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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 481, de 11/12/2013
cve: DSCD-10-CO-481
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 481
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR
Sesión núm. 24
celebrada el miércoles,
11 de diciembre de 2013


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ORDEN DEL DÍA:

Acuerdo sobre celebración de las comparecencias solicitadas por diferentes grupos parlamentarios:

De la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García), para:

- Que informe sobre el impacto en la población desempleada de los recortes en las prestaciones por desempleo y la finalización del programa de empleo y cualificación profesional Prepara. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 213/000365) ... (Página2)

- Que informe y haga balance sobre la caída de la cobertura de las prestaciones de desempleo en el último año. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000791) ... (Página2)

- Dar cuenta de su valoración respecto de la devaluación competitiva de los salarios. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000792) ... (Página2)

- Rendir cuentas de la evolución del programa Prepara y aportar datos de evaluación sobre el mismo. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 213/000808) ... (Página2)

Proposiciones no de ley:

- Sobre la prolongación de la vida laboral de los cuerpos docentes. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/002033) ... (Página7)


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- Sobre restablecimiento de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para las mujeres que se reincorporan a la actividad económica por cuenta propia, después de la maternidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000917) ... (Página7)

- Sobre la devolución de ayudas públicas en caso de deslocalización. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001314) ... (Página11)

- Sobre derechos de los trabajadores fijos discontinuos del sector manipulado horofrutícola. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001914) ... (Página15)

- Sobre medidas para la mejora del contrato a tiempo parcial. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/002070) ... (Página18)

- Sobre la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001706) ... (Página21)

Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.

ACUERDO SOBRE CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS SOCILITADAS POR DIFERENTES GRUPOS PARLAMENTARIOS:

DE LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (BÁÑEZ GARCÍA), PARA:

- QUE INFORME SOBRE EL IMPACTO EN LA POBLACIÓN DESEMPLEADA DE LOS RECORTES EN LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO Y LA FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PREPARA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 213/000365).

- QUE INFORME Y HAGA BALANCE SOBRE LA CAÍDA DE LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES DE DESEMPLEO EN EL ÚLTIMO AÑO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000791).

- DAR CUENTA DE SU VALORACIÓN RESPECTO DE LA DEVALUACIÓN COMPETITIVA DE LOS SALARIOS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000792).

- RENDIR CUENTAS DE LA EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA PREPARA Y APORTAR DATOS DE EVALUACIÓN SOBRE EL MISMO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 213/000808).

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión. En primer lugar, se plantea el acuerdo sobre celebración de la comparecencia solicitada por diferentes grupos parlamentarios, en concreto por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y por el Grupo Parlamentario Socialista, que figuran en el orden del día como 1.º a 4.º Haremos una intervención única, tal y como en su día hablamos en Mesa y portavoces. En principio estimo que cinco minutos son suficientes, dentro de la flexibilidad que es costumbre y, salvo criterio en contrario, creo que lo procedente es realizar la votación en el momento en que se produzcan las votaciones.

A la vista de que ha sido retirada la proposición no de ley de UPyD y a la vista de los miembros presentes en la Cámara, creo que con el habitual ejercicio de síntesis que se practica podríamos hablar razonablemente de las seis y media como hora a la que podríamos concluir. De todas formas, por si fuera antes, que la gente esté apercibida, pero creo que en torno a las seis y media puede ser que estemos en disposición de proceder a votar.


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Como digo, hay dos grupos autores de una iniciativa que ha sido objeto de rechazo por la Mesa el 28 de noviembre y solicitan que la Comisión se pronuncie. Como ustedes saben, la Mesa tiene la delegación condicionada de la Comisión y, cuando no hay unanimidad en los criterios que se rigen para incorporar al orden del día unas materias u otras, lógicamente los grupos parlamentarios están en su derecho de venir aquí, pronunciarse y someter a la correspondiente votación los temas que les parece oportuno. Hay dos autores, no sé si el Grupo Parlamentario Socialista quiere hacer su intervención. (Asentimiento).

Interviene en representación del Grupo Parlamentario Socialista doña Concha Gutiérrez.

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Efectivamente, el Grupo Socialista plantea la consideración de este punto a la Comisión de Empleo y Seguridad Social porque la ministra de Empleo y Seguridad Social no ha comparecido ni una sola vez en esta Comisión en este periodo de sesiones. No ha tenido a bien, ni a iniciativa propia ni tampoco a solicitud de los grupos de la oposición, comparecer ante esta Comisión. Hay medio centenar de comparecencias que reclaman su presencia y de ellas el 50% aproximadamente corresponden al Grupo Parlamentario Socialista. Hemos solicitado la presencia de la ministra para analizar temas que afectan muy directamente a los ciudadanos y sobre los que el Gobierno trata de evitar el control parlamentario amparándose en la mayoría absoluta del Partido Popular.

Señor presidente, cuatro son los grupos de materias que reclaman la presencia de la ministra, de acuerdo con las peticiones de comparecencias que están en estos momentos vivas por parte del Grupo Socialista en esta Comisión. Primero están las que se refieren al desempleo, teniendo en cuenta además los datos récord de paro que sufre nuestro país. También aquellas que se refieren a planes de empleo específicos, a la estrategia de empleo de mayores y al empleo juvenil.

Un segundo grupo se refiere a la situación de la inmigración y la emigración, tras la eliminación de los fondos para la integración social de los inmigrantes y teniendo además en cuenta el cambio de signo de flujos migratorios, con una situación de desprotección de cada vez más españoles que tienen que buscar empleo fuera de nuestras fronteras.

El tercer grupo tiene que ver con el denominado contrato de emprendedores, que se introdujo con la reforma laboral, que fue cuestionado por la Comisión Europea y respecto del cual el Grupo Parlamentario Socialista presentó recurso de inconstitucionalidad. Por cierto, ahora un tribunal se ha pronunciado sobre su ilegalidad y, a pesar de todo ello, el Gobierno anuncia que va a extender esta fórmula contractual al tiempo parcial.

El cuarto grupo tiene que ver con el anuncio hecho público por el presidente del Gobierno de una regulación del derecho de huelga. El Gobierno entra así en una deriva peligrosa de ataque a los derechos fundamentales de los ciudadanos y en un recorte de libertades públicas, y ahora anuncia la limitación del derecho de huelga como respuesta a la huelga en la ciudad de Madrid protagonizada por los trabajadores de la limpieza por la reducción drástica de sus plantillas. Señorías, el derecho de huelga cuenta hoy con una regulación nítida hecha directamente por el Tribunal Constitucional, y si de lo que hablamos es de servicios mínimos la jurisprudencia viene definiendo claramente su alcance.

Lo lógico sería que la ministra compareciera -a iniciativa propia o en respuesta a nuestra petición- y nos explicara cómo va a abordar estas reformas y su compromiso de negociación y acuerdo con los sindicatos. Además, para el Grupo Socialista hay dos temas de especial interés que me gustaría comentar en este momento y que están en el orden del día. Se refieren a la devaluación salarial y a la cobertura del desempleo. Señor presidente, la devaluación salarial está provocando un empobrecimiento generalizado de los trabajadores y de las clases medias en nuestro país. En la distribución de la renta se observa una caída de las rentas salariales frente al incremento del excedente empresarial bruto, sin que este se reinvierta en innovación o en empleo. El Gobierno se vanagloria fuera de nuestras fronteras de la devaluación salarial y, sin embargo, en nuestro país la niega. En la autoevaluación que el Gobierno hace de su reforma laboral no entra en este aspecto, no lo ha analizado a pesar de su relevancia en la configuración del modelo productivo y en la sociedad en general. Sería importante que la ministra de Empleo y Seguridad Social compareciera en esta Comisión para abrir un debate que permitiera analizar las consecuencias en el corto, medio y largo plazo que estas caídas salariales tienen en nuestra economía y en la sociedad. La competitividad no puede basarse en una carrera de salarios más bajos, sino en la innovación y en la retribución adecuada del trabajo bien hecho y, por ende, en la calidad de nuestro sistema productivo.

En cuanto a la petición de comparecencia sobre la cobertura al desempleo, tenemos que insistir nuevamente en que la protección por desempleo está en caída libre, apenas llega al 60% de los parados registrados, cuando llegó a alcanzar el 80% en 2009. Hoy más de 3 millones de personas desempleadas


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no tienen ninguna protección. Según Eurostat, España ocupa el deshonroso tercer lugar en la Unión Europea tras Grecia y Rumania con un 22% de españoles en riesgo de pobreza. Desde que gobierna el Partido Popular se han destruido más de un millón de empleos, se han perdido en torno a un millón de cotizantes y, frente a ello, el Gobierno ha reducido en un 44% las políticas activas y la protección por desempleo a los más vulnerables. Esta preocupación no es solo del Grupo Socialista, se ve reflejada en la encuesta de CIS. En 2009, en la encuesta de opinión pública y fiscalidad, la mayoría de los ciudadanos consideraban que los recursos destinados a la protección por desempleo eran justos y adecuados. En la última encuesta, de 2013, dos terceras partes de los ciudadanos consideran que son muy pocos los recursos destinados a la protección por desempleo. Ahora el Gobierno sigue con su nueva vuelta de tuerca contra los más débiles. El ministro De Guindos ya lo anunció en la reunión del Eurogrupo, y lo hace con nocturnidad y sin explicaciones, la última vez a través de una enmienda en el Senado que elimina las garantías salariales para los trabajadores que sufren despidos colectivos en empresas de menor tamaño.

Señor presidente, estos temas exigen explicación, exigen comparecencias del Gobierno. Cuatro han sido las comparecencias de la ministra a lo largo de estos dos últimos años, y dos de ellas como consecuencia de los requerimientos de la Diputación Permanente. Por eso, queremos someter a la consideración de esta Comisión la necesidad de la comparecencia de la ministra para explicar estos y otros muchos aspectos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: A continuación, para defender su posición, tiene la palabra en representación de La Izquierda Plural, don Joan Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Hay cosas que no deberían necesitar más de dos minutos para poder explicarse, pero, como estamos en uno de esos momentos oscuros de la historia de España en el que hay que explicar y luchar por lo que es evidente, no queda más remedio. ¿Qué cosas deberían ser evidentes, especialmente en el Parlamento? Pues que un atributo de la democracia es la existencia de contrapoderes políticos; que una de las características de la democracia es la división de poderes; que la función del Legislativo es, entre otras cosas, el control del Ejecutivo; y que, cuando alguien aprovechando su mayoría absoluta la ejerce de manera absolutista para impedir la función del Legislativo, la democracia empieza a perder sus atributos y deja de merecer ese nombre. La verdad es que no parece normal ni lógico que a estas alturas tengamos que estar defendiendo la necesidad de la comparecencia de la ministra de Empleo, que se resiste a acudir a la Cámara, como se resiste a debatir con los grupos de la oposición. Aún recuerdo su negativa a discutir en la Cámara el proyecto de no revalorización y de sostenibilidad de las pensiones, o la negativa a responder cada vez que se produce un mínimo debate. A nuestro entender, la ministra solo comparece cuando políticamente le interesa a ella, nunca cuando se lo pedimos los grupos de la oposición, con lo cual el Legislativo, más que un mecanismo de control del Ejecutivo, parece el chico de los recados de la mayoría absoluta del Partido Popular.

En este caso, resulta además profundamente inconcebible que se niegue por parte del Grupo Popular la posibilidad de la comparecencia para tratar de temas de gran trascendencia y sobre los que existe bastante inquietud y debate social. Diferentes grupos hemos planteado muchas comparecencias -que haya medio centenar de comparecencias acumuladas ya es un dato-, pero no son cosas caprichosas, algunas de ellas tienen mucho que ver con dos temas que están teniendo un gran impacto en nuestra sociedad: en primer lugar, la caída en el nivel de protección de las personas desempleadas ante el recorte reiterado en las prestaciones de desempleo; y en segundo lugar, la devaluación de la depreciación de los salarios. Se trata de dos medidas que, conjugadas con el impacto de la crisis en la pérdida de empleos, están provocando que en nuestro país crezca la desigualdad de manera brutal, aunque parezca que el presidente de Gobierno no lo sepa y se atreva a decir públicamente que no existen indicadores de desigualdad ni en España ni en Europa. La verdad es que estamos acostumbrados a barbaridades, pero esta es de las gordas. No sé si alguien está en condiciones de hacerle llegar estas imágenes al presidente del Gobierno. (Muestra un gráfico). Este es el índice de desigualdad de los últimos años en España. Como pueden ustedes ver, con relación a Europa, el crecimiento es absolutamente brutal. Eso sin duda sucede como consecuencia de las políticas que se están practicando. Quiero recordar que lo que está pasando es especialmente grave, porque no solo el empleo no crece, sino que la caída del desempleo está provocando clarísimamente una situación de desprotección. Señores del Grupo Popular, recuerden: el 60% de cobertura solo de las personas paradas; 4 de cada 10 parados no tienen prestación; si se utilizan los datos de los servicios públicos de empleo, 2 millones de personas sin prestación; si se utilizan los datos de la EPA, 3 millones de personas sin prestación; de los que cobran prestación, el 53% es


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asistencial y solo el 47% es contributiva. Por cierto, en cuanto al programa Prepara -algún día tendremos la posibilidad de que vuelva a pasar por esta Comisión o por la Cámara después de tanta ostentación adanista de la ministra, en el sentido de que ella es la primera que hacía un balance del programa Prepara- sería bueno tener un balance del mismo en estos momentos para ver si son verdad esos datos que aparecen, que solo lo perciben 56.000 personas.

