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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 563, de 08/04/2014
cve: DSCD-10-CO-563
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 563
PARA EL ESTUDIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ
Sesión núm. 14
celebrada el martes,
8 de abril de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias:

- Del señor director general de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones (González Vallvé), para informar sobre la materia que constituye el objeto de la Comisión. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 219/000116) ... (Página2)

- De la señora directora general de la Oficina Española de Cambio Climático (Magro Andrade), para explicar las reformas que en el marco de la Unión Europea se están realizando sobre el régimen de derechos de emisión de la Unión Europea. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001533) ... (Página12)

Transcripción literal al no ser posible la presencia ni corrección por parte del personal del Departamento del "Diario de Sesiones".


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Se abre la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.

COMPARECENCIAS:

- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS GESTORAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA A POBLACIONES (GONZÁLEZ VALLVÉ), PARA INFORMAR SOBRE LA MATERIA QUE CONSTITUYE EL OBJETO DE LA COMISIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso 219/000116).

El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la Comisión del Cambio Climático referida a diversas comparecencias solicitadas por los grupos, la primera de las cuales la va a realizar don José Luis González Vallvé, director general de la Asociación Empresarial de Empresas del Agua. Tiene un currículum un tanto abrumador que yo no puedo glosar. Director de Aguas de Barcelona, del Canal de Isabel II, de una serie de empresas, doctor ingeniero. En cuanto a su formación académica licenciado en Derecho, cosa que le honra también, aunque no parece que hayan ido sus sensibilidades profesionales por esa noble ciencia. Ha sido funcionario de la Comisión Europea durante 20 años e incluso director de la representación de España en la Comisión Europea.

El formato de la Comisión, señor González, es que se le concede la palabra por un tiempo de 20 minutos y a continuación intervendrán los grupos parlamentarios. Tiene usted la palabra.

El señor DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS GESTORAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA A POBLACIONES (González Vallvé): Como ha dicho el presidente, yo me llamo José Luis González Vallvé y en este momento soy el director general de la Asociación Empresarial de Empresas del Agua. Hay 55 empresas del agua, públicas y privadas, es decir, hay empresas, como el Canal de Isabel II, que es una empresa pública y hay empresas privadas como Aguas de Barcelona o como Aqualia o como Acciona, y luego hay empresas pequeñas, porque una de las cuestiones singulares que ocurren en España es que los operadores del agua, que son los que prestan el servicio de abastecimiento de agua dependen básicamente de los municipios y hay como dos mil operadores de agua en España. Hay muchas fórmulas de gestión del servicio; hay algunas en las que el propio ayuntamiento presta directamente este servicio, en otras lo concesiona, a veces hay empresas mixtas; probablemente conocerán por razones locales muchos tipos de prestación del servicio.

Lo primero que hay que decir es que en España el agua es un servicio que se presta con mucha eficacia. Yo digo a veces, y perdonarme un poco la posible exageración, que dar 300 litros por habitante y día en algunas zonas de España, por ejemplo en el sureste, sería algo así como si los habitantes de Londres le dijeran a su ayuntamiento: Oiga, yo quiero 3.000 horas de sol al año y las quiero a buen precio, las quiero buenas, bonitas y baratas. De hecho cuando vienen a España autoridades extranjeras -yo tengo también un cierto gorrito en la CEOE- a veces estoy con ellos y a veces he oído decir, sobre todo a países que tienen problemas de agua, cuando estos presumen de liderazgo -se refiere a los empresarios españoles- y presumen de liderazgo en renovables o en alta velocidad, donde realmente lo están haciendo bien es en el agua, porque cuando se vuela sobre España se ve que es un país amarillo marrón, no es un país verde, mayoritariamente es amarillo marrón. Casi toda Europa es verde, hay muy pocos países amarillos marrones; California es amarillo marrón, Australia. Es decir, hay poca lluvia y mal repartida, y a pesar de eso no hay ningún problema de agua y encima, además el agua no es cara. Hay un estudio del Colegio de Economistas de Madrid que dice que el esfuerzo económico de la familia española para pagar el agua es como el 60% de la media europea, mientras que para pagar el teléfono o para pagar la electricidad es el 120%. Es decir, que el agua en España más o menos se está gestionando bien, algunos quizá con excesivo optimismo nos atrevemos a decir algo así como el milagro español del agua.

Ciertamente suelo proyectar, cuando tengo ocasión, para ver eso una foto de Benidorm, Benidorm en los años sesenta y Benidorm hoy día. Y cuando se ve una foto de Benidorm y se ven esos rascacielos y se ve que en el verano hay 600.000 habitantes y se ve que en Benidorm no hay agua -en Benidorm no hay agua- y que a pesar de todo esos 600.000 habitantes tienen agua, y luego uno va a Dubai o va a Hong Kong, que se queda uno asombrado por las fotos y en la habitacioncita del hotel lo que tienes es una botella de agua mineral porque no son capaces todavía de dar agua potable por el grifo, uno se acuerda más de que en España las cosas en el agua se están haciendo razonablemente bien. E insisto, es un modelo público-privado que funciona bien, que tiene algunos problemas que intentaré relatar ahora,


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pero que en resumen no estamos nunca en el top ten de las reclamaciones. Otro elemento para saber cómo se están haciendo las cosas es ver qué servicios son los más reclamados, y creo que lo saben perfectamente, los más reclamados suelen ser la electricidad en este momento, el teléfono, los servicios financieros, pero casi nunca aparece el agua como un elemento de reclamación. Luego también se suele mencionar como elemento singular que tenemos un tribunal que resuelve conflictos sobre el agua más antiguo del mundo, que es el Tribunal de las Aguas de Valencia y que además tiene una ventaja enorme -ahora que mencionaba el presidente mi condición de letrado-: no hay que pagar ni abogado ni procurador, lo cual no deja de ser algo más o menos bueno.

He vivido muchos años fuera de España y en la ciudad en la que yo vivía, que era Bruselas, cogen el agua de la capa freática, que es muy facilito, te la llevan a casa y te cobran cuatro euros por metro cúbico. Aquí hay que hacer El Atazar, que está a setenta kilómetros, hay que hacer una gran tubería, traerla hasta aquí y vale un euro y medio.

La curiosidad que yo tengo es que a veces, cuando vienen aquí autoridades extranjeras, a los que intentamos venderles, como es natural, lo que estamos haciendo, y les preguntas el precio del agua, casi ninguna lo sabe. Es un elemento que todavía en los banner de la televisión salen los precios de todo pero nunca sale el precio del agua, curiosamente. Yo siempre digo que los ingenieros nos hemos equivocado al medir el agua en metros cúbicos y no medirla en litros, porque cuando decimos que vale un euro y medio el metro cúbico lo que estamos diciendo es que vale un euro y medio mil jarras de agua potable de estas. Cuento mucho la anécdota, que seguramente conocerán, de esa niña saharaui que viene en el verano a las familias que acogen niños saharauis, y que se vuelve a su tierra después del verano. Cuando en el aeropuerto le preguntan ¿qué te llevarías al Sáhara? Y dice, yo me llevaría un grifo. Es decir, algo que para nosotros es banal y que no sabemos lo que hay detrás, para mil millones de personas en el mundo, especialmente mujeres, es un milagro conseguir cada día los 25-30 litros de agua. Naciones Unidas dice que hacen falta 50 litros de agua por persona y día como dotación mínima, más o menos para subsistir. De manera que como estamos todo el día pensando, flagelándonos con lo mal que se hacen las cosas aquí, creo que este es un elemento en el que sinceramente las cosas no se están haciendo tan mal.

Otro elemento de sensibilidad ciudadana es que somos uno de los pocos países en los que los periódicos publican casi todos los días el nivel de los embalses; la gente ha interiorizado esa preocupación sobre si tenemos o no tenemos agua. No ocurre en casi ninguna otra parte, no es fácil ver en los telediarios de otros países que efectivamente forma parte de las preocupaciones ciudadanas el saber cómo están las reservas de agua, si tenemos reservas para tres meses, para seis meses o para un año. Y los precios del agua -cuando suelo explicar esto con proyección de transparencia- os decía que en Madrid vale un euro y medio, que es una especie de precio medio en España, vale un poquito más cara, como 1,70, o una cosa así. La ciudad más cara de España en agua por ciudades creo que es Murcia en este momento, la segunda más cara es Barcelona y la tercera creo que es Las Palmas, pero tiene una explicación. En Las Palmas el agua es desalada, básicamente, y en Barcelona y en Murcia hay menos agua, hay que llevarla de alguna manera o potabilizar la del mar. Ya sabéis que la desalación en algún momento fue una solución y lo está siendo parcialmente todavía.

Uno de los elementos que se suelen mencionar como indicador de cómo están las infraestructuras del agua son las fugas de las redes de agua. En este momento España es el tercer país mejor en fugas, o sea el que menos fugas tiene de Europa. Os diría que tenemos del orden de un 10% de fugas más o menos, que aunque se les llama fugas de una manera un tanto general en realidad lo que se quiere decir es agua no registrada, es el agua que al final el operador no cobra, aunque la ha suministrado resulta que al final no la cobra; por ejemplo, el agua de los bomberos no se cobra y en muchos casos el baldeo de las calles tampoco; el agua que consume el propio ayuntamiento a veces tampoco se cobra.

¿Cuáles son los problemas que tenemos? Los problemas son conocidos, nos haría falta un regulador, un regulador nacional. Ya saben que los modelos de regulación los hay desde los blandos a los duros; a nosotros nos gustaría empezar por lo que llamaríamos un regulador blando, es decir, alguien que por lo menos pusiera en el escaparate lo que está pasando con el agua en todos los sitios, cuánto vale, cuánta dotación, cuáles son las calidades, que es lo que algunos llaman un regulador light, un regulador blando, ligero. Y podríamos llegar a un regulador más duro, que es el caso de la CNE, de la antigua CNE en España, que es un regulador que se ocupa prácticamente de todo lo que compete al mundo del agua.

En este momento casi todos los países del ámbito de la OCDE están yendo hacia un regulador. En España uno de los problemas es que hay ocho mil reguladores, cada uno de los ocho mil municipios regula su concesión del agua. Teníamos ciertas esperanzas de que la Ley de Régimen Local que acaban de


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aprobar de alguna manera incidiera en ese asunto, pero como es una ley que se ocupa más de lo que es la estructura administrativa de la Administración Local, no es tanto una ley sectorial, lo único que ha hecho, como sabéis bien, es que a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes parece ser que las diputaciones en determinadas circunstancias podrán entrar a ocuparse de servicios, como por ejemplo el del agua.

