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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 558, de 06/05/2014
cve: DSCD-10-CO-558
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 558
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CARLOS ARAGONÉS MENDIGUCHÍA
Sesión núm. 24
celebrada el martes,
6 de mayo de 2014


Página

ORDEN DEL DÍA:

Solicitud de creación de una subcomisión para asegurar y articular la participación del Parlamento en el posicionamiento del sistema de la cooperación española ante los retos de la Agenda de Desarrollo post-2015. (Número de expediente 158/000043) ... (Página2)

Proposiciones no de ley:

- Relativa a los procedimientos de gestión de los recursos de la cooperación financiera del Fondo para la promoción del desarrollo (Fonprode). Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/001417) ... (Página3)

- Sobre el cumplimiento de los derechos laborales por parte de las empresas transnacionales. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001652) ... (Página8)

- Sobre impulso de la abolición de la pena de muerte a nivel mundial. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001896) ... (Página13)

- Sobre impulso del micromecenazgo en las actividades de cooperación al desarrollo. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002542) ... (Página15)


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- Sobre la prohibición de inversiones financieras especulativas sobre bienes alimentarios de primera necesidad en países en vías de desarrollo. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/002570) ... (Página19)

- Sobre el impulso de la participación española en el Año Europeo del Desarrollo (2015). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002587) ... (Página23)

- Sobre el futuro del modelo de cooperación internacional para el desarrollo del Estado español. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002663) ... (Página25)

- Sobre África y la agenda para el desarrollo después de 2015. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002668) ... (Página28)

- Sobre la creación y aplicación del impuesto sobre transacciones financieras. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002670) ... (Página30)

Debate y votación de las propuestas de resolución y, en su caso, aprobación del dictamen sobre:

- Comunicación anual 2014, referente a la ejecución del Plan director de la cooperación española 2013-2016. (Número de expediente 043/000057) ... (Página34)

Se abre la sesión a las once de la mañana.

SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA ASEGURAR Y ARTICULAR LA PARTICIPACIÓN DEL PARLAMENTO EN EL POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA ANTE LOS RETOS DE LA AGENDA DE DESARROLLO POST-2015. (Número de expediente 158/000043).

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión.

Ruego silencio para atender a una explicación de la Presidencia en cuanto a una votación que vamos a celebrar y que es el motivo, adivino, de la presencia de muchas de sus señorías. Hay una solicitud del Grupo Parlamentario Socialista de inclusión de un nuevo punto del orden del día -ya lo conocerán la mayoría de ustedes-. Esta Presidencia, consultada la Mesa, va a conceder un turno de aclaración para explicar el sentido de la iniciativa, de la reclamación, lo cual quiere decir, al efecto de los presentes que no estén directamente interesados en la materia, que se retrasa en unos minutos la misma votación, la sustanciación de la iniciativa, para ver si se admite o no su inclusión en el orden del día ordinario de esta Comisión. Ruego tanto al grupo proponente como a aquellos grupos que quieran manifestar su posición que sean extremadamente breves, sobre todo los grupos que quieran manifestar su posición al respecto, en el entendido -así lo establece esta Presidencia en mi modesta persona- de que el asunto es de suficiente interés como para que sean conocidos por el resto de la Comisión los motivos que fundamentan la solicitud de esta alteración del orden del día acordada por la Mesa y los portavoces.

Si no hay inconveniente, le concedo la palabra a la señora Monteserín por parte del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Seré breve porque lo importante es la votación.

Mi grupo registró el día 5 de diciembre la petición para la creación de una subcomisión en el seno de esta Comisión para garantizar la participación del Parlamento en las propuestas de la Agenda post-2015 y todo lo que tiene que ver con el sector de la cooperación. Se registró después de haberla tenido un tiempo en la Junta de Portavoces porque no queríamos que fuera una iniciativa del Grupo Socialista, sino de toda la Comisión. Visto que eso no pudo ser, la hemos registrado en diciembre y lo que queremos es


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que esta Comisión vote la creación o no de esta subcomisión. Como no estaba en el orden del día, hemos utilizado esta fórmula para presentarla.

El señor PRESIDENTE: Gracias en especial por la somera explicación de la portavoz del Grupo Socialista, que no abre ningún tipo de polémica de contenido sobre el fondo. ¿Alguien más quiere manifestar criterio, posición o anuncio de voto? (Pausa).

Tiene la palabra el señor Picó, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

El señor PICÓ I AZANZA: Únicamente quiero manifestar que la votación que vamos a realizar es sobre la oportunidad o no de modificar el orden del día. No hablamos del fondo del asunto, sino únicamente sobre la posibilidad o no de modificar el orden del día y que, por tanto, se debata en esta Comisión la solicitud de creación de la subcomisión. Desde mi perspectiva, tanto por el aspecto procedimental como por el aspecto temporal del asunto, mi grupo votará favorablemente.

El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra intervención? (Pausa). Vamos a proceder a la votación, si les parece a sus señorías.

Pido el voto para la solicitud de creación de una subcomisión en el seno de la presente Comisión para asegurar y articular la participación del Parlamento en el posicionamiento del sistema de la cooperación española ante los retos de la Agenda de desarrollo post-2015.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la modificación del orden del día.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COOPERACIÓN FINANCIERA DEL FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO (FONPRODE). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/001417).

El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces a debatir el orden del día. Comenzamos por la primera proposición no de ley, relativa a los procedimientos de gestión de los recursos de la cooperación financiera del Fondo para la promoción del desarrollo, presentada por el Grupo de Unión Progreso y Democracia.

Su portavoz, la señora Lozano, tiene la palabra.

La señora LOZANO DOMINGO: Presentamos esta proposición no de ley que trata de un asunto financiero y por ello quizá aparentemente algo complejo, pero en el fondo muy simple. Se trata simplemente de evitar tener esos saldos ociosos y elevados de los que dispone el Fonprode. Dicho de otra manera, que ese dinero -hablamos de sumas importantes, como luego explicaré-, que no nos sobra, no lo tratemos como si nos sobrara. Desde que entró en vigor el reglamento de funcionamiento del Fonprode, a mediados del año 2011, se vienen observando de manera reiterada y sistemática saldos innecesariamente elevados en las cuentas que este fondo tiene en el Banco de España. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Ruego un poco más de silencio, no pido el riguroso, pero sí algo más.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.

Estas cuentas del Fonprode en el Banco de España se nutren fundamentalmente con dos tipos de ingresos: los realizados por parte del Tesoro y los ingresos procedentes de retornos de inversión de cooperación reembolsable, fundamentalmente del Fondo de microcréditos, ya extinguido. Teóricamente, el saldo de las cuentas debería recoger solamente el importe de los retornos de las operaciones de cooperación financiera de carácter reembolsable. No obstante, ocurre de forma frecuente que la realización de estos desembolsos se retrasa algún tiempo debido a la necesidad de realizar determinadas formalidades recogidas en los contratos que el ICO, agente financiero del Fonprode, suscribe con los destinatarios de los mismos. Aunque es comprensible, este retraso en ningún caso le parece a nuestro grupo justificable, ni que justifique esos elevados saldos acumulados por importe de varios cientos de millones y durante periodos prolongados de tiempo. Por otro lado, teniendo en cuenta las primas que el Estado debe satisfacer para colocar su deuda soberana en los mercados, parece bastante aconsejable esforzarnos en que


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cualquier proceso financiero se ajuste de forma que los saldos ociosos en las cuentas públicas sean lo menor posible.

Por todos estos motivos, ya en otra ocasión, mi grupo, hace algo más de un año, presentó una iniciativa, una proposición no de ley, en cuyo primer punto proponíamos que se estableciera un procedimiento administrativo en la gestión de fondos destinados a la cooperación que, además de otras medidas, evitara esta acumulación de saldos ociosos superiores a los 5 millones de euros en las cuentas del Fonprode en el Banco de España. Al mismo tiempo, les doy cuenta a sus señorías del distinto seguimiento que ha hecho mi grupo en relación con este tema... (Rumores). La verdad es que me cuesta mucho trabajo hablar con este ruido, señor presidente. Debo ser muy sensible.

El señor PRESIDENTE: Les ruego silencio. Por favor, ahórrense las conversaciones en estos momentos. Se lo ruego y, si no, llamaré al orden.

Adelante, señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Decía que, además de esa proposición no de ley en la que ya pedíamos que se evitara la acumulación de esos saldos ociosos, pedimos también al Gobierno, a través de los mecanismos reglamentarios establecidos, los movimientos de la cuenta del Fonprode en el Banco de España que hemos recogido en un gráfico que está reflejado en esta proposición no de ley que presentamos hoy y en la que se ve de una manera muy visible y muy gráfica cómo, si bien hay un momento en que se reduce esa cantidad de dinero de los saldos ociosos, prácticamente y de forma constante todo el año 2012 se mantienen los 300 millones de euros, cantidad muy elevada, y no solo no se corrige esa acumulación de saldos ociosos, sino que en el año 2013 el saldo se vuelve aún más elevado. Hablamos ya de 350 millones de euros, lo cual nos parecen cantidades suficientemente significativas como para que justifiquen tomar alguna medida al respecto por parte del Gobierno. En el informe de actividad del Fonprode del año 2012, que se emitió en julio de 2013, se indicaba que en ese año ya no se había hecho uso de los fondos del Tesoro para dotar las operaciones del Fonprode, utilizando para ello los remanentes existentes en sus cuentas. Sin embargo, se da la paradoja que acabo de señalar de que en el año 2013 esa cantidad, lejos de reducirse, se incrementa y llega hasta los 350 millones de euros.

El objetivo de esta iniciativa es muy simple: evitar que se acumulen estos saldos ociosos y que no superen en ningún caso los 5 millones de euros, cantidad que hemos precisado mediante la autoenmienda que hemos incluido y que espero que sus señorías hayan tenido tiempo de leer y de considerar, que en el caso de que haya excedentes en esas cuentas del Fonprode del Banco de España se devuelvan al Tesoro. También proponemos otras medidas relacionadas con la transparencia en los saldos de estas cuentas. En suma, señorías, se trata de mejorar la gestión de tesorería del Fonprode. Creemos que, dadas las limitaciones que tiene la política de cooperación y todas ellas justificadas de manera reiterada por parte del Gobierno en el argumento de que no hay dinero, lo que proponemos es una medida que no solo no cuesta dinero, sino que permite gestionar fondos y sumas de dinero, como ya he dicho, muy elevadas.

El señor PRESIDENTE: Aparte de la enmienda de mejora que se ha presentado por el mismo grupo, hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Ramón.

La señora RAMÓN UTRABO: Desde el Grupo Socialista hemos presentado una enmienda porque consideramos que es muy importante evitar la acumulación excesiva e innecesaria en las cuentas del Fonprode en el Banco de España, pero consideramos que es innecesario poner una cifra concreta y que lo que es urgente es mejorar la planificación de los compromisos y desembolsos anuales. Para ello hay que simplificar y agilizar los trámites burocráticos administrativos entre el Tesoro, el ICO y el Banco de España. Los demás puntos de esta proposición no de ley los compartimos.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: La proposición no de ley que presenta UPyD observa un hecho, en este caso saldos innecesariamente elevados en las cuentas del Fonprode del Banco de España. Nos hablaba de un gráfico que acompañaba a la proposición no de ley que no tengo, por tanto los datos que nos ha ido dando son positivos y cuadran mucho con los datos que tenemos en relación con la baja ejecución del


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Fonprode del año 2012. De la cantidad reembolsable no se ejecutaron 248 millones de 285, y de la no reembolsable 66 millones de los 125 millones presupuestados. Por tanto, hay muy malos datos de ejecución de las dotaciones presupuestarias del Fonprode. Pero el grupo proponente no se pregunta cuál es la razón de este hecho, por qué se da, por qué no se cumplen, por qué existen dichos saldos, una cantidad tan elevada de 350 millones en el año 2013 en el Banco de España con relación al Fonprode. No ataca el fondo del asunto del problema y no propone soluciones para asegurar el buen fin de las dotaciones presupuestarias destinadas al Fonprode como instrumento financiero principal de las políticas públicas de cooperación al desarrollo. A mi grupo le sorprenden las propuestas que hace el grupo proponente en relación con este tema.

Como le decía, la proposición no de ley no soluciona el problema, lo que hace es detraer recursos del principal instrumento de las políticas públicas del Estado en materia de cooperación al desarrollo, pero no ataca el problema de fondo. Se queda un poco cojo todo esto, más teniendo en cuenta los datos que tenemos y que el secretario general de Cooperación nos dijo al respecto. Por tanto, mi grupo puede compartir aquellas medidas de esta proposición no de ley que hablan de transparencia, creo que es necesario que se haga así, pero, por otra parte, no ataca el problema de fondo y las propuestas que nos realiza es una respuesta muy parcial al hecho que pone de manifiesto. Por todo ello mi grupo se abstendrá en esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere adelantar la posición? (Pausa).

Tiene la palabra señor Martínez, del Grupo Parlamentario Popular.

El señor MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: En primer lugar, quiero agradecer al portavoz de mi grupo, señor Grau, que me haya permitido volver a esta Comisión de la que durante un largo período de tiempo tuve ocasión de formar parte de la Mesa. Pero no vuelvo a esta Comisión por una cuestión de añoranza, que también, sino por el tema que hoy se está tratando aquí a propuesta de UPyD, tema que durante varios meses se ha estado debatiendo en la Comisión de Economía de la que actualmente formo parte y donde he sido ponente de la ley que ha modificado la hasta hace pocas semanas estructura del Fonprode. Vamos a tratar, después de las intervenciones anteriores, de poner un poco de luz al respecto. Me alegro de la intervención del señor Picó, de CiU, porque creo que es necesario profundizar un poco más para entender esta situación.

El señor PRESIDENTE: Le recuerdo que son cinco minutos. En realidad son tres, pero, como veo que quiere tratarlo a fondo, como máximo serán cinco minutos.

El señor MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Quiero tratar de que quede la exposición lo más clara posible. Quedaremos en cuatro.

Como sabrán, el Fonprode es un instrumento de financiación novedoso al servicio de la política de cooperación, tan novedoso como que entró en funcionamiento en el año 2011 y justo ahora en el mes de mayo hace un año que el secretario general de Cooperación, el señor Robles, compareció en esta Comisión para informar sobre la marcha y ejecución del fondo, como así recoge su propia ley. Este instrumento que debería ser un instrumento ágil, coherente y eficaz, tras sus primeros dos años de funcionamiento resultó no serlo tanto, ya que, como deja entrever esta PNL, se convirtió en un instrumento complejo y difícil de gestionar. Fruto de esa compleja tarea de gestión y de la cantidad de operaciones que se realizaron a finales de 2010 y principios de 2011 y que transcurridos dos años todavía no se habían podido formalizar, a finales de 2013 nos encontramos justo con esta situación que se pone de manifiesto en la PNL. Pero desde finales de 2013 hasta hoy, que estamos debatiendo esta propuesta, en esos siete u ocho meses de tiempo, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas encaminadas a corregir esas deficiencias que el Fonprode ha demostrado tener en sus primeros años de vida.

Sin ir más lejos, y sirviendo como muestra rotunda del cambio de gestión que el Gobierno ha querido dar a este instrumento, el pasado 10 de abril, hace apenas unas semanas, el Congreso aprobó de manera definitiva el proyecto de ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española, en la cual se introdujo la reforma de la hasta entonces Ley del Fonprode. ¿Y qué se introdujo en esta reforma? Por un lado, establecer con claridad las operaciones realizables, en línea con las relaciones internacionales y, por otro lado, introducir en la gestión del fondo a Cofides, para que aporte sus conocimientos y su experiencia en la utilización de instrumentos de carácter reembolsable. ¿Y por qué se tomó esta medida? Justo para paliar situaciones como la que esta PNL pone de manifiesto.


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Todos conocemos la larga tradición que tiene la Aecid en la gestión de donaciones y ayuda humanitaria, pero no contaba con la experiencia necesaria para gestionar de manera eficaz los instrumentos de cooperación reembolsables, entiéndase créditos e inversiones, y además tampoco disponía de criterios técnicos para poner en marcha estos instrumentos. Por lo tanto, estamos convencidos de que la participación de Cofides va a ayudar a gestionar los fondos del Fonprode, además de reforzar su capacidad técnica. Esta ha sido una de las medidas más importantes, que creemos que ayudará a mejorar la gestión del Fonprode, pero no solo se queda ahí. Voy a entrar más en detalle sobre las propuestas de la PNL. Respecto a la primera -he de decir que la hemos analizado con especial atención porque a todos nos preocupa que los recursos se gestionen de la manera más eficaz posible-, sobre evitar la acumulación de los saldos, no sé cómo los calificaba (La señora Lozano Domingo: Ociosos), ociosos o saldos superiores en las cuentas del Fonprode que tiene el Banco de España, nos parece muy correcta esa idea, que no existan grandes saldos en estas cuentas, pero limitar esas cantidades a los 5 millones de euros nos parece que también sería limitar la capacidad de actuación del propio fondo. ¿Que hay que reducirlo e intentar que no sea una cantidad demasiado abultada? Por supuesto, por eso el pasado diciembre de 2013, antes de que ustedes presentaran esta propuesta, el Gobierno regularizó la situación de tesorería del Fonprode a través de distintas actuaciones, anulación de disponibilidades de crédito, etcétera, y de acuerdo con la información que recogía el ICO a 30 de abril de 2014, el saldo de las cuentas del Fonprode se situaba en algo más de 77 millones de euros, suficiente para atender los compromisos previstos en 2014, pero también cantidad suficiente para que el fondo no se viera comprometido en ninguna de las situaciones. Por tanto, hemos pasado de esa situación de los 350 millones que ustedes denunciaban a los 77 millones a fecha 30 de abril de 2014. En definitiva, son una serie de actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno encaminadas justo a lo que pretendía esta PNL, pero con una diferencia, que las actuaciones del Gobierno se han adelantado un poco en el tiempo a la PNL de UPyD.

Entrando en la segunda propuesta que se recoge, la publicación de los saldos de las citadas cuentas en la página web de la Aecid con una periodicidad mensual, realmente no vemos la necesidad de que esto sea así, por varios motivos. En primer lugar, porque, como la propia Ley de Fonprode obliga, anualmente se elabora un informe y el secretario general viene aquí y comparece para explicar ese año del Fonprode, pero podríamos pensar que a lo mejor una periodicidad intermedia entre el año, que obliga la ley, y el mes que ustedes proponen, podría estar bien quizás seis meses, pero de cualquier modo creo que no deberíamos confundirnos ya que los saldos así publicados en un momento concreto, por ejemplo mensualmente como ustedes proponen, lo único que nos proporcionan es información puntual, una foto fija del estado de las cuentas que no refleja, creemos, la situación real del fondo.

En cuanto a la última de las propuestas que recoge la PNL, referente a que se permitan minorar los desembolsos previstos del Tesoro, no parece que esta posibilidad se ajuste a lo establecido en el artículo 13.1 de la propia Ley del Fonprode, la cual, al regular los recursos del fondo, establece -y cito textualmente-: Para la cobertura con carácter anual de las necesidades financieras del Fonprode, la Ley de Presupuestos Generales del Estado consignará una dotación presupuestaria bajo la dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Y además añade que a dicha dotación habrá que sumar los recursos procedentes de las devoluciones o cesiones onerosas de préstamos y créditos concedidos en virtud del artículo 2.1.e), así como aquellos flujos económicos procedentes de las comisiones e intereses devengados y cobrados por la realización de dichos activos financieros. Por lo tanto, y dado que tanto las dotaciones presupuestarias como los retornos de operaciones de cooperación financiera de tipo reembolsable que ya se hubieran abonado en estas cuentas constituyen según este artículo recursos del Fonprode, no parece posible compensar unos importes por otros, tal y como sugiere la propuesta.

Para finalizar, y pese a que la intención de la PNL nos parece acertada, no podemos apoyarla, ya que la consideramos que llega un poco fuera de tiempo, recuerdo que ya se ha modificado la Ley del Fonprode y que además se han minorado ya los saldos de 350 millones a 77 millones de euros. Creo que es la realidad, señora portavoz, es cierto usted ha mencionado esa cantidad, esos 350 millones y a día 30 de abril de 2014 la realidad es que se ha minorado hasta los 77 millones, eso es una obviedad. Pero además nos parece frágil en cuanto a concreción de propuestas planteadas, llegando a colisionar con la propia Ley del Fonprode. Por lo tanto, confiamos en las medidas ya tomadas por nuestro Gobierno, no solo para minorar esos saldos de las cuentas, sino también para obtener una gestión del fondo más eficaz y más eficiente que repercutan en beneficio de la política de cooperación al desarrollo, que es el objetivo que finalmente todos perseguimos. (Aplausos.-La señora Ramón Utrabo pide la palabra).


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El señor PRESIDENTE: ¿Sobre qué asunto es?

La señora RAMÓN UTRABO: Disculpe, anteriormente me he ceñido a la enmienda del grupo, pero no he expuesto mi argumento, por si me da la oportunidad de exponerlo.

El señor PRESIDENTE: ¿Su argumento sobre qué?

La señora RAMÓN UTRABO: Sobre el posicionamiento de nuestro grupo.

El señor PRESIDENTE: Por supuesto, manifiéstelo.

La señora RAMÓN UTRABO: Discúlpeme, pensé que iba a tener un segundo turno.

Como hemos dicho, hemos presentado una enmienda en el sentido que he expuesto anteriormente, pero no quería dejar pasar por alto la oportunidad de exponer la posición de nuestro grupo sobre la reforma que se ha llevado a cabo del Fonprode. Consideramos...

El señor PRESIDENTE: Un momento. No es el caso que se está debatiendo.

La señora RAMÓN UTRABO: Considero que tiene bastante que ver con la proposición.

El señor PRESIDENTE: Tiene muchísimo que ver y es importante en sí mismo, pero no es lo que esta Comisión tiene que decidir en estos momentos. Me apura muchísimo.

La señora RAMÓN UTRABO: Pues su portavoz en su intervención sí se ha ceñido bastante al tema.

El señor PRESIDENTE: Pero dentro de su turno.