Esta es una situación que queremos tratar, pero hay otra importante, que es el tema de la devaluación de los salarios. Además, en el caso de la devaluación de los salarios, es aún más importante que comparezca la ministra, porque tenemos la necesidad de saber cuál es la opinión del Gobierno con relación al tema de los salarios. Hemos escuchado tres opiniones distintas, disonantes y a veces hasta kafkianas, por no calificarlas de otra manera. Según el señor Montoro, los salarios no están bajando, sino solo decrece su ritmo de crecimiento; no debe ver ni sus propias estadísticas. Según el presidente Rajoy, no solo bajan, sino que además eso debe ser orgullo de los españoles en Europa, porque gracias a eso se está creando empleo, el empleo que solo el Gobierno y el PP son capaces de ver. Entonces llega la ministra y desempata el conflicto entre el señor Montoro y el señor Rajoy y nos dice, con su desparpajo habitual y el cinismo que le caracteriza, que no solo los salarios no bajan, sino que además su moderación se la debemos a la responsabilidad de los sindicatos, que han aceptado voluntariamente la bajada de los salarios. La verdad es que la afirmación es gorda. Pues bien, aunque solo sea para eso, sería bueno conocer la opinión de la ministra y por eso debe comparecer.

Desgraciadamente, en este país el Gobierno ha conseguido la cuadratura del círculo, y es que hay trabajadores que tienen trabajo, que trabajan, pero en cambio son pobres. Esa es la cuadratura del círculo del Partido Popular. Pueden verlo ustedes. (Muestra un gráfico). El 12,3% de los trabajadores en activo están considerados pobres, porque están por debajo del umbral de la pobreza. Estas cosas deberían ser objeto de tratamiento en esta Cámara y lo normal es que la señora ministra viniera a dar cuenta de su gestión, a intercambiar opiniones, a dialogar, que recuerdo que viene de logos -palabra- y dia -a través de-, es decir, a través de palabras. Es generalizada la actitud del Grupo Popular y del Gobierno de imponer su mayoría absoluta, pero hay que reconocer que no todos los ministros se comportan igual. En la sala de al lado está la Comisión de Economía, donde los que tenemos el gusto de formar parte de la misma vemos que el ministro de Economía viene siempre que se le pide y muchas veces sin pedírselo. En cambio, la ministra de Empleo está metida en la cueva, no sale de ella y busca la protección del Partido Popular para continuar sin hacer lo que es su responsabilidad, que es dar cuentas a la ciudadanía a través del organismo de control que es este Parlamento. Disculpen por la obviedad, pero es que, insisto, vivimos en tiempos en que hay que luchar por lo obvio, y es que estamos aquí para controlar al Gobierno, no para que el Gobierno nos utilice como al chico de los recados.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), don Carles Campuzanos tiene la palabra.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Es evidente que la situación tan excepcional del mercado de trabajo en la que estamos instalados desde prácticamente 2008 justificaría que, casi sin necesidad de que los grupos parlamentarios lo planteasen, la ministra responsable de la materia, principal responsable de la política de empleo del Gobierno, a petición propia compareciese en la Cámara para ir no tan solo contando la evolución de las cifras de desempleo, sino explicándonos de manera detallada cuál es la política del Gobierno con relación a esta cuestión. La situación es tan excepcional que exigiría una medida también excepcional como esa. Además, en términos de opinión pública y desde hace ya un tiempo prolongado todas las encuestas sociológicas nos indican que la principal preocupación de los ciudadanos es precisamente el paro y el desempleo. Insisto en que estas son razones que hacen, como apuntaba algún otro portavoz, que el debate tenga un punto de absurdo. Estamos discutiendo si ante el principal problema que tiene nuestra sociedad en términos objetivos y en términos de percepción de la ciudadanía la ministra responsable de la materia, la ministra de Empleo, comparece o no en esta Comisión. Esta es la cuestión de fondo.

Además, tenemos una agenda legislativa anunciada relevante. El ministro De Guindos y la propia ministra hablan de una segunda vuelta en relación con la reforma laboral, se ha anunciado un desarrollo de la regulación de los servicios mínimos y las cuestiones vinculadas al nivel de protección social continúan siendo importantes. Más allá de que la realidad objetivamente sea grave y excepcional, la agenda que esta Comisión va a tener que abordar en los próximos meses también justificaría que se hubiese producido esta comparecencia. Por tanto, vamos a votar favorablemente estas peticiones que formulan los grupos que así lo han planteado y lamentamos que las mayorías absolutas lleven a este tipo de vicios. Estoy


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seguro de que en un escenario en que el Partido Popular gobernase en minoría estas comparecencias se hubieran producido ya; seguramente la ministra a petición propia hubiese comparecido. Es una pena que eso no suceda.

El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señor presidente, he oído aquí cosas verdaderamente peregrinas. Han hablado de que ahora hay un dato récord de empleo. No sé qué opinarían los ciudadanos en la legislatura pasada cuando era ministro del ramo don Valeriano Gómez. En esa legislatura hubo un incremento de 3.600.000 parados, que sí que es un elemento definitorio del empobrecimiento de la población, porque sin empleo nos empobrecemos todos. Eso sucedió en la anterior legislatura y don Valeriano Gómez compareció una tercera o una cuarta parte de lo que lo ha hecho la señora ministra comparando los mismos periodos de tiempo. (Rumores). Por lo tanto, creo sinceramente que la posición que hoy están adoptando no tiene ninguna justificación. Señorías, estamos debatiendo algo importante y hay que centrar el debate no en los temas que ustedes quieren hoy traer aquí para hablar de ellos -aunque no rehuimos su debate-, sino que estamos en un trámite parlamentario para decidir si comparece o no la ministra en la Comisión. Señor presidente, señorías, nosotros como grupo parlamentario no nos hemos opuesto para nada ni en la Mesa ni ahora a que la señora ministra comparezca para estas cuestiones o para otras. (Rumores). El problema es que esto se ha traído hoy aquí porque se exigía que la señora ministra compareciera ya antes de la finalización de este periodo de sesiones, cuando esto se ha propuesto en la Mesa un par de veces. Además, en medio hemos tenido el debate parlamentario de los presupuestos. (Varios señores diputados: ¡Qué lío!)

El señor PRESIDENTE: Perdone un momentito, señora Álvarez-Arenas.

Ruego silencio. El que no quiera escuchar o respetar al interviniente, puede esperar fuera al momento de la votación. Ruego que se respete a unos y a otros oradores, sean del color que sean y manifiesten libremente lo que quieran exponer.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias por su amparo, señor presidente.

Como bien se ha dicho aquí, la señora ministra compareció la última vez el día 29 de agosto, prácticamente a primeros de septiembre. Insisto en que la señora ministra ha comparecido el doble de veces que su predecesor, don Valeriano Gómez, en promedio anual comparando los tiempos.

Además, hay otra cosa que nos parece importante. Aquí se ha hablado mucho de la transparencia, del control parlamentario y no sé qué de los chicos de los recados. Llevo veinticinco años de parlamentaria y ese lenguaje no lo había oído nunca. Ni estando en el Gobierno ni en la oposición me han calificado de chico de los recados y me parece bastante lamentable el lenguaje parlamentario. Además, se han dirigido insultos a la señora ministra en los cuales no voy a entrar porque no merece la consideración, como dice el refranero español.

En cualquier caso, manifestamos desde nuestro grupo que, además de las comparecencias que ha tenido la ministra en esta Comisión en estos dos años, ha habido cuatro comparecencias de la secretaria de Estado. Quiero dejar claro que es Gobierno, porque está así establecido en la Ley del Gobierno. Por lo tanto, ha venido en nombre de la ministra -pero formando exactamente igual parte del Gobierno, porque así está considerada- en cuatro ocasiones; cosa que no han hecho nunca los secretarios de Estado de anteriores etapas. Por lo tanto, ha habido hasta seis comparecencias en Comisión para hablar de todos los temas que han querido los grupos parlamentarios, porque insisto en que son comparecencias del Gobierno. La señora secretaria de Estado -y así ha sido aceptado por los grupos- ha venido en nombre de la ministra para tratar cuestiones muy importantes; a veces, como pasa a veces con los secretarios de Estado, de una manera hasta más productiva porque han sido comparecencias muy prolongadas en las que hemos podido debatir en profundidad y con muchísima claridad con la secretaria de Estado. Por tanto, haciendo comparaciones no hay ningún elemento que pueda justificar las palabras que han vertido respecto al comportamiento y al control parlamentario.

En palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular quiere evitar el control parlamentario. Señora portavoz, el control parlamentario se hace en el Congreso de los Diputados en muchos ámbitos; por supuesto, se hace en esta Comisión, pero también en el Pleno. En ese contexto, las comparecencias en la Comisión, las comparecencias en el Pleno, las comparecencias de la


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señora ministra en la Comisión del Pacto de Toledo -está la Comisión de Empleo y Seguridad Social y también la Comisión del Pacto de Toledo-, las preguntas orales y las interpelaciones que se le han formulado a la señora ministra forman parte del control parlamentario a la persona de la señora ministra. En promedio anual la señora ministra ha tenido 45,5 comparecencias de control parlamentario y democrático. Sus predecesores -me imagino que ustedes estarán absolutamente escandalizados- tuvieron 40 don Celestino Corbacho y 39 don Valeriano Gómez. Que yo sepa, 45,5 es superior a las demás cifras. Tengamos mucho cuidado con el lenguaje. Comprendo que se puede opinar de todo, pero hablar de falta de control parlamentario o de falta de valores democráticos me parece injustificado y bastante intolerable, porque los datos demuestran todo lo contrario. Insisto en que la señora ministra y la señora secretaria de Estado -que es Gobierno y que ha venido también a dar explicaciones, a someterse al control parlamentario y a explicarse cuantas veces ha sido necesario- han estado en esta Comisión de una manera muy superior a la que han estado sus predecesores. En aquellas ocasiones no he oído en ningún caso -y he estado con los dos ministros anteriores- que se hayan producido este tipo de intervenciones.

Señora Gutiérrez, comprendo que les han dado un argumentario, que repiten permanentemente como en el bolero de Ravel, que es el del recorte de las libertades. Ha empezado hoy en el Pleno su portavoz, doña Soraya Rodríguez, y ustedes siguen con el mismo argumentario. Aquí había que meter también lo del recorte de las libertades hablando de la limitación del derecho de huelga. Es maravilloso que ustedes hablen y digan incluso que van a derogar y llevar al Tribunal Constitucional proyectos de ley que no se conocen. Ustedes tienen una bola de cristal y hablan ya del proyecto de ley de limitación del derecho de huelga. Para empezar, de lo que se ha hablado es de una regulación de servicios esenciales y no conocemos ni una letra del resto de ese proyecto. Es bastante irresponsable hablar de recortes de libertades y de que se va a hacer una limitación del derecho de huelga. Seamos serios cuando estamos hablando y no hagamos demagogia porque hay que meter a capón el argumentario de turno que nos han pasado. Ahora, como ya no se puede hablar del recorte económico o de la intervención de Europa en España, hay que hablar del recorte de las libertades.

Señor presidente, desde nuestro grupo desde luego vamos a votar en contra de estas peticiones, porque entendemos que la señora ministra ha venido suficientemente y se ha sometido muy por encima de sus predecesores al control parlamentario. Además, no nos oponemos a que comparezca en un momento procesal oportuno en el próximo periodo de sesiones. (Aplausos).

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA VIDA LABORAL DE LOS CUERPOS DOCENTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/002033).

El señor PRESIDENTE: Solventado este debate acumulado de los cuatro primeros puntos que figuran en el orden del día, vamos a entrar en el debate y posterior votación de las proposiciones no de ley. Quiero decir que el 5.º punto del orden del día va a ser la primera que debatamos y el 6.º, la segunda. El 7.º, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista, creo que no había ningún impedimento para llevarlo al final de la sesión debido a que la ponente del Grupo Parlamentario Popular está en un acto en el cual el Cermi ha otorgado un premio a la Comisión de Igualdad. Por tanto, lo diferiremos y será el último punto del orden del día. Además, les comunico que el punto 9.º, que es una proposición no de ley presentada por Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, ha sido retirado por el grupo autor de la misma.

- SOBRE RESTABLECIMIENTO DE LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS MUJERES QUE SE REINCORPORAN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA POR CUENTA PROPIA, DESPUÉS DE LA MATERNIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/0000917).

El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en el punto 5.º, sobre el restablecimiento de las modificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para las mujeres que se reincorporan a la actividad económica por cuenta propia después de la maternidad, cuya autoría es del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y cuya defensa va a realizar el señor Campuzano, que tiene la palabra. Les recuerdo que los grupos autores de las iniciativas tienen siete minutos, los grupos enmendantes cinco -en este caso no pende ninguna enmienda sobre esta iniciativa- y los grupos que deseen fijar posición disponen de tres minutos. Adelante, señor Campuzano.


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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Esta proposición no de ley pretende corregir el error que a nuestro entender tuvo el Gobierno en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 julio, que suprimió las bonificaciones del cien por cien en las cuotas a la Seguridad Social de aquellas autónomas que después de haber terminado su baja por maternidad se reincorporaban a su actividad profesional. En la política de ajustes presupuestarios que el Gobierno ha ido impulsando durante esta legislatura, las políticas de empleo y las políticas activas de empleo han sido especialmente víctimas de estos ajustes, todo ello además, señorías, enmarcado en la discusión que hemos tenido en diversas ocasiones sobre la idoneidad o no de la política de bonificaciones a la Seguridad Social como buen instrumento de generación de empleo.

