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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 468, de 20/11/2013
cve: DSCD-10-CO-468
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 468
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR
Sesión núm. 21
celebrada el miércoles,
20 de noviembre de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:

- Proyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. (Número de expediente 121/000068) ... (Página2)

Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:

- Proyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. (Número de expediente 121/000068) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.

RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:

- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD Y DEL ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000068).

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Antes de debatir el proyecto de ley vamos a proceder a la ratificación de la ponencia. ¿Se ratifica la ponencia sobre el proyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social? (Asentimiento). Queda ratificada.

APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:

- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD Y DEL ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000068).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el proyecto de ley. Van a defender sus enmiendas los grupos parlamentarios de menor a mayor.

Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Señor presidente, damos por defendidas las enmiendas del Grupo Mixto a este proyecto de ley, enmiendas que en este caso no han tenido si quiera la oportunidad de observar la propuesta de transacción del grupo que sostiene al Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular. He de reconocer que en su momento la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en esta materia había manifestado que ninguna enmienda de supresión sería admitida, y lo cierto es que aquellas que lo eran y las que no lo eran iban en la misma línea. Todas las enmiendas pretendían trocear una suerte de enmienda de totalidad. Tal era el sentido de las que había presentado el grueso incontestable de los partidos y coaliciones que conformamos el Grupo Mixto a este proyecto de ley que nos presenta el Grupo Popular.

Mantenemos la posición expresada en el debate de totalidad y la que hoy, a través de esas enmiendas parciales mantenemos, defendemos y por tanto votaremos. En cualquier caso, nos gustaría pronunciarnos sobre un proyecto de ley cuya envergadura requiere la participación del conjunto de los grupos. Por cierto, nos hubiera gustado que este debate se hubiera producido igualmente en el Pleno, donde se halla la representación del conjunto de los grupos que conforman la Cámara y por tanto representan a la ciudadanía, a la opinión pública del Estado. No obstante, como digo, haremos uso en este trámite de la posibilidad que se nos brinda para defender la posición contraria a esta propuesta del Grupo Parlamentario Popular.

Quiero empezar por decir que lamentamos la decisión del Grupo Parlamentario Popular de desligar este procedimiento del consenso que ha regulado siempre la vida del Pacto de Toledo. Este es un proyecto de ley lamentablemente histórico y nos provoca una enorme desazón parlamentaria ver que un asunto de esta envergadura se tramita en estos términos. Lamentamos asimismo que el Partido Popular, tanto el grupo parlamentario como el Gobierno, haya roto finalmente el compromiso que hoy hace exactamente dos años asumió el candidato a presidente del Gobierno por la decisión de la mayoría de la ciudadanía. Posteriormente, en su discurso de investidura asumió una serie de compromisos; entre otros, aquel que subrayó con mayor convencimiento o pasión relativo a no tocar las pensiones, hoy se ve roto. Lamentamos profundamente que hoy se rompa de manera efectiva aquel compromiso. Lamentamos que el Partido Popular no haya tenido la valentía de acometer revisiones como las de procesos de prejubilación que harían innecesario este proyecto, por los mismos argumentos que en estos momentos utiliza el Grupo Parlamentario Popular: el artículo 3.b) que establece la edad última de jubilación en los 67 años. Lamentamos el artículo 7 y la disposición adicional primera que rompen, por un lado, el elemento básico de consenso como era ligar la revalorización de pensiones al IPC y, por otro lado, dejan indefenso al acoso de los mercados el sistema universal y público de pensiones.

Quiero recordar uno de los grandes tesoros que ha tenido esta sociedad, uno de los grandes tesoros que se ha sabido construir en estos años desde la diferencia y la distancia ideológica: un sistema universal y público de pensiones que como digo, hoy, de alguna manera ve certificada su defunción.


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Por último, protestamos por el procedimiento de tramitación, impuesto por la mayoría absoluta del Partido Popular, a esta reforma. Señorías, solo la vergüenza ante lo que hoy se está aprobando explica que lo estemos haciendo rápido y mal porque, francamente, este debate tenía que haberse visto con luz, taquígrafos y sobre todo en el Pleno de esta Cámara. Por todo ello, presidente, solo puedo anunciar nuestro voto en contra del proyecto del Grupo Parlamentario Popular y el mantenimiento de todas las enmiendas que en contra de este proyecto se van a debatir y defender hoy aquí.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señor presidente, señorías, lo primero es hacer mío lo afirmado por la compañera Uxue Barkos, y aprovechar la ocasión para -aunque será en parte una repetición- señalar cuáles han sido las razones fundamentales por las que Amaiur ha estado en contra de este proyecto de reforma.

Repasando la prensa, estos días hemos visto un anuncio que decía: "Imagina el plan perfecto". Es el título sin más de un anuncio, de una propaganda; no es el de una película que nos hable del robo de un banco o de un museo que salvaguarde obras de arte. Es el título de un robo, sí, pero no de esta clase. Es un anuncio de Bankia, de ese banco en el que se han invertido decenas de miles de millones de euros para sanearlo con dinero público. Hoy mismo también en el buzón del Congreso hemos recibido un folleto en el despacho, propaganda de Aviva, que se autoafirma como líder en seguros de vida y pensiones en Europa. El folleto es este (muestra un documento) y se titula Mi dinero y yo, aprende con Daniel y Lucía como ahorrar y usar bien tu dinero y es un cuento para fomentar a los niños en el ahorro. En él se dice que ahorrar es importante para el futuro, el dinero se puede guardar y acumular durante un tiempo para utilizarlo más tarde, y permite disfrutar de los amigos y la familia cuando llega la jubilación. Sencillamente enternecedor. Colaboran en la edición de este folleto, editado por una entidad privada, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros. Una pregunta: ¿Por qué el fiscal general del Estado no interviene en estos casos en los que parece que hay una connivencia entre los intereses privados de las compañías de seguros y las entidades públicas? Hoy en día otros bancos y fondos de pensiones, el Banco Bilbao-Vizcaya, el Sabadell, ING están publicando propaganda de este mismo tipo, está revoloteando ya todo el buitrerío bancario y de seguros sobre un importante botín. Se han puesto la servilleta en el cuello, tienen cuchillo y tenedor y se preparan para el festín. Es evidente a favor de quién se está haciendo esta reforma.

La compañera Barkos ya ha señalado que es un proyecto que nace con la total oposición de todos los grupos existentes en el Congreso, aparte del que está en el Gobierno. La totalidad de fuerzas sindicales y sociales también se ha manifestado en contra, el Consejo Económico y Social, incluida la patronal. ¿Quién da más? El único que da más es el Gobierno. Garantizaré siempre el poder adquisitivo de las pensiones, cumpliré la Ley de 1998, dijo Mariano Rajoy en la campaña electoral, y se ha hecho absolutamente todo lo contrario. Se reformó en profundidad la ley y no solo esto, sino todo el sistema. La mentira, como todos sabemos, es norma de actuación de este Gobierno. El reino de este Gobierno no es de este mundo, no es el de las personas de la calle, trabajadoras, las mujeres que pasean, los jóvenes que están sentados en un banco, los pensionistas, la gente parada... Su reino es el reino del Ibex-35, de las multinacionales, del banco, y a ellos va dedicada esta reforma. Es por ello por lo que están afilando los cuchillos para prepararse a lo que antes he dicho. Más de un 50 % de los pensionistas, como todo el mundo sabe, tienen unas pensiones inferiores a los 700 euros. Esto quiere decir que unos cinco millones de pensionistas viven por debajo del umbral de pobreza y gran parte de las mujeres pensionistas se encuentran en una situación de extrema pobreza. Ya sabemos de lo que estamos hablando: no llega el dinero a fin de mes, hay que gastar los ahorros, pedir prestado, hacer cola frente a los comedores sociales, no encender la calefacción ahora en invierno, etcétera.

La anterior reforma de las pensiones supuso un mazazo global de un 20-25 % y ahora, sacando cuentas, se va a poner en marcha otro recorte global que en los próximos nueve años puede estar entre un 15 y un 30 %. En el otro extremo de esta película, tras una vida intensa de trabajo, dedicación y servicio a los demás y al bien común, están las jubilaciones de los grandes ejecutivos de la banca, del señor Goirigolzarri del Bilbao-Vizcaya, con 52 millones de euros; de Alfredo Sáenz, del Santander, con 88; de Ángel Corcóstegui, rompiendo todos los techos, con 108 millones de euros de indemnización por su jubilación. Y claro está, a estas pensiones no se les aplica factor de sostenibilidad alguno,


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estas personas siempre se sostienen solas y están como el aceite por encima del agua de cualquier Gobierno sea este del PSOE o del PP. Y son los bancos que dieron estas jubilaciones quienes ahora están aplaudiendo estas reformas y se están preparando para este botín que es la privatización en buena medida del sistema público de pensiones. Como dice Bankia en sus anuncios: "Es el plan perfecto".

Termino, señor presidente. Se trata de convertir el sistema público de Seguridad Social y de pensiones en un servicio que va a ser poco menos que de beneficencia. Los derechos sociales que hasta la fecha se han tenido se van a convertir en limosnas públicas. Van a aparecer de nuevo casas de misericordia, montes de piedad, las hermanitas de los pobres, haciendo la función de las asistentas sociales. En definitiva, un retroceso de setenta, ochenta o noventa años en la Seguridad Social y el sistema público de pensiones que se ha mantenido hasta la fecha. Por supuesto nuestro rechazo más firme a este proyecto y nuestro voto en contra.

El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Emilio Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es difícil por muchas razones afrontar un debate de esta naturaleza; en primer lugar, procedimentales, señor presidente. El procedimiento seguido para la aprobación de este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados raya en lo que podríamos calificar de atrofia democrática. Una ley que afecta a la totalidad de los pensionistas actuales, más de nueve millones, y a los que aspiramos a ser pensionistas con una fe decreciente y menguante en el futuro, es una ley que requiere procedimientos ajustados y cohonestados con la trascendencia y envergadura de la norma. Y no es razonable que no se haya avocado a Pleno un proyecto de ley de estas dimensiones cualitativa y cuantitativamente tan importantes como la Ley de 2011, quizá más importante que la reforma de 2007, y como el propio Real Decreto Legislativo 1/1994, que es el que regula en la actualidad el sistema de pensiones por el que nos venimos rigiendo. No sé si a estas alturas se puede hablar de defunción, pero casi estaríamos hablando de defunción de los paradigmas de este modelo, señor presidente.

Desde esa perspectiva, procedimentalmente quiero realizar un reproche enérgico sobre el procedimiento reglado... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego mantengan silencio para poder escuchar al orador.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... y sobre todo, señor presidente, sobre las dificultades de interlocución. No voy a negar que no ha habido conversaciones con representantes del Gobierno, las ha habido, pero han resultado infructuosas, de carácter más o menos bilateral y se han concretado en propuestas de enmiendas que hemos recibido en formato papel -y no existe otro formato más que el formato papel- en el día de hoy y dos horas antes del inicio de este debate. Procedimentalmente no estoy acostumbrado a debatir leyes así -y sabe el señor presidente perfectamente que he participado en el debate de muchas-, no conozco precedentes de una tramitación parlamentaria tan deficiente, con tantos déficit reglamentarios, pero sobre todo más que los reglamentarios me preocupan los déficit de legitimidad.

Dicho esto -y estamos hablando de algo que afecta a la universalidad de la población no solo a todos los pensionistas actuales, sino a los que algún día lo sean-, quiero indicar también que el proyecto de ley tiene muchos déficit complementarios; tiene déficit de legitimidad en relación con quienes deben proveérsela porque están legalmente obligados a hacerlo; déficit de legitimidad porque no dimana de acuerdos suscritos en el Pacto de Toledo. Señor presidente, usted que tiene luenga experiencia en el Pacto de Toledo, sabe que no ha habido casi ninguna reforma, prácticamente ninguna, que no haya pasado por consensos amplios en el Pacto de Toledo, incluso por unanimidad, que siempre ha constituido un activo en las reformas de las pensiones que ha posibilitado el mantenimiento de un sistema protector que razonablemente se ajusta a los requerimientos constitucionales vinculados a la suficiencia de las pensiones, a su carácter público, a su carácter universal y al carácter irregresivo que debía caracterizar cualquier reforma. En este momento se vulneran todos estos principios. Y seguramente se vulneran porque el Pacto de Toledo no ha podido intervenir ex ante, anteriormente, en la indicación de cuáles son los parámetros de una reforma a la que se le atribuye por algunos el carácter de paramétrica -se llama de sostenibilidad- y que establece fundamentalmente un índice de revalorización sobre el cual pende incluso una sentencia del Tribunal Constitucional porque se presentó sobre el actual índice de revaloración,


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el vigente ahora, un recurso de inconstitucionalidad que está pendiente de resolver, con lo cual quien ha presentado este proyecto de norma incurre en un punto de temeridad, porque no puede saber en este momento si el Tribunal Constitucional va a homologar el sistema o el índice de revalorización aquí consignado o no lo va a homologar. Tampoco estoy acostumbrado a que se anticipen al Tribunal Constitucional las reformas normativas.