El problema que tenemos es que en ese precio de 1,6, 1,7 euros metro cúbico, más o menos 0,80 céntimos es la primera fase del ciclo del agua; es decir, es traer el agua desde el embalse, potabilizarla, distribuirla y llevarla al grifo de tu casa. Pero la segunda fase, que casi ninguno somos conscientes de que existe, es que una vez que hemos ensuciado y usado esa agua hay que limpiarla antes de devolverla al cauce público. Esa segunda fase, que vale otros 0,60 o 0,70 céntimos es la que no todo el mundo ni en todos los sitios se paga y en consecuencia ni en todo el mundo ni en todos los sitios se deputa. Y ahí tenemos un problema, supongo que lo sabrán, que la Comisión Europea tiene abiertos unos procedimientos de infracción, que pueden llegar a multas importantes y que nos harían falta entre 15 y 20.000 millones de euros para completar la depuración, tal y como lo pide la Directiva-marco europea del Agua. Aparece ahora la directiva, que es uno de los sectores en los que hay una regulación europea importante, que además es obligatoria, que está transcrita al Derecho español, que es la Directiva-marco europea del Agua y que es muy exigente en los términos de depuración. Una de las cosas que se ven del modelo europeo es la calidad medioambiental -estamos en la subcomisión de Cambio Climático y creo que eso es importante-. Ya sabéis que ahora algunos expertos del agua dicen que nos vamos a morir antes de sed que de calor, pero eso es precisamente para cuidar el agua.

Una de las maneras mejores de cuidar el agua es, precisamente, deputarla. España en este momento no depura todo lo bien que debería, especialmente en dos aspectos: uno, en las pequeñas poblaciones, pues es muy difícil que los pequeños ayuntamientos tengan capacidad económica, técnica y financiera para soportar los costes de la depuración y repercutirlos vía tarifa en los recibos del agua -no ocurre lo mismo en las grandes ciudades, ahí si funciona-. Otro segundo aspecto es que el agua que se vierte a las zonas que están declaradas como reserva, Natura, por ejemplo, tiene que ser prácticamente agua bendita, por decirlo de alguna manera. Pues como España cuando declaró reservas de la naturaleza se echó para adelante, valga la expresión, y tenemos -que no sé si mucha gente lo sabe- un 28% de nuestro territorio declarado como alguna figura de protección medioambiental, Francia tiene el 12, Alemania tiene el 13, lo cierto es que eso que está muy bien en el sentido, digamos, medioambiental cuesta mucho dinero mantener porque hay que mantener una calidad medioambiental muy alta y entre ellas el agua que se vierta a esas zonas tiene que tener una depuración muy rigurosa. Y ese, junto con el de las pequeñas poblaciones, es uno de los defectos. Ahí nos haría falta una gran campaña de concienciación ciudadana porque hay gente que está dispuesta a pagar 3,5 euros por una bioberenjena pero no está dispuesto a pagar 0,70 céntimos por depurar 1.000 litros que ensucia cada día. Esa tarea de pedagogía, de hacerles ver que una de las mejores maneras de cuidar el medio ambiente es contribuir a la depuración del agua que ensucias, es algo que estamos todavía un poco pendientes y sería uno, digámoslo así, de los desafíos.

¿Qué es lo que está pasando últimamente, que es uno de los problemas? Nosotros nos fijamos mucho en el mundo energético, para no hacer lo mismo. He hablado con algunas de las personas que han debatido sobre el tema energético en estos años y uno de sus mayores arrepentimientos, según lo que me dicen, es no haber llegado a un gran pacto de Estado de la energía. Y nosotros sugerimos que en el agua estamos a tiempo de hacerlo. En el agua se podría llegar a un gran pacto y no usarla, perdonadme que lo diga así, como garrotazo electoral, como está empezando a ocurrir ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchos ayuntamientos se encuentran muy endeudados y ven en la concesión del agua una posibilidad de hacer caja, y no solamente ayuntamientos, también hay entidades de más nivel que lo están haciendo. Entonces, automáticamente, aparece eso de privatizar el agua. El agua no se privatiza, el agua en España es pública, está clarísimo, y siempre va a ser pública y le corresponde a la Administración Pública el control, la supervisión y la administración del agua. Lo que se encomienda a una empresa es la gestión del servicio del agua, es como si se le encomendara fabricar el cloro para depurar o fabricar las tuberías, eso no lo hace el Estado, el Estado no fabrica el cloro ni fabrica las tuberías. Bueno, pues el Estado o los ayuntamientos en muchos casos tampoco gestionan el servicio del agua, lo cual no le quita ningún carácter de público al agua, el agua sigue siendo pública. Pero evidentemente ahí hay una cierta exageración y a lo mejor no una excesiva precisión, y hemos tenido últimamente casos como Alcázar de San Juan o como Jerez de la Frontera donde ha habido problemas porque los ayuntamientos decidieron en su momento eso que llaman privatizar, encomendar la gestión del servicio a una empresa privada,


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básicamente para, digamos, resolver sus problemas financieros y el hecho cierto es que eso subleva a la gente, probablemente porque no está bien explicado o a lo mejor, incluso, no está bien hecho; cada uno puede tener su opinión sobre esa cuestión.

El hecho es que tenemos un cierto temor a que al agua le empiece a pasar lo que le ha pasado a la energía, insisto, sobre un sector que está muy bien lo que es evidente es que hay que invertir en mantener y conservar las infraestructuras del agua, eso está claro, y si no en dos o tres años no pasará nada pero en cinco años podemos deteriorar esa maravilla que os contaba al principio de lo bien que funciona el agua en España. Para invertir en el servicio del agua lo más normal es que sean los que usan el agua los que paguen el mantenimiento del servicio.

También se está planteando ahora mucho el problema de lo que podríamos llamar pobreza hidráulica, por emplear la expresión parecida a la pobreza energética. Y hay que decir que la mayoría de los ayuntamientos -yo me atrevería a decir que prácticamente todos los ayuntamientos- tienen programas de asistencia a familias o a personas desfavorecidas, lo que ocurre es que eso a veces no está demasiado bien publicitado ni instrumentado. Por ejemplo, en Jerez de la Frontera el ayuntamiento tenía una gestión pública del servicio y de repente saca el servicio a una gestión privada. En esa gestión privada ocurre que la empresa empieza a cobrar los recibos y hay doscientas familias que no pagan y entonces inmediatamente les corta el agua y, como es natural, hay un cierto drama. Lo que no se sabía es que el Ayuntamiento de Jerez tiene un programa para bonificar el 95% de la cuota del agua y que había previsto que eran diez mil familias las que se apuntaran y se han presentado mil setecientas. Es decir, que a lo mejor esas doscientas podrían estar dentro de ese programa y no lo estaban por lo que fuere, por razones de mala información u otras. Pero lo cierto es que nosotros -y ahí tengo que decirlo claramente- somos muy partidarios de que quien use el agua pague el servicio del agua y si hay que ayudar a alguien que no puede pagarlo que se le ayude, pero que se le ayude no a base de que sea el agua la que pague sino a base de que esa persona tenga en su renta de subsistencia incluido unos mínimos del agua, de la energía, de la alimentación, de lo que sea y que con eso pague el agua porque si no, si se llega a la cuestión de no pagar el agua, tenemos la tremenda experiencia de que se llega al derroche y a lo que podríamos llamar incluso gorroneo con el agua, valga la expresión. De hecho hemos tenido algunos casos concretos en pueblos que no tenían ningún problema de agua donde en vez de estar gastando los 126 litros -aproximadamente hoy el gasto medio en España son 126 litros por habitante- estaban gastando mil litros por habitante, porque no pagaban el agua, simplemente. Y cuando se intenta que paguen el agua ocurre lo que os estoy más o menos contando. Pero insisto, el problema es intentar que la tarifa del agua cubra los costos de la primera parte del ciclo y de la segunda parte del ciclo.

Otra circunstancia sobrevenida es que muchas comunidades autónomas han decretado o legislado la imposición de un canon del agua. Cuando se dice canon del agua podría referirse, y sería lo más exacto, al costo del agua en alta, que generalmente no lo tiene, porque el agua en España no tiene un precio; si tú pides una concesión a una confederación para sacar agua eso no tiene un precio. Por ejemplo, cuando el agua viene de una desaladora ese sí tiene un coste, y además un coste energético fuerte, o cuando el agua viene de un trasvase, que no solamente es el Tajo-Segura, es también el Taibilla y hay muchos trasvases en España a los que hay que pagar por esa gestión del agua en alta. Pero hay muchas comunidades autónomas que con el argumento político de que es para pagar la depuración del agua establecen un canon del agua; los hay desde 0,20 euros metro cúbico hasta 0,55. Y no tenemos ninguna seguridad de que esa recaudación vaya luego al agua, porque la Directiva-marco europea del Agua una de las cosas que dice es que hay que ir a una recuperación estricta de los costes del agua y no está claro que estos cánones tengan un objetivo finalista, es decir, que de alguna manera vuelva el dinero que paga el contribuyente al servicio del agua.

En resumen el sistema está funcionando bien, no hay problemas graves en el suministro de agua a la población española; en los aspectos sanitarios hay un sistema que estableció en su momento el Ministerio de Sanidad y que le permite a cada uno ver las condiciones sanitarias del agua de cada localidad, que funciona bastante bien. Es muy difícil recordar algún problema de salud originado en el agua, es decir, fijaros la delicadeza que eso tiene porque estás suministrando 126 litros por habitante y día y en algo que incluso bebemos una décima o centésima parte, resulta que al final no ha habido prácticamente ningún problema sanitario -toco madera- y lo cierto es que a pesar de eso el modelo está funcionando razonablemente bien. Ya sabéis que es una responsabilidad penal de los alcaldes las condiciones sanitarias del agua, pero lo que nos gustaría primero es que hubiera un regulador, que hubiera lo que llaman los anglosajones un benchmarking, es decir, que todo el mundo supiera qué es lo que está pasando


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con el agua en su ciudad en comparación con las otras, y que los recibos del agua fueran más o menos homogéneos en toda España; si cogéis dos o tres recibos son muy distintos, hay mucha tipología de recibo. Nos gustaría que esa tipología fuera más o menos unificada y que el consumidor viera claramente lo que está pagando por el agua en alta, por la potabilización, por la depuración e incluso, a veces, por la reutilización. En Murcia, por ejemplo, se reutiliza mucho el agua. España es el segundo país del mundo en reutilización del agua, después de Israel, se reutiliza el 13% del agua, lo cual también es un cierto logro. Por eso nos gustaría que hubiera un regulador y nos gustaría que se estableciera un modelo de colaboración público-privada, que se ha establecido de una manera un tanto espontánea, que se regulara de alguna manera un poco más arriba, abajo, para que no se descapitalizaran las infraestructuras del agua y lo que ahora funciona bien siga funcionando más o menos bien.

Termino aquí para no cansaros -creo que he consumido, más o menos mis veinte minutos- y estoy a vuestra disposición por si queréis preguntar algo.

