DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 572, de 20/05/2014
cve: DSCD-10-CO-572
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 572
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL ELORRIAGA PISARIK
Sesión núm. 25
celebrada el martes,
20 de mayo de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
De los señores diputados don Juan Luis Gordo Pérez y don Félix Lavilla
Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:
- Conocimiento por el Gobierno de si el presidente de la Corporación de
RTVE ha recibido algún email o comunicación, en la que haya recibido
informes o informaciones con el "sesgo ideológico" de los profesionales
de RTVE (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita
número de expediente 184/020831). (Número de expediente 181/001083) ...
(Página3)
- Investigación de las causas que han motivado la dimisión en la
Corporación de RTVE de la subdirectora de programación y gestión de los
Servicios Informativos, tras elaborar un informe en el que descalifica a
profesionales de RTVE (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita número de expediente 184/020833). (Número de expediente
181/001084) ... (Página3)
- Previsiones acerca del cese de la dirección de informativos de RTVE tras
la publicación del informe elaborado por la subdirectora de programación
y gestión de los Servicios Informativos de RTVE con el epígrafe "Consejo
de Informativos de TVE para Charo", sobre el sesgo político de los
profesionales de Informativos de RTVE (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/020834). (Número
de expediente 181/001085) ... (Página3)
- Conocimiento por el Gobierno del informe redactado por la subdirectora
general de programación y gestión de los Servicios Informativos de RTVE
en la que se descalifica a profesionales del ente que no coinciden con la
ideología del partido que los soporta (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/020835). (Número
de expediente 181/001086) ... (Página3)
De las señoras diputadas doña Patricia Hernández Gutiérrez, doña Leire
Iglesias Santiago y del señor diputado don Pedro Saura García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre:
- Trabajo de los altos cargos y asesores del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas mediante consultoría o asistencia para la
multinacional cementera Cemex (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita número de expediente 184/045220). (Número de expediente
181/001714) ... (Página4)
- Acceso al expediente de sanción a la cementera Cemex y al recurso de
reposición presentado por la misma por los altos cargos y asesores del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente
184/045221). (Número de expediente 181/001715) ... (Página4)
- Número de expedientes sancionadores a grandes contribuyentes que han
rebajado la sanción inicial propuesta por los inspectores de la Agencia
Tributaria (AEAT) tras su revisión por otras instancias (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente
184/045222). (Número de expediente 181/001716) ... (Página4)
- Cuantía de las sanciones impuestas a grandes contribuyentes en el año
2013 y número de sanciones producidas (procedente de la pregunta al
Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/045223). (Número
de expediente 181/001717) ... (Página5)
- Número de reuniones mantenidas por altos cargos del Gobierno con
responsables de la empresa Cemex durante el año 2014 (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente
184/045224). (Número de expediente 181/001718) ... (Página5)
- Planes de implantación de la empresa Cemex en España (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente
184/045225). (Número de expediente181/001719) ... (Página5)
De la diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre medidas acerca de las conclusiones de la comisión de
investigación de la Diputación Provincial de Ourense sobre el uso de
fondos europeos (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta
escrita número de expediente 184/046029). (Número de expediente
181/001857) ... (Página8)
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:
- Proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de
reforma administrativa. (Número de expediente 121/000079) ... (Página10)
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la ponencia sobre:
- Proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de
reforma administrativa. (Número de expediente 121/000079) ... (Página11)
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
PREGUNTAS:
DE LOS SEÑORES DIPUTADOS DON JUAN LUIS GORDO PÉREZ Y DON FÉLIX LAVILLA
MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:
- CONOCIMIENTO POR EL GOBIERNO DE SI EL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN DE
RTVE HA RECIBIDO ALGÚN EMAIL O COMUNICACIÓN, EN LA QUE HAYA RECIBIDO
INFORMES O INFORMACIONES CON EL "SESGO IDEOLÓGICO" DE LOS PROFESIONALES
DE RTVE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA
NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/020831). (Número de expediente 181/001083).
- INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS QUE HAN MOTIVADO LA DIMISIÓN EN LA
CORPORACIÓN DE RTVE DE LA SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS
SERVICIOS INFORMATIVOS, TRAS ELABORAR UN INFORME EN EL QUE DESCALIFICA A
PROFESIONALES DE RTVE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON
RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/020833). (Número de expediente
181/001084).
- PREVISIONES ACERCA DEL CESE DE LA DIRECCIÓN DE INFORMATIVOS DE RTVE TRAS
LA PUBLICACIÓN DEL INFORME ELABORADO POR LA SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE RTVE CON EL EPÍGRAFE "CONSEJO
DE INFORMATIVOS DE TVE PARA CHARO", SOBRE EL SESGO POLÍTICO DE LOS
PROFESIONALES DE INFORMATIVOS DE RTVE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL
GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/020834). (Número
de expediente 181/001085).
- CONOCIMIENTO POR EL GOBIERNO DEL INFORME REDACTADO POR LA SUBDIRECTORA
GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE RTVE
EN LA QUE SE DESCALIFICA A PROFESIONALES DEL ENTE QUE NO COINCIDEN CON LA
IDEOLOGÍA DEL PARTIDO QUE LOS SOPORTA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL
GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/020835). (Número
de expediente 181/001086).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Antes de empezar quiero
hacer un par de consideraciones previas. En primer lugar, dado que las
votaciones del proyecto de ley que hoy debatiremos pueden alargarse,
facilitaría mucho el trabajo y la votación posterior a todos los grupos
que nos adelantasen, en la medida de lo posible, los cuadernos de
votación de cada grupo; o sea, que si a lo largo de la sesión nos pueden
ir facilitando el sentido del voto, eso que adelantaremos al final para
la votación. En segundo lugar, tenemos en la primera parte del orden del
día la contestación a un conjunto de preguntas escritas, que se
transformaron en orales por no haber sido respondidas en plazo. Sobre
estas tengo que hacer dos consideraciones: una es que las que figuran en
el orden del día como números 11.º y 12.º quedan aplazadas y serán
incluidas en el orden del día de la próxima sesión que mantengamos en el
mes de junio. Otra es que, como es habitual, acumularemos las que tienen
un sentido similar o un patrón común y, lógicamente, abriremos los
tiempos tanto como sea necesario para que dé tiempo a tratar todas. Hay
-para entendernos- tres bloques de temas. Hay cuatro preguntas referidas
a la empresa Cemex; hay dos preguntas -que acumularemos- referidas al
funcionamiento del área de grandes contribuyentes de la Agencia
Tributaria, que veremos juntas; y hay una referida a una actuación de la
Diputación Provincial de Orense. Finalmente, las que vamos a ver en
primer lugar están referidas a Radiotelevisión Española.
Tenemos con nosotros a la secretaria general de Coordinación Autonómica y
Local del Ministerio de Hacienda para dar respuesta a las preguntas. En
primer lugar, para plantear una observación en relación con las preguntas
referidas a Radiotelevisión Española tiene la palabra su portavoz.
El señor GORDO PÉREZ: Señor presidente, me pidió que retirarse las
preguntas y permítame que de una manera sintética, en tres o cuatro
minutos, haga una valoración política, no sin antes dar la bienvenida a
la señora secretaria general, creo que con rango de subsecretaria.
Nosotros hemos reconvertido cuatro preguntas escritas en preguntas orales
dirigidas al Gobierno. El Gobierno no nos ha dado respuesta, lo cual nos
parece una falta de respeto al control de la acción
democrática del Parlamento. Por lo tanto, lo que queremos es exigir la
responsabilidad política del Gobierno, porque las cuatro preguntas giran
en torno a un asunto que se conoció como listas negras de trabajadores en
Radiotelevisión Española. Estas no son ni más ni menos que un listado de
trabajadores catalogados y clasificados en función de su posición
ideológica, que elaboró la subdirectora de Programación y Coordinación,
es decir, la número dos de la directora de Informativos. Desde el punto
de vista democrático, esto nos parece impresentable, porque es la vuelta
a tiempos pasados. Hemos pedido información en la Comisión Mixta de
Control de Radiotelevisión Española y, dado que no se dio respuesta,
hemos formulado cuatro preguntas: una sobre si tenía conocimiento el
Gobierno del informe; dos, las previsiones del cese del director de
informativos, que entendíamos que políticamente era obligado y había una
responsabilidad clara; tres, las causas por las cuales al final presentó
la dimisión la subdirectora; y, cuatro, si el presidente de
Radiotelevisión había recibido alguna respuesta. Nos parecía y nos parece
que este asunto sobre todo descalifica a los profesionales porque la
lista era de periodistas profesionales; incluso se los catalogaba, se
hablaba del comando Rubalcaba. ¡Qué barbaridad! Comando Rubalcaba, esa es
la visión que tiene la dirección de Informativos. Este texto hacía una
valoración política y era un ataque claramente contra la dignidad
profesional, pero sobre todo también contra la imagen de una
Radiotelevisión Española que en su día, en la etapa del Gobierno
socialista, fue plural y neutral. Por eso, pedimos responsabilidades
corporativas.
Para concluir, este no es un hecho aislado porque lo que pone de
manifiesto es la existencia de una cultura antidemocrática, de
manipulación, de utilización de medios, tal y como estamos comprobando
estos días en las elecciones europeas. Es la misma cultura y lo estamos
comprobando: instrucciones a los centros territoriales para que no saquen
la agenda ni seguimiento de la campaña; así, nos encontramos con que en
Andalucía el presidente del Partido Popular estos días tiene el doble de
tiempo que la presidenta de la Junta. ¿Esto qué es? Manipulación, una
televisión pública y una radiotelevisión pública al servicio de los
intereses del partido del Gobierno. Nos parece que esto es un descrédito
y conlleva hundir la credibilidad de los medios públicos y, sobre todo,
de los políticos españoles. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Obviamente no me corresponde polemizar, pero quiero
hacer unas manifestaciones solo para que quede claro en el "Diario de
Sesiones", aunque los miembros que forman parte de la Mesa y portavoces
de la Comisión ya lo saben. Estas preguntas fueron formuladas hace más de
un año y cuando entraron en la Comisión de Hacienda y de Administraciones
Públicas este presidente consideró que no correspondía debatirlas en esta
Comisión; por lo tanto, formuló ante la Mesa del Congreso la petición de
que fuesen reconsideradas y adscritas a otra Comisión que pudiese
responder más correctamente, dado que el Ministerio de Hacienda, aunque
es el tenedor de las acciones de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales y a través de ella de Radiotelevisión Española, como es
sobradamente conocido, no tiene nada que ver con la actividad a la que
hacían referencia las preguntas. Esta solicitud fue denegada por la Mesa
superior y esta es la razón por la que finalmente y con tanto retraso
habían ingresado en el orden del día de la Comisión. Digo esto
simplemente a efectos de que conste.
DE LAS SEÑORAS DIPUTADAS DOÑA PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, DOÑA LEIRE
IGLESIAS SANTIAGO Y DEL SEÑOR DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:
- TRABAJO DE LOS ALTOS CARGOS Y ASESORES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MEDIANTE CONSULTORÍA O ASISTENCIA PARA LA
MULTINACIONAL CEMENTERA CEMEX (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON
RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/045220). (Número de expediente
181/001714).
- ACCESO AL EXPEDIENTE DE SANCIÓN A LA CEMENTERA CEMEX Y AL RECURSO DE
REPOSICIÓN PRESENTADO POR LA MISMA POR LOS ALTOS CARGOS Y ASESORES DEL
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (PROCEDENTE DE LA
PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE
184/045221). (Número de expediente 181/001715).
- NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES A GRANDES CONTRIBUYENTES QUE HAN
REBAJADO LA SANCIÓN INICIAL PROPUESTA POR LOS INSPECTORES DE LA AGENCIA
TRIBUTARIA (AEAT) TRAS SU REVISIÓN POR OTRAS INSTANCIAS (PROCEDENTE DE LA
PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE
184/045222). (Número de expediente 181/001716).
- CUANTÍA DE LAS SANCIONES IMPUESTAS A GRANDES CONTRIBUYENTES EN EL AÑO
2013 Y NÚMERO DE SANCIONES PRODUCIDAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL
GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/045223). (Número
de expediente 181/001717).
- NÚMERO DE REUNIONES MANTENIDAS POR ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO CON
RESPONSABLES DE LA EMPRESA CEMEX DURANTE EL AÑO 2014 (PROCEDENTE DE LA
PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE
184/045224). (Número de expediente 181/001718).
- PLANES DE IMPLANTACIÓN DE LA EMPRESA CEMEX EN ESPAÑA (PROCEDENTE DE LA
PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE
184/045225). (Número de expediente 181/001719).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo bloque de preguntas, que son las
referidas a la empresa Cemex, las que llevan en el orden del día el
número 5.º, 6.º, 9.º y 10..º Para formularlas tiene la palabra la señora
Iglesias.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Señor presidente, ¿las preguntas 7.º y 8.º no
se incorporan? (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Como le resulte más fácil hacerlo. Por los títulos,
había puesto unas por un lado y otras por otro, pero realmente se pueden
agrupar todas, porque también la cuestión de los grandes contribuyentes
va referida a Cemex. La idea es que sin límite de plazo formule las
cuestiones.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Son todas referidas a la misma cuestión. La
diferencia entre unas y otras es que unas han sido contestadas por
escrito y las otras no.
