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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 446, de 23/10/2013
cve: DSCD-10-CO-446
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 446
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL ELORRIAGA PISARIK
Sesión núm. 18
celebrada el miércoles,
23 de octubre de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:

- Proyecto de ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público. (Número de expediente 121/000055) ... (Página2)

Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:

- Proyecto de ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público. (Número de expediente 121/000055) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las cinco de la tarde.

RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:

- PROYECTO DE LEY DE IMPULSO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y CREACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS EN EL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 121/000055).

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la Comisión. Como primer punto del día tenemos que ratificar la ponencia designada para informar el proyecto de ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público. En el informe de la ponencia se han incorporado -lo digo para que lo sepan todos- las enmiendas presentadas por el Grupo Popular con excepción de la número 33, que había sido retirada previamente. Si a todo el mundo le parece bien, por asentimiento damos por ratificada la ponencia. (Asentimiento).

APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:

- PROYECTO DE LEY DE IMPULSO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y CREACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS EN EL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 121/000055).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a aprobar, con competencia legislativa plena, el informe de la ponencia. En primer lugar, para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Intervengo muy brevemente para defender la enmienda número 7, la única que ha presentado mi partido, Unión del Pueblo Navarro, que pretende la modificación de la disposición final primera que recoge el título competencial de esta norma para añadir un segundo apartado al texto, ya que, desde nuestro punto de vista, sin perjuicio de que la norma tenga carácter básico, como bien se declara en la propia exposición, desearíamos que se recogiera una salvaguarda foral en la medida en que las competencias tributarias, administrativas y de régimen local son de la comunidad foral. Por lo que se debería incluir un segundo párrafo en el que se dijera que, en virtud de su régimen foral, la aplicación de lo dispuesto en esta ley en esta comunidad se llevará a cabo sin perjuicio de las competencias y facultades que tiene atribuidas. Desearíamos saber la opinión del Grupo Popular, que ha sido el que no ha aceptado esta enmienda en ponencia.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Las enmiendas que ha presentado Unión Progreso y Democracia a este proyecto de ley van encaminadas a mejorar una ley que creemos necesaria y que, en todo caso, apoyaremos por las razones que explicaré ahora muy brevemente. Hemos presentado unas enmiendas que, ante todo, pretenden consolidar un único punto de entrada de facturas para todas las administraciones, sin comprometer la confidencialidad de los datos y evitando el mareo constante que sufre a menudo un ciudadano ante las administraciones públicas. Hemos presentado también enmiendas que vinculan y obligan a las administraciones públicas a acometer desarrollos técnicos para integrar sus sistemas de información con el punto de entrada general. Por último, presentamos una enmienda para que haya una mayor coordinación entre la Comisión Ministerial de Administración Electrónica, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Como he explicado al principio de esta intervención, votaremos a favor de este proyecto de ley por dos grandes motivos: en primer lugar, porque consideramos que es un hecho positivo la modernización de las administraciones públicas y, en segundo lugar, porque consideramos que el impulso de la creación de la factura electrónica y la creación de un registro contable de facturas en el sector público va a permitir luchar, entre otras cosas, contra una alta tasa de morosidad, agilizar los procedimientos de pago al proveedor y dar certeza de que existen las facturas de pago pendientes. Hemos llegado a una enmienda transaccional con el Grupo Popular que supongo que la harán llegar a la Mesa en breve.


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El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Intervengo muy brevemente. Hay tres puntos fundamentales en este proyecto de ley que están detrás de la motivación de las enmiendas que hemos presentado. En primer lugar, nos preocupa, como no puede ser de otra forma, la cuestión de la accesibilidad a los dispositivos digitales y electrónicos. Hay que asegurar que este proyecto de ley pueda incluir todo aquello que garantice esos elementos, dado que en nuestro país existe una brecha digital muy importante. Hay sectores de la población que no acceden con facilidad a los servicios y medios que son necesarios para poder satisfacer este proyecto de ley. Algunas de nuestras enmiendas van en ese sentido. En segundo lugar, hay que tener presente que este proyecto de ley, como una consecuencia natural, va a tener una disminución muy importante del volumen de negocio y de actividad de los servicios postales. Una empresa que nos preocupa es Correos por el efecto que va a tener sobre el empleo y sobre toda la actividad de la empresa. Alguna de nuestras enmiendas plantea tener muy presente las consecuencias inmediatas y a medio plazo sobre este tipo de entidades, especialmente por su repercusión en el empleo.

