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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 705, de 26/11/2014
cve: DSCD-10-CO-705
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 705
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO VÁZQUEZ JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 31
celebrada el miércoles,
26 de noviembre de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Sobre el impulso de la lucha contra el hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco del debate de la agenda de desarrollo post 2015. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002403) ... (Página2)

- Sobre el rechazo como presidente de la Asamblea General de la ONU del ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, mientras este país mantenga la ley contra la homosexualidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002853) ... (Página6)

- Sobre el desarrollo del estatuto del cooperante. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/003156) ... (Página9)

- Sobre la situación de Gaza tras los episodios de violencia vividos en las últimas semanas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003023) ... (Página12)

- Sobre ayuda humanitaria urgente en los campamentos de refugiados saharauis. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003084) ... (Página15)


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- Para impulsar una mejor coordinación entre la cooperación central y la descentralizada. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002713) ... (Página17)

- Relativa a garantizar que las administraciones locales puedan seguir llevando a cabo acciones de cooperación internacional al desarrollo. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/003206) ... (Página22)

Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE EL IMPULSO DE LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN EL MARCO DEL DEBATE DE LA AGENDA DE DESARROLLO POST 2015. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002403).

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Comenzamos la sesión.

Voy a someter a la Comisión la modificación del orden del día. La propuesta es debatir los puntos por este orden: primero, tercero, quinto, sexto, cuarto, segundo y séptimo. Se votaran según figuran en el orden del día y la votación no será antes de las seis y cuarto.

Comenzamos con el primer punto, sobre el impulso de la lucha contra el hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco del debate de la Agenda de desarrollo post 2015. La presenta el Grupo Parlamentario Popular. Tiene una enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra, por siete minutos, el señor Ordóñez.

El señor ORDÓÑEZ PUIME: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para solicitarles el apoyo a la presente proposición no de ley, relativa al impulso de la lucha contra el hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición, en el marco del debate de la Agenda de desarrollo post 2015.

Los 192 miembros de Naciones Unidas proclamaron en el año 2000 literalmente: No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de mil millones de seres humanos. Para resolver que: En consecuencia, promoveremos la creación en los planos nacional y mundial de un entorno propicio al desarrollo y la eliminación de la pobreza. Con este pronunciamiento se estaba dando inicio a lo que se conoce como los ocho ODM, aquellos objetivos de desarrollo del milenio que cabía desarrollar a partir de entonces.

El primero de los objetivos fundamentales es la lucha contra el hambre, un objetivo esencial en el desarrollo de los pueblos y, por tanto, de sus Gobiernos. Esto implica que los parlamentos no solo promoverán los mecanismos necesarios para la función fiscalizadora, sino que implementarán aquellas estrategias que puedan ser útiles para dar cumplida respuesta a esta demanda mundial. En la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, también denominada Cumbre de Río, se sacaron tres consecuencias de este primer proyecto: en primer lugar, renovar el compromiso adquirido doce años antes, en el año 2000; en segundo lugar, evaluar los progresos que, en consecuencia, se habían desarrollado en el orden político, y en tercer lugar, fijar el contenido de los futuros proyectos a desarrollar en los próximos veinte años. Así fue como se fijaron los objetivos de desarrollo sostenible. En esta cumbre los propios Estados se comprometen -dice literalmente- a disponer de los alimentos sanos, suficientes y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación adecuada, como también a desarrollar el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. Por tanto, se ponen en el frontispicio de esta actuación el hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición, fundamentalmente en sectores como el de los niños menores de dos años, que demandará estrategias de seguridad alimentaria y nutrición en sus ámbitos nacionales, regionales o mundiales, sin obviar factores que están íntimamente ligados con estos, como son la malnutrición y la sobrealimentación de productos industrializados y poco nutritivos, con los problemas inherentes a esta enfermedad. Lo que se hizo en el año 2012 fue poner en valor lo que se había avanzado en esos años. Así, el propio informe de Naciones Unidas viene a fijar tres consecuencias importantes. La primera es que desde los años noventa hasta 2012 la pobreza extrema se ha reducido en


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un 50 %. La segunda es que desde el bienio 1990-1992 hasta 2011-2013 ha habido una bajada significativa de la nutrición insuficiente, que ha pasado del 24 % al 14 %. El tercer aspecto es que ha habido un avance significativo en la insuficiencia en la nutrición crónica de los niños, por cuanto se ha pasado de un 40 % en el año 1990 a un 25 % en el año 2012. Son avances significativos pero insuficientes.

Señor presidente, no podemos soslayar un hecho importante, y es que 868 millones de personas sufren una insuficiencia alimentaria y más de 2.000 millones de personas tienen graves carencias que pueden afectar gravemente a su desarrollo vital, por no fijar también -que lo hacemos- un dato absolutamente estremecedor, y es que 162 millones de niños sufren todavía una nutrición insuficiente. Por tanto, conocemos el problema, y conocer el problema nos lleva a una conclusión, como ha establecido la Consulta de alto nivel sobre el hambre que se ha celebrado en Madrid, en la cual se ha podido adverar que la posibilidad de erradicar el hambre en el mundo puede tener una fecha en 2025. Estos ocho objetivos fijados en 2000, con los objetivos que van a constituir la Agenda post 2015, posibilitarán que en adelante haya nuevos instrumentos para acometer los nuevos retos en todas las sociedades. En la actualidad, la Agenda post 2015 está haciendo un análisis abierto y multisectorial, que nos permite contemplar muchos aspectos de la nutrición incardinados en ella -la nutrición infantil, el tratamiento y prevención de la desnutrición, el hambre oculta, la alimentación sana, suficiente, nutritiva y asequible-, pero teniendo presente algo fundamental, y es que cuando estamos hablando de estos temas estamos hablando del derecho humano a la alimentación. En definitiva, la Agenda post 2015 ha de fijar un objetivo fundamental, que es dar una respuesta a algunos problemas acuciantes de la humanidad, como son el hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición. Además, en España lo hará al amparo del Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016. España cuenta con la colaboración de organismos importantes a nivel mundial, como la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, Unicef o el grupo temático de Naciones Unidas, pero la contribución interior será fundamental en este proceso inclusivo. En España se están desarrollando campañas, como la Campaña del milenio, que van a trasladar a estos objetivos post 2015 la aportación española, que ha de ser fundamental, como lo viene siendo. No solo tenemos que incorporarnos, sino que tenemos que liderar los proyectos que se implementen en este proceso. Estamos hablando de aspectos fundamentales, como juventud, medio ambiente sostenible y cooperación descentralizada. En todo este proceso las organizaciones sociales, los productores, los agricultores, los Gobiernos y los sectores privados tendrán una obligación fundamental y deberán hacer una aportación importante, porque estamos hablando ni más ni menos que de dar una respuesta al que tal vez sea el primer problema con el que se encuentra la humanidad.

El IV Plan director de la cooperación española, que se va a desarrollar al amparo de la cooperación internacional que nuestro país lleve a cabo en adelante, va a tener que lograr progresivamente el respeto al derecho humano a la alimentación, a través de políticas públicas de promoción de las capacidades individuales, pero también del desarrollo de capacidades colectivas que favorezcan la seguridad alimentaria y la nutrición. España tiene un compromiso importante, compromiso que adquirió en 2004, cuando apoyó el proyecto de directrices voluntarias para la realización progresiva de este derecho humano implementado por la FAO. En este sentido, no es menos importante, más bien es vital, que España esté interviniendo en los trabajos que se están desarrollando en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, organismo -recordémoslo- fundado en el año 1974, integrado por los Estados miembros de Naciones Unidas, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos y que tiene como objetivo prioritario erigir al Comité de Seguridad Alimentaria en una plataforma internacional e intergubernamental, que incluya a todas las partes interesadas y les permita trabajar de forma coordinada -para eso es fundamental el comité-, en aras de garantizar que la seguridad alimentaria y la nutrición tengan el respaldo de todos los países y las aportaciones que todos ellos sean capaces de incorporar. Además, el comité tiene una segunda función, que es hacer frente a la crisis a corto y medio plazo, pero proporcionando al Consejo Económico y Social aquellos informes de Naciones Unidas que fijen los objetivos, los contenidos y la maneras de afrontar esta actividad y de desarrollar la Agenda post 2015. Por tanto, el cometido del comité creado -permítanme la redundancia- dentro del Comité de Seguridad Alimentaria del año 2013, en el que España participó de manera activa y en el que además se organizó un evento especial sobre seguridad alimentaria y nutrición, va a tener un papel relevante en la configuración de esos objetivos, dando paso progresivamente desde un proyecto iniciado en el año 2000 a la consecución de ese objetivo que es desterrar el hambre en el mundo y posibilitar que los seres humanos tengan un mayor desarrollo integral de su personalidad, porque un mundo que tiene sus necesidades satisfechas tiene también la posibilidad de facilitar a sus ciudadanos, a todos los ciudadanos del mundo, un mejor desarrollo integral de sus personas.


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El documento sobre la Agenda post 2015, con el que cuenta también la Unión Europea en estos momentos, contiene las conclusiones del Consejo de junio de 2013, que en este momento ya se están desarrollando. España, precisamente por la finalidad y por los objetivos marcados en esta agenda, tendrá un papel primordial, no solo de intervención sino también de liderazgo, en unas políticas en las que viene ofreciendo permanentemente una aportación tanto desde el orden institucional como desde las distintas administraciones -estatal, autonómicas y locales- y desde otras instituciones, como las universidades. La aportación es importante y pone en valor la incorporación de España a este proceso de cooperación internacional para solventar uno de los problemas más graves que tiene la humanidad.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Pérez.

La señora PÉREZ HERRAÍZ: Compartimos que es necesario trabajar para conseguir que todas las personas tengan derecho a alimentos y que es preciso que la alimentación esté incluida en la Agenda post 2015 y en los objetivos de desarrollo sostenible. El número de personas que viven con menos de 1,25 dólares al día se ha reducido a algo más de la mitad, aunque todavía vive en esas condiciones el 20 % de la población. Sin embargo, no se logró reducir a la mitad el número de personas que pasan hambre en el mundo, esto es, 842 millones, de las cuales 827 millones están en regiones en desarrollo y el 70 % del total en países de renta media, lo que pone en evidencia la desigualdad interna. Este es el principal problema político en los países desarrollados y en los que están caminando hacia el desarrollo. Por eso consideramos que es imprescindible tener en cuenta la desigualdad interna en los países y evitar que nos confundan los datos globales, las estadísticas que no pormenorizan la información. Esta es una de las enmiendas que presentamos.

Hace pocos meses la coordinadora de la campaña del milenio de Naciones Unidas, en una sesión informativa en esta Comisión, decía: Los parlamentarios tienen un papel clave que jugar, tanto en la negociación intergubernamental como a la hora de garantizar el seguimiento y cumplimiento de los nuevos objetivos. Hay mucho que los parlamentos pueden y deben hacer, tanto en la formulación de objetivos como en garantizar su implementación y seguimiento posterior. En este sentido, se desarrolló una guía para fomentar el diálogo en los países para definir la Agenda post 2015. Es fundamental que los países estén plenamente implicados en su desarrollo, que participen en qué y en cómo hacer en sus respectivos territorios, pero también es importante la implicación y participación de los parlamentos de los países teóricamente desarrollados. No es lo que está pasando y no solo en cooperación. Las Cortes cada vez están más vacías de contenido. Aprobamos las leyes que trae el Gobierno con cada vez menos participación de los grupos y también es difícil el control. Con respecto al impulso, las iniciativas de la oposición raramente consiguen apoyo y las del grupo que apoya al Gobierno son como esta: están bien, tienen buenas intenciones, pero tiene poco sentido pedir al Gobierno que haga lo que está haciendo, que además en este caso es influir en la comunidad internacional para que considere una prioridad lo que ya considera una prioridad; otra cuestión sería que esa prioridad se resolviera efectivamente, que todos los países hiciéramos lo necesario para resolverla. Como prueba, en una asamblea de Naciones Unidas de 2012 ya se acordó lo siguiente: Reafirmamos nuestro compromiso relativo al derecho de toda persona a tener acceso a alimentos, a no padecer hambre. Para la implementación de la Agenda post 2015, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos dirigieron en Madrid la Consulta temática global sobre el hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición, en abril de 2014, que dio lugar a la Declaración de Madrid, que dice: El hambre, la inseguridad alimentaria y la desnutrición se pueden erradicar de forma duradera para 2025. La erradicación del hambre y la malnutrición debe ser definitiva e irreversible y basarse en el derecho de todas las personas a alimentos suficientes, nutritivos y asequibles. Este objetivo se puede alcanzar. La adopción urgente de medidas enérgicas y eficaces es un imperativo tanto moral como político.