El señor PRESIDENTE: Muy agradecido, primero por su concisión y segundo por su brillantez, la loa. Hay cosas que funcionan bien y alguna referencia que ha hecho a la responsabilidad. En la sala contigua se está debatiendo, en trámite de comparecencias, sobre la proyectada reforma del Código Penal. Me parece bien ese recordatorio de la responsabilidad de los alcaldes porque nadie puede imaginarse las responsabilidades que eventualmente un alcalde puede llegar a asumir si se aprueba en sus propios términos el nuevo Código Penal, y eso que van a desaparecer las faltas. Todavía en la zona cantábrica se están desaguando los embalses.

El señor DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS GESTORAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA A POBLACIONES (González Vallvé): Si me permite un comentario, cuando se ve un mapa de España se ve una zona azul, que es la zona cantábrica, y luego se ve una zona amarilla verde y una zona roja, lo que es el sureste.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al turno de grupos. Vamos a empezar por la representante del Grupo Socialista, doña María del Puerto Gallego.

La señora GALLEGO ARRIOLA: Muchísimas gracias, señor González. Le quiero agradecer su presencia y su intervención; la verdad es que ha sido muy amena, muy didáctica y coincidimos en muchísimos puntos. Como anécdota quiero decirle que yo procedo de Santoña donde gran parte del territorio está protegido por las marismas, la reserva natural de las marismas de Santoña y se está haciendo una gran obra de saneamiento en la que llevamos ya muchísimos años, y hay millones de euros invertidos de la Comunidad Europea. Cuando usted estaba hablando del problema de la depuración me estaba acordando de mi pueblo y de la obra tan ingente que hay.

Gracias a esta comparecencia se aprende y puedes conocer un poquito la actividad de las empresas. He estado estos días mirando en Internet y conociendo un poco la actividad de las empresas asociadas y también conocer el altísimo consumo de agua que tenemos por habitante en España. He leído su carta y me estaba recordando cómo España es un país que se ve en marrón y en amarillo, un país con escasos recursos hídricos y que es totalmente diferente a otros países de Europa, donde los tienen. He podido comprobar que es verdad que en España tenemos el agua, como usted dice, buena, bonita y barata, pero que la mayoría de la gente no es consciente de este consumo ni de lo que tiene, porque nos gusta usar el agua -es otra frase que le he copiado-, y compruebo que hay un gran desconocimiento sobre todo relacionado con el ciclo del agua desde la captación hasta el suministro. Tú preguntas a cualquier joven y lo único que sabe es que el agua sale del grifo y nada más. Además, tampoco existe una conciencia colectiva de lo que nosotros tenemos pero de lo que no tienen más de mil millones de personas en el mundo, que no tienen acceso y que están privados de un elemento importante. Creo también que hay una falta de información brutal sobre los datos hidrológicos y una falta de información que se está acentuando, en vez de ser cada vez más responsables creo que se está acentuando y yo lo veo también por nuestras generaciones que malgastan el agua; los que tenemos hijos comprobamos que no saben lo que es el ahorro del agua. Por tanto, estamos fallando en algo, porque cuando abrimos el grifo no somos conscientes y esta escasez, además, se está recrudeciendo con los efectos del cambio climático que todos sabemos que va a haber sequías y va a haber inundaciones, y como siempre van a ser los pobres los más vulnerables y por eso se nos está insistiendo desde organismo como la ONU en el sentido de la urgencia, para que nos adaptemos al cambio climático y al reconocimiento de la función fundamental del agua, y el


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reconocimiento además de que esta función no ha penetrado en el mundo político como debiera, que nos e ha reflejado en los planes nacionales ni de inversiones ni en diseño ni en cambios normativos, y eso es un deber que nos está poniendo la ONU.

Le quisiera señalar aquí la posición del Grupo Socialista, que siempre ha sido la misma y que creemos que debemos informarle a usted como máximo representante de la asociación de empresas. En primer lugar creemos que el agua es un bien indispensable, que es un bien público y que ostenta la categoría de derecho reconocido. Esas tres premisas tienen que quedar claras, que es un bien público, que es un derecho reconocido y que es indispensable.

Aprovecho para preguntarle acerca de lo que piensa usted sobre una serie de cuestiones; si quiere me responde y si no me lo envía por escrito, como usted quiera. ¿Cómo ve usted la sostenibilidad en la planificación y en la gestión? ¿Cómo ve la defensa de la titularidad del bien público frente a cualquier intento de privatización? ¿Cómo ve el aseguramiento del suministro del agua a todos los ciudadanos? Esto por un lado. Creemos que el Estado es el que tiene que asegurar el derecho reconocido y cualquier respuesta de gestión debe tener en cuenta este principio. Por supuesto que estamos a favor de cualquier tipo de gestión; yo he sido alcaldesa y sé lo que es esa gestión pública y esa gestión mixta, pero creemos que es el Estado el que tiene que asegurar ese derecho reconocido. Por tanto lo que proponemos es una política de eficiencia y de progresividad. En otro orden de cosas usted ha dicho que la gente tiene que saber lo que cuesta y tiene que pagar, pero también proponemos que pague más quien consuma más. No sé qué le parece a usted; es una política que es así, quien consuma tiene que pagar más y premiar la tarifa de ahorro y de buen uso.

Siguiendo con las preguntas me gustaría saber qué es lo que piensa y qué pueden aportar las empresas gestoras para garantizar el consumo en épocas de crisis y qué le parece el establecimiento de tarifas sociales. También me gustaría saber si sus empresas asociadas invierten en educación para la sostenibilidad, recursos que ustedes detraigan para invertir en sostenibilidad. Me gustaría saber también cómo han valorado las inversiones públicas. Usted ha hablado de las desaladoras, cómo se valoran las inversiones públicas en infraestructuras hidráulicas, que se realizaron en la anterior legislatura, la modernización de regadíos, la construcción de plantas de desalación y de reutilización.

Se ha referido a la parálisis. Actualmente existe una parálisis en inversiones en infraestructuras hidráulicas, hay retraso de actuaciones imprescindibles y además han obligado a muchas empresas del sector, como dice la ministra Báñez, a la movilidad exterior, un nuevo concepto, pero es verdad que muchas empresas del sector han tenido que marcharse porque aquí hay falta de inversión y de infraestructuras. El ministro Cañete el 3 de abril, creo, en una nota de prensa decía que el Gobierno está trabajando para asegurar el suministro de agua suficiente para asegurar suministro de calidad, para abastecer las necesidades de la población, pero es que si vamos a los Presupuestos Generales del Estado vemos que esto se desmiente. Por ejemplo, en 2011 había 121 millones de euros para la ordenación territorial de los recursos hídricos y en 2014 hay 10 millones, con lo cual el descenso es brutal en cuanto a ordenación de los recursos hídricos, pero es que también hay una reducción importantísima en las partidas destinadas a la calidad del agua., aspecto que usted ha destacado. Si este es el trabajo del ministro Cañete que a mitad de legislatura dice que están trabajando pero resulta que en los presupuestos para 2014 hay un descenso brutal en las inversiones, la verdad es que no es muy coherente.

Creemos que es necesario redefinir las políticas del agua, especialmente de cara a la próxima revisión de la Directiva-marco porque hay nuevas amenazas a los recursos hídricos y entre esas amenazas nos preocupa especialmente la técnica de fracking que está amenazando con contaminar nuestros suelos y nuestras aguas subterráneas. Nos preocupa la actitud de nuestro Gobierno, porque creemos sinceramente que no ha recogido los estudios pertinentes, que está actuando de forma acelerada, que está concediendo permisos para dicha técnica e incluso está presentando recursos de inconstitucionalidad a comunidades que han aprobado una ley anti fracking, por ejemplo mi comunidad, Cantabria, que ha aprobado una ley anti fracking pero el Gobierno le ha presentado un recurso de inconstitucionalidad. Es el mismo Partido Popular, en Cantabria hace una cosa y en el resto del Estado hace otra.

En resumen estas son las preguntas que nos interesan en el Grupo Socialista y lo que nos interesaba es dejar clara esa posición de nuestro grupo respecto al agua y respecto a la política del agua.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Ibáñez.

El señor IBÁÑEZ GIMENO: Gracias señor González por su magnífica y aleccionadora exposición.

El tema que nos ocupa, el agua, es una sustancia de fórmula sencilla, como ustedes saben, H2O, pero que por su repercusión y trascendencia posee un poder de magnitud inigualable. Como muestra de ello


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sirvan las diversas acepciones que se le pueden aplicar. El agua es fuente vida, sin agua no hay vida; el cuerpo humano, a través de la vida, desde la infancia, que su contenido es un 90% hasta el adulto, que es un 70%. Pero además de que sin agua no hay vida si ésta no reúne los requisitos adecuados de salubridad puede ser vehículo de enfermedades y muerte. El agua, todos saben, es fuente de riqueza, de bienestar, de ocio, es un magnífico disolvente, tiene aplicaciones químicas, tiene un papel crucial en el procesamiento de los alimentos, es transmisor de calor y sirve para apagar incendios. Además, es fuente de cultura, donde se llevaban a cabo los grandes asentamientos de las culturas en la antigüedad. El agua, desgraciadamente, ha sido origen de guerras y causa de catástrofes y por el contrario fuente de creencias. El agua, al igual que la salud y la paz, es algo que no se sabe lo que es ni se valora hasta que no se pierde. El agua es un bien escaso. Todos sabemos que la tierra posee un billón trescientos ochenta y seis mil kilómetros cúbicos de agua, dejando aproximadamente para el consumo humano un sesenta diezmilésimas por cien. A esto se añade un fenómeno actual que es la superpoblación mundial, de 6.671 millones, de los cuales más de 3.500 millones viven en zonas urbanas, siendo en los asentamientos humanos donde se concentra el uso de agua no agrícola y donde se contraen la mayoría de las enfermedades relacionadas con el agua.

La OMS estima que la adopción de políticas de agua segura podría evitar la muerte de un millón cuatrocientos mil niños al año víctimas de diarrea. Y es por ello que de esta pequeña molécula que es el agua, parafraseando a Winston Churchill, se puede decir que jamás deben tanto a tan poco pero también que jamás tantos han sufrido tanto por tan poco.

Tal como establece la Ley de Aguas, el agua es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y para el ejercicio de la inmensa mayoría de las actividades económicas, irremplazable, no ampliable por la mera voluntad del hombre, irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el espacio, fácilmente vulnerable y susceptible de usos sucesivos.