Señora Ramón, le concedo un turno, pero sea sumarísima porque, si no, contaminará al resto de intervenciones y acabaremos muy por encima de la hora prevista que ya de por sí es tardía. Apelo simplemente a su sentido del tiempo y del orden para que no afecte a los demás comisionados. Sea muy sumaria.

La señora RAMÓN UTRABO: Sin ánimo de contaminar en absoluto el espíritu de esta Comisión, sí quería manifestar desde nuestro grupo que consideramos que la reforma del Fonprode no se ha llevado a cabo de forma adecuada, se ha hecho por la puerta de atrás, sobre la base de la disposición adicional séptima de otro proyecto de ley, que es el proyecto de ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española y que se ha presentado por un ministerio distinto al responsable de este instrumento, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Consideramos que el Fonprode es un instrumento al servicio del desarrollo a la cooperación internacional y a la lucha contra la pobreza y no tiene nada que ver con los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas. Consideramos que se ha hecho un traspaso de competencias ejecutivas y de responsabilidades sobre las operaciones del Fonprode del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación al Ministerio de Economía. Con este traspaso queda patente y manifiesto que la cooperación no ha sido ni es una prioridad de ese ministerio. Esto va a suponer la desvinculación de la cooperación financiera de los criterios, prioridades y objetivos de desarrollo humano para constituirse como un instrumento orientado principalmente a la internacionalización de las pymes españolas.

También consideramos que al no limitar la reforma explícitamente las competencias que atribuye a Cofides a las operaciones reembolsables aparece un riesgo serio de balancear el presupuesto destinado anualmente a Fonprode hacia la parte reembolsable del mismo, con el perjuicio que ello tiene para las operaciones clásicas de la cooperación. Elimina la restricción fijada en el pacto de Estado de que la cooperación reembolsable no debería de ser más del 5% del total de la ayuda oficial al desarrollo. Sitúa a Cofides como entidad gestora del fondo, casi a la misma altura que a la Aecid. Cofides quiero recordar que es una entidad público-privada con un capital privado del 47% y susceptible de ser todavía más privatizada, lo cual dejaría al principal instrumento de la cooperación española en manos privadas. Quiero resaltar que elimina la prohibición de utilizar crédito para financiar proyectos sociales básicos, lo cual es una mala práctica que debería ser evitada. Los créditos deberían ser utilizados para proyectos con rentabilidades económicas y los servicios sociales básicos no son económicamente rentables por sí mismos. Reiteramos que esta reforma requería de un debate previo en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de un informe del Consejo de Cooperación y consideramos que el Gobierno ha


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hurtado este debate y ha rehuido del necesario consenso que siempre ha primado en el seno de esta Comisión. Este es nuestro posicionamiento respecto de la PNL.

El señor PRESIDENTE: Las posiciones de su grupo son lo suficientemente conocidas y entiendo que nadie quiere manifestarse especialmente sobre ellas.

Tiene la palabra la señora Lozano para manifestar su posición sobre las enmiendas.

La señora LOZANO DOMÍNGUEZ: Agradezco a los grupos que se han manifestado sobre nuestra iniciativa, que es lo que estamos debatiendo, sus intervenciones, pero le pido al presidente que me ilumine respecto de las cuestiones reglamentarias porque creo que cuando hay autoenmienda no se pueden aceptar otras enmiendas. Por lo tanto, no la acepto.

El señor PRESIDENTE: Manifestada su buena voluntad respecto del corsé parlamentario, ruego a la portavoz que se acerque a la mesa para que podamos ilustrarnos un poco más.

- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES POR PARTE DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001652).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo al cumplimiento de los derechos laborales por parte de las empresas transnacionales, que ha presentado el Grupo Mixto.

Tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Señorías, hace un año todos lamentábamos el hundimiento del edificio Rana Plaza en Dhaka, con 1.100 muertos, 800 huérfanos y más de 2.000 heridos. La pregunta es muy sencilla, ¿qué se ha hecho desde entonces respecto de los derechos de los trabajadores en Bangladesh? Poco, muy poco, aun cuando no era la primera vez que ocurría una tragedia de este tipo. Fíjense, hace ahora cien años, en Nueva York, un incendio en una fábrica de camisas provocó la muerte de 140 trabajadoras, la mayoría jóvenes inmigrantes, e inmediatamente la Administración americana modificó de forma profunda la legislación laboral, pero en Bangladesh, no, a pesar de que han transcurrido cien años; además, dudo que vaya a ocurrir esta transformación si atendemos al comportamiento de las empresas, muchas de ellas españolas y también europeas, y también a tenor de lo que va a votar hoy el PP. De ahí la importancia de un debate que no es nuevo pero que pone en evidencia una actuación francamente criminal por parte de empresarios y sus derivados en Bangladesh. Los trabajadores denunciaron la existencia de grietas y, de hecho, se negaron a trabajar, pero los empresarios les obligaron a volver al trabajo atendiendo a la exigencia de las empresas europeas de tener sus pedidos puntualmente. Aquí solo ha pagado el dueño del edificio; un edificio construido en suelo público de Dhaka, lo que nos habla del nepotismo reinante en aquel Estado y de cómo se benefician las empresas de este nepotismo, de la corrupción tan extendida en aquel país. De hecho, las marcas se sintieron apuntadas, como ya ocurrió años antes cuando se les denunció por utilizar mano de obra infantil; al verse señaladas y como no podían poner en jaque el prestigio de la marca, se comprometieron a hacer una aportación de 29 millones de euros. Por cierto, una tercera parte de este fondo comprometido todavía no se ha ejecutado de forma voluntaria, por supuesto, ya que no existe ningún tipo de legislación para que las empresas se sientan obligadas a nada. Hablamos de empresas sin escrúpulos, sin ética y que son conscientes incluso de que buena parte de los heridos han denunciado que ni siquiera tienen los ingresos mínimos para poder adquirir sus medicamentos. Evidentemente, el problema radica en la legislación; no hay una responsabilidad legal y solamente podemos exigirles buena voluntad, -fíjense en qué escenario estamos-, siendo los códigos de conducta que asumen estrictamente voluntarios. De manera que estamos viviendo en un mundo globalizado, pero en una globalización de carácter neoliberal; paro en nuestro Estado, paro en las sociedades occidentales y esclavitud en las sociedades asiáticas. Esto lo hacen empresas muy nuestras, españolas, catalanas, francesas, alemanas..., es decir, empresas textiles que comercializan productos que compramos cada día y que, por cierto, queremos comprarlos -¡estúpidos que somos!-, muy baratos.

Los sindicatos asiáticos ya han dejado muy claro que para vivir dignamente en Bangladesh haría falta, atendiendo al coste de la vida, un salario de unos 250 euros. Pues bien, el salario mínimo es de 30 euros y las empresas textiles, por la presión de los trabajadores, han conseguido sumar 20 euros más. Es decir, están en un salario de 50 euros, cuando lo que se requeriría para mantener una vida digna son 250. Hablamos de cincuenta empresas europeas, que son las empresas que controlan el mercado de los


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productos que compramos nosotros en toda Europa -algunas de ellas españolas, repito- y ninguna paga un salario digno. Esta es la realidad, se quiera ver o no.

Nuestra iniciativa, señorías, no es en absoluto radical. ¿Qué es lo que pedimos? Que la Administración española, a instancias de esta Comisión, de este Parlamento, encargue una auditoría sobre las empresas españolas que pudieran estar involucradas en la producción y comercialización de productos fabricados en aquel país para que, una vez esta auditoría elaborara y trasladara a este Parlamento el informe preceptivo, esta Comisión, que es la Comisión de Cooperación -ya me dirán si no dónde habría que analizarlo-, pueda evaluar si cumplimos exactamente con las exigencias que nuestra civilización democrática requiere. También hemos de exigir que se cumplan los tratados firmados a nivel bilateral, que son pocos, pero que no se cumplen, y como estamos en ua Cámara legislativa, hemos de realizar las modificaciones legales oportunas para exigir la introducción por parte de las administraciones públicas de los requerimientos necesarios para que las empresas que importan cumplan con las cláusulas sociales.

Termino. Hemos de reclamar a las empresas españolas que cumplan lo comprometido. Estas empresas se comprometieron a contribuir al fondo que se creó para las víctimas, pero dado que las marcas ya pasaron por la psicosis de verse denunciadas, si te he visto no me acuerdo. Han de cumplir con lo comprometido y si se comprometieron a poner el dinero en ese fondo, que lo hagan porque, repito, solamente se ha puesto una tercera parte de lo comprometido. Lamento profundamente, porque creo que nuestra iniciativa parlamentaria es razonable, y conociendo a algunos diputados del Partido Popular que han hecho tanto trabajo en esta Comisión, que se limiten ustedes a respondernos -aun cuando seamos una minoría- con tres enmiendas que hablan de solicitar, estudiar y proponer. Sinceramente, con todo respeto, creo que no están a la altura del trabajo que se ha hecho en esta Comisión, porque si ante esta tragedia -el próximo año volveremos a hablar de ella o de otra nueva- ustedes se limitan a solicitar, estudiar el desarrollo de criterios y proponer a las empresas españolas que se acojan... Me parece un tanto insultante. Es cierto que lo ocurrido ha sido muy lejos de nuestro país y también reconozco la hipocresía -empezando por mí mismo- de nuestro comportamiento como consumidores irresponsables que queremos comprar siempre mucha ropa de marca y barata; asumiendo toda la miseria que nos toca asumir creo que ustedes se quedan muy por debajo de lo que ustedes mismos -estoy convencido- consideran que es justo.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a esta iniciativa. Para su defensa, tiene la palabra el señor Zaragoza.

El señor ZARAGOZA ALONSO: En primer lugar, quiero decir que comparto la descripción del problema que ha hecho el señor Tardá. No me voy a explayar en la descripción de lo que ocurrió hace un año y de las consecuencias que ello ha tenido, pero sí me voy a centrar en otro elemento y es que el Congreso de los Diputados, a iniciativa del Grupo Socialista, aprobó una proposición no de ley en mayo de 2013 -hace casi un año- instando a la elaboración del plan nacional de empresa y derechos humanos. El diputado que llevó este tema, Ramón Jáuregui, preguntó al Gobierno cinco meses después de haber sido aprobado por unanimidad. No era una propuesta de parte sino que concitó el consenso de todos los grupos, lo que significaba la preocupación y el interés por la imagen del país y no solamente del problema que se define, no solamente de empresas textiles, porque a veces nos centramos en lo que ha salido mediáticamente y eso simplemente es el síntoma de un conflicto más generalizado en las relaciones económicas mundiales, en cómo se produce el reparto de los beneficios entre los diversos territorios del mundo. Eso simplemente señalaba una manera de actuar y también significaba que la respuesta tenía que ser global, no solamente al problema puntual.

Es evidente que en esta discusión tenemos dos niveles. Uno, que nos pone en evidencia a todos los españoles, y es si los españoles cuando nos comprometemos a algo públicamente en el mundo, cumplimos, porque eso sí es un perjuicio. Aparte del elemento de fondo de que estamos explotando la miseria humana, hay otro elemento también de interés egoísta como colectividad y es que cuando públicamente nos comprometemos a algo cumplimos nuestra palabra y por eso estamos discutiendo hoy aquí. Esto produce un perjuicio al país pero también a las empresas que están cumpliendo, porque la imagen que se extiende es que son todas las empresas las que están cometiendo estos abusos y se están aprovechando de estos escenarios. El problema está en la lentitud; hay un borrador que no avanza y que no afronta el problema de fondo. Por eso, nosotros hemos planteado una enmienda que intenta ser razonable, sensata y que habla de propuestas concretas; una enmienda que precisa no solamente la indignación y el perjuicio que produce, sino que además plantea soluciones posibles a este problema.


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El señor PRESIDENTE: La señora Miguélez, en representación del Grupo Popular, tiene la palabra para defender sus enmiendas.

La señora MIGUÉLEZ PARIENTE: Estamos de acuerdo con el señor Tardà en que la tragedia de Dhaka marcó un punto de inflexión sobre las cuestiones de seguridad y laborales del país, teniendo en cuenta que además dos o tres semanas después -si mal no recuerdo- se produjo otro incendio en la misma ciudad de otro taller textil con numerosas víctimas. Los hechos recordaron al mundo las penosas condiciones laborales en las que los países cuyas economías dependen de unos bajos costes de producción atraen a grandes empresas del sector para fabricar más rápido y más barato. Lógicamente, la solución no puede pasar por un boicot a estos países, a su industria textil, pues sería una catástrofe para los millones de puestos de trabajo y de empleos dependientes de ella, sobre todo en el sector femenino. Estoy de acuerdo con el señor Tardá en que se podría empezar por que las empresas no entregaran contratos tan a corto plazo a los productores locales, sobre todo sometiéndolas a una importante presión en la producción. También me uno a la culpabilidad de nosotros como consumidores, que nos deberíamos preocupar más en qué condiciones se confecciona nuestra ropa.

Aquí hay tres responsables importantes; primero, los Gobiernos de los países cuyas maltrechas economías subsisten gracias a estos ingresos del sector textil, que tienen una responsabilidad directa para garantizar legalmente la protección de sus ciudadanos; segundo, las empresas internacionales que subcontratan esta producción y que a veces, efectivamente, producen abusos en estos países pobres; y los terceros somos nosotros, los consumidores, que no nos preguntamos cuando compramos por qué algo es tan barato. Si algo se sacó de aquella tragedia fue que se firmó un acuerdo llamado Acuerdo Bangladesh al que posteriormente se adhirió Estados Unidos y que en principio estuvo formado por las autoridades bangladesíes, la Organización Internacional del Trabajo y la Unión Europea, en el que salieron compromisos concretos y 150 empresas europeas, entre las se incluyen empresas españolas importantes del sector textil como Inditex o empresas internacionales como H&M, diseñaron un sistema de inspecciones técnicas que son vinculantes y que engloban a las marcas, los proveedores y los distribuidores europeos bajo la presencia neutra de la OIT. En Estados Unidos también 30 firmas americanas lideradas por Wallmart se adhirieron a este acuerdo, pero es verdad que en su caso carecen de vinculación legal. Después del tiempo transcurrido, la Comisión Europea reconoce que la situación laboral y social de seguridad de los trabajadores de este sector en Bangladesh ha mejorado, pero lógicamente insiste en que es preciso que haya unos progresos más importantes en el ámbito laboral para que este país siga teniendo un acceso preferencial al mercado de la Unión Europea.

El problema de las empresas y de los derechos humanos se ha venido planteando en la última década como consecuencia de la globalización, del aumento del consumo masivo y de la deslocalización de empresas, que ya por su tamaño en la práctica acaban superando las posibilidades de acción de muchos Estados. Como no son sujetos de derecho internacional no están obligadas a cumplir las disposiciones de derecho internacional público sobre derechos humanos, pero no cabe duda que deben contar con algún tipo de control en el ejercicio de su actividad comercial para limitar situaciones de abusos y de explotación comercial.

Quiero llamar la atención sobre el marco establecido en el seno de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Bajo los auspicios de la ONU, en el año 2011 se promovieron unos principios rectores sobre empresas y derechos humanos. La Comisión pidió a los Estados miembros que a lo largo 2013 se elaboraran planes nacionales para trasladar dichos principios el marco legal interno. En eso está el Gobierno español. La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación está impulsando precisamente la creación de un plan nacional sobre empresas de derechos humanos que incorpore a nuestro país los principios rectores, que son: proteger, que supone la obligación de prestar protección ante la violación de derechos humanos realizados por terceros incluidas las empresas; respetar los derechos humanos; y remediar en el caso de que haya víctimas y concederles una reparación efectiva a través de medios judiciales y extrajudiciales. Efectivamente, es un tema de gran preocupación a nivel internacional pero también una preocupación para el Gobierno de España que, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, está elaborando este plan nacional sobre empresas y derechos humanos en el que se van a incluir muchas de las cuestiones que plantea el señor Tardá en su proposición no de ley. A nosotros nos parece que no es un punto y final sino que, al contrario, es un punto de partida, ya que este plan puede ser revisado y puede ser modificado continuamente con las aportaciones que se realicen


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desde el sector empresarial, la sociedad civil o las administraciones públicas. También el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está elaborando una estrategia española de responsabilidad social.

Es verdad que el Partido Popular votó a favor de la proposición no de ley a la que se ha hecho referencia por parte del portavoz socialista en mayo de 2013, y en esta misma línea en la Ley de Acción y Servicio Exterior hemos intentado incorporar estos principios rectores de Naciones Unidas, concretamente el artículo 16, que habla de la acción exterior en materia de derechos humanos. Termino diciendo que un gran número de empresas españolas se están comprometiendo los últimos años con los derechos humanos a través de su adhesión al pacto mundial de Naciones Unidas y, lógicamente, la reputación de las empresas es hoy especialmente sensible a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos porque la opinión pública cada vez exige más a la empresa que construye su identidad o su legitimidad sobre la base del respeto de los estándares internacionales de derechos humanos. A nosotros nos parece que se está avanzando en el buen camino, que hay iniciativas en marcha lideradas por distintos departamentos de la Administración y que las enmiendas que nosotros proponemos están muy en la línea de lo que en el fondo plantea el grupo proponente, que es solicitar a los Gobiernos de los países productores que cumplan los convenios en materia de trabajo, solicitar a las administraciones públicas de los países importadores que incluyan cláusulas sociales en sus compras y, lo más importante, proponer a las empresas españolas que se sumen a este plan nacional de empresas y derechos humanos y a la estrategia española de responsabilidad social de las empresas, porque este tiene que ser el punto de partida de toda la actuación que llevemos adelante. Queremos señalar que nos gustaría apoyar la proposición no de ley del grupo proponente ya que nuestras enmiendas, que el proponente ha criticado, no afectan para nada a la base y al fondo de lo que el proponente nos pide. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones de menor a mayor, tiene la palabra la señora Lozano, por el Grupo de UPyD.

La señora LOZANO DOMINGO: Brevemente. En primer lugar, quiero agradecer al señor Tardà que haya traído esta iniciativa. Nos parece una buena idea y agradezco especialmente su manera de explicar los dilemas morales que nos plantean a todos los productos fabricados o producidos a tan bajo precio en terceros países. Sin embargo, echo en falta en esta iniciativa, a pesar de que naturalmente la vamos a votar favorablemente, una mención específica -se ha aludido a la proposición no de ley que se aprobó en Pleno por unanimidad- al informe Ruggie de la ONU y a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos que hizo el profesor Ruggie. ¿Por qué? No lo digo por una mera cuestión de erudición como podría parecer, sino porque es muy importante puesto que estamos hablando de un asunto que surge, y en el que se lleva trabajando internacionalmente desde los años noventa, al globalizarse el mundo. Es muy importante que nos refiramos a los trabajos internacionales así como a las instituciones internacionales que trabajan en esta materia. Sería empobrecedor que pensáramos que la aportación que puede hacer España en este asunto se puede desvincular de lo que está haciendo la ONU y de lo que se está haciendo en otros países y se pueda referir solo a nuestras empresas. Naturalmente, cuando llegue el momento de aplicar la legislación, todavía el ámbito de aplicación del derecho de una nación son los límites geográficos y territoriales de la misma, pero creo que es fundamental que cualquier trabajo que realice España en este sentido se incardine en el trabajo de la ONU y en el informe sobre principios rectores de empresas y derechos humanos.

El señor PRESIDENTE: Doña Laia Ortiz, en representación de su Grupo La Izquierda Plural, tiene la palabra.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Yo también me sumo al agradecimiento al proponente por esta iniciativa. El Grupo de La Izquierda Plural también ha registrado una en la misma línea al amparo de la Campaña Ropa Limpia. De hecho, la cuestión del comportamiento de las empresas en este marco global ha sido un tema recurrente de esta Comisión. Lamentablemente hemos visto pocos avances en el sector del que hoy hablamos y, teniendo en cuenta la tragedia a la que hace referencia la propia iniciativa, lamentamos no poder ir más allá en lo que esta Comisión pueda acordar. Entendemos que es una proposición no de ley que dice cosas de sentido común, no es especialmente ambiciosa en el sentido de grandes restricciones, sino que al amparo de la legislación internacional, de los propios acuerdos, de los compromisos que las propias empresas han adoptado o a los que el propio Gobierno se ha comprometido, se pone por escrito en una proposición no de ley. Lo preocupante no es tanto si hoy llegamos a un


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acuerdo, sino que el Gobierno o la mayoría parlamentaria sea incapaz de asumir lo que plantea esta proposición no de ley. Es verdad que se está elaborando el plan nacional de empresas y derechos humanos, pero eso no debería obstar que en este largo proceso que se está alargando mucho hablemos y podemos debatir en esta Comisión de Cooperación de reclamar a las empresas españolas que tenían producción en esos talleres que cumplan con los compromisos -no entendemos la incompatibilidad que hay entre una cosa y la otra-, o que se trabaje a nivel bilateral con instancias internacionales sobre los convenios de la OIT. Nosotros, desde La Izquierda Plural, hemos hablado de cómo implementar esos principios Ruggie, de cómo España debe ir más allá en sus planteamientos, de pedir una legislación vinculante a las empresas y de ser exigentes con el comportamiento de las empresas españolas a nivel internacional. No entendemos la incompatibilidad de una cosa con la otra, y eso dice mucho de cuál es la posición. Lo que no puede ser es que España o los propios ministros del Gobierno de España sean los primeros en presentarse cuando una empresa española tiene algún problema con algún Gobierno para defender los intereses de esas empresas españolas, pero luego seamos incapaces de exigir a esas mismas empresas españolas que cumplan cuando precisamente estamos hablando de derechos humanos y de una tragedia que está ahí; estamos hablando de vidas humanas. De la misma manera que el Gobierno hace de defensor de los intereses de las empresas, debe comprometerse también a exigir a esas empresas españolas que cumplan con esa legislación y con los derechos humanos básicos. Nos cuesta entender esa resistencia que es permanente en la mayoría parlamentaria; creemos que es un paso atrás que hoy no podamos llegar a un acuerdo en una cuestión tan sensible como es esta.

