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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 668, de 08/10/2014
cve: DSCD-10-CO-668
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 668
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO MATOS MASCAREÑO
Sesión núm. 45
celebrada el miércoles,
8 de octubre de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:

- Proyecto de ley de metrología. (Número de expediente 121/000095) ... (Página3)

Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:

- Proyecto de ley de metrología. (Número de expediente 121/000095) ... (Página3)

- Comparecencia de la señora secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (Cristeto Blasco), para informar sobre los asuntos relacionados con su departamento y las perspectivas para los próximos meses. Por acuerdo de la Comisión de Industria, Energía y Turismo. (Número de expediente 212/001983) ... (Página17)

Preguntas:

- Del diputado don Félix Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:

- Comparativa de las ayudas que han tenido las empresas sorianas (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/042046). (Número de expediente 181/001826) ... (Página36)

- Ayudas que han tenido las empresas sorianas en los años 2012 y 2013 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/042047). (Número de expediente 181/001827) ... (Página36)


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- Cumplimiento del programa electoral del Partido Popular "1.15 La industria como factor de competitividad" en la provincia de Soria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/042081). (Número de expediente 181/001833) ... (Página36)

- Evolución del número de patentes registradas desde el año 2000, especialmente en Soria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/039400). (Número de expediente 181/001850) ... (Página36)

- Previsiones acerca de modificar las bases de la convocatoria de las ayudas de reindustrialización para la convocatoria de 2014, especialmente en la provincia de Soria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/039401). (Número de expediente 181/001851) ... (Página36)

- Cantidad total que supone el proyecto/superproyecto 1996 17 27 0005 recogido en la Sección 20 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, cantidad prevista y tanto por ciento que representa, así como planes de ejecución y fecha en la que se contempla la finalización completa del mismo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/045595). (Número de expediente 181/001887) ... (Página36)

- Cantidad total que supone el proyecto/superproyecto 1994 17 27 0030 recogido en la Sección 20 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, cantidad prevista y tanto por ciento que representa, así como planes de ejecución y fecha en la que se contempla la finalización completa del mismo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/045598). (Número de expediente 181/001888) ... (Página36)

- Ejecución del presupuesto destinado a los programas de reindustrialización (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/050545). (Número de expediente 181/002019) ... (Página36)

- Dinero presupuestado, concedido y recuperado en los programas de reindustrialización del año 2012 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/050547). (Número de expediente 181/002020) ... (Página36)

- Dinero presupuestado, concedido y recuperado en los programas de reindustrialización del año 2013 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/050548). (Número de expediente 181/002021) ... (Página36)

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, que es la número 45. Como saben todos ustedes, tiene dos partes diferenciadas: en primer lugar, la tramitación o el debate y aprobación, si procede, del proyecto de ley de metrología; y la segunda, la comparecencia de la secretaria general de Industria, que contestará a diez preguntas que quedaban pendientes de las formuladas por escrito que se han convertidas en orales por no haber sido contestadas por el Gobierno.

La tramitación va a ser la habitual, de mayor a menor. El portavoz del Grupo Vasco me ha pedido intervenir, en primer lugar, porque luego tiene otras tres Comisiones a la vez en las que interviene. ¿Hay algún inconveniente a que intervenga en primer lugar el Grupo Vasco? (Denegaciones).


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RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:

- PROYECTO DE LEY DE METROLOGÍA. (Número de expediente 121/000095).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día que es la ratificación de la ponencia designada para informar sobre el proyecto de ley de metrología. Como es habitual, ¿lo hacemos por asentimiento? (Asentimiento). Queda ratificada.

APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:

- PROYECTO DE LEY DE METROLOGÍA. (Número de expediente 121/000095).

El señor PRESIDENTE: El 2.º punto del orden del día es el debate del proyecto de ley. Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, don Pedro Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Agradezco a los portavoces que me hayan permitido intervenir en primer lugar para cumplir con mis obligaciones en otras Comisiones.

Como saben, para el Grupo Vasco este un proyecto con el que no tenemos especiales problemas ni desencuentros; es un proyecto bastante técnico, y en su día no presentamos enmienda de totalidad pensando además que teníamos la posibilidad de presentar unas parciales que corregirían el proyecto en el sentido que a nosotros nos parecía razonable. En este sentido, hemos presentado tres enmiendas: la enmienda número 6, que es la que tiene contenido, a la que me referiré con posterioridad; la enmienda 7 y la enmienda 8, que son enmiendas de carácter técnico político, por llamarlas de alguna forma, ya que son mejoras técnicas que, a mi juicio, podrán ser aceptadas por el Grupo Parlamentario Popular sin mayor problema. De hecho, a la enmienda número 7 el Grupo Popular va a proponer una transacción para complementar la enmienda 58 del propio Grupo Popular, que nos parece razonable al igual que esta transacción, porque clarifica el tema competencial entre la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el ministerio para ciertas actuaciones en materia energética, como la reforma de la Ley del Sector Eléctrico, que nos parece razonable, insisto.

La enmienda número 6 -si no cambia de posición el Grupo Popular su futuro no va a ser muy esperanzador- quiero explicarla porque es una enmienda importante. Planteamos la modificación del artículo 19.2 para que quede redactado de la siguiente forma: "Será requisito esencial para la designación de estos organismos la comprobación de su cualificación técnica". ¿Qué pretendemos con esta enmienda? Lo que pretendemos es que los fabricantes con un sistema de calidad acreditado, que ya poseen autorización para emitir sus propias autocertificaciones de los instrumentos que salen de su fábrica, obtengan de la Administración para esta autocertificación una validez de dos años y se puedan realizar verificaciones periódicas en todo el mercado. En nuestra opinión es absurdo que no se permita la segunda y sí la primera mucho más exigente. Además la intervención de terceros, también sometidos a las exigencias de las cuentas de explotación, da lugar a acciones de competencia desleal. La realización de estas verificaciones periódicas, por lo que conocemos por los fabricantes acreditados, está autorizada en Austria, Francia, Italia, Holanda, Suiza, Reino Unido y Bélgica. Sería deseable que también lo fuera en el Estado español y reclamamos al Grupo Popular que reflexione de nuevo sobre esta cuestión y acepte la enmienda que planteamos. Todavía no conozco exactamente los términos de la transaccional a nuestra enmienda número 7, pero, por lo que me ha contado el portavoz del Grupo Popular y no me queda más remedio que creerle, estoy de acuerdo con esta transacción, aunque espero verla en breve.

Muchas gracias a todos por permitirme intervenir en primer lugar.

El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don José Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: Este diputado, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, va a tener tres intervenciones en tres aspectos claramente diferenciados. En primer lugar, vamos a defender el contenido de las enmiendas 15, 18, 20, 22, 26, 31 y 32, habida cuenta de que ya en fase de ponencia han sido objeto de aprobación o incorporadas al informe de ponencia las enmiendas 13, 14, 16, 17, 19, 21, 28 y 29. Esta metodología, a la que acabo de hacer referencia, se basa fundamentalmente en que el proyecto de ley de metrología es un proyecto de ley que se inicia, según hemos tenido conocimiento,


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en el Instituto Español de Metrología; es elaborado por los equipos técnicos adecuados, y a continuación ese proyecto de ley se remitió preceptivamente, como hay que hacerlo, al Consejo de Estado. El proyecto de ley sale informado del Consejo de Estado con una serie de apreciaciones y, sorprendentemente, va al ministerio y el ministerio le introduce ni más ni menos que la disposición final tercera, con la que se transforma prácticamente la mitad de la Ley 51/1992, de la Industria, vinculada a una serie de preceptos, a una serie de artículos sobre la seguridad industrial, la seguridad física, el control de las instalaciones industriales y de las instalaciones cívicas, de las que todos hacemos uso diariamente: los ascensores y así sucesivamente podríamos poner muchos ejemplos. En consecuencia, el proyecto de ley que el Gobierno nos ha traído adolece de un defecto fundamental porque violenta el artículo 3.º de la Ley regulatoria del funcionamiento del Consejo de Estado, y lo violenta, y quiero que quede claro en el "Diario de Sesiones", que el informe que acompaña al proyecto de ley y que figura en la memoria correspondiente es un informe elaborado por el Consejo de Estado para una parte de este proyecto de ley, para lo que es metrología, que responde al título del proyecto de ley; pero el proyecto de ley -reitero- ha sido ampliado con la disposición final tercera con una transformación notable, que no ha sido objeto de informe por el Consejo de Estado. Luego adolece de un déficit informativo que los demócratas tenemos que poner de manifiesto. Pero no solamente está esa disposición final tercera, sino que además en las dos enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, las enmiendas 57 y 58, con la 58 ni más ni menos que modifica preceptos fundamentales básicos -me refiero al hecho normativo y al hecho operativo de la retribución vinculada a la distribución de energía eléctrica, recogido en varios artículos, el 4, el 16, etcétera, de la Ley del Sector Eléctrico, de finales del pasado año 2013-.

En consecuencia, el proyecto de ley de metrología tiene un título que ahora no va a responder al contenido. La mayoría, el grupo mayoritario, debería entre otras cosas cambiar el título, que debería ser -no lo propongo yo ni lo votaremos a favor-: proyecto de ley de metrología -coma- de modificación de la Ley de Industria -coma- de modificación de la Ley del Sector Eléctrico. Si tuviese ese título todavía el contenido podría ser objeto de discusión. Pero quiero que quede claro en el "Diario de Sesiones" del día de hoy: uno, no ha sido objeto de informe por parte del Consejo de Estado nada más que lo que es metrología, los veintipico artículos que integran los aspectos metrológicos regulatorios de metrología legal que sí hay que modernizar en España, sin duda alguna. Y si este proyecto de ley hubiese venido así solamente, hubiese contado desde luego con la ilusión y el apoyo mayoritario del Grupo Parlamentario Socialista, porque todos sabemos que la metrología es una ciencia relativamente moderna si bien su origen se sitúa a mitad del siglo XIX, cuando se puso en marcha el sistema métrico decimal -un poco primariamente en aquella etapa- pero que en el transcurso de los años se va mejorando, se va actualizando e incluso, tengo aquí el dato, en el año 1968 del siglo pasado... (Risas del señor Mariscal Anaya).

No, por favor, un poquitín de respeto. Señor Mariscal, un poco de respeto. Como le trato yo siempre. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señor Segura, no entablen diálogo entre ustedes.

El señor SEGURA CLAVELL: No. Es que si se trivializa un debate de estas características, seguiremos empobreciendo la vida parlamentaria.

El señor PRESIDENTE: Señor Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: No, no; queda mi comentario en el "Diario de Sesiones".

Entonces, la ley en el año 1967 ... que era a lo que iba a hacer referencia con el rigor que procuro poner como interviniente representante de un importante grupo parlamentario de esta Cámara, se publica por primera vez en el Boletín Oficial del Estado español, firmado por quien era en aquel momento presidente del Gobierno, el almirante Carrero Blanco, un real-decreto en el que se impone en el mundo académico, en el industrial y en el comercial, en la vida en general en nuestro país, la obligatoriedad del sistema internacional de unidades. Y en efecto, con posterioridad, en democracia, ya en el año 1985, en un Gobierno presidido por don Felipe González Márquez, se elaboró un proyecto de ley al que las Cortes Generales le dan luz verde y las Cortes Generales aprueban la primera Ley de Metrología en la modernidad.

Por eso, treinta años después es necesaria una nueva Ley de Metrología, por muchísimas razones y esto quiero dejarlo muy claro. En consecuencia, en esta primera parte de la defensa de enmiendas que hace este parlamentario, he dicho que las enmiendas 15, 18, 20, 22, 26, 31 y 32 son enmiendas que creo


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que la mayoría de la Cámara debería considerar muy seriamente, porque complementan las ocho que ya han sido incorporadas al informe de ponencia por parte de la ponencia a propuesta de este grupo parlamentario, porque constituyen toda una línea argumental encadenada. En la primera enmienda a la que estoy haciendo referencia, la número 15, nosotros proponemos la modificación del artículo 8 en lo que se refiere al contenido del apartado 5. Y como está suficientemente justificado en el paquete de enmiendas, salto y evito estar exponiendo su contenido. Pero análogamente ocurre con la enmienda número 18, en la que nosotros planteamos un nuevo apartado que numeramos como 5 al artículo 9, que diría: "Las administraciones públicas competentes para la ejecución de la legislación sobre metrología serán las responsables del cumplimiento de lo dispuesto en este capítulo respecto al control metrológico del Estado."; y ahí está suficientemente fundamentado.

Consideramos relevante, por eso lo reitero y fue aprobado en ponencia, la enmienda 19; pero si no se aprueban la 18 y la 20, que las tres constituyen un conjunto doctrinal sólido, no lograremos entender qué significa la incorporación de la 19, y no la de la 20, y así lo queremos poner de manifiesto en los restantes aspectos. Como nosotros pensamos que hemos fundamentado con bastante lógica las exposiciones de motivos que acompañan a las propuestas de cada una de las enmiendas, quizás para aquellas personas, para aquellos diputados que puedan tener interés -académico, desde el punto de vista jurídico, por la metrología legal, industrial o desde el punto de vista sanitario o desde el punto de vista de la seguridad en su conjunto-, las exposiciones de motivos están muy fundamentadas. Además este grupo parlamentario ha mantenido diálogo con los responsables de esta materia de siete u ocho -hablo un poquitín de memoria- comunidades autónomas. Porque es a las comunidades autónomas españolas a las que hay que dar eco adecuado en este proyecto de ley. ¿Por qué lo decimos? Pues miren ustedes, señorías, porque la regulación sin duda alguna es competencia en estas materias en el ámbito legislativo nacional y naturalmente en las Cortes Generales; pero la ejecución, digamos el trabajo diario -el control, la inspección, el régimen sancionador- es un ámbito que corresponde a las comunidades autónomas y muchas de ellas lo tienen incorporado en sus Estatutos de Autonomía. Y crean que en estas enmiendas, en aras un poco de la celeridad y por no caer en lo que en ocasiones caemos, este diputado quiere dejar constancia de que los fundamentos están suficientemente vertebrados, y le pedimos al Grupo Parlamentario Popular que una vez que terminemos las intervenciones cada uno de los intervinientes por cada uno de los grupos parlamentarios, considere la conveniencia de enriquecer esta parte del proyecto de ley.

Consiguientemente, dejando ya lo que significa metrología, que son las enmiendas a las que he hecho referencia en reiteradas ocasiones, debemos pasar a una nueva parte del proyecto de ley que no estaba prevista y que no ha sido objeto de información, reitero, por parte de los organismos competentes. Pero no solamente el Consejo de Estado, sino tampoco la Comisión Nacional de la Competencia. Y me quiero referir a la disposición final tercera. Esta disposición final tercera transforma toda una serie de artículos de la Ley de Industria. En el debate de totalidad en el Pleno, ante el señor ministro de Industria que expuso el contenido del proyecto de ley, dejamos muy claro que el Grupo Parlamentario Socialista no acepta en absoluto la modificación de la Ley de Industria, con un debilitamiento en los mecanismos de control de todas aquellas instalaciones vinculadas de una u otra manera a la seguridad industrial. Lo consideramos muy grave y consiguientemente por ello hemos presentado dos enmiendas. Hemos solicitado al Grupo Parlamentario Popular, en una enmienda, que retire la disposición final tercera. Si la retira, contará este proyecto de ley con un apoyo razonable del Grupo Parlamentario Socialista. Si no la retira, no podemos participar en un incremento de la anarquía normativa en estas materias porque es inadmisible. Por último, y por ello, están las enmiendas números 23 y 24, que como consecuencia de la transcripción -lo que ocurre siempre- quiero dejar claro que la enmienda número 23 debe decir: Disposición final tercera al artículo 15 de la Ley 21/1992, de Industria. Ya en ponencia se lo indicamos así al señor letrado, donde nosotros planteamos una modificación de ese artículo 15, vinculado a los organismos de control. Señorías, en el "Diario de Sesiones" del Congreso de los diputados de 1 de octubre esa enmienda al artículo 15, integrada por una serie de puntos diferenciados y con una exposición que ocupa cuatro páginas; obviamente no puedo pretender leerlas ni hacer referencia a ninguno de sus contenidos, pero sí dejar constancia para que aquellos estudiosos académicos o personas pertenecientes a los sectores industriales de este país puedan acudir a la página web del Congreso de los Diputados y consultar las enmiendas números 23 y 24 con sus fundamentos correspondientes. En ellas venimos a decir, primero, retiren la disposición final tercera porque no tiene nada que ver con la Ley de Metrología y, segundo, si no la retiran al menos, a la desesperada, ofrecemos dos alternativas. Pero, aunque va a quedar recogido en el "Diario de Sesiones" del Congreso de los Diputados, me da la impresión de que cometeremos un error.


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Por último, señorías, en esa metodología a la que estoy haciendo referencia, ruego que se me permitan unos pocos minutos para evaluar el significado de una enmienda que no es del Grupo Parlamentario Socialista, sino del Grupo Parlamentario Popular, la enmienda número 58. Esta enmienda modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en toda una serie de preceptos. Tiene una justificación explicativa y, como todo es discutible, quiero dejar constancia en nombre del Grupo Parlamentario Socialista de nuestro rechazo a ese sistema, al método primero y al contenido después. -Con ello terminaré-. Al método, lo reiteramos. ¿Cómo es posible que en la Ley de Metrología -como si fuese una ley de otras características- el ministerio, aprovechando que se produce una tramitación como proyecto de ley, modifique determinados aspectos de la Ley del Sector Eléctrico, a la que esta Cámara le dedicó el tiempo suficiente y a la que el Grupo Parlamentario Socialista en su momento presentó ciento cuarenta enmiendas? Esas enmiendas no fueron aceptadas por el Grupo Parlamentario Popular, pero se trabajó por parte de todos los grupos parlamentarios. Y ahora, dentro de esa anarquía normativa a la que hice referencia ayer, como interviniente del Grupo Parlamentario Socialista en la comparecencia ante esta Comisión del secretario de Estado de Energía, introducen esta tercera modificación no informada por el Consejo de Estado, es más, debilitando el ámbito competencial de la Comisión Nacional de la Energía.

Desde el punto de vista político, queremos poner de manifiesto, en primer lugar, que sería conveniente que se cuantifique el impacto de esta medida que como bien sabemos pretende duplicar el primer escalón de los peajes de alta tensión, y una vez cuantificado el impacto que va a suponer, que no viene cuantificado en la memoria -porque es una enmienda que desde el ministerio le han dicho al Grupo Socialista que la presente, redactada en el ministerio no se sabe por qué razones-, nos gustaría saber quién o quiénes van a pagarlo, es decir, a qué consumidores se les va a subir el precio de la electricidad para cubrir la pérdida de ingresos que se producirá con la nueva estructura tarifaria que el Gobierno pretende crear con esta enmienda 58. Aunque también es posible que se nos diga que no se va a producir una alteración en el precio al resto de los consumidores eléctricos y que los precios no se van a tocar; lo que en ese caso supondría una situación aún más anómala porque estaríamos asistiendo al primer incumplimiento flagrante de la Ley del Sector Eléctrico, aprobada a finales del año pasado, como he dicho, y porque impide la bajada de peajes sin una contrapartida equivalente en los costes; en consecuencia, por supuesto, impide dicha bajada de precios en los peajes mientras exista déficit tarifario. En segundo lugar, como reflexión política, como digo, pedimos que se retire esta enmienda. Lo pedimos, no se hará, pero lo pedimos porque tenemos derecho a expresarnos con seriedad, y nuestro planteamiento nos lleva a hacer esa petición. Pedimos que se retire esta enmienda ante el daño institucional que se le va a hacer a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es una comisión que nosotros no diseñamos, la diseñó el Gobierno actual, fruto de la fusión de varios organismos reguladores.