Por todo lo expuesto podemos concluir que el agua es vital para la vida, es fundamental para el desarrollo del progreso y del bienestar; es un bien escaso, debe ser utilizada siempre en que las circunstancias lo permitan; debemos ser eficientes en su uso; debe ser fuente de unión y solidaridad y todos nuestros esfuerzos deben estar encaminados para que el agua no sea causa de sufrimiento de ningún ser vivo, aun menos humano. A estas dificultades hay que añadir los problemas generados por la contaminación humana del medio ambiente y su repercusión sobre el clima al obtener el equilibrio de los gases que mantienen el efecto invernadero. Para ello, además de políticas de desarrollo sostenible se precisan sistemas de depuración que mejoren la calidad de los vertidos generados por la actividad humana. Todos sabemos que el agua destinada al consumo humano es la que sirve para beber, cocinar, preparar alimentos u otros usos domésticos, y por ello no puede contener ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia en una cantidad o concentración que pueda suponer un peligro para la salud humana. Así, debe estar totalmente exenta de las bacterias Escherichia coli, enterococcus, y la presencia de determinadas sustancias químicas no pueden superar ciertos límites. Esto está regulado por la legislación de cada país y por la Unión Europea.

Señorías, el problema del agua, como fuente de salud, es una lacra social y un fracaso global de la sociedad. Es un problema de todos y todos debemos comprometernos en la lucha por resolverlo. El Partido Popular y el Gobierno al que da soporte parlamentario, estamos plenamente comprometidos en esta lucha y reflejo de ello son las medidas de mejora medioambientales aplicadas por el Gobierno. En la actual legislatura esta Gobierno ha puesto en marcha una serie de iniciativas que van a contribuir a reducir las emisiones de CO2 de España y además van a crear empleo. Este Gobierno es plenamente consciente de que la lucha contra el cambio climático y el uso eficiente y sostenido de los recursos naturales son clave para afrontar con éxito el futuro.

En diciembre de 2013, se ha aprobado el tercer programa de trabajo del Plan nacional de adaptación al cambio climático que persigue abordar de forma integrada la adaptación a éste. El agua sigue centrando el interés del Plan nacional de adaptación al cambio climático como factor clave para el desarrollo de muchos sectores socioeconómicos y como elemento central que condiciona el buen estado de muchos sistemas ecológicos. El tercer programa de trabajo de este plan, en su eje de generación y análisis de conocimiento, continuará promoviendo líneas de trabajo que profundicen en las evidencias y observaciones de los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos en España, en las proyecciones a futuro de estos impactos la identificación de los componentes del ciclo hidrológico y las zonas geográficas españolas más vulnerables, así como la identificación de las opciones y medidas de adaptación que mejor pueden hacer frente a dichos impactos.


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Debemos valorar la gran labor de los científicos españoles que trabajan en el panel de cambio climático de Naciones Unidas. El informe analiza los impactos proyectados en los recursos hídricos, los ecosistemas continentales y oceánicos, las costas, zonas rurales, urbanas, la salud, los continentes y las islas. Los siete expertos que han participado en las jornadas han coincidido en la necesidad de hacer partícipe a toda la sociedad de las soluciones para mejorar la mitigación.

El Gobierno quiere configurar un sistema nacional del agua que incluya todos los usos e integre todos los recursos convencionales de desalación y reutilización y gestionado de forma coordinada en el marco de la colaboración público-privada. Para ello lo primero que ha tenido que hacer el Gobierno ha sido subsanar los incumplimientos del anterior Gobierno socialista con la Unión Europea. España tenía la obligación de completar antes de 2010 y conforme a la Directiva de Aguas todos sus planes hidrológicos, pero en 2012 solo se había aprobado uno, el de las cuencas interiores de Cataluña, que fue anulado posteriormente. Sin embargo en estos dos años de legislatura ya hemos aprobado quince planes de cuenca y de los tres restantes, que son competencia del Estado, ya han sido informados favorablemente por el Consejo Nacional del Agua.

Por tanto, en el primer semestre de este año estará completado el primer ciclo de planificación de competencia estatal o autonómica con dieciocho planes, restando los planes que corresponde aprobar a la Comunidad Autónoma de Canarias, que son siete. Además, casi 2.500 masas de agua de categoría de río cuentan, por primera vez, con caudales ecológicos que operan como restricciones previas a los sistemas de explotación. La fijación de caudales ecológicos no es un requisito de la Directiva-marco del Agua sino un requisito propio del ordenamiento jurídico español. Asimismo, los incumplimientos de las exigencias comunitarias en materia de depuración del agua, que constituye una amenaza para las personas y los ecosistemas, nos han ocasionado tres procedimientos de infracción y podrían acarrearnos sanciones millonarias.

Se ha anunciado un anteproyecto de ley que permita una regulación específica del ciclo del agua de uso urbano porque es imprescindible contar con una normativa básica que regule en conjunto el abastecimiento, la distribución, el saneamiento y la depuración. Destacar en el proceso de planificación el acuerdo alcanzado sobre el trasvase Tajo-Segura con todas las comunidades autónomas implicadas y el nuevo Plan hidrológico de la cuenca del Júcar.

Por otra parte, en cuanto a las inversiones previstas para 2014, 1.420 millones de euros en el programa de gestión de las infraestructuras de la calidad de las aguas, dentro de una inversión total de diez mil millones de euros. Se han identificado cuatrocientas actuaciones prioritarias a acometer por las distintas administraciones públicas, que suponen unos 1.100 millones de euros y una inversión de 156 millones de euros destinados a estaciones depuradoras de aguas residuales a los que hay que añadir los 661 millones que invertirán las sociedades estatales de agua en mejoras de abastecimiento y depuración.

Debemos trabajar en lograr acuerdos en cada territorio que desemboquen en un plan nacional del agua, que culminen en un plan hidrológico nacional. Debemos trabajar en el inicio de un nuevo ciclo de planificación hidrológica y debemos trabajar para atender las demandas crecientes de agua por parte de los sectores clave de la economía española, como el turismo, la industria alimentaria, la agricultura y la energía. Por ello utilizaremos todos los recursos disponibles de forma responsable y sensata. No se van a menospreciar las infraestructuras existentes por cuestiones ideológicas, después del elevado coste económico que ha supuesto, pero lo responsable es diseñar cómo integrar estas infraestructuras, y me refiero a las desaladoras, en el sistema de abastecimiento de agua de una forma sensata.

También se ha anunciado una reforma del texto refundido de la Ley de Aguas que establezca un marco económico-financiero para dotar de recursos suficientes al conjunto del sistema de agua en España.

Como epílogo, una breve referencia a mi tierra, la espléndida y maravillosa Comunidad Valenciana, tierra de gentes abnegadas y trabajadoras, cuna de prósperas industrias, de fértiles tierras y de un gran atractivo turístico, a la que le hubiera venido muy bien un poco de los excedentes hídricos de otras regiones. Nosotros, las gentes de levante, conocemos de la importancia del agua para nuestras vidas y para nuestra economía. Pedimos y nos autoerigimos; somos una de las comunidades pioneras y líderes en la depuración y reutilización del agua en España. La Comunidad Valenciana supera los 500 millones de litros de agua residual cada año, según los datos de la entidad Sanejament d'Aigües, y a la que el Gobierno socialista de Zapatero y Rubalcaba no satisfecho con condenarnos a una injusta financiación, lo primero que hicieron fue derogar el Plan hidrológico nacional, aprobado por el Gobierno de Aznar y dejarnos como regalo unas desaladoras de alto coste económico.


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Para finalizar mi intervención, le agradezco de nuevo su comparecencia y le solicito, si puede, me responda a las siguientes preguntas. ¿Considera que hay potencial tecnológico para superar los retos que plantea el cambio climático de cara al futuro en el sector del agua? En alguna ocasión le he oído hablar de una estrategia integral del agua, ¿en qué consistiría? En una situación en la que las infraestructuras son cada vez más costosas y más difíciles de financiar, ¿cuál es el modelo más adecuado para el desarrollo de nuevas infraestructuras? ¿Considera que la población conoce cuál es el precio real del agua? Y, por último, ¿qué valor puede dar al agua dentro de la marca España? Si estamos hablando de competitividad, de adaptación, ¿qué papel pueden jugar las empresas españolas en el escenario internacional? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: El algún momento parecía una cierta evocación de las novelas de Blasco Ibáñez. El elemento literario es muy conveniente incorporarlo a esta Comisión y a todas las demás.

Señor González Vallvé. Es el compareciente el que gestiona la forma de responder a las preguntas y comentar las reflexiones que se han hecho. Haga lo que pueda.

El señor DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS GESTORAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA A POBLACIONES (González Vallvé): Respecto a la intervención de la representante del Partido Socialista, la afirmación de que es un bien indispensable, que es público y que es un derecho creo que la compartimos todos, la comparte Naciones Unidas y la comparte nuestro ordenamiento jurídico, otra cosa es cómo conseguimos que eso se realice, porque nuestro ordenamiento jurídico también reconoce el derecho a una vivienda digna y no hemos sido capaces todavía de dar una vivienda digna a todos. Mis reflexiones han ido un poco en esa línea, en cómo podemos conseguir que el agua, que es un bien indispensable, que es público y que es un derecho, pueda ser prácticamente eso para todos, sobre todo para todos los españoles.

Hace unos días se presentó en la Comisión Europea la primera iniciativa ciudadana europea; recordarán que el Tratado de Lisboa, para más democratizar Europa, estableció que los que recogieran un millón de firmas podían plantear una petición, y se recogió, y la primera ha sido el derecho al agua. Estamos totalmente de acuerdo.

Nosotros como empresas, y habiendo empresas públicas y empresas privadas, en la mayoría de los casos estamos sujetos al ordenamiento que dispone el ayuntamiento. Y efectivamente también ahí nos gustaría que hubiera un ordenamiento de nivel superior, estatal. Y creo que en esa línea va la ley que ha mencionado el representante del Partido Popular, que está encima de la mesa; hay un borrador de ley integral del ciclo urbano del agua y creo que es la ocasión. Nos gustaría mucho que el agua fuera un elemento de acuerdo entre los partidos políticos y que saliera un gran pacto de Estado por el agua, que creo que sería conveniente y a nosotros, evidentemente, nos gustaría, y transmitiríamos una señal al exterior. Las empresas españolas del agua están dando agua a 47 millones de españoles y a 100 millones de personas fuera de España. Están trabajando también en el agua, el agua de Santiago de Chile o parte del agua de El Cairo, el agua de Bristol, el agua de Orán, lo hace una empresa española. Es decir que lo estamos haciendo bien y cuando se ve que hay una escasez de recursos públicos uno se pregunta ¿qué sería mejor, que el Estado se endeude en los mercados financieros y con la deuda que se endeuda haga infraestructuras hidráulicas o que cada servicio del agua gestionado consiga ser autosuficiente financieramente? Es una pregunta que está en el aire. Yo me atrevería -y es una posición muy personal- a pensar que es mejor que se pague el agua y que cada servicio del agua consiga ser autosuficiente económicamente, por supuesto respetando las ayudas que sean necesarias para todas aquellas familias y personas que no son todavía capaces de pagar el agua.