El señor PRESIDENTE: El señor Campuzano tiene la palabra.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: El señor Tardà ha tenido un enorme sentido de la oportunidad al plantear esta iniciativa coincidiendo con este triste aniversario, y las cuestiones de fondo que él ha expresado han sido compartidas por todos los grupos de la Cámara y de esta Comisión en concreto. Yo quería simplemente remarcar algunas cuestiones. En primer lugar, el abordarje de este problema está muy claramente vinculado a la capacidad que tengan los países en vías de desarrollo de asumir la legislación de la Organización Internacional del Trabajo, y creo recordar que precisamente días después de este tan lamentable suceso se produjo la comparecencia de una empresa española en el seno de una reunión de la Mesa y Portavoces de esta misma Comisión con distintas multinacionales, donde se puso de manifiesto que en el caso concreto de Bangladesh el problema era que Bangladesh no había firmado las principales convenciones de la OIT. Por tanto, primera aproximación; es necesario que el marco internacional que garantiza unos mínimos derechos laborales llegue también a estos países y que tanto la política exterior de la Unión Europea como la política exterior del Gobierno español se muevan en la dirección de incorporar esta legislación internacional que supone la OIT, que es la mínima garantía de que nos hemos dotado las sociedades avanzadas para garantizar el respeto a los trabajadores. En segundo lugar, es evidente que se necesita un mayor compromiso de las multinacionales en esta materia. Apuntaba el señor Tardà que hace unos cuantos años los escándalos que aparecieron vinculados a la utilización de mano de obra infantil motivaron que las empresas del sector textil asumiesen un mayor control de su cadena de suministros y desde entonces se ha ido desarrollando una regulación soft voluntaria por parte de nuestras propias multinacionales para garantizar esa no utilización de la mano de obra infantil en sus factorías. En este sentido, hace escasísimas semanas el Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a una directiva que va a regular la información no financiera de las empresas multinacionales. En concreto, la regulación europea, que va en la línea de la regulación danesa de cumplir o explicar, va a obligar a las empresas de más de 500 trabajadores en el seno de la Unión Europea a que informen de sus riesgos no financieros y que sus memorias de responsabilidad social de las empresas sean capaces no tan solo de contar lo bien que lo hacen las propias empresas sino de asumir también aquellas cosas que se hacen mal.

Va a ser muy importante para avanzar la cuestión de fondo que nos plantea el señor Tardà que España no tarde dos, tres o cuatro años en la trasposición de esta directiva sino que seamos lo más rápidos posible para trasponer esa directiva, para que la política de responsabilidad social de las empresas responda a más criterios de transparencia que no estrictamente de voluntariedad. Los comisionados han puesto en valor la importancia de los consumidores y mi grupo coincide en ello. Finalmente, se trata de trasladarles la preocupación de que el instrumento de la política pública del Gobierno que debiera articular este tipo de actuaciones, que es el Plan de derechos humanos, cuando ya nos quedan tan solo dos periodos de sesiones enteros -teniendo en cuenta que este periodo de sesiones finaliza y el último periodo de sesiones de 2015 es un periodo prácticamente muerto-, por tanto, con un tiempo que empieza


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ya a ser limitado, porque la legislatura ya entra en su fase final, no haya sido todavía aprobado. Los diputados y diputadas que nos hemos interesado en hacer este plan llevamos ya demasiado tiempo pendientes de que el Gobierno lo apruebe, igual que la estrategia en materia de responsabilidad de las empresas, que también está pendiente de aprobar cuando, insisto, la legislatura empieza a entrar en su fase final. Sería bueno, y con esto termino, que el señor Tardà y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular hiciesen el esfuerzo de intentar buscar algún tipo de acuerdo porque sobre la cuestión de fondo no creo que haya posiciones tan alejadas, y es la necesidad de que la normativa internacional de la OIT se aplique, se cumpla, que el compromiso de la política europea y española vayan en ese sentido y seamos exigentes respecto a estas empresas que operan en estos países.

El señor PRESIDENTE: El señor Tardà, para manifestar su aceptación o rechazo.

El señor TARDÀ I COMA: Sin menoscabo del interés sobre los cinco puntos con los que nos enmienda el Grupo Socialista, no vamos a aceptarlos porque en el fondo se trata de una enmienda de sustitución, lo cual incluso me parece un poco de mal gusto. No vamos a aceptarlos porque no sé qué sentido tiene que nos enmienden con cinco puntos a un grupo proponente. En todo caso, no digo que no sea de interés, pero se trata de una enmienda de sustitución.

Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, nuestro interés sería poder consensuar. De hecho, yo me he puesto en contacto con la diputada al principio de la Comisión y me ha dicho que su posición no podía ser modificada, lo cual lamento. Por nuestra parte no va a quedar, si la diputada del grupo mayoritario considera que puede negociar algo.

- SOBRE IMPULSO DE LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE A NIVEL MUNDIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001896).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 3.º del orden del día, sobre el impulso de la abolición de la pena de muerte a nivel mundial, que presenta el Grupo Parlamentario Popular en la persona del señor Uriarte. Ruego que me disculpen. Pasará a presidir la Comisión el vicepresidente primero. (El señor vicepresidente, Vázquez Jiménez, ocupa la Presidencia).

El señor URIARTE AYALA: Intervengo con brevedad, porque este tema se ha tratado y debatido mucho en esta Comisión y en todos los organismos internacionales a los que pertenece España. La oportunidad de traer una iniciativa como esta responde a un doble enfoque: por un lado, impulsar, como dice la propia iniciativa, los resultados del congreso que se celebró en Madrid sobre la eliminación de la pena de muerte y, por otro lado -casual por el tiempo en que las iniciativas a veces se demoran en esta Cámara-, poner en evidencia la situación actual de la pena de muerte en el mundo, que hace escasas semanas Amnistía Internacional reflejó en su informe anual. Las cifras, señorías, son preocupantes, alarmantes porque, lejos de esa gran tarea que están haciendo en muchos países muchas organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de seguir peleando por la abolición de la pena de muerte en el mundo, la pena de muerte asciende. En el último año, en 2013, en comparación con las cifras registradas en 2012, ha habido casi un centenar más de ejecuciones oficiales. Desde 1998 solamente ha habido un país más que se haya sumado a la abolición de la pena de muerte y, sin embargo, en este último año un país más se ha sumado a las ejecuciones oficiales. Veintidós países llevan a cabo todavía ejecuciones oficiales y en 2013 se utilizaron como armas para la muerte la decapitación, la electrocución, el fusilamiento, la horca y la inyección letal. Además, ha habido ejecuciones públicas en Arabia Saudí, en Corea del Norte, en Irán y en Somalia, y aumentan también las ejecuciones por delitos no mortales como el robo, los delitos económicos, los relacionados con drogas u otros, como el adulterio y la blasfemia. Han aumentado también en 2013 -este es otro dato preocupante- las condenas a muerte, pasando de 1.700 personas en 2012 a 1.925 en 2013. A final de este año, 2013, son ya más de 23.000 las personas condenadas a muerte en todo el mundo. Como les decía, la situación actual y los datos del informe de Amnistía Internacional son preocupantes y España tiene que seguir trabajando y realizar el esfuerzo de sumar a más países en esa estrategia de abolición total de la pena de muerte en el mundo. Como posicionamiento político, creo que todos en esta Cámara estamos de acuerdo en lo que representa la pena de muerte, pero quería leer una idea de Catherine Ashton que refleja en pocas palabras lo que podemos pensar todos sobre esta pena capital. Habla de que es un acto cruel, inhumano e irreversible,


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que viola el derecho humano fundamental a la vida y a la dignidad. El error judicial, supuesto del que no está inmune ningún ordenamiento jurídico, acarrea la pérdida dramática e irreversible de una vida humana. La pena de muerte ni revierte el delito que aspira a castigar ni alivia la pérdida de la víctima. Debe haberse convertido ya en una reliquia del pasado. Como les decía, no se ha convertido en una reliquia del pasado, sino todo lo contrario, aumenta, y desde luego tenemos que seguir siendo firmes y constantes en esa pelea.

Como refleja la iniciativa que hemos presentado, se apuesta por la alianza con la Unión Europea para intentar animar a más países a que avancen en la abolición y se hace una mención expresa al Gobierno a prestar especial atención a la quinta resolución sobre moratoria universal de la pena de muerte, que se negociará este año, 2014, en la Asamblea General de Naciones Unidos. Ese tipo de resoluciones y ese ámbito son el pilar fundamental de esta lucha. Asimismo, en el tercer punto de la iniciativa pedimos al Gobierno que dé difusión a los resultados del V Congreso mundial sobre la pena de muerte, que se celebró el año pasado, en junio, en Madrid, e implicar a todos los poderes públicos institucionales de España y de la Unión Europea en esa lucha.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Tradicionalmente, el Congreso de los Diputados ha mostrado un compromiso muy activo en esta materia, aprobando diversas iniciativas parlamentarias para la abolición de la pena de muerte y también a favor de la moratoria de las ejecuciones capitales. La última de ellas ha sido en la presente legislatura en la Comisión de Asuntos Exteriores, en junio del año 2012, a iniciativa de mi grupo parlamentario, antes de la celebración del Congreso mundial contra la pena de muerte en Madrid, en la que se instaba al Gobierno a liderar las iniciativas oportunas en los organismos multilaterales para la erradicación de la pena de muerte, iniciativa que fue aprobada por unanimidad por el Congreso, por la Comisión de Asuntos Exteriores singularmente. En cuanto a los datos a los que se refería el señor Uriarte con relación a Amnistía Internacional, no voy a dar muchos, pero datos positivos también existen: un total de 140 países en todo el mundo, más de las dos terceras partes, son abolicionistas en su legislación o en la práctica. También, por ejemplo, tres países que habían ejecutado en 2012 no llevaron a cabo ninguna ejecución en el año 2013, que son Emiratos Árabes, Gambia y Pakistán. Por tanto, son datos positivos, aunque continúan evidentemente los datos que no son tan positivos, por ejemplo, que hubo ejecuciones en cuatro países que llevaban mucho tiempo sin utilizar la pena de muerte. No hay ninguna duda. Quiero recordar en este sentido que, por las últimas noticias que hemos tenido, en Egipto el mes pasado, hace muy pocos días, se dictó sentencia en un proceso llevado contra 683 personas que fueron condenadas a muerte en un macrojuicio. Por ello, la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular nos parece oportuna y, como no puede ser de otro modo, contará con nuestro voto favorable.

Quiero referirme a la enmienda que hemos formulado, que únicamente pretende incluir dos referencias: una al marco estratégico de la Unión Europea por los derechos humanos y por la democracia, donde se recoge el conjunto de medidas que reflejan y resumen la acción de la Unión Europea contra la pena de muerte, y otra referida a la Comisión internacional de la Unión Europea, que además fue una iniciativa española. Veo en la autoenmienda formulada por el mismo grupo parlamentario que se incluye esa referencia a la Comisión internacional contra la pena de muerte. Creemos que eso es positivo. Nos gustaría que se pudiera aceptar la primera parte, teniendo en cuenta y adaptando también las medidas contempladas en el marco estratégico de la Unión Europea sobre derechos humanos y democracia que prevé la enmienda que ha formulado mi grupo parlamentario.

De todos modos, repito, nos congratulamos como siempre de la presentación y la aprobación -si puede ser, por unanimidad- de este tipo de iniciativas mostrando el testimonio por parte del Congreso de los Diputados de su compromiso en esta lucha.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): ¿Desea intervenir alguno de los grupos que no han presentado enmiendas?

Señora Blanco.

La señora BLANCO TERÁN: Nosotros estamos de acuerdo con esta proposición no de ley. Últimamente estamos viendo muchísimas proposiciones no de ley bastante autocomplacientes con el propio Grupo Popular, que a veces las plantea, y con el Gobierno que sostiene dicho grupo, el Gobierno


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de la derecha. Aunque reiterada todos los años, creo que conviene que esta proposición no de ley se haga; así que agradezco al señor Uriarte esta iniciativa.

Me gustaría plantear muy brevemente algunas cuestiones. España se está posicionando para ocupar un sillón en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que compartiríamos con Turquía durante dos años consecutivos, es decir, Turquía-España, España-Turquía durante dos años. Los países que tienen vigente la pena de muerte están sentados en el Consejo de Seguridad; al menos dos de ellos, y muy importantes, China y Estados Unidos. Desde ese sillón, que ojalá por el bien de España compartamos con Turquía en el Consejo de Seguridad, a mí me gustaría que a través del Plan de derechos humanos, si es que alguna vez sale -yo conmino al Grupo Popular a que fuerce al Gobierno a que salga dicho plan-, exijamos, pidamos, y hagamos lobby mediante la acción internacional contra la pena de muerte para erradicarla al menos en Estados Unidos. Además, hemos visto un espectáculo absolutamente dantesco con la última ejecución que se ha llevado a cabo en Estados Unidos; esa ejecución de la que han hablado todos los organismos de derechos humanos, pero incluso las propias Naciones Unidas a través del Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra. Es decir, esto ya está en unos términos bastante complicados. Además, en cuanto a China, las cifras son completamente opacas, no conocemos el número de ejecuciones. La Unión Europea, y nosotros como miembros de la misma, está en este momento negociando un tratado preferencial con Estados Unidos. Desde España y desde otros países de la Unión Europea -que seguro que lo aceptarán de buen grado- podríamos incluir en ese tratado preferencial, que es de tercera generación, un derecho que es de primera generación, como es el derecho a la vida y, por tanto, el cuestionamiento absoluto y sustancial de que ningún Estado, ninguno, tiene derecho a arrebatar la vida a nadie. Ese es el principio contra la pena de muerte; es muy simple, es un derecho de primera generación. Hemos hablado ya mucho de derechos de tercera y cuarta generación, y resulta que no se está cumpliendo el primero de la primera generación de derechos humanos. Estoy segura de que el señor Uriarte y todos los miembros de esta Comisión estarán de acuerdo conmigo.

En segundo lugar, hay algo que preocupa bastante a mi grupo parlamentario. Todos sabemos que hay determinados países árabes a los que nuestros empresarios viajan con las más altas instituciones del Estado para firmar acuerdos comerciales, y últimamente con cierta frecuencia. En estos países, fundamentalmente del Golfo, impera la Sharia que, como todos sabemos, es aquella ley por la cual en muchos de estos Estados se puede arrebatar la vida, mediante la pena de muerte, a quien haya cometido determinados delitos contemplados en ella. Yo rogaría al Estado español, y por tanto al Grupo Popular, que conmine al Gobierno a que este tema salga también en las negociaciones comerciales, también en las relaciones bilaterales con todos los países del Golfo y con algunos otros del África subsahariana de regímenes musulmanes. Sé que no es fácil; quien les habla, el grupo que les habla, ha gobernado y sabe lo complicado que es sacar este tema, pero es imprescindible, si España quiere seguir no ya liderando, sino diciendo algo sobre derechos de primera generación, como es el derecho a la vida. Ningún Estado tiene derecho a arrebatarle la vida a ninguno de sus conciudadanos, y en eso vamos a estar de acuerdo todos los ciudadanos de la Unión Europea. Por tanto, yo conmino al grupo que sostiene al Gobierno a que exija un poco más, a que esté encima, a que apruebe el Plan de derechos humanos, que es imprescindible, y a que si España -ojalá sea así- se sienta en ese Consejo de Seguridad, lo plantee también desde esta instancia y en los acuerdos preferenciales UE-Estados Unidos.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Señor Uriarte.

El señor URIARTE AYALA: Admitimos la enmienda que ha presentado el Grupo de Convergència i Unió.

- SOBRE IMPULSO DEL MICROMECENAZGO EN LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002542).

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Pasamos al punto 4.º orden del día, sobre impulso del micromecenazgo en las actividades de cooperación al desarrollo, presentado por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para su presentación, tiene la palabra el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Este grupo parlamentario ha sido muy activo en relación con la futura modificación de la Ley del Mecenazgo y singularmente en relación con el micromecenazgo. No voy a decirles nada muy diferente, pero sí quiero dejarles claro dos objetivos de la iniciativa que presentamos


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hoy: En primer lugar, incluir el micromecenazgo en la futura -ya veremos cuándo tiene fecha- modificación de la Ley del Mecenazgo y, en segundo lugar, que la modificación de la Ley de Mecenazgo prevea la perspectiva de las actividades de desarrollo y de cooperación internacional.

A la vista de los acontecimientos, debo decirles que ni en el primer caso, en relación con la inclusión del micromecenazgo en la futura Ley de Mecenazgo, ni en el segundo, la perspectiva de las actividades de desarrollo y cooperación, hemos tenido hasta el momento demasiados éxitos. El resto de portavoces conoce la insistencia que tengo en este tema, que ha sido reiteradamente manifestada a través de las propuestas de resolución, las preguntas formuladas y las reflexiones realizadas en las comparecencias de diversos miembros del Gobierno que han pasado por esta Comisión, y en muchos casos debo decir que compartida por estos miembros del Gobierno. Sabemos que se han dado muchos debates en esta legislatura en relación con este tema, y tendrán en mente otras iniciativas formuladas por mi grupo parlamentario: por ejemplo, en la Comisión de Cultura o en marzo de 2012, cuando se debatió en el Pleno del Congreso de los Diputados -en este caso se rechazó- la proposición de ley de Convergència i Unió de modificación de la Ley 49/2002. También tuvimos oportunidad de debatir una iniciativa del Grupo Socialista en esta misma Comisión en relación con el micromecenazgo que tampoco se aprobó.

Voy a hacer algunas consideraciones en relación con los dos objetivos que les he manifestado y el escaso éxito que hemos tenido. Cuando se debatió en el Pleno del Congreso de los Diputados la proposición de ley de modificación de la Ley de Mecenazgo formulada por mi grupo parlamentario, hubo un compromiso del grupo parlamentario mayoritario de que el Gobierno activaría un grupo interministerial que trabajaría sobre el tema y que se constituyó hace apenas un año. Fíjense cuál es la composición de esta comisión interministerial. Hay miembros del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de la Comisión de Economía, de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, del Ministerio de Industria, de Educación, de Interior, de Agricultura, de Empleo y de Justicia, y el de Asuntos Exteriores no está representado en esta Comisión, cuando es el ministerio que podía dar la perspectiva sobre la necesidad de que la futura reforma de la Ley de Mecenazgo se aplique de forma muy decidida en relación con las actividades de desarrollo.

Segunda consideración. El informe de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español no menciona en ninguno de sus puntos la modificación de la Ley del Mecenazgo, ni naturalmente habla del micromecenazgo. Se constituye una comisión interministerial y el Ministerio de Asuntos Exteriores no está dentro de ella; sí lo están, en cambio, Agricultura, Interior, Educación, Empleo y Justicia, pero no el Ministerio de Asuntos Exteriores. Como digo, el informe de los expertos en la reforma del sistema tributario español no habla del mecenazgo ni del micromecenazgo. Es decir, ni tenemos aún la modificación de la Ley del Mecenazgo que incluya el micromecenazgo ni en los estudios sobre la futura modificación se encuentran responsables de las políticas de cooperación al desarrollo, que son los que conocen las oportunidades que el mecenazgo y el micromecenazgo pueden suponer para el sector del desarrollo internacional.

¿En qué momento estamos? Me ha gustado mucho poder releer un informe que realizó el Instituto de Innovación Social de Esade, junto con la Fundación La Caixa y la Fundación Price Waterhouse, que nos ofrece algunos datos muy interesantes. El título de este estudio es La reacción del tercer sector social al entorno de crisis, y se publicó hace unas pocas semanas. Algunos datos al respecto. La financiación privada dedicada a programas de acción social y medio ambiente ha disminuido en mayor medida que la correspondiente a cooperación internacional, cuyo peso en el mix ha aumentado desde el año 2010. Aunque más del 60% de la financiación privada se dedique a programas de acción social, la cooperación internacional está ganando peso en el mix de las donaciones. Si en 2010 suponía el 27% del total, en 2012 ya suponía el 32%, y ello principalmente debido a las preferencias de los socios microdonantes particulares en sus aportaciones, que siguen orientando sus donaciones principalmente a la cooperación. En 2010 suponía el 56% y en 2012 no solo se mantuvo, sino que se incrementó un punto hasta el 57% del total. Los socios donantes particulares son los que más contribuyen a la cooperación internacional y constituyen la fuente de financiación privada que menos ha disminuido desde 2010.

Este estudio también pone de manifiesto algunos datos que deben tenerse en cuenta. Las microdonaciones que se realizan fundamentalmente están destinadas a paliar daños por catástrofes naturales o situaciones de crisis humanitarias o hambrunas. España está por debajo de la media europea, que es un 33% de la población donante -en este caso España está en un 19%-, frente a otros países como Dinamarca, con un 61%, Reino Unido con un 56% o Francia con un 53%. Si confrontamos estos datos con los estímulos fiscales al mecenazgo que aplican en estos países, nos encontramos, por ejemplo,


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con que Francia, donde, como decíamos, un 53% de media de la población es donante de forma decidida y reiterada, la deducción en el impuesto sobre la renta puede llegar a alcanzar el 75% del importe donado. No es necesario hablar del esfuerzo y de los grandes éxitos que está obteniendo el micromecenazgo en las actividades de desarrollo, ya sea directamente en campañas realizadas por las organizaciones no gubernamentales o ya sea a través de plataformas en la red de micromecenazgo, generalistas o específicas en materia de cooperación y desarrollo.

Les voy a poner un ejemplo de estas redes específicas en materia de cooperación y desarrollo: la página web que nació de la Associació Catalana d'Enginyers per al Desenvolupament, que colabora en la actualidad con más de doscientas ONG y tiene convenios con diversas entidades y administraciones. Es decir, es un éxito el tema del micromecenazgo, ya sea realizado directamente por las ONG o a través de plataformas de la red. Con estos datos, con el esfuerzo que se está haciendo por parte de las organizaciones gubernamentales con la existencia de plataformas generalistas o específicas, creo que ya se ve que es positivo, pero pensemos cuántas cosas podrían hacerse: uno, si modificáramos los estímulos fiscales al mecenazgo y singularmente incluyéramos el micromecenazgo; dos, si tuviéramos en cuenta que cualquier modificación legal de la Ley de Mecenazgo puede realizarse también desde la perspectiva del desarrollo y la cooperación, como se hace de forma decidida en otros casos, como por ejemplo en cultura o asuntos sociales, y tres, si se impulsaran otras medidas de promoción de la captación de recursos económicos privados para financiar actividades de cooperación y desarrollo a través del micromecenazgo.