La bonificación en concreto que se suprimió en julio del año pasado y que afectaba a las autónomas que se reincorporaban a la actividad profesional después de su maternidad era precisamente una de aquellas bonificaciones que la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas, cuando analizaba la política de bonificaciones, recomendaba que tenía todo el sentido que continuase en marcha. Estamos hablando de un colectivo muy específico, muy concreto, mujeres autónomas, para el que pretendemos que la maternidad no sea un obstáculo para que puedan continuar ejerciendo su carrera profesional. Además, es un universo de personas relativamente pequeño. No estamos hablando de bonificaciones generalizadas sino muy vinculadas a un supuesto de hecho, retorno a la actividad profesional después de la maternidad, y para las mujeres. No disponemos de cifras, pero seguramente en 2012 casi 300.000 mujeres se beneficiaron de esta política y entre un 10 y un 15% debían de ser mujeres autónomas, teniendo en cuenta el peso que los autónomos tienen en el conjunto de cotizantes de la Seguridad Social. Es importante, pero no estamos hablando de una de esas enormes partidas presupuestarias en donde estuviese justificado ese recorte.

Por tanto, reclamamos retornar a la situación previa a ese real decreto compartiendo la idea de que precisamente lo que necesitamos son políticas que sean capaces de combinar dos objetivos de interés general y que van más allá de la coyuntura de esta crisis económica y de esta legislatura, el objetivo de una mayor incorporación de mujeres activamente en el mercado de trabajo, en este caso como autónomas, que es una de las garantías de éxito del funcionamiento de nuestra economía -precisamente desde la Unión Europea nos insisten en que haya más mujeres incorporadas activamente-, y que al mismo tiempo eso sea compatible con un aumento de nuestras tasas de fertilidad, de natalidad, que exige otras políticas que no terminamos desarrollar en materia de servicios a las familias, de mejores licencias parentales, de mayores ayudas a las familias. Son dos políticas imprescindibles más allá de esta crisis, en la mirada a medio y largo plazo que sobre la economía y sobre la sociedad deberíamos impulsar. En este sentido, precisamente aquellas mujeres autónomas que en el seno de sus hogares optan con sus parejas por tener hijos deben tener también incentivos, instrumentos para volver a reincorporarse a sus actividades profesionales. Más allá de la crisis, es una mirada en el medio plazo, y todo ello en un contexto en el que, a pesar de los avances que se han producido de manera sustancial en cuanto a la protección social de los autónomos, el recorrido en esta materia continúa siendo importante, desde la perspectiva que el Pacto de Toledo en su momento enunció de equiparación plena de la protección social entre autónomos y trabajadores del régimen general, de trabajadores por cuenta ajena. En esta cuestión concreta lo que hacía el Gobierno era crear una nueva discriminación para los trabajadores por cuenta propia, en este caso mujeres, cuando el camino a recorrer es el de avanzar en esa plena igualdad.

En esta misma legislatura y en el ámbito de los trabajadores autónomos, está suspendida la entrada en vigor, por ejemplo, de una vieja reivindicación del mundo del autónomo, que es el reconocimiento del trabajo de autónomos a tiempo parcial, que se aprobó en la reforma de pensiones de 2011, que entraba en vigor el 1 de enero de este año, que en la Ley de Presupuestos del año pasado se suspendió y cuya entrada en vigor se ha vuelto a suspender este año. Hay otra cuestión mucho más compleja y que los grupos han planteado en los debates de las enmiendas a la reforma de pensiones que estos días hemos estado discutiendo, como es la de que el régimen de cotización de los autónomos evolucione hacia un sistema más basado en los ingresos reales que perciben estos, que no estrictamente en la voluntad personal del autónomo. Es una cuestión compleja y les anuncio que hemos solicitado la creación en el Pacto de Toledo de una subcomisión parlamentaria -ya lo hemos formalizado en Mesa y portavoces de dicha Comisión- para analizar perfectamente esta cuestión, que, insisto, no es menor y tiene sus complejidades, pero que está ahí sobre todo cuando uno analiza las pensiones que están generando los autónomos que están incorporándose al sistema de pensiones en los últimos tiempos, donde las pensiones más bajas se están generando en el régimen de autónomos, donde buena parte de los problemas de mujeres solas o de viudas de autónomos se derivan también del régimen de cotización de sus maridos.


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Así pues, en materia de autónomos el camino a recorrer continúa siendo importante y no entendemos por qué el Gobierno, aparte de la lógica de la austeridad, ha hecho esta marcha atrás que perjudica la reincorporación de las mujeres autónomas a su actividad profesional. Nos gustaría que el grupo de la mayoría aprobase esta proposición no de ley, que va en la línea adecuada, en la línea de futuro, sobre una cuestión que, aparte de la coyuntura económica en la que estamos instalados, se necesita resolver de una vez por todas.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Quiero mostrar nuestro acuerdo con la propuesta que presenta el señor Campuzano y que nos trae Convergència i Unió a la Comisión. Estamos de acuerdo con la filosofía propuesta, creo que bien expresada por el proponente. Estamos de acuerdo también -y este era un punto que nos parece importante que ha sido también señalado por el señor Campuzano- porque no se puede contestar desde lo que la medida cargará, por defecto en este caso, a la caja de la Seguridad Social, entendemos que es perfectamente asumible, y estamos de acuerdo porque, en un mundo que batalla por la conciliación, medidas como esta y que empiezan por abajo nos parecen absolutamente fundamentales. Contará por tanto con el voto favorable del Grupo Mixto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos, por su capacidad de síntesis.

A continuación, por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, don Joan Coscubiela tiene la palabra.

El señor COSCUBIELA CONESA: Nuestro grupo va a dar su voto a favor a esta proposición no de ley de Convergència i Unió. Nos parece razonable. Queremos destacar que se trata de unas de esas medidas que iban dentro del buque portaviones de los recortes de julio de 2012, es decir, como consecuencia de los compromisos asumidos por el Gobierno español en relación con el famoso rescate bancario que nunca existió, pero que en estos momentos ya se ha recuperado y que continuamos pagando nosotros.

Dicho eso, entre las cosas sobre las que supongo que no debía dar instrucciones la Unión Europea, sino que debían ser de la cosecha propia del Gobierno, está esa incomprensible desaparición de las bonificaciones para las mujeres autónomas que se reincorporen al trabajo después del periodo de maternidad. La verdad es que no somos capaces de encontrar la razón por la cual se hizo, no somos capaces nosotros y tampoco han sido capaces de saberlo los autónomos y sus organizaciones, porque quiero recordar que esta es una medida que se aprobó sin ningún tipo de trascendencia pública, no fue anunciada por el Gobierno en la presentación de este decreto ley, ni tan siquiera fue recogida en la exposición de motivos, con lo cual tampoco sabemos por qué se hizo, y tampoco fue comunicada a las asociaciones de trabajadores autónomos, que, por cierto, de acuerdo con el artículo 21.b) de la Ley 20/2007, del Trabajo Autónomo, debían ser consultadas antes de una decisión de esta naturaleza.

Creemos que la medida no tiene mucho sentido. Afecta a un número importante de personas, sin duda siempre es incierto, pero, si los datos de los que disponemos no son erróneos, según una respuesta del Gobierno a una pregunta planteada -no por nuestro grupo-, parece que las personas a las cuales se les venía aplicando y han dejado de percibirlo son 18.100 mujeres y parece que el impacto de esas bonificaciones es de 4 o 5 millones de euros. Por la dimensión y por la cuantía creo que es un tema perfectamente asumible por parte de los presupuestos para 2014 y, sobre todo, tendría una cierta lógica.

Termino con otro argumento. Tendría lógica que eso se hiciera, además de porque es justo, porque no es normal que cuando se explican las políticas del Gobierno se ponga por delante el incentivo a la actividad de los emprendedores y emprendedoras y se insista mucho en el valor de la igualdad y en los derechos de las mujeres, y luego las políticas vayan en la dirección contraria, especialmente en apartados como este. Si ser mujer y trabajar ya es difícil, ser mujer, trabajar y ser autónoma lo es mucho más. Por lo tanto, si es verdad que existe algún resquicio de coherencia en el comportamiento del Gobierno en relación con su compromiso de incentivar la actividad emprendedora, lo lógico sería que hoy saliéramos de aquí con el voto favorable a esta propuesta y eso es lo que por nuestra parte vamos a hacer.

El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Socialista la señora Lucio Carrasco.


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La señora LUCIO CARRASCO: El Grupo Parlamentario Socialista va también a votar a favor de esta iniciativa, no en vano nuestro grupo parlamentario presentó una iniciativa con el mismo contenido el 25 de septiembre de 2012 y ha presentado en la Comisión de Igualdad otra que contiene esta petición al Gobierno de que restituya esas bonificaciones a las mujeres autónomas que después de su maternidad vuelven a su trabajo. Vamos a votar que sí porque de nuevo nos encontramos con una medida que consideramos contradictoria con lo que el Gobierno parece mostrar en sus discursos y nos parece injusta de nuevo con los trabajadores autónomos de este país, en este caso con las trabajadoras. Decimos contradictoria porque el Gobierno está supuestamente fomentando el autoempleo y el emprendimiento y, sin embargo, se olvida de apoyar a aquellas emprendedoras que quieren volver a desarrollar su proyecto empresarial una vez que han terminado su periodo de maternidad. Decimos también injusta porque consideramos que la protección de la maternidad es exactamente esto, es favorecer que las mujeres puedan tener los hijos que deseen sin tener que renunciar a su empleo ni a sus proyectos vitales, sobre todo en las circunstancias especialmente sacrificadas en las que las mujeres autónomas desarrollan su trabajo, por lo que habría que apoyarlas en mayor medida teniendo en cuenta esa situación e incentivar que volvieran al empleo, porque así estamos incentivando el autoempleo y el emprendimiento, estamos incentivando que las mujeres estén en el mercado de trabajo y estamos incentivando algo que no es menor, que es la maternidad.

Las medidas que están tomando nadan justo a contracorriente de lo que necesita el mercado de trabajo español. Favorecen el despido, devalúan los salarios, precarizan en el empleo, se dualiza cada vez más el mercado de trabajo y, además, han decidido apoyar solo a las nuevas trabajadoras y trabajadores autónomos, pasando por alto el gran número de autónomos y autónomas que están resistiendo la crisis con grandísimas dificultades y que no han sido beneficiarios de ningún apoyo por parte del Gobierno, de ninguno, sino todo lo contrario. No han tenido financiación, no han tenido ayudas, no han tenido apoyo. Muchos han tenido que cerrar y los que no han tenido que cerrar es a base de su sacrificio y del dinero de sus familias.

Las mujeres autónomas tenían una pequeña ventaja, pero también ha desaparecido. No sabemos si 18.000 mujeres que se han beneficiado de estas ayudas con 4 millones de euros es una cantidad tan grande que haga debilitar los presupuestos del Ministerio de Empleo. Por tanto, pedimos que se restituya esta ayuda y, de paso, que el Gobierno se replantee realmente cuáles son las medidas necesarias para mejorar el mercado de trabajo y mejorar en este caso la situación de las mujeres autónomas; que tome conciencia de la necesidad de proteger e incentivar la maternidad pero de forma útil, es decir, entre aquellas mujeres que desean tener hijos y no entre aquellas que no lo desean. Esto es lo que pedimos desde el Grupo Parlamentario Socialista, por lo que, por supuesto, votaremos a favor y seguiremos en el empeño de devolver a las mujeres autónomas está pequeña ventaja, este pequeño incentivo que tenían para poder tener tranquilamente sus hijos y poder volver a sus negocios y a sus empresas.

El señor PRESIDENTE: Para concluir este punto tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Popular doña Carmen Álvarez-Arenas.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señorías, voy a empezar por algo que me choca porque el señor Campuzano ha insistido en ello. Sé que él lo hace reiteradamente, contar siempre con el sector de referencia, en este caso el sector de los autónomos. Se ha hecho eco de ello para alguna otra cuestión como es la del tiempo parcial. También el portavoz de La Izquierda Plural ha hablado del sector de los autónomos y lo primero que tengo que decir es que, después de haber consultado con dicho sector, esta medida no les plantea ningún problema, no la requieren y ni siquiera saben de dónde viene este planteamiento. Digo esto tras las consultas que he hecho. Tienen otras muchas reivindicaciones, evidentemente muchas cumplidas, pero esta no es una reivindicación que hayamos conocido porque el sector de autónomos nos la haya planteado o porque esté principalmente preocupado por este tema.

Coincido con una parte muy sustancial e importante de lo que ha dicho la señora Lucio, tengo que decirlo. Para mí lo más importante es el derecho de las mujeres a la maternidad, a la que ellas quieran. Hemos luchado mucho, sobre todo en mi época, por una maternidad programada para poder regularla como queríamos, y ahora ha llegado el momento en el que muchas mujeres luchan por poder tener un hijo, situación diametralmente opuesta a la que tuvimos en mi etapa. Creo que ese ha sido un salto cualitativo y que ahora también hay que atender. Por lo tanto, en ese discurso me van a encontrar a mí y a mi grupo, porque soy absolutamente defensora de la libertad de las mujeres para planificar su vida como quieran y en este sentido de la maternidad, más todavía.


