto.

Agradezco a todos los portavoces y sobre todo al presidente de la Comisión que hayan tenido a bien dejar este punto para el final, ya que estaba en otra Comisión. Estoy muy agradecido por su deferencia y por su amabilidad parlamentaria.

El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra don Pablo García.

El señor GARCÍA PÉREZ: El Grupo Parlamentario Catalán nos presenta una proposición no de ley relativa a la creación de un plan de actuación preventivo y de colaboración con las fuerzas de seguridad en el robo de material ferroviario. El Gobierno ha tomado cartas en el asunto y, a través de ADIF, ha presentado una serie de medidas preventivas como son: la protección con vallado de las líneas de alta velocidad en todo su recorrido para evitar el acceso a las mismas, dotándolas de instalaciones de detección de intrusión en edificios técnicos, antenas de telefonía y subestaciones eléctricas, así como de cámaras de videovigilancia. Se está procediendo a la sustitución del cable de cobre por el de aluminio. Se están colocando dispositivos preventivos e inspecciones de servicio con personal de seguridad y patrullaje en vagonetas ferroviarias, fuera del horario comercial, con vigilantes de seguridad a bordo. Pretendemos la existencia de un centro de protección y seguridad, atendido por personal de seguridad las veinticuatro horas del día todos los días de la semana, que está en contacto permanente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales y cuerpos de seguridad de comunidades autónomas, con los que se contacta ante cualquier indicio sospechoso; la creación de un grupo de apoyo operativo que colabora con la investigación, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales y cuerpos de seguridad de comunidades autónomas sobre el perfil de los delincuentes y el modus operandi; la denuncia de todos los robos y sabotajes, presentando la valoración de los daños y los perjuicios ocasionados a los viajeros por los retrasos de los trenes, así como por las afectaciones que se hubieran podido producir a la seguridad de la circulación y a los trabajadores por riesgo eléctrico, en el caso de robo de tomas de tierra, y ADIF se está personando como acusación particular y colaborando en todas las actuaciones procesales; la mejora de la coordinación entre ADIF y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales y cuerpos de seguridad de las comunidades autónomas, mediante la firma de convenios de colaboración. El 1 de julio de 2014 se firmó un convenio con el departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya para garantizar la seguridad de la estación de Barcelona-Sants y el 13 de febrero de 2015 se tramitó la adhesión de la Dirección de Protección y Seguridad de ADIF a la Unidad permanente de interlocución operativa con la seguridad privada. Se están visitando las chatarrerías en las que hay indicios de que se pueda estar comprando el material robado.

En el caso particular de Cataluña, la Red Ferroviaria de Interés General de Cataluña desempeña un papel fundamental para la movilidad de los ciudadanos; cuenta con una longitud de 1.687 kilómetros, de los cuales 446 kilómetros son de la red de alta velocidad y 1.148 de la red convencional. Cataluña cuenta con la red de cercanías más extensa del país: un total de 669,9 kilómetros y 145 estaciones, ascendiendo el valor de la infraestructura a más de 6.000 millones de euros. De esta red se benefician anualmente 105,3 millones de viajeros. Por lo tanto, resulta imprescindible que el servicio que se presta al usuario tenga la mayor fiabilidad y seguridad posible; no obstante, durante el último año se han venido produciendo preocupantes incidentes debido al incremento del robo de cables y de otros actos vandálicos. Se trata de la comunidad autónoma donde mayor número de robos se produce anualmente; de hecho, más del 20 % de los incidentes que tienen lugar en la red de cercanías de Barcelona son debidos a este tipo de actos incívicos, que de igual manera están causando graves consecuencias para la seguridad. Es importante indicar que en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña las competencias en materia de seguridad se encuentran transferidas y, en ese sentido, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha solicitado la máxima colaboración posible por la Generalitat de Catalunya para que dentro de su ámbito competencial se intensifique la lucha contra estos actos vandálicos. Por todo ello, el Grupo Popular ha presentado la enmienda que ustedes conocen. Si les viene bien aceptarla, votaremos a favor, y, si no, rechazaremos la proposición no de ley. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Cortizo.