En tercer lugar, hay que garantizar que la factura electrónica se pueda llevar a cabo, pero siempre con el consentimiento explícito del cliente, para evitar los abusos de las grandes empresas que a menudo aprovechan este tipo de oportunidades para disminuir sus costes a costa de crear problemas muy importantes para el cliente o el usuario, que no va a comprender bien el mecanismo y la metodología. Nos parece oportuno presentar este bloque de enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Señorías, estamos en el debate de esta ley que, a nuestro entender, se presenta como una reforma estructural a los efectos de contribuir a erradicar la morosidad de las administraciones públicas y también a mejorar, optimizar y modernizar su gestión. La implantación del nuevo sistema que se introduce es una medida de transparencia que debería redundar en una mayor confianza en los datos de las cuentas públicas. Esto es importante coincidiendo con la tramitación de la ley de transparencia.

El grupo parlamentario al que represento está de acuerdo con el proyecto de ley desde su perspectiva global, pero quisiera hacer cinco breves reflexiones. En primer lugar, estamos de acuerdo en que debe impulsarse la factura electrónica en la totalidad del sector público y en el hecho de que debe de existir un punto de entrada en cada uno de los niveles administrativos. En segundo lugar, no tenemos objeciones al capítulo I de la presente ley. En tercer lugar, debe articularse un sistema, al que antes hacía referencia, que obligue a presentar facturas electrónicas ante las administraciones públicas, capítulo II de la ley con el que estamos de acuerdo. En cuarto lugar, consideramos positivo el hecho de que se cree un registro contable de facturas electrónicas en cada uno de los sujetos sometidos al ámbito de aplicación de la presente ley -todo ello está incluido en el capítulo IV- y, a su vez, que se regulen, desde la perspectiva contractual, los efectos de entrega de la factura electrónica. En quinto lugar, también estamos de acuerdo en que el sector privado debe adaptarse a esta realidad, cada vez más cambiante por la presencia de las nuevas tecnologías y los cambios en la sociedad de la información, mediante la imposición de ciertas obligaciones relativas a la facturación electrónica establecidas en la Ley de medidas de impulso a la sociedad de la información.

Mi grupo parlamentario ha presentado dos enmiendas, las números 18 y 19, que pretenden reforzar aún más este tipo de obligaciones en las empresas del sector privado para que facturen así y, a su vez, se otorgue una plena protección a los usuarios y consumidores, viendo que en los últimos tiempos ciertas empresas han realizado una mala praxis en el momento de establecer los sistemas de pago mediante la facturación electrónica, perjudicando gravemente los derechos de los usuarios y consumidores. Respecto a la enmienda número 18, aceptaremos la enmienda transaccional que nos ha presentado el Grupo Popular, aunque no incorpora todo lo que ambicionaba nuestro grupo parlamentario en la redacción de la enmienda presentada, pero supone una mejora. Nuestras objeciones al presente proyecto de ley se centran sobre todo en el capítulo III y en la disposición adicional primera, relativa al formato de las facturas electrónicas en las administraciones públicas.

Voy a referirme a nuestras enmiendas números 15, 16 y 17. El formato del Estado es Facturae, que es uno de los principales formatos de facturación electrónica utilizados actualmente en Cataluña por las diferentes administraciones. Debemos recordar que existen otros formatos muy extendidos por sectores,


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con mucho peso en sus relaciones con las administraciones públicas por su función de proveedores, como el de la salud. Por ejemplo, en Cataluña se utiliza la factura electrónica con el formato UN/Edifac en las relaciones con sus proveedores, especialmente en el ámbito de los servicios de salud. En este contexto hay que recordar, porque es importante, que el ámbito de los servicios de la salud representa más del 60 % de las facturas que reciben las comunidades autónomas. A nuestro entender, un único formato conlleva un derroche de las inversiones ya realizadas hasta hoy, un significativo coste para los actuales y futuros usuarios de la factura electrónica y, especialmente, para las empresas que sirven al sector público y que usan actualmente el formato de factura electrónica UN/Edifac, que se verían obligadas a adecuar sus sistemas informáticos a un formato nuevo. Señorías, no es razonable que sean las miles de empresas suministradoras, la gran mayoría pequeñas y medianas empresas, las que tengan que soportar los costes de utilización de cambio hacia un único y nuevo formato, cuando el coste para la Administración de estar capacitada para recibir varios formatos es comparativamente insignificante, sobre todo teniendo en cuenta que bastaría con habilitar los puntos centrales de recepción de facturas, que aún no dispongan de ello, que son un número muy reducido, y que previsiblemente serán uno por comunidad autónoma y el central.