En la Asamblea de Naciones Unidas de agosto de 2014 se acordó que los dos primeros objetivos de desarrollo sostenible deberían ser poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo y poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. La Declaración de Roma de la FAO, en noviembre de 2014 -o sea, hace nada- también acuerda: Reconocemos que la cooperación internacional y la asistencia oficial para el desarrollo en favor de la nutrición deberían apoyar y complementar las estrategias, las políticas y los programas nacionales en materia de nutrición. El sistema de Naciones Unidas, en particular el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, y las instituciones financieras internacionales y regionales deberían trabajar conjuntamente de manera más eficaz para apoyar las iniciativas nacionales y regionales, según proceda intensificar la


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cooperación internacional y la asistencia al desarrollo, para acelerar los progresos en la lucha contra la malnutrición. También acordaron: Nos comprometemos a erradicar el hambre y prevenir todas las formas de malnutrición en todo el mundo, y a aumentar las inversiones para mejorar la alimentación".

Por tanto, como acabamos de ver, en la agenda internacional ya está como principal objetivo la lucha contra el hambre. Y sabemos que España, como no podía ser de otra manera, participa, al menos en teoría, en estos objetivos. Nos gustaría que se comprometiera también con los hechos, con una gestión más eficaz contra el hambre en el mundo y con presupuestos. En 2015 hay 5 millones de euros menos que en 2013, y 27 millones menos que en 2011 para seguridad alimentaria.

El Grupo Socialista tiene registrada una proposición no de ley con propuestas concretas para mejorar la respuesta a la crisis de alimentos en el Sahel. Esperamos que cuando se someta a votación podamos concretar esa buena intención que hoy manifiestan y dotarla de más contenido. Aunque creemos que nuestra enmienda mejoraba un poco la iniciativa, apoyaremos la que ustedes presentan, porque se trata de buenas palabras, aunque se digan a posteriori. La transacción que nos presentan no aporta nada respecto a lo inicial, porque habla de seguir promoviendo y seguir trabajando. Por tanto, repito, preferimos apoyar la iniciativa como la presentaron inicialmente. De todas formas, nos gustaría que de una vez pasaran de las musas al teatro.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Mi grupo parlamentario apoyará la proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario Popular. He de decir que, efectivamente, uno de las medidas a incluir en los futuros ODS, en los objetivos de desarrollo sostenible, es la lucha contra el hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición. Creo que esto no está en discusión y, de hecho, se incluye en toda la documentación que tenemos en este proceso de la Agenda post 2015, por ejemplo, en el primer documento que encargó la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en función del cual el Gobierno adoptaría una postura, sobre compromiso global por un desarrollo incluyente y sostenible; también en el informe del grupo de trabajo abierto de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los objetivos de desarrollo sostenible, en el que se dice literalmente: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible.

Simplemente quería poner de relieve que el cuarto borrador de la posición española para la Agenda post 2015 -que hace unos pocos meses tuvimos ocasión de conocer en un acto que se desarrolló aquí en el Congreso de los Diputados-, en relación con la lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria, era mucho más extenso que lo que nos trae aquí el Grupo Parlamentario Popular. En él figuran otros objetivos que creo que perfectamente se podían incluir en esta proposición no de ley, como son, por ejemplo, el apoyo a la erradicación total del hambre en el año 2025, contemplar la nutrición como finalidad última de la seguridad alimentaria, el desarrollo de mecanismos de resiliencia -que creo que es un tema muy importante-, o el apoyo a la inversión en la pequeña y mediana agricultura como uno de los actores importantes en esa lucha contra el hambre y para el apoyo a la seguridad alimentaria y la nutrición.

Como he dicho, apoyaremos la proposición no de ley, pero nos hubiera gustado que fuera mucho más extensa, como lo son los borradores sobre la adopción de posición del Gobierno en relación con la Agenda post 2015.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Señor Ordóñez, ¿acepta la enmienda presentada?

El señor ORDÓÑEZ PUIME: Señor presidente, agradecemos la enmienda presentada, pero no podemos admitirla porque hay un concepto que es significativo, y es que nosotros entendemos que el hecho de que se haya reducido ya un 50 % el hambre en el mundo es una aportación importante. Otro punto era excluir el término "continuar trabajando", pero es que nosotros ya estamos trabajando.

Agradecemos enormemente la disposición y el apoyo de ambos grupos, pero creemos que la situación que planteamos en nuestra proposición no de ley de alguna manera responde a la realidad. Por tanto, reitero nuestro agradecimiento pero no podemos aceptarla.


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- SOBRE EL RECHAZO COMO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE UGANDA, MIENTRAS ESTE PAÍS MANTENGA LA LEY CONTRA LA HOMOSEXUALIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002853).

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley sobre el rechazo como presidente de la Asamblea General de la ONU del ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, mientras este país mantenga la ley contra la homosexualidad. El Grupo Popular ha presentado una enmienda.

Para la defensa de la proposición, tiene la palabra la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: En el pasado debate del estado de la Nación, a instancias de Esquerra Republicana se aprobó una propuesta de resolución en la que el Congreso condenaba la persecución y la criminalización de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, así como también las leyes homófobas que la institucionalizan en cualquier lugar del mundo. Asimismo, el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno español a mantener en la ONU y en otros foros internacionales el compromiso de defensa de la aplicación efectiva de las normas de derechos humanos, y en especial del artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, promoviendo la protección en todos los ámbitos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Pues bien, consideramos que fruto de esta propuesta de resolución el Gobierno español en este momento está más que mandatado para defender los derechos de las personas de este colectivo en todos los foros internacionales y en la ONU. En ese sentido, es sorprendente que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas sea presidida por el ministro de Asuntos Exteriores de un Gobierno que cuestiona los valores que defiende la Declaración Universal de los Derechos Humanos al aprobar, entre otras, una ley contra la homosexualidad.

La Unión Europea, caracterizada por la defensa de los valores de la civilización y también de la democracia, debe comprometerse a nivel mundial en la defensa de los derechos humanos, y debe hacerlo mediante la adopción de medidas que sean efectivas. Ciertamente, la Unión Europea condenó esta ley y solicitó su derogación, a la vez que instaba a garantizar la legislación internacional, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos. Pero esta denuncia, aunque importante, no es eficaz para la lucha contra la homofobia. El compromiso de la Unión Europea y de la comunidad internacional debe ser mucho más contundente en este ámbito, entre otras cosas, porque se está produciendo una regresión muy importante en algunos países, especialmente, que es el caso que nos ocupa, en Uganda y en Gambia. Según un informe de Amnistía Internacional hecho público hace un mes, la ley contra la homosexualidad, que de momento está derogada por el Tribunal Constitucional por un defecto de forma, provocó que varias personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales sufrieran ataques y abusos de la población, así como también de la policía, por su condición sexual, con total y absoluta impunidad. Asimismo, el informe ha puesto en evidencia que esta ley ha servido para recortar otros derechos de las personas de ese colectivo, tales como el derecho de asilo o el derecho a la salud, porque las personas homosexuales tienen miedo de acceder a la atención sanitaria y, en particular, a los programas contra el sida. Por otro lado, la ley contra la pornografía promulgada por Uganda, que aún continúa en vigor, también ha servido para que las mujeres hayan sido agredidas, humilladas y desnudadas en plena calle por considerar simplemente que vestían de manera impúdica.

Por otro lado, y voy acabando, Gambia acaba de aprobar también una ley homófoba mediante la cual se puede castigar con cadena perpetua a los infractores reincidentes de homosexualidad, según un nuevo delito que se llama -lo digo entre comillas- homosexualidad con agravantes, por el que también se contempla como culpables a las personas homosexuales que tienen el VIH. Basándose en esta ley, y en las dos últimas semanas, varias mujeres y hombres han sido detenidos y amenazados con ser torturados si no confesaban su homosexualidad y si no denunciaban, además, a otros homosexuales. Es evidente que hay que actuar, y que hay que hacerlo de manera urgente y contundente. Hay que lanzar el mensaje de que la comunidad internacional en ningún caso ni bajo ningún concepto puede permitir la violación impune de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Nuestra proposición suponía plantear un veto para asumir cargos de responsabilidad en la ONU a aquellos Gobiernos que no defiendan en la práctica la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Agradecemos al Grupo Popular la enmienda que ha presentado -que supongo que ahora nos van a


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explicar-, pero tengo que decir que nos hubiera gustado no solo ir un poco más allá, sino bastante más allá de la mera denuncia y dar un paso más para la adopción de alguna medida que fuera más eficaz. De todas formas, aceptaremos la enmienda de modificación del Grupo Popular e iremos adelante con esta denuncia.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Cobos.

La señora COBOS TRALLERO: Señorías, creo que puedo afirmar con rotundidad que todos los que estamos aquí creemos y reconocemos los principios de igualdad y no discriminación -entre otras cosas, porque así lo establecen el artículo 14 de nuestra Constitución y los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos-, y que rechazamos todas las políticas y todas las conductas que no respeten estos principios. Del mismo modo, puedo afirmar el compromiso que el Gobierno del Partido Popular tiene con la igualdad, su determinación para trabajar en favor de la igualdad de todas las personas, así como para la prevención y la lucha contra cualquier forma de discriminación. Esta lucha contra la discriminación es una de las prioridades de España en materia de derechos humanos. De hecho, defiende y seguirá defendiendo, tanto en Naciones Unidas como en otros foros multilaterales, la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos que se rigen por los principios de universalidad y no discriminación. Nuestro Gobierno ha declarado, tal y como se puso de manifiesto en el comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación el pasado 25 de febrero, que España es firme defensora de la no discriminación por ningún motivo, incluyendo la orientación sexual, que es una circunstancia que pertenece a la esfera más íntima de cada individuo.

La ley ugandesa supone no solo una criminalización de una elección en la esfera de la vida privada, sino que, además, contraviene la propia Constitución de Uganda, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, todo lo cual obliga a Uganda. Sabemos también que el ministerio emitió un comunicado oficial un día después de la firma de la ley, el 25 de febrero de 2014, en el que con carácter general se condena la tendencia observada en distintos Estados a adoptar normas restrictivas de la libertad y derechos individuales.

Creo que es importante que sepan ustedes que antes de ser aprobada dicha ley España se sumó a las gestiones de la Unión Europea para intentar que no se firmara y realizó la siguiente recomendación al Gobierno de Uganda: Derogar la normativa que condena la homosexualidad y luchar contra la impunidad de los actos difamatorios y de acoso contra este colectivo. Por tanto, tengan ustedes en cuenta que en todo momento el Gobierno de España, en el marco de la Unión Europea, ha mantenido la actitud de sumarse a las gestiones previas a la firma de esta ley. Tras su firma, España se sumó a la declaración de la Unión Europea, realizada por la alta representante el 3 de marzo de 2014, condenando la adopción de esta ley. Asimismo, se ha sumado a la iniciativa de la Unión Europea de proponer una declaración en el marco de la 25.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos que manifieste el rechazo a la ley, y en la que se pide que se revise o revoque.

No obstante, dicho todo esto, no podemos aceptar el petitum de esta proposición no de ley por un tema procedimental. Ustedes saben que la elección del presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas se realiza anualmente, antes de finalizar el periodo de sesiones con vistas al siguiente; saben también que la presidencia rota anualmente entre cinco grupos geográficos, África, Asia, Europa oriental, América Latina y el Caribe, y países de Europa occidental y otros países, y que tradicionalmente el grupo regional al que le toca el turno suele llegar a un acuerdo para presentar un candidato. Pues bien, el pasado 11 de junio la Asamblea General de Naciones Unidas eligió por aclamación al señor Sam Kutesa y, por tanto, no es posible revertir esta elección.

A pesar de esto, y como ya he dicho anteriormente, el Gobierno ha manifestado que la penalización de la homosexualidad no respeta en absoluto los estándares internacionales de derechos humanos. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda, porque nos preocupa esta cuestión y rechazamos la ley contra la homosexualidad en Uganda, que agradecemos que haya sido aceptada por el grupo proponente.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Para fijar su posición, tiene la palabra el señor Sixto.


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El señor SIXTO IGLESIAS: Quiero confirmar que nuestro grupo parlamentario también tiene perfectamente asumido que todos los grupos de esta cámara compartimos la defensa total y absoluta de los derechos humanos, como no podía ser de otra forma. En este caso vamos a votar favorablemente la proposición no de ley con la enmienda del Grupo Popular, pero la posición política que le hubiera gustado a mi grupo no era solamente la de la enmienda, la de la propuesta que venia inicialmente o el mínimo común denominador al que podemos llegar, sino que le pedía el cuerpo mucho más contra un país que comete estas barbaridades. Hay imágenes que han saltado a la prensa internacional, que hacen mover lo más profundo de los corazones, en las que se ve cómo se persigue con saña y de una forma terrible a las personas que tienen una orientación sexual diferente, que en ningún caso son asumibles o permisibles en el juego político internacional.