El señor PRESIDENTE: Si resulta más coherente para la comprensión del
debate, acumulamos todas con el tiempo que necesite tanto ahora como en
el turno posterior de réplica.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Aclarado esto, en primer lugar, quiero poner
de manifiesto la falta de transparencia que se está produciendo una vez
tras otra en esta Cámara. No es tanto una intervención o un reproche a la
compareciente, aunque sí a su ministerio y a la estructura general del
Gobierno, como a los responsables de las distintas mesas en las distintas
comisiones. Estamos viendo cómo una vez tras otra a las preguntas que
hacemos los diputados y las diputadas no se nos contesta en los plazos
adecuados, o se nos da una respuesta que omite buena parte del contenido
de la pregunta, con lo cual tenemos que volver a repetirla y perdemos el
tiempo de reacción, de respuesta y de actuación en ese sentido. Se está
convirtiendo quizá en una práctica demasiado habitual en esta
legislatura. Es el caso de las preguntas que nos ocupan. Cuatro de ellas
finalmente han sido respondidas por escrito, aunque faltándoles gran
parte de la información, y a las otras dos preguntas aún falta por
entregar la respuesta por el Ministerio de Hacienda, no tenemos ninguna
información sobre su contenido.
En concreto, respecto de la empresa Cemex, se preguntaba sobre la relación
laboral directa o indirecta que el Ministerio de Hacienda, sus altos
cargos y asesores -personal de confianza en el Ministerio de Hacienda-,
había tenido con una empresa sometida a un control de expedientes, a un
control de sus cuentas por fraude a la Administración pública española.
Resalto lo de los asesores, porque en la respuesta escrita que nos ha
enviado el ministerio nos remiten a las declaraciones de altos cargos,
como si nosotros necesitáramos esa respuesta escrita para conocer las
declaraciones de los altos cargos. Lo que no está publicado por el
Ministerio de Hacienda son las declaraciones laborales de los asesores y
si estos, los que trabajan directamente en el ministerio, han tenido o no
han tenido alguna relación directa o indirecta mediante trabajos de
consultoría con la empresa Cemex. Luego hay una parte de la pregunta que
está sin contestar mediante la fórmula escrita y que nos gustaría que
ahora -si pudiera ser- fuera contestada oralmente en esta sesión para no
tener que repetirla. Igualmente sucede respecto de las reuniones
mantenidas.
Afirma el Gobierno en su respuesta escrita que no ha habido ningún tipo de
reunión entre el Gobierno en su conjunto y la empresa Cemex. Nos
sorprende, aunque damos por cierta esa afirmación. Entiendo que
corroboran aquí que, pese a haber una empresa del volumen de Cemex que el
pasado verano anunciara que se iba a aumentar su presencia en nuestro
país hasta convertir España en su sede para la distribución de cemento en
el sur de Europa y el norte de África, el Gobierno no ha mantenido ningún
tipo de contacto con esta cementera, a pesar de lo que eso pueda suponer
de creación de empleo, de dinamización económica, de impacto en el
sector; que, pese a ese tipo de anuncios, y más allá de los expedientes
sancionadores, no ha habido ningún tipo de contacto, reunión formal o
informal con esta empresa. Especialmente tenemos interés en que hoy aquí
se nos contesten las dos preguntas que están sin responder: cuál es el
número de expedientes que pasan por la Oficina de gestión de grandes
contribuyentes que, pese a las recomendaciones iniciales que hacen los
inspectores encargados de tramitarlos, rebaja la cuantía propuesta por
estos inspectores con algunos criterios establecidos por la dirección,
así como, si puede saberse, cuáles son esos criterios; y, sobre todo,
teniendo en cuenta que los inspectores de Hacienda hablan de un fraude
aproximado o equivalente en nuestro país al 25% de nuestro producto
interior bruto y que el 72% de ese fraude no se produce por los pequeños
contribuyentes, a los que el Ministerio de Hacienda ha anunciado
importantes controles, sino por grandes contribuyentes, a los que no se
hace nunca anuncios de importantes controles, cuál es la cuantía de las
sanciones que se ha impuesto a estos grandes contribuyentes y cuál es el
número de sanciones que se han producido. Estas son dos preguntas muy
concretas cuya respuesta necesitamos conocer y que, hasta ahora, pese a
haberse remitido en tiempo y en forma, seguimos a la espera de la
respuesta escrita. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (Navarro
Heras): En relación con las preguntas que su señoría ha formulado, le
puedo contestar que, respecto a si cabe señalar por el Gobierno que le
conste alguna reunión con responsables de la empresa Cemex, la respuesta
es que no consta al Gobierno que haya habido ninguna reunión con
responsables de esta empresa. Por otro lado, y en relación con los planes
de implantación, de acuerdo con la información que tenemos disponible en
la página web de la empresa, esta se halla presente en España desde 1992.
También por lo que se refiere a altos cargos del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y sus posibles contactos con esta empresa, se
informa de que, según los datos que obran en el registro de altos cargos
de la Oficina de conflictos de intereses, ninguno de ellos ha trabajado
ni directa ni indirectamente mediante consultoría o asistencia para la
multinacional cementera Cemex.
Centrándome ya en las sanciones de los grandes contribuyentes, en primer
lugar, por acotar qué se entiende por grandes contribuyentes, entendemos
por tales los que están adscritos a la Delegación Central de Grandes
Contribuyentes, que extiende su competencia sobre todo el territorio
nacional, con independencia del domicilio fiscal que tengan estos
obligados tributarios así como de los lugares donde ellos ejerzan sus
actividades económicas. Lo importante es que estén adscritos a la
Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Le podemos informar de que
esta Delegación Central de Grandes Contribuyentes ha incoado 1.838
expedientes sancionadores durante 2013 por una cuantía global de 656
millones de euros. Quiero precisar que estos datos incluyen los
expedientes sancionadores incoados por las áreas de gestión e inspección
financiera y tributaria de la agencia estatal, y no incluye, como es de
suponer, todos los expedientes de delito contra la Hacienda pública.
En el procedimiento sancionador en materia tributaria -que se encuentra
regulado, como saben, en los artículos 207 y siguientes de la Ley General
Tributaria, 58/2003, de 17 de diciembre, y se desarrolla en los artículos
20 y siguientes del Reglamento del Régimen Sancionador Tributario,
aprobado mediante Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre- está tasado
este procedimiento. Para poder modificar las sanciones se debe seguir un
procedimiento muy concreto. A grandes rasgos y de conformidad con estos
preceptos, una vez que se aprecia la existencia de infracciones
susceptibles de sanción, el órgano competente para instruir el
procedimiento sancionador formula una propuesta de resolución que será
notificada al interesado, al objeto de que este alegue lo que estime
oportuno. A la vista de las alegaciones presentadas, si en su caso las
hubiera, el órgano instructor remite al órgano competente para imponer la
sanción. Creo que es importante destacar que el órgano instructor es
diferente al órgano competente para imponer la sanción, el cual puede
rectificar la propuesta de resolución si concurre cualquiera de las
causas que están taxativamente reguladas y previstas en el artículo 24.2
del Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario. Por lo tanto,
ese es el marco al que se limitan las acciones que pueden llevar a
una modificación en un procedimiento sancionador. Como digo, es importante
destacar que hay dos órganos diferenciados, uno instructor y otro
competente para sancionar.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Señor presidente, le pediría amparo a la Mesa
ante la falta de concreción en la respuesta. Le he preguntado a la
secretaria general específicamente, he hecho constar lo que nos había
contestado por escrito y qué faltaba en esa respuesta, y ha insistido en
la respuesta que ya teníamos por escrito. ¿Ha habido o no alguna relación
de asesores que trabajen para el ministerio de Hacienda directa o
indirectamente mediante trabajos de consultoría con la cementera Cemex?
Esa es la pregunta, la respuesta es sí o no. No hace falta que me dirija
al registro de altos cargos del Gobierno y sus declaraciones porque eso
ya lo conocemos. De la misma manera, ¿cuántas veces se han producido este
tipo de circunstancias en las que un inspector o inspectora propone una
sanción y en la continuación del procedimiento esa cuantía es minorada?
Aquí está gran parte de la cuestión. Que haya una cierta falta de
transparencia en el control parlamentario es grave; que haya falta de
transparencia en el control del fraude directamente por quienes son
responsables de la gestión del control del fraude es gravísimo, y es lo
que estamos viendo justamente en lo que ha pasado en este momento. La
pregunta sería, ¿qué es lo que está pasando en la Agencia Tributaria?
Hoy somos conscientes de que finalmente la sanción a Cemex fue la cuantía
propuesta por la inspectora, 450 millones de euros; pero eso ha costado
el cese de la inspectora responsable del expediente, la dimisión del jefe
del departamento y la dimisión del número dos de la propia agencia, Luis
Jones, quien en su carta de despedida aludió a criterios de la dirección
que impedían que él pudiera hacerse cargo del control del fraude tal como
lo estaban planteando los inspectores. ¿Cuáles son esos criterios que
establece la dirección que impiden hoy que los inspectores puedan hacer
su trabajo y sobre todo en cuántas circunstancias se está haciendo esto?
No sería muy razonable pensar que para que un inspector lleve a buen
término su excelente gestión, como la que han estado estableciendo los
funcionarios públicos hasta la fecha, tenga que haber una serie de
dimisiones en cadena. Vamos por más de trescientas sustituciones en la
Agencia Tributaria, por no hablar también de otros espacios en los que se
está produciendo un tremendo oscurantismo, como puede ser la propia ONIF,
en la que la directora general nombra a su hermana para la gestión de
algunos expedientes, en la que de número dos se pone a una persona que
tiene unos antecedentes por todos conocidos, en la que no sabemos si
finalmente para que una empresa pueda ser sancionada tiene que ser a
costa de las cabezas de los inspectores, a costa del personal, de los
profesionales que trabajan en la Agencia Tributaria, habiendo además
amenazas y señalándose por parte del ministro de Hacienda, del propio
ministro Montoro, las supuestas vinculaciones políticas de todo el cuerpo
de inspectores de la Agencia Tributaria.
Sabemos, podemos constatar hoy aquí que hasta ahora no existían esos
escándalos, y que desde que el señor Montoro volvió al Ministerio de
Hacienda no deja de haber oscurantismo y escándalos en la gestión de
sanciones a la Oficina de grandes contribuyentes, mientras que en los
periodos de declaración que estamos viviendo hasta la fecha los
ciudadanos no parece que estemos exentos de nuestras obligaciones
tributarias. Queremos saber qué está pasando con las obligaciones
tributarias de las grandes corporaciones en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (Navarro
Heras): Frente al oscurantismo, el Gobierno está luchando por llevar a
cabo una actitud y una normativa de transparencia. Garantiza el
cumplimiento de todas las normas cuyo ámbito le corresponde; no solo eso
sino que también creo que está trabajando para mejorar las leyes, para
evitar la dispersión normativa y para mejorar la eficacia. Ese es el
propósito que tenemos desde el Gobierno. Otorgamos una gran importancia a
que los altos cargos actúen con una total honradez y ejemplaridad y
también a que exista, por supuesto, un marco claro y legal en el que se
desenvuelva esa actitud responsable y honorífica que corresponde a los
altos cargos y que garantice el cumplimiento correcto de sus
obligaciones, responsabilidades y también límites en sus actuaciones.
Le voy a nombrar simplemente dos normas: una ya aprobada, la Ley 19/2013,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y
otra, que está actualmente en tramitación, el proyecto de ley reguladora
del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Por
cierto, quiero
recordar que en estos dos proyectos de ley ha habido un plazo de
comparecencia propuesto por todos los grupos parlamentarios para que los
expertos en la materia puedan aportar sus conocimientos y sus ideas con
el fin de obtener unos textos normativos que cuenten con el mayor
consenso posible. La Ley de transparencia, acceso a la información y buen
gobierno señala las obligaciones del buen gobierno que deben cumplir los
responsables públicos y las consecuencias jurídicas que se derivan de un
posible incumplimiento. Esta norma incide, como saben, en la obligación
que tienen los altos cargos para cumplir con la normativa que regula las
incompatibilidades y los conflictos de intereses y les insta a no
implicarse en situaciones o actividades que son incompatibles con sus
funciones o en asuntos que puedan afectar o poner en peligro su
objetividad.
En cuanto al proyecto de ley del ejercicio del alto cargo -actualmente en
tramitación- es mucho más exigente que la ley que se aprobó en 2006, y
les puedo dar cinco motivos de mayor refuerzo y exigencia. Por una parte,
en lo personal, si la actual ley establece que la relación de
determinados allegados al cargo público con algunas empresas obligaría a
estos a abstenerse en actuaciones que afectan a esas empresas, en la
nueva norma amplía esa relación a un círculo mucho más amplio de personas
tanto en su ámbito familiar, personal, como profesional. En segundo
lugar, respecto al ámbito temporal, si la actual ley limita el deber de
abstención a los intereses que hayan existido durante solo los dos años
anteriores a la toma de posesión del alto cargo, la nueva norma no
establece limitación temporal alguna con carácter general; solo marca
estos dos años para los casos en que deba abstenerse porque las empresas
afectadas hayan tenido relación con personas jurídicas o entidades
privadas con las que el alto cargo haya tenido un vínculo laboral o
profesional. Además, respecto del punto de vista laboral, esta futura ley
exige a los órganos donde presten servicios los altos cargos que apliquen
procedimientos para detectar posibles conflictos de intereses. También, y
en cuarto lugar, refuerza el papel de la Oficina de conflictos de
intereses porque lo eleva de rango administrativo y porque le da un
control parlamentario del candidato elegido para el nombramiento. Se
aclaran además las funciones que desempeñe la oficina, potenciando una
colaboración tanto con la Agencia Tributaria como con la Tesorería de la
Seguridad Social, el Registro Mercantil o el Registro de Fundaciones.