Con estos datos que les he ofrecido, la proposición no de ley tiene su fundamento y su razón de ser, sin lugar a dudas. Tengo la impresión de que todo parece indicar que esta iniciativa no va a contar con el apoyo del grupo parlamentario mayoritario. Yo lo siento mucho -debo decirlo- porque creo que hubiera sido una buena noticia para el sector, y no para tener un cambio de la Ley del Mecenazgo a corto plazo -que también nos gustaría, y creo que a la mayoría de los grupos parlamentarios-, pero creo que tener un anuncio de que el micromecenazgo también se va a incluir en la modificación de la Ley del Mecenazgo y que se va a tener en cuenta la perspectiva del desarrollo de actividades de cooperación y desarrollo habría sido una oportunidad. Lo siento mucho por la pérdida de una oportunidad que se ha puesto encima de la mesa por parte de mi grupo parlamentario en esta Comisión. Espero que podamos continuar hablando de este tema.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): No ha habido enmiendas de los grupos. ¿Desean tomar la palabra? (Pausa).

Señor Buyolo.

El señor BUYOLO GARCÍA: Muy brevemente, porque ya les anunciamos que vamos a votar a favor de esta proposición no de ley de CiU que ha expuesto muy bien el diputado Picó.

Nosotros planteamos el 10 de junio una proposición no de ley en el sentido de favorecer aquellos instrumentos que ayudaran a las ONG a cubrir esa falta de recursos que tienen ahora mismo, Hay que recordar, como bien ha dicho el señor Picó, el descenso en los recursos en ayuda oficial al desarrollo, en proyectos de desarrollo, y sobre todo la necesidad de las ONG de contar con esos recursos. En aquel momento, el 10 de junio de 2013, planteamos la necesidad de ese micromecenazgo por dos cosas, por su efectividad social y por su efectividad económica. Hay que recordar, en cuanto al perfil del donante en España, que hay aproximadamente 3,6 millones de personas que donan, más o menos el 11% de la población, con una aportación de 176 euros de media. En su día nosotros planteamos que los 150 primeros euros que se aportaran a través de micromecenazgo o de mecenazgo se desgravaran automáticamente en el cien por cien. En ese momento no se aceptó y, como me parece que ya ha anunciado el señor Picó, tendremos hoy también el rechazo por parte del Partido Popular.

Es necesario que adoptemos medidas para favorecer que el trabajo que están desarrollando las ONG puedan realizarlo con el mayor número de recursos. Hemos oído en esta Comisión y al secretario general decir que las ONG han dependido mucho de los presupuestos públicos, y esta es una posibilidad de que tengan un instrumento que les facilite poder tener más recursos a través de la aportación que hacen las familias, que por cierto son tremendamente generosas y comprometidas con una sociedad en momentos de crisis. En este momento en que ustedes han recortado los presupuestos públicos de cooperación se necesitan instrumentos que faciliten que las familias puedan aportar ese dinero y legislación que favorezca e incentive el mecenazgo y el micromecenazgo, pero también es necesaria una política clara de apoyo a la cooperación, y parece que no están dispuestos a hacer ninguna de las tres cosas.


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Hemos escuchado muchas veces -y esta es la enésima vez que viene una propuesta de micromecenazgo durante esta legislatura- decir al secretario de Estado de Cultura, señor Lassalle, que esta es una tarea importante y que se tiene que hacer. Sin embargo, ustedes, que tienen la posibilidad de hacerlo, no lo hacen. Volvemos a hablar -y con ello apoyamos la proposición no de ley de CiU- sobre la necesidad urgente de tomar esas medidas y, sobre todo, que si esa ley de mecenazgo la atasca el señor Montoro en su ministerio, que, por favor, tomen las medidas necesarias para que ese micromecenazgo se haga efectivo, porque es necesario económica y socialmente y va a favorecer al fortalecimiento de nuestras ONG. Quiero incidir especialmente en el punto d) de esta proposición no de ley porque me parece muy importante. No hablamos solo de micromecenazgo en cultura o en otras áreas, sino que es importante en la situación en la que estamos viviendo ahora, dados los recortes que están practicando en la cooperación, que se ponga también el foco sobre el micromecenazgo en cooperación.

El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Marcos.

La señora MARCOS DOMÍNGUEZ: La proposición no de ley que trae a debate el grupo de CiU defiende impulsar el micromecenazgo en las actividades de cooperación al desarrollo. Señor Picó, es un objetivo que compartimos. De hecho, la actual Ley de Mecenazgo es de 2002, cuando gobernaba el Partido Popular. Y ahora que vuelve a gobernar el PP mantenemos el compromiso de mejorar esa ley, pero queremos hacerlo con la voluntad de que la nueva norma se mantenga en el tiempo y que a la vez sea capaz de adaptarse a los cambios de la sociedad española y a su voluntad de implicarse en actividades de interés general de forma desinteresada y altruista.

Como saben, el micromecenazgo es una modalidad de financiación colectiva de actividades de interés general que puede perfectamente incluir la cooperación para el desarrollo. Consiste básicamente en un mecanismo de captación masiva de ayudas o donaciones, para lo que suele utilizarse una página web como instrumento, todo ello con el objetivo de financiar un determinado proyecto que se pondrá en marcha solo después de lograr un umbral mínimo de financiación, es decir, después de conseguir suficientes contribuyentes como para que pueda arrancar. Estamos hablando de un sistema de acumulación de pequeñas donaciones realizadas de forma altruista, es decir, sin que los donantes esperen ningún retorno dinerario. Pero también es posible, y es lo habitual, que esa intermediación la realice una fundación o una asociación declarada de utilidad pública. En este caso la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, sí es de aplicación. Esto es a lo que se refería el señor Picó. Esto permite, además, que tanto los donantes como los benefactores puedan acogerse a los fiscales que prevé la ley.

La proposición no de ley que el grupo de CiU trae hoy a debate se dirige fundamentalmente a demandar mayores beneficios fiscales para el micromecenazgo por la vía de la reforma de la Ley 49/2002. El Gobierno va más allá, se ha comprometido a traer al Parlamento una nueva ley de mecenazgo durante esta legislatura. Con este objetivo, como ustedes saben y como ha adelantado también el señor Picó, se creó un grupo de trabajo interministerial adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para estudiar las fiscalidad de las entidades sin ánimo de lucro y los incentivos fiscales al mecenazgo. Ese grupo se constituyó en abril de 2013, inició sus reuniones en mayo del año pasado y al terminar el ejercicio 2013 trasladó sus conclusiones a la Comisión de expertos para la reforma tributaria, toda vez que el tratamiento fiscal del mecenazgo se afrontará en el marco de la amplia y ambiciosa reforma tributaria que el Gobierno aprobará en los próximos meses y que tendremos ocasión de discutir en profundidad en esta Cámara.

En todo caso, el debate que el grupo de CiU trae hoy a la Comisión nos permite reflexionar sobre algunas cuestiones clave. Me gustaría mencionar tres con el permiso de sus señorías. En primer lugar, hablar de mecenazgo significa que es la iniciativa privada la que financia, y lo hace, además, de forma principalmente altruista. Por eso, ninguna reforma debería cambiar la finalidad de la ley 49/2002, que es precisamente propiciar que sea la iniciativa privada, la iniciativa de la sociedad, y no del dinero público, la que soporte la financiación de las actividades sobre las que se ejerce el mecenazgo. En segundo lugar, lo más urgente y lo más importante de todas las tareas del Gobierno en esta legislatura era y es superar la crisis. Pero aunque no hubiera crisis, que la hay, sabemos que solo con unas cuentas públicas saneadas es posible un crecimiento económico sostenido en el tiempo, ese crecimiento sostenido y saneado que permite y promueve la necesaria creación de empleo. En tercer lugar -y ya termino-, las reformas fiscales deben hacerse con las máximas garantías de que se mantendrán durante el mayor número de


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años posible. Eso exige pensarlas mucho antes de ponerlas en marcha, concitar, como ha hecho este Gobierno, el análisis previo de los expertos y ser muy prudentes con los cambios. En estos momentos, el Gobierno está analizando las conclusiones recogidas en el informe final entregado al ministro de Hacienda por la comisión de expertos de cara a presentar una reforma fiscal con vocación de estabilidad. Porque la estabilidad es un valor para todas las facetas de la vida, y en el caso de las reformas tributarias, lo es además por seguridad jurídica y por la reducción de costes de información y transacción que esa estabilidad garantiza. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Señorías del grupo de CiU, por todos estos motivos, les pido que entiendan que les pidamos que transformen su proposición no de ley de hoy en un compromiso de colaboración para el momento en el que llegue a esta Cámara la reforma fiscal que está preparando el Gobierno. Ese será el tiempo de atender a cualquier modificación de la Ley 49/2002, con la voluntad compartida de impulsar el mecenazgo y el micromecenazgo en España, también en materia de cooperación para el desarrollo.

- SOBRE LA PROHIBICIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS ESPECULATIVAS SOBRE BIENES ALIMENTARIOS DE PRIMERA NECESIDD EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/002570).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5.º del orden del día: Sobre la previsión de inversiones financieras especulativas sobre bienes alimentarios de primera necesidad en países en vías de desarrollo, que presenta el Grupo de Izquierda Plural en la persona de su portavoz, doña Laia Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Desde La Izquierda Plural queremos insistir en una de las cuestiones que llevamos a esta Comisión a principio de legislatura, en abril de 2012. Transcurridos más de dos años desde la aprobación y desde un acuerdo que llegó a esta Comisión, ahora toca no solo hacer balance, sino actualizar ese compromiso de acuerdo con las modificaciones que se han producido a nivel europeo.

En abril de 2012, desde La Izquierda Plural presentamos una proposición no de ley para abordar la especulación alimentaria, una cuestión fundamental que fue objeto de trabajo de centenares de organizaciones en una campaña llamada banca bajo control, donde se ponía de manifiesto que entidades financieras, también españolas, estaban utilizando en sus fondos de inversión o en productos especulativos productos basados en la especulación de materias primas. Tenemos múltiples informes, uno primero de la FAO que se llamaba Food Commodities Speculation and Food Crises, que hablaba de la burbuja que se creó en el mercado de alimentos en 2008 y cómo eso provocó un aumento de los precios de alimentos básicos, donde hubo un aumento, por ejemplo, del precio del trigo superior al 46% y las consecuentes hambrunas y las limitaciones de parte de la población a acceder alimentos básicos, teniendo en cuenta que en los países del sur gran parte de las familias tienen que destinar entre el 50% y el 80% de su renta a acceder a los alimentos. Pero esa burbuja no quedó solo en el año 2008, sino que en 2010 y 2011 vuelven a aparecer burbujas directamente vinculadas a ese juego especulativo.

Esta iniciativa, que fue presentada en 2012, tenía como objetivo, en primer lugar, avanzar en la coherencia de las políticas, que es algo en lo que desde nuestro grupo queremos insistir. Precisamente llevar a cooperación una cuestión como la especulación financiera sobre productos básicos tiene que ver en eso de vincular los objetivos de desarrollo del milenio, la lucha contra la pobreza, el acceso a alimentos, con otro tipo de políticas, que son las políticas económicas o lo que también defiende el Gobierno de España en los foros internacionales sobre los productos financieros, porque una cosa tiene que ver con la otra. Otra es cómo abordamos las crisis alimentarias y cómo incluimos los nuevos factores de esas crisis alimentarias. Y, en tercer lugar, la cuestión de la responsabilidad social de las empresas con los derechos humanos, sobre todo teniendo en cuenta que hay empresas españolas que tienen ese tipo de productos que especulan con materias primas.

¿Qué sucedió? Llegamos a un acuerdo en ese momento con la mayoría de esta Cámara, con el Partido Popular, donde se emplazaba a apoyar en el ámbito de las consecuencias y en los organismos multilaterales la búsqueda de una mejora en la regulación y, por otro lado, a defender en el G-20 la elaboración de una posición común en la Unión Europea. Para nosotros fue un paso adelante, evidentemente fue muy tímido, fue una exigencia muy laxa. Transcurridos dos años de la aprobación de esa proposición no de ley, el Gobierno no ha presentado ninguna iniciativa propia, pero sí que es verdad que desde la Unión Europea ha habido un paso significativo y desde enero de 2014 hay un acuerdo para reformar la Directiva de mercados de instrumentos financieros, que precisamente habla de commodities,


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es decir, de materias primas, e insta a los Estados también a hacer su trabajo. En estos dos años ha habido un cambio significativo, ha habido una modificación de la directiva y, por lo tanto, ahora esa directiva tiene que trasponerse a nivel español, y esa directiva, esa modificación, sí que incluye limitar de forma importante las operaciones financieras vinculadas a alimentos. Ahora, esos límites los tiene que fijar cada uno de los Estados, porque hubo presión de muchos Estados para que no hubiera una posición común y tener un margen para fijar esos límites.

Llegados a este punto, ya no podemos seguir tirando la pelota para arriba, ahora hay una responsabilidad del Gobierno de España de trasponer esa directiva. Si ese compromiso de hace dos años era real, ahora toca asumir las consecuencias, no solo de ese compromiso sino de ese cambio en la directiva. Por lo tanto, les instamos a reglamentar, en el marco de la trasposición de esa reforma, para prohibir las inversiones financieras especulativas sobre alimentos de primera necesidad. Estamos hablando directamente de derechos humanos, de acceso a alimentos, donde tenemos cientos de estudios que demuestran que hoy ya no es la sequía, sino que la primera causa de limitación al acceso de alimentos es hoy la especulación sobre materias primas, la acumulación que hay sobre esos mercados y sobre esos productos. Hoy deberíamos hacer un avance.

Se han presentado enmiendas por parte del Grupo Popular y esperamos llegar a una propuesta de transacción. Hoy nuestra línea roja no es solo decir que continuamos trabajando en los foros multilaterales, sino que se va a reglamentar y se van a fijar límites, que es a lo que insta la directiva, fijar límites a las posiciones sobre derivados de materias primas que realmente permitan avanzar en esa limitación en la especulación sobre bienes alimentarios. Entendemos que ustedes no van a apostar por la prohibición, que es lo que nosotros les planteamos, pero hoy no podemos salir en blanco de esta Comisión sin adoptar un compromiso, y ese compromiso no puede diluirse en el futuro, sino que se debe asumir como mínimo esa posibilidad de limitar esa especulación con alimentos, porque de eso depende para millones de personas el acceso a la alimentación básica.

El señor PRESIDENTE: A continuación, para presentar la enmienda a la proposición no de ley, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.

El señor PASTOR GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, intervengo para defender la enmienda de nuestro grupo y para fijar posición en relación con la proposición no de ley sobre inversiones financieras especulativas sobre bienes alimentarios de primera necesidad en países en vías de desarrollo, presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural; una proposición no de ley que, como bien ha señalado la proponente, es muy similar a otra que debatimos en el mes de abril del año 2012 y cuyo petitum es prácticamente calcado. En aquella proposición no de ley conseguimos llegar a una propuesta transaccional que reflejaba una posición, yo creo que compartida por todos los grupos, que en lugar de prohibir nos comprometía a realizar otras cosas para mejorar el mercado de los bienes de primera necesidad. En primer lugar, nos obligaba o nos comprometía a mejorar la regulación de las inversiones financieras en el marco de la reforma de la Directiva de mercados y servicios financieros, añadiéndole mayor transparencia para mejorar su funcionamiento, nos comprometía a impulsar que los contratos de derivados se efectuasen en mercados regulados, y no como estaba ocurriendo hasta entonces en muchas ocasiones en mercados excesivamente opacos, y nos comprometía a defender en el G-20 y en otros organismos multilaterales la adopción de medidas para abordar las causas de la volatilidad que habían afectado en los ejercicios 2008 y 2011 al mercado de los alimentos. En este sentido, y partiendo de esta posición común que habíamos alcanzado y que yo creo que era una posición de un gran valor, parece razonable que en estos momentos nos planteemos actualizar dicha posición, debido a la inminencia de la aprobación de la reforma mencionada. Sin embargo, el petitum que nos hemos encontrado en esta proposición no de ley es literalmente calcado a aquel que debatimos en su momento y pide expresamente la prohibición de los instrumentos financieros, lo que me obliga a manifestar de nuevo las mismas objeciones que manifesté hace dos años en relación con esta materia, empezando porque el papel de los mercados financieros, en mi opinión y en la de la gran mayoría de los expertos, dista mucho de ser, no ya el único factor, sino tan siquiera el más importante en la fijación de precios y en las causas de la volatilidad que afectaron en estos ejercicios a los que hacíamos referencia al mercado de las commodities y de los alimentos.

El mercado financiero lo que hace es jugar un papel, tiene una función que es fundamentalmente la de compatibilizar las decisiones de ahorro con las decisiones de inversión, y en este sentido es esencial que exista un mercado financiero que funcione correctamente. Y, por otro lado, permite compatibilizar las diferentes actitudes frente al riesgo que se dan en los operadores del mercado, permitiendo a aquellos


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que son más adversos al riesgo que puedan trasladarlo a aquellos que tienen mayor apetito por el mismo. En cualquier caso, en nuestra opinión -e, insisto, en la de la gran mayoría de los expertos-, existen múltiples factores que influyen en la determinación de los precios y en la volatibilidad de los mismos en el mercado de las commodities, existen factores estructurales y factores coyunturales. Dentro de los estructurales podríamos nombrar el aumento de la población, que se produce en mayor medida que en el de la producción, lo cual tira para arriba de los precios, el enriquecimiento de países emergentes, que tira para arriba de la demanda, el cambio climático o la presencia de infraestructuras de almacenaje y distribución obsoletas que hacen que se pierda gran cantidad de los stocks en el camino. Y, al mismo tiempo, existen factores coyunturales que influyen también enormemente en los precios, factores como sequías, cierres de fronteras, guerras, etcétera, que tienen una incidencia real sobre la fluctuación de los precios de estos bienes. De hecho, actualmente la situación que se vive en Ucrania, con la escalada del conflicto que sus señorías conocen, sumada a la sequía que se produce en el suroeste americano, están tirando para arriba del precio del trigo, por ejemplo, entre otras commodities, siendo el caso de Ucrania el 6% de la exportación global, junto con la de Rusia, y teniendo en cuenta que puedan producirse sanciones económicas, suponiendo el 17% del total de las exportaciones de trigo a nivel global. Por lo tanto, quiero insistir en que no es esta una cuestión en la que juegue un único factor, sino que se trata de una cuestión compleja; como diría algún compañero nuestro, una cuestión poliédrica.

En todo caso, lo que sí compartimos es que la mejora de la regulación del sistema financiero es importante, sin duda puede tener su impacto para mejorar la situación de estos mercados, y lo compartimos en tanto en cuanto esto ya ha sido una cuestión que se ha aprobado por todos los países avanzados en el seno del G-20, en el cual nos comprometimos a mejorar la regulación de estos productos. En este sentido es en el que nosotros planteamos nuestra enmienda, que implica volver al consenso anterior, actualizar un posicionamiento que se ha visto recogido en su gran mayoría por la reforma de la Directiva sobre mercados financieros antes mencionada, una directiva que introduce limitaciones en la negociación de derivados vinculados a materias primas, que previene y sanciona los abusos de mercado y que aumenta la transparencia al imponer que la negociación de estos productos se realice en mercados regulados. Por tanto, en nuestra opinión, lo razonable es instar al Gobierno a que lo trasponga con celeridad para garantizar la máxima transparencia en el funcionamiento y regulación de estos mercados y que se continúe avanzando en los organismos multilaterales de los que España forma parte en la toma de medidas que aborden las causas. Y por causas me refiero a todas las causas, no solo a aquellas que se refieren al sector financiero y que afectan a la volatilidad de los precios de los alimentos y que, como he dicho, son muchas y muy variadas. En cualquier caso, como ha indicado la proponente, existe un texto de propuesta transaccional que estamos estudiando y que, en caso de llegar a un acuerdo, trasladaríamos a la Mesa.

El señor PRESIDENTE: Para fijar posiciones, tiene la palabra, en representación de su grupo, el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Como han recordado los portavoces que hasta ahora han intervenido, la cuestión de cómo la especulación sobre los alimentos de las poblaciones de países en vías de desarrollo afecta a la situación alimentaria en estos países ha sido debatida en distintas ocasiones en esta Comisión y en el Pleno de esta Cámara. Apuntaba el portavoz del Grupo Popular que, siendo objeto de discusión hasta qué punto la especulación financiera sobre los alimentos influye o no de manera determinante en las crisis de hambruna que se han vivido en determinados países, recuerdo alguno de los últimos debates en el plenario en el que, por ejemplo, incidíamos todos en la importancia de las cuestiones vinculadas al cambio climático. Pero, con independencia de si atribuimos mayor o menor impacto de la especulación financiera en esta situación, lo cierto es que la especulación financiera forma parte del problema, y así se reconoció en su momento cuando la Cámara aprobó la anterior iniciativa de la señora Ortiz, como se ha reconocido tanto por parte de la Unión Europea como por parte del G-20, cuando precisamente se ha avanzado en una nueva directiva que regula los mercados de instrumentos financieros y donde específicamente se hace referencia a este tipo de productos.

