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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 745, de 11/02/2015
cve: DSCD-10-CO-745
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 745
EDUCACIÓN Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MIQUEL RAMIS SOCIAS
Sesión núm. 42
celebrada el miércoles,
11 de febrero de 2015


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ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Sobre medidas para erradicar la endogamia universitaria mediante la reforma del sistema de selección del personal docente e investigador permanente universitario. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/003087) ... (Página2)

- Sobre clarificación de la normativa laboral que afecta a las personas que colaboran en clubs y entidades deportivas, sin ánimo de lucro, así como la aplicación de una moratoria sobre inspecciones de Trabajo y Seguridad Social, hasta que se haya clarificado la normativa. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001876) ... (Página2)

- Sobre la implantación y fomento de la práctica del ajedrez en escuelas y espacios públicos y su promoción como deporte. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002598) ... (Página8)

- Relativa a las titulaciones de ingeniero e ingeniero técnico informático. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002878) ... (Página12)

- Relativa a la defensa y apoyo a los clubes deportivos de base. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003135) ... (Página16)


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- Sobre soluciones para la situación académica y laboral del colectivo de profesores tutores de la UNED. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/003346) ... (Página21)

- Sobre los títulos de FP de la familia profesional de actividades físicas y deportivas. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/003374) ... (Página26)

- Relativa a la propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de modificar los grados universitarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/003385) ... (Página28)

- Sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003396) ... (Página28)

Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE MEDIDAS PARA ERRADICAR LA ENDOGAMIA UNIVERSITARIA MEDIANTE LA REFORMA DEL SISTEMA DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR PERMANENTE UNIVERSITARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/003087).

El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión de la Comisión de Educación y Deporte correspondiente al día 11 de febrero de 2015. Con carácter previo, les anuncio la retirada del punto cuarto del orden del día, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia relativa a las medidas para erradicar la endogamia universitaria.

- SOBRE CLARIFICACIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL QUE AFECTA A LAS PERSONAS QUE COLABORAN EN CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS, SIN ÁNIMO DE LUCRO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE UNA MORATORIA SOBRE INSPECCIONES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, HASTA QUE SE HAYA CLARIFICADO LA NORMATIVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001876).

El señor PRESIDENTE: Asimismo les comunico que los puntos octavo y noveno se van a sustanciar acumuladamente. Sin más, pasamos al debate y posterior votación de las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día, debate que se va a sustanciar en una sola intervención de siete minutos, sin réplicas, que será administrada con generosidad, máxime en el caso de la acumulación de distintas proposiciones. Para defender el primer punto del orden del día, tiene la palabra, por el Grupo de Convergència i Unió, la señora Sayós.

La señora SAYÓS I MOTILLA: Vamos a explicar bien el caso, señorías, porque quizás todos queremos realmente lo mismo y no lo hemos entendido. Hablo de entrenadores y de voluntarios del deporte base; hablo de personas jóvenes y a veces no tan jóvenes, pero con carácter vocacional; hablo de quienes son para los niños y jóvenes más que maestros, de esas personas que son para ellos como profesores con los que aprenden valores como la superación, el esfuerzo, la disciplina, el trabajo en equipo, la responsabilidad y el respeto; hablo en definitiva del mundo del deporte. Si no les ayudamos, les vamos a convertir en gente que solo quiere ser una estrella y no una persona humana. Es aquí donde estos voluntarios del deporte base tienen un papel vital, intocable. El 30 de julio de 2014, el Consejo Superior de Deportes entregó un estudio relacionado con la naturaleza jurídica y el encuadre en el campo de aplicación de la Seguridad Social de la actividad desarrollada por los clubes y las entidades deportivas sin ánimo de lucro. Este estudio, que no deja de tener claros vacíos jurídicos y que está lejos de la realidad, destaca la consideración del carácter laboral de las relaciones entre los clubes y las entidades deportivas y las personas que prestan servicios retribuidos -terminología usada en este estudio- independientemente del importe. El estudio acaba haciendo una propuesta desmesurada, cuando dice que se debe realizar


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una regularización de las partes mediante el contrato a tiempo parcial. Este análisis es erróneo y les voy a decir por qué. La regularización laboral de la actividad desarrollada en los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro es una campaña lanzada por el Gobierno del Estado, una campaña que pone en grave peligro la supervivencia del deporte base. Esta última medida se convierte en una amenaza sin precedentes y desmerece total y absolutamente el magnífico trabajo y la insustituible función que realizan los centenares de clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro. El informe no distingue entre los deportistas de elite, los entrenadores de elite y los entrenadores o monitores del deporte base ni entre los clubes medianos y pequeños, por citar algunos ejemplos. Se pretende aplicar a los clubes o entidades sin ánimo de lucro el mismo baremo que a una empresa que sí persigue el lucro, mientras que el verdadero objeto de los primeros es la formación deportiva de los chavales y su formación en valores sociales. Cuando el presidente del Consejo Superior de Deportes dice que no se puede defender la economía sumergida de los monitores tiene razón. No defiendo a quienes lo hacen mal, que son una minoría, pero ¿por esta razón nos vamos a cargar todo el deporte base, toda la formación personal y humana que se vive en los clubes y otras entidades sin ánimo de lucro? Repito, los niños, las niñas y los jóvenes en la mayoría de las ocasiones hacen más caso a un entrenador que a un profesor, aunque nos pese, y eso no lo podemos perder. ¿Quién quiere eliminar el deporte base? Quiero saber su nombre; quiero saber su nombre -repito-, porque los clubes, las entidades sin ánimo de lucro, los entrenadores y los monitores, los padres y demás me lo piden. Por si alguien me lo pregunta, ¿quién se hace responsable de estas medidas antideporte? ¿Se quieren eliminar los valores que estos monitores y entrenadores inculcan a los niños y jóvenes del territorio? ¿Cuántos clubes y entidades podrán hacer frente a este coste, a esta medida antideporte? Se tendrán que aumentar las cuotas de los niños y jóvenes. ¿Ha pensado el Gobierno que esto, dada la función social del deporte amateur o de base, puede acarrear exclusión social? Con este tipo de medidas no se ayuda al deporte, es más, lo que está haciendo el Gobierno con estas medidas es eliminar el deporte base en general y, en consecuencia, futuros deportistas, esos deportistas que llegan lejos y que salen en las fotos. Habrá menos fotos, menos referentes, si es que a alguien le interesa esto. A mí no me interesan en absoluto estas medidas antideporte. Voy a ponerles un ejemplo. Antes de presentar esta problemática he visitado diferentes clubes y entidades de todo el territorio español, muchas de Cataluña, obviamente, porque es mi tierra, pero otras del resto del territorio español, incluso de Madrid. La última visita fue este lunes, a la Unió Esportiva Cerdanyola, una entidad mediana. Tiene 48 equipos de fútbol y unos 800 niños, niñas y jóvenes. Casi un 7% de los deportistas de este club tienen becas de deporte, como las llaman ellos, o no pueden hacer frente a la cuota del club; luego, son becados un 1% o un 100%, depende, que repercute en las otras cuotas. Esto se llama integración social, es decir, un no rotundo a la exclusión social. El club tiene 91 entrenadores, de los que solo cinco tienen relación laboral, por su labor concreta de entrenador del primer equipo, como lo llaman ellos, o de coordinador, administrativo o similares. Los restantes son voluntarios del deporte, lo que significa compensación de gastos, si es que 75 euros al mes se pueden llamar así. Aplicar stricto sensu lo que pretende el Gobierno, sin ningún tipo de empatía con el problema, es decir, dar de alta en la Seguridad Social a todos los monitores y entrenadores, representará un aumento de la cuota a los futuros deportistas de 120 euros al mes. Muchas familias no lo podrán soportar. Esa es la historia, por ejemplo, de Marcos. Este niño, perteneciente a la Unió Esportiva Cerdanyola, un niño de diez años que juega en el equipo alevín, me ha dado una camiseta que tengo aquí. Es para que se la entregue al ministro Wert en representación no solo de su equipo, sino de todos los niños, niñas y jóvenes, entrenadores, monitores, gente voluntaria, presidentes de clubes y entidades, agentes de las juntas directivas, etcétera, en protesta por estas medidas que está adoptando el Gobierno en contra del deporte base, de estas medidas antideporte, como él me dijo, y tiene razón. Por cierto, le envío un saludo, porque nos debe estar viendo en streaming. No habrá ningún Marc Márquez, ningún Rafa Nadal, ningún Iker Casillas, ningún Pau Gasol, ningún Kilian Jornet, ninguna Mireia Belmonte, ninguna Ona Carbonell, etcétera, etcétera, si no cuidamos, respetamos y apoyamos nuestro deporte base.

¿Qué pretende el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió con esta proposición no de ley? Pretende acabar con la inseguridad jurídica en la que se encuentra todo este sector, en la que se encuentra la figura del voluntario del deporte base, que no es estrictamente voluntario, porque recibe una compensación por ir a entrenar o por enseñar la práctica de cualquier disciplina deportiva y llevar a estos chavales a la culminación de su esfuerzo con no más que un partido, y tampoco es profesional, porque si lo fuera ya tendría una relación laboral. El voluntario del deporte base realiza una labor social inmensa y por ello merece una regulación especial dentro de la normativa. Esta figura tiene unas condiciones que no


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tienen carácter específico de retribución -hablamos de cuantías que no podemos considerar como medio fundamental de vida- y realiza su actividad en una entidad sin ánimo de lucro, por eso no podemos aplicar el mismo baremo a los clubes y entidades sin ánimo de lucro que a las empresas que sí lo persiguen, como he dicho anteriormente. La Ley de Seguridad Social prevé -luego, permite- regular un régimen especial para supuestos de bajos ingresos para poder definir este voluntario de base e incluso puede eximir el pago de cuotas de estas entidades sin ánimo de lucro. Esto es lo que pedimos al Gobierno: por un lado, voluntariado, cuando se trate de supuestos sin ningún tipo de remuneración o solo con compensación de gastos; por otro lado, relación laboral, cuando exista retribución propiamente dicha y, por último, régimen especial para el voluntario de deporte base cuando se trate de un supuesto de bajo ingreso o marginal y no se pueda considerar como medio fundamental de vida, estableciendo un máximo si procede. Asimismo, pedimos que se establezca un periodo de transitoriedad hasta que se regule esta situación y se salga de esta indeterminación y de esta indefinición jurídica en las que nos encontramos. Si hay otras figuras que por sus características se deben incluir en este tipo, que se regulen de forma conjunta, no hay ningún problema. Sus señorías han de saber que en Asturias ya ha habido protestas y se están preparando otras. El último caso ha sido Cataluña, donde la Federació Catalana de Fútbol ha decidido que, desde el martes, en cada uno de los partidos de fútbol base se guarde un minuto de silencio en protesta por las medidas antideporte que pretende implantar este Gobierno. Apoyo total y absolutamente esta medida; ojalá se adopte en el resto del deporte base en España. Y como lo prometido es deuda, voy a darle al presidente de la Mesa la camiseta de Marco. (Aplausos.-La señora Sayós i Motilla entrega una camiseta de fútbol al señor presidente.-El señor Pezzi Cereto: Con los colores de la bandera andaluza).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pezzi.

El señor PEZZI CERETO: El Grupo de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Socialista han coincidido en plantear en esta Comisión de Educación y Deporte los resultados de la tramitación de la Ley de Emprendedores, la Ley 14/2013, en la que se incluyó una disposición adicional decimoséptima que -desde mi punto de vista, de forma intempestiva- mandata al Gobierno que, en un plazo de cuatro meses, realice un estudio de los trabajos de todo tipo que se hacen en los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro por parte de deportistas, técnicos, monitores, etcétera. El Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social han hecho un informe de once folios sobre bases generales, normas a aplicar para el trabajo a tiempo parcial, voluntariado y normas que lo rigen. Es un trabajo estándar que serviría para este tema o para cualquier otro, incluso para venderlo a cualquier país extranjero que quiera hacer un informe de cualquier tipo y pueda pagarlo de la forma que se estime conveniente. Es un trabajo estándar que no resuelve ningún problema, que no se acerca al deporte base, que no analiza ni sus modalidades ni sus peculiaridades ni sus singularidades. Dice qué es el Estatuto de los Trabajadores, qué es la reforma laboral y qué es la Ley de Voluntariado a nivel nacional. Por tanto, ahora paz y después gloria. Es un bodrio, un bodrio generalista que viene a enviar el mensaje de que se va a por el deporte base con una causa general, porque se deduce que, si hay tal necesidad de hacerlo, es porque existe un fraude generalizado, porque hay economía sumergida, porque hay dinero negro. Sin embargo, se hace para el deporte base y no para el deporte profesional, para el fútbol de las ligas, para las sociedades anónimas deportivas o para los clubes galácticos, en los que los concursos de acreedores florecen y en los que las deudas con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social se multiplican. Se hace para el deporte base, que ya ha sufrido el aumento del IVA del 8 al 21% y al que las reformas del Gobierno le han quitado todas las ayudas, un deporte base que está en supervivencia si no en colapso. El informe pide que se les hagan contratos a tiempo parcial, aunque no lleguen ni de lejos al salario mínimo, que se les dé de alta en la Seguridad Social, que se les asegure frente a riesgos de accidentes o enfermedades en su actividad; pide que se lleve una contabilidad profesional, que se hagan contratos de voluntariado por escrito, con función y duración, y todo ello sin ayuda ninguna, sin respaldo público para una actividad que no reporta ingreso alguno reseñable. Algunas direcciones territoriales de Empleo avisaron de que iban a iniciar las inspecciones a partir del 1 de noviembre y que en todo caso se aplicaría el criterio de retroactividad en los últimos cinco años, sancionando para poder regularizar la situación. Estas expectativas generaron una gran confusión, una certeza de que se empezarían a cerrar los clubes más modestos, por el temor de sus responsables a sanciones por responsabilidad de sus directivos y por la impotencia y la incapacidad


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para hacer frente a los gastos multiplicados a los que obligaban la nueva normativa y la presión de los inspectores de Trabajo. Además, numerosos colaboradores con profesiones en las que se señalaba incompatibilidad con otras actividades remuneradas -profesores, guardias civiles, militares- indicaron que se desvincularían de las ayudas altruistas en las que estaban inmersos por afición y que el aumento de ingresos declarables significaría mayores retenciones y aumento de impuestos finales, cuando lo que estaban haciendo era un labor altruista de voluntariado. El resultado inmediato ha sido, como conocemos, la rebelión generalizada en toda España contra las medidas que se anunciaban, con gran rechazo en Andalucía, pero también en Cataluña, Castilla y León, Asturias, La Rioja, País Vasco y Extremadura, y acuerdos contrarios en multitud de ayuntamientos, muchos de los cuales han enviado al Congreso los textos. Es el caso de los ayuntamientos de Lleida, Badia, Salt, Palafrugell, Sant Adrià de Besòs, Terrassa, Montmeló, Hospitalet o de algunas federaciones de ayuntamientos, como la canaria, o de propuestas tan exóticas como la del propio grupo del Partido Popular en Galicia, que ha presentado una PNL en contra de las medidas del Gobierno de la nación, o de cientos y cientos de páginas en las hemerotecas con declaraciones de responsables. El último titular: El fútbol modesto se planta el fin de semana. Esto es de La Vanguardia, pero para que no piensen que buscamos solo en Cataluña, les leo este otro: Castilla y León se queda sin fútbol base para este fin de semana. Es El Norte de Castilla y en esta comunidad está gobernando el Partido Popular. Participan todas las federaciones deportivas autonómicas, de todos los signos políticos, hartas de estar ya hartas, hartas de decir al mundo por qué, por qué y por qué Cardenal quiere machacar una vez más, en este caso, al deporte base. Han subido el IVA, han forzado la licencia única deportiva, han eliminado las ayudas al deporte base, no hay mecenazgo, y mientras, el columpio, con Cardenal, Ana Muñoz, Villa, Blanco y Tebas, continúa en una permanente locura y nosotros seguimos defendiendo aquí a la gente, a la gente que trabaja a diario, que se divierte a diario y que hace deporte a diario.

No es el momento oportuno y por eso pido que no se lleve adelante esta iniciativa. No hay medios económicos para hacer frente a lo que el Gobierno solicita. No se ha hecho una evaluación cuidadosa y de ahí que en nuestra PNL, que defenderemos después, hagamos algunas propuestas para avanzar hacia el apoyo económico y hacia la mejora del deporte base. Pensemos en los voluntarios del deporte, pensemos en los miles de personas que todos los días hacen deporte gracias a que hay gente que se sacrifica por ellos. Es bueno que lleguemos a una propuesta y que los representantes del partido mayoritario en esta Cámara sean sensibles a una realidad que estamos sufriendo todos y no se cierren pensando que su Gobierno es el mejor de los Gobiernos, porque todos los Gobiernos cometen fallos. En el caso de este ministerio, el fallo es la línea directriz en todos los elementos de educación, cultura y deporte. Por tanto, estoy de acuerdo con las propuestas que hace Convergència i Unió. Espero que en la tramitación, si el presidente nos da ese tiempo, lleguemos a una transaccional a la que nos podamos sumar todos los grupos.

El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, tiene la palabra la señora Sánchez Robles, por el Grupo Parlamentario Vasco.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Intervengo muy brevemente. De esta cuestión hemos hablado en más de una ocasión y voy a reiterar los argumentos compartiendo el fondo de la cuestión expresado por el grupo proponente, Convergència i Unió, porque entiendo que aun cuando hay normativa variada y diversa, como el señor Pezzi ha señalado en su intervención, es absolutamente necesario al menos marcar unas directrices claras para que la inspección obre de manera razonable y racional. Estamos hablando de clubes deportivos pero quisiera trasladarles también la experiencia que estamos teniendo en los centros educativos vascos con aquellas actividades extraescolares organizadas por las asociaciones de padres y madres, que trabajan de forma absolutamente voluntaria. Es bastante complicado el procedimiento establecido para probar incluso que son dietas lo que se les abona, que son gastos y no es una retribución. Quisiera insistir en que este tema no está resuelto definitivamente y que de alguna manera hay que buscar posturas de encuentro. La inspección está compuesta por hombres y mujeres de distinta formación y de distinto talante y manera de ver las cosas, por lo que no puede ser que esto quede a la libre interpretación de cada una de esas personas que trabajan con un centro y con otro. Personalmente he visto sanciones impuestas a actividades organizadas por las AMPA, porque han tenido la mala fortuna de tener algún inspector que no ha tenido el entendimiento suficiente como para saber que se desarrollan por chicos y chicas que juegan en categorías superiores, que entrenan a chavales y chavalas de fútbol cinco o de básquet y que hacen una labor importantísima -y estamos en la Comisión de Educación-


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desde el punto de vista de los valores de ese trabajo solidario y desinteresado. Vuelvo a insistir en que el tema no está resuelto y sería deseable, por parte de todos, la manera de clarificar esta cuestión y no generar la incertidumbre que se está creando en muchos centros y clubes, además con un componente terriblemente relevante que es el desmotivador. Manos que no dais qué esperáis. Gente que se dedica a organizar actividades y a trabajar por los demás que se vea metida en problemas y en gestiones múltiples y variadas. Para que un monitor de futbito haga dos entrenamientos a la semana con chavales de fútbol cinco es poco gratificante y generan bastante incertidumbre. Este grupo avanza que, aunque se está trabajando en una transaccional, votaremos favorablemente la iniciativa.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Intervengo muy brevemente para decir que nos parece bien los términos en los que está planteada esta proposición y que la apoyaremos, ya que la transaccional irá en un sentido semejante.