Nos encontramos con más déficit adicionales y complementarios a los anteriores. Ninguna organización ni ningún interlocutor social ha validado esta reforma, ninguna organización sindical, ninguna. No la han validado las dos organizaciones empresariales fundamentales que ostentan el carácter de mayor representatividad sindical. La vinculación de cualquier reforma del sistema de pensiones históricamente ha estado siempre ligada -y usted lo sabe tan bien como yo, señor presidente- a un consenso razonable y relativo con aquellos que ostentan la noción de mayor representatividad sindical, que les confiere el ejercicio de competencias públicas o cuasi públicas. Se ha prescindido ahora de la opinión de las organizaciones sindicales y empresariales que ostentan la condición de más representativas y que, por tanto, pueden ejercer competencias públicas o cuasi públicas que particularmente se manifiestan en propuestas de reforma del sistema de pensiones, entre otras cosas: negociación colectiva, conflictos colectivos, etcétera. ¿Por qué? Porque las organizaciones empresariales y patronales cuando opinan sobre la reforma de las pensiones están actuando en un ámbito que podríamos denominar cuasi legislativo o colegislativo, mediante el ejercicio de las facultades ultra vires que la mayor representatividad sindical les confiere en virtud de las previsiones no solo de la Constitución, sino también del artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y de la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores. Se ha prescindido de esto, por lo que se está prescindiendo de requerimientos de legalidad y se incurre en manifiesta antijuridicidad, con una reforma sobre la cuantía de las pensiones, o del sistema del cómputo de las pensiones que vulnera las previsiones en materia de consenso con los interlocutores sociales.

Por si fuera poco todo lo anterior, se ha prescindido de la opinión de los órganos consultivos, particularmente del Consejo Económico y Social. Sabe el señor presidente que pocos dictámenes tan acerbamente críticos ha emitido el Consejo Económico y social como los realizados en relación con esta reforma. Se ha prescindido de la opinión de todos los grupos parlamentarios que hemos manifestado nuestras reservas, y las hemos intentado manifestar además en forma propositiva, en forma constructiva. Hemos intentado realizar reformas que no se focalizaran solo sobre el gasto. Por cierto, eufemismo que forma parte de una de las siluetas de esta legislatura, que es la manipulación del lenguaje. No estamos focalizando sobre el gasto, estamos focalizando sobre los recortes de las pensiones. Una cosa es focalizar sobre el gasto y otra cosa recortar; no son conceptos sinónimos. Aquí se está recortando, no se está solo focalizando sobre el gasto. Y no hemos sido escuchados; hemos sido escuchados muy a última hora mediante una serie de propuestas de transacción que en absoluto son aceptables en este momento, no solo por las razones procedimentales y de déficit de legitimidad que estamos comentando sino que son rechazables porque vulneran el contenido esencial del artículo 41 de la Constitución. ¿Por qué afirmo que esta reforma vulnera el contenido esencial de los artículos 41 y 50 de la Constitución? Por varias razones. Porque esta reforma no provee, en primer lugar, un sistema universal en tanto en cuanto el índice de revalorización y sobre todo el factor de sostenibilidad va a provocar como efecto diferido inevitable la exclusión de muchas personas. Sin este factor esas personas que hubiesen podido acceder a la condición de pensionistas con jubilación van a tener que acceder a la condición de pensionistas sin jubilación. Se quiebra uno de los principios troncales, uno de los paradigmas del sistema de pensiones definido constitucionalmente: la universalidad que proclama el artículo 41, copiando el criterio de constitucionalidad del Estado del bienestar suscrito en la Constitución de Weimar. Primer principio de un sistema protector de pensiones: universalidad.

En segundo lugar, se quiebra el carácter público. ¿Por qué? Porque ya se está insinuando. Lo hacían estos dos personajes que el señor Cuadra ha citado, con un entusiasmo digno de elogio, Lucía y Daniel -no recuerdo el nombre de estas dos personas-, que estaban tan felices y satisfechas con estas propuestas de reforma normativa. Si existen físicamente, me gustaría de verdad que fueran objeto de alguna suerte de análisis psiquiátrico, porque establecer mediante mecanismos más que sutiles, manifiestamente groseros, pánico sobre la sostenibilidad del sistema para desviar la capacidad de ahorro menguante que tienen los ciudadanos de este Estado hacia la concertación de planes de pensiones, hacia la concertación de fondos de pensiones o de entidades de previsión social voluntaria, es una trampa saducea que quiebra expresamente el principio de universalidad y de carácter público de las pensiones y, sobre todo, quiebra el principio de suficiencia, tercer paradigma del artículo 41 que tiene un doble mandato


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o requerimiento constitucional. Está previsto como mandato en los artículos 41 y 50; en el primero para todos los pensionistas; en el segundo, para los ciudadanos de la tercera edad, a los que se les garantiza constitucionalmente pensiones suficientes y periódicamente actualizadas, siempre que estemos hablando de personas de la tercera edad. Con las reformas anteriores, particularmente la de 2011, uno no se va a poder jubilar antes de cumplir los 67 años. Estamos hablando de la tercera edad más o menos, lato sensu; igual usted y yo, por nuestra edad, podemos librarnos por los pelos -nunca mejor utilizada la expresión- de los 67 años, suponiendo que según otras previsiones que estamos viendo de informes cualificados y que puedan representar, por qué no decirlo, la voluntad real del Gobierno del Estado, se eleve de los 67 a los 70 años, y se exijan periodos de carencia o de cotización de 40 años para causar derecho a la pensión.

Si nadie está de acuerdo salvo el Grupo Popular, con todos los respetos y la representatividad que ostenta, que es mayoritaria y que hay que reconocer -me gustaría saber si el Partido Popular está de acuerdo de verdad o estamos atendiendo a requerimientos de la troika comunitaria, hecho que nos llevaría a un debate melancólico que es mejor obviar en este momento-, si, como digo, nadie está de acuerdo, ni órganos consultivos ni agentes sociales ni asociaciones patronales ni asociaciones de jubilados y pensionistas, que están creciendo y se están empezando a estructurar... Le voy a hacer una profecía, señor presidente: algún día ocurrirá como en Israel; los pensionistas acabarán creando un partido político con representación parlamentaria, con una representación parlamentaria tan importante como que dados los equilibrios políticos en el Estado de Israel tan frágiles, ejercen una función de partido bisagra que, al margen de otros conflictos que les interesarán menos a estos partidos de los pensionistas de Israel, como es el problema de los palestinos, han conseguido que en el Estado de Israel existan las pensiones más altas del mundo. ¿Por qué vamos a descartar que algún día haya una vertebración real de los pensionistas que remueva una de las actitudes que nosotros hemos considerado -termino, señor presidente, y no estime demasiado gruesa la expresión- cobardes en este proyecto de ley que se nos propone. ¿Por qué digo cobardes? Porque se afecta a la cuantía de las pensiones de un colectivo empobrecido y vulnerable porque la cuantía de las pensiones en un porcentaje altísimo no llega al umbral técnico de la pobreza.

Tenemos una enmienda que podría ser parcialmente atendida, que indica que es el umbral técnico de la pobreza el que garantizaría la suficiencia de las pensiones. No va a ser atendida en sus propios términos. En primer lugar, es un colectivo vulnerable. En segundo lugar, es un colectivo cautivo del presupuesto público y del presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y en tanto en cuanto es cautivo del presupuesto público tiene muy poca capacidad de maniobra para realizar actividades monetarizadas complementarias para mejorar la cuantía de sus pensiones. En tercer lugar, es un colectivo invertebrado. Señor presidente, todavía los pensionistas no están en condiciones no ya de convocar una huelga general, ni siquiera de convocar una manifestación, por tanto se puede disponer de sus derechos sin sufrir una grave erosión política, por la invertebración del colectivo.

Por estas razones, nuestras enmiendas piden la supresión del índice de revalorización que va a provocar, en términos promedios y por las aproximaciones matemáticas y estadísticas que hemos realizado, una pérdida del poder adquisitivo de los que hoy son pensionistas del 10 %, en términos promediales; del factor de sostenibilidad, llamado factor de equidad intergeneracional, que en términos imaginarios e ideales se va a ir aplicando cada cinco años a las personas que están trabajando, en términos imaginarios porque no se les va a reducir la retribución, pero cuando adquieran la condición de jubilado y perciban la primera pensión de jubilación, de forma no imaginaria ni ideal se les va a aplicar fácticamente y van a sufrir una pérdida de poder adquisitivo de su pensión, si no existiera este factor, de entre el 20 o el 30 % de la pensión que les hubiera correspondido. Y pedimos varias cosas más: el desplazamiento de determinadas contingencias -acabo de verdad, señor presidente, en un minuto- que no tienen una naturaleza absolutamente contributiva, como las de supervivencia al presupuesto ordinario -es un tema que siendo discutible lo debemos afrontar-; aligeraremos las finanzas o el compromiso presupuestario de la Tesorería General de la Seguridad Social en más de 21.000 millones de euros en el presupuesto ordinario, pero para mejorar la protección de estas contingencias, no para empeorarla. Y sobre todo, desde la perspectiva de la suficiencia, si no elevamos al umbral técnico de la pobreza la totalidad de las pensiones seguiremos incumpliendo un requerimiento de la propia Constitución española. Usted sabe que yo no soy el más constitucionalista de los que nos encontramos en esta sala, lo cual no quiere decir que no conozca la Constitución. A veces uno se encuentra con paradojas: personas poco constitucionalistas conocen mucho mejor parte de la Constitución que otras personas que invocan para sí el perfil identitario de constitucionalistas, solo que únicamente se han leído algunos de los preceptos de la


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Constitución -ya se puede imaginar cuáles son-, no se han leído la parte económica y social de la Constitución, que es progresista, que se puede hacer y debemos aceptarla. Si no se aceptan estas enmiendas y las transacciones ofertadas no satisfacen nuestras pretensiones, siento decirle a la portavoz del Grupo Popular, a la que por otra parte le tengo un personal y particular aprecio, que hoy no vamos a aceptar ninguna transacción ni enmienda.

El señor PRESIDENTE: A continuación por el Grupo Parlamentario de UPyD, tiene la palabra don Álvaro Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Señor presidente, es fácil en una intervención en Comisión perderse en los detalles, porque son numerosas las enmiendas que ha presentado mi grupo y habría que defender. Por eso, antes de entrar en detalles querría no perder la perspectiva y señalar las dos cuestiones fundamentales que nos llevan a oponernos a este proyecto de ley. Una tiene que ver con la ruptura de los procedimientos propios del Pacto de Toledo. En vez de intercambiar ideas, llegar a acuerdos y plasmar eso en textos legislativos, se ha procedido exactamente al revés; sin ningún acuerdo, con todos los grupos de la oposición, sindicatos y patronal en contra, se nos trae un texto legislativo detallado que no compartimos. La segunda cuestión es el efecto que esto va a tener sobre los pensionistas, cómo va a condenar esta ley a una pérdida continuada del poder adquisitivo a los pensionistas no solo el año próximo sino los venideros. Estas son las grandes cuestiones que nos inquietan.

Dicho lo anterior, no vamos a eludir el fondo del debate, y entraremos a debatir con el diagnóstico del Gobierno junto con las medidas que propone intentando ofrecer alternativas. Nosotros tenemos un diagnóstico distinto al del Gobierno. Compartimos que hay un fenómeno de cambio demográfico. No podemos pensar de otra manera, lo avalan los datos y todos los expertos. Pero vemos ese cambio demográfico como un reto, no como una amenaza, y creemos que tiene que ser compatible con la suficiencia y con la dignidad de las pensiones. Las pensiones tienen que ser sostenibles pero tienen que ser también dignas y suficientes y por eso alguna de nuestras enmiendas se dirige a la exposición de motivos, para clarificar estas cuestiones.

Es cierto que la reforma laboral ha acelerado en el tiempo estos problemas. Problemas que van a surgir más adelante se están empezando a manifestar ya por la pérdida de empleo, por la bajada de salarios, por la reducción de las bases de cotización. Por eso también alguna de nuestras enmiendas recuerda nuestro modelo alternativo de reforma laboral basado en el contrato único indefinido. Esa propuesta habría evitado tanta precarización del empleo, tanta disminución de las bases de cotización. Este es nuestro diagnóstico: cambio demográfico pero también problemas acelerados en el tiempo por la reforma laboral que el Gobierno ha aplicado.