Para quienes no somos de la cultura financiera, nos ha provocado una cierta perplejidad que la capacidad de innovación de la industria financiera lleve a especular con los precios de los alimentos, algo que a mí siempre me ha sorprendido. Desde este punto de vista, habiendo leído la transacción que la señora Ortiz ha trasladado a los grupos de la Cámara, singularmente al grupo de la mayoría, y escuchando la intervención del portavoz del grupo de la mayoría, yo diría que aquello en lo que hay coincidencia


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debería llevar, utilizando la terminología del portavoz del PP, a actualizar la posición que se mantuvo hace dos años, y es que una vez que la nueva directiva estuviese aprobada y que esa directiva diese margen al Gobierno español para modificar la legislación en esta materia, se hiciese. Por tanto, que la Comisión mandatase al Gobierno a trasponer a la mayor brevedad posible la regulación europea para garantizar esa transparencia y esos límites que, según la transacción que apunta la señora Ortiz, parecerían razonables. De la enmienda concreta que el Grupo Popular plantea no se deriva tanto un mandato para desarrollar la directiva como una referencia muy genérica sobre las consecuencias de la misma. En este sentido, creo que la transacción que ofrece la señora Ortiz es precisa sobre aquello que debe hacer el Gobierno, que es, según el nuevo marco del que nos dota la Unión Europea, proceder a tomar las decisiones que correspondan, recordando que la directiva europea deja un enorme margen de actuación a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros. Europa no asume tanto la regulación específica sobre cómo deben de tratarse estos instrumentos, sino que deja en mano de los Estados miembros la regulación específica. Hoy sería importante que aprobásemos esta cuestión, que mandatásemos al Gobierno a trasponer esta directiva con la mayor brevedad posible. Me pareció entender que lo que nos plantea la señora Ortiz no es tanto una prohibición de estos instrumentos, sino una regulación en la línea de lo que nos marca la Unión Europea. Creo que ahí podríamos encontrar ese punto de acuerdo.

El señor PRESIDENTE: Creo que el Grupo Socialista tiene interés en fijar posición. Adelante, señor Ábalos.

El señor ÁBALOS MECO: El Grupo Socialista comparte el sentido de la propuesta, incluso el contenido que la sustenta, así como la oportunidad. Como ya ha explicado la proponente, esto se planteó ya hace dos años en un debate, y algunos de sus elementos persisten más allá de la pretendida actualización. En aquel momento, el portavoz del Partido Popular, según consta en el "Diario de Sesiones", tildó la propuesta como excesivamente ideologizada. Curiosamente, en tiempos de aquel debate, Naciones Unidas, la FAO, el Banco Mundial, Unicef, el propio Relator especial para el derecho a la alimentación de Naciones Unidas, habían identificado ya la especulación alimentaria como una de las causas más importantes de la crisis alimentaria; organismos internacionales seguramente muy escorados también en lo ideológico. Ahora también la Unión Europea ha dado un paso en ese sentido, seguramente también muy escorada ideológicamente. El argumento ya no es de ideologización, sino de negación, ahora es el negacionismo, porque la mayoría de los expertos, según el Partido Popular, piensan que esta no es una causa importante, al menos no la más importante, de la crisis alimentaria. Sin embargo, en el año 2010, el grupo intergubernamental sobre cereales y el grupo intergubernamental sobre el arroz de FAO indicaron que los aumentos y la volatilidad inesperada sobre los precios figuraban entre las principales amenazas para la seguridad alimentaria. Entre algunas de esas causas claramente intervienen todas estas cuestiones que afectan a este mercado especulativo. Entre las razones que influyen en la seguridad alimentaria me ha llamado la atención que se apelara incluso a la incidencia del cambio climático después de haber sido calificado como una profecía maya, homologada en el debate en esta Cámara por parte de su portavoz adjunto. En fin, el cambio climático sirve para cualquier ocasión, para sí y para no. Creo que estamos ante un debate donde con medias tintas es muy difícil llegar a ningún lado, o se está o no se está. O se está a favor de luchar contra el hambre o se está con ser tolerante con aquellos que trafican para sacar un lucro desmesurado de unos pocos, a cambio de condenar a poblaciones al hambre, al empobrecimiento y también a la muerte.

Los antiguos decían que hay cosas que quedan fueran del comercio entre los hombres. Esa es una premisa ya clásica. Entre 2006 y 2008 los inversores especuladores se hicieron con el 65% de los contratos sobre maíz largo, el 68% de los de soja y el 80% de los de trigo. Si esto no es acaparar, si esto no condiciona los precios... Insisto, señorías, creo que aquí no caben las medias tintas ni ha lugar a la hipocresía porque este es un tema recurrente, o estamos o no estamos, lo que no tiene sentido es que invirtamos dinero del contribuyente, apoyemos programas de seguridad alimentaria con dinero de todos y, a cambio, toleremos una práctica especulativa que hunde toda esta cuestión. Este es el momento de la política, donde no hace falta que pongamos recursos económicos, sino simplemente una política adecuada de regularización de todos estos mercados. No nos cuesta ningún dinero, únicamente una iniciativa política. Esta no es una cuestión de un desastre natural, no es un terremoto, no es una sequía, no son estos problemas; el problema es una práctica especulativa al servicio de unos pocos que condena a una buena parte de la población, a millones de personas, al hambre y, por tanto, a la muerte. Estas prácticas


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especulativas me parece que tienen consecuencias criminales, y permítanme el exceso, pero si es para sensibilizar, no importa.

El señor PRESIDENTE: Quedan fijadas las posiciones del proponente y las posiciones de los enmendantes.

- SOBRE EL IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN EL AÑO EUROPEO DEL DESARROLLO (2015). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/002587).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al sexto punto, sobre el impulso de la participación española en el Año Europeo del Desarrollo, presentada por el Grupo Popular en la persona de doña Encarnación Jiménez.

La señora JIMÉNEZ MÍNGUEZ: Señorías, como bien saben, 2015 ha sido elegido por la Comisión Europea como Año Europeo del Desarrollo. El Parlamento Europeo expresó con su propuesta a la Comisión su deseo, su esperanza de aumentar la visibilidad de la cooperación al desarrollo y de esta forma educar e involucrar a toda la ciudadanía en la erradicación de la pobreza y la inclusión social en el mundo. La Unión Europea es el primer donante de ayuda en el mundo y lo ha conseguido sumando las fuerzas de todos sus Estados miembros y sus instituciones. Más de la mitad de la ayuda oficial al desarrollo procede de la Unión Europea, y su firme voluntad de ayudar se remonta a 1957, cuando el Tratado de Roma estableció por primera vez una política europea de desarrollo, y es el Tratado de Lisboa el que se marca como objetivo general la erradicación de la pobreza para conseguir la estabilidad y la prosperidad mundial.

Centrándonos en lo que representa 2015 como Año Europeo del Desarrollo podemos decir que tiene tres objetivos primordiales como son informar a los ciudadanos europeos sobre el desarrollo de la cooperación en el seno de la Unión Europea, fomentar el interés activo de los ciudadanos y sensibilizar a la población y, en tercer lugar, fomentar su participación directa en la formulación y aplicación de las políticas con una clara finalidad, la de dar a conocer los beneficios de la cooperación al desarrollo en la Unión Europea.

Señorías, el Gobierno de España ha defendido desde el principio la celebración de 2015 como Año Europeo del Desarrollo. En este sentido, en el marco del IV Plan director de la cooperación española 2014-2016, se hace referencia a la importancia que representa para la cooperación española la educación para el desarrollo. En una buena política que informe y sensibilice a los ciudadanos, es fundamental el tema de la educación en este IV Plan director de la cooperación española. También este IV Plan director se hace eco del papel que representan las organizaciones de la sociedad civil como actores fundamentales de la cooperación, tanto fundaciones, agencias nacionales o el sector privado. En definitiva, educar para el desarrollo de manera que la ciudadanía sienta la importancia que tiene la cooperación; fortalecer, por otro lado, espacios de trabajo conjunto y de coordinación entre los distintos actores de la cooperación a través de una adecuada coordinación buscando siempre la complementariedad y buscando sinergias, son acciones contenidas en el marco del IV plan director y que sin duda estamos convencidos que podrán lograrse mejor y con mayor eficacia a nivel de la Unión Europea. A ello debemos añadir que 2015 es un año clave para la cooperación. Confluyen dos hechos relevantes, el plazo para el cumplimiento de los objetivos del milenio y la fecha en que se pondrá en marcha un nuevo marco internacional de objetivos de desarrollo sostenible.

Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular pedimos el apoyo a todos los grupos de esta PNL mediante la que instamos al Gobierno a participar activamente en la formulación de la política de cooperación a nivel europeo velando por las prioridades e intereses de la cooperación española en coherencia con el IV plan director. Pretendemos también defender un enfoque diferenciado para aquellos países como España que se han visto más afectados por la crisis, con una repercusión claramente en la sensibilidad de los ciudadanos. Queremos que se dé cabida a la participación de socios estratégicos como la sociedad civil organizada, dando una especial relevancia a los jóvenes, por supuesto; garantizar la adaptación de este proyecto al contexto nacional con una buena coordinación entre las iniciativas nacionales a todos los niveles, tanto regionales como locales; estudiar la participación en este proyecto de programas nacionales de educación que fomenten la solidaridad y la responsabilidad de los ciudadanos. Por último, queremos velar por la inclusión de medidas de transparencia que garanticen una óptima asignación de recursos incluyendo la supervisión y control de los proyectos, así como la presentación de


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resultados, de forma que los proyectos tengan una mejor visibilidad y los resultados pueden ser tangibles. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Para fijar posición tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora Martín.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ: El Grupo Popular presenta una proposición no de ley que, sinceramente, no deja de sorprendernos. En su exposición de motivos describen la necesidad de incrementar la sensibilización de los ciudadanos europeos en materia de cooperación para el desarrollo porque para ello se ha definido el año 2015 como Año Europeo del Desarrollo, coincidiendo con el fin de plazo de los incumplidos objetivos del milenio. El respaldo de los ciudadanos es significativo, ustedes lo dicen, y lo es más allá de los apoyos en momentos de catástrofes naturales y catástrofes humanitarias y es reconocido también en el Eurobarómetro de 2012 con un 85% de apoyo.

Dicen ustedes que la participación española en los últimos años ha crecido, mientras el señor Montoro justifica los recortes diciendo que otra vez será. En el informe de La realidad de la ayuda 2013, que ustedes conocen, se refleja la realidad más cruda. La cooperación multilateral se redujo un 67% de 2008 a 2012. España es el donante del CAD que más ha reducido su ayuda oficial al desarrollo. Ni Grecia ni Portugal ni Irlanda han castigado tanto su política de cooperación. La ayuda no solo cae, sino que gran parte no se ejecuta, no llega a las personas a las que debe destinarse. En 2012 se ejecutaron 3.175 millones de euros de ayuda oficial al desarrollo menos que en 2008. Una ayuda sin fondos resta legitimidad y credibilidad a España en los foros internacionales y reduce a mínimos su capacidad de influir en las agendas. Todo esto aparece en este informe.

Señores diputados del Grupo Popular, del 0,43 al 0,16. ¿Saben bien a qué se refieren esas cifras? Pues sí, el 0,7 se aleja del presupuesto y se aleja de las agendas. No nos acercamos, sino que ya es hoy un objetivo casi imposible. Impulsar, estimular, reforzar, implementar, avanzar, promover, fomentar, defender son palabras que inician todos los párrafos de las diferentes proposiciones que ustedes defienden, palabras que no dudamos que son hermosas, pero que han dejado de tener valor para ustedes porque las han dejado totalmente huecas. Hagan lo que debe hacer un Gobierno, lo que opina el 85% de los ciudadanos que apoyan la cooperación, pero no traigan propuestas vacías sin reflejo presupuestario. Otra vez será, decimos, lo veremos en el próximo presupuesto. Por ahora vamos a votar en contra de su propuesta porque está vacía de compromiso con la cooperación y está desde luego falta de compromiso con los ciudadanos. Decía el informe que antes mencionaba: La ayuda cambia la vida de millones de personas. Pero ustedes no se lo creen.

El señor PRESIDENTE: Con la benevolencia del anterior portavoz, el señor Picó también había solicitado la palabra, pero lo he visto demasiado tarde, así que altero el orden normal de las intervenciones. Tiene la palabra el señor Picó por su grupo.

El señor PICÓ I AZANZA: Hay que tomar en consideración una cosa que yo creo que es importante, que el pasado 2 abril el Parlamento Europeo aprobó con 546 votos a favor, 48 en contra y 38 abstenciones la denominación del año 2015 como Año Europeo del Desarrollo, además con un objetivo muy concreto y establecido en el informe que hace el Parlamento Europeo, que contiene tres objetivos diferentes. Primero, informar a los ciudadanos europeos sobre la cooperación al desarrollo de la Unión Europea, destacando lo que la Unión Europea puede ya conseguir como primer donante de ayuda al mundo y lo que sería capaz de conseguir sumando las fuerzas de sus Estados miembros y de sus instituciones. Segundo, suscitar un interés activo de los ciudadanos europeos por la cooperación al desarrollo y fomentar un sentimiento de responsabilidad y oportunidad en lo que respecta a su participación en la formulación y aplicación de las políticas. Tercero y último, sensibilizar a la opinión pública sobre el papel de la cooperación al desarrollo de la Unión Europea.

Mi grupo comparte plenamente esos tres objetivos de la declaración europea del año 2015 como Año Europeo del Desarrollo, tiene toda su lógica. No obstante, debo decirles que en relación con la proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario Popular mi grupo se va a abstener. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta estos objetivos a los que me he referido, algunos de los puntos que se contemplan en la iniciativa formulada por el Grupo Parlamentario Popular van en esta línea, dígase por ejemplo el punto número 1, que habla de participar activamente en la formulación de la política de cooperación al desarrollo nivel europeo, o el punto 5, mucho más singularizado y mucho más acorde con esos objetivos que persigue la declaración del año europeo, como es estudiar la participación en este proyecto de programas nacionales


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de educación que fomenten la solidaridad y la responsabilidad de los ciudadanos con la cooperación al desarrollo, naturalmente, y lo veo, veo que van en la línea de la declaración del año europeo, pero realmente, analizando el resto de puntos como son el punto 2, el punto 3 y el punto 4, sinceramente, desde la perspectiva y teniendo en cuenta los objetivos proclamados por el Parlamento Europeo, me cuesta un poco verlo.

Sinceramente lo siento, siento tener que abstenerme en esta iniciativa. Eso no quiere decir que el compromiso de mi grupo parlamentario no sea el que es, que es sin lugar a dudas total con la declaración del año 2015 como Año Europeo del Desarrollo, pero no vemos que en la iniciativa formulada por el grupo mayoritario se sigan todas las líneas, sino que se aprovecha para entrar en otros temas en los cuales podría haber un debate mucho más amplio que creo que no hace falta hacer.

- SOBRE EL FUTURO DEL MODELO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002663).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto séptimo, sobre el futuro del modelo de cooperación internacional para el desarrollo del Estado español, que defiende la portavoz del Grupo Vasco, PNV, doña Isabel Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señorías, tal y como se recoge en la exposición de motivos de nuestra iniciativa, el Grupo Parlamentario Vasco comparte que la imagen de cualquier país, su marca, actualmente refleja percepciones vinculadas a una diversidad de factores. Entre estos factores uno que ha adquirido creciente importancia en los últimos años es la ayuda oficial al desarrollo, pues es un indicador no solo de la solidaridad internacional de su población con los países más pobres del mundo, sino que también es una manera de proyectar ese país en la comunidad internacional reforzando su credibilidad. Esta frase no es mía, señorías, es del Gobierno. Así, exactamente así, se expresa el Gobierno del Estado en el Plan director de cooperación española 2013-2016, toda una declaración del valor intrínseco de la cooperación en términos de solidaridad y de su retorno en forma de imagen de marca.

De hecho, como declaración política, está francamente bien, pero, ¿cuál es su valor real medido en parámetros de compromiso político? Lo mejor para conocerlo es analizar los Presupuestos Generales del Estado, el documento que traduce en cifras las estrategias políticas y proyectos del Gobierno y determina su estatus, su rango desde el punto de vista de la prioridad. La conclusión es clara: tendente a la desaparición, porque, ¿cuál es la realidad de la cooperación española? Se la resumiré. En los últimos cuatro años se ha producido un descenso del 70% -repito, del 70%- en la dotación presupuestaria dedicada a la cooperación al desarrollo. Esta es la apuesta real de este Gobierno, un 70% menos del presupuesto que se concreta además en un 0,16 del producto interior bruto, muy lejos del 0,45% del ejercicio 2008. Lamentablemente, esto ha llevado a que el Estado español ocupe el puesto veintiuno de los veinticinco países que conforman el CAD.

Por si esto no fuera suficiente, la propia reorganización orgánica y funcional promovida por el actual Gobierno ha llevado de facto a que, tal y como se recoge en un reciente estudio de Oxfam Internacional, el todopoderoso Ministerio de Hacienda disponga y decida el destino de la mayor parte de los recursos incluidos en las partidas en teoría destinadas a la cooperación, fundamentalmente a amortización de deuda, reservando al Ministerio de Asuntos Exteriores el papel de cenicienta. Únicamente dispuso en 2012 de 230 millones de euros, tan solo el 11,3% del total del presupuesto de cooperación. En este panorama es comprensible la enorme preocupación y el desánimo existente entre los distintos organismos encargados de gestionar la ayuda descentralizada. Y es que el compromiso cierto del Gobierno, más allá del de la Secretaría de Cooperación, como les decía, es ínfimo y tendente a la inexistencia. Señorías, lo he dicho en otras ocasiones, hablar solo es hablar y las palabras son solo palabras y se las lleva el viento si no se hacen tangibles, y esta iniciativa pretende precisamente eso, dar la oportunidad al Gobierno de definir, de concretar su compromiso formulado además al más alto nivel por el propio presidente Rajoy ante la 68.ª Asamblea de Naciones Unidas celebrada el 25 de septiembre de 2013 de que cuando el Estado español saliera de la crisis volvería la tendencia de ir aumentando los recursos financieros para permitir que servicios básicos como el acceso al agua, los centros de educación o los programas de formación para evitar la violencia doméstica o de género siguieran en marcha.

Pues ha llegado el momento. El presidente Rajoy en la entrevista que le ha realizado la SER esta misma mañana señalaba: España va mejor, hemos roto la tendencia de destrucción de empleo. Va a


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haber crecimiento económico en 2014, y en 2015 será mayor. Hagamos un juicio justo, demos un mensaje equilibrado. Pues eso, seamos justos y concretemos estimativamente ese compromiso. Hagámoslo, porque, si como el Gobierno vaticina, va a haber más crecimiento del PIB -lo fija en el 1,2 para este año y en el 1,8% para el próximo, y además la Comisión Europea lo ratifica, aunque difiere ligeramente de las cifras: un 1,1% para 2014 y 2,1 para 2015-, ha llegado, como les decía, el momento y la hora de la verdad, la hora de cumplir. Para ello les proponemos que en el plazo de tres meses definan los objetivos estratégicos y prioritarios de la cooperación española para el periodo 2014-2016. Les voy a aclarar lo que pretendemos. Queremos saber si son los que determina el Ministerio de Hacienda o los que precisa la Secretaría General de Cooperación, y, por supuesto, renueven en definitiva el compromiso ético y político del Gobierno para combatir la pobreza estructural en el mundo y para la lucha contra la desigualdad. ¿Cómo? Es bastante sencillo, formulando una estimación económica aproximada -tampoco les pedimos que concreten, sabemos que esa previsión tiene que adquirir certeza- de las cuantías económicas en las que el Gobierno prevé incrementar las partidas correspondientes a la cooperación internacional basándola precisamente en las expectativas de crecimiento de la economía española concretadas por este mismo Gobierno.

Como ven, es sencillo. El Gobierno vasco ya lo ha hecho. Les ofrecemos el modelo como ejemplo de buena práctica. Es una cuestión de voluntad, de honestidad y de coherencia con su discurso y con el compromiso formulado por el presidente Rajoy ante Naciones Unidas. Por eso esperamos contar con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Estoy convencida de que coincidimos en la necesidad de revertir la tendencia regresiva en la que ha entrado la cooperación española y volver a la senda del crecimiento en los recursos destinados a ella, también en la necesidad de no desmantelar la cooperación española manteniendo la colaboración con los diferentes agentes de la sociedad civil organizada, y muy especialmente con las ONG, y, cómo no, en la necesidad de concentrar en la Secretaría de Cooperación los recursos existentes y optimizar su gestión para hacer que estas políticas formen parte esencial de las políticas sociales del Estado. Por eso, aunque el Grupo Popular que apoya al Gobierno haya presentado una enmienda a nuestra iniciativa, que agradecemos pero no podemos aceptar por cuanto es un nuevo canto al sol, es inconcreta, confiamos, después de mi intervención, en contar con su voto favorable a esta proposición. Anímense. De verdad que es sencillo.

El señor PRESIDENTE: ¿La portavoz del Grupo Popular está ya animada a hablar? (Asentimiento). Pues es su turno, porque ha presentado una enmienda.

La señora FERRANDO SENDRA: Intervengo para defender la enmienda que hemos presentado. No llego a comprender el alcance de la presentación de esta proposición no de ley que trae el Grupo Parlamentario Vasco, entre otros motivos por el número significativo de comparecencias del secretario de Estado, que ha venido a esta Comisión informando de todas las líneas de acción a seguir en la cooperación española, pero más si cabe después de escuchar a la portavoz del Grupo Nacionalistas Vasco, porque no ha hablado de la proposición no de ley que ha presentado, ha hablado únicamente de presupuestos, pero no de las líneas a seguir en cooperación, con lo cual me sorprende más que no hable de programas, que no hable de líneas de acción y que hable únicamente en esta Comisión de presupuestos.

En primer lugar, señorías, el Grupo Nacionalista Vasco solicita que el Gobierno presente en el plazo de tres meses la planificación estratégica plurianual 2014-2016 en materia de cooperación. Habla usted de compromiso ético y político. Yo creo que ese compromiso está desde luego justificado ampliamente por parte del Gobierno del Partido Popular. Señorías, se ha presentado el IV Plan director 2013-2016 y los grupos parlamentarios han contribuido a estas estrategias a través de las propuestas de resolución. Se ha presentado la comunicación 2014 el pasado 9 de abril por el secretario de Estado, con las estrategias a seguir durante este año, comunicación que sabe que es fruto de un amplio consenso, de un proceso consultivo de toda la cooperación española, donde se han marcado las prioridades anuales acompañadas del marco presupuestario anual, que parece ser que es lo que preocupa a la portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, comunicación que hoy traemos para su aprobación en las propuestas de resolución, en las cuales también ha habido una nueva oportunidad de participar. Además, señorías, se está trabajando a nivel internacional en la elaboración de la Agenda post-2015. Por tanto, la planificación estratégica, que parecía que era el punto inicial de la proposición no de ley, es la que se ajustará a todos los trabajos que he mencionado. Por ello, no había necesidad de presentar una proposición no de ley para que se ejecutara lo que actualmente ya se está realizando.