En este caso, la independencia del regulador -no hay nada más que leer la enmienda y sus consecuencias- está quedando en entredicho, y el descrédito a la capacidad de actuación de institución como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia vuelve una vez más a surgir, tal como sucedió en el mes de diciembre pasado, cuando con la anulación de la subasta en la que el Gobierno anunció su invalidación sin que el regulador se hubiese pronunciado, tal y como establecía la regulación. Así pues, señorías, de nuevo asistimos a un episodio en el que el regulador propone una cosa, en este caso al que estamos haciendo referencia: mantener las categorías tarifarias de la alta tensión en términos muy parecidos a los actuales -que ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado-, y el Gobierno desautoriza la metodología que impuso la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para imponer su doctrina. Se debilita el organismo regulador y se refuerza la capacidad de gestión del ministerio sin tener que tener presente lo que dice el regulador.

Permítanme también que les diga que esta enmienda no deja de generar ciertas dudas acerca del cumplimiento de la directiva para la creación del mercado único de la electricidad, entre cuyos objetivos y prioridades, sin duda alguna, figuraba la necesidad de reforzar la independencia del regulador eléctrico. Pues bien, señorías, este grupo parlamentario mantiene en esta intervención y reitera que, con esta invalidación o debilitamiento del poder de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia -entendido el poder como la capacidad regulatoria de dictar normas y en consecuencia de posibilitar la libre competencia, posibilitar el desarrollo económico de nuestro país, velar por que no esté sometido a actitudes, no quiero decir totalitarios pero sí actitudes gubernamentales, que pueden ser discutibles en determinados momentos-, para fijar las categorías tarifarias, estamos claramente ante un paso atrás en el espíritu que recoge la directiva europea y, por tanto, no nos extrañaría que podamos asistir en unos meses a una investigación formal por parte de la Comisión Europea.


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Señor presidente, si tiene usted la amabilidad, le prometo que consumiré solo un minuto más, porque yo quisiera dejar constancia también de que el Grupo Parlamentario Socialista ha elaborado un texto con razonamientos y consideraciones, que pueden ser objeto -desde el punto de vista académico, político o desde el punto de vista regulador- de discusión. Créanme que el Grupo Parlamentario Socialista se lo va a hacer llegar al correo de todos y cada uno de los miembros de esta Comisión, que vuelvo a insistir que no es una tesis doctoral, no es un dogma, pero aquellos que tengan interés por considerar que las reflexiones del Grupo Parlamentario Socialista no son banales, tendrán la generosidad de leerlo y probablemente les introduzca alguna preocupación al respecto. Y dado que de esta Comisión pasará al Senado este proyecto de ley, todavía hay un tramo por recorrer donde, si la razón se impone, estos dos errores -el de la modificación de la Ley de Industria y esta introducción a la Ley del Sector Eléctrico- se modificarán. Y en este minuto quiero que quede constancia de que la Directiva 2009/72, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad considera, y dice textualmente: que las autoridades reguladoras nacionales deben poder fijar o aprobar las tarifas o las metodologías de cálculo de las mismas, en función de una propuesta del gestor o los gestores de la red de transporte o distribución, o en función de una propuesta acordada entre estos últimos y los usuarios de la red. Para ello el apartado 1.a), de su artículo 37 -hablo de la Directiva 2009/72, sobre obligaciones y competencias de la actividad reguladora- establece que -lo escribiría si estuviese ante el ordenador con letra negrilla para que quede muy claro- la autoridad reguladora tendrá la obligación de aprobar, de conformidad con criterios transparentes, las tarifas de transporte o distribución a sus metodologías. Con esta enmienda se le hurta.

Con ello creo que este interviniente por el Grupo Parlamentario Socialista ha dividido los tres planteamientos que queríamos hacer llegar a todos y ha procurado expresarlo de manera clara, aunque puede ser que no lo hayamos conseguido.

El señor PRESIDENTE: Me ha solicitado don Pedro Quevedo, el portavoz del Grupo Mixto, la posibilidad de intervenir brevemente para defender sus enmiendas. ¿Tienen inconveniente Convergència i Unió y La Izquierda Plural? (Denegaciones).

Señor Quevedo, tiene la palabra.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias.

Nosotros tenemos presentadas dos enmiendas, que hacen los números 9 y 10, que responden a una preocupación de una organización de sectores profesionales afectados por esta ley que nos han pedido su defensa, y nos parece lo justo que quede constancia de este tema, al margen de la consideración que nos merezca la totalidad de la ley. Solamente querría dejar constancia del sentido de nuestras tres enmiendas -en realidad son tres-, que es el mismo en todas: considerar que no tiene sentido que un organismo de control ex novo acredite la capacidad técnica de las personas físicas, que ya tienen reconocida la capacidad técnica de acuerdo con la legislación española y con las entidades que tienen la competencia de otorgar títulos académicos acreditantes. Tiene poco sentido que un organismo ex novo venga a acreditar lo que ya está acreditado en el caso de las personas físicas. Confiamos en que tengan esto en cuenta porque, al margen de nuestra posición, mucho nos tememos que esta ley va a ser aprobada en cualquier caso.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra doña Inmaculada Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Al iniciar el debate sobre esta ley importante, la Ley de Metrología, quisiera recordar una breve parte de mi intervención con ocasión del debate de la enmienda a la totalidad a la ley que presentó mi grupo parlamentario. En aquel momento dijimos -es bueno recordarlo en esta Comisión y en el debate de las enmiendas- que la Ley de Metrología, que podía parecer algo abstracto y muy científico, que contenía aspectos muy relevantes no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social, porque era una ley que directa e indirectamente afectaba a los ciudadanos, a los consumidores, más allá de afectar a las empresas. También era una ley que contenía aspectos políticos en lo que se refería al modelo y a las competencias que en esta materia tienen las comunidades autónomas. También dijimos que era un proyecto de ley que iba más allá de los aspectos estrictamente técnicos. Era una ley transversal porque afectaba a sectores muy diversos, una ley no solo industrial, sino también, repito, con un carácter económico y social importante por el impacto que tenía en los consumidores.


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Es algo que quiero subrayar. Es una ley que no solo tiene este impacto determinante en las competencias de las comunidades autónomas, como me he referido, sino que también incorpora un cambio de modelo cuando entendemos que no era necesario y que tenemos un modelo, como es el caso de Cataluña, que a nuestro entender ha sido y es un modelo efectivo, riguroso, eficiente y que aportaba y aporta estabilidad.

Mi grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad que pretendía cubrir cuatro ejes principales en torno a los cuales argumentamos nuestra posición. El primero era el eje competencial. Esta ley invade competencias ejecutivas de la Generalitat de Catalunya en materia de metrología. El segundo eje se refería a los aspectos más técnicos del proyecto de ley y esta ley contenía algunas lagunas significativas y planteaba una cierta inseguridad en algunos aspectos. Una prueba de ello era la redacción del artículo 8. Un tercer aspecto que nos preocupaba era que suscitaba serias dudas de que el planteamiento que incorpora la Ley de Metrología tuviese encaje en el seno de la Unión Europea. Este argumento nos preocupaba y nos preocupa. Un último eje de nuestra enmienda a la totalidad era el eje industrial. Entendíamos que la ley incorpora una perspectiva industrial inequívoca, y cuando hablamos de metrología hablamos indudablemente de industria. Otra cosa es cómo repercute esta ley, tal como se ha presentado por parte del Gobierno, en el tejido productivo y en el tejido industrial. Esta Ley de Metrología no debería ser una excusa o un cauce para cambiar la Ley de Industria.

Hechas estas consideraciones más generales, reitero que el eje argumental más importante sobre el que mi grupo parlamentario incidió en el debate a la totalidad fue, sobre todo y fundamentalmente, la falta de respeto al reparto competencial existente entre el Estado y las comunidades autónomas. Este fue y sigue siendo el pilar más importante para Convergència i Unió, porque es una cuestión de modelo. De no llevarse a cabo este respeto competencial, se vacía de contenido a una Administración autonómica, lo que implica que no tiene poder de decisión sobre los demás aspectos contenidos en esta ley, que son la parte técnica, la industrial o la que afecta a los consumidores.

Señor presidente, señorías, si no se respetan las competencias autonómicas, no se respetan las normas de juego, y las normas de juego deben respetarse. La actuación de las administraciones autonómicas tiene una incidencia muy limitada, prácticamente nula, en el ámbito de la metrología y la seguridad industrial, y menos tal como ha sido enfocada. Ello rompe con lo establecido en la Constitución y supone una marginación injustificada hacia las administraciones territoriales. Para nosotros es un aspecto incondicional ver en esta ley modificaciones sustanciales que evidencian una voluntad de integrar las distintas realidades de las administraciones autonómicas, de establecer mecanismos de cooperación y de crear normas que respondan a los intereses de todas las partes y no solo de una de ellas.

Hechas estas consideraciones más generales, hemos presentado una serie de enmiendas al articulado con el fin de poner en valor el rol, el papel de las administraciones autonómicas y las competencias que defendemos que en materia de metrología tienen las comunidades autónomas, y evidenciar el respeto a las mismas. Ejemplos de estas enmiendas son las enmiendas 47 y 48 al artículo 19, apartados 2 y 3, los cuales, tal y como están redactados, permiten que ciertos organismos autorizados de verificación metrológica actúen en Cataluña sin la designación de la Generalitat y sean designados, en cambio, por otras comunidades autónomas con criterios diferentes a los establecidos por la Generalitat de Catalunya. En la misma línea hemos presentado la enmienda número 40, que hace referencia al artículo 8.2, artículo que de entrada omite una mención expresa a la autorización de las comunidades autónomas competentes al validar los documentos reglamentarios y otras actuaciones.

Dicho esto, quiero añadir que la sustracción de competencias, tal como en esta ley está enfocada, no se limita a estos artículos, sino que va más allá con la extensión del modelo de unidad de mercado sobre el ejercicio de las funciones de los organismos de control en el ámbito de la seguridad industrial, algo que merece nuestro rechazo por tratarse de un modelo -ya lo hemos dicho en varias ocasiones- que condiciona el ejercicio efectivo de las competencias autonómicas a una competición entre ellas para ver cuál desregulariza más y capta con ello a más operadores, todo ello -entendemos- perjudicando gravemente al consumidor. Por ello, y para tratar de corregir estas cuestiones y mantener el control de la seguridad industrial al margen de la unidad de mercado, mi grupo parlamentario ha presentado las enmiendas 53, 55 y 56. Otro aspecto al que quiero hacer referencia, como ya dije en mi intervención en el Pleno del Congreso con ocasión del debate de la enmienda a la totalidad y he reiterado al inicio de mi intervención de hoy, es que esta ley es también sin duda muy técnica, pero no por ello menos trascendente en el plano cotidiano. Digo esto porque tiene un alto componente industrial, de mercado o empresarial -lo he dicho al inicio de mi intervención-, pero también una gran incidencia sobre los consumidores y usuarios. Al pensar en ellos creemos que la utilización del instrumento testigo propuesta en el artículo 8.2


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puede ser una merma de sus derechos y un eje que les genere dudas e inseguridades completamente innecesarios. De ahí nuestra enmienda número 37, que pretende corregir esta jerarquía entre operadores y consumidores eliminando esta herramienta que, a nuestro entender, no se presta a reducir los costes totales, si tenemos en cuenta en dicha ecuación a los consumidores.

Por último, señor presidente, señorías, al margen del bloque competencial y de la necesidad de poner en valor el rol de los consumidores, me gustaría incidir en un par de enmiendas en el terreno más técnico que nos merecen especial atención por las inseguridades jurídicas que se desprenderían del texto de no ser aprobadas; entre ellas, las modificaciones propuestas, así como por los graves perjuicios que ello podría comportar sobre ciertos actores del mercado que se ven afectados directamente por el contenido de esta ley. Me refiero a las enmiendas números 39, 50 y 51, que son un claro ejemplo de aclaraciones necesarias en la ley para que el texto tenga más rigor, dé más seguridad jurídica y no aplique medidas desproporcionadas acordes al fin perseguido. Déjenme poner un ejemplo -terminó, señor presidente- y referirme a la enmienda 39, que solo aclara la necesidad de que las medidas de control sean proporcionadas en relación con el interés público perseguido, permitiendo no generar un sobrecoste para los operadores económicos. Es decir, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las mediciones de la temperatura ya están siendo muy controladas por los inspectores de las comunidades autónomas que sustentan las competencias en seguridad alimentaria. Si el fin del interés público, en este caso la salud de los consumidores, está garantizado por el control metrológico riguroso de otros departamentos de la Administración pública, debe ser tenido en cuenta.

Termino ya, señor presidente, señorías. En definitiva, entendemos que desde una perspectiva más técnica la ley era necesaria a fin de actualizar la legislación vigente, pero no debía ser utilizado por el Gobierno para dibujar un modelo uniforme que a nuestro entender margina a las comunidades autónomas, reduciendo su capacidad para actuar en ámbitos tan importantes como la seguridad industrial o la metrología general. El modelo actual bajo las competencias de la Generalitat de Catalunya -me refiero a ella en este caso- garantiza que las medidas de los establecimientos abiertos al público, bien en gramos, bien en litros, sean correctos. Con el cambio de modelo, que recentraliza el control del Estado, tener estas garantías será más complicado para los consumidores. Por todo ello mi grupo parlamentario defiende estas enmiendas. Agradecemos la predisposición del Grupo Popular a negociar, por las enmiendas que en principio va a apoyar, pero también vemos que hay otras muy relevantes para nosotros, que sobre todo afectan a las competencias y al modelo de unidad de mercado -estamos en contra-, que no han sido aceptadas e impiden que en este momento mi grupo parlamentario pueda dar soporte a esta ley; no obstante, mantenemos la negociación. En la tramitación en el Senado esperamos tener oportunidad de continuar la negociación y llegar a acuerdos que permitan a mi grupo parlamentario un camino en el sentido del voto favorable.

El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra su portavoz, don Álvaro Sanz.

El señor SANZ REMÓN: Queremos comenzar diciendo que para nosotros, para el Grupo de La Izquierda Plural, este debate ha sido una ocasión perdida para llegar a encuentros. Como ya dijimos en la ponencia, mostramos nuestro profundo desacuerdo en las formas que practica el Gobierno modificando este texto, el texto de la Ley de Metrología, una ley que necesitaría cuando menos un tratamiento específico mucho más profundo, como lo es la Ley de Industria. Además, una vez estudiadas y leídas las enmiendas que ha propuesto el Grupo Popular, este desacuerdo no puede más que transformarse en indignación cuando vemos que a pesar de las buenas palabras -no me cabe duda de la buena voluntad de los integrantes del partido del Gobierno en esta Comisión- se mete en una reforma de la Ley de Metrología dictada por el Gobierno que modifica la Ley del Sector Eléctrico. Nosotros no pretendíamos hablar de electricidad ni del sector eléctrico en esta Comisión, pero no nos queda otro remedio y lo vamos a hacer. Lo haremos, primero por lo que proponen en su enmienda: despojar de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esto supone de facto blindar el control del Gobierno sobre la tarifa de distribución eléctrica frente a la comisión, que en teoría es el regulador independiente de los mercados. Ya se ha dicho aquí que el marco europeo así lo determina, y así debería seguir siendo. Van a intervenir en las tarifas de distribución de la energía, lo que va a generar costes y cargas que volverán a recaer sobre los ciudadanos, como siempre pasa. No quería hacerlo, pero vamos a hablar de energía y vamos a hablar de esto.


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Tuvimos constancia de los 1.500 millones de euros que nos va a costar a los ciudadanos el proyecto Castor y hoy mismo hemos conocido que Endesa va a repartir entre sus accionistas 13,8 euros por título en lo que serán dos macrodividendos increíbles no conocidos por parte de una empresa en este Estado hasta este momento. El primero será de 8.253 millones de euros y el segundo, tal y como comunica la propia Endesa, de 6.353 millones. Es decir, Endesa va a distribuir entre sus asociados 14.606 millones de euros y hoy nos propone modificar la Ley del Sector Eléctrico hablando de energía. Por tanto, lo primero que queremos saber a la hora de hablar de energía es si ustedes consideran que esto es aceptable a la vez que está subiendo el coste de la luz para los ciudadanos y ciudadanas de este país. En la enmienda número 58 que presenta el Grupo Popular no se propone otra cosa que intervenir en la tarifa. Pues bien, intervengamos pero también para que la gente que está ahora mismo en especial situación de pobreza, también energética, cuando menos vea que su Estado, que su Gobierno piensa por ellos y garantiza ese derecho fundamental. Esto no es serio, señorías, esta manera de trabajar no es seria, raya casi lo kafkiano. Es absurdo y no es cierto que haya realmente una voluntad de acuerdo cuando estamos viendo que a veces nos convidan a debates absolutamente ajenos a lo que realmente es el propio debate; no estamos hablando de metrología. Se confunden permanentemente las labores ejecutivas con las legislativas, y eso es absolutamente intolerable desde el punto de vista del funcionamiento de una Comisión como esta y de un Parlamento democrático. Desde luego, si no se modifican estas cuestiones, este grupo no podrá apoyar esta ley que, como ya se ha dicho, en realidad son tres. No estamos hablando de la Ley de Metrología, sino de tres leyes en realidad. Por lo tanto, nos parecen profundamente antidemocráticas las formas que, al dictado del Gobierno, se están practicando en lo que ya he dicho al principio que podría haber sido un ejemplo de encuentro, como se señaló en la ponencia.

Tampoco el fondo nos parece correcto, y vamos a aterrizar ya en las enmiendas que plantea el grupo parlamentario que represento. El fondo no nos parece correcto por la desregularización que supone la inseguridad que institucionaliza y, de nuevo, porque se salta el ámbito competencial en un afán de recentralización que va a generar serios problemas de corte jurídico, como ya se ha dicho en esta sala. Desde La Izquierda Plural hemos presentado tres enmiendas, y todas ellas afectan fundamentalmente a lo que supone la modificación de la Ley de Industria: una primera para la supresión de esa disposición y las otras dos que trataré de explicar a continuación. Profundizan nuestras propuestas en cualquier caso en evitar la desregularización y pérdida de garantías tanto para los responsables que por delegación de la Administración pública desarrollan las funciones de control como para los ciudadanos y ciudadanas y, en resumen, para garantizar que esta función vital para la seguridad industrial se realiza con plenas garantías. Queríamos desde La Izquierda Plural resituar con nuestras enmiendas la propuesta en el sentido común para garantizar esa seguridad de la que hablaba antes. No lo decimos solo nosotros, por eso, como verán, esas enmiendas se repiten a lo largo de las propuestas por los diferentes grupos; lo dicen los consumidores y las organizaciones empresariales que desarrollan las competencias de control delegadas de la Administración. Por eso verán que esas enmiendas se repiten.