Voy a entrar a otra de las cosas que ha planteado, que son las tarifas sociales. Yo diría que el cien por cien de nuestras empresas -y no son ellas sino los ayuntamientos para los que trabajan- tienen establecidas tarifas sociales. A lo mejor me equivoco un poquito, a lo mejor es el 98, 97%. Este asunto últimamente se está llevando, en mi opinión, políticamente bastante bien, porque se han constituido grupos políticos entre todos los ayuntamientos con participación muy plural, donde están representados todos los grupos políticos para tratar ese asunto. Me viene a la memoria Granada donde hace unos días lo he conocido, y efectivamente hay tarifas que llamamos sociales. Pero me atrevería a decir que no hagamos pagar al agua la fractura social, es decir, si hay una fractura social creo que es cuestión de toda la sociedad, regida por los políticos, conseguir que esas familias más desfavorecidas tengan un mínimo de subsistencia para pagar no solo la factura del agua sino la factura energética, la factura alimentaria y una vivienda digna. No le hagamos pagar ni a los alimentos ni a la energía ni al agua lo que es una fractura


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social que hay que resolver al origen, más aguas arriba, por emplear el término. Pero así y todo existen tarifas sociales y una política de responsabilidad social corporativa muy generalizada.

El suministro de agua en este momento está asegurado. Cuando se echaban las cuentas en esa iniciativa ciudadana europea del agua en Europa y se citaba que todavía en Europa hay algunos millones de personas que no tienen acceso al agua, no aparecía ningún español, eran países de los recientemente incorporados, países del Este los que todavía tienen algún problema.

Estamos de acuerdo en aprovechar la inversión pública en desaladoras, nos parecería un derroche no aprovecharla, y tenemos algunas fórmulas. Lo que hay que hacer es meter esa agua en un pool de agua y así el mayor precio que tiene esa agua se diluye. Si yo en Alicante estoy dando agua y el 20% del agua que doy es desalada y esa agua desalada vale a 0,70 céntimos de euro por metro cúbico la repercusión que tiene sobre el precio final del agua en Alicante es de un 20%, 0,70 céntimos. Creemos sinceramente que hay que aprovecharla.

Pero no se nos olvide una cosa, que yo no la he mencionado y la menciono ahora, el agua vía abastecimiento urbano es el 20% del agua que se consume en España, el 80% es regadío. Estamos aquí hablando de agua urbana y donde está más ese problema a lo mejor es en el regadío, que es el gran consumidor, el gran demandador de agua.

En lo que es la calidad, efectivamente creo que el Ministerio de Sanidad -y esa es una política muy estable y de muy largo plazo- está funcionando razonablemente bien y los ayuntamientos son muy conscientes de que son responsables de la calidad del agua. Como decía antes, hay muy pocas noticias sobre problemas en la calidad del agua.

En resumen nos gustaría que el tema del agua tuviera una regulación estatal, que probablemente sea esa ley que está encima de la mesa; nos gustaría que se concienciara. Cuando uno coge un libro de texto sobre la enseñanza a los chavales, uno todavía ve a veces que dice: el agua cae del cielo, la coge un río y te la lleva a casa. Luego parece muy difícil decirle al niño que en el medio hay que hacer muchos trabajos. Hay 25.000 personas en mi sector, trabajando, y su objetivo es darle agua a ese niño todos los días, pero en los libros de texto generalmente no aparece. Me gustaría que se concienciara un poco más de la importancia que tiene.

En cuanto a la intervención del representante del Partido Popular, hay un símil que es qué pasaría si el mundo fuera un pueblo de cien habitantes. Si el mundo fuera un pueblo de cien habitantes, veintisiete serían chinos, doce serían hindúes, once serían europeo, siete hablarían español, doce hablarían chino; bueno, pues doce no tendrían agua, y veinticinco no tendrían saneamiento. Nos gustaría que participáramos en esa política de cooperación al desarrollo, y de hecho estamos participando en los objetivos del milenio para completar.

La palabra solidaridad. Resulta paradójico que estemos hablando de trasvases desde otros países europeos y no seamos capaces de hablar de los trasvases en nuestra propia casa. Es una reflexión muy, muy personal, pero me parece que deberíamos intentar un gran pacto de Estado del agua en el que la solidaridad fuera un elemento sustancial. La solidaridad bien entendida da mucha cohesión y está funcionando, está funcionando con unas cuantías. Se trata de racionalizar todo lo posible ese sistema.

Nos gustaría que ese exceso de zona reserva provocara una solidaridad europea, de hecho hemos planteado una propuesta al ministerio. Si nosotros tenemos el 28% de reservas Natura y la media europea es el 12 y nosotros tenemos que mantener esas zonas, que nos den algo de dinero de fondos europeos para mantener ese exceso que tenemos. Nos parece que es una petición razonable y de hecho creo que se está trabajando en esa línea.

Efectivamente este ministerio ha puesto al día la planificación hidrológica que evidentemente es un primer paso, y dada la situación de escasez de recursos públicos seguimos pensando que dotar de seguridad jurídica y equilibrio económico a las concesiones de agua es un elemento que puede atraer capitales de fuera.

Sí hay potencial tecnológico para superar los retos. De hecho no se plantea ninguna dificultad por razones tecnológicas, incluso en dos aspectos concretos, como es la desalinización y la reutilización, las empresas españolas del agua son punteras y están haciendo desalinizadoras en Australia, en Israel, en Argelia, en México, etcétera, o sea que está funcionando. A veces las políticas públicas consiguen, si se aprovecha bien, que empresas del país se hagan punteras en ese sector. Es como si uno tiene un bien gimnasio en casa; si tú tienes un buen gimnasio de infraestructuras en casa las empresas españolas se ponen en forma y luego salen fuera a competir y ganan, lo malo es cuando empiezan a cerrarte el gimnasio. Eso hay que tenerlo presente. Lo cierto es que tenemos empresas punteras, igual que lo tenemos en


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infraestructuras. Me gusta mucho mencionar que en esta clasificación que hace el World Economic Forum de la competitividad global, y lo hace en varios pilares, el único pilar en el que España saca una posición un poco digna es en el de infraestructuras, que estamos los diez en el mundo; en otras cosas estamos muy por atrás. Tendríamos que intentar mejorar en eso.

En resumen no creemos que haya problemas tecnológicos. Una estrategia integral, en nuestra opinión, es lo que he mencionado, por ejemplo, llevarla a la educación también, educar a los chavales sobre lo que es el agua, sobre el tesoro que es el agua, cómo hay que cuidarlo y cómo hay que pagarlo, porque cuesta el servicio del agua, lo dé quien lo dé ese servicio del agua. Cuesta y hay que pagarlo.

El modelo de financiación. Nos gustaría que hubiera un modelo lo suficientemente flexible como para que cuando haya recursos públicos sea un modelo que se financie público y cuando no haya recursos públicos, como es el caso, se pueda financiar privadamente. Creo que este es un buen momento para atracción de capitales privados, incluso exteriores, si el escenario de equilibrio económico-seguridad jurídica, que es en lo que parece que se está funcionando.

Evidentemente estamos contribuyendo en la marca España. Nos gustaría que nuestros políticos, todos, igual que tienen el chip de las renovables y el chip de la alta velocidad, tuvieran el chip del agua, porque la gente de fuera sí lo tiene. La gente de fuera cuando viene aquí dice, pero bueno, estos por qué presumen de renovables y de alta velocidad, que tienen razón, si lo que están haciendo bien es lo del agua. Nos gustaría que el chip del agua lo tuvieran nuestros políticos.

Creo que más o menos, no demasiado exhaustivamente, he intentado contestar a lo que me han planteado.

El señor PRESIDENTE: Los que hemos tenido la suerte de escucharle mucho tiempo creo que hemos compartido las palabras que él ha dicho, los problemas y soluciones que cada ayuntamiento plantea en el tema del agua y también compartimos muchas explicaciones que ha dado en otros asuntos.

Suspendemos la sesión unos minutos para proceder a la celebración de la siguiente comparecencia.

- DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMÁTICO (MAGRO ANDRADE) PARA EXPLICAR LAS REFORMAS QUE EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA SE ESTÁN REALIZANDO SOBRE EL RÉGIMEN DE DERECHOS DE EMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 212/001533).

El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida a la nueva compareciente, que es doña Susana Magro, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, y le agradecemos las explicaciones que sin duda nos va a dar.

La señora DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMÁTICO (Magro Andrade): Muchísimas gracias. Es un honor para mí comparecer en esta Comisión.

Vengo a informarles de la reforma del sistema europeo del comercio de derechos de emisión. La Comisión Europea lanzó en el año 2000 el programa europeo de cambio climático para el periodo 2000-2004, cuyo objetivo principal consistía en la identificación y desarrollo de los elementos necesarios para diseñar una estrategia comunitaria con la que implementar el Protocolo de Kioto. Uno de los resultados más importantes de dicho programa fue la aprobación de la Directiva 2003/87, de 13 de octubre, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en toda la Unión Europea. Este régimen, vigente desde el 12 de enero de 2005 cubre actualmente las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero de la industria y del sector eléctrico en los 28 Estados miembros, en Islandia, Noruega y Liechtenstein.

El ETS, que es como se conoce en el marco de la Unión el sistema de comercio de derechos de emisión afecta globalmente a más de 12.000 instalaciones en un total de 31 países, que representan en torno al 45% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, en torno a 1.900 toneladas de CO2 cada año. El sistema europeo de comercio de derechos de emisión cambió sustancialmente tras la aprobación de la Directiva 2008/101, de la Comunidad Europea, de 19 de noviembre, por la que se incluían las actividades de aviación civil en el régimen y la Directiva 2009/29, de 23 de abril, por la que se reforma el régimen con carácter general. Esta última, que es muy importante además, es la que forma parte del paquete legislativo, energía y cambio climático a 2020, que es el que tenemos actualmente en vigor, el paquete energía y clima por el cual todos los Estados miembros nos


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comprometemos a tres objetivos, dos de ellos con carácter vinculante, que es un objetivo de reducción de emisiones de un 20%, un objetivo en renovables de un 20% y un objetivo, que es con carácter indicativo, que es de eficiencia energética también de un 20%; por eso es el paquete 20-20-20. Y ese paquete también incluye una reforma del sistema de comercio de derechos de emisión.

Este nuevo sistema que hemos empezado a aplicar en su totalidad a partir del 1 de enero de 2013, supone una ampliación significativa del ámbito de aplicación del antiguo ETS, y una mayor armonización en todos los procesos. Cabe destacar, como elemento fundamental, que la subasta toma ya un papel central como mecanismo de inyección de los derechos en el mercado.