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El señor CORTIZO NIETO: Vamos a apoyar esta iniciativa porque es de sentido común, al fin y al cabo plantea reforzar medidas de seguridad y mejorar coordinación de policías. Hasta nos parece poco lo que propone, pero aun con ese poco es de sentido común. Si acaso excluiríamos la intencionalidad que pudiera haber en su introducción cuando habla de añadir seguridad privada a estos efectos, porque pensamos que no venga al caso. Como no está en la parte dispositiva, no nos obliga a otra posición más que a la de estar con el sentido común. Estamos hablando de más vigilancia, más prevención, más coordinación, sentido común; más de lo mismo. Al final el robo del cobre es algo relativamente reciente. Se ha transformado en un metal casi precioso por el incremento del coste. Vigilar miles de kilómetros de líneas férreas, por no hablar de las empresas de telecomunicaciones, es necesario, pero todo no se va a conseguir. He oído al portavoz del Grupo Popular hablar de poner vallas. No se pueden poner vallas al campo; es imposible, porque por muchas vallas que se pongan al final...Recordaré lo que decía Einstein para definir la locura: La locura es hacer lo mismo una y otra vez y pensar que va a dar resultados diferentes.

Este tema es reciente, y no se trata de pequeñas cosas, de joyas que se lleven a un perista, sino de cargamentos de 700 o 1.000 toneladas, que tienen un mercado de segunda mano -de chatarrería-, que cubre la demanda de cobre entre el 40 % o el 50 %, dependiendo de los países. Por tanto, tiene unas especificidades. No es un problema que ocurra solo en España, sino que se da en toda Europa y en todos los países. Habría que plantear medidas que fueran más allá en ese mercado de segunda mano, en el que no todo es negro pero al que va todo lo que se roba. Coincido en que a veces la gente puede tomar este tema con frivolidad, pero yo he tenido cierto contacto con la Policía en alguna época de mi vida y sé que, efectivamente, hace lo que puede; se puede lo que se puede. Hay que ir a otras formas de lucha contra este tipo de delincuencia, lucha en el mercado, en el mercado de la chatarrería, en el que con menos esfuerzo es donde más se puede controlar. Hay que explorar nuevos métodos de lucha contra esto. Las vallas, los vigilantes y las cámaras están muy bien, pero dan de sí lo que ya sabemos. El tema es grave no solo ya por el coste de lo robado, que es alto, sino por lo que afecta a los usuarios; por ejemplo, imagínense que se produjeran apagones informáticos o eléctricos en el ferrocarril. Piensen en los perjuicios que se puede causar a los usuarios, que son de muy difícil cuantificación, pero desde luego elevadísimos.

Pedir sentido común en una institución como esta es tonto, pero reconozco que yo soy tonto; de todas formas pido sentido común. Se debería votar a favor para aumentar la prevención y la vigilancia, aumentar la coordinación, mejorar. No tiene sentido que a estas alturas del siglo XXI condicionemos una votación a favor o en contra en función de si se acepta o no una enmienda. Este es un delito que está in crescendo, que es jorobado, pero esta proposición no dice nada de nada. Habría que ir más allá de lo que se plantea aquí. En todo caso significa muy poco para lo que se necesita y, sin embargo, estamos aquí discutiendo sobre que me aceptes la enmienda porque, si no, te voto que no, y mientras tanto que sigan robando cobre y echaremos la culpa a la Policía, ¡hala!

El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Guillaumes, que no acepta la enmienda. (Denegación).

Vamos a pasar a la votación. Votaremos los puntos en el orden en el que los hemos ido debatiendo, pero de todas formas iré mencionando cada una de las proposiciones no de ley. En primer lugar, votamos la proposición no de ley, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, por la que insta al Gobierno a proceder al desarrollo reglamentario de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria. La votamos con la redacción que se ha incorporado en función de la enmienda transaccional que ha sido aceptada y repartida.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votamos ahora la proposición no de ley, presentada por La Izquierda Plural, sobre medidas contra las agresiones lgtbiIfóbicas, con la redacción que se ha incorporado en función de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Socialista de adición del nuevo párrafo al apartado 1.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre intensificación y mejora de la cooperación entre los diferentes cuerpos de policía. Se vota en sus propios términos.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos ahora a votar la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a garantizar el orden público durante la celebración de espectáculos taurinos y de actividades relacionadas con los mismos. La votamos según el texto que incorpora la autoenmienda presentada por el grupo proponente.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos ahora la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la huella genética. Se vota con el texto incorporado de la enmienda que presenta UPN, al haberse retirado la autoenmienda del Grupo Popular y no aceptar la enmienda del Grupo Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Por último, pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán, relativa a la creación de un plan de actuación preventivo y de colaboración de las fuerzas de seguridad en el robo de material ferroviario. Se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Antes de levantar la sesión recuerdo a los miembros de la Mesa y portavoces que tenemos una reunión a continuación.

Se levanta la sesión.

Eran las siete y cinco minutos de la tarde.

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