Quiero recordar que este era uno de los puntos en los que insistía el
informe de la Comisión Europea para que España refuerce esta oficina y su
actuación dentro del Gobierno, y así lo estará llevando a cabo esta ley.
Finalmente, desde el punto de vista patrimonial, otra importante novedad
que introducirá la ley es el procedimiento de examen de la situación
patrimonial del alto cargo una vez que ha cesado en sus funciones como
tal. A este respecto se regula un informe que, a través de un
procedimiento contradictorio con el propio interesado, debe elaborar esta
oficina de conflictos de intereses y en el que se va a analizar la
situación patrimonial del alto cargo entre su nombramiento y su cese para
que así se pueda detectar toda clase de posibles irregularidades.
DE LA DIPUTADA DOÑA LAURA CARMEN SEARA SOBRADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS ACERCA DE LAS CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE SOBRE EL USO DE
FONDOS EUROPEOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA
ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/046029). (Número de expediente
181/001857).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 13.º del orden del día, pregunta
referida a unas conclusiones de la Comisión de Investigación de la
Diputación Provincial de Ourense. Para su formulación, tiene la palabra
la diputada Seara.
La señora SEARA SOBRADO: Doy por formulada la pregunta y espero la
respuesta del alto cargo del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Secretaria General.
La señora SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (Navarro
Heras): Contestando a la pregunta de la diputada Seara, diré que el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no tiene competencias
para tomar medidas respecto a las conclusiones de las investigaciones que
han realizado instituciones como la Diputación Provincial de Ourense, o
bien sus comisiones de investigación. Lo que sí hace el ministerio es
continuar con la instrucción legal en el ámbito de sus competencias de
gestión de fondos.
La señora SEARA SOBRADO: Señora secretaria general, sabe usted que la OLAF
reclamó a la Diputación de Ourense, a través del Ministerio de
Administraciones Públicas, más de 10 millones de euros por fraude en la
construcción de ciento tres depuradoras financiadas con fondos europeos.
Eran los proyectos denominados Daredo y Deputrans. Usted me dice que no
tienen competencias, pero hace unos meses yo pregunté al señor Montoro en
la sesión de control del Pleno del Congreso qué iba a hacer el Gobierno
en relación con los informes de la OLAF sobre la Diputación de Ourense,
un informe demoledor contra el organismo provincial. En su respuesta el
ministro no se inhibió, que es lo que acaba de hacer usted. El ministro
reconoció que el informe de la OLAF concluía que los procedimientos de
contratación de las plantas depuradoras eran irregulares por diferentes
razones y que respecto a los contratos de asistencia técnica la
diputación incurrió en procedimientos irregulares de contratación. Esta
fue la respuesta del señor Montoro. Es más, él mismo me dijo que había
iniciado los expedientes de reintegro de los fondos. Por eso me sorprende
su respuesta tan aséptica. Mi pregunta es si lo ha iniciado ya.
El señor Montoro en esa respuesta también me apuntó que, al considerar el
informe de la OLAF que los hechos podrían ser constitutivos de ilícitos
penales, el Gobierno había remitido dicho informe al fiscal general del
Estado. Parece que no es una cosa tan menor, que no se inhibió el
ministerio al que usted está representando hoy aquí, porque el señor
Montoro, como decía, fue muy claro en esa respuesta en el Pleno del
Congreso. Lo que le pregunto es si tienen algún dato ya sobre alguna
actuación de la fiscalía, si realmente se remitió por parte del
Ministerio de Administraciones Públicas ese informe de la OLAF al fiscal
general del Estado, que fue lo que él dijo en el Pleno del Congreso.
Además, le quiero apuntar que en octubre de 2013 -como hago referencia en
la pregunta- la diputación creó una comisión de investigación en la que
no participó ningún partido de la oposición, en la que quince diputados
del Partido Popular se reunieron seis veces y llegaron a la conclusión de
que el informe de la OLAF se basa -cito textualmente- en apriorismos y
presunciones y rechaza absolutamente lo que la propia OLAF ha
investigado. Estamos hablando de una mala gestión de fondos europeos en
estos proyectos Daredo y Deputrans, de la devolución de más de 10
millones de euros de fondos europeos, que son competencia suya, de su
ministerio, que se reclama que sean devueltos a la Unión Europea. Es un
informe muy claro. La diputación desacredita absolutamente, desde el
inicio al fin de este informe y de estas conclusiones de la comisión de
investigación, a la Oficina contra el Fraude de la Unión Europea, que no
fue el camino ni la intervención del ministro de su propio ministerio.
Por tanto, la diputación mantiene una discrepancia total con la OLAF. Mi
pregunta es la siguiente: ¿están ustedes de acuerdo con las conclusiones
de la comisión de investigación de la Diputación Provincial de Ourense,
donde se desacredita a la OLAF? Es muy sencillo: ¿están de acuerdo con
las conclusiones de la comisión o con el informe de la OLAF? ¿Cuál es la
postura del Gobierno y de su ministerio, el ministerio que vela por el
buen uso de los fondos públicos, en este caso de los fondos europeos?
¿Están de acuerdo en que no hay responsabilidades políticas ni
administrativas ni de otro tipo en los órganos políticos que autorizaron
este expediente de contratación? Según el informe de investigación no se
dieron instrucciones ni recomendaciones o insinuaciones para que los
técnicos establecieran unas condiciones determinadas que favoreciesen la
adjudicación a una empresa determinada. Todo esto lo rebate la OLAF. Yo
quiero que sean claros porque el señor Beteta puso hace muy poco a la
Diputación Provincial de Ourense, conocida por casi todos los que estamos
aquí, como ejemplo de buena gestión. A mí me gustaría que se aclarara
porque el señor Montoro dice una cosa en el Pleno, el señor Beteta dice
otra cuando visita la Diputación Provincial de Ourense y hoy aquí usted,
en esta primera intervención, con todo el respeto, no me ha dicho nada.
Creo que es un tema serio, un tema que está en los tribunales, donde
estamos hablando de la devolución de 10 millones de euros, que es su
ministerio el que los tiene que reintegrar. A mí me gustaría que me
dejara esta mañana claro si están con ese informe de la diputación o con
el informe de la OLAF, que dice que ha habido fraude y donde se apunta
que hay que devolver más de 10 millones de euros.
También hay algunos rumores -se han hecho preguntas al respecto en la
Diputación Provincial de Ourense en estos últimos meses- sobre otros
expedientes que está investigando la Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude en la Diputación Provincial de Ourense. Me gustaría saber si
ustedes tienen conocimiento de alguna investigación nueva al respecto. Le
pido que no miren para otro lado. Es un tema serio que afecta a una
provincia como la mía, porque 10 millones de euros de fondos europeos,
cofinanciados con dinero del Estado, con dinero de su Gobierno y con
dinero del propio ente provincial, es una cantidad importante, cuando
además estamos hablando de un tema tan serio como es la depuración de
aguas, que en este caso es obra pública, pero podría haber sido para otro
tipo de programas.
Yo le pido que me conteste si están de acuerdo con la OLAF o están de
acuerdo con el informe de la comisión de investigación que ha desacredito
de arriba abajo lo dicho por una oficina tan seria con una muy buena
reputación en este país y en el conjunto de la Unión, que dice
absolutamente todo lo contrario, que hay que devolver ese dinero. El
señor Montoro, insisto, dijo que había puesto el caso en manos de la
Fiscalía General del Estado. Quiero saber si lo ha hecho y quiero saber
también si ha hablado de la reposición, si ha llevado a cabo ya todos los
mecanismos para que se reponga esta cantidad, más de 10 millones de
euros, que según la OLAF tienen que ser devueltos por mala gestión y
fraude en el uso de estos fondos de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (Navarro
Heras): Le voy a informar de la actuación que ha llevado a cabo el
ministerio. Con fecha 8 de agosto de 2013 tuvo entrada en la Dirección
General de Fondos Comunitarios el informe final sobre la investigación
abierta por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, a los
proyectos Daredo y Deputrans. En este informe, la OLAF recomienda
proceder a la descertificación de la totalidad de las cantidades
declaradas por la Diputación Provincial de Ourense por estos proyectos.
El proyecto Deputrans fue aprobado con un coste total de 1.666.667 euros
y una ayuda Feder de 1.250.025 euros. En el caso del proyecto Daredo, fue
aprobado con un coste total de 11.889.600 euros y una ayuda Feder de
8.917.200 euros. En cumplimiento de estas recomendaciones de la OLAF, con
fecha 6 de septiembre de 2013 la Dirección General de Fondos Comunitarios
inició un expediente de reintegro para la recuperación de la ayuda Feder
recibida por la Diputación Provincial de Ourense, con las cuantías que
antes les he expuesto. Con fecha 3 de octubre y, posteriormente, 27 de
febrero, la Diputación Provincial de Ourense envió alegaciones al
respecto, alegaciones que están ahora mismo pendientes de resolución por
la Dirección General de Fondos Comunitarios. Con fecha 23 de abril de
2014, el abogado del Estado ha remitido este informe sobre uno de los
temas planteados en las alegaciones de la Diputación Provincial de
Ourense, en concreto si había que dejar en suspenso la vía administrativa
a expensas del resultado de la posible vía penal. En esa fecha el abogado
del Estado Ha remitido este informe, y en función del mismo, de las
alegaciones presentadas y del expediente del reintegro inicial, la
Dirección General de Fondos Comunitarios va a emitir en un breve plazo su
resolución sobre este asunto, que contendrá las posibles vías de recurso
que están previstas en la ley. Por otra parte, como ha comentado la
señora diputada, al considerar la OLAF que los hechos anteriormente
descritos podían ser constitutivos de ilícitos penales previstos en el
Código Penal español, remitió directamente el informe final a la Fiscalía
General del Estado para su consideración, que en uso de sus competencias
realizará las investigaciones pertinentes. No hay noticias por el momento
del curso de las investigaciones que ha llevado a cabo la fiscalía y
sobre la resolución que ha dado a este expediente. Pero sí quiero, para
terminar, recordar lo que dijo el ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas en el Pleno del Congreso, el pasado mes de noviembre, a una
pregunta formulada por la señora Seara. La conclusión que tenemos que
sacar es que España es un país cuyas instituciones funcionan. A partir de
ese funcionamiento, tenemos que reforzar y regenerar el tejido de estas
instituciones. En concreto, en el ámbito de las corporaciones locales,
hay una nueva ley, como sabemos todos. Esta ley arbitra procedimientos
que son el refuerzo del papel de las intervenciones de las corporaciones
locales, dándoles el título de habilitación nacional. Eso es lo que está
haciendo este Gobierno al impulsar esas reformas para evitar que se
produzca ningún tipo de caso en nuestro país, caso que pueda derivar
también de la gran dispersión de unidades administrativas de gestión que
tiene España.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria general.
Suspendemos un minuto la sesión para que se ausente la compareciente y
continuamos con el siguiente punto del orden del día. (Pausa.)
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:
- PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS MEDIDAS DE
REFORMA ADMINISTRATIVA. (Número de expediente 121/000079).
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, tenemos que ratificar la ponencia
del proyecto de ley que, como saben todos los portavoces, la ratificamos
en los mismos términos en los que se recibió el proyecto
puesto que no fue incorporada ninguna enmienda en ponencia. Si a todo el
mundo le parece bien, la damos por ratificada. (Asentimiento.)
APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:
- PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS MEDIDAS DE
REFORMA ADMINISTRATIVA. (Número de expediente 121/000079).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del proyecto de ley de
racionalización del sector público y otras medidas de reforma
administrativa.
Las votaciones se producirán no antes de las dos. No sé si tenemos ya el
sentido de los votos, pero si los van formulando permitirá que la
votación discurra con más agilidad. El turno de intervenciones, como
siempre hacemos, será de menor a mayor. Por lo tanto, en primer lugar,
para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Doy por defendidas las enmiendas del resto del
Grupo Mixto, que creo que son de Esquerra Republicana, y voy a defender
aquellas que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego a este proyecto
de ley. En la enmienda de devolución que presentamos manifestábamos que
encajaba muy mal su título, pues su objetivo está muy lejos de perseguir
la racionalización de la estructura de las administraciones públicas. Más
bien su contenido, aunque diverso, indica claramente que su verdadera
intencionalidad es reforzar aún más la capacidad del poder central,
recentralizar competencias y considerar como prescindible la actividad
que desarrollan las administraciones de las comunidades autónomas. Lo que
obvia tanto ese afán centralizador plasmado en el texto de este proyecto
de ley como el informe CORA, en el cual se inspira el Gobierno para hacer
estas modificaciones, es que la real racionalización del sector público
supondría revisar a fondo precisamente el papel de la Administración
General del Estado, que ha mantenido en muchos casos órganos y organismos
públicos sin funciones al haberse asumido competencias por las
comunidades autónomas. Además, señorías, tampoco se ha realizado una
revisión crítica de su estructura a la luz del proceso autonómico, al
tiempo que ha avanzado la descentralización administrativa al condicionar
sobre todo la estructura periférica del Estado, que aún mantiene un
presupuesto en 2014 de 275 millones de euros.