El señor PRESIDENTE: Quiero agradecerle la brevedad. Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Dada la conflictividad y la actualidad en algunos medios del tema que nos ocupa me imagino que tendremos a bastante parte del deporte de base siguiendo esta Comisión de forma más o menos directa. Me gustaría adelantar que vamos a tratar este tema dos veces en la Comisión. Porque hay dos propuestas, una de Convergència i Unió y otra del Grupo Socialista, que son los puntos 1 y 5, que no se han acumulado, que quizás hubiese dado una visión más de conjunto y nos obliga a todos a repartir los argumentos en los dos puntos o a repetirnos. Mi grupo parlamentario, lo diremos en el punto 5, hemos presentado una enmienda a la proposición no de ley que ha planteado el Grupo Socialista cuya redacción nos parecía más acertada tratando el mismo tema que la que plantea en principio Convergència i Unió. Hemos trabajado en un texto transaccional que va a recoger, por lo que he oído hasta ahora, el apoyo de la mayoría de grupos y que se trasladará a la Mesa a lo largo de la Comisión. A riesgo de repetirme quisiera dejar claras algunas cosas. Primero no estamos hablando de una bolsa de fraude fiscal o a la Seguridad Social o a las administraciones públicas de una forma enorme, ni muchísimo menos, que no se alarme nadie. El sindicato de los inspectores de Hacienda tiene interiorizado, escrito y muchas veces publicado que el fraude fiscal es grande, es superior a otros países de nuestro entorno, abarca alrededor de 82.000 millones de euros, pero se concentra en grandes empresas, multinacionales o transnacionales y en determinados episodios de ingeniería fiscal. Aquí estamos hablando de algo muy pequeño que sin embargo tiene un enorme efecto sobre el deporte base, que le ha alarmado y que ha puesto en pie de guerra a mucha gente que le dedica muchas horas a entrenar a chiquillos y chavales para tratar de tener canteras en todos los deportes. Es un tema muy sensible con el que mi grupo parlamentario comparte la sensibilidad con otros grupos y con la inmensa mayoría de la gente que trabaja en el deporte base.

Por otro lado, se mezclan cosas y se acaban complicando innecesariamente. Mi grupo parlamentario entiende que la figura del voluntariado está registrada, legislada y se conoce cuáles son sus límites y los límites aplicables en cuanto a las cotizaciones de la Seguridad Social e IRPF también están absolutamente claros. Cuando hablamos de entidades que se dedican a hacer un montón de actividad deportiva y no a su gestión, pues es complicado pensar si se paga 0,19 euros el kilómetro o si se ha guardado el ticket de caja de transporte para el metro que te lleva desde tu casa hasta donde vas a hacer el entrenamiento, es harto complicado. Por eso, desde mi grupo parlamentario planteamos que sería necesario a la hora de bajar a lo concreto en la normativa que aplica la Seguridad Social establecer algún límite al cual los inspectores que realizan una magnífica labor se puedan acoger para no acabar cometiendo lo que acaban siendo injusticias manifiestas que todos podemos compartir, porque estamos hablando de cantidades ridículas que acaban siendo sancionadas de una forma absolutamente inapropiada, pero la ley está así. No se trata de hacer un cambio legal importante ni hacer un cambio de los paradigmas que utiliza la inspección, sino simplemente de adecuar los parámetros generales de la ley a la realidad del deporte de base. En este sentido, mi grupo parlamentario ha planteado una enmienda al punto cuatro -luego me repetiré- de la proposición no de ley del Grupo Socialista planteando que se haga esta regulación en concreto que sirva a los inspectores para poder hacer una aplicación más justa, sin cambiar en ningún


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caso lo que mi grupo parlamentario no va a defender y es que se acabe cambiando la característica del trabajo voluntario o del que tiene que ser remunerado, cotizado a la Seguridad Social y con su retención de IRPF como en cualquier otra entidad, para evitar en cualquier caso que se pudiese producir un fraude voluntario en algún caso. Estoy convencido de que a todos los grupos parlamentarios nos preocupa -y desde luego al mío- la supervivencia y la protección del deporte de base, del voluntariado y que puedan ir desarrollando su magnífica labor con miles y miles de chavales con total seguridad y tranquilidad.

El señor PRESIDENTE: Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Blasco.

La señora BLASCO SOTO: Señorías, la verdad es que llevamos hablando de este tema hace mucho tiempo. En octubre vino el secretario de Estado a explicar durante cuatro horas, fue casi monográfico, este tema, estuvo en mayo del año pasado explicando toda esta situación. Me gustaría decir que tenemos tres leyes ahora mismo: la Ley del Estatuto de los Trabajadores del año 1980; la Ley de la Seguridad Social de 1994 y la Ley del Voluntariado del año 1996, que es la que recoge un trabajador asalariado y un voluntario. Existe normativa suficiente para regular y legislar dentro del mundo del deporte y es lo que se está haciendo. Entendemos que no hemos tomado ninguna medida nueva. Como se ha hablado tanto de esto, no se ha hecho ninguna medida nueva. Se ha hecho un informe, además a petición de Convergència i Unió, en una enmienda transaccional en el proyecto de ley de emprendedores en la que se le pedía al Gobierno prácticamente calcando los puntos de esta PNL. Pidiendo que se procediera en el plazo de cuatro meses a realizar un estudio viendo la singularidad del deporte y calcando prácticamente los puntos de la PNL del Grupo de Convergència i Unió. Se presentó ese informe, pero ese informe no legisla ni vincula ni pasa absolutamente nada. ¿Cómo lo vemos desde nuestro grupo? Que han utilizado al deporte como arma arrojadiza y como utilización en campaña electoral están diciendo el Grupo Popular o el Gobierno se quiere cargar el deporte base. Si vemos donde empezó todo esto, en el 2013 hubo inspecciones a algunos clubes en Cataluña, en Asturias, y tengo algunos datos en Castilla y León y en Andalucía, hubo en varios clubes. ¿Por qué? Porque hubo denuncias de trabajadores, que no estaban dados de alta. La Inspección de Trabajo vio que pasaba ahí y ahí empezó toda la historia. No se ha circunscrito a ningún determinado ámbito territorial ni ha sido en ningún caso motivados con un ámbito recaudatorio como se decía. Se iniciaron -vuelvo a decir- como consecuencia de denuncias realizadas por los propios trabajadores. Me gustaría decir que en Cataluña el propio secretario de Deporte de Cataluña solicitó, a fecha de 13 de marzo de 2013, a la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social el establecimiento de un período durante el cual las entidades deportivas pudieran cursar voluntariamente las altas de los trabajadores. Aquí se está confundiendo, porque es verdad que hay clubes deportivos que son grandísimos. Estamos hablando de escuelas, de club de baloncesto, de club de fútbol, no quiero hablar de modalidades deportivas, porque hay muchísimas, en las que hay un trabajo profesional de muchísimos entrenadores y monitores que muchos de ellos sí que están dedicando un montón de horas, pero no voluntaria, sino que tienen que estar dados de alta en la Seguridad Social porque cobran una remuneración económica importante y es un poco a lo que se está yendo. Dentro de estos recursos ha habido de todo. El propio Estatuto de los Trabajadores dice en el artículo 13 que excluye de su ámbito de aplicación a los trabajos no retribuidos y aquí además ha hecho hincapié la Inspección de Trabajo en algunos casos, porque así se ha considerado por la misma para los supuestos de personas en el ámbito de los clubes e identidades deportivas que no percibían retribución, sino únicamente compensación de gasto, señorías. Ni el Grupo Popular ni el Gobierno ni el Consejo Superior de Deportes se quiere cargar el voluntariado, lo que quieren es acabar con todo ese fraude que pueda existir y porque también es verdad que los profesionales del deporte quieren estar reconocidos. Sobre todo queremos dignificar las profesiones del deporte, que ya lo dije en otra ocasión. Ha habido profesionales que me han venido a decir que qué bien, porque ahora se les está dando de alta cuando antes no se les daba. Este Gobierno está buscando la transparencia y está en contra del empleo irregular. Eso es lo que se está buscando aplicando las leyes que existen. No hay ninguna norma nueva como se está diciendo. Estamos en contra de la norma del Gobierno. ¿Qué norma del Gobierno? Desde la Seguridad Social no hay ninguna campaña de acoso y derribo contra el mundo del deporte. No se ha empezado ninguna inspección a clubes de deporte, a ninguno, a no ser que no haya sido por una denuncia previa. Lo que estamos haciendo aquí es levantar una veda como que vamos en contra del voluntariado, que no vamos en contra si además hay leyes suficientes que determinan quiénes son voluntarios. Vamos a aplicar la ley y los que tienen que pagar que paguen y los que no, no. Dejemos de utilizar al mundo del deporte como campaña electoral diciendo que


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el Gobierno se quiere cargar el deporte base. Que no tiene nada que ver. Lo dijo el secretario de Estado en esta Comisión en varias ocasiones, lo he dicho yo como portavoz de Deportes, lo hemos dicho en distintas reuniones internas con diferentes grupos. Es verdad que hay muchos colectivos que han venido a hablar con nosotros y nos dicen es que hemos hablado con nuestros grupos y nos han dicho que la norma que habéis hecho nueva. Señorías, qué norma, es que no hay ninguna norma nueva, es que el Gobierno no ha cambiado ninguna ley. Lo que está haciendo es aplicar las leyes que hay en los casos que corresponda y el que es voluntario va a seguir siendo voluntario.

Volvemos a hablar de compensación de gastos puede ser por desplazamiento, por comida, por material deportivo, porque además ya ha habido resoluciones en estos casos en ese sentido. Me parece volver a insistir otra vez en lo mismo y volver a darle la vuelta de vamos a buscar? Ya hay un marco legal que no solo afecta a las entidades deportivas, sino que afecta a voluntarios de diferentes servicios sociales, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos y sanitarios. ¿Que pasa? ¿Que hacemos para cada voluntariado de esos ámbitos una norma diferente? No, si es que ya hay un marco legal. Ajustemos el marco legal. Ahora, luego vendrán los voluntarios sanitarios o los de las ONG, que son voluntarios, diciendo yo quiero un marco diferente. No, ya hay un marco específico. Dejemos de inventar y no seamos injustos ni intentemos arrojar el deporte unos a otros utilizándolo de esta forma como en campaña electoral, porque al final a quien están perjudicando es al mundo del deporte, porque muchos clubes tienen miedo y dicen no voy a poder afrontar. ¿Afrontar qué? Por favor, no engañemos al mundo del deporte ni lo utilicemos como arma arrojadiza. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: ¿Hay enmienda transaccional? (Pausa). Luego nos la entregan a la Mesa.

- SOBRE LA IMPLANTACIÓN Y FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEL AJEDREZ EN ESCUELAS Y ESPACIOS PÚBLICOS Y SU PROMOCIÓN COMO DEPORTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002598).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 2 del orden del día que hace referencia a la implantación y fomento de la práctica del ajedrez en escuelas y espacios públicos y su promoción como deporte. Para la defensa de esta proposición tiene la palabra el señor Martín.

El señor MARTÍN PERÉ: Me gustaría comenzar esta intervención sobre esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista haciendo una reflexión sobre el ajedrez que me gustaría que todos los presentes en esta sala compartieran, dando por sentado que los representantes del mundo del ajedrez que nos están viendo ahora desde streaming que se encuentran en las dependencias del Congreso de los Diputados seguro que compartirán. Estamos hablando de una actividad que ha sido catalogada como deporte, como juego, como ciencia, como filosofía y sin duda alguna tiene algo de todas ellas, pero también de otras actividades, porque su polivalencia es la que precisamente le permite que sea utilizada como herramienta que va mucho más allá de la práctica de un juego con capacidades intelectuales como a continuación explicaré. Junto con esta reflexión sobre el ajedrez, quería hacer también una reflexión sobre algo sobre lo que quizá no está tan de moda hablar y es una reflexión sobre la política, pero sobre la política entendida como la actividad humana que es capaz de mejorar la sociedad en la que vivimos, de la política entendida como aquella actividad que permite que propuestas formuladas por pequeños grupos de personas sean beneficiosas para prácticamente toda la población. Así pues, conjugando lo que es el ajedrez y la política, en este caso la política educativa, mi grupo ha presentado esta proposición no de ley cuyo objetivo principal pretende la implantación del programa ajedrez en la escuela, de acuerdo con la recomendación llevada a cabo por el Parlamento Europeo en marzo de 2012 en el sistema educativo español, así como la promoción de la práctica del mismo en los espacios públicos. Sobre su implantación en el sistema educativo son múltiples los estudios que acreditan los beneficios y las bondades que introduce la práctica del ajedrez en los menores. Al ser precisamente tantos los mismos no creo que sea necesario citar a ninguno de ellos y sí la mayoría de conclusiones en las que todos concuerdan respecto a cuáles son esos beneficios que citaré no de de manera exhaustiva. En primer lugar, el aumento de la capacidad estratégica, el aumento de las capacidades matemáticas y memorísticas, el aumento de la capacidad de tomar decisiones en momentos o situaciones de cierta presión, así como también el aumento de la capacidad de concentración entre muchas otras. Todo ello sin duda características que, estarán de acuerdo conmigo, son enormemente beneficiosas si las entendemos aplicadas al sistema educativo y que además hacen que el ajedrez, a diferencia de otras disciplinas, tenga la característica particular de que


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permite introducir estos beneficios con un costo económico muy muy bajo en comparación con esa relación coste-beneficio como más adelante explicaré. En nuestro país son varias las comunidades autónomas -y debo citar entre ellas especialmente a Cataluña y Cantabria- las que ya han llevado a cabo experiencias de introducción del ajedrez en el sistema educativo, así como también por citar dos municipios de toda España como el de Bilbao o el de Algaida, de mi Mallorca natal y también de la del presidente y secretaria primera de esta Comisión, como decía han llevado a cabo actividades en las que se introduce el ajedrez en espacios educativos. Es cierto que le hace falta un impulso desde el Estado, un impulso estatal, para que realmente podamos avanzar y conseguir la introducción siempre dentro del respeto a las capacidades y sobre todo competencias de las comunidades autónomas y de las autonomías de los centros educativos que puedan tener en este sentido para la implantación del ajedrez. Hay otra cuestión importante como les venía diciendo y es la de su accesibilidad económica y logística, porque cuando muchas personas como es lógico se preguntan por qué el ajedrez y no otras actividades deportivas o de otra índole. El ajedrez no solo por las capacidades pedagógicas que les había señalado, sino porque para la práctica del ajedrez no hace falta desembolso económico alguno. Lo único que se precisa es un tablero y unas piezas y en aquellas aulas en las que ya figure un ordenador el software o el programa necesario para poder contribuir al aprendizaje. Por tanto, estamos hablando de una actividad como decía, cuyo coste económico, como convendrán conmigo, es muy bajo. Además -y eso también la diferencia de las otras actividades que había citado que merecen por supuesto también un respeto y promoción por parte de los poderes públicos- la práctica del ajedrez no es que solo se pueda llevar a cabo en un aula o, más que la práctica, la enseñanza del ajedrez, sino que además puede llevarse a cabo en otros espacios públicos como parques, bibliotecas, etcétera. Algo que difícilmente puede cumplirse con otras actividades deportivas, que sin duda alguna podrán imaginarse ustedes. Eso nos lleva, como decía, a otra de las características importantes del ajedrez y que hacen que esta propuesta en mi opinión sea una propuesta que debería ser aceptada independientemente de los matices que quieran plantear por el resto de formaciones políticas y es que el ajedrez es una actividad democrática, que fomenta la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Lo es, porque no hace falta tener ninguna capacidad económica para poder desempeñarla. Única y exclusivamente necesitamos de nuestro intelecto enfrentándonos a otra persona y además el ajedrez es un ejercicio que no produce discriminaciones de ningún tipo, porque las blancas y las negras tienen las mismas capacidades y las mismas oportunidades. Hay sin duda dos proverbios uno italiano y otro hindú que sintetizan bastante esta naturaleza democrática del ajedrez a la que me estoy refiriendo. El proverbio italiano hace referencia a que el ajedrez es un juego en el que el peón y el rey, cuando acaba este, descansan en la misma caja y el proverbio hindú nos dice que el ajedrez es un mar en el que puede beber un mosquito y puede bañarse un elefante. Sin duda alguna son dos aforismos o proverbios que sintetizan muy bien esas características a las que nos estamos refiriendo. Además el ajedrez, en mi opinión, fomenta una serie de valores que me atrevería a citar como universales, porque para mí y para muchas personas el ajedrez es válido como metáfora de superación de los seres humanos a través del intelecto y no a través de la violencia y esa es una capacidad que sin duda alguna todos podemos atesorarla. En consecuencia, la universalidad o el carácter universal del ajedrez, junto con esos valores democráticos a los que aludía, creemos que deben ser implantados también en nuestro sistema educativo. Baste con decir que independientemente de las teorías que sitúan el origen del ajedrez, la mayor parte de todas ellas en la India aunque hay algún erudito que también se ha referido a la posibilidad de que hubiese sido inventado en el Egipto milenario sin duda alguna tienen mucho interés pero lo que demuestra el carácter universal también como decía del mismo es que, por ejemplo, el ajedrez en su génesis de la India fue trasladado posteriormente a Europa por los árabes, fue introducido en España por los mismos, y baste con decir que hay aperturas como la inglesa o la española y que hay defensas como la holandesa, la siciliana o la escandinava, para demostrarles que todas las culturas han podido aportar algo a este juego universal o a esta actividad universal. Por todas estas cuestiones y muchísimas más que por motivos de tiempo no puedo expresarles aquí consideramos que el ajedrez debe ser introducido debe ser implantado en el sistema educativo español. Naturalmente hemos querido hacer una redacción algo genérica, porque evidentemente estamos hablando de una proposición no de ley y no de una ley para permitir también margen al resto de formaciones políticas para que pudieran aportar lo que estimaran necesario a la misma y consideramos que la aprobación de la misma supondría un beneficio no solo para los niños o escolares que fueran destinatarios de la misma si no también para nuestra sociedad. Quiero acabar ya mi intervención recordando unas palabras del que es uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, Siegbert Tarrasch, quien decía: no pudo evitar sentir cierta lástima por aquellas personas que


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no conocen el ajedrez, del mismo modo que no pudo evitar sentir cierta lástima por aquellas personas que nunca han sido embriagadas por el amor. Porque el ajedrez como el amor como la música tienen la virtud de hacer felices a las personas. Los socialistas, a pesar de todos los avatares que puedan suceder, somos felices planteando esta iniciativa y para nosotros supone la apertura, dentro de este tablero de ajedrez que es la política, pero quiero dejar bien claro que en esta partida no puede haber un solo ganador, en esta partida tiene que haber un ganador que seamos todos y por eso les invitó a que sean ustedes ahora quienes muevan pieza. (Aplausos). Disculpe, señor presidente, solo son treinta segundos. Es que me he olvidado una cosa.

El señor PRESIDENTE: Lleva usted diez minutos. Adelante.

El señor MARTÍN PERÉ: No quería acabar mi intervención sin citar a las personas sin cuyo concurso hubiera sido imposible la presentación, registro y debate de esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Los títulos de crédito.

El señor MARTÍN PERÉ: Como son el periodista Leontxo García, cuyo ADN está en esta proposición no de ley, el maestro internacional y mallorquín Juan Ramón Galiana, y por supuesto mi compañero y portavoz de Educación Mario Bedera y, cómo no, al presidente de esta Comisión que me ha tenido que aguantar durante muchos meses con la insistencia de que pudiéramos llevar a cabo este debate.

El señor PRESIDENTE: Después de los títulos de crédito, pasamos a la única enmienda presentada. Para su defensa tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Cabrera.