A mi grupo parlamentario le gustaría mayor contundencia frente a un Gobierno infame que permite, ampara, tolera y fomenta este tipo de leyes. A pesar de ello, vamos a apoyar esta propuesta, porque nos parece importante mostrar la unidad de los países occidentales y de otras naciones democráticas frente a los países que violan los derechos humanos.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Antes de la intervención iba a animar a que el grupo proponente y el grupo enmendante alcanzaran algún tipo de acuerdo, al que sin ninguna duda nos sumaríamos todos los grupos parlamentarios, porque hoy esta Comisión únicamente podía aprobar por unanimidad su desacuerdo más profundo con legislaciones que conculcan derechos humanos, y en este caso el más íntimo, como es el de la orientación sexual. Por tanto, me congratulo de que hayan alcanzado un acuerdo, al cual nos sumaremos con mucha satisfacción.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Monteserín.

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Estamos hablando de un país, de Uganda, en el que en los últimos veinte años se ha extendido una profunda ola antihomófoba, impulsada sobre todo por religiones evangelistas y fundamentalistas, que son foráneas al propio país, que en el fondo consideran la homosexualidad una conducta desviada y antinatural, que debe perseguirse con la pena máxima con el fin de evitar que se propague, porque la consideran fruto de un contagio de occidente. Este es el contexto en el que aparece esta ley que estamos condenando hoy todos los grupos. El diputado David Bahatí presentó en el Parlamento en el año 2009 una ley que dio lugar a un largo proceso parlamentario -estamos hablando de 2009 y se ha aprobado en 2014-, a fuertes críticas dentro del país, porque no se ha consensuado, y también a fuertes críticas fuera de él, sobre todo de organismos internacionales -algunos se han dicho aquí-, como Amnistía Internacional, la Comisión de la ONU, o el propio Parlamento Europeo, que aprobó una resolución muy contundente y muy dura de condena por criminalizar a las personas del colectivo Lgtbi en Uganda, pero también en Nigeria, en Rusia, o incluso en la India. Esta resolución hacía referencia a leyes que son de carácter claramente homófobo, en los términos más enérgicos las calificaba de graves amenazas a los derechos humanos, recordando que la igualdad de este colectivo forma parte indiscutible de los derechos humanos fundamentales, y terminaba condenando firmemente la aprobación de leyes cada vez más represivas contra las personas. En ese instante piden al presidente de Uganda que no firme el proyecto de ley.

La aprobación final de la ley desencadenó en el país una ola de agresiones al propio colectivo homosexual y también de protestas ciudadanas. En ese contexto, en marzo del año 2010 se celebra en Kampala la Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, y la delegación del Grupo Doce Plus, es decir, de Europa, Canadá, Australia, así como la propia delegación española que estaba allí, trató en profundidad este tema, se hizo un debate que se reflejó en los medios de comunicación de Kampala, y terminó dirigiendo una carta al anfitrión de la asamblea, que era el presidente del Congreso de Uganda, también en unos términos duros, reclamando la necesidad de cumplir con los derechos humanos, entre los que se encuentran los del colectivo Lgtbi. A pesar de ello, el trámite de la ley culminó con su aprobación en enero de 2014, y lo único que se consiguió desde estas instancias internacionales fue que se cambiara el castigo de la pena de muerte por la prisión permanente, es decir, la cadena perpetua. Finalmente, el Tribunal Constitucional de Uganda, también en un auto polémico, el 30 de junio de este año anuló la ley


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por defecto de forma -como ha explicado la portavoz de Esquerra Republicana-, por no tener el quórum necesario.

El Grupo Parlamentario Socialista, por tanto, está completamente de acuerdo con el fondo de la proposición no de ley y con su exposición de motivos. Nos felicitamos de que haya habido un acuerdo con la enmienda presentada por el Grupo Popular, porque también pensamos que todo este relato que he hecho excede la posición política del señor Sam Kahamba Kutesa y poder presentar un veto ex profeso a que pueda presidir la Asamblea de la ONU. Creemos que la enmienda del PP nos ofrece un texto más cómodo para todos los grupos y, sobre todo, propicia una unanimidad, un compromiso con los derechos humanos de este colectivo de nuestro país que compartimos todos los grupos.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Señora Monteserín, nos congratulamos todos.

Pasamos al punto quinto del orden del día, sobre ayuda humanitaria urgente en los campamentos de refugiados saharauis. Al ser una proposición del Grupo Socialista, tiene de nuevo la palabra la señora Monteserín.

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Una vez más nos encontramos en la necesidad de pedir ayuda de emergencia para la población saharaui; una vez más, porque la fragilidad de su asentamiento hace que ante fenómenos...

El señor GRAU REINÉS: Perdón, señor presidente, señora diputada. Quiero manifestar una cuestión de orden, que es que en estos momentos la ponente de nuestro grupo en esta PNL está interviniendo en la Comisión de Exteriores. Es que está todo el mundo en todos los sitios.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Señora Monteserín, después le damos la palabra de nuevo.

- SOBRE EL DESARROLLO DEL ESTATUTO DEL COOPERANTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/003156).

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Pasamos al punto sexto del orden del día, proposición no de ley sobre el desarrollo del Estatuto del Cooperante, del Grupo de La Izquierda Plural, a la que ha presentado una enmienda el Grupo Popular.

Tiene la palabra el señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: A nadie le cabe ninguna duda de que los cooperantes son los mejores embajadores de cualquier comunidad autónoma o del propio Estado español en cualquier lugar; son esas personas que nos hacen sentir orgullosos de ser sus compatriotas, sus amigos o de compartir un oficio. En ese sentido, es nuestro deber, dentro de los marcos legal e institucional que ya existen, tratar de facilitar esa labor de cooperación, su desarrollo y su vuelta cuando terminan de ejercer esa meritoria y magnífica labor que realizan cada vez que salen de sus casas, se van lejos de su familia y de sus amigos, incluso muchas veces corriendo peligro en zonas asediadas por enfermedades o por desastres naturales.

La legalidad española, marcada por el Real Decreto 519/2006, que desarrolla el Estatuto del Cooperante en el marco de la Ley de Cooperación Internacional, establece un marco general que tiene plasmación en determinadas entidades, que para nosotros son muy importantes, como el Consejo Interterritorial de Cooperación, la Comisión de Coordinación de Empleo Público o el Consejo Interterritorial de Sanidad. La propuesta que hacemos viene instada por diversas ONG que desarrollan su labor en el ámbito de la cooperación internacional y que están preocupadas por la plasmación del Estatuto del Cooperante, así como por el desarrollo concreto de determinadas condiciones a las que los cooperantes se tienen que enfrentar cuando van a emprender esta actividad o cuando dejan de hacerla y se reincorporan a su medio habitual. En la proposición no de ley planteamos básicamente dos grandes cuestiones. La primera, la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas para dar respuesta a cuestiones que están exigiendo las ONG y los cooperantes, como que la unificación de criterios y la interpretación de normas de todo tipo, incluso las fiscales, se realice en los órganos competentes, que ya existen y, por tanto, no es necesario crearlos. En nombre de las organizaciones y de los cooperantes, trasladamos aquí que en dichos órganos se tiene que hacer una reflexión acerca de esa coordinación, porque una parte importante de los cooperantes, sobre todo los sanitarios, dependen de la actitud que las comunidades


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autónomas puedan mantener a la hora de facilitar a los funcionarios abandonar su puesto de trabajo o reincorporarse en un momento posterior, así como también en algo tan lógico como que si una persona está en una bolsa de empleo público y decide asumir una labor de cooperación, si esa bolsa corre, se le llama y no está en disposición de poder incorporarse, que eso no le haga perder sus derechos, porque no lo ha hecho por un beneficio personal, sino por trasladarse en nombre de todos nosotros a hacer una labor humanitaria en un ámbito que muchas veces es muy complicado. Para las ONG y para nosotros es básico que exista una coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado. Esa es una de las dos cuestiones que planteamos, aunque el petitum es largo y desarrolla muchas cuestiones concretas.

La segunda cuestión es poner en valor el trabajo de la Comisión de Cooperación del Senado, que en el año 2011 realizó un estudio sobre la normativa aplicable a los cooperantes e incluyó toda una serie de cuestiones relativas al desarrollo del Estatuto del Cooperante, como ampliar el concepto de cooperante; promover la negociación y la firma de un convenio colectivo específico para todo el ámbito; proponer a la Unión Europea el tema de un visado específico para todos los cooperantes; lograr que la Administración Tributaria y las haciendas territoriales interpreten de forma uniforme normativas del IRPF; que la cobertura de la Seguridad Social no solamente incluya a los cooperantes, sino que se extienda también a familiares y a cónyuges que se queden aquí para que estén cubiertos por esos seguros. Ese estudio se ocupaba de la reinserción laboral una vez que finalizan su misión y vuelven a su ámbito; también -que es algo un poco más complejo- es necesario vincular la duración de los contratos a la de los programas específicos de cooperación para que no se produzcan disfunciones. En fin, se trata de un plan para mejorar la seguridad en el terreno de la formación de los cooperantes o los mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones públicas. Todo esto son conclusiones de una Comisión del Senado, de un trabajo ya pactado entre los grupos parlamentarios del Senado y las organizaciones no gubernamentales, a las que queremos poner en valor por la preocupación que tienen ante este tema.

Específicamente, en la crisis del ébola, que ha sacado, no sé si lo mejor, pero sobre todo los fallos que más tenemos que cubrir en el desarrollo de la política de cooperación internacional. Porque así como ha habido crisis en las cuales el Gobierno de España se implicó e hizo que las comunidades autónomas movilizasen sus recursos en cooperantes para favorecer la intervención, como fue en la crisis de Haití, por el terremoto. En el caso del ébola resulta que no se ha producido ese impulso por el Gobierno central, esa respuesta coordinada por las comunidades autónomas, y nos encontramos en una situación ciertamente no deseable, puesto que los cooperantes que están saliendo y las organizaciones que los están respaldando se encuentran con muchísimas dificultades para afrontar esta crisis humanitaria.

El Partido Popular nos ha planteado una enmienda y estamos tratando de llegar a una transaccional que respete estas dos cuestiones: por un lado, que las comunidades autónomas y el Estado coordinen una respuesta mucho más imbricada entre todos los actores y, por otro lado, poner en valor el trabajo que ya hizo la Comisión del Senado desarrollando una serie de puntos. Mientras consideremos que se respetan estas dos cuestiones en la enmienda transaccional que estamos trabajando con el Grupo Parlamentario Popular, podremos sacar adelante una propuesta que sea del agrado del resto de los grupos de la Comisión.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Para defender la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Uriarte.

El señor URIARTE AYALA: En primer lugar, quiero poner en valor la oportunidad de la proposición no de ley del Grupo de La Izquierda Plural, para reflejar el valor humano y social que tienen los cooperantes con nuestro país, con nuestros ciudadanos, pero también con todos los seres humanos del mundo en las zonas en las que trabajan. Como decía el portavoz, el señor Sixto, son la expresión de los mejores valores de la humanidad y de los que deben primar siempre en el diseño que hagamos entre todos de lo que debe ser el futuro de nuestras sociedades.

Como se ha comentado aquí -y se expresa muy bien en la proposición no de ley-, han pasado ya nueve años desde el real decreto de 2006, en el que se establece el Estatuto del Cooperante, y diecisiete años de la Ley de Cooperación que lo sustenta. Podemos afirmar que es verdad que este sector de la cooperación internacional es uno de los que más modificaciones ha sufrido en los últimos años. La propia lógica de los cambios sociales que implica el proceso de globalización tan vertiginoso que hemos vivido en los últimos años ha provocado un gran impacto de transformación en los ámbitos internacionales y, especialmente, en el nuestro, que es el que trabaja directamente con los seres humanos y con las sociedades más vulnerables del planeta.


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Una primera parte. La realidad de los países ha cambiado, y hoy emerge con fuerza la necesidad de adecuar los instrumentos de la cooperación a nuevas realidades, como, por ejemplo, hemos tratado mucho en esta Comisión, la nueva realidad de los países llamados de renta media, que tienen otras necesidades y que ponen en valor instrumentos de la cooperación que hace unos años no se utilizaban tanto, como la asistencia técnica de cooperación o la transmisión de capacidades como instrumentos operativos. Una segunda parte. Este cambio de paradigma no solo ha afectado a los países, sino también al propio sector más profesional de la cooperación internacional. Ha incrementado la profesionalización y la especialización de un sector que hoy supone un mercado laboral en sí mismo y que debemos cuidar e impulsar. Hoy los hombres y las mujeres que se dedican a la cooperación internacional ya no solo quieren cambiar el mundo con buena voluntad, con fuerza humana y con arrojo, como siguen haciendo muchos voluntarios en muchos países del Planeta, sino que desde hace años también son además grandes profesionales -arquitectos, médicos, abogados, trabajadores sociales, profesores, economistas y un largo etcétera de distintas disciplinas- que escogen voluntariamente el ámbito del desarrollo como ámbito laboral y que deben acaparar toda nuestra atención para que sea un ámbito igual de respetado social, fiscal y curricularmente como cualquier otro. Viendo las necesidades de las sociedades menos desarrolladas y que la realidad de los países, del Planeta y del sector más profesional de la cooperación ha cambiado, el estatuto y las normas que regulan este sector deben cambiar. De ahí que -repito, como empezaba- valoremos positivamente la idoneidad de la presentación de esta iniciativa.