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Dicho esto, que además es un bien social indiscutible y discutido, tenemos que medir las cosas en sus justos términos. Hemos tenido aquí muchos debates y en la pasada legislatura hubo un estudio con una comparecencia sobre la racionalización de las bonificaciones, porque es algo que de alguna manera hay que racionalizar. Señorías, el dinero es escaso, todos sabemos la situación en la que estamos. Aquí se ha hablado de que se han hecho recortes y he oído de nuevo lo del rescate bancario. No. Aquí ha habido unos principios de racionalidad en muchas medidas, de eficiencia en otras muchas, de aplicarlas de una manera más eficiente, porque ha habido tres principios fundamentales: la racionalización y la eficiencia, para conseguir el control del déficit presupuestario, y el equilibrio presupuestario. Sin esos principios no estaríamos donde estamos, estaríamos de donde venimos, que es de un déficit excesivo y en el límite de ser intervenidos. Eso tiene un valor en sí mismo que estamos viendo hoy con todos los estudios que se están haciendo por los centros especializados, que están diciendo que España va a crecer incluso más de lo que se preveía para el próximo año, pero evidentemente hay que racionalizar y hay que dar un uso eficiente a los recursos públicos que son de todos. Ahí hubo unas recomendaciones y se mencionaron unos sectores a los que había que atender de manera prioritaria en relación con las bonificaciones.

Después de estos argumentos generales, vamos al tema concreto de las autónomas y la maternidad. Primero, tan importante es la maternidad de una mujer que está en el sector de autónomos como la de la que trabaja por cuenta ajena y no sé que ninguna de estas últimas tenga bonificación cuando se incorpora a su puesto de trabajo. (Varios señores diputados: Sí, sí tienen). Tienen durante su maternidad, pero también la tienen las autónomas, señorías. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez-Arenas, le ruego concrete porque ha finalizado su tiempo.

La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: En relación con las autónomas el Real Decreto-ley 20/2012 lo que dice es que hay una bonificación del cien por cien para las personas que se contratan con contratos de interinidad a suplir a una autónoma durante el periodo de maternidad, luego durante su periodo de maternidad están cubiertas y evidentemente después se pueden reintegrar. Y si lo hacen de nuevas -cuestión en la que también coincido con todas sus señorías, es decir, en la importancia del trabajo autónomo y en que tenemos que potenciar que las mujeres también lo sean-, evidentemente tienen todas las medidas que hay de tarifa plana, que no voy a reiterar, y por lo tanto ya incluso sin ningún límite de edad. (Rumores). Entendemos que no ha lugar a esta reivindicación que puede ser, insisto, muy loable, pero en este contexto y en este momento entendemos que la maternidad de las autónomas está atendida por la vía de las sustituciones de los contratos durante su periodo de maternidad y por sus posibilidades de reincorporación después a su propia actividad.

- SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS EN CASO DE DESLOCALIZACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001314).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día sobre el cual tampoco pende ninguna enmienda, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre la devolución de ayudas públicas en caso de deslocalización, para cuya defensa tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: De hecho, señor presidente, si tuviera que titular esta iniciativa parlamentaria lo haría de la siguiente manera: multinacionales y transnacionales sí, todas las posibles y más, pero con responsabilidad social. En el contexto de una economía liberal globalizada, las empresas transnacionales y multinacionales -en los últimos años lo hemos comprobado- se trasladaron, se deslocalizaron desde nuestros territorios para buscar un incremento de beneficios en países donde las garantías sociales, laborales y medioambientales estaban o bien más limitadas o incluso reprimidas. Esta deslocalización se hacía para reducir costes laborales y supuso evidentemente una pérdida de puestos de trabajo, a veces solo una reducción pero en otras ocasiones una verdadera deslocalización. Los Gobiernos, los centrales y también los autonómicos, ante esta amenaza desplegaron en los últimos quince o veinte años ayudas de todo tipo para retener la producción, para mantener el empleo y a veces lo consiguieron parcialmente, porque las empresas de este tipo mantenían congelados los procesos de deslocalización, pero al final los descongelaban cuando ya habían exprimido a veces los recursos de las administraciones.

Hoy día se habla de que es posible que contemplemos o iniciemos una etapa en la cual algunas de las deslocalizaciones que se produjeron en los últimos años tiendan a regresar. El escenario actual, a través de las reformas laborales, también a través de las devaluaciones salariales, nos hace suponer que en el escenario de los próximos años la Europa del sur se convierta en una cierta maquila de la Europa


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del norte, de la misma manera que los mexicanos se han convertido en la maquila de los Estados Unidos. Puede ser que deslocalizaciones de empresas transnacionales que se efectuaron en los últimos diez años tiendan a regresar atendiendo al incremento de los gastos logísticos de producciones que se desplazaron hacia los estados asiáticos, o incluso también por el incremento de los costes laborales en estos Estados de Asia. Por ello entendemos que toca y ahí está el interés -entrecomillado para no caer en ningún tipo de petulancia- de esta iniciativa de instar al Gobierno a corregir errores que se cometieron hace algunos años, que creo que se visualizaron de manera muy clara cuando las administraciones, un tanto chantajeadas por esas empresas, hicieron grandes esfuerzos para ayudarlas invirtiendo o ayudando en procesos de investigación o de creación de proyectos empresariales para que no se deslocalizaran, sin garantizar ningún tipo de contrapartida. Este fue un error que se ha vivido y que todavía se vive en algunos casos. Ahora podría citar el nombre de algunas empresas que todavía están amenazando con deslocalizarse, pero habría muchas más en los últimos años que se han deslocalizado sin asumir la responsabilidad social que deberían tener con el territorio en relación con los recursos públicos que recibieron. Quizás en el sector de la automoción ha sido en el que ha habido mayores responsabilidades por parte de estas empresas, aun cuando es cierto que los trabajadores han tenido que pagar la prenda de aceptar unas condiciones laborales peores e incluso devaluaciones salariales.

Todos hablamos de la necesidad de un nuevo modelo productivo. Hablamos de la necesidad de generar valor añadido, productos de excelencia, porque la batalla de la mano de obra, del precio de la mano de obra está perdida o casi perdida, y todo el mundo habla de la necesidad de tener más infraestructuras, de incrementar la productividad, de una mayor socialización de la formación y de la educación, de generación de conocimiento y capacidad para transferirlo. Hablamos de saber combinar la flexibilidad laboral con la responsabilidad de la empresa, de atraer centros de decisión empresarial. Son una serie de parámetros que deben actuar para poder conformar un nuevo modelo productivo. Pero eso no quita, repito, que sea muy importante que los Gobiernos modifiquen aquellas normativas y aquellas leyes, de forma que o bien obliguen a las empresas transnacionales que reciben ayudas públicas a retornarlas -en el caso de que no asuman una serie de responsabilidades y de compromisos para con el territorio, para con la sociedad- o bien establezcan cláusulas de salvaguarda. Lo que no puede ser es que aceptemos de nuevo, atendiendo a nuestras necesidades, un escenario de barra libre y que las empresas que muestren interés en invertir en nuestros territorios no se vean obligadas a mantener alguna cláusula de garantía de responsabilidad. Me fijo solamente como referente en la participación por ejemplo de los poderes públicos en los consejos de administración de Volkswagen. Creo que hay que ir hacia un tipo de nueva legislación que equilibre un tanto las necesidades de ayudar, de ser atractivos para que seamos receptores de inversiones y, a la vez, ser también exigentes hacia estas empresas a fin y efecto de que no se puedan ir de rositas cuando convenga en este nuevo escenario que al parecer, según hablan los economistas, está al caer.

El señor PRESIDENTE: A continuación, intervendrán los grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la palabra. Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Señor presidente, nuestro grupo va a dar su voto a favor de esta proposición no de ley de ERC en el ámbito del Grupo Parlamentario Mixto. Lo hacemos por dos razones, primero porque coincidimos con ella, segundo porque además refleja iniciativas que hemos venido planteando por nuestra parte ya en la anterior legislatura en relación con un problema que no ha dejado de existir, porque a pesar de que sin duda el escenario económico es distinto, quienes conocen o conocemos el mundo de las relaciones laborales sabemos que en estos momentos esa situación de riesgo de instrumentalización de los recursos públicos por parte de empresas multinacionales que no cumplen con las obligaciones derivadas de los compromisos asumidos está muy presente desgraciadamente en nuestro tejido económico.

Es verdad que en una economía globalizada la intervención de los poderes públicos es compleja, sobre todo porque el concepto de soberanía es un concepto muy distinto al del siglo XIX y al del siglo XX y porque los márgenes de maniobra de los poderes públicos estatales o supraestatales en relación con empresas transnacionales es limitado, pero que sea limitado no quiere decir que no exista. El escenario que deberíamos dibujar en nuestro país -creo que en eso también hay una cierta confusión- no es tanto una oposición a los procesos de multilocalización de las empresas trasnacionales, sino a los procesos de deslocalización buscando reducción de costes y al mismo tiempo ventajas competitivas, en algunos casos incluso vulnerando normativas comunitarias, cuando no jugando con el miedo de la ciudadanía. A lo que


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deberíamos aspirar es a ese concepto de que las empresas que están en estos momentos instaladas en nuestro país puedan multilocalizarse sin necesariamente deslocalizarse, y no es un juego de palabras, es una estrategia completamente distinta. En ese sentido, el margen que tienen los poderes públicos va orientado a dos líneas de políticas públicas: las regulatorias y las incentivadoras. Desgraciadamente, las regulatorias, como consecuencia de una concepción llamada liberal pero que en el fondo es intervencionista de clase, están desapareciendo. Cada vez más desde los poderes públicos se renuncia a intervenir en el ámbito regulatorio, como hemos podido comprobar en el ámbito de la desaparición de la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo de la última reforma laboral. En el ámbito de las políticas incentivadoras aún existe alguna posibilidad, y una de ellas es condicionar las ayudas.

Ya tenemos límites, los límites de la normativa comunitaria, que muchas veces se saltan haciendo trampas, pero permítanme para terminar apuntar solo dos. A estas empresas se les debe exigir que establezcan estrategias de cooperación con las empresas que colaboran con ellas, que muchas veces son pequeñas y medianas empresas, y que los recursos de formación no sean solo para ellas, sino para el conjunto del mundo empresarial. En segundo lugar, sobre todo, que cumplan sus compromisos, y cuando no los cumplan, la cláusula de retorno de esas bonificaciones, de esas ayudas públicas, debería ser condición sine qua non de cualquiera de esas ayudas. Esa es la única garantía que tenemos los ciudadanos de este país y sus representantes políticos de que no se nos ponga cara de tonto permanentemente. Perdón, he dicho tonto. Disculpe. No sé si se puede decir.

El señor PRESIDENTE: Viene en el diccionario esa palabra, de manera que la puede usted utilizar.

El señor COSCUBIELA CONESA: Ah, ¿todas las que vienen en el diccionario se pueden utilizar?

El señor PRESIDENTE: Otra cuestión es a quién la aplique y cómo la aplique. (Risas). Eso ya es diferente.

La señora Esteve, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.

La señora ESTEVE ORTEGA: Mi grupo también va a dar el voto favorable... (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Discúlpeme, señora Esteve. Sabe que la aprecio mucho y he decidido apresuradamente darle la palabra.

La señora ESTEVE ORTEGA: Es mutuo.

El señor PRESIDENTE: Pero al señor Campuzano también le aprecio y además tiene el derecho a intervenir previamente.

Señor Campuzano, adelante y discúlpeme.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Todo lo contrario, siempre es un placer que la señora Esteve me adelante, no habría ningún problema. (Risas.-Un señor diputado: Puede ser que sea por la izquierda). Hay días que por la izquierda y hay días que por la derecha.

En relación con la cuestión de fondo que nos plantea el señor Tardà, es evidente que en términos de responsabilidad social de las empresas y de las responsabilidades de las administraciones públicas respecto a una gestión diligente y adecuada de los recursos públicos no tenemos ninguna duda en apoyar la iniciativa, al menos en los términos filosóficos en que nos lo plantea. Por tanto, votaremos a favor de la misma. Sin embargo, hemos de reconocer que en la implementación práctica de una política de estas características todo ello tiene un punto de mayor complejidad. Para no citar ningún caso de España ni de Cataluña, mientras le escuchaba me venían a la memoria algunas polémicas planteadas en Francia en relación con la marcha de algunas empresas multinacionales en el Estado vecino, que ante los intentos del Gobierno de reclamar el retorno de ayudas públicas que habían recibido estas empresas, finalmente eso no se pudo ejecutar por las consecuencias que tiene en relación con la capacidad de atracción de inversión extranjera directa en el propio país.

El señor Tardà y yo compartimos que en Cataluña, nuestro país, la vocación de la política industrial pasa también por ser capaces de atraer capital extranjero para invertir en la creación de puestos de trabajo de carácter manufacturero en un contexto en el que yo tengo una visión quizá menos pesimista que él sobre la imperiosa necesidad de reindustrializar nuestra economía, entre otras cuestiones porque


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los mejores sueldos siempre los vamos a encontrar en el sector manufacturero más que en el sector servicios. Por tanto, en el supuesto de que tuviésemos la necesidad de implementar esta idea, las complejidades serían mucho mayores. Eso no quita que si hubiese retorno de dinero, de recursos públicos que hubiesen recibido empresas multinacionales que marchasen de Cataluña o de España, nos podríamos plantear dedicar una parte de esos recursos a la recualificación profesional de los trabajadores que hubiesen perdido el trabajo o a programas de reindustrialización de la zona donde estaba operando esa empresa. Por tanto, se nos abrirían oportunidades. A partir de ahí, señor Tardà, compartimos la propuesta en lo filosófico, ese punto de escepticismo de cómo lo podríamos implementar, y en cualquier caso mostramos nuestro apoyo a la misma.