La aplicación de la Directiva de servicios está generando mucha inseguridad y una situación cuando menos difusa. Esa es una realidad que ha tenido luego su repercusión judicialmente en diversas sentencias, y estas son las consecuencias de lo que supone -mal entendida- la liberalización de los mercados y la rebaja de los requisitos para la actividad empresarial, algo que es consecuencia de las políticas de aquellos que creen en este tipo de medidas. Lo peor es que quieren profundizar en esta reforma legislativa que proponen por esa senda peligrosa. Para La Izquierda Plural es preciso establecer un régimen de autorización serio para el desarrollo de las funciones de control, pues concurren claras razones de interés general para el mantenimiento de la autorización previa. Ustedes proponen sustituir dicha autorización por una declaración responsable. Se lo pedimos en la Comisión. Hay muchos países en la Unión Europea cuya legislación recoge lo que este grupo está proponiendo. Decimos que lo es porque para nosotros la autorización previa a los organismos de control viene impuesta porque el servicio desempeñado por ellos no es una actividad privada, señorías, sino una función pública; es esencialmente pública, delegada pero pública. Lo dice el artículo 14.1 de la Ley de Industria, que señala claramente que las administraciones públicas competentes podrán comprobar en cualquier momento por sí mismas, contando con los medios y requisitos reglamentariamente exigidos o a través de organismos de control, el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad. Es decir, es una competencia delegada, como les venía diciendo. Por lo tanto la comprobación de los requisitos reglamentarios de seguridad no corresponde solo a esos organismos de control sino también y primariamente a la Administración pública. Si esta puede llevarlo a cabo directamente es porque se trata, como les digo, de una función pública inequívoca, y es lo más


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importante de este debate. Estamos desregulando una responsabilidad pública que si se deja en manos de los organismos de control evidentemente es para que sigan con los mismos requisitos de exigencia de control y de responsabilidad a los que tiene que hacer frente la Administración. Por ello la actuación de los organismos de control no puede dejarse al libre albedrío como se propone porque estamos hablando de seguridad industrial y de responsabilidad del Estado. Señorías, si la seguridad industrial es una función pública, la Administración está obligada a garantizar que aquellos privados que la ejercen en su nombre poseen todos los requisitos de solvencia técnica y económica y de imparcialidad necesarios. Solo una autorización en condiciones garantiza el cumplimiento de esas medidas. Si no hay Administración previa, no se garantizan.

Con nuestras enmiendas tratamos además de aclarar la actuación de los organismos de control, formalizando el ejercicio de las funciones públicas de seguridad industrial que de hecho ya se vienen desarrollando. Es evidente que un sistema de seguridad industrial exige imperiosamente un control previo, estricto y exquisito de las personas y entidades que deben ejercerlo por delegación de las administraciones públicas, porque vuelvo a decir que es responsabilidad de ellas. En nuestra sociedad además los riesgos creados por la multiplicidad y la complejidad de los productos y actividades industriales son de una extraordinaria intensidad, y es imperativo que los poderes públicos (esta Comisión, este Parlamento), aseguren que las prescripciones de los reglamentos de seguridad son puntualmente cumplidas, sea vigilado su cumplimiento. Decíamos en la ponencia que ustedes confían en el buen hacer, y nosotros queremos que se regule, que se legisle, para garantizar que se hace bien; simplemente esa es la diferencia. Por eso les proponíamos esas enmiendas que garantizan además -creemos- seguridad tanto para los consumidores como para los operadores y para el Estado, superando las inseguridades jurídicas que contiene la norma y que también afectan, como ya se ha dicho aquí, al ámbito competencial. Una vez más centralizan, y lo hacen sin control y desmedidamente; centralizan además en un sector que viene desarrollándose bien en el ámbito competencial de las comunidades autónomas.

Les pedimos que retiren la enmienda 58 y acepten las propuestas como las que plantea modestamente este grupo y que, con ánimo profundamente constructivo, intentan garantizar la seguridad industrial que nuestro país necesita.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Guillermo Mariscal.

El señor MARISCAL ANAYA: Antes de referirme en concreto a la Ley de Metrología me gustaría, sobre todo por los argumentos que se han esgrimido por algunos de mis colegas de esta Comisión, explicar qué es democracia, porque a veces yo creo que mezclamos conceptos y podemos llevar a confusión a los que nos están viendo, oyendo o a quien pueda leer con posterioridad los "Diarios de Sesiones" de estas comisiones. El principio de legalidad es la base más sólida de la democracia. El estricto cumplimiento de la ley, de la que todos nos hemos dotado en un órgano que es el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía popular y por tanto el poder de todos los españoles, es la máxima expresión de la democracia. Cualquier argumento empleado en este caso acerca de si es más o menos conveniente o no conveniente el procedimiento es discutible, pero negar la legalidad o el sometimiento a la democracia en la presentación de enmiendas me parece que es de poco rigor intelectual. Por ese motivo quería que quedara bien claro este concepto.

De igual forma se ha aludido a la supuesta anarquía que se ha empleado en la presentación de enmiendas o en la metodología que se ha seguido para el desarrollo de esta ley. Si es tan importante, como así creemos nosotros, esta Ley de Metrología -que lo es-; si es extremadamente importante, como con posterioridad explicaré, no parece lógico o parece poco coherente esgrimir esa anarquía y que esta legislación lleve sin modificarse desde 1985. Por tanto hay un grupo político, un partido político, un grupo parlamentario, un gobierno que, entendiendo la importancia de esta ley, trae a esta casa esa modificación para adaptarla. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la Ley de Metrología? Me parece importante dar una pequeña explicación que no sea tan técnica. Aparte de la metrología científica y del control metrológico del Estado, lo fundamental es adaptar las diferentes y sucesivas modificaciones que ha traído para darle mayor comprensión al ciudadano. Hago alusión a una de las enmiendas de Convergència i Unió, la referida al instrumento testigo -lo pongo como ejemplo-. Cualquier ciudadano cuando se dirija a determinados puntos de compra podrá comprobar con un instrumento de testigo que el peso, que la medida de masa que se le ha dado en el establecimiento se corresponde con la realidad. Fijémonos cómo estamos apuntando hacia el objeto final de esta ley, que es dar mayor


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certidumbre, claridad y legalidad al procedimiento de medida. Por tanto tratamos de facilitar la comprensión para los ciudadanos e introducir, como no puede ser de otra manera, innovación tecnológica y favorecer el libre mercado. Hablaré después sobre la unidad de mercado.

Se ha comentado en las intervenciones de mis colegas la falta de democracia de este grupo, aparte de esa mezcolanza de argumentos. De todas las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, hemos aceptado, de tres enmiendas del PNV, una; de diversas enmiendas del Grupo Socialista ocho en ponencia y dos en este trámite; siete enmiendas a Convergència i Unió, cinco de las cuales serán mediante una transaccional que a continuación presentaremos a la Mesa. En el caso de la del PNV también será de carácter transaccional. Por tanto la voluntad de diálogo y de acuerdo en la Ley de Metrología no puede ser mayor. Este grupo parlamentario, con el absoluto respeto que tiene a esta Cámara y a las personas a las que representamos, nos hayan votado o no, ha hecho un exhaustivo estudio de cada una de las enmiendas y de todo el articulado. Yo no voy a gozar de mucho tiempo ni pretendo aburrir a mis colegas, pero podríamos ir respondiendo una por una a las enmiendas de cada grupo parlamentario; me ceñiré solamente a las más destacables y respecto a las que me parece que es necesario justificar nuestro voto en contra.

¿Qué es la Ley de Metrología? La Ley de Metrología es la que, como decía antes, garantiza que el proceso científico, el proceso de medida, el proceso meteorológico se hace con plenas garantías, para que cuando acudamos a un comercio y compremos un litro de leche -ese brick, ese preenvasado- sepamos que efectivamente contiene un litro; para que cuando nos encontremos ante una medición de carácter medioambiental, ya sea de sonido o de calidad del agua, se haga de forma conveniente; para que cuando compramos un medicamento, para cualquier tipo de patología, su cantidad y características se correspondan con la realidad; para que cuando vamos a una gasolinera y abastecemos nuestro vehículo con combustible lo hagamos con plenas garantías de que lo que estamos adquiriendo se corresponde con la cantidad de combustible por el cual estamos pagando. En fin, es una ley que aporta enormes certidumbres a todas y cada una de las actividades que desarrollamos a lo largo del día cualquiera de los que nos encontramos en este momento en esta casa y cualquier ciudadano español. Por tanto, es extremadamente importante. En segundo lugar, aproximamos las legislaciones de los Estados miembros, por consiguiente nos aproximamos a la legislación de la Unión Europea, adaptándonos a esa filosofía que, como bien conocen algunos miembros de esta Comisión, se denomina nuevo enfoque y enfoque global, que permite dar mayor responsabilidad a la sociedad civil con un sistema de garantías dado por las grandes sanciones que tendrán aquellos que incumplan esas garantías que establece esta norma. También adecuamos el asunto competencial. La sentencia del Tribunal Constitucional dejaba claro que la ejecución del control metrológico del Estado correspondía, obviamente, a las comunidades autónomas, pero había una referencia explícita y clarísima a evitar la ruptura del mercado, por tanto a apoyar y a garantizar la unidad de mercado. Voy a intentar explicar qué quiero decir con todo esto.

Si nos encontramos con un instrumento de pesado que ha tenido el certificado conveniente en una comunidad autónoma, el certificado para que ese instrumento pueda ser utilizado para toda España, no es necesario que ese órgano que ha certificado esa veracidad tenga que hacerlo comunidad por comunidad, de suerte que si un órgano adquiere esa verificación periódica o después de una reparación en la Región de Murcia pueda valer exactamente para Salamanca sin que la Comunidad de Castilla y León tenga que ir a solicitársela. Eso es la unidad de mercado, evitar trámites innecesarios, facilitar el tracto económico; evitar los bloqueos que la Administración pública día a día está realizando para impulsar el crecimiento económico, propiciando la libre actividad de los operadores económicos y de los ciudadanos en general. Eso es la unidad de mercado, por ese motivo rechazamos la enmienda 40 de Convergència i Unió y otras que ha presentado el Grupo Socialista.

A la enmienda 42 la señora Riera le daba extremada importancia. Como vamos a votar que no, voy a explicar el porqué. La señora Riera, cargada de buena voluntad, pretende que aquella empresa que lo repara pueda, pasado un tiempo -en el caso del pesaje en menos de dos años-, volver a verificar periódicamente. Esto violenta el objetivo final de esta ley, que es garantizar la certidumbre y que sean órganos siempre independientes -en este caso se lo digo al representante de La Izquierda Plural- los que vigilen y verifiquen el control periódico de los instrumentos. Por ese motivo decimos que no.

En el caso del Grupo Socialista, quiero referirme a dos enmiendas. La número 12 es relativo a un artículo de la ley en relación con el cual lo que pretende el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno al que apoya es que, si el aparato de medición -puede ser un manómetro o un medidor de volumen de agua- tiene un coste inferior al que tenía la verificación periódica, le ampliáramos la vida útil. ¿Con eso qué conseguimos? Que haya un desarrollo tecnológico y forcemos a las compañías a mejorar la calidad


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de estos aparatos. Quería decir al portavoz del Grupo Socialista que en este caso esta norma está estrictamente copiada de otra de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde hasta el día de hoy gobiernan tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida. Con respecto a la enmienda número 20, a la que también se ha hecho referencia, es preciso decir al portavoz del Grupo Socialista, al señor Segura, que una cosa es la verificación después de reparación y otra la periódica. Si aceptáramos esa enmienda, violentaríamos -vuelvo al inicio- el hecho de que la verificación periódica siempre trata de garantizar -en el caso del pesaje cada dos años y en otros instrumentos en función de lo que se dictamine posteriormente vía reglamento- que sea un órgano independiente y que en ningún caso se pueda violentar ese servicio que se presta.

Nosotros también hemos estudiado la ley y los artículos y hemos hecho, como podrán ustedes comprender, un minucioso estudio y hemos mantenido una reunión lo más respetuosa y constructiva que se ha podido con todos los grupos parlamentarios. Hemos recibido a todos los operadores afectados directamente por esta norma. En definitiva, el proyecto que sale de esta casa en todo lo referido a la Ley de Metrología mejora el texto que entró modificando el de 1985; garantiza aún más la seguridad de los consumidores y de todos los ciudadanos; y adapta, moderniza y permite la inclusión y entrada de nuevas tecnologías en un ámbito en el que España tiene mucho que decir, puesto que contamos con empresas e investigadores de extraordinaria categoría. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Quiero comentar dos cuestiones antes de proceder a la votación. En primer lugar, vamos a votar a las cinco y media en punto, a menos que los grupos informen que están preparados antes, dado que la hora de la votación fue comunicada vía SMS. En segundo lugar, señor Mariscal, desconozco si hay enmiendas transaccionales. A esta Mesa no se las han hecho llegar.

El señor MARISCAL ANAYA: Ahora mismo se las damos.

El señor PRESIDENTE: Tienen que tenerlas en su poder todos los portavoces de los grupos parlamentarios para que sepan exactamente lo que votan. Y en tercer lugar, solo me han trasladado para elaborar el cuaderno de votaciones la petición de votación separada del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Si algún grupo parlamentario la quiere también para alguna de las enmiendas presentadas, les ruego que me lo comuniquen a la mayor brevedad posible. (El señor Segura Clavell pide la palabra).

Señor Segura, aquí no hay debate. Si se trata de una cuestión relacionada con las votaciones o por una cuestión de orden, vale, pero no abra el debate.

El señor SEGURA CLAVELL: No voy a abrir el debate, pero quiero hacer dos consideraciones.

El señor PRESIDENTE: Señor Segura, sobre las enmiendas que ha defendido durante el doble de tiempo que ha utilizado no me puede pedir esto, de verdad.

El señor SEGURA CLAVELL: Son las cinco y diez y la votación será a las cinco y media. Pido dos o tres minutos. No voy a abrir el debate, voy a enriquecer las consideraciones...

El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Segura, no tiene la palabra.

Suspendemos la sesión hasta las cinco y media. (Pausa).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Pido a los portavoces atención porque han modificado las enmiendas en virtud de las transaccionales y la separación que plantean los grupos sobre la marcha. La Mesa ha intentado comprender lo que nos han trasladado los grupos, pero pido atención a los portavoces.

Se han presentado seis enmiendas transaccionales. Me imagino que los portavoces tienen el texto de todas. (Pausa). Pedí al portavoz que los que redactan las transaccionales diesen traslado al resto de los grupos para que sepan lo que votan.

Vuelvo a preguntar a los portavoces: ¿conocen las transaccionales que vamos a votar? (El señor Segura Clavell pide la palabra).

Señor Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: Sí, las conocemos. (La señora Riera i Reñé pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señora Riera.


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La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, sería oportuno conocer también las transacciones con otros grupos para votar.

El señor MARISCAL ANAYA: No hay más con otros grupos.

La señora RIERA I REÑÉ: De acuerdo, solo una que desconozco con el Grupo Vasco.

El señor PRESIDENTE: Procedemos a votar la transaccional número 1 sobre la enmienda número 7, del Grupo Vasco.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 13; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la transaccional número 2 sobre la enmienda número 45, de Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 13; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda transaccional número 3 sobre la enmienda número 44, de Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda transaccional número 4 sobre la enmienda 49, de Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda transaccional número 5 sobre la enmienda número 50, de Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda transaccional número 6 sobre la enmienda número 51, de Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Ahora vamos a proceder a la votación de las enmiendas, tal y como lo han planteado los grupos parlamentarios. Por favor, si algún portavoz quiere alguna votación separada de las que yo anuncie que se van a votar en bloque, lo dice para votarlo separadamente.

Empezamos por las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Se votan conjuntamente las enmiendas números 9 y 10.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Ahora votamos las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Vasco. Las vamos a votar por separado. En primer lugar, enmienda número 6.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 8.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar conjuntamente las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que son las 3, 4 y 5.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 23; abstenciones, 15.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación todas las enmiendas de La Izquierda Plural que quedan vivas y que son las números 59, 60 y 61.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Ahora votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán. En primer lugar la 36 y la 39.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Ahora votamos conjuntamente las enmiendas números 42, 46 y 55, de Convergència i Unió.

El señor SEGURA CLAVELL: Pediría votación separada. Primero la número 42.

El señor PRESIDENTE: Las votamos separadamente, tal como ha solicitado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Enmienda número 42.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 37; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 46.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 55.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 37; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Vamos a votar conjuntamente las enmiendas número 43, 52, 54 y 56.

Señor Segura, si quiere, las votamos por separado.

El señor SEGURA CLAVELL: Agradecería que fuera por separado.

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, enmienda número 43.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 52.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 54.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 56.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 36; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Ahora vamos a votar por separado el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Enmienda número 37.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 38.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 40.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 41.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2, en contra, 23; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 47.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 48.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 52.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 53.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, conjuntamente la 23, la 24 y la 35.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos conjuntamente las enmiendas números 11, 12, 20, 22, 26, 27, 31, 32 y 33.

El señor MARISCAL ANAYA: Todas menos la 11.

El señor PRESIDENTE: Pues vamos a votar, en primer lugar, la 11.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

A continuación votamos las enmiendas números 12, 20, 22, 26, 27, 31, 32 y 33.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 15.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 25.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 23; abstenciones, 3.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos conjuntamente las enmiendas números 30 y 34.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 18, que es la que queda.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos ahora el texto de la ponencia con las enmiendas incorporadas tras la votación que se ha celebrado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto y se remitirá al Senado al tener esta Comisión competencia legislativa plena.

Hacemos un receso de un minuto para recibir a la secretaria general de Industria. (Pausa).

- COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (CRISTETO BLASCO), PARA INFORMAR SOBRE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SU DEPARTAMENTO Y LAS PERSPECTIVAS PARA LOS PRÓXIMOS MESES. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. (Número de expediente 212/001983).

El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión de la Comisión. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es la comparecencia de la secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, para informar sobre los asuntos relacionados con su departamento y las perspectivas para los próximos meses. Es una comparecencia acordada por la Mesa de la Comisión, a pesar de que la secretaría general la había solicitado a petición propia, pues no entró dentro de la calificación cuando fijamos el orden del día. Señora secretaria general, le damos la bienvenida de nuevo, puesto que ya estuvo en esta Comisión en el día de ayer. Para comenzar la comparecencia, tiene la palabra la señora secretaria general.

La señora SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Cristeto Blasco): Señorías, es para mí un verdadero placer poder estar esta tarde con ustedes porque como servidora pública con casi once trienios, es un honor poder comparecer ante este Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas de trabajo que estamos llevando a cabo en la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y, en especial, para tratar las iniciativas más recientes que estamos poniendo en marcha desde el ministerio a través de esta secretaría general que tengo el honor de dirigir.

Después de más de dos años marcados por una ambiciosa agenda de reformas, podemos afirmar que las que se han llevado a cabo han permitido a la economía española recuperar la confianza de los mercados internacionales y ganar en eficiencia, flexibilidad y capacidad de competir, de manera que ya se empiezan a ver resultados tangibles. La economía española encadena cuatro trimestres consecutivos de crecimiento sostenido, lo que nos hace reafirmarnos en el convencimiento de que estamos en la senda adecuada de la recuperación económica. Es verdad que existen aún importantes desequilibrios, siendo la situación del mercado de trabajo el más importante, pero también es cierto que esta senda de recuperación en la que estamos ya inmersos está permitiendo la creación de puestos de trabajo a un ritmo del 0,8% en términos anuales. El producto interior bruto generado por la economía española en el segundo trimestre de 2014 ha registrado un crecimiento del 0,6% respecto al trimestre anterior; en términos interanuales, el crecimiento de la economía española en este mismo periodo ha sido del 1,2%. Hoy mismo hemos conocido las previsiones positivas para España del Fondo Monetario Internacional, tanto para este ejercicio como para el que viene, y que nos sitúan como líderes del crecimiento en la zona euro para el año 2015.