Asimismo, señorías, se refleja la obsesión por el control y supervisión
del Estado de la actividad de los gobiernos y administraciones
autonómicas y locales. Han mantenido intactas estructuras administrativas
centrales que más que ejercer o desarrollar servicios y actividades al
ciudadano están enfocadas al marcaje interadministrativo, lo que en
momentos de dificultades de financiación del sector público debería ser
más prescindible. Proponemos por lo tanto una serie de enmiendas en la
medida en que también se mantienen indemnes a la racionalización
instituciones cuya utilidad está cuestionada ampliamente, como es el caso
del Senado, señorías, que supone para las arcas públicas 51 millones de
euros, o las diputaciones provinciales, que gestionan una parte
significativa del gasto de las administraciones locales en funciones y
competencias que podrían ser asumidas sin problemas tanto por la
Administración local como por la autonómica, e incluso se podrían crear
entidades asociativas locales con menor burocracia y gasto público que
proporcionasen los servicios de apoyo que hoy de forma gravosa prestan
las corporaciones provinciales.
Por otro lado, señorías, también tenemos que destacar que desde el punto
de vista de la simplificación burocrática, este proyecto de ley refleja
ese espíritu de motivación grandilocuente cuya concreción a la hora de la
regulación se transforma en selectivas medidas recentralizadoras, como es
el caso de la implantación de una licencia deportiva única que, más allá
de ser discutible que su unificación a nivel estatal facilite la gestión
deportiva, no ha sido consensuada con las federaciones deportivas y ha
cosechado un amplio rechazo absoluto por parte de las federaciones
deportivas de todas las comunidades autónomas, independientemente del
peso ideológico que en cada una de ellas pudiera tener cualquier
posicionamiento político en el Estado español. Por eso presentamos
nuestra enmienda 23, a fin de que se mantenga el texto actual del
apartado 4 del artículo 33 de la Ley 10/1990, General del Deporte.
Presentamos también la enmienda 63, en la que planteamos que en el plazo
de tres meses se cree una comisión para desarrollar tanto el análisis
como un proyecto o una propuesta de modelo organizativo provincial en
aras de eliminar las diputaciones provinciales. En nuestra enmienda 64
proponemos que en el plazo de seis meses se elabore por parte del
Gobierno un proyecto de ley para su tramitación parlamentaria para la
reforma de la
Ley 6/1997, de 14 abril, de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado con el objetivo de adoptar la
estructura periférica de la Administración General del Estado.
Y quiero hacer mención también, señorías, a la enmienda 65, en la que
planteamos que se adopten las medidas necesarias para transferir a las
comunidades autónomas las competencias completas en materia de
demarcación y planta judicial, las competencias completas en
Administración de Justicia, porque, como ustedes saben, en estos momentos
se está suscitando un gravísimo problema, no sé si en todo el territorio
del Estado es el mismo, pero en Galicia la propuesta del Gobierno de
reducir las demarcaciones provinciales de la Administración de Justicia
está generando no solo una gran controversia sino un posicionamiento
contrario todos los estamentos que concurren en la Administración de
Justicia y también de las administraciones locales, del propio Gobierno
autonómico y de la sociedad en general. De ahí que entendamos que para
hacer una real y adecuada implantación en relación con la demarcación y
planta judicial lo más coherente sería que fuesen las propias comunidades
autónomas quienes la hicieran. En esta enmienda 65 planteamos,
aprovechando el debate que pretende el Gobierno que denomina de
racionalización de la Administración General del Estado, la transferencia
de estas competencias a las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene
la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Como saben sus señorías, nuestro grupo presentó
una enmienda de totalidad a este proyecto de ley porque entendíamos que
había una vulneración clara del sistema de distribución competencial, y
para nuestro grupo esta cuestión era una cuestión realmente importante.
El proyecto comprende toda una serie de medidas de reorganización,
modificaciones normativas que desbordan ampliamente el marco de
actuaciones de la Administración del Estado, afectando directamente a la
potestad de autoorganización de las administraciones territoriales. Esto
para nuestro grupo es algo que no se debería producir. El Gobierno es
verdad que dice que quiere limitar su actuación o la actuación de esta
ley a la de la Administración Central del Estado, pero después se mete en
ámbitos que no le corresponden en nuestro opinión y cuando planteamos las
enmiendas para clarificar esta cuestión de una forma nítida no lo hace,
con lo cual, debo interpretar que el ánimo del Gobierno en este proyecto
es no solo ser respetuoso sino adentrarse en los ámbitos competenciales
de otras administraciones públicas. Hemos intentado pactar, transaccionar
o hablar de nuestras enmiendas con el Gobierno, pero al margen de la
voluntad de la diputada del Grupo Popular presente que ha puesto todo su
empeño en la cuestión, la verdad es que el Gobierno no ha estado en este
sentido a la altura, nos ha tenido durante mucho tiempo pendientes de
unas propuestas y luego nos las ha planteado como las lentejas, si
quieres las comes y si no, las dejas, pero no como un elemento de
negociación, y creo que esto es importante decirlo. Además, según el
Grupo Vasco, no valdría exclusivamente con resolver una o dos cuestiones
puntuales, habría que resolver todas aquellas cuestiones competenciales
dudosas para que pudiéramos votar a favor de este proyecto. Por lo tanto,
como hay elementos clave que van a estar en duda y el Gobierno va a poder
entrometerse en ámbitos que no le corresponden, nuestro grupo va a votar
en contra del dictamen de este proyecto de ley.
Ahora bien, me gustaría hacer una referencia a las enmiendas que nuestro
grupo ha planteado, algunas han sido objeto de transacción, unas
transacciones menores que no satisfacen suficientemente pero que vamos a
aceptar, si le parece bien al Grupo Popular, la transaccional a las
enmiendas 13, 14, 16 y 17, pero voy a referirme amén de estas al final a
otra enmienda que nos parece realmente importante y a la que no ha habido
ninguna respuesta por parte del Gobierno ni del grupo parlamentario. Me
refiero a la enmienda número 20, relativa a la modificación recogida en
el artículo 25 de este proyecto de ley que modifica el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, al
establecer en el Boletín Oficial del Estado un tablón edictal único para
el conjunto de las administraciones públicas existentes en el Estado.
Creemos que este establecimiento colisiona con los principios de jerarquía
y descentralización de las administraciones públicas y con el principio
de territorialidad de las administraciones competentes en los
procedimientos administrativos que se tramiten en razón a sus
competencias. Para nosotros, insisto, esta es una cuestión fundamental y
creemos que no se debería quebrar la relación jerárquica y tampoco se
debería lesionar el principio de territorialidad de las actuaciones de
las administraciones públicas. Argumenté más detenidamente esta cuestión
en el debate de totalidad, por lo que creo que no procede seguir haciendo
más hincapié en esta cuestión que, insisto, es absolutamente fundamental.
Donde sí ha habido un acuerdo en la transaccional ha sido en lo referente
a las federaciones deportivas. Esta transaccional de alguna forma venía
obligada por un compromiso adquirido en la Comisión sobre la base de una
proposición no de ley del Grupo Vasco. En ese sentido, se ha trabajado
intensamente para llegar a un acuerdo respecto de esta cuestión. La
redacción original por la que se establece la denominada licencia
deportiva única suponía una invasión plena de las competencias para la
emisión de una licencia deportiva por parte de las comunidades autónomas
y la fulminación de las federaciones deportivas en el ámbito autonómico.
Como saben sus señorías, la Constitución no reserva ninguna competencia
al Estado en esta materia, sino que es competencia exclusiva de las
comunidades autónomas, por lo que consideramos que el Gobierno no debería
entrar a regularla, máxime cuando la redación inicial colisionaba
frontalmente con lo previsto en la Ley vasca del deporte, llegando a
generar un problema de inseguridad jurídica. Ante esta situación queremos
destacar, como decía anteriormente, que fue el Grupo Vasco el que
presentó una proposición no de ley para tratar de buscar un consenso que
finalmente se ha producido. El texto que se ha acordado finalmente,
después de muchas idas y venidas y creo que un costoso trabajo, mejora
sustancialmente el original. No es el ideal, pero ante la tesitura en la
que nos encontramos, con un Gobierno con una mayoría absoluta que legisla
a golpe de real decreto-ley y aplicando el rodillo, es un mal menor.
Queremos agradecer la predisposición del señor Cardenal, presidente del
Consejo Superior de Deportes y nos alegramos, al menos parcialmente, de
que se reconozca que la emisión de las licencias seguirá en manos de las
federaciones deportivas autonómicas, si bien se reconoce que debe existir
una coordinación en la medida en que hay competiciones de distinto ámbito
territorial, al igual que nos alegramos de que también se reconozca y se
respete la normativa autonómica en materia de lucha contra el dopaje.
Además, con el texto final se garantiza la representación de las
comunidades autónomas en un órgano independiente que dirimirá sobre la
determinación del reparto económico de la cuantía de la licencia en una
clara apuesta por el equilibrio y las decisiones democráticas, aspectos
no contemplados en la primera redacción. Por tanto, insisto, apoyaremos
esta enmienda transaccional aunque lo hagamos de manera crítica.
El resto de las enmiendas para nuestro grupo son importantes, cuestiones
competenciales todas ellas relativas a temas educativos, de empleo, de
discriminación, de mujer, de juventud... En nuestra opinión, son
cuestiones cuyas políticas corresponden básicamente a las comunidades
autónomas. Aceptamos en todo caso las transaccionales que nos proponen,
pero insisto en que no nos satisfacen suficientemente. De hecho, hay
otras enmiendas de nuestro grupo que ni siquiera han sido consideradas.
En definitiva, tal y como he avanzado antes, vamos a votar en contra del
dictamen de este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el señor Anchuelo, por el
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
El señor ANCHUELO CREGO: Me veo obligado a comenzar lamentando el
procedimiento que ha llevado a convocar hoy la Comisión. Como ustedes
saben, esta Comisión estaba convocada hace una semana. A nosotros se nos
avisó la noche antes de que se iba a cambiar para facilitar acuerdos
entre los grupos, y aunque no estábamos entre esos grupos con los que se
querían facilitar acuerdos, porque nadie se ha dirigido a nosotros para
lograr ningún acuerdo, dijimos que nos parecía bien el cambio siempre que
se buscase una fecha que viniese bien al resto de grupos. El señor
presidente, sin nuevas explicaciones ni convocar a la Mesa y portavoces,
decidió unilateralmente que la Comisión se celebrase hoy, a pesar de las
dificultades que le expresamos que eso suponía para el trabajo de nuestro
grupo. Lamentamos que se facilite el trabajo de unos grupos y se
dificulte sin ninguna consideración el trabajo de otros. Esto no es una
anécdota. Esto tiene también un sentido político que se relaciona con el
proyecto de ley que hoy discutimos. Unión Progreso y Democracia es un
partido que propone reformas profundas en las administraciones públicas.
Saben que proponemos la supresión de las diputaciones provinciales, la
fusión de ayuntamientos, la reducción de entes superfluos, y resulta muy
significativo y muy revelador que el partido mayoritario no tengan nada
que negociar con nosotros, no tenga que dirigirse a nosotros -incluso si
no podemos venir a las comisiones, mejor todavía- y que, sin embargo,
tenga tanto que pactar con los partidos nacionalistas, partidos que
defienden, legítimamente, que haya los mínimos cambios, el mantenimiento
del statu quo, porque cualquier reforma de la Administración tienden a
interpretarla como una invasión competencial.
Este hecho explica mucho mejor que nada de lo que pueda decir a
continuación el escaso alcance de esta mal llamada reforma del sector
público que hoy debatimos, que en realidad tiene un contenido mínimo
y, en gran medida, cosmético. Este proyecto de ley logra unos ahorros
mínimos -me remito a la propia memoria económica donde se detallan- en
proporción al gasto público que hay en nuestro país, aunque no sean
desdeñables en términos absolutos. Se centra en la Administración General
del Estado y apenas afecta al resto de administraciones, tan solo si
voluntariamente se quieren incorporar a unos mecanismos de cooperación. Y
no tiene un modelo final de administraciones públicas al que quiera
llegar, simplemente suma una serie de medidas inconexas, en su mayor
parte de muy escasa relevancia, como por ejemplo, y tal vez la más
llamativa, la reforma de la Obra Pía de los Santos Lugares, que se suma a
este conjunto de medidas que aquí nos trae el grupo mayoritario. En el
fondo, este enfoque mínimo es lógico, porque el señor presidente del
Gobierno ha señalado en más de una ocasión que él no considera que haya
un problema de gasto público en España, que solo hay un problema de falta
de ingresos, y eso quiere decir que él niega que en los años de la
burbuja inmobiliaria haya habido también una burbuja administrativa y
que, al calor de esos ingresos extraordinarios, las administraciones
hayan creado unas entidades superfluas cuya reducción todavía está
pendiente. Su enfoque es que hay que lograr los ingresos de antes de la
burbuja subiendo los impuestos a los ciudadanos. Es cierto que, aunque
este sea el enfoque real, a veces conviene disimular, sobre todo si
estamos cerca de unas elecciones. Y en ese ejercicio de disimulo creemos
que hay que encuadrar este proyecto de ley. Hay que aparentar que se
reforman las administraciones públicas, hay que aparentar que se van a
bajar los impuestos a los ciudadanos, aunque solo sea algo del IRPF que
se compense con otras subidas mayores en otros impuestos.