El señor PRESIDENTE: Ahora sí, doña Esperanza Esteve tiene la palabra.

La señora ESTEVE ORTEGA: Decía que mi grupo va a dar el voto favorable a esta iniciativa. Hace un rato comentaba con el señor Tardà que quizá esta proposición no de ley se plantea en un momento en el que no existe una presión importante a la que debamos dar una respuesta inmediata. Él me decía que no estaba muy seguro de si esto debía presentarlo hoy, hace medio año o dentro de un tiempo. En todo caso, yo digo al señor Tardà y a la Comisión que me parece acertado que abramos este debate en un momento en el que la presión no es la mayor. Es como muchas veces deberíamos hacer las cosas, con la tranquilidad que nos da el tiempo disponible en sede parlamentaria.

Este es un tema que ha sido complejo -las anteriores intervenciones han ido por ahí-, que a veces como país nos ha beneficiado y a veces nos ha perjudicado como sociedad. Si recordamos los años sesenta y setenta, cuando muchas empresas del norte de Europa trasladaban sus fábricas a España con el objetivo de abaratar sus costes, sobre todo en mano de obra y por la compra de suelo industrial para poder construir, a ellos les salía a cuenta y a nosotros nos hacía aumentar la empleabilidad, aun en unas condiciones de poca generación de valor añadido en algunos casos, en otros no. En algunos casos fue muy coyuntural y las empresas pasaron por aquí sin pena ni gloria, pero otras dejaron una huella importantísima, como fue la industria de la automoción. Volkswagen, Nissan, Renault o Ford dejaron una impronta importante en nuestro territorio y dejaron también investigación, mayores niveles de productividad y niveles de calidad que han sido una base importante para nuestra sociedad. En otros casos no fue así, como decía, y no se aprovechó, o nosotros como país, como sociedad, o los Gobiernos no aprovecharon suficientemente la oportunidad para generar valor añadido a la ocupación que se creaba e ir configurando nuestro propio sistema productivo, basado en la modernización y la adaptación a las nuevas necesidades sociales y económicas que se acercaban para conseguir algo fundamental, que era mejorar la productividad, la calidad y la competitividad, es decir, para prepararnos para el futuro.

Más adelante nosotros hemos hecho lo mismo. Parte de nuestras empresas recientemente se deslocalizaban, sobre todo en Marruecos, y ha habido una cierta repetición por los mismos motivos por los que los países del norte vinieron aquí: compra de suelo industrial a bajo coste, recibir ayudas para la inversión en algunos casos y aprovechar las malas condiciones laborales y de explotación para conseguir beneficios rápidos, empobreciéndonos como país, porque de esto no ha habido retornos en forma de know how, que ha sido bastante escaso. Otra cosa -voy acabando- son las ayudas a la inversión en los países del Magreb, donde la instalación de empresarios y de fábricas y la contratación de población nacional ha sido una oportunidad para el codesarrollo, para frenar la emigración desbocada hacia España. Hoy la realidad nos demuestra que no siempre sale a cuenta económicamente hablando...

El señor PRESIDENTE: Señora Esteve, le ruego concluya.

La señora ESTEVE ORTEGA: Me enrollo, ¿verdad? (Risas).

El señor PRESIDENTE: También viene en el diccionario.

La señora ESTEVE ORTEGA: Ni nuestra relación salva esto.

Voy acabando. Déjeme poner un ejemplo, señor presidente. Otra cosa es la internacionalización o transnacionalización de la que hablaba el señor Coscubiela, a lo que no debemos renunciar en un mundo global, sino todo lo contrario. Déjenme que les ponga un ejemplo.

El señor PRESIDENTE: Con brevedad, ya que ha trascendido su tiempo de forma amplia.


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La señora ESTEVE ORTEGA: La empresa Roca, que ha invertido para fabricar nuevas líneas de sus productos en los países de destino y aquí revertir beneficios; en Polonia, Rusia, Brasil y Portugal. Lo que recomendaría para acabar es que este debate esté abierto en Europa, que debemos avanzar en normas comunes que pongan en valor la calidad, la investigación, la productividad, la competitividad y su utilidad.

El señor PRESIDENTE: Señora Esteve, lleva más de un 50% de su tiempo, le ruego que termine.

La señora ESTEVE ORTEGA: Déjeme acabar, presidente.

El señor PRESIDENTE: Pero acabe.

La señora ESTEVE ORTEGA: Déjeme acabar con estas palabras. Exigir el retorno de las modificaciones es una obligación que tenemos, apelando al buen uso de lo recursos públicos y, sobre todo, apelando a la responsabilidad social de las empresas.

El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Jesús Susinos.

La señora SUSINOS TARRERO: La proposición no de ley que estamos debatiendo en este momento, en su petitum, lo que solicita el señor Tardá es que se realicen las modificaciones legales oportunas con la finalidad de que las ayudas públicas o subvenciones concedidas a empresas en relación con la investigación, la creación o el desarrollo de sus proyectos empresariales sean devueltas en el caso de que estas decidan trasladar la producción a otro país. Como muy bien sabrá el señor Tardá, la normativa básica en esta materia se encuentra regulada en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006. También conocerá que el otorgamiento de las subvenciones siempre debe ir precedido por una norma que establece las bases reguladoras de esa concesión, bases que deben de incluir el objeto de la subvención, el plazo y la forma de la justificación por parte del beneficiario, junto con los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención que resultara aplicable para determinar la cantidad que finalmente deba de percibir el beneficiario en su caso y que de deberá reintegrar, dependiendo del principio de proporcionalidad.

Señorías, con carácter general, los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas están obligados por la Ley 38/2003 a emplear la ayuda concedida para lograr el objetivo para el que se concedió y, además, deben de someterse a las actuaciones de comprobación pertinentes. El control financiero de las subvenciones es ejercido por los órganos correspondientes de la Administración concedente y, en todo caso, por la Intervención General de la Administración del Estado, existiendo un régimen de infracciones y sanciones en la materia. Señor Tardá, las causas del reintegro del importe de ayudas públicas se encuentra previsto en esta normativa general reguladora de subvenciones, concretamente en el título II de la mencionada Ley 38/2003, así como también en la normativa específica de la Administración concedente. A ella es a donde debe ajustarse el procedimiento de devolución de las ayudas cuando proceda en el caso de traslado de las empresas beneficiarias. Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular no vamos a apoyar esta proposición no de ley porque no consideramos necesario realizar ningún tipo de modificación legal al respecto.

- SOBRE DERECHOS DE LOS TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS DEL SECTOR MANIPULADOR HORTOFRUTÍCOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001914).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto 8.º del orden del día, sobre derechos de los trabajadores fijos discontinuos del sector manipulador hortofrutícola, cuya autoría es del Grupo Parlamentario Socialista y para cuya defensa tiene la palabra don Carlos Arteseros.

El señor CAMPOS ARTESEROS: Señor presidente, es Herick Campos Arteseros.

¿Por qué esta iniciativa? Esta iniciativa de los socialistas responde a unas movilizaciones hechas por los trabajadores de Callosa d'en Sarrià del sector manipulador hortofrutícola y también unas movilizaciones convocadas y apoyadas por la Federació d´Industria i Treballadors Agraris del País Valencià de la UGT, que tuvieron que movilizarse ante la sede de Benidorm por unos hechos que ahora voy a describir y que


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en el caso concreto de la Comunidad Valenciana pueden afectar a más de 80.000 trabajadores. De ahí la implicación de nuestro secretario general, Ximo Puig, en esta iniciativa.

¿Qué denunciaba FITAG, País Valenciano, UGT y los trabajadores? Los trabajadores fijos discontinuos del sector manipulador hortofrutícola, que se rigen por la Orden de 30 de mayo de 1991, tienen una serie de cotizaciones a efectos de la pensión mayores que los días naturales que trabajan. Se dieron cuenta la temporada pasada, entre julio y agosto, cuando fueron a inscribirse en el paro y a cobrar la prestación por desempleo que habitualmente habían cobrado, que de repente SEPE decía que no tenían derecho a esa prestación por desempleo y que tenían que esperar a que se cumplieran los días naturales si contaran esa sobrecotización que se hace a efectos de pensión. Nos surgían dudas. ¿En qué situación se encuentran estos trabajadores y trabajadoras ya que no están dados de alta en la empresa porque han finalizado su actividad y no están dados de alta tampoco en SEPE, ni cobran la prestación por desempleo? En el caso concreto de la zona de Marina Baixa puede ser que durante setenta y ocho días estas personas no cobren nada, algo que no esperaban ni que antes se hacía. ¿Qué ha provocado esta situación? Una circular interna de SEPE. No una normativa, no una ley, no un real decreto que permita un debate político público donde haya una posición, una explicación. No, no. Nocturnidad y por la puerta de atrás. El Gobierno de España aplica un nuevo recorte a los trabajadores, en este caso a los trabajadores de manipulación hortofrutícola, que se enteran cuando van allí y ven que no tienen, según el funcionario de turno, derecho a esa prestación. ¿A qué recurren? A presentar un recurso donde explican detalladamente sus razones. ¿Cuál es el problema? Que tienen que esperar a que se resuelva, y en muchos casos ya se han vuelto a incorporar al trabajo sin haber tenido esos días que antes sí se les pagaba como prestación por desempleo porque tenían derecho a ello.

Es un ejemplo más de una decisión ineficaz e injusta del Gobierno de España para salir de la crisis. Es ineficaz porque como pasó con su reforma laboral, que no ha generado empleo pero sí miedo en los trabajadores, contrae aún más, si cabe, el consumo en muchos pueblos, lo que, a su vez, genera más desempleo en otros sectores. Es ineficaz porque se suma a otros recortes en la modernización de regadíos o en el desarrollo rural, afectando de forma especial a pueblos. Es ineficaz porque lo hace sobre un sector competitivo que necesita que sus trabajadores no sean trabajadores que casualmente pasan por este sector, sino que se consoliden y sean trabajadores cada vez más cualificados. Decía que era también injusto porque es un nuevo recorte de derechos, especialmente en unos trabajadores que ya tienen una serie de condiciones y salarios muy restringidos.

¿Qué pedimos desde el Partido Socialista? Como indica la iniciativa, que se realicen los cambios oportunos en la normativa vigente, así como las directrices sobre los criterios que deben seguir las oficinas de SEPE, cualquier funcionario público del Gobierno en sus departamentos y organismos a la hora de reconocer el derecho de cobro de prestación por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos del sector manipulador hortofrutícola, de tal forma que lo cobren de forma inmediata, una vez causen baja de la empresa que les contrató, siempre y cuando cumplan los requisitos de cotización, con independencia de que cuenten con más días cotizados que días naturales les corresponderían. Pedimos también que el cumplimiento del punto anterior de lo que acabo de decir incluya el carácter retroactivo a aquellas personas que dejaron de cobrar un derecho que tenían que haber recibido por unos días, en algunos casos hasta setenta y ocho días, en la zona del níspero de la Marina Baixa en la que también hay cítricos. Pedimos que se establezca una mesa de trabajo con los sindicatos -por cierto, no se han querido sentar con los sindicatos a dialogar; simplemente en una reunión casual sobre otro tema se hizo un comentario y se dijo: esto se va a mantener, no hace falta que planteen nada porque nosotros vamos a seguir- para dar cumplimiento a los puntos 1 y 2 que acabo de mencionar, y con independencia de que se hayan de cumplir los puntos anteriores en un plazo no superior a un mes desde la aprobación de la presente, de forma inmediata, el SEPE emitirá un comunicado interno para que su personal dé cumplimiento inmediato a los puntos 1 y 2, de tal forma que se tramite el cobro de la prestación por desempleo de forma inmediata a aquellos trabajadores de este sector que fueran a solicitarlo después de haberlo pedido. Pedimos al resto de grupos su apoyo a esta proposición no de ley y que el grupo mayoritario sea sensible a la situación que viven estos trabajadores.

Vuelvo a decir que no lo entendemos; hay veces que no se entienden las medidas que toma el Gobierno de España, porque no sabemos si hay un garbanzo contador allí que echa las cuentas de cuánto se puede ahorrar con esto, pero no tiene en cuenta, como decía antes, que introducir cambios determinados en el marco laboral, en el marco de la prestación por desempleo, al final lo que hace es generar miedo en los trabajadores, de tal manera que aunque tengamos cerca de 17 millones de personas trabajando, estas


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mismas personas contraen el consumo y no realizan más consumo porque están asustadas, porque antes sí sabían en qué condiciones trabajaban, en qué condiciones se les despedía y en qué condiciones cobraban una prestación por desempleo. Ustedes lo que han conseguido con su reforma laboral, con su política laboral, como vemos en este caso, es que los trabajadores no tengan claro cuáles son sus condiciones. Eso hace que se contraiga el consumo, porque la gente tiene miedo a qué puede pasar cuando trabaja y cuando no trabaja. Es un error político, un error además injusto que pedimos que corrijan en este caso concreto apoyando esta iniciativa y en cualquier caso el Gobierno haciendo los cambios oportunos.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le pido disculpas porque este presidente ha expresado mal su nombre. Es Campos Arteseros, para que figure así adecuadamente a efectos del "Diario de Sesiones". (El señor Campos Arteseros: Tengo un nombre muy raro.)

¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa). Por La Izquierda Plural, el señor Coscubiela tiene la palabra.

El señor COSCUBIELA CONESA: Quiero expresar nuestro voto favorable a esta propuesta. Si hemos entendido bien, y creo que sí, porque tanto su presentación como su explicación no deja lugar a dudas, se trata de una actuación de los servicios públicos de empleo estatal con un colectivo, el de los trabajadores fijos discontinuos, que no tiene ninguna lógica jurídica. El Servicio Público de Empleo Estatal va contra sus propios actos, cambia de criterio, pero además lo hace vulnerando la propia naturaleza de la prestación reconocida. Es evidente que si en estos momentos la orden que regula la situación especial dentro del régimen general de la Seguridad Social de esos trabajadores determina que por cada día de trabajo se les compute 1,61 días de cotización si la jornada es de lunes a viernes, y 1,33 días de cotización si la jornada es de lunes a sábado, es normal que al hacer el cómputo de esos días aparezcan más días cotizados que días naturales, por tanto, desde esa perspectiva no puede argumentar el Servicio Público de Empleo una razón que se desprende en pura lógica jurídica de la propia norma aprobada en su momento por el Gobierno de turno. Estamos deseosos de escuchar las argumentaciones del resto de grupos por si hubiera alguna que considerara justificada esta situación y, si nos convence, hasta cambiaríamos la orientación de nuestro voto, si tuviera alguna lógica jurídica. Pero como de momento no la vemos y sí vemos la justeza del planteamiento que se hace, nuestro voto va a ser a favor.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Juan Bertomeu.

El señor BERTOMEU BERTOMEU: Señorías, la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista para su debate en esta Comisión ya tuvo respuesta del Gobierno el pasado 4 de noviembre del presente año a través de una pregunta escrita que se formuló, en la que se clarificó que cabe señalar que el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, prevé que en aquellos regimenes de la Seguridad Social en que así resulte necesario podrán establecerse sistemas especiales exclusivamente en alguna o algunas de las siguientes materias: encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación.

El Grupo Parlamentario Socialista afirma que el SEPE, a su criterio y por instrucciones internas, considera que durante los días de exceso de cotización no se puede percibir la prestación por desempleo o el subsidio por desempleo, así como que ahora el SEPE considera que el nacimiento del derecho será, si hay exceso de cotización, cuando finalice el último día cotizado, con lo que se está obviando que dichos criterios son consecuencia de la modificación normativa de los artículos 209 y 210 de la Ley General de la Seguridad Social realizada por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, de acuerdo con lo cual el artículo 209, en su apartado 3, dice que en el caso de que el periodo que corresponda a las vacaciones anuales retribuidas no haya sido disfrutado con anterioridad a la finalización de la relación laboral o con anterioridad a la finalización de la actividad de temporada o campaña de los trabajadores fijos discontinuos, la situación legal de desempleo y el nacimiento del derecho a la prestación se producirá una vez transcurrido dicho periodo, siempre que se solicite dentro del plazo de los quince días siguientes a la finalización del mismo. El citado periodo deberá constar en el certificado de empresa a estos efectos. Y el artículo 210, en su apartado 4, dice que el periodo que corresponde a las vacaciones al que se refiere el apartado 3 del artículo 209 se computará como periodo de cotización a los efectos previstos en el apartado 1 de este artículo y el apartado 2 del artículo 216, y durante dicho periodo se considerará al trabajador en situación asimilada a la de alta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 125.1 de esta ley.


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La Orden de 30 de mayo de 1991 introduce los criterios que deben seguirse a fin de la consideración de los días festivos y de vacaciones como cotizados a efectos del reconocimiento del derecho a prestaciones; en efecto, su artículo 6 regula el cómputo de periodos a efectos del derecho a prestaciones. Por tanto, en el reconocimiento de una prestación por desempleo, para calcular el periodo de ocupación cotizado en trabajos encuadrados en el sistema especial de frutas, hortalizas e industrias de conservas vegetales, el SEPE multiplica los días trabajados por el coeficiente que proceda: 1,33 si las jornada es de lunes a sábado, o 1,61 si es de lunes a viernes. En coherencia, cuando se produce un exceso de cotización, el Servicio Público de Empleo Estatal considera que durante dichos días de exceso de cotización, que serán tenidos en cuenta para el cálculo de la duración, no se puede percibir la prestación por desempleo. La razón estriba en que, como dice la propuesta, estas cotizaciones se tienen en cuenta para el derecho a prestaciones -jubilación, desempleo, etcétera-, por lo que resultaría contrario a la legislación que dichas cotizaciones fueran realizadas para generar derechos y sin embargo no se tuvieran en cuenta para determinar el nacimiento del derecho a las prestaciones por desempleo. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular no va a dar apoyo a esta PNL.

- SOBRE MEDIDAS PARA LA MEJORA DEL CONTRATO A TIEMPO PARCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/002070).

El señor PRESIDENTE: Concluido este punto del orden del día y retirado el punto 9.º, pasamos a continuación a debatir el punto 10.º, cuyo autor es La Izquierda Plural, sobre medidas para la mejora del contrato a tiempo parcial. Para su defensa, tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: El texto de nuestra proposición no de ley ya es suficientemente ilustrativo de qué proponemos, pero sobre todo de por qué lo proponemos. Me atrevo a decir en esta Comisión, y espero que la vida lo confirme, que más pronto o más tarde este planteamiento que estamos haciendo nosotros va a tener que ser recogido por este Congreso, no sé si en esta legislatura o en otra, no tanto porque lo planteemos nosotros, sino porque la actual situación de la regulación a tiempo parcial, junto con los cambios producidos en materia de Seguridad Social, están a punto de provocar un profundo boquete en la calidad del empleo y un pozo sin fondo en los ingresos de cotización a la Seguridad Social.

Este diputado es consciente de que el contrato a tiempo parcial es una modalidad contractual destinada a cubrir las necesidades de las empresas con una mayor flexibilidad que la del contrato a tiempo completo, eso no lo ponemos en duda, lo digo porque en otro debate anterior en relación con una intervención del señor Campuzano parecía que nosotros eso no lo entendíamos. Lo entendemos perfectamente, y sabemos también que desde el año 1980 la legislación española lleva intentando encontrar ese equilibrio entre los mecanismos de flexibilidad necesarios para las empresas y los mecanismos de seguridad jurídica necesarios para los trabajadores. Desgraciadamente, ese equilibrio no se ha encontrado, porque, en el fondo, el motor de esa regulación pasa siempre por ofrecer a las empresas mecanismos de desregulación que no son exactamente de flexibilidad, sino que son mecanismos que lo que hacen es deteriorar la relación laboral.

Eso es exactamente lo que ha pasado y multiplicado por cien con la última reforma laboral recogida en la Ley 3/2012, una reforma laboral que, a nuestro entender, bajo el argumento de una mayor flexibilidad contractual, abre unas posibilidades de desregulación en el contrato de trabajo que están provocando al menos tres factores de distorsión significativos. En primer lugar implica un proceso no natural sino forzado por la política de cruces de incentivos por la cual empresas que tenían a trabajadores con jornada completa les están forzando a la sustitución de ese contrato por otro de jornada a tiempo parcial, con una prolongación de la jornada de manera estructural. Eso desgraciadamente está pasando y no en escasa dimensión, y cualquiera que se mueva en el ámbito de las relaciones laborales lo podrá comprobar. En segundo lugar la necesaria flexibilidad del contrato a tiempo parcial para que en algunos momentos las empresas puedan ampliar su jornada por necesidades productivas -que hasta esa reforma se venía resolviendo por la vía de las obras complementarias- está provocando que ese equilibrio haya saltado por los aires. En estos momentos la legalización por parte de la Ley 3/2012 de las horas extraordinarias está originando un uso estructural y abusivo de esa figura de las horas extraordinarias como forma de prolongar de manera habitual la jornada ordinaria, con lo cual la ordinaria legalmente es una, pero la ordinaria entendida como la habitual es otra; eso desgraciadamente está pasando, con el agravante de que esas horas extraordinarias en muchos de los casos no son declaradas. ¿Qué impacto tiene eso? Tiene un doble impacto. En primer


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lugar sitúa al trabajador en una posición de indefensión y mayor precariedad porque no hay que olvidar que ese trabajador -perdón, trabajadora en un porcentaje de tres de cada cuatro- tiene una vida personal, y el hecho de que se le pueda modificar permanentemente su jornada usando las horas extraordinarias con el poco requerimiento de anterioridad que se establece en la ley le pone claramente en una situación de indefensión en su vida personal; eso cualquiera que lo haya vivido sabe que es un problema. Eso provoca esta situación pero al mismo tiempo un uso irregular de las horas extraordinarias como un mecanismo de subdeclaración de salarios. Hablamos mucho de la economía sumergida pero hay un factor de la economía legal que es el de la subdeclaración de salarios que cada vez es más importante, y en estos momentos ese factor de subdeclaración está cogiendo la autopista que la reforma laboral de 2012 abrió en relación con las horas extras en los contratos a tiempo parcial.

Además, insisto, eso está provocando un problema también de reducción de los ingresos por cotizaciones. Permítanme los diputados y diputadas de la Comisión que sugiera -aunque seguro que lo han hecho- que vean la curiosa coincidencia que se produce en la encuesta de población activa a partir del tercer trimestre del año pasado; justo a partir del momento en que empieza a entrar en vigor con toda su integridad la reforma laboral de la Ley 3/2012, se empieza producir un fenómeno de crecimiento en la EPA de las horas extraordinarias y de las horas extraordinarias no declaradas. Las cosas en la vida pueden ser casualidad pero esa desgraciadamente no lo es. Es la expresión estadística de lo que le estamos planteando. Además, por si fuera poco, insisto, eso ha venido a coincidir en el tiempo con el proceso necesario provocado por la sentencia del Tribunal de Luxemburgo en relación con el diferente trato que debe darse a las cotizaciones a tiempo parcial para esos trabajadores en cuanto a los derechos de cotización. Eso está produciendo un fenómeno que más pronto o más tarde va a terminar siendo una lacra muy importante para el sistema porque nos va a conducir a tiempos de la muy antigua historia de este país, cuando en un momento determinado a trabajadores y empresas les pudiera parecer que les interesa no declarar toda su jornada y salario sino solo una parte, ocultando otra. Como en el fondo, gracias a la modificación que se ha arbitrado como consecuencia del Decreto-ley 11/2013, existe una mejora de la protección, si existe una mejora de la protección pero desincentivo a la declaración, se producen incentivos perversos que cuando se cruzan van a poner mucho deterioro en la Seguridad Social.

Por último quiero llamar la atención en relación con una cuestión. Esta no es una situación que tenga un efecto neutro desde el punto de vista de género, porque desgraciadamente el contrato a tiempo parcial en nuestro país no es como el contrato tiempo parcial de otros países. Es en la inmensa mayoría de los casos una opción no voluntaria sino obligada para el 73% de los hombres y el 53% de las mujeres. Además por si fuera poco este es un contrato en el cual la sociedad ha especializado a las mujeres, desgraciadamente, porque continúa siendo muy difícil compartir las tareas reproductivas y la responsabilidad de la familia y de los espacios comunes. En ese sentido, la medida no solo es injusta para esos trabajadores y degradante para los ingresos de la Seguridad Social sino que además desde la perspectiva de género tiene un sesgo muy peligroso. Por eso hemos planteado un bloque de medidas en las que no insisto porque están especialmente recogidas aquí. Entendería que se pudiera discutir algunas de ellas pero no he recibido ninguna sugerencia del Grupo Popular en ese sentido, no sé si porque todas las propuestas que hemos hecho le parecen mal, cosa que sería legítima. En cualquier caso creo sinceramente que alguna de las cosas que se nos ocurren a este grupo -a lo mejor alguna, aunque sea por error- podría ser útil. No sé si no ha llegado aún el momento; esperemos.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente el señor Coscubiela ha hecho referencia a algunos de los debates que hemos mantenido en esta legislatura en relación con la regulación del contrato a tiempo parcial. Mi grupo siempre ha insistido en dos ideas fundamentales. Nos parece que, en la línea de los países de nuestro entorno, sería interesante y conveniente que la tasa de contratos a tiempo parcial en nuestro mercado de trabajo aumentase, tanto en términos de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de aquellas personas que optasen por combinar el empleo y asumir responsabilidades en el seno de sus familias como de -en un contexto de dificultad en general para acceder al empleo- dar oportunidades, aunque fuese a tiempo parcial, a quien hoy no puede acceder a un contrato a tiempo completo. Para que eso pudiese suceder deberíamos abordar varias cuestiones; una mejora de la protección social que genera el trabajo a tiempo parcial, algo que -con la reforma que todos los grupos hemos apoyado y que ha sido pactada con los agentes sociales- se ha consolidado, fruto además de dos


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sentencias de los tribunales que obligaban al Gobierno a dar respuesta a ese problema. Vamos a aprobar mañana en el Pleno del Congreso el dictamen del proyecto de ley que discutimos hace unos días en esta misma Comisión, y esa fue una cuestión nada polémica porque todos los grupos la apoyábamos. Al mismo tiempo se nos planteaban las cuestiones vinculadas a que para las empresas más atractiva la utilización del contrato a tiempo parcial. En este sentido Convergència i Unió apoyó el contenido de la reforma laboral aprobada este año y singularmente la referencia a la posibilidad de las horas extraordinarias, con las lógicas precauciones que siempre hay que tener pero que nos parece que respondía a las demandas que las empresas que utilizan el trabajo a tiempo parcial estaban planteando.