El señor CABRERA GARCÍA: Intervengo para fijar nuestra posición en relación con esta proposición no de ley sobre la implantación del programa ajedrez en la escuela. Señorías, el Grupo Popular siempre ha estado y está con el deporte y hoy hablamos de ajedrez, hablamos de deporte, y hoy estamos también con el ajedrez. No vamos a descubrir aquí los valores intrínsecos, las virtudes de esta modalidad deportiva y sus recomendaciones pedagógicas, aunque sí mencionaré algunas de ellas y además compartimos la definición que hacía el que fuera presidente de la Unión Europea de ajedrez Silvio Danailov cuando definía el ajedrez como una combinación de deporte, cultura, educación y arte, que facilita el pensamiento lógico, desarrolla cualidades que ya se han mencionado, como la memoria, las matemáticas, la capacidad espacial y de cálculo, la concentración, en definitiva, da capacidad a las personas para la toma de decisiones a partir del análisis. En este sentido, la declaración del Parlamento Europeo de marzo de 2012, para la inclusión del programa de ajedrez en la escuela y firmado por 420 eurodiputados también reconoce esta virtud y considera además que el ajedrez es como un juego accesible para los niños de cualquier grupo social, por tanto, facilitador de la integración y además proponía la Comisión Europea tener en cuenta las conclusiones de los estudios pedagógicos sobre la repercusión que ha tenido el ajedrez -y tiene- en el ámbito educativo entre otras consideraciones. En España muchos centros educativos han abierto sus puertas a la inclusión del ajedrez como asignatura impulsando así las recomendaciones aprobadas por el Parlamento Europeo. En nuestro país más de 300 colegios públicos y privados tienen el ajedrez como asignatura obligatoria y más de 1000 donde es optativa o extraescolar. Todo ello se realiza siguiendo las competencias de las administraciones educativas y desde el más estricto respeto a la autonomía de los centros, alcanzando un índice de satisfacción de alumnos, padres y profesores que supera el 80%. Además, diferentes y rigurosos estudios han puesto de manifiesto que los resultados académicos de quienes lo practican mejoran hasta en un 17%. Al hablar de ajedrez hay que citar España, pues ocupa un papel importante en su historia. Los musulmanes lo trajeron a nuestro país en el siglo IX y el ajedrez moderno se inventó en España hace unos quinientos años, siendo hoy el país con más torneos internacionales desde el año 1988.

Dicho esto, hoy no debatimos sobre las virtudes del ajedrez, sino sobre darle un nuevo impulso, seguir avanzando en su implantación, promoverlo, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo. Esto debemos hacerlo desde el más estricto respeto a las competencias de las administraciones educativas y a la autonomía de los centros, que fue un aspecto que nosotros entendimos que debería incorporarse a la proposición, porque así está establecido en la ley. Señorías, La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, recoge esa distribución competencial perfectamente y establece que corresponde al Gobierno el diseño del currículum básico en relación a objetivos, competencias, contenidos, criterios, con el fin de asegurar la formación común y la validez de las titulaciones. El Gobierno,


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por tanto, determina los contenidos comunes, horarios lectivos mínimos de bloques de asignaturas troncales, los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de asignaturas específicas. Dentro de la regulación y límites establecidos, las administraciones educativas pueden, entre otros aspectos, establecer unas relaciones de bloques de asignaturas de libre configuración, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. A su vez, los centros docentes pueden, dentro de la regulación y límites establecidos por la Administración educativa, complementar los contenidos de asignaturas troncales específicas y de libre configuración autonómica y hacer su oferta educativa, lo cual permite que las administraciones educativas, en su caso los centros, puedan ofertar asignaturas de diseño propio. El ajedrez puede formar parte de este bloque de asignaturas si así lo deciden las administraciones educativas y, en su caso, los centros. Además, en el ejercicio de su autonomía, los centros docentes pueden ofertar actividades en el ámbito complementario y extraescolar y, por tanto, se puede incluir desde el punto de vista de la práctica.

En cuanto a la promoción, quiero recordar que el Consejo Superior de Deportes en los últimos años ha concedido subvenciones a la Federación Española de Ajedrez para el desarrollo de sus funciones y de distintos proyectos relacionados con este deporte. Además, en colaboración con las comunidades autónomas, el Consejo Superior de Deportes viene convocando los campeonatos de España de ajedrez en edad escolar desde el año 1995 hasta ahora, ayudando así a la promoción y difusión del mismo. Estas actividades siempre se desarrollan con la necesaria colaboración de los sectores público y privado.

Me dirijo ahora al señor Martín para decirle que el Grupo Popular ha ofrecido una enmienda transaccional -estamos trabajando en ella y creo que el acuerdo está prácticamente cerrado- para llegar a un texto, que entendemos que se mejora con esos aspectos recogidos en la ley en la parte que afecta a las comunidades autónomas y a la autonomía de los centros, que nos permita avanzar sin dilación en la introducción de esta apasionante disciplina deportiva en el ámbito educativo, desde el más estricto respeto, como ya he dicho, a las competencias de las administraciones educativas y a la autonomía de los centros. En definitiva, demos una nueva oportunidad a la colaboración entre las administraciones educativas para impulsar el ajedrez como una verdadera herramienta pedagógica. Hemos propuesto un texto integrador, y creo que prácticamente consensuado -esperamos cerrarlo de aquí al momento de la votación- mediante el cual el Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, en el ejercicio de las competencias que les son propias, y desde el respeto a la autonomía de los centros educativos a: Uno, implantar el programa Ajedrez en la Escuela en el sistema educativo español, de acuerdo con las recomendaciones del Parlamento Europeo, en colaboración con las comunidades autónomas, en el ejercicio de las competencias que les son propias y desde el respeto a la autonomía de los centros. Dos, continuar promocionando el ajedrez como deporte, fomentando su práctica a través de la necesaria colaboración entre el sector público y el sector privado.

El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: ¡Qué va a decir una bilbaína, cuando Bilbao es una de las principales referencias mundiales del ajedrez! Recuerdo que en el año 2014 acogió la final de Maestros del Grand Slam y la Copa de Europa de Ajedrez. De hecho -y ahora voy muy en serio-, consideramos el ajedrez como una inversión estratégica y de futuro para Bilbao. Es un deporte que, como ya se ha dicho, promueve el talento y, además, es practicado en el mundo, de una forma bastante invisible, por 500 millones de personas. Ya ha comentado el portavoz socialista que ha defendido esta iniciativa que Bilbao es una ciudad que desde su institución municipal ha promovido en los centros educativos de la villa la práctica de este deporte y que lo utiliza también en sus estrategias en materia de envejecimiento activo, pero creo que eso tendremos oportunidad de verlo en otra Comisión.

Este grupo, por supuesto, va a votar favorablemente la iniciativa, aunque con una pequeña duda. Tal como está redactada la transaccional, da la sensación de que se habla de las competencias que le son propias al ministerio. Quisiera que quedara claro que a la hora de implementar todo esto se debe trabajar de forma colaborativa y con respeto absoluto al bloque constitucional -más allá de lo que diga o no la Lomce-, a las competencias de las comunidades autónomas y a la autonomía de los centros educativos.

Esto es todo lo que tenía que decir. ¡Adelante con el ajedrez!

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.


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La señora GARCÍA ÁLVAREZ: En primer lugar, quiero felicitar al grupo proponente porque su portavoz ha hecho una intervención muy bonita, incluidos, como ha dicho el señor Presidente, los títulos de crédito. Ha sido todo muy bonito.

Vamos a votar favorablemente para que el ajedrez cumpla con los requisitos que vamos a aprobar con la transaccional, pero también insto a todos los grupos a seguir luchando por la filosofía, por la música y por las enseñanzas artísticas, porque igualmente todas ellas desarrollan el intelecto.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, tiene la palabra la señora Sayós.

La señora SAYÓS I MOTILLA: Haré una breve intervención para anunciar nuestro voto favorable a esta proposición no de ley.

Compartimos la valoración positiva y la enumeración de virtudes que se hace en la exposición de motivos de este juego o deporte que es el ajedrez. Creemos que el ajedrez es una disciplina importante y de gran utilidad para el desarrollo de la creatividad y para estimular el intelecto de los niños y jóvenes, incluso de los no tan jóvenes. No nos parece, por tanto, negativo que los centros educativos que lo crean conveniente implanten el programa Ajedrez en la Escuela dentro de su oferta formativa. Evidentemente, serán los alumnos quienes en última instancia decidan si quieren dedicar su tiempo a la práctica de este o de otro deporte. Tal vez sería más adecuado promocionar y fomentar el ajedrez simplemente como una actividad extraescolar y no como una asignatura optativa en este sistema educativo, pero atendiendo a las competencias de cada una de las administraciones.

Pese a esta pequeña objeción que hace mi grupo parlamentario, votaremos favorablemente esta iniciativa.

El señor PRESIDENTE: Entiendo que están acabando de redactar un texto transaccional y que antes del final del debate no lo van a proponer.

El señor MARTÍN PERÉ: Si es el mismo texto que ha citado y no muta de aquí a la hora de la votación, estaremos encantados de aceptarlo.

El señor PRESIDENTE: De ustedes depende.

- RELATIVA A LAS TITULACIONES DE INGENIERO E INGENIERO TÉCNICO INFORMÁTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002878).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a analizar el tercer punto del orden del día, relativo a las titulaciones de ingeniero e ingeniero técnico informático, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra doña María Jesús Moro.

La señora MORO ALMARAZ: Los servicios digitales son clave en el desarrollo social y económico de un país. Así lo ha entendido la Comisión Europea, que, a través de la Agenda digital europea, pretende construir sinergias e impulsar alianzas de cara a relanzar la economía y ayudar a los ciudadanos mediante las tecnologías digitales.

El presidente Mariano Rajoy, en su comparecencia ante esta Cámara, el 30 de octubre de 2013, para dar cuenta del Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 24 y 25 de ese mismo mes, que tuvo como asunto principal la Agenda digital, puso de manifiesto que el rápido desarrollo tecnológico ha propiciado que hogares y empresas utilicen de forma creciente los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación. Estas TIC se han convertido -en palabras del presidente- en un input significativo del aparato productivo español y en una parte muy importante de la cesta de los consumidores. Las tecnologías de la información y la comunicación tienen un gran potencial para crear empleo. En 2011 la Unión Europea estimaba que en el sector había 300.000 puestos de trabajo sin cubrir debido a la falta de cualificaciones. Este número podría llegar a 900.000 en el año 2015 si no tomamos medidas. Por ello, el Consejo Europeo ha dado pasos concretos para hacer frente a esta situación. En particular, ha acordado redirigir fondos estructurales para mejorar la educación en materia de tecnologías de la información, integrarlas en el currículum educativo en todos los niveles de enseñanza, facilitar la movilidad y el acceso a los títulos en el marco de la gran coalición para los empleos digitales, que pretende atraer a más jóvenes a carreras relacionadas con las TIC, y acelerar la elaboración de un marco paneuropeo de competencias digitales. Hasta aquí la cita textual.


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Es en este contexto, al que se refiere el presidente del Gobierno, en el que se han venido generando iniciativas europeas como la definición de las habilidades digitales consideradas necesarias para el desarrollo e implantación general de las tecnologías de la información y la comunicación. Alineada con esta iniciativa, la Unión Europea también ha impulsado la definición del marco de competencias digitales e-Competence Framework, con un conjunto de 36 competencias en el ámbito de las TIC que se sugieren para su uso en el sector empresarial y público, con el ánimo de proporcionar una herramienta de definición competencial y profesional en este sector. La ingeniería informática en España no puede quedar ajena a este proceso, porque los informáticos han sido y son artífices significativos de las TIC.

La ingeniería aplicada a la informática fue estimulada por la llamada crisis del software de las décadas de los sesenta, setenta y ochenta que identifica muchos de los problemas de desarrollo de software. En esa época muchos proyectos sobrepasaron el presupuesto y el tiempo estimado, otros causaron daños a la propiedad y algunos incluso causaron pérdidas de vidas, como fue el caso por esa época de que algunos sistemas embebidos en máquinas de radioterapia fallaron de una manera tan catastrófica que administraron dosis letales de radiación a pacientes. Todo ello hizo que los informáticos buscaran en otros ámbitos profesionales problemas similares y formas de solucionarlos, como es el área de la ingeniería, y que adoptaran sus mejores prácticas en términos de métodos, herramientas y procedimientos para obtener un nivel adecuado de calidad, protección y seguridad en sus sistemas, constituyendo lo que actualmente se llama ingeniería informática.

Señorías, existen fundamentalmente dos métodos para que un legislador o un regulador garantice la calidad, la protección y la seguridad de un producto o de un sistema: el basado en la imposición de requisitos en su proceso de construcción, donde el regulador establece el proceso a seguir y posteriormente comprueba y certifica que se ha seguido. Este es el caso de los estándares europeos en informática, del IEC 60880, que proporciona exigencias en el proceso de desarrollo del software, de instrumentación y control en los sistemas de centrales nucleares, el ED12B para realizar validación y verificación del software embarcado en aeronaves o el IEC 61508 que define el estándar para la gestión de seguridad en sistemas críticos, como es el de la parada de un tren si este se salta una señal en rojo, por poner tres ejemplos muy significativos de nuestra vida cotidiana. El segundo método es el basado en la clara y actualizada delimitación de requisitos en la formación y competencias de las personas responsables de su desarrollo. Este modo asegura que estándares como los anteriormente citados se siguen, ya que los profesionales los conocen y forman parte de sus mejores prácticas. Nosotros creemos que ambos métodos no son excluyentes en general, y en particular en el ámbito de la informática. Ambos son necesarios y complementarios.

Ofrecer garantías para la mejor formación de los titulados superiores en orden a la adquisición de las competencias precisas para el desempeño de funciones propias de la ingeniería informática y dar a los usuarios cauces seguros, ágiles y sencillos para identificar al profesional bien formado y con competencias suficientes para el desarrollo de sus funciones, con seguridad para los ciudadanos en ámbitos tales como la construcción de sistemas informáticos que gobiernan robots asistenciales, en operaciones quirúrgicas, de los sistemas que sirven para asistir al vuelo de los aviones o de aquellos otros que tratan datos personales de los usuarios, nos llevan hoy a ser exigentes en la revisión de nuestra normativa diseñada con parámetros de épocas de mínimo desarrollo de la informática.

En pleno proceso de adaptación de nuestras titulaciones con el objetivo del Espacio Europeo de Educación Superior, el llamado proceso Bolonia, en la Aneca se elaboraron sucesivos libros blancos para el diseño de los nuevos planes de estudios. El correspondiente a la ingeniería informática se publicó en marzo de 2004. El informe contó con alta participación de centros universitarios españoles y de numerosos expertos, y en él se estudió a fondo la situación tanto de la realidad formativa española como de la de toda Europa y los cambios que debían introducirse. Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado el 4 de agosto de 2009 de la resolución de 8 de junio de la Secretaría General de Universidades, se establecieron recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en el ámbito de la ingeniería informática y de la ingeniería técnica informática, también de la ingeniería química, en idénticos términos que el resto de los títulos asociados a ingeniería reconocidas. Desde ese momento el citado acuerdo determinó para la Aneca la imprescindible referencia en el imperativo trámite de verificación previsto para la aprobación de los planes de estudio de grado y máster en ingeniería informática, fundamentalmente en este segundo, adscritos a la rama de conocimiento de ingeniería y arquitectura. De esta forma, siguiendo las recomendaciones previas sobre la estructura de estudios, contenidos formativos, competencia, ámbito de la acreditación en Aneca, etcétera, aunque con vocación


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de profesionalidad vinculada a una revisión y modernización de la normativa española, se resolvió solo en parte el agravio existente entre los titulados nacionales y los de aquellos países europeos, como Reino Unido, donde las titulaciones de ingeniero informático están reguladas de acuerdo con lo previsto en la Directiva Europea 2005/36, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.

A la adopción del acuerdo del Consejo de Universidades y a la resolución por la secretaría general contribuyó de forma clara la iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos presentes en la Comisión de Ciencia e Innovación del Senado el 12 de noviembre de 2008. En dicha resolución, la Secretaría General de Universidades afirma: Hasta tanto se establezcan las oportunas reformas de la regulación de las profesiones con carácter general en España y, en concreto, la actualización del listado de las mismas previsto en la normativa vigente, atendiendo la petición formulada por la comisión de ingeniería y arquitectura del Consejo de Universidades en su sesión del día 4 de diciembre de 2008, el Consejo de Universidades acuerda establecer las recomendaciones que se detallan para las memorias de solicitud de títulos oficiales propuestos por las universidades en los ámbitos de ingeniería informática, título de máster, ingeniería técnica informática, título de grado, ingeniería química, título de máster respectivamente.

Hoy no hay una opinión clara en el sector sobre la necesidad de regulaciones y límites. Estamos en un mundo donde las exclusiones empobrecen y los equipos, la colaboración de los especialistas enriquece y permite que avancemos en la sociedad del conocimiento. Nosotros creemos que, más allá de la regulación profesional que no corresponde a Educación, hay competencias profesionales que deben vincularse a ciertas competencias formativas y sobre las que nuestra presencia y competitividad en el mercado internacional exigen ofrecer un panorama claro en el plano académico o formativo. Creemos también que en nuestro país ha existido un gran consenso sobre la distinta consideración de los ingenieros informáticos y los ingenieros químicos, con un proceso inacabado que plantea incertidumbres. Estamos convencidos de que no podemos seguir de espaldas a lo que ya es evidente en el espacio de la Unión Europea de cara al horizonte 2020. Ese proceso de provisionalidad e indefinición académica ha durado demasiado y viene generando problemas diversos a la hora de la decisión en la elección de estudios, del valor del máster en estas titulaciones, de la normativa reguladora de tasas o becas para los estudiantes, pero también del adecuado reconocimiento de los titulados en el ámbito nacional e internacional.

En el ámbito de la informática tienen cabida distintos profesionales y grados de formación, pero no todo son ingenieros informáticos y no todos tienen los conocimientos para realizar las funciones que pueden desarrollar los ingenieros informáticos o los ingenieros técnicos en informática. No tenemos que recordar en esta Comisión que en la implantación del Plan Bolonia se suprimió el catálogo de títulos, lo que determinó una renovación y actualización de titulaciones desde una amplia libertad; sin embargo, hay materias y sectores donde sin romper la necesaria flexibilidad que beneficia la mejor adaptación de los estudios, especialmente en estas materias de tan rápida evolución, ha de mantenerse un especial cuidado en la verificación y seguimiento de titulaciones y en la consecución de las competencias formativas por parte de los titulados que están llamados a desempeñar funciones de tan alta trascendencia para la seguridad e integridad de las personas y la salvaguarda de sus derechos fundamentales.

En este contexto, para el impulso y la implantación de los servicios digitales consideramos indispensable contar con especialistas como los titulados en ingeniería técnica informática o en ingeniería informática, un sector profesional con una muy cualificada y avanzada formación que, sin embargo, ha sido a menudo postergado o mal integrado en el entramado normativo español de los últimos años. En la Unión Europea, organismos académicos como la Red europea para el aseguramiento de la calidad en la educación en informática tienen encomendada hoy la promoción del sello de calidad Euro-Inf respecto al marco competencial académico de calidad en estudios de grado y máster del ámbito de la informática. Aquí también vamos dando pasos importantes, aunque sean lentos. Recientemente España se ha incorporado a este sistema de sellos de calidad, tras un piloto desarrollado en el año 2013, gracias a la colaboración entre la Aneca, la Coddii y los consejos de los colegios profesionales, con el fin de proporcionar un instrumento prestigioso de acreditación de los títulos de estas ingenierías para la adecuada movilidad de nuestros profesionales en el mercado internacional. Es evidente, además, la importancia que en términos económicos y de generación de empleo, como hemos visto al principio, tiene el sector profesional de los servicios informáticos. El informe Empleabilidad 2013, emitido por la Coddii, evidenció que los titulados en ingeniería técnica e ingeniería informática tienen, de manera global, tasas de inserción laboral superiores al 85%, incluso al 90%...