En nuestras veinticuatro enmiendas, que sé que serán rechazadas y sobre
las que no ha habido ninguna transacción, intentamos indicar cómo se
podría transformar este proyecto de ley en una verdadera reforma profunda
del conjunto de las administraciones públicas de nuestro país. En primer
lugar, cuestionamos el título, como hace el propio Consejo de Estado. En
su formulación actual, no es una reforma del sector público, es una
reforma de la Administración General del Estado. En segundo lugar,
señalamos que, en lo que sí se trata en este proyecto de ley, ni siquiera
se incorpora todo lo que proponía el informe CORA. Por ejemplo, en el
informe CORA se pide que la evaluación de las titulaciones y el
profesorado se concentren en un único organismo, la Aneca, y aquí lo que
se hace es avanzar tímidamente en esa dirección, pero manteniendo los
organismos autonómicos que colaboren con la Aneca, no que se integren en
la Aneca. En el informe CORA también se pide que toda la formación
interna de los empleados públicos se concentre en un único organismo, el
INAP. Aquí se avanza en esa dirección, pero tampoco se llega a concluir,
no se llega al fondo de esa concentración. Pero no solo tenemos críticas
a la cortedad de lo que se propone. Como en tantos otros proyectos de
ley, lo que más nos sorprende es todo lo que falta. En nuestra enmienda
32 nos ocupamos de los entes públicos no administrativos de las
diferentes administraciones territoriales, que suman más de tres mil;
cerca de cuatro mil. Creemos que habría que hacer un catálogo riguroso
-digo más de tres mil, menos de cuatro mil, porque ni siquiera está muy
claro cuántos son- y establecer objetivos de reducción de estos entes
públicos no administrativos y, muy particularmente, de las fundaciones
públicas.
En las enmiendas 34 a 43 señalamos, en concreto, algunos de estos
organismos superfluos que han ido creando las diferentes comunidades y
que, en realidad, están realizando funciones duplicadas con organismos
estatales que pueden realizar la misma función con la misma o mayor
calidad y menor coste. La lista es muy larga y me limitaré a citarla.
Institutos cartográficos: ¿necesitan las comunidades elaborar sus propios
mapas? Consejos económicos y sociales: hay un Consejo Económico y Social
nacional. Institutos estadísticos: ¿El Instituto Nacional de Estadística
no puede elaborar también estadísticas regionales? Mi favorito personal,
se lo confieso, las agencias meteorológicas: ¿Las nubes entienden también
de fronteras administrativas? ¿No se puede hacer un mapa del tiempo de
cada comunidad con una foto de satélite de la agencia estatal? Agencias
energéticas, defensores del pueblo, tribunales de cuentas, consejos
consultivos, agencias de protección de datos, aeropuertos
infrautilizados. Estas son las verdaderas duplicidades que en el proyecto
de ley ni siquiera se tratan.
Por otro lado, mi grupo cree que no solo hay que reordenar el sector
público, también hay que modernizarlo, también hay que aumentar su
eficiencia. Por eso, hay otro bloque de enmiendas, números 23, 24, 25,
26, 28 y 44, que hacen propuestas en esa línea de modernización de las
administraciones públicas, de un mayor uso de las nuevas tecnologías, por
ejemplo, promoviendo la oficina sin papeles, la oficina electrónica o
promoviendo las licitaciones electrónicas, así como una mayor
profesionalización de la figura del directivo público.
El cuarto y último bloque de enmiendas tiene que ver con otra cuestión
fundamental, que es el aumento de la transparencia y de la rendición de
cuentas. Es lo que proponemos en las enmiendas 29 y 30, mayor
transparencia, mayor rendición de cuentas incluyendo las remuneraciones
públicas. Nada de esto le ha interesado al Partido Popular; nada de esto
se incluye en su supuesta reforma del sector público; un proyecto de ley
con mucha música y muy poca letra. Por eso, así como presentamos una
enmienda de devolución, votaremos no al conjunto del texto.
El señor PRESIDENTE: Solo para dejar constancia de la referencia directa
que se hacía a este presidente, como todos ustedes conocen, el artículo
42 del Reglamento de la Cámara atribuye al presidente de la Comisión la
capacidad de convocatoria, a iniciativa propia o por instancia de los
grupos parlamentarios, de esta Comisión. En el ejercicio de esta
competencia -y como todos saben- fue convocada la semana pasada y
posteriormente desconvocada. En aplicación del sentido común, desde mi
punto de vista, de las pocas funciones de ordenación de los debates que
tiene un presidente de Comisión, me parece que casi la más importante es
favorecer con su actuación la búsqueda de acuerdos y el diálogo entre los
grupos parlamentarios. Es decir, que nuestra labor de debate y discusión
en esta Comisión permita, en la medida de lo posible, aproximar
posiciones y hacer fructífero nuestro trabajo. Dado que algunos grupos
parlamentarios, no todos -evidentemente, el suyo no-, se dirigieron a
esta Presidencia anunciándole que existía la posibilidad de aproximar
posiciones y encontrar acuerdos transaccionales, como parece que
efectivamente se está produciendo, esa fue la prioridad que esta
Presidencia ponderó a la hora de convocar hoy. Y les recuerdo, como por
otro lado es notorio, que abierto el periodo de sesiones, cualquier fecha
es hábil para el trabajo de esta Cámara. Yo comprendo que los grupos
parlamentarios tienen distinto número de miembros en función de la
decisión de los electores, pero eso otorga a cada uno unas
responsabilidades y unas competencias que no pueden ser obviadas.
Insisto, lamento siempre causar alguna dificultad al buen trabajo de
cualquier grupo parlamentario y de cualquier diputado de esta Comisión,
pero creo que, al menos en este caso, he actuado con plena consecuencia
de las funciones que se me atribuyen.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda
Plural, la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Desde La Izquierda Plural presentamos una
enmienda a la totalidad de una ley que pretende, según dice, racionalizar
para hacer eficiente y sostenible el sector público, pero que en realidad
lo único que va a conseguir, porque es lo que realmente creemos que
persigue, es recortar el sector público con criterios puramente
ideológicos y economicistas, olvidándose de la utilidad social y
centrándose en el principio desregulador, recentralizador y de
adelgazamiento del Estado que siguen y guían todas las reformas
legislativas que está llevando a cabo el Partido Popular. Bajo esas
premisas nos encontramos ante una ley que, lejos de aumentar los
rendimientos y servicios públicos necesarios reduciendo costes y
esfuerzos, o sea, lo que es racionalizar, eliminará organismos que para
el Gobierno del Partido Popular son incómodos, a la vez que impulsa o
favorece la reducción de empleo público. Estos son los motivos
fundamentales que ya dijimos en nuestra enmienda a la totalidad y por los
cuales la presentamos.
No obstante, hemos presentado una serie de enmiendas encaminadas a
subsanar lo que creemos que son estas graves deficiencias, enmiendas que
yo doy por defendidas, no sin antes mencionar algunas. Hemos presentado
una enmienda de adición al artículo 2, donde se integran en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial, el Cehipar y el ITM, ya que no se
garantiza presupuestariamente el mantenimiento del empleo público,
poniendo en peligro su continuidad y su calidad. Por eso, hemos propuesto
con nuestras enmiendas 46 y 47 que se habiliten las partidas
presupuestarias oportunas que garanticen en el proceso de integración de
estos organismos los puestos de trabajo. Proponemos un cambio en los
artículos con los que el Partido Popular demuestra claramente lo poco que
le importan las políticas de igualdad, modificando los fines del
Instituto de la Mujer y sus funciones. Estas modificaciones desvirtúan de
manera gravísima todo lo relativo a cuestiones específicas y propias del
instituto que se centran en la mujer, con el fin de conseguir la igualdad
entre ambos sexos. Por ello, hemos presentado una serie de enmiendas, que
son las números 48, 49, 50, 51 y 52, con las que pretendemos devolver al
Instituto de la Mujer las funciones que, según la ley que fundó el
instituto en el año 1983, tenía asignadas. Pretendemos garantizar también
que se mantengan los recursos necesarios a través de los Presupuestos
Generales del Estado para llevar a cabo políticas activas de igualdad
entre hombres y mujeres, así como proponemos la trasversalidad de la
perspectiva de género en todas las administraciones públicas, anclando el
Instituto de la Mujer al Ministerio de la Presidencia. Ya que el Partido
Socialista cuando gobernó creó el Ministerio de Igualdad y
automáticamente después fue lo primero que eliminó cuando se inició la
crisis, creemos que
es el Ministerio de la Presidencia el que debe asumir estas competencias
para darle garantía de continuidad y cumplimiento a las diferentes
directivas europeas que así lo aconsejan.
Por último, quiero referirme a la enmienda 55, con la que proponemos
suprimir el artículo 21, que elimina el Consejo de la Juventud de España.
Se trata de una plataforma formada por entidades y organizaciones
juveniles de ámbito estatal que se elimina a favor del Injuve. Es decir,
eliminan un organismo de participación que representa a la juventud
asociada de nuestro país por un organismo como el Injuve, gubernamental y
dirigido por el Gobierno. Con esto lo que están haciendo es eliminar
cauces de expresión democrática por parte de los jóvenes, algo que les
resulta muy incómodo en estos momentos en que la juventud necesita
expresión, hacer informes y ser escuchada por el Gobierno. Por tanto,
creemos que aquí no se trata de eliminar duplicidades sino que, una vez
más, la reforma tiene un marcado carácter ideológico y, como digo, no se
trata de eliminar duplicidades sino de eliminar libertades democráticas,
por lo que pedimos la supresión de este artículo. En consecuencia,
tenemos motivos suficientes como para votar en contra de esta ley.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: El Gobierno nos remite un proyecto de ley
titulado: de racionalización del sector público y otras medidas de
reforma administrativa, con unos objetivos manifestados en su exposición
de motivos, que son, a grandes líneas, la reordenación de organismos
públicos, la racionalización de estructuras públicas y la simplificación
de procedimientos. Una primera observación es que si tras dos años y
medio de legislatura se llega a la conclusión de que deben tomarse
medidas de racionalización en el ámbito de la Administración General del
Estado cuando el resto de administraciones públicas hace tiempo que están
haciendo esfuerzos en esta línea, llegan un poco tarde. Pero, además, si
las medidas de racionalización de la Administración General del Estado
que el Gobierno cree que deben adoptarse son las previstas en este
proyecto de ley, hay que decir que nos parecen escasas y poco conexas,
porque podemos convenir que es necesaria una reforma de la Administración
General del Estado en profundidad y de calado, pero este proyecto de ley
ni se acerca a la superficie.
La racionalización del sector público se enuncia por parte del Gobierno,
pero se obliga a practicarla al resto de las administraciones públicas,
comunidades autónomas y entes locales. Además, el nivel de intromisión
del proyecto de ley en las competencias autonómicas es tal que el
Gobierno en el mismo solo ha podido justificar títulos competenciales
para las medidas correspondientes a la sección 2.ª, del capítulo II, y de
los artículos 24, 25 y 26. Para el resto de medidas contempladas
-diecinueve artículos, once disposiciones adicionales y cinco
transitorias- el proyecto de ley no contempla el título competencial del
Estado que habilita los cambios que realiza el proyecto de ley. La
voluntad de mi grupo es acompañar al Gobierno en una verdadera
modernización y racionalización administrativa, pero cuando esta
racionalización además de ser muy superficial conculca competencias
asumidas por las comunidades autónomas, según el bloque competencial
previsto en la Constitución y según las disposiciones de los diferentes
estatutos de autonomía, no nos pueden pedir que cerremos los ojos y nos
quedemos de brazos cruzados.
Hay cuatro aspectos de este proyecto de ley que nos preocupan muy
especialmente. El portavoz de mi grupo en materia de administraciones
públicas ya se refirió a ellos en el debate de totalidad del proyecto de
ley. Al primero de ellos se refieren las enmiendas 66 y 70 formuladas por
mi grupo parlamentario. La nueva redacción de artículo 32 de la Ley
Orgánica de Universidades centraliza las funciones que vienen
desarrollando los organismos autonómicos sobre evaluación de las
enseñanzas en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación, Aneca. El proyecto de ley para realizar la modificación
confunde la competencia exclusiva del Estado de regulación de las
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos
y profesionales con las competencias sobre evaluación de las enseñanzas,
competencia compartida con las comunidades autónomas para realizar la
modificación que se hace sobre las competencias de la Aneca. Esa
modificación centraliza la calidad y las garantías en la Aneca, sin
recordar -como digo- que es una competencia compartida, asumida en el
caso concreto por Cataluña, de acuerdo con el artículo 172 del Estatuto
de Autonomía, y concretada con la creación de la Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
Al segundo aspecto que nos preocupa se refieren las enmiendas 69, 78 y 79
formuladas por mi grupo parlamentario. El proyecto de ley contempla la
publicación en el BOE de las notificaciones a los interesados en
procedimientos administrativos cuando sean desconocidos, se ignore el
lugar de notificación o no se
haya podido practicar la notificación, sin perjuicio -dice- de cualquier
otra publicación adicional o complementaria de que quisiera disponerse
por el órgano competente. Es decir, se convierte el BOE, como se dice, en
el tablón edictal único, ignorando no únicamente los boletines oficiales
de la provincia sino también los diarios oficiales de las comunidades
autónomas. Esta disposición choca frontalmente, en el caso del Estatuto
de Autonomía de Cataluña, con el artículo 68.5, que dispone que los
actos, las disposiciones generales y las normas que emanen del Govern o
de la Administración de la Generalitat han de ser publicadas en el Diario
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Por tanto, alguna solución
debemos encontrar a este choque competencial entre considerar el BOE como
tablón edictal único y la obligación de las administraciones autonómicas
de publicar sus actos en los respectivos boletines. La propuesta que hace
mi grupo parlamentario es que la notificación se realice en el
correspondiente boletín, según la Administración a la que le corresponda
proceder a la notificación del acto, y mediante una sindicación de estos
contenidos en el respectivo boletín -ya sea autonómico, ya sea
provincial- se publiquen en el BOE. Creemos que esta fórmula permite
garantizar la mayor seguridad al ciudadano, ahorrar medios y respetar las
competencias de todas las administraciones.