La economía, señorías, empieza a dar señales de mejoría general y estas mejorías se están trasladando a la industria. El índice de producción industrial presenta en julio una variación del 0,8% respecto al mismo mes del año anterior y encadena así nueve meses con tasas positivas; el mayor periodo desde el inicio de la crisis. La inversión en bienes de equipo mantiene un crecimiento sostenido,


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acumulando cinco trimestres en positivo y contribuyendo a su vez al crecimiento de la formación bruta de capital fijo. En los últimos meses la confianza va ganando terreno y en este sentido, el último dato del índice de entrada de pedidos del pasado mes de julio adelanta el repunte de la actividad industrial, mientras que el índice general de cifra de negocios en la industria presenta en ese mismo mes una variación del 1% respecto al mismo mes del año anterior, siendo esta tasa 1 décima superior a la del mes de junio. Asímismo, dentro de los indicadores cualitativos destaca el índice PMI de la industria manufacturera, que en agosto creció al ritmo más fuerte desde abril de 2007, prolongando así el ciclo expansivo iniciado a principios de año y señalando la solidez de la mejoría del sector. Todo ello sin olvidar que la industria manufacturera sigue contribuyendo decisivamente al sostenimiento de la demanda exterior, prolongando el fuerte crecimiento de las exportaciones iniciado ya en 2010 y que en los últimos meses encuentra su más firme apoyo en el dinamismo del sector de automoción.

Señorías, durante los últimos tres años el Gobierno ha afrontado una ambiciosa agenda de reformas, se han puesto en marcha medidas difíciles, medidas necesarias, pero hoy podemos afirmar que son ya visibles los efectos de dichas medidas Queremos perseverar en esta dirección y por ello la agenda económica del Gobierno mantiene dos grandes líneas de actuación que se refuerzan mutuamente: Por un lado, favorecer la recuperación económica, y fundamentalmente la creación de empleo, y por otra, profundizar en las líneas de la reforma. Si queremos llegar a ser un país con una economía competitiva, eficiente y productiva debemos de ser capaces de adaptarnos a los cambios que de manera continua tienen lugar en el ámbito internacional y que afectan muy especialmente al área industrial. Me atrevo a afirmar que todos los aquí presentes compartimos la afirmación de que España necesita, por tanto, impulsar el desarrollo de una industria fuerte, competitiva y de referencia internacional, que sea palanca de crecimiento de nuestro sistema productivo y que impulse la recuperación de nuestra economía e, insisto, que impulse la recuperación y creación de empleo. Una industria más fuerte es necesaria, y no solo por el dato objetivo de que las economías que mejor han soportado la crisis son aquellas que tenían un tejido empresarial e industrial más consolidado, sino porque el empleo generado por las empresas industriales es de mayor calidad, con una retribución media de los empleos un 20% por encima o superior que el resto de otras actividades económicas y siendo además, como ustedes ya saben, un empleo mucho más estable. Todo ello sin olvidar que por cada cien puestos de trabajo que se generan en la industria se crean entre sesenta y doscientos empleos inducidos a su alrededor. Cómo no va a ser importante un sector como el industrial, que representa el 15,9% del PIB, si tenemos en cuenta industria y energía, que genera 2.300.000 empleos -que viene a ser un 13% del total nacional-, si está formado por más de 129.000 empresas, si es el sector que realiza el mayor esfuerzo de innovación en I+D+i -en el año 2013 más del 48%- y con unas exportaciones industriales que representan en torno al 20% del PIB y que han crecido a un ritmo anual de 9,7% desde 2009.

Señorías, todos estos datos nos reafirman en el convencimiento de que el sector industrial es el sector que España necesita para el crecimiento sostenido de nuestra economía y la consecución de un sistema productivo basado en más innovación, más competitividad, más exportación y, por supuesto, más industria. La importancia, pues, de la industria en la economía española y el objetivo de aumentar el peso del sector industrial en nuestra economía ha hecho que desde el inicio de la legislatura hayamos sido conscientes de la necesidad de articular y alinear un conjunto de actuaciones, que siendo responsabilidad de distintos departamentos ministeriales y en ámbitos tan dispares como puedan ser el energético, el medioambiental, el fiscal o el laboral, contribuyen a facilitar un entorno empresarial favorable al desarrollo de la industria. Señorías, la política industrial no se realiza solo desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Tenemos que ser conscientes de que las políticas llevadas a cabo en gran parte, por no decir por todos los departamentos ministeriales, tienen una incidencia directa sobre nuestra industria y sobre nuestras empresas. Por ello desde el principio de la legislatura, hemos configurado una política industrial activa, que hemos sustentando sobre dos premisas. En primer lugar, es que tenía que ser, y que es, participativa, escuchando a todos los actores de la política industrial -empresas, sectores, agentes sociales, departamentos ministeriales-, de manera que garanticemos el compromiso de todos en la puesta en marcha de la ejecución de esta política. Y en segundo lugar, la política industrial tiene que diseñarse para realizarse en dos fases, de forma que se pudiera relanzar la productividad y la competitividad con medidas específicas, una vez -eso sí- que las medidas macroeconómicas y las reformas estructurales llevadas a cabo por el Gobierno permitieran afrontar la crisis de deuda soberana y la crisis bancaria.

Con este objetivo, a lo largo de 2013 realizamos un diagnóstico de la situación del sector industrial español en el que se identificaron las mejores prácticas llevadas a cabo en países similares al nuestro que


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han desarrollado un modelo industrial de referencia internacional y se analizaron las principales ventajas competitivas de España y de las áreas con potencial mejora, identificando así las líneas de actuación específica. En dicho trabajo de análisis ya se recogía que todo el proceso debería culminarse con la formalización de un plan de acción compartido con los distintos organismos implicados, tanto públicos como privados. Ese plan de acción que nos comprometimos a realizar y en el que hemos venido trabajando durante todo este año fue aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 11 de julio y constituye la agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España.

Pero, como he dicho anteriormente, si queríamos diseñar una política industrial activa era imprescindible que participasen en su diseño los principales organismos públicos y privados implicados. Por ello, organizamos cuatro foros de discusión en los que han participado y realizado sus aportaciones veinticinco organizaciones y asociaciones empresariales, entidades y organismos relacionados con la actividad industrial, así como la CEOE, Cepyme y las organizaciones sindicales UGT y Comisiones Obreras. La agenda está integrada por un conjunto de propuestas de actuación concretas, bien delimitadas y realistas que, puestas en marcha en el corto y medio plazo, van a permitir mejorar las condiciones transversales en las que se desarrolla la actividad industrial en España y a contribuir a que la industria crezca, sea competitiva, aumente su peso en el PIB, genere riqueza y genere empleo. Esta agenda recoge las actuaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como de otros departamentos ministeriales y entidades públicas, orientadas a facilitar un entorno empresarial favorable al desarrollo de nuestro tejido industrial. Está en línea, como no podía ser de otra manera, con el programa nacional de reformas de 2014 y con la agenda económica del Gobierno y recoge las actuaciones más relevantes para la industria del Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia aprobado por el Gobierno el pasado mes de junio. Pero también, como no podía ser de otra forma, esta agenda se enmarca de lleno en las iniciativas que se están instrumentando a escala de la Unión Europea y que sitúan a la industria como un factor clave para el crecimiento en Europa. La estrategia Europa 2020, como todos ustedes saben, establece el objetivo común de que la industria alcance en ese año 2020 el 20% del PIB, que es un objetivo firmemente apoyado por el Minetur. La agenda se compone, pues, de noventa y siete medidas agrupadas en torno a diez líneas de actuación y estructuradas en tres grandes bloques en función de su alcance y de su ámbito de actuación. De este modo, es posible distinguir entre acciones orientadas al ámbito nacional, acciones de ámbito internacional y actuaciones transversales. Permítanme, señorías, que me refiera a cada una de ellas.

Como he señalado anteriormente, a lo largo del último año se ha producido un cambio en la tendencia registrada desde el inicio de la crisis en la demanda de bienes duraderos y de bienes de equipo, que son los más relevantes para el sector industrial. Es momento, por tanto, de consolidar esta tendencia positiva registrada en 2013 gracias a las medidas adoptadas por este Gobierno. Por ello, la primera línea de actuación recogida en la agenda engloba un conjunto de medidas temporales de estímulo a la demanda de bienes industriales, priorizando aquellos sectores con más efecto tractor y con un efecto multiplicador en la economía y potenciando la inversión en los sectores industriales estratégicos. El fortalecimiento del sector industrial y su capacidad para competir en los mercados internacionales requieren de un continuo proceso de optimización de sus principales factores productivos, de forma que se permita una mejora de la competitividad de nuestras empresas industriales. Por ello, las primeras líneas de actuación de la agenda contienen las medidas dirigidas a mejorar la competitividad de los factores competitivos clave; me estoy refiriendo principalmente a los costes logísticos, los costes laborales y, cómo no, a los costes energéticos. La agenda contempla en este sentido medidas para la reducción de los costes logísticos y de transportes, mejora de las redes de conexiones nacionales y europeas, y la homogeneización de los requisitos de transporte en todo el territorio nacional. Desde el punto de vista de los costes laborales, tenemos que tener en cuenta que desde el inicio de la crisis económica España ha realizado un importante esfuerzo para ajustar el coste laboral unitario y situarse un 10% por debajo de la media de la Unión Europea y en torno a un 15 o un 20% por debajo de países como Italia, Francia y Alemania. Sin embargo, existe todavía potencial de mejora en el ámbito de la flexibilidad laboral, clave para asegurar la competitividad del sector industrial español en los próximos años.

Otro de los factores productivos claves es el energético. El acceso a fuentes de energía competitivas es un factor fundamental en la toma de decisiones de inversión en nuevas instalaciones y determina la competitividad de las empresas en los mercados internacionales. Por ello, el objetivo de este Gobierno es completar la reforma del sector eléctrico y gasista que está teniendo lugar, compatibilizando la exigencia de sostenibilidad económica y financiera del sistema con la de preservar la competitividad de la industria,


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garantizando el suministro al mínimo coste posible. Pero para mejorar la competitividad de nuestra industria junto con las medidas de estímulo de la demanda y de mejora de los factores productivos clave, es necesario reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español. Y permítanme darles dos razones para ello. En primer lugar, porque no se puede analizar el sector industrial español sin tener en cuenta el importante factor que ha ejercido la inversión extranjera directa, que ha contribuido tradicionalmente y que debe seguir contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo de nuestro sector industrial. Solo un dato: en nuestro país hay establecidas más de 10.000 empresas de capital extranjero, están empleando a más de 1.200.000 personas y supone un 6% del empleo total nacional. Pero tenemos otro dato, el de la unidad de mercado, porque la unidad de mercado constituye un principio económico esencial para el funcionamiento competitivo de la economía española y, según estimaciones del Ministerio de Economía en el programa de trabajo de garantía y unidad de mercado, de su puesta en marcha puede resultar un crecimiento de más del 1,52% del PIB en el largo plazo. Por lo tanto, es necesario seguir avanzando en la ejecución de este programa de trabajo, desarrollando e implantando lo previsto en la Ley de Unidad de Mercado y en Plan de racionalización normativa para conseguir eliminar, por ejemplo, las duplicidades en la gestión administrativa o la dispersión de competencias entre los distintos organismos para atender distintos aspectos de la misma actividad industrial.

Señorías, permítanme seguir refiriéndome al resto de los ámbitos en los que se desarrolla la agenda y más en concreto al ámbito internacional. Uno de los principales indicadores relevantes del sector industrial en estos últimos años, como he dicho anteriormente, ha sido su contribución al sostenimiento de la demanda exterior. La industria española cuenta con gran experiencia exportadora y desde 2009, como he dicho anteriormente, las exportaciones del sector industrial han crecido a un ritmo del 9% anual, lo que ha permitido mitigar el impacto de la crisis económica gracias al crecimiento del sector exterior. Sin embargo, aunque España goza de una posición privilegiada como socio comercial de referencia para las principales economías de la Unión Europea, debemos aumentar su presencia en otros mercados internacionales. Por ello, en las líneas de actuación que componen el ámbito internacional de la agenda, se encuadran medidas de apoyo a la internacionalización de las empresas industriales y el apoyo a la diversificación de los mercados, que se llevarán a cabo en plena coordinación y colaboración con el Instituto Español de Comercio Exterior. Pero además España debe situar el apoyo al sector industrial en su agenda política internacional, sobre todo en el marco de la Unión Europea. La política exterior es un mecanismo clave para la defensa y promoción de la industria y por lo tanto es necesario orientar la capacidad de influencia de España a la defensa de los intereses industriales.

Junto a las líneas de actuación ya expuestas en los ámbitos nacional e internacional, que persiguen un fortalecimiento directo de la actividad industrial en España, existen otro tipo de iniciativas de carácter transversal que tienen como objetivo asegurar una mayor eficiencia en el uso de recursos, reforzar el aprovechamiento de las fortalezas de la economía española y corregir los principales desequilibrios provocados por la crisis económica. Estas iniciativas se estructuran en torno a cuatro líneas de actuación: el gasto en I+D+i, la necesidad de aumentar el tamaño de las pymes, el modelo educativo y la financiación de las empresas. Permítanme referirme brevemente a cada una de ellas. A pesar del progreso registrado en materia de I+D+i desde la década de los noventa, la distancia respecto a los países líderes de la Unión Europea es todavía considerable, particularmente cuando se analiza la inversión en I+D+i que realiza el sector empresarial. Por ello, para la definición de las quince medidas que recoge la agenda, hemos trabajado con la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación en el marco de la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación básicamente con dos objetivos: primero, incrementar la eficiencia de la inversión en I+D+i y, segundo, muy demandado por nuestros industriales, el desarrollo de medidas que incentiven la transición desde un modelo teórico hacia otro que priorice la aplicación comercial y la generación sobre todo de actividad comercial. Señorías, si la inversión en I+D+i de nuestras empresas es todavía inferior a la media de la Unión Europea esta situación se ve todavía agravada cuando nos referimos a las pymes. El 99,8% de nuestro tejido empresarial está formado por pymes, pero no debemos olvidar que generan el 63% del empleo y aportan el 64% del valor añadido bruto nacional. Sin embargo, su falta de escala genera desventajas que limitan no solo su competitividad y potencial de crecimiento sino también el acceso a los mercados internacionales y las fuentes de financiación.

Otra línea de actuación de la agenda incluye doce medidas para apoyar el crecimiento y profesionalización de las pymes. Es necesario impulsar de forma activa el crecimiento y la agrupación de las pymes españolas, muy especialmente de todas aquellas que desarrollan su actividad en el sector industrial para facilitar así su acceso a las ventajas derivadas de una mayor escala y aumentar su


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competitividad y la calidad de su gestión. Me refiero más concretamente, por ejemplo, a detectar los efectos escalón de la normativa, modulándola en función de las empresas; me refiero a establecer mecanismos para aumentar la participación de las pymes en la ejecución de los grandes contratos de empresas tractoras o, lo que también es muy importante, a la necesidad de impulsar programas e iniciativas legislativas que favorezcan la segunda oportunidad. Las empresas españolas indudablemente deben aumentar su tamaño para poder competir en un mundo cada vez más globalizado, pero también deben profesionalizarse, y para ello es necesario asegurar el encaje del modelo formativo con la demanda real de las empresas para facilitar la puesta en valor del capital humano.

Señorías, si el fortalecimiento directo de la actividad industrial en España es el objetivo fundamental de esta agenda, un lugar primordial en el análisis tiene que ser aumentar el peso de la financiación no convencional en las empresas industriales. Durante la crisis, la dificultad para acceder a la financiación y su elevado coste ha frenado sin duda el desarrollo empresarial, pero esta situación sin ninguna duda se ha visto agravada por la elevada dependencia de las empresas españolas de la financiación convencional, en detrimento de otras fuentes alternativas, como puede ser la deuda corporativa o incluso el capital riesgo, lo que ha amplificado las consecuencias de la reducción del crédito. Permítanme que les aporte un dato. Solamente un 20% de las empresas españolas acuden a financiación no bancaria, frente a más de un 40% de las empresas alemanas, por ejemplo, o casi un 70% de las empresas de los países anglosajones. Por ello, considero que en este contexto los instrumentos financieros que gestiona esta secretaría general se constituyen como herramientas estratégicas de actuación para el desarrollo de nuestra política industrial. Nuestro objetivo desde el punto de vista financiero es ofrecer a las empresas industriales una vía de financiación alternativa en cada una de las distintas fases por la que se desarrolla su proyecto empresarial en función del riesgo y del grado de maduración de ese proyecto. Con el fin de acometer este objetivo, hemos contado en 2014 con un presupuesto en la secretaría general de más de 843 millones de euros. Este presupuesto está distribuido entre los programas de competitividad de sectores estratégicos industriales, el programa de reindustrialización y los préstamos participativos de Enisa, a los que tendríamos que añadir los 37 millones de euros de aportación de los recursos propios de Cersa.

Señorías, por su importancia permítanme detenerme, aunque brevemente, en cada uno de ellos. Como ya señaló mi antecesor en el cargo, Luis Valero, cuando compareció ante ustedes al inicio de esta legislatura, en un contexto de restricción presupuestaria como el que se tuvo que hacer por efecto de la crisis fue necesario priorizar y concretar acciones, por lo que se revisó el Plan integral de política industrial 2020 aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2010 con el fin de aprovechar las actuaciones más relevantes que recogía dicho plan y, en concreto, los programas de competitividad y reindustrialización. De esta manera, en 2013 se realizó una profunda revisión de ambos programas, integrándolos en una iniciativa de apoyo a la inversión industrial que ha venido a aportar una mayor coherencia y un mayor criterio en la valoración de los proyectos empresariales. Esta revisión se ha consolidado y mejorado en 2014, estableciendo dos líneas de actuación diferenciadas: la primera, para el apoyo de las nuevas implantaciones industriales, así como los aumentos de capacidad de producción o las relocalizaciones que las empresas industriales decidan acometer para ganar competitividad y, la segunda, para el apoyo a planes de inversión para la mejora de la competitividad que sean planteados por empresas de cualquier sector industrial, financiando la creación o ampliación de centros de producción y la eficiencia de los procesos de producción y la innovación en los productos. Ambos programas han alineado sus objetivos hacia la generación de empleo, el aumento de nuestra base exportadora y la inversión de nuevas tecnologías, a la vez que se trata de acotar el riesgo asumido por el Estado en la financiación. La financiación de estos proyectos de inversión se plantea como una concesión a largo plazo, con tres años de carencia y con otros siete adicionales de amortización, y a tipos de interés compatibles con los objetivos de reducción del déficit público. En esta misma línea se concede un mayor peso a la valoración de la viabilidad económica del proyecto y a la capacidad y solvencia financiera de los solicitantes, estableciendo la presentación de una mínima garantía para el acceso a las ayudas. Para 2015, el programa está dotado presupuestariamente con 758 millones de euros.