Ahora bien, creemos que existen múltiples debates en torno a qué aspectos hay que mejorar de la situación de los cooperantes, bajo qué premisas y en qué condiciones. Existen distintas visiones y propuestas en el propio sector y los cambios afectan directamente a varios ministerios, como los de Exteriores, Hacienda, Empleo, Sanidad, Educación, y el propio de Presidencia, por lo que debemos hacer un esfuerzo en buscar siempre la coordinación y el consenso. Mi grupo, como le hemos transmitido al señor Sixto, quiere abrir ese debate. Creemos que ha pasado tiempo suficiente para poder evaluar el pasado, analizar la realidad y proponer cambios para el futuro, pero siempre que lo hagamos y que lo realicemos desde un análisis riguroso de la situación y con la participación de una variedad representativa de los actores de la cooperación. Por eso, proponemos la enmienda que hemos presentado. Esta idea ya ha sido transmitida en esta Comisión por Gonzalo Robles y, como se refería el señor Sixto, reflejada en la ponencia del Senado, aprobada por unanimidad. Nos gustaría abrir este debate, porque será bueno para la cooperación al desarrollo, para los cooperantes y también para esta Comisión. Tras hablar con el portavoz de La Izquierda Plural, señor Sixto -y espero que acepte nuestra enmienda-, consideramos que el Gobierno debe crear una mesa de trabajo con los autores de la cooperación española, en coordinación -como él se refería- con las comunidades autónomas y con una representación de todos los ministerios afectados, para poder analizar y evaluar -partiendo también, que era la otra petición del señor Sixto, desde las conclusiones aprobadas en el Senado- la situación del Estatuto del Cooperante y actualizar esa normativa en lo que sea necesario.

En nuestra enmienda, en un segundo punto, nos comprometíamos a que el Gobierno presente los resultados de ese análisis y una propuesta de reforma ante esta Comisión del Congreso. Espero que el señor Sixto valore ese interés de abrir el debate, de traerlo a esta Cámara, que el resto de portavoces también lo consideren oportuno y que hoy podamos votar esta enmienda transaccional, que haremos llegar a la Mesa, por unanimidad. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): ¿Alguno de los grupos no enmendantes quiere intervenir? (Pausa). En fijación de posiciones, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sahuquillo.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: En el año 2006 un Gobierno socialista aprobó un Estatuto del Cooperante con un marco normativo que recoge los derechos y obligaciones de quienes prestan su trabajo en el extranjero como tales, mediante la ejecución de programas de cooperación internacional para el desarrollo o de la propia ayuda humanitaria. Es una norma que desarrolla las previsiones contenidas en la Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo. Con la aprobación de este estatuto se determinó y definió, desde una perspectiva jurídica, el concepto de cooperante, lo que supuso garantía, estabilidad y seguridad. Por tanto, se fijó un marco jurídico estable que regulaba cuestiones como la protección social, laboral y fiscal aplicable a los cooperantes. Aunque varios años después vemos que algunos de estos aspectos necesitan una revisión y mayor concreción.

En la pasada legislatura, concretamente el 7 de octubre de 2009, en el Pleno del Senado, se aprobó una moción del Grupo Parlamentario Socialista -por cierto, con la abstención de 113 senadores, todos


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ellos del Grupo Parlamentario Popular-, por la que se acordó la creación, en el seno de la subcomisión, de una ponencia que analizase la relación de cada territorio con los cooperantes que residan en los mismos y la posibilidad de consensuar la normativa aplicable a tales efectos, como demandaban las ONG, debido a la inseguridad de los propios cooperantes. El 15 de septiembre de 2011, en la reunión celebrada en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo se aprobó definitivamente el informe de la ponencia con una serie de propuestas que son fiel reflejo de las que hoy nos trae, a través de esta proposición no de ley, el Grupo de La Izquierda Plural. Por lo que, siendo coherentes con nuestro planteamiento, votaremos afirmativamente la misma. Nadie duda de la importancia de las actividades que desarrollan las personas comprometidas con la cooperación, y que es imprescindible dignificar las condiciones en las que realizan su trabajo.

Esta proposición no de ley no plantea otra cosa que instar al Gobierno de España a que ejecute las propuestas del informe de la ponencia de estudio sobre la normativa aplicable a los cooperantes para que, entre otras cuestiones, velemos por que de una vez por todas esos derechos y obligaciones de los cooperantes, su régimen de incompatibilidades, su formación y otros aspectos relativos a su régimen jurídico sean reales. De nada sirve legislar si luego no estamos pendientes de que se ejecute, se tenga en cuenta la normativa aprobada, y que la misma sea efectiva, máxime si son los propios cooperantes los que desde un planteamiento empírico solicitan un desarrollo normativo de su estatuto en aspectos concretos, con el fin de mejorar tanto sus condiciones laborales como las de su propio régimen administrativo, así como coordinar las distintas administraciones públicas y que el colectivo en su conjunto cuente con idénticas condiciones y garantías también en cuestiones laborales o fiscales. Este avance histórico que supuso el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, del Estatuto del Cooperante, que reconocía la problemática de los mismos, necesita que se desarrolle en aspectos concretos, por lo que no podemos demorar más un desarrollo claro y conciso y una coordinación interadministrativa que eviten, como la propia proposición no de ley establece, las actuales disparidades por no haber desarrollado aún la legislación existente, por lo que debe corregirse cuanto antes.

Termino, señorías. Como decía, de nada sirve legislar si no se lleva a efecto lo legislado, y de nada sirven las buenas propuestas si luego no tienen un respaldo económico suficiente para que se pueda hacer cooperación internacional o ayuda humanitaria en el mundo. En estos momentos sabemos que hemos tenido un detraimiento económico en tres años de Gobierno del Partido Popular de casi el 80 % de los presupuestos. Por lo tanto, trabajemos en todo. Apoyaremos, sin lugar a dudas, la propuesta que plantea La Izquierda Plural.

- SOBRE LA SITUACIÓN DE GAZA TRAS LOS EPISODIOS DE VIOLENCIA VIVIDOS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003023).

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Pasamos al punto siguiente, que es el punto 4 del orden del día inicial, sobre la situación de Gaza tras los episodios de violencia vividos en las últimas semanas. Propone la iniciativa el Grupo Socialista y hay una enmienda del Grupo Popular. Hacemos un pequeño receso. (Pausa). No se preocupe, señora vicepresidenta, que estamos en un receso y hay tiempo. Tiene la palabra doña Delia Blanco, señora vicepresidenta.

La señora BLANCO TERÁN: En primer lugar, quiero disculparme con todos ustedes, mis colegas, con el presidente, con la letrada y con la secretaria. No pensaba que el Estatuto del Cooperante fuera tan rápido, pensaba que tenía tres minutos más. Muchísimas gracias, y perdonen de verdad, porque no tengo excusa.

De acuerdo con mi colega la señora Pérez Herraiz, que creo que ha dicho algo que a mí me ha interesado mucho a lo largo de su exposición, y es que a veces las proposiciones no de ley, y sobre todo en determinadas comisiones -y esta es muy dada a ello-, parecería que vivimos en un mundo bastante ideal lleno de personas ideales, que no conocen ni el hambre ni la pobreza ni la falta de derechos fundamentales, porque casi todos los grupos decimos: como no puede ser de otra manera. Claro que puede ser de otra manera, de hecho la realidad es de otra manera. Tendemos a decir: mi grupo, que comparte los principios y valores de la erradicación absoluta de la pobreza, de los objetivos del milenio, del milenio pos 2015, y que por supuesto defiende los derechos humanos en todos aquellos aspectos y cada una de sus cláusulas. Si de repente nos abstrajéramos pareceríamos que este Congreso está lleno de hombres y mujeres llenos de bonhomía, de bien hacer, que no conocen los errores, de Gobiernos que


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gobiernan sobre pueblos rectos y libres, de Gobiernos que son a su vez rectos y llenos de hombres y mujeres llenos de bonhomía y buenas intenciones. Pero el mundo no es así, para nada.

Me toca hablar de Gaza y de un conflicto y de una operación concreta que fue Margen Protector. Empezó un 26 de julio y casi un mes y medio más tarde terminó, dejando en la pequeña franja de Gaza, que apenas tiene 1.800.000 habitantes, un reguero de muerte, de sangre, de violaciones flagrantes de derechos humanos, de civiles, que no tenían nada que ver en la contienda. Quizás a alguno se le ha pasado por la cabeza que su pesada carga de culpa tenía que ver con haber votado a Hamás, quizá, en 2006. Por tanto, habiendo votado a un grupo terrorista -y lo afirmo, porque lo es, el brazo armado de Hamás en la franja de Gaza- se merecían un castigo tan enormemente desproporcionado. ¿Todo esto precedido por incidentes de asesinatos, tanto de adolescentes israelíes a manos de grupos palestinos, que Hamás no reconocía haber intervenido, y que después durante la operación Margen Protector sí reconoció? Como verán, estoy intentando ser lo más ecuánime posible. Esos civiles, casi más de 2.100 personas, que murieron, de los cuales el 70 %, según cifras de la Unrwa de Naciones Unidas y de la OCHA de Naciones Unidas, no son cifras ni de Hamás ni del Estado de Israel ni del Estado palestino, son cifras de Naciones Unidas, del propio Comité Internacional de la Cruz Roja. No he querido acudir a las cifras oficiales ni de Israel ni del Estado Palestino de Cisjordania y por supuesto, menos del Gobierno de Hamás. ¿Esas víctimas realmente, que a lo mejor el único pecado reconocido que habían hecho era -quizás, porque ni siquiera es seguro- haber votado al brazo armado de Hamás? Porque si no, no se corresponde una operación como fue la de Margen Protector, tan brutal y tan desproporcionada. Quiero aludir, por supuesto, a la cantidad de misiles, que fueron más de dos mil y pico misiles los que se lanzaron de la franja de Gaza, hacia Tel Aviv en concreto. Pero el reguero, insisto, de víctimas civiles, no contendientes, no soldados, fue tan inmensa y tan brutal, que hasta Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad lo tildaron de una operación desproporcionada y tremenda.

El 26 de agosto finalizaba, mediante una tregua, que fue violada por ambas partes, hasta que finalmente se llegó a una tregua definitiva. Las cifras en este momento son las siguientes: 500.000 desplazados de 1.800.000 personas en Gaza, sin casas; 11.000 heridos, 2.168 asesinados, 10.000 casas destruidas, 142 escuelas gubernamentales ya imposible de reconstruir, 6 universidades, 4 guarderías, 69 mezquitas, 12 cementerios violados, una planta de producción eléctrica, y el aeropuerto, que pagó el Estado español con impuestos de los españoles.

Adelanto que la mejora técnica que ha hecho el Partido Popular, y sin que sirva de precedente, es mejor que la que presentaba, así que la acepto en su totalidad sin ningún problema en los tres puntos. Si me queda un poquito de tiempo, voy terminando. La cooperación española tiene que sacar recursos como sea para ayudar a la franja de Gaza. No podemos tolerar, cuando hemos estado tan implicados en el conflicto y cuando hace apenas quince días hemos aprobado por unanimidad el reconocimiento del Estado de Israel, un paso importantísimo, sobre todo para el Partido Popular, que nunca ha querido hablar de este tema hasta ahora. Celebro que el Partido Popular se uniera a la iniciativa de mi grupo. Da igual, ni siquiera la reivindico como de mi grupo. Finalmente, este Congreso se puso de acuerdo en algo extremadamente importante: el reconocimiento del Estado de Israel. Es verdad que aludíamos, por supuesto, al problema que sigue significando Hamás en la franja de Gaza. Pero lamentablemente, y aunque no nos guste, ganaron unas elecciones y estamos esperando que la Autoridad Nacional Palestina de Cisjordania y el Gobierno palestino puedan ir a unas elecciones con Hamás. Entre otras cosas, para demostrar que no toda la población de Gaza pertenece a Hamás. Porque eso es muy importante para el mundo en el que vivimos y sobre todo para Oriente Medio.

Querría terminar diciendo que España vendió armamento de bajo calibre a Israel hasta el año 2013, por 5 millones de euros. Es verdad, y lo hablaba con el portavoz del Partido Popular que va a llevar esta proposición no de ley y que va a fijar posición sobre las enmiendas, que vendíamos armas de caza y perdigones, le decía yo. Vender armas al Estado de Israel es -perdónenme- una cierta fantasía ególatra, porque Israel tiene tal potencial armamentístico y militar que es absurdo que un país como España, con un presupuesto de defensa muy pequeño, podamos vender material. Les aseguro que los israelíes no aceptan tanques de tercera mano; en general no. Es decir, vendíamos armas de caza y perdigones. Pues ni eso, ni eso. No tenemos que vender ni armas de caza ni perdigones, porque armas de caza y perdigones en manos de cualquiera de los dos contendientes de este conflicto -y aquí me refiero claramente a Hamás y al Estado de Israel- es un problema. Porque con escopetas de perdigones se matan adolescentes en Cisjordania o en Gaza. O sea, que continúe la suspensión cautelar que había de las armas de caza y


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perdigones. Porque 5 millones de euros tampoco nos sacan de la crisis, y eso es lo que estábamos vendiendo.