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A lo largo del tiempo la cooperación se ha convertido en un instrumento fundamental de la acción exterior del Estado como parte de la marca España, que también ha mencionado la portavoz, y sobre todo en un instrumento en la lucha contra la pobreza. Debemos seguir trabajando no solo para alcanzar en 2015 los objetivos de desarrollo del milenio de Naciones Unidas, sino también para contribuir a la formulación de la futura Agenda post-2015. Hay que seguir haciendo un esfuerzo en materia de ayuda oficial, dirigida sobre todo a una mayor calidad de nuestra cooperación, y hay que fijar también los retos para acabar con la pobreza, para impulsar el pleno ejercicio de los derechos y contribuir al desarrollo humano.

Las orientaciones de la cooperación española son claras y quiero recordarles, señorías, en contra de lo que la portavoz del Grupo Nacionalista Vasco decía, que el presupuesto a veces no es la llave mágica para salir de todos los problemas, tampoco en cooperación al desarrollo. Mire las orientaciones: consolidar los procesos democráticos y el Estado de derecho; reducir la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis; promover oportunidades económicas; fomentar la cohesión social en educación, en salud, en alimentación, en agua; promover los derechos de las mujeres; mejorar la provisión de bienes públicos globales; responder a las crisis humanitarias con calidad. Estas líneas son las que se van a priorizar por regiones.

En segundo lugar, señorías, la proposición no de ley nos plantea que el Gobierno mantenga la colaboración con los diferentes agentes, incluidas las ONG. Todos los trabajos mencionados anteriormente han sido fruto de un amplio consenso. En cooperación internacional al desarrollo se trabaja de manera coordinada con las ONG, y a nivel estratégico no solo no hay problema de desmantelamiento como pretende dar a entender la proposición no de ley, sino que la suma de esfuerzos ha supuesto la optimización de recursos y una mayor eficacia y calidad en la ayuda. Una de las señas de identidad de la cooperación española es su tejido asociativo a través de las ONG, que son la expresión de solidaridad ciudadana. El Gobierno está trabajando en la profesionalización de las ONG a través de la mejora de los recursos humanos y en el fortalecimiento de la sociedad civil, y su participación en el diseño de políticas públicas constituye desde luego un elemento de alto valor para la promoción del desarrollo humano y sostenible. Por eso, como socios estratégicos de la cooperación, se fortalecen las estrategias con las ONG y con el sector privado y se potencia también la coordinación de todos los actores para sumar esfuerzos y aprovechar sinergias. El apoyo a las ONG, señoría, se demuestra con la convocatoria de subvenciones. Le preocupaba el tema del presupuesto. Pues le digo que se ha resuelto la convocatoria de convenios, que supone 160 millones de euros para los próximos cuatro años. Está vigente una nueva convocatoria de innovación para el desarrollo y habrá también otra convocatoria de proyectos. Eso sí que son presupuestos reales. En definitiva, de lo que se trata es de llevar a cabo una ayuda al desarrollo más eficaz, armonizada con el resto de donantes y alineada también con los países socios.

En tercer lugar, señorías, solicitar al Gobierno que optimice los recursos existentes para hacer una cooperación internacional como una herramienta más eficaz me parece que es una propuesta demagógica, porque durante los últimos años de desequilibrios económicos se han tenido que tomar medidas priorizando no solo objetivos, sino también regiones en las que actuar desde el punto de vista geográfico, trabajando en las líneas básicas de acción de la cooperación, sobre todo para responder a las crisis humanitarias, a la paz, a la seguridad y a la cohesión social de las regiones más vulnerables.

Señor presidente, finalizo. Lamento que el grupo proponente no haya aceptado la enmienda que planteaba el Grupo Parlamentario Popular. Lo hacíamos en aras de conseguir y alcanzar un consenso. Estamos convencidos de que el espíritu de la proposición no de ley se recogía en nuestra enmienda, que era además mucho más constructiva, suponía una mejora técnica y no hablaba de presupuestos, como ha hecho posteriormente aquí en la Comisión la portavoz del Grupo Nacionalista Vasco. Lamento que no acepten la enmienda y, por tanto, mi grupo votará en contra de esta proposición no de ley. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posiciones.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sahuquillo.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: La proposición no de ley del Grupo Vasco tiene todo su sentido después de cómo es la realidad actual de la cooperación española, de cómo se ha reducido, se ha recortado exageradamente nuestra aportación a la cooperación internacional. Por ello, la vamos a apoyar, es decir, os animamos desde el Grupo Parlamentario Socialista. Además, la ayuda oficial al desarrollo no solo cae drásticamente, sino que no se está ejecutando en su totalidad. Son infinidad de entidades las que acusan al Gobierno de España de no estar a la altura del compromiso de esos ciudadanos que sí apoyan la ayuda oficial al desarrollo. Hasta hace poco estábamos a la altura de países como Finlandia, Suiza,


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Bélgica o Irlanda, que les recuerdo que también están en una profunda crisis económica, y ahora estamos a la altura de Grecia o Eslovenia en aportación económica a la cooperación. Por tanto, España se ha desmarcado del resto de los países donantes. Somos el país que más ha reducido su ayuda oficial al desarrollo, castigando con mucha crudeza nuestra política de cooperación. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular hablaba de consenso en el plan director y del marco presupuestario anual establecido, y es verdad, pero por eso, porque el Gobierno no está cumpliendo lo que acordamos entre todos, es por lo que el Grupo Vasco presenta esta proposición no de ley, que tiene todo su sentido, como decía anteriormente. Lo que hoy decidimos es cuestión de voluntad política, aunque viendo la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que habla de seguir desarrollando, continuar trabajando, seguir mejorando, parece como si lo que quisiera fuera justificar lo que no hace el Gobierno del señor Rajoy.

Señorías, la credibilidad de nuestro país en los foros internacionales, o sea, esa famosa marca España, también se mide y mucho por la solidaridad del país con quien menos tiene o no tiene absolutamente nada, en definitiva, por su política de cooperación. Para que reflexionemos todos juntos, les resumo lo que decíamos cuando se aprobó en diciembre de 2012 el Plan director de la cooperación española 2013-2016. Decíamos todos: La sociedad española ha dado continuas muestras de su solidaridad con las poblaciones en países más pobres desde hace muchos años y en el contexto actual desea mantener ese compromiso. La política de cooperación para el desarrollo de España deberá hacer un gran esfuerzo durante los próximos años; es un escenario de recursos limitados que nos obliga a ser más efectivos y a aplicar criterios de selectividad y concentración de nuestras acciones. Los objetivos definidos serán abordados basándose en el análisis riguroso de nuestras capacidades, los recursos disponibles y las lecciones que arroja la experiencia. ¿Verdad que el papel lo aguanta todo? Pues para hacer todo esto ya saben lo que hay que hacer, cambiar la dinámica actual del Gobierno del señor Rajoy en política de cooperación internacional.

El señor PRESIDENTE: Por el anuncio de la portavoz del Grupo Vasco entiendo que no acepta la enmienda presentada.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: No, señor presidente, porque una de las cuestiones que solicitan es la concreción en términos económicos estimados. Era lo más relevante y no ha sido incorporado a la propuesta que se hace por el Grupo Parlamentario Popular.

- SOBRE ÁFRICA Y LA AGENDA PARA EL DESARROLLO DESPUÉS DE 2015. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002668).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8.º del orden del día, relativo a África y la Agenda para el desarrollo posterior a 2015, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra su portavoz, la señora Monteserín.

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Un análisis de la evaluación 2013 sobre los objetivos de desarrollo del milenio de Naciones Unidas nos lleva a una serie de conclusiones que son el origen de esta proposición no de ley. En primer lugar, debemos reconocer que hay grandes avances de los objetivos hasta entonces comprometidos y que alguna de las metas finales de 2015 pueden ser alcanzadas, lo que nos lleva a decir con contundencia que los ODM han sido y son el instrumento de combate contra la pobreza mundial más importante que hemos puesto nunca al servicio de esta causa y que son la prueba del profundo cambio que puede desarrollarse mediante objetivos acordados, bien orientados y coordinados desde la esfera internacional. Sin embargo, los avances no son uniformes, y no solo entre regiones y países, sino también entre los grupos de población dentro de los países, y dentro de las regiones que menor porcentaje alcanzan los ODM está el África subsahariana. Si repasamos algunas de las cifras más preocupantes, podemos decir que un 48% de las personas del mundo que viven en la pobreza extrema viven en esta región; casi la mitad de la población vive con menos de 1,25 dólares al día. Es la única región del mundo en la que se ha aumentado la pobreza extrema, más de la mitad de las niñas y niños no escolarizados del mundo también viven en esta zona, 123 millones de jóvenes entre quince y veinticuatro años no cuentan con la capacidad básica de leer y escribir, y el 61% de estos jóvenes son mujeres. Las brechas de género más altas en secundaria y universidad también están aquí. En fin, uno de cada nueve niños muere antes de los cinco años, la tasa más alta del mundo.

Podríamos seguir con el resto de indicadores -salud sexual, maternidad, infravivienda, y un largo etcétera-, pero creo sinceramente que son estas cifras y esta situación las que producen el éxodo de sus


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habitantes hacia el norte llamando a las puertas de Europa y no podemos permanecer indiferentes. La indiferencia -decía Juan Goytisolo el pasado domingo- a cuando ocurre en las avanzadillas de la casa común europea por parte de unas sociedades adormecidas o anestesiadas creo que no es fruto del desconocimiento, como podría haber sido hace años, ahora todo se ve en directo y nadie puede alegar ignorancia, porque el silencio es complicidad. Pues bien, superar la indignación ante tanta injusticia y dramáticos acontecimientos que ocurrieron al sur de nuestras fronteras nos impele a actuar, a hacer propuestas en la línea de impulsar una acción conjunta para lograr un nivel de desarrollo suficiente y las posibilidades de una vida digna en esa región. Esto no se logrará si la Unión Europea y nuestro país no aumentan la ayuda oficial al desarrollo en la zona, que además, lejos de aumentar en los últimos años, ha sido drásticamente reducida, como ya se ha dicho a lo largo de esta Comisión.

La Cumbre Europa-África ha sido una decepción en compromisos en este sentido, pero mi grupo cree que hay que aprovechar el momento de definición de la Agenda post-2015 para liderar un compromiso más decidido. A España le va mucho en ello; nuestra posición geográfica y política, nuestro pasado, nos ponen en una situación adecuada para actuar y para liderar esa actuación. Hay que aprovechar nuestra experiencia en los países africanos y, sobre todo, hay que aprovechar nuestra experiencia con las mujeres africanas, con las que hemos trabajado desde el año 2004. Por tanto, debemos impulsar un compromiso que consiga que esta región avance al mismo ritmo en desarrollo que otras regiones del mundo y que lo haga de forma integral, en todos los indicadores simultáneamente, con ayuda oficial al desarrollo y con inversiones productivas, que consiga mantener las remesas de los inmigrantes pero a la vez aprovechar los recursos humanos cualificados que ya tienen para impulsar su propio desarrollo. España tiene que aprovechar este momento para impulsar en el seno de la Unión Europea todas cuantas acciones podamos poner en marcha con el fin de conseguir este objetivo. Es la forma de no ser indiferentes; más inversiones, más aprovechamiento del capital humano, más acción coordinada. Esto es lo que pide mi grupo ante esta situación. En este sentido, la enmienda presentada por el Grupo Popular no aporta nada nuevo y reduce el compromiso y devalúa todas estas intenciones. Nosotros creemos que es el momento de pasar de las palabras a la acción, por eso en principio y si no hay un mayor compromiso a través de una transacción, no vamos a admitir esa enmienda y nos mantendremos en el texto inicial presentado.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación de la enmienda a la que ya se ha referido la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Uriarte.

El señor URIARTE AYALA: En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Socialista y a su portavoz la oportunidad de debatir esta iniciativa parlamentaria, que yo creo que siempre pone de relieve la importancia de la cooperación y de las políticas de desarrollo, especialmente con África, y el impacto que seguir impulsando el desarrollo en toda la región africana tiene también para España. Creo que siempre es para celebrar que en esta Comisión podamos hablar de África y de su desarrollo humano y económico.

Como ha dicho la portavoz socialista, a pesar de todos los esfuerzos internacionales, en África hoy se vive lo que seguro es lo más parecido al concepto que tenemos de infierno como idea. Es una región atravesada por el hambre y por la crisis alimentaria, una crisis alimentaria sin precedentes en la región del Sahel, conflictos armados, violencia interna, inestabilidad política en países como Angola, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Democrática del Congo, Mali, Namibia, Sudán del Sur, República Centroafricana y un largo etcétera, una región donde confluyen además grupos armados con intereses económicos que tienen sometida a toda una población y a sus Gobiernos. Hemos visto hace escasas horas el caso de Nigeria y el secuestro de doscientas veinte niñas para ser vendidas en el mercado negro. Aprovecho también para solidarizarnos con las víctimas y pedir a la comunidad internacional todos los esfuerzos posibles para intensificar las labores de rescate y de apoyo al Gobierno nigeriano. Toda esta realidad, sumada a las cifras de indicadores más socioeconómicos, sociosanitarios que ya ha dicho la portavoz socialista, refleja una tormenta perfecta en contra de lo humano en África y nos obliga a todos a seguir impulsando medidas en beneficio de los seres humanos.

España está en esa labor y tiene entre sus áreas geográficas prioritarias una parte de África que comprende Mali, Níger, Senegal, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Mauritania, Marruecos y la población saharaui, y tiene también previsto en el plan director que aprobamos recientemente cerrar nueve programas país con Angola, Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Namibia, República Democrática del Congo, Sudán y Sudán del Sur. Aun así, por la multidimensionalidad de los problemas que afectan a África y la enorme variedad de actores que trabajan sobre el terreno, hace falta más que nunca poner en práctica las indicaciones internacionales para la eficacia de la ayuda, hacer esa priorización


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de países que bien están haciendo el Gobierno de España y la cooperación española, impulsar la coordinación entre los actores y buscar una política de coherencia de las políticas de desarrollo. Creo que eso sobrepasa el clásico y eterno debate limitado sobre los porcentajes de la ayuda oficial al desarrollo hacia otro tipo de políticas que influyen en la situación que hoy está viviendo África. En palabras del secretario general de la OCDE recientemente, de África están saliendo anualmente 52.000 millones de euros, que superan con mucho la ayuda oficial al desarrollo que llega a la región, a través de evasión de impuestos, de una debilidad fiscal con las multinacionales y con los propios ciudadanos africanos, una corrupción institucional sin precedentes que obliga a plantear y a rediseñar las estrategias de políticas de desarrollo de los países donantes y que supera el debate único sobre el porcentaje de la ayuda oficial.

La enmienda que ha presentado mi grupo en el fondo, si no he entendido mal a la portavoz socialista en su explicación, recoge las inquietudes del Grupo Socialista con su iniciativa, lo único que introduce en un primer punto la estrategia que ya existe en la agenda para el cambio de la Unión Europea. Por lo demás, son los mismos términos que utiliza el Grupo Socialista en su iniciativa. Si quieren lo podemos comentar ahora. Espero que puedan verlo como una manera de apoyar la iniciativa que han presentado y votarlo conjuntamente.

El señor PRESIDENTE: ¿La señora Monteserín desea formular algún comentario?

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Yo estoy dispuesta a hacer una transacción con el Grupo Popular, trabajaremos en ello, pero en torno al punto 1. Hablaremos sobre ello.

El señor PRESIDENTE: Adelante con la labor.

- SOBRE LA CREACIÓN Y APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002670).

El señor PRESIDENTE: Seguimos con el punto 9.º del orden del día, sobre la creación y aplicación del impuesto sobre transacciones financieras. Para su defensa interviene de nuevo la señora Monteserín.

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: En estos momentos en los que estamos aquí reunidos tratando esta proposición, está también reunido el Ecofin, y el Gobierno español está en el grupo de once países que participan bajo el mecanismo de cooperación reforzada que prevé la legislación comunitaria para que se pueda trabajar en acuerdos que no sean unánimes porque han decidido impulsar el impuesto sobre las transacciones financieras a partir del próximo año. Esta es sin duda una buena noticia. Lástima que esa buena noticia solo llegue hasta aquí, porque en esa misma reunión se va a discutir por parte de este grupo sobre el alcance de este impuesto, puesto que las posibilidades recaudatorias no son las mismas si se aplica de manera restrictiva o de manera amplia y los efectos sobre el capital especulativo tampoco. Por esta razón, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta iniciativa.

En ese debate está la mala noticia, porque todo apunta a que el Gobierno español se posiciona en la dirección de implantar la fórmula más restrictiva, aquella que grava la compra de acciones de grandes empresas cotizadas, y no la propuesta inicial de establecer un impuesto del 0,1% al movimiento de bonos y acciones y del 0,01% a los productos derivados financieros. ¿Por qué digo esto? Porque el Gobierno español incluyó en el programa de estabilidad ingresos por importe de 640 millones de euros por la adopción de la tasa en el ejercicio 2015. Esta cifra es muy inferior a la calculada por el Ejecutivo comunitario si se aplicara sobre la compraventa de toda clase de activos financieros, que se calcula en unos 4.700 millones. Mi grupo considera que no podemos como país permitirnos el lujo de renunciar a más de 4.000 millones por no defender las máximas posibilidades del impuesto, primero porque esta posición anula uno de los objetivos del impuesto reduciendo casi totalmente las posibilidades de desincentivar las operaciones especulativas, uno de los grandes males del sistema actual -luchar contra la especulación y los paraísos fiscales en estos momentos es luchar contra el cobijo del negocio ilícito internacional, y eso tiene que ser una prioridad para la política y la democracia en su conjunto-, y además porque el sistema financiero, que ya paga muy pocos impuestos, es el primer responsable de la crisis que nos azota. Lo es porque se ha aprovechado de la falta de vigilancia y regulación de los Gobiernos y lo es también porque su desmadre ha caído sobre las espaldas de miles de personas que han sufrido la pérdida de empleo. Quiero recordar que más de 62 millones de personas han perdido su empleo desde la caída de Lehman Brothers, casi 5


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millones en España. La bajada de salarios también ha sido otra de las consecuencias y el empobrecimiento personal o la pérdida de las viviendas de muchas de estas familias.

Por tanto, ahora es el momento de hacer que se responsabilicen de una parte de ese tremendo desaguisado de los daños producidos. Lo es porque hemos caminado en el ámbito internacional animados por una red de asociaciones no gubernamentales que han introducido este debate y esta intención, ya vieja en el tiempo en el seno de la Unión Europea, también de Naciones Unidas y de los Gobiernos y del sentir de muchos ciudadanos y ciudadanas hasta el debate que hoy se está celebrando en el Ecofin. Por tanto, estamos en el momento en que podemos ganar una pequeña batalla a un sistema que, además de pagar pocos impuestos y de ser el primer responsable de la crisis, ha sido salvado de sus propios errores y tropelías con el dinero de los impuestos de todos a través de los presupuestos generales de los diferentes países, entre ellos España. Además, hay que añadir que todo ello junto ha hecho mucho daño al sistema democrático y a la propia política. Por eso, defendemos que el sector financiero aporte una contribución a los costes que genera la lucha contra la crisis y, por tanto, que su recaudación sirva para luchar contra la pobreza dentro y fuera de nuestro país. Este es un aspecto esencial del impuesto sobre las transacciones financieras, y es precisamente este objetivo finalista del impuesto, con el destino señalado, lo que lo diferencia del resto de tributos.

Pero en esta finalidad también tenemos diferencias con las pretensiones del Gobierno, que lo computa en la propuesta enviada a Europa como ingresos no finalistas. Señorías, estamos en la Comisión de Cooperación Internacional, somos conscientes de que la ayuda oficial al desarrollo está en cifras ridículas y que no es posible abordar objetivos de desarrollo más allá de nuestras fronteras con estas cifras del 0,16%. El Gobierno necesita un plan para luchar contra la pobreza en España. Las cifras de infancia, de cobertura social al desempleo de las familias sin ingresos nos azotan cada día. Necesita también incrementar la ayuda oficial al desarrollo y derivar fondos para la lucha contra el cambio climático si quiere seguir siendo un actor importante en la esfera internacional en el ámbito de los países del CAD. Si quiere conseguir también un puesto en el Consejo de Seguridad tiene que estar al menos en la media de la ayuda de los países del CAD. La solución pasa por incrementar la recaudación del impuesto sobre las transacciones financieras, por lo menos intentarlo en el grupo de los once, liderando la posición de la máxima recaudación. Es lo menos que podemos pedir y exigir al Gobierno de España. No se entiende públicamente una posición tibia. ¿Qué razón hay para una posición tibia de nuestro país? Al menos mi grupo no encuentra ninguna.

Quiero terminar haciendo un reconocimiento a las asociaciones que se agrupan en la Alianza española por la tasa Robin Hood y la plataforma ITF, que ya han contribuido a concienciar sobre la necesidad de este impuesto desde la coherencia de una ciudadanía activa y activada para buscar medios y encontrar soluciones para luchar contra las desigualdades crecientes y la pobreza, como se refleja en la exposición de motivos de esta iniciativa que hoy he tenido el honor de presentar en esta Comisión.

El señor PRESIDENTE: Para fijar posiciones, solicitan el uso de la palabra el señor Campuzano, la señora Ortíz y el señor Elorriaga.

Tiene la palabra la señora Ortíz.