En este momento, ya en 2014, la práctica totalidad de las novedades que tenían que estar listas en enero de este año se han implementado y las subastas de derechos de emisión se celebran con normalidad en todos los países de la Unión. La migración de los registros nacionales al registro único de la Unión se ha producido; se han adecuado los planes de seguimiento de las emisiones a las nuevas exigencias, que son ahora aun mayores; se ha puesto en marcha un régimen especial para excluir a pequeños emisores y hospitales y se ha tramitado, que ha sido algo muy complejo, la asignación gratuita de derechos para todo el periodo 2013-2020, que la acabamos de terminar todos los países hace prácticamente unos días. No obstante, el desequilibrio entre oferta y demanda que ha aparecido claramente como consecuencia de la crisis económica, hace que actualmente estén en debate nuevas reformas del sistema ETS.

El precio del derecho de emisión de la tonelada de CO2 ha descendido notablemente desde que se inició la segunda fase de la aplicación del sistema europeo de comercio de derechos, o sea la fase 2008-2012. Tras un máximo de casi 30 euros/tonelada de CO2 en 2008, algo que ahora nos parece impensable, a mediados de ese año 2008 el derecho cayó de forma pronunciada y se situó durante bastantes meses en torno a los 15 euros. A partir del verano de 2011 volvió a descender y alcanzó un nuevo punto de equilibrio que parecía que ahí se iba a estabilizar -y hablo de 2011-, alrededor de los 7,5 euros. Al finalizar 2012 se quedó estable durante una larga temporada en 5 euros. Es decir, hemos visto una caída desde 2008 hasta ahora desde los 30 euros que hemos llegado a ver del derecho de emisión hasta los 5 euros, valor en el que se encuentra ahora. Por ejemplo, la subasta que se celebró ayer, se subastaron en torno a los 5 euros.

Este comportamiento del derecho de emisión se debe principalmente a que el descenso de la actividad industrial asociado a la crisis ha generado un excedente neto que supera los 2.000 millones de derechos en toda la Unión Europea. Esta cifra supone, en torno a las emisiones anuales de todas las emisiones sujetas al régimen, una cifra muy significativa. Es importante señalar que el sistema de comercio de derechos en este caso ha respondido respecto a los fundamentos de mercado con los que fue creado; descendió la demanda de derechos de emisión al necesitar las instalaciones menos derechos para rendir cuentas por sus emisiones y en consecuencia el precio ha ido descendiendo. En ese sentido analizamos que el funcionamiento del mercado ha sido el correcto. Es innegable que las emisiones se han reducido por debajo de lo que se preveía hace unos años y todo esto ha influido en la evolución del mercado en estos años.

Otra cuestión es si el mercado ofrece ahora las señales adecuadas a los inversores, si el nivel de precios es suficiente para avanzar al ritmo deseado hacia lo que todos deseamos que es una economía baja en carbono. En este contexto se debate desde hace un par de años la conveniencia de introducir medidas que restablezcan ese equilibrio entre oferta y demanda, mejoren la señal de precio.

Las medidas dentro de la oficina las clasificamos en general en dos grupos, las que tienen un efecto en el corto plazo y las que tienen un carácter más estructural y serán aplicadas en un horizonte mucho más lejano. En cuanto a las medidas a corto plazo, a la que me refiero en concreto es a la que todos conocen y se ha denominado backloading y que consiste básicamente en modificar el calendario de las subastas en el periodo actual, en el periodo 2013-2020 en el que ya estamos inmersos. Lo que se hace es retrasar la subasta de 900 millones de derechos, que se preveían subastar para 2014-2016, se retrasan a los dos últimos años del periodo, se retrasan a 2019-2020.

Las negociaciones para llegar a la aprobación del backloading no han sido nada sencillas, eso no se les oculta. En primer lugar era preciso que se dieran poderes a la Comisión para que modificase el calendario de subastas, conforme a los procedimientos regulatorios establecidos. Finalmente, en diciembre del año pasado se aprobó ya la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo para otorgar esos poderes a la Comisión para poder modificar el calendario de subastas. Y esa decisión le impuso a la Comisión unas determinadas condiciones. Primero, que el volumen máximo de derechos de emisión no podía superar los 900 millones de derechos; que la medida solo se podía aplicar una sola vez en el periodo en


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el que estamos ahora, 2013-2020, y que solo se podrá realizar cuando se demuestre que no hay un impacto significativo en los sectores expuestos a un riesgo significativo de fugas de carbono.

A partir de ahí, el siguiente paso que había que dar era la aprobación de una enmienda el reglamento europeo que regula las subastas de derechos de emisión, algo que tampoco fue nada sencillo. El 26 de febrero de este año se publicó en el diario oficial de la Unión Europea, por fin, la enmienda a dicho reglamento que es la que introduce el backloading. En particular lo que se establece es que en 2014 van a dejar de subastarse -la enmienda lo deja claro- 400 millones de derechos, en 2015, 300 y en 2016, 200. Así se completa ese total de 900 millones que deja de subastarse entre 2014 y 2016. Para que se hagan una idea de lo que significan estas cifras hay que tener presente que 400 millones de 2014, que se van a dejar de subastar en este año, suponen alrededor del 40% del total que se había subastado en este año 2014. Por otro lado la enmienda también introduce que en 2019 se empiezan a reintroducir los derechos, de manera que en 2019 se subastará una cantidad adicional de 300 millones y en 2020 otros 600. La idea es que el valor neto a lo largo de todo el periodo tiene que ser neutro.

En cuando al impacto en los sectores industriales expuestos a fuga de carbono, la evaluación de impacto que realizó la Comisión constata que no existiría dicho impacto negativo. Así pues, se han cumplido las condiciones que impusieron el Parlamento Europeo y el Consejo a la Comisión para poder aplicar el backloading. Con todo esto, señorías, a fecha de hoy el backloading ya es una realidad, ya se está aplicando en este periodo de 2014. Se está aplicando en concreto desde mediados del mes de marzo, momento en que las cantidades que diariamente salen a subasta se han reducido prácticamente a la mitad.

Como inciso simplemente les quería comentar, como información de lo que vamos viendo en el día a día que curiosamente todos esperábamos que a medida que se pusiera en marcha el backloading la señal del precio empezara a recuperarse, y no está siendo así. La verdad es que estamos un poco despistados en general los analistas y estamos siguiendo con mucho interés todo lo que pasa en el mercado semana a semana porque curiosamente ha sido entrar en vigor a mediados del mes de marzo la medida y el precio ha empezado a bajar. De hecho se ha llegado a subastar la semana pasada en torno a los cuatro euros y pico; esta semana parece que se recupera un poquito el precio y estamos en los 5, pero lejos de los 7 a los que estuvimos el mes pasado. La verdad es que todos los analistas de estos mercados, que funcionan como una bolsa internacional andan un poco despistados y cada uno está haciendo sus elucubraciones sobre qué estará pasando. Las nuestras propias -porque todos podemos hacer las nuestras- es que creemos que es un efecto a corto plazo producido de la aplicación, creemos -todo esto ya digo que son supuestos y que iremos viéndolo con el avance los meses- que es probable que esto vaya ocurriendo ahora que se está empezando a aplicar el backloading y creemos que hacia finales de año volveremos a ese precio de los 7, 7,5. Esa es nuestra apuesta.

En cuanto a las medidas a largo plazo que les comentaba, la comunicación de la Comisión sobre un marco para las políticas de cambio climático y energía 2030, que la acaba de presentar la Comisión hace apenas dos meses, viene acompañada de una propuesta legislativa para el ETS, para el sistema europeo de comercio de derechos de emisión. Esa propuesta consiste en una decisión, que sería del Parlamento Europeo y del Consejo, para crear una reserva de estabilidad de derechos. ¿Qué es eso de la reserva? Básicamente es una bolsa en la que entrarían y saldrían derechos de emisión que dejan de subastarse o pasan a subastarse en función de las condiciones del mercado. La idea es que funcionaría de forma automática y empezaría a operar a partir del año 2021. O sea, una vez que acabe este periodo sería en el nuevo periodo, a partir de 2020, cuando entraría este nuevo mecanismo a funcionar. Tampoco tenemos muy concreto como sería ese mecanismo; sí sabemos que la idea es que cada año, pongamos un año equis, entra en la reserva el 12% del volumen excedentario de derechos que circularon en el año equis menos 2, es decir, dos años antes, a menos que ese 12% sea inferior a cien millones. Esos son los datos que nos ha dado la Comisión. Por el contrario, si se produjera una subida muy rápida en el precio o el volumen excedentario circulante fuera inferior a 400 millones de derechos, se podrían liberar a la reserva 100 millones de derechos. En definitiva lo que pretende la Comisión es regular el mercado de manera automática para que haya un excedente de derechos en circulación razonable que permita que haya liquidez pero a la vez que no se hunda el precio. La Comisión lo concibe como un mecanismo que dote de estabilidad al mercado, precisamente para evitar futuras intervenciones del tipo que he comentado antes, en el corto plazo, tipo backloading. Es un mecanismo que va en las dos direcciones, si el excedente es elevado se deja de subastar una parte de lo inicialmente previsto y si el excedente fuera peligrosamente bajo se subastarían cantidades adicionales.


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Finalmente la propuesta de la Comisión incluye una cláusula de funcionamiento de la revisión de este sistema que sería revisable en 2026 y en ese momento se haría balance de la situación y se harían los ajustes necesarios. En este momento se están empezando las negociaciones de esta propuesta a nivel técnico. Como decía antes, se trata de una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que deberá tramitarse por codecisión y en este momento todos los Estados miembros estamos valorando el mecanismo, cómo funcionaría la parte técnica, si se están creando grupos de trabajo técnicos concretos, para explicar bien todas las dudas que existen al respecto. Cuando tengamos información, pues estaremos en uno de los grupos de trabajo, no hay ningún problema en ponerlo a disposición de esta Cámara.

A continuación quería señalar otro sistema que podría ser modificado respecto al sistema de comercio de derechos de emisión, y me refiero al factor de reducción lineal. Cuando se aprobó el paquete energía y clima 2020, se estableció que a partir de 2013 el volumen total de derechos de emisión que se pone en circulación se reduciría anualmente en un 1,74%; así la cantidad de derechos que se expide se va reduciendo año a año conforme a ese factor de reducción de 1,74% y esta senda de reducción es la que tenemos actualmente en vigor y en funcionamiento. En la comunicación de la Comisión sobre el marco de políticas de cambio climático a 2030 se propone, como ustedes seguramente conocen, ir a un objetivo de reducción del 40% y en ese mismo marco a los sectores afectados por el ETS les correspondería una reducción del 43% de ese porcentaje global, y a ello habría que sumar que el factor lineal que ya tenemos en aplicación pasaría del 1,74 al 2,2, y sería también aplicable a partir de 2020, de manera que el volumen total de derechos que se expide cada año también se iría disminuyendo a partir de 2020 pero de manera más ambiciosa, podríamos decir. La posible modificación del factor de reducción anual es una cuestión que está supeditada al resultado que se logre en las negociaciones en el marco 2030, asunto que, comos saben, tiene un alcance ahora mismo mucho mayor y un alcance político. El marco 2030 ha ido al último Consejo de jefes de Estado de marzo y lo que se ha acordado ahí es llegar a octubre con un mandato claro de la Comisión de cuál va a ser el objetivo de la Unión Europea en el año 2030, que nosotros creemos que será ese objetivo de reducción de un 40% global para toda la Unión.