Señorías del Partido Popular, les pediría que, como no puede ser de otra manera, que sí que puede ser, siempre puede ser de alguna manera, incluso peor, a veces mejor, pero incluso a veces peor, es decir, esa frase de: como no podía ser de otra manera. ¿Cómo que no? Yo he oído cosas muchísimo peores que las que decimos aquí. La Biblia es un libro de alto peligro al lado de lo que decimos aquí. Somos seres angelicales con nuestra palabra en esta Comisión. No tenemos mochilas, no vendemos armas, estamos investidos de un espíritu antibélico, pacifista y lleno de buenas intenciones. Pues las buenas intenciones en este caso son poner dinero para la reconstrucción de Gaza, que la OCHA de Naciones Unidas prevé que no estará reconstruido hasta dentro de veinte años, y por supuesto habrá habido otra incursión del ejército israelí en Gaza y ya se añadirán años, y que de momento no vendamos -esto parece muy modesto- ni armas para caza ni perdigones, porque se usan para otros fines.

Gracias, señor presidente, por su benevolencia en el tiempo.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Para defender la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra el señor Pastor.

El señor PASTOR GONZÁLEZ: Intervengo, como se ha dicho, para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular a esta proposición no de ley del Grupo Socialista que trae causa de la escalada de violencia que se vivió en los meses de verano en la franja de Gaza y, más concretamente, de las consecuencias de la misma y de la necesidad de afrontar la reconstrucción y la atención humanitaria a la población civil.

Antes de entrar en el fondo de la cuestión me gustaría hacer dos apreciaciones. En primer lugar, un agradecimiento a la portavoz socialista por el reconocimiento de la validez de nuestra enmienda en esta ocasión, lo cual le agradezco sinceramente, y, en segundo lugar, que este es un tema sobre el que hemos debatido ampliamente, no ya solo sobre el conflicto de Israel y Palestina, sino más concretamente sobre esta escalada de violencia que se produjo este verano en la operación Margen Protector. Fruto de este debate político se han producido novedades importantes, como la de la semana pasada con el posicionamiento unánime de todo el Congreso en relación con este conflicto, las dos comparecencias del ministro en los meses de julio y de septiembre y una proposición no de ley, que se debatió en la Comisión de Asuntos Exteriores hará poco menos de un mes. Por tanto, en esta materia creo que todos hemos podido expresar reiteradamente cuál es nuestra posición y, como señalaba, se han alcanzado acuerdos importantes.

En concreto, respecto de esta proposición no de ley, que es de lo que hemos venido a hablar, nos hemos encontrado con que se encontraba desactualizada, en nuestra opinión, y a la cual le hemos pretendido aportar ese plus de actualización de todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. No solo por las novedades en el ámbito político, sino también por aquellas que hacen referencia a la situación económica o financiera de la reconstrucción de la propia franja de Gaza, y esa Conferencia de Donantes para Palestina y la recuperación de Gaza que se produjo en el mes de octubre y en la que se comprometieron 5.400 millones de dólares para Palestina, la mitad de los cuales irían para la reconstrucción de Gaza. Precisamente de ahí es de donde parte nuestra enmienda que consta de tres puntos. En primer lugar, instamos al Gobierno a que, en el ámbito de sus capacidades y de sus competencias, promueva las medidas necesarias para asegurar la llegada, con la mayor prontitud, de las ayudas económicas y financieras acordadas en dicha conferencia Al ser la iniciativa de una fecha anterior a la celebración de la misma, se desconocía. En segundo lugar, el segundo punto de nuestra enmienda está vinculado con el punto anterior, simplemente adoptar los mecanismos de control necesarios para asegurar que la ayuda española no pueda ser desviada a fines distintos de aquellos a los que es comprometida, y que como principio general y de protección al contribuyente nos parece una cuestión muy razonable. Por otro lado, entendemos que en este caso en particular puede permitir aportar una mayor seguridad y certidumbre a todas las partes y, en particular, a los palestinos e israelíes. En tercer lugar, impulsar la vuelta a las negociaciones de las partes como única vía posible para la solución definitiva del conflicto con la configuración de dos Estados, una Palestina viable y un Israel seguro, que entendemos que recoge esa posición compartida por todos los grupos políticos aquí representados y aprobada por unanimidad en el Pleno -creo recordar- de la semana pasada.

Por tanto, se trata de una enmienda constructiva que pretende actualizar los términos del petitum de la iniciativa a las novedades que se han venido produciendo. Igualmente, es una enmienda coherente con


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la posición del Grupo Popular y del Gobierno, y que se podría resumir en cinco aspectos. En primer lugar, que la solución al conflicto tiene que venir necesariamente de la creación de dos Estados que puedan convivir en paz: una Palestina viable y un Israel seguro. En segundo lugar, que esa solución tiene que venir por la vía de la negociación, que no puede ser en ningún caso una imposición por parte de ningún agente externo, porque en ese caso la solución no sería efectiva. En tercer lugar, que es urgente y necesario prestar la ayuda humanitaria necesaria para aliviar las condiciones en las que se encuentra la población civil que ha padecido este conflicto. En cuarto lugar, que tiene que haber una finalización al bloqueo, y, en quinto lugar, que la reconstrucción de Gaza debe empezar de una forma lo más inmediata posible. Para todo ello es necesario la implicación y la buena voluntad de las partes y entendemos que el Congreso de los Diputados de España puede prestar su granito de arena, fundamentalmente para fortalecer la posición de los más moderados, y que solo acertaremos en nuestros planteamientos políticos si estos conducen a este fin.

Me van a permitir que haga mención a un artículo del pensador y filósofo político Michael Walter, en el que se plantea una serie de cuestiones que yo querría compartir con ustedes. La primera es que si nos planteamos la cuestión de quién se ha beneficiado de lo que ha ocurrido en Gaza este verano, la respuesta más lógica es que ha sido precisamente Hamás, que no es que se esconda detrás de los civiles palestinos, sino que los expone con toda intención como una estrategia para ganar en una guerra asimétrica. Por otro lado, que Israel no ha hecho lo que tenía que hacer para fortalecer a la Autoridad Nacional Palestina y encaminarla a su objetivo, que es alcanzar la categoría de Estado y su soberanía, y que hoy sin duda el conflicto israelí y palestino sería muy diferente si la Autoridad Nacional Palestina estuviera en vías de convertirse en un Estado. Por tanto, la mayor aportación que podemos hacer a la solución definitiva de este conflicto, que no puede convertirse en una situación recurrente, es evitar todos aquellos comportamientos que puedan llevar a una escalada de la violencia y que nos alejen de una solución negociada del conflicto.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Grupos no enmendantes. Tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Evidentemente, apoyaremos la iniciativa presentada con la enmienda formulada por el Grupo Popular.

El último punto de ese texto, el punto tercero, debe entenderse conectado con la proposición no de ley que aprobamos de forma unánime todos los grupos parlamentarios la semana pasada en el Pleno. Creo que la posición de todos los grupos parlamentarios representados en esta Comisión sobre este tema no ha variado respecto a la de entonces. A mi entender -esto puede ser una propuesta-, no estaría mal incluir en este punto tercero del texto que vamos a votar alguna referencia a la proposición no de ley aprobada en el Pleno, para no dar pie a que se malinterprete que esta Comisión pretende cambiar el parecer de todos los grupos parlamentarios manifestado de forma unánime en el Pleno de la semana pasada.

- SOBRE AYUDA HUMANITARIA URGENTE EN LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003084).

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Pasamos al punto quinto del orden del día, sobre ayuda humanitaria urgente en los campamentos de refugiados saharauis. La propuesta es del Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra la señora Monteserín.

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Una vez más nos encontramos en esta Comisión en la necesidad de pedir ayuda de emergencia para la población saharaui; una vez más, porque la fragilidad de su asentamiento hace que fenómenos tan normales como unas lluvias torrenciales se conviertan en catástrofes para la comunidad que vive en los campamentos en el Sáhara; unas lluvias que el pasado 21 de septiembre causaron gravísimos daños a sus jaimas -más de 600 destruidas porque no pudieron soportar el temporal- y a sus débiles infraestructuras, tanto colegios como infraestructuras sanitarias y hospitales, y en las que se han perdido grandes cantidades de alimentos. En fin -para no alargarme mucho- a las durísimas condiciones de vida que soportan habitualmente en un lugar inhóspito, tenemos que añadir la vulnerabilidad ante cualquier fenómeno natural. Tenemos que tener en cuenta además que esta situación convive con una frustración de la población de los campamentos por la falta de perspectivas


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políticas y de solución a su antiguo conflicto y con la necesidad -como se aprobó en este Parlamento, en la Comisión de Asuntos Exteriores, el pasado mes de mayo- de impulsar la Resolución 2152 de Naciones Unidas, más hoy que España está en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, esa mirada hacia el futuro, hacia posibles soluciones, no puede llevar a que ante situaciones como las ocurridas en septiembre no miremos lo inmediato y no tratemos de resolver la situación lo antes posible. Ahora mismo estamos ocupados en no quedarnos impasibles viendo cómo disminuye la ayuda humanitaria, viendo cómo España ha recortado sensiblemente la cooperación con el Sáhara y con los campamentos de Tinduf, donde siguen existiendo graves carencias de agua, de saneamiento, de nutrición, de seguridad alimentaria, de vivienda y, por supuesto, de dotaciones escolares y hospitalarias. Mi grupo está preocupado sin duda por el problema de fondo, pero en estos momentos nos ocupa el problema inmediato, que es aumentar la ayuda de emergencia y humanitaria para que puedan superar esta situación de ahora mismo. Así lo expresamos en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2015. En ella pedíamos que se dotara la partida presupuestaria para este problema en 1,5 millones de euros, pero a través de esta proposición no de ley solicitamos que se adopten las medidas de ayuda necesarias para paliar los daños sufridos en los campamentos de refugiados saharauis; que se destinen una partida de ayuda urgente, que incluya tanto el material sanitario como el alimentario necesarios, y una partida económica, para la reconstrucción de viviendas, escuelas, dispensarios de alimentos y carreteras que comuniquen los campamentos y para cubrir las necesidades más inmediatas producidas por esta catástrofe.

Quiero agradecer a Jorge Suárez Jaimes, estudiante de Derecho, que me haya ayudado a preparar esta iniciativa.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): A esta proposición no se han presentado enmiendas. Tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: La proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista nos solicita un acuerdo de esta Comisión en relación con las lluvias torrenciales que arrasaron los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental ubicados en Argelia el día 21 de septiembre. Entendemos que, ante este hecho puntual, esas medidas de ayuda humanitaria por parte de la cooperación española son necesarias.

Quiero aprovechar, como ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Monteserín, para poner de manifiesto una preocupación de mi grupo parlamentario. Hemos observado que las dotaciones presupuestarias para los campamentos de refugiados saharauis están descendiendo de forma importante, no únicamente las canalizadas a través de la Oficina de Acción Humanitaria, que desde el año 2010 están bajando de forma reiterada e importante, sino también las canalizadas a través de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, que han descendido de forma muy, muy importante. El último dato que tengo es el que me dio el Gobierno a través de una respuesta a una pregunta que formulé por escrito. En ella se ponía de manifiesto que en el año 2012 se habían destinado 907.250 euros y que para el año 2013 la dotación prevista podía bajar mucho más. La cooperación española siempre ha demostrado una especial sensibilidad hacia las condiciones de vida de los campamentos saharauis y ha destinado importantes dotaciones presupuestarias para su ayuda. No podemos dejar de hacerlo en estos momentos, unos momentos en los que la situación es más difícil y complicada. Es una situación que se está alargando demasiados años y, sin lugar a dudas, debemos ayudarles a través de nuestra cooperación. Es importante continuar ayudándoles a través de la AOD y, en este caso puntual, los daños causados por estas lluvias deben repararse a través de la oficina humanitaria, por lo que mi grupo apoyará la proposición no de ley.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Miguélez.