La propuesta que nos traen se basa en dos pilares. Uno es el factor de sostenibilidad. Ya hemos explicado en intervenciones anteriores que no nos parece mal la idea de incorporar en nuestro sistema de pensiones el dato de la esperanza de vida; no puede ser igual un sistema de pensiones con una esperanza de vida de ochenta que otro de noventa años. Esto no es ninguna novedad, lo defendimos así en el debate de la Ley 27/2011 y es algo que va en la línea de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Nuestra objeción a este factor de sostenibilidad es, de nuevo, la forma poco consensuada en que se ha diseñado. Se va a poner en marcha en el año 2019 y hay tiempo para diseñarlo de forma consensuada, porque hay cuestiones que no se han abordado y son importantes. Detrás de la esperanza media de vida hay una gran dispersión; el ejemplo más llamativo sería el de los discapacitados. ¿Por qué los discapacitados, con una esperanza de vida propia y más corta tienen que ver reducida su pensión en función de un dato medio? Este tipo de cuestiones deberían abordarse, y es lo que propone nuestra enmienda número 60.

El segundo pilar es el índice de revalorización. Es una fórmula compleja. Su complejidad la hace poco adecuada para sustituir un indicador tan fácil de entender como la inflación medida por el IPC. Pero detrás de esa complejidad puede ser una fórmula aceptable en cuanto que es únicamente una restricción presupuestaria. Nos dice que debe haber una relación entre lo que se gasta y los ingresos del sistema. La cuestión no está en la fórmula en sí, la cuestión es que a esa fórmula se le han agregado unos añadidos y se le han unido una serie de omisiones que hacen que de los posibles escenarios en que podría desembocar, vaya a hacerlo en uno muy concreto, en la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. ¿Cuáles son esos añadidos y cuáles son esas omisiones? El primer añadido es que se incorpora un tope máximo y un tope mínimo para la pensión que no son simétricos. Se habla en los dos casos de 0,25 pero en una ocasión el tope máximo es sobre la inflación y en otra no es menos la inflación, es sobre cero. El ejemplo sería un año con una inflación del 2 % y una revalorización del 0,25. Se perderían 1,75 puntos de poder adquisitivo en un


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solo año y harían falta siete años para recuperar lo perdido en uno. Es decir, que los dados están trucados. De ahí nuestra propuesta -es una de las enmiendas importantes, la número 43- para que los topes máximos y mínimos sean simétricos en torno a la inflación, 0,50 por encima y por debajo, de forma que lo que se pueda perder en un mal año se recupere en un buen año. Eso unido al incremento de ingresos, del que luego hablaré, garantizaría el poder adquisitivo a medio plazo.

Hay un segundo añadido peligroso, en nuestra opinión. La entrada en vigor inmediata no es en 2027 como había previsiones en la ley; no es en 2019, como el otro factor. En este caso es ya, en los Presupuestos Generales del Estado que se aprobaron incluso antes de la ratificación de esta ley. Aquí hay un tema de ahorro presupuestario a corto plazo que va a hacer que en medio de la crisis los pensionistas vean disminuir su poder adquisitivo, y esto va a deteriorar el consumo en España, va a aumentar las tasas de pobreza y va a afectar a todos esos núcleos familiares que dependen de la pensión como única fuente de ingresos, porque hijos y nietos están en paro. Nuestra enmienda propone una entrada en vigor en el año 2019, no inmediata, si esto acabase saliendo adelante.

La tercera cuestión que nos preocupa de esta fórmula se basa en las previsiones. ¿Quién va a hacer esas previsiones de manera independiente? Hay que hacer los cálculos del año actual y cinco años futuros. Proponemos que las haga la autoridad independiente de la responsabilidad fiscal, a pesar de que no creemos demasiado en su independencia, como es sabido. Frente al Ministerio de Economía nos parece más apropiado que sea esa autoridad la que haga las previsiones. Las haga quien las haga hay un riesgo de que se acaben haciendo previsiones en función de las necesidades presupuestarias de cada año, y ese es otro defecto importante de la fórmula.

El cuarto problema -y aquí entramos en las omisiones- tiene que ver con el lado de los ingresos. La propuesta del Gobierno sobre ingresos es sencilla y breve, no hay propuesta, y esto ya resulta muy sorprendente, porque en declaraciones públicas sí habla de disponibilidad a aumentar los ingresos pero, ¿dónde está eso en la ley? Su propuesta es la que nos trae en el texto y en el texto no hay ninguna propuesta que tenga que ver con el aumento de los ingresos. Este es uno de los rasgos clave que condena la pérdida del poder adquisitivo. Con más personas jubiladas el gasto tenderá a aumentar. Las previsiones oficiales son de 14 puntos del PIB en el año 2050. Sin embargo, los ingresos por cotizaciones se prevé que se mantengan en el 10 %. Si no se hace nada -y aquí no se hace nada- eso quiere decir que habría que evitar esa subida de las pensiones para mantener la sostenibilidad del sistema. Todo el ajuste se haría vía gastos. Evidentemente esta no es la única alternativa, se puede cumplir la restricción presupuestaria también actuando sobre los ingresos; los ingresos no están dados, olvidarse de ellos es una decisión política que el Gobierno ha tomado. Incluso es más razonable; en una sociedad que envejece y en la que va a haber más jubilados lo lógico sería buscar recursos adicionales con los que hacer frente a esas mayores necesidades. Esto no es una tarea imposible porque nuestros vecinos hoy en día gastan en pensiones tres puntos del PIB más que nosotros, y tienen también unos mayores ingresos en términos del PIB. ¿Es tan imposible, a décadas vista, situarnos en un escenario similar al de nuestros vecinos europeos? Nosotros creemos que no.

La mayor parte de nuestras enmiendas tiene que ver con estas cuestiones. Podríamos haber hecho propuestas más genéricas evadiendo la cuestión, pero por sentido de la responsabilidad hemos detallado cómo, a nuestro modo de ver, habría que aumentar los ingresos del sistema, y lo hacemos por tres vías. La primera y más importante es la financiación complementaria del sistema vía Presupuestos Generales del Estado. Esto no implica una subida de impuestos, porque no estamos diciendo que haya que hacerlo de manera inmediata, cuatro puntos del PIB ya, sino a lo largo de varias décadas. El propio cambio demográfico va a liberar recursos; hoy gastamos tres puntos del PIB en desempleo y no va a estar ahí ese problema cuando haya escasez de mano de obra. Se trata más de reasignar recursos. Esa financiación complementaria vía presupuestos mediante reasignación de recursos sería la vía fundamental para dotar de mayores recursos al sistema.

En la enmienda 61 proponemos una garantía general de un mínimo de ingresos, del 14 % del PIB en el año 2050, acorde con esas previsiones oficiales. Y propuestas concretas: que las medidas que tienen carácter social y no contributivo se financien vía presupuestos, por ejemplo, el tiempo reconocido de cotización por parto -hay más medidas sociales no contributivas-; que los gastos de gestión de la Seguridad Social se financien vía presupuestos; que las pensiones de viudedad y orfandad se financien vía presupuestos; que se transformen las reducciones hoy existentes en bonificaciones, con lo que también irían vía presupuestos, e incluso que se contemple la posibilidad de mejorar la renta disponible de los pensionistas mejorando su tributación en el marco de la próxima reforma fiscal. Este conjunto de


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medidas dotarían de más recursos al sistema por vía presupuestaria, insisto, no subiendo los impuestos sino reasignando de manera sostenida en el tiempo más recursos en esa dirección que se liberarían de otros usos por el propio cambio demográfico.

La segunda vía de mayor dotación de recursos al sistema es vía cotizaciones. Nosotros, como partido, no defendemos una subida generalizada de cotizaciones, porque en España son altas en el contexto europeo y porque son un impuesto sobre el trabajo, pero sí creemos que hay cierto margen para que en determinados colectivos las bases de cotización reflejen mejor los ingresos reales que esas personas están percibiendo. Eso sí, creemos que ese mayor esfuerzo debería haberse reconocido en forma de mayor protección o de unos topes máximos de gestión más generosos, reconocidos parcialmente. Por tanto, no subida generalizada de cotizaciones pero sí cierto margen de actuación por esa vía, logrando que cuando no es así las bases reflejen mejor los ingresos realmente percibidos.

Tercer núcleo de esta propuesta de mayor dotación de ingresos: la lucha contra el fraude. Cuando uno lo propone enseguida se le tacha de demagógico, pero es que el fraude está ahí; el fraude fiscal en otros contextos y aquí el fraude laboral y a la Seguridad Social, a menudo uno y otro ligados. En nuestras enmiendas se propone dotar de más recursos materiales y humanos a la inspección, algo que hacemos en otro contexto con la Agencia Tributaria. Se nos dirá que son muy eficientes. Desde luego. Son grandes profesionales. Desde luego. Pero en la Unión Europea hay un inspector por cada siete mil trabajadores y en España hay un inspector por cada veinte mil trabajadores, es decir, que estamos haciendo la tercera parte de esfuerzo que nuestros competidores. Hay un margen, por tanto, para mayor lucha contra el fraude, no solo endureciendo las leyes sino haciéndolas efectivas, con más recursos materiales y humanos para la inspección.

Por otro lado nos habría gustado que se aprovechase esta reforma para hacer una reforma más a fondo e integral del sistema de Seguridad Social. Hay una serie de temas pendientes que podrían haberse abordado en este contexto como, por ejemplo, unificar los regímenes hasta que queden solo dos grandes regímenes, el general y el de cuenta propia; incentivar más la prolongación voluntaria de la vida laboral; crear una agencia de la Seguridad Social; en definitiva, una reforma más integral del sistema y no tan parcial como la que se plantea.

También nos habría gustado ver medidas de rejuvenecimiento de la población, de incentivo a la natalidad. Esto no está de moda, ahora se tachan de políticas natalistas. No estamos diciendo que la gente tenga más hijos de los que quiera, queremos que la gente tenga los hijos que desee tener. Hoy hay muchas parejas jóvenes que no pueden tener el número de hijos que desearían, por fallos en guarderías, en la educación de 0 a 3 años, en horarios. En ese sentido proponemos medidas para que las personas puedan tener el número de hijos que deseen con políticas educativas y de conciliación. Proponemos también que el régimen de Seguridad Social de los parlamentarios se adecue al régimen general, no queremos que tenga ningún privilegio ni tampoco ningún perjuicio. Hoy, por ejemplo, no tienen derecho a la prestación por desempleo. ¿Por qué proponemos esto? Porque estamos cambiando un sistema y nosotros también deberíamos vernos afectados por esos cambios.

No querría terminar esta intervención sin hacer mención a las enmiendas transaccionales que el Grupo Popular nos ha propuesto. Quiero agradecer expresamente el esfuerzo de la portavoz popular, Carolina España, y del secretario de Estado, pero no hemos podido aceptar ninguna de esas enmiendas, y hay varios motivos. En primer lugar se nos han planteado hoy, unas horas antes de la votación, en un tema que se arrastra desde hace casi seis meses, y en segundo lugar se ha sustituido el número de transacciones por su calidad, por su importancia; eran enmiendas transaccionales de asuntos menores o que ya estaban recogidos en nuestras enmiendas, intentando aparentar un consenso y una cercanía que en este tema no existe, porque estamos radicalmente en contra de la reforma. Les animamos a que, si les gustan las propuestas, las voten en forma de enmiendas, pero no tiene sentido aparentar acuerdos que no tienen base en la realidad. Por ejemplo, que la autoridad fiscal haga las previsiones, el tema de los dos regímenes o estudiar los incentivos son materias en las que habría posibilidad de acuerdo. Nuestras enmiendas no diferían mucho de las transaccionales.

El único cambio importante tiene que ver con aumentar el tope máximo de inflación más 0,25 a inflación más 0,5. Tampoco podemos aceptar eso porque nuestra propuesta era una banda simétrica. Se aumenta al máximo pero con las previsiones que hay muy raramente estaremos en ese máximo, habría que haber tocado el mínimo, y aceptar esto sería aceptar el conjunto de la fórmula que en absoluto compartimos. Por eso, como han manifestado ya los portavoces de otros grupos, no vamos a aceptar las enmiendas transaccionales y vamos a rechazar el conjunto del texto.

Gracias por su generosidad, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias a usted pues la cuestión lo merece. A continuación tiene la palabra don Joan Coscubiela por La Izquierda Plural.