Tercer aspecto que nos preocupa muy especialmente, al que se refieren las
enmiendas números 68 y 76 formuladas por mi grupo parlamentario. El
proyecto de ley -ya se han referido a ello muchos grupos parlamentarios-
concreta la llamada licencia única deportiva. Otras comisiones han tenido
oportunidad de debatir sobre ello y el portavoz del Grupo Vasco nos ha
anunciado en su intervención que se ha alcanzado un acuerdo con el grupo
mayoritario. De nuevo nos encontramos ante un problema competencial pero
además con la adopción de una decisión por parte del Gobierno ante un
problema que no existía. El sistema de licencias deportivas funcionaba
correctamente, no existía ninguna reclamación al respecto ni por parte de
los deportistas ni por parte de las federaciones. Hasta ahora las
federaciones autonómicas expiden las licencias para participar en
competiciones de ámbito autonómico y prestan los servicios a los
deportistas. Para competir en el ámbito del Estado las federaciones
autonómicas piden la homologación a la federación estatal con el pago de
una tasa. En otros casos, las federaciones estatales han asumido la
expedición de la licencia de acuerdo con las federaciones autonómicas
respectivas, que permite participar en competiciones autonómicas,
estatales e internacionales. Por tanto, ningún problema se había puesto
de manifiesto, nadie había reclamado ningún cambio del modelo. Pero debe
leerse atentamente la exposición de motivos del proyecto de ley para
entender las razones de la regulación que contiene el proyecto de ley.
Leo textualmente la primera: Esta medida contribuye decisivamente a la
extensión del principio de unidad de mercado al ámbito del deporte no
profesional. La segunda: Con la introducción -y esta no es literal- del
modelo de licencia deportiva única las federaciones estatales podrían
dejar de percibir ingresos por la expedición u homologación de las
licencias de ámbito estatal. Por ello se establece que serán compensadas
por las federaciones autonómicas. Es decir, nos encontramos solucionando
un problema que no existía, que nadie reclamaba, nos encontramos con que
se vulneran las competencias autonómicas, que desaparece como tal la
licencia deportiva autonómica, ya que ahora el texto mediante el que se
aprobará la licencia deportiva no podrá tener únicamente carácter
autonómico, que no se beneficia al deportista en ningún aspecto y todo
ello en aras, por un lado, de la extensión del principio de unidad de
mercado, que defiende el Gobierno en su constante actividad
recentralizadora y, por otro lado, de la financiación de las federaciones
estatales.
Voy a poner números a la cuestión para que lo entiendan. En Cataluña solo
un 20% de las licencias emitidas por las 67 federaciones deportivas
existentes se habilitan para competiciones fuera del territorio de la
comunidad. Por tanto, el 80% de las licencias deportivas, la gran mayoría
del deporte base, únicamente compiten en el ámbito autonómico. Ahora, con
la redacción que hoy se aprobará, todas deberán tener carácter estatal
-aunque no compitan nunca fuera del territorio de la comunidad autónoma-,
habrá más burocracia y además habrá que pagar una compensación a las
federaciones estatales. Con las cuotas que paga el deporte base de las
federaciones autonómicas se pretende financiar a las federaciones
estatales, un despropósito innecesario desde nuestro punto de vista.
Créanme que mi grupo parlamentario ha propuesto fórmulas para no caer en
este despropósito, para establecer un régimen que fuera aplicable
únicamente a las licencias federativas para competir en el ámbito del
Estado, pero no ha sido posible alcanzar un acuerdo. Por ello no podemos
dar nuestro apoyo a una medida que no era necesaria, el mundo federativo
funcionaba correctamente basándose en acuerdos entre instituciones
autonómicas y estatales. Tenemos un sistema que garantiza la atención del
deportista y que se cambia por un sistema obligatorio, que nadie ha
pedido -como he dicho- y que afectará a todas las licencias deportivas
-autonómicas y estatales-, todo ello para satisfacer unos intereses muy
concretos.
El cuarto aspecto que a mi grupo parlamentario le preocupa se recoge en
bastantes de las enmiendas formuladas, números 67, 71, 72, 73, 74, 75,
80, 81, 82, 84, 85, 86 y 88. Como verán, el número de enmiendas justifica
la preocupación. Tiene que ver con la nueva regulación sobre disolución
de los consorcios, que afecta directamente a la capacidad de
autoorganización de las administraciones. Nos dicen que la medida va
destinada a extinguir aquellos consorcios que ya no tienen actividad
alguna, pero la regulación que nos propone el Gobierno contiene más
riesgos conexos que soluciones. Se avala el derecho de separación, a
pesar de que el consorcio tenga pactada una duración determinada sin
comunicar intención o la oportunidad de rectificar un presunto
incumplimiento; no se prevé la posibilidad de que el resto de
administraciones que quieran mantener el consorcio puedan hacerlo, o se
habilita el incumplimiento de obligaciones asumidas estatutariamente. Es
decir, la regulación propuesta excederá en mucho la satisfacción de ese
manifiesto interés de extinguir consorcios sin actividad y se pone la
primera piedra para situaciones que, sin lugar a dudas, mi grupo no
desea, pero estamos convencidos de que tampoco el grupo mayoritario las
quiere. Los consorcios son un buen ejemplo de trabajo conjunto de las
administraciones para desarrollar actividades y servicios de forma más
eficiente y racional, y en la mayoría de casos contribuyendo a la
contención del gasto público en ámbitos de interés general, como puede
ser el sanitario, el cultural y el de la investigación y desarrollo,
entre otros muchos.
Hemos alcanzado un acuerdo sobre algunas de las enmiendas formuladas por
el grupo mayoritario en temas colaterales de la regulación del derecho de
separación pero que no alcanzan al núcleo de la regulación, y agradezco
en este punto a la ponente del grupo mayoritario el esfuerzo que ha
realizado para alcanzar acuerdos. Un supuesto muy concreto al que quiero
referirme y que hemos puesto de manifiesto con la presentación de la
enmienda número 87 es el de la disposición final segunda de la Ley
27/2013, que incorpora una disposición adicional, la vigésima, a la Ley
30/1992, que regula muy exhaustivamente el régimen jurídico de los
consorcios. Esta disposición en el ámbito de los consorcios sanitarios
comporta una modificación radical de la organización de los mismos,
afectando, en el caso concreto de Cataluña -que conozco-, a doce
consorcios y a más de 14.000 trabajadores, en un sector en cuyo régimen
de funcionamiento difícilmente tienen cabida las peculiaridades del
personal. La enmienda propuesta incorpora una nueva disposición final a
la Ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del
Sistema Nacional de Salud, que reconoce la figura de los consorcios
sanitarios. Dicha disposición final intenta preservar las características
diferenciales de los consorcios sanitarios como formas de gestión del
sistema de sanidad. En ningún caso la enmienda propuesta supone un mayor
coste para el sistema ni supone renunciar a un mayor control del déficit
público, sino todo lo contrario: simplemente permite adecuar la norma a
la realidad de una de las fórmulas de gestión del Sistema Nacional de
Salud y evita generar un elevado grado de conflictividad que puede
afectar al funcionamiento de los servicios sanitarios, preservando en
todo caso los mecanismos necesarios para ajustar el gasto público y el
control del déficit público.
En resumen, señorías, mi grupo parlamentario es muy crítico con este
proyecto, un proyecto de ley que no avanza en la línea de su título, la
racionalización del sector público, y que conculca las competencias
autonómicas de su autoorganización en materia de calidad universitaria y
también de deportes, entre otras. Capacidad de la Administración General
del Estado para racionalizar existe, y mucha. Hace años que les pedimos,
por ejemplo, la supresión de ministerios que duplican el trabajo de las
comunidades autónomas en el ejercicio de las competencias asumidas por
estas, que simplifiquen los trámites administrativos que afectan a los
ciudadanos y a las empresas, entre otras, y no se ha hecho. El título del
proyecto de ley no concuerda con el contenido del mismo: no se hace un
verdadero esfuerzo de racionalización en la Administración General del
Estado; se continúa cargando al resto de las administraciones públicas la
ejecución de las medidas de austeridad y además, en esa línea de
recentralización que mantiene el Gobierno, se conculcan las competencias
autonómicas. Por ello, mi grupo no podrá dar su apoyo al dictamen que se
vote hoy en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra la señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Señorías, mi grupo parlamentario, el Grupo
Parlamentario Socialista, ha venido siendo muy crítico con este proyecto
de ley. Ya lo fue presentando una enmienda a la totalidad y, si cabe,
nuestra posición respecto a esa enmienda a la totalidad ha empeorado
porque éramos críticos con el contenido y ahora tenemos que ser críticos
con el contenido del proyecto de ley, con las enmiendas
del Grupo Popular -que han añadido sin que la mayoría de ellas tenga
ninguna conexión con el contenido previo del proyecto de ley- y con las
formas procedimentales a la hora de tramitar este proyecto de ley.
La gran reforma de las administraciones públicas anunciada por el Gobierno
popular -lo han dicho otros intervinientes antes que yo- ha quedado en la
modificación de puros flecos. No hay reforma, no hay racionalización, no
hay nuevo modelo ni modelo alternativo a las administraciones públicas
existentes, no hay ni un solo cambio en profundidad, no hay ni se aporta
ningún planteamiento innovador, no hay nuevos objetivos, no hay
modernidad o mejora de eficiencia, a no ser que apliquemos los conceptos
de modernidad y eficiencia simplemente a conceptos homologables a temas
económicos, es decir, economicismo puro y duro. Por tanto, ya que no
podemos cambiar el contenido de este proyecto de ley, no podemos admitir
tampoco el título del propio proyecto de ley, por eso una de nuestras
enmiendas, la 123 -y pedimos un poco de honestidad al Grupo Parlamentario
Popular-, propone la modificación del título de este proyecto de ley y
que se llame ley de supresión y reorganización de determinados organismos
públicos y otras medidas de orden administrativo, porque desde luego no
es una ley de racionalización.
El Gobierno ha presentado este proyecto de ley, como otras iniciativas
legislativas o parlamentarias, como decía, bajo el manto economicista, es
decir, para ahorrar dinero, pero en lo que llevan gobernando no han
conseguido reducir el déficit como se habían propuesto -por tanto, estas
medidas no han cumplido ese objetivo-, han recurrido al endeudamiento
público -en 2011 estábamos en el 70% y ahora, en 2014, en el 96%- y han
reducido gasto donde era posible por fácil e impulsados por razones
ideológicas, pero no donde era necesario, y durante dos años y medio y
ocho en la oposición reclamando al anterior Gobierno que hiciera algo, me
parece que han tenido tiempo suficiente como para detectar y estudiar de
manera más rigurosa dónde es realmente necesario reducir el gasto, no
aplicarlo de manera lineal, como están haciendo, y atacando solo
cuestiones fáciles. ¿Dónde está el trabajo de fondo, me pregunto yo, del
Gobierno, por supuesto, y del Grupo Parlamentario Popular?
En segundo lugar, el proyecto incluye un ataque directo a la participación
de los ciudadanos, a órganos que el propio Gobierno no controla. Eso se
ve muy claro en dos casos, y podemos ejemplificarlo, con la eliminación
del Consejo de la Juventud y del Instituto de la Mujer. Creo que con esto
también se demuestra la ideología de la que hablaba al principio. Una
síntesis de este proyecto de ley podría ser que acaba con el Consejo de
la Juventud y refuerza la obra pía de los santos lugares. Es decir, que
tendremos una mejor interlocución con el patriarca de Jerusalén, pero con
los jóvenes de este país no interesa les en absoluto la interlocución ni
al Gobierno ni al Grupo Parlamentario Popular.
En tercer lugar, el proyecto incluye -eso también lo han dicho anteriores
intervinientes- elementos de recentralización. Yo, más que elementos de
recentralización, lo que creo que denota este proyecto de ley, como
tantas otras iniciativas del Gobierno, es que hay una falta auténtica de
interiorización del Estado autonómico. Es decir, no se ha acabado de
entender por parte del Gobierno qué representa el Estado autonómico, qué
significa y cómo hay que articular y trabajar para mejorarlo. Si ustedes
realmente creen que hay un fallo, que hay una ineficiencia, que falta
cooperación entre las distintas administraciones, yo les propongo que
arreglen el fallo, busquen cómo mejorar esa ineficiencia o establezcan
mecanismos de cooperación, pero la solución no puede ser que papá Estado
venga y lo haga, porque lisa y llanamente eso es inconstitucional.
Nuestra Constitución no permite eso, tenemos otros instrumentos para
articular soluciones -si es que hubiese algún problema- y ofrecérselas a
los ciudadanos. Dos ejemplos -y no me voy a entretener mucho en ellos
porque el señor Picó, de Convergència i Unió, ha expuesto largamente los
dos temas-, el Boletín Oficial del Estado, con la regulación que ustedes
proponen, y la licencia única deportiva. En el caso de la licencia única
deportiva, además, es que ni siquiera había ese fallo, esa ineficiencia o
esa falta de cooperación, es decir, no había un problema que hubiese
detectado ninguno de los participantes ni de los actores que son sujetos
pasivos o activos de esas licencias deportivas. Por tanto, me gustaría
saber exactamente a qué responde esa propuesta y cómo es que no han sido
capaces de proponer algo de acuerdo con las comunidades autónomas, porque
es una competencia que les afecta muy directamente, y de acuerdo también,
por supuesto, con el resto de grupos parlamentarios de esta Cámara.