Ahora bien, hecha esa consideración de defensa de nuestra posición en relación con la regulación del contrato a tiempo parcial y específicamente en su proposición no de ley a la posibilidad de las horas extraordinarias, en cuanto al contenido de su proposición no de ley yo coincido en los apartados b), c) y d) y en los puntos 2 y 3. Por ello solicito, señor presidente, votación separada de estas cuestiones, porque votaremos en contra del apartado a) pero favorablemente el resto de los puntos. Votaremos a favor algunos porque garantizan la información que el trabajador debe requerir sobre horario y días de prestación del servicio, al mismo tiempo que se garantiza la obligación legal de comunicar al trabajador afectado y al SEPE los cambios que se puedan producir en ese horario establecido; porque introduce una falta cuando hay incumplimiento por parte de la empresa de comunicar con carácter previo estos cambios que puedan producirse al trabajador y al SEPE; porque mejora la protección social a los trabajadores que provienen de contratos a tiempo parcial y sobre todo por una cuestión, señor Coscubiela -además en nuestro país, en Cataluña, es competencia de la Generalitat-, la actuación de la Inspección de Trabajo. Sepa que ahí -estuve hace pocos días con los responsables del Gobierno catalán- ya hay preocupación sobre estas cuestiones y ya se han puesto en marcha actuaciones de la Inspección de Trabajo en Cataluña para evitar el fraude en materia de horas extraordinarias. Dejemos que la Inspección de Trabajo haga su trabajo. Por tanto votaremos a favor de esta proposición no de ley.

El Señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Patricia Hernández.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: En primer lugar quería agradecer la oportunidad de debatir esta iniciativa en un momento en el que no solo suben los contratos a tiempo parcial sino que además se ha manifestado el interés del Gobierno por generalizarlos y extenderlos en la forma que está estipulada actualmente, e incluso hay intención de extender el periodo de prueba de 365 días a este contrato, lo que termina generando empleos de pobreza que no suelen ser una opción voluntaria. Lo decía el señor Coscubiela. El 63% dice que no es una opción voluntaria, siendo el 53% de las mujeres y el 73% de los hombres; por tanto, una diferencia de 20 puntos. Para aquellas mujeres que deciden utilizar de forma voluntaria el contrato a tiempo parcial, las razones que les llevaron a optar por ese tipo de contrato vienen siendo aniquiladas con la posibilidad de las horas extras, como bien dice el señor diputado, muchas de las cuales no se están retribuyendo; y así se recoge en encuestas oficiales del Estado, no de ninguna empresa.

Es muy conveniente el punto 2, referido al subsidio de asistencia al desempleo, que se les ha disminuido por debajo de 426 euros mensuales. Me gustaría que reflexionáramos un poco sobre lo que significa reducir 426 euros mensuales. El derecho a la percepción íntegra de estos 426 euros mensuales se consideraba lo mínimo para vivir. Ajustar las horas que trabajan en este tipo de contratos es fundamental para la acción de la Inspección de Trabajo. Esa es una de las trampas que se están poniendo para poder saltarse el control de la Inspección de Trabajo, por lo que también me parece muy apropiada esta propuesta. Si el Gobierno está por la labor -así lo ha dicho- de caminar por la pendiente de los minijobs, que ha llevado a Alemania a que suba el empobrecimiento de los trabajadores y dejarles sin ningún tipo de seguridad, quizá debería mirar más las consecuencias que han tenido y que tendrán cuando estas personas tengan que cobrar su jubilación.

El señor PRESIDENTE: Para concluir este punto, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, don Ildefonso Pastor.

El señor PASTOR GONZÁLEZ: Intervengo muy brevemente para fijar la posición de mi grupo con relación con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, referida a la mejora del contrato de trabajo a tiempo parcial; una proposición no de ley cuyo contenido he de señalar que se asemeja mucho al de alguna de las enmiendas parciales presentadas por el grupo proponente al proyecto


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de ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial, que fue debatido por esta Comisión el pasado día 28 de noviembre -hace tan solo dos semanas- y que mañana tendremos ocasión de debatir en el Pleno de esta casa, para posteriormente remitirlo al Senado. Se trata, por tanto, de un asunto sobre el que ya nos hemos posicionado y además, como he señalado antes, muy recientemente. En definitiva, lo que el Grupo de La Izquierda Plural nos plantea, tanto con esta iniciativa como con sus enmiendas al mencionado proyecto de ley, es que modifiquemos la reforma laboral que aprobamos en esta Cámara hace algo más de un año y que, entre otros muchos aspectos, introducía cambios en el contrato a tiempo parcial, con el objeto de lograr un mayor equilibrio entre flexibilidad y protección social, admitiendo la realización de horas extraordinarias en dicho contratos e incluyendo las mismas en la base de cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes. Igualmente, se nos plantea la modificación del Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en concreto, en lo que se refiere al apartado 1 del artículo 217 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y que lo que persigue es racionalizar y asegurar la sostenibilidad del sistema público de prestaciones, guiándose por el principio de contributividad al sistema que se aplica a las prestaciones por desempleo y que igualmente ha de regir para los subsidios. Finalmente, la iniciativa insta al Gobierno a perseguir, mediante campañas específicas, el fraude en los contratos de trabajo a tiempo parcial.

Señorías, tengo que reconocer la coherencia del señor Coscubiela en sus planteamientos, porque son los mismos en esta proposición de ley que en sus enmiendas al proyecto de ley que mañana debatiremos, pero desde luego dicha coherencia no puede ser menor que la que sostiene nuestro grupo parlamentario. No votamos a favor sus enmiendas en la sesión del día 28 del mes pasado y, por exactamente los mismos motivos, no vamos a votar favorablemente ahora esta iniciativa. No lo vamos a hacer, porque entendemos que no existen motivos suficientes para modificar una reforma laboral que está empezando a ofrecer ya resultados positivos en la lucha contra el desempleo, porque estamos convencidos de las razones que impulsaron las modificaciones contempladas en el Real Decreto-ley 20/2012, que evita supuestos como los que efectivamente se daban, en los que los importes percibidos en los subsidios de desempleo superaban en ocasiones a los percibidos en la prestación contributiva o incluso a los del salario que se había dejado de percibir, y porque, pese a esa obsesión de que todos están en la ilegalidad, en materia de fraude ya se está trabajando y se va a seguir trabajando, por cierto con unos excelentes resultados, como así señaló la propia ministra en su comparecencia, para evaluar el primer año de vigencia de la reforma laboral. Por todo ello, como he señalado, nuestro grupo votará en contra de esta proposición no de ley (Aplausos).

- SOBRE LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001706).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del último punto, el que figura como 7º en el orden del día, del cual es autor el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sobre el que pende una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la iniciativa la señora Monteserín tiene la palabra.

La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: El Grupo Socialista trae una vez más -esta vez en la Comisión de Empleo- una proposición no de ley para instar al Gobierno a trasponer una directiva europea relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, en este caso, en aquello que afecta a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, por ejemplo, en el sector de la construcción, en la agricultura, en el servicio doméstico, en el sector textil o incluso en la mendicidad y, en otros casos, sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, como se trató en la Comisión de Igualdad del pasado 27 de febrero de este año. La proposición no de ley está presentada hace meses, pero desgraciadamente cada día es más urgente y está más de actualidad este tema. La trata de seres humanos, como dice la directiva europea, es un delito grave, cometido a menudo dentro del marco de la delincuencia organizada, lo que constituye una grave violación de los derechos fundamentales dentro del marco de la Unión Europea. Evitar y combatir la trata de seres humanos es una prioridad para la Unión y los Estados miembros, y para España también ha de serlo; por eso es urgente y necesario que se traspongan las medidas contenidas en esta directiva.

Llevamos unos meses en los que hemos visto con espanto, con horror las imágenes de personas esclavizadas en Bangladesh, en condiciones inhumanas, trabajando para grandes firmas de la industria


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textil y de la confección, atrapados por un incendio que, como resultado, supuso la muerte de cientos de trabajadores y trabajadoras; mejor dicho, no son trabajadores sino los nuevos esclavos del siglo XXI. Esto era en Bangladesh, que está lejos, y los explotados se supone que son de allí. Esto requiere un tratamiento en el que estamos trabajando, que tiene que ver con la defensa y salvaguarda de los derechos humanos por las empresas transnacionales, especialmente de las empresas españolas multinacionales presentes y clientes de los explotadores ubicados en ese mismo edificio, para nuestra vergüenza. La semana pasada la noticia se produjo en Italia. Otro taller textil revela la esclavitud de ciudadanos chinos cerca de Florencia. Un nuevo incendio se lleva por delante la vida de siete trabajadores y deja al descubierto una realidad: una nave industrial con cientos de ciudadanos chinos, la mayoría muy jóvenes, sin documentación, fabrican prendas de moda para toda Europa durante dieciséis horas al día, siete días a la semana, incluidas las madrugadas, a razón de un euro la hora. Son prisioneros obligados a trabajar, como dice la crónica de Pablo Ordaz del pasado 2 de diciembre. Esta vez ocurre aquí en la Europa social y democrática, en la Europa de los derechos. No es nuevo, solo corrobora lo que muy bien expuso Roberto Saviano en su libro Gomorra, porque esta vez además son víctimas de trata de personas obligadas a trabajar en estas circunstancias.

Es más, ocurre también en nuestro país. El pasado 8 de diciembre vimos como la policía detectaba cientos de casos de explotación laboral en talleres textiles, locutorios, venta ambulante, redes de mendigos, trabajo agrícola o servicio doméstico muy cerca de aquí, en el barrio de Vallecas. Algunas de estas historias nos transportan al siglo XIX, nos avergüenzan como sociedad y nos indican que es urgente luchar contra estas formas de explotación. Debemos luchar a todos los niveles en el ámbito multilateral. Por eso en la nueva Agenda del milenio la lucha por los derechos humanos será el objetivo más importante. Por eso también la directiva de la Unión Europea forma parte de una acción mundial contra la trata de seres humanos y por eso es urgente que los Estados miembros como España traspongan las medidas y se las tomen muy en serio. Aunque no me ofrece confianza un Gobierno que está retrocediendo en algunas de las medidas para la lucha contra la trata como, por ejemplo, despenalizar el proxenetismo para contentar a un empresario que quiere importar el modelo de explotación sexual ligado al juego en la Comunidad de Madrid -negocio que deberíamos combatir en vez de permitir-, con el fin de que se apruebe esta proposición no de ley, voy a aceptar la enmienda del Grupo Popular. Quiero dejar constancia de que mi grupo no puede permanecer impasible ante esta realidad. Rogamos y exigimos al Gobierno que actúe con contundencia y que trabaje en la prevención para que estas mafias, los traficantes y los nuevos esclavizadores no se instalen en nuestro territorio, no nos invadan ni tengan espacio en nuestro país; tomen para ello cuantas medidas sean necesarias. En la enmienda del Grupo Popular una vez más no ponen plazo al Gobierno, pero les aseguro que mi grupo será persistente y, si es necesario para que actúen, presentaremos esta iniciativa u otras parecidas cuantas veces sean precisas. Señorías, es el compromiso que podemos adquirir el Día Internacional de los Derechos Humanos que celebramos ayer, 10 de diciembre. En ese sentido -repito-, seremos muy persistentes; si hace falta cada mes presentaremos de nuevo esta iniciativa. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señora Monteserín, como muy bien dice ayer fue el Día Internacional de los Derechos Humanos y me alegro mucho de que hayan llegado a un acuerdo con la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular, que va a defender a continuación la señora Carmen Quintanilla. Si la felicito creo que no solo lo hago en nombre propio sino de toda la Comisión; la felicito a ella como presidenta de la Comisión de Igualdad y a todos los miembros de la misma por el reconocimiento y el premio que hace unos minutos aquí al lado le ha entregado una institución de la importancia del Cermi. Dispone de cinco minutos para la defensa de su enmienda, señora Quintanilla.

La señora QUINTANILLA BARBA: En nombre de la Comisión de Igualdad muchísimas gracias por su felicitación, que haré extensiva a todos los grupos parlamentarios y a todos los diputados y diputadas de la Comisión.

Señorías, señor presidente, tomo la palabra para defender la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Coincido indiscutiblemente con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y quiero hacer hincapié en que conocemos que la trata de seres humanos es una gravísima violación de los derechos humanos. Quisiera recordarle que hoy ya no es el tercer delito más lucrativo del mundo, sino el segundo. Afecta cada año a millones de seres humanos de todo el planeta y constituye la más grave violación de los derechos humanos. La señora Monteserín dice que acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, y se lo agradezco, porque esa es la forma de trabajar desde el consenso para


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seguir trasponiendo la directiva comunitaria que el Gobierno de España y este grupo parlamentario ha impulsado en cada momento.