La señora MIGUÉLEZ PARIENTE: El Grupo Socialista nos presenta una proposición no de ley bien intencionada, para conseguir que esta Comisión inste al Gobierno a enviar ayuda humanitaria urgente a los refugiados saharauis cuyos campamentos han sido anegados por las aguas. Me he molestado en recopilar los datos, para que nos hiciéramos una idea de la situación. Efectivamente, el 23 de septiembre de este año la región de Tinduf se vio afectada por una fuerte tormenta de viento, lluvia y granizo. Esta tormenta alcanzó El Aaiún, que es el campamento de refugiados más cercano a Tinduf, y provocó daños materiales. Ya al día siguiente, el 24 de septiembre, Acnur visitó el campamento y, junto con los


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representantes saharauis, identificó como población afectada más vulnerable a 615 familias, que habían sufrido daños en sus hogares, en sus enseres o en sus jaimas. En los siguientes días, el Programa Mundial de Alimentos, Acnur y Unicef -insisto- junto con los representantes saharauis realizaron una evaluación conjunta de los daños y las necesidades en las infraestructuras públicas y en los hogares. A partir de esta evaluación de necesidades, se priorizaron como familias más vulnerables las familias numerosas, aquellas en las que las mujeres eran jefas de familia, personas solas u hogares con personas con necesidades especiales. La evaluación conjunta ha identificado daños materiales en hogares e instalaciones públicas, como colegios, guarderías o el hospital, especialmente en techumbres de jaimas, y daños menores en hogares, con pérdida de electrodomésticos y daños o pérdidas en productos alimenticios básicos. Apunta la investigación que hicieron estas instituciones que el 57 % de estos hogares recibió ayuda alimentaria inmediata y que el restante 43 % pudo adquirir alimentos en los mercados locales. El Acnur, sobre la base de esta evaluación, cuantifica las necesidades en los campamentos en 98.800 euros. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), que es de facto quien coordina la ayuda, no ha realizado ningún llamamiento humanitario. Por tanto, señorías, no vamos a poder votar a favor de esta proposición no de ley, porque consideramos que en los campamentos de Tinduf no se dan unas condiciones excepcionales que hagan necesaria una intervención urgente, más allá de lo que usted considera en el texto de su proposición no de ley, que es la dificultad diaria que supone para los saharauis vivir en un campamento de refugiados en mitad del inhóspito desierto, en lo cual estamos totalmente de acuerdo. Como digo, no hay un llamamiento internacional en este sentido. Ya se están realizando en la zona las actuaciones oportunas por parte de los responsables oportunos, que han evaluado los daños siempre en coordinación con las autoridades implicadas.

Todo esto no obsta para que estos días se estén estudiando los instrumentos administrativos disponibles. La Oficina Técnica de Cooperación de la Aecid en Argel está dando algunos pasos en ese sentido. El responsable de proyectos ha realizado una inspección con el gobernador del campamento de El Aaiún; ha visitado una guardería, el hospital regional y la escuela Logroño, haciendo una evaluación de los daños. Alternativamente se está valorando la posibilidad de utilizar el instrumento de mandamiento de pago a justificar, con el fin de adquirir directamente materiales para la rehabilitación de las instalaciones. (La señora secretaria primera, Cobos Trallero, ocupa la Presidencia). Recuerdo el compromiso del Gobierno con el pueblo saharaui. Desde el año 2012 se han destinado 12 millones de euros para cubrir necesidades básicas alimentarias y nutricionales de esta población. En este año en el que estamos, en 2014, hay 3.100.000 euros en ejecución, gestionados por Acnur el Programa Mundial de Alimentos y la Media Luna argelina. (Aplausos).

- PARA IMPULSAR UNA MEJOR COORDINACIÓN ENTRE LA COOPERACIÓN CENTRAL Y LA DESCENTRALIZADA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002713).

La señora SECRETARIA (Cobos Trallero): Vamos a abordar el segundo punto del orden del día, proposición no de ley para impulsar una mejor coordinación entre la cooperación central y la descentralizada. Es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular y se ha presentado una enmienda del Grupo Socialista. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Vázquez.

El señor VÁZQUEZ JIMÉNEZ: Señorías, el compromiso por parte de nuestro grupo con la cooperación al desarrollo es claro y firme. No dudamos de que el resto de los grupos de esta Cámara comparte esta inquietud con igual o parecida intensidad. Se trata de un desafío moral y de un reto técnico y político y así lo calificamos ya en nuestro programa electoral.

La cooperación española actual ha salido fortalecida mediante nuevos planteamientos que han permitido mejorar nuestro sistema de cooperación al desarrollo. Estos nuevos criterios nos indican que debemos primar la calidad sobre la cantidad; que debemos buscar eficiencia en las actuaciones y no solo su mera eficacia; que debemos trabajar coordinadamente, evitando la dispersión; que debemos evaluar el impacto de las acciones, superando la simple administración del gasto realizado, y, por último, que debemos continuar trabajando en la transparencia. Las administraciones públicas llevan recorrido un largo camino y tienen un buen bagaje de experiencias, tanto las diecisiete comunidades autónomas como las dos ciudades, Ceuta y Melilla, que tienen su propio marco legislativo y han creado sus programas de desarrollo, disponiendo muchas de ellas de agencias de cooperación. Por su parte, las entidades locales, con la coordinación de la Federación Española de Municipios y Provincias, disponen desde el año 2011


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de unos criterios comunes para armonizar sus procedimientos de concesión y gestión de ayudas. También han definido unas orientaciones estratégicas para la cooperación de los entes locales.

El informe realizado por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE destaca como un valioso activo la descentralización de la cooperación en España y el papel que juegan tanto comunidades autónomas como entidades locales. Esta implicación a todos los niveles significa para la OCDE un claro compromiso a largo plazo de España con la cooperación, aunque, por otro lado, este organismo destaca la necesidad de seguir avanzando en la coordinación de los esfuerzos en cooperación. La aportación de los Gobiernos locales y autonómicos al desarrollo ha sido creciente en los últimos años, contribuyendo como elementos distintivos por su cercanía a los ciudadanos. Se trata de actores especialmente indicados en el acompañamiento de los procesos de desarrollo y en el trabajo para el fortalecimiento institucional de la sociedad civil y para el logro de una mayor sensibilización y compromiso de los ciudadanos con los desafíos del desarrollo. No obstante, esta riqueza y diversidad plantean numerosos retos relacionados con la necesidad de coordinación, la multiplicación de iniciativas y la dispersión de modelos. Nuestro modelo no siempre ha favorecido la participación de otros actores potenciales de la cooperación descentralizada. Por ello, entendemos que también es necesario que ampare y fomente la participación de centros educativos, universidades, centros de investigación, medios de comunicación y empresas privadas, estas especialmente en el ámbito de la responsabilidad social corporativa.

La cooperación descentralizada permite a los actores dotar a sus iniciativas de un carácter distintivo y singular que debe transmitirse a los países socios. Por tanto, debe evitarse que las ayudas canalizadas a través de ONG lleguen a su destino y se ejecuten con indiferencia del origen de los fondos, porque esto supone perder el carácter distintivo de la ayuda. La singularidad ayuda a lograr una división del trabajo vinculada a una mayor especialización sectorial y geográfica, teniendo en consideración los criterios de concentración que establece el IV Plan director. El Gobierno está trabajando ya en el esfuerzo de la coordinación y en el compromiso para evitar duplicidades, para lo que se ha puesto en marcha, gracias a la citada Agenda de Portugalete, un convenio marco de colaboración con comunidades autónomas, iniciativa que nace de la propia Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo y que ha sido firmada en el mes de octubre de 2013 con algunas de las comunidades autónomas; el resto están en trámites de aceptar ese acuerdo marco. La segunda vía de trabajo del Gobierno es la transparencia. Con motivo de la elaboración del documento Estrategia de colaboración con las ONG, se van a convocar próximamente reuniones con comunidades autónomas y entidades locales para trabajar en este sentido. También cabe destacar la labor del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que ha recopilado datos y cifras de toda la cooperación que han sido publicadas en una nueva página web del ministerio. En el ámbito humanitario, como tercera vía, la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo está trabajando en la elaboración de un convenio específico de programación conjunta en materia de acción humanitaria. El examen del Comité de Ayuda al Desarrollo de 2011 afirmaba claramente que la cooperación española ha hecho progresos evidentes en los principios de donación humanitaria. Por tanto, le corresponde al Gobierno, conjuntamente con las comunidades autónomas y los entes locales, la tarea de establecer unos objetivos que se orienten estratégicamente por tres criterios: el apoyo a la gobernabilidad local, el fortalecimiento de la sociedad civil a través de las instituciones locales y el apoyo al diseño y gestión de políticas públicas de ámbito local.

Abundando en esta última cuestión, no queremos olvidar un asunto importante, que no por repetido se hace menos necesario apuntar. El IV Plan director reconoce que cualquier instrumento de cooperación puede ser eficaz en cuanto a los resultados de desarrollo que persigue. Sin embargo, también afirma que hay diferencias sustanciales en cuanto a la eficiencia de cada herramienta concreta para el logro de sus objetivos. Por ello, uno de los elementos distintivos de la cooperación española debe ser la orientación a los resultados. Esta orientación exige el desarrollo de modelos de evaluación del impacto de las acciones, como nos han venido insistiendo los últimos informes del Comité de Ayuda de la OCDE.

Por último, deben abordarse cuestiones de carácter administrativo. La dispersión normativa ha causado, entre otras cosas, la necesidad de coordinar cuestiones que, aunque tengan una índole burocrática, no son menores. En este sentido, debe avanzarse en la coordinación en materia de registro de las ONG entre el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas. Debe además facilitarse el reconocimiento mutuo de los trámites administrativos, sin perder el debido rigor que debe presidir su ejecución. Por otra parte, el manejo de la información relativa a las ayudas ha requerido para su gestión la creación de bases de datos autonómicas y locales y es necesario avanzar en la interconexión de estas herramientas con la base de datos nacional de subvenciones.


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Señorías, por todo lo dicho, es necesario impulsar la coordinación entre la cooperación central y la descentralizada, de manera que ambas, aunque especialmente la segunda, se vean fortalecidas. Este paso permitirá que las comunidades autónomas y, especialmente, nuestros entes locales puedan seguir manteniendo el esfuerzo y reforzando su claro compromiso con la cooperación al desarrollo.

En cuanto a los cinco puntos del petitum, en los dos primeros quería proponer -se lo pasaré a la Mesa- una corrección de estilo, porque hay una redundancia en dos palabras. Se eliminaría la primera y quedaría: colaborar con las comunidades autónomas en materia de cooperación internacional, fomentando la división del trabajo y la complementariedad. El segundo punto -eliminando la palabra "conjuntamente"- quedaría: trabajar con comunidades autónomas y entidades locales para definir conjuntamente un papel relevante de la cooperación descentralizada. Los otros tres puntos quedarían igual.

Quiero agradecer al Grupo Socialista su enmienda, pero tengo que decirle, señor Buyolo, que lamento no aceptarla, porque la secretaría general viene trabajando en la puesta en marcha de acciones para simplificar los trámites con las entidades locales. Lo ha hecho ya en el mes de octubre pasado y también ayer en Trujillo, en Cáceres, en la Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo. Lamento no aceptar la enmienda.

La señora SECRETARIA (Cobos Trallero): A continuación, para defender su enmienda, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Buyolo.

El señor BUYOLO GARCÍA: Ante esta proposición no de ley del Grupo Popular, el Grupo Parlamentario Socialista, como bien ha comentado el proponente, ha presentado una enmienda encaminada no a la coordinación sino a hacer posible la acción de los ayuntamientos en política de cooperación al desarrollo; yo diría que es más bien imposible coordinar algo que no existe. En este sentido, nuestra enmienda insta a que se adopten las medidas oportunas para garantizar que las administraciones locales puedan llevar a cabo acciones y políticas de cooperación internacional al desarrollo. Para ello hay que reforzar la acción de los ayuntamientos y simplificar los trámites que deben realizar estas administraciones a la hora de solicitar los informes previos, tanto por parte de la comunidad autónoma como del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, para llevar a cabo dichas políticas. Estos informes previos tendrán carácter genérico, con el objetivo de agilizar la puesta en marcha de la actividad o proyecto concreto en materia de cooperación que pretenden realizar las entidades locales.

Con su reforma de la Administración local, ustedes han limitado y subordinado el papel de los ayuntamientos en cooperación. No pueden hablarnos de coordinar cuando lo que hace la ley es una jerarquización que imposibilita materialmente a los ayuntamientos poder emprender actuaciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Recordemos que la Ley de Cooperación de 1998 establece que la cooperación para el desarrollo que se realiza desde las comunidades autónomas y las entidades locales es expresión solidaria de sus respectivas sociedades. Establece además que la acción de las entidades en la cooperación para el desarrollo se basa en los principios presupuestarios de autorresponsabilidad en su desarrollo y ejecución. No pueden poner el acento en la mala gestión en cooperación en los ayuntamientos, ni tan siquiera pueden hacernos creer que los ayuntamientos eran entes individuales que se dedicaban a realizar proyectos sin sentido alguno, entre otras cosas, porque esa cooperación salía de sus propias arcas públicas locales y los ayuntamientos daban cumplida cuenta a sus ciudadanos y ciudadanas de los proyectos que habían financiado.