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El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.

La señora MORO ALMARAZ: Voy terminando. Le pido un poquito de consideración.

?y cercanas al 100% para los recientemente graduados y másteres en ingeniería informática. La encuesta de población activa viene indicando de forma reiterada que la tasa de empleo en España en el sector de la informática es de las más altas, llegando a veces hasta casi 30 puntos por encima de la media del país.

Quién pone en duda hoy que nuestros profesionales participan en proyectos laborales que inciden en ámbitos tan sensibles como la ciberseguridad, la protección de datos, proyectos de telemedicina, robótica, etcétera. No son sectores a los que nos debemos mostrar indiferentes, sino que necesitan las máximas garantías de estar en manos de los mejor formados. Este mercado global en el que hoy nos encontramos, y al que no podemos poner puertas, casa mal con la regulación y la exclusión, pero ello no es óbice, sino todo lo contrario, para ofrecer la máxima claridad, confianza y seguridad en exigir a nuestros titulados la máxima formación. No podemos olvidar tampoco que contamos con muy buenos formadores y con buenos proyectos innovadores en las universidades. Cuatro universidades españolas figuran en el ranquin de Taiwan en el top 100, una en el puesto 19, y hay que tener en cuenta que dentro de las universidades europeas solo una italiana y una alemana están en los puestos 71 y 72. Tenemos que mostrarnos orgullosos de esto.

Buena prueba de que no pueden mantenerse en el campo de la ingeniería informática situaciones de improvisación o de provisionalidad -voy terminando- es la reciente iniciativa de varios ministerios de elaborar un libro blanco para el diseño de formación universitaria en el marco de la economía digital. Señalan sus promotores que en el marco de la Agenda digital para España se ha elaborado un plan de impulso dentro del cual se incluye la actuación de formación de excelencia. Dentro de ese análisis se ha concluido que es necesario trabajar conjuntamente para el diseño de titulaciones universitarias. Esto nos da la razón para decir que la indefinición y la provisionalidad deben quedar atrás, porque han hecho que profesionales y titulados de éxito formados en nuestras universidades se sientan formalmente relegados de las sucesivas agendas y acciones en el ámbito de las tecnologías de información. Su presencia en órganos y comisiones asesoras junto con otros profesionales no puede obviarse. Sus aportaciones son esenciales. En este tema no podemos permitirnos ningún olvido. Nosotros queremos que todos sumen y que lo que el mercado reconoce tenga un marco normativo claro, pues contribuirá a alcanzar mayores garantías para los usuarios, para nuestros estudiantes, y también mejores servicios y un más adecuado reconocimiento de las competencias adquiridas por sus titulados, lo que redundará en agilizar la transformación del modelo económico español.

Pedimos a todos los grupos el apoyo que en otros momentos se recabó y se obtuvo en el Senado, porque pretendemos contribuir a la puesta en valor de las tecnologías de la información como referencia de conocimiento y competitividad y del importante papel que han desempeñado y están llamados a desempeñar los titulados del ámbito de la ingeniería informática.

Señor presidente, muchas gracias por su consideración.

El señor PRESIDENTE: Para defender la única enmienda presentada, tiene la palabra la señora Costa en representación del Grupo Socialista.

La señora COSTA PALACIOS: Por fin llega esta proposición no de ley. Tengo que decir que nos parece a todos -y creo que también a la portavoz de universidades del Grupo Popular- que la traen tan tarde que un poco más y casi no llega. En este y en otros colectivos hay mucho malestar y está bien que por fin se haya traído. Como se ha dicho aquí, básicamente es la misma proposición que se presentó, se debatió y se aprobó por unanimidad en la Comisión de Ciencia e Innovación del Senado en el año 2008, aunque esta, que se presentó en julio y se intentó que entrara en la Comisión en octubre, nos ha parecido mucho menos precisa.

Como ha dicho el presidente, y como sabe la portavoz, hemos presentado una enmienda de adición, porque creíamos que concretaría mucho más esta proposición no de ley y también porque considerábamos que apremiaba de manera más enfática la regulación de las profesiones con carácter general en España que es necesario actualizar. Es verdad que este sería un paso más. El Grupo Popular presentó hace unos días una proposición sobre los ingenieros químicos y, a nuestro entender, podrían haber hecho más fuerza, porque estos profesionales también tienen problemas, como los ingenieros informáticos. No obstante, nos acepten o no la enmienda, vamos a apoyar esta proposición no de ley, como ya quedamos


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en aquel momento con el grupo proponente y con los colectivos de ingenieros informáticos que nos han visitado en muchísimas ocasiones, tanto estudiantes como representantes de colegios profesionales, que tienen gravísimos problemas para ejercer la profesión y para que se les considere la titulación en consonancia con sus estudios.

El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Vasco, tiene la palabra doña Isabel Sánchez.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Intervendré brevemente para recuperar el tiempo invertido en esta iniciativa. Después del exhaustivo informe con el que nos ha deleitado la portavoz popular y de las aclaraciones de la portavoz socialista, solo podemos votar favorablemente esta proposición.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la palabra la señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: En la misma línea de la portavoz del Grupo Vasco, manifestamos nuestra posición favorable a la iniciativa presentada por el Grupo Popular.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Tengo poco más que añadir a la exposición de doña María Jesús Moro, portavoz del Grupo Popular, que ha sido extensa y clara. Solo comentaré que en la Comisión de Ciencia e Innovación del Senado Convergència i Unió introdujo una enmienda que incorporaba la idea de que se fuera mejorando todo lo que fuera el reconocimiento académico y profesional de estos titulados y tituladas en ingeniería técnica informática e ingeniería informática, los grados actuales y másteres -esto, como ya ha dicho la portavoz, no pertenece al ámbito de esta Comisión ni del Ministerio de Educación-, siempre adaptándose a la trasposición de la Directiva de Servicios que se estaba redactando en Europa y que se iba a aprobar.

En el año 2009 hubo un avance al establecer las recomendaciones para que las universidades pudiesen ofrecer esos títulos oficiales en su cuadro pedagógico. Entendemos que esta proposición no de ley mantiene viva esta cuestión y avanza en el ámbito académico. Creo que el texto es suficientemente garantista, porque ya sabemos que los colegios profesionales, como ha sucedido entre ingenieros y arquitectos y entre otros ámbitos, están muy atentos a ver cómo van avanzando estas titulaciones y cómo se van consolidando. A partir de ahí en algún momento habrá que entrar en el debate de cómo se profesionalizan estos títulos. Pensamos, como ha dicho la portavoz, que la redacción es escrupulosa. Hay que verificar muy bien estos títulos y establecer claramente las recomendaciones para que cuando se tenga que trasladar esto al mundo laboral comporte, como ha dicho ella, una riqueza, una suma de conocimientos y así poder mejorar todo aquello que hace referencia a las personas, al bienestar de nuestra sociedad; es decir, que no sea un punto de conflicto, sino que se llegue poco a poco a establecer cuáles son los márgenes, en los que, sin duda, los técnicos en informática, los titulados en ingeniería informática tienen mucha importancia, pero respetando a los demás ingenieros, que también tienen derecho a llevar a cabo su labor en los ámbitos en los que son especialistas.

Mantendremos la unanimidad que se dio en el Senado e intentaremos seguir avanzando, pero respetando siempre a todos los colegios profesionales, a todas las profesiones.

El señor PRESIDENTE: Entiendo, señora Moro, que hay un texto transaccional.

La señora MORO ALMARAZ: No.

El señor PRESIDENTE: Entonces, se votará en sus propios términos.

- RELATIVA A LA DEFENSA Y APOYO A LOS CLUBES DEPORTIVOS DE BASE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003135).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al análisis del punto quinto del orden del día, ya que, como anuncié antes, el punto cuarto se ha retirado. Se trata de la proposición no de ley relativa a la defensa y apoyo a los clubes deportivos de base. Para su defensa, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pezzi.

El señor PEZZI CERETO: Intervendré con la máxima brevedad, porque el debate ya se ha producido en el primer punto del orden del día.


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Frente a lo que la portavoz del Grupo Popular ha dicho, es decir, que no hay nada y que no se sabe por qué la gente está tan nerviosa, quiero señalar que sí hay cosas por las que debemos estar nerviosos. En primer lugar, en la Ley de Emprendedores, la Ley 14/2013, se incluyó una disposición adicional decimoséptima y se señaló al colectivo del deporte base, a los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro. Cuando alguien te señala en una ley, échate a temblar. Si no tienen nada contra ti, ¿por qué no han señalado las actividades medioambientales o las religiosas o las de otros ámbitos del tercer sector? Si se señaló al deporte base fue porque se quería ir contra él y por eso se le metió en la Ley de Emprendedores, en la disposición adicional decimoséptima. Se remarca también que fue Convergència i Unió quien lo pidió. Lo que ocurrió es que se habían iniciado una serie de inspecciones gravísimas en Cataluña y Convergència i Unió pidió una prórroga para tratar el tema con más tranquilidad, que es lo que estamos pidiendo cuando discutimos el 3+2 frente al 4+1. Evaluémoslo primero y, cuando tengamos una evaluación solvente, tomemos las decisiones. Eso de tomar primero las decisiones y evaluar a posteriori algo que ya queremos quitar no parece buen sistema. Por tanto, sí hay un señalamiento de la Ley de Emprendedores en su disposición adicional decimoséptima.

Hay un segundo tema, que es el estudio sobre las actividades desarrolladas en los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro. Este documento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que es verdad que es genérico, va indicando paso por paso qué tipo de voluntariado se admite, qué tipo de contrato se puede hacer, etcétera. Antes lo ha señalado el portavoz de Izquierda Unida. ¿Cómo va a estar en desacuerdo el Grupo Socialista -como dice el presidente del Consejo Superior Deportes- con que el que cobre un sueldo esté dado de alta en la Seguridad Social y reúna todas las condiciones? Estamos en un Estado democrático con leyes que todo el mundo tiene que cumplir. ¿Que si hay una denuncia tiene que ir la Inspección de Trabajo? Por supuesto. Si no reúne las condiciones, que lo crujan -es una palabra que ha utilizado mi presidenta en otro tema-, pero aquí no estamos hablando del que cobra un sueldo y no está dado de alta, no estamos hablando del fraude a la Seguridad Social, estamos hablando del voluntariado, del altruismo, de la participación en un pequeño equipo, cuyos componentes tienen ocho, diez o doce años, un equipo que está en un pueblecito y al que el maestro, cuando termina sus clases, va a apoyar; puede ser el maestro o el guardia civil, que es un deportista, o cualquier padre que diga que se encarga de esa actividad y al se compensa por el transporte o por el equipamiento que pueda necesitar. Son compensaciones ridículas la mayoría de las veces, que el estudio sobre las actividades desarrolladas en los clubes elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social dice que tienen que ser convertidas en un contrato a tiempo parcial, contrato que provoca automáticamente que haya un empleador, que es el club, que no tiene ánimo de lucro, pero se convierte en empresario de esa persona a la que hace un contrato a tiempo parcial y tiene que tener todos los elementos de una relación laboral, con todas las compensaciones, sueldos y gastos de tramitación que ello significa. Por tanto, sí hay elementos y la prueba es la alarma que se produce. Si no hubiera elementos, ¿qué hacen las federaciones de Cataluña, Asturias, Andalucía, Castilla y León, Extremadura y La Rioja haciendo una huelga del fútbol base este fin de semana? ¿Tan torpes son en toda España como para formar este barullo que ustedes han visto en Burgos, en Castilla y León, en Cataluña y en otras regiones de Andalucía? Si hay huelgas y manos abajo contra las medidas del Gobierno es porque consideran que el Gobierno les está atracando con estas medidas. Si no hay nada, ¿por qué el Partido Popular de Galicia presenta una proposición no de ley pidiendo que se respete el deporte base? ¿También son torpes los compañeros del Partido Popular de Galicia, que han presentado una iniciativa en su Parlamento en la misma línea de la que estamos presentando los grupos de la oposición aquí? Todos estos son elementos que a todas luces señalan que hay un problema que resolver. No basta con las declaraciones despectivas del presidente del Consejo Superior de Deportes que he escuchado hoy. Decía: Aquí quien trabaja tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social. ¡Hombre!, pero las medidas de Perogrullo o del que asó la manteca? Esto no se puede sostener. Claro que el que trabaja tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social y tiene que cumplir todos los requisitos, ¡hasta ahí podíamos llegar!, pero este no es el debate que se ha producido, no es el debate que inquieta a los diputados del Partido Popular de Galicia o de Castilla y León o de Castilla-La Mancha o al señor Monago en Extremadura, que han manifestado su apoyo al deporte base y han pedido que no se tomen medidas que eliminen los equipos menos potentes.

En este marco, la oposición pide el apoyo del Grupo Popular, que consideramos básico para llevar adelante estos criterios de equilibrio en el mundo del deporte base. Les pedimos que firmen la transaccional que les hemos entregado y que hemos acordado los restantes grupos de la Cámara. Si no hay nada que temer, fírmese la transaccional, porque únicamente pide que apoyemos al deporte base, que se elabore


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un plan de apoyo económico y de mejora del mismo, que se haga un diagnóstico real de los problemas que tiene cada modalidad deportiva -no es igual el que juega al hockey que el que juega al fútbol, no son iguales los equipos que juegan al baloncesto que los que juegan al balonmano, al bádminton o a otros; cada uno tiene sus peculiaridades y sus personas de apoyo, algunas para guardar los balones, algunas para guardar el material, apoyos de una hora al día que requieren una indemnización para asegurarse de que ese trabajo se lleva adelante- y, por supuesto, que la Seguridad Social haga el esfuerzo que se hace en otros países europeos para ver el deporte desde su perspectiva, una perspectiva que mueve a millones de personas que tienen licencia federativa y que mueve a las asociaciones de madres y padres de todos los colegios e institutos, que organizan actividades extraescolares que también se verían afectadas por las medidas que el Gobierno ha anunciado pero que no es capaz de sacar adelante porque se ven atrapadas en su inconsistencia respecto a qué es el voluntariado deportivo y de qué forma lo quiere regular. La iniciativa se sostiene en el apoyo de la gente, de los ciudadanos, de los hombres y mujeres del deporte base de todas las modalidades y en todos los territorios de las comunidades autónomas. Lleguemos a un acuerdo, lleguemos a un consenso. Me gustaría que el Grupo Popular no pensara siempre, como la madre amante de su niño, que todos los demás llevan el paso cambiado y solo su niño lleva el paso acorde con el himno. Aquí los que llevan el paso cambiado, lamentándolo mucho, son el Grupo Parlamentario Popular y su Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el señor Sixto, por el Grupo de La Izquierda Plural.

El señor SIXTO IGLESIAS: Continuamos con el debate del punto primero. Es el mismo tema de fondo y da lugar prácticamente a las mismas consideraciones que mi grupo ha realizado anteriormente. Si acaso, voy a defender específicamente la enmienda que ha presentado mi grupo parlamentario a la propuesta del Grupo Socialista -aunque en parte ya lo he hecho anteriormente-, que compartimos en gran medida y que da lugar a una transaccional que se está firmando ahora mismo. Estamos seguros de que va a contar con el apoyo de buena parte de los grupos de la Comisión y esperamos que de la totalidad de los grupos aquí representados.

Estamos totalmente de acuerdo con las consideraciones que hace la proposición no de ley, como realizar una campaña de reconocimiento al deporte de base -algo que siempre viene bien- y desarrollar un plan de apoyo económico y de mejora para el mismo. En nuestra enmienda hemos planteado añadir que se contemple una cuestión importantísima, que es apoyar con servicios específicamente deportivos a estas entidades, que se dedican con mucho trabajo voluntario y contando con muy poca ayuda a realizar un gran número de actividades. En este sentido, desde el Consejo Superior de Deportes y desde las comunidades autónomas que tienen responsabilidades deportivas, contando también con las responsabilidades educativas, se puede desarrollar una importantísima labor de apoyo en los servicios, así como hacer las aclaraciones que muchas veces necesitan estas entidades a la hora de funcionar, porque a veces para la gente que no se dedica profesionalmente a este tema es complicado aclararse con la legislación que se tiene que aplicar en relación con las indemnizaciones, las aportaciones, las retenciones del IRPF y demás. Por eso son importantes ese plan de apoyo económico y de mejora para el deporte base y esos servicios deportivos.

Mi grupo parlamentario ha planteado además que se añada un punto cuarto, en el que instemos a que se desarrolle un desarrollo -valga la redundancia- de la normativa de la Seguridad Social, a los efectos de contemplar las cantidades pagadas claramente en compensación por gastos en los que incurran los voluntarios. Estamos hablando de un fenómeno clarísimo, de la compensación por los gastos en los que incurren los voluntarios, que en ningún caso suponen retribuciones por el trabajo realizado. Mi grupo parlamentario quiere ser exquisito en esto. Cuando alguien realiza un trabajo y se le retribuye por él tiene que procederse al pago a la Seguridad Social que marque la legislación vigente. Mi grupo parlamentario no quiere que se ampare ni que se disculpe nunca ningún tipo de fraude, pero cuando se habla de una compensación por los gastos en los que incurre un voluntario, hay que desarrollar el tema lo suficiente como para que no se produzcan injusticias como las que se han producido y que han dado lugar a la protesta del deporte de base ante determinadas inspecciones y determinadas sanciones que se han impuesto. Nos parece importante que se desarrolle esta cuestión concreta, para establecer de forma clara e indudable que si no hay presunción de que son pagos salariales se entienda que son pagos compensatorios. Esto es ni más ni menos lo que se está haciendo en otros países de nuestro entorno.


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Nuestro grupo parlamentario pide que se aplique lo que se viene aplicando en otros países de nuestro entorno a la consideración de estos gastos indemnizatorios para el personal voluntario.

Por otro lado, planteamos que se analicen los cambios normativos necesarios en materia fiscal -impuesto de sociedades e IVA- para encontrar un equilibrio entre las obligaciones y la importantísima labor que desarrolla el deporte de base. Mi grupo ha hecho estas dos aportaciones con la ayuda de Joan Coscubiela, que ha realizado una importante labor de enlace en este tema, que no solo tiene que ver con esta Comisión de Educación y Deporte, sino también con Seguridad Social. Él nos ha asesorado en la redacción concreta de este texto y se lo quiero agradecer. Es la aportación de mi grupo parlamentario a esta transacción que esperamos que cuente con el apoyo y el voto favorable de la mayoría de la Comisión.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor González.

