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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 439, de 16/10/2013
cve: DSCD-10-CO-439
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 439
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MARIO MINGO ZAPATERO
Sesión núm. 19
celebrada el miércoles,
16 de octubre de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas:

De la diputada doña Susana Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:

- Número de ayuntamientos de la provincia de Zaragoza que han firmado algún convenio con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad durante el año 2012, así como características de los mismos (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/021062). (Número de expediente 181/001134) ... (Página3)

- Número de beneficiarios y prestaciones de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia existentes en la provincia de Zaragoza, a 31 de marzo de 2013 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/021083). (Número de expediente 181/001137) ... (Página3)

- Número de beneficiarios reconocidos como dependientes grado III afectados en la provincia de Zaragoza por la reducción del 15 % en la prestación de cuidados no profesionales en el año 2012, así como de los reconocidos como grado II (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/021084). (Número de expediente 181/001138) ... (Página3)

- Número de personas afectadas en la provincia de Zaragoza por la supresión de la retroactividad de la prestación económica por los cuidados en el hogar a personas dependientes a 31 de marzo de 2013, así como ahorro obtenido en aplicación de dicha medida (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/021086). (Número de expediente 181/001139) ... (Página3)


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- Número de personas que han visto reconocido en los años 2012 y 2013 su derecho a percibir una prestación en aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de dependencia en la provincia de Zaragoza (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/021087). (Número de expediente 181/001140) ... (Página3)

- Número de ciudadanos de la provincia de Zaragoza que tienen derecho a la asistencia sanitaria como asegurados por título propio (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/021170). (Número de expediente 181/001151) ... (Página3)

- Número de ciudadanos de la provincia de Zaragoza que tienen derecho a la asistencia sanitaria como beneficiarios de un titular del derecho, detallando cuántos de los beneficiarios son mujeres (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/021171). (Número de expediente 181/001152) ... (Página4)

- Número de ciudadanos de la provincia de Zaragoza que han dejado de tener derecho a la asistencia sanitaria como asegurados por título propio, pasando a ser beneficiarios del titular del derecho (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/021172). (Número de expediente 181/001153) ... (Página4)

- Número de ciudadanos de la provincia de Zaragoza que han dejado de tener derecho a la asistencia sanitaria como asegurados (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/021173). (Número de expediente 181/001154) ... (Página4)

- Número de ciudadanos de la provincia de Zaragoza que han dejado de tener derecho a la asistencia (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/021174). (Número de expediente 181/001155) ... (Página4)

Proposiciones no de ley:

- Relativa a la implicación de los profesionales sanitarios en la detección de la violencia de género. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001504) ... (Página4)

- Relativa al desarrollo de medidas con las que promover una asistencia sociosanitaria integral a los afectados por la enfermedad de Alzheimer. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001042) ... (Página8)

- Dirigida a impulsar la prevención y el abordaje de las enfermedades crónicas en atención primaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001597) ... (Página12)

- Sobre medidas para armonizar la creación de infraestructuras sanitarias de forma que se garanticen a todos los ciudadanos el acceso a los servicios en condiciones de igualdad. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/001643) ... (Página15)

- Sobre ampliación de los supuestos que permitan cobrar el cien por cien de la retribución cuando el personal al servicio de las administraciones públicas, organismos y entidades dependientes de las mismas y órganos constitucionales se encuentren en situación de incapacidad temporal. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001711) ... (Página20)

- Para la creación de un "plan de alimentación infantil". Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001958) ... (Página24)


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- Sobre la aprobación de una ley general del tercer sector. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002004) ... (Página29)

- Sobre rechazo de la modificación de la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002026) ... (Página33)

- Sobre copago farmacéutico en el ámbito hospitalario. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/001998) ... (Página35)

- Relativa al copago hospitalario. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002027) ... (Página35)

Se abre la sesión a las cuatro y veinte minutos de la tarde.

PREGUNTAS:

DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA SUMELZO JORDÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:

- NÚMERO DE AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA QUE HAN FIRMADO ALGÚN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DURANTE EL AÑO 2012, ASÍ COMO CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/021062). (Número de expediente 181/001134).

- NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y PRESTACIONES DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EXISTENTES EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA, A 31 DE MARZO DE 2013 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/021083). (Número de expediente 181/001137).

- NÚMERO DE BENEFICIARIOS RECONOCIDOS COMO DEPENDIENTES GRADO III AFECTADOS EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA POR LA REDUCCIÓN DEL 15 % EN LA PRESTACIÓN DE CUIDADOS NO PROFESIONALES EN EL AÑO 2012, ASÍ COMO DE LOS RECONOCIDOS COMO GRADO II (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/021084). (Número de expediente 181/001138).

- NÚMERO DE PERSONAS AFECTADAS EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA POR LA SUPRESIÓN DE LA RETROACTIVIDAD DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR LOS CUIDADOS EN EL HOGAR A PERSONAS DEPENDIENTES A 31 DE MARZO DE 2013, ASÍ COMO AHORRO OBTENIDO EN APLICACIÓN DE DICHA MEDIDA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/021086). (Número de expediente 181/001139).

- NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN VISTO RECONOCIDO EN LOS AÑOS 2012 Y 2013 SU DERECHO A PERCIBIR UNA PRESTACIÓN EN APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE DEPENDENCIA EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/021087). (Número de expediente 181/001140).

- NÚMERO DE CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA QUE TIENEN DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA COMO ASEGURADOS POR TÍTULO PROPIO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/021170). (Número de expediente 181/001151).


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- NÚMERO DE CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA QUE TIENEN DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA COMO BENEFICIARIOS DE UN TITULAR DEL DERECHO, DETALLANDO CUÁNTOS DE LOS BENEFICIARIOS SON MUJERES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/021171). (Número de expediente 181/001152).

- NÚMERO DE CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA QUE HAN DEJADO DE TENER DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA COMO ASEGURADOS POR TÍTULO PROPIO, PASANDO A SER BENEFICIARIOS DEL TITULAR DEL DERECHO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/021172). (Número de expediente 181/001153).

- NÚMERO DE CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA QUE HAN DEJADO DE TENER DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA COMO ASEGURADOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/021173). (Número de expediente 181/001154).

- NÚMERO DE CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA QUE HAN DEJADO DE TENER DERECHO A LA ASISTENCIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/021174). (Número de expediente 181/001155).

El señor PRESIDENTE: Señorías, damos comienzo a la sesión número 19 de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados cuyo orden del día tienen todas sus señorías. Les quiero manifestar que hemos recibido una carta de la autora de las diez preguntas orales que son consecuencia de la falta de contestación a las preguntas escritas de doña Susana Sumelzo. Ha enviado un documento que ha registrado, como es natural, en el Congreso de los Diputados y que ha llegado a esta Comisión, en el que renuncia a que se debatan en la tarde de hoy en la Comisión de Sanidad. Por lo tanto, son retiradas del orden del día. Se ve aligerado de esta manera el orden del día y le quiero agradecer extraordinariamente a la diputada socialista su gesto.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- RELATIVA A LA IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS EN LA DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001504).

El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir diez proposiciones no de ley. Les sugiero a los distintos portavoces, si no hay ningún inconveniente, que las números 17.º y 20.º del orden del día se tramiten conjuntamente. ¿Hay algún inconveniente? (Pausa). En ese caso, los puntos 17.º y 20.º se tramitarán conjuntamente. A petición de distintos grupos parlamentarios, vamos a debatir la proposición no de ley número 12.º en primer lugar. Después pasaremos a la número 11.º y luego continuaremos con el número ordinal que está reflejado en el orden del día de la Comisión de Sanidad. ¿De acuerdo? (Asentimiento). Para información de todas sus señorías, no votaremos antes de las siete y espero que tampoco después. Por tanto, les pido a todos ustedes que tengan capacidad de síntesis, a la que nos tienen acostumbrados en esta Comisión. Después de celebrar las votaciones y de finalizar la Comisión celebraremos Mesa y portavoces para determinar cuál es el calendario de las actuaciones en lo que queda del mes de octubre y en el mes de noviembre, a ser posible, para que todas sus señorías tengan amplio conocimiento de lo que esta Comisión va a hacer con tiempo suficiente para programar su calendario.

Punto 12.º del orden del día: Proposición no de ley relativa a la implicación de los profesionales sanitarios en la detección de la violencia de género. Autor, Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra la señora Fabra.

La señora FABRA FERNÁNDEZ: Señorías, los artículos 9.2 y 14 de nuestra Constitución, así como el Tratado y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, constituyen la base fundamental para contribuir al cambio de modelo cultural, de actitudes y valores, así como para eliminar estereotipos, favorecer el desarrollo social y garantizar el disfrute de los derechos fundamentales por parte de las mujeres a cualquier tipo de violencia que se ejerza sobre ellas, sobre nosotras. A partir de ahí, muchas y


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acertadas han sido las iniciativas impulsadas por el Gobierno de España, independientemente del color político, para erradicar la violencia de género en nuestro país. La aprobación de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral, la creación de la Delegación especial contra la violencia sobre la mujer, la puesta en marcha del Observatorio estatal sobre violencia, la creación de juzgados exclusivos y fiscalías especiales son medidas que han contribuido a generar un rechazo social hacia la violencia que se ejerce sobre las mujeres, que han incrementado la sensibilización sobre el problema y que han aumentado la confianza social en el sistema en lo que a garantizar la protección y la seguridad de las víctimas y de sus familias se refiere.

La coordinación entre administraciones ha sido una de las claves para conseguir avances en la lucha contra el maltrato a la mujer, tanto entre los distintos ministerios -Justicia, Interior, Hacienda, Administraciones Públicas, Seguridad Social, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- como entre las administraciones central, autonómicas y locales; la fusión de esfuerzos y la puesta en común de recursos, de experiencias y de prácticas de éxito ha hecho posible el desarrollo de medidas con las que personalizar en la mayor medida posible la respuesta del sistema a las necesidades de cada víctima. Como consecuencia de esta puesta en común, la evolución de los resultados cosechados en los últimos años contra la violencia de género ha sido positiva. No obstante, las estadísticas nos siguen indicando que los esfuerzos de todos en la lucha contra esta dramática lacra social no solo no deben cesar sino que deben incrementarse.

La información ofrecida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con fecha 10 de octubre -no hace ni una semana- cifra en treinta y ocho el total de víctimas en lo que va de año. Se trata de una cifra similar a la registrada por estas fechas el año pasado y algo menor que la contemplada en toda la década anterior. Con todo, el número de mujeres muertas continúa siendo muy elevado y por ello queremos incorporar esta proposición no de ley a las medidas que desde mi grupo parlamentario estamos impulsando para complementar la acción del Gobierno en lo que a la lucha contra la violencia de género se refiere.

Señorías, pretendemos promover una implicación mayor de todos los profesionales sanitarios en la detección precoz, en la valoración, la actuación y el seguimiento de la violencia de género. El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge que quienes por razón de su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al ministerio fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al funcionario de policía más próximo si se tratase de un delito flagrante. La obligatoriedad que surge para los profesionales sanitarios hacía necesaria la existencia de protocolos que contuvieran pautas de actuación en la detección e intervención que ya están funcionando en algunas comunidades autónomas.

Pese al reconocimiento legislativo de la problemática, el silencio de las víctimas impide su prevención y control, por lo que a los profesionales sanitarios se les debe capacitar para reconocer incluso aquellas señales más sutiles y poder responder a las necesidades de las víctimas. La adquisición de estas habilidades a la hora de realizar el cribado y a documentar el historial clínico no solo permitirá identificar el abuso y las lesiones físicas y psicológicas sino también valorar la situación de riesgo y colaborar para establecer un plan de seguridad que permita protección a esas mujeres. Porque además el informe médico de las víctimas adquiere gran relevancia desde la perspectiva legal, de ahí la importancia de incidir en la necesidad de formar al personal sanitario en sus ámbitos de trabajo así como en los contenidos curriculares de las licenciaturas y diplomaturas con el objetivo de lograr una mejor capacitación para ese fin. Por eso es tan necesaria esta actitud proactiva de los facultativos.

Tomando en consideración el informe El abordaje médico de la violencia hacia las mujeres y sus hijos e hijas, que el Colegio de Médicos de Barcelona hizo público a comienzos de este año, el maltrato doméstico puede ser considerado como un problema sanitario por los daños que provoca tanto en la salud física como en la psíquica y la sexual de las víctimas. Trastornos funcionales, traumatismos, depresiones, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, dependencia de sustancias activas y aditivas como el alcohol y los psicofármacos o el deterioro de la salud sexual y reproductiva son algunas de esas secuelas. Son consecuencias que los comportamientos hostiles y violentos de los agresores tienen en las mujeres, con independencia de su edad, de su nivel económico o educativo. Por todo ello, y teniendo en cuenta el protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género aprobado en diciembre de 2012 en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, solicitamos, con el convencimiento de la sensibilidad de sus señorías, su apoyo a esta iniciativa parlamentaria con la que buscamos reforzar y coordinar las políticas que tanto la Administración central como las autonómicas y locales están llevando a cabo. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Se han presentado dos enmiendas a esta proposición no de ley. Para la defensa de la primera de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Señorías, señora Fabra, después de concluir la primera lectura de la proposición no de ley que ha presentado nos ha dado un cierto pánico porque parece que no tienen conocimiento de cuál es la realidad del Estado que están ustedes gobernando, porque sí veo que han hecho referencias a Naciones Unidas y a la OCDE, pero salvo ahora, en su exposición, no hay ninguna referencia a mecanismos y actuaciones que ya se están realizando en muchas comunidades autónomas. Por tanto, esta sospecha de que no saben qué Estado tienen entre manos a lo mejor justifica la falta de respuestas en otros temas de importancia política territorial que hoy se están viviendo en el Estado.

Dicho esto, me gustaría recordarles que en Cataluña se está trabajando en la actuación contra la violencia machista desde diferentes ámbitos, entre los cuales se encuentra el sanitario, promoviendo actuaciones de prevención, de detección, de tratamiento y recuperación con la necesaria implicación de los profesionales sanitarios. Sin embargo, esto no es de ayer, ya el Parlamento de Cataluña aprobó en 2008 la Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista y el departamento de Salud, concretamente en el ámbito sanitario, elaboró en 2009 un protocolo para el abordaje de la violencia machista en el ámbito de la salud de Cataluña, el cual es un referente para el trabajo de los profesionales y desde las regiones sanitarias se está fomentando su implicación en este problema multidimensional. Por tanto, desde Cataluña hace ya unos cuantos años que hemos reconocido la importancia de la implicación de los profesionales en la detección de la violencia de género poniendo herramientas a su alcance y fomentando su implicación.

La enmienda que ha presentado mi grupo parlamentario no va tanto dirigida al respeto de las competencias de las comunidades autónomas, hecho que tendría que ir de suyo en cualquier actuación legislativa del Estado español, sino en el ámbito de reconocer lo que se está haciendo y, por tanto, respetar lo que se está haciendo en el desarrollo de las competencias atribuidas según la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por tanto, de entrada, nosotros consideramos que no era necesario que el Estado estableciese un protocolo invadiendo competencias. A la vista de su explicación, a la vista del reconocimiento y de una segunda lectura con cariño del texto, quiero decirle que si se nos aceptan las enmiendas presentadas nosotros votaríamos a favor y, por tanto, reconsideraríamos nuestra postura, en el bien entendido de que además del trabajo de los profesionales sanitarios, vital para el reconocimiento y detección de las víctimas, es muy importante hacer actuaciones previas al reconocimiento de las víctimas, es decir, actuaciones estructurales para intentar erradicar el máximo exponente que es la violencia de género contra las mujeres, porque esto tiene una base que es el convencimiento de que no somos iguales a los hombres. Por tanto, aparte de políticas para detectar la violencia, son necesarias políticas para prevenir que se den circunstancias de desigualdad de oportunidades entre los dos géneros que hoy en día se están dando aún en nuestra sociedad. Por tanto, a la espera de ver cómo evolucionan las enmiendas, porque parece que podemos llegar a un principio de acuerdo, mi grupo se abstendría en la votación de esta proposición.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Ángeles Álvarez.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Señora Fabra, como su señoría ha indicado, los primeros años de aplicación de la Ley de Violencia de Género con el Gobierno socialista supusieron en materia de salud los cimientos de un sistema de prevención y de implicación del Sistema Nacional de Salud en la lucha contra la violencia de género. Se armó la estructura con la creación y constitución de la Comisión contra la violencia de género creada en el seno de la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como elemento clave para dar apoyo técnico y para la planificación de las medidas sanitarias contempladas en el capítulo III de la Ley orgánica 1/2004, que usted ya ha citado. Se editó el primer protocolo común en el año 2007, se crearon el Observatorio de Salud de la Mujer, los sistemas de coordinación con las comunidades autónomas y los indicadores de seguimiento, se iniciaron los informes anuales y un amplio etcétera que usted conoce. Además se dejó ultimado el borrador de la revisión del protocolo que dio como resultado este magnífico texto que la proposición pretende impulsar, elaborado por el grupo de trabajo de protocolos con el apoyo técnico de la Escuela Andaluza de Salud Pública y el Instituto de Salud Carlos III.


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Dado que su proposición hace referencia a la detección precoz, la valoración, la actuación y el seguimiento de la violencia, queremos mejorar su iniciativa en el ánimo constructivo de concretar el cómo avanzar, conseguir ese objetivo sabiendo con quién tenemos que contar y en qué tiempos tenemos que hacerlo. Creemos que su iniciativa carece de esa concreción. Por eso nuestra enmienda pide apuntar a cosas concretas, instando al Gobierno a que promueva la incorporación a las historias clínicas de indicadores que les permitan hacer seguimiento de casos; instando al Gobierno a que apoye a las comunidades autónomas para que se forme en habilidades para la gestión de los tamizados en consulta que propone el protocolo sanitario y que pretende impulsar y apostar por implantar en todo el territorio sistemas de identificación de la incidencia.

He mantenido en esta semana reuniones con profesionales que conocen el día a día en materia de violencia en el ámbito sanitario y los profesionales lo que demandan son medios, soporte técnico y herramientas de medición, detección y diagnóstico del maltrato en la pareja. Tenemos muchos de esos elementos, se ha trabajado estos años atrás para contar con ellos y ahora toca dar el siguiente paso en la estrategia con una apuesta clara para normalizar la aplicación de los tamizados en consulta. Esa tarea reclama el apoyo a la formación, como le indicaba, en su uso al conjunto de los profesionales sanitarios, incluidos los profesionales de trabajo social en los centros sanitarios; supone introducir un indicador obligatorio de identificación de violencia; supone unificar la historia clínica de primaria con especialidades para mantener la continuidad de los cuidados; supone aplicar criterios de seguimiento similares a los de atención por riesgo suicida, por ejemplo, que obligan a contactar con los pacientes para realizar seguimientos; supone compatibilizar los soportes informáticos de seguimiento en los servicios de urgencia, atención primaria y salud mental, estos son elementos clave para la coordinación y para estimar el grado de prevalencia del maltrato contra la mujer y es también la manera de introducir elementos de seguimiento estadístico.

Nos referimos y nos queremos referir de manera específica también a los aspectos legales. Señoría, sabrá -y el protocolo así lo enuncia- que existe por parte de los profesionales sanitarios temor a poner en marcha el mecanismo judicial cuando existen sospechas y temor a las represalias del supuesto agresor, tanto por ser acusados de calumnias en vía judicial como por la posibilidad de sufrir represalias físicas o de otro tipo. Por tanto, es preciso articular sistemas para acabar con presiones a los profesionales con la creación de comisiones interdisciplinarias de violencia que asuman la responsabilidad de la valoración y la denuncia en los centros de salud. En fin, señorías, que continuar con el trabajo iniciado significa apostar por propuestas concretas. Ahora gobiernan ustedes, su tarea principal debe ser continuar, mantener y profundizar en el desarrollo del camino iniciado. Tienen una herencia extraordinaria en esa materia.

Sin embargo, lo que nos hemos encontrado hasta ahora han sido sus votos en contra en el Pleno de la Cámara cuando les hemos propuesto dar apoyo psicosocial a los huérfanos; su negativa a modificar la legislación para garantizar protección a los menores víctimas de violencia; su falta de diligencia para impulsar el mapa de las unidades forenses en los juzgados en aquellas comunidades en las que no funcionan, que son aquellas donde quien tiene la competencia es el Ministerio de Justicia, porque cuando las competencias están transferidas las unidades forenses están funcionando perfectamente en todos los sitios.

Frente a proposiciones abstractas y declarativas que no concretan en qué ni con qué partidas presupuestarias ni con qué organismos o en qué tiempo pretenden concretar sus compromisos, les proponemos que muestren su compromiso real y acepten estas enmiendas que vienen a dar fecha, que asignan tareas e identifican las acciones que tienen que hacer posible la implantación del protocolo porque si no todo lo demás, señoría, serán juegos florales.