Respecto al ETS realmente estoy a su disposición para aclarar más dudas porque en cuanto a la reforma del ETS estas son las reformas básicas, la reforma en el corto plazo, que es el backloading y la reforma que ahora se plantea en el largo plazo que es esa reforma de la reserva de estabilidad que entraría a funcionar a partir del año 2021.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Magro, por sus explicaciones sobre las reformas que en el marco europeo se están realizando sobre el régimen de derechos de emisión en la Unión Europea, tanto a corto como a largo plazo, como bien ha señalado.

En este momento entramos en el turno de los diferentes grupos parlamentarios que soliciten alguna aclaración más. En primer tiene la palabra el Grupo Socialista y, en su nombre, el señor Sánchez.

El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Muchísimas gracias a la directora general de la Oficina de Cambio Climático por comparecer en la Comisión de Cambio Climático, y sobre todo para comparecer y explicar cuáles son las reformas que se están haciendo en el ámbito europeo sobre un instrumento que a nuestro juicio es fundamental para luchar contra el cambio climático, y además de cara al exterior. Y eso sí que me gustaría que en su posterior intervención hiciera alguna reflexión sobre este aspecto. Está siendo visto con buenos ojos por parte de algunas economías emergentes, como es la china y algunos acuerdos que parece que están ahora malogrados como consecuencia del cambio de Gobierno que hubo en Australia y su mayor equidistancia en relación con el cambio climático del nuevo Gobierno australiano que era el acuerdo de intercambio de derechos de emisión entre el continente europeo y el país australiano.

Es verdad que el mercado de derechos de emisión es, como decía antes, el pilar fundamental de la lucha contra el cambio climático y del programa europeo de cambio climático que usted mencionó al principio de su intervención; es verdad que es un instrumento de intervención pública en el mercado y que en consecuencia su grado de eficacia va a depender mucho de las cuestiones que usted ha mencionado en su intervención, contribuye a reducir las emisiones al mínimo coste, sí que está reduciendo las emisiones como consecuencia de que es un sistema, como dicen los ingleses, de cap and trade, pero no tanto en relación con el precio al que usted antes ha hecho mención y que a nuestro juicio es muy preocupante, no está siendo la señal que necesita el mercado, que necesita la industria para hacer esa transición hacia una economía mucho más sostenible, menos contaminante y exige, en consecuencia, de unos incentivos mucho más claros, mucho más positivos para esa mejora tecnológica.


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Quisiera hacer algunas reflexiones y también algunas preguntas en relación con las dos reformas que usted ha comentado. La primera, la reforma mas en el corto plazo, que es la que corresponde al backloading, a la retirada de la venta en la subasta de derechos de emisión. Compartimos que en efecto es sorprendente que ahora tengamos unos precios que están en torno a 4 o 5 euros cuando hace escasas semanas estaba por encima de los 7 euros. Es verdad también que la propuesta de la Comisión de retirada de derechos de emisión tampoco planteaba unos escenarios muy superiores a los 7 u 8 euros tras la retirada de estos derechos de emisión en las cantidades que usted antes ha mencionado, pero en todo caso nos parece que efectivamente es insuficiente y que deberíamos plantear, o al menos nos hubiera gustado plantear, con todas las dificultades que tiene, no solamente en términos de decisión en la Comisión, en el Parlamento Europeo, sino también el impacto que tiene en la economía y en la industria, alguna medida un poco más agresiva, si se me permite la expresión, para elevar el precio del derecho de emisión de carbono.

Hoy precisamente en la Comisión de Medio Ambiente hemos debatido sobre el uso territorial de los ingresos derivados de esas subastas de emisión. Le diré que nuestra posición ha sido en contra de la propuesta del grupo proponente que en este caso era Convergència i Unió, pero me gustaría saber, en primer lugar, cuáles son las previsiones de ingresos que ustedes tienen por estas subastas y, en segundo lugar, que nos dé una mayor información sobre el uso a través del fondo de carbono que se está haciendo por parte del Gobierno y en concreto por parte de su Oficina de Cambio Climático.

Es cierto, y creo que usted lo ha mencionado de pasada, pero lo ha mencionado, que en esta tercera fase que ha comenzado a principios de enero de 2013, ha habido una transición progresiva de determinados sectores a pagar derechos de emisión que antes percibían de manera gratuita, y no solamente me refiero a las eléctricas sino también a otros sectores que me parece que ahora mismo están pagando en torno al 20% de esos derechos. Me gustaría saber exactamente si tienen ustedes alguna evaluación del impacto del cobro de estos derechos de emisión a partir de enero de 2013.

En relación con las reformas estructurales, yo tuve la suerte de ser el ponente en la Comisión Mixta para la Unión Europea del dictamen que sabe que después del Tratado de Lisboa todos los parlamentos nacionales tenemos que dar afirmativo o negativo en relación con las decisiones que toma el Parlamento Europeo, el Consejo y demás, y debo decirle, si no lo conoce usted, que todos los grupos proponentes, tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Grupo Parlamentario Socialista informamos afirmativamente en relación con la propuesta de la decisión del Parlamento y del Consejo Europeo en relación con la reserva de estabilidad del mercado de derechos de emisión. Nos parece que es una buena opción; creemos que dentro del conjunto de alternativas que tenían encima de la mesa las instituciones comunitarias y también los Estados miembros es la más razonable, es decir, plantear una reserva de estabilidad de mercado, basado no tanto en indicadores como el producto interior bruto, sino basado en el excedente de oferta, y en consecuencia nosotros votamos afirmativamente. Me gustaría saber su opinión y la opinión del Gobierno en relación con otras alternativas que se plantearon por parte de la Comisión y que están encima de la mesa ahora mismo por parte del Consejo. Me refiero a la reducción de ese factor lineal al 2,2%; me gustaría saber exactamente la posición del Gobierno en relación con esa decisión.

Me gustaría también saber si el Gobierno estaría a favor de ampliar el espectro de sectores afectados por el mercado de derechos de emisión, que esa fue una de las propuestas que escribió negro sobre blanco la Comisión Europea en un informe del año 2012, en el informe de la Comisión al Parlamento Europeo en relación con el estado del mercado europeo del carbono. Y me gustaría conocer su opinión en relación con el uso de los créditos internacionales, el efecto que ha tenido sobre la evolución del mercado de derechos de emisión y si desde el punto de vista del Consejo se va a seguir la línea planteada por la Comisión Europea en relación con un uso mucho más estricto de estos créditos internacionales que sin duda alguna, a nuestro juicio, de manera negativa la evolución del precio del derecho de emisión.

Con estas preguntas finalizaría mi turno. Quedo a disposición de la señora directora general para responder a alguna de esas aclaraciones que me imagino que usted hará en su segunda intervención.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, doña María Luz Bajo.

La señora BAJO PRIETO: Gracias, señora directora general de la Oficina de Cambio Climático por acudir a esta Comisión; le quiero agradecer las explicaciones que nos ha facilitado.

El régimen comunitario de comercio de derechos de emisión es el mayor logro de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático, al poner un comercio de derechos para sus propias industrias y es el


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primer régimen internacional de comercio de derechos de emisiones de CO2 en el mundo. Sin embargo el excedente cada vez mayor de derechos de emisión desde el inicio del tercer periodo 2013-2020, causado por la oferta inicial excesiva y por la recesión económica, ha provocado que el precio del carbono haya ido cayendo hasta situarse por debajo de los niveles de eficiencia previstos en el momento de la creación del sistema europeo de comercio de emisiones como instrumento de reducción de emisiones de CO2.

El Grupo Popular valora positivamente que la Comisión Europea retire del mercado 900 millones de derechos en este tercer periodo de comercio para hacer frente al excedente de derechos. Había bajado mucho el precio de la tonelada de CO2 y estábamos dando la mala señal a los operadores económicos de que contaminar costaba poco. Aunque esta iniciativa, en teoría, elevaría el precio de la tonelada del precio de CO2, aunque como usted nos ha dicho esto no está siendo así, y sería más rentable entonces invertir en una tecnología verde de bajo consumo de carbono que comprar toneladas en los mercados. Esperemos que, como usted también nos ha dicho, a finales de este año esto se recupere.

Ahora se está pensando en un mecanismo diferente, en un mecanismo automático de compensación que en función de la evolución de los precios se retiren automáticamente precios de mercado, o en función de la subida espectacular para estabilizar la tonelada en un precio que sea razonablemente disuasorio de contaminar y razonablemente abierto a que las empresas puedan comprarlo sin distorsionar su competitividad. Este mecanismo que, como usted nos ha anuncia, funcionaría a partir de 2021, el Grupo Popular estará pendiente en las propuestas que formule la Comisión Europea.

No obstante, quiero recordar la actividad normativa que el Gobierno ha llevado a cabo en esta legislatura con carácter urgente en materia de lucha contra el cambio climático porque el anterior Gobierno socialista no fue capaz de llevarlo a cabo o simplemente a lo mejor es que se le olvidó. Por ejemplo, Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente para que Europa pueda participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y en consecuencia cumplir los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto. Al Gobierno socialista se le había olvidado este pequeño detalle sin el cual nuestro país se quedaba al margen, perjudicando a nuestras empresas.

Otro ejemplo es el acuerdo de contratación pública común para la contratación de plataformas comunes de subastas y para la contratación de una entidad única supervisora de las subastas; otro pequeño detalla del que se olvidó el Gobierno socialista.

Siguiendo el hilo internacional, me gustaría destacar los progresos que se están dando en Europa en cuanto al marco estratégico en materia de clima y energía para el periodo 2020-2030 y el impulso más importante, a mi parecer, porque afecta a nuestro país, como es el aumento de las interconexiones que se traducirán en una reducción de los costes de energía. Pero en cualquier caso mañana en esta Cámara comparece el presidente del Gobierno para explicar las conclusiones del Consejo Europeo.

El Grupo Popular aplaude la política del ministerio de no depender exclusivamente de la compra de derechos en el exterior y su apuesta por el fondo de carbono y los proyectos clima, proyectos de mitigación del cambio climático desarrollados en España que contribuyen a evitar emisiones de gases de efecto invernadero en los llamados sectores difusos, al tiempo que generan actividad económica sostenible.

También conviene recordar otros proyectos nacionales que contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como son el Plan PIVE, el Plan PIMA Aire, el Plan PIMA Sol, o las diversas medidas que se han adoptado en edificación y eficiencia energética, además del proyecto Huella de Carbono que fomentará la compensación en la huella de carbono de empresas mediante sumideros nacionales.