No estamos en contra de la coordinación de políticas, faltaría más, ni estamos en contra de que se trabaje en proyectos globales, que aprovechando las sinergias de todos permitan tener una mayor incidencia en la ayuda, pero no estamos de acuerdo en que se limite el autogobierno local o en que se supedite la acción de los ayuntamientos a la decisión de las comunidades autónomas o del Estado; coordinación, sí; sumisión, no. La Ley de Reforma de la Administración Local ha roto con los anhelos de aquellos que creemos en la segunda descentralización de nuestro país y, por el contrario, nos está encaminando a una centralización que produce la pérdida de poder de los ayuntamientos. La Ley de Bases de Régimen Local fue decisiva para que los Gobiernos locales pudieran desarrollar el Estado del bienestar y además garantizar los derechos de ciudadanía. Los ayuntamientos son el Gobierno más cercano a los ciudadanos, con el que conviven cada día; son el ámbito en el que la ampliación de la democracia y la participación ciudadana configuran un modelo de sociedad más avanzada y plural. Su reforma -que está recurrida en el Constitucional, por cierto- va en contra de los preceptos de la Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, donde se explicita qué se entiende por autonomía local: El derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte


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importante de los asuntos públicos, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. No podemos entender que el papel que ustedes quieren otorgar a los ayuntamientos sea el de meros gestores de las competencias de otros, porque los convierten en simples oficinas de atención al cliente y no en entidades que deciden con sus ciudadanos las prioridades de sus municipios, las políticas a llevar a cabo y el gobierno de sus ciudades. La actuación de los ayuntamientos en lo que concierne a la cooperación al desarrollo va más allá de otorgar subvenciones para la ejecución de proyectos de ayuda oficial al desarrollo a las ONG, es mucho más. La actuación de los ayuntamientos responsables implica sensibilización, coherencia de políticas, rendición de cuentas, pedagogía política, participación ciudadana, en definitiva, más democracia. (La señora vicepresidenta, Blanco Terán, ocupa la Presidencia).

No vean ustedes la cooperación local como algo menor; es una política transversal que afecta a toda la acción del Gobierno y que además profundiza en una democracia que amplía los valores cívicos de la ciudadanía. Hubiéramos agradecido que esta proposición no de ley que hoy nos presenta el Grupo Popular, más que hablar de coordinación, hablara de la importancia del papel de los ayuntamientos en la cooperación al desarrollo, de cómo mejorar la labor de estos en el desarrollo de la cooperación y de establecer medidas de colaboración entre las distintas administraciones. Lo tenían muy fácil, simplemente tenían que eliminar la burocracia de informes y contrainformes, que hace inviable que cualquier ayuntamiento hoy se plantee emprender una acción de cooperación al desarrollo. El informe de tres páginas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la consulta realizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en relación con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local es muy claro en el procedimiento a desarrollar y en los informes preceptivos a solicitar por parte de los ayuntamientos, una burocracia farragosa que lo único que pretende es eliminar la cooperación descentralizada que venían desarrollando los ayuntamientos.

Concluyo, señora presidenta. Si realmente quieren ayudar a fomentar la cooperación descentralizada, actúen con su Gobierno. Eliminen las trabas burocráticas que imposibilitan procedimentalmente el desarrollo de proyectos de cooperación al desarrollo desde los ayuntamientos y devuélvanles competencias plenas, en coherencia con el derecho que la Carta Europea de Autonomía Local les otorga para ordenar y gestionar sus asuntos públicos. Solo en ese momento podremos hablar de coordinación; mientras, no se puede hablar de coordinación. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Blanco Terán): Presentada la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Esteban, por el Grupo Vasco.

El señor ESTEBAN BRAVO: La verdad es que me interesa intervenir en este punto, porque, aunque sea brevemente, creo que es conveniente dejar clara nuestra postura en el "Diario de Sesiones", además de hacer cuantas reflexiones. Después de la tramitación de la Ley de Acción Exterior, esto me resulta un déjà-vu. Sigue los mismos derroteros, en este caso anunciando -como ha ocurrido en otras ocasiones- a través de una proposición no de ley del grupo que tiene la mayoría absoluta en la Cámara -y evidentemente en esta Comisión- acciones que luego directamente va a proceder a realizar el Gobierno. Cual heraldo, uno se teme que la redacción de lo que pueda venir esté ya más que realizada en el ministerio correspondiente. Al fin y al cabo, las actuaciones de cooperación internacional de las comunidades autónomas no son otra cosa que la prolongación de su capacidad de acción exterior, cuestión que el Tribunal Constitucional no duda en absoluto. En ese ámbito, podrán desarrollar la acción exterior en aquellas competencias que tengan asumidas, sin ningún otro límite que no sea no perjudicar la política exterior del Estado. Cuando hablamos de política exterior estamos hablando de la macropolítica internacional, no de ninguna otra cosa. Y mientras no se invada esto, en todo caso podremos hablar aquí de cooperación, en el sentido de que se necesitan las voluntades de ambas partes, pero en ningún caso de coordinación, que a lo que suena más bien es a un texto, articulado o no, con alguien que dirige o que preside esa coordinación. Nosotros nos negamos a eso.

Las acciones que realizan las comunidades autónomas, en qué lugares y cuánto dinero invierten en el ámbito de la cooperación internacional, son públicas y están obligadas por sus propias legislaciones a explicarlas. Por tanto, no entiendo, entre otras cosas, lo que se habla aquí de avanzar en la transparencia, en la cohesión y en la mutua información de lo que se está realizando. Todo ello es público y ya se conoce. Insisto en que no hablemos de coordinación, sino de cooperación, en el sentido de lo que suponía el Real Decreto 794/2010, sobre subvenciones y ayudas, que se basaba en el acuerdo con las comunidades autónomas.


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No sé si esto es ponerme la venda antes de la herida, pero como ya me ha pasado otras veces y he tenido que ponerme la venda sangrando, en esta ocasión lo voy a hacer con anterioridad y voy a votar no, aunque sé que va a salir; y voy a hacerlo porque me temo que el ministerio ya está pensando en tomar una acción legislativa que, desde luego, le anuncio que será contestada por la Comunidad Autónoma Vasca defendiendo su ámbito de autonomía.

En cuanto a la enmienda socialista, no tendría ningún inconveniente en votarla favorablemente si hubiera sido aceptada por el Partido Popular. Coincido con ellos en que, tal y como quedó la Ley de Régimen Local, la acción exterior de los ayuntamientos ha quedado absolutamente anulada, aunque quiero decir que en el País Vasco esto no es así, pero porque la propia Ley de Régimen Local, a través de nuestras enmiendas, salvaguarda un régimen especial, y por tanto es una situación diferente. Es verdad que en estos momentos hablar de coordinación con las entidades locales es una mera quimera, porque a lo que aboca la legislación, si no se modifica en próximas fechas o en los próximos años, es a que efectivamente desaparezca de ese nivel de Gobierno.

La señora VICEPRESIDENTA (Blanco Terán): Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Al hilo de lo que comentaba el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, tengo que decir que mi grupo muestra la misma sensibilidad. Quiero decirles que tomando como referencia el informe de la subcomisión para duplicidades administrativas, de la comisión para la reforma de las administraciones públicas, nos encontramos, por ejemplo, con que la medida 1.01.001 habla de la mejora de la coordinación con las comunidades autónomas en materia de cooperación para el desarrollo, y la medida 1.01.04 habla de la planificación conjunta de Estado y comunidades autónomas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Esta proposición no de ley va en la línea del informe de la comisión para la reforma de las administraciones públicas, sobre el cual mi grupo parlamentario ya ha manifestado reiteradamente su oposición. Hemos expresado nuestra oposición a la comisión y al resultado de la misma, es decir, no únicamente a los informes que realiza, sino a los desarrollos legislativos del Gobierno, a los que ya estamos acostumbrados.

Debo decirles que mi grupo conoce los precedentes y que resulta un tanto difícil pedirnos confianza en relación con la proposición no de ley que el grupo parlamentario mayoritario presenta en esta Comisión. Me refiero, por ejemplo, a que en este informe de la subcomisión se hablaba de un marco de planificación conjunta, y en el IV Plan director se habla del diálogo político de alianzas estratégicas, cosa que no se incluye en la proposición no de ley, o de ese fondo humanitario entre el MAEC y las comunidades autónomas, en el que se pedía que las partes firmantes, las comunidades autónomas, pusieran unos 100.000 euros anuales, y la Aecid un millón de euros, para desarrollar políticas de ayuda humanitaria, cuando la competencia corresponde al Estado y las comunidades autónomas pueden hacerlo de forma graciable, si así lo desean, porque son competentes.

Hay otro procedente. Quiero recordarles la territorialización del 0,7 % del IRPF que mi grupo viene reclamando de forma reiterada, no solo en esta legislatura, sino en las anteriores, en la parte destinada, por ejemplo, a las políticas de cooperación al desarrollo. A pesar de existir continuadas sentencias del Tribunal Constitucional a favor de esa territorialización de los recursos, los sucesivos Gobiernos se han negado a cumplirlas. Recuerdo que en esta legislatura, si no me equivoco en agosto del año pasado, se modificó el régimen para impedir la participación de las comunidades autónomas en estos recursos. Por tanto, es difícil pedirnos confianza en este sentido, porque mi grupo no pretende, como se contempla en la proposición no de ley, avanzar en la cohesión o en la coordinación, sino en la colaboración desde la competencia de cada administración pública. Además, señorías, las comunidades autónomas son competentes y la cooperación descentralizada se encuentra sometida a las respectivas leyes autonómicas, en el caso de Cataluña la Ley 26/2001, y a los instrumentos de desarrollo, es decir, los planes directores de cada comunidad, que responden a la idiosincrasia y a la especificidad de la política pública, de sus actores y de su trayectoria.

Por eso mi grupo parlamentario no podrá apoyar la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

La señora VICEPRESIDENTA (Blanco Terán): Tiene la palabra el señor Vázquez.


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El señor VÁZQUEZ JIMÉNEZ: Señor Esteban, le veo poco optimista, porque al margen de la obligatoriedad de publicación de datos de las comunidades autónomas, lo que se pretende es coordinarlos y que en una página web estén ordenados y planificados, no de forma aislada sino para el conjunto de las administraciones.

Señor Picó, muchas gracias por sus intenciones. A ver si recupera la credibilidad.

La señora VICEPRESIDENTA (Blanco Terán): Tiene que recuperarla mucha gente. No sé si algún grupo más quiere intervenir, ya que he abierto un segundo turno. Cedo el puesto al presidente de verdad, que es el señor Vázquez. (El señor vicepresidente, Vázquez Jiménez, ocupa la Presidencia).

- RELATIVA A GARANTIZAR QUE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES PUEDAN SEGUIR LLEVANDO A CABO ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/003206).

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Punto séptimo del orden del día, proposición relativa a garantizar que las administraciones locales puedan seguir llevando a cabo acciones de cooperación internacional al desarrollo, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán. Se ha presentado una enmienda del Grupo Socialista.

Para la defensa de la proposición tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Mi grupo -continuando el debate que hemos mantenido en relación con la anterior proposición no de ley- presenta esta iniciativa por una razón muy clara. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de reforma y sostenibilidad de la administración local, conocida como RSAL, en un sentido totalmente contrario a los estudios previos y a las demandas de los Gobiernos locales, delimita de forma restrictiva el ámbito competencial de las administraciones locales, suprime la cláusula general de competencias y condiciona su ejercicio a los principios de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera. Mi grupo parlamentario cree que todo este conjunto de medidas supone un debilitamiento del principio de autonomía local, así como un incumplimiento del principio de subsidiariedad. En esta ley, en la RSAL, se diferencia entre competencias propias, en relación con las cuales se fija una reserva formal de ley para su determinación, competencias delegadas y las diferentes a las propias o a las atribuidas por delegación, limitando de forma importante el ejercicio de estas últimas. Una de las consecuencias de este modelo es la supresión, por ejemplo, del artículo 28 de la Ley de Bases de Régimen Local, que es el que habilitaba a los municipios para realizar actividades complementarias, así como la modificación del artículo 25.1 de la misma ley, que ahora limita extraordinariamente el ámbito de actuación municipal.

Tras estas explicaciones de corte un tanto administrativista, que no conciernen propiamente al ámbito de competencias de esta Comisión, cabe preguntarse si con la entrada en vigor de la RSAL las acciones que han realizado hasta ahora los municipios en materia de cooperación internacional al desarrollo son posibles en el futuro o no. Debo decirles que la cuestión no es nada pacífica y que tendrá consecuencias. No es pacífica porque las leyes sectoriales, sean estatales o autonómicas, el marco competencial estatutario y los compromisos internacionales chocan con esa normativa de modificación del régimen local. La Ley 23/1998, de Cooperación Internacional al Desarrollo, prevé en su artículo 20 que la acción de las entidades locales se basa en los principios de autonomía presupuestaria y autorresponsabilidad en su desarrollo y ejecución; la Ley 2/2014, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, a la que se refería antes el señor Esteban, contempla a las administraciones locales como sujetos activos de la acción exterior, entre otras materias en la cooperación. También hay normas autonómicas. La Ley catalana 26/2001, de Cooperación al Desarrollo, reconoce la actividad de los entes locales en materia de cooperación, en el ejercicio de las competencias que tienen reconocidas, regulando además un órgano de coordinación específico Generalitat-entes locales, la llamada comisión de coordinación con los entes locales. A nivel internacional, el ejercicio por los entes locales de las políticas de cooperación al desarrollo se ha refrendado en diferentes instrumentos, por ejemplo -antes también se hacía referencia a ella-, en la Carta Europea de Autonomía Local, en la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, del año 2000, aprobada por más de 400 ciudades europeas, en los pronunciamientos de la Conferencia de Florencia sobre ciudad y cooperación para el desarrollo, del año 1983, o en la Carta de Berlín de 1992. Más recientemente, en el proceso de la Agenda post 2015 se reconoce activamente el papel que tienen las ciudades en los futuros objetivos del desarrollo sostenible. También está el


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reconocimiento del papel de los municipios en la cooperación que contempla el actual Plan director de cooperación. Por tanto, es fácil decir que la administración local es un ámbito privilegiado para el fortalecimiento democrático, puesto que la cercanía entre ciudadanía y Gobierno facilita una respuesta más adecuada a las necesidades reales de la población, a sus inquietudes e intereses, y una mayor participación y control ciudadano de la gestión gubernamental. La RSAL resulta una amenaza para el futuro de las acciones de cooperación al desarrollo a nivel municipal, porque también lleva aparejado el riesgo de desaparición de un tejido social local participativo y activo que ha jugado un papel fundamental en la concienciación ciudadana y en el fortalecimiento de las organizaciones sociales de los países empobrecidos.