Si llegamos a este acuerdo, contarán con nuestro apoyo, porque nos parece fundamental que por una vez al menos apoyen una propuesta del Grupo Socialista en esta Cámara que está enfocada a aportar en positivo. Usted sabe perfectamente que no les hemos propuesto nada que no esté recogido en el propio protocolo. Por tanto, lo único que les estamos pidiendo es concreción. Vótenla no para apoyar al Grupo Socialista sino para apoyar a las víctimas de la violencia contra las mujeres. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa). Doña Caridad, en representación de La Izquierda Plural.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Decía en el Pleno de hoy mi compañero sentado aquí a mi lado que estamos ante iniciativas que parecen incienso y, como se sabe, el incienso conseguía tapar el mal olor que tenía la multitud congregada en los centros religiosos. A nuestro modesto entender, esto no intenta


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ocultar -no quiero decir tapar- una situación que efectivamente se está produciendo, que reconocemos y que todas y todos los que estamos aquí lamentamos, y es el terrorismo machista. Lo voy a llamar por su nombre; hay algunos que lo llaman violencia doméstica, otros lo llaman de otra manera, pero yo lo voy a llamar por su nombre, porque ese es el nombre de quienes causan más de 600 muertes de mujeres al año. Es su nombre, es terrorismo machista.

Para combatir esto, hace muchos años ya -y lo sabemos las que ya tenemos una edad-, se dictaron, y se aprobaron afortunadamente, toda una serie de normas que iban encaminadas -van encaminadas o deben ir encaminadas- precisamente a erradicar este tipo de terrorismo, que no es fácil de erradicar y que hacerlo probablemente tiene muchas aristas. Por cierto, quiero recordarles a todas y a todos ustedes que existe una Comisión de Igualdad donde podríamos tratar estos temas para no descafeinarla, porque creo que es importante. Una Comisión de Igualdad no es para hablar de cosas banales sino para hablar de este tema tan importante. Les decía que se hablaba entonces de formación en ese sentido para contrarrestar la violencia de género, el terrorismo machista, para que los hombres y mujeres que componen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estuvieran debidamente formados para poder atajar y prevenir este tipo de cuestiones. Se hablaba -se sigue hablando, pero ahora ya no tanto porque, si hemos quitado determinada asignatura, a lo mejor no hablamos de esto- de implicación en el ámbito escolar precisamente, de conocimiento por parte de la comunidad escolar de las situaciones, de las diferencias y de qué provoca el terrorismo machista. Se hablaba de la implicación del sector sanitario y se hablaba también de la implicación del sector social.

Cuando yo empezaba a leer esta iniciativa -y estoy convencida de que no es el objeto ni el objetivo del grupo proponente-, me daba la sensación de que se intentaba culpabilizar ahora al ámbito sanitario de que no hace lo suficiente o de que no hace lo que debe hacer -lo decía una compañera anteriormente, que es la portavoz del Grupo Socialista-. En todos los ámbitos que les he mencionado, salvo supuestamente en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -porque tienen otros componentes-, hay siempre un cierto miedo, se está siempre en una cierta cuerda floja, porque no saben cuál va a ser finalmente la reacción no solamente de la persona agresora sino incluso de la propia agredida, lo que les puede llevar, después de haber hecho cualquier tipo de denuncia, a que sean los denunciados y que aparezcan como los culpables de algo de lo que no lo son. Por lo tanto, hay que tener un cierto cuidado cuando se dicen determinadas cosas o se hacen determinadas manifestaciones. Esto no es poner en cuestión ni muchísimo menos lo que ha manifestado en un informe el Colegio de Médicos de Barcelona, en absoluto, porque probablemente tenga toda la razón. Lo que digo es que estas situaciones se producen y que debemos andar con un cierto cuidado cuando proponemos cuestiones que más parecen, insisto, incienso que el deseo verdadero de erradicar el terrorismo machista.

También creo, como se ha dicho aquí, que las comunidades autónomas están haciendo un trabajo importante, incluidas las propias comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, porque esto es algo que nos une a todos y a todas. Están haciendo un trabajo importante y, en consecuencia, no añadamos a ese trabajo cuestiones que sinceramente -y quiero terminar ya con esto- van dirigidas más a limitar las posibilidades de proponer iniciativas por parte de los grupos de la oposición que a llegar a algo concreto, aunque hoy se llegue a un acuerdo entre los grupos que han presentado enmiendas.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo político quiere intervenir en este momento? (Denegaciones). Señora Fabra, ¿acepta o no acepta las enmiendas? Tiene la palabra.

La señora FABRA FERNÁNDEZ: Mi grupo acepta el primer punto de la enmienda de Convergència i Unió, que solicitamos sea incorporada al texto de nuestra iniciativa, y no acepta la enmienda del Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: Gracias por su capacidad de síntesis.

- RELATIVA AL DESARROLLO DE MEDIDAS CON LAS QUE PROMOVER UNA ASISTENCIA SOCIOSANITARIA INTEGRAL A LOS AFECTADOS POR LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001042).

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate del punto 12.º, volvemos al punto 11.º, proposición no de ley relativa al desarrollo de medidas con las que promover una asistencia sociosanitaria integral a los


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afectados por la enfermedad de Alzheimer. Su autor es el Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la proposición tiene la palabra doña Marta Torrado.

La señora TORRADO DE CASTRO: Señorías, hace escasos días celebrábamos el Día Mundial del Alzheimer, evento instituido por la Organización Mundial de la Salud con un doble objetivo: sensibilizar a la sociedad y promover la prevención de esta patología, con un nuevo caso cada siete segundos, 150.000 al año solo en nuestro país, un porcentaje de afectados que se incrementa exponencialmente y que, según vaticinan organismos como la Sociedad Española de Neurología, en el año 2050 podrían padecer más de un millón de españoles. Y es que en los últimos años la enfermedad de Alzheimer va aumentando su presencia y protagonismo en todos los niveles de nuestra sociedad. Es objeto de titulares, pero pocas veces protagonista de buenas noticias. El padecimiento individual y social es muy importante, genera discapacidad y un terrible sufrimiento físico y psíquico, que merma tanto en habilidades sociales como en el conjunto global la calidad de vida de quienes la padecen y entre sus familiares. (El señor vicepresidente, Román Jasanada, ocupa la Presidencia).

Muchas de estas enfermedades están ligadas al envejecimiento. Los avances sociales, económicos y de salud pública alcanzados en nuestro país han incrementado la esperanza de vida de la población, pero este beneficio nos enfrenta a importantes retos. Si a principios de los años ochenta apenas morían unas decenas de personas al año a causa de esta patología, en los últimos años han sido más 10.000, según los datos del INE. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Popular la preocupación por esta realidad es la que requiere una enfermedad que ya es considerada como la epidemia del siglo XXI, teniendo en cuenta además que, a medida que envejece la población mundial, el sistema tradicional de atención informal por parte de la familia, los amigos y la comunidad requerirá de un apoyo mucho mayor. Porque desconocemos su origen, es una enfermedad devastadora y no existen fármacos para acabar con el problema, y su desarrollo conlleva la cronicidad y la dependencia del afectado, un panorama poco alentador, pero, sin ser todo oscuridad, los tratamientos y las terapias consiguen frenar su evolución y mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares.

En demasiadas ocasiones la tragedia de escuchar el diagnóstico de esta enfermedad en una persona, en alguien cercano a nosotros, a la familia, se ha podido ver incrementada por la incertidumbre con el fin de buscar una solución a esta situación en la que por desgracia cada vez se encuentran más familias. El marco que establece la estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud que está llevando a cabo el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con las comunidades autónomas permitirá contemplar un enfoque más integrado para este tipo de enfermedades facilitando el acceso al servicio sanitario tanto al paciente como a la familia. De esta manera se corregirá la asistencia fragmentada que reciben muchos de estos pacientes, se reorientará el abordaje de la enfermedad crónica hacia la atención de las necesidades de la población en su conjunto y de cada individuo en particular y además se avanzará en la interconexión del sistema sanitario con los servicios sociales. Es una estrategia que tampoco olvida aspectos como la investigación, la innovación y la formación; una estrategia, señorías, que ya se ha iniciado, precisamente en el pleno del consejo interterritorial celebrado en febrero, donde se acordó su elaboración, y ya está también la estructura encargada de elaborar la propuesta de estrategia.

Por eso, y teniendo en cuenta la magnitud de un problema que crece a una progresión tan alarmante y que afecta a tantas familias en nuestro país, desde el Grupo Parlamentario Popular hemos considerado la idoneidad de presentar al Gobierno de España una proposición no de ley mediante la que instamos al mismo a desarrollar nuevas medidas para ofrecer una asistencia sociosanitaria integral a los afectados por la enfermedad de Alzheimer en el contexto de la estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, porque las actuaciones han de dirigirse fundamentalmente a coordinar tanto investigación en materia de prevención como los cuidados sociosanitarios que estos pacientes precisan, todo ello además pensando en lo mejor para todas las personas afectadas por la enfermedad y sobre todo para sus familias, que de una manera prolongada soportan el deterioro que va sufriendo la persona afectada hasta ser absolutamente dependiente, con lo que todo ello conlleva para quienes la rodean.

Quisiera finalizar ya agradeciendo a todos los grupos políticos la lectura y el estudio de esta proposición no de ley y especialmente a los dos grupos parlamentarios que han presentado enmiendas al respecto. Vamos a intentar llegar a un acuerdo con ellos y a lo largo de la tarde, si es posible, haremos llegar a la Mesa una propuesta de enmienda transaccional. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Se han presentado dos enmiendas a esta proposición no de ley, del Grupo Catalán de Convergència i Unió y del Grupo Socialista. En primer lugar, tiene la palabra la señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Desde Convergència i Unió estamos de acuerdo fundamentalmente en el principio que inspira esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular. Estamos de acuerdo con que la enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades neurodegenerativas con más prevalencia en nuestro país y que, debido a la prolongación de los años de vida, esta enfermedad se va incrementando en gran medida. Somos partidarios de que en estos planes estratégicos y específicos se haga una amplia mención a la investigación y la prevención, pero hay comunidades autónomas que ya están trabajando desde hace tiempo en este aspecto y en otras se están ya coordinando y elaborando estos planes, y no solamente para esta enfermedad de Alzheimer, que he dicho ya que es la más prevalente, sino para el conjunto de las otras enfermedades neurodegenerativas, como el programa que existe en Cataluña, específico, creado en anteriores legislaturas, de atención a los pacientes con enfermedades neurológicas que generan discapacidad, entendiendo que esta es la primera, pero que hay otras más.

En este sentido nosotros, aprovechando esta experiencia y esos conocimientos en las comunidades autónomas donde ya existen estos planes y van funcionando, hemos presentado esta enmienda en la que añadimos a lo que dicen ustedes en su proposición no de ley que sea reconociendo las competencias que en este ámbito corresponden a las comunidades autónomas, teniendo en cuenta aquellos programas y planes de atención a personas que padecen alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas, así como la atención a los crónicos, ya en funcionamiento o en proceso de implantación. Además, para llevar a cabo todos estos planes se necesitan unos recursos, sin recursos es imposible implementarlos y por eso instamos al Gobierno aquí a establecer en estos Presupuestos Generales del Estado que vamos a empezar a debatir una dotación presupuestaria para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a este plan de calidad en el Sistema Nacional de Salud. Esperemos que, como ha dicho la proponente, podamos llegar a algún acuerdo y sean aceptadas las enmiendas de nuestro grupo parlamentario.

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Por el Grupo Socialista, la diputada doña Esperanza Esteve tiene la palabra.

La señora ESTEVE ORTEGA: En mi intervención no me voy a centrar en los datos porque estos ya los ha manifestado la diputada Marta Torrado, pero continuaré leyendo la exposición de motivos donde se reflejan dichos datos, si no le importa, en el punto donde usted se ha interrumpido, con el fin de valorar dicha exposición de motivos. Fíjese, después de tratar la creciente prevalencia de los afectados de la que hablan en ella, hay un par de párrafos que personalmente me llaman la atención y me veo casi en la obligación de leerlos aquí porque realmente creo que ese es el debate. Ustedes dicen: "En consecuencia, y con el objetivo de tratar de manera específica a las personas y no a enfermedades aisladas, el Ministerio de Sanidad está trabajando en constante coordinación con las comunidades autónomas, los profesionales sociales y sanitarios y los pacientes...". Sigue en otro párrafo: "Un ejemplo es el consenso alcanzado en el Consejo territorial del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia del pasado mes de julio...". Claro, mes de julio de 2012, que es la fecha de esta iniciativa, julio de 2012. Ustedes señalan que en el consejo territorial del sistema se elaboraron los criterios para elaborar planes de prevención de situaciones de dependencia, además de glosar el importante papel del Imserso en la planificación, la configuración de planes, de programas y de trabajo que se hace con las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.

Bien, si estuviéramos en ese momento, hace más de un año, con este contenido, el Grupo Socialista diría: ¡olé! ¡Sí, señor! Pero, claro, ha pasado un poquito más de un año; hoy estamos en octubre de 2013 y han pasado cosas. Mientras tanto -y voy a ser poco original porque en buena parte voy a repetir lo que he dicho en sesión plenaria- se ha hecho una reforma del Sistema Nacional de Salud, se ha perdido la universalidad, se han hecho grandes recortes, se han establecido copagos y les recuerdo que ha bajado el importe del nivel acordado del sistema de atención a la dependencia, con lo cual ha subido sustancialmente lo que tienen que poner las familias para que sus personas en situación de dependencia, en este caso enfermos de alzhéimer, tengan que pagar, en unos niveles que están fuera de sus posibilidades.


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Otro tema es el de los servicios sociales, como el de la atención domiciliaria. Señora Torrado, suelo coincidir muchas veces con usted en sus intervenciones, pero, fíjese, mi madre murió de alzhéimer, y quizá le falta este conocimiento vivencial de algún familiar cercano, de haber vivido este proceso en los hospitales, en las casas, en las familias, proceso que te hace querer más a tus mayores o a la persona que sufre esta enfermedad por la que se va deteriorando. ¿Sabe lo que es más importante? La prevención. Y en esta prevención hay 400.000 personas del nivel 1 de la Ley de Dependencia que han quedado fuera del sistema, es decir, que no pueden acceder, y ahí es clave la prevención, hacer estimulación precoz, aparte de la detección, de los enfermos de alzhéimer diagnosticados y de otras cronicidades, de otras demencias, en las que también más o menos concurren los mismos síntomas. Son 400.000 personas. ¿Sabe usted lo que le va a costar a las arcas públicas no hacer este trabajo de prevención, este trabajo de identificación de los hábitos con el territorio, con el domicilio, con las familias, vecinos, en aquel espacio que es inmediato? Lo han recortado. Pero es que han recortado también los servicios sociales. ¿Cómo quieren ustedes plantear un modelo sociosanitario o nuevas medidas sociosanitarias si les han quitado a los dos sistemas el pan y la sal? No queda apenas nada.

Ahora, si usted me dice, señora Torrado, que estamos en situación de crisis, que no tenemos dinero, vamos a ver lo que tenemos y vamos a intentar hacer una especie de acción integrada provisional -no hablan ustedes de acción integrada- para ver cómo atendemos desde la escasez y desde habernos cargado los sistemas para atender a estas personas, porque realmente se lo merecen. Cuanto más inviertes en prevención, menos representa el gasto hospitalario y los gastos en residencias. Cuanto más se tarda en ir a una residencia y se deposita el cuidado en la familia, más aumenta la esperanza de vida. Lea a Payne. Hay excelente bibliografía canadiense y estadounidense que demuestra claramente la relación que existe entre la calidad y la esperanza de vida y la detección temprana y el trabajo precoz. Por tanto, desde esta perspectiva yo veo, primero, que está fuera de tiempo, porque esto está pensado en un momento donde ustedes todavía parecía que iban a hacer una apuesta austera, claro que sí, en los dos sistemas, pero, viendo lo que ha pasado, no nos queda más que presentarle esta enmienda donde le decimos que estamos de acuerdo, vamos a hacer esto, pero eliminen obstáculos, restituyan partidas, hagan posible el objetivo, que estoy segura de que ustedes y nosotros, todos queremos, pero el camino para llegar es diametralmente opuesto. Nosotros pensamos que con el suyo nos vamos realmente al abandono y a aumentar las situaciones de vulnerabilidad y de calidad de vida de cualquier enfermo crónico y en este caso del que estamos hablando, de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Para fijar posición tiene la palabra por el Grupo de La Izquierda Plural don Gaspar Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Seré breve para manifestar la posición de mi grupo con respecto a estas iniciativas del Grupo Parlamentario Popular que, en mi opinión, únicamente intentan reducir la capacidad de control de la Cámara y convertir la dialéctica parlamentaria en un monólogo, si no, como se ha dicho antes, en incienso para el Gobierno. Como no concibo el Parlamento para jalear ni para estimular al Gobierno, mi grupo parlamentario no está aquí para plantear que el Gobierno haga lo que tiene que hacer. En ese sentido se vuelve a glosar la estrategia de cronicidad por enésima vez, que a nosotros nos parece necesaria, una estrategia de cronicidad que de alguna manera tenga no solamente letra, sino también contenido político y presupuestario. Hay otra estrategia, la estrategia de enfermedades neurológicas, que también está encima de la mesa y también es una estrategia ya operativa. No solamente han sido aprobados los diseños en su momento por parte del consejo interterritorial, sino que está aprobada. En nuestra opinión, sobran este tipo de iniciativas genéricas por parte del grupo parlamentario que apoya al Gobierno. Tendrían algún sentido si al mismo tiempo se propusiera no solamente una estrategia sino también un presupuesto, una encarnadura de esa estrategia.

Ya se ha dicho por parte de los grupos parlamentarios y lo hemos discutido en el Pleno de la Cámara que la estrategia sociosanitaria o la estrategia de crónicos en estos momentos no cuenta, no digo con un presupuesto adicional, no cuenta con un presupuesto básico ni por parte del sistema sanitario ni por parte del sistema de atención a la dependencia o del sistema de servicios sociales, como quieran ustedes valorarlo. En consecuencia, nosotros no vamos a poder votar favorablemente solamente incienso para quedar bien, porque, en definitiva, hoy lo que el Partido Popular pretende es quedar bien, quedar bien haciendo retórica y, sin embargo, continuar con la política de recortes, repagos y privatizaciones y entenderán que nosotros no colaboramos con el Partido Popular en esa campaña de quedar bien.


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Quedarían bien si hubiera materia para ello, pero únicamente con retórica en nuestra opinión no basta. Por tanto, no votaremos favorablemente esta iniciativa.

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Entiendo de la intervención de la portavoz del Grupo Popular que va a intentar llegar a un acuerdo con los dos grupos que han presentado enmiendas. Tienen el tiempo que dure esta Comisión para traer a la Mesa la propuesta definitiva que se votará.

- DIRIGIDA A IMPULSAR LA PREVENCIÓN Y EL ABORDAJE DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001597).

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, punto 13.º, del Grupo Parlamentario Popular, dirigida a impulsar la prevención y el abordaje de las enfermedades crónicas en atención primaria. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular señor Moreno.

El señor MORENO PALANQUES: Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas, las cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas como EPOC o la diabetes son las responsables del 63 % de los fallecimientos en el mundo y en España superan el 90 %. Por tanto, es un tema fundamental en nuestro sistema sanitario. No es de extrañar que estemos hablando todo el día de ellas. Es verdad que, aparte de hablar, hay que actuar, es cierto, pero también es verdad que no siempre es una cuestión de poner más recursos, los recursos están en el sistema (El señor Llamazares Trigo: Y menos tampoco) -ni menos tampoco-, pero es cierto que hay una obligación por parte del Estado de coordinar todos los sistemas. La cronicidad es una materia importante, especialmente en un país como el nuestro. Cronicidad tampoco significa gente muy mayor. Hay un porcentaje importante tanto en hombres como mujeres en el que los fallecimientos son atribuidos a este tipo de enfermedades siendo menores de sesenta años de edad y además todos ellos giran alrededor de factores de riesgo como son el consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol o las dietas inadecuadas. Además del sufrimiento humano que suponen todas estas enfermedades, tiene un enorme coste social y todos reconocemos que es un sector de la población, el ya referido al envejecimiento propiamente, que cada vez va aumentando simplemente por expectativa de vida y, por otro lado, por los avances médicos en la eficacia de los tratamientos para incrementar la supervivencia de las enfermedades más prevalentes.

En la última encuesta de salud europea se pone de manifiesto que más del 45 % de la población española mayor de dieciséis años padece al menos un proceso crónico y que hasta el 22 % de la población presenta dos o más procesos de estas características; cuando ya pasamos a sesenta y cuatro o a sesenta y cinco años son casi tres los procesos. Por tanto, no es de extrañar que una parte muy importante de los ingresos hospitalarios sean consecuencia de estas enfermedades, más del 60 % de hecho. Por eso, todo Estado, el español desde luego, debe plantearse la necesidad de introducir cambios en la estructura y en el funcionamiento de su Sistema Nacional de Salud -nosotros en el nuestro-. Eso supone una atención sociosanitaria integral personalizada y una optimización de los recursos disponibles.

La estrategia para el abordaje de la cronicidad a la que ustedes han hecho referencia y que tiene el visto bueno del consejo interterritorial está basada fundamentalmente en la promoción de la salud, en la continuidad asistencial, en la reorientación de la asistencia sanitaria, en la equidad del trato, en la investigación y en la innovación. Decía que era importante esa labor de coordinación. Más recursos, menos recursos, en todo caso hay que coordinar los recursos existentes. Estratificar la población en función de la diferente necesidad asistencial difícilmente se puede hacer comunidad a comunidad. El papel del Estado, entre otras cosas, está ahí y además reconocido en el propio consejo interterritorial. Un sistema de indicadores que permita monitorizar la implantación de la estrategia y la atención a los pacientes con enfermedades crónicas es también algo que hay que hacer a nivel estatal. Una red de escuelas de salud para promover los autocuidados, la mejor capacitación de la salud y el mejor conocimiento de la enfermedad es algo que hay que impulsar a mi modo de ver de forma coordinada a nivel nacional. Y un plan para mejorar el abordaje del dolor crónico, que supone un peso importante en el deterioro de la calidad de vida del paciente que lo tiene, es algo que hay que abordar también a mi modo de ver e impulsar a nivel del Estado.