El señor COSCUBIELA CONESA: El pasado 30 de octubre la ministra de Empleo cerraba su intervención en el debate de las enmiendas a la totalidad en el Pleno invitando a los grupos parlamentarios a presentar alternativas y al diálogo. Las palabras más repetidas fueron diálogo y que su ley garantizaba el poder adquisitivo de las pensiones. Desgraciadamente han resultado falsas y, como intuíamos entonces y se ha confirmado durante estos 20 días, aquella invitación al diálogo ha sido solo una cortina de humo, una mera campaña de imagen vacía de contenido.

Como ha sucedido durante toda esta legislatura, con escasas excepciones, este Gobierno no negocia y luego, eso sí, se permite decir que no presentamos alternativas. No negocia porque se ha instalado muy cómodamente en la mayoría absoluta y más allá del impacto negativo de sus políticas creo que no es consciente -y si lo es es un irresponsable- del daño que está haciendo a una cosa tan básica como es el Poder Legislativo en este país y a su función también de punto de encuentro para construir alternativas a los problemas sociales que tenemos. Así ha sido durante todo el proceso de tramitación de este proyecto de ley. Quiero recordar algunos de los momentos clave de este proceso. Primero se constituyó una comisión de expertos sin siquiera darnos la oportunidad a los miembros de la Comisión del Pacto de Toledo de hacer sugerencias. Se justificó diciendo que los expertos eran expertos solo del Gobierno. Después, con la propuesta de los expertos encima de la mesa le pedimos reiteradamente al Gobierno su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo y esa comparecencia no se produjo hasta que el proyecto de ley ya había sido aprobado en el Consejo de Ministros y solo entonces la ministra compareció, con la política de hechos consumados que le caracteriza. Tanto es así que no solo a nosotros nos ha ninguneado sino que lo ha hecho también con organismos consultivos, como el Consejo Económico y Social. Quiero recordar que el Consejo Económico y Social emite un dictamen muy duro, muy contundente y sobre todo muy ilustrativo, porque aúna a sindicatos, empresarios y a prácticamente todos los miembros del Consejo Económico y Social; lo emite un jueves y sin apenas haberlo leído y valorado, al viernes siguiente, con menos de 24 horas, el Gobierno aprobó su proyecto. Son ejemplos claros de la voluntad del Gobierno de seguir una ruta marcada que pasa por cualquier lugar menos por el diálogo, que tiene una guía muy clara, que es el acuerdo, el memorándum que firmó el Gobierno en julio del año pasado con la troika, que tiene el compromiso de implementar esta reforma el 1 de enero de 2014 como contrapartida a la ayuda que la troika ofrece a los bancos para su reestructuración, ayuda que, por supuesto, no excluye que quienes tengamos que pagar esa reestructuración seamos todos los ciudadanos.

¿Sobre qué se puede negociar si el Gobierno se cierra en banda sistemáticamente a cualquier modificación significativa de su proyecto? Esto no es diálogo, ni tan siquiera hablar; en el mejor de los casos es una cháchara o una imagen de diálogo vacía de contenido. Durante toda la tramitación el Gobierno se ha ido quedando cada vez más solo -y hoy es una evidencia-, cada vez más aislado. Como nos ha dicho de forma reiterada, se siente felizmente aislado con sus votos. Quiero recordar que fueron votos conseguidos legítimamente pero engañando a muchos ciudadanos y especialmente a los pensionistas, a los que se les prometió una cosa y se ha hecho literalmente la contraria, y no solo antes de llegar al Gobierno sino incluso después de llegar al Gobierno, porque la excusa de no saber con lo que se encontrarían es una excusa que decae en el momento en que se llevan ya dos años de legislatura. Hoy hace dos años de la consumación de una espectacular estafa democrática a los trabajadores y a los pensionistas, con todas las promesas vertidas y nunca cumplidas. Quiero recordar que el Gobierno también ha incumplido un compromiso que asumió hoy hace un año votando todo el Grupo Popular en el Congreso una moción presentada por nuestro grupo que exigía la revalorización de las pensiones en el año 2012. Quiero recordarlo porque si aquello tiene unas consecuencias negativas para los pensionistas la tiene aún más para nuestra función. Se lo he dicho en algún momento a la portavoz del Grupo Popular: No puede apostarse por el diálogo cuando al Gobierno no le cuesta nada incumplir los compromisos que asume. Hay una cosa básica en cualquier diálogo y es el sentido de que lo que vas a acordar se va a cumplir y se va a respetar. Pacta sunt servanda es un principio jurídico muy antiguo de nuestra civilización que parece que no influye en el comportamiento del Gobierno. Es muy difícil y creo que de aquellos polvos vienen estos lodos. No es casual que hoy ninguno de los grupos vaya a aceptar ninguna enmienda transaccional al Grupo Popular y no solo porque son enmiendas de broma -en algún caso una cierta provocación- sino, sin duda, porque el comportamiento del Gobierno ha generado en el conjunto de grupos una sensación de ninguneo, una sensación clarísimamente de provocación en su comportamiento.


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Hoy vamos a ratificar las razones que nos llevan a oponernos a este proyecto de ley mal llamado de sostenibilidad -los eufemismos de utilizar palabras bonitas para justificar políticas nefastas-. Nuestro grupo tiene claro que el sistema de Seguridad Social tiene retos a medio plazo fruto de los cambios demográficos, pero no solo, también tiene un modelo productivo ineficiente, incapaz de generar suficiente empleo y sobre todo empleo de calidad, que es de baja productividad, de alta precariedad y de bajos salarios. Ahí está, sin duda, la carcoma del sistema de Seguridad Social. Ahí es donde hay que ir a apuntar medidas de fondo, estructurales, si se quiere de verdad la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social. Es un problema agravado durante esta legislatura por las políticas de austeridad salvajes, injustas y suicidas y por una reforma laboral que, se diga lo que se diga, ha supuesto un efecto profundamente negativo en los ingresos de la Seguridad Social por la vía de incentivar la destrucción de empleo, también por la vía de la bajada de los salarios y por lo tanto de las cotizaciones.

Porque somos conscientes del problema -lo digo porque en su descalificación algunos miembros del Partido Popular cometen injusticias con nuestro grupo, como la que cometió don Gerardo Camps en su momento-, no lo negamos, tenemos claro que existe; lo que negamos es el diagnóstico que se hace, el oportunismo con el que se hace y las medidas que se proponen para un diagnóstico tan erróneo como oportunista. A lo que sí nos negamos es a que se utilice el impacto que en términos de ingresos está provocando la crisis para adoptar medidas estructurales que nada tienen que ver con las causas del problema y que tienen mucho que ver con la voluntad de aprovechar la crisis.

El Gobierno ha construido la justificación de su propuesta, a nuestro entender, con algunas falsedades muy graves. Por ejemplo, es falso que España gaste mucho en pensiones, se gasta tres puntos del PIB menos que la media de la Unión Europea, o, lo que es lo mismo, si gastáramos lo mismo en pensiones que aquellos con los que nos comparamos cuando les interesa hoy dispondríamos de 30.000 millones más en pensiones. Ya sé que eso no se resuelve en una legislatura, pero esa es la realidad hoy. En segundo lugar, es falso que el gasto en pensiones se haya disparado en los últimos años. Se está produciendo una reducción del crecimiento del gasto en pensiones. Es falso que la única política posible sea la reducción del gasto; nunca el equilibrio entre gasto e ingreso se resuelve tocando solo una variable, y el Gobierno ha renunciado a tocar la variable de los ingresos. Por ello, las enmiendas de nuestro grupo van dirigidas a conseguir una mejora de los ingresos. Lo hacen también las del resto de grupos. En el debate de una ley de esta envergadura, donde hay posiciones ideológicas de concepción económica y política tan distintas como las que representamos los grupos de la oposición, es difícil encontrar una tramitación de una ley que como con esta se hayan presentado tantas alternativas por los grupos de la oposición y en la que en los grupos de la oposición exista tanto consenso en el tronco común de esas iniciativas.

Por parte de nuestro grupo ofrecemos tres bloques de medidas para actuar en materia de ingresos. En primer lugar, utilizar con prudencia y decisión el fondo de reserva; sabemos que no es inagotable, pero sabemos también que va a terminar este año con entre 53.000 y 56.000 millones de euros; hay margen para utilizarlo como medida de choque y por lo tanto para evitar algo que es incomprensible, que con una inflación baja prevista para el año 2013 se quiera, sí o sí, aplicar ya eso en 2014. Les planteamos también a corto y medio plazo el incremento de los ingresos contributivos por cotizaciones, por la vía de aumentar las bases máximas, también las mínimas, complementando con el desbloqueo de las pensiones máximas -que no se entienden-, incluyendo todas las percepciones en la base de cotización. Otras medidas tienen que ver con la inclusión de que los costes de gestión de la Seguridad Social vayan a cargo de la Fiscalía General, y adelantar el proceso de armonización de las cotizaciones de los regímenes previstos en la Ley 27/2011, que es posible; si se quiere ayudar a los autónomos, hay que hacerlo no cargándolo al sistema de Seguridad Social sino haciendo que eso vaya a cargo de la fiscalidad del conjunto del país, por tanto de una aportación solidaria. Proponemos poner en marcha durante este periodo transitorio, como medida de choque, una contribución social generalizada, que unos sindicatos han concretado de una manera y otros de otra, pero la idea es esa. Y a medio plazo les planteamos poner en marcha un cambio en la estructura de financiación del sistema de Seguridad Social, porque somos conscientes de que la mejora de los ingresos contributivos tiene un límite y ahora hay que empezar a trabajar en un cambio de esa estructura. Coincidimos prácticamente todos los grupos de la oposición -teóricamente el Partido Popular y el Gobierno también, pero no hacen nada para concretarlo- en que hay que separar el coste en estos momentos de 22.000 millones de euros de las pensiones de viudedad y de orfandad y situarlas progresivamente, en las próximas décadas, para que sean sufragadas con ingresos fiscales y por lo tanto dejar de presionar a las contribuciones.


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Fíjense ustedes si hay alternativas encima de la mesa, ninguna de ellas es maximalista, se las ofrecemos gradualmente porque estamos convencidos de que son posibles y viables para evitar lo que ustedes quieren consumar en el año 2014.

Es falso, por último, que el Gobierno garantice con esta fórmula el poder adquisitivo de las pensiones. Todos los datos, incluso los de la propia memoria del Gobierno, indican que vamos abocados a una pérdida a perpetuidad, al menos en los próximos siete o diez años, del poder adquisitivo de las pensiones. Solo un dato: si se hubiera aplicado su propuesta del año 2011-2012, las pensiones habrían caído 5,3 y se tardaría 21 años de bonanza para recuperarlo; esa es la evidencia del desequilibrio de la fórmula que nos plantean. Pretenden cambiar un sistema de revalorización garantizado por ley con un indicador cierto, conocido, transparente, sin arbitrariedad de los Gobiernos, por otro opaco, sometido a la arbitrariedad de los Gobiernos de turno.

Por último, déjenme que les diga con respeto, pero con contundencia, que es falto y mezquino que se afirme que esta reforma va orientada a garantizar las pensiones de los jóvenes de hoy en el mañana. Eso es mezquino políticamente y falso económica y políticamente. Ustedes saben que lo único que puede garantizar las pensiones del futuro de los jóvenes es trabajo digno hoy, porque si no cotizan dignamente hoy jamás van a tener pensiones dignas después en un sistema contributivo. Y otra cosa que lo garantiza es hacer el cambio de modelo productivo para que cuando se jubilen pueda haber cotizantes que les garanticen esos ingresos. Dejen de confrontar generaciones. Tanto que les gusta utilizar el régimen bolchevique para acusar a otros, dejen de poner en marcha la lucha de clases entre generaciones, es lo peor que se puede hacer. Tienen una oportunidad, se la hemos ofrecido todos los grupos de la oposición, tiene un hilo conductor. El PP debería reflexionar hoy. ¿Cómo es posible haber conseguido unir a personas que tenemos opiniones tan distintas en tantas cosas y que a lo largo de estos años nos hemos comportado de manera tan diferente en relación con el futuro de la Seguridad Social? ¿Cómo es posible? Les digo algo que hemos comentado entre nosotros: nos hemos sentido burlados. Nos hemos sentido burlados por el Gobierno y por su fiel infantería del Partido Popular. Puedo reconocer que el comportamiento personal de los miembros del Partido Popular en la Comisión del Pacto de Toledo y en esta Comisión es correcto, pero de qué me sirve que me traten correctamente con las formas cuando después de haber comprometido diálogo la ministra se nos presentan propuestas dos o tres horas antes en esta Comisión que, en el mejor de los casos, son burla.