Los apoyos financieros de esta secretaría general se centralizan a través de dos sociedades, como son Enisa y Cersa, que están jugando un papel esencial en la financiación empresarial, en especial si estamos hablando de emprendedores y pymes. Enisa centra su actividad en financiar con préstamos participativos y capital riesgo a las pequeñas y medianas empresas y a los jóvenes emprendedores para reforzar su estructura financiera y el desarrollo de proyectos viables e innovadores. Desde su creación, Enisa ha concedido más de 2.500 préstamos por un importe cercano a los 600 millones de euros. En 2012


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y 2013 se han aprobado 1.273 operaciones por más de 182 millones de euros. En el presente ejercicio, Enisa dispone de un presupuesto de 118 millones de euros. Por su parte, Cersa tiene por objetivo reforzar el sistema de garantías español, al asumir en torno al 50% del riesgo por avales concedidos a pymes por parte de las sociedades de garantía recíproca. Estos avales le posibilitan la obtención de financiación a medio y largo plazo, pues de otra manera no podrían acceder al crédito bancario o lo harían en condiciones muy gravosas tanto para la inversión como para el circulante. Desde su constitución, la actividad de Cersa ha posibilitado que más de 150.000 empresas obtengan financiación por un importe superior a los 26.000 millones de euros. Solo en 2013, 7.500 empresas obtuvieron avales por importe de 906 millones de euros, permitiendo el acceso a financiación y proyectos de inversión por un importe muy superior. En los primeros seis meses de 2014, la actividad de Cersa se ha visto incrementada en un 26% respecto al mismo periodo del año anterior.

Desde 2013, esta secretaría general lleva incrementando la asignación presupuestaria de recursos a Cersa, pasando de 25 millones en 2012 a 40 millones presupuestados para el ejercicio 2015. Adicionalmente, con el fin de fortalecer el sistema de garantías, se han impulsado conjuntamente con el Ministerio de Economía, determinadas modificaciones en la regulación aplicable al sistema de garantías. Por una parte, en la Ley de apoyo a emprendedores y su internacionalización se recogía ya la necesidad de incrementar los requisitos de recursos propios mínimos de las sociedades de garantías recíprocas hasta los 15 millones de euros, al objeto de mejorar su capacidad avalística y su diversificación de riesgos. Por otra parte, el proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de octubre, plantea, entre otras mejoras del sistema, que Cersa podrá responder de forma subsidiaria ante los bancos por el riesgo, reafianzado en caso de incumplimiento del compromiso de aval al primer requerimiento de una sociedad de garantía recíproca. Ahora bien, si los instrumentos financieros que pone esta secretaría general a disposición de las empresas son importantes, no menos importante es la política sectorial que llevamos a cabo y que se centra básicamente en una serie de sectores que presentan un perfil estratégico, bien por la importancia en términos de PIB, bien por lo que significan en términos de empleo o en I+D+i o bien por el efecto tractor que tienen sobre el resto de las economías. Voy a explicarles brevemente qué estamos haciendo en cada uno de ellos.

Automoción. La Minetur apoya al sector de la automoción debido a su indiscutible importancia específica en el conjunto de la industria. En el año 2013 registró un fuerte crecimiento de la producción de casi 2.200.000 vehículos, lo que ha supuesto un aumento del 9,3% con respecto al año anterior, siendo las previsiones para 2014 de más de 2,4 millones de vehículos producidos. Las exportaciones del sector también aumentaron en el año 2013 un 8,7%, hasta los 1,9 millones de vehículos. Los datos que conocemos relativos a este ejercicio son alentadores. En el primer semestre de 2014 la producción ha crecido un 12% y las exportaciones más de un 8%. El Plan PIVE, que ya va por su sexta edición, ha permitido situar las matriculaciones con crecimientos positivos desde hace un año. Este plan está permitiendo renovar un parque muy envejecido. En concreto, la edad media de los vehículos achatarrados es de más de dieciséis años y el conjunto de los seis planes permitirá la renovación de más de 700.000 vehículos.

Las empresas fabricantes de automóviles en nuestro país pertenecientes a grandes grupos multinacionales de capital extranjeros han tomado en los últimos meses decisiones estratégicas de asignación de nuevos modelos a sus plantas españolas. Los últimos anuncios han permitido tener como protagonistas a empresas como Nissan, Renault, Ford, Mercedes Benz, el grupo PSA o Iveco, entre otros. Podemos hablar de manera aproximada de unos 5.000 millones de inversión en los próximos cinco años, solo en lo referido a fabricantes de vehículos. Estas inversiones y asignación de nuevos modelos dará lugar también de manera estimada a una generación de empleo de 6.000 nuevos puestos de trabajo, que pueden suponer unos 25.000 empleos adicionales en lo que se refiere a la industria de equipos y de componentes.

Señoría, no todo es sector de automoción. La apuesta por el sector aeronáutico y espacial es otra de las iniciativas más significativas que estamos realizando desde esta secretaría general. Elementos consustanciales al sector, como su elevado nivel tecnológico o su empleo de alta cualificación, son fuente de conocimientos para otros sectores industriales y requieren de fuertes inversiones en I+D+i. Es un sector netamente exportador y su relación con la defensa y la seguridad nacional le otorga un enorme potencial. Es, además, uno de los activos más importantes de nuestro país, de lo que se deriva nuestra apuesta histórica por Airbus y nuestra pertenencia al grupo EADS, hoy grupo Airbus, como todos ustedes conocen. En el año 2012, el Gobierno puso en marcha un grupo de coordinación de las actividades


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gubernamentales en Airbus como herramienta imprescindible para aumentar la participación industrial española en todos los programas que desarrolla. Se ha trabajado activamente con los gobiernos socios, con Francia y con Alemania, para alcanzar acuerdos que redundarán en la mejora de la gestión de Airbus y en su competitividad en el mercado mundial, defendiendo al mismo tiempo los intereses industriales españoles en dicho grupo. Desde esta secretaría general continuamos apoyando la participación de nuestra industria, del modelo de avión, el A350, que actualmente está desarrollando la empresa Airbus mediante préstamos a la empresa Airbus Operation y sus subcontratistas de primer nivel.

La política industrial del sector espacial es otra de nuestras apuestas estratégicas realizadas en este ejercicio. Nuestro impulso se canaliza principalmente, como ustedes saben, a través de la Agencia Espacial Europea. España, como miembro de la ESA, compromete fondos para el programa científico con carácter obligatorio, pero además se destinan fondos para los programas optativos que puedan ser de interés para todo nuestro sector. A través de estas dos vías, la industria española desarrolla tecnologías punteras en un ámbito estratégico como es el sector espacial, gracias a la garantía del retorno geográfico de las inversiones nacionales en la agencia. El Consejo de Ministros ha aprobado en 2014 un acuerdo mediante el cual se eleva el techo autorizado de gastos para la ESA hasta 1.368 millones de euros para el período comprendido entre 2014 y 2022. Esto se traduce en que en el consejo ministerial de la ESA de este año, que se celebrará en el mes de diciembre, seremos capaces de comprometer 345 millones de euros para nuevos programas optativos y se garantizará así una contribución de 152 millones de euros anuales para el período 2014-2022. Esta contribución que hemos conseguido de 345 millones de euros es de vital importancia para las empresas españolas de ese sector, ya que los programas de la ESA son la base para la capacitación tecnológica de la industria espacial española. La participación de España en la agencia ha tenido un papel fundamental en el crecimiento del sector. Entre 2000 y 2010, la contribución por parte de España aumentó de 100 a 200 millones de euros, aproximadamente, mientras que la facturación lo hizo de 300 millones a 700 millones de euros. Gracias a los trabajos realizados a través de la ESA, la industria española del sector aeroespacial ha pasado de producir equipos reducidos de poco valor añadido a ser capaces de diseñar y fabricar satélites completos de gran complejidad. Pero nuestra actuación en el sector del espacio no se reduce solo a la ESA. Asimismo, la secretaría general participa en la toma de decisiones y hace el seguimiento de los programas de la Unión Europea del espacio, como son el programa Copernico, de observación de la tierra, y el programa SST, de vigilancia y seguimiento de objetos especiales. Por otro lado, en los últimos meses, esta secretaría general ha lanzado y está liderando la iniciativa de crear una comisión interministerial de política industrial y del espacio. El objetivo de este órgano colegiado será la coordinación y seguimiento de los aspectos industriales de la política nacional del espacio, con el objeto de defender los intereses industriales y estratégicos de España y, sobre todo, de mejorar el retorno industrial de la inversión pública nacional en dicho sector.

Quisiera también referirme a otro de los sectores que ha concentrado tradicionalmente la acción de esta secretaría general. Me estoy refiriendo al sector naval. El sector de la construcción naval es un sector industrial prestigiado internacionalmente por sus elevados estándares de calidad en buques muy sofisticados y que está exportando en torno al 90% de su producción. La acción del Minetur en relación con este sector tiene como principal objetivo favorecer la modernización de los astilleros hasta alcanzar el nivel de competitividad necesario. Los astilleros necesitan apoyo para mejorar sus instalaciones y realizar inversiones en innovación y en I+D que les permita mejorar el producto que ofrecen en el mercado, un producto que tiene un precio muy elevado, lo que hace de la obtención de financiación una cuestión de vital importancia.

En el ámbito del sector naval, la estrategia de la política industrial viene definida por los regímenes de financiación para la exportación de buques y el de ayudas horizontales para la construcción naval. Contempla las ayudas a la I+D+i y las subvenciones del 1% del tipo de interés que se otorga a los contratos de crédito que posibilitan así la financiación de la exportación de buques. Pero, sin duda, lo más relevante en el último año ha sido nuestra defensa del sector naval español en el expediente abierto por la Comisión sobre al anterior tax lease, canalizando el esfuerzo de todas las administraciones y agentes implicados, de forma que se consiguió, como ustedes conocen, minimizar sustancialmente el impacto sobre el sector de la decisión de la Comisión en relación con el anterior régimen. De forma simultánea, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo desarrolló de forma conjunta con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con la Comisión Europea un nuevo régimen de tax lease aplicable en España. Desde su aprobación, esta secretaría general ha llevado a cabo una intensa labor de difusión de este nuevo régimen con el objetivo de lograr, sobre todo, la recuperación de la confianza en el sistema por


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parte de los inversores. De esta forma, a día de hoy, los astilleros privados españoles están inmersos en numerosas misiones comerciales, en las que se ha vuelto a poner de manifiesto su carácter altamente competitivo. Su trabajo y nuestro impulso se traducen, a día de hoy, en diez operaciones cerradas ya con el nuevo tax lease, que suponen contratos por importe superior a 250 millones de euros y que está generando más de 1.200.000 horas de trabajo en nuestros astilleros. El esfuerzo conjunto de este ministerio con el sector de la construcción naval ha permitido dotarnos de un nuevo sistema que aporta nuevamente certidumbre jurídica al sector y que está logrando que se incorporen nuevos inversores al mismo.

Pero no podemos hablar de sectores industriales estratégicos de nuestra economía sin hacer una mención especial a la industria de la defensa. Desde el año 1996, fruto del acuerdo suscrito con el Ministerio de Defensa, esta secretaría general viene prefinanciando, como conocen ustedes, lo que se han denominado programas principales de la defensa. Estos proyectos tecnológicos e industriales relacionados con programas de modernización de nuestras Fuerzas Armadas son actuaciones de apoyo a la innovación industrial, a las que se otorga un alto valor estratégico en la medida que implican la realización de desarrollos en áreas y tecnologías de gran exigencia científico-técnica, cuya dimensión industrial hace que se movilicen en torno a ellos una gran cantidad de medios materiales y recursos humanos altamente cualificados. Su importancia se mide por los retos tecnológicos que en ellos se plantean, por la transferencia de tecnología que se produce hacia otros sectores de la actividad, por el importante efecto arrastre tanto de actividad como de empleo para las industrias auxiliares y contratistas y, sobre todo, porque no tenemos que olvidar que este sector factura 4.000 millones de euros y da empleo a más de 17.500 personas. En este marco se han financiado programas, como el de las fragatas F-100, los F-105, los buques de aprovisionamiento de combate, el avión de transporte militar A400M, el helicóptero Tigre, los carros Leopardo, los vehículos Pizarro, el avión de combate Eurofighter, etcétera. En el año 2014, el Ministerio de Industria sigue financiando algunos de los programas en curso, concretamente los submarinos S-80, los helicópteros NH90 y el avión de transporte militar A400M. Los programas de Minetur tienen en 2014 una dotación de 343 millones de euros, pero el presupuesto de 2015 recoge ya 220 millones de euros nuevos como consecuencia de la incorporación del programa de buques de acción marítima -los BAM- y para financiar los programas tecnológicos asociados a la fragata F-110 y a los vehículos blindados 8x8.

Para finalizar los aspectos relacionados con el ámbito industrial, es preciso mencionar la importante actividad reglamentaria en el ámbito de la calidad y seguridad industrial que se realiza desde la Secretaría General de Industria y de la Pyme. En primer lugar, en el ámbito de seguridad industrial, como ustedes saben, se realiza la trasposición de las directivas comunitarias de productos industriales para garantizar el uso seguro de productos que en su producción o utilización tienen riesgo de causar accidentes y se adapta la legislación nacional de instalaciones industriales a las innovaciones técnicas para disponer de instalaciones más seguras y más eficientes. Además, esta secretaría general realiza un importante papel en el ámbito de la unidad de mercado. De esta forma, señorías, durante este año 2014 se ha procedido a la intensa labor de análisis del impacto de la normativa industrial en la unidad de mercado y ya se ha procedido a la modificación de la normativa afectada, no solamente con objeto de actualizar los requisitos técnicos, sino también de crear un modelo regulatorio de las actividades económicas más eficientes. Todas estas modificaciones se trabajan conjuntamente con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia sectorial de industria de la pyme. Durante este periodo 2013-2014 se han incorporado al ordenamiento jurídico nacional veintiuna normativas europeas y se han publicado siete reglamentos nacionales sobre diferentes aspectos de instalaciones y productos industriales, estando previsto para el resto de la legislatura la publicación de diez nuevos reglamentos nacionales al objeto de poder mejorar el modelo regulatorio existente.

La secretaría general que tengo el honor de dirigir tiene un segundo apellido al que quizá siempre prestamos menor atención, lo cual está lejos de toda mi intención. Por lo tanto, procedo, aunque sea brevemente, a exponer los aspectos relativos a la política que estamos desarrollando en el ámbito de la pequeña y mediana empresa. El apoyo a la pyme es una de las líneas estratégicas que esta secretaría general ha priorizado desde el inicio de la legislatura. No es necesario destacar de nuevo el relevante papel que la pyme juega en el tejido industrial español y en la economía en general, de manera que los objetivos generales de incremento del empleo de calidad, de mayor innovación e incluso de la internacionalización, no pueden entenderse sin una política activa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y dentro de la secretaría general las concretamos en cuatro líneas de actuación prioritaria. En


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primer lugar, fomentar el espíritu emprendedor; en segundo lugar, impulsar entre las administraciones públicas una legislación inteligente, lo que implica una simplificación normativa y la eliminación de los obstáculos administrativos a la actividad de las empresas; en tercer lugar, mejorar el acceso a las pymes, a la I+D+I mediante el apoyo a la red de clúster; y en cuarto lugar, garantizar el mejor acceso a la financiación.

En lo que se refiere a las medidas de fomento del emprendimiento y la creación de empresas, creemos necesario fomentar una cultura emprendedora en España para aumentar las tasas de emprendimiento, que todavía son inferiores en nuestro país en relación con el resto de países europeos. Por ello, consideramos necesario no solo fomentar -que también- el reconocimiento social del emprendedor como creador de riqueza y empleo, sino que hay que introducir la cultura del emprendimiento en todos los niveles educativos. En este sentido, en el Minetur financiamos un programa de emprendimiento en universidades españolas con el respaldo del Ministerio de Educación, del cual se han beneficiado más de 2.000 universitarios en cuarenta y siete universidades a lo largo de nuestro país. Asimismo, trabajamos en el desarrollo estatutario de la miniempresa o empresa de estudiantes para acercar el emprendimiento a nuestros colegios y a nuestras escuelas.

En materia de reducción de cargas administrativas para las empresas y facilitar así la iniciativa emprendedora, nuestra principal medida es el desarrollo de lo recogido en la Ley de emprendedores y su internacionalización. Con este fin se ha creado la red de puntos de atención al emprendedor sobre la base de anteriores iniciativas de ventanillas únicas como un elemento principal para impulsar y facilitar la creación de empresas. Desde la entrada en vigor de la ley hemos firmado más de 150 convenios con organismos públicos y privados y hemos llegado a más de 2.000 puntos donde los emprendedores españoles cuentan con ayuda para iniciar sus iniciativas empresariales. Además, acabamos de poner en marcha e inauguramos precisamente esta tarde, aunque no voy a poder llegar a su inauguración por encontrarme aquí con todos ustedes, el punto de atención al emprendedor electrónico, cuyo objetivo principal es poner a disposición de las empresas y de los emprendedores un punto único en la red donde se facilite no solo la información de cómo crear una empresa y todos los trámites del ejercicio de la actividad, sino lo que es más importante, desde dónde se pueden realizar ya virtualmente todos estos trámites. Para ello nos estamos reforzando en el sistema Circe que, como ustedes saben, es el sistema electrónico para la constitución de sociedades, creado por el ministerio hace más de diez años, pero en el que era necesario llevar a cabo una profunda reestructuración. En ese sentido, trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Justicia para reducir a veinticuatro horas los términos de constitución de sociedades limitadas mediante la introducción de estatutos tipo, y estamos introduciendo también en Circe nuevas formas jurídicas, como son las cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles, sociedades limitadas, laborales, etcétera.

En lo que se refiere al ámbito de apoyo a la innovación, el Minetur es responsable del programa de agrupaciones empresariales innovadoras, que en 2013 subvencionó 233 proyectos, por importe de 6,9 millones de euros, y en el que pueden participar los 165 clúster actualmente reconocidos por el Minetur. Por último, dentro de la línea de actuación prioritaria de las pymes, damos especial relevancia al objetivo de facilitar su acceso a la financiación. Ya me he referido anteriormente a los instrumentos gestionados por las sociedades Enisa y Cersa, así como a los préstamos Reindus y Competitividad, pero permítanme que haga mención brevemente a otro importante instrumento del que disponemos, como es el programa de los fondos de titulización de activos para la pyme. Este programa facilita a las entidades financieras la concesión de préstamos a pymes mediante el aval del Estado. Desde el año 2000 en que se pone en marcha este mecanismo, se han concedido avales por 15.500 millones de euros en un total de 67 fondos, lo que ha supuesto poner a disposición de la pyme en forma de nuevos créditos más de 50.640 millones de euros.

Señorías, a lo largo de mi intervención he ido desgranando la estrategia de la política industrial llevada a cabo desde esta Secretaría General de Industria y de la Pyme, así como las actuaciones que se están desarrollando y que se encuentran todas englobadas en la agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España. Esta secretaría general ha asumido el compromiso de realizar anualmente un informe de seguimiento del grado de implantación de las medidas recogidas en la agenda, de manera que es nuestra intención presentar periódicamente informes del grado de cumplimiento de la misma. En este sentido, les puedo asegurar que la vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos que hemos incluido en ella va a ser una de nuestras prioridades en los próximos meses, porque estamos convencidos, como decimos en la primera frase con la que arrancamos nuestra agenda, de que el sector industrial no


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solo puede sino que debe jugar un papel clave en el proceso de recuperación de la economía española y tiene un margen de maniobra suficiente para convertirse en los próximos años en uno de los motores de nuestra economía, aportando soluciones a los principales retos que afronta nuestro país.

Sin más, finalizo aquí la presentación de las políticas de la Secretaría General de Industria y de la Pyme, quedando a su disposición para responder a todas aquellas preguntas que me deseen formular. Muchas gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Román Ruiz.