Junto a esa estrategia para el abordaje de la cronicidad del Sistema Nacional de Salud existe un aspecto que no depende en estos momentos directamente del Ministerio de Sanidad, sino del Ministerio


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de Economía y Competitividad, que es la Acción Estratégica de Salud 2012, el Plan nacional I+D+i, que pone de nuevo en funcionamiento bajo un prisma distinto, porque ya existía la colaboración entre los grupos, una red temática de investigación cooperativa sanitaria sobre servicios de salud orientados a las enfermedades crónicas. Está constituido por 117 investigadores, repartidos en catorce grupos en ocho comunidades autónomas, y se espera que de ese conocimiento podamos mejorar y ampliar los fundamentos científicos sobre lo que los servicios sanitarios deben basar su planificación y organización, todo ello orientado a responder adecuadamente a la cronicidad, a mejorar la equidad en el acceso efectivo y en atención segura, a mejorar el uso apropiado en las tecnologías, programas y servicios, a garantizar la continuidad de la atención a través de profesionales y proveedores y al aumento de la eficacia, la seguridad y la eficiencia desde una perspectiva técnica y social. En una palabra, el objetivo final es generar evidencia científica para poner los resultados de la investigación al servicio de los pacientes. Por esa razón se plantea esta proposición no de ley, a la que se han presentado un par de enmiendas.

Para acabar, señor presidente, tras hablar con los ponentes de los distintos grupos, por lo que se refiere a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista -luego lo podemos hablar-, los dos primeros párrafos se ajustan precisamente al espíritu de lo que se plantea como proposición no de ley; el problema es que como se propone una sustitución va a ser muy difícil encajar esto. Y en cuanto a la propuesta de CiU, de los dos puntos que tiene el primero lo incorporaríamos a esta proposición no de ley.

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Para defender la enmienda del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Esta proposición no de ley sigue la línea de la proposición no de ley anterior, en la que se hacía más referencia a una enfermedad concreta, al Alzheimer, mientras que esta se dirige a una parte más amplia, a enfermedades crónicas, pero las enfermedades crónicas y todo lo que es la atención a la cronicidad es amplísimo, es enorme y las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias, sobre todo en la parte de primaria, hace ya mucho tiempo que llevan trabajando sobre ello. Es muy difícil oponerse a una proposición no de ley como esta; es más, con el espíritu de colaboración, de intentar buscar soluciones, de mejorar en todo lo que sea nuestro Sistema Nacional de Salud, hacemos lo posible y lo imposible para intentar llegar a acuerdos que mejoren nuestro sistema sanitario. Nuestra enmienda va en el mismo sentido que la anterior proposición no de ley: debe tenerse pleno respeto a las competencias que en todos estos ámbitos corresponden a las comunidades autónomas. Se deben tener en cuenta todos los programas de prevención, de atención a la cronicidad, que además se están haciendo con un enfoque de atención integrada e integral y que tienen ya una muy buena implantación en atención primaria de salud, ajustados a su vez a prácticas colaborativas con profesionales y organizaciones de diferentes ámbitos asistenciales, ya sea de atención especializada, de sociosanitarios, de salud mental o del ámbito social. Estos procesos ya están en funcionamiento o en proceso de implantación en muchas comunidades autónomas. Esta es la parte de nuestra enmienda que agradezco que sea incorporada y que acepte el Grupo Popular. La otra parte es que para todo esto se necesitan unos presupuestos. Vamos a entrar en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y lo que pedimos es que haya una partida presupuestaria destinada a ayudar a todas las comunidades autónomas que están trabajando en este sentido, que tienen planes y programas para mejorar el aspecto de la cronicidad, de todas las enfermedades crónicas, para que pueda mejorar nuestro sistema. Agradezco, pues, que se haya cogido una parte, aunque lamento que no sea toda. Al menos, antes que nada o dejarla como está, agradecemos que esta parte se incorpore.

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Por el Grupo Socialista, para defender su enmienda, tiene la palabra la señora Cabezón.

La señora CABEZÓN RUIZ: Voy a entrar de forma directa en el fondo de la cuestión y voy a pasar de las cifras, pues es lo que realmente hay detrás de esta proposición no de ley, como venimos debatiendo a lo largo del día en las diferentes proposiciones no de ley tanto en Pleno como aquí.

Hoy el PP nos propone hablar de crónico en el contexto de adoptar una estrategia para el abordaje de este problema y de entrada tengo que decir que desconfío de la propia proposición no de ley, pues hasta ahora la única estrategia que hemos visto en sanidad, y concretamente referente a los crónicos, ha sido la del recorte. Primero fue la teleasistencia, que la eliminaron de los Presupuestos Generales del Estado, asumiendo los ayuntamientos el coste, que supone un 38 % de su presupuesto y que ahora van


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a acabar de terminar con ella al eliminar los servicios sociales con la reforma local de los ayuntamientos. A continuación fue la dependencia. A día de hoy creo que hay pocas dudas sobre su estrategia de dejarla morir con los dependientes actuales prácticamente. Los crónicos han comprobado también cómo se implantaba un nuevo copago a los medicamentos de los pensionistas. Nos dirán que había un tope, el mismo tope que han puesto a la revalorización de las pensiones, que tan necesario es para su tratamiento como para el mantenimiento de los familiares a su cargo. Finalmente, proponen el copago de los medicamentos de dispensación hospitalaria, que también afecta a los pacientes crónicos, a los pacientes de cáncer, de VIH o con enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis múltiple, de lo que no voy a hacer más comentarios. Y hoy además exponían en el Pleno la necesidad de la elaboración de una nueva cartera de servicios, en la que ustedes ya recogen eufemismos como la denominada cartera suplementaria, con el consecuente copago a las prestaciones que allí se van a recoger. Solamente pretenden jugar al despiste y hacer ver a la población que serían prestaciones menos necesarias, como puede ser una silla de ruedas para los pacientes crónicos de esclerosis múltiple, que por supuesto puede no considerarse algo vital para su tratamiento, pero sí para la calidad de vida y el bienestar de estas personas. Y es que ustedes desde que están en el Gobierno la definición de la OMS del año 1992 sobre salud la han dejado bastante atrás. Han eliminado el concepto de calidad de vida y bienestar del objetivo de la atención sociosanitaria, expresión que, por cierto, le gusta muchísimo a su ministra, teniendo nosotros cada vez más claro hacia dónde la interpreta, hacia la derivación de los enfermos, sobre todo los más necesitados, los crónicos, a los servicios sociales, servicios sociales en desmantelamiento, y en definitiva a la beneficencia y a la suerte de sus familias.

Sumados todos estos copagos y los obstáculos que están poniendo a los enfermos crónicos, nos dicen que hoy vienen de nuevo a mejorar su atención con una nueva estrategia que al parecer recoge esta PNL. Tratan de hacernos ver la supuesta preocupación que tienen por las enfermedades crónicas y las consecuencias en el Sistema Nacional de Salud, preocupación -déjenme que se lo diga- que solamente he visto en la parte expositiva, porque en la propuesta no he visto en absoluto ningún compromiso real con el abordaje, con medidas concretas para el abordaje serio del reto que supone para el Sistema Nacional de Salud las enfermedades crónicas, a pesar de que claramente viene recogido en el documento al que ustedes aluden, documento de estrategia de abordaje de la cronicidad del Sistema Nacional de Salud. Como digo, no solo no extraen nada de ahí, sino que me atrevería a decir que lo mal utilizan para justificar su verdadero objetivo, otra nueva maniobra de expulsión del sistema de los enfermos en aras de la supuesta preocupación que tienen ustedes por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la repercusión negativa que puedan tener en él las enfermedades crónicas. Y es que, señorías, este documento recoge nada más y nada menos y de forma básica la necesidad de adaptar el Sistema Nacional de Salud a la nueva situación sociosanitaria derivada del envejecimiento de la población gracias a uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, como así recoge este documento. Es un documento donde además para nada se atribuye al envejecimiento y a las enfermedades crónicas una importancia relevante en el supuesto problema de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, como así también recoge este documento, sino que el incremento de la esperanza de vida y los avances médicos han permitido que el perfil de la enfermedad se cronifique y se asocie a más de un proceso en muchos casos, por lo que hay que abordar la adaptación a esta nueva situación. Por ello, la verdadera necesidad que apuntan este y otros documentos que analizan el reto de la cronicidad de los sistemas sanitarios, lejos de la expulsión del sistema de los enfermos crónicos, pretende abordar esta necesaria adaptación de los sistemas sanitarios para proporcionar una atención sociosanitaria integral y de calidad a estos enfermos, actuar en la promoción de la salud, actuando sobre los determinantes de la salud de estas enfermedades, que además son los más comunes y abordables, y desde luego no exclusivamente desde el punto de vista de la preocupación por la supuesta presión asistencial hospitalaria de los enfermos crónicos, como así recoge la proposición del Grupo Popular. Señorías, no se trata de un problema de presión asistencial o de número de reingresos hospitalarios -presión como ustedes denominan al problema de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud-, ni siquiera de un problema de sostenibilidad del mismo, y menos su abordaje debe ser derivando exclusivamente este problema a la atención primaria, como ustedes proponen, donde ya el 80 % de las consultas las realizan los enfermos crónicos, sino que se debe hacer una adaptación del sistema desde un enfoque multidisciplinar que no empieza en la atención primaria sino en el colegio, pasando por la atención sanitaria coordinada entre primaria y hospitalaria, y con la colaboración, coordinación y seguimiento de los servicios sociales, como se viene haciendo ya -permítame que se lo diga- en planes como el Plan andaluz de atención integrada a los enfermos crónicos.


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Señorías, en definitiva, aun compartiendo la necesidad de abordar el reto de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, no vemos para nada claras las intenciones del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular con esta propuesta. Nos tememos que con textos tan medidos y frases tan elegidas como las de esta proposición no de ley, eludiendo un compromiso claro en el abordaje de este problema, solo se pretenda buscar una nueva percha para seguir el desmantelamiento empezado del Sistema Nacional de Salud, expulsando a los más necesitados con medidas paulatinas como las que ya tienen puestas en marcha. Por ello, mi grupo no se prestará a esta nueva falsa estrategia del PP y ha presentado una enmienda en la que explicita el compromiso con las resoluciones y medidas recomendadas por la OMS, el Consejo de Europa y el propio documento de abordaje al que ustedes aluden en su proposición no de ley. Sé que no tendrán ningún problema de entrada en asumirlo, pero tampoco deberían tener ningún problema en asumir la necesidad de que para que ustedes sean creíbles deben actuar de forma coherente, y para ello deben dar marcha atrás y dejar sin efectos todas y cada una de aquellas medidas que han ido adoptando precisamente en contra de la calidad de vida y de todas estas enfermedades crónicas y de su prevención.

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Para fijar posición por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Continuamos con el incienso. Parece ser que este es el sentido del diálogo político y de la deliberación de la que habla la ministra de Sanidad, no hablar con nadie y agitar desde su grupo parlamentario la propaganda que hoy vemos en este caso y en otros similares. Lo que pasa es que cuando se produce el incienso en un contexto de recorte y de escarnio, como ocurre en el caso de los enfermos crónicos, se convierte en una burla. Esta iniciativa es una burla teniendo en cuenta, en primer lugar, que los ciudadanos están sintiendo los efectos del copago, del repago, mejor dicho, en materia farmacéutica y que esto afecta a pensionistas y crónicos. En segundo lugar, no contento con los resultados o las repercusiones del repago, el Gobierno establece el repago hospitalario, con lo cual incide aún más en los enfermos crónicos y en los enfermos que tienen una situación más grave. Pero, por si no bastase, el Gobierno, en la convocatoria mir, que le da tanta importancia a la atención primaria, recorta fundamentalmente la convocatoria en la atención primaria. Entonces ¿qué es esto de la atención a crónicos, de la reorientación de la atención primaria, si no hay un mínimo de compromiso del Gobierno en la materia? Es pura propaganda, con la cual continuamos en esta Comisión, y me imagino que, con la característica peculiar que tiene el Gobierno con relación al diálogo, en esta Comisión solamente saldrá propaganda, porque a partir de ahora cuando empecemos con las iniciativas del resto de los grupos parlamentarios empezará la apisonadora y no dejará piedra sobre piedra. Por lo tanto, mi grupo parlamentario no va a colaborar en la estrategia de propaganda del Gobierno. Me gustaría que el Gobierno rectificase estas medidas. Por ejemplo, cuando hablan de prevención, lo que deberían hacer es desarrollar la Ley de Salud Pública, que la han suspendido. Yo me dedico a hacer cada mes una batería de preguntas sobre las previsiones de la ley, y después hablan de la importancia de la prevención; pues hablando de la importancia de la prevención y el tabaquismo, su última medida va a ser abrir la puerta a una excepción con relación a la Ley de Prevención del Tabaquismo. Por tanto, digamos que cuando hacen lo contrario, en este caso respaldarles en esta iniciativa, sería únicamente respaldar un ropaje de propaganda que en mi opinión no tiene ningún contenido.

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): No sé si habrá alguna modificación de la propuesta inicial del Grupo Parlamentario Popular, pero les pido que a lo largo de la tarde nos hagan llegar la propuesta definitiva para la votación.

- SOBRE MEDIDAS PARA ARMONIZAR LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE FORMA QUE SE GARANTICE A TODOS LOS CIUDADANOS EL ACCESO A LOS SERVICIOS EN CONDICIONES DE IGUALDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/001643).

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, la número 14.º, que es del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Para su defensa tiene la palabra la señora Díez.


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La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Hago votos por que el señor Llamazares se haya equivocado en sus previsiones del inicio del recorrido de la apisonadora, y como es la primera iniciativa que aparece a continuación de un grupo que no es del Gobierno, vamos a ver si el partido que apoya al Gobierno -por no decir que soporta al Gobierno- demuestra con los hechos que las previsiones del compañero Llamazares son erróneas.

Planteo ante ustedes una iniciativa, una proposición no de ley que viene a proponer una cuestión bastante obvia, y quizás es un poco lamentable que se tenga que llegar a estas alturas para debatir esta cuestión. Parece una obviedad que la decisión de construir una nueva infraestructura sanitaria debiera fundarse en estudios técnicos que valorasen la necesidad de la misma en función del crecimiento de la población previsto, del estado de salud de esa población y de las necesidades asistenciales, es decir, barómetros básicos antes de tomar una decisión. Pero desde que se completaron las transferencias sanitarias, ya en el año 2002, y aprovechando el período de bonanza económica -ese período en el que nos han dicho ya muchas veces en los últimos años que vivíamos por encima de nuestras posibilidades-, en España se han construido hospitales, centros de especialidad y centros de salud sin haberse valorado adecuadamente las consecuencias a medio y largo plazo y sin mejorar en muchos casos, como diré luego, verdaderamente el objetivo de la salud de los ciudadanos, es decir, sin que la decisión de hacer esas infraestructuras tuviera que ver con el objetivo de prestar una mejor atención sanitaria y de más calidad. Muchas veces incluso la construcción de esos centros ha correspondido a intereses puramente electoralistas -lo digo con todas las palabras-, la decisión de construirlos -en Madrid tenemos un buen ejemplo- ha dependido en demasiadas ocasiones de intereses puramente electoralistas: voy a hacer un hospital aquí para ver si gano las elecciones y después las ganaban. Es decir, tenemos cantidad de ejemplos en ese sentido, y otros ejemplos de hospitales cuya construcción se inicia y nunca se termina, o lo que es peor, se termina, se queda vacío y nunca se utiliza para aquello que presumiblemente tenía como objetivo cuando se inició la construcción o se tomó previamente la decisión. En esto de construir y luego no utilizar, al contrario de lo que pueda ocurrir en otros sectores, el coste más relevante que generan las infraestructuras sanitarias, como sus señorías saben, no se produce en el momento inicial en que se construye, sino cuando hay que dotarlo, cuando se pone en funcionamiento y se gestiona a lo largo del tiempo. Por eso, en nuestro país hemos visto cómo se promovía para determinada localidad, por ejemplo, el mayor hospital de Europa, gran eslogan, aunque esa localidad distara mucho de ser la mayor de Europa o tuviera un área que concentrara la mayor población de Europa, o cómo se aprovechaba un mitin electoral -esto es un continuo- para anunciar la construcción de un nuevo hospital.

El uso y abuso de sistemas de financiación que permiten maquillar el déficit público a través de sistemas de colaboración público-privadas, ha sido otro acicate durante muchos años relevante en lo que podemos llamar la burbuja hospitalaria vivida en España en los últimos años. Insisto, burbuja hospitalaria que nada tiene que ver con una mejor prestación de servicio a los ciudadanos. Los compromisos con las empresas concesionarias -esta es otra cuestión importante- han llevado a la paradoja de que en mitad de una profunda crisis económica se hayan puesto en funcionamiento hospitales, cuando existían alternativas sanitarias de prestación de la atención a los ciudadanos más cercanas, de mejor calidad y, por supuesto, más eficaces y más eficientes. La principal consecuencia de esta burbuja es que hoy, desde algunas administraciones públicas, se pretende culpar a los ciudadanos -lo escuchamos cada día- de un gasto sanitario que, en realidad, ellos, los que han decidido, no han demandado y ven -los ciudadanos- como se privatiza la gestión de hospitales construidos hace pocos años o se cierran centros de atención rural necesarios sin que las necesidades hayan cambiado nada desde que se abrieron o desde que se pusieron en funcionamiento. O sea, los políticos, los responsables políticos, les dicen a los ciudadanos, les quieren hacer creer que los problemas son de los ciudadanos, que la culpa la tienen los ciudadanos, pero a los ciudadanos no se les preguntó, no se les consultó, no se les tuvo en consideración cuando se tomaron determinadas decisiones políticas. Ni el crecimiento económico justificaba entonces la implantación de estos servicios ni la crisis económica justifica ahora su cierre.

Los pacientes asisten perplejos a la ineptitud de sus gobernantes, a la crispación de los profesionales sanitarios -crispación fundada y justificada- y a la confusión derivada de la incapacidad para explicar los procesos de toma de decisiones y la opacidad con la que se gestiona cada una de las comunidades autónomas en nuestro sistema de salud; vuelvo a citar a Madrid, que es un ejemplo de todo esto de lo que estoy hablando. Actualmente, en España existen tres hospitales ya construidos -bueno, igual hay alguno más que se me escapa; probablemente mis colegas me pueden dar algún detalle complementario-, pero que no han sido puestos en funcionamiento por falta de fondos: Gandía, Llíria y Collado Villalba; siete con


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las obras paralizadas: Toledo, Vigo, Cáceres, Salamanca, Guadalajara, Cuenca y Granada; varios anunciados o proyectados pero que no han llegado a construirse: Torrent, Vall d'Uixó, Peñíscola, Ontinyent, Benidorm, Cádiz, Málaga, Jaén, Eibar. También existen centros de salud y servicios de urgencias de atención primaria pendientes de dotación tras haber sido construidos. O sea, construido el monumento, vacío, sin profesionales y sin capacidad ninguna para atender a los pacientes. Creo que es importante transmitir a la ciudadanía desde los poderes públicos que el centro sanitario más cercano -éste es otro debate que hemos tenido en más de una ocasión- no siempre es el mejor, sino que es necesario que determinadas enfermedades poco frecuentes se concentren en ciertos centros, para permitir a los equipos profesionales sanitarios adquirir la experiencia, la habilidad clínica imprescindible para un manejo adecuado. Urge tomar medidas que eviten que el electoralismo, insisto, el localismo, la ausencia de planificación transparente y verificable primen a la hora de tomar decisiones relevantes y estratégicas para nuestro sistema sanitario. Cuando son estratégicas para nuestro sistema sanitario es que son estratégicas para la atención a los ciudadanos. No es una cosa o la otra, sino que lo uno sin lo otro no tiene ningún sentido. Por eso, es fundamental que la Administración General del Estado recupere un papel en este sentido que nunca debió perder.

Por eso, sometemos a su consideración esta iniciativa legislativa, esta proposición no de ley, que contiene cuatro puntos muy sencillos, cuya lectura me voy a ahorrar, pero que tienen una pretensión, la de que la construcción de la nueva infraestructura sanitaria, el Sistema Nacional de Salud intervenga, requiera una autorización previa, no una autorización para controlar, sino una autorización para tener presente el mapa y determinar si eso que se pretende hacer va a ser bueno desde el punto de vista de la atención sanitaria que se pretende prestar; si no, va a terminar deslocalizando atención sanitaria; si no va terminar cerrando o quitándole competencia y, por tanto, estructuras y apoyo económico a grandes hospitales u hospitales de referencia que son muy importantes para prestar esa atención en condiciones de mejor calidad.