El señor GONZÁLEZ MUÑOZ: Empezaré mi intervención diciendo que lamento que el debate se haya situado en este tema. Cuando uno lee la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista y trabaja en una enmienda, cree que venimos a hablar de la realidad del deporte base, con todo lo que incluye, de los esfuerzos que tenemos que hacer para apoyarle y del análisis de lo que se viene haciendo por parte del consejo a la hora de potenciar los campeonatos de España de carácter escolar y todas aquellas competiciones que se desarrollan en los distintos ámbitos deportivos que se refieren al deporte base. Sin embargo, descubrimos que esta proposición es la coartada que utilizan el Grupo Socialista y los demás grupos de la oposición para volver a hablar de un tema y para meter miedo, cuando la realidad es muy distinta. Antes, mi compañera, la portavoz de deportes, ha preguntado -y en este segundo debate ninguno de los portavoces ha sido capaz de responder- dónde está el cambio normativo que implica que el Gobierno esté impulsando nuevas medidas. La realidad es que no lo hay. Algunos han hablado del padre que entrena a un equipo y le pagan una compensación. Esos son ejemplos que están fuera de la ley. Estoy de acuerdo con el portavoz de Izquierda Unida, ahí cabe el sentido común. Sin embargo, en Andalucía se está preparando una ley del deporte según la cual ya no va a haber padres que puedan entrenar a equipos, y lo veo bien. Si los equipos compiten, tendrán que tener monitores cuya cualificación sea acorde al control deportivo que les tienen que hacer a los niños. Por tanto, cuando establecemos el debate, lo hacemos con medias verdades, para seguir confundiendo a la opinión pública y generar más tensión en los clubes deportivos. También quiero destacar que el principal revuelo se ha producido en el mundo del fútbol, un mundo que aquí muchas veces hemos señalado y criticado. Los primeros anuncios que estamos teniendo se refieren a algunas federaciones territoriales que se manifiestan en contra de esta cuestión. La realidad es que estas federaciones -y hablaré más del mundo de fútbol- saben que la relación que tienen los clubes con sus jugadores o con sus técnicos se regulan principalmente por las cantidades económicas a percibir por ellos. Evidentemente, si un jugador cobra 50 euros por jugar todos los sábados con un equipo, sea en la división que sea, eso entra dentro del contrato de voluntario y las percepciones que puede percibir en compensación de los gastos. Si estamos hablando de jugadores que ganan 2.500 euros, difícilmente podemos justificar que no coticen. También es difícilmente justificable que no se dé a un monitor que ha entrenado durante treinta años a un club deportivo, ganando 1.500 euros, la posibilidad de que regularice su situación. A lo mejor, esa persona no ha tenido la posibilidad de hacerlo durante todos esos años, pero llegará a la edad de jubilación y, si no denuncia y su situación no se regula, no tendrá ningún derecho adquirido después de cuarenta años de profesional dentro de un club deportivo, realizando el trabajo de monitor o de preparador o de entrenador. Esa es la realidad de la que estamos hablando. Por tanto, si hablamos de deporte base, por supuesto que el Grupo Popular lo apoya; si hablamos de programa concreto y de apoyo presupuestario, por supuesto que el Grupo Popular lo apoya; si hablamos de que hay que ser más ambiciosos y de que a medida que mejoren las condiciones económicas en nuestro país volquemos más recursos para apostar por el deporte base, por supuesto que estamos de acuerdo. Ahora bien, si estamos hablando de volver a confundir a la ciudadanía, principalmente a los clubes, creando una duda en el sentido de que la Inspección de Trabajo va a ir teledirigida para regularizar, intentando maquillar los datos del desempleo, intentando que se dé de alta gente que cobra 50 euros, como he escuchado al portavoz del Partido Socialista en el Parlamento andaluz, por ahí no vamos a entrar. Establezcamos el debate en el contexto en el que queremos que se establezca y hablemos de la realidad que afecta al mundo del deporte base. ¿Es cierto que todos aquellos que presten su tiempo y su trabajo a un club pueden regularizar esa situación con un contrato de voluntario, con unas cantidades fijadas y claras? Sí. ¿Es cierto que la Inspección de Trabajo informa de que ya no habrá que ajustar con


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los tiques de la gasolina -como he escuchado antes, en el primer punto- y con otra serie de justificantes, sino que solo hay que demostrar que el entrenador se ha desplazado de Málaga a Mollina para que se pueden justificar y contabilizar los kilómetros? Sí. Así, por ejemplo, el 95% de los clubes de mi provincia, Málaga, estarían cubiertos con el contrato de voluntario, que además no es nuevo. Como decía antes mi portavoz, este contrato ya estaba en vigor y es la mejor manera de establecer las relaciones con los jugadores y entrenadores de todos los clubes, por ejemplo, de mi provincia. Ahora bien, si queremos crear una duda sobre la mayoría, utilizando la coartada del 5% de la minoría que percibe unas cantidades muy elevadas, que tiene relación laboral con sus clubes y que en muchos casos denuncia situaciones que vive y que le perjudican a la hora de pensar en su jubilación, estaremos haciendo un muy flaco favor al deporte base. Por tanto, no vamos a votar la transaccional. En primer lugar, porque muchas veces se intentan tergiversar los debates con el fin de buscar un rédito político, cuando la tradición ha sido siempre que el deporte no fuera un elemento arrojadizo entre los grupos políticos de esta Cámara. En este caso, estamos viendo que existe un interés particular en tratar de mostrar, primero, un cambio normativo que no existe; segundo, una persecución a los clubes que no existe y, tercero, la intención oscura de este Gobierno de intentar acabar con el deporte base, cuando este Gobierno cree en él, lo impulsa y lo apoya. Cuando los demás grupos quieran un debate sosegado sobre esto, cuando quieran hablar de cómo son las verdades, el Grupo Popular estará ahí, como lo ha estado siempre. ¿Es bueno que la ley de Andalucía regule que ese padre al que el señor Pezzi se refería en su intervención tenga que tener una titulación para entrenar un equipo? Creo que sí. Además, eso permitirá que mucha gente que sea licenciada tenga esa válvula de escape y ese aprendizaje. ¿Es justo que se le dé una compensación por realizar esa actividad? Claro que sí y además será acorde a sus gastos. Ahora bien, ¿es justo que un licenciado en INEF que trabaja en un club deportivo durante ocho horas y que tiene unos emolumentos de 2.000 euros no esté regularizado y no tenga derecho a regularizarse? Pues nosotros entendemos que no. Lamento que el debate haya derivado hacia lo que no era la proposición no de ley del Grupo Socialista, una proposición que me parecía interesante, porque creía que venía a incidir sobre lo que nos unía en el deporte base y sobre cómo está contemplado presupuestariamente. He de decir que este Gobierno destina 2 millones de euros a la promoción, apoyo y desarrollo del deporte base. Lamento que se haya intentado poner el foco una vez más en una realidad ficticia, que tiene intereses muy particulares y muy oscuros que con el tiempo iremos conociendo. En todo lo que sea buscar consenso cuando tratemos de la realidad tendrán al Grupo Popular, pero en lo que sea intentar confundir a los clubes deportivos de nuestro país no van a contar con el principal partido de esta Cámara, que es el Partido Popular. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra doña Isabel Sánchez.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: La verdad es que no tenía previsto intervenir en esta iniciativa, puesto que ya lo había hecho en la anterior y había fijado nuestra posición, pero no puedo pasar por alto determinadas afirmaciones que ha hecho el portavoz popular a lo largo de su intervención.

No admito que la única verdad que exista sea la del Partido Popular. No admito que esto responda, por lo menos en el caso de mi grupo, a intereses electorales. Esta diputada y el diputado Olabarría llevamos realizando gestiones con la ministra de Empleo y con el secretario de Estado, el señor Cardenal, desde hace casi un año, a cuenta de los problemas que en el caso de Euskadi -las diputaciones forales son competentes en el deporte escolar- se están produciendo básicamente con el tema de las actividades extraescolares en los centros educativos y las actividades organizadas por las Anpas. No se puede simplificar el problema, no se puede reducir a los clubes y, desde luego, no se puede negar una realidad que ciertamente existe. En mi caso, en ningún momento he manifestado que se haya producido un cambio normativo, pero lo que sí se ha producido ha sido una inversión en la actividad, es decir, se ha producido un comportamiento contrario al que se estaba siguiendo desde la inspección. Por eso -no sé si ha escuchado mi anterior intervención- he pedido que se aplique la razón, es decir, que se analicen los casos adecuadamente, y que la inspección reciba unas instrucciones claras sobre qué debe ser considerado una cosa u otra. Vuelvo a repetir, no hay una única verdad. Esa casuística se ha dado, con sanciones muy importantes a centros educativos que han sido trasladadas por nuestro portavoz a la ministra de Empleo y por mi parte al señor Cardenal con casos y expedientes concretos. Por tanto, ni estrategia electoral? (El señor González Muñoz: La cuantía). Te voy a poner un ejemplo: sanción a los corazonistas de Vitoria-Gasteiz (Álava); un puerro del treinta y seis por actividades de este carácter. La dialéctica es muy bonita, pero las cosas son como son. Puedo entender que haya casos -es obvio- de


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gente que tiene una relación laboral encubierta, por supuesto que sí, para eso está la inspección, pero lo que no se puede negar es que existan otros en los que no la hay. Aquí no hay verdades absolutas. Vuelvo a repetir, creo que hay que poner un poco de cordura en esta cuestión. La inspección debe recibir instrucciones claras de cómo debe ser aplicada la normativa existente. Por otro lado, no sé si hay interés en incrementar o no las altas en la Seguridad Social, pero que ese incremento se ha producido es más que obvio.

Eso es todo lo que tenía que decir. Por supuesto, señor Sixto, nosotros votaremos favorablemente esta iniciativa.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra la señora Sayós.

La señora SAYÓS I MOTILLA: Repetiría la intervención que he hecho en el primer punto, pero no lo voy a hacer, porque ha quedado muy clara.

No podemos hacer trampas, como pretende el Grupo Popular. Por ejemplo, cuando se habla de profesionales del deporte, se habla de deportistas o entrenadores profesionales, pero aquí hablamos de deporte base, de chavales que están en clubes y entidades sin ánimo de lucro, hablamos de integración social, hablamos de no exclusión social, hablamos de valores, hablamos de voluntarios del deporte, hablamos de personas, hablamos de consenso -que ya se ve que se interpreta de forma diferente por el Partido Popular-, hablamos de sentido común, hablamos de sumar con el deporte base. Se trata de acabar con esta inseguridad e incertidumbre jurídica. Estoy de acuerdo con la transaccional que se ha redactado, que recoge esta preocupación tanto del deporte base como de nuestros grupos parlamentarios. Por tanto, aceptamos la transaccional tanto en el punto 1, en nuestra iniciativa, como en el punto 5, en esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Entiendo que se va a votar en los términos de la enmienda transaccional que se ha presentado por una parte de la Comisión.

- SOBRE SOLUCIONES PARA LA SITUACIÓN ACADÉMICA Y LABORAL DEL COLECTIVO DE PROFESORES TUTORES DE LA UNED. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/003346).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día: Proposición no de ley relativa a las soluciones para la situación académica y laboral del colectivo de profesores tutores de la Universidad a Distancia. Para su defensa, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, la señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Le doy la enhorabuena, porque esta vez le ha salido todo seguido. Poco a poco, vamos entrando. Hecha la broma, vamos a ver si nos centramos en un tema en el que las competencias del Ministerio de Educación son absolutas. Vamos a ver si por una vez nos centramos en un tema sin desviarnos a lo que sucede en otros ámbitos territoriales y somos capaces de encontrar soluciones a un problema que viene de lejos, que es el problema de los profesores-tutores de la Universidad Nacional a Distancia. Desde hace ya muchísimo tiempo los profesores-tutores de esta universidad vienen reclamando un estatus para la misma. Porque hace desgraciadamente mucho tiempo estos profesores-tutores que son los encargados de ofrecer asistencia directa, presencial y virtual a los estudiantes, están pasando por un problema serio en cuanto a sus relaciones laborales y a los emolumentos que reciben por la misma. Según ellos mismos nos dicen estamos en unos 7.000 docentes que prestan sus servicios en 61 centros asociados repartidos por todo el Estado. Según ellos mismos nos dicen representan más del 80% del personal académico de la UNED. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, se enfrentan a una situación contractual o más bien de carencia de contrato que se basa principalmente en lo que ellos consideran -y nosotros también- la alegalidad. Su relación con la universidad se establece en el Real Decreto 2005/1986, que los considera equiparados a los becarios de docencia e investigación de las fundaciones. Este hecho hace que los profesores se encuentren en una situación de absoluta precariedad, sin ningún tipo de derechos laborales, tal y como les comentaba al inicio de mi intervención. No tienen contrato, no cotizan a la Seguridad Social como profesores-tutores y ni siquiera, afortunadamente para los becarios, se les equipara a estos. Ya que en la actualidad, afortunadamente para los becarios, éstos gozan de contrato y seguridad social. Como ustedes comprenderán, señorías, esto es especialmente sangrante para un número cada vez mayor de profesores que cuentan para vivir, como muchos ciudadanos,


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evidentemente, con los ingresos de las tutorías. Además, con la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior sus competencias han aumentado por la importancia que se da a la evaluación continua y a la formación virtual. De hecho el 20% de la nota final que puede recibir un estudiante por la asignatura es responsabilidad de estos, lo que supone una mayor carga de trabajo. Más compromisos, más exigencias, y se sigue sin reconocer el trabajo realizado por estos profesores-tutores. Como ya les decía, su vulnerabilidad laboral es muy alta, tremendamente alta. Hasta ahora los diferentes equipos de gobierno de la UNED han ido dilatando la solución a esta situación académica y laboral y nunca han afrontado de cara la misma. Más bien al contrario, han venido adoptando medidas que contribuyen a incrementar su precariedad y desamparo.

Señorías, estoy absolutamente convencida de que los problemas que tienen el conjunto del profesorado en nuestro ámbito educativo debido a las medidas que ha tomado el Gobierno del Partido Popular en cuanto a la financiación de la educación pública y también de las propias universidades no contribuyen a que desde los ámbitos de la dirección de las universidades tengan a lo mejor los suficientes recursos para abordar de una vez la cuestión que les estoy detallando. No es menos cierto que tampoco hay una voluntad explícita e implícita por parte de los órganos de gobierno de la UNED para afrontar de una vez un problema que viene de largo y al que hay que presentar finalmente cara. De ahí que presentemos esta proposición no de ley que si de verdad quieren ustedes, el conjunto de los grupos políticos, afrontar esta situación, debería ser aprobada. Es absolutamente necesario que se regule de forma urgente y no dilatándolo más en el tiempo la figura del profesor-tutor como figura propia de la UNED, con todos los derechos laborales que eso conlleva. Estaríamos defendiendo a cualquier trabajador de cualquier ámbito en la misma dirección si así consideráramos que fue necesario y lo hacemos ahora con los trabajadores de la UNED. El Grupo Socialista presenta una enmienda. En la misma se pide que se defina una regulación específica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y no estaría mal, no estaría mal, pero se podía haber hecho antes. En estos momentos no da tiempo a establecer ese criterio. Hay que tomar el rábano por las hojas, perdónenme la expresión y abordar inmediatamente la situación laboral de estos trabajadores, de estos profesores-tutores de la UNED. No debemos o no deberíamos dilatarlo más en el tiempo y no podemos tampoco llevarlo a una próxima legislatura. No vale llevarlo a una próxima legislatura, habrá unas cuestiones que sí, pero dilatar la situación económica en la que se encuentran miles de trabajadores en nuestro país y concretamente los dependientes de la UNED, que, insisto, dependen directamente del Ministerio de Educación, no podemos dilatarlo en el tiempo. No podemos seguir mirando hacia atrás ante una situación grave de muchísimos trabajadores; grave por su precariedad económica y además porque cada vez se les exige más y se les da menos.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la única enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Buyolo.

El señor BUYOLO GARCÍA: Estimados diputados y diputadas, la UNED desde su creación se ha configurado como un instrumento fundamental que garantiza la igualdad de oportunidades y que ha permitido el acceso a estudios superiores a personas que no habrían podido acceder de otra manera a la universidad. En su más de cuarenta años de existencia, la UNED ha posibilitado que muchas personas pudieran reincorporarse a los estudios superiores, ha abierto la posibilidad a miles de alumnos a combinar su trabajo y su formación y ha posibilitado que personas que no tenían en su territorio universidades pudieran acceder a una formación universitaria de calidad. Hoy nadie puede poner en duda que la UNED es uno de los grandes referentes de la educación superior en España. La UNED además ha sabido adaptarse a cada tiempo, a cada momento histórico y siempre ha estado a la vanguardia de la educación, haciendo un breve repaso de la historia de la UNED vemos como desde sus inicios el incremento de sus alumnos, que se produjo de manera exponencial, fue creciendo y plantándose a lo largo de todo el territorio y donde además con el apoyo de estos profesores-tutores guiaron el aprendizaje de los alumnos. Hemos de destacar las innovaciones tecnológicas aplicadas a la enseñanza desde la UNED que se han venido desarrollando, desde la introducción de la televisión como medio de difusión de los años noventa, a la implantación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que actualmente son señas de identidad de la oferta educativa de la UNED.

Hay dos elementos muy importantes que quisiera destacar de la función de la UNED. Su implantación a lo largo del territorio español, que ha favorecido además acercar la formación superior a muchos rincones de España y, por otro lado, la presencia y vinculación con los países hermanos de América Latina. Sin duda alguna, la UNED es la institución educativa española más extendida. En definitiva, la UNED cumple


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con creces sus propios fines, sirviendo como instrumento de formación a lo largo de la vida y mejorando la empleabilidad de los trabajadores. También por su apuesta por la investigación e innovación en todos los aspectos de la tarea docente investigadora y gracias también a su implantación territorial como elemento de difusión cultural, tanto en España como en el extranjero, y en especial en América Latina.

Algunos datos que corroboran todo esto que estoy diciendo. La UNED cuenta para este curso 2014-2015 con un total de 260.079 alumnos, de los cuales el 50% corresponde a grados, el 20% a diplomaturas a extinguir o, por ejemplo, el 2% a Máster, en el cual me incluyo, que son 6.400 alumnos. Pero también tiene alumnos en los cursos de acceso, en extranjeros, en formación continua, en idiomas, en titulados, en personas con discapacidad, alumnos en el extranjero, en centros penitenciarios y también en doctorado. Sin duda los datos son muy significativos de la importancia de la UNED dentro del panorama de la formación superior en España. La oferta educativa de la UNED es amplia y variada: 27 títulos de grados, 39 másteres, 610 programas de formación continua, oferta de aprendizaje en doce idiomas, 148 cursos de verano y 397 actividades de extensión universitaria entre otras configuran una oferta amplia, variada y necesaria. Vistos estos datos y explicaciones sustentados en la realidad de la UNED, nos sorprende que el Gobierno se empecine en ahogarle, negándole los recursos que necesita para sobrevivir, como bien ha dicho mi compañera García Álvarez. Le voy a aportar dos datos, uno cuantitativo y otro cualitativo. El cuantitativo, en tan solo tres años el Partido Popular ha recortado casi 17 millones de euros a la UNED, exactamente 16.797.930 euros, lo que supone un recorte del 19%. Mientras la UNED sigue aumentando el número de alumnos y el número de programas. El dato cualitativo, la reforma de la Administración Local impuesta por el Partido Popular, que vacía de contenido de competencias a los ayuntamientos pone en serio peligro el mantenimiento de la red de centros asociados en los municipios y consecuentemente la desaparición no solo de la oferta formativa sino además del personal de administración y servicios así como de los profesores-tutores que dan soporte en el proceso formativo de miles de alumnos que acuden a estas sedes. Yo me pregunto -y les pregunto-: ¿Pueden sostener, señores del Partido Popular que para ustedes la UNED es una prioridad? Sinceramente, si todavía se atreven a decir que sí es que su grado de cinismo roza el delito. Vemos ahora lo que ocurre con el profesorado de la UNED. Para entender este tema es necesario hacer un poco de repaso histórico. El profesor-tutor de la UNED nace con la idea de servir de apoyo al aprendizaje de los alumnos, una figura sin dedicación total a la universidad ni vinculación permanente a la misma. Para poder ejercer esta función dentro de la UNED, la UNED le otorgaba el venia docendi a cada uno de esos profesores-tutores. Tras la promulgación de la ley de la función pública de 1984, que regulaba entre otras cosas el régimen de incompatibilidades, se dicta un real decreto en 1986, al que ya ha hecho referencia la señora García Álvarez, que regulaba la figura del profesor-tutor de la UNED, asimilándola a las condiciones de los becarios y seguir cumpliendo así las mismas condiciones que no le vinculaban ni en dedicación ni en vinculación. Con el paso del tiempo y debido a la pérdida de trabajo principal de muchos de estos profesores-tutores se encontraban en la situación que su única dedicación, como bien ha explicado la señora García Álvarez, se circunscribía a su actividad de profesor-tutor de la UNED.