Por todo ello, desde nuestro grupo parlamentario, a través de nuestras enmiendas, a las que me he referido antes, solicitamos que se realicen las modificaciones pertinentes en este capítulo III para que se permitan varios formatos estructurados de factura electrónica y no se establezca un modelo único y que, a su vez, el punto general de entrada permita la recepción de todos los formatos. Hay que recordar también la obligación legal establecida en el artículo 1.3 de la Ley 56/2007, de medidas de impulso para la sociedad de la información, en el que se determina que estas normas -en relación con los formatos de factura electrónica- no serán restrictivas y fomentarán que el sector público adopte los formatos de amplia implantación definidos por las organizaciones de estandarización globales pertinentes. Es decir, no puede establecerse de forma restrictiva el uso de un único formato, ya que debe facilitar y promover el uso de estándares globales, cosa que, a nuestro entender, no se realiza mediante el diseño del modelo de factura electrónica establecido en esta ley. Aunque comprendemos el papel del formato Facturae 3.2, como el formato de referencia, ello no debe ser en detrimento de otros utilizados actualmente en el sector público, que sí siguen estándares globales y que cumplen, no solo con las directrices de la legislación actual española, sino que siguen también las recomendaciones globales que se han dotado determinados sectores, como la sanidad, defensa, puertos, etcétera. Diversas administraciones autonómicas ya realizaron la ampliación de los puntos de entrada de las facturas de forma que el coste que supondría la adaptación de este nuevo formato de facturas para la Administración General del Estado -insisto- sería irrelevante cuantitativamente.

Estas enmiendas deberían incorporarse al proyecto, ya que suponen una mejora sustancial, considerable y necesaria para el buen funcionamiento del sector y para el correcto y eficiente impulso de la factura electrónica. Los costes de adaptación para la aceptación de los diferentes formatos, es decir, para su conversión en el formato que se requiera deberían ser, por lo anteriormente comentado, soportados por la Administración General del Estado, para que de esta forma se impida de nuevo imponer costes innecesarios y muy elevados especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que impidan o limiten su competitividad, tan necesaria en los momentos actuales. Defendidas nuestras enmiendas -aunque esperamos que en los últimos minutos pueda aceptarse alguna, especialmente las números 15, 16 y 17- y con una valoración global positiva del proyecto de ley, daremos soporte al mismo.

El señor PRESIDENTE: Aprovecho para pedir a los grupos parlamentarios que no lo han hecho que nos adelanten el sentido de su voto para ir organizando las votaciones finales. Ahora tiene la palabra, para la defensa de las enmiendas de su grupo, la diputada socialista, señora Blanquer.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Compartimos la esencia de este proyecto de ley por razones evidentes. Primero, porque pretende agilizar los procedimientos de pago al proveedor por parte de las administraciones del sector público. Una preocupación que ya ha sido objeto de reformas legislativas anteriores en las que se ha pretendido luchar contra la morosidad y acabar con los daños que produce a los autónomos y pequeñas empresas suministradores de bienes y servicios. Segundo, porque contribuye a la certeza de las facturas pendientes de pago existentes y así se podrá visualizar el volumen de deuda comercial de las administraciones. Estamos convencidos de la necesidad de continuar modernizando el sector público para avanzar en el control de los recursos públicos. Un control que ha de ser exhaustivo, completo, transparente y, al mismo tiempo, eficiente. En cuanto a la lucha contra la morosidad de las administraciones públicas y la modernización de las mismas, el Gobierno del Partido Popular no ha partido