La señora ORTÍZ CASTELLVÍ: Brevemente, quiero mostrar nuestro apoyo a esta iniciativa. De hecho, somos varios los grupos políticos que llevamos casi más de una década trabajando con la sociedad civil para impulsar una medida fiscal de este tipo, es decir, en el marco de un modelo de globalización neoliberal donde el aumento de la riqueza va cada vez más vinculada a un modelo de producción de tipo financiero y no directamente a un modelo productivo creador de puestos de trabajo y de mayor bienestar, sino donde también se fomenta la acumulación desigual de esa renta, buscar mecanismos fiscales para la redistribución en un marco de globalización. Hace muchos años que se viene trabajando en este escenario. Hoy llega esta iniciativa, mientras, paralelamente, se está hablando en el Ecofin y en Europa. Hoy nos hemos levantado con la noticia en los periódicos de la tímida posición de España, por no decirlo de otra manera, las reticencias de España a liderar un debate como este, incluso las renuncias en lo que se refiere a las exigencias de cuál es el mecanismo y los estándares a aplicar en el marco del impuesto sobre transacciones financieras. España es una de las mayores víctimas de la crisis y de las consecuencias de cómo se ha gestionado esta crisis, una crisis donde el desencadenante fue precisamente financiero, con una falta de regulación de los abusos sistemáticos de los movimientos especulativos y cómo hoy las consecuencias se han pagado a costa de los derechos de los ciudadanos y de los servicios públicos, así como en el aumento de la desigualdad dentro de nuestro país y con la fiscalidad hoy en día que se aleja mucho de


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poder hacer un papel de redistribución. Todo lo contrario. No podemos entender cómo un país que es víctima de ese modelo no esté hoy liderando la apuesta por el impuesto sobre transacciones financieras, que sería un mecanismo para reducir esa desigualdad y penalizar los comportamientos especulativos que tanto daño han causado y siguen causando en el mundo. Este es un mecanismo fundamental, no solo para tener más recursos, eso es evidente, nos parece realmente un insulto que el Gobierno sea de los que lidera la renuncia a más de 4.400 millones de euros por una tímida aplicación de ese impuesto, sino también por el propio modelo. Ante la globalización tenemos que apostar por medidas fiscales a nivel europeo, incluso a nivel internacional. El impuesto sobre transacciones financieras es un primer paso fruto del trabajo de muchas organizaciones. Esperemos que no sea la nueva gran decepción de Europa ante la mayor parte de la sociedad civil que lleva trabajando en clave de reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad. Entendemos que es justo hablar de vincularlo al desarrollo. Gran parte de las desigualdades hoy no están solo entre países sino dentro de los países. Un instrumento como este debería ser clave, no solo para mejorar el bienestar en nuestro país, sino también para reducir las desigualdades y promover un modelo de desarrollo más sostenible de acuerdo con lo que venimos trabajando en esta Comisión.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Lo decía la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista esta misma mañana, en el Ecofin continúan los debates entre los ministros de finanzas de la zona euro en relación con la puesta en marcha de este nuevo impuesto. Si uno hiciera un seguimiento en twitter sobre la discusión que se tenía, observaría que hay once Gobiernos europeos con distintas orientaciones ideológicas que apuestan por la puesta en marcha de esta tasa y que el resto de los Estados que también comparten con nosotros la moneda euro se oponen a esa misma tasa, algunos de ellos de manera muy activa, además con distintas composiciones ideológicas en el frente de los que se oponen. No deja de ser interesante que en el caso de España sea un Gobierno de centro derecha quien esté apoyando la puesta en marcha de esta iniciativa y que en otras épocas el Gobierno de centroizquierda que gobernó, por las razones que fuesen, no es el momento de debatirlo, no estuvo en condiciones de liderar esa cuestión. Y no es menor, y mi grupo lo ha remarcado en alguna otra ocasión, que una propuesta que durante muchos años se ha situado en el campo de las relaciones críticas con el sistema capitalista u originariamente con los reformadores del sistema capitalista, hoy esté en ciernes de concretarse. En este sentido, esta propuesta tiene unas críticas de aquellos que entienden que la propuesta queda lejos de las expectativas que se tenían, tanto en relación con el número de operaciones que van a quedar afectadas por este impuesto, como por los tipos que se vayan a aplicar; críticas sobre la insuficiencia de la tasa y críticas por parte de aquellos que entienden que una tasa de estas características va a suponer dificultades en el funcionamiento de la economía, riesgos de desplazamiento de los sectores económicos vinculados a la economía financiera de los países que vayan a aplicar esa tasa o, incluso, dificultades para los pequeños inversores que pueden verse más perjudicados por este tipo de impuestos.

En cualquier caso, desde la perspectiva de Convergència i Unió, que por fin hayamos pasado de una discusión entre lo académico y el mundo alternativo a una discusión entre once Gobiernos que están dispuestos a implementar esa tasa, que con independencia del alcance que tenga la misma va a ser importante que finalmente se ponga en marcha, va a lanzar como mínimo tres mensajes que, a nuestro entender, son relevantes. Primer mensaje, que el sector financiero tiene responsabilidades y que el sector financiero debe de coadyuvar a los Gobiernos a hacer frente a las consecuencias de la crisis. En segundo lugar, el mensaje de que hay once Gobiernos europeos que están dispuestos a construir una fiscalidad europea y que en términos de la construcción política europea es imprescindible avanzar en la creación de impuestos de escala europea y que además es necesario que si los Gobiernos europeos deben de mejorar su capacidad de recaudación no lo hagan subiendo aquellos impuestos que afectan más directamente a las clases medidas, a las pequeñas y medianas empresas y a la creación de empleo. En este sentido, el mensaje que trasladan los once Gobiernos que apuestan por esta tasa nos parece imprescindible en un momento en que son necesarias nuevas fuentes de financiación. Y desde este punto de vista, compartiendo algunas críticas que han formulado tanto la señora Monteserín como la señora Ortiz sobre la dimensión de los productos que pueden verse afectados por esta tasa, mi grupo hoy lo que valora es que la tasa por fin se ponga en marcha, y lo que nos puede preocupar del debate hoy es que algún Gobierno, como el Gobierno austriaco, esté planteando que la tasa no entre en vigor en el conjunto


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de los once Estados hasta el 1 de enero de 2016, Austria lo plantea en 2016. Sería importante que España tuviese interés en que efectivamente esta tasa estuviese en vigor a 1 de enero de 2015.

Segunda cuestión, y ahí sí que nos parece sustancial el planteamiento de la propuesta del Grupo Socialista, que es la finalidad de estos recursos. Por lo que sabemos, la posición del Gobierno español es que se incorpore a la caja general sin tener ninguna finalidad directa. Mi grupo comparte que una parte sustancial de estos recursos debe ir orientada a la ayuda contra la pobreza, a las políticas de cooperación internacional, de hecho, recordemos que parte de la demanda social correspondía a este objetivo, y compartiríamos la idea de que las políticas de cambio climático, que pueden ser importantes también en la generación de empleos verdes, formasen parte de las beneficiadas por estos nuevos recursos. Por tanto, desde el punto de vista de la posición política, apoyaríamos la iniciativa del Grupo Socialista y esperamos que la posición del Grupo Popular, que no ha formulado ninguna enmienda, permitiese el acercamiento a la posición del Grupo Socialista, porque, insisto, no es menor que el Estado español forme parte de los once Estados que ya apuestan por la antigua tasa Tobin, hoy tasa sobre transacciones financieras.

El señor PRESIDENTE: Es el turno del portavoz del Grupo Popular, el señor Elorriaga.

El señor ELORRIAGA PISARIK: Como es bien sabido, desde el mismo momento en que el Gobierno tomó posesión de su cargo, manifestó públicamente su compromiso y su apoyo a la implantación de una tasa de estas características en la Unión Europea. Fue en una rueda de prensa, que yo creo que muchos de nosotros recordamos, de Mariano Rajoy junto al presidente de la República Francesa, el señor Sarkozy, en la que expresó, pocos días después de tomar posesión de su puesto como presidente del Gobierno, su compromiso para impulsar en el seno de la Unión Europea la implantación de una tasa de estas características. Es, por lo tanto, inequívoca la determinación del Gobierno en este sentido.

Conviene recordar que esta tasa ha pasado por distintas etapas: surgió en el debate como una tasa global que iba a ir destinada a la lucha contra la pobreza en el mundo y sus recursos asignados a organizaciones multinacionales, después ha evolucionado hasta ser una tasa en el seno de la Unión Europea y en este momento nos encontramos intentando que un procedimiento de cooperación reforzada la ponga en marcha para menos de la mitad de los actuales miembros de la Europa unida. ¿Esto por qué es importante? Porque algunos de los problemas, de los riesgos asociados a la implantación de una tasa de estas características, se acrecientan cuanto mayor es el ámbito de aplicación geográfico previsto para la misma. Los riesgos de una tasa de estas características son sobradamente conocidos por todos. La deslocalización de los recursos financieros, por lo tanto, la deslocalización del ahorro, el aumento de los costes financieros y de transacción, la pérdida de eficiencia en el funcionamiento de los mercados financieros aconsejan a todos los países, con independencia de cuál sea su orientación ideológica, prudencia y gradualismo en la implantación de una tasa de estas características. Se pretende a un tiempo poner en marcha un nuevo gravamen que recaiga sobre un sector de actividad que efectivamente en algún sentido está sometido a una baja fiscalidad, pero, por otro lado, minimizar, insisto, los riesgos asociados al mismo. Por lo tanto, para eso, lo que se pretende, y es la posición que está apoyando el Gobierno español, es que a partir del procedimiento de cooperación reforzada se extienda posteriormente y paulatinamente tanto su ámbito de aplicación geográfico dentro de la Unión Europa como la extensión de su hecho imponible a otros supuestos. Tengamos en cuenta que de lo que estamos hablando es de someter a gravamen la compraventa de acciones, de emisiones de deuda pública privada, en definitiva, de someter a un gravamen adicional el ahorro de los europeos y no de otra cosa. Por lo tanto, toda prudencia es poca.

Insisto, con estas premisas, España, y de una manera muy especial con los países centrales de la Unión Europea, es decir, junto a Alemania, Francia e Italia sobre todo, aunque también, como es conocido, con la resistencia manifiesta y muy fundada del Reino Unido o de Dinamarca, prácticamente de todos los países del norte de Europa y de otros muchos, está impulsando con toda su fuerza la implantación de esta tasa y además el hacerlo con la mayor rapidez y con la mayor celeridad. Insisto, la implantación óptima desde el punto de vista del Gobierno sería a veintiocho Estados miembros, porque eso, solo eso, es lo que garantizaría que no se produzca ningún tipo de fragmentación del mercado interior de servicios financieros, que es el riesgo que se corre en un paso de este estilo. Por lo tanto, en relación con el primer elemento novedoso de la PNL, que no es el apoyo a la tasa -que, insisto, es sobradamente conocido por parte de todos-, sino la extensión del hecho imponible, la posición del Gobierno es gradualismo en la extensión geográfica y del hecho imponible.


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En segundo lugar, la proposición propone destinar los ingresos a unos fines determinados. Yo creo que subyace en la mente de todos las muchas necesidades que en este momento hay, pero también conviene recordar algunos asuntos importantes. Decía antes que esta tasa en su debate nació como un recurso global que iba a ir destinado a la financiación de determinados programas de Naciones Unidas. En una segunda etapa, cuando se pretendía que fuese una tasa de la Unión Europea, surge como un recurso propio de la misma, es decir, la idea inicial era que sus ingresos quedasen afectados al sostenimiento de los gastos comunes y habituales de la Unión Europea, y solo ahora en esta etapa transitoria que es la cooperación reforzada es cuando puede surgir eventualmente la posibilidad de que los recursos sean aplicados a los presupuestos nacionales. Pues bien, en este último caso, que es en el que aparentemente estamos, los principios de la Hacienda pública son bien conocidos. Es cierto, y se ha dicho aquí y yo lo comparto, que existen necesidades para la cooperación internacional, para la lucha contra la pobreza en España o para las políticas medioambientales, pero todos somos conscientes de que si recorriésemos las distintas comisiones que hay en este Congreso de los Diputados también veríamos que sigue habiendo necesidades muy importantes en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de seguridad e interior o en otras. Lo razonable, y esto está en los principios de la Hacienda pública, es la asignación de los recursos al presupuesto común y la asignación por este Parlamento en cada momento a los destinos que socialmente sean más útiles. Estoy seguro de que además, en un país con las necesidades de financiación pública que todavía tiene España, cualquiera puede comprender que necesitamos allegar muchos recursos para poder alcanzar un nivel de equilibrio en el mantenimiento de los servicios públicos que ahora mantenemos.

Por lo tanto, y concluyo ya, no podemos respaldar la iniciativa planteada por el Grupo Socialista y aspiramos, eso sí, y lo reitero, a que esta tasa se ponga en marcha de manera inmediata, que se haga de una manera prudente, gradualista y que con ello consigamos además de otros fines indirectos, financiar mejor todas las necesidades públicas que los españoles tienen. (Aplausos).

DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SOBRE:

- COMUNICACIÓN ANUAL 2014, REFERENTE A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2013-2016. (Número de expediente 043/000057).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden día, que se refiere a la presentación de propuestas de resolución a cuenta de la comunicación anual sobre el plan vigente que presentó el Gobierno a esta Comisión. Las distintas resoluciones presentadas necesitan un turno de exposición por parte del portavoz de cada grupo que así lo estime conveniente. Animo a los portavoces a que presenten sus propuestas en el buen sentido de hacerlo en veinte o veinticinco minutos, de manera que la Comisión finalice a las 2:30. No iremos directamente a la votación al haber propuestas de resolución que no conoce el resto de la Comisión, por lo que debemos darles audiencia en esta Comisión. Vamos a conocerlas según el orden de presentación de las mismas. Eso significa que tendría la palabra, en primer lugar, la portavoz del Grupo de La Izquierda Plural, después habrá una presentación conjunta del Grupo Catalán y del PNV, a continuación doña Irene Lozano, en nombre de su grupo, posteriormente intervendrá el Grupo Popular y finalmente el Grupo Socialista. Creo que si convenimos en que las propuestas están repartidas, con dos o tres minutos será suficiente, salvo en el caso de la propuesta conjunta, en que lógicamente podrán disponer de más tiempo. Intentaremos finalizar la Comisión no demasiado tarde para no perjudicar a los presentes y a los que quizá estén por llegar para sumarse a las votaciones. Ruego disculpas a los comisionados, pero el turno parece bastante aconsejable por la materia de que se trata, que no es otra cosa que la comunicación a esta Comisión de la ejecución del plan anual.

Tiene la palabra doña Olaia Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Nuestro grupo parlamentario ha presentado once propuestas de resolución a la comunicación, pero antes de enumerar las propuestas de resolución y sin entrar en su contenido, queremos manifestar nuestra disconformidad porque creo que en la metodología del proceso, el cómo hemos trabajado hasta que hemos llegado hoy aquí, ver qué posibilidades de acuerdo existen, observamos cómo se ha degradado la capacidad del Congreso sobre el control en el cumplimiento del plan director y en ese cambio de plan anual, donde se permitía un debate un poquito más amplio en esta Comisión con la posibilidad de rectificar aquellas cosas que no estaban funcionando. Este cambio de


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metodología, como mínimo, no ha avanzado en la capacidad del Congreso en incidir o en dar una orientación al Gobierno en la mejora de aquellos aspectos que considerara pertinentes, así como tampoco en la propia participación. Por lo tanto, nuestra primera propuesta de resolución recoge estas limitaciones importantes. También reprobamos la gran autocomplacencia del Gobierno en la comunicación que plantea. Otras propuestas de resolución van en la línea de vincular los planteamientos muchas veces genéricos del propio plan director con respecto a la comunicación sobre lo que realmente se está haciendo o se deja de hacer por parte del Gobierno, porque en ese plan director cabía un poco de todo. Entendemos que la comunicación debe aterrizar materialmente en lo que efectivamente se está haciendo o no. Lamentablemente, la respuesta del grupo mayoritario ha sido que todo se está haciendo y además bien, lo que degrada un poco más el proceso que estamos desarrollando. Ya nos gustaría que todo se hiciera bien para no tener que enmendarle la plana en ningún momento.

Nuestras propuestas de resolución hablan, en primer lugar, de la Agenda internacional del desarrollo y los objetivos post-2015. En primer lugar, cómo este Congreso puede participar de manera efectiva, algo que venimos reclamando desde hace meses, y cómo también la sociedad civil, como actor principal de la cooperación, puede participar y cómo podríamos hacer un debate parlamentario para instar al Gobierno a adoptar esas posiciones. Porque, en función del calendario y cómo se formaliza el trabajo, eso no es posible. También planteamos cuestiones de contenido como sobre cambio climático y sostenibilidad, los servicios públicos universales y cómo se abordan estos aspectos en la Agenda post-2015.

Otra cuestión es la cooperación multilateral, de la que también se vanagloria el Gobierno en el sentido de que todo funciona estupendamente. Nosotros planteamos que se mejore la orientación estratégica, la complementariedad con las ayudas bilaterales, así como la rendición de cuentas y la transparencia. También reprobamos el retraso en la firma de acuerdos que deberían estar suscritos en 2013. Hay cuestiones sectoriales a las que queremos dar especial prioridad. Una es la cuestión de la salud, otra, la seguridad alimentaria y el acceso a la tierra. Aquí no hablamos solo de una enumeración de derechos básicos y servicios públicos, sino también de un transfondo de modelo. Por otro lado, también hablamos del sector privado, algo de lo que el Gobierno habla mucho, al igual que lo hace el plan director. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en especificar cuál debe ser el sector privado y no hablar en genérico. Es decir, qué papel está haciendo el sector privado, ver las tipologías y actores que existen en el mismo, así como cuáles son las cautelas si queremos continuar sirviendo a los objetivos de desarrollo. Por tanto, cómo desvinculamos y continuamos teniendo como prioridad la desvinculación de la AOD y de la política de cooperación de los intereses particulares de empresas trasnacionales. Esa es una cuestión que también debe ser incorporada cuando incluimos esas materias. Por lo tanto, planteamos también en esta clave todo lo que se está haciendo o no se está haciendo suficientemente con respecto al Plan de derechos humanos y empresas.

La sexta propuesta de resolución habla de la coherencia de las políticas de desarrollo, algo en lo que nuestro grupo ha hecho siempre especial incidencia, y sobre todo la advertencia de que el desarrollo económico no tiene por qué ir vinculado a un desarrollo auténtico de acuerdo con el bienestar social de muchas poblaciones y cómo eso se trabaja a nivel transversal y sectorial por parte del Gobierno.

Por otro lado, abordamos el seguimiento y evaluación del plan director. Nosotros instamos a que las herramientas se pongan en funcionamiento de forma inmediata y se garantice esa transparencia y el seguimiento y, por tanto, se disponga de información con la antelación suficiente. Otra cuestión fundamental es la relativa a las alianzas con la sociedad civil. Para nosotros es fundamental priorizar el trabajo con las ONG como actores fundamentales, pero para ello hay que darles también una cierta estabilidad en el trabajo y garantizar su pluralidad. Las ONG tienen papeles distintos, no solo por su tamaño sino también por su tipología y su naturaleza. Creo que supone una riqueza para el conjunto del Estado y del país tener ONG distintas que aborden temáticas también distintas y de forma plural. De la manera que se está abordando estamos haciendo una selección por las que unas sobreviven y otras se están muriendo por el camino en este momento de desmantelaciòn de la ayuda.

En la novena propuesta de resolución hablamos de la transparencia de la comunicación y cómo establecer indicadores para hacer un buen rendimiento de cuentas. La décima recoge el compromiso con la AOD y hablamos de incrementarlo de acuerdo con estas previsiones tan satisfactorias, según del Gobierno, sobre la evolución de la economía. Observamos cómo la ayuda oficial al desarrollo no se ve beneficiada nunca de estas previsiones del Gobierno al alza, por lo que queremos arrancar un cierto compromiso de incremento, cuando estamos ya a la cola y somos el país que más ha recortado en ayuda al desarrollo.


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Finalmente aludimos a una cuestión que tiene que formar parte del debate que hemos tenido hoy en la Comisión y que seguiremos teniendo, que es la reforma del Fonprode. Nuestro grupo está en clara disconformidad con esta reforma del Fonprode, tanto con el fondo como con la forma, pues ya nos parecía un insulto a la propia ley por la puerta de atrás, por lo que instamos a revertir la reforma y garantizar su principal finalidad, que es erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y desvincular esta cuestión de la internacionalización de la economía, tema que entendemos que debería estar en este debate sobre la comunicación de 2014.

El señor PRESIDENTE: Abordamos la propuesta conjunta e interviene, en primer lugar, doña Isabel Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señorías, las propuestas de resolución formuladas por el Grupo Vasco conjuntamente con Convergència i Unió tienen como objetivo conseguir que la cooperación al desarrollo se convierta en una prioridad para el Gobierno, en una de las claves de sus políticas sociales y adquiera el estatus que le corresponde en el marco de las políticas de Estado. En este sentido, consideramos que la cooperación debe pasar a constituir también una parte esencial de la estrategia de posicionamiento internacional del Estado siendo a su vez uno de los elementos estratégicos en la lucha contra la pobreza y herramienta de transmisión de su compromiso real para con la desaparición de las desigualdades. En este contexto, es absolutamente preciso reforzar la colaboración entre los distintos agentes públicos, obviamente, desde el pleno respeto a la autonomía ante las diferentes instituciones para el desarrollo de sus políticas en esta materia, debiendo marcar para ello en este contexto como objetivo prioritario la búsqueda de sinergias que posibiliten multiplicar exponencialmente la eficiencia de resultados en esta materia. Es igualmente también innegable la necesidad de conformar e impulsar espacios técnicos que permitan la participación efectiva y el desarrollo de un trabajo común con la sociedad civil organizada y sus representantes, especialmente con las ONG. Sin embargo y a la par, no es menos cierta la necesidad también de crear otros foros de trabajo interinstitucional para promover e intensificar el diálogo y el consenso en un momento especialmente importante.