¿Cuál es la realidad de hoy? Actualmente hay alrededor de unos 3.700 profesores-tutores con venia docendi de los cuales el 38% son profesores universitarios, el 29% profesores de primaria, secundaria y F.P., el 14% son funcionarios de áreas distintas a la educación, un 13% son profesionales del sector privado y liberales y un 8% son los profesores-tutores de los que trata esta PNL, alrededor de unos 300. Quiere decir que estos son pocos y no tenemos que solucionar el problema. Para nada. Sin duda alguna, debemos atender esta circunstancia sobrevenida a este colectivo y que necesitan una solución que reconozca y ampare su labor y sus derechos. La política ha de estar al servicio de solucionar problemas y no de generar nuevos problemas. Por eso hemos presentado una enmienda que va en ese sentido, el de solucionar este problema concreto y dar viabilidad a la UNED, no se trata de dilatar, sino de dar soluciones ya y reales y factibles. La Universidad Nacional de Educación a Distancia debe garantizarse un marco de protección y desarrollo de su trabajo como primera institución de educación superior de este país. Permítame que vaya más allá, la UNED necesita una ley que le proteja de sus ansias de recortar y acabar con toda aquella institución que desarrolle un bien público. La disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece la posibilidad de que se regule de manera específica la UNED y ahora, dado su afán de recortes económicos y de recursos, se hace más que necesario. Además con esta ley podríamos regular y legislar esta circunstancia que están viviendo los profesores-tutores que ahora solo tienen como principal actividad su actividad docente en la UNED.


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Concluyo, señor presidente. La UNED, tras los recortes y ataques del Partido Popular, necesita de un marco regulatorio que garantice su supervivencia. Necesita más recursos económicos para afrontar con garantías su labor como primera institución española de formación superior y, por supuesto, necesita la protección y mejora de su red de centros asociados a lo largo y ancho de todo el territorio español y en la cual los profesores-tutores tienen una parte muy importante. Respecto a la votación, como ya ha anunciado la compañera García Álvarez que no aceptará nuestra enmienda, vamos a abstenernos, porque entendemos que hay que legislar el problema del profesor-tutor afectado, pero la política ha de estar para dar soluciones a los problemas concretos y no generar nuevos problemas. Nos parece que hay una parte que hay que solucionar, pero hay otra parte que está solucionada.

El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa). ¿Grupo de UPyD? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Catalán, el señor Barberà tiene la palabra.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Como presidente se está manteniendo fijo en la sala lo que es de agradecer. El portavoz del Grupo Socialista ya ha descrito claramente la UNED. Quiero clarificar que desde nuestro Grupo de Convergència i Unió, como es competencia del ministerio, como marca la exposición de motivos, entendemos la función que ahora ha tenido la UNED en todo el territorio, incluso en Cataluña. Este modelo no presencial de educación superior es muy importante. De hecho hay otras iniciativas parecidas que son de éxito y están avanzando mucho gracias a las innovaciones tecnológicas de las que pueden disponer. Ha hablado de recursos. La UNED no se escapa de la política del Partido Popular de reducción de recursos. Tenemos aquí un cuadro claro de que Cataluña recibió, en 2010, 147 millones para programas fuera de lo normal de aportación del Estado y en el 2014, ha recibido 2.700, por lo que los recursos de la UNED no son el problema. La portavoz del Grupo de La Izquierda Plural defiende a un grupo. Sabemos, porque nos hemos informado, que la casuística no es general, porque el modelo de profesor-tutor está pensado para ser un complemento a profesionales sin trabajo. Sin duda que la crisis ha hecho que esa realidad cambie y se tendrá que revisar, pero será el ministerio quien desde su responsabilidad y sus competencias tendrá que hacerlo. Nosotros nos abstendremos, porque es una problemática del ministerio que hay que atender, pero que es una casuística creada en estos momentos de crisis en la que seguramente muchos profesionales se han quedado únicamente con ese ingreso para subsistir en estos momentos y que es necesario revisarlo. Será el ministerio el que tenga que hacerlo.

El señor PRESIDENTE: Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, para fijación de posición tiene la palabra doña Águeda Fumero.

La señora FUMERO ROQUE: En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular quiere felicitar a todo el equipo humano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, que hace posible que la mayor universidad de España, tal y como ya se ha dicho con más de 250.000 estudiantes en todo el país, a lo largo de toda su historia ha ido alcanzando sus objetivos. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ya ha hecho una larga exposición de todos esos objetivos, de cómo está actualmente la UNED y no me voy a extender más en ese punto, ya que nuestro grupo parlamentario está totalmente de acuerdo con el importante papel que ha jugado y sigue jugando la UNED en materia de formación en nuestro país, siendo clave para muchas personas a la hora de poder conciliar trabajo y estudio.

En lo que no estamos absolutamente nada de acuerdo es en que el Grupo Parlamentario Socialista en ese repaso histórico al que hace referencia el portavoz pidiendo en este momento soluciones y modificar legislación cuando estuvieron al frente de nuestro país -nosotros también quisiéramos olvidarlo- y del ministerio para dar solución a la materia que hoy nos ocupa. Dicho esto, y tratando de poner un poco de orden en el debate el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural propone en esta proposición no de ley instar al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para que regule la figura del profesor-tutor. Da la sensación de que en este planteamiento que carece de rigor, lo digo porque se mezclan competencias en número de afectados, en regulación de funciones, echamos en falta que haya un poco más de rigor en el planteamiento. Nos gustaría recordar, como ya se ha mencionado muy ligeramente por algún grupo, que la figura de los profesores-tutores de la UNED está ya regulada por el Real Decreto 2005/1986, de 25 de septiembre, sobre el régimen de la función tutorial en los centros asociados de la UNED. A partir de ahí, cualquier desarrollo de esta regulación corresponde a la UNED en el ejercicio de su autonomía universitaria.


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Hablamos hoy de la figura del profesor-tutor que fue creada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia para poder contar con posibles perfiles valiosos para apoyar a los estudiantes, tales como jueces, funcionarios, profesores cualificados, etcétera. Si estas personas hubieran tenido otra consideración laboral les hubiera excluido de la Ley de Incompatibilidades.

¿Qué trato de decir? Que en este real decreto antes mencionado se especifica el régimen de la función tutorial y que no es viable tener un análisis único a un colectivo que en la práctica tienen una gran diversidad de situaciones laborales. Por otro lado, lo que nos parece un error como punto de partida más grave, en la exposición de motivos de la proposición no de ley se cifra en 7.000 docentes que prestan sus servicios para la UNED como profesores-tutores y que representan el 80% del personal académico de la UNED. Dicho así, parece que el 80% del personal académico de la UNED está en situación precaria y esto no es cierto. Ha hablado la portavoz de La Izquierda Plural de miles de docentes afectados por esta situación y se ve que hay un error a la hora de obtener la información. Por eso quizás el tono alarmante. Los datos proporcionados por la UNED, por su rector, y por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte son que hay un total de profesores-tutores -también lo ha mencionado el portavoz del Grupo Socialista-, a 26 de enero de 2015, de 3.727 personas, de los cuales en torno al 99% son funcionarios docentes, funcionarios de otros sectores de la Administración, profesionales liberales y otros profesionales del sector privado. Por lo que hablamos apenas de un 7% de personas que no tienen otra actividad profesional pública ni privada. A pesar de este porcentaje, que parece pequeño, al Grupo Parlamentario Popular le preocupa muchísimo porque los únicos ingresos que tienen en la actualidad son los que perciben por desarrollar sus funciones como profesores-tutores en la UNED, aunque esta situación va en contra de las previsiones y de la filosofía de apoyo del tutor de la UNED.

Tal y como aparece en la exposición de motivos del real decreto mencionado, la figura del profesor-tutor se ha concebido como un apoyo. Es una actividad tutorial desarrollada por profesionales de los distintos campos del saber en un régimen mínimo de dedicación y de retribución. A todos los efectos equiparables a los becarios de docencia e investigación de las fundaciones. Por eso se dicta una normativa que lo regula. Cuando se equiparaba antes con los becarios, por eso digo que no se puede dar una solución única teniendo en cuenta que es compleja la situación de cada una de las personas, que tienen exclusividad como bien saben, no es el caso de los profesores-tutores de la UNED a los que se les concede venia. Por eso se dicta una normativa que regula el régimen de los profesores-tutores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en lo que se refiere a su especial vinculación con la misma, las funciones que desempeñan, su proceso de selección y el régimen retributivo que les afecta al amparo de lo establecido en los artículos 44 y siguientes de la Ley Orgánica 11/1983, de 24 de agosto, de reforma universitaria.

En cuanto a competencias, que es algo que tampoco ha quedado muy claro, las colaboraciones que los tutores prestan a la UNED se articulan a través de los centros asociados que jurídicamente son entidades distintas de la propia UNED y que tienen plena autonomía de funcionamiento. En ningún caso estarían bajo la competencia directa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sino más bien de las instituciones locales que las sustentan, como puede ser ayuntamientos, diputaciones, etcétera.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de esta proposición no de ley. Finalizo diciendo que, aunque votemos en contra de esta proposición no de ley, reconocemos el importante papel que juega el Universidad Nacional de Educación a Distancia en nuestro país, que según los datos ofrecidos por el rector de la UNED y por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hay un total de 3.727 profesores-tutores de los cuales un 0,7% de este grupo se corresponde con personas que no tienen otra actividad profesional pública ni privada, dicho todo esto y viendo la situación en la que están este porcentaje de que los únicos ingresos que obtienen son por las funciones que desempeñan como profesores-tutores en la UNED, somos conscientes de todo el esfuerzo que están desarrollando en este momento todas las partes implicadas, tanto la UNED como los centros asociados, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que están trabajando y revisando todos aquellos aspectos que deben actualizarse para un mejor funcionamiento de la UNED. Todo esto siempre teniendo en cuenta el marco competencial. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Entiendo que esta proposición no de ley se va a votar en sus propios términos.


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- SOBRE LOS TÍTULOS DE FP DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/003374).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7 del orden del día que hace referencia a los títulos de formación profesional de la familia profesional de actividades físicas y deportivas. Para su defensa, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra doña Isabel Sánchez.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Es una cuestión que queda bastante clara en la exposición de motivos, pero no obstante pasaré brevemente a relatar cuál es la razón de esta iniciativa. Como sus señorías saben existen 115 títulos LOE de formación profesional que se han desarrollado en los últimos cinco años. De todos ellos solamente siete reales decretos de aprobación de estos títulos están sin publicar en el BOE, el resto han sido ya publicados y aprobados por decreto en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Entre esos siete títulos que se encuentran sin aprobar en Consejo de Ministros están todos los de la familia profesional de actividades físicas y deportivas y la totalidad de ellos además dictaminados favorablemente por el Consejo Escolar. Los siete son técnicos en guía en el medio natural y de tiempo libre, técnico superior en acondicionamiento físico, técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva, técnico superior en prevención de riesgos profesionales, técnico en actividades ecuestres, en cuidados auxiliares de enfermería y técnico superior en organización y control de obras de construcción. Como les decía, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en Euskadi, el traslado de esos reales decretos al currículo de la propia comunidad se hizo hace más de dos años por el Instituto Vasco de Cualificaciones. Como ya conocen, los títulos tienen como referencia las cualificaciones profesionales. Es reiterativo seguramente, pero es preciso señalar que todas cualificaciones profesionales que sostienen a esos títulos se encuentran también aprobadas. De hecho además estas han dado origen a certificados profesionales que ya han sido aprobados hace aproximadamente tres años y que se están impartiendo en las diferentes convocatorias, tanto autonómicas como estatales, de la formación profesional para el empleo. Sin embargo, la no aprobación de los reales decretos que quedan pendientes de títulos provocan importantes problemas a los centros de formación profesional, algunos además inciden sobre esas personas que están buscando empleo. Por no extenderme citaría que no se pueden desarrollar adecuadamente los itinerarios formativos en condiciones desde los sistemas de orientación, puesto que parte de los instrumentos, precisamente los títulos para su diseño, están sin aprobar. ¿A qué obliga esto? A que el movimiento por el sistema integrado no se pueda dar y a veces se tenga que estudiar dos y tres veces lo mismo. Además impide también que se puedan presentar programas de formación profesional dual adaptados a la demanda del mercado en las debidas condiciones. De facto, a los largo del mes de octubre de 2014 se han publicado ocho títulos de los que faltaban, que llevaban por cierto retrasados más de tres años, y quedan pendientes los referidos en esta iniciativa. El Gobierno se comprometió a aprobar en los próximos consejos de ministros -cito literal- en el mes de diciembre de 2013. Ese compromiso queda recogido en una respuesta a una pregunta formulada por la diputada doña María Jesús Vázquez y el diputado don José Antonio Viera, del Grupo Socialista, y que fue publicada en el boletín exactamente hace un año, el 11 de febrero de 2014. Creemos que es razonable que se proceda a la aprobación en el plazo más breve posible en el seno del Consejo de Ministros de estos reales decretos para tratar de avanzar en esta cuestión que es relevante y más en una época como esta en la que el empleo es tan necesario. Es todo lo que tenía que explicarles.

El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Intervendré muy brevemente para explicar nuestro voto, que va a ser de abstención. Respetamos la demanda del Grupo Parlamentario Vasco para que se puedan publicar todos estos títulos adecuadamente, según sus necesidades, que en este caso no coinciden con el Plan de formación profesional que se está desarrollando en Cataluña. Estas familias profesionales de momento tienen salida con los títulos que hay aprobados, y nuestra programación para el curso 2015-2016 está ya planificada.

No podemos oponernos a la iniciativa, pero no es una necesidad urgente para Cataluña y por eso, repito, nos abstendremos.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Vázquez.


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La señora VÁZQUEZ MORILLO: Mi grupo está de acuerdo con la propuesta que hace el Partido Nacionalista Vasco en su PNL para que los ciclos de la familia de actividades físico-deportivas se publiquen cuanto antes. Esto podríamos hacerlo extensible a muchos otros títulos que todavía están pendientes, pero se han centrado en la familia de actividades físico-deportivas y vamos a respetarlo, porque ya tendremos más ocasiones de discutirlo.

Quisiera destacar una cosa. Cuando las comunidades autónomas desarrollan su currículum necesitan aproximadamente ocho meses para publicar el decreto, la norma. Por tanto, si no se publican los reales decretos de actividades físico-deportivas en este mes de febrero, el ministerio no debería obligar a implantarlos en el curso 2015-2016. Debería decir: Podrá implantarse en el curso 2015-2016. El ministerio actúa lentamente, pero luego transmite las prisas a las comunidades autónomas, y debemos evitar esta precipitación que ha existido en los ciclos de formación profesional o en la primaria, que han tenido que empezar sin que estuvieran desarrollados los currículos.

Nos extraña que estos títulos no estén publicados ya -a lo mejor nos lo puede aclarar el Grupo Popular porque el Gobierno les ha dicho algo-, porque los ciclos se los encontraron prácticamente elaborados. En 2011 los borradores de todos los ciclos de la familia de actividades físico-deportivas estaban ya publicados en el portal Todo FP. Si no nos dan una explicación lógica, entenderemos que esto es dejadez del Gobierno, lo que significa -es lo que yo pienso- que la formación profesional no es importante para el Partido Popular.

Los ritmos de trabajo de Gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista en materia de FP son muy distintos. Voy a poner algunos ejemplos. Como ustedes saben, el modelo de ciclos formativos de grado medio y superior se reguló en la Logse en el año 1990. Pues bien, desde 1990 hasta 1996 el Gobierno del PSOE desarrolló y publicó 135 títulos. En los siguientes ocho años, en los que gobernó el PP, se publicaron 7 títulos. De 135 títulos a 7. Pero es que ahora está ocurriendo lo mismo. Los títulos se han empezado a actualizar a partir de la LOE, en el año 2006. Pues bien, de 2006 a 2011, con un Gobierno socialista, se han actualizado 103 títulos. Desde finales de 2011 hasta hoy, con un Gobierno del PP, se han actualizado 24. Esa es la suma de los 127 títulos que hay ahora mismo. No esperamos mucho más en esta legislatura. Fíjense la diferencia que hay en los ritmos.

El ministro se ha dedicado a intentar arreglar las estadísticas, a amontonar niños en la FP básica y a decir que la solución para el empleo, para la formación de los alumnos y para todo esto está en la formación profesional dual. El ministro vino a descubrir la pólvora, pero no sabía que ya se estaban realizando estas experiencias de formación profesional dual en las grandes empresas y que no podría absorber a tantos alumnos como él decía, y así se ha demostrado. De hecho, para suavizar su fracaso, ha publicado datos de FP dual que son falsos -lo digo aquí, que queda recogido en el «Diario de Sesiones»-. También ha dado datos falsos, más dulcificados todavía, de formación profesional dual en una sesión de control en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Pienso que para la FP esta será una legislatura perdida, más bien dañina, puesto que el ministerio ha disminuido el presupuesto destinado a impulsar la formación profesional en las comunidades autónomas nada más y nada menos que un 80%; ha dejado prácticamente secas a las comunidades. Además, en cuanto llegaron paralizaron todos los proyectos destinados a incrementar la calidad en la formación profesional. No voy a enumerar hoy todos esos proyectos porque espero que tengamos la oportunidad de debatir sobre ello en esta Comisión.

Vuelvo a decir que apoyaremos la propuesta del PNV, haciendo la salvedad de que si no están publicados los reales decretos en febrero de 2015, el ministerio no debería obligar a las comunidades a implantarlo en el curso 2015-2016.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Molinero.

El señor MOLINERO HOYOS: Intervengo muy brevemente para anunciar que el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente la iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco para que se reconozcan lo antes posible los títulos de formación profesional de la familia de actividades físicas y deportivas, así como el resto de los títulos que todavía no han sido aprobados, por dos motivos. El primero, porque la proposición no de ley va en línea con la política reformista del Gobierno en materia de educación, contenida en la Lomce, fundamentalmente en orden a la integración de los jóvenes en el sistema educativo y en el mercado laboral. El segundo, porque la aprobación de los títulos supone el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, conocida como la Lomce, superando con ello la Ley Orgánica 2/2006, de 30 de mayo, de Educación.


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Comprendemos y respetamos la intranquilidad de la proponente por el tiempo de espera de la publicación de estos reales decretos, como también compartimos con ella que el retraso puede suponer un impedimento en la presentación de los programas de formación dual, pero nos consta que el ministerio está trabajando intensamente para lograrlo lo antes posible, como se ha visto con la aprobación de los más de 100 títulos que venían regulando la formación profesional. El Gobierno sabe que es necesaria la aprobación de los títulos porque han sido demasiados los jóvenes que durante la etapa del Gobierno socialista han abandonado los estudios sin una preparación suficiente para acceder al mercado laboral; son demasiados los jóvenes que no tienen trabajo por culpa de una insuficiente titulación. La política del Gobierno va dirigida a la implantación de los nuevos sistemas educativos, y por ello la formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para el empleo son algunas de las soluciones que se proponen para que los jóvenes no abandonen antes de tiempo los estudios y para que, además, puedan acceder al mercado de trabajo con una cualificación profesional suficiente. La Lomce ha creado una nueva trayectoria formativa accesible para todos los estudiantes que muestren interés por las titulaciones de la formación profesional. Para alcanzar estos fines, el Gobierno es perfectamente conocedor de que la aprobación de los nuevos títulos permitirá a muchos jóvenes obtener una titulación que posibilite su acceso al mundo laboral desde una posición cualificada. Sin embargo, no debemos olvidar que el iter legis que conlleva la aprobación de una norma de este alcance y naturaleza supone un procedimiento laborioso y riguroso, en el que hay que poner en común el trabajo de varios ministerios, el del competente en materia de títulos y el de los competentes por razón de la materia. Todo ello, partiendo siempre de un borrador elaborado por los grupos de trabajo constituidos en el seno del ministerio, que son los que recogen las consultas, entrevistas y reuniones con profesionales, asociaciones y sociedades, incluso con los ciudadanos. En definitiva, es necesario seguir ese procedimiento rigurosamente para garantizar que el contenido de los títulos responde a las necesidades de los sectores productivos y de las empresas, lo que significa un coste de tiempo para la elaboración de los mismos.