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de cero. En las dos últimas legislaturas el Gobierno socialista avanzó en este camino y, aún más importante, no lo hizo solo, sino que fue bien acompañado en este fin común. De hecho, en el dosier de documentación de este proyecto de ley se aportan las conclusiones del grupo de trabajo sobre arquitectura para la facturación electrónica en la Administración General del Estado del año 2009. Se creó el Foro nacional multilateral sobre facturación electrónica, fruto del acuerdo del Consejo de Ministros, del 19 de agosto de 2011, del Gobierno de la anterior legislatura, en el que se acordó fomentar el uso de la factura electrónica y el desarrollo de un punto general de entrada de facturas electrónicas para la Administración General del Estado; aspectos que se incluyen hoy en el texto que debatimos. Sin embargo, el Gobierno actual desde que empezó la legislatura parece que prefiere ir solo a ir acompañado. Así lo están demostrando con la mayoría de iniciativas que están llevando a cabo en esta legislatura. La reforma de las administraciones públicas es una de ellas, porque constituyen una oficina en la que solo hay representantes del Gobierno de España, pero realizan recomendaciones que afectan a otras administraciones. Hoy tenemos un proyecto de ley, elaborado con las propuestas de esta Comisión, que recoge el testigo del anterior Gobierno sobre facturación electrónica y convierte en instrumento obligatorio la creación del punto general de entrada, pero la novedad es que no solo se incluye en el ámbito de la Administración General del Estado, sino también en el resto de las administraciones que configuran el sector público, las de ámbito autonómico y local, y se exige el cumplimiento de un nuevo procedimiento de tramitación de facturas con la creación de un registro contable gestionado por el órgano competente, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014. Al incluir todas las administraciones, creemos que no tiene sentido y que es un error político no recabar la opinión de estas.

Llama la atención que en el expediente no se encuentren informes que, si no son preceptivos, lo deberían ser. Echamos en falta el informe de la Comisión Nacional de la Administración Local, que tiene entre sus funciones emitir informes sobre los anteproyectos y proyectos de ley de disposiciones administrativas de competencia del Estado en las materias que afectan a la Administración Local. Por tanto, tendrían que traerlo. No se ha recabado información de la Federación Española de Municipios y Provincias. Tampoco se ha aportado información sobre el informe del Comité Sectorial de Administración Electrónica para conocer en mayor detalle la situación de las comunidades autónomas, ya que algunas de ellas ya disponen de plataformas operativas para recibir facturas electrónicas, pero otras no. Estos informes hubieran aportado solidez a las propuestas planteadas. Si queremos conseguir el éxito en el objetivo, la viabilidad y el rigor de las medidas que se proponen, se requiere de la participación y de la contribución de todas las administraciones implicadas en un marco de diálogo, de concertación y de acuerdo. Por eso hemos presentado varias enmiendas al proyecto de ley, en concreto las enmiendas números 20, 21 y 28, que plantean unos acuerdos previos y la cooperación entre las administraciones públicas. En la enmienda número 28 se propone la adición de una disposición adicional para la creación de un órgano de cooperación interadministrativo como apoyo fundamental en una ley que necesita la actuación coordinada de todas las administraciones para lograr plenamente su finalidad. Las enmiendas números 24, 25 y 26 inciden en el absoluto respeto a los respectivos ámbitos competenciales. La número 26 se ha transaccionado y la aceptamos, porque es prácticamente igual que la que había presentado inicialmente el Grupo Socialista. No hemos presentado ninguna enmienda concreta sobre los formatos de las facturas ni sobre algunas cuestiones respecto al procedimiento detallado para la tramitación de las mismas, porque entendemos que estas cuestiones técnicas deben acordarse previamente con las administraciones implicadas y plasmarse en el desarrollo reglamentario de la ley. Por otra parte, a través de la enmienda número 22, incorporamos al artículo 7 la aplicación de lo dispuesto en la Ley de protección de datos de carácter personal.

Hay una cuestión que nos ha llamado especialmente la atención y es la posibilidad que da el texto de excluir la anotación en el registro contable de algunas facturas cuyo importe sea inferior a 5.000 euros para algunas instituciones. Entendemos que la no anotación será sinónimo de no existencia, con lo que estaríamos permitiendo un control parcial y no íntegro de las deudas contraídas. Asimismo, esta limitación podría propiciar fraccionamientos innecesarios de las facturas, que contribuirían de manera negativa a la consecución de los objetivos de esta ley. En cuanto a las corporaciones locales, esta posibilidad se limita a los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona, sin justificación alguna. Decisión que resulta arbitraria y en parte discriminatoria con respecto a otros ayuntamientos de grandes ciudades como Valencia, Sevilla o Zaragoza. Tampoco se ha aportado información estadística sobre el volumen de facturación por cuantía en las administraciones que avale tal decisión. Le pondré un ejemplo real de un municipio de más de 60.000 habitantes. En el ejercicio 2012, el 95 % de las facturas tramitadas