Nos encontramos en puertas de la definición de la Agenda post-2015, y es en este espacio donde entendemos que se debe además de ubicar el trabajo de esta Cámara que permita nuestra participación como representantes electos de la ciudadanía, dando cauce a la opinión de los grupos políticos aquí representados. Todo ello con un claro objetivo: impulsar políticas públicas coherentes, coordinadas y calidad y de alto valor añadido para los territorios y sus personas desde una múltiple dimensión: la de la solidaridad, la de la participación efectiva de la sociedad civil, la potenciación del conocimiento y de las relaciones de forma mucho más intensiva y orientada además al aprendizaje sustentado en la investigación, la innovación, la evaluación y la comunicación. Creo que hasta aquí estamos de acuerdo, por lo que he escuchado en anteriores intervenciones. Ni qué decir tiene que para avanzar también en estas cuatro dimensiones es preciso fomentar y profundizar sobre los siguientes aspectos. En primer lugar, en la promoción de una política pública de cooperación orientada al desarrollo humano sostenible y a la erradicación de la pobreza estructural desde un enfoque de derechos y reducción de desigualdades. Para ello, debemos fortalecer las capacidades locales, la participación y organización, la equidad de género, los derechos humanos y la sostenibilidad ecológica. Y sectorialmente, además, priorizar los derechos universales, la gobernanza democrática y el poder local, el desarrollo económico local, la protección y la conservación ambiental y el empoderamiento de las mujeres. Además, es necesario definir el valor añadido de la cooperación del Estado en el ámbito de la acción humanitaria y potenciar la educación para la transformación social, poner en marcha procesos de revisión de los instrumentos de cooperación y estrategias país y proseguir con las reflexiones sobre regiones y países prioritarios y estrategias temáticas. También debemos aumentar la proactividad de la Aecid a través de la cooperación directa y la dinamización de agentes, así como probar su internacionalización convirtiéndola en un agente estratégico de referencia de la cooperación descentralizada tanto en el Estado como a nivel internacional. Debemos reforzar y coordinar las políticas públicas entre ministerios con el objetivo de dotarlas de coherencia, fomentar la formación y desarrollo de las capacidades impulsando la cooperación descentralizada, prestando apoyo, actuando de facilitadores, y un sinfín de cosas más de las que podría estar hablando durante mucho tiempo, pero hoy abreviar.

El señor PRESIDENTE: Abrevie, señora Sánchez.


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La señora SÁNCHEZ ROBLES: Presidente, abrevio.

Para ello, hemos formulado diecisiete propuestas de resolución que confiamos que sean apoyadas por todos los grupos de esta Cámara. De hecho, les anticipo que parlamentarios de sus formaciones han formulado propuestas en este mismo sentido o las han votado favorablemente en otros parlamentos. Y ello a pesar de que no vamos a aceptar algunas de las propuestas que nos ha formulado el Grupo Popular, que a su vez entiende que nuestras propuestas están subsumidas en sus propuestas de resolución. Nos han avanzado que van a votar desfavorablemente cinco de ellas. Pues bien, con el ánimo de convencerles, voy a proceder a la lectura de dos de las propuestas de resolución formuladas por el Grupo Popular en el Parlamento vasco en relación con las orientaciones generales de la planificación estratégica plurianual 2014.

El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez Robles, desaconsejo que lo haga. No debería hacerlo, salvo que sean de dos líneas cada una, y ya será raro parlamentariamente que eso ocurra.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Acabo enseguida. Son muy breves.

El señor PRESIDENTE: No estamos en eso en este momento.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Si me lo permite, voy a concluir mi intervención.

El señor PRESIDENTE: Está fuera de tiempo. Le ruego que acepte la recomendación. Si es lectura y si es para modificar la voluntad, no siendo relevante para el resto de la Comisión, hágalo en privado con el portavoz del Grupo Popular y podremos avanzar en ese afán de acuerdo.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Esto tiene un único objetivo, y es argumentar sobre la coherencia del voto. El único objetivo es ese. Solo voy a leer una de ellas.

El señor PRESIDENTE: Ya comprendo que además con esto consumimos más tiempo, pero está usted entrando en polémica con el grupo y no es esta la ocasión para hacerlo.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: No estoy entrando en polémica, presidente, no lo pretendo. No las leeré, pero sí quiero dejar bien claro que se va a votar que no a propuestas que son copiadas de las formuladas por el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento vasco. Se va a votar que no, y eso es lo que quiero dejar claro. Por supuesto, en esa argumentación quiero decirles que esperamos que sean coherentes y, por supuesto, contar con su apoyo y con el del resto de los grupos parlamentarios de la Cámara.

El señor PRESIDENTE: Gracias a la portavoz del PNV por avenirse.

Tiene la palabra el señor Picó para defender el resto de propuestas que presentan conjuntamente.

El señor PICÓ I AZANZA: Hemos presentado propuestas de resolución conjuntamente con el Grupo Parlamentario Vasco a un nuevo instrumento de la cooperación española que es la comunicación, en este caso comunicación 2014. En ese sentido, les recuerdo que conseguimos que esta comunicación fuera presentada en esta Comisión y que fuera informada por esta Comisión con propuestas de resolución a propuesta de todos los grupos parlamentarios a través de aquellas enmiendas y de aquel acuerdo que alcanzamos con el Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Vasco, el Grupo Parlamentario Popular y nuestro grupo a través de enmiendas al proyecto de ley del servicio exterior. Creo que es positivo que el Gobierno comparezca en esta Comisión para dar cuenta de la comunicación y es positivo que esta Comisión también se manifieste en relación a aquellas cosas que podemos aportar los grupos parlamentarios, porque, señorías, como nuevo instrumento es un instrumento que está por construir. El Gobierno hizo su propuesta sobre la comunicación 2014, en la anterior comparecencia todos los grupos parlamentarios pudimos manifestar todo aquello que valorábamos positivo de esa comunicación pero también todas aquellas cosas que pensábamos que podrían sumarse a esa comunicación. Mi compañera Isabel Sánchez Robles ya ha manifestado la mayoría de aquellas propuestas de resolución que hemos formulado por parte de ambos grupos parlamentarios en ese ánimo de construir una comunicación 2014 que sea útil, que sirva para la transparencia y que sirva para conocer qué es y qué hace la cooperación española en este sentido.


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Voy a referirme únicamente a aquellas transacciones que hemos alcanzado con el Grupo Parlamentario Popular, por ejemplo, en relación con una apuesta más decidida en el documento por la coherencia de políticas para el desarrollo, contemplando metas específicas en este sentido, y un especial referencia al informe correspondiente al año 2013 de coherencia de políticas pendiente, que debería valorarse por la Comisión. Hemos alcanzado también un acuerdo en relación con el refuerzo de los trabajos de la Oficina de acción humanitaria no únicamente en relación con la emergencia humanitaria y socorro sino con la prevención y evaluación. Finalmente, hemos llegado a un acuerdo en relación con la comunicación 2014 sobre la necesidad que debe profundizar este instrumento en el eje de la educación para el desarrollo como elemento de compromiso, participación e implicación social con las políticas de cooperación. Recuerda esto mucho a aquella iniciativa que hemos estado debatiendo en relación con el Año Europeo sobre Desarrollo.

Finalmente, me centro en una de las propuestas de resolución que hemos formulado y que parece que no va ser aceptada por el grupo mayoritario, pero quiero que el resto de los grupos parlamentarios puedan escucharlo y tengan en cuenta lo que se puede argumentar en relación con una propuesta de resolución. Es la propuesta de resolución que reclama que en la comunicación se contemplen qué criterios deberán seguirse para decidir con qué organismos multilaterales internacionales se continuará colaborando y con cuáles no. Y, además, una evaluación del uso de los fondos aportados. ¿Por qué lo reclamamos? Señorías, el informe de la CORA entre otras cosas incluye una recomendación que hace con relación a las aportaciones que la Administración General del Estado realiza a organismos multilaterales internacionales recomendando que se haga una racionalización de estas aportaciones y que se supriman otras. Fíjense, en el informe económico en relación con esta propuesta que hace la CORA se estima que para el primer año, correspondiente al año 2014, el segundo año, 2015 y el tercer año, 2016, cada año se ahorren unos 3.836.000 euros. De algún sitio tiene que salir todo esto y queremos saber a qué organismos multilaterales se dejarán de hacer aportaciones por parte de la Administración General del Estado y a cuáles sí se harán y sobre la base de qué criterios se va a establecer esa diferenciación: continuar o no continuar. Pediría que el resto de grupos parlamentarios votaran a favor de esta propuesta de resolución para, como hemos hablado muchas veces, continuar hablando de transparencia y hablando de cooperación.

El señor PRESIDENTE: Es el turno de doña Irene Lozano por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

La señora LOZANO DOMINGO: Con brevedad quiero señalar las dificultades que encontramos desde mi grupo para contribuir desde el Congreso a las políticas de cooperación, a las políticas en general y en particular a las de cooperación, donde nos parece que no sería tan difícil lograr mayores acuerdos, porque a casi todas las cuestiones que planteamos, y me refiero no solo esas propuestas de resolución, sino también a otras iniciativas como las que se han debatido esta mañana, la respuesta reiterada que encontramos es que o son absurdas o el Gobierno ya las está haciendo. Lo que se deduce de esto es que todo lo que es bueno hacer el Gobierno ya lo está haciendo, un razonamiento por el cual directamente se podría suprimir el Parlamento. Me parece que esta actitud está alcanzando unos grados verdaderamente ridículos y la volvemos a encontrar en estas propuestas de resolución, con una variante que lo hace aún más irracional, y me voy a referir expresamente a una de nuestras propuestas de forma anecdótica, pero que nos parece que expresa la actitud general del Grupo Parlamentario Popular que a nosotros nos resulta incomprensible.

En una de nuestras propuestas de resolución hablábamos de prestar atención en los países de renta media a los problemas institucionales y de gobernanza, porque nos parece que son problemas específicos en los que la cooperación española puede aportar mucho y puede hacer una gran labor. No solamente no se ha incorporado este punto de vista de nuestra propuesta, sino que en el documento de transaccionales que ha distribuido el Grupo Popular alguien que lo ha redactado cree haber incorporado esa propuesta de resolución, y yo quiero dejar claro que desde luego en el texto no se recoge ni la letra ni el espíritu de la propuesta de Unión Progreso y Democracia, y como no ha habido ninguna conversación del portavoz con esta portavoz, desde luego no la consideramos incluida y nos gustaría que quedara constancia de que no consideramos que esté representada nuestra propuesta en esta transaccional. Esto es importante, porque una cosa es que el Grupo Popular crea haber introducido una propuesta y otra que pueda dar por hecho que ha sido así, cosa que desde luego en esta propuesta en concreto, por centrarme en una, no lo es.

Esto le plantea a mi grupo una dificultad a la hora de votar. En todas las demás transacciones que se presentan aquí donde figuran otros grupos cuyas ideas supuestamente están incorporadas a la


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transaccional, me pregunto si ese resto de grupos se sienten en esta misma situación y si por tanto pueden considerar sus aportaciones incluidas o no. Esto me plantea una seria dificultad a la hora de votar, pero, en fin, escucharé a los portavoces y trataremos de solventar el trámite.

El señor PRESIDENTE: Gracias por la advertencia sobre el estado de las enmiendas.

Por orden de presentación, tiene la palabra el Grupo Popular, entiendo que en la persona del señor Grau.

El señor GRAU REINÉS: La portavoz señora Lozano ha introducido un dato -y tiene razón- que en estos momentos estábamos discutiéndo con la letrada. Nosotros hemos redactado un documento que creíamos que se había transaccionado con los diferentes grupos, no con su señoría señora Lozano, porque no ha estado aquí para hablarlo cuando yo me he dedicado a hacerlo -se ha ausentado a otra Comisión evidentemente-, pero ahora la letrada nos ha hecho saber, así como el portavoz del Grupo Socialista, que estamos presentando un documento que no podía ser votado en su conjunto, sino que tiene que ser votado punto por punto. Ha sido un fallo, tiene razón, con lo cual, según la letrada, hemos de volver otra vez al documento original sobre el que hemos estado trabajando estos días y votar a partir de ese documento.

Quiero decir que mi grupo ha hecho lo imposible por llegar a acuerdos con todos los grupos que hemos estado aquí reunidos. Que sepan que de 45 propuestas de resolución, 27 las habíamos subsumido en nuestros propios enunciados. Otras no hemos podido asumirlas porque son cosas que el Gobierno ya está realizando y es evidente que se están haciendo, pero no quiere decir que nos cerremos en banda. Seguiremos trabajando y seguiremos intentando que los demás grupos puedan seguir haciendo sus aportaciones a este documento.

El señor PRESIDENTE: ¿Sobre las propuestas del grupo, nada que decir? (Denegación). Bien, las considera suficientemente conocidas.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Buyolo.

El señor BUYOLO GARCÍA: Como decía la compañera Laia Ortiz al principio de la intervención, ciertamente el procedimiento que hemos utilizado nos ha llevado a esta situación y sinceramente creo que no es lo mejor para que en esta Comisión trabajemos las propuestas de resolución, por lo cual le pedimos al grupo mayoritario que intentemos ver de qué manera se puede solucionar esta situación, porque estamos hablando de propuestas de resolución de la comunicación de 2014, que creo que tiene la suficiente importancia como para no vernos ahora abocados a una votación que pueda ser farragosa y que no refleje lo que debe ser.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado 4 propuestas de resolución, la primera referida a la Agenda de desarrollo post-2015, con su votación al inicio de esta Comisión, sobre la importancia de que, junto con el consenso del sector en el tema de la cooperación, también esta Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del Congreso de los Diputados, tenga un papel importante en la confección de esa Agenda post-2015, con el consenso de todas las partes.

Nuestra segunda propuesta de resolución es sobre la ayuda oficial al desarrollo y sobre un tema muy importante como era impulsar la tasa de transacciones financieras internacionales, que se lleve a los niveles máximos de recaudación, y destinarla principalmente a la lucha contra la pobreza. Creemos que es importante en este momento que el Gobierno impulse la consecución de la tasa de transacciones financieras internacionales, sobre todo teniendo en cuenta, como ha dicho mi compañero Sahuquillo en su intervención, esa insuficiente cifra del 0,16 del producto interior bruto destinado a la AOD, ya que, como saben, nos habíamos puesto como objetivo el 0,7, que ahora queda tremendamente lejos y se convierte nuevamente en una utopía.

La propuesta de resolución número 3 es sobre los derechos humanos y el papel del sector privado. En el IV Plan director se habla mucho del sector privado y de su papel importante. Tenemos que asegurar que la participación del sector privado no debe suponer la privatización de los servicios sociales básicos ni menoscabar la obligación legal del Estado de proveerlos, pero creemos que es importante seguir trabajando con el sector empresarial, no como un ente homogéneo sino contando con cada una de las partes de este sector, las multinacionales, las pequeñas y las medianas empresas e incluso las microempresas, para que puedan trabajar y, cómo no, para fortalecer el tejido social español. También es


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importante asumir el código de financiación responsable del Fonprode, del que ya hemos hablando en esta Comisión.

Por último, la cuarta propuesta de resolución es sobre la rendición de cuentas y hace hincapié en lo que ya venimos hablando de la necesidad de remitir informes anuales a estas Cámaras y sobre todo de evaluar anualmente la política de cooperación que estamos desarrollando. Eso en lo referente a nuestras propuestas de resolución.

Permítanme que comente las propuestas de resolución que hace el Grupo Popular. Leyéndolas me sorprende -y permítame la broma a esta hora de la tarde, señor presidente- que en todas o en la mayoría aparezca la expresión continuar trabajando o seguir trabajando. Me recuerda aquello de cuando contratan a un entrenador o jugador de fútbol, que cuando se sienta en una rueda de prensa, lo primero que dice es: prometo trabajo. No es eso lo que debemos prometer. Estamos en nuestra obligación y, por tanto, instaríamos al Grupo Popular a que, más que valorar positivamente ese trabajo, lo que tiene que hacer es comprometerse y, sobre todo, llevar a buen término aquello por lo que estamos aquí trabajando, que es la cooperación para el desarrollo. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar por un largo conteo de votaciones porque, al no haber avanzado lo suficiente en transaccionales, entiende la Mesa que es más claro y seguro proceder a la votación individualizada de cada propuesta de resolución.

¿Señor Picó?

El señor PICÓ I AZANZA: Creo que el grupo mayoritario había alcanzado algunos acuerdos de transacción con el resto de grupos. Por lo tanto, no debíamos votar la original sino la transacción, entiendo.

El señor PRESIDENTE: En efecto, deberíamos votarla así si está absolutamente claro para el resto de portavoces. Si así lo estiman, bien.

Señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Comprendo que durante toda la mañana se ha intentado llegar a acuerdos, pero, en el caso de mi grupo, hay unas transacciones de la 2 a la 10, que era lo que estimaba el Grupo Popular, pero solo hemos llegado a dos acuerdos dentro del conjunto de proposiciones no de ley, con lo cual, de la manera que aquí se prevé, se ha incluido a La Izquierda Plural en muchas transacciones en las que no formamos parte del acuerdo final o que no las votaríamos. Esa es la dificultad. Entiendo que hay muchos grupos que han avanzado en el acuerdo y ahora ven que no va a prosperar, pero en este caso nosotros no estamos de acuerdo con la mayoría de propuestas.

El señor PRESIDENTE: Si no empezamos a votar, aunque sea de manera individualizada, vamos a acabar muy tarde.

La señora LOZANO DOMINGO: ¿Votamos separadamente una por una?

El señor PRESIDENTE: Sí. Sería mi gusto y supongo que el de cualquiera de nosotros poder interrumpir la Comisión para retornar la votación a una hora más tardía, pero como hay Pleno no podemos, no estamos autorizados a seguir esta Comisión. Si lo hacemos rápidamente y si este presidente no equivoca demasiado el conteo, para lo cual toda ayuda es poca, podremos haber terminado a las tres, dejando de lado la colaboración del reloj de esta Comisión, que marca las 14:29, y resulta que no, que es más tarde.

Vamos a someter a votación las proposiciones no de ley presentadas. Votarnos la primera, en la transaccional, la relativa a los procedimientos de gestión de los recursos del Fonprode. Abrevio la denominación, perdónenme.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La segunda proposición no de ley es sobre el cumplimiento de los derechos laborales por parte de las empresas transnacionales. Se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La tercera es sobre el impulso de la abolición de la pena de muerte a nivel mundial. Se vota en los términos transados.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

La cuarta, sobre el impulso del micromecenazgo en las actividades de cooperación al desarrollo, que se vota en los términos originales.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Quinta proposición no de ley, sobre la prohibición de inversiones financieras especulativas sobre bienes alimentarios de primera necesidad en países en vías de desarrollo. La proposición no de ley es de La Izquierda Plural y se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Sexta proposición no de ley, sobre el impulso de la participación española en el Año Europeo del Desarrollo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota en los términos iniciales.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El séptimo punto es la proposición no de ley sobre el futuro del modelo de cooperación internacional para el desarrollo del Estado español, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La siguiente proposición no de ley es sobre África y la Agenda para el desarrollo post-2015, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que se vota en sus términos originales.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Novena proposición no de ley, sobre la creación y aplicación del impuesto sobre transacciones financieras, presentada por el Grupo Socialista, que se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Ahora pasamos a la enojosa votación que nos espera de propuestas individuales, por lo que ruego la máxima colaboración. En primer lugar, se votan por orden de presentación, como se ha intervenido, las propuestas que van de la 1 a la 11, pero las votarnos individualmente, del Grupo de La Izquierda Plural. Propuesta número 1.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 2.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Propuesta número 3.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Propuesta número 4.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 5.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 6.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 7.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 8.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 9.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 10.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 11.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuestas de los Grupos Parlamentarios Catalán y Vasco. Tenemos que votar de la duodécima a la vigésimo octava.

Propuesta número 12.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 13.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 14.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 15.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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Propuesta número 16.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 17.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Grau Reinés pide la palabra).

Señor Grau.

El señor GRAU REINÉS: Señor presidente, a la 17 hemos presentado una transaccional firmada y en forma.

El señor PRESIDENTE: ¿Es así por parte del proponente?

El señor PICÓ I AZANZA: Efectivamente, hay una transaccional a la 17.

El señor PRESIDENTE: Volvemos sobre nuestros actos y la votamos en los términos de la transaccional.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Volvemos sobre el orden anterior y pasamos a la propuesta 19. ¿18 o 19? (La señora letrada: La 18 estaba votada). Recuerden que votamos la 18 y fue cuando me advirtió el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Grau, que habíamos errado en el texto a votar. Estamos en la 19, salvo que el portavoz proponente me diga lo contrario. Estamos en la 19, ¿verdad? Pues entonces vamos a ello. Votamos la propuesta 19, de Convergència i Unió y del PNV.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 20.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 21.

El señor PICÓ I AZANZA: Señor presidente, en la 21 hay una transacción.

El señor PRESIDENTE: Gracias por la advertencia. Señor Picó, proceda a leerla, por favor.

El señor PICÓ I AZANZA: Se insta al Gobierno a seguir trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de la Oficina de Acción Humanitaria, tanto en sus actuaciones de emergencia humanitaria y de socorro a las víctimas de desastres naturales o conflictos armados como en las que se llevan a cabo en materia de prevención y evaluación.

El señor PRESIDENTE: Procedemos pues a su votación.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 22.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 23.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 24.

El señor PICÓ I AZANZA: Señor presidente, en esta hay también transacción.

El señor PRESIDENTE: ¿Es conocida por los demás?

El señor PICÓ I AZANZA: En principio la deberían conocer. El texto está en las transaccionales, en el documento conjunto, y es la número 14, que dice: Se insta al Gobierno a que la cooperación con el pueblo saharaui siga siendo una prioridad dentro de la política de cooperación internacional.

El señor PRESIDENTE: La sometemos a votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 25.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 26.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 27.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 28, última de este grupo.

El señor PICÓ I AZANZA: Hay otra transaccional sobre la 28, que es la que vamos a votar ahora, la 16 del documento. Dice así: Se insta al Gobierno a seguir trabajando para que en la ejecución de las políticas de cooperación se tenga en cuenta la educación para el desarrollo como un eje fundamental, como un elemento clave de compromiso, participación e implicación social con las políticas de cooperación.

El señor PRESIDENTE: La votamos entonces.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Pasamos a las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. La primera es la número 29.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 30.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 31.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 32.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 33.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 34.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 35, última de UPyD.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a las propuestas del Grupo Parlamentario Popular. Propuesta número 36.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 37.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 38.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 42; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 39.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 1; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 40.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuesta número 41 y última del Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuestas del Grupo Parlamentario Socialista. La primera de ellas es la número 42.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 43.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 44.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta número 45 y última.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Gracias por su paciencia y colaboración.

Se levanta la sesión.

Eran las tres y diez minutos de la tarde.

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