Un segundo planteamiento, que tiene que ver con esto mismo, es que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad garantice que la construcción de una nueva infraestructura cuente con ese estudio previo -algo también bastante obvio- y que el Gobierno fomente la máxima transparencia en la planificación sanitaria. En definitiva, que se establezcan los mecanismos necesarios de coordinación entre comunidades autónomas. También hemos conocido casos recientes de comunidades autónomas que litigaban, por ejemplo, por un hospital de Logroño por parte de los habitantes de La Rioja alavesa, ya que el hospital de Leza se quedaba más lejos que el de Logroño y les desviaban hacia allí. No puede ser que establezcamos fronteras dentro de nuestro propio país, que no son fronteras para los políticos, que no son fronteras para los territorios y las comunidades autónomas que se convierten, en este caso, en fronteras que evitan la movilidad y la mejor atención de los ciudadanos, en última instancia, aquellos para los que debemos hacer el trabajo.

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Para fijar posición, por La Izquierda Plural, señora García tiene la palabra.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: En esta iniciativa, y sobre todo al haberse centrado la portavoz de UPyD en Madrid, hay muchísimas cosas con las que puedo estar de acuerdo. Es verdad que en esta comunidad madrileña -como diputada de Madrid que soy en el Congreso y como diputada de Madrid que fui en la comunidad- conozco bastante de cerca cuáles fueron los motivos que llevaron a que en Madrid se construyeran de golpe, sin ningún tipo de planificación ni de nada, la friolera de siete hospitales, como si construir hospitales fuera hacer casitas o jugar al Monopoly, y construir hospitales es algo más serio y más profundo que hacer casitas o jugar al Monopoly, porque luego esos centros, además, hay que llenarlos; y hay que llenarlos con recursos y con personal sanitario y no sanitario. Eso ha llevado a que hoy en día la Comunidad de Madrid tenga una deuda sanitaria que, sinceramente, tampoco se conoce. Solamente se sabe alguna de las cosas que hay, algo de la deuda, pero solamente es parte de la deuda porque otra mucha todavía queda y esta solapada.

Es verdad que no solamente Madrid fue pionera en esto, también lo fue Valencia, por ejemplo; otra comunidad que también se dedicó a gestionar bajo unos modelos determinados, que es lo que le ha pasado a Madrid para la construcción de esos siete hospitales. Yo le doy a una empresa privada para que construya las casitas y luego ya veremos cómo lo lleno o qué hago con ello. Además, fue también muy curioso porque, desde un criterio que todavía está diputada que les habla tiene que investigar o saber en qué consiste, todos esos nuevos hospitales fueron denominados como hospitales universitarios. Podían


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haber sido hospitales universitarios -como decía la portavoz de UPyD- porque tuvieran a lo mejor alguna cosa concreta o muy especializada que les hiciera ser hospitales universitarios para la formación de alumnos y alumnas en una materia muy especializada, pero es que no es el caso. Ese tampoco es el caso. Fueron declarados hospitales universitarios y ahora esos hospitales universitarios, generados de aquella manera, se pretenden vender a la iniciativa privada de manera total, con todo, lo cual ha generado también esa protesta por parte de los profesionales, y ahora los llamados usuarios pasarán a ser clientes, pero toda la vida han sido pacientes. Desde luego, lo que sí están teniendo es mucha paciencia en este sentido. Es verdad también -y estoy de acuerdo con ella- que hay un hospital en Madrid -que es del que yo voy a hablar, aunque he visto otros hospitales a lo largo del Estado-, que es el hospital de Collado Villalba, que está finalizado, que nos cuesta a los madrileños la friolera de 900.000 euros diarios, que no es ninguna tontería.

Hay una cosa con la que no estoy de acuerdo con la portavoz de UPyD -ellos lo saben-, y es que nosotros sí creemos en las competencias de las comunidades autónomas y en la libertad que tienen para poder analizar y planificar aquellas infraestructuras que les sean necesarias. Eso también es verdad; una cosa es planificar aquello que es necesario en una visualización de cuáles son las necesidades de la población para ser atendida, y eso se puede decir que ya es antiguo, que es eso que se llamaba planificar, estudiar y planificar, y otra muy diferente es que el Estado tenga que ser el tutor o tutora de lo que se hace en las comunidades autónomas. Por principio, hay que creer que las comunidades autónomas tienen la suficiente sensatez para hacerlo bien, aunque haya luego situaciones que han mostrado que no se ha hecho tan bien. Yo también creo que habría que buscar un mecanismo -no el mismo que se propone por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario de UPyD- para saber qué modelos de gestión se aplican y que luego no ocurra lo que nos está pasando en Madrid, que finalmente no sabemos qué sanidad vamos a tener, si pública o privada. Porque no es lo mismo pública que gratis. (La señora Díez González: No hay nada gratis). Efectivamente. Entre otras cosas, porque la pagamos.

También quiero recordar aquí que sería bueno que los grupos de la oposición nos planteáramos de una vez derogar una ley que fue aprobada en su momento y que ha abierto las puertas precisamente a todo esto que ahora mismo se está denunciando aquí y que esta portavoz también está denunciando. Estoy hablando de la Ley 15/1997, que ha sido la promotora de la situación en la que ahora nos encontramos y del aprovechamiento electoralista -y ahí también coincido- de algunas comunidades autónomas para vender lo que no tenían. Si no se tienen recursos económicos, estamos vendiendo humo, estamos vendiendo lo que no tenemos, y la situación es que ahora -y también en eso coincido- quienes lo pagan son los ciudadanos y las ciudadanas de las respectivas comunidades, que se ven con la obligación de pagar con sus impuestos recursos que no se están utilizando y que seguramente nunca se utilicen.

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Tiene la palabra, en representación del Grupo Socialista, el señor Martínez Olmos.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: El Grupo de UPyD trae aquí una proposición no de ley con la que tengo que anticipar que nuestro grupo está radicalmente en contra, fundamentalmente porque entendemos que desconoce la evidencia de más de treinta años de descentralización en el ámbito de las comunidades autónomas. Creo que sería importante, en estos tiempos que no son muy favorables para las comunidades autónomas, como concepto, clarificar las posiciones, pero también hacer una evaluación del camino recorrido, en este caso en materia de sanidad. Cuando comenzaron las transferencias de la asistencia sanitaria a las comunidades autónomas en base a lo contenido en los estatutos de autonomía respectivos, si nosotros analizáramos cuáles eran -que los había- los indicadores de salud, de morbilidad, de mortalidad, a nivel regional -no solamente a nivel nacional, me interesa mucho a nivel regional-, veríamos que había comunidades autónomas, especialmente Extremadura, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, por decir algunas, en las que había niveles de salud del tercer mundo. Había diferencias interregionales que se han superado, y ha sido fundamentalmente la disponibilidad de infraestructuras sanitarias, con sus profesionales, como es lógico, trabajando dentro de ellas, las que han permitido, las que explican buena parte, no todo, del avance en salud que se ha conocido. Por lo tanto, se puede concluir, en opinión de nuestro grupo en base a esas evidencias, que las comunidades autónomas han supuesto un enorme beneficio para los ciudadanos en términos de salud, en términos de igualdad y en términos de equidad. Eso no quiere decir que no haya que mejorar los mecanismos de cohesión, los mecanismos de cooperación en un Estado descentralizado como en el que estamos. A mí me parece que esto es importante señalarlo porque si no, supondría un enorme paso atrás que volviéramos a un modelo,


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como aquí plantea la proposición no de ley de UPyD, en el cual sería Madrid, en este caso el ministerio, el que tendría que dar la autorización para construir una infraestructura, como antes sucedía cuando el Instituto Nacional de la Salud, el Insalud, era el órgano gestor de la sanidad española, sin haber sido descentralizado. Esa era una de las razones por las cuales muchos municipios, muchas ciudades no tenían los centros sanitarios que necesitaban, porque siempre el planteamiento centralista privilegiaba determinados lugares con más influencia, con más personas, etcétera.

Creo que hay que decir aquí también que la proposición y el discurso de UPyD desconoce que, en líneas generales, la práctica totalidad de las comunidades autónomas han construido sus infraestructuras en estos últimos treinta años en base a mapas establecidos, aprobados y debatidos en los parlamentos regionales. Eso es lo que ha permitido una planificación de inversiones, especialmente le puedo demostrar que en el caso de Andalucía ha sido de esa manera y también en el caso de la mayor parte de las comunidades autónomas, ligado a sus planes de salud, que dan coherencia al planteamiento de distribución de recursos, en este caso de infraestructuras, que es a lo que nos estamos refiriendo. Especialmente importante es señalar cómo en el año 1984 el Decreto de estructuras básicas de salud permitió el desarrollo de los centros de salud, sobre todo con un énfasis en el ámbito rural, de igual forma que los planteamientos de mapas hospitalarios priorizaron la construcción de hospitales de carácter comarcal. Son muchísimas las zonas de nuestro país que nunca hubiesen soñado con tener infraestructuras sanitarias de no haber sido por el desarrollo de los estatutos de autonomía y de las competencias autonómicas. Por lo tanto, me parece importante decirlo porque si no, sería un paso atrás. Yo le pediría a UPyD que clarifique cuál es su posición en relación con el Estado de las autonomías, porque el punto número 1, donde plantea que la construcción de una nueva infraestructura sanitaria requerirá la autorización previa del Ministerio de Sanidad, anula los estatutos de autonomía directamente, con lo cual yo prefiero que ustedes claramente digan: si nosotros llegamos al Gobierno, anularemos las autonomías, porque si no, esto es contradictorio con lo que están planteando.

Segunda cuestión, creo que esto no hay que confundirlo con lo que puede estar sucediendo por el hecho de que con la crisis económica muchas comunidades autónomas hayan podido tener dificultades de financiación para alguna infraestructura en marcha. No las voy a justificar, pero ahí hay una explicación. Usted se ha referido al Hospital Clínico de Granada, que está terminado y en proceso de adquisición de equipamiento, cuya fecha de apertura ya ha sido dada por la Junta de Andalucía para mediados del año próximo. Por lo tanto, habría que revisar qué pasa con algunas de esas infraestructuras que usted ha comentado, porque fundamentalmente tienen que ver con la caída de ingresos que ha dificultado el seguimiento y el cumplimiento de los plazos establecidos.

Una última cuestión sería lo que ha sucedido en Madrid. Lo que ha sucedido en Madrid no es cuestión de que tengan o no tengan competencia para generar infraestructuras; lo que es discutible en el caso de Madrid, en nuestra opinión, es la generación de infraestructuras con el único objetivo de ponerlas en manos de la gestión privada. Pero incluso con toda la oposición que tenemos desde el Partido Socialista a ese procedimiento, es su competencia y está bien que las comunidades autónomas, dando cuentas ante los ciudadanos, decidan lo que es mejor para la salud de las personas. Es el debate político y el debate técnico que se tiene que dar en el ámbito autonómico el que debe resolver estas cuestiones. Finalizo, presidente, diciendo que no somos ajenos a la necesidad de reforzar la cooperación, no somos ajenos a la necesidad de reforzar la coordinación. Iniciamos en el seno del consejo interterritorial, porque pensamos que es la mejor forma de conseguir esa cooperación, la definición de unidades de referencia, con un procedimiento muy riguroso, consensuado en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, de autorización de centros de referencia para aprovechar las infraestructuras en beneficio de todos; infraestructuras que en un momento determinado las crea una comunidad autónoma, pero que pueden ser financiadas con fondos del Gobierno, con fondos de cohesión. Somos críticos con el Gobierno actual porque está agotando y esquilmando los fondos de cohesión, pero eso no quiere decir que no haya una línea que puede ser mejorada para conseguir, y en eso sí estamos de acuerdo, que la cooperación y la coordinación entre infraestructuras sanitarias beneficie al conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, nuestra posición es contraria; vamos a votar que no a esta iniciativa de UPyD por las razones que hemos expuesto.

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Por el Grupo Popular, el señor Alonso tiene la palabra.

El señor ALONSO RUIZ: Señorías, una vez más debatimos en esta Comisión unas medidas para la mejora del Sistema Nacional de Salud, unas medidas que son fundamentales. Y estando de acuerdo con


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la afirmación que ha hecho la portavoz del Grupo de UPyD, de que en España ha habido una burbuja sanitaria, el mejor aval de esa afirmación son los 16.000 millones de euros que el Gobierno heredó de déficit sanitario, es la mayor demostración de que ha existido una burbuja sanitaria. Por eso, el Gobierno ha tomado cartas en el asunto y lo primero que ha hecho es aprobar unas medidas de urgencia para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad de los servicios asistenciales y las prestaciones a los pacientes. En esta proposición no de ley lo que propone el Grupo de UPyD básicamente es crear un plan nacional de infraestructuras sanitarias. El sentido común nos dicta que no podemos volver a caer en el mismo error del Gobierno anterior. Gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria va a haber un antes y un después; no vamos a caer en el error de gastar lo que no tenemos y, dentro de las competencias autonómicas y municipales, la Administración no va a poder gastar lo que no tiene. Por eso el Gobierno, a través de la Subdirección General de Cartera Básica de Servicios, está elaborando unas recomendaciones generales para optimizar los recursos y las infraestructuras sanitarias para no volver a caer en el error, antes de dar pasos para elaborar un plan nacional de infraestructuras. Además, lo está haciendo en colaboración con las sociedades científicas, con los grupos de expertos del Ministerio de Sanidad, con las agencias de evaluación de tecnología sanitaria, con la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación y, lo más importante, con los consejos interterritoriales del Sistema Nacional de Salud. Porque, como bien dice el portavoz del Grupo Socialista, tenemos que respetar la ley. España es un Estado de derecho, y respetar la ley es respetar las competencias de las comunidades autónomas, entre otras. Por eso, el Gobierno está trabajando en pro de la equidad de todos los españoles para que todos los españoles, vivan donde vivan, en cualquier rincón de España, tengan las mismas garantías y la misma calidad. En ese sentido va la creación de la tarjeta única sanitaria y, la más importante de todas las medidas aprobadas, el Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad asistencial de los españoles.

Por eso, para terminar, porque no tengo mucho tiempo, animo al Grupo de UPyD y al resto de grupos que se sumen a las medidas que el Gobierno ha aprobado en este sentido y que sigan trabajando aportando soluciones creíbles, concretas y eficaces; los españoles se lo agradecerán. (Aplausos.-La señora Díez González pide la palabra).

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Sí, señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Una matización por un error que ha cometido el diputado portavoz del Grupo Popular, si me permite. Él me ha atribuido una frase que yo no he dicho y quería precisarlo porque parece lo mismo pero no, es distinto.

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Muy brevemente, por favor.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, brevísimamente.

Yo no he hablado de burbuja sanitaria; he hablado de burbuja hospitalaria. Parece lo mismo pero no lo es y usted ha aprovechado para hablar de otra cosa. Pero no, burbuja hospitalaria.

- SOBRE AMPLIACIÓN DE LOS SUPUESTOS QUE PERMITAN COBRAR EL CIEN POR CIEN DE LA RETRIBUCIÓN CUANDO EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS MISMAS Y ÓRGANOS CONSTITUCIONALES SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001711).

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Pasamos a la proposición no de ley número 15 del orden del día, del Grupo Parlamentario Catalán. Para su defensa, tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Esta es una proposición no de ley cuya defensa tampoco debería exigir que utilizásemos y gastásemos todo el tiempo que tenemos asignado, porque la cuestión que pretende resolver es muy evidente y muy fácil. Se trata de posibilitar legalmente que las administraciones públicas puedan complementar las incapacidades temporales de los trabajadores con enfermedades crónicas hasta el cien por cien de su sueldo. Esta petición responde a una demanda que nos han expresado asociaciones que agrupan a personas que en España padecen enfermedades crónicas, que padecen


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enfermedades que les afectan de manera reiterada en el tiempo y que, por otro lado, en los momentos en que esas enfermedades no están afectando a las personas, les permiten estar incorporadas a su trabajo. Estamos hablando expresamente -y lo citamos en la exposición de motivos de esta iniciativa- de las personas que padecen esclerosis múltiple. Pretende garantizar a estos enfermos crónicos una prestación económica suficiente y que el hecho de padecer esa enfermedad no les obligue a tener menos ingresos, con todo lo que ello implica para ellos y para sus familias.

Esa demanda se nos traslada meses después de que el Gobierno -en concreto, en julio del año pasado-, en uno de los múltiples reales decretos que se han aprobado en esta legislatura orientados a la reducción del gasto público, modificase las condiciones que permitían a las administraciones públicas complementar las incapacidades temporales. En la lucha contra el déficit público el Gobierno ha centrado sus esfuerzos demasiado a menudo en reducir los gastos vinculados a los trabajadores públicos, a los funcionarios públicos, a las remuneraciones de estos trabajadores pero también a su protección social. Son medidas fáciles de adoptar porque tan solo implican modificaciones en el Boletín Oficial del Estado, con efectos inmediatos, pero no son medidas que mejoren ni mucho menos la productividad del aparato burocrático del Estado español y, en cambio, inciden negativamente en la calidad de vida de las personas, en este caso de los trabajadores públicos que padecen enfermedades crónicas.

Seguidamente a la aprobación de ese real decreto, con la señora Tarruella, tuvimos ocasión de mantener las primeras reuniones con las asociaciones de enfermos crónicos que nos mostraban su preocupación por las consecuencias de la implementación de esta norma, y al cabo de muy poco tiempo ya nos venían a manifestar las consecuencias que estaba provocando esa regulación. Por tanto, pretendemos resolver esa cuestión habilitando esa opción a las administraciones para que las personas puedan cobrar el equivalente al cien por cien de su sueldo. Por otro lado, esta medida viene también justificada porque en la propia normativa existente se justificaban excepcionalmente supuestos donde se pudiese, efectivamente, cobrar el cien por cien del sueldo cuando estuviésemos hablando de personas que tenían que ser hospitalizadas o que tenían que tener una intervención quirúrgica. Pretendemos que esa excepción que se introduce en esos supuestos se extienda también a quien padece una enfermedad crónica.

Nos parece que es una propuesta razonable y estamos muy convencidos, señor presidente, de que los objetivos de reducción del déficit público no pueden convertirse en medidas que terminen siendo injustas y crueles para personas en situaciones como las que hemos descrito en nuestra intervención. Que la senda de unas cuentas públicas saneadas y unas cuentas públicas equilibradas -que es una senda a recorrer en el medio y largo plazo- tenga eficacia no puede ser a costa de la calidad de vida de los enfermos crónicos. Con esa medida que adoptaron en julio de 2012 se castiga a estos trabajadores, se castiga a estas familias y con esta proposición no de ley pretendemos corregirlo. Espero contar con el apoyo de sus señorías a nuestra demanda.

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Hay una enmienda presentada a esta proposición no de ley por el Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la diputada Gracia Fernández.

La señora FERNÁNDEZ MOYA: Este es un tema que ha preocupado mucho a nuestro grupo desde el primer momento, desde que se publicaron los cambios normativos que limitan los derechos de las trabajadoras y los trabajadores públicos. Por ello han sido ya varias las iniciativas parlamentarias que hemos presentado, incluso con fechas bastante anteriores a esta. Se hicieron enmiendas en los presupuestos; una proposición de ley presentada el día 14 de febrero de 2013 y que se debatió en el Pleno el día 28 de mayo de 2013 -ambas fueron rechazadas por el Partido Popular pero apoyadas por la mayoría del resto de los grupos- y una proposición no de ley que está registrada con fecha 8 de marzo de 2013, pendiente de debate también en la Comisión de Administraciones Públicas. A los profesionales públicos les afectan todas las medidas que este Gobierno está poniendo en marcha, todas. Pero además otras que específicamente van dirigidas a ellos con una fase previa de culpabilización y de desprestigio profesional. Se trata de una medida recaudatoria, se trata de un impuesto a la enfermedad de los profesionales públicos y supone un retroceso importantísimo en la prevención de riesgos laborales y en la protección de la salud no solo de los trabajadores sino también de terceras personas.

Voy a hacer un breve repaso del desarrollo de esta medida. Empezaré por el artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Este artículo redujo drásticamente la prestación económica que percibe el personal al servicio de las administraciones públicas de los organismos y entidades dependientes de aquellas y de


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los órganos constitucionales cuando se encuentra en situación de incapacidad temporal por enfermedad común. Hasta entonces, los empleados públicos recibían el cien por cien de sus retribuciones cuando estaban en esta situación. La nueva normativa básica establece en el artículo 9 los límites para que cada comunidad autónoma pueda complementar estas prestaciones que tienen que percibir el personal a su servicio en caso de incapacidad temporal, regulación que fue efectiva desde el 15 de octubre de 2012. Según dicha normativa, se complementarían las prestaciones que perciba el personal funcionario al servicio de la Administración pública, así como el personal estatutario incluido en el régimen general de la Seguridad Social, en las situaciones de incapacidad temporal, de forma que lo máximo a percibir sea el 50 % de las retribuciones en los tres primeros días de la incapacidad temporal y el 75 % hasta el vigésimo día. A su vez, en la disposición adicional trigésimo octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, también se estableció en la nómina de todos los empleados por causa de enfermedad o accidente, en caso de que no diera lugar a una situación de incapacidad temporal, un descuento equivalente al previsto en la situación de incapacidad temporal, suspendiéndose todos los acuerdos, pactos o convenios cuyas cláusulas se opusieran a dicho descuento.