El señor RUIZ LLAMAS: Bienvenida, señora Cristeto, a esta Comisión y gracias por sus explicaciones y por presentarnos el Plan de fortalecimiento del sector industrial en España. Creo que si hacemos un balance -usted ha hablado de toda la legislatura y de los trabajos que se han hecho-, el Partido Popular durante estos tres años y medio ha carecido de política industrial, y voy a desarrollar por qué digo esto. De forma reiterada hemos demandado toda la oposición, en iniciativas, en proposiciones no de ley, en interpelaciones, en mociones, que trajesen aquí un plan integral de política industrial con objetivo 2020. Usted ha dicho que el Gobierno socialista les dejó uno y su antecesor, el señor Valero, me dijo que era un gran plan pero que no tenían los recursos para llevarlo a término. Esto ha sido continuamente lo que ustedes nos han dicho: Estamos por la consolidación fiscal, estamos por las políticas de austeridad y no tenemos suficientes recursos para hacer frente a eso. Nosotros siempre le decíamos que sin una industria fuerte será imposible la modernización de nuestra economía, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo. Esto es algo importantímo, y la situación de las empresas y microempresas le hemos dicho reiteradamente que necesitaban de urgente actuación porque la mayoría de ellas tenían un problema de subsistencia; son microempresas -usted lo ha dicho-, prácticamente el 92% son microempresas, y necesitaban ayudas importantes en crecimniento de su propia dimensión pero, sobre todo, lo que les estaba ahogando era la falta de acceso al crédito, las condiciones en las cuales tenían acceso al crédito, y una cosa que usted ha dicho y que es un factor importante de competitividad, que son los costes energéticos. Ustedes han tocado el coste laboral y prácticamente lo que han hecho es una política basada en la devaluación salarial como una forma de competitividad. Por tanto, castigando los salarios, que han bajado globalmente más de un 10% desde que ustedes gobiernan y se han destruido en el sector industrial -después de la construcción es el sector que más empleo ha destruido- 140.000 empleos.

El Gobierno no ha tenido entre sus prioridades la política industrial y, además, como le decía, ha rechazado sistemáticamente todas las iniciativas que hemos presentado. Nosotros nos referíamos, y las hemerotecas están ahí, a un cambio de modelo productivo y a una modernización de nuestra industria para hacerla más competitiva, fomentando las políticas de I+D. Ustedes han bajado las partidas de I+D en casi un 40% a lo largo de la legislatura, y después le hablaré de la política industrial, y también eso necesitaba un cambio de mentalidad. Es decir, hay que entender el gasto en innovación, y estoy de acuerdo con el discurso que usted ha hecho, pero entre el discurso y lo que han hecho hay grandes diferencias. La innovación es una inversión a futuro y las empresas que exportan son innovadoras. Muy bien, yo digo que, a pesar de que no se les ha apoyado en este sentido, las empresas han seguido exportando. Todo el mundo ha tenido que buscar su encaje en esta crisis y buscar sus propias soluciones porque el Gobierno no ha estado y no se le esperaba. Ahora usted en el último año de legislatura nos presenta un plan para el fortalecimiento de la industria. Por fin un plan, ahora sí, en el tercer año de la legislatura y cuando entramos prácticamente en un año electoral.

También es importante alinear la industria española con la europea, que desde el año 2012 nos viene demandando políticas proactivas para aumentar el peso del sector industrial dentro de nuestro PIB y aumentar el tamaño industrial del tejido productivo de nuestro país por esa fuerte atomización de la que le hablaba de que el 92% son micropymes. Es necesaria una política activa de reindustrialización que evite, por un lado, el cierre de industrias que son rentables y que tienen problemas de tesorería y financiación y, por otro lado, evitar las deslocalizaciones en colaboración, evidentemente, con las comunidades autónomas que son las que tienen competencia.

Le voy a dar unos datos sobre estas cuestiones para que no se diga que el representante del Grupo Socialista viene aquí a descalificar sin más. El balance de legislatura, y sobre cosas que usted ha hablado, en incentivos regionales a la localización industrial en este año no crece. El año pasado tenían 82 millones previstos y este año 81 millones. En el conjunto de los tres años hay un 54% menos de presupuesto. En


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desarrollo industrial, 35,9% menos. Este año destinan 375 millones y en el año 2011, con una crisis importante también, se destinaban 586 millones. Respecto a la reconversión y la reindustrialización -hablamos de todo eso porque usted lo ha ido desgranando y muy bien-, es un 25% menos, de 705 millones a 525 millones, y eso que le reconozco que en este ejercicio 2015 ustedes aumentan la partida un 10,5%. Con todo, supone un 25% menos. Ya no le hablo del desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón, donde se ha perdido prácticamente el 65%.

Voy a hablar de otros programas como el 431, internacionalización de nuestras empresas. En el año 2011 se destinaban 592 millones y ahora figuran 456 millones, un 23% menos. Lo mismo sucede con la ordenación del comercio exterior, con un 25,2% menos, o la ordenación y modernización de las estructuras comerciales, con un 35% menos. La coordinación y promoción del turismo -y a mí no me vale que me diga que es que hacemos más con menos- es una de las demostraciones de que lo que hemos tenido son empresarios, emprendedores y gente que ha sido capaz de sacar sus industrias adelante, aunque no han tenido ni un reconocimiento por parte del Gobierno y solo cuando se ha trabajado con ellos se les ha acompañado. Mucho te quiero perrito, pero pan poquito. Supone un 48% menos, es decir, de 623 millones que se destinaban al tema de la promoción y la coordinación del turismo a 323 millones. Este año crece un 2,2%. En cuanto al apoyo a la pequeña y mediana empresa, han mantenido ustedes prácticamente el presupuesto del último Gobierno socialista, de 156 millones a 159, es decir, el crecimiento este año ha sido de un 3,7%.

Le quiero decir con esto, señora secretaria general, que tenemos que pasar de las palabras a los hechos, que tenemos que llevar adelante una visión estratégica. Yo he estado mirando el plan, la agenda para el fortalecimiento y usted habla del corto plazo, del año 2015, pero yo no tengo claro en cuanto al objetivo 2020 que todas estas propuestas estén cuantificadas, periodificadas por años y con un objetivo claro de cuál va a ser esa agenda, no solo en el plan de una relación pormenorizada de lo que hay que impulsar en el terreno industrial, en el terreno comercial, en el terreno del turismo, sino también en qué años, con qué periodicidad y qué importe total van a significar para la economía desde el punto de vista de los Presupuestos Generales del Estado estas medidas que piensan llevar adelante.

Me referiré a los costes energéticos. Señoría, había muchas empresas que con el tema de la cogeneración tenían una cierta reducción. Sabe usted que el Gobierno también acabó con la cogeneración y que se han tomado medidas siguiendo un mantra, acabar con el déficit del país, con el que finalmente no se ha acabado, sino que continúa en los 3.700, 3.800 o 4.000 millones. Hemos puesto patas arriba todo el sistema precisamente para acabar con una cosa con la que no se ha acabado. Al final, lo que hacemos es repercutirlo a lo largo de muchos años en los consumidores y en las empresas. Esto es muy importante, usted ha hablado de ello. ¿Qué tipo de bonificaciones, qué tipo de propuestas van a hacer para que se acomode con los países de nuestro entorno -este es un tema muy importante- en la competitividad de nuestras empresas el precio de la electricidad?

Lo mismo sucede con los tres puntos más que tiene cualquier pyme de coste de financiación sobre el capital circulante o sobre préstamos de inversión. Conozco este tema porque he sido presidente de una confederación de pequeñas empresas durante muchos años y he tenido contacto con más de 24.000 autónomos, con los que hablo. Usted ha empezado a hablar básicamente del tema de la recuperación económica y creía que estábamos en economía. La sociedad española en general y los pequeños y medianos empresarios no tienen la sensación de que estemos en la recuperación económica, de que estemos saliendo y vayamos a ver la luz. No, no. Las cifras macroeconómicas son mejores -eso está claro-, pero en el conjunto de las familias y de las empresas no se ve recuperación económica, sino que continuamos teniendo un panorama gris, con muchas dificultades. Además -usted lo ha mencionado-, es verdad que España está creciendo. Hay algunos indicativos que han variado sobre el año 2013 que eran muy negativos, pero, cuidado, nosotros formamos parte de un entorno que es la Unión Europea y cuando este efecto tractor de la Unión Europea va bien nosotros también vamos bien y vamos mejor de lo que deberíamos ir. A ver en este último trimestre y sobre todo en el año 2015 si ese crecimiento económico de la zona euro se consolida. Cuando acabó el Gobierno socialista, a finales del año 2011, también teníamos un crecimiento pequeño, del 0,7%, en positivo; sin embargo, después se ha demostrado que esta es una crisis global, una crisis que prácticamente afecta a todo el sistema económico de la Unión Europea. Tendremos que ver qué pasa en los próximos meses.

Estamos en disposición de hablar, de sumar y de querer tirar hacia delante. Ahora, entiendan ustedes que también nos sorprende mucho que en el último año de legislatura, que es electoral, después de habérselo reclamado, de haberles pedido que traigan un plan de política integral y que no lo hayan hecho,


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digan que lo tienen y que van a ir en serio en esto de ayudar a la pequeña y mediana empresa, a la gran industria y al comercio. Eso no es creíble. Somos todos mayorcitos y sabemos que cuando se acercan épocas electorales -es como la rebaja fiscal- estas cosas se dicen. Igual que en su día se dijeron otras cosas, como que no se iban a subir los impuestos, que no se iban a rebajar las pensiones, que no se iba a tocar la sanidad y la educación, y después hemos visto lo que hemos visto. Ustedes sabían de esas dificultades y, por tanto, también saben de las dificultades de la empresa española para poder competir; de aquella persona que tiene tres trabajadores y cada día tiene que abrir y no le renuevan la póliza de crédito; y si se la renuevan tiene que firmar él, su señora y toda su familia para que le den un crédito en unas condiciones muy superiores a la media europea.

Le deseo mucha suerte en este último año de legislatura, que usted ha venido a suplir al señor Valero, y desde el Grupo Socialista lo que queremos es que el crecimiento económico, la creación de empleo y nuestra industria cada vez sean más fuertes, más competitivas y más capaces de llevar adelante lo que todos deseamos, que es esta salida de la crisis y que vuelva la senda de la recuperación económica y el empleo para nuestro país.

El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra doña Inma Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Señora secretaria general, desde mi grupo parlamentario -y yo personalmente- agradecemos su comparecencia ante esta Comisión. Además, es la primera vez que puedo tener una intervención en esta comparecencia en Comisión con usted y, por tanto, le agradezco muchísimo esta oportunidad, que espero que sea la primera de muchas. Sobre todo, quiero desearle también muchos éxitos en esta nueva responsabilidad y en esta nueva etapa, porque estoy convencida de que sus éxitos serán los de todos, los de la industria, los de la economía y, al final, también los de la sociedad. También agradezco muchísimo la comparecencia justamente hoy, en esta semana de Pleno y comisiones, porque ha sido una semana muy intensa de debate industrial, tanto en Comisión como en Pleno. Hoy mismo hemos tenido un debate sobre una moción, fruto de una interpelación, en materia de política industrial y turística, donde más allá de las diferencias o de la intensidad de las posiciones creo que todos los grupos compartimos la apuesta por más y mejor industria. Sinceramente, creo que también con la asunción de estas nuevas responsabilidades como secretaria general tenemos -y espero que sea así- una oportunidad de impulsar la política industrial y la reindustrialización de nuestra economía. Así que sea muy bienvenida también a esta Comisión.

Intentaré ordenar un poco las ideas que quiero transmitirle y espero hacerlo con un cierto orden. Creo que compartimos todos -como decía antes- la necesidad de más y mejor industria, así como los déficits que hemos tenido durante muchos años, sobre todo un déficit estructural marcado por el bajo nivel de diversificación en nuestra estructura de crecimiento. También creo que compartimos el impacto de la crisis en el tejido industrial y la destrucción de tejido industrial que hemos vivido, y que también compartimos la necesidad de recuperar peso industrial en términos del PIB y cómo la crisis también nos ha enseñado que los países más industriales, como Alemania, son aquellos que mejor han superado la crisis que, a nivel europeo e internacional, hemos vivido. Pero nuestra economía necesita de una fuerte dosis de diversificación, y la diversificación pasa por más industria. Es aquí donde creo que hemos de centrar todas nuestras energías y creo que también la agenda -de la que hablaré más tarde- que usted nos ha presentado va en esta dirección.

También creo que vamos en la dirección de Europa. Europa no solo ha presentado en este año 2014 el informe de la Comisión "Por un renacimiento industrial europeo", sino que todo lo que es el Horizonte 2020 y el RIS3 claramente apuestan por una reindustrialización a nivel europeo y por una apuesta de soporte cuantitativo a estos procesos de reindustrialización. Por tanto, más industria es más Europa y más Europa requiere más industria, creo que vamos en este sentido en la buena dirección. Es urgente priorizar más la política industrial. Es cierto que contamos con unas bases y unas capacidades industriales innegables y que tenemos una economía con una historia industrial y con unas capacidades industriales que no podemos desaprovechar, pero han de servir para reconducir este tejido industrial y para hacerlo más fuerte y más sólido. Estamos en un momento en el que uno de los grandes retos que tiene nuestra economía y que tenemos todos nosotros es que la industria, el tejido industrial, las empresas industriales sean competitivas, no tanto por la vía de salarios sino por la vía de la innovación. Y la gran apuesta, el gran cambio y el gran reto pasa por ello, por pasar de salarios a innovación, porque la


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competitividad se base en más innovación y no tanto en los salarios, que ha sido un poco la política que hemos tenido en estos últimos años.

En este marco general la política industrial ha de ser una política de coordinación y de colaboración. ¿Por qué lo digo, y lo ha dicho también el portavoz del Grupo Socialista? Porque el papel y las competencias de las comunidades autónomas en estas materias son determinantes. Las comunidades autónomas deben jugar un papel relevante en la política industrial, en la definición de la política industrial, y no solo por las competencias que tienen y que asumen, sino también por el valor de la proximidad, por el valor del conocimiento del territorio. Creo que aquí ha de haber un trabajo conjunto, de máxima colaboración y de máxima coordinación entre las distintas administraciones públicas y, en concreto, entre el Estado y las comunidades autónomas. El Estado tiene un papel determinante no solo en la orientación de la política industrial sino en políticas que impactan y que forman parte de la política industrial: la política presupuestaria, cuantitativa, recursos, la política fiscal, la política laboral, temas de infraestructuras, la política energética, que es un factor de competitividad industrial clave. Pero también las comunidades autónomas tienen una responsabilidad en la ordenación, en la orientación de la propia industria, del propio tejido industrial, tienen un papel muy importante en la ordenación y en el estímulo de todos los agentes que forman parte de la política industrial. Cuando hablo de ello, me refiero a los centros tecnológicos, a las políticas de clúster que impulsan las comunidades autónomas y que tienen mucho que ver con la especificidad del propio territorio y con la especificidad de la propia industria. Ello me invita y nos invita a todos no solo a la necesidad obvia de un respeto competencial, sino a la oportunidad y a la necesidad de trabajar conjuntamente entre las diferentes administraciones, repito, no solo por una cuestión estrictamente competencial, sino por una cuestión de efectividad, de resultados y de valor añadido.

Hechas estas consideraciones, ha hecho referencia, secretaria general, a los datos globales. Es cierto que la mejora en el crecimiento, los datos de los principales indicadores que afectan a la industria son positivos, pero no podemos olvidar que aún vivimos una situación de cierta fragilidad y que tenemos que ser conscientes de que es en este momento -y no podemos llegar más tarde- cuando hemos de dar más solidez, más instrumentos a las industrias para que ganen en competitividad. ¿Y esto qué quiere decir? Desde mi punto de vista, uno de los ejes más importantes que puede dar solidez a la política industrial y solidez a nuestras empresas en el sector industrial es la innovación y la innovación requiere de políticas y requiere de recursos. Por tanto, las partidas presupuestarias -ahora que estamos en el marco de los presupuestos-, también la fiscalidad -ya que también estamos en el marco de la tramitación y de la negociación de una reforma fiscal- y los recursos presupuestarios y no presupuestarios han de dar apoyo a la innovación. La innovación es un factor determinante de la competitividad de nuestro tejido industrial; diría más, cuando hablamos de internacionalización, siempre he creído que la internacionalización y su fuerza y solidez dependen de la innovación, del grado de innovación de nuestras empresas porque las hacen más competitivas en los mercados internacionales, que cada vez son más agresivos, más competitivos y más exigentes. Por tanto, la innovación es un elemento determinante y clave.

Cuando hablamos de industria, hemos de pensar también en qué tipo de empresas forman el tejido industrial -algo a lo que usted ha hecho referencia-, porque además también forma parte de la responsabilidad de la dirección general que depende de su secretaría, que es la pequeña y mediana empresa. Nosotros tenemos un tejido industrial mayoritariamente formado por pequeñas y medianas empresas, que tienen grandes retos y grandes necesidades. Entre los grandes retos que tienen están el de la competitividad y el de la dimensión, por lo que creo que hemos de estimular todos aquellos mecanismos, tanto tangibles como intangibles -porque los dos son muy importantes-, que estimulen a las pequeñas y medianas empresas a ganar en dimensión, empezando por las alianzas. Tenemos también que ayudar a las pequeñas y medianas empresas -también al resto del tejido industrial- a capitalizarse. Es otro de los grandes retos que tiene la industria y sobre todo la pequeña y mediana empresa, que necesitan una mayor capitalización. Por tanto, no solo tienen un problema de financiación, que hemos de activar -no olvidemos que las pequeñas y medianas empresas han sido la parte más débil, las que más han sufrido la crisis y las que más se han visto expuestas a las restricciones de crédito, a las dificultades de acceso a la financiación- porque es importante, pero la capitalización lo es aun más, especialmente en este momento. Lo que no podemos permitir es que la falta de financiación sea un hándicap no solo para el crecimiento de esta parte tan importante del tejido industrial, sino que también constituya un freno a su viabilidad. Por tanto, financiación, pero también capitalización. Aquí hago énfasis porque creo que es muy importante insistir en todos los instrumentos que pueden permitir esta capitalización de nuestras empresas, desde el MAB al capital-riesgo, así como la participación de Enisa, de Cersa, etcétera, que son instrumentos también al servicio del crecimiento del tejido industrial.


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Nos ha presentado y ha hecho referencia a la agenda. En mi intervención en la interpelación con el ministro de Industria y también hoy en el debate de la moción he dado la bienvenida a la agenda. Me hubiese gustado verla antes, pero hoy la tenemos aquí. Creo que es una agenda muy ambiciosa, necesaria, pero que requiere sobre todo de dos factores: de concreción en los tiempos -hay que poner horizonte temporal- y, sobre todo, de dotación de recursos. La efectividad y los resultados exitosos de esta agenda dependerán también de estos dos factores. Por tanto, son dos elementos que hemos de tener en cuenta en la implementación de la agenda para el fortalecimiento industrial. Termino con tres cuestiones. Usted ha hecho referencia a sectores industriales -y me sumo a la importancia de sectores que pueden parecer un nicho de mercado, pero que no lo son- como el sector aeronáutico y espacial, que tienen un alto componente tecnológico y que incorporan una innovación que tiene un gran valor. Por tanto, celebro muchísimo la apuesta del Gobierno por este sector. Hemos pasado años muy críticos y creo que tenemos una gran oportunidad para recuperar terreno en este sector, porque además dentro de la Agencia Espacial Europea hay grandes oportunidades para nuestras industrias y el retorno de esta inversión es claramente favorable a la industria española. Por tanto, celebro la posición del Gobierno en este sector.