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tenían un importe inferior a 5.000 euros. Si este porcentaje lo extrapolamos a municipios como Valencia o Sevilla, ¿qué volumen de trabajo tendrán estos ayuntamientos comparado con el de Madrid o el de Barcelona? No encontramos argumento que motive esta excepción. Es más, el Ayuntamiento de Madrid, mediante acuerdo de su Junta de Gobierno, de 27 de diciembre de 2012, ya creó el registro único de facturas para su entrada en vigor desde el 1 de enero de 2013 y en su regulación se incluía el registro de todas las facturas sin excepción de importe alguno. ¿Por qué van a permitir la posibilidad de no anotación de algunas facturas en el registro? Tiene que registrarse hasta el último céntimo de deuda contraída en todas las administraciones sin excepción, en caso contrario se estará desvirtuando la finalidad de este proyecto de ley.

Por último, hemos presentado las enmiendas números 27 y 29 con el objetivo de prever la financiación suficiente para la adaptación de los medios que obliga a realizar la presente ley. Nos hubiera gustado que este proyecto incluyera nuestras enmiendas, incluso las presentadas por otros grupos políticos, porque seguro que hubieran mejorado mucho más el texto y, además de evitar morosidades que perjudican fundamentalmente a autónomos y pequeñas empresas, hubiéramos conseguido caminar juntos en un marco de cooperación interadministrativa en el proyecto de modernización de las administraciones públicas, iniciado ya con el Gobierno anterior, y que pretende, como no puede ser de otra forma, mejorar la atención y el servicio a los ciudadanos. Una oportunidad más perdida. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Qué vamos a hacer!)

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Tarno.

El señor TARNO BLANCO: En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los grupos parlamentarios por su esfuerzo y trabajo en la mejora de esta ley, que ha tenido un amplio consenso. Todos entendemos la necesidad de modernización y de mejora de los sistemas contables de facturas en las administraciones públicas en España. Esta es una ley que va a favorecer la claridad, la transparencia y el control en la gestión contable de las administraciones públicas españolas. Es una ley que garantiza los pagos, que lucha contra la morosidad y que devuelve a las administraciones públicas la seriedad y el rigor. Es una ley que viene acompañada por decisiones del Gobierno de la nación que han sido de vital importancia para ponernos al día en los pagos a proveedores en las diversas administraciones públicas. Los diversos planes de proveedores aprobados por el Gobierno han hecho posible que miles de pequeñas y medianas empresas recuperen el crédito y lo que les debían las administraciones. Los fondos de liquidación autonómica permiten el pago de cientos de miles de facturas que se habían convertido en un sinfín de papeles en un cajón, que los proveedores nunca sabían cuándo iban a cobrar. Con esta ley se terminan las facturas en el cajón y los papeles escondidos y se clarifica la contabilidad en las administraciones públicas. Con esta ley ganamos transparencia y confianza. Confianza en las administraciones públicas españolas como buenos pagadores y como ejemplo de lucha contra la morosidad. Esta ley se mejorará en los próximos meses con la ley de morosidad, que va a permitir que las administraciones públicas españolas sean un ejemplo en el pago a los proveedores por sus servicios.

En cuanto a las enmiendas de los grupos, insisto, quiero darles las gracias por su esfuerzo. Respecto a Unión del Pueblo Navarro, nadie más que este grupo defiende la foralidad y el carácter especial de la relación con la Comunidad Foral de Navarra, pero en esta ley el carácter básico no es aplicable. No solamente lo ha dicho este portavoz, sino que en numerosas declaraciones de responsables públicos de este grupo parlamentario y del Gobierno han escuchado el absoluto respeto a la foralidad de Navarra.

El Grupo de La Izquierda Plural ha presentado varias enmiendas, algunas tienen cierta importancia sobre todo en la relación entre usuarios y grandes empresas, quiero recordarles que mucho de lo que plantean ya está regulado en el Real Decreto-ley 1619/2012, de 30 de noviembre, que transcribe el artículo 233 de la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, sobre facturación por parte de determinadas empresas y sobre el consentimiento del destinatario para recibir facturas electrónicas, que además mejoramos aceptando una enmienda que hemos transaccionado con el Grupo Catalán de Convergència i Unió.