Además, hay otras modificaciones de normativas sobre la Seguridad Social de los funcionarios, de las Fuerzas Armadas o del personal al servicio de la Administración de Justicia. La justificación de dicha reducción ofrecida por el Gobierno se basa en una pretendida homogeneización del régimen de los empleados públicos con el sector privado, sin tener en cuenta que en este, mediante convenio, dichas prestaciones pueden incrementarse hasta cobrar el cien por cien de las prestaciones, es decir, que tal justificación no existía. Los datos no avalan tampoco la culpabilización que hace continuamente el Gobierno de la mala utilización de recursos. En este sentido, los programas instaurados en los últimos años en coordinación con las comunidades autónomas, están reduciendo significativamente la incidencia y la prevalencia de las personas que se encuentran en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, como el acuerdo que hace muy poco, en el mes de septiembre, se ha renovado con Andalucía.

Ahora nos dirán que se han disminuido más los procesos de incapacidad temporal. Claro que sí, todos los trabajadores -todos- y también los profesionales públicos tienen miedo y algunos, además, no se pueden permitir que disminuyan lo más mínimo los ingresos que tienen al mes. Existen ciertos colectivos afectados por esta norma en los que el mantenimiento de la situación de incapacidad temporal supone una doble protección no solamente para el trabajador sino también para la ciudadanía. Un ejemplo de esto lo encontramos en los sanitarios que padezcan enfermedades infectocontagiosas -les recuerdo que catorce de los diagnósticos más frecuentes en incapacidad temporal tienen este carácter-, cuya permanencia en su puesto de trabajo puede poner en riesgo la salud de los pacientes que atienden, población especialmente vulnerable ya que suele encontrarse con un sistema inmunológico deprimido; o por ejemplo también los docentes que tienen que acudir a dar clases con alguna patología infecciosa, traumática o psicológica.

Estamos en contra de una medida que es recaudatoria, que perjudica seriamente a los trabajadores y que puede plantear además problemas de salud pública. La incapacidad temporal se considera parte del proceso médico en el que un facultativo puede indicar para la curación de una patología un tratamiento farmacológico, reposo absoluto o parcial, que se refleja en un acto administrativo que es la baja laboral. Por tanto, no se puede penalizar a un trabajador o a una trabajadora por seguir las indicaciones para completar su tratamiento de curación. Denunciamos enérgicamente los casos puntuales que se puedan dar de fraude, pero son las administraciones las responsables de combatirlos con programas de control, sin perjudicar al resto de trabajadoras o trabajadores. Nosotros hemos presentado una enmienda que completa el texto que nos presenta el grupo proponente para añadir: "... así como todos aquellos casos en los que el mantenimiento de la incapacidad temporal sea garantía de protección de la salud y seguridad de terceros". Esperamos para saber el texto definitivo. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): A continuación, turno de fijación de posiciones. ¿Grupo de Unión Progreso y Democracia? (Denegación).

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señor presidente, me gustaría decir algo previamente porque antes no lo manifesté. En la iniciativa que presentaba el Grupo de Unión Progreso y Democracia, aunque he manifestado que mi grupo está de acuerdo con algunas cuestiones por el conocimiento que tengo de esta Comunidad de Madrid, en otras está radicalmente en contra. Por tanto, no podremos votarla a favor.


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Ahora entro en el tema que estamos debatiendo y hemos pasado del incienso a la realidad. Ya me gustaría equivocarme, señor portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió, y que esta iniciativa fuera aprobada en la misma medida que otras anteriores, porque esta habla de realidades y no de incienso. Claro, ¿qué tiene esta realidad? Dinero detrás. Ya sabe usted que si pasamos del incienso a la economía, finalmente el incienso prevalece y la economía decae. Es decir, tengo serias dudas de que esta iniciativa que en principio va a contar con nuestro voto favorable, tenga el voto favorable de todos los diputados y las diputadas que estamos ahora mismo en esta Comisión. Leyendo además la misma, hablaría casi en vez de modificar, de derogar el decreto. Pero como esto de las derogaciones en los últimos tiempos por parte de la oposición puede quedar ya como algo reiterativo, aceptaremos si llegan a un acuerdo con la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, porque probablemente mejorará el propio texto que he leído.

En cualquier caso, es cierto que desde que se aprobó el real decreto esto ha generado una situación de crisis grave tanto desde el punto de vista de las propias patologías que asume el enfermo, como de las que vienen añadidas por las situaciones económicas que se viven en las familias. Desgraciadamente, la deriva del Partido Popular, del Grupo Popular y del Gobierno al que sustenta va en la línea de que sean las empresas -y aquí son empresas- las que determinen las incapacidades temporales de sus trabajadores y trabajadoras. Eso va a llevar a que, por ejemplo, ahora mismo en muchas empresas no públicas, pero también en estas, haya trabajadores que van a trabajar -valga la redundancia- en condiciones penosas y lamentables para su salud, ya que la economía familiar les obliga a tener que ir para no perder ni un solo euro dentro de su ámbito económico. Insisto en que me gustaría equivocarme -ojalá me equivoque- y que hoy salgamos con esta iniciativa aprobada favorablemente por todos los grupos que estamos aquí.

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Angulo.

La señora ANGULO ROMERO: Señorías, el Real Decreto-ley 20/2012 se inserta en un conjunto de medidas extraordinarias, algunas de carácter temporal y excepcional para la reordenación y racionalización de las administraciones públicas, que a su vez conforma una parcela del programa de reformas cuyas medidas de ajuste tratan de distribuir de la forma más equitativa posible el esfuerzo que toda la sociedad hoy debe realizar para contribuir a alcanzar la superación de la crisis económica, la creación de empleo y el crecimiento económico. Sobre esta base, este real decreto-ley modificó las prestaciones económicas que le corresponde percibir al personal al servicio de las administraciones públicas durante la situación de IT, pero también con el objetivo de avanzar en la equiparación de las condiciones en situación de IT de los empleados públicos con el resto de los trabajadores del país. Pero dado que uno de los fines de esta medida era la lucha contra el absentismo laboral, y no desde luego ninguna persecución a los empleados públicos en general, con normas posteriores se regularon los casos en que no se aplicará el citado descuento cuando el número de días de inasistencia al trabajo por enfermedad o accidente en el año natural no superase la cifra de cuatro días de ausencia y se contemplan aquellos supuestos en que las retribuciones a percibir desde el inicio de esta situación equivaldrán a las retribuciones que vinieran percibiendo en el mes anterior al de la incapacidad. Entre ellas, se encuentran, como saben, las incapacidades derivadas de hospitalización e intervención quirúrgica, los procesos que impliquen tratamiento de radioterapia o quimioterapia y los que tengan inicio durante el estado de gestación, aun cuando no den lugar a situación de riesgo durante el embarazo o la lactancia. Además, este real decreto-ley facultaba a cada Administración pública a determinar, respecto del personal a su servicio, esos supuestos excepcionales a los que completar hasta el cien por cien de su retribución, justificándose los casos de hospitalización e intervención quirúrgica en cualquier caso.

Somos conscientes en el Grupo Popular de que la nueva regulación sobre incapacidad temporal es una medida que sin duda supone un sacrificio para todos aquellos que, encontrándose en estas situaciones, perciben sus retribuciones con cargo a recursos públicos -y, desde luego, una vez más desde aquí agradecemos el esfuerzo de los empleados públicos, a quienes defendemos y apoyamos-, pero conviene recordar que la misma se configura, junto con otras muchas reformas emprendidas, como un instrumento básico para la racionalización y eficiencia de nuestras administraciones públicas que permitirá mejorar su funcionamiento, adecuarlo más eficazmente a la actual coyuntura y mantener la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.


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En definitiva, hemos de oponernos a la presente proposición porque se pretenden modificar unas medidas que han demostrado su eficacia inmediata en la lucha contra el absentismo en el sector público, ya que de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística se desprende que el absentismo laboral en el sector privado ha superado por primera vez en la historia al del público, y en un reciente informe elaborado por Muface se valoraba positivamente la incidencia que ha tenido sobre el particular la promulgación de este real decreto-ley. Por ello, aunque pudiéramos compartir la finalidad perseguida en la propuesta de incluir algunas enfermedades en esos supuestos excepcionales, no podemos apoyarla por su falta de concreción al hablar de supuestos muy genéricos que pudieran amparar otros no tan excepcionales, como parece pretender el Grupo Parlamentario Socialista.

Y aunque no era mi intención entrar en el debate de algunas cuestiones, sí me gustaría, presidente, concluir diciendo que no entendemos la demagogia y la doble vara de medir de quienes hoy aquí claman por esta medida contra el Partido Popular, acusándosenos de atacar a los empleados públicos o de tener una lucha contra los empleados públicos, pero en las comunidades donde gobiernan efectúan recortes por iniciativa propia y de manera general a todos los empleados públicos, sea cual sea su situación económica o su situación social o personal, como es, por ejemplo, la anunciada supresión por tercera vez consecutiva de la paga extraordinaria que el Gobierno de Convergència i Unió anuncia para Cataluña o el recorte brutal de los salarios que socialistas e Izquierda Unida -que ahí no parecen ver incienso en ningún lado- han hecho a los empleados públicos en Andalucía desde enero de 2013, que también quieren prorrogar para 2014, así como la pérdida total de las ayudas de acción social. ¿Eso no es un ataque a los empleados públicos de manera general y sin importarles la situación o circunstancia en la que se encuentren? Eso es incienso en Andalucía. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasaneda): ¿Acepta o no acepta la enmienda, señor Campuzano?

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Aceptamos la enmienda del Grupo Socialista.

- PARA LA CREACIÓN DE UN "PLAN DE ALIMENTACIÓN INFANTIL". PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001958).

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasaneda): Pasamos a la proposición no de ley número 16.º, para la creación de un plan de alimentación infantil, del Grupo Parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra la señora Ros.

La señora ROS MARTÍNEZ: Señorías, hoy es el Día Mundial de la Alimentación. Según Educo, cada tres minutos un niño cae víctima de la pobreza en España, un 25 % de los niños españoles está malnutrido, la pobreza infantil alcanza al 26,7 % de los menores de dieciséis años, uno de cada cuatro niños vive sin nada, la pobreza severa -es decir, vivir con ingresos inferiores a 307 euros al mes- alcanza ya a 3 millones de personas. Según un estudio de la Fundación La Caixa, la pensión del abuelo supone el principal sustento de más de 300.000 familias. La semana pasada el Consejo de Europa y Cáritas emitían informes devastadores de la situación de pobreza en nuestro país. El comisario europeo, que visitó España durante el verano, asegura en su informe que la reducción de las partidas en el ámbito social, educativo y de la sanidad han conducido al preocupante incremento de la pobreza de las familias e insta a las autoridades españolas a hacer más por garantizar el respeto de los derechos humanos de los grupos más vulnerables en el contexto de las medidas de austeridad. El informe muestra una especial preocupación por los niños, los jóvenes y las personas con discapacidad, para quienes solicita una protección especial. El crecimiento de la pobreza infantil tiene un devastador impacto a largo plazo en la infancia y el país, señala Estrasburgo, que considera que han sido desproporcionalmente afectados por los recortes hasta el punto de llegar a tener problemas nutricionales e incluso de indigencia. Por ello, el comisario insta a las autoridades a adoptar e implementar estrategias más vigorosas y coordinadas para abordar los problemas de raíz de la pobreza infantil y prevenirla. En este sentido, insta el mismo emisario a que Andalucía destine 120 millones de euros para asegurar que 47.000 menores acceden a la alimentación básica. El representante del Consejo cree que sería particularmente importante que el Gobierno lleve a cabo un seguimiento sistemático del impacto de las medidas de austeridad y que lo haga en colaboración con las organizaciones civiles. Asimismo, reclama la creación de una serie de redes sociales que protejan a los más vulnerables y pide a las autoridades que aseguren una financiación adecuada para planes que se dirijan a combatir la pobreza infantil.


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Pues bien, ahora, señores del Partido Popular, tienen una buena oportunidad para hacer caso. Esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista para la creación de un plan de alimentación infantil es más que nunca oportuna, necesaria y urgente: recoge estas peticiones. Esta es una iniciativa que reclama que se adopte, de manera inmediata y en coordinación con las comunidades autónomas y corporaciones locales, medidas y recursos suficientes para garantizar a niños y niñas que se encuentren en situación de vulnerabilidad que tengan cubiertas sus necesidades básicas de alimentación, accediendo al menos a tres comidas diarias, habilitando para ello todos los medios a disposición de las administraciones públicas y en colaboración con las entidades del tercer sector. En esta proposición también se insta a adoptar las medidas necesarias para incrementar el número de becas de comedor para el curso escolar 2013-2014, de manera que se asegure el acceso a ellas a todas las familias que lo precisen. Muchas veces, demasiadas, hay alumnos para los que la comida que toman en el comedor escolar, gracias a la beca que disfrutan, es la única comida sana y equilibrada que hacen durante todo el día. Y, por último, esta proposición urge a crear de manera urgente un fondo destinado a dotar la red de equipamientos gestionados por las administraciones locales con la finalidad de atender las prestaciones de emergencia social.

Señorías, la ciudadanía reclama al Gobierno una actuación urgente, contundente y verdadera. Esperan realidades, que no se les engañe más, porque ustedes, señores del Gobierno, señorías del Partido Popular, dicen pero no hacen. La enmienda que presenta el Grupo Popular es inadmisible. No se nos puede mentir diciendo con tanta retórica que la pobreza es una prioridad cuando los datos, los números, delatan la dejadez por parte de este Gobierno. No pueden venir aquí y decir que están haciendo cosas, porque, pregunten a la ciudadanía, pregunten sobre sus planes: ni los conocen ni los esperan. Se sienten abandonados por el Gobierno. Tienen a todos los colectivos reclamando una ayuda más activa, pero desgraciadamente ustedes no les hacen caso. El Consejo de Europa y Cáritas ya les advierten del efecto de sus recortes: son pobreza y desigualdad en España. La gente está haciendo lo que ustedes deberían hacer y no hacen: dar soluciones. El Gobierno ha abandonado a los más necesitados y, ante la falta de reacción del Gobierno, está habiendo una reacción ciudadana. Ahora más que nunca hace falta redoblar esfuerzos, solidaridad y responsabilidad. No se trata de ser alarmistas, se trata de afrontar la realidad pura y dura, de mirar a los ciudadanos de frente, ponerse a su lado y actuar, hacer.

Hace un año el Grupo Socialista presentó una iniciativa parlamentaria para crear un fondo estatal de emergencia para ayudar a las familias en situación de pobreza y exclusión social, un plan que pedía una dotación de 1.000 millones de euros para que hubiera podido funcionar ya en este año 2013. Porque la situación de pobreza y exclusión social a la que han llegado muchas familias, en gran parte, señorías del Partido Popular, por las decisiones tomadas por su Gobierno, exige que tengan un poco de sensatez y humildad para reconocer los errores y atiendan la propuesta que les plantea el Grupo Parlamentario Socialista; porque tienen la obligación como Gobierno y representantes de la ciudadanía de dar una respuesta a la grave situación con la que nos encontramos cada día y que atraviesan nuestros niños y niñas; lo necesitan. Son cifras inadmisibles desde cualquier punto de vista y deberían hacerles reaccionar, pero sobre todo ofrecer soluciones. No se lo está diciendo solamente el Grupo Socialista; se lo están diciendo todos. Es incomprensible que cuando más necesitan las familias la ayuda del Gobierno, menos se les preste. La situación de pobreza y exclusión social a la que han llegado muchas familias por las decisiones injustas de recortes del Gobierno del Partido Popular exige que este Gobierno rectifique y atienda esta propuesta, que el Grupo Parlamentario Popular sea más sensible y responsable que su Gobierno y les haga rectificar, porque la credibilidad y confianza de un país también se manifiesta en la fortaleza para salvar a las personas y en la calidad de sus servicios públicos.

Señorías del Grupo Popular, ahora tienen una buena, muy buena oportunidad de hacer caso y rectificar. Más que nunca, esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista es necesaria y urgente. Acepten compromisos reales con la ciudadanía, se lo agradecerá. Y acabo con unas palabras de Nelson Mandela cuando dice: Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento. No estamos hablando de caridad, estamos hablando de justicia social. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Martín Pozo.

La señora MARTÍN POZO: Señorías, me corresponde defender la enmienda presentada por mi grupo parlamentario a la iniciativa que, de forma tardía, trae el Grupo Socialista para intentar paliar los


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efectos de una situación generada por el Gobierno de su partido. No hay que olvidar que quien engrosó de manera alarmante las listas de desempleo fue el Partido Socialista. No hay que olvidar que, ante la advertencia del Partido Popular de la gravedad de la crisis que se avecinaba, quien no solo no tomó medidas sino que ocultó la situación fue el Partido Socialista. No hay que olvidar que fue durante los años 2006 a 2011 cuando, según el último informe de Cáritas nacional, que usted ha mencionado, la renta por persona cayó cerca de un 11 % y que en 2011 la pobreza infantil alcanzaba el 26,7 % de los menores de dieciséis años, habiendo aumentado más de 3 puntos desde el año 2007. ¿Y quién gobernaba en España durante esos años? El Partido Socialista, señorías, el mismo Partido Socialista que cuando desde la Comunidad Valenciana -su comunidad, señora Ros- se le solicitó, ante la gravedad de la situación, utilizar parte de los fondos del PlanE para comprar alimentos para los más desfavorecidos, contestó que no. Señora Ros, ¿cómo es posible que se erija, tras esta exposición, en defensora de la necesidad de un plan de alimentación infantil cuando el pasado mes de junio usted y su grupo parlamentario no apoyaron la proposición no de ley del Grupo Popular debatida en el Pleno relativa a la optimización de recursos alimenticios en beneficio de los más desfavorecidos, una iniciativa más ambiciosa y de mayor amplitud que un mero plan de alimentos? Hay que ser un poco más coherente y abandonar el doble discurso, máxime cuando se está hablando de personas y de sus necesidades; consejos vendo que para mí no tengo.

En todo caso le diré, señoría, que su iniciativa llega tarde ya que desde el Gobierno se lleva tiempo trabajando en el apoyo a la infancia en riesgo de exclusión con diferentes actuaciones, algunas de las cuales ya están en marcha y otras se van a aprobar a corto plazo y así ya ha sido anunciado. Llega tarde porque en el mes de abril de este año el Gobierno aprobó el II Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia que está inspirado por los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño y en el que el interés del menor orienta todos y cada uno de sus objetivos y medidas, entre las que se incluyen aquellas dirigidas a luchar contra la pobreza infantil; un plan más amplio y ambicioso que el que ustedes ahora proponen. Y llegan tarde también porque ya se está trabajando en colaboración con las diferentes administraciones públicas, con el tercer sector y con los agentes sociales en el plan nacional de acción para la inclusión social 2013/2016 que se aprobará en breve y en el que se incluirá por primera vez un objetivo específico de lucha contra la pobreza infantil. Y le voy a decir más, señoría: es prioritaria para el Partido Popular la lucha contra la pobreza y por ello nuestro grupo parlamentario va a apoyar los Presupuestos Generales del Estado que para el año 2014 ha presentado el Ejecutivo y que van a permitir disponer de más de 250 millones de euros para ello, incluyendo en esta cantidad la que irá destinada a financiar el nuevo Fondo europeo de ayuda a los desfavorecidos, siendo además esta la primera vez que unos planes estratégicos cuentan con financiación suficiente para llevarlos a cabo. Y llega tarde también porque gracias al Plan 2013 de ayuda alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo español de garantía agraria, se han comprado más de 80 millones de kilos de catorce tipos de alimentos entre los que se encuentran más de 2 millones de kilos de potitos y más de 540.000 kilos de cereales infantiles están destinados a la población infantil. Estas cestas de catorce productos de carácter básico que se están distribuyendo permiten que las personas más necesitadas puedan acceder a una comida completa para una familia con varios miembros, incluidos bebés.

Señora Ros, solicita en su iniciativa la creación de un fondo destinado a dotar de recursos a las administraciones locales para atender las prestaciones de emergencia social. A este respecto, tengo que manifestarle que, mediante el plan concertado, se subvenciona el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales, dentro de las que se encuentran las ayudas de emergencia social. Asimismo, y dado que también se desarrolla una importante labor por las entidades del tercer sector, se ha establecido una nueva prioridad en el sistema de distribución de las subvenciones con cargo al 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas dirigido a programas de urgencia destinados al establecimiento y/o mantenimiento de comedores sociales y entrega de alimentos y otros bienes de primera necesidad y se ha puesto en marcha un plan social de pago a ONG para que puedan seguir llevando a cabo su labor y no se vean perjudicadas por el retraso en el pago de ayuntamientos y comunidades autónomas.