Hay otros sectores que han recibido acciones concretas que nosotros hemos valorado favorablemente, como ha ocurrido en el sector de la automoción, que produce un efecto tractor y ha permitido una recuperación sectorial muy importante y una recuperación del consumo también importante. Pero, teniendo en cuenta que el elemento empresa es el más importante -la empresa industrial en este caso-, deberíamos prestar especial atención tanto hacia sectores estratégicos como hacia sectores que tienen un efecto tractor muy importante o que incorporan un valor tecnológico y una innovación que nos hace mucho más competitivos y que hace competitiva al resto de la industria. Otro ejemplo lo encontraríamos en el sector aeroespacial, un sector que -repito- puede parecer un nicho de mercado, pero que no lo es y que además produce un efecto tractor sobre otras industrias muy interesante, como en el sector de la automoción. Por tanto, bienvenida la focalización sobre estos sectores con alto contenido tecnológico.

Insisto en la necesidad de colaboración con las comunidades autónomas por los dos principios que he mencionado. Me gustaría conocer cómo se estructurarán también estas relaciones y conocer más allá de los dos sectores a los que he hecho referencia si hay otros sectores que el Gobierno considera prioritarios en este plan y en esta nueva etapa. Asimismo, quisiera insistir en un factor determinante en la competitividad industrial, que es el factor energético. En este sentido, me gustaría subrayar la necesidad de reconducir el tema de la cogeneración, tan importante para nuestra industria, determinante en términos de competitividad, puesto que una parte muy importante de nuestras industrias dependen de ella.

Termino, señor presidente. Siento haberme alargado, espero no haber sido demasiado dispersa y haber focalizado mi intervención. Reitero nuestro compromiso por la industria, nuestro compromiso por trabajar conjuntamente con la secretaría general y sobre todo el compromiso para trabajar por resultados que al final se traduzcan en más industria, en más competitividad y en una economía mucho más sólida.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Guillermo Mariscal.

El señor MARISCAL ANAYA: En primer lugar, quiero agradecer a la secretaria general su presencia hoy en la Comisión y la exposición tan profunda y tan detallada que ha realizado y que hace que la intervención de este portavoz vaya dirigida más hacia otros términos, porque es tan abundante la información y tan extensa que me parece que requiere un estudio y un trabajo más detallado que el que se pueda hacer en respuesta a su comparecencia. Asimismo, y aprovechando esta primera intervención que tengo, quiero felicitarnos por el reciente nombramiento del señor Arias Cañete como comisario de Energía y Cambio Climático, en la medida en que es un área que tiene mucho que ver con la industria, por lo que esa posición como comisario será una buena oportunidad para favorecer los intereses de nuestro país en la medida en que esto sea posible.

En todo lo relacionado con la industria, como hemos demostrado esta mañana en el debate de la moción consecuencia de interpelación urgente y recientemente en la aprobación del proyecto de ley de Metrología, el intento de este grupo parlamentario es convertir la industria en un escenario en el que reine el acuerdo y la búsqueda de esos mínimos comunes que permitan construir una política de industria que vaya más allá de nuestra legislatura y que piense más en la próxima generación que en la presente. Por tanto, esa es la voluntad del portavoz y seguirá siendo su voluntad siempre y cuando no entremos en mirar continuamente hacia atrás y en establecer políticas retrovisor, como acabo de escuchar en boca del señor Ruiz, portavoz del Grupo Socialista.


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Evidentemente, la situación económica que se encuentra el Gobierno en noviembre de 2011 no cayó por la ventana ni cayó por la chimenea. Es una situación económica lamentable que ustedes bien conocen, obviamente, y que este Gobierno ha afrontado de cara y sin temblarle el pulso para tomar aquellas medidas que, con el sacrificio de todos y cada uno de los españoles, conviertan a España en un país mucho mejor que el que nos encontramos. Nos encontramos con un déficit que era un 50% superior al requerido por la Unión Europea, una prima de riesgo que penalizaba el endeudamiento de las empresas y de las familias españolas gravemente, cercana a los 640 puntos respecto a la alemana, una balanza de pagos de cuenta corriente en clara posición negativa, etcétera. Ha habido que corregir todos estos desajustes, señor Ruiz -eso es política industrial-, porque también es política económica, porque es garantizar la estabilidad de nuestra economía. Por tanto, es necesario proveer a la industria de una estabilidad que permita la atracción de capitales y de inversión; si no, sería prácticamente imposible la generación de riqueza. Una vez que esto se ha conseguido y que ya no solo los organismos nacionales sino también los internacionales están avalando la clara posibilidad de crecimiento de nuestra economía, como bien pudo leer ayer en la prensa internacional y en la prensa económica, es el momento de impulsar aquellos sectores, aquellos motores que son generadores de riqueza y de empleo, como es el caso de la industria. Por eso, nos encontramos con unos presupuestos que recientemente ha presentado el ministerio de la señora Cristeto en los que hay un aumento del 15,8%, y esto es derivado de ese interés que hay en continuar empujando ahora un sector que es prioritario para este Gobierno.

Me gusta mucho más hablar del futuro. El futuro va a depender de la dotación de capital tecnológico y humano que se tenga en cada país y, en función de esa dotación y de esa capacidad, tendremos o no un país mejor; Todo esto está orientado a una política industrial, en la que está inmersa tanto el ministro José Manuel Soria como la secretaria general, que tiene dos líneas: una, no solo proveer las condiciones adecuadas para el desarrollo de la industria en España, sino además apoyar, como ha manifestado claramente en su intervención, a aquellos sectores que fomentan el cambio tecnológico y, por tanto, proveen de mayores posibilidades a la sociedad española. Todo ello dirigido al cambio de modelo productivo en el que creo que todos estamos de acuerdo, y ese cambio de modelo productivo exige mayores inversiones y estas inversiones exigen estabilidad macroeconómica, cosa que se ha ido consiguiendo poco a poco con el esfuerzo de todos; exige mayor capacidad del factor trabajo, que viene dada por la reforma laboral y la reforma educativa que también ha puesto en marcha este Gobierno; exige una energía de calidad a un precio aceptable que permita no restar la competitividad a nuestra economía, que también se ha conseguido con la reforma energética.

Usted hablaba antes de los costes energéticos. ¿Usted cree que podríamos afrontar una reforma industrial con un déficit energético de 30.000 millones de euros y un crecimiento anual de 5.000? ¿De qué manera podríamos reconducir la industria? (El señor Ruiz Llamas pronuncia palabras que no se perciben). Una vez que se ha solucionado el problema del déficit energético -si quiere le puedo facilitar los datos que así lo demuestran-, una vez que hemos llegado a este punto y que hemos conseguido este triángulo equilátero que permite la sostenibilidad económica y medioambiental del sistema energético, la garantía de suministro de buena calidad y en condiciones óptimas, así como unos precios que no resten competitividad a nuestra economía, es el momento de afrontar ese cambio de modelo productivo.

Me parece que ha sido tan extensa, tan profusa y tan interesante la intervención de la secretaria general que es difícil detallarla punto a punto. No quiero ser reincidente en la parte positiva, así como también la portavoz de Convergència i Unió. Sí me gustaría focalizar el objeto final de esta comparecencia, que no era otro que la presentación de la Agenda para el fortalecimiento de la industria española. Esta agenda, que contiene 97 medidas, imagino que todos ustedes se la habrán leído -yo sí lo he hecho-; y al escuchar a la portavoz de Convergència i Unió, se nota que ella también se lo ha leído y que comparte en gran medida los fundamentos de esta última. El objeto final es que la industria sea el sector motor de la economía española, con dos variables muy relevantes. Por una parte, la industria dota de estabilidad y calidad al empleo -eso es claro y nadie puede dudarlo- y, por otra parte, aumenta y hacer crecer la innovación y, por tanto, es base del desarrollo de nuestra economía, y ahí es donde hay un punto de encuentro. La secretaria general ha hablado de la enorme participación que ha existido en la elaboración de la agenda de todos los sectores implicados, los foros que ha habido, y nuestra obligación como parlamentarios, como diputados del Congreso, que es donde reside la soberanía popular, es contribuir y colaborar en la medida en que podamos en esta agenda, lo que va a permitir el fortalecimiento de nuestra industria y ese objetivo del 20% dentro del PIB en el año 2020. Para ello, lo que hay que hacer es sumar y no estar continuamente lastrando las ambiciones de un Gobierno, sea el que fuere, que intenta un


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objetivo con el que todos estamos de acuerdo. El Congreso de los Diputados es un escenario fantástico para plantearnos una serie de alternativas que propongo y que quisiera que discutiéramos en el seno de esta Comisión o en otro escenario.

No sería una mala idea que dentro de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados nos planteáramos la creación de una subcomisión de seguimiento de esta agenda, o bien un grupo de trabajo, o bien una ponencia, puesto que la misma Secretaría General, tanto el día de su presentación, como en el documento, ya hace gala de esa querencia por dar cuenta continuamente de los resultados y establece un plazo de un año para poderlos presentar. No habría ningún inconveniente en que dentro del Congreso sumáramos esfuerzos para esa consecución que es en lo que todos deberíamos estar de acuerdo.

Tenía una pregunta muy concreta que hacerle a la secretaria general. En la medida en que esta agenda es interdepartamental y las 97 medidas no dependen del Ministerio de Industria ¿cómo piensan coordinar esta labor para que no quede solo en papel y se lleven a buen puerto estas iniciativas? En segundo lugar, cuál es el calendario. Reitero este ofrecimiento que hace el Grupo Parlamentario Popular es asumido por parte del Gobierno, ya lo anuncio. Este es un lugar más que adecuado y conveniente para empezar a colaborar en aquellos aspectos que, más allá de la disputa partidaria legítima que podamos tener en esta casa, contribuyan a mejorar la calidad de vida de los que nos han votado y de los que no nos han votado.

El señor PRESIDENTE: Para dar respuestas a las cuestiones que se le han planteado tiene la palabra la señora secretaria general.

La señora SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Cristeto Blasco): Ha habido tal cantidad de cuestiones, que voy a intentar agruparlas y contestarles a cada una de ellas en la medida de lo posible. Me gustaría empezar comentando un asunto. La agenda se llama agenda a conciencia. (Muestra un documento). No la hemos querido llamar ni plan integral ni plan estratégico. Le comentaba al principio que llevo once trienios en la Administración y he visto más de un plan estratégico y un plan integral en las estanterías que nunca se han llevado a cabo. La agenda la hemos denominado así como una hoja de ruta para establecer el camino que tenemos que seguir, y hemos puesto corto plazo adrede porque son medidas que no pueden esperar. Hay medidas que hay que tomarlas ya. No podemos esperar a llegar a 2020, sino que hay que tomarlas mañana, pasado y al día siguiente. Partimos y analizamos cuando llegamos en esta legislatura al ministerio. Yo no estaba en ese momento, fue mi antecesor, Luis Valero, y se realizó un análisis en profundidad de su plan integral de política industrial, el PIN 2020, un plan industrial bueno. Cómo no; todos los que estamos aquí presentes somos conscientes de la problemática de nuestro país en temas industriales y somos conscientes, porque están recogidos tanto en el suyo como en esta agenda, cuáles son los caminos que hay que seguir. Pero yo le diría, y lo he cogido con dos años de diferencia, que en este momento la diferencia radical entre la agenda y el PIN es que la agenda es realista. Cómo va a ser posible poner en marcha un plan integral de política industrial aprobado en diciembre de 2010, cuando estábamos ya en plena crisis económica, con una aportación de 82.842 millones de euros, cuando se hablaba de que para toda las políticas de competitividad se iban a poner 31.000 millones de euros, cuando las políticas de mercados internacionales -se lo puedo decir porque mi trayectoria profesional está ligada al mundo del comercio exterior- se iban a aportar 3.800 millones de euros. Era poco realista.

No se estaba teniendo en cuenta cuál era la situación en la que estaba inmerso el país en ese momento. Insisto, se aprobó en diciembre de 2010 y, a lo largo de 2011 -a no ser que esté equivocada y si lo estoy le agradecería que nos lo dijera-, no se llevó a cabo ninguna de las actuaciones recogidas en ese plan. Cuando llegó el anterior equipo, el de Luís Valero, se analizaron en profundidad y lo que hicieron fue coger aquellas medidas que podrían reestructurarse y acoplarse porque eran buenas medidas para desarrollarlas. A una de ellas le he dedicado el tiempo suficiente, pero si hace falta le dedico más. Se trata del Plan de Reindus y del Plan de competitividad. Ustedes habían metido muchísimo dinero en esos planes, hablábamos de 700 millones de euros, pero con una política, permítame que lo diga, equivocada, puesto que estaban llevando a cabo unos planes donde se daban a cero por ciento de tipo de interés, y donde se estaban facilitando a cualquier empresa que apareciese por el ministerio sin ningún tipo de viabilidad técnica y económica. (El señor Ruiz Llamas pronuncia palabras que no se perciben). Disculpe, se lo puedo decir con los datos en la mano, y es que ahora que han pasado tres años tenemos un 40% de fallidos. (El señor Ruiz Llamas pronuncia palabras que no se perciben). Disculpe, tiene


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razón en que muchos vienen como consecuencia de la crisis, pero consideramos que eran proyectos que estaban aprobados sin todas las garantías de control de los recursos públicos que todo gestor público tiene obligación de mantener. ¿Qué es lo que se hizo en ese momento? Reestructurar estos programas que, sin lugar a dudas, son uno de los instrumentos más potentes que tenemos en la secretaría general; y se buscó la forma para establecer las garantías suficientes, en primer lugar, de un buen control de los recursos públicos puestos a nuestra disposición y, en segundo lugar, de que todo aquel proyecto que fuera viable técnica y económicamente, pudiera ser financiado por algún tipo de recurso del ministerio, de la secretaría general en este caso. Por lo tanto, se estableció un aval y una garantía, lo que ya te permitía garantizar que esos proyectos tenían un proyecto firme detrás y, por otra parte, se pasó a valorar desde un punto de vista financiero, con una cuantía muy importante -ya que prácticamente el 70% del proyecto es analizado desde el punto de vista financiero- que había una viabilidad económica posible para desarrollar ese proyecto empresarial. Eso se consiguió pasando el análisis financiero a Enisa, una empresa puramente financiera donde solamente 3 de 46 personas son administrativos, el resto son titulados superiores, analistas financieros. Por lo tanto, tenemos las garantías, con la asunción de riesgos que siempre es necesaria, de que los proyectos son analizados en profundidad.

Como le digo, la agenda es realista, y la hemos querido llamar agenda porque pretendíamos establecer una serie de medidas que, por un lado, hubieran sido capaces de escuchar las necesidades de las empresas. En esos foros le garantizo que abiertamente los veinticinco sectores que participaron -la CEOE, Cepyme y los agentes sociales de UGT y de Comisiones Obreras- establecieron su carta a los Reyes Magos. Es decir, ¿qué es lo que necesita el Gobierno poner en marcha ya -no estamos hablando del año 2020 sino de ahora, del 2014- para en un momento excepcional llevar a cabo medidas excepcionales, que es lo que siempre nos gusta decir? De esa carta a los Reyes Magos que nos hicieron, donde cada uno desgranó cada uno de los puntos que en su sector era necesario poner en marcha, nosotros la pasamos a todos los ministerios porque, como he dicho en mi intervención -que es verdad que sido larga y prolija en todo tipo de medidas-, la política industrial no la hacemos sólo desde el Ministerio de Industria, la hacen todos los ministerios; cualquier medida que vayan a implementar los ministerios va a tener un efecto positivo o negativo en la industria y en las empresas -por eso la filtramos por todos los ministerios-. Los ministerios cogieron aquellas 97 que somos capaces de poner en marcha en el corto plazo, y cuando digo corto plazo me refiero a los próximos dos o tres años. Nosotros vamos a intentar todas, pero les aseguro que prácticamente todas van a ser implementadas por este Gobierno. ¿Por qué? Porque se ha asumido el compromiso por parte de los ministerios, y eso lo conseguimos llevándolo al Consejo de Ministros. Como usted sabe, cada vez que un documento va al Consejo de Ministros, los ministerios empiezan a meterle mano para ver si pueden o no cumplir lo que está ahí puesto. Por lo tanto, consideramos que es una agenda realista que tienen razón y carece de un cronograma de actuación -ayer lo comenté en la sesión que tuve de presupuestos-, pero nos comprometemos a entregarlo a esta Cámara en un plazo de dos o tres meses. Antes de fin de año seguro que tienen el cronograma en el cual nos comprometemos a que estas medidas estén implementadas. Son diez grandes líneas de actuación; si usted las ha comparado con el PIN 2020, están todas recogidas, porque no pueden ser otras.

Tanto la portavoz de CiU como usted me han hecho más hincapié en tres de ellas. En primer lugar la innovación. La innovación es clave para nuestras empresas y nuestras industrias, pero una innovación realista, una innovación aplicada, una innovación que no se quede en los centros tecnológicos ni en los grandes laboratorios, sino que sea aplicada a las necesidades de las empresas, a las necesidades de las industrias y a que realmente esa innovación, y el apoyo que se va a hacer con los distintos programas de innovación, esté destinada a productos que finalmente vayan a tener un mercado, vayan a tener una derivación comercial. En ese sentido hemos trabajado desde la secretaría de Estado. La secretaría de Estado tiene su plan de innovación en el que hemos desgranado las quince medidas que nos pide la industria para que la innovación se aplique en aquellos sectores y áreas que ellos demandan. Es muy importante también la investigación de base, pero eso es en otra área; es decir, la desarrollará el CSIC o quien la tenga que desarrollar, es muy importante, pero nosotros en lo que estamos en este momento -esa es nuestra responsabilidad- es en aquella que llega realmente a las industrias y a las empresas.

Han tocado el asunto energético. Es un tema complejo, como ustedes podrán comprobar, y me imagino que mi compañero, el señor Nadal, habrá venido ya a esta Comisión a contarles sus políticas. No hay industria o empresa que se siente en mi despacho cuyo primer tema de conversación no sea el coste


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energético. En este sentido, también les garantizo que tanto desde esta secretaría general como desde el ministerio, como no puede ser de otra forma, se está actuando en ese difícil equilibrio al que se refería el señor Mariscal de tener que llevar a cabo una sostenibilidad de un sistema, con un déficit que hay que intentar solventar, con la necesidad de establecer un precio competitivo de la energía para que nuestras industrias no lo vean como un lastre a la hora de competir en los mercados internacionales.