Para que vean que vamos en serio: Grupo Popular miren bien hoy, aquí, solemnemente porque hay tiempo. Vuelvo a repetirles la propuesta que le hice en nombre de nuestro grupo a la ministra en la interpelación en el Pleno: aparquen el factor de revalorización -no digo que lo retiren- y no lo apliquen en el año 2014; incluso aceptaríamos que mantuvieran el factor de sostenibilidad para aplicarlo en el año 2019, tenemos tiempo de hablarlo y de discutirlo. En estas condiciones estamos dispuestos a reabrir el diálogo social -se lo han dicho los sindicatos- y la negociación política. Fíjense bien en la propuesta que les estoy haciendo. Es una propuesta políticamente viable y económicamente posible. A ustedes se les llena la boca con la afirmación de que el IPC va a terminar en un cero en el año 2013 y es perfectamente posible que se presenten en 2014 con una propuesta de revalorización de las pensiones que sin condicionar las reforma estructural en el futuro pueda darnos tiempo para el diálogo. No hay ninguna razón para que cierren las puertas al diálogo. Bueno, sí, desgraciadamente hay una y es que el Gobierno y el Grupo Popular tienen un compromiso incomprensible con la troika que pone por delante de la soberanía nacional, esa con la que el señor Rajoy dice que no quiere jugar pero que se vendió en julio del año pasado cuando firmó el memorándum. Y desgraciadamente hay algunos lobbies que le han dicho al Partido Popular: señores del Partido Popular, señores del Gobierno, o ahora o nunca, o les colocamos esta reforma ahora, que con la crisis y el miedo los tenemos en una situación predispuesta y tenéis mayoría absoluta, o no lo vamos a hacer nunca. Esa es la única explicación de por qué están adoptando esa estrategia tan dura.

Termino. Los lobbies están preparando ya la ofensiva para aprovecharse de esa actuación. Quiero pedirles formalmente a los miembros de los medios de comunicación que están aquí presentes, que nos ayuden a explicar lo que en estos momentos está puesto en marcha. Se ha puesto en marcha una ofensiva de las aseguradoras -lo señalaba hace un momento el portavoz del Grupo Mixto, de Amaiur-; estamos recibiendo todos los ciudadanos información -y los parlamentarios también- donde se nos pone al corriente de las posibilidades que tenemos con los sistemas complementarios para cubrir aquello que el sistema público deje vacío. Lo más grave es que esa ofensiva de márquetin y de las entidades aseguradoras la están haciendo con la connivencia del Gobierno, que tiene previsto poner en marcha a partir del 1 de enero de 2014 una política mediante la que va a informar a los ciudadanos de que el nivel


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de cobertura de sus pensiones va a bajar y de que si quieren garantizar en el futuro las pensiones busquen otros sistemas alternativos en los sistemas complementarios.

El Gobierno quiere reducir el sistema público de pensiones para achicar espacios que puedan llenar los sistemas privados. El Gobierno no tiene ningún problema en matar o al menos dejar herido de muerte al Pacto de Toledo, pero nosotros no lo vamos a permitir. Para nosotros el Pacto de Toledo no está muerto, aunque ustedes están haciendo todo lo posible para enterrarlo vivo. Pero no, no les vamos a dejar que se pulan algo que hemos construido entre todos, ni el Pacto de Toledo ni el sistema público de Seguridad Social.

El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz don Carles Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, el conjunto de los portavoces estamos insistiendo en que la tramitación parlamentaria de esta reforma de las pensiones es inédita en los últimos veinte años. En los últimos veinte años, en España el proceso intenso de reformas en su sistema de pensiones, propiciadas por los acuerdos del Pacto de Toledo, ha tenido dos características fundamentales: reformas precedidas de acuerdos con los interlocutores sociales y reformas que, en la medida en que llegaban a la Cámara acordadas con los interlocutores sociales, alcanzaban un consenso amplio que superaba siempre la estricta mayoría del grupo que apoyaba al Gobierno. Esta es la primera vez que en veinte años se produce una reforma de estas características. No es un tema menor en términos políticos, y no lo es porque si durante estos veinte años se ha construido esa forma de alcanzar reformas es precisamente para dotarlas de legitimidad social y de sostenibilidad en el tiempo. Y el Partido Popular, desde la pereza mental que a menudo otorgan las mayorías absolutas a quienes gobiernan, ha optado por lo cómodo, y lo cómodo es, efectivamente, ejercer el rodillo en esta reforma y ningunear a los interlocutores sociales; ninguneo a los interlocutores sociales que se ha expresado en otro hecho inédito, que es el rechazo unánime del Consejo Económico y Social a la reforma que el Gobierno plantea. En poquísimas ocasiones -a mí se me escapa si existe algún precedente de estas características- el Consejo Económico y Social había formulado una verdadera enmienda a la totalidad a un proyecto de ley del Gobierno en una materia directamente competente del Gobierno y que el Gobierno reaccionase escuchando a esa reclamación. Por tanto -insisto- es un procedimiento inaudito y un error político grave que expresa pereza mental del Gobierno para intentar escuchar aquello que los interlocutores sociales y los grupos parlamentarios le expresamos durante estos últimos meses.

Tal y como pudimos decir en el debate de las enmiendas a la totalidad, la vocación de diálogo de la ministra ha sido una simple expresión retórica. Esa expresión retórica se ha concretado en unas propuestas de transacciones que no solo se nos han hecho llegar este mediodía en nuestro caso, sino que además tienen un contenido material tan escaso que hace pensar que la opinión que el Gobierno tiene de los grupos de la oposición es muy baja, porque si el Gobierno cree que en estas condiciones estamos en disposición de aceptar estas transacciones es que realmente nos tiene en muy poca consideración. Son transacciones anecdóticas que no resuelven ninguna de las cuestiones que nos preocupan y ocupan a los grupos de la oposición. Por tanto, otro hecho inédito es que en esta ocasión ningún grupo de la oposición va a aceptar las transacciones que nos ofrece el Grupo Popular, cuestión que lógicamente no tiene nada que ver con la señora España desde el punto de vista de sus responsabilidades políticas sino con la manera en la que no ella personalmente sino su grupo y el Gobierno han manejado todo este asunto.

El proyecto de ley, evidentemente, tiene trámite abierto. El proyecto de ley va a salir de esta Comisión e irá al Senado, y vamos a ver si en el Senado el Grupo Popular rectifica y vuelve a la lógica del Pacto de Toledo, aunque he de decir que soy escéptico sobre eso. He de decir que el Pacto de Toledo queda tocado profundamente con esta reforma y que quien gobierne en la próxima legislatura deberá esforzarse por recuperar consensos. Lógicamente, cuando las mayorías sean distintas -y espero que lo sean en la próxima legislatura- espero que esta reforma sea rectificada y lo sea de la única manera posible, que es con un acuerdo social que permita recuperar que las reformas que afectan al sistema de pensiones sean reformas consensuadas con los interlocutores sociales y avaladas por mayorías muy amplias.

Hechas estas consideraciones sobre los aspectos estrictamente formales, en los aspectos de fondo quiero insistir en la idea que ya planteábamos en el debate de las enmiendas a la totalidad, que es que cuando el Gobierno argumenta la reforma en aras de la sostenibilidad del sistema -y más allá del adanismo que denunciábamos en aquel debate, donde parecía que la ministra Báñez había olvidado los esfuerzos reformistas que los Gobiernos del Partido Popular habían hecho también en esta materia- se olvida de contar que hoy las condiciones de salud financiera del Sistema Público de Pensiones son


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mejores que las que se encontró el Partido Popular en 1996. Hay un mayor número de cotizantes: de trece millones hemos pasado a más de dieciséis millones de cotizantes. El gasto en términos de PIB en pensiones ha sido estable, no ha habido en términos de PIB un incremento del gasto en pensiones. La relación entre pensionista y cotizante hoy es mejor que la que había en 1995; en 1995 había 2,06 cotizantes por pensionista y hoy estamos a 2,29 cotizantes por pensionista. En 1995 no existía un fondo de reserva de la Seguridad Social y hoy hay un fondo de reserva de la Seguridad Social. En 1995 la edad media de jubilación real estaba alrededor de los 62 años y hoy supera los 64 años. Estamos mejor que en 1995 y entre otras cuestiones también por méritos de los Gobiernos del Partido Popular. Por tanto, fundamentar esta reforma en base a un problema que si existe lo es en el medio plazo y en el que llevamos años trabajando, nos parece, en términos intelectuales, deshonesto, porque el problema hoy del sistema público de pensiones no es la demografía sino la destrucción de empleo que ha supuesto la caída de unos cuantos millones de cotizantes en comparación a los que teníamos antes de 2008.

Más allá de esta cuestión, el factor de sostenibilidad que el Gobierno propone en este proyecto de ley es un factor injusto porque -lo decía muy bien el señor Anchuelo- trata a todas las situaciones de la misma manera y no reconoce que no todas las personas tienen la misma esperanza de vida, en función de las discapacidades con las que hayan nacido o las que les haya producido un accidente o una enfermedad; en función del tipo de empleo que tengan; en función, incluso, de los estilos de vida que hayan realizado. Por tanto, aplicar en el cálculo de la pensión inicial el factor de la esperanza de vida va a ser injusto para miles de pensionistas que van a ver que sobre su pensión inicial se le disminuye la cantidad que van a recibir.

En cuanto al factor de revalorización, lo hemos repetido hasta la saciedad: es inédito en nuestro entorno europeo, es oscuro, es difícil de entender, está cargado de variables que van a depender de la arbitrariedad política del Gobierno en las leyes de presupuestos, pero además tiene un problema principal, y es que deja de orientar la actualización de las pensiones al mantenimiento del poder adquisitivo. Lo importante ya no es que los pensionistas a lo largo de su vida puedan tener la misma capacidad de gasto, eso desaparece; lo importante es que los ingresos y los gastos del sistema estén equilibrados en el ciclo económico. Es un cambio conceptual que junto con el modelo del factor de sostenibilidad que defiende el Partido Popular nos abre el interrogante de si la agenda oculta que defiende el Gobierno es evolucionar de un sistema de prestación definida, como es el que tenemos en España en todos estos años, a un sistema de contribución definida. Porque la lógica del factor de sostenibilidad en el que la cuantía de la pensión inicial depende de la esperanza de vida del individuo, con la idea de que a lo largo de la vida la persona que viva más años anualmente cobre un poco menos que mensualmente, o la idea de que el sistema debe estar siempre en equilibrio y el mantenimiento del poder adquisitivo no puede poner en riesgo el equilibrio del sistema responden a esa lógica de la contribución definida, lógica que nunca está orientada a reducir el riesgo de pobreza entre los mayores ni al mantenimiento del nivel de ingresos del pensionista en relación con el que tenía cuando estaba activo en el mercado de trabajo.

Es una reforma que nos abre una vía que, si se consolidase -yo espero que no-, afectaría a la capacidad redistributiva del Sistema Público de Pensiones y al principal objetivo de los sistemas públicos de pensiones en Europa, que es evitar el riesgo de pobreza entre las personas mayores. El sistema abre las condiciones para que los pensionistas en el futuro sean más pobres y estén menos protegidos en tiempos de crisis. Hoy mismo el Instituto Nacional de Estadística hacía pública la encuesta de calidad de vida con datos provisionales de 2013. Hoy, con el sistema actual y a pesar de las congelaciones de 2011 y 2012, los pensionistas han mantenido ingresos estables y han sido protegidos ante esta crisis porque el sistema les permite no verse afectados como se ven afectadas las personas que pierden su empleo. Con la nueva lógica, en la que lo importante ya no es el mantenimiento del poder adquisitivo sino que los ingresos y los gastos estén cuadrados, los pensionistas en tiempos de crisis lo van a pasar mal, y los pensionistas en tiempos de crisis no tienen las mismas oportunidades -en realidad no tienen ninguna oportunidad- de responder con estrategias personales distintas a una situación de menos ingresos. Esta, señorías, es una cuestión fundamental que hacía que Convergència i Unió no pudiese apoyar esta reforma.

En relación con las enmiendas que les hemos planteado, entraré a mencionar algunas de ellas. La enmienda 65 supone la supresión de este factor de sostenibilidad en los términos que el Gobierno ha formulado y propone a través de la enmienda 68 que el factor de sostenibilidad sea acordado con los agentes sociales, que hubiese sido lo normal; lo normal habría sido que el Gobierno llegase a esta Cámara con una propuesta alcanzada con los interlocutores sociales.