A la vista de todo lo que ya se está llevando a cabo por el Gobierno de España y en atención a las cifras que todos conocemos y que todavía son alarmantes y a que la protección de los más vulnerables es y debe ser una prioridad para nuestro grupo parlamentario, consideramos necesario instar al Gobierno a seguir trabajando en esta misma línea con el fin de erradicar la pobreza infantil en nuestro país pero sin


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interferir en el ámbito competencial autonómico, motivo por el cual nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda de modificación que sus señorías conocen y para la que pedimos el apoyo del resto de grupos parlamentarios. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): ¿Grupos que quieren fijar posición? (Pausa). Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Diez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Como la portavoz proponente del Grupo Socialista ha planteado, a juicio del Grupo de Unión Progreso y Democracia sigue siendo lamentablemente muy oportuno suscitar este debate en esta Comisión. Hay algunos datos -ella citaba datos últimos revelados por Cáritas- verdaderamente tremendos que, por sí solos, justificarían que tuviéramos este debate, al margen de lo que el Gobierno pueda estar haciendo al respecto. Los datos demuestran que hay una emergencia y una necesidad de actuar de manera urgente en todas estas cuestiones, más allá, insisto, de que lo que nos ha dicho la portavoz del Grupo Popular fuera todo ello cierto. No lo voy a poner en cuestión, pero lo cierto es que a las personas que están en esta situación no les está llegando ninguna de esas noticias y sobre todo no les está llegando ninguna de esas acciones y algo tenemos que hacer para actuar. Más allá de decir que todo lo hacemos muy bien, vamos a ver si entre todos somos capaces de coger lo mejor de cada cual, al margen de quién haya hecho la propuesta y de lo cerca o lejos que en algunas cuestiones podamos estar. El portavoz del Grupo Socialista ha querido poner de manifiesto antes lo lejísimos que estábamos, pero como a mí no me importa nunca quién plantea las iniciativas sino el contenido de la misma, me parece que en eso es en lo que hemos de fijarnos; lo mismo que no me importa nunca que las leyes sean autonómicas o nacionales, si son buenas hay que aprobarlas y si son malas hay que rechazarlas, las apruebe quien las apruebe y se publiquen en el boletín oficial que se publiquen. Yo no considero que el progreso, en términos de salud, equidad e igualdad, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, sea consecuencia del Estado de las autonomías; es consecuencia de la democracia y de las leyes justas o no. Es decir, la diferencia entre esta época y la anterior no es que ahora haya autonomías y antes no las hubiera, que tampoco las había, sino que antes no había democracia y ahora la hay y unas veces las leyes autonómicas son muy justas y otras no lo son tanto.

Refiriéndome a lo que nos une, que es la iniciativa legislativa que el Grupo Socialista ha defendido, creo que los datos que la portavoz ha puesto de relieve de Cáritas -no merece la pena que yo insista en ellos- son por sí mismos suficientemente llamativos como para que actuemos. Cáritas además advierte de que existen necesidades básicas como alimentación, gastos de vivienda, ropa y calzado que no están -no están, insisto, señora portavoz del Grupo Popular- cubiertas desde nuestro modelo de bienestar, exigiendo a las administraciones, exigiéndonos a todos que actuemos para evitar esas situaciones de pobreza. Una situación que contrasta con la proposición no de ley que ya se aprobó aquí en una Comisión en el mes de mayo, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a promover un pacto de Estado por la sanidad y los servicios sociales que tenga su máxima expresión -estoy leyendo textualmente- en una ley de servicios básicos y que garantice la sostenibilidad económica del sistema y la calidad de los servicios públicos y asegure -y esto es muy importante- el acceso de los ciudadanos en condiciones de igualdad de todos ellos, con independencia de su lugar de residencia, acercando los recursos disponibles a las realidades demográficas, sociales y sanitarias del Estado. Esto es lo importante, que resolvamos desde las leyes los problemas de los ciudadanos, que resolvamos los problemas porque gobernamos para los ciudadanos, no para los territorios. El tejido de la red de servicios sociales está desigualmente distribuido y creo que en esto estamos todos absolutamente de acuerdo.

El último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sobre el desarrollo de servicios sociales arroja unos resultados preocupantes. Ese informe dice: estancamiento en su desarrollo -entre comillas-, extraordinaria disparidad de unas comunidades autónomas respecto de otras -entre comillas-, extraordinario déficit de información -también entre comillas- en esta materia por parte de las administraciones e incumplimiento flagrante de las leyes, catálogos y planes de servicios sociales. Este informe señala que solo existe una comunidad autónoma que posea unos servicios sociales -no son palabras mías, insisto, es el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales- con un desarrollo alto: Navarra. El informe señala que en Navarra, por ejemplo, existe un trabajador de servicios sociales por cada 814 habitantes, mientras que en Madrid este ratio asciende a uno por cada 6.557 habitantes. ¿La culpa la tiene autonomía, la ventaja la tiene la autonomía, o es que hay leyes y decisiones que provocan unos gastos o no y que atienden o no a determinados servicios? De eso estamos hablando, señorías, o al menos es de lo que yo quiero hablar y me parece que


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plantea muy bien la iniciativa del Grupo Socialista, que esto es lo que tenemos que resolver. Porque en relación con la aplicación del sistema de dependencia también existe una gran disparidad en función de la comunidad autónoma. La Ley de Dependencia, que es una ley extraordinaria, yo no la voté, no estaba aquí, pero sé que es una ley extraordinaria, tiene un problema y todos lo sabemos, al margen del diagnóstico que luego hagamos, y es que como finalmente la competencia no es de quien aprueba la ley, quien la ha aprobado no tiene instrumentos para que se haga efectiva en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, y de lo que yo les hablo es de eso, de tener instrumentos para que esas leyes que afectan además a servicios esenciales básicos sean efectivas en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos que viven en nuestro país.

Es extraordinariamente importante que abramos este debate sin ningún tipo de apriorismos ni de fundamentalismo porque estamos hablando de algo de lo que yo creo que, más allá del adjetivo que nos pongamos y más allá del nombre que tenga nuestro partido, podríamos ponernos bien de acuerdo. Estamos hablando de atender a las personas que más lo necesitan, a las personas que requieren de un Estado fuerte que les atienda. El Estado efectivamente somos todos, pero cuando alguien por abajo no actúa, alguien por arriba tiene que actuar, por eso me parece oportuna y necesaria esta iniciativa, la forma en la que portavoz también la ha defendido y va a contar con el voto positivo de Unión, Progreso y Democracia.

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): En representación del Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra la señora García Álvarez. Le pido disculpas porque antes la llamé señora García Caridad y es doña Caridad García Álvarez.

Tiene la palabra.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: No se preocupe porque el ministro de Educación, que me ve más y probablemente me tiene mucho más presente en sus pensamientos, no voy a decir en sus oraciones, me llamó doña Caridad García Roca. Pero no se preocupe porque García Álvarez son efectivamente mis apellidos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Vuelvo otra vez a lo mismo de antes. ¿Incienso o realidad? Primero incienso porque es el y tú más. Si yo saco a relucir el y tú más y lo esparzo, quito lo que hay detrás de ese y tú más. Después, más incienso, a favor, claro, efectivamente. Llega tarde, no es ambicioso. Es lo de siempre. De verdad, ¿para qué vamos a seguir debatiendo? En cualquier momento a cualquier iniciativa ustedes nos dicen: "llegan ustedes tarde y no es ambicioso porque lo nuestro es más ambicioso", y terminamos antes. Ustedes nos dicen unas cosas que luego intentan justificar en este caso hasta detrás del Plan nacional de la infancia y la adolescencia. ¿Ustedes ven la televisión alguna vez? Yo la veo poco, lo reconozco, pero de vez en cuando, y será casualidad, veo informes en la televisión en los que hablan de la situación de nuestro país y en uno de ellos tuve desgraciadamente que ver una entrevista a niños que estaban acudiendo a comedores sociales. Cuando se les preguntaba a esos niños por qué estaban en esos comedores sociales la respuesta era porque en su nevera no había nada. Esa era la respuesta. Detrás de eso hay dramas familiares importantes, pero detrás de eso sobre todo, y además de los dramas, hay injusticia social y nosotros tenemos que trabajar para crear justicia social para aquellos que no tienen y no la disfrutan en este momento. Con ese plan del que ustedes nos hablan, y que es puro humo hasta el momento, no hay justicia social, hay humo, incienso, y, al paso que vamos, mirra, porque lo del oro me parece que va a ser difícil. Porque ¿qué es lo que pasa con esta iniciativa? Porque se habla de incrementar el número de becas de comedor para un curso escolar o para los que fueren necesarios. Incrementar las becas significa dinero, el oro que no aparece, y atender las prestaciones de emergencia social significa dinero, el oro que no aparece. Ustedes mucho incienso, probablemente mirra, pero no ponen los recursos para que tengamos justicia social en este país en el momento en que este país está en una situación de crisis profunda.

No vale con que lo recordemos, ya lo han recordado ustedes y lo seguirán recordando, pero es que ahora mismo, si nos leyéramos los informes que hoy emiten Cáritas o Unicef, estaríamos pensando que eso pasaba en el sur o centro de África, en los países menos desarrollados o en Asia. Y no, señorías, pasa en España, donde hablamos de justicia pero actuamos poco para tener esa justicia que todos estamos reclamando.

Nosotros vamos a votar favorablemente esta iniciativa, evidentemente, y ya se lo advertimos, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, si no aceptan el humo que es la enmienda del Grupo Popular.


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El señor PRESIDENTE: Les ruego a todos los grupos parlamentarios que a partir de ahora se intenten ajustar al tiempo porque estamos debatiendo la proposición 16.º y tenemos veinte.

Turno de fijación de posiciones. Convergència i Unió. Ya saben ustedes, siete, cinco y tres minutos.

Adelante, señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: La portavoz socialista ha defendido de manera suficientemente clara y brillante, si me permiten, la proposición no de ley, y sobre los argumentos que ya ha expuesto yo no podría abundar más. Por tanto, anuncio nuestro voto favorable a esta iniciativa.

Sí me gustaría recordar, en primer lugar, que hace muy pocos días Foessa, que es la entidad más seria en España en análisis de la situación social, nos recordaba que son cerca de 3 millones de ciudadanos los que viven con 307 euros al mes. Por tanto, cualquier afirmación de que vivimos una situación de emergencia social no puede ser calificada en ningún caso de alarmista.

En segundo lugar, el problema de la pobreza infantil es un problema de una gravedad insólita en una sociedad que ha estado incluso en las épocas de crecimiento económico con índices de pobreza infantil de los más elevados del conjunto de la Unión Europea.

En tercer lugar, que si esta situación no ha derivado en situaciones más propias, como apuntaba la portavoz de La Izquierda Plural, de un país empobrecido ha sido, entre otras cuestiones, por la enorme movilización de la sociedad civil a través de las organizaciones del tercer sector.

En cuarto lugar, que cualquier crítica de algún portavoz en este campo, en el campo de las políticas sociales, en el campo de los ajustes a los sueldos de los funcionarios, en el campo de la repercusión en los servicios públicos esenciales que son gestionadas por las comunidades autónomas, me parece un ejercicio de cinismo político. Si las autonomías, gobierne quien gobierne, están ajustando hoy sus presupuestos no es por ninguna vocación política de ajustar, sino porque el Gobierno del Estado impone unos objetivos de déficit público para las autonomías incumplibles y porque además no transfiere recursos finalistas para el desarrollo de estas políticas como se hacía desde antes de la crisis.

Finalmente, si me permite, señor presidente, coincido con quien ha afirmado que hoy la defensa del Estado del bienestar es también la defensa del Estado de las autonomías y que estos treinta y cinco años de desarrollo de las políticas sociales se explican fundamentalmente en determinados países, como es el caso de Cataluña, por la voluntad de los parlamentos, de los Gobiernos y de las sociedades de esos países de desarrollar sus propios modelos de protección social. Pretender y entender que en un Estado de las características del Estado español es posible desarrollar el Estado del bienestar de manera centralista y uniforme es estar instalado en la concepción de las políticas sociales antiguas. No será desde el control administrativo, no será desde la regulación administrativa, no será desde la burocracia desde donde los problemas sociales van a ser resueltos, todo lo contrario, va a ser desde la cercanía a los ciudadanos, desde la cercanía a la sociedad civil, desde la cercanía a los problemas donde las cuestiones sociales se van a resolver mejor. Defender hoy las autonomías es defender la protección social.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano, por su capacidad de síntesis.

Señora Ros, ¿acepta usted alguna enmienda?

La señora ROS MARTÍNEZ: No, señor presidente.

- SOBRE LA APROBACIÓN DE UNA LEY GENERAL DEL TERCER SECTOR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002004).

El señor PRESIDENTE: Punto 18.º, proposición no de ley sobre la aprobación de una ley general del tercer sector. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y doña Rosa Aguilar tiene la palabra.

La señora AGUILAR RIVERO: Con esta iniciativa pretendemos que por parte del Congreso de los Diputados se inste al Gobierno a que a través del diálogo, del trabajo común y del acuerdo se pueda aprobar una ley general del tercer sector, lógicamente acorde con el marco competencial que en esta materia corresponde al Estado. Trabajo común y diálogo es lo que pretendemos para la conformación de esta ley general del tercer sector donde participen los agentes sociales, todas las organizaciones del tercer sector y las fuerzas políticas.

Tengo que manifestar en esta Comisión que esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista tiene su antecedente en una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que se


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debatió en el Pleno del Congreso en septiembre de este año, que pretendía instar al Gobierno a realizar un plan nacional para la inclusión social y que tenía cuatro puntos, y justamente en el cuarto se planteaba en aquel momento por el Grupo Parlamentario Popular poner en marcha un nuevo marco regulatorio del tercer sector, un instrumento -se decía- con el que se lidere el camino hacia un modelo social, renovado y eficiente que aporte estabilidad y confianza a las entidades. Respecto a este apartado cuarto al que he hecho referencia, en aquel debate en el Pleno del Parlamento se señaló por nuestro grupo parlamentario que el tercer sector no tenía ni debía estar dentro de un plan nacional de inclusión social, pues es evidente que el tercer sector tiene un compromiso de trabajo diario y una apuesta por las políticas sociales de carácter transversal. Por eso precisamente entendíamos que no había que incorporarlo a ese plan nacional de inclusión social.

También planteamos en aquel momento que no había que ir a una norma regulatoria, sino a una ley general del tercer sector, que es lo que este estaba demandando, estaba planteando y a lo que de verdad nosotros, los grupos parlamentarios, debíamos responder. De ahí que en su momento presentáramos una enmienda y como en el debate no se pudo concretar el compromiso que allí se expresaba verbalmente y todo parecía indicar que estábamos dispuestos a ir al trabajo común, al acuerdo y al consenso para la conformación de esa ley general del tercer sector, que es lo que pide el sector y a lo que merece que le respondamos, presentamos esta proposición no de ley, entendiendo que era una nueva oportunidad ahora en el marco de la Comisión de que lo que expresamos en su momento verbalmente lo concretemos en una propuesta firme, que intentamos sea una propuesta de todos los grupos parlamentarios, una propuesta en la que todos nos veamos reflejados, que es lo que persigue la proposición no de ley, el consenso y el acuerdo de todas las fuerzas políticas parlamentarias para dar un mensaje claro, contundente y comprometido al propio tercer sector y para reconocer ese papel importante que siempre ha tenido, pero que en estos momentos de crisis es un papel aún mucho más importante, clave, esencial y fundamental. Es una manera de reconocerlo y de agradecerlo, dando respuesta a una demanda que venían realizando por una parte, pero por otra a lo que es una necesidad, lógicamente siempre en el marco de las competencias del Estado.

En este sentido, hemos estado trabajando, señor presidente, y hemos presentado a la Mesa una propuesta transaccional que tiene una vocación y es que todos los grupos parlamentarios podamos hacerla nuestra y trabajar juntos desde el diálogo, buscando el consenso y el acuerdo. En esa propuesta transaccional se dejan claras algunas cuestiones. Primero, que queremos que participen todas las organizaciones sin exclusión. Es una propuesta incluyente claramente. Queremos que estén los agentes sociales, pero también queremos que estén todas las organizaciones del tercer sector y las fuerzas políticas, es decir que todo el mundo pueda aportar y plantear aquello que crea importante y conveniente para esa ley general del tercer sector. Por tanto, incluimos a todas las organizaciones del tercer sector y queremos subrayar que la vocación que tiene esta propuesta incluyente e inclusiva es de diálogo, de consenso y de búsqueda de acuerdo en una ley que nos parece importante en defensa de los derechos sociales, en defensa del conjunto de la ciudadanía y reseñando el papel que juega el tercer sector. Este es nuestro objetivo, señor presidente, y quiero subrayar que, lógicamente, queremos ser respetuosos con las competencias que tienen las comunidades autónomas -por eso dejamos claro en la transaccional que es dentro del marco competencial del Estado- y queremos ser incluyentes porque queremos contar con todas las organizaciones, sin exclusión, del tercer sector.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, doña Rosa, porque están ustedes siguiendo el camino de la síntesis y de la eficacia.

Señor Campuzano, tiene la palabra para la defensa de su enmienda.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Convergència i Unió -y estamos convencidos que exponemos los sentimientos y las actitudes de buena parte de la sociedad civil articulada en Cataluña- no termina de ver la necesidad de que exista una ley general del tercer sector. Se nos escapa exactamente la vocación que puede tener una legislación de estas características. Por un lado, las personas jurídicas que conforman ese tercer sector ya están recogidas en la ley que regula el derecho de asociación o en la ley que regula el derecho a la fundación y, por otro, existe una serie de normativas donde puntualmente se abordan ya las cuestiones que son competencia del Estado y que tienen que ver con el tercer sector. Por ejemplo, las regulaciones que afectan a la fiscalidad respecto al impuesto sobre el valor añadido, las regulaciones que afectan a la contratación pública o a las contrataciones que afectan a la regulación en el ámbito laboral si fuese el caso. Pero existe una demanda del tercer sector a nivel estatal de que se promulgue una ley de


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esas características y difícilmente nos podemos oponer a ella, con la advertencia de que si esa es una ley en parte como fue la legislación aprobada en la pasada legislatura de reconocimiento de la economía social, son leyes que reconocen la existencia de un sector, pero que no tienen excesivas consecuencias prácticas en el día a día de quienes lo conforman. Son leyes muy baratas para los Gobiernos, leyes para fomentar y promover, de reconocimiento, pero que no inciden en las necesidades de quienes articulan los sectores en concreto. Es más, si hoy intentásemos analizar las necesidades del tercer sector, seguramente no las identificaríamos con esa ley que hoy vamos a aprobar con esta proposición, sino por ejemplo con una nueva ley de mecenazgo que facilitara las aportaciones de empresas e individuos al tercer sector. Las identificaríamos con una solución al problema del tratamiento del IVA en la contratación del sector público, que impide a muchas entidades sin ánimo de lucro competir con iniciativas de carácter mercantil; con una mejor regulación de las cláusulas sociales en la contratación pública que permitiera a aquellas entidades que contratan a personas con discapacidad o a personas en riesgo de exclusión social una mayor presencia en las compras públicas que hace el Estado o en el diseño de las políticas activas de ocupación que permitiera a las entidades del tercer sector ofrecer más empleo y de más calidad. Son cuestiones que dependen del Estado y que yo no sé si se van a abordar en esa ley del tercer sector.

Ahora bien, si existe ese consenso que además expresan los dos grandes grupos de la Cámara, mi grupo va a estar en esa discusión, pero formulando esa enmienda que, por un lado, pretende dejar muy claro que esa ley debe afectar únicamente al ámbito competencial del Estado y que esa ley no puede ser la nueva excusa para inmiscuirse en las competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Recordemos que en la mayoría de las materias donde actúa el tercer sector estamos hablando de competencias exclusivas de las comunidades autónomas; en el campo de lo social indiscutiblemente, competencia exclusiva de todos los estatutos de autonomía, no tan solo exclusivamente del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Además, expresamos en nuestra enmienda una realidad, el tercer sector en Cataluña, a través de la denominada Taula del Tercer Sector, no participa de la plataforma estatal que agrupa al tercer sector y debo recordar que la Taula del Tercer Sector agrupa a todas las entidades que en Cataluña, de segundo y tercer grado, articulan esa sociedad civil, incluidas las entidades que son de ámbito estatal tales como Cruz roja, Cáritas o la ONCE; no solo las entidades exclusivamente de ámbito catalán, que también, sino las tres grandes organizaciones sociales participan de la taula y la taula no está en la plataforma. Por tanto -con ello termino, señor presidente-, cualquier negociación con el tercer sector, en el caso de Cataluña y en relación con la ley que afectará a este sector, debe incluir también a la Taula del Tercer Sector, porque si no sería una ley en términos sociales muy poco legítima. Espero que en esa legislación se avance en esa dirección.

El señor PRESIDENTE: En defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Susana Camarero.

La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señorías, quiero en primer lugar agradecer al Grupo Parlamentario Socialista la iniciativa porque nos permite, como la señora Aguilar ha dicho, debatir un tema fundamental para todos, evidentemente también para el Grupo Parlamentario Popular. El Grupo Popular ha manifestado siempre un amplio compromiso con la labor del tercer sector de acción social desde la consciencia del importante papel que desempeña en nuestra sociedad, más aún en estos tiempos de crisis. Sin duda se ha convertido en pieza clave para lograr la recuperación, una labor encomiable que merece el apoyo y el respaldo por parte de todos los poderes públicos. Podemos hablar de cifras. El número de voluntarios ha aumentado en los últimos años un 20 %, superando la cifra de 4.200.000 personas, y alrededor de 29.000 entidades forman el tercer sector, un colectivo que ayuda, señorías, a 6 millones de personas y que representa los mejores valores de nuestra sociedad, como son la solidaridad y la dedicación a los demás. Coincido con el Grupo Parlamentario Socialista en que es indispensable la colaboración del tercer sector para lograr el bienestar que todos queremos y en la necesidad de darles el reconocimiento que se merecen.