Han tocado también la cuestión financiera, y yo creo que si algo se ha puesto de manifiesto en esta legislatura es el impulso tan importante que se ha llevado a cabo en la financiación no convencional. Es verdad que en su Plan integral de política industrial ya se inyectó mucho dinero a Enisa, por ejemplo; es verdad -lo acabo de comentar- que se inyectó mucho dinero al Plan de Reindus y al Plan de competitividad, pero como debe ser en los gestores públicos que nos toca estar en un momento determinado de la historia desarrollando estas competencias, lo que se ha hecho ahora, como he dicho antes con Reindus y Competitividad es mejorar y plasmar nuevas medidas que permitan, y de una vez por todas, establecer en España un mercado alternativo a la financiación bancaria. No podemos tener unas empresas con una financiación tan bancarizada, porque eso lleva a que en momentos de crisis no tengan a quien acudir que no sea a su sucursal de toda la vida que es la que les está atendiendo. Así, tanto por parte de esta secretaría general, del ministerio en su conjunto como por parte del ICO y otras instituciones, se ha desarrollado un verdadero programa integral de financiación alternativa. En la secretaría general -lo comentaba ayer en la sesión de presupuestos- hemos puesto nuestro empeño en que todas las empresas, independientemente del momento en que estén desarrollando su actividad -es decir, tanto desde un emprendedor que tiene su idea y su power point donde la quiere contar a un business angels hasta la empresa ya madura- puedan tener cobijo sus necesidades financieras en los instrumentos que tiene esta secretaría general. Eso lo pueden ver en el desarrollo que tenemos implementado. Así, grosso modo y por no entretenerme, Enisa es la que presta el apoyo a los emprendedores. El 97% de los préstamos participativos que se darán en España los concede Enisa y, como ustedes sabrán, el préstamo participativo es uno de los instrumentos fundamentales para apoyar el emprendimiento, ¿por qué?, porque permite financiar con dos condiciones: primero, sin aval ni garantía -la garantía del emprendedor es su propio proyecto empresarial- y, segundo, porque está ligado, como ustedes saben, a los rendimientos financieros de esa empresa: si la empresa va bien paga un tipo de interés y, si va mal, el tipo de interés es mucho más bajo. Asumimos nuestro papel de business angel público para poder potenciar esa financiación. A continuación, tenemos Cersa. No nos olvidemos -he dado las cifras de manera muy contundente- lo que significa la financiación de empresas para muchas de ellas que tienen que acudir a su banco que les pide una garantía, y que se la tiene que conceder el entramado de sociedades de garantía recíproca que tenemos que, a su vez, están siendo reforzadas por la Ley de Emprendedores.

A partir de ahí, tenemos muchos más instrumentos. La señora Riera ha hablado de los instrumentos para empresas más maduras, ha citado al MAF, hoy en día tan denostado, pero es un instrumento fundamental para que la pequeña y mediana empresa que ya va cogiendo un tamaño pueda acceder a una financiación que le permita dar ese salto cuantitativo para crecer de proyecto startup a desarrollarse como una empresa. Los proyectos del MAF en este momento no son quizá los más idóneos, pero no por eso deja de ser un instrumento potente al que hay que seguir apoyando y en el cual tenemos que ir animando a que cada vez se lleve a más empresas.

Comentaban también la necesidad de potenciar sectores. Me da mucho miedo eso de hablar de sectores estratégicos. El sector estratégico se puede analizar desde muchos puntos de vista, puede ser un sector estratégico porque en un momento determinado esté sufriendo un proceso de reindustrialización, y creo que es la primera vez que empleo esta palabra. No nos gusta hablar de reindustrialización porque aunque en España ha bajado la participación en el PIB, no hemos sufrido un proceso de desindustrialización. La industria se ha ido adaptando a la situación de crisis que hemos pasado, pero tenemos que fortalecerla en este momento; no partimos de una situación tan desolada que tengamos que hablar de este tipo de programas. Por eso no me gusta hablar de sectores estratégicos, no me gusta pero presupuestariamente ustedes ven en los que nosotros estamos invirtiendo más dinero, estamos invirtiendo más en energía. Cómo no vas a hablar de construcción naval cuando acaba de pasar un proceso difícil con el tax lease; es fundamental en este momento el apoyo del ministerio para que esos inversores que se han visto afectados por el tax lease vuelvan a recuperar la confianza en el sistema. Cómo no vamos a apoyar al sector aeronáutico. Hay sectores como el aeronáutico o el espacial a los que sin el apoyo público les resultaría muy difícil desarrollarse.


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El sector espacial es un ejemplo que ha nombrado la señora Riera sobre el que también me gustaría llamar la atención, y además donde se ve el compromiso claro. Me gustaría venir aquí a echarme flores de que he conseguido los 345 millones de una manera complicadísima porque he tenido que convencer a mucha gente. Pues les diré que no; las empresas nos dijeron lo que necesitaban, con el análisis del CDTI vimos en qué programas tenemos más posibilidades de retornos comerciales, que al final es lo que hay que ir buscando, y lo que hicimos fue decir: necesitamos 345 millones. Les aseguro que hablé con la señora Currás, le comenté el programa, lo comenté con la Oficina Económica del Presidente y en menos de mes y medio teníamos la aprobación del Consejo de Ministros. Por lo tanto, cuando este Gobierno ve un sector estratégico se consigue el dinero -no le digan a las empresas que lo hemos conseguido de forma tan fácil- de una forma muy sencilla, porque es verdad que si el sector no es muy importante desde el punto de vista cuantitativo de empresas que están involucradas, es muy importante desde el punto de vista tecnológico, porque una empresa del sector espacial -le estoy hablando de Sener, le estoy hablando de Indra, estoy hablando de GMV-, si no trabaja para la ESA, no va a tener un desarrollo comercial en el sector privado. Luego necesitan ese apoyo que da en este momento el Ministerio de Industria para acceder a los programas.

Les aseguro que las reuniones de la ESA son reuniones a cara de perro, donde cada uno estamos defendiendo a muerte a nuestras empresas porque un 1% del programa de Lanzadores, por nombrarle uno, lleva detrás mucho empleo en España, mucha inversión en España y que una de nuestras empresas pueda estar presente de forma concurrente en los programas importantes. Le agradecería a la señora Riera que no me haga nombrar muchos sectores estratégicos; yo le hablaría del químico, muy presente en Cataluña. Cómo no va a ser estratégico el sector químico. Cómo no va a ser estratégico el sector de máquina herramienta. En este momento uno de los problemas que tiene nuestra industria -está recogido en la agenda- es que se han retrasado decisiones de modernización de los equipamientos. Tenemos que ser capaces a través de nuestras políticas de demanda de que las empresas tomen esas decisiones; en este momento tenemos que ser conscientes de que estamos produciendo con maquinaria de hace diez años, por lo tanto, obtendremos productos de hace diez años. Si queremos estar en 2015 o en la próxima década, tenemos que producir con tecnologías de esa década.

En referencia a lo que me ha sugerido el señor Mariscal, por supuesto que vamos a llevar a cabo un calendario que nos permita establecer, de una manera fácil si estamos cumpliendo o no este compromiso, que es lo que significa la agenda. Desde el punto de vista presupuestario, me comprometo a hacerles ese desglose. El desglose por parte del Ministerio de Industria está al euro; en este momento tenemos 2.200 millones para el programa de la agenda industrial; lo que corresponde al resto de los ministerios está en sus respectivos presupuestos, pero también le puedo facilitar de forma realista -y no hablando de 82.000 millones- el compromiso presupuestario que tenemos en la agenda. Una cuestión sobre la que, si se puede hablar así, sí recojo el guante -que además me gustaría que se incentivase por parte de este grupo, porque los tres grupos que han intervenido han lanzado la misma cuestión, y considero que teníamos que recogerlo-, es que colaboremos todos juntos porque todos estamos de acuerdo en la importancia del sector industrial. Todos estamos de acuerdo en las medidas que vamos a implementar. Pues unamos fuerzas y colaboremos para que en aquellos puntos clave de la agenda, que requieren el apoyo político de esta Cámara, se nos permita que el paso por los distintos ministerios y el compromiso que hemos adquirido en el bien del país se puedan cumplimentar lo antes posible.

Muchas gracias. (El señor Ruiz Llamas pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cristeto.Señor Ruiz.

El señor RUIZ LLAMAS: Sin ánimo de polemizar, pero en el Foro Medcap, usted el 28 de mayo de 2014 dijo: Colocar la industria en el corazón de la economía y hay que reindustrializar Europa y el objetivo es el 20%.

La señora SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Cristeto Blanco): Pues se me ha escapado. No me gusta la palabra y creo que no la deberíamos utilizar. Disculpe si lo he hecho, pero la intento evitar. Llevo tres cuartos de hora hablando y... La intento evitar.


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PREGUNTAS:

DEL DIPUTADO DON FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:

- COMPARATIVA DE LAS AYUDAS QUE HAN TENIDO LAS EMPRESAS SORIANAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/042046). (Número de expediente 181/001826).

- AYUDAS QUE HAN TENIDO LAS EMPRESAS SORIANAS EN LOS AÑOS 2012 Y 2013 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/042047). (Número de expediente 181/001827).

- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ELECTORAL DEL PARTIDO POPULAR "1.15 LA INDUSTRIA COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD" EN LA PROVINCIA DE SORIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/042081). (Número de expediente 181/001833).

- EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PATENTES REGISTRADAS DESDE EL AÑO 2000, ESPECIALMENTE EN SORIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/039400). (Número de expediente 181/001850).

- PREVISIONES ACERCA DE MODIFICAR LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS DE REINDUSTRIALIZACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE 2014, ESPECIALMENTE EN LA PROVINCIA DE SORIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/039401). (Número de expediente 181/001851).

- CANTIDAD TOTAL QUE SUPONE EL PROYECTO/SUPERPROYECTO 1996 17 27 0005 RECOGIDO EN LA SECCIÓN 20 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2014, CANTIDAD PREVISTA Y TANTO POR CIENTO QUE REPRESENTA, ASÍ COMO PLANES DE EJECUCIÓN Y FECHA EN LA QUE SE CONTEMPLA LA FINALIZACIÓN COMPLETA DEL MISMO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/045595). (Número de expediente 181/001887).

- CANTIDAD TOTAL QUE SUPONE EL PROYECTO/SUPERPROYECTO 1994 17 27 0030 RECOGIDO EN LA SECCIÓN 20 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2014, CANTIDAD PREVISTA Y TANTO POR CIENTO QUE REPRESENTA, ASÍ COMO PLANES DE EJECUCIÓN Y FECHA EN LA QUE SE CONTEMPLA LA FINALIZACIÓN COMPLETA DEL MISMO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/045598). (Número de expediente 181/001888).

- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO A LOS PROGRAMAS DE REINDUSTRIALIZACIÓN (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/050545). (Número de expediente 181/002019).

- DINERO PRESUPUESTADO, CONCEDIDO Y RECUPERADO EN LOS PROGRAMAS DE REINDUSTRIALIZACIÓN DEL AÑO 2012 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/050547). (Número de expediente 181/002020).

- DINERO PRESUPUESTADO, CONCEDIDO Y RECUPERADO EN LOS PROGRAMAS DE REINDUSTRIALIZACIÓN DEL AÑO 2013 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/050548). (Número de expediente 181/002021).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de preguntas que quedaban pendientes, que eran preguntas escritas convertidas en orales. Todas pertenecen al diputado don Félix Lavilla.


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Según me comunica el letrado, usted va a acumular los puntos del orden del día 4.º y 5.º, el 6.º irá solo y luego conjuntamente el 7.º y el 8.º En cuanto al 9.º y al 10.º, acepta que se le conteste por escrito. Luego iría el punto 11.º y al final conjuntamente los puntos 12.º y 13.º ¿Es así? (Asentimiento).

Para formular las preguntas relacionadas con el orden del día tiene la palabra el señor Lavilla.

El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora secretaria general, por estar aquí. Quizá la culpa no sea suya -muchas veces lo es de Relaciones con las Cortes, porque he sido portavoz de Industria en el Senado y sé como funciona todo esto-, pero el primer motivo de por qué están aquí las preguntas es porque el Gobierno no responde. Entonces al Gobierno se le castiga a venir aquí para que dé cuenta de las respuestas que democráticamente un parlamentario necesita para hacer labor de control al Gobierno, que es algo fundamental. Somos parte esencial de la democracia, pues sin oposición no habría democracia. El Partido Socialista ha sido Gobierno, ahora estamos en la oposición y seremos, sin duda alguna, también Gobierno, y por eso están aquí estas preguntas.

La primera de ellas tiene que ver con el programa electoral del Partido Popular y un foro que realizaron con las empresas sorianas. Tengo aquí las expresiones a las que me referiré y el programa concreto que se distribuyó en la provincia de Soria; y tengo además el programa electoral, que me lo he estudiado, y que mandaron a todos los sorianos. (El señor Lavilla Martínez muestra un documento). Soy diputado por la provincia de Soria y, como dice usted, he participado con la diputada doña Inma Riera y otros diputados del Grupo Popular en la defensa del sector aeroespacial en las reuniones que hemos tenido y, además, todo hay que decirlo, de manera muy discreta y eficaz. También soy un defensor a ultranza de los intereses de Soria y de que se cumplan los compromisos electorales que se asumieron, porque ese es el contrato que tienen con los ciudadanos. Primera cuestión: hay que huir de mensajes simplistas de que en el año 2011 comienza la crisis. Eso es absolutamente falso y nadie se lo cree. El ministro Guindos en el año 2003 negó el boom inmobiliario, que es la causa de todos los males donde todos los Gobiernos que han pasado hemos participado. Estuve en un curso del Esade, de directivos para parlamentarios, y ya nos decían en el año 2002 que esto iba a estallar. Sin embargo, era imposible que ningún Gobierno lo hiciera estallar porque los ciudadanos ya habían comprado los pisos a esos precios. Por tanto, hay que huir de los mensajes simplistas; Lehman Brothers no fue causa socialista. Usted, como he visto en su currículum, ha tenido responsabilidades y espero que tenga todo tipo de éxitos y que en los cuatrocientos días que quedan de gestión podamos tener resultados que hasta ahora no hemos visto.

Señora secretaria general, el Partido Popular se comprometió a apoyar a las empresas de una manera decidida. En Soria capital hay un polígono industrial de casi un millón de metros cuadrados que es propiedad del Estado. Está claro que en todo plan industrial cabe desarrollar ese suelo industrial cuando eres el accionista mayoritario. Luego, si hay algún problema burocrático, puedes impulsar, ejecutar y luego cobrar a los propietarios minoritarios. Ese suelo hay que ponerlo en funcionamiento, ya lleva tres años congelado, y al lado, señora secretaria general, tenemos un suelo, la Ciudad del Medio Ambiente, impulsada también por el Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, donde se han evaporado, por ser anticonstitucional, 50 millones de euros. Esas dos realidades las tenemos ahí mismo. Me bastaría con que usted, que es la responsable del sector industrial de este país, y además el Ministerio de Industria ha participado con la financiación de parte de ese polígono, se comprometiera a mantener las reuniones pertinentes con el Ministerio de Fomento y con el Ayuntamiento de Soria para impulsar una realidad que beneficia al conjunto de los ciudadanos. A mí me bastaría con eso y, en función de su respuesta, irá el tono de mis preguntas.

El señor PRESIDENTE: Señora secretaria general.

La señora SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Cristeto Blasco): Mi compromiso con Soria es el mismo que con cualquier otra provincia española. Soy salmantina y podré tener una cierta querencia hacia Castilla y León, pero tengo que decirle que desde el primer momento yo ya era consciente de la importancia que tiene Soria en las políticas industriales y en la necesidad de implementarlas. De hecho, he sido partícipe en jornadas de difusión de las distintas líneas que tiene el ministerio para Soria. Si con su última frase se refiere a que me comprometa, mi compromiso de seguir apoyando a Soria lo tiene. Cuando me han facilitado los datos para contestar a su pregunta, me ha llamado la atención que son muchas empresas sorianas las que por una o por otra vía, y por el impulso que se ha dado con el Plan Soria, se están viendo financiadas, están teniendo más información y, por tanto, más acceso a nuestros programas. Si mis datos no me engañan, son 278 empresas en los últimos


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cuatro años, de 2011 a 2014. Aquí estoy incluyendo los datos de los programas Reindus y Competitividad, que ya están asignados, aunque no son públicos, porque no ha tenido lugar la correspondiente Comisión, por un total de más de 59 millones de euros en los últimos años. Aquí tengo la distribución por número de empresas y por importe de cada uno de los programas. (Muestra un documento). Por ejemplo, en el año 2012 -por nombrar uno- el total de ayudas a las empresas sorianas fue de 12.900.000 euros, repartidos en 404.000 euros en el programa de competitividad, 9.400.000 en el programa de reindustrialización y 3.103.000 euros a través de Cersa. Si le parece bien y con esto he satisfecho su pregunta, le facilitaríamos el detalle, que es público, de las distintas empresas sorianas, año e importe.

El señor PRESIDENTE: Gracias, secretaria general.

Para el turno de réplica, señor Lavilla.

El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Créame, señora secretaria general, que las conozco y las conozco muy bien. Las conozco al detalle, porque incluso parte de su equipo sabe que cualquier inversión -incluso ahora, gobierne quien gobierne- que quiera aterrizar en Soria inmediatamente se pone en manos del ministerio y por eso conozco prácticamente todas las empresas que han pasado por el ministerio para que luego, lógicamente con criterios técnicos, se evalúen. Luego, en las últimas preguntas, hablaremos sobre el tema de la viabilidad y de las evaluaciones de los proyectos. Le he dicho -como soy de Soria, soy muy claro- que el Gobierno de España tiene un millón de metros cuadrados industriales en Valcorba. Los planes, las agendas, todo está muy bien y Soria es parte de España -usted como salmantina lo sabe-, pero llevamos tres años con eso parado por una pequeña cuestión de que si los minoritarios piensan que el mayoritario... Usted sabe que en una unidad de actuación urbanística, con la legislación vigente, tiene que ejecutarlo el mayoritario, que en este caso es el Gobierno de España y después puede pasar la factura a los otros, al resto. El compromiso que yo le pido es bien claro: ¿Está usted dispuesta a liderar o a organizar con la mejor voluntad y con la discreción con la que hemos trabajado -he sido ponente de la Ley de Telecomunicaciones y hemos llegado a un acuerdo sin ningún problema y también lo hemos demostrado en el sector aeroespacial- una reunión en la que participe quien tenga que participar? Evidentemente, tiene que estar el ayuntamiento de la ciudad y si quiere que esté yo, estaría como parlamentario, o si quiere que esté el diputado por Soria del Grupo Popular y presidente del Congreso, don Jesús Posada, estará también encantado, pero si no quiere que yo esté no es necesario. Lo que quiero es una solución para ponerla en circulación. Usted en su experiencia profesional ha tenido la función de movilizar, de captar inversión para el suelo industrial y es una pena que eso no se esté haciendo. No me sirve ningún plan si no somos capaces en esta legislatura de ponerlo en marcha. Con que me diga que se compromete, me sirve.

El señor PRESIDENTE: Señora secretaria general.

La señora SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Cristeto Blasco): Traía esta respuesta preparada (Muestra un documento), pero usted quiere una respuesta y yo le digo: Sí, acepto el compromiso de liderar esa reunión. Si quiere, esta semana o la próxima buscamos un momento en la agenda y vemos quién debe participar, quién debe hacerlo por parte de la Administración central. Nos reuniremos todos donde usted nos diga para poder iniciar esos trabajos que considero que son necesarios.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6 del orden del día, también una pregunta de don Félix Lavilla.

El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Señor presidente, este diputado por la provincia de Soria se da por contestado en todas las preguntas que quedan pendientes, le desea éxito en su gestión y esperamos que la reunión dé sus frutos. Muchísimas gracias por aceptar esta petición no del Grupo Socialista, sino de la sociedad soriana, la cual ha perdido en estos dos últimos años 3.000 sorianos y eso es mucho en una población de 92.000 que quedan.

El señor PRESIDENTE: No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Eran las ocho y veinte minutos de la noche.

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