Usted hacía referencia a que hoy tenemos trata de seres humanos con fines de explotación sexual a la vuelta de la esquina de este Congreso de los Diputados. Desgraciadamente miles de niñas y de mujeres son traficadas y llegan a España para ser víctimas de la explotación sexual. Pero hoy también tenemos que hablar de que hay explotación laboral, y así lo remarca directamente la directiva comunitaria que se está cumpliendo en España y que se está trasponiendo en cada momento en materia legislativa por parte del Gobierno de España. Quiero hacer hincapié en que la trasposición de la directiva no es hacer una ley integral. La trasposición de la directiva se trata de un proceso iniciado desde hace varios años. Parece mentira que usted no recuerde que el plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual lo puso en marcha el Gobierno socialista, que gobernaba hace dos años en España, y que este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, ha ampliado a un año más para seguir trabajando en la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y también de explotación laboral. No podemos olvidar que las redadas que se están produciendo en España (en Villarrobledo, en la provincia de Albacete, en Castilla-La Mancha, en Tarragona) por la Guardia Civil y la Policía Nacional están afectando a personas que han sido traficadas, traídas a España y después explotadas laboralmente. También hay un plan integral puesto en marcha por la Dirección General de la Policía para hacer todo lo posible por que esa trata con fines de explotación laboral desaparezca de la vida de las personas, porque desgraciadamente España hoy es un país de destino para el tráfico de seres humanos.

Una vez dicho esto, le puedo asegurar que en estos momentos la directiva comunitaria está cumpliéndose no solamente sobre la base de lo que nos manda el Parlamento Europeo, sino también el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005. Hemos modificado leyes tan importantes como la Ley Orgánica 4/2002 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España en su artículo 59 bis. En estos momentos se está tramitando el proyecto de ley de reforma del Código Penal, que en su artículo 177 bis tipifica por primera vez la trata de seres humanos como delito. Asimismo, quiero destacar la aprobación del Protocolo marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos hoy suscrito por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el de Interior, el de Justicia y el de Trabajo e Inmigración, así como por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial hace dos años, en el 2011, nada más llegar al Gobierno el Partido Popular. Asimismo, distintos reales decretos están estableciendo la protección a las víctimas y actuando desde un compromiso claro en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas que hoy son víctimas de trata de seres humanos en España. También la legislación de protección a la infancia...

El señor PRESIDENTE: Señora Quintanilla, le ruego que vaya concluyendo.

La señora QUINTANILLA BARBA: Termino, señor presidente, pero es importante que haga constar cómo está actuando este Gobierno con la modificación del Código Penal, de la Ley de Extranjería y posiblemente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el estatuto de la víctima de trata. Por tanto, señoría, quiero dejar claro que hay un compromiso del grupo parlamentario que se pondrá de manifiesto mañana por la mañana en el debate que vamos a tener para crear la subcomisión sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral en el seno de la Comisión de Igualdad. Señorías, bienvenida sea esta proposición no de ley, pero estamos en el camino de seguir trabajando para que el tráfico y la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual desaparezcan en España, porque sabemos que somos un país receptor de emigrantes en situaciones difíciles.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa). Doña Uxue Barkos, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.

La señora BARKOS BERRUEZO: En primer lugar, nos congratulamos por el hecho de que esta proposición no de ley salga adelante o vea la luz esta tarde en esta sesión de trabajo, lo cual es muy de agradecer, y por el consenso que se ha conseguido en torno a esta cuestión. En cualquier caso, ese consenso tiene cita obligada por la necesidad de trasponer la directiva europea y, por tanto, es el punto de destino necesario sí o sí, más allá de la vocación y voluntad de los grupos de la Cámara. Pero nos encontramos en ello.


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Me gustaría hacer ver que nos parece acertado, y quiero en ese sentido saludar la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, la especificidad en recalcar lo que la explotación laboral tiene de causa o de requerimiento en el problema, en el drama de la trata de seres humanos. Es cierto, y lo señalaba bien la portavoz del Grupo Popular, que la trata se realiza con fines bien diferentes, pero no es menos cierto que el que atajemos, atendamos y estudiemos cada uno de esos estadios, por decirlo de alguna manera, en la lucha y la reversión de una situación tan amarga, será útil como herramienta en la lucha contra la trata de seres humanos. Por tanto, no solo porque es una prioridad, que lo es, y creo que esto lo compartimos el conjunto de los grupos, no solo porque la directiva obliga, porque es pescadilla que se muerde la cola, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, y por cierto, y también atendiendo a otro de los grandes dramas que tiene en estos momentos nuestra sociedad, porque explotación laboral es también causa y consecuencia en muchas ocasiones del paro. Estaremos, por tanto, combatiendo muchos frentes que tenemos en estos momentos abiertos, algunos a nivel europeo, y además compartiendo con otros países, sobre todo en el sur de Europa, un problema de trata de seres humanos, pero estaremos combatiendo además algunos de los problemas más específicos de nuestra economía, de nuestra situación en estos momentos.

Daremos, lógicamente, nuestro voto a favor de la proposición no de ley. Lo hubiéramos hecho en cualquier caso en el texto presentado por el proponente, lo haremos también con el texto que nos presenta el Grupo Popular.

El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por La Izquierda Plural, don Joan Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Nuestro grupo va a dar su apoyo y su voto a favor a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. Nos parece que una de las maneras más útiles de utilizar esta sesión de hoy es abordar el tema de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Coscubiela. Ruego a los señores comisionados que hagan un último esfuerzo -está concluyendo la Comisión- para que podamos escuchar bien a cada orador. Ruego hagan un esfuerzo, como lo han hecho a lo largo de toda la Comisión. Gracias.

Puede usted continuar.

El señor COSCUBIELA CONESA: Decía que creo que es uno de los colectivos que tiene no solo una situación más débil como ser humano, sino menos mecanismos de protección por sí mismo; por tanto, es lo que justifica la propia actuación de la política en primer lugar y en mayúsculas. En ese sentido, vaya ya nuestro voto a favor.

Déjenme insistir en un concepto. Si nuestras informaciones son buenas, y creo que lo son, en estos momentos, y en contra de lo que ha dicho la representante del Grupo Popular, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento por incumplimiento, en el que amenaza con llevar a España ante los tribunales debido a que hayan pasado ya seis meses después de la fecha límite de incorporación de la Directiva 2011/36. Eso quiere decir que desde el 6 abril estamos en precario en relación con Europa. Insisto en ese concepto, porque no hace falta sacar pecho para decir que se están haciendo las cosas tan bien, cuando resulta que parece que esa no es la opinión de la Comisión Europea. Somos conscientes de que este no es un tema fácil, somos conscientes además de que se han hecho modificaciones legales importantes durante la anterior legislatura y en esta en materia de asilo, en materia de inmigración, también en relación con mecanismos de cooperación entre autoridades, y que algunas de las reformas planteadas en el Código Penal, la excepción que confirma la regla, pueden mejorar esta situación, pero eso no es óbice para decir que continuamos sin tener una política integral y, sobre todo, que continuamos estando en precario en relación con la normativa europea en ese sentido. La trata de seres humanos es sin duda uno de los comportamientos más despreciables y de infracciones penales más graves, constituye la más clara violación de los derechos humanos, y sin exagerar nada es la forma moderna de esclavitud, que, desgraciadamente, la sociedad actual va interiorizando como normal, porque hay determinados valores que llevan también a determinados comportamientos. Permítanme que sugiera a los miembros de la Comisión y al conjunto de diputados y diputadas de la Cámara que cuando hagamos en profundidad este debate no caigamos en el error de hacer un debate falso en relación con el fenómeno de la prostitución, que requiere un tratamiento muy diferenciado.

Termino. Nos hubiera gustado más votar la proposición no de ley en los términos en que está planteada. Entiendo que el grupo proponente haya aceptado la enmienda planteada por el Grupo Popular y la vamos a


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votar igualmente. En todo caso, le deseo al Grupo Socialista más suerte que al grupo de La Izquierda Plural, porque la señora Quintanilla tiene fama de ser muy buena negociadora, pero quienes después deben cumplir lo que ella pacta no le hacen honor. Tengo pendiente con ella hace algún tiempo el cumplimiento de una enmienda en relación con la ratificación del convenio de la OIT sobre trabajadores del hogar, y desde que firmamos el acuerdo nadie me ha dicho ni buenos días. Le deseo, pues, al Grupo Socialista más suerte que al Grupo Popular. Sé que no es responsabilidad de la señora Quintanilla, que pacta muy bien, pero se olvida de dejar el encargo al que tiene que cumplir sus pactos y pacta sunt servanda. Si se reitera el no cumplir lo pactado, se deslegitima al negociador. Quien avisa no es traidor. (Risas).

El señor PRESIDENTE: Para concluir este debate, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el señor Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Nos congratulamos de que se haya alcanzado un acuerdo entre el grupo proponente y el grupo enmendante, y en este sentido nuestro grupo apoyará el texto acordado.

Quería poner de manifiesto algo que creo que es importante. La directiva europea establece que la trata de personas es un delito grave, una grave violación de los derechos fundamentales, y que está expresamente prohibida por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por tanto, la directiva entiende que se aborda la trata desde un enfoque basado en los derechos humanos y asume que la trata de los seres humanos constituye tanto un delito como una violación de los derechos humanos y que los Estados tienen la responsabilidad principal de respetar, proteger y promover los derechos de todas las personas objeto de trata, con independencia de su país de origen. Fíjense si este enfoque basado en los derechos humanos para la transposición de la directiva es importante que diversas agencias de la ONU, como el Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, o la Organización Internacional del Trabajo, entre otras, valorando el esfuerzo y el interés de la Unión Europea y de los Estados miembros en poner fin a la trata de personas y al renovado énfasis en la protección de las víctimas, han elaborado una guía para la transposición de la directiva europea por parte de los Estados miembros, basada, como digo, en el enfoque de los derechos humanos. Y ello a pesar de que en el ámbito interno se han activado muchas medidas legislativas y planes, como la tipificación penal del delito de trata desde diciembre de 2010, no como ha dicho la señora Quintanilla únicamente desde la presentación por parte del Gobierno actual del proyecto de ley de la reforma del Código Penal. Pero la transposición de la directiva, que debía realizarse, como ha dicho el señor Coscubiela, antes del 6 de abril de 2013, creo que es una buena oportunidad para profundizar en el ordenamiento interno la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, porque hasta ahora, como decía el Plan integral contra la trata de los seres humanos o el protocolo marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos, se ha centrado especialmente en la explotación sexual y no en la explotación laboral. Por tanto, creo que tenemos una buena oportunidad para hacerlo y, además, de enfocarlo, como decía, desde la perspectiva de los derechos humanos.

Pero no únicamente reclamamos aquellas modificaciones legislativas que deban hacerse, sino otras modificaciones y activar mecanismos para prevenir, detectar e iniciar acciones judiciales en los casos de trata para explotación laboral, medidas de protección para las víctimas o instrumentos de cooperación entre las diferentes administraciones, instituciones y agentes implicados en la lucha contra la trata y la protección a las víctimas. En este sentido, por ejemplo, como decíamos, encontrándose en tramitación parlamentaria el proyecto de ley de modificación del Código Penal, creemos que este proyecto debería incluir la tipificación como delito de la demanda de servicios de una víctima de trata de seres humanos, como instrumento indispensable para la prevención y la lucha contra estas situaciones; o, por ejemplo, como también se refería la señora Quintanilla, mañana el Pleno aprobará la creación de la subcomisión para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en el seno de la Comisión de Igualdad. Realmente, esa subcomisión, desde nuestro punto de vista, y, además, leyendo cuál es el objeto de la subcomisión, en su punto quinto habla de emitir un informe y dictamen y dar traslado del mismo al Gobierno con el fin de mejorar las políticas dirigidas a luchar contra la trata de seres humanos -no solo sexual sino también laboral, en este sentido entiendo-. Creo que muchos diputados nos podríamos incluir en esa subcomisión porque se van a tratar temas que no únicamente deben tratarse desde la perspectiva de la igualdad de género, sino también desde la perspectiva de la Comisión de Justicia o desde la perspectiva de esta Comisión. Creo que sería bueno que todos nos sumáramos. Me congratulo desde el principio de que hayamos llegado a un acuerdo de un texto entre el grupo proponente y el grupo enmendante.


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El señor PRESIDENTE: Concluidos los debates, vamos a pasar a las votaciones. En primer lugar, les diré que se van a votar en el orden en el que están en el orden del día, no por el orden en el que las hemos debatido. En segundo lugar, el punto 7.º es con la aceptación por parte del Grupo Socialista de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. En tercer lugar, quiero preguntar al portavoz de La Izquierda Plural si acepta la petición que se le ha formulado de la votación separada del punto a) del resto de su iniciativa. Usted es el autor y es quien puede aceptarlo o no. A efectos de votación, le agradezco que me diga si la acepta.

El señor COSCUBIELA CONESA: Sí, siempre es mejor perder por menos. (Risas).

El señor PRESIDENTE: Es una sana filosofía.

Por último, les quiero recordar que al concluir esta Comisión habrá una reunión de la subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil. Lo digo a efectos de que los interesados concurran a esta reunión.

Por tanto, empezamos la primera votación, que es comprensiva de los cuatro primeros puntos del orden del día.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

Pasamos al punto 5.º, iniciativa de la que es autor el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición no de ley que figura en el punto 6.º del orden del día del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que figura como punto 7.º del orden del día.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Pasamos al punto 8.º del orden del día, del cual es autor el Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por fin, entramos en la votación del punto 10.º del orden del día cuyo autor es La Izquierda Plural. Vamos a votar de forma separada, en primer lugar, el punto a) de la proposición no de ley.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Resto de la proposición no de ley.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se levanta la sesión.

Eran las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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