Como se ha dicho, este no es un debate nuevo. El Gobierno viene manifestando su voluntad clara y firme de colaborar intensamente con el tercer sector de acción social en el desarrollo de las políticas de cohesión, de inclusión social, de la familia, de protección al menor, de atención a las personas mayores, en situación de dependencia o de discapacidad, o en la igualdad de oportunidades durante toda la legislatura, una voluntad que se refleja en algunas de las cuestiones que voy a citar a continuación, como es la resolución del 28 de enero de 2013, que por primera vez crea la Comisión para el diálogo civil con la plataforma del tercer sector, con el fin de institucionalizar la colaboración, cooperación y diálogo permanente entre el ministerio y las asociaciones y organizaciones del tercer sector. Dicha comisión se ha constituido,


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insisto, como mecanismo permanente de interlocución entre el ministerio y las entidades del tercer sector de acción social, todas las entidades, señor Campuzano, porque todas las entidades son importantes y con todas se debe contar. Como decía la señora Aguilar, todo el mundo se debe sentir representado en esta ley que se haga entre todos. En el seno de esa comisión el Gobierno está trabajando en colaboración con estas entidades del tercer sector en la nueva ley del tercer sector de acción social, un texto normativo que proporcionará estabilidad a las ONG mejorando la coordinación entre las entidades y la Administración. Preguntaba usted, señor Campuzano, cuál es la vocación de esta ley. Pues esta es la principal vocación de la misma. Se pretende crear en este texto normativo en que el ministerio lleva meses trabajando la figura de las entidades colaborativas del tercer sector, un estatus novedoso que asegurará la viabilidad de las asociaciones, allanará su colaboración con las administraciones y las colocará en primera línea de las atenciones que demanden los ciudadanos en situación más vulnerable.

Además de lo dicho, la convocatoria de las subvenciones con cargo al IRPF trata de respaldar la labor del tercer sector sumando los 211 millones de euros durante el año 2013, sin olvidar que el pasado 28 de junio la ministra Mato anunció la activación de un plan de apoyo a las entidades de acción social dirigido a hacer frente a las deudas que las administraciones públicas tenían con las entidades del tercer sector, porque, como dijo entonces la ministra, si son insostenibles las deudas de la Administración con quienes les prestan servicios, mucho más lo son cuando las deudas son con las organizaciones que de manera altruista se dedican a resolver los problemas de los demás, a ayudar a los más vulnerables. Por lo tanto, este plan social se ha dotado con cerca de 3.000 millones de euros, que sumados a los más de 210 millones de las subvenciones con cargo al IRPF hacen un total de más de 3.200 millones de euros para los créditos dirigidos, por un lado, a ayudar a aquellas familias que están sufriendo -como se ha dicho también esta tarde- los peores efectos de la crisis y, por otro, a aliviar la situación en que se encuentran muchas organizaciones sociales por las deudas acumuladas durante años. Además, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 incrementa en más de 1,8 millones la aportación del IRPF para financiar programas sociales cuyo objetivo prioritario este año es la lucha contra la pobreza, especialmente contra la pobreza infantil, algo de lo que también hemos hablado como no puede ser de otra manera en esta Comisión.

Es cierto que el Grupo Parlamentario Popular ha traído recientemente este debate a la Cámara, lo ha mencionado la señora Aguilar en su intervención. El pasado septiembre el Grupo Parlamentario Popular trajo una proposición no de ley relativa a la elaboración de un plan nacional para la inclusión social donde recogía la elaboración de esta ley del tercer sector. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular reconocemos la necesidad de revisar el marco regulatorio en el que se enmarcan las entidades del tercer sector de acción social y reiteramos nuestra voluntad de seguir trabajando como se viene haciendo durante toda la legislatura para tratar de impulsar y respaldar iniciativas a favor del tercer sector de acción social. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda, pero, como ha dicho la señora Aguilar, buscando ese acuerdo necesario y teniendo la voluntad de trasladar un trabajo en conjunto de todos los grupos y esa imagen de igualdad que tenemos que trasladar al tercer sector, hemos acordado un texto transaccional donde los grupos queremos destacar, como también decía la señora Aguilar, el diálogo, el consenso y el acuerdo necesario con todas las organizaciones del tercer sector para la elaboración de esta ley tan necesaria. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? Tiene la palabra la señora García Álvarez. (La señora Sánchez Robles pide la palabra).

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señor presidente, no sé si el turno va de menor a mayor. Ha pedido la palabra el Grupo Vasco.

El señor PRESIDENTE: Adelante, doña Isabel.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Voy a ser mucho más breve. Intervengo en nombre del Grupo Vasco para adherirme a los argumentos y cautelas manifestadas por el señor Campuzano y para manifestar también nuestro voto favorable a la iniciativa, entendiendo que la enmienda incluye el compromiso escrupuloso de respeto a las competencias exclusivas plenas que en esta materia ostentan las comunidades autónomas.

El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez, se ha colocado usted en una posición más a la izquierda del Grupo Socialista.


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Doña Caridad, muchas gracias por su ayuda. Tiene usted la palabra.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Es la deriva que va teniendo este Parlamento, señor presidente.

Ha habido un momento, conforme estaba interviniendo la portavoz del Grupo Popular, que me daban ganas de dirigirme a doña Rosa y decirle de nuevo aquello de: doña Rosa, ha llegado usted tarde. Esto ya estaba. Lo que usted está haciendo es recordarle al Gobierno que lo tiene que hacer. De todas formas vamos a aprobarlo, vamos a facilitarlo. Ha dicho el señor Campuzano algo que comparto también, comparto las cuestiones autonómicas, evidentemente, tanto con usted como con el Grupo Vasco, prácticamente con todo el mundo, pero hay una cosa que debemos tener en cuenta. Ahora mismo estamos todos los grupos parlamentarios en lo que yo comentaba antes, estamos ante una iniciativa que parece incienso o mirra, por una sencilla razón, porque aprobar esta proposición no de ley no lleva oro detrás. Por lo tanto, todos vamos a estar de acuerdo.

- SOBRE RECHAZO DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE MEDIDAS SANITARIAS FRENTE AL TABAQUISMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002026).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 19.º, proposición no de ley sobre el rechazo de la modificación de la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra doña Pilar Grande.

La señora GRANDE PESQUERO: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender esta iniciativa parlamentaria que pretende, en primer lugar, poner en valor los buenos resultados y los beneficios en salud logrados tras la aprobación en esta Cámara, hace casi tres años, de la Ley de 2010 de medidas sanitarias frente al tabaquismo; en segundo lugar, pretende evitar dar pasos atrás permitiendo fumar en determinados espacios cerrados donde ahora está prohibido. Al revés, queremos instar al Gobierno a seguir implementando políticas eficaces para reducir el consumo de tabaco.

Señorías, todos los diputados de esta Comisión recibimos hace muy pocos días un informe remitido por el Ministerio de Sanidad de la evaluación del impacto sobre la salud pública de la ley que aprobamos en 2010, dando cumplimiento a lo establecido en la propia normativa en su disposición adicional undécima. Es una satisfacción para mí, y creo que para todos, constatar los buenos resultados logrados en todos y cada uno de los ámbitos analizados por el Gobierno. En primer lugar, en relación con la prevalencia del consumo del tabaco, el porcentaje de población que consume tabaco a diario muestra un continuo descenso desde 1993 a 2012. Además, los que fuman fuman menos cigarrillos y la proporción de abandono en 2011, al año de la aplicación, fue un 42 % superior a la del año 2009. Para el Comité nacional para la prevención del tabaquismo esto supone que prácticamente un millón de adultos hayan dejado de fumar definitivamente o que muchos jóvenes no se hayan incorporado al consumo de tabaco, lo cual es tan importante como lo primero. Sin duda son datos positivos, aunque en nuestra opinión es un comienzo, es un primer paso pero aún insuficiente.

En segundo lugar, en relación con la exposición al humo ambiental del tabaco, los resultados disponibles muestran que después de la entrada en vigor de la ley en enero de 2011, la exposición en locales de la hostelería se ha reducido drásticamente. Las concentraciones de nicotina y de sus derivados disminuyeron en más del 90 %. Antes de 2012 los niveles de contaminación medidos en bares, cafeterías y ocio nocturno eran ocho veces más altos de los que se podían medir en la calle, mientras que en restaurantes la cifra era entre cinco y seis veces mayor. De hecho, según datos de la Comisión Europea, entre 2009 y 2012, la exposición al tabaco entre clientes de bares y restaurantes ha descendido hasta un 70 % en España, por encima de la media europea desde luego.

En tercer lugar, con relación a la morbilidad asociada al consumo del tabaco, se observa una reducción de las tasas de ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica y asma en 2011, al año de la aplicación de la modificación de la ley. Concretamente, los datos indican unos descensos medios del 40 % en cardiopatía isquémica, 18 % en infartos y 20 % en asma, lo cual es ya una muy buena noticia desde el punto de vista de la mejora de la salud de los españoles, pero también es importante señalar otra dimensión de esta buena noticia y es que estas reducciones de los ingresos hospitalarios tienen una potencial consecuencia directa en el gasto sanitario.

El cuarto punto que evalúa el informe del ministerio es la percepción de los ciudadanos ante la ley, y los datos nuevamente son positivos. El último barómetro sanitario de 2012, que incluye un apartado


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relativo a este aspecto, muestra no solo una buena aceptación general de la ley, sino también cómo cada vez son más los ciudadanos que la apoyan. Por último, en relación con la utilización de servicios de deshabituación de las comunidades autónomas, se señala que en todas ellas han elaborado y desarrollado planes estratégicos de inspección y control.

En definitiva, señorías, en España cada vez se fuma menos. La ley ha contribuido claramente a mejorar la salud de la población, incluso a ahorrar en gasto sanitario en estos tiempos de austeridad, eso sí, con medidas sanitarias y sin recortar derechos ni prestaciones ni haciendo pagar a los enfermos por sus medicinas. Además, en este tiempo transcurrido hemos de destacar el amplio cumplimiento de la norma, tanto en los fumadores como en los no fumadores, así como la normalización de una medida que, de eliminarse, no sería comprensible dado el apoyo ciudadano con el que cuenta. Para serles sincera, señorías, no recuerdo un informe con tantas y tan buenas noticias. Ojalá lográramos este nivel de resultados en todas las medidas que adoptamos en esta Cámara.

Subrayo esto porque hace más de tres años, cuando debatíamos en el Pleno de esta Cámara la ley, el señor Mingo, hoy presidente, entonces portavoz de sanidad del Grupo Popular, se preguntaba -legítimamente, por cierto- si con esta nueva ley íbamos a conseguir el objetivo vital, el objetivo prioritario de la OMS, que no es otro que el que haya menos fumadores. Pues bien, señor Mingo, sí lo hemos conseguido y, además, lo hemos conseguido entre todos. Ese es precisamente el primer objetivo de esta proposición no de ley, constatar los beneficios en salud logrados con la aprobación de la ley de 2010 de medidas sanitarias frente al tabaquismo. ¿Tiene sentido entonces plantearse dar un paso atrás? Desde luego que no, señorías, bajo ningún concepto, y es realmente muy lamentable que la ministra Mato no sea tajante y contundente en este asunto.

Quiero recordar que toda la sanidad española en bloque, no solo el Comité nacional de prevención para el tabaquismo, sino también los presidentes de los consejos generales de los colegios profesionales de médicos, dentistas, psicólogos y enfermeros han comunicado al Gobierno su oposición a cualquier marcha atrás, excepción o retroceso en la ley de 2010 a través del documento "Diez razones para no cambiarla (y no permitir fumar en Eurovegas)" presentado por ellos públicamente el pasado 10 de junio. Si la ministra presume un día sí y otro también del acuerdo con los profesionales, debería también aceptar esta unanimidad de los mismos profesionales y hacer suyas sus razones. No sé cómo se sentirán todos estos profesionales sanitarios si con una mano la ministra firma acuerdos con ellos y con la otra firma su consentimiento para que se pueda fumar en Eurovegas.

Quiero recordar también que los mayores expertos del mundo en control de tabaquismo escribieron hace unos días una carta al señor Rajoy para pedirle que apueste por la salud y advertirle que, de romper la actual Ley antitabaco, sería una iniciativa insensata y con consecuencias negativas a largo plazo de la salud y la economía de España. Contraponer salud y empleo es un debate falso, señorías, es un debate interesado y que además por ahora no se ha podido demostrar. ¿Se han cumplido las previsiones catastrofistas sobre el impacto negativo de la ley de 2010 en el empleo dentro del sector de la hostelería? Claramente no. A pesar de la profundidad y de la duración de la crisis económica que padece nuestro país, la ley de 2010 no ha tenido efectos negativos en la frecuentación de bares, restaurantes ni en el turismo -señor presidente, le voy a pedir solamente un minuto más~_. En cambio, sí tenemos datos, estudios e informes sobre lo que cuesta en la sanidad española el tabaquismo. Hace tan solo unos días, en una jornada organizada por el Idis y Pfeiffer, que no son sospechosos, se señalaba que el abordaje de las patologías relacionadas con el consumo de tabaco provoca unos gastos que alcanzan los 15.000 millones de euros anuales al sistema sanitario, incluyendo los costes indirectos, y 2.500 millones de euros de media a las empresas por cada trabajador que sea fumador. Señorías, esto es el 15 % del total del presupuesto sanitario. Por tanto, les pido que no caigamos de nuevo en el debate falso de contraponer salud y empleo, y menos para defender no se sabe bien qué intereses. Hablemos sobre el tabaco sin eufemismos, por favor. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted por su capacidad de síntesis escueta y mi agradecimiento por su citación personal.

¿Grupos que quieren fijar posición? Don Gaspar Llamazares, en representación de La Izquierda Plural, tiene usted la palabra.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Contra toda evidencia, da la impresión de que el Gobierno quiere establecer una excepción en relación con la aplicación de la Ley del tabaco. Digo contra toda evidencia porque hay datos que demuestran el éxito de la ley frente a las advertencias que entonces sufrimos y, por


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otra parte, también hay datos que demuestran que los ciudadanos aumentan su apoyo a la ley de manera significativa. ¿Cuál es la razón del Gobierno para establecer una excepción a la aplicación de la ley? Dice el Gobierno que es el empleo. A mí me da vergüenza que un ministro o una ministra de Sanidad establezca esa relación, porque la conclusión sería no intervenir, por ejemplo, en las vacas locas porque sabíamos -y finalmente se produjo- que la intervención significaba pérdida de empleo en el sector agrario, y se produjo una pérdida de empleo en el sector agrario. ¿Qué significa esto? Que en determinados momentos la salud es determinante. Pero es que además los empleos que nos propone el Gobierno, los empleos que van a hacer una excepción a la Ley de Protección del Tabaquismo y van a provocar finalmente una puerta probablemente al desmontaje, al desmantelamiento de dicha ley, son empleos hasta el momento ficticios. Sí hay una dinámica especulativa, otra vez una dinámica especulativa, pero no hay realmente empleos en juego. La cuestión es si el Gobierno en estos momentos hace prevalecer empleos hipotéticos con respecto a la salud de los ciudadanos, a la salud de 5.000 ciudadanos fumadores pasivos que mueren anualmente en este país, más que en los accidentes de tráfico.

El señor PRESIDENTE: Señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Intervendré muy brevemente para anunciar nuestro voto favorable, como no podía ser de otra manera, a esta proposición no de ley. Saben que desde nuestro grupo parlamentario hemos defendido esta ley. Todo lo que sea favorecer, aumentar, mejorar la salud de los españoles, evitar toda esta gran cantidad de muertes anuales que se producen en nuestro país por el tabaco nos merece todo el respeto. Por lo tanto, vamos a apoyar esta proposición no de ley, en esta ocasión y en todas en lo que sea intentar mejorar todo lo que sea referente a salud pública.

El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señorías, nuestra opinión sobre los contenidos de la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo es la misma que ya se planteó en su debate y que de manera brillante defendió como portavoz del Grupo Popular el hoy presidente de esta Comisión. No procede reiterar lo que figura ya en los "Diarios de Sesiones", y además difícilmente podría superar la altura argumentaria del doctor Mingo.

El Grupo Popular defiende la importancia de la protección de la salud pública y su apuesta decidida por la lucha contra el tabaquismo. Coincidimos plenamente con el Comité nacional para la prevención del tabaquismo y con todas las entidades científicas y profesionales sobre los beneficios para la salud pública que la ley ha generado sobre la prevención del tabaquismo y que estamos seguros seguirá generando. El Gobierno sigue en esa misma línea de protección de la salud, por ejemplo, con la nueva estrategia nacional de prevención y promoción de la salud que interviene sobre los factores de riesgo comunes, entre los que destaca el consumo de tabaco. Compartimos la preocupación mostrada por la PNL del Grupo Socialista sobre la implementación de políticas eficaces para reducir el consumo de tabaco, lo que ya no compartimos es la incoherencia manifiesta cuando insta en esta PNL a la implementación de este tipo de medidas y, al mismo tiempo, rechazó apoyar una moción presentada en el Senado por el Grupo Popular este mismo mes de octubre precisamente para el desarrollo de actuaciones para reducir el consumo de tabaco en una población cada vez más afectada y más vulnerable a los efectos del tabaco, una moción que también incorporaba medidas preventivas específicas y la inclusión del hábito tabáquico como adición o droga legal. Por todo ello, y teniendo en cuenta además que la normativa vigente está en línea con las directrices de los organismos internacionales y que su principal objetivo es preservar la salud pública ante cualquier iniciativa que se presente, es por lo que nuestro grupo no va a apoyar esta PNL, por considerarla innecesaria y no aportar nada nuevo a la norma vigente. (El señor Llamazares Trigo:¡Maravilloso! ¡Maravilloso!.-La señora Grande Pesquero: ¡Vaya papelón!-Rumores).

- SOBRE COPAGO FARMACÉUTICO EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/001998).

- RELATIVA AL COPAGO HOSPITALARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002027).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de los puntos 17.º y 20.º conjuntamente.


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Tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, don Gaspar Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: La iniciativa que tiene que ver con el repago, no con otra cosa, en el ámbito de la farmacia hospitalaria, viene a denunciar dos actitudes del Gobierno que hemos visto hoy en la sesión parlamentaria. En primer lugar, la soberbia, una soberbia que no tiene límites, una soberbia que no le permite escuchar a nadie, por mucho que diga el Gobierno que en estos momentos tiene pactos con toda la sociedad. Sobre todo no tiene pactos con los parlamentarios, con los parlamentarios no habla, con el Parlamento no habla, no escucha. Pero, además es una muestra de sadismo, es una muestra de sadismo saber los efectos del copago, saber los efectos del repago. Hay dos estudios ya en los que se demuestra, primero, que el repago disuade de la utilización cabal de los servicios, no lo que decía el Gobierno, que era una disuasión de la mala utilización de los servicios, y que produce además un mayor coste al sistema sanitario al cronificar algunas patologías. Pero hay otro estudio que demuestra que la adherencia al tratamiento ha disminuido también con el repago, con el llamado copago. Pues bien, el Gobierno, no contento con ello, pone en marcha un copago especialmente sensible, aunque la ministra haya dicho ante el Pleno del Congreso, como siempre, que no existe copago, que no existe repago y que lo que hay es una colaboración en la financiación de los productos farmacéuticos o de la farmacia, a tenor de las declaraciones que hemos visto a lo largo de los últimos tiempos. Existe en estos momentos un repago y además un repago que se ha hecho con oscurantismo, con soberbia y con sadismo. En primer lugar, no es verdad que esa nueva medida de repago haya sido consultada con los sectores afectados y con las sociedades científicas, no es cierto, incluso las sociedades científicas han dicho que no han tenido ni el trámite de audiencia. No es cierto que este tema formase parte del Consejo Interterritorial de Salud, no es cierto, lo que estaba anunciado para Barcelona, lo que estaba anunciado para ese consejo interterritorial era cambiar los tramos del copago farmacéutico, pero no introducir un nuevo copago en el ámbito hospitalario. Pero luego, en relación con la medida, este copago, este repago impuesto de manera precipitada y soberbia, por otro lado, este repago todavía no está nada claro. En primer lugar, ¿cómo van a cobrar los hospitales si no tienen caja? Yo se lo pregunto al Gobierno, si el Gobierno sabe que los hospitales no tienen caja, que utilizan el criterio de devengo. Por tanto, ¿cómo van a cobrar los hospitales? ¿Van a tener que montar los hospitales españoles de las comunidades autónomas, a cargo de las comunidades autónomas, un sistema de recaudación para un capricho del Gobierno que puede significar aproximadamente 5 millones de euros? Esa es la pregunta que queda encima de la mesa. Por otro lado, ¿cómo se compadece ese copago con otros copagos, ese repago con otros repagos? Es decir, el Gobierno no aclara si este repago tiene que ver con los límites de la renta del resto de los copagos, de los copagos farmacéuticos, y no aclara el Gobierno si el repago será -y alguien conoce el sistema hospitalario- sobre el conjunto del tratamiento o será por cada dosis. Si es por cada dosis, eso de los 4 euros es un límite que puede acabar en 40, sumado al repago que ya tienen que hacer en el ámbito de la farmacia ambulatoria.