Creo que todos compartimos la necesidad de clarificar esta situación, que no quepa la posibilidad de una interpretación contraria, porque la voluntad del legislador es y continuará siendo que la administración local pueda y deba ser agente activo de la cooperación internacional para el desarrollo. Cuando un ayuntamiento apruebe sus presupuestos con una dotación para acciones de desarrollo, no queremos que nadie pueda poner en duda la legalidad de la misma. En este sentido, quería poner de manifiesto que el informe que acompaña al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, en relación con la ayuda oficial al desarrollo prevé un gasto total de los entes locales en acciones de cooperación al desarrollo de 58 millones de euros. Quiero entender que la aprobación de esta iniciativa, con las modificaciones que ustedes quieran realizar, no pondrá en peligro que esos 58 millones de euros puedan presupuestarse y, sobre todo, ejecutarse.

Por tanto, lo que mi grupo pretende con esta proposición no de ley es que se ponga de manifiesto que la voluntad del legislador -nosotros somos legisladores- es que las administraciones locales pueden y deben seguir realizando políticas de cooperación internacional al desarrollo, a pesar de que la entrada en vigor de la RSAL no las incluya como competencias propias, porque así, como he podido explicar, lo contemplan los convenios internacionales y la normativa interna, tanto del Estado como de las comunidades autónomas.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Zaragoza.

El señor ZARAGOZA ALONSO: Seré breve, porque comparto absolutamente la intervención del proponente, el señor Picó, que creo que ha sido argumentada con solidez, de manera clara y diáfana, que lo que busca no es enmendar, rectificar ni señalar errores, sino simplemente que la voluntad de que la cooperación local se siga manteniendo y no se vea entorpecida por trabas administrativas, burocráticas, que es algo que todos deseamos evitar.

La cooperación internacional ha disminuido su volumen y hemos pasado de dedicar un poquito más del 0,4 % a menos del 0,2 %; además, nos encontramos en el ámbito de la cooperación local con trabas administrativas, con dificultades para poder ejecutar la voluntad política de mantener esa cooperación a nivel internacional. Nosotros planteamos, y por eso hemos presentado esta enmienda, hacerlo de una forma más sencilla, que es facilitando los trámites para poder mantener esa voluntad de cooperación local. Esta enmienda simplemente intenta complementar y precisar la posición que plantea el proponente del Grupo de Convergència i Unió, que nosotros compartimos absoluta y totalmente. ¿Por qué? Porque en este país hay una tradición de cooperación local y no solamente participan las administraciones, sino multitud de gente de manera voluntaria en organizaciones locales que se han comprometido con la cooperación. Por eso nosotros, con esta voluntad constructiva y positiva, que es lo que buscamos, simplemente intentamos desatascar una pequeña dificultad, y es que los problemas administrativos no se conviertan en una barrera política para poder llevar adelante este objetivo que creo que compartimos todos los grupos de esta Cámara, porque pienso que todos queremos mantenerlo no prohibirlo. No ha habido ninguna voluntad legislativa por parte del grupo mayoritario de prohibir la cooperación local. Nosotros entendemos que esa voluntad política de conseguir que se mantenga la cooperación local no puede malograrse por impedimentos administrativos, por trámites burocráticos imposibles de cumplir y que se alargan en el tiempo, porque eso va incluso en contra del espíritu político del Grupo Parlamentario Popular, que permanentemente nos habla de coordinación y de simplificación administrativa. No pongamos problemas administrativos donde hay una coincidencia política, a no ser que lo que haya de fondo sea aprovechar unos trámites administrativos para evitarlo, porque directamente no se atreve a impedirlo.

Hemos presentado esta enmienda sencillita, que se añade a la propuesta del Grupo de Convergència i Unió, para intentar situar el problema de una manera clara y que se puede solventar con una interpretación


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que nos permitiría a todos quedarnos satisfechos y ayudar a los ayuntamientos que tienen voluntad y condiciones económicas -que eso ya está regulado- para que puedan seguir desarrollando este trabajo de cooperación local.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Tiene la palabra el señor Elorriaga.

El señor ELORRIAGA PISARIK: Comenzaré dando respuesta al núcleo de la pregunta. Efectivamente, nada en la nueva legislación impide a las corporaciones locales que sigan ejerciendo sus labores en materia de cooperación internacional al desarrollo. Lo que ocurre es que se traslada hoy aquí, tanto en el debate que hemos tenido en relación con el punto anterior como en el que ahora tenemos con la proposición no de ley que presenta el Grupo de Convergència i Unió, un debate previamente sostenido en otra comisión, hace ya algunos meses, sobre la idoneidad o no, sobre la adecuación a los fines que pretende la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que se operó a través de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Quizá para argumentar la oposición de mi grupo parlamentario a esta iniciativa que ahora se presenta, lo que convenga sea aclarar y precisar exactamente cuál es la nueva normativa, en qué consiste y cómo debe ser aplicada.

En primer lugar, es cierto que la Ley de Bases de Régimen Local en su nueva redacción ha establecido, en principio, que las entidades locales solo podrán destinar los recursos de los que disponen a actividades relacionadas con el ejercicio de competencias propias o atribuidas por delegación en el marco legal establecido. Por tanto, hay que dejar constancia de que, efectivamente, en el artículo 25 de la ley, en la nueva redacción, donde se enumeran las competencias propias de los ayuntamientos, de las corporaciones locales, a partir de su entrada en vigor, ya no figuran algunos ámbitos materiales que figuraban con anterioridad. Pero quizá conviene dejar meridianamente claro que lo que no hace el artículo 25 de la ley en su nueva redacción es prohibir, en manera alguna, el ejercicio por parte de los municipios de competencias en otros ámbitos materiales que no estén recogidos en este artículo 25; en absoluto existe esa prohibición en la ley. Lo que dice es que cuando se actúe fuera de estas competencias habrá que hacerlo en correcta coordinación con los dos niveles de Gobierno que tienen constitucionalmente atribuidas competencias en esta materia, que son la Administración General del Estado y las propias comunidades autónomas.

Nada impide -y conviene insistir en ello- ni al legislador estatal ni al autonómico delegar en las corporaciones locales, dentro de su ámbito territorial, las competencias que estime convenientes en el ámbito de las que tiene atribuidas en función de sus propios estatutos. Nada más lejos -decía antes en una intervención anterior el señor Buyolo- que cercenar la posibilidad de la segunda descentralización. Muy al contrario, lo que hace la ley es articular la segunda descentralización como debe hacerse, correcta y explícitamente. Es decir, la segunda descentralización, que debe caminar desde las competencias atribuidas a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales dentro de su territorio, debe articularse a través de leyes propias de las comunidades autónomas que atribuyan a sus propios ayuntamientos el ejercicio de parte o de todas aquellas competencias que en opinión del legislador autonómico se considere que pueden ser más correctamente ejercidas a nivel local; siempre y cuando, por supuesto, se dote de los recursos financieros necesarios para hacerlo, puesto que esas actividades no están financiadas por el modelo general de financiación de la actividad de las corporaciones locales.

Ese es el esquema, y para satisfacerlo es para lo que se establecen determinadas obligaciones burocráticas. Sobre esas obligaciones burocráticas, que han llamado así, procedimentales, llamémoslas como queramos, conviene -dando respuesta al comentario que hacía el señor Zaragoza- dejar constancia de un dato que creo que es en sí mismo revelador. A día de hoy no existe en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional al Desarrollo ningún expediente instado por una corporación local que no haya sido contestado en el curso de este trámite. Es decir, todas las solicitudes de informe de los ayuntamientos que han querido ejercitar sus actuaciones han sido respondidas, en general con carácter favorable, y en algún caso con solicitud de información adicional. No existe ninguna parálisis en el procedimiento ni demora alguna en los plazos de resolución de los expediente. Por tanto, como se vio perfectamente en la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo que se celebró hace muy pocos días, está funcionando con completa normalidad y permitiendo el funcionamiento del sistema establecido.

Lo que sí es cierto es que el nuevo esquema de racionalización y sostenibilidad exige, en primer lugar, que las corporaciones locales dediquen los recursos de los contribuyentes a satisfacer sus competencias propias, y a hacerlo plenamente. En segundo lugar, que atiendan las competencias delegadas por las


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comunidades autónomas, y que lo hagan con los recursos que aporten las comunidades autónomas. En tercer lugar, ejercidas sus competencias propias y realizadas las delegadas por las comunidades autónomas, si tienen recursos, digamos, adicionales, que ejerzan las competencias que estimen por conveniente, siempre y cuando lo hagan sin duplicidad y en coordinación con otras administraciones. Y para eso existen los informes de duplicidad, donde no cabe el informe genérico, porque indudablemente lo que se no garantizaría en modo alguno sería la inexistencia de duplicidad; es decir, es preciso estrictamente que el ayuntamiento especifique a su comunidad autónoma y a la secretaría de Estado cuál es la actividad que va a desarrollar, porque es la única manera de que podamos saber que efectivamente no se están duplicando recursos o que no existen contradicciones o disfunciones entre la actividad de uno u otro nivel de administración, que es lo que intentamos hacer a través de todas las reformas legislativas operadas.

Termino ya. Que esto se puede hacer, que se está haciendo a nivel central, pero también a nivel autonómico, lo demuestra el que ya hay más de una comunidad autónoma que ha legislado sobre el procedimiento de emisión de informes para evitar la duplicidad de gasto, y están funcionando perfectamente. Valga por todas, por no citar ninguna del Partido Popular, el Decreto Ley 7/2004 que ha aprobado la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se establece perfectamente el canal para solicitar y evacuar el informe sobre inexistencia de duplicidades administrativas o de ejecución simultánea de gastos por parte de dos administraciones.

Por tanto, creo que la ley -y con esto termino ya, señor presidente- ha establecido un mecanismo claro que atiende a la necesidad inexcusable, que entre otras cosas había puesto de manifiesto reiteradamente la OCDE a través del comité correspondiente, de evitar duplicidades, inconsistencias en la acción exterior, solapamientos, y también la insuficiencia de recursos financieros en las corporaciones locales para el cumplimiento de sus fines pr opios.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Para las votaciones vamos a hacer un receso de unos minutos, porque también se está votando en otra comisión. Calculo que en seis u ocho minutos podemos estar votando. (Pausa).

Votamos la proposición no de ley sobre el impulso de la lucha contra el hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco del debate de la Agenda de desarrollo post 2015. Se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación dijo

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Queda aprobada por unanimidad.

Votamos la proposición no de ley para impulsar una mejor coordinación entre la cooperación central y la descentralizada. Se vota en sus términos con las correcciones de estilo que se han planteado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; votos en contra, 17.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Queda aprobada.

Proposición no de ley sobre el rechazo como presidente de la Asamblea General de la ONU del ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, mientras este país mantenga la ley contra la homosexualidad. Se vota en los términos de la enmienda del Grupo Popular.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votamos la proposición no de ley sobre la situación de Gaza tras los episodios de violencia vividos en las últimas semanas. Se vota en los términos de la enmienda transaccional.

Efectuada la votación dijo

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Queda aprobada por unanimidad.

Votamos la proposición no de ley sobre ayuda humanitaria urgente en los campamentos de refugiados saharauis. Se vota en sus propios términos.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; votos en contra, 23.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Queda rechazada.

Votamos la proposición no de ley sobre el desarrollo del Estatuto del Cooperante. Se vota en los términos resultantes de la enmienda transaccional.

Efectuada la votación dijo

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Queda aprobada por unanimidad.

Votamos la proposición no de ley relativa a garantizar que las administraciones locales puedan seguir llevando a cabo acciones de cooperación internacional al desarrollo. Se vota con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; votos en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Queda rechazada.

Se levanta la sesión.

Eran las siete y cinco minutos de la tarde.

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