Si bien es cierto que el procedimiento de elaboración de los reales decretos está llegando a su fin, puesto que, como bien ha puntualizado la proponente, ya han sido aprobados por el Consejo Escolar del Estado, es aconsejable recordar al Gobierno la urgencia en la aprobación de estas normas para potenciar los fines que se persiguen, como son la creación de empleo y el crecimiento económico.

Por todo ello, vamos a votar a favor de la iniciativa presentada.

- RELATIVA A LA PROPUESTA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE MODIFICAR LOS GRADOS UNIVERSITARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/003385).

- SOBRE ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003396).

El señor PRESIDENTE: Pasamos finalmente a debatir conjuntamente las dos últimas proposiciones no de ley. La primera se refiere a la propuesta del ministerio de Educación, Cultura y Deporte de modificar los grados universitarios; la segunda es la relativa a ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Para su defensa, en primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Pérez Fernández. Como he dicho anteriormente, al ser un debate conjunto, el presidente será generoso con el tiempo, pero espero del sentido común de los portavoces no tener que serlo excesivamente.

Señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Antes de nada, para que todos los diputados lo sepan, quiero poner de manifiesto que si no he venido antes a la Comisión no ha sido porque solo me interese mi libro, sino porque he estado en la Comisión de Fomento, en la subcomisión de estudio ferroviario, y me ha sido imposible llegar. He querido dejarlo claro porque todas las PNL que se han presentado son de nuestro máximo interés.

En todo caso, refiriéndome ya a la proposición que hemos presentado -colateralmente me tengo que referir también a la del Grupo Socialista-, quiero empezar diciendo que, a nuestro juicio, este Gobierno, concretamente el Ministerio de Educación, se ha propuesto dejar reducida a cenizas la educación pública que con tantos esfuerzos se ha construido en el Estado español por varias generaciones a lo largo de los años. Aún admitiendo, efectivamente, que todo es mejorable y que la política educativa no es estática ni estanca, sino que debe ser dinámica y adaptarse a las necesidades de cada momento, desde su toma de


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posesión este Gobierno ha ido dando pasos en una única dirección: fulminar la educación pública como elemento fundamental para la igualdad, la cohesión y la equidad. Empezó por los recortes multimillonarios que afectaron a todos los ámbitos educativos y continuó con su nefasta política de becas que ha dejado absolutamente excluidos a miles de alumnos y de alumnas. La imposición de la tasa de reposición no solo ha llevado a perder miles de puestos de trabajo, sino que también ha devaluado hasta extremos impensables la calidad de la educación pública. Y cuando muchos y muchas creíamos que el fin de este vía crucis había llegado con la aprobación, absolutamente unilateral, de la peor ley de educación que ha tenido el Estado español, la Lomce, llega ahora la aprobación del Decreto 43/2015, que viene a modificar otros anteriores y que establece una nueva ordenación de las enseñanzas universitarias. De nuevo el ministro Wert, como el Llanero Solitario, cabalga sin dialogar con nadie, sin consensuar con nadie y sin tener en cuenta las negativas consecuencias que va a tener esta normativa, de las que ya han advertido numerosos expertos, como el propio Consejo de Estado y la Conferencia de Rectores, que prácticamente por unanimidad ha decidido posponer la aplicación de este decreto hasta el año 2017. Es decir, de nuevo -ya nos suena, a estas alturas lo conocemos-, contra todo y contra todos, el ministerio y el ministro se ponen de parte de la patronal de la enseñanza privada y se aprueba un decreto que, después de tener a todo el mundo en contra, el ministro Wert defiende argumentando el supuesto ahorro de alrededor de 150 millones de euros que supondrá para las familias al reducirse los estudios a tres años, lo que implica menos tasas en las matrículas. De lo que no habla el señor Wert es de que para que estos alumnos puedan competir en igualdad de condiciones a la hora de entrar en el mercado laboral tendrán que realizar inexcusablemente, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, dos años de máster. Evidentemente, aquí el señor Wert no cuantifica el ahorro, y no lo hace porque no existe. Es todo lo contrario, supondrá para las familias un desembolso mayor que el actual. Eso sí, también supondrá un gran beneficio y un suculento negocio para las universidades privadas y para las escuelas de negocio, así como un ahorro importante para el propio ministerio, porque habrá una mayor reducción de profesorado, lo que hará que se siga profundizando en el desmantelamiento de la universidad pública.

Señorías, creyendo que todo esto es extremadamente grave, lo que nos parece absolutamente insoportable en un Estado que se denomina democrático y de derecho, del primer mundo, es que este decreto va a suponer inmediatamente la pérdida de miles de alumnos universitarios. Los rectores lo han cuantificado solo en Galicia en más de 4.000 alumnos en un breve plazo de tiempo. Los alumnos con menos recursos se verán abocados a no poder acceder a la universidad, y muchos que sí lo hagan se encontrarán en una absoluta desigualdad de condiciones para acceder al mundo laboral al terminar su carrera si no pueden realizan el máster.

En nuestra proposición no de ley -voy terminando, señor presidente- hablamos de no llevar a efecto el primer punto, pero ahora ya tendríamos que hablar de derogar, puesto que estaba presentado antes de la aprobación del decreto, la reforma de los grados universitarios; de que el ministerio retroceda en la idea de reducir los grados a lo que se conoce ya como el 3+2, entre otras cuestiones -y son los propios expertos del ámbito universitario los que lo están poniendo de manifiesto-, porque ni siquiera se ha terminado de implantar el Plan Bolonia. En estos momentos conviven en las aulas dos planes distintos y el Plan Bolonia está sin evaluar. Creemos que esto no proporcionaría estabilidad al sistema universitario.

Creemos que en lo que nos queda de legislatura debemos trabajar -el BNG lo seguirá haciendo- para que cejen en el intento de poner en marcha este decreto. Afortunadamente, como antes he dicho, la Conferencia de Rectores, por unanimidad, pospone su puesta en marcha. Ojalá estos dos años sirvan para reflexionar sobre lo que supondría este decreto para millones de alumnos: una exclusión, una segregación, como ya se está produciendo a raíz de la aprobación de la Lomce en otros muchos aspectos.

Señorías, aprovecho para anticipar, aunque hay algún matiz, evidentemente, mi voto favorable a la propuesta del Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: Para defender la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Costa.

La señora COSTA PALACIOS: Respecto a la PNL presentada por la señora Pérez, del Grupo Mixto, BNG, no podemos estar más de acuerdo con todo lo que ha explicado aquí y con lo que hemos podido leer. Parece ser que estamos todos de acuerdo, menos el ministro Wert y el Grupo Parlamentario Popular. Alguien se tiene que haber equivocado, y supongo que no seremos los demás.

Señora Pérez, yo también tengo algunas cuestiones de matiz, pero no es el momento de señalarlas. Voy a pasar a defender nuestra iniciativa. Esta proposición no de ley es el fruto de un decreto más del


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ministerio, porque no es el primero, aunque según dijo el ministro en su comparecencia de diciembre tampoco va a ser el último; es el primero de los seis que se anunciaron. Este decreto, que está antecedido de otros demoledores para todo lo que tiene que ver con las becas, con las tasas, etcétera, es un atropello porque responde, por mucho que se den las explicaciones que se están dando -si no fuera tan grave, algunas de ellas serían dignas de risa- a unos compromisos adquiridos -todos lo sabemos hace mucho tiempo- de tipo económico-presupuestario que imponen nuevos recortes para la enseñanza universitaria, y no digamos ya para la otra.

Sobre este real decreto -ya se ha dicho aquí y fuera de aquí- se ha pronunciado de manera tajante la CRUE y lo ha plasmado de manera íntegra en documentos muy bien fundamentados que se aprobaron por la asamblea. Este decreto -que además se publicó el mismo día en que la asamblea de la CRUE, casi por unanimidad, se daba una moratoria- se ha elaborado sin atender a las observaciones de peso que se han realizado y no ha tenido ninguna misericordia con el dictamen del Consejo de Estado. Esto se debía haber tomado en consideración, y no es que lo diga el Grupo Socialista o el Grupo Mixto. Esto no nos extraña nada, porque ya tenemos los antecedentes de la Lomce y de otras muchas leyes. No creemos que estos informes hayan servido de nada, porque el dictamen se divulgó el 16 de enero, una semana después llegó al Consejo de Ministros y otra semana más tarde al «BOE».

Tengo que destacar que no se trata de un mero maquillaje. No solo es dar en toda la línea de flotación del sistema universitario tal como lo hemos conocido hasta ahora, después de Bolonia, sino que va contra la igualdad de oportunidades para adquirir unas titulaciones que no estén tan devaluadas, de manera que con unas carreritas cortas, como se decía antes, se pretenda decir a los estudiantes y a sus familias que con tres años y 180 créditos van a poder estar en igualdad de condiciones para competir con otros estudiantes. Ni siquiera se puede decir -y lo ha dicho el ministro esta mañana- que es para que se internacionalicen nuestras estructuras universitarias con las de otros países de Europa. ¿Qué hay de otros países del mundo? Porque esto tiene que ser mucho más global. ¿Qué hay de las estructuras universitarias de Estados Unidos, que prácticamente todas tienen el 4+1, o de Latinoamérica? Esa revisión del 3+2 que se va a hacer en Alemania no es exactamente un 3+2, como plantea el ministro, porque hay que tener otra vez en cuenta la cuestión financiera, ya que en ese país no hay tasas de matrícula y pueden permitirse un 3+2. Son cosas muy técnicas, pero parece que el ministro las obvia y nos dice que si queremos ser como Malta o como no sé qué otros países, que incluso hay que buscarlos en el mapa.

Esta pretendida estabilidad se ha desestabilizado casi por completo. El ministerio dice que es una cuestión voluntaria de las universidades. ¡Es que es peor que sea voluntario! ¿No ve meridianamente claro, como lo vemos todos, que no se puede dar un grado de tres años y 180 créditos en una universidad y que en otra de una comunidad autónoma vecina o de la misma ciudad se dé el 4+1? Se crea una gran desigualdad entre los alumnos de unas y otras universidades. Además, el 3+2 hace prácticamente obligatorio el máster. Con una titulación de tres años no se va a ningún sitio. Repito que esta titulación, desde luego, como decía antes, es como las antiguas carreritas breves, que resultan mucho más baratas para las familias -en eso tiene razón-, pero que a la larga son más caras, porque las tasas de los grados cuestan de media la mitad que las del máster. Por tanto, las familias se ahorrarán 150 millones, pero se tendrán que gastar 300 millones si quieren que sus hijos adquieran los conocimientos necesarios para introducirse en el mundo laboral y estén en igualdad de condiciones para competir. Dada la necesidad actual de tener titulaciones y una formación adecuada para integrarse en el mundo del trabajo, esto es una verdadera barbaridad.

En nuestra PNL pedimos -y también se lo pedimos al señor ministro en su comparecencia- que no se haga nada sin un estudio previo que sea serio, sin que se haga una evaluación rigurosa del Plan Bolonia, del Espacio Europeo de Educación Superior, que no ha podido ni siquiera empezar a evaluarse porque, en el mejor de los casos, ha terminado en septiembre. ¿Van a poner a las universidades a convivir con una titulación de diferente sistema? Además, hay que contar con que no se contratará profesores y supondrá más gasto para los estudiantes y sus familias. Esto no tiene explicación. A ver qué nos dice ahora la señora Moro, que es profesora de universidad. ¿No han pensado que es casi imposible que convivan más titulaciones y que sean tan diferentes unas de otras? En este caso, la flexibilidad es desaconsejable. También tendrán que decir algo las comunidades autónomas, aunque ya lo han dicho. Un grado de 180 créditos -eso lo sabemos todos, los padres que matriculan a sus hijos y nosotros- en ningún caso da capacidad formativa. ¿Se van a degradar los títulos? Seguro que sí.

Respecto a la enmienda presentada por CiU, tengo que decir que no podemos estar de acuerdo por una razón muy sencilla. Nosotros estamos de acuerdo con la asamblea de la CRUE en que se establezca


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una moratoria y que una vez publicado el decreto se derogue. Me pasa lo mismo que a la señora Pérez Fernández, que registramos esta PNL antes de que se conociera el decreto. No nos parece bien que, de algún modo, en pos de una autonomía universitaria, se dé el visto bueno al 3+2, aunque las universidades catalanas son libres de implantarlo cuando quieran. Mi grupo, junto a la mayoría de las universidades, está en la línea de que se derogue este real decreto.

No quisiera abundar más en esto, porque creo que ya se ha hablado bastante y no quiero abusar de la promesa que me ha hecho el presidente sobre el tiempo, que ha cumplido por ahora. Estamos de acuerdo en que se voten los puntos por separado, pero no aceptaremos la enmienda de Convergència i Unió. Mantenemos todos nuestros puntos del petitum y votaremos favorablemente la enmienda del BNG.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la única enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán, el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Antes de empezar mi intervención quiero pedir una aclaración. Entiendo que votaremos por separado las dos proposiciones no de ley.

El señor PRESIDENTE: Efectivamente.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Pido al Grupo Socialista que votemos la suya punto por punto. (La señora Costa Palacios: Ya he dicho que sí).

Empezaré mi intervención -no es tan difícil como la de la señora Moro, pero sí lo es bastante- hablando del ministro Wert y de la legislatura que estamos viviendo.

La valoración que hace el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió de este real decreto es positiva. Es una reivindicación histórica de Cataluña, una reivindicación de otros rectores, de antes de aplicarse el Plan Bolonia, de cuando se estaba discutiendo qué modelo implantar en España. A nuestro entender, flexibiliza y da una mayor autonomía al sistema universitario de Cataluña y también al del resto del Estado.

La clave de todas estas dudas es la articulación de la oferta de titulaciones, que en Cataluña es un eje muy importante para mejorar la eficiencia y la eficacia de los recursos de los que disponen las universidades. ¿Para qué hay que articular una oferta de titulaciones? Pues para mejorar en la calidad y en la internacionalización de nuestras universidades, pero, claro, siempre llegamos al mismo punto: ¿Por qué Cataluña puede recoger instrumentalmente esta propuesta del ministro Wert y considerarla positiva? Pues sencillamente por dos elementos claros. El secretario de Universidades tiene un acuerdo con el Consejo Interuniversitario de Cataluña de no aplicar nada sin abrir un debate sobre el modelo de implantación de los grados de tres años y sobre los ámbitos de conocimiento en los que se podrían ofrecer estudios de 180 créditos ECTS. Por tanto, respetando la autonomía universitaria, hemos pactado consensuar esa oferta hasta ir creando un nuevo modelo heterogéneo que combine las dos formas, no 4+1 y 3+2, sino 3+1 o 3+1+1 o diferentes formas que existen en Europa y a las que queremos asemejarnos para poder hacer intercambios, es decir, que vengan estudiantes a Cataluña, a España, y que estudiantes nuestros puedan ir a las universidades del resto de Europa. En la comparecencia del señor ministro ya dijimos que en Cataluña teníamos un número muy alto de estudiantes en másteres, mientras que en grados teníamos un 3%. Entendemos que la flexibilidad que introduce este real decreto aprobado nos permitirá incorporar más estudiantes del extranjero. Además de tener un acuerdo de no aplicar nada con los rectores y el Consejo Interuniversitario de Cataluña, tenemos un compromiso con el Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, porque sin consultarles previamente y sin su visto bueno no se va a implantar nada en Cataluña. Por tanto, tenemos a las universidades y tenemos a los estudiantes, a los que se les plantea la posibilidad de incorporar grados de tres años en aquellas áreas en las que creamos que pueden ser útiles y que pueden permitirnos mejorar en calidad y en internacionalización. Esto -en las intervenciones de algunos portavoces ha quedado claro- va acompañado con un sistema de becas que hemos criticado y continuaremos criticando. Por eso vamos a llevar iniciativas al Pleno para pedir el traspaso de todo el proceso de gestión de las becas a Cataluña, porque creemos que gestionándolo nosotros podremos solventar algunas de las dudas que estas implantaciones pueden generar. Claro, tenemos al ministro Wert. Cuando en la rueda de prensa, al salir del Consejo de Ministros, dice que las familias se van a ahorrar 150 millones de euros, está echando por tierra todo aquello que Cataluña ve positivo en este real decreto, porque lo que no va a hacer este sistema es ahorrar dinero a las familias. Lo que tenemos que lograr es que este sistema, como mínimo, no encarezca lo que tenemos ahora y mejore el sistema de


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becas para aquellos aspectos que sean necesarios. Por eso tenemos un compromiso con los estudiantes para que no afecte a su economía. Él habla de ahorro y dice que se va a ahorrar en transporte y en alojamiento y que los estudiantes van a entrar un año antes en el mercado laboral, pero todos sabemos las ofertas del mercado laboral que tenemos. El señor Wert, teniendo en sus manos por primera vez una posibilidad constructiva, como era hablar con los rectores, con los estudiantes y con todos los implicados y llegar a acuerdos para hacer pruebas piloto y ver cómo va funcionando, ha logrado que toda la sociedad acabe valorando negativamente -y con razón- algo que es positivo. Creemos que a partir de estos pactos con la comunidad universitaria, las universidades y los estudiantes, intentando ir poco a poco y probándolo con ejemplos, se puede ir implantando este modelo flexible en el que no sabemos hasta dónde podemos llegar, porque hay que evaluarlo. Por eso no hemos presentado enmienda a la proposición no de ley de la señora Pérez Fernández, porque entendíamos que era muy drástica e iba en contra de nuestros principios -nosotros defendimos que este real decreto se aprobase y que el señor ministro lo llevase a cabo-, pero estamos de acuerdo con el primer punto de la proposición no de ley del Grupo Socialista. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en promover en el seno del Consejo de Universidades la elaboración de un informe sobre los resultados de la vigente ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales? Claro que sí. Hay que evaluar el 4+1 y ver cómo ha ido evolucionando, qué problemas tiene y dónde hay que mejorar. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en revisar todo el sistema económico que sustenta a las universidades? Estamos de acuerdo en ese sentido, pero quiero destacar claramente la única diferencia. No es que nos sintamos más cerca del ministro Wert que del resto de los grupos parlamentarios, eso está claro, pero entendemos que con la flexibilidad que nos permite este real decreto podemos estudiar, de acuerdo con las universidades y los estudiantes, cómo este grado de tres años puede mejorar la oferta del sistema universitario de Cataluña y del resto del Estado español. Por eso vamos a votar en contra de la proposición no de ley de la señora Pérez Fernández y vamos a votar a favor de los dos primeros puntos y en contra del tercero de esta iniciativa.

El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor Barberà, si en algo puedo estar de acuerdo con usted es en que al ministro Wert le haría falta hacer un posgrado en marketing político.