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La enmienda 66 pide la supresión de la nueva fórmula de regularización reclamando volver a la redacción vigente desde la reforma de 1997. Recordemos que fue en tiempos de Gobiernos populares, con mayorías relativas y como expresión de un compromiso del Pacto de Toledo y como expresión, además, de la vocación de que la subida de las pensiones no dependiese de la voluntad política del Gobierno sino que estuviese garantizada por ley, cuando en 1997, con una reforma pactada con los agentes sociales y con un apoyo casi unánime de la Cámara, se consagró el principio de que anualmente la evolución de las pensiones se adecuaría al IPC. Reivindicamos eso, señora España, reivindicamos volver al consenso que ustedes protagonizaron en 1997 en base a los acuerdos del Pacto de Toledo.

La enmienda 67 es una enmienda que nos trasladó el Cermi, la plataforma de personas con discapacidad, precisamente para intentar aminorar las consecuencias que el factor de sostenibilidad va a tener en relación con las personas con discapacidad y que al menos en la consideración de la esperanza de vida se tuviese en cuenta que la esperanza de vida de las personas con discapacidad es distinta, es menor que la que tiene el conjunto de la población. Sobre esta enmienda, por no haber, no ha habido ni una de estas transacciones lights que nos han propuesto.

La enmienda número 69 -creo que otros grupos también han presentado enmiendas en este sentido- pretende descargar de los actuales gastos que son financiados por las contribuciones a la Seguridad Social los gastos de administración del sistema de la Seguridad Social. Estamos hablando de que más de 2.000 millones de las cotizaciones de trabajadores y empresarios sirven hoy para financiar la estructura. Sería razonable que eso se financiase con cargo a la imposición general.

En el mismo sentido va la enmienda 70, que plantea que las reducciones de cuotas a la Seguridad Social se reconviertan en bonificaciones a cuotas para que no hay disminución de los ingresos del sistema de la Seguridad Social.

La enmienda 71 abre un debate significativo -aquí ha habido una transacción pero muy insuficiente- sobre si hay que continuar avanzando en la separación de las fuentes de financiación del sistema de la Seguridad Social en relación a las prestaciones por muerte, supervivencia, viudedad y orfandad. Es un debate complejo, un debate importante, un debate que afecta a más de 20.000 millones de euros en la actualidad en el sistema y en el que planteábamos un acuerdo social para que en el plazo de 25 años este gasto pasase a ser financiado por la imposición general.

La enmienda 72 es una enmienda histórica -algunas de sus señorías seguro que la recuerdan- que afecta a los trabajadores del grupo ITT-España que llevan más de 30 años reclamando que resolvamos su problema. Hemos aprobado hasta cinco proposiciones no de ley mandatando al Gobierno resolver su situación y aún no lo hemos logrado.

La enmienda 73 pretende resolver las cuestiones sobre si esta reforma se aplicaría a los despedidos antes de la entrada en vigor de la misma.

La enmienda 74 responde también a otra petición del Cermi en relación con la compatibilidad de la pensión no contributiva con el empleo.

Enmienda 75 pretendía que la legislación del Estado reconociese que en las comunidades con derecho civil propio existen prestaciones análogas a la pensión compensatoria y que hoy no permiten jugar en el reconocimiento de la pensión de viudedad.

Como significativas -porque el señor presidente me indica que estoy agotando mi tiempo- querría hacer mención a la enmienda número 77, porque en 2011 uno de los acuerdos que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) alcanzó con el Grupo Socialista pasaba por mejorar tanto el trato fiscal de la pensión de viudedad para las personas adultas incorporadas al mercado de trabajo como el aumento gradual de la base reguladora de la pensión de viudedad. Esa previsión, incorporada en la ley de 2011, que entró en vigor el 1 de enero de 2013, el Gobierno popular la ha suspendido y reclamábamos que entrase en vigor, tal y como estaba previsto en 2011.

Señorías, es una pena. Se están haciendo las cosas mal. Se ha perdido la oportunidad de promover una reforma sólida política y socialmente en el tiempo en una materia en la que en los últimos veinte años todos -con claroscuros, pero todos- podíamos exhibir una hoja de servicios ejemplar; la podíamos compartir, la podíamos incluso -si me lo permiten- exhibir ante otras sociedades europeas, y en cambio su miopía política les lleva a imponer una reforma injusta y equivocada. Por tanto rechazaremos, lógicamente, en la votación final el contenido de esta propuesta.


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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Magdalena Valerio.

La señora VALERIO CORDERO: Señor presidente, señorías, intervengo en esta Comisión en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender nuestra posición en relación a la reforma del Sistema Público de Pensiones, de nuestro sistema público; reforma que van a perpetrar hoy ustedes abusando de su mayoría absoluta pero en total soledad -una soledad que se ha visualizado ya antes de comenzar esta Comisión-, sin el apoyo de ninguno de los grupos de la oposición pero además sin el apoyo de los sindicatos y de las organizaciones empresariales más representativas, en contra del informe del Consejo Económico y Social y, lo que es aún peor, en contra de los intereses de los cerca de nueve millones de pensionistas presentes y de muchísimos millones de pensionistas futuros.

Este sistema público de reparto está basado en la solidaridad intergeneracional y por ello desde el año 1995 se consideró que como es tan importante para millones de personas había que apostar por que cualquier reforma para garantizar la sostenibilidad económica y social del mismo viniese avalada por el consenso político y por el diálogo social. "Hace 18 años las fuerzas parlamentarias presentes en el Congreso de los Diputados suscribieron un gran acuerdo sobre el futuro del sistema público de pensiones que desde entonces se conoce como Pacto de Toledo." He comenzado a citar lo dicho por don José Antonio Griñán, que en ese momento, en el año 1995, era ministro de Trabajo y Seguridad Social y que de alguna manera puso mucho de su parte, junto con el resto de los grupos políticos, para que existiese este Pacto de Toledo. Estoy citando un párrafo de un artículo que se ha publicado en un diario de tirada nacional el día 16 de noviembre. Dice Griñán: "No fue como algunos pretendieron un pacto de silencio para sacar las pensiones del debate político. Todo lo contrario: fue un compromiso de la política para mantener una vigilancia permanente sobre las variables que inciden en el sistema y a partir de ellas, bien sean demográficas, normativas o económicas, tomar, entre todos, decisiones de preservación del sistema público. En su sentido más profundo, aquel consenso fue un pacto entre generaciones." Ese es el título de su artículo.

Ustedes, señorías del Partido Popular, están rompiendo el Pacto de Toledo. Ustedes han decidido no respetar las formas y desgraciadamente las formas, en este caso, condicionan muchísimo el fondo. Ya en el Consejo de Ministros del pasado 26 de abril nos dimos cuenta de que en el Plan nacional de reformas 2013 y en la actualización del Programa de Estabilidad de España para 2013-2016, a instancias de la señora Merkel y de la derecha europea iban ustedes a modificar nuestro sistema público de pensiones planteando que las pensiones no se revalorizasen según el IPC, y asimismo también pudimos comprobar cómo ustedes pensaban plantear la regulación del factor de sostenibilidad mucho antes de lo previsto en la Ley 27/2011, que preveía regularlo en 2027 para que entrase en vigor en el año 2032. A partir de ahí metieron ustedes el acelerador; nombraron inmediatamente un comité de expertos, supuestamente independientes, a los que encargaron un informe que debía estar elaborado antes del 31 de mayo, para que luego la Comisión del Pacto de Toledo elaborase las recomendaciones que derivasen en la normativa reguladora del factor de sostenibilidad que se aprobaría a lo largo de 2013. Por la Comisión pasaron algunos de los expertos y también los agentes sociales, pero el Gobierno estuvo desaparecido durante todo el verano. La señora ministra, doña Fátima Báñez, vino a comparecer el día 1 de octubre, cuando el proyecto de ley ya había sido aprobado por el Consejo de Ministros el día 27 de septiembre. Es decir, pasaron ustedes olímpicamente del Pacto de Toledo y no propiciaron que este pudiese elaborar ninguna recomendación al respecto.

Han seguido ustedes un procedimiento que no es el habitual y que resulta inadecuado, y no lo dicen solamente los grupos de esta Cámara, excepto el suyo; lo que acabo de citar lo dice el Consejo Económico y Social en su informe a este proyecto de ley, por cierto un informe lo suficientemente demoledor como para que el Gobierno se hubiese planteado retirar el mismo. Y es que ustedes decidieron enviar al CES un anteproyecto de ley sin haberlo negociado previamente con los agentes sociales y sin haberlo debatido en el seno del Pacto de Toledo. Ustedes decidieron comenzar la casa por el tejado. Eso sí, cuando la señora ministra llegó a la Comisión del Pacto de Toledo el día 1 de octubre, lo hizo apelando al diálogo y dijo que quería un debate tranquilo, profundo y sosegado. ¡Sin palabras! Como ejemplo de ello me referiré a las dos reuniones de la ponencia de esta ley, que simplemente han servido para incluir en el dictamen las autoenmiendas del Grupo Popular y han durado, en cómputo global, escasos cinco minutos. Esto es una buena muestra del interés de diálogo que ha mostrado el Grupo Parlamentario Popular con su Gobierno al frente.


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Nuestro grupo ha decidido plantear a este proyecto de ley exactamente 14 enmiendas parciales, todas ellas de supresión de los diversos artículos y disposiciones del proyecto. Hemos decidido volver a plantear una enmienda a la totalidad de devolución de cada uno de los artículos y disposiciones y no hemos hecho, conscientemente, ninguna propuesta alternativa, sencillamente porque creemos que las propuestas se han de hacer en el seno del Pacto de Toledo y con respeto al diálogo social. Tenemos elaboradas una pluralidad de propuestas, no se piensen ustedes que es que no tenemos propuestas; tenemos propuestas en materia de ingresos que han sido aprobadas recientemente en nuestra conferencia política, pero queremos plantearlas en el foro adecuado y, vuelvo a repetir, el foro adecuado es el Pacto de Toledo.

Por ello, en relación con las enmiendas del resto de los grupos hemos decidido votar a favor de aquellas que precisamente remiten al debate de las propuestas en el mismo y al diálogo social. Votaremos en contra de las propuestas que consideramos que no coinciden con nuestro modelo, como por ejemplo la transferencia de la gestión de régimen económico de la Seguridad Social a las comunidades autónomas, y nos vamos a abstener en una pluralidad de ellas con las que aunque en el fondo pudiéramos estar de acuerdo no creemos que este sea el momento y el lugar para debatirlas. Me estoy refiriendo, fundamentalmente, a algunas que se plantean con el objetivo de quitar presión en materia de gastos para que algunos pasen a ser financiados con impuestos o las que plantean un incremento de ingresos, así como las que atienden demandas de algunos colectivos concretos o personas.

Todas nuestras enmiendas de supresión se han basado en los mismos fundamentos que ya manifestamos en el Pleno del pasado 31 de octubre, en el que defendimos nuestra enmienda a la totalidad de devolución de este proyecto de ley. Por supuesto, además de discutir en relación con el no respeto de las formas por parte del Partido Popular, tampoco estamos de acuerdo con el fondo de lo que ustedes quieren hacer; no estamos de acuerdo ni con la regulación del factor de sostenibilidad ni con la regulación del índice de revalorización. Ustedes han decidido claramente no cumplir con su programa electoral, aquel que decía que iban a mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Ustedes están metiendo el miedo en el cuerpo a los casi nueve millones de pensionistas presentes y también a los futuros, están generando tal grado de incertidumbre y tal alarma social en relación con la sostenibilidad de nuestro Sistema Público de Pensiones que están motivando que haya muchas empresas aseguradoras que estén patrocinando todo tipo de encuentros y eventos y que estén haciendo unas campañas publicitarias muy potentes para vender planes, seguros y fondos de pensiones. Y por si cabía alguna duda de cuáles son las pretensiones o las intenciones del Gobierno, hace unos días la directora general de Seguros y Fondos de Pensiones, doña Flavia Rodríguez-Ponga afirmaba que el Gobierno estudia fomentar el uso de planes de pensiones reduciendo comisiones o flexibilizando el rescate. Luego está muy claro: abrir la puerta al sistema privado en detrimento del sistema público. El problema es que en estos momentos ni las empresas en general ni las personas tienen mucho margen de maniobra para poder pagarse un complemento a su futura pensión suscribiendo alguno de estos productos.

Desde luego está claro que ustedes están confundiendo un problema coyuntural de bajada de ingresos con un problema estructural como consecuencia del incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad. Por cierto, queremos recordarles que para paliar este problema coyuntural de bajada de ingresos por cotizaciones, causado por la crisis económica pero también agudizado por su letal reforma laboral que ha hecho que se incremente aún más el desempleo -cerca de seis millones de parados- y que encima se produzca una auténtica devaluación salarial, para paliar este problema coyuntural -como digo- tenemos por suerte el fondo de reserva que ustedes se encontraron en el año 2011 con 67.000 millones de euros, que tuvieron que utilizar por primera vez en la historia el pasado año y que está posibilitando que se puedan seguir pagando con normalidad las pensiones sin tener que endeudarnos para ello.