En cuarto lugar, este proyecto de ley incluye la modificación -y esto sí
que me parece algo de trascendencia sustantiva- de la regulación de los
consorcios, de la extinción de los consorcios y de alguna otra regulación
adicional en materia de consorcios. Esa redacción -lo dije en mi
intervención en el Pleno cuando presenté la enmienda a la totalidad del
Grupo Parlamentario Socialista- vulnera, desde nuestro punto de vista,
los principios generales del derecho. Leo literalmente la disposición
adicional sexta del proyecto de ley, porque no pude hacerlo en la tribuna
por falta de tiempo y ahora sí creo que es
pertinente para que sepamos exactamente de lo que estamos hablando. Se
propone en la disposición adicional del proyecto de ley: "Cuando la
Administración General del Estado o cualquiera de sus entidades u
organismos vinculados o dependientes sean miembros de un consorcio, no
estarán obligados a efectuar la aportación al fondo patrimonial o la
financiación a la que se hayan comprometido para el ejercicio corriente
si alguno de los demás miembros del consorcio no hubiera realizado la
totalidad de sus aportaciones dinerarias correspondientes a ejercicios
anteriores a las que estén obligados". Es decir, se plantea la
exoneración de responsabilidad por parte del Estado si algún otro miembro
del consorcio, por las razones que sean, no cumple con sus obligaciones.
Esto vulnera los principios generales del derecho; el incumplimiento de
un tercero no te puede exonerar de responsabilidad. Lo decía en mi
intervención en el Pleno, es como si decidimos dejar de pagar la
comunidad de vecinos porque hay otro vecino que no paga, o decidimos no
pagar impuestos porque hay alguien que no paga impuestos. No, usted tiene
una obligación con ese consorcio y seguramente con un servicio que está
detrás de ese consorcio, porque el consorcio no es algo abstracto; están
los consorcios sanitarios, están los consorcios culturales. Estamos
hablando de instituciones fundamentales de nuestro país en las que el
Estado, mediante esta regulación, queda exento del cumplimiento de sus
responsabilidades. Me parece absolutamente inadmisible y apelo al Grupo
Parlamentario Popular a que se plantee esta regulación, que la dejemos
para más adelante. Si hay que replantearse una nueva regulación para los
consorcios, hagámoslo en un proyecto de ley de manera meditada, con
diálogo con las comunidades autónomas y con las entidades locales, porque
los consorcios normalmente son participados por distintas
administraciones públicas. Creo que no es de recibo -y lo digo con dolor
en el alma- que en un proyecto de ley donde estamos viendo que hay un
batiburrillo de medidas inconexas se incorpore algo de la trascendencia
de la que estamos hablando en estos momentos. En este sentido, mi grupo
parlamentario ha presentado varias enmiendas.
El quinto elemento de crítica que anunciaba también al inicio de mi
intervención es la nefasta técnica jurídico-legislativa que se está
utilizando y que ha utilizado el Gobierno en la tramitación de este
proyecto de ley. Aquí me voy a centrar en tres elementos básicamente. El
primero es que las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular son de
contenido material ajeno absolutamente al proyecto de ley. Por eso
imagino que han ido ampliando el plazo de enmiendas, para darse tiempo a
ustedes mismos a preparar estas enmiendas que no tienen nada que ver con
el proyecto de ley. Esa es una actitud ya no solo de maltrato o de
menosprecio a los grupos parlamentarios que nos están usurpando la
posibilidad de, a su vez, enmendar estas enmiendas, sino que me parece un
maltrato a la institución y al parlamentarismo en toda su dimensión. No
podemos plantearnos debates serios sobre cuestiones trascendentales que
ustedes introducen mediante enmienda a un proyecto de ley. Es un maltrato
al procedimiento y también a la técnica legislativa, esa técnica
legislativa de la que ustedes presumían constantemente y de la que se han
olvidado totalmente cuando les ha tocado gobernar. Además, tienen mayoría
absoluta, pueden traer a la Cámara tantos proyectos de ley como quieran
para modificar aquello que quieran estando seguros de la aprobación de
estos proyectos de ley porque tienen los votos para hacerlo. ¿Por qué no
lo pueden hacer de manera más ordenada? ¿Por qué no nos pueden permitir a
los grupos parlamentarios que tengamos la posibilidad de debatir en
profundidad sobre todas las cuestiones? ¿Por qué esta mezcla, por qué
este afán de introducir aquí temas diversos que no vienen al caso? El
menosprecio al parlamentarismo, a la deliberación, a ese debate
deliberativo que es la esencia de la democracia, no me parece tampoco
admisible. Y no me digan que muchas de las enmiendas que presentan
responden al cumplimiento de sentencias, porque son sentencias de febrero
de 2013, por tanto, ha habido mucho tiempo para hacerlo, ni que responde
a la trasposición de directivas, porque también estamos hablando de
directivas de 2012. Por tanto, tiempo ha habido. No es una urgencia ni
hay que cumplir con sentencias o directivas recién aprobadas y que la
Unión Europea nos reclama. Sobre el contenido de algunas de estas
enmiendas entraré inmediatamente.
En segundo lugar, otro elemento de la nefasta técnica jurídico-legislativa
que señalaba es que es un proyecto de ley excesivamente reglamentista en
muchos aspectos y, por tanto, se están congelando de rango aspectos que
no necesitarían que fueran regulados por una ley. ¿Será, a lo mejor, para
darle contenido a una ley que si no no lo tendría? ¿Será porque la
pobreza del texto sin estos elementos reglamentistas pasaba a miserable,
de pobreza a miseria? No lo sé.
En tercer lugar, hay otro elemento que planteamos en ponencia y que es una
cuestión muy técnica, pero nosotros continuamos pensando que el Gobierno
debería replanteárselo -el grupo parlamentario en este caso, porque el
Gobierno ya no lo puede hacer, el proyecto de ley ya está en esta
Cámara-, y es
que el artículo 22.2 del proyecto de ley, desde nuestro punto de vista,
debería tener carácter orgánico, de acuerdo con el artículo 136.4 de la
Constitución. Dicho artículo dice: "Una ley orgánica regulará la
composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas". Mediante
el artículo 22.2 se introduce una nueva función del Tribunal de Cuentas
que es emitir informes previos a proyectos de ley o disposiciones
reglamentarias que tramite el Gobierno. La medida nos parece razonable,
sería interesante que el Tribunal de Cuentas pudiera pronunciarse sobre
normas que le afectan de manera previa y que, por tanto, emitiera estos
informes, pero claramente es una nueva función que no tiene en estos
momentos el tribunal de Cuentas. Insisto, en la Comisión Constitucional
en estos momentos hay otro proyecto de ley en el que se modifica, a su
vez, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas porque también introduce
nuevas funciones. Remitamos este artículo a ese proyecto de ley,
hagámoslo bien y démosle el carácter orgánico que requiere por mandato
constitucional, artículo 136.4, porque no creo que sea la ley de
funcionamiento, como propone el proyecto de ley, la que tenga que
modificarse.
Sobre las nuevas enmiendas del Grupo Popular, que requerirían varios
debates específicos, el propio presidente tuvo a bien proponernos en Mesa
y portavoces fragmentar el tiempo para que intervinieran distintos
portavoces, reconociendo, por tanto, que era tal la diversidad de
materias a las que iban referidas que sería pertinente que cada portavoz
especialista pudiera hacer referencia a ellas, por eso yo voy a centrarme
básicamente en tres enmiendas concretas de las que proponen. En primer
lugar, la enmienda 12, del Partido Popular, apela a la recuperación de un
día para asuntos particulares de los empleados públicos. Con esta
enmienda parece que lo que ustedes hacen es caridad, parece que hagan
caridad o dar migajas a los empleados públicos, previo recorte de
derechos de estos empleados públicos, por supuesto. Lo que nosotros les
pedimos mediante una transaccional, que hemos mandado con tiempo a todos
los grupos parlamentarios para que la pudiesen ver, es que recuperemos
todos los derechos que fueron usurpados a los empleados públicos, todos
los derechos. Aprobaron el Decreto-ley 20/2012 en el que no solo tocaban
los días de asuntos propios sino que tocaban muchos otros aspectos, y
nosotros en esta transaccional proponemos precisamente que se recuperen
todos esos derechos. Primero, porque ustedes mismos dicen que estamos en
plena recuperación; por tanto, si esas medidas respondían a una situación
coyuntural y ahora ya no tenemos esa situación coyuntural, recuperemos
todos los derechos para los empleados públicos. En segundo lugar, porque
se ha demostrado efectivamente que la inmensa mayoría de esos recortes de
derechos no han ahorrado nada; por tanto, la medida no respondía a
cuestiones económicas, en el fondo, sino que respondía a pura ideología
y, sobre todo y lamentablemente, a puro prejuicio con respecto a los
empleados públicos. En la justificación de su enmienda 12 tienen la
indecencia de decir que proponen esta medida por el incremento de la
eficiencia de los empleados públicos. ¿Es que antes no eran eficientes
los empleados públicos? ¿Ustedes les dan un día más de asuntos propios
porque ha mejorado la eficiencia de estos empleados públicos? Son cosas
que chocan mucho. El Grupo Parlamentario Socialista ha pensado siempre, y
sigue pensándolo, que eran eficientes y siguen siendo eficientes. Por
tanto, recuperemos todos los derechos que les han sido usurpados.
Con un segundo bloque de enmiendas que ustedes proponen, que incluye dos
básicamente, la 93 y la 94, lo que plantean es la modificación del
Estatuto básico del empleado público en materia de movilidad e interinaje
de los empleados públicos, nada más y nada menos. Nosotros, puesto que
están tocando elementos trascendentales del EBEP, del Estatuto básico del
empleado público, una norma que gozó del máximo consenso con sindicatos,
con todos los sectores afectados y con la inmensa mayoría del los grupos
parlamentarios de esta Cámara, les pedimos por favor que si pretenden
modificar el Estatuto básico del empleado público lo hagan mediante un
debate específico, pero no mediante una enmienda, como decía, en un
proyecto de ley que ya está en tramitación.
Con esta enmienda va conectada otra que es de modificación de la Ley de la
Carrera Militar. Yo no sé si saben que en esta Cámara hay una subcomisión
que está analizando la modificación de la Ley de la Carrera Militar. Me
parece que tampoco es muy respetuoso haber creado una subcomisión para
modificar una ley y que luego ustedes, mediante enmienda a un proyecto de
ley suyo, modifiquen la Ley de la Carrera Militar. Es que no entiendo muy
bien esta técnica legislativa tan selecta que ustedes utilizan, porque
desde luego para los grupos parlamentarios esto, como decía, no es de
recibo, no es admisible.
Finalmente, hay una enmienda, la 104, de modificación de la Ley del Sector
Ferroviario. Este artículo se modifica por cuarta vez en pocos meses en
esta Cámara. El Decreto-ley 1/2014 tenía la misma redacción que propone
la enmienda del Grupo Popular. En ese mismo momento, en el momento en el
que se tramitaba el Decreto-ley 1/2014, se modificaban esos mismos
artículos en otro proyecto de ley que estaba en el Senado, y una semana
después se aprobó definitivamente en el Congreso con otra redacción
distinta y contradictoria. El señor Simancas lo puso de manifiesto en la
tribuna, señaló esa contradicción en la redacción del decreto-ley
respecto al proyecto de ley que se estaba tramitando, y absolutamente
nadie le hizo caso; y no solo no se le hizo caso, sino que el portavoz
popular intentó ridiculizar al señor Simancas cuando lo denunció en
tribuna porque estaba poniendo de manifiesto la aprobación de dos normas
simultáneamente que entraban en contradicción entre ellas. Desde luego,
coordinación, seguimiento del procedimiento legislativo, rigor, técnica
legislativa y claridad de ideas, pocas, ni en el Gobierno ni en el grupo
parlamentario. Ahora vuelven a corregir esa redacción mala que acabaron
aprobando en el proyecto de ley y lo hacen en un proyecto de ley que,
como digo, nada tiene que ver evidentemente con el sector ferroviario.
Como decía -y con esto acabo, señor presidente-, nuestra posición sobre
las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular es prácticamente de no
entrar en el fondo, porque nos parece que desde el punto de vista
procedimental y de formas no es admisible, nos parece un fraude
procedimental y, por tanto, vamos a utilizar nuestro voto para
abstenernos y para manifestar -y acabo con esto mi intervención- una
posición frontalmente en contra de este proyecto de ley por parte del
Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Romero.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Señoras y señores diputados, el proyecto de
ley que debatimos parte del objetivo del Gobierno de reformar la
Administración para prestar mejores servicios a los ciudadanos. La
reforma de la Administración es un proceso dinámico y continuado en el
que está implicado todo el Gobierno, no se trata de una reforma estática
ni que se pueda abarcar en un solo cuerpo legal como el que estamos
analizando. En este proyecto de ley se contemplan algunas de las reformas
organizativas y de procedimiento de gestión que se contienen en el
informe de la Comisión para la reforma de las administraciones públicas,
que se elevó al Consejo de Ministros en junio de 2013. Se han adoptado ya
otras medidas, entre ellas se encuentra el Real Decreto-ley de 26 de
septiembre de 2013, que llevó a cabo medidas de racionalización del
sector público reordenando entidades públicas. Se trata de corregir
ineficiencias, evitar duplicidades y solapamiento de actuaciones, sin
incrementar las cargas burocráticas a los ciudadanos, de suprimir los
organismos ineficientes e innecesarios.