Señorías, esta iniciativa es un despropósito, es un ensañamiento con los sectores en este caso con padecimientos más graves, no tiene ningún sentido sanitario y tampoco tiene sentido económico. Queda en el aire, pues, la pregunta, la pregunta es: ¿por qué lo hace el Gobierno? ¿Lo hace por soberbia, lo hace por sadismo o el Gobierno nos está preparando para algo más? ¿Es la cabeza de puente de la mercantilización del sistema hospitalario? Esa pregunta queda en el aire y yo creo que el Gobierno va a satisfacer esa pregunta en el peor de los escenarios, en la peor de las expectativas, por eso es muy importante retirar esta iniciativa para reconsiderar una política sanitaria que, en nuestra opinión, es gravemente lesiva para los ciudadanos y, en especial, para los sectores más frágiles.

El señor PRESIDENTE: Doña Isabel, para la defensa de su proposición no de ley tiene usted la palabra.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señorías, siento sinceramente que mi discurso tenga que ser menos amable que el que ha caracterizado a las iniciativas anteriores, en la línea del señor Llamazares. Como todos ustedes conocen, el Gobierno de España ha introducido un nuevo copago hospitalario por el cual un gran número de medicamentos para el tratamiento de enfermedades graves o crónicas en pacientes no hospitalizados pasarán a estar sujetos a copago. Con esta medida pretenden que las personas que precisen de estos tratamientos abonen un 10 % del precio de los mismos con un máximo de 4,20 euros por medicamento. En la lista de fármacos sujetos a copago se encuentran tratamientos contra el cáncer


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de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer renal, tumores cerebrales, cáncer de próstata, diferentes tipos de leucemias y linfomas, antivirales y otros fármacos para tratar distintas patologías, como ya he señalado, graves y crónicas. Ello se ha realizado además de manera sorpresiva e improvisada mediante resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia publicada -quédense con la fecha- en el BOE de 19 de septiembre y con fecha de entrada en vigor el 1 de octubre.

A efectos prácticos, y traducido a castellano paladín -ya se lo he dicho esta mañana-, el Ministerio de Sanidad desde su neoliberalismo extremo y embozado en el disfraz del eufemismo -es un sarcasmo llamarlo copago y aún más colaboración- ha decidido instituir un nuevo impuesto sobre la enfermedad, ha decidido imponer multas por enfermar a las personas que desgraciadamente padecen las patologías más graves. Preso de sus propios errores se ha visto apremiado a aprobar esta medida que comprometió en su plan de reforma presentado ante las autoridades europeas en 2012 -por cierto, sin ningún estudio técnico- tras la última visita de los inspectores europeos y del Banco Mundial y su exigencia de puesta en marcha. Resultaría incluso chistoso, si no fuera por la gravedad que entraña, que se dé además un plazo de diez ridículos días a las autoridades sanitarias para su implementación. Como ustedes comprenderán, es materialmente imposible. Y lo ha hecho además con nocturnidad y alevosía, sin informar a los consejeros de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud, como ya ha señalado el señor Llamazares, y por supuesto sin dar la más mínima explicación a esta Cámara. Y esto tiene su aquel, teniendo en cuenta que la ministra compareció ante esta Comisión la víspera de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 18 de septiembre. Como comprenderán, el desprecio por esta institución y por estos diputados y diputadas solo es explicable por ese estilo de gobernanza de perfil bajo ya institucionalizado y del que hace gala la ministra Mato basado muchas veces en el simplismo y en la improvisación. Aunque si les digo la verdad, esta absoluta falta de respeto y consideración por parte del Gobierno de España hacia el autogobierno de la Comunidad Autónoma vasca, las competencias autonómicas de otras comunidades y hacia el parlamentarismo no nos sorprende. Así, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, la ministra Mato y las preclaras mentes que la asesoran han decidido cargar contra el eslabón más débil de la cadena, las personas enfermas. Tengan en cuenta que es de tal envergadura la chapuza, que hasta las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se han negado a implementarla por injusta e ineficaz.

Es manifiesta además la ilegalidad de la medida por distintas razones. Está dictada por una dirección que carece de la legitimación legal y funcional para hacerlo. Está dictada por un órgano manifiestamente incompetente; ni siquiera la ministra tiene esa legitimación, puesto que en todo caso correspondería al Gobierno en tanto que se trata de implantar un nuevo sistema de financiación de especialidades farmacéuticas que afecta a un importante volumen de medicamentos dispensados a través de los servicios de farmacia de los hospitales. Quiebra además el principio de equidad, puesto que dependiendo del medicamento prescrito por los profesionales para una misma patología, puede estar sujeto a copago o no. Puede llegar a provocar enriquecimientos injustos en las administraciones sanitarias a costa de los pacientes, puesto que el cálculo de la aportación del usuario se realiza sobre el precio de venta al público, cuando todo el mundo sabe que el precio pagado por la Administración por los medicamentos que se dispensan en los hospitales es considerablemente inferior a este, obviamente al obtener importantes economías de escala a través de los procedimientos públicos de licitación convocados para su compra. Como anteriormente he citado, se ha omitido además la participación del consejo interterritorial hasta el punto de que el Gobierno vasco, al igual que los demás Gobiernos autónomos, han tenido conocimiento de la decisión y de sus detalles mediante la lectura del Boletín Oficial del Estado y se han saltado, como bien ha dicho también el señor Llamazares, el preceptivo trámite de audiencia que debe practicarse en la tramitación de los procedimientos administrativos. No me negarán que no es una gran chapuza todo lo relatado hasta el momento. Y desde luego, si esta medida está justificada en la contención del gasto, podemos decir aquello de apaga y vámonos.

Refiriéndonos como ejemplo al Sistema Vasco de Salud, esta medida solo supondría un ahorro de 220.000 euros, cantidad que comparada con el presupuesto total de Osakidetza es sencillamente ridícula. Es más, la puesta en marcha de la ocurrencia tendría una repercusión económica negativa, puesto que requeriría -como también ha señalado el señor Llamazares- de importantes actuaciones de índole organizativo, de diseño e implantación de aplicaciones informáticas, de procedimientos administrativos, de dotación y formación de recursos humanos destinados a las tareas que se derivarían de esta nueva responsabilidad y que en su conjunto supondrían un volumen económico claramente


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superior a los ingresos que se podrían derivar de la aplicación de esta medida. Además -y sigo con los además-, excede claramente de la competencia exclusiva que en materia de legislación de productos farmacéuticos reconoce el artículo 149.1.16.ª de la Constitución a favor del Estado, invadiendo sin pudor nuevamente las competencias que en materia de ordenación farmacéutica corresponden, en nuestro caso, a la Comunidad Autónoma de Euskadi, pero entiendo que también al resto de ellas.

Todo esto resulta pequeño e irrelevante si lo comparamos con el sufrimiento de los enfermos crónicos. No hay razón económica, social o sanitaria que lo justifique. A mi personalmente -y hablo a título personal- me provoca vergüenza. En cualquier caso, el Gobierno de Euskadi ha recurrido esta medida y desde este grupo, desde el Grupo Vasco, no vamos a consentir la ruptura del principio universal de cualquier actividad sanitaria: no producir daño. Porque estamos convencidos, además, de que esta medida solo conducirá a agravar más la enfermedad de miles de hombres y mujeres que bastante tienen ya con luchar contra las graves patologías que padecen y porque solo provocará mayor desigualdad en los sectores de población más desfavorecidos. Por todo ello, por lo injusto, peligroso y absurdo de la medida solicitamos el voto favorable de los grupos parlamentarios aquí representados a nuestra iniciativa que, como bien conocen, insta al Gobierno a dejar sin efecto la resolución a la que nos hemos estado refiriendo a lo largo de esta intervención. Esperamos su voto.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa).

Señor Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Como es lógico, después de los días que llevamos desde nuestro grupo de Convergència i Unió intentando prevenir y eliminar todo el copago hospitalario, nuestro grupo va a votar favorablemente las proposiciones no de ley, como no puede ser de otra manera. Además, quiero recordar que nuestro grupo parlamentario empezó ya el mes de diciembre del año pasado a hacer iniciativas a este respecto y las últimas -también quiero recordarlo- han sido este mes de julio con la aprobación de la Ley de modificación de la Ley del Medicamento, donde presentábamos precisamente enmiendas para eliminar todo este articulado de la Ley del Medicamento puesto por el Decreto 28/2012. Por tanto, hemos de ser coherentes y seguir con esta misma táctica. Además, me temo que no va a ser hoy el último día que vamos a hablar aquí; vamos a tener que hablar muchísimo más, porque desde luego nuestro grupo no va a cejar en su empeño hasta que consigamos que estas medidas no se lleven a cabo. Quiero recordar que no son unos medicamentos que afecten a unas enfermedades más simples -aun siendo todas las enfermedades importantes-, sino que son enfermedades graves, con el riesgo de que si no se sigue el tratamiento no solamente se va a empeorar más la salud de esas personas, sino que incluso puede llevar al riesgo de una muerte prematura.

El señor PRESIDENTE: Parece que los dos grupos mayoritarios de la Cámara se han puesto de acuerdo y han nombrado portavoces en este punto a los dos vicepresidentes de la Mesa.

Por tanto, doña Soledad, tiene usted la palabra en representación del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Una vez más, y como decían los anteriores portavoces que han intervenido, vamos a hablar de esta barbaridad, de esta maldita pesadilla a la que nos están sometiendo.

La implantación de este nuevo copago, repago farmacéutico o impuesto sobre la enfermedad, como nos decía ahora mismo la portavoz del PNV, es un disparate más de una crueldad sin límites contra los más débiles, contra los enfermos y enfermas más débiles, que tienen que hacer frente a enfermedades tan graves como las que aquí se han enumerado: un cáncer de mama, un cáncer cerebral, la esclerosis, la leucemia y tantas otras; una medida miserable que sobrepasa los límites de cualquier ética o moral. La justificación de su implantación -como ha quedado claro en la intervención del señor Llamazares, de la portavoz del PNV, de mi propio portavoz o también de la señora Tarruella esta mañana en el Pleno del Congreso de los Diputados-, además de injusta es falaz. ¿A quién pretenden hacer creer que la misma, como dice y se puede leer en su justificación, vaya a regular el abuso de fármacos y procurar el uso racional de medicamentos que, señorías, se dispensan con absoluto control y seguimiento médico precisamente en la farmacia hospitalaria? ¿Están acusando ustedes a los pacientes de irracionales por sobremedicarse o a los profesionales de mala praxis por sobremedicar o sobrerrecetar? Hablamos de una medida de la que ni tan siquiera nos pueden facilitar datos de ahorro económico. Hoy hemos conocido los datos de la Comunidad del País Vasco, nos los acaba de facilitar la portavoz, y para empezar ya sabíamos todos que exige mucho más gasto innecesario la implantación en los hospitales de unidades de gestión


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del copago que hoy no existen, como sabemos todos en esta Comisión. Permítanme que vaya más allá de la pregunta que ha hecho el señor Llamazares, yo es que soy muy mal pensada. Puesta en marcha esa unidad de gestión, ¿qué nos deparará el destino a todos los que estamos aquí y a todos los ciudadanos? ¿Un copago por la utilización de la cama, por la visita médica, por la alimentación en el hospital? Puesta en marcha la maquinaria, permítanme que ponga en duda que esto no llegue a pasar con quien hoy nos está gobernando.

Señorías del Partido Popular, mi hija me decía el otro día que no se explicaba que no hubiera ningún diputado o diputada en el Grupo Popular que viera esta realidad, que reaccionara y reclamara a su propio Gobierno. ¿Es que acaso no se estremecen -me decía- al pensar y ver que esta medida y otras, como la retirada de la tarjeta sanitaria a la población inmigrante, los anteriores copagos y repagos y todo lo que están haciendo con nuestro sistema de salud pueden conducir a la gente a morir a las puertas de un hospital, o en la más absoluta soledad y abandono? Mientras, el dinero seguirá comprando todo; ahora también el derecho a la salud y a la vida, señorías.

Yo espero que todos los grupos de la oposición -el mío lo ha hecho en distintas ocasiones, esta mañana también en el Pleno del Congreso hemos vuelto a denunciar este nuevo ataque- voten favorablemente estas iniciativas. Hemos pedido, seguiremos pidiendo y seguiremos defendiendo, como decía la señora Tarruella, la retirada de este auténtico despropósito. No es preciso seguir insistiendo en los informes de la ONU, de los profesionales, en los estudios económicos, en lo que ha dicho el propio comisario europeo, en lo que dicen los profesionales, en lo que dicen los pacientes. Señorías, solo es necesario salir del despacho y conocer el verdadero rostro del dolor en cada paciente de estas enfermedades, al que medidas como este nuevo repago añaden sufrimiento y temor cierto a perder la propia vida. Ojalá pueda salir de aquí, llamar a mi hija y decirle que ustedes como el resto de los grupos de la oposición vamos a evitar este nuevo disparate del Gobierno. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Antonio Román.

El señor ROMÁN JASANADA: Desde hace ocho días hemos debatido sobre este asunto, tanto en la sesión de control de la semana pasada, en la cual el señor Rubalcaba hizo mención al copago farmacéutico en los hospitales para pacientes ambulatorios, como en la interpelación del Grupo Socialista, del señor Martínez Olmos y en el día de hoy en la moción consecuencia de interpelación de la señora Tarruella, así como con estas PNL del Grupo Vasco y de La Izquierda Plural. Ha sido un debate amplio en el cual con las medias verdades se quiere atemorizar y hacer demagogia, porque lo que tiene que quedar claro es que ningún paciente hospitalizado va a pagar nada por los fármacos, y se está dejando entrever en las afirmaciones de muchos de los portavoces, y del señor Rubalcaba el otro día, esa cuestión para tratar de atemorizar a los pacientes y a los familiares. (Aplausos.-Rumores). Quiero que quede claro que ningún paciente hospitalizado en España va a tener que pagar por los medicamentos, en ningún caso. (La señora Fernández Moya: En el hospital de día sí.-Rumores).

Tenemos que dejar claro también la situación, aunque no les guste a los diputados del Partido Socialista, la herencia recibida, esos 16.000 millones de deuda sanitaria (La señora Aguilar Rivero: Eso es mentira, falso), 5 puntos de gasto sanitario por encima de países de nuestro entorno como Alemania o Francia; oficinas de farmacia que no cobraban, oficinas de farmacia que siguen sin cobrar en algunas comunidades autónomas; industria farmacéutica con deudas millonarias de las comunidades autónomas y periodo de pago superior a los dieciocho meses. Estos son algunos datos que hicieron necesario ese Real Decreto 16/2012, que lo que perseguía era garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Solo las medidas de farmacia han conseguido un ahorro en el gasto público de 2.300 millones de euros.

Tanto el Grupo Vasco como Izquierda Unida solicitan en esta PNL que se anule o derogue la resolución del 10 de septiembre, una resolución que afecta a 42 fármacos y 150 presentaciones; no es una modificación nueva, sino que se reguló hace ya un año en ese Decreto 28/2012, como bien afirmaba la señora Tarruella, y de la que sí tuvieron conocimiento las comunidades autónomas, así como las comisiones técnicas preparatorias de estas reuniones. Esta resolución, como digo, la conocían previamente por la participación en reuniones técnicas previas a la puesta en marcha de esta medida regulada en diciembre de 2012. En esa resolución las comunidades autónomas deben gestionar la forma en la cual los usuarios harán la aportación por los medicamentos. He oído que hay problemas para la receta electrónica, que ha habido problemas para la tarjeta sanitaria única, que hay dudas sobre cómo van a hacer las devoluciones de las aportaciones a quien haya aportado más de los 8 euros, o el euro por receta, que se ha aplicado


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en algunas comunidades y luego se ha suspendido. (Rumores). Estoy seguro de que la capacidad de gestionar de las comunidades autónomas va a lograr superar esta situación. Con esta resolución se fija para todos la aportación reducida con un máximo de 4,2 euros por envase. Ningún ciudadano pagará más de 4,2 euros por estos fármacos, con independencia de donde resida, lo que garantiza la equidad (Rumores), la equidad que no estaba garantizada hasta este momento; con independencia de si el Gobierno autonómico decide que este fármaco puede ir a una oficina de farmacia o puede darse en la farmacia hospitalaria con carácter ambulatorio. De esta manera también se consigue la garantía de acceso a los medicamentos de todos los españoles.

Ha hablado el Partido Nacionalista Vasco de equidad, de impuesto de enfermedad y dice que lo que va a causar la inequidad son 200.000 euros entre todos los vascos. Yo creo que ahí hay una contradicción. (La señora Sánchez Robles: Yo no he dicho eso). Yo creo que lo que se garantiza es la equidad. Esos 200.000 euros de recaudación no creo que sean el problema para garantizar esa equidad, sabiendo que se están pidiendo esfuerzos a los ciudadanos. (La señora Sánchez Robles: Yo no he dicho eso).

Izquierda Unida, en esa grandilocuencia habitual, ha hablado de soberbia, de sadismo, de oscurantismo, de que no se ha consensuado, de que se abre la puerta a la mercantilización de los hospitales. Menos mal que se suele confundir de manera habitual el señor Llamazares. El copago existe en farmacia desde siempre, porque las recetas verdes siempre se han pagado al 40 %. ¿Acaso ese 40 % que aportan los ciudadanos ha supuesto una falta de adhesión a los tratamientos o ha supuesto...? (El señor Llamazares Trigo: Sí, hay dos estudios). Sabe usted que no o, si no, es que usted no ha ejercido la medicina. (Una señora diputada: Nunca). Nunca el 40 % ha supuesto que no haya adhesión a los medicamentos (Rumores), nunca ha supuesto las cronificación de las patologías y nunca ha disuadido... (El señor Llamazares Trigo: Está entrando a nivel personal y no se lo voy a permitir, señoría. No se lo voy a permitir.-La señora Aguilar Rivero: ¡Qué tiene que ver el tema profesional con el personal!- Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías. Señorías, por favor, estamos en la Comisión de Sanidad. (Rumores.-La señora Aguilar Rivero: ¿Qué tienen que ver los temas profesionales con los personales?). Por favor, vamos a respetar las intervenciones de los distintos parlamentarios.

Vaya concluyendo, don Antonio.

El señor ROMÁN JASANEDA: Señor Llamazares, si ha considerado que le he mencionado de manera inadecuada, retiro mis palabras. Lo que digo es que el 40 % de lo que se pagaba en las recetas de activos nunca ha supuesto en el actual copago, como usted manifestaba, una disuasión del uso cabal ni la cronificación de las patologías ni la disminución de la adhesión al tratamiento.

Voy concluyendo. Si se retirara esta resolución, como pedía el Grupo Vasco, aquellos medicamentos que se han introducido como de aportación reducida desaparecería esa aportación reducida. Resultaría que aquellos pacientes, trabajadores activos, que tuvieran estos tratamientos, en algún caso de un coste muy alto, tendrían que pagar el 40 % o el 50 %.

El Real Decreto 16/2012 reguló la aportación del paciente para la prestación farmacéutica que estaba implantada desde hace años e incorporó criterios de renta, de modo que parados de larga duración, las rentas más bajas o las rentas de integración social, casi un millón de personas que pagaban el 40 %, ahora no pagan los fármacos y no van a tener que pagar tampoco estos fármacos. En resumen, un millón de ciudadanos estarán exentos del pago; los pensionistas, con independencia del número de fármacos que consuman, tendrán un tope de 8 euros al mes, y los activos pagarán un máximo de 4,2 euros por envase en fármacos que en algunos casos cuestan miles de euros, con independencia de si la comunidad autónoma decide dispensarlo en una oficina de farmacia o en el hospital. Yo creo que esta medida está dentro de una serie de medidas que avanzan en ese Sistema Nacional de Salud sostenible que perseguimos todos, universal, público, de calidad, gratuito y que avance en la equidad. Por eso mi grupo no apoyará esta proposición. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Recuerdo a todos los portavoces que a continuación vamos a tener reunión de Mesa y portavoces.

Se suspende la sesión un minuto y empezamos a votar. (Pausa).


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Comenzamos la votación de las distintas proposiciones no de ley. Votamos la número 11.º, del Grupo Parlamentario Popular. Votamos la enmienda transaccional. ¿Se requiere la lectura de todas las enmiendas transaccionales? (La señora Tarruella Tomàs pide la palabra).

Señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Señor presidente, no son enmiendas transaccionales. Es la enmienda de CiU, el primer punto.

El señor PRESIDENTE: Pero eso es una enmienda transaccional.

Votamos la enmienda transaccional.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votación de la proposición no de ley número 12, relativa a la implicación de los profesionales sanitarios en la detección de la violencia de género. Votamos la enmienda transaccional.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la proposición no de ley número 13, dirigida a impulsar la prevención y el abordaje de las enfermedades crónicas en atención primaria. También votamos una enmienda transaccional.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación la proposición no de ley número 14 en sus propios términos. El autor es el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la proposición no de ley número 15, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. La votamos con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la proposición no de ley número 16, del Grupo Parlamentario Socialista, para la creación de un plan de alimentación infantil. La votamos en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición número 17, sobre el copago farmacéutico, de La Izquierda Plural.

El señor MORENO PALANQUES: ¿Se vota conjuntamente con la número 20?

El señor PRESIDENTE: No. Es independiente. Votamos la proposición no de ley número 17 en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la proposición número 18, y votamos una enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el tercer sector.

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


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Votamos la proposición número 19, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con el tabaquismo, en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por último, votamos la proposición número 20, que es la proposición no de ley relativa al copago hospitalario, del Grupo Parlamentario Vasco.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se levanta la sesión.

Eran las siete y cincuenta minutos de la tarde.

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