Queremos recordarles también que para hacer frente a los problemas estructurales del sistema precisamente se aprobó la Ley 27/2011, una ley a la que ustedes, recuerdo, dijeron no. Acaba casi de entrar en vigor, no hace ni un año, el 1 de enero de 2013, y fue avalada por un acuerdo con los agentes sociales, a la que ustedes, además, no le están dejando ningún respiro. Queremos recordarles también que nuestro Sistema Público de Pensiones no tiene un problema de gasto, que además está muy por debajo de la media de la Unión Europea, un 10,7 % del PIB frente al 13 % de media de la Unión Europea. De vez en cuando dicen, por cierto, que esta ley, la Ley 27/2011 no ha servido para disminuir en absoluto el gasto. Pues bien, voy a dar algunos datos. La edad real de jubilación, que en diciembre del año 2012 se situaba en 63,4 años ha pasado a ser de 64,2; las jubilaciones parciales que en el año 2012 eran de 9,69 % se han rebajado al 6 % y las jubilaciones anticipadas han pasado del 42,2 % al 37 %. Por favor, dejen


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ustedes que esta ley despliegue sus efectos y no regulen en estos momentos el factor de sostenibilidad con una fórmula que afecta a la pensión inicial para reducirla ignorando otras posibles fórmulas, como podría ser ajustar, cuando toque, en 2027 de cara a 2032 algunos de los parámetros del sistema, como pueden ser la edad de jubilación, el periodo de cotización exigido para conseguir el cien por cien de la base reguladora o el número de años tenidos en cuenta para calcular la misma. (La señora vicepresidenta, Durán Ramos, ocupa Presidencia.)

En cuanto al índice de revalorización también hemos planteado una enmienda de supresión al artículo 7, que lo regula. Consideramos que la fórmula establecida no respeta la recomendación segunda del Pacto de Toledo, fulmina el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social que vincula la revalorización de las pensiones al incremento del IPC y vulnera los artículos 41 y en especial el 50 de la Constitución española que dice que los poderes públicos han de garantizar pensiones adecuadas, periódicamente actualizadas y que garanticen la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Con esta fórmula de revalorización críptica y escasamente transparente encima pretenden engañar diciendo que las pensiones nunca se van a congelar porque en todo caso van a subir siempre, como poco, un 0,25 %. Ustedes saben que tal y como va la economía, con su modelo de recortes los pensionistas van a tener varios años de subida solamente de 0,25 %. Si el año que viene prevén un IPC de 1,50 ya, por de pronto, les están diciendo a los pensionistas que tienen que perder poder adquisitivo, un 1,25 %. Si calculamos que en los próximos años esto se pueda mantener igual, estamos perdiendo entre el 15 y el 20 % en una década. Por cierto, como seguro que me van a volver a decir -lo repito siempre- que el PSOE congeló todas las pensiones en el año 2011, voy a volver a repetir que no congeló todas las pensiones, no congeló ni las mínimas ni las pensiones no contributivas ni las del Seguro Obrero de Vejez e Invalidez. Voy a volver a recordar que entre los años 2004 y 2011 la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo se revalorizó 26 puntos por encima del IPC y que el total de las pensiones del sistema se revalorizó un 6,3 % por encima del IPC. Ustedes, por de pronto, ya el año pasado confiscaron el 1,9 % de la revalorización de las pensiones, no pagaron la paga compensatoria y no la han utilizado como base para calcular las pensiones para el incremento de este año.

El Consejo Económico y Social les ha dicho que esta medida va a producir una pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en un contexto de crisis como la actual, que además no llegaría a recuperarse. También considera el CES que dar el mismo tratamiento a todas las pensiones actúa en contra del principio de equidad en un país en el que el 50 % de las pensiones contributivas se sitúa por debajo de los 650 euros al mes y en el que el 27,7 % de las pensiones tiene complementos a mínimos. También afectaría de manera especial a las mujeres, que tienen pensiones de jubilación más bajas, un 40 % menos que la pensión media de los hombres, 453 euros menos al mes. Y qué decir de las viudas, el 93 % de las pensiones de viudedad lo cobran mujeres, más de dos millones de viudas, que cobran una pensión media de 619 euros. También le recuerda el CES al Gobierno que las pensiones desempeñan una importante función como estabilizador automático de la economía en períodos de crisis y añade que actualmente hay 4,6 millones de hogares en España en los que la fuente principal de ingresos procede de las pensiones. Por todo ello le recomienda al Gobierno que reconsidere la oportunidad de sustituir la actual regulación del artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones a favor de este índice de revalorización que puede conllevar una pérdida evidente de poder adquisitivo en las mismas.

Esta pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, que ahora ustedes quieren perpetrar, es sencillamente nefasta, y más después de las subidas de impuestos, del medicamentazo y del repago, de los recortes en sanidad y en la Ley de la Dependencia, de las subidas tremendas de la luz y del gas, que hacen que existan cada día más pobres energéticos y más ahora, cuando hay muchísimos pensionistas que están tirando de sus hijos y de sus hijas, de sus nietos y de sus nietas, y además ya no tienen capacidad de reacción. Desde el año 1997 ellos sabían que sus pensiones se iban a regularizar según el IPC y ahora ustedes, sin tener capacidad de reacción, les cambian las reglas del juego. También es una tremenda injusticia para los pensionistas futuros, que van a ver mermadas sus pensiones. Y ya saben, el que tenga recursos económicos, una minoría, esos que cobran sobresueldos y demás, tendrán seguro de pensiones o plan de pensiones, y los que no, una inmensa mayoría de la sociedad, los que trabajan, que cada día tienen sueldos más bajos, y excuso decir los que no tienen ningún sueldo porque están parados, esos, como no se van a poder hacer ningún fondo de pensiones, que se vayan preparando porque la que les espera es buena.


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Para concluir, quiero decirles que yo tranquilizaría a los pensionistas presentes y futuros porque una ley posterior puede derogar una ley vigente. Esta ley estará vigente, la que quieren ustedes sacar adelante, pero por parte de mi grupo existe un compromiso de cambiar esta ley en cuanto haya al frente de este país una nueva mayoría política. Se lo dije en el Pleno y lo reitero en esta Comisión: mi partido es un partido responsable, que siempre ha velado por la sostenibilidad económica del sistema público de pensiones y lo hemos demostrado, por poner un ejemplo solamente de las tres más potentes, en la ley del año 1985, en la del 2007 y en la del 2011, pero también hemos velado siempre, porque forma parte de nuestro ideario, por la sostenibilidad social, la Ley General de Sanidad, la universalización de la sanidad, que ustedes se están cargando, la Ley de las Pensiones no Contributivas, la Ley de la Dependencia o la Ley de Igualdad, porque consideramos que en un Estado social y democrático de derecho es fundamental la cohesión social porque es garantía de la paz social. Y todo ello queremos hacerlo en el seno del Pacto de Toledo y respetando el diálogo social, algo que ustedes ahora no están haciendo. Por ello les pedimos que retiren este proyecto de ley y que, por favor, vuelvan al Pacto de Toledo y respeten el diálogo social. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Carolina España.

La señora ESPAÑA REINA: En primer lugar, como lo cortés no quita lo valiente, yo sí quiero agradecer el trabajo que han realizado los grupos parlamentarios a la hora de presentar enmiendas, sobre todo aquellas que se han hecho en un tono más constructivo, y en concreto me estoy refiriendo a La Izquierda Plural, a CiU, a PNV y a UPyD. Esto nos ha permitido presentar hasta diez enmiendas transaccionales que sin lugar a dudas redundarían -digo redundaría porque se ha visto a lo largo de la Comisión que no las han aceptado los distintos grupos- en una mejor reforma para todos los ciudadanos. Y la verdad es que me ha sorprendido y me ha producido tristeza, porque lamento profundamente que ustedes no vayan aceptar ninguna de las enmienda transaccionales que ha planteado por el Grupo Parlamentario Popular. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Es verdad que están en su derecho, pero voy a comentar a continuación de qué enmiendas transaccionales estamos hablando. Es inédito, señorías, que los grupos presenten enmiendas y que luego se nieguen a aceptar las transaccionales que permiten la aprobación de dichas enmiendas. Déjenme que me manifieste en este sentido.

Son enmiendas transaccionales, por ejemplo, a La Izquierda Plural y a UPyD para presentar en el plazo de un año un informe para que el sistema de cotización de los trabajadores autónomos sea acorde con los rendimientos obtenidos por la actividad económica. Enmiendas, por ejemplo, a La Izquierda Plural, UPyD, CiU y PNV en la línea de elaborar un estudio y verlo con los agentes sociales y en el Congreso para que se vaya asumiendo de forma progresiva por el Estado la financiación derivada de las prestaciones de muerte y supervivencia, algo que ha sido aquí aludido por alguno de los portavoces. Estamos hablando de liberar más de 20.000 millones de euros a la Seguridad Social. O estamos hablando de una enmienda a UPyD para elevar el techo al IPC más el 0,50. Es decir, con esto estaríamos garantizando que se va a recuperar con una mayor celeridad el poder adquisitivo que hipotéticamente se pudiera perder en tiempos de crisis. Según los expertos, el umbral en el que se recuperaría el poder adquisitivo sería el IPC más el 0,38, y nosotros en esta transaccional proponemos el IPC más el 0,50. No entendemos la negativa del Grupo UPyD a aceptar esta transaccional que mejoraría, sin lugar a dudas, el poder adquisitivo de los pensionistas. Podemos hablar de la autoridad de responsabilidad fiscal, podemos hablar de enmiendas para culminar el proceso de unificación de los regímenes de la Seguridad Social, de lo que también se ha hablado aquí, o de proponer nuevos incentivos para la prolongación voluntaria de la vida laboral o presentar un proyecto de ley para la creación de la Administración única en la Seguridad Social. Todas estas son enmiendas transaccionales que se han presentado a las enmiendas de UPyD. O estudiar la tributación de las pensiones en el marco de la reforma fiscal, o también, por ejemplo, elaborar quinquenalmente un estudio sobre los efectos de las medidas adoptadas en esta norma en cuanto a la suficiencia y adecuación de las pensiones de la Seguridad Social. O a CiU otra enmienda en la línea de las pensiones de viudedad y lo previsto en la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil.

Señorías, hemos hecho un esfuerzo para acercarnos a sus enmiendas; prácticamente nuestras transaccionales recogen muchas de las enmiendas que han presentado los distintos grupos y no entendemos la negativa a aceptar esas transaccionales que mejorarían, sin lugar a dudas, este proyecto de ley. Ustedes presentan enmiendas, pero entendemos que su capacidad de diálogo y de negociación


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es nula, y así es muy difícil llegar a acuerdos. No tienen, o yo no les veo, esa voluntad política, y sí les puedo decir que el Gobierno y este grupo parlamentario somos muy sensibles a mejorar el poder adquisitivo de los pensionistas subiendo el techo hasta el IPC más el 0,50, como hemos propuesto en esta enmienda transaccional.

Entrando ya en el proyecto de ley, señorías, les diré que yo estaba absolutamente convencida de que el objetivo lo compartíamos todos, que era mejorar las pensiones, que sean cada día más altas y que cada día estén más seguras, y para eso es absolutamente imprescindible hablar de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Ahora, después de rechazar ustedes estas enmiendas transaccionales, ya no sé si también quieren mejorar las pensiones. Desde luego la situación de la Seguridad Social la conocen ustedes: déficit; en el año 1996 nos lo encontramos y nos hemos vuelto a encontrar déficit en la Seguridad Social. Y ante esta situación de déficit y ante la evolución demográfica, este proyecto de ley lo que garantiza, señorías, es que todos los pensionistas, los actuales y los futuros, van a cobrar una pensión. Hay que tener en cuenta que vamos a pasar de nueve millones de pensionistas en la actualidad a quince millones en el año 2050.