El señor PRESIDENTE: Tiene de nueva la palabra doña Susana Magro.

La señora DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMÁTICO (Magro Andrade): Haré una respuesta común. Coincido con la portavoz del Grupo Popular y así responde también que el ETS es el instrumento fundamental que ha tenido la Unión Europea para luchar contra el cambio climático y creo que es un instrumento que será copiado en el futuro por aquellos que tengan el valor de hacerlo. Porque aplicar un sistema ETS como este no es tan sencillo, tiene muchos problemas tanto para su aplicación, para su puesta en marcha, como para luego llevarlo, pero sin duda está dando resultados positivos en cuanto a lo que supone reducción de emisiones. Les puedo contar, por ejemplo, que en China se están haciendo siete esquemas a nivel piloto de lo que sería un sistema ETS en distintas zonas de China; estamos esperando que nos lleguen noticias de cómo están funcionando estos esquemas piloto, porque además será muy interesante tener ese conocimiento antes de Perú. Es verdad que Australia ha tenido un parón en este proceso de unión al ETS europeo, parón que ya lo vimos en la COP de Varsovia,


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las posiciones de Australia en la COP de Varsovia fueron muy diferentes a las que había tenido el Gobierno anterior. Esperamos que con un buen hacer diplomático vuelvan a donde estaban antes. Pero no son los únicos, por ejemplo, en Estados Unidos varios Estados tienen sistemas regionales similares a nuestro ETS. Y bueno creo que nuevos países se irán sumando. Tenemos noticias de Corea, de Chile, que también está muy interesado en implantarlo. El sistema en sí funciona. Es cierto que el sistema de subastas ahora mismo no está teniendo el éxito que todos querríamos en cuanto a la señal de precio, pero también creo y estoy convencida que todos hemos hecho lo que queríamos hacer. Me decía el señor Sánchez que había que haber tomado alguna medida más agresiva. Tomar esta medida del backloading nos ha costado mucho, nos hemos dejado todos mucho por el camino. Tenga en cuenta que ha habido que tener el acuerdo de los 27, y eso no es nunca fácil. Para conseguir que esta medida saliera adelante hemos trabajado creo que ha sido un año de trabajo, ya ni lo recuerdo, ha sido un año de trabajo a muchos niveles, técnico y político, quizá si hubiéramos ido a otra medida más agresiva nos hubiéramos quedado en el camino y no hubiéramos conseguido nada. Desde la Oficina de Cambio Climático y desde el ministerio estamos satisfechos con esta medida. En nuestras reuniones en la Comisaría la comisaria está satisfecha con esta medida; veremos ahora si da los resultados que esperaba, que de hecho lo que la Comisión esperaba era alcanzar un precio en torno a los 8 euros. Tampoco se esperaba más; lo que nos está sorprendiendo a todos es que estemos ahora en 5, pero vamos a esperar a fin de año a ver cómo evolucionan las cosas. De verdad que no creo que sea insuficiente sobre todo con la premura que se ha adoptado; hemos cubierto los plazos en un tiempo récord para aprobar el backloading con el acuerdo de todos y tenerlo en vigor ya, que eso es lo que yo veo más importante, que estamos en el mes de abril y en marzo se empezó a aplicar.

Me preguntaba en cuanto a las previsiones de ingresos que tenemos para este año 2014. Ahora mismo es una cosa que me la pregunta mucha gente, cada uno con intereses distintos, y las vamos cambiando casi cada semana. Las más objetivas que tenemos son en torno a los 320 -y fíjense si lo afino, espero no equivocarme a final de año-, 350 millones de euros en 2014. Y hay una gran incertidumbre, claro, porque si el precio se sitúa en 7 de aquí a lo que queda de año se podría llegar incluso a 500 millones. Por eso el abanico es muy amplio.

¿En qué estamos utilizando esos ingresos? Como saben, el 90% de los ingresos que recoge el Estado español, ese 90% está yendo al Ministerio de Industria para el déficit de tarifa de las renovables y el 10% es asignado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para poner en marcha planes que en este caso son planes de mitigación del cambio climático. En dos años les puedo contar que hemos puesto en marcha -la verdad es que nunca está uno contento del todo, pero sí si miras para atrás- y casi con presupuesto muy bajito, no voy a decir cero porque si hubiera sido cero no lo hubiéramos podido poner en marcha, pero tirando de esos ingresos que nos iban llegando hemos puesto en marcha primero los proyectos Clima, que están funcionando muy bien, vamos ya a la tercera convocatoria, son proyectos para reducir emisiones en los sectores difusos en todos los sectores y abierto a todo tipo de empresas y la verdad es que ahí todo el equipo de la oficina estamos trabajando porque las convocatorias son muy bonitas -me pueden criticar es que siempre dices que son muy bonitas-, pues ves empresas de todo tipo; desde una empresa grande que se esfuerza hasta pymes, empresas muy pequeñitas que se esfuerzan también.

A continuación pusimos en marcha un plan, que es el PIMA Aire, plan de impulso al medio ambiente, para reducir emisiones del parque de furgonetas, porque vimos en un momento dado que existía un problema, que es más de contaminación, no de emisiones, en las grandes ciudades provocado, por supuesto, por el parque de vehículos pero también porque tenemos un parque de furgonetas muy envejecido. A partir de ahí empezamos a pensar cómo resolver esto y se puso en marcha este plan de impulso al medio ambiente para la renovación de las flotas de furgonetas y vehículos de reparto, que hemos ampliado en dos versiones más, que son PIMA Aire 2 y 3, que incluyen una gran novedad que a veces es un poco desconocida pero que también está funcionando muy bien y es que por primera vez el Gobierno da ayudas al que se compre una moto eléctrica o una bicicleta eléctrica. Digo por primera vez porque es la primera vez que existe un plan de ayudas a nivel nacional para la bici eléctrica, y está funcionando bien, creo que llevamos unas 700 u 800 bicis vendidas, no por nosotros, que no las vende el ministerio, nosotros damos la ayuda.

También hemos puesto en marcha un plan, que es el Plan PIMA Sol en el que hemos tenido la gran suerte, y creo que el trabajo detrás, de convencer al BEI que merecía la pena prestar dinero a España. El BEI ha prestado nada menos que 200 millones para renovación eficiente de hoteles españoles. Este Plan


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PIMA Sol, que está dirigido a todo el parque hotelero, hoteles pequeñitos, pensiones, hostales, camping, todo el que quiera renovar su hotel y lo haga mejorando la eficiencia energética en dos letras, tiene derecho a una ayuda por parte de la Oficina de Cambio Climático y a un préstamo del BEI.

Hemos puesto en marcha el PIMA Tierra -me dirán vaya serie, PIMA Aire, Sol, Tierra- que está dirigido y está funcionando a renovar la flota de tractores, que también estaba muy envejecida. Y estamos ahora trabajando en nuevos pimas que todavía no les puedo anunciar porque los tenemos ahí, y viendo, en función de los ingresos que nos lleguen este año si seremos capaces de ponerlos en marcha o no.

En paralelo estamos trabajando sin coste ya, porque lo hemos hecho internamente, en dos cosas fundamentales, una que ya hemos sacado, que el es real decreto de huella de carbono, que creo que nos va a ayudar a reducir, porque el real decreto obliga a que las empresas que se quieran registrar con nosotros y obtener el sello nacional de que usted calcula su huella de carbono, se compromete también a reducirla. Y luego esa hoja de ruta de difusos que por fin tenemos terminada. Es un trabajo que nos ha costado casi dos años y es un trabajo que nos permite ver qué medidas hay que aplicar para llegar a 2020 cumpliendo, sin tener que acudir a comprar derechos en el exterior. Ahora mismo lo estamos pasando, como si dijéramos, por el filtro de todos los que pueden estar interesados, ministerios; mañana, por ejemplo, nos reunimos con los cinco grupos ecologistas más importantes de España para presentarles el trabajo y que también nos hagan sus sugerencias y nos den sus opiniones. Si en algún momento ustedes quisieran yo encantada de presentarles el trabajo y, lo mismo, abierto a todas las sugerencias para luego al final plasmarlo. Nuestra intención es plasmarlo en un documento que sea de utilidad para todos y que se pueda empezar a aplicar a través de un plan.

Nuestra posición en cuanto al marco 2030 y ese factor de reducción lineal, ampliar el espectro del ETS, al uso de créditos internacionales. Estamos analizando ahora mismo todo el paquete del marco 2030, y el Gobierno lo está analizando, porque son todos una serie de elementos que están interconectados entre sí y que no puede estudiarse uno aislado de otro, porque cada uno incide en el otro; aumentar el factor lineal va a repercutir en nuestras industrias, si además ampliar el factor de aplicación del ETS va a tener una repercusión también en la industria, entonces hay que estudiarlo todo en conjunto. Y lo que estamos intentando por parte del equipo técnico de la oficina es estudiar cada una de las medidas y ver si se aplicaran unas u otras cómo repercutiría en cuanto a la reducción de emisiones, que es nuestra competencia y en cuanto a otros muchos aspectos que son de interés general para todos, como es el coste, como es el efecto en nuestra industria.

Estamos muy pendientes de los pasos que da la Comisión y en ese sentido estamos trabajando mano a mano con la Comisión. Nuestra posición en este momento es no cerrarnos a nada, estudiar todo y estudiarlo con miras amplias, porque para España es fundamental desde luego tener una serie de cosas aseguradas en este paquete, como es el tema de las interconexiones. No vamos a poder avanzar en reducción de emisiones y avanzar probablemente en renovables ni ir a futuro si no mejoran nuestras interconexiones, que están muy por debajo de lo que deberían a día de hoy. Queremos gestionar este paquete de manera conjunta, viendo todos los elementos, y eso desde luego todavía no está cerrado.

Creo que he contestado a todas las preguntas.

El señor PRESIDENTE: Llegamos al punto final de esta Comisión, que ha celebrado una sesión muy interesante, donde en primer lugar hemos disfrutado de la comparecencia de don José Luis González, compartiendo con nosotros los principales problemas del agua y sus servicios es España desde la óptica siempre de la Asociación Española de Empresas Gestoras y en segundo lugar de doña Susana Magro, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, a quien agradecemos las explicaciones que ha compartido con nosotros sobre las reformas que en el marco de la Unión Europea se están llevando a cabo en materia de emisiones. La felicitamos por su trabajo, tanto a ella como a todo su equipo por ese trabajo técnico y político.

Termino poniendo a su disposición esta Comisión para el Estudio del Cambio Climático para seguir compartiendo toda esa información tan interesante en esta materia. Muchísimas gracias.

Se levanta la sesión.

Era la una y cincuenta minutos de la tarde.

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