Al Grupo de Convergència i Unió le hemos admitido una enmienda. En cuanto a sus dudas sobre el modelo de factura única, quiero recordarle que, según la sociedad de la información y de Red.es, apenas un 18 % de las facturas electrónicas de la Administración Pública no se corresponde con el formato Facturae, por lo que estamos hablando de un número muy pequeño. Entendemos que a la larga el beneficio que va a tener un sistema único va a compensar los supuestos costes que podría tener la aplicación del programa de la factura única en estos momentos.


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El Grupo Socialista redunda, una vez tras otra, en algunas de sus enmiendas, que en algunos casos no aportan nada. En cuanto a la creación de más órganos, la Administración Pública española está sobrada de comisiones, de observatorios y de órganos. Tenemos que ser enormemente eficientes, de la manera más lógica posible, y evitar ese abuso en la creación de órganos que lo único que hace es enmarañar la Administración y no supone ninguna mejora. En cuanto a algunas dudas sobre la relación entre consumidores y grandes empresas, quiero recordarles que el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó una ley de consumidores, que va a mejorar mucho la relación entre esas grandes empresas y los administrados. En definitiva, estamos ante una ley que ustedes, igual que yo, consideran imprescindible, necesaria y que es un avance hacia un futuro mejor, en el que la claridad, la transparencia y la modernidad son los ejes fundamentales. Solamente si tenemos administraciones públicas rigurosas y serias en el cumplimiento de sus obligaciones seremos un país responsable para los demás. El gran esfuerzo que han hecho las administraciones públicas en los últimos años es más que evidente.

Respecto a las facturas de menos de 5.000 euros, está claro que en las grandes administraciones son muchas menos que en las pequeñas, dado su volumen y sus sistemas de contratación. La ley pretende adaptarse a la normalidad. Yo soy alcalde de un municipio en el que el 75 % de las facturas que se emiten son de menos de 5.000 euros. Por tanto, es razonable que las incluyamos. Estoy convencido de que en Madrid, en Barcelona, en mi comunidad autónoma, en la Junta de Andalucía, las facturas de menos de 5.000 euros son, todo lo contrario, las menos abundantes. Por tanto, lo que plantea la ley es razonable.

En definitiva, es una ley que ha generado un amplio consenso. La coincidencia al cien por cien es absolutamente imposible, pero ustedes igual que yo saben que esta ley era necesaria, era imprescindible y que necesita el apoyo de todos los grupos para hacerla muchísimo más creíble.

El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender la sesión durante cinco minutos para preparar las votaciones. (Pausa).

Reanudamos la sesión. Vamos a proceder a las votaciones. Intentaremos agruparlas en la medida de lo posible. Lo haremos despacio, para poder advertir si hay algún error en la agrupación y corregirlo sobre la marcha. Vamos a votar las enmiendas por grupos parlamentarios.

En primer lugar, sometemos a votación la enmienda número 7, del Grupo Mixto, señor Salvador Armendáriz.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 24; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, votamos conjuntamente las enmiendas números 1 y 6.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 2.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 4.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 25; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 5.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Para los que están siguiendo el cuaderno, hay una enmienda transaccional que votaremos al final, es decir, hay un artículo que no hemos votado.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. En primer lugar, votamos conjuntamente las enmiendas números 8, 11 y 12.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos conjuntamente las enmiendas números 10 y 14.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 9.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 13.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, votamos conjuntamente las enmiendas números 15, 16 y 17.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 19.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, votamos las enmiendas números 20, 21 y 24.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 22, 25, 27, 28 y 29.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 23.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar las enmiendas transaccionales que todos los grupos conocen. En primer lugar, votamos la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la enmienda número 3 del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la enmienda número 18 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votamos la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la enmienda número 26 del Grupo Parlamentario Socialista.


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Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Finalmente, vamos a votar el texto de la ponencia con la incorporación de las enmiendas que han resultado votadas favorablemente y con una corrección: la enmienda 37 del Grupo Parlamentario Popular, que se incorporó en ponencia como disposición adicional, será incorporada al texto como disposición final. En esos términos, procedemos a la votación del dictamen de la ponencia con competencia legislativa plena.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Será remitido para su tramitación al Senado.

Se levanta la sesión.

Eran las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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