Se ha escuchado a lo largo de estos meses que los jóvenes no van a cobrar pensión, que los mayores la van a ver recortada o que la van a perder. Yo no sé si lo dicen con la esperanza de sacar algún rédito electoral contraviniendo todo lo que significa el Pacto de Toledo, pero el efecto, señorías, es que están generando miedo e inquietud en los pensionistas y en los trabajadores. Lo que sí les puedo decir es que no es cierto eso que dicen ni es justo que se cree alarma social, porque precisamente este proyecto de ley es garantía de que todos los españoles, los pensionistas de hoy y los que lo serán en el futuro siempre cobrarán la pensión a la que tienen derecho, la pensión del sistema público de la Seguridad Social. Esas pensiones, señorías, con este proyecto de ley subirán siempre, incluso en los peores momentos de crisis, como hemos tenido en los últimos años en nuestro país; la mayoría de las veces el IPC, y cuando haya prosperidad y riqueza en este país el IPC más el 0,25 y podía haber sido el IPC más el 0,50. De lo que se trata es de fortalecer el modelo público de pensiones y que sea sostenible y autofinanciable, porque no se puede repartir lo que no se tiene, señorías. Con este proyecto de ley lo que queremos es que por ley la prosperidad de este país se reparta en primer lugar también entre los pensionistas y se puede llegar más allá del IPC, porque la mayor pérdida de poder adquisitivo es no poder pagar las pensiones o tener que congelarlas, como ya las congeló el Partido Socialista en el año 2011, señorías, con casi tres puntos de pérdida de poder adquisitivo en un solo año. Hace un año ustedes generaron miedo e intranquilidad a los pensionistas diciéndoles que iban a perder poder adquisitivo; hoy podemos decir que todos los pensionistas tendrán este año un aumento de poder adquisitivo, la mayoría un aumento de poder adquisitivo por encima de un punto. Por tanto, señorías, el poder adquisitivo de los pensionistas se asegura haciendo sostenible el sistema de pensiones. Y les puedo decir que el compromiso del presidente Rajoy y de este Grupo Popular sigue vivo, y es el mantenimiento del poder adquisitivo en el medio y en el largo plazo.

Señor Anchuelo, habla usted de ingresos, dice que nos hemos olvidado de los ingresos; se habrá olvidado usted de la separación de las fuentes de financiación, porque este año las transferencias del Estado a la Seguridad Social han pasado de 9.000 millones de euros a 15.500 millones de euros, es decir, un aumento de 6.500 millones de euros en los ingresos. Eso es inyectar liquidez e ingresos al sistema. Hemos aumentado las bases máximas de cotización un 2 % este año y el que viene; hemos aumentado las bases mínimas de cotización, y en cuanto a la lucha contra el fraude lo que si le puedo decir es que ningún Gobierno ha hecho tanto como este en la lucha contra el fraude.

Señor Coscubiela, dice que engañamos. No, señor Coscubiela, los que engañaron fueron los otros, los que dejaron la ruina en este país, que fue el Partido Socialista. Le recuerdo que dijeron que había un 6 % de déficit y nos encontramos un 9 %; nada más y nada menos que 30.000 millones de déficit oculto, oculto a los españoles y oculto a la Unión Europea. Dice que es falso que gastamos mucho. Yo no sé si es mucho o poco, lo que sí le puedo decir es que España gasta ahora más que nunca; para el año 2014 un 10,7 % del producto interior bruto, seis décimas más que este año y que el gasto de pensiones se ha más que duplicado, pasando de 51.000 millones de euros en el año 2000 a 108.000 millones en el año 2013. Me habla de una pérdida a perpetuidad del poder adquisitivo, y yo le contesto que aplique usted la fórmula, este nuevo índice de revalorización desde el año 2007 que es el año en el que por decisión del Partido Popular se vincularon las pensiones al IPC; desde ese año en adelante, con esta nueva fórmula los catorce primeros años los pensionistas habrían revalorizado sus pensiones por encima del IPC y solo en los dos últimos años se habrían revalorizado al 0,25. Dice usted que se sienten burlados. No, burlados nos sentimos nosotros cuando ustedes no aceptan unas transaccionales que mejoran el poder adquisitivo de


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los pensionistas y recogen el fondo de muchas de sus enmiendas. Respecto a los lobbies, yo les puedo recordar que quienes aconsejaban hacerse planes privados de pensiones eran el señor Solbes y el señor Corbacho (Aplausos), que son antiguos ministros de Gobiernos socialistas, y que el Partido Popular siempre ha dicho: apostamos por un sistema público señorías, público pero sostenible. Y no se ha matado ni se ha herido de muerte al Pacto de Toledo, lo que pasa es que ustedes tienen que dejar a un lado los intereses partidistas, tienen que ser valientes para aprobar reformas que la Seguridad Social está pidiendo a gritos.

Me decía el señor Olabarría que no tenemos respaldo. Tenemos respaldo de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el aval de la Comisión Europea, el Banco de España.

Señor Campuzano, respecto al informe del Consejo Económico y Social, le diré que no sé qué opinó el Consejo Económico y Social de la congelación de pensiones. No lo pudimos saber nadie porque se congelaron las pensiones por real decreto; congelación que curiosamente ustedes, desde CiU, apoyaron por responsabilidad, y yo entiendo que por responsabilidad también podían haber aprobado este proyecto de ley que supone una subida de pensiones. Y sobre la Ley 27, a la que usted tanto hace referencia, tengo que decirle que falló en todas sus previsiones. Decía que el déficit no iba a llegar hasta el año 2018 y cuando lo decían en el año 2011 ya estaba en déficit el sistema. Decía que el fondo de reserva no se iba a tener que utilizar hasta el año 2020 o 2022, y lo hemos tenido que utilizar en el año 2012. Es decir, fallaron todas las previsiones de esa ley 27. Y respecto al tema del empleo lo único que les voy a recordar es que de los más de tres millones de cotizantes a la Seguridad Social que se han perdido más del 80 % se perdió durante los Gobiernos socialistas. Y no me hablen de pérdida de poder adquisitivo del 15 ni del 20 % porque están ustedes haciendo unos cálculos sobre la teoría de que el IPC va a estar en el 2 o en el 2,5 y de que la revalorización va a ser solo del 0,25%, y no es cierto ni lo uno ni lo otro.

Y respecto al Grupo Socialista no doy crédito, sinceramente, de que un partido que ha sido Gobierno, que ha dejado este país como lo ha dejado, no haya presentado ni una sola enmienda constructiva a este proyecto de ley. Dicen ustedes que el Partido Socialista ha vuelto y yo les puedo asegurar que en un tema tan fundamental como el de las pensiones el Partido Socialista ni está ni se le espera. Dicen ustedes que se ha aumentado la edad de jubilación a los 64 años, pero ha sido en este año, reconózcanlo ustedes señorías, y se han reducido las jubilaciones parciales y anticipadas como consecuencia del real decreto sobre la jubilación anticipada y parcial y no por la Ley 27.

Señora Valerio, el Pacto de Toledo somos todos, somos todos, y ustedes tienen que olvidarse de los intereses partidistas y de los réditos electorales para que podamos llegar a acuerdos en el Pacto de Toledo. Tienen que ser valientes y olvidarse de los votos si de verdad quieren salvar el sistema de la Seguridad Social, y este también es el foro adecuado, porque es el trámite de enmiendas. El Pacto de Toledo no tiene competencias legislativas y es aquí donde ustedes tendrían que haber presentado esas enmiendas y no han presentado ni una sola constructiva.

En cuanto a los recortes en sanidad, solo les recuerdo los 16.000 millones de euros de déficit que ustedes dejaron en el sector sanitario. En cuanto a la dependencia solo les recuerdo que se fueron del Gobierno sin pagar los más de 1.000 millones de euros de las cotizaciones sociales de los cuidadores de la Ley de Dependencia.

Señorías, su propuesta, desde el Partido Socialista, es no hacer nada y volver a congelar las pensiones cuando sea necesario. Así lo han hecho en la propuesta que han enviado al Pacto de Toledo. No hicieron la separación de las fuentes de financiación, que hubiese ahorrado más de 33.000 millones de euros de déficit al sistema. Ahora piden agotar el fondo de reserva, al que ustedes hurtaron 14.000 millones de euros por no dotar los excedentes de los años 2008 y 2009. Congelaron las pensiones y, después de todo eso, dejaron en déficit el sistema y ahora, en lugar de arrimar el hombro, una vez más salen huyendo, y nos hace falta una oposición seria y rigurosa. Se lo digo con toda sinceridad: hace falta una oposición que arrime el hombro; porque a la Ley 27 este grupo parlamentario presentó casi 70 enmiendas, y ustedes no aprobaron ninguna, pero ahí estuvo el Grupo Popular en ese debate, presentando casi 70 enmiendas, Ley 27 que, por cierto, también se aprobó en esta Comisión con competencia legislativa y no fue luego a Pleno, Ley 27 que solo se aprobó con el consenso de CiU.

Señorías, no lo digo yo, lo dice el que era vicepresidente económico del Gobierno socialista, el señor Solbes; dice que se recogía en sus papeles una reforma de pensiones mucho más ambiciosa de la que finalmente se pactó con los sindicatos y que por eso salió del Gobierno, porque Moncloa no le aceptó que dijera la verdad. Por tanto, señorías, ustedes mintieron sobre la crisis, y lo sabían. Les pido que no hagan más daño a este país, que arrimen el hombro, porque este país necesita también de un partido en la


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oposición serio y que arrime el hombro. Su receta al final llevaría al colapso del sistema de pensiones y no lo vamos a consentir; sabemos que al Partido Popular le va a tocar hacer lo que no hizo el Partido Socialista, pero no tengan el cinismo de decir que están defendiendo las pensiones, porque ustedes son capaces de quedarse cruzados de brazos aun sabiendo que en el año 2040 por cada persona en edad de trabajar habrá otra en edad de no hacerlo. Se trata de un ejercicio de responsabilidad, no para pagar las pensiones de hoy, sino para poder pagar y asegurar las pensiones del futuro, y quedarse cruzados de brazos, como usted dice, señoría, es condenar el sistema a la insostenibilidad, insostenibilidad que de una u otra forma daría lugar a lo que ya nos aconsejaron los ministros socialistas con los planes privados de pensiones.

Voy terminando. Les recuerdo: factor de sostenibilidad, venía ya contenido en la propia Ley 27 del anterior Gobierno socialista. Índice de revalorización, diferente del IPC, venía recogido también en la recomendación segunda del Pacto de Toledo -por cierto, cuestiones ambas que se han puesto en marcha por muchos países de nuestro entorno-. Respecto al diálogo les puedo decir que desde el mes de abril que se pidió a un grupo de expertos un informe sobre el factor de sostenibilidad estamos trabajando en este tema, y algunos grupos sí opinaron sobre la composición de ese comité de expertos; y estamos dialogando con los agentes sociales, con los grupos políticos, pero para poder llegar a acuerdos hay que tener voluntad política. De hecho, el ejemplo más claro, son las transaccionales que recogen mejoras importantes para este proyecto de ley y recogen el fondo de muchas cuestiones de las enmiendas que ustedes han presentado y que sin embargo se niegan a aceptar.

Termino, presidente. La Ley 27 se aprobó con 19 votos a favor, 18 en contra y 1 abstención. Este proyecto de ley se aprobará con más votos que la Ley 27, con 23 votos. Por tanto, señorías, tranquilidad para los pensionistas, sostenibilidad para el sistema y diálogo hasta el final. También tendremos ese diálogo en el Senado. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, salvo que alguien me indique lo contrario, vamos a proceder a la votación dado que están todos los grupos presentes. Del Grupo Mixto solo está un miembro. Creo que podemos proceder a la votación.

Hay alguna modificación. Una de las votaciones relativa a las enmiendas de UPyD se desglosa. Ponía en el noveno punto resto de enmiendas. Ahora en la novena votación se votarán la 49, la 54 y la 55. Habrá una décima votación con las enmiendas 57 y 60, y habrá una última votación de las enmiendas de UPyD con el resto de enmiendas vivas.

Vamos a dar comienzo a la votación y les recuerdo que a la conclusión de esta Comisión habrá Mesa y portavoces.

Enmienda del Grupo Mixto, señora Fernández. Enmienda número 9.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas correspondientes al señor Tardà. En primer lugar la enmienda 31.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 37.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 35 y 38 del señor Tardà.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 23; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 40.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 24; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del señor Tardà.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


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Pasamos a continuación a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.

En primer lugar enmienda número 26.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 29.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del Grupo Vasco, PNV.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 23; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Unión Progreso y Democracia.

En primer lugar enmiendas números 41 y 42.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 43 a 45.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 52.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 53.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 56.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 58.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 41.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 59.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 64.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 49, 54 y 55.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 23; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


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Enmiendas 57 y 60.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 36.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 23; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a continuación a las enmiendas del Grupo La Izquierda Plural.

Votamos en primer lugar las enmiendas 11, 12, 16 y 20.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 23; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 17.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 19.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 23; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas de La Izquierda Plural.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23, abstenciones 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En primer lugar enmiendas números 65, 66, 77 y 79.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 75.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 76.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 36.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas de Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que se votan en bloque todas ellas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Por último procedemos a la votación del texto del informe de la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 20.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del informe que, como ustedes saben, lo es con competencia legislativa plena de esta Comisión.

A continuación tenemos Mesa y portavoces.

Se levanta la sesión a las siete de la tarde.

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