Señora Pérez, la verdad es que tengo que declararme fan de usted. No puedo compartir más la exposición de su iniciativa. Recomiendo además la lectura del documento que la recoge. Es bastante extenso y muestra la mayoría de los aspectos criticables de la normativa aplicada y los efectos que provocará. En cuanto a la exposición de la diputada Costa, creo que ha abundado en lo señalado muy acertadamente. Nuestro grupo va a votar favorablemente.

El ministro de Educación, el señor Wert, ha aprobado una vez más una reforma no consensuada. Esta vez no ha ido de frente, esta vez ha ido de perfil, vía decretazo. Sea como sea, lo ha hecho contra el criterio de toda la comunidad universitaria, de toda, salvo de alguna administración autonómica de la que luego hablaremos; no desde luego de la vasca, que en su momento ya se manifestó en contra de estas medidas. Se ha aprobado una reforma que además genera una enorme incertidumbre y que no permite la transitoriedad razonable que hemos comentado, puesto que no se ha realizado ninguna evaluación y es absolutamente necesario hacerla. No ha habido tiempo y, como siempre, ha habido precipitación y un pensamiento monolítico, monocolor y sordo frente a lo que todos los expertos y los profesionales del sector les están sugiriendo, incluido el Consejo de Estado. Teóricamente, esta pretendida reforma -como ha dicho la diputada Costa- es para homologar con los títulos europeos y para promover la internacionalización. Pues yo afirmo rotundamente hoy aquí que esta reforma nos distancia de Europa y muchísimo más del resto de las universidades del mundo. Es de los pies a la cabeza, de arriba abajo un completo dislate. Con toda la contundencia del mundo, vamos a apoyar las dos iniciativas. Pediría a la diputada Costa que en ese punto que dice «promover, en el seno del Consejo de Universidades, la elaboración de un informe» se diera participación a las agencias autonómicas de evaluación, como es el caso de la vasca Unibasq, que tienen competencia en la evaluación de aquellas titulaciones que tutelan. Les damos todo nuestro apoyo y damos una colleja a aquellos grupos que no voy a citar y que en su momento, en la Conferencia general de política universitaria, que sostiene algún gobierno, se manifestaron contentos con la promoción de esta iniciativa. También digo que es maravilloso que hayan recapacitado. Rectificar es de sabios. A partir de aquí, hay que trabajar conjuntamente y no hay que atender exclusivamente a motivos económicos, porque lo que debemos buscar es la calidad en la educación y tener profesionales


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competentes. Sabemos, como se ha comentado aquí, que un 3+2 es mucho más barato que un 4+1, pero eso hay que verlo en el contexto que estábamos comentando.

No me voy a extender más, porque estamos en la Comisión de Educación y Deporte y hoy hay semifinales de copa y juega mi Athletic. Tenemos que ir calentando las piernas para ver el partido.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Estamos tocando un tema que sin duda va a dar mucho que hablar y que habrá que analizar a fondo, porque la cosa es seria.

Aquí se han solapado dos cosas. Primero, hay un decreto que de un modo imprevisto, sin anuncio previo y sin suficiente debate -o sin ninguno- el Gobierno se ha sacado de la manga con lo que a veces es peor que una mentira, que es una semiverdad. Me explico. Es cierto que en la mayor parte de los países europeos y por tanto en el espacio europeo de Educación Superior o en el espacio Bolonia el esquema dominante, aunque no exclusivo ni único, es el de 3+2 y que en España había un problema serio de convalidación de muchas titulaciones, porque en muchas de ellas se ofrecía el 4+1 u otros distintos y esto tenía como consecuencia indeseable que muchos titulados españoles se encontraran con graves problemas a la hora de convalidar su titulación dentro del espacio Bolonia. Así, se daba la paradójica situación, por no decir una palabra más descalificatoria, de que habíamos entrado en Bolonia pero sin entrar. Se suponía que habíamos adaptado el sistema universitario al espacio europeo de Educación Superior, pero no era así, porque se había hecho de aquella manera. Esa de aquella manera tiene muchas explicaciones, tanto desde el punto de vista de las políticas públicas, que en materia universitaria se habían quedado muy atrasadas y en las que había muchas cosas que revisar, como porque durante muchos años se ha llevado una política de expansión de las universidades públicas y privadas semejante a otros capítulos de inversión pública y no muy bien orientada. Se ha priorizado más la expansión del número de universidades que su calidad. Aunque es un tema del que no se habla demasiado, es un hecho que muchas universidades, departamentos o facultades eligieron el sistema 4+1 por la sencilla razón de que no tenían un profesorado con la cualificación profesional y académica suficiente para poder impartir másteres. Esto es así. No se habla de ello, pero es cierto. Había un déficit de doctores con las condiciones que se exigían para impartir másteres: tener un sexenio de investigación o algo más en algunos casos. Por tanto, se buscó una fórmula de transición que al final no ha sido satisfactoria. Yo creo -y esto lo hemos debatido alguna vez en el Congreso con el Gobierno y con el ministro Wert- que esto habría que haberlo afrontado con toda claridad, pero -y aquí está lo que me parece más lamentable- se ha buscado un pretexto, que sin duda es digno de consideración, que es la diferencia de carrera universitaria en España y en la mayor parte del espacio Bolonia, para lo que, en mi opinión, es una manera de trasladar a las familias el coste de la educación superior. Me explico. Es muy sencillo, casi todo el mundo sabe -salvo, al parecer, el Gobierno y algunos otros agentes sociales- que los másteres cuestan de media el doble que los grados y que los grados en general en España y en la mayor parte de los países son un tipo de titulación superior que no permite un acceso igualitario al mercado laboral, porque en el mercado laboral, sobre todo en las carreras técnicas o con un desarrollo laboral muy ligado al mundo empresarial, los grados son un título insuficiente y lo que se busca son másteres. Por tanto, lo que se está haciendo es ofrecer una enseñanza financiada por las administraciones públicas, que es el grado, y dejar el master sobre todo en manos de las familias, con un sistema de becas insuficiente, con muchos másteres que -en España habría mucho que hablar de esto- son más bien másteres de supervivencia de departamentos que másteres con verdadero contenido universitario e interés y además, en muchos casos, con plazas de acceso limitado. Así, se juntan una serie de condiciones que van a crear un cuello de botella, que de hecho ya existe, en el acceso a los másteres, un cuello de botella económico y académico en el acceso a una titulación superior universitaria integral. Nos parece muy criticable que se haya utilizado como excusa una clara disfunción del sistema universitario español para al final trasladar, como se ha hecho en otros campos, a los universitarios -lógicamente, en la mayoría de los casos estamos hablando de sus padres, de sus familias- la responsabilidad de financiar la universidad. Este es el problema de fondo que nos ha traído, en nuestra opinión, esta reforma.

Por todas estas razones, estamos de acuerdo en que hay que suspender la puesta en marcha de esta reforma hasta que queden claras todas sus implicaciones económicas para la igualdad de oportunidades, hasta que quede claro cómo se van a financiar los másteres, cómo se va garantizar el acceso a ellos en igualdad de condiciones y cómo se va a lo que en realidad habría que hablar, que no es cómo reformulamos


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la estructura administrativa de la universidad, sino cómo conseguimos de una santa vez tener un sistema universitario de calidad. Lo digo porque a mí, que también soy profesor universitario y lo he sido durante veintitantos años, me han tocado cinco o seis reformas universitarias mientras era profesor y todas ellas eran puramente nominales y consistían en vestir el santo con otros ropajes, pero dejándolo como estaba. Así hemos llegado a la situación actual. O hablamos en serio de la Universidad y de lo que queremos hacer con ella para tener un sistema realmente de calidad o seguiremos con este tipo de decretos y de parches que en el caso actual, en mi opinión y en la de mi grupo, empeoran la igualdad de oportunidades y no mejoran para nada la calidad de la enseñanza universitaria, sino que trasladan a las familias, justamente en un momento de crisis que ha disminuido sus ingresos de modo drástico, la responsabilidad de financiar lo que casi todo el mundo desea, que es un máster.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Después de lo que han dicho los anteriores intervinientes, salvando con todos mis respetos al Grupo de Convergència i Unió, casi me he quedado sin nada que decir, pero sí quiero manifestar alguna cosa.

En línea con lo que ha comentado la portavoz del Grupo Vasco, siento una profunda admiración por lo que nos ha traído hoy aquí la señora Pérez Fernández. También siento un respeto tremendo por la señora Costa, que ha terminado de completar lo que se comentaba, y un absoluto no voy a decir desprecio, pero sí poco respeto, que creo que es más adecuado, por quien hoy, subido en el estrado, se ha permitido el lujo de despreciar sistemas universitarios de otros países porque son más pobres. Me parece demencial que quien representa a la máxima institución en materia educativa se permita el lujo de despreciar los sistemas educativos de otros países, para decir que el nuestro estaba en la línea de los países pobres -pobrecitos ellos- que estaban en esa situación. Ha llegado un momento en el que se ha confundido, porque no sabía cómo era el nombre del país que quería mencionar -tampoco me acuerdo yo en este momento de cuál era-, y casi dice Afganistán, lo que ya me habría dejado totalmente descolocada. Hay que agradecer también que nos haya anunciado que vendrá a explicarnos, para que lo podamos entender mejor, el porqué de ese decreto y nos ha adelantado que no es que hubiera posiciones en contra -sabemos que no es lo que él dice, porque está negro sobre blanco-, que había discrepancias. ¡Hombre! Había discrepancias del calado de las que manifiesta el Consejo de Estado y del calado de las que manifiesta la CRUE; discrepancias leves, parece ser. No sé si el señor ministro es el Llanero solitario o no lo es, lo que está claro es que nunca ha tenido a bien venir a esta Cámara a explicar con anterioridad qué es lo que pensaba hacer. Todo lo va haciendo por la puerta de atrás del ministerio, y hacer las cosas por la puerta de atrás del ministerio es atacar directamente, como muy bien decía la señora Pérez Fernández, al sistema público en todo su ámbito para favorecer a la patronal educativa, en este caso a la patronal universitaria. Desde luego, ahí nos va a tener siempre confrontados. La realidad es que supone un encarecimiento para las familias, que va a obligar a que muchos posibles estudiantes tengan que abandonar, lo que va a permitir que ahorren en que haya cada vez menos profesorado dentro de las universidades. En eso van a ahorrar, en que no haya más profesorado dentro de las universidades. Por si era poco, más leña al fuego para que la situación educativa en nuestro país sea lamentable, penosa e indignante para todos los españoles.

El señor PRESIDENTE: Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro.

La señora MORO ALMARAZ: Hemos ido de la amabilidad y la poesía a la crispación. Antes decían que esta portavoz del Grupo Popular tenía un papel difícil. Lo que tengo son participaciones no en sociedades, sino en distintas profesiones, que al confluir en mi persona me colocan, entre jurista, profesora universitaria y política, en una complicada situación. Esas sí lo hacen, pero no así defender algunas de las cuestiones que voy a defender.

Me van a permitir la lectura de una cita para comenzar mi intervención. Sé que es mucho más morboso o más atractivo hacer los debates de otra manera, pero es poco riguroso y estamos en la Comisión de Educación y Deporte y por tanto también de universidades. Les leo: Nos enfrentamos por tanto a un cambio sustancial en los planteamientos que necesita reflexión, calma y tiempo para su discusión. Por ello, lo primero que queremos señalar es lo inadecuado y poco ajustado a la realidad de las etapas iniciales del calendario de aplicación propuesto en el documento. Se ha elegido para las


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titulaciones de grado una duración uniforme de 240 créditos europeos. Podría optarse por una posición más flexible en la que existieran grados entre 180 y 240 créditos. No está claro que todos los grados necesiten y deban tener una misma carga de créditos. Esto que he leído literalmente en alguno de sus párrafos es el documento de conclusiones de la Casue, la Comisión Académica de la CRUE, en las jornadas celebradas el 17 y 18 de octubre de 2006 en Madrid, a la vista de la modificación del Real Decreto, señores socialistas, 55/2005, por el que se establecía la estructura de las enseñanzas universitarias, decreto que dispuso un sistema flexible para los grados, de entre 180 y 240 créditos, y que se modificó en el año 2007, con el Real Decreto 1393/2007, al que se refería la CRUE en este documento, que es el que ahora, muy parcialmente, se ha modificado y que el Gobierno anterior modificó en el año 2010 y en el año 2011, siempre sobre el mismo decreto de ordenación de las enseñanzas. Fíjense, si nos atenemos a los documentos, en cualquiera de los dos casos el planteamiento que se hace desde la CRUE parece el mismo y sin embargo en aquel momento no se estaba muy de acuerdo en que se cambiara de manera muy inmediata de la flexibilidad a la rigidez. A esta que les habla, por esa esquizofrenia a la que antes me refería, le tocó el cambio en la mitad de procesos de verificación, como a tantos profesores universitarios, y tengo que decirles que nos encontramos con una situación realmente complicada. Por tanto, hay que conservar la calma, porque si no lo hacemos perdemos el rigor y, si perdemos el rigor, hacemos lo que se está haciendo estos días. Se puede estar más o menos de acuerdo con una reforma, pero no se puede engañar a los ciudadanos, no se puede crear confusión y no se puede crear caos. Incluso estamos diciendo cosas que los rectores no dicen en su comunicado. En el comunicado dicen, además de otras cosas, que, pudiendo considerarse el cambio en la estructura de algunos estudios universitarios, es preciso culminar primero la evaluación de las titulaciones actualmente vigentes. Muy bien, no hay ningún obstáculo para que suceda lo que se dice en ese comunicado de la CRUE; ellos lo saben, no lo hay. No hay tampoco ninguna oposición frontal unánime a la posibilidad de un instrumento de flexibilización como es volver a la horquilla de entre los 180 y 240 créditos. ¿Hay que evaluar? Claro que sí, pero además de que cualquier cosa será bienvenida en el seno de los organismos competentes, en el Consejo de Universidades, en las comisiones de la CRUE, en la Conferencia sectorial de política autonómica, tenemos que recordar que se mantienen vigentes, plenamente vigentes, y que no se tocan por este decreto preceptos muy relevantes del Decreto 1393/2007. Esas normas son las que garantizan los procesos de seguimiento en los títulos, porque no nos hemos salido de Bolonia ni nos vamos a otro proceso, sino que seguimos intentando ajustar el proceso de Bolonia, sus disfunciones y las divergencias, que se han producido seguramente con cambios en cuyas consecuencias tampoco se ha pensado demasiado en otros momentos, como los propios rectores advertían en la cita y en el documento que les acabo de leer a sus señorías. Miren ustedes, en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007 se establecen las normas a seguir -valga la redundancia- para el seguimiento de los títulos inscritos en el registro de universidades, y en el artículo 27 bis se establece lo correspondiente a la renovación de la acreditación de los títulos, porque aquella verificación que se hizo en su momento no fue de una vez para toda la vida, como el matrimonio antiguo. (Rumores.-El señor Pezzi Cereto: ¿Cómo antiguo? ¿Eso del matrimonio antiguo qué es?). No es para toda la vida, no, había que seguir y verificar. En el año 2011, la Aneca y las agencias autonómicas establecieron los protocolos de seguimiento de los títulos de grado y en el año 2013 los protocolos de renovación de los títulos de grado. Ese es el mejor sistema que nos hemos dado y lo ha hecho el Gobierno socialista y no hemos dicho nada ni hemos hecho ningún tipo de cambio. Ese proceso tiene que realizarse y seguramente en algo que no impide el decreto y que tiene que desarrollarse con templanza, con tranquilidad, con sosiego y con rigor, ese proceso no ya de seguimiento sino de renovación, o no, en su caso tendrá que vincularse a aquellos que quieran proponer en algunos casos, o no, la modificación de los títulos a 180, que no a tres años, o que quieran mantenerlos en 240, que no en cuatro años. Esto casi me llevaría a decir que estamos en un debate perverso sobre lo que no dice en absoluto la reforma del decreto de 2015. Es un decreto que no impone nada, no obliga a nada de inmediato. El Gobierno no toma la iniciativa, es respetuoso con la autonomía universitaria y con la de las comunidades autónomas. Modifica decretos dictados por Gobiernos anteriores que a su vez fueron modificados por ellos mismos, en algunos casos perfeccionando y en otros perjudicando y llevándonos a la divergencia del sistema. Hombre, creo que la portavoz de La Izquierda Plural se ha excedido. No creo que el ministro haya hecho ningún desprecio de los países, simplemente ha puesto de manifiesto que el proceso de Bolonia era de convergencia y que desde 2007 estábamos en la divergencia, y esto lo reconocen todos los académicos y les aseguro que muchos


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rectores también lo hacen en un debate tranquilo y sosegado. Es un decreto que no determina pérdida de puestos de trabajo. Miren ustedes, a lo mejor se empieza a valorar de verdad el máster en las universidades, porque hay muchas personas, muchos profesionales y muchos profesores cualificados para impartir el máster que ahora están ahogados y que seguramente podrán dedicarse a ello sin pérdida en absoluto y con el reconocimiento de que es una enseñanza, como lo ha sido siempre, de calidad, de excelencia y cualificada. Este decreto no supone la transformación del modelo, sino que permite un modelo mixto -lo permite- para quien quiera asumirlo, con garantías, con el tiempo que sea necesario y siguiendo con los instrumentos de evaluación. Por tanto, estamos ante una herramienta que no tiene por qué fulminar la igualdad, no tiene por qué ir en contra de la igualdad. Estoy de acuerdo con ustedes -y el Grupo Popular también- en que lo importante es la calidad. Además lo importante ahora son las competencias adquiridas. Estamos en un lenguaje de competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior, no de años ni siquiera de créditos. Esto va cambiando y seguir con lenguajes antiguos no nos conduce a nada. Creo en la tranquilidad. La autonomía y la libertad tienen su precio. La autonomía universitaria la he defendido y hay que defenderla pero tiene su precio. Creo en la autonomía de las comunidades autónomas, no solo de Cataluña, porque muchas comunidades autónomas pueden decidir con sus universidades, que para eso es su competencia, cómo van a organizarse y el decreto no va en absoluto en contra de las competencias de las comunidades autónomas que a veces tanto se ha hablado. Traigamos el debate al sosiego, veamos qué hubieran dicho ustedes si este decreto impusiera por parte del ministerio qué hay que hacer mañana, qué tienen que hacer todos y qué no pueden hacer las comunidades autónomas. Este decreto es justo lo contrario, el que no impone y el que permite que lo que sea favorable se implante y lo que no sea favorable que no se implante. Los demás debates hay que ahorrárnoslos, porque le ahorramos mucho a la sociedad. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Pasamos inmediatamente a las votaciones. ¿Podemos?

El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Podemos, no. Podemos, no. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Unos pueden más que otros, ya se sabe y a unos les duele más que a otros. Me piden que esperemos dos minutos y obviamente vamos a hacerlo, pero que no se marche nadie porque pasamos a votar. (Pausa). Vamos a pasar a las votaciones de esta sesión de acuerdo con el orden del día. Pasamos a votar el punto número 1 del orden del día en los términos de la enmienda transaccional entre los grupos Socialista, Catalán, La Izquierda Plural y Vasco.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición número 2 del orden del día. Se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional de los grupos Socialista, Popular, Vasco y Catalán.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Punto 3 del orden del día. Se somete a votación en sus propios términos.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Punto número 5 del orden del día. Recuerden que el punto número 4 ha sido retirado. Se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional entre los grupos Socialista, Catalán, La Izquierda Plural y Vasco.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Punto número 6 del orden del día. Se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 16.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Punto 7 del orden del día. Se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Punto número 8 del orden del día. Se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Punto número 9 del orden del día. Se vota en sus propios términos con votación separada para los tres apartados. Votamos el primer apartado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el apartado número 2.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el apartado número 3.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Se levanta la sesión.

Eran las ocho y diez minutos de la noche.

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