Como ya he manifestado, no se puede hacer una reforma de la Administración
pública en una sola ley, como se ha dicho desde algunos grupos. Esta ley
no es una ley única, sino que es un proceso continuado, y el Grupo
Socialista debería de saberlo muy bien, porque allí donde gobiernan -y
pretenden dar clases de técnica legislativa-, en mi tierra, en Andalucía,
se reordenó al sector público por decreto, conocido en Andalucía como el
decretazo (Rumores), conocido por los funcionarios a los que recortaron
sus derechos como el decretazo del enchufismo, y lo hicieron tan bien que
al año siguiente tuvieron que hacer otra ley para hacerlo también muy
bien, con lo cual, con un solo texto no se puede hacer. (Aplausos.)
Tampoco estuvieron muy pendientes de los temas sociales, porque de
diecinueve artículos dedicaron a todos los organismos, instituciones,
fundaciones y entidades que se dedican a asuntos sociales, a la igualdad,
a la mujer, a la sanidad en Andalucía solo dos artículos. Por cierto, se
ha hablado aquí mucho del Instituto de la Mujer, que si tiene que tener
carácter transversal. Infórmese en la legislación comparada: ¿depende de
Presidencia o depende de la Consejería de Igualdad en Andalucía?, ¿quién
lo nombra, Presidencia o Igualdad? Apliquen lo que exigen al Gobierno -y
también me dirijo a la Izquierda Plural, que gobierna en Andalucía- a lo
que hacen cuando gobiernan.
Esto es un proceso continuo, baste recordar que el Gobierno, desde su toma
de posesión, procedió a reducir tanto el número de ministerios como el de
direcciones generales; asimismo, se suprimieron ochenta sociedades
mercantiles, desaparecieron hasta ciento cincuenta y cuatro consejeros
que nos costaban a los españoles más de un millón de euros, y se ha
apostado por la reforma de las administraciones locales. Este Gobierno ha
reformado la Administración local. El Gobierno anterior prometió muchas
actuaciones, entre ellas la reforma de la Administración local y la de la
financiación local, pero ha sido el Gobierno del Partido Popular el que
lo ha llevado a cabo.
El Gobierno de España ha tomado desde luego muchas medidas para mejorar la
Administración: se ha luchado para erradicar la morosidad del sector
público, para mejorar el control de su deuda comercial, por la factura
electrónica. ¿O es que no mejora la Administración el que las pymes y los
autónomos puedan recibir el dinero de los servicios que han prestado y
que no tengan que despedir a sus trabajadores,
como ocurría anteriormente, y mandar a la gente al paro porque no
cobraban, cuando ahora las administraciones tienen que pagar en tiempo y
forma, como debería haber ocurrido antes?
Señorías, antes de la reforma un expediente de evaluación ambiental
requería tres años y medio, ahora son cuatro meses. Muchos nos piden más
inversión. ¿Es que una inversión o una infraestructura no requieren de un
expediente de evaluación ambiental? Lo que ocurre es que es muy fácil
pintar inversiones en el presupuesto, no ejecutarlas y luego echar la
culpa a los trámites burocráticos. Esta es otra de las medidas tomadas
por el Gobierno, al igual que la Ley de garantías de unidad de mercado.
Se han adoptado medidas que contemplan la reordenación de determinados
entes y organismos públicos, englobando funciones de otros organismos,
como es el caso de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación o de
organismos autónomos, de programas educativos, así como del ICE. Se
pretende con esta ley fomentar la colaboración para mejorar el servicio y
la coordinación internacional de las artes escénicas y de la música,
centrar los recursos y la gestión de programas dispersos en distintas
entidades públicas que provocaban intercomunicación y desconocimiento,
como es el caso de la Agencia de Consumo y Seguridad Alimentaria,
reforzar el Instituto Nacional de la Mujer para centralizar y evitar la
dispersión de actuaciones y facilitar, a través de la creación de una
comisión interministerial, que la igualdad forme parte de todos los
ministerios. Eso sí que es integración y eso sí que es igualdad y
horizontalidad hacia la mujer. Asímismo, se simplifican los trámites de
los ciudadanos, por ejemplo, con el tablón edictal único, para que los
ciudadanos puedan consultar telemáticamente, vía DNI, todas sus
relaciones con la Administración. Igualmente se atiende a la
simplificación de la regulación de la licencia deportiva única, que
permite al titular participar en todas las competiciones deportivas con
independencia de su ámbito territorial. En este sentido, quiero agradecer
el trabajo realizado desde el Grupo del PNV, así como de CiU, para lograr
un consenso; también el apoyo que hemos tenido por parte del PNV a la
transaccional que hemos presentado, y agradecemos la labor que se ha
realizado desde la Secretaría de Estado de Deporte para que este texto
salga adelante con el consenso de las federaciones y de los grupos
parlamentarios que se han unido, porque esta enmienda se ha trasladado a
todos y cada uno de los grupos, por lo menos por mi parte.
Asímismo, se han simplificado estructuras y procedimientos, como la
centralización de cuentas que los distintos organismos públicos tienen
abiertas con el Banco de España. Se opera una modificación en la
regulación del régimen de consorcio porque había lagunas jurídicas en
torno a la forma de liquidación. Aquí quiero dejar claro que inseguridad
jurídica es disolver el consorcio, despedir a los trabajadores, no
liquidarlos y ante el Tribunal Supremo tener que reconocer que esos 800
trabajadores tengan que volver a entrar. Eso ha pasado con las unidades
territoriales de empleo de mi tierra y con las agencias locales de
promoción y empleo. Aquí se habla de seguridad jurídica, pero no se
cumple en los consorcios y se deja al personal en la calle y en el aire.
(Un señor diputado: ¡Madre mía!-Rumores.-Aplausos.)
Se unifican actuaciones en materia de juventud y de asociacionismo
juvenil. Con las enmiendas del Grupo Popular se opera la trasposición de
la Directiva 2012/27 en materia de medidas de eficiencia energética en
las administraciones públicas. Se establece una nueva regulación para que
las administraciones públicas integradas en el sector público estatal
solo puedan adquirir bienes y servicios y edificios con alto rendimiento
energético. Se modifica el artículo 76 de la Ley del Sector Ferroviario
para adaptar la Directiva del Parlamento y del Consejo Europeo de 26 de
febrero.
En materia de Función pública, el Grupo Popular introduce enmiendas para
facilitar la movilidad geográfica de los funcionarios. Se concretan tanto
los plazos temporales del personal interino como el tiempo y la duración
de los programas, introduciendo a su vez la movilidad funcional de los
mismos, así como los días de libre disposición. Señorías, hablo de
Andalucía porque aquí se ha dicho que el modelo que se iba a exportar a
Europa por los socialistas era el andaluz, por lo que supongo que lo
quieren también para España, y quiero poner en claro cuál es el ejemplo
de lo que se dice aquí, en las enmiendas, lo que se pretende por el grupo
y lo que se hace cuando se gobierna. Menos predicar y más dar trigo.
Voy a manifestar nuestra posición con respecto a las enmiendas presentadas
por los distintos grupos. El Grupo Mixto presenta un conjunto de
enmiendas que pretende suprimir el contenido de la ley y añade una
disposición adicional en la que pretenden desde suprimir diputaciones,
delegaciones del Gobierno y transferir competencias de demarcación y
planta judicial, entre otras, a las comunidades autónomas. Lo que
pretenden es incorporar su modelo, que, como no es el nuestro, como
comprenderán no podemos compartir.
El Grupo de UPyD realiza algunas enmiendas que operan modificaciones en lo
que estiman ellos que es técnica de redacción. La mayoría van en el
sentido de retirar competencias a las comunidades
autónomas para centralizar estas en las del Estado. Asimismo, realizan
algunas, como obligaciones contables en los organismos autónomos, que ya
están previstas en la Ley presupuestaria, materias que ya se están
analizando en la Ley de Transparencia y materias ya previstas en el
informe CORA y que se están tramitando en dos proyectos de ley. Por
tanto, parece que se están apuntando el tanto antes de unirse y de traer
el Gobierno esos proyectos que se están debatiendo. Les pido que se unan
al consenso y que dejen esa especie de ensoñación preautonómica del
Estado que creen que les da muchos réditos electorales pero que no
atienden a la realidad de un Estado complejo, como respeta nuestro título
VIII de la Constitución, con el que desde luego el Grupo Popular está muy
a gusto.
Al PNV le agradecemos la voluntad de consenso y de diálogo en torno a las
enmiendas transaccionales que hemos pactado. En materia de notificaciones
en el BOE el texto no obvia la competencia autonómica, simplemente es una
garantía extensible en toda España. De hecho, la publicación de actos,
convocatorias y anuncios de las comunidades autónomas y corporaciones
locales en el BOE es una práctica habitual y no se ha puesto hasta la
fecha en cuestión ningún principio de descentralización.
Al Grupo de Convergència i Unió también le hemos trasladado algunas
transaccionales. La tasa de reposición del personal docente e
investigador, que meten como enmienda, se rechaza porque la propia Ley
22/2013 ya la regula. La relativa al acceso electrónico a los ciudadanos
a los servicios públicos en materia de lista de confianza también se
rechaza, porque es trasposición de una normativa y el texto se contradice
con lo previsto en la Ley Sectorial.
La Izquierda Plural realiza enmiendas en torno al INTA, que ya se
contemplan en la propia Ley del régimen jurídico y de las
administraciones públicas y en la Lofage en materia de financiación; nos
remitimos a lo que hemos dicho anteriormente con respecto al Instituto de
la Mujer. Para nosotros, el texto en materia del Consejo de la Juventud
va en sentido contrario a lo que interpretan y, precisamente, pretendemos
asegurar la existencia y la canalización de la voz del asociacionismo
juvenil. En cuanto a la gratuidad de inserción de anuncios que hayan de
publicarse obligatoriamente en el BOE, se prevé en el apartado 3 de la
disposición adicional 21 de la Ley de régimen jurídico de las
administraciones públicas y procedimiento administrativo común, con lo
cual introducirlo también en la Ley General Tributaria carece de sentido.
La regulación de un plazo de permanencia de las notificaciones a
disposición de los destinatarios en la Oficina del operador postal habría
de realizarse por vía reglamentaria y no en el proyecto de ley.
Finalmente, al Grupo Socialista quisiera decirle que no ha habido voluntad
de consenso por su parte, y se demuestra en que la mayoría de las
enmiendas, en lugar de texto alternativo o de modificaciones, eran de
supresión de todos los artículos. Está claro que bien suprimen o
modifican el proyecto, pero no ofrecen un proyecto alternativo. Lo
quieren eliminar y no plantean cuál es su modelo de reforma de la
Administración, si es que lo tienen, porque estuvieron muchos años
gobernando y nunca lo plantearon. Un grupo en la oposición del tamaño del
PSOE, que ha estado en el Gobierno y con aspiraciones de estarlo, debería
haber traído algunos textos alternativos y algunas modificaciones, como
han hecho otros grupos, que manifestaran cuál es su modelo, en vez de dar
el no por respuesta. Han presentado una transaccional nueva en torno a
los funcionarios. En este sentido quisiera recordar que tanto la propia
Safja como el propio sindicato CSIF están pidiendo tanto los moscosos
como derechos de permisos para asuntos propios y cobrar la paga extra en
2014; en Andalucía son los únicos funcionarios que no la van a cobrar en
2014. Por tanto, no sé a qué viene hablar aquí de que están siempre al
lado de los funcionarios.
En definitiva, con este proyecto de ley se implementan algunas de las
reformas que está poniendo en marcha el Gobierno y se pretende tener en
España una administración pública que sea tan dinámica, eficaz y actual
como la propia sociedad a la que sirve, todo ello con responsabilidad y
realismo, para que los fondos públicos, que son de todos, sirvan para
mejorar la calidad y la cantidad de los servicios públicos. Quiero
recordar al respecto que estas medidas, unidas a las previstas en la
CORA, supondrán un ahorro de 37.620 millones de euros en los cuatro años
de Gobierno; un dinero que servirá para mejorar, tanto vía fiscal como en
prestaciones públicas, la calidad de vida de todos los españoles, que es
para lo que estamos sus representantes públicos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Suspendemos unos instantes la sesión para verificar
los cuadernos de votación y a continuación votaremos. (Pausa.)
Vamos a dar comienzo a las votaciones; son un poco largas, pero lo tenemos
bien ordenado.
En primer lugar, vamos a votar las enmiendas transaccionales y a
continuación votaremos por orden las enmiendas de los grupos
parlamentarios que las han formulado. Antes votaremos una enmienda
transaccional, que no figura en el cuaderno de votación que tienen
ustedes, pero todos que conocen, y que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista a la enmienda 12 del Grupo Parlamentario
Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora la enmienda transaccional número 1 -si hay alguna dificultad
de identificación díganmelo, pero creo que tienen todos el orden-
referida a la enmienda número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en
contra, 1; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda transaccional número 2, referida a la enmienda número
14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en
contra, 1; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional número 3, referida a la enmienda 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26;
abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional número 4, referida a la enmienda 71.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional número 5, referida a la enmienda 74.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional número 6, referida a la enmienda 75.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26;
abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional número 7 a las enmiendas 19, 90 y 98.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en
contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional número 8, referida a la enmienda 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en
contra, 1; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos ahora las enmiendas. En primer lugar, enmiendas del Grupo Mixto,
las correspondientes al señor Baldoví. Enmienda número 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en
contra, 23; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Baldoví, enmiendas 8 y 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 23; abstenciones, 3.
Resto de enmiendas, que son la 91, 93, 94, 100, 101, 104, 105, 108; la 93
incluye una corrección técnica que conocen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 6; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos ahora el texto del informe de la ponencia con las enmiendas que
han obtenido el voto favorable en esta Comisión con competencia
legislativa plena.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado y se remitirá al Senado
para su tramitación.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.
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